En enero de 2018, un jurado presidido por José Álvarez Junco e integrado por Miguel Ángel Aguilar, Francesc de Carreras, José María Ridao y, en representación de Tusquets Editores, Josep Maria Ventosa, acordó por mayoría conceder a esta obra de Emilio La Parra el XXX Premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias.

EMILIO LA PARRA LÓPEZ

FERNANDO VII

Un rey deseado y detestado

a María Ángeles, siempre,

y a Irene, que no ha estado en las otras ocasiones

AGRADECIMIENTOS

En el proceso de elaboración de este libro he tenido la fortuna de contar con la ayuda de muchas personas. Una vez terminado, es un placer expresarles mi agradecimiento. No es posible mencionarlas a todas, pero no puedo pasar por alto algunos nombres.

En primer lugar y ante todo, he de dejar constancia de la extraordinaria colaboración humana y científica de María Ángeles Casado. Ella me ha posibilitado captar facetas de Fernando VII y de las personas reales en las que no había reparado, y de ella ha procedido en todo momento el impulso para escribir estas páginas.

Debo muchísimo a los profesores Gérard Dufour, Gérard Chastagnaret, Enrique Giménez, Jesús Millán y María Ángeles Casado, lectores de lo que en un principio pensé que podía ser el texto definitivo y afortunadamente no lo fue. Sus sabias sugerencias y recomendaciones lo han enriquecido y han eliminado errores.

El profesor Maximiliano Barrio me ha prestado generosamente documentación del Archivo Secreto del Vaticano. Lo mismo han hecho, en relación con otros archivos nacionales y extranjeros, María del Mar Alarcón, Víctor Sánchez Martín y Antonio J. Piqueres, antiguos alumnos míos y hoy brillantes doctores en Historia. Los tres, además, han alimentado mucho más de lo que suponen mi entusiasmo por averiguar el pasado. Sin duda, el profesor recibe lecciones de sus alumnos.

En todo momento he contado con la colaboración de mis compañeros de las áreas de Historia Contemporánea y Moderna de la Universidad de Alicante. Mi deuda es cuantiosa con Armando Alberola, Rosana Gutiérrez Lloret y Rafael Fernández Sirvent. Entre quienes continuamente han estado atentos a proporcionarme cualquier dato sobre Fernando VII se cuentan, asimismo, los doctores Vicente León y Emilio Soler.

Es bien sabido que el historiador depende en muy alto grado de archiveros y bibliotecarios para hacer su trabajo. También en este campo he hallado muchas facilidades. Quisiera dejar constancia de mi reconocimiento especial al personal del Archivo General de Palacio (sobre todo a Antonio), al Servicio de Préstamo Interbibliotecario de la Universidad de Alicante, eficacísimo, y a Rosa Mijangos, diligente y competente bibliotecaria en este mismo centro. A menudo, la indicación o la sugerencia de un buen profesional ahorran muchas horas de trabajo o abren perspectivas no previstas. También suele ocurrir que el investigador no siempre conoce el nombre de esa persona que le ha ayudado en la biblioteca o en el archivo. Cada cual sabe cuándo realiza bien su tarea y quizá esto baste, aunque no estoy seguro.

Esta biografía de Fernando VII no hubiera sido posible sin los excelentes trabajos de otros historiadores que se han ocupado de este monarca y de su reinado. Tengo una gran deuda con Manuel Izquierdo Hernández, concienzudo estudioso desgraciadamente desaparecido, Rafael Sánchez Mantero, Jean-Philippe Luis, Josep Fontana, Carlos Seco y Miguel Artola, autor este último de la guía que, medio siglo después de su aparición, sigue siendo imprescindible para el estudio del primer tercio del siglo XIX. No quiero pasar por alto la extraordinaria ayuda para la investigación que supone el magnífico Diccionario biográfico de España (1808-1833) del recordado Alberto Gil Novales.

Mi agradecimiento, por último, pero no por ello con menos intensidad, a la editorial Tusquets y, en particular, a Josep Maria Ventosa, quien conoce muy bien el oficio, a Juan Cerezo, a Beatriz de Moura y, siempre en el recuerdo, a Toni López Lamadrid. Los libros no nacen ni viven sanos sin buenos editores y libreros.

El historiador no puede desarrollar su función aislado en su lugar de trabajo frente a un ordenador. Las posibilidades deparadas por Internet son inmensas y se incrementan día a día, pero el investigador ha de desplazarse a diversas ciudades, comprar libros, solicitar la reproducción de documentos, adquirir material informático, etcétera. Los gastos son apreciables. En mi caso, buena parte han sido resueltos gracias a las ayudas a la Investigación del Ministerio de Economía y Competitividad. Como la elaboración de esta biografía de Fernando VII me ha ocupado durante más de un decenio, me he beneficiado de tres de esos proyectos concedidos sucesivamente desde 2008 a un equipo del Departamento de Humanidades Contemporáneas de la Universidad de Alicante. Son los siguientes: «La Corona en la España del siglo XIX. Representación, legitimidad y búsqueda de una identidad colectiva» (HAR2008-04389), «El discurso católico de la monarquía española: estrategias y prácticas (1808-1902)» (HAR2012-38903) y el actualmente vigente: «Las monarquías en Europa meridional (siglos XIX y XX). Culturas y prácticas de la realeza» (HAR2016-75954-P).

Mi esposo es de condición afable, y para mí cariñoso y complaciente en cuanto puedo apetecer [...]. Su figura es fornida y varonil; no deja de tener luces, discernimiento y discreción, aunque en los negocios políticos me parece que no sabe emplearla oportunamente, y esto aumenta sus compromisos y mis temores. Tiene un buen fondo de religiosidad y no carece de prendas morales. En fin, es excelente como hombre particular; como jefe no creo que sabe [sic] conducirse ni para su provecho, ni para el de sus súbditos. ¡Ay de mí, cuánto siento conocerlo! Unas veces carece de astucia, otras de constancia y energía, pero nunca de honradez.

María Josefa Amalia de Sajonia,

Cartas de la reina Witinia, 1822

Introducción

El rey imaginado

«España ha sido infortunada con sus reyes [...]. Sólo uno, Carlos III, se mostró a la altura de su misión. Los otros no han sido sino más que individuos de la peor mediocridad», escribió Georges Desdevises du Dézert al iniciarse el siglo XX en La España del Antiguo Régimen, obra de referencia sobre la materia. El reconocido hispanista se refería al periodo 1700-1808 y, en consecuencia, no incluyó en su examen a Fernando VII, pero de haberlo hecho es probable que no hubiera variado su juicio. Casi exactamente cien años después, Rafael Sánchez Mantero afirmó:

La Historia reciente [...] considera a Fernando VII simplemente como un rey con muy escasa capacidad para enfrentarse a los tiempos en los que le tocó reinar. Con todo, resulta difícil encontrar algún estudio, ya sea del pasado o del presente, en el que la figura de este monarca genere la más mínima simpatía o atractivo. Sin duda ha sido el monarca que peor trato ha merecido por parte de la historiografía en toda la Historia de España.

A juicio de Carlos Seco, otro excelente conocedor del rey y su época, Fernando VII es «un caso único. Un caso de difícil —e imposible— defensa».[1] Huelga aducir más opiniones en este sentido, que las hay en abundancia.

Según mis noticias, sólo un grupo de historiadores ha intentado de forma sistemática la reivindicación de este monarca o, al menos, resaltar las facetas positivas de su reinado. Se trata del aglutinado en torno a Federico Suárez Verdeguer en el Seminario de Historia Moderna de la Universidad de Navarra. Desde los años cuarenta del siglo pasado, este historiador, ya fallecido, puso gran empeño en denunciar que la pésima valoración de Fernando VII era una creación partidista de los escritores liberales del siglo XIX. Convencido, desde un firme positivismo, de que «cada documento que se exhuma le favorece [...], porque al dejar los hechos desnudos, éstos hablan por sí mismos y no por boca de quienes le juzgan», Federico Suárez impulsó una vasta tarea de publicación de documentos del reinado fernandino.[2] Esta labor ha sido útil, pues ha puesto a disposición de los investigadores una notable cantidad de fuentes de primera mano, pero no ha cubierto su objetivo principal. Es más, a mi parecer ha ocurrido lo contrario de lo pretendido: cada nuevo documento perjudica a Fernando VII.

A partir del destronamiento en 1868 de su hija y sucesora Isabel II, y en algunos casos incluso antes, los españoles intentaron eliminar de los espacios públicos el recuerdo de Fernando VII. En la actualidad son muy escasas las calles con su nombre y, como ha constatado José Luis Díez, su imagen ha desaparecido casi por completo de los monumentos urbanos. Las estatuas más emblemáticas del rey erigidas en sus días o han sido destruidas o están en lugares privados, con la notable excepción de la existente en la Plaza de Armas de La Habana.[3] También ha desaparecido buena parte de los muchos retratos del monarca. Los que quedan se han salvado «gracias a que su calidad artística ha logrado sobreponerse a duras penas a la antipatía que el personaje sigue despertando».[4]

Fernando VII fue un hombre de mediana estatura, corpulento (en 1821 pesaba 103 kilos). Su exterior era imponente, escribió el conde de La Forest, que le trató muy de cerca durante tres meses en 1813-1814, cuando Fernando frisaba en los treinta años.[5] Gran comilón, su obesidad fue en aumento con el tiempo, circunstancia que su pintor preferido, Vicente López, no pudo ocultar. En los excelentes retratos realizados por este artista se observa la creciente obesidad, la pérdida de cabello y el prematuro envejecimiento del monarca, cuyo aspecto es cada vez más abotargado. En todas las imágenes, sean de López o de otros pintores, es patente el prognatismo de Fernando, con muchos rasgos que lo asemejan al síndrome descrito por Crouzon como disostosis cráneo-facial: cara alargada y maxilares superiores deprimidos, lo cual es causa del aumento aparente del tamaño del maxilar inferior (prognatismo) y la falta de oclusión dentaria.[6]

Uno de sus contemporáneos más críticos, el sacerdote liberal García Blanco, lo describió como «un bípedo de gran potencia, atronado y atrevido [...], grande sólo de cuerpo y de facultades corporales; en todo lo demás y en pensamientos, escaso; muy vulgar al expresarse y proceder».[7] Con más o menos variantes, ninguna de ellas sustancial, ésta es la caracterización del monarca que ha prevalecido.

La ordinariez de Fernando al expresarse es rasgo señalado por muchos de cuantos lo trataron. A La Forest le llamó la atención su dificultad para exponer una idea compleja: sabe hablar familiarmente y enuncia bien una idea simple, pero no va más allá, afirmó el diplomático. El general Girón, marqués de las Amarillas, quien ocupó el Ministerio de la Guerra en 1820 y estuvo muchas veces al lado del rey, resaltó el extraño lenguaje, impropio de un soberano, y la falta de cortesía de aquel «incomprensible monarca», a quien situó en el grupo de «los reyes vulgares». Girón, La Forest y muchos otros achacaron esta peculiaridad de Fernando a su trato con la servidumbre de palacio y a su afición a emplear sus locuciones y estilo coloquial, incluidas frases soeces y tacos. Una de sus exclamaciones más frecuentes, aun ante ministros y altos cargos, fue «¡carajo!».[8]

Tal vez el juicio más demoledor sobre la personalidad de Fernando VII lo expresó Napoleón durante su encuentro en Bayona en 1808. De esta forma lo presentó a Talleyrand: «Es indiferente a todo, muy material, come cuatro veces al día y no tiene idea de nada»; «es muy estúpido (bête) y muy mezquino (méchant)».[9] Fernando VII vivió los días de Bayona en estado de aturdimiento, sin acabar de comprender cuanto sucedía y, sobre todo, sorprendido por Napoleón, ante quien había acudido confiado en obtener su reconocimiento, como así se le había dado a entender. Se entiende, en consecuencia, esa despiadada opinión del emperador, acertada casi en su totalidad, por lo que sabemos. Pero Fernando no era bobo o tonto. Es probable que en aquella situación, sorprendido y desorientado, hiciera uso de su característico disimulo y se escudara en el silencio, uno de sus habituales recursos ante situaciones adversas. Esto exasperó a Napoleón, quien unos días después de transmitir a Talleyrand las palabras referidas, le escribió:

En cuanto al Príncipe de Asturias, es un hombre que inspira escaso interés. Es un estúpido, hasta el punto de que no he podido sacarle una palabra. No responde a cualquier cosa que se le diga; aunque se le reprenda o se le hagan cumplidos, jamás cambia el semblante. Por lo que le he visto, su carácter se expresa con una sola palabra: es un hipócrita (sournois).[10]

Los historiadores destacan como rasgos dominantes de la personalidad de Fernando VII el disimulo, la desconfianza, la crueldad y el espíritu vengativo. Era capaz de soportar en silencio todas las humillaciones, «incubando un odio que aflorará en forma de venganza cuando llegue la hora del triunfo».[11] Un hombre terco, cabezón y muy consciente de su elevada condición según La Forest, temeroso ante el poderoso y cruel con el inferior, desconfiado ante todo y ante todos.

Su capacidad para el disimulo quizá le posibilitó sortear más de una vez situaciones adversas. Unido a su campechanía y vulgaridad, le permitió mostrarse como un rey próximo a sus súbditos, incluso amable. El teniente de caballería Pablo Estoqui, que en 1814 coincidió con el rey en El Pedernoso (Cuenca), destacó en carta a un familiar el trato franco del monarca a los oficiales del Ejército y lo encomió hasta el exceso: en Francia ha aprendido francés, inglés, alemán e italiano; es sumamente devoto y caritativo; «en él se ve con todo su esplendor la sabiduría, la afabilidad», es austero y «tiene ideas superiores a todas ellas [se refería a las propias de un buen rey señaladas en el Telémaco, libro de referencia sobre la educación de los príncipes] y es protegido por Dios».[12] Poco más o menos, ésta fue la idea de muchos españoles sobre su rey en ese tiempo. Ante todo lo sintieron próximo, impresión que Fernando alimentó con gestos de diversa naturaleza en sus habituales paseos por Madrid y por las ciudades que visitó durante sus viajes, en las corridas de toros, su gran afición, en el teatro, al que acudía con frecuencia, y en las audiencias públicas a particulares. Afirma el general Fernández de Córdoba que los jueves y domingos recibía en palacio a la gente más diversa derrochando campechanía. Con mayor intensidad la mostraba ante las personas recomendadas por sus favoritos. En esas ocasiones, refirió el liberal José Joaquín de Mora, el rey «sentábase en un sofá, fumaba su cigarro y hablaba sin ceremonia con aquellos con quienes se veía por vez primera».[13]

Este hombre poco agraciado físicamente, débil de carácter y de espíritu y, en consecuencia, influenciable por sus próximos, como lo vieron Lord Holland y tantos otros, no careció, según Mesonero Romanos, de «sagacidad interesada y traviesa para servirse de los hombres de los más opuestos bandos».[14] Tal observación es útil para explicar su actuación política. Habría que añadir que Fernando sólo tomó iniciativas cuando consideró que sus oponentes estaban debilitados, pues la valentía ante las situaciones adversas no fue una de sus cualidades.

Al percibir en 1807 que Godoy había perdido totalmente el favor de la opinión pública y alcanzado tal tirantez su relación con Napoleón que estaba a punto de quebrarse, Fernando se comprometió de lleno en maniobras conspirativas y propagandísticas para acabar con quien desde años antes conducía la monarquía con plena fidelidad a Carlos IV. Es difícil suponer que Fernando y sus consejeros no fueran conscientes de que el fin de Godoy conllevaba el del rey, pues era bien sabido que sus destinos estaban unidos. Durante la Guerra de la Independencia, cuando todo apuntaba a que Napoleón sería el vencedor, Fernando no tuvo reparo en felicitarlo repetidamente por sus victorias en España, en solicitar que lo admitiera como hijo adoptivo y en elogiar a José al ocupar el trono español. Finalizada la guerra y desbaratado el imperio napoleónico, Fernando no dudó en acabar con las instituciones y autoridades que habían dirigido el país y defendido su derecho a la corona. Para continuar en el trono, juró en 1820 la Constitución que había abolido seis años antes, pero en cuanto se percató de las luchas intestinas entre los liberales y de la animadversión de los Gobiernos europeos hacia el régimen político español, se puso al frente de la contrarrevolución y fue el primero en solicitar la ayuda militar extranjera para aniquilar el constitucionalismo. A partir de 1823 percibió que la amenaza para continuar ejerciendo su autoridad como él deseaba no sólo provenía de los liberales, sino también de los ultraconservadores o apostólicos, y se apoyó en los absolutistas no extremistas para combatir a unos y otros, aceptando algunas reformas administrativas que en realidad le repugnaban, pero contribuyeron a mantener su estilo de gobierno hasta su muerte.

Este continuo ir y venir de un campo a otro, el recurso al apoyo de sectores ideológicos diferentes y aun contrapuestos prescindiendo de los intereses de los españoles, fue el modo de reaccionar de Fernando VII ante el nuevo tiempo revolucionario, durante el cual quedaron destrozadas las bases del Antiguo Régimen y, en lo que aquí interesa, cambió de forma sustancial el concepto sobre la monarquía y la función del monarca. Esto no significó en modo alguno la desaparición por completo del orden antiguo, pues revolución y contrarrevolución fueron al unísono. Por ello, en algunos medios se creyó que tras la caída de Napoleón se reconstruiría el viejo orden alterado por la revolución (en Europa se ha denominado a esta época «la Restauración»). Pronto quedó patente en todas partes que el retorno al pasado era imposible.

Fernando accedió al trono en marzo de 1808, tras forzar la abdicación de su padre, con el convencimiento de que sería rey como lo fueron sus antecesores de la Casa de Borbón. Llegó impregnado de la idea tradicional de que la corona, centro del poder, era una institución en sí misma, inmutable, cuyas decisiones estaban determinadas en primer lugar por los intereses de la familia real, los cuales no tenían por qué coincidir con los de sus vasallos. La monarquía era una dinastía que dominaba muchos reinos distintos alejados geográficamente unos de otros (el imperio), gobernados por numerosas leyes, órdenes y pragmáticas, a veces contradictorias, que no formaban un único código patrio, hasta el punto de que los tribunales se atenían fundamentalmente al derecho romano y al canónico. No existía por tanto identificación entre monarquía y nación. Los reinos, territorios, ciudades, pueblos, estamentos... eran vasallos del rey, al que puntualmente presentaban sus peticiones y sus quejas o solicitaban protección o privilegios. El conjunto constituía el patrimonio de la corona y, como tal, cada elemento era susceptible de negociación entre príncipes. Todo se podía traspasar, anexionar o desgajar según los intereses dinásticos.[15]

Esto cambió a partir de mayo de 1808. Napoleón forzó a Fernando VII y a su padre a cederle los derechos a la corona española, lo cual se verificó de acuerdo con la lógica tradicional del intercambio de reinos entre príncipes, esto es, mediante la firma de un convenio; les obligó a residir en Francia e implantó una nueva dinastía en España. El cambio de dinastía no era novedad aquí. No estaba tan lejano el producido un siglo antes en favor de la Casa de Borbón. Algunos españoles —los llamados «afrancesados» o «josefinos»— lo consideraron una solución para evitar males mayores, pero muchos otros lo rechazaron e inesperadamente se alzaron en armas para impedirlo. En las ciudades libres de franceses se formaron juntas, las cuales asumieron la autoridad en nombre del cautivo Fernando, al que proclamaron rey legítimo, y al mismo tiempo declararon la guerra a Napoleón en defensa del orden institucional y cultural tradicional.

El rechazo del cambio de dinastía se justificó mediante la invocación de diversas maneras de la teoría tradicional de la «translatio imperii», formulada por la neoescolástica española en los siglos XVI y XVII y reavivada en los años finales del XVIII por el movimiento ilustrado historicista. Dios, origen último del poder, lo transmite a la comunidad y en un momento dado ésta lo traspasa voluntariamente al rey. Entre el rey y el conjunto de la sociedad existe un pacto, el cual se hace visible en el juramento mutuo y solemne realizado por el rey y su reino en el acto de reconocimiento del heredero a la corona. En virtud de este juramento, la comunidad no se unía a una dinastía o a la corona en abstracto, sino a una persona. En el caso español, los reinos, a través de sus representantes tradicionales (los estamentos del clero y la nobleza, junto a los diputados de las ciudades con derecho a voto en Cortes) habían jurado fidelidad a Fernando VII en 1789.[16]

Napoleón trastocó este orden, pero el cambio no fue considerado válido por muchos porque, como se dijo en multitud de textos, Fernando VII no había cedido voluntariamente la corona y además, y principalmente, porque faltó el consentimiento del reino, de la comunidad. En esto último insistieron desde el primer momento los miembros de las juntas que organizaron la lucha en ciudades y provincias, así como los autores de folletos y de artículos aparecidos en los periódicos que de forma apabullante se comenzaron a publicar desde el comienzo de la guerra.

Amparados en la teoría pactista, los firmantes de estos textos defendieron el derecho de los españoles a elegir el modo de gobierno. Con ello efectuaron, en realidad, una interpretación moderna de la doctrina tradicional, ya perceptible en los escritos de los ilustrados. Al disertar sobre la legitimidad del poder real y sobre la cesión de la corona por los príncipes, el jurista italiano Giovanni Almici planteó en su Manual de Derecho Natural y de Gentes según los principios católicos, adoptado como texto en las cátedras de derecho natural establecidas en España a finales del siglo XVIII, que en el caso de que el monarca cediera su corona a otro sin contar con el consentimiento de sus súbditos, éstos estaban autorizados a resistirse y a pactar con otro príncipe, estableciendo con él vínculos políticos distintos a los que hasta entonces habían estado en vigor. En ese tiempo se había ido afirmando a su vez, entre los ilustrados españoles, un concepto de monarquía distinto al absolutismo patrimonial. El interés de la patria y la determinación del bien común, mantuvieron, no eran competencias exclusivas del rey, cuya autoridad y poder no se discutían, sino también deber de los súbditos «patriotas», entendidos como individuos dotados de derechos para participar en el logro del bien común. El monarca debía apoyar a estos servidores patriotas, fieles al rey, con el fin de realizar las reformas necesarias para conseguir la felicidad de la generalidad de sus súbditos.[17]

Esta doctrina afloró en 1808, cuando fue tan intensa la crisis dinástico-política que resultó difícil a la mayor parte de la población determinar quién era el rey de España: ¿Fernando VII, Carlos IV, José Bonaparte? Los patriotas, en primer lugar, cronológicamente, los dirigentes de las juntas, zanjaron inmediatamente la cuestión: Fernando era la autoridad a la que se debía obediencia, porque el reino lo había jurado y ahora las propias juntas de nuevo lo proclamaron rey ante el intento de Napoleón de disponer de la corona española como si se tratara de su patrimonio. La tarea urgente de los españoles, unidos sin fisuras, en comunidad, consistía en restituirlo en el trono. Quien no participara en esta empresa podía ser tachado de traidor, pues o era un colaborador de los franceses, o conspiraba en favor de Godoy, el déspota que había vendido la patria a Napoleón y era el origen de todos los males.

En la segunda parte de su folleto Centinela contra franceses, Antonio Capmany, un erudito ilustrado que más tarde votará en las Cortes de Cádiz propuestas liberales, se hizo eco de estos planteamientos y presentó la situación política en estos términos:

Dejo a los discursistas políticos del día el empeño de disertar sobre bases, principios, elementos y derechos de la autoridad que nos ha de regir y salvar. Lo que nos ha de salvar es la unidad, la unión y la comunión de los fieles españoles: un poder conocido y reconocido. Legal es todo aquello que la extrema necesidad nos obliga a abrazar, y legítimo, todo aquello que la voluntad general desea, aprueba y consolida sin intervención de manos extranjeras.[18]

Las palabras de Capmany eran un llamamiento a la expresión de la voluntad general, un paso hacia la modernidad política. No procedía discutir sobre la conveniencia de una dinastía u otra, como hacían los afrancesados, ni se podía permitir la participación de «manos extranjeras» a la hora de determinar la legitimidad del soberano y en función de qué principios debía ejercer su autoridad. Esta decisión correspondía a los «fieles españoles», los patriotas, unidos en la misma empresa (en «comunión»). Ellos eran el único poder «conocido y reconocido». En suma, la toma de la decisión última correspondía al reino, a la comunidad.

En la misma dirección se expresó Jovellanos en su muy citada carta de 1808 a Cabarrús, en la que rehusó su invitación a unirse al bando josefino:

España juró reconocer a Fernando de Borbón; España le reconoce y le reconocerá por su rey mientras respire; pero si la fuerza le detiene, o si la priva de su príncipe, ¿no sabrá buscar otro que la gobierne? Y cuando tema que la ambición o la flaqueza de un rey la exponga a males tamaños, como los que ahora sufre, ¿no sabrá vivir sin rey y gobernarse por sí misma?[19]

Las manifestaciones de este tipo, muy abundantes en las palabras y los hechos, planteaban, en definitiva, que ante la gravedad de la crisis político-dinástica los españoles debían tomar la iniciativa y volver al punto de partida del pacto, a la situación anterior al consentimiento sobre quién debía ser su soberano. Como ha observado Richard Hocquellet, de esta manera la tradición pactista se fusionó con la consideración, nueva, de la población como actor de su destino.[20]

Dos años después de iniciarse la guerra en nombre de Fernando VII, porque ésa era la voluntad general, se convocaron Cortes. En calidad de representantes «de la Nación española», como se dijeron ellos mismos, los diputados dieron el paso definitivo. En el primero de los decretos aprobados por aquel parlamento el día de su inauguración, el 24 de septiembre de 1810, manifestaron que «conformes en todo con la voluntad general [...] reconocen, proclaman y juran de nuevo por su único y legítimo Rey al Señor D. Fernando de Borbón». Asimismo, declararon nula la cesión de la corona hecha en favor de Napoleón, «principalmente por faltarle el consentimiento de la Nación», y expusieron los dos principios básicos en que se basó la obra política de las Cortes de Cádiz: la soberanía nacional y la división de poderes.

El cambio político, radical, quedó sancionado en la Constitución aprobada por aquellas Cortes. La monarquía española dejó de ser una institución en sí misma para convertirse, como ha explicado Joaquín Varela, en «una forma de Gobierno», esto es, un modo de entender y articular las relaciones entre los poderes encargados de llevar a cabo la dirección del Estado. Este modelo era lo opuesto a la monarquía absoluta heredada por Fernando VII. De acuerdo con el nuevo concepto de monarquía, el poder del rey se sustentaba en la voluntad nacional, esencialmente soberana, y en la Constitución. Las prerrogativas del rey, así como las limitaciones al ejercicio de su autoridad, quedaban establecidas en la Constitución. El rey pasaba a ser un órgano del Estado, cuya unidad se configuraba a través de la nación y no, como venía siendo históricamente, a través del rey. Sólo la nación, en la que residía originaria y exclusivamente la soberanía, tenía el derecho de establecer las leyes. En suma, la nación quedaba situada por encima del monarca. Una nación que, según el artículo 2 de la Constitución, era independiente y «no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona».[21]

La revolución liberal acabó con el modelo tradicional de monarquía y privó al rey de la primacía en la dirección política, que pasó a las Cortes, representación de la nación. Ahora bien, lejos de sufrir deterioro, tanto la monarquía como la persona de Fernando VII quedaron fortalecidas ante los españoles. Por una parte, la revolución estableció una sólida unión entre nación y monarquía católica; por otra, el pronunciamiento generalizado e inequívoco en su favor confirió a Fernando VII una legitimidad que él mismo había contribuido a poner en duda entre octubre de 1807 y marzo de 1808 debido a su participación en las maniobras contra Godoy e indirectamente contra el titular de la corona, Carlos IV. Además, la guerra hizo necesaria a la persona de Fernando, porque de acuerdo con la tradición, en los momentos de graves dificultades el rey era el principal nexo de unión de los españoles. En 1810 escribió Flórez Estrada: «La idea de un rey puramente imaginario, cuyas órdenes se figuraban obedecer, y el voto unánime de resistir una dominación odiosa, reunieron como por prestigio las voluntades de todos los españoles» e hicieron posible la resistencia al invasor.[22]

El ensalzamiento de Fernando VII constituyó el centro de la intensa actividad orientada a crear un ambiente de beligerancia generalizado, porque en el rey se simbolizó la agresión institucional perpetrada por el emperador francés. En consecuencia, Fernando fue presentado ante la opinión pública como lo opuesto al responsable de la crisis interna (el traidor Godoy) y al que pretendía cambiar la dinastía (el tirano Napoleón). Fernando encarnaba el Bien y los otros dos el Mal.[23] A partir de ahí, se construyó una imagen fabulosa de Fernando VII. En casi todos los manifiestos de las juntas y en multitud de folletos se le calificó de príncipe «inocente» y «el más amado». También se dijo que había sido «engañado» por Napoleón en Bayona y, por el mismo motivo, era «infeliz»; «perseguido», «deseado», «digno», «adorado», «príncipe bueno», «virtuoso», «idolatrado», «magnánimo», «el mejor de los monarcas», «señor incontestable».[24]

La ausencia física del rey se intentó paliar con su retrato. En muchos lugares se instaló un trono vacío presidido por la efigie de Fernando, al que en la prensa se comienza a invocar como «el Deseado». Pero su inesperada ascensión al trono en vida de su padre y la rapidez de los acontecimientos subsiguientes habían impedido disponer de su imagen con los atributos correspondientes a la realeza. El 29 de marzo de 1808, sólo diez días después de aquello, la Academia de San Fernando consideró «indispensable» disponer «sin pérdida de tiempo» de un retrato oficial del nuevo rey. Se lo encargó a Goya, pero el artista únicamente consiguió que el monarca posara durante cuarenta y cinco minutos en dos sesiones los días 8 y 9 de abril, y únicamente pudo trazar un dibujo de su cabeza a carboncillo, conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid. Este dibujo sirvió a Goya para realizar en los meses sucesivos varios retratos del monarca de cuerpo entero y uno ecuestre, este último finalizado en octubre de ese año. Según Gudrun Maurer, es el primer retrato al óleo conocido de Fernando VII rey. Aparece en uniforme de capitán general con todas las condecoraciones, montado sobre un caballo en corbeta, posición con la que se representaba la actitud de mando del monarca.[25]

Basado en el dibujo de Goya, Agustín Esteve también realizó varios retratos del rey en 1808. Otros artistas recibieron encargos similares, de manera que pronto se divulgó la imagen del nuevo monarca, aunque muchas de aquellas obras no han llegado hasta nosotros. Sí disponemos del que quizá fue el retrato más famoso de Fernando VII durante el tiempo de la guerra, muy difundido gracias a abundantes réplicas y a estampas a través del grabado: Fernando VII con el hábito de la orden de Santiago. Le fue encargado a Vicente López por el Ayuntamiento de Valencia el 4 de abril de aquel año. El rey aparece triunfante, en postura mayestática, rodeado de la simbología de la monarquía española (el león) y del mando (corona y cetro), con el escudo de la ciudad de Valencia bien visible en primer plano para dejar constancia de su fidelidad. El Ayuntamiento de Valencia lo expuso al público durante varios días para glorificar al monarca y llamar a luchar por él, como expresamente se indicó en una proclama publicada el 18 de diciembre en el Diario de Valencia. El mismo fin cumplieron estampas alegóricas con la figura del rey en medio de su pueblo en armas y otros retratos en el que se le representó incitando a la lucha, como el de Asensio Juliá, Fernando VII en el campo de batalla, donde aparece en primer plano con uniforme de capitán general, a pie, señalando con su mano derecha una ciudad sitiada defendida por tropas españolas.[26]

La guerra se hizo bajo el lema «religión, patria y rey», pero en multitud de manifiestos, avisos y proclamas la razón de la lucha se centró en el restablecimiento en el trono de Fernando. «Nuestro único fin es que España se conserve íntegra e independiente a nuestro Rey y Sr. D. Fernando el VII», dijo la Junta de Sevilla. «Hagamos un digno sacrificio por nuestra santa religión, por nuestras buenas leyes y costumbres y por quien más debemos hacerlo para conservarlas [Fernando VII]», alentó la Junta de Santander. Jovellanos respondió al general Sebastiani cuando éste intentó convencerle para que se uniera a José Napoleón: «Lidiamos por los preciosos derechos de nuestro rey, nuestra religión, nuestra constitución y nuestra independencia», y coherente con el deber patriótico al que se ha aludido en páginas anteriores, añadió: «el deseo de regenerar la España [...] es mirado por nosotros como una de nuestras principales obligaciones».[27]

Llegada la paz, el pueblo —escribió Quintana años después en la primera de sus cartas a Lord Holland— se sintió unido a su rey, porque Fernando «valía para los españoles lo que les había costado», una guerra muy larga, cruel y sumamente destructiva.[28] En él vieron al príncipe virtuoso e inocente, exento de toda responsabilidad antes y durante la guerra, víctima, como todos, de la ambición del despotismo de Godoy y de Napoleón. En él personificaron la victoria obtenida por los españoles unidos en su nombre. El entusiasmo por el monarca relegó la Constitución a un segundo plano y en la opinión pública cobró fuerza un realismo de carácter contrarrevolucionario, continuador de las corrientes antiilustradas del siglo anterior, que se había ido fortaleciendo durante el intenso debate político de los seis años de lucha. El realismo contrarrevolucionario convirtió al príncipe inocente en el rey enviado por la Providencia para salvar la monarquía y la religión, puestas en peligro por los franceses, por sus secuaces españoles, y por los liberales, que dejándose llevar por falsas ideas habían debilitado a la Iglesia con sus reformas —en especial la supresión de las órdenes religiosas y de la Inquisición— y por eso mismo habían puesto en peligro la continuidad del catolicismo en España. Eliminado el enemigo exterior, había llegado el momento de terminar con la revolución y reinstaurar la monarquía absoluta, encarnada en un monarca dotado de plenos poderes, sólo limitados por la doctrina católica y por las leyes tradicionales garantes de los privilegios de personas y territorios.[29]

En 1814 dio la impresión de que Fernando VII estaba dispuesto a seguir ese camino. Pronto se constató que tal cosa era un espejismo. Estableció un sistema nuevo. Gobernó con plena autoridad, sin limitaciones ni ataduras de ningún tipo ni procedencia. Desmanteló la obra de los constitucionales, desvirtuó, hasta hacerlos inoperantes, los organismos históricos que atemperaban el poder del monarca absoluto, y a pesar de las muchas concesiones realizadas a la Iglesia y de la retórica sobre la alianza del trono y el altar, mantuvo el tradicional regalismo, esto es, impuso la autoridad civil a la religiosa. Desde 1814 hasta su muerte, salvo el intervalo constitucional de 1820-1823, su política consistió en el control personal del poder, valiéndose de la represión de toda disidencia y de unos servidores cuya única pauta de comportamiento fue la fidelidad ciega a su señor. Fernando VII gobernó a su manera, como un déspota, escuchando los consejos que en cada ocasión le convenían, sin ajustarse a ningún precedente específico y como nadie lo haría después que él. Según Brian Hamnett el régimen político de Fernando VII «nunca llegó a adquirir un carácter definible», fue sui generis.[30]

La contestación fue intensa y constante, pero la política fernandina prosiguió sin modificaciones sustanciales hasta el fin de los días del rey. La clave de esta continuidad quizá haya que buscarla en la imagen del príncipe inocente y virtuoso construida durante el tiempo de la Guerra de la Independencia, cuyo origen se debe retrotraer unos años antes, cuando se articuló la ofensiva contra Godoy. Esta representación de Fernando VII perduró durante un largo periodo, incluso entre los liberales, quienes bien por táctica, bien por convencimiento, tardaron en achacar directamente al rey la represión y el mal gobierno, que llevó nada menos que a la pérdida de la mayor parte de América, y todo lo atribuyeron a los consejos de las personas que lo rodeaban.[31] Fernando siempre fue querido por la generalidad de sus súbditos. Su popularidad perdió fuerza progresivamente, hasta ser detestado por los liberales, en particular los del exilio, y por los realistas extremistas, decantados progresivamente por su hermano Carlos María Isidro, y sin embargo, al final del reinado todavía despertó el entusiasmo popular. Este extremo se puso de manifiesto durante su viaje por el norte de España en 1827-1828 y también al año siguiente con motivo de su matrimonio con María Cristina.

En suma, Fernando VII fue un rey imaginado. El marqués de Miraflores, atento e inteligente observador de su reinado, afirmó que la campaña a su favor le dotó «de una fuerza moral inmensa [que] le hizo árbitro de todas las situaciones, desde su advenimiento al trono hasta su muerte».[32] No fueron sus cualidades personales, ni su capacidad o destreza en el Gobierno, los factores que le permitieron su continuidad en el trono dotado de un poder incontestable, sino el deseo de los españoles, quienes se lo representaron de un modo muy distinto a lo que era en realidad.

Es complicado ofrecer precisiones sobre la personalidad de Fernando VII. Como observó José Joaquín de Mora, «su carácter era tan difícil de definir, que las personas que lo trataron una gran parte de su vida no llegaron a conocerle a fondo». Quizá tampoco podamos concretar gran cosa a partir de las imágenes que nos han llegado de él, a pesar de que fueron realizadas por los más destacados pintores españoles de su tiempo. A este respecto, el autor citado afirmó que «la movilidad de sus facciones era tal que los mejores artistas hallaban dificultades para sacar la semejanza de su cara: sus gestos eran siempre vivos y algunas veces violentos».[33]

En los retratos efectuados a partir de 1814, cuando recuperó el trono con toda plenitud, primó la intención de glorificarlo como rey absoluto. Goya lo retrató cinco veces por encargo de diversas instituciones, nunca de Fernando VII, a pesar de ser primer pintor de cámara. En uno de ellos, realizado a instancias del Ayuntamiento de Santander, lo presentó de cuerpo entero con el uniforme de coronel de guardias reales, apoyado sobre un pedestal en el que una figura femenina coronada con el laurel de la victoria, representación de España, acoge al monarca con los brazos abiertos. Es el rey deseado y necesario. En el pedestal están los atributos de la realeza (corona, cetro y manto) y al pie del rey, un león —símbolo de la monarquía— rompe con sus fauces en actitud fiera las cadenas con que Napoleón pretendió sujetarla. Algunos comentaristas han pretendido ver en la figura femenina una alegoría de la Constitución, pero es muy dudoso, ha puntualizado Gérard Dufour, que en estos momentos el artista se permitiera el lujo de manifestar públicamente sentimientos favorables a la Constitución. Goya entregó la obra el 1 de diciembre de 1814, en plena oleada represiva contra los constitucionales y en una situación personal delicada debido a su pasada colaboración con el régimen josefino. En todo caso, mantiene José Luis Díez, en este lienzo Goya muestra al rey con un gesto de elegante distinción, idealizando los rasgos de su rostro, de una regularidad armoniosa, casi clásica.[34]

Goya representó al rey con menos benevolencia en otro de sus retratos de 1814: Fernando VII con manto real (Museo del Prado), asimismo de cuerpo entero con todas las insignias reales, según Manuela Mena tomado del natural. Afirma esta historiadora que su posición, completamente frontal, «subraya la falta de prestancia del rey, rechoncho y tosco, que contrasta, como si fuera un disfraz, con el rico manto de armiño, símbolo máximo de la realeza». Janis Tomlinson considera que «el cuadro está impregnado de una dejadez que sitúa el esplendor real en el vacío [...]; el rey tiene el aire de un impostor que se prueba los adornos de la monarquía».[35]

Es acusado el contraste entre este retrato de Goya y el que realizó Vicente López en Valencia en 1808. López situó al monarca ante un suntuoso fondo de cortinajes y alegorías que destacaba los atributos reales y la fisonomía del soberano. Goya, por el contrario, optó por un fondo neutro, oscuro, que reduce el poder de la figura real, cuyo gesto es serio y la mirada inquietante. Se comprende que Fernando VII hiciera de Vicente López su pintor favorito. A él se deben varios retratos del soberano, muy difundidos a través de copias y estampas. Uno de ellos, ejecutado durante la estancia del rey en Valencia en abril-mayo de 1814 (Fernando VII con uniforme de capitán general, Museo del Prado), fue al parecer el preferido del monarca y se convirtió en su retrato oficial. De él se hicieron réplicas y abundantes copias, que presidieron muchas estancias oficiales. Ante un fondo de celaje y árboles, el rey, representado de más de medio cuerpo, con su mano derecha apoyada en el bastón de mando, dibuja una sonrisa y su mirada de frente insinúa proximidad.[36]

La plena majestad del monarca quedó plasmada de manera sobrecogedora en el retrato de José de Madrazo: El Rey Fernando VII a caballo (Museo del Prado). Acabado en 1821, en plena época constitucional, quizá fue encargado en 1818 para formar parte del recién inaugurado Museo Real de Pinturas situado en el paseo del Prado, donde cuelga desde 1828, lo cual es muy elocuente acerca de la opinión que le mereció al soberano. Está concebido casi como una escultura monumental (mide 353 por 249,5 centímetros). Fernando viste uniforme de gala de capitán general, adornado con el Toisón de Oro, la gran cruz y banda de la Orden de Carlos III y la laureada de San Fernando. Monta un caballo blanco que anda al paso por un camino junto a un roble. Le siguen a distancia dos generales y al fondo se vislumbra un paisaje montañoso. El cuadro refleja perfectamente los rasgos fisonómicos del monarca, con la nariz que casi toca su boca. Su mirada es inquietante, como en los retratos de Goya. Es indudable que el artista, fiel al monarca, pretendió ofrecer una imagen de plena autoridad, lo cual es resaltado «por el rigor extraordinario de su modelado, de dibujo duro e insistido, con que están resueltas las figuras del rey y su cabalgadura, que paraliza cualquier sensación de movimiento, revistiéndoles por el contrario de una apariencia verdaderamente marmórea».[37]

Fernando deseó impresionar con su presencia mayestática. Ejemplo destacado en los últimos años de su vida es el retrato con el hábito de la orden del Toisón de Oro pintado por Vicente López en 1831 con destino a la embajada de España ante la Santa Sede, donde aún sigue. Rodeada de los símbolos de la realeza, la persona del monarca, con rostro levemente risueño, queda realzada por el llamativo hábito de la orden internacionalmente más importante de la que él era gran maestre. El año anterior, Luis de la Cruz había representado al rey en otro óleo de gran tamaño revestido con un manto de púrpura y armiño, con fondo de cortinajes rojos para destacar la prestancia del monarca.

Estos y otros retratos de características similares contrastan con el realizado en 1828 por Vicente López por encargo del extinto Banco de San Carlos, colgado hoy en el Banco de España. Vestido de capitán general, con todas las condecoraciones importantes y el cetro en su mano derecha, el rey está sentado, postura muy poco habitual en la historia española de los retratos reales, con la mano izquierda posada sobre unos libros colocados en una mesa. En el tejuelo de uno de ellos se lee: «R. CÉDULA DEL BANCO DE S. FERNANDO». La obesidad y las acusadas entradas en el cabello son bien manifiestas. Este lienzo, ha dicho J.L. Díez, ofrece «sin duda la imagen más sincera del abotargado monarca en su edad madura».[38] Es también la del rey reformista, preocupado por impulsar la economía del reino.

Sorprende que Fernando permitiera ser retratado en una pose tan poco usual en las representaciones de reyes. Más extraño aún es que en otros retratos apareciera con indumentaria civil, como un burgués adinerado, circunstancia que J.L. Díez atribuye a la influencia de María Cristina, quien desde su llegada revolucionó las pacatas costumbres de la corte y quiso disimular el aire absolutista que la impregnaba. Sin embargo, el pintor de cámara Francisco Lacoma ya lo había representado en 1825 vestido de paletó negro, con la única condecoración del Toisón de Oro (Museo Romántico). En 1830, Vicente López retrató en varias ocasiones al monarca con ropa civil, casi sin condecoraciones. En estas obras se observa con toda claridad el envejecimiento del monarca, a pesar de no haber cumplido los cincuenta años, su acusada obesidad y la progresiva calvicie. Tal vez la más llamativa de estas efigies de Fernando VII sea la realizada por Luis de la Cruz (Museo de Bellas Artes de Asturias). El trabajo, finalizado en 1832, está muy logrado desde el punto de vista artístico. El rey y María Cristina pasean cogidos del brazo por un jardín, que unos estudiosos sitúan en Aranjuez y otros en La Granja. Él viste levita y porta un bombín en su mano derecha; ella un rico vestido y chal de armiño, tocada con un alto sombrero adornado con plumas que hacen igualar la estatura de ambos. La expresión del rey es ingenua y acogedora, la mirada de la reina inteligente y viva. Aparentan un matrimonio feliz. El pintor ha disimulado el prognatismo del monarca y si se compara con los retratos de estos años de Vicente López, ha rejuvenecido su aspecto, a pesar de los muy serios problemas de salud de Fernando en esas fechas. Luis de la Cruz quiso presentar a un rey en condiciones todavía de dirigir la monarquía, aunque la realidad era muy otra.[39]

Fernando VII se preocupó mucho por su imagen. Se podría decir que pretendió ser un rey «popular», en el sentido empleado por J. Plankett en su estudio sobre la reina Victoria de Inglaterra, a la que califica de «la primera monarca mediática»: procuró que sus súbditos dispusieran constantemente de su imagen y demostró una considerable habilidad para apelar al sentimiento y a la imaginación populares. Evidentemente, el rey español no dispuso de los medios tecnológicos de la Inglaterra industrial en fotografía y nuevas técnicas de impresión, que posibilitaron la difusión por el imperio británico, a través de la prensa periódica y de todo tipo de publicaciones, de las imágenes de la reina Victoria y su familia en los más diversos lugares y situaciones.[40]

La obsesión de Fernando VII por realzarse a sí mismo le indujo a controlar incluso la documentación que estimó más importante o más comprometedora sobre él, su familia, y las decisiones políticas en el tiempo de su reinado. Él personalmente recogió y retuvo en su poder los papeles que consideró oportuno, procedentes de las Cortes, de los diversos ministerios, de organismos judiciales y de particulares. En 1840, cuando el general Espartero ejercía la jefatura del Estado, se constituyó una comisión para inventariar las alhajas y efectos de las casas reales y otras dependencias pertenecientes al patrimonio de la corona. Esta comisión halló en un estante en el cuarto que utilizó Fernando como despacho en el Palacio Real de Madrid varios volúmenes encuadernados con el rótulo PAPELES RESERVADOS. Formaban dos grupos. Uno, integrado por 108 volúmenes numerados, encuadernados de la misma forma y con un tejuelo que decía: «Papeles reservados»; el otro constaba de varios libros con encuadernación diversa y legajos sin numerar. El propio rey debió de ordenar los documentos del primer grupo, pues de su puño y letra son las indicaciones contenidas en casi todas las carpetas, así como algunas notas en los documentos.[41] Este corpus documental se conserva en la actualidad repartido entre la Biblioteca del Congreso de los Diputados y el Archivo del Palacio Real. Constituye, sin ninguna duda, uno de los fondos esenciales para el estudio del reinado fernandino y también del de su padre, pero hasta finales del siglo XIX no pudieron consultarlo los historiadores.

¿Acopió Fernando VII esta importante documentación para evitar que la utilizaran otros, o para servirse de ella a su conveniencia? El dato, en cualquier caso, delata su meticulosidad y su ausencia de escrúpulos cuando se trataba de preservar su persona. Fernando estuvo obsesionado por examinar cuantas cosas le parecían importantes y por controlarlo todo sin el concurso ajeno. La formación de este fondo documental es una perfecta metáfora de su forma de entender su cometido como rey. Esto es lo que se pretende relatar en las páginas que siguen.

Primera parte

Príncipe de Asturias

Cuando se te comuniquen mis Reales órdenes conocerás que si tengo un pueblo digno de mí, Yo lo soy de él, que he nacido para reinar sobre los Españoles y para gobernarlos y mandarlos por mí mismo [...]. Tampoco olvides que a pesar de mi situación, mi Poder es el mismo, que nadie puede disminuirlo ni limitarlo.

Carta de Fernando VII al duque del Infantado,

Valençay, 1 de agosto de 1811

1

La educación del príncipe

La jura del sucesor al trono

El 30 de mayo de 1789, Carlos IV ordenó a las treinta y siete ciudades representadas en Cortes que nombraran diputados para prestar el juramento al que estaban obligados «al Príncipe D. Fernando, mi muy caro y muy amado hijo». El acto se anunció para el 23 de septiembre en la iglesia del Convento Real de San Jerónimo de Madrid, «conforme a las leyes, fueros y antigua costumbre de estos mis reinos». En ese mismo lugar se había jurado a Carlos IV como heredero de la corona en julio de 1760.[1]

Tras su proclamación como rey de España, celebrada en la corte con la solemnidad de rigor el 20 de enero de 1789, poco más de un mes después del fallecimiento de su padre, Carlos IV daba ahora el paso siguiente para cumplir el ritual establecido en la transmisión de la corona. El juramento del heredero, titulado príncipe de Asturias desde el siglo XIV en el reino de Castilla,[2] era una de las ceremonias de mayor tradición y relevancia en las monarquías europeas, pues simbolizaba la continuidad de la dinastía. En España alcanzó especial significación, porque a diferencia de Inglaterra o Francia, aquí no se celebraba el acto de la coronación y consagración del rey. Los reyes españoles no eran coronados, ni portaban corona (la corona real sólo aparece en las pinturas como un atributo más del monarca), sino jurados.

De acuerdo con la etiqueta borgoñona vigente desde el tiempo de los Austrias, la jura debía ser pública. Era una ceremonia notoria, revestida de la máxima solemnidad, que requería la presencia de testigos, los cuales validaban con su testimonio cuanto habían presenciado. Con el fin de dejar memoria de lo ocurrido y de quienes allí estuvieron se levantaba acta escrita, en la que se consignaban en listas interminables el nombre y calidad de los asistentes.[3] Por esta razón se convocaban Cortes y se llamaba a la nobleza y al clero. Eran los testigos y los representantes del reino quienes, por ser súbditos del rey, tenían obligación de jurar a su heredero, como expresamente dijo Carlos IV en la citada carta de convocatoria de Cortes.

La apertura oficial de las Cortes tuvo lugar el 19 de septiembre de 1789 en el Palacio Real. Carlos IV se presentó ante los diputados de las treinta y siete ciudades de Castilla y de la antigua Corona de Aragón con derecho de representación, más los de Madrid, sede de la corte real, para advertirles que además de jurar a su hijo Fernando, se dispusieran a tratar «varios negocios si se propusieren y pareciese conveniente resolver». Esta última era una expresión empleada tradicionalmente en la convocatoria de Cortes, que necesariamente no suponía la deliberación sobre asuntos diferentes a la jura del príncipe de Asturias. Es más, las convocadas a lo largo del siglo XVIII lo fueron exclusivamente para jurar al príncipe heredero.[4] Pero no fue éste el caso. Una vez que se retiró el rey, el conde de Campomanes, presidente de las Cortes, comunicó a los diputados el deseo del soberano de que se tratara de la ley de sucesión a la corona y otros puntos, referidos, según se especificó más tarde, a la acumulación de mayorazgos en una sola mano, el incremento de cultivos y la posibilidad de cercamiento de propiedades para evitar la falta de pastos; es decir, medidas reformistas muy acordes con el espíritu ilustrado. Declaradas formalmente constituidas, las Cortes continuarían sus sesiones —anunció Campomanes— en el salón de Reinos del palacio del Buen Retiro.

Antes del comienzo de las sesiones de Cortes, y en vísperas del juramento del príncipe, tuvo lugar la entrada real en la ciudad. Consistía en una procesión cívica en la que participaba el rey, su familia y los cargos más relevantes de la corte, destinada a dar a entender que el monarca tomaba posesión de la ciudad y ésta, a su vez, reconocía la soberanía de su rey y lo aclamaba. Era, pues, un gesto de poder y una forma de asentar el orden monárquico.

El 21 de septiembre, a las cinco y media de la tarde, las carrozas que formaban la carrera de los reyes salieron del Palacio Real por el arco de la Armería. La aparatosa comitiva recorrió las calles de la Almudena, Mayor, Puerta del Sol, Alcalá, Paseo del Prado, Jardín Botánico y Atocha; por la plaza Mayor retornó a palacio. Precedía la procesión una carroza que simbolizaba la villa de Madrid, representada por el corregidor y cuatro regidores, seguida por la Real Compañía de Alabarderos y tres escuadrones de las compañías de guardias de corps —cuerpo militar encargado de la escolta de las personas reales—, los mayordomos del rey en cuatro forlones de a cuatro mulas, timbales y clarines de las reales caballerizas, los gentilhombres de cámara en ejercicio en diez berlinas de a cuatro mulas, altos servidores de palacio y una gran carroza de respeto adornada con esculturas de madera. Seguía la carroza de los reyes, tirada por ocho caballos, precedida por cuatro cadetes de corps, los volantes y lacayos del rey, los veinticuatro caballeros pajes del rey, los caballerizos de campo a caballo, más veinte guardias de corps y dos trompetas. Luego, la carroza del Príncipe de Asturias, acompañado de su teniente ayo (el mariscal de campo Juan del Río Estrada), con seis caballos, dos cocheros y varios lacayos y guardias de corps. A continuación las carrozas de las infantas María Amalia y María Luisa, hermanas del Príncipe de Asturias (la otra hija de Carlos IV, Carlota Joaquina, casada con el heredero a la corona de Portugal, no estaba presente en Madrid), la del infante don Antonio, hermano del rey, y la de la infanta doña María Josefa. Cerraban la marcha la carroza de la camarera mayor de la reina, tres coches dorados con sus damas, dos coches con las señoras de honor, otros dos de prevención con sirvientes, la compañía italiana de Corps y las compañías de reales guardias de Infantería Española y Valona.

El cortejo realizó dos paradas. La primera, en la iglesia parroquial de Santa María la Mayor o de la Almudena, el templo más antiguo de Madrid, hoy desaparecido, donde se cantó un tedeum y dio su bendición el arzobispo de Toledo, cardenal Lorenzana. La segunda, en el Jardín Botánico, donde con cánticos y hachas de cera en la mano recibieron a los reyes, a un lado, doscientos ocho niños y niñas de entre siete y doce años, elegidos por sorteo en las escuelas de caridad para vestirlos, dotarlos y protegerlos en memoria de este día; a otro lado, noventa niñas vestidas por los Cinco Gremios Mayores de Madrid en conmemoración de este acto. A todos estos niños se les obsequió con una cena costeada por el conde de Floridablanca, secretario de Estado de Carlos IV y, como tal, su ministro principal.

El 23 de septiembre se celebró la jura del príncipe de Asturias. Los reyes y su familia se dirigieron sin ceremonia al palacio del Retiro, de donde pasaron a la iglesia de San Jerónimo precedidos de cincuenta y un grandes de España, treinta títulos de Castilla y los diputados a Cortes. El templo estaba adornado con telas de seda bordada con brillantes guarniciones de oro, que imprimían aspecto de suntuosidad y riqueza, como plasmó con exactitud Paret y Alcázar en un lienzo pintado dos años después.[5] En un tablado levantado en la grada del altar mayor, que abarcaba asimismo toda la extensión del crucero, se dispusieron los asientos de la familia real. Los reyes quedaron situados en el lado de la epístola, bajo dosel, y junto a la silla de la reina, una de brazos para el príncipe Fernando; en el lado del Evangelio, trece arzobispos y obispos convocados al acto y el cardenal patriarca de las Indias, Antonio Sentmenat; detrás de ellos los miembros de la Cámara de Castilla y tras éstos, de pie, los mayordomos del rey. En la nave del templo se habían dispuesto bancos destinados a la nobleza titulada y a los procuradores en Cortes. En una tribuna, al lado del Evangelio, se ubicó a las infantas y en otras, más elevadas, a los miembros del Gobierno y a los de los consejos, así como a los embajadores y ministros extranjeros.

Finalizada la misa de pontifical, los asistentes escucharon de rodillas el canto del Veni Creator Spiritus. Acto seguido, el arzobispo primado se sentó ante una mesa colocada en el altar mayor con misal y crucifijo para recibir el juramento. El rey de armas más antiguo, esto es, el servidor de palacio encargado de las ceremonias, hizo el llamamiento a la jura:

... tendréis realmente y con efecto a todo vuestro leal poder a dicho Serenísimo y esclarecido príncipe D. Fernando por príncipe heredero de estos reinos durante la vida de Su Magestad, y después de ella por vuestro rey y señor natural, y como tal le prestáis la obediencia, reverencia, sujeción y vasallaje que le debéis.

El infante don Antonio fue el primero en realizar el juramento. Le siguieron los obispos y títulos nobiliarios, y cerraron los diputados en Cortes. Tras pronunciar la fórmula de juramento, cada uno besó las manos del rey, de la reina y del príncipe. Finalizados los juramentos, el secretario de la Cámara de Castilla, Manuel de Aizpun y Redin, preguntó en alta voz al rey «si aceptaba como Rey y Señor natural de estos reinos y legítimo sucesor de ellos, y en nombre del Serenísimo señor Príncipe D. Fernando su hijo, el juramento y pleito homenaje y todo lo demás ejecutado en este acto en favor de S.M. y del Serenísimo Príncipe». El rey dio su asentimiento. El acto finalizó con un tedeum. Había anochecido cuando el rey regresó a palacio con el mismo aparato y cortejo que le acompañaron en su entrada el día 21.

Al día siguiente de la jura se celebró en la plaza Mayor una corrida de toros, con asistencia de los reyes y su familia. También se hizo un simulacro de batalla entre ejércitos mandados por generales, entre otros el duque de Crillon, el príncipe de Castelfranco, Ventura Escalante y el conde de Campo Alange. Los festejos se prolongaron con luminarias, bailes, refrescos y cenas en las casas de algunos nobles y embajadores extranjeros, cuyas fachadas, como otras muchas, estaban suntuosamente engalanadas para la ocasión. Todo lo vivieron con entusiasmo y gran regocijo los habitantes de Madrid y el numerosísimo gentío que acudió a la ciudad para presenciar el acontecimiento. Se calculó que llegaron unos sesenta mil forasteros.[6]

Desde el 19 de septiembre, fecha de la reunión de los diputados a Cortes para acreditar sus poderes en la residencia del conde de Campomanes, hasta el 24, la ciudad vivió seis intensos días de fiestas y ceremonias vistosísimas. El ritual seguido para la transmisión de la corona estuvo organizado hasta el detalle de acuerdo con normas estrictas heredadas de la tradición, porque era esencial dar a entender la raigambre histórica de la monarquía; por esta razón se siguió el empleado en la jura del príncipe Baltasar Carlos en 1632. El ceremonial creó un sentimiento de «comunidad» entre los reyes y sus súbditos. Durante unos días convivieron en el mismo espacio público la cultura de la corte y la cultura urbana sobre la base de unas mismas convicciones religiosas. Los participantes en el rito reconocían su respectivo lugar y sus competencias de acuerdo con las jerarquías y estructuras de poder establecidas. En consecuencia, el espectáculo no fue sólo una expresión del poder real, una forma de anunciarlo, de decirlo, sino también una manera de perpetuarlo.[7] El futuro de la corona española estaba asegurado en la persona del príncipe Fernando de Borbón, a punto de cumplir los cinco años de edad.

Fernando había nacido en el Palacio Real de El Escorial el 14 de octubre de 1784. Ese mismo día fue bautizado. Recibió el nombre de Fernando María, seguido, como era costumbre, de muchos otros hasta veintitrés, los de santos a los que Carlos IV profesaba especial devoción: Francisco de Paula, Domingo, Vicente Ferrer, Antonio, José, Joaquín, Pascual, Diego, Juan Nepomuceno, Genaro, Francisco, Francisco Javier, Rafael, Miguel, Gabriel, Calixto, Cayetano, Fausto, Luis, Ramón, Gregorio, Lorenzo y Jerónimo.[8] Otros hijos del monarca llevaron asimismo estos nombres en distinto orden. En el momento de su nacimiento Fernando era el tercer varón en la sucesión a la corona. Le precedían sus hermanos gemelos Carlos y Felipe, ambos nacidos trece meses antes, el 5 de septiembre de 1783. Tres días después de venir al mundo Fernando, falleció Felipe, y un mes más tarde, Carlos. En consecuencia, a partir del primer mes de su existencia, Fernando pasó a ser el heredero de la corona.

Su jura como príncipe de Asturias dejaba resuelta formalmente la sucesión. En la práctica, sin embargo, esto no era tan evidente. Todo dependía de su supervivencia y de la de su hermano Carlos María Isidro, los dos hijos varones del rey, pero cualquier vaticinio sobre el particular resultaba aventurado. El primero era de naturaleza enfermiza (en la partida de confirmación, febrero de 1788, se dice que «estaba gravemente enfermo y de algún peligro»)[9] y el segundo contaba sólo año y medio en 1789, y a la vista de los antecedentes familiares, pues los cuatro varones que les precedieron habían fallecido antes de cumplir los tres años de edad, no se podía dar nada por seguro. La supervivencia de las tres niñas nacidas antes que los mencionados infantes, sin embargo, parecía mucho más garantizada: en 1789 Carlota Joaquina contaba catorce años de edad, María Amalia, nueve, y María Luisa, siete. A mayor abundamiento —el dato no es despreciable—, Carlota Joaquina había casado en 1785, a los diez años de edad, con don Joâo, sucesor a la corona de Portugal.[10]

En tales circunstancias, como medida precautoria el rey encargó a las Cortes la derogación de la norma de sucesión acordada en 1713, la llamada ley Sálica, según la cual, los varones descendientes de varón por línea recta gozaban de preferencia para ocupar el trono respecto a las mujeres y sus descendientes, aunque ellas y éstos fueran de mejor grado y línea. Deseaba sustituirla por la antigua legislación castellana, la cual establecía que en el mismo grado y línea eran preferidos los varones a las mujeres, pero éstas tenían prioridad sobre los varones de línea o grado posterior. Esto abría las puertas a la posibilidad de que, en caso de que no sobrevivieran los dos hijos varones de Carlos IV, pudiera sucederle en el trono su hija de mayor edad, Carlota Joaquina, por la que al decir del ministro Pedro Cevallos el rey tenía auténtica predilección. Según este mismo testimonio, sin duda autorizado, repugnaba a Carlos IV la idea de que la corona de España pudiera pasar a manos de su hermano Fernando, rey de Nápoles, con quien no mantenía entonces buenas relaciones.[11]

El 30 de septiembre, en la primera de sus sesiones, las Cortes trataron del cambio de la ley sucesoria. De acuerdo con la formalidad propia de ese organismo, se elevó al rey por unanimidad la «petición» de derogar la ley Sálica. La propuesta, redactada por Floridablanca y presentada por Campomanes ante los diputados, se fundaba en dos razonamientos. Primero: siempre que se han variado las leyes tradicionales sobre sucesión se han producido «guerras sangrientas y turbaciones» (era patente el recuerdo de la guerra de Sucesión de principios de siglo). Segundo: la ley Sálica no podía considerarse ley fundamental «por ser contra las que existían y estaban juradas», de modo que convenía volver a la ley antigua, es decir, la de las Partidas.[12] Este último era el argumento de mayor peso. Lo volverá a utilizar el Consejo de Estado en 1809, momento crítico para la continuidad en el trono de Fernando VII, para abrir la posibilidad de que al menos de forma provisional presidiera la Regencia la infanta Carlota Joaquina.[13]

Floridablanca y Campomanes prescindieron del dato de que las Cortes de 1712 habían solicitado a Felipe V una nueva ley sucesoria (la Sálica) y que ésta había sido considerada ley fundamental del reino.[14] El 7 de octubre Floridablanca reunió a los catorce arzobispos y obispos asistentes a la jura del príncipe para que aprobasen la decisión de las Cortes.[15] En su tradicional papel de consejeros reales, los prelados manifestaron al monarca que «en conciencia y justicia» debía acceder a lo solicitado por las Cortes. De esta forma, la abolición de la ley Sálica quedaba refrendada por todos los estamentos, pues aunque desde Carlos I no se convocaba a Cortes por separado a la nobleza y al clero, se entendía que estaban representados la nobleza y el estado llano, ya que los diputados de las ciudades podían pertenecer a uno u otro grupo.

Las Cortes se clausuraron el 5 de noviembre en presencia del rey, con todas las ceremonias propias del caso. Con el ánimo de resaltar la diferencia con lo que en esas fechas sucedía en la Asamblea Francesa, el embajador de Prusia hizo notar que los diputados españoles se arrodillaron con la cabeza descubierta e inclinada cuando el rey apareció para licenciarlos.[16] Nada se salió de los cauces establecidos. En España reinaba el orden tradicional. No obstante, no se dio noticia al público del cierre de las Cortes y de su convocatoria hasta el 24 de ese mes. Ese día, la Gazeta de Madrid publicó una sucinta crónica en sus últimas páginas, casi escondida entre informaciones varias. No mentaba la derogación de la ley Sálica, acerca de lo cual, así como del resto de los asuntos tratados por las Cortes (los relativos a mayorazgos y cultivos), el rey mandó guardar «por ahora el mayor secreto». Hubo que esperar a 1830 para que se publicara la pragmática que suprimía la ley Sálica.

Resultan un tanto sorprendentes las vicisitudes por las que pasaron los papeles con los acuerdos de las Cortes de 1789. Pedro Cevallos afirmó en el informe anteriormente citado no saber a ciencia cierta por qué el cuaderno que los contenía «vagó fuera de los archivos» durante un tiempo. A él le llegó a través «de un librero de viejo» —dice textualmente, sin especificar fecha— y se lo pasó a Godoy. Cuando en diciembre de 1800 Cevallos accedió a la secretaría de Estado, Bernardo de Iriarte, por entonces muy próximo a Godoy, le pasó el cuaderno, Cevallos se lo entregó a Carlos IV y dijo no saber qué hizo el rey con él. En 1809 el cuaderno estaba en el archivo de la secretaría de Gracia y Justicia y allí permaneció.[17]

A pesar del secreto ordenado por el rey, se supo en determinados círculos que las Cortes habían derogado la ley Sálica. En su Testamento político, redactado en 1792, afirma Floridablanca que «debido a los muchos miembros de Cortes y sus dependientes a quienes se debía confiar», lo acordado en ellas se conoció en Francia y en Nápoles y sus embajadores protestaron. Entonces no pareció prudente —sigue— publicar una ley, cédula o pragmática que cambiara el orden sucesorio, debido a la situación de la monarquía en Francia y al restablecimiento de buena armonía entre Carlos IV y su hermano Fernando de Nápoles.[18] No se podía desairar al monarca francés, contrario a la abolición de la ley Sálica y en ese momento en dificultades, aunque lo peor aún estaba por llegar, pero tampoco al resto de las cortes europeas, las cuales no podían ver con buenos ojos la posibilidad de unión entre España y Portugal. Recuérdese que la infanta Carlota Joaquina, sucesora en la corona española en caso de cambio de la ley y si no vivieran sus hermanos varones, estaba casada con el heredero de Portugal. Estas circunstancias se agravaron en los años sucesivos como consecuencia del cataclismo originado por la Revolución francesa en las cortes europeas. En esa tesitura se fortalecieron las relaciones entre Carlos IV y su hermano el rey de Nápoles, hasta el punto de que en 1802 se concertó un doble matrimonio entre los sucesores de ambas coronas: el príncipe de Asturias, Fernando, casó con María Antonia, hija de los reyes de Nápoles, y el sucesor de éstos, Francisco, lo hizo con la infanta María Isabel, hermana de Fernando.

Éstas fueron, al parecer, las razones principales de la no publicación de la abolición de la ley Sálica en 1789 y años posteriores. También de que no se hiciera en 1805, cuando se redactó la Novísima Recopilación de las Leyes de España. En esta última fecha, además, se había desvanecido ya toda preocupación por la sucesión masculina de Carlos IV. La vida del príncipe de Asturias no corría peligro y tampoco la de su hermano Carlos. Para mayor tranquilidad, el que sería el último hijo de Carlos IV y María Luisa, Francisco de Paula Antonio, nacido en 1794, gozaba de buena salud.

Con una u otra ley la sucesión de Carlos IV estaba asegurada. Por esta razón, y porque habían sido muchas las dudas tras los fallecimientos de tantos infantes varones, en la decoración de la fachada de la casa del duque de Medinaceli con motivo de la referida entrada de los reyes figuraba la siguiente inscripción: LA NACIÓN UNIDA CON AMOR JURA A SU DESEADO PRÍNCIPE FERNANDO. MDCCLXXXIX. Fue la primera vez, según mis noticias, en que se le dio el sobrenombre de «el deseado». Era el garante de la continuidad de la monarquía española del Antiguo Régimen.

Maestros y régimen de vida

La infancia del príncipe Fernando transcurrió en el ambiente acusadamente absolutista de la corte española, sometido a una estricta etiqueta, a un horario riguroso y a la vigilancia atosigante de su madre, la reina María Luisa. No recibió una educación brillante, ni sus maestros fueron los hombres de mayor mérito del reino para desempeñar su cometido, pero ni aquélla fue desdeñable, ni éstos carecieron de aptitudes. Si bien sería arriesgado calificarlos de ilustrados, varios de ellos asumieron las nuevas ideas pedagógicas de la época y al menos no se cerraron ante los avances en las letras y las ciencias.

El preceptor inicial de Fernando, esto es, el encargado de enseñarle las primeras letras y la gramática latina, fue el escolapio Felipe Scio de San Miguel, hombre culto que había realizado viajes de estudios por Francia, Alemania e Italia y llegó a palacio precedido de fama de gran pedagogo. Había aplicado el entonces prestigioso método del Colegio Calasancio de Roma en los establecimientos de enseñanza de su orden en Castilla, considerados los de mayor solvencia en la educación infantil tras la expulsión de los jesuitas. Su traducción de la Biblia del latín al castellano le valió el elogio de quienes deseaban renovar la religiosidad en España tomando como guía las sagradas escrituras y la doctrina de los padres de la Iglesia y, al mismo tiempo, le supuso no pocas críticas por parte de los defensores de la Iglesia tradicional.[19] En la segunda edición de su traducción de la Biblia (1794), incluyó una larga dedicatoria al príncipe Fernando en la que, además de instarle a guiarse por los principios de las sagradas escrituras, le exhortó a actuar como el príncipe y mártir san Hermenegildo, «el cual, renunciando al cetro y la vida, ofreció al cuchillo su garganta para no abandonar la verdad de los divinos libros, verdad que le hizo comprender el esclarecido Obispo y Doctor San Leandro».[20] Como se verá, Fernando no olvidó el nombre del príncipe godo.

Felipe Scio había sido designado preceptor de los infantes en 1780 por el conde de Floridablanca, entonces secretario de Estado de Carlos III. Al nacer Fernando, aparte de sus dos hermanos gemelos, pronto fallecidos, vivían tres hijas del rey: Carlota Joaquina, de nueve años, María Amalia, de cinco, y María Luisa, de dos, de manera que la tarea del escolapio se centró en la educación de la primera, según todos los testimonios con gran éxito. Fue muy celebrada la solvencia con que Carlota Joaquina superó unos exámenes, al parecer muy duros, a los diez años, en vísperas de contraer matrimonio con don Joâo. En 1785 Felipe Scio acompañó a la infanta a Portugal, y aunque nominalmente siguió figurando como preceptor del príncipe, esta función la continuó su hermano Fernando, religioso de la misma orden. Felipe viajó con frecuencia a Madrid, por lo que cabe pensar que, a pesar de su ausencia, la educación del príncipe quedó en última instancia bajo su responsabilidad. En 1794 regresó a España y ejerció como preceptor único del príncipe de Asturias hasta el verano de 1795.[21]

El 2 de septiembre de 1795, a punto de cumplir Fernando once años de edad, se hizo cargo de su educación el canónigo de la catedral de Badajoz Francisco Javier Cabrera Velasco, recientemente preconizado obispo de Orihuela. El 5 de octubre de ese año presentó al rey su plan de educación del príncipe.[22] Tras aludir positivamente a la obra de su predecesor, indicaba que en ese momento la ocupación de su pupilo debería centrarse en el conocimiento de los principios gramaticales de la lengua latina (al comenzar a traducir de este idioma al castellano, y no antes —puntualizó—, se le enseñarán «las demás lenguas vivas que fueran del Real agrado de V.M.») y en el estudio de la Historia, sobre todo la de España, junto con la Geografía y la Cronología. Con todo, la base de la educación del heredero de la corona debía ser la instrucción «en materia de Religión», así como la práctica de los preceptos cristianos y de «aquellas virtudes heroicas que hacen a los reyes amados de Dios y de sus vasallos».

No debe extrañar el lugar preferente concedido por el obispo Cabrera a la educación religiosa, como había hecho su antecesor. Lo exigía la cultura católica dominante en la época. Lo sorprendente hubiera sido que la religión quedara relegada a un segundo término. Pero interesa reparar en el argumento empleado por el obispo. La formación religiosa, afirmó en un documento presentado días después del citado,

... es tan necesaria para el Gobierno de los Estados y su subsistencia, que aun entre los políticos mundanos, Machiavelo, maestro de todos, confiesa esta verdad y asegura que el mayor indicio de la ruina de un reino es el menosprecio y descuido de la observancia de la religión, pero no, como él lo entiende, queriendo que la religión sirva como de medio o pretexto para la conservación del Estado y quietud civil de los ciudadanos entre sí, sino como lo enseña todo político cristiano, que manda se ame la religión por sí misma [...], confesando sencillamente que todo el poder del príncipe sobre sus súbditos viene de Dios, y que le ha dado esta potestad para que les prepare en la tierra la felicidad temporal, como medio de la que se espera eterna.

A pesar de su enrevesada prosa, el obispo deja claro su ideal de educación, no muy diferente del de los ilustrados españoles. El príncipe debe estar adornado, ante todo, de las virtudes religiosas, pero también, y en un plano casi de igualdad, de las humanas (las «virtudes heroicas» a que alude el prelado en su primer informe) y de los conocimientos necesarios para ejercer el poder recibido de Dios, principio no discutido ahora en España, con el fin de hacer felices a sus súbditos en la tierra, es decir, para proporcionarles la felicidad material (riquezas, bienestar). Más tarde, en una pastoral publicada en 1797 siendo obispo de Ávila, Cabrera defendió que el clero debería preocuparse por instruir a sus fieles en la economía rural, porque la gran regla del cristianismo era tender a la utilidad pública.[23]

Muy exigente se mostró el obispo al establecer el régimen horario de su discípulo, presentado el 20 de octubre de 1795 a Godoy, entonces secretario de Estado, quien por delegación de los reyes entendía directamente en lo relativo a la educación del príncipe de Asturias, auxiliado por el ilustrado Eugenio Llaguno.

Del 1 de septiembre hasta el fin de abril, el príncipe Fernando debía levantarse a las seis de la mañana. Una vez vestido, el preceptor rezará con él el tedeum y la oración correspondiente, quedando al arbitrio del primero proponer algún punto de meditación o algunas otras oraciones vocales; «después le instruirá en algún punto de Gobierno y política christiana». De siete a ocho de la mañana el príncipe estudiará la lección de latinidad. Desayunará y el maestro le explicará hasta las nueve la lección siguiente y lo «ejercitará en lo atrasado». De 9:00 a 10:15 se peinará y oirá misa. Luego, lectura de Historia y lección de baile hasta las 10:45. A continuación, el príncipe pasará al cuarto de los reyes a darles cuenta de su salud y aprovechamiento, «manifestando a sus Augustos Padres el afecto y cariño que les profesa y los deseos de complacerles y servirles». Tras esto, volverá a su habitación, donde estará con el maestro de Historia hasta las 12:15.

A esa hora se le servirá la comida y «concluida, se divertirá en lo que guste y hará la siesta» De dos a tres de la tarde estudiará la lección que por la mañana le haya puesto el maestro de Latinidad. A las tres, saldrá de paseo con su hermano Carlos y sus respectivos tenientes de ayo, además del preceptor cuando lo determinen los reyes. Al regreso del paseo, el príncipe volverá al cuarto de los reyes a preguntarles cómo han pasado la tarde y hacerles manifestaciones de amor filial. Tras la merienda, repasará la lección de Gramática hasta las seis. A esta hora entrará el maestro a explicársela, hasta las ocho, en que pasará el preceptor para rezar el rosario. Luego, el príncipe hará examen de las obras del día y pedirá a Dios le perdone sus defectos. Después podrá leer en el Año Cristiano el santo del día. A las nueve de la noche se le servirá la cena y se entretendrá en lo que guste hasta que vaya a dormir, que será a las diez o un poco antes.

Este régimen variará ligeramente los sábados, en cuya mañana y noche el príncipe estudiará doctrina cristiana, explicada por el maestro de Historia, y durante los meses de más calor (del 1 de mayo a fin de agosto), en que se levantará a las cinco de la mañana y se antepondrán los ejercicios de la mañana una hora y se retrasarán el mismo tiempo los de la tarde.

Además de lo establecido por la Iglesia, el príncipe debía confesarse «todas las festividades de Jesucristo y su Madre», los días de los apóstoles, de san Juan Bautista, san Fernando, y generalmente cada quincena si no ocurriese alguna de esas festividades.

A tenor del plan de educación del obispo Cabrera, los maestros del príncipe, aparte naturalmente del preceptor, eran por el momento los de gramática latina, historia y geografía. Más tarde, a medida que el príncipe fuera creciendo, llegarían los de francés y filosofía, así como los de esgrima, baile y dibujo.

¿Quiénes fueron los individuos que desempeñaron estas tareas? Conocemos a los dos preceptores, Felipe Scio y el obispo Cabrera. De la preparación intelectual y del talante abierto a los aires de la Ilustración del primero ya se ha tratado. Lo mismo cabría decir de Cabrera, aunque su notoriedad en nuestros días es mucho menor.

En 1791, siendo canónigo de Badajoz, Cabrera ingresó en la Orden de Carlos III, al año siguiente se trasladó a la corte en calidad de predicador real y en 1795, como ha quedado dicho, sustituyó a Felipe Scio como preceptor del príncipe. En agosto de ese mismo año había sido preconizado obispo de Orihuela y en 1797 lo fue de Ávila. Falleció en 1799 sin haber pisado el suelo de ninguna de las diócesis de las que fue ordinario. Esta carrera eclesiástica y la sorprendente ausencia de sus sedes episcopales, que gobernó a través de un canónigo de las respectivas catedrales, han inclinado a ciertos estudiosos a restar méritos a Francisco Javier Cabrera, rebajándolo a la categoría de la turba de mediocres de los que, al decir de algunos, se rodeó Godoy. Sin duda, Cabrera fue un clérigo cortesano, pero no uno cualquiera. Paula de Demerson lo incluye entre los integrantes del círculo de la condesa de Montijo, grupo de los más influyentes de la Ilustración española a finales del siglo XVIII, constituido por clérigos y laicos, entre otros, los obispos Tavira y Palafox, Jovellanos, Meléndez Valdés, Estanislao de Lugo, partidarios de la extensión de la educación y de la beneficencia a todas las clases sociales y de una reforma en profundidad de la Iglesia española. Cabrera podría ser considerado próximo al «jansenismo», etiqueta con que se tildó entonces a quienes, como los mencionados, propugnaban eliminar riquezas y el aparato externo de la Iglesia para centrar la actividad de los eclesiásticos en la pastoral (la cura de almas), el ejercicio de la caridad cristiana y el cumplimiento riguroso de las normas morales.

Antes de asumir la función de preceptor del príncipe, Cabrera se había preocupado por impulsar la educación en Badajoz y por la instrucción y saneamiento moral del clero. Junto con el también canónigo Fernando Rodríguez de Ledesma acometió en 1777 la reforma del seminario de San Atón, único centro en Badajoz dedicado a la preparación para el ingreso en la Universidad, con el fin de adaptarlo a los nuevos planes de estudio ordenados por Carlos III.[24]

La designación de Cabrera como preceptor del príncipe de Asturias no fue, pues, una decisión improvisada ni caprichosa. Es más, Rodríguez de Ledesma fue nombrado, asimismo, maestro de Historia y Geografía del príncipe. Godoy, pues, colocó junto al príncipe de Asturias a dos clérigos paisanos suyos de espíritu renovador, partidarios —al menos en materia de educación— de la preeminencia del poder real sobre el eclesiástico, una idea arraigada en Fernando VII durante toda su vida.

Poco más sabemos de la vida de Cabrera. Tal vez sea excesivo afirmar tajantemente que fue uno de esos «jansenistas» reformistas contra quienes tanto batallaron la jerarquía eclesiástica española, la Santa Sede y, en general, los opuestos a las ideas ilustradas. Sin embargo, en los últimos años de su vida se comportó como «jansenista». Al ser preconizado obispo de Ávila encomendó el gobierno de la diócesis al canónigo Antonio de la Cuesta y Torre, quien junto a su hermano Jerónimo, también canónigo en esa catedral, figuran en la nómina de los jansenistas españoles más decididos; ambos, a su vez, formaron parte del círculo de la condesa de Montijo. Un anónimo denunció ante el nuncio de la Santa Sede el dominio del «partido jansenista» en la diócesis de Ávila durante el episcopado de Cabrera. Los hermanos Cuesta —decía— actuaban con plena libertad con el beneplácito del obispo y difundían entre el clero abulense la lectura de las obras de Tamburini, el Febronio y otras consideradas por la Iglesia tradicional «pestilentes» y heréticas. El informe menciona, además, que bajo el nombre del obispo Cabrera, Antonio de la Cuesta publicó una pastoral, «parto legítimo del execrable Sínodo de Pistoya». La pastoral fue muy alabada por el clero constitucional francés.[25]

Como se acaba de ver, los dos preceptores del príncipe Fernando no carecieron de méritos. Otro tanto puede decirse de algunos de sus maestros. Fernando Scio, sustituto de su hermano Felipe, había sido director del Seminario de Nobles de Madrid y alcanzó relevancia por su decisión de impartir la enseñanza de las ciencias físico-matemáticas siguiendo el método experimental. Él mismo creó los instrumentos adecuados para la docencia, tales como espejos ópticos, esferas armilares y terráqueas, láminas, etcétera. En el archivo del Palacio Real queda constancia de gastos efectuados en la construcción de algunos de estos instrumentos para uso del príncipe Fernando, hasta formar una especie de laboratorio para experimentos, que al parecer el príncipe frecuentó con asiduidad.[26] Tras la ausencia de los hermanos Scio, el laboratorio siguió en funcionamiento bajo la dirección de Pedro Gutiérrez Bueno, boticario mayor del rey, profesor en el prestigioso Colegio de Cirugía de San Carlos y en el Gabinete de Historia Natural, introductor en España en 1788 de la nueva nomenclatura química. Traductor de Lavoisier, Fourcroy, Guyton y Berthollet, es considerado el químico español de mayor prestigio a finales del XVIII.[27] Como mozo del laboratorio ejerció Antonio Moreno, un personaje importante en la vida de Fernando VII, a quien acompañó durante su estancia en Valençay y del que recibió importantes cargos en los años siguientes.[28]

Según el plan de 1795 —en ese momento Fernando contaba once años de edad—, Cabrera sólo consideró necesarios dos maestros: el de gramática y el de historia, geografía y cronología, con el encargo, a este último, de ocuparse también de los rudimentos de filosofía. Para gramática fue nombrado Gregorio Alcalde, profesor de la misma materia en el seminario de San Atón de Badajoz. Las otras asignaturas se encomendaron a Fernando Rodríguez de Ledesma. Ambos eran presbíteros, procedían del entorno de Cabrera y estuvieron poco tiempo en palacio. Alcalde falleció a principios de 1796 o finales del año anterior y Ledesma pronto se vio obligado a regresar a Badajoz aquejado de serios ataques de gota.

El 24 de marzo de 1796 entró Cristóbal Bencomo como maestro de Latinidad y de Filosofía. Como quiera que, según Cabrera, el príncipe había conseguido cierto dominio del latín, había llegado el momento de ponerle maestro de Francés. De modo que se procedió a completar el cuadro de profesores, que el 4 de octubre siguiente quedó de esta forma: Bencomo se encargó de gramática y filosofía; Pedro Ramírez, maestro de matemáticas de la escuela de caballeros pajes, de francés, y Juan Escoiquiz de Historia, geografía y matemáticas. También se consideró necesario designar un profesor de dibujo, pues —decía Cabrera en uno de sus informes— el príncipe puede dedicar una de las horas de latín al dibujo «a manera de entretenimiento, considerando que esta ocupación puede contribuir a su diversión con mucha utilidad y al mismo tiempo para formarle el gusto». Se barajó el nombre del presbítero Esteban Rodríguez y Naranjo, discípulo de Maella, pero tras varias averiguaciones se descartó, quedando finalmente como profesor de esta materia el pintor de cámara del rey Antonio Carnicero. Los profesores de baile fueron Esteban Rosell y Manuel Comato, primeramente, y después el organista de la real capilla Pedro Antonio Marchal, de música.[29]

Fernando estuvo rodeado de clérigos. Todos sus maestros principales lo fueron. Entre los seglares se cuentan Carnicero, los encargados de su instrucción militar, que comenzó a recibir en 1801, y el profesor de baile. Naturalmente, también era laico el ayo del príncipe, importante cargo que inicialmente desempeñó el marqués de Santa Cruz.

¿Fue una anomalía el ambiente clerical en que se desarrolló la educación del príncipe? Calificarlo así en esa época sería un anacronismo. No se discutía entonces el predominio de la religión en la formación de los niños, y tanto en esta materia, como en la enseñanza del latín, puerta para emprender cualquier tipo de estudio superior, los eclesiásticos estaban considerados los más indicados. Así sucedía no sólo en la corte, sino también entre las más reputadas casas nobiliarias y en la sociedad en general, pues lo que actualmente consideramos enseñanza básica estaba entonces en manos de clérigos. Es evidente, por lo demás, que Felipe Scio y el obispo Cabrera procuraron que los principales profesores de Fernando fueran clérigos. Tal vez por esta razón no fructificó el plan sobre la educación del príncipe elaborado por Leandro Fernández de Moratín, quien se ofreció como su bibliotecario.[30] La cuestión, en el caso del futuro Fernando VII, no es tanto la condición sacerdotal de sus maestros, cuanto su competencia y la ascendencia de algunos sobre él.

Los profesores más apreciados por Fernando, y los más influyentes en él, fueron Cristóbal Bencomo y Juan Escoiquiz, hombres muy diferentes entre sí. Cuando se le encargó la enseñanza de la gramática, Bencomo era director y maestro de los caballeros pajes del rey, donde según informes internos su conducta había sido intachable, demostrando puntualidad en el desempeño de sus obligaciones, capacidad y celo. Una vez en la corte, Bencomo no se mezcló en intrigas políticas.[31]

Escoiquiz fue todo lo contrario: intrigante, con mucha ambición política y, según algunos, de dudosa moralidad personal. En el transcurso de este relato nos encontraremos con él en varias ocasiones, pero conviene detenerse ahora en algunos aspectos relativos a este tiempo, los años noventa del siglo XVIII, en que entró en contacto con el futuro Fernando VII.

En agosto de 1796, cuando debido a la enfermedad de Rodríguez de Ledesma era preciso nombrar nuevo profesor de Historia y Geografía, el obispo Cabrera no pensó en Escoiquiz, sino en el presbítero Francisco Berguizas, oficial de la Real Biblioteca y destacado helenista, célebre por su traducción de Píndaro, trabajo muy elogiado entonces y en nuestros días. Pero en nota fechada el 30 de septiembre, Godoy indicó al obispo, sin mencionar a Berguizas: «Escoiquiz puede servir para la Geografía y Matemática. Pregúntesele si querrá tomarse este encargo y si se halla bien seguro de desempeñarlo». El 2 de octubre Escoiquiz agradeció su posible designación, y aunque nada dijo sobre su capacidad para la tarea encomendada afirmó: «hablo, leo y escribo el idioma francés casi con igual perfección que el mío propio», y añadió que tenía una «mediana inteligencia» del inglés y del italiano.[32]

No carecía Escoiquiz, educado en el colegio de jesuitas de Toulouse, de lo que entonces se denominaban «méritos literarios». Había publicado una traducción del poeta británico Edward Young (Obras selectas de Eduardo Young, expurgadas de todo error), así como otras traducciones de textos relacionados con la educación, en concreto: El amigo de los niños, del abate Sabatier; Lecciones elementales de Historia Natural, de Louis Cotte, y Tratado de las obligaciones del hombre en la sociedad, colección de lecturas infantiles que presentó como obra original, aunque en realidad era una versión del francés con añadidos, omisiones y variaciones. Se dijo autor asimismo de unos Elementos de Geographia, texto al parecer nunca publicado.[33]

A finales de 1796 Escoiquiz era ya un personaje de la «sociedad cortesana», dispuesto contra viento y marea a luchar por la «publicidad representativa» de que habla Habermas, esto es, por alcanzar en la corte la posición y estatus a que se consideraba acreedor.[34] A los diecinueve años de edad había obtenido una canonjía en la catedral de Zaragoza y en esa ciudad residió hasta 1789, año en que se trasladó a Madrid. Enseguida consiguió un puesto de sumiller de cortina del rey, cargo cuya misión principal consistía en asistir a los reyes en la capilla y bendecir la mesa en ausencia del capellán mayor. El puesto era codiciado, porque permitía cierta proximidad a los monarcas. Escoiquiz no perdió el tiempo. Trató —cuenta en sus memorias— de mantener alguna comunicación con la reina y frecuentó tertulias, sobre todo la de Godoy, a quien remitió varios escritos de índole arbitrista. En mayo de 1794 le entregó un largo informe «acerca de los medios de precaver los daños que pueden resultar a la España de las actuales turbulencias que agitan la Europa», y en noviembre siguiente un «Plan en que se manifiestan varias medidas a que puede recurrir el Gobierno» para obtener fondos con que financiar la guerra contra Francia; también un proyecto para conseguir fusiles con idéntico fin.[35] En 1796 pudo soslayar una real orden que obligaba a los sumilleres de cortina a reintegrarse en sus respectivas iglesias, alegando que estaba ocupado en la redacción de trabajos literarios, entre otros los Elementos de Geographia antes mencionado. En ese mismo año finalizó la que sería su publicación más relevante: México conquistado, poema heroyco, obra extensa, muy influida por la Eneida, en la que además de adular a los reyes Carlos IV y María Luisa, realzaba las hazañas de los españoles en América y criticaba la leyenda negra.[36]

Escoiquiz entró a formar parte del cuadro de profesores del príncipe de Asturias por sugerencia de Godoy a los reyes. Más tarde, con su habitual soberbia, e inquina hacia su favorecedor, escribió el clérigo en sus memorias que «el tal favorito» recurrió a él debido a su buena fama y «con el ánimo también, sin duda, como lo conocía por experiencia, de hallar en mí un hombre dócil, que colocado cerca del Real joven, le sirviese de espía honrado».[37] Muy otra fue la razón de la elección del clérigo ofrecida por Godoy: «su exterior tenía todo el aire de un candor cristiano y filosófico; era dulce y grave a un mismo tiempo; su manera de mirar parecía algunas veces la expresión de todas las virtudes y su modo de hablar, el de un sabio sin pretensiones de talento; sus respuestas y sus promesas, las de un hombre sincero que, sin presunción de sí mismo, comprende su deber, y no tenía otra mira que cumplirlo». Estanislao de Kostka Vayo coincide en esta apreciación: «... su modestia, su dulzura, su verbosidad y aquel aire de varón virtuoso y cristiano [se refiere a Escoiquiz] embelesaron a los reyes y a su privado...». Pero más peso que todo esto tuvo quizá otra circunstancia consignada por Godoy en sus memorias: Escoiquiz «era uno de los que frecuentaban más mi casa y parecía haberse unido al movimiento que tomaban las luces».[38]

Escoiquiz, es cierto, pasaba por ser hombre de letras (sus publicaciones lo atestiguaban) y a juzgar por algunos indicios entabló relación con personas de relieve, como Jovellanos.[39] Pero al margen de todo esto, se convirtió en uno de los aduladores más ditirámbicos de Godoy. El 1 de enero de 1798, con ocasión de su onomástica, le dedicó un largo poema, titulado Genetlíaca, en el que lo colocaba por encima de los héroes de la Grecia clásica y lo encumbraba entre los dioses.[40] Escoiquiz fue, ante todo, un cortesano maniobrero y ambicioso, que supo servirse de la adulación para medrar y ganarse la voluntad del joven Fernando.

Un diario de viaje del joven Fernando

Fernando se crió sano durante la lactancia, pero luego fue un niño débil y enfermizo.[41] Como es lógico, la preservación de su salud obsesionó a la corte de Carlos IV. Ello motivó que se le orientara hacia actividades que no le exigían esfuerzo físico y se redujeran al máximo las más proclives a provocar accidentes. Por supuesto, se le inició en la equitación, práctica obligada para la educación de un príncipe, y en la caza, ocupación cargada de simbolismo tratándose de personas reales y hábito muy arraigado en su padre y su abuelo. Sin embargo, no se insistió mucho en ello, de modo que Fernando nunca fue ni buen jinete, ni cazador. Aparte de los juegos infantiles de la época, manifestó gran interés por el cuidado de unos pajaritos que le regalaron siendo niño. Con el tiempo llegó a ser hábil jugador de billar.[42]

Buena parte del tiempo libre que le dejaban los estudios —escaso, sin duda, a tenor del horario que se le impuso— lo empleaba en realizar experimentos en el laboratorio y en los libros. Según su criado Antonio Moreno, desde niño tomó gusto a la lectura de la historia sagrada, sobre la cual le instruyó bien el padre Scio; también le interesaron algunas obras señeras de la Antigüedad clásica, como la Eneida, de Virgilio, y las Vidas paralelas, de Plutarco, que Cristóbal Bencomo utilizó para enseñar latín a él y a su hermano Carlos.[43]

Ya de joven, Fernando formó una biblioteca particular de cierta entidad, que él mismo fue incrementando. En su viaje a Barcelona con motivo de su primer matrimonio (contaba dieciocho años de edad), adquirió varios libros. Al pasar por Daroca compró una historia de las Santas Formas (quizá se trate de la Historia del divino mysterio del Smo. Sacramento de los corporales de Daroca, de Gaspar Miguel de la Cueva, Zaragoza, 1590), en Barcelona una Historia del Languedoc, que no he podido identificar, y cuando visitó Figueras ordenó a su fiel Antonio Moreno la adquisición de «unos libros». Por otra parte, en todas las paradas del viaje el príncipe pidió que le llevaran a su cuarto «los cajones de los libros y escribanía», transportados en un coche ex profeso.[44] Según Antonio Moreno, a su regreso de Barcelona el príncipe y él dedicaban diariamente tres horas por la noche a la lectura de obras como «el segundo tomo de la Historia de Mariana, la Crónica de los Reyes Católicos de Hernando del Pulgar, la Corona Gótica de Saavedra y sus Empresas Políticas, dos tomos del padre Rivadeneyra y uno del padre Mendo». En esos días, Fernando alternó estas lecturas con la traducción de Histoire des révolutions arrivées dans la République Romaine del abate Vertot, asunto sobre el que volveremos más adelante, y la de un tratado de germinación, también en francés, que no he podido identificar. Como cabe constatar, a Fernando le interesaba la historia y, sobre todo, los textos clásicos sobre educación de príncipes, los cuales, por cierto, eligió con mucho criterio, no sabemos si por sí mismo o por consejo de alguien.[45]

Ahora bien, más que su contenido, lo que realmente le interesó de los libros fue su encuadernación y, de forma especial, cortar los pliegos en los volúmenes intonsos, práctica que mantuvo toda su vida. Cuenta el general Girón, ministro de la Guerra en 1820, que durante el despacho con los ministros el rey estaba ocupado «en abrir libros o folletos que recibía de París, o en liar o desliar un enorme rollo de cinta para legajos que tenía sobre su mesa». Ni siquiera en los viajes renunció a este pasatiempo. En diciembre de 1827, por ejemplo, escribió desde Barcelona a su siempre fiel servidor Juan Miguel Grijalva: «envíame los tomos octavos del diccionario de Miñano y también el que va a Nápoles [sic], pues sabes lo que me gusta despegar hojas».[46]

Fuera para satisfacer esta afición, fuera para su lectura, Fernando VII no dejó de adquirir libros. Todavía siendo príncipe, se hacía llevar la lista de volúmenes en venta cuando fallecía alguna persona relevante. Ya rey se suscribió a diversas obras editadas en el extranjero, por ejemplo, una traducción de la Jerusalén liberada de Torquato Tasso editada en París, la colección de las principales iglesias de Europa publicada en Milán o una Ilíada en varias lenguas anunciada por una Sociedad de Libreros de Florencia; y en España, entre otras, La Iberiada de Ramón Valvidares, poema épico sobre la defensa de Zaragoza, y una colección de estampas de Nicolás Palmerini y Santiago Bordiga. Durante su estancia en Valençay se suscribió a los periódicos franceses Le Moniteur, Journal de Débats y Gazette de France. Lo que sí sabemos que leyó, porque así se lo dijo Fernando a Grijalva, fue un Discurso sobre las corridas de toros (1828) y Sátira contra los hombres en defensa de las mujeres, publicada por Bretón de los Herreros en 1829, la cual le mereció el siguiente comentario: «Pobres de nosotros».[47]

Fernando adquirió el hábito, que no abandonaría en toda su vida, de escribir el relato de sus viajes en forma de diario. El primer viaje —no se tienen en cuenta, por supuesto, los desplazamientos a los reales sitios, las llamadas «jornadas reales»— lo realizó entre el 4 de enero y el 22 de marzo de 1796 en compañía de sus padres los reyes, de varios miembros de su familia y del secretario de Estado Manuel Godoy. Su destino era Sevilla, y el motivo oficial, el deseo de la reina de «cumplir el voto hecho por la salud del Príncipe de visitar el cuerpo de San Fernando, su glorioso abuelo».[48]

El príncipe plasmó su experiencia de este viaje en un diario que se conserva encuadernado con gusto en la biblioteca del Palacio Real de Madrid. Es un manuscrito de su mano, firmado «Fernando», con su rúbrica, que consta de sesenta páginas en octavo. En el interior lleva por título: «Lettre du Prince d’Asturies à son frère l’Infant Dn. Carlos, traduite en Français par S.A.R». En la encuadernación figura el rótulo: JOURNAL DE S.A.R. LE PRINCE DES ASTURIES, 1798. Probablemente efectuó la primera redacción en castellano, en el momento del viaje, y dos años más tarde, es decir, a los catorce años de edad, él mismo, quizá como ejercicio escolar, hizo la traducción al francés, única versión conocida. La caligrafía está muy cuidada, como es característico en Fernando VII.

Antes de llegar a Sevilla la comitiva se detuvo varias semanas en Badajoz, y de allí se desplazó a la ciudad portuguesa de Elvas para encontrarse con la hija mayor de los reyes, Carlota Joaquina, trasladada ex profeso a esa ciudad con su esposo don Joâo y sus dos hijos. Fue la primera vez que Fernando habló con su hermana mayor, quien había abandonado la corte española cuando aquel contaba un año de edad. Con el tiempo, las relaciones entre ambos llegaron a ser muy cordiales, entre otros motivos porque compartieron las mismas ideas sobre la monarquía y un acusado odio hacia los liberales. A juzgar por el espacio que le dedica en el diario, este encuentro fue muy importante para él. El joven Fernando no se olvidó de referir a su hermano Carlos, destinatario del relato, los regalos intercambiados entre las dos familias reales. Él recibió una sortija con un brillante grande, colocada en un canastillo engastado de diamantes.

Una vez en Sevilla, abundaron los actos religiosos, las fiestas y las aclamaciones de la población, como era usual en las visitas reales. El príncipe Fernando, que aún no había cumplido los doce años de edad, no desempeñó papel relevante alguno en la ocasión, pero es probable que la experiencia le resultara muy aleccionadora, porque aquel viaje fue un paso determinante para la consolidación política de Godoy. Por primera vez, Fernando pudo constatar directamente, sin los filtros de los servidores y de la etiqueta cortesana, el ascendiente sobre el rey y el poder de este personaje, que no le era grato ya desde los primeros años.[49] Por ello, el viaje fue mucho más de lo que cabría deducir de la razón principal que lo motivó, esto es, los escrúpulos religiosos de los reyes Carlos IV y María Luisa relacionados con la enfermedad de su hijo mayor.

Al igual que en otros «diarios» posteriores, Fernando relaciona todos los lugares del itinerario y apunta alguna peculiaridad de cada uno, casi siempre relativa a su actividad económica. En ciertos casos se limita a consignarla: habla de las fábricas de Talavera de la Reina, en Bailén dice que se hace todo tipo de cerámica, alude a los «buenos vinos» de Valdepeñas, califica Cádiz de ciudad mercantil, etcétera. En otros se permite un pequeño comentario no exento de intenciones literarias, unas veces elogioso y otras, crítico. Al llegar a Sevilla escribe: «El campo alardeaba de la riqueza de los olivares, de las viñas y de los limoneros, que parecían regocijarse». El paisaje de Jerez de la Frontera lo ve de esta manera: «Esta planicie, regada antaño por la sangre de los españoles debido a la sangrienta guerra de los Moros, está plantada de viñas, que bajo el denso follaje esconden uvas más dulces que el néctar, enriquecida por espigas doradas y por frutos que hacen delicioso el país y la ciudad, considerable por los vinos de licor».

No menos elogios dedica a Sierra Morena. Sus campos están sembrados de trigo, lentejas, garbanzos y toda especie de legumbres, viñas, olivares, álamos, moreras y árboles frutales, potenciados por artesanos que tejen la seda y poblados por cortijos, albergues, pueblos, cuya capital, La Carolina, dice que se parece a Aranjuez. Hasta 1767 —anota— esta zona era un desierto, asilo de ladrones, bandidos y asesinos, pero se ha transformado «gracias a los cuidados de quien acaba de publicar El Evangelio en triunfo». No carece de interés esta alusión histórica a la repoblación organizada en tiempos de Carlos III y al protagonismo de Olavide, a quien no menciona por su nombre, sino por ser autor de El Evangelio en triunfo (1797-1798), libro muy célebre en el momento de redacción del diario por el impacto que produjo el regreso del exilio de Olavide y su transformación de filósofo afrancesado en católico ortodoxo.[50]

Como en el caso de Jerez y de Sierra Morena, el príncipe ensalza las excelencias de Santa Cruz de Mudela, municipio manchego situado a las puertas de Despeñaperros. En él, afirma, se han establecido una fábrica de jabón y más de doscientos talleres para tejer estameña, ligas para medias y otros tejidos con materiales «que traen de otros países y se los dan a las mujeres para que no estén ociosas». Tras esta alusión al trabajo a domicilio o «putting out system», el príncipe, interesado a juzgar por estas anotaciones en el proceso de industrialización, lanza esta sentencia: «Si se siguiera este ejemplo, no habría tantos mendigos, florecería la industria y rabiarían los holgazanes». Caso contrario al del municipio manchego le parece Córdoba. Según el joven Fernando, esta ciudad, de la que dice fue colonia romana conquistada por «los moros», honrada por el nacimiento de Séneca y más sabios, y santificada por los mártires, «desprecia el oro que arrastra orgulloso el Guadalquivir sin casi aprovecharlo para el campo, porque la ociosidad ha expulsado la industria fuera de la ciudad y le ha cerrado sus catorce puertas».[51] El trazado de las calles de las ciudades de tránsito atrae al príncipe. Las de Córdoba le parecen mal proyectadas y sucias, mientras que encuentra anchas y bien pavimentadas las de Andújar.

Su preocupación por el progreso material del país, presente entonces en todas las publicaciones de sesgo ilustrado, es mayor que su interés por los monumentos históricos. Sus comentarios sobre la materia son muy escuetos. Al referir su visita a la mezquita de Córdoba describe sus puertas, naves y columnas, pero se fija de manera especial en un san Sebastián armado con una pequeña espada y un crucifijo, que —apunta— se dice que lo esculpió en mármol un cautivo con una uña y el diente canino de un elefante. «Me sorprendió ver las maravillosas obras de los antiguos», afirma en referencia a Mérida. La catedral de Sevilla, visitada por la familia real a puerta cerrada, es «templo célebre por las obras maestras de arte». No dice más. Sin embargo, refiere hasta dónde ascendió cada uno de los miembros de la familia real por la Giralda. La reina subió hasta el campanario, él un piso más; el rey, su hermano Antonio y los futuros soberanos de Etruria (Luis y María Luisa) hasta las tres escaleras de hierro, y otros, que no especifica, hasta la estatua de bronce dorado.

De manera particular le preocupó su alojamiento en cada población. Siempre refiere el número de estancias que se le había asignado, que al parecer casi nunca fue de su agrado, pues sólo una vez, cuando pernoctó en el palacio del marqués del Castillo de San Felipe en Cádiz, escribe que sus habitaciones eran espaciosas y bonitas. No dejó de informar a su hermano, por supuesto, que llegados a Badajoz, sus padres se instalaron «chez Godoy» (en su casa natal), pero él y el resto de la familia lo fueron en casas de alrededor.

Están ausentes los comentarios de carácter político, así como juicios sobre las personas. Lo más próximo a eso es la siguiente anotación referida a Sevilla, datada el día antes de abandonar la ciudad: los estudiantes hicieron mascaradas muy vistosas y llevaban carteles con las siguientes inscripciones: «VIVA EL REY, VIVA LA REINA, VIVA LA FAMILIA REAL, VIVA EL PRÍNCIPE DE LA PAZ». No hubo vítores específicos al príncipe de Asturias, lo cual, evidentemente, debió de molestarle sobremanera. Tampoco dice nada sobre el recibimiento de la comitiva real en Badajoz, donde según las crónicas de la ciudad se tributó una acogida delirante a los reyes y a Manuel Godoy, entonces halagado por sus paisanos hasta extremos insospechados.

Al objeto del viaje, el cumplimiento del voto de sus padres, sólo dedica unas líneas, aunque con gran respeto. «Deseo alabar», dice a su hermano, «la ternura que mostraron Sus Majestades ante San Fernando al cumplir el voto hecho el año de tu nacimiento y agradecer al Todopoderoso haberme salvado la vida durante mi peligrosa enfermedad.»[52]

Fernando pondera mucho las corridas de toros con las que casi todas las ciudades del tránsito festejan la llegada de la familia real, las luminarias y los fuegos de artificio, no siempre vistosos —puntualiza— a causa de la lluvia. Aparte de las mascaradas y desfiles de disfraces con que se obsequia a los viajeros en algunas ciudades, no menciona más diversiones.

Una de las mayores satisfacciones del joven príncipe fue ver el mar. Al divisarlo a lo lejos desde su aposento de Jerez de la Frontera apunta: «Ah, que cela est beau!», y al contemplarlo de cerca en Cádiz aumenta su admiración. Con auténtico placer narra la vista de los barcos en la bahía y la visita al importante astillero de La Carraca. También un paseo, junto con el rey, en el buque de guerra Santísima Trinidad, durante el cual escribe: «Tres veces se escuchó en el mar Viva el Rey». Esta primera toma de contacto con la navegación dio lugar a una anécdota referida por el afrancesado Andrés Muriel como señal de la cobardía del príncipe: «Se cuenta que habiendo ido el rey y la Corte en pos de Su Majestad al puerto de Cádiz a ver la escuadra anclada en él, la artillería de la Armada hizo salvas de honor del soberano [...] hallándose Su Majestad a bordo de un navío de línea. El estruendo fue grande y el Príncipe de Asturias experimentó tal sobrecogimiento que buscaba, dando vueltas por todas partes, un asilo. Carlos IV se apercibió del temblor de su hijo y le hizo sentir lo indecoroso de una tal acción en un príncipe».[53]

Dejando de lado hablillas de este tipo, no puede negarse al joven Fernando capacidad de observación y, en ocasiones, concisa precisión en las descripciones. Así presenta la Isla de León, luego llamada en su honor ciudad de San Fernando: «atravesamos la isla de León, es decir, una calle larga formada por una Parroquia, dos conventos y gran número de edificios bien construidos».[54]

A veces parece que adopta un tono irónico. Al llegar a Badajoz escribe:

Sería apropiado hablar aquí de las costumbres y de la industria de este país, hacer la descripción de las bellezas de la catedral y pintar los bastiones y las murallas de esta ciudad, pero a tu edad [se dirige a su hermano Carlos, quien en 1798 contaba diez años] preferirás los dulces que le regalaron a mamá en el convento de las religiosas de San Francisco y los salchichones que las de S. Jerónimo, entre las cuales estaban las hermanas de Álvarez, tenían en la cocina, y los naranjos que dejaban ver un estrecho patio parecido al Paraíso.[55]

¿Fue producto de la animadversión hacia Godoy esta especie de excusa para no alabar las excelencias de Badajoz?

El príncipe Fernando debió de elaborar otro diario con ocasión de su viaje a Barcelona en 1802 para contraer matrimonio. Más tarde, su criado Antonio Moreno consignó en una hoja de servicios presentada en la corte, y por tanto hay que concederle veracidad, que el príncipe le mandó hacer una relación de cuanto le ocurriese en ese viaje, en concreto «las distancias de los pueblos, de las jornadas y de aquellos que se alcanzasen a ver desde el camino, la calidad del terreno, las cosechas que producía, el número de vecinos, su jurisdicción, la industria que hubiese, el estado eclesiástico secular y regular, la advocación de la parroquia y casi una general estadística, con alguna idea de los festejos con que obsequiaban a SS. MM, ida y vuelta». Del diario no hemos hallado rastro alguno, pero según el propio Moreno su redacción se finalizó en Aranjuez a la vuelta del viaje y de él se hicieron tres copias, dos de las cuales regaló Fernando a sus hermanas Isabel, la recién casada, y María Luisa, la reina de Etruria.[56] Está documentado el pago de 40 reales «al diarista que llevó el diario de S.A. toda la temporada» (probablemente, Antonio Moreno) y la adquisición para el príncipe de varios itinerarios (Barcelona-Valencia, Valencia-Cartagena y Cartagena-Aranjuez)».[57] Parece que Fernando intentó documentarse.

Más tarde, ya rey, mandó redactar otros dos diarios que nos han llegado íntegros, donde dejó constancia de sus intereses, de su minuciosidad en la anotación de detalles y de su curiosidad por determinados asuntos. Trataremos de ellos en su momento.

El príncipe, la reina y Godoy

Contaba Fernando once años de edad cuando su preceptor Felipe Scio fue sustituido en el cargo por el obispo Cabrera. Este nombramiento correspondía al secretario o ministro de Estado. En 1780, al recaer en Scio, lo era el conde de Floridablanca, y en 1795, Godoy. Es un lugar común atribuir este cambio de la persona responsable de la educación del príncipe a una maniobra de la reina María Luisa para, en estrecha relación con Godoy, controlar a su antojo al heredero de la corona. Los datos, sin embargo, no acaban de sustentar esta interpretación. Al acceder Godoy a la secretaría de Estado (15 de noviembre de 1792) no fue cesado Felipe Scio. Éste continuó en su puesto de preceptor tres años más, hasta que su deteriorado estado de salud le obligó a abandonarlo (falleció en 1796). Cabrera, como se ha visto, creó un sistema educativo para el príncipe y le asignó nuevos profesores, pero el hermano de Felipe Scio, Fernando, quien había ejercido de hecho la función de preceptor durante varios años, no dejó la corte y hasta su muerte, ocurrida en 1806, continuó al lado de Fernando como su confesor y a partir de 1802 también de su primera esposa, María Antonia de Nápoles. Por tanto, parece arriesgado sostener que la reina y Godoy pretendieron hacer tabla rasa de la época heredada de Floridablanca en lo relativo a la educación del príncipe de Asturias.

La entrada de Godoy en el Gobierno no conllevó tampoco cambios apreciables en el cuarto de Fernando, esto es, el conjunto de sus servidores directos. El cuarto se había constituido en agosto de 1789, inmediatamente antes de la jura como príncipe de Asturias, en tiempo, pues, de Floridablanca. A partir de esa fecha, el príncipe dejó de estar al cuidado de mujeres, como era habitual durante los primeros años de vida de los infantes, y se le nombraron ayo y criados varones, quienes sustituyeron al aya inicial, la duquesa viuda de Torreplana, y al conjunto de sirvientas a su cargo. El nuevo ayo fue José Bazán de Silva, marqués de Santa Cruz, director de la Real Academia Española desde 1776. La servidumbre del príncipe estaba compuesta por algo más de medio centenar de personas: el teniente de ayo —el capitán de Guardias Españolas Juan Río de Estrada— y su secretario, Pedro Otondo; tres mayordomos de semana, el preceptor Felipe Scio y los maestros de baile (Esteban Rosell) y de música (Manuel Comato), más un nutrido grupo de sirvientes (ujieres, empleados en la furriera, ayudas de cámara, miembros de la guardarropa, peluquero, sastre y costurera, zapatero, tapiceros, barrenderos, mozos de retrete).[58]

De este conjunto conviene resaltar dos personas con las que Fernando VII siempre mantuvo una especial relación: el ya mencionado Antonio Moreno, que entró como ayudante de peluquero, y Fermín Artieda, mozo de furriera, oficio a cuyo cargo estaban las llaves, muebles y enseres de las habitaciones y su limpieza. Artieda pronto se ocupó, además, de la biblioteca del príncipe, y Moreno, aparte de ejercer de mozo del laboratorio, pasaba con él los ratos libres que le dejaban sus estudios y se ocupaba de «escribir cuanto le ocurría para su instrucción y recreo».[59] En la relación de la servidumbre del príncipe en 1789 y años inmediatos posteriores no figura un tercer hombre, tan presente como los anteriores en la vida de Fernando VII desde entonces. Me refiero a Pedro Collado, conocido como Chamorro. En agosto de 1789 entró como barrendero extraordinario de la galería alta de palacio (no formaba parte de la plantilla de criados de la casa); en 1793 ya es barrendero de número de patios y pasa al servicio del infante Francisco de Paula. No puedo confirmar si su relación con Fernando data de esos años, pero es evidente que debido a su trabajo pudo encontrarse con él más de una vez por las dependencias palaciegas. Collado trabajaba como aguador de la Fuente del Berro, manantial situado entonces en las proximidades de Madrid (lugar ocupado hoy por el barrio de Salamanca), del que se proveía diariamente la familia real, pues en los medios palaciegos se decía que daba la mejor agua de la ciudad. Varios escritores del siglo XIX aseguran que los chascarrillos de Pedro Collado agradaban al príncipe Fernando, quien por este motivo frecuentaba la fuente, y así comenzó una relación nunca interrumpida.[60]

El entorno inmediato del príncipe de Asturias se modificó sustancialmente en 1798, coincidiendo con el cese de Godoy en la secretaría de Estado en marzo; le sucedió Francisco Saavedra y a éste, poco después, Urquijo. Debido al precario estado de salud del marqués de Santa Cruz, en julio fue sustituido en el cargo de ayo del príncipe Fernando y del infante Carlos María Isidro por el duque de San Carlos, y al año siguiente moriría el obispo Cabrera. De pronto, Godoy había dejado de tener influencia en la política y en la corte. Ahora el hombre fuerte en el Gobierno era Urquijo, quien aparte de estos cambios de personas no introdujo novedades apreciables en lo relativo al régimen educativo del príncipe de Asturias, en manos de sus maestros Bencomo y Escoiquiz y en las del nuevo ayo, el duque de San Carlos.

Escoiquiz, sobre todo, y también San Carlos, intentaron aprovechar este escenario para adquirir ascendiente sobre el príncipe. Al efecto, ambos pusieron especial empeño en denigrar a Godoy. Quienes poco antes habían destacado entre los aduladores del poderoso ministro,[61] pasaron ahora a encabezar la fila de sus detractores. En cuanto cesó Godoy como secretario de Estado, el canónigo arremetió duramente contra él en una Memoria sobre el interés del Estado en la elección de buenos ministros. Afirma Escoiquiz que redactó este texto en respuesta a varias cuestiones planteadas por la reina acerca de la opinión del país sobre el gobierno de la monarquía, la escasez del erario y otros asuntos semejantes.[62]

Cabe dudar de que la reina solicitara directamente a Escoiquiz su opinión sobre el estado de la monarquía, pues ello hubiera significado un grado de confianza y un aprecio de la valía del canónigo que en modo alguno están confirmados, sino más bien todo lo contrario. En cualquier caso, en la aludida Memoria, que debió ser iniciativa suya, Escoiquiz expresó su ansia por aparecer como el hombre capaz de aconsejar a los reyes, con el ánimo, si no de ocupar el lugar dejado por Godoy, pues al igual que muchos otros, el canónigo creyó que éste había perdido definitivamente el favor real, sí el de llegar a ser el consejero íntimo del futuro Fernando VII. Como escribió Godoy en sus memorias, y no fue opinión exclusiva suya, el canónigo se forjó la ilusión de convertirse en otro Cisneros o en un Richelieu.[63]

Por el momento, Escoiquiz avanzó considerablemente en pro de sus intereses. Amparado, según sus palabras, en la «particular confianza» con que le distinguió el príncipe, no dudó en sobrepasar el cometido de maestro y, aparte de lo que le comunicara sobre las intrigas cortesanas —en esta materia era Escoiquiz un auténtico maestro—, le sugirió que solicitara asistir al consejo y despacho del rey, para iniciar así su participación en los asuntos políticos. La reacción de Carlos IV fue contundente: no cambió en nada el régimen del príncipe de Asturias, por lo que éste siguió alejado de los asuntos políticos, destituyó a Escoiquiz en su cargo de maestro y lo expulsó de la corte. La salida del canónigo no fue, de todos modos, humillante, pues «dorándome la píldora» —afirma— fue nombrado arcediano de Alcaraz, dignidad de la catedral de Toledo, con la obligación de residir en esta ciudad.[64]

El duque de San Carlos fue obligado a abandonar el cuarto del príncipe de Asturias dos años después que el canónigo, pero no fue desterrado, se le cambió de función: de ayo del príncipe pasó a mayordomo mayor interino de la reina durante la ausencia del titular, el duque de Medinaceli. Como nuevo ayo del príncipe de Asturias fue nombrado el duque de la Roca, hombre de plena confianza de Godoy, extremeño como él, acreditado en el mundo de las letras y decidido defensor del poder del rey frente al eclesiástico.[65] Una vez más aparece en el entorno inmediato de Fernando un regalista práctico.

A juzgar por su estrecha relación posterior con ellos, los ceses de Escoiquiz y San Carlos no debieron de agradar al príncipe. Muy distinto fue el punto de vista de la reina y de Godoy. El 25 de marzo de 1800 escribió este último a su soberana:

Señora, mucho me alegro de la determinación de VV.MM. pues tenía más raíces el mal que han cortado de las que se podían inferir formando concepto por el carácter del Infante, pero aunque S.A. sea (como lo creo) muy bueno, no lo son los que tiene al lado, ni en esta gente pueden esperarse sentimientos de virtud y Honor cual corresponden a los que tienen puesto inmediato a tan elevadas personas...[66]

Esa distinción entre el buen carácter del príncipe y la perniciosa influencia de quienes le rodean pronto desapareció en la frecuente correspondencia de Godoy y la reina. Unos meses después de la anterior, el 1 de agosto, la reina dice a su interlocutor: «¡Ay! no tiene [el príncipe] el corazón de su Padre, ni el mío, aunque me esté mal el decirlo».[67]

¿A qué se debió este juicio tan poco favorable de la madre sobre su hijo, entonces de dieciséis años de edad? A tenor de la correspondencia de ese año, la causa parece ser la escasez de muestras de aprecio de Fernando hacia Godoy. En eso radicaba la diferencia entre el corazón del príncipe y el de los reyes. El 13 de octubre la reina se explayó de esta forma:

... esta noche hablaremos a Fernando y le haremos sentir lo que debe apreciarte y estimarte [...] pero, ¡ay! y cuánta razón tienes en cuanto dices, harto siento ver no es como su Padre ni como yo [...]. Le dijimos a Fernando lo que en la tuya nos dices, añadiéndole que debía siempre de estimarte, apreciarte y quererte, como nosotros lo hacemos, y añadió el Rey que bien lo merecías y yo le dije que siempre a todas tus gentes pero con particularidad a ti y a tu mujer y a tus hijos debía siempre estimaros y quereros. Al principio, cuando le dije que no venías, dijo ya lo sabía, pues nosotros se lo habíamos dicho, luego oyó toda la oración con un semblante muy distinto del otro día y viendo callaba le pregunté qué quería te respondiese, me dijo que lo [sic, por te] estimaba y se cortó enteramente, esto lo dijimos en la visita de esta noche delante de todos los que están en mi cuarto...[68]

El acusado interés de los reyes —Carlos IV participaba de las inquietudes de su esposa— por inclinar el ánimo del príncipe de Asturias en favor de Godoy puede tener doble explicación. Una, de índole política. Con el beneplácito del rey, pues sin contar con él era imposible una operación de envergadura como la que aquí se refiere, la reina y Godoy desplegaban en ese momento una intensa actividad para que éste recuperara la dirección de la política. Esto exigía, por una parte, que Urquijo dejara la secretaría de Estado y, por otra, que el general Bonaparte, convertido en el hombre fuerte de Francia tras el golpe de Estado de noviembre de 1799, designara a Godoy su interlocutor en España.[69] Era importante, pues, evitar toda discordia respecto a la persona de Godoy en el seno de la familia real, en especial del heredero de la corona, porque —aquí viene la segunda explicación— había que deshacer una de tantas intrigas cortesanas urdidas contra Godoy tomando como base su matrimonio, en septiembre de 1797, con María Teresa de Borbón y Vallabriga, hija del infante don Luis y sobrina de Carlos IV. A raíz de este enlace se esparció la especie de que en caso de fallecimiento de Carlos IV pudiera Godoy aspirar a ocupar la Regencia, e incluso el trono, valiéndose de su condición de miembro consorte de la familia real. Aunque disparatada en apariencia, la sospecha tomó cuerpo. Uno de los que la mantuvieron fue Escoiquiz, quien en sus memorias afirma categóricamente que tras su boda con María Teresa «comenzó a manifestarse con más claridad (en Godoy) sus ideas de extender su ambición al trono».[70] No cabe duda de que el canónigo hizo todo lo posible para que Fernando compartiera su opinión.

La atribución a Godoy del propósito de convertirse en regente de España cobró ciertos vuelos a raíz de la información sobre una grave enfermedad de Carlos IV aparecida en la Gazeta de Madrid en septiembre de 1801. Según Andrés Muriel, Bernardo de Iriarte comunicó a Azara que el rey había hecho testamento, y dada la minoría de edad de Fernando (contaba diecisiete años), designaba regentes a la reina y a Godoy. El propio Muriel califica el asunto de «descabellado» a primera vista, aunque dice que Azara le dio credibilidad. Modesto Lafuente no le otorga veracidad, entre otros motivos porque el rey jamás hubiera aducido la excusa de la minoría de edad de un príncipe de diecisiete años, mientras que Gómez de Arteche lo considera verdadero «en su parte más esencial», si bien no se decide a asumirlo rotundamente.[71] No he hallado datos que permitan mantener con alguna verosimilitud este proyecto de regencia, pero de ello se habló bastante en España y en Europa, de manera que el joven príncipe de Asturias lo pudo sentir como una amenaza.

Es probable que la razón que determinó a los reyes a expulsar a Escoiquiz de la corte estuviera más relacionada con esta intriga que con sus críticas al gobierno de Godoy. No parece que los reyes hicieran aprecio de las opiniones políticas del canónigo, pero lógicamente les debieron de preocupar sobremanera sus movimientos para difundir la calumnia —no cabe calificarla de otro modo— de la pretensión de Godoy de usurpar el trono. Por lo demás, en la mente de Carlos IV no cabía la idea de obstaculizar el acceso al trono de su hijo primogénito.

Los intentos de los reyes por cambiar la actitud de Fernando hacia Godoy no dieron resultado. El príncipe acató formalmente las reconvenciones de sus padres y mantuvo externamente cierta consideración hacia Godoy, pero en este punto nunca fue sincero. Al menos, así lo interpretaron éste y la reina. Ello quedó patente en 1801, tras la campaña de Portugal (la conocida como Guerra de las Naranjas). En julio de ese año, todos los miembros de la familia real felicitaron por escrito a Godoy por el éxito militar y la firma de la paz con Portugal. Fernando no fue excepción, pero entre su carta y las del resto de los infantes hubo diferencias que molestaron considerablemente a la reina, y cabe suponer que también al rey.

El infante Carlos María Isidro expresó su alegría por lo bien que «te has portado en esta campaña» —de esta forma tan familiar se dirigía a Godoy— y le daba la enhorabuena con esta importante puntualización: «Pero nada de esto extraño de tu valor». La carta de Francisco de Paula, un niño de siete años, rezumó cariño hacia «Manuel la Paz», como le llama en esta y en otras misivas, y con el candor de la infancia le dijo: «Con que has ganado todo y cañones y fusiles y que tienes tantas naranjas y banderas; yo espero me envíes de todo...». La infanta María Isabel le daba la enhorabuena «por haber contribuido a una Paz tan deseada de Papá y de Mamá y de todos nosotros». La hermana del rey, María Josefa, le agradecía la paz conseguida «con tanta gloria de las armas y bajo tu dirección». Incluso el hermano del monarca, don Antonio, poco inclinado a favor de Godoy y con el tiempo uno de sus grandes enemigos, se congratulaba del éxito, le expresaba su afecto (soy, decía, «de los pocos que te quieren y te quieren bien») y terminaba con esta frase, por muchas razones sorprendente por proceder de él: «y ya que son dos las Paces hechas por ti [esta y la de Basilea, en 1795], Dios quiera que seas otro Micenas para restaurar después de Dios y los Reyes esta monarquía».

En contraste con lo anterior, la carta del príncipe de Asturias fue la siguiente:

Querido Manuel: te doy la enhorabuena como también las gracias más sinceras y amistosas por habernos adquirido una paz tan ventajosa para Papá y Mamá sobre todo y después para todos nosotros. También te doy las gracias por los cañoncitos que me ha dicho Mamá que tienes para mí, y creas que estoy deseando verte para darte la enhorabuena de palabra. Seguramente que se conoce el amor, fidelidad y lealtad que tienes a SS. MM. y la afabilidad con las tropas, pues te has hecho amar de ellas, y así obedeciéndote con gusto te han proporcionado tantos progresos. Cree que siempre se conservará en tu amistad. Tu más afecto amigo, Fernando.[72]

El 12 de julio respondió Godoy a cada uno de los infantes. Al príncipe de Asturias le dice que los «cañoncitos» que le ha reservado han sido aprehendidos en la ciudad portuguesa de Campo Mayor y pensaba dárselos cuando se vieran en persona, en prueba de su gratitud y lealtad ante un príncipe que «poseído de los consejos Paternos y sin olvidar jamás las sabias y justas máximas que constantemente le enseñan Reyes tan completos, será incapaz de olvidar cuanto la Ley y la Razón exigen; mis servicios, Señor, son pequeños en proporción del tamaño de la deuda a mis Soberanos». Tras decirle que «V.A., como Hijo suyo, es el primer objeto de mis respetos» y desearle que el cielo lo colme de bendiciones, termina: «Esto ruega sin cesar su más obsequioso, Manuel de Godoy».[73]

El príncipe y Godoy mantuvieron las formas, pero la carta del primero no gustó al segundo. A diferencia de las misivas de los infantes, que le habían satisfecho, «las del Príncipe», escribió Godoy a la reina, «están peor que medianas, pues se fija demasiado en que yo amo a VV. MM y les soy leal, de suerte que oculta, por su parte, el mérito que haga de mis afectos, gratitud y fidelidad».[74] Tal vez pecó Godoy de susceptible en este caso, o se dejó llevar por prejuicios. Es cierto que Fernando resaltó su fidelidad a los reyes, pero también encomió su capacidad para dirigir las tropas, con lo cual alababa sus dotes militares, pues una de las virtudes de un general consiste en adquirir ascendiente sobre sus soldados para que cumplan fielmente sus órdenes.

En esta especie de pugna epistolar entre el príncipe heredero y el «amigo de los reyes», la reina dio más credibilidad al segundo y reconvino a su hijo y a su ayo el duque de San Carlos. Al menos esto se desprende de la siguiente carta de Fernando a su madre, respuesta a la enviada por ella desde Miajadas durante el viaje de los reyes a Badajoz en esas fechas:

Siento mucho haber disgustado a V.M. y la pido perdón, pero al mismo tiempo hago presente a V.M. que yo siempre leo con mucha veneración y cuidado las cartas de VV. MM., pues VV. MM. escribiéndome me honran demasiado, y que si yo hubiera sabido antes la voluntad de V.M. al instante la hubiera obedecido [...]. He enseñado a S. Carlos lo que V.M. dice para él y me ha dicho que le ponga a los pies de V.M. manifestándola su sentimiento por no haber agradado a V.M. y que lo que V.M. previene en su carta le servirá de gobierno en lo sucesivo, pues sólo apetece acertar a servir a VV. MM. Suplico a V.M. dé muchas memorias de mi parte a Manuel, manifestándole mi constante afecto. Firma su más obediente hijo.[75]

En los meses siguientes Fernando se muestra muy deferente hacia Godoy en la correspondencia con la reina. «Suplico a V.M. dé muchos recuerdos de mi parte a Manuel, manifestándole mi afecto y deseo de verle, para darle la enhorabuena de palabra», le dice el 12 de julio, y tres días después reitera: «Me hará V.M. la honra de darle [a Manuel] mis afectuosas memorias y de decirle que he recibido su carta y la leeré muy a menudo como V.M. me manda y aunque que [sic] V.M. no me lo hubiera mandado, que nunca está de más, yo ya lo iba a hacer como lo hago con las de VV. MM». Y el mismo 15 de julio, escribe a su padre el rey: «Hoy he recibido con mucho gusto una carta de mamá en que me envía otra del Príncipe de la Paz [aquí marca la distancia y no lo llama «Manuel»] en que se conoce el cariño que tiene a VV.MM. y también a todos nosotros, y suplico a V.M. le dé muchos recados de mi parte, diciéndole el constante afecto que le profeso».[76]

La insistencia en el saludo a Manuel o al Príncipe de la Paz, según escriba a la reina o al rey, no es resultado de la iniciativa del príncipe Fernando. Es, simplemente, consejo o, más bien, mandato expreso de la reina. No hay, pues, espontaneidad sino obediencia. Y temor a las reprimendas de su madre. En el tiempo de esta correspondencia, 1801, a sus diecisiete años, parece como si Fernando estuviera obsesionado por demostrar a sus padres su mejor disposición a obedecerlos. Desde El Escorial, donde Fernando solía pasar los veranos, pues no le probaba el clima de La Granja, le dice a su madre en septiembre que desea verla a ella y al rey «y recibir sus consejos de su misma boca», que procurará observar y cumplir «lo más que pueda». Y recalca: «Si V.M. nota en mí cualquier falta por pequeña que sea, espero que me la perdonará, pues nunca será por falta de voluntad y al mismo tiempo celebraré que me la advierta para corregirme de ella al momento mismo». Y naturalmente, como hijo obediente, no se olvida de Godoy: «Suplico a V.M. dé muchos recuerdos a mi querido Manuel, diciéndole que estoy deseando verle».[77]

La primera boda

El 4 de octubre de 1802 se celebró en Barcelona la boda entre el príncipe de Asturias y María Antonia de Borbón, hija de los reyes de Nápoles.

Inicialmente, la candidata a esposa del futuro rey de España no había sido la princesa napolitana, sino María Augusta, hija del elector Federico Augusto III, quien tras su alianza con Napoleón pasaría a ser rey de Sajonia en 1806 con el nombre de Federico Augusto I y al año siguiente también gran duque de Varsovia.

Las relaciones matrimoniales entre los Borbones españoles y la dinastía sajona contaban con el ilustre antecedente del enlace en 1738 de Carlos III y María Amalia, hija primogénita del elector Augusto III. El matrimonio tuvo trece hijos, entre ellos el que reinaría en España con el nombre de Carlos IV y el que lo haría en Nápoles como Fernando IV (luego, I de las Dos Sicilias), padre de la mencionada María Antonia. No sería ésta la única relación de familia entre ambas dinastías en este tiempo. Maximiliano, hermano del elector Federico Augusto III, había casado en 1792 con Carolina Teresa, la hija mayor del gran duque de Parma Fernando I, nieto del rey de España Felipe V.[78] De esta unión nació María Josefa Amalia, quien en 1819 sería la tercera esposa de Fernando VII.

En torno a 1791 se comenzó a tantear la posibilidad del enlace del príncipe de Asturias con María Augusta de Sajonia, «para quien su padre acumula bastantes riquezas, ya que no puede dejarla heredera de sus Estados», anotó en su Testamento político Floridablanca, el promotor de tales gestiones. Las negociaciones no avanzaron, pero en septiembre de 1799 el secretario de Estado Urquijo envió al duque del Parque a Dresde, la capital de Sajonia, para retomarlas.[79] Su misión no obtuvo resultado. En 1801 José Nicolás de Azara reanudó el trato por tercera vez desde la embajada en París, valiéndose de su amigo el conde Marcolini, hombre de confianza o «favorito» del elector de Sajonia. En junio de ese año, Azara escribió a Marcolini que estaba autorizado por Carlos IV para proseguir la negociación matrimonial y le pedía su mediación ante el elector de Sajonia, pues era asunto que políticamente interesaba mucho a ambas partes y contaba con el beneplácito del general Bonaparte. El 23 de julio, Azara informó al Gobierno español de la buena disposición de María Augusta a contraer matrimonio con el príncipe Fernando, aunque desde Sajonia sugerían «alguna dilación». Unos días más tarde, el mismo Azara comunicaba que el elector «está poseído de terrores pánicos, pero no hay duda en que nos prefiere para colocar a su hija, de quien no acierta a desprenderse. Sospecho que ese ministro de Sajonia que yo no conozco nos trate mal en sus informes».[80]

Los recelos de Azara estaban fundados. En Sajonia existía una corriente favorable a la unión de Augusta con un archiduque austriaco, y aunque este partido no convencía al elector (tal vez ésa era la causa de sus «terrores pánicos»), no desagradaba a su esposa, hija del conde del Palatinado. Con todo, en el verano de 1801 parecía bastante factible el matrimonio del príncipe de Asturias y María Augusta de Sajonia, hasta el punto de que así lo anunció la Gaceta de Frankfurt. La boda, como dijera Azara, interesaba a los dos Estados y también a Bonaparte, pues evitaría el enlace de la princesa sajona con un archiduque de Austria, unión esta que reforzaría el imperio austriaco, un efecto no deseado por Sajonia y Francia. El fortalecimiento de Austria tampoco convenía a la corte española debido a los muchos puntos en litigio con esa potencia en la península italiana, en especial, entonces, la disputa entre el ducado de Parma y Austria sobre ciertos territorios en la ribera del Po. Por lo demás, todo lo relativo a Parma tenía especial relevancia para los reyes de España, pues en estas fechas estaban empeñados en el engrandecimiento territorial del ducado, con cuyo heredero había casado María Luisa, hija de Carlos IV. Al margen de cuestiones políticas y dinásticas, la princesa sajona era, según Azara, la mejor educada de Europa y, además, su dote se calculaba en 70 millones de pesos en metálico.[81]

Todo quedó en nada, porque en el otoño de 1801 se negoció a toda prisa el doble matrimonio del príncipe de Asturias con la hija de los reyes de Nápoles, María Antonia, y el de la infanta María Isabel con Francisco Jenaro, heredero de aquella corona. Con su habitual mordacidad e inteligencia, exclamó Azara al dar la noticia a Talleyrand: «Nous voilà donc bien napolitansissés [sic]», y en una de sus notas escribió: «Las doce tribus del Vesubio van a inundar a España y nos han de echar de nuestra casa, porque todo será poco para ellas».[82] Aunque lo intentaron, las «tribus del Vesubio» no inundaron España, pero influyeron en el futuro político del príncipe de Asturias.

¿A qué se debió el casi repentino cambio de planes en el matrimonio del príncipe de Asturias? La documentación no permite una respuesta taxativa, pero los historiadores que se han ocupado de este asunto coinciden en buscar la explicación, no en las negociaciones con Sajonia, sino en el proyecto de casar a la infanta Isabel con Napoleón. Nos hallamos ante uno de esos casos tan frecuentes en la época, en que se entremezclan algo de intriga, no poco de misterio y un punto de imaginación, tanto por parte de los contemporáneos que ofrecen la información, como por sus intérpretes. Del asunto no he hallado rastro en la documentación oficial y, salvo pequeñas pistas, no dispongo de más noticias directas que las proporcionadas en sus memorias por tres de los implicados: Godoy, Luciano Bonaparte —embajador de Francia en España en 1801— y Madame Rémusat, íntima de Josefina, la esposa de Napoleón.

La posibilidad de casar a la infanta Isabel con el primer cónsul Bonaparte fue tema de conversación en círculos muy reducidos, y escogidos, en la primavera de 1801. Según todos los indicios, la iniciativa partió de Luciano Bonaparte y fue bien acogida por la reina María Luisa y Godoy, aunque éste mantiene en sus memorias que no pasó de ser una insinuación de Luciano a la que él no concedió importancia. El asunto tomó cierto vuelo, pues en marzo de ese año se envió a París un retrato en miniatura de la infanta Isabel, probablemente para que el embajador Azara lo hiciera llegar al primer cónsul. Al mes siguiente, Luciano comunicó por escrito a su hermano que la reina de España le había encargado que le consultara sobre la suerte de su hija Isabel, pues estaba en disposición de contraer matrimonio y habían surgido algunos pretendientes que no convencían a la soberana. Evidentemente, María Luisa no proponía directamente que Bonaparte fuera uno de ellos, pero la insinuación era patente. Parece, sin embargo, que un mes después todo el proyecto había quedado desbaratado, como daba a entender la reina a Godoy en carta del 12 de mayo: Luciano —le decía— ha venido a hacer la corte, «hablamos de María Isabel; le dije cuánto me alegraría se verificase la boda, me respondió: “Peut-être, il ne faut pas se presser” [en francés en el original]. Luego vimos la torpeza que ha cometido ese bufo de Azara, pues ya está lelo».[83]

El matrimonio de María Isabel con Bonaparte pudo interesar a la corte española, porque además de acomodar de la mejor manera a la infanta, en esas fechas los reyes estaban empeñados en consolidar la alianza con Francia. También era del agrado de Luciano, sumamente interesado por entonces en alejar del entorno de Napoleón tanto a su esposa Josefina como al resto de la familia Beauharnais. La boda, además, permitiría a Luciano ganar influencia en París. En sus conversaciones con Godoy y la reina, Luciano recordó que en realidad su hermano permanecía soltero, ya que su matrimonio con Josefina era solamente civil (el religioso se efectuó el 1 de diciembre de 1804). Napoleón, por su parte, tal vez contempló en algún momento la posibilidad de este enlace, que le permitiría emparentar con una casa reinante, pero esto no pasa de ser una especulación basada en lo que más tarde ocurriría: su matrimonio con la archiduquesa austriaca María Luisa. Era evidente que por el momento la boda con la infanta española no le reportaba beneficio alguno, y como mantuvo Madame Rémusat en sus memorias, el flamante primer cónsul no pensaba romper con Josefina. De ahí el silencio de Bonaparte sobre esta cuestión, roto, al parecer, sólo en una ocasión, al confesar al escritor Volney que «si estuviera en el caso de casarme por segunda vez, no buscaría mi descendencia en una casa en ruinas».[84] Las tensas relaciones con Godoy tras la finalización de la guerra en Portugal y la firma del tratado de Badajoz, cuyos términos fueron totalmente rechazados por Napoleón, refuerzan, si cabe, la imposibilidad de que este plan pudiera tener visos de llevarse a efecto en 1801, y tal como lo ha calificado Carlos Seco, no dejaba de ser «fantástico y sin sentido».

El proyecto de boda de la infanta María Isabel con Napoleón no reviste importancia en sí mismo, pero explica las prisas para casar a dicha infanta con el heredero del reino de Nápoles, lo cual sería determinante para el matrimonio del príncipe de Asturias.[85] De pronto se abandonaron las conversaciones con Sajonia y se orientaron hacia Nápoles. Para muchos fue una sorpresa. Nápoles y España estaban en bandos opuestos en el escenario internacional: Nápoles alineada con Inglaterra, España aliada formalmente con Francia desde 1796. También existían divergencias en lo referente a Italia, pues mientras España pretendía mantener y aun incrementar la influencia de la Casa de Borbón en la península, la reina de Nápoles María Carolina, hija del emperador de Austria y hermana de la reina María Antonieta de Francia, defendía a los Habsburgo. En los medios diplomáticos europeos eran bien conocidas las duras críticas lanzadas por María Carolina contra España. «Nuestros peores enemigos son los españoles», había dicho en 1799, cuando con motivo de la proclamación de la República Partenopea, que había forzado a la corte de Nápoles a refugiarse en Sicilia, corrió el rumor de que España había solicitado permiso a Bonaparte para establecer en esa isla a un infante español (se habló de Carlos María Isidro). Por lo demás, no tenía límite la inquina de María Carolina contra Godoy, a quien acusó de traición a la causa monárquica por la alianza con Francia. En un plano distinto, puede sorprender que al comenzar a tratarse del enlace de María Isabel con Francisco Jenaro, éste no estuviera soltero, si bien todo el mundo vaticinaba el inminente fallecimiento de su esposa, la austríaca María Clementina, aquejada de una grave enfermedad (murió el 15 de noviembre de 1801, ya lanzado el proyecto de la doble boda).

Aunque todo parecía estar en contra del doble enlace hispano-napolitano, lo facilitaron algunos cambios diplomáticos producidos en la segunda mitad de 1801. Después del breve episodio de la República Partenopea, Bonaparte permitió el retorno de Fernando IV a Nápoles y se abrió un periodo de buenas relaciones formales entre este reino y Francia. El nuevo embajador francés en Nápoles, Alquier, quien precisamente acababa de ocupar el mismo puesto ante Carlos IV, llegó con el encargo de intentar una aproximación entre España y Nápoles para así alejar a la monarquía napolitana de la influencia británica.[86] Ducho en tejemanejes y en difundir rumores, Alquier hizo cuanto estuvo en su mano para favorecer la boda del heredero napolitano con la infanta española. Por lo demás, tras la experiencia de la República Partenopea, el rey de Nápoles no ocultaba su interés por reconciliarse con su hermano Carlos IV. Al mismo tiempo, Francia e Inglaterra iniciaron las conversaciones que dieron lugar a la firma de la Paz de Amiens un año después.

Esta situación de cierta distensión internacional propició una mejora en las relaciones entre Nápoles y Francia, al menos en el plano formal. Las franco-españolas, sin embargo, empeoraron, pero ello no obstaculizó la formalización de las bodas, más bien la favoreció. Dispuesto a cumplir su programa de dominio sobre el norte de Italia, Bonaparte se había apoderado del ducado de Parma y, en compensación, instaló a la rama Borbón que hasta entonces lo venía gobernando en la Toscana, arrebatada a los Habsburgo. Así nació el reino de Etruria, cuyo monarca sería Luis de Parma, esposo de la infanta española María Luisa. Las negociaciones para llegar a este resultado costaron a España la cesión a Francia de la colonia de la Luisiana en Norteamérica. Esta concesión enturbió las relaciones entre España y Bonaparte, ya muy deterioradas a causa de la guerra de 1801 en Portugal, en especial por la firma del tratado de Badajoz que le puso fin, que Bonaparte consideró un engaño por parte de España. Resultado de todo ello fue el incremento de las exigencias del primer cónsul a España y el manifiesto deseo de Carlos IV de establecer algún procedimiento para desligarse de la hasta el momento agobiante dependencia de Francia. En esta tesitura, interesaba al rey español reforzar su posición en Italia, para lo cual resultaba esencial el buen entendimiento con Nápoles. Nada más apropiado al efecto que el doble matrimonio entre príncipes de ambas cortes. Además, este paso permitiría consolidar la unión de las tres ramas de la Casa de Borbón española (España, Nápoles y Etruria), objetivo esencial de Carlos IV.[87]

Las bodas, pues, se gestaron en un momento de tensión entre España y Francia, pero de relativa calma en el escenario internacional, debido a la firma en marzo de 1802 en Amiens del tratado de paz entre Francia e Inglaterra. Por supuesto, interesaron mucho a las cortes de España y Nápoles. Desechado, por fantasioso, el enlace de la infanta María Isabel con Bonaparte, el heredero de Nápoles era para ella un partido óptimo. El matrimonio, además, había que celebrarlo cuanto antes, para evitar que trascendieran las escasas, pero innegables gestiones emprendidas para casar a la infanta española con Bonaparte, pues estaba en juego el honor del rey de España.[88]

El caso del príncipe de Asturias era diferente. Con su unión con la princesa napolitana no ganaba tanto como su hermana y en ciertos aspectos, en particular el económico, María Augusta de Sajonia hubiera sido un partido más ventajoso. Pero la boda de Fernando con María Antonia fue una exigencia de Nápoles, y en concreto de su reina María Carolina, para dar luz verde a la de la infanta. «Asegurar el matrimonio de mi hija», escribió María Carolina en marzo de 1802 a su confidente el marqués de Gallo, «es mi condición sine qua non» para permitir el otro. En noviembre del año anterior, una vez confirmada la propuesta del doble matrimonio, comunicó con toda satisfacción al mismo interlocutor: «Lo que había previsto del lado de España se ha verificado».[89]

El matrimonio de Fernando con María Antonia fue, pues, sugerencia, o más bien exigencia, de la corte napolitana para permitir el otro enlace. En la línea de la política dinástica que caracterizó el reinado de Carlos IV, la corte española concedió prioridad al acomodo de la infanta. Los monarcas de Nápoles y de España persiguieron ante todo sentar en un trono a sus respectivas hijas, pero los reyes españoles se mostraron reacios en un principio al enlace de Fernando con la princesa napolitana, «pues tenemos ya hace años comprometida nuestra palabra con la de Saxonia», dijo la reina María Luisa a la esposa del embajador napolitano cuando ésta le habló de la boda.[90] Godoy, por su parte, sugirió a los reyes que antes de contraer matrimonio, enviaran a Fernando a viajar al extranjero para completar su formación, a lo cual, según el propio Godoy, contestó Carlos IV: «Yo lo veo bien; Fernando está atrasado... ¿Pero crees tú que, esperando algunos años sin casarlo, adquirirá lo que le falta?».[91] Al final, prevaleció la razón dinástica y los monarcas españoles aceptaron la «imposición» de María Carolina de Nápoles porque, como se ha precisado, aspiraban a formar un sólido bloque con los dos reinos italianos de la familia. Este bloque podría contar con la ayuda de Inglaterra y de este modo España estaría en disposición de contrarrestar las cada vez más onerosas exigencias de Bonaparte.[92]

María Carolina de Nápoles siempre había pensado en el príncipe de Asturias como posible candidato a esposo de alguna de sus hijas. Ya se había fijado en él en 1794, cuando Fernando contaba diez años de edad, de quien decía era alto y orgulloso, pero su madre lo detestaba. Poco después, en 1799, confesó al marqués de Gallo que «haría su felicidad y la mantendría en vida» encontrar esposo para sus tres hijas solteras entre los siguientes hipotéticos candidatos: un archiduque de Austria, el duque de Berry, el gran duque ruso Constantino, el príncipe de Asturias o el hijo del elector de Baviera.[93] Fernando, pues, era considerado en la corte de Nápoles un buen partido para la princesa María Antonia. Ésta también lo estimó así, y según escribió su madre al marqués de Gallo, no disimuló su entusiasmo al quedar concertado oficialmente el matrimonio: «Cuenta las horas que le separan de la llegada de la escuadra española que vendrá a recogerla».[94]

La celeridad para hacer realidad el doble enlace fue notable. En noviembre de 1801, en cuanto se tuvo noticia del fallecimiento de la esposa del príncipe Francisco, se concertaron formalmente los matrimonios y el 24 de marzo siguiente el papa concedió las preceptivas dispensas por razones de parentesco; el 14 de abril de 1802 los plenipotenciarios de ambas cortes firmaron en Aranjuez los tratados matrimoniales; el 25 de agosto se celebraron por poderes las bodas en Nápoles con el aparato, solemnidades y festejos correspondientes. Finalmente, el 4 de octubre, a las ocho de la noche, los cuatro contrayentes ratificaron los matrimonios en Barcelona. El patriarca de las Indias, cardenal Sentmenat, celebró la ceremonia en la catedral. Los reyes Carlos IV y María Luisa fueron los padrinos de los contrayentes. Asistió toda la corte vestida de gala. Los festejos en la ciudad condal fueron numerosísimos y en extremo vistosos.[95]

Desde el 11 de septiembre de 1802, día de la llegada a Barcelona de la familia real española y de la corte casi en pleno, hasta el 8 de noviembre, fecha de su salida en dirección a Montserrat, primera etapa de su viaje de regreso a Madrid por Valencia, se transformó la vida en la ciudad de Barcelona, convertida durante dos meses en corte de España. Una corte donde en época de crisis económica alcanzaron tal cota el lujo, esplendor y suntuosidad, que el embajador Azara escribió: «En España han perdido la cabeza y no saben qué hacer para gastar en estas bodas».[96] Las aclamaciones y homenajes a la familia real fueron incesantes. Refiere Pérez Samper que la atención de la población se centró en el rey, a quien la gente lo seguía y aclamaba sin cesar en todas sus apariciones públicas. Le siguieron en popularidad el príncipe de Asturias y los infantes. También fue muy vitoreado el hermano del monarca, don Antonio.

Los festejos en honor de la familia real y la calurosísima acogida de la población catalana marcaron, tal vez, el cenit de la gloria de Carlos IV, de la cual éste hizo gala generosamente mediante la concesión de infinidad de gracias.[97] La familia real siguió gozando del fervor de sus súbditos en las poblaciones del trayecto del viaje de regreso a Madrid, especialmente en Valencia y Cartagena, ciudad esta última adonde se desplazó para despedir a los reyes de Etruria. Tras casi seis meses de viaje, en enero de 1803 Carlos IV y su séquito regresaron a Madrid, donde se continuó celebrando el doble matrimonio. Hubo besamanos, desplazamiento en ostentosa procesión de la familia real hasta el santuario de la Virgen de Atocha, corridas de toros, luminarias, adornos de calles, etcétera.[98]

La despedida de los reyes a su hija María Luisa y a su esposo Luis de Parma en Cartagena entrañó gran simbolismo. Carlos IV les había ordenado asistir a las bodas de Barcelona, a pesar de que era previsible que su viaje no fuera empresa cómoda, debido a la deteriorada salud del uno y al avanzado estado de gestación de la otra, tanto que el 2 de octubre, antes de arribar al puerto de Barcelona, María Luisa dio a luz una niña en el barco que los transportaba. Al acompañarlos en su despedida, los reyes manifestaban su amor filial, pero el acto era asimismo una muestra pública, notoria, de su estrecha unión con la nueva dinastía de Etruria y de cohesión de la familia real.[99]

La boda del heredero al trono era un paso esencial para la continuidad de la casa real española. Con el juramento de Fernando como príncipe de Asturias en 1789 se había asegurado la sucesión de Carlos IV. El matrimonio del príncipe doce años después era el preludio de su propia sucesión, la garantía de la monarquía en la siguiente generación. Las ceremonias de las bodas reales fueron un acontecimiento de gran repercusión pública, perfectamente programado por la corte para cumplir y renovar la tradición. Todo era, en definitiva, una forma suntuosa, magnífica, de afirmar el poder de la Casa de Borbón, como lo fueron en 1789 la entrada de Carlos IV en Madrid y la jura del príncipe de Asturias. A la vez, sirvió para corroborar la aceptación de la dinastía por parte de sus súbditos. Un acto, en suma, imprescindible para la casa real, cuya unión y solidez había pretendido dejar patente Carlos IV poco antes de las bodas de Barcelona al encargar un retrato de la familia al mejor pintor de la corte.

El cuadro, La familia de Carlos IV, le fue encomendado a Goya en la primavera de 1800. Las circunstancias del momento lo explican. En noviembre del año anterior, el general Bonaparte se había hecho con el poder en Francia mediante un golpe de Estado (el 18 brumario). Carlos IV recibió la noticia con una mezcla de esperanza y de temor. Por una parte, creyó que el victorioso general pondría fin a la revolución en Francia e incluso permitiría la vuelta de los Borbones al trono; por otra, temió que el nuevo régimen llegara a consolidarse y, en consecuencia, se incrementara el control francés sobre Europa.[100] Era tiempo, pues, de proceder a cambios políticos en la monarquía española (entre otras actuaciones, el rey destituyó a su ministro principal, Urquijo, y concedió todo el poder a Godoy) y de manifestar a republicanos y advenedizos la fortaleza y solidez de la casa reinante, sus orígenes y su razón de ser. Tal era la finalidad del retrato de la familia real.

Goya lo pintó entre julio y diciembre de 1800 y el resultado final satisfizo por completo los deseos reales. Con la excepción, como en las bodas de Barcelona, de la infanta Carlota Joaquina, en el cuadro figuran todos los miembros de la familia reinante, unidos de tal manera, gracias a la técnica del pintor, que ninguno queda aislado. En el primer plano, el rey y la reina, figuras capitales de la composición, están acompañados por sus hijos. En un extremo, el heredero, Fernando, muy destacado, y a su lado el segundo en el orden sucesorio, Carlos María Isidro, con su mano derecha en la cintura de Fernando. La reina posa un brazo en el hombro de María Isabel y tiene de la mano a su hijo menor, Francisco de Paula. En el otro extremo, a la izquierda del rey, su hija María Luisa con su niño en brazos y a su lado su esposo el infante de Parma. Junto a Fernando, una figura femenina, cuyos rasgos faciales no se ven porque ha girado la cabeza, representa, según todas las interpretaciones, a la futura princesa de Asturias, que en ese momento no se sabía si sería sajona o napolitana. En lugares secundarios, como corresponde en el orden cortesano, se ve a la izquierda del espectador a la infanta María Josefa, hermana del rey, quien nunca se casó, y a la derecha, a otro hermano del monarca, don Antonio; a su lado aparece el rostro de una mujer. Sobre la identificación de esta última no existe acuerdo. Durante mucho tiempo se ha supuesto que se trataba de la infanta Carlota Joaquina, pero los estudiosos actuales se inclinan por identificarla con la infanta María Amalia, hija de los monarcas y esposa de don Antonio. Sin embargo, la infanta había fallecido de sobreparto en 1798, de ahí la dificultad apuntada. Con todo, su presencia en el cuadro tiene sentido si aceptamos la interpretación de Manuela Mena:

La unión de todos ellos [los miembros de la familia real] significaba la fuerza dinástica del presente, de su pasado glorioso y también de su futuro. De ahí que se representara en la escena a los vivos y a los muertos, algo nunca bien entendido ni explicado en la bibliografía, perpleja ante la fantasmal aparición de perfil de la infanta María Amalia, fallecida hacía dos años, o también, ante quien aún no se había incorporado a la familia, como era la prometida del Príncipe de Asturias [...]. El cuadro es una representación alegórica, perfectamente calculada, de la importancia de la continuidad dinástica, así como del pleno derecho al trono de España de la Casa de Borbón, y es también una loa evidente al elevado número de sus miembros, a tantos hijos e hijas como los reyes habían logrado dar a España.[101]

La continuidad dinástica queda reforzada por el artificio compositivo empleado por Goya, que hace inevitable su relación con Las Meninas, con el tiempo de los Austrias, y asimismo por el cuadro borroso que el pintor simula colgado en la pared en la parte izquierda, que representa a Hércules y su amada Onfale. Las crónicas medievales relacionaron a Hércules con el origen de la monarquía española y en la pintura de los siglos XVI y XVII se le representó como el héroe protector de los reyes de la Casa de Habsburgo. Esta tradición continuó en el siglo XVIII, aunque la pintura cortesana de este tiempo no resaltó su faceta guerrera, sino sus virtudes y fortaleza. Sus amores eran el origen de su descendencia, de la que procederían los reyes españoles. En otro cuadro, igualmente simulado, situado a la derecha del lienzo de la familia real, se ve un paisaje con el mar al fondo, alusión al imperio ultramarino español y a la garantía de paz y prosperidad para el presente y el futuro.[102]

En un tiempo de dificultad extrema para las monarquías tradicionales europeas, conmovidas por la trágica desaparición de Luis XVI de Francia, cabeza de la Casa de Borbón, Carlos IV deseaba manifestar la raigambre histórica de la dinastía y su fortaleza en el presente y en el futuro, pues no sólo estaba garantizada la sucesión en España, sino su continuidad en otros reinos. Ahora bien, el cuadro de Goya estaba destinado a ser mostrado sólo ante determinadas personas muy escogidas, las que más interesaba que captaran su mensaje. Por ello estuvo colgado en la antecámara del rey, sala de espera de embajadores, ministros y altos jerarcas españoles y extranjeros.[103] Las bodas de los príncipes simbolizaban lo mismo que el cuadro, pero eran actos públicos, en los que podían participar todas las clases sociales, cada cual desde su condición, bien directamente, como hacían los habitantes de la ciudad donde tuvieron lugar, bien a través de las noticias recibidas por múltiples cauces, entre ellos la prensa, española y europea.

Todo quedó perfectamente establecido en el aspecto formal y en el espacio público. No resultaron las cosas tan felices en el ámbito privado, debido al papel desempeñado por el nuevo matrimonio en la corte española.

María Antonia, como se ha dicho, se ilusionó enseguida con la posibilidad de llegar a ser reina de España, pero su primer encuentro con el príncipe de Asturias le causó gran decepción. Tenemos conocimiento de esto por dos vías, una indirecta, la correspondencia de María Carolina con el marqués de Gallo,[104] y otra directa: las cartas de María Antonia a la baronesa Mandell, especie de tutora asignada por su madre durante una estancia de aquélla en Viena, y las enviadas a su cuñado el archiduque Fernando, con quien mantuvo gran confianza.[105]

El buque que transportó a los príncipes napolitanos atracó en el puerto de Barcelona el 30 de septiembre. Allí los esperaban Carlos IV y María Luisa. Al dejar el barco, María Antonia besó la mano del rey, éste la tomó del brazo y hablándole en napolitano la llevó hasta la carroza dispuesta para conducirles al palacio, donde aguardaba el novio. El príncipe napolitano hizo el mismo recorrido en la carroza de la reina. Meses después, María Antonia expresó al archiduque Fernando su primera impresión sobre su prometido de manera un tanto confusa:

Desciendo de la carroza y veo al Príncipe. Creí desmayarme. Después de haber visto su retrato, en el que era más feo que guapo, en vivo parecía un Adonis [sic]; estaba turbado. Recordaréis que San Teodoro [embajador de Nápoles en España] había escrito que era un buen mozo, despierto y amable. Cuando se está prevenido, se encuentra el mal menor, pero yo que creí lo que se me dijo, quedé muy asombrada al ver todo lo contrario.

Y prosigue, refiriéndose a la infanta Isabel:

Subo arriba y veo una pelota a mi espalda, todo cuerpo y apenas piernas, y cabeza de enano con ictericia. Figúrate el susto del pobre Francesco. Poco después fuimos conducidos a nuestro cuarto y yo me puse a llorar, cosa que duró toda la noche, maldiciendo el momento en que había consentido tal cosa y a la persona que me había engañado, pero el mal estaba hecho y no había más remedio. Desde entonces me embarga una enorme tristeza, que dura todavía.[106]

Durante los primeros meses en España no cesó María Antonia de lamentarse por su suerte y de presentar a su esposo de la forma menos agradable ante su entrañable archiduque, a quien llama Nani en sus cartas, y ante su madre. Lo que dijera a ésta sólo lo conocemos por lo que ella misma escribió al marqués de Gallo, pero si la reina de Nápoles transmitió fielmente las impresiones de su hija, el príncipe de Asturias era un ser abominable. Fernando, según su suegra, tenía una figura espantosa, feo de cara, grueso de cuerpo, muslos y rodillas redondos, con una vocecilla fina «que da miedo», carente de instrucción, lelo, dado continuamente a una desagradable risilla, y un pelmazo, que no salía de la habitación de su esposa, pero sin ni siquiera conseguir ser un «marido físico». En suma, «un pánfilo completo», un estúpido desagradable y pasivo, sin carácter, «tonto», sin afición por la caza y la pesca.[107]

Es evidente que el príncipe de Asturias no satisfizo a su esposa y a su suegra ni por su físico ni por su comportamiento. Lo relativo al físico no tenía remedio; lo otro sí, pero si nos guiamos por el epistolario de la princesa, nada positivo hizo Fernando en este sentido. Antonia escribió a su querido Nani que lo que más placer le causaba era estar sola, pero nunca lo conseguía:

El Príncipe está siempre encima de mí, no hace nada, ni lee, ni escribe, ni piensa nada. Va, viene, se echa sobre una butaca, abraza a la dama [una de las sirvientas de la princesa], salta sobre la camarista; viene, dice dos palabras, pregunta mil cosas y así todo el día.

Se lamenta de que nada a su alrededor le satisface, y sigue:

Me vuelvo hacia el lado interior ¿y qué veo?: un marido que ni siquiera entiende lo que le digo, aunque le hablo en su lengua; que me hace enrojecer con sus groserías con la gente y que cuando se le mencionan cosas sabias, sale hablando de comida o de paseo, y repite las palabras.

Y apostilla:

A estos infelices muchachos [Fernando e Isabel] los han tenido como hierba que crece, sin que nunca supieran nada; auténtica cautividad.[108]

Lo mismo que al archiduque refirió María Antonia a su querida baronesa de Mandell: «Aquí no hay nada que me atraiga, pues el Príncipe no hace que nada cambie a mejor. Siempre está sin hacer nada, yendo y viniendo por la casa y sin querer oír nada sensato, siempre frío, sin emprender algo agradable, ni una diversión».[109]

Esta carta, datada en febrero de 1803, fue, entre las conocidas, la última en que María Antonia hizo referencia a las características físicas y morales de su esposo, con una excepción, especialmente relevante tratándose del heredero a una corona: su impotencia sexual. Al parecer, sólo a su madre hizo esta confidencia sobre la preocupación principal de ambas durante algunos meses. Haciéndose eco, como siempre, de la información proporcionada por su hija, María Carolina decía al marqués de Gallo en octubre de 1802 que a pesar de sus muestras de amor, el príncipe de Asturias «después de ocho días durmiendo juntos, aún no es marido de su mujer». El 3 de marzo del año siguiente insistió: «Debe ser muy fuerte, cuando a los dieciocho años no se siente nada y a fuerza de orden y de persuasión se hacen pruebas inútiles sin resultado, sin consecuencia; no hay placer ni efecto. Esto me parece muy extraordinario y muy desgraciado para quien se halle a su lado». En abril se mantenía la misma situación: «aún no es marido y no parece tener ni el deseo, ni la facultad». La reina de Nápoles no pudo transmitir la buena noticia hasta el 29 de septiembre. Entonces dijo a su confidente: Fernando ya es marido.[110]

Al parecer, lo que realmente desazonó a María Antonia y, por ende, a su madre, fue la carencia afectiva del príncipe y su impotencia sexual. Fernando era un joven inmaduro, afectado de macrogenitosomía (desarrollo excesivo de los genitales), causa de la aparición tardía de los caracteres sexuales secundarios; no se afeitó hasta seis meses después de la boda. Su acusada timidez y su abulia, que tanto molestaron a su esposa, le incapacitaron para hacer frente a una situación para él imprevista. Como desveló su suegra, sólo once meses después del matrimonio llegó a consumarlo.[111]

Desde el momento en que esto se produjo, cambió la consideración de María Antonia hacia su esposo. También mejoró la impresión de la princesa de Asturias sobre su vida en España. Hasta entonces todo habían sido lamentos y lloros. A su querido Nani le había presentado un panorama desolador de sus primeros meses en España. Pasaba el tiempo leyendo, dibujando y tocando el clavecín y la guitarra, a la que se aficionó al llegar a España. Aunque gustaba de pasear a pie, sólo se le permitía hacerlo en carroza, sujeta, pues, a etiqueta y a estrecha vigilancia, y para todo debía pedir permiso: «Incluso si diluvia y uno quiere quedarse en casa», dijo en un rasgo de humor poco frecuente ahora en ella, «se debe pedir permiso». Nadie podía acercarse a su cuarto sin autorización de la reina. En definitiva, «estoy destinada a pasar mis días más felices en esta jaula, ya que debo pasar la flor de mi juventud en convento sin ninguna diversión».[112]

No se explayó María Antonia sobre este particular en las cartas a su madre —al menos, ésta no lo reflejó en las suyas a Gallo—, pero sí, y mucho, en las dirigidas en 1803 a la baronesa Mandell, convertida en su paño de lágrimas. La princesa derramaba tristeza por su modo de vida (una y otra vez repetía la frase: «No estoy en absoluto feliz») y añoraba con desesperación a su familia, las amistades de Nápoles y Viena y el tiempo pasado en estos lugares. La pérdida de todo ello —confiesa— «ha cambiado mi carácter» (antes se consideraba una persona alegre, vital) y le provoca ataques de rabia, dirigidos sobre todo contra las hermanas Dehier, dos sirvientas llegadas de Nápoles en su compañía, sus únicas confidentes físicamente próximas. Detestaba los actos públicos a los que acudían personas que desconocía y no recibía visitas ni se celebraban tertulias en su cuarto, porque todo lo controlaba la reina. No se divertía, ni practicaba el baile, su pasión; no podía montar a caballo, ya que en opinión del rey era un obstáculo para la procreación. Su ocupación favorita era escribir y «leer muchos y muy buenos libros que he comprado en Valencia, grandes novelas».[113] «Todo me parece mal», afirmaba en septiembre de 1803, «y si no fuera pecado, desearía la muerte.»[114]

A medida que transcurrió el tiempo se produjo un cambio en la princesa, quizá relacionado con la normalización de su vida sexual. Es probable que influyera también su actividad política. En diferentes ocasiones comunicó a la baronesa Mandell que se divertía en las frecuentes meriendas en el campo y los paseos a pie. Le gustaba mucho El Prado, por la variedad de gente que acudía allí, los jardines de Aranjuez y El Escorial. Este último lugar le agradó especialmente. En octubre de 1803 afirmó que su habitación en El Escorial era «muy buena» y tenía magníficas vistas, que la biblioteca del monasterio era admirable y que había visitado el panteón real y elegido su caja. En ese real Sitio recobraba en ocasiones su buen humor, su alegría y amabilidad, y se interesaba por su apariencia (vestidos, peinados), que hasta entonces solía descuidar.[115]

Tanto habló María Antonia de sus problemas de salud, que sus cartas fueron una especie de crónica del avance de la tuberculosis, la enfermedad que finalmente le causaría la muerte. En las primeras aludió ocasionalmente a dolores de garganta, fiebre, molestias estomacales, adelgazamiento..., pero desde marzo de 1804 estos temas estuvieron presentes en casi todas, descritos a veces con cierto pormenor. En junio confiesa que ha adelgazado y pasea poco, en agosto que nada le causa placer y que únicamente desea estar sola en su habitación, en septiembre refiere terribles dolores de vientre, constata que ha enflaquecido y que no duerme bien. Un año después, el 14 de septiembre de 1805, sigue quejándose de haber adelgazado mucho y de extrema debilidad, que le impide apenas pasear.

El dolor causado por la enfermedad se unió al de la imposibilidad de tener descendencia. María Antonia tuvo dos abortos. Uno de ellos lo describió con cierto detalle en noviembre de 1804 a su querida Mandell, y además le decía:

... hubiera deseado que el embarazo siguiera, porque causaba mucha alegría a la nación, que es excelente y está muy por mí, y habría además causado el más vivo placer a mi querida madre y querido padre. El príncipe estaba encantado, pero desde antes de ayer [tras el aborto] está de tan mal humor que es un tormento.

Unos meses más tarde, añadió:

... este país me gusta y las gentes son de mi agrado; esto no lo digo por hacer un cumplimiento a los españoles, pero si yo fuese una particular y me dejaran elegir dónde vivir entre todos los países, al instante diría: en España, porque su carácter es de mi gusto.[116]

El cambio respecto a sus primeros días en España no puede ser más radical. ¿Hasta qué punto exageró María Antonia en uno o en otro momento?

Hacia 1805, la princesa de Asturias se nos muestra muy diferente a la persona que llegó a España, momento en que confesaba al archiduque Fernando que estaba condenada a pasar los días más felices de su vida en una jaula. Sin embargo, la «jaula» o el «convento», como ella decía, seguía existiendo. Era la corte. En distintas ocasiones dio cuenta a su madre y a la baronesa Mandell de los regalos recibidos de los reyes y del buen trato del que era objeto («el rey y la reina tienen hacia mí mil bondades y me tratan bien»),[117] pero no cesó en sus quejas por la vigilancia a que la tenía sometida la reina. Por lo demás, ni María Antonia ni su madre tuvieron en buen concepto a la reina María Luisa ni, por supuesto, a Godoy, al que odiaban, de manera que no podían aceptar el dominio ejercido por ambos en la corte.

María Antonia, sin embargo, pronto advirtió que muchos otros españoles coincidían con ella y con su madre en su odio hacia esas personas. Especialmente su esposo, el príncipe de Asturias, a quien, como se percató enseguida, no le resultaría muy difícil dominar. Todo estribaba en dirigirlo en la buena dirección. Vistas así las cosas, España podía ser un excelente lugar para vivir, siempre y cuando fuera en calidad de reina. Y he aquí otra aparente contradicción: María Antonia se manifestaba en sus cartas como una persona aislada, sin amistades ni contactos, dedicada casi en exclusiva a la lectura y a la actividad epistolar, pero no parece que esta imagen se corresponda con la realidad, pues, como enseguida veremos, no tardó en rodearse de fieles y acometer una actividad política nada desdeñable. Por otra parte, tras la pésima impresión de los primeros instantes, cambió su opinión sobre su marido. Al menos, cesó en sus juicios negativos sobre él.

2

Conspiraciones

María Antonia de Nápoles y la entrada del príncipe en política

María Carolina de Nápoles se lamentó en repetidas ocasiones ante el marqués de Gallo de que había sacrificado a su hija al permitir su matrimonio con el príncipe de Asturias. Tal vez fuera sincera, pero no hay duda de que ella había sido la más interesada en ese enlace, que satisfacía su ambición por colocar a su hija en un trono y abría un camino para obtener importantes objetivos políticos. María Antonia sería una excelente fuente de información sobre la corte española y, además, podría actuar de agente para fortalecer la oposición interior contra Godoy, a quien la reina napolitana consideraba un peligro para las monarquías tradicionales. Ello serviría para alejar a España de la influencia francesa y situarla del lado de Inglaterra, con lo cual se posibilitaría la caída de Godoy —y subsiguientemente, esto era lo más importante, la pérdida de influencia política de la reina María Luisa— y Nápoles podría incorporarse el reino de Etruria o la Toscana, como prefería llamarlo María Carolina.

La misión de María Antonia consistía en seguir los pasos de su madre: dominar a su marido y convertirse, llegado el momento, en la directora de la política española. Esto era exactamente lo que en opinión de María Carolina estaba haciendo la reina María Luisa sirviéndose de Godoy. La meta, pues, estaba bien definida: acabar cuanto antes con Godoy, el eslabón más débil, y acometer, sin solución de continuidad, el ataque a María Luisa. El primer paso en este sentido consistía en que María Antonia se ganara la voluntad de su marido, pero en opinión de la reina de Nápoles existía inicialmente una importante dificultad: era dudoso que su hija pudiera ejercer alguna influencia sobre «un hombre sin carácter, sin ideas y sin tan siguiera poseer las cualidades físicas por las que se doma a las bestias».[1] Como se ha dicho, todo cambió a partir del momento en que los príncipes de Asturias consumaron su matrimonio. En cuanto esto tuvo lugar, escribió la reina de Nápoles a Gallo: «Antonia comienza a labrarse su destino. Ya es esposa».[2] Con toda lógica, basada, además, en su experiencia personal, María Carolina cifraba la suerte de su hija en la posibilidad de tener descendencia. María Antonia, por su parte, ya había comenzado a actuar en la corte.

En marzo de 1803, cuando el príncipe Fernando aún no había logrado ser «marido», como decía su suegra, la princesa de Asturias ensayó las primeras tentativas para adquirir alguna influencia y desempeñar un papel activo en la vida doméstica de la familia real. Al informar sobre ello a su Gobierno, el embajador francés Beurnonville añadió que, profundamente incomodada, la reina de España había ordenado secretamente a María Antonia que no se apartase de sus deberes como princesa de Asturias, o lo que era lo mismo, que se limitara a obedecer. El embajador apostilló que toda actuación de Antonia estaba prescrita por la reina su madre y dirigida por la corte de Sicilia, por lo cual se podía suponer en qué sentido se orientaba.[3]

Poco pudo hacer públicamente María Antonia en la corte española. Pero la reina y Godoy no podían penetrar en la intimidad de los príncipes de Asturias. En este ámbito la princesa salió victoriosa. No le costó mucho esfuerzo ganarse al príncipe, pues si las relaciones de Fernando con su madre y Godoy habían sido desde siempre tirantes, tras la boda lo fueron aún más. Cuenta el embajador francés que para controlar al príncipe de Asturias, Godoy acudía a su cuarto sin anunciarse previamente, ante lo cual reaccionó Fernando dando orden de que se le impidiese la entrada. Para suavizar la situación, Godoy le regaló dos magníficos caballos de tiro andaluces, pero con el ánimo de marcar diferencias, Fernando los rechazó, diciendo que el rey su padre no había tenido caballos en propiedad antes de llegar al trono.[4]

Sucesos como el referido eran humillantes para Godoy. Otros lo fueron para el príncipe de Asturias. Al regresar a Madrid tras su boda emprendió la traducción de la Histoire des révolutions arrivées dans la République Romaine, del abate René-Aubert Vertot. Desde su aparición, casi un siglo antes (1719), esta obra había sido muy elogiada y alcanzado popularidad en los medios cortesanos europeos. Tal vez para acompañar a su esposa en los muchos ratos que ella dedicaba a la lectura y escritura, o por el prurito de manifestar sus habilidades literarias, Fernando acometió la traducción de esta obra al castellano con la intención de publicarla. Finalizada la versión del tomo primero, la mandó a Juan Antonio Melón, juez de imprentas, para que corrigiese los posibles defectos y diera luz verde a su impresión. Melón se resistió inicialmente a publicarla, aduciendo que la autorización correspondía al rey, pero terminó por satisfacer los deseos del príncipe y el volumen se imprimió con las iniciales del traductor: F. de B. No tardó éste en entregar un ejemplar a su madre. Ella se desconcertó al ver el título, pues la palabra «revolución», con independencia del tiempo histórico al que se refiriera, causaba espanto en la corte española. Relata Vayo que la reina reprendió a Fernando por haber elegido esa obra y por la escasa confianza demostrada en sus padres al acometer en secreto su traducción.[5] El rey, por su parte, mandó depositar los ejemplares editados en casa del científico Pedro Gutiérrez Bueno, a la espera del parecer de los examinadores elegidos para valorar el trabajo de traducción. En esto quedó el asunto, que, según el testimonio del criado Antonio Moreno, afectó «en extremo» al príncipe.[6] Evidentemente, a juicio de este último, el culpable del fracaso de la empresa fue Godoy.

Tan tensas como las de Fernando fueron las relaciones de la princesa de Asturias con Godoy, hasta el punto de que en 1804 éste rogó a la reina que no mencionara su nombre en sus conversaciones con María Antonia, «pues que conociendo la intrigalla de aquella gente debía no esperar otra cosa que ingratitudes». El año anterior, Godoy había aconsejado a los reyes que no se quejaran ante los monarcas de Nápoles del comportamiento de María Antonia: «La Princesa, por casada, ya debe depender del Marido; llámela V.M., hágala cargos, reconvéngala y si no obedece se toma entonces otro partido».[7] El consejo de Godoy no cayó en saco roto y la princesa de Asturias recibió más de una reconvención. La reina María Luisa, por lo demás, no precisaba de consejos para reprender a María Antonia, acerca de la cual tenía una pésima opinión. Baste como prueba la siguiente frase de una de sus cartas a Godoy: «¿Qué haremos con esa diabólica sierpe de mi nuera y marrajo cobarde de mi hijo?».[8]

El entorno de los príncipes de Asturias se fue convirtiendo en una fábrica de críticas y rumores contra Godoy y la reina, difundidos en España y en Europa por María Carolina de Nápoles y por el que en los círculos cortesanos comenzó a llamarse «partido napolitano», grupo o facción (no era otro el significado entonces de «partido») formado por personas próximas a los príncipes de Asturias. Procedían éstas de distintas partes de Italia y a su frente se supuso que estaban el embajador napolitano conde de San Teodoro y su esposa, enlaces de la correspondencia entre María Carolina y su hija. La reina María Luisa tenía una pésima opinión del embajador napolitano, porque, según ella, «inflama a mi nuera y su marido contra nosotros [los reyes] y contra ti [Godoy]».[9] En contacto con San Teodoro estuvieron varios nobles españoles, en especial el marqués de Valmediano, cuñado del duque de San Carlos, y el conde de Montemar, quien a juzgar por la correspondencia de la reina desplegó gran actividad para facilitar la comunicación entre la princesa de Asturias y su madre.

Además de presentar la corte española como un lugar de corrupción e intriga, el entorno de los príncipes de Asturias puso en circulación insidias, en ocasiones de extrema gravedad, que María Carolina se apresuró en difundir. En una de sus cartas a Gallo deslizó su temor a que la reina de España («una mujer perversa») y Godoy («un favorito sin freno») tramaran alguna infamia para excluir del trono a los dos hijos mayores del rey (Fernando y Carlos María Isidro) y situar en él al tercero (Francisco de Paula), «tanto por disponer, dada su juventud, de una regencia más larga, como por colocar a los hijos del Príncipe de la Paz en el trono de España».[10] La insinuación, cuyo origen no se puede precisar, no podía ser más venenosa. Revivía la vieja patraña, ya apuntada en páginas anteriores, sobre los planes urdidos por María Luisa y Godoy para evitar que Fernando llegara a reinar, y ahora se adornaba con una nota de suma importancia que afectaba de lleno a la reputación de la reina de España: se atribuía a Godoy la paternidad de los infantes Francisco de Paula e Isabel, la esposa del heredero de Nápoles («los hijos del Príncipe de la Paz»).

Todo esto carecía de fundamento, pero hizo fortuna, y lo repitieron en España y Europa personas de prestigio, como Lady Holland, cuyos diarios son citados como fuente digna de crédito por estudiosos actuales. En cuanto a lo otro, el establecimiento en el trono del infante Francisco de Paula, la propia María Carolina reconoció su falsedad dos meses después ante el mismo interlocutor: «Creo que toda la historia de la regencia y del consejo es inventada». No obstante, le daba a entender a continuación que no había desaparecido el propósito de impedir el acceso al trono del príncipe de Asturias y por ello temía por la suerte de su hija.[11] En definitiva, la reina de Nápoles dejaba flotar en el aire sus sospechas sobre las maniobras de la soberana española y su amigo Godoy para que el príncipe de Asturias no llegara a ser rey de España. Al provenir de persona de la máxima confianza, como era para ellos María Carolina, estas insinuaciones debieron de hacer mella en el ánimo de los príncipes de Asturias, quienes por entonces, 1804, contaban veinte años de edad y no habían tenido descendencia. Nunca dejaron de considerar a la reina María Luisa y a Godoy serios obstáculos para el acceso de Fernando al trono. En esta materia, por lo demás, este último no precisaba de acicates, pues hacía tiempo que estaba bien aleccionado por su antiguo maestro, el canónigo Escoiquiz, con quien mantenía comunicación permanente a pesar de su destierro en Toledo.

Napoleón estuvo bien informado por sus embajadores Beurnonville y Alquier de cuanto se cocinaba en las cortes española y napolitana y, además, pudo leer muchas de las cartas cruzadas entre la reina de Nápoles y su hija, interceptadas por la policía imperial. La conclusión era evidente: mientras que la reina de Nápoles actuaba en contra de Francia, los reyes de España y Godoy se mantenían en su órbita. A finales de 1804 y principios del año siguiente, en pleno enfrentamiento bélico de nuevo con Inglaterra, no convenía a Napoleón cambio político alguno en España, cuyo concurso marítimo creía perentoriamente necesitar —ésta fue una idea fija del emperador francés— para hacer frente a Inglaterra; meses después se vería el resultado en la batalla de Trafalgar. Así pues, Napoleón expresó a Godoy su interés por evitar toda influencia de María Carolina en la corte española.[12]

Todo esto explica la dura reacción del emperador en marzo de 1805, cuando se hallaba en Milán para recibir el título de rey de Italia —el año anterior se había proclamado emperador de Francia—, al leer una carta interceptada en la que María Antonia decía a su madre que a la muerte de Carlos IV, Godoy sería arrestado de inmediato. Napoleón entró en cólera y sentenció que si María Antonia seguía siendo enemiga de Francia, no reinaría en España; lo mismo dijo unos meses más tarde al marqués de Gallo.[13] Poco después, el emperador recibió una carta de Godoy redactada en términos alarmantes, donde le comunicaba que la reina de Nápoles había intentado envenenar a los reyes de España y a él mismo, y añadía que para aislar a la princesa de Asturias, varias personas habían sido expulsadas de la corte. Napoleón le respondió que le habían impresionado los términos de la carta y que nada le extrañaba viniendo de María Carolina.[14]

Los expulsados a que se refería Godoy eran algunos clérigos, el más notorio el provincial de los carmelitas descalzos, y varios aristócratas, entre ellos la condesa de Montijo, el conde de Oñate, el marqués de Villafranca, la duquesa de Veragua, el conde de Montemar, el marqués de Villarreal, la condesa de Trullás y el duque del Infantado, personaje este muy relevante, pues, además de ser uno de los nobles con más poder territorial y económico, pasaba por ser en ese momento el representante supremo de su estamento. La expulsión, ordenada en septiembre de 1805, resultaba muy llamativa, pues los afectados eran bien conocidos en Madrid, en particular Infantado y la condesa de Montijo, aplaudida por sus obras benéficas y muy influyente gracias a su tertulia. El embajador francés Beurnonville intentó averiguar la causa de los destierros hablando con Godoy, el único que podía desvelarla. Su respuesta fue taxativa: todo se debía a la correspondencia recientemente descubierta entre la reina de Nápoles y la princesa de Asturias. Beurnonville no dio crédito a esta explicación. Como era bien sabido —decía en su despacho oficial a su Gobierno—, la reina de Nápoles era muy capaz de cualquier cosa, pero «una princesa de Asturias, sea ella quien sea, no tiene en España fuerza para nada, y máxime si se trata de una muchacha de diecinueve años, casi recluida, sin proyectos, sin libertad, sin relaciones y sin oportunidad para formarse ninguna que fuera inquietante».[15]

La opinión del embajador sobre la princesa ni se ajustaba a la realidad, ni coincidía con la del emperador francés. María Antonia no era una persona sin capacidad para forjarse proyectos y para llevarlos a cabo. Inteligente e instruida, políglota y lectora voraz, antes de llegar a España había conocido las cortes de Nápoles y la de Viena (en esta última pasó los dos años inmediatos anteriores a su boda), de modo que disponía de elementos de comparación para moverse en el ambiente cortesano.[16] Se ganó el afecto de su marido, a quien casi igualaba en edad (había nacido el 14 de diciembre de 1784, dos meses después que él) y dominaba en todos los órdenes. Según Escoiquiz, ella y el duque de San Carlos fueron los más influyentes sobre el joven Fernando; «le habían abierto mucho los ojos».[17] No andaba desencaminado el canónigo, buen conocedor del príncipe y, tras el fallecimiento de la princesa, su heredero como guía político. Entre María Antonia y el duque de San Carlos existió una relación de confianza, reflejada en la correspondencia de la princesa con la baronesa Mandell.

La reina y Godoy se percataron de la influencia sobre Fernando de su esposa y, a través de ella, de la reina de Nápoles. Ello explica el empeño en controlar todos los movimientos de la princesa y, en la medida de lo posible, tenerla aislada en la corte. A pesar de todo, María Antonia creó una red de fieles, entre otros el embajador de Nápoles y su esposa y varios de los aristócratas destinados al servicio de los príncipes de Asturias, como el duque de San Carlos y el marqués de Ayerbe. Por lo demás, a pesar de ese permanente estado de melancolía y profunda tristeza que ella misma se atribuyó en las cartas, la princesa debió de causar un efecto muy positivo en buena parte de los cortesanos españoles. En todo caso, las opiniones sobre ella fueron encontradas, como expone perfectamente un escrito anónimo inserto en el proceso de El Escorial. Decía que unos la consideraban más adicta a los italianos que a los españoles, con excesivas ansias de mando y enemiga declarada de la reina, mientras que otros ponderaban su finura, su talento y su esmerada educación. De esta última opinión fue la duquesa de Abrantes, quien la pinta como una joven de cabellos rubios, de porte noble y con gracia, con amplios pechos y de aspecto resplandeciente; siempre silenciosa y reservada, de aire majestuoso, un tanto severo a primera vista, «muy princesa».[18]

También María Carolina era «muy reina», pero sus actuaciones políticas contra Francia y sus aliados le costaron el trono. El 26 de diciembre de 1805 Napoleón ordenó al general Saint-Cyr marchar sobre Nápoles «para castigar la traición de la reina y expulsar del trono a esta mujer criminal que con tanta imprudencia ha violado todo lo que es sagrado entre los hombres».[19] Al día siguiente, el emperador anunció el fin del reinado de los Borbones en Nápoles y el 14 de febrero de 1806, José Bonaparte entró en la capital en calidad de nuevo monarca.

Lo ocurrido en Nápoles tuvo una extraordinaria repercusión en el cuarto de los príncipes de Asturias. Aparte de las cuestiones dinásticas y sentimentales, implicó la desaparición de quien era su principal referente político. De pronto, los príncipes de Asturias y el círculo o «partido napolitano» quedaron sin apoyo internacional. Godoy aprovechó esta circunstancia para asestarle el golpe definitivo. Como consecuencia —según el embajador Beurnonville— del descubrimiento de nuevas cartas cifradas recibidas por la princesa María Antonia, que no pudieron ser leídas porque ella declaró no disponer de la clave, en marzo de 1806 fueron expulsados de España el embajador de Nápoles y su esposa y el encargado de negocios de aquel reino. Además, fueron detenidos más de doscientos italianos domiciliados o transeúntes en Madrid y catorce de ellos obligados a abandonar el país; algunos españoles sospechosos de colaborar con estas personas fueron enviados a las colonias. Por otra parte, se procedió a una limpieza drástica en los cuartos de los príncipes de Asturias. Por no haber ejecutado fielmente las instrucciones recibidas para interceptar la correspondencia de la princesa de Asturias, se prohibió la residencia en la corte a los nobles empleados en su casa y en la del príncipe y varios frailes a su servicio se vieron obligados a volver a sus conventos en provincias.[20]

La salud de la princesa María Antonia, que como ella misma expuso repetidamente en sus cartas nunca fue buena, se deterioró apreciablemente tras sufrir en agosto de 1805 su segundo aborto, hasta el punto de que el 19 de enero de 1806 se le administró la extremaunción. Falleció el 21 de mayo de ese año, a los veintiún años de edad, víctima de una tuberculosis localizada principalmente en los órganos respiratorios y digestivos, causa de intensos dolores durante muchos meses.[21]

El silencio oficial en torno a la muerte de la princesa fue general en España. Como ha observado Antonio Calvo, los reyes desearon sepultar en el olvido a su díscola nuera. La Gaceta de Madrid no ofreció más información sobre el acontecimiento que el mencionado parte médico y la descripción del traslado del cadáver al panteón real de El Escorial. Tampoco se celebraron las habituales exequias solemnes. Sólo se conoce una oración fúnebre, pronunciada en San Sebastián a los pocos días de la muerte, pero publicada, contra lo que era habitual, bastantes años después, en 1815. Su autor, fray José del Salvador, famoso predicador en esta última fecha, denunció el olvido general en una nota a pie de página: «Pues llega a morir la Princesa de Asturias, en quien no se vio una acción que no fuese edificante, y todos callan».[22]

En realidad, el silencio no fue tal. Enseguida surgieron rumores sobre la causa de la muerte de María Antonia, atribuida, como no podía ser de otra forma en la época, a envenenamiento. Evidentemente, el magnicidio se atribuyó a Godoy, aunque también se mencionó a la reina María Luisa. La princesa pasó, pues, a ser un elemento importante de la propaganda del círculo fernandino y lo sería aún más a partir de 1808, cuando hubo necesidad de justificar las maniobras del príncipe de Asturias para acceder al trono en vida de su padre. Entonces apareció con frecuencia el nombre de María Antonia en papeles impresos, y muchos predicadores lo mencionaron para contraponer la virtud del príncipe a la felonía del «valido». La princesa no era sino una víctima más, muy ilustre, de la perfidia de Godoy y de María Luisa.

El fallecimiento de María Antonia, las medidas de Godoy contra los nobles relacionados con el cuarto de los príncipes de Asturias y la desaparición del reino de Nápoles pudieron dar la impresión en 1806 de que Fernando había perdido la partida, que su intento de entrar en política se había saldado en estrepitoso fracaso. Nada más lejos de la realidad. El príncipe de Asturias prosiguió su actividad política clandestinamente, sirviéndose de su antiguo maestro Escoiquiz y de los aristócratas contrarios a Godoy, que no eran pocos. Para buena parte de estos nobles, la razón de su movilización era terminar con el advenedizo extremeño. Para Fernando y Escoiquiz, y para alguno más muy próximo al príncipe, esto sólo fue un motivo con que justificar sus actuaciones, pero no su meta. Realmente perseguían elevar cuanto antes a Fernando al trono, sin preocuparse demasiado por la suerte de Carlos IV. Tal era la lección aprendida durante los años anteriores. En esta operación, Godoy importaba, por supuesto, pero la persona clave seguía siendo, como entendió María Carolina de Nápoles, la reina María Luisa.

Limitarse a alejar del poder a Godoy no garantizaba el futuro. Se había visto en 1798, cuando Cabarrús y otros, entre ellos los bien o mal intencionados Saavedra y Jovellanos, al unísono con el Directorio francés, forzaron la salida de Godoy del Gobierno. Su victoria fue pírrica, pues tres años después volvió Godoy a la política con más poder que antes, gracias a su nuevo cargo de generalísimo, que lo situó por encima del Gobierno y de los consejos.[23] Según sus enemigos, la responsabilidad de este encumbramiento no recaía en el rey, sino en la reina. De modo que para evitar otro regreso de Godoy, había necesariamente que inutilizar a la soberana y esto sólo se podía lograr de una forma: situando a Fernando en el trono.

A este fin se orientó todo a partir de la segunda mitad de 1806. La operación se inició con una campaña denigratoria contra la reina y Godoy y se intentó culminar mediante una maniobra destinada a eliminar a Godoy del poder (la conocida como «conspiración de El Escorial»), pero al fracasar, se ensayó otro movimiento, el llamado «motín de Aranjuez», éste sí culminado con éxito.

La campaña del príncipe contra su madre

Al comenzar el siglo XIX no eran pocos los males de España. A una grave epidemia de fiebre amarilla que originó gran mortandad en 1803, sucedieron dos años de pésimas cosechas que condenaron al hambre a una parte importante de la población. Para colmo de males, a finales de 1804 España se vio obligada a declarar la guerra a Inglaterra, después de que navíos británicos atacaran por sorpresa a cuatro fragatas españolas procedentes de Montevideo y se apoderaran de cuanto pudo salvarse de su carga, que era de gran valor. Transportaban una cuantiosa suma de pesos fuertes en oro y plata y un importante volumen de mercancías coloniales: quina, estaño, cobre, madera, etcétera.[24] Este nuevo e inesperado conflicto bélico exigió el empleo de una enorme cantidad de dinero, que puso en jaque la credibilidad financiera de la monarquía, casi paralizó la actividad de los puertos marítimos y, sobre todo, originó múltiples dificultades al comercio con América, de donde procedían los metales preciosos, vitales para la economía española. Por otra parte, la guerra obligó a seguir casi a ciegas los planes de Napoleón. España no sólo se comprometió en mayo de 1805 a entregar a la compañía proveedora del Ejército y la Marina franceses una cuantiosa suma de dinero, calculada en 60,5 millones de francos, sino que, además, puso a su disposición la Armada española, con el trágico y conocido resultado de la derrota de Trafalgar en octubre de ese mismo año.

La opinión general señaló a Godoy como principal responsable de estos males, de modo que desde el otoño de 1806 su reputación descendió hasta niveles ínfimos.[25] Esto benefició considerablemente los planes del príncipe de Asturias. Todo lo que fuera en perjuicio de Godoy afectaba en el mismo sentido a Carlos IV y a la reina. Al príncipe, por el contrario, no se le podía atribuir la más mínima responsabilidad, ya que por decisión de sus padres estaba alejado de los asuntos públicos. Así pues, si bien pudiéramos imaginar que este tiempo fue poco propicio para el príncipe, debido a la pérdida de su esposa, su principal mentora política, en realidad resultó todo lo contrario. Por lo demás, no tardó Fernando en hallar en Escoiquiz al consejero eficaz que sustituyera a su difunta cónyuge.

En 1794, en plena guerra entre España y la Convención francesa, Escoiquiz había presentado al secretario de Estado (Godoy) una Memoria sobre los daños que pueden resultar a España de las actuales turbulencias de Europa, donde abogaba por crear un espíritu patriótico antirrevolucionario a base de «inundar a España, como los franceses lo hacen, de catecismos políticos, libritos, papeles, periódicos, versos, canciones adaptadas a la variedad de las clases, capacidades y paladares».[26] Godoy no le prestó atención, pero ahora, al comienzo de la centuria decimonónica, el canónigo contó con el beneplácito del príncipe de Asturias y puso su idea en práctica. Envió comisionados a distintas partes de España, encargados de resaltar las virtudes de Fernando y criticar el despotismo de Godoy, poniendo el acento en que éste era el causante de todos los males de la monarquía. Tal mensaje cayó en terreno abonado, debido a los mencionados problemas materiales del país y al general descontento de la población. En esta labor colaboraron de manera particular miembros de las órdenes religiosas, especialmente quejosos por la desamortización de 1798, la construcción de cementerios fuera de las iglesias, medida que supuso una importante merma de ingresos para algunas congregaciones religiosas, y, más aún, por la amenaza de una reforma en profundidad de las órdenes religiosas. «Cada fraile», escribió Estanislao de Kostka Vayo, «se convirtió en un misionero furibundo, en un clarín sonoro de la fama que llamaba a las banderas del príncipe [Fernando] a sus afiliados y anatematizaba y fulminaba rayos sagrados contra el de la Paz y sus partidarios».[27]

En la empresa de agitación participó activamente el príncipe Fernando. Tenemos constancia fehaciente de su protagonismo en una de las actuaciones propagandísticas más sorprendente: la elaboración de estampas a todo color en las que en tono procaz y a base de calumnias se ridiculizó hasta lo indecible a la reina y a Godoy, especialmente en los versos que explicaban o complementaban las imágenes. Las estampas han sido reproducidas por José Luis Gordillo Courcières, basándose en la única colección existente, hoy en manos privadas.[28]

La colección consta de dos series, cada una formada por treinta estampas destinadas a ser grabadas, más once que al parecer fueron desestimadas. Según Gordillo Courcières, la primera serie fue realizada probablemente entre 1801 y 1807 y la segunda en 1808-1809, aunque la mayor parte de la obra debe ser fechada entre 1804 y 1806. Si la datación es correcta, esta producción satírica coincidió con el momento de mayor intensidad en las actuaciones contra la corte española de la reina de Nápoles y su hija la princesa de Asturias.

Parece indudable que el trabajo fue encargado y costeado por el príncipe de Asturias. Lo atestiguan las notas al dorso de algunas estampas, firmadas por «el duque de Alagón» o por Teodoro Íñiguez, las dos personas encargadas al parecer de controlar y difundir la obra.[29] En unos casos se advierte que se desecharon por no ser «del agrado de S.A.», esto es, Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, y en otros se ordena en nombre de la misma persona que se hagan copias o que se envíen a grabar. La más elocuente es la que figura al dorso de la última lámina de la primera serie. Reza así:

Esta obra fue hecha por o[rden] y c[uenta] del Excmo. Sr. Príncipe de Asturias en el Real Sitio de Aranjuez en el año 1804, siendo los versos de varios ingenios de la Corte y los dibujos de tres pintores que en dicho real Sitio estaban, habiéndose sacado solamente tres traslados de la misma de las primeras cuatro hojas y las planchas de grabado fueron destruidas por los secuaces del Tirano en el rebusco que se hizo en casa de don Tomás Alonso cuando habiendo tenido noticias de que le buscaban huyó bajo el patrocinio de S.A. (q.D.g.).[30]

La información es copiosa e interesante. Primero: el trabajo se hizo por orden y a costa del príncipe de Asturias en Aranjuez, esto es, en uno de los lugares habituales de residencia de la familia real, lo cual permite suponer que el príncipe pudo controlarlo personalmente o, cuando menos, estar muy al tanto de su realización. Segundo: fue una obra colectiva, tanto en la confección de los textos, como en los dibujos. Tercero: se hicieron copias manuales de las láminas («traslados») y se habían preparado planchas para grabarlas, pero Godoy («el Tirano») desbarató la operación al secuestrar y destruir las planchas. Cuarto: la implicación del príncipe de Asturias llegó hasta el extremo de facilitar la huida de la persona en cuya casa se guardaban las planchas, Tomás Alonso, de quien carecemos de noticias.

La calidad de los dibujos delata que los ejecutaron manos expertas, pero no sabemos a ciencia cierta cuáles. En la nota que se acaba de citar se habla de tres pintores que estaban en Aranjuez; en otra, igualmente colocada al dorso de una estampa, se alude al «pintor de cámara», sin que podamos identificarlo con seguridad, y en otra se dice que el dibujo es de «Zacarías», quizá Zacarías González Velázquez. Según Castro Bonel, descubridor de la colección, el artista mencionado y el también pintor de cámara Maella son los autores seguros de algunas láminas. Por el momento parece que no se puede decir más sobre esto, aunque habría que descartar la participación de Goya, insinuada sin pruebas por algún investigador.

De la autoría de los versos que explican o complementan los dibujos podemos hablar con mayor seguridad. El compositor de la mayoría de ellos fue Diego Rabadán (algunos están firmados con sus iniciales, «DR»), calificado por Mesonero Romanos de «poeta extravagante, formado por múltiples y estragadas lecturas, que había tenido la habilidad de identificarse con todo lo más ridículo, por lo altisonante y chabacano, que había leído».[31] Otras composiciones se deben, según se anota al dorso de ciertas láminas, a Pedro Collado, «Chamorro», servidor de confianza desde siempre de Fernando; al sacerdote Cámara, juez diocesano en Pastrana, y a J. Manrique (este último tal vez fuese José González Manrique, al servicio del duque del Infantado). Gordillo Courcières incluye entre los posibles autores a Íñiguez y a Escoiquiz, si bien creo que el cometido de ambos fue otro. No es ocioso consignar que Pastrana, donde ejercía su cargo el presbítero Cámara, era territorio de señorío del duque del Infantado, cuyo compromiso en la conspiración contra Godoy (y contra el rey) se verá en páginas siguientes. Es muy probable que la participación de Chamorro consistiera en incorporar a las láminas coplillas satíricas que circulaban entre el pueblo.

Las estampas nunca se grabaron, tal vez porque Godoy se anticipó y ordenó el secuestro de las planchas. Resulta plausible pensar, pues, que el proyecto no pudo desarrollarse tal como fue concebido.[32] Sin embargo, no por esto habría que minusvalorar la difusión de esta producción satírica. Según Castro Bonel, por orden del príncipe de Asturias se enviaron copias manuales a ciertos aristócratas. En un documento «encontrado con una de las estampas» —afirma este autor— figura una «Relación de las personas a quien por orden expresa del Excmo. Sr. Duque de Alagón se ha de dar traslado de la estampa que hizo un pintor y que fue del superior agrado de S.A». En esa nómina figuran las duquesas de Alba, de Los Llanos y de Lerma y los marqueses de Someruelos, del Rincón y de Miraflores. En un papel suelto que consta en la colección, se ofrece una lista de personas «para darles traslado de una estampa por orden de S.A. por Nochebuena de este año [1806]». Son los siguientes: el marqués de Miraflores, los duques de Sotomayor, de Medina de Rioseco y de La Yarza, el marqués de Beleite, el conde de Cervellón, la duquesa de Alba (de nuevo) y tres individuos de difícil identificación: Julián Escosura, José Carrancero y José Fedichi. Por su parte, un coleccionista apellidado Pieltain, quien al parecer poseyó las láminas antes que Castro Bonel, consignó que una de ellas (no dice cuál) «se repartía por los nobles con cierta profusión en tabernas y otros sitios peores».[33]

En junio de 1806 se abrió causa contra varios criados del príncipe Fernando. El juez encargado del caso, José Marquina Galindo, los consideró «reos presuntos de una coligación poco conforme a sus obligaciones y ciertos de poco afecto y respeto a SS.MM., criticando sus acertadas providencias». Ni en los oficios reales ni en las comunicaciones del juez se especificó el delito o delitos de los procesados.[34]

Ahora bien, este suceso presenta rasgos que hacen suponer que no fue una nadería. Primero, los encausados eran cinco criados de la máxima confianza del príncipe de Asturias: Antonio Moreno, uno de sus íntimos; Fermín Artieda, mozo ordinario, encargado de su biblioteca; Saturnino Segovia, porta muebles; Zacarías García, oficial de contaduría, y Lorenzo Bonavía. Con independencia de sus cargos oficiales, todos de categoría inferior, estos individuos cumplieron misiones de muy diferente naturaleza, siempre secretas. Moreno y Artiedas actuaron de intermediarios en la correspondencia clandestina cruzada entre el príncipe de Asturias y Escoiquiz.[35] Según la reina María Luisa, Saturnino Segovia y Artiedas hicieron de mensajeros de Fernando y de la princesa María Antonia, «con la confianza de los dos, marido y mujer», con personas residentes en Madrid, entre las cuales no es descabellado suponer que se contaran los aristócratas críticos con la política del momento y los embajadores de Nápoles. La reina denunció también que Segovia iba regularmente al café La Fontana de Oro —centro de críticas a Godoy— y a una tertulia celebrada en una tienda.[36] Segundo: el juez del caso, Marquina, era hombre de suma confianza de Godoy, lo que manifiesta el interés de éste por controlar personalmente el asunto. Tercero: los encausados fueron condenados al destierro en las colonias: Moreno a diez años de confinamiento en Filipinas y los otros cuatro a servir durante ocho años en el Regimiento Fijo de Puerto Rico, el cuerpo militar encargado de la defensa de la isla.[37] También sus esposas fueron obligadas a instalarse en los lugares de su nacimiento, sin poder salir de ellos, aunque se les conservó el sueldo de sus maridos.

Estos datos ponen de manifiesto el empeño de Godoy por evitar que el asunto saltara al público, tanto por las críticas contra él y la reina, como porque afectaba de lleno al príncipe de Asturias y esto no interesaba en modo alguno a Carlos IV. De ahí la elección del juez, la ocultación del delito, el alejamiento de los implicados y la compra del silencio de sus esposas. ¿Mantiene relación todo esto con el descubrimiento de las estampas de que venimos hablando? ¿Eran los criados encausados los encargados de su reparto?

Sobre la difusión de las estampas sólo caben conjeturas por el momento, pero acerca de su contenido no hay dudas. La que al parecer constituyó la portada de la colección declara paladinamente su objetivo: presentar a los españoles la «real y verdadera historia de los crímenes, desaciertos, robos, traiciones, tropelías y maldades cometidos por la ambición del Choricero», como se apodó a Godoy por su origen extremeño y con el ánimo de reducirlo a la condición de plebeyo. La crítica es inmisericorde. La imagen proyectada de Godoy como persona y como gobernante, abyecta. Pero no nos limitemos a esto. Como ha visto Antonio Calvo, en realidad la persona más vituperada en esta producción satírica, que por tantos motivos recuerda la desarrollada en Francia contra la reina María Antonieta, fue María Luisa de Parma, la soberana española.[38] Los versos que explican los dibujos la señalan como la fuente del poder del «Choricero», la responsable de su elevación; en último término, la culpable de todo. Y aún se fue más lejos. La culpabilidad de la reina no era producto de error o de cualquier contingencia política, sino de su depravación sexual, es decir, un acto de su voluntad. Esto queda perfectamente expresado en la estampa de la primera serie que representa el momento en que los entonces príncipes de Asturias Carlos y María Luisa se fijaron por primera vez en Godoy cuando escoltándolos cayó de su caballo. Lleva el siguiente título: «Caída con suerte. María se conmovió cuando en el suelo le vio. Si me das ajipedobes te pondré en trance que robes».

El «ajipedobes» (la palabra debe leerse de derecha a izquierda) es el tema principal de la primera serie de las estampas. Explica, como se acaba de ver, la entrada de Godoy en la corte, pero también su elevación gracias al favor de la reina. En la estampa que sigue a la portada se presenta a Godoy con esta leyenda: «Éste es Manolo Primero, de otro nombre Choricero», y entre los versos que acompañan el dibujo figuran estos:

Con la reina se ha metido

Y todavía no ha salido.

Y su omnímodo poder

Viene de saber... cantar.

Mira bien y no te embobes

Da bastante AJIPEDOBES [sic].

Si lo dices al revés

Verás lo bueno que es.

La lámina finaliza diciendo que Godoy gobernaba España y América «por debajo de la pierna».

Las alusiones a la lujuria de la reina no se agotan con el «ajipedobes». Los vates se permiten incluso ofrecerle consejos morales, y al hacerlo implican al rey. Explícita es una estampa de la segunda serie compuesta de dos escenas. En una se ve a un hombre que sale al campo vestido de cazador, escopeta en mano y seguido de perros (la alusión al rey es inequívoca), y en la otra una cortina roja da entrada a un aposento privado de palacio. Se titula: «Mientras te vas de caza, en tu vedado otro entra. Oro y honores encuentra como premio a su añagaza». Los versos, dirigidos «A la que olvida sus deberes», le aconsejan: «Sé cauta si no puedes ser casta», y siguen:

El pueblo tiene buena y gran memoria

Te ve mujer y madre y ya te aprecia

Pero no abuses del que no es escoria

Y si persiste tu conducta sucia

Pasarás desde luego por la historia

Cual Mesalina, no como Lucrecia.

En la estampa titulada «Mira pueblo esta baza», se dice que «la vieja insolente» elevó a «una calabaza» (Godoy), «burlándose del bueno del esposo, que es harto complaciente». Se tilda a la reina de «vieja loca», de la que todo puede esperarse «menos que diga una verdad su boca», y del rey, a quien también se califica de «viejo», se afirma que quiere mostrar a sus súbditos nuevos usos «en su modo especial de comer huevos». El rey es «pobre bobo» en la estampa elocuentemente titulada: «La hacienda robada, la nación vencida, la realeza ultrajada». Pero hay otros versos más duros contra Carlos IV, como los siguientes, en la rotulada: «Manejos contra la patria», en que se hace hablar a Godoy:

El rey que tonto y cabrón

Me deja con su mujer

Me deje al fin recoger

Mi pueblo de Badajoz.

Cualquier persona de la época, educada en la cultura del absolutismo, vería ante todo en estas sátiras un ataque despiadado a los reyes. Godoy es presentado como una criatura de la reina lasciva consentida por el «tonto» de su marido. Pero los tres forman una «familia», como reza el título de una estampa de la primera serie: «La familia que llena de unción va desgobernando nuestra nación», reproducida casi de forma idéntica y con los mismos versos en la serie segunda, aunque en esta se cambia «desgobernando» por «gobernando». En ambas estampas Godoy toca la guitarra y es observado con delectación por el rey, de pie apoyado en un bastón, y por la reina, sentada, con un abanico en las manos.[39] Los versos explicativos son los mismos en ambas series:

El marido es un viejo gotoso

que apenas si sabe lo que hay que querer

y mirando siempre que da gozo

al fiel chichisbeo para su mujer.

La mujer, que ya no tiene dientes

y que miedo al espanto le da,

con sus ojos de pulga aún quiere

tesoros de amor poder conquistar.

El de la guitarra es un sinvergüenza,

cínico, arrogante, se deja querer

y el cuitado piensa que durará mucho...

No amigo, no dura... tú ya lo has de ver.

La presentación de los monarcas y Godoy como una «familia», la alusión al «amigo» y a la falta de dientes de la reina delatan que el autor de los versos estaba bien informado sobre la corte. En sus cartas, los reyes siempre llamaban «amigo» a Godoy, éste se relacionaba con ellos como si fuera parte de la familia real e incluso gozaba del privilegio de comer con los soberanos cuando los visitaba en los reales sitios. Así pues, el anónimo versificador tal vez recibió información privilegiada de las costumbres de los reyes de alguien muy próximo a ellos. ¿Pudo ser Escoiquiz, el criado Chamorro o quizá el príncipe Fernando? Lo relevante sigue siendo la participación del príncipe en esta despiadada operación contra sus padres.

La crudeza y mal gusto de las estampas del «Ajipedobes», como por economía de lenguaje podríamos denominar esta colección satírica, no fueron superados, que sepamos, pero no fue la única producción crítica sobre la reina y, por extensión, el rey. Ya en 1804, una carta procedente de Valencia informó a Godoy:

De pocos días a esta parte se ha divulgado aquí un Poema injurioso al Rey, a la Reyna, a V.E. y a toda la Nación, en tres distintos cantos, su título La Luisa. En el primero, trata de la venida de la Reyna a España. En el segundo, de su vida en su matrimonio. En el tercero, de la muerte del Rey y coronación de Godoy.

El informante decía no conocer con certeza al autor, pero estaba seguro de que el poema se había leído con frecuencia en casa del marqués de Arneva, muy aficionado a «los papeles franceses que hablan mal de España y de nuestro Gobierno, de que tiene muchos, y también contra nuestras leyes y a favor de la libertad».[40]

Es muy probable que el referido no fuera un caso aislado y también lo es que el celo de los espías y agentes de Godoy consiguiera poner trabas a la difusión de otras sátiras del mismo estilo, pero como siempre sucede en estos casos, no se pudo impedir por completo su divulgación, como han demostrado los estudios de Teófanes Egido. En todo caso, parece confirmado que la propaganda generada inicialmente en el cuarto del príncipe de Asturias fue poco a poco tomando cuerpo y adquiriendo eficacia, pues el mensaje a difundir era perfectamente inteligible para todos.

De acuerdo con la información que nos han dejado los mencionados espías y agentes, y a juzgar por la producción satírica conocida,[41] podríamos sistematizar este mensaje en cuatro puntos. Primero: los males de la monarquía eran muchos y el estado material de los españoles iba empeorando con el tiempo, pero todo esto aún podría agravarse si —como apuntaban todos los rumores difundidos por estas fuentes— España entrara en una nueva guerra contra Portugal para facilitar la ambición de Godoy de reinar en una parte de ese territorio. Segundo: los máximos responsables de todo eran Godoy y la reina, con el rey al fondo por consentir sus relaciones. Tercero: Godoy pretendía evitar la sucesión regular al trono de España, para colocarse él o su «hijo», el infante Francisco de Paula, en lugar del príncipe Fernando (el rumor sobre el envenenamiento de la princesa de Asturias reforzó esta acusación). Cuarto: para regenerar la monarquía y garantizar la continuidad del sistema español sólo se podía confiar en Fernando.

Este mensaje no se difundió a través de la imprenta, controlada por Godoy hasta 1808, sino mediante hojas y pasquines manuscritos, la mayor parte versificados para facilitar la memorización, en conversaciones en los cafés, en tertulias caseras y en la calle. En estos espacios se podía decir lo que no estaba permitido imprimir. Especial relevancia adquirieron los cafés, los cuales fueron canales de sociabilidad informal y menos institucionalizada que las universidades, sociedades económicas y prensa, considerados los clásicos conductos de las Luces.[42] A los cafés acudían gentes de diverso origen y un tanto escogidas. Por su decoración, precios y bebidas expendidas, su público no era el de las tabernas, dedicadas casi en exclusiva a servir vino. En ellos se formaban corrillos y tertulias de manera aleatoria (gentes que entran y salen), se intercambiaban opiniones y se hablaba con mayor libertad que en las tertulias de personas distinguidas, sin etiquetas ni rigidez. Además, en el café todo el mundo podía hablar y nadie era sospechoso por hacerlo. Eran estos primeros cafés, en suma, terreno abonado para las audacias verbales y el arbitrismo más osado, y también para que la elite (en este caso, la aristocracia fernandina) difundiera sus mensajes mediante intermediarios.

En sus informes de 1807 los espías de Godoy mencionaron el café de Levante, el de Santo Domingo y La Fontana de Oro. También dieron cuenta de corrillos en la Puerta del Sol, pero sobre todo denunciaron lo dicho en las tertulias. Citaron la del librero Bengoechea, sita en la calle Carretas, las celebradas en tiendas de varios comerciantes (Garro, Altarriba y otros, cuyos nombres no se dan), donde se celebraban reuniones vespertinas para jugar a la brisca y se aprovechaba para hablar de todo, las de las casas de «gente gorda», frecuentadas por nobles y canónigos, y las «particulares». Una de estas últimas fue calificada por el informante de muy interesante, porque a ella concurrían «camaristas, archiveros, todos hombres por razón natural de talento y más con el pájaro del secretario de la Embajada de Francia».[43]

En estos lugares se distribuyeron papeles satíricos contra la reina y Godoy, redactados muchos de ellos, mantiene Teófanes Egido, en medios aristocráticos y eclesiásticos. De su distribución se ocupaban los criados del príncipe de Asturias o los de personajes de su entorno. En la causa de El Escorial, por ejemplo, se da cuenta de encargos de este tipo realizados por el conde de Bornos, uno de los nobles muy próximos al príncipe, comprometido en la conspiración de El Escorial.[44]

Según los espías, las conversaciones en tertulias y cafés eran libérrimas. En octubre de 1807, antes de descubrirse la conspiración de El Escorial, un criado de Fernando con permiso para permanecer en Madrid unos días dijo a su interlocutor que estaba muy contento de dejar El Escorial, «porque no tengo que ver la Casa de esa vieja de mierda; parece un demonio» (la reina). El otro, oficial de Gracia y Justicia, respondió: «Pero es muy fina en su trato... es maldita». En el domicilio de uno de estos dos individuos, la mujer y la cuñada del dueño dijeron: «El demonio de la reina a nadie deja parar, ¡maldita sea! Más valiese atendiese a los pobres y se dejase de locuras. Esto durará hasta que el rey muera, que luego ya la sujetarán [...]. Parece a las putas, que cada día mudan majos. ¡Habrá pellejona igual!». En otra ocasión (21 de octubre) un tertuliano calificó a Carlos IV y María Luisa de «reyes de mierda, irrisión del universo». En otro lugar, un comerciante lanzó en una conversación particular (18 de octubre): «... cada vez hay más miseria [...] todo se gasta en locuras y el pobre vasallo, que reme y aguante la carga que (por locura y desgobierno) le echa el Gobierno».[45]

En suma, en los medios populares, los insultos a la reina y el diagnóstico de la situación de la monarquía coincidieron en lo sustancial con los de las estampas del «Ajipedobes».

La trama de El Escorial

A principios de marzo de 1807, «totalmente inquieto» ante el deterioro de la salud de Carlos IV y la concesión a Godoy, dos meses antes, del título de gran almirante de España e Indias, el príncipe de Asturias pidió a Escoiquiz «que discurriese y le avisase los medios más propios para salvarle de las tramas de aquel tirano [Godoy], para salvar al Reino y aun a sus mismos padres, que serían, a pesar de su ciega afición a él, sus primeras víctimas». Éste fue el comienzo de la conspiración de El Escorial, afirma expresamente el canónigo.[46] Todo, pues, fue iniciativa de Fernando.

El cargo de gran almirante, que entre otras prerrogativas otorgaba a Godoy el derecho de recibir el tratamiento de «alteza», como los infantes, sorprendió a la opinión pública. Pronto se extendió el rumor de que no era sino «un escalón para la subida a puesto más alto», es decir, la ocupación de un trono.[47] Abonaron esta suposición las noticias sobre las gestiones de agentes de Godoy en Francia para instalarlo como soberano en una parte de Portugal y su desmesurado tren de vida. Rodeado de un ceremonial y aparato cada vez más similar al de la casa real, había hecho de su residencia de Madrid una especie de segunda corte, a la que se acudía a pedir gracias de igual forma que ante el rey en los reales sitios, donde Carlos IV pasaba casi todo el año.[48]

El temor del príncipe a alguna maniobra de Godoy para impedirle el acceso al trono no era nuevo, como sabemos, y de ahí la intensa campaña de desprestigio emprendida años antes. Sin embargo, ahora, a comienzos de 1807, Fernando y su entorno inmediato estimaron que lo hecho no era suficiente. Había llegado el momento de emprender una acción contundente y Fernando encargó de su coordinación a Escoiquiz, quien había de mostrar gran capacidad para moverse en la clandestinidad con picardía y don de gentes, aunque también hizo gala, al decir de André Fugier, de «una ingenuidad a veces inverosímil».[49]

Escoiquiz contactó desde el inicio con el duque del Infantado. Ambos redactaron en febrero de 1807 un decreto, del que se hablará más adelante, que fue pieza clave en la operación. Escoiquiz contó asimismo con la colaboración del embajador de Francia François de Beauharnais, cuyo concurso resultó fundamental. Sin abandonar la campaña propagandística iniciada en 1802, de la que se ha hablado, la atención se centró ahora en el desarrollo de un plan político ambicioso, orientado a cumplir un doble objetivo: convertir al príncipe Fernando en el único interlocutor español de Napoleón y derrocar de forma inmediata a Godoy y poner al mismo tiempo bajo control a la reina. Lo primero constituyó la principal novedad en el modo de actuar del que a partir de ahora podemos denominar «partido fernandino», esto es, el grupo de aristócratas y clérigos articulado en torno al príncipe de Asturias.[50]

Hasta este momento, este «partido» se había mostrado muy crítico con la alianza con Francia. Había pretendido situar a España en la órbita de Inglaterra, tal como propugnara la princesa de Asturias, de acuerdo con las indicaciones de su madre la reina de Nápoles. Ahora daba un giro de 180 grados, explicable tanto por la desaparición de la princesa, como por el nuevo panorama internacional generado por las victorias de Napoleón en 1806 y 1807. En marzo de 1806 el emperador colocó a su hermano José en el trono de Nápoles y nombró gran duque de Berg a su cuñado Joaquín Murat, en junio hizo rey de Holanda a su hermano Luis, y en agosto del año siguiente designó rey de Westfalia a otro de ellos, Jerónimo. Además, creó la Confederación del Rin, decretó el bloqueo continental de Inglaterra y en julio de 1807 firmó con el zar Alejandro I el tratado de Tilsit, con lo que se culminaba el dominio continental del emperador francés. Napoleón no sólo era el dueño indiscutible de Europa, sino que también imponía una nueva dinastía, la suya. Como es lógico, esto último preocupó de manera especial en España, pues afectaba directamente a la Casa de Borbón, ya que Napoleón había expulsado de sus dominios a una rama, la de Parma, y acababa de hacer lo propio con la napolitana. En 1807, entre los Borbones europeos sólo Carlos IV mantenía la corona heredada de sus antepasados.

A estas alturas, a nadie se le escapaba que el futuro de la Casa de Borbón española sólo estaría asegurado si se contaba con Napoleón. O se estaba con el emperador o se corría el riesgo de perderlo todo, de modo que el príncipe de Asturias tomó el único partido posible, que a su vez era el de su gran enemigo Godoy: cifrar su futuro personal en el apoyo de Napoleón. En consecuencia, la situación política española quedó condicionada por el enfrentamiento de dos facciones cortesanas, los partidarios del príncipe de Asturias y los de Godoy, cada una de las cuales tomó como árbitro y valedor al emperador de Francia. Para lograr su favor sólo era viable seguir sus planes. Esto es lo que exactamente hicieron unos y otros. Tras su fracasado intento en 1806 de formar una liga de neutrales para amortiguar el expansionismo francés, Godoy ya no dudó en atender las exigencias del dueño de Europa. A través de Izquierdo, su agente en París, aduló a Napoleón, envió hombres para luchar contra los ingleses en Etruria y en el norte de Europa a las órdenes de los mandos franceses, puso a disposición de Francia plata americana para la acuñación de monedas y concedió a este país ventajas comerciales en América, asumió sin protestas la pérdida del reino de Etruria y firmó el tratado de Fontainebleau, por el que se permitía la entrada en España de tropas francesas para atacar a Inglaterra desde Portugal.

Situado en posición muy diferente a la de su oponente, Fernando buscó ganarse a Napoleón a través de su embajador en la corte española, François de Beauharnais, al que colmó de atenciones. El conde de Orgaz no se recató en declarar en la causa de El Escorial que Escoiquiz le había pedido 300.000 reales para agasajar a la familia del embajador Beauharnais, pues «estaba puesto en las manos de Bonaparte el establecimiento de S.A. [el príncipe Fernando], para lo cual se entendía con el embajador de Francia».[51] La empresa tuvo éxito y Beauharnais colaboró activamente con los fernandinos, hasta el punto de que sin su concurso no se puede entender la conspiración de El Escorial.

Los fernandinos estimaron que el medio más adecuado de ganar, y garantizar en el futuro, el apoyo de Napoleón era el matrimonio del príncipe de Asturias con una dama francesa ligada a la familia imperial. La idea satisfizo en extremo a Fernando, pues, además del objetivo político perseguido, ese enlace evitaría otro no deseado, ideado, según el parecer general, nada menos que por Godoy.

Tras la muerte de María Antonia de Nápoles se iniciaron movimientos, como era habitual, para casar al príncipe. Se manejaron varias candidatas: la infanta María Teresa de Braganza, princesa de Beira, hija del regente don Joâo y de Carlota Joaquina; Carolina, segunda hija del rey de Baviera Maximiliano José, y María Luisa de Borbón y Vallabriga, hermana de la esposa de Godoy.[52] También se habló de alguna dama francesa, sin especificar. Como es de suponer, la que inicialmente atrajo la mayor atención entre estas candidatas fue María Luisa de Borbón. El matrimonio del heredero de la corona española con la cuñada de Godoy hubiera sido un auténtico triunfo de éste, y aunque él dice que no concedió gran importancia al asunto (fue una idea pasajera, sin continuidad, afirma en sus memorias), en noviembre de 1806 escribió a Izquierdo: «Está tratado con SS.MM. y el Príncipe de Asturias el enlace de mi cuñada con S.A».[53] Cuando los reyes le hablaron de esta boda, Fernando dio inicialmente su consentimiento, pero enseguida escribió a Escoiquiz, lleno de angustia al decir de este último, solicitando consejo para evitarla.[54] En ese momento, el embajador Beauharnais estaba sumamente interesado en el matrimonio del heredero de España con una francesa, de manera que unió sus esfuerzos a los de Escoiquiz, y el príncipe rehusó el enlace sugerido por sus padres. El matrimonio de Fernando se convirtió, pues, en asunto capital de la conspiración de El Escorial.

En esta conspiración, que no estuvo exenta de algún que otro episodio rocambolesco, participaron pocas personas. El príncipe de Asturias y el canónigo Escoiquiz fueron el centro. El duque del Infantado quedó como una especie de alto consejero y referente constante, destinado a ejercer de máxima autoridad ejecutiva en el momento clave, el de la realización del acto decisivo contra Godoy. El embajador Beauharnais debía facilitar el ajuste del matrimonio del príncipe de Asturias con una francesa y lograr de Napoleón alguna declaración a favor de este último. En un segundo plano, el conde de Orgaz, gentilhombre del príncipe, actuó de nexo entre Escoiquiz e Infantado, sin estar al tanto por completo de la trama. En esta situación quedó asimismo el marqués de Ayerbe, también gentilhombre de cámara del príncipe, encargado de mantenerlo en contacto con Escoiquiz e Infantado. Un reducido grupo de confidentes y servidores de máxima confianza —el tercer nivel conspirativo— se ocupó de las funciones de enlace e información entre los anteriores: el diplomático Pascual Vallejo y Pedro Giraldo de Chaves, antiguo maestro de Fernando, fueron confidentes de Escoiquiz ante la embajada francesa, el capitán de Guardias Españolas Joaquín de Jáuregui informó sobre el ambiente en las guarniciones militares, José González Manrique, a quien Infantado designó representante de su fábrica de telas de Guadalajara para facilitar su tránsito por los reales sitios, hizo de correo entre el príncipe, Escoiquiz y el propio Infantado, el criado Sebastián de Lugo facilitó los encuentros secretos entre Escoiquiz y el embajador de Francia. Otros servidores de escaso rango (entre ellos Andrés Casaña, Manuel Ribero y Pedro Collado, Chamorro) distribuyeron la correspondencia cruzada entre las personas principales y, por último, José del Peral actuó como una suerte de espía general de Escoiquiz, con quien estaba emparentado.[55]

A mediados de febrero o principios de marzo de 1807, es decir, al ponerse en marcha la conspiración, Escoiquiz hizo llegar a Infantado el borrador de un decreto.[56] Una vez convenido el texto entre ambos, el marqués de Ayerbe lo puso en manos de Fernando. Éste lo copió de su puño y letra y lo devolvió a Infantado, firmado «Yo el Rey» y con la fecha en blanco. El duque quedó encargado de custodiarlo para hacer uso de él en el momento oportuno, que sería el de la muerte de Carlos IV. Este decreto debía ser el primero de Fernando VII como nuevo rey. En él concedía a Infantado el mando supremo de todas las fuerzas militares encargadas de la custodia de la familia real y de las existentes en Madrid, en los reales sitios y en toda Castilla La Nueva, suspendía las funciones de generalísimo y gran almirante de Godoy, tanto en lo militar como en lo civil, y ordenaba a todos los consejos, ministros y tribunales que obedecieran a Infantado. Quien no lo hiciera, o pretendiera «aunque sea por poco tiempo retardar la proclamación de nuestro ascenso al trono», o manifestara que esta disposición carecía de legalidad por no estar refrendada por un ministro, sería declarado reo de lesa majestad, «sea de la clase o elevación que fuere»; es decir, sería condenado a muerte.

No nos ha llegado el original de este decreto. Lo conocemos por la versión que ofreció Escoiquiz en la declaración de la causa de El Escorial, repetida casi en los mismos términos en sus memorias, y por una copia «del autógrafo que conserva en su archivo el duque de Pastrana», como reza una anotación realizada en 1863 por un tal J. Quiñones.[57] Ambas versiones difieren en aspectos importantes. En la de Escoiquiz se dice que esta real orden tenía como objeto garantizar la tranquilidad pública a la muerte de Carlos IV. La copia del archivo del duque de Pastrana, título que entre otros poseía Infantado, es más explícita:

Las circunstancias extraordinarias en que se halla la Monarquía en el momento en que ha sido Dios servido llevarse a nuestro muy caro y amado Padre [...] dan algún motivo de recelar que ciertas personas a las cuales su Real bondad se dignó honrar con la mayor confianza depositando en ellas una gran parte de su autoridad, intenten abusar de los medios que esto ha colocado en sus manos [...] para causar disturbios perjudiciales a la tranquilidad del Estado y verificar en cuanto esté de su parte las miras sediciosas que su conducta hasta ahora ha dado motivo de sospechar, y que hace ya tiempo le atribuye la voz concorde del pueblo contra el expedito, pronto y libre ejercicio de la Soberanía que como a Rey y legítimo sucesor de nuestro Augusto Padre nos compete sin la menor restricción desde el instante y por el mero hecho de su fallecimiento en todos los dominios de este vasto Reino.

A tenor de estas palabras, el decreto era sobre todo un instrumento de defensa frente a «ciertas personas» en las que Carlos IV había depositado «una gran parte de su autoridad», las cuales no podían ser otras que la reina y Godoy. Es decir, Fernando estaba convencido de que los mencionados intentarían obstaculizar su acceso al trono y, por consiguiente, serían declarados reos de lesa majestad. Pero hay algo más, muy inquietante. En el párrafo citado se alude a «las circunstancias extraordinarias» de la monarquía y al final del decreto se ahonda en ello, diciendo que no iba refrendado por un ministro a causa de las «inauditas, críticas y notorias circunstancias». ¿A qué se referían los autores del texto de esta forma tan alarmante? ¿Pensaban que Godoy, apoyado por la reina, pretendería apoderarse de la corona española? ¿Acaso suponían que la muerte de Carlos IV sería resultado de algún acto violento? No es posible responder a estos interrogantes, pero hay que desechar que las «inauditas y críticas» circunstancias fueran provocadas por factores exteriores a la corte. Fernando y su entorno no pensaban, por ejemplo, en la intervención de Napoleón, sino en las maniobras de Godoy y sus partidarios.

No cabe duda de que este decreto fue clave en la confabulación de los fernandinos y no es aventurado suponer que su plan contemplara actuaciones más complejas y expeditivas que las conocidas, dirigidas no sólo contra la reina y Godoy, sino también contra Carlos IV. No extraña, pues, que desapareciera el original, bien porque lo quemara Infantado, bien porque lo custodiara con tanto secreto que ya nadie lo pudo ver en vida de él y de Fernando VII y, por el momento, tampoco doscientos años después.

Respaldados por el decreto, Escoiquiz e Infantado prosiguieron la elaboración de la trama, siempre en secreto e intentando no dar pasos en falso. Tal vez por esta razón ambos desecharon una propuesta del conde de Montijo expuesta en una larga carta al conde de Orgaz. El inquieto Montijo afirmaba disponer de doce mil hombres, entre militares y civiles de todas las clases, dispuestos a acudir «inesperada y rápidamente» al lugar donde estuviera la corte para «sacar a S.A. [el príncipe de Asturias] del poder de su cruel enemigo [Godoy]». Era algo muy parecido a lo que se haría poco más adelante en el llamado motín de Aranjuez, donde el aristócrata desempeñó un papel muy señalado como director de la masa de amotinados, pero en este momento no convenía dar ese paso, que según las memorias de Escoiquiz «era un atentado contra la autoridad Real, siempre inviolable, aun cuando vaya descaminada». El canónigo dijo más: «Semejante violencia había de abrir la puerta, aun cuando se lograse, a una guerra civil, y era un malísimo ejemplar para el Príncipe mismo, en adelante, además de dar justo motivo a su padre para desheredarle».[58] Por lo que acabamos de ver a propósito del decreto, en esta ocasión el cinismo del clérigo alcanzó cotas muy altas.

Frente al aventurado recurso a la violencia, parecía más aceptable la perspectiva del matrimonio del heredero español con una francesa, algo perfectamente factible según Beauharnais.[59] Las buenas palabras del embajador convencieron desde el primer momento a los conspiradores del entorno del príncipe de Asturias, quienes hasta el último instante, es decir, casi hasta la formalización de las renuncias de Bayona, quisieron pensar que Napoleón estaba a su favor.

Desde su llegada a España —presentó sus credenciales el 1 de enero de 1807—, François de Beauharnais manifestó sus simpatías por los aristócratas del entorno del príncipe de Asturias, en especial por Infantado, quien pasaba por ser su amigo. Hijo del marqués de la Ferté-Beauharnais, debía su puesto a su condición de cuñado de la emperatriz Josefina (era el hermano mayor de su primer marido). Según Eugenio Izquierdo, llegó a España «a mangonearnos a todos», henchido de altanería y convencido de gozar de gran influencia en la familia imperial. Es lógico que sus relaciones con la reina y Godoy siempre fueran tirantes.[60] Con Fernando, sin embargo, tomaron un cariz muy distinto, como se irá viendo.

El enlace del heredero de España con una francesa era para Beauharnais una excelente oportunidad para su lucimiento personal como diplomático, pues reforzaría el dominio de Napoleón sobre la familia real española. Además, apunta Geoffroy de Grandmaison, si como se rumoreó en algunos círculos, y sugirió el propio Beauharnais, la elegida hubiera sido Marie-Stéphanie Tascher de la Pagerie, prima hermana de la emperatriz Josefina, su triunfo habría sido completo, pues el matrimonio afianzaría la posición de su familia, como deseaba vivamente Josefina. Así pues, el embajador se empleó de lleno en la conjura iniciada por Escoiquiz e Infantado y siguió sus mismos procedimientos secretos para contactar con el príncipe de Asturias. Tras diversos intentos, consiguió hacer llegar a este último una nota en la que le manifestaba que una persona de la embajada francesa deseaba verle en secreto. Fernando pidió consejo a Escoiquiz, quien el 28 de mayo le escribió una carta, fechada en Talavera pero redactada en Toledo, en la que le sugería accediera a la petición.

Esta carta, encontrada en la habitación del príncipe al descubrirse la trama, fue considerada pieza importante en la causa, porque en ella Escoiquiz aconsejaba sin rodeos a Fernando que, sin dar cuenta a los reyes, aceptara la propuesta del embajador de contraer matrimonio con «alguna persona que de parte de dicho emperador de los franceses se proponga a sus Padres». En otras circunstancias —decía el canónigo—, «la respuesta debida y natural era que acudiese con dicha propuesta a los Padres de V [sic], pues V. no debía, ignorándolos éstos, dar oídos a ella; pero en el caso en que nos estamos, en que media un hombre tan terrible y poderoso que al menor dispuesto puede destruir a V. y a sus Padres y a todos, es menester tomar otro giro». Haciendo gala una vez más de su pretendida maña como conspirador, Escoiquiz también sugería al príncipe que sólo contactara con el embajador francés a través de un intermediario. Naturalmente, se ofreció él mismo para cumplir este cometido.[61]

Ocupado en el bloqueo y en la guerra contra Inglaterra, Napoleón se mantuvo ajeno en un principio a esta «intriga», como la calificó Talleyrand, pero una vez en marcha, nada hizo para desbaratarla. En realidad, el matrimonio del heredero español no era asunto indiferente para el emperador, aunque su candidata no hubiera sido una Beauharnais, sino una Bonaparte, probablemente la hija de su hermano Lucien, Charlotte, entonces de doce años de edad. En cualquier caso, apunta Talleyrand con su habitual sarcasmo, «El emperador sólo quería aquello que le fuera útil a sus proyectos».[62]

Cada vez con mayor claridad y entusiasmo, el embajador francés fue planteando el asunto del matrimonio a su ministro de Asuntos Exteriores. El 12 de julio de 1807 le aseguró que los españoles deseaban la intervención del emperador para «volver cada cosa a su sitio», e hizo el siguiente elogio del hipotético novio, el príncipe Fernando: «Afecta indiferencia y una especie de simplicidad, pero tendrá energía si hace falta. Tiene la prudencia, el honor y la franqueza del rey, su padre. Se ve forzado a disimular para evitar persecuciones». A continuación fue a lo sustancial: el príncipe «solicita un apoyo. Una esposa que le fuera dada por el emperador de los franceses le llenaría de felicidad. Ha rehusado con valor a la hermana de la princesa de la Paz. Él desearía que S.M.I. y R. pudiese conocer su deseo muy explícitamente declarado». Más tarde, el 30 de agosto, volvía sobre el asunto en términos inequívocos. Fernando es hombre «recto, franco, religioso», que «solicita de rodillas la protección de S.M. el emperador y sólo quiere aceptar la esposa que él le ofrezca». Y por si quedara alguna duda, añadía: «Hará absolutamente todo lo que quiera S.M.».[63]

Era evidente que Beauharnais había tomado partido, de modo que Escoiquiz depositó en él toda su confianza y se avino a seguir sus instrucciones, hasta el punto de que en un momento dado (quizá a partir de agosto de 1807) fue el embajador de Francia quien tomó la iniciativa en la conjura. Según relata el canónigo, en uno de los encuentros secretos entre ambos en El Retiro durante el mes de agosto y en las horas de más calor, para evitar testigos, Beauharnais le leyó un párrafo de un escrito del emperador (en realidad, era una orden del ministro de Asuntos Exteriores Champagny) en el que, para tratar formalmente del asunto que les interesaba, exigía que el Príncipe de Asturias acreditase por escrito a Escoiquiz como su comisionado ante el embajador y solicitara la venia del emperador para pedir la mano de una francesa. Sin recabar el preceptivo permiso del rey, pues así lo había sugerido Beauharnais, el príncipe de Asturias redactó de su mano dos cartas, traducidas al francés por Escoiquiz, fechadas en El Escorial el 11 de octubre.[64]

El 7 de ese mes Napoleón había ordenado a su ministro Champagny: «Haga saber a M. de Beauharnais que he visto con desagrado su despacho sobre sus relaciones con los agentes del príncipe real [Fernando]; que eso me ha parecido miserable; que tales intrigas son indignas de mis embajadores [...] y que debe guardarse de las trampas que le tenderán y en las que infaliblemente caerá».[65]

Esta amonestación resulta sorprendente. ¿Era una desautorización del embajador o una maniobra de Napoleón? Como se acaba de decir, el ministro Champagny había pedido a Beauharnais que Fernando expresara de forma positiva, por carta, su deseo de obtener la mano de una princesa francesa, y es evidente que Champagny, llegado hacía poco al ministerio (había relevado a Talleyrand en agosto anterior), no se hubiera atrevido a dar un paso de esta naturaleza por sí mismo. Por lo tanto, habría que admitir, o que la nota de Napoleón del 7 de octubre censurando el proceder de Beauharnais sólo afectaba a las formas empleadas por éste y no al fondo del asunto, o que el texto no nos ha llegado íntegro y al final pudiera contener una contraorden, o que el emperador desarrollase un doble juego, censurando estas maniobras, pero dando orden bajo mano para que continuaran. «De todas formas», mantiene Fugier, «parece poco dudoso que Napoleón autorizó, e incluso ordenó, la maquinación que debía poner a Fernando a su merced, empujándolo a comprometerse por escrito y más adelante a vincularlo a Francia por su matrimonio con una princesa imperial.»[66]

Napoleón había encomendado a Beauharnais que se centrara en fortalecer la alianza y se relacionara con «los hombres que tienen mayor influencia», en concreto con el Príncipe de la Paz.[67] En realidad, esperaba de él que allanara cualquier obstáculo por parte española a sus planes de hacer la guerra a Inglaterra desde Etruria y Portugal. Beauharnais no debía, por tanto, mezclarse en «intrigas» a favor de un príncipe entonces casi desconocido para los gobernantes imperiales y, evidentemente, para el propio Napoleón.[68] Pero no era cuestión de despreciar la excelente disposición que, a tenor de los informes del embajador, mostraba Fernando. Era una baza que el emperador no podía dejar de jugar, aunque para ganar la partida con España, esto es, obligarla a seguir fielmente sus planes contra Inglaterra, no la considerara decisiva por el momento. Por lo demás, cuando le llegó la reprimenda del emperador antes mencionada, Beauharnais podía presumir ante su amo de la completa sumisión del príncipe de Asturias, porque disponía de las cartas que se le había sugerido que escribiera.

La dirigida al embajador rezumaba ingenuidad. Fernando confirmaba a Escoiquiz como su interlocutor en las relaciones con la embajada (goza «de mis plenos y absolutos poderes para tratar de este negocio hasta su conclusión») y agradecía a Beauharnais «las pruebas de estimación que me habéis dado en la correspondencia secreta e indirecta que hemos tenido hasta ahora por medio de la persona que sabéis». Sin pretenderlo, el príncipe dejaba una prueba palmaria de la existencia de una trama oculta y ponía en evidencia la participación en ella del embajador de Francia. Aunque el escrito iba dirigido en apariencia contra Godoy, también lanzó una seria acusación contra los reyes, al rogar al embajador que le disculpara ante el emperador por «las faltas de estilo y otras» contenidas en su carta, derivadas de «la zozobra y dificultad con que me he visto obligado a escribirla, estando, como sabéis, rodeado hasta en mi misma habitación de espías». La misiva finalizaba mostrando su total disposición a enviar en secreto a una persona ante Napoleón, si éste lo consideraba necesario, para informarle con detalle de su situación.[69]

El servilismo inundó asimismo la carta a Napoleón, de quien al comienzo del escrito hacía Fernando una desmesurada y errática loa. Se dirigió a él como «el héroe mayor que cuantos le han precedido, enviado por la Providencia para salvar la Europa del trastorno total que la amenazaba, para consolidar los tronos vacilantes». Sorprende una salida de este tenor cuando Napoleón quitaba reyes y ponía en su lugar a sus hermanos. Tras este ridículo comienzo, el príncipe expresa la esperanza de hallar en Napoleón «la protección más poderosa» y solicita el honor de obtener por esposa a «una princesa de su augusta familia». De este modo, el emperador «tendrá en mi persona el hijo más reconocido y afecto». Acto seguido, Fernando desciende a dos cuestiones de detalle. Primera: la boda sólo se podrá realizar bajo la protección del emperador, pues él nada puede hacer, salvo «resistir (y lo haré con invencible constancia) mi casamiento con otra persona, sea la que fuere, sin el consentimiento y aprobación de V.M». Segunda: advierte que se ve precisado a ocultar esta acción (escribir la carta) a Carlos IV, «como si fuera crimen», porque «personas astutas y malignas» se han servido del exceso de bondad de su padre el rey, «para confundir la verdad a los ojos del soberano».[70]

El heredero de la corona española no podía mostrarse de manera más indigna en esta su primera comunicación directa con Napoleón. No sólo se ponía en sus manos, sino que además lo hacía sin guardar el debido respeto al rey, como de manera indirecta él mismo reconocía al considerar su actuación «como si fuera crimen». Su osadía era extrema y bien podía ser calificada de traición, pues venía a ser una especie de renuncia a la tutela de su rey y padre para acogerse a la de un soberano extranjero. Era la peor carta de presentación ante el emperador francés, empeñado entonces en imponer su dinastía en Europa para crear un nuevo orden monárquico bajo su dominio, a costa, entre otros y sobre todo, de los Borbones. El llamado a continuar esta dinastía en España le proporcionaba un argumento de enorme peso: los Borbones españoles pasaban por una situación de descomposición interna. En suma, la carta del príncipe Fernando venía a confirmar de manera fehaciente la degradación de su Casa. Así se lo dirá sin rodeos meses más tarde Napoleón en Bayona, cuando Fernando ya se había convertido en rey de España.

Fernando no obtuvo respuesta a su carta, pero quedó satisfecho con las seguridades verbales de Beauharnais acerca de la buena disposición de Napoleón para hacer realidad el proyecto matrimonial. Por lo demás, el embajador francés advirtió que el emperador no solía responder a este tipo de solicitudes de inmediato, sino en el plazo de algunos meses. Fernando y los suyos se dispusieron, pues, a esperar el veredicto. A su juicio, habían dado dos pasos decisivos. Contaban con la promesa del matrimonio del príncipe con una dama de la familia imperial (aunque faltaba el pronunciamiento de Napoleón, quisieron suponer que no tardaría en producirse) y con el decreto en que el futuro Fernando VII concedía al duque del Infantado plena autoridad militar para controlar la situación del país en el momento de la muerte de Carlos IV. ¿Cuál sería el paso siguiente? Lo desconocemos, pues antes de que emprendieran nuevas actuaciones le fueron incautados documentos al príncipe de Asturias, éste lo confesó todo y la trama quedó al descubierto.

Los papeles del príncipe

No tardaron en tener conocimiento la reina y Godoy de los tratos secretos sobre la boda del príncipe Fernando con una francesa. El embajador de Inglaterra en Lisboa informó de ello a su Gobierno, de París llegaron detalles filtrados por las autoridades imperiales con la intención de incrementar la presión sobre Carlos IV, el propio Beauharnais se jactó en público en alguna ocasión de mantener excelentes relaciones con el príncipe de Asturias y, por supuesto, las comunicaciones de Escoiquiz con la embajada francesa no pasaron desapercibidas a los espías del Gobierno.[71] De la maraña de informaciones, lo más inquietante quizá para el ya un tanto agobiado Príncipe de la Paz fue el informe emitido por un hombre de su confianza, Francisco de Pliego Valdés, guardia de corps retirado, que hablaba de contactos de personas de la embajada francesa con el entorno del príncipe de Asturias y, según un criado de este último, de la preparación por «ellos» (no especificaba quiénes) «de un golpe grande», del que según sus autores redundaría mucho bien para la mayoría, pero muchos males para otros, «aunque se lo tienen merecido por sus maldades».[72]

Datos como este último daban a entender que el príncipe de Asturias y sus próximos se ocupaban de algo más que del asunto del matrimonio. Tal vez por eso la reina atribuyó cierta importancia a un simple detalle señalado por la marquesa de Perijáa, su dama de honor. La marquesa le dijo que se había enterado por un criado del príncipe Fernando que éste velaba hasta la madrugada, ocupado en escribir.[73] El asunto en sí no era extraordinario, pero dadas las informaciones de los confidentes, en estos momentos resultaba sospechoso cualquier acto del príncipe. La gota que colmó el vaso y que al parecer movió a Carlos IV a registrar el cuarto de su hijo fue un papel anónimo hallado por el rey en su escritorio el 27 de octubre, redactado a toda prisa, que decía «que el príncipe Fernando preparaba un movimiento en palacio, que peligraba su corona y que la reina María Luisa podía correr un grande riesgo de morir envenenada; que urgía impedir aquel intento sin dejar perderse ni un instante y que el vasallo fiel que daba aquel aviso no se encontraba en posición ni en circunstancias para poder cumplir de otra manera sus deberes».[74]

En la tarde del mismo día 27, durante la protocolaria visita diaria del príncipe de Asturias a su padre, el rey le registró los bolsillos y halló las claves de la nomenclatura, las cifras utilizadas en su correspondencia con Escoiquiz y la explicación de su uso. Inmediatamente ordenó el examen minucioso del cuarto del príncipe. El resultado fue sorprendente. Se encontró un cuadernillo de doce hojas, con letra de Fernando, con una representación al rey, dedicada por entero a criticar ferozmente a Godoy. Un papel de cinco hojas, también autógrafo suyo, dirigido a la reina, donde con nombres supuestos trataba de su negativa a contraer matrimonio con María Luisa de Borbón y Vallabriga. La carta de Escoiquiz fechada en Talavera, de cuyo contenido se ha dado cuenta en el apartado anterior. La clave y sus reglas para escribir en cifra, y una carta sin firma ni destinatario, fechada el 13 de agosto de 1807, donde se hablaba de un supuesto regalo a la reina, sin conexión aparente con el resto (luego se supo que esta carta era de Antonio Moreno, el criado del príncipe, y que el destinatario del regalo era el embajador de Francia).[75] Dice Godoy en sus Memorias que para no comprometer más a su hijo, la reina hizo desaparecer de inmediato otro papel, en el que Fernando establecía un paralelismo entre la situación presente y lo ocurrido en el siglo VI entre el rey godo Leovigildo y su hijo Hermenegildo.

Antes de entrar en consideraciones sobre los documentos referidos, detengámonos en este último, pues refleja perfectamente los sentimientos del príncipe Fernando, así como las auténticas intenciones de los comprometidos en la trama, que no eran otras sino el destronamiento de Carlos IV. Con toda razón anota Godoy que éste fue, entre los papeles aprehendidos, «en el que mayormente se fundaron los temores de los reyes». Se trataba de una carta cerrada, sin sobrescrito, con letra de Fernando, fechada el mismo 27 de octubre, carente de firma y membrete.[76] Su contenido lo refiere Godoy de esta forma:

A lo que alcanza mi memoria decía el príncipe que, meditado el pro y el contra de las dos operaciones consabidas, y creyendo no ser posible hacer camino con su madre, prefería el otro medio de dirigir al rey la exposición que había puesto ya en limpio de su letra, para lo cual se proponía buscar un religioso que la entregase en la real mano como un asunto de conciencia; que se había empapado bien en la gloriosa vida de san Hermenegildo, y que llegado el caso sabría tomar el mismo esfuerzo de aquel santo para combatir por la justicia; pero que no teniendo vocación de mártir, quería de nuevo asegurarse, y exigía se le dijese si estaba todo bien dispuesto y concertado para el caso en que surtiendo mal efecto aquel escrito, se tratase de oprimirle; que si tal cosa sucediese se hallaba decidido a rechazar la fuerza con la fuerza, y se sentía animado de un impulso más que humano que no podía venir sino del santo mártir a quien había tomado por patrono; que se mirase bien si los que se ofrecían a sostener su causa estaban firmes, que se tuviesen prontas las proclamas, y que se hallase todo listo, a prevención, para el momento en que avisase que la exposición se había entregado. Encomendaba mucho que, si llegaba el caso de que fuese necesario un movimiento, se dirigiese de tal modo que la tormenta amenazase solamente a Sisberto y a Gosvinda, que a Leovigildo le ganasen con vítores y aplausos, y que una vez las cosas puestas de este modo, se prosiguiese obrando con firmeza hasta lograr el triunfo entero y afirmado para siempre.[77]

Si la síntesis de Godoy es fiel, este escrito era un llamamiento a la rebelión violenta contra el rey («rechazar la fuerza con la fuerza») en el caso de que éste no accediera a la petición contenida en la «exposición» del príncipe, esto es, el primero de los papeles aprehendidos, en el que pedía la destitución de Godoy. En este sentido era terminante la alusión a que seguiría el ejemplo de san Hermenegildo, así como la especificación de las dos personas que debían ser objeto de amenazas en caso de emprender la acción (el «movimiento» o «la tormenta»): Sisberto (Godoy) y Gosvinda (la reina María Luisa). Por el momento, Leovigildo (Carlos IV) no sería molestado, pero la incitación final a seguir actuando «hasta lograr el triunfo entero» dejaba patente que la meta era la inmediata ocupación del trono por el príncipe Fernando.

San Hermenegildo es un caso de rebelión de un príncipe contra su padre el rey. Con el fin de resolver el problema de la sucesión, constante en la monarquía goda, Leovigildo asoció a su trono a sus dos hijos, Recaredo y Hermenegildo. A este último lo envió a la Bética, para que incorporara a la monarquía hispánica una parte de ese territorio, en poder del imperio de Bizancio. Una vez en Sevilla, Hermenegildo se puso al frente de los béticos, que rechazaban la autoridad de Leovigildo, se declaró rey y solicitó el apoyo de los bizantinos, esto es, de los extranjeros, como lo eran los franceses, cuyo respaldo pretendía Fernando. Leovigildo consiguió controlar la situación, hizo prisionero a su hijo y ordenó a un hombre de su confianza, Sisberto, que lo ejecutase.

El conflicto entre Hermenegildo y su padre fue esencialmente político, aunque el factor religioso tuvo un papel importante. Impulsado por su segunda esposa, Gosvinda, Leovigildo pretendió implantar el arrianismo en todo su reino, mientras que los habitantes de la Bética que apoyaron a Hermenegildo eran mayoritariamente católicos ortodoxos. Con el tiempo, los cronistas transformaron la rebelión de Hermenegildo, quien abjuró del arrianismo en Sevilla por influencia de san Leandro, en lucha contra la herejía, y su muerte en martirio. Más tarde fue declarado santo, no sin reticencias de algunos significados obispos y teólogos conocedores de la historia. La tradición medieval española lo consideró el primer rey católico español e hizo de su hermano Recaredo, convertido al catolicismo movido por el martirio de su hermano, el impulsor de la unidad católica del reino. Apoyado en esta tradición, Felipe II propagó el culto a san Hermenegildo con la intención explícita de resaltar el origen católico de la monarquía española. El cronista de aquel rey, Ambrosio de Morales, se encargó de fijar la historia canónica de san Hermenegildo, resaltando su martirio en defensa de la ortodoxia católica frente a la herejía.[78]

Además de lo dicho, un dato ofrecido por Godoy en sus memorias, generalmente pasado por alto por quienes se han ocupado de la conspiración de El Escorial, confirma la aspiración del príncipe Fernando a tomar como ejemplo de conducta a Hermenegildo, a quien —recordemos— el padre Felipe Scio le había exhortado que tomara como modelo. A principios de noviembre de 1807, tras obtener su perdón, Fernando entregó a sus padres un paquete de libros, cuya lectura le había aconsejado Escoiquiz, en los cuales estaban marcados los pasajes que debía leer el príncipe «muchas veces». La relación, tal como la ofrece Godoy, es la siguiente: «Una vida de san Hermenegildo y el poema de Morales en honor de aquel príncipe, la del rey don Alfonso el Sabio y de su hijo don Sancho, la del príncipe de Viana, la de Luis XIII rey de Francia, la de su madre María de Médicis, y no me acuerdo ya qué otras».[79]

Fernando no sólo «se había empapado bien» de la historia de san Hermenegildo, sobre todo a través de la versión de Ambrosio Morales,[80] sino también de casos muy notorios de rebeliones de príncipes contra sus padres y de conflictos sucesorios en España y Francia.[81] La declaración en la carta que nos ocupa de seguir el ejemplo del godo Hermenegildo hay que tomarla, pues, como prueba de su disposición a rebelarse, en caso necesario, contra el rey. Es más, si como afirma Godoy, el escrito estaba fechado el 27 de octubre, cuando ya se había provisto el príncipe de otros instrumentos para llevar a cabo sus planes, fundamentalmente el decreto que concedía todo el poder a Infantado, y contaba con la seguridad dada por Beauharnais de que disponía del apoyo de Napoleón, da la impresión de que el papel era un llamamiento a la acción inmediata, tal vez al «golpe grande» mencionado en el informe del confidente Pliego Valdés. El registro del cuarto del príncipe fue realizado, pues, en momento muy oportuno; no parece producto de la casualidad.

La «representación al rey» es el texto más extenso entre los hallados en poder de Fernando. Se trata de una descalificación completa de la persona y de la trayectoria política de Godoy, elaborada a base de un rosario de acusaciones e insultos.[82] No se le reconoce al aludido acierto alguno, se le despoja de todo tratamiento, refiriéndose a él simplemente como «Godoy», se le atribuyen los vicios más perversos (ambicioso, conspirador, avaro, corrupto, ladrón del erario público, escandaloso, descarado hasta la insolencia, desenfrenadamente lascivo), se le tilda de ignorante y de inepto total. La acusación más relevante, e impactante, figura en los párrafos iniciales del escrito: «Ese hombre perverso es el que, desechado ya todo respeto, aspira claramente a despojaros del Trono y a acabar con todos nosotros». Es decir, según el príncipe de Asturias, Godoy pretendía usurpar la corona y asesinar a la familia real. Consignada tan desfavorable semblanza, se enumeran las medidas a tomar por el rey: ordenar la prisión «repentina» de Godoy, manteniéndolo incomunicado en un castillo, secuestrar sus bienes y papeles, encerrar a todos sus criados y a «la Tudó» [sic] y desterrar de la corte a todos sus parientes. En lo referente al modo y procedimientos que había que seguir, el príncipe anuncia que «lo tendré todo prevenido», y advierte al rey del carácter secreto de la operación, haciendo hincapié en que todo se ocultase a la reina, a quien considera el mayor obstáculo para llevar a cabo el plan, debido al «resentimiento de mi querida, pero engañada madre».

Fernando y Escoiquiz insistieron en sus declaraciones ante los jueces de la causa que este texto, «difuso y groseramente redactado», al decir de Lafuente,[83] estaba dirigido contra Godoy. Sin embargo, su alcance iba más allá, afectaba a los monarcas. El príncipe heredero se situaba por encima del rey y no sólo le marcaba la vía que había que seguir para poner remedio a una situación que consideraba de suma gravedad, sino que también se arrogaba, como elegido por Dios, el papel de valedor máximo de la corona.[84] Con este texto —afirma en las primeras líneas— «nada menos se propone que salvar el Trono, la vida de V.M., la de toda la familia y la suya propia de las acechanzas de la perfidia y de la ambición más desenfrenada».

Como quiera que Godoy personificaba la «perfidia y ambición» y todo se lo debía a los reyes, pues no se le reconoce valía personal, eran éstos los responsables últimos de todo. Al descalificar de forma drástica la actuación política de Godoy, quedaba desvirtuada por completo la obra de gobierno de Carlos IV. Por otra parte, el rey y la reina, a la vez que víctimas del engaño y arterías de su «favorito», eran también sus causantes, por no haber sido capaces durante tanto tiempo de poner freno al vicioso déspota. Esto, insiste Fernando, se puede explicar por el bondadoso corazón del rey, pero este rasgo, en lugar de virtud o razón justificativa, se convierte en el texto en una grave acusación contra Carlos IV:

¿Qué fue lo que hizo perder el trono y la vida a nuestro pariente Luis XVI, sino ese mismo error? Si en lugar de seguir los impulsos de su benigno corazón hubiera echado mano, como la razón y la prudencia se lo dictaban desde el principio de la revolución, de una fortaleza y de un vigor saludables para reprimir a los malvados, ¿cuándo hubiera perecido ni él ni su familia?[85]

Las cosas no podían quedar más claras: Carlos IV se había demostrado incapaz de imponerse al malvado Godoy, de quien la reina había sido su alta favorecedora y encubridora permanente de sus fechorías, y Fernando se arrogaba el papel de salvador de la monarquía.

El ataque a la reina fue más cruel, si cabe, en otro de los papeles descubiertos en el cuarto del príncipe, redactado por Escoiquiz y, como el anterior, copiado de su letra por Fernando. Se trata de una instrucción sobre la forma de proceder él ante su madre para convencerla de la necesidad de apartar del poder a Godoy, compuesta en forma de diálogo entre un fraile y su primo. Los principales actores aparecen con nombres supuestos. «Don Agustín» (Fernando) debía presentarse ante la reina («doña Felipa») como amante hijo, sin ahorrar zalamerías, para mostrarle las fechorías de «don Nuño» (Godoy) y denunciarle por sus maniobras para acabar con «don Diego» (el rey) y su familia al completo. El príncipe, además, tenía que hacer uso de la mayor firmeza para rechazar su boda con la cuñada de Godoy («doña Petra», de quien dice el supuesto fraile es «muy mala cabra») y abrir la posibilidad de casar con una pariente de «don Marcos» (Napoleón).[86]

El artificio, bien se ve, delata la mentalidad de conspirador de sacristía del canónigo Escoiquiz, pero lo relevante es el concepto del príncipe sobre su madre: una mujer lasciva, experta en grado sumo en urdir las más alambicadas maniobras para satisfacer sus gustos; por estas razones, en la «representación al rey» se le consideraba el primer obstáculo. La reina «ha sido dominada» por Godoy y ofrecerá la mayor resistencia a actuar contra él, quizá —aventura el fraile del diálogo— «porque tenga él prendas por escrito de doña Felipa, tales que con la amenaza de descubrirlas la haga temblar».

Si no tuviéramos noticia de las sátiras del «Ajipedobes», el texto citado nos sorprendería en extremo. Conociendo una y otra producción, sólo cabe corroborar la bajeza humana, política aparte, de Fernando y de su mentor, el clérigo Escoiquiz, quienes, por lo demás, fundan sus acusaciones contra la reina y Godoy casi exclusivamente en rumores y hablillas. Prueba de ello es que para justificarse, Escoiquiz insistió durante sus declaraciones en la causa judicial en que seguía el dictado de la opinión dominante.

Los papeles mencionados, así como las cifras utilizadas en su correspondencia por el príncipe y Escoiquiz, fueron trasladados al aposento de la reina en la noche del 27 de octubre. Al día siguiente, una vez examinados por los monarcas y el ministro de Gracia y Justicia, José Antonio Caballero, a quien le correspondía de oficio este cometido, el rey ordenó el arresto del príncipe en su cuarto, custodiado por guardias de corps, lo cual causó mucho ruido y admiración en palacio. Al mismo tiempo se procedió a la detención de todos los servidores de Fernando presentes en El Escorial, en total veintidós individuos. Casi todos fueron puestos en libertad en los días siguientes, salvo quienes habían actuado como mensajeros en las comunicaciones del príncipe con Escoiquiz e Infantado: el marqués de Ayerbe, el conde de Orgaz, Juan Manuel de Villena (caballerizo mayor del príncipe), Santiago Ulloa (mayordomo de semana) y los criados Pedro Collado, Chamorro (mozo de retrete), Domingo Ramírez de Arellano (ayuda de cámara), Manuel Rivero (peluquero), otro Rivero que era sotayuda, José Furundarena (ayuda de furriera), Juan Martínez (mozo de oficio) y Antonio Carnicero (pintor de cámara).[87]

Delaciones y perdón

El 29 de octubre de 1807, a las ocho y media de la mañana, el príncipe Fernando fue conducido al cuarto del rey. Ante el monarca, la reina, el gobernador del Consejo de Castilla Arias Mon y el Gobierno casi en pleno (además de Caballero, estaban presentes los ministros Cevallos, Gil de Lemus y Cayetano Soler) fue preguntado sobre los papeles hallados en su poder. Fernando negó toda responsabilidad personal e incurriendo en múltiples y burdas contradicciones, extremo que le hizo notar Caballero, encargado de formular las preguntas, atribuyó la autoría a su difunta esposa, María Antonia.

Al día siguiente, el propio Fernando se mostró dispuesto a declarar a su madre la verdad, a cuyo efecto solicitó permiso para pasar a su estancia. La reina se negó a recibirlo y ordenó a Caballero procediera a un nuevo interrogatorio. En esta ocasión el príncipe se sinceró y ofreció amplia información. Tras confesar su culpabilidad y reconocer haberse conducido como «un hijo ingrato a sus augustos padres y que había faltado a sus deberes y obligaciones», señaló a Escoiquiz como autor de los papeles descubiertos en su cuarto e instigador de la solicitud por escrito de la mano de una dama francesa al emperador Napoleón (se refería a la carta del 11 de octubre). Asimismo, informó que el marqués de Ayerbe y Pedro Giraldo de Chaves fueron los enlaces en su correspondencia con Escoiquiz y en los contactos con la embajada de Francia. Concluyó pidiendo perdón a los reyes, prometiendo conducirse en lo sucesivo como «el más filial hijo, si hasta aquí ha sido tan ingrato, y mudar enteramente de vida», así como estimar como se merece «a un vasallo tan útil y que tanto ha servido al Estado como es el Almirante [Godoy]».[88]

Haciendo gala de un comportamiento más propio de un aturdido adolescente presa del pánico e incapaz, por inmadurez, de reaccionar ante una situación grave, que de un hombre de veintitrés años que aspiraba a ocupar el trono de forma inmediata —no era otro el objetivo de la operación descubierta—, el príncipe había comenzado a delatar a los comprometidos en ella, sin olvidar los nombres de los criados.

No cambió su actitud en las declaraciones sucesivas (en total efectuó nueve, la última el 24 de noviembre), de manera que, para sorpresa de todos, se convirtió en la fuente principal de información sobre la trama. Incluso mencionó asuntos sobre los que no se le preguntó. Es el caso del decreto de nombramiento del duque del Infantado como máxima autoridad militar cuando falleciera Carlos IV. De este documento no se tenía la menor noticia, pues al estar en poder de Infantado no figuró entre los papeles descubiertos en el cuarto de Fernando. Fue conocido gracias a la indiscreción de este último, quien también ofreció datos sobre el protagonismo en la trama del embajador francés y sobre la financiación de la operación. Dijo estar seguro de que Infantado entregó a Escoiquiz 50.000 reales y aventuró que el conde de Orgaz le dio 40.000. Negó, sin embargo, toda participación de su hermano, el infante Carlos María Isidro, y de su tío don Antonio, así como del duque de San Carlos. Sobre la intervención de este último en la trama se le preguntó en reiteradas ocasiones, pero Fernando fue tajante en su negativa, aunque dejándose llevar una vez más por la imprudencia —y el pavor— declaró por su cuenta que, siendo su ayo, San Carlos «le daba consejos para cuando hubiera de reinar».

Las declaraciones de los demás encausados, en particular las de Escoiquiz e Infantado, confirmaron lo dicho por Fernando.[89] Del conjunto se desprende la existencia de una operación para terminar con Godoy y neutralizar a la reina en el momento del fallecimiento de Carlos IV, aunque, como ha hecho notar Miguel Artola, sus efectos iban más allá: «En el fondo se define un programa mínimo de acción cuyas consecuencias no podían ser otras que la abdicación de los reyes y la caída de Godoy».[90] En suma, era la rebelión del príncipe contra su padre, como en el caso del godo Hermenegildo. Sin embargo, el suceso no redundó en perjuicio de Fernando, al contrario, contribuyó a consolidar ante la opinión pública su imagen de príncipe inocente, víctima de las ambiciones de su madre y del despótico Godoy. Mucho contribuyó a ello la torpeza en el modo de comunicar lo ocurrido a los españoles y a Napoleón.

A los españoles se les informó mediante dos reales decretos, a cuál más desafortunado, uno del 30 de octubre de 1807 y el otro del 5 del mes siguiente, publicados ambos en la Gazeta de Madrid.[91] En el primero decía el rey que gracias al aviso «de una mano desconocida» (alusión al anónimo hallado en su escritorio) había descubierto «el más inaudito plan que se trazaba en mi mismo palacio contra mi persona». De forma inaudita, especificaba:

La vida mía, que tantas veces ha estado en riesgo, era ya una carga para mi sucesor, que preocupado, obcecado y enajenado de todos los principios de cristiandad que le enseñó mi paternal cuidado y amor, había admitido un plan para destronarme; entonces yo quise indagar por mí la verdad del hecho, y sorprendiéndole en mi mismo cuarto, hallé en su poder la cifra de inteligencia e instrucciones que recibía de los malvados.

El rey revelaba a continuación que había ordenado la prisión de «varios reos» y «el arresto de mi hijo en su habitación».

El decreto, según escribió poco después a Carlos IV su confesor, el obispo Amat, fue leído «con horror y espanto» por toda clase de personas y el 99 por ciento de ellas —aseguró el obispo, y no fue el único de los contemporáneos en mantener esta opinión— «a sus solas se burlaban del tenor de la conspiración atribuida al Príncipe de Asturias».[92]

Los españoles tuvieron una nueva oportunidad para burlarse por el mismo motivo al conocer el otro decreto, el del 5 de noviembre, realmente singular. Por el del 30 de octubre, el rey acusaba al príncipe; por este último, lo perdonaba:

La voz de la naturaleza desarma el brazo de la venganza, y cuando la inadvertencia reclama la piedad no puede negarse a ella un padre amoroso. Mi hijo ha declarado ya los autores del plan horrible que le habían hecho concebir unos malvados [...]; su arrepentimiento y su asombro le han dictado las representaciones que me ha dirigido y siguen: «Señor: Papá mío: He delinquido, he faltado a V.M. como Rey y como padre, pero me arrepiento y ofrezco a V.M. la obediencia más humilde; nada debí hacer sin noticia de V.M., pero fui sorprendido; he delatado los culpables, y pido a V.M. me perdone permitiendo besar sus R.P. a su reconocido hijo— Fernando. San Lorenzo, 5 de noviembre de 1807.— Señora: Mamá mía: Estoy muy arrepentido del grandísimo delito que he cometido contra mis padres y Reyes, y así, con la mayor humildad, le pido a V.M. perdón de él, como también de la terquedad mía en negar la verdad la otra noche, y así de lo íntimo de mi corazón suplico a V.M. se digne de interceder con papá para que permita ir a besar sus R.P. a su reconocido hijo. Fernando— San Lorenzo, 5 de noviembre de 1807». En vista de ella y a ruego de la Reina mi amada esposa, perdono a mi hijo y lo volveré a mi gracia cuando con su conducta me dé pruebas de una verdadera reforma en su fácil manejo [...].

El texto finalizaba con el anuncio de la prosecución de la causa contra los restantes implicados, es decir, los «malvados» que habían hecho concebir a Fernando el «plan horrible» contra sus padres. Para ello, se decía expresamente, se tomaban como base lo declarado por el príncipe y los papeles descubiertos.

Para desconcierto de los lectores del periódico oficial, quienes seguían ayunos sobre lo realmente acontecido en palacio, el príncipe Fernando volvía a reconocer la comisión de «un gravísimo delito», sin explicar, una vez más, en qué había consistido. A la vista de ello, la opinión general no podía llegar más que a una conclusión: la pretendida conspiración, «el delito», no había existido.

Evidentemente, otra debió de ser la opinión de Napoleón cuando recibió noticias sobre lo acontecido, conocedor de las maniobras de su embajador. La primera se la ofreció Carlos IV en carta fechada el 29 de octubre:

Mi hijo primogénito, el heredero presuntivo de mi Trono, había formado el horrible designio de destronarme, y había llegado al extremo de atentar contra los días de su madre. Crimen tan atroz debe ser castigado con el rigor de las Leyes. La que le llama a sucederme debe ser revocada; uno de sus hermanos será más digno de reemplazarle en mi corazón y en el Trono.[93]

La carta se cerraba con la petición de ayuda al emperador y la promesa de que lo tendría puntualmente informado.

La comunicación a los españoles había sido una torpeza, pero esta misiva lo era mucho más. El rey de España no sólo acusaba de traición a su heredero, sino además anunciaba a un soberano extranjero, cuyas tropas ocupaban ya buena parte del territorio español en virtud del tratado de Fontainebleau, su determinación de alterar el orden de sucesión a la corona, entregándola no al heredero natural, sino a «uno de sus hermanos».

El príncipe de Masserano, embajador de España en París, entregó esta carta a Napoleón el 4 de noviembre en Fontainebleau. Napoleón no hizo comentarios. El 11 se presentó el embajador en el mismo lugar con una nueva misiva de Carlos IV, datada el 3 de ese mes, cuyo contenido difería sensiblemente de la anterior. Ahora denunciaba sin rodeos las intrigas urdidas a sus espaldas por el embajador Beauharnais para casar al príncipe de Asturias con una dama francesa y acusaba a su hijo de haberse dirigido al emperador sobre esta materia sin el permiso previo del rey, y de pretender envenenar a la reina.[94] Masserano refiere en su informe oficial que, al leer esto, Napoleón «entró en cólera del modo más visible y violento» y le lanzó la siguiente diatriba:

Despache Vmd. inmediatamente un correo a su Corte para decir de mi parte que no es cierto nada de lo contenido en esa carta; que nunca me he escrito con el Príncipe de Asturias, ni ha intrigado en cosa alguna mi Embajador. Diga Vmd. que desde hoy tomo al Príncipe de Asturias bajo mi protección, que si se le toca en la menor cosa, o si se insulta a mi Embajador, o si el Ejército reunido no marcha inmediatamente a Portugal según lo convenido, declararé al instante la guerra a España, me pondré al frente de mi Ejército para entrar en ella, haré llamar a mi Embajador y echaré a Vmd. de París.[95]

Napoleón asumía la protección del príncipe Fernando y amenazaba con la guerra, algo que se había intentado evitar durante los últimos años sin reparar en todo tipo de sacrificios. Era el peor de los escenarios posibles para los reyes y Godoy. Por el contrario, el príncipe Fernando y los encausados en la conspiración debieron de recibir las palabras del emperador como un bálsamo. Habían salido victoriosos en su pulso con Godoy.

Ahora bien, ¿refirió fielmente Masserano lo dicho por Napoleón? La respuesta es afirmativa en lo relativo a la decisión del emperador de no permitir que se le implicara en los sucesos de España y dudosa en todo lo demás. Dos días después de la escena anterior, el 13 de noviembre, Napoleón escribió al rey de España, asegurando con toda rotundidad que no había recibido carta alguna del príncipe de Asturias, y aún remachó: «ni directa ni indirectamente he oído hablar de él, de modo que sería cierto si dijera que ignoro si existe».[96] En esta carta Napoleón no lanzó amenaza alguna y, menos aún, hizo alusión a su protección del príncipe de Asturias, lo cual, evidentemente, hubiera entrado en contradicción con su acusado interés por no verse implicado en los sucesos españoles. El mismo día 13 estuvo Eugenio Izquierdo en Fontainebleau. Habló con Masserano, a quien encontró «fuera de sí, lleno de pavor», con el mariscal de palacio Duroc, con Talleyrand, con el ministro de Asuntos Exteriores Champagny y con Murat. Con todos comentó las cartas de Carlos IV, los sucesos de El Escorial y la reacción de Napoleón. «No he oído a nadie», comunicó a Godoy, «que el emperador haya dicho a Masserano que toma bajo su protección al Príncipe de Asturias»; nadie, aunque trató de indagarlo, «ha mezclado al emperador en cosa que tocase a la persona del príncipe, ni a su asunto» y nadie mencionó que el emperador amenazara con la declaración de guerra a España.[97] Si nos fiamos de Izquierdo, Masserano había quedado ofuscado por el tono airado del emperador y no fue capaz de interpretar adecuadamente sus palabras.

Napoleón mintió al negar toda relación personal con el príncipe Fernando y la participación de su embajador en la trama descubierta.[98] Es posible que Masserano tampoco dijera la verdad en su despacho. El mediocre y acomplejado Masserano quizá quedó impresionado hasta el extremo al escuchar negar al emperador, con el tono teatral empleado por él en casos como éste, que tales cosas hubieran existido. Como hemos dicho, al emperador no le interesaba asumir el compromiso de «proteger» al príncipe, ni entraba en sus cálculos la guerra contra España. En plena ofensiva militar y económica contra Inglaterra y esperanzado en consolidar su propia dinastía en Europa y su dominio sobre el reino de Italia creado dos años antes, no le convenía en modo alguno abrir un nuevo frente bélico, menos aún contra una de las más viejas monarquías del continente, aliada suya.

De lo ocurrido en El Escorial, lo más preocupante por el momento para Napoleón fue la implicación de su embajador. Si las cortes europeas daban crédito a la denuncia de Carlos IV sobre la actuación de Beauharnais, el emperador quedaría seriamente afectado, pues nadie creería que en asunto de tamaña envergadura el embajador de Francia hubiera actuado por su cuenta. Es más, como observa Fugier, Napoleón no podía estar completamente seguro de que no salieran a la luz la carta que le dirigió el príncipe Fernando el 11 de octubre y aquella otra que en la misma fecha escribió a Beauharnais, un personaje que no se caracterizaba por su discreción.[99] La airada escena ante Masserano, pues, pudo tener una altísima intensidad dramática para amedrentar a Carlos IV, a Godoy y también a Fernando y a sus allegados, y obligarles a no hacer la más mínima insinuación sobre la participación de Francia en los sucesos de España, si bien Napoleón no podía ser tan imprudente como para proteger al príncipe rebelado contra su rey, ni anunciar una guerra que en modo alguno deseaba. Al general Caulaincourt le confesó que tomar partido en favor de Fernando, quien por su ambición había llevado las cosas al límite, iba contra sus principios, «era indigno de mí».[100]

La eliminación en la causa de El Escorial de toda relación con Francia tenía, por fuerza, importantes consecuencias para los procesados. Si en este punto el príncipe era inocente, también lo eran los demás. A éstos se les podía achacar, a lo sumo, su acerada crítica a Godoy, pero no un acto de traición, pues por decisión imperial sus contactos con una potencia exterior habían sido eliminados. Por muchas y graves que fueran las acusaciones a los comprometidos en la trama, el perdón del príncipe las difuminaba. Es más, el 20 de diciembre, el rey ordenó a los jueces que no trataran ni quedara testimonio escrito en el sumario de lo referente a la petición de matrimonio de Fernando, al emperador de Francia y a su embajador en España, y que sobre tales cuestiones no se interrogase de nuevo a los encausados.[101] Sin todo esto, la condena resultaba imposible.

Simón de Viegas, fiscal de la causa, exculpó el 28 de diciembre al príncipe, pero solicitó duros castigos contra los otros acusados: pena de muerte para Escoiquiz e Infantado, por haber cometido uno y otro «crimen de Estado de los más enormes que puedan cometerse; es verdadera traición»; pena extraordinaria (no especifica cuál) para el marqués de Ayerbe y el conde de Orgaz, y para los restantes «penas correspondientes a su clase y condición». Pero el 25 de enero de 1808 los jueces de la causa publicaron su sentencia, que era de absolución para todos los encausados. Según los jueces, el fiscal no había probado los delitos. Además, declararon que la prisión no debía perjudicarles en su honor, ni tenía que ser obstáculo para continuar en sus respectivos empleos y gracias.[102]

Los fernandinos se sintieron vencedores. Habían ganado en los tribunales y ante la opinión pública, pues la población recibió con alborozo la sentencia, difundida por los monjes de El Escorial antes de publicarse[103] y, además, tuvieron el convencimiento de que en su pulso con Godoy habían obtenido el apoyo de Napoleón (el relato de Masserano hizo su efecto), de modo que la presencia de tropas francesas en España tenía pleno sentido para ellos. Llegaban para proteger al príncipe de Asturias de las acechanzas de su madre y del gran almirante, ya vituperado por todos, salvo por sus próximos. Carlos IV aún echó más leña al fuego al decretar el destierro de los encausados: Escoiquiz fue enviado al monasterio del Tardón, en la serranía de Córdoba; Infantado a Écija, Ayerbe a Calatayud, Orgaz a Valencia, Pedro Giraldo a Córdoba, Juan Manuel de Villena a Barcelona, etcétera.[104] «Ocioso parece decir», consignó Alcalá Galiano en sus memorias, «que éstos, así como los jueces, fueron mirados como mártires y confesores de una fe cierta, cuyo triunfo era esperado con ansia.» A tal grado llegó el frenesí popular a favor del príncipe Fernando, afirma el mismo autor, que «hubo de citarse como cosa singular, pero chistosa, que al ser preso hubiera hecho uso de las expresiones más soeces y obscenas».[105]

En esta ocasión Fernando se comportó exactamente como era. Cobarde y egoísta ante el peligro, lo confesó todo y delató a sus cómplices. Sumiso a la autoridad, no dudó en solicitar de la forma más rastrera e infantiloide el perdón de los reyes y en prometerles comportarse en adelante como el más fiel de los hijos (en estos días entregó a los monarcas los libros, antes reseñados, sobre el godo Hermenegildo y otros casos de príncipes revueltos contra los reyes). Adulador, aseguró a Godoy en un encuentro personal profesarle la más ferviente admiración como persona y gobernante.[106] Se manifestó, además, grosero en su lenguaje e hipócrita. Sin embargo, ante la opinión pública española salió del trance como el príncipe inocente y mártir, una imagen que le sería de gran utilidad en el futuro.

Los reyes y Godoy quedaron desconcertados, tanto por el insólito y osado plan concebido por el príncipe de Asturias y sus cómplices (a pesar de disponer de noticias desde su gestación, no imaginaron que hubiera cobrado tal dimensión), como por la participación en él del embajador francés. ¿Guardó relación todo esto con la guerra proyectada por Napoleón en Portugal? Pérez de Guzmán y André Fugier se inclinan por una respuesta afirmativa, pues de otra manera Carlos IV y Godoy no se hubieran comprometido en ella.

Es evidente que las disensiones en el seno de la familia real española convenían a Napoleón y, por consiguiente, a principio de 1807 permitió los contactos de su embajador Beauharnais con el príncipe de Asturias, Escoiquiz e Infantado. Una vez que estalló el asunto, el emperador no tuvo dudas sobre su utilidad. A comienzos de 1808, escribió a su ministro Champagny: «Es necesario que se elabore una noticia histórica de la conspiración [con esta palabra designa los sucesos de El Escorial] según los boletines y la correspondencia de Mr. Beauharnais, para que pueda hacer uso de ella según las circunstancias».[107]

El 18 de noviembre de 1807, en plena vorágine de la causa de El Escorial, y tras recibir el referido despacho de Masserano, Carlos IV escribió una carta de desagravio a Napoleón. Aparte de confirmar su plena disposición a conducirse como aliado fidelísimo, le aseguraba que no había sido su intención suponerle la más mínima connivencia en la «conducta irregular» de su embajador. Y añadía que de haber sabido que el príncipe de Asturias deseaba casarse con una princesa de la familia imperial, «de ningún modo se hubiera opuesto a sus deseos; que si aún persistiese en ellos, no sólo le daría el más pleno asentimiento, sino que tendría la mayor complacencia en que el emperador por su parte se hallara igualmente dispuesto a aprobar aquellas bodas».[108] Napoleón respondió el 10 de enero de 1808: «Consiento de buen grado a este enlace. Pero V.M. debe comprender que ningún hombre de honor querría aliarse con un hijo deshonrado por su Declaración (sic, en referencia al decreto del 5 de noviembre de 1807) sin tener la seguridad de que ha recuperado todo su favor». ¿Se negaba realmente Napoleón, a pesar de las apariencias, a ese enlace? Probablemente así lo entendió la corte española, pues el 5 de febrero de 1808 Carlos IV volvía a escribirle, sin mencionar ya la boda. Con reticencia, el propio emperador se lo hizo notar el 25 de ese mes:

Señor mi Hermano. En su carta del 18 de noviembre último me pide V.M. la mano de una princesa francesa para el Príncipe de Asturias. El 10 de enero le respondía que consentía a ello. En su carta del 5 de febrero V.M. no me habla más de este matrimonio. Todo esto deja en la oscuridad muchos asuntos importantes para el interés de mis pueblos. Espero de su amistad me aclare todas mis dudas.[109]

El tono larvadamente molesto de esta carta del emperador quizá responda a la incomodidad que le causó la última que cita de Carlos IV, donde le pedía aclaraciones sobre la constante llegada de tropas francesas a España.[110] En todo caso, es posible que Napoleón hubiera albergado la idea de casar a una hija de su hermano Luciano con el príncipe de Asturias,[111] pero le duró poco. Champagny aseguró a Izquierdo «que nunca ha sido su pensamiento [del emperador] que el Príncipe de Asturias se casase con una francesa y mucho menos con Mlle. Tascher de la Pagerie, prometida hacía tiempo con el duque de Aremberg». El general Caulaincourt consignó en sus memorias que Napoleón nunca se planteó emparentar con el príncipe Fernando, a causa de la mala opinión que le merecía.[112] Así pues, lo dicho sobre la boda en su correspondencia con Carlos IV parece un juego del emperador para confundir a su aliado o para presionarlo.

A pesar de todo, a finales de noviembre de 1807 el embajador Beauharnais proseguía en su empeño de casar a Fernando con Marie-Stéphanie Tascher de la Pagerie. El banquero Marc-Antoine Michel, muy introducido en la corte española, informó a Murat que los reyes habían aceptado la idea, si bien añadía un elemento más de confusión al decir a su amigo que, «hablando francamente», eran más partidarios del enlace del príncipe con una dama de la familia de Murat. Un mes después, insistió Michel: Godoy «me ha confirmado, en una entrevista muy interesante, lo que ya he tenido el honor de deciros, que toda la familia real parece dispuesta a recibir con afecto, con prisa y preferentemente a toda otra, una princesa designada por Vuestras Altezas dentro de vuestra propia familia».[113]

A la vista de tantas opiniones y movimientos, no debe extrañar que el matrimonio del príncipe de Asturias fuese asunto central en la trama de El Escorial y que lo siguiera siendo una vez descubierta. Se dilucidaba la sucesión a la corona española, por lo que resultaba capital la elección de la futura reina.

La victoria de Aranjuez

Los rumores y las filtraciones interesadas de quienes supieron lo ocurrido en El Escorial y la impresión producida por los desafortunados decretos en los que el rey denunció la traición de que había sido objeto canalizaron la opinión pública a favor del príncipe de Asturias, de quien se dijo que contaba con el respaldo de Napoleón.

Muestra de esta forma de enjuiciar la situación es la confidencia realizada el 11 de noviembre de 1807 por un tal Pedro Quílez, antiguo empleado en la Comisaría General de Cruzada, organismo encargado de recaudar unos impuestos pertenecientes a la Santa Sede, transmitida al Gobierno por un espía. Quílez no creía que el príncipe hubiera delatado a sus secuaces y manifestó «que esto estaba muy malo, pero que quien todo lo había de componer era Bonaparte, el cual sabía mucho y no dejaría la cosa sin venganza, principalmente con Godoy [...], que las locuras de la Reina, su falta de talento y ningún amor a la familia habían dado margen a éstas y otras cosas». Impresiones similares trasladó a Napoleón su chambelán y oficial de ordenanza Tournon-Simiane, enviado a España para informarle sobre el estado del país. En su trayecto hasta Madrid, y de forma más acentuada en la capital, constató un ambiente claramente favorable al príncipe Fernando y contrario a Godoy. «El Príncipe de Asturias ha sido convertido en el ídolo de la nación» y todos consideran los sucesos de El Escorial una invención de Godoy, escribió en su informe del 20 de diciembre de 1807.[114]

Huelga aducir más testimonios. Las cosas estaban claras: Fernando era inocente, la reina la culpable de todo, Godoy el pérfido instrumento de la soberana, y Napoleón la solución. En estas condiciones, Fernando y sus partidarios cobraron bríos. Además, les favorecieron las circunstancias.

A estas alturas el descontento de la población española había alcanzado cotas muy elevadas. Los tres años de guerra contra Inglaterra y las exigencias pecuniarias de Napoleón habían dejado exhausta la hacienda real y causado estragos en el comercio marítimo. Ante la dificultad de sacar mercancías al exterior, no pocos establecimientos industriales se vieron obligados a cerrar o a despedir trabajadores, de manera que abundaban los mendigos en las calles de ciudades portuarias prósperas años antes, como Barcelona, Valencia o Alicante. La paga de militares y empleados del rey llegaba tarde o a veces ni siquiera eso, el campesinado no se había recuperado de las pésimas cosechas de 1804 y 1805 y los poseedores de títulos de deuda pública (los vales reales) constataban diariamente su pérdida de valor. Para colmo de males, era imprevisible la llegada de los navíos de América con los muy apreciados productos coloniales y los imprescindibles metales preciosos. De todo se responsabilizó a Godoy.

En el último mes de 1807 comenzaron a sonar con fuerza otras alarmas. El 30 de noviembre entró el mariscal Junot en Lisboa (previamente la familia real portuguesa se había embarcado rumbo a Río de Janeiro) y acto seguido, en virtud del tratado de Fontainebleau, tropas españolas ocuparon la plaza portuguesa de Elvas, frente a Badajoz, y penetraron por el norte hasta Oporto. Era la guerra contra Portugal exigida por Napoleón, que debían librar conjuntamente España y Francia. Sin embargo, la actuación de las tropas francesas desconcertó a la corte española. El 16 de febrero de 1808 el general Darmagnac ocupó a traición la ciudadela de Pamplona y el 5 de marzo Duhesme hizo lo mismo en Barcelona. Ese mismo día llegó Eugenio Izquierdo de París con unas observaciones del emperador sobre el estado de España, que le habían sido transmitidas en un apunte sin forma diplomática por Duroc y Talleyrand, designados habitualmente en estas fechas por Napoleón para ocuparse de los negocios españoles.

El papel llevaba por título: «Especies y cuestiones proponibles».[115] El emperador se quejaba de la escasa colaboración del Gobierno de España en la lucha contra Inglaterra y del poco interés por impedir la difusión de propaganda británica contra Francia, pero sobre todo incidía en el estado de crisis interna de la monarquía española, que atribuía a «la discordia en la familia real». Resultado de ello era «la violencia de los dos partidos que dividían la Corte», lo cual podría producir «graves mudanzas». Dada esta situación, desde todos los puntos de vista intolerable —recalcaba Napoleón—, él no se sentía obligado a observar rigurosamente el tratado de Fontainebleau y se consideraba con derecho a mover y situar sus ejércitos «sin ninguna limitación de provincias y lugares», exigiendo que «cualesquiera plazas fuertes sobre las cuales necesitasen apoyarse sus ejércitos les fueran abiertas».

El emperador, además, requería del monarca español «algunas garantías». La principal era la cesión de las provincias españolas fronterizas con Francia, en las cuales se establecerían gobiernos militares hasta un año después de haberse hecho y consolidado la paz general en el continente. Ahora bien, como esta medida supondría que tales provincias llevarían una existencia «precaria y preternatural», proponía su trueque con España por el territorio completo de Portugal. Como puede observarse, más que un plan acabado, exponía una especie de hipótesis de trabajo. Realizada esta operación, Napoleón consentiría el matrimonio de una princesa de su familia con el heredero de la corona española, con una importante salvedad: no daría su consentimiento definitivo hasta asegurarse de que «el Príncipe de Asturias hubiese merecido la indulgencia de su padre y soberano, perseverando enteramente en su obediencia y su respeto; que siendo de otro modo... mostraría muy grande complacencia en que S.M. le separase de su derecho al Trono y se pensase en otro de sus hijos para el enlace proyectado y para sucederle en la Corona». Como vimos, Carlos IV había dejado caer esto último en una carta a Napoleón.

Estas exigencias, o más bien amenazas, ponían en serio riesgo la sucesión del Príncipe de Asturias, pero también la integridad de la monarquía española y aun la corona de Carlos IV. España se halló ante la disyuntiva de transigir con las nuevas pretensiones del francés o prepararse para la resistencia militar. Godoy optó por lo segundo, pero a estas alturas su capacidad de acción era muy limitada. Se hallaba completamente solo. Los fernandinos, y los españoles en general, persistían en la creencia de que Napoleón únicamente pretendía derrocar al «tirano» y asegurar la sucesión al trono del príncipe Fernando para consolidar la alianza con España. Carlos IV, por su parte, no salió de la duda permanente, de modo que unas veces escuchaba a Godoy y otras a sus contrarios, progresivamente más beligerantes, mientras Fernando permanecía silencioso en un segundo plano. La resistencia a Napoleón, pues, no era empresa fácil, pero Godoy no renunció a ella. Cuando intentó ponerla en práctica se produjo el motín de Aranjuez.

El 11 de marzo, Izquierdo retornó a París con la contrapropuesta de Carlos IV a las «cuestiones proponibles». El rey reafirmaba la alianza convenida en 1796 y la validez del tratado de Fontainebleau, y al tiempo ofrecía un resumen de la causa de El Escorial para la completa y verídica información de Napoleón sobre las «disensiones entre partidos». Como es lógico, rechazaba la ocupación francesa de las provincias fronterizas. En su lugar, proponía crear un reino tapón entre Francia y España, gobernado por un infante español, susceptible de ser reintegrado a la corona española una vez que se firmara la paz general. Todo ello resultó papel mojado, porque antes de que Izquierdo se entrevistara con Duroc y Talleyrand, sus habituales interlocutores franceses, estallaron los sucesos de Aranjuez.

Godoy consideró más efectivas que lo anterior otras medidas. Una, de carácter militar: a finales de febrero dio instrucciones a los mandos regionales y a los generales Solano y Caraffa, comandantes de las tropas españolas instaladas en Portugal, para que estuvieran alerta ante cualquier eventualidad provocada por el Ejército francés. Otra, táctica: el traslado de los reyes al sur de España, sin excluir, si llegara el caso, una posible retirada a América, como había hecho la corte portuguesa. Tras no pocas dudas, Carlos IV accedió a seguir el plan, pero en cuanto se conoció, suscitó la más viva oposición del príncipe de Asturias y allegados. También lo rechazaron los habitantes de Aranjuez y pueblos vecinos, porque su modo de vida dependía de la presencia de la corte en ese real sitio. Si los reyes se ausentaban, no serían escasos los negocios que dejarían de hacerse, ni los sueldos pendientes, y las deudas por suministros, alquileres, servicios diversos, etcétera, que no se cobrarían.

En esta tesitura y a pesar de las evidencias, Fernando y sus partidarios depositaron toda su confianza en Napoleón. En una especie de juego, que bien podría ser calificado de maquiavélico, el emperador había dejado caer a principios de 1808 que pensaba viajar a España. Para dar verosimilitud al asunto, ordenó que se prepararan caballos, equipaje y escolta en Bayona y el 25 de febrero autorizó a su embajador Beauharnais a difundir que el viaje tendría lugar en fechas inmediatas. Al mismo tiempo, sin embargo, daba órdenes precisas a Murat y a sus generales para que ocuparan posiciones en la mitad septentrional de la Península (Vitoria, Burgos, Valladolid) y enviaran a Madrid una fuerza considerable. Las autoridades francesas declararon a las españolas que estas tropas iban camino de Cádiz para atacar a los ingleses en Gibraltar. Con entusiasmo no disimulado, pues suponía que los soldados franceses protegerían los intereses de Fernando, el 15 de marzo el ministro Caballero comunicó al gobernador del Consejo de Castilla: «Van a entrar inmediatamente en Madrid tropas francesas hasta el número de 50.000 hombres, con dirección a Cádiz; pero se detendrán algo en esta villa. Dense las órdenes oportunas para que sean tratadas como corresponde a la alianza que S.M. tiene con el Emperador de los franceses».[116]

Caballero, quien luego presumiría de haber actuado en estos momentos como el más decidido partidario del príncipe de Asturias,[117] tal vez por ausencia de Escoiquiz, confinado todavía en el monasterio de El Tardón, dio pruebas en sus órdenes y hechos de hasta qué punto había llegado la confianza de los fernandinos en Napoleón. Como en casi todo lo demás, Godoy se situó en las antípodas. Todo su esfuerzo se centró en convencer al rey para que se trasladara al sur de España y a punto estuvo de conseguirlo el 14 de marzo. Ese día los monarcas recibieron a la hora acostumbrada al príncipe Fernando (por deseo expreso de Carlos IV también estuvo presente Godoy). El rey ofreció a su hijo la posibilidad de acompañarle en el viaje o de permanecer en la corte. Si optaba por lo segundo, lo nombraría su lugarteniente, «con plenas facultades en lo militar y en lo político», con libertad para formar su propia corte y elegir un Gobierno. De esta forma, dijo el rey, Fernando podría negociar con Napoleón en los términos que considerara convenientes, con las únicas condiciones de «mantener la integridad del reino, no admitir tratados onerosos a mis pueblos, ni consentir en cosa alguna que se oponga a nuestra santa fe católica». En el supuesto de que saliera airoso de la empresa, el rey le hizo la siguiente promesa: «Te asociaré al Gobierno y partiré contigo el grave peso del reinado los días que Dios me diere (que no podrán ser muchos) de vivir en este mundo». Si, por el contrario, Fernando deseara hacer el viaje con el rey, porque también desconfiara de Napoleón, Carlos IV quedaría muy satisfecho de que sus pueblos los vieran unidos, aunque le exigía que acabara con «esa facción que se acredita con tu nombre y que sin él no podría nada».[118]

La proposición del rey constituyó un reto muy serio para Fernando. Por una parte, le obligaba a afrontar personalmente una gravísima situación de la que, a juicio de Carlos IV, el príncipe era en buena medida responsable, pues él y sus partidarios predicaban las buenas intenciones de las tropas francesas que estaban a punto de entrar en Madrid, y anteriormente habían dado pie a la injerencia del emperador francés en los asuntos internos de la corte española a través de su embajador. Por otra parte, cualquiera que fuera la decisión de Fernando, quedaba asegurado el plan fundamental de Godoy en ese momento, es decir, el traslado de los reyes al sur de España. Además, la primera propuesta, la de asociar al príncipe al trono en caso de éxito con Napoleón, no estaba exenta de segundas intenciones, pues evocaba el caso, tan admirado por Fernando, del godo Hermenegildo, asociado al trono por su padre Leovigildo. El ofrecimiento podía ser entendido como satisfacción de una aspiración de Fernando o como una especie de venganza por la trama de El Escorial.

Como era habitual en él, Fernando agradeció sobremanera las palabras del rey y con muestras de euforia le expresó su más rendido acatamiento. Tal vez el príncipe estimó satisfechas sus aspiraciones. Según Godoy, «salió del cuarto de su padre resuelto a la partida; y aun me inclino a pensar que dio algún paso con ánimo sincero para acallar a sus parciales».[119] Pero esta actitud le duró muy poco y enseguida mostró su disconformidad con el viaje. O Fernando fue incapaz de tomar decisiones por sí mismo y recabó el consejo pertinente, o a pesar de la benevolente opinión de Godoy que se acaba de consignar, una vez más actuó con su característica doblez. En cualquier caso, la propuesta llegó cuando los fernandinos ya tenían organizado el acto de fuerza contra Godoy.[120]

No se ha podido averiguar si en esta ocasión hubo una dirección similar a la ejercida por Escoiquiz en la trama de El Escorial, pero a partir del 13 de marzo es perceptible una especie de coordinación de movimientos. Ese día ordenó Godoy la reunión en Aranjuez de todas las compañías de Guardias de Corps y el mayordomo mayor de palacio recibió instrucciones de preparar el equipaje de la familia real. Inmediatamente corrió la noticia por Aranjuez, que enseguida llegó a Madrid, de la inminencia del viaje de los reyes. Sin dar cuenta a Carlos IV, el ministro Caballero envió el día 15 una circular a los municipios vecinos de Aranjuez, de donde procedieron no pocos de los participantes dos días después en el motín, informando de los preparativos del viaje real e instando a sus habitantes a impedirlo.[121] Esa noche, algunos guardias de corps se apostaron en torno al Palacio Real para impedir la salida del príncipe de Asturias. El mismo día 15, el conde de Montijo llegó de incógnito a Madrid, habló con varios aristócratas y militares, entre otros con el duque de Osuna y los hermanos Luis y José de Palafox, y por orden del duque del Infantado informó personalmente al Consejo de Castilla de que se preparaba un golpe contra Godoy. El Consejo nada hizo para parar el golpe, pero se pronunció en contra del viaje de los reyes. Con esta resolución en la mano, Montijo reunió al día siguiente a diecinueve grandes de España, quienes se comprometieron a hacer lo posible para impedir la salida de los reyes del real sitio.[122]

El 16 de marzo apareció en las calles de Aranjuez una proclama, redactada por Caballero, en la que el rey aseguraba las buenas intenciones de los franceses, expresaba su confianza en la lealtad de sus vasallos y negaba que se aprestase para un viaje.[123] Era la prueba del triunfo de la facción del príncipe de Asturias en la corte. La población, muy agitada los días anteriores por el anuncio del viaje, se tranquilizó, y durante el paseo protocolario de la familia real vitoreó al rey y, mucho más, al príncipe Fernando. Sin embargo, la llegada de tropas desde Madrid al anochecer de ese día y en la madrugada del siguiente soliviantó de nuevo los ánimos de la gente, que cada vez en mayor número iba llegando al real sitio desde pueblos vecinos y de Madrid «a defender al príncipe de Asturias». Casi todos los relatos contemporáneos de los hechos mencionan el mucho dinero repartido por criados del infante don Antonio, del duque del Infantado, del conde de Altamira y de otros grandes.

El día 17 se intensificó el rumor de que esa noche la familia real emprendería el viaje en secreto. Las calles de Aranjuez rebosaban de gente. Grupos en apariencia espontáneos vigilaban con especial atención el palacio real, la residencia de Godoy y la ruta hacia Ocaña, que se suponía que tomarían los reyes en dirección al sur. Pasada la medianoche, alguien hizo una señal con una antorcha desde la habitación del príncipe de Asturias —según algunas fuentes, la señal provino de otro lugar, sin indicar cuál— y al poco sonó un disparo. Al parecer, era lo convenido para avisar del comienzo del viaje real. Salieron soldados de sus cuarteles y la multitud cercó el palacio real para impedir la salida de cualquier persona. El autor de un relato de los hechos anota: «... contra lo que se observa en los motines, había entre éste una voz que dirigía y hablaba desde la calle con el Príncipe de Asturias y lo que esta voz decía confirmaban todos con griterío».[124]

Un grupo capitaneado por «El Manchego» o por «El Tío Pedro» (con estos y otros nombres se designa en los testimonios sobre este suceso al conde de Montijo, quizá «la voz» antes mencionada) se dirigió en tropel hacia la casa de Godoy y emprendió el asalto. Godoy logró ocultarse allí mismo o en la casa contigua, propiedad de los duques de Osuna, entonces deshabitada, pero agobiado por la sed y el hambre, en la mañana del día 19 salió de su escondite y fue conducido detenido al cuartel de la Guardia de Corps. El día anterior, un real decreto le había exonerado «de los empleos de generalísimo y almirante, concediéndole el retiro donde más le acomode». Con esta disposición estaba en apariencia conseguido el objetivo de los amotinados, pero la revuelta no cesó hasta que el día 19 Fernando fue proclamado rey de España, previa renuncia de Carlos IV. A partir de este momento imperó la tranquilidad en el real sitio de Aranjuez.

Sin ninguna duda, el príncipe Fernando había sido el referente de los amotinados. Ahora bien, ¿desempeñó alguna función práctica en la organización y desarrollo de los sucesos? Lo niegan la que podríamos calificar versión oficial de los hechos y quienes sostienen que todo fue resultado de un movimiento espontáneo de la población del real sitio. En ambos casos se ha intentado salvaguardar al príncipe de toda responsabilidad, resaltando el protagonismo de la población. La versión «oficial»,[125] asumida posteriormente por varios escritores, entre ellos el conde de Toreno, fijó el detonante inmediato del motín en un hecho casual: el disparo producido como consecuencia del encuentro cerca de la casa de Godoy entre los carabineros de su guardia personal y una treintena de guardias de corps. Según el ministro Caballero, el incidente transcurrió de la siguiente forma:

Este último [Godoy] se hallaba muy despacio (y según lo ordinario) con una de las adocenadas amigas que tenía y al salir escoltada con sus guardias de honor, quisieron las patrullas descubrirla, y resistiéndose, dispararon los mismos al aire, lo que al trompeta (que estaba destinado a avisar del momento del viaje) le sirvió de señal y tocó a caballo, según se le había ordenado, con lo que toda la tropa se puso en movimiento...

Caballero, por lo demás, negó tajantemente toda relación del príncipe Fernando con el motín con el siguiente argumento: «... la falta de experiencia y la opresión en que estaba el de Asturias (que le impedía hablar, ni mover una pluma sin ser observado) le hacían incapaz de un plan combinado, cual era necesario para toda atrevida empresa».[126]

La empresa era, en efecto, «atrevida», pues aun admitiendo que los amotinados pretendieran únicamente impedir el viaje de la familia real, se oponían a una decisión del monarca, lo cual conllevaba en circunstancias normales un severo castigo. De acuerdo, pues, con el razonamiento de Caballero, para tal empeño hubo de forjarse «un plan». Y el ministro señala a sus autores: «la tropa era el principal agente de la revolución». Sin embargo, añadió que Carlos IV «creyó, o le hicieron creer, que había sido su hijo el Príncipe de Asturias quien había fomentado el suceso del día 18».[127]

Ésta fue, en efecto, la opinión de los reyes y, por supuesto, también la de Godoy. Dos años después, en una narración de lo acontecido en Aranjuez remitida a Napoleón, que según mis noticias no ha sido utilizada por los historiadores, escribió Godoy en relación con la noche del 17 al 18 de marzo:

[El príncipe de Asturias] fue el mismo que dio la orden, el que hizo la señal para el alboroto a la hora convenida con sus seductores; él mismo sacó una luz a los balcones de su habitación para que los guardias de corps, disfrazados, tiznados los semblantes, acompañados de los criados del infante su tío [don Antonio] con otros manchegos que ya tenía este a su salario preparados con hachas y utensilios propios a la devastación, invadieron mi casa [...]. Yo me recogía a la una y cuarto cuando el tiro de una pistola me anunció la ruina de mi Patria. Llamé a mis gentes, mandé tres ayudantes a saber la novedad y todos tres fueron presos por los sublevados que rodeaban mi casa. Mi guardia fue arrestada en el cuartel por una orden del Rey según el contexto, pero no era ya Carlos IV, sino Fernando al que parlamentaban los conspiradores...[128]

En posdata y en el mismo papel, el rey Carlos IV, a petición de Godoy, hizo constar de su puño y letra: «Todo lo que dices es la verdad». Ninguno de los dos albergó dudas sobre la participación activa de Fernando en los alborotos, pero fue la reina, como en otras ocasiones, quien se expresó con mayor dureza. El 26 de marzo escribió a Murat: «Mi hijo Fernando estaba al frente de la conjuración; las tropas estaban ganadas por él; hizo sacar una luz a su ventana por señal para que comenzase el alboroto [...]. Ha hecho esta conspiración para destronar al Rey, su padre».[129]

Aparte de lo que se acaba de decir, no disponemos de documentación que permita identificar al príncipe Fernando como autor de la señal para el comienzo de los alborotos. Ahora bien, prescindiendo de este dato, resulta difícil admitir que alguien se comprometiera a organizar una grave alteración del orden en Aranjuez, estando allí la familia real, sin contar con la complicidad de alguna persona muy relevante y ésta no podía ser otra que el príncipe de Asturias. Ni existía un noble con suficiente prestigio y capacidad para encabezar esa operación (Infantado estaba desterrado en Écija y carecía de voluntad para algo así), ni tampoco un general con tropa a su mando que reuniera tales condiciones. Pero, en realidad, no hubo necesidad de contar con una persona o personas de estas características, pues el plan ya estaba elaborado. En lo sustancial, ésta es nuestra hipótesis, lo sucedido en Aranjuez el 17 de marzo de 1808 había sido previsto con anterioridad en la conspiración de El Escorial. Concretamente, en la representación del príncipe de Asturias a Carlos IV (el primero de los papeles aprehendidos al príncipe en su cuarto), texto, recordemos, redactado por Escoiquiz y copiado de su puño y letra por Fernando, por lo que su autoría debe atribuirse a ambos.

El príncipe de Asturias proponía en ese papel las siguientes medidas concretas contra Godoy: «1.o Poner al reo en estado de no poder causar en adelante daño alguno. 2.o Resarcir del modo posible los que ha hecho hasta ahora. 3.o Satisfacer la vindicta pública imponiéndole el castigo correspondiente para escarmiento de otros». Para cubrir estos fines, el príncipe se comprometía a presentar al rey los decretos pertinentes, y especificaba:

Las medidas primeras y, por consiguiente los decretos, se dirigirán a la prisión repentina de Godoy; su conducción provisional a un castillo en donde esté, hasta nueva orden, sin comunicación; la ocupación de su casa, bienes y papeles, haciendo un registro exactísimo hasta de su persona para apoderarse de los que lleve encima; la prisión provisional de sus criados; la conducción de la Princesa, su esposa, con seguridad pero con el debido decoro, a Talavera o a otro pueblo pequeño y remoto del arzobispado de Toledo; la prisión de la Tudó, familia y criados, ocupación de sus bienes y papeles...[130]

Tales previsiones se cumplieron con exactitud, casi hasta el detalle. En la madrugada del 17 al 18 de marzo fue asaltada y saqueada la residencia de Godoy, pero sus papeles y algunos objetos fueron conducidos al Palacio Real, lo que indica la existencia de algún control, a pesar de la violencia y del elevado número de asaltantes. La esposa de Godoy y su hija fueron sacadas de la casa con todo decoro, acompañadas de vítores. Se buscó a Josefa Tudó, sin hallarla, pues ya había abandonado Aranjuez, se asaltó la casa del ministro de Hacienda Soler, el único miembro del Gobierno que en esos momentos obedecía las órdenes de Godoy, y en los días sucesivos se hizo lo propio en las de sus familiares y allegados en Madrid y otros lugares. El 18, antes incluso de dar con su paradero, fue destituido Godoy de todos sus cargos y en cuanto lo descubrieron al día siguiente, lo pusieron en prisión, incomunicado, con la intención de trasladarlo a un castillo, la Alhambra de Granada.

En la tarde del día 19 Caballero comunicó al decano del Consejo de Castilla la orden siguiente:

Habiéndome autorizado mi augusto padre, rey y señor, para formar causa a don Manuel Godoy, príncipe de la Paz, he resuelto entretanto doy las órdenes convenientes para hacerle la competente sumaria y juzgarle conforme a derecho, salga inmediatamente y sea conducido preso a la Alhambra de Granada. Tendréislo entendido para ejecutarlo puntualmente. Yo, el príncipe.[131]

La importancia de esta orden no radica tanto en lo que se manda, sino en quién lo manda. Es el príncipe de Asturias, autorizado —dice Caballero para guardar cierta formalidad— por el rey. Sin mediar renuncia de Carlos IV (aún no se había hecho oficial), su hijo, como si ya fuera rey, tomaba una decisión muy importante, pues lo concerniente a Godoy era en ese momento la principal y, cabe decir, la única preocupación de los reyes y del Gobierno. Carlos IV, si no destronado, quedaba relegado por su hijo a un segundo lugar. Ésta era la situación provocada por la peculiar forma en que se desenvolvieron los hechos.

El motín de Aranjuez se desarrolló en tres fases. La primera tuvo lugar en la madrugada del 17 al 18 de marzo y consistió en el asalto de la residencia de Godoy para proceder a su detención. La segunda sucedió en la mañana del día 19, cuando corrió la voz de la aparición de Godoy. En esta ocasión, la multitud intentó ir más lejos y trató de asesinarlo, lo cual impidieron inicialmente los guardias de corps que lo condujeron prisionero a su propio cuartel, y acto seguido el príncipe Fernando, quien se personó en el lugar asegurando que el preso recibiría el castigo merecido. La tercera fase ocurrió en la tarde del 19, cuando corrió el rumor, basado en el decreto del príncipe Fernando antes referido, de que Godoy sería trasladado a la Alhambra y apareció a la puerta del cuartel de la Guardia de Corps un coche de colleras preparado, según se dijo, para conducirlo a ese lugar. La multitud, que no deseaba verse privada de contemplar el fin del «traidor», destrozó el coche y mató una mula. No se calmó hasta que el príncipe de Asturias llegó a caballo y, como en su aparición de la mañana, prometió castigar al prisionero con arreglo a la gravedad de sus delitos.

El objetivo de los amotinados era Godoy. De esto no hay duda. Pero a medida que aquéllos iban obteniendo éxitos, cobró cuerpo el reconocimiento de facto del príncipe de Asturias como máxima autoridad del reino, mientras que el rey Carlos IV permanecía recluido en palacio, como si estuviera ausente. ¿A qué se debió esta importante novedad? La respuesta la ofrece Caballero.[132] En la mañana del 19, cuando todavía no se sabía el paradero de Godoy, el ministro se encontró en palacio con el príncipe de Castilfranco, el conde de Villariezo, el marqués de Albudeyte, el coronel Manuel Jáuregui y el marqués del Castelar, mandos de los cuerpos destinados a la protección de la familia real (Guardias Valonas, de Corps y Alabarderos).[133] Éstos le advirtieron que «la noche de ese día sería peor que la pasada», cuando se produjo el asalto a la residencia de Godoy. Con esta noticia se presentaron todos ante el rey. Caballero instó a los militares a que dispusieran sus tropas de forma adecuada para controlar la situación, pero ellos respondieron que «sólo el Príncipe de Asturias podría componerlo todo». El rey ordenó a Caballero y a los militares que hablasen con el príncipe. Éste prometió llamar a los oficiales de la guardia para recordarles su deber de respetar las personas de los reyes y defender el trono. A los pocos instantes de tener lugar esta escena, circuló la noticia de la aparición de Godoy, lo cual desactivó la acción anunciada por los militares para la noche de ese día.

Caballero afirmó expresamente que esa acción iba dirigida contra los reyes, pues se sospechaba que conocían el paradero de Godoy. Esto último era falso, pero la suposición no carecía de fundamento, pues si a pesar de la intensa búsqueda no se había dado con él, cabía sospechar que se hallaba en algún lugar bajo la más alta protección. Por esta razón la aparición de Godoy provocó un giro inesperado, pues los reyes también pasaron a ser objeto de la ira popular. Así pues, la multitud entendió, o se le dio a entender, lo que era lógico, es decir, que la orden de sacar de Aranjuez a Godoy para trasladarlo a un lugar seguro procedía de Carlos IV, de modo que la tercera fase del motín estuvo dirigida también contra los reyes, porque se presumió que pretendían proteger a Godoy. Llegados a este punto, sólo el príncipe de Asturias estaba en condiciones de restablecer la calma, como así fue. El paso siguiente no podía ser otro que la abdicación de Carlos IV.

Pero volvamos a la mañana del 19 de marzo. ¿Sabía el príncipe Fernando de la preparación del movimiento para la noche de ese día, o se enteró por Caballero y los militares que le acompañaron? El silencio de las fuentes impide de nuevo una respuesta tajante. Es significativo, no obstante, que los militares afirmaran que sólo el príncipe «podría componerlo todo». Estuviera Fernando al tanto de las intenciones de los amotinados o no, es palmario que antes de la salida de Godoy de su escondrijo, Carlos IV «conoció que ya no tenía quien le obedeciese —afirma Caballero—; llamó a Cevallos [ministro de Estado] y extendió su renuncia».[134]

Segunda parte

Rey de España

Es increíble lo que vamos bajando en el concepto de las demás naciones [...]. Yo no conozco forma de Gobierno más monstruosa que la que acaba de restablecerse; y con todos sus buenos deseos, S.M. no podrá sacar a la nación del abatimiento, de la profunda miseria y de la bárbara ignorancia a que la han reducido esos extraños medios de gobernar. ¡Triste nación y desgraciado soberano!

Carta de Labrador al duque de San Carlos,

París, 18 de agosto de 1814

3

Acceso al trono

19 de marzo de 1808

Hacia las siete de la tarde del 19 de marzo, Carlos IV presentó a su Gobierno en pleno el decreto siguiente:

Como los achaques de que adolezco no me permiten soportar por más tiempo el grave peso del Gobierno de mis reinos, y me sea preciso para reparar mi salud gozar en un clima más templado de la tranquilidad de la vida privada, he determinado, después de la más seria deliberación, abdicar mi corona en mi heredero y muy caro hijo el Príncipe de Asturias. Por tanto, es mi real voluntad que sea reconocido y obedecido como rey y señor natural de todos mis reinos y dominios. Y para que este mi real decreto de libre y espontánea abdicación tenga su exacto y debido cumplimiento, lo comunicaréis al Consejo y demás a quien corresponda.

Acto seguido, el rey ordenó a los ministros y a los mandos militares de palacio que acudiesen a besar la mano del nuevo monarca, en señal de reconocimiento.

La noticia se difundió de inmediato. La población de Aranjuez, reunida en la plaza del palacio real, prorrumpió en vivas interminables a Fernando VII. Con el mismo frenesí con que había condenado a Godoy, se pronunciaba la muchedumbre a favor del nuevo rey. «A excepción del cuarto de los reyes padres, por todas partes resonaba alegría y algazara», escribió el taimado Caballero.[1]

La explosión de entusiasmo general hinchó de regocijo al joven Fernando (aún no había cumplido veintitrés años de edad), aturdido por lo inusitado del acontecimiento y sus rápidas consecuencias. El embajador francés lo captó perfectamente: «El Príncipe de Asturias, asombrado por su estado, confundido por su situación, halagado y afectado por el amor que el pueblo le testimonia, flota en la incertidumbre».[2] Sólo estaba seguro sobre un punto: Godoy sería procesado judicialmente. Acerca de otros asuntos de mayor calado sus dudas eran muchas y graves. En primer lugar, sobre la actitud de Carlos IV. No había que descartar la posibilidad de que una vez repuesto de la conmoción, denunciara que su abdicación había sido forzada. Además —esto otro no era de menor enjundia— había que resolver la terrible incógnita de Napoleón. ¿Cómo recibiría el cambio operado en el trono de España?, ¿por quién se inclinaría en caso de rectificación del rey Carlos?

Fernando contaba con el fervor de sus súbditos. Éste era su punto fuerte, en realidad el único. A los ojos de su padre, de Napoleón y de los restantes soberanos no dejaba de ser un príncipe conspirador, que había llegado al trono de manera irregular. En realidad, mediante un golpe de Estado, perpetrado por un grupo de individuos con poder dentro del sistema: un miembro de la familia real (el infante don Antonio), casi todos los ministros, dominados por Caballero, y destacados aristócratas. Todos ellos contaron con la colaboración del Ejército y del embajador de Francia. Cual corresponde a la dinámica del golpe de Estado triunfante, la transferencia del poder se efectuó de forma súbita, inesperada, sin guardar las formalidades establecidas en la monarquía española.[3]

Carlos IV había ordenado a sus ministros, como se acaba de ver, que pasaran el decreto de abdicación al Consejo de Castilla para «su exacto y debido cumplimiento». Así lo hizo de inmediato el ministro de Estado Cevallos. El gobernador del Consejo, más por inercia —era la forma de proceder en estos casos— que por otros motivos, lo remitió a sus fiscales para el preceptivo informe. Cuando los ministros lo supieron, exigieron la publicación inmediata de la renuncia. El Consejo obedeció y difundió el texto sin esperar el pronunciamiento de los fiscales.[4]

Así pues, Fernando VII comenzó su reinado sin la preceptiva consulta del Consejo de Castilla y, por supuesto, sin prestar juramento ante las Cortes, cuya reunión en esa coyuntura era imposible. Faltó, escribió Toreno, el «sello de legitimidad» exigido por la tradición, pero para los que habían perpetrado el golpe de Aranjuez esto era ahora secundario. Importaba actuar de inmediato para desbaratar fulminantemente la obra de Gobierno de Godoy e impedir la reacción de sus partidarios. No obstante, a Fernando VII le preocupó dar, al menos, cierta apariencia de legalidad y días después (el 6 de abril), cuando ya había abierto causa judicial a Godoy y encarcelado a sus más significados seguidores, informó al Ayuntamiento y autoridades de Madrid de la abdicación de su padre por vía oficial, mediante una real cédula plagada de interesantes matices. El decreto de abdicación —decía Fernando VII— fue dirigido el 19 de marzo al ministro Cevallos,

... y comunicado por este al Consejo y Cámara [de Castilla], vine en aceptar y acepté en debida forma dicha renuncia y abdicación en el mismo mi Real Sitio de Aranjuez el día siguiente veinte del citado mes de Marzo, expidiendo Yo el Decreto correspondiente al mismo Consejo y Cámara, y por otro Decreto que expedí también en este mi Palacio de Madrid a veinte y cinco del propio mes de Marzo dirigido al dicho Consejo y Cámara, mandé que se inserte y comunique a las ciudades y villas, grandes títulos y demás a quienes corresponda el mencionado Decreto de abdicación y renuncia de la Corona hecha por el referido Rey mi Augusto Padre [...].

Y finaliza:

He querido participaros estas resoluciones para que os conste de ellas y en su virtud dispongáis como os lo mando que se levanten en esta Ciudad los Pendones por mí y en mi Real nombre el día que yo señale, de que se os avisará, y se ejecuten las demás ceremonias que en semejantes casos se ha acostumbrado.

De acuerdo con esta versión de los hechos ofrecida por el propio monarca, se habían cumplido parte de las formalidades tradicionales previstas para el traspaso de la corona (comunicación de la abdicación al Consejo de Castilla y expedición del correspondiente decreto) y se había dado orden para verificar las restantes, esto es, la reunión de Cortes y la entrada del soberano en la capital de su reino. Todo, pues, estaba en regla. Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ya había adoptado disposiciones para cumplir el ritual. En junta del 1 de abril acordó «aclamar a S.M. por Rey y Soberano de estos Reinos de Castilla y disponer todo lo conveniente a que tenga efecto según en iguales casos se ha practicado en esta Villa». Sin pérdida de tiempo, en esa misma sesión el Ayuntamiento encargó al arquitecto mayor Juan de Villanueva el diseño de cuatro tablados y de los adornos de las casas consistoriales para el día de la proclamación del rey.[5]

Ahora bien, desde el 19 de marzo, los partidarios de Fernando VII se esforzaron por difundir a los cuatro vientos que la intervención del pueblo había dotado al nuevo rey de plena legitimidad, superior al marco formal de las Cortes y del Consejo de Castilla. En multitud de folletos publicados en 1808 se ensalzó la «revolución» de Aranjuez como acto fundacional de la regeneración de la monarquía. Las Cortes de Cádiz abundarían simbólicamente en ello, al hacer coincidir la promulgación de la Constitución con el día del acceso al trono de Fernando VII, el 19 de marzo.[6]

Como es lógico, Fernando VII quiso salir cuanto antes de Aranjuez y mostrarse ante sus súbditos en la capital del reino. Contra el parecer de algunos, Caballero entre otros,[7] fijó su entrada en Madrid para el 24 de marzo. Era una decisión insensata, pues se sabía que Joachim Murat, gran duque de Berg y lugarteniente de Napoleón en España, se hallaba a las puertas de Madrid al frente de un numeroso Ejército, muy superior al español acuartelado en la plaza. Por más que en el entorno de Fernando VII todavía se creyera, o se pretendiese creer, que las tropas francesas iban en dirección a Cádiz para desde allí hacer la guerra a Inglaterra, y que, por consiguiente, no tenían intención de permanecer mucho tiempo en la capital, la coincidencia del rey con el jefe del Ejército francés en España entrañaba muchos riesgos y, en cualquier caso, creaba gran incomodidad. Pero Fernando necesitaba tomar posesión de la capital de su reino para que su autoridad fuera universalmente reconocida. La entrada real no se efectuaría de acuerdo con el ritual tradicional (como se ha visto, esto se posponía para más tarde), pero conocida la devoción popular por el nuevo monarca, era posible conseguir el mismo efecto.

No disuadió a Fernando VII que Murat hubiera adelantado su llegada a Madrid al día anterior al previsto para la suya. Así pues, el fijado, 24 de marzo, entró el rey en la capital. Lo hizo de un modo que bien puede calificarse de habilidoso, dada la imposibilidad de reproducir la solemne puesta en escena de otros tiempos. Apareció con escasa escolta y sin aparato, montando un caballo blanco, precedido solamente por cuatro guardias de corps y seguido por un coche ocupado por su hermano Carlos y su tío don Antonio, los dos miembros de la familia real, dicho sea, que habían apoyado el golpe de Estado, aunque el papel de Carlos no fuera, por lo que sabemos, activo.

El entusiasmo de la población suplió con creces la formalidad de otras entradas reales. Más de seis horas costó a la escueta comitiva atravesar el espacio entre la puerta de Alcalá, punto fijado tradicionalmente para dar relevancia a las entradas de los soberanos en la ciudad, y el Palacio Real. Un testigo, Mesonero Romanos, describió así la entrada:

... venía, sí, montado en un blanco corcel, pero ambos eran llevados materialmente en vilo por la inmensa muchedumbre, que apenas permitía al bruto poner los pies en el suelo, ni al jinete saludar con la mano ni con el sombrero a la apiñada multitud; hombres y mujeres, niños y ancianos se abalanzaban a él, a besar sus manos, sus ropas, los estribos de su silla; otros arrojaban al aire sus sombreros, o despojándose de sus capas y mantillas las tendían a los pies del caballo [...]. En tanto, de los balcones, buhardillas y tejados de las casas, no menos henchidos de gente, llovían flores y palomas, agitábanse los pañuelos, o subiéndose muchos a las torres de las iglesias, volteaban con frenesí las campanas o disparaban cohetes y tiros de arcabuz.[8]

El rey constató el aprecio popular, pero su situación era en extremo embarazosa. A su gran enemigo, Godoy, lo tenía prisionero en el torreón de Pinto y el 2 de abril lo trasladó al castillo de Villaviciosa de Odón, donde el marqués del Castelar lo mantuvo incomunicado bajo férrea vigilancia, pero Fernando no estaba seguro de su padre. Temía que en cualquier momento pudiera denunciar su abdicación y que sus partidarios, que eran los de Godoy, protagonizaran algún movimiento. A pesar de sus palabras, era patente que Carlos IV no había tomado su decisión «libre y espontáneamente». Por primera vez en la historia moderna de España, afirma Teófanes Egido, un rey había abdicado forzado.[9] El general francés Savary anotó en sus memorias que si la abdicación hubiera sido libre, se habrían celebrado las ceremonias propias del caso con la pompa correspondiente y las personas que rodeaban a Fernando no hubieran mostrado tanto interés por obtener el reconocimiento del emperador.[10]

¿Por qué abdicó Carlos IV? Entonces se dijo que para salvar a Godoy. Era la explicación más conveniente para Fernando VII y sus partidarios. En una situación excepcional, el generalmente reputado pusilánime Carlos IV, movido, se supuso, por su esposa, sólo se interesó por la vida de su íntimo amigo o «valido». De esta forma quedaban a salvo los participantes en el golpe de Estado de Aranjuez. Ahora bien, como opinó Modesto Lafuente, Carlos IV hubiera tenido más posibilidades de salvar a Godoy continuando en el trono que fuera de él; además, al renunciar no puso ninguna condición a favor del preso.[11] La abdicación, pues, fue resultado del triunfo del golpe de Estado, y de no ser así, no se habría producido. Esto lo sabía muy bien Fernando VII. También Murat y, por supuesto, Napoleón. Todos presumían que en cualquier momento Carlos IV podría denunciar su abdicación. Así fue, y de forma inmediata.

El 21 de marzo Murat envió al general Monthion a Aranjuez, donde todavía estaba la familia real, el nuevo monarca incluido. Esa noche lo recibió Carlos IV y le entregó la protesta formal de su abdicación con fecha de ese mismo día. Declaraba que se había visto forzado a realizarla, «para evitar males mayores y la efusión de la sangre de mis queridos vasallos», y en consecuencia su renuncia carecía de valor.[12] El 27 de ese mes Carlos IV se explayaba algo más sobre el particular en carta a Napoleón. Se ponía en manos del emperador: «He tomado la resolución de remitirme en todo a lo que quiera disponer de nosotros, de mi suerte, de la de la Reina y de la del Príncipe de la Paz», y explicaba que había abdicado «en fuerza de las circunstancias y cuando el ruido de las armas y los clamores de una guardia amotinada me hacían conocer bastante que era preciso escoger entre la vida y la muerte, que hubiera sido seguida de la de la Reina».[13] Con el lenguaje del Antiguo Régimen, el ex rey venía a calificar lo sucedido de golpe de Estado.

Pasados los tumultos de Aranjuez, Carlos IV y María Luisa seguían temiendo por su vida. No era un recurso para justificar su renuncia, sino un sentimiento muy arraigado en ambos, fundado en lo descubierto sobre la conspiración de El Escorial. Por este motivo, no cesaron de implorar la protección de Napoleón a través de Murat. Entre el 21 de marzo y mediados de abril de 1808 la reina envió a Murat diecisiete cartas, el rey cinco, tres de ellas dirigidas a Napoleón, y seis la hija de ambos, la ex reina de Etruria María Luisa. Le pedían protección para ellos y para Godoy y le expresaron sus sentimientos sobre Fernando VII. El epistolario, sobre cuya autenticidad no cabe duda, es uno de los testimonios más demoledores para Fernando VII.[14] Sus padres le acusan de ser el responsable de los tumultos de Aranjuez («mi hijo ha hecho una conspiración para destronar al rey, su padre», escribió la reina) y, más grave aún, dada la coyuntura política, le tildan de desafecto hacia los franceses, advirtiendo que a pesar de sus protestas de amistad, podía traicionarlos en cualquier momento. La reina se mostró inmisericorde en la calificación moral de Fernando VII: «Mi hijo es de muy mal corazón, su carácter es sanguinario, jamás ha tenido cariño a su padre y a mí, sus consejeros son sanguinarios...». Napoleón no echó en saco roto la opinión sobre el nuevo rey de España —peor no podía ser— de personas tan cualificadas.

No es aventurado suponer que Fernando VII y sus consejeros tuvieran conocimiento de la existencia de esta correspondencia, pero desconocieron su contenido, porque los reyes padres, como se les denominó oficialmente desde ahora en España, se valieron de su hija María Luisa para hacer llegar las cartas a Murat, de manera que no fueron interceptadas. No obstante, Fernando VII supo que sus padres solicitaban la protección del emperador francés para ellos y para Godoy y constató fehacientemente que, sin su permiso, una escolta militar francesa protegía a los monarcas.[15] También advirtió, pues era evidente, que a pesar del general entusiasmo por su persona, aún no se había disipado entre la población española la veneración hacia Carlos IV. Un sentimiento tan arraigado durante decenios no podía desvanecerse en unos días, antes al contrario, lo avivó la desgraciada situación del rey padre. Un informe dirigido a su Gobierno por un francés que desconocemos, fechado en Madrid el 2 de abril, afirmaba que la causa de Carlos IV debilitaba el interés momentáneo que inspiraba su hijo y algunos pensaban que éste se había precipitado al exigir la abdicación en un ambiente de agitación y de miedo. El autor de este escrito informaba, asimismo, que Fernando VII salía regularmente de palacio dos veces al día, a caballo o a pie, para mostrarse ante el pueblo.[16] Evidentemente, el nuevo rey pretendía afirmar su popularidad. En esta dirección se orientaron las medidas de Gobierno durante el primer tiempo de su reinado, del 19 de marzo hasta su abdicación en Bayona el 6 de mayo de 1808.

Muy pronto quiso manifestar Fernando VII que llegaba al trono con el propósito de regenerar la monarquía o, como también dijeron los de su entorno, de ordenar lo que Godoy había desbaratado. La Gazeta de Madrid del 25 de marzo insertó la renuncia de Carlos IV (era la primera comunicación oficial del hecho a los españoles) y salió repleta de decretos reales, a los que siguieron diversas disposiciones en los días siguientes. Su finalidad era doble: transmitir sensación de normalidad en la administración del reino, razón por la cual Fernando confirmó en sus funciones al Gobierno anterior y a los miembros de los diferentes consejos y tribunales, y anunciar el comienzo de un tiempo nuevo, caracterizado por el aniquilamiento personal de Godoy, el desmantelamiento de su obra y la puesta en práctica de una política destinada a fomentar la riqueza y a compensar a la aristocracia y al clero por los perjuicios causados por la errada política de aquél.

Fernando VII confiscó todos los bienes de Godoy, así como los de sus familiares y cargos públicos más próximos, algunos de los cuales también fueron arrestados. Suprimió el Almirantazgo, institución señera creada por Godoy en 1807 al recibir el nombramiento de gran almirante para impulsar la Armada y la navegación marítima española. Con idéntico propósito de destruir la obra de Godoy y de agradar al pueblo, eliminó la Superintendencia General de Policía —había sido creada por Carlos III en 1782, suprimida diez años después y restablecida en 1807 en Madrid—, cuya impopularidad en los últimos años era manifiesta, pues muchos creyeron que había actuado al servicio exclusivo de Godoy para perseguir a sus críticos. Con el mismo entusiasmo recibió la población un decreto fechado el 22 de marzo, también inserto en la Gazeta antes citada, que ordenaba la reducción de los cotos de caza en los reales sitios y dejaba libertad para matar lobos, zorras «y demás alimañas». El rey mandaba, además, que se le presentaran propuestas para cultivar tierras estériles y para aprovechar los pastos para el ganado de Madrid y abastecer a su población de leña y carbón. Este decreto, a pesar de su alusión al fomento de la agricultura, suponía en realidad la reducción de los cotos reales frecuentados casi a diario por Carlos IV, por lo que habría que entenderlo como símbolo de la ruptura de Fernando VII con el reinado anterior. Por supuesto, era una medida populista. Del mismo tenor fueron la supresión del arbitrio extraordinario del vino y la orden de pago de los sueldos atrasados a los servidores de la real casa. El descontento provocado por los atrasos había sido uno de los móviles de estos servidores para participar en el motín de Aranjuez.

En su ánimo por marcar diferencias con el tiempo anterior y complacer a sus partidarios, el rey anuló la desamortización de bienes eclesiásticos (capellanías) y de organismos dependientes o dirigidos por la Iglesia (hospitales, obras pías, cofradías, etcétera) decretada en 1798 —la conocida como «desamortización de Godoy»— y ordenó la interrupción de la venta del séptimo de los bienes de la Iglesia autorizada en 1805 por la Santa Sede. Asimismo, mandó poner en libertad a Jovellanos, recluido en Mallorca, y levantar el destierro de destacadas personalidades, entre ellas Cabarrús, Urquijo y Meléndez Valdés, víctimas todas, según opinión general, de Godoy. Y, por supuesto, ordenó el regreso a su destino con todos los honores de las personas condenadas en el proceso de El Escorial.

Otra medida de sesgo revanchista y populista, de aplicación inmediata, fue el real decreto por el que el rey autorizaba a los pueblos a que le dirigieran representaciones o exposiciones destinadas a aumentar su felicidad.[17] Junto a todo esto se hicieron otros anuncios de cariz ilustrado, que, como ha apuntado Artola, respondían a viejos anhelos del país, aunque su realización no podía ser inminente.[18] Uno de ellos fue el encargo al ministro Cevallos de un informe sobre los canales y caminos en proyecto y los que se estaban construyendo en el reino, con la recomendación de prestar atención preferente a la conclusión del canal del Manzanares, iniciado en tiempos de Carlos III, y a la conducción de aguas del Jarama a Madrid.[19] Otra, la creación de cátedras en el Jardín Botánico de Madrid para «acelerar los progresos de la agricultura». En relación con esto último, el rey ordenó al director del organismo, Francisco Antonio Zea, la formación de un sistema docente de botánica, agricultura y propiedades medicinales de las plantas, de cuya enseñanza se harían cargo el propio Zea como primer profesor, Claudio Boutelou, segundo, y Mariano Lagasca de la farmacopea. No cabía mejor elección de profesorado para esas materias. Si no fuera por el momento en que se publicó tal disposición, se podría situar entre las más sobresalientes de la Ilustración española. Es más, el decreto descendía a algunos detalles muy elocuentes. Establecía que el método que había que seguir en botánica fuera el de Cavanilles, y que para estímulo de los estudiantes se colocaran en el aula los retratos de este famoso científico y el del no menos importante naturalista José Celestino Mutis.[20]

A juzgar por los cambios introducidos en el Gobierno, podría suponerse que no resultaría imposible acometer estas empresas. Como se ha dicho, el mismo 19 de marzo Fernando VII ratificó en su totalidad al existente, nombrado por Carlos IV: Pedro Cevallos, Estado; José Antonio Caballero, Gracia y Justicia; Antonio Olaguer-Feliú, Guerra; Francisco Gil de Taboada de Lemus, Marina, y Miguel Cayetano Soler, Hacienda. Sin embargo, no tardó en efectuar una importante remodelación. Prescindió en primer lugar y enseguida —el 28 de marzo— de Miguel Cayetano Soler, hombre conocido por su afinidad con Godoy, sustituido por Miguel José Azanza, el 6 de abril nombró a Sebastián Piñuela para la secretaría ocupada por Caballero, y en Guerra cambió a Olaguer-Feliú por Gonzalo O’Farrill. Los tres nuevos ministros serían poco después hombres destacados del régimen josefino.

Los ministros de Fernando VII eran hombres de mérito.[21] Puede decirse que el rey acertó, sobre todo en los nuevos nombramientos y en la destitución de un individuo tan incapaz, salvo para la intriga, como Caballero. Pero este Gobierno nada pudo hacer, debido sobre todo a la brevedad y precariedad de su mandato, pues desde el 10 de abril quedó desbaratado e inoperante en la práctica. Cuando el rey salió ese día al encuentro de Napoleón se llevó consigo a Cevallos y creó una Junta de Gobierno, presidida por el infante don Antonio, para que en su ausencia despachara «los negocios graves y urgentes que puedan ocurrir, oyendo antes a mis secretarios de Estado y del Despacho».[22] De esta manera, los ministros quedaron reducidos a meros vocales de la Junta, que también integraban los presidentes de los consejos de la monarquía. Supeditada a las órdenes enviadas por el rey desde los distintos puntos de su itinerario hasta Francia, mal dirigida —el infante don Antonio era una nulidad— y obligada a convivir con Murat, dispuesto por encima de todo a imponer el criterio de Napoleón en los asuntos relevantes, la Junta no pudo decidir nada importante sobre la administración de la monarquía. Basta para corroborarlo el examen de la Gazeta de Madrid: a partir del 10 de abril no publicó ninguna decisión al respecto. El Gobierno careció de capacidad de acción, en suma, porque así lo deseó el rey.

En cuanto Escoiquiz, Infantado y San Carlos regresaron de su destierro, Fernando VII les confirió importantes cargos. Infantado fue designado presidente del Consejo de Castilla y jefe de la Guardia Real, San Carlos mayordomo mayor de palacio y Escoiquiz consejero de Estado. Los tres formaron una especie de consejo de Gobierno o gabinete privado, como lo denomina Escoiquiz, del que se sirvió el rey para tomar las decisiones importantes. El Gobierno quedó relegado a un oscuro segundo plano. Los integrantes del gabinete privado acompañaban continuamente al rey y asistían a sus entrevistas, cualquiera que fuera el interlocutor; en definitiva, dirigieron la monarquía. Como observó José García de León y Pizarro, hombre bien informado de los entresijos de la administración por estar empleado en ella de forma permanente, los mencionados se ganaron la voluntad del rey y lo aislaron del resto, convirtiéndose ellos mismos, a su vez, en poderosos personajes, encantados de su posición, a quienes «era difícil hablarles; menos aún oían consejo de nadie».[23]

No escapó esta circunstancia a los españoles de la época. Algunos la interpretaron como signo positivo del acierto del monarca en el nombramiento de altos cargos.[24] Cualquiera que deseara transmitir personalmente o por escrito quejas, solicitudes o avisos al rey, por muy alto que fuera su rango, debía recurrir a la intermediación de los hombres del gabinete privado, sin duda porque se sabía que nada llegaba al rey sin pasar por ellos. Abundan los datos al respecto, pero me limitaré a consignar uno muy significativo por la persona concernida. Cuando le fue levantado el arresto en el castillo de Bellver, Jovellanos remitió por carta a Escoiquiz un escrito dirigido a Fernando VII, en el que solicitaba una declaración real sobre su completa inocencia. Jovellanos justificaba el recurso al canónigo, a quien califica de «mi respetable amigo y señor», con estas palabras: «... no sé que haya otro medio de que pueda enterar a S.M. de su espíritu [el contenido de la petición], y prevenirle a favor de mi justicia y mis deseos».[25]

La influencia de los tres miembros del gabinete privado se explica por su condición de cabezas de la facción que había hecho posible el ascenso prematuro de Fernando VII al trono, el que hemos denominado «partido fernandino», muy populares tras la causa de El Escorial. Representaban al «fernandismo» frente al «godoyismo». Pero eso no lo explica todo. Fernando VII confió en Escoiquiz por su gran intimidad con quien había sido su maestro y porque le servía de enlace con el cuerpo eclesiástico. Idéntica función respecto a la nobleza desempeñaban San Carlos y, sobre todo, Infantado, quien a juicio de Salvador de Moxó fue el último aristócrata del Antiguo Régimen con pretensiones políticas elevadas, «el último personaje de la nobleza que actúa en realidad como miembro de este estamento nobiliario y en virtud, principalmente, del prestigio social de que disfruta y de la actividad que todavía realiza»; después de él siguieron actuando muchos aristócratas en la vida pública, pero lo hicieron a título individual.[26]

Escoiquiz, San Carlos e Infantado personificaron la política emprendida por Fernando VII para marcar diferencias con el tiempo de Godoy, la cual fundamentalmente consistió en dar satisfacción al clero, de ahí la interrupción del proceso desamortizador, y a la nobleza, integrándola en la corte. Pero el considerable poder concedido por Fernando a estos individuos lo fue a título individual. Los mencionados actuaban como los consejeros más próximos a la persona del rey, no como representantes de sus respectivos estamentos, ni como parte de un organismo establecido, fuera el Gobierno o cualquiera otro. Conformaban una nueva figura, el consejo o gabinete privado del rey, no ajustada a ordenamiento alguno, dependiente directamente del monarca.

La mera existencia de ese gabinete privado con tan amplias atribuciones delataba la pretensión de Fernando VII de gobernar personalmente con plena autoridad, sin atenerse a reglamentos, formalidades, ni ataduras institucionales. Los ministros dejaban de ser, como había sido habitual en el Antiguo Régimen, quienes informaban al rey de los asuntos graves de gobierno; los consejos, que en la práctica habían perdido buena parte de sus prerrogativas históricas, se convirtieron en órganos casi irrelevantes. Aunque Infantado se reputase el más conspicuo representante de la aristocracia y ocupara la presidencia del Consejo de Castilla —supremo tribunal del reino dotado de importantes competencias gubernativas y legislativas, pues la mayoría de los textos legales procedían de sus consultas—, durante este primer reinado de Fernando VII actuó más bien como jefe de la Guardia Real, preocupado por mantener el orden público y garantizar la seguridad del rey. Fue asimismo el fiel ejecutor de las órdenes del monarca en lo relativo al secuestro de los bienes de Godoy.[27]

El sesgo impreso por Fernando VII a la monarquía fue muy celebrado por sus partidarios. Uno de ellos expuso con claridad lo que podríamos considerar el punto de vista dominante entre ellos: el rey «incesantemente se ocupó de los medios de hacer feliz a la nación que gobernaba: comenzó a rodearse de hombres acreditados, extinguió abusos, proyectó establecimientos y reformas saludables y todo anunciaba o todo descubría ya en los orientes de España la aurora de la felicidad».[28]

Al encuentro del emperador

Fernando VII envió al duque del Parque ante Murat para cumplimentarlo en su nombre. Una delegación del Consejo de Castilla hizo lo propio cuando el francés entró en Madrid. Sin embargo, ni Murat ni el embajador Beauharnais rindieron la obligada visita de respeto al llegar el nuevo monarca a la capital. Tampoco Napoleón se dignó remitirle nota alguna con motivo de su acceso al trono. Todo esto era muy revelador sobre la actitud de Francia, pero aún lo fue más que ningún militar ni autoridad francesa dispensaran a Fernando el tratamiento de «Majestad». Para ellos seguía siendo «Su Alteza Real», es decir, un príncipe. Esto era muy preocupante para él, consciente de que el mantenimiento de su corona dependía del reconocimiento del emperador francés. Obtenerlo fue, en consecuencia, su obsesión. «Nada había más importante ni más urgente que hacerse reconocer por el emperador de los franceses y conciliarse su amistad y alianza. No hubo consideración que no se sacrificase a este objetivo...», escribieron Azanza y O’Farrill, que por ser miembros del Gobierno estuvieron al tanto de cuanto ocurría.[29]

Una de las primeras decisiones del nuevo monarca fue el envío de una diputación a Bayona, adonde se pensaba que llegaría en breve Napoleón, para felicitarle y entregarle en mano cartas suyas. La integraron tres grandes de España: el duque de Frías, el conde de Fernán-Núñez y el duque de Medinaceli. Aparte de esta formalidad, Fernando escribió el 26 de marzo al embajador francés:

He considerado seriamente vuestras justas razones. Mis intenciones son tener la felicidad de ver a S.M.I. y R. [Su Majestad Imperial y Real, es decir, Napoleón] y seguir todos sus consejos. Yo seguiré los vuestros y estoy preparado para salir al encuentro del emperador. Sé que vuestros consejos son los de un amigo sincero, que no tiene otro fin que mi felicidad [...][30]

Dos días después de esta carta, Murat informaba a Napoleón que el ministro de Estado Pedro Cevallos le había preguntado si el emperador había entrado ya en España o si, cuando entrara, el príncipe de Asturias (así se refiere a Fernando VII) debía ir a su encuentro.[31]

Los acontecimientos no se desarrollaron como había previsto, pero Napoleón tenía razones para estar satisfecho. Antes de los sucesos de Aranjuez ya había ordenado a Murat que si se le presentase alguna persona «considerable» de la corte española, aunque fuese Godoy o incluso el príncipe de Asturias, la enviara a Bayona.[32] Napoleón esperaba alguna reacción del Gobierno español ante la entrada masiva de tropas francesas en la Península y estaba dispuesto a intimidar al emisario. Como hemos visto en páginas anteriores al tratar de las «cuestiones proponibles», en ese momento su plan consistía en conquistar Portugal e incorporar al imperio francés los territorios españoles fronterizos con Francia, incluida toda Cataluña. El cambio de rey el 19 de marzo lo alteró. Ya carecía de sentido la anexión de una parte del reino, porque el emperador no podía confiar en Fernando tras sus reprobables manejos para destronar a su padre y la crueldad mostrada con Godoy.[33] Sólo cabía prescindir de la Casa de Borbón y aplicar en España el sistema seguido en otros lugares, esto es, situar en el trono a un miembro de la familia Napoleón. Pero por el momento se cuidó mucho de dar a conocer sus intenciones, incluso a sus íntimos. Hasta su ejecución a principios de mayo, una vez reunidos todos los miembros de la familia real española en Bayona, ni el mismo Murat supo a ciencia cierta cuáles eran los auténticos proyectos sobre España del emperador. Éste, sin embargo, dejó meridianamente claro a todos, franceses y españoles, que no deseaba una guerra y que exigiría a las autoridades españolas el máximo apoyo logístico a las tropas francesas.

Los deseos imperiales comenzaron a cumplirse a rajatabla. Fernando VII ordenó abastecer al Ejército imperial y al mismo tiempo puso especial empeño en convencer a sus súbditos de que esas fuerzas estaban en España en calidad de aliadas para luchar contra Inglaterra y, asimismo, proteger su trono frente a las posibles acechanzas del enemigo interior, es decir, los traidores partidarios de Godoy. El primer número de la Gazeta de Madrid publicado en el nuevo reinado, el del 22 de marzo, informó de la inminente llegada de Napoleón a España en un plazo de cuatro o cinco días, y añadía que «se han dado órdenes para que se suministre con abundancia a las tropas francesas cuanto necesiten». Poco después, el 29, el periódico oficial daba cuenta de la entrada de Murat en Madrid seis días antes. Tras encarecer «el buen orden y disciplina de las tropas francesas», afirmaba: «El público de Madrid ve con complacencia alojados dentro de sus muros a los héroes de Eilau, de Dantzick [sic] y Friendland». El 2 de abril, la Gazeta insertaba en un número extraordinario el orden del día del Ejército francés, en el que Murat anunciaba la pronta llegada a España del emperador y expresaba su satisfacción por la armonía existente entre sus tropas y la población española. Un bando del Consejo Real del mismo día reiteraba que los franceses estaban en España «para ejecutar los planes convenidos con S.M. contra el enemigo común» y anunciaba que se castigaría a quien «con el menor exceso» perturbe «esta amistosa y recíproca correspondencia». El presidente del Consejo, duque del Infantado, anunció el incremento de las rondas de vigilancia, prohibió la formación de cuadrillas o corrillos, ordenó el cierre de tabernas a partir de las ocho de la tarde, instó a los dueños de fábricas y talleres a vigilar a sus trabajadores para que acudieran diariamente a su tarea y apercibió a los padres de familia para que sus hijos y sirvientes no se mezclaran en bullicios.[34]

De buen o mal grado, las autoridades españolas actuaron de intermediarios entre la población y los militares franceses para mantener la mejor armonía, a pesar de la frecuencia con que estos últimos embargaban mercancías, carros, animales de tiro y cuanto necesitaban, incluso material bélico en los parques del Ejército español.[35]

La España fernandina, en suma, hizo cuanto estuvo en su mano para complacer a Napoleón. Ni guerra, ni trabas al Ejército francés. Napoleón, por su parte, apremiaba continuamente a Murat a no bajar la guardia ante cualquier signo de alteración del orden o acto contrario a las tropas francesas, y aprovechando la docilidad de Fernando VII, utilizó a su conveniencia la promesa de su viaje a España como recurso para atraérselo. Lo consiguió sin esfuerzo y con seguridad, pues al anunciar el rey de España su intención de salir al encuentro del emperador, los españoles no reaccionaron. Tan volcados estaban entonces a favor de su monarca, que aplaudían cualquier decisión suya. El mismo 19 de marzo, en cuanto recibió noticia de lo ocurrido en Aranjuez, Murat recordó a Beauharnais el deseo de Napoleón de que el príncipe de Asturias fuese a su encuentro, porque «debía ese homenaje al emperador».[36] Es indudable que el embajador francés lo comunicó de inmediato a Fernando y ya hemos visto la respuesta positiva del rey a los «consejos» de la persona que tanto acababa de hacer por su causa en El Escorial y en Aranjuez. De distintas maneras, por vía extraoficial u oficial, a través de edictos y de la Gazeta, se anunció repetidamente la intención de Fernando VII de salir a cumplimentar al emperador francés en cuanto éste pisara suelo español.

Tratar personalmente con Napoleón era vital para Fernando, porque no sólo necesitaba de manera urgente su reconocimiento, sino también contrarrestar los informes desfavorables sobre él que iban llegando al emperador e impedir los posibles movimientos de Carlos IV.[37] En el entorno de Fernando se sabía —o al menos se sospechaba— que Carlos IV había protestado su renuncia al trono. Era perentorio, pues, evitar que contara con el apoyo de Napoleón, ya que el retorno del viejo rey implicaría la vuelta al poder de Godoy, escenario especialmente trágico para los tres integrantes del consejo privado de Fernando VII (Escoiquiz, Infantado y San Carlos), como declararía el primero en sus memorias. No faltaron datos preocupantes en este sentido.

El 24 de marzo, el mismo día de la entrada triunfal de Fernando VII en Madrid, Murat encargó al general Wathier la ocupación militar de Aranjuez. Le encareció que protegiera a Carlos IV y su esposa, únicos miembros de la familia real todavía en ese real sitio, y más aún: «Debéis decir que no podéis reconocer otro rey que Carlos IV hasta que el Emperador haya reconocido por sí mismo a su sucesor; que es Carlos IV quien ha consentido la entrada de los ejércitos franceses en España». Y añadía: «Es necesario hacer odiosa la conducta del Príncipe de Asturias».[38] Lo que Wathier «debía decir», esto es, propalar, resultaba demoledor para Fernando VII. Condenaba su actuación para conseguir el trono y dejaba sentado que el rey seguía siendo Carlos IV. Además, desmontaba el mensaje central de la propaganda fernandina, según el cual el Ejército imperial había llegado a España para proteger a Fernando de las acechanzas del traidor Godoy. Si los propios franceses manifestaban que su entrada en España era producto del acuerdo con Carlos IV, resultaba palmario que este monarca contaba con el apoyo de Napoleón. Si no se reaccionaba de inmediato, la causa de Fernando VII estaría perdida.

Tan interesados en el encuentro entre Napoleón y Fernando VII estaban este último y su gabinete privado, como el emperador, aunque naturalmente por razones contrapuestas. Los unos, para consolidar al nuevo rey en el trono y eliminar la posibilidad de una vuelta al poder de Godoy; el otro, para ejecutar el plan que sin duda ya tenía forjado, consistente en obtener los derechos a la corona española. No existe consenso entre los historiadores acerca del momento exacto en que Napoleón determinó poner en práctica este proyecto, pero todo parece indicar que los sucesos de Aranjuez y el enfrentamiento cainita de la familia real le indujeron finalmente a tomar la decisión.[39] A estas alturas, la continuidad de los Borbones hacía inútil la alianza con España.

El 3 de abril, Fernando VII ya había resuelto salir al encuentro de Napoleón. En la medianoche de ese día comunicó Murat al emperador: «Habiendo yo pasado esta tarde a visitar a la reina de Etruria [en el Palacio Real], apenas entré en su apartamento, llegó el nuevo Rey y la primera palabra que me dijo ha sido ésta: “Os anuncio una buena noticia; salgo para ir al encuentro del Emperador. Espero que S.M. será sensible ante esta actuación y ante la prueba de mi absoluto afecto”».[40]

Al día siguiente se puso en marcha el operativo del viaje con notable precipitación. El infante Carlos María Isidro salió de Madrid casi sin preparativos, acompañado de un reducido séquito.[41] Su misión era doble: guardar la majestad del rey de España, y en consecuencia actuaría de enviado especial para anunciar en persona al emperador, allí donde lo encontrara, la llegada del monarca español, y hacer de enlace informativo para que Fernando VII no se viera obligado a efectuar movimientos innecesarios. A marchas forzadas, porque se creyó que la entrada de Napoleón en territorio español era inminente, el infante llegó el 5 de abril a Valladolid, el 6 a Burgos y el 7 a Vitoria, sin poder comunicar dónde se hallaba el emperador. El 8 se detuvo en Tolosa (Guipúzcoa), a la espera de noticias.

Nadie fue capaz en estos días de precisar a Fernando VII el paradero de Napoleón. El 8 de abril, o quizá el día siguiente, llegó por fin un despacho oficial del embajador en París, Masserano, con noticias fidedignas. Napoleón había salido de París a las once de la mañana del 2 de ese mes en dirección a Bayona y «probablemente su idea es de entrar en España», escribía el embajador, quien decía a renglón seguido: «Se ha marchado sin pedirme ni recibir mis nuevas cartas credenciales, ni las otras cartas Reales que V.E. [Cevallos, el ministro de Estado español] me había enviado con fecha de 21 de marzo». Añadía que tampoco había recibido contestación del Gobierno francés a la nota en que le había comunicado la abdicación de Carlos IV. Y no terminaban aquí las malas noticias del embajador. Su protesta por la publicación en el Journal de l’Empire de un artículo injurioso hacia la persona de Fernando VII había merecido la siguiente respuesta del Gobierno: «Habiendo la libertad de la Imprenta no se puede impedir que cada particular cuente el suceso diferenciadamente, y que, además, estos artículos son sacados de cartas que vienen de España».[42]

Al cinismo del Gobierno francés, pues la libertad de expresión era en realidad inexistente en el imperio napoleónico a causa de la sistemática censura de prensa, se unía el desprecio hacia Fernando VII. No sólo no era reconocido rey de España, sino que se toleraban publicaciones en su contra. El panorama no podía ser más desalentador, pero ya era imposible dar marcha atrás, o al menos eso pensaron Fernando VII y sus consejeros.

El 7 de abril, antes de disponer de la referida información de Masserano, había llegado a Madrid el general Savary, enviado especial de Napoleón, quien recientemente le había otorgado el título de duque de Rovigo. Ese mismo día fue recibido por el rey en presencia de Infantado, Escoiquiz, Cevallos y San Carlos. Savary se condujo con su habitual amabilidad. Dio a Fernando el tratamiento de majestad —era lo más deseado por Fernando—, pero aseguró que el emperador no había roto sus relaciones con Carlos IV y se había comprometido a protegerlo, con lo cual dejó patente la imperiosa necesidad de que Fernando VII se viera con el emperador.[43] Esta decisión, sin embargo, ya la había tomado el rey. De haber sido de otra manera, carecería de sentido el envío previo de don Carlos en busca del emperador. Además, como hemos visto, Fernando en persona la había anunciado a Murat el 3 de abril. La entrevista con Savary sirvió para apuntalar esa decisión, pero no fue, insistamos, el factor determinante, a pesar de que así lo presentaran unos años después Cevallos y Escoiquiz para rehuir su propia responsabilidad en este lance.[44]

La misión confiada por Napoleón al general Savary no consistió en convencer al rey de lo que, como constaba al emperador, ya estaba convencido. Savary llegó para vigilarlo ganándose su confianza, y por ello el tratamiento de «majestad» durante la primera entrevista, y cabe suponer que en las sucesivas. Debía acompañar al rey para conducirlo hasta Bayona, evitando cualquier actuación contraria a los intereses franceses. Savary era ducho en este tipo de tareas. Napoleón venía empleándolo desde tiempo atrás en labores de vigilancia y contraespionaje y el general le había dado pruebas más que suficientes de ser fiel ejecutor de sus órdenes, sin reparar en consideraciones de otro tipo. El caso más sonado fue el asesinato en 1804 del duque de Enghien, miembro de la familia Borbón-Condé, en el que Savary fue pieza fundamental. No deja de entrañar cierta truculencia que Napoleón le encargara la vigilancia de otro Borbón.

La Gazeta Extraordinaria del 9 de abril anunció la salida del rey de Madrid al día siguiente en dirección a Burgos, donde pensaba hallar a Napoleón, quien había llegado a Bayona con el objeto de pasar a España «con ideas de la mayor satisfacción de S.M. y de conocida utilidad y ventaja para sus amados vasallos». Fernando VII anunciaba asimismo la creación de la Junta de Gobierno presidida por el infante don Antonio de la que antes se ha tratado, y ordenaba el suministro a las tropas francesas de los socorros que precisasen. Los españoles creyeron que el destino del viaje del rey era Burgos. Murat, sin embargo, estaba seguro de que el rey finalizaría su trayecto en Bayona y ordenó al general Bessières que tomara las medidas pertinentes para que nada lo impidiera.[45]

Fernando VII quiso presentarse ante Napoleón con algún tipo de respaldo formal por parte de Carlos IV, y el día 8 escribió a su padre en estos términos:

Me parece justo que V.M. me dé una carta para el Emperador, felicitándole de su arribo y asegurándole que abrigo para con él los mismos sentimientos que V.M. le ha demostrado. Si V.M. considera conveniente, me enviará en respuesta dicha carta, porque yo salgo pasado mañana y he dado orden de que vengan después los tiros que deberán servir a VV.MM.[46]

Fernando VII no pretendía únicamente que directa o indirectamente Carlos IV reconociera la legalidad de su abdicación ante Napoleón. Al comunicarle que había dispuesto «los tiros», es decir, las caballerías para arrastrar un carruaje, le ordenaba de hecho que él y la reina también se prepararan para viajar. El taimado Fernando trataba de evitar que Murat aprovechara su ausencia para restaurar en el trono a Carlos IV. En la práctica, sin embargo, todo esto no sirvió sino para allanar el camino a los planes napoleónicos de alejar de la corte a los dos miembros de la familia que se disputaban la corona. Como se ve, por parte de Fernando VII todo fueron facilidades.

Ni la falta de respuesta de Carlos IV a su carta,[47] ni los avisos de algunas personas sobre el peligro del viaje hicieron cambiar de opinión al rey y a sus consejeros íntimos.[48] El 10 de abril, como estaba previsto, Fernando VII salió de Madrid. No regresaría hasta el 13 de mayo de 1814, seis años después.

Marchó el rey con un escogido séquito de personas de su máxima confianza, casi todas ellas comprometidas directamente en la conspiración de El Escorial. Iban sus tres consejeros (Escoiquiz, Infantado y San Carlos), el ministro Pedro Cevallos (único miembro del Gobierno), el capitán de la Guardia de Corps conde de Villariezo, Francisco de Palafox y Melzi (mayordomo de semana, cargo que tenía como función acompañar al rey en todo momento), los gentilhombres de cámara conde de Orgaz, los marqueses de Ayerbe y de Guadalcázar, el duque de Feria, el ex embajador en París marqués de Múzquiz, y los también diplomáticos Pedro Gómez Labrador y Eusebio Bardaxí. Entre la servidumbre, formada por dos médicos, un cirujano, individuos de cocina y repostería, criados de diferente condición y lacayos, se hallaban dos individuos bien conocidos por su antigua relación con Fernando: Fermín Artieda, ahora tesorero de la casa del rey, y Pedro Collado, guardajoyas. En Vitoria se les unió Blas Ostolaza, quien luego actuaría de confesor del rey, y Juan Gualberto Amézaga, pariente de Escoiquiz como José Peral, también integrante de la comitiva. Los mencionados, más el infante don Carlos y los tres grandes que le acompañaron en su viaje (el conde de Fernán Núñez, y los duques de Frías y de Medinaceli) estuvieron presentes en Bayona durante la negociación de la abdicación.[49]

Escoltado por tropas francesas, y acompañado de sus fieles, el rey pasó la primera noche en Buitrago de Lozoya, la siguiente en Aranda de Duero, y el 12 de abril, a las cuatro de la tarde, hizo su entrada en Burgos, donde se calculaba que tendría lugar el encuentro con Napoleón. El trayecto fue un recorrido triunfal. Los habitantes de los lugares del recorrido y los de puntos cercanos se agolparon al paso del rey, abundando en exclamaciones y vítores. Hubo fuegos de artificio, volteo de campanas, besamanos y cumplimientos de las autoridades, banquetes, bailes y celebraciones religiosas en acción de gracias por la presencia del rey, a quien el clero introdujo en los templos bajo palio.[50] Históricamente, el paso del soberano por un municipio había sido un acontecimiento singular muy celebrado por la población, pero en este caso la costumbre secular se vio reforzada por el entusiasmo suscitado por Fernando VII desde los sucesos de Aranjuez. Fue la ocasión para celebrar y aclamar fuera de la corte al rey «regenerador» con idéntico entusiasmo al mostrado en Aranjuez y Madrid días antes.

Napoleón no había llegado a Burgos y no se conocía a ciencia cierta su paradero, pues ni el infante don Carlos ni otros individuos previamente enviados a Bayona a título particular fueron capaces de proporcionar información alguna. La única referencia directa la dio el conde de Fernán Núñez en un escrito entregado al rey al entrar en Aranda de Duero. El conde, que había salido de Madrid con el infante don Carlos, había sido uno de los enviados a recorrer los caminos de Francia para entregar cartas de Fernando VII a Napoleón. Lo encontró el 3 de abril en Tours. El emperador, que no se detuvo en esa ciudad, no lo recibió, pero a través de Duroc, su jefe de palacio, le pidió los escritos que portaba. Los leyó y por medio de Duroc —nunca de forma directa— ordenó a Fernán Núñez que le siguiese en su trayecto. En ningún momento respondió el emperador a las cartas de Fernando VII, ni concedió audiencia al conde español. Su presencia, sin embargo, fue aprovechada por Duroc para mantener con él una conversación durante hora y media, «informándose», dice Fernán Núñez, «de cuanto había ocurrido en Madrid y haciéndome mil preguntas, sobre todo acerca de lo que pensaba la nación de ver tantas tropas francesas en España». Cevallos se limitó a ordenar a Fernán Núñez que permaneciese al lado del emperador «por si responde a la carta que V.E. le entregó».[51]

El trato a Fernán Núñez delataba el desprecio de Napoleón hacia el nuevo rey. Su ausencia en Burgos o en otro punto de España revelaba su nula intención de celebrar en tierra española el prometido encuentro con Fernando VII. Todo había sido una trampa. De ello se habló en el entorno del rey durante su etapa en Burgos y aun se llegó a pensar en interrumpir el viaje. Al final, sin embargo, Savary, quien realizaba el mismo trayecto que la comitiva real como atento vigilante, impuso su criterio de continuar al menos hasta Vitoria.

En la tarde del 13 de abril llegó Fernando VII a Vitoria. No encontró allí al emperador (éste haría su entrada en Bayona al día siguiente). De nuevo, incertidumbre y desconfianza, que acrecentó el antiguo ministro de Carlos IV Mariano Luis Urquijo, llegado precipitadamente de Bilbao, al ser avisado por el general Cuesta del propósito del rey de pasar a Francia. Fernando lo recibió con mucha deferencia e incluso le invitó a comer. Urquijo tuvo después una larga conferencia con el monarca y sus consejeros (faltó Escoiquiz, enfermo). Tras objetar que se hubiera emprendido el viaje sin haber obtenido el reconocimiento del emperador, Urquijo desveló con toda claridad, basándose en la prensa francesa y en otras fuentes, que Napoleón pretendía acabar con la dinastía Borbón en España. Infantado replicó que tal cosa sería imposible, que un «héroe» no se rebajaría hasta ese extremo, porque quedaría desacreditado a los ojos de Europa y de los mismos franceses. Otros dijeron que «con ciertas concesiones de territorio y comercio» quedarían satisfechas sus ambiciones, reconocería al nuevo rey de España y todo estaría resuelto. Urquijo sugirió sacar al rey de Vitoria para llevarlo a algún lugar seguro de Aragón, empresa para la que contaba con el concurso del alcalde vitoriano, Urbina. Se desechó este plan y el ex ministro regresó abatido a Bilbao, convencido de que «todos están ciegos y caminan a una ruina inevitable».[52]

No fue Urquijo el único en intentar evitar la prolongación del viaje real hasta Francia. Otras personas distinguidas también acudieron a Vitoria con la misma idea. Entre ellas el comandante general de Guipúzcoa, duque de Mahón-Crillon, y el general Arteaga, quienes sugirieron el traslado del rey a Bilbao para embarcarlo hacia un lugar libre de franceses. Por su parte, Gregorio de la Cuesta, muy activo en este asunto, había distribuido tropas en distintos puntos de Castilla la Vieja y ordenado al gobernador militar de Santander la adopción de «medidas eficaces para armar al paisanaje con el plausible pretexto de disponer una guardia en obsequio del Soberano».[53]

A pesar de su ceguera, como bien había diagnosticado Urquijo, el rey y su entorno dudaron seriamente de la conveniencia de seguir camino hacia el norte. Entonces, como venía siendo habitual, intervino Savary. Sus palabras —de acuerdo con su propio relato— fueron duras. Ya es tarde para miedos, les dijo. El rey de España es Carlos IV, pero si Fernando se presenta ante Napoleón y le da cumplida explicación de las circunstancias de su acceso al trono, el emperador lo reconocerá como rey. Por el contrario, si se interrumpe el viaje, cual opinó Cevallos, deberán atenerse a las consecuencias, pues las tropas francesas entenderán el hecho como la apertura de hostilidades.[54] La amenaza era patente. Fernando VII reaccionó con una carta al emperador que Savary se ofreció gustoso a portar él mismo a Bayona, para, de paso, recibir nuevas instrucciones de su amo.

A juicio de Pérez de Guzmán, el escrito de Fernando VII, fechado el 14 de abril, era torpe y deslavazado. La abdicación de Carlos IV, decía, fue libre y espontánea. Tras lamentarse de la ausencia de felicitaciones formales del emperador y de sus representantes con motivo de su acceso al trono, volvía a hacer protesta formal de su lealtad, enumerando los auxilios prestados a las tropas francesas destinadas en España y su disposición a atender las peticiones de Murat. En prueba de su buena disposición a estrechar la alianza entre ambos países, Fernando mencionó también su deseo de contraer matrimonio con una princesa francesa. En tono rayano en lo miserable, como dijera el conde de Toreno, terminaba rendido a los pies del emperador: «Ruego, pues, a V.M.I. y R. con eficacia que se sirva poner término a la situación congojosa en que me ha puesto su silencio, y disipar, por medio de una respuesta favorable, las vivas inquietudes que mis fieles vasallos sufrirían con la duración de la incertidumbre».[55]

Según su testimonio, Savary rebatió ante Napoleón las protestas de fidelidad de Fernando VII. Tenía prisa por ser reconocido, porque supondría que acto seguido lo sería por las restantes cortes de Europa, pero resultaría imposible mantener con él las mismas relaciones que con Carlos IV. Fernando era incapaz de gobernar por sí mismo y se dejaría llevar por los que le rodeaban, los cuales eran contrarios a Francia, enfatizó el que luego sería jefe de la policía imperial.[56]

Napoleón respondió a la del rey con otra carta, durísima, también llevada en mano por Savary.[57] Era la primera vez que se dirigía directamente a Fernando, a quien en momento alguno otorgó el tratamiento de «majestad». La misiva contenía un conjunto de gravísimas recriminaciones, comenzando por el trato dispensado a Godoy desde el 19 de marzo. «¿Cómo se podría formar causa al Príncipe de la Paz sin hacerla también a los Reyes, vuestros padres?», le lanzó. A continuación le atacó por donde más le dolía: «Vuestra alteza no tiene a ella [la Corona] más derechos que los que vuestra madre le ha transmitido.[58] Si la causa [contra Godoy] mancha el honor de vuestra madre, V.A. destruye vuestros propios derechos». Según Napoleón, Fernando no podía juzgar a Godoy; en su mano estaba, a lo sumo, ordenar su destierro y en este caso —remachaba el emperador— él estaba dispuesto a concederle asilo en Francia. Tras esta andanada, hiriente hasta el extremo para Fernando VII, entró Napoleón en la cuestión de la renuncia de Carlos IV en estos términos:

En cuanto a la abdicación de Carlos IV, ha tenido efecto en el momento en que mis ejércitos ocupaban España y a los ojos de toda Europa y a la posteridad podría parecer que yo he enviado todas esas tropas con el único objeto de derribar del Trono a mi amigo y aliado. Como Soberano vecino debo enterarme de lo ocurrido antes de reconocer esta abdicación [...]. Si la abdicación del rey Carlos es espontánea y no ha sido forzado a ella por la insurrección y motín ocurrido en Aranjuez, yo no tengo dificultad en admitirla y en reconocer a V.A.R. rey de España.

Una vez más, Napoleón jugaba con su interlocutor, pues como ya se vio, el propio Carlos IV le había comunicado por escrito que su abdicación había sido forzada. La promesa contenida en la última frase citada era, pues, pura retórica. Pero la ofensiva imperial no paró ahí. Es evidente, continuaba el emperador, que «V.A.R. tenía gravísima culpa» en la trama de El Escorial, como lo prueba «la carta que me escribió y que siempre he querido olvidar. Siendo Rey algún día, V.A. sabrá cuán sagrados son los derechos del Trono. Cualquier paso de un Príncipe heredero cerca de un Soberano extranjero es criminal».

Resultaba casi imposible superar en cinismo a Napoleón. Ya vimos que la aludida carta de Fernando había sido escrita a instancias del embajador francés en España. También había sido iniciativa de este embajador la solicitud del matrimonio de Fernando con una dama francesa, cosa que ahora, el 16 de abril de 1808, el emperador, al ofrecer a Fernando el único dato positivo de su escrito, consideró «conforme a los intereses de mis pueblos y, sobre todo, como una circunstancia que me unirá con nuevos vínculos a una casa a la que no tengo motivos sino de alabar desde que subí al trono». Sin embargo, a renglón seguido sacó las uñas de nuevo, advirtiendo al «príncipe» que impidiera las alteraciones populares contra los soldados franceses destinados en España.

Napoleón pensó que esta carta, puesta en manos del rey español por Savary el 18, le disuadiría de proseguir viaje hasta la frontera, y adoptó precauciones. Ordenó a Savary que si fuera necesario lo arrestara con toda su comitiva, al mariscal Bessières que tuviera preparadas sus tropas, y a Murat que si el «Príncipe de Asturias» retornaba a Burgos, saliera a su encuentro, lo arrestara y, llegado el caso, publicara su carta del día 16 y la protesta de la abdicación de Carlos IV. Además, mandaba a su lugarteniente en España que forzara a los miembros de la Junta de Gobierno de Madrid a prestar juramento a Carlos IV.[59]

El emperador había decidido destronar a Fernando VII por la vía de los hechos. Para su asombro, la respuesta de éste fue muy diferente a la esperada:

Señor mi hermano: He recibido con la mayor satisfacción la carta que V.M.I. y R. ha tenido a bien dirigirme con fecha 16 por medio del general Savary. La confianza que V.M. me inspira y mi deseo de hacerle ver que la abdicación del Rey mi Padre a mi favor fue efecto de un puro movimiento suyo, me ha decidido a pasar inmediatamente a Bayona. Pienso, pues, salir mañana por la mañana para Irún, y trasladarme después de mañana a la casa de campo de Marrac, en que se halla V.M.I. y R.[60]

Cuando un edecán del rey le entregó esta misiva, Napoleón exclamó estupefacto: «¿Cómo? ¿Viene aquí? ¡Usted se equivoca; él me engaña! Eso no es posible». Constant, el ayuda de cámara de Napoleón que refiere esta anécdota, que presenció personalmente, anota en sus memorias: «Puedo certificar que al hablar así, el emperador no disimulaba la sorpresa».[61]

Ya había dicho Urquijo que el rey y sus consejeros estaban ciegos. Su ceguera les impidió ver el auténtico sentido de la carta de Napoleón y les impulsó a prestar oídos sordos a las advertencias del propio Urquijo y de los otros individuos personados en Vitoria para disuadirles de continuar el viaje. Por idéntico motivo, tampoco atendieron el grave aviso transmitido desde Madrid por la Junta de Gobierno en un informe elevado al rey, elaborado probablemente el 16 o 17 de abril.[62] Como consecuencia de la demora de Napoleón en dar a conocer sus intenciones sobre España, «nos vamos debilitando», decía la Junta, «para el caso en que hubiésemos de recurrir a una abierta resistencia», pues aparte de ocupar los franceses puntos clave en el territorio nacional, su petición permanente de plomo y pólvora y sus exigencias en el suministro de toda clase «agotan todas las rentas y recursos de nuestro empobrecido erario, verificando insoportables molestias y vejaciones a los pueblos». Con todo, la Junta consideraba más grave aún el comportamiento de los franceses: en lugar de aliados adoptan el tono de conquistadores, «como si fuese deber cumplir todas sus obligaciones, según V.M. pudo notarlo antes de su partida», a pesar —insiste la Junta— del trato con «generosidad y franqueza» dispensado por el rey a Napoleón. Tras esta clara, y un tanto sorprendente, alusión a la actuación de Fernando VII, la Junta sugería que había llegado el momento de cambiar de política y con todos los miramientos posibles apuntaba la vía que se debía seguir:

La Junta se cree obligada a exponer a V.M. que si hasta ahora la Nación, a fuerza de las diligencias del Gobierno, ha podido reprimir los ímpetus de la lealtad y amor a su Real Persona y del deseo de conservar su independencia de toda autoridad extranjera, acaso permaneciendo por largo tiempo en esta violenta compresión, se irá habituando demasiado a él y se enfriará algo su entusiasmo, tan necesario para el caso en que V.M. se viese precisado a resistir una ley dura que se le quisiere imponer.

El párrafo es de extraordinario interés. Delata, por una parte, que desde el primer momento se detectó entre los españoles un impulso de resistencia nacional al invasor extranjero, aunque no se materializó por obediencia al monarca («a fuerza de las diligencias del Gobierno»). Por otra, apunta la posibilidad de que en algún momento hubiera que enfrentarse a «una ley dura», que no podría ser otra que el destronamiento de Fernando VII, y para ello era preciso contar con el entusiasmo de la población hacia la persona del rey, el cual podría enfriarse si se continuaba en el estado de colaboración forzada («violenta comprensión») hacia los franceses.

Una vez más, del entorno del rey salió una respuesta sorprendente y fantasiosa. El 18 de abril comunicaba Cevallos al decano del Consejo Real (en ausencia de Infantado desempeñaba esta función Arias Mon) que el monarca estaba satisfecho de cómo acababa de arreglar todo lo relativo a «los mutuos intereses» del emperador francés y los suyos, y había determinado «corresponder la sincera amistad con que S.M.I. y R. se ha explicado en la carta que últimamente le ha dirigido [la del 16] pasando a hacerle una visita a la casa de campo en que le aguarda a escasa distancia de la frontera para estrechar más con ella los inseparables vínculos que unen ambas monarquías». Con este objeto anunciaba el rey su salida de Vitoria el 19 de ese mes, iría a dormir a Irún y al día siguiente a la expresada «casa de campo». Cevallos finalizaba advirtiendo que el monarca deseaba que sus vasallos «desecharan todos los temores y recelos infundados con que la ignorancia y la malevolencia intentaren inquietarles y aguardaran con la misma tranquilidad su pronta vuelta».[63]

A mediados de abril de 1808 se había generalizado en España un sentimiento si no abiertamente de hostilidad, al menos de recelo hacia Napoleón. Los militares franceses distribuidos por el país lo captaron a la perfección. El mariscal Bessières alertó a Murat, desde Burgos, que el viaje del rey disgustaba «extremadamente» a todo el mundo, que a tenor de las informaciones recibidas la actitud hacia las tropas francesas en toda Vizcaya no podía ser peor, y que por todas partes se decía que Fernando VII no debería ir a Bayona.[64]

Prueba fehaciente de ese estado de ánimo fue la reacción de los vitorianos. Cuando se difundió por la ciudad la noticia de la inminente reanudación del viaje de la comitiva real, una multitud armada con instrumentos rudimentarios se concentró ante la residencia del monarca para impedir que ocupara el coche preparado para la partida. No se sabe muy bien si fue un movimiento espontáneo o resultado de algún plan preconcebido, pero obligó a emplearse a fondo al duque del Infantado, cuyo prestigio entre la población era considerable, para calmar el tumulto y explicar que el rey había meditado gravemente su decisión. Al mismo tiempo, se difundió un real decreto, redactado apresuradamente por Escoiquiz, en el que el monarca agradecía el afecto de los vitorianos, pero les advertía que no debían extralimitarse en su expresión, pues podía degenerar en falta del debido respeto hacia su persona. El rey aseguraba asimismo que su viaje al encuentro de «su aliado el emperador» tendría «las más felices consecuencias».[65]

Superados todos los inconvenientes, Fernando VII salió de Vitoria el 19 de abril. Según Talleyrand, ex ministro de Asuntos Exteriores de Napoleón y casi siempre bien informado, Fernando VII y sus acompañantes llegaron a Irún ese mismo día a las once de la noche. Se alojaron en casa de la familia Olazábal, situada al borde del mar, la cual disponía de un pequeño embarcadero. El detalle lo consigna Talleyrand con toda intención y Escoiquiz lo resalta en sus memorias. Fernando podía haber tomado una embarcación para trasladarse a lugar seguro fuera del control de las tropas francesas, tal y como le acababan de sugerir varias personas durante su estancia en Vitoria. Además, el general Savary no había podido hacer el trayecto de Vitoria a Irún con el séquito real, como había sido usual durante todo el viaje, porque su coche sufrió una avería y no llegó a Irún hasta las siete de la mañana del día siguiente. Fernando VII, por tanto, pasó ocho horas sin su vigilante, rodeado sólo de españoles. El azar le deparó la oportunidad de no entrar en Francia, pero no se atrevió a dar este paso, bien por ceguera, bien porque él y sus consejeros estaban atenazados por el temor a Napoleón.[66]

A las ocho de la mañana del 20 de abril, es decir, a poco de llegar Savary, reemprendieron viaje. En un escrito posterior, Cevallos insinuó que al pisar suelo francés el rey constató con disgusto que ninguna persona de relieve había sido enviada por el emperador para recibirlo, sino tropas de la guardia imperial, que rodearon los coches del séquito real.[67] Aquello podía interpretarse como una escolta de honor, producto de la deferencia del emperador hacia su ilustre huésped, pero muchos creyeron —apunta Talleyrand— que el número de soldados era demasiado numeroso para otorgarle con propiedad esta consideración. Fernando VII parecía prisionero de Napoleón. Esta sensación se convirtió en certidumbre en cuanto el séquito llegó al primer pueblo francés. En un arco de triunfo, elevado para la circunstancia, se leía lo siguiente: QUIEN HACE Y DESHACE REYES ES MÁS QUE REY. La inscripción, apostilla Talleyrand, significaba lo mismo que aquella famosa sentencia colocada por el Dante a las puertas del infierno: «Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate».[68]

Las abdicaciones de Bayona

El 20 de abril, al mediodía, llegó Fernando VII a Bayona. El mariscal Berthier, príncipe de Neuchâtel y jefe del Estado Mayor del Ejército imperial, el general Duroc, duque de Frioul y gran mariscal de palacio, y un chambelán de honor salieron a su encuentro a las puertas de la ciudad. El rey había esperado una representación de esta naturaleza en la frontera. Sólo la halló a unos metros del casco urbano de Bayona, porque el rango que Napoleón le reconocía no permitía otra cosa, como afirma persona tan experimentada en los usos cortesanos napoleónicos como el ayuda de cámara del emperador, Constant.[69] Acto seguido fue conducido al edificio de la intendencia, residencia asignada a él y a su hermano Carlos, quien lo había precedido en la llegada a la ciudad y ya estaba instalado en ella. Al entrar, Fernando —recurro de nuevo al citado ayuda de cámara— «fit la grimace» (puso mal gesto o mala cara). Tampoco a otros miembros de su cortejo les pareció aquél un lugar adecuado para alojar a un monarca. Sin embargo, era la mejor casa de la ciudad, grande y nueva, sólo superada en prestancia por el palacio de Gobierno, habitado por Napoleón hasta su traslado a Marracq, en las afueras del casco urbano, y reservado ahora para los reyes Carlos IV y María Luisa.[70]

Desde su salida de Madrid diez días antes, Fernando VII había ido de decepción en decepción. No halló en territorio español al emperador y su primera carta (la del 16 de abril) fue una durísima reprimenda, no recibió el adecuado recibimiento en suelo francés, el alojamiento asignado no lo consideró ajustado a su rango y, para colmo, en el trayecto de Irún a Bayona, los tres grandes de España enviados por delante para cumplimentar al emperador (Frías, Medinaceli y Fernán Núñez) le informaron de rumores en Bayona sobre el proyecto de Napoleón de destronar a los Borbones españoles.

Una hora después de haberse instalado, Fernando recibió la visita del emperador. Lo esperó a la puerta del edificio. Abrazos y cumplimientos. Ambos subieron a las habitaciones del rey y hablaron durante aproximadamente media hora. Al despedirse —afirma Constant— Fernando tenía cierto aire de preocupación. Al poco, llegó Duroc, anunciando que a las cinco de la tarde el emperador esperaba a comer en Marracq a Fernando y a su hermano Carlos, acompañados de Infantado, Cevallos y Escoiquiz. En la comida hubo de nuevo cumplidos y muestras de mutua amistad, pero no se habló de política. Para colmo, el emperador no dispensó ni una sola vez el tratamiento de majestad a Fernando, ni siquiera el de alteza, lo cual —dice Savary— le incomodó en extremo. Finalizada la comida, Napoleón acompañó a Fernando únicamente hasta la primera puerta del salón.[71] Todo estaba claro, pero acto seguido quedó rematado. A poco de volver Fernando a su residencia, se presentó Savary para comunicarle que el emperador «había decidido irrevocablemente que no reinase la dinastía de Borbón en España y que en su lugar sucediese la suya».[72]

Así pues, ese 20 de abril de 1808, el mismo día de su llegada a Bayona, Fernando VII, su hermano Carlos y quienes les rodeaban (varios títulos de Castilla y altos cargos) conocieron la resolución de Napoleón de destronar a la Casa de Borbón. Para ellos fue una trágica novedad, pues a pesar de los rumores no habían considerado tal posibilidad. Su gran temor hasta ese momento radicaba en que Napoleón apoyara el retorno de Carlos IV, y por ello pensaron que todo el problema consistía en convencer al emperador de que la abdicación del rey padre había sido libre y espontánea y, en consecuencia, Fernando gozaba de plena legitimidad para ocupar el trono. Éste fue el objetivo del viaje y lo que les había prometido Savary que aceptaría Napoleón, y fue lo que se desvaneció el 20 de abril.

Gracias a las abundantes noticias proporcionadas desde Madrid por la Junta de Gobierno, Fernando y sus consejeros sabían desde días antes de su llegada a Bayona de las maniobras de los franceses para proclamar rey a Carlos IV. El 16 de abril escribió el infante don Antonio que el gran duque de Berg había manifestado a los ministros Azanza y O’Farrill que «la gloria del emperador exigía el restablecimiento de Carlos IV».[73] Al día siguiente, ambos ministros informaban de una larga conversación con Murat y con La Forest, recién llegado este último a Madrid como embajador de Napoleón, sobre la legalidad de Fernando para ocupar el trono. En ese encuentro los dos franceses dejaron meridianamente claro que el emperador no podía aceptar el cambio de monarca en España, por haber sido realizado «en medio de una insurrección de una tropa insubordinada y del estrépito y gritos del pueblo».[74] Al mismo tiempo, Carlos IV, inducido por Murat y La Forest, escribió a don Antonio una carta en la que, tras calificar su renuncia de «acto simulado que me ha sido arrancado», le anunciaba que había llegado el momento de recuperar la corona, porque Napoleón no reconocía a su hijo y había tranquilidad en el país. Como muestra de que comenzaba a ejercer como rey, le comunicó que confirmaba en sus cargos a los miembros de la Junta y a «todos los empleados civiles y militares que han sido nombrados desde el 19 del mes de marzo último».[75]

Esta escenificación respondía a un plan elaborado por Murat y La Forest de acuerdo con las órdenes recibidas. Consistía en lo siguiente: una vez controlado Fernando VII en Bayona, se proclamaría rey a Carlos IV; éste asimismo sería enviado de inmediato ante el emperador y dejaría en España a Murat como su lugarteniente general, en cuyas manos quedaría de hecho el Gobierno de la monarquía. Este paso creaba un importante problema, pues no se sabría quién era el soberano español. Naturalmente, Napoleón resolvería el enigma en Bayona, transfiriendo la corona a uno de sus hermanos, mientras en España se manipularía la opinión pública mediante la adecuada campaña propagandística.[76]

Los consejeros de Fernando VII se habían obsesionado con la posibilidad del retorno de Carlos IV y pretendieron frenarlo, pero no fueron capaces de idear nada eficaz. Lo único que proyectaron tuvo aires de farsa. La idea fue de Escoiquiz. Desde Vitoria planteó al ministro Azanza, el político español más activo e influyente en Madrid en esos días junto a O’Farrill, una propuesta para lograr la reconciliación de «un modo nada arriesgado y natural». Consistía en proponer a la reina mediante persona de su confianza una ciudad para que ella y Carlos IV la gobernaran a título de patrimonio. De esta manera, decía el canónigo con ínfulas de estadista, la reina se sentiría independiente de su hijo. Y añadía: «Si se logra este fin, será el testimonio más solemne para toda Europa, así de la libertad de la abdicación, como del respeto filial de Nuestro Soberano».[77]

La inveterada ceguera de Fernando VII y de sus consejeros íntimos, unida a su temor cerval a Napoleón, no les permitió ir más lejos. Así se explica que cayeran en la emboscada de Bayona (de guet-apens califica el suceso la historiografía francesa). Y su turbación. Dos días después de su llegada a esta ciudad francesa, Cevallos escribió a la Junta de Madrid una larga carta. La situación del rey —decía— es «crítica» y las proposiciones de Napoleón son peores de lo imaginado, pues no versan sobre la legalidad del acceso de Fernando al trono, sino de su renuncia absoluta a la corona, ya que Napoleón «no quiere que reine ningún Borbón». El emperador —proseguía— actúa «con tales amenazas y con un tono tan imperioso e inaudito que no cabe poder trasladarlo al papel». Se había producido el desengaño. Se había comprendido, por fin, cuál era el auténtico problema. No obstante, Cevallos, que en esta ocasión —como casi siempre— escribió al dictado de Fernando y de los otros consejeros, hizo acto seguido una recomendación sorprendente a la Junta:

Como el rey se halla, por decirlo así, en poder del emperador, y no es posible tomar resolución alguna sin comprometer su propia seguridad, es preciso meditar mucho lo que se debe responder, y aunque hasta ahora nada se ha convenido, me manda S.M. trasladarlo a la Junta con mucha reserva para que se halle enterada de ello y redoble la actividad, a fin de que no se altere en lo más mínimo la tranquilidad pública, pues al menor asomo de insurrección peligraba mucho la seguridad del Rey y la de los mismos Pueblos.[78]

Tres días antes de esta carta, el 19 de abril, estando el séquito real todavía en Irún, con posibilidad de no entrar en Francia, el mismo Cevallos comunicaba a la Junta que era factible el entendimiento con el emperador y por este motivo Fernando VII había decidido prolongar su viaje hasta Bayona.[79] El contraste con lo anterior no puede ser más patente. Si ese «entendimiento» era el reconocimiento de Fernando VII por parte de Napoleón, se estuvo muy lejos de conseguirlo, porque tal cosa no entraba en las miras del emperador.

Hasta la llegada de Carlos IV y la reina hubo negociaciones en Bayona, pero nunca se centraron en el reconocimiento de Fernando VII, sino en su destronamiento.[80] Las propuestas de Napoleón las sistematizó Cevallos en un comunicado a la Junta de Madrid. Eran claras y tajantes: 1.o La dinastía Borbón no reinará en España. 2.o Fernando cederá sus derechos personales por sí y por sus hijos, si los tuviera. 3.o Si aceptaba esto, se le concedería la corona de Etruria para sí y para sus descendientes, de acuerdo con la ley Sálica. 4.o El infante don Carlos hará lo mismo que Fernando y tendrá derecho a sucederle en Etruria si faltara la descendencia de su hermano. 5.o El reino de España será poseído en adelante por uno de los hermanos del emperador francés. 6.o Quedaba garantizada la integridad total de las colonias españolas. 7.o El emperador salía garante, asimismo, de la conservación de la religión, propiedades, etcétera. 8.o En caso de no aceptar este tratado, Fernando «se quedará sin compensación y S.M.I. lo hará ejecutar [el tratado] de grado o por fuerza». 9.o No habrá ningún obstáculo para que, si ésa es su voluntad, Fernando se case con una sobrina del emperador.[81]

Con la excusa de examinar con detenimiento estos puntos, Cevallos presentó el 28 de abril un escrito al ministro francés Champagny, exponiendo la conveniencia de que se permitiera el regreso del rey a España, para, además, calmar los ánimos de sus súbditos, cada vez más agitados. No hubo respuesta. A partir de ese momento, cesaron las conversaciones entre el entorno de Fernando y el del emperador. Poco antes, Labrador había preguntado a Champagny si el rey estaba en libertad, a lo que este respondió que eso no podía dudarse. En tal caso, replicó Labrador, podía restituirse a sus Estados. Champagny le aseguro que dependía del emperador. Informado de este diálogo, exclamó Fernando VII: «¿Qué duda cabe que soy prisionero de Napoleón? ¡Pues no me ha de quitar la Corona sino con la vida!».[82] Esta salida del rey fue luego muy utilizada por la propaganda española para consolidar su imagen heroica y justificar su actuación en Bayona.

Baladronadas aparte, Fernando no informó a su padre de las propuestas de Napoleón. En las cartas que le envió desde Bayona, se limitó a tratar banalidades, tales como que había visto al emperador, que Marracq era una casa muy bonita y cosas por el estilo. El hecho tiene relevancia, pues de haber dispuesto de noticias fehacientes sobre las intenciones imperiales de privar de su reino a los Borbones, quizá Carlos IV hubiera intentado suspender su viaje a Francia (lo inició el 23 de abril) o, como apunta Godoy en sus Memorias, al menos ni él ni el rey se hubieran presentado «a ciegas» ante Napoleón.[83] Esto permite aventurar que Fernando temía más el retorno de Carlos IV al trono que el destronamiento de su propia dinastía.

Carlos IV y la reina llegaron a Bayona el 30 de abril. Todo fueron atenciones y homenajes por parte del emperador. Un noble del imperio había sido enviado a Irún para recibirles y al borde del Bidasoa los cumplimentó Berthier, al frente de un destacamento de tropas de elite vestidas «con traje soberbio». Fernando y su hermano Carlos salieron a recibirlos cerca de Bayona y al hacer su entrada en la ciudad hubo repique de campanas y las baterías de la ciudadela y del puerto lanzaron muchos disparos. Acompañado de altos servidores de la casa imperial, Duroc los condujo a sus aposentos en el palacio de Gobierno. La diferencia con lo sucedido diez días antes era abismal, pero si esto incomodó a Fernando VII, mucho más penoso fue para él el besamanos celebrado horas después. Carlos IV recibió con displicencia y sin dirigirles la palabra a los grandes de España que habían acompañado a su hijo, y cuando, finalizada la ceremonia, éste quiso seguir a sus padres hasta sus aposentos, el rey padre lo detuvo y haciendo un gesto de rechazo con su brazo le dijo con voz temblorosa: «¿Príncipe, aún queréis ultrajar mis cabellos blancos?». Aterrorizado, Fernando se retiró sin proferir palabra.[84]

El diferente trato dispensado por Napoleón a Carlos IV y a Fernando VII fue suficientemente expresivo. Al primero le acogió como a un rey; al segundo no lo tuvo por tal. Por esta razón y por sus vivencias en España desde la entronización de su hijo, Carlos IV todavía se forjaba ilusiones sobre el apoyo del emperador para recuperar la corona. Atendiendo a sus súplicas y a las de la reina, Napoleón los había mantenido en El Escorial, contrariando la pretensión de Fernando de enviarlos a Badajoz para alejarlos de los reales sitios. En los días inmediatos al inicio de su viaje a Francia, Carlos IV había vivido directamente las maniobras de Murat y de La Forest encaminadas, como ha quedado dicho, a reponerlo teóricamente en el trono. Hasta tal punto albergaron los reyes padres esta ilusión que, cuando en el trayecto de El Escorial a Bayona el duque de Mahón les comunicó el rumor de que Napoleón pretendía destronar a los Borbones españoles, la reina, sorprendida, respondió que si bien el francés siempre había sido enemigo de esta dinastía, no creía que llegara a cometer «perfidia tan escandalosa».[85] El último momento en que permaneció en ellos esa esperanza fue la comida con Napoleón el 1 de mayo. Tras dispensar a Carlos IV un cúmulo de atenciones (todos los relatos coinciden en su extraordinaria preocupación por satisfacer el apetito y los gustos gastronómicos del patriarca Borbón), el emperador le pidió que llamara a su hijo

[...] y le requiriera para dar por terminado su Gobierno, renunciando a sus culpables pretensiones y por un acto escrito, firmado de su puño, le devuelva la Corona. No estaría bien que yo lo hiciese, porque no soy su padre ni su Rey, sino tan sólo un Soberano amigo y aliado de VV.MM. Esto no obstante, si lo juzgase conveniente para imponer mayor respeto a su hijo extraviado, yo estoy pronto a acompañarle y asistirle en este grave paso, que es inevitable.[86]

No hay razón para dudar de estas o similares palabras de Napoleón referidas por Godoy, presente en la escena —había llegado a Bayona el 26 de abril—, pues inmediatamente Carlos IV procedió de acuerdo con ellas. Llamó a Fernando y en presencia de los comensales y con acritud, según algunos relatos, le exigió el documento mencionado. Con fecha de ese mismo día —recordemos: el primero de mayo— Fernando lo entregó al siguiente. Tras un enrevesado preámbulo sobre la libertad de la abdicación de Aranjuez, decía: «Estoy pronto, atendidas las circunstancias en que me hallo, a hacer la renuncia de mi corona en favor de V.M». Pero establecía condiciones: formalizaría la renuncia ante las Cortes reunidas en Madrid y si Carlos IV no deseara reinar ni volver a España, gobernaría el reino como su lugarteniente.[87]

En cuanto Napoleón conoció esta carta, que coincidió con el momento de recibirla Carlos IV, redactó la respuesta. El viejo monarca la asumió y se la trasladó a su hijo sin cambiar una frase.[88] Tras lanzarle un conjunto de reproches (Fernando se había dejado llevar por «consejos pérfidos», conspiró en El Escorial y había sido el responsable de los sucesos de Aranjuez) y justificar la entrada de tropas francesas en España, la misiva rebatía con rotundidad las condiciones expuestas en la suya por Fernando VII para hacer la cesión de la corona: «Yo soy rey por el derecho de mis padres; mi abdicación es el resultado de la fuerza y de la violencia; no tengo pues nada que recibir de vos, ni menos puedo consentir a ninguna reunión en junta, nueva necia sugestión de los hombres sin experiencia que os acompañan». Puesto que la había redactado Napoleón, la carta instaba a Fernando a no provocar ningún altercado en España, y terminaba con un consejo muy propio del emperador: «Todo debe hacerse para el pueblo, y nada por él; olvidar esta máxima es hacerse cómplice de todos los delitos que le son consiguientes».[89] Según Pedro Cevallos, Fernando VII respondió a esta carta con otra del 4 de mayo en que se defendía de los reproches de su padre y declaraba en tono solemne, y con una dignidad ausente en sus otras actuaciones, que ninguno de los dos podía aceptar el cambio de dinastía pretendido por Napoleón sin el consentimiento de todos los miembros de la familia que tuvieran o pudiesen tener derecho a la corona, «ni tampoco sin el mismo expreso consentimiento de la Nación española, reunida en Cortes y en lugar seguro».[90]

La única referencia a esta última carta es la del mismo Pedro Cevallos, lo cual no deja de ser sorprendente, pues el resto de la correspondencia cruzada en esta ocasión entre los dos reyes españoles ha sido reproducido o resumido por los contemporáneos que han relatado lo sucedido en Bayona. Ello ha conducido a Manuel Izquierdo a sospechar que tal carta o fue inventada por Cevallos —algo dentro de lo posible, dado el tono apologético de su obra—, o en todo caso no llegó a manos de Carlos IV.[91] Pero esto no pasa de ser una anécdota. Lo sustancial es que Carlos IV y Fernando VII iban entrando con notable facilidad en el drama compuesto por Napoleón. Con lo dicho acababan de representar el primer acto, el enfrentamiento entre padre e hijo, que el emperador aún adornó mostrándole a Carlos IV ciertos escritos de su hijo y de las personas de su entorno en los que el rey padre no quedaba bien parado.

El 4 de mayo se dio paso al segundo acto del drama, en el que se representó a Carlos IV ejerciendo de rey. Ese día firmó un real decreto «en el palacio imperial llamado el Gobierno» de Bayona, por el que nombraba teniente general del reino y presidente de la Junta de Gobierno «a nuestro amado hermano el gran duque de Berg, que manda al mismo tiempo las tropas de nuestro aliado el emperador de los franceses». Además de ordenar a su lugarteniente que confirmara en sus puestos a las autoridades existentes en España, Carlos IV disponía que se habilitara el papel sellado utilizado en los documentos oficiales con el membrete: «Valga por el Gobierno del Lugar-Teniente general de Reyno».[92]

El lenguaje del decreto no dejaba lugar a dudas. El viejo rey español hacía como que retomaba la dirección de la monarquía, pero en realidad seguía a ciegas el dictado del emperador. Carlos IV obedecía, no actuaba por sí mismo. Y Napoleón representaba el papel de cínico. Dos días antes, había remitido a Murat las cartas cruzadas el 1 y 2 de mayo entre los soberanos españoles e insistía en la necesidad de que los dos hijos de Carlos IV que aún permanecían en Madrid (el infante Francisco de Paula y la ex reina de Etruria) salieran hacia Bayona y, sobre todo —recalcó el emperador—, el infante don Antonio.[93] Asimismo le encarecía a que prestara especial vigilancia para que «no sean robadas las joyas y diamantes de la Corona», con el fin de que «esa gente» no pudiera utilizarlas para mantener la guerra. Pero todo esto, con ser muy grave, no fue lo más importante de esta carta de Napoleón. Por primera vez —según mis noticias— desveló sus planes a su cuñado el gran duque de Berg: «Estoy muy contento del rey Carlos y de la reina, que están aquí muy felices. Los destino a Compiègne. Destino al rey de Nápoles a reinar en España. Os daré el reino de Nápoles o el de Portugal». Hasta ocupar su nueva dignidad, mandaba a Murat que permaneciera en España ejerciendo de lugarteniente general del reino sin especificar en nombre de qué monarca.[94]

El 2 de mayo, antes de conocer la rebelión de la población de Madrid, Napoleón ya había decidido el cambio de dinastía en España. Aun así, quiso representar el desenlace del drama y con gran capacidad interpretativa se valió precisamente de lo sucedido en Madrid para su puesta en escena. Este tercer acto transcurrió el 5 de mayo en el palacio de Gobierno de Bayona, residencia de los reyes Carlos y María Luisa.

En la tarde de ese día se presentó ante Napoleón un oficial francés procedente de Madrid, testigo ocular de lo ocurrido allí. Llevaba una carta de Murat con el relato de la «revuelta», como él mismo calificó el Dos de Mayo, y una proclama suya a los habitantes de la ciudad llamándoles a la calma y amenazándoles con una «terrible venganza» en caso de turbarla de nuevo. «Aunque este acontecimiento», concluía Murat en su carta al emperador, «ha sido desgraciado, nos asegura para siempre la tranquilidad de la capital y, espero, la del reino.»[95] Dice Savary, allí presente, que al leer eso Napoleón montó en cólera y fue directamente al alojamiento de Carlos IV. «Ved lo que recibo de Madrid, no me lo puedo explicar», exclamó dando a leer al rey el escrito de Murat. Apenas lo vio, Carlos IV ordenó llamar a sus hijos Fernando y Carlos. La escena entre éstos, sus padres y el emperador no pudo ser más penosa. Existen varios relatos, a cuál más pintoresco, de cuanto se dijeron unos a otros. Hubo durísimos reproches, en especial de la reina a Fernando; Carlos IV se declaró incapaz de seguir ciñendo la corona, el infante don Carlos apoyó a su hermano Fernando con un sentido abrazo que sonó a despedida, y éste último guardó silencio todo el rato, cosa que incomodó sobremanera a Napoleón. Todo finalizó con una orden tajante del emperador a quien nunca había considerado rey: «Si de aquí a media noche no habéis reconocido a vuestro Padre por vuestro Rey legítimo y no lo hacéis saber a Madrid, seréis tratado como un rebelde [es decir, sería fusilado, como lo había sido el duque de Enghien después de una parodia de juicio]». Fernando abandonó la estancia haciendo un imperceptible movimiento de asentimiento con la cabeza. A solas con los reyes padres, Napoleón dijo a Carlos IV que si no deseaba volver al trono, él se haría «dueño de España», le daría asilo en sus Estados «y V.M. me hará una renuncia de los suyos».[96]

De acuerdo con las órdenes recibidas de sus respectivos señores, el mariscal Duroc y Godoy se pusieron inmediatamente a la tarea y redactaron un tratado, firmado por ambos el mismo 5 de mayo. Carlos IV cedió al emperador todos sus derechos al trono de España e Indias bajo estas condiciones: mantenimiento de la integridad territorial de la monarquía, continuidad del catolicismo como su única religión sin tolerar ninguna otra, declaración de nulidad de todos los actos contra los fieles a Carlos IV verificados desde los sucesos de Aranjuez y devolución de sus bienes. El emperador se comprometía, asimismo, a dar asilo en Francia a Carlos IV, a la reina y restante familia, así como a Godoy, y ponía a su disposición el palacio de Compiègne, le concedía en propiedad el castillo-palacio de Chambord con todas sus tierras de labor y le fijaba una lista civil de 30 millones de reales, pagaderos directamente en plazos mensuales. Por su parte, el rey de España cedía al emperador todas las propiedades alodiales y particulares no pertenecientes a la Corona.[97]

El mismo 5 de mayo, Fernando VII comunicaba al emperador: «Tengo el honor de dirigir a V.M. copia de la carta que me propongo enviar al rey mi augusto padre, por la cual abdico la corona en favor de S. M.».[98] Con fecha del día siguiente, Fernando entregó la carta aludida a Carlos IV. En ella decía: «Renuncio a mi corona en favor de V.M., deseando que V.M. pueda gozarla por muchos años».[99] Es de notar el rasgo de humor negro de Fernando VII, o más bien el acto de venganza, al desear a su padre que gozara por mucho tiempo de su corona, cuando sabía que ya la había cedido a Napoleón.

Todo estaba consumado. Fernando VII renunciaba la corona en su padre, quien previamente había hecho lo mismo en Napoleón. Y al igual que Carlos IV, firmó un tratado sobre su suerte personal, para lo cual designó como su plenipotenciario a Escoiquiz. El texto concertado por éste y por Duroc era simétrico al establecido por Godoy en nombre de Carlos IV: el príncipe de Asturias (éste es el tratamiento que recibía Fernando y el que recibiría en lo sucesivo) cedía sus derechos a Napoleón, y éste, en compensación, le concedía la propiedad de los «palacios, parques y tierras de la hacienda llamada Navarra» y le asignaba una pensión alimenticia de 500.000 francos, más una renta de 600.000. Los infantes Antonio, Carlos y Francisco de Paula recibirían asimismo el título de alteza real, gozarían de las rentas de las encomiendas que poseyeran en España y percibirían una pensión alimenticia de 400.000 francos.[100]

El círculo de las renuncias se cerró el 12 de mayo en Burdeos. Al pasar por esta ciudad, camino de Valençay, Fernando y los infantes Antonio y Carlos, que le acompañaban, firmaron una proclama dirigida a los españoles en la que corroboraban la cesión de sus derechos al trono a Napoleón y exhortaban a los españoles «a que miren por los intereses comunes de la patria, manteniéndose tranquilos, esperando su felicidad de las sabias disposiciones y del poder del emperador Napoleón».[101]

Lo ocurrido en Bayona fue muy mal recibido por la oposición a Napoleón en Francia. El duque de Provenza, futuro Luis XVIII, expresó sus protestas por los tratados, que calificó de «acto ilegal que compromete los derechos de toda mi dinastía». Otros arremetieron directamente contra Fernando. Éste fue el caso del periodista contrarrevolucionario Peltier, editor del periódico L’Ambigu, publicado en Londres, quien escribió: Fernando «es un nuevo ejemplo de una familia real envilecida, apagada y destruida»; es un inútil y a partir de ahora bien se le podría denominar «bobo e imprudente».[102]

4

El rey ausente

Valençay

«Los tres príncipes han salido esta mañana a las 5» hacia Valençay, comunicó Napoleón a Murat el 11 de mayo de 1808 desde Bayona. Dos días antes, había ordenado a Talleyrand, propietario del château de Valençay, que los recibiera decentemente y con interés, pero sin aparato exterior, y sobre todo que les hiciera la vida agradable, en particular al príncipe de Asturias. «Tengo el mayor interés en que no haga ninguna gestión; deseo, pues, que se divierta y esté ocupado». Y añadía: «Si el príncipe de Asturias se encariñase de una bella mujer, y ello fuera seguro, no habría ningún inconveniente, porque se dispondría de un medio más para vigilarle». El emperador pedía al anfitrión, además, que si fuera posible se celebraran funciones de teatro en el palacio y que se instalaran en él Madame Talleyrand y cuatro o cinco mujeres. Aparte de esto, reveló al que hasta hacía poco había sido su ministro de Asuntos Exteriores que algunos hubieran deseado que enviara a Fernando a Bitche (en Lorena) o a algún otro castillo, «pero como se ha entregado a mis brazos y me ha prometido que no hará nada sin una orden mía, y dado que todo va bien en España, de acuerdo con mis deseos, he tomado la determinación de enviarlo al campo y rodearlo de placeres y de vigilancia. Confío en que esto dure el mes de mayo y una parte de junio, pues entonces los asuntos de España habrán cambiado y ya veré el partido a tomar».[1]

Napoleón no esperaba graves problemas por parte de Fernando VII y confiaba en que España volviera a la normalidad en un plazo muy corto, una vez asegurado José en el trono. En esto último erró, porque no imaginaba que los españoles le declararían la guerra; respecto a Fernando, acertó. Mientras estuvo en Valençay, el rey español no originó por sí mismo ninguna preocupación importante al emperador de Francia.

Naturalmente, Talleyrand se apresuró a satisfacer los deseos de su amo. Le anunció la salida de su esposa hacia Valençay, le aseguró que el palacio estaba provisto abundantemente de cocineros, vajilla y toda especie de ropa de casa, y que los príncipes tendrían a su alcance los placeres que pudieran permitir las circunstancias. «Les daré misa todos los días, un parque para que paseen, un bosque muy transitable pero en el que hay pocos ciervos, caballos, múltiples comidas y música. No hay teatro y será difícil hallar actores, pero habrá suficiente juventud para que los príncipes puedan bailar, si les divierte».[2]

Fernando, su hermano Carlos María Isidro y su tío don Antonio habían salido de Bayona con un numeroso séquito, custodiados por una partida de caballería mandada por el chambelán del emperador y coronel de húsares D’Albert, recién nombrado gobernador del château de Valençay.[3] Por la ruta de Dax y Mont-de-Marsan llegaron el día 12 a Burdeos. El 13 recorrieron el puerto y algunas calles de la ciudad y el 14 dieron un paseo junto al mar. Ese día estaba anunciada la representación de la tragedia de Sófocles Edipo en Colono, pero el alcalde la consideró inconveniente y la suspendió con el pretexto de que los actores estaban enfermos. La policía imperial informó que la llegada de los príncipes no causó gran sensación en Burdeos, pero según el marqués de Ayerbe, que los acompañaba, hubo un plan de fuga de los príncipes, desbaratado por la torpeza de los encargados de ejecutarlo.[4]

El 18 de mayo llegaron a Valençay. Los recibió Talleyrand con la máxima cortesía, pero no pudo ocultar la pobre impresión que le causaron. Eran jóvenes, escribió en sus memorias refiriéndose a Fernando y Carlos, y cuanto les rodeaba (vestimenta, coches, servidumbre...) «ofrecía la imagen de siglos pasados».[5] Evidentemente, el aspecto y las maneras de sus huéspedes no debieron de responder al estilo principesco imaginado por el refinado y mundano aristócrata y ex obispo, quien quizá pretendió resaltar con sus palabras el contraste entre el nuevo mundo del imperio francés y el viejo de la monarquía española.

El château o palacio de Valençay —«casa de campo», lo denominó Fernando VII— había sido adquirido por Talleyrand en 1803 por sugerencia de Napoleón y con su ayuda económica, para recibir al cuerpo diplomático y a personajes extranjeros ilustres en su calidad de ministro de Asuntos Exteriores del imperio.[6] En 1808 ya no cumplía esta misión, pues Talleyrand había cesado en el ministerio en agosto del año anterior. Cuando llegaron los príncipes lo habitaban una hija natural de Talleyrand de unos diez años, una inglesa de treinta, una polaca (dama de compañía de la niña), dos nietas de un caballero arruinado durante la revolución que las había confiado a Madame Talleyrand y Ernestina d’Entraigues, de diecisiete años, de origen noble, quien poco después casó con el marqués de Guadalcázar, uno de los gentilhombres llegados con los príncipes españoles. El edificio era muy amplio y algunas de sus dependencias, como el gran salón destinado a recepciones, disponían de rico mobiliario, de gusto exquisito. «Este palacio es hermoso», escribió el duque de San Carlos a su mujer. Sin embargo, al marqués de Ayerbe le parecieron estrechas las habitaciones, «propias del campo, con adornos desechados de París, muy pintadas y bonitas, pero sin riqueza ni lujo». Don Antonio se instaló en la planta baja, en el lado oeste; Fernando en la misma ala, a la izquierda y don Carlos en el primer piso. Más tarde, Fernando se mudó al primer piso.[7]

Quizá Napoleón eligió este palacio porque lo consideró residencia digna para «los príncipes españoles» y, sobre todo, por su ubicación estratégica: casi aislado y fácil de vigilar, lejos de las grandes vías de comunicación, enclavado en un municipio que rondaba el millar de habitantes, cuyas vidas bien podían transcurrir aisladas de lo que sucedía en el mundo, como el emperador pretendía mantener a sus huéspedes. No habría que excluir además cierto propósito vengativo de Napoleón al encomendar este engorroso encargo a Talleyrand, quien ahora se mostraba en público contrario a la guerra en España, pero el emperador consideraba que le había impulsado a emprenderla.[8]

Hasta septiembre de 1808, en que abandonó Valençay, Talleyrand dispensó a los príncipes un trato exquisito, lleno de respeto y consideración. Puso a su disposición todos los recursos del palacio y no permitió a nadie que se presentara ante ellos sin obtener previamente su permiso y sin la vestimenta adecuada. Él mismo no faltó a esta norma. Esta exigencia se extendió a los españoles del séquito, obligados a ir a todas horas de casaca y espada, lo que a juicio de Ayerbe era excesivo, pues en Madrid no estaban acostumbrados a tales «formalidades». Los príncipes, por el contrario, se sintieron honrados y cuando alguien no se les presentaba vestido convenientemente, como en alguna ocasión hizo el gobernador de Valençay, expresaban sus quejas.[9]

Las horas del día se arreglaron al gusto de los príncipes, pero realmente todo estuvo organizado al minuto, es decir, el ambiente fue de acusado control, lo cual molestó a Talleyrand, acostumbrado a un tipo de vida más libre. Durante los primeros meses, el programa horario de Fernando VII y de su hermano (don Antonio iba un poco por su cuenta) fue muy estricto. Se levantaban a las nueve y pasaban aproximadamente una hora en vestirse, desayunar y en una corta oración en el lugar del palacio habilitado como capilla. Todos los días hacían quince minutos de ejercicios espirituales y a las once asistían a misa; con frecuencia, Fernando hizo de monaguillo. A continuación se retiraban en la estancia habilitada como secretaría para leer los periódicos y la correspondencia, y «cuando había cartas de España», afirma Ayerbe, quien mientras permaneció en el palacio acompañó en esta actividad al rey, «discurríamos algo más sobre sus noticias». Luego escuchaban la lectura «de un libro útil» durante una hora.

A la una de la tarde comían juntos los tres príncipes, acompañados del gentilhombre de guardia y de Ostolaza, confesor del rey. Tras la siesta, Fernando tocaba el pianoforte y pasaba algún tiempo escuchando nuevas lecturas. En caso de buen tiempo, daba luego un paseo en coche o a caballo y, si no, jugaba a la pelota, al billar, al tresillo o al «loto dauphin», juego de mesa muy apreciado por la aristocracia francesa, hoy en desuso. A las seis se retiraba a su cuarto con don Carlos y Ostolaza para escuchar durante una hora la lectura de las obras de Saavedra Fajardo. Tras un refresco, pasaba al oratorio para el rezo durante una hora del oficio parvo de la Virgen, salmos, letanías de los santos y otras plegarias, lo cual finalizaba con una meditación y exhortación de Ostolaza.

De las ocho a las diez de la noche Fernando y Carlos jugaban en presencia del gobernador del palacio, los gentilhombres de cámara, el chambelán, Ostolaza y Ayerbe «a la lotería y al comercio a tanto muy moderado», apunta este último, o a los juegos de mesa antes mencionados. Luego, la cena y rezo del rosario en comunidad hasta la hora de retirarse cada uno a su aposento.[10]

En el testimonio sobre la vida en Valençay ofrecido por Ostolaza, muy extendido por España porque lo expuso en un sermón editado enseguida, se resaltó sobremanera la devoción religiosa de los príncipes. Aparte de los actos de piedad mencionados, Fernando visitaba con frecuencia en la iglesia de Valençay la capilla del Santísimo Sacramento. Según el clérigo, el rey hizo voto de crear a su regreso a España una orden de caballería del Santísimo Sacramento, dedicada «a la defensa de tan alto misterio», y prometió reedificar el templo del Pilar de Zaragoza. Asimismo tradujo una obra francesa de piedad, cuyo título no menciona Ostolaza, pero Manuel Izquierdo supone que fue El genio del cristianismo, de Chateaubriand.[11]

Mientras estuvo en Valençay, Talleyrand intentó imprimir algo de variedad y diversión en la vida de los príncipes. Hizo que Fernando y Carlos recibieran lecciones de danza de Boucher, y el primero también de música, a cargo de otro francés conocido por Castro. Les puso sendos instructores de equitación y de tiro («yo les hice tirar el primer tiro de fusil», afirma el político francés), organizó a diario audiciones musicales y bailes, disponiendo la terraza de tal manera —escribe en sus memorias Talleyrand— que los príncipes «pudieran dar, como por azar, con una de esas danzas que se llaman rondas, en las que se puede participar sin saber bailar». Con manifiesta delectación, porque sabía que eso le complacía, Talleyrand comunicó al emperador que los príncipes participaron en esos bailes «mostrando en todo su satisfacción».[12]

Estas actividades, sobre todo los bailes, fueron interpretadas por Ostolaza como otros tantos intentos del extraviado ex obispo francés y de su esposa, «tan sin religión como él y tan sin decoro como una cómica», de pervertir sexualmente a los príncipes con «una miscelánea de damitas polacas, inglesas y naturales del país». A mayor abundamiento —añade el obseso clérigo, uno de los acompañantes del rey años después en sus salidas nocturnas por Madrid—, en las galerías por las que los príncipes pasaban para ir a misa había pinturas «indecentes y deshonestas».[13] Es excusado decir que los príncipes, Fernando en particular, resistieron —según Ostolaza— todas las tentaciones, aunque en los círculos imperiales se propagó la idea de que los españoles pasaban la vida en Valençay «dados a los placeres y a las fiestas», como escribió Georgette Ducrest, confidente de la emperatriz Josefina.[14] Estas versiones encontradas no son sino resultado de la propaganda. Mientras unos resaltaban la entereza cristiana de los cautivos de Valençay, otros ponían el acento en la buena vida que les deparaba el emperador.

Talleyrand había dotado el palacio de una excelente colección de pinturas y de una rica biblioteca en la que abundaban bellas ediciones con magníficas ilustraciones. Todo lo puso a disposición de los príncipes, pero a juzgar por diversos testimonios, entre otros el del propio Talleyrand, no todo fue de su agrado. Poco a poco, los cuadros fueron reemplazando por otros adquiridos por ellos. Al prefecto del Indre, Pourveur, habitual visitante de los príncipes, le llamó la atención la sustitución de lienzos de Rubens por otros con motivos religiosos.[15] En cuanto a la biblioteca, crearon la suya propia. Decepcionado por esta actitud, Talleyrand ordenó a principios de 1812 que se le remitiesen a París sus libros y las pinturas que no interesasen a sus huéspedes. Según el gobernador de Valençay, a esas alturas los príncipes ya habían sustituido la mayoría de los cuadros por otros con temas de historia sagrada, santos y santas, y habían creado una «buena» biblioteca propia que crecía diariamente.[16]

Carezco de noticias sobre las pinturas adquiridas por los príncipes, aunque en la contabilidad del palacio consta el pago de sumas nada despreciables por ese capítulo. Sobre la biblioteca podemos concretar algo más, porque disponemos de varios inventarios. El más completo, confeccionado probablemente al regreso de los príncipes a España, corrobora la opinión del gobernador de Valençay: Fernando y Carlos —a don Antonio habría que excluirlo casi por completo de esta actividad— formaron una excelente biblioteca, muy bien nutrida.[17]

Con toda propiedad, podríamos afirmar que era una biblioteca moderna, propia de un humanista ilustrado. La constituían en su mayoría ediciones en francés y en español, aunque hay bastantes libros en italiano y en latín y algunos en inglés. Abundan los diccionarios y gramáticas de esas lenguas y otras obras de referencia, como almanaques y guías de forasteros de España y Francia, atlas y repertorios legislativos, sin que faltaran Las Siete Partidas y los Anales de Aragón, pero tampoco el Código Napoleón. Eran numerosas las obras de espiritualidad y devoción (el Kempis figura en varias ediciones), así como los catecismos de religión, la mayoría en francés, y las historias de la Iglesia, entre ellas la de Fleury, muy apreciada en los medios ilustrados europeos. En la lista figuran los grandes escritores cristianos, clásicos (san Agustín, san Anselmo, san Ambrosio...) y modernos, entre estos últimos algunos de los impulsores de la religiosidad ilustrada, defensores del episcopalismo y de la autonomía de las iglesias nacionales frente a la autoridad del papa como Bossuet, Mabillon, Fénelon, Muratori y Opstraet. Llama la atención en este capítulo el elevado número de Biblias, entre las que se contaban la Biblia Políglota de Arias Montano en su edición prínceps (1568-1572) y, lógicamente, la traducción de la Vulgata al español realizada por el preceptor de los príncipes Felipe Scio de San Miguel.

No menos presencia tenían las historias generales, de países y de regiones de Francia. Dada la afición de los príncipes a la agricultura y la jardinería, no sorprende la existencia de abundantes escritos sobre estas materias, pero admira lo bien que estaban representadas las ciencias físico-matemáticas: la biblioteca contenía obras de Galileo, Euler, Buffon, Lamarck, Linneo, Boerhaave, Plenck y, naturalmente, las de Cavanilles.

Con todo, la nota más sobresaliente de esta biblioteca es la presencia de las obras señeras de la cultura clásica grecorromana y de la literatura europea, en muchas ocasiones en diversas ediciones y casi siempre en su lengua original. Huelga relacionar autores, porque no faltaba ninguno de los grandes griegos y romanos (con las notabilísimas ausencias de Aristóteles y Platón), pero tampoco los del Siglo de Oro español (del Quijote había varias ediciones en diferentes lenguas) y los grandes literatos franceses de los siglos XVII y XVIII, incluidos Montesquieu, Rousseau (cuatro volúmenes de la edición de sus obras de 1795) y Voltaire (el teatro completo en 9 vols., la Henriada, Historia del imperio de Rusia bajo Pedro el Grande e Historia de Carlos XII de Suecia). Más escasa es la relación de clásicos italianos (están presentes Dante, Goldoni, Tasso, Petrarca, Pietro Aretino, Maquiavelo) e ingleses (destacan veinte volúmenes de la obra de Shakespeare, traducida al francés). Se percibe, sin embargo, la casi total ausencia de literatura alemana, con dos notables excepciones: Derecho natural y de gentes, de Samuel Pufendorf, y el drama Don Carlos, de Freidrich Schiller, traducido al francés.

Por supuesto, en esta biblioteca no podían faltar los textos preferidos de los príncipes, como la Historia de las revoluciones romanas de Vertot, la ya citada Biblia de Scio o la producción literaria de Escoiquiz. También estaba muy bien representado Saavedra Fajardo (Corona gótica, castellana y austriaca, Empresas políticas y República Literaria), cuya lectura, como se ha dicho, escuchaban diariamente los príncipes.

Una parte de estos libros quizá provenía de las bibliotecas formadas en España por Fernando y Carlos. El marqués de Cilleruelo había llevado a Bayona las alhajas y pertenencias privadas de la familia real, entre las cuales se contaban algunos de sus libros, empaquetados después para trasladarlos a Valençay, aunque al parecer no todos llegaron a su destino.[18] Por lo demás, sabemos que en todos sus viajes Fernando solía llevar libros consigo, aunque sólo fuera para cortar los pliegos. Con todo, es muy probable que parte no despreciable de los fondos de la referida biblioteca procediera de la existente en el palacio, entre otras razones porque no resulta fácil explicar la presencia de ciertos títulos y autores.

Hallamos muchísimas obras condenadas por la Inquisición romana y la española y sorprende encontrar las obras completas de Mably, la historia de la Revolución francesa de Lacretelle y, sobre todo, Histoire philosophique de la Révolution Française, de Antoine Fantin-Desodoards, famoso personaje que ocupó cargos relevantes en la Iglesia francesa y en el tiempo de la revolución abandonó el estado eclesiástico. En cuanto al Don Carlos de Schiller, uno de los textos señeros de la leyenda negra española y por este motivo no traducido al español hasta la segunda mitad del siglo XIX, cabe preguntarse si estaba en esta biblioteca a causa de la curiosidad intelectual de Talleyrand por conocer las críticas al rey católico Felipe II o lo incluyó Fernando, tan interesado como sabemos por los conflictos entre un príncipe y su padre el rey.

También resulta difícil explicar la presencia en los inventarios de Rousseau y de Voltaire. El boletín de la policía imperial del 21 de julio de 1812 informó que tras la compra de varios libros, entre ellos obras de los dos autores mencionados, cuyos títulos no se especifican, los príncipes mandaron salir a la servidumbre fuera del palacio y una vez solos las quemaron en la chimenea del aposento de Fernando.[19] Si la información policial es veraz, como solía ser habitual, resulta extraño que los dos escritores «malditos» continuaran figurando en el catálogo de la biblioteca de los príncipes.

Puede que Fernando y Carlos no fueran aficionados a la lectura en el grado deseable en personas de su condición, pero a la vista de lo anterior es patente su interés por disponer de una buena y nutrida biblioteca. Es muy probable, por lo demás, que en ella pasaran mucho tiempo, sobre todo a partir de mediados de 1809, cuando fueron privados de la mayor parte de sus servidores españoles.

Sea como fuere, su vida en Valençay se caracterizó por la rutina diaria plagada de actos de piedad. A pesar de todo —afirma Talleyrand, recogiendo quizá alguna confidencia de ellos— vivieron con mayor libertad que en la corte española, en el sentido de que pudieron relacionarse entre sí sin necesidad de solicitar permiso, como estaban obligados en España. Nunca como allí tuvieron la posibilidad de pasear juntos cuando lo deseaban, estar solos, salir al jardín o al parque. Hasta entonces, anota Talleyrand, «no habían podido jamás ser tan hermanos».[20] La observación es de gran interés. Valençay sirvió, entre otras cosas, para reforzar una unión personal entre Fernando y Carlos que explicará sus conductas políticas en lo sucesivo.

En septiembre de 1808 Talleyrand fue llamado por Napoleón para asistir a la conferencia de Erfurt. Los príncipes lo despidieron con pena. Como expresión de su amistad y reconocimiento, relata Talleyrand, «cada uno de ellos me ofreció el viejo libro de rezos del que se servía en la iglesia; yo los recibí con respeto y con una emoción que jamás tendré la temeridad de expresar».[21] La ausencia del propietario y, poco después, de Madame Talleyrand y el duque de San Carlos, obligados por Napoleón a abandonar Valençay, tal vez a causa del alto grado de intimidad en sus relaciones personales, cambió la vida en el palacio. Según el marqués de Ayerbe, desaparecieron las mujeres, los bailes y las comedias. Fernando, muy retraído, pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación y sólo recibía a Ayerbe y a su maestro de guitarra Castro.[22] La tristeza de los príncipes se acrecentó sobremanera en la semana de Pascua de 1809, cuando treinta y tres de sus servidores fueron obligados a abandonar Valençay por orden del emperador.

Los príncipes habían llegado a Valençay con un séquito de casi medio centenar de personas. Lo encabezaban el duque de San Carlos, Escoiquiz y el marqués de Ayerbe. En la relación figuraban Blas Ostolaza, como confesor del rey, y personas conocidas, al servicio de Fernando desde su niñez y siempre presentes en sus maniobras durante su tiempo de príncipe de Asturias. Están los inevitables Antonio Moreno y Fermín Artieda, así como tres de los enlaces de la correspondencia cruzada entre Escoiquiz e Infantado durante la trama de El Escorial: José Peral, Andrés Casaña y Chamorro.[23]

El número de servidores españoles menguó a los pocos meses de la llegada a Valençay. El 31 de agosto de 1808 salieron en dirección a París el duque de San Carlos y Escoiquiz. A esa misma ciudad fue enviado Pedro Macanaz para negociar el pago de los subsidios acordados en Bayona, pero en septiembre de 1808, a su regreso, fue hecho prisionero en Étampes, y encerrado en el castillo parisino de Vincennes. En noviembre siguiente fue expulsado del palacio Isidoro Montenegro, ayuda de cámara de Fernando, obligado a residir en Nevers, y a comienzos de 1809, Ignacio Menéndez, peluquero de don Carlos, recluido en calidad de prisionero en Châteauroux.

Las expulsiones de Macanaz, Montenegro y Menéndez se explican por sus contactos con españoles, sospechosos, en consecuencia, de espionaje. No está tan clara, sin embargo, la razón del viaje a París de San Carlos y Escoiquiz, los dos individuos de mayor peso político del séquito de los príncipes. Ante la noticia de la inminente llegada del emperador a París, en agosto de 1808 San Carlos solicitó permiso para presentarse ante él, acompañado de Escoiquiz, con la finalidad de arreglar definitivamente «los asuntos de estos príncipes y, sobre todo, el de Navarra».[24] Los «asuntos» eran el pago puntual de las cantidades económicas acordadas en Bayona. La cuestión de Navarra entrañaba mayor complejidad, pues aunque Napoleón había prometido a Fernando VII la concesión de ese château y su territorio, existían problemas legales para formalizarla y, al parecer, el emperador no tuvo intención de cumplir lo acordado; al menos dio largas al asunto.[25]

Con su habitual fantasía, Escoiquiz ofreció otra razón de ese viaje realmente sorprendente. Dijo en sus memorias que se enteraron por Talleyrand de la intención de Napoleón de enviar a Fernando a México o a otra parte de América, con la condición de que renovara su renuncia y se llevara consigo al resto de la familia real, incluidos los reyes padres, «ofreciéndoles estados en aquellas vastas posesiones». Recalca Escoiquiz que este proyecto del emperador «fue cierto, con efecto» y por ello «nos apresuramos a tantear, yendo a París, si llegaba a tal término la locura de Napoleón que cayese en semejante absurdo».[26]

Efectivamente, era totalmente absurdo. Resulta impensable que Napoleón concibiera algo así, más aún cuando sólo unos meses antes, en marzo del mismo año, había hecho lo posible para desbaratar el plan de Godoy de llevar a Carlos IV a Cádiz con la intención de pasar a América si se torciesen las relaciones con Francia. Lo cierto es que San Carlos y Escoiquiz no fueron recibidos por el emperador. Su viaje, cualquiera que fuera su motivación, resultó baldío, pero el canónigo con ínfulas de político de altos vuelos aún se sacó otro as de la manga para justificarlo. Él y San Carlos, afirmó, mantuvieron en París «conversaciones secretas» con los embajadores de Austria, Prusia, Rusia y Estados de la Confederación del Rin, uno de cuyos frutos fue «acelerar la guerra de la Austria contra la Francia».[27]

Al margen de los ensueños de Escoiquiz, no hay duda de que en el entorno de los príncipes se trabajaba para obtener información sobre la situación de España, vital para reglar sus relaciones con Napoleón, y tal vez para otros fines, quizá de carácter económico, o para organizar una evasión de Valençay. Evidentemente, estos movimientos no pasaron desapercibidos a la policía imperial y de ahí el control de los servidores mencionados. Por lo demás, el emperador obligó a San Carlos a instalarse en la localidad de Lons-le-Saunier, en el Jura. Escoiquiz regresó junto a los príncipes, pero a mediados de 1809 se le ordenó fijar su residencia en Bourges, ciudad no muy alejada de Valençay. Uno y otro volvieron a Valençay a finales de 1813 por voluntad de Napoleón.

La medida más drástica relativa a la servidumbre española de los príncipes fue adoptada en la primavera de 1809. El gobernador de Valençay, D’Arberg, entregó el 30 de marzo al marqués de Ayerbe, quien ejercía las funciones de mayordomo mayor en ausencia de San Carlos, la orden de que «todos los oficiales y demás individuos de la servidumbre de los Príncipes», excepto los parientes de Escoiquiz y los criados más precisos, abandonaran Valençay en el plazo de cuarenta y ocho horas y se dirigieran a Auch, donde recibirían instrucciones para su traslado a España.[28] El resultado fue que casi todos los españoles llegados con los príncipes se vieron obligados a abandonar el palacio, incluidos los cargos más elevados, Ayerbe entre ellos. Fernando pudo mantener junto a sí a dos de sus confidentes incondicionales: Chamorro y Antonio Moreno, aunque a este último sólo por un tiempo.[29] El infante Carlos perdió a sus hombres de confianza y don Antonio no pudo mantener a Sisternes, su habitual compañero de tresillo.

Huelga referir la tristeza de los príncipes. Privados de sus principales consejeros y de casi todos los hombres de su confianza, se sintieron solos, desasistidos ante las autoridades imperiales, aunque también es cierto que mientras dispusieron de ellos no fueron capaces de oponer la menor resistencia a los dictados de Napoleón y nunca se mostraron dignos de las esperanzas depositadas en ellos por los españoles alzados en armas contra el Ejército francés. Donde más se notó la ausencia de los servidores expulsados fue en la vida cotidiana, si cabe, más monótona y aburrida a partir de 1809 que anteriormente, que ya lo era en alto grado. Las autoridades francesas arbitraron algunos medios para romper el ambiente de tristeza del palacio, pero los resultados fueron más bien magros, pues a cualquier otra consideración se sobrepuso la vigilancia de los ilustres huéspedes. Así, se les permitió pasear a caballo más allá del parque y del bosque del palacio, pero se les prohibió visitar los pueblos y castillos de los alrededores algo más alejados.[30] Sus distracciones quedaron reducidas a visitar la iglesia del pueblo de Valençay y a la asistencia en palacio a alguna que otra función en el teatro, de aforo reducido y decorado con gusto, construido para ellos en 1812, como la representación del drama lírico Camille ou le souterrain, que al parecer fue del agrado de Fernando. Era la primera vez que asistía a una ópera, confesó al gobernador del palacio.[31]

Aparte de lo dicho, la monotonía cotidiana sólo fue alterada por celebraciones íntimas (matrimonio de algún miembro de la servidumbre, bautizos, la onomástica de cada príncipe y la de Napoleón) y las fiestas oficiales celebradas en 1810 con motivo del enlace del emperador con María Luisa de Austria y el nacimiento, el año siguiente, de su hijo, el rey de Roma.

El 15 y 16 de agosto de 1810 se festejó por todo lo alto en Valençay la boda de Napoleón con la archiduquesa María Luisa de Austria. Hubo salvas de artillería, los príncipes y las autoridades francesas asistieron en la iglesia parroquial del municipio a un solemne tedeum, repetido después en la capilla de palacio. Finalizado éste, Fernando se mostró ante la multitud y gritó: «Vive l’Empereur, notre auguste souverain, vive l’impératrice!». Hubo luego recepción de las autoridades francesas en el palacio, maniobras y parada militar, banquete en el gran salón adornado con los retratos de Napoleón y María Luisa, con brindis de Fernando, Carlos y Antonio por el emperador y la emperatriz. Por la tarde, espectáculos teatrales y fuegos artificiales, y al anochecer todos admiraron la iluminación nocturna, en particular la estrella de la Legión de Honor emplazada en lo alto de la torre principal del palacio, debajo de la cual figuraban las armas de Francia, Austria y España con la divisa: LEUR UNION FAIT LA FORCE. En el frontispicio del palacio se colocó la siguiente inscripción: À SA MAJESTÉ L’EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D’ITALIE; À SON AUGUSTE ÉPOUSE MARIE-LOUISE D’AUTRICHE, LES PRINCES D’ESPAGNE FERDINAND, CHARLES, ANTOINE. Este primer día de festejos finalizó con un concierto. Al siguiente hubo misa en Valençay, luminarias y otros actos festivos. Los príncipes regalaron relojes y objetos de plata a oficiales y soldados. Fernando dotó a una joven de veintitrés años que estaba a punto de casarse con un militar retirado, se comprometió a dar 2,50 francos a cada pobre del municipio y a vestir a ocho niños necesitados entre los futuros primeros comulgantes.[32]

No quedó a la zaga de la anterior la solemne fiesta del 9 de junio de 1811 con ocasión del nacimiento del rey de Roma, el esperado heredero de Napoleón. Los príncipes se apresuraron a felicitar a los emperadores por tan feliz suceso y la emperatriz María Luisa respondió con una carta que encantó a los príncipes. Hubo salvas de artillería, tedeum en la iglesia parroquial, misa en la capilla de palacio, banquete con asistencia de las autoridades de la comuna, baile para el pueblo en el patio del palacio, fuegos artificiales e iluminación general del palacio, viéndose de nuevo un transparente que representaba la estrella de la Legión de Honor, y distribución de comestibles y vino. Como parece que fue su costumbre en estos casos, Fernando dotó con 600 francos a una mujer pobre casada el día anterior con un antiguo militar.[33]

Estas celebraciones fueron con mucha diferencia las más relevantes de las habidas en Valençay durante la estancia de Fernando VII. Mientras los españoles luchaban en su nombre contra el emperador francés, el rey «deseado» le rendía homenaje y lo reconocía, pública y notoriamente, «nuestro augusto soberano». El contraste era total.

A juzgar por su forma de proceder a partir de 1810, Fernando VII había llegado al convencimiento de que le era imposible recuperar el trono. No permitían otra conclusión el fiasco de los sucesivos proyectos de evasión —de ello trataremos en el apartado siguiente— y las noticias sobre el avance victorioso de las tropas francesas en España, información esta procedente mayoritariamente de los periódicos franceses y de los comentarios de las autoridades imperiales. Resignado a su suerte y hastiado por la duración de la guerra, Fernando se encerró en sí mismo y acentuó su egoísmo y su inveterada desconfianza hacia todos y todo. Cuando leyó en el periódico oficial Le Moniteur la noticia de la capitulación de Valencia (5 de enero de 1812) comentó: «Tanto mejor, quizá esto acabe».[34] Años antes, al recibir información de las primeras derrotas españolas, recitó en latín el siguiente versículo del salmo 27 de David: «Mi padre y mi madre me han abandonado, Dios me ha acogido». El marqués de Ayerbe, que ofrece esta noticia, apostilló: «No cesaba [el rey] de dar gracias a Dios por la visible protección que en medio de los mayores trabajos le dispensaba».[35] El comentario no puede ser más ingenuo y forzado.

Hasta finales de 1813 reinó en el palacio de Valençay la más completa calma. Los boletines de la policía imperial, muy atentos entre 1808 y 1811 a cuanto allí sucedía, se limitaron a partir de 1812 a consignar de vez en cuando que todo estaba tranquilo, que los príncipes no veían a nadie de relevancia política y se dedicaban a sus ejercicios habituales.[36]

Salvo las autoridades locales francesas que los visitan de vez en cuando, en parte por deferencia protocolaria, en parte para pulsar sus opiniones, al palacio sólo acudían el párroco de Valençay, Charpentier, y comerciantes debidamente controlados a ofrecer sus productos: libros, cuadros, relojes, estatuillas, etcétera. Al parecer estos últimos hacían buenos negocios, pues los príncipes eran excelentes compradores. En junio de 1811, el gobernador del palacio informó que Fernando y don Antonio habían adquirido sendos estuches para pistolas y dos rifles, y Fernando, además, un sable, todas piezas «magníficas», que únicamente pensaban utilizar para decorar sus aposentos. En diciembre del año siguiente compraron aparatos y objetos de mecánica y joyas por valor de 40.000 francos, relojes por 12.000 y una vajilla de plata por 9000, y añadía el gobernador que en los últimos meses habían realizado «cuantiosas adquisiciones» de este tipo.[37] En los libros de contabilidad del palacio constan pagos elevados por joyas (a uno de los proveedores, llamado Petiteau, se le entregaron casi 29.000 francos en octubre de 1813 y en diciembre de ese año 51.500). Casi todos los meses de 1813 hay pagos por la reparación de la máquina hidráulica que mandaron instalar en los jardines del palacio, muy utilizada por don Antonio, y a un tal Demangeon por la encuadernación de libros, la gran afición de Fernando. Por supuesto, el grueso de los gastos de la casa se destinó a los salarios de la servidumbre y a la manutención, en la que no faltó la compra de vino. Se mencionan los de Málaga, Burdeos, Borgoña y el «ordinario del país».[38]

Los príncipes fueron generosos, por otra parte, en la distribución de limosnas a los necesitados, que el gobernador Reiset calculó que ascendían a unos 3000 francos por año.[39] Además, periódicamente dieron dinero al capellán de palacio Gaillard y al cura de Valençay, Charpentier; este último parece que alcanzó cierto ascendiente sobre los príncipes.

En suma, con el paso del tiempo los huéspedes regios de Valençay dejaron de ser un problema político, aunque en realidad nunca lo habían sido por sí mismos. Las autoridades imperiales no llegaron a preocuparse seriamente por lo que hiciera Fernando VII, pues durante su exilio careció de iniciativa, sino por las maniobras de su entorno y la utilización de su nombre y de su situación. De él y sus dos acompañantes cabría afirmar, como escribió el gobernador del palacio Reiset en uno de sus informes: ayer vivieron como hoy y hoy como mañana, o como resumió Talleyrand: «todo lo que se puede decir de ellos durante estos cinco años es que vivieron».[40]

Planes de evasión

Casi al día siguiente de la llegada de Fernando VII a Valençay comenzaron a forjarse planes para sacarlo de allí y devolverlo a España. Si alguno de ellos hubiera alcanzado éxito, cabe suponer que la guerra habría experimentado un giro considerable. La presencia del rey podría haber sido un gran estímulo para los españoles levantados en armas en su nombre, pero no hay que excluir que Fernando VII intentara algún arreglo con Napoleón para asegurarse el trono (el antecedente del viaje a Bayona era elocuente) y poner fin a la lucha, en cuyo caso Napoleón hubiera sido el gran favorecido. Algo de esto se temieron en 1810 los diputados de las Cortes de Cádiz. De lo que no hay duda es que la fuga de Fernando VII hubiera significado un enorme fracaso para Napoleón ante los franceses y ante Europa, lo cual habría redundado en beneficio de Inglaterra. Se comprende, en consecuencia, la gran preocupación del emperador francés por mantenerlo estrechamente controlado. Todo parece indicar, no obstante, que el rey hizo muy poco por contrariarlo.

Fernando VII y sus dos augustos acompañantes se negaron sistemáticamente a secundar cuantos planes de evasión llegaron a su conocimiento. Resignados cristianamente a su suerte, buscaron tranquilidad y rehuyeron cualquier riesgo, tal vez por temor a perder la vida. Ésta fue la opinión del gobernador del palacio Reiset. En uno de sus informes al ministro de Policía, Savary indicó que Fernando siempre supuso que sus custodios no le permitirían salir vivo en caso de ser descubierto en un hipotético intento de fuga y tomarían a su hermano y a su tío como rehenes. El terror a algo semejante debió de producir pleno efecto sobre unos individuos «pusilánimes», que ante todo sentían amor a la vida y deseo de permanecer unidos, dijo Reiset. El ministro destinatario de este informe escribió en sus memorias que hasta tal punto fue eficaz ese «terror», que en realidad no hubo que emplear medios coercitivos para vigilar a los príncipes, y tampoco fue necesario gran esfuerzo para enterarse de cuanto sucedía en el château, porque alguien lo desvelaba de inmediato.[41] Como se verá, Fernando se distinguió en este menester.

Afirma el marqués de Ayerbe que al poco de instalarse en Valençay, varias señoras llegadas al palacio con el pretexto de saludar a Talleyrand propusieron al rey su fuga, pero él rechazó la idea pensando que era un engaño.[42] Iniciativas de este tipo quizá no pasaron de ser meros comentarios en conversaciones privadas y su efecto fue nulo. Ahora bien, desde el primer momento se forjaron proyectos para liberar al rey, cuya ejecución, como es lógico, se encomendó en la mayoría de los casos a franceses afincados en España, debido a su conocimiento del país y de su lengua.

El primero de que tenemos noticia fue el protagonizado por Ventura Malibrán, natural de Montlouis, al servicio de la monarquía española desde el tiempo de Carlos IV. El conde de Montijo lo envió a París en diciembre de 1808 con la finalidad de concertar con el duque de San Carlos algún medio para facilitar la evasión del rey. De regreso pasó por Valençay, sin contactar con nadie, y una vez en España, el general Palafox y Tomás de Veri, miembro de la Junta Central, le proporcionaron dinero para la empresa. Malibrán salió con 41.000 duros hacia Francia, pero en Organyà (Lérida) fue detenido por un grupo de militares, que al descubrirle tanto dinero lo tomaron por espía y lo entregaron a la Junta de Urgel. Malibrán confesó su auténtica misión y salvó su vida.[43] En esto terminó su aventura.

Un final parecido, pero en este caso trágico, tuvo el proyecto del marqués de Ayerbe. Tras su expulsión de Valençay en 1809 se postuló a la Junta Central para liberar al rey. Después de ciertos titubeos, la Central dio su visto bueno. Nadie conocía el palacio y las costumbres del monarca mejor que el marqués, hasta hacía poco su mayordomo, de modo que se puso a su disposición una buena cantidad de dinero (él había pedido tres millones de reales). Acompañado del capitán José Wanestron, partió Ayerbe de Sevilla en dirección a La Coruña, para dirigirse desde allí a San Sebastián, comprar un barco con mercancías que conducir a Nantes con el pretexto de venderlas, y pasar luego a Valençay para rescatar al rey. Una vez en La Coruña, Ayerbe y Wanestrom emprendieron ruta por tierra hacia San Sebastián vestidos de comerciantes, pero los guerrilleros de una partida los asesinaron en octubre de 1810 cerca de la localidad navarra de Lerín para robarles el dinero (portaban mil duros).[44]

Como se acaba de ver, la Junta Central estuvo al tanto desde el primer momento de los proyectos para liberar al rey. A partir de enero de 1809 el asunto cobró mayor envergadura. Un hombre tan significado como Pedro Cevallos fue enviado a Londres en calidad de ministro extraordinario, oficialmente para reforzar al embajador español Ruiz de Apodaca en la gestión de un préstamo para comprar armas, pero su cometido más importante, naturalmente secreto, consistió en averiguar los medios para sacar al rey de Valençay. Antes de su partida a Londres, Cevallos pensó que un medio para facilitar la liberación de Fernando VII podría ser potenciar el descontento de la población francesa contra Napoleón. Quizá basó este juicio en los avisos recibidos de una red de confidentes que le informaban desde Francia sobre el estado de Fernando VII y la vida en Valençay a partir, muy probablemente, de las noticias ofrecidas por los servidores de los príncipes, entre ellos Macanaz, Montenegro y Menéndez, cuya expulsión del palacio, como se ha visto, se debió, según la policía imperial, a sus contactos con personas sospechosas.

Una vez en Londres, Cevallos reforzó su red de informadores. Gracias a su correspondencia con Martín de Garay, su sustituto al frente de la secretaría de Estado,[45] sabemos que Cevallos, desde Londres, y la Junta Central, desde Sevilla, trataron de organizar distintas operaciones para liberar a Fernando VII. Cevallos pretendió asimismo proveer de fondos por su cuenta a Fernando VII, pues de acuerdo con las informaciones de Valençay el rey disponía cada vez de menos recursos, debido al retraso del erario francés en librar las pensiones acordadas en Bayona. A esta cuestión, que retomaremos más adelante, concedió el rey una importancia capital y tal vez sea el motivo de su inclinación en favor de Cevallos una vez instalado en el trono como rey absoluto.

La Junta Central y Cevallos pusieron especial interés en la misión de Juan Antonio Miguel y Ferté, de origen francés y naturalizado español, empleado en la Real Fábrica de Seda de Valencia. Este individuo había alcanzado la condición de adornista de cámara de S.M., lo cual le había permitido conocer a Fernando VII y a miembros de su servidumbre, en especial a Antonio Moreno. En diciembre de 1808 se prestó, según sus palabras, a «salvar al rey», pues por su origen y por su conocimiento de casas de comercio le sería fácil moverse por Francia. La Junta Central dio su conformidad y le ordenó realizar el viaje vía Trieste, en el mismo barco en que iría Eusebio Bardaxí a ocupar la embajada de Viena. La salida se retrasó por el mal tiempo y Ferté no llegó a París hasta el 3 de junio de 1809. Desde allí se trasladó a los pueblos próximos a Valençay, pero no pudo entrar en esta localidad ni, por supuesto, en el palacio. En el informe de su misión, entregado en septiembre de 1809 a Cevallos en Londres y el 6 de octubre siguiente a Martín de Garay en Sevilla, ofreció algunas noticias sobre la situación del rey (según Cevallos no aportaron nada a lo ya conocido) y concluyó que era imposible penetrar en el palacio, debido a la estrecha vigilancia a que estaban sometidos los príncipes y al espionaje de los criados franceses sustitutos de los españoles.[46]

Cevallos y Martín de Garay habían confiado mucho en la misión de Ferté. Pensaron que al conocerse en detalle la situación de Fernando VII cobraría impulso la oposición a Napoleón en Francia. Según Garay, ello posibilitaría «tramar de acuerdo con los ingleses alguna revolución, asegurando a algunos señores de los principales con promesas y regalos en el concepto que todo se pagará».[47] De ahí que a pesar del fracaso de Ferté, atribuido por Cevallos a su temor a la policía, éste escribiera a Martín de Garay: «Yo no dejo de continuar las tentativas con la prudencia necesaria».[48] Tampoco la Junta Central desistió y continuó atendiendo las propuestas que le llegaban. Una de ella, presentada por Nicolás de Broval, agente del duque de Orleans en Sevilla y hombre muy bien relacionado en Londres, denota la envergadura que iba tomando el asunto.

En junio de 1809, Broval dio cuenta a la Junta Central de sus conversaciones en Londres con un destacado realista francés, el general de Bar, relacionado con el movimiento insurreccional contrarrevolucionario de la región francesa de La Vendée. De Bar estaba dispuesto a enviar una especie de comando a Valençay para «dar un golpe de mano» y conducir a Fernando a un puerto, pero todo se frustró porque el general no llegó a entenderse con las autoridades españolas.[49]

La idea de aprovechar la ayuda de los realistas franceses se retomó al año siguiente. Dos agentes enviados por la Junta de Tarragona contactaron cerca de Valençay con un médico de Fernando VII (el informe de la policía, del que procede la noticia, no da su nombre), al que propusieron la huida del rey por la bahía de Quiberon, en Bretaña, donde los partidarios de Luis XVIII tenían preparado un bajel. Tras dos entrevistas, el médico les comunicó que el rey no estaba dispuesto a intentar la evasión, porque en caso de fracasar se haría más dura su cautividad y quedaría desacreditado a los ojos de las naciones de Europa.[50]

En España y en América se forjaron otros planes similares a los referidos,[51] que quedaron relegados a un segundo término por el Affaire Kolli, de enorme repercusión en Europa.

Un individuo en torno a los treinta años de edad, que decía ser el barón de Kolli, llegó en enero de 1810 a Londres acompañado en calidad de su secretario por un joven que había conocido en Francia antes del viaje y hablaba bien el inglés, llamado Albert de Saint-Bonnet, quien se había declarado desertor del Ejército napoleónico. Kolli logró ser recibido ese mismo mes por el príncipe Eduardo Augusto, duque de Kent, cuarto hijo del rey Jorge III, y unos días después por el ministro de Exteriores, el marqués de Wellesley, hermano del duque de Wellington y del que por esas fechas ejercía de embajador de Inglaterra en España.

Kolli y el ministro Wellesley forjaron un plan para sacar a Fernando VII de Valençay. Un barco de la Armada británica conduciría a Kolli y a su secretario a Quiberon, desde allí irían a París para aprovisionarse de lo necesario para cumplir su misión, que consistía en lo siguiente: Kolli se introduciría en el palacio de Valençay haciéndose pasar por chalán interesado en vender algunos caballos de excelente estampa; una vez que contactaran con uno de los príncipes o persona de su confianza, le entregaría un papel con sus intenciones y el medio de salir del palacio; el día fijado, los príncipes bajarían al jardín, donde Kolli les esperaría con los caballos, y cambiándolos en determinados lugares donde tendrían preparados otros de repuesto, llegarían a la costa y Saint-Bonnet los conduciría en una embarcación hasta el navío británico que los aguardaría en aguas fuera de la vista de tierra. Para convencer a los príncipes españoles, Kolli portaba una carta autógrafa de Jorge III dirigida a Fernando VII, redactada en latín, con traducción al francés, en la que le invitaba a recibir a Kolli como embajador extraordinario del rey de Inglaterra y a escuchar favorablemente cuanto le propusiera. Kolli llevaba asimismo una carta en latín enviada por Carlos IV a Jorge III en 1802, con ocasión del matrimonio de Fernando con la princesa María Antonia. En el reverso de esta carta, el marqués de Wellesley atestiguaba su autenticidad y su finalidad: su portador la debía presentar al rey Fernando VII.[52]

Provistos de las cartas mencionadas, de pasaportes franceses falsos, de hojas en blanco utilizadas en la correspondencia de los ministerios franceses y de sellos de varios de ellos, entre otros el de la Policía, el 3 de marzo partieron Kolli y Saint-Bonnet del puerto de Plymouth. Kolli llevaba cosidos en el forro de su ropa diamantes por valor de 200.000 francos (mil guineas), además de moneda francesa y española por valor de 300 napoleones. El desembarco en Quiberon se efectuó como estaba previsto, así como su viaje hasta Vincennes, población muy cercana a París, donde el 15 de marzo alquilaron una casa. Allí se les unió Frédéric Richard, a quien Kolli había conocido antes de su viaje a Londres y gozaba de su entera confianza. El 24 de marzo, Kolli y Saint-Bonnet fueron detenidos por la policía y confiscados sus papeles y dinero. Kolli confesó el objeto de su misión.

Napoleón y su ministro de Policía Fouché no dudaron en aprovechar las posibilidades propagandísticas del asunto. Si los príncipes españoles se aprestaban a la fuga, quedaría constatada la falsedad de tantas muestras de lealtad hacia el emperador y justificaría el endurecimiento de la vigilancia. Ahora bien, si como era de esperar, se negaban a salir (Fouché aleccionó al respecto al gobernador del palacio, Berthémy, para que así fuera), quedarían patentes dos extremos de enorme importancia. Primero, que Fernando se sentía bien en Valençay, que su abdicación en Bayona no había sido impuesta por el emperador y que ya no se consideraba rey de España, por lo que no tenía sentido la lucha de los españoles en su nombre. Segundo, que el Gobierno británico urdía viles planes con el objeto de desacreditar al príncipe Fernando.[53] En consecuencia, decidieron dar continuidad a la misión de Kolli, pero no mediante su persona, sino por otra, en concreto un agente de policía que había tenido contacto con Kolli. Este hombre era Frédéric Richard.

El 30 de marzo de 1810, Fouché anunció a Berthémy el envío a Valençay de un tal Albert, nombre dado a Richard para la ocasión, provisto de instrucciones precisas que él mismo le comunicaría a su llegada. Éstas, calificadas justamente por Grasilier como «el contra plan Kolli» de la policía, eran las siguientes: Albert se presentaría como comerciante en objetos de arte, contactaría con el príncipe Fernando (Berthémy debería facilitar el contacto), le mostraría las cartas de Jorge III y Carlos IV y le propondría la fuga a él solo. El detalle es importante, porque la policía sabía que Fernando jamás aceptaría esta posibilidad. Si Fernando asintiera, Albert le diría que lo conduciría a la costa de Normandía (nueva diferencia con el plan de Kolli), pero le haría pasar cerca de París y al llegar a Vincennes lo entregaría a la policía en el castillo de este lugar, entonces prisión, donde estaban encerrados Kolli y Saint-Bonnet.[54]

Richard actuó con torpeza y precipitación. Llegó a Valençay al principio de abril. El día 6 mostró su mercancía a don Antonio, éste le dijo que volviera más tarde, Richard se impacientó y pidió a Berthémy que le condujera al apartamento de Amézaga, intendente de palacio. Cuando Richard lo encontró, le mostró la carta de Jorge III, le comunicó el plan y le pidió —haciendo uso de la violencia ante la reticencia de Amézaga— que lo condujera hasta Fernando. En lugar de ir directamente a dar cuenta a Fernando, Amézaga denunció el hecho a Berthémy y después lo contó todo a los príncipes. Richard fue obligado a abandonar de inmediato el palacio.[55]

La reacción de Fernando no pudo ser más favorable a los intereses imperiales. En cuanto tuvo conocimiento del caso, el mismo 6 de abril, mantuvo una larga conversación con Berthémy. Denunció la intromisión de Richard, exigió para él y sus posibles cómplices un castigo «como se merecen» y alabó el gran servicio prestado por Amézaga. Inducido quizá por el gobernador del palacio, o por propia voluntad, Fernando puso todo ello por escrito en carta fechada el 6 de abril. Según comunicó Berthémy a Fouché ese mismo día, además le dijo textualmente: «Los ingleses han hecho mucho mal a la nación española tomando mi nombre: ahora mismo están haciendo correr la sangre. El ministerio inglés falsamente persuadido de que yo estoy aquí detenido por fuerza, me hace proponer medios de fuga [...]». En suma, concluyó el gobernador, «el príncipe Fernando está animado del mejor espíritu, y persuadido íntimamente de que sólo S.M. el emperador es su apoyo y mejor protector».[56]

Ambas cartas fueron dadas a conocer días después, el 26 de abril, por Le Moniteur, junto con las de Jorge III y Carlos IV aprehendidas a Kolli, el interrogatorio de la policía en el que éste declaraba los pormenores de su misión y una credencial de Jorge III a favor de Henry Wellesley, hermano del ministro británico, como embajador de Inglaterra en España.[57] El periódico francés publicó, asimismo, otra carta de Fernando VII a Berthémy, fechada el 4 de abril —dos días antes del descubrimiento de Richard y, por consiguiente, sin relación con el asunto—, en la que le decía:

Lo que ahora ocupa mi atención es para mí un objeto del mayor interés. Mi mayor deseo es ser hijo adoptivo de S.M. el emperador, nuestro soberano. Yo me creo merecedor de esta adopción, que verdaderamente haría la felicidad de mi vida, tanto por mi amor y afecto a la sagrada persona de S.M. como por mi sumisión y entera obediencia a sus intenciones y deseos. Además ansío por salir de Valencey, porque esta habitación, que por todos lados se nos presenta desagradable, por ningún título nos es correspondiente.[58]

¿Realmente fue escrita esta carta el 4 de abril, antes del descubrimiento del falso Kolli, o lo fue después de esto, a instancias de Berthémy, como quizá también lo fuera la citada del día 6? En cualquier caso, lo relevante es que esa comprometedora carta para el rey de España fue dada a conocer y, además, que el la escribió.

El plan de Napoleón-Fouché se había desarrollado de la manera más satisfactoria. Europa —Le Moniteur era leído en todos los países— se enteró del fracaso del proyecto del Gobierno inglés para liberar a Fernando VII mediante una artimaña poco decorosa para ambos y pudo constatar la actitud de extrema sumisión del español ante Napoleón, hasta el punto de rebajarse a solicitarle la adopción. La información no podía ser más perjudicial para Inglaterra y para los españoles que luchaban contra Napoleón en nombre de Fernando VII, y por supuesto, para éste. En España, sin embargo, la Gaceta de Madrid, controlada por las autoridades josefinas, no publicó la información de Le Moniteur, porque el ministro Urquijo la consideró contraproducente, pues convenía que la población no se acordara «de sus antiguos príncipes» y podría ocurrir, añadió, que en lugar de condenar el hecho, agradeciera a los ingleses su interés por liberar al rey.[59] Fuera de España, sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar.

En los medios antinapoleónicos europeos se dijo que todo lo publicado era una nueva trampa urdida por el artero Napoleón, y al tiempo se hizo un esfuerzo por sacar algo positivo del episodio. El Español, periódico editado en Londres por Blanco White, resaltó «el generoso esfuerzo con que el rey de Inglaterra ha querido dar libertad al desgraciado Fernando VII» y presentó al barón de Kolli como «un verdadero héroe» por decidirse a cumplir una misión tan arriesgada.[60] El jesuita Juan Francisco Masdeu, enterado del caso por las amplias noticias dadas por la prensa de Roma, lo calificó de farsa y negó la autenticidad de las cartas de Fernando VII, así como la de la confesión de Kolli. Pero tanto Masdeu como Blanco White incluyeron un matiz importante en sus comentarios. A juicio de ambos, el objetivo de Napoleón al airear este asunto era disponer favorablemente los ánimos de los europeos ante el hecho de que Fernando VII emparentara con él y una vez verificado esto, enviarlo a España para poner fin a la guerra y disponer de un nuevo Estado vasallo.[61] Esta interpretación tuvo repercusiones. Dio lugar a un importante debate en las Cortes de Cádiz, del que se tratará más adelante.

Pero sigamos con el barón de Kolli, «héroe» según Blanco White y también a juicio de Fernando VII, quien a partir del suceso que nos ocupa mantuvo una peculiar relación con él. El título y el nombre fue una invención de un individuo llamado en realidad Louis Collignon. En unas memorias que publicó en francés en 1823, traducidas al inglés ese mismo año y nunca, que sepa, al castellano, el falso barón declaró que no conoció a sus padres, ni supo quiénes fueron, y fue educado por un militar llamado Collignon, a quien siempre tuvo por padre putativo.[62] Tampoco esto es cierto. Según las averiguaciones realizadas por Léonce Grasilier en los archivos militares franceses, un joven cuchillero de diecisiete años llamado Jean-Louis Collignon, enrolado en 1767 en el Ejército, contrajo matrimonio en Toulon con Marie Marant, del que nació un hijo en 1778 bautizado como Louis, el futuro falso barón de Kolli. El padre murió en 1793 en acto de guerra con el grado de capitán. Dice Kolli en sus memorias que también él entró en el Ejército y en 1799 se retiró del servicio, tras haber llegado a jefe de batallón. Nueva falsedad. Louis ingresó en el regimiento de cazadores a caballo a la edad de diecisiete años, como su padre, pero transcurridos unos quince meses, desertó. En 1803 se presentó en Bar-sur-Ornan (departamento de Meuse) como jefe de batallón adjunto de Estado Mayor, acompañado de una mujer que dijo ser su esposa. Gracias quizá a su talento para tocar la flauta, se ganó la confianza del receptor general de impuestos del departamento, Alphonse Buffault, un melómano heredero de una gran fortuna. Su experiencia en esta casa debió de serle de gran utilidad para adquirir buenas maneras, pero Louis pretendió que también le fuera económicamente y un día intentó un robo. Descubierto in fraganti, fue condenado a quince años de prisión con grilletes y a una multa de 1500 francos por deserción, falsedad y hurto.

Tal vez se evadió, pues dos años más tarde, en 1805, depositó en una notaría de París un acuerdo privado con su esposa, Ernestine, y el barón Louis de Munck, según el cual éste se casaría con ella y haría donación a Kolli de algunos bienes, le pagaría una elevada suma y se comprometería a educar «en el temor de Dios y en los principios del honor» a los dos hijos habidos en ese matrimonio. El acuerdo era producto de una artimaña de Kolli, quien se las arregló para sorprender juntos en situación comprometida a Ernestine y a Munck. Aunque Kolli se divorció, Munck le siguió pagando importantes sumas de dinero. Hombre de finas maneras, de gran encanto personal y fácil palabrería, Kolli no cambió de vida. Vivió maritalmente con la viuda de un banquero genovés, a la que sonsacó importantes cantidades de dinero hasta que ella lo denunció.

Antes de su viaje a Inglaterra con el nombre de barón Charles-Leopold de Kolli, residente en Versalles, era amante de una dama divorciada, Marie de Bonneval, perteneciente a una ilustre y extensa familia. El inquieto Kolli contactó asimismo con el sacerdote Philippe-Jean Desjardins, secretario de la legación romana en París, hombre muy apreciado por su sabiduría y, sobre todo, por su extraordinaria disposición a ayudar a cualquiera que lo solicitase.[63] A instancias de Kolli, quien probablemente deseaba escapar de sus acreedores, Desjardins le facilitó el acceso al monasterio de la Trapa establecido en el antiguo convento de los camaldulenses del bosque de Sénart, cerca de París. Todo indica que, por estas fechas, Kolli era objeto de vigilancia por parte de la policía imperial a causa de sus estafas. Es probable que por esta razón se le uniera en el monasterio el policía Frédéric Richard, quien se presentó como antiguo militar antinapoleónico y de arraigadas convicciones realistas. Ambos entablaron amistad, pero no estuvieron mucho tiempo en la Trapa. El 15 de noviembre de 1809 Kolli abandonó París camino de Anvers, para ingresar, dijo, en otro monasterio trapense. En Anvers conoció a Albert de Saint-Bonnet, a quien convenció para que le acompañara a Londres. Provisto de una letra de cambio por valor de 80 libras inglesas que le envió Madame Bonneval y de una carta de recomendación del abate Desjardins para el duque de Kent, con quien el sacerdote había entablado amistad en Canadá, donde ambos habían coincido en los años finales del siglo anterior, Louis y Albert se dirigieron a Rotterdam el 16 de diciembre de 1809 y desde allí a Londres.[64] Como sabemos, no le costó mucho trabajo al barón de Kolli obtener el apoyo del duque de Kent y del ministro Wellesley para ejecutar su fantasioso proyecto de liberar al rey Fernando.

Su encierro en el castillo de Vincennes al poco de llegar a París en marzo de 1810 podría considerarse un golpe de suerte para Kolli. Esa prisión fue un lugar especial en el periodo napoleónico, pues en ella estuvieron recluidos relevantes realistas franceses, así como militares españoles de alta graduación hechos prisioneros en la Península y el íntimo de Fernando VII, Pedro Macanaz, a quienes bien pudo convencer Kolli de que su cautiverio se debía a su devoción hacia el rey de España y los Borbones en general y a su disposición, a arriesgar su vida por ellos. Por el simple hecho de estar en esa prisión, Kolli, en definitiva, podía parangonarse con esos hombres importantes, entre otros los generales Palafox y Zayas. Por otra parte, también le fue de enorme utilidad la publicación en Le Moniteur de los documentos relativos a su misión. Kolli podía esgrimir como valiosos avales las cartas de Jorge III y del ministro británico de Asuntos Exteriores. Es lo que hizo a partir del momento en que, tras la caída de Napoleón, los Borbones ocuparon los tronos de Francia y España.

Con su habitual celeridad, Kolli realizó en 1814 un extraordinario esfuerzo para demostrar que el barón de Kolli que según Le Moniteur había fracasado en Valençay no era él. Nadie mejor que Fouché podría testificarlo y consiguió un escrito del antiguo ministro de la Policía, fiel ahora a Luis XVIII, en el que declaraba que el «verdadero» Kolli había sido suplantado por otra persona y que todo había sido una fábula construida por la policía imperial. Kolli comunicó a las cortes europeas la noticia de la suplantación de que había sido objeto, con copia de los documentos que le fueron entregados por el Gobierno británico para desempeñar su misión. Evidentemente, no se olvidó de Fernando VII, a quien escribió el 26 de junio de 1814.[65] Éste fue el primer contacto directo de Kolli con el rey, con quien enseguida estrechó relaciones en España.

En febrero de 1815 el barón de Kolli viajó a Madrid. Se presentó antes que nadie a Cevallos, a la sazón ministro de Estado, para hacerle entrega de sus documentos y solicitar audiencia al rey. No tardó Fernando VII en recibirlo, aunque no individualmente, sino en una recepción del cuerpo diplomático en la que Kolli acompañaba al embajador británico Wellesley. Si nos fiamos del relato de Kolli, al llegar el rey a su altura mantuvieron la siguiente conversación:

—Y bien, Kolli, ¿es más grato el aire de Madrid que el de Vincennes?

—Sire, el de Vincennes no lo fue menos para mí.

—¿Cómo se portan vuestros hijos?

—Gracias a V.M. podemos gozar un poco de nuestra existencia.

—Yo supe lo que sufristeis. ¿Por qué sólo comías pan y bebías agua?

—Sire, creí haber vivido demasiado.

—Mis generales, vuestros compañeros de cadenas, me lo han dicho todo. ¿Conocíais bien mis costumbres en Valençay?

—Sí, Sire, el Gobierno británico me había informado bien.

—Estoy muy agradecido por el interés que me ha demostrado y no estoy menos impresionado de vuestro afecto.[66]

¿Debemos dar crédito a esta conversación, excesivamente larga teniendo en cuenta que se desarrolló en una audiencia colectiva y que en esas ocasiones Fernando VII solía ser muy parco en palabras? Es difícil, pues sabemos de la fantasía de Kolli y de su acusado afán por aparentar ser un hombre distinguido, próximo al poder. En cualquier caso, Fernando VII le demostró su aprecio. En 1815 le concedió, en calidad de supernumerario, la cruz de la Orden de Carlos III con dispensa de hacer las pruebas de nobleza, que, por supuesto, no hubiera superado,[67] le otorgó una renta sobre La Habana (las Cortes de 1821 la suprimieron) y recurrió a Kolli como intermediario en un grave asunto sumamente comprometido para el rey, el Affaire Tassin, sobre el que volveremos. En suma, Kolli entró a formar parte del círculo de confianza de Fernando VII y aún tuvo la osadía de pedir para su hijo la entrada en el elitista cuerpo de la Guardia de Corps.[68]

Tras el descubrimiento del falso Kolli, se redobló la vigilancia en Valençay, de manera que se tornaron más difíciles los proyectos de evasión del rey, pero éstos no desaparecieron. Hasta la salida de los príncipes de Valençay no cesaron de esparcirse rumores sobre planes para librarlo de la prisión. En su mayor parte no pasaron de proyectos sin fundamento, pero su difusión preocupó a la policía imperial por su carga propagandística. Tanta envergadura alcanzaron los rumores, que alguno de estos planes ha quedado como hecho extraordinario en la tradición local de Valençay.[69]

Disponemos de datos del que podemos considerar último proyecto serio para liberar a Fernando. Su protagonista fue un sacerdote, Manuel Sobral y Bárcena, miembro de una distinguida familia criolla de Guatemala afincado en Puerto Real, Cádiz. Sobral ejerció desde 1808 como capellán de lenguas (el intérprete cuando había extranjeros) del hospital de San Carlos de la Isla de León, lo que le permitió contactar con los oficiales franceses recluidos en los pontones de Cádiz tras la batalla de Bailén. Su función, que al parecer desempeñó de manera humanitaria, le granjeó buena reputación entre los militares franceses. Su amistad con un capitán francés, destinado una vez que recobró la libertad en el distrito de Valençay, hizo concebir a Sobral la idea de intentar el rescate de Fernando VII. La Regencia la aprobó y dotó al sacerdote de medios económicos.

Con la excusa de que deseaba fijar su residencia en Francia, salió de Puerto Real el 3 de febrero de 1812 integrado en la comitiva del mariscal Victor, que regresaba a su país. Aparte de dinero, iba provisto de las pertinentes pruebas para dar a entender a Fernando VII la autenticidad de la misión encomendada por el Gobierno español. Eran éstas un decreto de puño y letra del rey nombrando a Escoiquiz su consejero de Estado, y un escrito de Eusebio Bardaxí, en este momento ministro de Estado español, cuya letra conocía Fernando VII, en el que comunicaba al monarca la misión del sacerdote.

Sobral viajó por varias ciudades de Francia (Bayona, Burdeos, Orleans, Blois, París, Tours...) pero no llegó a Valençay, porque le disuadió su amigo el capitán francés. A tenor del informe remitido por Sobral a la Regencia el 19 de noviembre de 1812, una vez finalizado su periplo, el militar francés habló con Fernando VII. Éste se «atemorizó» al saber que deseaba verle un español, le confesó «que le habían puesto en el estado de sospechar de todo», «que no quería dar paso alguno por sí, por el que el Emperador pudiera pintarlo como criminal» y que sólo consentiría verse con su compatriota si contaba con el permiso del ministro de Policía imperial. A la vista de esto, Sobral concluyó que era «casi imposible» burlar la vigilancia de la policía y que en todo caso sería difícil ejecutar cualquier plan debido «al carácter tímido y pusilánime de S.M.».

La misión de Sobral cierra, por lo que sabemos, los intentos de sacar de Valençay a Fernando VII. No obstante, en mayo de 1813 la Regencia pensó enviar de nuevo a este sacerdote a Francia, aunque ya no para liberar al rey, sino para actuar de espía para el Gobierno español y también para Wellington. Su cometido debía consistir «únicamente en adquirir todas aquellas noticias que puedan darle al Gobierno y a los Generales de los ejércitos unas ideas claras y verdaderas del estado político y militar» de Francia, de los proyectos y planes hostiles de Napoleón y del espíritu público de la población de ese país. El expediente sobre Sobral finaliza aquí, de manera que desconozco si finalmente realizó el viaje, aunque es probable que no fuera así, pues en junio tuvo lugar la decisiva victoria del Ejército aliado en la batalla de Vitoria y Wellington penetró en territorio francés.

Al igual que a Kolli, a partir de 1814 Fernando VII colmó de honores a Sobral. Entre otras gracias, le hizo caballero de la Orden de Carlos III y académico de honor de Bellas Artes de San Fernando. Además, obtuvo el arcedianato de La Habana, de pingües rentas, fue nombrado inquisidor honorario de Cartagena de Indias y terminó su vida como abad de la colegiata de Jerez de la Frontera.[70]

Postración ante el emperador

Situado en el cenit de su poder y entusiasmado con el proyecto de implantar en Europa su propia dinastía, Napoleón aspiraba a revivir la idea de monarquía universal. Él encarnaba la dignidad imperial, desaparecida tras la disolución del secular Sacro Imperio Romano Germánico, y gracias a sus victorias los soberanos europeos le reconocían legitimidad para suprimir y conceder coronas.[71] En esta tesitura, hubiera sido para él un enorme contratiempo que Fernando VII expresara públicamente su descontento con la suerte que le había reservado, entre otras razones porque podría hacer recordar el desgraciado episodio del asesinato en 1804 del duque de Enghien. Era preciso dejar patente a las casas reinantes de Europa que el emperador no maltrataba a los soberanos, que no era un «regicida» como los jacobinos, ni aun enemigo de las viejas dinastías, sino el regenerador de las monarquías caducas. La sumisión de Fernando VII resultaba, pues, cuestión vital. Pero pronto se vio que su utilidad no se reducía a lo dicho. Podría ser también un excelente instrumento de propaganda contra los españoles alzados en armas. Si el rey en cuyo nombre luchaban reconocía la soberanía imperial, carecía de sentido proseguir la guerra. Napoleón creyó que esto pudiera tener algún efecto y a principios de 1810, cuando a pesar de las derrotas parecía que los españoles no estaban dispuestos a deponer las armas, publicó en Le Moniteur las cartas dirigidas a él desde Valençay por Fernando. La maniobra no dio los resultados esperados por Napoleón, pero ha proporcionado a los historiadores una fuente valiosísima para conocer a Fernando VII.[72]

Pronto dio el monarca español la primera muestra de sumisión. Al llegar a Valençay se apresuró a comunicar la noticia al emperador, «como homenaje muy debido y conforme totalmente a los sentimientos de mi corazón para con la persona de V.M.I. y R.».[73] Basta una frase como ésta para situar a cada cual en su lugar. Napoleón era el soberano al que Fernando daba cuenta de sus movimientos, es decir, se sometía a él. Esta misiva y las otras dirigidas al mismo destinatario desde Valençay venían a ser —apostilló Juan Antonio Llorente con lucidez— otras tantas ratificaciones de la abdicación de Bayona. Así lo interpretó, para propia satisfacción, el emperador francés.

No pasó por alto el emperador un detalle de esta primera carta de Fernando. Iba encabezada del modo habitual entre monarcas: Mon Cousin. Napoleón le hizo saber a través de Talleyrand, para de esta forma indirecta marcar más las distancias, que eso era «ridículo y que me debe llamar simplemente Sire». Con ello dejaba bien sentado que en Valençay no residía un rey, sino un príncipe. Por supuesto, Fernando tomó buena nota y su siguiente misiva, de contenido en extremo sorprendente, estaba encabezada con el tratamiento de Sire, y decía:

Doy muy sinceramente en mi nombre y de mi hermano y tío a V.M.I y R. la enhorabuena por la satisfacción de ver instalado a su querido hermano el rey José en el trono de España [...]; no podemos ver a la cabeza de ella un monarca más digno, ni más propio por sus virtudes, para asegurársela [la felicidad a la nación], ni dejar de participar al mismo tiempo el grande consuelo que nos da esta circunstancia».[74]

No fueron los tres miembros de la familia real española los únicos en expresar en público estos sentimientos. Adjunto a la anterior iba un escrito de los residentes en Valençay, con el ruego de Fernando al emperador de que lo hiciera llegar a «S.M.C.», quien no era otro que su hermano José Bonaparte. «Su Majestad Católica» era el tratamiento histórico del rey de España. En 1808 Fernando y su «corte» se lo tributaban a José Bonaparte. ¿Cabía corroborar de forma más contundente la abdicación de Bayona?

El texto, firmado en nombre de la totalidad de servidores por los principales, esto es, el duque de San Carlos, los marqueses de Ayerbe y de Feria, Antonio Correa, Pedro Macanaz y Escoiquiz, su redactor, según afirmó luego él mismo, repetía la felicitación de Fernando y aun la superaba en bajeza. Ante la noticia —decía dirigiéndose a José— «de la instalación de la augusta persona de V.M.C. en el trono de la patria de los exponentes con el consentimiento de toda la Nación», los firmantes se consideraban obligados a «conformarse con el sistema adoptado por su nación y rendir como ella sus más humildes homenajes a V.M.C». Tras asegurarle el mismo respeto y lealtad que habían manifestado al monarca anterior (Fernando VII), se declaraban dispuestos a jurar la nueva Constitución aprobada por la Asamblea de Bayona, así como fidelidad al rey «Josef Primero», monarca «tan justo, tan humano y tan grande en todo sentido». Los infrascritos esperaban del nuevo rey la garantía del goce de sus bienes y empleos en España y le solicitaban permiso para continuar en Valençay al servicio de los «príncipes».[75]

Como era de esperar, Ayerbe y Escoiquiz se justificaron más tarde con el argumento de que en ese escrito no expresaron su auténtico pensamiento político y todo lo hicieron para no exponer la vida del rey.[76] Pero la vida de Fernando VII nunca estuvo en peligro en Valençay. Los que sí podían estar en el aire eran los bienes de quienes habían seguido a los príncipes, de ahí su interés en manifestar al nuevo rey su mejor disposición, y su tranquilidad cuando recibieron un oficio de Urquijo, convertido en ministro de Estado de José I, asegurándoles sus propiedades y destinos en España.[77]

En definitiva, desde el primer momento se creó en Valençay un ambiente de temor por el porvenir material de los exiliados o «cautivos», no por sus vidas, y mientras los servidores principales mantenían la vista en España, preocupados por sus rentas y sin abandonar por completo la esperanza del regreso, los tres príncipes, que daban por definitiva su salida del país, pusieron todo su empeño en no empeorar su suerte, en garantizarse las ayudas pecuniarias prometidas por Napoleón en la convención de Bayona y en esperar lo que deparara el destino. De ahí sus reiteradas muestras de sumisión a Napoleón y su rechazo de cuantos planes de evasión se les propusieron.

Pero Fernando sobrepasó con creces la línea del decoro exigido por su condición (no hablemos de lo que los españoles esperaban de él). Al menos lo hizo en cinco ocasiones. Por orden cronológico, la primera ya se ha visto: la felicitación a José Bonaparte. La segunda, al declarar a Napoleón que sentía «placer» al ver en los papeles públicos las victorias francesas en España.[78] La tercera fue la petición al emperador de que lo aceptara como hijo adoptivo, expresada a través de carta a Berthémy citada anteriormente al tratar del asunto Kolli.[79] La cuarta, la solicitud de licencia para asistir en París al matrimonio de Napoleón con María Luisa de Austria. «Si logro este permiso tan vivamente deseado —escribió—, podré llevar a mi retiro el recuerdo venturoso y consolador para mi alma de haber, en ocasión tan próspera y tan imponente, gozado de las prerrogativas de príncipe francés.»[80] La quinta fue la siguiente carta de 1810 al emperador, escrita después de haberse hecho públicas las anteriores:

Señor: las cartas publicadas últimamente en el Monitor han dado a conocer al mundo entero los sentimientos de perfecto amor de que estoy penetrado a favor de V.M.I. y R. y al propio tiempo mi vivo deseo de ser vuestro hijo adoptivo. La publicidad que V.M.I. se ha dignado dar a mis cartas me hace confiar que no desaprueba mis sentimientos [...]. Que V.M.I. y R. se digne unir mi destino al de una princesa francesa de su elección y cumplirá el más ardiente de mis votos [...]. Me atreveré a añadir que esta unión y la publicidad de mi dicha, que daré a conocer a la Europa si V.M. lo permite, podrá ejercer una influencia saludable sobre el destino de las Españas y quitará a un pueblo ciego y furioso el pretexto de continuar cubriendo de sangre su patria en nombre de un príncipe, el primogénito de su antigua dinastía, que se ha convertido por un tratado solemne, por su propia elección y por la más gloriosa de todas las adopciones, en príncipe francés e hijo de V.M.I. y R.[81]

Resulta revelador que esta carta no fuera publicada en Le Moniteur. Tal vez no interesó a Napoleón dar publicidad al enésimo intento de Fernando por entrar en la familia imperial, o no quiso confirmarlo como hijo adoptivo, o quizá le pareció que la bajeza de Fernando había sobrepasado los límites y pudiera interpretarse que su escrito había sido arrancado por la fuerza. Aparte de esto, si esta carta la escribió realmente el rey de España, basta para su completa descalificación. No sólo condenaba la guerra emprendida en su nombre, sino que también estaba dispuesto a traicionar a su pueblo, al que tilda de «ciego y furioso» y del que desea separarse, considerándose «príncipe francés».

Cuando se tuvo conocimiento en España de las misivas de Fernando VII se negó su veracidad. El 6 y el 17 de junio de 1810, el Consejo Reunido de España e Indias creado por la Junta Central emitió dos resoluciones. En una declaraba falsas las cartas o, en todo caso, producto de la violencia ejercida sobre el rey, y en otra alertaba de que su publicación era una maniobra del Gobierno francés para engañar a los españoles, apartarlos del amor a su soberano y agitar «los ánimos del vulgo».[82] En cuanto al pretendido matrimonio del rey con una princesa imperial, dictaminó que se trataba de una maquinación más de Napoleón, quien para acabar con la guerra pretendía restituir a Fernando en el trono convertido en fiel vasallo del imperio.

Afirma el conde de Toreno que las cartas de Valençay no se esparcieron mucho por España, y añadió: «A no ser así, ¡qué terrible contraste no hubiera resultado entre la conducta del rey y el heroísmo de la nación!».[83] Sin embargo, arreciaron los rumores, cuyo origen se desconoce, del posible enlace del exiliado rey español con una archiduquesa de Austria, es decir, con una hermana de la segunda esposa de Napoleón. La policía imperial francesa se hizo eco de ello en sus escrupulosos boletines diarios. El del 20 de septiembre de ese año informó que circulaba por París la especie de que Fernando y su (futura) esposa austriaca reinarían en una parte de España y Portugal. El del 13 de octubre siguiente hablaba de la llegada a la capital francesa del emperador de Austria, acompañado de una de sus hijas, destinada a casar con el «príncipe» Fernando, y el del 16 de ese mes repetía la noticia y añadía que esa boda se consideraba un medio eficaz para terminar la guerra de España.[84]

Estos rumores contrariaron a Napoleón. El 17 de septiembre de 1810 ordenó a Berthier, mayor general de su Ejército en España, que comunicara a todos los comandantes de las tropas imperiales que eran producto de la ociosidad de las gentes de París y que debía rechazarse con indignación la simple idea de un matrimonio de esa naturaleza, que el emperador calificaba como «paso retrógrado». Un mes más tarde escribió sobre lo mismo a Champagny, su ministro de Asuntos Exteriores, para que se lo hiciera saber a los representantes franceses en el extranjero.[85] Pero Napoleón no pudo impedir que la prensa se hiciera eco de todo ello, sobre todo la británica, y que por ese conducto, o cualquier otro, llegara a España.[86] Para sorpresa de muchos, las Cortes colocaron el asunto en el primer plano de la actualidad.

A pesar de que los diputados habían acordado guardar silencio sobre lo relacionado con la persona y los actos del rey ausente, en la sesión pública del 9 de diciembre de 1810 propuso Antonio Capmany que se prohibiera por decreto a cualquier rey de España contraer matrimonio sin previa aprobación de las Cortes.[87] La iniciativa causó desconcierto entre los diputados. Aunque les habían llegado voces sobre el proyecto de matrimonio de Fernando VII y albergaban la sospecha antes mencionada sobre las intenciones de Napoleón, temían que el debate sobre la persona de Fernando VII dividiera los ánimos de la población, y más aún —recalcó J.L. Villanueva— si se publicaba un decreto en la línea propuesta por Capmany. Pero una vez planteado el asunto en el Parlamento resultaba imposible soslayarlo. Así pues, en la sesión secreta del mismo 9 de diciembre, el presidente del Congreso (Morales Gallego) propuso tratar este punto en la pública del día siguiente «con cierta generalidad, huyendo hasta de la menor indicación que comprometa su sagrada persona [la del rey]».[88] Tras una serie de vicisitudes, las Cortes abordaron la cuestión, pero no lo hicieron en la fecha prevista, sino veinte días más tarde, a finales del mes. Y no se basaron en la proposición de Capmany, sino en otra similar presentada por Francisco X. Borrull, redactada en términos más generales y sin hacer mención expresa a posibles enlaces del rey. Era la siguiente: «Que se declaren nulos y de ningún valor ni efecto cualesquiera actos o convenios que ejecuten los Reyes de España estando en poder de los enemigos y puedan ocasionar algún perjuicio al Reino».[89]

El debate parlamentario tuvo lugar los días 29, 30 y 31 de diciembre de 1810. Concluyó el 1 de enero de 1811 con la aprobación de un decreto que en 1814, al regreso de Fernando VII de Valençay, sería una pieza fundamental utilizada por los defensores del sistema constitucional. Las Cortes declaraban nulos todo acto, convenio o transacción del rey «mientras permanezca en el estado de opresión y falta de libertad en que se halla, ya se verifique su otorgamiento en el país del enemigo, o ya dentro de España, siempre que en este caso se halle su Real persona rodeada de las armas, o bajo el influjo directo o indirecto del usurpador de la corona». Se puntualizaba, además, que el rey no sería considerado libre y no sería obedecido «hasta verle entre sus fieles súbditos en el seno del Congreso Nacional que ahora existe o en adelante existiere, o del Gobierno formado por las Cortes».[90]

Este decreto, se decía en él de forma expresa, se había elaborado de conformidad con el del 24 de septiembre de 1810 —el primero de estas Cortes—, por el que se reconocía a Fernando VII rey de España y se declaraban los principios de soberanía nacional y división de poderes. Así pues, las Cortes pretendían dejar patente, por una parte, la preeminencia de la nación, su capacidad como sede originaria de la soberanía para fijar restricciones a la actuación del rey aceptado por esa nación, y, por otra, establecían como principal objetivo de la guerra la «libertad» de España, de la nación. Esto último suponía un cambio de lenguaje muy significativo, pues la fórmula más utilizada hasta entonces para señalar la finalidad de la lucha, tanto en los manifiestos y proclamas de las Juntas, como en los muchos textos publicados por colectivos o particulares, había sido el logro de la libertad del rey y su restitución en el trono. Ahora, por el contrario, las Cortes dotaban a la guerra de carácter nacional, no dinástico.

El cambio respecto al tiempo político anterior era manifiesto y así quedó puesto de relieve en el debate de la proposición de Borrull, desarrollado antes de haber sido aprobada la Constitución. Salvo muy escasas excepciones, los parlamentarios resaltaron de forma explícita el nexo entre la declaración de la soberanía nacional y el tratamiento de la figura del monarca. Tanto los diputados calificados de «liberales», como los realistas o «serviles», incluso algunos de los más combativos entre estos últimos, partieron de la teoría pactista, entendida por cada uno a su manera.[91] Todos coincidieron en que el origen de la monarquía en España era resultado del «consentimiento de los españoles» —palabras del inquisidor Riesco, realista— y en que las «leyes fundamentales» establecían límites al ejercicio de la potestad del rey, de manera que esa potestad —afirmó el liberal García Herreros— «jamás fue tan absoluta que por sí pudiese alterar, variar y mucho menos derogar las leyes fundamentales».[92] En suma, hubo consenso en declarar que la nación, como sede de la soberanía, estaba por encima del monarca y que éste era producto de la voluntad de la nación y tenía limitadas sus facultades, como más tarde sancionaría la Constitución.

En este debate de los últimos días de 1810 se expresaron las ideas básicas de aquel Parlamento sobre la monarquía. Pero también se habló de la persona de Fernando VII. A este respecto, los diputados se esforzaron por mantener el discurso dominante. En consecuencia, todos eximieron al rey de responsabilidad en las desgracias de España (se ajustaron, pues, a la imagen del «príncipe inocente») y recalcaron la dura cautividad en que lo tenía Napoleón. Por tanto, cualquier desliz en su comportamiento no era imputable a Fernando, por carecer de libertad; la responsabilidad recaía sobre el tirano Napoleón. Sin embargo, algunos diputados no estaban plenamente convencidos de ello y deslizaron frases de cierta desconfianza hacia Fernando VII, por más que lo disimularan con el retórico ensalzamiento de su figura exigido en aquella coyuntura, especialmente y de forma directa, por el variado público presente en las tribunas durante las sesiones.

La mayor dificultad para todos consistió en hallar un argumento convincente para demostrar que Fernando no se había avenido a concertar un matrimonio mediatizado por Napoleón. Eso parecía empresa casi imposible, pues en esta materia no bastaba la alusión a la carencia de libertad del rey, ni a esa pregonada bondad intrínseca que le impediría actuar de forma inconveniente, como defendió Blas Ostolaza, diputado suplente en Cádiz tras su regreso de Valençay. Todos sabían que la obtención de la mano de una princesa francesa había sido una vieja aspiración de Fernando antes de 1808, cuando, por cierto, gozaba de libertad. Pero si entonces cabía interpretar esta aspiración de forma positiva, porque podría ser un medio para consolidar la relación con Napoleón y terminar con el poder del odiado Godoy, en 1810 resultaba inaceptable, pues España libraba una guerra encarnizada contra el francés; además, Inglaterra, cuyo concurso era imprescindible para mantener la lucha, no permitiría un acuerdo de esta naturaleza.

Un nuevo factor, la solicitud de Fernando de convertirse en hijo adoptivo de Napoleón, agravaba ahora considerablemente el asunto, ya que el ordenamiento constitucional del imperio francés concedía derechos sucesorios a quienes tuvieran esa condición. Si se dieran ambas circunstancias —la adopción de Fernando y su enlace con una pariente del emperador — se sentarían las bases para un cambio político sustancial en España, inaceptable de todo punto para quienes luchaban contra las tropas imperiales y contra el rey «intruso» y, más aún, para los diputados presentes en las Cortes, que habían declarado la soberanía nacional y la independencia de España. Si todo se cumplía como a tenor de las cartas publicadas en Le Moniteur deseaba Fernando VII, éste se convertiría en príncipe francés, es decir, en miembro de la Casa de Napoleón, al igual que lo era el rey José, y podría regresar a España de la mano del emperador para ocupar de nuevo el trono, convertido en mero instrumento suyo, en rey vasallo.[93] Esto supondría el fin de la guerra y la integración de España en el sistema imperial francés. La nación española, en consecuencia, perdería su independencia, dejaría de ser soberana y se rompería el pacto entre los españoles y su rey, base histórica de la monarquía española.

El escollo fundamental, pues, fue hallar una explicación al comportamiento de Fernando VII. Aun suponiendo que todo fuera una maquinación para engañar al «príncipe inocente» y a los españoles, no bastaba con cargar toda la responsabilidad sobre Napoleón. Al menos así lo consideraron varios diputados, el primero de ellos, Argüelles. Tras aludir a las perfidias de Napoleón, dijo lo siguiente:

Señor, es preciso tomar en cuenta el carácter de nuestro amado Monarca. Educado, como todos saben, en la oscuridad de un palacio, alejado de los que habían de ser sus súbditos, ignora las artes de la corte y la perversidad del corazón humano; así vemos que desde sus primeros pasos todas sus acciones, mezcladas con actos de beneficencia, no han sido sino efecto de la inexperiencia, de la sencillez y del candor, de que intenta ahora abusar Bonaparte [...]. [Éste] intenta convertir en su utilidad la sencillez de este Príncipe para esclavizar a una Nación que en vano ha podido sujetar con las armas.

Para atenuar la dureza de este juicio sobre la personalidad de Fernando, el orador volvió al lenguaje laudatorio imperante, pero aun así dejó traslucir los defectos del rey y sus posibles corolarios:

... un Príncipe joven y sencillo que, aunque lleno de virtudes, es inexperto y cuenta ya tres años de duro cautiverio: un Príncipe que no conoce el corazón humano y que no puede resistirse a las instigaciones de aquel tirano sino a costa del sacrificio de su vida. Quizá suspira por vivir entre sus fieles súbditos, y oír de boca de S.M. [las Cortes] las leyes con que ha de gobernarlos; acaso creerá conveniente consentir por un momento en su enlace que [le] restituya a la libertad.[94]

A la inexperiencia y candidez de Fernando aludieron también, entre otros, los liberales Fernández Golfín, Pérez de Castro y Antonio Oliveros. Pero estos rasgos de la personalidad del rey, que habían sido muy útiles a la propaganda fernandina, primero para acabar con Godoy y, más tarde, para exonerarle de responsabilidad en su renuncia de Bayona, no podían ser tomados de igual forma ni ahora, ni en el futuro inmediato, pues tras la convulsión provocada en Europa por Napoleón, con España en guerra y ante el surgimiento de los primeros brotes independentistas en América, se necesitaba mano muy firme para dirigir la monarquía española. Lo planteó con toda claridad, y dureza, el quiteño Mexía Lequerica, quien como en otras ocasiones en este Parlamento, al abordar esta relevante cuestión fue más lejos que el resto de los diputados liberales. En su única, aunque extensa y sustancial intervención en este debate, respondió a la pregunta formulada por él mismo: «¿Por qué nos hallamos en este sitio, reducida la España a tan estrechos rincones?»: «Porque nuestro joven Monarca en el lleno de su candor [acababa de decir que Fernando era «el más dócil de los príncipes«] besó la cadena con que un falso amigo le ataba, y corrió precipitado a perderse creyendo que tal vez a su costa os ahorraría tan espantosa catástrofe». Fernando no escuchó a su pueblo cuando intentó evitar su salida y la de su familia de España (Mexía mencionó a los «nobles vecinos de Vitoria» y a la «heroica plebe de Madrid»)[95] y Francia aprovechó su sordera para sembrar la discordia en el seno de la familia real «y compelió a este inocente cordero a despojarse de las brillantes insignias con que le habían adornado no menos los derechos del nacimiento que la graciosa elección del pueblo; es decir, todo lo más sagrado de la sociedad y de la naturaleza». El diputado americano, pues, imputaba al rey y no a otros, ni siquiera a Napoleón, la decisión del viaje a Bayona, origen de su abdicación y la de Carlos IV y, de acuerdo con el discurso tradicional, de los males presentes de España.[96]

El paso dado por Mexía era realmente grave y constituía, asimismo, una novedad, pues hasta este momento nadie había atribuido a Fernando de forma tan directa responsabilidad en los acontecimientos del país. Aunque, como se acaba de ver, Mexía no abandonó la retórica encomiástica del rey, desbarató uno de los rasgos básicos de la imagen del «príncipe inocente». Pero no se quedó en ello. En esta misma sesión parlamentaria planteó la siguiente hipótesis:

Si en una dolorosa pero inevitable coyuntura hubiese de perecer un hombre a quien nada deben los pueblos, más que la compasión y el respeto consiguiente a su desventura y persecuciones no merecidas, a trueque de que no perezca una Nación generosa... ¿debería ésta perderse, porque no dejasen de triunfar los caprichos, la ignorancia y la flaqueza de aquel? [...]. Y pues en su Real nombre se exige, tres años ha, de todos los españoles que estén siempre dispuestos a perecer antes que recibir otro Rey, la inflexible justicia pide a V.M. [las Cortes] por mis trémulos labios que ya no se tarde más en declarar de una vez que este mismo Rey debe perecer, y ser sacrificado, primero que concurrir a sacrificar con la más negra ingratitud a la benemérita España, mártir sin ejemplar de lealtad y de honor.[97]

Creo que en ninguna otra intervención parlamentaria y tampoco en los textos producidos durante la guerra en el bando patriota se aludió con tanta dureza a la persona de Fernando VII, ni se llegó tan cerca en la comparación con Luis XVI de Francia. Al atribuir sus actuaciones al capricho, la ignorancia y la flaqueza de su carácter, Mexía ahondaba en la desmitificación de la imagen dominante del «príncipe inocente», tarea que completó al decir que nada le debía el pueblo, más que compasión por sus desventuras. La conclusión era evidente: los españoles no debían sacrificarse por el rey, sino al contrario, el rey estaba obligado a hacerlo por su pueblo y, si llegara el caso, hasta con su muerte. Aparte, insisto, del paralelismo con la situación de Francia en los primeros compases de la Revolución, Mexía exigía a Fernando, en definitiva, el mismo grado de heroísmo que en su nombre se requería a los españoles. Con ello desbarató uno de los argumentos más sólidos empleados por los fernandinos para justificar las renuncias de Bayona, esto es, que Fernando las aceptó para evitar el derramamiento de sangre y el sufrimiento de los españoles. En la intervención de Mexía quedó bien patente, por lo demás, la preeminencia de la nación sobre el rey.

Sólo Ostolaza, casi recién llegado de Valençay, rebatió a Mexía, aunque no se refirió expresamente a él. Según el clérigo, no había nada que temer del rey, pues era «enteramente adicto a los intereses de la Nación» y, en consecuencia, no cedería a los planes de Napoleón.[98] Pero la voz de Ostolaza quedó aislada. A finales de diciembre de 1810, durante el desarrollo del debate que nos ocupa, dominó la desconfianza hacia Fernando VII. Es cierto que ningún diputado la manifestó con la dureza que lo hicieran Argüelles y Mexía, pero todos estuvieron de acuerdo en la necesidad de tomar precauciones para evitar algún desliz de ese hombre inexperto y de débil carácter. En consecuencia, el decreto elaborado a partir de la propuesta de Borrull fue aprobado el 1 de enero de 1811 por unanimidad, en votación nominal, por los 114 diputados presentes en la Cámara y lo firmaron todos, como igualmente habían hecho con el decreto del 24 de septiembre de ese año, simbolizando de esta forma la estrecha relación entre ambas disposiciones de las Cortes y su importancia.[99]

Para cerrar lo relativo a las cartas de Fernando a Napoleón valga el siguiente dato ofrecido por García de León y Pizarro en sus memorias. Siendo ministro de Estado, esto es, entre 1816 y 1819, el ex embajador Beauharnais le hizo llegar las cartas de Fernando VII sobre las gestiones durante la trama de El Escorial referentes a su posible matrimonio con una princesa francesa. Pizarro reunió además la correspondencia relativa «a las relaciones de S.M. con Napoleón en Valençay» y cuantos papeles autógrafos del rey pudo conseguir, y se los entregó en mano. El rey le preguntó qué debía hacer con eso y el ministro aconsejó su destrucción. El rey pidió fuego y fue quemándolo todo. «Su Majestad alguna vez al tomar tal carta decía: “Ésta fue mala, mala”; la leía y arrojaba al fuego. Así quedaron destruidos estos documentos poco agradables y peligrosos.»[100]

Extorsiones y negocios

El palacio de Valençay no fue del agrado de los príncipes españoles, quizá porque estimaron su tamaño poco adecuado para su rango, o por estar aislado en el campo, o porque no era de su propiedad. Varias veces expuso Fernando su deseo de cambiar de residencia. Insistió en ello a partir de mediados de 1810, tras el «asunto Kolli». Según la policía imperial, los príncipes pretendían trasladarse a algún otro lugar o, en todo caso, pasar parte del año en París o en otra ciudad cercana a Valençay, como Châteauroux.

Tan deseoso estaba Fernando de cambiar de residencia, que por medio del intendente de palacio Amézaga inició negociaciones con el prefecto del departamento de Loir-et-Cher para comprar el castillo-palacio de Ménars, un edificio fastuoso, situado en la orilla derecha del Loira, muy próximo a Blois, construido en los siglos XVII y XVIII por los prestigiosos arquitectos Gabriel y Soufflot. Entre sus antiguos propietarios figuraba Madame de Pompadour. Naturalmente, Napoleón ordenó el fin de esos tratos, pues el traslado a Ménars supondría la ruptura del aislamiento de los príncipes y dificultaría su vigilancia. Lo que no vio con malos ojos fue la compra por los príncipes del palacio de Valençay, pero a pesar de que Talleyrand estaba interesado en la venta, tampoco fructificó.[101]

¿Disponía Fernando VII de recursos para costear su residencia en una ciudad, o comprar el palacio de Valençay, o, aún más, una propiedad como Ménars, que no sería barata, aunque desconocemos su precio, ya que la operación de compraventa se frustró en el inicio? Cabe todo tipo de conjeturas. Aunque casi siempre con retraso, los infantes Carlos y Antonio percibieron los 400.000 francos anuales prometidos a cada uno por Napoleón en el tratado de Bayona. No así Fernando, quien recibió los 500.000 francos anuales fijados como renta alimenticia, pero no la vitalicia de 600.000. Ante las quejas del marqués de Ayerbe, el ministro de Asuntos Exteriores Champagny respondió con toda frialdad que no se pagaba lo convenido porque no se recaudaba en España lo esperado.[102] A mayor abundamiento, durante los tres primeros años el Tesoro francés pagó el alquiler del palacio de Valençay, que ascendía a 50.000 francos anuales, pero dejó de hacerlo en los siguientes y en marzo de 1813 el emperador ordenó que este concepto corriera a cargo de los príncipes y se retuviera su importe de la subvención establecida.[103] A pesar de todo, según la contabilidad oficial de palacio, rubricada cada mes por los tres príncipes con su nombre en francés, se pudo hacer frente sin dificultad aparente a todos los gastos, que en 1811-1813 rondaron mensualmente los 150.000 francos. La contabilidad registra siempre superávit, que algún mes rebasó los 200.000 francos. En febrero de 1814, en vísperas de la salida de los príncipes de Valençay, había en caja 35.030 francos, de ellos 32.564 en metálico.[104] Los príncipes, pues, no pasaron penurias económicas.

De acuerdo con esta contabilidad, la mayor parte de los ingresos procedían del Tesoro francés a través del banquero Roux, consejero del Banco de Francia, o de la prefectura de Loir-et-Cher. Existieron otras fuentes de ingresos, siempre menores, entre ellas los dividendos de la casa Tassin Padre e Hijos, de Orleans. Todo indica, sin embargo, que los libros oficiales no consignaron con exactitud los movimientos de caja de los príncipes. Por de pronto, éstos no coinciden, según Manuel Izquierdo, con las cuentas realizadas de su mano por Amézaga en 1810 y 1811 (también éstas debieron de estar amañadas)[105] y es de suponer que no se consignara la totalidad de los ingresos ni, por supuesto, de los gastos. Es evidente, por lo demás, que los príncipes, sobre todo Fernando, dispusieron de joyas, diamantes y dinero portados consigo en su viaje de Madrid a Bayona.[106] Aparte de esto, emprendieron distintas acciones para recabar fondos.

En mayo de 1808, el ministro de Estado Maret ordenó a la casa Cabarrús de Bayona el libramiento de 300.000 francos para atender los primeros gastos de los príncipes en Valençay, pues el Gobierno imperial no había previsto ninguna partida al efecto. De la gestión se encargó Louis Tassin de Messilly, de la casa de comercio de Orleans antes mencionada, la cual estaba en relación con los Cabarrús de Bayona en el negocio de venta de lanas de España.[107] Con la pertinente autorización policial, Tassin entró en comunicación con los príncipes en Valençay y, según afirmó tiempo después, mantuvo desde entonces una estrecha relación personal con ellos.[108] No sabemos exactamente en qué se tradujo esta relación, pero hay constancia de negocios mutuos al menos desde 1810. Según los libros de contabilidad de Valençay, en octubre de ese año los príncipes le pagaron 22.000 francos «por diversos objetos», el mes siguiente 2045 «para saldar cuentas» y en febrero de 1811 Tassin percibió la elevada suma de 50.000 francos, sin que conste el concepto.

El bloqueo continental a Inglaterra ordenado por Napoleón causó serias dificultades a la casa Tassin, pero esta circunstancia no afectó a la relación de Louis con los príncipes españoles. Ellos siguieron confiando en que podría conseguirles dinero gracias a sus contactos con casas comerciales francesas y españolas y a su habilidad. A finales de 1811 Fernando VII le encomendó una delicada misión. Se trataba de negociar en Londres unos libramientos contra la América española firmados por el rey.

Provisto de un pasaporte dado por Fernando y con cartas suyas para demostrar que era su enviado, datadas el 28 de julio de 1811, Tassin se presentó en febrero de 1812 en la capital inglesa con el nombre de barón de Hery, acompañado del que dijo era su sobrino, el caballero d’Alés (en realidad, François Duclerc), y de otros dos individuos de Bayona relacionados con el comercio: Gérard Jaurely y J.H. Christoph. Fueron muy bien recibidos por el ministro de Exteriores británico, marqués de Wellesley, hermano de Wellington, y por el duque del Infantado, embajador de España. Hery les entregó dos decretos firmados por Fernando VII, corroborados con el sello real. En uno solicitaba un Millón de pesos fuertes «de mis cajas y erarios de la ciudad de Lima... y de los fondos de mi Corona». En el otro, redactado en idénticos términos, reclamaba lo mismo a México. En ambos casos se especificaba que no era necesario firmar recibo alguno. La operación no se llevó a efecto porque, según declaró más tarde, Infantado sospechó que las firmas del rey estaban falsificadas. En abril de 1812 Tassin regresó a Francia, pues al margen del fracaso de su gestión, temió que la policía imperial francesa tuviera conocimiento de estas gestiones en favor de los príncipes de Valençay y se vieran perjudicados sus negocios en Francia.[109]

Un año después, Tassin recibió un encargo similar, más ambicioso y arriesgado. Consistía en conseguir fondos de tres casas de comercio de Madrid, así como de varias provincias del norte de España. En cartas autógrafas a cada uno de ellos, datadas en Valençay a 1 de agosto de 1813, que entregó a Tassin, el rey fijó las cantidades a aportar por los comerciantes. A Francisco Crespo de Tejada le pedía 100.000 reales en efectivo y, además de exigirle secreto, le encargaba que protegiera a la familia de su criado Antonio Moreno; a Frutos de Álvaro Benito, un millón de reales, y la misma cantidad, en efectivo como las anteriores, a la casa Manuel Francisco de Aguirre e Hijos. En las misivas a estos dos últimos Fernando VII reforzaba su petición con un argumento muy propio de él. Tras dejarles constancia de su «mucho sentimiento» al saber que habían sido compradores de «nuestro ducado de Alcudia», el cual —decía el monarca— pertenecía a la corona a pesar de la usurpación de Godoy, y no estaba autorizada su venta y enajenación,[110] les advertía que su conducta «nos servirá de regla y modelo que más adelante debemos tener para con vuestras personas».

Los libramientos a las provincias superaban con mucho la descarada desvergüenza de las cartas anteriores. Uno, por valor de 1.400.000 reales, iba dirigido a «nuestros amados vasallos de nuestras muy leales Provincias de Guipúzcoa y Álava y muy leal Señorío de Vizcaya»; otro, de 1.200.000 reales, a los habitantes de Galicia y Asturias, y un tercero, de un millón de reales, al reino de Navarra. En todos los casos el monarca utilizó el mismo razonamiento: las victorias españolas (a todos los felicitaba por ellas) «han hecho que nos disminuyan los medios limitados que teníamos para cumplir con los deberes sagrados del honor y para conservar nuestro decoro y dignidad, y nos vemos precisados a reclamar vuestros recursos para subvenir a las urgentes necesidades en que nos vemos».[111]

Una vez que recibió estas cartas y libramientos, envió Tassin a España, para su ejecución, a H. Christoph, el mismo que colaboró con él en 1811 en Londres, y a Duclerc, del comercio de Bayona, cuya casa, relacionada con Tassin, pasaba asimismo por serias dificultades. Ambos se pusieron en movimiento (primero lo hizo Duclerc y semanas después, Christoph) provistos de las cartas mencionadas y otras particulares también del rey, dirigidas a cada uno de ellos, en las que corroboraba el carácter de su misión. El rey firmaba asimismo sus pasaportes, en los cuales ordenaba a las autoridades españolas, a los jefes militares y a Wellington que se les prestara «el máximo auxilio».[112]

Para facilitar el éxito de la operación, Fernando VII escribió al duque del Infantado, quizá porque suponía que ahora era el presidente de la Regencia y, en consecuencia, jefe del ejecutivo de España.[113] Tras recriminarle el fracaso de la misión de Tassin en Londres en 1812 e insinuarle que no permitiría que se repitiera, el rey le encarecía que facilitara al máximo la cobranza de los efectos portados por Duclerc. Al igual que a los comerciantes madrileños, le advertía que su conducta en este asunto «me guiará en mis disposiciones ulteriores», y subrayaba:

... cuando se te comuniquen mis Reales órdenes conocerás que si tengo un pueblo digno de mí, Yo lo soy de él, que he nacido para reinar sobre los Españoles y para gobernarlos y mandarlos por mí mismo [...]. Tampoco olvides que a pesar de mi situación, mi Poder es el mismo, que nadie puede disminuirlo ni limitarlo...[114]

Infantado, hombre de escasa personalidad y siempre ajustado a la mentalidad del Antiguo Régimen, como ha mostrado María del Mar Alarcón en su biografía, debió de quedar estupefacto.

La carta al duque, las dirigidas a los comerciantes y los libramientos a las provincias forman un corpus documental de extraordinaria importancia. Expresan, por una parte, el concepto patrimonialista de la monarquía por parte de Fernando VII: se sitúa por encima de su nación, exige el cumplimiento sin dilación de sus órdenes, por disparatadas que fueren, y se considera con derecho a disponer personalmente de los recursos del reino. Por otro lado, delatan que Fernando VII tenía noticia sobre la Constitución elaborada por las Cortes de Cádiz, pues la última frase de la carta a Infantado («a pesar de mi situación, mi poder es el mismo, que nadie puede disminuirlo ni limitarlo») podría considerarse réplica a los artículos 172 y 173 de aquel código, que restringían las prerrogativas del monarca. Por último, y no por ello menos importante, estos documentos son muestra fehaciente de la personalidad de Fernando VII: extorsiona a los comerciantes y culpabiliza a sus «vasallos» de sus pesares personales con el peregrino argumento de que, al estar ganando la guerra a Napoleón, provocaban la disminución de los subsidios acordados en la capitulación de Bayona. Los documentos no podían ser más comprometedores para el monarca.

La operación del cobro fracasó. Únicamente se consiguieron los cien mil reales exigidos al comerciante Crespo de Tejada.[115] Por lo demás, los papeles de que eran portadores Duclerc y Christoph levantaron todo tipo de sospechas, especialmente sobre su autenticidad, pero también porque quienes los vieron comprendieron el serio compromiso en que ponían al rey. Así pues, al poco de llegar a España, ambos fueron detenidos y trasladados a Cádiz, donde se les abrió proceso. Sus declaraciones fueron enjundiosas. Confesaron haber sido enviados por Tassin para recaudar dinero y también para dar a conocer a los españoles que el rey no aprobaba la obra de las Cortes.[116] Ambos extremos eran de suma gravedad, de modo que las autoridades constitucionales consideraron de la mayor importancia verificar la autenticidad de los documentos firmados por Fernando VII y averiguar si todo era una aventura de dos comerciantes en quiebra necesitados de dinero, «unos estafadores», como dijo la Gaceta de la Regencia al informar de su detención, o «si a más de pedir dinero, traen encargos de otra naturaleza y de peores consecuencias».[117] No lo permitieron las circunstancias, porque antes de sustanciarse la causa contra Duclerc y Christoph cayó el régimen constitucional. Lógicamente, Fernando VII intentó dar carpetazo al asunto.

El 23 de mayo de 1814, al poco de instalarse en Madrid, lo cual revela la importancia atribuida a esta cuestión, el rey ordenó a Juan María Villavicencio, capitán general del distrito marítimo de Cádiz, que se hiciera cargo de la documentación que portaban Duclerc y Christoph, todavía encarcelados en aquella ciudad, sin dejar de advertirle que durante su estancia en Valençay «no había librado cantidad alguna contra el Gobierno español». Según la versión oficial, los papeles aprehendidos a ambos los había falsificado Juan Gualberto Amézaga, quien, abusando de la confianza del rey, había conseguido con su habitual maña que el monarca los firmara en blanco.[118] Amézaga había entrado en España por Gerona unos días después que Fernando VII, presentándose como intendente del palacio de Valençay, e inmediatamente fue detenido por orden del rey y en ese momento estaba en prisión en Zaragoza, pendiente de la causa contra él abierta por la Audiencia de Aragón.[119] Con Amézaga a buen recaudo y responsabilizado de todo, Duclerc y Tassin fueron puestos en libertad en fecha que desconocemos, y el primero, según confirmó él mismo, se trasladó a Inglaterra.

Todas las culpas, pues, recayeron en Amézaga, sobre cuya trayectoria conviene ofrecer algunos datos. Antes de 1808 gestionaba una casa de comercio en Vitoria. La abandonó debido a sus múltiples problemas económicos y gracias a la influencia de su pariente Escoiquiz entró al servicio de Fernando VII en Bayona y a continuación formó parte del séquito de Valençay. De caballerizo ordinario, su primer empleo, pasó a caballerizo mayor y, tras la expulsión de Ayerbe y la ausencia de San Carlos y Escoiquiz, se convirtió en el hombre de confianza de Fernando en Valençay, donde actuó como intendente del palacio. Entre otras tareas delicadas, Fernando le encargó las negociaciones para la compra del palacio de Ménars. No debe extrañar, pues, que le designara para concertar planes con Tassin con el fin de acopiar recursos dinerarios.

Las relaciones de Amézaga con Fernando experimentaron un brusco giro a finales de 1810. La policía imperial se hizo eco en noviembre de ese año de las quejas de Fernando contra su servidor, a quien acusaba de abusar de su nombre en ciertos asuntos y de llevar una vida de lujo.[120] Aunque Amézaga continuó en palacio como intendente, controlando, en consecuencia, los movimientos económicos de la casa, enseguida se produjo la ruptura definitiva. En marzo de 1811 Amézaga abandonó Valençay y los príncipes no perdieron ocasión para denigrarlo. Años más tarde, durante la negociación del tratado de Valençay, cuando intentaron ofrecer su mejor imagen y asegurar, por la cuenta que les traía, su constante lealtad al emperador, confiaron al enviado imperial La Forest que Amézaga era hombre de extrema habilidad para el engaño, que les había intentado robar, que era «capaz de muchos crímenes» y, lo que resulta muy significativo en relación con lo que ahora nos ocupa, que «les sería desagradable que comerciantes honestos franceses fuesen víctimas de sus artificios».[121] ¿Pretendieron los príncipes con esta confidencia poner la venda antes de la herida, es decir, protegerse ante las posibles revelaciones de Amézaga sobre los negocios con Tassin y otros? ¿Eran estos juicios su venganza por el fracaso de las gestiones económicas encomendadas a Tassin a través de Amézaga? Todo es posible. Parece claro, con todo, que Amézaga fue la mejor coartada en el asunto Tassin o en cualquier otro de naturaleza similar.

Alarmado ante la noticia de la prisión de Amézaga, Duclerc se puso en movimiento para demostrar su inocencia, temeroso de que el prisionero se fuera de la lengua, como había hecho él mismo. En julio de 1815 se entrevistó con Tassin, quien le dio detalles desconocidos por Duclerc que no se especifican en la documentación, y le informó que, en virtud de «una intriga de la corte», Fernando VII había decidido castigar a los culpables. Tassin y Duclerc escribieron al Gobierno español desde París para «obtener justicia» y trataron de contar con la intermediación de una persona «cuya fidelidad y servicios distinguidos le habían merecido la confianza del rey» (ese personaje era Kolli), pero sólo obtuvieron evasivas.[122]

A la vista de ello, y como medio para aclarar el asunto y depurar responsabilidades, Duclerc anunció a finales de 1816 su intención de demandar a Tassin ante los tribunales. Huelga subrayar el riesgo que esto suponía para Fernando VII, pues podrían salir a la luz datos muy comprometedores, de manera que, a través del ministro de Estado (primero Cevallos y luego Pizarro), ordenó a la embajada en París que impidiera cualquier actuación judicial y se apoderara de los documentos todavía en poder de Tassin. Entre esos papeles se contaban cartas y órdenes del rey, una patente en la que confería a Tassin el título de marqués del Socorro y otra con la concesión de la Cruz de la orden de Carlos III. Todo ello dio lugar a varias entrevistas en París, prolongadas durante más de un año. En ellas participaron Tassin, Duclerc, Kolli y los máximos representantes diplomáticos españoles, sucesivamente, el marqués de Perelada, González Salmón y el conde de Fernán Núñez. No es ocioso anotar que buena parte de la correspondencia cruzada entre estos últimos y el ministro de Estado no se transmitió por el correo habitual de la embajada, sino a través del extraordinario del embajador ruso, lo cual revela el ánimo de ocultación del asunto.[123]

La solución del caso llegó en noviembre de 1817 gracias a la muerte de Amézaga (se dijo que se había suicidado en el calabozo con una navaja de afeitar), las amenazas de Fernando VII y la mediación de Kolli. Desaparecido Amézaga, faltaría en el juicio pretendido por Duclerc un testigo fundamental. Además, oficialmente se señaló al muerto como el responsable de la falsificación de los documentos del rey, lo cual fue un alivio para los franceses implicados. El rey, a su vez, dio órdenes tajantes a la embajada en París de que impidiera la publicación de cualquier escrito de Tassin o Duclerc y advirtiera al Gobierno francés de que en caso de que se publicara alguna noticia relativa al asunto, España elevaría «una enérgica protesta». Por otra parte, Fernando VII instó a Kolli a emplearse a fondo en su labor de mediación, «por la cuenta que le tendrá el aquietar a estas gentes».[124] Kolli recurrió al sistema que conocía bien: comprar su silencio. Tras muchos regateos y amenazas del rey (les hizo saber que el rechazo de la compensación económica les acarrearía «pesares y disgustos»),[125] Tassin recibió 80.000 francos (había reclamado 154.193), Duclerc 60.000 (inicialmente solicitó 120.000) y Christoph 40.000, frente a los 60.000 requeridos al principio.

No hay noticia de movimientos posteriores en relación con este asunto, pero Tassin no desapareció de la escena española. Según su propio testimonio, de 1820 a 1823 se ocupó desde París «de los intereses políticos y financieros de la familia de España», es decir, la del rey. No sabemos en qué consistió ese cometido. En 1823 viajó a Madrid, donde residió hasta 1826, con el objeto de cobrar los créditos debidos por España a Francia por la ayuda militar en la campaña de 1823 (ascendían a 34 millones de francos), cosa que no consiguió. En 1826 presentó sin éxito al Gobierno un plan para gestionar un préstamo de dos millones de reales en bancos de Londres y Amsterdam. A finales de ese año abandonó España, pero en 1833 entró de nuevo en relación con la familia real, al ser designado por el infante don Carlos, ahora pretendiente a la corona española, comisario para la negociación de un empréstito, que tampoco pudo culminar. Al año siguiente fue acusado de bancarrota fraudulenta, delito por el que se le pidieron veinte años de prisión y del que se defendió en una memoria presentada en 1834 ante el Tribunal de Casación de París.[126]

Sobre la autenticidad de los documentos de 1813 en los que el rey pedía dinero a los españoles no hay duda alguna. El ministro Pizarro, quizá el mejor conocedor en su tiempo de este negocio, consigna en nota en sus Memorias, redactadas en 1833: «Era asunto de conciencia y honor privado interior de S.M.; pero S.M. sabía la verdad de los papeles y la letra y firma eran suyas».[127] El historiador puede comprobar la veracidad de esta afirmación, pues al menos una parte importante de esos documentos (las cartas a los comerciantes franceses y a Infantado y los libramientos a las provincias españolas) se conserva en el Archivo del Palacio Real de Madrid entre los «Papeles Reservados de Fernando VII».[128]

En relación con estos documentos sólo cabe dudar de algunas cuestiones secundarias. Por ejemplo, la fecha de las cartas y libramientos mencionados, que en todos los casos es el 1 de agosto de 1813. Creo, sin embargo, que este punto lo resolvió Duclerc en sus declaraciones en Cádiz al poco de ser detenido. Según dijo, Fernando acostumbraba fechar sus escritos (evidentemente, los no oficiales) en un día en que hubiera estado todo el tiempo con el gobernador de palacio, para de esa manera «tachar los documentos como supuestos en caso de ser aprehendidos o reconvenido con ellos». El 1 de agosto de 1813 fue uno de esos días. El rey pasó toda la jornada en presencia de muchas personas, con motivo de la celebración de una de las victorias del Ejército imperial en la Península.[129] También es dudoso que Fernando VII escribiera el texto de todos los documentos que llevan su firma. Me inclino a pensar que no siempre lo hizo, que Tassin y Amézaga se encargaron de cumplimentar algunos papeles a medida que los fueron necesitando.

Pero esto, reitero, es secundario. Lo sustancial son las extorsiones de Fernando VII a los comerciantes madrileños y su crueldad al exigir fondos a instituciones españolas, exhaustas en todos los sentidos y especialmente en el económico, a causa de una guerra de seis años sumamente destructiva. El asunto Tassin pone de manifiesto, asimismo, el ansia de Fernando VII por conseguir dinero en beneficio particular («conservar nuestro decoro y dignidad», decía en los libramientos a las provincias españolas), así como las artimañas posteriores para ocultar sus vergonzosas actuaciones durante su estancia en Valençay. Finalmente, este episodio demuestra que Fernando VII comenzó sus actuaciones contra la Constitución antes de su retorno a España en marzo de 1814. El dato es fundamental.

5

El golpe de Estado de 1814

El tratado con Napoleón

A mediados de noviembre de 1813 llegó a Valençay el conde de La Forest, ex embajador de Napoleón en España, con el encargo de negociar un acuerdo bilateral de paz con Fernando VII.

La posición militar de Napoleón era en estos momentos más que comprometida. Wellington había penetrado el 7 de octubre en territorio francés por el Bidasoa y días después las tropas imperiales, con el propio emperador al frente, habían sido derrotadas en Leipzig (16-19 de octubre). Debido a estos contratiempos y al hastío por la larga duración de la guerra, arreciaron en Francia las críticas a la política imperial. Los informes de alcaldes y prefectos de los departamentos del mediodía del país hablaban de deserciones y desastres continuos. No obstante, no había desaparecido el entusiasmo hacia la persona de Napoleón y a pesar de los reveses en el campo de batalla muchos franceses no daban por imposible una reacción patriótica para resistir el ataque de la Cuádruple Alianza (Inglaterra, Austria, Rusia y Prusia).[1]

Nadie se hubiera atrevido a pronosticar, a pesar de todo, la inminente caída del imperio, y menos aún los príncipes españoles residentes en Valençay. Tampoco, evidentemente, pensaba en esto Napoleón, quien basado en los intereses contrapuestos y las dudas militares de las potencias aliadas a finales de 1813, creyó que no estaba en riesgo su continuidad en el poder. Todavía en el congreso de Châtillon (4 de febrero-17 de marzo de 1814), Francia reclamó ser reconocida como potencia de primer orden, aunque Inglaterra logró que en esta reunión no se tomara decisión alguna.

En la península ibérica parecía inminente la victoria final de los ejércitos aliados. Los partes del mariscal Soult, lugarteniente de Napoleón en España desde julio de 1813, trataban de la incapacidad militar para hacer frente a un Ejército más numeroso y mejor dotado. Sin embargo, las relaciones de España con Inglaterra no atravesaban su mejor momento y Napoleón pretendió aprovechar esa circunstancia.[2] Supuso que si firmaba un tratado con Fernando VII finalizarían las hostilidades en España, se rompería la alianza hispano-británica y podría disponer de las tropas empleadas al sur de los Pirineos para defender la frontera francesa en el norte del ataque de la coalición internacional. La repatriación de las tropas destinadas en España constituía en ese momento una necesidad vital para Napoleón, pues no contaba con más de 80.000 soldados para hacer frente a los ejércitos aliados preparados para pasar el Rin, que superaban los 250.000 hombres.[3]

Napoleón llegó al convencimiento de que la restitución de Fernando en el trono era el único modo de cumplir ese objetivo. Así se lo expuso a La Forest en las instrucciones que le transmitió el 19 de noviembre de 1813.[4] La vuelta de Fernando VII, pues, era para el emperador una exigencia de la coyuntura bélica internacional. En principio no parecía empresa muy complicada, pues era bien conocido el deseo de los españoles de tener entre ellos a su rey. Al respecto sólo existía un problema, en todo caso secundario para el emperador: con quién negociar el tratado de paz, si con Fernando, con la Regencia constitucional española, o con ambos.

El 6 de noviembre de 1813, unos días después de la derrota de Leipzig, el duque de Bassano (Maret), ministro de Asuntos Exteriores, propuso al emperador abrir conversaciones simultáneamente con la Regencia y con el rey. Para garantizar el éxito, Maret proponía enviar a Valençay al duque de San Carlos o a Escoiquiz (el primero estaba entonces en Lons-le-Saunier y el segundo en Bourges) y prometer a Fernando la mano de la hija mayor de José Bonaparte, Zenaida, de trece años de edad. Al mismo tiempo, sugería mandar ante la Regencia a una persona con prestigio entre los españoles, como el general Palafox, prisionero en el castillo de Vincennes tras la caída de Zaragoza.[5] El 9 de noviembre Napoleón asumió la propuesta de Maret, pero desechó la posibilidad de tratar con la Regencia y envió al conde de La Forest a Valençay para negociar la paz con Fernando VII. El 17 de noviembre llegó La Forest a Valençay y el 19 celebró su primera entrevista con Fernando VII.

Napoleón desconfiaba totalmente del éxito de una negociación con la Regencia española, organismo al que despreciaba por su origen y carácter constitucional y consideraba muy mediatizado por los ingleses; a mayor abundamiento, el embajador británico en España era entonces un hermano de Wellington y mantenía excelentes relaciones con los regentes. Por lo demás, la Regencia había manifestado en distintas ocasiones su nula disposición a llegar a un acuerdo bilateral con Francia, así como su intención de supeditar las relaciones con este país a la firma de la paz general en Europa. A la vista de lo anterior, interesaba más tratar con Fernando VII. Ésta fue la recomendación del general Caulaincourt, duque de Vicenza, sucesor de Maret en el Ministerio de Asuntos Exteriores francés: «V.M. obtendrá mejores condiciones de un Príncipe que abandonará Valençay para ir a Madrid, que de un plenipotenciario al que agitarán los de Europa». Ahora bien, Caulaincourt no ocultó un importante inconveniente: la vuelta de Fernando al trono privaría a Francia de una baza diplomática en las conversaciones generales de paz previstas con las potencias aliadas, ya que la corona española podría servir como moneda de cambio para obtener compensaciones de Inglaterra. No obstante, dada la suerte de las armas francesas en España, el ministro reconoció con todo realismo que «para ofrecer [la corona de España] era preciso poseerla» y, en todo caso, «el Rin está más cerca de París que los Pirineos».[6]

En efecto. A finales de 1813 el mayor peligro para el imperio napoleónico no procedía de su frontera meridional, sino de la del norte, desde donde le acosaban los ejércitos de la Cuádruple Alianza. Esta circunstancia favoreció a Fernando VII. El estado del rey español no era asunto prioritario en esos momentos para los aliados, sino terminar con Napoleón, de manera que fue un golpe de fortuna para él que Napoleón lo eligiera su interlocutor. Pero no sólo eso. Ese acto debilitaba a las instituciones constitucionales españolas y, en consecuencia, fortalecía las aspiraciones de los sectores antiliberales, quienes podían interpretar que al ignorar la legalidad constitucional española, Napoleón respaldaba su opción. Y no se olvide que, a pesar de todo, nadie pensaba todavía en la pronta disolución del imperio francés. En el peor de los supuestos, se aventuraba que Napoleón se vería obligado a renunciar a su proyecto imperial europeo, pero permanecería como soberano de una Francia que mantendría el estatus de primera potencia, de la que la España de Fernando VII sería uno de sus aliados.[7]

Contar con el apoyo de Napoleón, pues, era vital, de modo que en cuanto les llegó la noticia de las negociaciones de Valençay, los absolutistas españoles se pusieron en movimiento, convencidos de sus posibilidades de terminar con la obra de las Cortes de Cádiz. De esta forma, entre noviembre de 1813 y marzo de 1814 —el tiempo de esas negociaciones— confluyeron dos tipos de maniobras encaminadas en la misma dirección y conectadas entre sí: las de los príncipes españoles en Valençay y las de los absolutistas en España. Unos y otros se sentían respaldados por Napoleón.

La Forest llegó a Valençay con las cláusulas fundamentales del tratado perfectamente establecidas y con instrucciones de que no fueran objeto de debate. Napoleón daba por hecho que el texto final sería el suyo. La misión de su enviado, pues, debía limitarse a obtener la conformidad de Fernando VII y convencerlo de que actuara de vehículo para lograr la ratificación del tratado por parte de la Regencia constitucional. Por esta razón, el emperador ordenó a La Forest que explorara inicialmente la disposición de «les Princes espagnols» (obsérvese que no se refiere únicamente a Fernando, a quien todavía no le da tratamiento real) y averiguara si directa o indirectamente mantenían alguna comunicación con España y en qué españoles, entre los que se hallaban en Francia, confiaban.[8]

Rodear a los príncipes de personas de su confianza fue parte sustancial de la misión de La Forest. Como casi siempre, Napoleón tomó la iniciativa. Al mismo tiempo que encomendaba el cometido a La Forest, llamó a París al duque de San Carlos, y tras entrevistarse con él, lo envió a Valençay. Llegó el 21 de noviembre, cuatro días más tarde que el plenipotenciario imperial. El hecho de que Napoleón dispusiera del duque de San Carlos sin consultar a los príncipes significaba que seguía decidido a controlarlo todo y a situar junto a ellos a personas contrarias al constitucionalismo, pues San Carlos era enemigo radical de la obra de Cádiz y hombre en el que ahora confiaba Napoleón, circunstancia esta de especial importancia. Contando con esta pieza, sin duda una de las principales, el emperador dejó a criterio de Fernando VII, guiado siempre con gran habilidad por La Forest, que se rodeara de las personas que estimara conveniente, las cuales, como era de suponer, serían todas partidarias del absolutismo. Así, al poco de iniciar las negociaciones, fueron llamados a Valençay Pedro Macanaz y Juan Escoiquiz; el primero llegó el 30 de noviembre y dos semanas más tarde el canónigo.[9]

Aparte de La Forest, con quien los príncipes se vieron a diario, su círculo íntimo durante las negociaciones quedó formado por San Carlos, Macanaz y Escoiquiz. En un segundo plano se situó el abate Charpentier, párroco de la localidad, un hombre del que no sabemos mucho, pero que a tenor de la correspondencia de La Forest y de otros testimonios ejerció acusada influencia sobre Fernando VII y su hermano Carlos, siempre en sentido contrario a las ideas constitucionales.[10] Estos individuos ayudaron a La Forest a ganarse la voluntad de los príncipes, quienes asumieron enseguida las sugerencias del enviado imperial y, por supuesto, las dos fundamentales: la firma del tratado de alianza sin negociarlo con las autoridades constitucionales españolas y el envío de San Carlos a Madrid para obtener su ratificación. De modo que La Forest pudo ufanarse ante el emperador de su rápido progreso en la modelación del ánimo de los príncipes. A la vista de ello, y aunque quizá convenga rebajar un tanto la capacidad persuasiva de que se jactó el diplomático francés en su correspondencia oficial, es cuestión secundaria la tímida reticencia inicial de Fernando VII a concertar un tratado. Sus insinuaciones sobre la conveniencia de llamar a Valençay a una delegación de la Regencia (la «Junta», la denominó con toda intención el rey español) y su pretendida firmeza ante las propuestas de Napoleón durante los primeros encuentros con La Forest, no traspasaron los límites del simple formalismo, pues el rey, su hermano y su tío acoplaron su actuación a las indicaciones del francés, sin tomar iniciativas en otra dirección.[11]

Ahora bien, la influencia de los personajes mencionados no era suficiente para inclinar a Fernando VII a tomar una decisión que podría comprometer muy seriamente su vuelta al trono. Aunque no estuviera bien informado de los asuntos españoles, al menos sabía de la existencia de la Regencia y de la Constitución y, por supuesto, sus consejeros recién llegados y quizá también los propios príncipes conocían el decreto de las Cortes del 1 de enero de 1811, por el que declararon que no reconocerían ningún acto del monarca mientras no gozara de plena libertad y estuviera en España, añadiendo que la contravención de ese decreto sería considerado «un acto hostil contra la patria». De modo que la firma de un tratado con Napoleón constituía un serio riesgo para Fernando VII. De referente en la lucha, invocado y ensalzado hasta el paroxismo por la nación en armas, podía pasar a ser considerado traidor a la patria. Por otra parte, era a todas luces una imprudencia cualquier acuerdo particular de España con Napoleón sin contar con Inglaterra, más aun cuando casi toda Europa luchaba contra Francia y se estaban estableciendo las bases para concertar la paz general.

Napoleón sabía muy bien que para persuadir a Fernando VII a que asumiera el tratado era preciso ofrecerle algo capaz de superar con creces los inconvenientes mencionados. Este ofrecimiento fue la promesa de que apoyaría su retorno como rey absoluto. Era, en rigor, la única salida para el monarca español si firmaba unilateralmente algún acuerdo con Napoleón, porque en tal caso su restitución en el trono sólo podía ser viable si derogaba la legalidad constitucional, esto es, si actuaba como rey absoluto.

En la carta en la que le anunciaba la misión de La Forest, del 12 de noviembre de 1813, Napoleón ya insinuó a Fernando la posibilidad de que volviese como monarca absoluto. En este escrito aludió a los problemas de su imperio derivados de la coyuntura internacional, pero puso mayor énfasis en relacionar estrechamente la debilidad de la monarquía española y su alianza con Inglaterra. El párrafo central decía así: «Las circunstancias políticas actuales de mi Imperio me conducen a desear el fin de los asuntos de España, donde Inglaterra fomenta la anarquía, el jacobinismo y la destrucción de la monarquía y de la nobleza para establecer una república».[12] A su estilo, de forma tajante, el emperador se hacía eco de la idea, muy extendida en los Gobiernos europeos, de que la Constitución de 1812 privaba al monarca español de muchas de sus prerrogativas y abocaba al republicanismo.[13] Napoleón tergiversaba la realidad y atribuía a Inglaterra unas intenciones que le eran totalmente ajenas, pues las autoridades británicas no mostraron simpatía hacia la obra constitucional de las Cortes de Cádiz y menos aún pensaron en establecer una república en España. Esta especie, escribió el conde de Toreno, era descabellada, pero La Forest la consideró argumento eficaz para sus fines y continuamente la utilizó con éxito en sus conversaciones con los príncipes.[14]

Las instrucciones recibidas por el negociador francés fueron claras. Debía dejar explícito el deseo del emperador de salvar a la nación española de la «destrucción de que está amenazada por la anarquía». Esa «destrucción» consistía en la supresión de los derechos feudales, la aniquilación de la nobleza y la excesiva participación en los asuntos públicos del «populacho», movilizado a su favor por la Regencia.[15] La defensa del sistema absoluto no podía ser más rotunda. Por si quedaban dudas, La Forest estaba encargado de transmitir a Fernando con especial empeño que «el emperador se propone una restauración entera y completa de lo que existía antes de la guerra de España». Y aún más: «Es necesario que ese Príncipe [Fernando] entre en España una vez que haya sido ratificado el tratado por la Regencia y que en cuanto ponga el pie en su reino, se halle con la misma autoridad que tenía su padre».[16]

La promesa del restablecimiento del absolutismo en España era manifiesta. También quedaba patente que el único modo de llevarla a la práctica consistía en acabar con la influencia británica mediante la firma del tratado de alianza franco-español. Ese tratado, tal como lo presentaba Napoleón, sería el instrumento necesario para salvar la monarquía —la tradicional, no otra— en España. Al igual que en 1808, Napoleón se arrogaba el papel de regenerador de la monarquía española. Dicho de otra forma, España sólo saldría de su decadencia si se unía estrechamente a Francia. Pero existía una diferencia muy apreciable entre ambos tiempos. En 1808, Napoleón pretendía regenerar España mediante la instauración de una nueva dinastía, la suya, la cual aplicaría un amplio programa de reformas.[17] En 1813 pensaba hacerlo reinstalando en el trono a Fernando, como fiel aliado suyo y en calidad de rey absoluto.

Al lado de lo dicho, quedaban en segundo plano, al menos para Fernando VII, otras promesas del emperador, como el mantenimiento de la integridad territorial de la monarquía española o su matrimonio con la hija mayor de José I. Napoleón accedería a esto último en el caso de que Fernando lo considerara conveniente, «como una garantía de las intenciones de Francia y como un medio para unir a su trono a los partidarios del Rey José», se decía en las instrucciones a La Forest. Pero tal cosa no pasaba de ser un brindis al sol, algo en lo que el emperador probablemente nunca creyó.[18] Lo sustancial consistía en convencer a los príncipes de que Inglaterra pretendía instaurar una república en España valiéndose de los constitucionales. Como era de esperar, los príncipes no tardaron en compartir plenamente el razonamiento del emperador, persuadidos de que la ruptura de la alianza con Inglaterra conllevaría el debilitamiento de los liberales y, por consiguiente, dejaría vía libre al retorno del absolutismo, que era el objetivo fundamental perseguido por ellos.

No hubo, pues, dificultad en acordar, o más bien asumir por parte de Fernando VII, los términos del tratado. Los fundamentales se referían al establecimiento de la paz y amistad entre el rey de España y el emperador francés, el reconocimiento de Fernando VII como rey de España (era la primera vez que lo hacía Napoleón), el desalojo de todas las plazas ocupadas por franceses e ingleses, el goce por los afrancesados de todos sus derechos, empleos y honores, la garantía de las propiedades de los franceses en España y el compromiso por parte de Fernando VII de asignar una suma de 30 millones de reales anuales a Carlos IV. También se aludía a la vieja aspiración de Napoleón de concluir en el futuro un tratado bilateral de comercio.

El texto fue firmado en Valençay por el conde de La Forest y el duque de San Carlos en nombre de sus respectivos soberanos el 8 de diciembre de 1813, pero se le puso fecha del 11. En su hipotética negociación se emplearon a lo sumo unas tres semanas, pero las conversaciones entre La Forest y los príncipes españoles se prolongaron durante casi cuatro meses, hasta el 13 de marzo de 1814. ¿De qué se habló en ese tiempo? De acuerdo con los relatos de La Forest y de Escoiquiz, únicos disponibles de esas conversaciones, la mayor parte se utilizó en establecer el procedimiento para la ratificación del tratado por las autoridades constitucionales españolas y en preparar el regreso de Fernando VII a España. La primera cuestión se intentó resolver mediante el envío a Madrid del duque de San Carlos con el texto del tratado y un mensaje de Fernando VII a la Regencia. La segunda entrañaba mayor complejidad, pues exigía despejar ciertas dudas sobre el estado de las fuerzas políticas en España, es decir, su resolución dependía casi por completo de la circunstancia política española. En el modo de afrontar ambas cuestiones radica el origen del golpe de Estado de mayo de 1814.

La ratificación del tratado por la Regencia constitucional era asunto urgente para Napoleón y para Fernando VII. El primero necesitaba sus tropas destinadas en España y el segundo ansiaba recuperar el trono y sabía que por el momento no existía otro modo de conseguirlo. Napoleón no lo reconocería rey hasta que no se formalizara el tratado y, como se ha dicho, a finales de 1813 ni las potencias aliadas se habían fijado como objetivo prioritario la restitución de los Borbones exiliados, ni a pesar de los reveses militares parecía inminente la caída de Napoleón.[19] Así pues, la misión del duque de San Carlos en Madrid resultaba vital.

La designación de San Carlos para este cometido fue, una vez más, iniciativa de Napoleón. La Forest había sugerido que el mensajero fuera el general Palafox. El emperador lo desechó, porque la empresa exigía «tanta mesura como destreza» y mucha discreción; además, la presencia de Palafox en España provocaría una auténtica reacción, pues era el héroe de la resistencia de Zaragoza, arquetipo según la propaganda patriota del martirio español en la lucha contra el imperio. San Carlos mantenía excelentes relaciones con «los personajes más considerables» en España y por tanto era el más indicado «para conciliar los ánimos».[20] Esos «personajes más considerables» no podían ser los liberales, sino personas relacionadas con San Carlos antes de su salida de España en 1808, esto es, los fernandinos. En definitiva, los partidarios del absolutismo o, cuando menos, contrarios al constitucionalismo. Esto significa que San Carlos no fue un mero comisionado de Fernando VII para obtener de la Regencia la ratificación del tratado, como pudiera dar a entender la carta del rey a esta institución de que era portador, en la cual, tras aludir al buen trato recibido durante su estancia en la «quinta» de Valençay («nuestra existencia ha sido hasta ahora en ella tan agradable como podía permitirlo mi posición»), el rey presentaba el acuerdo con el emperador francés como la «Paz más ventajosa» en ese momento.[21]

San Carlos iba a Madrid con instrucciones para contactar con personas concretas, pero no sabemos quiénes. Tampoco estamos seguros de los términos precisos de tales instrucciones, secretas o verbales. En este punto divergen significativamente los dos testimonios sobre las negociaciones de Valençay, el de Escoiquiz y el de La Forest. Según Escoiquiz, Fernando VII encomendó a San Carlos «que examinase el espíritu de la Regencia y de las Cortes» y actuase en consecuencia. Si el ambiente era de lealtad al rey, instaría a la Regencia a ratificar el tratado, pero no debía insistir en ello si la Regencia replicaba que esa decisión pudiera alterar las relaciones con las otras potencias. En este último caso, el duque podría insinuar a la Regencia que negociara con Inglaterra y ratificara el tratado de forma temporal y, una vez en España, Fernando VII lo denunciaría como acto «forzado y nulo». Ahora bien, si San Carlos constataba que la actitud de las autoridades constitucionales españolas era «de infidelidad y jacobinismo, como ya S.M. lo sospechaba», nada debía decir de lo anterior, contentándose «con insistir buenamente en que la Regencia diera la ratificación, lo que no estorbaría que el rey, a su vuelta a España, continuase la guerra si el interés o la buena fe de la nación lo requería».[22]

Los escritores del siglo XIX, entre ellos el conde de Toreno y Estanislao de Kostka Vayo, reproducen, casi sin comentarios, esas «instrucciones secretas» consignadas por Escoiquiz, pero historiadores del siglo XX dudan de su existencia. Artola las califica de poco verosímiles y Mariano Baselga las da por no existentes. Según este último, Escoiquiz las inventó para hacer apología de Fernando VII, dando a entender el respeto del rey a las decisiones de la Regencia y su condición de hábil negociador, que no deseaba la ratificación del tratado por considerarlo perjudicial para España.[23] Ahora bien, al margen de estas observaciones, en mi opinión convincentes, Escoiquiz desveló, sin pretenderlo, que parte de la misión de San Carlos o tal vez su finalidad principal consistía en averiguar el estado político de España. No se circunscribió, pues, a presentar el tratado a la Regencia para su ratificación.

A esto último aludían las instrucciones «secretas» entregadas por escrito a San Carlos, las cuales no son exactamente las consignadas por Escoiquiz. En su despacho del 7 de diciembre de 1813, La Forest comunicó a su Gobierno que antes de su partida hacia España, San Carlos le «leyó» dos veces las directrices recibidas de Fernando. Aparte de la obtención de la ratificación del tratado, le ordenaba cumplir una labor informativa: «Averiguará con la máxima precisión en Madrid el nombre de las personas distinguidas en el Gobierno, en las Cortes, en la administración, en los tribunales, en el Ejército, etcétera, y, en general, quiénes son los hombres de mérito para recompensarlos en tiempo y lugar». A estas indagaciones debía dar «una publicidad afectada», para con el señuelo de la recompensa canalizar todas las esperanzas en los príncipes. Pero no se trataba sólo de confeccionar un listado de posibles beneficiarios futuros de la gracia real. El rey le encomendaba, asimismo, investigar de qué forma habían sido designados los altos cargos, si por sus méritos personales o por «intrigas», y cuál era la opinión de la nación española sobre ellos. Por otra parte, le encarecía suma prudencia en lo relativo a la Constitución: si la Regencia exigía su aprobación por el rey antes de ratificar el tratado, San Carlos debía eludir el asunto con habilidad y responder que llegado el momento el monarca estaría dispuesto a deliberar sobre la mejor forma de establecer la «ley fundamental sin mezcla de detalles extraños a las constituciones», pero si la insistencia de la Regencia era absoluta, estaba autorizado a prometer la aprobación de la Constitución.[24]

La misión de San Carlos, como se constata por esta información de La Forest y por la forma de programar su viaje (de incógnito y sin avisar previamente a la Regencia),[25] estaba rodeada de precauciones y se refería a asuntos de lo más delicados. Resulta evidente que una parte sustancial de su cometido consistía en la obtención de información política. Pero no debía informar únicamente del ambiente del país, sino también y sobre todo de la actitud de las personas comprometidas con el régimen constitucional. Evidentemente, no para recompensarlas.

Así pues, aparte de la formalidad de la ratificación del tratado, Fernando VII quiso aprovechar el viaje de San Carlos para algo no menos importante, como era recibir información directa por persona segura del estado político de España. Hasta cierto punto esto podría considerarse lógico, pues el aislamiento en Valençay se había prolongado demasiado. No lo es tanto, sin embargo, la preocupación por saber si los altos cargos habían accedido a sus puestos por méritos propios o por «la intriga», es decir, por apoyar la política liberal. El interés por conocer a las personas tenía varias finalidades. Fernando VII, de natural sumamente desconfiado, incluso hacia sus próximos, deseaba saber con quién podía contar para reinar como monarca absoluto y quiénes, antes de su llegada, podían colaborar para terminar con el constitucionalismo. Además —en esto coincidía con las autoridades imperiales— pretendía formar un grupo de presión para orientar a su favor a la opinión pública, materia en la que el rey y sus allegados no eran bisoños, como bien sabemos.

El 11 de diciembre de 1813 salió San Carlos de Valençay hacia España. El 24 del mismo mes partió el general Palafox por la misma ruta, provisto, como el anterior, de copia del tratado y de una carta del rey a la Regencia.[26] Palafox debía cerciorarse de que San Carlos no había sufrido contratiempo alguno, pero al igual que su predecesor, llevaba otro encargo. En el archivo del duque de San Carlos existen dos escritos, sin firma pero de letra de Fernando VII, fechado uno el 23 de diciembre de 1813 con el encabezamiento: «Instrucciones a Palafox», y el otro el día siguiente, sin indicación inicial alguna. Ambos están redactados en primera persona, pues el que habla es Fernando VII. En el primero se ordena a Palafox que contribuya «al éxito del duque de San Carlos, obrando de acuerdo con él en lo que necesite de su asistencia, sin separarse de sus instrucciones, pues San Carlos es el autorizado por mí». En el segundo se indica con detalle cuál debía ser la actuación de Palafox en función de lo que pudiera suceder a San Carlos. Si éste se hubiera visto imposibilitado para cumplir su misión, Palafox debía desempeñarla en los mismos términos; si estaba a punto de cumplirla, debería permanecer con él en Madrid para completarla, pero si San Carlos tuviese éxito y regresaba con la ratificación del tratado, Palafox debería permanecer en Madrid, después de entrevistarse con el duque,

... para que os instruya del estado de las cosas en aquella corte y de lo que deberéis practicar en ella con sagacidad y secreto para conciliar más y más los ánimos con mis intereses, para conocer el carácter y modo de pensar de los que componen aquel Gobierno y principalmente de los Ministros, para enteraros del efecto que haya producido en los ingleses la primera noticia del tratado, como también sus progresos, e igualmente para esparcir en las conversaciones particulares con maña y naturalidad las especies más propias para aumentar el afecto que me tienen mis vasallos.

Hecho esto, el rey le ordenaba que cuando recibiera noticias de su salida hacia España, fuera a su encuentro «para comunicarme todas las luces que hayáis adquirido».[27] Palafox cumpliría este encargo cuando el rey llegó a Reus.

La Forest tuvo noticia de estas instrucciones. Al informar de ellas a su Gobierno añadió que Palafox salió con la orden de actuar según las circunstancias, «y si fuera necesario para desbaratar intrigas, excitará la opinión pública y aprovechará sus amplias relaciones con el alto clero y la nobleza para imponer el grito: “¡Fernando, paz, integridad e independencia!”».[28]

La influencia sobre la opinión pública aflora al primer plano. Anteriormente hemos constatado la insistencia de Napoleón en convencer a Fernando VII y a su entorno del predominio adquirido por los republicanos o jacobinos, como él dijo, en la España constitucional gracias al apoyo del Gobierno inglés. La ratificación del tratado con Francia, pues, sólo podía ser viable si se contrarrestaba el influjo inglés y se cambiaba la opinión dominante en España. Este cambio debía orientarse en una clarísima dirección: atribuir toda la primacía al rey. Esto es lo que expresaba el «grito» que según el informe de La Forest debía imponer Palafox. Las ideas de paz, integridad territorial de la patria e independencia quedarían asociadas en exclusiva al nombre de Fernando. Ninguna referencia a la lucha de los españoles y, por supuesto, a las Cortes o a la Constitución. El rey era el único beneficiario del fruto del esfuerzo colectivo y la personificación del nuevo tiempo de paz, al que se llegaba sin pérdidas territoriales y con el logro de la independencia, todo ello, ¡gracias a la alianza con Napoleón! A partir de 1814 la propaganda absolutista se orientará en esta dirección, aunque, por supuesto, sin hacer la más mínima alusión al emperador, porque éste ya había caído.

La Regencia rehusó ratificar el tratado de Valençay y dejó meridianamente claro de diversas maneras su firme acatamiento de la Constitución y de las disposiciones de las Cortes. Continuamente citó el decreto del 1 de enero de 1811, que invalidaba cualquier acto del rey fuera de España. No obstante, según manifestó el ministro de Estado Luyando el 15 de enero de 1814 en las Cortes, aunque no hubiera existido tal decreto, tampoco la Regencia hubiera hecho aprecio del tratado de Valençay, porque rompía la amistad entre España e Inglaterra.[29]

La pauta de comportamiento de las autoridades constitucionales quedó perfectamente expresada en un dictamen presentado a las Cortes el 31 de ese mes por una comisión parlamentaria encargada de examinar las comunicaciones recibidas de Valençay: había que mantener el decoro y respeto a la persona del rey y, al mismo tiempo, «preparar la opinión de la Nación, infundiéndole confianza en las Cortes, y poner a cubierto el Estado contra todas las maquinaciones que pudiese emplear Napoleón para desunir los ánimos y procurar sumergirnos en la guerra civil y la anarquía».[30] A pesar de tales propósitos, no se hizo mucho en la práctica, o no se consiguió hacer lo necesario para atajar en sus inicios las maniobras de los opuestos al constitucionalismo.

Pero volvamos a los viajes de San Carlos y Palafox. Durante su estancia en España ambos mantuvieron conversaciones con distintos individuos. No se sabe quiénes fueron, aparte, naturalmente, de los interlocutores oficiales, pero varios datos indican que al menos San Carlos no desaprovechó ocasión para recabar informes.[31] Por otra parte, existen abundantes pistas que permiten suponer que el viaje de los dos enviados de Fernando VII no fue infructuoso en lo relativo a preparar los ánimos para terminar con el constitucionalismo. La referencia más conocida en este sentido, y que causó mayor revuelo, fue la intervención en el Congreso del diputado López Reina el 3 de febrero de 1814, defendiendo expresamente la monarquía absoluta encarnada por Fernando VII. Según el conde de Toreno, Reina, que era un simple escribano y carecía de peso político, no actuó por su cuenta, sino incitado por el «partido antirreformador», cuyos jefes eran Bernardo Mozo de Rosales y Antonio Gómez Calderón, futuros firmantes del Manifiesto de los Persas, junto con algún otro diputado. Arzadun, a su vez, apunta que la intervención de Reina se produjo cuando el público ya conocía los verdaderos sentimientos del monarca.[32] Es verosímil que San Carlos y Palafox fueran los difusores de esos sentimientos, cuyo conocimiento incitó a actuar a los «serviles», amparados en la perspectiva del pronto regreso de Fernando VII. Según Estanislao de Kostka Vayo, varios diputados intentaron organizarse a finales de 1813 (todavía permanecían las Cortes en Cádiz) para derribar el sistema constitucional, celebrando «conciliábulos» con este fin en distintas ciudades, entre otras, Sevilla, Córdoba, Valencia, Madrid y Cádiz, pero les faltó el acicate necesario para entrar en acción.[33] No es aventurado suponer que este acicate lo proporcionó San Carlos, cuya llegada a Madrid coincidió con la de las Cortes, la Regencia y el resto de las autoridades constitucionales.

En febrero de 1814, los enemigos del constitucionalismo intentaron sustituir a los tres miembros de la Regencia constitucional: el cardenal Borbón, Gabriel Ciscar y Pedro Agar. Se habló de formar una nueva Regencia, integrada por el general Castaños y el jurista Pérez Villamil, presidida por la infanta Carlota Joaquina, cuyas ideas absolutistas eran conocidas.[34] Parece que la operación alcanzó cierta envergadura. Castaños dio por hecho el cambio y convocó una reunión en la residencia en Madrid del obispo de Urgel. Asistieron Luyando (ministro de Estado), Martínez de la Rosa y Benito Arias de Prada, a quienes el general comunicó que le habían propuesto ser regente, que había aceptado, y que el partido preponderante era el suyo, esto es, el anticonstitucional. El Conciso anunció el 16 de febrero que al día siguiente se cambiaría la Regencia, por lo que no fue un secreto. Pero todo esto fracasó al declarar uno de los implicados al ser detenido, el sacerdote José González Falcó, que existía un plan contra la Constitución en el que estaban mezclados grandes personajes y algunos diputados. El revuelo causado en las Cortes y la disposición de la guarnición de Madrid, mandada por el general Pedro Villacampa, a defender el orden constitucional, paralizaron la operación de cambio de Regencia.[35]

Mientras todo ello sucedía en España, Fernando VII, al decir de La Forest, esperaba con impaciencia el regreso de San Carlos, y junto a su hermano y su tío preparaban a su modo la vuelta al trono. El lugar de San Carlos como principal confidente lo ocuparon ahora Escoiquiz y Macanaz, siempre bajo la atenta mirada de La Forest, quien mantuvo su costumbre de conversar a diario con los príncipes, marcando tanto su conducta en los asuntos fundamentales —tal vez también su pensamiento—, como la de sus consejeros. Con un punto de jactancia, pero sin alejarse de la realidad, a finales de diciembre La Forest consignaba en uno de sus despachos que Escoiquiz y Macanaz le visitaban a diario «y yo aprovecho para mezclar sucesivamente en la conversación reflexiones sobre lo más útil que habrá que hacer en España».[36] Cuanto ocurría y se decidía en Valençay estaba, pues, supervisado por el hábil y competente enviado de Napoleón, o, lo que viene a ser lo mismo, quedaba bajo control imperial.

Uno de los asuntos que centró la atención de los príncipes en el tiempo de espera de San Carlos fue la Constitución de 1812. Sin duda sabían de su existencia, pero al parecer no la conocían bien. Escoiquiz se encargó de explicársela; en palabras de La Forest: «de meditarla con ellos». Huelga suponer hasta dónde pudo llegar el canónigo en sus «meditaciones» para descalificar el texto. El propio La Forest quedó sorprendido por la dureza con que el clérigo criticó «las intenciones de los pretendidos patriotas», a quienes acusaba de haber despojado al rey de su autoridad y sumido el reino en la anarquía.[37] La «meditación» dirigida sobre la Constitución y la lectura de algunos periódicos españoles, se supone que debidamente escogidos, fueron más que suficientes para convencer a los príncipes de que no había exagerado Napoleón en su carta del 12 de noviembre —la que abrió las negociaciones del tratado— al afirmar que el dominio de los republicanos en España, es decir, los liberales, había sembrado la anarquía.

En suma, el trabajo de La Forest, auxiliado por San Carlos, Escoiquiz y Macanaz, dio sus frutos. Tras cuatro meses de conversaciones, afirma el francés en su último despacho, los príncipes estaban convencidos de la funesta influencia ideológica de Inglaterra sobre los españoles, o, lo que es lo mismo, del progreso del republicanismo y la anarquía. Así pues, cabía aventurar que actuarían de acuerdo con los planes imperiales, pues «gran parte de lo que ellos han de hacer por nosotros, redunda en su propio beneficio», recalcó el experimentado La Forest. Pero no estaba plenamente seguro de lo que fuera a suceder en el futuro inmediato. Gracias a las largas horas de conversación había captado el carácter de Fernando VII y por esta razón suponía que todo dependería de las influencias que recibiera: «[Fernando] será obstinado cuando esté bien aconsejado, pero lo será igualmente si está mal aconsejado».

Lo fundamental, pues, era controlar al monarca, pero una vez que estuviera en España, La Forest no podría hacerlo. No obstante, aun en este caso intentó prolongar su influencia sobre Fernando VII y de acuerdo con él elaboró un plan. Como parecía difícil sortear de frente la tempestad que hallaría el rey al llegar a España, lo más prudente sería dejarse llevar por las autoridades establecidas e incluso prestar juramento a la Constitución, con una salvedad, que La Forest expuso sin rebozo a su Gobierno:

... el rey hará preceder [el juramento de la Constitución] de un discurso ya compuesto, que contendrá debidamente fundadas todas sus reservas sobre el sentido del juramento. Sólo después de haber tomado las riendas, determinará, de acuerdo con la opinión del Ejército y de la nación, si debe romper los lazos que le oprimen y dar una verdadera constitución a sus pueblos, o si debe manejar más lentamente los ánimos en las Cortes, disponer de algunos agitadores y hacer nacer las reformas desde las propias ideas de esta asamblea.[38]

No he visto más referencias a ese «discurso ya preparado». Lo que sí parece claro es que los «agitadores» de que Fernando VII debía servirse para acometer, como dice La Forest, las reformas convenientes, podrían ser las personas contactadas por San Carlos y Palafox durante su breve estancia en Madrid, entre ellas Mozo de Rosales y otros diputados realistas, quizá los primeros firmantes del Manifiesto de los Persas.

A través de La Forest y con el concurso de San Carlos, durante las prolongadas conversaciones de Valençay Napoleón había marcado al monarca español la vía política para cuando regresara al trono. Antes de abandonar el palacio, Fernando VII se había formado la idea de no mantener el sistema constitucional, seguro de contar con el apoyo de Napoleón. No obstante, debido a su acusada desconfianza, a la indecisión de su carácter y a la negra pintura sobre el estado «anárquico» de España trazada por unos y otros no estaba decidido a hacer frente en un primer momento a los «republicanos». Tampoco se lo aconsejaron los agentes imperiales. En definitiva, la idea fundamental sería jurar la Constitución si no había más remedio, pero con las reservas contenidas en el discurso preparado con La Forest, y en cualquier caso mantenerse a la expectativa.

El retorno del rey

El tratado de paz concertado en Valençay no fue ratificado por la Regencia constitucional. En este sentido el viaje a Madrid de San Carlos y Palafox fue un fracaso. Sin embargo, tuvo efectos importantes. Por una parte, confirmó a las autoridades constitucionales la inminencia del regreso de Fernando VII; por otra, animó a los contrarios al constitucionalismo a proseguir su tarea y preparar a la opinión pública para el cambio político.

Las Cortes y la Regencia se condujeron con más ingenuidad que habilidad, confiadas en la fortaleza de las instituciones constitucionales y en la buena fe de Fernando VII. Ésta es la impresión que producen las medidas adoptadas para preparar la llegada del monarca, así como las cartas dirigidas por la Regencia a través de San Carlos y Palafox al despacharlos a Valençay sin la ratificación del tratado, acerca del cual las autoridades constitucionales no hicieron comentarios. En la carta portada por San Carlos, del 8 de enero de 1814, la Regencia expresaba al rey su satisfacción por su pronta llegada a España y le adjuntaba el decreto del 1 de enero de 1811 que invalidaba los actos realizados fuera de España con la nota siguiente: «En él halla [la Regencia] la prueba más auténtica de que no han sido infructuosos los sacrificios que el pueblo español ha hecho por recobrar su Real Persona». En la que llevó Palafox reiteró los mismos sentimientos, y añadió, «para noticia de V.M.», que se había nombrado un embajador extraordinario para participar en el congreso convocado por la Cuádruple Alianza sobre la paz general, donde «se firmará el tratado [de Valençay], que ratificará no la Regencia, sino V.M. mismo desde su real palacio de Madrid, a donde se habrá restituido en la más absoluta libertad».[39]

Fernando VII, La Forest, quien todavía estaba a su lado, y por supuesto Napoleón y sus ministros debieron recibir estas expresiones con una sonrisa. Idéntica pudo ser su reacción unos días más tarde, cuando les llegó un decreto aprobado el 2 de febrero de 1814 por las Cortes, que pensaron que era el dispositivo más eficaz para conducir por los cauces adecuados el regreso de Fernando VII. El decreto determinaba que no se prestaría obediencia al rey hasta que jurara la Constitución en la sede del Parlamento, según lo establecido en el artículo 173 del texto constitucional. Este artículo disponía que a su advenimiento al trono o, en caso de minoría de edad, cuando entrara a gobernar el reino, el monarca juraría mantener la religión católica, guardar y hacer guardar la Constitución, no enajenar parte alguna del reino, no imponer otras contribuciones que las ordenadas por las Cortes y respetar «sobre todo, la libertad política de la nación y la personal de cada individuo». El decreto del 2 de febrero establecía asimismo pautas sobre la entrada en España de Fernando VII: no podía llegar acompañado de ningún extranjero, ni aun en calidad de doméstico o criado, y tampoco de cualquiera que hubiera obedecido al rey José, debía seguir la ruta fijada por la Regencia, y al llegar a Madrid «vendrá en derechura al Congreso» a prestar el mencionado juramento.

Este decreto fue celebrado por individuos y colectivos de diversos puntos de España, en especial ayuntamientos, pero como se verá fue papel mojado.[40] Ya sabemos que Fernando VII y La Forest habían convenido algo muy distinto y también conocemos las promesas de Napoleón. Así pues, ni los acuerdos de las Cortes, ni la firmeza de la Regencia en mantener el orden constitucional debieron preocupar mucho a Fernando VII. Sus problemas en esta tesitura eran otros. Primero, la salida de Valençay, obstaculizada en apariencia por la no ratificación del tratado. Segundo, cómo proceder, una vez en España, para acabar con el régimen constitucional. El primer problema pronto quedó resuelto, gracias a los apremios militares de la coalición internacional sobre Napoleón. El segundo se fue solventando paulatinamente tras la entrada del rey en territorio español.

A comienzos de 1814, Napoleón obtuvo varias victorias sobre la coalición internacional en la llamada «Campaña de Francia» —Fernando, por cierto, le felicitó por ellas—[41] y al menos en público manifestó gran confianza en contener el empuje militar de los aliados. Por supuesto, seguía intacta su esperanza de continuar en el poder. Su problema era la desproporción de efectivos entre el Ejército imperial y el aliado, de ahí la extrema necesidad de disponer de las tropas acantonadas en Cataluña, Valencia y Aragón, especialmente valiosas por estar formadas por veteranos. Pero contaba con informes fiables sobre la negativa de los mandos militares hispano-británicos a dejarlas pasar a Francia y al mismo tiempo sabía muy bien que no cesarían las hostilidades hasta que los españoles tuvieran entre ellos a Fernando VII. Por eso era importante facilitar cuanto antes su regreso.[42]

Pensaba Napoleón, con todo fundamento, que los españoles no se opondrían a las decisiones que tomara su tan invocado y deseado monarca una vez que estuviera en España. «Teníamos motivos», escribió Suchet, comandante del Ejército imperial de Aragón y Cataluña, «para confiar en que su intervención [la de Fernando VII] propiciaría una conclusión favorable y que su presencia allanaría todas las dificultades, pero a este respecto el propio ministro [el de la Guerra francés] no parecía mostrar una gran confianza.»[43] Tampoco se fiaba Napoleón de la disposición de los españoles a dejar las armas, ni tenía seguridades sobre el proceder de Fernando VII, pero si quería a sus tropas en Francia, no había más remedio que servirse de él. Éste fue el dilema del emperador y la razón de la remisión de pasaportes a los príncipes españoles el 10 de marzo de 1814 para viajar a España, a pesar de no haber sido ratificado el tratado. Ahora bien, la intención de Napoleón no consistía en dejar vía libre a Fernando VII. Pretendía que llegara hasta Barcelona, ciudad ocupada por los franceses, y que allí quedara como rehén hasta la completa salida de las tropas francesas de España.[44] La orden del emperador no fue cumplida en toda su extensión por el mariscal Suchet, el encargado de hacerlo.

A las diez de la mañana del domingo 13 de marzo, después de oír misa, abandonó el palacio de Valençay el carruaje en que viajaban Fernando VII, su hermano Carlos María Isidro y su tío don Antonio. Los tres iban en simple traje de frac, sin condecoraciones. En su pasaporte, Fernando figuraba sólo como «duque de Barcelona», porque Napoleón había ordenado que viajaran de incógnito.[45]

El propósito de evitar el contacto con las tropas de Wellington instaladas en el suroeste de Francia determinó el itinerario que se debía seguir y exigió, asimismo, la máxima celeridad hasta la frontera. Tras hacer noche en Châteauroux el 13 de marzo, la comitiva avanzó hacia el sur por Limoges, Brive-la-Gaillarde y Cahors. El 16 llegó a Toulouse. Durante el entusiasta recibimiento de la población —evidentemente no se consiguió, o no se pretendió, ocultar la identidad de los viajeros— en esta ciudad, se oyeron gritos de ¡Viva el Rey!, y contra lo previsto y deseado por las autoridades imperiales, también ¡Vivan los Borbones![46] Entre los que cumplimentaron a Fernando VII en este y en otros puntos del recorrido se encontraron «afrancesados» huidos de España meses antes, tras la batalla de Vitoria. Fernando les prometió que facilitaría su regreso.[47] Sería una de sus promesas incumplidas.

El 19 de marzo llegaron los príncipes a Perpiñán. En tan sólo siete días habían recorrido aproximadamente 570 kilómetros.[48] Allí los esperaba el mariscal Suchet con órdenes del emperador de acompañar a Fernando hasta Barcelona y de mantenerlo en esa plaza hasta que las guarniciones francesas instaladas en España tuvieran expedito el camino de regreso a Francia. Así se lo comunicó ese mismo día el mariscal francés al general Francisco Copons, capitán general de Cataluña, encargado por la Regencia de recibir al rey a su entrada en España. Suchet recordaba asimismo al general español que permitiera la salida de las guarniciones francesas de Lérida, Mequinenza y Monzón, «que por tratado del Barón de Eroles [segundo de Copons en el Ejército de Cataluña] y de V.E. se ha obligado a enviarlas a mis avanzadas». Al día siguiente respondió Copons. Rechazó que Fernando fuera conducido a Barcelona acompañado de tropas francesas, aduciendo que carecía de órdenes de la Regencia en ese sentido (el decreto del 2 de febrero lo impedía), y anunció que recibiría al rey al frente de las españolas en Báscara, como había dispuesto la Regencia.[49] Así se hizo finalmente. El 22 de marzo, Suchet dejó marchar a Fernando hasta Figueras, aún ocupada por las tropas imperiales, con permiso para proseguir hasta Báscara. Como única medida de precaución retuvo en Perpiñán al infante don Carlos en calidad de rehén (dos días más tarde el infante se reunió con el rey en Gerona).

¿Por qué Suchet no ejecutó a rajatabla las órdenes de Napoleón? Según da a entender el propio mariscal en sus memorias, le bastó el compromiso de Fernando VII de cumplir lo convenido en el tratado de Valençay sobre la repatriación de las tropas francesas. Suchet se fundó en un escrito del duque de San Carlos, en el que Fernando VII puso al margen, de su mano: «Apruebo este oficio». El texto decía lo siguiente:

El rey ofrece restituir, con la brevedad posible, al Ejército imperial del mando de V.E. las guarniciones de las plazas de Lérida y de Tortosa, que se deberán entregar a las tropas de S.M. [el rey de España]; y ofrece igualmente S.M. hacer concluir el convenio entablado para la entrega a las mismas tropas de las plazas de Sagunto, Peñíscola, Barcelona con sus fuertes y Hostalrich.[50]

Muñoz Maldonado, autor de una historia de la Guerra de la Independencia publicada por orden de Fernando VII, da por buena esta explicación. Un historiador tan bien informado sobre este periodo como Manuel Izquierdo apunta en otra dirección: debido a la delicada situación militar y política del emperador en esos días (en la segunda mitad de marzo se había esfumado el optimismo de las semanas anteriores), Suchet no se atrevió a ejecutar su orden en toda su amplitud para evitar un compromiso personal excesivo con la suerte de Napoleón. Otros escritores introducen elementos de naturaleza diferente. Tras mencionar la ratificación por Fernando de la citada nota del duque de San Carlos, el conde de Toreno añade: «Dícese si también ofreció entonces S.M. a dicho mariscal que le conservaría la propiedad de la Albufera de Valencia que Napoleón le había donado en premio de la conquista de aquella ciudad». A esto mismo alude Alcalá Galiano y afirma que tan serio se tomó Suchet el asunto, que más tarde, ya instalado Fernando en el trono, le reclamó la ejecución de su promesa. Y apostilla: «Nada aclara más la conducta de Fernando que esta circunstancia, por donde la pretensión de un enemigo de ser recompensado por el Gobierno español por victorias conseguidas sobre españoles, no carecía enteramente de fundamento».[51]

En relación con esto último conviene tener en cuenta otro dato. Afirma Suchet que al llegar el rey a Perpiñán lo trató «con distinción, le habló con respeto de sus campañas e incluso llegó a agradecerle la forma en que había hecho la guerra a sus pueblos».[52] Si desconociéramos las cartas de Fernando a Napoleón y a su hermano José, felicitando al uno por sus victorias en la península ibérica y ponderando las virtudes del otro para ocupar el trono español, tildaríamos la citada frase de Suchet de absurdo alarde de petulancia. Pero Fernando VII era así. Si con ello obtenía provecho propio, decía a su interlocutor, quienquiera que fuese, lo que éste deseaba oír. Tal vez Suchet escuchó lo que deseaba, la promesa de la Albufera y quizá otras, y el rey logró su objetivo de entrar en España sin acompañamiento de tropas francesas.

Este episodio no fue mera anécdota. Se enmarca en el debate sobre el importante asunto de la salida de España de las tropas francesas para engrosar el Ejército imperial ocupado en la defensa de Francia y todo indica que Fernando VII estuvo dispuesto a facilitarla, como prueban su conformidad a la nota de San Carlos a Suchet y el trato personal a este último. Por lo demás, al margen de hipotéticas promesas, de no haber recibido de parte de Fernando VII ninguna seguridad sobre la salida de los soldados franceses, Suchet no hubiera desobedecido tan a las claras la orden de Napoleón. Es más, existen indicios de que, antes de su llegada a Perpiñán, el entorno de Fernando VII procuró crear un ambiente de entendimiento entre los mandos militares españoles y franceses, lo cual necesariamente debía facilitar la repatriación de las tropas francesas.

Al llegar a Toulouse, el duque de San Carlos transmitió al general Copons el deseo del rey de que fuera a esperarlo a «la raya» (la frontera), si se lo permitían las circunstancias de la guerra. Copons no lo hizo así porque —explica en sus memorias— para ello debería haber pedido permiso a Suchet, cuyo Ejército dominaba la zona fronteriza.[53] Es decir, el general español rehuyó todo acuerdo con el enemigo, mientras San Carlos, sin duda por orden del rey, lo procuraba, al menos indirectamente. La salida de tropas de España podía tener graves consecuencias, como indicó la Regencia a las Cortes tras haber consultado con Wellington. Esos efectivos, calculados en unos veinte mil hombres, reforzarían el Ejército de Soult, que luchaba en el suroeste francés contra Wellington e impedirían «la muy provechosa insurrección que se advierte en los departamentos meridionales de la Francia contra el tirano de la Europa».[54] Por lo que se acaba de ver, estas consideraciones no tuvieron efecto en el ánimo de Fernando VII, quien en todo momento actuó únicamente en pos de su interés personal, sin reparar en el beneficio que proporcionaba a Napoleón.

En la tarde del 22 de marzo llegó Fernando VII a Figueras. Aunque la ciudad estaba en poder de los franceses, fue recibido con gran entusiasmo por la población, lo cual no incomodó a nadie, pues las autoridades imperiales y el entorno del rey coincidían en el deseo de ver cuanto antes a Fernando en el trono. Suchet, por su parte, fiado en la promesa del rey y abandonada la idea de acompañarlo hasta Barcelona, no se opuso a que el general Copons lo recibiera en Báscara, último punto antes de la línea de frontera dominado por el Ejército español, y que a partir de ahí lo acompañaran sólo tropas españolas. Aunque el rey deseaba efectuar inmediatamente su entrada en territorio controlado por españoles, hubo de permanecer dos días en Figueras a la espera de la bajada de la crecida de ríos y torrentes, incrementada en esas fechas por fuertes lluvias.[55]

El 24 de marzo salió la comitiva regia de Figueras, escoltada por Suchet con quinientos soldados a caballo, diez mil de infantería y doce cañones. Ante tal aparato militar, Copons dispuso sus tropas de forma que pudieran «maniobrar» en caso de ataque, pero según su propio relato todo se desarrolló del modo más pacífico. «El día 24 de marzo de 1814, entre diez y once de la mañana», escribió, «a la derecha del río Fluviá, cerca del pueblo de Báscara, me fue entregada por el Mariscal Suchet la Real Persona de S.M. y la del Excmo. Sr. Infante don Antonio.» El rey y el infante descendieron de la carroza, despedidos por las tropas francesas con salvas de artillería (éste fue el destino de los cañones) y cruzaron a pie el puente de piedra acompañados por los españoles de su séquito. Ningún francés les siguió. Copons, rodilla en tierra, besó la mano del rey, las tropas españolas le vitorearon y desfilaron ante él.[56] Las personas reales descansaron brevemente en una venta de las proximidades y prosiguieron viaje hasta Gerona, aclamadas por los habitantes de la zona y escoltadas por las tropas de Copons, quien hizo el trayecto a caballo a la derecha del coche real. La salida de Fernando VII de territorio francés había sido muy distinta a su entrada aquel 20 de abril de 1808.

Tras un clamoroso recibimiento se celebró en Gerona un solemne besamanos y acto seguido, de acuerdo con las órdenes recibidas, Copons entregó al rey un ejemplar de la Constitución, una copia del decreto del 2 de febrero, y una larga carta de la Regencia dirigida al monarca, fechada el 1 de marzo.

La carta era todo un manifiesto en defensa de la Constitución, de la obra de las Cortes y del heroísmo de los españoles durante la guerra, heroísmo que había sido posible —decía la Regencia— gracias a los principios de la soberanía nacional y la división de poderes, los cuales a su vez eran la base de la Constitución y de todo buen gobierno. Tras mencionar algunas medidas concretas necesitadas de pronta resolución —entre ellas, la disminución del gasto y del número de empleados públicos y el mantenimiento del Consejo de Estado—, la Regencia explicaba su negativa a ratificar el tratado de Valençay porque se temió «que Bonaparte abusase de la fuerza para obligar a V.M. a presentarse en España de un modo indecoroso y que nos comprometiera con las demás naciones aliadas». Finalizaba asegurando que entregaría el gobierno al rey en cuanto realizase el juramento previsto por la Constitución en las Cortes.[57]

Ese mismo día respondió Fernando VII a la Regencia también por escrito: «Nada ocupa tanto mi corazón como darla pruebas [a la Regencia] de mi satisfacción y de mi anhelo por hacer cuanto pueda conducir al bien de mis vasallos». Esta carta del monarca, comenta Toreno, «desazonó» a las Cortes, pero se abstuvieron de dar muestras de descontento.[58] Por lo demás, las autoridades constitucionales ya estaban acostumbradas a las evasivas del rey, pues en respuesta a la carta de la Regencia que le llevó Palafox, de la que se ha dado cuenta anteriormente, el monarca había dicho: «En cuanto al restablecimiento de las Cortes, de que me habla la Regencia, como a todo lo que puede haberse hecho durante mi ausencia que sea útil al Reino, siempre merecerá mi aprobación, como conforme a mis reales intenciones».[59]

El rey, don Carlos y don Antonio abandonaron Gerona el 28 de marzo en dirección a Valencia, siguiendo el camino real de la frontera pirenaica catalana a Madrid, pero evitando Barcelona, por estar ocupada por franceses. El itinerario marcado por la Regencia era el siguiente: Calella, Mataró, Molins de Rey, El Vendrell, Reus, El Perelló, San Carles de la Rápita, Castellón y Valencia.[60] Al llegar a Mataró, don Antonio se sintió indispuesto y quedó allí, mientras el rey y su hermano continuaron viaje. El quebranto de la salud del infante, que según Copons fue leve, ha levantado sospechas entre algunos estudiosos.[61] ¿Fue una estratagema para realizar gestiones en favor del absolutismo sin estar sometido a la vigilancia y aparato que rodeaban al rey? Es probable, pues en las semanas siguientes el infante se mostró muy activo en ese sentido.

El 1 de abril llegó Fernando VII a Reus y el día siguiente se vio con el general Palafox, trasladado ex profeso a ese lugar con un escrito de la Diputación de Aragón invitándolo a visitar Zaragoza. Es posible que Palafox informara al rey sobre el ambiente político en Madrid, de modo que no sería descabellado suponer que Fernando VII decidió desviarse del itinerario marcado para demorar su entrada en la capital. Fuera por este motivo, o por el deseo del rey de reconocer la heroicidad de los zaragozanos, como mantienen algunos, el día 3 la comitiva real se encaminó hacia Zaragoza por Poblet y Lérida. Copons, máxima autoridad constitucional encargada de su escolta, nada hizo por impedir el cambio de ruta, primer acto ostensible de desobediencia del rey a las disposiciones de la Regencia, que tampoco reaccionó. Se limitó a darse por enterada días después de la estancia del rey en la capital de Aragón.[62] En Zaragoza, adonde llegó el 6 de abril, pasó Fernando VII la Semana Santa. El lunes, día 11, reemprendió viaje hacia Valencia. En esta ocasión el recorrido lo estableció el monarca: Daroca, Villafranca del Campo, Teruel, Sarrión, Segorbe. El 16 de abril, diez días después de lo previsto por la Regencia, llegó el rey a Valencia.

La celeridad con que Fernando VII realizó el trayecto por territorio francés se trocó en lentitud una vez que pisó suelo español. En el primer caso se explican las prisas por las órdenes de Napoleón para evitar el contacto con el Ejército de Wellington, por el deseo del emperador de disponer cuanto antes de sus tropas acantonadas en España y, naturalmente, por el comprensible anhelo de Fernando VII por entrar en su reino. Una vez en España, sin embargo, el monarca dispuso de plena autonomía para ordenar la marcha de acuerdo con el itinerario marcado por la Regencia, pero ni lo siguió, ni se apresuró a llegar cuanto antes a la capital de la monarquía, como hubiera sido lo lógico. Sólo razones políticas explican el excesivo tiempo empleado en el tránsito de Gerona a Madrid, mes y medio, del 28 de marzo hasta el 13 de mayo.

Madrid era entonces el lugar menos propicio para cumplir el objetivo con que Fernando VII había salido de Valençay, esto es, gobernar como lo habían hecho sus antecesores. Lo obstaculizaba la presencia de las más altas instituciones constitucionales (las Cortes, la Regencia y el Consejo de Estado), pero también la politización de la población. Los años de guerra habían propiciado que los españoles se interesasen por las cuestiones públicas y se consideraran agentes activos de los acontecimientos. En las Cortes se había aludido en multitud de ocasiones a la «voluntad de la nación» y se había proclamado expresamente que Fernando VII era rey por decisión de los españoles. Naturalmente, no había desaparecido la cultura absolutista, pero muchos pensaron que la política ya no era una actividad restringida a la corte, sino algo que debía hacerse en la esfera pública, abierta a la participación de todos, sin excluir a las mujeres.[63]

La politización fue un fenómeno extendido por toda la monarquía, incluidos los territorios americanos, que alcanzó las mayores cotas en las grandes ciudades. Durante estos meses, en Madrid se festejó mucho la Constitución en la calle, en reuniones particulares, en los cafés y en banquetes en homenaje a destacados liberales, como el organizado en el café Lorencini en honor del conde de Toreno y Juan Nicasio Gallego.[64] Convencida o no de las bondades de la Constitución, pero congratulada por el fin de la dominación francesa, la población madrileña, afirma Mesonero Romanos,

... asistía, sin embargo, con verdadero interés a las demostraciones oficiales, a la colocación de la lápida de la Constitución en la plaza Mayor, a las Juntas de parroquia, de distrito y de provincia para la elección de diputados a Cortes, y leía, no sé si con indiferencia o con entusiasmo, los varios papeles, periódicos y volantes que daba de sí la imprenta en su reciente libertad [...]. Aseguro con sinceridad que todos, absolutamente todos los muchachos, desde los ocho a los quince años de edad [...] éramos decididamente patriotas, anti-afrancesados, anti-serviles, liberales hasta la médula de los huesos...[65]

El general José Agustín Girón, futuro ministro de Fernando VII en 1820, consignó en carta a su padre este estado de intensa agitación política: «Madrid está bien revuelto, y no puede menos de estarlo: como que es el momento de mayor efervescencia. Los liberales hacen muchas y gordas, pero los serviles son una canalla despreciable a todas luces».[66] Es significativo que un hombre de orden, como Girón, nada afecto al liberalismo, expusiera en privado una impresión tan poco favorable acerca de los partidarios de establecer el absolutismo (los «serviles»).

No parece, pues, que el ambiente de Madrid fuera muy indicado para acoger de buenas a primeras al rey absoluto. Pero Fernando VII tenía al menos otras tres razones de peso para retrasar su entrada en la capital del reino. Primera, el mencionado decreto de Cortes del 2 de febrero, que le obligaba a jurar inmediatamente la Constitución, lo cual suponía que en el mismo instante de su llegada a la ciudad debería dirigirse directamente a la sede parlamentaria. En caso de no proceder así, cabía esperar algún tipo de protesta popular, algo insoportable para él, pues no podía olvidar las circunstancias de su acceso al trono en Aranjuez (entonces le fueron propicias, pero no convenía tentar la suerte). Segundo motivo: precisaba ganar tiempo para facilitar los movimientos de los contrarios al régimen constitucional. Tercero: no estaba garantizado un recibimiento tan entusiasta como el tributado por las ciudades y pueblos de su tránsito desde que pasó los Pirineos, a lo cual era muy sensible Fernando VII, tan pagado de su elevado rango como ansioso por recibir muestras de adhesión a su persona.

Fernando VII vivió el mes y medio que duró su recorrido desde Báscara a Madrid como protagonista de una extraordinaria y extensa puesta en escena, en la que todo (decorados, actores, texto, acción) se dispuso en su obsequio, como se venía haciendo históricamente cuando un monarca visitaba sus ciudades y pueblos. La población de todos los lugares del recorrido, incrementada por la de localidades próximas, lo recibió con el más vivo entusiasmo y profusión de gritos, entre los que predominaron los vítores a su persona. La proximidad del carruaje del rey, siempre acompañado de su hermano Carlos, fue anunciada en cada localidad con repique de campanas y cuando fue posible, como en Zaragoza, con salvas de artillería, sonido que debió de causar gran impresión en las masas en esa ciudad plagada de edificios en ruinas. La artillería ya no anunciaba el ataque del enemigo, sino el comienzo de la fiesta. En todas partes se engalanaron las calles y hubo iluminación general y fuegos artificiales. Los habitantes, vestidos con sus mejores prendas, muchas veces —consignan las crónicas— «a la antigua» (todo un símbolo de la fidelidad histórica a la monarquía), homenajearon al rey con música, bailes, canciones patrióticas y otras compuestas para la ocasión, aduladoras hasta la saciedad. Las autoridades y personas distinguidas de pueblos y ciudades acudieron sin falta y con fervor a los inexcusables besamanos. Hubo banquetes, actividad nunca fastidiosa para Fernando VII, siempre con apetito, y cuando fue posible, conciertos y toros.[67]

Parte principal en los festejos cupo a las ceremonias religiosas, iniciadas invariablemente por un tedeum en agradecimiento por la libertad del monarca y complementadas con el inveterado sermón de ensalzamiento del rey católico. Las crónicas de estos actos no pasan por alto el recogimiento y actitud piadosa de Fernando en lugares o momentos señalados, por ejemplo ante la tumba de san Narciso, patrono de Gerona, o durante los oficios de Semana Santa en la Seo de Zaragoza, aunque por encima de todo destacó su devoción a la Virgen del Pilar. En distintas ocasiones acudió a la capilla de la Virgen, siempre —afirma F.J. Ramón Solans— mostrando un recogimiento «perfectamente calculado, para que mientras el monarca se refugiara en la oración, todos pudieran perfectamente contemplar el gesto de devoción». Con ello se daba a entender que la piedad de Fernando VII era sincera y su unión con la Virgen intemporal, a diferencia de los militares franceses o de los liberales españoles, todos postrados ante la Virgen cuando estuvieron en Zaragoza para congraciarse con la población, pero sin auténtico fervor religioso.[68]

En la medida de lo posible se siguió el ceremonial tradicional en las visitas reales, pero se produjo alguna innovación. En 1814 no siempre se mantuvo la distancia exigida por el ritual entre el rey y su pueblo, al tiempo que la multitud, concentrada de manera permanente en torno al monarca, en no pocas ocasiones robó protagonismo a las autoridades. En la tarde del 2 de abril, Fernando VII y su hermano Carlos dieron un paseo a pie por la alameda de Reus sin escolta, rodeados sólo de los jóvenes de la guardia cívica, con quienes el rey habló con afabilidad, gesto muy celebrado por el Periódico Político y Mercantil de la Villa de Reus y por El Conciso. Este último periódico publicó una carta procedente de esa ciudad en la que se decía que el rey «permite que se le acerque quien quiera y en su rostro no se ve brillar más que bondad. Si este rey no es bueno, no sé cuál podrá serlo». En casi todos los lugares del tránsito la población comenzó a celebrar la llegada de Fernando VII antes de que tuviera lugar, es decir, el pueblo se anticipó a las autoridades y con frecuencia desbordó las previsiones oficiales. Una guardia de honor compuesta por treinta jóvenes a caballo salió al encuentro del rey al aproximarse a Reus, mientras el Ayuntamiento lo esperaba a media milla de la ciudad. En Zaragoza, informó la Gaceta Nacional de esa ciudad, el carruaje real entró en el casco urbano tirado por cincuenta «honrados paisanos», acompañados de otras tantas «heroínas vestidas sencilla y honestamente» que tiraban de unas cintas que salían del mismo coche.[69]

No es preciso insistir en la espontaneidad de las aclamaciones populares y en el vivo deseo de todos de ver al rey. La llegada del monarca a cualquier localidad de su reino despertaba curiosidad y siempre era un gran espectáculo que nadie deseaba perderse. En el caso que nos ocupa, las características del momento contribuyeron a acrecentar estos sentimientos. ¿Era él, el rey Fernando en cuyo nombre se hizo la guerra, quien se presentaba en persona? ¿Realmente había recobrado la libertad? ¿Le adornaban las virtudes que se le atribuían en discursos, sermones y papeles de todas clases? ¿Cabría a cualquiera la dicha de besar su mano, después de haber hecho tantos sacrificios por él durante seis largos años? Sobraban motivos al conjunto de la población y, por supuesto, a las autoridades locales para recibirlo con el mayor calor.

Ante este acontecimiento, carecía de sentido todo planteamiento sobre la naturaleza del régimen político. Es más, las Cortes y la Regencia habían instado a los españoles, en particular a los habitantes de los municipios del itinerario del rey, a recibirlo con el mayor esplendor posible, de modo que proceder de esta forma no sólo era una manifestación de reconocimiento del rey, sino también un acto de obediencia a las autoridades constituidas. Ya el 7 de febrero, una circular de la Regencia ordenaba a los jefes provinciales de la mitad septentrional de España que apenas tuvieran noticia de la inminencia de la entrada del monarca en el reino, dieran «cuantas disposiciones puedan contribuir a que S.M. efectúe su viaje con todo el decoro y el aparato que corresponden a su alta dignidad y al entrañable amor que le profesan sus leales súbditos». El 8 de marzo, la Regencia reiteraba esta orden a los ayuntamientos, instando a que se arreglaran los caminos en los lugares por los que se suponía transitaría el monarca. Las Cortes, a su vez, habían ordenado rogativas en toda la monarquía. Diversos oficios de los jefes políticos de distintas provincias demuestran que todo se cumplió a rajatabla.[70]

También se preocuparon las autoridades constitucionales nacionales y locales de proveer al rey de los fondos económicos necesarios para su mayor decoro y comodidad durante el viaje. La Regencia ordenó que se aplicase a este fin «el dinero que exista de cualquier procedencia que sea, inclusa la de la contribución directa, con calidad de reintegro». Dos días antes de la entrada del rey en Gerona, el jefe político de esa provincia solicitó a los vecinos de la ciudad un préstamo reintegrable de 80.000 duros, parte del cual —según las actas del Ayuntamiento— la aportó el cabildo de la catedral. En Zaragoza se estableció un empréstito forzoso a los pudientes, medida que debió de ser eficaz, pues las aportaciones realizadas fueron publicadas para mostrar el patriotismo de unos o la poca lealtad de otros. Este mismo procedimiento se siguió en Valencia, donde se recaudaron 18.060 reales entre la población acomodada. En esta ciudad, además, se cobraron anticipadamente ciertas contribuciones y se solicitaron donativos a las iglesias. En este caso parece, sin embargo, que la gestión no obtuvo los frutos esperados, al menos en lo correspondiente a la catedral. El cabildo respondió a la autoridad civil que carecía en absoluto de dinero, porque no se le habían pagado muchas deudas y había dejado de percibir el diezmo con regularidad. Sin embargo, cada uno de los canónigos recibió 500 pesos para paliar los gastos que les había de acarrear la llegada del rey; poco más tarde, durante la visita de Fernando VII a la catedral, el mismo cabildo le regaló una cruz de la Orden de Carlos III adornada de brillantes y un camafeo guarnecido de diamantes.[71] Los canónigos de Valencia, evidentemente, no estaban por la labor de colaborar con las autoridades constitucionales, pero al parecer no carecían de numerario.

Preparativos del golpe de Estado

El 11 de abril de 1814 Fernando VII abandonó Zaragoza. Esa noche la pasó en Daroca, la siguiente en Villafranca del Campo y las de los días sucesivos en Teruel, Sarrión y Segorbe. El 16 llegó a Valencia.[72]

En Valencia lo esperaban su tío don Antonio y su primo el cardenal Luis de Borbón. Además de arzobispo de Toledo y primado de España, este último era el presidente de la Regencia constitucional y en calidad de tal, es decir, como máxima autoridad del ejecutivo, había sido enviado por las Cortes a cumplimentar al rey y entregarle un ejemplar de la Constitución «para que examinándola pudiese jurarla con voluntad cumplida».[73] El día 5 el cardenal había sido recibido con mucha deferencia por las autoridades valencianas, y aclamado con afectuosos vítores por la población. Dos días más tarde, don Antonio entró en la ciudad. Según Deleito y Piñuela, fue acogido con mucho más calor y boato que el prelado.[74] La diferente reacción ante ambas personalidades fue un elocuente reflejo del ambiente de la ciudad.

Al llegar el 16 de abril la noticia de la salida del rey de Segorbe, el cardenal Borbón se dirigió a su encuentro acompañado por el ministro de Estado José Luyando. Regente y monarca se encontraron en Puzol, a unos 20 kilómetros al norte de Valencia. La mayoría de los autores basa el relato de lo allí sucedido en la crónica del periódico absolutista Lucindo, creado en ese momento en Valencia. Una vez que se hallaron los dos carruajes frente a frente —informó el Lucindo en tono épico— el rey descendió del suyo y aguardó de pie a que se aproximara el cardenal, quien a su vez esperaba que el rey fuera hacia él. El monarca no se movió. El cardenal se le acercó, Fernando hizo como si no lo hubiera visto y le extendió la mano para que la besara. El cardenal hizo esfuerzos por bajársela y el rey por levantarla. Tras unos segundos eternos, Fernando VII le dijo: «Besa», y el presidente de la Regencia obedeció. Acto seguido, el monarca dio cuatro pasos atrás y besaron su mano varios de los presentes. El periódico, henchido de satisfacción, terminaba su crónica con esta exclamación: «¡Triunfaste, Fernando, en este momento y desde este momento empieza la segunda época de tu reinado!».[75]

El historiador Carlos Rodríguez López-Brea duda de que la escena transcurriera exactamente así. Lo que ocurrió en Puzol, según él, fue un mero acto protocolario. Luis de Borbón, el ministro Luyando y los pocos que formaban su séquito, entre ellos el jefe político de Valencia y Joaquín Lorenzo Villanueva, distinguido diputado en las Cortes de Cádiz que iba en calidad de capellán del cardenal, besaron la mano del rey con toda consideración y sin preámbulos, de acuerdo con lo establecido en el decreto del 2 de febrero, que ordenaba tributar al monarca «las muestras de honor y respeto debidas a su dignidad suprema». En Puzol, pues, no sucedió nada extraño, pero el Lucindo mitificó la escena para simbolizar la derrota del régimen liberal.[76]

Tras lo referido, el cardenal subió al carruaje del monarca —se guardaron las formas—, en el que también iban el infante don Carlos y el duque de San Carlos. Poco antes de llegar a Valencia, este último cedió su puesto al infante don Antonio, que había salido a recibir a sus sobrinos. A las cuatro de la tarde, aproximadamente, del 16 de abril entró en la ciudad el coche con los cuatro Borbones arrastrado como se hizo costumbre por «paisanos», informó el ministro Luyando. En medio de una abigarrada multitud llegó al palacio de Cervelló, alojamiento asignado al monarca. El pintor Miguel Parra reflejó con gran detalle esta recepción popular en su cuadro Entrada triunfal de Fernando VII en Valencia.

Esa misma noche el rey recibió dos visitas de muy distinto signo, como también lo fue su reacción. Una, la del cardenal Borbón y el ministro Luyando, quienes impusieron al rey la cruz de la Orden de San Fernando, creada por las Cortes de Cádiz en 1811 para premiar el valor militar, y le entregaron un ejemplar de la Constitución, que el monarca —según el parte oficial de Luyando— recibió «con mucho agrado», añadiendo que nada deseaba más que la felicidad de la nación. La otra visita la efectuó el cabildo de la catedral de Valencia. En el transcurso de esta última, el canónigo Juan Vicente Yáñez pronunció un discurso. Tras afirmar que el rey era un enviado del cielo, denunció el peligro en que estaba la religión, porque el clero, su sostén, pasaba por las mayores dificultades, y porque había sido abolida la Inquisición. Yáñez solicitó del rey medidas enérgicas inmediatas para restablecer el Santo Oficio y restituir al cuerpo eclesiástico en su estado anterior a 1808. Fernando VII respondió: «Éstos son mis deseos».[77]

Como venimos constatando, uno de los rasgos del carácter de Fernando VII era satisfacer a sus interlocutores, sin importarle incurrir en flagrantes contradicciones. Tal fue ahora el caso. No podía recibir «con mucho agrado» la Constitución y dar al mismo tiempo su conformidad a la petición claramente anticonstitucional de restablecer el Santo Oficio. Es asombroso que los liberales —en primer lugar, el presidente de la Regencia y uno de sus ministros— no reaccionaran. Ni siquiera presentaron una respetuosa protesta por las palabras de Yáñez. Poco hicieron, pues, desde el primer momento por ganar la partida. El cardenal Borbón se limitó en Valencia a transmitir al rey las órdenes que le llegaban de las Cortes, y Luyando, que en febrero anterior había coqueteado con los realistas, aún mostró mayor pasividad.[78] Los absolutistas, por el contrario, se apoderaron de la persona del rey y del ambiente de la ciudad.

En un derroche de medios, sorprendente debido a la penuria económica del momento, Valencia se volcó en agasajos al monarca. Tedeums y misas solemnes, cabalgatas organizadas por los gremios, fuegos artificiales, música por doquier, funciones teatrales gratuitos, luminarias, arcos y otras construcciones efímeras con profusión de alegorías relativas a la lealtad de Valencia, el triunfo del valor patriótico sobre el monstruo de la impiedad y la tiranía..., todo dispuesto en torno al omnipresente retrato del rey, adorno de calles, engalanamiento de fachadas del Ayuntamiento y de otros edificios señeros con telas finas, tejidos de oro y plata, costosos tapices, etcétera, hasta el punto, consignó uno de los coetáneos, que algunas calles parecían salones. También se tomaron múltiples providencias policiales: prohibición de portar armas, cierre de tabernas y de casas de juego a partir de las ocho de la tarde, prohibición de pernoctar a la intemperie, orden a los artesanos para que no obstaculizaran el paso por las calles con sus materiales, artefactos y otros objetos habitualmente dispuestos junto a las puertas de sus establecimientos, etcétera. Cada vez que el rey transitó por la ciudad, en la mayoría de las ocasiones para asistir a ceremonias religiosas o visitar un convento, recibía aplausos y vítores y se le arrojaban flores, de manera —comenta Deleito Piñuela— que «magnificado por la fascinación popular, parecía a todos un personaje semidivino, encarnación y síntesis de todas las perfecciones».[79]

En este escenario permaneció Fernando VII desde el 16 de abril hasta el 5 de mayo. La prolongada detención (veinte días) tal vez estuvo motivada, en parte, por el ataque de gota sufrido el 24 de abril, que le obligó a guardar cama hasta el 3 de mayo,[80] pero al margen de este incidente él y su entorno aprovecharon el tiempo.

Desde el primer momento, don Antonio actuó de aglutinante de los absolutistas locales y de cuantos fueron llegando desde otros lugares. En su habitación del palacio de Cervelló acordó con algunos de los más exaltados contrarrevolucionarios que habían acudido a Valencia, entre ellos Justo Pastor Pérez y los sacerdotes Blas Ostolaza y Sebastián Fernández Morejón, la publicación de El Lucindo, redactado por el primero, y El Fernandino, por los otros dos.[81] Ambos periódicos nacieron expresamente para preparar los ánimos en favor del absolutismo. Con don Antonio había llegado a esta ciudad Pedro Macanaz, hombre de confianza, como vimos, de los príncipes en Valençay. Días más tarde y antes que el rey, lo hizo Escoiquiz, quien realizó por su cuenta el viaje de regreso a España, sin formar parte del séquito real.

Escoiquiz no había perdido el tiempo a su paso por Cataluña. Allí se vio con el barón de Eroles, un absolutista exaltado, que en el Trienio desempeñará un papel muy activo en favor del absolutismo extremo, entonces segundo jefe del Ejército de Cataluña mandado por el general Copons. Escoiquiz llegó a Valencia con la promesa de Eroles de poner sus tropas a disposición del rey absoluto. Tras la llegada del rey se unieron a los mencionados Juan Pérez Villamil, Miguel de Lardizábal y Pedro Gómez Labrador, todos conocidos opositores a la obra de las Cortes de Cádiz. Estos individuos se constituyeron en una especie de consejo de las tres personas principales: el duque de San Carlos, quien en estos días actuó como portavoz del rey, el infante Carlos María Isidro y por encima de todos, lógicamente, Fernando VII.

Como es natural, no hay documentación directa sobre las actividades de este grupo, cuyo carácter conspirativo es innegable. Afirma Joaquín L. Villanueva, atento y preciso observador de cuanto sucedía a su alrededor, que los individuos mencionados comenzaron a reunirse en la cámara del rey desde la noche de su llegada y de ahí salieron el manifiesto del 4 de mayo y las actuaciones posteriores, esto es, todo aquello que condujo al golpe de Estado.[82] Uno de sus logros inmediatos fue la creación de un estado de opinión favorable al absolutismo. Los antes liberales Diario de la Ciudad de Valencia del Cid, Gaceta Provincial de Valencia y Diario Provincial de Valencia se unieron al Lucindo y El Fernandino en el ensalzamiento del rey absoluto. La Constitución se quedó sin defensores en los periódicos, en los muchos folletos publicados en la ciudad durante la estancia del rey (Deleito y Piñuela sólo pudo encontrar tres folletos proclives al constitucionalismo entre decenas de signo contrario)[83] y en los púlpitos de las parroquias, en los conventos y en la catedral. Contribuyó a esto la circunstancia de que la diócesis, sede vacante en ese momento, estuviera gobernada por el canónigo absolutista Rivero y Medrano.

Al mismo tiempo, se llevó a cabo todo un programa de actuaciones para inculcar en la población la imagen del rey dotado de plenos poderes, no sólo como acto de reconocimiento y bienvenida al monarca (ésta era la función de las construcciones efímeras, siempre presididas por el retrato del rey), sino también de forma perdurable. Por iniciativa, entre otros, de la Academia de Artes de San Carlos, presidida por el capitán general Elío, se encargaron retratos del rey a pintores relevantes, así como lienzos destinados a inmortalizar los recibimientos dispensados por el pueblo desde su entrada en España. Vicente López realizó un retrato de Fernando VII, cuyas copias serían difundidas por el propio soberano por todo el reino, dándole así rango de retrato oficial. Un discípulo del anterior, Miguel Parra, recibió el encargo de inmortalizar las triunfales entradas reales en un ambicioso programa pictórico que pretendía abarcar el paso del río Fluviá y las entradas del rey en Zaragoza, Valencia, San Felipe [Játiva], Chinchilla y Madrid. Estas obras, de las que sólo quedaron finalizadas las tres primeras, carecían de alegorías o simbolismo. Eran, afirma Ester Alba Pagán, un tipo de pintura conmemorativa destinada a fijar en la mente de la población la imagen heroica del monarca. El protagonismo corresponde en ellas al escenario urbano en el que se desarrolla el acontecimiento histórico y a la multitud que rodea la carroza real, cuyos individuos, de diversa condición social, son reconocibles por su indumentaria y su posición en la composición de la pintura.[84] Daban a entender, en suma, que todas las clases sociales anhelaban la monarquía absoluta.

En estos cuadros, reflejo de las miras políticas del entorno de Fernando VII, destaca la abundante presencia de mujeres, no como meras espectadoras de la escena, sino activas, lanzando vítores y señalando la carroza del monarca a los hombres y niños que las rodean. Como sucediera durante la guerra contra Napoleón, las mujeres, símbolos por antonomasia del pueblo como madres y esposas, aparecen en el espacio público, abandonando momentáneamente su función doméstica tradicional, implicadas como los hombres en la movilización general en favor de una gran causa. En el tiempo de la guerra había que defender la religión, la patria y al rey frente al invasor extranjero; llegada la paz, también un momento excepcional porque estaba en juego el futuro político, se recurre a ellas como actores movilizados y movilizadores de sus esposos e hijos en favor del monarca y sólo del monarca. El rey en majestad, quien desde su carroza contempla a todo su pueblo que le aclama, es el único soberano.[85]

En las manifestaciones plásticas no se aludió a la Constitución. En los periódicos y folletos se habló muy poco de ella. Todo se orientó a la exaltación del rey. La misma tónica mantuvo inicialmente el Ejército, agente fundamental en el orden operativo. La primera prueba fehaciente en este sentido la obtuvo Fernando VII en la antigua aduana de la venta de la Jaquesa, en el límite entre los reinos históricos de Aragón y Valencia. El general Elío y Juan Potous, jefe del Estado Mayor del 2.o Ejército, que operaba en Valencia, recibieron el 15 de abril al monarca con varios discursos en los que subrayaron el protagonismo del Ejército en la recuperación de su corona. De estos parlamentos cabía extraer una clara conclusión: Fernando VII volvía al trono no en virtud de la voluntad de la nación, como reiteradamente se había dicho en las Cortes y sancionaba la Constitución, sino «después de haber abundantemente regado con su sangre [los militares] el suelo que han libertado», dijo Elío en su parlamento y repitió en diversas ocasiones ante el monarca en días sucesivos.[86] La Constitución no era necesaria. Fernando recibía su legitimidad de Dios y recuperaba la corona gracias a la heroicidad del Ejército. La nación, definida por la Constitución como «la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios» (art. 1), depositaria única de la soberanía (art. 3), era ignorada. Los españoles aclamaban al rey, reconocían su poder, pero no lo usurpaban. La sangre derramada en defensa del rey no había sido la del pueblo, sino la del Ejército, que tal como lo concebían Elío y sus oficiales era del rey y no de la nación; más aún, achacaban a las Cortes haber criticado a los mandos militares y no haberles dispensado el trato merecido.

El ambiente de Valencia se hizo muy cómodo para Fernando VII. Progresivamente se fue despejando su gran duda sobre el juramento de la Constitución. Había salido de Valençay con la promesa de Napoleón de reinar como rey absoluto, pero también con muchas prevenciones, pues desconocía la fuerza exacta de los constitucionales, de ahí, como se ha visto, las cautelas que le había sugerido La Forest. Si no pudiera imponerse a ellos con facilidad, recordemos, debía jurar la Constitución, aunque precediéndola de un discurso con las oportunas reservas para derogarla y elaborar otra diferente una vez asentado firmemente en el trono. Es palmario que Fernando VII nunca deseó jurar la Constitución, pero por razones tácticas él y su entorno se mantuvieron dubitativos hasta su llegada a Valencia. Al menos eso dan a entender las dos reuniones celebradas sucesivamente en Daroca y en Segorbe el 11 y el 15 de abril. Presididas por el rey, a ambas asistieron el infante don Carlos, los duques de San Carlos, Osuna y Frías, y el general Palafox. En la primera también estuvo el conde de Montijo; en la de Segorbe, el infante don Antonio y Pedro Macanaz, trasladados ex profeso desde Valencia, el duque del Infantado y Pedro Gómez Labrador. Poco cabe decir sobre lo tratado en estas juntas, que no hemos podido documentar. Según la Historia del conde de Toreno, utilizada generalmente como fuente, se debatió sobre la conveniencia o no de jurar la Constitución, sin llegar a un acuerdo unánime, aunque al parecer la mayoría se pronunció en contra del juramento en las dos ocasiones.[87]

La experiencia adquirida durante el viaje confirmó a Fernando VII que su nombre tenía más fuerza entre las masas que la Constitución. En todos los lugares del tránsito fue aclamado rey, sin el adjetivo de absoluto ni constitucional y, por el contrario, casi no se mencionó la Constitución en su presencia.[88] No obstante, hasta comienzos de mayo la prensa antiliberal se mostró muy comedida en sus críticas a la Constitución, mientras que la liberal expresó su confianza en que el monarca la juraría. El influyente El Conciso, diario de esta tendencia, no cesó de repetirlo desde comienzos de abril.[89] Al hacer la crónica del viaje real, algún periódico llegó a poner en boca del rey palabras como éstas, que nos pueden parecer inverosímiles: «En Reus exclamó S. M.: hijos, viva la Constitución».[90]

Las dudas en el entorno del rey sobre el juramento de la Constitución, si es que aún se mantenían, se disiparon a las pocas horas de llegar a Valencia. Fernando VII se sintió arropado por la opinión pública y por el Ejército de Elío, Escoiquiz ofreció garantías sobre la fidelidad del de Eroles en Cataluña y pronto se recibió el apoyo del conde de La Bisbal, quien en lugar de conducir sus tropas al sur de Francia, como le ordenara la Regencia, las acantonó en Castilla la Vieja para colaborar con el rey en cuanto se presentase la ocasión.[91] Pero lo más importante de todo fue la llegada a Valencia el 17 de abril, un día después de hacerlo el rey, del embajador británico en España, Henry Wellesley, el hermano menor de Wellington. El simple hecho de que el representante oficial de la principal potencia aliada de España, líder además de la coalición europea contra Napoleón, buscara a Fernando VII y no permaneciera en Madrid junto a las autoridades constitucionales revestía una extraordinaria importancia simbólica. No era ésta menor en el orden práctico, porque las ideas políticas del embajador y su actitud ante el futuro de España coincidían exactamente con las de su hermano, mando supremo del Ejército aliado y, en consecuencia, el hombre con mayor poder militar en ese momento en la península ibérica. A título personal, Wellington estaba convencido, además, de disponer de capacidad para definir cualquier solución sobre el futuro político inmediato de España.

Antes del retorno de Francia del rey, Wellington se había pronunciado inequívocamente ante el ministro de la Guerra británico en contra de las Cortes, que estaban, según sus palabras, «guiadas por principios republicanos», de las que salían «medidas democráticas». El sistema constitucional español, dijo en una misiva posterior al mismo destinatario, no podía durar y aventuró que varios generales españoles (mencionó a Ballesteros, O’Donnell y Castaños) estaban dispuestos a derrocarlo. «Si el rey vuelve y tiene valor», prosiguió, «él también echará por tierra toda esta fábrica.» Y añadió: «Desearía que me dijera V.E. si en el caso de que se presentara una oportunidad favorable para asestar un golpe a la democracia, aprobaría el Gobierno que yo lo hiciera».[92] ¿Pedía Wellington autorización para actuar él mismo contra el sistema constitucional —la «democracia», como lo califica— o para permitir que lo hicieran otros, quizá los generales españoles mencionados? La respuesta queda en el aire, pero es evidente que el generalísimo detestaba la obra de las Cortes de Cádiz y no deseaba la continuidad del régimen constitucional. Un mes después de la última carta citada confesó a su hermano, el embajador en España: «Estoy convencido de que si no derrocamos la democracia en Cádiz, la causa estará perdida. Cómo hacerlo, sólo Dios lo sabe».[93]

Henry Wellesley llegó a Valencia imbuido de estas ideas. Enseguida se entrevistó con Fernando VII. El encuentro, según comunicó el embajador al ministro de Exteriores británico, tuvo un carácter protocolario, pero Wellesley salió de él convencido de que el rey no juraría la Constitución. El 24 de abril se vio con el duque de San Carlos. La conversación tuvo otro aire. San Carlos le confirmó la negativa del monarca a aceptar la Constitución, le preguntó en qué medida podía contar con el respaldo de Inglaterra y, concretando, le pidió que Wellington expresara por escrito su apoyo a Fernando VII, como ya lo habían hecho varios mandos del Ejército español. El embajador se negó rotundamente a darle una respuesta precisa y aconsejó prudencia al duque, pero no dejó de manifestarle que Inglaterra estaba deseosa de ver a Fernando VII en el trono «con toda la autoridad que debe pertenecerle». La entrevista se cerró con una importante confidencia de San Carlos: el rey iría a Madrid tan pronto dispusiera de tropas suficientes para garantizar su seguridad y una vez allí disolvería las Cortes, si fuera necesario por la fuerza, y convocaría otras para redactar una nueva Constitución, creando un segundo cuerpo legislativo formado por la nobleza y el alto clero.[94]

La entrevista fue un éxito para Fernando VII, a pesar de no conseguir el apoyo expreso solicitado. Esto último hubiera significado desbaratar la postura pública siempre ambigua de Wellington y del Reino Unido, pero bastaba el deseo manifestado por el embajador de verlo en el trono con todos los poderes. Nótese, asimismo, que Wellesley no rebatió a San Carlos cuando éste habló de disolver las Cortes por la fuerza si fuera necesario. Por otra parte, es evidente que el embajador británico debió acoger con agrado la promesa de una nueva Constitución, ya no unicameral, sino con una segunda cámara similar a la de los Lores británica. Y una última consideración, quizá la más relevante: es manifiesta la confianza de San Carlos, y por ende del rey, en el embajador, al que no dudaron en desvelar casi con toda exactitud los pasos a dar para perpetrar el golpe de Estado. Desde el punto de vista de Wellesley, la entrevista no fue menos esclarecedora, pues despejaba la duda expuesta por su hermano el generalísimo Wellington en su citada carta del 16 de octubre del año anterior: ya se sabía cómo sería derrocada «la democracia» en España.

Arropados por el Ejército y por la opinión pública, y garantizada la buena disposición del Gobierno británico y de Wellington (a ambos representaba Wellesley), Fernando VII y sus allegados podían sentirse seguros. No sorprende, en consecuencia, que desde finales de abril se sucedieran en Valencia actos ya descaradamente contrarios al sistema constitucional. El capitán general Elío no perdía ocasión para declararse defensor del rey «con todos sus derechos». Los prelados de las órdenes religiosas le presentaron una larga exposición solicitando la derogación de las medidas de las Cortes relativas a asuntos eclesiásticos. Varios militares, precedidos de una banda de música, acudieron el 2 de mayo a la plaza donde está ubicada la basílica de la Virgen de los Desamparados provistos de una placa rotulada REAL PLAZA DE FERNANDO VII y, al son de la música y entre vivas de la multitud, la colocaron en lugar de la de la Constitución, que destrozaron. Al día siguiente, tras la visita de Fernando VII al Grao, fue rota a pedradas la lápida de la Constitución existente en ese poblado marítimo. El rey, a su vez, no desaprovechó ocasión para desairar a los constitucionales. Por ejemplo, se negó a asistir a una misa celebrada por Joaquín Lorenzo Villanueva, tenido por destacado liberal y procesado pocos días después por real orden. A todo esto, los partes transmitidos al Gobierno por el jefe político de Valencia y por Luyando sólo hablaban de la salud del monarca y de la alegría de los valencianos por tenerlo entre ellos.[95]

El ambiente y los sucesos de Valencia, conocidos en todo el país gracias a los periódicos, y enaltecidos por el Lucindo y El Fernandino, cuyos artículos reprodujo la prensa de varias ciudades, suscitaron preocupación entre los liberales. La Abeja Madrileña, de gran predicamento entre los más avanzados, informó sin tapujos el 28 de abril que en los papeles de Valencia se atacaba la Constitución y se daba por seguro que el rey no la juraría. El Conciso ofreció el alarmante relato de lo ocurrido en aquella ciudad el 2 de mayo, al que se ha aludido antes. La placa de la Constitución fue sustituida por una tablilla con la inscripción: REAL PLAZA DE FERNANDO VII, pero ésta no se colocó en el hueco de la anterior, sino sobre un altar dedicado a la Santísima Trinidad, y donde estaba la primera se fijó la siguiente octava impresa:

Piedra inmortal que en gloria de Fernando,

Hoy el brazo del justo aquí coloca,

En ti se estrelle el enemigo bando

Cual la nave estrella en dura roca,

Y si algún vil, que ideas abrigando,

Contra el rey, te profana o te provoca,

Que muera... y que a cenizas reducido

Sirva de ejemplo al liberal partido.[96]

La amenaza a una parte de los españoles no podía ser más explícita, recalcó el periódico. Por otra parte, el 6 de mayo comentó La Abeja Madrileña con estas palabras la llegada de tropas a Madrid: «Un silencio y quietud pavorosos pronostican la cercana explosión de un volcán». Al día siguiente, el periódico interrumpió bruscamente su publicación, despidiéndose de sus lectores con estas palabras: «Los redactores de este periódico están imposibilitados de proseguir en su publicación porque se encuentran atacados de perlesía de resultas de cierto aire seco que sopla de Levante, viéndose precisados a mudar de aires y tomar aguas termales». La ironía, tan propia de uno de sus redactores más conocidos, Bartolomé José Gallardo, resultó profética.

Ahora bien, los liberales no responsabilizaron directamente a Fernando VII de las actuaciones contra la Constitución. La propia Abeja Madrileña lo exculpaba el 30 de abril («estamos convencidos de que S.M. todo lo ignora») y derivaba las culpas hacia el entorno del monarca: «Vemos al mejor de los reyes rodeado de hombres pérfidos», afirmó el 1 de mayo. La confianza en la persona de Fernando la mantuvo El Conciso hasta el final. El 10 de mayo se congratuló de que al saberse la inminente llegada a Madrid del rey se habían revalorizado los títulos de la deuda pública, porque la nación confiaba en que se restablecería la paz entre los españoles, lo que para el periódico era sinónimo de juramento de la Constitución. En su número del día 11 publicó un artículo en el que se decía que el rey tenía buen corazón, que todos confiaban en él. Ese día, el mismo en que se conoció el manifiesto del 4 de mayo, el Redactor General todavía decía: «Todos confiamos en la generosidad de sus paternales sentimientos [del rey], esperando que jure la Constitución y haga la felicidad de los españoles».[97]

Fernando actuaba contra la Constitución porque estaba mal aconsejado, se dijo con harta frecuencia en medios liberales. El 11 de mayo, Miguel Cabrera de Nevares, preocupado por el «aparato horrible» que acompañaba al rey en su viaje hacia Madrid, en referencia a las tropas enviadas por delante, publicó en El Duende de los Cafés de Cádiz un artículo titulado «Si no hubiera esclavos no habría tiranos». Como en el caso anterior, el texto, que se imprimió antes de conocerse el manifiesto del 4 de mayo, insistía en los malos consejeros del monarca (es «flexible e inexperto» y por esta razón se ha dejado influenciar por un grupo de malvados). Pero Cabrera se preguntaba, con toda intención: «¿Puede estar el Rey tan obcecado que los admita [a los «malvados»] sin indignación?». Y respondía afirmativamente, con lo cual dejaba en el aire ciertos interrogantes sobre la persona de Fernando VII, dudas que a partir de ese momento no abandonarán a un sector del liberalismo. El articulista se fundamentaba en algunas actuaciones del rey: no ha jurado la Constitución, por lo que ha infringido un decreto de las Cortes, ha dado orden al general Whittingham de entrar en Castilla la Nueva a pesar de no estar en el ejercicio de sus funciones por no haber efectuado el juramento y ha retrasado su llegada a Madrid. Como consecuencia de esto, «en unos se disminuye el amor hacia su persona, en otros se entibia la confianza y en los más se aumentan las sospechas». Y Cabrera lanzó una seria advertencia: de seguir los consejos de sus próximos, el rey aparecerá a los ojos de la nación «como un REY INTRUSO», con lo cual le dirigía la peor amenaza posible, pues lo identificaba con José I. Y aún más: «Si sigue los sacrílegos consejos de los que le engañan, en lugar de SUBIR AL TRONO TAL VEZ SUBIRÁ INOCENTE AL CADALSO». Cabrera mezclaba la imagen de Fernando durante la Guerra de la Independencia (príncipe inocente) con el peor destino de un monarca (el cadalso) e insinuaba con ello el final de la monarquía, tal como sucediera en Francia. Pero parece que Cabrera confiaba en la reacción del pueblo y finalizaba su escrito con un llamamiento a los españoles para que evitaran que en lugar de un Fernando VII constitucional se sentara en el trono «un tirano soberbio y sanguinario». Y recordaba la sentencia que daba título a su texto: «Tengamos presente que no habría tiranos si no hubiera esclavos».[98]

Resulta patente que, a pesar de todo, a principios de mayo de 1814 los liberales en general todavía aparentaban confianza en el rey. Según el conde de Toreno en ellos hizo mella la carta que el monarca dirigió a la Regencia el 10 de marzo de ese año a través del general Zayas, publicada el 24 por la Gaceta de la Regencia y al día siguiente por El Conciso, entre otros. En ella anunciaba Fernando VII su salida de Valençay el 13 de ese mes y aseguraba: «En cuanto al restablecimiento de las Cortes, de que habla la Regencia, como a todo lo que pueda haberse hecho durante mi ausencia que sea útil al reino, merecerá mi aprobación, como conforme a mis reales intenciones».[99] Esto tranquilizó, sin duda, a la mayoría, pues los periódicos —los proclives al liberalismo no fueron excepción— hablaban del entusiasmo de la población ante la llegada del rey. Por su parte, los mejor informados quisieron pensar que las intenciones del monarca eran rectas, y como casi siempre achacaron sus desviaciones al mal consejo de su entorno. A mayor abundamiento, las Cortes acordaron el 20 de abril erigir un monumento en Báscara para conmemorar la entrada del monarca en España y al día siguiente aprobaron el proyecto de colocar una estatua ecuestre de Fernando VII en la plaza Mayor de Madrid.[100]

Estas circunstancias pueden explicar que las Cortes y el Gobierno, al frente del cual estaban Pedro Agar y Gabriel Ciscar, los dos regentes que permanecían en Madrid, no tuvieran en cuenta ciertos datos inquietantes. No hubo reacción, por ejemplo, ante los informes procedentes de algunas provincias sobre actuaciones de los absolutistas, como el llegado a la Regencia el 1 de abril, en el que el jefe político de Asturias, el liberal Manuel María de Acevedo, alertaba de la agitación en la parte occidental de la región y de la llegada de «papeles sediciosos», es decir, anticonstitucionales, procedentes de Galicia, donde —afirmaba— el clero es «más inmoral» y los curatos ejercen mucha influencia. Aunque Acevedo consideraba exagerados ciertos rumores sobre la preparación de una insurrección general al grito de «Viva Fernando 7.o y la Inquisición y muera la Constitución», lamentaba no disponer de fuerza armada para controlar este tipo de movimientos. La Regencia se limitó a sugerir a las Cortes que formaran cuanto antes la Milicia Nacional, cuyo reglamento debatían entonces.[101] Tampoco se prestó atención a las reuniones celebradas por diputados realistas en diversos lugares de Madrid, como la residencia del obispo de Urgel, la del canónigo y diputado aragonés Joaquín Palacín, en el convento de Atocha y en otros lugares, de las cuales salió el Manifiesto de los Persas.[102]

Las autoridades constitucionales no se emplearon a fondo para atajar otras maniobras de los realistas destinadas a intoxicar a la opinión pública, como el célebre «asunto Audinot». Este caso, aireado en marzo y abril de 1814 por el periódico realista El Procurador General de la Nación y del Rey, llegó a las Cortes. El 10 de febrero de ese año, cuando ya habían pasado por Madrid el duque de San Carlos y Palafox y se suponía próxima la llegada del rey, ese medio publicó las declaraciones de un individuo llamado Louis Audinot, detenido en Granada. Dijo ser teniente general del Ejército napoleónico, enviado a España por el Consejo de Estado de Francia. Su misión consistía en aprovechar «los elementos de republicanismo traslucidos en la máxima parte de los escritos patrióticos españoles» para «distraer a esta Nación de su decantada afición a la Casa de Borbón», aniquilar el influjo británico «y atraer por fin a la multitud por la perspectiva de un Gobierno democrático, siempre lisonjero para el vulgo». El objetivo final era formar en España la República Iberiana, independiente, pero bajo la protección de Francia. Para lograrlo, vendrían a España cuatro generales franceses encargados de preparar una insurrección que ejecutaría una alambicada red de agentes, la mayor parte de ellos afrancesados puestos en contacto con algunos diputados a Cortes a través de un conde amigo de Godoy, los cuales se comunicarían epistolarmente entre sí de forma secreta. Audinot sería el centro y Agustín Argüelles el encargado de transmitir «los secretos del Gobierno». Varios diputados se diseminarían por la nación «para apostolizar indirectamente a favor del Gobierno popular» mediante escritos democráticos. La Regencia sería destituida y el príncipe de Asturias, su hermano Carlos y su tío Antonio serían encerrados en secreto en Francia, tras publicar que se habían evadido de Valençay.

Varios periódicos realistas difundieron esta declaración. La aprovecharon, al igual que hicieron los diputados de esta tendencia, para acusar a los liberales de conspirar contra el rey y el Estado en connivencia con Napoleón. El asunto dio lugar a una extensa discusión en la prensa de uno y otro signo, por lo que la opinión pública tuvo cumplido conocimiento de todo. La Regencia ordenó el traslado de Audinot a Cádiz, pero las autoridades granadinas se mostraron reacias a permitirlo. Era evidente que estas últimas no estaban dispuestas a dejarlo en manos de los constitucionales. La investigación se paralizó con la llegada de Fernando VII a Madrid, pero poco después se prosiguió, si bien, comenta Antonio Calvo, en realidad fue una pantomima, pues las nuevas autoridades, en concreto el duque de San Carlos y Pedro Cevallos, mostraron escaso interés. Al final quedó al descubierto que el tal Audinot era, en realidad, Juan Barteau, un francés al servicio de la duquesa de Osuna, quien se prestó a la impostura a cambio de dinero. Según Vayo, todo había sido urdido por un prebendado de Granada y otros realistas que tras 1814 ocuparon altos cargos. En 1816 Barteau se ahorcó en prisión, quizá porque los instigadores de la trama lo habían abandonado a su suerte.[103]

El asunto Audinot sirvió para difamar a los constitucionales y, en concreto, para desprestigiar a Argüelles, quien a pesar de no ser entonces diputado, era considerado uno de los corifeos del liberalismo. Es significativo que en el proceso abierto contra este último en 1814 se utilizara como un cargo más en su contra. Si como afirma Deleito y Piñuela el revuelo en torno a Audinot facilitó que Fernando VII se decidiera a cambiar su itinerario en Reus para dirigirse a Zaragoza, no hay duda de que no fue mera anécdota.[104] Parece innegable su relación con la misión encomendada a San Carlos y a Palafox de intoxicar a la opinión pública lanzando contra los liberales la acusación de republicanismo.

Desde el inicio de abril, esto es, cuando las Cortes tuvieron constancia del cambio de ruta del monarca, hasta el 10 de mayo, último día de la legislatura de 1814, las sesiones parlamentarias se desarrollaron en un ambiente de enorme tensión, no siempre reflejada en las actas, provocada por la demora de la llegada del rey a Madrid, y desde finales de abril por las noticias sobre actuaciones contrarias a la Constitución en Valencia y en otros lugares. Los diputados liberales intentaron adoptar medidas para resolver ambos problemas, pero lógicamente los realistas se opusieron sistemáticamente, de manera que nada eficaz se hizo, aunque abundaron los actos formales. Las Cortes, por ejemplo, escribieron dos cartas al rey el 25 y el 30 de abril, suplicándole con buenas razones que acelerara su regreso a Madrid, pero ninguna de ellas recibió respuesta. Idéntica suerte corrió la carta de los regentes Agar y Ciscar en el mismo sentido.[105]

Visto desde nuestra posición, sabedores de lo que vendría a continuación, el silencio del rey fue, evidentemente, muy elocuente, pero en aquel momento resultó, ante todo, preocupante, porque —reitero— todavía no se había extinguido por completo la esperanza de que jurara la Constitución una vez en Madrid, libre de los consejeros que le rodeaban en Valencia. Prueba de ello es que el 9 de mayo —¡cinco días después de la fecha que llevaba el manifiesto de Valencia derogatorio de la Constitución!— la Regencia ordenó colocar en los aposentos del rey y de los infantes en el Palacio Real de Madrid seis ejemplares de la Constitución en edición de lujo, tres de los Diarios de la Legislatura Extraordinaria de Cádiz y otros tres de las actas de la Ordinaria de 1814, todos bien encuadernados en tafilete, como gustaba al monarca.[106]

Tal vez porque nunca se disiparon las esperanzas de contar con un rey constitucional, o por cálculo equivocado de las propias fuerzas, las autoridades constitucionales no hicieron frente al tozudo silencio de Fernando VII. Ni fueron capaces de imponer su autoridad. Un dato es muy ilustrativo. El 23 de abril la Regencia ordenó al general Whittingham, que había partido días antes de Valencia con 2500 soldados de caballería, que detuviera su avance hacia Madrid. El 3 de mayo le fue reiterada la orden. Lo mismo se le comunicó al coronel Pío Falces, del regimiento de la Corona. Whittingham respondió que no movería sus tropas de donde estaban, parte en Guadalajara y otra parte en San Clemente, «hasta saber la voluntad del rey, en virtud de la cual me hallo en este destino», Falces dijo que sólo obedecía al general Elío y, ante todo, al rey. La Regencia nada hizo por obligar a estos militares a cumplir su orden.

Por lo demás, la ingenuidad de los constitucionales fue clamorosa. El 5 de mayo, el Ayuntamiento y la Diputación de Cádiz enviaron al Congreso sendas representaciones con su inquietud y la del pueblo por la tardanza del rey en jurar la Constitución, resaltando que de ello «se aprovechan crueles aduladores sedientes de vengar sus personales quejas». Además de ordenar su impresión para facilitar la difusión, las Cortes acordaron enviar los textos al cardenal Borbón para que los entregara al rey en Valencia, «a fin de que se penetre de los sentimientos que animan a aquella benemérita provincia».[107]

Madrid, 1814

Una vez en España, Fernando VII no cesó de recibir buenas noticias del interior, pues en todos los lugares se festejó su retorno, y también del exterior. Dos procedentes de Francia lo fueron de modo especial: la formación el 31 de marzo de un Gobierno provisional y la abdicación sin condiciones de Napoleón el 6 de ese mes. Por una parte, se libraba de la tutela de éste, de modo que los graves compromisos adquiridos en Valençay pasaban a ser papel mojado, lo cual, además de borrar sus oscuras relaciones con el emperador francés, le dejaba vía libre para tratar con Wellington, el nuevo héroe militar europeo, al que Fernando tomó ahora como su principal sostén internacional.[108] Por otra parte, se imponía el principio de legitimidad. Retornaba a Francia la histórica Casa de Borbón, derrocada por los regicidas revolucionarios y perseguida por el usurpador corso. Nada más halagüeño para Fernando VII, que se consideraba víctima de unos y otro.

En este ambiente de euforia se preparó la vuelta del rey a Madrid. Efectuado el cambio político en Francia, era inevitable el de España. A juicio de quienes rechazaban el sistema liberal, el cambio lo exigían la religión, la historia y las leyes fundamentales españolas. En este sentido se pronunció un grupo de diputados realistas en un texto fechado el 12 de abril de 1814 en Madrid, que le fue entregado al rey en Valencia por Bernardo Mozo de Rosales, su impulsor y primer firmante.

El escrito, de largo título, conocido como Manifiesto de los Persas,[109] era una encendida defensa de la trayectoria personal de Fernando VII y una pormenorizada crítica, artículo por artículo, de la Constitución de 1812 y de la obra en conjunto de «las llamadas» Cortes de Cádiz. A éstas les negaba legitimidad por no haberse ajustado formalmente a las leyes fundamentales del reino, que exigían que las convocara y presidiera el rey, por haber usurpado la soberanía real y por haber emulado en sus decisiones a los revolucionarios franceses. En su propósito de no dejar a salvo ningún acuerdo de aquellas Cortes, el texto se detenía en descalificar, incluso, la creación de la Orden de San Fernando, porque premiaba a los soldados, no sólo a los mandos militares, y era innecesaria, ya que existían otras órdenes.

La solución a los males ocasionados por el sistema constitucional pasaba, según los persas, por ajustar la monarquía a las leyes fundamentales españolas. Como ha explicado Tomás y Valiente, estas leyes eran muchas, contradictorias y vagas,[110] pero los persas, como tantos otros a comienzos del siglo XIX, recurrieron a ellas para constatar un axioma conocido: la española era históricamente una monarquía «templada», en la que la soberanía correspondía al rey, dotado del pleno poder ejecutivo y legislativo, pero limitado por los fueros particulares y por los tres estamentos clásicos, los cuales representaban a la «nación» y eran, en consecuencia, el único vehículo legítimo de la voluntad de ésta. «La nación [los estamentos tradicionales] junta en Cortes expone su consejo al rey y éste debe responder por escrito a sus peticiones», decía el Manifiesto.

Los persas abogaron por el restablecimiento de la monarquía absoluta, concebida de la siguiente forma:

La monarquía absoluta (voz que por igual causa oye el pueblo con harta equivocación) es una obra de la razón y de la inteligencia; está subordinada a la ley divina, a la justicia y a las leyes fundamentales del Estado; fue establecida por derecho de conquista o por la sumisión voluntaria de los primeros hombres que eligieron sus Reyes. Así que el Soberano absoluto no tiene facultad de usar sin razón de su autoridad (derecho que no quiso tener el mismo Dios): por esto ha sido necesario que el poder soberano fuese absoluto, para prescribir a los súbditos todo lo que mira al interés común, y obligar a la obediencia a los que se niegan a ella.

El «poder absoluto» es entendido, pues, como plena capacidad ejecutiva del rey. Sólo eso, porque en materia de legislación el monarca debía atenerse a las leyes divinas y a las fundamentales del Estado. En un Gobierno de esta naturaleza —mantenían los persas— «las personas son libres, la propiedad inviolable, el soberano no puede disponer de la vida de sus súbditos, sino ateniéndose al orden de justicia establecido».[111] Este absolutismo se presentaba como lo contrario de la tiranía, que tanto para realistas como para liberales era la dominación odiosa ejercida por el invasor exterior (Napoleón) y antes por un ambicioso ministro (Godoy). Fernando, el gran enemigo de ambos, nada tenía que ver con la tiranía.

Para operar el cambio político, los persas proponían tres medidas concretas: la convocatoria de nuevas Cortes al estilo de las antiguas, por estamentos, la declaración de nulidad de la Constitución y de la obra de Cádiz y el castigo de quienes «han causado los males de España», una vaguedad que abría un ancho campo a la represión política.

En realidad, las dos últimas propuestas fueron lo único del manifiesto que convenció a Fernando VII. La monarquía definida por los persas no cuadraba exactamente con la deseada por él, debido a las limitaciones del poder real. No obstante, ordenó la impresión del texto, agradeció a sus autores la muestra de amor y fidelidad a su persona y aun hizo suyas varias de sus ideas en un Manifiesto a la nación fechado el 4 de mayo de 1814, el cual resultó determinante para ejecutar el golpe de Estado.

La redacción de este Manifiesto del rey se atribuye a tres de los que acudieron a su lado en Valencia: Pedro Gómez Labrador y los ex regentes Juan Pérez Villamil y Miguel de Lardizábal, célebre éste por el revuelo en torno a un escrito suyo contra las Cortes de Cádiz publicado en 1811 y utilizado por los persas como una de las principales fuentes de su representación.[112] Hizo de amanuense o secretario Antonio Moreno, el criado fiel que tantas veces hemos visto junto al monarca en momentos señalados.[113] No obstante, el rey fue, sin duda, pieza esencial en la concepción de este texto. Al efecto tuvo muy presente un escrito titulado «Puntos principales que me parece debía comprender el Manifiesto que a nombre de S.M. se ha de dar a la Nación», fechado en Valencia en abril de 1814, sin día, y firmado por «Infantado» [sic], esto es, el duque de ese título. Este papel coincidía en aspectos fundamentales con los persas (crítica a las Cortes de Cádiz y rechazo de la Constitución, atribución al rey de plena capacidad ejecutiva), pero asumía algunos elementos del tiempo constitucional (independencia del poder judicial, reconocimiento de la deuda pública contraída por las Cortes, mantenimiento con cautelas de la libertad de imprenta), que fueron incorporados casi literalmente al manifiesto real.[114]

El Manifiesto o Decreto de Valencia, como es conocido, resaltaba el sacrificio personal de Fernando VII desde su viaje a Bayona y negaba con los mismos argumentos que los persas la legitimidad de las Cortes de Cádiz y la Constitución, poniendo mayor énfasis, si cabe, en el despojo de la soberanía real efectuado por esas Cortes en nombre de la nación. En consecuencia, el rey anunciaba que no juraría la Constitución (era la primera vez que se pronunciaba oficialmente en este sentido), antes al contrario, la declaraba nula y sin ningún valor ni efecto, al igual que los decretos de Cortes, «como si no hubiesen pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio del tiempo». La frase delataba el carácter despótico de Fernando VII —así la ha interpretado la mayoría de los historiadores—, pero él puso especial cuidado en negar este extremo. Lejos de ser un déspota, se declaró «un padre de sus vasallos» que se ajustaba a las leyes fundamentales españolas: «Aborrezco y detesto el despotismo: ni las luces y cultura de las naciones de Europa sufren ya, ni en España fueron déspotas jamás sus Reyes, ni sus buenas leyes y Constitución lo han autorizado».

En el orden práctico, anunció la convocatoria de Cortes estamentales, pero no de forma inmediata, sino una vez que quedara restablecido «el orden y los buenos usos en que ha vivido la nación». El cometido de esas Cortes sería la elaboración de nuevas leyes sobre las siguientes bases: garantía de la libertad y seguridad individual y real, libertad de imprenta sin degenerar en licencia y separación de la tesorería general de los gastos de la casa real. Tras estas promesas, declaraba a cualquiera que intentase sostener la Constitución y la obra de las Cortes de Cádiz «reo de lesa majestad y como a tal se le impondrá la pena de la vida, ora lo ejecute de hecho, ora por escrito o de palabra». El manifiesto finalizaba ordenando el cese de cualquier causa abierta por infracciones a la Constitución y la puesta en libertad de quienes estuvieran presos por ello.[115]

El Manifiesto del 4 de mayo no tenía otra finalidad que justificar la supresión del sistema constitucional y la vuelta de la monarquía absoluta. Como quiera que Fernando VII y sus consejeros no acababan de estar seguros de la reacción de los españoles, emplearon un tono en apariencia conciliador para no suscitar la oposición directa y en masa de quienes mantenían aspiraciones constitucionales. Esto explica, asimismo esa mezcla de promesas y anuncio de castigo que le caracteriza y las precauciones en orden a su difusión.

El texto se imprimió en Valencia antes de la salida del rey, pero no se dio a conocer al público hasta el 11 de mayo. En la mañana de ese día apareció pegado en las esquinas de Madrid y al siguiente fue publicado en la Gaceta de Madrid. El Manifiesto de los Persas fue hecho público días después. En suma, Fernando VII se condujo con su habitual zorrería. Sólo cuando estuvo seguro del éxito del golpe de Estado anunció su decisión de poner fin al sistema constitucional envuelta en vagas promesas. Esa seguridad se la proporcionó la fuerza militar, no los sectores políticos contrarios al liberalismo, ni el pueblo, en cuyo apoyo no acabó de confiar, a pesar de las continuas alusiones retóricas a que la vuelta a la monarquía absoluta respondía «al sentir popular».[116]

Antes de emprender su viaje a la capital del reino, Fernando VII adoptó importantes medidas militares. Además de la caballería de Whittingham, acantonada como ha quedado dicho en lugares próximos a Madrid, a finales de abril salieron de Valencia en dirección a la capital varios regimientos de infantería del Ejército de Elío y una columna de granaderos. El 4 de mayo el rey nombró capitán general de Castilla la Nueva y gobernador militar y político de Madrid a Francisco de Eguía, absolutista convencido, que había entrado en esta ciudad con una división del Ejército de Elío.

Eguía recibió el encargo de efectuar el golpe de Estado, ejecutado según Artola en dos fases. En la primera, el 10 de mayo, procedió a la ocupación militar de la sede de las Cortes y a la detención en la noche de ese día de los liberales que figuraban en una lista que le fue entregada por el rey. En ella se hallaban, entre otros, los regentes Ciscar y Agar, el general Villacampa, hasta entonces gobernador militar de Madrid, Argüelles, Toreno, Martínez de la Rosa, Muñoz Torrero, Canga Argüelles, Manuel José Quintana, López Cepero, el actor Maiquez, periodistas de El Conciso y El Redactor General y otros muy distinguidos defensores del sistema constitucional. La segunda fase tuvo lugar el 11 de mayo, cuando se publicó el Manifiesto real del día 4, se anunció la disolución de las Cortes y se dieron a conocer las detenciones mencionadas. El presidente de las Cortes, el presbítero mexicano Antonio Joaquín Pérez, uno de los persas, comunicó por escrito a Eguía: «Doy por fenecidas desde este momento, así mis funciones de presidente, como mi calidad de diputado de un Congreso que ya no existe».

Estas actuaciones fueron acompañadas de un levantamiento popular. Al grito de «mueran los liberales» fue arrancada la lápida de la Constitución en la plaza Mayor, se borró el rótulo CONSTITUCIÓN en el salón de Cortes y de allí se sacó la estatua de la Libertad para quemarla acto seguido. Se cambió el título de «nacional» de ciertos establecimientos por el de «real». Se paseó el retrato del rey por las calles, llevándolo en procesión hasta las iglesias de Santo Tomás y San Isidro, donde se cantaron sendos tedeums. La multitud acudió a las cárceles donde estaban presos los liberales profiriendo insultos y amenazándoles de muerte. El día 12, ya sin rebozo alguno, los periódicos absolutistas publicaron artículos que tachaban a los liberales de traidores, equiparándolos a los afrancesados, tarea en la que destacó La Atalaya de la Mancha, cuyo principal redactor era fray Agustín de Castro, monje de El Escorial.[117] El 13 de mayo, arropado por este ambiente, entró Fernando VII en Madrid.

El viaje del rey de Valencia a Madrid siguió un itinerario fijado por el propio monarca: Valencia, Játiva, Almansa, Chinchilla, Albacete, Minaya, El Pedernoso, Corral de Almaguer, Aranjuez y Madrid. A las siete y media de la mañana del 5 de mayo la comitiva real abandonó el palacio de Cervelló, despedida por gran gentío, toque de campanas y disparos de cañón. Al coche ocupado por el rey, su hermano Carlos y su tío Antonio, le seguían otros cuatro, donde viajaban altos cargos de la casa real, el duque del Infantado, Pedro Macanaz, el general Zayas y los fieles servidores Antonio Moreno e Isidro Montenegro. Como parte del séquito, pero en su carruaje particular, viajaron el presidente de la Regencia, cardenal Borbón, y el ministro Luyando.[118]

El día 9, una diputación enviada por las Cortes para cumplimentar al monarca, presidida por el obispo de Urgel, Francisco de la Dueña Cisneros, se encontró con la comitiva real en El Pedernoso. Aunque el obispo era bien conocido por su oposición al liberalismo, el rey se negó a recibirlo, alegando, a través del mayordomo de semana, que estaba «sumamente ocupado», y pospuso la audiencia para cuando llegara a Aranjuez.[119] A juzgar por una carta particular de un militar allí presente, el desaire no se limitó a esto. El rey privó a la diputación de las Cortes de cuarenta jinetes, mandados por un oficial de Dragones, que la habían escoltado desde Madrid, de modo que los parlamentarios emprendieron solos el camino de regreso. Fernando VII ya no estaba dispuesto a guardar la mínima consideración a los representantes de la soberanía nacional. Tampoco a las altas autoridades constitucionales. En la carta particular mencionada se dice que también se negó a recibir al general Villacampa, desplazado ex profeso a El Pedernoso para ofrecer sus respetos al rey, y rechazó un caballo con que pretendía obsequiarle el general, con estas palabras: «No estoy en el caso de montar caballo de tanto lujo».[120] Con éstas salía un Fernando VII que estuvo obsesionado estos días por recibir donativos de sus súbditos.

Por lo que se ve, la jornada de El Pedernoso fue pródiga, en actos simbólicos. También allí se deshizo Fernando VII del cardenal Borbón. Con algo más de deferencia respecto a los demás, le preguntó a cuál de las dos sedes episcopales de que era titular, Toledo o Sevilla, prefería trasladarse. La pregunta estaba envenenada. Suponía que el monarca no deseaba que el presidente de la Regencia le acompañara en su entrada en Madrid y en realidad venía a ser una orden de destierro. Como perfectamente ha interpretado Rodríguez López-Brea, era la confirmación del comienzo del reinado absoluto, porque la Regencia constitucional dejaba de existir. Luis de Borbón eligió Toledo y hacia allí se dirigió de inmediato.[121]

Seguro de sí mismo, porque contaba con la fuerza militar, el 13 de mayo hacia el mediodía Fernando VII hizo su entrada en Madrid. Esa mañana, Whittingham había llegado a la ciudad con 6000 soldados de infantería, 2500 de caballería y seis cañones, que dispuso en la Puerta de Atocha, por donde habría de entrar el rey. Los liberales más influyentes estaban en la cárcel, las Cortes disueltas, la multitud había arrancado todos los signos visibles alusivos a la Constitución y los soldados del capitán general Eguía controlaban lugares y personas. ¿Por qué nuevas y tan aparatosas precauciones? Sólo cabe una explicación, relacionada con el carácter de Fernando VII: desconfianza y miedo a su pueblo.

Como era previsible, la multitud recibió con todo el entusiasmo al rey, quien, por supuesto, hizo caso omiso del itinerario urbano señalado días antes por las Cortes, cuando pensaban que juraría la Constitución. En lugar de ir directamente a la sede del ya inexistente Parlamento, se dirigió a la iglesia de Santo Tomás para postrarse ante la Virgen de Atocha, trasladada recientemente a aquel templo. Una vez más, Fernando VII manifestaba a las claras el cambio político y de acuerdo con la tradición se encomendó a la Virgen al entrar en la capital de su reino.

El trayecto hasta el Palacio Real lo describió Mesonero Romanos:

... no habré de negar que el concurso era numeroso y, en general, simpático al Monarca en la ocasión solemne de su llegada; que la parte más humilde y bulliciosa de la población se había asociado con entusiasmo al movimiento, y que las autoridades, con sus disposiciones previas, habían cuidado de revestir el acto de modo que pudiera aplicársele la frase sacramental de un entusiasmo imposible de describir. Delante del coche cerrado en que venía Fernando con su hermano D. Carlos y su tío D. Antonio, marchaba una numerosa muchedumbre formando danzas vistosas y paloteos al son de la gaita y del tamboril; grupos de desenvueltas manolas de Lavapiés con su traje clásico —que entonces brillaba en todo su esplendor— repicaban panderos y castañuelas; otros de robustos chisperos del Barquillo y Maravillas haciendo suertes de gimnasia y aun pretendiendo abalanzarse al coche para arrastrarle por sus propias manos, a lo que se opuso muy cuerdamente Fernando, prefiriendo fiar su seguridad a la sensatez de sus mulas a ensayar los patrióticos arranques de este tiro casi racional. Seguía, en fin, al carruaje, no como de costumbre una escolta de guardias de corps, sino una verdadera división de Ejército, al mando del general D. Santiago Witinghan [sic], que se ofreció a escoltar al Rey hasta dejarle en el palacio de sus antepasados, que tan imprudentemente había abandonado seis años antes.[122]

Mesonero y otros contemporáneos, como el conde de Toreno, no dejaron de señalar la diferencia entre este día y el 24 de marzo de 1808, cuando Fernando VII entró por primera vez en Madrid como rey. Ambos detectaron en 1814 falta de unanimidad en los sentimientos, explicable por la detención de liberales, y menor entusiasmo en la población. Las muchas alabanzas y vítores —afirma Toreno— no se le tributaron «con aquel desahogo y universal contentamiento que era de esperar en ocasión tan plausible». Asimismo resaltaron el contraste entre la ausencia de escolta armada en 1808 y la considerable fuerza militar que le rodeó ahora, «como si estuviese circuido de enemigos los más declarados».[123]

Instalado el monarca absoluto en su palacio y conocidas sus intenciones una vez publicado el Manifiesto del 4 de mayo, los enemigos del constitucionalismo ocuparon con mucho ruido el espacio público. En ciudades y pueblos de todo el país se hicieron burlas de todo tipo al texto constitucional antes de quemarlo, e invariablemente se destrozó la placa con el rótulo PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN que figuraba en la principal de casi todos los municipios, sustituida por otra con el nombre del rey. Se paseó en triunfo el retrato de Fernando VII, acompañado en ciertos sitios del estandarte de la Inquisición. Se insultó y amenazó a los liberales más notorios, hasta llegar en algunos casos a la agresión física. Los vates locales dieron rienda suelta a su inspiración en composiciones a cuál más repleta de alabanzas al monarca y críticas a la Constitución. Se publicaron bandos instando a los particulares a entregar los ejemplares de la Constitución en su poder y se recogieron los existentes en imprentas y librerías, junto a los escritos considerados contrarios al rey, es decir, todos los favorables a la obra de las Cortes de Cádiz. Se celebraron tedeums en agradecimiento del favor divino por el restablecimiento del soberano absoluto.[124]

La caída del régimen constitucional se festejó muy pronto en Sevilla, tal vez porque mediante algún conducto especial se tuvo conocimiento inmediato del manifiesto real del 4 de mayo. En la noche del 6 se produjeron alborotos en distintos puntos de la ciudad, reclamando el fin de la Constitución y el restablecimiento de la Inquisición. En medio de la agitación, «el pueblo», como decían los informes sobre estas ocurrencias, depuso a las autoridades constitucionales, sustituyéndolas por individuos reputados fieles al rey. Entre éstos, destacó el nombramiento como gobernador militar de Francisco Chaperón, quien en 1824 sería jefe de las Comisiones Militares, uno de los organismos represivos de peor recuerdo del reinado de Fernando VII.[125]

A imitación de Sevilla, también en otras localidades fueron sustituidas las autoridades constitucionales, pero la participación popular causó cierta alarma en el entorno del rey.[126] El duque de San Carlos remitió el 14 de mayo una real orden a Luis Antonio de Flórez y Pereyra, el depuesto gobernador militar de Sevilla por el movimiento popular, mandando la reposición de las autoridades existentes antes del 6 de mayo, con la siguiente consideración:

Aunque S.M. se halla satisfecho de la lealtad del pueblo de Sevilla y cree que los referidos procedimientos son un efecto del decidido amor que profesan a su real persona, está también íntimamente persuadido de que ese mismo pueblo reconocerá haberse excedido en remover por sí todas las autoridades establecidas, perteneciendo esto sólo a S.M.[127]

Unos días después, el 18 de mayo, se cursó una circular reservada a los capitanes generales con instrucciones para eliminar la placa de la Constitución. Entre otras cosas, se disponía que el capitán general «debe comunicar por sí, y sin hacer mención de habérsele mandado, órdenes reservadas a quien pertenezca para que se arranque con la prudencia que corresponde, haciendo esa operación de noche, para no excitar la atención, y separándola de la presencia del pueblo».[128]

El dato es muy revelador sobre la forma de actuar Fernando VII a partir de 1814. Demuestra, en primer lugar, que no estaba dispuesto a que nadie usurpase su autoridad en materia de nombramientos o en cualquiera otra. Al mismo tiempo confirma la gran importancia atribuida por el rey al ritual simbólico en el espacio público, al igual que lo habían hecho las Cortes. Muestra, por último, el permanente propósito de Fernando VII de eludir su responsabilidad en las medidas más conflictivas y por eso dispuso que las órdenes destinadas a controlar las actuaciones populares se transmitieran vía reservada, de manera que no se achacasen al rey, el padre siempre dispuesto a escuchar los clamores de sus súbditos.

El nombre del rey había servido en los años de la guerra como nexo de unión de los españoles. Las Cortes intentaron desde 1812 atribuir esa función simbólica a la Constitución, y dispusieron que se rotulara con su nombre la plaza principal de cada localidad. En 1814, Fernando VII ordenó sustituirla por el suyo. Esta decisión no fue una simple vuelta a los usos del Antiguo Régimen, cuando todo lo dominaba la figura del rey, sino un acto de afirmación ideológica realizado de forma violenta. En su mayoría, los relatos consignan que la placa de la Constitución fue destrozada de forma airada, con muestras de odio hacia lo que simbolizaba, sin que pudieran evitarlo las instrucciones a los capitanes generales para controlar a las masas. Sin embargo, en algunos lugares las autoridades constitucionales recibieron con cierta normalidad la noticia de la instalación de Fernando VII en Madrid como rey absoluto. En Oviedo, el alcalde constitucional dirigió la operación de arrancar la lápida de la Constitución, con la excusa de evitar que las masas provocaran desórdenes, hasta el punto de que el acto adquirió rasgos de festivo.[129]

La destrucción de los rótulos de la Constitución fue una de las manifestaciones más explícitas y en apariencia espontáneas a favor del rey absoluto. Sin menoscabar el protagonismo popular, cabe preguntarse si efectivamente fue resultado de la iniciativa del pueblo. En casi todos los sitios se detecta algún tipo de preparación (por ejemplo, fueron precedidas de repique de campanas), pero el asunto está por estudiar, de manera que no sabemos muy bien quiénes movilizaron a las masas, ni siquiera el número y condición de los participantes en esas acciones, pues las noticias de la época se suelen referir, sin más concreciones, a «la multitud» o al «pueblo». En cualquier caso, está confirmado que salvo casos aislados, como los referidos de Toledo y Valencia, las lápidas de la Constitución se comenzaron a destrozar una vez que se tuvo conocimiento del Manifiesto real del 4 de mayo y, sobre todo, después de los sucesos del 10 y 11 de ese mes en Madrid, es decir, una vez realizado el golpe de Estado. En definitiva, se eliminó el nombre de la Constitución de la vía pública cuando se tuvo constancia de que el rey no estaba dispuesto a jurarla.

La confusión, evidentemente, fue más que considerable. Es probable que algunos, incluidas las autoridades locales, no llegaran a captar inicialmente el cambio político que se acababa de operar. Muchos pensaron tal vez que todo se reduciría a terminar con ciertas medidas más o menos impopulares adoptadas por el régimen constitucional, pues una vez finalizada la guerra era palpable el descontento de amplios sectores de la sociedad. Buena parte de las quejas se canalizaron sobre todo contra la contribución directa decretada por las Cortes en 1813, un sistema impositivo que gravaba especialmente a los sectores pudientes.[130] Es bien conocida, asimismo, la animadversión hacia las Cortes de las órdenes regulares y desde 1813 la del cuerpo eclesiástico en general, debido a la supresión de la Inquisición. Esto último tuvo una enorme incidencia en la creación en todo el país de una opinión contraria al liberalismo, pues el clero lo aprovechó para tildar a los liberales de enemigos de la religión, identificándolos con los grandes adversarios de los españoles, los «ateos» franceses y afrancesados que habían suprimido las órdenes religiosas y convertido templos y conventos en cuarteles, almacenes u hospitales.

A los anticonstitucionales mencionados se unieron los empleados en las jurisdicciones señoriales, cuya influencia en los pueblos tras el decreto de las Cortes de 1811 sobre la supresión de señoríos quedó sumamente reducida; los militares procedentes del Antiguo Régimen, descontentos por haber perdido su condición de máximas autoridades en las capitanías generales de las provincias tras la creación de la figura del jefe político provincial y la instauración de las diputaciones; los miembros de las audiencias y sus empleados, que habían visto reducidas sus funciones a las puramente judiciales y, por supuesto, los antiguos integrantes de los consejos suprimidos por el sistema constitucional. Por su parte, la aristocracia se hizo ilusiones de que Fernando VII desarrollaría la política esbozada en 1808 al iniciar su reinado y permitiría a la nobleza recuperar la autoridad y poder que le correspondía.[131]

Estos sectores sociales, así como quienes creyeron que con la supresión de la Constitución recuperarían el sistema foral alterado por el liberalismo, constituyeron la base sobre la que Fernando VII implantó su régimen.[132] Más dudoso es dilucidar el sentimiento popular. Como ha escrito Claude Morange, «el problema [...] es que del verdadero sentir de las masas sólo podemos saber algo indirectamente y ese algo siempre podrá interpretarse de varias maneras».[133] Algunos autores han supuesto que el grueso de los españoles se declaró en 1814 en favor del absolutismo. «Por primera vez en la historia nacional», afirma J.M. Cuenca, «un pueblo convertido en masa construyó, con su fervor clamoroso en pro del rey “absoluto”, el escenario ideal para la personificación del poder en la cúspide del trono». Otros niegan que las manifestaciones populares, a las que no conceden credibilidad, fueran determinantes en esta coyuntura.[134]

Si como sugiere Morange nos atenemos a los indicios, en mayo de 1814 fue innegable el entusiasmo popular por el rey en todo el país. Ahora bien, ¿qué suscitó ese entusiasmo? Para historiadores actuales, Morange entre ellos, no fue la restauración del absolutismo, sino la liberación del dominio francés y la paz recobrada, personificada en Fernando VII. En la misma línea mantiene Maestrojuán que el encendido fervor popular no estuvo causado por la vuelta al absolutismo, sino por la recuperación de Fernando VII, a quien se le creyó capaz de llevar a cabo la regeneración esperada desde 1808, que los liberales no habían sido capaces de realizar. Los españoles habían mantenido una prolongada y durísima guerra en nombre del rey ausente. Ahora, en 1814, llegada la paz, estaba físicamente entre ellos. El entusiasmo era la reacción lógica. Fue apasionado, porque los españoles habían mitificado al rey. «La aureola del monarca cautivo», ha escrito J. Maestrojuán en referencia a 1814, «acapara prácticamente todo el espacio del imaginario político. Al ropaje tradicional de la monarquía, se suman, en el caso de Fernando, su imagen de mártir, héroe, guerrero, buen cristiano, reo injusto.»[135]

Tercera parte

El gobierno de la monarquía

Acuérdate lo claro que siempre te he hablado; ya hace más de año y medio que te he dicho repetidas veces que el camino que llevabas, contemplando a los malos y poniéndote en sus manos, al mismo tiempo que había una propensión en perseguir a los buenos, a tus fieles vasallos, llegaría el día en que te vieses ligado de pies y manos y no tuvieses más remedio que sucumbir a la ley que te quisiesen imponer y si los buenos te quisiesen defender, te vieses en la dura precisión y en la injusticia mayor de tenerlos que perseguir de mano armada.

Carta del infante don Carlos a Fernando VII,

2 de agosto de 1826

6

El rey absoluto

La nueva política

Fernando VII había prometido en su manifiesto del 4 de mayo, como se acaba de ver, reunir Cortes estamentales para establecer «cuanto convenga al bien de mis reinos» sobre las siguientes bases: garantía de «libertad y seguridad individual y real», libertad de imprenta sin degenerar en licencia, separación de la Tesorería de los gastos de la real casa y elaboración de las futuras leyes «con acuerdo de las Cortes». Asimismo expresó su deseo de volver a poner en vigor «lo que antes de las novedades introducidas se observaba en el reino», es decir, vuelta al Antiguo Régimen.

No era posible que las hipotéticas nuevas Cortes actuaran de acuerdo con los principios indicados y se recuperara al mismo tiempo el sistema político del Antiguo Régimen. O una cosa o la otra. Las confusas «leyes fundamentales» del reino invocadas por el rey no reconocían a las Cortes facultad legislativa y no contemplaban la libertad política de los individuos ni la de imprenta. La declaración real no tenía efectos prácticos, era, como se ha dicho, un recurso para apaciguar los ánimos en el interior y contentar a las potencias europeas, en particular a Inglaterra. La prueba es que Fernando VII sólo cumplió una de sus promesas, la relativa a la separación de la casa real del resto de la administración del Estado. Algo más se hizo en el intento de restaurar la sociedad del Antiguo Régimen, si bien esta restauración se fue efectuando gradualmente y de manera parcial, pues, por ejemplo, no se derogó expresamente algo tan importante como el decreto de 1811 sobre supresión de señoríos jurisdiccionales.

Ahora bien, el sistema político establecido en 1814 no se ajustó al del Antiguo Régimen. En la idea de monarquía de Fernando VII se entremezclaron diferentes teorías, pero por encima de todo destacó su propósito de ejercer el poder sin limitación. Coincidió con el absolutismo racionalista de inspiración iusnaturalista defendido por los ilustrados de la segunda mitad del siglo XVIII, según el cual la soberanía era un atributo de la corona (potestas absoluta) del que carecían otras instancias o poderes (Iglesia, señoríos, municipios, reinos). En consecuencia, el rey estaba legitimado para intervenir en todos los asuntos de su reino, que consideraba patrimonio de su casa o dinastía, lo cual explica, entre otras cosas, que Fernando VII nunca abandonara la política regalista, como con frecuencia se lamentó la jerarquía eclesiástica.

Pero Fernando VII participó asimismo de la concepción teocrática y providencialista de la monarquía formulada a finales del siglo XVIII por los teóricos reaccionarios frente a los ilustrados y los revolucionarios franceses. De acuerdo con esta orientación, la monarquía era el gobierno natural apoyado en el derecho divino, destinado a mantener el orden eterno e inmutable creado por Dios. Para cumplir dicha finalidad el monarca estaba obligado a ejercer el poder sin restricciones, basado en los principios de la verdadera religión, la católica, los cuales constituían el único límite a la potestad real. Monarquía y religión estaban intrínsecamente unidas. En consecuencia, la primera obligación del rey era mantener la religión y guiarse por sus preceptos, lo que en la práctica implicaba, entre otras cosas, la defensa de los derechos de la Iglesia y del cuerpo eclesiástico. Los súbditos no podían objetar la autoridad del rey, pues ésta no era de naturaleza política, sino moral o religiosa. La obediencia al monarca, pues, era un precepto de la religión, un asunto de conciencia, y la relación del rey con sus súbditos no era política, sino de carácter paternal. Rafael de Vélez lo expresó de forma meridiana en 1818 en su influyente Apología del altar y del trono: los reyes han fundado la nación y la nación pertenece al rey por mandato divino; el poder del rey es el poder del padre de familia; la multitud no puede ser soberana, porque de esta manera se rompe el orden natural y se cae en la anarquía. En repetidas ocasiones Fernando VII aludió a su condición de padre, de cabeza de la gran familia constituida por sus vasallos.[1]

Fernando VII no fue rey absoluto como lo fueron sus antepasados, ni, por supuesto, rey constitucional como desearon los liberales. Gobernó de otra forma, sin ajustarse exactamente a ningún precedente específico. Como ha explicado Artola, a partir de 1814 el centro del poder quedó en las manos del rey y de un pequeño número de ministros y consejeros colocados directamente bajo las órdenes del monarca, a los que éste cambió con frecuencia. El resultado fue una nueva política dominada por una fuerza, que por el hecho de depender directamente del rey, no tenía otro límite que la voluntad real.[2] En esta situación, Fernando VII pudo ejercer el poder con más libertad que sus predecesores, aunque siempre en continua tensión, no sólo con quienes pretendían superar el sistema del Antiguo Régimen (liberales y afrancesados), sino también con los partidarios de volver al antiguo. La idea de Gobierno del monarca quedó perfectamente expresada en las dos citas de los Anales de Tácito y el libro del Éxodo que abrían el primer volumen de los Decretos de Fernando VII reunidos por Fermín Martín de Balmaseda: «Unum esse Reipublicae corpus, atque unius animo regendum» (Tat. 1, I. An.); Ego ero in ore tuo et in ore illius, et ostendam vobis quid agendan debeatis. (Exod. IV, 15)».[3]

Fernando VII puso especial empeño en convertirse en objeto de las atenciones de sus súbditos, en ser en todos los aspectos el centro único y sublime. Ocupar ese lugar no era novedad, sino consustancial a la realeza del Antiguo Régimen, pero ahora se observan matices que contribuyen, en conjunto, a configurar un escenario distinto al del tiempo anterior. Las diferencias no se perciben tanto en las ceremonias regidas por la etiqueta (besamanos, funciones religiosas y civiles), ni en los símbolos y alegorías relativos al rey, tan frecuentes en arcos de triunfo, adornos, representaciones plásticas, etcétera, sino en determinados actos, tolerados, cuando no promovidos, por el propio Fernando VII.

Una de esas actuaciones, muy repetida en todos los relatos del reinado de Fernando VII, fue la costumbre de desenganchar las caballerías del coche real a la entrada de una ciudad para ser portado por vecinos del lugar, no sólo hombres, sino también mujeres, las cuales simulaban hacerlo tirando de largas cintas. Sin ignorar su significado simbólico de sumisión, reconocimiento de la soberanía real y amor a su persona, esta forma de proceder también puede entenderse —así lo ha sugerido J. Maestrojuán— como una manera de reivindicar el pueblo su protagonismo en la lucha contra el invasor. Asimismo fue un modo de romper la histórica distancia entre los vasallos y su monarca, cuya imponente majestad quedaba encerrada en una compleja estructura ritual protectora.[4]

Existe una acusada diferencia entre la entrada de Carlos IV en Barcelona en 1802, con motivo del doble matrimonio de sus hijos Fernando y María Isabel con los príncipes napolitanos, y las efectuadas por Fernando VII en distintas ciudades desde su regreso de Valençay. Al llegar a Barcelona, Carlos IV y la reina descendieron del coche de viaje y ocuparon un carro triunfal, en el que con toda solemnidad recorrieron las calles de la ciudad hasta su residencia, seguidos de una numerosa comitiva de coches y de un complejo aparato de escoltas. El carro triunfal de los reyes fue conducido por personas designadas al efecto por la comisión formada para la ocasión por los cuerpos de comercio y fábricas, colegios y gremios de la ciudad, a cuyas expensas se había construido y adornado con ricas telas y todo tipo de alegorías.[5] En las entradas de Fernando VII en las ciudades en 1814 y años sucesivos rara vez hubo un carro triunfal similar y el coche en el que el monarca fue llevado por vecinos y vecinas por las calles era el de viaje, al que previamente se habían desenganchado los tiros. La sensación de espontaneidad y de proximidad resultaba, con mucho, superior.

Fernando VII entendió la conveniencia de superar la distancia entre el monarca y sus súbditos, y no sólo no rechazó esa manera de expresar el reconocimiento a su persona, sino que la fomentó. En septiembre de 1816, cuando su segunda esposa, María Isabel de Braganza, entró en Jerez, en su desplazamiento de Cádiz a Madrid, el pueblo intentó tirar de su coche y a poco se produjo un accidente, pues varios individuos cayeron debajo de él. Impresionada, la futura reina publicó por su cuenta un bando prohibiendo este tipo de actuaciones. El rey la desautorizó por dos motivos:

uno, porque teniendo los pueblos el gusto de tirar del coche, es disgustarlos y desagradarlos, y otro, porque no se evitan desgracias, pues tirando las mulas, como tienen más fuerza, arrollan con todo. Tengo yo experiencia de esto, pues cuando vine de Francia y ahora que he ido a los baños de Sacedón, en todos los pueblos han tirado los paisanos y no ha sucedido desgracia; lo que hay que tener cuidado es de que vayan despacio, porque ellos siempre quieren correr.[6]

Fernando no puede evitar su espíritu práctico, tanto más llamativo por cuanto la carta citada formaba parte de un epistolario dedicado fundamentalmente a expresar su amor a su prometida con las expresiones más tiernas. Sin embargo, queda bien patente su intención de facilitar el acercamiento a sus vasallos, tolerando prácticas de sumisión que no entrañaban riesgo político alguno.

Ésta fue la forma de proceder de Fernando desde su regreso de Francia. Su objetivo consistió en explotar en su favor esa inmejorable imagen de su persona, fruto de la intensa campaña propagandística desarrollada antes y durante la guerra, imagen que sobre todo se sustentaba en el fervor popular hacia el rey, en definitiva, en su mitificación. Fernando VII se percató enseguida de que su fuerza radicaba en la imagen que se habían forjado de él sus vasallos, porque después de los sufrimientos de una guerra hecha en su nombre habían puesto en él su máxima esperanza, sin importarles en exceso cuál fuera el tipo de monarquía, si constitucional o absoluta. No perdió ocasión al entrar en España para mostrarse ante la multitud y en lo sucesivo no dejó de hacerlo, hasta convertir esta práctica en hábito cotidiano. En carta a su madre la reina María Luisa le decía el 1 de marzo de 1815: «Aprovechamos el [buen] tiempo para pasear a pie por el camino de Alcalá, adonde concurre mucha gente, especialmente los Domingos, tanto que no se puede romper. Hoy hemos paseado por las Delicias y hemos visto una riña de dos perros de presa enseñados para eso, cosa que no habíamos visto nunca, y había mucha gente».[7]

El rey no se limita a acudir a las ceremonias religiosas en los templos de Madrid, visitar asiduamente conventos a la vista de todos, asistir a espectáculos públicos (toros, funciones teatrales), pasear acompañado de otros miembros de la familia real por el Prado. También se mezcla entre sus súbditos y como cualquier curioso, pero desde su majestad, participa de sus diversiones, aunque sean tan cruentas como cabe presumir la que narra. Y se deleita consignando la numerosa concurrencia (lo hace por tres veces en el breve párrafo citado), que es quizá lo que más le satisface.

Este rey, que pretendía mostrarse cercano a sus súbditos, que no dudaba en utilizar con frecuencia su mismo lenguaje, incluso expresiones coloquiales y malsonantes, costumbre que lejos de redundar en desdoro del monarca fue aplaudida por muchos, exigió total sometimiento a su autoridad y todo tipo de sacrificios por su persona. Por eso vio como algo natural que el pueblo contribuyera a satisfacer sus necesidades económicas. No le importaron las dificultades materiales de los españoles después de la guerra. Ya vimos las exigencias de dinero a las ciudades de su tránsito en el viaje de regreso de Valençay. Instalado en Madrid, continuó este ejercicio de otra forma. Los autores de una historia publicada a mediados del siglo XIX relatan que en esta época todo el mundo aspiraba a acudir a palacio a besar la mano del rey y pronunciar un discurso en su honor expresando la felicidad de verlo. Estos parlamentos, continúan con sorna, fueron a cuál más hinchado, hasta el punto de que «la retórica agotó sus hipérboles en aquella ocasión». Y a las felicitaciones «unían los pueblos y los particulares dádivas considerables», porque se decía que el Tesoro estaba exhausto y que el rey era pobre y no podía vivir con el decoro correspondiente.[8]

Esta información no parece exagerada. En el Archivo de Palacio existe documentación sobre «donativos» —así se los califica— entregados a Fernando VII en 1814.[9] Sin duda, algunos donantes trataron simplemente de expresar su satisfacción por ver al rey entre ellos, pero como es de suponer, la mayoría aspiraba a obtener un empleo y en el caso de mujeres, una pensión. Generalmente se hizo entrega de dinero, pero también hubo regalos en especie. Mariano A. Poves, de Casalarreina (Rioja), entregó 12.000 reales, y una familia de Quintana de la Serena, 8000, en ambos casos sin pedir nada a cambio. Otros, que solicitaban expresamente algún empleo o pensión, o agradecían el que tenían, entregaron cantidades muy variadas en metálico o en especie. La viuda de un militar dio algo más de mil reales y otra mujer en la misma situación, una vajilla de loza china de 420 piezas valorada en 7500 reales, ambas a la espera de una pensión. Un vecino de Cuenca ofreció un crucifijo de marfil. El contador de rentas de San Fernando, Francisco Sierra, regaló al rey 20.000 reales de los 50.000 que acababa de ganar en la lotería. Félix de Castro, ex empleado en La Habana, prometió a Fernando, y éste lo aceptó, el producto de la venta de un esclavo mulato. Fue frecuente el ofrecimiento al monarca de sueldos atrasados no percibidos (es el caso, entre otros, de Juan Ruiz de Apodaca, encargado de negocios en Londres en la época de las Cortes de Cádiz y en 1814 capitán general de Cuba, quien hizo donación de los casi 20.000 reales a que ascendía su sueldo no percibido desde 1811) o títulos de deuda pública, como el auditor de Cataluña Vicente Ocampo, quien entregó títulos que pensaba no podría cobrar por valor de unos 90.000 reales, «para los gastos de la Real Casa y no para otro objeto». No faltaron regalos de personas que con toda ingenuidad expresaban auténtico fervor por el monarca sin aparentemente esperar contrapartida: Agustina de la Fuente, antigua ama del infante Francisco de Paula, y su marido, enviaron desde Villafría (Burgos) una caja de mantecados del país, y la costurera Facunda Carmen, de Madrid, ofreció una camisa «que por el esmero y cuidado con que ha sido trabajada [...] ha merecido la aprobación de personas inteligentes en la materia».

En la relación que examinamos son numerosas las entregas de dinero por parte de eclesiásticos, en algún caso una suma elevada, como la del cabildo de la catedral de Cuenca, que ascendió a 160.000 reales. Los curas de Cañavate (Cuenca), el cabildo de la colegiata de Antequera y el párroco de Las Pedroñeras (Cuenca) dieron en torno a 20.000 cada uno. Otros clérigos entregaron sumas más modestas. Entre los donantes también hubo ayuntamientos, aunque en esta relación figuran sólo dos: el de Hinojosa del Duque (Ciudad Real), que regaló 15.600 reales, y el de Ronda, 30.000. Pero es sorprendente hallar aquí que el 17 de septiembre la Diputación de Vizcaya ofreció millón y medio de reales en virtud de un acuerdo tomado a propuesta de los diputados Francisco Eguía, a la sazón ministro de la Guerra, y Juan Escoiquiz. Recordemos que cuando estaba en Valençay, Fernando VII había exigido a esta institución exactamente esa cantidad (su cobro fue uno de los objetivos de la misión encargada al francés Louis Tassin).

Fernando VII recibió socorros económicos de sus súbditos, vítores y muestras de sumisión y todo tipo de reconocimientos en las calles, elogios y felicitaciones en palacio..., pero moral y políticamente todo eso fue superado por los sermones de escogidos predicadores. Hasta tal punto le satisficieron tales prédicas, que pidió que algunas se le repitieran y con su acusado sentido de la propaganda, hizo que se publicaran. Evidentemente, el monarca perseguía darse publicidad.[10]

Fueron numerosos los sermones pronunciados en los templos de España en 1814 para celebrar la llegada del rey católico en los que se reprobó el trato de liberales y josefinos a la religión, a la Iglesia católica y a sus ministros, elementos estos que a juicio de los predicadores formaban un todo y, en consecuencia, cualquier disposición contra alguno de ellos lo era invariablemente contra el conjunto. Estos sermones fueron parte sustancial del discurso contrarrevolucionario que se impuso en España a partir de 1814, sobre el cual fundamentó Fernando VII la vuelta a la monarquía absoluta con innegable éxito, pues como se ha demostrado, el sermón era entonces el instrumento de adoctrinamiento más importante y el más potente (llegaba a toda la población), su extensión era la adecuada para exponer de forma detenida un mensaje, los predicadores solían ser muy persuasivos y al ejercer su cometido en los templos, lugar sagrado, adquirían gran ascendiente sobre su auditorio. Es indudable que los sermones causaron impresión a un individuo como Fernando VII, siempre atento a las prácticas devotas y a los formalismos religiosos. Por esta razón nos detendremos en el examen de algunos que sabemos con seguridad que escuchó el rey, bien porque fueron predicados en su presencia en la capilla real o en otros templos de Madrid, bien porque llegaron impresos a sus manos.[11]

El mensaje de estos discursos religiosos no fue en modo alguno novedoso. Se basaba en el pesimismo antropológico de san Agustín —la historia humana está lastrada por la continuada presencia del pecado original— y en la concepción providencialista de la historia, muy en boga en estos años en los ambientes contrarrevolucionarios europeos (Bonald, De Maistre) y mantenida históricamente por la Iglesia católica, sobre todo cuando se trataba de recordar a los reyes de dónde provenía su poder y a qué debían su continuidad en el trono. La revolución —dijeron los predicadores—, así como su finalización gracias a la victoria sobre Napoleón, eran obra de la Providencia. El clero defendió machaconamente que la de la Independencia fue una guerra de religión. Dios permitió la revolución para castigar los pecados de los hombres y una vez expiados estos pecados, ha facilitado el retorno del rey. Fernando VII era, por tanto, un enviado de Dios para acabar con la revolución y salvar a su pueblo, como lo fueron los patriarcas y reyes del Antiguo Testamento. El rey no podía gobernar de acuerdo con el principio de soberanía nacional, una falacia, porque el hombre carece de capacidad para crear nuevas leyes. El rumbo de la política lo marca Dios, de modo que todo gobierno debe ajustarse a los preceptos divinos, y su finalidad ha de estar orientada a fortalecer la Iglesia católica y a sus ministros mediante la perfecta unión entre trono y altar.

Este mensaje no resultó en modo alguno extraño a los oídos de Fernando VII. De acuerdo con la tradición, él se consideraba rey por designio divino y en modo alguno por la voluntad de los españoles, como pretendieron los liberales de Cádiz. Ya lo dejó sentado en la primera frase de su Manifiesto del 4 de mayo y lo repitió machaconamente en decretos y órdenes: «Desde que la divina Providencia por medio de la renuncia espontánea y solemne de mi augusto Padre me puso en el trono de mis mayores...».

Ahora bien, los predicadores fueron más lejos. Compararon a Fernando VII con los reyes y patriarcas del Antiguo Testamento, en especial con David y Moisés. Fernando era, como David, el protegido y ungido de Dios, milagrosamente librado de numerosas y terribles persecuciones, y como un nuevo Moisés había sido enviado por Dios para conducir a su pueblo a la tierra prometida. El canónigo Jacobo de León Sotelo, examinador sinodal del arzobispado de Sevilla, exclamó en un sermón pronunciado en esa ciudad con motivo de la publicación del decreto que devolvía sus bienes a las órdenes religiosas:

¡Oh Moysés admirable, Fernando Séptimo!, como por extraordinaria providencia criado en el palacio cual siervo, quien había de ser el Señor y el Caudillo por cuya mano y nombre se había de librar Israel de Faraones, Fereseos [sic], Hebreos y demás bárbaros que se opusieron a la familia escogida en los carismas del Altísimo Vuestro Sacerdocio.[12]

Los predicadores no se contentaron con llevar a extremos inauditos, como en este caso, el encumbramiento veterotestamentario de Fernando VII. Pedro Antonio de Eguía, canónigo de Baza y predicador de número del rey, exhortó al monarca a «tomar la representación del que sois imagen sobre la tierra» y «a semejanza de este Dios hombre resucitado...» dar las leyes oportunas; de esta forma, «recibirá de vuestra real mano toda esta monarquía un influjo de Resurrección moral y política, y V.M. al mismo tiempo habrá llenado las funciones sublimes de que os ha encargado el Rey de los Reyes...».[13] La identificación de Fernando VII con Jesucristo es casi completa.

Como ha señalado Martínez Albiach, el lenguaje se teologizó. Los oradores no hablaban de «reformas», como en el siglo XVIII, ni de «renovación» o de «regeneración» de la monarquía, como en los años de la guerra, sino de «resurrección». La resurrección de España no sería resultado de leyes elaboradas por los representantes de la nación, sino efecto de decretos favorables a la religión, emanados de un rey dotado de todas las prerrogativas, a quien se le atribuye, o en ciertos casos se le encomienda, una función sacerdotal: la unión entre el pueblo español y Dios, que traducida al ámbito político era la alianza trono y altar, continuamente invocada por el pensamiento contrarrevolucionario a partir de 1814.

Ahora bien, según los predicadores a quienes nos referimos, esa alianza no se establecía entre iguales. El canónigo León Sotelo lo explicó en el sermón antes citado. Habló de Moisés, pero dedicó más tiempo a su hermano Aarón. Es decir, más que al jefe civil del pueblo de Israel, resaltó a su cabeza espiritual, al sacerdote. Moisés recibió de Dios el mandato de conducir a su pueblo, pero —puntualizó el orador— también el de llamar junto a sí a su hermano Aarón y protegerlo. «Aquí partió el señor la autoridad Real o dignidad con el Sacerdocio [...] Uno era el Príncipe para con los hombres, pero otro para con los hombres y Dios.» La preeminencia, debido a la calidad y la extensión de su autoridad, correspondía al sacerdote, pues Dios «dio al sacerdocio la dignidad, la santidad y la utilidad del Estado sobre toda otra criatura».[14]

La alianza del trono y el altar, entendida por los predicadores como mandato divino, reviviscencia del principio medieval de la primacía del poder papal sobre el real, resolvía el histórico debate entre el poder civil y el religioso, que tanto había preocupado en el siglo XVIII a los ilustrados y sobre el que se había polemizado hasta la saciedad durante las Cortes de Cádiz. El poder hegemónico era el religioso. En coherencia con ello, los autores de los sermones pronunciados ante Fernando VII se permitieron marcarle la línea política que había que seguir: ajustarse a los preceptos divinos. En la práctica implicaba que las decisiones debían estar orientadas en provecho de la Iglesia y sus ministros y en el mantenimiento del orden moral católico. El citado Pedro Antonio de Eguía exhortó al monarca:

Sentaos, Señor, en medio de vuestro reyno para darle la paz como lo hace hoy Jesucristo, según la expresión del Evangelio, esto es, para proteger el decoro del sacerdocio, para aumentar la majestad del templo, para ceñir en sus límites al poder subalterno, para abolir toda arbitrariedad en la interpretación de vuestros soberanos decretos, para desterrar la superfluidad de los trajes de escándalo [...] para engrosar las fuerzas conservadoras de la tranquilidad pública.[15]

Para cumplir este «programa de gobierno», el rey debía rodearse de las personas adecuadas, que en palabras de fray José del Salvador eran las que «hayan acreditado su incorrupción y afecto a la causa justa». Estas personas —aconsejó fray Ramón Manrique en El Escorial— había que buscarlas en la Iglesia, de ahí «la necesidad que tienen los Reyes de venir al templo, según lo manda el Señor, para consultarle y pedirle la luz en el desempeño de su alto y difícil ministerio».[16]

En definitiva, los predicadores aspiraban a que los eclesiásticos volvieran a ser los principales consejeros del monarca, como en el Antiguo Régimen. En esta línea, no tuvieron inconveniente alguno en criticar, a veces con dureza, a los ministros y empleados del Estado. Fray José del Salvador sugirió a Fernando VII que se desprendiera de «validos» y se atrevió a advertirle que no siguiera el ejemplo de Saúl, pues si bien en un momento fue escogido de Dios, perdió más tarde el favor divino por no cumplir con su obligación. «El rey que no administra con equidad el Reino, se expone a ser despojado de él», recalcó el religioso. El rey debe rodearse de buenos, eliminar a los malos y oír a su pueblo, pues los malos empleados —osó decir este fraile en presencia del monarca— «han dado ocasión al nuevo adagio, que repiten hasta los niños por las calles, a saber: Viva Fernando y vamos robando». Ostolaza hizo una denuncia parecida: «No diré con el vulgo que en la corte todo son vicios..., pero en ella hay pocos que aconsejen bien al rey».[17]

Elemento básico de la praxis política propugnada por los predicadores fue la represión. El rey que protege la religión y escucha el consejo de los sacerdotes debe mostrar firmeza frente a los enemigos de la Iglesia, «los malos». Fray José del Salvador los dividió en tres clases: los incorregibles, y por consiguiente irreconciliables, a los cuales «se deben quitar de en medio»; los que se apartaron de la causa del rey por flaqueza o cálculo equivocado, quienes si se arrepienten y abrazan el absolutismo pueden ser tolerados, pero no admitidos en empleos hasta que lo merezcan por su conducta, y en tercer lugar los débiles y volubles, de los cuales no se ocupa, aunque advierte que «se vele sobre ellos». La vigilancia es imprescindible en todos los casos, pero no suficiente y el fraile insta al rey a actuar de forma expeditiva: «Salga de vuestro Solio un rayo abrasador que aleje para siempre de entre nosotros al que con sus discursos o su conducta perturbe el orden público, y al malvado que inspire desafecto a vuestra R. Persona». No se conseguirá tranquilidad pública —prosigue— «si no se castiga el crimen [...]; el que maliciosamente cometió un delito, sufra su pena sin la menor esperanza de perdón». El catedrático del colegio de Santo Tomás de Sevilla José María Fariñas instó al rey a ser «terrible juez con los malos», a tratarlos con «duros castigos». Y fray Ramón Manrique señaló que Fernando VII tiene un «corazón sensible» que propende a la clemencia, pero debe ser justo, y como dijo David a Salomón, a propósito de Absalón, «no debes dejar impune su delito».[18]

Los oradores eclesiásticos contribuyeron de forma nada despreciable a crear un ambiente favorable a la represión. Joaquín L. Villanueva lo denunció sin rodeos: «Predicábanse [...] en Madrid sermones sanguinarios, convirtiéndose las lenguas de algunos sacerdotes en cuchillos de división, inspirando venganza, armando españoles contra españoles, y atizando la guerra doméstica con capa de zelo por el rey y la religión».[19] No anduvieron descaminados los exiliados españoles y los publicistas europeos que atribuyeron a la influencia del clero buena parte de la responsabilidad en la política represora de Fernando VII.

Los sermones pronunciados en presencia de Fernando VII al comenzar su andadura como rey absoluto tuvieron, en suma, un objetivo bien definido: convencer al monarca de que todo (no sólo el trono, sino también la superación de los peligros que siempre amenazaron a su persona) lo debía a la Providencia y estaba obligado a gobernar de acuerdo con los principios de la religión. La ley de Dios estaba por encima de la ley de los hombres y, por supuesto, esta última debía acomodarse a la primera. Éste era el significado teórico de la alianza trono-altar. Su traducción en la práctica implicaba que la acción de gobierno debería estar orientada fundamentalmente a proteger la Iglesia y a sus ministros, porque así y sólo así se defendía la religión y se seguían los designios de la Providencia. Si Fernando VII actuaba en esta dirección, sería un rey justo y merecería el dictado de católico; de lo contrario, se convertiría en déspota al estilo de Godoy, Napoleón y los reyes bíblicos que se alejaron de la presencia de Dios y dejaron de gozar de su protección como Saúl.

En 1814 Fernando VII no podía rechazar la mano del clero y dio la impresión de que estaba completamente dispuesto a seguir las orientaciones de los oradores sagrados. Convirtió en prioridad la represión (acabar con los «malos», que decían los predicadores) y no dudó en satisfacer inmediatamente las reivindicaciones más importantes de los eclesiásticos. No trató de la misma forma a la nobleza.

Pronto se vio, sin embargo, que no sólo no coincidían los intereses del rey y los de la Iglesia católica, sino que eran divergentes, porque lógicamente cada instancia tendió a incrementar su poder y esto sólo se podría lograr a costa de la otra. En la práctica, pues, Fernando VII prosiguió la política regalista que había caracterizado a sus antecesores en el siglo XVIII. La unión del trono y el altar resultó una fórmula vacía de contenido. Aunque formalmente y no sin dificultades se mantuvo en el sexenio 1814-1819, saltó por los aires en los años siguientes con el retorno del sistema constitucional, y a partir de 1823 ya no pudo recomponerse, fundamentalmente porque no interesó a Fernando VII. Ejemplo de ello fue la negativa del rey a restituir la Inquisición suprimida en 1820. Entonces, una parte del clero consideró que Fernando VII se había alejado de la Iglesia (es decir, de Dios) y se distanció de él.

Represión e imposible vuelta atrás

La eliminación de los liberales del espacio público fue desde el primer momento cuestión prioritaria para Fernando VII. Ya vimos que antes de salir de Valencia entregó al general Eguía la lista de treinta y ocho personas que debían ser detenidas en la noche del 10 de mayo. En los meses sucesivos puso el monarca todo su empeño en que se les aplicara el correspondiente castigo y prosiguieran las persecuciones.

Los encargados de desempeñar esta misión tropezaron con una grave dificultad. Los delitos por los que se pretendía juzgar a esos individuos, encarcelados por sus opiniones y actividad a favor de la Constitución, no estaban tipificados en el ordenamiento legal y las declaraciones de los numerosos delatores no contribuyeron a clarificar nada.[20] En consecuencia, las sentencias no llegaron con la celeridad requerida por el monarca. El 2 de junio, éste hizo saber a los jueces que «deseaba con ansia ver terminadas las causas». En su respuesta, los jueces se limitaron a reflejar la situación. No podían fundarse en otros hechos que los que pudieran sacar de los papeles ocupados a los presos. Además, dijeron, «no podemos contar con mucho de lo que dicen los testigos, por la generalidad con que hablan unos y la incertidumbre con que otros se producen».[21] Entre estos testigos se contaron ex diputados de Cortes como Ostolaza y el impulsor del Manifiesto de los Persas, Mozo de Rosales, los cuales bien podían ser acusados de los mismos supuestos delitos que los encarcelados, pues votaron con ellos algunas de las resoluciones parlamentarias por las que se les encausaba.

Impaciente, Fernando VII mandó pasar las causas a la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, pero las sentencias se demoraron. El 1 de julio el rey reiteró que en el plazo de cuatro días se le remitieran las causas conclusas y sentenciadas. Ante la imposibilidad de hacerlo, los jueces solicitaron su relevo, a lo cual se negó el rey. A partir de ese momento las órdenes reales para acelerar el proceso se mezclaron con las consultas de los jueces pidiendo instrucciones precisas, de modo que no se consiguieron avances significativos. Por dos veces se cambiaron los jueces, pero no llegaban las sentencias.

Harto por la demora, Fernando VII asumió el papel de juez y por real orden del 15 de diciembre de 1815 dictó las sentencias contra los liberales detenidos en la noche del 10 de mayo del año anterior. Las condenas más duras recayeron en los ex diputados Agustín Argüelles (enviado al presidio de Ceuta), José María Calatrava (al de Melilla), José Zorraquín y García Herreros (ambos al de Alhucemas). Otros encausados fueron condenados a prisión en distintos castillos u obligados a retirarse a sus lugares de origen, y los clérigos, confinados en conventos y monasterios en diferentes puntos de España. El real decreto que contenía estas penas ordenaba la salida de los condenados de Madrid en la noche del 17 de ese mes (todo se pretendía hacer con celeridad) con gran sigilo, «de modo que en siendo de día se encuentre Madrid con esta novedad».[22] Una vez más, afloran los temores de Fernando VII a la reacción de la población. Al menos el monarca no pareció estar tan seguro de los que la acción represora transcurriera con la tranquilidad y el sosiego público de los que hablan algunos historiadores.

En los años sucesivos la Gaceta de Madrid publicó nuevas condenas impuestas en otros procesos seguidos por la comisión de «causas de Estado» o «reservadas», como se llamó a la encargada de actuar contra los liberales. Algunos de estos procesos, «en los cuales se extractaban las resoluciones aprobadas o dictadas por el Rey», no habían llegado al trámite propio de sentencia, afirma Fernández Martín. No obstante, centenares de personas fueron multadas o condenadas a penas de presidio, destierro, prisión en castillos... En la lista figuraron individuos de muy diversa condición y profesión, con abundancia de empleados y cargos públicos de la época constitucional, sin que faltasen clérigos.[23]

Se ha resaltado que esta primera oleada represora de liberales de 1814 se saldó sin muertes. Así fue, pero al parecer contra la voluntad de Fernando VII. No obstante, al menos dos individuos fueron sentenciados a la pena capital: el conde de Toreno y Pablo López, conocido como el Cojo de Málaga, si bien en ninguno de los dos casos llegó a materializarse.

Toreno fue objeto especial de la indignación del rey, tanto por su condición aristocrática y su personalidad, como por sus destacadas intervenciones parlamentarias, pues había sido uno de los diputados liberales más distinguidos en las Cortes de Cádiz. Fue condenado en rebeldía, pues desde principios de mayo de 1814 había abandonado España. La noticia de su condena a muerte la recibió en Londres. El rey ordenó que no se publicara, pues podría obstaculizar las negociaciones con Inglaterra, «debido a las relaciones que tiene el conde de Toreno con el partido antiministerial del Parlamento de Inglaterra», rezaba el real decreto.[24] La sentencia del Cojo de Málaga, por el contrario, tuvo amplia difusión.

Pablo López, sastre de profesión, había sido asiduo asistente a las sesiones parlamentarias. Sus gritos desde la tribuna a favor de las medidas liberales y su participación en manifestaciones callejeras le habían granjeado popularidad. Los jueces le condenaron a diez años de presidio en Ceuta, pero Fernando VII no se conformó y por decreto de su puño y letra ordenó la revisión de la causa. La mayoría de la comisión encargada de ello ratificó la sentencia anterior, pero uno de sus miembros emitió un voto particular en favor de la pena de muerte en la horca. El rey, de nuevo mediante escrito de su propia mano, dio su conformidad a este voto particular. Conocido el caso, el embajador británico, Vaughan, entre otras personalidades, intercedió ante el rey en favor de la conmutación de la pena capital. El indulto real llegó en el último momento, cuando el Cojo de Málaga salía de la cárcel de Madrid camino de la horca, rodeado del aparato al uso.

El indulto a Pablo López fue utilizado por los panegiristas de Fernando VII para proclamar el espíritu clemente del rey, rasgo que el propio monarca puso especial empeño en resaltar con su habitual habilidad para dar a entender lo contrario de lo que pensaba y hacía. Veamos un ejemplo. El 20 de julio de 1814 visitó la Sala de Alcaldes de Casa y Corte y las cárceles de Madrid. La Gaceta ofreció la noticia en un suplemento especial. Además de encomiar el acusado interés del monarca por la suerte de los reos, informó que había indultado a varios, «entre ellos a una joven, que seducida por los malvados, se había excedido atrozmente en proferir insultos y amenazas contra la sagrada Persona del Padre de sus pueblos». El general Girón escribió a su padre:

Ya habrá usted visto en la Gaceta el rasgo del Rey en la cárcel: S.M. no permitió se impusiera a la mujer que le quería asesinar ni la más ligera pena, y le dijo: «Te pido sólo que no me quieras tan mal y que creas que, si no acertase en hacer la felicidad de los españoles, no será por falta de voluntad, ni de ocuparme exclusivamente de ello».

Todos gimotearon en la sala. El Rey no puede ser mejor; no todos los que están cerca de él son buenos.[25]

Desde octubre de 1815 el rey ya no atendió a presiones y ordenó la ejecución de los conspiradores en favor del constitucionalismo. Sufrieron esta suerte Díaz Porlier, Lacy, Richart y algunos de sus cómplices, considerados reos de lesa majestad, delito castigado con la pena de muerte por las leyes de Partidas y la Novísima Recopilación. El crimen de lesa majestad —apunta Fiestas Loza— había sido históricamente el más indeterminado de todos los delitos, pues la idea de «ofensas a la majestad» era lo suficientemente amplia para abarcar cualquier conducta molesta a los reyes; además estuvo excluido de los perdones otorgados por los reyes. Fernando VII, como muchos de sus antecesores, hizo uso de él en toda su extensión y sistemáticamente excluyó a los encausados por lesa majestad en los sucesivos indultos parciales concedidos en este periodo (1814, 1815 con motivo de su segundo matrimonio, 1817 y 1819), de manera que el perdón nunca llegó a los liberales.[26] En suma, defender la soberanía nacional y la división de poderes, principios básicos del ideario liberal, o simplemente el grito de «Viva la Constitución», podían costar la vida.

Fernando VII se debatió entre su ferviente deseo de acabar con los liberales y el temor a la repercusión internacional de las medidas represivas, pero en su ánimo se impuso lo primero y así quedó plasmado en la práctica. Por consiguiente, en Europa se le consideró un rey cruel y desagradecido, que respondía con duros castigos al esfuerzo de quienes habían luchado por mantenerlo en el trono. Este concepto empeoró considerablemente en el verano de 1814, al saberse que había restablecido la Inquisición. La noticia casi se simultaneó con otra de repercusiones no menos desfavorables para el monarca español. El 30 de mayo de ese año —precisamente el día de su onomástica— una circular prohibió la entrada en España a todos los que hubieran ocupado altos cargos durante el régimen de José I, a los militares al servicio de ese rey desde el grado de capitán en adelante, a quienes hubieran obtenido de él títulos de nobleza o alguna dignidad eclesiástica y a los integrantes de la policía josefina. En esta medida estaban incluídas las mujeres que habían seguido a sus esposos al exilio. Se permitía el regreso a las personas no comprendidas en las situaciones anteriores que hubieran salido de España con el rey José, aunque quedarían bajo estrictas medidas de vigilancia e inhabilitadas para cualquier empleo público.[27]

La represión, no había duda, afectaba a liberales y afrancesados. Esto era lo que habían aconsejado a Fernando VII los predicadores a que hemos aludido: eliminar de la vida pública a los «malos», o lo que es lo mismo, a cuantos habían apoyado las reformas eclesiásticas en uno y otro bando durante el tiempo de la revolución. Todo ello explica el giro que experimentó la Inquisición recién restaurada. Instrumentalizada por el monarca, se volcó ante todo en la represión política.

Según el general Girón, el rey opuso algún tipo de resistencia a la vuelta del Santo Oficio. «Sigue la pugna sobre el restablecimiento de la Inquisición: los apasionados dan terribles ataques al Rey», escribió a su padre el 22 de julio de 1814, un día antes de que el decreto que lo ordenaba saliera en la Gaceta de Madrid.[28] Pero si hubo resistencia por parte del rey, fue más bien escasa.

El encabezamiento del decreto del 21 de julio de 1814 fue explícito: «Se restablece el Consejo de Inquisición y los demás tribunales del Santo Oficio al ejercicio de su jurisdicción, guardando el uso y ordenanzas con que se gobernaba en el año de 1808». Un mes después, también entraban en vigor los tribunales de Lima, México y Cartagena de Indias. La finalidad de la restablecida Inquisición, según este decreto, consistía en mantener la religión católica y «preservar a mis súbditos de disensiones intestinas», las cuales —se especifica— son resultado del tiempo anterior, debido a la introducción en España por tropas extranjeras de «muchas opiniones perniciosas», al desorden general y «al poco cuidado con que se tuvo en algún tiempo en proveer lo que tocaba a las cosas de la Religión...». A los argumentos xenófobos tradicionales (las «opiniones perniciosas» siempre procedían del exterior) se añadía ahora la crítica radical a las autoridades anteriores, josefinas y constitucionales, pues unas y otras habían sembrado la anarquía y perseguido la religión con sus reformas. La vuelta de la Inquisición no se justificaba sólo con el argumento histórico de su utilidad para mantener la pureza del catolicismo en España, sino también con otro de carácter político.

Como fue habitual en este momento, Fernando VII añadió a la disposición referida un guiño aparentemente reformista. El decreto finalizaba con esta frase: «Quiero que luego que se reúna el Consejo de la Inquisición, dos de sus individuos, con otros dos de mi Consejo Real, unos y otros los que yo nombrare, examinen la forma y modo de proceder en las causas que se tienen en el Santo Oficio y el método establecido para la censura y prohibición de libros; y si en ello hallaran cosa que sea contra el bien de mis vasallos y la recta administración de justicia, o que se deba variar, me lo propongan y consulten para que acuerde Yo lo que convenga». Ciertos historiadores han visto en esto el propósito renovador que según ellos caracterizó a Fernando VII, interesado en dulcificar los procedimientos inquisitoriales. La realidad no concuerda con esta interpretación. La comisión mencionada se creó, lo cual es sorprendente, pues a diferencia de otras promesas del rey, ésta no quedó en el papel, pero sus componentes no hallaron nada digno de reforma en el Santo Oficio.[29]

En 1814, la Inquisición mantuvo formalmente la estructura y funciones del tiempo anterior a 1808. El nombramiento como inquisidor general del obispo de Almería, Mier y Campillo, fidelísimo a Roma según el nuncio Gravina y por supuesto, también al rey, apuntaba en este sentido. Pero en la práctica experimentó un notable giro, pues el renacido Santo Oficio actuó sobre todo como un organismo de represión política. No se puso al servicio de la Iglesia y del rey, sino casi exclusivamente al de este último. Con la astucia que le caracterizó cuando se trataba de disponer cualquier medida a su favor, el 3 de febrero de 1815 Fernando VII se presentó de improviso en la sede del Consejo Supremo del Santo Oficio, presidió una sesión de trabajo y visitó el archivo. Era la primera vez en la historia, afirma Henry C. Lea, que un monarca actuaba de este modo, por lo que la iniciativa tuvo una considerable carga simbólica. El rey apoyaba de lleno al Santo Tribunal, que se lo agradeció publicando en la Gaceta de Madrid el siguiente día 15 un «relamido memorial», como lo ha calificado José Antonio Escudero.[30]

El rey había hecho suya la Inquisición. Por lo que sabemos acerca de su actividad en el sexenio 1814-1819, que no es mucho, los inquisidores no olvidaron los delitos contrarios a la ortodoxia religiosa o a la moral católica, que en la mayoría de los casos se redujeron a proposiciones, bigamia o posesión de estampas o libros con «escenas escabrosas» o «escandalosas». Los acusados por esto o bien fueron absueltos, simplemente amonestados u obligados a cumplir leves penitencias espirituales, o bien no recibieron sentencia, fuera porque se consideró necesario recabar nuevas pruebas o porque se tuvo por sospechoso al delator o se le atribuyó escasa credibilidad. Sin embargo, este relajamiento no se practicó en el mismo grado con los responsables de escritos contrarios a la Inquisición o en defensa de la Constitución y de las ideas y reformas liberales. Tratándose de estos asuntos, la prohibición de los textos era segura y multados sus autores si eran localizados, cosa no siempre factible, pues la mayoría de los textos de esta naturaleza habían sido publicados en los años de las Cortes y sus autores estaban ahora exiliados o en paradero desconocido.

Lo mismo sucedió con los masones, una de las obsesiones del rey y del inquisidor general. Siguiendo las directrices de la Santa Sede, Mier y Campillo condenó la masonería en dos edictos, de enero y febrero de 1815, por atentar contra el trono y contra la religión. El obispo instó a la población a denunciar a los masones, garantizando el secreto a los delatores y prometiendo una compensación económica a quien ofreciera pruebas contra ellos. Según Ferrer Benimeli, abundaron las autodelaciones, se produjeron muchas denuncias de auténticos o supuestos masones, se cerraron logias y se confiscó su mobiliario. La campaña represiva, pues, fue un éxito. Ahora bien, salvo excepciones, las personas no sufrieron graves castigos. Si eran extranjeros, se les expulsaba y a los españoles se les obligaba a realizar ejercicios espirituales. Algunos encausados, no obstante, sufrieron un trato durísimo. Tal fue el caso del militar Juan van Halen, torturado por la Inquisición en 1817 con los procedimientos habituales, o el con el tiempo reputado geólogo Casiano de Prado, acusado de exponer ideas heterodoxas y de leer con frecuencia libros prohibidos. De Prado fue recluido en las cárceles secretas de la Inquisición de Santiago de Compostela el mismo año que Van Halen, 1817, y según declaró en un artículo publicado el 30 de septiembre de 1820 en el periódico El Conservador de Madrid, allí pasó cuatrocientos días incomunicado, sin permitírsele siquiera relacionarse con su madre, privado de todos sus libros «y si pedía en esto alguna gracia, se me reputaba criminal».[31]

Con independencia de la dureza o levedad de las penas, la represión de los masones fue la principal ocupación de la Inquisición a partir, sobre todo, de 1815, con ocasión de la proliferación de conspiraciones liberales, en las que siempre se vio la impronta masónica. Disponemos de información sobre la actuación en este sentido de ciertos tribunales, como los de Barcelona y Valencia. Tras el descubrimiento en enero de 1817 en esta última ciudad de una conspiración liberal, los inquisidores locales colaboraron activamente con el capitán general Elío en el interrogatorio de los sospechosos de estar comprometidos en la operación y en su encarcelamiento. Algo similar ocurrió en Barcelona con motivo de la conspiración de Lacy.[32] Por lo demás, hay que tener en cuenta el impacto psicológico del temible tribunal sobre la generalidad de la población. Su solo nombre evocaba todo tipo de atrocidades, de modo que en muchos individuos pudo actuar como factor disuasorio para no comprometerse en actividades políticas subversivas y, en cualquier caso, propició que algunos se decidieran a confesar su pasado, más o menos intenso, dentro de la masonería.[33]

La Inquisición, en definitiva, se puso por completo al servicio del rey absoluto y es evidente que a éste no le preocupaba tanto la heterodoxia religiosa, ni siquiera la herejía, como la disidencia política, por más que en el discurso absolutista esta última se relacionara estrechamente con la religión. Lo que realmente importaba al rey era desbaratar las conjuras y los planes insurreccionales de los liberales. Al efecto le resultaba de gran utilidad la red informativa de la Inquisición, que si bien ya no era la de antaño, seguía siendo poderosa y la más eficaz a falta de una organización policial moderna, de la que Fernando VII no dispuso hasta después del Trienio. No debe extrañar, pues, que en 1820, cuando los constitucionales en el poder suprimieron una vez más el Santo Oficio, el nuncio Giustiniani escribiera al secretario de Estado de la Santa Sede que la Inquisición se había desviado de sus antiguos fines y no atendía los intereses de la Santa Sede, es decir, la ortodoxia católica, sino los del rey, la política: «Yo, que he tenido la ocasión de conocer de cerca la organización y el sistema de este Tribunal en España, confesaré escuetamente que ni lo uno ni lo otro eran demasiado admirables y que en los días de hoy había pasado a ser solamente una Inquisición política del Estado [la cursiva es del original].[34]

Desde el primer momento se vio que la tan proclamada alianza entre el trono y el altar no iba muy lejos. En rigor, la Iglesia católica y la monarquía absoluta únicamente convergieron en el rechazo de plano de la revolución. En casi todo lo demás discurrieron por líneas divergentes, hasta aproximarse a la ruptura al final del reinado. Pero Fernando VII guardó las formas y tanto en sus actos personales, como en sus decisiones oficiales quiso dar la imagen de fervoroso rey católico, fiel a la Santa Sede, siempre dispuesto a favorecer al clero.

El cuerpo eclesiástico, ya se ha dicho, fue el más beneficiado por la política de estos años. No tardó el monarca absoluto en restaurar las órdenes religiosas, consideradas en los medios contrarrevolucionarios pilar fundamental, junto con la Inquisición, de la religión y de los tronos, que los liberales habían pretendido abatir. Una de las primeras disposiciones de Fernando VII en 1814 fue la restitución a las órdenes religiosas de sus conventos y pertenencias (decreto de 20 de mayo y reglamentos posteriores). El 31 de agosto siguiente se estableció el procedimiento que se debía seguir para la devolución de los bienes declarados nacionales por el régimen de José I, los cuales procedían mayoritariamente de las órdenes religiosas, cuyas propiedades habían sido puestas en venta tras su disolución en el verano de 1809. Los compradores de dichos bienes, calificados de «españoles desnaturalizados» y «abominables especuladores» fueron obligados, además, a «abonar el importe de los frutos que hubiesen producido o debido producir, sirviendo de presupuesto para esta regulación el producto líquido que resulte de un año común, deducido del quinquenio último».[35]

Especial relevancia tuvo en este ámbito el restablecimiento de la Compañía de Jesús. El primer paso se dio el 29 de mayo de 1815, al permitir la vuelta de los jesuitas a los pueblos y ciudades que lo habían solicitado. El proceso lo completó el decreto del 3 de mayo del año siguiente, que mandaba el restablecimiento general de la orden sin restricciones en toda la monarquía, incluyendo los territorios de Ultramar. Según Manuel Revuelta esto fue iniciativa personal y obra de Fernando VII, aconsejado por su confesor y antiguo preceptor Cristóbal Bencomo, de quien se decía, con todo fundamento, que en estos años ejercía una enorme influencia sobre el rey, en particular en materias religiosas. El 16 de julio de 1814, casi un mes antes de que Pío VII publicara la bula Sollitudo omnium ecclesiarum, por la que restableció canónicamente la Compañía en el orbe católico, Fernando VII había expresado por escrito al papa su intención de facilitar el retorno a España de los jesuitas exiliados. Por consideración hacia su abuelo Carlos III, que había decretado su expulsión en 1767, sometió el asunto a consulta del Consejo de Castilla, pero el monarca no esperó su dictamen, que no acababa de producirse (algunos sectores mantenían aún serias reticencias hacia la Compañía) y se adelantó al Consejo con el decreto del 29 de mayo, el cual, lógicamente, condicionó el posterior fallo favorable de ese organismo.[36]

El restablecimiento de los jesuitas fue un signo elocuente de la política contrarrevolucionaria de Fernando VII. El pensamiento contrarrevolucionario europeo había propagado la idea de que la revolución y la impiedad eran resultado de la expulsión de los jesuitas en el siglo XVIII. En ello abundaron las numerosas representaciones favorables a la vuelta de la Compañía dirigidas al rey en 1813 y 1814 por un buen número de obispos, cabildos de catedrales y colegiatas, párrocos y ayuntamientos. Ésta fue la tesis defendida, asimismo, por el fiscal del Consejo de Castilla Francisco Gutiérrez de la Huerta, antiguo diputado realista o «servil» en las Cortes de Cádiz. En su dictamen, fechado el 21 de octubre de 1815, más de un año después de que el rey se hubiera adelantado con el decreto de restablecimiento del 29 de mayo del anterior, el fiscal se dedicó a desmontar las acusaciones lanzadas por los ilustrados en el siglo XVIII contra los jesuitas: probabilistas, defensores de la doctrina del regicidio y de las tesis ultramontanas que establecían la primacía del poder del papa sobre los reyes. Concluyó recalcando la necesidad de la restauración de la Compañía, entre otras razones, por exigencias políticas, como arma a disposición del altar y del trono «para contener el influjo funesto de las causas de tales desastres», es decir, los ocasionados por la revolución en España y en América.[37]

En suma, Fernando VII entendió que los jesuitas, como la Inquisición, eran necesarios para la defensa del trono frente a las embestidas de los liberales y demás conspiradores corrompidos por las falsas doctrinas. Como ha explicado Enrique Giménez, los jesuitas se habían distinguido por sus escritos y actitudes en contra de la «falsa filosofía» y la revolución,[38] algo que Pío VII recordó a Fernando VII en carta personal del 15 de diciembre de 1814. La Compañía, decía el papa, se dedicaba a

propagar la Religión y defenderla de los malignos esfuerzos de los hombres impíos; en retraer a los fieles de las costumbres corrompidas, y reducirlos a las buenas, y en instruir a la juventud en todo género de letras y en la piedad cristiana [...] a cuyas utilidades se seguirán otras muchas; a saber, el amor y obediencia debida al Rey, la perpetua concordia entre sí de los Vasallos, la quietud, la seguridad, y por último, para decirlo de una vez, la felicidad pública y privada de los pueblos encargados a la autoridad de tu Real Majestad.[39]

Inquisición y Compañía de Jesús se complementaban. Si la primera era un excelente instrumento de vigilancia y represión, la segunda resultaba muy útil para adoctrinar a la juventud en la buena dirección. De ahí que Fernando VII no obligara a los colegios de los jesuitas a atenerse al plan de estudios del reino, como proponía el Consejo de Castilla. Una vez más se impuso el criterio del rey absoluto. Con todo, los frutos no fueron los esperados. Los jesuitas regresados del exilio sobrepasaron con poco el centenar, todos eran ancianos, y aunque ingresaron novicios, en 1820 fueron expulsados de nuevo de España. Por lo demás, gran parte de las temporalidades de los jesuitas habían sido vendidas, de modo que se ahondaron las dificultades económicas para poner en funcionamiento casas y colegios.

La vigilancia de las buenas costumbres y moralidad católica fue otra de las armas utilizadas con fines políticos por Fernando VII. En su calidad de protector del Concilio de Trento y de los sagrados cánones, como machaconamente repitió en decretos y reales cédulas, el rey instó a los obispos a organizar misiones en todos los pueblos y publicar pastorales para mover a sus fieles a «corregir la corrupción casi general que hay en las costumbres» y recordar a los padres su obligación de enviar a sus hijos a la instrucción doctrinal, es decir, a aprender el catecismo (decreto del 9 de octubre de 1814). Ordenó a los ordinarios diocesanos que cuidaran de que sus fieles guardaran la veneración y compostura debidas en los templos (3 de enero de 1815). Mandó a las autoridades civiles que castigaran las blasfemias, las irreverencias en los templos y «los escándalos y delitos públicos», es decir, las separaciones matrimoniales, amancebamientos, inobservancia de fiestas religiosas, injurias o desprecio al clero... (real orden del 22 de febrero de 1815). Medidas de este cariz —las mencionadas son sólo una muestra— formaron parte de una especie de campaña de recristianización de España, pues según el discurso contrarrevolucionario, tras el encarnizado ataque al clero y a la Iglesia perpetrado por liberales y afrancesados, la religión había quedado profundamente afectada.

Las decisiones referidas y otras de naturaleza diferente, pero dirigidas al mismo fin, como la restitución del impuesto llamado Voto de Santiago o el restablecimiento de los seis colegios mayores (1815), lograron que el clero, casi sin excepción, colaborara con la política del rey absoluto, celebrándolo como el restaurador de la religión en España, mientras los eclesiásticos liberales y afrancesados estaban en el exilio, recluidos en conventos o apartados de cargos influyentes. Llegados a este punto se podría pensar que había quedado superada la separación operada en el tiempo de la revolución entre el poder civil y el eclesiástico y retornaba el entendimiento entre obispos y rey. Como en el Antiguo Régimen, la Iglesia legitimaba el poder del rey de origen divino y le prestaba su colaboración. El monarca, a su vez, seguía el consejo de los obispos y actuaba desde el supuesto de que lo religioso lo impregnaba todo, aceptando que si se diera el caso, la «razón católica» debía bloquear la desmesurada ambición de la «razón de Estado» para no caer en la tiranía. Sin embargo, como ha demostrado Andoni Artola, la alianza trono y altar no fue en la práctica tan patente.[40]

En el último tercio del siglo XVIII se había producido un giro en la relación entre el episcopado español y la corona. Los obispos fueron inclinándose a favor de la Santa Sede y cada vez resultó más complicado al rey contar con ellos para sus planes políticos. Esto fue resultado de la política reformista de los gobiernos de Carlos IV, pero también y ante todo, según Andoni Artola, de la progresiva autonomía adquirida por los obispos españoles. Siguió vigente el derecho del monarca español de presentar los candidatos a ocupar un obispado, la llamada regalía de presentación, pero Fernando VII dejó de tener las manos libres. Más que de la decisión del monarca, la inclusión de un eclesiástico entre los aspirantes a una mitra dependió de sus relaciones con el episcopado y de los vínculos personales que habían determinado su carrera. Esto es, lo decisivo ahora fue la pertenencia a las redes de influencia creadas por y entre los propios obispos. Con la revolución, la distancia entre el poder eclesiástico y el civil se incrementó, hasta llegar al enfrentamiento entre los dos poderes.

La política fernandina de la alianza entre el altar y el trono pretendía, entre otros fines, el acercamiento entre el episcopado y la corona. En el plano teórico dio resultados aparentes, pero no en el práctico, en concreto en el económico. Al igual que su padre, Fernando VII tuvo necesidad de recurrir a los bienes eclesiásticos. Lo hizo siguiendo el mismo procedimiento: con el permiso previo del papa solicitó donativos y subsidios al clero y le impuso nuevos tributos, haciendo expresa alusión en todos los casos a que se trataba de aportaciones «voluntarias» y que no era la intención real contravenir la inmunidad eclesiástica. Como ha hecho notar Carlos Rodríguez López-Brea, esto fue mera palabrería, que trataba de encubrir la realidad, es decir, la imposición del poder del rey sobre el eclesiástico. Así lo vieron los propios clérigos, quienes a pesar del ambiente general represor no dejaron de manifestar su disconformidad ante los abusos del poder civil. El clero pagó las contribuciones y donativos cada vez con mayores reticencias, hubo fraudes o negativas, y a veces se produjeron protestas más o menos sonadas.

Sabemos poco sobre el particular, de manera que cualquier generalización sería precipitada, pero a juzgar por algunos indicios es patente el descontento de los eclesiásticos y su alejamiento de la política del rey, fenómeno que se acentuaría a partir de 1824. En 1817, el cabildo de la catedral de Santiago instó al de Toledo a formar frente común contra el pago por el clero de la contribución territorial acordada con la Santa Sede por el ministro de Hacienda Martín de Garay. En febrero de 1820, antes de declarar el rey su intención de jurar la Constitución tras el pronunciamiento de Riego, Juan Duro, párroco de Villanueva de la Torre (Guadalajara), se quejó por escrito ante al arzobispo de Toledo del agobio impositivo de que era objeto su parroquia y añadió que de seguir así estaba dispuesto a renunciar a ella y «si el rey gusta venir a ser cura de Villanueva, me daré por contento de dejar[la] en tan digno sucesor y yo contento me retiraré a mi casa. Que si por sus muchas ocupaciones no pudiese por sí hacerlo, que envíe un comisario regio que por ser condecorado con tales y tan brillantes títulos, no dudo que podrá ejercer la cura de almas...».[41]

Desconozco si abundaron protestas como la de Duro, cuya ironía e imagen del «rey cura» resultan sorprendentes en extremo. En todo caso, no fue el único clérigo en alarmarse ante la política regalista de Fernando VII. Sonado fue el comportamiento del oratoriano Simón López, notorio diputado «servil» en las Cortes de Cádiz. Al ser preconizado a la diócesis de Orihuela en 1815, solicitó que en el acto de su consagración episcopal se le permitiera hacer el juramento al papa sin añadir, como era preceptivo, la cláusula siguiente: «Este juramento de fidelidad a la Santa Sede sea y se entienda sin perjuicio de la fidelidad debida a Su Majestad, y en cuanto no perjudica las regalías de la Corona». Evidentemente se le denegó la autorización y finalmente Simón López juró sumisión a ambos poderes, pero en el pleito seguido por este asunto, que llegó a ser objeto de debate en el Consejo de Estado, se puso de manifiesto la connivencia de otros prelados, en particular el arzobispo de Valencia, el ultramontano fray Veremundo Arias Teixeiro. También el infante don Carlos apoyó la actitud de Simón López.[42]

La vuelta al estado de cosas anterior a 1808 era imposible. Los cambios introducidos por la revolución liberal no se podían quitar «de en medio del tiempo». Por lo demás, la línea política marcada por Fernando VII no fue la de sus antecesores. Casi medio siglo después, Antonio Alcalá Galiano lo expresó lúcidamente en una reflexión sobre este periodo: «... dándole al Gobierno todas las formas de los tiempos pasados, no se acertó a dar a los gobernados, ni siquiera a los gobernadores, la misma índole, los mismos pensamientos, los mismos usos y las mismas costumbres que tenían los españoles en 1808», en consecuencia, «la decantada resurrección de un sistema no tuvo más efecto que estar en el papel».[43]

El Gobierno

Instalado en el Palacio Real de Madrid y rodeado de sus hombres de confianza, con la opinión pública a su favor, sin Cortes ni Constitución que limitaran su autoridad, y encarcelados los opositores políticos más relevantes, en mayo de 1814 Fernando VII se consideró en condiciones de gobernar con plena autoridad. Así fue, pero previamente tuvo que despejar la importante incógnita sobre la posición de Wellington y por ende la de Inglaterra ante el giro político en España. Fernando VII tenía constancia fehaciente de la oposición de Wellington a las Cortes de Cádiz y de su acusado empeño por suprimir la Constitución de 1812, pero también sabía que ni él ni su Gobierno eran partidarios de la vuelta de la monarquía absoluta, de modo que le era necesario clarificar la situación.

Bien informado por su hermano el embajador en España, Wellington estuvo al tanto de los preparativos del golpe de Estado y, por supuesto, del ambiente absolutista dominante en el entorno del rey en Valencia. Con el ánimo de influir en Fernando VII para evitar medidas extremas —ésta fue la versión oficial—, el 9 de mayo Wellington comunicó al primer ministro británico desde París, donde encabezaba la embajada británica, su intención de entrevistarse con Fernando VII en Madrid para «tratar de conseguir que todos los partidos se muestren más moderados, que adopten una Constitución con mayores probabilidades de ser aplicable y que contribuyan a la paz y la felicidad de la nación». En la misma fecha, el ministro de Exteriores británico escribió a Wellington sobre la conveniencia de establecer en España una nueva Constitución «a la luz de los principios liberales y moderados promulgados por el propio rey», esto es, lo prometido en el manifiesto del 4 de mayo.[44]

El propósito de Wellington era sin ninguna duda laudable, pero cabe sospechar que la expresada no fuera la finalidad de su viaje, al menos la principal. A juzgar por sus cartas al ministro de Exteriores, Castlereagh, y al duque de San Carlos durante el trayecto de París a Madrid, y por su actuación en la capital española, su objetivo consistía en aprovechar la oportunidad deparada por el fin de la guerra y el inicio del reinado de Fernando VII para consolidar la alianza hispano-británica. Pero Wellington pretendía algo más, muy relevante desde el punto de vista interno español: obstaculizar cualquier eventual movimiento del Ejército español contra Fernando VII. En la prensa británica y francesa se habían difundido noticias sobre la intención de los comandantes de los dos ejércitos españoles destacados en el sur de Francia de actuar en defensa de la legalidad constitucional. Eran éstos el príncipe de Anglona, jefe del 3.er Ejército, y el general Freyre, del 4.o, en el que entre otros estaban destinados Díaz Porlier y Espoz y Mina, protagonistas poco después de sendas rebeliones contra el absolutismo.

En carta del 21 de mayo al duque de San Carlos desde Mondragón, Wellington aludió a rumores sobre algún movimiento de los mandos de esas tropas con el fin de organizar sublevaciones en las provincias, y le confiaba: «pienso que conviene actuar con extremada prudencia para tomar tiempo para la reflexión y poder asegurar la consecución de mi objetivo, que es el de garantizar la sumisión de ambos ejércitos a Su Majestad [el rey de España] y al Estado». Asimismo, le informaba de que al pasar revista al 4.o Ejército había tenido la ocasión de apremiar a Freyre y a sus oficiales «con la mayor energía a mantener la disciplina de las tropas bajo su mando y de impedir que elementos sediciosos, cualquiera fuera su carácter, pudieran influir en la conducta de oficiales y tropa».[45] Por supuesto, el británico salió airoso de este cometido, entre otras razones, porque ni Anglona ni Freyre estaban plenamente decididos a comprometerse seriamente en la defensa de la Constitución. El estado de ánimo del último lo expuso perfectamente el general Girón a su padre: «En Ortez me encontré al general Freyre con su cuerpo de Ejército, muy disgustado con el decreto de Valencia y no poco perplejo con lo que debe hacer en favor de la libertad».[46]

En cuanto a la moderación política, sin embargo, el fracaso del generalísimo inglés fue palmario. Él mismo lo reconoció. En Madrid fue muy bien acogido por el rey y sus ministros, quienes le prometieron la inmediata convocatoria de Cortes, la liberación de los prisioneros sin cargos, y el establecimiento de la independencia de los jueces, pero no halló indicios de su puesta en práctica, de modo que —confesó a Castlereagh— «me temo que he hecho poco bueno».[47] Antes de abandonar la ciudad dejó al duque de San Carlos un memorándum «sobre la conducta política que deberá adoptar Fernando 7.o al restituirse al trono y autoridad», fechado en Madrid en junio de 1814. Wellington aseguraba el apoyo político, diplomático y financiero de su país si Fernando VII se separaba de Francia, renunciaba a sus pretensiones en Italia y concertaba una sólida alianza con Gran Bretaña.[48] Fernando VII tendría muy relativamente en cuenta esta recomendación.

De regreso a Inglaterra, Wellington declaró en Toulouse a Francis Seymour, hombre de su entera confianza, que tras su estancia en Madrid había mejorado su impresión sobre Fernando VII, el cual «le había mostrado talento, firmeza y carácter».[49] En todo caso, Wellington le acababa de hacer un gran servicio. Había desbaratado el hipotético pronunciamiento constitucional de los ejércitos españoles destinados en Francia, que en ese momento quizá hubieran podido ser el único impedimento para establecer la monarquía absoluta. En la corte dio a entender que Inglaterra no sería obstáculo para que Fernando VII ejerciera su «autoridad», como figuraba en el título del memorándum que dejó. Además, el hecho de que Wellington propusiera una estrecha alianza entre ambos países basado únicamente en promesas vagas, sin garantías sobre su cumplimiento, suponía un espaldarazo al giro político de España.

Así se interpretó en el ámbito internacional el viaje de quien ya antes de Waterloo era considerado el gran vencedor de Napoleón. Friedrich von Gentz, consejero de la corte imperial austriaca y atento observador de la política europea escribió el 1 de julio de 1814 al señor (hospodar) de Valaquia, Janko Karadja, a quien informaba con regularidad de la situación de Europa: «La reciente estancia del duque de Wellington en Madrid ha mostrado finalmente a todos que el Gobierno inglés aprueba la nueva dirección de los asuntos españoles». Por su parte, la oposición británica denunció en el Parlamento que la excesiva indulgencia del Gobierno hacia Fernando VII había favorecido la restauración del absolutismo.[50]

Después de la visita de Wellington, Fernando VII constató que podía actuar sin temor a la reacción de Inglaterra. A mayor abundamiento, los despachos enviados en las primeras semanas de mayo por el embajador Wellesley fueron favorables al cambio político, del cual dijo en uno de ellos que «puede considerarse más como un acto de la nación misma que como producto del poder arbitrario del Rey».[51] En mayo de 1814, el momento decisivo para consolidar el absolutismo, Fernando VII podría pensar, pues, que contaba con el aval de la principal potencia europea.

El 4 de ese mes, un día antes de salir de Valencia camino de Madrid, el rey había nombrado su primer Gobierno tras su retorno del «cautiverio». Como ministro principal, el de Estado, designó al duque de San Carlos, quien venía actuando de hecho como tal desde finales del año anterior, pues negoció el tratado con Napoleón que permitió la salida de Valençay y mantuvo conversaciones en Valencia con el embajador británico que resultaron determinantes, como ha quedado dicho, para la ejecución del golpe de Estado. A Pedro Macanaz, otro de sus fieles acompañantes de Valençay, le concedió el Ministerio de Gracia y Justicia, importantísimo en ese momento, porque le competían los asuntos eclesiásticos y las actuaciones judiciales, o lo que en la práctica fue lo mismo, la represión de los liberales. Sorprendentemente, en Guerra colocó inicialmente al general Freyre, pero por estar entonces en Francia no llegó a ocupar el ministerio y pronto fue sustituido por Francisco Eguía, el encargado del cierre de las Cortes y de la detención de liberales en la noche del 10 de mayo. En Marina designó a Luis María de Salazar, oficial de la Armada, hombre con conocimientos científicos (se formó en las escuelas de Guardias Marinas, centros muy destacados en la enseñanza de las ciencias físico-matemáticas), pero con escasas aptitudes políticas, y quizá por ello volvería a desempeñar ese ministerio en años sucesivos. Para Hacienda contó con Cristóbal Góngora, titular de la misma cartera en 1813. Para el de Ultramar, al que enseguida se le cambió la denominación por Universal de Indias, recurrió a Miguel de Lardizábal, corredactor, como sabemos, del manifiesto real del 4 de mayo.

El número de ministerios, sus competencias y estructura interna no variaron respecto al tiempo de Carlos IV. Las novedades introducidas por Fernando VII en el tiempo conocido como Sexenio Absolutista (1814-1819) se redujeron a la supresión de Ultramar en septiembre de 1815 —en parte fue restablecido el mismo mes de 1819 con la denominación de Gobernación de Ultramar, ocasión en la que asimismo se repuso el Ministerio de Gobernación de la Península, existente en la época de las Cortes de Cádiz— y la creación en 1815 del Ministerio de Seguridad Pública, de vida breve (ocho meses), debido al conflicto de competencias con la Sala de Alcaldes de Casa y Corte.[52] Asimismo, Fernando VII prosiguió la vía iniciada en el siglo XVIII de potenciar el poder de los ministerios en detrimento de los antiguos consejos, pero pronto se vio que en este punto su propósito consistía en ir más lejos de lo que lo habían hecho sus antecesores.

Con el propósito de dar a entender que todo volvería al estado de cosas anterior a los cambios introducidos por los liberales en Cádiz, como prometiera el 4 de mayo, Fernando VII restableció los consejos suprimidos por los liberales, en primer lugar el Real o de Castilla, seguido de los de Guerra, Hacienda, Indias, Inquisición, Órdenes Militares, Almirantazgo y el de Estado. En los respectivos decretos de restauración se dijo que estos consejos volvían con la forma y funciones de 1808, pero en la práctica no fue así. Lo más relevante fue la pérdida de atribuciones del de Castilla, pieza fundamental del gobierno de la monarquía en el siglo XVIII. Aunque Fernando VII puso a su frente al duque del Infantado, uno de sus más acreditados incondicionales, el Consejo perdió su capacidad legislativa y sus sentencias, adoptadas históricamente sin intervención del monarca (los famosos «autos acordados»), dejaron de tener fuerza de ley. El rey absoluto tuvo especial cuidado en remarcar este extremo en el decreto de restablecimiento del Consejo, del 27 de mayo de 1814: «... no es mi ánimo confirmar por él las facultades de que usaban el presidente o gobernador despachando por sí y separadamente por su secretaría recursos, pleitos y otros negocios de los que abusivamente acudían a ella». El Consejo siguió siendo el más alto tribunal de justicia del reino, pero perdió casi toda su fuerza en materia política. Algo similar sucedió a los demás. El único con participación entonces en las decisiones políticas fue el de Estado, controlado de cerca por el rey, que lo presidía, y en su ausencia, los infantes don Carlos o don Antonio.[53]

El reforzamiento del sistema ministerial y la desactivación de los consejos dejaron campo abierto a la intervención personal del monarca en los asuntos de gobierno, incluso en los de carácter secundario, de modo que el funcionamiento del sistema dependió de la voluntad real. Como iremos viendo, Fernando VII designó a los ministros y a los integrantes de los escasamente operantes consejos basado en la fidelidad de los elegidos hacia su persona y en su posición contraria al liberalismo. Esto no excluye que el monarca intentara dar con los individuos que estimaba adecuados para resolver los problemas del momento, pero, como ha recalcado Josep Fontana, tales problemas fueron tantos y tan graves que hicieron imposible el acierto. Hasta el punto de que un historiador esforzado por salvar en lo posible el reinado de Fernando VII reconoce que «justificar la actuación de los Gobiernos españoles entre 1814 y 1820 es tarea absurda y de todo punto irrealizable».[54]

La preeminencia concedida al duque de San Carlos y a Macanaz en el Gobierno constituido en Valencia el 4 de mayo la explicó meses después el rey: había querido «poner bajo mis auspicios a todos aquellos que siguiendo mi misma suerte sufrieron los golpes de la esclavitud».[55] Todos los que al salir de Valençay gozaban de la confianza del monarca consiguieron cargos relevantes y fueron agraciados con la orden de Valençay, creada el 23 de agosto de 1814 para premiar su fidelidad.[56] Escoiquiz estuvo entre ellos, pero llama la atención que quien había sido el preceptor más influyente de Fernando, su consejero privado en 1808 y el interlocutor de Napoleón en Bayona, no obtuviera un ministerio o, al menos, la presidencia de algunos de los consejos restaurados. Fernando VII no se olvidó de Escoiquiz, pero le dio un cargo palatino, sin influencia en la gestión política y sin exposición ante la opinión pública.

Escoiquiz no había formado parte del séquito real en el viaje de regreso de Valençay y tampoco en el de Valencia a Madrid. El dato es importante por el alto valor simbólico de esos actos, en los que el rey y sus acompañantes se mostraron ostensiblemente ante el público para ofrecer una imagen potente de la monarquía y recibir aclamaciones. Fernando VII «escondió» a quien hasta entonces pasaba por ser su consejero más influyente. Es verdad que Escoiquiz trabajó en los preparativos del golpe de Estado, pero siempre estuvo en segundo plano, y resulta llamativo que el autor de tantos textos en nombre de Fernando en 1807 y 1808 no participara en la redacción del manifiesto real del 4 de mayo. Al instalarse de nuevo la corte en Madrid fue desterrado y encarcelado en Murcia por un breve tiempo, sin que sepamos la razón. Al poco regresó a Madrid y en junio de 1814 recibió el nombramiento de director de la biblioteca particular del rey, embrión de la posterior Biblioteca Nacional. Al restablecerse el Consejo de Estado el 31 de marzo de 1815, Escoiquiz fue designado consejero, pero a finales de junio de ese año fue obligado a abandonar la capital. A partir de esa fecha residió en San Fernando y desde el verano de 1819 en Ronda, donde falleció el 20 de noviembre de 1820.[57]

¿Por qué un hombre tan determinante hasta entonces en la vida del rey fue relegado políticamente en el momento propicio para desarrollar las aptitudes que en opinión del monarca y del interesado poseía en alto grado? Sólo caben conjeturas. La opinión pública había señalado a Escoiquiz como el principal responsable del viaje real a Bayona, y como quiera que Fernando deseara olvidar aquel episodio, en 1814 lo recluyó al ámbito privado de la corte. El destierro de 1815 puede ser explicado por otros motivos. Uno fue su enfrentamiento con Pedro Cevallos, en ese momento al frente del Ministerio de Estado y hombre fuerte en la política. Escoiquiz y Cevallos polemizaron en público acerca de la parte que cada uno había tenido para convencer al rey a hacer el viaje a Bayona.[58] Otra razón, quizá de más peso, debió de ser la memoria sobre arreglo de la Hacienda presentada por Escoiquiz al Consejo de Estado en mayo de 1815. A juicio de Josep Fontana se trató de un texto brillante y simplista, que recibió duras críticas en el Consejo, fundamentalmente porque entre las medidas para resolver el grave problema de la deuda pública el canónigo proponía la desamortización de parte de los bienes de las órdenes militares. Naturalmente, esto sublevó al sector más conservador, al que pertenecían los miembros del Consejo, y probablemente también al rey y, sobre todo, a los infantes don Carlos y don Antonio, temerosos de que cualquier cambio, aun en asunto poco relevante, abriera la espita de la revolución.[59] A pesar de todo, Escoiquiz continuó cobrando sus sueldos y no se interrumpió su relación personal con Fernando VII. En 1820 le escribió varias cartas desde Ronda con motivo del pronunciamiento de Riego, en una de las cuales, fechada pocos días antes de su fallecimiento, le agradecía el permiso recibido para volver a la corte.[60]

Dos motivos justifican esta digresión sobre Escoiquiz. En primer lugar, el ostensible contraste con el duque de San Carlos, cuyas relaciones con el rey poco habían diferido hasta entonces de las mantenidas por el canónigo. En 1814 Escoiquiz podría ser un problema para el rey, pero el aristócrata también. Este último había negociado y firmado el tratado de Valençay, tan perjudicial a los intereses de Inglaterra. San Carlos no inspiraba confianza alguna al Gobierno británico,[61] y sin embargo, cuando era vital contar con la buena disposición de ese Gobierno, Fernando VII le encargó la dirección de las relaciones internacionales. Esto es difícilmente comprensible, salvo que supongamos que Fernando VII aplicó de forma arbitraria su real voluntad. En cualquier caso, el duque sólo estuvo en el ministerio seis meses y fue cesado «por corto de vista», lo que puede entenderse en su doble sentido.

El segundo motivo que explica la atención prestada aquí a Escoiquiz es que su caso sirve para entender la forma de proceder del rey con los hombres de su máxima confianza. Fernando seguía sus consejos y les dejaba actuar a sus anchas, pero no dudaba en sacrificarlos cuando suponía que podían causarle el menor perjuicio ante la opinión pública, o eran motivo de conflictos internos entre sus allegados o, la peor de las situaciones, invadían el ámbito reservado a sí mismo. Quizá éstos fueron los motivos del fulminante cese de Pedro Macanaz, otro de los íntimos de Fernando VII en Valençay, colocado en 1814 en la primera línea de la política.

En la mañana del 8 de noviembre de 1814, acompañado del duque de Alagón y seguido a distancia por un numeroso destacamento de granaderos de la Guardia Real, el rey en persona se presentó intempestivamente en el domicilio de Macanaz, sorprendido todavía en la cama. Inmediatamente se procedió al registro de la casa. Se hallaron documentos diversos, así como papeles y dinero que probaban su venalidad en la concesión de empleos mediante el siguiente procedimiento: una mujer francesa llamada Luisa Petit, que convivía con él en calidad de ama de llaves, contactaba con los pretendientes, les sacaba el dinero y lo depositaba en casa de Jaime Doz, comerciante de Madrid. Según el real decreto por el que a continuación se privó a Macanaz de su empleo, sueldo y distinciones y se le condenó a prisión en el castillo de San Antón de La Coruña, una de las cárceles más duras, en esta operación habían participado varias personas de distintos lugares de España, lo cual confirma la dimensión alcanzada.[62]

En el real decreto se hacía constar que Macanaz «había incurrido en delitos que debía castigar severamente» el rey. No se especificaban tales delitos, pero como se mencionaban las prácticas venales, se podía suponer que el monarca no estaba dispuesto a tolerarlas. Toda una lección de moralidad y de modernidad. Pero la realidad fue muy otra. Fernando VII tenía otros motivos muy serios para registrar personalmente la casa del ministro, hasta ese momento hombre de su entera confianza. Uno fue la sospecha de que había entregado a la prensa británica, o iba a entregar —probablemente, más bien vender—, copias de las cartas a Napoleón escritas por Fernando VII en Valençay. Esto explicaría que el rey se inmiscuyera personalmente en tan llamativa actuación y que él mismo y su devoto Alagón registraran los papeles. Pero había otro motivo, asimismo de no escasa entidad política. Pocos meses antes del suceso relatado, Macanaz había pedido dictamen al Consejo de Castilla sobre la reunión de Cortes estamentales, una de las promesas del monarca en su manifiesto del 4 de mayo anterior. El Consejo echó tierra sobre el asunto y nada dictaminó, pero descalificó la iniciativa.[63]

Es muy probable que el rey estimara que su ministro se había sobrepasado en la interpretación de la voluntad real, o lo viera, al menos, como un elemento desestabilizador de su entorno. En cualquier caso, no estuvo dispuesto a tolerar lo que estimó deslealtad de Macanaz. Así pues, no dudó en valerse de la denuncia de su venalidad para deshacerse de él. El aparato empleado al efecto delata la intención de dar publicidad al asunto (era imposible que se mantuviera en secreto la irrupción del monarca en un domicilio particular) y por si esto no bastara, en el citado decreto de destitución y condena, el rey sentenció que Macanaz «ha faltado a la fidelidad de mi soberanía» y cometido «excesos». Por lo que se acaba de decir, cabe suponer que tales «excesos» no se redujeron a sus prácticas venales. Es más, ante casos similares el rey no reaccionó de esta forma. Como veremos más adelante, el ministro Alós, titular de la Guerra en 1819, no sufrió ninguna reconvención, a pesar de que el rey supo que obtenía mucho dinero por la venta de cargos en América. Tampoco recibió sanción alguna el gobernador del Consejo de Castilla Ignacio Martínez de Villela, quien según el espía colombiano Quintero, en torno a 1826 utilizaba a una de sus sirvientas para vender toda clase de empleos.[64]

Una década después de este llamativo incidente, Fernando VII nombró a Macanaz consejero de Estado «en atención a los dilatados méritos y servicios».[65] No fue el único caído estrepitosamente en desgracia y rehabilitado más tarde. El rey absoluto aplicaba su voluntad soberana.

Si el rey se conducía así con sus más íntimos y fieles, ¿qué podían esperar los demás ministros? No deben extrañar, pues, los frecuentes cambios en el Gobierno. En los seis años de que nos ocupamos, Fernando VII nombró ministros a treinta individuos, a bastantes de ellos en calidad de interinos. La duración en el cargo de los designados fue, por fuerza, breve, lo cual afectó negativamente a su gestión. Sólo seis rozaron o superaron por poco los dos años en el puesto (Cevallos, Salazar, Martín de Garay, Lozano de Torres, Vázquez de Figueroa y García de León Pizarro), la mayoría no llegó a cumplir doce meses en el puesto, algunos no pasaron de unos días, y hubo quien no llegó a tomar posesión (el general Freyre).

Las sustituciones de ministros estuvieron, pues, a la orden del día. Pero Fernando VII nunca realizó un cambio completo de Gobierno, de modo que en esta etapa más que de la sucesión de varios «Gobiernos», habría que hablar de uno solo en el que continuamente se produjeron sustituciones en las distintas carteras. Como ha observado Sánchez Mantero, este dato apoya la idea de que Fernando VII no consideraba que fracasara su política, sino los individuos encargados de ejecutarla. En opinión de Artola, la acusada inestabilidad ministerial viene a demostrar el personalismo con que gobernó Fernando VII.[66]

No puede decirse que el rey acertara en la designación de sus ministros, aun teniendo en cuenta que los mejores políticos de la época, al menos un elevado número de ellos —los liberales y afrancesados— o estaban en la cárcel, o exiliados, o habían sido excluidos de todo cargo público. Por supuesto, los ministros de este periodo fueron absolutistas convencidos, con la llamativa excepción de Martín de Garay y del general Ballesteros, conceptuados en el tiempo de la Guerra de la Independencia partidarios de la Constitución.

Hubo un grupo de ultraabsolutistas: el general Francisco de Eguía, Lozano de Torres, Miguel de Lardizábal, Mozo de Rosales y Tomás Moyano, además del duque de San Carlos y Pedro Macanaz, los fieles de Valençay. Eguía y Lozano fueron los que alcanzaron en este periodo mayor ascendiente sobre el rey y ambos mantuvieron estrecho contacto con la camarilla. Eguía estuvo muy vinculado a Antonio Ugarte y al embajador ruso Tatischev, caracterizados miembros de la camarilla, con quienes, entre otras operaciones, gestionó la compra de barcos rusos, asunto que causó gran revuelo y del que se tratará más adelante. Este general chapado a la antigua, incluso en el vestir y en el peinado (de ahí le vino el mote de Coletilla), fue utilizado por el rey como uno de sus principales agentes para la represión de los liberales. Lo fue en 1814 como ejecutor del golpe de Estado y después, tanto desde el Ministerio de la Guerra, como desde la capitanía general de Granada, que desempeñó en 1819. Jean Sarrailh lo ha calificado de «el pretoriano que demolió el sistema de las Cortes». El propio Eguía, y en su defecto un hijo suyo, actuaron con frecuencia como emisarios personales del monarca para comunicar a ministros y altos cargos su cese, casi siempre complementado con la pena de destierro.[67] Durante el Trienio Constitucional Eguía mantendrá una intensa actividad contrarrevolucionaria.

La relevancia política de Juan Lozano de Torres no fue tanta ni tan prolongada como la del anterior, pero actuó junto a él como ariete de la contrarrevolución para contrarrestar los planes de los ministros más moderados. Hombre habilidoso en la intriga y con cierto mundo (hijo de un relojero de cierto prestigio, había vivido en Suiza y viajado por Europa), al final de la guerra era comisario del Ejército en Badajoz y desde allí, con no poca osadía aderezada de adulaciones, entró en la camarilla de Fernando VII y profesó, según Vayo, «fingiendo con arte y falacia un amor a la real persona que rayaba en la ridiculez y el sarcasmo». Estas últimas palabras del bien informado cronista del reinado de Fernando VII tal vez aludan a uno de los recursos utilizados por Lozano. Consistió en convencer al rey de que ambos poseían idénticas condiciones físicas y cualidades morales, de manera que sus cuerpos y sus almas experimentaban las mismas sensaciones. Lozano se enteraba por la artimaña de un criado suyo de las indisposiciones del rey y acto seguido se presentaba ante él describiendo con detalle iguales molestias padecidas por él mismo.[68] Como sucedió a tantos otros próximos a Fernando VII, Lozano de Torres cayó en desgracia y salió desterrado del ministerio en noviembre de 1819, pero más tarde recuperó en parte el favor real. Lo sustituyó en Gracia y Justicia el impulsor del Manifiesto de los Persas, Bernardo Mozo de Rosales, personaje con escaso relieve político en este momento, pero importante en los planes contrarrevolucionarios de Fernando VII durante el Trienio.

Junto a estos caracterizados absolutistas existió un conjunto de ministros a los que se les suele calificar de «moderados», dando a entender con ello que su absolutismo, innegable, al menos no llegó hasta el extremo. Lo formaron individuos que habían servido al pasado régimen constitucional. Cristóbal Góngora, titular de Hacienda en 1814, había desempeñado el mismo ministerio en 1812-1813. Vázquez de Figueroa, ministro de Marina en 1816, lo había sido de Hacienda en 1812 y a continuación de Marina hasta abril del año siguiente. López Araujo (Hacienda, 1816) fue interino en el mismo ministerio en 1813. Salazar (Marina, 1814) lo fue de Hacienda en 1812. El marqués de Casa-Irujo (interino de Estado en 1818) había ocupado el mismo ministerio en 1812. Los más relevantes de este grupo, entre otras razones debido a la escasa entidad de la gestión de los mentados, fueron Pizarro y Martín de Garay, nombrados respectivamente para Estado y Hacienda en 1816. Además de desempeñar cargos diplomáticos de importancia, Pizarro había sido ministro de Estado en 1812 y el primer titular del Ministerio de la Gobernación del Reino creado en virtud de la Constitución de Cádiz y suprimido en 1814 por Fernando VII. Garay había sido el hombre clave de la Junta Central, de la cual fue su secretario, y miembro del Consejo de Estado creado por las Cortes de Cádiz.

Por lo que sabemos sobre estos ministros «moderados», ninguno puede ser calificado de liberal, salvo Garay. No obstante, se plantea la cuestión de por qué los llamó al Gobierno Fernando VII, empeñado en borrar el tiempo constitucional, y por qué ellos aceptaron entrar en un sistema caracterizado por la represión y la arbitrariedad, desprestigiado en Europa y entre los españoles menos fanáticos. La explicación es difícil, pues carecemos de biografías históricas de todos ellos, con la excepción de Martín de Garay. Pero precisamente el caso de éste, bien estudiado por Nuria Alonso, permite un esbozo explicativo que necesariamente es provisional, a la espera de un mejor conocimiento de la vida de los demás.

En líneas generales, la trayectoria de Martín de Garay se ajusta a un tipo de empleado público cada vez mejor delimitado por los historiadores para la España del tránsito del siglo XVIII al XIX. Se trata del hidalgo de provincias dotado de capacidad y curiosidad intelectual, que abandona la patria chica, bien porque inicia estudios universitarios o, como Garay, porque emprende la carrera militar, se convierte en servidor del Estado gracias a la protección de algún destacado personaje de la corte (también cuenta, evidentemente, la competencia del interesado) y en 1808 asume la causa nacional frente a Napoleón y se compromete en la construcción del nuevo Estado. Este individuo es, en consecuencia, un ilustrado, o simplemente un «hombre de letras», que en coherencia con su trayectoria pública, más que con sus ideas políticas, por lo general poco definidas, opta en la situación límite de 1808 por defender la patria frente a la agresión exterior y por apoyar las reformas necesarias para fortalecer la monarquía y evitar la decadencia que todos lamentan.

A partir de 1814 se produce una divergencia fundamental en este colectivo. Unos, los más comprometidos políticamente en 1808-1814 y con ideario más definido, sufren algún tipo de persecución (varios pasan por la cárcel o se exilian), mientras que otros, con una trayectoria pública hasta ese momento similar a la de los anteriores, no son represaliados y prosiguen su actividad en condiciones más o menos similares a las del tiempo anterior a 1808. Estos últimos, entre los que se cuentan Martín de Garay, Pizarro y demás ministros fernandinos «moderados», se ponen al servicio del rey, pues no conciben su vida de otra forma. Son, en definitiva, funcionarios, como ha explicado Antonio Calvo.[69] Llegado el caso ocupan cargos relevantes, incluso un ministerio. En 1820, sin embargo, acogen de buen grado el restablecimiento de la Constitución, pero suelen optar por un liberalismo de orden (el moderantismo), que en el caso de ciertos individuos no sobrepasó los planteamientos ilustrados.

Con independencia de lo que sintieran en su interior, estos hombres sirvieron con más o menos entusiasmo al rey absoluto. Evidentemente no realizaron una política liberal, sino que se limitaron a proponer medidas reformistas, en muchos aspectos muy avanzadas en relación con los aires dominantes en la España fernandina. Garay fue el exponente más claro y al mismo tiempo casi único. Entre otras reformas, desde el ministerio impulsó el desarrollo de las fábricas reales y presentó un plan de negociación con los americanos insurrectos fundamentado en la libertad de cultivos y de industria en América, en la potenciación del acceso de los criollos a los empleos públicos y en el indulto a los insurrectos. Aun siendo esto muy relevante, su obra fundamental fue la propuesta de un nuevo sistema de Hacienda, calificado por Nuria Alonso de «proyecto liberal en lo económico y en lo financiero» dirigido a la eliminación de los privilegios. Consistía en la sustitución de las rentas provinciales, que no pagaban los pudientes, por una contribución general repartida a todas las poblaciones del reino de acuerdo con los ingresos de los contribuyentes, salvo a las capitales de provincia y puertos importantes, donde se establecían derechos de puertas para los productos introducidos en el casco urbano. Como ha resumido Fontana, el sistema se fundaba en el establecimiento de un impuesto directo sobre la España rural y otro indirecto sobre la urbana, para cuya ejecución había que superar serias dificultades prácticas. Garay propuso, además, diversas medidas para el arreglo de la deuda pública, entre otras la desamortización de bienes eclesiásticos y de las fincas de la corona «no necesarias para el uso de la real persona y familia». Como era de suponer, no se hizo esperar la arremetida contra él por parte de los beneficiarios del viejo estado de cosas. En ello se distinguieron los duques del Infantado y de San Fernando, el canónigo Guillermo Hualde, capellán de honor del rey y consejero de Estado, y, por supuesto, los más reaccionarios del entorno de Fernando VII, entre otros los inevitables Eguía y Lozano de Torres.[70]

Con la misma facilidad con que nombraba ministros, Fernando VII los destituía, haciendo gala casi siempre de ese punto de desconsideración característico en él. Valgan como muestra algunos casos. El marqués de Campo Sagrado, titular de la cartera de Guerra en 1816, recibió el decreto de su cese, sin previo aviso, a la hora de la comida. A Martín de Garay le llegó a las once y media de la noche del 14 de septiembre de 1818, junto con la orden de que antes de las seis de la mañana del día siguiente él y toda su familia abandonaran Madrid, a pesar de que su esposa estaba en avanzado estado de gestación. En la mañana de ese mismo día había despachado con el rey, quien según afirmó el interesado en una carta particular le había tratado con especial amabilidad mientras tramitaba expedientes, y le había ofrecido cigarros (Fernando VII solía manifestar su conformidad o agrado hacia una persona regalándole tabaco, lo cual era considerado por el agraciado un alto honor). Algo parecido sucedió a Pedro Agustín Echevarri, encargado del efímero Ministerio de Seguridad Pública, en el que durante el poco tiempo que lo desempeñó se distinguió como avezado represor. El rey despachó con él y le regaló tabaco, pero al llegar a medianoche Echevarri a su casa se halló con la orden de destierro a Daimiel y la supresión del ministerio. También fueron desterrados al cesar en su cargo Tomás Moyano, Pizarro, Ballesteros, Pérez Villamil, Vázquez de Figueroa, Luis María de Salazar, González Vallejo e incluso Lozano de Torres.[71]

El modo de comunicar su destitución a los interesados y el subsiguiente y frecuente destierro son indicativos del ejercicio despótico del poder por Fernando VII. Ya se ha dicho que achacó los errores a sus ministros y como quiera que independientemente de su capacidad personal ninguno saliera airoso de su cometido, siempre existió una razón para su cese. De cualquier forma, rara fue la destitución no acompañada de un fracaso sonoro en la gestión o un asunto turbio, y que no estuviera precedida de presiones de la camarilla o de los sectores ultraabsolutistas.

Las presiones de la camarilla y de los ultras son perceptibles en el cese de tres ministros considerados de los más capaces de este tiempo: Martín de Garay, Vázquez de Figueroa y Pizarro. Del primero acabamos de hablar. Vázquez de Figueroa, por su parte, no pudo hacer frente con éxito al gran reto del Ministerio de Marina, consistente en conseguir los buques necesarios para luchar contra los insurgentes americanos, único medio a juicio de Fernando VII de resolver la insurrección de América. Su incompetencia en esta materia fue, a juicio de Fontana, la razón de su destitución. Sin embargo, el propio Vázquez de Figueroa, en unos apuntes de memorias inéditos, y Pizarro, en las suyas publicadas, la achacaron al polémico asunto de la compra de barcos rusos, de lo cual se tratará en el apartado siguiente. Pizarro también debió su salida del ministerio a la dificultad de hallar una solución a los problemas de América y, en concreto, a las complejas negociaciones con Estados Unidos sobre la cesión de La Florida. Aparte de un intrincado juego diplomático en el que participaron varias potencias europeas y en el que no faltaron los sobornos, en la cuestión de La Florida intervinieron asimismo los intereses particulares de íntimos del rey, entre ellos el duque de Alagón, opuestos a la gestión de Pizarro, porque pensaban hacer negocio con unas tierras que se les había concedido en aquel territorio. En la exoneración de los tres ministros mencionados influyó asimismo su posición favorable a la publicación de una amnistía a liberales y afrancesados, proyecto que no llegó a materializarse, entre otras razones por la oposición dentro del propio Gobierno de Eguía y Lozano de Torres.[72]

Mantiene Fontana que la elección y el cese de ministros en el periodo 1814-1819 no fueron fruto de la ligereza de Fernando VII y la inconsistencia de su camarilla, sino de la imposibilidad de resolver el grave problema estructural de «levantar una España postrada y en ruinas sin usar de los remedios drásticos propugnados por el liberalismo». Fernando VII y sus ministros —prosigue este historiador— pretendieron superar los graves problemas del momento (pacificación de América, solución de la deuda pública, incremento de la recaudación fiscal, fomento de las actividades económicas, reorganización del Ejército...) sin alterar las viejas estructuras y sin molestar en exceso a los privilegiados, pues de haber actuado en otro sentido, no le habría quedado otra salida que la vuelta al régimen constitucional. En consecuencia, Fernando VII achacó la responsabilidad a la incapacidad de sus ministros y los fue sustituyendo a la espera de que los nuevos estuvieran a la altura de la misión que les encomendara.[73]

La interpretación es convincente, pero no está en contradicción con la importancia de la camarilla, si la entendemos, de acuerdo con Juan Francisco Fuentes, como un factor determinante —evidentemente, no el único— del espíritu inmovilista del régimen.[74] ¿Quién convencía al rey de la incapacidad de un ministro? Si únicamente fuera su mala gestión, no se entiende, por ejemplo, que fuera destituido Martín de Garay y sin embargo se mantuviera su sistema de Hacienda hasta bien entrado 1820. O que Eguía fuera titular de Guerra en dos ocasiones (1814 y 1817) a pesar de su clamoroso fracaso en la reorganización del Ejército. O que Luis María Salazar, ministro de Marina en 1814, fuera cesado en 1816 y nuevamente designado para este ministerio en marzo de 1820 y en la «Década Ominosa».

La camarilla

Conocida la personalidad y trayectoria de Fernando VII resulta difícil suponer que en 1814 y años inmediatos posteriores se guiase únicamente por su criterio en la toma de decisiones. No se había conducido de esta manera cuando conspiró siendo príncipe de Asturias, ni en Bayona, ni durante su estancia en Valençay, ni a la hora de preparar su vuelta a España. Su proceder siempre estuvo determinado por el logro de su propio interés, para lo cual siguió los consejos, no siempre coincidentes, de sus próximos. Sin embargo, debido a su acusado autoritarismo, pero también a su inveterada desconfianza y a sus temores a todo, pocas veces se sabía de antemano qué camino tomaría, de manera que su actuación solía ser imprevisible.

Para explicar esta forma de proceder, los escritores del siglo XIX hablaron de «la camarilla», término que designa al grupo de íntimos del rey reunido habitualmente en la antesala de la cámara real o, en palabras del ministro Pizarro, la «entrada privada al cuarto de su majestad».[75] En ese lugar, afirma Modesto Lafuente, al que han seguido muchos, «entre el humo de los cigarros y la algazara producida por tal cual gracejo o chiste de la conversación, se iniciaban y fraguaban los proyectos o resoluciones que en forma de leyes se dictaban para Gobierno de la monarquía, y allí se levantaba el pedestal de la fortuna de hombres oscuros e incapaces, y se preparaba la caída de altos funcionarios o la persecución y aniquilamiento de hombres eminentes».[76]

Tal vez Lafuente fue demasiado lejos al atribuir a la camarilla funciones legislativas, pero como sabemos poco sobre su actuación, pues una agrupación de esta naturaleza deja escasos rastros documentales, no cabe descartar la existencia de insinuaciones en este sentido o, al menos, algún influjo en la resolución de asuntos de gobierno de cierta importancia. Miguel de Lardizábal, sumamente despechado tras su salida del Gobierno en 1815, afirmó más tarde que el rey había dado de su puño y letra decretos y providencias por consejo de la camarilla sin contar con los ministros e incluso contra la voluntad de ellos; «esto», recalca, «me sucedió a mí muchas veces y a los demás ministros de mi tiempo». El espía colombiano Tomás Quintero atribuyó a la camarilla algunas de las decisiones importantes adoptadas contra los nuevos países americanos. Todo ello es más que probable, pero no cabe duda de que el rey dio crédito a las denuncias lanzadas contra ciertas personas por los que se reunían en su antecámara y se dejó influir por ellos en nombramientos y destituciones. En 1818, Flórez Estrada decía al rey en su Representación en defensa de las Cortes: «Yo no dudo que los oscuros personajes de esa Camarilla secreta tratarán de alarmaros, persuadiéndoos [...] que yo soy un enemigo de los tronos, del orden y de la religión». A su vez, Pizarro se quejó de la intervención «de lo que llamaban camarilla» en nombramientos de oficiales de su propio ministerio y en el cese en el suyo del marqués de Campo Sagrado. Es muy posible, por citar sólo otro ejemplo, que las prácticas de venalidad de Pedro Macanaz llegaran a oídos del rey a través de la camarilla.[77]

Alejandro Oliván, uno de los mejores tratadistas del siglo XIX sobre la administración española, describió la gestación de la camarilla —emplea esta palabra con el significado que le damos actualmente— en una obra publicada en París de forma anónima en 1824 con el título: Ensayo imparcial sobre el Gobierno del rey don Fernando VII. Oliván debía tener información de primera mano, pues había estado muy relacionado con el infante don Antonio y con Antonio Moreno, el inseparable servidor del monarca. Además, en 1823 fue secretario del rey con ejercicio de decretos.

Según Oliván, Fernando VII siempre pretendió enterarse de las quejas y peticiones contenidas en los memoriales que le llegaban, que examinaba personalmente y algunos los contestaba de su puño y letra. Para facilitarle la tarea recurrió a un grupo de sirvientes para que le ayudaran a poner la fecha y otras formalidades. Poco a poco, esos individuos lograron prebendas para sus amigos y al mismo tiempo se atrevieron a ofrecer noticias al rey sobre los méritos o defectos de los solicitantes de cargos y otras mercedes. Como el rey atendió algunos de esos avisos, los de la camarilla fueron tomando mayores vuelos. A la vez entraron en el grupo otros sujetos que no eran de la servidumbre del rey, «los cuales, manifestando el mayor interés por el bien público, anunciando revelaciones importantes y censurando con misterio y sutileza las operaciones de los ministros, empezaron poco a poco a meter la mano en los negocios del Gobierno».[78]

La falta de documentación directa impide determinar qué hicieron exactamente y quiénes fueron esos individuos. Algunos autores mencionan, entre otros, a Ostolaza, Escoiquiz y al nuncio Gravina. El primero, tan unido a Fernando durante el primer año en Valençay, tal vez asistió a alguna reunión, y a juzgar por varios testimonios, ejerció junto con el duque de Alagón de acompañante del rey en sus salidas nocturnas, pero pronto cayó en desgracia y fue obligado a residir en Murcia como canónigo de su catedral. Escoiquiz, como sabemos, abandonó la corte en 1815, y Gravina dejó la nunciatura al año siguiente. Los tres fueron asiduos asistentes al cuarto del infante don Antonio y si a partir de ahí pretendieron formar una camarilla, no del rey, sino de su tío, no dispusieron de tiempo para avanzar gran cosa. Tras el matrimonio de Fernando VII con Isabel de Braganza se habló de la camarilla de la reina, pero no parece que llegara a cuajar, si es que hay que dar crédito a ese rumor, que Pizarro desmiente en sus memorias. Más tarde se fue constituyendo un círculo de influencia en torno al infante don Carlos.[79]

Individuos señalados por los contemporáneos como integrantes de la camarilla de Fernando VII fueron el duque de Alagón, Antonio Ugarte, Pedro Collado (Chamorro), Domingo Ramírez de Arellano, Lozano de Torres, Eguía y el embajador ruso Tatischev. Éstos, y tal vez también Isidro Montenegro, uno de los criados que acompañaron a los príncipes a Valençay y a su regreso fue el encargado del mobiliario y guardarropa en los palacios reales, constituyeron el núcleo, o lo que podríamos denominar camarilla permanente. A ellos se unieron esporádicamente otros, como Cecilio Corpas. También se citan los nombres de otros servidores del rey, entre ellos Fermín Artieda y Antonio Moreno, fieles a Fernando desde que era niño, como sabemos. Ahora bien, en el caso de estos dos últimos tal vez se confunde la confianza o deferencia del monarca hacia ellos con su pertenencia a la camarilla, aunque no es improbable que más de una vez fueran encargados de alguna misión informativa o asistieran a las reuniones íntimas del rey.

Dos de los integrantes del núcleo de la camarilla, el duque de Alagón y Chamorro, gozaron siempre del favor y confianza del monarca, cosa extraordinaria tratándose de Fernando VII. Ugarte cayó momentáneamente en desgracia, recuperó durante un tiempo la intimidad del rey, y finalmente volvió a perderla, aunque no por completo. De la trayectoria de Ramírez de Arellano no sabemos nada. Caso aparte es el de Tatischev, tanto por su condición de extranjero, como porque desempeñó un cargo oficial relevante: fue el representante de Rusia en la corte española. De los ministros Eguía y Lozano de Torres ya hemos hablado.

Francisco Fernández de Córdoba y Glymes, a quien Fernando VII concedió en junio de 1814 el título de duque de Alagón con grandeza de España de primera clase, era hijo segundo del conde de Sástago y, en consecuencia, miembro de una rancia familia de la nobleza aragonesa. Como tal, fue destinado muy joven a la Iglesia (ocupó el puesto de abad laico del monasterio de Tolosa, en Navarra), pero pronto abandonó el ámbito eclesiástico e ingresó en la Guardia de Corps. Su carrera castrense no desmereció de la de la mayoría de los militares nacidos en la segunda mitad del XVIII: participó en la frustrada toma de Argel, en la guerra contra la Convención francesa y en la campaña de Portugal de 1801. Con motivo de la boda de Fernando en 1802 fue ascendido a teniente general. Como el duque del Infantado y tantos otros fernandinos notables estuvo en Bayona y firmó la Constitución de 1808. Regresó a España con José I en calidad de chambelán de su corte, pero tras la batalla de Bailén se cambió de bando. Luchó contra los franceses en el Ejército de Castaños, luego en el del Centro, mandado por el duque del Infantado, y después desempeñó cargos militares de importancia. Hasta tal punto se ganó la consideración de las autoridades patriotas que la Junta Central lo nombró en 1810 virrey de Nueva España, cargo que declinó.

En 1814 se presentó Alagón ante Fernando VII cerca de Valencia, en Jérica, poniendo a su disposición la Compañía Segunda de Guardias de Corps, que mandaba. Parece que ahí comenzó su estrecha relación con el rey, quizá porque en el momento en que este estaba más necesitado de apoyo militar, le ofreció el suyo sin condiciones. A partir de entonces le llovieron cargos y gracias: comandante en jefe de la Guardia de Corps (julio de 1814), Gran Cruz de Carlos III (1815), consejero de Guerra (1816), caballero de la orden del Toisón de Oro (1819). En 1820 perdió todos sus puestos, pero desde 1823 volvió a brillar en la corte y en la Guardia de Corps, cuerpo del que de nuevo fue su máximo jefe. En 1831 ascendió a capitán general. En la ceremonia de deposición del féretro de Fernando VII en el panteón de El Escorial dos años después, fue él quien hizo el llamamiento de rigor por su nombre al monarca para constatar que estaba muerto. De acuerdo con no pocos testimonios de los contemporáneos, Alagón se movió a sus anchas en palacio, actuando como una especie de conducto ineludible para llegar hasta la persona del rey.[80]

A diferencia de Alagón, Pedro Collado, Chamorro, natural de Colmenar Viejo, no alcanzó puestos ni honores relevantes. De barrendero de palacio llegó en 1816 a primer encargado de la guardarropía de S.M. A su muerte, ocurrida en 1827, desempeñaba este cargo.[81] Además de una especie de bufón, que, al decir de Vayo, divertía al rey con su lenguaje truhanesco y su cómica garrulidad, Chamorro fue siempre los ojos y los oídos de Fernando en palacio y fuera de él. Espió a cuantos se movían en el entorno del rey y llevó a su amo todo tipo de rumores, así como las opiniones de las capas populares. No sería aventurado suponer que actuó como una especie de director de otros criados del rey para hacerle llegar chismes y rumores.

Antonio Ugarte y Larrazábal también era de origen humilde, pero enseguida alcanzó una elevada posición económica y política. Nació en Pancorbo, Burgos, de padres alaveses, y muy joven se trasladó a Madrid. Parece que comenzó trabajando de mozo de cordel o recadero al servicio del consejero de Hacienda Juan José Eulate. Luego ejerció los más variados oficios, desde escribiente a maestro de baile. Su despejo y habilidad en el trato con las personas le permitieron hallar un empleo en Hacienda como agente de ventas, cometido que asimismo desempeñó para los Cinco Gremios Mayores de Madrid. Aunque vil y grotesco —dice de él Pío Baroja—, era sagaz, emprendedor y aventurero, de ingenio extremadamente vivo, y nunca le importó para quién trabajaba si obtenía provecho personal. Durante el reinado de José Bonaparte continuó de agente de los Cinco Gremios, «sirviendo indistintamente a españoles, a franceses y a sus respectivas señoras, sacando de todos el partido más ventajoso».[82]

En los años de la guerra Ugarte proporcionó informes sobre los franceses a la Regencia española y a ciertas personalidades, entre ellas el general Elío, y contactó con el embajador ruso en Madrid, conde de Strogonoff, quien lo recomendó a Tatischev, su sucesor cuando Fernando VII volvió al trono. Gracias al embajador ruso, Ugarte intimó con el general Eguía y bien por influjo de cualquiera de los dos o tal vez por mediación de algún otro, entró en la camarilla del rey y se convirtió en uno de los principales confidentes de Fernando VII. También en un hombre rico. Así lo mostró Vicente López en el excelente retrato que le hizo junto a su esposa, hoy en el Museo del Pardo, donde —comenta J.L. Díez— ambos aparecen con impostada elegancia, ella con rica vestimenta y espléndidas joyas, y él con la banda de la orden del Toisón de Oro, la Cruz de Danebrog de Dinamarca, la insignia de la orden rusa de Santa Ana y otra condecoración extranjera. En 1819 fue recluido en el castillo de Segovia, pero enseguida recuperó el favor real y durante varios años su influencia fue más que notable. En 1825 cayó en desgracia y hubo de abandonar España.[83]

Estas someras notas biográficas de los integrantes del núcleo de la camarilla ponen de manifiesto la heterogeneidad de su origen social, de su pasado y de su suerte durante el reinado de Fernando VII. Se mezclaron aristócratas (Alagón y Tatischev) con individuos de la clase baja (Chamorro y Ugarte); unos habían servido al rey José (Alagón, Ugarte; este último como agente doble), otros no salieron de la servidumbre de Fernando (Chamorro y Domingo Ramírez de Arellano) y es notable la presencia de un extranjero (Tatischev). Dada esta diversidad, resulta difícil suponer que los individuos mencionados actuaran como una especie de equipo o grupo definido; menos aún que trataran con el rey de los mismos asuntos y en idéntica dirección. Más bien habría que entender la camarilla como un conjunto de individuos utilizados a su conveniencia por Fernando VII, con los que se sentía a gusto porque le divertían, porque agradecía sus muestras de adulación, porque eran hábiles para la intriga o porque se trataba de gente mediocre sobre la que le era fácil al rey imponer su superioridad y de la que, como escribió Arzadun, no podía recelar dominio.[84]

Aun en el supuesto de que se intentara negar la existencia de la camarilla, es patente la influencia de los mencionados en la política, si bien sería de todo punto inexacto suponer que marcaran su rumbo. La camarilla no fue un Gobierno en la sombra, ni un órgano consultivo dotado de alguna organización, pero de su existencia e influjo político, mantiene Artola, no cabe dudar. Comellas rebaja su importancia y le niega influencia en los asuntos graves de Gobierno, pero afirma que «el círculo de amistades de Fernando fue centro de discusiones políticas, de manejos administrativos, de críticas y espionajes, de cuentos y chascarrillos y de tramas de aventuras amorosas».[85]

El secretismo fue un rasgo esencial de la camarilla. A diferencia de los consejeros privados que siempre han rodeado a los reyes, los de la camarilla —resaltó Oliván— actuaron en el ámbito cerrado de las dependencias de palacio sin que el público supiera qué asuntos ventilaban y en calidad de qué cargo o función, y no refrendaron nada con su nombre. El efecto de sus informes y sugerencias sólo lo conocían los perjudicados o beneficiados cuando ya el monarca había tomado la decisión. Por esta razón se achacó a la camarilla cualquier cosa, dando lugar a todo tipo de elucubraciones, pero por el mismo motivo, sus intrigas y ataques personales fueron muy eficaces. «¿Quién puede considerarse seguro en su puesto, si un oscuro intrigante se vale de todo género de arterías y vilezas para dejarlo vacante y apoderarse de él o dárselo a algunos de sus amigos?», escribió Oliván.[86]

La camarilla, en suma, habría que entenderla como un grupo de presión basado en la intriga y la adulación al rey. Esto es, una forma de hacer política de cariz absolutista que al menos persistió, como ha puesto de relieve Isabel Burdiel, hasta el tiempo de Isabel II, y significó la perversión del espacio público, cada vez más diferenciado del privado de la corte, por un círculo de poder informal que se guiaba «por intereses no ya privados, sino íntimos y decididamente sexuales».[87]

Los miembros de la camarilla hicieron alarde de su influencia y cercanía al rey, y se ufanaron de un poder que no se sabía bien si era real o imaginario. El ministro Pizarro ofrece en sus memorias una idea de la manera de actuar Ugarte:

Al principio [de la entrada de Pizarro en el Ministerio de Estado] se me presentaba Ugarte en la Secretaría a preguntarme si quería algo; la pregunta era clara, pues se reducía a emplear su influjo y maña en la camarilla para esta o la otra idea mía, como mudanzas de ministros, destierro de personajes, frustrar tal negocio o hacer prosperar tal otro u obtener gracias extraordinarias; en fin, para todo lo que no era regular y que un ministro decentemente no puede proponer en sí [...] Acostumbrado a hacerse el necesario a los ministros, a punto de entrar y salir, y aun sentarse familiarmente en el sillón ministerial, se picó de mi indiferencia.[88]

Puede que Ugarte se sobrepasara en ciertos, detalles, pero es difícil suponer que procediera así sin el consentimiento del rey. Es más, tal vez lo hacía por encargo expreso. Sin comprometerse, era un modo de informarse Fernando VII de la dirección en que pretendían moverse sus ministros y calibrar su confianza en ellos. Quizá esto explique la entrada en el Gobierno de algunos hombres de la camarilla o que en ciertos asuntos Fernando VII encomendara a alguno de ellos la función de vigilante o de genuino intérprete de su voluntad. Ugarte desempeñó este cometido en dos ocasiones muy señaladas: la compra de barcos a Rusia y la organización en 1819 de la gran expedición militar a América.

Desde la conclusión del Congreso de Viena, el zar Alejandro I había mostrado interés por ganar influjo sobre los Borbones restaurados como medio de contrarrestar el poderío de Inglaterra y el auge adquirido por Austria en la península italiana. Al efecto, envió a dos importantes hombres a su servicio a París (Pozzo di Borgo) y a Madrid (Tatischev). Como venimos diciendo, este último utilizó todos sus recursos para influir sobre Fernando VII. En Madrid se sirvió de Ugarte como hombre de su confianza; previamente había utilizado en San Petersburgo al encargado de negocios español Cea Bermúdez, relacionado con Ugarte desde tiempo atrás, ya que en 1810 Ugarte había conseguido de las autoridades josefinas el pasaporte que permitió a Cea Bermúdez viajar a la corte del zar para hacerse cargo de la representación diplomática española. Tatischev, Cea y Ugarte contaron con Pizarro, entonces embajador español en Prusia. El grupo era partidario de romper el aislamiento internacional de España, lo cual exigía, entre otras acciones, el reconocimiento formal del Acta Final del Congreso de Viena y la adhesión de España al tratado de la Santa Alianza concertado en septiembre de 1815 entre Rusia, Prusia y Austria. Como el ministro de Estado Cevallos era contrario a dar estos pasos, el bloque pro ruso hizo lo posible por lograr su destitución. La oposición de Cevallos al matrimonio del rey con María Isabel de Braganza facilitó las cosas y el 30 de octubre de 1816 Pizarro accedió al Ministerio de Estado. Desde ese momento fue manifiesta la influencia de Rusia sobre la política española. En 1817, a su vez, terminó el aislamiento internacional. España se adhirió oficialmente a la Santa Alianza, firmó el Acta Final de Viena, concertó con Inglaterra un tratado para terminar con el tráfico de esclavos y vio desbloqueado el cobro de las indemnizaciones adeudadas por Francia a causa de la guerra de Napoleón.[89]

España carecía de los barcos de guerra necesarios para transportar tropas a América con que sofocar los movimientos independentistas, y dado el estado del erario público, se antojaba imposible desarrollar un programa de construcciones navales capaz de resolver el problema. La solución pareció llegar providencialmente de Rusia. Consistió en la compra de barcos a este país, los cuales podrían ser pagados con la indemnización de 41,5 millones de reales a la que se había comprometido Inglaterra en virtud del tratado bilateral sobre el cese del tráfico de esclavos. La idea surgió del trío formado por Tatischev, Ugarte y Cea Bermúdez y contó con el apoyo del ministro de la Guerra, Eguía.[90] El rey la acogió con entusiasmo. En agosto de 1817, Eguía y el embajador Tatischev firmaron el acuerdo por el que Rusia vendía a España cinco navíos de línea de 74 cañones y tres fragatas de 44 por un total de 68 millones de reales. Tras varias peripecias, originadas sobre todo por las malas condiciones meteorológicas, que dañaron los barcos, la flota arribó a Cádiz en febrero de 1818. La noticia fue muy celebrada. En un artículo aparecido unos días después en la Gaceta de Madrid se atribuyó todo el mérito a Fernando VII, con frases de este tenor: «el Rey ha entablado y continuado el negocio por sí mismo hasta su feliz conclusión».[91]

El compromiso personal del rey no podía quedar más patente. Sin embargo, lo que ante la opinión pública se presentó como un triunfo, se tornó enseguida en fracaso. Los navíos quedaron abandonados durante varios meses en el puerto de Cádiz, sin carenarlos ni reparar los desperfectos originados por su travesía desde Rusia, y cuando se pretendió utilizarlos estaban inservibles. El escándalo fue considerable. Se esparcieron rumores y calumnias de todo tipo, bien contra el ministro de Marina, Vázquez de Figueroa, acusado de haber emprendido un negocio ruinoso para España con el fin de enriquecerse él mismo y de impedir la lucha contra los insurgentes americanos, bien contra individuos de la camarilla del rey, en concreto contra Ugarte, también inculpado de enriquecimiento. Se habló asimismo de que los barcos eran de construcción antigua y en el momento de la compra ya estaban inservibles. Según estudios recientes, los barcos no eran antiguos y aunque construidos con una madera no apropiada para aguas cálidas, podían haber sido puestos en uso si se les hubieran efectuado las reparaciones oportunas.[92]

No interesa entrar ahora en más detalles, sino señalar un dato muy relevante: la forma de dirigir el rey la operación fue totalmente irregular. En lugar de encargarla al ministro de Marina (Vázquez de Figueroa se enteró de las negociaciones con Rusia cuando ya estaban cerradas), la encomendó al de la Guerra y a Ugarte. De hecho fue este último el principal ejecutor, como reconoció él mismo.[93] Es más, mientras se llevaba a cabo la compra de navíos rusos, Vázquez de Figueroa había propuesto al rey, y este aceptado, la adquisición de varios barcos de guerra al astillero de Burdeos y la construcción de otros, todo bajo supervisión del competente ingeniero naval Honorato Bouyon. El responsable de Marina no estuvo inactivo en la reconstrucción de la flota española de guerra. Sin embargo, el rey lo marginó en la compra de los barcos rusos, asunto que le competía de lleno. Cuando estalló el escándalo cargó toda la responsabilidad sobre él y lo cesó en el ministerio. Es patente, pues, que no fue exactamente su incompetencia lo que motivó la salida del ministerio de Vázquez de Figueroa.

Poco después del asunto de los barcos rusos se procedió a la organización de una gran expedición a América. En nota autógrafa, fechada el 1 de julio de 1819, comunicó el rey a Ugarte:

Ugarte: con el laudable objeto de que no padezca el menor atraso el apresto y salida de la grande expedición, te autorizo para que durante mi ausencia en Sacedón despaches, sin perder correo, la correspondencia relativa a dicha expedición y todas sus incidencias, sean las que fueran, dándome aviso de todo lo que hagas para mi inteligencia y caminando de acuerdo con Alós, que deberá firmarla.[94]

El teniente general José María Alós era desde el 13 de junio de ese año ministro de la Guerra, pero asunto tan importante y en el que se ventiló mucho dinero para el apresto de hombres y barcos destinados a la que se pensó sería la definitiva expedición para poner fin a las rebeliones americanas, lo confió el rey a Ugarte, quien no desempeñaba cargo alguno que lo justificase. La irregularidad era de nuevo manifiesta y la confusión subsiguiente llegaría a ser notable.

Pedro Girón, sucesor de Alós en el cargo en 1820, afirma que al ocupar él ese puesto pidió el sello del ministerio al portero, quien le dijo «que estaba en casa del señor Ugarte, pues este despachaba lo más [la cursiva es mía] del señor Alós [...] y todo lo relativo a la expedición de Ultramar, que se convirtió en revolución». Recalca Girón que el ministerio estaba desatendido por completo (expedientes atrasados de diez o más años, reales órdenes firmadas en 1817 y no remitidas a los destinatarios...), pero abundaba en dinero, porque Alós y los oficiales del ministerio exigían una gratificación mensual a los beneficiados con empleos vendidos en América. Refiere asimismo que mediante el procedimiento habitual de la esquela manuscrita, el rey había ordenado al ministro: «Alós: del fondo de tu secretaría entregarás a Ugarte un millón para la expedición».[95]

En 1819, durante la preparación de la expedición a América, la confianza del rey en Ugarte era total y muchos los encargos delicados que le encomendó. Dos años después, en el informe confidencial al rey antes citado, explicó Ugarte la naturaleza de las «confianzas privadas que he debido a la bondad de V.M. y del Ministerio de la Guerra y aun del de Estado». Eran «actos confidenciales y no ministeriales, a los cuales sabe V.M. mejor que nadie que he sabido corresponder como hombre de honor». Por venir todo del rey, ya en tiempo constitucional, Ugarte se negó a dar cuenta, cuando se lo pidió el ministro de Hacienda Canga Argüelles, de los caudales «que había manejado con destino a la Expedición de Ultramar y demás comisiones que me fueron confiadas por el Gobierno [la cursiva es del original]».[96]

Una de esas comisiones especiales encomendadas a Ugarte estuvo relacionada con la conspiración de El Palmar. Dos oficiales que formaban parte de las tropas acantonadas en Cádiz para zarpar hacia América denunciaron la existencia de un complot entre sus mandos, en el que estaba comprometido nada menos que el general en jefe Enrique O’Donnell, conde de La Bisbal. El rey ordenó a Lozano de Torres que reuniera secretamente en su casa al ministro de la Guerra y a Ugarte para que le informaran sobre el asunto. Los tres concluyeron que la denuncia carecía de fundamento, que podía ser una maniobra para paralizar la expedición y que La Bisbal era totalmente fiel al rey. La carta en que Lozano comunicó esto al monarca terminaba así: «En fin, señor, tranquilícese V.M. porque a pesar del recelo con que veo todas las cosas, me parece que esta vez no está el riesgo tan próximo». Dos días después, se producían los sucesos de El Palmar, que sólo aparentemente —apunta C. Morange— daban la razón a los sagaces informadores del rey, pues si la conspiración fracasó, no fue porque no existiera, ni porque O’Donnell no estuviera inicialmente comprometido en ella, sino por la traición de este general a sus compañeros.[97]

Fuera por este informe o por el malestar general de muchos hacia la gestión de Ugarte, debido a las contribuciones especiales para sufragar la expedición a América, el rey, como era habitual, cortó por lo sano y para acallar a la opinión pública castigó a sus servidores: Lozano de Torres fue destituido en el ministerio y Ugarte encerrado en el castillo de Segovia, del que paradójicamente salió en 1820 tras el triunfo del constitucionalismo.

Entre los servicios dispensados al rey por los miembros de la camarilla no quedaron excluidos los de carácter estrictamente privado. El fenómeno de la camarilla, ha escrito Isabel Burdiel, «tuvo desde el principio una fuerte connotación sexual y estuvo ligado a la existencia de una vida amorosa extramatrimonial por parte de los monarcas a la cual se atribuyó una capacidad de influencia política que trascendía el ámbito íntimo».[98] No parece que esa influencia fuera tan relevante en el caso de Fernando VII como lo fue en el de su hija Isabel II, pero las salidas nocturnas del rey a casa de una mujer llamada Josefa Montenegro, conocida como Pepa la Malagueña, donde al parecer acudían mujeres elegidas por el duque de Alagón para divertir al rey,[99] tuvieron alguna trascendencia, al menos, en la vida interior de palacio.

Los escritores del siglo XIX, seguidos en este punto por muchos del XX, mencionan las relaciones de Fernando VII con Josefa sin aducir pruebas documentales. En casos como éste es difícil hallarlas, pero María del Mar Alarcón ha proporcionado recientemente datos esclarecedores. En un pleito dilucidado en 1840 en los tribunales de París entre Josefa y el heredero del duque del Infantado, el abogado de ella declaró que durante su primera juventud había sido amante de Fernando VII y a partir de 1824 pasó a serlo del duque del Infantado. Añadió que el monarca era padre de alguno de los cuatro hijos de Josefa y que una vez finalizada la relación con el rey, éste medió para ajustar su matrimonio con un militar llamado Francisco Marzo Sánchez, destinado lejos de Madrid, quien nunca cohabitó con ella, pero dio su apellido a sus hijos. Este enlace de conveniencia se realizó el 21 de enero de 1818, según consta en el padrón de Madrid de 1825, donde se consigna que Josefa residía en el número 4 de la calle del Prado, próxima a la Puerta del Sol (no lejos, pues, del Palacio Real) y entonces tenía dos hijos, Manuela, de ocho años y Francisco, de seis.[100] Si damos crédito al abogado de Josefa, quien evidentemente hablaba en su nombre, y nos fiamos del padrón, Manuela, nacida en 1817, bien podría haber sido hija de Fernando VII; no así Francisco, pues las relaciones entre el rey y Josefa debieron de interrumpirse antes del matrimonio de ella en 1818.

Fernando VII visitaba a Pepa la Malagueña acompañado del duque de Alagón, hombre muy dado, según opinión general, a las aventuras galantes. Con ellos iban también, según algunos autores, el sacerdote Blas Ostolaza y Chamorro. Quizá fue Alagón quien llevó a Madrid a una mujer de Sacedón de la que se encaprichó el monarca, muy bella al decir de quienes aportan el dato. Por estos motivos, aunque no sólo por ello, la segunda esposa de Fernando, María Isabel, hizo lo posible por alejar al monarca de los individuos de la camarilla. En esto no obtuvo éxito la reina, pero al menos logró poner fin a la relación del rey con La Malagueña, como confirmó esta última a través de su abogado en el pleito antes mencionado.

Según Estanislao de Kostka Vayo, en la separación del rey de Pepa la Malagueña se combinaron los esfuerzos de la reina y los del infante don Carlos, cuyo sentido de la moralidad conyugal cristiana era muy acusado. Este autor refiere una anécdota que ha tenido fortuna, tal vez por ser difundida a principios del siglo XX por la historiadora británica Rachel Challice. Una noche, don Carlos informó a María Isabel que el rey había salido con Alagón y Chamorro a una de sus aventuras amorosas. La reina esperó a su marido en una sala próxima al vestíbulo por donde necesariamente debía pasar. Al llegar, ella le espetó: «Me has engañado. Venís de casa de vuestra querida. Te felicito». Fernando, que le había dicho que iba a casa de su mayordomo, le respondió en términos autoritarios algo así como que él era el monarca y ella debía obedecerle en todo. Luego censuró violentamente a su hermano Carlos que hubiera ido con chismes a la reina. La disputa entre los dos hermanos hubiera ido a más a no ser por la intervención de María Francisca, la hermana de la reina y esposa de Carlos.[101]

La segunda esposa: Isabel de Braganza

El 15 de mayo de 1815 Fernando VII solicitó al rey de Portugal Joâo VI, cuya corte permanecía en Río de Janeiro, la mano de su hija María Isabel para sí mismo y la de otra de ellas, María Francisca, para el infante Carlos María Isidro. Al igual que sucediera con su primer matrimonio, Fernando deseó hacer coincidir este con el de otro de sus hermanos. ¿Fue un acto de deferencia hacia quien había vivido en su compañía los momentos más comprometidos y del que había hecho su consejero? ¿Fue producto de un doble cálculo, económico (ahorro en celebraciones) y político (magnificencia de la familia real y garantía de su continuidad)? Tal vez lo fuera todo.

El monarca portugués, casado con la hija mayor de Carlos IV, Carlota Joaquina, otorgó su consentimiento el 8 de octubre. El 18 de junio anterior, Fernando le había comunicado que ya tenía en su poder las dispensas papales, necesarias por ser los futuros esposos tíos de las contrayentes.[102]

A tenor de esta relación cronológica, se diría que la iniciativa del doble enlace había correspondido a Fernando VII. En realidad, todo fue más complejo. Consignemos, por de pronto, que la idea del matrimonio del rey de España con una hija del de Portugal procedió de la inquieta, inteligente y ambiciosa Carlota Joaquina. El 23 de mayo de 1814, diez días después de la instalación de Fernando en Madrid, le felicitó por su retorno y sin más preámbulos, y «con franqueza», le propuso «hablar de negocios». Deseaba acomodar —fue el término empleado por ella— a sus seis hijas. Y describió a las tres en edad de contraer matrimonio. La primera (María Teresa) cuenta veintiún años, es viuda con un niño y está enferma del pecho. La segunda (María Isabel), de diecisiete años, «es gorda, blanca, pero hace cuatro años que tiene accidentes epilépticos muy fuertes y algo de obstrucción en el hígado». La tercera (María Francisca), de catorce años, está sana y fuerte, es alta «y muy bien hecha, no es fea y muy viva, con talento y mucha habilidad; es morena, con buenos ojos y picada de viruelas, pero sin defecto», dócil, sencilla, sin dobleces. «Elije a la que quieras», terminaba.

Meses después, en noviembre, Carlota Joaquina envió una nueva misiva a su hermano completando el retrato de su descendencia femenina, instándole a hacer su elección e insinuándole la conveniencia de casar asimismo a su hermano Carlos María Isidro. La reina de Portugal desaconsejaba la primera de sus hijas para Fernando, por estar enferma. La segunda estaba casi curada —le decía—, pero sigue con la epilepsia, y añadía: «Esta criatura es amabilísima, dócil, timorata, muy capaz y humilde; enemiga de chismes, de partidos ni preferencias [...], debe ser una gran madre de familia por su juicio y bellas cualidades». En la tercera había descubierto «geniecillo». Y a la cuarta (Isabel María, el mismo nombre que la segunda alterando el orden), de la que no le había hablado en la anterior, la describía así: tiene trece años, es hermosísima, alta, delgada, con talento, muy humilde, «muy amante y amada de la segunda». En definitiva, la reina de Portugal se permitía aconsejar al rey español que el infante don Carlos eligiese a Isabel María, la cuarta, «y en este caso juzgo que si tú eliges la segunda [María Isabel] gozarás de paz, pues ambas se estiman mucho». Terminaba comunicándole que el franciscano Cirilo de la Alameda, que llevaba un retrato de toda la familia portuguesa, le hablaría de sus hijas «y de otras cosas».[103]

Fernando VII eligió a María Isabel, la segunda, y Carlos a la tercera, María Francisca. Esta última murió en 1834, en plena guerra carlista, y Carlos, entonces Carlos V para sus partidarios, casó con la primera, María Teresa, princesa de Beira, viuda desde tiempo atrás del infante Pedro Carlos de Borbón, y hasta 1833 dama muy influyente en la corte española, donde se había instalado años antes. Las tres primeras hijas de Carlota Joaquina terminaron, pues, «colocadas», como ella quería, en la familia real española. La suerte de las menores fue dispar: Isabel María y María de la Asunción permanecieron solteras y Ana, ignorada por la reina de Portugal en sus misivas a su hermano, casó con el duque de Loulé.

Cuando llegaron estas cartas de Carlota Joaquina, en la corte española se negociaba el matrimonio de Fernando VII con una princesa de un país diferente y más lejano que Portugal. La candidata era la gran duquesa Ana Paulova, hermana del zar Alejandro I, entonces hombre de moda en Europa. Tampoco este matrimonio fue iniciativa de Fernando, sino de la Regencia nombrada por las Cortes de Cádiz, aunque las primeras gestiones databan de tiempo atrás. En octubre de 1806, cuando Godoy pensó en una alianza entre España, Rusia e Inglaterra contra Napoleón, propuso al embajador ruso Strogonoff el casamiento de la gran duquesa con don Francisco de Paula, el hermano menor de Fernando, con la intención —según informó a su corte el embajador ruso— de que el infante ocupara un reino de próxima creación en América. Nada se hizo, pero la idea resurgió en octubre de 1808 por la misma razón, reforzar la alianza con Rusia, aunque distinto candidato: ahora lo era Fernando VII. El conde de Floridablanca, presidente de la Junta Central, ordenó entonces al cónsul general en San Petersburgo Antonio de Colombí el inicio de negociaciones sobre ese matrimonio. El zar Alejandro, aún bien avenido con Napoleón, lo desestimó. Cuando se rompieron las relaciones del zar y Napoleón, la Regencia volvió sobre el asunto, pensando que ese matrimonio podría servir para encuadrar a España en el bando de los aliados vencedores del francés, y en febrero de 1814 encargó de su gestión al embajador en Rusia Eusebio Bardaxí.[104] A pesar de proceder de una autoridad constitucional, la idea no desagradó a Fernando VII, y en julio de 1814 mandó al mismo Bardaxí la continuación de las negociaciones, con la condición de la conversión de Ana al catolicismo. Tal fue el interés del rey, que en octubre siguiente ordenó al marqués de Labrador, representante español en Viena, la prosecución de las negociaciones en el marco del congreso reunido en esa ciudad.

La dificultad de la religión, sin embargo, resultó insalvable, aunque no fue la única. El conde de Neselrode, plenipotenciario ruso en el Congreso de Viena, y el embajador de ese país en Austria, Stackelberg, se expresaron con claridad ante Labrador. De acuerdo con el ordenamiento del imperio ruso —le dijeron—, las grandes duquesas no podían abjurar de su religión «en ninguna circunstancia», y añadieron que tras las medidas represivas de Fernando VII y, en particular, la restitución de la Inquisición, el zar no confiaba en la seguridad de su hermana en España:

el Emperador y todas las personas de la familia imperial —dijo el embajador ruso al diplomático español— tienen una muy triste idea del sistema adoptado en España, pues suponen al Gobierno bajo la influencia del clero y de los frailes y creen que estos tienen tal imperio sobre la Nación que la persona misma de la Gran Duquesa no estaría segura aun cuando abjurase; pues por el recelo de haber sido de otra religión o comunión, sospecharían que se debía a su influjo cualquier reforma que se intentase o el más ligero gravamen que se les impusiese.

El embajador ruso aún hizo otra reflexión a Labrador. Intentando huir de la revolución y de la irreligión, España había pasado al extremo contrario, por lo que «el emperador Alejandro estaba persuadido de que estaba amenazada de una revolución».[105] En suma, Rusia temía a la Inquisición, pero también al efecto político provocado por las erradas decisiones de Fernando VII. Al margen y por encima de todo esto se situaba la intolerancia religiosa de ambos países.

A pesar de la claridad de la postura rusa, el ministro de Estado Pedro Cevallos todavía ordenó a Labrador a principios de 1815 la continuidad de las negociaciones y que en el caso de que fuera imposible conseguir la mano de la gran duquesa Ana, se intentara con su hermana mayor, Catalina, viuda del duque Jorge de Oldemburgo. Dados los antecedentes, este intento era absurdo, aún más teniendo en cuenta que Labrador había informado previamente de la pésima opinión sobre España de la gran duquesa Catalina. Al parecer, la ceguera de la diplomacia fernandina, o para ser más exactos, la obstinación del propio rey, era total. Hubo que esperar más de medio año después de transmitir Labrador el juicio demoledor de los rusos sobre la política fernandina, para que se diera por zanjado el asunto, exactamente el 17 de junio de 1815.[106] Un mes antes, como sabemos, Fernando VII había solicitado al rey de Portugal la mano de su hija María Isabel.

Antes de abandonar definitivamente el proyecto ruso y de decidirse por la princesa portuguesa se ensayaron otras posibilidades de matrimonio para Fernando VII. El 2 de noviembre de 1814 se ordenó a Labrador que informase sobre las hijas del emperador de Austria. El diplomático respondió que las dos que permanecían solteras, Leopoldina Carolina, de dieciocho años, y María Clementina, de diecisiete, no habían alcanzado la estatura y robustez correspondiente a su edad y no eran hermosas. Por estas u otras razones, el proyecto no tuvo continuidad.[107] Tampoco tuvo mucho desarrollo el intento de la corte de Nápoles y Sicilia de enlazar al rey español con María Carolina, la que sería futura duquesa de Berry, mujer de gran belleza, hija del heredero de aquel reino, Francisco. Éste fue uno de los objetivos con que el rey de Nápoles envió a Madrid en 1814 al príncipe de Canosa, pero como él mismo informó a su corte, en ese momento Fernando VII estaba entusiasmado con la gran duquesa Ana y, sobre todo, Inglaterra se oponía a la unión del rey de España con una napolitana. Canosa añadió que el duque de San Carlos y otros personajes influyentes de la corte española, cuyos nombres no mencionó, eran partidarios del matrimonio del rey con María Isabel de Braganza.[108]

Con muchas complicaciones, en parte de carácter protocolario, y en medio de maniobras todavía bastante oscuras, se afianzó finalmente la candidatura de esta última. Lo primero que aparece a la vista es, como constató el príncipe de Canosa, la divergencia de posturas en la corte española. El duque de San Carlos y otros, entre ellos el ministro de Ultramar, Miguel de Lardizábal, intercedieron a favor de la princesa portuguesa. En contra estuvieron Pedro Cevallos, desde el 15 de noviembre de 1814 sustituto de San Carlos en Estado, ministerio competente en esta materia, y Andrés Villalba, encargado de negocios de España en Río de Janeiro. Aquí surgió la primera complicación, traducida en un conflicto de competencias entre ministerios.

Como no cabía esperar facilidades por parte de Pedro Cevallos y de Villalba, el rey encargó a Miguel de Lardizábal el envío en secreto de negociadores a la corte de Río de Janeiro. Lardizábal recurrió al general Gaspar Vigodet y al franciscano Cirilo de la Alameda. Ambos habían estado años antes en Montevideo y mantenían estrecha relación con Carlota Joaquina, la persona más interesada en el doble matrimonio.[109] El 15 de julio de 1815, Vigodet y fray Cirilo embarcaron en Cádiz rumbo a Brasil en un buque que formaba parte de una expedición a América organizada por el general Francisco Javier Abadía, inspector general de tropas de América, cargo dependiente del ministerio de Lardizábal. Éste le ordenó por carta reservada suma discreción. Los dos enviados —decía el ministro a Abadía— tenían un encargo secreto,

tan profundo que nadie está en él sino yo, ni aun el ministro de Estado, y tan importante como que es la única áncora de que podrá asirse la nave para no perderse, pues está por momentos amenazada para irse a pique, si no hay piloto capaz de hacerla mudar el rumbo que lleva; y ese único piloto ha de venir de Janeyro, porque a los de aquí está visto que no obedece, ni se puede esperar que obedezca.[110]

El nuevo ministro de Estado José García de León Pizarro (había sustituido a Cevallos en octubre de 1816), que vio esa carta, comentó sobre ella en sus memorias: «lo que picó fue que decía que esto (Madrid) estaba muy malo y que de allá debía venir el piloto que nos salvase del naufragio, aludiendo a la reina».[111] «La reina» era Carlota Joaquina.

Cuando se aireó la existencia de este escrito, Lardizábal se entrevistó con el infante don Carlos y le entregó copia de la «famosa carta», como la califica el infante en la que él escribió a su hermano el rey dándole cuenta de ese encuentro. Afirmaba don Carlos que en la copia que le entregó Lardizábal figuraba un párrafo añadido al conocido (el citado anteriormente), «que no sé si se habrá puesto ahora o entonces, en el que dice que tú eras el mejor rey del mundo, pero los que te rodeaban te habían hecho desconfiar de los buenos, que desconfiabas por querer acertar y que con eso la nave se iba cada vez más a fondo, que viniendo Carlota, que conoce mejor los hombres, tú no podrías desconfiar de ella».[112]

Todo apunta a la existencia de una sorda lucha en el interior del Gobierno entre las dos facciones mencionadas, encabezadas en ese momento por Cevallos y por Lardizábal. No se trató de una divergencia ideológica (uno y otro eran absolutistas sin fisura), sino de una disputa por ganar influjo ante el rey para alcanzar mayores cotas de poder. Lardizábal estaba en connivencia con Carlota Joaquina, la cual estaba convencida de su ascendiente sobre su hermano Fernando y pretendía, una vez colocada en el trono una de sus hijas, instalarse también ella en la corte española para erigirse en árbitro del Gobierno de España.[113] Por esta razón, Lardizábal se había convertido en el mayor valedor del matrimonio de Fernando VII con una princesa portuguesa y Cevallos en declarado contrario a este enlace.

Fernando VII zanjó de inmediato el asunto, no sin antes cerciorarse del alcance de las pretensiones de Lardizábal. A este respecto, conocemos el informe presentado por un tal José Arteaga, que no cabe confundir con el general del mismo nombre, el cual confirmó que Lardizábal actuaba por ambición personal y no parecía que estuviese tramando «alguna perfidia». En las cartas del ministro (la citada y, al parecer, otras que desconozco) «sólo se descubre una ambición de mandar y ver en los ministerios sujetos de su gusto». Por esta razón y para evitar males mayores —y en atención a la firmeza que siempre había demostrado en sostener los derechos del monarca—, Arteaga sugería que Lardizábal fuera confinado en Pamplona. Así se hizo, tras cesarlo y suprimir su ministerio. No tardaría Lardizábal en recobrar la confianza del rey. Idéntica suerte corrió Calomarde, entonces poco significado, implicado de lleno en este asunto a las órdenes del ministro y de Carlota Joaquina, con quien mantuvo frecuente contacto epistolar. Calomarde fue desterrado a veinte leguas de la corte, pero pronto se situaría, y muy bien, en los aledaños del monarca.[114]

Vigodet y fray Cirilo llegaron a Río de Janeiro el 31 de agosto de 1815. No fueron bien recibidos por el monarca portugués, nada partidario de los planes matrimoniales ideados por su esposa, con la que en estos momentos no coincidía en nada, ni siquiera en su vida conyugal, pues ambos vivían separados y actuaban en todo por su cuenta. Don Joâo se refugió en cuestiones protocolarias. En concreto, expresó quejas por no haber sido enviado un grande de España para la negociación de los matrimonios, como era usual. Pero finalmente dio su conformidad. El 6 de febrero de 1816, el ministro Cevallos, a su pesar, y el embajador de Portugal, José Luis de Sousa, ajustaron los tratados matrimoniales en Madrid. El 22 de ese mes se celebró con toda solemnidad el otorgamiento de los contratos matrimoniales y la lectura de las capitulaciones en el salón del trono del Palacio Real, en presencia del rey y de los infantes don Carlos y don Antonio, con asistencia de la alta servidumbre de palacio, grandes de España, militares, Gobierno y autoridades. A continuación, el rey nombró al duque del Infantado y, en su sustitución, en caso de alguna contingencia, al conde de Miranda, mayordomo mayor de S.M., para que en su nombre y en el de su hermano celebraran los esponsales con las princesas en el lugar de su desembarco en España.

El 4 de septiembre fondeó en la bahía de Cádiz el navío portugués San Sebastián con las princesas a bordo. Les acompañaba el marqués de Vallada, mayordomo mayor de la reina Carlota Joaquina, pero no ella, como había sido su intención, porque don Joâo lo impidió.[115] Fue la respuesta del rey portugués a la actuación de su esposa y un aviso al rey español, al que siguió otro antes de que las princesas llegaran a España: tropas portuguesas se situaron en la frontera de Brasil con el territorio español en la banda oriental del Río de la Plata, amenazando con la ocupación de Montevideo. A punto estuvo este incidente de impedir los matrimonios, pues hubo voces en la corte española pidiendo el regreso de las portuguesas a Río de Janeiro o que a su llegada fueran retenidas en calidad de rehenes.

Don Joâo aún hizo más. Aunque había asignado una dote de 500.000 escudos de oro a cada una de sus hijas, las envió sin hacerla efectiva y sin ropa apropiada para las solemnes ceremonias en las que debían ser protagonistas. Este último extremo lo confesó con cierto rubor María Isabel a Fernando a punto de llegar a Madrid. En carta datada en Manzanares el 24 de septiembre de 1816 le informó que ella y su hermana habían salido de Brasil «casi sin equipaje», de manera que carecían de vestidos para la boda, «y así te pido tres de gala, con tres gorros de plumas que tampoco tenemos, y si pudier ser [sic] uno menor para l’otro [sic] día».[116]

Nada de lo dicho paralizó el proyecto matrimonial. El 5 de septiembre de 1816 se celebraron los esponsales en el buque que había traído a las princesas, anclado en el puerto de Cádiz. En nombre del rey y de don Carlos actuó el conde de Miranda (Infantado hubo de regresar a Madrid por enfermedad de su madre). Tras un magnífico almuerzo, en un coche tirado por la población y a través de calles engalanadas, las princesas fueron conducidas a la catedral, donde se cantó un tedeum. Siguieron seis días de festejos y de vítores a la nueva reina de España y a la familia real. El 11 de septiembre, acompañadas del conde de Miranda y un reducido séquito, María Isabel y su hermana salieron de Cádiz en dirección a la corte.[117]

Durante el viaje, incómodo como todos los de la época, pero sumamente placentero para la nueva reina por las extraordinarias atenciones recibidas en todas las poblaciones de su tránsito, se generó una dulce correspondencia entre ella y su «novio», como se tituló Fernando VII.[118] Si alguien que careciera de toda noticia sobre él leyera estas cartas, pensaría que las escribió un hombre dotado de una apreciable sensibilidad, pues a pesar de utilizar las fórmulas establecidas, rezuman amor y ternura hacia la esposa, la cual correspondió con idénticos sentimientos.

Él encabeza sus misivas con un «querida esposa de mi corazón, María Isabel de mi alma» o «de mis entrañas» o «de mi vida», en alguna con «querida Isabelita», y la última con un tierno «querida pichoncita». Ella comienza la primera con un «mi querido tío y señor», pero enseguida pasa a «querido esposo Fernando de mi corazón» y en una ocasión a «Fernandito de mi alma». La despedida no es menos entrañable: «tu tierno y amante esposo», «tu fino y querido amante», «tu esposo que te quiere más que a su vida», «tu enamorado», correspondido con «tu esposa que te idolatra y es toda tuya», «que te ama con todo el corazón», «tu tierna y amante esposa», «tu esposa muy fiel y obligada». No hay epístola en la que no se declaren su amor. «Hasta tu persona pintada la amo más que a mí», le dice ella al recibir un retrato en miniatura de él. «Desde que estás en España», escribe él el 13 de septiembre, «no pienso más que en ti, y aun durmiendo sueño contigo»; unos renglones arriba le había dicho: «Antes quisiera yo estar malo, que el saber que mi querida María Isabel de mis ojos tenía un dolor de cabeza». Suspiran por verse («quisiera tener alas para volar a tu encuentro», dice él) y lamentan la espera. No se divierten, se dicen el uno y la otra, porque no están juntos. Fernando confiesa a su amada que espera con ansia sus cartas, que se pone de mal humor cuando no le llegan en el momento esperado, pero cuando las recibe, «entonces me pongo como una castañuela». Y cual dos adolescentes, si ella le confía que quizá se ruborizará en el momento del encuentro, él le responde: «No creas que extrañe el que estés cortada cuando me veas, pues esto es natural en una joven como tú, y que tiene el pudor que te caracteriza; además que yo también lo estaré un poco».

No se limitaron los «novios» a declararse sus sentimientos. Trataron otros asuntos, dejando en ello reflejo de su respectiva personalidad. Fernando aconsejó a María Isabel que hablara sólo castellano (aunque la redacción de las cartas de ella era en general correcta, abundaban los portuguesismos) y con cierta deferencia, aunque en tono autoritario, le advirtió el 16 de septiembre: «Te quiero decir que tengo el vicio de fumar, y que tendrás la incomodidad de aguantarlo, pues si yo lo dejara, me podría hacer daño». María Isabel respondió dos días después, a plena satisfacción del rey, que no le incomodaba ese vicio y si así fuere «no te lo diría, porque tú no debes aguantar mis impertinencias y io [sic] las tuyas siempre, en el caso que las tuvieras». La misma sumisión mostró Isabel ante otra advertencia realizada en tono más imperativo el 7 de septiembre, a los tres días de su llegada a Cádiz: «Te pido como amante y te mando como esposo que no concedas ninguna solicitud, ni pretensión de ningún género que sea, hasta que nos veamos». La respuesta de la reina, el día 19, fue impecable a oídos del rey: «jamás me meteré en nada sin que tú me llames, pues sé la diferencia que va de rey a reina y de marido a mujer». Perfecta conocedora de su cometido como soberana y como esposa según los cánones de la época, María Isabel reiteró días después de lo anterior:

En cuanto a los consejos, io [sic] no me meteré en dártelos, pues no tengo conocimientos para esto, ni tampoco sé el estado de la nación, ni el giro de los negocios, aunque espero con tus sabias lecciones conocer algo y entonces daré mi parecer, que será siempre con el mayor interés y verdad, y si alguna vez no fuer [sic] igual al tuyo, tú decidirás por aquello que mejor te parezca y todo esto será siempre reservado entre tú y mí, que tampoco quiero que nadie lo sepa.

El espacio público lo ocupa el rey y si en él aparece la reina, es porque su esposo lo consiente. Para María Isabel —evidentemente, más aún para Fernando— fue regla de oro. La población la vitoreó y agasajó con pleno entusiasmo en todos los lugares del itinerario, obligándola en ocasiones a permanecer más de lo previsto en alguna ciudad para asistir a los festejos organizados. Preocupada porque esto retrasaba su llegada a la corte, María Isabel se excusó, diciendo que se había detenido en Sevilla —fue el primer alto significativo— para no desairar a sus habitantes. Fernando aprobó su proceder, pues —le dice el 17 de septiembre— los sevillanos se lo merecen «por el amor que han manifestado a mi persona en la época de la guerra pasada», y aun le aconseja que haga lo propio en Córdoba o Écija si se lo piden, «pues vale más que tardes un día más, que no que pierdan la ocasión que se les presenta de obsequiarte [...]; además que así descansarás más».

Fernando VII era perfectamente consciente del significado de estos agasajos. No iban dirigidos a la persona de María Isabel, sino a la esposa del rey. Siempre había sucedido así. El entusiasmo popular por la reina era un medio valiosísimo para fortalecer la monarquía, pues la reina proporcionaba el heredero, garantía de continuidad. Para Fernando VII esto era perentorio. Su primera esposa no le había dado un hijo y como era regular en casi todas las familias reales, su padre había tenido ya varios a su edad, treinta y dos años. Además, concurría otra circunstancia. En estos momentos la situación de la monarquía española no era precisamente brillante. La insurrección crecía en América, en el Congreso de Viena España había sido tratada como potencia de segundo orden, en Europa arreciaban las críticas por la política represiva, la economía del país, destrozado por la guerra, no ofrecía signos de recuperación, y para colmo de males, no cesaba la agitación de los liberales en el exterior y el interior. Que el pueblo se entusiasmara con su nueva reina era una bendición para Fernando VII. Por eso, aconsejó a María Isabel que atendiera solícita los agasajos de las poblaciones.

De manera espontánea o inducida, surgieron por doquier alabanzas a la reina y, naturalmente, a los frutos esperados del matrimonio. La metáfora más extendida —ha hecho notar Antonio Calvo— fue la de los Reyes Católicos. Se casaban un Fernando y una Isabel, y así como los primeros habían triunfado sobre los sarracenos, sus sucesores resolverían todos los males ocasionados por la invasión francesa, dijo en un discurso el bibliotecario mayor de S.M. La nueva Isabel sería tan buena esposa como la Católica, y al igual que otra reina de su familia, Bárbara de Braganza, consorte de Fernando VI, contribuiría a la prosperidad y la paz de la monarquía.[119]

Pero volvamos al epistolario de los «novios». Lo importante, la imagen de la monarquía, no ocultó la preocupación de Fernando por los detalles, habitual en él durante toda su vida. María Isabel debía corresponder a los agasajos de las ciudades, porque además —le dijo el 17 de septiembre— «ya habían hecho los gastos». No fue ésta la única ocasión en que el rey manifestó esta faceta práctica, que suena a mezquina en un epistolario entre prometidos. María Isabel le sugirió que le enviara animales de tiro para acelerar su llegada a la corte, pues no eran muy adecuados los que utilizaba. En contradicción con esas ansias de verla desparramadas con efusión, el rey le respondió el 14 de septiembre: «por un día más o menos que puedas tardar, no te los envío, porque sería mucho gasto y no estamos para eso». A mayor abundamiento, le sugirió que para ahorrar coches, viajaran dos personas de su confianza en los dos asientos libres del ocupado por ella y su hermana, con la siguiente apostilla: «Yo que soy Rey, en los viajes que he hecho he llevado en mi coche a dos personas, para ahorrar carruajes». Y al día siguiente lanza a la que tanto dice amar y mucho suspira por verla esta frase con sabor despectivo: «Te vuelvo a decir que no me parece conveniente enviar más tiros al camino [...], harían falta para la comitiva que me acompañe hasta Aranjuez, además, que ahora no se encuentran en Madrid tantos tiros como antes». A lo largo de su trayecto, María Isabel dispuso de nuevos tiros, proporcionados generosamente por particulares y por los Ayuntamientos de Carmona, Córdoba y Manzanares.

El 26 de septiembre se dieron el primer abrazo los esposos en Ocaña, tal como lo había anunciado el día anterior Fernando: «Mañana saldré [de Aranjuez] a las 8 a caballo para ir a tu encuentro y cree que el amor me dará alas para correr más [...]. Cuando llegues a Ocaña tendrás preparado un almuerzo, en el que si gustas tomar algo, lo tomaremos juntos, y después que entres en el coche seguiremos Carlos y yo a caballo al lado». En Aranjuez quedaron las dos princesas portuguesas, mientras sus esposos regresaron a Madrid para recibirlas al día siguiente en la capital con el ceremonial al uso. En cuanto llegó a Madrid, escribió Fernando su última carta de enamorado, con este encabezamiento: «Querida Pichoncita mía de mi corazón». Aparte de expresarle gran tristeza por no estar con ella y añorar «el tierno abrazo que nos dimos al despedirnos», le comunica con alegría incontenible que en el camino había visto «un gentío inmenso, que está loco de alegría, esperando el día de mañana para tener la dicha de verte, la carrera estará lucida y ya puedes preparar tus oídos, porque llegarás aturdida. En todo el camino desde Aranjuez hay arcos de triunfo para recibirte y yo saldré a tu encuentro lo más lejos que pueda». ¿Se alegraba por la reina o por él?

Tras descansar un día en Aranjuez (y vestirse para la ocasión), el 28 de septiembre de 1816, a las 12 del mediodía —la hora la había establecido el rey, sin duda para facilitar la asistencia de público— entraron las princesas portuguesas en la capital por la puerta de Atocha, acompañadas en el coche por don Antonio, con sus esposos a su lado, montando dos corceles. Como ya era habitual, el pueblo desenganchó los caballos del carruaje de la reina y precedido de varias cuadrillas de danzantes, lo condujo desde la puerta de Atocha al Palacio Real por calles y plazas engalanadas y arcos de triunfo levantados ex profeso.

A continuación, vino lo que en su carta del 15 de septiembre había anunciado Fernando a María Isabel: «El mismo día que llegues se ratificarán nuestros matrimonios por la noche con toda la pompa y magnificencia debidas y aquella noche tendré el dulce placer de dormir contigo y a la mañana siguiente nos velaremos». En efecto, a las nueve y media de esa noche se ratificó el doble matrimonio en el salón del trono del Palacio Real con asistencia de los jefes de la casa, grandes de España, el Gobierno, prelados, generales y cuerpo diplomático extranjero. Don Antonio fue el padrino del doble matrimonio, oficiado por el patriarca de las Indias. A la mañana siguiente salió la corte en solemne comitiva para la celebración con toda pompa de la misa de velación en San Francisco el Grande. Todos se dirigieron después a la iglesia de Santo Tomás para dar gracias a la Virgen de Atocha. En la noche de ese día asistió la familia real en el teatro de la Cruz a la función regia preparada para celebrar los enlaces y al día siguiente hubo besamanos general. Durante tres noches las principales casas de Madrid compitieron por ofrecer las mejores iluminaciones.[120]

En uno de sus estudios difundió el marqués de Villa-Urrutia que a la llegada de María Isabel a Madrid apareció un pasquín en el Palacio Real que decía: «Fea, pobre y portuguesa. ¡Chúpate ésa!».[121] El dato, si es cierto, no debe sorprender, pues ya hemos hablado de que llegó sin la dote, de la existencia en la corte de un sector contrario a su matrimonio con el rey y del conflicto hispano-portugués en el Río de la Plata. Por lo demás, sobre el aspecto físico de la reina, a pesar de la opinión de sus panegiristas, no cabe abundar en elogios. Basta contemplar las estampas conservadas en la Biblioteca Nacional de Madrid y el retrato que en 1816 le hizo Vicente López, varias veces grabado y profusamente difundido.

López fue un excelente retratista, que en opinión de su mejor estudioso se caracterizó por la observación directa de sus modelos, que reproducía con una fidelidad extrema.[122] En 1816 era primer pintor de cámara del rey y se encargó de la educación artística de María Isabel, lo cual hace suponer que en modo alguno pretendió desfavorecerla. El historiador y médico Manuel Izquierdo ve en este retrato a la reina cargada de espaldas, con una elevación manifiesta del hombro izquierdo y la cabeza algo inclinada a ese lado, síntomas —afirma el médico— que corresponden a una cifoescoliosis dorsal, posiblemente con la consiguiente compensación lumbar, causa esta, seguramente, de sus dificultades en los partos. Es muy probable que además de la epilepsia, de que habló su madre al presentarla epistolarmente a Fernando VII, María Isabel padeciera raquitismo. Resulta elocuente en este sentido un informe emitido en enero de 1817 por el médico portugués Manuel L. Álvarez Lancelle a petición de María Isabel, que al creerse encinta le solicitó consejos para su hipotético hijo. El médico puso especial énfasis en prevenir el raquitismo del niño y aunque por deferencia hacia quien había sido su paciente desde niña no menciona que ella padeciera esta enfermedad, le recordó que la tuvieron su madre y otra persona de su familia ya difunta.[123]

En vísperas de su salida de Río de Janeiro, María Isabel llevaba el pelo corto «por conveniencia y por salud», informó su madre a Fernando VII, a quien ruega que procure que siga así «porque de otro modo sufre ataques». Carlota Joaquina también recomienda al futuro esposo que cuide de que sea parca en la comida, que coma poca fruta y nada de legumbres, «y sobre todo que no abuse de guisados con especies». En esta misma carta decía la madre que su hija era dócil y obediente y que llevaba una vida dedicada a la oración y a las prácticas piadosas.[124]

Algunos contemporáneos emitieron un juicio muy favorable de María Isabel. Entre éstos se encuentran los ministros Pizarro y Martín de Garay. El primero dijo que era «una princesa hermosa, agradable, robusta», con instrucción muy superior a lo que podría pensarse (se habían propalado especies muy negativas sobre este particular sin fundamento),[125] amable y con talento; «en fin, una interesantísima esposa y una digna esposa del monarca español». Martín de Garay alabó su carácter («era la misma dulzura»), su religiosidad, humildad, espíritu caritativo, moderación en el vestir y odio al lujo, su espíritu de madre («yo la vi, y la vi muchas veces, limpiar a su criatura, fajarla, etcétera»).[126] El anónimo autor de unos Apuntes acerca de la vida de la Reyna Doña María Isabel de Braganza, conservados en manuscritos en la Biblioteca Nacional de Madrid, redactados después de su fallecimiento, abunda en el juicio de Martín de Garay e insiste en su formación religiosa e intelectual y en su comportamiento como madre. Resalta que en contra de la costumbre, María Isabel dio el pecho a su primera hija, a la que ella misma llevaba en brazos cuando se mostraba en público.

Esta demostración de maternidad de la reina fue divulgada por la Gaceta de Madrid el 13 de septiembre de 1817 en términos muy elogiosos. No fue en modo alguno una afectación de María Isabel. Ella misma se lamentó en carta a su padre cuando no pudo seguir dando el pecho a su hija: «sabrá V.M. que ya no tengo el gozo de criarla, porque sin motivo alguno me faltó la leche. V.M. no puede suponer cuánto me costó dejar de criarla».[127]

Martín de Garay y el autor de los Apuntes anónimos (da la impresión de que uno se basa en el otro) ponderan positivamente la prudencia política de María Isabel. «Sin introducirse jamás en las cosas de Gobierno», afirmó Garay, «ayudaba, consolaba y dulcificaba las amarguras del mando», marcando siempre la distancia con el rey. Según el autor de los Apuntes se mostró recatada en tomar parte en asuntos de Gobierno, pero no dudaba en ofrecer sus opiniones al rey con prudencia, y gracias a su agudo entendimiento «se imponía en los negocios con gran facilidad». A la influencia de la reina se suele atribuir la creación del Museo del Prado.

Todo parece indicar que María Isabel mantuvo buena relación con Martín de Garay y con Pizarro. Por el contrario, le repelían algunos miembros de la camarilla del rey, en especial Alagón, Chamorro y Ugarte. La aversión de la reina hacia estos individuos tal vez tuvo motivaciones políticas, pero quizá, y sobre todo, fuera de carácter personal, pues como hemos visto los dos primeros eran los acompañantes de Fernando VII en sus salidas nocturnas.[128] Al final, María Isabel tuvo que transigir con las muchas «impertinencias» de su esposo, no sólo con su hábito de fumar, como él le había anunciado.

María Isabel dio a luz dos niñas. La primera el 21 de agosto de 1817. Vivió sólo unos meses (falleció el 9 de enero del año siguiente). El 26 de diciembre de 1818 la reina se puso de parto por segunda vez. Según el comunicado oficial, la única novedad en su salud se redujo a un fuerte dolor de cabeza durante todo ese día, pero «fue acometida, a las nueve de la noche, de un accidente de alferecía, que reproduciéndose en pocos momentos, le costó su preciosa vida...». Se le practicó la operación de cesárea, al parecer sin gran pericia por parte de los médicos, y se le extrajo una niña que falleció minutos más tarde. Manuel Izquierdo afirma que la reina murió víctima de una eclampsia, anunciada por la cefalea que tuvo toda la jornada. La eclampsia es una enfermedad que afecta a la mujer en el embarazo y se caracteriza por convulsiones seguidas de un estado de coma, por lo que no tardó en decirse que se hizo la cesárea estando viva la reina, un extremo negado por los testigos del hecho.[129]

La muerte de María Isabel consternó al rey y al reino. En los funerales, que por voluntad del rey fueron fastuosos, especialmente el celebrado en Roma siguiendo la antigua costumbre a la muerte de las reinas de España, los predicadores prodigaron elogios a su persona, resaltando su dimensión simbólica como reina y como ideal de esposa abnegada, dotada de todas las virtudes femeninas de acuerdo con el canon de la época.[130] El contraste con el silencio sobre la primera esposa del rey, María Antonia, es muy llamativo. Ahora reinaba Fernando y su voluntad se imponía sin contestación. Más tarde, artistas de primera fila dejaron memoria de María Isabel. Muestras muy sobresalientes fueron la estatua de Álvarez Cubero, magnífica pieza neoclásica (1826-27), y el retrato de la reina como fundadora del Museo del Prado, óleo de Bernardo López Portaña (1829).

El trono discutido

Al vislumbrarse en los primeros meses de 1814 la derrota de Napoleón, los monarcas despojados de sus reinos comenzaron a moverse. Carlos IV no fue excepción. Desde Roma, donde había fijado su residencia dos años antes, escribió el 3 de febrero al regente de Inglaterra y futuro rey Jorge IV pidiéndole su apoyo en las futuras conversaciones de las potencias aliadas sobre la paz de Europa. «Yo, rey y padre desgraciado, no tengo otro deseo que ver tranquila a mi familia y a mis pueblos», le dijo. La garantía de una existencia libre para él y su esposa era toda su aspiración. Así lo manifestó literalmente el 13 de febrero al resto de los soberanos aliados y lo reiteró el 1 de junio en nuevas cartas, cuando supo que estaban reunidos en Londres para preparar el congreso que había de celebrarse en Viena. Según un tal Anzón, portador de estos escritos de Carlos IV, los soberanos aliados acogieron con buena disposición su petición, pero antes de adoptar un compromiso firme la pusieron en conocimiento de Fernando VII. Es muy probable que el rey español se enterara asimismo a través de la embajada española en Londres de que el 13 de febrero su padre había solicitado a Lord Bentink, comandante de las fuerzas británicas en Sicilia, un navío para trasladarse a España.[131]

En el verano de 1814, al mismo tiempo que Fernando VII supo de estas gestiones de su padre, se produjeron altercados en Cádiz entre la guarnición de la plaza y la población tras la aparición de un cartel que aludía a la vuelta de Carlos IV. Hubo gritos en favor de la Constitución y contra Fernando VII. Por estos hechos fue condenado el sargento de milicias Juan Félix Rodríguez a cuatro años de prisión en Ceuta y a ser expuesto a la vergüenza pública durante cuatro horas con una argolla en el cuello.[132] El suceso no es mera anécdota. En esos mismos días, Cándido Almeida Sandoval, servidor de Carlos IV en España y durante los primeros tiempos del exilio, se trasladó a Londres para gestionar el regreso del rey a España y desde allí le comunicó el deseo de los españoles exiliados de verlo de nuevo en el trono, tachando a Fernando de «usurpador».[133] Es decir, en los medios liberales se había relacionado la vuelta de Carlos IV con el cambio de régimen político. A la vista de estos datos, la preocupación de Fernando VII fue considerable y es comprensible, dada su visión en ese momento de la política nacional e internacional, que prestara más atención a los movimientos de su padre y a quienes utilizaban su nombre que a las negociaciones de paz en Europa.

Dando por supuesto que las gestiones a favor de la vuelta de Carlos IV eran iniciativa de Godoy y de la reina María Luisa, Fernando VII puso todo su empeño en ganarse la voluntad de su padre y separar de su lado a Godoy. El 5 de septiembre, el duque de San Carlos expuso al cardenal Pacca, su homólogo en la Santa Sede, la preocupación del rey por el posible viaje de Carlos IV a España, rogándole que se impidiera su salida de Roma y alejara a Godoy de su lado.[134] Pío VII estaba en extremo satisfecho con las medidas de Fernando VII favorables a la Iglesia y atendió su ruego. El 7 de septiembre ordenó a Godoy que se instalara en Pesaro, uno de los puntos de los Estados Pontificios más lejanos de Roma, y unió sus esfuerzos a los del embajador español ante la Santa Sede, Vargas Laguna, para convencer a Carlos IV de la inoportunidad de su regreso a España y de la conveniencia de ratificar su renuncia mediante una inequívoca declaración pública.

Esto mismo había aconsejado Luis XVIII a su «Hermano y Primo» Carlos. En Alemania y en Francia —le escribió el jefe de la Casa de Borbón, condición esta determinante para el ex rey español— corrían rumores sobre la dudosa legitimidad de Fernando VII, por estar fundada en la abdicación de Aranjuez, denunciada por el propio Carlos IV inmediatamente después de producirse. Esto podría ser un elemento desestabilizador para las monarquías europeas, por lo que convenía que revalidara su abdicación. Nada convencido personalmente de la pertinencia de recuperar el trono, poco dispuesto a correr riesgos personales y temeroso de sus consecuencias (en distintas ocasiones expresó su preocupación por los conflictos que pudiera suscitar entre los españoles), Carlos IV se avino a efectuar una nueva abdicación, que a juicio de Fernández Martín le fue arrancada presurosamente por el papa, por lo que no fue tan libre como luego dio a entender el interesado. La firmó en Roma el 1 de octubre de 1814. Por ella cedía todos sus derechos a su hijo, con el encargo de que mantuviera la religión católica y tratara a sus «vasallos» como verdaderos hijos, y «también que miréis con compasión a muchos que en estas turbulencias se han dejado engañar». Carlos IV informó de esto a los monarcas de Francia, Inglaterra, Austria, Rusia y Prusia en sendas cartas de contenido muy similar, en las que resaltaba el carácter libre y voluntario de su abdicación y el deseo de que Fernando VII fuera tenido en el Congreso de Viena por rey legítimo.[135]

El texto de la abdicación no debió de satisfacer plenamente a Fernando, sobre todo por la velada alusión a una amnistía, pero le tranquilizó y sirvió asimismo para regularizar las relaciones con su padre. El 12 de octubre de 1814 Fernando VII le escribió la que parece fue la primera carta desde su reinstalación en el trono. En términos amables y cariñosos, agradeció las de su padre del 5 y del 12 del mes anterior con estas palabras: «Hacía ya seis años que deseaba tener este consuelo», y decía a continuación: «Lo que únicamente siento es ver que V.M. me tenga por un hijo ingrato». Tras afirmar haberle escrito desde Valençay tres veces por semana sin obtener respuesta y confirmarle que la separación de Godoy era necesaria para los intereses de España, entró en la materia que le preocupaba: esos mismos intereses «exigen que V.M. permanezca por ahora en Roma, aunque no pierdo la esperanza de ver y abrazar a V.M. cuando las cosas se compongan».

Las dos cartas de Carlos IV citadas por Fernando VII no estaban escritas en el mismo tono. La del 5 de septiembre comenzaba de esta manera tan brusca: «Aunque tenía determinado de no escribirte, Hijo mío, hasta recibir carta tuya como era de tu obligación...». Le reprochaba su gestión ante el papa para desterrar a Godoy y le exponía su deseo de ir a España, «no para reinar ni incomodarte en nada, sino al contrario, desvanecer cualquiera sombra que pudiera haber y arreglarlo todo entre Padre e Hijo, aun para después de mis días, para tu Madre, tu Hermano [el infante Francisco de Paula, aún con los reyes en Roma] y los que me han seguido en mis trabajos». Le pedía que enviara un navío a Livorno para efectuar el viaje e insistía imperativamente: «Lo que te mando como Padre que soy tuyo es que me respondas pronto para saber si puedo contar con tener Hijo y de no tomar otro partido...». En posdata incluyó este elocuente párrafo: «Se me olvidaba decirte que el ir yo a España se entiende yo sólo con mi servidumbre, quedándose en Italia la Reina con los demás». El infante Francisco de Paula, Godoy y su hija Carlota eran «los demás». Tan seca como ésta era la carta del 12 de septiembre. Carlos IV afirmaba en ella haber condescendido a apartar de su lado a Godoy «a puros ruegos del Santo Padre» y, en correspondencia, instaba a Fernando a cumplir «todo lo que te tengo escrito», esto es, que permitiera su viaje a España y le enviara el navío solicitado.[136]

Como se acaba de decir, Fernando VII tardó más de un mes en responder a la imperiosa demanda de su padre. Fue el tiempo que necesitaron él y sus colaboradores en Roma, esto es, el papa y el embajador Vargas Laguna, para arrancar a Carlos IV la nueva abdicación. Logrado esto, todo cambió. Fernando escribió regularmente a sus padres, encabezando sus misivas con la fórmula protocolaria: «Padre mío de mi mayor veneración» y «Madre mía muy amada de todo mi corazón», terminando casi siempre en las dirigidas a uno y otra con «su más humilde Hijo». Los reyes padres, a su vez, comenzaban con «querido Hijo mío de mi corazón» y se despedían con abrazos, dándole su bendición. Paulatinamente se fue creando un clima de confianza entre padre e hijo, mientras que al mismo tiempo se perfilaba un claro distanciamiento entre Carlos IV y la reina María Luisa. La reconciliación del padre y el hijo fue completa a partir de marzo de 1815, cuando Fernando VII aprobó el convenio económico propuesto por Carlos IV, conocido como «Tratado de Alimentos».

En este documento Carlos IV daba por definitiva su renuncia en su hijo. Para satisfacción de éste, no especificó en qué momento la había efectuado, soslayando así toda referencia a Aranjuez. Asimismo, aludía a la obligación del «rey legítimo» de suministrarle los medios económicos necesarios para mantener su alta posición. El acuerdo fijó una asignación al rey de 12 millones de reales anuales, ocho a su esposa en caso de que le sobreviviese, y a su hijo Francisco de Paula, el único que convivía con ellos, lo mismo que entonces se concedía a su hermano Carlos y a su tío Antonio. Carlos IV y María Luisa seguirían gozando del título real con sus prerrogativas y tendrían libertad para establecer su residencia en el país de su elección, aunque se comprometían a no volver a España, «al menos por ahora».[137]

A partir de este momento los reyes padres se quejaron de vez en cuando de la tardanza en la llegada del dinero, pero se acabaron sus lamentos por la falta de él, hasta entonces angustiosos. Lo que no cambió fue la extrema preocupación de la reina por convencer a su hijo de que restituyera a Godoy sus bienes y honores. Esto y la alusión a los problemas de salud de ella y su esposo —según este último, la reina exageró más de una vez— fueron los temas permanentes de sus cartas a Fernando. Salvo en contadas ocasiones, casi todas las de Carlos IV se ciñeron a los mismos asuntos. Ahora bien, a partir de 1816 mantuvo una doble correspondencia con su hijo. En las cartas públicas, muy breves, apoyaba las súplicas de su esposa, calificándolas más de una vez de «justas». En las reservadas, más extensas, que la reina no veía, aconsejaba a Fernando que no contrariara a su madre y le diera esperanzas sobre sus peticiones, pero que no resolviera nada. Además de hablar del mal humor de la reina y del mucho dinero que gastaba, Carlos IV expresó juicios poco favorables sobre el carácter y comportamiento de su hijo Francisco de Paula. Es un charlatán, que varía de palabras según su interlocutor, decía en una, y en otra hablaba de sus locuras «de mozo» con una muchacha. Su formación la encomendó a Fernando, como cabeza de la casa real.[138]

En esta correspondencia entre Fernando VII y su padre, prolongada hasta la víspera de la muerte de este último, no aparecen motivos de fricción entre ellos. Al contrario, cuando surge algún problema, llegan con facilidad a un acuerdo. Por ejemplo, en enero de 1815 Carlos IV se molestó por la publicación en la Gaceta de Madrid de un resumen de la causa de El Escorial y solicitó que no se hablara más en esos términos de él ni de Godoy, pues se vería obligado a revelar algún secreto. Fernando VII no tardó en prometérselo. En calidad de padre, Carlos le reprochó que no le hubiera solicitado permiso para casarse con María Isabel de Braganza, pero en cuanto recibió las disculpas de Fernando las aceptó gustoso y alabó el matrimonio. «Yo he estado muchas veces para proponértelo», le escribió el 30 de enero de 1816 en tono conciliador, al mismo tiempo que le transmitía sus parabienes por haber rehusado —eso creía el ex rey— la mano de la gran duquesa Ana, «porque educadas en otra religión, siempre les queda algún resabio». El 15 de septiembre de 1816, en vísperas del segundo matrimonio de Fernando, el rey padre se permitió dar al hijo el siguiente consejo sobre su esposa: «... no la dejes meter en los negocios ni que los ministros le den cuenta de todo, pues por mi desgracia sé por experiencia los males que esto acarrea y los remordimientos que tengo por haber condescendido en muchas cosas con lo que quería tu madre». Esta sorprendente confesión es explicable por las muchas molestias que le ocasionaba en ese momento la reina María Luisa, según decía repetidamente el ex rey en sus cartas reservadas. No he hallado todas las cartas de Fernando VII a sus padres a partir de 1816. En las conocidas, Fernando mantuvo el tono cordial iniciado el año anterior, si bien se permitió algunas salidas cuando menos chocantes, como la del 22 de abril de 1815, a propósito de las continuas quejas de sus padres por su situación económica: «Compadezco muchísimo la situación de VV.MM. en tener que agasajar a un banquero para poder salir de los apuros del día, pero como ha de ser, Dios lo quiere así y es menester conformarnos con su santísima voluntad, pues cuando nos envía más trabajos es cuando más nos favorece y está más cerca de nosotros». ¿Resignación cristiana ante los designios de la Providencia, o cinismo?

El elemento de discordia más perceptible en estos años entre Fernando VII y Carlos IV fue la ilusión de este último de volver a España, evidentemente solo, como dijo, pues sabía perfectamente que Fernando nunca permitiría que le acompañara la reina María Luisa. Pero le disuadió Vargas Laguna, bien aleccionado por Fernando VII, y Carlos terminó asumiendo sin aparente resquemor la decisión de su hijo.[139]

La correspondencia que nos ocupa confirma, pues, que al menos desde finales de 1814 las relaciones de Fernando VII con su padre fueron formalmente cordiales, llegando a existir cierto clima de confianza mutua. Ello no obsta para que hasta la muerte de Carlos IV viviera Fernando VII atormentado por la angustia de que en algún momento, motu proprio o inducido por otros, reclamara sus derechos al trono.[140] No puede decirse lo mismo respecto a su madre. La arraigada desconfianza entre la reina María Luisa y su hijo se prolongó hasta el final de los días de ella. Y se podría decir que por parte de Fernando existió cierto desprecio hacia su madre, motivado sobre todo por la obsesión de ella por mejorar la suerte de Godoy y su familia, incluida la que luego sería su segunda mujer, Josefina Tudó, y avivado por las impresiones transmitidas por Carlos IV en sus cartas secretas. La reina le correspondió con la misma moneda y en su testamento favoreció más a Godoy que a Fernando, aunque éste no lo cumplió.

Parece indudable que Carlos IV no llegó a considerar la posibilidad de volver a reinar en España y si en algún momento acarició esa idea, no tardó en desecharla. Tras la desaparición de Napoleón, todo su empeño se cifró en gozar de plena libertad para fijar su residencia donde le conviniera, recibiendo el reconocimiento de su condición real y los auxilios económicos necesarios. Esto es lo que, como se ha visto, solicitó a los soberanos de Europa y lo que finalmente negoció con Fernando VII. En definitiva, Carlos IV quiso salvar su honor y nada hizo para recuperar la corona, antes al contrario, cuando se enteró de que alguien actuaba con este fin haciéndose pasar por representante suyo, lo desautorizó airadamente. Tal fue su reacción al llegar a sus manos un anónimo procedente de Francia, donde se decía que un comisionado de Carlos IV promovía en París su restitución al trono mediante una operación en la que estaban implicados personajes importantes, Espoz y Mina entre ellos. El 30 mayo de 1816, Carlos IV envió el papel a Fernando VII con este comentario: «Son inventadas las nuevas reclamaciones que se me atribuyen, falsas las quejas que se dice que yo tenga contra ti y falso que haya en alguna corte de Europa comisionado mío que promueva mis supuestos derechos».[141]

Salvo en lo relativo a que Carlos IV hubiera encargado a alguien ese cometido, la información del anónimo no era falsa. Ya vimos que en el verano de 1814 Cándido Almeida promovía en Londres su regreso al trono. Debido a los servicios a Carlos IV prestados en el pasado por Almeida, es fácil que él mismo se dijera su comisionado, o que se le tomara por tal, o que el anónimo de marras aludiera a otra persona de características similares. Pero al margen de estos detalles, está comprobado que desde 1814 algunos exiliados españoles hablaron en París y en Londres de sustituir a Fernando VII por su padre. Uno de los promotores de esta empresa —quizá el primero— fue Godoy, a cuyo servicio no es descabellado suponer que estuviera Almeida, pero lo verdaderamente importante es que la idea tomó cuerpo entre los liberales y, según la policía francesa, también en círculos de los antiguos afrancesados. Carlos IV fue visto en estos medios como la solución política ideal, al menos temporalmente, para acabar con Fernando VII, pues garantizaba la continuidad de la monarquía, y al igual que Luis XVIII en Francia, podía ser el rey que posibilitara la conciliación de las conquistas moderadas de la época revolucionaria, sustancialmente las de carácter económico, con el nuevo tiempo de legitimismo y de orden dominante en Europa. Tras la pésima imagen que durante la guerra se habían forjado los españoles de los republicanos franceses, de quienes estimaban heredero a Napoleón —eran tachados de regicidas, enemigos del catolicismo y del papa, tiranos—, no resultaba factible por ahora una solución republicana. La elite liberal, por su parte, era consciente de la dificultad de contar con el apoyo internacional, imprescindible de todo punto, si no se proponía una monarquía moderada al estilo de la francesa o la británica. Por todo ello, en 1814-1819 «la deposición de Fernando VII y reposición de Carlos IV, en el marco de un sistema representativo, constituyó la piedra angular de la estrategia de reconquista del poder» para un sector de los exiliados.[142]

Las gestiones para convencer a Carlos IV no fueron pocas, si bien en este campo todavía nos movemos en la incertidumbre, pues las pruebas documentales son escasas y confusas muchas de las disponibles, la mayoría basadas en denuncias de confidentes de la policía no siempre fiables y a veces fantasiosas. En 1816, el conde de Toreno, Espoz y Mina y otros fueron detenidos en París, acusados de preparar la vuelta de Carlos IV al trono. El año siguiente, la policía francesa relacionó a los mencionados con Pedro Torres Izquierdo, sobrino de Eugenio Izquierdo, quien había actuado de enviado extraordinario de Godoy a París desde 1804. Torres se dedicaba al comercio de vinos y según la policía intentó recabar fondos para organizar una insurrección en España en favor de Carlos IV, para lo cual había enviado agentes a Bayona con el encargo de reclutar hombres y conseguir armas. Asimismo se habló de un viaje a Roma de Álvaro Flórez Estrada para convencer a Carlos IV. Misión similar desempeñó el antiguo policía josefino en Barcelona Cayetano Font y Closas. Otro destacado afrancesado, José Marchena, también se movió para facilitar el retorno de Carlos IV. Según informó en 1817 el embajador Vargas Laguna al ministro Pizarro, un inquieto liberal, Miguel Cabrera de Nevares, había ofrecido cuatro millones de reales en oro a Carlos IV en Roma para facilitar su regreso a España.[143]

Con ocasión del Congreso de Aquisgrán (Aix-la-Chapelle), celebrado en octubre-noviembre de 1818, los exiliados españoles en Londres lanzaron una intensa campaña de opinión en la que se puso en duda el derecho de Fernando VII a ceñir la corona en vida de su padre. Según Fernández Martín, el promotor fue Cándido Almeida. Se publicaron artículos en varios periódicos británicos (Morning Chronicle, Examiner, Courier...), pero en el ataque a Fernando VII destacó El Español Constitucional, editado en Londres por liberales españoles, en el que colaboraron destacados personajes, entre ellos, asiduamente, Flórez Estrada. El 4 de enero de 1819, Almeida publicó en este medio una Relación histórica sobre los derechos de Carlos IV a la Corona Española, dirigida al Congreso de Aix-la-Chapelle, una especie de compendio de las actividades desarrolladas desde 1810 en favor del regreso de ese monarca. Tan seguros de su éxito estaban, al parecer, los partidarios del rey abdicado, que el citado periódico distribuyó un volante entre sus suscriptores con este texto: «Londres, 29 de enero. Nos apresuramos a comunicar la agradable noticia que acabamos de recibir por conducto fidedigno de que el Sr. D. Carlos IV será restituido bien pronto al trono de España. Los editores».[144] Sorprende la fecha, pues el monarca había fallecido en Nápoles diez días antes.

Como es lógico, Fernando VII tuvo conocimiento de estos movimientos en el exterior y de sus correlatos en el interior. El 12 de febrero de 1815, al año escaso de su instalación en Madrid como rey absoluto, recibió una carta de Juan Martín Díaz, el Empecinado. El famoso ex guerrillero, entonces mariscal de campo, le trazó un duro cuadro de la situación política del país: la Hacienda era un caos, los cabildos eclesiásticos no habían hecho nada positivo, la administración de justicia había sido sustituida por la arbitrariedad, de modo que para perder a alguien bastaba con delatarlo, pues aunque luego fuera declarado inocente ya no había remedio... Todo esto era producto, decía, del ascendiente de unas cuantas personas sobre el rey, que lo único que han hecho es «sorprender a V.M. con informes siniestros y ponerlo a la cabeza de su partido para satisfacer sus venganzas particulares». Para poner remedio, el Empecinado proponía la convocatoria de Cortes, una amnistía, y el pago de la deuda pública con los bienes de las órdenes religiosas no necesarios para la subsistencia de sus miembros. La carta, bastante extensa, finalizaba con este aviso:

Además de todo lo dicho, no quiero ocultar a V.M. que sé, por conducto seguro y fidedigno, que el señor don Carlos IV acumula representaciones de diferentes pueblos y corporaciones de España, quejándose de esta conducta e invitándole a que se esfuerce en volver, para cuyo efecto le ofrecen un partido grande, confiados desde luego en el disgusto general. También me consta y sé por el mismo conducto la fuerza que con estas representaciones se ha hecho en algunos Gabinetes [extranjeros].[145]

Con inusitada valentía, que le valió acto seguido el encierro durante largo tiempo en un castillo y en 1825 la muerte en la horca (el rey en persona se interesó en que no se demorara su ejecución), Juan Martín Díaz no hacía sino poner ante los ojos del rey el malestar general de la población. Pero a pesar de todo, todavía daba muestras de confianza en Fernando VII si cambiaba de actitud: «Reciba en sus brazos a unos y a otros y manifiésteles de este modo que no protege a unos y menosprecia a otros, y tendrá reunidos los ánimos de todos, y entonces nada le faltará a V.M. y se hará temer de todas las naciones». En definitiva, el antiguo guerrillero exhortaba al rey a que cumpliera el papel que le atribuyeron los españoles en el tiempo de la guerra contra Napoleón e históricamente desempeñaban los monarcas, esto es, actuar de nexo de unión de la nación en situaciones de dificultad o muy comprometidas.

En una línea parecida se pronunció Flórez Estrada en su Representación a S.M.C. el Señor don Fernando VII en defensa de las Cortes, publicada en octubre de 1818 en los dos primeros números de El Español Constitucional, editada enseguida como folleto y traducida al inglés, lo cual facilitó su difusión. El texto estaba muy bien redactado y teóricamente fundamentado; por supuesto, no se trataba de una improvisación. Contenía un durísimo alegato contra la política de Fernando VII, pero lo más relevante era el argumento utilizado para justificar su legitimidad para ocupar el trono. Con su renuncia en Bayona y su ausencia del reino, Fernando había perdido todo su derecho a la corona, pero la nación lo reconoció como rey y así lo declaró el primer decreto de las Cortes de Cádiz y lo sancionó la Constitución. La legitimidad no se la proporcionaba la historia y la legalidad derivada de ella, sino un nuevo principio: la soberanía nacional. Por consiguiente, si deseaba permanecer en el trono, su obligación principal consistía en defender este principio. Ahora bien, el rey había hecho todo lo contrario mediante su manifiesto del 4 de mayo y las subsiguientes decisiones políticas, porque se había dejado llevar por la «corruptora influencia» de unos consejeros que le habían engañado y apartado de las ideas defendidas por la opinión pública en Europa. Un rey «no puede reinar tranquilamente si no se conforma con la opinión pública dominante», de modo que era preciso cambiar de rumbo, adoptando algunas medidas. El texto enumeraba las principales: reunión de Cortes, amnistía, libertad de imprenta, negociación con los españoles americanos, abolición de la Inquisición y concesión de libertad general de comercio con América. De hacer esto, «estad, señor, seguro, que principiaréis a reinar en los corazones de vuestros súbditos».[146]

Aunque severos en su crítica, el Empecinado y Flórez Estrada no rompían por completo sus lazos con Fernando VII. En realidad, no rechazaban la posibilidad de que continuara en el trono, pero le exigían un cambio radical de política, que necesariamente no suponía volver al modelo de la Constitución de 1812. Tal vez estaban sinceramente convencidos de que con otros consejeros, Fernando VII actuaría de otra forma, o puede que sus textos fueran una táctica para ganarse al rey, con el fin de abrir el camino a las reformas, evitando, al mismo tiempo, combatir la imagen positiva de este monarca tan arraigada en la mayor parte de la población española, cuya importancia había señalado en 1810 el propio Flórez Estrada.

Las propuestas del Empecinado y de Flórez Estada eran una solución política que convivió durante este sexenio con la posibilidad del regreso de Carlos IV. Una y otra abocaban al establecimiento en España de una monarquía constitucional, bien con Fernando VII, bien con su padre. Pero no fueron éstas las únicas opciones. También se planteó prescindir de Fernando VII. En el «Manifiesto» insurreccional de los comprometidos en la conspiración de El Palmar se fijó como objetivo el derrocamiento del «tirano». Después de tacharlo de enemigo público y calificar su dominio de ilegítimo y torticero, los conspiradores proclamaron: «El pueblo español, invocando al Ser Supremo, como a principio de toda justicia, declara: 1.o, que Fernando, como usurpador y tirano, está fuera de la ley; 2.o, que no dejará las armas de la mano hasta la total restauración de la Libertad y de las leyes». En los documentos relativos a esa conspiración, constitutivos de lo que Claude Morange ha denominado «el plan Beitia», se apunta la posibilidad de confiar la jefatura del Estado al infante Francisco de Paula. También hubo insinuaciones, siempre vagas, sobre un posible cambio de dinastía.[147]

Fernando VII no sólo no alteró su política, sino que sistemáticamente respondió con medidas represivas, valiéndose de todos los medios a su disposición, incluida la Inquisición. En consecuencia, el descontento en el interior y entre los exiliados fue en paulatino aumento y en la misma proporción creció la lucha política. Ante la imposibilidad de utilizar los organismos políticos públicos, en realidad inexistentes, se recurrió a la conspiración (de ahí la importancia de la masonería) y al uso de la fuerza militar, ahora que el Ejército no era un bloque aristocrático como lo había sido antes de 1808. Ello dio lugar a lo que se ha dado en llamar, quizá impropiamente, «los primeros pronunciamientos». Estos movimientos se sucedieron sin interrupción entre 1814 y 1819. Disponemos de noticias sobre los protagonizados por Espoz y Mina, Porlier, Renovales, Lacy, Vidal, y las conspiraciones del Triángulo y El Palmar. No fueron los únicos. En 1817 tuvieron lugar otros de características similares en Valencia y en Santiago de Compostela. En cualquier caso, todavía queda mucho por saber sobre cada uno, con la relevante excepción de la conspiración de El Palmar, rigurosamente estudiada por Claude Morange. Según este autor, entre estos proyectos insurreccionales, que no deben ser considerados preparación del acontecido en Las Cabezas de San Juan el 1 de enero de 1820, existieron conexiones, incluso relaciones personales, y evidentes parecidos en la finalidad y los métodos, de modo que «el historiador no puede sino compartir la impresión experimentada por muchos contemporáneos de estar en presencia de un solo y único fenómeno conspirativo que fracasa repetidamente y siempre renace de sus cenizas».[148]

Fernando VII fue uno de aquellos contemporáneos que pensaron que se hallaban ante un fenómeno conspirativo insurreccional con amplias ramificaciones en el interior y el exterior gracias a la masonería, cuya finalidad consistía en acabar con los tronos y con la religión católica. Con esta angustia vivió desde 1814.

Una potencia de segundo orden

El 21 de junio de 1814, apenas transcurrido un mes desde la instalación de Fernando VII en Madrid como rey absoluto, el enviado español al Congreso de Viena, Pedro Gómez Labrador, confesaba al duque de San Carlos desde París que si bien «los decretos de Valencia nos han hecho ganar mil por ciento», en Europa «nos tratan como potencia menor y las grandes hablan por nosotros». Dos meses después, el diplomático desvelaba a su superior la razón del menosprecio internacional de España:

Es increíble lo que vamos bajando en el concepto de las demás naciones [...] ese restablecimiento de todo lo que había de más malo en nuestro sistema no deja esperanza de que seamos más que el vilipendio de la Europa, en toda la cual los militares son militares y nada más, y los magistrados jueces y no otra cosa y los eclesiásticos se limitan a sus sacramentos y su púlpito. Yo no conozco forma de Gobierno más monstruosa que la que acaba de restablecerse; y con todos sus buenos deseos, S.M. no podrá sacar a la nación del abatimiento, de la profunda miseria y de la bárbara ignorancia a que la han reducido esos extraños medios de gobernar. ¡Triste nación y desgraciado soberano![149]

Labrador reflejaba el punto de vista de Europa, donde las cosas no se veían igual que en el entorno de Fernando VII. Allá pesó mucho el incumplimiento de las promesas del 4 de mayo y más aún el encarcelamiento de los prohombres liberales. «Si hemos de tener comunicación con las demás potencias de Europa es necesario que contemporicemos con ellas», escribió Labrador al duque de San Carlos el 2 de agosto. Era la misma idea que de manera diferente había expresado Wellington a Fernando VII en la memoria que le dejó tras su viaje a Madrid en junio anterior y aproximadamente lo que había hecho Luis XVIII en Francia al ocupar el trono. Aunque a juicio de su biógrafa E. Lever el rey francés era visceralmente partidario de la monarquía absoluta de origen divino, supo adaptarse a las circunstancias y transigió con los principios constitucionales, pues como dijo a Fernando IV de Nápoles, quien asimismo sancionó una Constitución para su reino, era preferible dar una constitución que recibirla.[150] Pero Fernando VII no siguió ese modelo y rechazó toda transacción con la cultura constitucional. Su ceguera ante el nuevo tiempo político fue tan acusada como la mostrada en 1808 al acudir a la llamada de Napoleón.

La lucha de los españoles contra el imperio francés había sido muy elogiada en Europa desde 1808, y aunque la victoria fue atribuida a Wellington, a finales de 1813 la prensa europea en general seguía tratando de forma positiva a España. También, como se ha dicho, fue bien recibido en las cortes europeas el Manifiesto de Fernando VII del 4 de mayo. Todo lo cambiaron los sucesos de ese mismo mes en Madrid y las medidas políticas subsiguientes. Especial escándalo causó el restablecimiento de la Inquisición el 21 de julio de ese año. La prensa británica se mostró muy dura. The Times, por ejemplo, cambió drásticamente su opinión sobre España. En un artículo publicado el 2 de octubre de 1814 se dijo que España ya no tenía nada que ver con la nación que había contribuido heroicamente a la libertad de Europa, y en otro del 14 del mismo mes se la calificó de vergüenza del continente. Preocupado sobremanera por este ambiente, Fernando VII ordenó a los representantes diplomáticos españoles en Europa, en especial al embajador en Inglaterra, que hicieran lo posible por contrarrestar los juicios e informaciones contrarios a España mediante desmentidos, comprando periodistas o presionando a los Gobiernos para que controlaran y prohibieran publicaciones y castigaran a sus autores. El resultado no fue el esperado, y aunque en aquellos lugares donde no existía amplia libertad de prensa se obtuvo cierto éxito (por ejemplo en Dinamarca y en los estados de la Confederación Germánica), en Inglaterra se cosechó un completo fracaso. En todo caso, el Gobierno español no pudo impedir que los liberales y afrancesados exiliados publicaran en Francia e Inglaterra sus críticas a la política de Fernando VII.[151]

La visión negativa sobre España no se redujo a la prensa. El consejero austriaco Gentz, que había informado muy favorablemente al señor de Valaquia del manifiesto real del 4 de mayo (lo calificó de «uno de los documentos más importantes de la historia contemporánea»), le manifestó en diciembre siguiente: «La debilidad del Rey y la maldad, o mejor dicho, la impiedad de quienes lo dominan han producido un sistema de reacción y persecución sólo comparable al que reinó en Francia en tiempos de Robespierre». Tras esta comparación —la peor que podía hacerse en ese momento en una Europa que abominaba del «terror» revolucionario— el austriaco se mostraba así de contundente acerca de las posibilidades españolas de mantener el imperio americano: «Todo el mundo está convencido de que un Gobierno cuya incapacidad supera incluso a su maldad, tampoco estará en disposición de llevar a buen fin tal empresa».[152]

Gracias a su imperio, España había sido tenida en cuenta en el concierto internacional a finales del siglo XVIII, a pesar de los evidentes signos de debilidad interna. En 1814 cambió radicalmente la situación, no sólo porque los europeos constataron que el dominio español en América tenía los días contados, sino también y quizá en primer lugar, pues era causa de lo anterior, por la política de Fernando VII. Tan claro era esto que, como acabamos de ver, incluso un hombre tan dado a servir a sus amos como Labrador, que había trabajado para José I y para la Regencia constitucional antes de ponerse incondicionalmente a las órdenes del rey absoluto, se permitió reflejarlo en su correspondencia con el ministro de Estado, aunque no hay que descartar cierta intención justificativa por parte del diplomático, pues dejaba caer que si fracasaba en el Congreso de Viena no sería por su gestión, sino por la de quienes decidían la política en España.[153]

No andaba descaminado Labrador en su interpretación de la situación. España había perdido desde hacía tiempo toda iniciativa en el ámbito internacional. Durante el reinado de Carlos IV quedó bajo la órbita del Directorio francés, luego de Napoleón, y desde 1808 se había puesto a disposición de Inglaterra. La falta de autonomía y el desbarajuste de la diplomacia española ocasionado por la guerra pusieron en evidencia la debilidad negociadora de las autoridades españolas. Prueba de ello fue la dificultad durante los años de la guerra en firmar alianzas y conseguir el reconocimiento internacional de Fernando VII como rey de España. Las autoridades patriotas intentaron firmar un tratado con el imperio austriaco, y a punto estuvieron de lograrlo en 1809, pero las relaciones con Viena no se formalizaron hasta 1814. Constantinopla no reconoció a Fernando VII, y a pesar de los esfuerzos desplegados, tampoco lo hicieron Estados Unidos y Suecia. En el acuerdo bilateral con este último reino no se incluyó un artículo específico relativo al reconocimiento de Fernando VII para evitar hacer lo mismo con Bernadotte, a quien oficialmente ignoraba Inglaterra. Sólo dos países con los que se concertó un tratado de alianza en este tiempo, Inglaterra en 1809 y Rusia en 1812, reconocieron plenamente a Fernando VII.[154] Éste fue uno los factores que explican la influencia en España en 1814 de sus respectivos embajadores, Henry Wellesley y Dmitri Tatischev.

España no tuvo representante acreditado en las primeras y decisivas conversaciones para reorganizar Europa tras la victoria sobre Napoleón celebradas en Frankfurt (noviembre de 1813) y Châtillon (febrero de 1814). No estuvo presente en Chaumont, donde el 1 de marzo de 1814 Inglaterra, Rusia, Austria y Prusia constituyeron la Cuádruple Alianza, el organismo que haría y desharía en Europa una vez desaparecido Napoleón. Tampoco participó, y esto fue más importante, en la negociación del tratado de paz de París el 30 de mayo de 1814, que puso definitivamente fin a la guerra. En este último caso, España sólo fue invitada junto con Portugal y Suecia a «acceder» al texto final. El embajador en Londres Fernán Núñez, al que se le había ordenado ir a París, sin poderes ni instrucciones, se negó a firmar el texto, a pesar de que afectaba a los intereses españoles, pues contemplaba la recuperación para España de la isla de Santo Domingo y permitía que Francia retuviera durante veinticinco años los tesoros artísticos sacados por su Ejército de otros países.[155] La explicación de la negativa de Fernán Núñez a firmar tal vez se halle en el artículo decimosexto del tratado, de todo punto inasumible para Fernando VII. Decía lo siguiente:

Las altas partes contratantes queriendo poner y hacer poner en un olvido entero las divisiones que han agitado la Europa, declaran y prometen que en los países restituidos y cedidos por el presente tratado ningún individuo de cualquiera clase y condición que sea, pueda ser perseguido, inquietado ni turbado en su persona y bienes con pretexto alguno por causa de su conducta u opinión política, ni por la de su adhesión a alguna de las partes contratantes o a los Gobiernos que han dejado de existir, ni por cualquiera otra causa que no sea deudas contraídas antes, o cosas hechas después del presente tratado.[156]

Esta disposición se cumplió más o menos en casi todos los países europeos y ello favoreció la transacción entre el tiempo político pasado y el presente que caracterizó la Restauración europea. A esto, entre otras cosas, se refería Labrador al aconsejar al duque de San Carlos que había que «contemporizar» con las demás potencias. Pero Fernando VII fue por un derrotero completamente distinto. No bastaban las medidas contra los liberales, y el mismo 30 de mayo publicaba la circular que prohibía la vuelta a España de los afrancesados más significados, de la que se ha dado cuenta. Esta decisión fue un golpe inesperado para los afrancesados exiliados, quienes se habían forjado ilusiones de poder retornar a la patria después del compromiso adquirido por Fernando VII en el tratado de Valençay y de haber recibido promesas en este sentido del rey en persona en su viaje de retorno a España. La reacción contra el decreto fue clamorosa. Llovieron las críticas a Fernando VII y fueron numerosas las solicitudes de protección dirigidas a Luis XVIII y a su ministro de Asuntos Exteriores Talleyrand. Algunos arremetieron de forma durísima contra el rey de España, aludiendo a su pasada y rastrera sumisión a Napoleón. En este punto destacó Francisco Amorós en unas Reflexiones publicadas enseguida en francés en París, muy difundidas, a pesar de que debido a las presiones de España, el Gobierno de Luis XVIII prohibió su circulación.[157]

En estas condiciones era imposible lograr resultados satisfactorios en el Congreso de Viena, cuyas primeras conversaciones informales comenzaron el 15 de septiembre de 1814. En las instrucciones a Labrador se insistía en la prohibición del regreso de los afrancesados, con el argumento de que era un asunto interno y no se podían tolerar intromisiones. Aparte de esto, que una vez más delataba la nula disposición de Fernando VII a amoldarse al nuevo tiempo político, el rey no demostró gran interés por lo que se pudiera negociar en aquella magna reunión, aunque quizá lo más grave fue su incapacidad para evaluar la situación diplomática.

Las que pudiéramos considerar instrucciones a Labrador se redujeron a conseguir el regreso del papa a los Estados Pontificios y la de Fernando IV de Borbón a Nápoles, la devolución a España de la Luisiana y el establecimiento de la infanta María Luisa, hermana del rey, en el gran ducado de la Toscana, el antiguo reino de Etruria, donde ella había reinado en tiempo de Napoleón, o, en su defecto, en los ducados de Parma, Plasencia y Guastalla. Tales reivindicaciones eran a estas alturas una quimera. Tras obtener la Luisiana de España, Napoleón la había vendido en 1803 a Estados Unidos y en modo alguno cabía imaginar que ese país renunciara al puerto de Nueva Orleans y al uso de una vía navegable tan importante como el Mississippi. La Toscana había sido arrebatada por Napoleón a los Habsburgo y, lógicamente, Metternich estuvo sumamente interesado en recuperarla para la familia imperial austriaca. En cuanto a los ducados italianos, España llegaba tarde, pues en el tratado de Fontainebleau del 14 de abril anterior, Rusia, Austria y Prusia habían acordado con Napoleón la concesión en plena propiedad y soberanía de esos territorios a María Luisa, esposa del emperador francés e hija del de Austria. Sin tener en consideración las perspectivas abiertas por el Congreso de Viena, Fernando VII todo lo cifró en la vieja política dinástica en Italia, fuente de tantos problemas en tiempo de su padre y ahora, reiteremos, objetivo inalcanzable.

A mayor abundamiento, el rey ignoró las propuestas que le hiciera Wellington en la Memoria que dejó en su visita a Madrid en junio de 1814, lo cual era una imprudencia, pues los auténticos intereses internacionales de España no estaban en Europa, sino en América, y para satisfacerlos necesitaba el respaldo británico. Wellington había manifestado paladinamente al rey el camino que debía seguir para ganarse el apoyo del Reino Unido: abandonar toda aspiración a ejercer influencia fuera de sus límites territoriales naturales, esto es, renunciar a la política italiana, mejorar la situación interior, restablecer su Marina, recuperar su comercio, sanear su deuda y, sobre todo, «el arreglo de sus colonias». Todo ello y, en especial lo último, que Wellington señaló como el principal asunto de preocupación para España, sólo podría lograrse mediante una sólida alianza con Inglaterra, alianza, recalcó el británico, «conveniente, cuando no necesaria a la España». El nuevo tratado de alianza entre España y el Reino Unido se formalizó el 5 de julio de ese año, pero a pesar de que en él se decía que se pretendía «estrechar más íntimamente» los vínculos existentes, no hubo avances sustanciales respecto al de 1809. Aparte de comprometerse ambas partes a concertar un acuerdo de comercio y de la promesa de España de no colaborar en el tráfico para proveer de esclavos a territorios fuera de sus dominios, lo más relevante fue el compromiso de Inglaterra de impedir que sus súbditos proporcionaran armas y otro material de guerra a los insurrectos de América.[158]

España salió profundamente insatisfecha del Congreso de Viena. En la reordenación territorial de Europa únicamente consiguió el pequeño ducado de Luca para la infanta María Luisa y sus herederos. En el plano diplomático, quedó patente su condición de potencia de segundo orden, pues aparte de fracasar en su aspiración de colocar en la Toscana y Parma a los Borbones de la rama española, sufrió el clamoroso revés, recibido como una humillación, de que el Acta Final reconociera el derecho de Portugal a la posesión de Olivenza, plaza de la que se había apoderado España en 1801. La retrocesión de Olivenza, con todo, nunca tuvo lugar.[159]

En Viena funcionaron tres comisiones o bloques: los Cuatro (Austria, Inglaterra, Rusia y Prusia), los Cinco (los anteriores más Francia) y los Ocho (los Cinco más España, Portugal y Suecia). Estos tres últimos reinos quedaron apartados de las negociaciones importantes. Labrador se quejó continuamente de la falta de consideración hacia España a pesar de su decisiva aportación a la lucha contra Napoleón, pero en lugar de atender sus reclamaciones, los Cuatro lo consideraron un molesto protestón y Wellington, jefe de la delegación británica al final de las sesiones, llegó a decir de él que era «la peor cabeza del Congreso».[160] Sólo Talleyrand le dio cierto juego al principio, fundamentalmente porque le convino el concurso del español para fortalecer la posición de Francia, pero terminó por abandonarlo. Aislado y despechado, el 9 de junio de 1815 Labrador no firmó el Acta Final. Fernando VII no la reconoció hasta dos años más tarde, el 7 de mayo de 1817.

El rotundo fracaso de España en Viena no fue achacable únicamente a Labrador. Es indudable que no estuvo a la altura de las circunstancias —en ello coinciden casi todos los historiadores—, pero más que facilitarle la misión, Fernando VII se la obstaculizó. Aparte de la incidencia de las medidas represivas sobre la opinión pública europea y de marcar objetivos absurdos (obtención de la Luisiana) o manifiestamente irrealizables (la colocación de la infanta María Luisa en la Toscana o en Parma), el rey siempre concedió prioridad a las cuestiones internas, aun siendo éstas a veces de poca relevancia, sin importarle su repercusión internacional. Una de las actuaciones especialmente inoportunas de Fernando VII a este respecto dio origen a un incidente diplomático con Francia, el mayor apoyo de Labrador en Viena, que a punto estuvo de ocasionar la ruptura entre ambos países. Nos detendremos en ello porque ilustra la forma de dirigir Fernando VII la política.[161]

En octubre de 1814, cuando el Congreso estaba en plena efervescencia en Viena y todavía no habían ocupado sus puestos en París y Madrid los respectivos embajadores ya nombrados, conde de Perelada y Montmorency-Laval, el encargado de negocios de España en Francia, conde de Casa Flores, ordenó a la policía francesa, sin comunicación previa al Gobierno de ese país, la detención de Espoz y Mina y tres de sus colaboradores en la frustrada intentona insurreccional de Pamplona. Al tener conocimiento del hecho, Luis XVIII liberó a los detenidos y aunque les obligó a abandonar Francia, les permitió ir a donde quisieran, salvo a América. Al mismo tiempo, exigió el cese de Casa Flores, pues había violado la soberanía francesa al utilizar la policía sin autorización del Gobierno. El duque de San Carlos reaccionó con el envío al ministro de Estado francés de un breve billete en el que le expresaba la sorpresa y descontento de Fernando VII por la liberación de los liberales arrestados. El 5 de noviembre Luis XVIII escribió al monarca español que no variaría su decisión. A partir de ahí los dos Gobiernos se intercambiaron notas muy duras, dándose uno y otro por ofendido. El español exigió la detención de Espoz y Mina, el reconocimiento de Casa Flores en su puesto y, nada menos, que el rey de Francia se excusara y declarara que desaprobaba la conducta de su Gobierno y que en lo sucesivo los representantes de España en Francia no serían privados ni de sus prerrogativas, ni de la consideración debida de acuerdo con el derecho de gentes. Nada de esto realizó Luis XVIII, pero quiso quitar hierro al asunto y ordenó a Montmorency-Laval que ocupara de inmediato su embajada en Madrid. España no correspondió con la misma medida. Antes de enviar a su embajador a París, exigió el reconocimiento de Casa Flores.

En enero de 1815, una vez en España, Montmorency-Laval mantuvo varias entrevistas con Fernando VII. En una de ellas comunicó al rey su intención de regresar a Francia si España no enviaba de inmediato embajador a París. Fernando VII le respondió: «¿Qué quiere que haga? He sido ofendido. Amo al rey mi primo, pero mi Corona y mi pueblo exigen una reparación». En otro encuentro, Fernando VII reiteró su postura con un punto de cinismo: «Usted tiene aquí un doble carácter. Como embajador de Francia, vuestro deber os impone el lenguaje de la conciliación. Como Montmorency, sabéis que mi honor herido exige reparación».

Causa asombro la inveterada obstinación de Fernando ante una cuestión nimia, si se tiene en cuenta la situación de América en ese momento, lo que se negociaba en Viena y la necesidad para España de contar con el apoyo de Francia. Se había llegado al borde de la ruptura diplomática. El 16 de marzo el embajador francés tenía todo preparado para regresar a Francia, adonde ya había enviado su equipaje, cuando el titular de Estado Cevallos le mandó aviso de que Napoleón había salido de Elba. El embajador se apresuró a visitar al ministro, quien se comprometió a convencer al rey para que olvidara su resentimiento. Dos días después, Cevallos informó al francés que había ordenado al conde de Perelada que ocupara inmediatamente su embajada en París. La vuelta de Napoleón había roto la tozudez de Fernando VII. En prueba de buena voluntad, éste ordenó al general Álava, embajador en Holanda, que se presentara ante Luis XVIII en Gante, adonde se había refugiado huyendo del corso, y anunció que ofrecería asilo en España con todos los honores al duque de Angulema, sobrino del rey francés. El conflicto diplomático había quedado superado, pero después del imperio de los Cien Días, Talleyrand no hizo casi nada por facilitar los objetivos perseguidos por Labrador en el reanudado Congreso de Viena, cuya Acta Final hemos visto que no favoreció a España.

La pérdida de América

En 1808, los americanos se consideraban parte de la monarquía española, un imperio entendido como un gran espacio dividido en pueblos, reinos y naciones, en el que convivían diferentes etnias y existían distintos fueros, privilegios, lenguas, etcétera, cuyo nexo de unión era el rey. Todos se sentían súbditos del mismo monarca, al que atribuían un halo místico (era la imagen de la divinidad), garante último de la justicia. Como padre de pueblos e individuos, sus vasallos reconocían en él autoridad superior y le debían respeto y fidelidad.[162]

Cuando en julio y agosto de ese año recibieron noticias de lo ocurrido en Bayona, los americanos, sin distinción de etnia o clase social, reaccionaron de la misma forma que los españoles europeos poco antes: reafirmaron su fidelidad al rey y convocaron cabildos abiertos, los cuales propusieron enseguida la formación de juntas, que asumieron de manera interina el Gobierno en nombre del rey hasta que éste gozara de plena libertad.[163]

En multitud de escritos y sermones se expresó el más vivo sentimiento de fidelidad a Fernando VII, al que, como hicieron las juntas peninsulares, se le eximió de toda responsabilidad en los sucesos de Bayona y se le atribuyeron los calificativos más excelsos: «venturoso», «celestial», «ínclito», «augusto», «esclarecido», «dulce», «justo», «inocente», «el más suspirado monarca del universo», «el más amado de los reyes», «el más amable», «el mejor de los reyes», «el más digno», «verdadero hijo de Dios», «copia de Dios», «verdadera imagen de la divinidad». La población americana respondió con entusiasmo a los actos de proclamación y juramento del nuevo rey organizados por las autoridades (virreyes, capitanes generales, cabildos...), desarrollados todos en un fastuoso ambiente festivo. Al mismo tiempo, abundaron las manifestaciones de fidelidad. En septiembre de 1808, el consulado de Buenos Aires expresó en carta a la Junta de Sevilla sus «pruebas más auténticas de lealtad y amor al deseado Fernando 7.o» y resaltó que «el sentimiento unánime de la Nación» mantenía los lazos estrechos y la «uniformidad de ideas», que son los de todos los habitantes de este suelo, «para sostener en el trono al legítimo monarca Fernando 7.o». La Proclama dirigida por el Excmo. Cabildo de Buenos Aires al vecindario y habitantes de esta Ciudad con motivo de la proclamación del Sr. Fernando VII, Rey de España y de las Indias, del 22 de agosto de 1808, declaró que los vínculos de unión con el monarca eran indisolubles: Fernando es «el centro de nuestras relaciones [...] y la base inalterable de la felicidad de estas provincias», cuyos habitantes estaban dispuestos a «derramar hasta la última gota de sangre en su obsequio». Estas muestras de fidelidad tuvieron su correlato material, pues desde diferentes puntos de América se enviaron donativos a la Península para mantener la guerra contra Napoleón, y si bien algunos de los donantes pudieron verse forzados, al menos en Nueva España —ha hecho notar Landavazo— fue general la voluntad de contribuir con alguna cosa, sin que se excluyeran los indios.[164]

Las ilusiones se fortalecieron cuando en enero de 1809 la Junta Central, constituida meses antes en Aranjuez, anunció la integración en ella de los americanos en pie de igualdad con los europeos. Sin embargo, la promesa no fue cumplida y en la práctica se mantuvo la desigualdad política. Los territorios europeos tuvieron mayor representación en las instituciones, en calidad y cantidad, que los americanos. En realidad, las nuevas autoridades españolas consideraron América objeto, pero no sujeto, de Gobierno. Como habían planteado los ilustrados españoles, América era el imperio, los dominios ultramarinos del rey de España, pero la matriz de la monarquía la constituía la parte europea. Entre España y América no se podía conformar otra forma de nación que no fuera de raíz imperial.[165] No obstante, a pesar de los recelos suscitados por su postergación, los americanos reconocieron a la Junta Central su carácter de Gobierno legítimo provisional en ausencia del rey. Las suspicacias se incrementaron en 1810 con la creación de la Regencia, porque como declaró la Junta de Caracas el 19 de abril de ese año, «no ha sido constituida por el voto de estos fieles habitantes, cuando han sido ya declarados no colonos, sino partes integrantes de la Corona de España, y como tales han sido llamados al ejercicio de la soberanía interina [por ausencia del rey] y a la reforma de la constitución nacional».[166]

La Regencia, en consecuencia, no fue reconocida por varias juntas americanas. Esto alentó los movimientos autonomistas, reforzados asimismo por las victorias de Napoleón, que hicieron pensar en la inminente conquista de la península ibérica, en cuyo caso sólo América se mantendría fiel a la monarquía hispánica. De acuerdo con la teoría pactista, muy extendida entre los americanos, en ausencia del rey, titular de la soberanía, cada «pueblo» o reino integrante de la monarquía era libre para asumir provisionalmente su parte de la soberanía, a la espera de la reconstitución de una autoridad única e incontestable. Esto no significaba, afirma F.-X. Guerra, el abandono del concepto global de la monarquía, ni menos aún la desaparición de la fidelidad al rey, pues las nuevas autoridades gobernarían en su nombre. Sin embargo, la ausencia del rey implicaba la desaparición del único nexo entre América y la España europea y, por supuesto, también el de los diferentes reinos de las Indias entre sí.[167]

Paradójicamente, en el momento en que las expresiones de adhesión, amor y lealtad a Fernando VII fueron más profundas y exaltadas, en opinión de varios historiadores jamás vistas en América, se inició el proceso que conduciría a la independencia. Pero a diferencia de lo sucedido en otros territorios, como en las Trece Colonias británicas, la insurrección en la América hispana no comenzó siendo una lucha contra el rey, sino en defensa del monarca legítimo frente al impuesto por Napoleón, el intruso José. En marzo de 1810 los autonomistas mexicanos reclutaron a Miguel Hidalgo y a otros con la pretensión de establecer una junta americana para gobernar en nombre de Fernando VII. Inicialmente los seguidores de Hidalgo se propusieron tomar el control de Nueva España hasta el regreso de Fernando VII, con el fin de evitar que los franceses se apoderaran del virreinato, y de acabar con el mal Gobierno. En una proclama de noviembre de 1810 en la villa de Zamora (Michoacán) afirmó Hidalgo que desenvainaron la espada contra unos hombres soberbios y déspotas que durante trescientos años habían ultrajado y menospreciado a los americanos, pero dejó patente que «el objeto de nuestros constantes desvelos es mantener nuestra religión, el rey, la patria y la pureza de costumbres». Hasta tal punto penetró en el imaginario popular la idea del rey sacralizado, que una vez iniciada la lucha corrieron rumores de que Fernando VII apoyaba a los insurgentes y acompañaba a Hidalgo o a Allende oculto en un carruaje negro o verde, con el rostro cubierto con un velo o una máscara de plata, y que deseaba instalarse en Nueva España.[168]

La mayoría de las supuestas declaraciones de independencia anteriores a 1813 fueron proclamas de fidelidad a Fernando VII y, en varios casos, de rechazo de la Regencia. En abril de 1810 Caracas creó la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII (la denominación es más que elocuente), la cual respondió en los términos siguientes a la Regencia cuando ésta la desautorizó: «La Junta erigida en esta capital y representativa del señor D. Fernando VII, será disuelta luego que S.M. se restituya a sus dominios o siempre que se organice unánimemente otro Gobierno más idóneo para ejercer la soberanía en toda la nación». El 13 de mayo de ese año, tras decidir no reconocer a la Regencia española, los líderes independentistas de Buenos Aires organizaron la Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata para «conservar íntegra esta parte de América a nuestro augusto soberano el señor don Fernando VII y sus legítimos sucesores y guardar puntualmente las leyes del Reino». El Estado de Cundinamarca, creado en marzo de 1811 en Nueva Granada, reconoció a «Don Fernando VII, por la gracia de Dios y por la voluntad del pueblo... rey de los cundinamarqueses».[169] Como cabe observar, el sentimiento de unidad del imperio bajo Fernando VII seguía siendo muy acusado. Las juntas americanas rechazaron la Regencia, pero se declaraban depositarias del poder real durante la ausencia de Fernando VII.

La insurrección se planteó en un principio como una lucha en tres frentes: contra los españoles europeos, por su explotación de los americanos, es decir, contra el mal gobierno; por la conservación de la monarquía para Fernando VII, ante el supuesto de que los europeos la entregaran a Napoleón, y en defensa de la religión, frente al peligro en que la ponían los franceses.[170] Los americanos pretendían ser independientes de los españoles, pero no del rey.

Esta situación fue variando con el tiempo. La tan prolongada ausencia de Fernando VII, que a juzgar por los éxitos militares de Napoleón en la península ibérica no pocos presumieron que sería definitiva, la politización de la sociedad americana propiciada por la crisis, y la declaración del principio de soberanía nacional por las Cortes de Cádiz movieron a los criollos partidarios de la emancipación a pensar en alternativas a la monarquía española. Si no había rey, los americanos no tenían por qué sentirse sujetos a las autoridades nombradas por el Gobierno peninsular y estaban en su derecho de asumir la soberanía, como lo habían hecho los diputados presentes en las Cortes de Cádiz. La cuestión la planteó con toda lógica el zacatecano José María Cos en el Semanario Patriótico Americano en agosto de 1812: «¿Hay en el mundo quien tenga jurisdicción sobre la América no existiendo el soberano?». En febrero de ese año había dicho Morelos, introduciendo un interesante matiz respecto a la actitud del rey: «Ya no hay España, porque el francés está apoderado de ella. Ya no hay Fernando VII, porque él se quiso ir a su Casa de Borbón a Francia y entonces no estamos obligados a reconocerlo como rey».[171]

A partir de 1813 proliferaron los discursos con referencias antiespañolas y se fue imponiendo la contraposición entre «ellos» y «nosotros». Si antes se habló de «españoles americanos» y «españoles europeos», las Españas, ahora simplemente se dice americanos y españoles. Lo que indicaba distinción en el interior del imperio pasa a ser confrontación entre naciones diferentes. Las actas y proclamas de independencia dejan de mencionar al rey como único depositario de la soberanía, la cual se atribuye ahora a diferentes actores: los pueblos o reinos, el pueblo, las ciudades, las juntas..., la nación. La nación es una comunidad nueva, fundada en la libre asociación de los habitantes de un territorio. En esta tesitura, la única posibilidad de mantener la unión de las naciones americanas y España, de construir una nación entendida, de acuerdo con el artículo primero de la Constitución de Cádiz, como «la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios», pasaba por establecer un sistema basado en la representación en régimen de igualdad y de relación autonómica de gobierno, cosa que no se hizo. En Cádiz se pretendió transformar el imperio en Estado-nación, pero para ello habría sido necesario, como sostiene Pérez Vejo, que el nuevo Estado hubiera controlado el territorio de la antigua organización imperial, con el fin de imponer «un relato en el que españoles, indios y mestizos se reconociesen como parte de una sola nación». Esto, como es sabido, nunca se logró.[172]

En 1814 Fernando VII atribuyó las revueltas americanas a la errónea política practicada por los liberales durante su ausencia y creyó que una vez instalado en su trono, sin la fatídica Constitución que proclamaba la soberanía nacional, se volvería a la antigua unidad de la monarquía. Su majestad «se colocará en medio de sus hijos de Europa y de América y hará cesar la discordia, que nunca se hubiera verificado entre hermanos sin la ausencia y cautiverio del padre», afirmó el 24 de mayo de 1814 el ministro de Ultramar Miguel de Lardizábal en una circular dirigida a las autoridades de América. Sin embargo, enseguida quedó patente que en este, como en otros ámbitos, el retorno al Antiguo Régimen ya era imposible. La nación había sustituido al rey como sujeto de la soberanía y fundamento último de legitimidad política, de manera que ahora el problema consistía en determinar cómo articular la relación entre España y los territorios americanos y de qué naciones se trataba.[173] Pero el rey no se planteó esta cuestión y limitó su política americana a la represión y a la fuerza. El ministro Pizarro expuso la razón de esta política: «El partido de los que no conocen aquel país [América], ni se han acordado de él más que para enriquecerse, había tomado mucha fuerza por el legítimo resentimiento que debía causarnos la desafección mal considerada de aquellos naturales. La Corte no respiraba sino odio, suplicios y guerra contra aquellos».[174] De nuevo, la ceguera de Fernando VII y sus consejeros.

Siguiendo la opinión del Consejo de Indias, que en su reunión del 3 de octubre de 1814 se pronunció a favor del envío de fuerzas militares a América, y de acuerdo con los intereses de los comerciantes de Cádiz, Fernando VII preparó una gran expedición a América, compuesta de 10.000 hombres bien armados al mando del general Pablo Morillo, la cual salió en 1815 con destino a Venezuela. A ésta siguieron otras cinco en los años sucesivos. A diferencia de las Cortes de Cádiz, que aparte del militar ensayaron diversos procedimientos para frenar la insurrección, el rey había optado por el empleo contundente de la fuerza. Esta política incrementó el número de los partidarios de la independencia y los impulsó a actuar con decisión. El rey había dejado de ser mediador, el juez justo y generoso en que algunos aún confiaban, para convertirse en tirano. Era el mismo discurso utilizado por los españoles en 1808 para hacer la guerra a Napoleón.

Papeles esparcidos por la catedral de México en agosto de 1814 calificaron a Fernando VII de «tirano» por haber suprimido la Constitución y pretender convertir en esclavos a los habitantes de su reino. En julio de ese año aparecieron pasquines en Querétaro con burlas al rey. El manifiesto titulado «El Supremo Congreso Mexicano a todas las naciones», fechado en febrero de 1815 en Puruarán (Michoacán), afirmó que la revolución proclamaba inicialmente «nuestra sujeción a Fernando VII» y solamente aspiraba a «la igualdad entre las dos Españas» y no a «la absoluta independencia», pero la obcecación de los «tiranos», el empeño del Gobierno español y del virreinal por acabar a sangre y fuego con la insurrección, ha hecho que «nuestra nación honrada y pundonorosa rompa con los españoles todo género de liga». En una proclama de septiembre de 1816, el mexicano Guadalupe Victoria acusaba a los realistas de Jalapa de haber entregado «la cerviz al degradante yugo de un monarca desopinado, imbécil y desconocido». Lo de monarca imbécil también lo dijeron otros dirigentes de la insurgencia. El Manifiesto del Congreso General de las Provincias Unidas del Río de la Plata declaró la voluntad unánime y solemne de esas tierras de romper los lazos «que las ligaban a los reyes de España» para librarse de su poder despótico.[175]

Manifestaciones de este tipo fueron abundantes, pero no las únicas, pues en algunos casos todavía se ensayaron estrategias para mantener las relaciones con España. No obstante, a partir de 1814 se fue imponiendo la idea de que Fernando VII era un enemigo para los americanos, porque sólo defendía a uno de los dos bandos (el de los españoles europeos) y reprimía con dureza al otro. A ello contribuyó Morillo, quien logró victorias importantes en Venezuela y Colombia, pero a causa de sus acciones represoras se ganó fama de sanguinario.

En 1816 América volvió a estar de nuevo bajo control peninsular, con la única excepción del virreinato del Río de la Plata, pero Fernando VII no fue capaz de desarrollar una política que garantizara el entendimiento con los insurgentes, ni consideró esto una meta relevante. Según el ministro Pizarro, en el entorno del rey todo era confusión, ignorancia y desinterés en lo relacionado con América. Lejos de afrontar con rigor la cuestión de la pacificación, como se dijo entonces, no solamente no se decidió nada, sino que se presentaron propuestas extravagantes, como la de Joaquín Campuzano, secretario de la embajada en Londres, de la que era titular el duque de San Carlos, quien sugería un reparto de los territorios americanos con Inglaterra, Rusia y algún otro país.[176]

Precisamente Pizarro fue el único que en este momento elaboró un plan con visos de sensatez. En una memoria al Consejo de Estado en 1818 presentó un amplio abanico de propuestas para la pacificación de América. Sin excluir la intervención armada para recuperar el Río de la Plata, ponía el acento en las medidas políticas. Entre otras, sugería la centralización de las decisiones en un solo ministerio, la apertura de algunos puertos americanos al comercio de los extranjeros, amnistía general para los españoles unidos en América al bando insurgente y concesiones personales a los jefes de la insurrección, designación para el aparato burocrático americano de individuos aptos (se debía escoger a «aquellos sujetos que hayan desplegado talentos políticos en los mandos de provincias en España»), poblamiento de los territorios sin habitantes «admitiendo toda clase de familias y naciones» y establecimiento de un clero instruido y activo, capaz de transmitir ideas favorables a la unión con España. El objetivo consistía en poner fin a la penosa actitud de España hacia América, que resume Pizarro al final de su escrito en un tono muy dolorido:

Uno de los más fuertes incentivos de la insurrección de América [...] es la rivalidad desdeñosa de la metrópoli con aquellas provincias. Un orgullo nacional mal entendido; un espíritu provincial exagerado; el pernicioso espíritu exclusivo mercantil, en especial de la orgullosa Cádiz; la ignorancia cuasi general en la corte sobre aquellos países; pasiones e intereses oscuros y perniciosos, son los elementos de esta desgraciada rivalidad.[177]

Nada se decidió sobre lo propuesto por Pizarro, cesado en el Ministerio de Estado en septiembre de 1818. Su destitución y el olvido de sus recomendaciones, ha escrito Roberto Breña, «significaron el fracaso de la última oportunidad de la España peninsular para conservar algunas de sus posesiones continentales americanas».[178]

Persistente en su ceguera en todo lo concerniente a los asuntos internacionales, Fernando VII cifró la solución del problema americano en la ayuda de las potencias europeas, cuya reunión se anunció en Aquisgrán para octubre de 1818. Pero España no fue convocada a ese congreso. Aun así, la diplomacia española presionó para que se deliberara sobre «la pacificación de sus colonias». Inglaterra y Rusia dejaron bien sentado en repetidas ocasiones que ese asunto no entraba en la agenda.[179] Como ya se había puesto de manifiesto en el Congreso de Viena, el monarca español estaba aislado en Europa. El arreglo del litigio con los insurgentes americanos dependía de él mismo y únicamente concibió la vía militarista para conseguirla. En 1819 decidió enviar una gran expedición contra Buenos Aires, compuesta por 18.000 hombres, cuya organización confió a su confidente Ugarte, pero como es bien sabido este contingente militar no se hizo a la mar, debido al pronunciamiento constitucional del 1 de enero de 1820.

A causa de la política militarista y la represión, lejos de ser el nexo entre las distintas partes del imperio, Fernando VII se había convertido a estas alturas en factor de enfrentamiento. En consecuencia, el republicanismo y el liberalismo fueron tomando fuerza en América como elementos, sobre todo, de diferenciación con la monarquía absoluta española.[180]

El restablecimiento del sistema constitucional en España en 1820 trajo consigo una modificación del discurso sobre el «problema americano», pero en la práctica no hubo cambio sustancial; el asunto, por lo demás, quedó relegado en el debate político a un segundo plano.[181] Los diputados americanos volvieron a estar presentes en las Cortes de Madrid, pero sus reivindicaciones no fueron escuchadas, en especial las relativas a la igualdad de representación y la libertad de comercio. Tampoco tuvo eco la propuesta de los representantes de Nueva España de crear en América tres reinos aliados con el de la Península, gobernados de acuerdo con la Constitución de 1812 por príncipes españoles de la Casa de Borbón. Idéntica suerte corrieron las sugerencias presentadas por algunos liberales españoles, consistentes en el cese de las hostilidades y el reconocimiento de la independencia de los territorios continentales americanos, estableciendo con ellos un acuerdo federal.

El marino Gabriel Ciscar, antiguo regente durante las Cortes de Cádiz y ahora consejero de Estado, propuso a este órgano adoptar «el partido generoso de cooperar al establecimiento y consolidación de la independencia de nuestros hermanos ultramarinos, cimentando por medio de federaciones los únicos enlaces que pueden subsistir entre habitantes de ambos hemisferios». En la misma línea, el diputado Fernández Golfín recomendó la constitución de una «Confederación hispano-americana» a cuya cabeza estaría Fernando VII con el título de «protector». Como ha mostrado Gil Novales, no fueron éstos los únicos proyectos pacificadores, pero todos se quedaron en el papel.[182] No obstante, las Cortes del Trienio aprobaron el envío de comisionados a América para escuchar a los Gobiernos disidentes. Su misión no dio resultados, pues cuando salieron de España, a finales de 1822, México ya había declarado la independencia, así como Buenos Aires, Chile y el Perú (Lima sería luego reconquistada por los realistas) y Bolívar había vencido a las tropas de Fernando VII en Boyacá y Carabobo y afianzaba su dominio en la pronto llamada Gran Colombia.

La vuelta de la monarquía absoluta en España en 1823 puso fin a las conversaciones con los americanos. Se recrudecieron las hostilidades, planteadas ahora no siempre de forma nítida como enfrentamiento entre el liberalismo de los insurgentes y el absolutismo español.[183] Una vez más, Fernando VII solicitó la ayuda exterior sin resultado alguno, como en 1818. Francia se desentendió de las peticiones españolas, Rusia y Austria se limitaron a prestar algún apoyo diplomático poco relevante y las dos potencias más influyentes en la materia, Estados Unidos y el Reino Unido, enseguida reconocieron la independencia de México, Colombia, Chile, Perú y Río de la Plata; Estados Unidos lo hizo en 1823, cuando el presidente Monroe expuso su famosa «doctrina», y dos años después, el Reino Unido.

Sólo la Santa Sede condenó la insurgencia a pesar de los muchos clérigos comprometidos en ella. El papa León XII publicó una encíclica en 1824 en apoyo expreso de España, pero no tardaron en surgir las desavenencias en torno al nombramiento de obispos. Fernando VII pretendió mantener en América su histórico derecho de presentación de los aspirantes a una mitra y, naturalmente, trató de obstaculizar el nombramiento de nuevos prelados en los países independientes, pero la Santa Sede terminó por ordenar obispos en 1827, tanto porque temía el surgimiento de cismáticos o heterodoxos doctrinalmente si no se les designaba desde Roma, como porque le molestaban sobremanera las regalías de la corona española. El asunto casi provocó la ruptura de relaciones entre España y la Santa Sede.[184]

La derrota de las tropas del virrey La Serna por las de Sucre en el altiplano de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824 marcó de hecho el fin de la dominación de España en América. A partir de ese momento sólo algunos reductos quedaron en poder de los españoles en el continente, entre ellos, la plaza del Callao y el fuerte de la isla de San Juan de Ulúa, frente a Veracruz, los cuales capitularon en 1826. Sin embargo, Fernando VII y su Gobierno siguieron convencidos de que aún era posible revertir la situación. Varios factores apuntalaron esta idea. Entre otros, la tardanza y la confusión en la llegada de informes fiables sobre los reveses militares, pues no se supo la derrota de Ayacucho hasta mayo de 1825, casi medio año después de haber tenido lugar, y, por supuesto, no se le atribuyó su significado real, y las falsas noticias ofrecidas por algunos americanos descontentos, especialmente clérigos, sobre el desorden en los países independientes y el deseo de buena parte de la población de apoyar a las tropas españolas que fueran llegando. También abundaron informes sobre conspiraciones en América a favor de Fernando VII. Ello contribuyó a que el Gobierno español mantuviera la ilusión de que era posible la reconquista, cual reflejan las actas del Consejo de Ministros.[185]

Tal vez sea excesivo afirmar, como hace el historiador Harold Sims, que la recuperación de América por la fuerza fue en estos años «uno de los objetivos centrales del rey Fernando VII», pero no hay duda de que le atribuyó importancia. En cualquier caso fue tajante su negativa a reconocer las nuevas repúblicas, aunque según el espía de la República de Colombia Tomás Quintero, el más firmemente decidido contra toda negociación fue el infante Carlos, «quien en varias ocasiones en que su hermano Fernando le ha hablado con un poco de cordura, ha contestado como un frenético que siendo él el legítimo sucesor, se opondrá constantemente a que se desmiembre, antes de llegar a él, una parte tan vasta e interesante de la monarquía».[186]

El conflicto armado entre España y la recién creada República Federal de México se intensificó a partir de diciembre de 1826, cuando la Marina mexicana lanzó una gran operación contra el comercio español por el Atlántico realizado desde Cuba. Esto coincidió con una intensa campaña antiespañola en México, culminada en 1827 con la orden de expulsión de los españoles residentes, renovada en 1829. En el Consejo de Estado se discutió sobre la reconquista de México, a la vez que desde diversas instancias llegaban planes para llevarla a cabo. Finalmente, a últimos de agosto de 1828 se autorizó el envío de una expedición de reconquista encabezada por el brigadier Isidro Barradas, en calidad de jefe de la misma, y el almirante Ángel Laborde. El 2 de junio de 1829 llegó Barradas a La Habana con la orden de invadir México. Allí encontró al inquieto Eugenio de Aviraneta con muchas ideas sobre el plan de invasión y aunque el brigadier no siguió su proyecto en todas sus partes, nombró a Aviraneta una especie de secretario político suyo. Barradas estaba convencido —según Aviraneta— de que una vez que pisara suelo mexicano, se le unirían muchas tropas y el pueblo «movido por el clero», con lo cual la reconquista sería un hecho.

La expedición salió de La Habana el 5 de julio de 1829 en cuarenta buques de transporte, escoltados por un navío, dos fragatas, un bergantín y una goleta mandados por Laborde. Una tormenta dispersó el convoy el 10 de julio, pero el 24 se reunió frente a Cabo Rojo y al día siguiente las naves anclaron a la vista de la costa mexicana. Unos tres mil hombres desembarcaron cerca de Tampico y la flota regresó a su lugar de origen. El esperado apoyo de la población mexicana no se produjo, sino todo lo contrario: se extendió por doquier un acusado sentimiento antiespañol. Los expedicionarios quedaron aislados y cercados, sin posibilidad de cumplir su objetivo de seguir hasta la ciudad de México, acosados por el hambre y las enfermedades. El 11 de septiembre, mes y medio después del desembarco, Barradas firmó la rendición ante el general mexicano Santa Anna. El resultado más palpable de la fallida operación militar fue el incremento de las medidas del Gobierno mexicano contra los españoles residentes, «que, desde luego», apunta Sims, «privarían a algunos peninsulares de sus riquezas y hasta de su vida».[187]

Una vez más, las noticias sobre el fracaso llegaron tarde a Europa y de forma confusa. Fernando VII supo lo ocurrido en momento especialmente inoportuno para él, exactamente en la mañana del 10 de diciembre de 1829, cuando se trasladaba de Madrid a Aranjuez para encontrarse por primera vez con su cuarta esposa, María Cristina. A medio camino, en Valdemoro, un correo extraordinario procedente de Cádiz le entregó un pliego con la capitulación de Barradas. Afirma el espía Quintero que el rey se detuvo dos horas en aquel punto leyendo las noticias, «expresándose con terribles amenazas contra Barradas, que se había atrevido a engañarle».[188]

La reacción de Fernando VII ante los reveses militares en América siempre fue la misma: todo se debía al engaño y la traición de hombres en quienes había confiado. Lo habían sido los «ayacuchos», como se denominó a quienes participaron en la famosa batalla de 1824, contra quienes Fernando VII manifestó especial aversión, y ahora lo era Barradas. Como fue habitual en estos años, entre los traidores también quedaron incluidos los liberales. Cea Bermúdez informó desde la embajada de Londres que los exiliados españoles, Torrijos en particular, estrechamente relacionados con el representante mexicano en el Reino Unido, Gorostiza, habían colaborado en la derrota de Barradas y pretendían, además, sublevar Cuba.[189]

El fiasco de la expedición Barradas no disipó el ambiente belicista. Comerciantes españoles instalados en México, que habían sufrido el saqueo de sus propiedades, solicitaron en febrero de 1830 a Fernando VII que invadiera México para restaurar la tranquilidad. Por otra parte, algunos expulsados españoles de México refugiados en Nueva Orleans fundaron en abril de ese año un periódico de tendencia liberal, El Español, cuyos redactores aspiraron a establecer en México una monarquía constitucional y defendieron que la reconquista se vería favorecida por el enfrentamiento de indios y castas contra los criollos. Siguieron llegando al Gobierno español proyectos de invasión, algunos propuestos por ricos comerciantes americanos, dispuestos a proporcionar los fondos económicos necesarios, empresa a la que también se prestaron el consulado de comercio de Cádiz y algunos comerciantes de Barcelona.[190] Todo cesó a partir del verano de 1830, cuando los intentos insurreccionales de los liberales en España atrajeron toda la atención de Fernando VII y exigieron el empleo de los recursos militares disponibles.

Hasta esa fecha, Fernando VII no abandonó la esperanza de recuperar América. Signo muy elocuente de ello fue el templete erigido en la Puerta del Sol a comienzos de diciembre de 1829, con motivo de su matrimonio con María Cristina. La descripción oficial decía que el monumento «presenta el recuerdo de uno de los sucesos más gloriosos de la conquista del Nuevo Mundo, como símbolo de los faustos auspicios que a entrambos dominios lisonjean con la llegada de la augusta princesa, que va a ocupar el trono de los Fernandos e Isabeles». Junto a inscripciones y símbolos relativos a ese acontecimiento, figuraban las estatuas de Colón, Hernán Cortés, Pizarro y Elcano. La descripción prosigue:

La actitud de los cuatro héroes es la del reposo, como llenos de satisfacción por el logro de su atrevida empresa, que simboliza, respecto a los cuatro, el globo terrestre, en el que particularmente se halla marcada la parte de las Américas españolas, que ellos descubrieron y conquistaron. Ciñe el globo la banda de Isabel la Católica, formando un lazo que une todos los dominios españoles y en él este lema: Todos españoles.[191]

A la vista de esto, cualquier asistente a los fastos del matrimonio real podría pensar que a finales de 1829 América seguía formando parte del imperio hispánico, que no había sido alterada la unidad de los dominios del rey católico de España e Indias. Sin embargo, en esa fecha casi todas las monarquías de Europa habían reconocido a las nuevas repúblicas independientes americanas. Del histórico imperio hispánico sólo quedaban Cuba, Puerto Rico, Filipinas y varios archipiélagos en el Pacífico, en los que la presencia española había sido y continuaba siendo casi nula.

7

Por la senda constitucional

Juramento de la Constitución

Fernando VII y su Gobierno quedaron desconcertados al recibir la noticia del levantamiento en favor de la Constitución que tuvo lugar en el municipio sevillano de Las Cabezas de San Juan el 1 de enero de 1820, protagonizado por una parte del Ejército destinado a América. En un principio pareció que se trataba de una revuelta más, urdida por la masonería; por «cuatro facciosos», dijo el general Elío en un edicto publicado en Valencia el 3 de marzo. Se confiaba en que las tropas leales la sofocarían sin grandes dificultades, de modo, escribió el 11 de enero Escoiquiz al rey desde Ronda, «que no se pase este mes sin que la cosa esté enteramente concluida». Respaldó esta impresión la noticia de que no se hubiera logrado proclamar la Constitución en la ciudad de Cádiz y que el más decidido de los «revoltosos», el comandante Rafael del Riego, vagaba con sus tropas por Andalucía y Extremadura sin lograr la adhesión esperada. Pero no tardaron en llegar a la corte informaciones preocupantes sobre la jura de la Constitución en La Coruña el 21 de febrero y días después en El Ferrol, Vigo y Murcia.[1]

Fernando VII solicitó remedios a una junta presidida por el infante don Carlos para hacer frente a la situación. Las propuestas de este organismo fueron recogidas en un real decreto del 3 de marzo. Sin aludir expresamente al estado de agitación política, se señalaban los grandes problemas de la monarquía: pacificación de América, reorganización del Ejército y la Armada, arreglo de la hacienda y de la administración de justicia, impulso de la economía, pervivencia de «abusos envejecidos y arraigados» y existencia de «innovaciones peligrosas e inmaturas con que algunos, aunque con loable celo, fomentan el espíritu de partido». El rey no se hacía responsable de estos «males» («unos no han estado en la previsión del Gobierno precaverlos y otros son nacidos de las circunstancias pasadas»), pero se declaraba dispuesto a atajarlos. Con este fin, siguiendo la recomendación de la Junta, anunciaba una remodelación del Consejo de Estado, consistente en la creación en su seno de diferentes secciones (Estado, Eclesiástica, Legislación, Hacienda, Guerra, Marina e Industria) que actuarían como auxiliares de los ministerios. Ordenaba, además, que todos los consejos, así como universidades, corporaciones e incluso individuos, expusieran por escrito al Consejo de Estado, «libre y reservadamente», «todo lo que de útil juzguen al bien de mis pueblos en ambos hemisferios y al lustre y mayor brillo de mi corona».[2]

Fernando VII revivía el sistema empleado en 1809 por la Junta Central para la preparación de las Cortes convocadas el 22 de mayo de ese año, las que comenzarían sus sesiones un año después en la Isla de León. La Junta Central creó entonces una Comisión de Cortes y para facilitar y racionalizar su trabajo estableció varias juntas auxiliares, al tiempo que lanzó una «consulta al país» para recoger opiniones sobre diversos asuntos. ¿Pretendía Fernando VII en 1820 abrir un proceso constitucional para hacer frente al descontento general o el decreto del 3 de marzo era simplemente una maniobra para salir del paso, apaciguar a los descontentos y dejar las cosas en su estado? Esto último parece lo más probable, aunque no se puede asegurar, pues los acontecimientos se agolparon y, en todo caso, la iniciativa llegó tarde. Al día siguiente de la fecha del real decreto, el conde de La Bisbal, designado para mandar el Ejército destinado a sofocar la rebelión de Las Cabezas de San Juan, se pronunció en Ocaña a favor de la Constitución. El 5 de marzo tuvo lugar en Zaragoza un acto similar y en los días siguientes en Tarragona, Segovia, Barcelona y Pamplona.

En los primeros días de marzo de 1820, mientras Riego estaba a punto de buscar refugio en Portugal convencido de su fracaso, la rebelión se había extendido por buena parte del país.[3] En cierto modo había fracasado la insurrección militar, pero había triunfado el movimiento revolucionario. En cualquier caso, la situación política se hizo insostenible y el desconcierto fue considerable. Las noticias se solapaban, no todos dieron por buenas las que les llegaban, en las provincias se desconocía lo decidido días antes en el Palacio Real y lo que sucedía fuera de Madrid no llegaba al rey con la celeridad y precisión requeridas. El 6 de marzo Fernando VII declaró por otro decreto que «con arreglo a la observancia de las leyes fundamentales que tengo juradas, quiero que inmediatamente se celebren Cortes». Es evidente que se trataba de Cortes estamentales, como había sugerido el Consejo Real reunido ese mismo día, pero no dio tiempo a debatir este extremo, porque el rey declaraba al día siguiente —nuevamente mediante decreto— que «siendo la voluntad del pueblo, me he decidido a jurar la Constitución promulgada por las Cortes generales y extraordinarias en el año 1812». Volvían aquella Constitución y aquellas Cortes que el 4 de mayo de 1814 había ordenado el rey quitar de en medio del tiempo. También retornaba el lenguaje de la revolución. Fernando VII justificaba la jura de la Constitución porque ésa era «la voluntad del pueblo», es decir, empleaba el mismo argumento que las Cortes de Cádiz en su primer decreto del 24 de septiembre para reconocerlo rey y sentar las bases sobre las que se fundamentaría la Constitución.

Al llegar a Madrid el 13 de mayo de 1814, Fernando VII no había tenido problema alguno para no jurar la Constitución, entre otros motivos porque, como se ha visto en el capítulo anterior, el orden público estaba controlado por la fuerza militar y las Cortes habían sido disueltas. Ahora, en marzo de 1820, tampoco existían Cortes, pero ya no disponía del apoyo militar. Más bien al contrario, pues el general Ballesteros, recién nombrado jefe del Ejército del Centro, informó que las tropas de Madrid, y en concreto la Guardia Real, estaban a favor de la Constitución, lo cual causó gran impresión en el rey.[4] La población de Madrid, a su vez, se expresaba con libertad y siguiendo la pauta de las ciudades antes mencionadas, exigía el restablecimiento de la Constitución. La circunstancia de que algunos liberales se hubieran instalado en Madrid durante los años anteriores en busca del refugio que no les proporcionaban sus pueblos o las ciudades más pequeñas incrementó el clamor a favor de la restitución del sistema constitucional.[5]

Al conocerse el 8 de marzo la intención del rey de jurar la Constitución, un grupo de ciudadanos colocó en la Plaza Mayor una placa provisional con el nombre de la Constitución y organizó una procesión por las calles portando el texto constitucional. El día siguiente «una multitud de gente», según Miraflores, ocupó las dependencias inferiores del Palacio Real e intentó acceder por la escalera principal a las habitaciones reales. Se detuvo al conocer que el rey había ordenado la reposición del Ayuntamiento constitucional destituido en 1814 y se dirigió a la Casa de la Villa, forzando el nombramiento como nuevos alcaldes de Pedro Sáinz de Baranda y Rodrigo Aranda. Antes, el pueblo había exigido al rey la formación de una Junta que se encargase de velar por el restablecimiento de la Constitución.

El paralelismo con los sucesos de mayo de 1808 es patente. Como entonces, el pueblo tomó la iniciativa, mostró desconfianza ante las autoridades existentes, salvo el rey, y exigió la creación de una Junta para resolver el problema político inmediato. Todo se hizo contando con el rey. Nadie habló de destituir a Fernando VII y menos aún de establecer una república; al menos no se conocen testimonios en este sentido. Pero en 1820 existió una diferencia fundamental respecto a 1808: el rey estaba presente. En consecuencia, no había vacío de poder y la Junta no podía asumir la soberanía en nombre del monarca ausente. La Junta era sólo un instrumento de carácter ejecutivo, nacida con el único cometido de poner en marcha el sistema constitucional. Ahora bien, la formación de esa Junta supuso la destitución de facto del Gobierno nombrado por el rey, es decir, significó que se impuso la voluntad nacional. A falta de representación de esa voluntad nacional en las Cortes, el pueblo madrileño recurrió a su Ayuntamiento y nombró seis comisionados para que actuasen en su nombre.

El Ayuntamiento y los seis comisionados se presentaron el 9 de marzo en palacio. Ante ellos juró Fernando VII por primera vez la Constitución en el salón del trono. El juramento formal lo realizaría en julio siguiente en acto solemne en las Cortes, como establecía la Constitución. Por exigencia de los representantes del pueblo, el mismo día 9 el rey decretó la abolición de la Inquisición y nombró la demandada Junta Provisional, presidida por el cardenal Borbón, el mismo que había encabezado la Regencia constitucional en 1814. El día anterior había decretado la libertad de todos los presos por opiniones políticas y la restitución a sus domicilios de los que por esta razón habían sido desterrados, así como «a todos los demás que por las mismas causas se hallen fuera del reino». Era el fin del exilio de los constitucionales y, naturalmente, de la monarquía absoluta. Por el momento.

El día 10, el rey publicó un manifiesto a la nación, anunciando que había jurado la Constitución y que sería «siempre su más firme apoyo». Justificaba la medida porque así lo exigían la «civilización europea», la difusión de las luces en todas las clases de la población, «las nuevas e imperiosas necesidades» y, principalmente, la voluntad general. Y terminaba con una frase que ha hecho fortuna en todos los relatos del reinado:

Marchemos francamente, y YO EL PRIMERO, POR LA SENDA CONSTITUCIONAL; y mostrando a la Europa un modelo de sabiduría, orden y perfecta moderación en una crisis que en otras Naciones ha sido acompañada de lágrimas y desgracias, hagamos admirar y reverenciar el nombre Español, al mismo tiempo que labramos para siglos nuestra felicidad y nuestra gloria.[6]

Muchos españoles, entre ellos no pocos liberales, quedaron sumamente satisfechos. Fernando VII volvía a mostrarse como lo habían deseado desde 1808. Era el rey pacífico, el «príncipe inocente», dispuesto a hacer lo posible por lograr la unidad de todos en torno al trono (el manifiesto real citado aludía a esto). Y muchos pensaron —también los liberales— que si desde 1814 no había actuado así, no era por su voluntad, sino por el mal consejo de sus próximos. Se inauguraba, pues, un tiempo nuevo, en el que rodeado de buenos consejeros, el rey establecería las «luces» y la «civilización». Con precisión y no poca ironía trazó el marqués de Miraflores la nueva situación: «entregada la multitud a simples demostraciones de alegría, se restableció la calma, quedando el pueblo como si nada hubiese sucedido». Algo similar ocurrió en las otras ciudades en que tan decisivo había sido el protagonismo popular, así como en Cádiz, donde el 10 de marzo las tropas habían masacrado a la población que se había manifestado a favor de la Constitución.[7]

La percepción de los acontecimientos en el Palacio Real no coincidió con la de la población. La disposición de Fernando VII por seguir la vía constitucional era, simplemente, un brindis al sol. Una vez más, el rey hizo gala de su capacidad para adaptarse a las circunstancias y contentar a sus interlocutores. Como enseguida veremos, casi al día siguiente de jurar la Constitución comenzó a actuar para derribarla. Aunque no precisaba de incentivos para ello, contó con el ánimo de otras personas reales, en particular su hermano Carlos María Isidro, con quien tan unido estaba. Ya le había advertido éste el 6 de marzo: «Si V.M. por las dificultades se ve obligado a admitir o las Cortes de Cádiz o su constitución, el trono de V.M. vacilará y con él el Altar».[8] Fernando VII estaba convencido de ello, porque nunca soportó una Constitución que, como tantos otros absolutistas españoles y foráneos, siempre tildó de republicana.

De acuerdo con el texto constitucional, el poder pertenecía a la nación por derecho natural, es decir, antes de establecerse cualquier normativa o ley.[9] La nación, entendida como el conjunto de todos los españoles, era la única instancia con autoridad plena. Esta autoridad no la recibía de Dios, ni del rey, ni de cualquier otro individuo o cuerpo social. Pertenecía a la nación «exclusivamente el derecho a establecer sus leyes fundamentales» (artículo 3), en consecuencia, la única instancia con poder constituyente, es decir, con capacidad para determinar la organización política del Estado, eran las Cortes, formadas por los representantes de la nación, elegidos por sufragio universal masculino en primera instancia sin requisito previo de riqueza. El poder de las Cortes no se limitaba a establecer el marco normativo general de acuerdo con el texto constitucional, sino que se extendía al conjunto de las leyes, pues todas debían ser producto de la voluntad de la nación. Estas leyes habían de ser «sabias y justas» (artículo 4), es decir, ajustadas a criterios racionales y de utilidad y no de otro tipo, por ejemplo, religioso.

En función del principio de la soberanía nacional, la Constitución declaraba que «la nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona» (artículo 2). Por decisión propia, la nación había entregado la corona de España a Fernando y así quedaba recogido expresamente en el artículo 179: «El rey de las Españas es el Señor Don Fernando VII de Borbón, que actualmente reina». Así pues, Fernando no era rey por el principio monárquico dominante en la Europa de la Restauración, según el cual, el poder, de origen divino, estaba encarnado por un monarca cuya legitimidad se fundaba en la tradición histórica de una dinastía. A juicio de los liberales, Fernando había dejado de ser rey de España en Bayona al ceder la corona a Napoleón sin consultar a la nación, consulta que a tenor de las leyes fundamentales vigentes era preceptiva para dar legitimidad a un monarca. Flórez Estrada se lo había recordado a Fernando VII en su Representación de 1818: «Vos, con vuestra ausencia y renuncias perdisteis todo derecho a la corona y [...] la nación quedó en absoluta libertad de constituirse tal como tuviese por conveniente».[10]

Fernando era rey, pues, porque lo habían deseado libremente los españoles que tomaron las armas para rechazar al monarca impuesto por Napoleón y al mismo tiempo dotaron a la nación de una Constitución. Era rey constitucional y sus funciones estaban reguladas por la Constitución, con lo cual se rompía con la tradición de la monarquía de derecho divino. El rey pasaba a ser un órgano constituido, regulado por la ley fundamental del Estado. No quedaba fuera del Estado, sino dentro del sistema organizado por la Constitución, la cual debía jurar al acceder al trono (artículo 173). Su poder, por tanto, no era ilimitado, sino el prescrito por la Constitución, y no tenía su fundamento en Dios, ni en la tradición histórica («la legitimidad hereditaria»), ni en un pacto mediante el cual la nación hubiera enajenado la autoridad en la persona del rey, sino en criterios racionales derivados del principio de la soberanía nacional y de la división de poderes.

La Constitución privaba al monarca de parte del poder ejercido históricamente por los reyes del Antiguo Régimen. El texto constitucional era muy explícito al respecto. En un extenso artículo (el 172) determinaba que el rey no podía impedir la celebración de Cortes, ni suspenderlas o disolverlas, y debía requerir permiso al Parlamento para ausentarse del reino, ceder o enajenar los bienes nacionales, firmar alianzas o tratados de comercio con otros países o concederles subsidios, así como para traspasar la corona a su sucesor. También se prohibía al rey ceder a otro su corona, enajenar o permutar cualquier parte del territorio nacional, imponer contribuciones, conceder privilegios exclusivos a personas o corporaciones, privar a alguien de su propiedad o de su libertad individual e imponerle pena alguna. Por último, el rey debía solicitar el consentimiento de las Cortes para contraer matrimonio, «y si no lo hiciere entiéndese que abdica a la Corona». Con esto se pretendía, aparte de impedir la actuación arbitraria del monarca, evitar que la pervivencia del nuevo sistema político quedara a expensas de la voluntad de la corona o de los estamentos en que históricamente se apoyaba (la nobleza y el clero). Por esta razón, se creó un nuevo Consejo de Estado, para actuar como órgano deliberativo al que debía recurrir el rey en los asuntos más importantes —es decir, este órgano ejercería de control del monarca—, se disminuyó la importancia de los ministros, que quedaban como meros ejecutores de las órdenes del rey y, lo más importante, no se reconoció a éste capacidad para crear el sistema político, es decir, para elaborar una constitución, reformarla o derogarla. En suma, el rey dejaba de ser el representante de la nación y de los españoles, función que asumían las Cortes.

No obstante, el rey continuó siendo considerado pieza fundamental del sistema político español y su persona declarada «sagrada e inviolable», no sujeta a responsabilidad (artículo 168). Sus facultades ejecutivas eran muy amplias. Se le reconocía la dirección de la administración del Estado, tanto en las cuestiones internas, como en las relaciones internacionales, el nombramiento del Gobierno, la jefatura suprema del Ejército, el derecho a declarar la guerra y hacer y ratificar las paces y el histórico «derecho de presentación», es decir, la facultad de proponer al papa a los aspirantes a una mitra episcopal y a dignidades eclesiásticas para recibir la confirmación canónica. En el orden legislativo, la capacidad del rey quedaba más limitada, pues se ceñía a la sanción de las leyes y a la iniciativa legislativa (proponer leyes y reformas), aunque se le reconocía capacidad para vetar las leyes por dos veces. En función del principio de división de poderes, la Constitución era más estricta en el ámbito judicial y prácticamente privaba al rey de competencias, aunque establecía que la justicia se administraría en nombre del monarca, a quien se le reconocía la facultad de conceder indultos y nombrar jueces y magistrados en todos los tribunales. El ejercicio de estas prerrogativas quedaba sujeto, como es obvio, a la propia Constitución y a las leyes aprobadas por las Cortes y sancionadas por el rey, el cual, además, debía solicitar el dictamen del Consejo de Estado en muchos asuntos y, en particular, en lo relativo a nombramientos.

En suma, a tenor de la Constitución de 1812, el monarca dirigía la política española, pero lo hacía de forma subordinada a unas Cortes unicamerales elegidas por sufragio universal masculino indirecto. España seguía siendo un reino, pero la monarquía pasaba de ser una forma de Estado a una forma de Gobierno, susceptible de ser cambiada si así lo decidían los representantes de la nación reunidos en Cortes, porque sólo en las Cortes residía el poder constituyente. Evidentemente, Fernando VII no podía asumir todo ello, ni los principios sobre los que se fundaba la Constitución (soberanía nacional y división de poderes). Tampoco las monarquías europeas de la época.[11] Transitar por la senda constitucional era, pues, algo impensable para Fernando VII. No obstante, los liberales se hicieron la ilusión de que había llegado la hora de la monarquía constitucional.

Bien por fidelidad a la Constitución, bien por táctica política, los liberales se esforzaron en 1820 y años siguientes por hacer de Fernando VII un rey constitucional y, al igual que en 1814, se aferraron a cualquier detalle susceptible de ser interpretado como muestra de la actitud favorable del rey al constitucionalismo. En los discursos del momento se recordó con frecuencia la famosa frase del manifiesto real del 10 de marzo: «Marchemos francamente y yo el primero por la senda constitucional». Se quiso creer que Fernando VII había sido capaz de vencer las presiones de sus malos consejeros, incluida la de su hermano Carlos. Sin embargo, no se supo que al mismo tiempo que juraba la Constitución ya se maquinaban en palacio los medios para acabar con ella. Simplemente se pensó que ese rey a quien se atribuía una personalidad poco firme podría acoplarse al sistema constitucional, como más o menos lo había hecho el jefe de la Casa de Borbón, el francés Luis XVIII, al otorgar la Carta de 1814 y establecer un sistema representativo.

Es probable, con todo, que algunos no creyeran en la sinceridad de Fernando, pero otros quisieron suponer que por fin había llegado al convencimiento de que la única vía posible en aquella coyuntura era la constitucional. Esta forma de interpretar el estado de ánimo del monarca creó gran desconcierto en las filas del liberalismo cuando se fueron conociendo las maniobras del monarca para acabar con la Constitución. A pesar de todo, aun sabiendo, o sospechando, que Fernando VII prefería la monarquía absoluta, se realizaron auténticos esfuerzos para no atribuirle responsabilidad directa. También se pretendió difundir una imagen positiva de él, siempre que fuera «constitucional». «Viva Fernando (si jura) i morian tots los traydors», se lee en un texto popular catalán de 1820.[12]

En la apertura de la primera legislatura del Trienio (9 de julio de 1820) el presidente de las Cortes, el presbítero José Espiga, calificó el estado político del país durante los seis años anteriores con esta frase: «La Nación llegó a ser el teatro de la ambición, como el rey el instrumento de las pasiones». El rey —prosiguió— actuó contra la nación porque no era libre, pero ahora, una vez apartado de la «intriga y la maledicencia», volverá a ser el monarca amado de todos los españoles. En los círculos liberales se abundó en la tesis del rey engañado por sus consejeros. Así se hizo en obras de teatro (en agosto de 1821 se representó en Palencia el drama de explícito título: Fernando VII desengañado por los héroes de la nación en 1820), en discursos pronunciados en las sociedades patrióticas, como la titulada Amigos de la Libertad, con sede en el café de Lorencini de Madrid, donde se aludió al rey como «nuestro involuntario déspota», engañado por su entorno, y en canciones. Uno de los cánticos que en 1823 formaba parte del repertorio usual del liberalismo exaltado, titulado: A los ciudadanos Españoles, decía en referencia a la situación de 1814: «Vil condena a la España arrastraba / y el engaño ofuscaba a su Rey».[13]

La misma idea expusieron en otros textos algunos destacados políticos. El liberal exaltado Juan Romero Alpuente explicó el giro constitucional del rey en 1820 con el argumento de que «desaparecieron de su lado los pérfidos consejeros que habían vendado sus ojos para que no viese». Más lejos fue en uno de sus polémicos escritos contra los realistas, cuyo título casi lo dice todo: Discurso sobre la suprema junta central de conspiradores contra el sistema constitucional y acerca de la responsabilidad legal y moral de los ministros (1821). En el supuesto de que el rey participara en los movimientos conspirativos contra la Constitución —sostuvo Romero Alpuente— carecería de responsabilidad, «pues la Constitución le libra de ella en todos los casos, y como persona sagrada para todos los españoles, no puede por ninguno ser considerado capaz de delito ni de culpa alguna». El razonamiento del combativo Romero Alpuente era, sin duda, un tanto forzado y no estaba exento de ironía, aunque no pretendía defender al monarca, sino atacar a los liberales moderados que en ese momento formaban el Gobierno. En cualquier caso, no era aconsejable por razones tácticas arremeter directamente contra Fernando VII, pues la población en general seguía confiando en él. Además, lo que más importaba entonces a Romero Alpuente, como al conjunto de los liberales exaltados, era mantener en su integridad la Constitución. Expresando tal vez un deseo, más que su auténtica opinión, Romero Alpuente añadía en la obra citada que el rey «no tiene ni puede tener otra voluntad que la de la Constitución y la ley», es decir, sólo puede guiarse por el interés de la nación, pues está identificado con ella. Si el rey actuaba en contra de la nación era por error, por estar mal aconsejado, o porque los ministros no cumplían su cometido. La responsabilidad no recaía sobre el monarca, sino sobre el Gobierno, como establecía el texto constitucional.[14]

Probablemente Romero Alpuente no pensaba tanto en la persona de Fernando VII, como en su función simbólica. Por otra parte, insisto, más que la defensa del rey, le interesaba la de la Constitución, para garantizar los cambios derivados de su aplicación. Este empeño del liberalismo exaltado del Trienio Liberal en mantener contra viento y marea la Constitución de 1812 favoreció a Fernando VII. Por supuesto, él no puso nada de su parte para merecer la defensa de su persona que acometieron los liberales, al contrario, hizo lo posible para derribar el régimen constitucional, sin importarle los procedimientos empleados para ello. Esto no pasó desapercibido. Se le reprochó de muy diversas formas cuando aparecía en público, bien lanzando un «Viva el rey constitucional», lo cual le molestaba sobremanera, bien entonando el popular canto del Trágala en defensa de la Constitución, cuyo estribillo («trágala, perro») interpretó el monarca que iba dirigido contra él. A pesar de todo, en los círculos liberales exaltados se intentó mantener el respeto hacia su figura, como manifiesta la siguiente estrofa de una canción con que se abrió la sesión del 23 de abril en el café de San Sebastián, lugar de reunión de una de las sociedades patrióticas de Madrid: «Que al rey no se puede / ofender tampoco / y que será un loco / quien tal llegue a obrar».[15]

Por guardar en su integridad la Constitución, los liberales exaltados estaban dispuestos a no cargar las tintas contra Fernando VII y a transigir con la ficción de que actuaba engañado. Los liberales moderados, interesados en reformar la Constitución para conceder más atribuciones a la corona, fueron más sinceros en las ocasiones en que se manifestaron a favor de Fernando VII. Los absolutistas lo ensalzaron hasta la exageración, sabedores de que Fernando VII, más que nadie, deseaba el fin del constitucionalismo. Aunque el Trienio Liberal fue época especialmente crítica para él, el rey sacó provecho de esta circunstancia, sobre todo de las divisiones en el seno del liberalismo.

María Josefa Amalia de Sajonia, primera reina constitucional

Fernando VII no permaneció viudo mucho tiempo. En mayo de 1819, cuando no se había cumplido medio año del fallecimiento de María Isabel, el marqués de Cerralbo fue enviado a Dresde para concertar el matrimonio del rey con María Josefa Amalia, hija del elector de Sajonia Maximiliano —hermano del monarca sajón Federico Augusto I— y de Carolina de Borbón Parma, hija del duque de Parma Fernando I, hermano de la reina María Luisa, la madre de Fernando VII. Hubo, pues, que solicitar del papa las consabidas dispensas matrimoniales.

La elección de la princesa sajona no estuvo motivada por razones políticas como en el caso de las dos primeras esposas de Fernando VII, cuando sucesivamente se pretendió el acercamiento a Nápoles y a Portugal. El electorado de Sajonia, convertido en reino en 1806 gracias a la protección de Napoleón, significaba muy poco en el concierto europeo en 1819. Es más, debido a su estrecha alianza con el emperador francés, Federico Augusto I había sido tratado por los aliados como prisionero de guerra, y si el Congreso de Viena permitió la continuidad de su reino, fue a costa de ceder a Prusia y Rusia parte de sus territorios. Ahora bien, al margen de estar regido por una dinastía católica, condición fundamental, Sajonia tenía desde el siglo anterior un significado especial para los medios cortesanos españoles, pues —como hemos visto— se mantenía vivo el recuerdo del matrimonio de Carlos III con Amalia de Sajonia, del que habían nacido trece hijos, uno de ellos Carlos, el padre de Fernando VII. A mayor abundamiento, era bien conocido el profundo amor que se dispensaron Carlos III y Amalia y las excelentes prendas de esta última. Como recordó el poeta áulico Arriaza al cantar el nuevo enlace de Fernando, una princesa sajona auguraba felicidad conyugal y, sobre todo, fecundidad.[16]

El 27 de mayo de 1819 llegó Cerralbo a Dresde y el 2 de julio firmó el tratado matrimonial con el ministro de Estado sajón conde de Cinsiedel. El 28 de agosto se celebraron los desposorios por poderes en aquella ciudad. El 31 de ese mes, María Josefa, acompañada de un séquito de personalidades sajonas y del marqués de Cerralbo, se puso en camino en dirección a España. El 3 de octubre llegó a Irún. Allí se despidió la comitiva sajona y ella prosiguió ruta hacia Madrid rodeada sólo de españoles. El 18 de ese mes fue recibida en Buitrago por don Carlos y su esposa. El infante comunicó al rey su primera impresión sobre la nueva reina: «No es nada fea, antes bastante agraciada y tiene muchos deseos de agradarte en todo, y es muy modestita en el mirar; parece que has de ser feliz».[17]

El 19 salió Fernando VII a esperarla a media legua de Madrid. Ese día los esposos almorzaron en el palacio de El Pardo y como hiciera al recibir a María Isabel, el rey regresó por la tarde a Madrid. El 20 de octubre, a las doce menos cuarto del mediodía, hizo María Josefa su entrada en la capital en coche portado por jóvenes ataviados con vistosos trajes. Fernando VII y sus hermanos Carlos y Francisco de Paula la escoltaron a caballo. Como en otras ocasiones, la comitiva fue aclamada por la población durante su recorrido por calles adornadas con arcos floridos y alegorías relativas a la fecundidad y felicidad del matrimonio regio.[18]

A las ocho de la noche del 20 de octubre se celebró con toda solemnidad la ratificación de los desposorios en el Palacio Real. Al día siguiente se hicieron las velaciones en San Francisco el Grande, con asistencia de toda la familia del rey y autoridades. Luego se dirigió la comitiva a la iglesia de Atocha para postrarse ante la Virgen. Por la noche hubo función regia en el teatro de la Cruz, con asistencia de los reyes y de las personas principales de la corte. Las fiestas y actos protocolarios se prolongaron durante los dos días siguientes.[19]

María Josefa Amalia (en las cartas a su esposo se firmaba Josefa, y así o Pepita la llamó él) había nacido en Dresde el 6 de diciembre de 1803. En el momento de contraer matrimonio, pues, le faltaba poco más de un mes para cumplir dieciséis años. Huérfana de madre desde los tres años de edad, había sido educada bajo la dirección de su tía abuela María Cunegunda, hermana de la emperatriz de Austria María Teresa, figura señera del llamado despotismo ilustrado. Al igual que otras princesas de ese tiempo bien instruidas, Josefa dominaba el francés, tenía cierta destreza en el dibujo y era capaz, según dijo ella misma en una de sus primeras cartas a Fernando, de tocar algunas sonatas y variaciones al piano y acompañar arias fáciles.[20] Basada en los cuadernos de estudio que María Josefa se trajo a España, constata María Victoria López-Cordón que sus principios absolutistas y religiosos, muy acendrados en ella, estaban atemperados por la racionalidad ilustrada y un acusado sentido de la tolerancia. Así, María Josefa había escrito en uno de sus cuadernos que la democracia ateniense era modelo de civilización y que era mejor la monarquía templada de Inglaterra o Dinamarca que la despótica, «cuando la voluntad del soberano es ley, como en los reinos de Asia».[21] No abandonó estas ideas con el tiempo.

María Josefa procedía de una corte muy refinada, impregnada de la cultura y los gustos franceses, como era habitual en la Europa continental de la época y especialmente en Sajonia, donde tan acusada había sido la influencia de Napoleón. Rasgos destacados de su personalidad fueron su inteligencia y su fortaleza de espíritu. No fue esa mujer mojigata, dada al sentimentalismo, dedicada casi en exclusiva a las prácticas de piedad, con que se la suele caracterizar. Tampoco se desentendió de lo que sucedía en su entorno. Este estereotipo se construyó ya en vida de la reina y ha sido mantenido invariablemente hasta nuestros días, fundado en un dato muy difundido, según el cual, hasta su matrimonio con el rey de España, la vida de María Josefa había transcurrido en un monasterio (convento, dicen muchos) del que era abadesa su tutora María Cunegunda. Esta última ostentaba el título de princesa abadesa (señora) de la abadía imperial de Essen, ubicada en la cuenca del Ruhr, fundada por la dinastía sajona, pero pasó poco tiempo en ese lugar y su forma de vida nada tuvo que ver con la regla monástica ni hizo profesión de ella. María Cunegunda fue una mujer de espíritu ilustrado, preocupada por la educación de las niñas de la alta nobleza, acostumbrada a la vida y usos palatinos. A partir de 1812 vivió en el Palacio Real de Dresde y es probable que asumiera la educación de Josefa cuando esta contaba ocho años de edad.[22]

En las cartas a Fernando VII redactadas durante su viaje de Dresde a Madrid no se manifiesta en la tercera esposa del rey esa educación conventual que se le suele atribuir. Como corresponde a su nueva situación y de acuerdo con las pautas establecidas en estos casos, María Josefa expresa su amor a su «muy querido y muy amado esposo» —sus cartas no contienen las efusiones de las de María Isabel de Braganza— y reiteradamente menciona su capacidad, no solamente su disposición, para hacer cuanto a él le agrade. El 7 de octubre de 1819 le escribe desde Vitoria en su defectuoso español plagado de galicismos, que según dijo había comenzado a estudiar tres meses antes: «... te pido de no inquietarte sobre mi salud, pues gracias a Dios, y a la educación que he recibido, yo no soy tan débil que no pueda sustener [sic] alguna fatiga, y te lo repito, no temo las que me conducen a ti». Dos días después afirma que está dispuesta a aguantar el hábito de fumar de su esposo (Fernando también se lo había anunciado), aunque no estaba acostumbrada, pero en cuanto a las corridas de toros, sobre las que le preguntó el rey, es tajante después de haber asistido a una en Vitoria: «Debo confesarte que me hace una impresión desagradable el ver a esta pobre gente, que no es útil a nada en el mundo y que por nada, por un juego, expone su vida y su eterna salud». Y por si esto no fuera suficiente, en otra carta le recalca que no desea ver toros, «no queriendo tener la mínima parte en esta barbarie».[23] Si sus acompañantes españoles le advirtieron sobre la gran afición taurina de Fernando VII, es patente la afirmación de la personalidad de la nueva reina al manifestarse de ese modo.

Cuando se trató de asuntos de conciencia, la firmeza de la reina fue total. También desde el primer momento dio pruebas de ello. Fernando le sugirió que se confesara antes de ratificar el matrimonio, «pues al fin vas a recibir un sacramento y es preciso estar en gracia de Dios, como yo voy a hacer». La reina respondió que debido al viaje le faltaba el recogimiento necesario exigido por «una acción tan santa e importante» y rectificó de esta manera a su esposo: se confesaría «si la ratificación de la boda fuese un sacramento, pero no lo es, el verdadero sacramento fue lo que recibí en Dresde, y al cual me he preparado confesándome y comulgando (perdona si en esto contradiga a lo que dijiste, pero debo hablar como pienso y esto lo he oído siempre)».[24] La reina expresa en esta frase un concepto de religión, fundado en el convencimiento interior y no en las formas externas, perfectamente acorde con el que preconizaban los ilustrados más avanzados de finales del siglo XVIII, del que, por cierto, estaba bastante alejado Fernando VII.

Toda su vida fue consciente de su posición y se manifestó dispuesta a obedecer a su esposo. En el corto periodo en que una vez casados estuvieron separados, poco más de un mes, del 22 de septiembre al 31 de octubre de 1827, con motivo del viaje de Fernando VII a Cataluña durante la rebelión de los agraviats, Josefa le preguntó continuamente en sus cartas cómo proceder, incluso en cuestiones domésticas de escasa relevancia. Pero esto no puede ser interpretado como muestra de apocamiento. Ella no hizo sino cumplir con su deber, pues la autoridad, tanto en el Gobierno del reino, como en el de la casa real, correspondía al rey. No obstante, tomó algunas iniciativas. Por ejemplo, solicitó al monarca que activara la amnistía a los condenados por delitos leves y abogó en favor de una mujer empleada en el hospital de Madrid, cuyo director pretendía despedirla. Pero lo que resulta en cierto modo asombroso es que concediera un subsidio a los actores de teatro para paliar su carencia de ingresos a causa de la prohibición de representaciones durante las rogativas por el feliz éxito del viaje del monarca. ¿Cómo tomarían este gesto aquellos clérigos reaccionarios que desde el púlpito condenaban el teatro como escuela del vicio y tachaban de pecadores a los cómicos?

Por otra parte, nunca se mostró ajena a los asuntos políticos. En sus cartas al rey en 1827 mostró gran preocupación por la evolución de los acontecimientos en Cataluña, el gran asunto del momento, acerca del cual le informó el rey en las suyas con cierto detenimiento, dándole nombres y datos de los jefes de la revuelta y de la suerte de las plazas ocupadas por ellos, lo que delata que el propio Fernando VII aprobaba el interés de su esposa por las cuestiones públicas. Pero donde María Josefa Amalia dio muestras más claras de sus preocupaciones en esta materia fue en sus poemas y en su novela Cartas de la reina Witinia.

La reina escribió una buena cantidad de sonetos, odas, romances, letrillas y otras composiciones, académicas y populares. Arriaza fue su modelo literario, y también su corrector de estilo, y su confesor, el obispo de Ciudad Rodrigo Pedro Manuel Ramírez de la Piscina, el revisor o censor de contenidos. Este último extremo lo desveló ella en una de sus cartas al rey: «Aquí te envío un soneto que he hecho sobre unas flores perpetuas; ya ha pasado por el tribunal de D. Pedro Ramírez y lo ha aprobado».[25]

Es criterio general atribuir muy escaso mérito literario a la producción poética de la reina, pero esto no interesa ahora. Aquí importa constatar su pensamiento y su actitud ante los sucesos políticos. Destaca su acusada religiosidad. Muchos de los poemas son oraciones a Jesucristo y a la Virgen, otros glosan las virtudes teologales, las fiestas religiosas, las vidas de los santos... y son frecuentes los dedicados a dar consejos para ser buen católico. En estos versos muestra una profunda religiosidad interior, muy ajustada al Evangelio y exenta de rasgos supersticiosos.

También fueron abundantes las composiciones de carácter político. Podemos afirmar que en un caso la reina se aproximó a la mística (ella misma tituló «Poesías místicas» uno de los volúmenes que recogía su producción) y en el otro manifestó su firme rechazo de la Constitución de 1812. El volumen segundo de las poesías de la reina conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid contiene abundantes composiciones dedicadas a señalar los males ocasionados a España por la Constitución y las bondades, en contraste, del realismo. Josefa dedica elogios al cura Matías Vinuesa tras su asesinato por conspirador absolutista; no ahorra palabras para denigrar a los constitucionales y elogiar a los realistas o «serviles», como en alguna ocasión los denomina; ataca al «zascandil del Zurriago», el periódico satírico liberal exaltado, compone «trágalas» en sentido contrario a las de los liberales y desea la intervención extranjera para terminar con la Constitución. Tal vez la nota más destacada de estos poemas sea el llamamiento a tomar las armas para acabar con la Constitución imitando las canciones patrióticas liberales que incitaban a cogerlas en su defensa. Valga como muestra esta especie de respuesta a una canción dedicada a Espoz y Mina:

Españoles, corred a las armas,

muera, muera, la Constitución.

¿Dónde está ese valor tan invicto

que mostrasteis en todo conflicto

por la Patria y la Religión?[26]

Cabe incluir, pues, a la reina Josefa Amalia en el cómputo de vates que con menos fortuna literaria que propósito combativo, compusieron canciones en favor del absolutismo siguiendo la pauta de los cantos e himnos patrióticos liberales. Está bien claro que no se limitó a la mística, ni a componer versos anodinos sobre las flores o los regalos a su esposo.

Más que en la poesía, la política está presente en sus Cartas de la reina Witinia a su hermana Fernandina, novela epistolar integrada por cinco cartas, publicadas por separado en la imprenta madrileña de Miguel de Burgos en 1822 y después recogidas en un volumen ese mismo año. Las cartas están fechadas entre el 24 de agosto de 1821 y el 15 de julio del año siguiente. El sintagma «reina Witinia» hace alusión a la Casa de Wettin, dinastía de condes, duques, electores y monarcas que gobernaron Sajonia. La imaginaria «Fernandina», la destinataria, podría ser María Fernanda de Sajonia, hermana mayor de María Josefa, casada con el gran duque de Toscana Fernando III, aunque todo parece indicar que en realidad las cartas iban dirigidas a Fernando VII.

La autoría de estas Cartas ha sido discutida. Mercedes Comellas las considera obra de un autor anónimo, varón, quizá uno de tantos afrancesados que durante el Trienio intentaron un acercamiento a Fernando VII. En una traducción al francés de un resumen de las cartas realizada en 1823 se dice que las compuso el marqués de Almenara, José Martínez Hervás, distinguido y conocido afrancesado. Gil Novales y el Catálogo Colectivo de las Universidades de Cataluña dan como autor a Domingo Ortiz, de quien no se sabe casi nada. En favor de esta hipótesis aduce Gil Novales la sentencia contra la Carta tercera publicada en la Gaceta de Madrid del 9 de marzo de 1823, por la que el jurado de imprenta condenaba en ausencia a Ortiz, «responsable de dicho impreso», a la pena de seis años de prisión en un castillo por tratarse de un escrito subversivo. La Biblioteca Nacional de Madrid, por el contrario, atribuye la autoría a la reina María Josefa. De la misma opinión son Russell Sebold y María Victoria López-Cordón, quienes matizan que tal vez el texto inicial de la reina fue corregido y retocado por Arriaza, por Grijalva, o por alguno de los antiguos afrancesados próximo a la corte durante el Trienio. Entre las personas con talante moderado que rodearon a la reina y pudieron intervenir en el texto, López-Cordón también menciona a su camarera mayor, Josefa Contreras, condesa de Alcudia y marquesa viuda de Cerralbo.[27] Esta última hipótesis me parece la más razonable, pese a la sentencia contra Ortiz antes citada, pues aunque quepan diversas interpretaciones, en la sentencia no se dice que fuera «autor», sino «responsable de dicho impreso», esto es, editor o algo similar.

Por los datos biográficos contenidos en las Cartas, las impresiones personales ante los acontecimientos, la mención de su nombre tal como solía hacerlo Fernando VII («por la narración conocerás el tamaño y el valor del último sacrificio que hace tu Pepita», dice en la última carta) y por su contenido, coincidente en muchas ocasiones con el de las cartas reales escritas a su esposo y con varios de sus poemas, no sería descabellado atribuir la autoría a la reina María Josefa. Ella misma lo insinúa en diversas ocasiones con frases como ésta: «Yo, hermana, soy triste espectadora de todas estas escenas y se me quebranta el corazón [...]. Creen muchos que nada penetro, que ignoro lo que pasa y ¡ojalá! que así fuera. ¡Yo padecería menos!».[28] Sin embargo, es evidente que no fue suya la redacción final, pues el lenguaje y la sintaxis son muy correctos y abundan expresiones y giros sólo atribuibles a alguien que conociera muy bien el español, cosa difícil de suponer en una persona que había comenzado a estudiarlo tan sólo dos años antes de la redacción del texto, que se da por supuesto fue en 1821-1822. Por lo demás es difícil imaginar, pese a la libertad de imprenta durante el Trienio, que alguien osara suplantar a la reina sin su consentimiento en una narración en la que son tan explícitas las alusiones a su persona, a sus sentimientos, a su vida en palacio y al rey. En todo caso, y a pesar de la afición a la escritura de María Josefa,[29] todavía no estamos en condiciones de determinar si fue la única redactora de este texto o, como se plantea López-Cordón, pudo ser una obra en colaboración.

Los trabajos de Mercedes Comellas y María Victoria López-Cordón excusan ofrecer aquí un resumen de las Cartas, que en conjunto son un excelente comentario sobre la situación política durante el Trienio Constitucional. Me limitaré, por tanto, a realzar algunos aspectos de su contenido con el fin de ilustrar la personalidad de la tercera esposa de Fernando VII y su opinión sobre el rey.

Witinia se siente aislada, abatida, y se encomienda resignadamente a la Providencia. Este sentimiento de soledad está originado por su preocupación ante el desastroso estado político de la monarquía. España es un país pobre, sin rumbo político firme, de lo cual responsabiliza sin ocultamiento al rey y a sus consejeros, dividido en bandos dominados por el espíritu de venganza. Tiene la mejor opinión sobre la grandeza de alma de los españoles, como ella dice, pero les achaca falta de instrucción. De ahí y de su forma de entender la religión, basada en prácticas externas rutinarias, sin convencimiento interior y con gran desconocimiento del Evangelio, hace derivar la inveterada intolerancia de los españoles en lo político y en lo religioso, alimentada —subraya— por un clero nada diferente al común de la población en la actitud y en la manera de concebir la religión (una vez más, es patente la similitud de su pensamiento con el ilustrado).

Parte sustancial de las Cartas está dedicada a la crítica del sistema político constitucional y a la actuación de los liberales, lo cual originó la antes aludida denuncia de la Carta tercera y algún comentario poco favorable en la prensa.[30] Pero también lanza reproches a la política absolutista. En este punto resulta un tanto sorprendente, por venir de ella, la opinión sobre Fernando VII, a quien no se refiere con este nombre, sino como «mi esposo» o el «jefe del Estado»; de igual modo, no escribe «España», sino «aquí». En 1814 —afirma en la segunda Carta— el jefe del Estado adoptó el parecer «más estúpido y funesto, porque era el que más le lisonjeaba», y «comprometió para siempre su reputación y tranquilidad». La represión ha sido un error y desacertada y errática la actuación política de los Gobiernos, tanto los absolutistas, como los liberales, de manera que ninguno ha sido capaz de remediar los grandes males de España, ni de organizar la administración del Estado, aspecto este último en el que se detiene con gran conocimiento de causa. También estima «temerario o más bien ridículo» el intento de reconquistar por las armas los territorios americanos, empresa que ella considera de todo punto imposible, no sólo por la debilidad del Ejército español, sino también por las características del tiempo presente, esto es, por la posición internacional ante la cuestión.

En su intento por hallar un sistema político que garantice la auténtica libertad, Witinia examina diversos regímenes políticos, desde la antigua Roma hasta la actualidad, deteniéndose especialmente en los de Inglaterra y Estados Unidos, generalmente presentados —afirma— como modelos de libertad. En ningún lugar halla auténtico respeto a la verdadera libertad y en todo caso lo que en un país puede parecer tolerable, en otro no lo es. No le interesan las teorías filosóficas sobre la libertad y la igualdad de los seres humanos, que dice conocer bien, sino la práctica política: «las sociedades humanas se gobiernan de hecho y entonces todas las teorías callan», afirma en la Carta cuarta. En definitiva, se muestra pragmática en política, sin importarle la ideología del sistema, actitud esta que quizá contribuya a entender lo que Fernando VII hará durante la Década Ominosa influido, tal vez, por su esposa.

Es comprensible la perplejidad del lector de estas cartas al compararlas con lo que se ha dicho y se sigue diciendo acerca de la personalidad de la reina María Josefa Amalia. Contra la imagen establecida, queda de manifiesto que no se desentendió de la política, ni desconoció las ideas de su tiempo. Al contrario, la reina fue un personaje político, cuya influencia efectiva en Fernando VII desconocemos, pero no debió de ser escasa.

La sorpresa se acrecienta al leer la opinión de Witinia sobre el rey:

Mi esposo es de condición afable, y para mí cariñoso y complaciente en cuanto puedo apetecer; en esta parte no puedo culpar a la suerte. Su figura es fornida y varonil; no deja de tener luces, discernimiento y discreción, aunque en los negocios políticos me parece que no sabe emplearla oportunamente, y esto aumenta sus compromisos y mis temores. Tiene un buen fondo de religiosidad y no carece de prendas morales. En fin, es excelente como hombre particular; como jefe no creo que sabe [sic] conducirse ni para su provecho, ni para el de sus súbditos. ¡Ay de mí, cuánto siento conocerlo! Unas veces carece de astucia, otras de constancia y energía, pero nunca de honradez.[31]

Esta caracterización de Fernando VII es de las más ajustadas a la realidad que he podido hallar. Todo da a entender que es Pepita la que habla. La esposa fiel y recatada («la prenda más preciosa de nuestro sexo, que es el recato...», escribe en la primera Carta) alaba al hombre, pero no oculta los defectos políticos del rey, porque el objeto de sus Cartas es eminentemente político.

¿Agradó a Fernando VII este juicio sobre su persona? Es imposible responder, pero se podría suponer que no le causaría gran disgusto. Por dos razones: procedía de su amada esposa y era más positivo de lo que parece a primera vista. Es presentado como hombre afable y fiel a su esposa, inteligente y sensato, religioso y honrado. Ésta era exactamente la imagen construida de él desde su época de príncipe, que le había sido tan útil, entre otras cosas, para ocupar el trono antes de la muerte de su padre. Que en lo relativo a la dirección de la política careciera de algunas habilidades, no era motivo de gran preocupación. Precisamente sobre una de las carencias señaladas en este juicio, la falta de astucia, se había construido su imagen de príncipe inocente, que le sirvió para excusar su responsabilidad en los males de la monarquía heredada. En cuanto a la alusión a la ausencia de energía, quizá Fernando VII la tomó más como elogio que como censura, pues como padre de su pueblo, se preciaba de ser benevolente en todas las ocasiones y con todos, de no desear —como tantas veces dijo— el castigo de los «malos», y de dejarse llevar por el consejo de sus próximos; por esto último, los defectos de la política no eran achacables a él, sino a sus ministros y empleados. En el mismo sentido habría que interpretar la nota de «irresoluto y vacilante» que se le atribuye en otros pasajes de las cartas.

La reina Witinia, pues, no atacó a su esposo. Con otros, sin embargo, no se mostró tan benevolente. De «su hermano menor», el infante Carlos María Isidro, hizo el siguiente retrato:

... no me parece tan franco, ni aun tan discreto [como mi esposo]. Es de rostro menos varonil y tiene un exterior displicente y desfavorable: se advierte en su semblante y aun en sus palabras y acciones cierta reserva sombría que desagrada, no es jovial y eso da lugar a que muchos presuman que la sinceridad y la franqueza no pueden abrigarse en su pecho ni encubrirse bajo su ingrato exterior. Mas ésta es sin duda maligna acusación de enemigos encubiertos, que no dejan de abundar.

Al otro hermano del rey, Francisco de Paula, simplemente lo desprecia: «Le conceptúan los más como insignificante en todos los sentidos, asegurando que casi peca en ridículo», es «de los que no han de hacer ningún papel en el juego de la máquina política». Algo parecido dice de Riego, el hombre clave en el bando contrario. Sus partidarios —afirma Witinia— agradecen lo que ha hecho, pero no le encargarán una nueva misión; su carrera política ha terminado (téngase en cuenta que Witinia escribe en 1821-1822, cuando por toda España se vitoreaba a Riego como la personificación de la revolución). Pero no todo es negativo en Riego, a quien conceptúa de «hombre franco, sin doblez, de buena fe».[32] No hay duda de que Witinia-María Josefa tenía dotes de observación.

A esta mujer, que se expresa como acabamos de ver en sus escritos, se la ha tildado de beata y mojigata. No hay duda de su profundo sentido de la religiosidad, pero no fue beata, o en todo caso, lo fue de la misma forma que muchos en su tiempo; por lo demás, desde la perspectiva actual no sería difícil calificar de beato a cualquier jansenista del momento. Es evidente que conocía bien los principios del catolicismo e intentó practicarlos con devoción y convencimiento, sin caer en la superstición ni en la intolerancia y sin dejar de señalar los defectos del clero español. Respecto a su mojigatería, es conveniente hacer algunas consideraciones.

Es un tópico decir que María Josefa fue reacia a mantener relaciones sexuales con su marido y algunos afirman que antes de consentirlas le obligaba a rezar el rosario.[33] Para confirmar este extremo se suele tomar como testimonio irrefutable el relato de la noche de bodas transmitido por Prosper Mérimée a su amigo Stendhal en una carta de finales de 1830. La escena, según el autor de Carmen, se la había referido una dama en Madrid. Al entrar el rey en la habitación de la reina, ésta salió despavorida del lecho al ver su miembro viril, «delgado como una barra de lacre en la base, grueso como un puño en el extremo y largo como un palo de billar». El rey abandonó furioso la habitación y llamó a la esposa del infante don Carlos y a la camarera mayor para que aleccionaran a la reina sobre sus deberes conyugales. Una vez convencida, la joven esposa dejó de ofrecer resistencia, pero «a su primer esfuerzo [del rey] por abrir una puerta, se abrió la de al lado de forma natural y se ensuciaron las sábanas de un color muy diferente al esperado en una noche de bodas». Fernando VII salió de la alcoba lanzando improperios, algo muy habitual en él, y durante ocho días no tocó a la reina.[34]

Poco importa la veracidad del relato. Lo relevante es que si no en los términos referidos, sí en otros parecidos se divulgó por Madrid y traspasó la frontera, lo cual nada tiene de extraño, pues la imagen de Fernando VII en Europa era pésima y no existía dificultad en conceder credibilidad a cualquier anécdota sobre él, aunque fuera escatológica o salope, como califica Mérimée la que comunica a su amigo. Tampoco sería descartable suponer que la supuesta o verídica escena hubiera sido difundida por la esposa del infante don Carlos, María Francisca, testigo privilegiado según el escritor francés. La idea de que María Josefa hubiera pasado directamente al lecho conyugal desde el monasterio donde se dijo que se había educado y, lo que fue más notorio, que nunca llegara a estar embarazada, dio alas a todo tipo de suposiciones sobre su mojigatería. No se debe pasar por alto, en todo caso, que esta «noticia» se propagase en 1830, once años después de la memorable noche, ya fallecida María Josefa.

Puede que la imagen de mojigata se sustentara, por otra parte, en el horror de la reina a los toros y a los ruidos estruendosos (no aguantaba las habituales salvas de cañón en actos protocolarios), así como en su escasa afición a galas y adornos. También, quizá, en su timidez y su resistencia a asistir a los actos públicos, como reiteradamente manifestó al rey en su correspondencia de 1827. Por todo ello, María Josefa era una reina poco simpática, tanto para los cortesanos, tan aficionados a festejos y ceremonias destinadas a lucir vestimenta, joyas y condecoraciones, como para las masas, siempre curiosas y deseosas de ver a sus reyes y a ser posible, acercarse a ellos. Por otra parte, sus juicios en las Cartas sobre los infantes Carlos y Francisco de Paula tampoco debieron de agradar a los interesados y a sus respectivas esposas María Francisca y Luisa Carlota, mujeres de gran empuje, muy interesadas en imponer su pauta en la corte. No extraña, pues, que tomando pie en el recato y comedimiento de María Josefa, y en su timidez, se propalaran bulos o medias verdades y se lanzara la imaginación hasta los territorios más insospechados.

Al margen de rumores y chismes, María Josefa nunca olvidó sus deberes como reina y el principal de ellos, como muy bien sabía, era dar un heredero al trono. En varios poemas pidió a Dios «la sucesión deseada / por el Rey y por la Nación» y no dudó en viajar al balneario del Solán de Cabras (Cuenca), cuyas aguas tenían fama de favorecer la fecundidad.[35] Los versos, plagados de ripios, titulados «Descripción del Solán de Cabras» finalizan de esta forma:

No el buscar una salud,

que Dios nunca me ha negado,

otros fines me han guiado

de esta fuente a la virtud.

Busco en mi solicitud

la pública conveniencia.

Sigo a una probada ciencia

y cumplo con mi deber.

Por mí no quedó que hacer,

obre Dios con su clemencia.

Ni las oraciones, ni la «probada ciencia» tuvieron efectos, pero dice: «Por mí no quedó que hacer».

Hastiada, tal vez, y resignada, María Josefa debió de dar por imposible el embarazo, y conformada con los designios de la Providencia, como tantas veces se declaró, es probable que en algún momento decidiera dejar de mantener relaciones sexuales con su marido. Esta situación incomodó sobremanera a Fernando VII. Convencido por él mismo o inducido por otros de que se trataba de escrúpulos de la reina alimentados por su confesor, el obispo Ramírez de la Piscina, el monarca escribió al papa León XII. En el Archivo del Palacio Real existe el borrador de la carta, que el rey ordenó al embajador de España en Roma pusiera «directamente» en manos del papa. No tiene fecha, pero en el texto dice Fernando VII que llevan diez años casados, por lo que debió de ser escrita en 1829.

La carta, afirmaba el rey, trata de «un gravísimo negocio que aunque personal, tiene la mayor conexión con el bien de mis estados y con la misma religión católica de que me precio de ser decidido protector». Dice de su esposa que es piadosa, cuerda y lleva una vida ejemplar, como la de las reinas santas (cita a Blanca y Sancha de Castilla y las reinas Isabel de Hungría y de Portugal). Sería la mejor esposa «si estuviera bien dirigida en los asuntos interiores y más delicados del matrimonio», pero no es así. El obispo de Ciudad Rodrigo, su confesor, «ha dado una dirección tan viciosa a su conciencia y la dirige con tales doctrinas y lecturas que ni la hace entender que ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos, ni contribuye de modo alguno a formar la ternura y afecto íntimo que exige la grandeza del sacramento». Fernando confiesa que ha aguantado, pero ha llegado el momento de cambiar. Como medio, propone dar a la reina otro director espiritual, con el fin de que imprima en su ánimo la más exacta idea «de sus deberes como esposa para con su esposo», para ver si de este modo Dios le concede «el fruto que sellaría la tranquilidad de mis dominios». Bastaría su propia autoridad, mantiene el rey, para nombrar otro confesor, pero recurre al papa para «conciliar esta medida con la absoluta tranquilidad de su espíritu [el de la reina]». En consecuencia, ruega al romano pontífice que ordene la restitución del obispo a su diócesis, situada en el límite entre España y Portugal, con la excusa de evitar que la agitación existente en aquel reino se propague a España. El rey recalca: «Pero es indispensable que el mandato se expida en tales términos que no haya lugar a tergiversación, a dilación, ni réplica». Fernando VII pedía también al papa que «advierta [a la reina] la obligación de someterse en todo y en esto principalmente a Mí como Rey y Marido».[36]

El escrito de Fernando VII deja bien explícito que en algún momento se interrumpieron las relaciones íntimas. Fernando VII responsabiliza de ello al confesor de la reina y no tanto a ella, de la que dice seguir estando enamorado. Como el papa nada pudo hacer, pues falleció el 10 de febrero de 1829, Ramírez de la Piscina continuó en su puesto hasta la muerte de María Josefa, ocurrida el 17 de mayo de ese mismo año. El año siguiente, Fernando VII decretó la prisión de Ramírez de la Piscina.[37] El rey se vengó.

La muerte de María Josefa fue inesperada, pues como ella misma dijo, siempre había gozado de buena salud. El 30 de abril sufrió dolores de cabeza con fiebre. Su estado se agravó en los días sucesivos, hasta su fallecimiento el mes siguiente, en Aranjuez, debido, según los médicos que la asistieron, a «pulmonía nerviosa».[38] Las exequias y las oraciones fúnebres alcanzaron la solemnidad y extensión habituales en estos casos y a juzgar por todos los testimonios, Fernando VII sintió verdaderamente su desaparición.

Fernando VII había amado mucho a María Josefa y ésta le había correspondido en la misma medida. La correspondencia cruzada entre ambos en septiembre y octubre de 1827, a punto de cumplir su matrimonio una década, es elocuente. Fernando se dirige a ella de la forma más cariñosa: «Querida Pepita de mi alma», «pichoncita de mi corazón», «mona mía», «guapita, preciosa», «pimpollo mío», «ídolo mío», etcétera, y el 3 de octubre llega a decirle: «Yo ya no tengo voces para expresarte mi cariño». Ella, más comedida, le llama «amado pichón mío», «Fernandito de mi alma», «alhaja mía preciosa»... Ambos se añoran intensamente y se dicen que están continuamente pensando el uno en el otro. Fernando alaba los sonetos que ella le envía («me ha enternecido mucho», dice a propósito de uno de ellos) y se permite bromas de enamorado. «¡Cuántas ganas tengo de besarte en la punta de la nariz y de darte un abrazo muy apretado!», «yo estoy bueno y famoso, querida mía, pronto a darte un bofetón, se entiende por juego», «¿cuándo querrá Dios que vuelva a estar contigo y a hacerte cosquillas?», «quisiera hacer contigo el nariceo y lo demás que sabes», y en la última carta, antes de encontrarse en Valencia, le reitera su ansia por verla, «esperando la docena de azotes, o a lo menos el sermoncillo de mi amor». Ella, siempre recatada, nunca alude a los contactos físicos, pero no recrimina en lo más mínimo a su esposo por lo que dice. Estas cartas fueron escritas dos años antes que la enviada por el rey al papa.

Director de la contrarrevolución

La Junta Provisional creada a petición popular el 9 de marzo de 1820 se puso de inmediato manos a la obra para propiciar la entrada en vigor del régimen constitucional.[39] Con tal celeridad restableció las reformas políticas, económicas y sociales decretadas por las Cortes de Cádiz y procedió a la convocatoria de Cortes, que a los pocos días el cambio político en España era formalmente completo. Los ayuntamientos volvieron a ser constitucionales, las provincias pasaron a ser gobernadas por el jefe político y las diputaciones provinciales en lugar de los capitanes generales, se reimplantó la libertad de imprenta, se creó un nuevo Consejo de Estado, se pusieron en vigor la ley de supresión de señoríos de 1811 y las disposiciones de las Cortes de Cádiz sobre agricultura e industria, se suprimió la Inquisición, etcétera. En el nuevo Gobierno, formado el 18 de marzo, entraron destacados liberales, como Manuel García Herreros (Gracia y Justicia), José Canga Argüelles (Hacienda), Agustín Argüelles (Gobernación de la Península) y Evaristo Pérez de Castro (Estado). Quienes anteriormente habían estado en prisión por orden del rey, integraban ahora el Gobierno. Con su acostumbrada sorna populachera, Fernando lo denominó «el Gobierno de los presidiarios».

Fernando VII refrendó con su firma estos cambios, pero tanto él, como quienes de la noche a la mañana habían sido desplazados del poder o temieron por la alteración de su estatus, caso de un buen número de eclesiásticos y militares, no se conformaron con la nueva situación y enseguida pusieron en marcha un movimiento destinado a impedir la consolidación del nuevo régimen. Al principio no se fue más allá de la organización de actos esporádicos de protesta a cargo, según los liberales, de agitadores o «facciosos», término este último con que se calificó a los descontentos con la nueva situación, aunque pronto se les tildó de «serviles», como se llamó en la época de las Cortes de Cádiz a los contrarios a la política liberal. Éstos, a su vez, se etiquetaron de «realistas», esto es, amantes o partidarios fieles y firmes del rey. Aunque deseaban la continuidad de la monarquía absoluta, no se dijeron «absolutistas», porque no se consideraban un partido, menos aún una facción, sino los auténticos y únicos españoles leales a la monarquía y al catolicismo.[40] A su juicio, la única forma válida de Gobierno era la monarquía encarnada por un rey paternal dotado de plenos poderes y ajustado, en sus decisiones, a la religión católica. La alteración de este sistema era producto de la revolución y un atentado al orden divino. En suma, era la anarquía, porque implicaba la ausencia de Gobierno justo, causaba desorden, daba pie a la movilización del populacho y atentaba contra la propiedad. Además de «anarquistas», los constitucionales fueron acusados de «republicanos», porque defendían una Constitución que impedía al rey ejercer sus prerrogativas. En un escalón más, no se tardó en decir que con el establecimiento del sistema constitucional Fernando VII perdió su libertad y pasó a ser cautivo de los liberales.

La oposición al régimen fundado en la Constitución de 1812 comenzó mediante actos de protesta de escasa entidad, pero pronto adquirió envergadura. Esto fue efecto, por una parte, de la progresiva incorporación a ese movimiento de opciones políticas y sociales heterogéneas y, por otra, del decidido propósito de Fernando VII de controlarlo e impulsarlo. En 1822 hallamos dos claras alternativas al régimen constitucional recién establecido: los absolutistas o «serviles» del primer momento, y quienes, sin renunciar por entero a los principios liberales, en particular a los económicos, deseaban la sustitución de la Constitución de 1812 por otra moderada, esto es, no revolucionaria. Estos últimos, integrantes de lo que se comenzó a denominar liberalismo moderado, no deseaban la vuelta al absolutismo y en consecuencia se diferenciaban sustancialmente del realismo. Sin embargo, la insistencia del liberalismo moderado en reformar la Constitución para atribuir mayores poderes al rey y crear una segunda cámara, destinada a rebajar la influencia en la dirección de la política de los diputados surgidos por elección popular, lo situó de hecho, en muchos casos tal vez contra sus deseos, en el campo de la contrarrevolución, pues de forma directa o indirecta los moderados coadyuvaron a terminar con el régimen implantado en 1820.

Fernando VII se colocó en el centro de las actuaciones contra el constitucionalismo, no sólo porque los comprometidos en ellas tomaron como bandera su nombre, junto la religión, sino también porque el rey dirigió personal y directamente las acciones más relevantes encaminadas a propiciar el cambio de régimen.

Casi todos los historiadores que han tratado de este proceso contrarrevolucionario mencionan la participación en él de Fernando VII, pero ni ellos, ni los autores contemporáneos de memorias o reflexiones sobre este tiempo (Alcalá Galiano, Argüelles, el marqués de las Amarillas, Miñano, etcétera.) van mucho más allá de atribuir al monarca un cometido de apoyo a la contrarrevolución, considerable, sin duda, pero no decisivo. La lectura de estos textos produce la impresión de que Fernando VII quedó en un segundo plano, como elemento sustentador de todo, pero sin llegar a ser protagonista de las maniobras urdidas contra el constitucionalismo. Este papel se atribuye a las juntas realistas formadas en diversos lugares de la monarquía, a las guerrillas del mismo signo y a ciertos individuos, en especial al marqués de Mataflorida, Bernardo Mozo de Rosales, y al general Eguía. Los autores de las muchas proclamas y manifiestos realistas publicados en la época, así como los clérigos que más tarde escribieron sus impresiones, y ciertos historiadores conservadores, rebajan o desdibujan el papel del monarca y todo lo cifran en el «pueblo», presentado como contrario por convicción y actitudes a las innovaciones revolucionarias o simplemente hastiado de los abusos de los constitucionales y del estado de anarquía originado por ellos.

Los documentos guardados por el rey en sus dependencias particulares (los «Papeles reservados» del Archivo General de Palacio) y los «Papeles de Ugarte» publicados por Ortiz de la Torre en 1934, entre otros testimonios, demuestran la participación directa de Fernando VII en la organización e impulso del movimiento contrarrevolucionario durante el Trienio.

Desde el primer momento, Fernando VII llegó al convencimiento de que era posible acabar a corto plazo con el régimen constitucional. Dos datos abonaban esta idea: el unánime rechazo de la Constitución de 1812 por parte de los Gobiernos europeos y el descontento provocado en el interior de España por las reformas emprendidas por los liberales, por el cambio de autoridades locales y provinciales y por el cese de empleados públicos. Pero inicialmente el rey consideraba preciso tomar importantes precauciones. Una consistía en disipar las dudas sobre el sistema político que había que establecer. Había que actuar de tal forma que resultara inviable todo intento de sustituir la Constitución vigente por otra, por muy monárquica que fuera, pues lo que él perseguía era el fortalecimiento de su poder personal. Como entonces se dijo en el entorno del rey, se debía desvanecer cualquier idea de «Gobierno representativo». Otra precaución, derivada de la anterior, se refería a quiénes debían encabezar el cambio político. Según Fernando VII éste debía ser obra exclusiva de los españoles, para no dar lugar a una intervención armada extranjera que pudiera propiciar el establecimiento de un sistema constitucional parecido al británico, o al francés de Carta Otorgada. Todo ello movió a Fernando VII a asumir personalmente el control de las actuaciones contrarrevolucionarias.

El centro del operativo, pues, radicó en el Palacio Real de Madrid. Lo creó el rey con el consejo de varios miembros de su familia, sobre todo, el infante don Carlos y su esposa, María Francisca, y de destacados absolutistas, entre ellos el duque del Infantado. No obstante, los auxiliares directos y más eficaces del monarca fueron su discreto y fiel secretario particular Antonio Martínez Salcedo y el ya conocido Antonio Ugarte. Sobre el particular disponemos de información gracias a las notas secretas cruzadas en mayo de 1822 entre el rey y los dos últimos. El procedimiento seguido es pintoresco y se ajusta al método conspirativo de la época. Fernando VII se comunicó con los «tocayos» (así se refería a Salcedo y Ugarte) mediante notas y cartas firmadas con distintos nombres de mujer («Carolina», «Dominga», «Dolores», «Carlota»). Una parte de estas misivas era legible y trataba de asuntos baladíes y absurdos; en la otra, escrita con tinta simpática, el rey transmitía instrucciones o solicitaba consejo.[41] Aunque Fernando asumió la empresa como empeño personal, el alma ejecutora de todo fue Ugarte.

La confianza del monarca en Ugarte, muy considerable años antes como se ha visto, se incrementó en 1820. Ugarte se convirtió en el principal consejero de Fernando VII en lo concerniente a las maquinaciones contrarrevolucionarias. Quien no contaba con Ugarte, nada valía para el rey, declaró el duque del Infantado. Así fue. Más tarde, cuando en marzo de 1823 el rey fue obligado por las Cortes a abandonar Madrid para trasladarse al sur, autorizó a Ugarte mediante un decreto dirigido a él, que naturalmente no se hizo público, a tratar en su nombre con los representantes de otros países. El rey tomaba esta decisión «por las pruebas de amor y fidelidad que me habéis dado en todo tiempo y señaladamente en estos últimos tres años de mi cautiverio y amargura, y por la constancia con que en ellos habéis trabajado a mis órdenes [...], por cuya razón estáis enterado del estado de los negocios políticos, y de mis reales intenciones». A la vista de ello, recalcó el monarca, «os autorizo para que como enterado en los asuntos y ocurrencias durante mi cautiverio, y como persona de mi entera confianza, hagáis presente, en los casos y circunstancias que ocurran, lo que os he confiado y tenéis entendido de mis reales intenciones, a fin de que tengan cumplido efecto...».[42] Lo que el rey había confiado a Ugarte, aclaraba el citado papel, era que manifestase a los Gobiernos de Europa y a los realistas españoles que hacía el viaje contra su voluntad, «por efecto de la fuerza y de la más atroz violencia», así como su deseo de que sus reinos fueran gobernados de acuerdo con las leyes y reglas anteriores a 1820. Nada decía el decreto sobre las acciones secretas contra el constitucionalismo, pero no era necesario, pues quedaban comprendidas en las «reales intenciones» que Ugarte conocía perfectamente.

El dispositivo organizado por el rey y Ugarte fue complejo y presenta algunos puntos oscuros, fundamentalmente por el secretismo con que se desarrolló y la escasa documentación directa. En la cúspide estaba el rey, quien aprobaba los planes y proporcionaba algún dinero para su ejecución, tal vez parte del que según el periodista Félix Mejía tenía depositado en el Banco de Londres.[43] En el siguiente escalón se situaban los que podríamos considerar directores ejecutivos de las operaciones: Ugarte desde Madrid y el general Eguía y el marqués de Mataflorida desde Francia, adonde se habían exiliado. De estos tres salían las órdenes al tercer nivel, formado por juntas o sociedades realistas provinciales y locales, destinadas a levantar partidas armadas en el medio rural y a provocar asonadas y revueltas en las ciudades para originar el mayor desorden posible en las instituciones y en la vida cotidiana, con el fin de desacreditar al régimen, atemorizar a los ciudadanos acomodados y acentuar el distanciamiento entre liberales moderados y exaltados. En un cuarto escalón podríamos situar a un variopinto grupo de agentes o espías distribuidos por España y por otros países, algunos infiltrados en la masonería, en la Sociedad de los Comuneros y en las filas del liberalismo exaltado. Entre los agentes de esta clase en el interior se hizo célebre José Manuel del Regato. En el exterior actuaron diplomáticos despechados con el constitucionalismo (Vargas Laguna, el conde de Fernán Núñez, Pascual Vallejo...), funcionarios afines al absolutismo, como Antonio Gómez Calderón y Fermín Martín de Balmaseda, ambos llamados a desempeñar cargos relevantes a partir de 1823, y aventureros de sinuosa trayectoria, como José Álvarez de Toledo.[44]

Directa o indirectamente, todos mantuvieron comunicación con el Palacio Real, en particular Ugarte, Mataflorida y Eguía. El rey proporcionó fondos económicos a los tres, y a los dos últimos los estimuló por escrito para que no cejaran en la lucha. En 1823, una vez derrocado el constitucionalismo, Eguía recordó al monarca la carta «de su puño y letra» del 19 de febrero de 1822, que le hizo llegar a través de su hijo Francisco Agustín, «mandándole continuase trabajando hasta el logro completo de su empresa». Mataflorida declaró, también en una representación al rey recordando sus servicios, que se puso al frente de la Regencia absolutista de Urgel tras ser autorizado por el monarca el 1 de junio de 1822 a través de Villar Frontín.[45]

Aunque parece que Ugarte llegó a todas partes, hubo una especie de distribución territorial de competencias en el segundo escalón, en el que no tardaron en surgir disputas por celos entre Eguía y Mataflorida. Este último se ocupó de Aragón, Castilla la Vieja, Murcia y sobre todo de Cataluña, territorio en el que logró su mayor triunfo al establecer en agosto de 1822 la mencionada Regencia realista en Urgel, que pretendió gobernar el reino en nombre de Fernando VII «cautivo» de los liberales. Eguía actuó en el País Vasco y Navarra, mientras que de Galicia se ocupó desde el primer momento su propia Junta Apostólica, autodenominada así porque se puso bajo la advocación del apóstol Santiago, cuyos dirigentes se vieron obligados a exiliarse a Portugal en 1822 y perdió relevancia. La mitad meridional del país quedó encomendada a las «confidencias», creadas en el Palacio Real para suplir la ausencia de los otros en esta parte del país. Todos disponían de agentes o personas de confianza en la corte, encargados de recoger las instrucciones del rey. Éstos eran individuos que gozaban de algún favor o distinción. Así, el agente principal de Eguía, su hijo Francisco Agustín, cesado en 1820 como oficial del Ministerio de la Guerra, fue nombrado secretario de decretos del rey, y José Villar Frontín, el enlace de Mataflorida, había sido secretario de las encomiendas del infante don Antonio y contaba con la protección de Domingo Ramírez de Arellano, uno de los integrantes permanentes de la camarilla real.[46]

Eguía y Mataflorida iniciaron sus actuaciones contrarrevolucionarias desde el exilio francés. La Junta Apostólica de Galicia surgió por iniciativa de un grupo de militares retirados, clérigos, propietarios agrícolas y funcionarios de aquella región dispuestos a impedir la consolidación del constitucionalismo. Las «confidencias», sin embargo, fueron un producto posterior, elaborado en el Palacio Real con el objetivo específico de organizar y unificar el movimiento contrarrevolucionario en la parte del territorio nacional donde no actuaban los anteriores. Esta organización, pues, respondió a un programa contrarrevolucionario elaborado por el rey, de ahí que ahora sólo nos detengamos en ella.

Carezco de noticias sobre la fecha de su constitución, pero en 1822 se menciona la existencia de una Confidencia Central General de la Corte. Esta organización actuó en la más estricta clandestinidad y ni tan siquiera llegó a adoptar una única denominación, pues los implicados se referían a ella indistintamente como «Confidencia de Corte», «Junta Secreta», «Junta Suprema» o «Junta Principal». Probablemente sus máximos dirigentes se reunían en el Palacio Real, pero ni sobre este particular, ni acerca de la identidad de esos individuos existen datos concretos en la única documentación referente a ello que he encontrado, conservada en el Archivo del Palacio Real. Ahí se dice que la dirigió Ugarte. Según José Presas, bastante bien enterado de los tejemanejes de este tiempo, Ugarte estuvo auxiliado por Santiago Gómez de Negrete y Juan Agudo Múzquiz.[47]

Desde la «Confidencia de Corte» se potenció la creación de Juntas de Confidencia provinciales y locales, las cuales recibieron algún dinero de Ugarte, que no podía proceder sino del rey, pero la mayoría de los gastos corrieron por cuenta de sus dirigentes locales. El procedimiento seguido no debió de diferir gran cosa del practicado en Toledo y Córdoba, sobre el que disponemos de alguna información.[48] En un primer momento, se organizó en Toledo de manera espontánea un grupo de absolutistas mediante la celebración de reuniones convocadas con los pretextos más peregrinos, por ejemplo, abrir una suscripción para «sostener los jornaleros». Detectada su existencia, Ugarte estableció contacto mediante una persona de su confianza, el auditor de Castilla la Nueva y fiscal de la Guardia Real Pedro Antonio Renedo, hombre, por este cargo, próximo a palacio, a quien le transmitió instrucciones. La «Confidencia» debía formar opinión o, mejor dicho, intoxicarla con informaciones falsas o deformadas (sus miembros debían «glosar las malas noticias y suponer otras favorables» a la causa absolutista y difundirlas entre las personas más o menos afines), organizar rondas armadas con la excusa de velar por la tranquilidad pública, para así vigilar a los miembros de la Milicia Nacional, y controlar los depósitos de armas, contactar con los guerrilleros de la zona e impulsar la formación de otros grupos armados, infiltrarse en el Ayuntamiento y defender a los absolutistas ante la justicia. Además de objetivos similares, Ugarte encargó expresamente a la Confidencia de Córdoba ganar para la causa absolutista a los soldados de los regimientos de la zona.

Las «confidencias» provinciales estaban integradas por párrocos, canónigos, militares retirados, hacendados y, sobre todo, empleados públicos que habían perdido su puesto en 1820 (corregidores, contadores de rentas, abogados...), en definitiva, quienes se consideraron damnificados por el sistema constitucional. Su relación con Ugarte fue permanente. A su vez, algunas de esas «confidencias» actuaron como una especie de centro coordinador de varias provincias. La de Córdoba, por ejemplo, destacó agentes en Sevilla, Granada, Jaén, Extremadura y Serranía de Ronda. Al entrar las tropas de Angulema en Andalucía en junio de 1823, estos agentes desplegaron gran actividad para provocar deserciones en el Ejército constitucional y apoyar a las partidas guerrilleras absolutistas.

La intoxicación de la prensa interesó mucho a Fernando VII. De su entorno salieron textos destinados a rebatir la doctrina liberal y a ridiculizar la Constitución. Entre los papeles guardados por el rey en su archivo reservado se hallan varios manuscritos, llenos de borrones y correcciones. Uno de ellos se titula: «Constitución impolítica de la Monarquía Española inventada por la escoria de la nación durante la ausencia y cautividad de Fernando Séptimo». Lleva fecha de 1821. Se trata de una tosca burla de la Constitución, realizada a base de ofrecer una redacción alternativa de sus principales disposiciones. Por ejemplo, en el artículo primero constitucional («la Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios») se cambia la palabra «españoles» por «facinerosos». El comienzo del 3 («La soberanía reside esencialmente en la nación») se redacta así: «La soberanía reside esencialmente en las logias, cafés, tertulias y algunas cabezas de revolución». El 7 («Todo español está obligado a ser fiel a la Constitución») se trastoca en: «Todo español está obligado a ser amante de la anarquía». El 13 («El objeto del Gobierno es la felicidad de la nación») queda: «El objeto de Gobierno es destruir la nación y llenarla de todo tipo de desastres». Como en esta contraconstitución no podía faltar la alusión al rey y a la religión, se incluye esta disposición «constitucional»: «Los descamisados tendrán derecho de insultar al rey y a las personas reales y a todos los que son adictos, como también a los ministros de la religión».

Otros textos, sin fecha pero probablemente de 1822, están dirigidos a ensalzar a la persona del monarca y a denigrar a Riego, símbolo de la revolución. En ninguno se olvida la crítica a la Constitución, calificada de «escalón para la República» en uno de estos manuscritos, destinado, al parecer, a ser réplica de un artículo aparecido en el periódico liberal exaltado La Tercerola.[49]

También está confirmada la participación personal de Fernando VII en la formación de guerrillas armadas contra el constitucionalismo. Una vez reimplantado el absolutismo, algunos de los jefes de partidas declararon haber formado sus respectivos grupos por instrucción expresa del rey. Por ejemplo, Francisco Anchía, Longa, dijo haber recibido directamente de Fernando VII en 1821 el encargo de sublevar La Mancha. En el intento de golpe de Estado del 7 de julio de 1822, Longa estuvo en palacio al lado del rey y también tomó parte activa en la lucha en las calles de Madrid. Según propio testimonio, tras conseguir huir a Francia continuó su comunicación directa con el monarca y los infantes, aunque no especificó con cuál o cuáles. También Juan Sánchez Cisneros y Rafael Sempere estuvieron en palacio junto al rey el 7 de julio y después se dedicaron a potenciar guerrillas por indicación del monarca. En otros casos, el contacto fue indirecto, como el establecido con Eugenio Morales de Cabezuela, que actuó en Ávila y en Extremadura. En 1820, mientras el rey estaba en El Escorial, Morales se comunicó con él por mediación del cura de un pueblo de Ávila y acto seguido formó una partida de catorce hombres.[50]

No se descuidó, por otra parte, el control de las personas en la corte. Se formaron listas de «buenos» (realistas) y «malos» (constitucionales) para actuar llegado el momento. La mala calidad y distintos tamaños del papel que las contiene, el descuido en la presentación y en el lenguaje, y la ausencia de firma delatan que estas relaciones fueron elaboradas en secreto y de forma apresurada tal vez por algún miembro de la camarilla. Es revelador, por lo demás, que las listas se hallen entre los papeles secretos de Fernando VII. En ellas figuran empleados y militares de distintas partes de España, aunque se pone especial cuidado en identificar a los servidores de palacio y a los integrantes de los regimientos próximos a la persona del rey, como la Guardia Real (antigua Guardia de Corps), el cuerpo de Alabarderos y el Ministerio de la Guerra. Por regla general, estos papeles, cuya finalidad debió de estar relacionada con la intentona contrarrevolucionaria de julio, se limitan a consignar el calificativo de «buena» o «mala» tras el nombre de la persona, y sólo en casos señalados se añade un poco más, como en el del subsecretario del Ministerio de la Guerra y en 1823 jefe del Estado Mayor del Ejército constitucional, Antonio Remón Zarco del Valle, del que se dice: «hombre perjudicial... dispuesto siempre para lo malo», «constitucional exaltadísimo».

De acuerdo con estas relaciones, en el cuerpo de Guardias de Alabarderos no existían malos. En la Guardia Real se daba cierto equilibrio entre malos y buenos: 372 buenos, 244 malos y 46 sospechosos (no se indica la razón de este último calificativo). Buenos eran todos los destinados a la Mayordomía Mayor del rey, pero entre los servidores de las personas reales y los empleados en otras dependencias de palacio también había malos y sospechosos. Así, en la servidumbre del cuarto de la reina, que ascendía a treinta y cinco mujeres, siete eran malas, y seis en el de María Francisca de Asís, la esposa del infante Carlos María Isidro, que contaba con veinte sirvientas. Proporción similar se registra entre los servidores del resto de la familia real, así como en la Tesorería y en la Contaduría de la real casa.[51]

Un golpe fracasado

Durante el Trienio, Fernando VII participó en dos intentos de acabar con el régimen constitucional mediante un golpe de Estado: la llamada «conspiración de Vinuesa», descubierta en enero de 1821, y el complot de la Guardia Real del 7 de julio del año siguiente. Ambos estuvieron concebidos de acuerdo con un mismo modelo. Una vez conseguido el compromiso de un cuerpo militar, se pondrían en marcha dos acciones simultáneas: el rey convocaría a palacio a las principales autoridades constitucionales con poder ejecutivo para mantenerlas bajo su control y los realistas organizarían algaradas populares, que el monarca tomaría como excusa para declarar su vida en peligro, derogar la Constitución y asumir todos los poderes.

La «conspiración de Vinuesa» fue un proyecto un tanto descabellado, aunque lo que conocemos quizá sólo sea el esbozo de sus preliminares, pues fue descubierta antes de dar el primer paso en su ejecución. Su eco en la opinión pública española y europea fue considerable, debido al asesinato a martillazos de Vinuesa mientras permanecía en prisión, perpetrado por un grupo de agitadores que asaltó la cárcel. El suceso afectó a la credibilidad del régimen constitucional, tanto por su crueldad, como porque el Gobierno no fue capaz de garantizar la seguridad de un prisionero sometido a procedimiento judicial. Mucho tuvo que ver, asimismo, la condición de clérigo de Vinuesa y su proximidad al rey. De cura de Tamajón, un pequeño municipio de Guadalajara, había pasado a capellán de honor del rey y arcediano de Tarazona. La circunstancia de que a partir de su muerte algunos agitadores tomaran impunemente el martillo como símbolo de su capacidad para «contener a los absolutistas» alimentó la idea de la complicidad de las autoridades constitucionales con los asesinos.

El «Plan para conseguir nuestra libertad», rótulo de los papeles aprehendidos a Vinuesa, sólo debía conocerlo el rey, el infante don Carlos, el duque del Infantado y el marqués del Castelar, esto es, personas situadas en el centro de la maquinaria contrarrevolucionaria. Consistía en arrestar a las más altas autoridades del Estado, depurar a la Guardia Real de los elementos sospechosos, y provocar a continuación una asonada popular en Madrid, con gritos a favor de la religión, el rey y la patria y contra la Constitución. A continuación, se aboliría el régimen constitucional, se depuraría la administración, se detendría a los liberales notorios y se ejecutaría a los más destacados. Una vez consumado el cambio de régimen se aplicaría de forma inmediata una serie de medidas políticas, todas de signo absolutista y con marcado carácter represivo.[52]

El autor o autores de este proyecto pusieron especial empeño en rehuir la participación del exterior, pues «además de los males que esto acarrearía a la nación», se dice en el texto conocido del Plan, «los defensores de la Constitución podrían hacer tales esfuerzos de desesperación que se frustrase el intento por medio de los extranjeros». La advertencia parece una prevención para evitar la implantación de un régimen al estilo del francés. Como hemos visto, en esto coincidía plenamente Fernando VII, aunque precisamente tras el descubrimiento de la trama de Vinuesa desechó la idea, tal vez porque ya no confió en conseguir resultados positivos sin la ayuda foránea. Por su cuenta, y siempre a espaldas del Gobierno y de las Cortes, el rey emprendió entonces gestiones a través del conde Bulgari, embajador ruso en Madrid, para convencer al zar de la perentoria necesidad de aplicar en España el método utilizado por Austria en Nápoles y el Piamonte en abril de 1821 contra los liberales que allí habían proclamado la Constitución, es decir, la intervención de una fuerza armada extranjera.

El zar Alejandro I, que en otro tiempo se había dedicado a modernizar su imperio mediante una política reformista de cierto alcance, pasaba en estos últimos años de su existencia (murió en 1825) por una etapa de misticismo religioso y creía hallar por doquier conspiraciones contra su vida y la religión urdidas por la masonería y el liberalismo.[53] Su coincidencia en sentimientos y obsesiones con Fernando VII era elevada, pero Alejandro I no estaba dispuesto a entrar en conflicto con Francia e Inglaterra, contrarias en este momento a reproducir en España una actuación similar a la italiana. En consecuencia, en mayo de 1821, por vía reservada, a través del conde de Nesselrode, su ministro de Asuntos Exteriores, se limitó a aconsejar a Fernando VII que solicitara la ayuda militar al rey de Francia, quien por razones de vecindad y de familia (defensa del honor de la Casa de Borbón) no suscitaría reticencias en otras cortes, y preparara al mismo tiempo una especie de golpe de Estado. Nesselrode indicaba de manera somera el procedimiento que había que seguir en este caso: tras rodearse de gente fiel, durante la noche Fernando VII debía sustituir por personas seguras a los ministros, a las autoridades provinciales y a los principales jefes militares, y derogar a continuación el sistema constitucional.

El plan guardaba ciertas similitudes con el descubierto a Vinuesa, de modo que Fernando lo rechazó, pero no sin justificarse ante el zar. El 21 de junio de 1821 le confesó la imposibilidad de proceder a cualquier cambio de personas, debido a la estrecha vigilancia a que le tenían sometido los revolucionarios, e insistió en que la única forma de salvar su persona y evitar la destrucción de la monarquía española consistía en recibir «el poderoso auxilio de fuerza armada extranjera». Con escaso tacto diplomático, Fernando declaró al zar que en este punto nada podía esperar de Francia e Inglaterra, por estar sumamente interesadas ambas potencias en la continuidad del constitucionalismo en España, régimen que facilitaba su proyecto de apoderarse de las colonias americanas. Sólo era viable —reiteró— la mediación del zar ante las restantes potencias para lograr una intervención armada. Esta operación podría realizarla Francia «mandando tropas suficientes a mi disposición» o la propia Rusia, cuyas tropas —dice el rey— «yo las prefiero a todas las de otras potencias por la seguridad que tengo en ellas».[54]

A estas alturas era patente la desconfianza de Fernando VII en la fuerza de los contrarrevolucionarios españoles. Influido tal vez por lo ocurrido en Nápoles y el Piamonte, todo lo cifró en la intervención militar exterior, y como el recurso al zar no le reportó el resultado inmediato apetecido, a finales de 1821 abrió otro frente. En este caso no lo hizo directamente, sino a través de Antonio Vargas Laguna, experimentado diplomático que en 1820 había sido cesado por el Gobierno liberal en su puesto de embajador en Roma debido a su negativa a seguir las formalidades prescritas en el acto de jura de la Constitución. Aparte de gozar de la confianza de Fernando VII, Vargas conocía bien la curia romana y mantenía excelentes relaciones con el rey Fernando IV de Nápoles, ahora titulado I de las Dos Sicilias, y con María Luisa de Borbón, gran duquesa de Luca, tío y hermana respectivamente de Fernando VII. En consecuencia, aliados seguros.

Vargas Laguna era, pues, hombre apropiado para cualquier misión delicada —lo había demostrado en la vigilancia de Godoy y de Carlos IV— y Fernando VII lo convirtió en uno de sus más tempranos y cualificados agentes en el exterior. En diciembre de 1821, en carta reservada, como siempre, el rey le pintó de la forma más trágica la situación política de España, sin olvidarse de recalcar el peligro que corría su vida y la de la real familia, y le encargó «se lo hagas saber a los Soberanos extranjeros, para que vengan a sacarme de la esclavitud en que me hallo y libertarme del peligro que me amenaza».[55] Vargas Laguna cumplió la tarea desde Roma. Logró que el rey de Nápoles escribiera a los soberanos europeos instándoles a interesarse por la suerte del de España. Salvo el de Inglaterra, que no respondió, los demás prometieron adoptar una decisión al respecto. El zar Alejandro, más al corriente de los deseos de Fernando VII, no se limitó a las palabras y dio instrucciones a su embajador en París, Pozzo di Borgo, para que activara una resolución favorable en este sentido.

En este ambiente propicio para sus planes, Fernando VII prosiguió la búsqueda de ayuda exterior. Desde mayo de 1822 se comunicó con frecuencia por escrito y verbalmente con los representantes de las potencias de la Santa Alianza en Madrid, siempre en secreto, es decir, sin conocimiento de las autoridades constitucionales. En estas gestiones el rey mezcló de forma un tanto confusa la demanda de apoyo a las actividades contrarrevolucionarias, especialmente dinero y armas para la guerrilla realista, con la intervención directa de un Ejército europeo que auxiliara a las fuerzas realistas en el derrocamiento del régimen constitucional.

Como cabía esperar, el contacto inicial del rey de España fue el embajador ruso. Rusia, ya se sabía, no estaba en condiciones en aquella coyuntura de adquirir un compromiso muy visible en los asuntos de España, pero mantenía excelentes relaciones con Francia, de modo que Bulgari podía ser un buen consejero y un preciado mediador para conseguir el concurso de este país, el único viable, como había manifestado el zar a Fernando. En efecto, a comienzos de mayo de 1822, Bulgari sugirió a Fernando VII que tratara con el conde de La Garde, embajador de Luis XVIII en Madrid. Para facilitar el apoyo francés, el embajador ruso insinuó al rey español que efectuara dos concesiones sumamente espinosas: la reforma de la Constitución y la promesa de la cesión a Francia de una parte de América.

Fernando VII estaba decidido a todo y no rechazó tajantemente el estudio de una posible reforma constitucional, a pesar de la repugnancia que le causaba, pero la entrega de territorios americanos era un paso muy arriesgado, tanto por su efecto negativo en la opinión española, como porque chocaba con su concepto patrimonialista de la monarquía. Como él mismo expuso en una de las notas clandestinas intercambiada estos días con Ugarte y Martínez Salcedo, no se atrevió a tomar una decisión sobre el particular y respondió a Bulgari que esa era «una cosa muy delicada». Ambos convinieron en no plantearla «por ahora». Lo que sí hizo Fernando fue contactar con La Garde. El 5 de mayo resumió a Ugarte el contenido de su primera conversación con el francés en estos términos: «Me confesó [La Garde] al fin que sabía que las tropas francesas tenían orden de entrar y favorecernos, siempre que antes hubiera aquí un movimiento; pero me dijo que por ahora no veía que hubiera peligro inminente, ni que corriésemos riesgo; que era verdad que se podía hacer como Bonaparte en el Consejo de los Quinientos...».[56]

La alusión al golpe de Estado del 18 brumario (9 noviembre de 1799) ofrece la clave de lo que sucedió a continuación. Su triunfo permitió al general Bonaparte derrocar el régimen político vigente (el Directorio) y asumir en calidad de cónsul la dirección de la política francesa, iniciando el camino que habría de conducirlo al desempeño de un poder personal indiscutido, y luego al imperio. La redacción de la nota citada del rey da a entender que la propuesta de un golpe de Estado partió de él, aunque el embajador coincidió de pleno, pues casaba con los intereses de su país. Como repetidas veces había insinuado el Gobierno francés a distintos emisarios del absolutismo español, España debía intentar resolver su situación política por sí misma y por cualquier medio, dado que la intervención militar directa causaba muchos problemas a Francia por la escasa confianza en la fidelidad de su propio Ejército, la previsible reacción de Inglaterra y de la opinión pública francesa y, por supuesto, el coste económico de una campaña militar presumiblemente larga y compleja. Así pues, las dos partes aplaudieron la idea de reproducir en España un 18 brumario.

Para comprender el alcance de la referencia a este acontecimiento, recordemos los agentes que participaron en él: una persona que aglutinó las aspiraciones de la población de acabar con la «anarquía» causada por los revolucionarios (el victorioso general Bonaparte, «el salvador»), un sector significativo del Ejército a su lado, el control de los representantes de la voluntad nacional (las dos asambleas, el Consejo de los Quinientos y el de Ancianos, fueron trasladados desde el centro de París a las afueras, al palacio de Saint-Cloud, para facilitar la vigilancia de los diputados y evitar la acción popular) y la complicidad de políticos (Sieyès), dispuestos a sustituir la Constitución vigente (la muy avanzada del año III) por otra conservadora (la del año VIII).

En España se disponía de la persona que aglutinaba el hastío del desorden político (el rey Fernando) y no se estimó muy difícil conseguir todo lo demás. Tal fue la tarea de los encargados de preparar el golpe.

En principio, quizá pudiera parecer que la mayor dificultad estribaba en hallar al Sieyès español, la persona dispuesta a reformar la Constitución. De ello se encargó el propio monarca con la ayuda de las autoridades francesas. En una turbia operación política, todavía pendiente de esclarecimiento, Fernando VII recurrió al moderado Martínez de la Rosa, en ese momento jefe del Gobierno, constituido por individuos de su misma tendencia. Martínez de la Rosa, sin duda de buena fe, se avino a presentar al rey un proyecto de reforma de la Constitución, en el cual, al parecer, participó desde su exilio en París el conde de Toreno, otro prohombre del moderantismo. Según el general Fernando Fernández de Córdoba, «el rey y los ministros resolvieron, de común acuerdo, sustituirla [la Constitución de 1812] por otra que encerrara principios más conservadores y autoritarios, encargando su elaboración a Martínez de la Rosa, el cual secretamente la redactaba para imponerla al país un día por medio de un golpe de fuerza, si bien parece que el Gobierno estaba resuelto a convocar después Cortes que la sancionaran». El embajador francés La Garde confirmó el dato en carta cifrada a su ministro de Asuntos Exteriores del 12 de julio: «Se sabe que los ministros y otros jefes del partido moderado han iniciado contactos con el rey, hasta el punto de hacerle las más satisfactorias proposiciones», es decir, la reforma de la Constitución.[57]

En ese momento no sólo las potencias europeas deseaban cambiar la Constitución de 1812, sino también no pocos españoles, que lo consideraban un paso necesario para calmar el hosco ambiente político. En ello coincidían el partido moderado y muchos ciudadanos sinceramente dispuestos a mantener el régimen constitucional, pero hastiados de la exaltación de las masas y de la permanente crispación. A este fin, algunos no excluían el recurso a la fuerza. Esto explica que entre los implicados en el complot de julio de 1822 se contaran, aparte de absolutistas, otros individuos que no veían con malos ojos el establecimiento de una nueva constitución de talante conservador.[58] Quienes en modo alguno estaban dispuestos a aceptar constitución de ninguna clase eran el rey, el infante don Carlos y sus allegados de mayor confianza. Así pues, Fernando VII no tardó en abandonar la idea de la reforma de la Constitución, por lo que no hubo acuerdo entre el rey y los liberales moderados.

En la carta del 12 de julio antes citada, el embajador La Garde informaba a su ministro de que en esos momentos se estaban desarrollando simultáneamente en España dos «movimientos conspirativos»: uno protagonizado por un amplio número de moderados, encaminado a reformar la Constitución, y el otro «por los serviles, absolutistas ciegos». El rey, como se acaba de ver, paralizó el primero y todo lo dejó en manos de los segundos.

Estos últimos recurrieron al procedimiento esbozado en el plan de Vinuesa, aunque con importantes variantes y con dimensiones más amplias. En esta ocasión no todo se confió a la capacidad de un grupo de conspiradores para provocar una algarada popular en Madrid que sirviera de excusa para derogar la Constitución. Ahora se intentó una alambicada combinación de fuerzas y actuaciones en la capital y en distintos puntos de España, que debía culminar en un golpe de fuerza en el Palacio Real. El proyecto se concibió en el entorno inmediato de Fernando VII y de su ejecución se encargaron las «Confidencias», los agentes secretos y ciertos grupos formados ex profeso para actuaciones específicas, como el destinado a sublevar a la Guardia Real de palacio, organizado en la casa del oficial del cuerpo Ramón Zuloaga, conde de Torrealta.[59]

La acción se inició en mayo de 1822 con excesiva imprevisión y carencia de la adecuada dirección ejecutiva, quizá por la impaciencia de sus promotores. Los acontecimientos se agolparon.[60] Un grupo de militares proclamó en Valencia al rey absoluto y pretendió colocar al frente de la capitanía general a Elío, declarado absolutista, entonces en prisión. En Castro del Río se sublevó una brigada de carabineros creyendo que el infante don Carlos se pondría a su frente, y como algunos pensaron que era la señal para la sublevación general —no debió ser escasa la participación en todo esto de la «Conspiración» de Córdoba— en otros lugares de Andalucía y de Murcia se produjeron movimientos similares, que culminaron el 30 de mayo en Aranjuez. La población del Real Sitio, incrementada ex profeso con vecinos de los pueblos próximos debidamente recompensados, como en el motín de 1808, aclamó ese día al rey absoluto y provocó una algarada que no fue a más porque la Milicia Nacional se empleó con dureza. En esta situación de agitación absolutista por doquier, llegó la noticia de la toma el 21 de julio por las guerrillas absolutistas de la Seo de Urgel. Este triunfo era de la mayor importancia para la contrarrevolución, pues por fin disponía de un enclave propio en el territorio peninsular desde el que impulsar su actividad política. Parecía que las condiciones generales eran favorables para terminar con el sistema constitucional y se procedió a dar el golpe final.

A tenor de lo convenido en casa del conde de Torrealta, el 1 de julio se sublevaron cuatro batallones de la Guardia Real. Parte de estas tropas se dirigió a El Pardo, adonde estaba previsto que acudiera el rey con su familia para librarse de la tutela de las autoridades constitucionales y actuar a sus anchas. Ese mismo día, Fernando VII nombró jefe de la Guardia Real al general Morillo, simpatizante de los moderados. Pero la rebelión de la Guardia provocó la reacción inmediata del Ayuntamiento de Madrid y de la Milicia Nacional, al tiempo que varios generales, entre ellos Riego, Álava y Ballesteros, se ofrecieron a reducir a los sublevados. La confusión fue total. Se cruzaron órdenes y contraórdenes, Morillo anduvo de un sitio para otro sin tomar una decisión terminante y el rey no se atrevió a salir de Madrid o no lo consideró conveniente, e intentó culminarlo todo desde palacio. Inicialmente, se rodeó de aristócratas y militares de su plena confianza, entre otros, los generales Longa, Aymerich y Saint March, el duque de Castro Terreño y los marqueses del Castelar, de Casa Sarriá y de las Amarillas, los cuales «aconsejaban al monarca según el hilo de sus deseos».[61] A continuación, con el pretexto de buscar una solución convocó a palacio al Gobierno y a las principales autoridades políticas y militares (en ese momento no existían Cortes, pues la legislatura había sido clausurada el 30 de junio). La intención de Fernando VII era clara. Como apuntan casi todos los historiadores, trataba de poner en práctica el plan de Vinuesa, es decir, retener a las autoridades constitucionales y, una vez cuajaran la sublevación militar y las algaradas populares, declarar extinto el régimen constitucional.

Basado en una interpretación estricta de la Constitución, el Gobierno presidido por Martínez de la Rosa se consideró obligado a atender el llamamiento del rey. Cuando los ministros llegaron a palacio, el monarca los mantuvo en una dependencia sin permitir su salida, por lo cual quedaron anulados. El resto de las autoridades convocadas no acudió, pero rodeado de las personas de su confianza mencionadas, Fernando VII se sintió seguro. El ambiente de palacio no podía ser más alentador para él. Cuenta Vayo, al parecer cargando las tintas, que «los sublevados llenaban las galerías y los corredores; los criados de la servidumbre les distribuían oro a manos llenas, botellas de vino y paquetes de cigarros habanos; y las damas y mozas de retrete dispensábanles mil finezas para inflamar sus almas».[62]

Tal vez con la mirada puesta principalmente en el exterior, el rey quiso revestir aquel trance de apariencia de legalidad, y decidió consultar al Consejo de Estado, como establecía la Constitución cuando se trataba de asuntos graves. Mediante notas manuscritas enviadas sin el preceptivo aval del Gobierno, recabó del Consejo varios dictámenes. Uno se refería al perdón de los militares sublevados que habían marchado a El Pardo. Fernando VII adujo que habían actuado en defensa de su persona, puesta en peligro por los revolucionarios y, en especial, por Riego, a quien acusaba de haber llegado a Madrid sin su permiso. Riego había acudido a la capital para ocupar su escaño de diputado en las Cortes, pero el rey argumentaba que por ser militar era necesaria la venia real.[63] No se podía dar a entender más claramente que el rey estaba en connivencia con los sublevados. El monarca aún fue más lejos y planteó nueva consulta al Consejo sobre la siguiente cuestión: dado que su vida corría peligro, quedaba inoperante la Constitución, que declaraba a la persona del rey «sagrada e inviolable», y en consecuencia debía entrar de nuevo en la plenitud de las facultades de que disponía antes de jurar la Constitución en 1820. Lisa y llanamente, el rey pretendía que el Consejo avalara el golpe de Estado. En su respuesta, el Consejo de Estado reafirmó su carácter constitucional y aconsejó al rey que tomara las providencias oportunas para resolver de manera digna la situación.[64]

En la madrugada del 7 de julio, las tropas sublevadas acantonadas en El Pardo marcharon sobre Madrid. Se libró una dura batalla que se prolongó durante toda la jornada, sobre todo en los alrededores de la Plaza Mayor. Allí se oyeron gritos, entre otros, de «No pasarán», apunta Gil Novales. Con toda claridad vencieron los constitucionales, esto es, ciudadanos armados por el Ayuntamiento, la Milicia Nacional y un cuerpo militar creado para la ocasión, el Batallón Sagrado, mandado por el coronel Evaristo San Miguel. Una de las calles que desembocan en la Plaza Mayor lleva hoy el rótulo de Siete de Julio en recuerdo del episodio.

Al conocerse la derrota de los sublevados, la consternación en el Palacio Real fue indecible. Fernando VII reaccionó como en él era habitual y tildó de incapaz al Gobierno por no haber sabido controlar la situación. Cuenta el marqués de las Amarillas, presente esa jornada en palacio, que en la mañana del día 7 el rey llamó a los ministros y al jefe político de Madrid, Martínez de San Martín, a todos los cuales había mantenido incomunicados en palacio, y les recriminó «que qué era aquel desorden, que por qué no hacían cesar aquello». Los interpelados respondieron que nada habían hecho por haber estado «presos» del monarca. Otra fue, por el contrario, la actitud del rey hacia los militares sublevados. Según Fernández de Córdoba, algunos de ellos se refugiaron después de la derrota en palacio, al que accedieron desde la Casa de Campo «por la antigua e histórica mina que el rey mandó franquear para salvarlos». Cuando el ambiente se sosegó, salieron de España. A Luis Fernández de Córdoba, uno de los más comprometidos, el rey «le proveyó de dinero en cantidad respetable» para huir a Francia.[65]

Todos los datos confirman la responsabilidad directa del monarca en este fracasado golpe de Estado, cuyas consecuencias en la vida política española fueron de suma gravedad. Sin embargo, por el momento y en apariencia, el rey salió indemne del trance. Según el expediente sobre los hechos incoado enseguida por el Ministerio de Gracia y Justicia, Fernando VII no había podido actuar con libertad, porque estuvo rodeado en palacio de tropa sublevada y de «pérfidos consejeros». El ministerio se limitó a sugerir al monarca que en lo sucesivo se guiara por el criterio del Consejo de Estado y del Gobierno y alejara de su servicio a determinadas personas sospechosas.[66] Ésta fue la explicación oficial de los hechos, y en esta dirección se desarrolló en los meses sucesivos la averiguación judicial de responsabilidades. Con enorme confusión y en medio de diatribas interminables entre facciones políticas, la causa judicial únicamente dio como resultado la condena de algunos militares sublevados y la distribución de sospechas en muchas direcciones (entre otros, fueron señalados Martínez de la Rosa y el general Morillo), pero el monarca y los miembros de su familia quedaron al margen de toda incriminación. No obstante, no todos creyeron la versión oficial, y aunque quizá carecieran de datos precisos, muchos albergaron todo tipo de dudas sobre la responsabilidad directa del rey. Los que sí disponían de datos fehacientes en este sentido fueron algunos implicados en la maniobra, como el marqués de las Amarillas y el embajador francés La Garde.

Pedro Girón, cuyo testimonio no puede soslayarse por ser testigo directo de todo, deja escaso margen a la duda en sus Recuerdos. En un pasaje afirma que los sublevados actuaron «según creo, de órdenes del Rey y por la agencia de la infanta doña Francisca [la esposa del infante don Carlos], que fue el móvil inmediato de todo». Luego es más tajante: «El rey fue el alma y el móvil primero de la insurrección», idea que repite más adelante. El mismo convencimiento, con mayor rotundidad si cabe, mostró el embajador La Garde en sus despachos cifrados al ministro de Asuntos Exteriores francés. El 4 de julio, antes del desenlace del suceso, había escrito: «El rey está completamente comprometido y es el que ordena las cosas»; Morillo espera órdenes concretas del monarca para mover a la guardia. El embajador dijo además que el rey le pidió que actuara de intermediario para incitar al Gobierno a sumarse a la operación, asunto en el que confiesa que fracasó, pues aunque tocó muchas cuerdas, «no saqué de ninguna el sonido deseado». La escasa disposición del Gobierno a secundar la acción fue la causa, según manifestó La Garde una vez pasados los sucesos, del encierro de los ministros en las dependencias de palacio y del mal trato recibido de los servidores, quienes además de insultarlos, les negaron alimentos durante cuarenta y ocho horas e incluso un vaso de agua a Martínez de la Rosa. La Garde, por añadidura, se hizo eco de un rumor, según el cual los militares sublevados hechos prisioneros guardaban un papel con las órdenes del rey para utilizarlo en su defensa.[67]

Fernando VII no fue el único en mantener una conducta hipócrita en este episodio. También actuó así La Garde en sus comunicaciones con sus superiores. En despacho del 8 de julio señaló que los soldados sublevados habían recibido «mucho dinero». El embajador no hizo ahí la menor alusión a la procedencia de tales fondos, pero poco después, el 26 del mismo mes, envió al ministro de Asuntos Exteriores un recibo firmado por Fernando VII con el ruego de que lo guardara con el mayor secreto porque, decía, «le compromete» a él mismo, a La Garde. El texto del recibo era así de escueto: «Recibido del ministro de Francia conde de La Garde un millón y quinientos mil reales. Fernando».[68] El embajador proporcionó un dato importante para apuntalar la responsabilidad del rey.

Los sucesos del 7 de julio marcaron un tiempo de agudización extremista, quizá más acusada en el bando constitucional. El histórico enfrentamiento entre el sector moderado y el exaltado llegó a extremos inusitados, al tiempo que se generalizaron las medidas contra los absolutistas. Por otra parte, quedó patente la incapacidad del realismo para derribar por sí solo el sistema constitucional, pues a pesar de haberse extendido a diversos lugares, el movimiento insurreccional fracasó. Fernando VII fue el primero en percatarse de ello, y a partir de entonces puso todo su empeño en conseguir la ayuda de una fuerza militar internacional. El suceso contribuyó a la materialización de esta ayuda, pues el mismo día 7 los embajadores extranjeros enviaron una nota al Gobierno español en la que «de la manera más formal» le advertían «que de la conducta que se observe respecto de S.M.C. van a depender las relaciones de España con la Europa entera, y que el más leve ultraje a la majestad real sumergirá a la Península en un abismo de calamidades».[69] Era la excusa necesaria. Desde este punto de vista, el complot del 7 de julio dio los resultados apetecidos, aunque no de forma inmediata.

La citada nota de los embajadores deja al descubierto una importante consecuencia del 7 de julio: la idea de que Fernando VII era prisionero de los exaltados y que su vida y la de la real familia no estaban libres de riesgos. Esta impresión, convertida en tesis fundamental por la propaganda absolutista, fue alimentada por la decisión de las autoridades constitucionales de impedir cualquier salida del rey de Madrid, ni siquiera a los sitios reales donde tradicionalmente pasaban temporadas los monarcas de la Casa de Borbón (Aranjuez, El Escorial, La Granja). Los liberales tenían constancia de que en otras ocasiones el rey había aprovechado su estancia en estos lugares para contactar con los contrarrevolucionarios y al mismo tiempo temían algún golpe de mano para apoderarse de su persona aprovechando sus movimientos.

Tales suposiciones tenían fundamento. Antes del 7 de julio se habían elaborado algunos planes en este sentido. Los mencionó el propio Fernando VII en sus notas secretas a Ugarte y Salcedo. En una de ellas aludía a una operación concertada con el general Eguía, consistente en hacerse con la familia real cuando estuviera en La Granja o El Escorial y trasladarla a una plaza fuerte del norte previamente ocupada por las fuerzas realistas, que podría ser Santoña o Pamplona. De similar factura fue otro proyecto que dijo el rey que estuvo a cargo del jefe guerrillero Longa. Por su parte, el marqués de Mataflorida elaboró su propio plan, basado en el ataque a Madrid para liberar al rey mediante una acción simultánea desarrollada por Mataflorida al frente de tropas absolutistas y por el cura Merino con sus guerrilleros.[70] Por supuesto, nada se llegó a ejecutar, pero preocupó sobremanera a las autoridades constitucionales.

Por estos motivos, en agosto de 1822 no se permitió el proyectado viaje de la familia real, primero a El Escorial y luego a La Granja. El 7 de ese mes, el Ayuntamiento de Madrid pidió al monarca que lo cancelara, alegando que si se realizaba, cabía esperar tumultos importantes, pues sólo su anuncio había causado considerable alarma en la población. En su propósito de enredar al máximo a las instituciones sin reparar en la índole del asunto, Fernando VII pidió un dictamen al Consejo de Estado. Éste se pronunció a favor de la sugerencia del Ayuntamiento y el viaje fue suspendido. Lejos, sin embargo, de acatar la decisión del alto órgano constitucional, el monarca recurrió a sus habituales arterías y presentó un parte firmado por varios facultativos, donde se declaraba que la reina padecía «melancolía nerviosa» que le provocaba movimientos convulsivos y se aconsejaba un cambio de aires y de forma de vida. Sospechosamente, los médicos apuntaban de forma expresa la conveniencia de su traslado a algún lugar como La Granja. La maniobra era evidente y no quedó en lo dicho. Fernando VII movilizó al encargado de negocios de Sajonia en Madrid. En una nota arrogante, este pidió explicaciones formales al ministro de Estado sobre la prohibición del viaje de la familia real. Evaristo San Miguel, que ocupaba el puesto, respondió en el mismo tono, dando lugar a un intercambio de papeles, plagados de reproches mutuos y de graves observaciones sobre los usos diplomáticos, que se prolongó hasta octubre de 1822.

Por estas fechas, los soberanos de toda Europa discutían en Verona la suerte de España, de modo que la tensión con las autoridades constitucionales provocada por Fernando VII a propósito de un asunto en apariencia de importancia menor contenía una notable carga de profundidad.

Recurso al exterior

El fracaso del 7 de julio confirmó a Fernando VII que sólo con ayuda internacional sería posible derrocar el constitucionalismo, pues el régimen había demostrado capacidad de resistencia. Ello, a pesar del progresivo debilitamiento de los liberales, como consecuencia de la acentuación de las diferencias entre moderados y exaltados y de las continuas disputas entre masones y comuneros y, en otro plano, de la proliferación de partidas armadas absolutistas y del descontento de la población ante la agitación permanente en las ciudades y las crecientes cargas impositivas.

Fernando VII disponía de pruebas fehacientes del ferviente deseo de los Gobiernos europeos por terminar con la «anomalía revolucionaria» de España. Las grandes potencias habían establecido en Viena un nuevo orden que decidieron llevar a la práctica. Se trataba de mantener el equilibrio entre los grandes de Europa, preservar el principio monárquico junto con la legitimidad de los reyes y combatir conjuntamente los brotes revolucionarios. Sólo los reyes podían dar una constitución, de modo que cualquiera que tuviera origen en la revolución debía ser eliminada. La pentarquía de la Restauración (Reino Unido, Rusia, Austria, Prusia y Francia) disponía al efecto de los instrumentos suficientes: Ejército, administración, censura, policía, servicios secretos, etcétera.[71]

De acuerdo con este planteamiento, el régimen instaurado en 1820 en España era intolerable. Había sido instaurado tras la rebelión de un grupo de militares traidores a su rey, como dijeron en distintas ocasiones el zar Alejandro y el canciller austriaco Metternich, se fundaba en una Constitución revolucionaria y en el fondo republicana, se había convertido en ejemplo que había que seguir para los revoltosos del continente, como se había constatado en Portugal, Nápoles y el Piamonte. A mayor abundamiento, España era el refugio de los agitadores europeos perseguidos en sus países, en especial los franceses que fracasaron en las diversas intentonas para derrocar a Luis XVIII y los carbonarios italianos proscritos en Austria.[72] A la vista de esto, no debe extrañar la activa participación del embajador francés en los sucesos del 7 de julio y que tras su desenlace, los representantes de las principales potencias europeas en Madrid hubieran lanzado al Gobierno español esta amenaza tan explícita —y según los liberales, infundada, porque siempre habían tratado a la persona del rey con gran consideración— contenida en la nota citada en el capítulo anterior: «El más leve ultraje a la majestad real sumergirá a la Península en un abismo de calamidades».[73]

La situación no podía ser más favorable para Fernando VII, pero le inquietó el proyecto francés de extender su sistema de Carta Otorgada. Por esta razón, siempre había pensado en el zar como coordinador de la actuación exterior en su auxilio, y como vimos, así se lo había solicitado. Pero las circunstancias internacionales dificultaron la intervención directa de Rusia y propiciaron que todo quedara en manos de Francia.

En este momento Alejandro I no se ocupaba tanto de España como del Mediterráneo oriental, donde deseaba obtener alguna ganancia territorial aprovechando la rebelión contra el imperio turco de los griegos y de príncipes de los territorios del Danubio.[74] Sólo como compensación, en caso de que este plan no fuera factible, cabía intervenir en España, de ahí el empeño del zar por dejar alguna puerta abierta. De todos modos, la participación directa de tropas rusas en España no parecía aconsejable por el momento, pues suscitaría la reacción de Inglaterra, reacia a permitir la actuación militar de Rusia en el Mediterráneo. Además, todavía estaba muy vivo el recuerdo de la presencia de tropas rusas en París tras la derrota de Napoleón y el Gobierno francés no las toleraría de nuevo en su capital, aunque el Ejército del zar fuera ahora su aliado. Así pues, para evitar suspicacias diplomáticas, por razones dinásticas, y quizá también por carecer de fondos económicos para organizar un Ejército como lo exigía la ocasión, el zar dio a entender a Fernando VII que cualquier intervención exterior a su favor debía corresponder a Luis XVIII.

El rey de Francia y su Gobierno asumieron el reto, pero buscaron algunas garantías, porque ni se fiaban de Fernando VII, ni les merecían mucho crédito los individuos que en su nombre se movían por Francia en despachos y conciliábulos en busca de ayuda. El 28 de junio de 1822, Luis XVIII aseguró en carta personal a Fernando VII que su situación le inspiraba un «doloroso interés».[75] Las palabras del jefe de la Casa de Borbón eran alentadoras, pero su Gobierno pronto enfrió los ánimos, al manifestar que la intervención de Francia se haría bajo determinadas condiciones, que el embajador La Garde expuso a Fernando VII en distintas ocasiones, tanto oralmente como por escrito. Pero donde estas condiciones estuvieron expresadas de forma más contundente y con una claridad meridiana fue en un papel, sin fecha, que La Garde hizo llegar al rey a través del nuncio en Madrid, Giustiniani, activo intermediario para cuanto estuviera relacionado con el final del constitucionalismo y conducto habitual del embajador francés para comunicarse con Fernando VII, con el fin de evitar suspicacias en otras delegaciones y en el Gobierno español.

En ese papel se declaraba que el Ejército francés acantonado en los Pirineos, oficialmente para contener la epidemia de fiebre amarilla declarada en Cataluña, «está dispuesto a proteger y apoyar todos los esfuerzos que hagan los realistas para ejecutar planes razonables y moderados». La última palabra no debió de complacer a Fernando VII y menos aún lo que iba a continuación: «La Francia no se prestará jamás al restablecimiento del sistema pasado y la Monarquía absoluta. El sistema actual de su Gobierno la pone en la decisiva imposibilidad de favorecer cualquier régimen absoluto». Francia prometía mediar para que «en el próximo congreso de Soberanos en Italia» (el de Verona) se trataran los asuntos de España, pero advertía: «En cualquier caso serán las tropas francesas las que entren en España». El mensaje contenía asimismo una indicación de orden personal que debió de molestar considerablemente a Fernando VII: «Sobre todo se exige que no haya intervención de ninguna especie de camarilla y ninguna de Ugarte».[76]

El mensaje supuso una gran decepción para Fernando VII. Francia le obligaba a renunciar a su máxima aspiración (volver a ser rey absoluto), juzgaba negativamente su manera de proceder y ponía serias objeciones a sus más íntimos («la camarilla»), específicamente a Ugarte, por sus relaciones con Rusia. Los historiadores que minusvaloran la actuación de este personaje y niegan la importancia de la camarilla deberían tener en cuenta este expreso veto francés al urdidor durante el Trienio de tantas conspiraciones e inspirador asimismo, quizá, de la salida intentada ahora por el tozudo Fernando, que no fue otra que recurrir de nuevo al zar.

El 10 de agosto de 1822, Fernando VII escribió una extensa carta a Alejandro I. En el primer párrafo dejaba clara su intención de convertir esta misiva en una especie de descalificación general de la postura francesa, ya conocida por el zar —afirma el rey— «por el conducto de la persona fiel y de toda mi confianza D. Antonio Ugarte» (no podía ser más patente el respaldo del rey a la persona cuestionada por los franceses). A continuación, el rey español justificaba su proceder durante la etapa anterior y lanzaba un ataque en toda regla al sistema constitucional. La Constitución de Cádiz y la Revolución de 1820 —afirmaba— fueron «obra de las maquinaciones de los que deseaban separar las Américas de la Metrópoli» y su fin ha consistido en «concluir con todos los tronos y el altar». Tras esta sentencia, del agrado de Alejandro I, Fernando VII se ocupó de sí mismo. Frente a las acusaciones esparcidas por Europa de que había procedido como «el hombre más cruel y más tirano del mundo», aseveraba con toda rotundidad: «No hay un solo ejemplar de que yo haya abusado del poder que la Divina Providencia me tiene confiado». Es más, declaraba que su conducta se había basado siempre en su «compasivo y clemente corazón», y citó, como ejemplo, su decisión de perdonar la vida al Cojo de Málaga, «uno de los principales revolucionarios», a pesar de haber sido condenado a muerte por la justicia. Como de costumbre, Fernando VII mentía, pues ya vimos que la pena de muerte para Pablo López la había solicitado él mismo y el indulto se debió a la fuerte presión del embajador de Inglaterra. Pero la exageración dolosa no quedó en esto. Si no hubiera sido «demasiado compasivo con los delincuentes», continuaba, «no me vería ahora expuesto a perder la vida por las manos de aquellos revolucionarios a quienes yo se la perdoné en otro tiempo». Con todo, no deseaba volver a reinar «bajo el régimen que llaman absoluto» y estaba dispuesto a «introducir en mi reino variaciones», tal como se lo había pedido el rey de Francia. Y anunció sólo una de esas «variaciones»: el restablecimiento de Cortes estamentales.

A esto quedaban reducidos los cambios, la moderación, que le había pedido el rey de Francia. Aun así, Fernando VII precisó al zar que se decidía a dar ese paso para complacer a las cortes europeas, incluida la rusa: «Hasta que he visto que Vuestra Majestad Imperial estaba comprendido en esta opinión me he resistido a dar mi consentimiento a cuantas formas de Gobierno se me han indicado, ya de Cámaras de Francia o ya de otro modo». Hecha esta aproximación personal al zar, Fernando dio el último paso: «... Yo me pongo en las manos de Vuestra Majestad Imperial dándole todas mis facultades para que tanto en el Congreso de Soberanos, que pronto debe reunirse, como en cualquier otra parte, presente V.M.I. mis derechos y acciones defendiéndolos en toda su integridad... yo aprobaré y ratificaré cuanto V.M.I. haga en mi nombre, luego que me halle en plena libertad de poder hacerlo».[77]

No podía expresar más claramente Fernando VII su propósito de entregar al zar su persona y los intereses de la monarquía española que decía defender y encarnar. Lo difícil era cumplirlo, pues como se acaba de ver, el estado de Europa no permitía al autócrata ruso una actuación que traspasara el ámbito de las negociaciones diplomáticas. Sólo Francia podía ejecutar acciones concretas para acabar con el constitucionalismo español, pero esto creó un serio problema en las filas realistas, cuyas diferencias con el país vecino sobre el régimen que había que implantar eran acusadas; con el agravante de que estaba muy reciente la invasión napoleónica. Sin embargo, no hubo más remedio que acoplarse a las circunstancias y contar con Francia, tanto porque era el único país del que los contrarrevolucionarios podían esperar apoyo en armas y dinero, como porque ninguna otra potencia europea estaba dispuesta a comprometerse en firme en este asunto. En consecuencia, Fernando VII y sus partidarios se vieron obligados a embarcarse en una empresa un tanto desconcertante. Con la mirada puesta en Rusia, debían ganarse a Francia, pero procurando no perder la iniciativa, para llegado el momento —dicho con las palabras del rey: una vez se hallara libre— evitar toda veleidad constitucional y restablecer el absolutismo. En suma, el concurso de Francia era imprescindible, pero había que conducir los asuntos de tal manera que su influencia no alterara lo sustancial. Por descontado, Francia actuó acorde con sus intereses.

El momento decisivo fue el Congreso de Verona, cuyas sesiones comenzaron oficialmente el 20 de octubre de 1822 en esa ciudad italiana, entonces bajo el dominio de Austria. Asistieron los emperadores de Rusia y Austria, los reyes de Prusia, Nápoles y Cerdeña, el gran duque de Toscana y la duquesa de Parma, María Luisa de Austria, viuda de Napoleón, rodeados, como era habitual, de una numerosa corte de ministros, embajadores, nobles, militares y servidumbre. De los grandes, sólo faltaron los soberanos de Inglaterra y Francia, representados, el primero, por el duque de Wellington y Lord Londonderry, y Luis XVIII por su ministro de Asuntos Exteriores, vizconde de Montmorency, y su embajador en Londres, François-René de Chateaubriand, el célebre escritor, autor de Memorias de ultratumba, quien en el transcurso del congreso sustituyó al anterior en el ministerio y terminó encabezando la representación francesa.

No hubo delegación del Gobierno español, de modo que éste sólo tuvo noticia de lo tratado a través de la prensa y de los informes transmitidos por los embajadores españoles destacados en las cortes europeas. Por tanto, la información llegó a España de forma indirecta, imprecisa, filtrada de acuerdo con los intereses de los Gobiernos europeos. Por el contrario, la realista Regencia de Urgel mandó como observador al conde de España, famoso más tarde por su crueldad en la represión de los agraviats de Cataluña, quien llegó a Verona con pasaporte francés y bajo el supuesto nombre de vizconde de Couserans. Le auxilió Antonio Vargas Laguna, quien siguió las sesiones del congreso desde la ciudad italiana de Luca, donde gobernaba la hermana de Fernando VII, María Luisa de Borbón. El conde de España y Vargas trabajaron en favor de la intervención de un Ejército europeo en España, pero ni fue necesario su concurso, ni se hizo notar su influencia. El ministro francés Montmorency había llegado con la firme intención de forzar el cambio de régimen en España, y como sabemos, las otras potencias no precisaban de especial impulso para contribuir a este fin.

La situación de España no era el único asunto, ni siquiera el más importante, de los programados en este encuentro de soberanos. En la relación de materias a tratar figuraban, en efecto, «los peligros de la revolución de España con relación a Europa», punto introducido en la agenda del congreso gracias a las gestiones de Vargas Laguna ante el rey de Nápoles, pero la reunión había sido convocada para hablar, sobre todo, de la trata de esclavos y de la piratería en los mares de América, de las discordias entre Rusia y el imperio turco, de la rebelión de los griegos contra este último, de la situación creada por la presencia de tropas austriacas en Nápoles y el Piamonte tras sofocar la revolución liberal, y de la navegación en el Rin. Debido a la maraña de intereses confrontados y a las diferencias en casi todos los temas entre Inglaterra y las monarquías continentales, poco se avanzó en realidad en este vasto programa. Unos puntos se pospusieron a reuniones ulteriores y otros casi no se abordaron.

Contra todo pronóstico, el tema español acabó siendo uno de los más relevantes en este encuentro. Lo fue no por lo que se determinó oficialmente —nada que no se sospechara—, sino por sus efectos prácticos. Como era previsible, se condenó la revolución española y la única novedad aparente fue el acuerdo relativo a la presentación de notas al Gobierno español por los embajadores de las potencias de la Santa Alianza instándole a modificar el régimen político y a dejar plena libertad de movimientos a Fernando VII. En realidad, esta resolución era gravísima, pues ponía al descubierto el propósito intervencionista de las monarquías legitimistas europeas en los asuntos internos de una nación soberana, pero como todo ello ya se vislumbraba, no llamó en exceso la atención. Además, Inglaterra declaró públicamente su oposición a esta iniciativa y las espadas se mantuvieron en alto, en el mismo estado que antes de reunirse el congreso. Muchos en España creyeron que las potencias de la Santa Alianza no habían conseguido la necesaria unión para acordar la intervención armada y confiaron en que, en el peor de los casos, se pudiera contar con el apoyo de Inglaterra.

Ahora bien, la pretendida desunión de la Santa Alianza y el hipotético apoyo de Inglaterra a España no fueron más que quimeras. Lo importante del Congreso de Verona fue el compromiso adquirido el 22 de noviembre por Francia y las tres potencias fundadoras de la Santa Alianza (Rusia, Austria y Prusia) de disponer los medios para cambiar el régimen político español y auxiliar a Francia en caso de guerra contra España. La decisión de Francia de asumir por sí misma la intervención y la actitud de Inglaterra fueron los factores fundamentales que marcaron la suerte de España.

El plenipotenciario británico, duque de Wellington, llegó a Verona aureolado de enorme prestigio como vencedor de Napoleón en España y en Waterloo, y a causa de sus ideas inequívocamente conservadoras estaba muy bien visto por los Gobiernos europeos. Los realistas españoles tenían el mejor concepto de él, debido a su colaboración en el restablecimiento de Fernando VII como rey absoluto en 1814 y a su conocida aversión a la Constitución de 1812. Así pues, Wellington no suscitaba el menor recelo, a pesar de que entre sus íntimos nunca había mostrado gran aprecio hacia la persona de Fernando VII. En 1821 escribió a su amigo el general español Álava, liberal, que el rey de España, su familia y su corte eran «unos castrados —geldings—, en todos los sentidos de la palabra», pero esta tajante descalificación no debió de traspasar el ámbito privado.[78]

Wellington llegó a Verona con instrucciones precisas de mantener la política británica de no intervención directa en los asuntos internos de otros países. El Gobierno británico, entonces en manos de los conservadores (tories), le había encomendado velar por la seguridad de la persona y la familia del rey de España, pero sin admitir resolución alguna de carácter intervencionista. En realidad, la situación política de España no preocupaba gran cosa al primer ministro británico Lord Liverpool, ni a Canning, el titular de Exteriores. Lo importante para ellos consistía en evitar que las potencias de la Santa Alianza marcaran la línea de la política internacional. Por otra parte, no deseaban problemas con la opinión pública británica, pues en los medios liberales y en los grupos disidentes eran patentes las simpatías por el régimen constitucional español. Wellington, al igual que el rey Jorge IV y los políticos más conservadores, no ocultó en privado su deseo de que las potencias continentales acabaran con el régimen español mediante intervención diplomática o militar, pero obedeció a su Gobierno y mantuvo hasta el final una postura formalmente no intervencionista.[79]

En realidad, Inglaterra prefería un Gobierno liberal débil en España, precisado de la ayuda externa, la cual sólo podría proceder de Inglaterra, antes que un sistema de otro tipo apoyado por Francia y las restantes potencias de la Santa Alianza.[80] A tenor de los informes de su embajada en Madrid, el Gobierno británico no tenía dudas sobre la debilidad de España. En este mes de octubre de 1822, el embajador británico en España, William A’Court, escribió a Canning que el país estaba sumido en la más completa decadencia, su comercio arruinado, su agricultura abandonada, las colonias perdidas y la población desmoralizada y sin energías. Así pues, el procedimiento que debía seguir Inglaterra era claro. En Madrid habría que fingir cierta indiferencia ante las pretensiones intervencionistas de Francia, para conseguir del Gobierno español las ventajas pretendidas por Inglaterra, fundamentalmente el reconocimiento por parte de España de la independencia de sus colonias americanas y la firma de un acuerdo de comercio con Inglaterra. En Verona debía mantener con firmeza el rechazo de la intervención francesa, para dar la impresión de que Inglaterra era la única potencia capaz de mediar entre España y la Santa Alianza, y de esta forma facilitar la obtención de concesiones por parte de España. El plan, apunta Juan Francisco Fuentes, era hábil, pero adoleció de dos vicios: España no estaba en condiciones materiales ni políticas, sobre todo en lo relativo a América, de satisfacer las exigencias de Inglaterra, y ésta tampoco pudo cumplir su objetivo mediador.

A pesar de las formalidades antiintervencionistas, Wellington mantuvo en Verona una actitud dubitativa, nunca clara, que finalmente favoreció a Francia. Frente a la ambigüedad británica o, si se quiere, el doble juego, consistente en rechazar formalmente la intervención y no hacer nada para evitarla, Francia dedicó todas sus energías a salvar el prestigio de la Casa de Borbón y recuperar la influencia internacional perdida tras la derrota de Napoleón. Ambos fines eran inobjetables para el Gobierno y para sus representantes en Verona, aunque unos y otros tampoco estuvieron libres de dudas. Para Francia era evidente que sólo ella debía marcar la pauta en «l’affaire espagnole» y si tenía lugar una intervención militar, correría a su cargo, sin el concurso de las otras potencias. Pero sobre la oportunidad de la intervención no existía unanimidad, ni en la corte, ni en el Gobierno, ni en la opinión pública. Luis XVIII era poco favorable a la intervención, pero su hermano, el futuro Carlos X, no ocultó su deseo de que se llevara a cabo. El jefe del Gobierno, el ultrarrealista conde de Villèle, no la deseaba, pues no confiaba plenamente en su Ejército y tampoco era partidario de incurrir en gastos extraordinarios imprevistos. Todo lo cifró en la capacidad del movimiento contrarrevolucionario español para derrocar por sí mismo el sistema liberal con la pertinente y discreta ayuda francesa. Por el contrario, el ministro de Asuntos Exteriores, vizconde de Montmorency, hombre religioso hasta el fanatismo y perfecto cortesano, era partidario de acabar cuanto antes con la revolución en España, y llegó a Verona con el propósito de recabar el concurso de las otras potencias para materializar la intervención de inmediato.[81]

El patente enfrentamiento entre Villèle y Montmorency se resolvió en el transcurso del Congreso con la sustitución del segundo en el Ministerio de Asuntos Exteriores por el vizconde de Chateaubriand. En principio éste era contrario a la intervención, pero al llegar a Verona no tardó en cambiar de opinión y se convirtió en el más apasionado partidario del envío de un Ejército francés a España. Antes de acceder al ministerio, el 31 de octubre de 1822, cuando el congreso aún no había tomado una decisión sobre el caso español, Chateaubriand expuso a Villèle sus razones. La intervención constituía la ocasión para «volver a colocar la Francia en la categoría de las potencias militares y restablecer la escarapela blanca en una guerra de corta duración, casi sin peligros», porque contaría con el apoyo de las monarquías continentales. No se trataba de ocupar España, sino de devolver el poder «a los verdaderos españoles», o dicho en el lenguaje que realmente cuadraba con las intenciones del poder francés, de «destruir un foco de jacobinismo, establecer un Borbón en el trono por las armas de un Borbón».[82] Esto último era fundamental en el pensamiento de Chateaubriand. En su libro De Buonaparte y de los Borbones (1814) había condenado toda negociación con Napoleón, porque ello equivalía a reconocer la lógica perversa de la revolución.[83] La recuperación del trono por Fernando VII en 1814 tras la firma del acuerdo con Napoleón en Valençay adoleció de este vicio. La gloria de la Francia restaurada exigía que ahora, cuando el rey de España estaba privado de sus derechos y «cautivo» de los revolucionarios, lo liberara el jefe de la Casa de Borbón.

Francia, pues, necesitaba la guerra por razones de prestigio, pero más que el honor de la nación, lo que perseguían Chateaubriand y los partidarios de la intervención era la consolidación de la Casa de Borbón, el incremento de su influencia internacional y su realce histórico. En los años anteriores a 1822, e incluso ese mismo año, habían tenido lugar en Francia varios intentos sediciosos para acabar con el régimen de Luis XVIII, en la opinión pública todavía pesaban las ideas liberales, y algunos añoraban los tiempos gloriosos del imperio napoleónico. Había que fortalecer el régimen de Luis XVIII y nada más adecuado, que hacerlo a expensas de una nación debilitada y dividida internamente, como la España del momento. La situación la resumió bien una de las muchas publicaciones aparecidas en Francia en este tiempo: con la guerra en España, los franceses esperaban consumar la obra de Restauración y afirmar en el trono a la Casa de Borbón, comprometer a la mayoría de la población con la dinastía y demostrar ante Europa que Francia era una garantía de orden, regida en el interior por leyes paternales e instituciones consolidadas, y dotada de una fuerza militar imponente capaz de actuar como potencia de primer orden. Asimismo, Francia aspiraba a colocar a España en su órbita y obtener los beneficios comerciales que desde tiempo atrás venía disputando a Inglaterra.[84]

Ésta era la idea principal. Las piruetas diplomáticas de Francia en Verona y de su embajador en España no pasaron de disimulos o intentos justificativos. Ahora bien, todo habría que hacerlo sin romper con Inglaterra, y por ello el empeño de Francia en contar con el respaldo de las potencias continentales, tarea en la que fue de gran ayuda la disposición de Rusia a facilitar cualquier acción contra el régimen constitucional español. El trabajo de Fernando VII ante el zar no había resultado, pues, infructuoso, aunque el factor decisivo fue el acercamiento entre Francia y Rusia con el propósito de contrarrestar la política británica en otras partes del mundo.

El Congreso de Verona se clausuró el 14 de diciembre de 1822 sin que nadie supiera a ciencia cierta si efectivamente tendría lugar de forma inmediata la intervención militar en España, a pesar de la retórica contra su régimen. Sin embargo, un mes antes de la clausura, el 18 de noviembre, Rusia, Austria y Prusia se habían comprometido a apoyar a Francia si intervenía en España, siempre y cuando se dieran las siguientes condiciones: que España atacara a Francia, que Fernando VII fuera desposeído de la corona, que su vida y la de su familia corrieran peligro, o que se alterara el orden de sucesión al trono español.[85] No obstante, después del Congreso, el jefe del Gobierno francés, Joseph de Villèle, si bien no había abandonado su propósito de establecer en España un régimen similar al francés, aún mantenía su oposición a la acción militar, fundado en su idea de que los propios españoles debían resolver el problema de España. Por esta razón, al mismo tiempo que ayudaba a la guerrilla realista, hizo lo posible por desactivar la absolutista Regencia de Urgel y sustituirla por una junta proclive a los planteamientos franceses. Para ello ayudó a Eguía a formar otro organismo, presidido por él mismo, conocido como Junta de Oyarzun, oficialmente denominada Junta Provisional del Gobierno de España. Por otra parte, Villèle contactó sin resultado alguno con liberales moderados españoles exiliados en Francia con el fin de que trabajaran en la reforma de la Constitución española para asemejarla a la Carta francesa.

Independientemente de estas actuaciones de Villèle, Francia y los fundadores de la Santa Alianza (Rusia, Austria y Prusia) ordenaron a sus embajadores en Madrid la presentación de sendas notas al Gobierno español para pulsar su reacción y en caso de no ser satisfactoria, proceder a la ruptura de relaciones diplomáticas. Estas notas, entregadas en noviembre y diciembre de 1822, contenían una condena explícita y a veces insultante del sistema constitucional y una dura descalificación de su origen, el pronunciamiento en 1820 de «militares rebeldes». En todas se aludía al estado de anarquía y de confrontación fratricida provocado por la revolución, a la carencia de libertad del rey y, sobre todo, a la perturbación causada en Europa por el régimen español. Basadas en esto último, las monarquías legitimistas justificaban cualquier iniciativa futura destinada a sustituir el sistema político español por «una libertad juiciosa», como decía la nota del embajador de Francia, sin que tal cosa —se indicaba expresamente en ella— pudiera considerarse injerencia en los asuntos internos de un país soberano.[86]

El Gobierno y las Cortes españolas reaccionaron, como era de suponer, en el mismo tono. Evaristo San Miguel, responsable del Ministerio de Estado y figura principal del Gobierno, calificó el contenido de esas notas de «invectivas, calumnias y suposiciones malignas» y en este estilo redactó las respuestas oficiales, comunicadas inmediatamente a las Cortes «para que toda la Nación se entere». Los días 9 y 11 de enero de 1823 las Cortes abordaron el asunto en sesión pública. Los diputados condenaron sin excepción el acoso diplomático, y haciendo gala del más encendido patriotismo, rechazaron la injerencia exterior. «Sepa el mundo entero», dijo el día 9 Alcalá Galiano, «que la nación española desea la paz, pero que no rehúsa la guerra y que está dispuesta a repetir con exceso sus anteriores sacrificios antes de sufrir se atente a su independencia ni retroceder una línea en su sistema constitucional.» Lo mismo mantuvieron otros diputados en discursos no menos fogosos, muy aplaudidos por los representantes de la nación y por el «numeroso público», como hace constar el Diario de Sesiones. Las de los días señalados se cerraron con un «Viva la Constitución» lanzado por el presidente de las Cortes, Istúriz, y coreado por diputados y público con vivas a la libertad, a Riego, a las Cortes y al Gobierno. Todos se declararon prontos al mayor sacrificio por defender la Constitución, y en Madrid se desató el entusiasmo popular. Una multitud acompañó con música y vítores a su residencia al presidente de las Cortes y lo mismo hizo con Evaristo San Miguel. Días después, desde todos los puntos de España, pueblos y colectivos de toda clase enviaron felicitaciones al Congreso por el patriotismo demostrado.

Esto era lo que esperaban las monarquías europeas. Entre el 14 y el 16 de enero de 1823, los embajadores de Austria, Rusia y Prusia abandonaron Madrid, el 26 hizo lo propio el de Francia y tres días antes el Gobierno español informó de la ruptura de relaciones con la Santa Sede, hecho aparentemente sin relación directa con lo anterior, aunque ya se ha dicho que el nuncio hacía las veces de transmisor al rey de las comunicaciones de Francia.[87] España quedaba aislada en el contexto internacional, pendiente únicamente de saber cómo habría de materializarse la amenaza y cuál sería la postura de Inglaterra.

El 28 de enero se despejaron todas las dudas sobre el primer punto. Con motivo de la apertura de las sesiones parlamentarias, Luis XVIII pronunció el preceptivo discurso ante la Asamblea Nacional. Tras señalar los éxitos de su régimen frente a las intentonas revolucionarias internas, se refirió a España. Informó de la retirada de su embajador en Madrid y en tono solemne anunció:

Cien mil franceses, mandados por aquel príncipe de mi familia a quien mi corazón se complace en dar el nombre de hijo mío, están prontos a marchar invocando al Dios de San Luis, para conservar el trono de España a un nieto de Enrique IV y para preservar aquel hermoso reino de su ruina y reconciliarse con Europa.[88]

El príncipe designado para dirigir tan alta misión fue el duque de Angulema, primogénito del conde de Artois, heredero de la corona francesa y hermano del rey, por lo cual Angulema ocupaba en ese momento el segundo lugar en la sucesión al trono de Francia. Con la autoridad derivada de esta circunstancia, convencido de que el rey de España, descendiente como él de Enrique IV, el mítico fundador de la dinastía Borbón, estaba cautivo de los revolucionarios liberales, se dispuso a cumplir la sagrada misión de liberarlo en nombre del «Dios de San Luis». Al sabio Vicente Salvá, diputado liberal, se le ocurrió el siguiente comentario en carta a su esposa: «A lo que parece, hay varios dioses y allá veremos cuál es el que a nosotros asiste».[89]

En cuanto a la actitud de Inglaterra —el segundo punto de duda del Gobierno español— no se tardó en constatar que no era favorable al régimen español. Tras el Congreso de Verona, Wellington no desechó la posibilidad de hacer algo para evitar la intervención exterior en España y envió a Madrid a Lord FitzRoy Somerset, su ayudante durante la Guerra de la Independencia. Somerset estuvo en España en enero y febrero de 1823 hablando con unos y otros para convencer al Gobierno español de que aceptase una reforma de la Constitución que otorgara mayor poder al rey. Pero como se acaba de ver llegó en el peor momento, cuando más encendidos estaban los ánimos. Por lo demás, constató, y así se lo comunicó a Wellington el 29 de enero, que nadie en España, ni siquiera los descontentos con la situación política, estaba dispuesto a apoyar la vuelta al sistema absoluto. A tenor de estos informes, Wellington quedó convencido de que no cabía otra salida que la intervención armada, e incluso deseó que se produjera cuanto antes. El 21 de marzo Inglaterra se pronunció, por fin, con alguna claridad: comunicó a Francia que permanecería neutral en caso de intervención en España. Diez días después, Canning especificó las condiciones para mantener la neutralidad: que la ocupación de España no fuera permanente, que Francia no se apropiara de ninguna colonia española y que no violara la integridad territorial de Portugal.[90]

Quedaba meridianamente claro que la intervención de un Ejército francés en España contaba con el respaldo de las potencias de la Santa Alianza y con la aquiescencia de Inglaterra. También era patente que a pesar de su aislamiento internacional, los liberales revolucionarios españoles no estaban dispuestos a ninguna concesión política. Aun así, creían que si eran capaces de ofrecer una resistencia generalizada, Inglaterra intervendría a su favor. Su ilusión fue tan vana como la creencia de los gobernantes franceses en la posibilidad de sustituir el sistema constitucional español por otro acorde con el suyo. El único que saldría beneficiado del trance sería Fernando VII.

Inestabilidad institucional

Tras el fracaso del golpe del 7 de julio de 1822 y las victorias de Espoz y Mina en Cataluña sobre la guerrilla absolutista a finales de ese año, Fernando VII constató que la fuerza de los constitucionales era mayor de lo que había presumido. Sin embargo, los liberales tenían un punto flaco: su división interna. Ya desde 1820 se habían perfilado dos tendencias en el liberalismo español, debido sobre todo a las diferencias sobre la estrategia que había que seguir para acometer la transformación social de España. Unos, los exaltados, deseaban proceder de la forma más rápida posible, dando primacía al poder legislativo y sin desdeñar la movilización popular para activar el proceso. Otros, los moderados, persiguieron ante todo ofrecer garantías y seguridad a las clases propietarias, y aunque también eran partidarios de un sistema constitucional, no les convencía el de 1812. Aspiraban a reformar la Constitución para otorgar más poderes al rey y crear dos cámaras, una de representación popular elegida por los ciudadanos y otra formada por aristócratas, dignidades eclesiásticas y personas escogidas, que atemperara el ímpetu reformista de la primera.[91]

Esta división del liberalismo se acentuó como consecuencia del impulso adquirido por las llamadas sociedades secretas. Una parte de los exaltados se afilió a la masonería, mientras otra creó una nueva sociedad, denominada oficialmente Confederación de Comunidades, cuyos miembros fueron conocidos como los comuneros. Los moderados, a su vez, crearon la Sociedad Constitucional, a cuyos integrantes se les llamó «anilleros».

La lucha política entre estas facciones fue muy intensa durante el Trienio. Sin embargo, lo más negativo para la pervivencia del sistema constitucional no fue tanto la acusada división interna del liberalismo, cuanto la forma de entender en este tiempo el ejercicio de la función política. Según Alcalá Galiano, estaba muy extendida la idea, especialmente entre los exaltados, de que las Cortes no debían caminar siempre al unísono con el Gobierno. A las Cortes correspondía, entre otros cometidos, fiscalizar la actividad del ejecutivo y exigir responsabilidades a los ministros y, por tanto, la función de los parlamentarios no consistía ni en apoyar al Gobierno, ni en hacerle la guerra. Una cosa u otra dependerían de la marcha de los asuntos generales y de la conciencia de cada diputado. Por otra parte, la Constitución establecía que los diputados no podían ser al mismo tiempo ministros, por lo que no siempre se dispuso para formar Gobierno de las personas más adecuadas por su valía y en todo caso, nunca estuvieron en él los políticos con mayor influencia, pues estos solían ocupar un escaño en las Cortes. Con este sistema era imposible gobernar y, menos aún, ofrecer resistencia firme a los enemigos del régimen.[92]

El Gobierno constituido en agosto de 1822 estaba formado por liberales exaltados, la mayoría masones. El ministro principal, el de Estado, era Evaristo San Miguel, uno de los acompañantes de Riego en Las Cabezas de San Juan. Se marcó el objetivo de impedir por la vía diplomática la intervención militar exterior y, en caso de fracaso, organizar la resistencia armada interior. Pero la acción gubernamental resultó inoperante, entre otras razones porque su margen de maniobra fue más bien escaso. Debido a la penuria de la hacienda pública no dispuso de los medios para dotar al Ejército de los recursos adecuados, tuvo enfrente a casi toda Europa, a un sector considerable de la población, descontenta por el incremento de la fiscalidad, y, sobre todo, una dura oposición interna practicada desde las mismas filas del liberalismo. Esta oposición la ejercieron los moderados, pero también un sector de los exaltados, sobre todo los comuneros. Al margen de cuestiones de carácter personal (la permanente disputa entre comuneros y masones por ocupar el poder y colocar a sus afines en los empleos públicos), el desencuentro tuvo un calado más profundo a partir de los sucesos del 7 de julio. Ciertos sectores intentaron aprovechar el fracaso del golpe absolutista para acelerar la revolución, pero el Gobierno frenó este impulso para no incrementar la animadversión de las monarquías europeas y desarrolló una política más bien conservadora, hasta el punto de que se le aplicó el sambenito de «pastelero», como a los moderados.

En este contexto y en el momento más inoportuno, cuando las potencias europeas habían decidido la intervención en España, se produjo un serio encontronazo entre el rey y su Gobierno, el más duro de los muchos habidos durante el Trienio. El detonante fue el acuerdo adoptado el 15 de febrero de 1823 tras un duro debate en las Cortes sobre el traslado al sur de España de las principales instituciones del Estado: el rey y su familia, el Gobierno y las propias Cortes. Fue, escribió más tarde Argüelles, una medida de precaución ante la previsible invasión del reino por tropas extranjeras, pues Madrid era «pueblo abierto, no susceptible de defensa».[93] Se pensó que desde el sur se podría organizar la resistencia al invasor, como sucediera en 1808.

Como era de suponer, el rey se negó en redondo a dar su conformidad al viaje y tras varios intentos infructuosos de algunos ministros a título individual, el 18 de febrero se presentó en palacio el Gobierno en pleno con una exposición firmada por todos sus integrantes en la que planteaban la necesidad de hacer el viaje. Según anotó el rey en un diario sobre lo ocurrido a partir de estos días, dictado poco después a su secretario Martínez Salcedo,[94] su reacción fue firme: «Yo me resistí terriblemente, ellos hicieron varias reflexiones que yo rebatí y por último concluí diciéndoles: no se cansen ustedes, que yo no salgo de aquí a no ser atado». Los ministros se marcharon, pero al poco volvieron. Y prosigue el diario real: «Yo no los quise recibir y ellos salieron silbando y cantando el himno de Riego».[95] Somerset, todavía en Madrid, escribió a Wellington que en esta segunda ocasión Fernando VII expulsó de su cámara a los ministros con la siguiente frase, tras calificarlos de «cobardes»: «¡Carajo! Tengo más cojones que Dios. Tengo bastantes cojones para comer a todos vosotros. ¡Fuera, fuera, carajo!».[96]

La escena, inconcebible en las relaciones entre altos cargos del Estado, sorprende sobremanera, aun cuando se conozca el temperamento autoritario de Fernando VII y se disponga de información sobre su inveterada afición a las expresiones soeces usuales en el ambiente en el que se movían algunos de sus confidentes. Delata una carencia total de respeto a un alto órgano de Estado y, por supuesto, el profundo desprecio del rey hacia sus ministros, a quienes llamaba «los Siete Niños de Écija», en alusión a los bandoleros que en 1814-1818 se hicieron famosos en el camino entre Córdoba y Sevilla.

Pudiera pensarse que Fernando VII se condujo de la forma referida debido a su gran excitación ante la perspectiva del inminente final del constitucionalismo. Sin embargo, no era la primera vez que actuaba así. En 1820 el marqués de las Amarillas le presentó su dimisión como ministro de la Guerra. El resto de los miembros del Gobierno la apoyaron, pero el rey no deseaba prescindir de él y les lanzó lo siguiente: «¡Carajo! Ustedes me quieren quitar al marqués de las Amarillas, porque es el único en quien tengo confianza, pero yo no quiero que se vaya. [...] Ustedes son unos cobardes y yo tengo tres huevos [...]. Pueden ustedes retirarse».[97] Fernando VII, como se puede comprobar, mantenía en ocasiones una innegable coherencia.

El 19 de febrero de 1823 finalizó la legislatura. El monarca debía presidir el acto y pronunciar el discurso de clausura preparado por el Gobierno, dedicado a glosar los logros más sobresalientes de la legislatura. En esta fecha, además, parecía obligado que el rey de España respondiera a la amenaza de intervención militar lanzada por Luis XVIII en la Asamblea Francesa el mes anterior. Pero Fernando VII alegó un grave ataque de gota y no acudió a las Cortes. El presidente leyó en su nombre el discurso elaborado por el Gobierno. En referencia al asunto principal del momento, dijo:

El Rey de Francia ha manifestado [...] sus intenciones con respecto a España. Las mías son ya públicas y están consignadas del modo más solemne. El valor, la decisión, la constancia, el amor a la independencia Nacional y el penetrarse más que nunca de la necesidad de conservar el Código Constitucional de 1812, he aquí las respuestas vigorosas que debe dar la nación a los principios antisociales vertidos en el discurso del Monarca Cristianísimo.[98]

No podían esperar los liberales mejores palabras del rey constitucional de España. Aunque él no las había redactado, ni pronunciado, figuraban como suyas. Se diría que Fernando VII estaba decidido a «marchar por la senda constitucional», como había prometido solemnemente tres años antes. Y no fue ésta la única satisfacción retórica proporcionada por Fernando VII a los constitucionales. El 1 de marzo principiaron las sesiones de la nueva legislatura y otra vez debía dirigirse el monarca a los representantes de la nación. Fernando VII tampoco hizo acto de presencia (proseguía su enfermedad) y como en la ocasión anterior, el presidente de las Cortes leyó el discurso real preparado por el Gobierno. Estuvo dedicado casi en su integridad a condenar la amenaza francesa y a incitar a los españoles a responder con las armas, poniendo especial énfasis en el principio político fundamental del liberalismo, es decir, sólo la nación española estaba legitimada para establecer su sistema de Gobierno. En referencia, de nuevo, a las palabras de Luis XVIII, exclamó en tono altanero: «¿De cuándo acá se da a soldados la misión de reformar las leyes? ¿En qué código está escrito que las invasiones militares sean precursoras de la felicidad de pueblo alguno?».[99]

Las palabras del rey, o, mejor dicho, las del Gobierno, no se correspondieron con los hechos del monarca. En el intervalo entre los dos discursos referidos, tuvieron lugar en Madrid sucesos políticos que debían despertar la alarma incluso en los observadores menos atentos y despreocupados.

El 19 de febrero, en cuanto los ministros regresaron a sus despachos una vez finalizada la sesión parlamentaria, recibieron notificación de su cese. De acuerdo con la Constitución, correspondía al monarca el nombramiento y destitución del Gobierno, de modo que nada cabía objetar desde el punto de vista formal. Incluso cabría presumir —como hace algún historiador— que el rey procedió con acierto. El gabinete de San Miguel, muy criticado en ese momento, estaba demostrando carencia de pericia diplomática para evitar la intervención militar extranjera. Pudiera pensarse, en consecuencia, que Fernando VII pretendió imprimir mayor efectividad al ejecutivo. Por eso, y porque estaban convencidos de que había llegado su oportunidad para formar Gobierno, lo celebraron los comuneros.

Ahora bien, los partidarios del Gobierno depuesto reaccionaron de inmediato. Al anochecer del mismo día 19 se congregaron frente al Palacio Real y exigieron su continuidad con gritos de «Muera el rey, muera el tirano». No se calmaron hasta que esa misma noche el monarca revocó su decisión y repuso a los ministros en sus cargos. Al día siguiente los manifestantes fueron los comuneros. Acudieron a las Cortes y pidieron la formación de una regencia. La gravedad de tal iniciativa era manifiesta, pues implicaba la suspensión en sus funciones de Fernando VII y la ruptura completa del régimen con el rey, lo que hubiera resultado fatal para la defensa del constitucionalismo ante la intervención exterior.

En estos días de febrero fue inusitada la agitación en las calles de Madrid. Al enfrentamiento entre masones y comuneros se unió el de dos facciones de los propios comuneros, una partidaria de apoyar al Gobierno de San Miguel y la otra de su cese. Los moderados, desalojados del poder en agosto de 1822, y los absolutistas, contemplaron con satisfacción este panorama, que tuvo como principal consecuencia el descrédito del liberalismo exaltado, única corriente dispuesta en estos momentos a luchar por la continuidad del sistema político basado en la Constitución de 1812. La situación no se normalizó hasta que tras agitadas negociaciones en palacio, San Miguel y el resto de los ministros arrancaron al rey la promesa de acceder al viaje (sólo la promesa) y presentaron su dimisión.

El 28 de febrero Fernando VII designó nuevo Gobierno, en esta ocasión de mayoría comunera, con el muy capaz Álvaro Flórez Estrada en Estado y Lorenzo Calvo de Rozas en Hacienda. Según testimonio del primero, ambos se encargaron de nombrar a los restantes ministros, entre ellos al general Torrijos, también comunero, en Guerra. Parece que algunos se forjaron ilusiones. Conocida la anglofilia de Flórez Estrada, el nuevo Gobierno estaría en mejores condiciones que el anterior para entenderse con Inglaterra, y no cabía descartar la posibilidad de un acuerdo con los franceses. Flórez Estrada había manifestado su disconformidad con las airadas respuestas de San Miguel a las notas de las potencias de la Santa Alianza y se había mostrado partidario de una reforma de la Constitución incorporando una segunda cámara.[100]

Todo esto cuadraba con las exigencias de Francia. Además, coincidía con otras maniobras, como la emprendida por el importante hombre de negocios Vicente Bertrán de Lis, siempre al tanto de lo que se cocinaba fuera y dentro de palacio. El 20 de febrero había escrito a París a James de Rothschild para que informara al Gobierno francés de la buena disposición del nuevo gabinete español a efectuar cambios políticos. El 2 de marzo, Rothschild le transmitió la opinión de las altas esferas francesas: «Si se hacen modificaciones satisfactorias en las personas y en la forma del Gobierno español, como consecuencia de la crisis en la que se encuentra, el Ejército francés esperará los resultados hasta el primero de abril y se puede proceder con la seguridad que en este caso no atravesará la frontera antes de esta fecha».[101]

Quizá Flórez Estrada creyó de buena fe que todavía era posible negociar con los franceses para evitar la invasión. Con intenciones más confusas, otros como el camaleónico Bertrán de Lis pudieron pensar lo mismo. El rey, sin embargo, parece que no discurría por este camino. Con la misma intensidad odiaba a los masones del Gobierno de San Miguel y a los comuneros del de Flórez Estrada, de modo que la sustitución de unos por otros era una más de sus maniobras para dividir a los constitucionales y evitar su salida de Madrid. O aún peor: Fernando VII pudo suponer que con el poder en sus manos, los comuneros podrían causar más confusión que los masones e incrementar el desprestigio del constitucionalismo. Sea lo que fuere, el cambio de Gobierno sólo sirvió para enmarañar todavía más la situación política española.

Los ministros depuestos reaccionaron y, a pesar de haber presentado su dimisión, recurrieron a un formalismo para evitar el abandono inmediato de sus funciones. Amparados en el reglamento de las Cortes, adujeron que sólo podían dejar el cargo una vez presentaran las memorias de su gestión en sesión parlamentaria. No hubo oportunidad, pues en ese momento las Cortes estaban clausuradas, pero tampoco se buscó a partir del 1 de marzo al abrirse la nueva legislatura. En consecuencia, continuaron en sus despachos sin que nadie lo impidiera, porque lo importante ahora era convencer al rey de emprender el viaje propuesto. De mil formas lo intentaron los ministros y delegaciones de parlamentarios, siempre sin fruto. Fernando VII se mantenía firme en su negativa.

Para incrementar el caos, el 11 de marzo recurrió el rey a una nueva artimaña: su estado de salud. En la noche de ese día convocó a palacio a una junta de médicos. La mayoría desaconsejó el viaje a causa del grave ataque de gota que aquejaba al monarca, pero otros, entre ellos el afamado Aréjula, dictaminaron que la enfermedad no lo impedía y aun le convendría al rey un lugar más cálido que Madrid para superarla. El asunto dio origen a una nueva disputa que añadir a las muchas ya libradas entre el monarca y las autoridades constitucionales. Finalmente se impusieron éstas y el rey no tuvo más remedio que emprender viaje a Sevilla, el lugar de destino elegido. Dice Fernando VII en su diario que accedió porque le llegaron noticias de que si se mantenía en su negativa las Cortes preparaban la formación de una regencia. Por esta razón, o por la imposibilidad de resistir a las continuas presiones, fijó el 20 de marzo como fecha para la partida.[102] Ahora sí efectuaría el viaje.

Los constitucionales habían triunfado, aunque sólo en apariencia. Habían logrado sacar de Madrid al rey y los más optimistas soñaron con el resurgimiento del mítico espíritu patriótico de 1808. Un dato, sin embargo, suscitó la mayor preocupación. El viaje comenzaba sin Gobierno en España, aunque existían dos: uno dimitido y en funciones (el de San Miguel) y otro designado (el de Flórez Estrada), pero sin capacidad para actuar, pues los ministros no habían tomado posesión. En coyuntura especialmente crítica no se sabía con exactitud qué personas estaban al frente de la administración de la monarquía, pero su capital quedaba institucionalmente desmantelada. Antes de la entrada en Madrid de tropas extranjeras sólo existían allí la autoridad local y la militar, esta última en manos tan inseguras como las del conde de La Bisbal, quien en 1820 ya había demostrado en Ocaña que la traición no le era ajena. En definitiva, el auténtico triunfador en esta situación de caos fue Fernando VII, por más que su orgullo quedara herido hasta lo más profundo al verse obligado a hacer un viaje no deseado.

La crisis institucional que se acaba de referir pone de manifiesto la gran dificultad de aplicar la Constitución de 1812. Como ha señalado Joaquín Varela, el sistema sólo podía funcionar si el ejecutivo (el rey y su Gobierno) y las Cortes coincidían en la dirección política del Estado.[103] En el tiempo de las Cortes de Cádiz funcionó gracias a la ausencia del rey y a que el ejecutivo (la Regencia) estuvo controlado por el parlamento. Durante el Trienio, con el rey en España, ya no fue posible y, naturalmente, resultó inviable sostenerlo. Esta situación la expuso José María Calatrava con toda claridad en un relato manuscrito sobre los últimos momentos del régimen, que tituló «Notas reservadas», dado a conocer recientemente por Pedro J. Ramírez. Calatrava se refiere a mayo de 1823, cuando el rey, entonces en Sevilla, deseaba con ansia el arribo a la ciudad del Ejército mandado por Angulema (los Cien Mil Hijos de San Luis), y el Gobierno, dirigido por Calatrava, intentaba prolongar la resistencia para, al menos, llegar a un acuerdo decoroso con los invasores. La interesante reflexión de Calatrava es aplicable a todo el Trienio:

Lo que enervaba infinitamente la acción de los ministros, lo que los reducía, como a todos sus antecesores en el régimen constitucional, a una situación que tendrá pocos ejemplos, era el tener a la cabeza de aquel Gobierno [esto es, el régimen constitucional] al más encarnizado enemigo del Gobierno mismo. El principal conspirador contra el sistema que estaban encargados de sostener, el más empeñado en frustrar cuanto intentaban, en desacreditarlos y perderlos, era el propio rey de quien dependían, a cuya aprobación tenían que someter todos sus proyectos y a quien debían comunicar todos sus secretos y noticias, aun conociendo que se prevalía de estos avisos para inutilizar cuanto hacían o proyectaban.

El rey estaba de acuerdo con los invasores y con los enemigos internos y, sin embargo, los ministros tenían que disimular que lo sabían y despachar con él como rey constitucional. El honor y los juramentos les impedían dejar de serle fieles. La ley mandaba respetar su persona como sagrada e inviolable; y eximiéndole de toda responsabilidad, obligaba a cerrar los ojos sobre todos sus actos privados sin dejar otro arbitrio que el de impedirlos por los medios indirectos que se pudiese.[104]

Añadamos al exacto juicio de Calatrava que haciendo uso de su habitual disimulo, Fernando VII expresó una y otra vez su intención de cumplir la Constitución. En estas condiciones, el diálogo entre el jefe del Estado y sus ministros era imposible. Más aún el entendimiento entre el poder ejecutivo y unas Cortes que, a pesar de su composición política variable, no dejaron de ajustarse durante el Trienio al mandato de la Constitución de 1812.

El viaje forzado al sur

El 20 de marzo de 1823, a las ocho de la mañana, emprendió la familia real el viaje ordenado por las Cortes con destino a Sevilla. Los constitucionales pretendían organizar desde allí la resistencia al Ejército invasor francés, cuya entrada en España se esperaba de un momento a otro. No se podía ocultar que el viaje era, asimismo, una especie de retirada. Sólo semanas antes, tropas realistas al mando del aventurero Jorge Bessières habían llegado a instalarse en Huete, a poco más de un centenar de kilómetros de la capital del reino, sin que lo hubiera podido impedir el Ejército constitucional. Aunque Bessières no prosiguió su avance, pues incomprensiblemente dispersó sus tropas entre Valencia y Murcia, quedó patente la vulnerabilidad de Madrid. Pocos confiaron ya en la capacidad de defensa de la ciudad.

El monarca salió de palacio de forma casi clandestina. En lugar de bajar por la escalera principal para recibir el saludo de la artillería como era habitual en los desplazamientos reales, abandonó el edificio por la escalera trasera que da al Campo del Moro. Partía con «semblante grave», seguido por la reina y el resto de la familia real, todos en silencio, «con cierto aire de tristeza», anota el general Copons, jefe de la Guardia Real.[105] En la puerta de Segovia, no lejos de palacio, se les unieron otros vehículos y una columna de la Milicia Nacional de Madrid. No menos de trescientos coches y carros emprendieron la marcha hacia el sur por Aranjuez y Ocaña. Acompañaban a la familia real el Gobierno y los embajadores de Inglaterra, Sajonia, Portugal y Estados Unidos, únicos países con representación diplomática en ese momento en España. Completaban la comitiva empleados de los ministerios encargados de custodiar los papeles de cada dependencia, auxiliares y subalternos de todo tipo.

Una columna de la Milicia Nacional, al mando de José Luis de Amandi, se encargó de garantizar la seguridad del viaje, esto es, de impedir un golpe de mano en campo abierto de las partidas realistas y también —aunque esto debía ocultarse— de velar por la vida de la familia real frente a cualquier atentado de individuos situados en el otro extremo político. Formada por jóvenes, «en su mayor parte de lo más brillante y vital de la población», hizo constar uno de ellos, el meticuloso y exacto observador Mesonero Romanos, y también por personas de diversos oficios y condición social, todos decididos constitucionalistas, la Milicia tuvo un comportamiento ejemplar durante el trayecto. La población de Madrid acudió en masa a contemplar el espectáculo y muchos a despedir a sus hijos milicianos, pero entre la sorpresa y el sentimiento por ver marchar al rey, guardó silencio, escribió Copons.

Este viaje era un contratiempo considerable para los madrileños y no sólo porque la ciudad dejaba de pronto de ser la corte y quedaba privada de las principales instituciones del Estado, a cuya presencia estaban acostumbrados y cuyo servicio y aprovisionamiento proporcionaba empleo a muchos. El conde de La Bisbal, jefe político y militar de Madrid, había mandado en los días inmediatos a la marcha requisar caballos a particulares y los fusiles a los milicianos que no desearon o no pudieron salir con la comitiva, había impuesto elevadas contribuciones poco acordes con las fortunas, y ordenado la venta de los géneros existentes en los almacenes públicos y en la aduana para recabar fondos con que proveer al Ejército. Sebastián Miñano calificó todo esto de auténtico despojo, que suscitó el descontento y la rabia general, en particular de los comprendidos en una lista de «personas ricas» a quienes La Bisbal gravó con una fuerte contribución sin garantías de reembolso. Pero al margen de ello, cundió el temor entre los liberales de la ciudad a las represalias y desórdenes subsiguientes a la ausencia de autoridades y no pocos vendieron sus muebles y pertenencias o los trasladaron a casas de amigos para ponerlos en seguro. Madrid quedó sumido en un estado de confusión y desolación, augurio de los peores presagios.[106]

Los diputados a Cortes salieron de Madrid cada uno por su cuenta tres días más tarde que la familia real, pues las sesiones parlamentarias continuaron hasta el día 22. La comitiva real, por su parte, siguió sin incidentes el itinerario más directo, ajustado en lo fundamental al trazado de la actual carretera nacional 4: Aranjuez, Ocaña, Madridejos, Manzanares, Valdepeñas, Santa Cruz de Mudela, El Viso del Marqués, paso de Despeñaperros, La Carolina, Bailén, Andújar, Córdoba, Carmona y Sevilla. Ninguna anotación del diario del rey es relevante. Se limitó a consignar el horario y duración de la marcha, el nombre de los lugares del trayecto, con leves comentarios sobre los olivares y viñas divisados desde el coche, y otras notas sobre el paisaje. Sin embargo, este hombre tan preocupado por recibir el homenaje de sus súbditos es minucioso al consignar los besamanos y las personas que asisten a ellos en las poblaciones donde se detuvo, así como las iluminaciones en su honor. En Valdepeñas pasó el jueves y la mañana del Viernes Santo, pero este último día por la tarde se reemprendió la marcha contra el criterio del rey, que no consideraba oportuno hacerlo por la festividad del día. El domingo de Pascua, Fernando VII presenció una corrida de novillos en La Carolina («estuvieron bastante divertidos», anotó) y cuatro días más tarde otra de toros en Andújar («no fueron malos, aunque no pudieron lucirse por no haber picadores»). Sólo la mezquita de Córdoba, entre las muchas iglesias y edificios civiles del trayecto, le merece un comentario, breve y vulgar. Todo lo que se le ocurre apuntar tras visitarla a puerta cerrada es lo siguiente: «Digna de verse por la multitud de columnas que tiene. El Patio de los Naranjos es muy hermoso».

Se diría que el rey era incapaz de valorar la riqueza monumental de su propio reino y, por supuesto, su historia. O más bien, que todo lo despreció, porque su estado de ánimo era de total abatimiento y humillación. Se limitó a decir que visitaron y se alojaron en el palacio de El Viso del Marqués, pero ni una palabra más sobre esta obra mayor del Renacimiento, única en España. Ni una sola nota sobre los habitantes de los lugares del itinerario. Sin embargo, apuntó una anécdota, en parte inverosímil, pero sin duda muy significativa para él, porque delata el estado de «cautividad» en que se hallaba, como gustaba decir. Llegados a Córdoba, él y su hermano Carlos intentaron visitar las caballerizas de su residencia, pero «nos detuvo el centinela y aunque se le dijo quién era yo, respondió con el arma presentada que tenía orden para no dejar pasar a nadie, con lo cual nos volvimos».[107] El apunte, envenenado, es muy propio de Fernando VII. Al día siguiente entró libremente en las caballerizas y en el seminario conciliar, que junto a la mezquita fue todo lo que le interesó de Córdoba a juzgar por su diario.

Es evidente que el viaje fue un auténtico tormento para el rey y su familia, más moral que físico, aunque tampoco esto último fuera despreciable, dadas las dificultades para los desplazamientos en la época. Según el general Copons, el rey no se resintió de los ataques de gota que con gran aparato de informes médicos había alegado en Madrid. Lo que le incomodó en grado sumo fue la actitud de los habitantes de los lugares del tránsito. Dice Copons que le tributaron «algunos obsequios, pero no los que hubieran hecho en otras circunstancias», y Vayo lo explica:

Como era público el aborrecimiento de Fernando a la libertad, y sus ardides e incesantes esfuerzos para derrocarla, los pueblos del tránsito ocupaban a bandadas el camino y recibiendo con frialdad y aun con desdén a la familia real, aplaudían a las Cortes y daban muestras de un fervoroso entusiasmo por la Constitución. Así es que Fernando, tan ambicioso del mando como amante de los inciensos del vulgo, experimentó muchas amarguras en el tránsito de Madrid a Sevilla.[108]

Los naturales de estos lugares —sugiere Copons— quizá vitorearon la Constitución porque así se lo ordenaron las autoridades locales, pero si en ese momento hubieran sentido sincero respeto y admiración por el rey, sin orden o con ella no habrían cesado de aclamarlo con el mayor fervor, pues la presencia del monarca era siempre un espectáculo. Si no lo hicieron, o se mostraron poco entusiastas, es porque no existían lazos afectivos entre Fernando VII y el pueblo de La Mancha y del valle del Guadalquivir. Dicho de otra forma, tal vez la población había quedado decepcionada por la traición del rey a la Constitución, o estaba harta de las correrías de las partidas armadas absolutistas, las cuales no cesaban de invocar el nombre de Fernando como rey absoluto al tiempo que robaban y humillaban a quien hallaban a su paso. El Locho, Orejita, Palillos y otros cabecillas pululaban entonces por La Mancha actuando de esa forma.

El 10 de abril entró el rey en Sevilla por la puerta de Triana tras veinte días de viaje. Al siguiente lo hicieron las Cortes, quizá para no hurtarle el protagonismo del recibimiento. Como es habitual, hubo salvas de artillería, repique general de campanas, adornos en las calles, etcétera, aunque todo quedó deslucido por una intensa lluvia y por la actitud displicente de Fernando VII. Señal muy llamativa de ello fue su negativa a recibir las llaves de la ciudad ofrecidas por el Ayuntamiento. Con este gesto protocolario el rey pretendió negar toda sensación de normalidad, porque se sentía cautivo. Con todo, Sevilla festejó su llegada, y aunque existió división de opiniones, abundaron los besamanos en el Alcázar, lugar de residencia de la familia real, y las aclamaciones cuando el monarca transitó por la ciudad o asistió a ceremonias religiosas.[109] De nuevo, los comentarios de su diario son vulgares, deslizados con desgana. La catedral «es magnífica», sin más añadidura, aunque la visitó con detenimiento, y sobre los restantes monumentos de la ciudad y sus gentes, nada.

Sevilla había perdido su cosmopolitismo de antaño y era ahora una ciudad provinciana muy poblada, con unos 75.000 habitantes, a la que durante dos meses correspondió actuar como capital política del reino y centro de resistencia al invasor extranjero. Allí, el optimismo de los constitucionales se fue amortiguando a medida que llegaban noticias del resto de España.

El 7 de abril, tres días antes de la llegada del rey y de las autoridades del Estado a Sevilla, habían entrado en territorio español por el Bidasoa las tropas francesas mandadas por el duque de Angulema. Lo que algunos creyeron evitable en el último momento, entre otras razones porque confiaban en la oposición de Inglaterra, era ya un hecho irreversible. El 23 de abril, las Cortes reanudaron sus sesiones en Sevilla y ese mismo día el rey rubricó la declaración de guerra a Francia y firmó un manifiesto a la nación, que le fue entregado por el todavía ministro San Miguel, en el que instaba con frases encendidas a la defensa de la patria y aludía al heroísmo durante la guerra contra Napoleón.[110] Las palabras de los constitucionales, lanzadas por boca de un rey que ya nadie creía constitucional sincero, aún mantuvieron el entusiasmo de algunos, pero las noticias provenientes del norte de España fueron desastrosas: ocupación de Vitoria por Angulema, avance hacia el sur de las tropas francesas sin hallar resistencia militar apreciable, desmanes de las partidas realistas y, finalmente, el 23 de mayo, ocupación de Madrid.

Esto último causó conmoción en Sevilla, incrementada por la persecución de liberales en Madrid, de lo que dieron noticia miembros de la Milicia Nacional llegados de la capital. La venganza no se hizo esperar. El 1 de junio, tras una comida, un grupo de milicianos saqueó algunas casas de realistas sevillanos, entre ellas la de un canónigo, causando algún muerto.[111] El desorden callejero fue notable, aunque la situación pudo ser controlada por el momento. Por lo demás, era una evidencia la relación del rey con los enemigos del constitucionalismo y si le aplaudían los realistas sevillanos, otros —quizá los más vehementes, o los más inconscientes, o los encargados expresamente de ello por quien fuera— no le guardaron el respeto debido durante sus paseos urbanos. Constata el general Copons que ciertas personas lo saludaban de «modo poco decoroso», entonaban a su paso canciones siempre mal recibidas por Fernando VII, entre ellas el conflictivo Trágala, y lanzaban vivas a la Constitución, lo cual debió de importunarle de forma especial.

Entretanto, se intentó mantener la vida política casi con normalidad. Las Cortes celebraron sesiones diarias, incluso en sábados y domingos, con frecuentes reuniones nocturnas extraordinarias. Naturalmente, preocupaban mucho el estado de guerra civil y la invasión extranjera, pero los diputados no abandonaron la tarea legislativa, ni siquiera los asuntos de trámite. Al observador actual que conoce el desarrollo de los hechos posteriores puede extrañarle esta aparente frialdad en ocasión de tanto apuro, pero la extrañeza no pasaría de ser un anacronismo. España seguía siendo una monarquía constitucional y cada órgano del Estado estaba obligado a mantener su actividad. Lo contrario suponía sancionar la tesis contrarrevolucionaria, según la cual las instituciones estaban paralizadas y el reino sumido en la anarquía.

Así pues, las Cortes prosiguieron los debates de proyectos de ley pendientes, como el relativo al modo de llevar a efecto las desvinculaciones o el muy extenso sobre el «Gobierno económico-político de las provincias de Ultramar». Se fue avanzando con parsimonia en la aprobación del articulado de este último, que naturalmente no sirvió para nada, pues el antiguo imperio americano, cuya administración se pretendía racionalizar con enorme retraso, ya casi sólo existía sobre el papel. Las Cortes se ocuparon asimismo de otras disposiciones de dudosa aplicación, pero de profundo calado ideológico. La más relevante fue la ley de señoríos. Por dos veces había recibido esta ley la aprobación parlamentaria y otras tantas se había negado Fernando VII a promulgarla haciendo uso del veto que le reconocía la Constitución. Ahora se volvió sobre ella y el rey, agotada la posibilidad de veto, no tuvo más remedio que sancionarla. Tampoco cabía esperar mucho de la autorización a los obispos españoles para conceder dispensas matrimoniales, asunto que tenía reservado la Santa Sede y proporcionaba cuantiosos ingresos a Roma. Era una vieja aspiración del reformismo ilustrado ahora satisfecha por los liberales, como sucedió con otras disposiciones sobre asuntos eclesiásticos.

Pero junto a todo esto y a múltiples asuntos de trámite, como el reconocimiento de pensiones y de determinados grados académicos, o la concesión de permisos a empleados públicos para recuperar su salud en balnearios, las Cortes no descuidaron las urgencias del momento. Se ocuparon intensamente de mantener el espíritu constitucional entre la población, a cuyo efecto se prodigaron en comunicados y trataron de que el rey rubricara los manifiestos oportunos. Aprobaron un reglamento para formar guerrillas constitucionales y otro para crear un cuerpo militar de extranjeros al servicio del constitucionalismo. Decretaron el secuestro de los bienes de los integrantes de las partidas armadas realistas y de los que siguieran al Ejército francés. Acordaron imponer un empréstito forzoso de 200 millones de reales a pagar según sus rentas por todos los habitantes, extranjeros incluidos, reembolsable con el producto de las ventas de bienes del clero que por bula papal se habían dejado a disposición del Gobierno en 1822. Para evitar, sobre todo, que cayera en manos del enemigo, ordenaron el traslado a la casa de la moneda de los objetos de oro y plata existentes en establecimientos públicos y los de las iglesias no necesarios para el culto. No descuidaron las Cortes los aspectos simbólicos y decidieron el traslado a Sevilla de los restos mortales de Daoiz, Velarde y restantes héroes del 2 de Mayo de Madrid. Un batallón de la Milicia Nacional de esa ciudad, al mando del regidor madrileño Pablo Iglesias, los condujo por Extremadura hasta el lugar ordenado por las Cortes.

El órgano de la representación nacional cumplió su cometido institucional. Mayores dificultades tuvo el Gobierno. Acordes con lo reglamentado sobre la materia, los ministros del gabinete de San Miguel cesados antes de la salida del monarca de Madrid fueron poco a poco leyendo sus memorias de gestión ante el parlamento y acto seguido abandonaron sus funciones. Sin embargo, el Gobierno nombrado en febrero, encabezado por Flórez Estrada, no llegó a tomar posesión. Con independencia de la valía personal de sus integrantes, había nacido en circunstancias borrascosas y era producto más del deseo de alejar del poder a los masones, y en lo que respecta al rey de acentuar la división entre los constitucionales, que de impulsar la dirección política del país, de modo que no podía ser aceptado por la mayoría de los diputados congregados en Sevilla. Una parte de éstos pidió al rey el nombramiento de un Gobierno distinto, y finalmente, tras maniobras un tanto sospechosas de una cuarentena de diputados, el rey se avino a designar nuevo ejecutivo.

El hombre fuerte del que sería último Gobierno del sistema constitucional no ocupó la secretaría de Estado como venía siendo norma, sino la de Gracia y Justicia. Se trata de José María Calatrava, un antiguo diputado en las Cortes de Cádiz y, por tanto, un «doceañista» bien visto por moderados como Argüelles, quien todavía conservaba alguna influencia. Calatrava tampoco era mal considerado por los masones y —según Alcalá Galiano— mantenía buenas relaciones con los comuneros. Venía a ser una especie de hombre de consenso entre los defensores de la Constitución. Algo similar podría decirse de sus ministros, sobre todo del encargado de ocupar la entonces decisiva cartera de Guerra, el general Zorraquín, prestigioso militar aplaudido por todos. Zorraquín, sin embargo, estaba destinado en ese momento en el Ejército de Cataluña a las órdenes de Espoz y Mina y casualmente murió en combate casi al mismo tiempo que se producía su designación. Fue sustituido por Estanislao Sánchez Salvador. El coronel de ingenieros Salvador Manzanares, muy próximo a Riego y distinguido por su constante defensa de la Constitución, ocupó Gobernación; el limeño José Pando, reputado como muy capaz, recibió el importante Ministerio de Estado, y para Hacienda fue designado Juan Antonio Yandiola, detenido y torturado en 1816 con ocasión de la conspiración del Triángulo, considerado un moderado «tan flexible», dijo de él Alcalá Galiano, «que con cualquier partido pasaba por fácil de avenir».[112]

En definitiva, el Gobierno recién nombrado estaba en mejores condiciones que los anteriores del Trienio para superar el duro enfrentamiento entre comuneros y masones y unir las voluntades de los constitucionales. Sin embargo, su capacidad de acción era ya escasísima, por no decir nula, y aún resultaba más lastimoso su desconocimiento de la marcha de las operaciones militares. En fecha tan tardía como el 11 de junio, el ministro de la Guerra comunicó a las Cortes que carecía de noticias exactas sobre los movimientos de las tropas francesas e, incluso, sobre el número de las que habían entrado en España.[113] Tales imprecisiones resultaban fatales a estas alturas. Según el ministro, el Ejército francés había creado con la colaboración de los absolutistas españoles un dispositivo eficaz que impedía toda información exacta sobre sus movimientos. Esto, naturalmente, sembró la mayor inquietud en Sevilla, acrecentada por la llegada en esas fechas de confusos informes sobre la derrota en Despeñaperros del brigadier Plasencia. El Gobierno suponía que los franceses no habían traspasado el límite de La Mancha y Andalucía, pero la noticia hizo temer lo peor. También se conoció que el 25 de mayo había formado Angulema una Regencia en Madrid presidida por el duque del Infantado e integrada por notorios absolutistas, la cual gobernaba en nombre del «rey cautivo» y había sido reconocida de inmediato por las monarquías de la Santa Alianza.[114]

A pesar de los esfuerzos de las autoridades constitucionales por disimular la situación, todos presentían que los franceses llegarían de un momento a otro a las puertas de Sevilla. Aconsejado por los militares fieles al constitucionalismo, el Gobierno de Calatrava decidió el repliegue de las instituciones del Estado a Cádiz, plaza en mejores condiciones de defensa que Sevilla debido a su ubicación casi insular. El 10 de junio el Gobierno expuso su determinación al rey y solicitó su venia para hacer el traslado. Fernando VII se negó en redondo —era su forma habitual de responder a las propuestas de las autoridades constitucionales—, alegando la exposición de Cádiz a epidemias.

De lo hablado en esa ocasión por el rey y sus ministros tenemos noticias precisas gracias al diario del primero y a una especie de memorias redactadas después por Calatrava. Ambos testimonios coinciden, si bien el ministro proporciona más detalles.[115] El traslado a Cádiz de él y su familia —escribió el rey en su diario— supondría «que íbamos a morir de peste; que eso era un asesinato, y que para eso valía más que me tiraran un tiro». Tras esta melodramática salida, cuyo objeto era denunciar una vez más que los constitucionales ponían en riesgo su vida y la de su familia, Fernando VII trató de convencer al Gobierno de la pertinencia de permanecer en Sevilla y negociar allí con los invasores franceses. Calatrava le replicó que en ese caso el Gobierno constitucional estaría en condiciones de inferioridad, por ser una plaza indefensa, y el rey replicó que obrando como proponía obtendrían más ventajas. Según el relato de Calatrava, añadió: «No debéis dudar de mi generosidad [...]. Si ustedes quieren garantías por mi parte en el caso de una desgracia, cuenten conmigo. Seré generoso, pues yo no tengo rencor a nadie». Calatrava y el resto de los ministros ignoraron esta promesa del rey, que incumplió de la forma más alevosa imaginable en cuanto tuvo oportunidad.

A estas alturas (10 de junio de 1823) las cartas estaban boca arriba. Fernando VII estaba seguro de la inminente ocupación de Sevilla. Es probable que conociera los movimientos de las tropas francesas mejor que el Gobierno y las Cortes. El rey mantenía comunicación con sus agentes distribuidos por toda España y, además, pululaban por Sevilla individuos con los ojos muy abiertos que actuaban de enlace entre miembros de la familia real, la guerrilla absolutista, el Ejército de Angulema y la embajada de Francia en Madrid, donde ya se había instalado el marqués de Talaru como representante de Luis XVIII ante la Regencia absolutista, no ante el Gobierno constitucional. De cuanto se decía en Sevilla, de los pasos de diputados y Gobierno y del ambiente general de la población dio cuenta exacta al Gobierno francés, entre otros, François de Caze, antiguo agente de Napoleón, luego al servicio de José I, más tarde liberal declarado en Madrid, relacionado con la publicación de prensa exaltada, y ahora confidente seguro y secreto de la embajada francesa.[116] Por los mismos cauces que llegaban noticias de Sevilla a los franceses, las recibía Fernando VII sobre cuanto sucedía en la zona ocupada por el Ejército invasor.

El rey, en suma, tenía buenas razones para negarse a abandonar Sevilla, pues sabía que las tropas del general francés Bourdesolle avanzaban con rapidez hacia la ciudad. Además, conocía el enorme interés de las monarquías europeas, incluida la británica, por garantizar la seguridad de su persona. En su habitual tono desabrido, y como argumento de conveniencia, podía decir a sus ministros que su vida corría peligro, pero era consciente de que salvo accidente o descuido imprevisible, resultaba muy improbable un atentado contra él, pues los liberales eran quizá los más interesados en protegerlo. A nadie se le escapaba que cualquier acción contra la integridad física del monarca o de algún miembro de su familia resultaría fatal para el régimen constitucional, porque en aquel momento la persona del rey era la clave de todo el negocio de España.

Mientras el rey permaneciera en la zona fiel al constitucionalismo existía alguna posibilidad de resistencia o, en el peor de los casos, de negociación decorosa, pero si por cualquier motivo desaparecía, se desmoronaría automáticamente el régimen constitucional. Prueba de ello es la arriesgada propuesta que Chateaubriand, obsesionado por culminar cuanto antes la campaña militar, que consideraba obra suya, hizo a su íntimo amigo Marcellus, encargado de negocios francés en Inglaterra. En una de las cartas particulares cruzadas entre ambos, en las que libres de formalidades diplomáticas o políticas se sinceraban mutuamente, le confesó el 26 de mayo: «... no hace falta andarnos con tapujos: mientras no tengamos al rey, nada estará finalizado». A continuación se preguntaba cómo podrían apoderarse de la persona del monarca, y revelaba a su interlocutor: «Mi opinión es que sólo tendremos al rey mediante un golpe de mano organizado en Sevilla o en Cádiz. ¿No podría usted hallar en Londres a alguno de esos hombres atrevidos, tan comunes en ese país, que lo rapten por uno o dos millones? Piénselo».[117]

Al parecer, Marcellus no se atrevió a seguir la sugerencia del ministro. En la obra donde publicó la correspondencia entre ambos, afirmó Marcellus que no le respondió, pero en ella anotó que más tarde tuvo noticia de que algunos ingleses habían propuesto al jefe del Gobierno francés viajar a Cádiz en un barco de vapor para raptar a Fernando VII, proyecto que Villèle no apoyó, temeroso de que las Cortes aprovecharan el incidente para trasladar al rey a Ceuta o a las Canarias.[118] ¿Habían sido esos ingleses reclutados por Marcellus? Al margen o quizá en relación con esto, entre el 8 y el 11 de junio se forjaron varios planes para trasladar al rey a la zona controlada por los franceses. De uno de ellos le informaron al rey en persona el 9 de junio cinco diputados realistas, entre los cuales estaba Juan Blake, hermano del decano del Consejo de Estado constitucional, el general Joaquín Blake,[119] pero el más osado y escandaloso de todos fue el protagonizado por el general John Downie, un inglés al servicio de España desde los años de la guerra contra Napoleón.

En la tarde del 11 de junio, Downie reunió en el Alcázar de Sevilla a 17 militares dispuestos a poner en práctica un proyecto forjado días antes, quizá al comienzo del mes. Según expuso después en un manifiesto destinado a resaltar sus méritos, consistía en «rescatar de las manos de los opresores» a la familia real aprovechando el estallido de un motín popular en el barrio de Triana, encomendado en su mayor parte, mantuvo el general Copons, a «contrabandistas, guiferos y chalanes». El bullicio popular sería una excelente excusa para declarar en peligro la vida de las personas reales, trasladarlas a un lugar controlado por el Ejército francés, y proclamar acto seguido al rey absoluto. En torno a las nueve de la noche del mismo día 11, Downie y sus compañeros fueron detenidos y en eso quedó todo.[120]

Gil Novales apunta la posibilidad de que Downie actuara de acuerdo con directrices del Gobierno británico, lo cual no es descabellado, como tampoco lo sería que Chateaubriand y Marcellus no fueran ajenos a ello. Según Fontana, el embajador A’Court y el cónsul británico en Sevilla, Wash, mantenían en estas fechas contactos con Fernando VII y no parece que fueran precisamente para inclinarlo a favor del constitucionalismo. Hay datos, además, de movimientos de algunos particulares. El vizconde de Martignac, enviado a España por el Gobierno francés en calidad de consejero político de Angulema, escribió el 11 de junio a Villèle que «el inglés del que ya os he hablado» (¿podría ser uno de esos «hombres atrevidos» que pedía Chateaubriand a Marcellus?) había regresado de Sevilla hacía tres días, «asegurando que con dos millones de garantías para los ministros y las Cortes sobre sus personas y las futuras instituciones, se podría conseguir la libertad del rey». Pero Martignac añadía que ese sujeto era un intrigante que deseaba aprovecharse de las circunstancias y, en todo caso, Angulema había rechazado su ofrecimiento.[121] En suma, existieron planes más o menos fantasiosos para sacar al rey de las manos de los constitucionales y es seguro que el rey los conoció.

Calatrava, el resto de los ministros y cabe suponer que al menos los diputados a Cortes más influyentes sabían de los contactos del rey con los invasores y de las maniobras de los realistas para propiciar cuanto antes el fin del régimen constitucional.[122] Por ello consideraron vital el repliegue a Cádiz. Como el monarca se mantuvo firme en su negativa, las Cortes adoptaron una medida drástica prevista en la Constitución: declarar incapacitado a Fernando VII para ejercer sus funciones.

La inhabilitación del rey

El 11 de junio, llegó Alcalá Galiano a la iglesia de San Hermenegildo, sede de las Cortes en Sevilla, decidido a todo. «Más es tiempo de obrar, que de hablar», dijo este diputado alineado entonces en las filas del liberalismo exaltado. Acto seguido aseguró que la patria y la monarquía estaban en peligro, pues en cualquier momento el rey podía caer en manos del enemigo. No se podía permitir —añadió— que sucediera en España lo mismo que en Nápoles y en Portugal, es decir, que el régimen constitucional fuera derribado por la intervención extranjera, como en el primer caso, o por un movimiento contrarrevolucionario, cual acababa de suceder en Portugal. El diputado, que había anticipado sus intenciones a otros parlamentarios, entre ellos a Argüelles, acto seguido solicitó información directa del Gobierno sobre la situación militar. Fueron llamados los ministros, y mientras llegaban, las Cortes prosiguieron su tarea con aparente tranquilidad. Examinaron asuntos de trámite y dieron el visto bueno a la redacción definitiva de decretos sobre variados asuntos: establecimiento de escuelas náuticas, creación de una subdirección para los municipios cubanos, supresión de los pósitos o almacenes de granos, etcétera.

La normalidad pretendida por las Cortes se disipó en cuanto informaron los ministros. En dos puntos resumieron el panorama, de lo más desolador: imposibilidad de detener el avance de las tropas francesas y necesidad del traslado de las instituciones a Cádiz o, como propuso el Consejo de Estado, a San Roque o Algeciras, plazas menos expuestas a las epidemias que aquella ciudad.[123]

Como no había logrado el asentimiento de Fernando VII para efectuar el viaje, en la mañana del 11 de junio el Gobierno presentó su dimisión. Al mismo tiempo, las Cortes enviaron una comisión de diputados para convencer al rey. Éste la recibió, dejó hablar a su presidente Cayetano Valdés y por enésima vez se negó a salir de Sevilla. Valdés solicitó su venia para que otros miembros de la delegación le expusieran sus razones, pero el rey lo impidió y los despachó con un tajante: «He dicho». Fernando VII había tratado con desprecio a su Gobierno y ahora hacía lo propio con los representantes de la nación. Ni siquiera les permitía hablar en su presencia. Años después escribió Argüelles: «El rey, con su resolución y su respuesta, se había imposibilitado a sí mismo de ejercer su autoridad».[124] Había roto por propia iniciativa con las instituciones constitucionales y prefería caer en manos de los invasores.

Ante la gravedad de la situación, las Cortes se constituyeron en sesión permanente. Una vez que dio cuenta Valdés de la infructuosa entrevista y del trato autoritario del rey a los parlamentarios, Alcalá Galiano retomó la palabra para decir lo que tenía pensado desde el inicio de esa sesión del día 11 de junio. «Llegó ya la crisis que debía estar prevista hace mucho tiempo.» Dada la actitud del monarca, quedaba patente que la Constitución no podía ser conservada por los medios ordinarios y había que recurrir a uno extraordinario. «No es posible el caso de un Rey que consienta quedarse en un punto para ser preso de los enemigos... S.M. no puede estar en pleno uso de la razón, está en un estado de delirio». La frase no podía ser más contundente y Alcalá Galiano enseguida la dulcificó un tanto al concretar su propuesta: el delirio del rey era momentáneo, «una especie de letargo pasajero», y, por tanto, se estaba en el caso de aplicar el artículo 187 de la Constitución y el 176 del reglamento de las Cortes. El artículo constitucional establecía que «cuando el Rey se halle imposibilitado de ejercer su autoridad por cualquier causa física o moral» se debería formar una Regencia para gobernar en su nombre. El reglamento de las Cortes especificaba que para asegurarse del estado del rey, las Cortes consultarían a una junta de médicos.

Los parlamentarios acogieron la propuesta con general entusiasmo. El moderado Argüelles intervino a su favor, y tras sus palabras se abrazó a Alcalá Galiano, escenificando el acuerdo de moderados y exaltados, lo cual no dejaba de ser novedad. La deposición del rey, aunque sólo fuera temporal, como se apresuró a puntualizar Argüelles, era una decisión de la máxima gravedad. A pesar de todo y por más que se supiera de sus actividades desestabilizadoras, el rey era el referente máximo. La Constitución declaraba «sagrada e inviolable» su persona y precisamente porque los más ardientes defensores del régimen no deseaban alterar la Constitución, nadie se había pronunciado en contra de esta disposición. Así pues, la suspensión del monarca en sus funciones era un paso extremo, pero el 11 de junio la mayoría de los diputados no vio otra salida para defender el régimen, y sin consultar a una junta de médicos, como preceptuaba el reglamento de las Cortes, se procedió inmediatamente al nombramiento de la Regencia.

El decreto fue breve y contundente:

Vista la negativa de S.M. a poner en salvo su Persona y las de su Real Familia de la invasión enemiga que amenaza a esta Capital, [las Cortes] declaran llegado provisionalmente el caso de impedimento moral señalado en el artículo 187 de la Constitución, por efecto de las circunstancias actuales, habiendo acordado se nombre una Regencia provisional compuesta del Señor Diputado a Cortes don Cayetano Valdés, Presidente; del Señor Don Gabriel Ciscar, Consejero de Estado y del Señor Don Gaspar Vigodet, también Consejero de Estado; la cual por el tiempo de la traslación de las Cortes y del Gobierno a la Isla Gaditana, reasuma las facultades correspondientes al poder ejecutivo.[125]

El rey cesaba temporalmente en sus funciones, pero la Regencia nacía con importantes limitaciones. Debía ejercer el poder ejecutivo exclusivamente para preparar y realizar el viaje a Cádiz de la familia real y de las Cortes. Así fue. El regente Gabriel Ciscar dejó constancia de ello con toda exactitud y sinceridad:

... dicha Autoridad [la Regencia] no dio más providencia que las indispensables para que se verificara la pronta traslación del Gobierno y de las Cortes a la Isla Gaditana, reasumiendo para este sólo efecto las facultades de las Autoridades subalternas, sin ejercer ninguna de las que correspondían exclusivamente al rey [...]. Se abstuvo de manifestar su existencia fuera del distrito expresado, y ni aun dentro de él fue reconocida por juramento, ni por otro acto formal, de suerte que puede decirse con verdad que no existió semejante Regencia y sí una Autoridad provisional conocida con dicha denominación impropiamente aplicada.[126]

Las matizaciones de Ciscar quizá sean oportunas para delimitar desde el punto de vista formal el alcance político e institucional de esta Regencia, pero en aquel momento no procedía detenerse en ello.

La noticia de la formación de la Regencia fue recibida como hecho extraordinario y suscitó las reacciones más encontradas. Los realistas o absolutistas la consideraron un atentado gravísimo a la persona del rey y a la institución monárquica. Otros, atentos a la dirección del viento para ubicarse en el punto más ventajoso, a quienes los exaltados calificaron de «indecisos» y estimaron tan perjudiciales como a los absolutistas para mantener el sistema constitucional, acudieron a la improcedencia de crear la Regencia para actuar como hacía tiempo que deseaban, esto es, para abandonar el campo constitucional. Es lo que hicieron varios militares, entre ellos el general Morillo, ahora jefe del Ejército constitucional en Galicia. Una traición que se sumó a las del conde de La Bisbal y el general Ballesteros, uno y otros al mando de otros cuerpos de Ejército. Por su parte, varios diputados adoptaron la precaución de expresar sus votos particulares en contra de la formación de la Regencia. Era la forma de asegurarse el futuro.

Los partidarios del sistema constitucional —en este caso no cabe distinguir entre exaltados y moderados, pues Argüelles, Valdés o Ciscar, por ejemplo, eran de estos últimos— consideraron la formación de la Regencia el paso más adecuado para salir del atolladero en que el propio Fernando VII había llevado a las instituciones del Estado, debido a sus relaciones secretas con el invasor y a su negativa al traslado. Era, asimismo, una medida para garantizar la integridad física del rey. Los absolutistas no reparaban en medios para acelerar el fin del constitucionalismo y por más que se dijeran amantes hasta la exasperación del monarca, habían llegado incluso a poner en riesgo su vida. Esto es lo que hubiera podido suceder de cuajar el plan de Downie, pues apunta Copons, quien debido a su cargo disponía de datos suficientes al respecto, que cualquier pretensión de sacar clandestinamente del Alcázar de Sevilla a las personas reales hubiera colmado la paciencia de muchos entusiastas de la Constitución, hastiados hasta lo indecible de los manejos contrarrevolucionarios del monarca, y tal vez alguno de ellos hubiera tomado una decisión indeseada. De la misma opinión fue Gabriel Ciscar y en ello se basó, posteriormente, para justificar su aceptación del cargo de regente. «La pronta instalación de la Autoridad provisional», escribió, «era la única medida capaz de restablecer y mantener el orden perturbado y de poner a cubierto de un atentado al rey y a la real familia.»[127]

Sobre la actuación de la Regencia disponemos de información de primera mano gracias al diario de Fernando VII y al relato y notas dispersas de Ciscar. Se constituyó en el palacio arzobispal de Sevilla a las once de la noche del 11 de junio, sin ceremonia, y todo su esfuerzo se encaminó a preparar el viaje a Cádiz. Al margen de este asunto, no tomó disposición alguna. En el orden institucional se redujo a solicitar la continuidad del Gobierno, como así fue. Los ministros, según Ciscar, se limitaron a transmitir las órdenes de la Regencia.

El problema fundamental del momento siguió siendo la obtención del asentimiento del rey para trasladarse a Cádiz. De este cometido quedó encargado Gabriel Ciscar. Mantuvo su primera entrevista con el rey el día 12, entre las ocho y las nueve de la mañana. Tras el consiguiente forcejeo dialéctico, Fernando VII accedió a realizar el viaje, pero no de forma inmediata, como deseaba la Regencia y tenían ordenado las Cortes, que lo habían previsto para las doce de ese mismo día. Aludiendo a los muchos preparativos para facilitar el movimiento de la familia real, Fernando VII sugirió emprender la marcha al día siguiente. El 12, al mediodía, Ciscar volvió a la residencia real para apremiar la salida y recibió idéntica respuesta. La situación se hizo especialmente embarazosa para la Regencia, pues a los intentos de dilación del monarca, confiado en que en sólo unas horas llegarían a Sevilla las tropas francesas, como así fue, se unió la dificultad de hallar medios de transporte adecuados y la negativa de los generales existentes en Sevilla a mandar la tropa destinada a escoltar a la familia real durante el trayecto. El nerviosismo de los constitucionales y su enfado ante la actitud de Fernando VII fueron en aumento. Llegó a tal extremo —informa Ciscar— que Riego se ofreció a los regentes «a hacer que saliese el Rey sin dilación si se le autorizaba para ello [...] como un corderito».[128]

Finalmente, el mismo 12 de junio a las seis y media de la tarde y tras un nuevo encuentro de Ciscar y el rey, los integrantes de la familia real se pusieron en camino, escoltados por numerosa tropa al mando del general Carlos Espinosa de los Monteros. Según el diario real, cenaron en Alcalá de Guadaira y durante la noche continuaron la marcha hasta Utrera, adonde llegaron pasadas las cuatro de la mañana. A mediodía del 13 prosiguieron viaje y a las dos de la madrugada entraron en Lebrija. Tras breve reposo, a las doce del día siguiente partieron hacia Jerez, ciudad que abandonaron al comienzo de la noche. Pasada la una de la madrugada del domingo día 15 llegaron a El Puerto de Santa María y a las nueve y veinte de la mañana reemprendieron el trayecto hacia San Fernando.

El viaje, consignó el rey en su diario, fue penoso e incómodo, contra su gusto, lento, al paso de la infantería de la escolta, sin comer ni dormir con tranquilidad, transitando a las horas de riguroso calor o de noche, sin salir del coche hasta el amanecer. Entraban en los pueblos —prosigue Fernando VII— «como si fuésemos reos de Estado». En un punto del camino los milicianos nacionales que hacían de escolta «insultaron lo que no era decible (aunque no lo oí)... gritaban mueran los Borbones, los tiranos; ya no nos mandan; mira cómo has salido...».[129] Nada fue agradable para Fernando VII, pero al menos en el aspecto material lo debieron de pasar peor otras autoridades. Ciscar afirma que apenas durmió algo más de dos horas y casi no comió, en contraste con los miembros de la familia real, quienes «parece que comieron bien el doce, cenaron bien en Alcalá, etcétera». «Aseguro», concluye el regente, «que en mi vida he pasado tres días más incómodos, a más de dar por perdido el equipaje.»[130]

No hay razón para dudar de estos testimonios. Tampoco de la existencia de los insultos que con toda intención consigna el monarca, aunque él no los llegara a oír. Ese viaje fue, en realidad, una retirada militar, una especie de maniobra desesperada que, por fuerza, debía de ser interpretada de forma muy diversa por los implicados. Para la familia real suponía la prolongación de «su cautividad» y para los regentes y, con ellos, para todos los dispuestos aún a defender el constitucionalismo, la única forma de continuar la resistencia, como así se demostró. El traslado a Cádiz del rey, el Gobierno y las Cortes permitió la prolongación del régimen constitucional durante dos meses y medio.

La Regencia cumplió escrupulosamente su cometido y al llegar a San Fernando el día 15, su presidente preguntó por oficio al de las Cortes si existía en Cádiz el quórum exigido de diputados para dar continuidad a las sesiones parlamentarias. Como así era, la Regencia redactó inmediatamente un decreto declarándose cesada en sus funciones, el cual recibió la aprobación parlamentaria. Tras la comida del rey, en San Fernando, los tres regentes se presentaron ante él para comunicarle el final de la Regencia. Fernando VII les dijo: «Está bien. ¿Conque ha cesado mi locura?».[131] A las cinco de la tarde de ese día 15 de junio la familia real salió de San Fernando y a la caída de la tarde entró en Cádiz. No hubo acogida calurosa por parte de la población. Como no estaba listo el edificio de la Aduana, el alojamiento previsto, el monarca se instaló provisionalmente en casa del comerciante Luis Gargollo, y el resto de las personas reales en otras particulares.[132]

El ambiente humano de Cádiz era frío, pero en Sevilla sobró acaloramiento. Pocas horas después de la salida del rey y de la Regencia, casi todos los diputados, salvo algunos realistas que permanecieron en la ciudad a la espera de los franceses, embarcaron en un vapor en dirección a Sanlúcar de Barrameda. En el puerto de Sevilla quedó una goleta de mediano porte dispuesta para conducir a buena parte de los familiares de los diputados y a empleados de las Cortes, así como documentos de esta institución y equipajes particulares. En cuanto las últimas tropas constitucionales abandonaron la ciudad, un grupo de realistas subió a la Giralda y dio la señal de alboroto. La plebe, soliviantada por el clero y algunos individuos de buena posición arremetió contra los liberales, los insultó, allanó y saqueó sus casas y puso especial empeño en destruir todo cuanto ya estaba cargado en la goleta. Las voces de «Viva el Rey» y «Viva la Religión» arroparon los mayores desmanes. Consigna Copons que algunos de estos «valientes» partidarios de la «justa causa», ávidos de rapiña, «desnudaron [para robarles] a varias señoras que estaban embarcadas, a las que maltrataron a fuerza de golpes». Realizada la hazaña, que entre otras cosas supuso la pérdida de muchos documentos de las Cortes y un valioso número de libros acopiados por el gran bibliófilo liberal Manuel Bartolomé Gallardo, estalló el regocijo popular, se derribaron los emblemas de la Constitución y se proclamó al rey absoluto. El fervor se extendió a pueblos próximos a Sevilla, donde según Vayo se oyó con frecuencia el grito de «Vivan las cadenas y muera la nación».[133]

En un esfuerzo de síntesis digno de mejor causa, el grito de los absolutistas de Sevilla y de su entorno expresaba a la perfección el dilema político clave del momento. O los españoles quedaban sujetos a las cadenas impuestas por un rey con poder absoluto, o continuaban gozando de las libertades derivadas de la soberanía nacional. Cadenas o nación. El problema es que a esas alturas las posibilidades de mantener las libertades eran muy escasas, pues el Ejército mandado por Angulema dominaba ya casi todo el país y no cabía esperar ayuda internacional de nadie. En realidad, todos los Gobiernos de Europa deseaban la inmediata finalización de la guerra y la desaparición del sistema político basado en la Constitución de 1812, lo cual necesariamente abocaba, dada la situación política española, a atribuir mayores poderes a Fernando VII.

Ni el Gobierno francés ni el resto de los europeos sentían aprecio por el rey de España, pero nadie tenía dudas sobre la necesidad de protegerlo. Fernando encarnaba una monarquía histórica, que la Europa legitimista de este tiempo no podía permitirse el lujo de perder. Si esto era fundamental para las cortes europeas, resultaba vital para Francia por razones dinásticas y porque constituía la principal justificación de su intervención militar en España. El objetivo proclamado por Angulema al entrar en la Península, repetido hasta la saciedad por los ministros franceses porque tácticamente era fundamental de cara a las restantes potencias europeas, no era la conquista del país, tampoco someterlo a su influencia política, sino librar a un monarca Borbón del yugo de los revolucionarios.[134] Por ello se consideraría un estrepitoso fracaso de Francia si el rey o a un miembro de su familia sufrieran un contratiempo.

La decisión de las Cortes españolas de incapacitar a Fernando VII en el ejercicio de sus funciones sonó en Europa como un estrepitoso aldabonazo. ¿Acaso pudiera ser el preludio de algo? Con independencia de lo que viniera a continuación, era asunto de la mayor gravedad para los monarcas europeos de la Restauración, tan temerosos ante cualquier movimiento revolucionario. El marqués de Miraflores lo expresó perfectamente: «Enrique IV y Luis XVI en Francia, y Carlos I en Inglaterra, perecieron en un cadalso o a manos de un puñal homicida, pero suspender a un Rey su Augusto carácter por sólo cuatro días le estaba reservado a la España presenciarlo en el 11 de junio de 1823».[135] El recuerdo de Luis XVI se mantenía vivo. En artículos periodísticos, en el parlamento francés, en la correspondencia diplomática y en la particular de los protagonistas, y cabe suponer que también en las conversaciones privadas se comparó la situación de Fernando VII con la del desgraciado rey de Francia.

Los realistas de todos los lugares mantuvieron que Fernando VII estaba prisionero de los liberales, al igual que lo estuvo Luis XVI de los constitucionales franceses. En realidad, no faltaron elementos externos que facilitaran este parangón. El 6 de octubre de 1789, los revolucionarios obligaron con pocos miramientos a la familia real francesa a trasladarse desde Versalles al palacio de las Tullerías, y a partir de ese momento se prodigaron humillaciones a la familia del «Capeto». Una vez en París, la Asamblea revolucionaria mantuvo bajo estrecha vigilancia a las personas reales, sin permitirles salir de la ciudad, ni siquiera al próximo palacio de Saint-Cloud, donde la familia real deseaba pasar las Pascuas en abril de 1791. Luis XVI vivió aturdido desde el inicio mismo del estallido revolucionario y en mayor grado quizá su esposa María Antonieta, privada de pronto de la estricta etiqueta, de sus costumbres y del entorno mágico que se había creado. Los revolucionarios implantaron un orden que hacía imposible el ejercicio tradicional de la realeza y el propio Luis XVI precipitó el desenlace con su humillante y frustrado intento de fuga del 21 de abril de 1791, la conocida como «huida de Varennes». Aunque en septiembre de ese año se aprobó una Constitución que otorgaba al rey un lugar preeminente en el sistema político, quedaba patente que Luis XVI no tenía cabida en la nueva Francia.[136]

Estos acontecimientos, y de manera especial la muerte en la guillotina en 1793 de Luis XVI y María Antonieta, eran de dominio público treinta años más tarde, aunque muchos no conocieran los detalles. Quien sí estaba al tanto hasta de las más íntimas anécdotas de la familia real francesa era el duque de Angulema. Su esposa, María Teresa de Francia, llamada Madame Royale, era hija de Luis XVI y María Antonieta, y pasó con sus padres todos los avatares aludidos. Mucho más tarde, en 1852, publicó sus recuerdos: Relación del viaje de Varennes y relato de su cautividad en la torre del Temple. Angulema no tuvo necesidad de esperar la aparición de este libro para saber de las humillaciones de la familia real, de la cobardía e indecisión del monarca y su entorno durante la jornada de Varennes, de la sorpresa de María Teresa al ver vestido de niña a su hermano, el heredero al trono de Francia, para pasar inadvertido, de la pérdida de confianza de la población francesa en sus reyes, del entusiasmo por la revolución y del canto de La Marsellesa, el Ça ira y otros, que los reyes recibieron como un insulto, lo mismo que Fernando VII al escuchar el himno de Riego, el Trágala y otras canciones patrióticas.

Nadie deseaba que se repitiera en España un desenlace similar. Por esta razón decidieron las Cortes declarar «pasajera» la incapacidad del rey y nombrar una regencia sólo «por el tiempo de traslación de las Cortes y el Gobierno a la Isla Gaditana». La Regencia dispensó a Fernando VII un trato exquisito y nunca dejó de reconocerle su majestad. El Gobierno de Calatrava hizo angustiosos esfuerzos por que actuara de acuerdo con las autoridades constitucionales, con el fin de llegar a un compromiso honroso con los invasores franceses.[137] Por lo demás, todos, incluido el rey y, por supuesto, el jefe de las tropas invasoras, sabían que a pesar de todo, los constitucionales «carceleros» del rey no pensaban seguir, ni por asomo, el ejemplo de los revolucionarios franceses, pues la conservación de la vida del rey era tan importante para aquéllos como para sus contrarios.

Ahora bien, lo que realmente preocupaba en junio de 1823 a Angulema, al jefe del Gobierno francés Joseph Villèle y a Fernando VII era la reproducción en España de una reacción similar a la ocurrida en Francia en julio de 1792. El 28 de ese mes se conoció en París un manifiesto lanzado por el duque de Brunswick, jefe de las tropas prusianas y austriacas que habían penetrado por el norte de Francia para acabar con la revolución. En él se conminaba a los habitantes de la capital a que «si no se sometían inmediatamente y sin condiciones a su rey», la ciudad «sería sometida a una ejecución militar y a una subversión total y los revolucionarios llevados al suplicio». El manifiesto, redactado por el realista francés marqués de Limon, causó el efecto contrario al pretendido. Los parisienses se aprestaron a la defensa a ultranza y aumentaron las incorporaciones voluntarias al Ejército revolucionario para hacer frente a quienes ponían «la patria en peligro». La revolución cobró un brío inusitado y todos pensaron que había llegado el momento de prescindir del rey. En los días siguientes se alzaron muchas voces pidiendo la deposición de Luis XVI y pronto fue hecho prisionero y sometido a juicio. Sus errores habían dañado seriamente a la monarquía, pero el detonante inmediato para decidir la caída de la institución y la muerte del rey había sido el manifiesto del jefe del Ejército que pretendía restituirlo en su autoridad plena.[138]

Angulema trató de evitar un acontecimiento similar en España, donde al igual que en la Francia de 1792, un Ejército extranjero apoyado por elementos del país trataba de liberar a un rey «cautivo» de los revolucionarios. Angulema no quiso representar el papel de Brunswick, y tampoco deseó que con manifiestos y medidas represivas, los absolutistas y, en concreto, la Regencia absolutista de Madrid, escenificaran el del marqués de Limon. La posición militar de Angulema era mucho más favorable que la del Ejército contrarrevolucionario austro-prusiano en 1792 y la población española no se manifestaba tan hostil al monarca como la francesa, de modo que no había duda sobre el camino que había que seguir: aprovechar la oportunidad, completar la conquista del territorio y, sobre todo, no cometer errores, para no enajenarse el apoyo de la población. Todo esto, naturalmente, benefició a Fernando VII, quien a pesar de sus lamentos por el viaje a Cádiz, estaba seguro de que su «liberación» sería inmediata.

Capitulación de los constitucionales

El rey y las autoridades constitucionales permanecieron tres meses y medio en Cádiz, del 15 de junio al 1 de octubre de 1823. Cádiz volvió a ser, como en la Guerra de la Independencia, el centro político y militar de la resistencia al Ejército invasor francés. Como entonces, los españoles se dividieron en colaboracionistas y resistentes y mantuvieron entre ellos una cruenta guerra civil. También ahora los invasores dominaban la mayor parte del territorio nacional, salvo Cádiz y pocas ciudades más. Al igual que en el tiempo anterior, además de los combates en el campo de batalla entre ejércitos y de la acción de la guerrilla, se libraba una guerra de ideas no menos virulenta. Sin embargo habían cambiado muchas cosas.

Tres factores marcan las diferencias entre 1823 y 1808: la presencia física del rey, la carencia del incentivo religioso en la lucha contra el invasor y la falta del apoyo británico a los resistentes.

El duque de Angulema no era enemigo de la religión, como según el sentir popular lo fueron Napoleón y su hermano José.[139] Al contrario, en 1823 los tildados de irreligiosos eran los defensores de Cádiz, los constitucionales, los patriotas. Un indicio externo bien patente para quienes así quisieron interpretar la situación fue que al arribar los constitucionales, muchos clérigos abandonaran la ciudad, el primero el obispo Francisco Cienfuegos y Jovellanos, trasladado a Puerto Real en busca de un lugar más propicio para encontrar a los franceses, quienes, efectivamente, entraron enseguida en esa localidad.[140] Por lo demás, no tardaron en disiparse las esperanzas de los constitucionales de recibir alguna ayuda de Inglaterra, en la que aún algunos confiaban. El Gobierno británico no había reconocido a la Regencia constitucional y había dejado bien sentado que su embajador estaba acreditado ante el rey y no ante otro poder. En consecuencia, su embajador William A'Court no acompañó a las autoridades a Cádiz y se instaló en Gibraltar. Aunque no rompió la comunicación con el Gobierno constitucional, su distanciamiento físico y el abandono del territorio español fueron entendidos en toda Europa como un elocuente desaire.[141]

Los resistentes al invasor no podían invocar ahora la defensa de la religión, tan eficaz en 1808, ni contaban con la ayuda de Inglaterra, decisiva en el tiempo anterior, ni el nombre de Fernando VII servía ya de referente para defender la libertad. El rey había dado demasiadas pruebas de no querer ser constitucional y se había enfriado casi por completo el entusiasmo de los constitucionales hacia él. Dicho de otra forma, se había desvanecido el mito del príncipe inocente vigente en 1808. Sin embargo, todos —reitero— seguían considerando imprescindible contar con él.

En opinión de la mayoría de los españoles y de los europeos, en 1823 cualquier proyecto contrario a la persona del rey o de su familia estaba condenado al fracaso. Por esta razón, la situación de los defensores de la Constitución fue especialmente delicada. Necesitaban a Fernando VII y estaban obligados a protegerlo. Es más, también precisaban que el rey mantuviera la ficción de que acataba la Constitución, aunque constara de forma fehaciente que no era ésa su intención, que hacía lo posible, como siempre, por denigrar el constitucionalismo y se burlaba de su partidarios de forma cada vez más ostensible. Éstos, sin embargo, sabían que mientras el rey estuviera físicamente en la España constitucional, persistía la posibilidad de resistir al invasor o, en último extremo, de llegar a un acuerdo honroso. Ahí radicaba el nudo de la cuestión y ésa fue la causa de que Fernando VII, hábil en detectar este estado de cosas y bien informado sobre lo que se pensaba en el bando anticonstitucional, se opusiera sistemáticamente a las Cortes y al Gobierno.

Ahora bien, si la presencia del rey en uno de los últimos reductos de la España constitucional podía ser considerada elemento positivo para la pervivencia del régimen, también constituyó el mayor problema. La propaganda realista no cesó de pregonar que Fernando VII estaba prisionero de los liberales y puso el acento en que su vida y la del resto de la familia real corrían peligro. El mensaje carecía de todo fundamento, pero fue eficaz para captar para el bando anticonstitucional a un sector de las masas campesinas españolas. Lo fue asimismo para aislar a los constitucionales en Europa.

Fernando VII no sólo constituyó un obstáculo en las relaciones diplomáticas de la España constitucional, sino también en las negociaciones bilaterales con el invasor francés. En primer lugar, por una razón formal: Angulema se negó a tratar con el Gobierno y las Cortes mientras el rey permaneciera cautivo, como gustaba decir al generalísimo francés. Por otra parte, siempre que el Gobierno español intentó recabar su aquiescencia en una decisión relevante, Fernando VII recurrió a evasivas, cuando no al desprecio. Así quedó reflejado en el diario del rey y en las notas de Calatrava sobre los sucesos de estos días. Todo parece indicar que en lo relativo a las negociaciones del Gobierno con Angulema, el asunto más importante en esta tesitura, el rey actuó con su doblez habitual.

Fernando VII se había hecho construir en la azotea del edificio de la Aduana, su residencia, una especie de torre de madera. Anota en su diario que todas las tardes acudía a ese lugar; ciertos días es ésta la única ocupación que consigna. Aunque no dice en qué empleaba el tiempo (se limita a apuntar: «por la tarde, a la azotea»), según los testimonios de los contemporáneos se dedicaba a volar cometas, acto que algunos interpretaron como producto de una especie de desconcierto mental causado por el estado de semirreclusión en que se hallaba, pues debido al escaso entusiasmo de los gaditanos hacia su persona no solía pasear por la ciudad, y otros como una forma de comunicarse con el enemigo mediante señales convenidas.[142] A través de este procedimiento y otros más directos, como la utilización de agentes que transportaban mensajes desde un campo a otro amparados en la situación marítima de Cádiz, el rey estaba al corriente de los planes de los absolutistas y de los movimientos de los franceses, ordenaba a sus incondicionales que preparasen el terreno para la implantación del absolutismo, e instaba a los militares a abandonar la defensa del sistema constitucional y pasarse al enemigo.[143] De todo ello se hizo eco Calatrava en sus «Notas reservadas»:

Ni mis compañeros [los restantes ministros] ni yo podíamos prestar crédito a todas sus protestas [del rey]. No dudábamos de que seguía en constante comunicación con los enemigos, ya por escrito, ya de palabra, ya por señales convenidas, por cuantos medios podían burlar nuestra vigilancia y la de los patriotas. [...]. En palacio tenía pues el enemigo los más seguros e inevitables espías [...]. El palacio era la principal oficina desde donde se sembraba el desaliento y la corrupción en el Ejército. El palacio no sólo comunicaba a los franceses todos los secretos, sino que era más enemigo del Gobierno [es decir, del sistema constitucional] que ellos mismos. [...]. Estoy persuadido de que la funesta influencia de palacio contribuyó mucho al estado en que cayó el pueblo y a la repugnancia que mostraron los contribuyentes. Pero también lo estoy de que en todos esos males tuvo la infanta [María Francisca, esposa de don Carlos] mucha más parte que el rey, así como creo firmemente en que ella es la principal autora de todos los que después ha sufrido y está sufriendo la nación.[144]

Fernando VII actuaba, en definitiva, como un traidor a la patria. Pero recurriendo a su proverbial capacidad para el disimulo, no tenía inconveniente en eludir toda responsabilidad personal. Por ejemplo, al comunicarle Calatrava la existencia de ciertos documentos destinados a la infanta María Francisca, en los que se hablaba de la inmediata implantación del absolutismo y consiguiente represión de los liberales, el rey «protestó que ninguna parte tenía en la correspondencia y que hacía cuanto le era posible por impedirla. Se quejó amargamente de los que con ella le comprometían...».[145] Calatrava se limitó a dar cuenta de lo que tantos sabían. Aunque la esposa del hermano del rey actuaba de enlace y, al parecer, de principal instigadora de muchas maniobras, el responsable de todo era el rey, pues de la misma forma que con su autoridad alentaba las maniobras de los absolutistas, las podría haber paralizado.

Como el rey estaba al tanto de la situación en uno y otro campo, consideraba papel mojado cualquier escrito a favor del sistema constitucional, de modo que no tuvo inconveniente en poner su firma en varios de ellos, cargados del más encendido patriotismo constitucional. Es el caso de la alocución fechada el 1 de agosto en la que condenaba con dureza las defecciones de los generales La Bisbal y Morillo, o de varias cartas enviadas a Angulema en respuesta a las suyas. El 21 de agosto, por ejemplo, contestaba a Angulema, quien tres días antes le había sugerido una amnistía general y la convocatoria de Cortes por estamentos, que esta institución era «monstruosa», porque no representaba a la nación y restablecerla sería lo mismo que resucitar los Estados Generales en Francia. En esa misma carta el rey negaba que estuviera privado de libertad, como afirmaba Angulema en la suya.[146]

Estos intercambios epistolares no eran más que salvas verbales, pero contribuyeron a dar al traste con todo intento de salida airosa en aquella embarazosa situación. Los constitucionales pudieron comprobarlo cuantas veces lo intentaron y sobre todo durante septiembre, cuando se hizo evidente que la resistencia tocaba a su fin, pues ni llegaba la mediación de Inglaterra, ni cabía fiar ya en la capacidad del Ejército constitucional. Tras la pérdida días antes del fuerte del Trocadero, baluarte en que se había confiado mucho para defender la ciudad, el 4 de ese mes el Gobierno español intentó obtener el cese de hostilidades para abrir la negociación de una paz decorosa. Para presentar la propuesta a Angulema se designó al general Miguel Ricardo de Álava, hombre de ideas políticas moderadas, que por haber tratado años antes con el generalísimo francés se suponía que sería bien recibido.

La misión de Álava consistía en solicitar el alto al fuego, sin entrar en cuestiones políticas, aunque el Gobierno le autorizaba a expresar, si lo creía oportuno, «la firme resolución en que está el rey de no gobernar en ningún caso sino con arreglo a las leyes fundamentales que garanticen a los Españoles todos sus legítimos derechos y les asegure una verdadera representación nacional elegida uniforme y libremente por ellos, con arreglo a sus costumbres y necesidades y al espíritu del siglo». Como cabe constatar, el Gobierno hacía una notable concesión a los planteamientos del moderantismo, acorde, tal como se decía, con los deseos de los franceses. Pero Álava, que conocía a Fernando VII y por eso no las tenía todas consigo, quiso asegurarse del verdadero sentimiento del monarca y antes de partir se entrevistó con él, acompañado del ministro de Hacienda Yandiola. Cuando ambos preguntaron al rey si se daba por enterado en lo relativo al mantenimiento de un régimen representativo, Fernando VII respondió —según relata él mismo— que primero debían ponerlo en libertad y luego haría lo que la nación desease. Ante la evasiva, sus interlocutores le pidieron alguna garantía, a lo que replicó el rey que no cabía otra mejor que una posible amnistía. Los otros respondieron que la amnistía salvaba la seguridad de las personas, pero no resolvía la cuestión política, es decir, el mantenimiento de un sistema de representación nacional, y el rey les preguntó: «¿Qué tiene que ver la representación nacional con la seguridad de las personas?». Álava y Yandiola insistieron, rogándole que no empeorara la situación en el último momento, y el monarca escribió en su diario: «Viendo yo que no adelantaba nada, dije que bien y se marcharon».[147]

Angulema se negó a recibir personalmente a Álava, lo que era un recurso más para humillar a los constitucionales, pero se dio por enterado del mensaje del que era portador y respondió en la forma consabida: sólo trataría con el monarca a solas y cuando gozara de libertad, es decir —explicitó— «cuando esté en medio de mis tropas». Fernando VII no tuvo inconveniente en replicar en carta redactada de nuevo por su Gobierno que un rey no puede ser libre si sale de entre sus súbditos y se pone a disposición de un Ejército invasor.

De este tenor fue el diálogo oficial a través de cartas y comunicados entre el rey de España, que firmaba lo que le presentaban las autoridades constitucionales, y el jefe de las tropas invasoras, documentos que con toda intención incluyó el monarca en el apéndice de su diario.[148] Pero, como se ha dicho, existía otra comunicación oficiosa entre ambos, más elocuente quizá y, por supuesto, más efectiva, que el rey no recogió. Por eso, las gestiones de las autoridades constitucionales resultaron vanas y a veces adquirieron un tinte tragicómico realmente sorprendente, como se constató a mediados de septiembre.

A esas alturas, el Ejército francés preparaba en El Puerto de Santa María el asalto final a Cádiz, plaza bloqueada por mar por barcos franceses. Ya sólo resistían algunas ciudades en el territorio peninsular y en realidad todo se daba por perdido. El Gobierno pretendió negociar de nuevo el alto el fuego con Angulema. El ministro de Estado Luyando se entrevistó con el rey para recabar su voluntad sobre el documento que había que presentar al francés. El encuentro, a tenor del relato del rey, fue una sucesión de disparates. A la pregunta del ministro de si estaba dispuesto a conceder una amnistía, Fernando VII respondió: «Corriente». Cuando Luyando aludió a la continuidad en España de un sistema representativo, el rey se mostró más locuaz y dijo que implantaría el régimen «que desease la nación», pero una vez estuviera en Madrid, que «para establecer la forma de Gobierno conveniente no lo he de consultar con diputados», y que «yo no prometía ni Gobierno absoluto, ni Constitución, ni Cámara, ni Cortes por estamentos ni nada» y que sólo daría el Gobierno que hiciera la felicidad de la nación.

Luyando, en suma, obtuvo del rey casi las mismas respuestas que Álava y el ministro Yandiola un mes antes. No cabe acusar, pues, de incoherencia a Fernando VII en este episodio. Pero el ministro todavía se atrevió a preguntarle si accedería gustoso a entregarse a los franceses. Fernando no respondió, lo cual desconcertó a su interlocutor, quien no tuvo otra ocurrencia que descolgarse con un sorprendente vaticinio. Dijo al soberano que la Santa Alianza pretendía acabar con el catolicismo en Europa y que Rusia intentaba el dominio del continente. El rey mostró su escepticismo y el ministro insistió en que todo eso estaba contenido en las profecías del profeta Daniel y si el protagonista no era el zar actual, lo sería alguno de sus sucesores. El rey contestó: «¡Ah! Entonces yo me habré muerto».[149]

Así transcurrieron las relaciones entre un rey cada vez más seguro de su autoridad y su Gobierno, angustiado e inerme. En realidad, fue un diálogo de sordos, o algo peor, que paralizó al Gobierno constitucional, debido al prurito de los ministros por mantener las formas y recabar el consentimiento del monarca para emprender cualquier gestión ante el enemigo. El Gobierno pasó los tres meses y medio de estancia en Cádiz sumido, de hecho, en la confusión, sin saber qué hacer y constatando día tras día cómo se iba desmoronando la resistencia militar. Las Cortes, diezmadas, pues muchos diputados no habían acudido a Cádiz, celebraron sesiones de manera intermitente, sin quedar claro para quién legislaban, aunque sin cesar de hacerlo. Los acuerdos postreros de aquellas Cortes, así como sus continuadas declaraciones en defensa de la Constitución de 1812, ya no hallaron eco, por carecer de destinatarios.

Agosto de 1823 terminó con la toma por los franceses del fuerte del Trocadero, hecho fatal, desde el punto de vista estratégico, pues quedó desguarnecida una parte importante de la defensa de Cádiz. No fue menor el efecto moral. De los aproximadamente 1700 hombres que defendían el Trocadero, los franceses apresaron a más de un millar, entre ellos a su jefe, el coronel Garcés, y, además, se apoderaron de medio centenar de piezas de artillería y de una buena cantidad de material bélico, vital para la defensa de Cádiz. Llegado septiembre, la guerra estaba perdida. El dominio territorial de los franceses y de las partidas guerrilleras era casi total. Sólo Cádiz, en las condiciones señaladas, y contadas plazas aisladas continuaban en manos de los constitucionales. De Inglaterra, hasta ahora el único asidero para los constitucionales, ya no cabía esperar nada, ni ayuda material ni una supuesta mediación, que no deseaban los franceses y en la que tampoco el Gobierno británico puso gran empeño.[150]

A mediados de septiembre se supo la derrota y apresamiento de Riego en tierras de Jaén. Caía el símbolo de la revolución y con él muchos de sus defensores, pues más de seiscientos hombres de Riego quedaron prisioneros de los franceses, y un centenar de sus oficiales, junto a un número indeterminado de soldados, se pasaron al enemigo. Con las noticias sobre deserciones llegó la confirmación de la pérdida de buena parte de Cataluña. En los últimos días de septiembre, además, Cádiz comenzó a ser bombardeada. El 23, barcos franceses y españoles mandados por realistas lanzaron durante dos horas y media unas doscientas bombas que causaron daños cuantiosos en calles y casas. Días después, Cayetano Valdés le hizo notar a Angulema que quienes se decían preocupados hasta el extremo por las vidas de Fernando VII y su familia no tenían inconveniente en ponerlas en peligro, pues es conocida la escasa precisión de los cañones de la época.

Estas acciones alentaron las deserciones y la insubordinación de militares constitucionales acantonados en Cádiz. El 24 de septiembre, un grupo de mandos inferiores del regimiento de San Marcial se sublevó contra sus superiores al grito de «Viva el rey absoluto». El motín fue controlado de inmediato, pero en el ambiente planeó todo tipo de dudas sobre la fiabilidad de los soldados constitucionales. El 25, el Gobierno informó sin tapujos a las Cortes, reunidas en sesión secreta, sobre el estado de los soldados de la Isla Gaditana. «La desmoralización y declarada cobardía de nuestras tropas», dijo el ministro de la Guerra, auguran el peor de los resultados. La resistencia no era posible, pues el Ejército, por su número «y calidad», no ofrecía seguridad para la defensa de la plaza. La desmoralización, reconoció el ministro, era total en Cádiz, «sea por los reveses y defecciones..., sea por la seducción y el oro del enemigo». No cabía exponer la situación con mayor crudeza. A finales de septiembre, pues, era imposible proseguir la guerra. En el resto de España sólo resistían el general Plasencia en Extremadura, Menorca y unas pocas plazas aisladas en la Península, como San Sebastián, Cartagena y Alicante.

La única salida era la negociación con el invasor, pero a estas alturas también esto estaba vedado. Las instituciones constitucionales, de manera especial las Cortes, no merecían ninguna consideración al duque de Angulema. Aunque en su fuero interno no era partidario de laminar el constitucionalismo para no dejar el futuro político de España en las únicas manos de los absolutistas, su comportamiento tuvo el efecto contrario. Angulema, en definitiva, siguió la orientación marcada por el ministro Chateaubriand, opuesto radicalmente a cualquier acuerdo con los constitucionales y más aún con las Cortes.

El ambicioso y orgulloso Chateaubriand estaba ansioso por culminar lo que consideraba su gran proeza personal. Además, la guerra estaba resultando muy costosa económicamente para Francia. Era preciso terminarla cuanto antes y de forma expeditiva, de ahí su exasperación ante las dudas de Angulema para lanzar la ofensiva definitiva contra Cádiz. El ministro, convertido en estratega, instaba con insistencia a Guilleminot, jefe del Estado Mayor del Ejército invasor, a no demorar el ataque e incluso le indicaba cómo hacerlo. Fuera por la influencia de Guilleminot, fuera por fidelidad al ministro o por hastío tras su gran decepción al fracasar en su intento de parar el ataque indiscriminado a los constitucionales por parte de la Regencia de Madrid, Angulema relegó a un segundo plano sus opiniones políticas y se acopló casi por entero a las miras de Chateaubriand, las cuales estaban en plena sintonía con las de la Santa Alianza. En consecuencia, hizo oídos sordos a las propuestas formuladas a finales de septiembre por los constitucionales para acordar un alto el fuego y pactar un modo digno de terminar el conflicto. Fiel a la consigna recibida de negociar sólo con Fernando VII y excluir todo trato con los constitucionales, Angulema mantuvo una actitud más arrogante y acuciante que nunca, incluso insultante. Al menos así la consideró Cayetano Valdés, el que había sido presidente de la Regencia constitucional y ahora era gobernador de Cádiz y, como tal, responsable de su defensa.

El 24 de septiembre, Valdés recibió una carta fulminante de Guilleminot, probablemente redactada bajo instrucciones de Chateaubriand. Decía que en caso de que un miembro de la familia real sufriera algún contratiempo, «serían pasados a cuchillo todos los diputados a Cortes, ministros, consejeros de Estado, generales y empleados del Gobierno que fuesen cogidos en Cádiz». La amenaza, impropia de un soldado de honor, no podía ser más burda, quizá porque a pesar de los éxitos militares comenzaba a reinar el nerviosismo en las filas francesas. Valdés respondió con dignidad. Expuso, en primer lugar, su sorpresa por las contradicciones de los mandos del Ejército francés, pues al tiempo que manifestaban una acusada preocupación por la salud de la familia real, acababan —como se ha visto— de bombardear intensa e indiscriminadamente la ciudad donde se alojaba. A continuación lanzó a Guilleminot el siguiente mensaje para su jefe:

Puede V.E., Señor General, hacer presente en mi nombre al Señor Duque [Angulema] que las armas que manda le autorizan, tal vez, para vencernos, pero nunca para insultarnos. Las autoridades de Cádiz no han dado lugar jamás a una amenaza semejante, y menos en la época en que se les hace, pues cuando V.E. la escribió acababan de dar pruebas bien positivas de que tienen a sus reyes y real familia más amor y respeto que los que se llaman sus libertadores.[151]

Si a finales de septiembre existía alguna duda sobre la negativa del mando del Ejército francés a un acuerdo con los constitucionales, estas comunicaciones la disiparon. Los franceses exigían, lisa y llanamente, la rendición incondicional, como deseaban las potencias de la Santa Alianza y, más que ellos, el todavía rey constitucional de España, quien contemplaba los acontecimientos con su habitual cinismo, aunque, como todos, cada vez con más inquietud, debido a la prolongación de la resistencia constitucional.

Desde su llegada a Cádiz, Fernando VII vio muy próximo su triunfo y se limitó a contemplar con deleite el desmoronamiento del constitucionalismo, pero a medida que pasaban las semanas le dominó cierto desasosiego y, si tal cosa fuera posible, se incrementó su odio hacia los liberales. En las notas de su diario siempre había sido cruel con ellos y ahora lo fue más. El 16 de junio consignó con sorna y desprecio los reveses de los constitucionales: «Por la mañana los de la Isla y de toda la línea hicieron una salida para practicar un reconocimiento contra los franceses y salieron escarmentados». El 31 de agosto, a propósito de la toma del Trocadero, escribió que el fuego fue «horroroso», y añadió: «... siendo la pérdida de los de acá muy grande» («los de acá» no los consideraba los suyos). El 24 de septiembre, sin embargo, no pudo ocultar su preocupación. Al dar cuenta del control del motín del regimiento de San Marcial, cuya finalidad —según constataba el rey— era posibilitar la entrada en la ciudad del Ejército francés, se lamentó: «¡Qué lástima que se haya desgraciado la operación que los franceses debieron ejecutar ayer cuando bombardearon esta plaza!».

No nos sorprende la actitud de Fernando VII. Incluso aprobaba el bombardeo que ponía en peligro su propia vida.[152] Tampoco eso fue novedad para el Gobierno y las Cortes, y sin embargo no desmayaron hasta el último instante en su empeño de arrancar al rey la promesa, al menos, de que no restablecería el absolutismo. ¿Se trató de una ilusión sin fundamento, producto de la ceguera política, o de una táctica inteligente? Sea lo que fuere, en este momento era imposible obtener algo de un rey testarudo, impaciente ante el desenlace de los acontecimientos.

Al mismo tiempo que tenía lugar el referido encontronazo epistolar entre Valdés y Guilleminot, los ministros Yandiola y Fernández Golfín se entrevistaron con el monarca. Una vez más, pues con Fernando era preciso insistir, le plantearon la posibilidad de mantener un régimen representativo, aunque basado en una Constitución diferente a la de 1812, como deseaban los moderados y los franceses. Era el último cartucho del Gobierno para no quedar desairado por completo ante los suyos, amén de que, dada la coyuntura, podía ser considerado el máximo logro posible. Pero como cabía esperar, Fernando VII se negó en redondo a toda promesa en este sentido y repitió su consabida cantinela: establecería el régimen «que convenga a la nación» una vez él estuviera libre y conociera la opinión general.

La respuesta, ahora sí, fue suficiente. El Gobierno se rindió y comunicó a las Cortes que ante la imposibilidad de emprender cualquier negociación y de continuar la resistencia, aceptaba la condición del enemigo de permitir el traslado del rey y su familia al punto que éstos deseasen. Aunque todo el mundo podía imaginar cuáles serían las consecuencias, las Cortes aceptaron la propuesta en su sesión secreta del 27 de septiembre por 74 votos a favor y 34 en contra. Con triunfalismo algo contenido, teñido de solemnidad, anotó ese día Fernando VII: «En este mismo momento quedé yo en libertad; libertad tan suspirada y de la que había carecido por espacio de tres años, seis meses y veinte días». Daba gracias a Dios, «que vela por España», y seguía diciendo que de haber continuado el sistema constitucional «la religión hubiese sido abandonada» y su propia vida seguiría en peligro, pues «estaba expuesto a ser muerto por cualquiera de los exaltados de tantos partidos como había».

Una vez más, el rey recalcaba su inocencia y rehuía toda responsabilidad personal. Era la interiorización del mito del príncipe inocente. Sus desgracias cuando era príncipe de Asturias estuvieron causadas por Godoy, de las siguientes fue responsable Napoleón y de las actuales el pluralismo político propiciado por el sistema liberal («tantos partidos como había»). Godoy, Napoleón y la libertad política atentaron contra la religión y la monarquía y causaron las desgracias de España. En pocas palabras, el hábil —aunque obcecado— Fernando daba el tono que había de caracterizar el tiempo siguiente. Pero hasta que éste llegara, quedaban por resolver algunos detalles de no escasa importancia.

La salida de Cádiz de la familia real al completo estaba decidida, pero debido a los infructuosos contactos anteriores con Angulema nada se había determinado acerca de las condiciones de la rendición de la plaza. El Gobierno trató de resolver este asunto por vía epistolar. En carta convenida con el Gobierno, Fernando VII preguntó a Angulema el 27 de septiembre en qué lugar podrían encontrarse, pues ya gozaba de plena libertad para salir de Cádiz, le solicitó el cese de hostilidades y le comunicó que «he prometido un olvido general en cuanto a opiniones, no en cuanto a hechos. En cuanto a Gobierno [el sistema político que había que establecer], no he prometido ninguno, pues no sé la voluntad de mis Pueblos y estoy resuelto a no hacer nada hasta llegar a Madrid».[153] El rey se ajustaba en apariencia a las circunstancias, es decir, satisfacía los deseos del generalísimo francés con la promesa de amnistía y respondía en lo demás a lo poco de esperanza que quedaba a los liberales.

Para convencer a Angulema de que la carta reflejaba el pensamiento del rey, el Gobierno sugirió que el portador no fuera una persona como Álava o cualquiera otra que el príncipe francés considerara próxima a las autoridades constitucionales. Naturalmente, Fernando VII acogió con agrado la propuesta y eligió al marqués de Valmediano, gentilhombre de cámara y hombre de su confianza. Pero no sólo le encargó la entrega de la carta. Lo envió al campamento francés «con las instrucciones secretas siguientes»:

... que dijese al duque de Angulema que activase cuanto pudiese nuestra salida de aquí; que enviase tropas francesas a esta plaza después de nuestra salida o antes, si lo juzgase oportuno; que aunque éstos pidiesen un armisticio de dos meses para la Isla Gaditana, no se lo concediese, pues se podían abrigar aquí todos los malos; y que cuando respondiese lo hiciese de un modo que se pudiese enseñar, y que si quería decir algo más, lo hiciese reservadamente.[154]

Fernando VII traicionaba de nuevo a su Gobierno. Las instrucciones verbales a Valmediano eran contrarias al contenido de la carta. Además —esto era lo más grave—, el propio rey de España instaba al jefe del Ejército invasor a no aceptar la suspensión de hostilidades. Se podría suponer que Fernando VII pretendía que los franceses se encargaran de «limpiar» España de constitucionales, dado que un elevado número de ellos, y muy distinguidos, se hallaban en Cádiz.

Valmediano salió de Cádiz a primera hora de la mañana del 28 de septiembre y retornó al anochecer con la respuesta de Angulema: recibiría a la familia real al día siguiente a partir de las diez de la mañana en El Puerto de Santa María y daría la orden de alto el fuego. Pero esto no era todo lo que esperaban las autoridades constitucionales. Les importaba especialmente la amnistía y el acuerdo de un armisticio. Al día siguiente enviaron al general Álava al cuartel general francés provisto de una nueva carta, firmada como la anterior por Fernando VII y redactada por el Gobierno, que, evidentemente, no coincidía con el mensaje secreto transmitido por Valmediano. En ella insistía el rey en la firma de un armisticio antes de su salida de Cádiz y reiteraba su promesa de conceder «un olvido absoluto y general de todo lo pasado». Álava llevaba instrucciones oficiales del Gobierno de poner el acento en el primer asunto. La salida de la familia real sólo se efectuaría una vez que se hubiera firmado un armisticio de dos meses, que contemplara lo siguiente: Cádiz continuaría gobernada durante ese tiempo por las autoridades constitucionales, las tropas franceses permanecerían en sus posiciones actuales, cesaría el bloqueo de la ciudad, todo español que lo deseara podría abandonarla para dirigirse al lugar que eligiera «y no se le perseguirá ni molestará por la conducta política y opiniones que haya tenido en esta época». Lo mismo regiría para los extranjeros, aunque a éstos se les impediría trasladarse a su propio país.[155]

Los constitucionales, como vemos, sólo buscaban ya algunas garantías, porque desconfiaban por completo de Fernando VII. Pero Angulema, fiel a su conducta anterior y probablemente, sugiere Pedro J. Ramírez, influido por el mensaje de Valmediano, se negó a recibir a Álava. Además, el enfado del príncipe francés fue mayúsculo, pues cuando el general español se presentó en su cuartel general de El Puerto de Santa María, todo lo tenía preparado, incluida la comida y los adornos de las calles, para recibir a la familia real. El parlamentario español hubo de contentarse con mantener una tensa conversación con el general Guilleminot.[156]

Para obtener lo que Álava no había conseguido, el Gobierno español pensó enviar ante Angulema a un miembro de la familia real, en concreto al infante don Carlos, pero el rey se negó en redondo.[157] La situación era ya insostenible para el Gobierno constitucional, el cual todavía recibió del interior un golpe fatal. Una representación del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial de Cádiz solicitó la entrada en la ciudad de una guarnición francesa «a fin de precaver cualquier desorden por parte de las tropas españolas». En sus «Notas reservadas» escribió Calatrava: «entre tantos dolores, esta petición fue lo que más abrumó a los ministros». Y prosiguió:

Las autoridades de Cádiz no solicitaron la guarnición francesa ni por afición, ni por separarse de la causa constitucional, sino únicamente por librar a la ciudad de otros males que les parecían mayores e indefectibles. ¡Pero qué aniquilamiento en el espíritu de un pueblo numeroso y con cerca de dos mil trescientos hombres de milicia nacional, cuando el llamar a los invasores parecía menos mal que continuar defendiéndose hasta capitular con honra! Aquel inesperado mensaje me dio el golpe de muerte, fue un rayo inesperado, fue una montaña que se desplomó sobre mí.[158]

La resistencia, evidentemente, se había hecho imposible, por lo que el Gobierno y Fernando VII llegaron a un acuerdo: el rey saldría inmediatamente de Cádiz, pero antes daría un manifiesto a la nación. El 30 de septiembre Fernando VII firmó el texto presentado por el Gobierno. Sólo rechazó un párrafo, en el que se pretendía que declarase que «conocía los inconvenientes de un Gobierno absoluto y que nunca lo adoptaría». El resto fue aceptado. Además de anunciar su salida de Cádiz al día siguiente, efectuaba varias promesas, la más relevante «el olvido general completo y absoluto de todo lo pasado, sin excepción alguna». De acuerdo con su idea tantas veces expuesta, el rey no desvelaba qué sistema político establecería, pero anunciaba: «Adoptaré un Gobierno que haga la felicidad completa de la nación, afianzando la seguridad personal, la propiedad y la libertad civil de todos los españoles». Se comprometía a reconocer las deudas y obligaciones contraídas por los Gobiernos constitucionales, mantener el grado, empleo, sueldo y honores de los militares y de todos los empleados civiles y eclesiásticos, y permitir la salida de Cádiz de los españoles y extranjeros que lo desearan.[159]

Los liberales celebraron el manifiesto. Dadas las circunstancias, era lo máximo que podían obtener. El monarca, por su parte, no dejó pasar el tiempo para dar a entender que recuperaba sus poderes y cesó al Gobierno constitucional. Al mismo tiempo, envió de nuevo a Valmediano a El Puerto de Santa María con una carta para Angulema en la que le anunciaba su salida de Cádiz el 1 de octubre. Angulema no recibió esta vez a Valmediano, quien hubo de entregar la misiva a Guilleminot. El orgullo del príncipe francés había quedado herido por el incidente del día anterior, como Valmediano informó con claridad al rey: «He encontrado los ánimos muy agrios... pues han sentido mucho el desaire de ayer». En definitiva, Angulema ya se negaba en redondo a recibir a quien no fuera Fernando VII.

El 1 de octubre a las diez y veinticinco minutos —anota el rey en su diario— salió la familia real de Cádiz en una embarcación adornada para la ocasión. Al timón iba el teniente general Valdés, gobernador de la ciudad. Fue el último acto de deferencia que pudieron practicar los constitucionales hacia el monarca. Poco más de una hora después, éste llegaba a El Puerto de Santa María, donde esperaba Angulema con toda su oficialidad, el duque del Infantado y el ministro Víctor Damián Sáez, un ayuda de cámara del zar y un buen número de españoles, entre ellos, escribe el rey, «muchos atravesados». Con este adjetivo tal vez se refería a ciertos personajes notorios pasados al bando francés en el transcurso de la campaña, como el general Ballesteros, allí presente. La escena ha quedado reflejada con gran realismo y detalle en el cuadro de José Aparicio El desembarco de Fernando VII en El Puerto de Santa María.

Angulema invitó a comer al rey y a continuación se celebró el protocolario besamanos que denotaba acatamiento al monarca. Acudieron los ayuntamientos y corporaciones eclesiásticas de El Puerto, Sevilla, Jerez, Rota, el obispo de Cádiz... Ya no había duda sobre el comienzo de un nuevo tiempo político. El rey lo consignó a sus anchas en su diario: ese día —el primero de octubre— «recobré mi libertad y volví a la plenitud de mis derechos que me había usurpado una facción».

8

Pervivencia del absolutismo

«El rey neto»

Fernando VII se apresuró a demostrar que efectivamente había recuperado sus poderes y el 1 de octubre dictó cuatro decretos. Uno —el de mayores repercusiones— venía a ser una recreación del Manifiesto del 4 de mayo de 1814. «El voto general», decía el rey, «clamó por todas partes contra la tiránica Constitución», por el sostenimiento de la religión «y la conservación de mis legítimos derechos». Sólo «algunos desnaturalizados hijos de la rebelión universal» han defendido lo contrario, pero ya están vencidos. En consecuencia, son nulos, sin excepción, todos los actos de Gobierno del sistema constitucional y quedan validadas todas las decisiones de la Regencia realista.[1] Otro decreto ordenaba la entrega al Ejército francés de los puestos militares en poder de los constitucionales en Cádiz y la Isla de León. El tercero disolvía el cuerpo de Guardias de Alabarderos, que había escoltado al rey en su viaje de Sevilla a Cádiz, y el último disponía el cese de los empleados de palacio fieles al constitucionalismo y su sustitución por «realistas perseguidos». ¿Dónde quedaba «el olvido general completo y absoluto de todo lo pasado, sin excepción alguna», prometido en su manifiesto del día anterior?

Ese mismo 1 de octubre Fernando VII confirmó en sus puestos a los ministros nombrados en mayo anterior por la Regencia realista, los cuales se habían distinguido por practicar una durísima represión en el territorio bajo su control. Pero el rey tomó una decisión todavía más inaudita. Nombró ministro de Estado a su confesor, el canónigo de Toledo Víctor Damián Sáez, uno de los más decididos impulsores de las medidas draconianas contra los liberales, y le otorgó facultad para entender en los asuntos de todos los ministerios. «He venido en autorizaros, como mi primer secretario de Estado», decía un decreto real de esa fecha, «para que despachéis conmigo todo cuanto ocurra; debiendo entenderse con vos todos los secretarios de Estado hasta que restituido yo a Madrid pueda despachar con cada uno de sus respectivos ramos.»[2] El confesor del rey adquiría la condición de ministro universal, algo inaudito en la Europa del momento.

El verdadero Fernando VII volvía a la escena como en 1814. Calatrava y el resto de los integrantes del último Gobierno constitucional no debieron de sorprenderse, acostumbrados en los últimos meses a tratar con un monarca hipócrita y falaz. Tampoco el duque de Angulema. Casi un mes antes, el 7 de septiembre, cuando el general Álava se presentó ante él con motivo de una de las comisiones encargadas por el Gobierno español, Angulema le había expuesto a las claras su opinión sobre el rey de España. La conocemos gracias a las «Notas reservadas» de Calatrava, a quien Álava informó cumplidamente. Era menester «sujetar a Fernando, sin lo cual no cabía esperar de él cosa buena», dijo Angulema, y aseguró a su interlocutor que «el partido servil en general», en el que se apoyaba Fernando VII, «es el peor de la nación. Estoy acostumbrado de su estolidez e inmoralidad. Los empleados de la Regencia no tratan sino de robar y hacer negocio».[3] Resulta llamativa esta patente desconfianza del jefe del Ejército enviado con la misión de devolver al rey el poder de que le había privado la Constitución de 1812. La distancia entre uno y otro era considerable.

Luis XVIII, Angulema y el Gobierno francés no deseaban la vuelta al absolutismo. Pretendían establecer en España un régimen parecido al francés, es decir, un sistema basado en un texto constitucional otorgado por el soberano, sin proceso constituyente, que reconociera la primacía del rey en la dirección de la política, pero que permitiera a la vez cierta presencia de las clases acomodadas en el parlamento. Un régimen que consolidara algunas de las conquistas sociales de la Revolución y, ante todo, asegurarse el orden social y garantizarse los intereses de los nuevos propietarios sin desposeer a la nobleza y al clero de los privilegios que aún gozaban. Pero desde su entrada en España en abril de ese año de 1823, Angulema había constatado que el objetivo de los absolutistas consistía en laminar a los constitucionales y hacerse con todo el poder.[4] También tenía completa constancia de que ése era el deseo de Fernando VII. Es lógico, pues, que en la conversación referida, decepcionado con el rey y con los realistas españoles, Angulema confesara a Álava: «En saliendo el rey [de Cádiz], me volveré a Francia y allí se las vean...».

Antes de marcharse, Angulema prodigó a Fernando VII todo tipo de honores en el cuartel general del Ejército invasor en El Puerto de Santa María. Asimismo pretendió aprovechar el momento de euforia para tratar con él de política. En la tarde del 2 de octubre mantuvieron una conversación en privado. «Intentó persuadirme», escribe el rey en su diario, «que yo debía dar unas instituciones, o algo de cuerpo representativo, o a lo menos prometerlo. Yo le contesté que no era ésa la voluntad de los pueblos, que era menester reflexionar mucho; y que además, no se podía hacer nada hasta ir a Madrid». Según el rey, Angulema se limitó a replicar que cumplía con las instrucciones recibidas.[5]

El lenguaje de Fernando VII ponía de manifiesto su desdén hacia todo lo que no se ajustara a la idea absolutista. La referencia a «algo de cuerpo representativo» era elocuente. Fernando VII salía de Cádiz henchido de odio y de desprecio, soberbio y vengativo, dispuesto a pasar por encima de todos. Ni siquiera mantuvo la debida consideración hacia su «libertador», por más que fuera el hijo primogénito del heredero al trono de Francia. El «rey neto» había comenzado a ejercer su poder sin esperar a llegar a Madrid. Bien claro quedaba en los cuatro decretos mencionados, cuyos efectos se vieron de inmediato.

El 2 de octubre salieron Fernando VII y Angulema a caballo en dirección a Jerez. Comenzaba el viaje de regreso del rey a Madrid. En esa ciudad, apunta en su diario con cierto regodeo, «estuvimos oyendo unas coplas muy bonitas contra la Constitución». Allí recibió la noticia de la rendición de San Sebastián y de la ocupación de Cádiz y la Isla de León el día 4 por las tropas francesas, en cumplimiento de la orden dada por él mismo.

Todo se acoplaba al «poder neto» del rey, pero la guerra todavía no había terminado. El 8 de octubre se libró un combate, quizá de los más encarnizados, en Tremeced (Aragón). Auxiliados por las tropas de los realistas del barón de Eroles, Santos Ladrón, Capapé y el conde de España, los franceses derrotaron a Evaristo San Miguel, que había salido de Tarragona en auxilio de Lérida. Fue la última batalla de una guerra calificada impropiamente por algunos de paseo militar. A continuación fueron cayendo plazas todavía fieles al constitucionalismo: Ciudad Rodrigo, la Seo de Urgel, Badajoz, Lérida, Barcelona y Tarragona. El día 5 de noviembre capitulaba Torrijos en Cartagena y el 9 Menorca y el resto de las Baleares, salvo Mallorca, que había sido ocupada con anterioridad. El 11 se rindió el coronel De Pablo, Chapalangarra, defensor de Alicante, última ciudad resistente al invasor.[6]

Angulema dio su última orden general el 22 de noviembre desde Oyarzun, camino de Francia: «Habiendo terminado felizmente la campaña con la liberación del rey de España y la toma o sumisión de las plazas de su reino, hago constar al Ejército de los Pirineos, al abandonarlo, mi más viva satisfacción por su celo...». Al día siguiente pasó el Bidasoa. La guerra de Francia contra la España constitucional había durado siete meses y medio. De ella salió como auténtico triunfador Fernando VII. No se puede decir que el príncipe francés hubiera hecho alarde de firmeza de carácter ante el monarca español.

El 6 de octubre de 1823, el rey abandonó Jerez en dirección a Madrid. A diferencia del viaje efectuado en la primavera anterior en sentido contrario, éste se presumía triunfal. Iba como «Rey neto», decían sus partidarios, sin ese odioso adjetivo de «constitucional» de sabor republicano atentatorio a la dignidad del trono. La propaganda absolutista, en pleno auge, condenaba «los crímenes de los fanáticos e irreligiosos constitucionales». La Regencia había adoptado graves disposiciones para evitar el menor movimiento, incluso de los meramente sospechosos de inclinación hacia el constitucionalismo. El rápido regreso de Angulema a Francia había librado a Fernando de su incomodísima presencia y sólo lo rodeaban personas fidelísimas, como el canónigo Sáez y el duque del Infantado. El rey podía estar tranquilo, y sin embargo adoptó muchas precauciones. A los decretos del 1 de octubre añadió otro ahora. Disponía que todo aquel que durante la época constitucional hubiera sido diputado a Cortes, ministro, consejero de Estado, vocal del tribunal supremo de Justicia, comandante general, jefe político de provincias, oficial de algún ministerio o jefe de las milicias nacionales, se mantuviera durante el trayecto a una distancia de su persona de al menos cinco leguas, es decir, a casi treinta kilómetros. Nombró comandante de la Guardia Real al duque del Infantado, ex presidente de la Regencia absolutista, y colocó al frente de capitanías generales a otras personas de su máxima confianza: el barón de Eroles en Castilla la Nueva, Felipe Saint-March en Valencia, y Carlos O’Donnell en Castilla la Vieja.[7]

Sorprenden tantas cautelas. También la duración del viaje. En la primavera pasada, la comitiva real había empleado veinte días en el trayecto Madrid-Sevilla. La vuelta, desde El Puerto de Santa María a Madrid, la hizo en el doble de tiempo: del 3 de octubre al 13 de noviembre. Ningún incidente reseñable justifica esta demora. Más aún, en medio de la acusada confusión política posbélica parecía lógico que el rey se apresurara a situarse en el centro de la monarquía para reorganizar las instituciones, nombrar Gobierno y, en suma, restablecer sin pérdida de tiempo lo que, como él mismo decía, habían alterado los constitucionales. Sin embargo, Fernando se detuvo en Sevilla quince días. Pasó el tiempo en besamanos, paseos, toros. ¿Temió algún ataque de los liberales? Todavía resistían algunos, pero, como se ha dicho, lejos de donde se hallaba el rey. ¿Deseaba agotar la paciencia de Angulema con infructuosos encuentros bilaterales en Andalucía para evitar que el generalísimo entrara con él en Madrid? ¿Esperaba la ejecución de Riego, que tuvo lugar el 7 de noviembre, para no coincidir con el héroe revolucionario en la capital de la monarquía? ¿Pretendía, como hizo en 1814 a su regreso de Francia, dar tiempo a sus seguidores para controlar la opinión pública y sujetar a los liberales con nuevas medidas represivas? Probablemente haya que responder afirmativamente a todos estos interrogantes. No obstante, quizá en el ánimo del rey pesó más que nada su desconfianza hacia los españoles.

El itinerario fue casi idéntico al anterior: Jerez, Lebrija, Utrera, Sevilla, Carmona, La Luisiana, Écija, La Carlota, Córdoba, El Carpio, Andújar, Bailén, La Carolina, Santa Cruz de Mudela, Valdepeñas, Manzanares, Madridejos, Tembleque, Aranjuez y Madrid. En todas las poblaciones hubo iluminaciones, música, besamanos y actos religiosos. En muchas, además, desfiles militares, castillos de fuegos artificiales y toros. Varias prepararon una vistosa carretela para que el rey hiciera su entrada en ella tirada por voluntarios realistas, los absolutistas más combativos. Todo ello quedó consignado en el diario real de forma escueta, con escasos comentarios, salvo la enumeración minuciosa de las personas que acudieron a los besamanos celebrados invariablemente en cada población. En relación con esto último, destaca la siguiente nota cargada de intención: entre los asistentes al de La Carolina menciona el rey «el cura y alcalde de Arquillos, con los treinta individuos que prendieron a Riego». Fernando VII no podía ocultar su complacencia por su triunfo sobre el héroe de la revolución.[8]

¿Resultó fría, a pesar de los festejos, la acogida dispensada al monarca por los pueblos del trayecto? Es difícil dar una respuesta. Si nos guiamos por el diario del rey, parece que no sintió emoción por nada, salvo por los besamanos. Fernando VII se muestra abúlico en su escrito, a pesar de la euforia que cabría suponérsele tras acabar con el constitucionalismo. Esta especie de carencia de sensibilidad resulta exasperante en alguna ocasión. Por ejemplo, durante su larga estancia en Sevilla, donde permaneció del 8 al 23 de octubre, sólo se le ocurrió anotar después de dar un paseo en un barco de vapor: «Es una invención buena; me gustó mucho».[9] En el tiempo del inicio de la industrialización el comentario del jefe del Estado es elocuente. Sin embargo, años después, durante su viaje al norte de España, visitó varias fábricas, al parecer con auténtico interés.

A juzgar por su diario y por una relación del estado de los municipios del itinerario que lo complementa, redactada por Martínez Salcedo, da la impresión de que Fernando VII realizó este viaje, en apariencia triunfal, con más inquietud que satisfacción. Y con amargura. Una muestra. Los vecinos de Villafranca de Córdoba levantaron un monolito en memoria del paso del rey con la siguiente inscripción: «Al Señor D. Fernando 7o Rey Absoluto, Villafranca fiel; al soberano Congreso de Verona; a S.A.R. el Sr. Duque de Angulema y su Ejército, muy obligada; a los Realistas Españoles, agradecida». Esta iniciativa mereció el siguiente comentario real: «No han hecho otro tanto las ciudades ricas y populares».[10]

El diario real no menciona las nada despreciables cantidades de dinero recibidas por el monarca. La Gaceta de Madrid informó que el Ayuntamiento de Sevilla nombró una comisión para que lo acompañase en su viaje hasta Madrid y «satisficiese sus necesidades, gustos y deseos». Según Vayo, «los canónigos de Toledo y los de Sevilla, Granada, Jaén y Cuenca entregaron a S.M. en metálico y por vía de regalo once millones, novecientos y setenta mil reales» para hacer frente a los gastos de viaje.[11]

Ahora bien, una era la actitud de autoridades y alto clero y otra la de la población en general. Si el taimado Fernando VII hubiera percibido alegría sincera en la población y ésta se hubiera manifestado con auténtico fervor con motivo del fin del sistema constitucional, es indudable que no lo hubiera pasado por alto en su diario, de la misma forma que no olvidó referir los asistentes a los besamanos. Todo indica, por el contrario, que ni el rey ni los absolutistas declarados estaban completamente tranquilos respecto al sentimiento popular, sabedores de que las abundantes aclamaciones al rey probablemente no eran espontáneas, pues el propio monarca y sus inmediatos allegados daban las órdenes oportunas para los recibimientos. ¿Qué habitante de los lugares del tránsito podía negarse, en aquellas circunstancias, a aplaudir al rey y gritar —como de manera profusa se hizo— «viva el rey absolutamente absoluto», «vivan las cadenas» y cosas similares? ¿Qué autoridades osarían dejar de asistir a los besamanos reales?

Todas las manifestaciones de júbilo a favor del rey absoluto deben ser puestas en cuarentena; al menos, no cabe tomarlas directamente como testimonios indiscutibles de asentimiento al retorno del absolutismo. Así lo da a entender Estanislao de Kostka Vayo, testigo de los hechos, al referir la llegada de Fernando a Madrid el 13 de noviembre rodeado de músicas, festejos y aclamaciones: «Ésta era la tercera entrada de triunfo que verificaba Fernando en la capital de la monarquía española, pero el entusiasmo que en las dos primeras había excitado en todas las clases limitábase ahora a la plebe y al clero, impulsado no por el amor al monarca, sino por el poderoso instinto del egoísmo». Mesonero Romanos, por su parte, tan pródigo en describir el fervor popular en las otras entradas triunfales de Fernando VII en la capital (1808 y 1814), se limita ahora a mofarse de las estrambóticas composiciones en verso elaboradas para la ocasión.[12]

El ambiente oficial de fiesta con motivo de la liberación del rey no pudo ocultar el estado de represión. En carta del 14 de octubre, Angulema ya le había llamado la atención sobre el particular: «Hace catorce días que V.M. ha recobrado su libertad y hasta ahora no se han visto más que arrestos y destierros arbitrarios, medidas opuestas a todo Gobierno arreglado y a todo orden social».[13] No exageraba. «Los liberales eran perseguidos como fieras feroces», escribió el general Fernández de Córdoba. Y Vayo describió con trazos más duros la situación de España en estos momentos:

Continuaban entre tanto en las provincias del dividido reino las bacanales que se celebraban en obsequio del Gobierno represivo y en que tanto se distinguían los frailes más furiosos, imprimiendo calumnias y escandalosos libelos contra el bando proscrito. Enardecidos en las reuniones que se celebraban en los conventos, los hombres del vulgo que vestían el uniforme realista acometían en las calles a los que habían pertenecido al Ejército o milicia nacional y en algunos puntos los afeitaban por zumba, les arrancaban a viva fuerza las patillas, el cabello o los paseaban caballeros en un asno con un cencerro pendiente del cuello, zambulléndoles la cabeza en las fuentes. Y no solamente los lugares pequeños ofrecían tan inhumanas escenas. En las ciudades apenas anochecía, y a veces a la luz del sol, apaleaban los voluntarios realistas a los infelices ciudadanos que no profesaban sus ideas, perdiendo algunos la vida de resultas de tanta barbarie. Las autoridades, hijas de la reacción, miraban con desprecio el ultraje hecho a las leyes y parecíales un acto de justicia, un desahogo inocente en retorno de los excesos cometidos por los pasados anarquistas, y si el ultrajado se querellaba a los tribunales, todos huían de declarar el hecho que habían presenciado y reputado por falso delator de los amantes del rey, veíase todavía encarcelado y multado.[14]

Junto a la represión, se puso gran empeño en descalificar desde el punto de vista religioso el régimen constitucional. Quizá por consejo de Sáez, que pretendía implantar un sistema próximo a la teocracia, el rey firmó el 6 de octubre un decreto que, por su lenguaje y contenido, más parece producto de un iracundo eclesiástico que de autoridad civil. Ordenaba la celebración en todos los pueblos de la monarquía de una solemne función «de desagravios al Santísimo Sacramento» para borrar «el horroroso recuerdo de los sacrílegos crímenes y desacatos que la impiedad osó cometer contra el Supremo Hacedor del universo». También mandó la organización de misiones «que impugnen las doctrinas erróneas, perniciosas, heréticas, inculcando las máximas de la moral evangélica». Además, instaba a la jerarquía eclesiástica a que encerrara en monasterios «de la más rígida observancia» a los eclesiásticos que hubieran cooperado con el sistema constitucional. Aparte de fantasiosas acusaciones (los templos han sido «profanados y destruidos», el Evangelio «despreciado», «las Hostias santas han sido pisadas»), el rey que prescribía la reclusión de una parte del clero, achacaba a los constitucionales haber «perseguido y sacrificado a los ministros de Cristo».[15]

Con su habitual altanería, días después de salir este decreto escribía Chateaubriand al príncipe de Polignac, embajador de Francia en Londres: «Nada tengo que deciros no siendo las tonterías del rey de España, esos decretos impremeditados, etcétera, pero nosotros los contrarrestaremos obligándole a formar un ministerio racional».[16] Por el momento no se constituyó ese ministerio, y si las disposiciones oficiales no preocuparon en exceso al famoso político y escritor (eran «tonterías» del rey de España), alarmaron al duque de Angulema, quien contempló con auténtico estupor y distanciamiento los primeros pasos del rey libre. Mientras Angulema aceleró su regreso a Francia, Chateaubriand no cesaba de ordenar al embajador francés en Madrid que tratara de moderar las decisiones reales. «No sabéis cuánto mal causan aquí esos decretos de rigor lanzados uno en pos de otro», le escribió el 15 de octubre.[17]

Condicionantes del nuevo tiempo

Fernando VII entró en Madrid el 13 de noviembre de 1823 con bastantes preocupaciones, porque no se sentía dueño por completo de la situación. Ya no estaba sujeto al mandato constitucional, pero no podía actuar a sus anchas, como siempre había deseado. Ahora se hallaba más limitado que en 1814. Al menos, eso parecía, a causa de la presión procedente de dos frentes, que en la práctica iban en dirección contraria. Por su parte, Francia pretendía que dotara al país de un sistema representativo que permitiera al liberalismo moderado ocupar cierto espacio político para evitar las tentaciones de los revolucionarios. Por el contrario, los absolutistas extremistas españoles reclamaban la implantación de un sistema absoluto en el que no tuviera cabida ningún tipo de constitución, incluso en su versión más templada. Todo esto sucedía en un escenario marcado por el avance inexorable de la insurgencia americana, el agotamiento del erario, la elevada deuda pública y las acusadas dificultades para obtener empréstitos en el exterior, la depauperación y el descontento de la población después de dos años de guerra civil. Para colmo, a pesar de la victoria militar, del exilio de los principales políticos liberales y de las continuas muestras de adulación al rey absoluto llegadas desde todas las procedencias, Fernando VII seguía temiendo a los liberales, pues no estaba seguro de que no contaran con la simpatía de una parte apreciable de la población.

El absolutismo extremista interior se había fortalecido considerablemente durante la guerra gracias a la actuación de la Regencia de Madrid. Desde su instalación a finales de mayo de 1823 la Regencia había puesto en práctica una política destinada a barrer el constitucionalismo y a sus partidarios y sentar las bases para el establecimiento de un régimen absoluto de cariz teocrático, fundado retóricamente en la alianza entre trono y altar, en el que la Inquisición, restituida con todo su poder histórico, sería uno de los organismos vertebradores. En 1823, la represión en el territorio controlado por la Regencia fue durísima e indiscriminada. Al efecto se crearon organismos específicos: Superintendencia de Vigilancia Pública, Cuerpo de Voluntarios Realistas, Juntas de Purificación para purgar la administración, Juntas Corregimentales en Cataluña, Partida Volante y Paisanos Armados en Vizcaya... La actividad de estas entidades se vio reforzada y ampliada por las denuncias y delaciones de particulares y de las nuevas autoridades locales realistas, producto del «celo apostólico», del deseo de hacer méritos ante el nuevo poder, de venganzas y rencillas personales o del propósito de eliminar a alguien para ocupar su puesto, etcétera.[18]

Angulema había intentado controlar este estado de anarquía. Exigió a la Regencia el cese de los desmanes, pero ante el nulo éxito de esta petición, el 8 de agosto de 1823 expidió en Andújar un decreto que prohibía a las autoridades españolas proceder a arrestos sin la autorización del comandante de las tropas francesas del distrito. Asimismo ordenaba la puesta en libertad de «todos los que hayan sido presos arbitrariamente y por ideas políticas», autorizaba a los oficiales del Ejército francés a detener a quienes contravinieran lo dispuesto en este decreto y ponía toda la prensa bajo la inspección de los mandos militares franceses.[19] La Regencia reaccionó de inmediato. Reclamó la retirada del decreto, que conceptuó de injerencia de la autoridad militar extranjera, no sin manifestar que su propia actuación se basaba en «los principios de orden y de moderación en que debe diferenciarse al realista católico del anarquista irreligioso».[20]

Pero Angulema no derogó el decreto de Andújar. Al contrario, sus oficiales lo aplicaron en la zona bajo control francés y un buen número de personas salieron de las cárceles, incluso algunos de los significados por haber ocupado cargos públicos durante el régimen constitucional. Esto dio lugar a una situación muy embarullada. En ciertos lugares, los militares franceses debieron emplear la fuerza para excarcelar a los prisioneros sin cargos formales en su contra. En determinados casos, como en Vitoria, arrestaron a autoridades españolas por negarse a cumplir el decreto, lo cual causó gran revuelo. En otros sitios, los prisioneros recién liberados eran detenidos de nuevo por partidas guerrilleras e introducidos con mayor rigor en las cárceles. También hubo reacción por parte de los liberales, pues algunos incautos creyeron que se había acabado el tiempo de la persecución.[21]

Las protestas populares contra el decreto de Andújar abundaron. Se sucedieron disturbios por doquier, insultos, asonadas..., y los liberales pagaron la irritación de los absolutistas con heridas y maltratos, y alguno con la vida. Junto a los consabidos gritos a favor del rey absoluto, en este tipo de manifestaciones se oyó «mueran los franceses y vivan los rusos». Lejos de ser espontáneo, es muy probable que todo esto fuera inducido por la Regencia, dispuesta a impedir la injerencia política francesa y tan partidaria como Fernando VII desde 1820 de contar con el auxilio de Rusia, porque ofrecía más garantías para establecer el absolutismo. Confirmó esta impresión la reacción contra el decreto de Angulema por parte de Rusia y de las otras dos potencias fundadoras de la Santa Alianza (Austria y Prusia). Sus embajadores en Madrid, tan interesados como los absolutistas españoles en limitar en la medida de lo posible la influencia de Francia en España, apoyaron en todos sus términos a la Regencia y presentaron sus propias quejas al ministro de Asuntos Exteriores francés.[22]

El embajador francés Talaru informó de rumores esparcidos en Madrid por medios próximos a la Regencia que advertían de la inutilidad de los esfuerzos de los militares franceses por excarcelar liberales, pues pronto serían asesinados. En estos medios se aludía también a otro asunto más inquietante para Francia: si Angulema continuaba inmiscuyéndose en los asuntos españoles, se produciría un levantamiento como el de 1808 y en tal caso nadie podría oponerse al castigo de «los culpables», ni siquiera el rey. Incluso se llegó a decir que si a causa de la influencia francesa éste flaquease, «los bravos y leales españoles» tomarían por su cuenta las medidas oportunas y, si fuera preciso, prescindirían de Fernando VII.[23]

No era la primera vez que de forma más o menos velada se aludía en los ambientes absolutistas a la sustitución de Fernando VII por una persona de su familia de convicciones más firmes y de acendrado espíritu religioso. Se pensaba, naturalmente, en el infante don Carlos, pero por el momento no eran más que especulaciones esporádicas.[24] Lo determinante, ahora, fue el resultado de esta oleada de presiones. El Gobierno francés se vio obligado a sugerir a Angulema la modificación de su disposición de Andújar, aunque no su derogación, pues hubiera supuesto reconocer su derrota política. Angulema cedió y el 26 de agosto publicó una «aclaración del decreto». La persecución de los delitos ordinarios pasaba a ser competencia de los tribunales españoles, que «obrarán de acuerdo con las autoridades locales en todo aquello que pueda interesar al sosiego público», y el control de la prensa quedaría de forma conjunta en manos de los gobernantes españoles y de los mandos militares franceses.[25] De esta manera se salvaba formalmente la autoridad de Angulema, pero era patente su fracaso en el intento de suavizar la persecución de los liberales.

A pesar de la breve duración de su mandato, ejercido desde finales de mayo a septiembre de 1823, la Regencia dejó a Fernando VII como herencia política nada desdeñable la consolidación de grupos de fanáticos absolutistas, que se consideraron con derecho a imprimir en la vida pública española un giro extremista de claro sabor clerical. Es lo que podemos denominar realismo extremista o ultra. Este movimiento contó inicialmente con el apoyo del rey, pero tras la desaparición del régimen constitucional comenzó a preocupar al propio monarca, debido a su gran capacidad para la movilización popular y a su ascendiente sobre ciertas personas de la familia real, en particular su hermano Carlos y la esposa de éste, María Francisca, alma, como se ha dicho, de tantas maniobras clandestinas contra el constitucionalismo en los años anteriores.

El absolutismo extremista no era un fenómeno nuevo. Los realistas intransigentes alzados en armas contra el constitucionalismo durante el Trienio ya se habían declarado contrarios a toda transacción con los liberales y partidarios de su exterminio físico. En 1823 cobraron impulso gracias a las asociaciones surgidas contra las ordenanzas de Andújar, las cuales pasaron a la clandestinidad cuando Angulema intentó desactivarlas. Algunos historiadores las han ignorado o han pretendido negar su existencia, pero la policía española e informadores franceses residentes en España ofrecieron abundantes noticias sobre su actividad. De acuerdo con los datos más fiables, nacieron por impulso de clérigos y de sectores civiles próximos a la Regencia, con el objetivo de formar una opinión pública radicalmente contraria a cualquier medida de tolerancia hacia el liberalismo.[26]

Al parecer, la primera de estas sociedades fue una denominada Junta Apostólica formada en 1822 por Juana Eguía, hija del conocido general y ministro que, como ha quedado dicho, en 1814 y años sucesivos sirvió fielmente a Fernando VII en todo lo relativo a la represión. La formaron inicialmente familiares y amigos del padre de la promotora y sus primeras gestiones se encaminaron a conseguir la intervención militar francesa. No sería aventurado suponer que si Fernando VII tuvo poco o nada que ver con esta iniciativa, al menos supo de su existencia, pues ya vimos su permanente contacto con Eguía a través de su hijo Francisco Agustín. A título de hipótesis, a la espera de lo que puedan deparar futuras investigaciones, cabría entender la Junta Apostólica como una organización similar a las «Confidencias» y otras asociaciones realistas impulsadas por el rey y sus allegados para acabar con el régimen constitucional. Cuando cayó Madrid en poder de Angulema, esta sociedad «Apostólica» experimentó una especie de refundación. Según un informe francés, a su frente quedó el general Pedro Grimarest, quien contó con el concurso de los regentes Gómez Calderón y el obispo de Osma, de algunos militares, del antiguo inquisidor general Jerónimo Castillón y de otros clérigos. En 1823 sus reuniones tenían lugar en el convento franciscano de Atocha.[27]

La misma fuente refiere que la Junta Apostólica se nutría de fondos proporcionados por varios conventos de Madrid. Además del de Atocha, cita los de San Bernardo, San Francisco, Capuchinos del Prado, Carmelitas Calzados, San Felipe Neri y los Jerónimos, de los que salieron unos ochenta frailes por toda España en calidad de «misioneros político-apostólicos». Para difundir sus mensajes contra el liberalismo la Junta también contó con la colaboración de los periódicos El Restaurador, dirigido por el fraile Manuel Martínez, cuyo lema era: «Hay que exterminar a los negros [los liberales] hasta la cuarta generación», El Procurador del Rey y algunos más. Otro informe manejado por los franceses sostenía que «las reuniones apostólicas» se incrementaban por toda España, pues entre otras ventajas proporcionaban empleos a sus integrantes. Añadía que en los pueblos y pequeñas ciudades estaban dirigidas por clérigos que alentaban desde el púlpito y los confesonarios a delatar a los constitucionales y detenerlos. La efectividad de estas sociedades, concluye, era evidente, como lo demostraba la generalizada oposición a las ordenanzas de Andújar.[28]

El éxito alcanzado en este último aspecto dio alas a tales organizaciones, cuya importancia quizá exageren los franceses, entre otros motivos por la marcada galofobia de sus integrantes. Vayo, y después de él buena parte de la historiografía liberal decimonónica, afirma que siguieron directrices del «centro madrileño», dirigido por el obispo de Osma.[29] Aunque los informantes del Gobierno francés aludieron a este último extremo, es dudosa la existencia de un órgano centralizador. Alonso Tejada, que ha manejado abundante documentación, cree que más bien se trató de un movimiento generalizado de rebeldía de los realistas extremistas, sin más coordinación. Según este autor, a impulsos del ambiente marcadamente hostil contra el liberalismo, y alentadas por los predicadores, surgieron por toda España distintas agrupaciones, que bajo nombres variados (Junta Apostólica, Sociedad del Ángel Exterminador, Sociedad del Áncora, Junta Concepcionista, La Estrella, etcétera) se convirtieron en centros de persecución de liberales.[30]

El discurso o mensaje propagandístico de los sectores ultrarrealistas, estuvieran encuadrados o no en las mentadas asociaciones, se nutría del pensamiento reaccionario español y europeo desarrollado desde el siglo XVIII. Basados en la doctrina de la alianza del altar y el trono, sus exigencias principales fueron la vuelta de la Inquisición y de las órdenes religiosas, y la práctica de una política de máxima dureza contra liberales y tibios o indiferentes hasta barrerlos por completo. Desde mayo de 1823 abundaron los escritos con estas demandas, dirigidos primero a la Regencia y luego al rey. Sus autores y, en definitiva, los impulsores principales del movimiento —señalaron los informantes franceses— fueron eclesiásticos, cuyos intereses se vieron sistemáticamente defendidos en esos textos.[31] Recibieron el respaldo de quienes se sentían perjudicados por la política liberal: antiguos artesanos con dificultades para proseguir su actividad en un marco productivo que caminaba hacia el capitalismo, campesinos afectados por los bajos precios y los impuestos, pobres de las ciudades, miembros de las partidas realistas, que al ser disueltas quedaron al borde de la miseria y llenos de frustraciones y resentimientos, sobre todo sus mandos, y, naturalmente, una multitud de clérigos, en particular los pertenecientes a órdenes religiosas, que por reputarse a sí mismos las principales víctimas del liberalismo, le declararon una guerra sin cuartel

La denominación de «ultras» surgió de ellos mismos. Un artículo titulado «Breves reflexiones sobre los ultras», publicado en El Restaurador, los definió como «sujetos de la primera clase del estado, de las más distinguidas familias de la sociedad», sustentadores de los principios de legitimidad y orden, dispuestos a defender de palabra y de obra «que no puede haber seguridad en los tronos mientras mendiguen el sufragio popular; que no puede haber verdadera sociedad sin que haya clases y jerarquías; que las innovaciones filantrópicas no son más que reclamos para la depredación y tiranía jacobinas».[32]

A partir de octubre de 1823, los ultrarrealistas o apostólicos, como los solían llamar los liberales, se sintieron decepcionados por Fernando VII. Estimaron que el monarca no atajaba el excesivo influjo ejercido por Francia sobre algunos ministros y se sintieron frustrados al comprobar que no estaba en el ánimo del rey la restitución de la Inquisición. Además, perdieron buena parte del poder alcanzado durante la movilización de las masas en el tiempo de la Regencia, una de sus señas de identidad, y pensaron que sus esfuerzos para restaurar al monarca absoluto estaban siendo traicionados por arribistas protegidos por el rey, que se decían devotos suyos, pero en la práctica eran liberales encubiertos, que con sus perversos consejos movían al monarca a gobernar sin respeto a las leyes fundamentales del reino.[33]

En suma, los ultras estaban aquejados del sentimiento de la victoria mutilada. Aunque por el momento confesaron sometimiento incondicional al rey, se situaron progresivamente en oposición a los Gobiernos de Fernando VII y evolucionaron hasta agruparse en torno a la figura del infante don Carlos, lo cual se hizo claramente perceptible a partir de 1827, tras la derrota de la sublevación de los agraviats de Cataluña. Fueron, por tanto, los futuros carlistas. Bastantes de los que en 1823-1824 pasaron por ser los representantes más destacados del ultrarrealismo integraron desde 1833 el bando carlista o le prestaron su apoyo. Entran en esta nómina miembros y ministros de la Regencia de 1823 (el obispo de Osma Juan Cavia, Gómez Calderón, Víctor Sáez, Juan Bautista Erro...), Eguía, Grimarest, Aymerich, el marqués de Mataflorida, la mayor parte de los jefes de las guerrillas realistas, un número poco preciso de militares y muchos eclesiásticos, en particular miembros de las órdenes religiosas.

Francia constituyó el otro frente de presión sobre Fernando VII desde octubre de 1823 del que se ha hecho mención.

Una vez finalizadas las operaciones militares cabía suponer que el Ejército de Angulema evacuaría el territorio español, pero tal cosa no interesaba ni al Gobierno francés, ni a Fernando VII. Ya a mediados de julio advirtió Angulema al jefe de su Gobierno Joseph Villèle, que sin una fuerza militar capaz de controlar las pasiones, los españoles continuarían la lucha entre sí y esto podía dar lugar a una situación de inestabilidad que comprometería la seguridad de Francia. La ocupación, reiteró días después, era una medida de prudencia para Francia y una exigencia derivada de la situación política española.[34] Pero Angulema sólo mencionaba una parte de la cuestión. Los políticos de su país esperaban mucho más. Deseaban controlar una monarquía que, aunque debilitada, seguía desempeñando un papel en el concierto internacional, pues todavía mantenía la titularidad formal sobre el imperio. Todos los gobernantes europeos presumían que una vez dominada la revolución en España, el gran tema de debate sería la situación en América, campo en el que Inglaterra se había adelantado a todos, porque además de ayudar a los insurgentes, había instalado consulados en puntos estratégicos de aquel continente y se temía que pudiera ir más lejos.[35]

América, pues, era asunto de la mayor preocupación para Francia, como hizo notar Villèle a su embajador en Londres, príncipe de Polignac: «Esto de las colonias españolas es muy importante, tanto por lo que respecta a nuestro honor, como por lo relativo a nuestros intereses, asunto no menos relevante en nuestro siglo».[36] El honor de Francia exigía no dejar desamparado al «nieto de Enrique IV» (Fernando VII) ante la posible ofensiva para despojarle de parte de sus territorios; «nuestros intereses» no eran otros que disponer de mercados para los productos industriales. Así pues, con el fin de la campaña militar no quedaba zanjado el problema español. Se abría un nuevo tiempo, en el que podía considerarse resuelto el gran problema inicial, la revolución, pero surgían otros que afectaban de lleno a la diplomacia y la economía de Francia.

Tampoco interesaba a Fernando VII prescindir totalmente de las tropas francesas. Primero, porque carecía de Ejército, ya que no se podía considerar tal el escaso y desordenado Ejército de la Fe constituido por las partidas realistas, en las que, además, el rey no acababa de confiar, y no estaba dispuesto a dejar la defensa de su trono en manos de los voluntarios realistas, la recientemente creada milicia absolutista.[37] En segundo lugar, porque no estaba seguro de contar con el apoyo firme de la sociedad española. Así pues, se sentía inerme ante una hipotética reacción liberal. El concurso militar de Francia le seguía siendo necesario, pero la insistencia de las autoridades galas en conceder una amnistía y en la moderación de la represión le ocasionaba serios problemas políticos. Ante este dilema se impuso la necesidad primaria, la de garantizar la pervivencia del nuevo régimen, y por este motivo el rey asumió la continuidad de tropas francesas en territorio español. En consecuencia, la intervención de abril de 1823 se transformó en ocupación militar, prolongada hasta 1828.[38]

Durante algún tiempo, Francia se forjó la ilusión de que la continuidad de sus tropas en España le proporcionaría alguna ventaja internacional, pero no tardó en decepcionarse. Inglaterra siguió sus propios planes y la cuestión americana se complicó a partir del 2 de diciembre de 1823, cuando el presidente de Estados Unidos, James Monroe, reconoció a los nuevos estados formados en los dominios españoles y declaró su más tajante oposición a todo intento intervencionista europeo en América. La «doctrina Monroe» venía a sancionar la existencia de facto de un frente anglosajón (Inglaterra se sumó a Estados Unidos en el reconocimiento de las nuevas repúblicas americanas), que ponía a Francia en difícil tesitura. No cabía emprender aventuras para ayudar al rey de España a mantener sus colonias, pues en este caso el «honor» francés quedaba relegado a segundo término, y resultaba obligado entenderse con las mismas potencias europeas con que había contado para hacer la guerra a la España constitucional, esto es, con la Santa Alianza. Esto último tuvo importantes repercusiones en la orientación política deseada por Fernando VII, pues Francia se vio obligada a tolerar los planteamientos absolutistas de sus aliados.

Ahora bien, todo ello, lejos de obstaculizar el proyecto inicial de mantener tropas francesas en España, lo reforzó. Quedó confirmado que la ocupación no era sólo una medida preventiva para garantizar la continuidad de Fernando VII en el trono y evitar rebrotes revolucionarios, sino también un instrumento político y diplomático de primer orden para Francia. Así se explica que la ocupación comenzara de una manera un tanto irregular, sin acuerdo formal. Simplemente, los franceses elaboraron un plan, que poco a poco se fue perfilando hasta desembocar en la firma de un primer acuerdo el 9 de febrero de 1824, cuatro meses después de la finalización de la guerra. El convenio sancionaba, con leves ajustes, los hechos consumados. Poco más de 40.000 hombres organizados en cuatro divisiones ocuparon puntos estratégicos: Madrid, Cádiz, La Coruña, Badajoz, Cartagena, Vitoria, las principales plazas fuertes de la cornisa cantábrica y de Cataluña, entre ellos Barcelona, y las ciudades fronterizas pirenaicas. Con el tiempo, los efectivos de este Ejército fueron disminuyendo hasta quedar en la mitad de la cantidad inicial. La repatriación total se efectuó en 1828.

El citado convenio de 1824 no olvidó dos puntos primordiales para Francia: el reconocimiento por parte de España de una deuda económica en compensación de la ayuda recibida durante la guerra y la concesión de facilidades para comerciar con América. Ambas cuestiones revestían la mayor importancia sobre el papel, pero no así en la práctica. Francia fijó el montante total de la deuda en 34 millones de francos (casi 130 millones de reales), pero España no la pagó, en parte por imposibilidad material, debido al agotamiento de las arcas públicas. En lo relativo a América, se trataba casi de una presunción, pues en ese momento el control de España sobre su imperio era casi nulo. No obstante, la nueva relación con España reportó, según Sánchez Mantero, notables beneficios a Francia en materia comercial.[39]

Al margen de las cuestiones económicas, la ocupación francesa cumplió uno de sus objetivos, garantizar la continuidad de Fernando VII en el trono, pero no logró otro de los más visibles: evitar la represión masiva y descontrolada de liberales.[40] En este segundo caso era necesario que la influencia política de Francia hubiera sido efectiva, cosa que no ocurrió, al menos en el grado deseado. Ni el embajador Talaru, ni el general en jefe de las tropas de ocupación, conde de Bourmont, las dos máximas autoridades francesas presentes en España tras el fin de la guerra, se impusieron a las españolas. El 29 de noviembre de 1823 el ministro Chateaubriand advertía a Talaru: «No hemos gastado 200 millones [de francos] y dado libertad a Fernando para no tener influencia en esa nación». El 11 de diciembre siguiente era mucho más explícito y duro: «Sed buen hombre, excepto para los españoles, a los cuales es preciso hablar como dueño. Sois un verdadero rey, porque disponéis de cuarenta mil hombres, y combinando la astucia con la fuerza, os haréis obedecer». El 17 de enero del año siguiente insistía: «No comprendo qué es lo que no se puede conseguir de un país cuando se dominan sus plazas fuertes y cuando uno es dueño además de darle o no darle el dinero que le hace falta».[41]

Tales admoniciones no cambiaron la situación y Chateaubriand se desesperó ante los magros resultados políticos conseguidos en España. Debido, tal vez, a su excesivo empeño por obtener de una vez algo positivo, dio carta blanca a sus subordinados, pero sin un plan político meditado. El 17 de enero de 1824 escribió a Talaru: «Os lo repito por milésima vez: si el ministerio actual no es de vuestro gusto, cambiadlo: debéis mandar como jefe. Si el clero es más fuerte y puede ser más útil, aliaos con él a trueque de que os dé todo lo que le pidáis para el bien de la España, lo cual, como no me cansaré de deciros, se reduce a la amnistía, al empréstito, a la libertad de comercio para las colonias y a nuestros tratados». Casi idénticas palabras empleaba en carta de la misma fecha a Bourmont.[42] Es decir, interesaban resultados, «actividad», como decía el ministro en otra de sus misivas, sin importar los medios políticos.

Las salidas encolerizadas de Chateaubriand venían a constatar la paulatina desvirtuación del proyecto político francés sobre España. Con tal de conseguir algún resultado visible que ofrecer a la opinión pública, en el transcurso de sólo unos meses se pasó de la idea inicial de instaurar un sistema de Carta Otorgada a la búsqueda de cualquier apoyo, incluso el de los absolutistas extremos; no se refiere a otros Chateaubriand en las cartas citadas cuando habla del «clero».La claudicación fue patente y si se desciende hasta el detalle, llegó al ridículo. Durante los meses de la guerra, Villèle y Angulema dieron por seguro que la Constitución de 1812 sería sustituida por algún texto que garantizara un sistema representativo. En varias ocasiones aludió a ello Luis XVIII en sus cartas a Fernando VII. A comienzos de 1824, sin embargo, Chateaubriand ni siquiera se atreve a proponer la convocatoria de las antiguas Cortes estamentales. El 17 de enero decía a Bourmont que le parecía «útil» la reunión de esas Cortes, pero dudaba si era el momento oportuno. El general le respondió un mes más tarde de esta forma:

Esta asamblea me parece también un peligro en estos momentos, en que el poder real carece de fuerzas. Soy, pues, de la opinión de que debe restablecerse en España una dictadura dirigida por Francia, durante un año a lo menos, y luego reunir las antiguas cortes dentro de uno o dos años, cuando ya el poder real hubiese recobrado alguna fuerza y se hubiese hecho popular por los bienes que hubiese dispensado.[43]

La sugerencia de Bourmont no fue considerada, ni era digna de tenerse en cuenta, pues aparte de ser contraria a la política de su Gobierno, hubiera suscitado la más viva oposición internacional. Era producto del pensamiento ultraconservador de su autor, absolutista declarado, tan partidario como los ultrarrealistas españoles de barrer sin contemplaciones a los constitucionales, como más tarde demostró luchando en el bando carlista. Por lo demás, era asimismo un reflejo del patente fracaso político de los franceses en España, del que éstos, como es lógico, no se hicieron responsables. Todo se achacó a los españoles y, en particular, a Fernando VII. De esta guisa se expresó Chateaubriand el 16 de marzo de 1824 en carta al diputado francés Serre:

Este país [España] está tranquilo; todas las disensiones civiles se han calmado, pero como el cáncer político está en el rey, es casi imposible aplicar el remedio. Nada hubiera sido más razonable que la convocatoria de las antiguas cortes, modificadas según el tiempo. El rey no accederá a esto y el pueblo lo desea. Un gran ministro podría convocarlas, ¿pero dónde está ese gran ministro?[44]

Prescindiendo del sesgo justificativo, Chateaubriand acertaba. El rey era, en efecto, el «cáncer político» de España, y debido a sus manejos y al enfrentamiento entre facciones resultaba imposible hallar la persona adecuada para resolver la situación política. Pero con la misma propiedad podría aplicarse su juicio a la política francesa en España, completamente fracasada a la hora de influir en el rey «liberado». Es más, parece que las autoridades francesas activaron las luchas partidistas entre españoles, tal vez sin pretenderlo y de forma indirecta. El embajador Talaru tendió siempre a favorecer a los absolutistas menos extremistas, pero el general Bourmont apoyó con toda claridad a los ultras. Esta divergencia, que tuvo como principal resultado la anulación de las gestiones de uno y otro, fue denunciada con frecuencia por el propio Talaru en sus despachos diplomáticos. Acusó a Bourmont de sobrepasar sus funciones, pretendiendo actuar como Wellington en la época de la Guerra de la Independencia, es decir, como general y político. Naturalmente, las diferencias consignadas fueron aprovechadas a su conveniencia por algunos gobernantes españoles. A propósito de la amnistía, por ejemplo, Calomarde hizo notar a Talaru la contradicción entre su postura, favorable a declararla, y la de Bourmont, totalmente contraria, preguntándole con malicia si el Gobierno francés estaba dividido en un asunto tan importante para él.[45]

En el orden político, la intervención del Ejército francés sólo sirvió, en realidad, para instaurar el absolutismo, sin conseguir orientarlo hacia la moderación, como se pretendió al principio. Sin embargo, la ocupación tuvo consecuencias prácticas apreciables, como ha demostrado Gonzalo Butrón. Defendió al nuevo régimen frente a la insurrección liberal, pero ello no fue obstáculo para que a su vez protegiera a los liberales ante los desmanes del absolutismo. Esta doble acción se desarrolló en una situación no exenta de contradicciones, caracterizada por la confusión de competencias en distintos planos: entre el militar (jefes del Ejército francés) y el civil (autoridades españolas), por una parte; entre la potencia extranjera ocupante y la autoridad de la nación ocupada, por otra. Efecto inmediato de todo ello fue la generalización en España de un sentimiento antifrancés y la generación de dos ritmos diferentes en la implantación del absolutismo, pues las nuevas estructuras políticas ideadas por el régimen fernandino se instauraron con mayor lentitud en las ciudades ocupadas por los franceses que en el resto del territorio.[46]

El Estado represor

El 2 de diciembre de 1823 Fernando VII cambió el Gobierno que había heredado de la Regencia. No lo hizo por propia iniciativa, sino presionado por las potencias europeas, alarmadas por las duras medidas represivas practicadas por ese Gobierno desde su formación. Por razones obvias, Francia fue la más insistente en esta presión, pues la política del rey «liberado» por el duque de Angulema la comprometía seriamente ante el resto de Europa.

El 30 de octubre, Luis XVIII recordó a Fernando VII que él había perdonado en 1814 a sus enemigos, que «los príncipes cristianos no deben reinar por medio de proscripciones» y que convenía hacer todo lo posible para evitar un nuevo levantamiento «de la anarquía» (el liberalismo). En consecuencia, le aconsejaba que decretara una amnistía y que se rodeara de «hombres prudentes y sabios», de la nobleza y del clero. Por su parte, Chateaubriand había advertido al embajador Talaru que «el establecimiento de un despotismo sanguinario, ávido y fanático, deshonraría esa guerra que proporciona un inmortal honor a Francia por su denuedo y generosidad». Era inconcebible —continuaba— que Fernando VII hubiera anulado todo lo hecho desde 1820, porque eso suponía negar validez a los tratados, actos políticos, empréstitos, negociaciones, etcétera, realizados con el extranjero por un régimen, el constitucional, reconocido por toda Europa. Había que hacer lo posible —terminaba— para que sea derogado el decreto del 1 de octubre. Ahora bien, tanto decepcionó al ministro el panorama político español, que confió a otro de sus embajadores, el de Londres, que era conveniente distanciarse de España, porque «nos importa no aparecer como cómplices de la estupidez y del fanatismo».[47]

Los excesos en la represión habían alarmado asimismo a los restantes monarcas de la Santa Alianza. Temerosos como Luis XVIII del posible retorno de la «anarquía revolucionaria», también aconsejaron prudencia a Fernando VII. El 22 de noviembre, el zar le pidió que estableciera una administración «compuesta por sus súbditos más ilustrados y más fieles» para restablecer el orden, y le habló de la utilidad de «un acto de amnistía». En términos parecidos le escribió el 1 de diciembre Federico Guillermo III de Prusia, y del mismo tenor fue la carta enviada el 26 de ese mes por el emperador Francisco II de Austria.[48]

En estos escritos, así como en diversos comunicados de los embajadores de los países mencionados, se daba a entender que el responsable directo de la indeseada dirección de la política española no era Fernando, sino quienes le rodeaban, en primer lugar, el ministro Sáez. Chateaubriand se enervaba cuando aludía a él en su correspondencia diplomática. Obsesionado con eliminarlo de la esfera pública, ni siquiera esperó a que Fernando VII llegara a Madrid y concertó con el Gobierno del zar el envío a España del embajador ruso en París, el experimentado conde Pozzo di Borgo, cuyas gestiones en 1814 en favor de una restauración pacífica en Francia habían suscitado la admiración de los Gabinetes europeos. Su misión consistía ahora en presionar a Fernando VII para formar nuevo Gobierno con personas sensatas y decretar una amnistía. En definitiva, impulsarlo a ofrecer una imagen más amable. Algo logró Pozzo di Borgo, pero no todo lo apetecido. A pesar de la resistencia de Fernando VII en prescindir de los ministros designados por la Regencia, Pozzo consiguió la destitución de Sáez, quien en compensación fue preconizado obispo de Tortosa, y la formación de nuevo Gobierno.[49] Pero por de pronto, ni Pozzo di Borgo ni Luis XVIII obtuvieron del rey español una amnistía, sino sólo vagas promesas. Aunque suscitó algunas esperanzas, tampoco el nuevo Gobierno fue capaz de terminar con los excesos represivos.

El que en rigor cabría considerar primer Gobierno de Fernando VII tras el fin del régimen constitucional quedó formado por el marqués de Casa Irujo (Estado), Narciso Heredia, conde de Ofalia (Gracia y Justicia), Luis María Salazar (Marina), José de la Cruz (Guerra) y Luis López Ballesteros (Hacienda). Dos de estos hombres habían sido ministros de Fernando VII con anterioridad: el incombustible Salazar, poco influyente y siempre acomodaticio, quien también había servido a la Regencia realista de Madrid, y el marqués de Casa Irujo, interino en la cartera de Estado durante casi un año en 1818. Ambos, además, ocuparon ministerios en el tiempo de las Cortes de Cádiz, Salazar el de Hacienda y Casa Irujo el de Estado, aunque este último no llegó a tomar posesión. Los tres restantes eran hombres nuevos en el ejecutivo. Con independencia de la trayectoria anterior de cada uno, de todos se esperaba sensatez, porque en el lenguaje de la época se les reputaba de «moderados». Sin embargo, su designación hizo saltar la alarma entre aquellos que habían confiado en que el rey se mantendría firme en los principios por los que habían luchado los realistas y no cedería a las presiones exteriores. Es elocuente la opinión del nuncio Giustiniani, quien informó sobre los nuevos ministros al secretario de Estado de la Santa Sede en los siguientes términos: Casa Irujo y Cruz son masones, Salazar es débil y de talento mediocre, y Ofalia es el auténtico director de este Gobierno, en el que Ballesteros «es el único realista..., pero débil, sin espíritu ni capacidad, siervo enteramente de los caprichos de sus colegas».[50] El diplomático pontificio no estuvo especialmente fino en esta ocasión.

Hasta el final del reinado, los «moderados» fueron mayoría en los sucesivos Gobiernos de Fernando VII, caracterizados, en notable contraste con el sexenio 1814-1819, por la estabilidad ministerial. Sólo cabría incluir en la nómina del realismo extremista al general Aymerich, al duque del Infantado y a Calomarde. Los dos primeros no llegaron a cumplir un año en sus ministerios. Aymerich ocupó el de la Guerra entre agosto de 1824 y junio del año siguiente, e Infantado el de Estado desde octubre de 1825 hasta agosto de 1826. Otro fue el caso de Calomarde, el ministro de Gracia y Justicia de la década (lo fue desde 1824 hasta 1832), a quien la confianza del monarca le permitió ejercer gran autoridad en este tiempo. No obstante, la sensación general fue que en estos diez años el Gobierno estuvo dominado por la tríada formada por López Ballesteros, Salazar y el marqués de Zambrano, aunque en 1824 fue notable la influencia de Ofalia, y desde 1832 resultó determinante la de Cea Bermúdez.[51] Todos eran considerados moderados.

¿Quiénes eran estos individuos denominados «moderados» en este momento, a quienes se les achacó una influencia nada desdeñable sobre Fernando VII? No cabe confundirlos con los liberales del Trienio también llamados «moderados», la mayoría de ellos ahora en el exilio. Estos últimos aspiraron a establecer un régimen representativo, aunque no basado en la Constitución de 1812, sino en otra que concediera más poderes al rey y restringiera la participación popular en la política. Los primeros, sin embargo, eran realistas, es decir, se encuadraban —como ha explicado Jean-Philippe Luis— en ese fenómeno defensor de la tradición nacido de la reacción a la invasión francesa y al liberalismo que aglutinó a las diferentes formas de antiliberalismo. La cultura política realista se fundó en el mito del mundo «natural» creado por Dios y se caracterizó por su rechazo de toda soberanía que no fuera la monárquica, por lo que le eran completamente ajenos los principios de soberanía nacional y división de poderes. Así pues, los realistas consideraron incompatibles constitución y monarquía. Ahora bien, dentro del realismo, cabe distinguir dos tendencias o subculturas: la heredera de la Ilustración y del regalismo, que Jean-Philippe Luis denomina «realismo pragmático», y la extremista o ultra, caracterizada por su ultramontanismo y su reivindicación de la Inquisición.[52]

Los realistas moderados o pragmáticos estaban impregnados de la cultura del servicio al Estado propia de la elite de ilustrados que desde el tiempo de Carlos III y Carlos IV puso todo su empeño en superar los obstáculos presentados por la aristocracia y el clero a los cambios necesarios para el país. De esta cultura participaron algunos de los ministros del sexenio 1814-1819, como Martín de Garay, García de León Pizarro y Vázquez de Figueroa, así como varios de los de la Década Ominosa (el conde de Ofalia, Cea Bermúdez, López Ballesteros, Encima y Piedra), un buen número de altos cargos, entre los que descollaron antiguos afrancesados (Javier de Burgos, Sebastián Miñano, el marqués de Almenara, Pedro Sainz de Andino, Gaspar Remisa, etcétera) y Juan Miguel Grijalva, hombre fundamental en los últimos años del reinado. Se trata —recuerdo lo dicho en capítulos anteriores— de un grupo de empleados públicos con formación universitaria o militar, quienes impregnados por la necesidad de modernizar el país, se pusieron casi sin condiciones al servicio del rey para acometer reformas, fundamentalmente de carácter administrativo. Estos individuos fueron regalistas y por este motivo no gozaron de las simpatías de la mayor parte del clero.

Los realistas radicales, o ultras, por el contrario, rechazaron esos cambios, que consideraban un atentado al orden natural establecido por Dios y causa del desorden («anarquía», dijeron repetidamente). Como vimos en el apartado anterior, éstos aspiraban a establecer una estrecha alianza entre el trono y el altar, entendiendo que los intereses del altar estaban por encima de los del trono y, en consecuencia, las leyes civiles debían atenerse a los principios de la religión (teocracia). El único intérprete de este «orden» natural era la Iglesia de Roma, de ahí su ultramontanismo y la relevancia atribuida a los eclesiásticos en la vida pública.

Realistas moderados y extremistas desarrollaron en la práctica una política contrarrevolucionaria, aunque difirieron en el modo de aplicarla. Unos y otros negaron de plano la idea de soberanía nacional, coincidieron en la necesidad de apartar a los liberales de la vida pública y coadyuvaron al establecimiento de un «Estado represor», caracterizado por la persecución de la disidencia, el control de la población y la depuración de cargos públicos.[53] Ambas tendencias se diferenciaron entre sí fundamentalmente en la forma de organizar el Estado en este nuevo tiempo abierto tras la extinción del sistema constitucional y en el alcance y táctica que había que seguir en la represión. Respecto a esto último, los moderados se mostraron favorables a algún tipo de amnistía, mientras que los ultras rechazaron cualquier paso en este sentido. En cuanto a la táctica que había que seguir, los primeros se preocuparon ante todo por la salvaguarda del orden social y confiaron en la policía, un órgano del Estado; los segundos reivindicaron la Inquisición, símbolo del poder histórico del trono y altar unidos, y el recurso al pueblo armado organizado en el cuerpo de Voluntarios Realistas y sometido a la jerarquía social «natural».[54]

En 1823-1824 se sentaron las bases del Estado represor de tal manera que Fernando VII pretendió satisfacer a unos y otros. Dio un decreto de amnistía, pero con tantas excepciones que quedó anulado en la práctica. Respecto a los organismos represores, confirmó algunos de los heredados de la Regencia realista (Voluntarios Realistas y Juntas de Purificación) y creó una nueva policía general ajustada formalmente a las pautas sugeridas por los ministros moderados. Sin embargo, no restableció la Inquisición, lo cual tuvo consecuencias muy negativas en las relaciones del rey con los ultras.

Suprimida por los liberales en 1820, la Inquisición no fue restaurada después de 1823, a pesar de que en multitud de representaciones al rey se repitió insistentemente que era el único baluarte para mantener la unidad católica de España y evitar la «anarquía» de los liberales.[55] Fernando VII no atendió estas peticiones, en parte debido a la presión exterior, pues todas las potencias europeas se pronunciaron explícita y reiteradamente en contra de una institución convertida en símbolo del odio y de la barbarie, pero sobre todo, porque ya no le interesaba el Santo Oficio. A partir de 1823 no lo necesitaba, porque disponía de la policía, un instrumento represor eficaz, que —esto era lo esencial— dependía enteramente del poder civil. La Inquisición, pues, sólo fue reclamada por los ultrarrealistas, pero carecieron del apoyo necesario para imponerla.[56]

La gran novedad de este tiempo fue la organización de un complejo sistema policial. Por influjo de Francia, la Regencia realista había creado en junio de 1823 la Superintendencia General de Vigilancia Pública, dependiente del recién instituido Ministerio del Interior. «Su principal cuidado», decía el decreto de fundación, «es velar sobre la conducta de las personas que se hayan hecho o se hagan sospechosas por sus opiniones y principios contrarios a la Religión y al Trono».[57] De acuerdo con esto, el cometido del nuevo organismo no difería gran cosa del de la antigua Inquisición, con la importante diferencia de que los policías dependían por entero de la autoridad estatal. La policía, pues, era en realidad algo muy distinto a la Inquisición. Esto, junto al hecho de que la idea de su creación proviniera del Gobierno francés, suscitó la alarma de eclesiásticos y ultrarrealistas, quienes vieron en el nuevo organismo un serio obstáculo para la vuelta del Santo Oficio. La presión de estos sectores, canalizada a través de Víctor Damián Sáez, no tardó en conseguir la supresión del Ministerio del Interior y de la Superintendencia de Vigilancia.[58]

El 13 de enero de 1824 Fernando VII estableció definitivamente la policía. Un real decreto de esa fecha creó la Superintendencia General de Policía, concebida como un organismo autónomo, centralizado y jerarquizado, dependiente del ministro de Gracia y Justicia, que en ese momento lo era el conde de Ofalia, sustituido sólo unos días después por Calomarde. Al frente del nuevo organismo estaba el superintendente general de policía, de quien partían órdenes a los intendentes provinciales y de éstos a los subdelegados de partido. La policía fue dotada de muy amplias funciones en lo relativo al control político y orden público, pero su cometido se extendía asimismo a la protección y seguridad de los individuos y sus propiedades. Le competía atajar los delitos comunes y políticos, la vigilancia de la prensa, de los establecimientos públicos (posadas, cafés, fondas, etcétera) y de las sociedades secretas. Asimismo tenía encomendado un conjunto de tareas encaminadas a garantizar la tranquilidad pública en ciudades y campos, tales como la confección de los padrones de vecindario (con este fin se ordenó poner nombres a las calles y números en las casas), expedición de pasaportes, registro de los vehículos de transporte, concesión de licencias para la apertura de establecimientos, la venta de mercancías en la calle y el ejercicio de profesiones ambulantes, etcétera. La policía, además, se ocuparía de la prevención de incendios, de avisar sobre la aparición de enfermedades infecciosas, de informar sobre las cosechas y el abastecimiento de alimentos, y controlar los pesos y medidas para evitar abusos en el comercio.[59]

En opinión de J. Pérez Núñez, la policía creada en 1824 era «una institución con un carácter mixto, político y civil, orientada al mantenimiento del orden público y político del Estado absoluto, pero también a la protección y seguridad de los individuos y sus propiedades». Nacía, pues, para establecer un control absoluto sobre la población. Desde el punto de vista de la organización de la administración estatal presentaba rasgos innovadores, ya que sus atribuciones se enmarcaban en el ámbito estrictamente gubernativo, pues no juzgaba delitos, y era una institución orgánica y jurisdiccionalmente autónoma, extendida a toda la monarquía.[60]

Esta forma de concebir la policía debió mucho a las circunstancias del momento. Por una parte, era resultado de la presión de las potencias europeas para regular las medidas represivas, y por otra, respondía a la necesidad de disponer de un instrumento eficaz para imponer la autoridad del rey, tanto sobre los liberales, como sobre los ultras. Esta función no la podía desempeñar la Inquisición, que de haber sido restablecida, hubiera quedado en manos de los ultras, de modo que pareció necesaria la creación de un nuevo organismo. En esta dirección se había pronunciado el conde de Ofalia en una exposición al rey en noviembre de 1823. «Para robustecer y cimentar el principio monárquico sobre bases indestructibles», decía, conviene el establecimiento de una policía general, «no para oprimir y vejar a los vasallos, sino para afianzar la seguridad del Estado», «para dar seguridad y garantía a la propiedad» y «para atender a la seguridad de los caminos y despoblados y a la limpieza y aseo y ornato de las poblaciones».[61]

La policía así concebida era una institución moderna orientada principalmente a garantizar el orden. En la práctica, esto implicó que el grueso de su actividad se orientara a la represión de la disidencia política, porque se consideró la causa principal del desorden. Es decir, ya desde el inicio se acentuó el aspecto negativo de la seguridad política en detrimento del positivo del bienestar.[62] Desde esta perspectiva —han explicado Fuentes y Garí, basados en informes de agentes de la policía— «la cuestión no eran las ideas que cada uno profesara en privado, sino el peligro que entrañaban ciertas clases sociales propensas al desorden», como el llamado «pueblo bajo urbano», movilizado con facilidad por el clero en favor del realismo extremista. De ahí el empeño por vigilar a los ultras, ya que se consideraba que los liberales estaban relativamente bajo control, debido al generalizado ambiente hostil hacia ellos y al exilio de los principales. En consecuencia —mantienen los autores citados—, en los partes policiales se observa a menudo una especie de comunidad de intereses entre policías y propietarios y comerciantes, porque aunque estos últimos fueron tenidos por sospechosos de proximidad al liberalismo, eran considerados gentes de orden y, en cualquier caso, temían a los ultras tanto como los policías. Un informe policial de 1825 afirmaba que en su mayoría, «la clase media... desea la paz y la tranquilidad».[63]

La animadversión mutua entre ultras y policía se fue incrementando con el tiempo, entre otros motivos porque los primeros consideraban que la policía era el obstáculo principal para la vuelta de la Inquisición y la instauración de un régimen teocrático, mientras los policías pensaban que si los ultras llegaban al poder, acabarían con ellos (algunos agentes de la policía habían sido liberales exaltados en el tiempo del Trienio). Si en sus manifiestos y exposiciones al rey los ultras no cesaban de solicitar la desaparición de la policía como fue el caso de varios obispos y arzobispos con motivo de la consulta de 1825—, ésta no cesó, por otra, de advertir al monarca de los peligros del ultrarrealismo.

En uno de sus informes al monarca en 1825, el superintendente general de policía Juan José Recacho, hombre, al decir de Fuentes y Garí, «afín al sector moderado y una de las bestias negras de los ultras», acusó con toda contundencia a los individuos de esta tendencia de haber cometido «muchas tropelías» y a los eclesiásticos de atizar los ánimos. Recacho denunció la proliferación de papeles y peticiones populares en favor de la Inquisición, cuyo restablecimiento «es la arma con que los partidarios del desorden [los ultras] quieren hacerse fuertes y tomar un ascendiente firme y poderoso no sólo contra el partido liberal, en la actualidad impotente, sino también sobre todo el Pueblo, sobre el Gobierno y sobre el mismo Trono». Sus objetivos son «el hacerse del poder y el saciar la venganza» y en realidad sólo desean la Inquisición para «abusar de la misma institución persiguiendo y haciendo desaparecer por primeras víctimas a todos los leales que rodean a V.M. y son verdaderos defensores de sus Augustos derechos y Real Autoridad». En definitiva, y con esto venía a decirlo todo, los ultras son auténticos anarquistas que toman el nombre del rey por divisa, imitadores de «los demagogos constitucionales».[64]

La principal actividad de la policía consistió en impedir todo movimiento, cualquiera que fuera su origen, que pusiera en duda «los augustos derechos y real autoridad» de Fernando VII. Es decir, su objetivo fue la conservación del poder real. Esto es lo que esperaba el rey de los diferentes superintendentes de policía; sucesivamente, los más notorios fueron José Manuel Arjona, Mariano Rufino González y José Recacho. En consecuencia, desde el comienzo quedó olvidado el fomento del bienestar de individuos, propiedades y lugares previsto en el decreto de creación de este organismo. Es más, aprovechando la rebelión de los agraviats de Cataluña y siguiendo probablemente el consejo de Calomarde, en agosto de 1827 el rey cambió los estatutos de la policía. Esta remodelación implicó la supresión de su autonomía —se acentuó su dependencia del ministro de Gracia y Justicia y el superintendente general dejó de tener facultad de nombrar a sus subordinados provinciales— y la pérdida de varias de sus competencias, como la concesión de permisos y todo lo relativo a la policía urbana y municipal. A partir de esa fecha la policía pasó a ser un cuerpo enteramente político, con competencia casi exclusivamente en el mantenimiento de la seguridad del Estado y del orden político absolutista.[65]

Al mismo tiempo que la policía general, se crearon otros organismos dedicados a funciones de vigilancia y represión, los cuales colaboraron a veces con la policía y otras actuaron por su cuenta, contribuyendo así al clima de inseguridad y de temor característico del periodo.

Uno de estos organismos fue la Junta Reservada de Estado, nacida el 24 de noviembre de 1823, aunque no se la dotó de reglamento hasta abril del año siguiente. Su función consistió en revisar los libros contrarios a las prerrogativas de la corona y al dogma católico y elaborar listas de las personas distinguidas por su adhesión al sistema constitucional, en especial, los miembros de las sociedades secretas, los de la Milicia Nacional y los cargos de los ayuntamientos constitucionales. La Junta se reunía en el convento de los Trinitarios Calzados de Madrid. La presidía el superintendente general de policía y estaba constituida por ocho individuos, de los cuales seis eran eclesiásticos. Fue su vicepresidente Raimundo Ettenhard, canónigo de Huete y anteriormente decano del Consejo Supremo de la Inquisición.[66] Como se puede constatar por éste y otros datos, la pervivencia del espíritu inquisitorial era manifiesta.

El 13 de enero de 1824, el mismo día de la creación de la policía general, se establecieron en las capitales de provincia, con dependencia del Ministerio de la Guerra, las Comisiones Militares Ejecutivas, «verdaderos tribunales de sangre», según Modesto Lafuente, tal vez «la creación más imponente y represiva» a juicio de Mariano y José Luis Peset, y en opinión de Jean-Philippe Luis, «los más tristemente célebres» de los tribunales de excepción del reinado. Fueron disueltos en agosto de 1825, pero repuestos temporalmente en 1828 y en 1831. Aparte de la persecución de ladrones y malhechores en caminos y casas de campo, su misión principal era de carácter político. Así lo establecía la real orden de erección:

Quedan sujetos al juicio de estas comisiones [...] los que desde el 1 de octubre del año próximo se hayan declarado y los que en lo sucesivo se declaren con armas o con hechos de cualquier clase, enemigos de los legítimos derechos del trono o partidarios de la constitución publicada en Cádiz [...]; los que en la misma fecha hayan escrito o escriban papeles o pasquines dirigidos a aquellos fines; los que en parajes públicos hablen contra la soberanía de S.M. o en favor de la abolida constitución; los que seduzcan o procuren seducir a otros con el objeto de formar alguna partida y los que promuevan alborotos que alteren la tranquilidad pública...[67]

En una disposición posterior del 9 de octubre se especificaron las penas a los acusados de los delitos anteriores. Se contemplaba la pena de muerte para los individuos siguientes: quienes desde el 1 de octubre de 1823 se hayan declarado y se declaren en lo sucesivo «con armas o con hechos de cualquier clase» enemigos del trono o partidarios de la Constitución, los autores de escritos encaminados al mismo fin, los masones, comuneros «y otros sectarios», los que promuevan alborotos dirigidos a «trastornar el Gobierno de S.M. u obligarle a que condescienda en un acto contrario a su voluntad soberana», los que hubieren gritado muera el rey y «los que usen de las voces alarmantes y subversivas de viva Riego, viva la Constitución; mueran los serviles, mueran los tiranos, viva la libertad... por ser expresiones atentativas al orden y convocatorias a reuniones dirigidas a deprimir la sagrada persona del S.M. y sus respetables atribuciones». Si alguno hablara en paraje público contra el rey y a favor de la Constitución, pero de ello no se derivaran «actos positivos», sería condenado a penas de cuatro a diez años de presidio. Con un propósito de concreción que refleja de forma palmaria la crueldad de la medida, se consignaba que en el caso de alborotos públicos «no deberá servir de excepción la embriaguez para la imposición de la pena, probado que sea que el delincuente era consuetudinario en este exceso y que le inducía a otros, así como no lo es para el soldado según la ordenanza general del Ejército».[68]

Como quiera que las Comisiones Militares estaban constituidas por miembros del Ejército, que el procedimiento que había que seguir se ajustaba a la ordenanza militar y se suprimían los fueros especiales en esta clase de delitos, la aplicación de la pena capital fue muy frecuente. Tanto éste como los restantes nuevos organismos represores se caracterizaron, según Ortego Gil, por «una indudable tendencia a cumplir los mandatos gubernamentales sin remilgos jurídicos». Los juicios carecieron de garantías y las condenas estaban en muchos casos predefinidas, de modo que antes de ser enjuiciados, los reos ya tenían por seguro que se les impondría una pena.[69]

Papel importante en la represión desempeñó, por otra parte, el Cuerpo de Voluntarios Realistas, brazo armado del ultrarrealismo. Aprovechando las partidas alzadas en armas contra el constitucionalismo, la Regencia de Madrid lo creó en mayo de 1823, con el doble objetivo de sostener la guerra contra el sistema constitucional y excluir cualquier negociación que pudiera dar lugar al establecimiento en España de un régimen representativo similar al de Francia. Dicho de otra forma, su finalidad consistió en acabar con los liberales. Como ha explicado Gonzalo Butrón, terminada la guerra se convirtió en una institución armada de la que el rey no estaba dispuesto a prescindir. Sin un Ejército enteramente fiel al absolutismo y con tropas francesas acuarteladas en puntos estratégicos del territorio, los voluntarios eran la única fuerza armada propia en la que confiar para mantener el nuevo régimen. En febrero de 1824 se la dotó de un reglamento que selló su establecimiento definitivo.[70]

Los voluntarios realistas estaban vinculados a los ayuntamientos, que eran los encargados de su reclutamiento y de su paga cada vez que realizaban misiones, pero la autoridad última correspondía a los capitanes generales, quienes nombraban a los mandos militares de los batallones en que estaban organizados. Ya desde su creación, integraron estos cuerpos personas de todas las clases sociales, pues a diferencia de la Milicia Nacional liberal no se exigió ningún requisito socioeconómico para su ingreso. Es más, a partir de 1826 se potenció la incorporación de los sectores menos favorecidos de la sociedad e incluso se recomendó que los ayuntamientos remuneraran a los voluntarios sin recursos propios, de manera que predominaron los asalariados, artesanos y gentes sin medios económicos. La pertenencia a este cuerpo era signo de adhesión al régimen absoluto y, para muchos, la esperanza de obtener un empleo, lo cual facilitó el rápido crecimiento de la afiliación.[71]

Salvo en un breve periodo en 1824, los voluntarios realistas se situaron en la línea más extremista del realismo, caracterizándose no sólo por apoyar la posición de los ultras, sino también por los apresamientos arbitrarios y, en no pocos casos, por desobedecer a las autoridades e incluso usurpar sus atribuciones. Actuaron, en definitiva, como el brazo armado popular contra el reformismo de los ministros moderados y, al mismo tiempo, según Pedro Rújula, como instrumento político de la oligarquía local, en detrimento a veces de los intereses de la corona.

El progresivo asentamiento del régimen, la implicación de los voluntarios realistas catalanes en la rebelión de los agraviats y el descontrol en sus actuaciones, tendentes de forma manifiesta hacia la defensa de intereses corporativos, provocaron que al final de la década el Estado y los propios ayuntamientos no los consideraran necesarios. Pero resultaba complicado disolver una fuerza armada popular muy numerosa, en 1828 contaba con más de doscientos mil hombres, y que siempre gozó del apoyo del rey. El marqués de las Amarillas resumió perfectamente la situación en 1832, cuando con motivo de la disputa sucesoria los voluntarios se rebelaron contra el propio Estado: «El Rey quería conservarlos, pero el interés de la causa de su hija aconsejaba debilitarlos, ya que no fuera posible destruirlos». En coherencia con su trayectoria, los voluntarios realistas terminaron colocándose del lado del carlismo.[72]

En julio de 1823, antes de la constitución de los organismos represivos mencionados, que afectaba a toda la población, la Regencia había creado juntas específicas destinadas a la depuración de los empleados civiles del Estado, desde los oficiales de los ministerios a los cargos subalternos de provincias. Estas juntas fueron disueltas en octubre de ese año, pero Fernando VII las restableció en abril de 1824 e incrementó el ámbito de sus competencias, hasta abarcar todas las estructuras de encuadramiento de la sociedad. Su actuación significó la depuración de los empleados públicos de todos los niveles y también del personal del Ejército, de las universidades y otros centros de enseñanza, los jubilados y cesantes después de 1820, las viudas beneficiarias de una pensión del Estado y, en suma, todos los que desempeñaron cargos, fueran de designación real o particular, lo que implicó que algunas personas se vieran doblemente afectadas. El sistema siguió un modelo centralizado: en cada provincia existía una junta, que enviaba sus informes a la Junta Suprema de Purificaciones, ubicada en Madrid. Todo quedaba bajo la supervisión de Calomarde y del rey.

El proceso de depuración, estudiado con detenimiento por Jean-Philippe Luis, dio como resultado que el criterio político invadiera el funcionamiento de la administración en todos los niveles. El rey, decía en uno de los decretos relativos a la materia, deseaba que los cargos fueran ocupados por individuos «leales y profundamente adictos a mi persona y a los derechos de mi soberanía». En virtud de este concepto patrimonial de la Administración, se impusieron la fidelidad y obediencia al monarca sobre las consideraciones ideológicas, afirma el historiador citado. En consecuencia, la purga no sólo afectó a los liberales o a los tachados de tales, sino también a los ultras, debido a la desconfianza del rey hacia ellos, la cual se incrementó a medida que fueron pasando los años.[73]

Idéntico proceso se siguió en lo relativo a la prensa. En enero de 1824 se prohibieron todos los periódicos, salvo la Gaceta de Madrid, el Diario de Madrid o Diario de Avisos «y los periódicos de comercio, agricultura y artes». Esta real orden acabó, entre otros, con El Restaurador, vehículo de los partidarios del restablecimiento de la Inquisición y principal órgano de los ultras.

Lejos de quedar limitada al territorio de la monarquía, la vigilancia y control del Estado represor creado por Fernando VII a partir de 1823 se extendieron a los círculos liberales del exilio. Esta tarea fue encomendada a una policía especial, llamada «alta policía» o «policía reservada», distinta de la policía general a que nos hemos referido.

La alta policía actuó bajo el control de Calomarde y dispuso de agentes diseminados por los lugares del exilio y determinados puntos de España, sobre todo los fronterizos. Entre esos agentes hubo empleados de los consulados españoles e incluso actuaron como tales algunos de los propios exiliados, a quienes no fue difícil comprar debido a sus dificultades económicas. Al frente de esta red estuvo José Manuel del Regato. Durante el Trienio se había hecho pasar por exaltado comunero y ejerció como agente provocador pagado por el rey para crear un ambiente de desorden mediante asonadas populares y otros actos públicos, con el fin de desprestigiar el régimen constitucional. Luego trabajó como agente de la policía general a las órdenes del superintendente general Mariano Rufino González, conocido partidario de la dureza represiva. Regato fue autor de numerosas cartas, memorias, y proyectos que hizo llegar directamente al rey. Así se granjeó su confianza, incrementada con motivo de la rebelión de los agraviats, hasta el punto de que acompañó al rey en su viaje a Cataluña en 1827.[74]

El 28 de marzo de 1828, Fernando VII confirió oficialmente a Regato la dirección de la alta policía, dotándola de sus propios agentes y asignándole a él un sueldo de 20.000 reales anuales. Desde entonces, Regato actuó como informador personal del rey, con quien se encontraba con frecuencia y de forma reservada. Según Morange, los agentes o confidentes de Regato eran designados con números o por el nombre de la ciudad donde trabajaban, no se conocían entre sí, y usaban escritos cifrados que se transmitían mediante procedimientos secretos. Fernando VII hizo uso a su conveniencia de esta red de policía especial y personal, en particular para espiar a su propio Gobierno. Los ministros, a su vez, en particular Calomarde y López Ballesteros, cabezas de las dos facciones dominantes en el Gobierno, dispusieron de sus propios informantes. Así, mientras el rey espiaba a sus ministros, éstos se vigilaban entre sí.

En los años finales del reinado hubo, en suma, una tupida red de organismos represivos y de confidentes, agentes especiales y espías que todo lo controlaron y se vigilaban mutuamente, llegando a veces a detenerse unos a otros. Por lo demás, no escasearon las traiciones, los cambios de fidelidades y las actuaciones por su cuenta de algunos, en especial ciertos ministros. No obstante, parece indudable el control supremo ejercido por el rey. Aunque por lo general dejó que sus ministros se enfrentaran entre sí (éste fue un rasgo permanente de la forma de gobernar de Fernando VII), cuando algo no le satisfacía, tomaba la medida oportuna. Valga un ejemplo, significativo por la persona de que se trata. En el otoño de 1828, al regreso de su exilio, Antonio Ugarte fue detenido en Bilbao por disposición, según Regato, de «los ministros moderados», quienes además no permitieron el desembarco en La Coruña de su equipaje. En cuanto se enteró, el rey dio orden de que se permitiera a Ugarte ir a Madrid disponiendo de su impedimenta.[75]

El rey gobierna

Derrocado el régimen constitucional, era tarea urgente organizar la administración del Estado sobre otras bases, esto es, proceder a una segunda restauración del absolutismo.

El primer paso para este fin consistía en derogar la Constitución y la obra del régimen anterior. Así lo hizo Fernando VII mediante el decreto del 1 de octubre de 1823, de factura similar al del 4 de mayo de 1814. En ambos casos, además, el rey reveló sus intenciones para el futuro. En 1814 anunció la convocatoria de Cortes estamentales para elaborar nuevas leyes que, sobre la base de la garantía de la libertad y seguridad individual y real, restablecieran «el orden y los buenos usos en que ha vivido la nación». Como se sabe, nada de esto cumplió, de modo que no volvió sobre ello en 1823. Ahora el rey se comprometió a asumir la obra política desarrollada por la Junta de Oyarzun y la Regencia de Madrid, los dos organismos creados en los años anteriores por el realismo para canalizar la lucha contra el constitucionalismo, pero lo hacía de manera temporal, «hasta tanto que [...] pueda dar las leyes y dictar las providencias más oportunas». Estas leyes y providencias se fundamentarían en los principios por los que habían luchado sus «vasallos» contra «la tiránica Constitución», esto es, el sostenimiento de la Religión, la restitución de las leyes fundamentales y «la conservación de mis legítimos derechos que heredé de mis antepasados».[76]

Éste fue el programa político de Fernando VII al iniciar la nueva etapa. Había desaparecido toda mención a la libertad y seguridad individual y a la reunión de Cortes. Quedaba reducido al retorno a la legislación anterior a la revolución, la alianza del trono y el altar y la represión del liberalismo. Pero, como hemos de ver, lo que ante todo importaba a Fernando VII era la conservación de sus derechos, su plena autoridad, única vía a su entender para garantizar todo lo anterior.

El problema de Fernando VII a finales de 1823 no consistió, pues, en determinar el carácter de la monarquía, pues estaba perfectamente definido. Con independencia del lenguaje utilizado para designarla, la suya era una monarquía absoluta y, en consecuencia, la dirección política correspondía al rey, sin concurrencia de cuerpos representativos o cualquier otra instancia limitativa de su poder. De ahí el rechazo tajante de toda norma constitucional, pero también la necesidad de eliminar otros posibles obstáculos al ejercicio pleno y sin ataduras de la autoridad real. Esto implicaba, por ejemplo, la reforma del sistema de consejos heredado del tiempo anterior, y a pesar de la retórica de la alianza del trono y del altar, el mantenimiento de una política de carácter regalista, es decir, la regulación por el Estado de las cuestiones relativas a la organización material de la Iglesia. Por esta razón era tan difícil que Fernando VII adoptara un sistema de Carta Otorgada o similar deseado por el Gobierno francés, como que atendiera todas las demandas de los sectores realistas más inmovilistas.

Sin embargo, Fernando VII estimaba imprescindible el concurso de Francia para impedir cualquier acción de los liberales exiliados y evitar el aislamiento diplomático, indispensable esto último debido a los conflictos en América y la necesidad de obtener empréstitos en el extranjero. En consecuencia, no hubo mayor dificultad en atender algunas de las sugerencias del Gobierno del país vecino, siempre que no se menoscabara el ejercicio de la autoridad real.

Este planteamiento enfrió la relación de Fernando VII con el realismo extremista. Evidentemente, coincidía en lo sustancial con esta corriente, pero no podía satisfacer todas sus exigencias. Ello quedó de manifiesto a propósito de la larga exposición presentada el 1 de diciembre de 1823 por el general Eguía, su íntimo colaborador desde 1814 y siempre su protegido, quien ahora se presentaba como portavoz de los realistas más fieles. Eguía se pronunció rotundamente y sin eufemismos por la «monarquía absoluta», propuso una profunda renovación del Ejército y del Consejo de Estado, abogó por la continuidad de los voluntarios realistas, sugirió la purificación de los empleados públicos y la exclusión de los altos cargos a quienes no se hubieran declarado fervorosos realistas. Todo esto satisfacía al rey y en parte lo puso inmediatamente en práctica. No atendió, sin embargo, otras cuestiones, como el restablecimiento de la Inquisición y la creación de un nuevo Ministerio de «Observación y Vigilancia Pública», que contara como sus auxiliares a la policía y a «las Juntas de Realistas acreditadas como tales» (la alusión a las juntas apostólicas parece clara).[77]

Debido a la presión de Francia, en este momento interesaba más a Fernando VII la vía del realismo moderado. Lo que podríamos considerar programa de esta corriente lo expuso el conde de Ofalia en un texto fechado en noviembre de 1823 sin indicación de día.[78] El propósito del conde, como el de Eguía, consistía en ofrecer al rey una vía para facilitar «los primeros pasos de su Gobierno, después de los felices sucesos que acaban de establecer en España el trono legítimo con la plenitud de sus derechos».

Ofalia sugería al monarca que se alejara de partidismos y centrara su atención en reprimir la «anarquía», consolidar la autoridad real y poner a la nación «en el camino de la felicidad». Para ello proponía «crear un Gobierno o Administración vigorosa y enérgica, pero paternal o ilustrada, compuesta de hombres instruidos», con la precaución de «no admitir innovaciones, aun las más plausibles y especiosas» hasta estar seguro de sus buenos resultados. El objetivo fundamental quedaba, pues, desde el comienzo meridianamente claro. Se trataba de consolidar el poder del rey, sin concesiones. Y se preguntaba Ofalia: «¿Será absoluto o en alguna manera representativo el sistema de Gobierno?». Antes de responder, puntualizó: «En este párrafo se lleva sólo el objeto de que V.M. tenga armas con que rebatir del todo, o por lo menos retardar indefinidamente el prestarse a las sugestiones que sobre esta materia pueda hacerle cualesquiera potencia extranjera. A no ser por esta circunstancia se hubiera omitido como inconducente». La cuestión, pues, quedaba resuelta en su mismo planteamiento. No convenía hablar de sistema representativo (se debe «retardar indefinidamente») y si Ofalia lo hacía era sólo por motivos operativos, para contrarrestar las presiones extranjeras. En consecuencia, el sistema que había que implantar era un «Gobierno paternal, que impropiamente se ha querido llamar absoluto», templado por la sabiduría y la prudencia. Es decir —especificó Ofalia—, restablecer «el Gobierno y las formas administrativas bajo el pie en que se hallaban en 1820, o por hablar con más propiedad, como se hallaban en el reinado de Fernando 6.o y Carlos 3.o».

No hay en este programa esperanza alguna, por el momento, de régimen constitucional en España, pero en perfecta sintonía con la cultura de sesgo ilustrado de servicio al Estado (por algo alude a los reinados de Fernando VI y Carlos III), Ofalia propugna una batería de reformas. De su propuesta, extendida a muchos asuntos, tales como la creación de un Ejército permanente, la reorganización del sistema de hacienda y de la carrera administrativa, el impulso de la agricultura, las comunicaciones y las artes, la simplificación de la administración provincial, etcétera, cabe destacar algunas importantes novedades. Ofalia sugiere al rey la creación de un Consejo de Ministros y el cuerpo de policía general, la concesión de una amnistía, el establecimiento de un nuevo sistema colonial para la pacificación de América, el reconocimiento de la deuda exterior contraída durante el régimen constitucional y el desarrollo de una política de signo regalista, o como él decía, abordar el estado eclesiástico «por razón de sus regalías».

El conde de Ofalia iba en dirección distinta a la del realismo extremista. No mencionaba dos de sus reivindicaciones principales: la Inquisición y la continuidad de los voluntarios realistas. Frente al acusado ultramontanismo de los otros, propugnaba el regalismo. En lugar de negar toda legitimidad al anterior Gobierno constitucional, le otorgaba cierto reconocimiento «como Gobierno de hecho, o si se quiere como una detentación de la Autoridad Soberana». Lejos de pretender el exterminio de los liberales, sugería una amnistía. Ofrecía una solución para América diferente al habitual recurso a la fuerza. Y abogaba por el establecimiento de dos organismos con potencial reformista: el Consejo de Ministros y la policía, entendida, como se ha visto, como un instrumento para el fomento de la seguridad y del bienestar de la población.

Las propuestas de Ofalia se inscribían en el marco de prudencia y de moderación exigido por los monarcas europeos. Fernando VII las atendió en una parte nada desdeñable, lo cual delata cierta capacidad de reacción del rey en esta coyuntura. ¿Cómo explicarlo? Sin duda por la presión europea, pero también, y quizá de forma más determinante, por su propio interés. Fernando VII había elaborado su política. Nunca seguro por completo del apoyo de su pueblo, estimó que la única forma de consolidarse en el trono como rey absoluto, su único objetivo —en este punto no había concesión alguna—, consistía en mantener un equilibrio entre las exigencias de sus partidarios naturales (los realistas de años antes, muchos de ellos pasados al extremismo) y las de los aliados europeos que le habían librado de las ataduras de la Constitución. Para conseguir este equilibrio estaba obligado a contar con un grupo de fieles a su persona, distantes en apariencia de unos y otros, pero asimismo, y en grado sumo, de los liberales. Estos individuos eran los tildados de moderados, cuya denominación más adecuada sería, como proponen varios historiadores, «fernandinos».

No tuvo inconveniente Fernando VII en asumir ciertas propuestas de los fernandinos o moderados y, lógicamente, en incorporarlos al Gobierno. Ahora bien, el rey dispuso los medios para evitar que llevaran sus propuestas o reformas hasta sus últimas consecuencias, y no cerró por completo las puertas a los ultras.

El 19 de noviembre de 1823, mes y medio después de su «liberación» de manos de los constitucionales, Fernando VII creó el Consejo de Ministros. La institución contaba con un antecedente, la Junta Suprema de Estado (1787-1792), restablecida por Fernando VII en 1815, aunque no llegó a desarrollar actividad alguna. El nuevo organismo podía entenderse, pues, como la restitución de algo del pasado, pero también como novedad, un avance para acompasar la monarquía al nuevo tiempo. El Consejo de Ministros existía en Francia y en Prusia y respondía a la creciente tendencia en Europa hacia la despersonalización del poder, esto es, dar la impresión de que las decisiones no las tomaba el monarca solo, sino el Gobierno de forma colegiada. Esta institución era, además, un escalón hacia la racionalización de la administración.[79]

El «Consejo, que se denominará de Ministros», decía el decreto de su creación, reunirá a los miembros del Gobierno para tratar «todos los asuntos de interés general» y tomar decisiones de común acuerdo, con el fin de que sean «más conformes al bien de mi servicio y al interés de mis pueblos» y sea posible «penetrar a fondo las necesidades de mis vasallos y los remedios adecuados».[80] De acuerdo con esto, este órgano podría concebirse como un instrumento de carácter reformista. En los primeros años de funcionamiento, sin embargo, no cumplió esta función. Para ello hubo que esperar al final del reinado, cuando debido a la enfermedad del monarca fue gobernado el país por el Consejo, dirigido por el ministro de Estado Cea Bermúdez.[81]

Las actas de sus frecuentes reuniones permiten constatar que en él se trataron asuntos relevantes. Abundaron los relativos a Hacienda, a las relaciones internacionales y al orden público.[82] Actuó como máximo órgano asesor del rey, salvo en un breve periodo (febrero-agosto de 1826), en que el monarca ordenó su cese y sus papeles fueron trasladados al Consejo de Estado, ante el que los ministros debían presentar los «negocios graves pendientes de su secretaría».[83] Las actas reflejan asimismo la permanente tensión entre Calomarde y el bloque de los ministros llamados moderados. La existencia del Consejo de Ministros acentuó la pérdida de importancia de los ya disminuidos antiguos consejos de la monarquía (Castilla, Hacienda, Guerra e Indias), cada vez más inoperantes.

Aunque en muchas ocasiones el rey manifestó conformarse por completo con los acuerdos del Consejo de Ministros, en realidad la decisión sobre las cuestiones más importantes las tomó el monarca, bien a través de órdenes trasladadas a este organismo por Ugarte o por el ministro de Estado, bien mediante el despacho directo con cada ministro. Como ha hecho notar J.L. Bermejo, el Consejo de Ministros, en definitiva, fue utilizado por Fernando VII para transmitir cierta imagen de modernidad, especialmente fuera de España, y para descargar en el Gobierno la responsabilidad de cualquier decisión, dando a entender que los ministros actuaban conjuntamente y con suficiente autonomía.[84] Este organismo también sirvió a Fernando VII para vigilar a los miembros de su Gobierno, extremo no el menos relevante, pues todo el empeño del rey consistió en ejercer un poder omnímodo, que en palabras de Miguel Artola, «conducía inevitablemente a la autocracia».[85]

Para transmitir su voluntad a los ministros, Fernando VII se sirvió sobre todo de Antonio Ugarte. Las relaciones de éste con la Regencia realista no habían sido buenas, pero tras la instalación del rey en Madrid recobró el poder que tuvo antes de 1820. Debido a la decidida inclinación de Ugarte en favor de Rusia, el Gobierno francés nunca lo vio con simpatía.[86] Su retorno, pues, fue un reto de Fernando VII a la potencia cuyas tropas continuaban en territorio español, una especie de afirmación simbólica de su autoridad frente a la presión exterior. Pero Ugarte fue algo más para Fernando VII. Actuó como peón eficaz para contrarrestar las aspiraciones del sector realista moderado y, a la vez, sin que ello fuera una contradicción, de aliado o de contrapeso, según las circunstancias, de Calomarde, otro hombre que en este periodo gozó de la plena confianza real.

En febrero de 1824 el rey designó a Ugarte secretario del Consejo de Ministros. La orden real justificó el nombramiento con este rotundo argumento: «Tanto por los servicios desempeñados durante la invasión de Bonaparte, en que con autorización del Gobierno provisional desempeñó importantes y arriesgadas comisiones en bien de mi servicio, como en los tres años del Gobierno revolucionario en que bajo mis órdenes reservadas ha evacuado los más arduos y delicados encargos con riesgo de su vida».[87] La alusión a «mis órdenes reservadas», aparte de confirmar lo que se ha dicho sobre la actuación contra el constitucionalismo del rey y Ugarte durante el Trienio, anuncia que así seguiría siendo en lo sucesivo. La misión oficial del secretario del Consejo consistía en llevar el libro de actas, pero en la práctica resultó mucho más extensa. Se encargó de aconsejar al rey, de informarle de los movimientos de los ministros, de enfrentar a unos con otros y, sobre todo, de transmitirles las órdenes del monarca. Era el hombre que gozaba de la plena confianza del rey. Esto lo explica todo.

Desde el primer momento quedó bien patente el propósito de Fernando VII de imponer su criterio al Gobierno. En diciembre de 1823 transmitió unas «Bases sobre que ha de caminar indispensablemente el nuevo Consejo de Ministros». El adverbio «indispensablemente» es elocuente. No se trataba de recomendaciones, sino de órdenes terminantes y claras. Eran éstas «plantear una buena policía en todo el reino», la disolución del Ejército y formación de otro nuevo, no instaurar «nada que tenga relación con cámaras ni con ningún género de representación», «limpiar todas las secretarias de despacho, tribunales y demás oficinas [...] de todos los que han sido adictos al sistema constitucional, protegiendo decididamente a los realistas», destruir las sociedades secretas «y toda especie de secta», y no reconocer los empréstitos constitucionales.[88] En resumen: depuración de la administración y tajante exclusión de cualquier sistema constitucional. El Consejo de Ministros debía garantizar el poder absoluto de Fernando VII, sin la mínima concesión. Debía actuar en sentido contrario al deseado por Francia.

Las notas confidenciales cruzadas entre Fernando VII y Ugarte desde octubre de 1823 hasta finales del año siguiente publicadas por Ortiz de la Torre delatan los procedimientos seguidos por el rey para dirigir su Gobierno. Fueron variables, pero tuvieron un rasgo común: todo estuvo orientado a reprimir con dureza a los constitucionales. Unas veces daba la impresión de atender las sugerencias francesas y se permitían debates en el Consejo de Ministros sobre el decreto de amnistía y sobre la posibilidad de conceder perdón a los antiguos afrancesados, se mantuvieron conversaciones para el reconocimiento de la deuda exterior contraída por los Gobiernos constitucionales, se adoptaron acuerdos sobre la permanencia del Ejército francés de ocupación... Otras veces se amagaba con estrechar el acercamiento a Rusia (Ugarte escenificó a la perfección esta amenaza) o se atendían las voces de los ultras y de la jerarquía eclesiástica para dejar sin efecto las aparentes medidas de moderación. El método empleado por el rey y Ugarte no difirió mucho del experimentado durante el Trienio: comunicaciones secretas entre ambos, órdenes terminantes del rey que Ugarte ejecutaba sin reparar en medios, desconfianza hacia todos, en particular hacia los ministros, y, siempre, mantenimiento de las apariencias.

Así pues, el ámbito de competencias de Ugarte sobrepasó con mucho el que correspondía al secretario del Consejo de Ministros. Sobre todo en materia de nombramientos. Ugarte siempre estuvo en el centro de las decisiones, atento a las distintas instancias, encargado de seguir los dictados de Fernando VII para conseguir ese equilibrio imposible entre la templanza aconsejada por los franceses y la dureza exigida por los ultras. En nombre del rey mantuvo conversaciones en noviembre de 1823 con Pozzo di Borgo y con las autoridades francesas para introducir en el Gobierno a los ministros tildados de moderados, facilitó la entrada de Calomarde en el ejecutivo, y junto con el embajador ruso Oubril sugirió la sustitución de Ofalia por Cea Bermúdez. La forma de actuar en este último caso es muy ilustrativa. Fernando VII interpretó que el conde de Ofalia y otros ministros parecían inclinados a presentar la dimisión, porque decían no contar con la confianza real, y dijo en una nota a Ugarte: «en ese caso dime lo que se ha de hacer».[89] Como se acaba de ver, Ugarte se lo dijo.

Por expreso deseo de Fernando VII, Ugarte entendía de casi todo. Si se producían desavenencias entre acreditados absolutistas, el rey le ordenaba intervenir con frases de este estilo: «Procura tú componer todo esto». Si la gestión de algún alto cargo provocaba descontento, el rey consultaba a Ugarte sobre su destitución: «Dime si convendría separar al general Contreras, pues hay repetidas quejas y anónimos contra él». Si el monarca tenía sospechas de alguien, advertía a su confidente: «Cuidado con la multitud de oficiales que hay en Granada, entre ellos nueve generales; sería bueno separarlos». Cuando un reconocido absolutista había actuado de forma inconveniente, el rey encomendaba el correctivo oportuno con toda confianza y en el tono vulgar que le era propio. Por ejemplo, no le agradó un memorial del general Bernardo Acuña, quien había sido ayudante de Eguía en las detenciones de liberales en mayo de 1814 y ahora caído en desgracia, y ordenó a Ugarte: «Quiero que le des la felpa que te he dicho».[90]

Ugarte también servía para tratar con los representantes extranjeros, en particular con el embajador de Rusia. En julio de 1824, al presentar Oubril sus cartas credenciales como nuevo embajador del zar, el rey le sugirió despachar con Ugarte, a quien informó en términos confidenciales de su entrevista con el ruso, celebrada en el balneario de Sacedón: «Me preguntó si quería que después de haber hablado contigo volviese aquí, o esperaba a mi vuelta. Le respondí: que a no ser cosa urgente, esperase en Madrid a mi vuelta». Es decir, bastaba Ugarte para resolver lo que fuera menester, aun tratándose de temas «a cuál más delicados y más difíciles», como juzgó el rey los planteados por Oubril.[91]

La confianza de Fernando VII en Ugarte se extendió a las cuestiones más escabrosas. Ante las primeras noticias de la rebelión del ultra Capapé, del que se hablará luego, el monarca le ordenó que averiguase personalmente el asunto. El encargo era delicado, pues se sospechaba que Capapé mantenía alguna relación con el infante don Carlos. A propósito de otro antiguo guerrillero, Manuel Adame, el Locho, asimismo comprometido en las maniobras de los ultras, le mandó: «Quiero que no se metan con él, a no haber pruebas positivas o que nuevamente dé motivos para ello». Pero si se trataba de liberales, la crueldad de Fernando VII no tenía límites. «Ya es tiempo de coger a Ballesteros y despachar al otro mundo a Chaleco y al Empecinado. Respóndeme a todo esto», escribe a Ugarte, y como éste le expusiera ciertas dificultades legales aducidas por los ministros, el monarca le lanzó el siguiente ultimátum: «Quiero y mando que inmediatamente se ejecuten las prisiones, sin pretexto ni excusa alguna, aunque se arda todo el mundo y aunque rabien los ministros, que bien lo merecen». Unos días antes, el rey se quejaba ante Ugarte: «Me parece que los ministros actuales quieren imitar a los Constitucionales en no dar cuenta más que de lo que les acomoda. Ya se sabe, en habiendo algo a favor de los realistas procuran dilatarlo».[92]

Las frases citadas, contenidas en las notas personales del rey a Ugarte fechadas en 1824, revelan la forma de dirigir la monarquía y la obsesión represora. Fernando VII deseaba que los liberales fueran «despachados» rápidamente (acaso no sea inexacto interpretar que el verbo «despachar» se usa aquí en el sentido coloquial de «quitar la vida»). Esas frases delatan, al mismo tiempo, el desprecio del monarca hacia sus ministros (que rabien, «que bien lo merecen»). Simplemente, el rey no confía en su Gobierno y se irrita cuando detecta cierto alejamiento de Ugarte. El 6 de junio de 1824 le escribe: «Veo que los ministros ya no cuentan contigo para nada y que te dicen que no han recibido ninguna carta del Sitio [Aranjuez, donde estaba el rey en ese momento]. Esto es menester remediarlo».[93]

El asunto es relevante. Si los ministros cortaban su relación con Ugarte, se malograba el sistema utilizado por Fernando VII para transmitir su decisión, que, evidentemente, no coincidía en todos los casos con lo que se decía oficialmente. El rey no podía actuar siempre a las claras, o por mejor decir, con la crueldad que deseaba. Estaba obligado a mantener determinadas formalidades, aparentar al menos el cumplimiento de las leyes y mostrarse ante las potencias europeas como el padre benigno de su pueblo. Pero Fernando VII no estaba dispuesto a perdonar ni a transigir con los que calificaba de «malos», y para imponer su voluntad necesitaba a Ugarte y también, aunque de otra forma, a Calomarde. Tal era la finalidad de las mencionadas «cartas del Sitio».

Una de ellas, firmada con la inicial «F» y fechada en Aranjuez el 3 de junio de 1824 (tres días antes de la nota anterior) iba dirigida al ministro de Estado, conde de Ofalia. Con toda probabilidad, se trata de una de aquellas que, como se quejaba el rey, decían los ministros no haber recibido. Comenzaba así: «Heredia: te mando que comuniques inmediatamente a todos los secretarios del Despacho [los ministros] las reglas siguientes, que quiero que obedezcan ciegamente, pues de lo contrario incurrirán en mi desagrado». Las reglas se referían a excluir de cualquier cargo a liberales y afrancesados, en especial a los miembros de la extinta milicia nacional, «a menos que yo tenga a bien nombrar alguno por servicios particulares que me hayan prestado y a mí me consten». El rey insistía en que tales reglas debían observarse «como medidas gubernativas [...], todo con la mayor reserva». Y terminaba de esta guisa: «Así mismo mando que los secretarios del Despacho cumplan con la orden que les he dado dos veces por Calomarde y una por Ugarte de que cuando propongan cualquier empleo pongan la cláusula de si es o no adicto a mi persona. Tres veces lo he mandado y todavía no se ha cumplido. Parece que no quieren obedecer». En hoja aparte recalca a Ofalia que cuando un ministerio proponga a un individuo para cualquier cargo, especifique «si es adicto a mi persona y qué pruebas ha dado». Y más aún: «Estas órdenes las darán los dichos secretarios [los ministros] como suyas, y no como emanadas de mí, volviéndoles a encargar la reserva de que serán responsables».[94]

A Fernando VII no le bastaba con la desvirtuación del decreto de amnistía publicado sólo un mes antes, del que enseguida se tratará, ni la depuración de los empleados públicos, decisiones todas draconianas. Por la vía confidencial transmitía órdenes más severas y exigía su cumplimiento «con la mayor reserva» y con amenazas: el ministro que no se atenga a lo dicho «incurrirá en mi desagrado», lo cual se puede interpretar de cualquier forma, pero los aludidos lo debieron de hacer en el peor sentido. Como siempre, hacía recaer en sus subordinados la responsabilidad en las medidas más crueles.

Ahora bien, parece que quien no mantuvo la correspondiente reserva y alardeó de sus influencias fue el propio Ugarte. El 11 de junio, unos días después de escribir a Ofalia la nota citada, el rey prohibió a Ugarte acudir con su familia a Aranjuez, «pues ya pareció mal el que ustedes asistiesen en Toledo al coro y procesión» con motivo de la fiesta del Corpus. Unos días antes, en torpe prosa, el monarca se había lamentado de ciertas indiscreciones de Ugarte: «¡Ah! Si tú te hubieses estado metidito en tu casa sin venir a palacio, ni mezclarte en nada a las charcas, se hubieran dado unos palos terribles sin saberse de dónde venían, la cosa se hubiera enderezado, estaríamos mejor que estamos, pues esto se va a desplomar, y no hablarían de ti tantas pestes, cosa que es hacerte una solemne injuria».[95]

Estas palabras eran un serio reproche a Ugarte por sus ínfulas. Antes de 1820 éste ya había manifestado su tendencia a entrometerse en los ministerios, sobrepasando la misión concreta encomendada por el rey. Pizarro, como vimos, se quejó de ello. En 1824 el poder de Ugarte se había incrementado y a nadie se le ocultaba que era el encargado de transmitir órdenes especiales del rey. Tal cota debió alcanzar su engreimiento, que algunos se referían a él como «Antonio I».[96] Esto, evidentemente, no podía soportarlo Fernando VII. Además de la llamada de atención de que se ha dado cuenta, le ordenó por escrito que se abstuviera de seguirle a los Sitios, que no recibiera a nadie, que no apareciera por ningún ministerio y que se apartara poco a poco de los asuntos en público, observando la misma conducta que en el Trienio. Conocemos todo esto gracias a una carta dirigida al rey, firmada por «El Invariable», naturalmente con carácter reservado, respuesta a este escrito del monarca. Está fechada el 11 de noviembre de 1824 y no lleva firma, aunque por su contenido y porque nadie osaría hablar a Fernando VII en los términos ahí empleados, es patente que la escribió Ugarte.[97]

«El Invariable» califica la orden del rey de «puñalada de mano de un soberano» y de «trabucazo» que le ha afectado a su salud. Se permite solicitar explicaciones (usa la expresión: «Pedir a S.M. alguna aclaración») y en un sorprendente tono altanero responde a las prohibiciones señaladas. Seguirá acogiendo en su casa a familiares y amigos y poco a poco dejará de recibir al embajador de Dinamarca, Dernath, al de Rusia y a los ministros, pero de golpe no conviene, pues sería ir contra su honor, «campanada [...] que no me parece estoy en el caso de sufrirla». En cuanto a su incomparecencia en las secretarías de palacio, osaba decir: «Supongo que no está incluida la mía [la del Consejo de Ministros], adonde tampoco voy sino los días de Junta». Negaba tener en su poder expedientes de otras secretarías, de lo cual le acusaba el rey en su escrito, y mantenía que no trataba con ministros, aunque acto seguido, afirmaba que en este punto había que actuar con maña y tiento y no interrumpir la relación de golpe. Prometía no tratar en público cuestiones de gobierno, aunque decía entender que el rey continuaría consultándole reservadamente. Finalmente exponía su compromiso de «no mezclarme en nada, sino en los asuntos privados de mi Secretaría, a menos que V.M. no me lo mande».

Una reacción de esta naturaleza no la podía soportar Fernando VII, aun viniendo de un individuo tan en sus secretos, y por consiguiente tan comprometedor, como Ugarte. Ya vimos que Fernando VII no toleró algo similar a su íntimo Escoiquiz. Así pues, el rey se dejó convencer por el ministro de Estado Cea Bermúdez, hasta poco antes muy bien relacionado con Ugarte y ahora hastiado de sus entrometimientos, y el 17 de marzo de 1825 lo envió a la embajada de Cerdeña. Cea Bermúdez se cuidó de dar las correspondientes órdenes a las autoridades fronterizas para que bajo ningún concepto permitieran la vuelta a España del hasta entonces poderoso Antonio Ugarte.[98]

Desaparecido Ugarte, Fernando VII se sirvió de Calomarde para dar las órdenes que no deseaba hacer pasar por suyas. Siguió esta forma de proceder incluso para solventar situaciones incómodas dentro de la propia familia real. Veamos un caso. A finales de 1824, el infante Francisco de Paula solicitó permiso para viajar a París. El rey no estaba dispuesto a concederlo, porque según dijo a Calomarde el viaje podría influir «en que decaiga el espíritu de los realistas» y podría ser aprovechado por los liberales exiliados en Francia para «urdir proyectos tomando el nombre del infante». Ahora bien, en lugar de transmitir la negativa directamente a su hermano, el rey indicó a Calomarde que ordenara por vía reservada al presidente del Consejo Real, Martínez de Villela, que este organismo emitiera un dictamen denegando el permiso, advirtiéndole que no se mencionara la orden real, «haciendo aparecer la consulta como un movimiento espontáneo del Consejo nacido de los rumores que circulan sobre este viaje». El Consejo Real, evidentemente, se declaró contrario al viaje del infante, aduciendo, entre otras razones, que pondría en riesgo la lucha por mantener América y que el erario público no podía permitirse los gastos de ese viaje.[99]

La doblez y crueldad de Fernando VII no tenían límites. No debe extrañar, en consecuencia, que si dejó en agua de borrajas la hipotética moderación del Gobierno nombrado como consecuencia de la presión de los monarcas europeos, hiciera otro tanto con la amnistía, la otra gran exigencia exterior, prometida, además, por él mismo el 30 de noviembre de 1823, antes de su salida de Cádiz.

El decreto de amnistía estuvo rodeado de todo tipo de irregularidades, incluso formales, pues estaba datado el 1 de mayo, pero en realidad se aprobó el 11 y no se publicó en la Gaceta de Madrid hasta el 20 de ese mes. Debía ser una especie de prueba de fuego de las intenciones apaciguadoras del rey, el acto destinado a poner fin a la guerra civil iniciada en 1822, pero contenía tantas excepciones que quedó desvirtuado por completo.

Sobre las excepciones debatieron ampliamente durante las conversaciones preparatorias los embajadores extranjeros en Madrid y el ministro de Estado español, primero el marqués de Casa Irujo y luego el conde de Ofalia. Los embajadores admitían excepciones si se referían a personas concretas o a situaciones muy específicas que no dieran pie a equívocos. El Gobierno español, sin embargo, mantuvo otra posición, reflejada en lo que parece fue borrador del decreto, presentado por Ofalia al Consejo de Ministros en la sesión monográfica del 1 de mayo de 1824, presidida por el rey. Ofalia defendió excepciones genéricas, basado en que así lo requería «la parte más sana de la población», pues las excepciones personales no satisfarían las expectativas de muchas personas, que «deseaban con vehemencia que todos los autores de ciertos delitos y excesos fuesen comprendidos en las excepciones».[100]

Quizá no fueron éstas exactamente las palabras de Ofalia, pues el acta del Consejo la redactó Ugarte y bien pudo cambiarlas. Ahora bien, si no fueron tergiversadas, no puede decirse que Ofalia hiciera gala en esta ocasión del moderantismo que se le atribuye, aunque tal vez —esto es lo más verosímil— se limitó a acatar los dictados del rey. En todo caso, no parece que en esa reunión del Consejo de Ministros presidida por el rey (el dato, insisto, es determinante) ningún ministro abogara por un indulto extenso. El acta refleja lo contrario:

Enseguida el Sr. Ministro de la Guerra [José de la Cruz, considerado moderado] y sucesivamente todos los demás SS. Ministros manifestaron en sus discursos que según las noticias que cada uno tenía por sus respectivos Ministerios sobre la opinión pública en general, creían que el proyecto de ley presentado por el sr. ministro de Estado aún era demasiado amplio y podría producir agitaciones [...] pero que por el deseo de complacer en lo más posible a los Soberanos Aliados y confiados en que las Autoridades civiles y eclesiásticas se esforzarían a mantener la tranquilidad pública y evitar todo disgusto, creían [los ministros] debía aprobarse así y finalizar enteramente un negocio que tiene en expectativa a toda Europa.[101]

En suma, todo se reducía a un criterio de oportunidad, a pragmatismo. Cuatro ministros (Ofalia, Cruz, López Ballesteros y Salazar) deseaban la publicación del decreto de amnistía (en rigor, a esto se redujo su moderación), mientras el rey y Calomarde daban largas al asunto. Pero no hay que pasar por alto la alusión a la vigilancia de las autoridades para «evitar todo disgusto». Esa «vigilancia» podía tener muchas consecuencias, como así fue.

Todo hace suponer que si finalmente se publicó el decreto de amnistía fue por presión exterior y que los llamados ministros moderados se hicieron eco de ella ante el rey, sin atreverse a influir en su contenido o sin poder hacerlo. Chateaubriand no tuvo dudas ni de una cosa ni de la otra. El 22 de febrero de 1824, en plena negociación del texto, escribió al embajador Talaru: «Temo sea difícil obtener algo bueno de los actuales ministros [...] que son hechura de la camarilla, que viven bajo su dependencia y contra quienes la oposición va a redoblar su fuerza». Y el 19 de mayo, en vísperas de la publicación del decreto, dijo a su confidente La Ferronnais, embajador francés en Rusia: «Hemos conseguido, por fin, la amnistía; pero ha sido precisa la circunstancia de la renovación del tratado de ocupación para arrancarla; y si no hubiésemos establecido terminantemente que sin amnistía no habría renovación del tratado, nada hubiéramos alcanzado y todo lo que los soberanos hubiesen escrito y pedido, habría sido inútil».[102]

La cuestión de las excepciones tal vez impidió la aprobación del decreto de amnistía por el Consejo de Ministros el 1 de mayo. El acta de la sesión de ese día terminaba consignando que «S.M. dijo que quedaba enterado y daría su resolución». Fernando VII se aferraba a su propósito de no dar un indulto general, pero tampoco deseaba entrar en conflicto con Europa. Debían, por tanto, continuar las negociaciones, que era exactamente lo que convenía al monarca. Cuanto más tiempo transcurriera, mayor oportunidad tenía de imponer su criterio, pues en esta ocasión, como en tantas otras, supo jugar en su provecho con el tiempo. Habían transcurrido demasiados meses desde el fin de la guerra y todos los Gobiernos europeos implicados estaban ansiosos por ver el decreto de amnistía. Más que ninguno, el francés. Casi desesperado, el 19 de febrero había escrito Chateaubriand a su embajador en Madrid: «De todas maneras, no debéis consentir en que no se publique la amnistía. El rey [de Francia] y el príncipe generalísimo [Angulema] atienden a su palabra empeñada y S.M. se propone hablar de esto en su discurso en la apertura de las cámaras».[103] Interesaba la amnistía fuera como fuese. Esto es lo que cuadraba con los planes de Fernando VII: que por impaciencia o agotamiento, los extranjeros cedieran en sus exigencias.

El 11 de mayo de 1824 se aprobó, finalmente, el decreto. Si nos fiamos de las citadas palabras de Chateaubriand, se debió al ultimátum sobre la retirada de las tropas francesas, cuya evacuación de España estaba prevista para julio de ese año. Las actas del Consejo de Ministros no hacen la menor alusión a la publicación, pero debió de existir algún debate, quizá porque el conde de Ofalia o algún otro ministro se hiciera eco de las objeciones extranjeras sobre su alcance. Sea como fuere, todo lo resolvió Ugarte, como era habitual. El 10 de mayo le escribió el rey desde Aranjuez en su inconfundible estilo: «... mañana martes se tratará en el Consejo de la amnistía dichosa: Dios te la depare buena».[104]

La deparó como deseaba el rey y el decreto salió con tantas excepciones, no referidas a personas, sino a categorías, cual deseaba el monarca, que quedó desvirtuado por entero. Y aun así, el mismo 10 de mayo, en carta a su embajador en Londres, se pronunciaba Chateaubriand de esta forma: «Os he dicho que al fin habíamos conseguido la amnistía en España. Esto corona nuestra obra, y es una importante noticia».[105] El ministro francés estaba en lo cierto, aunque no en el sentido que trataba de comunicar. Francia, en efecto, había culminado la tarea emprendida un año antes al invadir España, que no era, como pretendía, dulcificar la política española, sino acabar con el régimen constitucional, que paradójicamente recibía el golpe de gracia con el decreto de amnistía.

Si el contenido del decreto se hubiera reducido a su artículo primero, Fernando VII se habría ganado el aplauso de Europa. Establecía lo siguiente:

Concedo indulto y perdón general, con relevación de las penas corporales o pecuniarias en que han podido incurrir, a todas y cada una de las personas que desde principios del año 1820 hasta el día 1 de octubre de 1823, en que fui reintegrado en la plenitud de los derechos de mi legítima soberanía, hayan tenido parte en los disturbios, excesos y desórdenes ocurridos en estos reinos, con el objeto de sostener y conservar la pretendida constitución política de la Monarquía, con tal que no sean de los que se mencionan en el artículo siguiente.

A continuación, sin embargo, en un extenso artículo 2, se especificaban las excepciones. Éstas eran tan imprecisas —ha matizado Alicia Fiestas—, que en la mayoría de las ocasiones necesitaban trámites previos para determinar a quiénes afectaban y, por supuesto, en conjunto anulaban «el indulto y perdón general» anunciado en el artículo primero, pues quedaban excluidos de la amnistía todos los que habían tenido algo que ver en los principales acontecimientos del Trienio. Entre otros, los militares y civiles que participaron en el pronunciamiento de 1820, los que forzaron al rey a jurar la Constitución, los integrantes de la Junta Provisional que propició la transición del sistema absoluto al constitucional, los miembros de las sociedades secretas, los autores de escritos contra los dogmas católicos, los comandantes de las partidas constitucionales formadas tras la invasión francesa, los diputados que votaron la creación de la Regencia constitucional de Sevilla y sus miembros, todos los que hicieron posible el viaje del rey a Cádiz y «los jefes militares y civiles que continuaron mandando a los sublevados», los jueces y fiscales de las causas seguidas contra destacados realistas durante el Trienio, etcétera.[106]

Lejos de perdonar, el decreto de amnistía mantenía la persecución de los liberales. Además, no supuso el fin de los procesos de purificación y obligó a las autoridades a vigilar a los partidarios del régimen constitucional y a los presos liberados en virtud del propio decreto. No se alteraba, por tanto, la depuración de la administración y en lugar de remitir, se incrementaron las persecuciones, pues el último artículo añadía un medio más a este fin, al ordenar a los obispos que inspeccionasen la conducta de los párrocos y demás eclesiásticos «para tomar las providencias que les dicte su celo pastoral por el bien de la Iglesia y del Estado».

Tal vez con la vista puesta en los Gobiernos europeos, la publicación del decreto se acompañó de una alocución de tono pacificador, en la que el rey hablaba de olvidar agravios, sacrificar resentimientos y buscar la unidad. En ella repetía frases contenidas en las cartas de Luis XVIII recibidas meses antes, como la siguiente: «La desunión y las discordias civiles han arruinado los más poderosos imperios de la tierra». Así se manifestaba Fernando VII en público, mientras por su habitual vía reservada, el 13 de mayo —antes de publicar el decreto de amnistía— ordenaba al fiel Ugarte: «... quiero que les digas a los ministros y a Arjona [superintendente general de policía] que inmediatamente procedan a la prisión de los exceptuados en la amnistía, sin excusa alguna tanto para los que se hallen en Madrid, como en las provincias, y que les formen causa y sean despachados a la mayor brevedad». Que la orden se cumplió parece indudable, pues los calabozos estaban llenos cuando se publicó el decreto. A título de complemento, Calomarde dio el 1 de julio su particular amnistía para «los que hubiesen cometido excesos en las personas y bienes de los liberales, exceptuando únicamente los asesinos». Comenta Vayo que así quedaron impunes el robo, el saqueo, las heridas y cien delitos más cometidos por los realistas.[107]

El decreto de amnistía no contentó a nadie, aunque algunos lo recibieron con júbilo y hubo lugares donde se celebraron iluminaciones generales. Los liberales constataron enseguida que las excepciones abrían la puerta a la arbitrariedad, y los ultras protestaron porque no podían consentir que ni siquiera uno de aquellos quedara libre de castigo. Las reacciones fueron las lógicas: los liberales con posibilidades que aún permanecían en el país, se exiliaron, de modo que la amnistía, en lugar de evitarlo, incrementó el exilio; los ultras arreciaron en su oposición al Gobierno «moderado».

Conspiraciones y revueltas

Las agitaciones, de signo contrario, promovidas por ultrarrealistas y liberales pronto disiparon el intento de Fernando VII de reconstruir el aparato del Estado manteniendo cierto equilibrio entre las facciones del realismo.

En medios liberales del exilio se pensó que el régimen fernandino no podía perdurar mucho tiempo, a causa de los excesos de la represión, su mala imagen en Europa y la cada vez más acusada división en el seno del realismo. Además, la desorganización del Ejército español y la supuesta repatriación inminente de las tropas francesas suscitaron entre algunos liberales cierta confianza en provocar movimientos insurreccionales a favor de un sistema constitucional. Los preparativos en este sentido comenzaron, según Irene Castells, en febrero de 1824. Los comprometidos en ellos contaron con la ayuda de independentistas americanos y de liberales portugueses. Fijaron su centro de operaciones en Gibraltar, por su proximidad a Cádiz, ciudad donde todavía había un buen número de liberales protegidos por las tropas francesas de ocupación, y por su conexión con Inglaterra, con cuyo apoyo esperaban contar.

Varios movimientos rebeldes detectados a finales de julio en distintos puntos de España inquietaron a las autoridades absolutistas. La alarma se disparó el 3 de agosto, cuando un grupo de liberales mandados por el coronel Francisco de Paula Valdés tomó la plaza de Tarifa y acto seguido se supo que un puñado de hombres marchaba hacia Almería bajo la dirección del antiguo miliciano madrileño Pablo Iglesias para provocar el levantamiento de Andalucía oriental. Las autoridades absolutistas sofocaron ambos movimientos con el concurso de las tropas francesas. Los liberales implicados que no lograron huir fueron fusilados o ahorcados. Se calcula que más de un centenar sufrió esta suerte.[108]

La decisiva intervención de las tropas francesas para sofocar estos intentos insurreccionales determinó la prórroga del tratado de ocupación. A su vez, se endureció la represión. La restrictiva amnistía decretada en mayo quedó anulada de facto, el Cuerpo de Voluntarios realistas cobró vigor y el rey procedió a la destitución de altos cargos sospechosos de falta de celo absolutista. Entre los ceses más relevantes se cuentan el del ministro de la Guerra, el moderado José de la Cruz, sustituido por el general Aymerich, un ultra declarado, y el del también moderado Arjona, que lo fue en la superintendencia de policía por el extremista Mariano Rufino González.

De hecho, el fracaso de la insurrección liberal supuso un triunfo para los realistas extremistas, pero éstos no se dieron por satisfechos. Desde la entrada de los moderados en el Gobierno tenían la sensación de que el ejecutivo estaba más interesado en perseguir a los realistas que a los liberales. «Estamos como si ya hubiese comenzado la guerra civil; sólo se piensa en combatir al partido contrario [a los liberales] y muchas provincias están a punto de rebelarse de nuevo», escribió en enero de 1824 en despacho oficial el nuncio Giustiniani, quien no podía ocultar su preocupación, pero tampoco sus simpatías por el realismo extremista. Meses más tarde, en junio, el nuncio volvía sobre lo mismo: «Sigue la persecución contra los realistas [...], que sufren vejaciones y arbitrariedades».[109]

En marzo-mayo de 1824 Fernando VII recibió cartas con quejas similares a las del nuncio, en su mayoría firmadas por oficiales de voluntarios realistas en nombre de sus hombres. El estado del reino, denunciaban estos escritos, es «deplorable», a causa de los «manejos ocultos y perversos que cercan el trono». Por culpa de los ministros y de los jueces de las audiencias, donde abundan los constitucionales —decían—, no se castiga suficientemente a los liberales, muchos de los cuales viven tranquilos e incluso se han introducido en la corte. Por el contrario, la policía multa y persigue a los voluntarios realistas, los cuales se hallan privados de la adecuada protección por parte de las autoridades. Para poner remedio a esta situación, los autores de las cartas reclamaban el restablecimiento de la Inquisición y la potenciación del Cuerpo de Voluntarios Realistas. Además, solicitaban la concesión a este organismo del fuero criminal y que se facilitara el ingreso en él de los hombres libres de compromiso con el constitucionalismo, en particular —se especificaba— «el miserable jornalero, el hombre pobre [...] poseedor de las tierras que pertenecieron a los propios...».[110]

A los ojos de los realistas más combativos, Fernando VII era rehén de los franceses y de los ministros moderados. A mediados de mayo de 1824, el antiguo guerrillero realista y ahora notorio ultra Joaquín Capapé, el Royo, escribió a un amigo que el Gobierno pretendía desarmar a los voluntarios realistas, publicar la amnistía y luego una constitución moderada, distinta a la de 1812. Ésta no fue la opinión de un individuo aislado. Meses antes, Giustiniani ya había dejado caer en uno de sus despachos: «Los proyectos de Constitución que circulan impresos hacen creer que partan de alguno de los actuales ministros».[111] Estas especies las compartieron todos los que no veían llegado el momento del restablecimiento de la Inquisición y sintieron que la victoria sobre el constitucionalismo había sido incompleta, pues lejos de laminar a los liberales, el Gobierno y las tropas francesas de ocupación protegían a muchos de ellos, encubiertos bajo hipócritas protestas de fidelidad al rey.

Así pues, se generalizó la impresión de que el rey había abandonado a su suerte a quienes habían luchado contra el constitucionalismo durante el Trienio. En esta situación de desamparo se hallaban los «indefinidos» o «ilimitados», esto es, los guerrilleros a quienes no se les habían confirmado los grados militares alcanzados en el extinto «Ejército de la Fe» y ahora se hallaban con licencia ilimitada.[112] La situación económica de estos individuos, unos ocho mil, era muy precaria, pues a pesar de que se les reconocía la mitad o el tercio de su sueldo, éste llegaba con mucho retraso, y en algunos casos nunca. Además, su reincorporación a la vida civil les había supuesto la pérdida de la posición de autoridad y de alto reconocimiento social que habían gozado durante el tiempo de la guerra. En esta categoría se hallaron Capapé y Jorge Bessières, protagonistas de sendas rebeliones en 1824 y 1825, las cuales, según Fontana, fueron en realidad dos etapas de un solo movimiento en el que participaron muchos otros.[113]

Capapé había mantenido contactos con Bessières para emprender alguna actuación, pero a finales de mayo de 1824, antes de poner en marcha su hipotético plan, fue detenido y sometido a un largo proceso, si bien salvó la vida. Bessières corrió peor suerte. Descubierta la conspiración en que estaba comprometido, huyó de Madrid. El 23 de agosto de 1825 fue capturado en la serranía de Cuenca por tropas mandadas por el conde de España, quien en cumplimiento de la orden recibida del rey lo fusiló al día siguiente en Molina de Aragón junto con siete compañeros, sin tomarles declaración. De España quemó los papeles que portaban. La Gaceta Extraordinaria del día 28 publicó un expresivo oficio del conde de España, en el que decía que en cumplimiento de los decretos reales del 17 y 21 de agosto y de órdenes expresas del monarca recibidas el 23, a Bessières y compañeros «se les suministraron los auxilios espirituales de nuestra santa y consoladora religión y previa la declaración de su horrendo crimen, han sido fusilados hoy a las ocho y media de la mañana». La precipitación en la ejecución del destacado realista y el expeditivo cierre del proceso hizo sospechar —apunta Alonso Tejada— que el rey pretendía evitar que trascendiera el compromiso en la conspiración de su hermano don Carlos y de otros altos personajes. No es una sospecha infundada, pues al saberse la fuga de Bessières de Madrid, Fernando VII había expedido un decreto el 17 de agosto ordenando «que a los aprehendidos con las armas en la mano no se les diese más tiempo que el necesario para morir como cristianos».

Coincidiendo con el asunto Bessières, la policía se empleó a fondo para desbaratar otros movimientos rebeldes ultrarrealistas en Zaragoza, Ocaña, Granada, Tortosa, Santander, Villena, Orihuela... Su objetivo respondía por entero al ideario del realismo extremista: restablecimiento de la Inquisición y supresión de la policía, destitución del Gobierno moderado, endurecimiento al máximo de la represión de los liberales y reconocimiento de los grados militares obtenidos por los ilimitados durante el Trienio.[114]

En el centro de esta actividad conspirativa aparecieron de nuevo las sociedades secretas apostólicas del periodo de la Regencia (La Purísima, El Ancla, El Ángel Exterminador...). De ello se hizo eco el Consejo de Ministros. En su sesión del 28 de junio de 1824, el conde de Ofalia y José de la Cruz propusieron «tomar en consideración el expediente que existe sobre el estado de las Juntas realistas, llamadas del Áncora y otras de esa clase», porque «amenazaban a la tranquilidad pública y al Gobierno por su exceso de realismo y que podrían causar males de mucha trascendencia». El Consejo acordó abordar el asunto en su próxima reunión, pero no lo hizo o, al menos, no consta en las actas, ni en esa ocasión, ni con posterioridad.[115]

En el verano de 1825 se sucedieron los arrestos de militares y de otros individuos comprometidos en las conspiraciones ultrarrealistas, entre ellos significados eclesiásticos, la mayoría canónigos. En uno de sus despachos oficiales, el nuncio Giustiniani aludió a estos sucesos de la siguiente forma: «Las acusaciones y las calumnias se redoblan contra todos los realistas, se detiene a varios, las diferencias crecen en la familia real, la policía refuerza sus ataques contra los obispos y el clero y se debe dar por cierto que los revolucionarios serán los que se aprovechen de la deplorable secesión».[116] En un tono similar se expresaron veinticuatro obispos, cinco capitanes generales y la Chancillería de Valladolid en informes dirigidos al rey, la mayoría de ellos fechados en agosto de 1825. Tales escritos fueron elaborados a instancias de una Junta presidida por el duque del Infantado, encargada por el rey en julio de 1825 de requerir el parecer de altos cargos para pulsar el estado de opinión del reino y esclarecer las causas de los desórdenes sociales. El tono general de los informes llegados al monarca, afirma Suárez Verdeguer, fue de alarma. En ellos se hablaba de división política y desasosiego, desconfianza en el Gobierno, influencia de los constitucionales sobre los altos cargos y la policía, desorganización de la Hacienda, corrupción de costumbres, venalidad en los tribunales, etcétera. Como medidas de solución, muchos de los prelados reclamaban la vuelta de la Inquisición y todos, eclesiásticos y civiles, abogaban por el fortalecimiento de los voluntarios realistas y la persecución de los liberales.[117]

A pesar del alarmismo, la mayor parte de los comprometidos en las conspiraciones y movimientos realistas no sufrió grandes molestias, salvo las detenciones antes mencionadas. Consideración diferente merece el fusilamiento de Bessières y sus siete compañeros. Como se acaba de ver, Bessières fue ejecutado por orden expresa del rey. Sufrió la misma suerte que el Empecinado. El famoso guerrillero y liberal Juan Martín Díaz fue ahorcado en la Plaza Mayor de Roa el 19 de agosto de 1825, cuatro días después de la ejecución del realista Bessières. De acuerdo con el testimonio del alcalde de Roa, su muerte se produjo tras haber sancionado el rey la sentencia capital dictada por las autoridades de esa ciudad, una vez había ordenado el propio monarca que la causa del Empecinado y sus hombres no pasara a la Chancillería de Valladolid, como ésta había reclamado para seguir allí el proceso de acuerdo con la ley.[118]

Los casos del Empecinado y Bessières son totalmente contrarios, pero igualmente simbólicos. Con la muerte de ambos envió Fernando VII un mensaje muy explícito: acabar con los liberales era una prioridad, aun tratándose de un héroe de la Guerra de la Independencia, pero nadie podía atentar contra la autoridad real, ni siquiera un destacado luchador contra los constitucionales. Ahora bien, cuando los realistas extremistas no ponían directa y explícitamente en duda su autoridad, Fernando VII no mostró gran empeño en perseguirlos y más bien les dejó hacer. Así procedió, por ejemplo, con los obispos que crearon las llamadas Juntas de Fe desafiando la prohibición del Gobierno.

La primera Junta de Fe se estableció en la diócesis de Valencia en el verano de 1824 por iniciativa del canónigo José María Despujol, antiguo inquisidor y, según la policía, miembro de alguna de las sociedades secretas realistas de esa ciudad. El arzobispo Simón López sancionó al año siguiente este nuevo organismo, que pretendía ser un sustituto de la Inquisición, tanto por sus objetivos (velar por la pureza de la religión), como por sus métodos: persecución, proceso y castigo del infractor, sin excluir la pena de muerte. El ejemplo cundió y en abril de 1825 el arzobispo de Tarragona Jaime Creus anunció la creación en su diócesis de una Junta parecida a la de Valencia, o como él mismo dijo, destinada a conocer y castigar «todo delito de que pudiese y debiese entender antes el Tribunal de la Inquisición». A continuación, los prelados de Orihuela y de Zamora instituyeron sus particulares Juntas de Fe y llegaron noticias al Gobierno de la preparación de algo parecido en otras diócesis, como las de Cartagena y Granada. El Gobierno las desautorizó expresamente, alegando que se habían formado sin conocimiento del rey y que sus funciones no se ajustaban a lo prescrito en las leyes del reino.[119] Sin embargo, la Junta de Valencia prosiguió su actividad hasta bien entrado 1826, sustanciando, según el propio arzobispo López, «causas sin número [...] según la marcha que marcan las leyes civiles y eclesiásticas que siguió constantemente el tribunal encargado antes de este cuidado», es decir, la Inquisición. Como es sabido, la Junta de Fe de Valencia condenó a muerte por «hereje contumaz» a Cayetano Ripoll, ejecutado el 31 de julio de 1826.[120]

Ningún obispo ni persona responsable de las Juntas de Fe sufrió medida represiva alguna, que sepamos, ni siquiera una seria reprimenda. Por lo demás, el ministro de Gracia y Justicia, Calomarde, competente en la materia, se desentendió del asunto. Tampoco sufrieron grandes contratiempos los autores de papeles impresos destinados a desprestigiar a los ministros moderados, a veces con especies absurdas, en los que no faltaron elogios al infante don Carlos. Éste es el caso del folleto titulado Españoles: Unión y Alerta. Se presentó como obra de la masonería, pero se terminó demostrando que sus autores eran ultrarrealistas, algunos relacionados con el cuarto de don Carlos, o quizá más bien con su esposa y la hermana de ésta, la princesa de Beira. El folleto se publicó en septiembre de 1824 y en enero y febrero del año siguiente comenzó a difundirse masivamente. En él se denunciaba la existencia de un plan de la masonería para dominar al rey e incitar a los ministros y funcionarios moderados a perseguir a «la parte más sana de la población», evidentemente los realistas extremistas.[121]

El rey tuvo conocimiento de todo eso de primera mano. El 15 de agosto de 1825, en coincidencia con la rebelión de Bessières, el superintendente general de policía Juan José Recacho le presentó una especie de resumen de la situación en un parte extraordinario reservado. El «partido de la sangre, de la ambición y de la venganza» (así calificó al realismo extremista) no sólo dirige sus esfuerzos contra los liberales, «sino también contra el Gobierno de V.M. y contra todos los que no son de su misma opinión», decía Recacho. Apenas hay un pueblo importante donde no existan «juntas, tertulias, reuniones o como quieran llamarse» en las que «se hallan eclesiásticos, que abusando del ascendiente que tienen sobre el pueblo, atizan la división y la venganza valiéndose para ello, como instrumentos, de los voluntarios realistas». La petición del restablecimiento de la Inquisición es el arma con que quieren hacerse fuertes «y tomar un ascendiente firme y poderoso, no sólo contra el partido liberal, en la actualidad impotente, sino también sobre todo el Pueblo, sobre el Gobierno y sobre el mismo Trono».[122]

El jefe de la policía apuntaba cuestiones de la mayor gravedad y sin embargo Fernando VII no ordenó emplearse a fondo para acabar con esas maniobras. Fontana ha explicado el motivo: «Lo que no podía hacerse era hurgar en la trama más general de la conspiración, si no se quería romper abiertamente con el realismo ultra, lo que hubiese obligado a pactar con los liberales, ya que los realistas moderados eran demasiado débiles para enfrentarse solos a aquella poderosa alianza de clérigos, militares y proletarios».[123] La situación era, efectivamente, embarazosa. Fernando VII coincidía en muchos puntos con los ultras y, por supuesto, veía con buenos ojos a su brazo armado, los voluntarios realistas (los «proletarios» a que alude Fontana), pero no le convenía el desorden que provocaban. Al menos debía mantener las apariencias ante las potencias europeas, ya que de ello dependía la obtención de empréstitos, necesidad angustiosa en ese momento. Además —esto no era lo menos relevante— temía comprometer a su hermano Carlos.

Fernando VII estaba convencido de que su hermano no alentaba rebelión alguna contra él, pero tenía constancia de su coincidencia ideológica y de sus relaciones con el realismo extremista. En el mismo caso estaba su hermana la reina de Portugal Carlota Joaquina, otra persona de su máxima confianza. En sus cartas personales, Carlota se pronunció en los mismos términos que los ultras. «Tú haz por extinguir esta cáfila salida del infierno hasta la última raicilla», le aconsejó en cuanto quedó extinguido el régimen constitucional, casi con las mismas palabras que las utilizadas por fray Manuel Martínez en el Restaurador.[124] La postura de don Carlos fue idéntica.

Al llegarle la noticia del establecimiento en Portugal de un régimen constitucional, el infante se apresuró a advertir a su hermano del peligro del contagio revolucionario. El 22 de julio de 1826, cuando según su costumbre estaba el rey tomando las aguas en Sacedón, le instó en tono apocalíptico a actuar inmediatamente y recurrir a la ayuda exterior para intervenir en el reino vecino. «Perdido un momento», le decía, «puedes perder tu corona y acaso la vida, y contigo todos los buenos y perderse en España la religión santa que profesamos.» Fernando pidió calma a su hermano y le aseguró que no deseaba volver a ser presa de los liberales, pero para ello —le advirtió— «es preciso dejarse de partidos, pues eso es lo que desean los liberales para aprovechar de esta desunión». Sorprendido, Carlos le preguntó qué partidos eran ésos, a qué desunión se refería y si desconfiaba de él, pero muy seguro de su posición, insistió al rey que tomara decisiones sin dejarse llevar por el miedo, «el peor consejero». Con la sinceridad con que se jactaba de hablar siempre a su hermano y soberano, le advirtió: «Reflexiona sobre quiénes son los buenos». Y le lanzó esta reconvención:

... acuérdate lo claro que siempre te he hablado; ya hace más de año y medio que te he dicho repetidas veces que el camino que llevabas, contemplando a los malos y poniéndote en sus manos, al mismo tiempo que había una propensión en perseguir a los buenos, a tus fieles vasallos, llegaría el día en que te vieses ligado de pies y manos y no tuvieses más remedio que sucumbir a la ley que te quisiesen imponer y si los buenos te quisiesen defender, te vieses en la dura precisión y en la injusticia mayor de tenerlos que perseguir de mano armada...[125]

Carlota Joaquina y Carlos no hicieron otra cosa que concertarse para conducir a Fernando al integrismo absolutista, mientras este último intentaba un equilibrio entre las dos corrientes del realismo para así bandear las presiones exteriores.[126]

Carlos se situó sistemáticamente en contra de los ministros moderados. Así, en el Consejo de Estado se declaró en abierta oposición al decreto de amnistía, que además de injusto y arbitrario, conceptuó de traición al rey. Por supuesto, Fernando coincidía ideológicamente con él y no le recriminó su conducta, pero le inquietó el uso del nombre de su hermano, aunque fuera esporádicamente y por parte de los más revoltosos, y el hecho de que el infante nunca desmintiera públicamente su relación con las intrigas de los ultras, como años después observó Cea Bermúdez.[127]

Desde el fin del régimen constitucional se venía hablando de don Carlos y de sus partidarios. El 31 de enero de 1824, en su último número antes de ser prohibido, El Restaurador aludió a la existencia de un partido que pretendía dar la corona de España a don Carlos. En mayo de 1824 la policía tuvo conocimiento de una conspiración en La Mancha dispuesta a derrocar a Fernando VII y colocar en su lugar al infante. En septiembre de ese año, Calomarde comunicaba a un magistrado «que por distintos conductos ha llegado a noticia del Rey N.S. que existe en la Península un partido compuesto en general de personas marcadas por sus opiniones realistas, al cual se atribuye el proyecto de colocar sobre el trono al Srmo. Sr. Infante D. Carlos, suponiendo que se trabaja por ello en reuniones secretas». El periodista liberal Félix Mejía escribió en sus satíricos Retratos políticos de la revolución de España que don Carlos «parapeta o sostiene, así a la calla, callando, el partido Carolino» y añadió que conspiraba incesantemente contra la libertad. En el verano de 1824 llegaron denuncias anónimas a Calomarde sobre la existencia de una sociedad secreta, de nombre La Carolina, que conspiraba a favor del infante. En 1825, coincidiendo con la rebelión de Bessières, se oyó en diferentes lugares el grito de «Viva Carlos V». En el proceso de Capapé habían salido a la luz unas cartas dirigidas a él por don Carlos, cuyo contenido desconocemos. Según Fernández de Córdoba, Bessières huyó de Madrid con un salvoconducto que le fue proporcionado por influencia de don Carlos.[128]

A pesar de estas evidencias, el nuncio Giustiniani consideró que las noticias sobre la posibilidad de elevar al trono a don Carlos eran una «invención diabólica», una «fábula» de la que se servían los liberales «para denigrar y envenenar las cosas y a las personas más inocentes, a fin de poder reprimir cualquier acto individual, destruyendo una clase de personas incapaz de conspirar contra un soberano que aman con el más vivo entusiasmo». Mejor informado sobre la realidad del país, el ministro Calomarde llamó la atención del rey en una exposición autógrafa datada el 10 de septiembre de 1825: «Los indicios del mal existen en esos vivas a Carlos V, esos anónimos y esas correspondencias, y ya se atribuyan a los realistas o a las maquinaciones liberales [...] pues mantenían alarmado al país y por esa razón era preciso perseguir a las denominadas “juntas carlistas”, sea cualquiera la clase a que pertenezcan [...] procediendo contra ellos sin consideración a fuero por privilegiado que sea».[129]

Por el momento, Fernando VII se dejó convencer, o ya estaba convencido, de la inocencia de su hermano, cuya imagen entre los realistas de todos los matices era inmejorable en estos años. Según un informe dirigido al Gobierno francés, la opinión dominante en España consideraba a don Carlos un príncipe paciente, resignado, sobrio, sumamente austero en sus costumbres, de espíritu muy vigoroso, capaz de emprender proyectos atrevidos y de ejecutarlos con la necesaria perseverancia para alcanzar el éxito. Estaba dotado de coraje y disposición permanente para combatir contra la adversidad. En confirmación de este aserto, el informante mencionó la intención del infante de colocarse en 1820 al frente del Ejército para evitar el juramento de la Constitución por el rey. En materia política no había duda sobre su absolutismo extremo y en cuanto a religión, se le consideraba sinceramente devoto y hasta fanático y supersticioso.[130] En opinión del marqués de Villa-Urrutia, don Carlos era un hombre bueno, al que a diferencia de su hermano no se le podía achacar vicios, si bien a los ojos de los liberales también carecía de todas las virtudes, salvo las domésticas. En definitiva, no pasaba de ser un buen esposo y padre de familia.[131]

Agobios económicos del rey y del reino

1825 fue un año inquietante para Fernando VII y no solamente por el estado de agitación política del reino. Otras dos graves cuestiones se situaron en el primer plano de sus preocupaciones: la pérdida de América, salvo Cuba y Puerto Rico, y la carencia de fondos en la Hacienda pública.

El intento de acabar por la fuerza con la insurgencia americana exigió el empleo de importantes sumas de dinero sin fruto alguno, como se ha visto. Fernando VII fue incapaz de arbitrar un sistema para mantener la relación con las nuevas repúblicas, de manera que la ruptura fue completa y traumática. Entre otras serias consecuencias, esto supuso el colapso comercial y el fin de la llegada de los caudales de Indias, con el subsiguiente descenso de la renta de aduanas. Ya no se podía recurrir a la que históricamente había sido la gran solución para superar los problemas de la tesorería real.

Sin las remesas de América resultaba difícil resolver el crónico déficit fiscal y amortizar la elevada deuda del Estado, en progresivo crecimiento desde las últimas décadas del siglo anterior. Conseguir esto último con recursos del interior era tarea imposible. Los inversores habían perdido toda confianza en la monarquía española, pues ni los sucesivos Gobiernos habían logrado establecer un plan eficaz de amortización de los títulos de deuda, ni se pagaban los intereses a sus tenedores. Además, se produjo una huida de capitales. Aparte de los recursos que se llevaron consigo los liberales exiliados, las personas acaudaladas que abandonaron América no invirtieron su dinero en España. Consideraron más seguros y rentables otros países, sobre todo Francia, donde muchos adquirieron rentas del Estado al 5 por ciento en la bolsa de París y compraron edificios aprovechando el auge de la especulación urbanística en la capital francesa. Por otra parte, la solución del déficit público era empresa imposible mientras se mantuvieran los privilegios fiscales de la nobleza y del clero y no se gravasen en la medida adecuada las actividades económicas, cuyo estado, por lo demás, era penoso. Prueba fehaciente había sido el fracaso de la reforma emprendida por Martín de Garay.[132]

Desde 1823 se incrementó notablemente la carga fiscal, con especial perjuicio para una parte del campesinado, pero los ingresos del Estado siguieron siendo insuficientes para cumplir con los asentistas y cubrir los gastos ordinarios. Resultaba imposible pagar a tiempo las pensiones y los sueldos de los empleados públicos, de los militares y del cuerpo diplomático destinado en el exterior. Por supuesto, no se podía contar con la magra recaudación fiscal para hacer frente a la elevada deuda histórica, atender cualquier necesidad extraordinaria y satisfacer las cantidades que reclamaban Inglaterra y Francia, la primera por las deudas contraídas por España durante la Guerra de la Independencia (en 1823 se fijó su monto en 300 millones de reales) y la segunda como compensación por la ayuda militar prestada en 1823 y para el sustento de sus tropas establecidas en España, en conjunto unos 90 millones de reales.[133]

La falta de fondos en tesorería afectó, como es lógico, al bolsillo del rey. En 1824-1825, el retraso en el pago de sueldos a los servidores de la casa real llegó a ser de hasta veinte meses, según Arzadun. Poner al corriente estos pagos era de la mayor importancia para Fernando VII, pues como le indicó el marqués de Almenara, antiguo ministro del Interior de José I y ahora bien situado en el entorno fernandino,

en una monarquía la primera atención es la Tesorería del Monarca. El decoro de su augusta persona, su custodia y los medios que las altas miras políticas del Rey exigen, mandan imperiosamente la medida de tener por lo menos un año de anticipo a disposición de SM, sin que nunca pueda comprometerse o sorprenderse su autoridad por caso alguno inesperado.[134]

Tan satisfactoria le pareció la opinión de Almenara, que al leer el papel comentó el rey a Grijalva: «¡Qué buen ministro de Hacienda haría!».[135] El ministro no era Almenara, sino López Ballesteros y a él se dirigió repetidamente el rey, las más de las veces a través de Grijalva, en demanda de los fondos necesarios para mantener con el debido esplendor su patrimonio, una de sus obsesiones durante todo el reinado.

En marzo de 1814, a punto de finalizar la legislatura ordinaria, las Cortes habían aprobado un decreto que declaraba a la nación única titular de los derechos, bienes y regalías que formaban históricamente el llamado «patrimonio real». Para el sustento del rey y su familia se establecería una cantidad anual (la llamada «lista civil») y se reservaban para el decoro y cumplimiento de la función real los lugares simbólicos necesarios, fundamentalmente los palacios y los llamados «reales sitios» (Aranjuez, La Granja, El Escorial, El Pardo, etcétera). Con esta disposición se pretendía cumplir con la Constitución, cuyo artículo 2 establecía que la nación «no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona», y en los artículos 213 al 221 determinaba el nuevo sistema de dotación de la casa real. Evidentemente, el decreto mencionado no llegó a ser aplicado, pues dos meses después de su aprobación Fernando VII suprimió la Constitución y la obra de las Cortes. Ahora bien, en previsión de futuros contratiempos, el rey declaró en un decreto del 22 de mayo de 1814 «enteramente separados el Gobierno e interés de mi real casa de los demás del Estado». Esta separación, destinada a garantizar el patrimonio real, fue reafirmada en los sucesivos reglamentos sobre la organización de la casa real.[136] Contra lo que puede parecer, lejos de constituir un avance, fue un acto despótico. Como han explicado Encarna y Carmen García Monerris, el rey pasó a ser propietario de un patrimonio perteneciente a la nación, que en actos sucesivos fue incrementando, convirtiendo en privados de la corona bienes y derechos de terceros, en especial de municipios y de la nobleza.[137]

Empeñado en recuperar el esplendor de la monarquía, que a su juicio había intentado destruir el constitucionalismo, una de las mayores preocupaciones de Fernando VII a partir de 1823 fue la disposición de dinero para «sus» gastos. De acuerdo con la doctrina del marqués de Almenara antes expuesta, al rey absoluto debía importarle sobremanera «el decoro de su persona», porque era la base del sistema. Fernando VII consideró que por encima de todo estaban sus necesidades o, según sus palabras, sus «obligaciones» como monarca. Así queda reflejado en las notas dirigidas a Grijalva. En un momento de acusadísima penuria económica, le exige fondos para pagar a los servidores de la real casa y para más cosas: la adquisición de cálices, candelabros y otros objetos para la capilla real, la construcción de «la pieza del Escorial» (probablemente se refería al salón de audiencias del palacio de los Borbones de ese real sitio), el mantenimiento de la fábrica de cristales de La Granja, obras en el jardín de la Casa de Campo y en el de la Casa de Arriba de El Escorial, adecentamiento de la Casa de los Canónigos de La Granja..., todo ello —recalca el monarca a Grijalva— sin olvidar Aranjuez.[138]

Ninguna de las reseñadas era cosa excepcional. Se trataba de obras menores. Nada que ver con las grandes aportaciones al ornato de los sitios realizadas por monarcas anteriores, quienes dispusieron del oro y la plata procedentes de América. A pesar de todo, los gastos de Fernando VII sumaron en conjunto cantidades apreciables de dinero, más aún si se considera el estado de las finanzas públicas en ese momento. Aparte de las actuaciones mencionadas en las notas a Grijalva, sólo en la reedificación de la plaza de toros de Aranjuez, inaugurada en 1829, se emplearon 750.000 reales, y entre ese año y 1833 se invirtieron 30 millones en la adquisición de terrenos y embellecimiento con jardines y edificios de la posesión de Vista Alegre, destinada al uso de la reina María Cristina. A ello hay que añadir varias edificaciones en El Retiro, reformas en el palacio de El Pardo, la construcción de fuentes en Aranjuez entre 1829 y 1832 diseñadas por González Velázquez, la reedificación de la Casa de la Reina Madre, obras de amueblamiento y decoración interior en el palacio de La Granja y en la Casa del Labrador de Aranjuez, la fundación en Sacedón del Real Sitio de La Isabela, donde el rey pasaba anualmente quince días en julio, etcétera.[139]

El rey necesitaba fondos para hacer frente a todo ello y al pago de las mesadas de los servidores de la casa real. Cuando el dinero no llegaba o lo hacía en cantidades inferiores a las que él demandaba, era patente su enfado y no dudaba en poner en aprietos a su ministro de Hacienda. En febrero de 1827 escribió a Grijalva:

He visto que ya está todo el dinero contado. Ballesteros me escribe que no se descuidará en completarme los treinta millones íntegros [sic]; quiero que de cuando en cuando le hagas algún recuerdo y que lleves una apuntación exacta de las partidas que te vayan dando, hasta el completo de los treinta millones.

Pero no llegó la suma deseada por el monarca, y unos días después se dirigió al mismo interlocutor:

... he reflexionado mejor y te mando que vuelvas a Ballesteros todas las libranzas que te ha entregado por valor de cinco millones, pues conmigo no se juega, y a mí se me ha prometido entregarme los treinta millones en metálico, y es menester que se cumpla; además, no se puede recargar las Tesorerías de Provincias, porque no podrán atender a las demás obligaciones; díselo a Ballesteros y respóndeme.[140]

Hablaba el rey absoluto, preocupado ante todo por lo suyo. El resto, el interés de la nación, quedaba relegado a un segundo lugar. En 1828, cuando eran excepcionales las remesas de América y clamorosa la penuria de Hacienda, escribió Fernando a Grijalva:

Está para llegar, como tú sabes, a Madrid la conducta del dinero de mi empréstito, y quiero que se coloque, por lo pronto, en el entresuelo de mi cuarto.

Ya ves que ver entrar en Madrid una conducta de dinero, y de América, en estos tiempos que está tan escaso, sería dar una campanada, mucho más viéndolo llegar a palacio, y cuando las viudas, los militares y todas las clases del Estado creen que es para pagarles (pues ya sabes lo que se habla), quisiera yo que entre Ballesteros, Hurtado y tú tratasen del modo como había de entrar en Madrid y llevarlo a palacio sin que chocara y sin que metiera ruido, pues bueno es precaver todo: no creas que digo esto por tener algunos antecedentes; no tengo ninguno, pero porque no suceda algo. Respóndeme.[141]

Se unen la crueldad y egoísmo de Fernando VII y su convencimiento de que si no se atendían sus necesidades se tambalearía el conjunto de la monarquía. Por esta razón, la disponibilidad de recursos económicos era, ha resaltado Jean-Philippe Luis, una necesidad urgente, una cuestión de supervivencia de la monarquía absoluta.

Dado que el dinero no se podía conseguir en el interior, hubo que recurrir al exterior, de modo que la negociación de empréstitos internacionales se convirtió en cuestión prioritaria, y como quiera que el rey pensara que López Ballesteros era la persona adecuada al efecto, le dejó amplio campo de acción, a pesar de las protestas de los ultrarrealistas contra la gestión de este ministro.

En 1824 era tarea muy complicada la obtención de un empréstito internacional, sobre todo porque al igual que la Regencia realista el año anterior, Fernando VII no reconoció los préstamos negociados en París y en Londres por los Gobiernos liberales, los llamados «bonos» o «deuda de las Cortes». España adquirió fama de mal pagador, de manera que los grandes banqueros europeos se negaron a tratar con ella y los especuladores aprovecharon para provocar fuertes oscilaciones en la cotización de los bonos españoles en la bolsa de París.[142] La terquedad del rey —así califica Arzadun la negativa de Fernando VII a reconocer la deuda de las Cortes— impidió la obtención de préstamos en el mercado internacional en condiciones más o menos normales, con lo cual hizo un pésimo servicio a la monarquía. Sólo cupo el recurso a banqueros de segunda fila, como había hecho la Regencia realista en 1823 con resultado desastroso.

El entonces ministro de Hacienda Juan Bautista Erro llegó a un acuerdo con un banquero francés poco importante, Louis Guebhard, que contemplaba la concesión de un préstamo por valor nominal de 334 millones de reales, de los que el banquero se comprometía a entregar sólo 183,7. Sin embargo, esta cantidad nunca llegó íntegra a las arcas españolas. En total, el tesoro español recibió unos 128,5 millones de reales, esto es, el 38,5 por ciento del nominal del préstamo, mientras que la amortización e intereses supusieron un gasto anual de 33,5 millones.[143] Este clamoroso fiasco obligó a Ballesteros a buscar otros medios. La solución la proporcionó Alejandro Aguado, antiguo afrancesado español afincado en París, a quien años más tarde Fernando VII concedió el título de marqués de las Marismas.

Javier de Burgos fue la persona que contactó en París con Aguado.[144] Burgos había estado al servicio de José I (entre otros cargos, desempeñó la subprefectura de Almería) y como otros afrancesados entró en 1824 en el entorno del ministro Ballesteros. Con el propósito de resolver el pago de la deuda del Estado, Ballesteros creó en febrero de ese año la Caja de Amortización y nombró a Burgos representante de este organismo en París. Allí se trasladó enseguida y contactó con Aguado, quien a pesar de contar entonces con escasos recursos, se prestó a colocar en la Bolsa de París un determinado número de obligaciones del empréstito Guebhard. En contacto siempre con Burgos y mediante múltiples operaciones especulativas, Aguado fue a partir de ese momento el único negociador de los empréstitos exteriores del Estado español (en total, negoció cinco hasta 1831) y se convirtió en el banquero de Fernando VII, como lo ha calificado Jean-Philippe Luis. Aguado resolvió en parte el problema económico de la monarquía española y al mismo tiempo llegó a ser uno de los hombres más ricos de París. También Burgos obtuvo pingües beneficios y aunque algunos denunciaron ante Fernando VII los procedimientos empleados por ambos, tanto el rey como el ministro Ballesteros no dejaron de confiar en ellos.[145]

En torno a Aguado y Burgos se articuló en París un grupo de afrancesados dedicado a incluir artículos en la prensa francesa para mejorar la imagen de España, con el fin de facilitar los préstamos. Destaca entre ellos el conocido escritor Sebastián Miñano. Por su parte, Ugarte envió agentes suyos a París para vigilar a Burgos, entre otros Cecilio Corpas y el marqués de Casa Irujo, hijo de quien había sido ministro de Estado. A su vez, el ministro López Ballesteros se rodeó en Madrid de antiguos afrancesados, constituyendo un sólido equipo al que encargó la racionalización y organización de la administración de Hacienda. Miembros sobresalientes de él fueron, aparte de Burgos, el marqués de Almenara, Juan López Peñalver, Manuel María Cambronero, Gaspar Remisa y Pedro Sáinz de Andino, este último muy influyente en los años finales del reinado.[146]

El aparente éxito en la obtención de empréstitos y la desaparición de Ugarte de la escena política española a mediados de 1825 posibilitaron que López Ballesteros se convirtiera en hombre fuerte del Gobierno español, condición que compartió con el omnipresente Calomarde, siempre en la confianza del monarca. La fuerza de López Ballesteros se consolidó a partir de octubre de 1825, cuando logró la destitución de Cea Bermúdez en el Ministerio de Estado, entre otros motivos porque había pretendido negociar un empréstito con la casa Rothschild sin contar con Aguado y Burgos.[147]

El dinero obtenido gracias a los préstamos en el exterior permitió al rey cumplir con sus obligaciones de jefe de la casa real, de modo que terminó por convencerse de que no le quedaba otra alternativa que confiar en las gestiones de los colaboradores de López Ballesteros. Ello explica el dominio de los moderados a partir de 1826, así como la nutrida presencia de afrancesados en los altos cargos de Hacienda y la paulatina entrada en la Administración de individuos que habían desempeñado empleos durante el Trienio.[148]

La «solución Ballesteros», esto es, el logro de préstamos en el exterior y la reducción de gastos al mínimo para sustentar el aparato estatal manteniendo los privilegios fiscales de propietarios y de la Iglesia, puso fin según Artola a los intentos ensayados por Fernando VII para consolidar el régimen mediante el pretendido equilibrio entre realistas exaltados y moderados.[149] De la disponibilidad de fondos dependía todo lo demás. Sin dinero, el rey no podía «mantener su decoro», ni era posible organizar la administración del Estado, paso imprescindible para sustentar el régimen. El realismo exaltado se había demostrado incapaz durante la Regencia de lograr dinero y ahora se negaba a realizar reformas. Al mismo tiempo, los Gobiernos europeos observaban con sumo recelo sus principales demandas. Los moderados, sin embargo, gozaban de buena imagen en Europa y habían tenido éxito en la negociación de los préstamos. Eran, pues, más útiles para el rey que los otros. Es decir, se convirtieron en la solución para la pervivencia del régimen.

Ahora bien, por talante e ideas Fernando VII coincidía más con el realismo extremista que con el moderado. Si desde 1823 no había atendido todas las reclamaciones de los extremistas, no había sido porque no le convencieran, sino porque no le convenían. Asumirlas hubiera supuesto indisponerse con Europa y, sobre todo, una limitación al ejercicio personal de su poder, debido especialmente a la concurrencia de la Iglesia y los antiguos consejos. Pero el rey no pudo sustraerse ni al miedo a los liberales, ni a las presiones de su entorno, muy poderosas estas últimas, procedentes, por una parte, de sus hermanos Carlos y Carlota Joaquina y, por otra, de quienes se habían comprometido de lleno desde 1820 en la lucha contra el constitucionalismo, entre ellos los eclesiásticos, hacia quienes Fernando VII siempre mantuvo la máxima consideración. En consecuencia, si bien se inclinó por los moderados, dejándoles cierto campo de acción, nunca les permitió llevar a la práctica todos los puntos de su programa. En definitiva, a pesar del predominio de los moderados, el rey no acabó de abandonar su táctica, basada en concesiones a unos y otros, determinada no tanto por razones ideológicas, como por la coyuntura y por su propio interés.

Desde julio de 1824 había colocado al frente del Ministerio de Estado a Cea Bermúdez en sustitución del conde de Ofalia. Cea participaba de las ideas reformistas de raigambre ilustrada características del sector moderado o «fernandino» del momento, por lo que en este terreno no se diferenciaba gran cosa de Ofalia. Por esta razón, no cabe buscar motivaciones de carácter ideológico para explicar su entrada en el Gobierno. Simplemente fue efecto de la influencia del embajador de Rusia Oubril y de Ugarte, entonces en el cenit de su poder, cuyos contactos con el nuevo ministro venían de tiempo atrás.[150] Se trataba, pues, de una operación relacionada con la pugna por el poder en el entorno de Fernando VII, en concreto, y ante todo, con las ansias de Ugarte por garantizarse un lugar privilegiado junto al rey.

Cea Bermúdez entró en el Gobierno con ánimos reformistas y con el proyecto de atajar en lo posible las exigencias del realismo extremista. En este punto consiguió autorización del rey para tomar dos decisiones importantes. La primera, relativa a la Inquisición. El 31 de agosto de 1825, Cea ordenó al embajador español en París «que manifieste no sólo a ese Gobierno, sino también a los representantes de las potencias aliadas, que las reales intenciones de S.M. son el no restablecer dicho tribunal en sus dominios».[151] Esta declaración era muy relevante, porque el rey desautorizaba explícitamente una de las reivindicaciones principales del realismo extremista, cosa que anteriormente no había hecho de esa forma. Pero no se dirigía a sus súbditos, sino a los Gobiernos europeos. En consecuencia, podría interpretarse como un acto propagandístico para tranquilizar a estos últimos después de la convulsión provocada por la rebelión de Bessières y la ejecución de Cayetano Ripoll por la Junta de Fe de Valencia, de amplia repercusión en la prensa europea.

La segunda decisión antes aludida la adoptó Cea Bermúdez a los pocos días de la anterior y esta vez iba destinada a los españoles. El rey prohibió a los militares y a los voluntarios realistas que le dirigieran cualquier tipo de representación.[152] Sólo lo podían hacer los individuos a título exclusivamente particular, así como ayuntamientos y autoridades legalmente establecidas, siempre que actuaran «con circunspección, sumisión y respeto a las autoridades» y por conducto de sus superiores. Quienes incurrieran en falta cometerían «delito de insubordinación, conspiración, sedición o trastorno contra el orden legítimo establecido», esto es, se exponían a la máxima pena. En el preámbulo del decreto, en el que llama la atención la similitud en ideas y lenguaje con el informe de unos días antes del jefe de la policía Recacho, del que se ha dado cuenta, se decía que con esta medida se trataba de evitar que «el pueblo incauto» se dejara seducir por «los lazos de los malignos», cuyo verdadero objeto era «paralizar la acción importante del Gobierno».[153] Mantiene Alonso Tejada que esta disposición dio sus frutos, pues desde su publicación disminuyeron de manera ostensible las representaciones a favor de la Inquisición y únicamente llegaron algunas, presentadas por personas muy próximas al rey. En suma, se cortó las alas a los realistas exaltados en lo relativo a una de sus reivindicaciones más llamativas.

Era evidente que la influencia de Cea Bermúdez inclinaba el ánimo de Fernando VII a favor de los moderados. Abundando en esta dirección, y por iniciativa del ministro, se creó en septiembre de 1825 la Junta Consultiva, corporación de carácter asesor, dependiente del Consejo de Ministros, dotada de amplias competencias. Su cometido consistía en ofrecer informes a los ministros para nivelar gastos e ingresos, mejorar el crédito público y «establecer las reformas y mudanzas necesarias para afianzar el orden y la exactitud de todos los ramos de la Administración».[154] Era el programa de los moderados.

Presidida por el general Castaños, integraron la Junta tres obispos, el franciscano Cirilo de la Alameda, varios militares, miembros de los diferentes consejos y altos empleados; en total veinte personas. A la veintena de sesiones celebradas durante los tres meses de existencia nunca asistió la totalidad de sus miembros, pero sus informes versaron sobre asuntos de la mayor importancia. Entre otras propuestas, la Junta se pronunció a favor de la supresión de los señoríos jurisdiccionales, ya incorporados a la corona desde 1814 —argumentó que la jurisdicción era inherente exclusivamente a la soberanía y, en consecuencia, sólo correspondía al rey—, y el cese de los alcaldes en los pueblos de señorío, pasando su jurisdicción a los alcaldes mayores nombrados por el rey. También denunció los abusos cometidos por los tribunales de purificación, otra cuestión de gran relevancia, y aconsejó su supresión, dejando en las exclusivas manos del rey la facultad de reponer o separar a los empleados.

La Junta Consultiva apoyó decididamente el poder personal del rey, pero a nadie se le ocultó que a pesar de la posición ideológica de algunos de sus componentes, actuaba en dirección contraria al realismo exaltado, por lo que llovieron las denuncias contra ella e incluso se la consideró —así lo hizo el duque del Infantado, quien como aristócrata se sintió especialmente perjudicado— un paso previo al establecimiento de un Gobierno representativo y, por tanto, una innovación intolerable.[155]

La acusación lanzada a Cea Bermúdez y a los otros ministros moderados de apoyar a los antiguos constitucionales y de perseguir a los buenos realistas valiéndose de la policía fue moneda corriente. En ello insistieron hasta la saciedad los informes de obispos y capitanes generales en respuesta a la consulta realizada en el verano de 1825 por la comisión dirigida por el duque del Infantado ya mencionada. No parecía, pues, que Cea Bermúdez estuviera en condiciones de lograr la ansiada estabilidad política y tampoco —apunta Vayo— que el monarca pudiera resistir las presiones de Calomarde, de los obispos, e incluso del infante don Carlos.[156] A este frente contra Cea se unió el ministro de Hacienda, a causa del intento de Cea antes aludido de negociar un empréstito con la casa Rothschild.

El 24 de octubre de 1825, Fernando VII destituyó a Cea Bermúdez y nombró en su lugar al duque del Infantado. A su estilo, en una simple nota, el 28 de diciembre siguiente el monarca comunicó a Infantado el decreto de constitución de un nuevo Consejo de Estado, con la siguiente añadidura: «Y ten entendido que cesa en sus funciones la Junta Consultiva». Sucedía a esta Junta un organismo con gran tradición, pero con nueva composición y funciones, al tiempo que el ultrarrealista Infantado ocupaba el Ministerio de Estado. 1826 comenzaba con un Gobierno en el que estaban presentes dos significados ultras, Infantado y Calomarde, y aunque los otros ministerios seguían ocupados por moderados (López Ballesteros en Hacienda, el marqués de Zambrano en Guerra y Salazar en Marina), cabía sospechar que por primera vez desde el fin del constitucionalismo, la balanza política se inclinaba del lado del realismo extremo. La supresión el 8 de febrero de ese año del Consejo de Ministros abonó la impresión de que se abría una nueva etapa política.

La eliminación del Consejo de Ministros y el fortalecimiento del de Estado habían sido sugerencia de Infantado. El Consejo de Estado, indicó éste a mediados de 1825 en una exposición al monarca, era más propio «de un Gobierno monárquico puro, como el nuestro», el único organismo apto para acabar con los desórdenes y abusos existentes en la Administración como consecuencia del poder adquirido por los ministros y de la puesta en práctica de medidas contrarias a los intereses de las clases privilegiadas y de los pueblos.[157] Era necesario, pues, disminuir el peso político de los ministros (es la vieja idea de evitar el despotismo ministerial) y potenciar un nuevo organismo consultivo formado por eclesiásticos, la alta nobleza, militares de alta graduación y togados, esto es, dotado de una fuerte impronta estamental, como ha señalado María del Mar Alarcón.

Infantado propuso, en definitiva, dar un importante paso atrás y por el momento el rey le escuchó. El nuevo Consejo de Estado comenzó sus sesiones en enero de 1826 con una composición que respondía al expresado criterio estamental. Además, salvo los tres ministros moderados que lo integraban de oficio, los consejeros pertenecían al ala más extremista del realismo. Allí estaban, aparte de Infantado y Calomarde, el arzobispo de Toledo Pedro Inguanzo, siempre ferviente combatiente de las innovaciones; el obispo de León Joaquín Abarca, más tarde carlista de los más activos; los inevitables Castaños, fray Cirilo de la Alameda y el duque de San Carlos; los ex ministros de la Regencia de 1823 Juan Bautista Erro, José Aznárez y José García de la Torre; Francisco Ibáñez de Leiva, miembro de la comisión encargada de la represión de los liberales en 1814, varios magistrados y nobles.

El reglamento de enero de 1826 atribuyó al Consejo de Estado amplísimas competencias. Le correspondía el arreglo de la administración, la conservación de «los derechos de legitimidad», la reforma de la Hacienda y del Ejército, lo relativo al orden público, la supervisión de los presupuestos anuales de los ministerios y el fomento de la población y de la riqueza. En sus sesiones, presididas casi siempre por el infante don Carlos, se reclamó el restablecimiento de la Inquisición y la potenciación del Cuerpo de Voluntarios Realistas, se defendió el régimen señorial con la pretensión de devolver su jurisdicción a los titulares de señoríos, se tomaron medidas para evitar la defraudación en el pago de diezmos, se recomendó la intensificación del control de las publicaciones y de las fronteras, etcétera. También se trataron cuestiones de fomento, como la concesión de exenciones a los inventores de máquinas y la prosecución de las obras del Canal Imperial de Aragón.[158] Si la Junta Consultiva se había pronunciado en la línea de los moderados, el Consejo de Estado lo hacía en la de los realistas exaltados.

Ahora bien, el Consejo de Estado fue dotado de un sistema de funcionamiento que no podía satisfacer al monarca y, evidentemente, tampoco a los ministros moderados. Su reglamento establecía que cada ministro debía llevar semanalmente al Consejo «los negocios graves que han de consultarse indefectiblemente». Unido a las amplias competencias del organismo, esto suponía, como denunciaron López Ballesteros, Salazar y Zambrano, que dejaba de ser un órgano consultivo, para convertirse en un cuerpo «de censura a los ministros», que además podía hacer propuestas sin contar con el titular de cada secretaría. En esta representación, los ministros mencionados solicitaron el restablecimiento del Consejo de Ministros y la vuelta al sistema de despacho directo de cada uno de ellos con el monarca.[159] Evidentemente, Fernando VII prefería este método, que le permitía un control directo sobre los miembros del Gobierno, y en agosto de 1826 restableció el Consejo de Ministros y sustituyó a Infantado por Manuel González Salmón, considerado próximo a los moderados.

Desde esa fecha hasta octubre de 1832 el Gobierno estuvo formado por González Salmón en Estado, Calomarde en Gracia y Justicia, López Ballesteros en Hacienda, el marqués de Zambrano en Guerra y Salazar en Marina. Puede decirse que habían triunfado los moderados, aunque su victoria era relativa, pues Calomarde no perdió su influencia, lo cual, entre otras cosas, significa que no se relajó la represión.

En 1826 el panorama político español, con todo, parecía despejado. Gracias a los empréstitos negociados en París por Aguado y Burgos llegaba dinero, y tras el acceso en 1824 al trono francés de Carlos X, mucho más cercano a Fernando VII en ideas y en sus actos que Luis XVIII, las relaciones con Francia adquirieron un nuevo tono, traducido de inmediato en la disminución de la presión política. Además, para tranquilidad de Fernando VII, fracasó el segundo intento insurreccional de los liberales ensayado ese año.

La relativa facilidad con que los voluntarios realistas capturaron al poco más del medio centenar de hombres que bajo el mando del coronel Antonio Fernández Bazán y su hermano Juan desembarcaron el 18 de febrero de 1826 en Guardamar del Segura (Alicante) demostró la gran dificultad de los liberales para provocar una insurrección en España. Carecían de liderazgo y de organización. A mayor abundamiento, como ha explicado Irene Castells a mediados de ese año se inició la ruptura entre los dos núcleos conspirativos fundamentales del exilio: el encabezado por José María Torrijos, conocido como Junta de Londres, y el del general Espoz y Mina.[160]

El horizonte reformista

El 19 de abril de 1825, Fernando VII firmó en Aranjuez un decreto destinado a desmentir ciertos rumores, que «circulan insidiosamente», según los cuales «se me quiere obligar o aconsejar a hacer reformas y novedades en el régimen y Gobierno de mis reinos, alterando sus antiguas y veneradas leyes fundamentales y limitando mi real autoridad». Con toda contundencia, declaraba: «estoy dispuesto a conservar intactos y en toda su plenitud los legítimos derechos de mi Soberanía, sin ceder ahora ni en tiempo alguno la más pequeña parte de ellos, ni permitir que se establezcan cámaras u otras instituciones».[161]

Este decreto se publicó unos meses antes de la rebelión de Bessières, cuando eran numerosas las voces que denunciaban las maquinaciones de los ministros moderados para establecer una constitución en España con el apoyo de Francia. Sin embargo, la tajante declaración de absolutismo (implicaba el rechazo, conviene tenerlo en cuenta, de las propuestas políticas procedentes del Gobierno francés o de otras instancias) no iba expresamente dirigida a los realistas moderados, mayoritarios en el Gobierno. Tampoco a los liberales del exilio. Sus auténticos destinatarios eran los realistas extremistas, pues el rey no se refería a otros al decir en el mismo decreto que «con pretexto y apariencia de adhesión a mi real persona [...] por estos medios quieren encubrir la desobediencia e insubordinación».

Algo había cambiado la situación política en 1826, como se ha visto en el apartado anterior, pero no se había alterado ni la forma de pensar del rey, ni la de los realistas exaltados. Estos últimos seguían convencidos de que cualquier reforma conduciría a un sistema constitucional, de ahí su acusado inmovilismo. El rey, por su parte, no estaba dispuesto a renunciar a su plena soberanía y si bien coincidía con los moderados en la necesidad de proceder a algunas reformas para garantizar la supervivencia del régimen, les marcaba tajantemente un límite, expuesto paladinamente en el decreto citado, que además mandó circular de nuevo en agosto de ese año. Las reformas, recalcó el monarca en esta segunda ocasión, nunca podrán afectar a la soberanía real ni a las leyes fundamentales.[162]

En consecuencia, el programa reformista intentado durante la última década del reinado estuvo profundamente condicionado. Ni era posible dar un paso hacia el sistema representativo, porque suponía limitar la autoridad del rey, ni se podían afrontar los grandes problemas sociales del país (estado del clero, diezmos, mayorazgos, privilegios fiscales de la aristocracia y del clero...), porque iban contra las antiguas leyes fundamentales, esa nebulosa copia de disposiciones continuamente invocada por los inmovilistas.[163] No obstante, el rey entendió que era preciso introducir algunos cambios para garantizar la supervivencia del régimen.

Si, como insinúa Miguel Artola, Fernando VII alentó a determinadas personas mediante una especie de encuesta —quizá continuación de la encomendada a Infantado en 1825— a presentarle informes sobre asuntos relacionados con el estado económico del país y sus remedios, habría que admitir que el impulso reformista llegó desde lo más alto.[164] En los papeles reservados del Archivo del Palacio Real se conservan propuestas presentadas por Javier de Burgos, el marqués de Almenara, Mariano Carnerero y Regato, estos dos últimos empleados entonces en el servicio de información confidencial del rey, la «policía reservada», y los dos primeros notorios afrancesados. Con excepción del de Burgos, tales informes no aportaron gran cosa.[165]

Como ha puntualizado Claude Morange, se suele conceder a la Exposición de Javier de Burgos una relevancia de la que careció. Su celebridad se debe, entre otras razones, a su difusión. Fue publicada impresa en 1834 y según los responsables de esta edición y otros testimonios, previamente había sido reproducida íntegra en periódicos extranjeros y difundida manuscrita de forma masiva (se dijo que se pusieron en circulación cinco mil ejemplares).[166]

Por supuesto, Burgos no objetó el absolutismo. Tampoco resultaron novedosos sus «remedios» para mejorar la situación de España. Lo más llamativo fue la concesión de «una amnistía plena y entera, sin excepción alguna o con pocas excepciones, y esas personales y nominativas». Las otras propuestas no diferían sustancialmente de lo ya sugerido al rey desde 1823 por otros, entre ellos el conde de Ofalia. Se referían a la organización de la administración civil, la fijación de un sistema definitivo de Hacienda para equilibrar ingresos y gastos, y la contratación de un empréstito en el interior de 300 millones, a cuya amortización se destinaría el producto de la venta de los bienes de patronatos y obras pías y la séptima parte de los eclesiásticos cuya enajenación había permitido la Santa Sede en el tiempo de Carlos IV, lo cual suponía volver a la llamada «desamortización de Godoy» de 1798.

Lo extraordinario del informe de Burgos no fue la solución a los males, sino su diagnóstico y el tono empleado, muy llamativo por tratarse de un documento directamente dirigido a Fernando VII. Partía de la constatación de la decadencia del reino. Burgos se atrevió a decir que la «dignidad» de España, que Carlos III elevó «a una inmensa altura», mermó durante el tiempo de su hijo, pero durante los últimos dieciocho años (el reinado de Fernando VII) «ha descendido, Señor, mucho más». Sustentaba esta opinión en razones económicas y políticas. Las económicas las derivaba de la Guerra de la Independencia y de la pérdida de América y las sustanciaba en el estancamiento del comercio, el descenso de la actividad industrial y agrícola («nuestra agricultura es la más atrasada y miserable de esta parte del mundo») y la carencia de una red adecuada de comunicaciones interiores. A las razones políticas concedía mayor peso. La raíz de los males, «el cáncer que devora la monarquía», según Burgos, era la discordia interior, es decir, la persecución de unos españoles por otros a causa de sus ideas, la cual comenzó en 1808 con los afrancesados y proseguido hasta el presente con los liberales. Consecuencias de ello ha sido la fuga de personas y capitales y la desconfianza en España de los Gobiernos europeos, razón inmediata esta última, señaló, de la dificultad para conseguir préstamos.

Esta cruda descripción de la situación del país y el lenguaje utilizado podrían inducir a atribuir a Burgos cierta dosis de valentía. Sin embargo, se cuidó mucho de objetar la monarquía absoluta y, por supuesto, de achacar responsabilidad alguna al monarca, extremo este último que interesa resaltar. Los males de España eran muchos y graves, pero en opinión de Burgos no habían sido provocados por las decisiones de Fernando VII, sino por los propios españoles, a causa de su incapacidad para el entendimiento. La responsabilidad, pues, recaía sobre todos, y de manera especial sobre los liberales. Ilustró esta afirmación, entre otros ejemplos, aludiendo a la reticencia de los banqueros europeos a conceder préstamos a España. Esto no se debía al no reconocimiento de la deuda de las Cortes (decisión del rey), sino al «resentimiento» de los exiliados, pues eran ellos los que habían difundido por Europa los vicios y las anomalías de la legislación española y habían hablado de la incapacidad de España para amortizar con sus recursos ordinarios la deuda pública.[167]

Un año después del informe de Javier de Burgos llegó a manos del rey otro del conde de Ofalia, en ese momento embajador de España en París. Asimismo eximía de responsabilidad a Fernando VII, pero no cargaba contra los liberales. Los enemigos de España, decía el antiguo ministro, no son Inglaterra y Francia, ni las intrigas extranjeras, «ni las tramas de los revolucionarios» (los liberales exiliados), sino la debilidad interior ocasionada por «desastres pasados y por antiguos desaciertos en su sistema administrativo». Las soluciones propuestas eran las de siempre: reorganización de la Administración, mejora de la Hacienda, impulso de la economía, fin de las disensiones internas. Reformismo, pues, pero Ofalia lo matizó en carta a Grijalva —era lo mismo que escribir al rey— al remitirle el informe: «Aunque se deseen mejoras en nuestro sistema administrativo y personas que inspiren confianza, ni con cien leguas es cuestión de desear alteración en el sistema monárquico puro ni en lo sustancial de nuestras instituciones».[168]

Burgos, Ofalia, Almenara y los demás autores de informes abogaban, en definitiva, por lo que venimos calificando de política moderada o realismo pragmático. En la misma dirección se orientaron los partes «extraordinarios y reservados» —así reza su encabezamiento— presentados al rey en enero y febrero de 1826 por el superintendente de policía Juan José Recacho. Éste puso especial empeño en señalar al monarca que sus auténticos enemigos no eran los liberales (ya «no son problema», afirmó, porque carecen de fuerza para provocar una revolución), sino un «partido hipócrita y sangriento», que bajo la excusa de defensa de la religión, ataca la confianza que se ha de tener en el Gobierno y «obra con inteligencia y actividad para dominar a V.M. y quitarle los medios de mandar por sí mismo». Los instrumentos de que pretendía servirse esta facción —especificó Recacho— eran el restablecimiento de la Inquisición y el fortalecimiento de los voluntarios realistas. El medio para contrarrestarlos y para que mandara el rey por sí mismo, la policía. Con toda lógica, el jefe de la policía del monarca absoluto terminaba apuntando que resultaba inconcebible apoyar «lo que constituye la esencia y fuerza de la democracia», es decir, a los voluntarios realistas, integrados mayoritariamente por individuos del pueblo bajo.[169]

El propósito de Recacho y de los otros consistía en convencer al monarca de que los moderados eran para garantizar la supervivencia de la monarquía absoluta. Los moderados formaban el único grupo fiel sin disimulos al rey, contaban con el respaldo de la mayor parte de la población, incluido —mantuvo Recacho— el de los «constitucionales pasivos», y constituían la fuerza capaz de acometer las reformas necesarias para lograr tranquilidad y orden sin alterar la naturaleza de la monarquía.

También el Gobierno se pronunció en esta dirección. El 28 de marzo de 1827, cuando comenzaban los primeros movimientos que darían lugar meses después a la rebelión de los agraviats, todos los ministros presentaron una exposición al rey. Comenzaron dando cuenta de informaciones sobre acciones subversivas procedentes de diversos puntos del país. Aludían a expresiones y pasquines contra el monarca y el Gobierno, canciones a favor del régimen constitucional, reuniones clandestinas, cuyo carácter no se especificaba, transporte de armas desde Gibraltar a Alicante y otros lugares costeros, sospechas sobre la difusión de unas medallas con el lema «viva don Carlos», etcétera. Ahora bien, el Gobierno consideraba que estos incidentes no pasaban de ser hechos aislados e inconexos, producto de «algunos frenéticos anarquistas» (en este caso los «anarquistas» no serían los constitucionales, sino los realistas exaltados), cuyo objetivo consistía en inquietar a las autoridades, «induciéndolas a tomar providencias violentas que más y más alejen de nosotros la concordia y la paz». En consecuencia, no había razón para adoptar medidas extraordinarias, pues sería caer en la trampa tendida por los extremistas. «El sistema de rigorismo y la multiplicación de arrestos, destierros y diligencias judiciales no es el remedio», subrayaban. La solución era la reconciliación. La representación terminaba con una propuesta no exenta de valentía: habría que encomendar los cargos a personas adecuadas, pues «no basta que [...] sean verdaderos realistas, ni que se hallen animados de los mejores deseos, si por otra parte careciesen de aquel tino, de aquella prudencia, de aquel espíritu conciliador que gana las voluntades e inspira confianza».[170]

En 1826 llegó a manos de Fernando VII un proyecto de naturaleza distinta a los mencionados, hoy bien conocido gracias a los estudios de Julio Puyol y Claude Morange.[171] Fue elaborado en el exilio por Juan de Olavarría, un hombre de amplio historial conspirativo, muy comprometido con el liberalismo durante el Trienio. Instalado en Francia, ya en 1819 había enviado a Madrid a un fraile secularizado llamado Juan Mata Echeverría con un plan de conspiración para presentarlo a los descontentos del interior con el régimen absolutista. Una vez en Madrid, Mata contactó a través de Tatischev con Ugarte, quien le facilitó la comunicación con el rey. Desde entonces, actuó como agente doble de Ugarte y, a través de Olavarría, de los exiliados. Según declaró luego a la policía francesa, se vio en repetidas ocasiones con el monarca, quien le encargó diferentes misiones en Francia y en España.[172]

En mayo de 1826, Olavarría empleó de nuevo a Mata como emisario, en esta ocasión para sondear a los moderados sobre la implantación de un Gobierno constitucional, sobre lo cual había tratado Olavarría en Inglaterra con Espoz y Mina, ocupado entonces en agrupar a las diferentes corrientes del liberalismo y en recabar información sobre los posibles apoyos en el interior de España para proceder a un cambio político.[173] Mata llegó a Madrid bajo el nombre supuesto de Eslava. Por mediación de Grijalva y Martínez Salcedo, y con la complicidad del superintendente de policía Recacho (ya no estaba Ugarte en España), se entrevistó con el rey, a quien le expuso verbalmente el plan. El monarca ordenó a los ministros Ballesteros, Zambrano y Salazar que lo escucharan. Éstos le pidieron el proyecto por escrito. Mata, que no disponía de él, lo solicitó a Olavarría, quien le mandó una serie de documentos que forman lo que Morange ha llamado «plan Junio». Basa esta denominación en que Olavarría los firmó con el seudónimo de «Junio», en referencia a Marco Junio Bruto, el famoso asesino de Julio César. Examinados estos textos, los ministros emitieron un informe totalmente negativo. Con ello se puso fin a la misión de Mata. Fernando VII le ordenó abandonar el reino, Mata se instaló en Perpiñán, después en otros lugares de Francia, y en 1830 se embarcó para Puerto Príncipe.

El «plan Junio», conservado en el archivo reservado de Fernando VII del Palacio Real de Madrid, es en palabras de Claude Morange «un limitado plan de reforma del Estado y de cambio de orientación política». A juicio de Julio Puyol se trata de una reforma «meramente fragmentaria».[174] Pretendía cambiar el sistema político, pero de forma controlada y limitada, evitando la revolución. El tiempo del absolutismo, se decía en esos papeles, ya había pasado, pero tampoco era tiempo de «democratismo». Era preciso «ajustarse al siglo», para lo cual se proponía a Fernando VII una tercera vía, un sistema mixto, sustentado sobre la clase media, «la parte más selecta de la nación que por sus circunstancias tiene más hábitos de orden y de reflexión».

No se hablaba en el plan de constitución (se sabía muy bien que su sola mención irritaba a Fernando VII), pero tampoco se planteaba de forma coherente un nuevo sistema. En realidad —apunta Morange—, Olavarría ofrecía una serie mal coordinada e incompleta de propuestas de importancia desigual: amnistía total, libertad de prensa, reconocimiento de la deuda pública contraída durante el tiempo constitucional y creación de un Consejo de Estado compuesto por un número de individuos doble al de las provincias existentes, con carácter vitalicio, que actuaría como un especie de órgano representativo y asumiría la iniciativa en las reformas de las leyes fundamentales, con el fin de crear un nuevo Estado dotado de una organización federal.

La opción federal era, sin duda, una novedad apreciable, pero al igual que otras partes del plan, no se desarrolló. De lo que sí se trató con cierto detenimiento fue del método para proceder al cambio político. Olavarría proponía un golpe de Estado. Se ejecutaría de la siguiente forma: el rey debía renovar el Gobierno en su totalidad, confiando los ministerios a los realistas exaltados, y luego reuniría en Madrid a los principales integrantes de esta facción, los arrestaría y los enviaría a Filipinas; a continuación podría implantar el nuevo sistema.

El proyecto era, evidentemente, descabellado. Por otra parte, sorprende el carácter acusadamente anticlerical de los documentos y el tono en que Olavarría se dirigía al rey en las cartas que portó Mata. De forma intimidatoria, le hablaba de su impopularidad, de las sangrientas ejecuciones realizadas durante su reinado, del incumplimiento de las promesas realizadas en 1814, etcétera. No debe extrañar, pues, que en el dictamen solicitado por el rey, los ministros moderados, aparte de descalificar enteramente el plan, afirmasen que Mata se merecería la muerte «si no tuviera la dicha de estar abroquelado con la salvaguardia del conocimiento personal de V.M.».

Del «plan Junio» no derivó consecuencia práctica alguna, pero fue algo más que mera anécdota. Confirma una de las facetas características de la manera de actuar de Fernando VII: recurso a la intriga y a los agentes dobles, tendencia a contrastar opciones contrapuestas y a confundir a sus colaboradores. Demuestra, además, que a pesar de las acusaciones de los realistas extremistas y de los muchos rumores esparcidos, los ministros moderados no estuvieron dispuestos a entenderse con los liberales emigrados, o al menos con una facción de ellos. Esta constatación es importante para comprender el sentido de las reformas de la última década del reinado de Fernando VII y el alcance político del realismo pragmático o moderado.

Los moderados estuvieron dispuestos a incorporar a la administración a personas con capacidad y experiencia en el servicio público, sin reparar en su pasado ideológico, pero siempre temieron la revolución. En consecuencia, cerraron las puertas a los liberales, especialmente a los del exilio, y permitieron la entrada a antiguos afrancesados y a algunos empleados de la época del Trienio. Ellos fueron los autores de las reformas durante la última década del reinado de Fernando VII. Unas reformas que como se ha resaltado en estudios recientes, imprimieron cierto sesgo de modernidad, pero no alteraron un ápice la naturaleza del régimen. A excepción de la creación del Consejo de Ministros, quedaron reducidas al ámbito de Hacienda, entre otras razones por el protagonismo de este ministerio, pues la crisis de las finanzas públicas estuvo en el centro de las restantes cuestiones a que tuvo que hacer frente el poder.[175]

El programa reformista pretendió la racionalización y centralización de servicios y organismos del Estado. Especial atención se puso en la percepción de rentas y el equilibrio de gastos e ingresos. Al efecto se introdujeron diversos cambios en la multitud de organismos dependientes del Ministerio de Hacienda y se crearon otros nuevos, como el Tribunal Mayor de Cuentas (1828). Este tribunal, de carácter supervisor, fue dotado de competencias judiciales sobre quienes rehusaran o se resistiesen a presentar cuentas, así como en los casos de falsificación o abusos, pero las escasas noticias sobre su actuación impiden ponderar su efectividad.[176]

Tanto en el ámbito referido, como en el intento de ajustar los gastos e ingresos de cada ministerio mediante el establecimiento del presupuesto general del Estado (1828), los resultados fueron muy limitados y no se produjeron modificaciones estructurales de calado. Prueba elocuente fue la persistencia de las cajas y rentas autónomas (loterías, bula de la Santa Cruzada...), las rentas ligadas al clero y las dependientes históricamente del Ministerio de Estado, tales como correos, bienes mostrencos y vacantes. Por supuesto, no se alteraron los sistemas impositivos de Navarra y provincias vascas. En lo relativo al personal de Hacienda, sin embargo, se produjo una auténtica innovación, pues por un decreto de 7 febrero de 1827 se racionalizaron los servicios administrativos en ese ministerio y se introdujo el criterio del mérito para la selección del personal. Ello significó un avance apreciable hacia la formación de una burocracia moderna.[177]

Además de lo dicho, se dieron pasos para impulsar la producción nacional (arancel general de 1825) y el establecimiento de una economía de mercado mediante el Código de Comercio (1829), la creación del Banco de San Fernando (1829) y la Bolsa de Comercio de Madrid (1831). Asimismo se mantuvo la política proteccionista iniciada en el Trienio, con el fin de no truncar la oleada de roturaciones de nuevas tierras que se estaba registrando en la España interior, que acompañaba la recuperación demográfica. Los efectos de todo ello no fueron inmediatos. Sin embargo, en la minería, sector fundamental en la España del siglo XIX, se produjo un cambio significativo a corto plazo gracias a la promulgación en 1825 de la Ley de Minas.

Esta disposición, calificada por G. Chastagnaret como el mojón inicial y fundamental de la legislación minera contemporánea en España, supuso una ruptura con el ordenamiento del sector vigente en el Antiguo Régimen. Sus resultados fueron desiguales. No implantó un método satisfactorio para la explotación de las minas de la corona, y a falta de los recursos financieros y técnicos necesarios, el Estado intentó su arriendo por veinte años, salvo Almadén, pero la medida se puso en práctica en condiciones poco ventajosas y resultó un fracaso. En cuanto al sector privado, se favoreció a las pequeñas empresas y se sostuvo de manera especial la extracción de plomo en la Sierra de Gádor, hasta el punto de que España llegó a ser el segundo productor mundial de este metal, tras Inglaterra.[178]

El fracaso del Ministerio de Fomento, el gran logro reformista según muchos estudiosos, es un elocuente exponente de los límites de la política fernandina. Javier de Burgos y el marqués de Almenara, entre otros, habían sugerido al rey en 1826 la creación de ese ministerio con el nombre de Interior. En 1829 retomó la idea el antiguo afrancesado Pedro Sáinz de Andino, uno de los hombres de López Ballesteros, y el año siguiente lo hizo el ministro. El objetivo se cifraba en imponer un sistema articulado y centralizado de administración civil, encargado de conservar el orden y la seguridad y de impulsar la acción del Estado en lo relativo al fomento y prosperidad del reino. El proyecto tenía estrecha relación con la función atribuida inicialmente por Ofalia y los moderados a la policía: protección, seguridad, bienestar de la población. Finalmente Fernando VII atendió estas sugerencias y encargó al Consejo de Ministros la redacción del correspondiente decreto de creación del nuevo ministerio. El 5 de noviembre de 1830 estaba redactado, pero no se llegó a publicar, debido a la fuerte oposición suscitada. Los ultrarrealistas no podían aceptar un ministerio que recordaba al del Interior de la época josefina y al de Gobernación de los liberales, y lo consideraron la antesala de un cambio sustancial en el sistema absoluto. Tampoco lo toleraron Calomarde, que tras la reforma de 1827 había conseguido poner a la policía bajo la dependencia del Ministerio de Gracia y Justicia que él encabezaba, ni los capitanes generales, en modo alguno dispuestos a dejar de ser la máxima autoridad militar y civil en las provincias.[179]

El Ministerio de Fomento fue finalmente creado cuando cambió el panorama político a partir de septiembre de 1832, tras los «sucesos de La Granja». En octubre se formó un nuevo gabinete con neto predominio de los moderados (Cea Bermúdez retornó al Ministerio de Estado y Calomarde dejó Gracia y Justicia), fueron eliminados de los altos cargos los sospechosos de apoyar la causa carlista (entre otros, cinco capitanes generales) y se decretó una amplia amnistía. En este marco se estableció por fin el Ministerio de Fomento el 5 de noviembre de 1832. Su cometido era fundamentalmente el mantenimiento del orden público y el impulso de la economía, pero a la hora de especificar sus competencias se le atribuyeron tantas, que de haberlas llevado a la práctica le hubieran permitido intervenir en el conjunto de la Administración del Estado. Fomento entendía en el Gobierno económico y municipal de pueblos y ciudades, en la beneficencia pública, en todo lo relativo al desarrollo de la economía, en la enseñanza pública, la policía, la seguridad, etcétera. Sin embargo, el ministerio no comenzó realmente a actuar hasta después de la muerte de Fernando VII.[180]

Nada de lo dicho alteró la orientación política de la monarquía. Un real decreto del 15 de noviembre de 1832, exactamente diez días después de la creación del Ministerio de Fomento, anunció severos castigos a quienes osasen propugnar «otro linaje de Gobierno que no fuera el de la monarquía sola y pura». Y por si esto no fuera suficiente, un par de semanas después, Cea Bermúdez envió una circular a los agentes diplomáticos españoles destinados en el extranjero indicándoles cuál era la línea política en materia interior y exterior de la reina gobernadora, para desmentir —se dice expresamente— los rumores esparcidos en distintos lugares acerca de la inminencia de un cambio político en España aprovechando la enfermedad del rey. Más claro no pudo ser: la reina «se declara enemiga irreconciliable de toda innovación religiosa o política que se intentase suscitar en el reino o introducir de fuera para trastornar el orden establecido».[181] Mientras viviera Fernando VII estaba garantizado el absolutismo.

Viaje triunfal al norte

El fracaso de la rebelión de Bessières no puso fin a los movimientos de los realistas exaltados. La policía no cesó de informar sobre actuaciones de distinta envergadura por todo el país, cuya nota dominante, aparte del permanente llamamiento a acabar con los liberales, fue la crítica al Gobierno, más exactamente a los ministros moderados. Todo ello se enmarca en el proceso de resistencia al liberalismo iniciado en el Trienio, pero como ha observado Nuria Sauch, la inicial lucha contra los constitucionales se transformó en 1825-1826 como reacción del realismo exaltado contra el moderado. Es decir, afloró al primer plano la ruptura interna del realismo. En 1827 tuvo lugar la manifestación más estruendosa de este fenómeno: la revuelta de los agraviats de Cataluña.

Los agraviados o descontentos (en la zona del Ebro y en el territorio valenciano se les denominó malcontents) se levantaron en armas en la primavera de ese año en defensa de la monarquía absoluta y de la religión tradicional, con la Inquisición como símbolo. Las circulares y proclamas de los jefes de la sublevación publicadas por Jaume Torras y F. Suárez Verdeguer muestran con toda claridad que su rabia iba expresamente dirigida contra la política de los realistas moderados y en particular contra la vuelta a los cargos públicos de antiguos afrancesados y empleados del Trienio. «No, españoles, no; no son nuestras quejas y clamores contra nuestro Rey; tampoco intentamos que renuncie de modo alguno el Gobierno», dijo Josep Bosoms, llamado Jep dels Estanys, uno de los principales dirigentes de la rebelión, quien había sido cabecilla de una partida armada durante el Trienio. «Nuestros clamores se dirigen contra esa chusma infernal que después de haber sido hijos infieles a la patria [...] han logrado apoderarse de los empleos y destinos, chupar con abundancia la sangre de los que antes no pudieron inmolar.»[182]

El movimiento, con todo, no se redujo a esto. Según se lee en una proclama a los manresanos del mismo Bosoms, los que a sí mismos se calificaron de «realistas agraviados» luchaban por mantener «todos los principios conservadores de la sociedad», es decir, el universo cultural y social puesto en peligro por las transformaciones sociales y económicas del liberalismo. Este complejo conjunto de razones motivó que en la revuelta se comprometieran clérigos, artesanos, algunos hacendados, miembros de las oligarquías locales y campesinos, fueran propietarios o jornaleros, y lo que explica su éxito inicial.[183]

En el verano de 1827 la revuelta alcanzó considerable envergadura. Según Jaume Torras, se movilizaron entre veinte mil y treinta mil hombres, que a mediados de septiembre ocupaban la mayor parte de Cataluña. Noticias procedentes de distintos lugares del País Vasco, de Andalucía y de Valencia hicieron temer al Gobierno —así se hizo constar en varias sesiones del Consejo de Ministros— que la rebelión pudiera extenderse a todo el territorio nacional. En consecuencia, además de las medidas represivas y de algunas disposiciones encaminadas a contentar a los realistas exaltados, entre ellas la mencionada eliminación de la autonomía de la policía, Fernando VII decidió asumir el protagonismo y viajó a Cataluña. El viaje, como enseguida se verá, se saldó con un rotundo éxito para el rey.

En 1827 Fernando VII necesitaba de un golpe de efecto, no sólo para imponerse al realismo extremista, sino también para afirmarse como monarca absoluto. Esto último revestía especial importancia después del cambio político operado el año anterior en Portugal. El 29 de abril de 1826, tras la muerte del rey Joâo VI ocurrida el mes anterior, su sucesor, Pedro IV, concedió una Carta Constitucional, que establecía un régimen liberal conservador en aquel reino.[184] La noticia alarmó a Fernando VII, porque temió el efecto contagio y la concentración de los liberales españoles esparcidos por otros lugares de Europa en el reino vecino, donde desde 1823 se había refugiado un número apreciable de ellos, que se calcula en torno a un millar. En las filas del liberalismo, por el contrario, hizo renacer la esperanza en un cambio político.[185]

España no reconoció el nuevo régimen portugués, pero se declaró oficialmente neutral. No obstante, incitado por su entorno, entre otros por su hermano Carlos y por el ministro de la Guerra, marqués de Zambrano,[186] Fernando VII puso en marcha una doble operación, diplomática y bélica, para impedir la aplicación de la Carta en Portugal. Movilizó a los representantes españoles en el extranjero para que los Gobiernos europeos presionaran a Portugal, y en conjunción con la reina viuda de este país, su hermana Carlota Joaquina, envió agentes a Lisboa con el mismo fin. Por otra parte, amparado en diversas excusas, permitió la entrada en España de los absolutistas portugueses que habían abandonado el país y pretendían reorganizarse para establecer por la fuerza el absolutismo en la persona de don Miguel, hermano de Pedro IV (los llamados «miguelistas»). Al mando de Francisco Longa, antiguo guerrillero realista y ahora capitán general de Castilla la Nueva, un cuerpo armado hispano-portugués formado en secreto invadió Portugal el 22 de noviembre de 1826. La operación, que concluyó en enero del año siguiente con rotundo fracaso, debido a las presiones europeas, costó al erario español un millón de reales, cifra más que considerable si se tiene en cuenta la angustiosa falta de fondos en ese momento en las arcas públicas.[187]

El asunto de Portugal presentó otro matiz, no menos preocupante que el anterior para Fernando VII. Tras el cambio político en ese reino cundieron voces en el exilio liberal español sobre la posibilidad de reunir la corona española y portuguesa en la persona de Pedro IV. De ello se hicieron eco algunos periódicos europeos. Por su parte, en agosto de 1826, varios españoles exiliados en Gibraltar instaron a este príncipe a dar ese paso. Además, existe constancia de que el círculo de Espoz y Mina se puso en contacto con Brasil con el objeto de convencer a don Pedro de que aceptara las dos coronas. Las peticiones en este sentido continuaron en 1827 y se incrementaron al año siguiente, cuando tras la implantación por don Miguel del absolutismo en Portugal, liberales españoles y portugueses formaron un frente común. Don Pedro no se comprometió, pero anota Braz Brancato que a pesar de sus respuestas siempre vagas, parece que no le resultó indiferente la posibilidad de unir en su persona los dos reinos peninsulares. En cualquier caso, trató de no enemistarse con los liberales españoles, cuya alianza consideró necesaria para colocar en el trono portugués a su hija María da Gloria.[188]

La unión de las dos coronas ibéricas era una utopía, porque parecía imposible que las potencias europeas la permitieran. De ello tenía constancia fehaciente uno de los liberales del exilio más activos del momento, Juan Olavarría, quien como ya se ha dicho mantuvo contactos en Inglaterra con Espoz y Mina. En una memoria de finales de 1825, Olavarría había preguntado al premier británico Canning si aceptaría que un miembro de la Casa de Braganza (se refería, claro está, a don Pedro) ocupara también el trono español, pero Canning murió en 1827 sin darle una respuesta clara.[189]

De un cariz similar fue otro rumor extendido en 1826 concerniente a José Bonaparte, instalado en esa fecha en Filadelfia. El ex rey de España había solicitado autorización al Gobierno francés para regresar a Europa con el fin de arreglar asuntos económicos relacionados con su madre. La noticia causó estupor en el embajador español en París, duque de Villahermosa, quien al comunicarla al Gobierno español añadió que era propósito de algunos exiliados «revolucionar de nuevo España y hacer subir al trono al usurpador José Bonaparte bajo la condición y título de rey constitucional».[190]

Un informe de 1826 emitido por Domingo Simó, antiguo afrancesado, luego liberal y en estas fechas dedicado al espionaje al servicio de Fernando VII, reveló que ya desde 1824 españoles exiliados habían comunicado a José a través de intermediarios su deseo de verlo de nuevo en el trono español. José desechó la idea, alegando la desunión de los liberales, pero según Simó «poco a poco se han ido allanando obstáculos y actualmente parece que hasta el mismo Gobierno de los Estados Unidos estaba anuente en esto y que por su influjo se hubiera interesado también en esta empresa a varios de los nuevos Gobiernos de América, especialmente al de México». En apoyo de este aviso, Simó daba cuenta de un plan muy elaborado para conducir a José a España en navíos americanos y proclamarlo rey constitucional con la colaboración de los partidarios de Espoz y Mina.[191]

El referido proyecto parece fantasioso, pero no hay duda de que algo hubo, pues a estas alturas muchos liberales exiliados anteponían al problema de la soberanía nacional el logro de un Estado que garantizara los derechos individuales y cierta representatividad. En cualquier caso, delata que los liberales exiliados y los ultrarrealistas del interior, los dos frentes de oposición al Gobierno, objetaban la continuidad de Fernando VII. Los unos pretendían sustituirlo por un príncipe europeo; los otros, por su hermano Carlos. Al margen de su escasa consistencia y de la dificultad para llevarlo a la práctica, todo esto debió de preocupar considerablemente a Fernando VII.

El desasosiego del rey se acentuó a finales de 1826, con motivo de la difusión de un texto titulado: Manifiesto que dirige al Pueblo Español una Federación de Realistas puros, sobre el estado de la Nación y sobre la necesidad de elevar al Trono al Serenísimo Señor Infante Don Carlos. El escrito, impreso fuera de España, pero fechado en Madrid el 1 de noviembre de ese año, fue introducido vía Gibraltar, aunque principalmente se propagó manuscrito y, a juzgar por lo mucho que hablaron de él las autoridades y la policía, de forma considerable.[192]

El Manifiesto no fue obra de los realistas, ni existió esa Federación de Realistas Puros que reza en el título. En consecuencia, no expresa, como se ha dicho en ocasiones, la postura del realismo exaltado. Su objetivo, ha subrayado Aróstegui, era desencadenar un levantamiento contra la política del rey y los moderados. Pero aquí nos interesa su despiadado ataque a Fernando VII, a quien en casi todas las páginas se le menciona de la forma más ofensiva.

«Fernando 7.o», se lee en el Manifiesto, »no es hombre, es un monstruo de crueldad, es el más innoble de todos los seres. Es un cobarde, que semejante a un azote del cielo, lo ha vomitado el averno para castigo de nuestras culpas.» Es débil, apático, insensible a los sacrificios de los españoles, mal esposo, mal hermano y «parricida». Este último calificativo se justifica en una nota con dos datos: su actuación en 1807 con ocasión de la conjura de El Escorial y su intento de envenenar a sus padres cuando se hallaban en Roma, especie esta última que no he podido comprobar y parece inverosímil. La descalificación de la persona se alterna con la de su actuación política. Fernando es «el primer agente y motor de nuestras desgracias». Ha maltratado con el destierro y el patíbulo a sus «mejores amigos» (además de Escoiquiz, Ugarte y varios de los guerrilleros realistas más distinguidos durante el Trienio, menciona a Capapé y al «inmortal Bessières»). Toda la política del rey está encaminada a imponer pronto en España una Carta Constitucional como la portuguesa, pues se ha dejado sobornar por Inglaterra y no tardará en reconocer el Gobierno constitucional de Portugal, para lo cual cuenta con la ayuda del Ejército francés acantonado en España. También —y nada menos— hará lo propio con los nuevos países americanos.

Tras estas arremetidas contra el monarca y después de aludir a «la consumada traición de nuestros gobernantes» para no dejar impunes a los moderados, los autores del Manifiesto declaran su objetivo: «Nuestro plan, en fin, no es ni será otro que el de salvar de un golpe la Religión, la Iglesia, el Trono y el Estado». Para ello consideran necesario «un simultáneo pronunciamiento», mediante el cual se derroque del trono «al estúpido y criminal Fernando de Borbón», se le expulse del territorio nacional y se proclame rey a Carlos V, quien por su carácter y virtudes es distinto por completo a su hermano.

Todo induce a pensar que desde el primer momento, Fernando VII atribuyó este texto a los liberales y descartó la participación de don Carlos, pero eso no podía reportarle tranquilidad alguna.[193] Además, los primeros síntomas de la rebelión de los agraviats comenzaron en marzo de 1827, cuando mayor fue el impacto del enigmático documento, por lo que no cabe descartar que ejerciera algún influjo en los sublevados. En cualquier caso, la inquietud de Fernando VII ante el ambiente general debió de ser más que notable, pues de lo contrario es difícil entender que en esa tesitura, con el problema de Portugal en plena efervescencia, se decidiera a abandonar la corte.

Esta determinación estuvo precedida de varias disposiciones encaminadas a sofocar la rebelión de los agraviats. El 8 de septiembre de 1827, el Consejo de Ministros acordó medidas de control sobre las autoridades locales catalanas, el envío de más tropas a la zona y la sustitución del marqués de Campo Sagrado en la capitanía general de Cataluña.[194] Para este puesto el rey nombró al notorio absolutista conde de España, bien conocido por su severidad hacia sus soldados y por su ciega disposición a aplicar las medidas más contundentes contra los enemigos del rey, como había demostrado en el fusilamiento de Bessières. De España fue a Cataluña con amplios poderes, entre otros, el de juzgar a los sublevados en consejo de guerra sin distinción de fuero. Una vez allí, no dudó en aplicarlos, de manera que pronto cobró fama de cruel hasta el extremo. Junto a las medidas represivas, el Gobierno instó a los obispos catalanes a que disuadieran a los revoltosos y emprendió una extensa campaña de información pública con el fin de desacreditar a los sublevados. De ello se encargó fundamentalmente la Gaceta de Madrid, pródiga en estas fechas en noticias y en la publicación de llamamientos, circulares y textos de diferente naturaleza sobre los sucesos de Cataluña.

Esta política proporcionó algunos resultados, pero no los esperados por Fernando VII. En todo caso, se mostró ineficaz para atajar lo que, a juzgar por lo dicho en público por los dirigentes de la rebelión y por cuantos habían alentado el movimiento por diversos medios, entre ellos, el púlpito, fue el móvil fundamental de los rebeldes, que no era otro que la falta de libertad del rey. «El fin de nuestra gloriosa alarma es que nuestro amado monarca Fernando VII se vea libre de varios individuos masones que con maña y sagacidad han sabido conservar o apoderarse del Gobierno», afirmó en Vic Josep Clarà, uno de los dirigentes.[195]

La efectividad del recurso a la «cautividad» del rey estaba avalada por la experiencia del Trienio y el primero en saberlo era Fernando VII. Él más que nadie había invocado entonces su falta de libertad en las angustiosas peticiones de ayuda al exterior para acabar con el constitucionalismo. Los agraviats le pagaban con la misma moneda. Para remediar la situación decidió presentarse ante ellos.

El 18 de septiembre anunció el rey su decisión de trasladarse a Cataluña. Según algunos folletos aparecidos posteriormente en Francia, el viaje lo sugirieron los propios rebeldes a través del gobernador de Mataró Josep Romagosa, quien a principios de ese mes se había entrevistado con el monarca en La Granja.[196] Sea exacto o no este dato, parece indudable que los sublevados tenían gran interés en que el monarca constatara por sí mismo la situación de Cataluña, confiados en que en cuanto conociera sus razones, no dudaría en abandonar la política aconsejada por los moderados. «Yo le aseguro», decía un artículo firmado por «El verdadero amigo de la causa de Dios y del Rey», publicado por el periódico El Catalán Realista, «que si tenemos la dicha de ver al Rey, y que con franqueza y libre de lazos masónicos le podamos hablar la verdad, todo quedará tranquilo...»[197]

Un decreto fechado el 18 de septiembre de 1827, publicado al día siguiente en una Gaceta Extraordinaria, reforzó las esperanzas de los agraviats. El rey anunciaba su salida de El Escorial el 22 de ese mes para «examinar por mí mismo las causas que han producido las inquietudes de Cataluña». Iría acompañado de un reducido séquito, del que formaría parte un solo ministro: Calomarde. La precisión era importante. Junto al rey estaría el único miembro del Gobierno con fama de firme realista. En Madrid permanecerían el titular de Estado, González Salmón, y los tres restantes (López Ballesteros, Zambrano y Salazar), que por ser tildados de moderados estaban siendo el blanco de las invectivas del ultrarrealismo. Así pues, durante su estancia en Cataluña el rey no se hallaría sometido al «cautiverio» de perniciosos consejeros, se sentiría «libre».

El 28 de septiembre dio el rey desde Tarragona una proclama a los catalanes que abonó las expectativas ante el viaje real. Además de manifestar solemnemente que ni estaba oprimido, ni las personas de su confianza conspiraban contra la corona y la religión, explicitó sus intenciones. Como padre, estaba dispuesto a usar con los «sediciosos» el lenguaje de la clemencia y a «escuchar las reclamaciones que me dirijan». Como rey, llegaba a Cataluña para restablecer el orden y exigía sumisión inmediata y total, advirtiendo que «la memoria del castigo ejemplar que espera a los obstinados durará por mucho tiempo».[198] Esto último se cumplió. Los catalanes tardarían en olvidar la dureza practicada por el conde de España en la represión de los sublevados. Sin embargo, éstos constataron enseguida que la anunciada clemencia no tendría traducción en la práctica. Una vez más Fernando VII faltó a la palabra dada a sus súbditos, como sucediera en 1814 con la promesa de reunión de Cortes, con el perdón general decretado el 30 de septiembre de 1823 o con la amnistía tantas veces prometida.

El viaje real se prolongó durante diez largos meses, mucho más de lo previsto: del 22 de septiembre de 1827 hasta el 31 de julio del año siguiente. Inicialmente, Fernando VII se dirigió directamente a Tarragona a toda prisa. En sólo seis días realizó el trayecto desde El Escorial a esta ciudad, pasando, sin detenerse, por Albacete, Valencia y Castellón, en total más de 700 kilómetros, a una media de 45 diarios, frente a los 35 habituales de la posta. Tras pasar un mes en Tarragona, retornó a Valencia, donde se le unió la reina María Josefa Amalia. Días después ambos volvieron a Tarragona y de allí se trasladaron a Barcelona, donde permanecieron algo más de tres meses. Luego viajaron a Zaragoza y al norte. Visitaron Tudela, Tafalla, Pamplona, San Sebastián, Vergara, Durango, Bilbao y Vitoria. El 1 de julio de 1828 iniciaron el regreso a la corte por Miranda de Ebro, Briviesca, Burgos, Palencia, Valladolid, Medina del Campo y Santa María de Nieva, y el último día de ese mes llegaron al real sitio de San Ildefonso de la Granja.

Todo lo dispuso meticulosamente Fernando VII, como era habitual en él cuando se trataba de cuestiones que le atañían de forma directa. Además de aplastar la revuelta, con su viaje persiguió tres objetivos: dar por sentado a los rebeldes catalanes y al resto de los españoles que actuaba con libertad, manifestar su calidad de padre magnánimo de sus súbditos interesado por sus problemas, y demostrar que él era la única garantía para conservar la monarquía y el orden en España. El primero estaba conseguido de antemano, al decidir que sólo le acompañasen Calomarde y un número muy reducido de servidores palatinos, lo cual garantizaba que actuaría sin presiones. Con su decreto del 18 de septiembre dejó patente su magnánima disposición a escuchar las quejas de sus súbditos, incluso de quienes habían incurrido en falta. La consecución del tercer objetivo era más problemática, pues dependía del éxito en sofocar la rebelión y de la reacción de los habitantes de los lugares del tránsito, en suma, del grado de reconocimiento de la autoridad del rey por parte de la población en general y de los sublevados en particular.

La rebelión fue inmediatamente controlada. La llegada del rey causó gran efecto sobre los comprometidos en ella e influyó en los que la habían alentado. Fiados en la promesa de clemencia contenida en la mencionada proclama real del 28 de septiembre, muchos rebeldes depusieron su actitud, y los que habían incitado a la rebelión, sobre todo eclesiásticos, dejaron de hacerlo; casi todos los obispos catalanes la condenaron e instaron a sus fieles a cumplir las órdenes del Gobierno.[199] Tan numerosas fueron las rendiciones y deserciones en las filas de los sublevados, que el conde de España no tuvo grandes dificultades para recuperar las plazas ocupadas por ellos. Lleno de satisfacción, el rey pudo comunicar a Grijalva el 16 de octubre: «Esto va a pedir de boca». El día anterior había escrito a la reina María Josefa que los rebeldes andaban errantes por las montañas y «ya se pueden considerar como partidas de ladrones».[200] La puntualización no fue gratuita. Los que hasta entonces podrían haber sido considerados súbditos descontentos pasaban a la condición de maleantes comunes, de modo que el rey-padre de su pueblo quedaba eximido de toda consideración hacia ellos.

Cuando Fernando VII escribió las cartas mencionadas, la rebelión casi estaba sofocada. Cumplido el objetivo, podía regresar a la corte, pero no lo hizo, y realizó una maniobra sorprendente. El 28 de octubre, al mes exacto de su llegada a Tarragona, se trasladó a Valencia para encontrarse con la reina. Este movimiento ha sido interpretado como un ardid de Fernando VII para distanciarse de la represión de los agraviats. Los datos lo avalan. Entre el 7 y el 22 de noviembre, por orden del conde de España diez de los comprometidos en la revuelta fueron ahorcados o fusilados por la espalda como traidores, entre otros Joan Rafí Vidal, quien fiado en la proclama real del 28 de septiembre, había depuesto las armas y gozaba de libertad antes de ser fusilado.[201]

Tras revivir en Valencia fiestas y agasajos al estilo de 1814, salieron los monarcas hacia Tarragona, adonde llegaron el 24 de noviembre. Diez días después viajaron a Barcelona. No se sabe con exactitud cuándo decidió Fernando VII prolongar su viaje. Según la Breve relación histórica del viaje mandada escribir por Calomarde, el 19 de octubre de 1827 hizo pública en Valencia su intención de ir a Barcelona. Ese mismo día, el ministro de Asuntos Exteriores francés encargó a su embajador en España, conde de Saint-Priest, que felicitara a Fernando VII por la pacificación de Cataluña y le propusiera la evacuación de las tropas francesas de Barcelona.[202]

Fernando VII y el Gobierno de Francia coincidían en que había llegado el momento de la repatriación de las fuerzas de ese país todavía presentes en España. Ascendían en total a 24.552 hombres, distribuidos en Cádiz (más de diez mil), Barcelona (6.790), San Sebastián, Pamplona, Jaca, Seo de Urgel y Figueras. La anunciada llegada de Fernando VII a algunas de estas ciudades proporcionó la ocasión para proceder a su evacuación inmediata, pues como se resalta en la Breve relación histórica, no era admisible que rodearan al monarca soldados extranjeros. En consecuencia, los franceses salieron de Barcelona entre el 16 y 28 de noviembre de 1827 y a continuación lo hicieron los destacamentos de San Sebastián, Pamplona y Figueras; los de la Seo de Urgel y Cádiz lo harían más tarde, entre junio y septiembre del año siguiente.[203] La evacuación del Ejército francés debía contribuir a fortalecer la imagen de Fernando VII en el interior del reino, de modo que era una buena razón para prolongar el viaje por Barcelona, Navarra y el País Vasco.

La visita al País Vasco tuvo probablemente una motivación añadida. Quizá desde Valencia, Calomarde solicitó un donativo para el rey de varios millones de reales a las Juntas de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. Representantes de los tres órganos forales reunidos a principios de noviembre en San Sebastián acordaron atender la petición y enviaron sendos comisionados ante el rey. Éstos encontraron al monarca en Barcelona a comienzos de enero de 1828 y en audiencia privada le entregaron tres millones de reales, cantidad que debió de recibir Fernando VII como un maná, pues en ese momento —afirma Fontana— la tesorería había llegado a la situación de insolvencia total anunciada desde hacía tiempo.[204] Aparte de dejarle constancia de la lealtad de los territorios forales, sus comisionados aprovecharon la oportunidad para ponderar al rey la necesidad de mantener los fueros, criticando duramente «las teorías niveladoras» que los ponían en peligro, es decir, los principios liberales. Cumplida su misión, los emisarios vascos no regresaron a sus lugares de origen y siguieron a la comitiva real hasta Zaragoza. Allí les comunicó Calomarde el 2 de mayo el propósito del monarca de visitar las provincias vascas.[205]

No sabemos a ciencia cierta de quién partió la idea del viaje del rey al País Vasco. Según la crónica del trayecto real por Guipúzcoa, redactada por orden de la Junta de esa provincia, la iniciativa fue de las autoridades forales vascas, quienes al enterarse de que el rey pensaba desplazarse a Navarra, «entraron en una noble emulación» y ordenaron a sus enviados que «rogasen» al monarca se dignase visitar sus territorios.[206] Por lo que se acaba de decir, es muy probable que fuera así, pues al tiempo de entregar su donativo al rey en Barcelona, los comisionados forales le presentaron algunas reivindicaciones concretas. Pidieron la supresión de aranceles a los productos vascos introducidos en el resto del reino, la exención de contribuir con hombres y dinero en el reemplazo del Ejército, y que no se exigiesen a los territorios forales otras cantidades que los donativos voluntarios.[207] Si el rey visitaba las provincias vascas sería más fácil obtener todo esto.

Desde el punto de vista de Fernando VII el viaje al País Vasco era en cualquier caso una extraordinaria oportunidad para consolidar la lealtad de sus habitantes, en particular notables locales, clero y campesinado, es decir, los sectores sociales que durante el Trienio habían reaccionado con dureza contra la abolición del sistema de juntas y diputaciones de fuero y se habían distinguido en la lucha contra el régimen constitucional. Ya en 1814, en el contexto de la política anticonstitucional, Fernando VII había confirmado los fueros vascos, y a partir de 1823 continuó dispensando su protección a las diputaciones forales. El éxito del viaje real a ese territorio estaba asegurado. Por lo demás, la administración foral, en manos de absolutistas, se vio considerablemente fortalecida durante la última década del reinado de Fernando VII.[208]

Así pues, aparte de logros concretos, como la evacuación de las tropas francesas, Fernando VII entendió que la prolongación del viaje era un instrumento excelente para mejorar su imagen en el interior y en el exterior. El levantamiento de los agraviats era un síntoma más del deterioro de su figura, aunque quizá no el de mayor relevancia a los ojos del rey. En la prensa europea no se hablaba de él en términos positivos y sabemos de las considerables dificultades para conseguir préstamos de los banqueros importantes del continente. Además, existía el peligro del efecto contagio del constitucionalismo portugués y en estrecha relación con esto, las maniobras de liberales y ultrarrealistas para sustituirlo en el trono por otro príncipe. Todo quedaba agravado por la pérdida del imperio americano, fundamental hasta ahora para situar a España en el orden internacional. Fernando VII, pues, necesitaba imperiosamente afirmarse en el interior y mejorar su fama exterior. El éxito ante los rebeldes catalanes pudo convencerle de que su presencia entre sus súbditos era un instrumento eficacísimo, que sólo podía reportarle beneficios personales.

En un mundo predominantemente rural y de difíciles comunicaciones, en el que la mayor parte de la población no solía abandonar a lo largo de su vida su lugar de residencia, cobraban más importancia las autoridades locales que el monarca, cuya figura, por muy venerada que fuera, quedaba lejos en todos los sentidos.[209] La lealtad giraba en torno a la comunidad local. Ahora bien, en términos políticos globales —ha escrito Álvarez Junco— esa lealtad se orientaba casi exclusivamente hacia la monarquía. El rey era el nexo de unión por excelencia de los habitantes del reino, la personificación de la colectividad.[210] En tales condiciones, ver físicamente al rey no sólo era para ellos un espectáculo y una fiesta, sino también una forma de afirmar su identidad. La visita del rey también interesaba sobremanera a las autoridades locales, porque era una excelente ocasión para consolidar su propio prestigio, de ahí el generalizado empeño en disponerlo todo de la forma más grata al monarca, sin reparar en gastos para dar el mayor realce a la visita. Además, esas autoridades se veían beneficiadas por el efecto de su proximidad al rey, al que no dejaban de acompañar en los actos públicos, convirtiéndose de esta forma en receptores adicionales de los aplausos de la multitud.[211]

Por otra parte, el paso y estancia del rey constituía un revulsivo económico para los lugares del tránsito y alrededores. Había que arreglar calzadas y puentes, componer calles, blanquear y adornar casas, formar arcos triunfales, preparar luminarias y fuegos artificiales; realizar obras de acondicionamiento en los edificios destinados a la residencia de los monarcas y de su séquito, proveerlos de muebles y adornos, aprovisionar la mesa del rey, etcétera. Todo esto, junto a los ensayos de bailes y las representaciones de las comparsas, a cuyos participantes se les solía gratificar con dinero o en especie, proporcionaba trabajo y otros beneficios materiales durante varios días a los naturales de la zona. Como refiere la crónica del viaje a Guipúzcoa, las tareas mencionadas «ocupaban [a] todos los artesanos y artífices [...] y jornaleros y había aún que llamar en su auxilio a los de los pueblos interiores de la provincia».[212] La visita real era una ocasión para que unos incrementaran sus ganancias y otros obtuvieran un jornal y sustento decoroso. Además, esta visita transcurría en un ambiente de fiesta general, sin riñas ni altercados, pues nunca como en tal ocasión se ocupaban las autoridades locales del mantenimiento del orden.

En suma, la presencia del rey creaba un clima de satisfacción general, que generaba un especial estado de ánimo en la población. La lealtad estaba asegurada. Pero la exaltación del pueblo era aún mayor cuando el rey iba acompañado de la reina, pues de esta forma aparecía más patente el significado pleno de la monarquía: magnificencia, autoridad y continuidad. La experiencia de Fernando VII en este sentido era amplia y positiva. Ahora, en 1827 y 1828, la revivió con agrado.

Fernando VII y María Josefa mantuvieron el mismo programa durante su periplo. Alternaron los actos protocolarios y religiosos con muestras de interés por el progreso material y el bienestar de sus súbditos, y con actos y gestos de aproximación a ellos. Es excusado mencionar que los habitantes de todas las poblaciones visitadas, junto a los desplazados desde lugares próximos para la ocasión, recibieron invariablemente a los reyes con aclamaciones y grandes muestras de regocijo. Para dejar memoria, el relato de la visita de los reyes fue generalmente consignado por escrito en los anales locales, las más de las veces en términos ditirámbicos y no sin reflejar en prosa y en verso el entusiasmo con que asumió el vecindario los muchos gastos originados en homenaje a sus monarcas.

No es posible detenerse aquí en las actuaciones de los distintos pueblos y ciudades, minuciosamente descritas en las crónicas locales. Me limitaré a consignar cómo percibió el propio Fernando VII esta experiencia, basado fundamentalmente en el diario de viaje mandado redactar por él mismo.[213]

Fernando VII resalta, ante todo, su potestad y su religiosidad. Como en el relato de su viaje de 1823, consigna con detalle los actos de reconocimiento hacia su persona, tanto los espontáneos, expresados por los vítores a la pareja real de la población de todos los lugares, como los formales, durante las ceremonias de besamanos (siempre precisa el número y calidad de los asistentes), las recepciones de particulares y colectivos y los desfiles de cuerpos militares y, en algunas localidades, de los voluntarios realistas. La potestad real se unió intrínsecamente a la religiosidad. Los monarcas visitaron iglesias y conventos, asistieron a diario a misas y otros actos religiosos, veneraron las reliquias más preciadas en distintos lugares (por ejemplo, el santo cáliz de la catedral de Valencia), hicieron en público las estaciones del Jueves Santo y desde su residencia contemplaron las procesiones de Semana Santa de Barcelona, descritas con detalle en el diario.

El rey católico, cuya autoridad es reconocida sin titubeos, es también el padre de sus súbditos que gobierna en pro del progreso y el bienestar general. En Tarragona va al puerto y a la cantera y contempla la llegada de los pescadores. En San Sebastián, la pareja real también presenció faenas de pesca en la Concha, interesándose por las especies de peces capturados. En el desplazamiento de Zaragoza a Pamplona los reyes efectúan un tramo en barco por el canal de Aragón (catorce leguas). En las ciudades con industria (Sabadell, Tarrasa, Tolosa, Placencia de las Armas, Eibar, Palencia...) visitan con detenimiento las fábricas y reciben detallada información del proceso de producción, maquinaria, número de obreros, etcétera. En San Sebastián, el rey pone la primera piedra del edificio del nuevo Ayuntamiento, pues el antiguo había sido destruido en 1813 por los franceses. Por otra parte, el rey rebajó algunas contribuciones, ordenó pagar los sueldos atrasados al Ejército, anunció la construcción de una carretera de Tarragona a Reus, cuyos trabajos comenzaron durante la segunda estancia real en Tarragona, estableció una fábrica de cigarros en Valencia, dio disposiciones para la extinción del contrabando, dictó medidas proteccionistas en favor de los tejidos de algodón catalanes...[214]

Los reyes se preocuparon por los enfermos y los acogidos a la beneficencia pública, de modo que en todas las ciudades en las que se detuvieron durante algún tiempo no dejaron de acudir a hospitales y casas de beneficencia. También visitaron los grandes archivos, el de Simancas y el de la Corona de Aragón en Barcelona, admirando sus fondos. El diario resalta las «inteligentes» preguntas de la reina a los archiveros de Simancas. Y no se olvidaron de los centros de enseñanza superior. Visitaron con detenimiento el seminario de Vergara y asistieron a sendos actos académicos en las universidades de Valencia, Cervera y Valladolid, que en las dos últimas consistieron en la graduación de un doctorando.[215]

Elemento fundamental del viaje fue la proximidad de los soberanos a sus súbditos. Según arraigada costumbre en este reinado, el coche real hizo su entrada en varias ciudades tirado por los vecinos. El recibimiento en todos los casos fue delirante, y la estancia de los reyes una fiesta continua, celebrada en los templos o en la calle, lo cual propició la participación general. Una vez más, luminarias, fuegos artificiales, danzas y cánticos, bailes populares, representaciones simbólicas a cargo de los gremios u otros colectivos ensalzando a la pareja real y la monarquía y celebrando la paz proporcionada por Fernando VII, etcétera. Los monarcas asistieron con agrado —así se consigna en el diario real— a diversiones propias de cada lugar (por ejemplo, a partidas de pelota en Bilbao y Vitoria) y a espectáculos del gusto popular, como una exhibición de funambulistas en Bilbao o el vuelo de globos aerostáticos en Vitoria y en Burgos.[216] Y, por supuesto, el rey presenció corridas de toros, a las que la reina nunca asistió. Como era bien sabida la afición taurina del monarca, nunca faltaron toros en las ciudades importantes y en algunas, como Bilbao, se celebraron cuatro corridas durante los nueve días que duró su estancia.

Fernando VII acudió muchas veces a pie a la plaza de toros, dando ocasión a que se le acercaran personas de todo tipo y, como se consigna en la crónica de San Sebastián, pudieran besarle la mano «miserables pescadoras».[217] La pareja real también se desplazó a pie en varias ocasiones a iglesias y conventos, y del mismo modo realizó algunos paseos por la ciudad de Barcelona. Los monarcas acentuaron su proximidad al pueblo contemplando con satisfacción muestras de su folklore, especialmente en el País Vasco, donde se les obsequió repetidamente con danzas y cánticos tradicionales. En ese territorio abundaron las canciones con estrofas en euskera y las inscripciones en arcos de triunfo y otros adornos en esta lengua, y como la reina llegara a mostrar algún interés, se le regaló la gramática del erudito jesuita del siglo XVIII Manuel Larramendi, bellamente encuadernada.[218] Haciendo gala de su campechanía, Fernando VII aprovechó otras ocasiones para acercarse a los habitantes del lugar. Así, mientras cambiaban los tiros de su coche en Urnieta, entró en la casa de un vecino pobre y entabló conversación durante varios minutos con él y otros que se aproximaron.[219]

La relación del viaje mandada redactar por Calomarde resume el resultado obtenido por Fernando VII de esta forma:

Extinguió la discordia civil, aseguró la paz, reanimó la industria, guarneció de tropas [españolas] las plazas de su reino, castigó la traición, disimuló los extravíos y dio motivos a la fidelidad y afecto de sus vasallos.[220]

La victoria sobre los rebeldes de Cataluña fue, sin duda, el efecto más visible del viaje. A ello se refirieron las numerosas felicitaciones enviadas al monarca, en su mayoría de instituciones públicas, ayuntamientos, procedentes, sobre todo, como es lógico, de Cataluña, aunque también llegaron de otros puntos del reino.[221] Por lo demás, Fernando VII no se olvidó de su imagen en el exterior y ordenó a los diplomáticos españoles en el extranjero que comunicaran a los diversos Gobiernos europeos su éxito personal en sofocar la revuelta.[222] Pero ante todo, en este viaje quedó puesto de manifiesto el sentimiento de lealtad al rey.

Se puede afirmar, en definitiva, que Fernando VII cumplió plenamente los objetivos de su periplo por Cataluña y el norte de España. Un viaje que comenzó de forma apresurada, pero que poco a poco fue programado de la manera conveniente para dar esplendor a la monarquía absoluta y al monarca que la encarnaba.

La cuarta esposa. María Cristina de Borbón

El largo viaje real culminó en Madrid. Por quinta vez entró en triunfo Fernando VII en la capital del reino. Los festejos, invariablemente costeados por el Ayuntamiento, se desarrollaron durante cuatro jornadas, del 11 al 14 de agosto de 1828. El programa contempló los actos de siempre: recepciones y besamanos, tedeum en la Almudena, teatro (una de las obras representadas fue El mejor alcalde, el rey, de Lope de Vega), ejercicios militares, corridas de toros, luminarias, fuegos artificiales. Siguiendo la costumbre, se ordenó cubrir con tapices los edificios públicos y adornar casas particulares. No faltó el arco en honor a los monarcas, levantado como siempre en la calle de Alcalá. La figura más destacada en él fue una estatua ecuestre de Fernando VII aplastando la rebelión. Los textos se encargaron al poeta áulico Arriaza y a Bretón de los Herreros, Ventura de la Vega, Alberto Isla y otros se les pidieron composiciones que fueron lanzadas por las claraboyas de los teatros durante las funciones.[223]

Los reyes efectuaron su entrada el 11 de agosto en una carretela tirada por treinta y seis jóvenes. Una vistosa comitiva formada por cuadrillas de diferentes barrios los acompañó hasta palacio. Naturalmente, debieron de abundar los vítores a la pareja real. Sin embargo, no parece que en esta ocasión se desbordara el entusiasmo como en 1808 y 1814. Al menos se hizo patente el disgusto de los realistas exaltados por el desenlace de la rebelión en Cataluña. Uno de ellos, oficial del Cuerpo de Voluntarios Realistas de Madrid y luego ministro carlista, ofreció en sus Diarios el siguiente relato:

Día 11 [de agosto]. Entrada de SS.MM., sumamente fría, a pesar de todas las funciones, por falta de entusiasmo y gusto público. Cuatro putas pagadas y mal vestidas tocaban panderos, dos comparsas también pagadas y miserables bailaban, y cuarenta mozos como Pablo Díaz, pagados también, tiraban de la carretela. Apenas se oían más vivas que los de dos docenas de pillos que precedían a la carroza. El rey tenía mala cara, aunque bien gordo. Doña Francisca mostraba al contrario cara risueña y complacida... Buen sol nos hemos chupado.[224]

El testimonio, parcial, por supuesto, no parece inexacto en todos sus extremos y es significativa la contraposición entre la actitud del rey y la de la esposa de su hermano Carlos, la infanta María Francisca, alma desde tiempo atrás del realismo exaltado. Desde una opción ideológica opuesta al autor citado, Estanislao de Kostka Vayo anota simplemente que la entrada del rey se efectuó «entre el estruendo de las danzas de las manolas y las aclamaciones de los voluntarios realistas».[225] Ni uno ni otro hablan de entusiasmo de la población, signo de que a estas alturas había palidecido el halo de Fernando VII, a pesar del éxito del viaje por el norte. Al parecer, no pasó desapercibida esta circunstancia al propio monarca. Cuenta Arias Teijeiro que durante la función de teatro del 14 de agosto, último día de fiestas, el monarca solicitó al cirujano de cámara Turlán su opinión sobre el acto. «Muy bien», dijo éste, y el rey le respondió: «“Sí, bien, pero”, añadió arrimándosele al oído, “mucha adulación, mucha adulación”».[226]

El triunfo sobre los agraviats sólo fue celebrado por una minoría que no dejó de forjarse algunas ilusiones. Años más tarde escribió Ventura de la Vega en referencia a este momento: «... ya nos figurábamos tener conquistado al monarca y divisar un horizonte color de rosa».[227] El ensueño del dramaturgo se sustentaba en algunas decisiones políticas esperanzadoras, como la autorización a renombrados liberales para regresar del exilio, entre ellos el poeta y destacado diputado liberal en las Cortes de Cádiz Juan Nicasio Gallego, o el decreto del 8 de marzo de 1828, que era del siguiente tenor: «Desde el día en que se publique el decreto de reformas, ningún secretario del Despacho me propondrá para los empleos ninguno que no sea cesante, siempre que haya tenido buena conducta en tiempo de constitución».[228] Esta disposición facilitó la integración en la Administración de antiguos empleados del Trienio, hecho que, como en distintas ocasiones se ha dicho aquí, impulsó el reformismo del ministro López Ballesteros y, al mismo tiempo, suscitó en el realismo exaltado todo tipo de críticas. Buena muestra de esto último es el diario de Arias Teijeiro.

Al éxito del viaje siguió una crisis importante en la familia real. El 17 de mayo de 1829 falleció la reina María Josefa Amalia. Fue un suceso inesperado que causó hondo pesar en Fernando VII, como reflejan sus notas personales a Grijalva. De ello no cabe dudar, pues en estos años el rey siempre se sinceró con su fiel servidor, convertido de hecho en el auténtico —y con excepción de la reina, probablemente único— confidente de su estado de ánimo y de sus deseos particulares. Pero el rey pensó inmediatamente en un nuevo matrimonio. El 1 de junio, sólo dos semanas desde la muerte de María Josefa, escribió a Grijalva: «... dice Castello [médico del rey] que ya tengo el pulso tan fuerte como antes y que es menester que yo me case cuanto antes».[229] Obsesionado por transmitir la corona a un descendiente directo suyo, Fernando se mostró muy dispuesto a seguir el consejo de su facultativo.

La decisión del rey causó gran revuelo en la familia real y en los medios políticos. Los realistas exaltados en general, y en la corte las infantas portuguesas María Francisca y María Teresa en particular, se habían hecho ilusiones de ver en el trono a don Carlos, de modo que recibieron la noticia con inquietud. Por el contrario, los realistas moderados y también, aunque por razones diferentes, los liberales, la acogieron con esperanza, pues si el nuevo matrimonio diera por fin sus frutos, no llegaría a reinar el infante, cuyo talante no era desconocido para nadie.

Como es lógico, enseguida se suscitaron movimientos para buscar una esposa. La reina viuda de Portugal Carlota Joaquina, tan atenta siempre al estado civil de su hermano, se apresuró a ofrecerle la mano de su hija María Teresa, princesa de Beira, «que sabes es capaz de tener hijos», le escribió el 23 de junio de 1829.[230] María Teresa vivía en la corte española desde 1822 en calidad de infanta de España, por ser viuda y madre de infantes (su esposo Pedro Carlos y su hijo Sebastián). Íntimamente ligada por afecto y por ideas políticas a su hermana María Francisca, se distinguía por su actividad en favor del realismo exaltado. Su cuarto era frecuentemente visitado en estas fechas por absolutistas portugueses, a quienes daba instrucciones y dinero. Se ha dicho que dado el carácter tímido y la tendencia al retraimiento de la reina María Josefa, las dos hermanas eran las mujeres más influyentes en la corte.[231]

Esta última afirmación debe ser matizada. Es indudable que las infantas portuguesas presionaron cuanto pudieron a Fernando VII para que asumiera los planteamientos del realismo extremista, tanto en los asuntos españoles, como en los portugueses. Mucho avanzaron en este sentido, pero no lograron convencer por completo a Fernando VII, no tanto por las diferencias ideológicas entre tío y sobrinas, cuanto por táctica política, como se ha visto en páginas anteriores. Pero en la corte española también vivía la infanta Luisa Carlota, esposa del otro hermano del rey, Francisco de Paula, y como las portuguesas, sobrina del monarca, pues era hija de María Isabel, esposa de Francisco I rey de Nápoles y Sicilia y hermana de Fernando VII. La napolitana no coincidía con sus primas ni en la manera de entender la vida, ni en ideas políticas, aunque estuvo muy lejos de asumir las del liberalismo, por más que los ultras la acusaran de ello.

En la corte de Fernando VII hubo, pues, en estos años dos bandos femeninos, el de las infantas portuguesas y el de la napolitana. Creo que durante la vida de la reina María Josefa no logró ninguno ganarse por entero la voluntad del monarca. A pesar de su retraimiento y timidez, la reina no se desentendió, como ha quedado dicho, de las cuestiones públicas, menos aún de las de palacio. No sabemos hasta dónde llegó su influjo sobre su esposo, pero según todos los indicios no permitió que las otras infantas ocuparan su lugar en la corte. A este respecto es ilustrativo el siguiente dato. Con la excusa de hacer economías, el rey ordenó al comienzo de 1828 que los infantes se costearan sus gastos, incluyendo los viajes a los reales sitios, y que comieran por su cuenta y no a cargo de la mesa del rey. Esto último rompía la costumbre introducida por el propio Fernando VII de reunir en las comidas a la familia real y, como es lógico, incomodó sobremanera a los afectados, tanto por razones económicas, como cortesanas, pues implicaba cierto alejamiento de la persona del monarca. Así se lo hizo saber don Carlos:

Mucho lo he sentido, Fernando mío de mi corazón, porque me priva de un gusto que tenía desde hacía veinte años, esto por lo que toca a mí, y en general porque nos priva del único rato que teníamos en reunión de toda la familia. Te confieso que nunca me podía figurar que llegase este caso, aunque ya hacía bastante tiempo que me lo temía. En fin, si vas a ahorrar millones, será para mí una satisfacción, que no lo creo.[232]

En perfecta sintonía con el futuro pretendiente a la corona, desde el realismo extremista se habló de «división de la familia real». Se achacó al influjo de la reina. «La reina vuelve la espalda a las infantas, etcétera [sic]», escribió en tono airado Arias Teijeiro. También se difundió alguna salida de tono de la infanta Luisa Carlota (a las otras no se les criticaba desde este flanco), como la siguiente frase atribuida a ella: «Que me diga ahora [el rey] que vayamos a los Sitios: vaya él solo, que a nosotros nada nos paga».[233]

Desaparecida la reina, las infantas dispusieron de un margen de maniobra más amplio, de ahí que la inteligente y siempre activa Carlota Joaquina se apresurara a presentar la candidatura a futura esposa del rey de su hija María Teresa, tan ambiciosa como su madre. Por su parte, Luisa Carlota batalló en favor de su hermana María Cristina. También se barajaron otras candidatas no pertenecientes a las casas de Borbón y de Braganza, entre ellas las hijas del ex rey de Cerdeña Víctor Manuel I, María Ana y María Cristina, y una princesa de Baviera.[234]

Aunque en este momento se habló de presiones de los moderados y aun de los liberales en favor de María Cristina, y algunos historiadores lo siguen manteniendo, parece que la elección fue obra personal del rey, a quien se atribuyen estas palabras: «otras veces me han casado, ahora me caso yo».[235] A juzgar por la mayor parte de los testimonios, el principal motivo de Fernando para inclinarse por María Cristina, de veintitrés años de edad, fue su aspecto físico. Tal vez la vio como la describe el marqués de Villa-Urrutia:

Era considerada Cristina como hermosa, no por la corrección de sus facciones, sino por el conjunto [...]. Su cabello era castaño; los ojos, pardos, parecían negros a cierta distancia, y sin ser grandes resultaban expresivos y dominantes; la boca, graciosa, con propensión constante a la sonrisa; la frente, proporcionada al rostro; la nariz, más bien grande, sin ser borbónica; el color, blanco nacarado; los pómulos, ligeramente rojos; las orejas, menudas y bien puestas, llamaron la atención de un marino americano como las primeras que había visto verdaderamente bellas; el cuerpo, airoso y esbelto; la figura, de intachables líneas esculturales; los ademanes, naturalmente distinguidos y el aire, siempre elegante, cualquiera que fuera el traje que vistiese...[236]

Los preparativos para el matrimonio se efectuaron con gran celeridad. El 20 de agosto de 1829 el papa concedió la dispensa de parentesco. El 6 de septiembre, el embajador español en Roma Pedro Gómez Labrador pidió oficialmente al rey de Nápoles la mano de su hija en un acto de extraordinaria solemnidad. El 30 de ese mes salió María Cristina camino de Madrid, acompañada por sus padres. El 5 de noviembre se firmó el contrato matrimonial, con una dote a la novia de dos millones de reales. El 8 de diciembre llegó ella a Aranjuez y en el Palacio Real se efectuaron los desposorios por poderes, actuando el infante don Carlos en representación del monarca. El 11 de diciembre la reina hizo su entrada en Madrid, esa misma noche se verificaron los desposorios en el Palacio Real y al día siguiente las velaciones en el convento de Atocha.[237]

Desde el 28 de julio hasta el 9 de diciembre de 1829 Fernando y María Cristina cruzaron una correspondencia rebosante de las habituales expresiones de amor y ternura, similares a las contenidas en las cartas del rey y sus anteriores esposas Isabel y María Josefa.[238] «Sin conocerte todavía, ya te quiero mucho», «todo el día no pienso más que en mi amada Cristina», «mi corazón palpita de amor a ti», dice él. Ella corresponde: «¡Oh, cuánto palpita mi corazón viendo las expresiones de tu amor! No, no puedo decir lo que siento por ti, mi interés no es [otro] que Fernando y daría mil veces mi vida por él». Él encabeza su primera carta con «querida sobrina mía Cristina», pero enseguida cambia a «querida Cristina mía de mi corazón», «amada Cristina mía de mis ojos», «pimpollo mío», «salero de mis ojos», «preciosa Cristina». Ella empezó con un «mi muy querido tío» y terminó con «mi amor» y «mi muy querido Fernando». Fernando abundó en los piropos acostumbrados en él: «pichón mío», «paloma mía», «azucena», «resalada mía», «gachona», «preciosa», «¡qué guapita eres!», «¡qué rica!», «mona mía». En una de sus últimas cartas, se pasó a la cursilería. Al escuchar los muchos elogios sobre ella, le dice, «se verifica aquello de “el corazón me hace pitititi, señal de que me muero por tititi”». Y ella, más elegante, le escribe después de su primer encuentro en Aranjuez: «ahora sí que puedo cantar aquella aria que dice: Io ti vidi e ti adorai / il mio cor piu mio no é».

El valetudinario Fernando se entusiasmó con su nueva esposa y cual alocado enamorado dio órdenes a Grijalva para recibirla de la forma más espléndida. En agosto de 1829 le mandó revisar todos los coches reales, con el fin de reemplazar los antiguos «por otros nuevos y de moda, para que cuando venga la novia esté todo corriente». No convenció al rey la respuesta del encargado de esta tarea, y un tanto incomodado reiteró a Grijalva: «Ahora no debe reparar en pelillos, pues hay dinero». Más tarde, el rey le sugiere que recurra a todos los artesanos de Madrid para que construyan los coches adecuados, con la siguiente advertencia: «Todo ha de ser de última moda (pues la novia es muy elegante), así como las guarniciones y rendajes que se hagan...». Ordena asimismo que se compren en Francia dos tiros de a ocho caballos normandos y al ministro de Hacienda que destine 10 millones de reales para la boda.[239]

Fernando estuvo preocupado por ofrecer la mejor impresión a María Cristina, incluso en detalles nimios: llegó a ordenar a Grijalva que le proveyese de papel «bonito» para sus cartas «a la novia». El ajuar que mandó comprar para ella fue fastuoso. Entre otros efectos, comprendía medio centenar de ricos vestidos y telas para confeccionar muchos otros, casi cien pares de guantes, treinta y siete abanicos, siete docenas de zapatos, una de botas y otra de chinelas, ocho docenas de medias de seda, abundante ropa de cama, hebillas de oro, cinturones, treinta pares de ligas, todo tipo de utensilios y productos de tocador..., y, por supuesto, no se olvidó el rey de adquirir para su esposa seis libros de misa y oraciones.[240]

El mayor problema de Fernando en estos meses de espera de la llegada de María Cristina fue su salud. Aparte de los habituales ataques de gota, que le dificultaban andar, en septiembre de 1829 tuvo dos serios accidentes. El primero sucedió durante el traslado de La Granja a El Escorial. Se rompió el juego delantero de su coche y aunque no volcó, el rey cayó bruscamente hacia delante, de modo que fue despedido de su asiento y de un fuerte golpe rompió el vidrio delantero con la frente. Sangró abundantemente. Según reveló el propio Fernando a Grijalva, todo se resolvió con un vendaje en la cabeza, aunque la contusión fue considerable y le incomodó mucho el dolor en el cogote, que le impedía girar el cuello. Pero lo que más inquietó a Fernando fue el uso público que pudiera hacerse del percance:

Vuelvo a decir que he nacido, pues podía haberme degollado o sacado un ojo o matarme. Muchos dirán que me he roto un brazo o que me he muerto, y así quiero que ésta se la enseñes a Blasco y a otros que puedan desmentir las mentiras. Sin embargo de este acontecimiento estoy del mismo humor de siempre; parezco un cocinero, porque estoy con un gorro blanco.[241]

Ocho días después llegó un segundo susto. Mientras Fernando oraba en el coro de la basílica de El Escorial junto a su hermano Carlos, cayó de repente al suelo, sufriendo violentas convulsiones. Su hermano —relata el bibliotecario del monasterio Quevedo— se limitó a levantar los brazos diciendo: «Señor, salvad al Rey». El gentilhombre de cámara, más práctico, pidió socorro, y acudieron unos monjes, que le condujeron en un colchón a sus aposentos. El médico historiador Manuel Izquierdo opina que se trató de una crisis de Pal, esto es, una crisis vascular, de etiología esclerótica, cuya repetición causa la hemorragia cerebral posterior que provoca la muerte. Éste fue, pues, el primer síntoma de la arterioesclerosis que ya invadía a Fernando VII y que terminaría con su vida. Sin embargo, según la versión difundida desde el entorno del monarca, el desvanecimiento se produjo porque se puso a leer después de comer.[242]

Estos percances no pudieron ser más inoportunos. A punto de cumplir cuarenta y cinco años, Fernando, muy grueso, casi calvo (en 1816 mandó que se le hiciera un peluquín)[243] y con dificultades para moverse, presentaba un aspecto avejentado. Durante su viaje por Cataluña había sufrido dolores e inflamación en los pies y en la mano derecha. Ahora, cuando pletórico de ilusión esperaba la llegada de la joven esposa, en la que confiaba que por fin le daría descendencia, se producían los graves accidentes referidos. Los «carlistas», como ya eran denominados los realistas exaltados, estuvieron atentos. ¿Podría producirse en cualquier momento el fallecimiento del rey? ¿Sería capaz de tener hijos? Arias Teijeiro comentó el accidente del coche del rey en estos términos: «Tales golpes, y en su humanidad, es fácil dejen resultados [...] Avisos del Cielo».[244] Evidentemente, «los malos resultados» derivados del accidente del rey, como anota en otra parte de su diario este distinguido carlista, deberían ser, si no su muerte, al menos la falta de descendencia. Es lo que en ese momento ansiaban quienes pensaban como Arias.

Con el entusiasmo del enamorado, Fernando VII, sin embargo, quitó importancia a sus accidentes y no cesó de transmitir a Grijalva su excelente estado de salud. «La herida y contusión de la cabeza, nada. Lo que me mata es la dieta que me ha mandado Castelló, pues no me permite comer más que sopa y asado», le escribe el 5 de septiembre, al día siguiente del percance del coche, este hombre caracterizado durante toda su vida por su glotonería. Y luego, tras el desvanecimiento en el coro de El Escorial, se ufana ante su confidente de haberse restablecido completamente, sin secuela alguna. Poco más tarde le informa que ha dado largos paseos a caballo y a pie. «Estoy cual nunca», exclama, dando a entender su exuberancia vital para recibir a la esposa. Con ironía y no poca contrariedad, Arias Teijeiro había anotado a finales de agosto en su diario: «S.M. sólo piensa en el casamiento y se ríe del mundo».[245]

María Cristina había salido de Nápoles el 30 de septiembre de 1829 en compañía de sus padres, el rey Francisco I y la reina Isabel, cuyo matrimonio se había celebrado en Barcelona en 1802 al mismo tiempo que el primero de Fernando VII. El séquito real fue considerable. Al coche en que viajaron los monarcas y María Cristina acompañaban otros dieciséis con los cargos palatinos y servidumbre, más seis furgones con los equipajes, tapicería, real repuesto y cocina, etcétera. Tras recorrer la península itálica hasta Turín, atravesaron los Alpes por el paso de Mont Cenis, llegaron a Grenoble y desde allí siguieron por Valence y Nimes hasta Perpiñán. En España recorrieron la fachada mediterránea (Barcelona, Tarragona, Castellón, Valencia) y entraron en Castilla por Almansa. Llegaron a Aranjuez el 8 de diciembre.[246]

Fue un largo viaje terrestre de poco más de dos meses, en el transcurso del cual los reyes de Nápoles y la futura reina de España tuvieron ocasión de saludar a miembros de su familia y a soberanos europeos. En Albano visitaron al papa Pío VIII, en Turín fueron agasajados por los reyes de Cerdeña, y en Grenoble se vieron con el infante Francisco de Paula y su esposa Luisa Carlota, desplazados ex profeso para recibirlos, y con dos princesas de la casa de Nápoles: María Amelia, acompañada de su esposo Luis Felipe de Orleans, rey de Francia al año siguiente después de la revolución de julio, y María Carolina, duquesa de Berry, viuda del segundo hijo de Carlos X de Francia.[247]

Como hiciera con ocasión de sus matrimonios anteriores con María Isabel y María Josefa Amalia, el 10 de diciembre Fernando acudió a Aranjuez a conocer a su esposa. El día anterior se habían celebrado los desposorios por poderes en el palacio del real sitio. De acuerdo con el relato del rey de Nápoles, Fernando salió contento de su primer encuentro con María Cristina. Tras celebrar una comida familiar, a la que junto a los nuevos esposos asistieron los reyes de Nápoles y los infantes e infantas españoles, Fernando regresó a Madrid.

El 11 de diciembre entró María Cristina en la capital. A media legua de la ciudad salió Fernando a su encuentro a caballo. María Cristina venía acompañada de las infantas María Francisca, Luisa Carlota y la princesa de Beira en un coche que cambiaron en ese punto por una carroza. Escoltada a la derecha por el rey y a la izquierda por los infantes Carlos y Francisco de Paula, todos a caballo, la reina hizo su entrada en Madrid por la puerta de Atocha, donde le esperaban las autoridades municipales y militares, asimismo a caballo, vestidas de gala. Ella lucía un traje azul celeste, color —afirma Mesonero Romanos— adoptado desde entonces por sus partidarios con el epíteto de «azul Cristina».[248]

La llegada de la nueva reina fue anunciada a la población con salvas de artillería y repique general de campanas. Un aparatoso cortejo formado por las autoridades y personal de la real casa, grupos de mujeres uniformadas y jóvenes danzantes, acompañó a la pareja real a palacio, con el sonido de clarines y timbales y gran algarabía, por calles y casas engalanadas de la manera más suntuosa, «por entre vistosos arcos, templetes, guirnaldas y banderolas, dispuestos con mejor gusto que en otras ocasiones por la municipalidad matritense, y de una lluvia de flores, palomas y versos, con que el inmenso pueblo saludaba a la nueva reina, de quien esperaba su redención», escribió Mesonero Romanos. Los nuevos esposos fueron recibidos en palacio por los reyes de Nápoles, que habían adelantado su llegada. A las cuatro de la tarde se celebró una comida de familia, tras la cual Fernando VII marchó a su habitación y María Cristina permaneció con sus padres. A las ocho se ratificó el matrimonio en la sala del trono, actuando de padrinos el infante don Carlos y doña Luisa Carlota. A las once y media cenaron juntos los reyes de España y los de Nápoles. A continuación —relata el monarca napolitano en su diario de este viaje—, la reina Isabel de Nápoles se retiró con María Cristina para desnudarla, ponerle el camisón y meterla en el lecho. El rey de Nápoles hizo lo propio con Fernando.[249]

Los festejos de celebración de la boda real se prolongaron durante cinco días. Hubo tedeum, iluminación general, fuegos artificiales, música en las casas consistoriales, en las gradas de San Felipe el Real y en la Puerta del Sol; bailes oficiales y populares, toros, ópera y teatro, con asistencia de los monarcas. Se estrenó en España la ópera El sitio de Corinto de Rossini, y en los teatros del Príncipe y de la Cruz se representaron el melodrama El templo de Himeneo, de Bretón de los Herreros, las comedias Aldemar y Adelaida, o la batalla de Fontenoi y Por su Rey y por su Dama, y máscaras de Amiens, así como el poema melodramático de José María Carnerero: Las glorias de España. Las obras, como cabe constatar, estaban escogidas a propósito. Durante las funciones teatrales se lanzaron al público, como de costumbre, odas compuestas para la ocasión por Bretón, Lista, Juan Nicasio Gallego, Carnerero, Mariano de Rementería y el inevitable Arriaza. La boda se festejó asimismo en varias otras ciudades, incluidas La Habana y San Juan de Puerto Rico.[250]

Éste fue el último momento de gloria de Fernando VII. Su matrimonio y la simpatía y actitud de la nueva reina hicieron soñar a muchos en el comienzo de un tiempo nuevo. A ello contribuyeron las reformas administrativas que iban sucediéndose. En 1828 se había aprobado el primer presupuesto general del Estado, en noviembre de ese año se instituyó el Tribunal de Cuentas, el 15 de octubre del siguiente se anunció la entrada en vigor el año próximo del nuevo código de comercio. Ingresaban en la administración personas que sin haberse significado políticamente, habían desempeñado algún puesto en la época constitucional, y los ministros moderados dominaban en el Gobierno. En otro terreno, en julio de 1830 se creó por influjo de la reina el Real Conservatorio de Música en Madrid; en abril anterior, el rey había fundado una Escuela de Tauromaquia en Sevilla a instancias del conde de la Estrella.[251]

Para satisfacción de Fernando VII, además, tras la instalación en el trono en febrero de 1828 de don Miguel como rey absoluto se habían disipado los temores sobre el régimen constitucional en Portugal. En cuanto a los liberales exiliados españoles, los informes eran tranquilizadores. Uno, remitido por Marcelino de la Torre en agosto de 1828, afirmaba que los exiliados «se hallan muy distantes del poder y de la influencia que se les atribuye», y aunque mantienen sus «sociedades tenebrosas», sobre todo en Londres, carecen de medios para proyectar una invasión o producir un alzamiento en el interior del reino.[252]

Fernando VII se sintió feliz durante los primeros meses de matrimonio. «S.M. está todo el día con la reina», anotó de mal humor Arias Teijeiro en enero de 1830 en su diario. «No te puedes figurar lo delicioso que está esto», escribió en contraste el rey a Grijalva en abril siguiente, pletórico de entusiasmo por su nueva vida y por el inicio del embarazo de su esposa, que él mismo comenzó a propalar a mediados de marzo, aunque no se hizo oficial hasta el mes siguiente. En estas condiciones, el ascendiente de María Cristina sobre el rey fue notorio. «Sus consejos son tenidos en cuenta», se decía en un informe dirigido desde Madrid al ministro de Asuntos Exteriores francés, donde se añadía que la influencia de la reina comenzaba a servir de contrapeso al poder de las infantas portuguesas.[253]

El embarazo de María Cristina, muy mal recibido por las infantas portuguesas y por don Carlos, acentuó la división en la familia real. Según Arias Teijeiro, que en esta como en tantas otras ocasiones recogió información directa de la corte, no pocas veces fiable, la reina envió el siguiente mensaje a don Carlos y a su mujer a través de un criado: «S.M. ha resuelto que desde hoy VV.AA. no acompañen a SS.MM. cuando salgan en coche. VV.AA. pueden ir solos, y si quieren guardias, pedirlos, mas solos, a no ser algún domingo para ir a Atocha, o algún día de besamanos o cuando SS.MM. gusten». Cabe imaginar el efecto que esto produjo en el infante, quien inmediatamente expuso al rey su sorpresa por ese recado, «primero, por ser de la reina, estando él en Madrid; y segundo, porque viéndose lo menos dos veces cada día pudo habérselo él dicho sin rebozo». El monarca, según la misma fuente, se limitó a decir «que él sabía lo que mandaba» su esposa. Al día siguiente fueron los reyes y los infantes al Prado, pero el coche del rey regresó a palacio por la calle de Alcalá y el del infante lo hizo por la carrera de San Jerónimo después de varias vueltas.[254]

Los infantes no podían comer con los reyes y tampoco salir juntos de paseo. Fue un duro golpe para don Carlos, quien desde 1808 había mantenido una estrechísima unión con Fernando. El cambio era radical. No obstante, las relaciones entre los dos hermanos siguieron siendo formalmente cordiales. Entre otras razones porque Carlos, al que los contemporáneos y los historiadores suelen atribuir un carácter apocado y poco resolutivo, se limitó a acatar las decisiones reales. A pesar de todo, ya no se podía ocultar la ruptura entre ellos y menos aún entre sus respectivas esposas. Los cortesanos las airearon, cada bando según sus propios intereses. Desde el carlista con cierta guasa. La reina —se lee en las anotaciones de marzo de 1830 de esa copiosa fuente de anécdotas que es el diario de Arias Teijeiro— parece que está embarazada, no come casi nada y está antojadiza: «pide una cosa difícil de hallar, y cuando la traen, ya no la quiere. Ayer comió sólo unas pasas y luego se sentó frente al Rey». Se dice, continúa el diarista, «que han ido a Murcia por unas lechugas que se le antojaron, a instancia del Rey». Y más aún: «S.M. está chocho, según todos, con el tal embarazo: no deja ni tocar a la Reina, a cada momento le pregunta qué quiere, etcétera»; «hasta le sirve la merienda, la viste, etcétera. Ella dice que nada le gusta sino lo que él la da, etcétera».[255]

Desconozco hasta qué punto turbaron este estado de arrobamiento amoroso de los regios esposos los intentos insurreccionales de los liberales iniciados en el otoño de 1830, coincidiendo casi con el nacimiento de la primera hija de los monarcas, la futura Isabel II. Al calor de la Revolución francesa de 1830, grupos armados, comandados por distinguidos liberales de la época del Trienio (Espoz y Mina, Jáuregui, Francisco Valdés, Chapalangarra...), penetraron en España con el propósito de provocar un levantamiento o «rompimiento», como ellos decían, en favor del constitucionalismo. Tales intentos fueron sofocados, pero a comienzos de 1831 se reprodujeron en Andalucía, alentados por José María Torrijos y el grupo de liberales refugiados en Gibraltar, y en otras partes del territorio nacional. Como había sido norma durante el reinado, todo terminó de forma trágica. Aparte de múltiples detenciones, producto de la eficacia de la policía y de diversas delaciones, abundaron las sentencias de muerte, muchas dictadas por las denostadas Comisiones Militares, de nuevo en vigor. Algunas ejecuciones tuvieron amplia repercusión dentro y fuera de España, en particular las del librero Miyar en Madrid, Mariana Pineda en Granada y Torrijos y cuarenta y ocho de sus hombres en la playa de San Andrés de Málaga.[256]

La noticia del fusilamiento de Torrijos y compañeros fue muy difundida en Europa. Tan abundantes fueron en la prensa francesa e inglesa los artículos de denuncia de la actuación del Gobierno español, que los embajadores en París, conde de Ofalia, y en Londres, Cea Bermúdez, informaron de la existencia de una auténtica campaña contra España. La cruel represión, especialmente manifiesta en el caso de Mariana Pineda, delataba la decadencia del régimen. Pero Fernando VII no estaba dispuesto a introducir la más mínima variación. Sin embargo, algo tuvo que ceder al año siguiente, en 1832, impelido por dos factores: su grave enfermedad, que le impidió seguir de cerca, como siempre había hecho, los asuntos públicos, en especial los relativos a la represión, y la necesidad de ganar adeptos a la causa de su hija Isabel para garantizar su sucesión.

Últimos días del rey.
La defensa de los derechos de su hija

El 29 de marzo de 1830 Fernando VII publicó la Pragmática Sanción, por la cual dio fuerza legal al acuerdo de las Cortes de 1789 que derogaba la ley Sálica introducida en España por Felipe V en 1713. Quedaba restablecida la antigua legislación castellana sobre sucesión a la corona, según la cual, en el mismo grado y línea tenían preferencia los varones sobre las mujeres, y las mujeres sobre los varones de línea o grado posterior. Para los carlistas fue un mazazo, porque la reina María Cristina estaba embarazada y cualquiera que fuera su fruto impediría el acceso al trono de don Carlos. Para los demás constituyó un alivio y motivo de esperanza. Dos años más tarde, el 18 de septiembre de 1832, el rey, gravemente enfermo, derogó la Pragmática, pero el 31 de diciembre siguiente, una vez recuperada su salud, la restableció de forma definitiva, posibilitando que a su muerte fuera proclamada reina de España su hija Isabel.

Se ha debatido ampliamente sobre la oportunidad y el fundamento jurídico de estos bruscos cambios en la legislación sucesoria efectuados en momento especialmente crítico, pues en 1832 era opinión general que la vida de Fernando VII no se prolongaría mucho. No me detendré aquí en este debate. Me circunscribiré a examinar la situación de Fernando VII durante los movimientos en torno a esta cuestión en la corte y fuera de ella, los cuales constituyen el episodio conocido como «los sucesos de La Granja».[257]

Fernando VII había hecho su primer testamento en vida de la reina María Josefa Amalia. De él sólo se conoce una minuta de letra de Calomarde —en su calidad de ministro de Gracia y Justicia y notario mayor del reino era el competente en la materia—, publicada en 1913 por el marqués de Lema. Es posible que fuera redactada en los primeros meses de 1829. No llegó a traducirse en escritura pública, tal vez por la inesperada muerte de la reina meses después. De la existencia de este testamento, o borrador del mismo, no hay duda. Dio fe el propio Fernando VII en junio de 1830, cuando hizo el que sería el definitivo. Entonces escribió a Grijalva: «Como se murió tu Ama [la reina María Josefa] y yo me he vuelto a casar, he tenido que hacer otro testamento, pues el otro no servía».[258]

En su primer testamento (el de 1829) establecía Fernando VII:

... declaro que en la actualidad estoy casado legítimamente con Da María Josefa Amalia de Sajonia [...], y que de este Matrimonio no ha sido Dios servido concederme sucesión hasta el día; pero confiado en que por su divina piedad no me negará este consuelo, quiero que si a mi muerte dejase yo hijos varones, hereden éstos, por el orden de primogenitura y el que establecen las leyes de Partida, todos mis Reynos y Señoríos de España y de las Indias, y todos los derechos y acciones de la corona. Así mismo es mi voluntad que si fuese infanta la que dejare a mi fallecimiento o la que sobreviva a los demás hijos míos varones, entre igualmente a suceder en los términos expresados, sin embargo de lo prevenido en contrario por el nuevo reglamento sobre la sucesión de estos reynos, que hizo mi augusto bisabuelo D. Felipe 5.o a diez de mayo de 1713, el cual derogo expresamente usando de mi soberano poder, en que no reconozco superioridad en la tierra...[259]

El rey no podía ser más claro sobre la abolición de la ley Sálica. Para tomar esta decisión no consideraba necesaria la convocatoria de Cortes, como se hiciera en 1789, porque bastaba su autoridad absoluta. Así pues, podía heredar la corona una mujer. Sin embargo, en otra cláusula de este mismo documento Fernando VII determinaba que, en tal caso, ésta se casase con alguno de los hijos de su hermano Carlos o, en su defecto, con los de su otro hermano Francisco de Paula. Si muriese sin descendencia, la corona pasaría a don Carlos y sus descendientes, de acuerdo con la ley de Partida.

Antes de su matrimonio con María Cristina, pues, Fernando VII tenía decidida la vuelta al orden sucesorio tradicional de Castilla. No necesitó presiones de nadie, porque era una idea bien arraigada en él. La Pragmática Sanción de marzo de 1830, por tanto, no fue sino la plasmación oficial y pública de un deseo del rey expresado con toda claridad al menos un año antes y a su entender con plena legitimidad, pues como dijo en el párrafo citado, su autoridad carecía de límites.

En su testamento definitivo, otorgado en Aranjuez el 12 de junio de 1830, Fernando no mencionó la ley Sálica, pues ya estaba publicada la Pragmática Sanción. Daba por establecido que le sucedería su hijo o hija, y si esta persona no hubiera cumplido los dieciocho años de edad, nombraba a su esposa María Cristina «regenta y gobernadora de toda la monarquía, para que por sí sola la gobierne y rija», auxiliada por un Consejo de Gobierno de carácter consultivo, cuyos integrantes especificó. A diferencia del primer testamento, Fernando no alude expresamente en éste a su hermano Carlos como su posible sucesor, sino de manera indirecta, al determinar en la cláusula 18.a, que en el caso de fallecer sin hijos, nombraba a su esposa única y universal heredera, añadiendo: «Espero de la religiosidad de mi muy amado hermano don Carlos María Isidro de Borbón y del cariño que me ha mostrado siempre que mi muy amada esposa en su estado de viudez hallará en mi sucesor a la Corona todas las consideraciones a que es acreedora por sus relevantes prendas y la augusta calidad de haber sido esposa mía».[260]

En el testamento del rey sólo se menciona el nombre del infante Carlos en la cláusula citada y en la 22.a, que parece una especie de broma de Fernando a sus hermanos y cuñadas:

Queriendo dejar a mis muy amados hermanos y hermanas una prenda del entrañable cariño con que los he mirado siempre, mando al Infante Don Carlos María Isidro la caja con música esmaltada con un tigre, que debajo de la tapa tiene un templo que muda de colores; a su esposa y mi sobrina Doña María Francisca de Asís una sortija con tres brillantes; a Don Francisco de Paula Antonio otra caja de pajarito con música; a su esposa y mi sobrina Doña Luisa Carlota una sortija con tres brillantes; mando a mi hermana Doña Isabel reyna de Nápoles una sortija con un brillante gordo; a mi sobrino el infante Don Sebastián un puño de bastón de topacio y a su Madre Doña María Teresa una sortija con tres brillantes.

El testamento final del rey no ordenó, como el primero, el matrimonio de su hipotética hija con un descendiente de don Carlos, pero lo más importante de todo —ha resaltado Josep Fontana— es que alejaba al infante Carlos y a su partido de cualquier función política durante la regencia, la cual quedaba enteramente en manos de la reina viuda.[261]

Es comprensible, en consecuencia, que el rey pusiera especial cuidado en mantener su testamento en secreto. El 29 de mayo de 1830, unos días antes de legalizarlo, comunicó a su confidente habitual de estos años: «Grijalva: yo he hecho mi testamento cerrado, que no quiero que se abra hasta después de mi muerte; también quiero que no se sepa que he hecho tal testamento». Con este fin, había determinado que los testigos para el acto de legalización no fueran, como de costumbre, los jefes de palacio, pues —dice el rey— al verlos entrar todos juntos sería fácil que se adivinara su cometido y los propios criados difundirían la noticia. Los testigos serían los cinco ministros (González Salmón, Zambrano, López Ballesteros, Salazar y Calomarde, éste como notario mayor) más Grijalva, Martínez Salcedo y Hurtado. «Como son de mi confianza y todos los de mi cuarto están hechos a verlos entrar, no lo extrañarán».[262]

Todo induce a pensar que a mediados de 1830 el interés de Fernando VII se centraba casi exclusivamente en garantizar la sucesión al trono de un descendiente directo suyo, fuera varón o mujer. Naturalmente, no podía ignorar los derechos de su hermano Carlos, pero dado el embarazo de la reina, esto no dejaba de ser mero formalismo. Por lo demás, a estas alturas había disminuido considerablemente la confianza de antaño entre los dos hermanos, no tanto por razón de ellos mismos, cuanto por los movimientos de los ya denominados sin reserva «carlistas». En este sentido, mucho debió de influir en Fernando VII la actuación cotidiana en la corte de las dos infantas portuguesas, María Francisca y María Teresa, cuyas relaciones con la reina eran cada vez más tirantes.

En cuanto se conoció la Pragmática Sanción protestaron las otras monarquías de la Casa de Borbón, Francia y Nápoles, alegando su teórico derecho al trono español, pero el asunto no alcanzó gran relevancia, debido, entre otras razones, al derrocamiento de Carlos X tras las jornadas revolucionarias de julio de 1830 y a la escasa disposición de la corte napolitana a provocar graves tensiones con la española.[263] En el interior, los carlistas criticaron duramente en privado la decisión del rey de cambiar el orden sucesorio e incluso urdieron un complot, que no pasó de esbozo al ser descubierto por la policía, pero poco dijeron en público en su contra. El infante Carlos, por su parte, se mantuvo en su habitual pasividad o, si se quiere, en su estado característico de resignación cristiana. Según Arias Teijeiro, siempre dado a ensalzar las virtudes humanas y religiosas del infante, éste confesó a uno de sus confidentes «que se alegra no reinar, porque así se salvará». Don Carlos no asistió a la sesión del Consejo de Estado en la que se leyó, aunque no se debatió, la Pragmática Sanción. Tampoco reaccionó ante el decreto del 13 de octubre de 1830, por el que el rey ordenaba «que se le hagan los honores como al Príncipe de Asturias» a su hija Isabel, nacida tres días antes, «por ser su heredera y legítima sucesora de su corona mientras Dios no le conceda un hijo varón».[264]

Es incuestionable la ilusión de Fernando VII por tener por fin descendencia, aunque no fuera un varón. Con la emoción del padre primerizo escribió a Grijalva el 2 de julio de 1831: «... la Niña tiene ya un diente desde ayer». Los indicios de un nuevo embarazo de la reina incrementaron sus esperanzas. En mayo de 1831 escribía al invariable Grijalva: «Pídele a la Virgen [de Valverde] de todo corazón por tu ama, para que haga que se verifique el embarazo (pues lleva ya doce días de falta) y que dé a luz un varón. No se lo digas a nadie, ni a Zambrano».[265] El embarazo llegó a su fin el 30 de enero de 1832, pero de nuevo nació una niña, que recibió el nombre de Luisa Fernanda.

En julio de 1832 experimentó un cambio súbito el panorama de palacio. Mientras estaba en La Granja, el rey pasó cinco días en cama a causa de un ataque leve de gota en la rodilla derecha, que se reprodujo a finales del mes siguiente. El 13 de septiembre padeció un fuerte catarro. Según los informes médicos, en los días sucesivos el rey fue objeto de «varios y violentos ataques de fatiga» y de paroxismos, que le causaron gran abatimiento y pusieron su vida en «gran riesgo». Los partes médicos no son más precisos, pero en los medios diplomáticos y cortesanos se habló con profusión en estos días de la segunda mitad de septiembre de la inmediata muerte del rey, a quien el día 15 su confesor le administró la extremaunción. El 1 de octubre sufrió un nuevo ataque de gota, prolongado durante varios días. El 8 de ese mes se levantó durante algunas horas. A partir de entonces comenzó la mejoría y el 19, casi totalmente restablecido, pudo regresar a Madrid.[266]

¿Cuál fue el estado de Fernando VII durante la segunda quincena de septiembre de 1832? La pregunta es fundamental, porque el 18 de ese mes, a las siete de la tarde, firmó el decreto de anulación de la Pragmática Sanción, lo cual suponía que en caso de morir en ese momento no le hubiera sucedido su hija Isabel, sino su hermano Carlos. Conocemos con cierta exactitud la escena de la firma gracias a un buen número de testimonios. A la hora convenida, acudió Calomarde al cuarto del rey, donde estaba la reina, y les leyó el decreto que había redactado momentos antes de acuerdo con el resto del Gobierno. Obtenida la aprobación de los reyes, entraron los ministros en el cuarto (todos menos el de la Guerra, Zambrano, trasladado a Madrid para asegurar el orden público) y tras una nueva lectura, el rey firmó. En el texto se advertía expresamente que el decreto debía ser conservado en el Ministerio de Gracia y Justicia, sin darle publicidad hasta el fallecimiento del rey.[267]

¿Gozó Fernando VII en ese acto de las condiciones físicas y mentales requeridas? Los partes médicos son muy imprecisos y por consiguiente dejan campo libre a cualquier especulación. No entraré aquí en ello, pero me parece oportuno considerar la opinión del médico Manuel Izquierdo, excelente conocedor de Fernando VII. Tras advertir de la dificultad en averiguar la realidad, pues los médicos del rey no consignaron en sus informes síntomas suficientes para permitir formar un juicio clínico, supone que en estas fechas la enfermedad del rey «fue una grave crisis circulatoria con posible uremia y tal vez edema cerebral consecutivo a la tromboangitis que un año después fue la causa de su muerte». Y concluye:

En un enfermo como lo era Fernando VII, con arterioesclerosis, con lesiones de las arterias cerebrales, del riñón, seguramente, pues rara vez permanece indemne [...]; en un enfermo con lesiones de este tipo, en pleno conflicto circulatorio, por trombosis cerebral, asistolia, infarto de miocardio o metabólico, por uremia, con la consiguiente hipertensión arterial y de líquido cefalorraquídeo, cuyos médicos dicen repetidamente que peligra su vida; que había tenido ya una crisis de Pal y había de morir medio paralizado, con edemas circulatorios, de una fulminante hemorragia cerebral un año después; en un enfermo así, en el que se presentan síntomas alarmantes de cabeza y letargo, muerte aparente [son los términos utilizados en los partes médicos] podemos asegurar, sin duda alguna, que muchas horas antes y muchas después de ese momento no podía tener capacidad, es decir, aptitud legal para ejercitar sus derechos. Y si esos síntomas de cabeza, letargo y muerte aparente ocurrieron el día 18, ni ese día, ni al anterior, ni al posterior, el rey Fernando VII tenía capacidad.[268]

Al salir con vida de esta situación, prosigue el médico historiador, los enfermos no suelen recordar lo sucedido. Calomarde corroboró este extremo en un informe sobre estos sucesos, en los que él participó en primera fila. Fernando VII, dijo, firmó la derogación de la Pragmática en un estado en el que «por lo grave de la enfermedad que padecía, había perdido enteramente la memoria, o que le dominaba el mucho miedo que tenía a S.M. la reina y a cuantos la rodeaban». E insistía: «Desde que tuvo el gran ataque a la cabeza, quedó inhábil y como un autómata. Yo lo creí así, porque conocía muy bien a S.M. y puedo asegurar que odiaba de corazón las mismas determinaciones que bajo la real firma han querido después autorizarse».[269]

Calomarde, es cierto, conocía como nadie a Fernando VII, por lo que su testimonio, al margen de perseguir su exculpación personal y de posteriores contradicciones, resulta de especial interés. Según él, ni el rey gozaba de plenas facultades físicas y mentales al derogar la Pragmática Sanción, ni deseaba tomar esa determinación. Esto último, que es fundamental, parece incuestionable, pues cuadra plenamente con lo dispuesto en sus dos testamentos y con el inmediato restablecimiento de la Pragmática al recuperar su salud. Su anulación, pues, fue un acto forzado. Así lo demuestra la información ofrecida por las personas que tuvieron participación directa en ese episodio.[270]

Desde el 13 de septiembre hasta el 8 de octubre de 1832 el rey no salió de su cuarto del palacio de La Granja y según los partes médicos permaneció en cama todo el tiempo. Su esposa le acompañó de forma permanente, sin dejarlo solo en ningún momento. «Hace ocho días», escribió el embajador austriaco Brunetti el 20 de septiembre a Metternich, «que sin desvestirse, sin casi tomar alimento ni reposo, vigila al lado del lecho del rey y ella misma realiza los servicios más asquerosos.»[271] Aparte de los médicos y de los sacerdotes Francisco Telesforo Peña y Francisco Antonio González, confesores del rey y de la reina respectivamente, pocas personas tuvieron acceso esos días al cuarto del rey y pudieron hablar con la reina de asuntos políticos. Según todos los testimonios, quien mantuvo más contactos con ella sobre estas materias fue el representante de Nápoles, Emidio Antonini. María Cristina también conversó en distintas ocasiones con los ministros Calomarde y el conde de Alcudia, titular de Estado desde enero de ese año. El contacto directo de la reina y del rey durante los momentos de mayor gravedad de la enfermedad del monarca se redujo a los individuos mencionados. Ningún miembro de la familia real —el asunto es muy relevante— tuvo acceso al cuarto de Fernando VII. En La Granja estaban don Carlos, su esposa y su cuñada la princesa de Beira, pero no se les permitió ver al rey. El infante Francisco de Paula y su esposa Luisa Carlota habían viajado a Sevilla a tomar los baños.[272]

Los estudios de J. Gorricho y J.R. Urquijo han demostrado que la persona clave para conseguir la derogación de la Pragmática Sanción fue Antonini, quien gozaba de la condición de «embajador de familia» (en ese momento la Casa de Borbón sólo reinaba en Nápoles y en España). Antonini era un experimentado y ambicioso diplomático que desde su llegada a Madrid en 1831 se había ganado la confianza de los reyes españoles, hasta el punto de convertirse en su consejero íntimo. Como tal actuó en los días decisivos de septiembre de 1832, en connivencia en todo con el conde Brunetti, un toscano al servicio del emperador de Austria, a quien representaba en España desde el tiempo del Sexenio Absolutista, y con el marqués Solaro della Margarita, encargado de negocios desde 1825 del reino de Cerdeña.[273]

De acuerdo con las instrucciones de sus Gobiernos, los tres embajadores se habían pronunciado contra la Pragmática Sanción y aprovecharon la crítica situación del rey para presionar a su esposa con la finalidad de anularla. El mensaje que transmitieron a María Cristina a través de Antonini fue doble. Por una parte, magnificaron un dato del que ella tenía constancia positiva: la rotunda negativa de don Carlos a renunciar a sus derechos al trono o a aceptar una solución intermedia, como el matrimonio de uno de sus hijos con la princesa Isabel, o compartir la regencia con ella.[274] Por otra, le pintaron un negro panorama sobre la situación del país, dándole a entender que los partidarios de don Carlos eran más numerosos y poderosos que los de Isabel y en caso de intentar colocar en el trono a la infanta, estallaría una guerra civil que pondría en peligro la vida de la niña y la de su madre.

En realidad, Antonini, Brunetti y Solaro estaban convencidos de que el acceso al trono de Isabel provocaría inevitablemente una guerra civil, que sería aprovechada por los liberales para reproducir en España lo que acababa de suceder en Francia e Inglaterra, es decir —según afirmó Brunetti en uno de sus despachos—, una revolución desfavorable a los principios e intereses conservadores de la monarquía, que podría afectar a Portugal, formándose una «liga meridional que infectará Europa» como al comienzo de los años veinte. Por el contrario, continuó Brunetti, don Carlos debía ser apoyado porque «en este país es el representante de las opiniones e intereses monárquicos».[275]

Desorientada, temerosa hasta el extremo por su futuro y el de sus hijas, y poco experimentada en los asuntos políticos, María Cristina cedió ante la presión de los diplomáticos. Brunetti lo consignó sin rodeos en un diario que llevó de estos días convulsos de septiembre. El 17 anotó que Antonini había planteado a la reina «el estado de cosas», lo cual hizo gran impresión en ella y prometió que hablaría con el rey y que estaba dispuesta «a todo sacrificio». En la nota del día siguiente refirió una confidencia personal de Antonini: «Todo se ha hecho conforme a lo que usted me había propuesto [...] He persuadido a la reina a que se someta al gran sacrificio que se le exige. Esta alma sublime ha consentido sin murmurar y ha convencido al Rey de la necesidad de resignarse». El 20 de septiembre, plenamente satisfecho, escribió a Metternich: «mi opinión, combatida a ultranza, ha prevalecido y la nueva ley de sucesión ha sido revocada».[276]

A propósito de lo sucedido en La Granja, es completamente legendaria la anécdota, que ha gozado de mucha fortuna, según la cual, al llegar la infanta Luisa Carlota al palacio procedente de Sevilla, arrebató el decreto de derogación de la Pragmática de las manos de Calomarde, lo rompió, propinó una bofetada a Calomarde y éste le respondió: «Señora, manos blancas no ofenden».

En cuanto pasó la fase de mayor gravedad de su enfermedad, Fernando VII recuperó el decreto firmado el 18 de septiembre, cuya custodia en lugar seguro había encomendado Calomarde al decano del Consejo de Castilla. Al poco tiempo volvió a poner en vigor la Pragmática Sanción. Lo hizo mediante una declaración fechada el 31 de diciembre de 1832, efectuada en un acto solemne al que por orden real asistieron el Gobierno en pleno, varios consejeros de Estado (entre ellos, los ultrarrealistas cardenal Inguanzo y el duque del Infantado), miembros de los consejos de Castilla, de Indias, de Hacienda y de Órdenes, diputación de la Grandeza y diputados de los Reinos; en total, 41 personas.[277] Es muy elocuente que no fueran convocados los miembros de la familia real, ni los embajadores de otras naciones.

El proceder del monarca era coherente. Con las ausencias mencionadas deseaba señalar a los responsables de los sucesos de La Granja. Tal extremo quedó bien patente en cuanto los asistentes conocieron los términos de la declaración real, que ante todo fue una acusación a quienes Fernando VII y María Cristina consideraban traidores. La derogación de la Pragmática —decía el monarca en esa declaración— la había firmado en estado de «turbación y congoja» porque sentía que se acababa su vida, «sorprendido mi real ánimo en los momentos de la agonía a que me condujo la grave enfermedad». En tales circunstancias no era consciente de lo que hacía, pues «ni como rey pudiera yo destruir las leyes fundamentales [...], ni como padre pudiera con voluntad libre despojar de tan augustos y legítimos derechos a mi descendencia». Aquí estaba la clave. El rey se sentía traicionado. Carente de «voluntad libre», en puertas de la muerte, «hombres desleales e ilusos cercaron mi lecho», «la perfidia consumó la horrible trama».

Grijalva, totalmente fiable a los ojos de los reyes, señaló con toda precisión en un escrito dirigido a la reina a esos hombres desleales responsables de la trama. Lo ocurrido en La Granja había sido una «traición» urdida por los embajadores Antonini, Brunetti y Solaro, «siendo los ejecutores el conde de Alcudia y don Francisco Tadeo Calomarde». También dejó caer que algo tuvieron que ver los confesores de los reyes, Peña y González.[278] En los mismos días que Grijalva escribía esto, María Cristina pedía a su hermano, el rey Fernando II de Nápoles, la destitución de Antonini en la embajada española, por haberle engañado: «Cuando vio que mi marido estaba muriéndose, me dijo que los jefes de la tropa eran favorables a Carlos, que se iba a derramar mucha sangre y quizá la de mis hijas, en lugar de decirme que sabía que muchos estaban prontos a defenderme, que los mismos jefes del Ejército le habían encargado de decirme que no tenía nada que temer, y muchas cosas de este género».[279]

Lo importante para nuestro propósito de cuanto ocurrió en La Granja a mediados de septiembre de 1832 es que los reyes estuvieron seguros de que habían sido traicionados por ciertas personas de su confianza para privar a la infanta Isabel de su derecho al trono. De este convencimiento dejó constancia María Cristina en un escrito, sin fecha, «para que mis hijos tengan noticia de ello».[280] Esto determinó la política del último año del reinado, en la cual fue escasa la participación de Fernando a causa de su precaria salud. María Cristina estuvo al frente del Gobierno hasta diciembre de 1832, habilitada por un real decreto del 6 de octubre «para el despacho de los negocios durante la enfermedad del rey».[281] Esta política consistió, por una parte, en la destitución de quienes los reyes consideraron principales responsables de la traición y de notorios partidarios de don Carlos, sobre todo militares, y el alejamiento de la corte de la familia del infante; por otra, en la adopción de medidas destinadas a mejorar la imagen pública de María Cristina y, por ende, ganar adeptos a la causa de la futura Isabel II.

El primer paso fue el cese en el Gobierno de Calomarde y el conde de Alcudia.[282] Los reyes estaban satisfechos de la actuación de los otros ministros (Ballesteros, Salazar y el marqués de Zambrano), pero por razones tácticas —fundamentalmente, para no provocar a los carlistas— se procedió a una remodelación completa del gabinete.[283] El 1 de octubre se anunció el nuevo Gobierno: Cea Bermúdez en Estado, José Cafranga en Gracia y Justicia, Victoriano Encima y Piedra en Hacienda, Juan Antonio Moret en Guerra y Ángel Laborde en Marina.[284] Ninguno de estos ministros simpatizaba con el carlismo, pero tampoco con el liberalismo. Respondían, más bien, al perfil ya conocido del realismo moderado.

El Gobierno desplegó una extraordinaria actividad en los meses siguientes. Destituyó a varios capitanes generales proclives a don Carlos y alejó de sus puestos a otros militares de la misma tendencia, concedió un indulto general a los presos, reabrió las universidades, clausuradas dos años antes por Calomarde con motivo de los movimientos insurreccionales liberales, permitió a los eclesiásticos ir a Madrid y reales sitios, estableció una gratificación por servicios prestados a sargentos y cabos, habilitó el puerto de San Sebastián para el comercio con América, liberó del derecho de puertas la introducción en los pueblos de uva, mosto y aceitunas, etcétera.[285] La opinión pública atribuyó estas disposiciones a la benéfica influencia de María Cristina sobre su esposo. Como ha mostrado María Ángeles Casado, contribuyó a crear una imagen esperanzadora de la reina, buena esposa y buena gobernante, magnificada en un buen número de composiciones poéticas y plásticas. Cuando el 18 de octubre regresaron los reyes a Madrid desde La Granja, la población —afirma Mesonero Romanos— los acogió con entusiastas aclamaciones, dirigidas especialmente a la reina. Pero lo que realmente ensalzó la figura de ella a los ojos de unos y la hizo aún más odiosa a los de otros, fue la creación del Ministerio de Fomento el 5 de noviembre, del que ya se ha tratado, y unas semanas antes, el 15 de octubre, la concesión de una amnistía.[286]

Según rezaba el texto del decreto, se trataba de la amnistía más general y completa de cuantas se habían dispensado hasta el presente. Afectaba a todos los perseguidos como reos de Estado, con la excepción de quienes en junio de 1823 votaron en Sevilla la destitución del rey y los que hubieran acaudillado fuerzas armadas contra su soberanía. Vayo afirma que esta excepción fue impuesta por el rey, quien no podía olvidar lo sucedido aquel año (y tampoco los últimos intentos de invasión de los liberales en 1830-1831). Las normas para la aplicación del decreto, publicadas el 30 de noviembre, permitían la vuelta de los exiliados, facultándolos para ejercer su profesión y obtener cargos como cualquier otro español; ordenaban el sobreseimiento de las causas de infidencia pendientes, la libertad de los reos y la devolución de los bienes secuestrados, y ponían fin a los juicios de purificación. Sus efectos fueron apreciables. Afirma el marqués de las Amarillas, recién nombrado capitán general de Granada, que gracias al decreto «tuve el gusto de poner en libertad a un número muy considerable de personas que probablemente hubieran subido al patíbulo. En un solo día, recuerdo, salieron de las cárceles cincuenta y seis personas, todas con causa de Estado».[287]

Las disposiciones mencionadas fueron recibidas como el primer paso hacia el cambio político. Para algunos de los que poco después se distinguirían en la vida pública, como Donoso Cortés y Joaquín F. Pacheco, significaron un cambio de política que abrió la puerta a la revolución.[288] Pero en vida de Fernando VII esto era impensable. María Cristina y su Gobierno no estuvieron dispuestos por el momento a alterar el sistema de monarquía absoluta. Sus decisiones no fueron más allá de anular la fuerza del carlismo y ganarse a la población. Debido al auge del carlismo precisaban del apoyo de los liberales y por ello se vieron obligados a hacer algunas concesiones, pero para los liberales esto no supuso el fin de la represión. En 1832 prosiguieron las causas contra los implicados en los intentos insurreccionales liberales de los dos años anteriores, en muchos casos resueltas con penas severas. Al decir de Mesonero Romanos, se tuvo la impresión de que volvía «el terror de 1824».[289]

No le faltó razón al cronista de Madrid. El 15 de noviembre de 1832, un real decreto anunció castigo para cuantos proclamaran o indujeran a otros a adoptar «un Gobierno que no sea el monárquico solo y puro» bajo Fernando VII (la precisión del nombre del rey era necesaria en esas circunstancias para evitar todo equívoco respecto a su hermano Carlos). Más expeditiva y clara fue la circular del 3 de diciembre siguiente, dirigida a los diplomáticos españoles destinados en el extranjero, la cual —según el acta del Consejo de Ministros del día anterior— fue iniciativa de Cea Bermúdez. No habrá variación de sistema, decía la circular; la reina «se declara enemiga irreconciliable de toda innovación religiosa y política» y está dispuesta a mantener en España la religión en todo su esplendor (o lo que es lo mismo, la fuerza de la Iglesia) y «a sus reyes legítimos en toda plenitud de su autoridad». En la línea característica de esta década, se prometían al mismo tiempo «aquellas mejoras que la sana política, la ilustración y los consejos de hombres sabios y verdaderamente amantes de su patria indiquen como provechosas».[290]

Más que como una estólida afirmación del tiempo pasado, esta defensa del absolutismo en momento tan tardío, marcado por el creciente enfrentamiento entre dos grandes bloques de la población, habría que relacionarla con una corriente de pensamiento, según la cual, el fin último de la política debía ser el logro de la cohesión interna entre los españoles. Este objetivo únicamente se podría conseguir bajo una monarquía absoluta capaz de superar las diferencias gracias al respeto a las leyes y costumbres antiguas y a la introducción de medidas provechosas para la patria, como decía la circular de Cea Bermúdez. Un excelente exponente de esta manera de entender la monarquía absoluta fue la obra de Luis María de Moixó, III barón de Juras Reales, publicada en 1830 con este elocuente título: El príncipe y su pueblo, o deberes del pueblo español hacia su legítimo rey y señor don Fernando VII.[291]

El 4 de enero de 1833 se anunció que Fernando VII asumía de nuevo la dirección de los asuntos públicos. Al mismo tiempo, se hizo pública una carta gratulatoria del rey a su esposa, en la que aprobaba «sin excepción» cuantas decisiones había tomado, por ser «las más sabias y oportunas para la felicidad de mis pueblos».[292] El criterio de oportunidad, en efecto, se impuso.

«Como era de esperar», escribió Mesonero Romanos, «toda la atención de Fernando, al volver a encargarse de las riendas del Gobierno [...] se dirigió a asegurar por todos los medios legales la sucesión de su augusta hija y a desbaratar las esperanzas y los planes de sus contrarios.»[293] Así pues, una vez realizada la solemne declaración real sobre la anulación de la ley Sálica, era prioritario preparar la jura de Isabel como princesa de Asturias y heredera del trono. Fernando VII concibió este acto al estilo tradicional, esto es, debía transcurrir de la misma manera que el celebrado en el ya lejano 1789 cuando él mismo recibió ese juramento.

Pero la situación del reino y de la familia real era muy otra en 1833. En 1789 todavía no se había cuestionado el orden secular político y social, era indiscutible la autoridad de Carlos IV sobre sus súbditos y todos sabían qué clase de monarquía recibiría en herencia el príncipe jurado. En 1833 no existía certeza alguna sobre el futuro de la monarquía, el país estaba dividido políticamente y exactamente lo mismo ocurría en la familia real. Es más, nadie estaba en condiciones de asegurar que la princesa que iba a ser jurada pudiera llegar a ocupar el trono.

La disensión en el seno de la familia real era en esta tesitura asunto capital. Si la ceremonia de la jura transcurría según la tradición, los primeros en efectuar el juramento debían ser los miembros varones de la familia real, es decir, los dos hermanos del rey. Sobre Francisco de Paula no había dudas, pero acerca de Carlos existían todas. En las recientes y angustiosas jornadas de La Granja había manifestado repetidamente que no estaba dispuesto a renunciar a su derecho a la corona en ausencia de descendencia masculina de Fernando, aunque ante cualquiera que fuera su interlocutor no cesaba de proclamar su lealtad hacia su hermano mientras éste viviera. Era impensable, pues, que don Carlos jurara a su sobrina Isabel. De ser así, se originaría un conflicto protocolario de suma importancia que podría tener serias consecuencias políticas, pues pudiera ser la señal esperada por los carlistas para pronunciarse abiertamente, con las armas en la mano si fuere preciso. No obstante, y a pesar de todas las evidencias, Fernando VII seguía confiando en su hermano. Al menos esa impresión produce el trato entre ambos, por el momento cordial, y la normalidad de la vida de Carlos en palacio. Entre otras funciones, siguió ejerciendo la presidencia de las sesiones del Consejo de Estado como lo venía haciendo habitualmente.

De esta situación, realmente embarazosa, se intentó salir mediante la expulsión de la corte de la princesa de Beira. A primera vista, la solución pareció acertada, pues a nadie se le ocultaba a estas alturas las muchas maniobras de María Teresa para favorecer el acceso al trono de su cuñado y la influencia que junto con la esposa de éste, María Francisca, ejercía sobre él. Era vox populi que en los cuartos de ambas infantas preparaban los carlistas sus planes subversivos. A mayor abundamiento, desde enero de 1833 menudearon las noticias sobre movimientos de este tipo en diferentes puntos del país. Especial conmoción causó el proyecto de insurrección en varias provincias preparado desde León por su obispo Joaquín Abarca, uno de los principales integrantes del círculo de la familia de don Carlos, intento que fue abortado a mediados de enero de 1833.[294]

En la sesión del 4 de febrero de ese año acordó el Consejo de Ministros el destierro de la princesa de Beira. Para guardar las apariencias, se sugirió al rey don Miguel de Portugal que la reclamara a su lado, con la excusa de que una vez casado el hijo de la princesa carecía de justificación su estancia en la corte española. Así fue, y aunque la de Beira hizo lo posible por evitar su salida de España, no tuvo más remedio que acatar la orden. Inesperadamente, don Carlos decidió acompañar a su cuñada, previa obtención, naturalmente, del permiso de Fernando. Era la oportunidad para no estar presente en el acto de la jura de Isabel. El 16 de marzo de 1833 el hermano del rey con su esposa e hijos, la princesa de Beira y su hijo el infante don Sebastián abandonaron Madrid. El 19 entró la comitiva en Portugal por Elvas y el 29 llegó a Lisboa. El rey había dado orden a los municipios españoles del tránsito que no tributaran homenajes a los viajeros.[295]

Al tiempo que tenía lugar esta tensa situación en la familia real, se fue preparando la jura de la heredera. Las preocupaciones del rey y del Gobierno en torno a este acto no fueron escasas. Una de ellas fue la necesidad, para seguir la tradición, de convocar a los representantes de las ciudades con voto en Cortes. El asunto fue discutido en el Consejo de Ministros con división de opiniones: mientras unos vieron en las Cortes la única forma de zanjar de forma definitiva la disputa sucesoria, otros eran reacios a reunirlas en esa coyuntura. Una vez decidida, la elección de diputados preocupó considerablemente al Gobierno, hasta el punto de que el ministro de la Guerra envió una circular a los capitanes generales encareciéndoles el máximo cuidado para que los elegidos fueran individuos partidarios de la sucesión de la infanta. Naturalmente, ningún diputado creó la menor inquietud a la hora del juramento. Por lo demás, aquellas Cortes sólo sirvieron para cubrir el expediente de la jura, pues los representantes de las ciudades no debatieron ningún asunto ni hicieron la más mínima representación al rey. Problema de menor enjundia fue la negativa del arzobispo de Toledo, cardenal Inguanzo, a acudir a San Jerónimo, con lo cual no pudo cumplir la función asignada a su cargo de recibir el juramento de los asistentes (fue sustituido por el patriarca de las Indias).

Mayor importancia que lo anterior tuvo la rotunda negativa de don Carlos a jurar a la infanta Isabel. Él y Fernando cruzaron una abundante correspondencia, que sólo sirvió para consolidar sus posturas y sellar la definitiva ruptura entre ambos. El rey terminó ordenando a su hermano que se instalara en los Estados Pontificios y no regresara jamás a España.[296]

El acto de la jura fue fijado para el 20 de junio de 1833. Puesto que debía realizarse como en 1789, tendría lugar en la iglesia de los Jerónimos de Madrid. Representantes de los tres estamentos del reino prestarían juramento de reconocimiento y fidelidad a la princesa de Asturias y se festejaría el acontecimiento durante seis días con actos protocolarios (desfile o «entrada en la ciudad» de los reyes, besamanos), fuegos artificiales y luminarias, adorno de casas y calles, máscaras, espectáculo de parejas y simulacro de batalla, y fiestas populares, en las que no podían faltar bailes, teatro y toros.

Todo se desarrolló según lo previsto, de manera satisfactoria para el rey, «con una esplendidez y solemnidad», escribió Mesonero Romanos, «de que sólo conservaban memoria los ancianos que habían presenciado en 1789 la del príncipe don Fernando». No fue de la misma opinión el embajador francés Rayneval. Tal como comunicó a su Gobierno, las fiestas habían sido brillantes, pero faltó alegría en el pueblo. En San Jerónimo no hubo mucha gente y el pueblo mantuvo una actitud fría durante los seis días de fiesta, hasta el punto de que a pesar de mostrarse continuamente en público, nunca fueron acogidos los reyes con aclamaciones por la multitud, la cual guardó silencio a su paso.[297]

El juramento de su sucesora fue la última celebración pública de Fernando VII. Los postreros días de su vida transcurrieron en un país en estado de guerra civil latente, con un Gobierno impotente para controlar los continuos movimientos cada vez más violentos de uno y otro signo.

Después de haber sido jurada su sucesora, el rey pasó unas semanas con relativa buena salud, pero en septiembre se alteró de forma radical. El 27 de ese mes, el marqués de las Amarillas recibió carta de un familiar con esta viva descripción del estado del monarca:

La salud del Rey se ha deteriorado de tal modo que todos están temiendo a cada momento por su vida. Él mismo ha llegado a desanimarse enteramente y a dejarse dominar de la melancolía. Le obligan a pasear por las calles, porque los facultativos creen que puede convenirle el traqueteo, pero va en el coche con la cabeza baja, sostenido por unas fajas que le cruzan por el pecho, porque no sólo no puede moverse, pero ni aun sostenerse sentado; en una palabra, cadavérico. No quiere hablar, sino las palabras absolutamente precisas; en fin, no hay ya hombre.[298]

En un informe publicado por la Gaceta de Madrid ese mismo día, los médicos confirmaron que desde el 19 de julio el rey se quejaba de dolor en la cadera izquierda y «no ha podido andar con libertad»; su constitución, aunque no había sido preciso guardar cama, se iba debilitando, resaltaban. Cuenta Fernández de los Ríos que se habilitó una plataforma de madera para transportarlo en un sillón por la escalera principal hasta la portezuela de los carruajes.[299]

Los mismos médicos, a cuyo frente estaba Pedro Castelló, como lo había estado en los últimos años, emitieron el 29 de septiembre el que sería el último parte sobre Fernando VII:

Esta mañana se advirtió que se le había hinchado a S.M. la mano derecha [...] Siempre en expectación, permanecimos al lado de S.M. hasta verle comer, y nada de particular notamos, pues comió como lo había hecho los días anteriores. Le dejamos enseguida en compañía de S.M. la Reina para que se entregase un rato al descanso, según costumbre, mas a las tres menos cuarto sobrevino al Rey repentinamente un ataque de apoplejía, tan violento y fulminante que a los cinco minutos, sobre poco más o menos, terminó su preciosa existencia.[300]

Nos hallamos de nuevo ante la escasa precisión de los comunicados médicos. Una vez más hay que recurrir a la opinión del doctor Manuel Izquierdo. Éste afirma que, a su parecer, «la misma arteria que provocó la crisis de Pal el año 29 y el letargo del 32, hubo de romperse bruscamente, originando la hemorragia cerebral que puso fin a su vida».[301]

El nuncio Tiberi comunicó a la Santa Sede la muerte de Fernando VII en estos términos: «El rey católico, afectado por un accidente, murió ayer cerca de las tres de la tarde, y lo que es peor, sin sacramento». En contraste, otro sacerdote, el liberal exaltado Antonio García Blanco, escribió en sus memorias: «A pesar de todos los pesares, tuvo la fortuna de morir en su cama, que es una de las veinte cosas, a mi parecer, increíbles, que han sucedido en este siglo».[302]

No tardó en airearse que el rey no había recibido el último sacramento. Evidentemente, se trataba de lanzar un dardo más contra María Cristina. Según el embajador francés Rayneval, «a tenor de lo que dicen algunos eclesiásticos de la capilla [real] se podría pensar que el temor a dejar solo al rey con su confesor y de dar ocasión a éste de arrancar al príncipe moribundo una nueva retractación de sus decretos contra los derechos de su hermano, ha sido la verdadera causa de que finalmente no se le administraran los auxilios espirituales, continuamente retardados. Éste puede ser el único ejemplo de un rey de España muerto sin recibirlos».[303]

Siguiendo el protocolo, María Cristina ordenó que no se tocase el cadáver durante cuarenta y ocho horas, pero la fetidez obligó a reducir el plazo a veinticuatro. Con el aparato acostumbrado fue conducido el féretro del monarca al panteón de El Escorial. Antes de su inhumación, la reina cortó un mechón del cabello de su esposo. Vayo cierra su voluminosa historia del reinado con estas palabras:

Al bajar al panteón el féretro rompieron con él una grada de piedra, para que hasta su muerte causase ruinas; y durante la última ceremonia era tal el hedor, que la comitiva no podía resistirlo y algunos individuos se desmayaron. Imágenes vivas del reinado de Fernando; porque en el sepulcro, exhalados los aromas de la lisonja, sólo queda la verdad, y la verdad de la tiranía es toda corrupción.[304]

Como era de rigor, en todo el reino se celebraron solemnes exequias en memoria de Fernando VII. Este acto formaba parte del rito históricamente establecido en la transmisión de la monarquía con la finalidad de reforzar la institución. Integrante sustancial del mismo era el sermón u oración fúnebre, pronunciado siempre por un destacado clérigo local, en el que además de encomiar al rey muerto, se cantaban las excelencias de su sucesor, en este caso, sus sucesoras: su viuda, la reina regente, y su hija menor de edad.[305] Los elogios fúnebres por el alma de Fernando VII, de quien se dijo que poseía todas las virtudes religiosas y humanas, sirvieron, pues, para reforzar la opción política de María Cristina y sus partidarios, y para denigrar al mismo tiempo a don Carlos, unas veces de forma directa, otras indirectamente.

El examen de varios de los sermones o elogios fúnebres editados (importa tener presente esta circunstancia, por razón de su difusión) permite constatar que si bien en ellos se ensalzó a Fernando VII, a menudo hasta la exageración, generalmente no se abogó por mantener la monarquía absoluta, sino un modelo diferente, que los predicadores caracterizaron de «moderado», muy alejado —dijeron— de toda tentación revolucionaria, pero también del absolutismo, libre de la disputa partidista y, por supuesto, ajustado a la religión católica.[306] La monarquía deseada por Fernando VII resultaba de todo punto insostenible y con independencia de las ideas de su viuda, con él llegó a su final.

Apéndices

Referencias documentales

Archivos

ARCHIVO GENERAL DE PALACIO (AGP)

Administración general: Legs. 5247 y 5252 (cuentas de Valençay), 5247.

Registros: Legs. 4807 y 4808 (Testamentaría de Fernando VII).

Personal: Leg. 170, exp. 2 y 11940, exp. 49 (Fermín de Artieda), 716, exp. 21 (Antonio Moreno), 16797, exp. 27 (Pedro Collado), 16870, exp. 42 (Escoiquiz), 988 (Felipe Scio), 16615, exp. 4 (Bencomo).

Reinados. Fernando VII (RF7): Cajas 2, 22, 25, 27, 29, 32, 34, 35, 41, 43, 142, 307, 308, 341, 348, 351, 368, 728, 384.

Papeles Reservados de Fernando VII, tomos 1, 2, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 66, 67, 71, 107, 106.

Archivos Privados, Familia Godoy: Cajas 22948 y 22951.

ARCHIVO DE LA VILLA (AVM MADRID)

Secretaría, Sección 2, legajo 86, n.o 12.

Corregimiento, 1, 174, 22; 270, 6; 262, 25; 138, 30.

ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (AHN)

Estado: Legs. 747, 879 y 2510 (Ugarte), 2579 (cartas de Fernando VII a reyes de Europa y a los embajadores extranjeros; 1821-1822), 2645 (cartas de Fernando VII a los reyes de Nápoles y Calabria, 1816-1819), 2955 (comisión de Juan Antonio Miguel y Ferte), 2960 (Ugarte y Calomarde), 3082, exp. 35 (misión de Diego Felipe Suárez Zambrana en Valençay), 3102 (vigilancia de correspondencia de sospechosos, 1814), 3556, 3566 (Tratado de Valençay y entrada en España en 1814 de Fernando VII), 5219 (correspondencia sobre asuntos europeos, 1814), 5929 (Tatischev y relaciones con Rusia), 6128 (ídem), 6786 (Tassin, Duclerc y Christoph, 1814-1816), 8029 (compra de barcos rusos).

Consejos, Legs. 1135 (llegada de Fernando VII a España en 1814), 1398 (inicio del reinado), 5511 (viaje de Fernando VII a Bayona), 9872 A (duque de Alagón), 11352 y 11353 (adhesiones a Fernando VII en 1814), 17795 (consulta del Consejo de España e Indias sobre las cartas escritas por Fernando VII a favor de Napoleón, 1810).

Diversos-Colecciones: 85, n.o 27 (manuscrito titulado: «Puntos principales que me parece debía comprender el Manifiesto que a nombre de S.M. se ha de dar a la Nación». Lo firma «Infantado» [sic], en Valencia, abril de 1814); 87, n.o 26 (copia del decreto de Fernando VII dando el mando de los ejércitos a Infantado).

Diversos-Títulos-Familias: Regina Gobernadora: legs. 3354 (contrato matrimonial de Fernando VII y María Cristina de Borbón), 3480 (testimonio de María Cristina sobre los sucesos de La Granja), 3530 (Diario del viaje a España del rey de Nápoles, 1829). Familia Caballero, legs. 3602-3614.

Archivo del Duque de San Carlos:<NOTA>1</NOTA> caja 683, exp. 7 (correspondencia de San Carlos con su esposa desde Valençay y París), caja 692, exp. 3: Tratado de Valençay.

ARCHIVO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (MADRID)

Papeles Reservados de Fernando VII: tomos 3 y 4.

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA (RAH)

Legs. 9/4483 (publicación de la Pragmática Sanción), 9/6797 (rebelión de Cataluña), 9/6989 (Calomarde), 11/8322 (papeles varios, 1823-1833), 11/8880 (papeles varios, 1814-1820).

ARCHIVO DE MARTÍN DE GARAY

Documentos publicados como apéndice a la tesis doctoral de Nuria Alonso Garcés, Biografía de Martín de Garay, Facultade de Xeografía e Historia, Universidade de Santiago de Compostela, 2006, 1247 págs.

COLECCIÓN TABUENCA (Coslada, Madrid)

Láminas satíricas contra Godoy y los reyes Carlos IV y María Luisa (1801-1809).

NATIONAL ARCHIVES (Londres)

Antiguo FO 95/681: Cartas de Carlos IV (1814) y de Fernando VII (1814 y 1823) al regente y al rey de Inglaterra.

ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA (Madrid)

Sección reservada, leg. 8.

BIBLIOTECA NACIONAL, Madrid (BN)

Manuscritos

Apuntes acerca de la vida de la Reyna Doña María Isabel de Braganza, que en paz descanse, Ms. 12975/10, in 4.o, 4 hojas. Sin firma.

Breve Relación Histórica de la expedición del Rey N.S.D. Fernando 7.o de Borbón al Principado de Cataluña y su vuelta a la capital del Reino, anónimo, borrador revisado y corregido por Tomás González el 24 de diciembre de 1828, Ms. 17603, exp. 174, ff. 202-262.

Diario de lo ocurrido en Aranjuez desde el día 13 de marzo..., [1808], manuscrito, R-60334.

Masdeu, Juan Francisco, Opúsculos en prosa y verso, compuestos sucesivamente por D. Juan Francisco de Masdeu en tiempo de la general revolución movida por los Franceses en Europa, Ms. 2898.

Memoria del Duque de Ciudad Rodrigo dirigida a el [sic] de San Carlos sobre la conducta política que deberá adoptar Fernando 7.o al restituirse al trono y autoridad, Madrid, junio de 1814, Ms. 22988/46.

Noticia de la llegada de Fernando VII, rey de España, y lo demás ocurrido en Bayona, Ms. 22285-28, 4 hojas cuartilla, sin autor ni fecha.

Papeles de Víctor Damián Sáez, Ms. 1414.

Relaciones y documentos relativos a la adhesión de Sevilla a Fernando VII, en especial al movimiento popular de 6 de mayo de 1814, R-823810.

Poesías místicas de María Amalia de Sajonia, 1823-29, 86 ff. Ms.7180.

REAL BIBLIOTECA (RB), Palacio Real, Madrid.

Memoria [...] sobre asuntos del Ministerio de Gracia y Justicia, por Calomarde (1826): II/1796.

Cartas de Isabel de Borbón: II/4557.

Journal de S.A.R. le Prince des Asturies, 1798, II/1567 (manuscrito encuadernado. El título anterior figura en el lomo de la encuadernación, pero en el interior pone: «Lettre du Prince d’Asturies à son frère l’Infant Dn. Carlos traduite en Français par S.A.R.»).

Papeles varios de los reinados de Fernando VII e Isabel II: II/4039.

Inventario de la Biblioteca de los príncipes en Valençay, II-2617.

Índice de los libros del Príncipe Fernando (I-1001).

Índice de los libros que tengo en Valençay para el uso de mi muy amado hermano Fernando (II-2966).

Livre de Compte Générale, ou La Recette et de la Dépense (en el lomo figura: «Cuentas de Valençay») (II-1666).

Livre de Caisse (en el lomo: «Libro de cuentas. Valençay») (II/1667).

ARCHIVES DIPLOMATIQUES, PARÍS (AAEE)

Correspondance politique, Espagne, t. 716, 722, 723, 760.

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F7/6514 (Papeles sobre Fernando VII y los príncipes en Valençay), F7/6470 (Informes de Beurnonville, 1806), F7/6516 (expediente del marqués de Ayerbe), F7/11994 (Informes policiales sobre la vuelta de Carlos IV), F7/3759 a 3773 (Informes policiales sobre Valençay, 1808-1811).

AF IV 1605, 1611 (cartas interceptadas de María Carolina de Nápoles), 1680 (cartas de Fernando VII a Napoleón).

ARCHIVIO SEGRETO VATICANO (ASV)

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Manifiesto de todo lo ocurrido en Madrid con motivo del Decreto del Rey de 4 de Mayo: a saber la derogación de la Constitución, la solemnidad con que fue arrancada la Lápida de este nombre de la Plaza Mayor, la quema que se hizo en la misma plaza de la Estatua de la Libertad; y también una recopilación de las funciones habidas en Madrid con motivo de la entrada de nuestro augusto Monarca D. Fernando VII de Borbón, reimpreso en Cádiz, Oficina de Nicolás Gómez de Requena, 1814, 4 hs.

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Representación y manifiesto que algunos diputados a las cortes Ordinarias firmaron en los mayores apuros de su opresión en Madrid, para que la Magestad del Señor D. Fernando el VII a la entrada en España de vuelta de su cautividad, se penetrase del estado de la nación, del deseo de sus provincias, y del remedio que creían oportuno; todo fue presentado a S.M. en Valencia por uno de dichos diputados, y se imprime en cumplimiento de real orden, impreso en el año de 1814 y reimpreso con notas críticas en el presente, Madrid, Ibarra, 1820 [Es el conocido como Manifiesto de los Persas].

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Cronología de Fernando VII

1784

14 de octubre. Nacimiento de Fernando de Borbón en El Escorial.

1789

23 de septiembre: Fernando es jurado príncipe de Asturias.

1795

2 de septiembre: Francisco Javier Cabrera es nombrado preceptor del príncipe. Sustituye en el cargo a Felipe Scio de San Miguel.

1796

4 de enero: viaje de los reyes y el príncipe de Asturias a Sevilla (regresan a la corte el 22 de marzo).

24 de marzo: Cristóbal Bencomo es nombrado maestro de latinidad del príncipe.

12 de octubre: Juan Escoiquiz, maestro de Historia y Geografía.

1798

Fernando redacta en francés: Journal de S.A.R. le Prince des Asturies.

1800

20 de enero: cese de Escoiquiz como maestro del príncipe.

1802

4 de octubre: celebración en Barcelona de la boda del príncipe Fernando con María Antonia de Nápoles.

1804

Fernando encarga la elaboración de la una colección de estampas satíricas contra Godoy y los reyes.

1805

Fernando traduce la obra de Vertot, Histoire des révolutions arrivées dans la République Romaine.

1806

21 de mayo: fallecimiento de la princesa de Asturias María Antonia de Nápoles.

1807

Marzo: inicio de las maniobras del príncipe de Asturias y Escoiquiz para derrocar a Godoy, proceso conocido como «conspiración de El Escorial».

27 de octubre: Carlos IV descubre en poder del príncipe de Asturias documentos relativos a la conspiración.

30 de octubre: mediante un real decreto, Carlos IV informa a la opinión pública de un plan contra su persona en el que había participado el príncipe Fernando.

5 de noviembre: por otro real decreto, Carlos IV perdona al príncipe Fernando.

1808

25 de enero: los jueces de la causa de El Escorial absuelven a Escoiquiz, el duque del Infantado y otros implicados en ella denunciados por Fernando.

17 de marzo: motín de Aranjuez.

19 de marzo: Carlos IV abdica en el príncipe de Asturias, proclamado rey Fernando VII.

24 de marzo: entrada triunfal de Fernando VII en Madrid.

10 de abril: Fernando VII sale de Madrid en dirección a Burgos, al encuentro de Napoleón.

20 de abril: Fernando VII pasa la frontera hispano-francesa por Irún, camino de Bayona. A mediodía entra en esta ciudad.

30 de abril: Carlos IV y la reina María Luisa llegan a Bayona.

2 de mayo: Rebelión contra los franceses de la población de Madrid.

5 de mayo: Carlos IV cede la corona a Napoleón.

6 de mayo: Fernando VII renuncia a su corona en favor de Carlos IV.

10 de mayo: tratado entre Fernando VII y Napoleón. Fernando se adhiere a la cesión de Carlos IV de sus derechos al trono de España en favor de Napoleón.

11 de mayo: sale Fernando VII de Bayona en dirección a Valençay, residencia fijada por Napoleón. Le acompañan su hermano Carlos María Isidro y su tío don Antonio.

12 de mayo: proclama firmada en Burdeos por Fernando y los infantes don Carlos y don Antonio: ceden sus derechos a Napoleón y llaman a los españoles a obedecerlo.

18 de mayo: Fernando y los otros dos «príncipes españoles» llegan al palacio de Valençay.

23 de mayo: las juntas formadas en varias ciudades españolas declaran rey de España a Fernando VII y, al mismo tiempo, la guerra a Napoleón. Comienza la Guerra de la Independencia.

1809

30 de marzo: Napoleón ordena la expulsión de Valençay de la mayor parte de los servidores de Fernando y de los infantes Carlos y Antonio.

1810

Abril: estalla el «asunto Kolli».

15 y 16 de agosto: festejos en Valençay por la boda de Napoleón con María Luisa de Austria.

1811

1 de enero: Decreto de las Cortes de Cádiz declarando nulos todos los actos del rey mientras esté en poder de Napoleón.

9 de junio: fiesta solemne en Valençay con motivo del nacimiento del hijo de Napoleón, «el rey de Roma».

1812

19 de marzo: proclamación de la Constitución en España. Fernando VII es reconocido rey constitucional.

1813

1 de agosto: Fernando VII firma con esta fecha varias cartas en las que exigía dinero a comerciantes de Madrid, a las provincias Vascas, al reino de Navarra y a los habitantes de Galicia y Asturias.

Noviembre: comienzan en Valençay las negociaciones para la firma de un tratado de paz entre Napoleón y Fernando VII.

11 de diciembre: firma del Tratado de Valençay. Viaje del duque de San Carlos y de Palafox a España para obtener de la Regencia constitucional la ratificación del tratado. Napoleón reconoce a Fernando VII rey de España.

1814

2 de febrero: un decreto de las Cortes ordena que no se preste obediencia a Fernando VII hasta que jure la Constitución en el seno de las Cortes.

13 de marzo: Fernando VII sale de Valençay en dirección a España.

22 de marzo: Fernando VII llega a Figueras.

24 de marzo: Fernando VII pasa el río Fluviá y es recibido por tropas españolas. Hace noche en Gerona.

28 de marzo: Fernando VII emprende viaje desde Gerona en dirección a Valencia, como había establecido la Regencia constitucional.

3 de abril: el rey cambia en Reus el itinerario determinado por la Regencia y se dirige a Zaragoza.

11 de abril: Fernando VII sale de Zaragoza en dirección a Valencia.

16 de abril: llegada del rey a Valencia.

4 de mayo: Manifiesto del rey a la nación derogando la Constitución y la obra de las Cortes de Cádiz.

5 de mayo: Fernando VII sale de Valencia en dirección a Madrid.

10 de mayo: ocupación militar de la sede de las Cortes y detención de distinguidos liberales.

11 de mayo: publicación del Manifiesto real del día 4 y anuncio de la disolución de las Cortes.

13 de mayo: Fernando VII hace su entrada en Madrid. No jura la Constitución de 1812.

1815

Marzo: conclusión del «Tratado de alimentos» entre Fernando VII y Carlos IV.

1816

28 de septiembre: boda de Fernando VII con María Isabel de Braganza.

1817

21 de agosto: la reina María Isabel da a luz una niña, que fallece el 9 de enero de 1818.

1818

26 de diciembre: muerte de la reina María Isabel.

1819

20 de octubre: boda de Fernando VII con María Josefa Amalia de Sajonia.

1820

1 de enero: pronunciamiento constitucional en Las Cabezas de San Juan (Sevilla).

7 de marzo: el rey declara su intención de jurar la Constitución de 1812. La juró el día 9 en el Palacio Real de Madrid ante el Ayuntamiento de la ciudad y seis comisionados del pueblo.

10 de marzo: Manifiesto a la nación en el que Fernando VII declara que será el más firme apoyo de la Constitución («marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional»).

El rey participa activamente en la organización del movimiento contrarrevolucionario en contra del sistema constitucional.

1822

7 de julio: fracaso del intento de golpe de Estado.

1823

20 de marzo: el rey y las más altas instituciones del Estado abandonan Madrid en dirección a Sevilla.

7 de abril: tropas francesas al mando del duque de Angulema («Los Cien Mil Hijos de San Luis») entran en territorio español.

10 de abril: llegada del rey y su familia a Sevilla.

11 de junio: las Cortes declaran incapacitado al rey para ejercer sus funciones. Nombramiento de una Regencia.

15 de junio: cesa la Regencia y el rey recupera sus facultades. Él y su familia llegan a Cádiz.

30 de septiembre: manifiesto del rey anunciando «el olvido general completo y absoluto de todo lo pasado, sin excepción alguna».

1 de octubre: el rey y la familia real abandonan Cádiz y se presentan en el cuartel general de las tropas francesas en El Puerto de Santa María. Un decreto real suprime el régimen constitucional.

3 de octubre: el rey sale de El Puerto de Santa María en dirección a Jerez de la Frontera. Inicia el viaje hacia Madrid.

13 de noviembre: llega Fernando VII a Madrid como rey «neto».

1824

9 de diciembre: derrota de Ayacucho. Fin de la dominación de España en la América continental.

1827

22 de septiembre: sale Fernando VII de El Escorial en dirección a Cataluña. El viaje se prolongó por el norte de España durante diez meses.

1828

31 de julio: Fernando VII y la reina María Josefa regresan a La Granja de su viaje por el norte.

11 al 14 de agosto: festejos en Madrid con motivo de la finalización del viaje de los reyes.

1829

17 de mayo: fallecimiento de la reina María Josefa Amalia.

11 de diciembre: boda de Fernando VII con María Cristina de Borbón.

1830

29 de marzo: publicación de la Pragmática Sanción, por la que se restablece la antigua legislación castellana sobre sucesión a la corona.

12 de junio: Fernando VII otorga su testamento definitivo.

10 de octubre: nace la infanta Isabel, futura Isabel II.

1832

20 de enero: nace la infanta Luisa Fernanda, segunda hija de Fernando VII y María Cristina.

Julio: grave enfermedad del rey. «Sucesos de La Granja».

18 de septiembre: derogación de la Pragmática Sanción.

31 de diciembre: restablecimiento de la Pragmática Sanción.

1833

20 de junio: juramento de la infanta Isabel como princesa de Asturias.

29 de septiembre: fallecimiento de Fernando VII. Regencia de su esposa María Cristina.

Láminas

1. Jura del príncipe de Asturias en San Jerónimo El Real, Madrid. Septiembre de 1789. El príncipe está sentado a la derecha junto a su madre la reina (Luis Paret y Alcázar, 1791. Museo del Prado).

2. Fernando, Príncipe de Asturias, y su hermano Carlos María Isidro en torno a 1802 (Goya, fragmento de La familia de Carlos IV. Museo del Prado).

3. Aranjuez (dibujo de Zacarías González Velázquez, grabado de M. Alegre. Biblioteca Nacional, Madrid).

4. Fernando VII rodeado de los símbolos de la monarquía española (león) y del mando (corona y cetro). El escudo de Valencia, en primer plano, manifiesta la fidelidad de la ciudad al rey (Vicente López, 1808. Palacio de Cervelló, Valencia).

5. La princesa de Asturias María Antonia de Nápoles, primera esposa de Fernando VII (Vicente López, Museo Romántico, Madrid).

6. Especialistas en Goya han hecho notar el contraste entre la falta de prestancia del rey, rechoncho y tosco, y el manto de armiño, símbolo máximo de la realeza, que parece un disfraz (Goya, Fernando VII con manto real, 1814, Museo del Prado).

7. La reina Isabel de Braganza, segunda esposa de Fernando VII, como fundadora del Museo del Prado (Bernardo López, 1829. Museo del Prado).

8. La presencia de Fernando VII es realzada por el llamativo hábito de la Orden del Toisón de Oro, de la que era gran maestre (Vicente López, 1831. Embajada de España ante la Santa Sede).

9. La reina María Josefa Amalia de Sajonia, tercera esposa de Fernando VII (Francisco Lacoma, 1820. Museo del Prado).

10. Fernando VII y su cuarta esposa, María Cristina de Borbón. El rey aparece con indumentaria civil, como si fuera un burgués adinerado, y con aspecto rejuvenecido. En estas fechas padecía graves problemas de salud (Luis de la Cruz, 1832. Museo de Bellas Artes de Asturias (Oviedo).

11. Antonio Ugarte, destacado integrante de la camarilla del rey, y su esposa. El ascenso social de Ugarte, de origen humilde, es patente (Vicente López, 1833. Museo del Prado).

12. Rafael del Riego, héroe de la revolución liberal.

13. Juan Martín Díez, el Empecinado, símbolo de la lucha de los españoles contra Napoleón. A causa de sus ideas políticas, Fernando VII ordenó su ejecución en 1825 prescindiendo de los procedimientos legales al uso.

14. Fernando VII al final de su vida (Federico de Madrazo, 1832. Museo del Prado).

CRÉDITOS DE LAS IMÁGENES

El editor hace constar que se han realizado todos los esfuerzos para localizar y recabar la autorización de los propietarios del copyright de las imágenes que ilustran esta obra, manifiesta la reserva de los derechos de la misma y expresa su disposición a rectificar cualquier error u omisión en futuras ediciones.

1. Jura del príncipe de Asturias Fernando en San Jerónimo, septiembre de 1789 (Luis Paret y Alcázar, 1791). Museo del Prado. © Album.

2. El príncipe de Asturias Fernando y su hermano Carlos María Isidro, 1802 (Goya, fragmento de la familia de Carlos IV. Museo del Prado). © Oronoz – Album.

3. Proclamación de Fernando VII en Aranjuez. Dibujo de Zacarías Velázquez. © Oronoz – Album.

4. Fernando VII con el hábito de la Orden de Santiago (Vicente López, 1808). © Album.

5. La princesa de Asturias, María Antonia de Borbón, Infanta de Nápoles (Vicente López, Museo Romántico, Madrid). © Album.

6. Fernando VII con manto real (Goya, 1815. Museo del Prado) © Joseph Martin – Album.

7. La reina Isabel de Braganza como fundadora del Museo del Prado (Bernardo López Piquer, 1829. Museo del Prado). © Album.

8. Fernando VII con el hábito de la Orden del Toisón de Oro (Vicente López, 1831. Embajada de España en la Santa Sede). © Joseph Martin – Album.

9. La reina María Josefa Amalia de Sajonia (Francisco Lacoma, 1820. Museo del Prado). © Joseph Martin – Album.

10. Fernando VII y María Cristina por los jardines de La Granja (Luis de la Cruz y Ríos, 1830. Museo de Bellas Artes de Asturias. Oviedo). © Oronoz – Album.

11. Antonio Ugarte y su esposa, María Antonia Larrazábal (Vicente López, 1833, Museo del Prado). © Album.

12. Retrato de Rafael de Riego (1785-1823). Colección particular. © Joseph Martin – Album.

13. Juan Martín Díez, el Empecinado (1775-1825) Retrato anónimo © Oronoz – Album.

14. Fernando VII al final de su vida (Federico de Madrazo, lápiz sobre papel, 1832) © Album.

Notas

Introducción. El rey imaginado

[1] Desdevises du Dézert, 1989, pág. 259 (la primera edición de esta obra se publicó en tres volúmenes entre 1897 y 1904); Sánchez Mantero, 2001, pág. 18; Seco, Prólogo a Artola, 1968, pág. XXII.

[2] Prólogo de Suárez Verdeguer a Puga, 2004, pág. 6.

[3] Entre las capitales de provincia, hoy sólo existen calles dedicadas a Fernando VII en Madrid, Málaga, Cuenca, Badajoz, Cáceres, Santander y Logroño. También Barcelona había dado el nombre de este rey a una vía importante, pero en 1910 se cambió por «Ferran», rótulo que se mantiene en la actualidad y no se suele relacionar con este monarca. Por iniciativa del conde de España se erigió en 1827 un monumento a Fernando VII en Barcelona en la plaza del Palau, antigua residencia de los virreyes y capitanes generales destruida en 1875. Lo culminaba una estatua del rey con manto real y coronado de laurel como un césar, obra de notable mérito artístico del francés Pierre-Joseph Chardigny. En 1835 fue destrozado durante una de las bullangas populares. Tras no pocas vicisitudes, la estatua se conserva hoy, mutilada, en los jardines del convento de Santa Clara de Sevilla. Existe otra estatua de Fernando VII, también en pose de césar romano, en los jardines de la Quinta del Pardo, que fue residencia de Manuel Azaña cuando presidió la II República y hoy es de propiedad particular. No conozco la existencia en el espacio público de otras estatuas de cuerpo entero del rey, salvo la de La Habana.

[4] Díez, 2008, pág. 100.

[5] Carta particular de La Forest al ministro de Asuntos Exteriores duque de Vicenza, Valençay, 13 de marzo de 1814 (La Forest, 1905-1913, VII, pág. 301). El dato sobre el peso del rey en Izquierdo, 1950a, pág. 386.

[6] Ortiz de Zárate y Rizzi, 1955, pág. 117.

[7] García Blanco, 2015, pág. 218.

[8] La Forest, 1905-1913, t. VII, pág. 301; Girón, 1979-1981, II, págs. 158 y 175.

[9] Cartas de Napoleón a Talleyrand, Bayona, 25 de abril y 1 de mayo, en Napoléon, 1858-1869, t. 17, págs. 45 y 58.

[10] Napoleón a Talleyrand, 5 de mayo de 1808 (Napoleón, 1858-1869, t. 17, pág. 76).

[11] Fontana, 2006, págs. 44-45. Véase Izquierdo, 1963, pág. 776; Seco, 1983, pág. 124. Del mismo parecer fue Lord Holland, 1851, pág. 86. Las opiniones más duras sobre el carácter desconfiado y cruel de Fernando VII las lanzó su madre, la reina María Luisa, en las cartas a Murat escritas en marzo y abril de 1808 (Correspondencia secreta del rey Carlos IV..., 1957, especialmente págs. 146-147).

[12] Estoqui, 1814.

[13] Fernández de Córdoba, 1966, I, pág. 30; Memorias históricas sobre Fernando VII..., 1840, I, pág. 296 (sobre la autoría de J.J. Mora de esta obra, véase Llorens, 1979, pág. 188); Barbastro, 2008, pág. 319.

[14] Mesonero Romanos, 1975, pág. 271.

[15] Sánchez Blanco, 2007, págs. 40-41; Millán, 2016, págs. 363-369. El interés dinástico había sido uno de los ejes fundamentales de la política de Carlos IV (véase Seco, 1988, y La Parra, 2002). Napoleón lo aplicó en Europa para instaurar su propia dinastía.

[16] Hocquellet, 2011, págs. 29, 51 y 89; Millán, 2010, págs. 124-125; Álvarez Junco y De La Fuente, 2014, págs. 197-218.

[17] Hocquellet, 2011, pág. 96; Millán, 2010, págs. 124-125. Sobre los planteamientos políticos de los ilustrados de finales del siglo XVIII, véase Sánchez Blanco, 2007, y Calvo Maturana, 2013.

[18] Capmany, 1808, págs. 4-5.

[19] Cit. por Álvarez Valdés, 2012, pág. 486. El eco en Jovellanos de la doctrina de Almici es evidente.

[20] Hocquellet, 2011, pág. 104.

[21] Varela Suanzes-Carpegna, 2013. Sobre el concepto de nación, Álvarez Junco, 2010, págs. 430-443.

[22] Examen imparcial de las disensiones de América con España, en Flórez Estrada, 1958, pág. 7; Villanueva, 1966, pág. 232; Álvarez Junco, 2001, págs. 73-74.

[23] La dicotomía Bien/Mal había sido utilizada con éxito durante la Revolución francesa para desprestigiar a los reyes Luis XVI y María Antonieta, y también en España durante la guerra contra la Convención (1793-1795) para incitar a la lucha contra los revolucionarios (Herr, 1978; Aymes, 1991, págs. 413-427; De Diego, 1992, pág. 255).

[24] La Parra, 2004.

[25] Dufour, 2008, págs. 30-31; Anson, 2012; Goya en tiempos de guerra, 2008, pág. 228.

[26] Díez, 2008, pág. 102; Alba Pagán, 2004, pág. 195.

[27] Las proclamas de las juntas en Delgado, págs. 75 y 78 y 23 respectivamente. La cita de Jovellanos en Álvarez Valdés, 2012, pág. 487. Sobre las razones de la movilización contra Napoleón, véase Dufour, 1984, págs. 318-321 y Fraser, 2006.

[28] Quintana, 1946, pág. 537.

[29] Rújula, 2012a; López Alós, 2011, págs. 241 y sigs.

[30] Hamnett, 1985, págs. 204 y 212.

[31] La Parra, 2011, págs. 49-55.

[32] Miraflores, 1964, I, pág. 3.

[33] Memorias históricas sobre Fernando VII..., 1840, I, pág. 296.

[34] Dufour, 2008, pág. 224; Díez, 2008, pág. 115. Esteban Lorente, 2005, pág. 367, sugiere que la figura femenina del pedestal es una alegoría de la Constitución.

[35] Goya en tiempos de guerra, 2008, pág. 376; Tomlinson, 1993, pág. 199.

[36] Díez, 1999, I, pág. 375; Tomlinson, 1993, págs. 199-202.

[37] Díez, 1998, pág. 290.

[38] Díez, 1999, II, pág. 92.

[39] Díez, 1998, pág. 11 y 1999, I, 284; Hernández Perera, 1955, pág. 41.

[40] Plankett, 2009.

[41] Sobre el contenido y las vicisitudes de esta documentación hasta que su consulta ha quedado a libre disposición de los investigadores, véase Fernández Martín, 1900, III, págs. 227-229 y Rodríguez Castillo, 2013.

1. La educación del príncipe

[1] Muriel, 1959, I, 9-10. La R.O. de convocatoria de Cortes estaba fechada el 22 de mayo de 1789.

[2] El título de príncipe de Asturias se concedió por primera vez al futuro Enrique III, sucesor de Juan I de Castilla, según lo establecido por las Cortes de Brihuega en 1388. Se hizo a imitación de Inglaterra, donde desde el siglo XIII se denominaba príncipe de Gales al sucesor a la corona (Origen y creación del título... 1789).

[3] Rocquoi, 1992; García Bernal, 2006, pág. 233; Noel, 2004; Weller, 2010.

[4] Las Cortes reunidas exclusivamente para la jura del príncipe fueron las de 1701, 1709, 1724 y 1760. Sólo en las de 1712-1713 y en las de 1789 se abordaron otros asuntos, y en concreto la ley de sucesión a la corona (Vallejo García y Hevia, 2003).

[5] Portela Sandoval, 2006.

[6] El relato de la jura en Noticia del ceremonial antiguo... (1850) y Descripción de los ornatos... (1789).

[7] Sobre la función representativa del ritual, véase Stollberg-Rillinger, 2008 y Ridolfi, 2009, págs. 59-72.

[8] Partida de bautismo (publicada por Izquierdo, 1963, págs. 27-28).

[9] La reproduce Izquierdo, 1963, pág. 132.

[10] Los reyes Carlos IV y María Luisa tuvieron 14 hijos, la mitad de los cuales falleció durante la niñez. Carlos Clemente, el primogénito, nació en 1771 y murió en 1774. Le siguieron Carlota Joaquina (1775-1830), futura reina de Portugal; María Luisa Carlota (1777-1782), María Amalia (1779-1798), casada con el infante don Antonio, hermano del rey; Carlos Domingo (1780-1783), María Luisa (1782-1824), reina de Etruria; los gemelos Carlos Francisco de Paula y Felipe, nacidos en 1783, muerto el primero al año siguiente y un mes más tarde el segundo; Fernando, el futuro rey de España; Carlos María Isidro (1788-1855); María Isabel (1789-1848), futura reina de las Dos Sicilias; María Teresa (1791-1794), Felipe María Francisco (1792-1794) y Francisco de Paula (1794-1865).

[11] Informe de Pedro Cevallos sobre las razones que impulsaron a Carlos IV a derogar la ley Sálica (AGP, Reinados, F7, caja 29). La norma sucesoria establecida en 1713 en España no era exactamente igual a la francesa. Esta última impedía el reinado de las mujeres, mientras que la española lo permitía sobre los varones de línea o grado posterior.

[12] Testimonio de las Actas de Cortes..., 1833.

[13] La Parra, 2017.

[14] Vallejo García y Hevia, 2003, 247.

[15] Eran Lorenzana y los de Jaén, Zaragoza, Granada, Córdoba, León, Tuy, Tortosa, Barcelona, Albarracín, Astorga, Segorbe, Pamplona y Segovia.

[16] Despacho del embajador de Prusia, Sandoz Rollin, 8-11-1789, cit. por Vallejo García y Hevia, 2003, pág. 239.

[17] Testimonio de las actas de Cortes... 1833.

[18] Testamento político del conde de Floridablanca (Rumeu de Armas, 1961, págs. 186-187).

[19] La polémica queda expuesta en Cartas Eclesiásticas de D. Joaquín Lorenzo Villanueva al Dr. D. Guillermo Díaz Luzuredi en defensa de las leyes que autorizan ahora al pueblo para que lea en su lengua la Sagrada Escritura, Madrid, Imprenta Real, 1794. Villanueva incluyó en esta obra una larga carta de Felipe Scio en defensa de la lectura de la Biblia «en lengua vulgar» frente a los sectores reaccionarios del clero (véase Tomsich, 1992, págs. 177 y sigs.). Sobre la traducción de la Biblia por Scio y la actuación favorable del inquisidior general Bertrán, véase León, 2017, cap. 8.

[20] Izquierdo, 1963, págs. 155-156. La primera edición de la traducción de la Biblia de Felipe Scio salió en Valencia en 1791-1793.

[21] AGP, Fernando VII, leg. 384, exp. 3; Izquierdo, 1963, pág. 155.

[22] El plan de Cabrera en AHN, Estado, 3556.

[23] Demerson, 1975, pág. 309.

[24] Blanco Cotano, 1998, 155-182.

[25] Reproduce el informe anónimo Sobrino Chomón, 1990, págs. 10-13. La Pastoral fue publicada en Madrid en 1797; estaba firmada por Cabrera en San Lorenzo de El Escorial el 22 de noviembre de ese año. Véase Demerson, 1975, pág. 312; Artola Renedo, 2013, pág. 255. No sabemos si el «Cabrera» que el obispo Henri Grégoire, cabeza de la Iglesia constitucional francesa, menciona en sus memorias entre sus amigos fue el prelado del que nos ocupamos (Grégoire, 1989, págs. 66 y 67). Es indudable, sin embargo, que Grégoire tuvo noticia de nuestro obispo a través de su pastoral.

[26] Izquierdo, 1963, pág. 182.

[27] López Piñero, 1983, pág. 433.

[28] Fernando, su hermano Carlos y su tío Antonio instalaron en Valençay un laboratorio de física y química para el que adquirieron instrumentos y donde pasaron mucho tiempo (Izquierdo, 1963, pág. 182).

[29] AHN, Estado, 3556; AGP, Fernando VII, caja 384, exp. 3.

[30] En carta a Juan Antonio Melón del 14 de octubre de 1792 aludió Moratín a «un discurso sobre la instrucción que se debe dar al príncipe» Fernando, que dijo había enviado a Godoy. No sabemos en qué consistió ese discurso o plan, que según Moratín era «el mejor» que habría visto Godoy (la carta en Moratín, 1973, págs. 136-138). Melón y Moratín formaban parte del entorno inmediato de Godoy y entonces actuaban como consejeros suyos, por lo que es indudable que éste no echaba en saco roto sus sugerencias. En este caso no las atendió, tal vez porque, de acuerdo con los preceptores del príncipe Fernando, los reyes tenían decidido que sus maestros fueran eclesiásticos.

[31] AHN, Estado, 3556; AGP, Personal, caja 16616, exp. 4. Bencomo fue confesor del rey entre 1808 y 1820, con la interrupción del tiempo de Valençay, adonde no pudo trasladarse. Antonio Ruiz de Padrón, diputado en las Cortes de Cádiz, escribió elogiosamente sobre este eclesiástico en El Redactor General de España, n.º 151, 31 de marzo de 1814 (reproducido en Ruiz De Padrón, 2007, págs. 283-285). Sobre el proyecto educativo de la Casa de Caballeros Pajes, véase Domingo Malvadi, 2012.

[32] AHN, Estado, 3556.

[33] Urquijo, 2007, págs. 24-26.

[34] Habermas, 1981, pág. 46.

[35] Seco, 1965, t. I, pág. LXXXI y Urquijo, 2007, págs. 13-14.

[36] El Poema se publicó en 1798 y ha sido varias veces reeditado. Sin embargo, no tuvo buena acogida entre las gentes de letras. En un informe de 1797, el secretario de la Real Academia de la Historia, Antonio Capmany, señaló errores en el estilo y en ciertos razonamientos políticos, pero finalmente Carlos IV dio vía libre a su publicación (Urquijo, 2007, págs. 23-24).

[37] Escoiquiz, 2007, págs. 64-65.

[38] Godoy, 2008, págs. 619-620; Vayo, 1842, I, pág. 11. Ésta parece ser la auténtica razón del nombramiento de Escoiquiz como maestro del príncipe. Sus méritos literarios, tan encomiados por él mismo, no lo eran tanto a juicio de otros. Así, cuando solicitó permiso para no reintegrarse a su canonjía de Zaragoza aludiendo a las obras que había publicado y a las que estaba componiendo, el patriarca de las Indias informó a Llaguno el 3 de mayo de 1796 que «no son unos trabajos tan grandes, ni tan necesarios y útiles que eximan a un canónigo de la residencia de la Iglesia» (AGP, Personal, caja 168070, exp. 42).

[39] En carta a Escoiquiz, fechada en la Cartuja de Valldemosa el 14 de abril de 1808, alude Jovellanos a «nuestra amistad» y «a la íntima confianza que tengo en su gran carácter, tan bien acreditado en la adversidad como antes de ella» (Jovellanos, 2006, págs. 609-611). Escoiquiz, a su vez, se refiere a Jovellanos como «mi amigo» (Escoiquiz, 2007, pág. 70).

[40] Godoy, 2008 pág. 622. La genetliaca es la práctica de pronosticar a uno su buena o mala ventura por el día en que nace.

[41] Izquierdo, 1963, pág. 133; Arzadun, 1942, pág. 19; Mínguez Martín, 2006.

[42] A juzgar por la cera que se gastó para iluminar la sala de billar de Aranjuez, debió jugar bastante (Izquierdo, 1963, pág. 185). Carece de fundamento la especie, muy difundida sobre todo por escritores franceses (p. ej. Hubbard, 1869, I, pág. 241), de que Fernando era aficionado a matar a los pajarillos que caían en su mano. Al contrario, diversos testimonios sobre su infancia aluden a su afición a cuidarlos y jugar con ellos.

[43] Expediente personal de Antonio Moreno y Rivero, AGP, Personal, caja 716, exp. 21; Moral Roncal, 1999a, pág. 37.

[44] Izquierdo, 1963, págs. 211-214, ofrece noticias sobre todo ello, tomadas de las cuentas del príncipe de Asturias que constan en el Archivo de Palacio.

[45] Declaración judicial de Antonio Moreno, julio de 1806 (en Gómez Arteche, 1891-1894, III, págs. 450-451). La obra de Saavedra Fajardo, Idea de un príncipe cristiano representada en cien empresas (1640), y la del jesuita Andrés Mendo, Príncipe perfecto y Ministros ajustados, esta última basada en la Emblemata centium regio-politica de Solórzano Pereira, se cuentan entre las más escogidas de esa época dedicadas a la formación de las personas reales, además del Telémaco. En la misma línea hay que situar el Tratado de la religión y virtudes que debe tener el príncipe cristiano para gobernar y conservar sus estados, contra lo que Nicolás Maquiavelo y los políticos de este tiempo enseñan (1601) del también jesuita Pedro de Rivadeneyra, que fue quizá uno de los tomos leídos de este autor a que alude Moreno.

[46] Girón, 1979, II, pág. 93; Arzadun, 1942, pág. 241. Sabemos poco sobre Grijalva. En 1814 era aposentador de palacio y formó parte del grupo de servidores designados por la regencia constitucional para recibir al rey a su entrada en España (López Sánchez, 2017, pág. 112). Pronto depositó Fernando VII su plena confianza en él. Al final del reinado era tesorero del Real Bolsillo Secreto (nota del 6-10-1831 de Grijalva a J. de Madrazo, Archivo del Museo del Prado, AP:15, exp. 22, n.º 12).

[47] Declaración de Bernal en el proceso de El Escorial (AGP, t. 1, f. 472), expedientes sobre pagos por la adquisición de libros en julio 1820-agosto 1830 (AGP, F7, cajas 341, exp. 15, 351 y 307, exp. 1), AHN, Diversos-Colecciones, 161, n.º 66.

[48] R.O. del 13-12-1795. Entre los miembros de la familia real iban el tío de Fernando, Antonio, con quien siempre estuvo muy relacionado, y las infantas María Amalia y María Luisa, acompañada esta última de su marido, Luis de Parma (Izquierdo, 1963, pág. 163).

[49] Izquierdo, 1963, págs. 193-194, aventura que la experiencia de este viaje fue determinante, porque suscitó en el niño Fernando un profundo recelo hacia Godoy, que se convirtió en envidia y en odio, «y por primera vez pasa por su medroso cerebro la idea de que aquel hombre pueda arrebatarle la Corona que él, sólo él, ha de ceñir por derecho divino». Creo que Izquierdo peca de teleologismo. No parece probable que en ese momento Fernando sospechara tal cosa de Godoy. A mi entender, esto lo pensó a partir de 1801, cuando Godoy fue nombrado generalísimo.

[50] Tras ser procesado por la Inquisición, Olavide se exilió a Francia. Regresó a España a comienzos de octubre de 1798 e hizo pública confesión de sus errores religiosos (véase la introducción de G. Dufour a Olavide, 1997).

[51] Journal, f. 47.

[52] «... la tendresse que L.M.M. montrerent [sic] devant St. Ferdinand en s’acquittant du vœu fait l’année de ta naissance et remerciant le Tout-Puissant de m’avoir sauvé la vie dans ma dangereuse maladie» (Journal, f. 29).

[53] Muriel continúa: «Como en el reinado de Fernando VII hayan sido tan frecuentes y perniciosas las resultas de su timidez y falta de carácter, se recuerda el hecho de la bahía de Cádiz como uno de los primeros antecedentes y que anunciaba ya lo que había de suceder en el curso de su gobierno» (Muriel, 1959, I, pág. 261).

[54] Journal, f. 40.

[55] Journal, ff. 15-16.

[56] Expediente personal de Antonio Moreno y Rivero (AGP, Personal, caja 716, exp. 21. Hoja de servicios, 26 de mayo de 1838).

[57] Izquierdo, 1963, pág. 211.

[58] AGP, Fernando VII, caja 384, exp. 3.

[59] Expediente de Antonio Moreno Rivero, AGP, Personal, caja 716, exp. 21.

[60] Entre otros, Vayo, 1842, II, pág. 63 y Castro y Compañía, 1869, págs. 311-312.

[61] Ya sabemos de las maniobras de Escoiquiz para ganarse el favor de Godoy, la última de ellas la oda Genetlíaca que le dedicó el 1 de enero de 1798, sólo tres meses antes de su salida del Gobierno. Del duque de San Carlos dice Toreno, 2008, pág. 55, que durante el Gobierno de Godoy «solícito lisonjero buscó en su genealogía el modo de entroncarse y emparentar con el ídolo a quien tantos reverenciaban». Sobre el duque de San Carlos, véase La Parra, 2010, págs. 136-138.

[62] Escoiquiz, 2007, pág. 73.

[63] Godoy, 2008, pág. 620. También Toreno, 2008, pág. 55, habla de la aspiración de Escoiquiz a ser un nuevo Cisneros.

[64] La salida de Escoiquiz de la corte tuvo lugar el 20 de enero de 1800 (Urquijo, 2007, pág. 15).

[65] Alberola-Giménez, 1994, págs. 91-114.

[66] Carta de Godoy a la reina, 25 de marzo de 1800, en Pereyra, pág. 274.

[67] La reina a Godoy, S. Ildefonso, 1 de agosto de 1800, en Pereyra, pág. 318.

[68] Carta de la reina a Godoy, San Ildefonso, 13 de octubre de 1800 (AGP, t. 93, f. 310; la reproduce Izquierdo, 1963, pág. 198). Tres días después la reina insistió: «cree», le dice a Godoy, «que el Rey y yo cuidaremos siempre de que Fernando haga de ti todo el aprecio y confianza que mereces y que sepa seguir la amistad de sus padres el rey y yo para contigo aun en el caso de faltar nosotros...» (ibíd., pág. 199).

[69] Aparte de otras cuestiones, la reina estaba en contra de Urquijo porque su política exterior no satisfacía los deseos de la soberana de engrandecer territorialmente el ducado de Parma, con cuyo heredero estaba casada su hija María Luisa. La presencia de Bonaparte suscitó esperanzas en la corte española de cara a lograr ese objetivo, pero Urquijo no era el hombre adecuado para negociar con el primer cónsul francés, debido, entre otros motivos, a su pésima relación personal con Bonaparte (véase La Parra, 2002, págs. 221-232).

[70] Escoiquiz, 2007, pág. 88.

[71] Muriel, 1959, II, pág. 243; Lafuente, t. 16, págs. 12-13; Gómez de Arteche, 1891-1894, II, pág. 358.

[72] El príncipe de Asturias a Godoy, Madrid, 9 de julio de 1801 (AGP, t. 94, f. 181). En este lugar se hallan las citadas cartas de los infantes que llevan la misma fecha, lo que delata que tales felicitaciones fueron sugeridas por los reyes. Los «cañoncitos» a que alude Fernando fueron parte del botín de guerra enviado por Godoy a Madrid («para el príncipe de Asturias remití 6 barrefosos del calibre de a libra como objeto curioso que podría agradarle y divertirle», afirma aquél en sus memorias: Godoy, 2008, pág. 775).

[73] Godoy al príncipe de Asturias, Cuartel General de Badajoz, 12 de julio de 1801 (AGP, t. 94).

[74] AGP, t. 94.

[75] El príncipe de Asturias a la reina, Madrid, 13 de julio de 1801 (AGP, t. 94).

[76] Cartas del príncipe de Asturias a la reina, Madrid, 12 y 15 de julio de 1801, y al rey, Madrid, 15 de julio 1801 (AGP, t. 94).

[77] El príncipe de Asturias a la reina, San Lorenzo, 26-9-1801 (AGP, t. 94)

[78] La negociación de este matrimonio se realizó desde la corte española, por orden de Floridablanca (véase la carta de Azara a Floridablanca, Roma, 3 de agosto de 1791, en Azara, 2010, pág. 185).

[79] Berte-Langereau, 1959, pág. 286.

[80] Rumeu de Armas, 1962, págs. 102-103; cartas de Azara desde París al conde Marcolini, 12 de junio; a Godoy, 23 de julio, y a Pedro Cevallos, 31 de julio de 1801 (Azara, 2010, págs. 965-967, pág. 978 y 979 respectivamente); Muriel, 1959 II, pág. 244. El ministro aludido por Azara en su carta a Godoy tal vez fuera el conde de Lors.

[81] Lema, 1912, pág. 295.

[82] Azara a Talleyrand, París, 13 de enero de 1802 (Azara, 2010, pág. 1012); Lema, 1912, pág. 301.

[83] La carta de la reina en Lema, 1912, pág. 104. Sobre el proyecto de matrimonio de la infanta con Napoleón, Godoy, 2008, págs. 791-793; Muriel, 1959, II, 244; Fugier, 2008, pág. 152; Pietri, 1951, págs. 209-224; Pérez Samper, 1973, págs. 44-45; Seco, 1988, págs. 637-638.

[84] Fugier, 2008, pág. 152.

[85] Godoy, 2008, pág. 1815.

[86] El influjo de los británicos en Nápoles fue abrumador. Fernando IV se dedicó a la caza con mayor afición si cabe que su hermano y dejó el gobierno en manos de su esposa María Carolina y de su favorito, el ministro John F. Acton, de origen inglés. La presencia británica en Nápoles había alcanzado su cenit en los años noventa, debido a la confianza de María Carolina en la esposa del embajador británico, Lady Hamilton, amante de Nelson, otro de los personajes con capacidad de decisión en aquella corte (Acton, 1986; Rambaud, 1911).

[87] Godoy, 2008, pág. 832; Berte-Langereau, 1958, págs. 106-122.

[88] A esto se refiere Godoy en el siguiente párrafo de sus memorias, en que plasma en tono retórico la reacción de Carlos IV ante la posibilidad de una boda de su hija con Bonaparte: «Le veía caminar [a Bonaparte], a paso de gigante, al trono de la Francia, y concebía muy bien que aquel árbol novel, que se empinaba hasta los cielos como una especie de prodigio sin tener raíces, querría echarlas y afirmarse, y tomar la apariencia de un árbol viejo de los siglos. El reinar entre iguales es poco menos que imposible; Bonaparte lo sabía bien, y debía entrar en sus ideas y en el sentimiento propio de su gloria buscar quien lo adoptase entre las casas reales de la Europa. “¡Y qué!, ¿será la mía, exclamaba Carlos IV, la elegida para tal escándalo?”» (Godoy, 2008, pág. 831).

[89] María Carolina a Gallo, 6 de marzo de 1802 y 25 de noviembre de 1801 (Marie Caroline, 1911, II, págs. 296 y 262 respectivamente). El siciliano marqués de Gallo, con quien mantuvo María Carolina una copiosa correspondencia en estos años, fue, tal vez, el diplomático más distinguido al servicio de Nápoles y uno de los políticos más versátiles de su tiempo. Tras ocupar la embajada napolitana en Viena, pasó en 1797 a secretario particular de María Carolina y fue además consejero de Estado y encargado de Asuntos Exteriores, Marina y Comercio. Poco después fue virrey de Sicilia y embajador en Milán y en París. En 1806 se convirtió en fiel colaborador de José I, pero desaparecido el imperio francés, logró recuperar cargos y honores en su patria. Junto a la reina María Carolina formó un dúo muy activo en difundir la peor imagen de la corte de Carlos IV en los medios diplomáticos europeos.

[90] Carta de la reina a Godoy, octubre de 1801 (AGP, t. 94).

[91] Godoy, 2008, pág. 832.

[92] Pérez Samper, 1973, págs. 53-54.

[93] Cartas de María Carolina a Gallo, 16 de abril de 1794 y 10 de septiembre de 1799 (Marie Caroline, 1911, I, págs. 194 y 113-116). En 1799 le quedaban a María Carolina tres hijas por colocar: María Cristina (casó en 1807 con el rey de Cerdeña), María Amelia (lo hizo en 1806 con Luis Felipe de Orleans, más tarde rey de Francia) y María Antonia, la esposa del príncipe de Asturias.

[94] María Carolina a Gallo, 23 de agosto de 1802 (Marie Caroline, 1911, II, pág. 334).

[95] Los describe Pérez Samper, 1973, págs. 133-171.

[96] Cit. por Lema, 2012, pág. 301. Villa-Urrutia, 1923, pág. 73, cuenta que los nobles florentinos que acompañaron a los reyes de Etruria a Barcelona hablaron a su regreso de la riqueza de la corte española, de la suntuosidad de los aposentos de las personas regias, de la infinidad de candelabros incluso en las habitaciones de la servidumbre, de joyas, magnificencia de los trajes y abundancia de perfumes.

[97] Pérez Samper, 1973, págs. 147-150, ofrece la larga relación de ascensos militares y gracias, así como el indulto general a los presos no incursos en crímenes graves y a los desertores de los ejércitos.

[98] Los festejos de Valencia en Monteagudo, 1995; sobre los de Madrid, Gazeta de Madrid del 22 de julio de 1803, y Pineda y Cevallos Escalera, 1881, págs. 180-182.

[99] No fueron escasos los intentos del entorno de los reyes de Etruria por evitar su viaje a Barcelona, pero los monarcas españoles se mantuvieron firmes en su decisión de que asistieran a las bodas (Villa-Urrutia, 1923, pág. 60). En Barcelona sólo faltó la infanta Carlota Joaquina. Su ausencia estuvo justificada, pues sólo unos meses antes los reinos de Portugal y España habían librado una guerra (la llamada Guerra de las Naranjas) y mantenían disputas por el control de determinados territorios en la frontera entre Paraguay y Brasil (Limpo, 2003).

[100] Godoy, 2008, pág. 703. En 1800 adquirió cierto predicamento en España la creencia en la restauración de la monarquía en Francia, alimentada por los informes del embajador español en París (La Parra, 1999, págs. 700-701).

[101] Mena, 2002, pág. 162. Véase también Gómiz León, 2006, pág. 231.

[102] Mena, 2002; López Vázquez, 2010.

[103] Maurer, 2002, pág. 226. Aunque en 1818 el cuadro fue trasladado al Museo del Prado, no fue mostrado al público hasta 1872.

[104] En su correspondencia con el marqués de Gallo, la reina María Carolina se hizo eco de cuanto le fue contando su hija desde España, pero se desconoce el paradero de las cartas de ésta, que según Pitollet, 1914, t. 30, págs. 303 y 304, las tuvo el duque del Infantado en su casa durante un tiempo.

[105] Hijo del emperador austriaco Leopoldo, Fernando estaba casado con una hermana de María Antonia y era gran duque de Toscana cuando el primer cónsul Bonaparte lo desposeyó en 1801 para crear el reino de Etruria y se lo entregó a la casa Borbón de Parma. María Antonia, pues, realizó sus confidencias a una persona que por fuerza no podía tener una actitud positiva hacia los Borbones españoles.

[106] Carta de María Antonia al archiduque Fernando, Aranjuez, 23 de enero de 1803 (cit. por Pitollet, t. 31, 1914, págs. 180-181). El original de la carta está en italiano; la traducción es mía. La alusión a Adonis resulta desconcertante.

[107] Así presentó María Carolina al príncipe de Asturias en las cartas al marqués de Gallo del 17 y 28 de octubre y del 10 y 20 de noviembre de 1802 y en la del 8 de enero de 1803 (Marie Caroline, 1911, II, págs. 346, 355-357, 362, 364 y 381 respectivamente).

[108] Carta de María Antonia al archiduque Fernando, Aranjuez, 23 de enero de 1803 (cit. por Pitollet, t. 31, pág. 181).

[109] María Antonia a la baronesa Mandell, Aranjuez, 3 de febrero de 1803 (Lettres, 1913, I, pág. 65).

[110] Cartas de María Carolina al marqués de Gallo, 28 de octubre de 1802, 3 de marzo, 13 de abril y 29 de septiembre de 1803 (Marie Caroline, 1911, II, págs. 355, 399, 406 y 426 respectivamente).

[111] Izquierdo, 1963, pág. 210.

[112] Cartas de María Antonia al archiduque Fernando, 23 de enero y 11 de febrero de 1803 (cit. por Pitollet, 1914, t. 31, págs. 180-181, y t. 32, 1915, pág. 43). La última de estas cartas la firmaba con el nombre de Briseida, la reina raptada por Aquiles en Troya tras la muerte de su marido. María Antonia se consideraba, pues, raptada por «los españoles», no por el príncipe de Asturias, pues no parece que fuera su intención establecer parangón entre éste y el héroe homérico.

[113] Carta de María Antonia a la baronesa Mandell, 6 de marzo de 1803 (Lettres, I, pág. 66). Desconozco de qué novelas se trata. En su correspondencia sólo cita Adèle et Théodore, ou Lettres sur l’éducation, de la condesa de Genlis, 1783, y Pablo y Virginia, de Bernardin de Saint-Pierre, 1787, un auténtico best seller en la época. El tono sentimental de ambas novelas cuadra perfectamente con el de las cartas de la princesa napolitana.

[114] Cartas de María Antonia a la baronesa Mandell, 13 de septiembre de 1802 (Lettres, II, pág. 244).

[115] Carta de María Antonia a la baronesa Mandell, 14 de octubre de 1803 (Lettres, II, pág. 246).

[116] Cartas de María Antonia a la baronesa Mandell del 21 de noviembre de 1804 y del 29 de enero de 1805 (Lettres..., II, págs. 260 y 263 respectivamente).

[117] Carta de María Antonia a la baronesa Mandell, 26 de junio de 1803 (Lettres..., II, pág. 240). Lo mismo repitió en la carta del 25 de agosto de ese año.

2. Conspiraciones

[1] El texto original de la reina de Nápoles es el siguiente: «... il est très douteux si jamais elle aura aucune influence sur un homme sans aucun caractère, idée, pas même les qualités physiques par lesquelles on dompte les brutes» (carta a Gallo del 8 de enero de 1803, Marie Caroline, 1911, II, pág. 381).

[2] Carta de María Carolina a Gallo, 28 de noviembre de 1803 (Marie Caroline, 1911, II, pág. 436).

[3] Despacho de Beurnonville a Talleyrand, 23 ventôse an XI (15-3-1803), cit. por Geoffroy de Grandmaison, 1892, pág. 240.

[4] Despacho de Beurnonville a Talleyrand, 1 floréal an XI (22-4-1803), cit. por Geoffroy de Grandmaison, 1892, pág. 241.

[5] La obra de Vertot comienza con las siguientes palabras: «El principal motivo que tuvieron los romanos en el establecimiento de la república fue el amor a la libertad [...]. Este amor a la libertad hizo proscribir la monarquía». Se comprende la reacción de la reina si leyó esto al presentarle su hijo el volumen editado.

[6] Este episodio debió de tener lugar en 1805, año de nombramiento de Melón como juez de imprentas, o principios de 1806. Lo refiere Vayo, 1842, I, págs. 39-40. También da el dato Antonio Moreno (AGP, Personal, caja 716, exp. 21). Según Vayo, Carlos IV aconsejó a Fernando la traducción de Cours d’étude pour l’instruction du prince de Parme, 1775, pero no se tiene noticia de que la emprendiera. Por otra parte, hemos visto que Moreno dijo que el príncipe acometió la traducción de un tratado de germinación. Afirma Vayo que Fernando, una vez en el trono, mandó recoger la edición de la traducción de Vertot. Desconozco su suerte posterior.

[7] Cartas de Godoy a la reina, 23 de febrero de 1804 y 24 de noviembre de 1803 (AHN, Estado, 2821). En la última carta Godoy respondía a otra de la reina del 19 de ese mes, en la que ésta le preguntaba si le parecía bien que le dijera a los monarcas de Nápoles que reprendieran a su hija, por su comportamiento, que no se ajustaba a las normas de España, y por «lo indecente que viste» (reproducida en Izquierdo, 1963, pág. 215).

[8] Carta de la reina a Godoy, 10 de octubre de 1804 (AGP, t. 96).

[9] Carta de María Luisa a Godoy, El Escorial, 10 de octubre de 1804 (AGP, t. 96).

[10] Carta de María Carolina al marqués de Gallo, 11 de octubre de 1804 (Marie Caroline, 1911, II, pág. 507).

[11] Carta de María Carolina al marqués de Gallo, 17 de diciembre de 1804 (Marie Caroline, 1911, II, pág. 528). De lo que no se retractó la reina napolitana fue de la paternidad de Godoy sobre los dos infantes. En sus cartas a Gallo se refiere a Isabel como la «bastarde épileptique» (así lo hace en la citada carta del 11 de octubre de 1804).

[12] Carta de Napoleón a Godoy, 1 de enero de 1805 (cit. por Berte-Langereau, 1959, pág. 410).

[13] Berte-Langereau, 1959, págs. 411-412. María Carolina se hizo cargo perfectamente del enfado de Napoleón y aconsejó prudencia a su hija, recomendándole que no diera nada por escrito. Algunas de las cartas de la reina de Nápoles interceptadas por los servicios imperiales franceses se hallan en ANP, AF IV, 1611.

[14] Godoy a Napoleón, 4 de diciembre de 1805 (AHN, Estado, 2881); Pitollet, 1914-1915, t. 32, pág. 269.

[15] Demerson, 1975, págs. 322-323. El despacho de Beurnonville llevaba fecha del 20 de septiembre de 1805. Paula de Demerson, como otros historiadores, achacan la expulsión de este grupo de aristócratas y clérigos simplemente a la animadversión de Godoy hacia ellos.

[16] Vayo, 1842, I, págs. 19-20.

[17] Escoiquiz, 2007, pág. 17.

[18] AGP, t. 1, f. 603; Pitollet, 1914-1915, t. 31, pág. 193.

[19] Bulletin de la Grande Armée, cit. por Berte-Langereau, 1959, pág. 416.

[20] Informe de Beurnonville a Fouché, ministro de policía del imperio, Madrid, 15 de marzo de 1806 (ANP, F7 6470).

[21] Ésta es la opinión de Manuel Izquierdo, que se basa en el parte firmado por los doctores Marcelo Pedro Robato y Pedro Castelló, publicado en la Gaceta de Madrid del 27 de mayo de 1806 (Izquierdo, 1963, págs. 218-221).

[22] Calvo, 2010, págs. 21-26. La muerte de María Antonia no tuvo gran eco en la prensa francesa, tan atenta a ciertos asuntos de España. El Journal de l’Empire del 10-6-1806 se limitó a anunciarla a partir de una carta recibida de Madrid, sin comentarios notables. El Journal de Paris del 10-6-1806 ofreció información sobre la autopsia.

[23] Sobre el cese de Godoy y su vuelta al poder con mayor autoridad que nunca, véase La Parra, 2002, págs. 333 y sigs.

[24] Una exposición organizada por el Gobierno español en 2014 titulada «El último viaje de la fragata Mercedes» mostró la riqueza de la carga de esa embarcación cuando en noviembre de 1804 fue hundida por navíos británicos frente al Cabo de San Vicente.

[25] Godoy intentó reaccionar poniéndose en manos de Napoleón, aunque al mismo tiempo pretendió, sin éxito, formar una coalición con Inglaterra y Rusia. También forjó planes para obtener un principado en Portugal que le sirviera de refugio, pues temía por su vida en caso de empeoramiento de la situación política española (nota de Godoy a Napoleón, 21 de junio de 1805, en AHN, Estado, 2821; Fugier, 2008, cap. IV; Schop Soler, 1984, pág. 137; Seco, 1988, pág. 690; La Parra, 2002, págs. 324-328).

[26] Artola, 1957, I, pág. XI.

[27] Vayo, 1842, I, págs. 21-22. En 1800 se había encomendado al cardenal Borbón visitar conventos y monasterios para proceder a su reforma (Rodríguez López-Brea, 1996, págs. 55-88).

[28] Gordillo Courcières, 2001. En este libro se explican las vicisitudes de esta sorprendente producción satírica, desconocida hasta que Castro Bonel diera noticia de ella en 1930 (¡más de un siglo después!). Las láminas originales y otros documentos sobre su transmisión se conservan actualmente en la Colección Tabuenca.

[29] No existe seguridad sobre la identificación de este «duque de Alagón» que figura en el dorso de varias estampas e incluso corrobora las órdenes con su firma. No parece que se trate de Francisco Fernández de Córdova, al que Fernando VII concedió el título de primer duque de Alagón en 1814, compañero de correrías nocturnas del rey y hombre clave de su camarilla, como tendremos ocasión de ver. Carezco de noticias sobre Teodoro Íñiguez, aunque fue persona fundamental en la empresa, pues además de dar órdenes, la colección hoy conocida estuvo en su poder y diez años después de su muerte, ocurrida en 1846, una sobrina suya la entregó al erudito Basilio S. Castellanos de Losada, quien llegó a ser director del Museo Arqueológico Nacional (Colección Tabuenca).

[30] Reproducción facsimilar de la nota en Gordillo Courcières, 2001, pág. 33.

[31] Mesonero Romanos, 1975, 137.

[32] Multigner y Mohíno Cruz, 2015, págs. 243-245, hablan de empresa frustada.

[33] Castro Bonel, 1930-1931, II, págs. 96-97 y I, pág. 389.

[34] Izquierdo, 1963, págs. 228-232, reproduce documentos de esta causa y explica esa indeterminación porque quizá se pretendió con ello preservar al príncipe Fernando. Por el contrario, Martí Gilabert, 1965, pág. 138, mantiene que si no se especificó el delito es porque no se pudo probar. Según dicho autor, este suceso no fue sino una más de las operaciones de Godoy destinadas a denigrar al príncipe de Asturias. Parecida opinión sustenta Gómez de Arteche, 1891-1894, III, págs. 35-38.

[35] El dato lo ofrece el propio Escoiquiz, 2007, pág. 94.

[36] Cartas de la reina a Godoy, del 9 y del 14 de agosto de 1805 (en Martí Gilabert, 1965, pág. 126).

[37] Debido a la guerra contra Inglaterra no hubo ocasión de embarcar a estos individuos, quienes permanecieron en prisión en la Península hasta el acceso al trono de Fernando VII (Izquierdo, 1963, pág. 231).

[38] Calvo Maturana, 2007, pág. 166.

[39] Si alguien hubiera leído una carta de la reina a Godoy en que ella le decía: «en viniendo la paz, ya nos arreglaremos el Rey, tú y yo, Manuel, siendo nosotros la Trinidad de la Tierra», pensaría al contemplarlas que estas dos estampas las había inspirado la propia soberana (la carta, del 14-8-1806, en AGP, t. 97, f. 58).

[40] AGP, t. 1, f. 290.

[41] En la «Causa del Escorial» (AGP, t. 1 y 2) constan algunos de los informes de los espías de Godoy, así como los del ministro Caballero, su enemigo declarado. Otras sátiras han sido dadas a conocer por Egido, 1973 y 1995.

[42] Fernández Sebastián, 1996, pág. 67.

[43] AGP, t. 1, f. 427: Informe del 14 de octubre de 1807. Conviene reparar en la mención de la embajada de Francia, lo cual es un indicio más de la gran participación en el acoso contra Godoy del personal a las órdenes de François de Beauharnais, entonces embajador de ese país.

[44] AGP, t. 2, f. 82.

[45] AGP, t. 1, ff. 430-435.

[46] Escoiquiz, 2007, pág. 95.

[47] Alcalá Galiano, 1955, I, pág. 317.

[48] Sobre la forma de vida de Godoy y las gestiones de Eugenio Izquierdo, su agente en París, para negociar un principado en Portugal, véase La Parra, 2002, págs. 279-287 y 324-327.

[49] Según Fugier, 2008, pág. 602, en el fondo Escoiquiz fue «un intrigante de convento y sacristía trasladado a la escena política».

[50] La palabra «partido» en este tiempo significaba facción, secta o grupo, sin relación con lo que actualmente entendemos por partido político (Fernández Sarasola, 2009, págs. 24-33). Sobre el «partido fernandino», véase La Parra, 2010, págs. 138-148.

[51] Orgaz puntualizó que sólo pudo donar 40.000 reales (AGP t. 1, f. 226).

[52] La princesa de Beira, de la que aquí se hablará bastante, casó primero con el infante Pedro Carlos de Borbón, nieto de Carlos III de España, y en 1838 con Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII. Carolina de Baviera se divorció de su primer esposo, Guillermo I, rey de Wurtenberg, y contrajo matrimonio con el emperador de Austria Francisco I. María Luisa de Borbón lo hizo con el duque de San Fernando, en 1819 ministro de Estado de Fernando VII.

[53] Cit. por Lema, 1913, pág. 149. Véase Fugier, págs. 597-598.

[54] Declaración de Escoiquiz en el proceso de El Escorial, AGP, t. 2, reproducida por Pérez de Guzmán, 1908, pág. 560.

[55] Estos datos se basan en las declaraciones de los mencionados durante el proceso de El Escorial (AGP, t. 1) y en el testimonio de Escoiquiz en sus Memorias. Existe una monografía sobre este episodio (Martí Gilabert, 1965), de la que se han tomado algunas noticias, aunque su interpretación es diferente a la que aquí se ofrece.

[56] En sus declaraciones en la causa, Infantado y Ayerbe coincidieron en que el primero recibió el texto del decreto «hacia la cuaresma». Como la Semana Santa de 1807 comenzó el 22 de marzo, lo dicho tuvo lugar a mediados de febrero o principios de marzo (Alarcón, 2015, págs. 150-151).

[57] Escoiquiz dio dos versiones de decreto, una durante sus declaraciones en la causa de El Escorial (AGP, t. 1, f. 951) y otra en sus memorias (Escoiquiz, 2007, págs. 290-292.) La copia efectuada en 1863 está en AHN, Diversos-Colecciones, 87, n.º 26 (agradezco el dato a la doctora María del Mar Alarcón). En su declaración en la causa de El Escorial, Infantado afirmó que había quemado el original del decreto (Alarcón, 2015, pág. 151). Es dudoso que así fuera, pero resulta lógico que el duque deseara eliminar esta importante prueba contra él y contra el propio príncipe Fernando, así como que Escoiquiz intentara dulcificar los términos del texto.

[58] Escoiquiz, 2007, págs. 118-119. No he visto la carta de Montijo a Orgaz, que Escoiquiz extracta en el lugar citado.

[59] Fugier, 2008, págs. 598 y sigs.

[60] La opinión de Napoleón sobre Beauharnais no difirió mucho de la de Izquierdo. En carta del 6 de abril de 1808 dijo a Murat que era «un intrigante de pasillo; no creo que tenga mucha cabeza» (cit. por Fugier, 2008, pág. 598). En su correspondencia con Godoy, la reina María Luisa manifestó varias veces su mala opinión sobre Beauharnais, a quien calificó de hombre molesto y fatuo que no actuaba con claridad (AGP, t. 97; reproduce extractos de esta correspondencia Pérez de Guzmán, 1908, pág. 60). Beauharnais, por su parte, no trató mejor a Godoy en sus despachos y, además, entre ellos surgieron molestas disputas de etiqueta (Geoffroy de Grandmaison, 1908-1931, I, págs. 74-78).

[61] AGP, t. 1, f. 146 y sigs. Reproduce la carta Martí Gilabert, 1965, págs. 223-225.

[62] Talleyrand, 2007, pág. 271; Geoffroy de Grandmaison, 1905-1931, I, pág. 83.

[63] Cit. por Martí Gilabert, 1965, pág. 186 y Geoffroy de Grandmaison, 1905-1931, I, pág. 85.

[64] Escoiquiz, 2007, pág. 125-126. Fernando confirmó este dato en su declaración en la causa.

[65] Napoléon, 1858-1869, t. 16, pág. 74.

[66] Fugier, 2008, pág. 612. Toreno, 2008, págs. 11-12, profundiza en la responsabilidad de Napoleón: «Todo da indicio de que el embajador [Beauharnais] obró según instrucciones de su amo, y si bien es verdad que éste desconoció como suyos los procedimientos de aquel, no es probable que se hubiera Mr. de Beauharnais expuesto con soberano tan poco sufrido a dar pasos de tamaña importancia sin previa autorización».

[67] Instrucciones de Talleyrand, ministro de Exteriores, a F. de Beauharnais, 3 de abril de 1806, cit. por Grandmaison, 1905-1931, I, págs. 457-459.

[68] Dufour, 2011, pág. 23.

[69] Publica la carta Lafuente, 1922, t. 16, págs. 167-168. Escoiquiz, 2007, págs. 284-285 ofrece un texto muy diferente, en el que no hay rastro de servilismo, nada se dice sobre la correspondencia secreta y donde el príncipe subraya que accederá al matrimonio con una francesa «supuesto el beneplácito y aprobación de los Reyes mis amados padres». Evidentemente, al redactar sus memorias (1814) Escoiquiz pretendía salvar la imagen del entonces rey Fernando VII y, por supuesto, la suya propia.

[70] La carta al emperador fue publicada en Le Moniteur del 5-2-1810 y ha sido muy reproducida (entre otros, en Nellerto [anagrama de Juan Antonio Llorente], 1814, II, pág. 1; Escoiquiz, 2007, págs. 281-283; Vayo, 1842, I, págs. 30-33; Lafuente, t. 16, 168-169. Thiers, 1849, t. VIII, págs. 294-296; Izquierdo, 1963, págs. 271-272).

[71] Escoiquiz, 2007, págs. 130-131; Fugier, 2008, págs. 618-619.

[72] El informe de Pliego Valdés consta en la causa de El Escorial. Se basa en las conversaciones mantenidas por él del 13 al 27 de octubre con Manuel Rivero, criado del príncipe de Asturias, y con José Bernal, archivero jubilado del Ministerio de Gracia y Justicia (AGP, t. 1, ff. 426-521).

[73] Vayo, 1842, I, pág. 41.

[74] Godoy, 2008, pág. 1351. Vayo, Lafuente y otros escritores del siglo XIX dan credibilidad a la existencia de este anónimo, cuyo contenido toman todos de Godoy. Se han lanzado varias hipótesis sobre su autoría, que algunos han atribuido a Beauharnais o incluso a Godoy. Martí Gilabert, 1965, págs. 203-205, niega la existencia del anónimo y mantiene que Godoy lo mencionó en sus memorias para justificar el rápido registro del cuarto del príncipe Fernando. Tal suposición carece de fundamento, pues en su decreto del 30 de octubre de ese año, del que luego hablaremos, el rey aludió al anónimo. Independientemente de que el redactor del borrador de ese decreto fuera Godoy, de no haber existido el anónimo, el rey no hubiera permitido su mención. A nuestro entender, el anónimo debió de ser escrito por alguna persona relacionada con el servicio del príncipe de Asturias.

[75] AGP, t. 1, ff. 140-151. Estos documentos constan en la causa de El Escorial. En un decreto publicado el 8 de abril de 1808 para justificar ante la opinión pública su comportamiento durante estos acontecimientos, el propio Fernando, ya rey, reconoció que tales papeles estaban en su poder (AGP, t. 2, ff. 672 y sigs.). El regalo de que se hablaba en la carta de Moreno era un juego de escribanía de madera (reproduce esta carta Martí Gilabert, 1965, págs. 231-232).

[76] Del contenido de este papel, hoy desaparecido, existe un resumen en Godoy, 2008, págs. 1359-1360, que repiten de manera más reducida Vayo, 1842, I, pág. 44 y Lafuente, 1922, t. 16, págs. 194-195. Vayo otorga veracidad al papel; Lafuente también, aunque con alguna reticencia, por no haberlo podido ver. Martí Gilabert, 1965, pág. 234, niega su existencia y dice que lo que la reina hizo desaparecer fue la colección de láminas satíricas, la del «Ajipedobes», lo cual no parece probable, pues ya vimos que las planchas de esta producción habían sido secuestradas por Godoy, y en 1807 y los dos años siguientes continuaron componiéndose nuevas estampas.

[77] Godoy, 2008, págs. 1356-1360. La cursiva es del original.

[78] Cornejo-Vega, 2000, págs. 25-38; Álvarez Junco, 2001, págs. 421-422.

[79] Godoy, 2008, pág. 1375.

[80] El poema que menciona Godoy es el Poema heroyco sobre el martirio de San Hermenegildo, publicado por Morales en 1577. Probablemente la vida de san Hermenegildo aludida era la incluida por el propio Morales en su Crónica general de España (1574), donde se detiene en consideraciones sobre su «martirio». La devoción o admiración de Fernando VII por san Hermenegildo continuó cuando ya era rey. En 1816, tras su matrimonio con María Isabel de Braganza, encargó a Vicente López dos escenas de la vida del santo para la decoración de las habitaciones de la reina en el palacio de Madrid: su bautismo por san Leandro y el momento en que Hermenegildo fue sorprendido por los soldados de su padre (Alba Pagán, 2004, pág. 175).

[81] La más conocida era la rebelión en el siglo XV del príncipe Carlos de Viana contra su padre Juan II, rey de Aragón y Navarra, pero, como se ve, Escoiquiz aleccionó a Fernando en otros casos de disputas por la sucesión a la corona, como la mantenida por Sancho IV contra su padre Alfonso X cuando éste pensó en compensar al hijo mayor de Fernando de la Cerda, su primogénito, con la creación del reino de Jaén, y el golpe de fuerza de Luis XIII de Francia contra su madre María de Médicis, viuda de Enrique IV, la cual prefería como sucesor de su marido a su otro hijo, Gastón.

[82] El texto de esta Representación está en AGP, t. 1, ff. 125-138, y lo reproduce íntegro Escoiquiz, 2007, págs. 243-278.

[83] Lafuente, t. 16, 1922, pág. 192.

[84] «Dios, que ampara la inocencia y ataja los proyectos injustos y perversos, se ha dignado valerse de mí para descubrir a V.M. los de este hombre traidor» (Representación al rey, Escoiquiz, 2007, pág. 263).

[85] Representación al rey (Escoiquiz, 2007, pág. 257).

[86] AGP, AP, 1, ff. 140-149. Reproducen fragmentos del texto Lafuente, 1922, t. 16, págs. 193-194 y Martí Gilabert, 1965, págs. 219-222.

[87] AGP, t. 1, ff. 243-246. Tras prestar declaración, Carnicero fue asimismo puesto en libertad más tarde.

[88] AGP t. 2, ff. 180-181, 184 v. y sigs. Las declaraciones del príncipe Fernando están reproducidas literalmente en Pérez de Guzmán, 1908, págs. 543-551.

[89] Las resume y comenta Izquierdo, 1963, págs. 262-276. Las declaraciones de Escoiquiz están reproducidas completas en Pérez de Guzmán, 1908, págs. 553-588. Sobre las del duque del Infantado, véase Alarcón, 2015, págs. 158-161. Los otros implicados (marqués de Ayerbe, conde de Orgaz, duque de Bornos y los restantes sirvientes del príncipe) no añadieron nada sustancial; se limitaron a declarar su papel subsidiario de mensajeros entre el príncipe, Escoiquiz e Infantado.

[90] Artola, 1957, pág. XII.

[91] Los borradores de estos decretos fueron de letra de Godoy, según testificaron tres oficiales de la secretaría de Gracia y Justicia encargados de copiarlos (AGP, t. 2, ff. 577-578). Corroboró este extremo el ministro Soler, encargado por Godoy de transmitir sus órdenes para proceder al interrogatorio de los encausados (ibíd., f. 583). Ambos decretos han sido reproducidos en casi todas las obras que tratan sobre la trama de El Escorial.

[92] Carta de Félix Amat a Carlos IV, en Torres Amat, 1838, pág. 243.

[93] Reproduce completa la carta Izquierdo, 1963, pág. 250. No es baladí apuntar que el borrador lo había redactado el ministro Caballero.

[94] Esta carta no nos ha llegado, pero su contenido se deduce de los informes de Masserano al ministro Cevallos y de los de Izquierdo a Godoy (Fugier, 2008, pág. 623).

[95] Despacho de Masserano a Cevallos, Fontainebleau, 11 de noviembre de 1807, AHN, Estado, 2849 (reproducido en Pérez de Guzmán, 1908, págs. 73-74).

[96] Napoleón a Carlos IV, Fontainebleau, 13 de noviembre de 1807 (Napoléon, 1858-1869, t. 16, págs. 159-160).

[97] Carta de Izquierdo a Godoy, 15 de noviembre de 1807, en Nellerto, 1814, III, págs. 7-37.

[98] Los españoles no tuvieron noticias de la carta del 11 de octubre de Fernando a Napoleón hasta que éste ordenó su publicación en Le Moniteur el 5 de febrero de 1810, en plena guerra, cuando ya no importaban los sucesos de El Escorial, sino, de parte francesa, desacreditar al rey por el que luchaban los españoles.

[99] Fugier, 2008, pág. 624.

[100] Caulaincourt, 1933, II, pág. 246.

[101] AGP, t. I, f. 105.

[102] Martí Gilabert, 1965, págs. 302-303.

[103] Martí Gilabert, 1965, pág. 308. En Francia, donde la noticia del arresto del príncipe Fernando circuló inmediatamente, también se pensó que todo había sido obra de Godoy para denigrar al heredero de la corona (Fugier, 2008, págs. 623-624).

[104] Izquierdo, 1963, pág. 281.

[105] Alcalá Galiano, t. I, 1955, págs. 324 y 322 respectivamente. Los testimonios sobre el fervor popular hacia el príncipe Fernando en estos días fueron abundantes. Entre otros, se hizo eco de ellos Tournon, enviado por Napoleón a España para informarle del ambiente (Madec, 2017).

[106] La escena la refirió Godoy en carta a Murat, El Escorial, 18 de noviembre de 1807: «Fernando me ha prometido “amistad constante”» (Murat, 1911-1912, V, pág. 231).

[107] Carta de Napoleón a Champagny, 12 de enero de 1808 (Napoléon, 1858-1869, t. 16, pág. 243.

[108] No he encontrado esta carta. Las citas proceden del resumen de la carta efectuado por Lafuente, 1922, t. 16, pág. 205. En la respuesta de Napoleón al rey, que se cita a continuación, aquél aludía a esa carta de Carlos IV del 18 de noviembre.

[109] Napoleón a Carlos IV, París 10 de enero de 1808 y 25 de febrero de 1808 (Napoléon, 1858-1869, t. 16, págs. 237 y 378).

[110] Fugier, 2008, pág. 722.

[111] Seco, 1988, pág. 721; Fugier, 2008, págs. 665-666.

[112] Carta de Izquierdo a Godoy, 17 de noviembre de 1897 (en Nellerto, 1814, III, págs. 38-47); Caulaincourt, 1933, II, pág. 246.

[113] Cartas de Michel a Murat, El Escorial, 24 de noviembre y 25 de diciembre de 1807 (Murat, 1911-1912, t. V, págs. 233 y 235). No es ocioso anotar que Godoy mantenía entonces excelentes relaciones con Michel y Murat, de modo que la candidatura de una familiar de este último debió de ser de su agrado.

[114] AGP, t. 1, ff. 526. Los informes de Tournon han sido publicados parcialmente, traducidos al castellano, por Izquierdo, 1955, págs. 315-357 e íntegramente, en francés, por Madec, 2017.

[115] Lo dio a conocer Godoy, 2008, págs. 1492-1502, quien traduce el francés «proposable» por «proponible». Como observa Fugier, 2008, pág. 728, el texto ofrecido por Godoy concuerda con el original del AHN, Estado, 3976, reproducido por Pérez de Guzmán, 1908, págs. 91-99.

[116] Godoy, 2008, págs. 1533-1534; Fugier, 2008, págs. 725 y sigs.; Pérez de Guzmán, 1908, págs. 106-107 (la orden de Caballero en pág. 119 de esta última obra).

[117] En una representación a Fernando VII que tituló «Verdadero amor a la Patria», fechada en 1809, que se conserva manuscrita en el Archivo Caballero (AHN, Diversos, Familias y Títulos, legs. 3601-3620), afirmó en referencia a este momento: «en este tiempo me distinguí en ser el que con más firmeza sostuvo su carácter con el príncipe de la Paz» (reproducido en Álvarez-Valdés, 2006, pág. 380).

[118] Godoy, 2008, págs. 1536-1537.

[119] Godoy, 2008, pág. 1538.

[120] No me detengo aquí en la narración detallada de la preparación y desarrollo del motín de Aranjuez. Sobre ello remito a La Parra, 2002, págs. 382-397, base de lo que se dice en estas páginas, y a Izquierdo, 1963, págs. 304-320. Martí Gilabert, 1972 y Ortiz Córdoba, 1992 y 2008 ofrecen relatos minuciosos y una interpretación diferente.

[121] Informe de La Vauguyon a Napoleón, s/f (ANP, AF IV 1605, plaq. 1).

[122] Pérez de Guzmán, 1908, págs. 157-158; Martí Gilabert, 1972, pág. 129.

[123] Martí Gilabert, 1972, pág. 121. La proclama fue publicada en la Gazeta de Madrid del día 18.

[124] Rebolución [sic] de la Corte de España...

[125] La considero versión «oficial» por ser la que dio el ministro de Estado Cevallos al presidente del Consejo de Castilla y, éste, a su vez, transmitió al capitán general de Madrid (ACMJ, Sección Reservada, leg. 8). Es, asimismo, la que con algunas variantes de detalle ofreció Beauharnais a su gobierno (ANP, AF IV 1605).

[126] Carta de Caballero a Juan Antonio Llorente (Nellerto, 1814, III, pág. 249). La versión de Caballero, repetida con más o menos variantes en muchos relatos históricos, se halla también en los testimonio de algunos contemporáneos de los hechos. Toreno, 2008, pág. 45 y otros autores identifican a la aludida «amiga» de Godoy con Josefa Tudó, lo cual no es posible, pues el 17 de marzo ya había salido de Aranjuez.

[127] Caballero, 1809, págs. 384-385. La fecha del 18 es correcta, pues los hechos transcurrieron entre las últimas horas del día anterior y la madrugada del 18.

[128] Carta de Godoy a Napoleón, Marsella, 1 de junio de 1810 (AGP, Archivos Privados, Familia Godoy, caja 22951, exp. 1).

[129] Carta de la reina María Luisa a Murat inserta en otra de la reina de Toscana al mismo, 26 de marzo de 1808 (en Correspondencia secreta..., 1957, págs. 145-146). La versión de que el motín comenzó cuando se hizo la señal desde la habitación del príncipe de Asturias la mantienen asimismo Vayo, 1842, I, pág. 73 y Pérez de Guzmán, 1908, pág. 133.

[130] Representación del príncipe de Asturias a su padre el rey, Escoiquiz, 2007, págs. 273 y 275.

[131] AHN, Consejos, 5512, exp. 2 (cit. por Alarcón, 2015, págs. 165-166).

[132] Lo que viene a continuación está basado en los dos relatos de Caballero ya citados: su Carta a Llorente (Nellerto, 1814, III, págs. 245-247 y Caballero, 1809, reproducido por Álvarez-Valdés, 2006, págs. 385-387).

[133] Los mencionados eran notorios fernandinos. Castilfranco, comandante de las Guardias Valonas, había sido designado el día 18, con la agitación en marcha, jefe de las tropas del real sitio. Villariezo, hermano del conde de Bornos, comprometido en la trama de El Escorial, mandaba una compañía de Guardias de Corps. Jáuregui, capitán de Guardias Españolas, también había participado en aquella trama. Castelar era el jefe de la compañía de Alabarderos y unos días después sería el encargado de la custodia en prisión de Godoy.

[134] Caballero, 1809, en Álvarez-Valdés, 2006, pág. 388.

3. Acceso al trono

[1] Caballero, 1809, en Álvarez-Valdés, 2006, pág. 388. Véase asimismo Vayo, 1842, I, pág. 81.

[2] Carta de F. de Beauharnais a Napoleón, 26-3-1808 (ANP, AF IV, 1680).

[3] El carácter de golpe de Estado del motín de Aranjuez ha sido señalado por Artola, 1992, pág. 270. Lo sucedido el 19 de marzo se ajusta a la caracterización del golpe de Estado propuesta por González Calleja, 2017, págs. 122-128.

[4] Toreno, 2008, págs. 52-53; Lafuente, 1922, t. 16, pág. 230, Puyol, 1992, pág. 36. Es elocuente que el Consejo no hiciera mención alguna a este asunto en su Manifiesto de 1808 (Consejo Real, 1808).

[5] El decreto real y el acuerdo del Ayuntamiento en AVM, Secretaría, Sección 2, leg. 86, exp. 12.

[6] Hocquellet, 2001, pág. 30. En el Decreto del 14-3-1812, por el que se estableció el procedimiento para la jura y publicación de la Constitución, se decía: «... debiendo el día de la promulgación del Código constitucional hacer época en los fastos de la Nación, será muy oportuno que tenga efecto en uno de los más señalados de su santa insurrección, como el 19 de marzo, aniversario del en que por la espontánea renuncia de Carlos IV subió al trono de las Españas su hijo el Rey amado de todos los españoles». (Colección de los decretos..., 1811-1813, II, págs. 94-96).

[7] «El rey, como joven inexperto, y que creía vincular toda su felicidad en las aclamaciones del pueblo», y se dejó llevar por la opinión de los duques de Osuna, Fernán Núñez, Santa Cruz «y otros jóvenes asimismo inexpertos» (Caballero, 1809, en Álvarez-Valdés, 2006, pág. 389).

[8] Mesonero Romanos, 1975, pág. 43. Información similar ofrece Vayo, 1842, I, pág. 93.

[9] Egido, 2001, pág. 114. Carlos I y Felipe V habían cedido la corona a sus hijos de forma voluntaria.

[10] Savary resalta que a las 48 horas de su estancia en España ya se había percatado de la obsesión de Escoiquiz e Infantado por el reconocimiento de Napoleón (Rovigo, 1828, III, págs. 275 y 277).

[11] Lafuente, 1922, t. 16, pág. 229.

[12] El texto en Nellerto, 1814, II, págs. 24-25 (afirma este autor que probablemente Carlos IV había redactado su protesta ya el mismo 19 de marzo, pero la fechó el 21, cuando se vio con Monthion).

[13] Carta de Carlos IV a Napoleón, 27-3-1808 (reproducida en la edición de las Memorias de Escoiquiz en la BAE, 1957, págs. 138-139. Publicada en Le Moniteur el 5 de febrero de 1810. Esta carta no está en la edición de Urquijo Goitia de las memorias de Escoiquiz y tampoco la publica Nellerto).

[14] Estas cartas fueron publicadas más tarde por orden de Napoleón en Le Moniteur del 5 de febrero de 1810, con el evidente propósito de destruir la imagen de Fernando VII, en cuyo nombre luchaban los españoles. Han sido reproducidas en varias obras y editadas completas, a lo que sé, en Correspondencia secreta..., 1957, págs. 140-152, de donde proceden las citas que se ofrecen aquí.

[15] Al producirse la abdicación de Carlos IV, el embajador Beauharnais se apresuró a notificar a Napoleón que los reyes padres estaban bajo la protección de tropas francesas (carta de Beauharnais a Napoleón, 26-3-1808, ANP, AF IV, 1680). Gracias a esto, no fueron trasladados los reyes a Badajoz, como pretendía Fernando VII.

[16] Madrid, 2 de abril de 1808 (ANP, AF IV, 1680).

[17] AHN, Consejos, 1398, exp. 108.

[18] Artola, 1968, pág. 5.

[19] R.D. de 22 de marzo de 1808 (Gazeta de Madrid del 25 de marzo).

[20] Suplemento a la Gazeta de Madrid del 5 de abril de 1808.

[21] Toreno, 2008, págs. 53-54, y Alcalá Galiano, 1955, I, pág. 334, entre otros, ponderan la competencia y probidad de todos ellos.

[22] R.D. del 8 de abril de 1808 (AHN, Consejos, 5511).

[23] Pizarro, 1998, pág. 123 (este autor se refiere en su juicio a Escoiquiz e Infantado y no menciona a San Carlos).

[24] Tras alabar los nuevos nombramientos, el anónimo autor del manuscrito titulado Diario de lo ocurrido en Aranjuez desde el día 13 de marzo, escribió: «... muchas noches ha estado [el rey] hasta las 2 y 3 de la mañana en sesiones y conferencias privadas con el duque del Infantado y Escoitia [Escoiquiz]».

[25] Carta de Jovellanos a Escoiquiz, Valldemossa, 14 de abril de 1808 (en Jovellanos, 2006, págs. 609-611).

[26] Moxó, 1977, págs. 575-581. Sobre la trayectoria vital de Infantado, véase Alarcón, 2015.

[27] Alarcón, 2015, págs. 174-175.

[28] Manifiesto imparcial y exacto de lo más importante ocurrido en Aranjuez..., 1808, pág. 14.

[29] Azanza y O’Farrill, 1957, pág. 281.

[30] Gazeta de Madrid del 25 de marzo de 1808; carta de Fernando a Beauharnais, Madrid, 26-3-1808, copia realizada por el propio Beauharnais (ANP, AF IV, 1680. La reproduce Izquierdo, 1963, pág. 327).

[31] Murat a Napoleón, Madrid, 28-3-1808, en Murat, 1911-1912, t. V., pág. 397.

[32] Carta de Murat al general Dupont, Burgos, 14 de marzo de 1808 (Murat, 1911-1912, t. V, pág. 341).

[33] En carta fechada el 16 de abril siguiente, que analizaremos más adelante, Napoleón expuso por extenso a Fernando y con toda claridad las razones de su desconfianza.

[34] Pérez de Guzmán, 1908, pág. 228.

[35] Pérez de Guzmán, 908, págs. 226-227; De Diego, 1992, págs. 262 y 264.

[36] Carta de Murat al embajador Beauharnais, Buitrago, 19 de marzo de 1808 (Murat, 1911-1912, t. V, pág. 361).

[37] Rovigo, 1828, III, págs. 285-286.

[38] Murat a Wathier, 24-3-1808 (Murat, 1911-1912, t. V, págs. 382-383).

[39] Ofrecen diversas fechas Tulard, 1987, págs. 346-349; Lentz, 2002, pág. 395; Canales, 2008, págs. 99-100; Aymes, 2003, pág. 32.

[40] Carta de Murat a Napoleón, Madrid, 3 de abril de 1808 a la media noche (Murat, 1911-1912, t. V, pág. 427).

[41] Acompañaban al infante los diplomáticos Pascual Vallejo y Pedro Macanaz (este último había sido secretario de la embajada en Rusia), el duque de Híjar, el general Antonio Correa y los sirvientes Domingo Ramírez de Arellano y Antonio Moreno (Azanza y O’Farrill, 1957, págs. 343-344; Izquierdo, 1963, pág. 350). De la precipitación de la salida del infante da cuenta Pérez de Guzmán, 1908, págs. 232-233.

[42] Masserano a Cevallos, París, 2 de abril de 1808 (AHN, Estado, 2849; reproducida en Pérez de Guzmán, 1908, pág. 233).

[43] Rovigo, 1828, III, págs. 278-281; Merlin, 1990, pág. 430.

[44] Cevallos, 1957, pág. 160; Escoiquiz, 2007, págs. 213-214.

[45] R.O. del 8 de abril de 1808 (AHN, Consejos, 5511); carta de Murat a Bessières, Madrid, 9 de abril de 1808 (Murat, 1911-1912, t. V, pág. 442).

[46] Carta de Fernando VII a Carlos IV, 8 de abril de 1808 (Nellerto, 1814, II, págs. 77-78).

[47] Tras consultar con el general Wathier, enviado por Murat a El Escorial, donde entonces estaban los reyes padres, éstos se abstuvieron de responder a la carta de Fernando (la reina María Luisa expuso sus razones con toda claridad a Murat en una de sus misivas: Correspondencia secreta..., 1957, pág. 150).

[48] Gregorio de la Cuesta, capitán general de Castilla la Vieja, fray Fausto Clavero, superior del convento de San Francisco el Grande, y un desconocido, entre otros, advirtieron al entorno del rey de los riesgos del viaje y, en particular, de la intención de Napoleón de destronarle cuando lo tuviera en su poder (Pérez de Guzmán, 1908, pág. 252).

[49] Izquierdo, 1963, pág. 355.

[50] AGP, t. 107, f. 15.

[51] Carta de Fernán Núñez a Cevallos, Burdeos, 8 de abril de 1808; carta de Cevallos a Fernán Núñez, Aranda, 11 de abril de 1808 (AHN, Estado, 2849); Pérez de Guzmán, 1908, págs. 244-246; Izquierdo, 1963, pág. 356-357.

[52] Urquijo narra él mismo su entrevista en carta al general Cuesta, Vitoria, 13 de abril de 1808 (Nellerto, 1814, II, págs. 89-102).

[53] Gregorio de la Cuesta, Manifiesto que presentó a Europa..., 1811 (cit. por Pérez de Guzmán, 1908, pág. 252); Toreno, 2008, pág. 70; Gregorio Sáinz, 2017, pág. 26.

[54] Rovigo, 1828, III, pág. 295-297.

[55] Nellerto, 1814, II, págs. 102-105.

[56] Rovigo, 1828, III, págs. 302-305.

[57] Napoleón a Fernando, príncipe de Asturias, Bayona, 16 de abril de 1808 (Napoléon, 1858-1869, t. 17, págs. 10-11).

[58] Esta frase, digna de entrar en la antología de los disparates cruzados entre monarcas, es calificada por Toreno, 1808, pág. 69, de «altamente afrentosa al honor de la reina, y no menos indecorosa al que la escribía que ofensiva a aquel a quien iba dirigida».

[59] Carta de Napoleón a Murat, Bayona, 17 de abril de 1808 (Napoléon, 1897, pág. 176).

[60] Fernando VII a Napoleón, Vitoria, 18 de abril de 1808 (esta carta fue publicada en Le Moniteur del 5 de febrero de 1810. La reproduce Izquierdo, 1963, págs. 383-384.

[61] Constant, 1830, t. IV págs. 27-28; Bausset, 1827, pág. 232, reproduce las mismas palabras de Napoleón. En referencia a esta anécdota, apostilla Dufour, 2011, pág. 25: Napoleón se convenció de que el rasgo dominante de la personalidad de Fernando no era la ingenuidad, sino la estupidez.

[62] El borrador de este informe, sin fecha (está tachado «16 de abril»), está en AGP, t. 107, ff. 43-44. Pérez de Guzmán, 1908, pág. 296, lo reproduce íntegramente, datándolo el 18 de abril.

[63] AHN, Consejos, 551, doc. 18.

[64] Bessières a Murat, Burgos, 13 de abril de 1808 (Murat, 1911-1912, t. V, pág. 470).

[65] Segunda Gazeta Extraordinaria del viernes 22 de abril de 1808.

[66] Con el propósito reivindicativo de su actuación que impregna sus Memorias, Escoiquiz expone la facilidad con que el rey hubiera podido salir de Irún hacia algún puerto de Vizcaya, pero no se tomó esta decisión —afirma— debido a que las personas destacadas en Bayona, en particular los grandes enviados para cumplimentar a Napoleón, no ofrecieron la información de que disponían sobre las intenciones del emperador (Escoiquiz, 2007, págs. 217-218).

[67] Cevallos, 1957, pág. 162.

[68] Talleyrand, 2007, pág. 288.

[69] Constant, 1830, t. IV, pág. 28. Constant gozaba en este momento de mucho predicamento entre los servidores de Napoleón. Era el encargado del cuidado material del emperador y un poco su confidente, llegando a mezclarse en sus cuestiones amorosas (Dictionnaire Napoléon, pág. 493).

[70] Constant, 1830, t. IV, pág. 29; Rovigo, 1828, III, pág. 335.

[71] Constant, 1830, t. IV, pág. 30; Rovigo, 1828, III, pág. 335.

[72] Cevallos, 1957, pág. 162.

[73] Informe de don Antonio al rey, Madrid 16 de abril de 1808 (AGP, t. 107, ff. 28-29).

[74] Informe de Azanza y O’Farrill al rey, Madrid 17 de abril de 1808 (AGP, t. 107, ff. 38-40). Murat ofreció al emperador a su vez su versión de esta entrevista en carta del 17 de abril de 1808 a las cuatro de la mañana (Murat, 1911-1912, t. V, págs. 476-477).

[75] Carlos IV a don Antonio, El Escorial, 17 de abril de 1808 (AGP, t. 107, f. 33).

[76] Murat a Napoleón, 21 de abril de 1808 (Murat, 1911-1912, t. V, pág. 499); La Forest al gran duque de Berg, 24 de abril de 1808 (Murat, 1897, págs. 459-462).

[77] Escoiquiz a Azanza, Vitoria, 16 de abril de 1808 (AGP, t. 107, f. 32. Reproduce la carta Izquierdo, 1963, pág. 349). La persona de confianza parece que fue Joaquín Manuel de Villena, quien junto con su esposa acompañó a los reyes padres en su viaje a Bayona.

[78] Cevallos a la Junta de Gobierno, Bayona, 22 de abril de 1808 (AGP, t. 107, ff. 73-74).

[79] Cevallos a la Junta de Gobierno, Irún, 19 de abril de 1808 (AGP, t. 107, f. 59).

[80] Pérez de Guzmán, 1908, págs. 259-270, e Izquierdo, 1963, págs. 385-395, dan cuenta pormenorizada de las conversaciones entre las autoridades francesas, en especial el ministro de Exteriores Champagny, y el entorno de Fernando VII (Cevallos, Infantado, Escoiquiz y Labrador). Escoiquiz consigna en sus Memorias sus entrevistas con Napoleón de manera no siempre veraz y con la intención de justificar su propia actuación, por lo que no tengo aquí en cuenta su testimonio (Escoiquiz, 2007, págs. 346-385).

[81] Informe de Cevallos a la Junta de Gobierno sobre las negociaciones, Bayona, 25 de abril de 1808 (AGP, t. 107, ff. 87-88).

[82] Cevallos, 1957, págs. 165-166 y 176-177; Pérez de Guzmán, 1908, pág. 265.

[83] Godoy, 2008, págs. 1696-1697. El reproche de Godoy sobre la falta de información, lanzado sobre todo a Cevallos, no cabe echarlo en saco roto, aunque se haga difícil suponer que él y Carlos IV hubieran sido capaces en ese momento de resistir la orden de Napoleón de acudir a Bayona.

[84] Constant, 1830, t. IV, págs. 30-33.

[85] Toreno, 2008, pág. 88, hizo el siguiente comentario a propósito de esta anécdota: los reyes estaban «persuadidos hasta cierto punto de que Napoleón les repondría en el trono».

[86] Godoy, 2008, pág. 1731.

[87] Fernando VII a Carlos IV, Bayona, 1 de mayo de 1808 (Cevallos, 1957, pág. 178).

[88] Godoy, 2008, pág. 1743.

[89] Carlos IV a Fernando VII, Bayona, 2 de mayo de 1808 (Godoy, 2008, págs. 1744-1747; Nellerto, 1814, II, pág. 143).

[90] Fernando VII a Carlos IV, Bayona, 4 de mayo de 1808 (Cevallos, 1957, págs. 179-181.

[91] Izquierdo, 1963, págs. 409-410.

[92] AHN, Consejos, 5525, expedientes 3 y 4.

[93] Como es sabido, la sublevación de la población de Madrid se produjo cuando el infante Francisco de Pula salió del palacio real camino de Francia el 2 de mayo, el mismo día en que Napoleón escribía esta carta.

[94] Napoleón a Murat, Bayona, 2 de mayo de 1808, a las diez de la noche (Murat, 1911-1912, t. VI, págs. 31-32).

[95] Proclama de Murat a los habitantes de Madrid y carta a Napoleón, Madrid, 2 de mayo de 1808 a las siete de la tarde (Murat, 1911-1912, t. VI, págs. 35-42).

[96] Los relatos de esta escena ofrecidos por franceses y españoles son sospechosos, debido a su fuerte carga apologética. El más minucioso, y quizá el más exacto a pesar de que adolece de lo anterior, es el de Godoy, testigo de buena parte de los hechos y depositario de las confidencias que pudieron hacerle los reyes padres (Godoy, 2008, págs. 1765-1785). Algunas informaciones rayan en lo increíble, como la ofrecida por la anónima Noticia de la llegada de Fernando VII... y lo demás ocurrido en Bayona, donde se dice que la reina María Luisa espetó a Fernando: «Hijo mío y no del rey, que sin tener más derecho a la Corona que por parte de madre, nos la has arrebatado». El mismo aserto difundió años después el presbítero Almazán, quien fuera confesor de Carlos IV. Algunos autores han atribuido importancia a estas palabras de la reina y al testimonio del eclesiástico.

[97] El texto del tratado en Nellerto, 1814, II, págs. 164-168.

[98] Fernando VII a Napoleón, Bayona, 5 de mayo de 1808 (Nellerto, II, pág. 168).

[99] Esta carta de Fernando a Carlos IV del 6 de mayo de 1808 está inserta en otra del mismo día dirigida a su tío don Antonio, por la que revocaba los poderes concedidos a la Junta de Gobierno antes de su salida de Madrid (AHN, Consejos, 5525, exp. 3. La reproduce Nellerto, 1814, II, págs. 169-171).

[100] Tratado entre Fernando VII y Napoleón, Bayona, 10 de mayo de 1808 (Nellerto, 1814, II, págs. 184-188). Situado a escasa distancia de Évreux, el château de Navarre, llamado así por haber pertenecido en el siglo XIV a Carlos «El Malo», rey de Navarra, fue ofrecido en 1810 por Napoleón a Josefina, tras su divorcio. Fernando VII nunca lo habitó ni, por supuesto, gozó de su propiedad.

[101] AHN, Consejos, 5223, exp. 3. La proclama fue publicada en la Gazeta de Madrid del 20 de mayo de 1808 (la reproducen, entre otros, Escoiquiz, 2007, págs. 343-345 y Nellerto, 1814, II, págs. 188-191).

[102] Luis XVIII, 1832, pág. 140; Dufour, 2013.

4. El rey ausente

[1] Carta de Napoleón a Talleyrand, Bayona, 9 de mayo de 1808 (Napoléon, 1897, págs. 192-193).

[2] Carta de Talleyrand a Napoleón, 13 de mayo de 1808, en Waresquiel, 2003, pág. 384, y Raoul, 1968, pág. 283.

[3] Ayerbe, 1814, pág. 8.

[4] Boletín de la Policía Imperial del 21 mayo de 1808 (ANP, F7 3759); Ayerbe, 1957, pág. 230; Gómez de Arteche, 1880, pág. 12.

[5] Boletines de la Policía Imperial del 18 y del 25 de mayo de 1808 (ANP, F7 3759). Escoiquiz llegó a Valençay el 27 de mayo (Boletines de la Policía Imperial del 29 y 30 de mayo, ibíd.); Talleyrand, 2007, pág. 293.

[6] Ayerbe, 1957, pág. 230, mantiene que el dinero para la compra del palacio lo envió Godoy para congraciarse con el emperador. Aunque esta especie la han repetido autores muy renombrados (por ejemplo, Gómez de Arteche, 1880, pág. 12), carece de apoyatura documental.

[7] Ayerbe, 1957, pág. 230; Bonneau, 1986, pág. 109; Raoul, 1968, pág. 284; Carta del duque de San Carlos a su esposa, Valençay, 20 de mayo de 1808 (AHN, Archivo del duque de San Carlos).

[8] Las Cases, 1951, I, pág. 499.

[9] Ayerbe, 1957, pág. 231, y 1814, pág. 14; boletín de la Policía del 14 de mayo de 1810 (en Gotteri, I, pág. 223).

[10] Ayerbe, 1814, págs. 32-33; Ostolaza, 1814; Fernando VII en Valençay, 1814, págs. 11-13; Raoul, 1986, págs. 284-286. Don Antonio se pasaba la mañana bordando, por la tarde daba un paseo por el parque o se entretenía «en enseñar a tirar al blanco a sus sobrinos» y por la noche jugaba al tresillo con su ayuda de cámara Sisternes y con el cirujano Villiers (Ayerbe, 1814, págs. 33-34).

[11] Izquierdo, 1963, pág. 634.

[12] Talleyrand, 2007, pág. 294; carta de Talleyrand al emperador, 31 de mayo de 1808 (en Izquierdo, 1963, pág. 554).

[13] No fue Ostolaza el único en interpretar torcidamente las intenciones de Talleyrand. En carta a Martín de Garay, Londres, 27 de abril de 1809, escribió Cevallos: «He sabido que los franceses han intentado corromper el corazón de nuestro amado Fernando por medio de beldades prostituidas a este depravado fin, y que S.M. ha triunfado en lucha tan peligrosa» (Archivo Martín de Garay, pág. 334).

[14] Ducret, 1826, II, pág. 85. Véase Dufour, 2011, pág. 33.

[15] Vauthier, 1922, pág. 107. En 1899 se vendieron en subasta en París obras de arte procedentes de Valençay, entre las que figuraban cuadros de Murillo, Tiziano, Juan de Juanes, el Piombino, Nattier, un busto colosal de Napoleón por Canova, muchos objetos de porcelana china, de Sajonia y de Sèvres, retratos en miniatura de Napoleón y su familia, tapices gobelinos, muebles ricamente trabajados, etcétera (Catalogue des tableaux anciens..., 1899). Naturalmente, no se puede asegurar que todo ello estuviera allí cuando residieron los príncipes españoles.

[16] Informes de Reiset del 1 de febrero, 16 de agosto y 20 de noviembre de 1812 (ANP, F7 6514); Talleyrand, 2007, pág. 294.

[17] En la Real Biblioteca de Madrid existen tres relaciones de los fondos bibliográficos, encuadernadas con el ex libris de Fernando VII: Inventario de la Biblioteca de los príncipes en Valençay, Índice de los libros del Príncipe Fernando e Índice de los libros que tengo en Valençay para el uso de mi muy amado hermano Fernando, este último mandado hacer por el infante Carlos.

[18] Moral Roncal, 1999, pág. 46. Según este autor, que se basa en AGP, Expedientes personales, caja 857, exp. 8, los libros enviados a Valençay fueron robados por los franceses.

[19] Boletín de la Policía Imperial del 21 de julio de 1812 (Gotteri, V, pág. 70).

[20] Talleyrand, 2007, pág. 294.

[21] Talleyrand, 2007, pág. 296. Este testimonio contrasta con el de Georgette Ducrest, según el cual la destinataria del regalo de los libros de rezos fue Madame Talleyrand y no su marido (véase Dufour, 2011, pág. 33, n.º 55).

[22] Ayerbe, 1957, pág. 234.

[23] Me baso en la que considero la relación más exacta del séquito de los príncipes a su llegada a Valençay (ANP, F7 6516). Además de los mencionados y de los criados de menor rango, iban Domingo Ramírez de Arellano e Isidoro Montenegro, intregrantes luego de la camarilla del rey, el futuro ministro Pedro Macanaz, los marqueses de Guadalcázar y de Feria, el general Antonio Correa y Juan Gualberto de Amézaga.

[24] Carta de San Carlos y Escoiquiz al emperador, Valençay, 19 de agosto de 1808 (AF IV, 1680. Reproducida por Izquierdo, 1963, pág. 560).

[25] Carta del emperador a Fernando VII, 20 de julio de 1808 (Napoléon, Correspondance, t. 17, pág. 408).

[26] Escoiquiz, 1957, pág. 210.

[27] Escoiquiz, 1957, pág. 210.

[28] Ayerbe, 1957, pág. 239.

[29] Acusado de mantener correspondencia secreta, en febrero de 1810 Moreno fue obligado a instalarse en Châteauroux, ciudad cercana a Valençay (Boletín de la Policía Imperial del 4-5 de febrero de 1810, ANP, F7 3766). D’Arberg dijo de él que era un fanático, que mezclaba la religión con todo y ejercía gran influencia sobre Fernando VII.

[30] Siempre preocupó a los gobernadores de Valençay los paseos a caballo de los príncipes. El último gobernador, Reiset, informó en 1811 que para evitarlos había lastimado al caballo que montaba Fernando, con el fin de que estuviera cojo varios días e hicieran su paseo en coche, más fácil de vigilar (F7 6514).

[31] Raoul, 1986, págs. 291-293. Este drama lírico, con texto de Marsollier y música de Dalayrac, alcanzó notable éxito en esos años. Cuenta la historia de la resistencia de Camila, una dama noble, encerrada en un lóbrego calabozo privada de su hijo.

[32] Boletines de la Policía Imperial de los días 19 y 20 de agosto de 1810 (Gotteri, I, pág. 239); informe del gobernador de Valençay (F7, 6514); Raoul, 1986, págs. 301-302.

[33] La narración de esta fiesta, realizada probablemente por el gobernador del palacio, Berthémy, en F7 6514.

[34] Informe del gobernador de palacio Reiset del 1 de febrero de 1812 (ANP, F7 6514).

[35] Ayerbe, 1814, págs. 20-21.

[36] Boletín de la Policía Imperial del 24 de agosto de 1813 (Gotteri, 7, pág. 172).

[37] Informes de Reiset, junio de 1811 y 12 de diciembre de 1812 (ANP, F7 6514).

[38] En la Real Biblioteca (Palacio Real, Madrid), existen dos libros de contabilidad. Uno titulado Livre de Compte Générale, ou La Recette et de la Dépense, cuyo lomo reza: «Cuentas de Valençay», y el otro: Livre de Caisse (en el lomo: «Libro de cuentas. Valençay»). El primero abarca desde septiembre de 1810 a enero de 1814 y el segundo empieza en enero de 1811 y termina en la misma fecha que el otro.

[39] Informe de Reiset del 12 de enero de 1812 (F7 6514).

[40] Talleyrand, 2007, pág. 296.

[41] ANP, F7, 6514; Rovigo, 1828, VI, pág. 241.

[42] Ayerbe, 1957, pág. 232., cita a «varias señoras, y entre ellas la mujer y cuñada del general alemán Bellegarde», quien en 1797 había negociado con Napoleón los preliminares de Leoben. A juicio de Ostolaza, era una trampa para obligar a Fernando a hacer algo similar a la fuga de Varennes de Luis XVI (Fernando VII en Valençay..., 1814, pág. 16).

[43] Gómez de Arteche, 1880, págs. 15-25; Grasilier, 1902, págs. 39-41. Malibrán hizo luego carrera en la España patriota y entre otros cargos fue comisario del Ejército, contador principal de Granada e intendente de las nuevas poblaciones de Sierra Morena.

[44] Ayerbe, 1957, págs. 270-273. El asesinato fue certificado en marzo de 1815 por José Barrau, antiguo secretario de Ayerbe.

[45] Las cartas están reproducidas en el Archivo de Martín de Garay. Véase asimismo Alonso, 2009, págs. 138-143.

[46] AHN, Estado, 2955.

[47] Carta de Cevallos a Martín de Garay, Cádiz, 26 de enero de 1809 y nota de este último (Archivo Martín de Garay, págs. 324-325).

[48] Carta de Pedro Cevallos a Martín de Garay, Londres 13 de septiembre de 1809 (Archivo de Martín de Garay, pág. 412).

[49] La información procede de una carta, particular y secreta, de Broval a Martín de Garay, datada en Sevilla el 24 de junio de 1809 (Archivo Martín de Garay, págs. 365-367).

[50] Boletín de la policía del 22 de marzo de 1810 (F7 3766).

[51] Hay noticias de planes elaborados en América para «sacar de Francia» a Fernando VII, los cuales no llegaron a ejecutarse (de uno de ellos, presentado por Antonio de Argumedo, sevillano afincado en México, ofrece detallada información Mejía Chávez, 2016).

[52] Grasilier, 1902, págs. 104-105. Este autor fundamenta su relato en documentación de los archivos de Francia.

[53] Dufour, 2011, págs. 34-35.

[54] Grasilier, 1902, págs. 138 y 144-146.

[55] Grasilier, 1902, págs. 158-160. Existen diversos testimonios de contemporáneos que narran de distinta forma este episodio, sin alterar lo fundamental, es decir, el rechazo por Fernando y su entorno de la propuesta de Richard-Albert. Debido a su fundamento documental, creo que habría que otorgar credibilidad al relato de Grasilier.

[56] Carta de Fernando VII a Berthémy, Valençay, 6 de abril de 1810 y Carta de Berthémy al ministro de Policía, ibíd., id. (Nellerto, 1814, II, págs. 348 y 335 respectivamente).

[57] Reproduce estos textos Nellerto, 1814, II, págs. 333-356.

[58] Carta de Fernando VII a Berthémy, 4 de abril de 1810 (Nellerto, 1814, II, pág. 333-334).

[59] La Forest, 1905-1913, III, págs. 415-416. Sin embargo, La Gaceta de Sevilla del 23 de mayo de 1810 ofreció la traducción completa de los papeles publicados en Le Moniteur (ibíd., pág. 428).

[60] En su n.º 2, del 3 de mayo de 1810, El Español sacó los documentos publicados por Le Moniteur, con el referido comentario del editor.

[61] El Español, n.º 2, pág. 123; Masdeu, «Reflexiones sobre el hecho sucedido en Valençay en los primeros días de abril de 1810», en Opúsculos en prosa y verso..., ff. 352-366 (BN, Ms. 2898).

[62] Kolli, 1823. Estas memorias no son muy fiables.

[63] Claude Galarneau, «Desjardins, Philippe-Jean-Louis», en Dictionnaire biographique du Canada, vol. 6, Université Laval/University of Toronto, 2003, consultado el 11 de mayo de 2016, http://www.biographi.ca/fr/bio/desjardins_philippe_jean_louis_6F.html.

[64] Los datos biográficos sobre Louis Collignon (barón de Kolli) proceden de Grasilier, 1902, págs. 10-20 y 277-288.

[65] Kolli, 1823, págs. 211-218.

[66] Kolli, 1823, págs. 233-234.

[67] Cárdenas y Piera, 1993.

[68] El 1 de enero de 1825, Kolli escribió a la condesa de Benavente para que recomendara el ingreso de su hijo en este cuerpo (AHN, Osuna, CT. 278, D.5).

[69] Muestra de la preocupación de la policía por los rumores sobre planes de evasión son los boletines del 24 y 25 de mayo de 1811 (F7 3771). Un vecino de Valençay relató hace poco a un historiador uno de esos planes fantasiosos que ha quedado en la memoria colectiva. Consistió en incendiar el pueblo o el palacio para facilitar la huida de Fernando en medio de la confusión; el encargado del incendio había recibido monedas de oro, las cuales fueron descubiertas a su muerte escondidas en su cinturón (agradezco esta noticia al profesor G. Dufour).

[70] El expediente de Sobral en AHN, 3146 y 3566. Ofrecen noticias biográficas sobre este personaje Cruz Beltrán et al., 2012.

[71] Navas-Sierra, 1990, págs. 264-265; Langewiesche, 2012, pág. 123.

[72] Los originales de las cartas de Fernando publicadas en Le Moniteur a que haremos referencia en lo sucesivo se hallan en ANP, F7 6516 y AF IV, 1680. Izquierdo, 1963, pág. 579, afirma haber comprobado que su texto coincide con lo publicado en el periódico.

[73] Fernando VII a Napoleón, Valençay, 18 de mayo de 1808 (Nellerto, 1814, II, págs. 199-200; carta publicada en Le Moniteur del 5-2-1810).

[74] Carta de Fernando VII a Napoleón, Valençay 22 de junio 1808 (Nellerto, 1814, II, págs. 259-260. Publicada en Le Moniteur el 8-2-1810).

[75] Carta de los españoles que servían a Fernando VII en Valençay al rey José, 22 de junio de 1808 (Nellerto, 1814, II, 261-264). Esta carta, de cuya existencia no hay duda, pues la confirma Escoiquiz, no salió en Le Moniteur, pero dice Llorente que la vieron los individuos de la Asamblea de Bayona y entonces se hizo copia. Según Vayo, 1842, I, pág. 192, en el mismo envío iba también una carta de Fernando a José, que se leyó en la Asamblea de Bayona el 30 de junio. En ella felicitaba a José y se consideraba miembro de la familia de Napoleón por haberle pedido una sobrina para esposa. Desconocemos el texto literal de esta última misiva.

[76] Ayerbe, 1957, pág. 233.

[77] Bayona, 1 de julio de 1808 (AGP, t. 3, f. 187). En su correspondencia con su esposa, San Carlos le insiste en repetidas ocasiones en que vigile sus propiedades, tranquilizándola con la promesa de que estaban garantizados por el rey José (AHN, Archivo del Duque de San Carlos, caja 683, exp. 7).

[78] Fernando a Napoleón, Valençay, 6 de agosto de 1809 (Nellerto, 1814, II, pág. 322. Publicada en Le Moniteur del 5 de febrero de 1810).

[79] Carta de Fernando VII a Berthémy, Valençay, 4 de abril de 1810 (Nellerto, 1814, II, págs. 333-334. Publicada en Le Moniteur y en El Español).

[80] Carta de Fernando a Napoleón, Valençay, 21 de marzo de 1810 (reproducida por Izquierdo, 1963, págs. 579-580).

[81] Carta de Fernando VII a Napoleón, Valençay, 3 de mayo de 1810 (Vayo, 1842, I, págs. 242-243. Esta carta no la reproduce Nellerto). La cursiva es mía.

[82] AHN, Consejos, 17795, exp. 2.

[83] Toreno, 2008, págs. 559 y 671.

[84] Los boletines policiales mencionados en Gotteri, 1997, I, págs. 378, 474 y 483 respectivamente.

[85] Napoléon, 1858-1869, t. 21, págs. 125 y 222.

[86] Villanueva, 1998, pág. 103.

[87] Sesión del 9 de diciembre de 1812 (DSC, 1870, I, pág. 153); Villanueva, 1998, pág. 103.

[88] Villanueva, 1998, págs. 89-90.

[89] Sesión del 10 de diciembre de 1810 (DSC, 1870, I, pág. 156). Sobre el trámite parlamentario de estas proposiciones, véase Lasarte, 2009, págs. 269-323.

[90] Decreto XIX: «Decláranse nulos los actos y convenios del Rey durante su opresión fuera o dentro de España: nueva protesta de no dexar las armas hasta la entera libertad de España y Portugal» (Colección de decretos, 1811-1813, t. I, págs. 43-44).

[91] Varela Suanzes-Carpergna, 1983, págs. 62-109.

[92] Sesión del 30 diciembre de 1810 (DSC, 1870, I, pág. 267, intervención de Riesco, y pág. 263, la de García Herreros).

[93] En la sesión del 29 de diciembre, García Quintana se hizo eco de un rumor muy extendido, según el cual una vez celebrado el matrimonio con la archiduquesa austriaca, Fernando VII regresaría a España con un Ejército de 26.000 españoles prisioneros en Francia para apoderarse de Madrid, ayudado por tropas francesas (DSC, 1870, I, pág. 258). Por descabellado que esto fuera, debió impactar en las Cortes, de manera muy acusada entre el público de las galerías, en el que abundaban los periodistas.

[94] DS, sesión del 29 de diciembre de 1810, I, pág. 247.

[95] Mexía se refiere al Dos de Mayo y a los intentos de los habitantes de Vitoria, el 19 de abril de 1808, de evitar la continuidad del viaje de Fernando VII hasta la frontera francesa.

[96] A mi modo de ver, Mexía estaba en lo cierto. La decisión de proseguir viaje a Bayona, una vez que se constató que Napoleón no había entrado en España, como inicialmente se pensó, sólo es imputable al rey y a su «consejo privado», compuesto por Escoiquiz y los duques del Infantado y de San Carlos (La Parra, 2008).

[97] DSC, sesión del 29 de diciembre de 1810, 1870, I, pág. 253.

[98] DSC, sesión de la noche del 29 de diciembre de 1810, 1870, I, pág. 256.

[99] DSC, sesión del 1 de enero de 1811, 1870, I, pág. 280.

[100] Pizarro, 1998, pág. 248.

[101] Boletines de la Policía Imperial de 30 de junio de 7, 8 y 9 de julio de 1810 (Gotteri, I, págs. 106-109) y del 13 de agosto de 1811 (ANP, F7 3772); Raoul, 1968, pág. 307.

[102] Cit. por Izquierdo, 1963, págs. 576-577. Napoleón había previsto pagar los subsidios convenidos en Bayona con la familia Borbón con los fondos que le enviara José de España, pero pronto se constató que ni se recaudó lo calculado, ni José estaba dispuesto a mandar a Francia el dinero que imperiosamente necesitaba para consolidar su trono (Dufour, 2011, págs. 30-31).

[103] Boletín de la policía del 6 de marzo de 1813 (ANP, F7 6514).

[104] Livre de Compte Générale y Livre de Caisse.

[105] Izquierdo, 1963, págs. 603-605.

[106] En 1809, por ejemplo, don Antonio encargó a Amézaga que recogiera unas cajas con alhajas suyas dejadas en Bayona (Izquierdo, 1963, pág. 574). Según Ostolaza, durante el primer año de estancia en Valençay, Fernando vivió gracias «al dinero que le dieron en San Sebastián» (Fernando VII en Valençay, 1814, pág. 17).

[107] La casa Tassin Padre e Hijos de Orleans fue una de las principales importadoras de lana española a finales del siglo XVIII. Quedó muy afectada debido a las dificultades comerciales derivadas de la guerra franco-española de 1793-1795 y en 1810 quebró, como consecuencia indirecta de la Guerra de la Independencia española, pues el gobierno imperial puso a la venta a precio muy bajo gran cantidad de lana incautada en España (Zylberberg, 1993, págs. 225, 439 y 501).

[108] Tassin, 1834.

[109] Información detallada sobre este asunto en Franco, 2018, quien se basa en el expediente del proceso a Amézaga (Archivo Histórico Provincial de Zaragoza). Franco calcula que los dos millones de pesos solicitados equivalían a 54.700 kilos de plata. Véase asimismo la declaración de Christoph, 24 de marzo de 1814, y el informe reservado del embajador en París al ministro García de León Pizarro, 13 de diciembre de 1816 (AHN, Estado, 6786). Como todos los franceses llegados en esos años a Londres, Tassin fue espiado por sus compatriotas exiliados en esa ciudad, quienes a pesar de su oposición al régimen napoleónico actuaron de espías para la policía francesa con el fin de garantizar su sustento.

[110] En 1792 Carlos IV regaló la rica dehesa de la Alcudia a Manuel Godoy, junto con el título de duque del mismo nombre. En 1808 Fernando VII había secuestrado todos los bienes de Godoy.

[111] Los documentos citados, todos ellos firmados por Fernando VII el 1 de agosto de 1813, se hallan en AGP, t. 14, ff. 135-148. El libramiento al reino de Navarra lo reproduce Espoz y Mina, 1851, II, págs. 99-101.

[112] AGP, t. 14.

[113] Tras su paso por la embajada de Londres, Infantado fue nombrado regente y cesó en este cargo el 8 de marzo de 1813.

[114] Carta de Fernando VII al duque del Infantado, Valençay 1 de agosto de 1811 (AGP, t. 14).

[115] Declaración de Duclerc, 27 de diciembre de 1813 (AHN, Estado, 6786).

[116] Informe muy reservado al ministro de Estado Pizarro del embajador en París, marqués de Perelada, 13 de diciembre de 1816 (AHN, Estado, 6786).

[117] Gaceta de la Regencia, 1 de enero de 1814, pág. 8.

[118] AHN, Estado, 6786. El rey transmitió la orden a través del ministro de la Guerra Eguía, hombre siempre dispuesto a afrontar las cuestiones más comprometidas para el monarca.

[119] AHN, Estado, 3566, exp. 75 y Consejos, 1405, exp. 195. Franco, 2018, realiza un estudio exhaustivo del expediente judicial contra Amézaga.

[120] Boletín de la Policía Imperial del 20 de noviembre de 1810 (Gotteri, I, pág. 584). Izquierdo, 1963, págs. 611-613, mantiene que Amézaga actuó de espía de la policía francesa mientras sirvió a los príncipes. De la misma opinión es Franco, 2018, quien ofrece amplia información sobre Amézaga.

[121] La Forest, 1905-1913, VII, págs. 264-265.

[122] Memoria de Duclerc, redactada con intención de publicarla en la prensa (AHN, Estado, 6786). No llegó a ser publicada.

[123] En la mencionada correspondencia se da cuenta con detalles de las vicisitudes de estos movimientos (AHN, Estado, 6786).

[124] Oficio de Pizarro al encargado de negocios en París González Salmón, 14 de enero de 1817 (AHN, Estado, 6786).

[125] Éstas fueron las palabras del rey, según comunicó el ministro Pizarro a Fernán Núñez el 13 de octubre de 1817 (AHN, Estado, 6786).

[126] Tassin, 1834; Urquijo, 1990, pág. 111. El plan de empréstito presentado al gobierno en 1826, creo que desconocido hasta ahora, está reproducido casi en su totalidad en Quintero/Farmer, 2012, págs. 174-178.

[127] Pizarro, 1998, pág. 242, nota 49.

[128] AGP, t. 14, ff. 135-148. Una nota advierte al comienzo de este tomo que tales papeles, «que dicen ser de S.M.», se encontraron entre los documentos de Villavicencio, «sin duda porque en los instantes de la salida como reservados los guardó y olvidó, y como esta causa ha variado varias veces de ministerios, no recuerda en cual está». Pizarro, 1998, pág. 243, afirma que esos documentos estaban, no se sabe por qué, en poder de una mujer, los descubrió por casualidad un fraile, que los entregó al general Grimarest (muy próximo a Fernando VII), éste los puso en manos del rey «y no recibió respuesta alguna».

[129] Declaración de Duclerc, 27 de diciembre de 1813, AHN, Estado, 6786.

5. El golpe de Estado de 1814

[1] Gotteri, 2000, págs. 448-467; Petiteau, 2008, págs. 224-228.

[2] Esdaile, 2003, pág. 537. Basado en cartas interceptadas a generales españoles, en especial a Pedro Girón, marqués de las Amarillas, Soult informó a Napoleón de la desconfianza hacia Inglaterra de varios militares de prestigio (citó, entre otros, a Castaños y a O'Donnell, conde de La Bisbal) y del deseo de éstos de cambiar la Regencia constitucional (Geoffroy de Grandmaison, 1908-1931, III, págs. 369-370).

[3] Tulard, 1987, págs. 415-416. La incidencia en este sentido de la campaña de Rusia fue determinante.

[4] La Forest recibió dos instrucciones en relación con su misión en Valençay: las primeras fechadas el 13 de noviembre de 1813 y las segundas el 19. Estas últimas fueron más explícitas y tenían un gran contenido político (ambos textos están íntegramente reproducidos en La Forest, 1905-1913, VII, págs. 168-171 y 309-315).

[5] Carta del duque de Bassano al emperador, cit. por Izquierdo, 1963, pág. 638.

[6] Informe del duque de Vicenza (Caulaincourt) al emperador, 24 de noviembre de 1813, en La Forest, 1905-1913, VII, págs. 316-317.

[7] A estas alturas era impensable la continuidad de José Bonaparte en el trono español y, no obstante, también éste pensó que si Napoleón le apoyaba, no todo estaba perdido. El 29 de diciembre de 1813, cuando ya estaba firmado el tratado con Fernando VII, José escribió a su hermano desde Mortefontaine, pidiéndole que designara a alguno de sus ministros para que se entendiera con el duque de Santa Fe, «mon ministre des Affaires Étrangères», sobre los aspectos a tratar en las futuras negociaciones sobre la paz en Europa. El emperador le respondió con un tajante: «Vous n'êtes plus roi d'Espagne» (Joseph, 1854, X, pág. 3; Moreno Alonso, 2008). Es evidente que Napoleón había optado por Fernando VII y olvidado los derechos adquiridos en Bayona.

[8] Primeras instrucciones a La Forest, París, 13 de noviembre de 1813 (La Forest, 1905-1913, VII, págs. 168-171).

[9] La Forest, 1905-1913, VII, págs. 209 y 242; Escoiquiz, 1957, pág. 218. Fernando VII retrasó deliberadamente la llegada de Escoiquiz a Valençay hasta la salida del duque de San Carlos con dirección a España. Ésta fue una de esas maniobras de pretendida habilidad política tan habituales en el rey. En los años de la guerra estaba muy extendida en España la idea de que una de las causas inmediatas de las renuncias de Bayona había sido la mala gestión de Escoiquiz (La Forest se hizo eco de ello en su correspondencia: La Forest, ibíd., pág. 198), de modo que ahora el rey pretendió dejar bien sentado que el canónigo no había participado en las negociaciones del tratado destinado a facilitar su vuelta al trono.

[10] Raoul, 1968, pág. 311. En su correspondencia con el ministro de Asuntos Exteriores francés, La Forest expresó algunas veces cierta preocupación por el gran ascendiente del cura sobre Fernando VII (La Forest, 1905-1913, VII, págs. 178 y 186).

[11] Escoiquiz realzó la firmeza del rey ante las primeras propuestas de Napoleón (Escoiquiz, 1957, págs. 212-215). Parte de la historiografía española ha seguido esta interpretación, quizá para salvar en lo posible la actuación de Fernando VII (Pintos Vieites, 1958, pág. 40; Cuenca, 2006, págs. 369-370).

[12] Carta de Napoleón a Fernando VII, 12-11-1813, en La Forest, 1905-1913, VII, pág. 172.

[13] El carácter republicano de la Constitución de 1812 fue resaltado asimismo en estos años por los afrancesados españoles. Llorente, por ejemplo, escribió que los liberales de las Cortes «proyectaron establecer República, con el nombre Monarquía Constitucional» (Nellerto, 1814, I, pág. 202; véase también Dufour, 2014, pág. 242).

[14] En los Dispatches de Wellington y en la correspondencia de su hermano Henry Wellesley, embajador en España, abundan las críticas a la Constitución de 1812 y en general a las Cortes, como veremos más adelante. La Forest, por su parte, se refirió sistemáticamente en las conversaciones con los príncipes a los constitucionales como «le parti républicain». Véase, entre otras, su carta del 13 de diciembre de 1813 (La Forest, 1905-1913, VII, págs. 236-237).

[15] La Forest, 1905-1913, VII, pág. 310. Según recalcó La Forest en sus cartas al ministro de Asuntos Exteriores, ya desde las primeras entrevistas con los príncipes españoles insistió en esto, lo cual es confirmado por Escoiquiz, quien afirma que al presentarse el plenipotenciario francés por primera vez ante los príncipes, les dijo: «los ingleses lo han destruido todo, introduciendo la anarquía y el jacobinismo en España, cuyo suelo está talado y asolado, la religión destruida, el clero perdido, la nobleza abatida, la marina sin otra existencia que el nombre, las colonias de América desmembradas y en insurrección, y en fin, todo en ella arruinado» (Escoiquiz, 1957, pág. 212).

[16] La Forest, 1905-1913, VII, págs. 310 y 313 (la cursiva es mía).

[17] Dufour, 2009.

[18] La Forest, 1905-1913, VII, pág. 312. Según Georgette Ducrest, hacia 1810 Napoleón había exclamado, muy enojado, que jamás daría a Fernando por esposa a alguien de su familia, ni siquiera —dijo a la emperatriz Josefina— a su camarista, pues ella tendría sentimientos más elevados que el tal esposo (cit. por Dufour, 2011, pág. 33).

[19] El 26 de noviembre de 1813, el ministro Caulaincourt ordenó a La Forest que no dispensase el tratamiento de Majestad a Fernando VII (La Forest, 1905-1913, VII, pág. 202, nota 2). En un despacho fechado en París el 13-12-1813, dirigido a Suchet, insistió poco después en lo mismo (Baselga, 1954, pág. 315). Carece de sentido mantener que Fernando VII no tenía gran interés en que la Regencia ratificara el tratado porque «sabía que el Emperador se hallaba en el borde de su caída y esperaba obtener su libertad sin grandes compromisos internacionales» (Pintos Vieites, 1958, pág. 44).

[20] El ministro de Asuntos Exteriores a La Forest, 29 de noviembre de 1813 (La Forest, 1905-1913, VII, pág. 210).

[21] Fernando VII a la Regencia, Valençay, 8 de diciembre de 1813 (reproducida, entre otros, por Izquierdo, 1963, págs. 687-688). Es apreciable el tono tan favorable a Napoleón de esta carta.

[22] Escoiquiz, 1957, pág. 218. Si aceptamos este testimonio, es evidente que Fernando VII pretendía, por encima de todo, la ratificación del tratado.

[23] Artola, 1968, pág. 521; Baselga, 1954, pág. 315. En apoyo de la tesis de Baselga, nótese que Escoiquiz indica en el subtítulo del libro donde ofrece este relato que lo escribió «para su justificación y la de las demás personas que componían entonces el consejo privado de S.M».

[24] Despacho de La Forest del 7-12-1813 (La Forest, 1905-1913, VII, págs. 221-224). Tras dar cuenta del contenido de tales instrucciones, afirma La Forest: «Ignoro si M. de San Carlos lleva otras instrucciones más secretas, aunque supongo que no». Me inclino por dar más crédito al testimonio del francés que al de Escoiquiz, pues aquél estaba obligado a comunicar a su gobierno los hechos exactos, mientras que el texto del canónigo es posterior y apologético.

[25] Afirma el general Copons, encargado de facilitar que San Carlos llegara a su destino, que éste le advirtió que convenía al servicio del rey que el Gobierno constitucional no tuviera noticia previa de su llegada a Madrid (cit. por Izquierdo, 1963, pág. 686).

[26] Palafox escribió el 5 de enero de 1814 a Copons que se le presentaría con el nombre de José de Castro, oficial de Guardias Marinas (Copons, 1858, pág. 42; Lafoz, 1992, págs. 120-129). Se eligió la ruta de La Junquera y no la más corta de Irún para evitar a las tropas de Wellington, que operaban en territorio vasco.

[27] AHN, Archivo de San Carlos, caja 692, exp. 3. Sánchez Álvarez, 2015, transcribe y comenta las instrucciones a Palafox.

[28] Despacho de La Forest del 16-12-1813 (La Forest, 1905-1913, VII, pág. 245). Subrayado en el original. Evidentemente, Escoiquiz no hace alusión a este cometido de Palafox.

[29] AHN, Estado, 3566, expediente 63.

[30] AHN, Estado, 3566, expediente 64.

[31] Villa-Urrutia, 1922, pág. 130, afirma, sin citar fuentes, que San Carlos mantuvo conversaciones en Madrid con Mozo de Rosales y otros absolutistas. Copons dice que a él le preguntó sobre las personas que consideraba idóneas para ocupar cargos al regreso del rey (Copons, 1858, págs. 46-47).

[32] Toreno, 2008, págs. 1137-1138; Arzadun, 1942, pág. 54.

[33] Vayo, 1842, I, págs. 326-327.

[34] Toreno, 2008, pág. 1139.

[35] Fontana, 1974, pág. 76. El día 17, Villacampa formó la tropa frente a las Cortes, lo cual disuadió a los que pretendían proponer el cambio de regencia (causa contra Villacampa, 17-7-1814, en Guirao, 2005, págs. 265-274).

[36] Despacho de La Forest del 22-12-1813 (La Forest, 1905-1913, VII, pág. 249). Es muy significativo que La Forest expresara en uno de sus despachos (el del 16-12-1813, ibíd., págs. 242-243) una excelente opinión sobre Escoiquiz. Lo calificó de hombre penetrante, lleno de sentido, de carácter abierto y sin las pasiones de sus compatriotas, pero la nota que más resalta es su actitud hacia Napoleón: «il a exprimé le plus profond respect pour l'Empereur», y hacia el propio La Forest: «il m'a été utile dès le lendemain de son arrivée».

[37] Despacho de La Forest del 16-12-1813 (La Forest, 1905-1913, VII, pág. 246).

[38] Despacho del 13-3-1814 (La Forest, 1905-1913, VII, págs. 296-302).

[39] Los publicó El Conciso del 2 y 4 de marzo de 1814; Muñoz Maldonado, 1833, III, págs. 538-541.

[40] Gaceta de la Regencia, 5-2-1814, págs. 131-132. Las felicitaciones a las Cortes por el decreto del 2 de febrero en AHN, Estado, 3566, exp. 66.

[41] Fernando felicitó a Napoleón en febrero de 1814 por las victorias recién obtenidas en Champaubert y Montmirail (La Forest, 1905-1913, VII, pág. 80).

[42] Lentz, 2004, págs. 522-529. Las prisas de Napoleón por dejar libre a Fernando VII las confirma Savary, entonces ministro de Policía (Savary, 1928, VI, pág. 341). Entre los mandos del Ejército francés no era ningún secreto el gran interés del emperador en contar rápidamente con los restos de los ejércitos diseminados por el este peninsular (así se lo hizo saber, por ejemplo, el ministro de la Guerra al mariscal Suchet el 3 de marzo de 1814: Suchet, 2012, pág. 588).

[43] Suchet, Memorias, op. cit., pág. 444. El duque de Feltre, ministro de la Guerra, escribió a Suchet el 6 de marzo de 1814: «Las noticias que V.E. me comunica de Madrid en su oficio del 24 de febrero [probablemente se refiere a la no ratificación del tratado de Valençay y a los obstáculos para repatriar sus tropas] me permiten suponer que las dificultades que cabría esperar podrían estar allanadas y que la llegada del príncipe acabará de decidir el éxito de nuestra negociación» (ibíd., id.).

[44] Fernández Martín, 1885, II, págs. 451-452.

[45] La Forest, 1905-1913, VII, págs. 275 y 292.

[46] Izquierdo, 1963, pág. 705.

[47] Dufour, 1982, pág. 51.

[48] Salvo el primer día, que hicieron 42 kilómetros (de Valençay a Châteauroux), la marcha media diaria hasta Toulouse fue de 100 kilómetros, lo que suponía, en ese momento, entre 12 y 14 horas de coche cada jornada (Izquierdo, 1963, pág. 712, nota 1). Las distancias kilométricas, calculadas sobre las carreteras actuales, son meramente indicativas.

[49] La carta de Suchet en Izquierdo, 1963, págs. 712-713. La respuesta en Copons, 1958, pág. 63. Parece claro, pues, que fue la Regencia, y no las autoridades francesas, quien fijó el punto de encuentro del rey con las tropas españolas en el paso del Fluviá por Báscara.

[50] El texto en Suchet, 2012, pág. 592.

[51] Muñoz Maldonado, 1833, III, pág. 547; Toreno, 2008, pág. 1156; Alcalá Galiano, 1846, III, págs. 17-18. Este último añade que el expediente sobre la donación de la Albufera quedó olvidado en la secretaría de Estado durante el Sexenio Absolutista y el entonces oficial mayor de esa secretaría, el barón de Castiel, le puso encima dos versos: «Por la fuerza tuviste la Albufera / Y por ella también te echamos fuera».

[52] Suchet, 2012, pág. 445.

[53] Copons, 1858, pág. 60.

[54] Exposición de la Regencia a las Cortes, 28 de marzo de 1814 (Fernández Martín, 1885, II, págs. 451-452).

[55] Carta de San Carlos a Copons, 22 de marzo (Copons, 1858, pág. 69).

[56] Copons, 1858, págs. 64-66.

[57] Texto de la carta en Actas Secretas de las Cortes Ordinarias de 1813-legislatura de 1814, sesión del 3 de abril de 1814. Las Cortes acordaron por 79 votos contra 78 imprimir esta carta.

[58] Copons, 1858, pág. 68; Toreno, 2008, pág. 1158. La carta del rey se publicó en la Gaceta Extraordinaria de la Regencia del martes 29 de marzo de 1814.

[59] La carta del rey, fechada el 10 de marzo en Valençay, fue publicada en la Gaceta Extraordinaria de la Regencia del jueves 24 de marzo de 1814 y en otros periódicos.

[60] AHN, Consejos, 11355, exp. 1, n.º 96. Se evitaba el paso del monarca por Barcelona, Tortosa y Sagunto porque continuaban ocupadas por los franceses.

[61] Fernández Martín, 1900, II, pág. 455, comenta con ironía que don Antonio, «sano o enfermo, es lo cierto que se quedó en aquella ciudad».

[62] Izquierdo, 1963, pág. 717.

[63] Luis, 2008; Fuentes-Garí, 2014.

[64] La asistencia del general Villacampa al banquete de Lorencini fue utilizada meses después en la causa contra él para acusarle de impulsar el republicanismo (Guirao, 2005, págs. 265-274).

[65] Mesonero Romanos, 1975, pág. 118. Añade Mesonero, quien en 1814 cumplía once años de edad: «En nuestras escuelas, en nuestros juegos, en nuestros paseos, revelábamos este sentimiento por medio de canciones, vivas y peroratas, que harían estremecer sin duda a nuestros padres y abuelos».

[66] Carta de Girón a su padre, el marqués de las Amarillas, 22 de febrero de 1814 (reproducida en Arzadun, 1942, pág. 66).

[67] Festa i guerra..., 2001, págs. 42-70; Rahola, 1932; Abad Gimeno, 1963, pág. 164; Maestrojuán, 2003, págs. 356-366.

[68] Ramón Solans, 2014, págs. 131-132.

[69] Festa i guerra..., 2001, pág. 70; El Conciso, 10 de abril de 1814; Maestrojuán, 2003, pág. 359.

[70] AHN, Consejos, 11355, exp. 1 y Diversos-Colecciones, 114, n. 120; Copons, 1858, pág. 58.

[71] Fernández Martín, II, págs. 453-454; Rahola, 1932, pág. 57; Maestrojuán, 2003, págs. 356-357; Deleito, 1911, págs. 74-81 y 229-230.

[72] AHN, Consejos, 11355, exp. 1, n.º 38.

[73] Villanueva, 1996, pág. 436.

[74] Deleito, 1911, págs. 93-94.

[75] Lucindo, n.º 2. Deleito, 1911, pág. 172.

[76] Rodríguez López-Brea, 2002, págs. 257-258.

[77] Deleito, 1911, págs. 179-181.

[78] Rodríguez López-Brea, 2002, pág. 259. Luyando, como dijimos, había estado en la casa de Castaños en la reunión en que se habló de cambiar la Regencia.

[79] Deleito, 1911, págs. 186-187. Basado en una amplia documentación, este autor describe con detalle el recibimiento de la ciudad. Sobre las construcciones efímeras y pinturas alegóricas, véase Alba Pagán, 2004 y 2012.

[80] Deleito, 1911, pág. 250.

[81] Deleito, 1911, págs. 159-161; Blasco, 1968, págs. 48-51; Seoane, 1983, págs. 77-81.

[82] Villanueva, 1996, pág. 437; Deleito, 1911, págs. 157-158.

[83] Una relación de esas publicaciones, con resumen de algunas, en Deleito, 1911, págs. 253 y 268-275.

[84] Alba Pagán, 2012, págs. 118-120.

[85] Castells, Espigado y Romeo, 2009, págs. 15-50.

[86] Fernández Martín, 1900, II, págs. 510-511; Blasco, 1968, págs. 56-58; García Monerris, 2008, págs. 26-27.

[87] Toreno, 2008, págs. 1173-1174; Vayo, 1842, II, págs. 17-19.

[88] Las referencias a la Constitución fueron meramente anecdóticas. Por ejemplo, en Reus se dieron vivas a la Constitución el 27 de marzo, antes de la llegada del rey, pero no se oyeron durante los días que permaneció en la ciudad (Sucinta relación..., pág. 42). En Teruel —quizá la excepción— fue acogido con alegorías y trofeos constitucionales, que Fernando VII recibió con una sonrisa (Deleito, 1911, pág. 153).

[89] Ya el 3 de abril, cuando tuvo constancia de la llegada del rey a Gerona, expresó El Conciso que sin duda alguna el rey juraría la Constitución. En números sucesivos lo repitió, a pesar de los rumores y maniobras en sentido contrario, de los que informó el propio periódico.

[90] El Redactor General, 24 de abril de1814 (cit. por Rodríguez Morín, 2015, pág. 100).

[91] Vayo, 1842, II, pág. 12; Toreno, 2008, págs. 1137 y 1161.

[92] Las cartas citadas de Wellington a Lord Bathurst son, respectivamente, del 29 de junio (Azcárate, 1960, pág. 205) y del 5 de septiembre de 1813 (Wellington, 1838, XI, pág. 91).

[93] Wellington a Henry Wellesley, Vera de Bidasoa, 16 de octubre de 1813 (Wellington, 1838, XI, pág. 200). Dos buenos conocedores de las relaciones de Wellington con España ofrecen distintas interpretaciones de las intenciones del británico. Pablo de Azcárate no cree que pretendiera protagonizar lo que hubiera sido el primer pronunciamiento, mientras que Alberto Castilla admite tal posibilidad (Azcárate, 1960, pág. 35; Castilla, 2012, págs. 35-37).

[94] Carta de Henry Wellesley a Lord Castlereagh, Valencia, 24 de abril de 1814 (Alarcón, 2015, pág. 307).

[95] AHN, Consejos, 11355, exp. 1; Deleito, 1911, págs. 200-230; Villanueva, 1996, pág. 447.

[96] El Conciso, 7 de mayo de 1814, págs. 895-896.

[97] El Conciso, 10 y 11 de mayo de 1814, págs. 915-917 y 923-924; Rodríguez Morín, 2015, págs. 104-108.

[98] Reproducido en Fuentes, 1988, págs. 61-64. Las mayúsculas figuran en el original.

[99] Toreno, 2008, pág. 1155; El Conciso, 25 de marzo de 1814. La carta del rey se publicó en Gaceta Extraordinaria y se distribuyó gratis.

[100] Géal, 2012, pág. 203.

[101] AHN, Consejos, 11355, exp. 1, n.º 104. Sobre Acevedo, véase Carantoña, 2017, págs. 69-73.

[102] Toreno, 2008, pág. 1137; Fontana, 1974, pág. 77.

[103] Calvo Maturana, 2015, págs. 253-262; Vayo, 1842, II, págs. 11-12.

[104] Deleito, 1911, pág. 152.

[105] Fernández Martín, 1900, II, págs. 521-551, presenta una detallada exposición, con inteligentes comentarios, de los debates de las Cortes en este tiempo.

[106] AGP, F7, caja 344, exp. 29.

[107] AHN, Estado, 3566, exp. 76 y 78; Fernández Martín, II, págs. 549-551; Butrón, 2014, págs. 68-71.

[108] «El rey Fernando nunca quiso oír nombrar después» el tratado de Valençay, afirmó Pizarro, que conoció bien al monarca (Pizarro, 1998, pág. 212). Sobre la fama de Wellington tras sus victorias en la península ibérica, véase Glover, 1998, pág. 107.

[109] El texto llevaba el siguiente encabezamiento: Representación y manifiesto que algunos diputados a las Cortes Ordinarias firmaron en los mayores apuros de su opresión en Madrid, para que la Magestad del Señor D. Fernando el VII a la entrada en España de vuelta de su cautividad, se penetrase del estado de la nación, del deseo de sus provincias, y del remedio que creían oportuno; todo fue presentado a S. M. en Valencia por uno de dichos diputados. Lo firmaron 69 individuos, aunque, según testimonios de los contemporáneos, algunos lo hicieron bajo presión o para situarse en posición política favorable.

[110] Tomás y Valiente, 2011.

[111] Representación y manifiesto, 1820, págs. 61-62. Véase los análisis de Dedieu, 2010, págs. 99-100 y López Alós, 2011, págs. 208-209.

[112] Según Herrero, 1973, las dos fuentes doctrinales fundamentales de los persas fueron el Manifiesto que presenta a la nación el consejero de Estado Miguel de Lardizábal y Uribe (Alicante, 1811) y España vindicada en sus clases y autoridades de las falsas opiniones que se le atribuyen, de José Joaquín Colón, gobernador del Consejo de Castilla. Los persas se inspiraron asimismo en otros autores, como Capmany, Martínez Marina, Jovellanos y, especialmente, Bossuet (véase Diz-Lois, 1967, págs. 140 y sigs.).

[113] Toreno, 2008, pág. 1181; Villa-Urrutia, 1928, pág. 31 y 1943, pág. 143; Izquierdo, 1963, pág. 757.

[114] El texto de Infantado en AHN, Diversos-Colecciones, 85, n.º 27.

[115] Manifiesto del REY, declarando por nula y de ningún valor ni efecto la Constitución de las llamadas Cortes generales y extraordinarias de la nación, disponiendo al mismo tiempo lo que ha de observarse, a fin de que no se interrumpa la administración de justicia, y el orden político y gubernativo de los pueblos, Valencia, 4 de mayo de 1814 (Decretos del rey, 1818, I, págs. 1-9).

[116] La actuación de Fernando VII difiere sustancialmente de la de Luis XVIII de Francia. El 2 de mayo de 1814, la víspera de su entrada en París, el rey francés anunció a su pueblo su proyecto político mediante la «Déclaration de Saint-Ouent», documento del estilo del manifiesto de Valencia de Fernando VII, aunque su programa político era mucho más avanzado. El rey francés cumplió sus promesas y dotó a Francia de una nueva Constitución (la Carta Otorgada) y de un sistema parlamentario que permitió la transacción entre las diversas tendencias políticas del país. Fernando VII no cumplió lo prometido y recurrió a la represión para consolidar su sistema. Con todo, las circunstancias eran muy distintas en ambos países, de modo que la situación no es comparable en todos sus extremos.

[117] Manifiesto de todo lo ocurrido en Madrid..., 1814; Vayo, 1842, II, págs. 35-36; Fernández Martín, II, págs. 552-555; Artola, 1968, págs. 528-529.

[118] AHN, Consejos, 11355, exp. 1; AGP, RF7, caja 728, exp. 1.

[119] Carta del obispo de Urgel a las Cortes, El Pedernoso, 9 de mayo de 1814 (AHN, Estado, 3566, exp. 77). Este obispo había sido uno de los prelados refugiados durante la guerra en Mallorca que firmaron en 1812 una célebre pastoral contra la obra de las Cortes de Cádiz; como vimos antes, en su residencia de Madrid celebraron los realistas varias reuniones para acabar con la Constitución. Era, pues, uno de los más fieles absolutistas del momento.

[120] Estoqui, 1814.

[121] Rodríguez López-Brea, 2002, pág. 260. Constata este autor que el 11 de mayo Luis de Borbón fue recibido en Toledo con gran alborozo y, como solía hacerse con el rey, la gente desenganchó las mulas de su coche y lo arrastró con júbilo hasta el palacio arzobispal. Pocos días antes, el 24 de abril, una revuelta realista había depuesto al alcalde constitucional de la ciudad y destrozado la placa de la Constitución, hecho destacable por lo temprano de la fecha y la importancia de la ciudad.

[122] Mesonero Romanos, 1975, pág. 135. Domínguez Santamaría, 1999, págs. 50-54, ofrece una descripción detallada de la entrada del rey y de los arcos levantados en su honor.

[123] Toreno, 2008, pág. 1183.

[124] AHN, Consejos, 11353; Carantoña, 1983, pág. 129; Rújula, 2010, págs. XXIV-XXV; Alarcón, 2015, pág. 308.

[125] «Relaciones y documentos relativos a la adhesión de Sevilla a Fernando VII...», BN, R/823810, y testimonio de Francisco Saavedra en Moreno Alonso, 1992, págs. 260-263.

[126] Hamnett, 1986, págs. 193-195.

[127] Circular de Luis Antonio Flórez y Pereyra, Sevilla, 19 de mayo de 1814 (Relaciones y documentos relativos a la adhesión de Sevilla...).

[128] AHN, Consejos, 11352, exp. 10, n.º 35.

[129] Géal, 2012, pág. 211; Reyero, 2010, págs. 195-206; Carantoña, 1983, pág. 129.

[130] Maestrojuán, 2003, págs. 483-514. Las protestas contra la única contribución fueron generalizadas y en algunos lugares, como León, a principios de 1814 se llegó a fijar pasquines por las calles y a llamar a la movilización de la población en su contra (Lorenzana, 1992, págs. 89-90).

[131] Nellerto, 1814, I, pág. 257; Artola, 1968, págs. 529-531; Arzadun, 1942, pág. 79; Alcalá Galiano, 1955, II, págs. 315-316.

[132] El general Girón escribió en mayo de 1814 a su padre que los pamploneses estaban muy contentos con la vuelta del rey, «y más aún con la abolición de la Constitución, lo que les devuelve sus antiguos fueros y privilegios» (cit. por Arzadun, 1942, pág. 79).

[133] Morange, 2006, pág. 131.

[134] Cuenca, 2006, pág. 378, quien sigue la línea de Pintos Vieites, 1958, pág. 86, «el pueblo fue el instrumento que precipitó al Rey a dar el supuesto golpe de Estado». Artola, 1968, págs. 529-531, ofrece una interpretación distinta.

[135] Maestrojuán, 2003, págs. 487 y 398; Rújula, 2012, págs. 63-66.

6. El rey absoluto

[1] Portillo, 2000, págs. 83-121; Varela Suárez-Carpegna, 2003, págs. 79-82; Tomás y Valiente, 1983, págs. 284-289; Ruiz Torres, 2008, págs. 66-68 y 613.

[2] Artola, 1978, pág. 188.

[3] «La República forma un solo cuerpo y debe ser regida por una única alma» (Tácito, Anales), «Yo estaré en tu boca y en la boca de otros y os enseñaré lo que debéis decir» (palabras de Yahveh a Moisés, señalando lo que debía hacer él como caudillo de su pueblo y lo que correspondía a su hermano Aarón, el sacerdote; libro del Éxodo). Ambas citas están al inicio de la Empresa LXX de Saavedra Fajardo, donde trata de la indivisibilidad de majestad. Las Empresas políticas fue una de las lecturas preferidas, como ha quedado dicho, de Fernando VII.

[4] Maestrojuán, 2003, págs. 360 y 404-405.

[5] Véase la relación oficial de la entrada de Carlos IV en Barcelona en 1802 en Pérez Samper, 1973, págs. 201-210.

[6] Carta de Fernando VII a María Isabel de Braganza, Madrid, 14 de septiembre de 1816 (AGP, F7, caja 35, exp. 2).

[7] Carta de Fernando VII a la reina María Luisa, Madrid, 1 de marzo de 1815 (AGP, F7, caja 34, exp. 3)

[8] Castro y Compañía, 1868, págs. 407-409. En la Gazeta de Madrid se reseñaron sistemáticamente las visitas recibidas por el rey, con extractos de los párrafos de felicitación. A juzgar por esta información pasó por el palacio real un número muy considerable de personas y de instituciones, mayoritariamente ayuntamientos.

[9] AGP, F7, caja 348.

[10] Martínez Albiach, 1969, págs. 606, 595 y 600.

[11] En lo que sigue me baso en los estudios de estos sermones efectuados por Martínez Albiach, 1969; Portero, 1978; Moliner, 2004, págs. 952-967; La Parra, 2015. Sobre la relación entre sermón y política en España durante el primer tercio del siglo XIX, véase Dufour, 1991, págs. 7-35 y Arias, 1993, págs. 213-235.

[12] León Sotelo, 1814.

[13] Pedro Antonio de Eguía, Sermón dogmático-moral sobre el adorable Misterio de la Resurrección de Jesu-Cristo, predicado al Rey en su R. Capilla con asistencia pública de S.M. y Srnmos. Sres. Infantes, el día 28 de marzo de 1815, Madrid, 1815 (cit. por Martínez Albiach, 1969, pág. 605).

[14] León Sotelo, 1814, págs. 22 y 20.

[15] Pedro Antonio de Eguía, Sermón dogmático-moral... (cit. por Martínez Albiach, 1969, págs. 604-605 y Portero, 1978, pág. 104).

[16] Fray José del Salvador, Sermón de la primera dominica de Adviento... y fray Ramón Manrique, Sermón de aniversario de la muy solemne traslación de la Santa Forma celebrada el 28 de octubre del año pasado de 1814 en el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, repetido el mismo día de 28 de octubre de este año de 1815, con la augusta presencia de su Patrono y Rey el Sr. D. Fernando VII, Madrid, Imprenta Real, 1815 (cit. por Martínez Albiach, 1969, págs. 597 y 606 respectivamente).

[17] Fray José del Salvador, Sermón de la primera dominica de Adviento..., y Sermón del viernes tercero de Quaresma, ambos predicados en presencia del rey, Ostolaza, Discurso que en presencia de S.M. y AA dixo en la R. Capilla el domingo 3º de Adviento, Madrid, 1814 (cit. por Martínez Albiach, 1969, págs. 597-600 y 603).

[18] Cit. por Martínez Albiach, 1969, págs. 600-606. Apunta Villanueva, 1996, pág. 483, que la clasificación de «los malos» no la dijo fray José del Salvador en su sermón, sino que la añadió al ser impreso porque —según confesó el propio religioso— «sin esa nota no se le hubiera dado licencia para imprimir el sermón». El dato tiene interés, pues delata la parte del rey en la impresión de estas prédicas. Desconozco si otros sermones sufrieron alteraciones similares al ser publicados, pero la denuncia de Villanueva plantea la duda de si las versiones impresas de los sermones, destinadas a incrementar su difusión y, evidentemente, las únicas que conocemos, recargaron las tintas sobre aquellos aspectos que interesaron al poder político y/o a la jerarquía eclesiástica (téngase en cuenta que ningún sermón se imprimía sin el nihil obstat del censor eclesiástico).

[19] Villanueva, 1996, pág. 480.

[20] A partir de 1814 se intentó una actualización de los conceptos punitivos para reprimir las conductas políticas, desde la mera sospecha hasta la consumación de hechos contra la soberanía real, pero no fueron derogadas explícitamente las antiguas leyes de origen medieval, de manera que la maraña legislativa fue considerable y en buena medida todo dependió del arbitrio de los jueces y de la voluntad del rey (Ortego, 2015, págs. 47-56).

[21] Fernández Martín, 1900, III, págs. 71-77.

[22] Fernández Martín, 1900, III, págs. 158 y sigs.

[23] Publica la lista Fernández Martín, 1900, III, págs. 195-216. Véase Lasa Iraola, 1970.

[24] RAH, leg. 11/8322, exp. 1; Fernández Martín, 1900, III, págs. 162-191 (proceso del Cojo de Málaga) y 158 (Toreno); Varela Suanzes-Carpegna, 2005, págs. 103-104; Lasa Iraola, 1970. A diferencia de los anteriores, Pintos Vieites, 1958, págs. 169-175 ofrece una interpretación favorable a la actuación de Fernando VII.

[25] Suplemento a la Gaceta de Madrid del 21 de julio de 1814; carta de Girón a su padre, Madrid, 22 de julio de 1814 (en Arzadun, 1942, págs. 89-90).

[26] Fiestas Loza, 1994, págs. 33 y 70-74. Los delitos de lesa majestad y traición previstos en la legislación del Antiguo Régimen no habían sido derogados por las Cortes de Cádiz, de modo que aunque Fernando VII no hubiera invalidado la obra de las Cortes, nada le impedía en 1814 basarse en las antiguas leyes.

[27] Circular del 30 de mayo de 1814 (Decretos del rey..., 1818, I, págs. 49-52). Sobre la repercusión internacional de esta medida se tratará más adelante.

[28] Cit. por Arzadun, 1942, pág. 89.

[29] Sobre la mencionada comisión, véase La Parra y Casado, 2013, págs. 136-137.

[30] Lea, 1983, pág. 849; Escudero, 2005.

[31] Ferrer Benimeli, 1987, I; Van Halen, 1828, I, pág. 182; González Fernández, 2013.

[32] Perona, 2015, págs. 850 y sigs.; Roca Vernet, 2015, págs. 23-24.

[33] Morange, 2002, págs. 273-274.

[34] Despacho de Giustiniani del 17 de marzo de 1820 (cit. por Alonso Tejada, 1969, pág. 233).

[35] Real Cédula del 31 de agosto de 1814 (Decretos del rey..., 1818, I, pág. 226).

[36] Revuelta, 2013, págs. 207-208.

[37] Giménez López, 2010 y 2013; Revuelta, 2013, pág. 211.

[38] Giménez López, 2007, pág. 136.

[39] Carta de Pío VII a Fernando VII, 15 de diciembre de 1814 (AHN, Estado, 3517). Agradezco el dato a Enrique Giménez.

[40] Artola Renedo, 2013.

[41] Rodríguez López-Brea, 2001, págs. 36 y 41.

[42] Artola Renedo, 2013, págs. 311-313; Moral Roncal, 1999a, págs. 115-116.

[43] Alcalá Galiano, 1846, VII, págs. 38 y 41.

[44] Wellington a Lord Liverpool, París, 9-5-1814, en Santacara, 2005, pág. 752; Castlereagh a Wellington, 9-5-1814, en Brennecke, 2010, pág. 53.

[45] Wellington a San Carlos, Mondragón, 21-5-1814 (Wellington, 1838, XII, pág. 26). Azcárate, 1960, págs. 224-225 y Castilla, 2012, págs. 59-61 reproducen otras cartas del general inglés en el mismo sentido, también escritas en su viaje de París a Madrid.

[46] Carta de Girón, cit. por Arzadun, 1942, pág. 79.

[47] Wellington a Castlereagh, Madrid, 1-6-1814 (en Santacara, 2005, págs. 753-754).

[48] Memoria del Duque de Ciudad Rodrigo... (BN, Ms. 22988/46).

[49] The private journal of F. Seymour Larpent, Londres, 1853, II, pág. 364 (cit. por Castilla, 2012, pág. 76).

[50] Cit. por Brennecke, 2010, págs. 80 y 57-58.

[51] Wellesley a Castlereagh, Madrid, 15-5-1814 (Wellington, 1862, vol. 9, pág. 74).

[52] Turrado, 2014. La supresión del Ministerio de Seguridad Pública vino a ser, en la práctica, una de las últimas victorias del Consejo de Castilla, del que dependía la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, en su lucha por mantenerse como supremo tribunal de justicia, o lo que es lo mismo, para preservar sus prerrogativas históricas.

[53] Artola, 1968, págs. 42 y 544; Esteban de Vega, 1998, págs. 92-93.

[54] Comellas, 1958, pág. 32. En la misma línea, y a pesar de su notable esfuerzo por justificar a Fernando VII, Pintos Vieites, 1958, pág. 131 afirma que la política ministerial «fracasó rotundamente» estos años.

[55] R.D. del 25 de noviembre de 1814 (Decretos del rey..., 1818, I, págs. 377-378).

[56] AGP, caja 344, exp. 19. La lista de condecorados en 1814 comprende 47 individuos, todos los servidores del rey al final de su estancia en Valençay, desde altos empleos (duque de San Carlos, Escoiquiz, marqués de Feria, Pedro Macanaz...) hasta los más bajos (barrenderos, mozos, empleados de cocina...).

[57] AGP, Personal, caja 16870, exp. 42; Izquierdo, 1963, pág. 170; Urquijo Goitia, 2007, pág. 22.

[58] El debate entre Cevallos y Escoiquiz adquirió un tono agrio y se desarrolló ante la opinión pública en diversos opúsculos en que ambos defendieron su posición (véase Cevallos, 1814a y 1814b; Crespo-Laguillo, 207, págs. 249-264; Escoiquiz, 1809). Según Alcalá Galiano, 1846, VII, pág. 47, esta discusión no dejó de divertir al rey, «que por su condición gustaba de ver pelear entre sí a sus servidores».

[59] Fontana, 1971, págs. 92-96; Vayo, 1842, II, pág. 99.

[60] Las cartas han sido publicadas por Castañeda, 1943.

[61] Jakóbczyk-Adamczyk, 2015, pág. 228.

[62] Además de Macanaz, Luisa Petit y Doz, el R.D., fechado el 25 de noviembre de 1814, condenaba a diferentes penas a las personas siguientes: Dionisio García Urbano, José Moragas (comerciante de Mahón), Lázaro de Rada, Francisco Estanga (vecino de Calatayud), Manuel de Córdoba, Juan Bautista Maigneu, Luisa Robinet, Dominica Frifon y Salvador Colomer (Decretos del rey..., 1818, I, págs. 377-378).

[63] Vayo, 1842, II, págs. 80-81; Castro, 1929, págs. 396-402; Historia contemporánea de la revolución..., 1843, págs. 89-91; Artola, 1968, pág. 550. Según un informe enviado al ministro de Asuntos Exteriores de Francia, también se acusó a Macanaz de haber mantenido correspondencia con enemigos del Estado, entre ellos Godoy (cit. por Barbastro, 2008, pág. 320).

[64] Quintero, 2012, pág. 79.

[65] R.D. del 19 de mayo de 1826, en Presas, 1827, apéndice, documento 11.

[66] Sánchez Mantero, 2001, pág. 123; Artola, 1868, pág. 559.

[67] Sarrailh, 1925, pág. 21. Pizarro, 1998, pág. 316: «Cuando estaba cenando, viene el hijo de Eguía a traerme el oficio de destitución, destierro y antes del amanecer a Valencia con mi familia».

[68] Vayo, 1840, II, pág. 120; Rivas, 1960, págs. 552-554.

[69] Calvo Maturana, 2013.

[70] Sobre el plan de Garay, véase los diferentes puntos de vista de Fontana, 1971, págs. 138-142 y Alonso, págs. 435-478. Muestra palmaria de que los privilegiados se vieron seriamente perjudicados por la reforma tributaria fue la dura reacción de Infantado (Alarcón, 2015, págs. 249-354).

[71] Pizarro, 1998, pág. 244; Alonso, 2009, págs. 502-503; Vayo, 1842, II, pág. 98; Castro y Compañía, 1868; Diccionario de parlamentarios españoles, I (voz «Tomás Moyano», por Juan Antonio Cano García).

[72] Fontana, 1971, pág. 229 y sobre el cese de Pizarro, págs. 229-235; Mitiuckov y Anca Alamillo, 2009, pág. 57; Pizarro, 1998, págs. 265-275; López Tabar, 2001, págs. 157-163.

[73] Fontana, 1971, págs. 241-242.

[74] Fuentes, 2007a, pág. 38.

[75] Pizarro, 1998, pág. 234. La palabra «camarilla» ha sido recogida en el Diccionario de la Lengua Española con el significado de «conjunto de personas que influyen subrepticiamente en los asuntos de Estado o en las decisiones de alguna autoridad superior». El Petit Robert. Dictionnaire de la Langue Française da dos significados a «Camarilla» (sic): «1. Parti absolutiste, formé par les familiers du roi d'Espagne. 2. Coterie d'intrigants politiquement influents». Esta segunda acepción se le da también en inglés e italiano.

[76] Lafuente, 1922, t. 18, pág. 177.

[77] Flórez Estrada, 1819, pág. 170; Presas, 1827, págs. 33-34; Pizarro, 1998, págs. 239 y 244: Castro, 1868, pág. 424; López, 1886, págs. 297-301; Quintero, 2012, pág. 438; Artola, 1968, pág. 560.

[78] Oliván, 1824, págs. 98-99.

[79] En el tiempo de Isabel II se formaron varias camarillas, en correspondencia con las disensiones internas entre los miembros de la familia real (Burdiel, 2010, pág. 215). No parece que este fenómeno alcanzara la misma dimensión en los años de Fernando VII.

[80] AHN, Consejos, 9872 A, exp. 2; Martín-Lanuza, 2012, págs. 314-315; Gil Novales, 2010.

[81] AGP, Personal, leg. 16797, exp. 27.

[82] Baroja, 1999, pág. 727.

[83] Ortiz de la Torre, 1934, págs. 8-11; J. R. Urquijo, voz «Ugarte Larrazábal», Diccionario biográfico español, Real Academia de la Historia; Gil Novales, 2010; Díez, 1999, II, págs. 185-186.

[84] Arzadun, 1942, pág. 117.

[85] Artola, 1968, pág. 560; Comellas, 1958, pág. 41 (en escritos posteriores, este autor ha difuminado algo más la actuación de la camarilla); Moral Roncal, 2005, págs. 73-75.

[86] Oliván, 1824, págs. 99-100.

[87] Burdiel, 2004, pág. 337.

[88] Pizarro, 1998, pág. 276. Como es lógico, Pizarro marca distancias con Ugarte, pero no es extraño que este se tomara ciertas confianzas, pues el apoyo de Tatischev había sido decisivo para que Pizarro entrara en el gobierno en sustitución de Cevallos, muy mal visto por los rusos (Voltes, 1985, pág. 147).

[89] Eggers y Feune de Colombí, 1958, págs. 42 y 65-74; Schop Soler, 1984, págs. 136-139; Voltes, 1985, págs. 142-154.

[90] Notas de las memorias inéditas de Vázquez de Figueroa, en Pizarro, 1998, pág. 699; Mitiuckov y Anca Alamillo, 2009.

[91] Eggers y Feune de Colombí, 1958, pág. 76.

[92] Sobre el asunto, véase Notas de las memorias inéditas de Vázquez de Figueroa, en Pizarro, 1998, págs. 695-706; Fontana, 1971, págs. 222-228 y Mitiuckov y Anca Alamillo, 2009.

[93] Informe confidencial de Ugarte al rey, 15 de junio de 1821 (AGP, FVII, caja 29, exp. 4)

[94] Cit. por Ortiz de la Torre, 1934, pág. 10.

[95] Girón, 1979, págs. 90 y 92.

[96] Informe confidencial de Ugarte al rey, 15 de junio de 1821 (AGP, FVII, caja 29, exp. 4). La orden de Canga Argüelles fue del 24 de mayo de 1821.

[97] Carta de Lozano de Torres al rey, Madrid, 6 de julio de 1819 (en Ortiz de la Torre, 934, págs. 15-18); Morange, 2006, págs. 72-73.

[98] Burdiel, 2004, pág. 337.

[99] Así se dice en Castro y Compañía, 1869, pág. 428.

[100] Alarcón, 2015, págs. 540-541.

[101] Vayo, 1842, II, pág. 113; Challice, 1909, págs. 85-86; Pereira, 1938, págs. 65-67. De las relaciones extramatrimoniales del rey tratan, sin citar fuentes, Castro y Compañía, 1869, pág. 428 y Villa-Urrutia, 1925, pág. 99, a quienes siguen otros historiadores.

[102] Becker, 1900, págs. 348-351; Moral Roncal, 1999a, págs. 119-120.

[103] Cartas de Carlota Joaquina a Fernando VII, Río de Janeiro, 23 de mayo y 6 de noviembre de 1814 (AGP, F7, caja 38, exp. 1). La reina portuguesa se olvidó en sus misivas de sus hijas más jóvenes, todavía niñas, María de la Asunción y Ana, nacidas respectivamente en 1805 y el año siguiente.

[104] Schop Soler, 1984, págs. 61, 88 y 151.

[105] Despacho de Labrador del 30-11-1814, cit. por Becker, 1924, pág. 363.

[106] Becker, 1924, págs. 368-369; Schop Soler, 1984, pág. 152. La gran duquesa Ana casó en 1816 con el príncipe Guillermo de Orange, luego Guillermo II de Holanda. El mismo año, su hermana Catalina contrajo segundas nupcias con Guillermo I de Wurtemberg. Años antes, en 1809, Napoleón había expuesto al zar su deseo de contraer matrimonio con la gran duquesa Ana, pero Alejandro I no dio su consentimiento (Rey, 2009, pág. 264).

[107] Becker, págs. 360-362. Clementina terminó casándose con Pedro Juan, hijo de Fernando I de las Dos Sicilias, y Leopoldina con Pedro IV de Portugal.

[108] Del Corno, 1994, pág. 166.

[109] Durante la estancia de Fernando VII en Valençay, Carlota Joaquina pretendió reunir los territorios de América del Sur para gobernarlos como regente en nombre del rey de España. Contó para ello con la colaboración del general Vigodet, gobernador militar y político de Montevideo, y del padre Cirilo de la Alameda. En este tiempo, la reina portuguesa también ambicionó la presidencia de la Regencia española. Nada de todo esto consiguió (Pereira, 1999; La Parra, 2017).

[110] Cit. por Villa-Urrutia, 1925, pág. 93. Según este autor, fue Lardizábal, asimismo, quien escribió, por supuesto reservadamente, al embajador español en la Santa Sede, Vargas Laguna, para que obtuviese del papa las dispensas para el doble matrimonio.

[111] Pizarro, 1998, pág. 252. Esta carta se conoció porque Abadía envió copia a dos personas residentes en Lima, una de ellas su hermano. Los insurgentes americanos se hicieron con ella y la entregaron a la prensa británica, que la publicó.

[112] Carta de don Carlos a Fernando VII, Madrid, 2 de agosto de 1816 (AGP, RF7, caja 27).

[113] Lema, 1916, pág. 48.

[114] El informe de Arteaga está fechado en Madrid el 25 de agosto de 1815 (lo reproduce De la Fuente, 1874, I, págs. 429-432). Sobre las relaciones de Calomarde con Carlota Joaquina en este momento, véase Lema, 1916, págs. 52-55.

[115] En su correspondencia con Fernando VII de octubre de 1815, la reina Carlota Joaquina se había mostrado segura de poder viajar a España con sus hijas (AGP, FVII, Caja 38, exp. 1).

[116] AGP, F7, caja 35, exp. 1. El infante don Carlos escribió a Fernando VII el 20 de julio de 1816: «Hoy han llegado los cuatro carros de los equipajes de las novias, son diez y siete los fardos» (ibíd., caja 27). Desconozco el contenido de estos bultos. La cantidad de la dote la ofrece Pereira, 1938, pág. 25.

[117] Becker, 1900, págs. 135-137; Villa-Urrutia, 1925, pág. 96.

[118] Las cartas están en AGP, F7, caja 35, exp. 1 (cartas de María Isabel) y exp. 2 (las de Fernando, que llevan la indicación, de puño y letra del rey: «Cartas que yo escribí a mi segunda mujer cuando era novio»).

[119] Calvo, 2010, pág. 28. Este historiador resalta el programa iconográfico de las habitaciones de la nueva reina, en el que predominaron las alusiones a Isabel la Católica, con referencias asimismo a la caridad de santa Isabel de Portugal, a san Hermenegildo y a las virtudes de la monarquía (véase Alba Pagán, 2004). Las ilusiones de Fernando VII, el inspirador sin duda de todo ello, no podían quedar más explícitas.

[120] Pineda, 1881, págs. 183-194; Domínguez Santamaría, 1999, págs. 55-56.

[121] Villa-Urrutia, 1925, pág. 97.

[122] Díez, 2005, págs. 266-267.

[123] Izquierdo, 1946, págs. 562 y 557-562 (informe de Álvarez Lancelle).

[124] Carta de Carlota Joaquina a Fernando VII, Río de Janeiro, 17 de mayo de 1816 (AGP, FVII, caja 38, exp. 1).

[125] La reina había tenido de niña muy buenos maestros, entre otros José Monteiro de Rocha, erudito muy reputado y respetado en Portugal, y el excelente pintor Domingo Antonio de Sequeira (Dos Santos, 2006, pág. 10).

[126] Pizarro, 1998, pág. 252; Alonso, 2009, págs. 483-484.

[127] Carta de María Isabel al rey de Portugal, 4 de diciembre de 1812 (reproducida en Pereira, 1938, pág. 69).

[128] Vayo, 1842, II, págs. 112-113; Miguelsanz, 2012, pág. 69.

[129] Izquierdo, 1946, pág. 563; Miguelsanz, 2012, págs. 71-72.

[130] Calvo Maturana, 2003, págs. 31-35; González Tornel y Alba Pagán, 2013.

[131] Carta de Carlos IV al regente de Inglaterra, 3 de febrero de 1814 (FO 95/631); informe de Anzón, Roma, 14 de octubre de 1814 (AGP, Fondo Manuel Godoy, caja 22948, exp. 26); carta de Carlos IV al regente de Inglaterra, 1 de junio de 1814 (FO 95/631).

[132] Barbastro, 2008, pág. 328 (este autor se basa en informes franceses); Gil Novales, 2010, voz: «Rodríguez, Juan Félix».

[133] Carta de Almeida a Carlos IV, Londres, 8 de septiembre de 1814 (AGP, Fondo Godoy, caja 22948, exp. 30). Almeida escribía asimismo a la reina María Luisa rogándole que convenciera al rey para que volviera al trono.

[134] Nota de San Carlos al cardenal Pacca, secretario de Estado de la Santa Sede, 5 de septiembre de 1814 (cit. por Comellas, 1958, pág. 269).

[135] Informe de Anzón, Roma, 14 de octubre de 1814 (AGP, Fondo Manuel Godoy, caja 22948, exp. 26); Godoy, 2008, págs. 112-115; Fernández Martín, 1900, III, pág. 610.

[136] Esta carta, así como el resto de las cruzadas entre Fernando VII y sus padres, se halla en AGP, RF7, caja 34, exp. 1 (cartas de Carlos IV), exp. 2 (las de la reina) y exp. 3 (de Fernando a sus padres).

[137] Texto completo de este convenio en Cantillo, 1843, págs. 743-745. Fernando le dio publicidad mandando su impresión en la imprenta real con el título: Convenio ajustado entre el Rey Nuestro Señor y su augusto Padre, 1815 (AGP, t. 106, ff. 75-80).

[138] Sobre las peripecias durante estos años de Francisco de Paula, véase Moral Roncal, 1999b.

[139] La correspondencia diplomática de Vargas Laguna sobre esta materia en AGP, t. 106. Véase Comellas, 1958, págs. 267 y sigs.

[140] Morange, 2006, pág. 140.

[141] AGP, RF7, caja 34, exp. 1.

[142] Morange, 2006, pág. 139.

[143] Nota para el ministro de Policía General de Francia, anónima, 9-3-1816 (ANP, F7 11994, doss. 127e.); Vargas Laguna al duque de San Carlos, 16-10-1814 (AGP, t. 106, ff. 18-22); Iribarren, 1967, pág. 316; Fuentes, 2007, pág. 150; Morange, 2006, págs. 141-147; Aymes, 2008, págs. 58-59.

[144] Fernández Martín, 1900, III págs. 607-612. Sobre la feroz crítica de El Español constitucional a Fernando VII, véase Cancionero liberal..., 1998 y Morange, 2006, págs. 185-186.

[145] Reproduce la carta Fernández Martín, III, 1900, págs. 278-284.

[146] Flórez Estrada, 1819, págs. 171-174 y 166 (ésta era la séptima edición de la versión castellana de la Representación). Véase Varela Suanzes-Carpegna, 2004 y Fernández Sebastián, 2004.

[147] Morange, 2006, págs. 151-158; el texto del «Manifiesto» en págs. 400-404.

[148] Morange, 2006, pág. 148. Además de esta obra, véase sobre los movimientos insurreccionales o «primeros pronunciamientos» Comellas, 1958; Ramos, 1970; Ardit, 1977; Monente, 1977.

[149] Cartas de Labrador al duque de San Carlos, París, 21 de junio y 18 de agosto de 1814 (Labrador, 1959, págs. 583 y 602).

[150] Lever, 1988, págs. 347 y 349. Sobre el modelo de Restauración en Francia, véase Ferrari, 2000, Waresquiel e Yvert, 2002 y Démier, 2012.

[151] La Parra y Fernández Sirvent, 2013; Simal, 2016.

[152] Cit. por Brennecke, 2010, págs. 57 y 80-82.

[153] Como sucedió con tantos otros al servicio de Fernando VII, unas eran las opiniones expresadas en privado y otras las que se hacían públicas. Refiere Flórez Estrada que a finales de 1814, Labrador publicó un artículo en un periódico de París destinado a refutar informaciones contrarias a España, en el que dijo que jamás había tenido un gobierno más sabio, que gozaba de prosperidad y los españoles estaban muy contentos (Flórez Estrada, 1919, pág. 6).

[154] Becker, 1924, vol. I; López-Cordón, 1986, pág. 93; Jakobczyk-Adamczk, 2015, págs. 118-134.

[155] La salida de obras de arte de España a Francia fue un asunto complejo sobre el que se debatió largo tiempo (véase Dufour, 2008, págs. 244-248), popularizado por Pérez Galdós en su episodio nacional El equipaje del rey José.

[156] En Nellerto, 1814, I, págs. 244-245; De la Torre, 2015, págs. 45-46.

[157] Dufour, 1982, págs. 52-54; López Tabar, 2001, págs. 114-124; Fernández Sirvent, 2005a, págs. 162-175 y 2005b.

[158] Memoria del Duque de Ciudad Rodrigo..., 1814 (BN, Ms. 22988/46). El texto del nuevo tratado hispano-británico en Cantillo, 1843, págs. 732-733.

[159] Limpo, 2005.

[160] Lentz, 2013, pág. 97.

[161] Sigo en lo relativo a este incidente el documentado estudio de Bitard de Portes, 1897.

[162] Los títulos del rey expresaban el carácter compuesto de la monarquía española. Fernando VII mantuvo esta formalidad hasta el final de su vida. En su testamento se tituló «Rey por la gracias de Dios de las Españas y de las Indias, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, Señor de Vizcaya y de Molina, etc. etc. [sic]» (AGP, Registros, leg. 4807). Véase Rucquoi, 1992, pág. 65; Elliott, 2004, págs. 17-35; Guerra, 2014, págs. 156-162; Landavazo, 2001a, pág. 23; Cortés Guerrero, 2010, págs. 50-52; Pérez Vejo, 2014, pág. 81.

[163] Breña, 2006, pág. 87; Dym, 2013, pág. 92; Portillo, 2006, págs. 60-103.

[164] Landavazo, 2001a, pág. 53 y 2001b, pág. 74. Un ejemplo de la magnificencia de las fiestas de proclamación de Fernando VII en Brenes, 2008, págs. 55-81. Sobre las reacciones en Buenos Aires, Gori y Gutiérrez De Angelis, 2009, págs. 47-49. Los calificativos dados a Fernando VII en 1808 en América fueron idénticos a los contenidos en las proclamas y manifestaciones públicas de las juntas en la España europea (véase La Parra, 2004, págs. 48-49).

[165] Portillo, 2006 y 2014, págs. 41-42; Fradera, 2015, págs. 378-418.

[166] Cit. por Dym, 2013, pág. 92.

[167] Guerra, 2014, págs. 340-341; Rodríguez, 2008, pág. 11.

[168] Breña, 2010, pág. 19; Rodríguez, 2008, pág. 2; Landavazo, 2001a, págs. 59, 78-80 y 167.

[169] Edición digital de la Respuesta de la Junta de Caracas, publicada en La Gaceta de Caracas el 25 de mayo de 1810, en Biblioteca Virtual Cervantes (http://www.cervantesvirtual.com/obra/respuesta-dada-a-la-regencia-de-espana-por-la-junta-de-caracas--0/); Pérez Vejo, 2016, págs. 166-167; Gori y Gutiérrez De Ángelis, 2009, pág. 45; Almarza, 2014, pág. 213.

[170] Landavazo, 2001b, pág. 75 y 2001a, pág. 173.

[171] Las citas en Landavazo, 2014, pág. 307 y Olveda, 2014, pág. 327.

[172] Hébrand, 2012, pág. 33; Dym, 2013, pág. 95; Pérez Vejo, 2014, pág. 82 y 2016, pág. 168; Portillo, 2002, pág. 472; Fradera, 2015, págs. 378-418.

[173] Becker, 1924, pág. 484; Pérez Vejo, 2016, pág. 182.

[174] Pizarro, 1998, págs. 299-300.

[175] Landavazo, 2001b, págs. 87-89; Dym, 2013, pág. 94. En 1812 el diputado Germán Roscío, del Congreso de Venezuela, se había declarado en una carta particular a favor de la independencia para poner fin a «la idolatría de Fernando, rey imaginario, de burla y de farsa» (cit. por Hébrard, 2012, pág. 30).

[176] Pizarro, 1998, págs. 299-304; Breña, 2006, págs. 436-439.

[177] Pizarro, 1998, págs. 668-678. Pizarro presentó otra «Memoria sobre la pacificación», fechada el 1 de diciembre de 1815 (ibíd., págs. 563-569).

[178] AHN, Estado, 6128; Breña, 2006, pág. 441.

[179] Becker, 1924, págs. 490-497, ofrece amplia información sobre las notas intercambiadas entre diplomáticos españoles y europeos en torno al congreso de Aquisgrán (Aix-la-Chapelle).

[180] Breña, 2012, págs. 162-163.

[181] Breña, 2006, pág. 444-445.

[182] Lafuente, 1922, t. 18, pág. 338; Gil Novales, 1986, págs. 148-157. El proyecto de Císcar, fechado el 12 de diciembre de 1821, iba más lejos que el dictamen emitido el mes anterior por el Consejo de Estado que aconsejaba la libertad de comercio y el reparto de tierras entre indios y castas (La Parra, 1995, págs. 222-225).

[183] Los liberales exiliados españoles, en estrecho contacto en Londres con representantes de las nuevas repúblicas, apoyaron los movimientos americanos y viceversa (Castells, 1988, págs. 499-505).

[184] Presionado por España, León XII publicó la encíclica Etsi iam diu (1824), en la que instaba a los americanos a obedecer al rey de España. El texto fue muy mal recibido en América. Sobre el contenido y recepción de la encíclica, Leturia, 1959, II, págs. 242-283. Véase asimismo La Peña y Reyes, 1924 y Breña, 2006, págs. 450-453.

[185] Fontana, 2006, págs. 250-251; Quintero y Farmer, 2012, pág. 47; Sims, 1984, pág. 11.

[186] Informe del 8 de noviembre de 1826, en Quintero y Farmer, 2012, pág. 184.

[187] Sims, 1984, págs. 79-87.

[188] Quintero y Farmer, 2012, pág. 407.

[189] Informe de Cea Bermúdez del 16 de diciembre de 1829 (AHN, Estado, 3076, cit. por Castells, 1988, pág. 504). Aunque se abrió un proceso contra Barradas, no se prosiguió en Madrid, quizá por temor a llegar a los auténticos culpables de la mala organización de la expedición (De la Rosa Olivera, 1967, pág. 232).

[190] Quintero, 2012, págs. 407-442 y Sims, 1984, págs. 69-70 y 141-166 ofrecen abundantes noticias sobre planes de invasión de México en 1830 y la disposición a contribuir económicamente de comerciantes, tanto residentes en la Península como llegados de América.

[191] Quintero, 2012, págs. 425-426 reproduce la descripción, con toda la intención.

7. Por la senda constitucional

[1] Carta de Escoiquiz a Fernando VII, Ronda, 11 de enero de 1820 (en Castañeda, 1943, pág. 215); Vayo, 1842, II, pág. 152; Sánchez Martín, 2016, pág. 353.

[2] Decreto del 3 de marzo de 1820, en Miraflores, 1834b, I, págs. 84-87.

[3] Sobre la situación de Riego en los primeros meses de 1820, véase Sánchez Martín, 2016, págs. 225-361; acerca de la extensión de la revolución, Artola, 1969, págs. 649-659; Rújula, 1998, págs. 62-66; Roca, 2011, págs. 25-55.

[4] Alarcón, 2015, págs. 369-371.

[5] En la sesión del Consejo de Estado del 6 de marzo dijo el infante Francisco de Paula: «aquí [en Madrid] se reúne la peor gente de todas las provincias bajo todos los conceptos. Aquí están los mayores enemigos del orden y en mayor número que en el resto de la nación» (cit. por Moral Roncal, 1999b, pág. 148, nota 3).

[6] Miraflores, 1834b, I, págs. 91-92 (las mayúsculas son del original).

[7] Miraflores, 1834a, pág. 45; Vayo, 1842, II, págs. 156-166.

[8] Cit. por Moral Roncal, 1999a, pág. 149.

[9] Lo que se dirá a continuación sobre la Constitución de 1812 se basa, fundamentalmente, en Fernández Sarasola, 2011 y Varela Suanzes-Carpegna, 2013.

[10] Flórez Estrada, 1958, II, pág. 169.

[11] En un estudio sobre la Constitución española de 1812 publicado en 1820, el jurista Karl-Ludwig von Haller expresó con la siguiente sentencia la opinión que merecía el texto a los conservadores europeos: «Las Cortes españolas quieren a un rey sujeto a la gleba» (cit. por Millán y Romeo, 2013, pág. 8).

[12] Conversas entre Bernat y [sic] Baldiri, cit. por Marco, 1977, pág. 532.

[13] DSC, Legislatura de 1820, págs. 16-17; Gil Novales, 1975, págs. 168 y 56 respectivamente; Cabrerizo, 1823, pág. 27.

[14] Romero Alpuente, 1989, II, págs. 3 y 464-467.

[15] Cit. por Gil Novales, 1975, pág. 82.

[16] Seco, 1968, pág. 57. La casa real de Sajonia se convirtió al catolicismo en 1696-1717 para poder reinar en Polonia, pero el luteranismo mantuvo su presencia en la vida oficial del país.

[17] Carta del infante don Carlos al rey, Buitrago, 18 de octubre de 1819 (AGP, RF7, caja 27).

[18] Domínguez Santamaría, 1999, págs. 56-59.

[19] Pineda, 1881, págs. 207-210; Becker, 1900, págs. 130-140.

[20] Carta de Josefa a Fernando, 14 de octubre de 1819 (AGP, caja 34, exp. 4).

[21] López-Cordón, 2015, págs. 84-85.

[22] En la que quizá sea la única biografía de Josefa Amalia, se dice que se educó en un monasterio femenino situado a orillas del Elba (Konrad Haebler, Maria Josefa Amalia. Herzogin zu Sachsen. Königin von Spanien, Dresde, 1892).

[23] Cartas de María Josefa a Fernando VII fechadas en Vitoria el 7, 9 y 15 de octubre de 1819 (AGP, caja 35, ex. 4).

[24] Carta de Fernando a Josefa, Madrid, 19 de octubre de 1819 y de Josefa a Fernando, El Pardo, misma fecha (AGP, caja 35 exp. 3 y 4 respectivamente).

[25] Carta de Josefa a Fernando VII, San Lorenzo, 9 de octubre de 1827 (AGP, RF7, caja 35, exp. 4). Los originales de los poemas de la reina están en el libro 92 de los Papeles Reservados de Fernando VII (AGP). En la Biblioteca Nacional de Madrid existen dos volúmenes que recogen la mayor parte de estas composiciones. En el I hay una nota en inglés que dice: «In the original manuscript in the Royal Library, Madrid, the corrections by Arriaza appears (P. de Gayangos)». Véase Seco, 1968, págs. 60 y sigs.

[26] El estribillo de la canción patriótica a Mina que incluye Cabrerizo en su Colección de Canciones Patrióticas de 1823 decía: «A las armas volad, ciudadanos, / imitando de Mina el valor, / aterremos las hordas de esclavos, / que acaudilla el perjuro Barón» [probablemente se refiere al absolutista barón de Eroles, contra el que luchaba Mina en Cataluña en 1822-1823].

[27] Comellas, 2007, págs. 869-870; Gil Novales, 1975, pág. 805; Gaceta de Madrid del 9 de marzo de 1823, pág. 340; Sebold, 204, pág. 504; López-Cordón, 2015, pág. 89. Féliz Mejía atribuyó la autoría de las cartas a Javier de Burgos (Le Brun, 1826a, pág. 296).

[28] Maria Josefa Amalia de Sajonia, 1822, pág. 198. En distintos lugares del texto se describe de tal manera el estado de ánimo de la reina que resulta difícil suponer que no haya sido redactado, si no por ella misma, por alguien muy próximo, por ejemplo su camarera mayor. Véase, por ejemplo, la forma de expresar el horror que le produjo la primera corrida de toros (págs. 85-87) y el profundo desagrado que le causaron los «indecorosos» bailes tradicionales con que se le obsequió en el teatro de la Cruz el día de las velaciones matrimoniales (págs. 72-75).

[29] Además de los poemas y de las Cartas de la reina Witinia, María Josefa escribió una novela romántica que ha quedado inédita: Julia y Francisca en Turquía, novela moral compuesta por — en el mes de marzo de 1828, cuyo ejemplar manuscrito se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid, varias obras de teatro en alemán y en español (alguna se representó en palacio) y un «Diario de los paseos de SS.MM. los Reyes en el Real Sitio de San Ildefonso en su temporada del año 1821», un texto meramente descriptivo, pero no carente de interés para el estudio de la decoración del palacio real (está manuscrito en AGP, RF7, caja 2, exp. 3).

[30] Uno de esos comentarios se publicó en El Amigo del Pueblo, n.º 7, 1822.

[31] María Josefa Amalia de Sajonia, 1822, pág. 35.

[32] María Josefa Amalia de Sajonia, 1822, págs. 36-37 y 212-213.

[33] Ciertos autores mencionan una de las salidas extemporáneas atribuidas a Fernando VII, popularizadas por el marqués de Villa-Urrutia: ante la propuesta de algunos realistas de que casase con otra princesa alemana tras enviudar de María Josefa, exclamó: «¡No más rosarios!» (Villa-Urrutia, 1943, pág. 198; Voltes, 1985, pág. 162). La anécdota no parece gratuita. En una de las cartas a su esposa le dice el rey: «soy tu diablillo que te interrumpe en tus oraciones» (carta de Fernando VII a la reina, Tarragona, 5 de octubre de 1827, AGP, RF7, caja 35, exp. 3).

[34] Mérimée, 1898, págs. 7-11.

[35] Cadenas y Vicent, 1958. Este autor publica informes de científicos ilustrados sobre los beneficiosos efectos de las aguas de este manantial.

[36] Borrador de carta de Fernando VII al papa León XII, sin fecha (AGP, F7, caja 41, exp. 1).

[37] Díaz de Cerio, 1993, pág. 434.

[38] Izquierdo, 1950a, págs. 408-409.

[39] Presidida por el cardenal Borbón, la Junta estuvo integrada por el general Ballesteros (vicepresidente) y los siguientes vocales: el obispo Manuel Abad y Queipo, Manuel de Lardizábal, Mateo Valdemoros, Vicente Sancho, Antonio Gil de Taboada, Francisco Crespo de Tejada, Bernardo de Borja y Tarrius e Ignacio de la Pezuela. Ninguno de ellos había desempeñado un papel relevante en el régimen absolutista anterior y, salvo el cardenal Borbón, tampoco durante las Cortes de Cádiz (Buldain, 1988, págs. 33-41, Rodríguez López-Brea, 2002, págs. 283-285).

[40] Todavía al comienzo del Trienio el concepto de partido político se asociaba al de facción o parcialidad, es decir, se le atribuyó un significado negativo (Fernández Sarasola, 2009, págs. 56-58).

[41] Estas notas están reproducidas en Ortiz de la Torre, 1934, págs. 24-32.

[42] El decreto en Ortiz de la Torre, 1934, págs. 217-218.

[43] Morales, 1826, pág. 86.

[44] Existen abundantes noticias sobre las actuaciones de los individuos mencionados y otros en contra del régimen constitucional en el índice de los papeles del archivo de la Regencia de Urgel publicado por Miraflores, 1834b, II, págs. 32-76. Sobre Regato, véase Morange, 1990, págs. 163-169 y Pegenaute, 1978, págs. 199-239. La actuación de Álvarez de Toledo, en Gallego, 2012, págs. 118-122.

[45] Representación de Eguía al rey, 1823 (AGP, t. 24, f. 13v) y del marqués de Mataflorida al mismo (Miraflores, 1834b, II, pág. 76).

[46] Eguía declaró sin ambages al rey que su hijo Francisco Agustín fue «agente secreto suyo en esta corte». (AGP, t. 26, f. 21v). Véase La Parra, 2007, pág. 83 y Gil Novales, 2010, voz «Villar Frontín».

[47] Presas, 1827, pág. 126. Santiago Gómez de Negrete había sido encargado en 1815 por el rey de investigar en Sevilla una hipotética conspiración. Tan cruel se mostró en la represión que fue apartado de la misión y encarcelado, pero no debe extrañar que no perdiera la confianza del rey (Gil Novales, 2010, pág. 1340). Es probable que uno de los directivos de la Confidencia central fuera el entonces coronel Francisco Casasola, comprometido más tarde en el complot contrarrevolucionario del 7 de julio (Moral, 1999, pág. 154; Martín-Lanuza, 2012, pág. 194).

[48] La documentación sobre las Confidencias en AGP, t. 71, ff. 124-135.

[49] AGP, RF7, caja 2, exp. 7.

[50] AGP, t. 24.

[51] AGP, RF7, caja 2, exp. 6.

[52] Miraflores, 1834b, págs. 207-211 reproduce el plan tal como fue presentado por una comisión de las Cortes. Véase Gil Novales, 1975, págs. 611-616.

[53] Rey, 2009, págs. 381-418 y 446 y sigs.

[54] Correspondencia secreta entre Fernando VII y el conde de Bulgari (en Pelosi, 1977, págs. 424-427).

[55] Cit. por Villa-Urrutia, 1943, págs. 280-281.

[56] Ortiz de la Torre, 1934, pág. 29.

[57] AAEE, Corr. Pol. Esp., 716, f. 203; Miraflores, 1834b, II, pág. 44; Fernández de Córdoba, 1966, I, pág. 21; Butrón, 2016, págs. 197-198. Pérez de La Blanca, 2005, págs. 197-201 niega que Martínez de la Rosa trabajara desde el Gobierno para proponer un texto alternativo a la Constitución de 1812, pero señala que era partidario de establecer en España un sistema parecido al británico.

[58] Según Fernández de Córdoba, 1966, I, pág. 22, hermano de Luis, uno de los militares más comprometidos en el golpe de Estado de julio, los oficiales sublevados pretendían, una vez se hubieran impuesto a los liberales exaltados, forzar al rey a que aceptara una constitución moderada, pero en modo alguno deseaban un sistema absoluto. Su derrota impide verificar sus auténticas intenciones.

[59] En AGP, t. 22, ff. 361-364 figuran dos listas de personas comprometidas en la operación. Una se titula: «Lista de los Señores Oficiales de Guardias de Ynfantería que verificaron sus reuniones en la casa alojamiento... del Conde de la Torre-Alta, a fin de poner en execución la reacción que estalló en el día 1º de Julio de 1822». La otra: «Lista de los Caballeros oficiales que también fueron al Pardo pero que no se hallaron en las expresadas reuniones».

[60] El relato de lo que sigue a continuación se basa en Miraflores, 1834, I, págs. 136-149; Artola, 1969, págs. 570-577; Gil Novales, 1975, págs. 665-673; Pérez de La Blanca, 2005, págs. 203-211.

[61] Vayo, 1842, II, pág. 333.

[62] Vayo, 1842, II, pág. 327.

[63] Sobre el papel de Riego en este acontecimiento y la controversia en torno a ello, véase Sánchez Martín, 2016, págs. 765-780.

[64] Miraflores, 1834b, II, págs. 1-31 publica las comunicaciones intercambiadas entre el Gobierno y el rey y varios de los dictámenes del Consejo de Estado.

[65] Fernández de Córdoba, 1966, I, pág. 23; Girón, 1979, pág. 228.

[66] Puyol, 1929, págs. 160-163.

[67] Girón, 1979, págs. 210-211, 214 y 228; despachos del embajador de Francia (AAEE, Corr. Pol. Esp., 716, ff. 168-173 y 203-207).

[68] AAEE, Corr. Pol. Esp., 716, f. 298.

[69] Cit. por San Miguel, 1851, t. 2, págs. 387-388.

[70] AGP, t. 22; Ortiz de la Torre, 1934.

[71] Späth, 2012, págs. 452-456.

[72] Fontana, 2006, págs. 11-28; Démier, 2012, págs. 627-635; Butrón, 2006.

[73] La advertencia de las potencias europeas no era gratuita. Pretendían que los jueces encargados de la causa del 7 de julio no mezclaran en los sucesos a Fernando VII y tampoco a los diplomáticos extranjeros acreditados en España (ya se ha visto el compromiso de La Garde).

[74] Rey, 2009, págs. 434-445.

[75] Carta de Luis XVIII a Fernando VII, Saint-Cloud, 28 de junio de 1822 (en Ortiz de la Torre, 1934, pág. 32).

[76] Ortiz de la Torre, 1934, págs. 133-134. La nota tiene la siguiente anotación, de mano del rey: «copia de un papel que ha dado Lagarde al Nuncio para que me diera cuenta». El Ejército francés acantonado en los Pirineos con la excusa de controlar la epidemia de fiebre amarilla tenía realmente el cometido de impedir los flujos de revolucionarios entre uno y otro país (Dufour, 1982, págs. 252-253 y Castells, 2001, págs. 149-151).

[77] Carta de Fernando VII al zar, Madrid, 10 de agosto de 1822, «muy reservado» (AGP, RF7, caja 43, exp. 2 y AHN, Estado, 2579. La reproduce Ortiz de la Torre, 1934, págs. 135-138).

[78] Cit. por Fuentes, 1989, pág. 415.

[79] Azcárate, 1960, pág. 236.

[80] Fuentes, 1989, págs. 430-431.

[81] Larroche, 2013, págs. 29-88 y 147-162.

[82] Chateaubriand, 1945, págs. 87-88.

[83] Millán, 2014, págs. 57-58.

[84] Billecocq, 1823, pág. 7. Véase Miraflores, 1834a, pág. 170; Sánchez Mantero, 1981 y Aymes, 2000.

[85] De la Torre, 2011, pág. 292.

[86] Las notas de los embajadores y las respuestas del Gobierno español están reproducidas en Miraflores, 1834b, II, págs. 172-188.

[87] Un factor relevante en la ruptura de relaciones fue la negativa de la Santa Sede a aceptar a Joaquín Lorenzo Villanueva como embajador de España (Ramirez Aledón, 2003).

[88] El discurso de Luis XVIII en Miraflores, 1834b, II, págs. 188-189.

[89] Cit. por León, 2003, pág. 221.

[90] Fuentes, 1989, pág. 434; Azcárate, 1960, pág. 243.

[91] Romeo, 1993, págs. 137 y sigs.; Varela Suanzes-Carpegna, 2005, pág. 114.

[92] Alcalá Galiano, 1955, II, pág. 156.

[93] Argüelles, 1864, pág. 191.

[94] El diario del viaje de 1823 escrito por orden de Fernando VII, cuyo original está en AGP, t. 69, ha sido editado por Emilio Soler (Fernando VII, 2013). De esta edición proceden las citas.

[95] Fernando VII, 2013, pág. 154 (la exposición de los ministros en págs. 243-245).

[96] Fuentes, 1989, pág. 436; Ramírez, 2014, págs. 55-56. Las palabras del rey las transmitió Somerset en castellano, idioma que entendía Wellington.

[97] Girón, 1979, II, pág. 157.

[98] En Miraflores, 1834b, II, pág. 191.

[99] En Miraflores, 1834b, II, pág. 238.

[100] Fuentes, 2004, págs. 200-201; Ramírez, 2014, págs. 56-61.

[101] Cit. por Fontana, 2006, pág. 37.

[102] Fernando VII, 2013, págs. 159-160; el dictamen de los médicos sobre la enfermedad del rey en págs. 263-264.

[103] Varela, 2013, pág. 277 (sobre las dificultades para la aplicación de la Constitución de 1812 durante el Trienio, véase págs. 251-278).

[104] Cit. por Ramírez, 2014, pág. 180.

[105] Copons, 1858, pág. 133.

[106] Miñano, 1824, pág. 310.

[107] Fernando VII, 2013, pág. 166.

[108] Copons, 1858, pág. 134; Vayo, 1842, III, pág. 72.

[109] La descripción de la estancia de Fernando VII en Sevilla en Sánchez Mantero, 1986 y Albendiz, 2007, págs. 84-96.

[110] Diario Constitucional de Barcelona, 25 de mayo de 1823.

[111] Ramírez, 2014, págs. 218-221.

[112] Alcalá Galiano, 1955, II, págs. 236-237 y, sobre todo, Ramírez, 2014, págs. 106-110 y 114-121.

[113] Sánchez Salvador calculó unos 80.000 franceses, pero el número real era superior. Inicialmente fueron destinados a España 95.000 hombres, a los cuales se les unieron otros 12.000 una vez iniciada la campaña. A todo ellos hay que sumar diez o doce mil españoles, entre soldados regulares y guerrilleros (Faits d'armes..., 1824; Sánchez Mantero, 1981, pág. 38; Arnabat, 2001, pág. 368).

[114] Además de Infantado, formaron la Regencia de Madrid el duque de Montemar, el obispo de Osma (Juan Cavia González), el barón de Eroles y Antonio Gómez Calderón, actuando Calomarde de secretario. Sobre su actuación, de acentuado signo absolutista, véase Sarrailh, 1930 y La Parra, 2007, págs. 155-163.

[115] Fernando VII, 2013, págs. 178-179. Las «memorias» de Calatrava, inéditas, que llevan el título de «Apuntes sobre los principales sucesos del último Ministerio Constitucional», han sido dadas a conocer por Ramírez, 2014 (la entrevista con el rey que se menciona se encuentra en págs. 272-274).

[116] Los informes de De Caze en AAEE, Corr. Pol. Esp., 722. Existen noticias dispersas sobre la presencia en Sevilla y Cádiz de agentes absolutistas que acudían a recibir instrucciones del rey. Uno de ellos fue el muy activio José Álvarez de Toledo, relacionado estrechamente con las partidas realistas del norte de España (Gallego, 2012, pág. 122).

[117] Carta de Chateaubriand a Marcellus, París, 26 de mayo de 1823, en Marcellus, 1853, págs. 269-270.

[118] Marcellus, 1853, pág. 270.

[119] El texto de los diputados en Fernando VII, 2013, págs. 271-273.

[120] Downie, 1823; Copons, 1858, pág. 145; Ramírez, 2014, págs. 290-291 y 306-311.

[121] Gil Novales, 1975, pág. 474; Fontana, 2006, pág. 55; Martignac a Villêle, Madrid, 11 de junio de 1823 (en Villèle, 1904, IV, pág. 45).

[122] El 8 de junio, Calatrava dijo sin tapujos a Ramón Calvo de Rozas, hombre de confianza del rey, que sabía que el monarca estaba en comunicación secreta con los invasores (Ramírez, 2014, pág. 246).

[123] Fernando VII, 2013, págs. 273-279.

[124] Argüelles, 1864, pág. 205.

[125] Fernando VII, 2013, pág. 282.

[126] Cit. por Solar, 1926, pág. 470.

[127] Solar, 1926, pág. 479.

[128] Testimonio de Ciscar, publicado íntegro en La Parra, 1992. Sobre la actitud de Riego durante el viaje real de Sevilla a Cádiz, véanse las puntualizaciones de Sánchez Martín, 2016, págs. 866-874.

[129] Fernando VII, 2013, págs. 182 y 184.

[130] Testimonio de Ciscar (La Parra, 1992).

[131] Fernando VII, 2013, pág. 183.

[132] Ramírez, 2014, págs. 349-352.

[133] Alcalá Galiano, 1846, t. VII, págs. 240-241; Copons, 1858, págs. 152-153; Vayo, 1842, III, pág. 112.

[134] Proclama de Angulema a los españoles, 2 de abril de 1823 (Miraflores, 1834b, II, págs. 240-241); Larroche, 2013, págs. 170-174.

[135] Miraflores, 1834a, pág. 218.

[136] Ozouf, 2005, págs. 28-29.

[137] La actitud de la Regencia ante el rey quedó perfectamente simbolizada en el primer encuentro con él de Ciscar, al ser comisionado para darle cuenta oficial de su formación y convencerle del viaje a Cádiz: «acordándome de cuando Hernán Cortés se hincó de rodillas para ponerle a Montesuma los grilos [sic] de oro, le dije: ¿Me permite V.M. que le bese la mano en prueba de que soy uno de los súbditos que más respetan la sagrada persona de V.M.? El Rey me presentó la mano y yo se la besé hincando bien la rodilla izquierda en el suelo» (La Parra, 1992, pág. 96). De la actuación de Calatrava y sus ministros da cumplida y detallada cuenta Ramírez, 2014, basado sobre todo en los documentos del archivo de Calatrava.

[138] Godechot, 1988, pág. 108.

[139] Piqueres, 2015.

[140] Pizarro, 1983, pág. 149; Butrón, 1996 y 1998.

[141] Carta de Villèle a Angulema, París, 14 de julio de 1823 (Villèle, 1904, IV, pág. 226).

[142] Vayo, 1842, III, pág. 140.

[143] Ramírez, 2014, ofrece abundantes noticias sobre la comunicación del rey con el enemigo mediante agentes diversos, tarea en la que desempeñó un papel muy activo la infanta María Francisca (un caso muy elocuente en págs. 516-521).

[144] «Notas reservadas» de Calatrava (cit. por Ramírez, 2014, págs. 557-558).

[145] «Notas reservadas» de Calatrava, cit. por Ramírez, 2014, pág. 520. Angulema confirma que doña María Francisca era «la que más se movía» (carta de Angulema a Villèle, Puerto de Santa María, 13 de septiembre de 1823, en Villèle, 1904, IV, pág. 396).

[146] Carta de Fernando VII a Angulema, Cádiz, 21 de agosto de 1823 (Fernando VII, 2013, págs. 298-299).

[147] Fernando VII, 2013, págs. 199-200.

[148] Parte de esa correspondencia la publicó el mariscal Abel Hugo (Hugo, 1825, II, págs. 218-227).

[149] Fernando VII, 2013, págs. 206-207.

[150] Marcellus, 1853, págs. 302 y 330; Hugo, 1825, II, págs. 225-227.

[151] Cit. por Vayo, 1842, III, págs. 149-150.

[152] Este bombardeo causó más daños que el sufrido por Cádiz durante la Guerra de la Independencia, pues se hizo desde los navíos franceses surtos en la bahía y luego desde el Trocadero, con lo que se acortaron las distancias y la destrucción fue más acusada (Hugo, 1825, II, págs. 214 y sigs.).

[153] Fernando VII, 2013, pág. 333.

[154] Fernando VII, 2013, pág. 218.

[155] Las instrucciones a Álava en Fernando VII, 2013, págs. 335-336.

[156] Aparte de la carta que debía entregar y de las instrucciones oficiales mencionadas, el gobierno había dado instrucciones verbales a Álava que no conocía el rey, en las que se pedía a Angulema que actuase como garante de un sistema constitucional en España, de que el rey mantuviera su promesa de olvidar todo lo pasado y de que no se restablecería la Inquisición (Ramírez, 2014, págs. 883-884 y 889-891). Evidentemente, nada de esto se cumplió.

[157] Fernando VII, 2013, pág. 221.

[158] Calatrava, «Notas reservadas», cit. por Ramírez, 2014, pág. 886. Sobre el estado de agitación en Cádiz, véase Hugo, 1825, II, págs. 294-295.

[159] Manifiesto del rey a la nación, 30 de septiembre de 1823 (Fernando VII, 2013, págs. 337-338).

8. Pervivencia del absolutismo

[1] Decreto de 1 de octubre de 1823 (Miraflores, 1834b, III, págs. 339-340).

[2] Cit. por García Madaria, 1982, pág. 299. Los restantes ministros eran José Aznárez (Interior), José García de la Torre (Gracia y Justicia), José San Juan (Guerra), Luis María Salazar (Marina) y Juan Bautista Erro (Hacienda).

[3] Cit. por Ramírez, 2014, págs. 762-764.

[4] En eso consistió la actuación de la Regencia de Madrid. Sarrailh, 1930, la ha estudiado con detalle, así como los desmanes de los realistas durante el tiempo de estancia en España de los Cien Mil Hijos de San Luis. Véase asimismo La Parra, 2007, págs. 251-265 y Alarcón, 2015, págs. 423-428.

[5] Fernando VII, 2013, pág. 223.

[6] Llorca Ripoll, 2005.

[7] Vayo, 1842, III, pág. 178.

[8] Fernando VII, 2013, pág. 236. Cuenta Félix Megía que al saber que Riego murió diciendo «Viva el Rey», Fernando VII «exclamó también socarrona, irónica, bajuna e inhumanamente: ¡Viva Riego!» (Le Brun, 1826a, pág. 51). De esta anécdota se hizo eco Carmen de Burgos (Burgos, 2013, pág. 420). Fernando VII entendió perfectamente que la ejecución de Riego significó la muerte de la Constitución en el cuerpo de un hombre, como ha sintetizado en frase brillante Sánchez Martín, 2016, págs. 950-960.

[9] Fernando VII, 2013, pág. 230.

[10] AGP, t. 69. Según Fernández Albéndiz, 2007, págs. 120-124, la población de Sevilla acogió con calor la segunda visita a la ciudad del rey ese año.

[11] Vayo, 1842, III, págs. 181-182.

[12] Vayo, 1842, III, pág. 183; Mesonero Romanos, 1975, págs. 250-253; Domínguez Santamaría, 1999, págs. 50-60.

[13] Carta de Angulema a Fernando VII, Écija, 14 de octubre de 1823 (Fernando VII, 2013, pág. 341).

[14] Vayo, 1842, III, págs. 183-184; Fernández de Córdoba, 1966, I, pág. 24.

[15] Decreto del 6 de octubre de 1823 (Decretos del rey..., 1824, VII, págs. 154-155).

[16] Carta de Chateaubriand a Polignac, París, 16 de octubre de 1823 (Chateaubriand, 1945, pág. 459).

[17] Carta de Chateaubriand a Talaru, París, 15 de octubre de 1823 (Chateaubriand, 1945, pág. 458).

[18] Luis, 2002, págs. 61-70; Arnabat, 2002, págs. 425 y sigs.; La Parra, 2007, págs. 251-257.

[19] El texto del decreto en Miraflores, 1834b, II, págs. 294-295. Véase Carbajosa, 2012.

[20] Papeles de Víctor Damián Sáez (BNM, Ms. 1414, ff. 28-32); Carbajosa, 1012.

[21] Sarrailh, 1930, págs. 119-121; AAEE, Corr. Pol. Esp., 723, f. 139.

[22] Schmieder, 1992, págs. 151-152.

[23] Informe del embajador Talaru (AAEE, Corr. Pol. Esp., 723, ff. 107 y 124-125).

[24] Durante el Trienio hubo algunas alusiones en favor de la sustitución de Fernando VII por su hermano Carlos (Gil Novales, 1975, pág. 610; Moral Roncal, 2000, págs. 156-157).

[25] Miraflores, 1834b, III, págs. 295-296.

[26] AHNP, RF7 12051, doss. 1699c; Vayo, 1842, III, págs. 126-127 y 185; Sarrailh, 1930, págs. 132-134; Del Moral, 1975. Un punto de vista diferente en Suárez, Estudio preliminar a Los agraviados de Cataluña, 1972, págs. 102-114. El surgimiento de sociedades secretas clandestinas no fue un fenómeno exclusivo de España. En Francia, Italia y Portugal se formaron asimismo sociedades ultra absolutistas, de base exclusivamente católica (Alonso Tejada, 1969, págs. 97-103).

[27] Informe de la policía francesa del 6 de septiembre de 1823 (AAEE, Corr. Pol. Esp., 723, ff. 233-234).

[28] AAEE, Corr. Pol. Esp., 723, ff. 297-302).

[29] Vayo, 1842, III, pág. 185.

[30] Alonso Tejada, 1969, págs. 98-101. El general Fernández de Córdoba afirma que su hermano Luis, comprometido en el golpe de Estado del 7 de julio de 1822, fue vicepresidente de El Ángel Exterminador al ser creada esta sociedad (Fernández de Córdoba, 1966, I, pág. 18).

[31] Alonso Tejada, 1969, págs. 51 y sigs. Ejemplo de la defensa de los intereses del cuerpo eclesiástico son los escritos dirigidos al rey en diciembre de 1823 por el arzobispo de Valencia y siete obispos más (AGP, t. 22, ff. 238-240).

[32] Cit. por Fontana, 2006, págs. 133-134.

[33] Proclama de los voluntarios realistas, sin firma ni fecha (AGP, t. 71, ff. 328-329); Luis, 2015, págs. 340-342.

[34] Villèle, 1904, IV, págs. 222 y 281-282.

[35] Así lo advirtió Chateaubriand a los embajadores franceses en los países europeos en un memorándum que calificó «de la más alta importancia» (Chateaubriand, 1945, págs. 479-480).

[36] Villèle, 1904, t. 4, pág. 488.

[37] Lema, 1916, pág. 69.

[38] Butrón, 1996.

[39] Sánchez Mantero, 1981, págs. 137-148.

[40] Castells, 1989, pág. 13.

[41] Chateaubriand, 1945, págs. 492, 489 y 497.

[42] Chateaubriand, 1945, págs. 495-497.

[43] Chateaubriand, 1945, págs. 498 y 500.

[44] Chateaubriand, 1945, pág. 507.

[45] Rousseau, 1911; Estre, 1934, págs. 197-192.

[46] Butrón, 1996, págs. 75-108.

[47] Carta de Luis XVIII a Fernando VII, 20 de octubre de 1823 (AAEE, Corr. Pol. Esp., Suppl. 21, f. 87); cartas de Chateaubriand a Talaru, 17 de octubre, y a Polignac, 16 de octubre de 1823 (Chateaubriand, 1945, pág. 460 y 459 respectivamente).

[48] Sánchez Mantero, 1981, pág. 153; Schmieder, 1992, págs. 158-159; Butrón, 1996, págs. 30-31.

[49] Fernando VII y Pozzo di Borgo concertaron la formación del nuevo gobierno en la noche del 30 de noviembre. Ugarte levantó una especie de acta de esta «conferencia», reproducida por Ortiz de la Torre, 1934, págs. 210-220. Sobre la actuación de Pozzo en Madrid, Fontana, 2006, págs. 126-130.

[50] ASV, Segr. Stato, Esteri, fas. 1, despacho cifrado 92.

[51] López Ballesteros y Salazar entraron en sus ministerios, Hacienda y Marina respectivamente, en diciembre de 1823 y los dejaron en octubre de 1832, es decir, estuvieron en el gobierno algo más de un mes que Calomarde. Ofalia pasó de Gracia y Justicia a Estado en enero de 1824, tras el fallecimiento de Casa Irujo. En esta última cartera lo sustituyó Cea Bermúdez en julio de 1824 y en octubre del año siguiente se hizo cargo de ella González Salmón, quien prosiguió hasta enero de 1832, en que lo relevó de nuevo Cea Bermúdez.

[52] Luis, 2015, págs. 336-342. Sobre los liberales moderados durante el Trienio, véase Gómez Ochoa, 2007, págs. 41-48 y Butrón, 2016, págs. 189-212.

[53] Rújula, 2008, págs. 93-94. Luis, 2002, pág. 95, califica de «Estado represor» el instaurado a partir de 1823.

[54] La movilización de los sectores populares, «el pueblo sano», fue una constante de las diversas formas de antiliberalismo a comienzos del siglo XIX (Millán, 2008, págs. 257-265).

[55] Esta doctrina está amplia y reiteradamente expuesta en los documentos episcopales publicados en la Colección Eclesiástica Española, 1823-1824, y en las representaciones elaboradas por individuos y colectivos eclesiásticos y civiles publicadas en el periódico El Restaurador entre octubre de 1823 y enero de 1824 (véase Alonso Tejada, 1969, págs. 52-54).

[56] Sobre la trayectoria de la Inquisición a partir de 1823 hasta la supresión definitiva en 1835, véase el estudio fundamental de Alonso Tejada, 1969 y la síntesis de La Parra-Casado, 2013, págs. 177-193. Tras la experiencia de 1814-1819, en que la Inquisición se dedicó a la persecución de la disidencia política más que de la heterodoxia religiosa, ya no satisfacía a la Santa Sede. El papa dejó la vigilancia de la fe en manos de los obispos, claramente alineados con él y cada vez más distantes del monarca.

[57] Sarrailh, 1930, págs. 51 y sigs. La policía contaba en España con antecedentes en el siglo XVIII y en el reinado de José I.

[58] R.D. del 18 de octubre de 1823 (Decretos del rey..., 1824, VII, pág. 166).

[59] R.O. del 13 de enero de 1824 (Decretos del rey..., 1824, VIII, págs. 49-63). Véase Turrado, 1995, págs. 92-97 y Fontana, 2006, págs. 141-142.

[60] Pérez Núñez, 2011, págs. 20-21; Ortego, 2015, págs. 228-239.

[61] Pérez Núñez, 2001, págs. 160-161 y 2011, pág. 19.

[62] Pérez Núñez, 2011, pág. 23; Fuentes, 1990, págs. 97-124.

[63] Fuentes y Garí, 2014, págs. 197-198.

[64] Informe de Recacho del 15 de agosto de 1825 (AGP, t. 71, ff. 163-170; lo reproduce Alonso Tejada, 1969, págs. 239-242 dando una numeración por párrafos que no figura en el original); Informes sobre el estado de España, 1825; Fuentes-Garí, 2014, págs. 110 y 206.

[65] Fuentes, 1990, pág. 102; Turrado, 1995, págs. 100-101; Pérez Núñez, 2011, págs. 25-26.

[66] AHN, Consejos, libro 3765; Luis, 2002, pág. 97; Ruiz Jiménez, 2005, págs. 74-80. En AGP, t. 66 y 67 existen largas listas de supuestos masones, comuneros e integrantes de otras sociedades secretas, así como de otros distinguidos en la defensa del constitucionalismo, obra tal vez de la Junta Reservada.

[67] R.O. de 13 de enero de 1824 (cit. por Peset, 1967, págs. 461-462).

[68] Vayo, 1842, III, págs. 452-453; Artola, 1968, pág. 862; Ortego, 2015, págs. 195.

[69] Ortego, 2015, págs. 56 y 529. No existen datos fiables sobre las sentencias de muerte impuestas por las Comisiones Militares y otros organismos (Pegenaute, 1974, pág. 38 tiende a rebajar el número de ejecuciones).

[70] Butrón, 2004, págs. 6-13; Rújula, 2008, págs. 102-104.

[71] Butrón, 2002; Pérez Garzón, 1978; Rújula, 2008, pág. 97; Lorenzana, 1998.

[72] Véase la evolución del cuerpo de Voluntarios Realistas entre 1824 y 1833 en Rújula, 2008, págs. 97-124.

[73] Luis, 2002, pág. 117.

[74] Parte de esos informes y cartas ha sido extractada por Pegenaute, 1978, págs. 290-408. Lo que aquí se dice sobre Regato se basa en este libro y en Morange, 1990, págs. 151 y sigs.

[75] Pegenaute, 1978, pág. 382.

[76] Manifiesto de S.M., Puerto de Santa María, 1 de octubre de 1823 (Miraflores, 1834b, II, págs. 338-340).

[77] La exposición de Eguía, acompañada de documentos justificativos, en AGP, t. 24, ff. 1-90 (las medidas concretas propuesta en ff. 29-33).

[78] El escrito en AGP, t. 24, ff. 181-208. Lo comenta Artola, 1968, pág. 850.

[79] González Mariñas, 1974, pág. 86.

[80] Decretos del rey..., 1824, VII, pág. 192.

[81] Luis, 2002, pág. 220.

[82] Las actas han sido editadas: Actas del Consejo de Ministros..., 1989-1994.

[83] Orden del 8 de febrero de 1826 (AGP, t. 71, f. 208).

[84] Bermejo, 1992, pág. 64.

[85] Artola, 1968, pág. 870.

[86] Antes de su viaje a Sevilla en marzo de 1823, Fernando VII dejó a Ugarte como una especie de delegado suyo en Madrid, pero la Regencia realista no tuvo en cuenta esta recomendación. El rey se lo reprochó a su presidente, duque del Infantado, cuando el 1 de octubre se vio con él: «Todo lo habéis errado, porque no habéis contado para nada con Ugarte» (Presas, 1827, pág. 155 refiere esta anécdota, que presenta visos de verosimilitud). Véase asimismo Schmieder, 1992, pág. 162.

[87] Orden del 2 de febrero de 1824 (AHN, Estado, 879, exp. 62).

[88] Cit. por Fontana, 1979, pág. 171 y Bermejo, 1992, pág. 57 (Fontana transcribe en la primera de las bases «política» en lugar de «policía»; esto último parece lo más correcto).

[89] La conferencia con Pozzo di Borgo para el cambio de ministros tuvo lugar el 30 de noviembre de 1823 (Ortiz de la Torre, 1934, págs. 219-220). Sobre el nombramiento de Calomarde, véase Arias Teijeiro, 1966, I, pág. 10; Villa-Urrutia, 1931, pág. 91. La sustitución de Ofalia por Cea, en Eggers y Feune de Colombí, 1958, pág. 90 y Ortiz de la Torre, 1934, pág. 229.

[90] Ortiz de la Torre, 1934, págs. 221, 222, 226 y 228 («felpa» lo mismo significa rapapolvo que zurra de palos, aunque cabe suponer que el rey utilizó la palabra en la primera acepción).

[91] Ortiz de la Torre, 1934, págs. 233-234.

[92] Ortiz de la Torre, 1934, págs. 228, 226 y 224 respectivamente.

[93] Ortiz de la Torre, 1934, pág. 230.

[94] Nota manuscrita del rey, 3 de junio de 1824 (AGP, RF7, caja 29, exp. 5). Ortiz de la Torre, 1934, pág. 227 la reproduce sin el texto de la hoja aparte.

[95] Ortiz De La Torre, 1934, págs. 230-231.

[96] El dato en Eggers y Feune de Colombí, 1958, pág. 95.

[97] El original de la carta, que figura con la nota siguiente: «carta enérgica dirigida al rey», en AGP, F7, caja 2, exp. 12.

[98] AHN, Estado, 2960; Eggers y Feune de Colombí, 1958, pág. 95.

[99] AGP, RF7, caja 29, exp. 6.

[100] Actas del Consejo de Ministros, 1989, I, pág. 18.

[101] Actas del Consejo de Ministros, 1989, I, pág. 19.

[102] Chateaubriand, 1945, págs. 500 y 518-518; la cursiva es del original. El «tratado» que menciona es el de la permanencia en España de tropas francesas, en la cual estaba muy interesado Fernando VII.

[103] Chateaubriand, 1945, pág. 506.

[104] Ortiz de la Torre, 1934, pág. 222.

[105] Chateaubriand, 1945, pág. 517.

[106] Fiestas, 1994, pág. 119. Entre los no excluidos de la amnistía se mencionaba a los asesinos del cura Matías Vinuesa, con lo cual —señala esta autora— Fernando VII fue el primero que sin darse cuenta utilizó en España el criterio subjetivo para la determinación de los delitos políticos, atribuyendo naturaleza política a un delito común (el asesinato).

[107] Vayo, 1842, III, págs. 448-451 y 222-223; Ortiz de la Torre, 1934, pág. 224.

[108] Castells, 1989, págs. 84-101.

[109] Giustiniani al secretario de Estado de la Santa Sede Della Somaglia, despachos 150, del 12 de enero de 1824, y 184, del 9 de junio de 1824 (ASV, Segr. Stato, Esteri, 433).

[110] El contenido de estas misivas, procedentes de diversos puntos de España, está extractado en AGP, t. 71, ff. 136-162. Aunque no se indica expresamente, esta tarea parece obra de una comisión designada por el rey, la cual no se privó de emitir su opinión, siempre coincidente con las de los autores de los escritos resumidos.

[111] Giutiniani a Della Somaglia, despacho 184, 23 de enero de 1824 (ASV, Segr. Stato, Esteri, 433). La carta de Capapé en Rújula, 2008, págs. 129-130.

[112] En AGP, t. 24, ff. 461-513 se hallan representaciones al rey de varios de los jefes de las partidas guerrilleras con el nombre de los oficiales que lucharon en ellas y los méritos contraídos (Capapé y Bessières se cuentan entre quienes presentaron estos escritos).

[113] Rújula, 2008, págs. 125-127; Sauch, 2004, pág. 2011; Fontana, 2006, pág. 166.

[114] A causa de la destrucción de documentación efectuada según todos los indicios por orden del rey, quedan muchos puntos oscuros sobre las rebeliones de Capapé y de Bessières. Sobre los movimientos conspirativos ultras, véase Alonso Tejada, 1969, págs. 127-141; Del Moral Ruiz, 1975, 2004 págs. 37-48; Fuentes, 1983b, págs. 99-113; Rújula, 2008, págs. 127-131; Sauch, 2004, págs. 216-222; Fontana, 2006, págs. 162-166 y 187-195; Quirós, 2007.

[115] Actas del Consejo de Ministros, 1989, I, pág. 31. Distintos informes trataron de la pertenencia a este tipo de sociedades de eclesiásticos, nobles y jefes y oficiales de las antiguas partidas realistas (AHN, Consejos, 49633 y 49634, cit. por Sauch, 2004, pág. 214; Alonso Tejada, 1969 y Del Moral Ruiz, 1975).

[116] Despacho 2485 de Giustiniani, 22 de agosto de 1825 (ASV, Segr. Stato, Esteri, vol. 434, fas. 2).

[117] Los informes han sido publicados por F. Suárez (Informes sobre el estado de España, 1966).

[118] Lazo, 1996, págs. 48-50. Del relato del alcalde se deduce que el Empecinado no habría sido ejecutado tan expeditivamente si el rey no hubiera ordenado que su causa se sustanciase en Roa y no en la Chancillería de Valladolid, donde sin duda habría dispuesto de mayores garantías procesales.

[119] Sesión del Consejo de Ministros del 30 de agosto de 1825 (Actas del Consejo de Ministros, 1989, I, págs. 314-315).

[120] Alonso Tejada, 1969, págs. 179-187; Cárcel Ortí, 1988.

[121] Fuentes, 1983a.

[122] AGP, t. 71, ff. 163-170 (reproducido íntegro por Alonso Tejada, 1969, págs. 239-242).

[123] Fontana, 2006, pág. 195.

[124] Carta de Carlota Joaquina a Fernando VII, 4 de octubre de 1823 (AGP, RF7, caja 38, exp. 1).

[125] Las cartas citadas de don Carlos en AGP, RF7, caja 27; las reproduce Seco, 1973, págs. 30-37.

[126] De las presiones de los hermanos del rey en el sentido apuntado se hizo eco la propia policía (Fuentes, 1986, pág. 69).

[127] Eggers y Feune de Colombí, 1958, págs. 92-93.

[128] Le Brun, 1826b, págs. 40-41; Del Moral Ruiz, 1975, pág. 4; Fontana, 2006, págs. 132, 139 y 194; Moral Roncal, 1999a, págs. 170-171 y 208; Fernández de Córdoba, 1966, I, pág. 31.

[129] Exposición de Calomarde al rey, 10 de septiembre de 1825, AHN, Consejos, 51556 (cit. por Del Moral Ruiz, 1975, págs. 46-47). El despacho de Giustiniani, del 15 de agosto de 1825, en ASV, Segr. Stato, Esteri, vol. 434, fas. 2, despacho 2417.

[130] AAEE, Corr. Pol. Esp., Suppl. 21, folios 30-33.

[131] Villa-Urrutia, 1931, pág. 109.

[132] Daumard, 1973; Lescure, 1982; Fontana, 2001; Llopis, 2002, pág. 184; Luis, 2012, pág. 227.

[133] Fontana, 2001, págs. 86-87; Sánchez Mantero, 1981, págs. 86-87; Pérez Núñez, 2001, pág. 157.

[134] El papel de Almenara al rey es de 1824, aunque no lleva fecha ni firma (el texto en Arzadun, 1942, pág. 200). Sobre el significado del patrimonio real para Fernando VII, véase García Monerris, 2015, págs. 51-63.

[135] Cit. por Arzadun, 1942, pág. 198.

[136] La reglamentación de la real casa y patrimonio se realizó en sucesivas ocasiones (1817, 1822, 1829), sobre la base, según Sánchez González, 2003, pág. 314, del reglamento del 17 de noviembre de 1815. Véase asimismo Menéndez Reixach, 1987.

[137] García Monerris, 2013, págs. 2-3, 2015, págs. 51-63, y 2017.

[138] Notas de la correspondencia del rey con Grijalva, en Arzadun, 1942, págs. 130, 242-244, 249 y 256. Sólo el mobiliario y decoración de la «pieza del Escorial» donde abundan los objetos de procedencia francesa, debió de ser considerable. Destaca el velador de porcelana de Sèvres, obra de Dévelly de 1826, que representa en su tablero la coronación de Carlos X de Francia.

[139] Sancho, 1995, passim; Jordán, 2009; Aguado Pintor, 2002.

[140] Cartas del rey a Grijalva del 5 y del 12 de febrero de 1827 (en Arzadun, 1942, pág. 249).

[141] El rey a Grijalva, 6 de enero de 1828 (en Arzadun, 1942, pág. 242). Más adelante insiste el monarca: «Quiero que cuando el dinero llegue a Madrid entre por la puerta de hierro que está al lado de la de S. Vicente, por donde yo entro cuando vengo de incógnito» (ibíd., pág. 243).

[142] En la correspondencia cruzada en junio de 1824 entre Javier de Burgos y banqueros franceses quedó patente el callejón sin salida en que se hallaba España: mientras el gobierno actual, recalcó Burgos, no reconociera la deuda de las Cortes, los banqueros se negaban a negociar cualquier préstamo (reproduce las cartas Arzadun, 1942, págs. 183-186).

[143] Luis, 2009, pág. 160.

[144] Luis, 2009, pág. 145. Los datos sobre Aguado que se ofrecen a continuación proceden de esta obra.

[145] Un informe enviado a Fernando VII en 1826, firmado por La Barthe en París, afirmaba que Aguado y Burgos se aprovechaban de la mala imagen que los diarios franceses daban sobre España para obtener altos beneficios (AGP, t. 71, ff. 257-258).

[146] López Tabar, 2001, págs. 311-317 y sobre Miñano, págs. 288-302; Luis, 2002, págs. 210-217 y sobre el grupo de Urquijo, 2009, págs. 192-198.

[147] Luis, 2009, págs. 197-198; López Morell, 2005, págs. 56-57.

[148] Luis, 2012, pág. 233.

[149] Artola, 1978, pág. 273.

[150] Eggers y Feune de Colombí, 1958, pág. 90. Cea Bermúdez desempeñaba la embajada de España en San Petersburgo cuando fue nombrado ministro.

[151] Nota de Cea Bermúdez al duque de Villahermosa, 31 de agosto de 1825 (AHN, Estado, 5230, cit. por Alonso Tejada, 1969, pág. 162).

[152] El origen de este decreto fue una representación a favor de la Inquisición de los Voluntarios Realistas de Salamanca fechada el 24 de agosto de 1825 (Actas del Consejo de Ministros..., 1989, t. I, págs. 310-311, sesión del 29 de agosto de 1825).

[153] R.D. del 4 de septiembre de 1825 prohibiendo que «el pueblo, parte o multitud de él, tropas o gente armada se reúnan para representar a S.M. o Autoridades» (Decretos..., t. X, págs. 268-273). En el modelo tradicional de la monarquía española se reconocía el derecho a presentar representaciones al rey. Como ha quedado dicho, Fernando VII lo había corroborado en 1808, al acceder al trono, para marcar la diferencia con el tiempo de Godoy. Ahora, en 1825, el monarca absoluto rompía con esta tradición.

[154] Eggers y Feune de Colombí, 1958, pág. 101. Los datos que siguen sobre la Junta Consultiva proceden de Escudero, 1973.

[155] Alarcón, 2015, pág. 567.

[156] Vayo, 1842, III, pág. 272. Entre los papeles llegados a manos del rey en contra de Cea se encuentra uno del embajador de Dinamarca, conde Dernath, muy activo durante el Trienio en las actividades contra el constitucionalismo (el texto se ha dado a conocer recientemente en la edición de los informes del espía Tomás Quintero; véase Quintero y Farmer, 2012, págs. 168-173). El barón de Damas, ministro de Asuntos Exteriores en Francia en estos años, escribió en sus memorias: «Mr. De Zea hizo lo que pudo, pero la incapacidad y mala voluntad del rey sólo permitían pocas cosas» (cit. por Eggers y Feune de Colombí, 1958, pág. 91).

[157] Representación de Infantado al rey, 14 de julio de 1825 (cit. por Alarcón, 2015, pág. 468).

[158] Alarcón, 2015, págs. 472-478.

[159] Representación de los ministros Salazar, López Ballesteros y marqués de Zambrano al rey, 13 de julio de 1826 (AGP, t. 71, ff. 199-207). Las protestas contra el nuevo Consejo de Estado fueron numerosas (véase El Consejo de Estado..., 1971, págs. 288 y sigs. y Morán Ortí, 1987).

[160] Castells, 1989, págs. 101-116.

[161] R.D. del 19 de abril de 1825 (Decretos del rey..., 1826, X, págs. 117-118).

[162] R.D. del 15 de agosto de 1826 (Decretos del rey..., 1827, XI, págs. 140-150).

[163] Artola, 1968, pág. 873.

[164] Artola, 1968, pág. 874. Fontana, 2006, pág. 210 apunta asimismo que el rey animó a Javier de Burgos a presentar su informe.

[165] Véase Artola, 1968, págs. 874-876.

[166] El texto de Burgos fue impreso en Cádiz en 1834 con el título de Exposición dirigida a S.M. el Sr. D. Fernando VII, desde París el 24 de enero de 1826. En la BN existe un ejemplar manuscrito, cuyo título es más explícito sobre su contenido y situación del autor (véase Burgos, 1826 en la bibliografía. De este último texto proceden las citas que se hacen aquí). El espía colombiano Tomás Quintero fue uno de los que difundió copias de este informe, que califica de «larga y hermosa representación [...], lo mejor y más bien escrito que puede verse sobre la miserable situación de España». (Quintero y Farmer, 2012, pág. 178). Las objeciones, en Morange, estudio preliminar a Olavarría, 2007, págs. 115-116 y Fontana, 2006, pág. 210, donde se descalifica casi por entero. Véase asimismo Gay Armenteros, 2014, pág. 57.

[167] Como prueba de la campaña de los liberales menciona el periódico Ocios de Españoles Emigrados, editado en Londres entre 1824 y 1827, uno de los órganos más importantes del exilio, bien considerado en los sectores moderados europeos (véase Lloréns, 1979, págs. 301-311 y Soler, 1997).

[168] El informe de Ofalia, fechado en París el 18 de julio de 1827, en AGP, t. 71, ff. 320-327. La carta a Grijalva en Arzadun, 1942, págs. 227-228.

[169] Partes de Recacho del 31 de enero de 1826 (AGP, t. 71, ff. 171-184) y del 22 de febrero del mismo año (ibíd., ff. 185-193).

[170] Exposición de los ministros al rey, 28 de marzo de 1827 (AGP, t. 71, ff. 312-319).

[171] Pujol, 1932. Morange ha estudiado detenidamente el proyecto y publicado los documentos del mismo en Olavarría, 2007. La mayor parte de la información que utilizo aquí procede del estudio preliminar de Morange a esta obra.

[172] Vauchelle, 1996, págs. 76-79; Morange, 2006, pág. 357. Ambos autores ofrecen amplias noticias sobre la trayectoria personal de Mata, fraile mercedario que luchó como guerrillero en la Guerra de la Independencia, fue trasladado como prisionero a Francia, después de la guerra se reintegró a su convento y fue nombrado Inquisidor en Navarra. Debido tal vez a problemas en el ejercicio de su función inquisitorial, en 1818 se volvió a exiliar a Francia y a partir de entonces ejerció como espía al servicio del rey-Ugarte y de Olavarría.

[173] En 1825, quizá a finales de año, Olavarría había planteado a Espoz y Mina la posibilidad de terminar con la Casa de Borbón en España, sustituyéndola bien por la francesa de Orleans, bien por la Braganza de Portugal. El general liberal desechó estas propuestas (véase Estudio introductorio de Morange a Olavarría, 2007, págs. 90-91).

[174] Olavarría, 2007, pág. 105; Puyol, 1932, pág. 73.

[175] Luis, 2002, págs. 204 y 341-346. Véanse asimismo las sugerencias realizadas por Marcos del Olmo, 2005.

[176] Fernández Pirla, 1986 ha estudiado la constitución del Tribunal de Cuentas, sin abordar su actividad.

[177] Luis, 2002, pág. 234.

[178] Chastagnaret, 1993, págs. 271-282; 2000, pág. 124 y 2001, págs. 126-127.

[179] Luis, 2002, págs. 141-142; Pérez Núñez, 2011, págs. 27-31.

[180] El decreto de establecimiento de la nueva secretaría de Fomento está fechado el 5 de noviembre de 1832 y por otro del día 9 siguiente se especificó su organización y funciones (Decretos del rey..., 1833, XVII, págs. 237-238 y 244-248). Véase Luis, 2002, págs. 237-245; Pérez Núñez, 2011, págs. 32-47; Vivero, 2001, págs. 180-184.

[181] R.D. del 15 de noviembre y Circular a los agentes diplomáticos del 3 de diciembre de 1832 (Decretos del rey..., 1833, XVII, págs. 258-260 y 281-285).

[182] Manifiesto de Bosoms, en Los agraviados de Cataluña, 1972, III, pág. 52.

[183] Sobre los objetivos, composición social y trayectoria de la rebelión de los agraviats, véase Torras, 1967, págs. 91-112; Sauch, 2004, págs. 215-242 y Fontana, 2006, págs. 221-230.

[184] En 1822 se había declarado la independencia de Brasil y proclamado emperador, con el nombre de Pedro I, el hijo de don Joâo VI y Carlota Joaquina, quien al morir su padre se convirtió asimismo en el rey Pedro IV de Portugal. Tras la concesión de la Carta, Pedro IV abdicó la corona de Portugal en favor de su hija María da Gloria, pero como esta contaba siete años de edad, nombró lugarteniente del reino a su hermano don Miguel, ferviente partidario del absolutismo y, por tanto, muy próximo a su madre Carlota Joaquina (Dos Santos, 2006).

[185] Informe de Recacho al rey, 28 de noviembre de 1826 (AGP, t. 71, ff. 195-198).

[186] Don Carlos instó a su hermano a reaccionar de inmediato ante la situación de Portugal (carta del 22 de julio de 1826, AGP, RF7, caja 27). Zambrano sugirió al rey, entre otras medidas, excitar movimientos realistas en Portugal y proteger a los miembros de esta tendencia de ese país refugiados en España (Informe del ministro de la Guerra, 29 de julio de 1826, AGP, t. 71, ff. 275-288).

[187] Puyol, 1932, pág. 170; Ciordia, 1973, págs. 190-215; Del Moral Ruiz, 1974, págs. 240-243; Brancato, 1999, págs. 316-330.

[188] Respuesta de Argüelles, Cayetano Valdés y R. Gil de la Cuadra al cuestionario de Espoz y Mina sobre el modo de cambiar el gobierno en España, 1826 (en Puyol, 1932, págs. 122-123); Brancato, 1999, págs. 348 y 428; Castells, 1998, págs. 488-499. La idea de la unión ibérica cobró fuerza en 1831, tras abdicar don Pedro la corona de Brasil, pero éste buscó el apoyo de Inglaterra y en julio de 1832 finalmente desembarcó en Lisboa con ayuda financiera entre otros de Mendizábal y asumió la Regencia del reino en nombre de su hija María II (Janke, 1974; Pan-Montojo, 2000).

[189] Al mismo tiempo que a Canning, Olavarría había enviado otra memoria al duque de Orleans ofreciéndole la corona de España a él o a alguno de sus hijos, cosa que naturalmente desechó el futuro rey Luis Felipe de Francia. También barajó la candidatura del príncipe de Orange (Puyol, 1932, págs. 54-62 y estudio preliminar de C. Morange a Olavarría, 2007, págs. 90-91).

[190] AHN, Estado, 6865 (cit. por Brancato, 1999, pág. 344). Vicente Llorens, 1979, pág. 99 señala la paradoja: «mientras la mayor parte de los antiguos josefinos o afrancesados se convertían en los mejores valedores de Fernando, algunos constitucionales o patriotas que antaño combatieron al intruso José pensaban en tenerlo como rey».

[191] Copia del informe de Simó y un resumen en francés, fechado en mayo de 1826, en ANP, F7, 12060, dos. 2133. El texto del informe, sin el resumen anejo, lo ha publicado Benito Ruano, 1967. Sobre la actividad en el exilio de Simón, véase Romeo Mateo, 1993, págs. 207-208.

[192] Uno de los manuscritos lo conservó Fernando VII entre sus papeles (AGP, t. 71, ff. 230-238; de este ejemplar proceden las citas que se hacen aquí). Un sólido estudio del Manifiesto es el de Aróstegui, 1976. Véase también Suárez Verdeguer, 1946, y Los agraviados..., I, págs. 324-335 donde publica el texto. Fontana, 2006, págs. 218-220 ofrece noticias sobre la difusión y autoría de este escrito, cuyo inspirador debió de ser Vicente Bertrán de Lis, un hombre que estuvo en el núcleo de un buen número de conspiraciones en la época (véase Romeo Mateo, 1993, págs. 200-202).

[193] Una R.O. del 26 de febrero de 1827 firmada por Calomarde ordenaba la persecución de quienes difundieran o retuvieran el «infame libelo» y daba por hecho que su redacción fue obra de los liberales del exilio y que tenía por objeto suscitar una guerra civil entre españoles (Mercurio de España, marzo de 1827, págs. 170-171). El lenguaje utilizado por el Manifiesto en la crítica a Fernando presenta muchas coincidencias con las sátiras contra el rey publicadas en 1824 y 1825 en Londres por El Español Constitucional (véase Saurín de La Iglesia, 1996 y Cancionero liberal..., 1998, págs. 177 y sigs.).

[194] Las actas del Consejo de Ministros a partir del 21 de marzo de 1827 hasta final de año, en que se tomaron estas decisiones, están transcritas en Los agraviados..., 1972, II, págs. 14-103.

[195] La proclama, del 27 de agosto de 1827, en Los agraviados..., 1972, III, pág. 61. Otros testimonios en este sentido en ibíd., I, págs. 184-185. Como se ha indicado, los motivos de la rebelión de los agraviats fueron más y muy complejos, pero tanto sus dirigentes, como el gobierno y el rey concedieron preeminencia al discurso sobre «el cautiverio» del monarca, convirtiéndolo en la explicación oficial (es la que se ofrece en la Breve Relación Histórica de la expedición del Rey..., BN, Ms. 17603).

[196] Suárez, Introducción a Los agraviados..., 1972, I, págs. 21-22 y 29; Sevillano, «El viaje de 1827-1828. El orden restituido», en Fernando VII, 2013, págs. 118-120.

[197] El Catalán Realista, 2 de octubre de 1827 (en Torras, 1967, pág. 199).

[198] Gaceta Extraordinaria del 4 de octubre de 1827 (reproducido en Los agraviados..., 1972, II, págs. 177-179).

[199] Varios de los escritos de obispos catalanes en este sentido pueden verse en Los agraviados..., 1972, II, págs. 187-211. Algún dirigente de los sublevados no dejó de denunciar el cambio de actitud de los obispos del Principado, que anteriormente «nos hicieron saber palpablemente que el rey se había hecho sectario y que si no queríamos ver la religión destruida, debía elevarse al trono al infante don Carlos» (Proclama de N. Abrés, Pixola, 22 de septiembre de 1827, ibíd., III, págs. 81-82).

[200] Arzadun, 1942, pág. 234; carta de Fernando VII a María Josefa Amalia, Tarragona, 15 de octubre de 1827 (AGP, RF7, caja 35, exp. 3).

[201] Ofrece los datos de las ejecuciones un manuscrito anónimo conservado en la BN, titulado Breve relación histórica de la expedición del Rey... al Principado de Cataluña, mandado redactar por Calomarde en 1828 con intención de que fuera publicado impreso, aunque no hay constancia de que llegara a serlo. A continuación de esas noticias, este texto afirma que a pesar de las ejecuciones el rey practicó en alto grado la clemencia, pues muchos otros merecían la misma suerte que los ejecutados (ff. 218-219). Sobre la represión, véase Torras, 1976, págs. 79-83, donde se dice que sospechosamente algunos de los dirigentes de la revuelta no fueron castigados.

[202] Breve relación histórica..., f. 232; Butrón, 1996, pág. 62.

[203] Sobre las razones que aconsejaban la repatriación y su ejecución véase Butrón, 1996, págs. 62-64.

[204] Fontana, 2006, pág. 245. No fue éste el único donativo. Según Arias Teijeiro, 1966, I, pág. 8, el Ayuntamiento de Barcelona le regaló un millón de reales.

[205] Vidal-Abarca et al., 1995, I, págs. 76-84.

[206] Relación del tránsito..., pág. 3.

[207] AHN, Diversos-Colecciones, 161, n.º 66. Parece que el rey dio esperanzas a los comisionados vascos, pues inmediatamente Calomarde pidió a Madrid los antecedentes existentes en los archivos sobre la aplicación de los fueros vascos.

[208] Portillo, 1987, págs. 40-71; Aguirreazkuénaga y Ortiz de Orruño, 1988, pág. 77; Fernández Sebastián, 1991, págs. 368-376; Pérez Núñez, 2002, págs. 206-207; Ortiz de Orruño, 2009, págs. 38-40.

[209] Cannadine, 2002, págs. 117 y 122.

[210] Álvarez Junco, 2001, pág. 73. Desde una perspectiva europea, véase Langewiesche, 2012, págs. 119-126.

[211] En algunos casos, la aparición de cargos locales junto al rey tuvo un particular significado político. En Vitoria, por ejemplo, el rey estuvo permanentemente acompañado del alcalde Íñigo Ortés de Velasco y del teniente diputado general Fausto de Otazu, ambos tenidos por liberales. Los realistas exaltados que deseaban verlos en prisión no tuvieron más remedio que aguantar su exhibición personal junto al monarca (Vidal-Abarca et al., 1995, pág. 88).

[212] Relación del tránsito..., pág. 10. Por citar un solo caso, el coste de los arcos para el recibimiento de los monarcas era en algunas ocasiones muy elevado, pues en ellos trabajaron escultores, pintores, carpinteros poetas y todo tipo de peones (el arco levantado en Madrid en la calle de Alcalá al regresar el rey de este viaje superó los 200.000 reales, véase Domínguez Santamaría, 1999, pág. 61).

[213] El texto ha sido publicado íntegro en Fernando VII, 2013, págs. 347-654.

[214] Según la Breve relación histórica..., f. 243, las medidas proteccionistas en favor de los tejidos catalanes fueron una de las principales causas de la extinción de la rebelión de los agraviats.

[215] El graduado de doctor en Valladolid fue Lorenzo Arrazola, luego destacado político liberal moderado, ministro varias veces durante las Regencias y con Isabel II. El título de su tesis fue: «La abolición del tormento como medio de prueba en los juicios». Según las crónicas vallisoletanas, la disertación agradó a Fernando VII, pero no a Calomarde, quien negó a Arrazola plaza de abogado en el colegio de Valladolid (Martínez Mansilla, 2007, págs. 63-64).

[216] El globo elevado en Vitoria llevaba la siguiente inscripción: «Voy al cielo a decir que habéis venido / que hoy Vitoria es feliz cual nunca ha sido» (cit. Vidal-Abarca et al., 1995, I, pág. 87).

[217] Relación del tránsito..., pág. 57.

[218] Relación del tránsito..., pág. 78. Probablemente se trata de El imposible vencido. Arte de la lengua Bascongada, Salamanca, 1729.

[219] Relación del tránsito..., págs. 78 y 28, respectivamente.

[220] Breve relación..., f. 262.

[221] Algunas de estas felicitaciones en AHN, Diversos-Colecciones, 165, n.º 2 y 166, n.º 19.

[222] Breve relación..., ff. 236-237. El 5 de enero de 1828 el zar de Rusia le escribió una carta de felicitación (ibíd., f. 252).

[223] Domínguez Santamaría, 1999, págs. 60-62.

[224] Arias Teijeiro, 1966, I, pág. 112.

[225] Vayo, 1842, III, pág. 315. Los mismos términos repite, como en otras muchas ocasiones, Lafuente, 1922, t. 19, pág. 210.

[226] Arias Teijerio, 1966, I, pág. 115.

[227] Cit. por Marrast, 1989, pág. 223.

[228] R.D. comunicado por el Srio. Del Despacho de Marina en 12 de marzo, Decretos del rey..., 1829, XIII, pág. 44.

[229] Arzadun, 1942, pág. 272.

[230] Carta de Carlota Joaquina a Fernando VII, 23 de junio de 1829 (AGP, RF7, caja 38, exp. 1). Carlota Joaquina reiteró la sugerencia en carta del 20 de julio siguiente (ibíd.).

[231] Wilhelmsen, 1996, págs. 86-87 y Moral Roncal, 2000b, págs. 78-79. Según Pereira, 1938, págs. 48-52, las portuguesas María Francisca y María Teresa tenían mayor influencia sobre Fernando VII que Luisa Carlota.

[232] Carta de don Carlos al rey, Madrid, 9 de enero de 1828 (AGP, RF7, caja 27); Moral Roncal, 2005, pág. 126.

[233] Arias Teijeiro, 1966, I, págs. 120 y 128.

[234] Gorricho, 1967, págs. 29-30 cita correspondencia de diplomáticos europeos con los nombres de las princesas mencionadas.

[235] José Quevedo, bibliotecario real en El Escorial, afirma que él mismo oyó decir al rey estas palabras (Quevedo, 1849, pág. 232; Izquierdo, 1950a, pág. 410). Las refiere asimismo Arias Teijeiro, 1967, II, pág. 34.

[236] Villa-Urrutia, 1925b, pág. 21. El marino que menciona es el marqués Slidell Mackenzie, autor de A Year in Spain.

[237] Copia del contrato matrimonial en AHN, Diversos-Títulos-Familias, 3354, leg. 5, exp. 1. El Mercurio de España de octubre de 1829, págs. 259-270, relató con todo pormenor el acto de petición de mano, incluyendo los discursos del embajador de España, los de los reyes de Nápoles y el de María Cristina, pronunciado en castellano.

[238] Esta correspondencia ha sido estudiada y reproducida en buena parte en Izquierdo, 1950b, págs. 171-195. De este lugar provienen las citas que se efectúan en el texto.

[239] Las cartas del rey a Grijalba en Arzadun, 1942, págs. 275-278.

[240] «Inventario de las vistas hechas por orden de S.M. [...] para S.M. la Reyna doña María Cristina», manuscrito, Biblioteca del Palacio Real de Madrid (cit. por Izquierdo, 1950b, págs. 197-203).

[241] Cit. por Arzadun, 1942, págs. 282-283. Para atajar rumores, la Gaceta Extraordinaria del 5 de septiembre dio amplia noticia del accidente real.

[242] Arzadun, 1942, págs. 284-285; Izquierdo, 1850a, pág. 414.

[243] Carta del infante don Carlos a Fernando, Madrid, 7 agosto 1816 (AGP, RF7, caja 27): «Ayer ví tu escrúpulo de peluquín o casquetín muy bien hecho, pero en la mano no hace efecto ninguno [...] y está deseando Ygnacio el ponértelo cuanto antes, para que crea la gente que los baños te han hecho crecer el pelo».

[244] Arias Teijeiro, 1966, I, pág. 233. Arias sale al tanto de los rumores que debieron circular sobre el accidente del coche del rey: «Los bribones ya han soltado que si los carlistas [...]. Infames. Si la cosa hubiera podido ser intentada, harían que se rompiese el coche, no precisamente en la poca pendiente de Balsain [...], sino en la cuesta o en otro punto en donde, cuando menos, S.M. se hubiera degollado sin remedio» (ibíd., pág. 234).

[245] Arzadun, 1942, págs. 283-289; Arias Teijeiro, 1966, pág. 228, anotación del 31 de agosto de 1829.

[246] Mercurio de España, octubre y noviembre de 1829, págs. 249-251 y 330-331 respectivamente. El itinerario fue el siguiente (consigno únicamente los puntos más importantes): Nápoles, Roma, Viterbo, Siena, Florencia, Bolonia, Parma, Turín, Susa, Chambéry, Grenoble, Valence, Montélimar, Nimes, Montpellier, Narbona, Perpiñán, Barcelona, Tarragona, Castellón, Valencia, Játiva, Almansa, Chinchilla, El Pedernoso, Corral de Almaguer y Aranjuez.

[247] Descripción del viaje de sus magestades D. Francisco I y Dña. Isabel..., 1829. Estos encuentros tuvieron importancia en la vida posterior de María Cristina (véase Casado, 2011, pág. 140).

[248] Diario del rey de Nápoles (AHN, Diversos-Títulos-Familias, 3530, l. 80), Mercurio Español, diciembre, 1829, pág. 433; Mesonero Romanos, 1975, pág. 285; Villa-Urrutia, 1925, pág. 25.

[249] Diario del rey de Nápoles (AHN, Diversos-Títulos-Familias, 3530, l. 80); Mesonero Romanos, 1975, pág. 285; Domínguez Santamaría, 1999, pág. 62.

[250] Exposición de los festejos..., 1829; Navarro Lalanda, 2013, págs. 65-76; Reyero, 2015, págs. 161-164 (descripción del programa ornamental de la celebración de la boda). Desde el 28 de septiembre al 21 de diciembre de 1829 ofreció la Gaceta de Madrid amplia información sobre el viaje de María Cristina y el matrimonio real.

[251] Quintero y Farmer, 2012, pág. 381 (informe del 16 de agosto de 1829); Piermarini, 1831. Fernando VII fue propietario de una ganadería de reses bravas.

[252] Informe de Marcelino de la Torre al ministro González Salmón, Madrid, 25 de agosto de 1828 (AGP, t. 71, ff. 330-350).

[253] «Projet de mémoire servant d’instruction pour M. le comte d’Harcourt», sin firma de autor (AAEE, Mémoires et Documents, Espagne, vol. 213, f. 245, cit. por Casado, 2011, págs. 141-142); Arias Teijeiro, 1967, II, pág. 34; Arzadun, 1942, pág. 293.

[254] Arias Teijeiro, 1967, II, págs. 110-113.

[255] Arias Teijerio, 1967, págs. 132, 134 y 143 (notas del 15, 17 y 23 de marzo de 1830).

[256] Castells, 1989, págs. 166-251. Sobre el efecto simbólico de las ejecuciones de Torrijos y Mariana Pineda en el deterioro del régimen fernandino y sus repercusiones, véase Castells, 2000 y Serrano, 2000.

[257] Todas las historias publicadas en el siglo XIX prestan especial atención a esta materia. Los diferentes puntos de vista están recogidos en los estudios recientes, sustentados en una sólida base empírica, de Suárez Verdeguer, 1951; Gorricho, 1967; Urquijo, 1998, págs. 23-46 y Burdiel, 2004, págs. 50-59.

[258] Cit. por Arzadun, 1942, pág. 298.

[259] Reproducido por Lema, 1913, págs. 179-180.

[260] Testamentaría de Fernando VII, AGP, Registros, leg. 4807. Los miembros designados por el rey para formar el Consejo de Gobierno eran los siguientes: el cardenal Juan Francisco Marco y Catalán, auditor de la Rota; el marqués de Santa Cruz, el general Castaños, el marqués de las Amarillas, el decano del Consejo de Castilla José María Puig y el consejero de Indias José Manuel Caro. Como suplentes, Tomás Arias (auditor de la Rota), el duque del Infantado, el conde de España, el general José de la Cruz y los magistrados Nicolás María Garelly y José María Hevia y Noriega. Secretario del Consejo sería el conde de Ofalia y en su defecto Cea Bermúdez. Una amalgama de realistas exaltados y moderados, aunque con predominio de estos últimos.

[261] Fontana, 2006, pág. 260.

[262] Cit. por Arzadun, 1942, págs. 297-298. En la escritura pública figuran, en efecto, los testigos mencionados, salvo Hurtado, sustituido por Francisco Javier Losada, jefe del cuerpo de Granaderos. Grijalva aparece con el título de «secretario de Cámara de S.M. y de la Real Estampilla» y Martínez Salcedo como «secretario de S.M. con ejercicio de decretos y Ministro del Tribunal Mayor de Cuentas» (Testamentaría de Fernando VII, AGP, Registros, leg. 4807).

[263] Estudian con detalle las protestas diplomáticas Gorricho, 1967 y Urquijo, 1998. Signo de las buenas relaciones entre España y Nápoles fue el matrimonio en 1832 del hijo de la princesa de Beira, Sebastián Gabriel, con María Amalia de Nápoles, hermana menor de la reina María Cristina.

[264] Arias Teijeiro, 1967, II pág. 151; Moral Roncal, 1999a, págs. 227-230; Fontana, 2006, págs. 261-266.

[265] Cit. por Arzadun, 1942, págs. 300-302. En notas sucesivas el rey reitera a su interlocutor que «apriete» a la Virgen de Valverde (al parecer, le tenía gran devoción) para que le conceda un varón. El santuario de la Virgen de Valverde se halla en el municipio de Fuencarral, en las proximidades de Madrid.

[266] Los partes de los médicos, algunos publicados en la Gaceta de Madrid, han sido comentados por Izquierdo, 1950a, págs. 525-531. El confesor del rey era Telesforo Peña (véase Pardo Canalís, 1989, especialmente pág. 334).

[267] Abundantes referencias a los diferentes testimonios de los protagonistas en Suárez, 1953, págs. 130-135; Gorricho, págs. 98-100. Brunetti y Calomarde, entre otros, difundieron aquella misma noche la noticia del decreto e inmediatamente los contrarios al carlismo protagonizaron algunos disturbios en Madrid.

[268] Izquierdo, 1950a, pág. 431. Suárez Verdeguer, 1951, págs. 204-214, por el contrario, opina que los testimonios más fiables «prueban la libertad y lucidez del rey en aquel acto» (se refiere a la firma de la derogación de la Pragmática Sanción).

[269] Testimonio de Calomarde, AGP, RF7, caja 33, exp. 9. Sin embargo, Calomarde se desdijo de esta opinión en otras manifiestaciones.

[270] Prescindo en lo que sigue de los relatos de los contemporáneos construidos a base de las noticias recibidas de las personas que trataron directamente con los reyes, aun cuando algunos de esos relatos sean especialmente valiosos, como el de Encima y Piedra, 1837 y el de Juan Donoso Cortés, Historia política de la Regencia de la reina María Cristina de Borbón, 1843 (de las diversas versiones de los hechos ofrecidas por esos relatos da cuenta in extenso Suárez Verdeguer, 1951 y de forma resumida Gorricho, 1967, págs. 17-28).

[271] Despacho de Brunetti del 20 de septiembre de 1832, en Gorricho, 1967, pág. 143. Esta actuación le valió a María Cristina la imagen de esposa abnegada, la cual le resultaría de gran utilidad en los meses siguientes al ejercer su gobierno (Casado, 2011, págs. 143-145).

[272] Los embajadores de Austria y Cerdeña informaron a sus respectivos gobiernos que la reina no permitió a don Carlos su entrada en el cuarto del rey y que el infante pasó el tiempo en la antecámara a la espera de noticias (despachos del 17 de septiembre de 1832 de Brunetti y de Solaro, en Gorricho, 1967, págs. 141 y 186).

[273] Gorricho, 1967, págs. 56-66; Urquijo, 1998, págs. 26-30.

[274] Los embajadores habían convencido a María Cristina para entablar negociaciones con don Carlos, las cuales se realizaron a través del ministro Alcudia sin resultado alguno (Gorricho, 1967, págs. 70-74).

[275] Una exposición precisa y breve, con abundantes referencias bibliográficas, sobre los cambios políticos en Francia e Inglaterra, en Fontana, 2006, págs. 265-294.

[276] Despachos de Brunetti de septiembre (sin fecha), del 20 de ese mes y del 2 de octubre de 1832, y Diario enviado a Metternich (reproducidos en Gorricho, 1967, págs. 144, 148, 161, 168 y 173).

[277] AHN, Diversos-Títulos-Familias, 3281, leg. 386, exp. 3. La declaración real fue publicada por la Gaceta de Madrid del 1 de enero de 1833 (la reproduce, entre otros, Gorricho, 1967, págs. 136-137).

[278] Exposición de Grijalva a la reina, 9 de febrero de 1833 (Gorricho, 1967, págs. 199-201). En una representación de junio de 1834, el confesor del rey, Peña, negó toda intervención en este asunto (la reproduce Pardo Canalís, 1989, págs. 333-335). El confesor de la reina, González, falleció a finales de 1832. La Gaceta de Madrid del 28 de noviembre de 1833 hizo una necrológica muy favorable de González, académico de la Lengua y de la Historia entre otros cargos. Según relata Grijalva en su mencionado informe, al reprocharle él mismo a González que había tratado de obligar al rey a derogar la Pragmática, le replicó el sacerdote: «Yo he dicho lo que me ha parecido en conciencia para evitar males mayores, pero sin mezclarme en el medio y el modo».

[279] María Cristina a Fernando II de Nápoles-Sicilia, 13 de febrero de 1833 (en Urquijo, 1998, pág. 33).

[280] El texto de la reina en AHN, Diversos-Títulos-Familias, 3480, leg. 384, exp. 6.

[281] R.D. del 6 de octubre de 1832 (Decretos..., XVII, págs. 221-222).

[282] Calomarde se apresuró a huir de la corte y tras pasar unos días de incógnito en sus posesiones de la provincia de Teruel, pasó en un rocambolesco viaje a Francia, de donde nunca regresó (Lema, 1916, págs. 105-108). Alcudia viajó a Italia y de allí a Viena, donde a partir de 1834 actuó como embajador de don Carlos.

[283] Según el diplomático francés Viel-Castel, activo informante a su gobierno de lo sucedido estos días en España, puede que a pesar de sus reticencias iniciales, finalmente López Ballesteros aceptara dejar el gobierno para evitar verse envuelto en las acusaciones de malversación que se le imputaban en relación con los empréstitos negociados en el extranjero (AMAE, Mém. et docs, Espagne, vol. 313, ff. 55-56, cit. por Casado, 2011, pág. 146).

[284] Esta composición del gobierno duró sólo unos meses. En noviembre de 1832, Encima y Piedra ocupó el recién creado Ministerio de Fomento y fue sustituido en Hacienda por Antonio Martínez. En diciembre de ese año, Cafranga y Monet fueron relevados respectivamente por F. Fernández del Pino y F.J. Ulloa Ramírez de Laredo. En cuanto a Laborde, destinado en Cuba, nunca llegó a ocupar Marina, cartera de la que se hicieron cargo sucesivamente Ulloa y el general José de la Cruz.

[285] Las medidas señaladas se dieron respectivamente (sigo el orden de la exposición) el 7 y 23 de octubre, y el 13 y 29 de noviembre de 1832 (Decretos del rey..., 1833, t. XVII, págs. 229, 248-255 y 276-277).

[286] Mesonero Romanos, 1975, pág. 330; Casado, 2011, págs. 145-146. El decreto de amnistía fue muy celebrado (para Cataluña, véase Corrales, 2014, págs. 192-196).

[287] Decretos del rey..., 1833, t. XVII, págs. 224-225; Vayo, 1842, III, pág. 371; Girón, 1981, pág. 16.

[288] Distintas opiniones de los contemporáneos en Suárez Verdeguer, 1951, págs. 250-255 y Ruiz Manjón, 1977, pág. 140. Sin embargo, según el diplomático francés Viel-Castel, los nuevos ministros, que no eran liberales, se prestaron a tomar las medidas reseñadas porque don Carlos los consideraba enemigos suyos (Informe del 3 de octubre de 1833, AMAE, Mém. et docs., Espagne, vol. 313, f. 170).

[289] Mesonero Romanos, 1975, pág. 288; García Rovira, 1989, pág. 39; Castells, 1989, págs. 247-248.

[290] R.D. del 15 de noviembre y Circular del 3 de diciembre de 1832 (Decretos del rey..., 1833, XVII, págs. 258-260 y 281-285), Acta del Consejo de Ministros del 2 de diciembre de 1832 (publicada por Suárez Verdeguer, 1951, pág. 379-380).

[291] Un comentario de la obra en Millán, 2014, págs. 66-69.

[292] Ambos textos en Decretos del rey..., XVIII, págs. 8-9.

[293] Mesonero Romanos, 1975, pág. 331.

[294] Moliner, 1991, págs. 433-434; Bullón de Mendoza, 1992, págs. 39-45.

[295] Moral Roncal, 1999, págs. 248-251. Sebastián, el hijo de la princesa de Beira, estaba casado con Amalia, hermana de María Cristina, y regresó a Madrid para asistir a la jura de Isabel. Pronto, sin embargo, los dos esposos se hicieron decididos carlistas.

[296] Actas del Consejo de Ministros, sesión del 5 de diciembre de 1832; Buyón de Mendoza, 1995. Sobre la correspondencia entre Fernando y Carlos, publicada casi íntegra por Vayo, 1842, III, págs. 393-414 y 419-426, véase Moral Roncal, 1999a, págs. 252-263.

[297] Mesonero Romanos, 1975, pág. 332 (este autor realiza una espléndida descripción de la ceremonia de la jura y de los festejos en Madrid, págs. 332-336); despacho de Rayneval del 27 de junio de 1833 (AAEE, Corr. Pol. Esp., 760, f. 56). Véase Reyero, 2015, págs. 132-139 y sobre los aspectos formales de la jura, González Fuertes, 2000. Para los actos y celebraciones en Cataluña, véase Corrales, 2014, págs. 168-217.

[298] Cit. por Arzadun, 1942, págs. 347-348.

[299] Fernández de los Ríos, 1876, pág. 237.

[300] Los partes médicos en Izquierdo, 1950a, págs. 437-438. En carta al marqués de las Amarillas, el general Castaños afirmó que a las dos de la tarde salió de palacio ese día muy satisfecho, pues los médicos le dijeron que el rey había mejorado en su respiración y estaba comiendo con buen apetito (cit. por Arzadun, 1942, pág. 352).

[301] Izquierdo, 1950a, pág. 438.

[302] Despacho del 30 de septiembre de 1833 (Tiberi, 1976, pág. 787); García Blanco, 2015, pág. 219.

[303] Despacho de Rayneval del 30 de septiembre de 1833 (AAEE, Corr. Pol. Esp., 760, f. 219).

[304] Vayo, 1842, III, pág. 437; Varela, 1990, págs. 168-169.

[305] Ferrera, 2009, pág. 36; Corrales, 2014, págs. 214 y 218-225.

[306] Entre los sermones examinados, sólo defendió el absolutismo como sistema político el único pronunciado en un núcleo rural: el municipio leridano de Talarn (Serra y Calafel, 1834). Los sermones restantes se predicaron en Barcelona, Murcia, Palma de Mallorca, Madrid, Pamplona, Salamanca y La Habana (García, 1833; Estévez, 1851; Exequias que la muy noble y leal ciudad y reino de Mallorca..., 1834; Álvarez, 1833; Escrich, 1833; Pujol, 1834; Beltrán Ros, 1834; San Martín, 1833; Exposición de las honras fúnebres..., La Habana, 1834).

Fernando VII

Un rey deseado y detestado

Emilio La Parra

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© Emilio La Parra López, 2018

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