ÍNDICE

Una fosa en el arenal

“¿Y mi padre, cuál es?”

40 años después del 'terror caliente'

Familiares de 55 desaparecidos en la Guerra Civil piden a Garzón que investigue su paradero

Setenta años en busca de un esqueleto con reloj

De Japón a Ponferrada

Las asociaciones esperan que la Ley de Memoria “no sea la definitiva”

La fuga de los 221 muertos

El Gobierno carece de un registro de desaparecidos del franquismo

“No quiero que mi padre esté enterrado con Franco”

La nieta de un fusilado pedirá que se indague la fosa de Lorca

Media España, sin datos

Justicia tiene listo el reglamento para reconocer a las víctimas del franquismo

Cataluña y Galicia aportan su censo de víctimas

Desde la bota de Emilio hasta la Audiencia Nacional

Juicio a la barbarie

Garzón recibe los nombres y más pistas de 130.000 desaparecidos

Registrados y recompensados

Un hombre de 107 años localiza una fosa común de la guerra

“En Japón me preguntan por qué aún quedan fosas”

Garzón recibe datos de Córdoba y un listado con 133.708 víctimas

Los familiares eligen a sus expertos

Garzón adelantó en sus escritos la idea de enjuiciar la dictadura

“Aportaremos trozos de verdad a un 'puzzle' que resolverá Garzón”

Los expertos revisan el terreno para abrir la fosa de Lorca en tres semanas

Garzón ordena exhumar del Valle de los Caídos a ocho fusilados

No es la sociedad civil. Es el Estado

“Que Franco esté muerto no impide esclarecer los hechos”

El Gobierno deja la decisión de abrir fosas de la guerra a las autonomías

Dibujos, fotografías y grabaciones para un diario

Las normas de exhumación de víctimas elaboradas para la Ley de Memoria Histórica

El PP pide a Zapatero que no le “endose” la apertura de fosas

El Senado libra al Gobierno de asumir las exhumaciones

Víctimas de la Guerra Civil, contra los títulos nobiliarios que dio Franco

Vicente Moreira, 'niño de la guerra' en Rusia

Las autonomías se niegan a asumir la apertura de fosas

Una juez de Zamora, primera en abrir una fosa de la guerra

Primera exhumación por orden judicial

El tiempo se acaba para las víctimas de Franco

Los agentes visitan el lugar del crimen 73 años después

Aragón estudia sancionar la exhumación de dos fusilados

“Siento dolor, pero peor habría sido irme sin ella”

Iniciativa y ERC piden revocar los títulos que concedió Franco

¿Quién oculta a Lorca?

Hallados restos humanos en una fosa de la guerra en Barro

¿Y ahora dónde estás, Federico?

Solo comunidades socialistas participan en el mapa de fosas

La Iglesia también abre las fosas de sus muertos

Las dos muertes de Rafael Mesa

1.850 fosas en el primer mapa de la tragedia

Jueces, fiscales y víctimas de Franco se movilizan contra el proceso a Garzón

El acoso a Garzón desata una multitudinaria movilización

“Abrir las fosas no es un favor a las víctimas; es una obligación”

Comienza la apertura de una fosa con cientos de fusilados

96 esqueletos en el Camino de Santiago

Una fosa común con 29 cadáveres en la Puerta del Sol

“Mucha gente pensaba que la Guerra Civil podía repetirse”

Una ruta de la memoria une en Zaragoza a vencidos y vencedores

1.821 de las 2.052 fosas comunes del franquismo están todavía por abrir

Asturias compra una fosa franquista para preservarla

Una familia repartida en cuatro fosas

En busca de un Valle para todos los Caídos

El Senado pide incorporar al Registro a los desaparecidos del franquismo

59 fusilados sin nombre enterrados por los barrenderos del pueblo

Víctimas del franquismo se preparan para un “recortazo” del PP en políticas de memoria

Día de difuntos en las cunetas

06/09/2006

Una fosa en el arenal

Una excavación en La Andaya de Burgos descubre 41 esqueletos de campesinos fusilados a comienzos de la Guerra Civil

NATALIA JUNQUERA, Madrid

Llevaban 70 años cubiertos por una fina capa de arena. Rodeados por 100 hectáreas dedicadas al cultivo de cereal. Señalados. El terreno pasó de unas manos a otras, pero siempre con la advertencia de no hurgar en aquella zona, con forma de L, de 15 metros de largo, dónde sabían que estaban enterrados los cuerpos de más de 40 hombres y mujeres vecinos del pueblo de Lerma (Burgos) fusilados durante la Guerra Civil; cadáveres anónimos a los que ahora se les busca un nombre.

“Hemos localizado a Juan Urquiri Martija, su tío”. Iñaki Egaña, investigador del equipo que trabaja en la exhumación de la fosa de La Andaya habla por teléfono con dos hermanas que ahora viven en Deva (Guipúzcoa) y que habían dejado de buscar. “Pensaban que su tío había muerto en el frente. Nunca imaginaron que estaba tan cerca y que había fallecido tan pronto, al comienzo de la guerra. Estaban muy emocionadas. Íbamos a ir juntos a ver la fosa, pero al final me llamaron y me dijeron que no se atrevían a venir”, explica Egaña.

El tío de las dos hermanas de Deva era guardia de asalto, una especie de antidisturbios, detenido, apresado en la Cárcel Central de Burgos y finalmente fusilado en Burgos, en septiembre de 1936. Tenía 26 años. Los investigadores saben que Urquiri es Urquiri por los correajes y el cinturón con hebilla que visten su esqueleto y por su estatura. El cuerpo de los guardias de asalto siempre escogía a los más altos.

A su lado, están los restos de otras 40 personas con las escasas pertenencias que les acompañaron en su último paseo, ahora convertidas en indispensables pistas para averiguar su identidad: unos pendientes, una peineta, un lápiz de carpintero...

“La mayoría era gente humilde, población civil, campesinos, albañiles, que fueron apresados a comienzos de la Guerra Civil por izquierdistas”, explica Francisco Etxeberría, profesor de medicina forense de la Universidad del País Vasco y director de la investigación.

Entre los cadáveres, hay dos menores de 20 años y dos mujeres. “Al lado de uno de los esqueletos femeninos hemos encontrado incluso unas monedas, porque a las mujeres no las registraban”, explica Etxeberría.

Por todas partes, en el terreno arenoso que los verdugos escogieron para matar a las víctimas -”sabían muy bien que era una zona blanda, fácil”, afirma Etxeberría- aparecen las balas que mataron y los casquillos que demuestran que los 41 fusilados perecieron en el mismo lugar en el que fueron enterrados. Fue esa munición la que activó hace una semana el detector de metales y confirmó las sospechas compartidas durante años por la gente del pueblo.

“Los testimonios orales son siempre la primera fase de la investigación. Entrevistamos a la gente, la grabamos y luego ponemos el vídeo. Lo ponemos al lado de la fosa y es muy emocionante porque el técnico está escuchando la historia que hay detrás de los huesos que está viendo” explica Etxeberría.

La historia se repite en todas las fosas comunes: la gente del pueblo sabe de alguna forma muy parecida a la certeza que debajo de aquél árbol o en aquél arenero, hay vecinos fusilados y enterrados durante la guerra civil. Hasta que un historiador o un familiar señala el lugar y pide más pruebas. “Una vez que hemos llamado a todas las puertas del pueblo, acudimos a los archivos, la segunda fase. Los “expedientes de salida” de los presos elaborados por las personas que decidieron darles muerte o las fichas elaboradas durante la mili, con la estatura, los rasgos físicos y quizá algún defecto genético de las víctimas nos ayudan muchísimo. No suelen fallar”, explica José Ignacio Casado, investigador y miembro de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos.

La reacción siempre es parecida. “El primer momento es de alegría, pero enseguida ves que se acuerdan de los que ya se han muerto sin saber dónde estaba su familiar y les apena que se estén perdiendo ese momento. Eso es igual en todas las fosas”, afirma Etxeberría, que ha estado en varias por toda España.

En esta, que tiene la anchura del alto de un adulto. Hay tres enterramientos distintos, correspondientes a tres fusilamientos masivos y esperan encontrar todavía 40 esqueletos más. Trabajan en ello un equipo de 20 personas- forenses, antropólogos, arqueólogos y voluntarios- procedentes del País Vasco, Valencia, Andalucía, Cataluña, Madrid, Castilla León e incluso un ciudadano de Japón. “Se plantó un día aquí con un periódico japonés en el que salía un reportaje sobre las fosas de la guerra civil y desde entonces trabaja con nosotros. Está entusiasmadísimo. Y nos ayuda mucho. No parece que tenga 68 años”. Santiago Macías, vicepresidente de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica, se refiere a Toru Arakaguaw, un profesor de inglés nipón, que recién jubilado no dudó en venir a desenterrar parte de la historia de España.

 11/09/2006    

“¿Y mi padre, cuál es?”

Descendientes de desaparecidos durante la Guerra Civil buscan a sus familiares entre los 51 esqueletos hallados en una fosa en Lerma

NATALIA JUNQUERA, Burgos

Rufina Antón escruta los 15 esqueletos que yacen al aire 70 años después de haber sido enterrados en la fosa de La Andaya (Lerma, Burgos). “¿Y mi padre, cuál es?”. En la zanja, una especie de lunar de arena en medio de 120 hectáreas de campo de cereal, hay una decena de coches aparcados de los que se han bajado hombres y mujeres con una pregunta similar.

Hay que esperar por lo menos medio año a que el trabajo en el laboratorio ponga nombre a los huesos -a los 15 últimos esqueletos destapados y a los 41 que ya se han llevado del lugar los antropólogos-, pero muchos creen no necesitar el informe forense, del mismo modo que no necesitaban que se levantara la tierra para saber que allí había una fosa común de la Guerra Civil. “Siempre que pasábamos por delante, mi padre decía: Ahí está tu abuelo”, recuerda Asunción Sinovas, de Villafruela.

“Vienen con una ilusión enorme, convencidos de que alguno es el suyo. A veces parece que eligen esqueleto: 'ese es mi padre porque era muy chiquitín' o 'ese otro es mi abuelo que era muy alto'... pero son ellos los que nos dan las pistas, los que nos traen hasta aquí”, explica José María Rojas, un vecino de Aranda de Duero que trabaja en una droguería y que en su tiempo libre se dedica a llamar a todas las puertas, pueblo por pueblo, para preguntar quién falta y dónde creen que está.

“Le denunció un familiar. Vinieron a buscarle la noche del 25 de agosto de 1936. Mi padre era carpintero, muy trabajador, republicano. Yo misma tuve que darle clase a los hijos de los matarifes y a sus nietos”, resume Rufina, después de que Francisco Etxeberria, el forense que dirige el trabajo en la fosa, le explique la fase de laboratorio que queda pendiente. “No vamos a poder exhumar todas las fosas, ni identificarles a todos, pero todos corrieron la misma suerte. Un señor me dijo un día en otra fosa: 'Mi padre son todos ellos'. Y es verdad. Hacemos este trabajo con la metodología arqueológica, pero con una dimensión humanitaria que es lo que atrapa a los voluntarios”, explica Etxeberria.

Comen y duermen en casas de familiares de vecinos de pueblos cercanos que creen que tienen familiares enterrados allí. Muchos voluntarios ingresaron en el equipo de Etxeberria después de que localizase los restos de algún familiar, y se han hecho fijos. “Donde va, Paco me llama. Yo ayudo en lo que puedo. A los míos, también me los sacó Paco”, comenta Gonzalo Martínez, un agricultor de 48 años que lleva cuatro buscando a los familiares de otros.

El trabajo está dividido, pero unido. Unos hurgan en la tierra y otros en la memoria. A veces, simultáneamente. Los testimonios de todas las personas que se acercan a preguntar cuál de aquellos esqueletos puede ser su familiar, se graban en vídeo al lado de la zanja. Se pide silencio y alguien relata en voz alta, a veces por primera vez, el último día que vio a su padre, a su abuelo... A un par de metros, los arqueólogos, arrodillados en la tierra, escuchan la historia de aquellos huesos.

“Se nota mucho la diferencia entre los que lo han hablado en su casa y los que no. Para muchos, después de tanto tiempo callados, es un alivio, y otros tienen una reacción emocional muy fuerte”, comenta Alicia Domínguez, una psicóloga que ha venido voluntaria para “acompañar” a los familiares y “ajustar las expectativas”.

“El otro día, Alicia me llevó a la fosa, la rodeamos y de repente dijo: 'Mira Ampelio, un reloj'. Cuando se llevaron a mi padre, llevaba uno de esfera luminosa y el que ha aparecido es igual. Cuando lo cogí en la mano, me emocioné muchísimo porque creo que es el de mi padre. Estaba parado a las nueve menos cuarto, pero sabe dios cuando dejó de funcionar”, relata Ampelio Antón, de 74 años, que se llama igual que su padre, al que lleva buscando toda la vida, como Rufina.

Ambos hermanos conservan una foto hecha un año y medio después de perder a su padre en la que aparecen de luto riguroso. “Un día, mi madre compró una tela que tenía unos pequeños topos blancos y los fue tiñendo uno por uno. Pasamos mucho tiempo de luto”, afirma Rufina. “Queríamos enviarle la foto a mi tío para decirle que estábamos bien y mira lo que salió: tres críos tristes vestidos de luto de la cabeza a los pies. Cuando te pasa algo así, te marca toda la vida, te expresas distinto, eres más vehemente. Tengo la foto bien a la vista para mantener fresca la memoria; cuando haya un reconocimiento, una dignificación, la volveré a guardar en el álbum”, añade Ampelio.

Tenía cuatro años cuando se llevaron a su padre, pero lo recuerda “perfectamente”: “Vino a despedirse a nuestra habitación. Mi madre lloraba. La gente estaba tomando el fresco en la calle porque era verano y hacía calor. Todas las puertas de las casas estaban abiertas. Al día siguiente, nos despertamos muy tristes, porque todos sabíamos que no le volveríamos a ver”, explica Ampelio.

Su madre tuvo que simular un secuestro “por un par de individuos de mala catadura” para que la reconocieran como viuda y pudiera optar a alguna ayuda económica. Un par de amigos actuaron de falsos testigos. “Los asesinos seguían en el pueblo y se cruzaban con las familias de sus víctimas. Algunos les paraban y les decían: '¿Sabes dónde está mi hijo? Desde que te lo llevaste no lo he vuelto a ver'...”, recuerda Ampelio.

La zona donde se graban los testimonios es una tertulia al aire libre en la que se recuerdan tragedias, como la historia de Ampelio y Rufina, pero con la serenidad que imprime el tiempo y la reconfortante presencia de 15 esqueletos que puedan ser el alivio definitivo. “Hace dos veranos organizamos una reunión en el Ayuntamiento para proponer la exhumación de la fosa. Vino mucha gente y se notaba la emoción, las ganas de hablar”, recuerda María Paz González, ex concejal socialista en Villafruela, un pueblo que busca a 10 vecinos en esta fosa. “Se denunciaban unos a otros, por envidias. Yo hago esto por honrar a mi abuelo, por tranquilizar a mis padres y para pasar página. No hacerlo sería como echarle más tierra encima”, comenta Mariví Ramos.

Entre los tertulianos y los antropólogos, merodea Toru Arakaguaw, un japonés de 68 años que se ha venido desde una pequeña aldea nipona a La Andaya, después de haber leído en inglés “unos 40 libros sobre la Guerra Civil española”. Chapurrea algo de castellano -dice que lo aprende por la radio- y se entiende bien con los familiares. “Ahora entiendo perfectamente lo que he leído, el sufrimiento de esta gente. Cuando vuelva a Japón quiero dar conferencias sobre la Guerra Civil. Me jubilé hace ocho años y tengo mucho tiempo libre”, bromea.

A 10 metros de la fosa ha aparecido otra con alrededor de 40 esqueletos más. Etxeberria calcula que en aquel lunar arenoso de La Andaya hay cerca de 100 fusilados. Van a abrirla el año que viene y Toru ha prometido estar aquí para entonces.

20/04/2007    

40 años después del 'terror caliente'

NATALIA JUNQUERA, Madrid

Unos 100.000 asesinados durante la Guerra Civil, casi todos en el verano de 1936, el peor del “terror caliente”, como lo define el historiador Julíán Casanova. Entre 20.000 y 30.000 más, enterrados en fosas comunes. Condenados a muerte en juicios sumarísimos. Encarcelados, multados y expoliados, durante el “terror legal”. A veces, condenados después de muertos. 50.000 expedientes de depuración a maestros. Decenas de miles de aludidos por la palabra “ilegítimo” y de procesos que, a petición de familiares o supervivientes, podrán ser revisados con el acuerdo entre el PSOE e IU sobre la Ley de Memoria de Histórica.

Casanova considera “enérgicamente justa” la decisión de declarar “ilegítimos” los tribunales y procesos por motivos ideológicos durante la guerra civil y el franquismo, pero teme la magnitud del proceso de revisión de sentencias. En septiembre de 1941, dos años después de la guerra se habían incoado 125.000 expedientes por la Ley de Responsabilidades Políticas. “Iban pueblo por pueblo y la aplicaban con efectos retroactivos”, explica Casanova. En 1944, el número de expedientes ascendía a 300.000. El proceso de depuración incluía en la mayoría de los casos la expropiación y el expolio. “Azaña y Negrín fueron condenados a pagar 100 millones de pesetas por la ley de responsabilidades políticas”, explica Casanova.

Después, llegó el Tribunal de Orden Público. Se constituyó en diciembre de 1963 y desapareció el 5 de enero de 1977. En esos años, según el historiador Juan José del Águila, tramitó 22.660 procedimientos: 3798 sentencias, de las que 2.839 fueron condenatorias y 959 absolutorias. El 60% de lo procedimientos se tramitaron en los tres años finales de su jurisdicción (1974-1976), lo que, señala Casanova “prueba la dureza de los últimos años del franquismo”.

Estos son algunos de los casos más famosos y polémicos:

 -  Julián Grimau.

Dirigente comunista fusilado el 20 de abril de 1963 en Madrid tras ser condenado a muerte en un consejo de guerra sin garantías, Julián Grimau fue encausado por el régimen franquista por sus actividades como policía de la Brigada de Investigación Criminal durante la Guerra Civil.

Esas supuestas actividades delictivas ya habrían prescrito al haber transcurrido más de 25 años desde el final de la guerra, sin embargo, la dictadura lo acusó de un delito continuado de “rebelión contra el Movimiento”, así como de torturas y asesinatos en una checa (centro de detención político) de Barcelona. Los hechos nunca fueron probados.

En el juicio sumarísimo los testigos declararon que conocían solo de oídas los supuestos crímenes del encausado. Fue fusilado el 20 de abril de 1963. Su viuda y sus dos hijas llevan décadas luchando por limpiar su memoria. El Partido Comunista celebra hoy un homenaje en el 44 aniversario de su fusilamiento.

 -  Lluís Companys. Presidente de la Generalitat de Cataluña desde 1934 y durante la Guerra Civil, acusado de “rebeldía militar, en aplicación retroactiva de la Ley de Responsabilidades Políticas por en un tribunal militar sumarísimo sin garantías. Fue fusilado el 15 de octubre de 1940 en el foso de Santa Eulàlia del Castillo de Montjuïc,

 -  Proceso de Burgos. Juicio sumarísimo a 16 personas acusadas de pertenecer a la banda terrorista ETA en diciembre de 1970 en Burgos. Acusados, bajo pena de muerte, de haber asesinado al Jefe de la Brigada de Investigación de San Sebastián (policía política o secreta) Melitón Manzanas González, al guardia civil José Pardines Azcay y al taxista Fermín Monasterio Pérez.

 -  Proceso 1.001. El jesuita García-Salve se convirtió el 21 de junio de 1972 en el último español en comparecer ante el Tribunal de Orden Público. Fue condenado a 19 años de cárcel. Dos días después de la muerte de Franco fue amnistiado. 1.001 era el número de su expediente. Fue el último de los condenados.

19/07/2007    

Familiares de 55 desaparecidos en la Guerra Civil piden a Garzón que investigue su paradero

Tres denuncias en la Audiencia Nacional califican estos sucesos de crímenes “de lesa humanidad”

NATALIA JUNQUERA, Madrid

Familiares y representantes de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica presentaron ayer, 71º aniversario del golpe militar que dio comienzo a la Guerra Civil, tres denuncias por un total de 55 desapariciones durante el conflicto: 23 en Sevilla, 31 en Huelva y una en Cádiz. Los denunciantes consideran que la Audiencia Nacional es “competente para conocer crímenes de lesa humanidad cometidos en España” y solicitan al juez Baltasar Garzón que abra una investigación para localizar a los desaparecidos y poder entregárselos a sus familiares.

“Se llamaba María Silva, pero la llamaban La Libertaria de Casas Viejas (Cádiz). No me acuerdo de ella, porque la última vez que estuvimos juntos yo tenía 15 meses. Nos llevaron a los dos el 19 de agosto de 1936 a la cárcel de Paterna. A los tres días a mí me llevaron a casa de mi tía, que fue la que me crió, y ya no volví a saber nada de ella. Desde entonces la estoy buscando. No he dejado de preguntarme un solo día dónde está”, explicó ayer Juan Pérez Silva, de 72 años, minutos después de presentar en la Audiencia Nacional una denuncia por la desaparición de su madre durante la Guerra Civil.

“Si no lo averiguamos ahora, no lo sabremos nunca”, afirma Pérez Silva, quien asegura haber perdido a 26 familiares durante la Guerra Civil y la dictadura franquista; entre ellos a su padre, Miguel Pérez Cordón, un conocido sindicalista de la CNT. “Lo que más me importa es saber dónde está mi madre, poder llevarle unas flores y enterrarla con mi padre, que está en una fosa común en el cementerio de Cartagena”.

Jornaleros, campesinos, policías municipales y cargos públicos locales figuran entre los 55 desaparecidos incluidos en estas tres denuncias, aunque la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica confía en que se presentarán muchas más. Su abogado, Fernando Magán, insiste en que se trata de “crímenes masivos, de lesa humanidad, en todas las provincias españolas” y corresponde a la justicia investigarlos.

El precedente de Scilingo

“Nos asombramos de los desaparecidos de Argentina o Yugoslavia y resulta que aquí, entre nosotros, deambulan las sombras de miles de asesinados cuya defunción nunca fue recogida en registro alguno para no dejar huella de lo que se estaba haciendo. Legalmente, estas personas no han muerto”, se lee en una de las denuncias.

Consideran los denunciantes que, por su carácter sistemático y masivo, las detenciones y desapariciones de cientos de personas durante la Guerra Civil constituyen un crimen de lesa humanidad y que, como tal, no prescribe, y apelan a una responsabilidad del Estado para “reparar” a los familiares más directos de los desaparecidos.

Esa reparación, según Magán, no consiste en castigar a los culpables, sino en “poner los medios” para averiguar el paradero de las víctimas. “Son familias buscando a sus familiares. No buscan identificar a los verdugos, muchos de los cuales ya habrán muerto, sino una verdad histórica que les reconozca como víctimas y una investigación que les permita enterrar dignamente a los suyos. Asociaciones como la nuestra ponen su mejor voluntad, pero estamos desbordadas”, añadió.

Los denunciantes apelan a la competencia de la Audiencia Nacional para investigar la desaparición de sus 55 familiares apoyándose en sentencias como la condena al ex militar argentino Adolfo Scilingo a 640 años de cárcel por crímenes contra la humanidad. Y añaden que las desapariciones durante la Guerra Civil española son coetáneas de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Alemania antes de la II Guerra Mundial, perseguidos y enjuiciados en el Tribunal Militar Internacional de Nüremberg.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica considera que no ofrecer la misma oportunidad ante los tribunales a las familias de los desaparecidos en la Guerra Civil supondría “discriminar a las víctimas y a sus familiares en función de la nacionalidad”.

Las denuncias aportan documentación de diversos historiadores que hablan de casi 2.000 fusilados solo en Sevilla capital, de donde proceden 23 de los desaparecidos, sin incluir las víctimas de la represión hasta 1953, ni los fallecidos en prisión o en campos de concentración.

 24/08/2007    

Setenta años en busca de un esqueleto con reloj

La apertura de cuatro fosas de la Guerra Civil con casi 90 cuerpos en Lerma, Burgos, despierta la ilusión de decenas de familias

NATALIA JUNQUERA, Lerma

“Creemos que esto no ha de durar ya mucho y por tanto enseguida seremos puestos en libertad”, escribió Juan Marcelino Maciá García, guarda del patronato nacional de turismo de Aranda, en una carta a su familia el 24 de agosto de 1936. Murió al día siguiente, asesinado con otros 28 republicanos, entre ellos, el alcalde y cinco concejales de Aranda de Duero. Ayer, Susana, nieta de Juan Marcelino, observaba los botones de la chaqueta de su uniforme, grabados con el escudo del parador, enterrados a 70 centímetros de profundidad entre los huesos de 29 personas que compartían 10,5 metros de largo por 1,30 de ancho, las medidas de la cuarta fosa que se abre en el monte de La Andaya, en Lerma (Burgos) en menos de un año. “Estamos muy ilusionados porque está claro que es él. Es una lástima que mi padre se lo esté perdiendo. Murió hace seis años”.

Han venido desde Madrid hasta Lerma para verlo con sus propios ojos. Alrededor de esta cuarta fosa, decenas de personas envidian su suerte, como Alejandro Abascal, de 90 años. O como Ampelio Antón, de 75, que lleva toda su vida buscando un esqueleto con un reloj, el de su padre. Ampelio tenía solo cuatro años y medio pero recuerda que lo llevaba cuando vinieron a buscarle. El año pasado, en una de las tres fosas que el equipo del forense Francisco Etxeberría exhumó en La Andaya, apareció un reloj: “Lo tuve en la mano, era precioso. Pensé de verdad que le había encontrado, pero todos los esqueletos están ya adjudicados. No es él. Tiene que estar en esta”. 

Ampelio ha llegado a esta nueva fosa con una sonrisa enorme porque había aparecido otro esqueleto con un reloj pero se va a casa incapaz de disimular su decepción. Etxeberria le explica que pertenece al mismo cuerpo que tiene los botones del uniforme, así que pertenece al guardia. Ampelio asegura que necesita “cerrar la herida” y olvidar. Afirma que recuerda perfectamente el día que se llevaron a su padre -”los golpes en la puerta, los gritos de mi madre, los susurros y las blasfemias en casa de mi abuela”-, incluso algunos instantes anteriores -”los juegos amorosos de mis padres, el colegio con mis hermanas...”- y el día siguiente a la desaparición: “Mi madre me vistió de luto. Tiñó uno por uno todos los topos blancos de una tela”. Justo después, tiene un blanco. “Creo que pasé un año y medio sin darme cuenta de que yo seguía viviendo”, afirma.

Mientras exhuman esta nueva fosa, el equipo de Etxeberria está haciendo las pruebas de ADN de los 56 cuerpos hallados en las tres del año pasado. Han empezado por el grupo de una saca del 11 de septiembre de 1936, donde posiblemente esté el abuelo de Mariví Ramos, vecina de Villafruela. “Ya nos han tomado las muestras. Hemos pedido que empezaran por nosotros porque mi padre está muy enfermo. Cuando era pequeño, le dijeron que había visto cómo enterraban a su padre, mi abuelo, aquí, y desde entonces, iba todas las tardes a sentarse en la tierra y dejar unas flores. Para él es muy importante encontrarlo, enterrarlo en el cementerio y escribir su nombre en algún sitio”, cuenta Mariví.

Ampelio estuvo hace poco en el cementerio en un homenaje a los republicanos de la fosa de Villamayor de los Montes. “Siete personas no fueron a recoger a sus muertos. Yo eso no lo entiendo. Al final llevé uno yo. Ojalá hubiese sido mi padre”, insiste. Convertidos en cómplices, la mayoría se alegra cuando otra persona encuentra a su ser querido y sigue participando en exhumaciones una vez que ha dado con su familiar. Es lo que más ha impresionado a Guillermo Fouce, miembro de Psicólogos sin Fronteras, que trabajó en el 11-M o la tragedia de Beslán (Osetia, Rusia), y que desde hace dos años, acompaña a los familiares en las exhumaciones. “Nunca veo odio, rencor o ira. No me cabe duda de que esto va de cerrar heridas, no de reabrirlas”, afirma.

A las 19.00, como un ritual, Etxeberría resume el día de trabajo sobre la fosa. Primero cuentan los cráneos: “¡29!”. Luego, los objetos encontrados: “casquillos y balas de pistola, uno de fusil, una cartera, un peine, varias cucharas, un reloj de pulsera, lápices...”. Finalmente, las lesiones o defectos que han podido observar en los huesos, convertidas ahora en valiosísimas pistas para la identificación: una cojera, un braguero de una hernia inguinal...

“Para mí, lo peor de todo es pensar que si mataron a 30, unos tuvieron que morir de primeros y otros de últimos, es decir, que alguno vio morir a los demás, y esperó su turno durante unos segundos”, concluye Etxeberria.

24/08/2007    

De Japón a Ponferrada

Un nipón de 69 años cruza medio mundo para buscar desaparecidos de la contienda española

NATALIA JUNQUERA, Lerma

Arrodillado en el suelo, limpiando el esqueleto de un hombre con el que no tiene nada que ver, entre otras cosas porque nació a miles de kilómetros de distancia de su pequeña aldea de Japón, hay un nipón llamado Toru Arakawa, de 69 años, incapaz de dejar de sonreír. “Estoy contento de haber vuelto”, asegura. Se refiere a su regreso al monte de La Andaya, en Lerma (Burgos) donde el año pasado, por primera vez, ayudó a rescatar de la tierra los cuerpos de 56 republicanos enterrados sin nombre.

Todo empezó en agosto del año pasado, cuando Toru leyó en un periódico nipón un artículo sobre las exhumaciones de fosas en España. La información incluía una foto de Santiago Macías, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y Toru no se lo pensó dos veces. Probablemente, tampoco una. “Cogí un avión a Madrid, luego un autobús a Ponferrada y busqué a Santiago”. No intentó el teléfono o el correo electrónico. Cruzó el mundo convencido de que podría echar una mano desenterrando una parte de la historia española que conocía muy bien: “He leído unos 40 libros de la Guerra Civil española. Soy un apasionado del tema”, aclara Toru, como si hiciera falta.

Una vez en Ponferrada, fue al Ayuntamiento con su recorte de prensa. Entonces no hablaba nada de castellano -”ahora estoy aprendiendo, para leer los libros que me faltan y que no han sido traducidos”, afirma- pero consiguió que una trabajadora entendiera que había venido desde Japón buscando al hombre de la foto. La empleada que le atendió resultó ser prima de Macías. “Cuando me llamó y me dijo que había un japonés preguntando por mí, pensé que era un periodista. Cuando quedamos, me abrazaba, entusiasmado, y yo me quedé alucinado. Fue muy emocionante. A los pocos días se fue a Galicia, a la exhumación de una fosa en As Pontes. Ha vuelto este año y estoy seguro de que volverá el que viene”, afirma Macías.

Toru, profesor de inglés jubilado, volverá a su país en diciembre. “Mi mujer me apoya pero no ha querido acompañarme porque no habla nada de español”. En el futuro, asegura que le gustaría dar conferencias sobre la Guerra Civil española en su país.

Toru no es el único extranjero en la fosa de La Andaya. Unos metros más adelante, trabaja Daniela Leiva, chilena, antropóloga forense. Lleva seis años en la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la policía chilena, que busca a desaparecidos durante la dictadura de Pinochet. Agosto era su mes de vacaciones pero ha decidido emplearlas echando una mano para encontrar a los desaparecidos de aquí. “En Chile hay procesos judiciales abiertos por estas desapariciones o secuestros permanentes. Aquí no. Creo, por mi experiencia, que no hay reconciliación posible sin reparación y aquí la única reparación es identificar a las víctimas y entregar los restos a sus familias. Solo así se pueden cerrar las heridas. Por eso estoy aquí”.

A Alejandra Didier, también antropóloga forense implicada en la búsqueda de los ejecutados durante la dictadura chilena, hay algo que le llama la atención de las exhumaciones en España: “Todo esto ha salido de la iniciativa de la gente, no del Estado, como en Chile. Han pasado muchos años, los familiares son mayores, pero aquí participan codo con codo con los profesionales”.

Guillermo Vázquez ha venido, también en sus vacaciones, desde Guatemala. “Llevo ocho años trabajando en fosas como esta pero de desaparecidos de la guerra civil de mi país [1960-1996]. En Guatemala está todo muy reciente y en las exhumaciones hay viudas desconsoladas, gente que llora. Aquí, encontrar a un familiar es un motivo de alegría. Todos están deseando encontrar al suyo”.

10/10/2007    

EL RECONOCIMIENTO A LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO

Las asociaciones esperan que la Ley de Memoria “no sea la definitiva”

NATALIA JUNQUERA, Madrid

Si las asociaciones para la recuperación de memoria histórica hubieran podido escribir la Ley de Memoria, el texto no sería como el último acordado entre siete partidos, pero se parecería. Ninguna está plenamente satisfecha y todas insisten en que Esta no será la ley definitiva. Para los homosexuales represaliados durante el franquismo, reconocidos por primera vez como víctimas, se trata de un “primer paso”. Todas reclaman la nulidad de los juicios.

Le faltan algunas cosas, le sobran otras. Emilio Silva, presidente de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, echa en falta la “anulación” de los juicios. “Creo que se hace para evitar los problemas de patrimonios asociados a esas condenas, que en muchos casos fueron acompañadas de expropiaciones de bienes”, explica. También le falta la creación de un gran censo de las víctimas de la Guerra Civil y una alusión a los programas de enseñanza, instándoles a incluir todo lo acontecido durante la Guerra Civil y la represión franquista.

En cambio, le sobra el punto del acuerdo que afirma que, a la hora de exhumar una fosa común, “deberá ponderarse especialmente la existencia de oposición por cualquiera de los descendientes directos” de las personas cuyos restos vayan a ser exhumados.

“El derecho de los que buscan a su familiar no puede quedar insatisfecho porque otros no quieran ejercerlo. Es como si a mí me quitaran la urna porque otro no quiere votar”, asegura Silva. “En general, estoy contento de que haya una ley y de que se esté produciendo, por fin, este debate; pero no es la ley definitiva”, concluye

Para Antonio Ruiz, presidente de la Asociación de Ex Presos Sociales, que agrupa a los homosexuales que fueron represaliados por la dictadura, el acuerdo sobre la ley, es “un primer paso, un principio”. “Podría haber sido más ambicioso, pero para nosotros es muy importante que después de 30 años, por primera vez desde la transición, se nos nombre y se nos reconozca como víctimas”, asegura. “Seguiremos trabajando”.

A Gervasio Puerta, de 86 años, presidente de la Asociación de Ex Presos y Represaliados Políticos Antifranquistas, el acuerdo tampoco le convence del todo. “Me temo que si no lo aceptamos ahora, no veremos otro mejor porque la mayoría de nosotros somos ya muy mayores. Lo aceptamos como un mal menor”. Puerta echa muy en falta el consenso en el debate sobre la nueva ley y culpa a esas disputas de los puntos que no satisfacen a sus cerca de 1.500 socios: “No entiendo por qué no han querido declarar nulos los juicios. A estas alturas, nadie quiere criminalizar a nadie o ir a por el culpable, pero sí el derecho personal a poder reclamar ante un juez que se reconozca la injusticia de un caso personal”.

Foro por la Memoria es la asociación más crítica porque le hubiese gustado ir mucho más allá: “La lucha contra la impunidad incluye la identificación de los culpables. No van a ir a la cárcel porque ya son muy mayores, pero sus condenados tienen derecho a que les castigue”, afirma su presidente, José María Pedreño. “Esta ley es un retroceso, muy lejos de lo que se hace en Argentina o Chile. Esto va a acabar en el Tribunal Penal Internacional”.

21/10/2007    

MEMORIA HISTÓRICA

La fuga de los 221 muertos

La mayor evasión de España ocurrió en 1938, en un fuerte navarro. Huyeron 795 presos republicanos, 221 murieron a tiros. Este es el relato de los supervivientes

NATALIA JUNQUERA

Las puertas de la prisión están abiertas, pero en su interior más de 2.000 presos dudan. En pocos minutos, aprovechando que es domingo, que hay pocos militares en el fuerte y que los que hay están cenando y desarmados, un grupo reducido de reclusos se ha hecho con el control del penal y grita “¡Sois libres!, ¡A Francia!”, mientras va abriendo todas las puertas. De los 2.497 presos, casi todos republicanos, que hay ese día en el fuerte de San Cristóbal, en el monte de Ezkaba (Pamplona), solo 20 están al corriente de los planes de fuga. Muchos temen que sea una trampa de los funcionarios para matarlos en cuanto atraviesen la puerta. Finalmente, 795 presos deciden aprovechar la oportunidad de escapar a Francia, aunque nadie sabe en qué dirección está.

Es 22 de mayo de 1938, el día en que se produjo la mayor fuga penitenciaria de España.

“El desconcierto era total. Había rumores, pero nunca pensamos que la fuga fuera a llevarse a cabo. Cada uno tiró por su lado; algunos, que incluso pensaron que se había terminado la guerra, fueron directos a la estación de tren de Pamplona y trataron inocentemente de comprar un billete con los vales de la prisión. Naturalmente, los detuvieron enseguida. Yo calculo que estuve unos 15 minutos corriendo desorientado por el monte hasta que oí claramente el toque de trompeta de las fuerzas que venían de refuerzo desde Pamplona. Estábamos muy débiles por el hambre. Muchos iban sin zapatos. Comprendí que no podría correr muy lejos, y además no sabía adónde, así que decidí regresar a la prisión. Para cuando llegaron los refuerzos militares de Pamplona, yo estaba en mi sitio de siempre”, recuerda Ernesto Carratalá, de 89 años, superviviente del fuerte de San Cristóbal. Aquel 22 de mayo llevaba poco más de un año en el penal, tenía 18 y venía del de Burgos, tras un consejo de guerra en el que otros 35 republicanos fueron condenados a muerte. Él no porque entonces era menor de edad.

Félix Álvarez decidió arriesgarse. “Las tropas nos perseguían a tiros por el monte, nos iban matando como a conejos, al que veían lo mataban, así que nos fuimos dividiendo y dividiendo, y al final íbamos dos gallegos y yo, que soy de León, juntos. No sabíamos dónde estaba Francia. Por la noche avanzábamos y por el día permanecíamos agazapados, hasta que ya no aguantamos más el hambre y nos arriesgamos de día. Llegamos a un pueblo, Gascue-Odieta, y una mujer avisó a los militares. Vinieron a por nosotros, pero, antes de devolvernos al fuerte, la señora nos dio el mejor manjar que he probado en mi vida, un plato de sopa, ¡con fideos!”, recuerda Álvarez, de 89 años, preso en el fuerte durante casi cuatro. En ese momento no lo sabían, pero el leonés y los dos gallegos estaban ya muy cerca de la frontera con Francia.

La primera parte del plan había sido un éxito; 795 presos descalzos y hambrientos habían conseguido escapar del fuerte humillando a la autoridad militar. La fuga, planificada durante meses entre un pequeño grupo de reclusos, se ejecutó según lo previsto -habían reducido a los guardias que les llevaban el rancho de la cena, les habían arrebatado las llaves y se habían disfrazado con sus uniformes para atravesar el patio- hasta que uno de los centinelas de la entrada intentó resistirse. “Fue la primera y única vez en mi vida que vi matar a un hombre. Un grupo de paisanos golpeaba certera, brutal y repetidamente la cabeza del centinela. Lo hacían con un martillo, y no pararon hasta que, agotada su resistencia, el soldado cayó inerte. Me quedé sobrecogido. Contemplar un homicidio desde la barrera y asumir instantáneamente que de alguna manera te verás implicado en sus consecuencias no es para menos”, recoge Carratalá en sus Memorias de un piojo republicano.

En tropel, los presos van saliendo del fuerte, pero uno de los guardias ha conseguido escapar y se dirige a Pamplona para pedir refuerzos. “Si no les hubiera avisado, no hubiese venido nadie hasta el relevo de la mañana siguiente y habríamos tenido más tiempo”, lamenta Álvarez. La segunda parte del plan, la huida, va a fracasar estrepitosamente.

De los 795 presos que se fugaron aquel día, 585 fueron capturados y 207 muertos a tiros en el campo cuando trataban de escapar por el monte. Las autoridades militares, que, humilladas, habían tratado de justificarse en la prensa asegurando que los fugados no eran presos políticos, sino “presos comunes de la peor especie (...), un puñado de asesinos, atracadores y ladrones” (Diario de Navarra, mayo de 1938), recuperaron su autoridad con toda la contundencia de la que eran capaces. Catorce de los 17 promotores de la fuga fueron condenados a muerte y fusilados en público en el centro de Pamplona, el 8 de septiembre de 1938, tras un consejo de guerra. Gregorio Morata Gómez, uno de los tres procesados que se libraron de la pena capital, aparecía descrito en el sumario como “psicópata inadaptado a la sociedad civil, débil mental”. Tenía 19 años y cumplía en San Cristóbal una pena de 10 por un robo cometido cuando tenía 11. Era deficiente.

Solo tres presos consiguieron llegar a Francia, según consta en el Cuaderno de Registro de 795 fugados que realizó un funcionario de la prisión. Uno de ellos, José Marinero Sanz, murió hace 40 años en México, donde se casó y tuvo tres hijas a las que jamás habló de San Cristóbal, como pudieron comprobar los investigadores Félix Sierra e Iñaki Alforja, autores de un exhaustivo estudio sobre el fuerte. De los otros dos fugados que lograron cruzar la frontera, nunca más se supo. “No nos teníamos que haber fugado. Salimos sin provisiones, muy débiles, sin conocer la zona. Fue un error, pero nos estaban matando de hambre y de frío”, concluye Félix Álvarez.

Hoy, el fuerte y sus alrededores (615.000 metros cuadrados) son una gran tumba, una gran fosa de fosas en la que yacen los cuerpos de los 207 fugados, un grupo indeterminado de presos “gubernativos” (no registrados) que falangistas de distintos pueblos iban a pedir al fuerte para fusilarlos en la primera curva, y cerca de 400 presos a los que no fusilaron, pero dejaron morir. “Te despertabas por la mañana y veías al de al lado todo hinchado por avitaminosis. Muerto. Al día siguiente, otro. Morían de inanición porque los administradores estaban compinchados para quedarse parte del dinero con el que tenían que comprar nuestra comida -lo denunció un funcionario, pero el caso fue sobreseído-. En invierno teníamos que enterrar a los compañeros en la nieve del patio hasta que pudieran llevárselos a todos en camiones”, recuerda Carratalá.

Al principio, los presos son enterrados en fosas comunes en cementerios de pueblos de la zona, pero los alcaldes protestaron porque ya no quedaba sitio para sus muertos y el director del penal improvisó un camposanto alrededor del fuerte. Antropólogos forenses de la sociedad de ciencias Aranzadi han comenzado a exhumar a los presos enterrados en ese cementerio. De momento, han encontrado a siete. Saben que nunca podrán recuperarlos a todos, pero decenas de familias les siguen buscando.

Como Roberto Rocafort, de 72 años, que busca a su padre, Javier, electricista, afiliado a Izquierda Republicana en Sangüesa, uno de los presos gubernativos. “Encontrarle va a ser más difícil porque no está en el cementerio. Lo mataron los falangistas un día que vinieron a buscar a los tres presos que había de Sangüesa en San Cristóbal. Se lo dijo a mi madre un cliente de la taberna que había oído a los falangistas jactándose por el pueblo de haber matado a mi padre. Fue el 6 de abril de 1937. Yo tenía dos años”.

Setenta años después, Roberto recorre con EL PAÍS las instalaciones de la cárcel desde la que su padre le escribía unas cartas que hoy guarda como un tesoro: “Por mí estar muy tranquilos porque estoy muy bien. Y como yo nada he hecho, a mí nada me harán. Estoy muy tranquilo... El jueves te marchaste un poco preocupada porque te pareció que estaba yo más delgado, pues he de decirte que estoy como siempre, muy bien, solo que como no sabía que venías, no me afeité y la barba desfigura mucho... No hace falta que vengas porque hace mucho frío y a mí me da pena que lo pases por verme... Domi, me parece que voy a ser tan feliz cuando nos juntemos con nuestros hijos como nunca”. Dominica Lozano recibió la última carta varios días después de la muerte de su marido, fechada en el mismo día que había sido fusilado. En su última línea, Javier Rocafort había escrito: “Le dices a María Ángeles que le llevaré una muñeca, y a Roberto, un caballo”.

Roberto recorre el penal con la foto de boda de sus padres. Las brigadas donde vivían los presos son agujeros helados y húmedos en los que apenas entra la luz. “¿Cómo podía decir que estaba bien en estas condiciones? No se quejaba nunca. Él... decía que estaba bien...”, repite Roberto una y otra vez, sobrecogido por aquella mentira piadosa que su padre repetía en cada carta. Los presos han dejado múltiples dibujos en las paredes, y Roberto busca por una nave oscura e interminable uno de su padre. “Ahí pone Roberto, a lo mejor lo escribió pensando en mí”, se consuela tras examinar con detalle las decenas de cuentas, calendarios, trozos de pan o mapas de España señalando Francia que han garabateado los reclusos. La huella que busca no está.

“Hasta hace muy poco me emocionaba mucho y me derrumbaba enseguida al hablar de mi padre. Hoy lo estoy llevando muy bien, y es por el psicólogo que me enviaron a casa los de la Asociación de Familiares de Fusilados y Desaparecidos de Navarra. Venía todas las semanas, le leía las cartas, charlábamos. El último día me dijo que le escribiera una a mi padre. Lloré muchísimo, pero ya no lloro más”, asegura Roberto.

Esta es la carta que le escribió: “Todo Sangüesa imaginó que Javier había tenido un hijo la mañana que pasaste por el pueblo tocando el claxon de tu moto. Querido papá, soy Roberto, ese hijo que tanto deseabas. Durante dos años, solamente dos años, te dejaron jugar conmigo. No nos dejaron más tiempo juntos el odio, la envidia, la ambición y la locura, que se apoderó de España, en especial de tu querida Navarra, de tu pueblo. Primero, cárcel, 10 meses de cárcel, sin juicio, sin motivo alguno. Después, el asesinato a sangre fría. Pero quiero que sepas, querido papá, que estoy orgulloso de ti, que prefiero mil veces que seas asesinado a que fueras asesino. Solamente te conozco por las cartas que enviaste a mi madre desde la cárcel, pero son suficientes para saber que eras un hombre de bien, que pensabas ser muy feliz con tu familia el día que todo terminase. Pero no te dejaron. Te quitaron la vida...¡por nada! Un abrazo, papá, adiós para siempre”.

La vida en una botella de jarabe

Las fosas de la Guerra Civil están siempre ocupadas por esqueletos anónimos. Son los investigadores que recogen testimonios y los forenses que encajan esa información con las pequeñas pistas que encuentran en los huesos (una lesión, una malformación...) los que les ponen nombre. Así ha sido en todas las que se han abierto en España desde 2001, excepto en una, San Cristóbal, donde ha aparecido, entre las tibias de un esqueleto, una botella de jarabe con el nombre y los apellidos del muerto.

El tapón de rosca de la botella y un fragmento de periódico enrollado que llevaba dentro ha permitido conservar en su interior un documento del penal en el que algún funcionario resume el 26 de diciembre de 1943, la vida del preso 42: “Andrés Gangoiti Cuesta falleció en este establecimiento el día de la fecha a consecuencia de tuberculosis pulmonar. Tenía 23 años de edad, soltero, marino de profesión. Natural de Gorliz (Vizcaya) y vecino de Bilbao. Hijo de Lorenzo y de Lucía. Este penado fue condenado a la pena de 30 años por un consejo de guerra celebrado en San Sebastián por el delito de adhesión a la Rebelión”.

También aparecieron botellas, Estas de vídrio, con los otros seis cuerpos que Aranzadi ha exhumado hasta el momento en el cementerio del fuerte de San Cristóbal, pero sin documento dentro. Los antropólogos creen que estas botellas, también enterradas entre las tibias, llevaban tapones de corcho que se pudrieron con la humedad e impidieron que se conservaran esos cortos resúmenes de vida de los jóvenes presos muertos de hambre y de frío en San Cristóbal.

28/06/2008    

El Gobierno carece de un registro de desaparecidos del franquismo

Los investigadores se ofrecen a enviar a Garzón un mapa de fosas y fusilados

NATALIA JUNQUERA, Madrid

El informe sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha solicitado al Gobierno no existe. Lo dice el “exhaustivo informe general” elaborado por la Comisión Interministerial de Víctimas de la Guerra Civil y el franquismo que creó el propio Gobierno para preparar la Ley de Memoria Histórica. La presidía la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, que sin embargo ayer, tras el Consejo de Ministros, preguntada por la petición de Garzón se limitó a decir: “Sin comentarios”.

Aquel trabajo concluía: “Dispersión de enterramientos por toda la geografía de España, cuyo número y ubicación precisos aún se desconocen. Inexistencia de un censo de personas desaparecidas”. Y añadía: “El informe del doctor Lorente Acosta del Instituto de Medicina Legal de Granada se refiere a una cifra de entre 30.000 y 40.000 personas”.

El informe global no está hecho, pero se puede hacer. Y hay bastante trabajo adelantado. La Junta de Andalucía, por ejemplo, ha financiado la elaboración de un mapa de fosas en la comunidad, un esfuerzo de 675.000 euros para localizar a cerca de 10.000 víctimas en más de 300 enterramientos. El mismo proyecto recopiló información sobre cerca de 75.000 represaliados. La Generalitat de Cataluña calcula que hay más de 9.000 personas enterradas en 157 fosas de la Guerra Civil y el franquismo.

La mayoría de las víctimas del bando nacional fueron exhumadas tras el conflicto, aunque, según el historiador Julián Casanova, “todavía podrían quedar familiares de muertos por el terror rojo que reclamen también una investigación”.

“Estamos preparando un dossier con toda esta información para enviárselo a Garzón. Queremos demostrar que no eran desapariciones aisladas sino un método sistematizado para eliminar al enemigo. Un delito de lesa humanidad”, explicó el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva. De momento, Garzón tiene sobre su mesa denuncias de familiares de más de 1.200 desaparecidos, la mayoría de Cataluña.

Casanova estima que el censo de desaparecidos de la Guerra Civil y el Franquismo asciende a más de 20.000 personas, casi todas asesinadas en el verano de 1936, “el año del terror caliente”. No incluye en esa cifra a los fusilados tras Consejos de Guerra, de los que sí hay registros.

El historiador entiende que “desaparecidos” son las decenas de miles de hombres y mujeres que fueron paseados hasta un monte para ser ejecutados y a los que salieron en una saca de la cárcel donde se encontraban presos. Coincide en esa interpretación el historiador Santos Juliá. “Los Consejos de Guerra fueron una farsa, pero suponían pasar un proceso y quedar registrado. La mayoría de los que sufrieron esa justicia al revés en la que los rebeldes condenaban por rebelión a los leales al Gobierno de la República, fueron enterrados en fosas comunes en los cementerios. En cuanto a los desaparecidos, no hay un registro global, pero se puede hacer con un equipo de investigadores que trabaje por zonas y de manera sistematizada. Se puede hacer y es hora de que esa información se organice, se clasifique, y se pueda consultar”.

Para Casanova, la petición de Garzón es el primer paso para “poner en marcha una especie de Comisión de la Verdad” al estilo de la que se hizo en Argentina, cuyo Gobierno, motivado por la petición de un fiscal, creó comisiones de la memoria para elaborar un censo de los desaparecidos de la dictadura. Un trabajo que continúa hoy y que recientemente trajo a España a un equipo de forenses para recoger muestras de ADN de familiares de víctimas y poder identificar cadáveres exhumados de fosas comunes argentinas. Con una diferencia: “El proceso de búsqueda de verdugos en España se resolvió en la Transición. Esto sería una retribución sentimental, para los familiares, la única y última reparación posible”, añade el historiador.

06/07/2008    

“No quiero que mi padre esté enterrado con Franco”

Familiares de republicanos sepultados en el Valle de los Caídos sin su permiso reclaman sus cuerpos

NATALIA JUNQUERA, Madrid

Armados con fusiles y una lista de rojos elaborada por los vecinos del pueblo, un grupo de falangistas aparca el 20 de agosto de 1936 su furgoneta en la plaza de Pajares de Adaja (Ávila). Encuentran a siete de los nueve señalados, entre ellos una mujer, y los matan en una cuneta de un pueblo cercano, Aldeaseca. Antes de irse, obligan a un vecino de la localidad a recoger los cuerpos con su carro y a enterrarlos en un pozo. 23 años después, otro grupo de hombres, éstos armados con palas y cumpliendo órdenes de la misma autoridad que había decidido darles muerte, desentierra los cadáveres y los traslada al Valle de los Caídos, el monumento que Franco ideó en 1940 para inmortalizar su victoria y honrar a los muertos de su bando. 

“Gente del pueblo nos había dicho que una noche se los habían llevado a todos al Valle de los Caídos, pero cuando exhumamos la fosa, el 11 de octubre de 2003, ya no nos quedó ninguna duda”, explica Fausto Canales, de 74 años, hijo de Valerico, uno de los siete fusilados de Aldeaseca. “Con las prisas, los desenterradores se habían dejado un cráneo, huesos de falanges, varias vértebras, piezas dentales y el dedal de la mujer asesinada aquella madrugada de 1936 con seis hombres”.

En los festejos del primer aniversario de la victoria, en 1940, cuando Franco explica a sus hombres de confianza y a embajadores de la Alemania nazi y la Italia fascista su gran proyecto, no tenía ninguna intención de incluir en el Valle de los Caídos a los muertos del bando enemigo. Pero tampoco pensaba que fuera a tardar 20 años en construirlo. Muchas viudas de soldados franquistas no autorizaron el traslado de los cuerpos de sus maridos al mausoleo. El régimen necesitaba cuerpos para alimentar aquella enorme cripta y el Ministerio de la Gobernación los pidió por carta a Ayuntamientos de toda España, rogando, además, que respondieran “con la mayor brevedad posible”. Muchos municipios contestaron que no tenían muertos franquistas, pero sí “fosas del ejército rojo”.

“A los Ayuntamientos les venía muy bien, porque las fosas de republicanos les quitaban espacio e impedían muchas veces ampliar el cementerio municipal. Además, el panorama internacional había cambiado y el régimen ya no podía permitirse seguir marcando la brecha entre vencedores y vencidos. La cripta era muy grande y al final Franco cambió de criterio para incluir en su monumento cuerpos de republicanos”, explica la historiadora Queralt Solé, autora de Los muertos clandestinos (Editorial Afers).

Al acudir al Valle de los Caídos, Fausto Canales comprobó en el libro de registro que, en efecto, los cuerpos de los siete fusilados de Aldeaseca habían sido trasladados allí un mes antes de la inauguración del monumento. Un monje benedictino le señaló el lugar exacto: “Columbario 198 de la cripta derecha de la capilla del sepulcro. Piso primero”. Fue su única y penúltima visita al Valle de los Caídos. “Solo volveré a ese lugar para llevarme a mi padre y a sus seis compañeros otra vez a casa”.

Aquel día terminó la búsqueda y comenzó la lucha. Cuando empezó a buscarle, Fausto solo tenía de su padre, asesinado cuando él tenía dos años, una fotografía del servicio militar. Ahora acumula decenas de documentos oficiales que puede recitar de memoria, y que siguen su rastro. Lo tiene todo listo para enviárselo al juez Garzón, quien tiene pendiente la admisión a trámite de un centenar de denuncias por desaparecidos de la Guerra Civil. Entre ellas, las de los siete fusilados de Aldeaseca.

La viuda de Joan Colom, un soldado republicano que murió de tifus en Lleida tras caer preso, falleció pensando que su marido estaba enterrado en una fosa común en el cementerio de la ciudad. “Cuando mi madre fue a reclamar su cuerpo a la cárcel le dijeron que había muchos en aquella fosa, que a lo mejor estaba debajo de todos y que era imposible llevárselo. Si hubiera sabido esto, habría sufrido tanto...”, explica Laura Colom, de 77 años, entre lágrimas. “Hemos ido a llevarle flores muchas veces, ¡cuando ya no estaba ya allí!”. Su padre fue registrado con el número 26.569 el 21 de julio de 1965 en el Valle de los Caídos.

La familia lo descubrió gracias a la investigación de la historiadora Queralt Solé hace unos meses. Y no se resignan a dejarle “en ese lugar siniestro”, asegura su nieto, Joan Pinyol. “A mi abuela se le hubiera revuelto el estómago al saber que su marido está enterrado al lado de su verdugo. Si el dictador pudo profanar tumbas y robar cadáveres, ¿por qué no vamos a poder nosotros, en plena democracia, recuperar su cuerpo y enterrarlo con sus seres queridos? Es un insulto que el cadáver de mi abuelo, que murió defendiendo la República, contribuya a engrandecer ese monumento”.

El grupo parlamentario de ERC, IU e ICV va a presentar una proposición no de ley instando al Gobierno a que elabore, en un plazo de seis meses, un censo de los enterrados en el Valle de los Caídos y permita a quienes “se han visto obligados a formar parte de la mayor apología del franquismo” rescatar a los suyos. La mayoría de los republicanos enterrados en el Valle de los Caídos, recogidos de fosas comunes, están sin identificar. Nadie sabe el número exacto de cuerpos que yacen allí, pero los historiadores calculan que puede haber 50.000 y que un 40% son republicanos.

Haber luchando en el otro bando tampoco fue una garantía. El régimen no solicitó autorización a la viuda de Pedro Gil, un agricultor de Calonge (Soria) que había luchado con los nacionales, para llevárselo al mausoleo. “Ella cree que sigue en una fosa con otros cuerpos, como le habían dicho. A mí se me cayó el alma en trocitos cuando me enteré de que se lo habían llevado sin permiso”, explica su hijo, Silvino Gil, de 72 años. Tenía 14 meses cuando mataron a su padre. “¡A nadie le gusta que le toquen sus muertos! Queremos traerle a casa. Esto no es una cuestión política, es un derecho familiar”, añade su nieta Rosa.

29/08/2008    

La nieta de un fusilado pedirá que se indague la fosa de Lorca

NATALIA JUNQUERA, Madrid

Nieves Galindo, la nieta de un maestro que podría estar enterrado en una fosa junto al poeta Federico García Lorca, se personará en la Audiencia Nacional para solicitar al juez Baltasar Garzón que investigue el paradero de su abuelo, Dióscoro Galindo, maestro de la localidad granadina de Pulianas asesinado el 18 de agosto de 1936 junto con dos banderilleros y el célebre poeta.

La nieta del Dióscoro Galindo ya trató hace años de promover la exhumación de la fosa pero la familia de Lorca se opone a abrirla. La Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica considera que una vez exhumada la fosa, la identificación de los cuerpos sería muy sencilla, ya que al maestro le faltaba una pierna y uno de los banderilleros era cojo.

Nieves Galindo sumará su demanda a la de numerosas asociaciones y particulares que han solicitado a Garzón una investigación sobre el paradero de más de 1.200 republicanos desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

03/09/2008    

Media España, sin datos

NATALIA JUNQUERA, Madrid

Con su petición de datos para realizar un censo de desaparecidos y muertos por la Guerra Civil, el juez Baltasar Garzón revolucionó ayer a asociaciones, investigadores e instituciones públicas de casi toda España. La Xunta de Galicia y la Generalitat de Cataluña, que han financiado sendas investigaciones sobre la Guerra Civil y el franquismo y cuentan ya con un censo de desaparecidos (3.588 en Galicia y 2.351 en Cataluña), pusieron los documentos a disposición del juez, aunque Este no se los había pedido. No hay ningún organismo público que tenga un censo de desaparecidos a nivel nacional.

Cataluña fue una de las primeras comunidades en aprobar una ley de memoria histórica y otra sobre fosas comunes, normas que abrieron el camino para que las familias catalanas reclamaran al Gobierno que investigara el paradero de sus desaparecidos.

El consejero de Interior y Relaciones Institucionales, Joan Saura, de ICV, aplaudió la decisión tomada de Garzón pues “reafirma las actuaciones que se están haciendo a nivel legislativo para recuperar la memoria histórica y dignificar a las víctimas”. La Junta de Andalucía también ha llevado a cabo otro proyecto, Todos los nombres, que ha localizado a cerca de 10.000 víctimas en 300 enterramientos. También los Ayuntamientos de Sevilla, Córdoba y Granada ofrecieron inmediatamente su colaboración.

Mientras, los investigadores aplaudían la iniciativa de Garzón, especialmente su solicitud a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, cuyos libros de registro guardan los nombres de cerca de 30.000 muertos de la Guerra Civil allí enterrados. Entre ellos hay muchos republicanos cuyos cuerpos fueron exhumados de fosas comunes y llevados al Valle de los Caídos sin conocimiento ni consentimiento de sus familiares.

“La última vez que estuve, la primera persona que me atendió me dijo que allí no había ninguna biblioteca. Cuando le recordé que estábamos en un recinto custodiado por Patrimonio Nacional, me dijo que tenía que hablar con los monjes benedictinos. Uno de ellos me dijo después que el que tenía la llave para acceder a los libros de registro no estaba. En todo este tiempo apenas han dejado a los investigadores echar un vistazo rápido y a ninguno hacer una investigación exhaustiva”, explica el historiador Julián Casanova. “Sería la primera vez que se conoce de verdad el contenido de esos libros”, añadió.

El historiador estima que el censo de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo asciende a unas 20.000 personas. Casanova no incluye en esta cifra a los fusilados tras los consejos de guerra, de los que sí hay registros.

“Nos queda por saber prácticamente medio país”, explica el historiador Francisco Espinosa, autor del exhaustivo informe sobre la represión franquista que las familias denunciantes han enviado al juez. “El informe recoge 25 años de investigación en distintas comunidades autónomas y muestra un mapa muy desigual”. Faltan todavía muchos datos.

 03/09/2008    

Justicia tiene listo el reglamento para reconocer a las víctimas del franquismo

90 personas han pedido ya al ministerio la declaración como represaliados

CARLOS E. CUÉ / NATALIA JUNQUERA, Madrid

Ocho meses después de la aprobación de la polémica Ley de Memoria, el Gobierno empieza a desarrollarla. Sobre todo en uno de sus puntos más novedosos, el de la creación de una declaración solemne de reparación y reconocimiento personal para todas las víctimas de la Guerra Civil y de la posterior represión franquista.

El Ministerio de Justicia tiene ya redactado el reglamento que desarrolla la ley en este punto (su artículo 4) y lo enviará en las próximas semanas al Consejo de Estado para su aprobación definitiva, según un portavoz de este departamento.

Este documento oficial, que implica un reconocimiento que han reclamado muchas víctimas, debe ser expedido por Justicia, según la ley. El Gobierno quiso crear un tribunal de cinco notables que lo expidiera tras una investigación, pero ante la polémica creada, y tras la oposición del PP, que podría bloquear la creación de este órgano, decidió que sea Justicia quien lo dé casi automáticamente, tras una pequeña investigación de los datos aportados por la víctima o cualquiera de sus familiares.

A pesar de que en las asociaciones de represaliados hay bastante confusión respecto a quién expide este documento y cómo pedirlo, el Gobierno no ha hecho ningún tipo de publicidad. Justicia asegura que ya lo han solicitado 90 personas.

Para muchos represaliados supervivientes -ya muy ancianos en su mayoría- y sobre todo para los familiares de los asesinados, el reconocimiento oficial de lo injusto de su condena, aunque no implique ninguna compensación económica -la ley las excluye- es importante. Al contrario de lo que sucedió en otras dictaduras, la Transición española se realizó sin ruptura legal con el régimen anterior, de manera que, por ejemplo, la sala de lo Militar del Tribunal Supremo rechaza sistemáticamente la revisión de juicios sumarísimos del franquismo, realizados sin niguna garantía legal, porque considera que se realizaron según la legalidad vigente y por tanto son legítimos. Las familias de Julián Grimau o Salvador Puig Antich se han topado con este muro.

Este reconocimiento oficial no equivale a la nulidad de las condenas que reclamaban y reclaman las asociaciones, pero es el primer documento de un Gobierno de España que sirve como reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista.

El Gobierno, sin embargo, tal y como ha denunciado Joan Herrera, diputado de ICV y uno de los principales artífices de la Ley de Memoria, apenas ha desarrollado esta normativa. No solo no ha elaborado el mapa de fosas a que le obliga el artículo 12. Tampoco ha redactado ningún reglamento ni medida de presión para cumplir el artículo 15, que anima a la desaparición de símbolos franquistas en Ayuntamientos e iglesias. El color político marca, como siempre, la decisión. Mientras en A Coruña la nueva administración socialista cambia calles y hospitales dedicados a falangistas, las estatuas de Franco siguen en pie en Santander -pendiente de unas obras de un aparcamiento- o Melilla y no hay noticia de iglesias que hayan retirado la conocida placa de “caídos por Dios y por España”.

03/09/2008    

Cataluña y Galicia aportan su censo de víctimas

NATALIA JUNQUERA, Madrid

Garzón revolucionó ayer con su petición de datos para realizar un censo de desaparecidos y muertos por la Guerra Civil a asociaciones, investigadores e instituciones públicas de casi toda a España. La Xunta de Galicia y la Generalitat de Cataluña, que han financiado sendas investigaciones sobre la Guerra Civil y el Franquismo y cuentan ya con un censo de desaparecidos (3.588 en Galicia y 2.351 en Cataluña) pusieron los documentos a disposición del juez, aunque Este no se los había pedido. No hay ningún organismo público que tenga un censo de desaparecidos a nivel nacional.

Cataluña fue una de las primeras comunidades en aprobar una ley de memoria histórica y otra sobre fosas comunes, normas que abrieron el camino para que las familias catalanas reclamaran al Gobierno que investigara el paradero de sus desaparecidos. El consejero de Interior y Relaciones Institucionales, Joan Saura, de ICV, aplaudió la decisión tomada por Baltasar Garzón pues “reafirma las actuaciones que se están haciendo a nivel legislativo para recuperar la memoria histórica y dignificar a las víctimas”.

La Junta de Andalucía también ha llevado a cabo otro proyecto, bautizado como Todos los nombres, que ha localizado a cerca de 10.000 víctimas en 300 enterramientos.

También los Ayuntamientos de Sevilla, Córdoba y Granada ofrecieron enseguida su colaboración. Mientras, los investigadores aplaudían la iniciativa de Garzón, especialmente su solicitud a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, cuyos libros de registro guardan los nombres de cerca de 30.000 muertos de la Guerra Civil, entre ellos muchos republicanos cuyos cuerpos fueron exhumados de fosas comunes y llevados al Valle de los Caídos sin el conocimiento ni consentimiento de sus familiares.

“La última vez que estuve allí, la primera persona que me atendió me dijo que allí no había ninguna biblioteca. Cuando le recordé que estábamos en un recinto custodiado por Patrimonio Nacional, me dijo que tenía que hablar con los mojes benedictinos. Uno de ellos me dijo después que el que tenía la llave para acceder a los libros de registro, no estaba. En todo este tiempo apenas han dejado a los investigadores echar un vistazo rápido y a ninguno hacer una investigación exhaustiva”, explica el historiador Julián Casanova. “Sería la primera vez que se conoce de verdad el contenido de esos libros”, añadió.

El historiador estima que el censo de desaparecidos durante la Guerra Civil y el Franquismo asciende a unas 20.000 personas. Casanova no incluye en esta cifra a los fusilados tras los consejos de guerra, de los que sí hay registros.

“Nos queda por saber prácticamente medio país. “ , explica el historiador Francisco Espinosa, autor del exhaustivo informe sobre la represión franquista que las familias denunciantes han enviado al juez. “El informe recoge 25 años de investigación en distintas comunidades autónomas y muestra un mapa muy desigual”. Faltan todavía muchos datos.

07/09/2008    

Desde la bota de Emilio hasta la Audiencia Nacional

Más de 4.000 cuerpos han sido recuperados de 167 fosas en ocho años

NATALIA JUNQUERA, Madrid

“Aquí hay algo”, dijo el arqueólogo Julio Vidal, el 28 de octubre del año 2000, a las once de la mañana, casi al mismo tiempo que el cazo de la excavadora sacaba una bota sobre la que habían llovido 70 años. A Emilio Silva le temblaron las piernas. Su abuelo Emilio estaba allí, en el paseo del corro (llamado así porque los niños, que habían oído que allí había muertos, lo atravesaban corriendo), tal y como le habían indicado.

Entonces, Emilio Silva, ahora presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, todavía pensaba que estaba “resolviendo un problema familiar”; enterrando a su abuelo con Modesta, que antes de morir había hecho inscribir en su lápida funeraria el nombre de su marido. Pero alrededor de aquel agujero en la tierra empezó a aparecer gente con historias similares y mucho miedo. “Te llevaban a su casa, cerraban las ventanas y bajaban las persianas. Y entonces empezaban: 'Es la primera vez que hablo de esto...”, recuerda Silva. Desde entonces, se han exhumado en España 167 fosas y se han recuperado 4.041 cuerpos.

Estos ocho años han trabajado entre amigos, con un ejército de voluntarios y sin la intervención del Estado. Desde hace dos reciben una subvención de Vicepresidencia del Gobierno (unos 120.000 euros anuales) para financiar algunas de las exhumaciones que hacen. En cada fosa no hay nunca menos de 15 personas trabajando, pero la asociación solo tiene una persona contratada. Éstos son algunos de los expertos y voluntarios que han participado en muchas de las exhumaciones.

FRANCISCO ETXEBERRIA, forense: “A veces no hay sitio para tantos voluntarios”

“¿Cómo iba a decir que no?”, pregunta Francisco Etxeberria, médico forense de la Universidad del País Vasco. Desde que le llamaron para la exhumación del abuelo de Silva ha participado en casi un centenar más. Explica que la primera vez acudió porque sabía hacer lo que necesitaba Silva -ayudar a rescatar el cuerpo, identificarlo y averiguar cómo había muerto- y que luego continuó “atrapado por la dimensión humana”. “La gente se va a pasar unos días con otros familiares para dejarnos la casa mientras estamos trabajando. Recuerdo a una mujer que nos contó que durante años estuvo convencida de que el asesinato de su padre estaba justificado y que se dio cuenta de que la habían engañado al ver que su madre evitaba encontrarse en la calle con las mujeres de los falangistas, que la abofeteaban cuando la veían. He hablado con muchísimas familias y no están pensando en que se impute a nadie, y eso que muchos saben quiénes fueron los asesinos. Esa dimensión humana es lo que nos atrapa”.

“Al principio éramos muy pocos, ahora a veces tengo que decirle a la gente, voluntarios, estudiantes... que ya somos muchos. Me escriben expertos de todos los rincones del mundo que han participado en exhumaciones en Chile o Argentina y que quieren participar”. En una exhumación en Lerma (Burgos), en agosto del año pasado, incluso participó un japonés de 69 años, Toru Arakawa, que cruzó medio mundo para ayudar.

JOSÉ M. ROJAS, investigador: “He visto a ancianos de 85 años llorar como niños

“Había leído muchísimos libros de la Guerra Civil, hasta que se dio cuenta de que “en todos faltaba algo”. Así fue como José María Rojas empezó a llamar puerta a puerta, pueblo a pueblo para entrevistar a la gente mayor. “Lo primero que me impresionó fue el miedo: cerraban ventanas, contraventanas... antes de empezar a contarte. Y después, el dolor. No sé explicar cómo se siente uno viendo a un anciano de 85 años llorar como un niño. Yo no he visto ninguna herida cerrada. Pensé en dejarlo, porque no sabía si iba a ser capaz de aguantar tanto dolor”. Pero Rojas siguió y le compensaron. “Decirle a alguien: 'Este es el cuerpo de tu padre' y ver cómo llora de felicidad, es muy emocionante”. Por eso sigue gastando cada rato libre que le deja la droguería en la que trabaja en ir a archivos y recoger testimonios. Ha participado ya en 15 exhumaciones.

G. MARTÍNEZ, familiar agradecido: “A los míos los sacó Paco”

“Donde va, Paco [Francisco Etxeberria] me llama. A los míos también me los sacó él”. Así explicaba Gonzalo Martínez, agricultor de 50 años, su presencia, en septiembre de 2006, en una fosa en Lerma donde no tenía enterrado a ningún familiar. Desde que recuperó el cuerpo de su tío, ayuda en todas las exhumaciones en las que puede. “A la gente que sabe dónde pueden estar las fosas se le acaba la vida o la memoria. Yo intento recoger testimonios que nos ayuden a encontrarlas. Y luego ayudo cribando la tierra”. A veces pasa momentos malos. “Siento una necesidad terrible de sacarlos a todos, de ponerles nombres y apellidos, de devolverlos a su familia. Cuando no los encontramos es muy frustrante. Pero si tenemos suerte, es lo más emocionante del mundo”.

GUILLERMO FOUCE, psicólogo 70 años sin cerrar el duelo

En todas las tragedias en las que ha acompañado a familiares -el 11-M, el accidente de Spanair...- hay algo en común: “Sin cuerpo, el duelo no se cierra. Reconocer el cadáver es el primer paso para asumir la pérdida”, explica Guillermo Fouce, coordinador de Psicólogos Sin Fronteras en Madrid. Los familiares de víctimas de la Guerra Civil llevan 70 años buscando los cuerpos para cerrar esa herida. “Tratamos de ajustar sus expectativas, pero en general las exhumaciones son momentos felices para ellos”.

14/09/2008    

Juicio a la barbarie

El miedo ha ocultado la historia de la represión franquista. Ninguna institución estatal ha promovido una investigación amplia de ejecutados y desaparecidos. La iniciativa del juez Baltasar Garzón se une a la de historiadores y familias de represaliados

LUIS GÓMEZ/NATALIA JUNQUERA

Será un juez quien determine si el régimen de Franco practicó una política de exterminio entre el 17 de julio de 1936 hasta bien avanzados los años cincuenta? Habrán pasado casi 70 años desde el final de la Guerra Civil y es posible que la figura de Franco se siente en el banquillo. La memoria de quien llegó a pensar que solo tendría que dar cuentas de sus actos ante Dios y ante la Historia, será escrutada en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Pero el juicio de la Historia no va a esperar a Garzón. Un nutrido grupo de historiadores y miles de familiares de represaliados llevan años buceando en los archivos y exhumando fosas. Y pase lo que pase en el proceso judicial, ellos seguirán con su tarea.

Setenta años después, todavía hay ancianos que bajan la voz de forma inconsciente cuando recuerdan sucesos del pasado porque el miedo no se ha desprendido de su piel. Es la huella visible del terror. La invisible está fuera, en el camino que el paso del tiempo ha alterado o borrado. Bajo la tierra. La fosa. Han sido exhumados 4.054 restos de 171 fosas anónimas desde el año 2000. Son evidencias de un exterminio.

Quienes se han esforzado en registrar la memoria oral de aquellos días, un conjunto dispar de historiadores y familiares, han podido conocer ese miedo latente, ese silencio esquivo, esa verdad escondida. Lo recuerda Emilio Silva cuando hizo sus primeras indagaciones tras la pista del lugar donde yacían los restos de su abuelo en El Bierzo. Corría el año 2000: “Te llevaban a su casa, cerraban las ventanas y bajaban las persianas... Solo entonces empezaban: 'Es la primera vez que hablo de aquello...”. Benito Bermejo, historiador de los deportados españoles a los campos nazis, vivió hace unos meses la curiosa historia de un hijo que acababa de descubrir que su padre no murió en la guerra, sino en Mauthausen: su madre se lo ocultó durante casi 70 años por miedo. Calló y mintió. Cuando años atrás le extrañó que percibiera una pensión de Alemania y le preguntó por los motivos, la madre respondió que el padre había combatido en la División Azul. Ese miedo incrustado en la médula de tanta gente ha llegado hasta nuestros días, ha servido de filtro para ocultar la verdadera historia de la represión franquista. Para demasiados españoles, la guerra no acabó en 1939.

Hay una geografía nacional de fosas sin determinar, un censo de desaparecidos sin verificar y una población de ajusticiados pendiente de contabilizar. Jordi Guixé, historiador responsable de Proyectos y Espacios del Memorial Democratic de Cataluña, quizá tenga suerte dentro de unos meses cuando pueda cruzar los datos de los casi 111.000 consejos de guerra celebrados por el tribunal militar de la III Región, es decir, Cataluña, donde están datados fusilamientos hasta el año 1952. Cataluña fue el último territorio conquistado por las tropas de Franco: inmediatamente después llegó la venganza. Solsona, una localidad del pre-Pirineo leridano, es un buen ejemplo de lo que sucedió tras el conflicto: un pueblo tranquilo próximo a los 3.000 habitantes, muy católico, con arzobispado, votante masivo de la derecha en los procesos electorales. Tras su conquista, casi el 10% de la población fue sometido a consejo de guerra. Se registraron 25 fusilamientos en los primeros días.

Más de 100.000 consejos de guerra en Cataluña. ¿Cuántos en Andalucía? ¿Y en el Madrid que resistió hasta el último día? ¿Cuántos fusilamientos? ¿Cuántas ejecuciones salvajes a golpe de impulso? La copia de una orden dirigida por el general Queipo de Llano a la comandancia de la Guardia Civil de la localidad de Aznalcázar (Sevilla) el 23 de julio de 1936 es un documento esclarecedor de la conducta represora en zona ocupada. La orden dictaba lo siguiente: “Primero. En todo gremio que se produzca una huelga o un abandono de servicio que por su importancia pueda estimarse como tal, serán pasados por las armas inmediatamente todas las personas que compongan la directiva del gremio y además un número igual de individuos de Este discrecionalmente escogidos. Segundo, que en vista del poco acatamiento que se ha prestado a mis mandatos advierto y resuelvo que toda persona que resista las órdenes de la autoridad o desobedezca las prescripciones de los bandos publicados o que en lo sucesivo se publiquen también serán fusilados sin causa propia”.

¿Cuánto tiempo habrá que esperar para que las nuevas generaciones conozcan qué pasó exactamente en el pasado?

Ninguna institución pública española ha promovido una investigación general de aquellos hechos durante más de 25 años de democracia, bajo la teoría acuñada de que la transición dejó resuelto el capítulo de la Guerra Civil con un simple carpetazo, una ley de amnistía que equivalía a una solución de punto final. El argumento de que toda revisión del pasado contribuiría a abrir heridas, de que se cometieron barbaridades por ambas partes y no sería útil desenterrarlas, tomó cuerpo. Del terror se pasó al olvido oficial. Pero algo empezó a cambiar a partir del año 2000, cuando el periodista Emilio Silva escuchó aquellos testimonios con las persianas bajadas que le sirvieron para localizar la fosa donde enterraron a su abuelo, exhumarle y darle digna sepultura a sus restos. Desde aquel momento, una parte del silencio protegido se quebró y nació un movimiento ciudadano cuyas repercusiones son evidentes: “Ha sido un ejército de historiadores aficionados el que se ha dedicado a elaborar esos censos, lo cual es maravilloso por una parte y vergonzante por otra. Ya es hora de que el Estado asuma ese trabajo”, dice el historiador Paul Preston.

Afloraron asociaciones (20 en 2003) que se multiplicaron con el tiempo. Sergio Gálvez, investigador de la Universidad Complutense de Madrid, llevó la contabilidad de estas instituciones privadas hasta 2006 (157 asociaciones, 29 fundaciones, 10 centros de estudios y 8 coordinadoras). Tras una estancia de un año fuera de España, reconoce que perdió la cuenta: “Calculo que ahora habrá más de 200”. “Ha sido todo un fenómeno colectivo no exento de personalismos en algunos casos y de enfrentamientos entre asociaciones”, concluye Gálvez. El impulso ciudadano ha ido en paralelo con el renacer de investigaciones en torno a la guerra y la posguerra española, que tuvo primero el respaldo de universidades españolas y posteriormente el de instituciones públicas locales y autonómicas. Familiares e historiadores han iniciado una tenaz y desproporcionada búsqueda de documentos por la ingente, caótica y en algunos casos opaca realidad de los archivos de la Administración.

“Cuando comencé a investigar en el Archivo de Salamanca, en 1979”, recuerda Julián Casanova, catedrático de Historia y autor de Víctimas de la Guerra Civil, “el director controlaba todos los documentos. Si querías fotocopiar algo, con su permiso, te acompañaba uno de los bedeles a una fotocopiadora de la ciudad, porque en el archivo no se podían hacer fotocopias. Así que se sacaban los documentos al exterior, lloviera o nevara, y se le daba una propina al acompañante, condición para seguir con ese procedimiento posteriormente”. Casanova ha experimentado en sus huesos no solo la resistencia de muchos archivos a ofrecer cierto tipo de documentación, sino también la falta de respaldo oficial. “Cuando yo pedía dinero para proyectos de investigación a mediados de los ochenta (en instituciones controladas casi todas entonces por los socialistas), se me contestaba que a condición de que analizáramos también la violencia de los otros, de los rojos/republicanos, como si esa violencia hubiera estado también oculta. Era el momento en que las teorías del fifty-fifty, las culpas repartidas al 50%, parecían marcar la política correcta”.

La dispersión de archivos se ha convertido en una carrera de obstáculos para cualquier historiador. Y no solo la dispersión. O la pérdida de documentos. O su mala gestión y la falta de catálogos adecuados. El Archivo General de la Administración, con sede en Alcalá de Henares, proclama en su página web que es el tercer archivo más grande del mundo detrás de los Archivos Federales de Washington y el Cité des Archives de Fontenebleau (Francia). Allí han ido a parar todos los documentos de los ministerios, excepto los relacionados con la seguridad del Estado y algunos otros. A pesar de su tamaño, solo es accesible por las mañanas y las copias de documentos tardan un año en ser servidas. Ni que decir tiene que los archivos que corresponden al Ejército, la Policía y la Guardia Civil, tres de las patas sobre las que el régimen franquista asentó su poder, o han sido mal gestionados, o se han mostrado opacos. Caso aparte merece la Iglesia, la institución más reticente a ofrecer cualquier tipo de información.

“El Fichero General”, sostiene Rogelio Blanco, director general del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, “contiene tres millones de fichas de personas que sufrieron la represión, pero toda esa información no está informatizada, está sin tratar, y además está realizada con fines represores, no archiveros, por policías, no por profesionales, por lo que tendría que ser contrastada”.

La ausencia de un archivo centralizado, la desidia y la falta de una norma legal que ampare el derecho de los investigadores y los particulares al libre acceso a documentación oficial ha sido la gran excusa para los diferentes Gobiernos de la democracia a la hora de evitar una incómoda investigación general sobre la represión del franquismo. La aprobación de una Ley de la Memoria Histórica en el Parlamento español (que entró en vigor el 27 de diciembre de 2007) apenas ha sido un tímido avance. Hay realidades que son esclarecedoras: la Generalitat, que ha creado una dirección general de la Memoria Democrática en la que trabajan 20 personas, dedica un presupuesto mayor (seis millones de euros) al estudio de la posguerra y la dignificación de las fosas comunes que el propio Gobierno central. La ayuda oficial ha despertado también en algunas otras comunidades, caso de Andalucía (el proyecto Todos los Nombres ha contabilizado más de 35.000 muertos bajo la represión), Asturias (más de 20.000), Galicia (3.588) y Aragón. El mapa de España tiene, sin embargo, un evidente espacio en blanco: ninguna autonomía gobernada por el PP ha dedicado un solo euro a la investigación del franquismo o la exhumación de fosas. Curiosamente, el Gobierno de Aznar sí hizo una inversión en esta materia cuando subvencionó la exhumación de restos pertenecientes a soldados en la División Azul que estaban enterrados en Rusia.

Pero los obstáculos oficiales y la política del olvido no han obtenido resultado. El movimiento asociativo ha ganado su primera batalla, y la demanda de información del juez Garzón a los ministerios del Interior, Defensa, Cultura y Justicia, a los Ayuntamientos de Sevilla, Córdoba, Granada y Madrid, a la abadía del Valle de los Caídos y a la Conferencia Episcopal han dado carta de naturaleza a la necesidad de cerrar el círculo de la investigación sobre la represión del franquismo.

¿Hubo exterminio tal y como se entiende en la legislación moderna emanada de la Declaración de Derechos Humanos? Independientemente del derecho a la reparación que merezcan las familias de las víctimas, está la respuesta a esa pregunta.

El trabajo de las asociaciones ciudadanas ha sido tenaz, la bibliografía producida por los historiadores empieza a ser abundante. Este fenómeno no ha estado exento de disputas internas y duros debates entre historiadores. También se puede hablar de cierto despilfarro en algunas iniciativas: actualmente hay en marcha cuatro tesis doctorales sobre la represión del franquismo en Zamora, “donde no se tienen noticias de que fuera especialmente notable”, explica Sergio Gálvez. Sin embargo, al despacho del juez Garzón llegó una denuncia documentada y apoyada por familiares y asociaciones.

Francisco Espinosa, un historiador que ha indagado profundamente en la represión franquista en Andalucía, director del proyecto Todos los Nombres, es el autor del Informe sobre la represión franquista. Estado de la cuestión, que sirve como sustento documental a la causa abierta en las diligencias previas 399/2006-E, abiertas por el juez Garzón. “Nos queda por conocer lo sucedido en medio país; 25 años de investigaciones arrojan un mapa incompleto”, reconoce. Espinosa repasa en dicho informe tanto la violencia republicana como la franquista, pero concreta las diferencias. El bando franquista inició un profundo proceso de investigación del llamado terror rojo que fue conocido como Causa General. “Una minuciosa investigación a escala nacional, que analizó lo ocurrido en cada localidad desde febrero de 1936 hasta la fecha de ocupación y documentó lo ocurrido a cada una de las víctimas del terror rojo. Esta investigación dio lugar a un importante fondo documental de más de 1.500 legajos, conservados en el Archivo Histórico Nacional”, escribe Espinosa, quien presenta un cuadro de las víctimas de la represión republicana por provincias con sus aportaciones bibliográficas. Son 38.563.

La represión franquista fue mucho más larga en el tiempo y alcanza a los años sesenta, coinciden los historiadores. Según las cifras avanzadas por el documento de Espinosa, la cifra de víctimas ascendería a unas 130.000, a falta de profundizar más en la investigación de la mitad del territorio nacional. ¿Hubo exterminio? Espinosa no duda en utilizar ese calificativo, pero añade en su informe: “Lo que interesa destacar de esta etapa fue el altísimo número de personas que quedaron sin inscribir en el registro y de cuya muerte no ha quedado huella alguna: detenidas ilegalmente, asesinadas y enterradas por lo general en fosas anónimas abiertas en los cementerios, en el campo e incluso en fincas particulares. El mapa de las fosas comunes se superpone a la España donde triunfó el golpe militar y se aplicó de inmediato el calculado plan de exterminio que los sublevados tenían previsto desde el principio”. Espinosa pone como ejemplo la provincia de Huelva, una de las mejor investigadas, “donde fueron asesinadas 6.019 personas de las que solo 386 lo fueron tras sentencia de consejo de guerra”.

Los avances de algunas investigaciones permiten ir consolidando cifras en determinados territorios de España. La tesis de la doctora Queralt Solé, convertida en libro de reciente publicación (Els morts clandestins, editorial Afers), concluye con un mapa de fosas muy detallado de Cataluña. Queralt ha investigado las cifras de fallecidos por ambos bandos, tanto en acciones de guerra como en actos represivos. Su investigación transcurre pueblo a pueblo, y su experiencia le llevó a toparse con una realidad que desconocía, la del Valle de los Caídos, donde yacen entre 40.000 y 70.000 restos, según diversas fuentes. Queralt Solé halló documentos que prueban cómo la Guardia Civil conocía con más exactitud que los propios Ayuntamientos de la época  la existencia y localización de fosas. Sin embargo, esa información está muy dispersa.

Pese al tiempo transcurrido, el Valle de los Caídos es todavía una asignatura pendiente del Estado, el mejor ejemplo de la magnitud del olvido oficial. Ningún Gobierno democrático se ha atrevido a poner sus manos en ese monumento, que sigue siendo gestionado por monjes benedictinos, amparados en un enorme vacío legal. Cuantas comisiones ministeriales se crearon para darle una solución, la última en 1984, resultaron inútiles: nunca celebraron una sola reunión.

El Valle de los Caídos no es un cementerio. Algunos familiares de muertos en ambos bandos pretenden rescatar sus restos y han interpuesto demandas en juzgados. No lo conseguirán. Y no porque un juez lo vaya a impedir. “Los restos sirvieron para llenar cavidades internas de las criptas y ahora forman parte de la estructura del edificio. Las humedades han hecho el resto”, explica una fuente del Valle de los Caídos. No hay columbarios. No hay nichos como se ha llegado a creer. Queralt Solé tiene una íntima convicción después de años investigando los fallecidos: “Franco ni siquiera respetó a sus muertos”.

La investigación iniciada por el juez Garzón ha reabierto la fosa de la Memoria. Miles de españoles quieren saber. El proceso iniciado por el juez no tiene consecuencias penales, pero algunos historiadores creen que ha llegado el momento de avanzar un paso más en la investigación y de darle respuesta a otras preguntas. Después del qué está el quién.

Así lo expone Sergio Gálvez: “¿Está la sociedad española preparada para que, al igual que vamos conociendo los nombres de las víctimas de la represión franquista, los historiadores comiencen a investigar y ofrecer los nombres de los denunciantes, de los beneficiarios económicos y, asimismo, de los responsables políticos que llevaron y ejecutaron meticulosamente la represión? De llevarse a cabo estas investigaciones, ¿modificaría sustancialmente nuestro conocimiento sobre la reciente historia contemporánea española? Y lo que es más importante: ¿nos serviría para trazar, desde una perspectiva histórica, la configuración de las redes políticas, sociales, económicas durante el franquismo y sus lazos actuales con las fuerzas centrales del país que hoy dominan dichos espacios? Ahí quedan estas preguntas que en breve requerirán respuestas concretas por parte de los investigadores”.

22/09/2008 

Garzón recibe los nombres y más pistas de 130.000 desaparecidos

Las asociaciones que reclaman la apertura de las fosas entregan hoy al juez el informe más detallado sobre la represión franquista

NATALIA JUNQUERA, Madrid

El juez Baltasar Garzón recibirá hoy en su despacho la documentación más exhaustiva existente sobre las víctimas de la Guerra Civil y la posterior represión franquista, con los nombres de 130.137 desaparecidos en toda España y pistas para localizarlos. Culmina así un trabajo de años llevado a cabo por 200 personas agrupadas en asociaciones creadas por todo el país para la recuperación de la memoria histórica. Las asociaciones pretenden que el juez, con esta documentación, ordene la búsqueda de los desaparecidos, muchos torturados, fusilados y enterrados en fosas comunes.

Junto a la relación nominal, las distintas asociaciones han reunido información detallada sobre asesinatos de mujeres embarazadas o de alcaldes y gobernadores civiles republicanos que no huyeron a tiempo. En la vasta recopilación han colaborado miles de familiares de las víctimas, profesores de instituto, historiadores y diversas instituciones. El trabajo intenta cumplir con el formulario de Naciones Unidas para las desapariciones forzadas, con respuestas sobre los últimos días en que fue vista la víctima y con quién, y los intentos de búsqueda de sus familiares.

26/09/2008    

Registrados y recompensados

NATALIA JUNQUERA, Madrid

La mayor parte de las víctimas del terror rojo fueron localizadas y rehabilitadas a partir de los años cuarenta. Están registradas en la sección de fondos contemporáneos del Archivo Histórico Nacional, donde fue a parar toda la documentación recabada en la llamada Causa General, una exhaustiva investigación que se abrió recién terminada la Guerra Civil para, entre otras cosas, inscribir en el Registro Civil a todas las víctimas del bando nacional.

“Lo conocemos prácticamente todo. Sus nombres, dónde murieron, dónde están, cómo fueron recompensados. En cuanto terminó la guerra, se exhumaron todas las fosas y se les dio un enterramiento digno. El 80% de los puestos de republicanos depurados se reservó a ex combatientes, ex cautivos y familiares de víctimas. Puede haber algún desaparecido en la zona republicana, pero ninguno sin registrar, como ocurre con tantas víctimas del otro bando”, explica el historiador Julián Casanova. El historiador José López de la Franca ha remitido al juez los nombres de 21 asesinados, la mayoría sacerdotes entre 1936 y 1939, para que investigue sobre su paradero.

La cifra de víctimas del terror rojo ronda los 60.000 (7.000 religiosos), según Casanova. La mayoría fueron asesinados en los primeros meses de la guerra, antes de que a finales de 1936 se crearan los tribunales populares por los que Garzón se interesa ahora. El Tribunal Especial de Espionaje y Alta Traición, al que el juez también ha pedido datos, persiguió a los fascistas y juzgó también a anarquistas, troskistas... En el Juzgado Especial de la Rebelión Militar se procesó a los militares que se habían sublevado frente a la República, que nunca reconoció el Estado de guerra. Casi toda esta información está en el Archivo Histórico Nacional.

27/09/2008    

Un hombre de 107 años localiza una fosa común de la guerra

NATALIA JUNQUERA, Madrid

Un hombre de 107 años, Francisco Fernández, permitió ayer la localización en Pinilla de la Valdería (León) de una fosa de la Guerra Civil con cinco cuerpos que él mismo fue obligado a enterrar hace 72 años. “Está sordo, pero tiene una memoria electrónica. Lee muy bien los labios y así nos hemos entendido. Incluso nos dijo que había enterrado a uno de los cinco en sentido contrario y al abrir la fosa, efectivamente, uno estaba al revés”, relataba ayer su hijo Santiago, de 72 años. “Cuando le he dicho que los habíamos encontrado, se ha puesto contentísimo”.

Por otra parte, la Conferencia Episcopal aseguró ayer que “hará todo lo posible por colaborar con la justicia”, y que los archivos parroquiales son públicos, en respuesta al tirón de orejas del segundo requerimiento del juez Garzón sobre datos de víctimas de la Guerra Civil. Al primero contestó que no era competente para ordenar a las parroquias que abrieran sus puertas a la policía.

07/10/2008

ALMUERZO CON... TORU ARAKAWA

“En Japón me preguntan por qué aún quedan fosas”

NATALIA JUNQUERA

Aún no conoce el castellano para explicar con precisión por qué hace tres años cruzó el mundo para ayudar a desenterrar los cuerpos de unas personas con las que nada tenía que ver. Pero cuando le preguntan qué sintió en la primera fosa de la Guerra Civil que vio, Toru Arakawa, japonés de 70 años, llora como un niño. Diez minutos antes, este hombre bajito y menudo explicaba entre carcajadas la disparatada historia de su primer viaje a España delante de un plato de jamón ibérico. (Es su favorito, ¡ni hablar de ir a un japonés!)

Arakawa se plantó un día en Ponferrada con un recorte de periódico y una fotografía de Santiago Macías, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. No intentó llamarle desde Japón. Una vez en Ponferrada, se hizo con su teléfono. Llamó.

-¿Y qué le dijiste?

Arakawa ríe con ganas. “Intenté explicarle que había visto un reportaje y que quería ayudar. Santiago no entendía nada. Me preguntaba: '¿Pero por qué quiere un japonés ir a una exhumación? ¿Es una broma?”.

Lo mismo pensó su mujer cuando le anunció que se iba a España a pasar el verano buscando desaparecidos. Pero Toru no bromeaba. Se había preparado a conciencia. “Me costó 10 años leer en español. Aprendí con unas cintas que me ponía todas las mañanas. Luego mi hijo me compró por Internet mi primer libro en castellano, Manolito Gafotas”, explica saboreando un trozo de morcilla. “Me los he leído todos: Manolito on the road, Yo y el imbécil... son muy divertidos”. De ahí saltó a una extensa biblioteca en castellano sobre la Guerra Civil. Cuando terminó de leer, quiso conocer a los supervivientes y ayudar a buscar muertos. Cogió aviones y autobuses agarrado a su recorte.  Desde entonces, ha participado en 22 exhumaciones. Viene todos los años.

“En cuanto llego a casa, estoy pensando en regresar. Miro el cielo y pienso cuánto tardarán esas nubes en llegar a España”. En su país, Arakawa organiza charlas en su hogar para explicar a sus amigos lo que ha estado haciendo. Les enseña fotos y responde a sus preguntas. Siempre son las mismas. “¿Por qué hay tantos? ¿Por qué tienes que ir tú a desenterrarlos? ¿Por qué siguen en fosas comunes tantos años después de la muerte de Franco?”. Arakawa reconoce que aún no sabe qué responder a esa pregunta. “Yo tampoco lo entiendo”, zanja muy serio.

Llega el cordero y recupera el buen humor. Adora la comida española. Los equipos que trabajan en las exhumaciones se enamoraron enseguida de este hombre excéntrico, como casi todo lo genial, y además de acogerle en sus casas, le han llevado de restaurantes: cordero en Segovia, pulpo a feira en Lugo.... “Siempre me llevo comida de aquí. A mi familia le encanta. Y discos de tunas. Allí no hay”.

Retiran los platos y Toru pide disculpas por su inglés, que habla con mucha dificultad. Agacha la cabeza: “Perdona que haya llorado”. Finalmente, explica: “La primera fue en As Pontes (Lugo). Me impresionó mucho la tristeza de las familias. He visto alianzas de boda entre los huesos... Entendí aquel dolor, todo lo que había leído”. Toru vuelve a emocionarse.

-¿Y a qué te dedicabas antes?

-¡Era profesor de inglés!

Su silla tiembla por las carcajadas.

MENÚ

El Asador de Aranda. Madrid

 -  1/2 de morcilla de Burgos: 5,5.

 -  1/2 de chorizo: 6.

 -  1 de pimientos: 5,50.

 -  1/2 de jamón ibérico: 17.

 -  1/2 cordero asado: 20.

 -  1 ensalada: 6,60.

 -  Pan, vino y agua: 19,20.

Total: 79,80 euros.

07/10/2008    

Garzón recibe datos de Córdoba y un listado con 133.708 víctimas

N. J. / M. P.  Madrid / Córdoba

Las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica entregaron ayer al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, tal y como Este les había pedido, un listado único y digitalizado de víctimas de la Guerra Civil que eliminara los nombres duplicados. La cifra final, tras suprimir los nombres que se repetían en algunas comunidades, especialmente en Extremadura y Andalucía, asciende a 133.708. Además de hacer esas correcciones, los denunciantes han incorporado las cifras facilitadas por la Xunta de Galicia (4.396) y los 8.650 expedientes de desaparecidos que facilita el Gobierno vasco.

El Ayuntamiento de Córdoba dio también ayer el visto bueno para que se le remitan a Garzón tres listados en los que figuran 1.759 personas que murieron de forma violenta y fueron enterradas en fosas comunes de los cementerios de la Salud y de San Rafael. Solo un 30% de los 1.759 están identificados con nombres y apellidos.

18/10/2008    

Los familiares eligen a sus expertos

NATALIA JUNQUERA, Madrid

Garzón sabe y así lo recoge en su auto, que “el tiempo transcurrido y la pérdida de documentación a lo largo del mismo” hacen “muy difícil” la investigación de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la posguerra. Por eso ha pedido que le asistan dos equipos, uno de expertos y otro de Policía Judicial, para que la localización de las víctimas se lleve a cabo “en un plazo razonable”. El juez parece consciente también de que a muchos de los familiares, ya mayores, no les queda mucho tiempo. Localizar a los desaparecidos es “un interés prioritario”, según el auto.

El juez pide a los denunciantes que designen, antes del sábado de la próxima semana, a cinco personas para integrar ese grupo de expertos al que se sumarán otros dos que elegirá el juzgado. Familiares y asociaciones personadas en la causa se reúnen hoy en Madrid para debatir esos cinco nombres. En las quinielas de todos está el de Francisco Etxeberria, el médico forense que nunca ha dicho no desde que en el año 2000 le pidieron que participara de forma altruista en la primera exhumación de una fosa de la Guerra Civil. También, el de Francisco Espinosa, el historiador que elaboró un exhaustivo informe recogiendo 25 años de investigaciones y el primer listado de víctimas que recibió Garzón: 129.472.

Los expertos tendrán que “dictaminar el número, lugar e identificación de las víctimas en un solo informe”, diferenciándolas en tres grupos: sin localizar, localizadas pero sin identificar e identificadas.

El grupo de Policía Judicial, integrado por 10 funcionarios, tendrá competencias para acceder a cualquier registro público o privado y tomar declaración a cuantas personas “fueran necesarias” para averiguar el paradero de las víctimas y los responsables de su desaparición. Podrán desarrollar su actividad dentro y fuera de España.

19/10/2008    

Garzón adelantó en sus escritos la idea de enjuiciar la dictadura

NATALIA JUNQUERA, Madrid

Recibió casi tantas críticas como doctorados Honoris Causa en universidades latinoamericanas por abrir la persecución de los ex dictadores del Cono Sur. Hace un par de meses, Baltasar Garzón recibía su último reproche en ese sentido, tras asistir a la exhumación de una fosa común en Colombia. “Estoy impactado”, dijo. “¿Cuándo va a preocuparse de las de España?”, protestó la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Quizá entonces el juez ya había decidido abrir la causa contra el franquismo. De hecho, según el rastro de algunos de los libros que escribió y de otros que prologó, el asunto llevaba mucho tiempo en su cabeza.

“Les confieso que si pudiera, borraría tantas páginas de la humanidad”, escribía Garzón en Un mundo sin miedo (2005), “que correría el riesgo de quedarme sin hojas”. En ese mismo libro y para explicar los motivos que le empujaron a ser juez se refiere a la Guerra Civil: “Son tantas las historias e injusticias relatadas que  quedaron grabadas en mi memoria infantil y decidí hacer algo para que esa etapa no volviera a repetirse”.

Garzón asegura que, sin haberla vivido, aprendió sobre la Guerra Civil “en la manipulada historia de la dictadura franquista”, o “a golpe de la historia macabra de sus protagonistas”. Y cita a uno, su tío Gabriel Real, republicano condenado a muerte, que se libró de ser fusilado pero “sufrió en sus propias carnes” la prisión, recuerda el juez en el prólogo de Los maquis en Sierra Mágina, de Luis Miguel Sánchez Tostado. “Fue mi héroe infantil y juvenil”.

En el debate sobre si las heridas se abren o se cierran, Garzón también lo tiene claro: “Para caminar hacia el futuro, hay que saber pisar el presente y no olvidar nunca lo que fuimos en el pasado”, repleto de “piedras con las que no hay que volver a tropezar”, explica en el prólogo de Tocón, 1.000 años de historia, de Miguel Ángel Espejo.

 23/10/2008    

“Aportaremos trozos de verdad a un 'puzzle' que resolverá Garzón”

Siete expertos asesorarán al juez en un trabajo que “puede llevar años”

NATALIA JUNQUERA, Madrid

Los siete expertos

Forman parte del equipo de expertos Francisco Espinosa Maestre (investigador de la represión), Julián Casanova (catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza), Francisco Etxeberria (médico forense), Queralt Solé (investigadora y autora de un mapa de fosas en Cataluña), Maribel Brenes (historiadora), Carlos Jiménez Villarejo (ex fiscal anticorrupción) y Antonio Doñate (ex presidente de la Audiencia de Barcelona).

Tal y como solicitaba el juez Baltasar Garzón en su auto, los familiares de desaparecidos y las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica denunciantes han elegido ya a los cinco especialistas que, con las dos personas designadas por el juez -el ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y el ex presidente de la Audiencia de Barcelona Antonio Doñate- formarán el grupo de expertos que le asistirá en la localización e identificación de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Se trata de cuatro historiadores (Julián Casanova, Queralt Solé, Maribel Brenes y Francisco Espinosa Maestre) y un forense (Francisco Etxeberria).

Casanova explicó desde México, donde impartió una conferencia sobre la represión franquista, las dificultades del proceso: “En tres o cuatro meses, si contamos con tres o cuatro investigadores en cada comunidad autónoma, podríamos tener listo un censo de víctimas fiable y completo, que elimine las duplicidades e incluya lugares menos explorados hasta ahora, como el País Vasco o Castilla y León. La localización de desaparecidos y apertura de fosas puede tardar años. Pero España tiene mucho trabajo adelantado. En ningún país hay listados de víctimas como los que ya hay aquí”.

Etxeberria, médico forense que ha participado en la exhumación de casi un centenar de fosas desde el año 2000, considera, por su experiencia en Chile -es miembro de una comisión similar que asesora al Gobierno y la Justicia en la búsqueda de desaparecidos-, que el trabajo consistirá en “aportar trozos de verdad que forman el puzzle que ha de resolver el juez”. Es decir, orientar a la policía, responder a las preguntas del juez, recomendarle otros expertos, averiguar la viabilidad de abrir una fosa e identificar los cuerpos. “Abrir el 100% de las que hay en España es imposible. Se identificará, cuando se pueda, a las víctimas cuyos familiares están personados en la causa y por el valor simbólico con el que lo hemos hecho estos años: unos representan a otros”.

Espinosa Maestre, autor del primer informe sobre víctimas que recibió Garzón, cree que la investigación llevará “al menos dos años”. “Orientaré a la policía judicial en la búsqueda de documentos a los que nunca hemos tenido acceso porque a los archivos militares no es lo mismo que vaya un historiador que un agente. Aportaré pruebas de que ciertos documentos que nunca hemos visto existieron”. Espinosa, que lleva 25 años investigando la represión, se emocionaba ayer con la idea de poder acceder por fin a documentos como el archivo personal de Franco o las delegaciones de Orden Público.

25/10/2008    

Los expertos revisan el terreno para abrir la fosa de Lorca en tres semanas

El primer rastreo detecta en una de las dos posibles ubicaciones indicios de que la tierra fue removida para enterrar al poeta, un maestro y dos banderilleros

NATALIA JUNQUERA / VALME CORTÉS

Madrid / Granada

“Creemos que podemos estar abriendo la fosa de Lorca entre el 15 y el 18 de noviembre”, explicó ayer Francisco González, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada, minutos después de pisar los dos lugares en los que se cree que puede estar la fosa, acompañado por un arqueólogo, dos geólogos, dos antropólogos, dos genetistas y cuatro miembros de la asociación. “Ha sido muy, muy emocionante”, relató. La de ayer era la primera visita que realizaban al lugar sabiendo que pronto podrían abrir el suelo que pisaban porque lo ha autorizado un juez.

El exhorto de Baltasar Garzón que recibió ayer el Decanato de Granada para designar al juez de instrucción que ha de supervisar la exhumación desencadenó una reunión de los expertos y una visita a las dos posibles ubicaciones de la fosa. María de los Ángeles Jiménez Muñoz, titular del Juzgado de Instrucción número dos de Granada, será la encargada de supervisar los trabajos. En el exhorto, Garzón recuerda que deberá aclarársele la fecha de exhumación y, en su caso, del levantamiento de los cadáveres.

Tras la reunión, el equipo de técnicos decidió visitar los dos emplazamientos donde se cree que puede estar el poeta, fusilado el 18 de agosto de 1936 con el maestro Dióscoro Galindo y los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas. Se trata del lugar señalado hace tres décadas por el hispanista Ian Gibson, que tras años de investigación, acudió al paraje con el hombre al que habían obligado a enterrar los cuerpos, Manuel Castilla, ya fallecido; y a tan solo 430 metros, otro enclave llamado El Caracolar, a donde conduce el testimonio de Valentín Huete García, un cocinero que vivió en el recinto del viejo caserón de Las Colonias (convertido durante la Guerra Civil en centro de tortura de los sublevados), donde Lorca, Galadí, Galindo y Arcollas pasaron sus últimas horas.

“En El Caracolar hemos detectado depresiones en el terreno y que la tierra había sido removida. Creemos que en un espacio de 100 metros cuadrados puede haber cuatro fosas. Sin ningún género de dudas, El Caracolar es el sitio que tiene más posibilidades y por el que empezaríamos a excavar”, explicó González.

Francisco Carrión, arqueólogo, coincidió en que en la visita a El Caracolar se habían detectado “anomalías en el terreno”, pero prefiere esperar a realizar más pruebas para averiguar a qué obedecen, es decir, si son las huellas que ha dejado en la tierra el enterramiento, hace 72 años, de un poeta, un maestro y dos banderilleros. “Hemos estado midiendo para calcular los metros cuadrados sobre los que tendríamos que trabajar con el georadar para poder elaborar un presupuesto”, explicó.

“Lo primero”, señala Carrión, “es hacer el proyecto de exhumación, que podemos tener listo en menos de una semana. Después, seguiremos con la prospección geográfica con radar, trabajando una semana en el campo y otra en laboratorio. Haremos pruebas de geofísica, topografía eléctrica y, a partir de ahí, determinaremos las zonas de excavación”. González insistía ayer en que, tras consultar con los expertos, “si la climatología lo permite”, todo podría estar listo a partir del 15 de noviembre. “Incluidas medidas de seguridad para que la exhumación se realice con cierta privacidad y esto no se llene de mirones”.

En ese equipo de expertos que ayer visitó los dos enclaves donde se cree que pueden estar enterrados Lorca, Galindo, Galadí y Arcollas se encontraba también la historiadora Maribel Brenes, quien ayer mismo aceptó su cargo como experta del grupo que Garzón ha pedido que le asesore en la localización e identificación de víctimas. Brenes explicó que el objetivo de este “primer contacto visual” había sido determinar las necesidades de especialistas de cuatro áreas.

En ambos enclaves, separados solo por 430 metros, pasaron ayer cerca de cuatro horas todas las personas que intervendrán en el histórico acontecimiento: el antropólogo Miguel Botella; director del Laboratorio de Antropología Física de la Universidad de Granada; el geofísico José Antonio Peña y el hombre que analizó los huesos de Cristóbal Colón, el prestigioso genetista José Antonio Lorente. También, Rafael Gil, vicepresidente de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica y alcalde de Pulianas, el pueblo donde daba clase el maestro Galindo, y Francisco Viguera, investigador y cofundador de la asociación granadina.

06/11/2008    

Garzón ordena exhumar del Valle de los Caídos a ocho fusilados

El magistrado autoriza la primera recuperación de cuerpos de víctimas de la Guerra Civil enterrados en el mausoleo sin consentimiento de sus familiares

NATALIA JUNQUERA, Madrid

El juez Baltasar Garzón ha autorizado la exhumación de los cuerpos de ocho republicanos, siete hombres y una mujer, que fueron enterrados sin el conocimiento ni el consentimiento de sus familiares en el monumento que Francisco Franco levantó para conmemorar su victoria y homenajear a los muertos de su bando. Es decir, la exhumación de “la caja colectiva o columbario 198, piso 1º, de la Cripta derecha y caja individual 10.672, piso 1º, Cripta África de la Basílica del Valle de los Caídos”.

“Vamos a recuperar a mi padre, a mi tío y a los otros seis fusilados de Pajares de Adaja. Estoy muy contento. Poco a poco, se van cumpliendo nuestros deseos”, explicó Fausto Canales, de 74 años, hijo de Valerico y sobrino de Fidel, dos de los ocho republicanos cuyos cuerpos “robó Franco”. “Le voy a pedir a los expertos -el equipo de siete especialistas que Garzón ha pedido que le asista en la causa- que elabore un proyecto de exhumación en el Valle de los Caídos. Sé que se van a plantear dificultades, pero esto no debe ser distinto a cualquier otra exhumación”, añadió.

Recuperar los restos del mausoleo no va a ser fácil. Tras la puerta que preside la inscripción “Caídos por Dios y por España 1926-1939”, hay un sinfín de nichos -los expertos estiman que entre 40.000 y 60.000- inaccesibles. Canales lo comprobó con sus propios ojos en su penúltima visita al Valle de los Caídos -solo volverá para llevarse a los suyos a casa, dice-. “Las zonas de columbarios están selladas con chapas de mármol y no son accesibles, pero no es difícil, me pareció, adivinar dónde estaban las puertas de entrada de acceso a ellos”, explicó. El mármol no es el único problema. “El benedictino que me señaló el lugar exacto”, añadió Canales, “me manifestó que no era partidario de sacar los restos de allí”.

En la caja colectiva que Garzón ha autorizado a recuperar del Valle de los Caídos están Valerico Canales, Celestino Puebla, Emilio Caro, Flora Labajos, Pedro Ángel Sanz, Román González y Víctor Blázquez, miembros de la Casa del Pueblo de Pajares de Adaja (Ávila). Fueron fusilados el 20 de agosto de 1936 por un grupo de falangistas, arrojados a un pozo en desuso en Aldeaseca, un pueblo cercano, y desenterrados 23 años después por un grupo de hombres, que siguiendo órdenes de la misma autoridad que había determinado su muerte, desenterró a los siete republicanos y los trasladó al Valle de los Caídos cuando faltaba un mes para inaugurar el monumento. La caja individual corresponde a Fidel Canales, que murió en el frente y estuvo enterrado en el cementerio de Griñón (Madrid) hasta que el 30 de diciembre de 1968 se depositaron sus restos en el Valle de los Caídos.

Acabaron allí porque muchas viudas de soldados franquistas no autorizaron el traslado de los restos de sus maridos al monumento de Franco. El régimen necesitaba cuerpos para alimentar aquella enorme cripta, cuya construcción se demoró 20 años, y el Ministerio de la Gobernación los pidió por carta a Ayuntamientos de toda España, rogando además, que respondieran “con la mayor brevedad posible”. Muchos municipios contestaron que no tenían muertos del bando nacional, pero sí “fosas del ejército rojo”. Y Franco cambió su criterio inicial.

17/11/2008 

VIDA & ARTES  

No es la sociedad civil. Es el Estado

30 países revisan su pasado más trágico y dejan en evidencia la escasa implicación del Gobierno español  -  Asociaciones de familiares han desenterrado ya 4.000 víctimas de la Guerra Civil

NATALIA JUNQUERA

El cazo de la excavadora sacó una de las botas de Emilio Silva Faba, asesinado el 16 de octubre de 1936 en una cuneta cercana a Priaranza del Bierzo. Eran las 11 de la mañana del 28 de octubre del año 2000. Entonces, su nieto, Emilio Silva, aún pensaba que estaba resolviendo un problema familiar, enterrando a su abuelo con su abuela. Pero la imagen de aquel hombre desenterrando a otro fusilado durante la guerra provocó que los familiares de las víctimas comenzaran a perder el miedo a recordar a sus muertos e, inmediatamente después, que despertara en ellos el deseo imparable de imitar a Silva y rescatar también a los suyos de las cunetas donde los habían arrojado sus asesinos. El deseo se convirtió en reivindicación. Así nació el movimiento para la recuperación de la memoria histórica.

Desde entonces, las asociaciones de familiares han recuperado más de 4.000 cuerpos de cerca de 200 fosas comunes de la Guerra Civil. Lo han hecho gracias a un ejército de voluntarios, en el que nunca ha faltado un equipo profesional de forenses, antropólogos y arqueólogos.

La sociedad ha ido por delante de los gobiernos en casi todos los Estados, más de una treintena, que en los últimos años han revisado su pasado más trágico para destapar los crímenes cometidos en guerras o dictaduras, reparar a sus víctimas y condenar a sus verdugos. Pero aunque el proceso de recuperación de la memoria histórica prende siempre en la sociedad civil, en asociaciones de víctimas o familiares, es el Estado, a través de su autoridad administrativa y judicial, el único que puede llevarlos a cabo. Es el Estado quien acaba asumiendo la tutela del proceso. En España no ha sido así. El Gobierno se mantiene en un segundo plano.

Desde hace dos años, el Ejecutivo concede subvenciones a las asociaciones para realizar exhumaciones tal y como prevé la ley de memoria histórica. En su artículo 12, el texto afirma: “Las Administraciones públicas, en el marco de sus competencias, facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore”. El Estado facilita, colabora y subvenciona las exhumaciones.

“España es el único país en el que el Estado subcontrata a los familiares de las víctimas para localizar a las víctimas”, denunció Esteban Beltrán, presidente en España de Amnistía Internacional, en la presentación del informe La obligación de investigar los crímenes del pasado y garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el Franquismo. “Hemos analizado procesos de este tipo en 30 países y España es una excepción casi mundial. En la inmensa mayoría ha sido la fiscalía quien ha pedido e iniciado la investigación de las violaciones de Derechos Humanos”, añadió.

“En Argentina no se exhuma un cuerpo sin una autorización judicial”, explica Mercedes Salado, miembro del equipo argentino de antropología forense, que además de buscar, desenterrar e identificar a las víctimas de la su propia dictadura militar, ha trabajado, a petición de sus gobiernos, en 40 países. “Nos han llamado de las comisiones de la verdad de Suráfrica o Perú. Hemos trabajado para el Tribunal Internacional de La Haya con el caso de Bosnia, Croacia y Kosovo (1997-2000) y también para organizaciones de derechos humanos o asociaciones de familiares. En Ciudad Juárez nos llamaron para investigar las muertes de las mujeres y nos pidieron que no fuera ningún hombre del equipo. También nos llaman de Cruz Roja, de Naciones Unidas (Sudán, Togo), de la comisión presidencial de Uruguay... Hay varias fórmulas para afrontar estos procesos pero en casi todas, aunque no haya una búsqueda de responsabilidades penales, hay una judicialización de los casos”, añade.

Salado considera, como experta y como sobrina nieta de un desaparecido de la Guerra Civil, que la Ley de Memoria Histórica “es un inicio”. “Emilio [Silva] nos envió una copia del borrador de la ley nacional y de la catalana para que lo revisáramos y pudiéramos hacer enmiendas. La ley de memoria es incompleta, pero abre un marco. No hay, en ella, un papel activo del Estado en el esclarecimiento de esos crímenes, porque el Estado no asume esa responsabilidad, pero creo que abre un espacio para llevar a cabo otros intentos. El primer borrador del memorial democrático catalán era una locura porque había fosas de carácter prioritario: las que tuvieran víctimas nacidas en Cataluña. Que se plantearan abrir una fosa para sacar solo a catalanes era una aberración”.

El equipo de antropología forense en el que trabaja Mercedes Salado ha recuperado 1.100 esqueletos en 24 años, pero solo ha identificado a 300. En el próximo año esperan poder hacerlo con otros 300. El reciente viaje a España de un grupo de forenses argentinos para recoger muestras de ADN se enmarca dentro de ese objetivo.

Francisco Etxeberria, médico forense de la Universidad del País Vasco, el hombre que ayudó aquel 28 de octubre de 2000 a desenterrar el cuerpo de Emilio Silva Faba, considera que España “ha hecho poco en políticas de la memoria”. También ha trabajado en procesos similares en otros países como perito en procedimientos abiertos por vía penal. El Gobierno chileno le llamó para asesorar a la comisión de derechos humanos que investiga los crímenes cometidos durante la época de Pinochet. De esa experiencia concluye: “En el proceso de Chile hay dos raíles paralelos, el político y judicial, y por ellos transita el tren de los derechos humanos. En España, que tiene muchos más desaparecidos que Chile, no es así. Esto no estaba en el programa de ningún partido político, surgió por la presión de la sociedad civil. En estos procesos siempre hay tres pilares: derecho a la verdad, justicia y reparación. La ley de memoria histórica se apoya solo en dos. El segundo, la justicia, no lo toca y es ahí donde irrumpe Garzón”, explica Etxeberria, uno de los siete expertos que asesora al juez en el proceso abierto en la Audiencia Nacional. “En Chile les sorprendía mucho que no hubiera una presencia oficial, de las autoridades en todo esto. Solían preguntarme: 'Garzón se atreve con Pinochet, ¿y lo de España, qué?”.

El juez Baltasar Garzón se atrevió finalmente el pasado 16 de octubre con un auto que prometía “el fin de la impunidad” y que en 68 páginas logró satisfacer una espera de 70 años, según declararon los propios familiares de las víctimas. Pero el hecho de que un juez pretendiera abrir, casi una vida después, una investigación sobre los crímenes cometidos durante la Guerra Civil hizo saltar todas las alarmas. El pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional se reunió con una urgencia sin precedentes para paralizar la apertura de fosas autorizadas por Garzón.

Este es uno de los rasgos que más sorprende a los especialistas que han vivido procesos similares en varios países. “España es un caso peculiar porque podía haber hecho mucho más de lo que ha hecho sin correr ningún riesgo”, explica Pablo de Greiff, director de la Unidad de investigación del Centro Internacional para la Justicia Transicional, que ha asesorado a 33 estados en procesos de este tipo. Los riesgos que han asumido la mayoría de los países que han abordado el problema en regímenes aún tambaleantes, como acto fundacional de la democracia, en un momento todavía muy próximo a la comisión de los delitos y con sus autores todavía vivos, no se dan en España, que arranca el proceso 70 años después, en una democracia estable y con los verdugos ya fallecidos. “En ese contexto, la Ley de Memoria Histórica es una medida ostensiblemente tímida en todos los campos”, añade de Greiff. “Ni siquiera anula las sentencias de los tribunales franquistas. Con relación a los riesgos que ha enfrentado cada uno de los países en estos procesos y las medidas que ha llevado a cabo, España es el país más tímido en todos los campos: verdad, reparación y justicia”.

Ese miedo a reabrir heridas, a fulminar el espíritu de la Transición, que lleva al Gobierno a declarar ilegítimos a los jueces franquistas pero a no anular sus condenas, convierte a España en una excepción mundial, según Amnistía Internacional. “Es difícil encontrar un país que no haya creado una comisión de la verdad. España está en un momento crucial de su historia y está dando la espalda a su obligación de investigar delitos de derecho internacional constitutivos de crímenes contra la humanidad”, añadió Esteban Beltrán, presidente de la organización en España.

Esa reivindicación de los familiares ha terminado calando en el derecho internacional y de los derechos humanos, hasta el punto de que ha surgido un “derecho a la reparación”. “Nace en el tránsito a la democracia en el Cono Sur y la caída del muro de Berlín. Se incorpora al derecho internacional y de allí salta a las agendas políticas”, explica Felipe Gómez Isa, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Deusto. En 1985 en el séptimo congreso de la ONU sobre la prevención del crimen, se adoptó la Declaración sobre los Principios Fundamentales de justicia para víctimas de delitos y del abuso de poder. Desde entonces, Naciones Unidas lidera un proceso de precisión jurídica y conceptual del derecho a la reparación que pueda servir a los Estados para aportar un marco general de políticas de reparaciones.

El embajador de Marruecos en España y ex ministro de Justicia marroquí, Omar Azziman, uno de los padres de la llamada Instancia Equidad y Reconciliación, que investigó los crímenes cometidos en el reinado de Hassan II, explica: “Son procesos arriesgados. En Marruecos lo hicimos de forma progresiva. En un primer momento (1999-2003) el Estado reconoció que se habían cometido violaciones de los derechos humanos y se creó una comisión que se llamó Instancia Independiente de Arbitraje para indemnizar a las víctimas. Pero luego nos dimos cuenta de que lo que habíamos hecho no era suficiente y le propusimos al Rey la creación de la Instancia Equidad y Reconciliación para investigar las desapariciones forzadas, rehabilitar la memoria, restaurar los daños causados, estar en paz. Muchos miembros del Consejo pensaban que se había hecho ya suficiente y que intentar hacer más podía abrir heridas y poner en riesgo la transición democrática. Yo pensaba exactamente lo contrario, que con las secuelas que habían dejado esas violaciones de los derechos humanos, con ese trauma colectivo en la memoria, era imposible avanzar por el camino hacia la democracia y que aquello terminaría explotando tarde o temprano. El rey lo comprendió perfectamente y nombró a los miembros de la comisión. Fue muy audaz”.

La Instancia Equidad y Reconciliación resolvió 742 casos de desapariciones forzadas y torturas cometidas entre 1956 y 1999. Las víctimas recibieron una carta en la que el Estado les pedía perdón por ello. Durante varios días, ocuparon la televisión para relatar el horror vivido.

“España escogió otro camino. Las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo en la Transición en que lo importante era el futuro. Redactaron una Constitución muy generosa con todo tipo de garantías para prevenir que aquello no volviera a ocurrir. Pensaron que estaba todo resuelto, pero 30 años después nos damos cuenta de que no. La memoria es una necesidad de la sociedad”, añadió Azziman.

El catedrático de psiquiatría y académico de la Real Academia Española Carlos Castilla del Pino, que ha tratado a muchas víctimas de la Guerra Civil asegura: “Un país que no revisa su pasado es menos sano mentalmente. Lo sensato es recordar, que es tanto como evitar repetir errores en el futuro. No es verdad que recordar sea reabrir heridas. No he visto revanchismo. El odio muere, se extingue, pero la necesidad de ponerle nombre a los muertos, de honrarlos, no. Siempre llega un momento en que hay que ponerle fin a ese trauma interminable”.

Políticas de memoria y reparación a las víctimas

 -  Argentina. Anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto final (similares a una amnistía), juzgó y condenó a los represores y convirtió el símbolo del terror practicado por las juntas militares durante la dictadura (1976-1983), la ESMA, en un Museo de la Memoria.

 -  Chile. Las primeras excavaciones de fosas comunes comienzan durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), lideradas por la Iglesia. Familiares de más de 3.000 ejecutados y de casi 30.000 torturados reciben pensiones económicas y servicios gratuitos. La presidenta del país fue víctima.

 -  Guatemala. El estado corre con los gastos de las exhumaciones en cementerios clandestinos e indemniza a las víctimas. Cuenta con el apoyo de la iglesia.

 -  Marruecos. El Rey Mohamed VI creó una comisión de la verdad para investigar las desapariciones, detenciones, torturas, violaciones y ejecuciones cometidas entre 1956-1999. Pidió perdón a las víctimas y se comprometió a hacer cambios en su Constitución para evitar que lo ocurrido se volviera a repetir.

 -  Suráfrica. Reconoció los terribles crímenes en audiencias públicas. No juzgó a los culpables. Estableció medidas de compensación económica para las víctimas difíciles de cumplir en el contexto de pobreza que vive el país.

 -  Alemania. Las potencias vencedoras de la Segunda Guerra mundial ya habían destruido los símbolos nazis. La cuestión más controvertida era el derecho. En 1998, el Parlamento aprobó una ley que anulaba las sentencias dictadas por el Tribunal Popular o en juicios militares sumarísimos.

21/11/2008    

LA MEMORIA HISTÓRICA

Juez Olivas, Autora del protocolo de exhumación

 “Que Franco esté muerto no impide esclarecer los hechos”

NATALIA JUNQUERA, Madrid

Los jueces de instrucción, a los que el juez Baltasar Garzón ha traspasado la causa contra el franquismo, tendrán que decidir sobre las denuncias de desapariciones sin que haya un criterio único de actuación. Por eso, la juez de instrucción de primera instancia de Calatayud, ahora destinada en Barcelona, Amaya Olivas, ha elaborado un protocolo que oriente a sus colegas. “Lo hice porque me parecía vergonzoso cómo los juzgados estaban tratando a las víctimas. Salían huyendo cuando les llegaba un caso. Si alguien encuentra unos huesos en un descampado, se llama a la policía judicial y se extraen muestras de ADN para averiguar quién es. ¿Por qué si se sospecha que son restos de fusilados durante la Guerra Civil se plantea que no?”

Olivas estudió todos los tratados internacionales y protocolos de países como Argentina o Chile y los adaptó a la normativa española. El resultado se titula La intervención del juez de instrucción en las diligencias de investigación seguidas por desapariciones forzadas en la dictadura franquista. Se inspira, sobre todo, en el Protocolo de Minnesota, adoptado por la ONU en 1991 para la investigación de ejecuciones extralegales.

Entre otras cosas y amparándose en esa legislación internacional, establece que el que los verdugos estén muertos no es un impedimento. “Que Franco esté muerto no impide aclarar los hechos. Una de las finalidades del proceso penal es aplicar la responsabilidad a través de una condena, pero no es la única. Hay otras, como el esclarecimiento de unos hechos y el derecho a la verdad y la reparación a las víctimas. Se trata de hacer una instrucción dedicada a las víctimas”.

Desaparición de pruebas

La juez establece un modelo de instrucción con las siguientes fases: elaboración de fichas ante mortem de las víctimas, recabando toda la información sobre los desaparecidos en archivos públicos o privados; identificación y toma de declaración a testigos; creación de un informe sobre las víctimas y las fosas, y exhumación.

El protocolo advierte de las dificultades de este tipo de investigaciones, como el avanzado estado de descomposición de los restos que borra “pruebas colaterales” como la forma de las heridas, las huellas en el lugar de los hechos... y recomienda un equipo multidisciplinar de médicos y patólogos forenses, criminólogos e historiadores para asegurar un buen estudio histórico de bases documentales, la recogida de testimonios, la recuperación de los restos y su estudio antropológico.

15/12/2008    

El Gobierno deja la decisión de abrir fosas de la guerra a las autonomías

La Asociación de la Memoria recela de la propuesta del Ejecutivo

NATALIA JUNQUERA Madrid

La apertura de fosas de represaliados de la Guerra Civil y el franquismo ya no dependerá del criterio de un juez. El Gobierno pretende dejar la decisión política en manos de las comunidades autónomas, según figura en el borrador de protocolo para la regulación de las exhumaciones de cadáveres. A la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica no le convence esta propuesta.

Dibujos, fotografías y grabaciones para un diario

Todo debe quedar registrado, grabado, dibujado y fotografiado durante los trabajos de búsqueda, localización y recuperación de víctimas de la Guerra Civil. El borrador del protocolo de exhumaciones elaborado por el Gobierno insiste repetidas veces en la necesidad de que las entrevistas a familiares y testigos, “el punto de partida de la investigación”, se escriban, se graben y se conserven, cumpliendo los requisitos que establece la ley de protección de datos. Todo el trabajo realizado quedará registrado en un diario de excavación.

En la misma línea, el protocolo que propone el Manual sobre la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, de Naciones Unidas, establece que los investigadores deben intentar identificar y entrevistar a todos los posibles testigos del crimen incluidos los sospechosos. Esto incluye a los parientes y amigos de la víctima, los vecinos, los que conocían a los sospechosos, los que pueden haber observado el crimen, el lugar, a la víctima o a los sospechosos en la semana anterior al homicidio y las que conocen posibles motivos.

Ficha del fallecido

Además, el borrador elaborado por el Gobierno afirma que deberán elaborarse las llamadas fichas ante mortem del desaparecido, un documento que equivale a poner por escrito todo cuanto se recuerda de la víctima: si era alto o bajito, si tenía alguna marca o lesión, su edad en el momento de la desaparición, a qué se dedicaba, quién le vio por última vez... y los datos de los familiares que en caso de hallar un cadáver en una fosa podrían someterse a un análisis de ADN para saber si es la persona que buscan desde hace 70 años.

Toda esta información, reza el protocolo, figurará en un informe final, similar a un atestado policial, que será distribuido a los familiares, a las asociaciones interesadas, al Ayuntamiento y a la comunidad autónoma donde se ubique la fosa. “Se deberá acordar con los familiares las condiciones del tratamiento y difusión que se pretende realizar de los informes, noticias, artículos y fotografías, relacionadas con las intervenciones”, y añade: “Se valorará por las comunidades autónomas competentes la elaboración de una base de datos con fines de identificación”.

15/12/2008    

Las normas de exhumación de víctimas elaboradas para la Ley de Memoria Histórica

El Gobierno deja en manos de las comunidades la apertura de fosas. - La Asociación de Memoria Histórica rechaza la propuesta

NATALIA JUNQUERA, Madrid

El protocolo

Cómo exhumar cuerpos de la Guerra Civil, según propone el Gobierno:

1. Investigación preliminar. Recogida y grabación de testimonios, elaboración de la ficha ante mortem de la víctima y consulta de archivos.

2. Proyecto de intervención arqueológica. Informe sobre la ubicación y características de la fosa, estimación de medios necesarios, del coste y del tiempo de ejecución.

3. Autorización. Permiso por escrito de los familiares de las víctimas y autorización de la comunidad autónoma y los órganos de gobierno local del municipio donde se ubiquen los restos.

4. Excavación. Elaboración de un diario de trabajo y documentación de las tareas realizadas. Establecimiento de un perímetro de seguridad para evitar el expolio de los restos. Comunicación al juzgado de instrucción, a la Policía o Guardia Civil y a la comunidad autónoma de los restos encontrados. Inventario de los hallazgos.

5. Investigación forense. Identificación de la víctima, diagnóstico de la muerte, fecha y circunstancias del fallecimiento.

El Gobierno ha elaborado ya un protocolo para regular las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil, tal y como prometía el artículo 12.1 de la ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007. De momento es solo un borrador. Moncloa ha enviado el texto, de 11 páginas, a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, para que le dé su opinión. No les ha gustado.

El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, describe paso a paso qué hay que hacer para abrir una fosa de la Guerra Civil y quién debe hacerlo. En el aspecto técnico, el protocolo es muy similar a otros ya existentes, incluido el que ha utilizado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica para exhumar más de 4.000 cuerpos en los últimos años.

Aquel protocolo lo elaboró Francisco Etxeberria, médico forense, perito en la comisión que investiga los crímenes de la dictadura de Pinochet y uno de los expertos que iba a asesorar al juez Garzón en su causa contra el franquismo. Ambos documentos coinciden, por ejemplo, en la importancia de contar con un equipo multidisciplinar de expertos (forenses, antropólogos, historiadores...) a lo largo de todo el proceso.

Pero también tiene una dimensión política. Según el borrador, la intención del Gobierno es seguir prestando “colaboración” a los familiares de las víctimas y a las asociaciones que los representan, que llevarán a cabo las exhumaciones “con sus propios medios o con los que se aporten mediante la suscripción de los correspondientes convenios o contratos”. El documento establece que los trabajos de recuperación de cadáveres se realizarán previa solicitud de los descendientes directos de las víctimas o de entidades interesadas y que “será necesaria la autorización por la Comunidad Autónoma correspondiente y por los órganos de gobierno de la entidad local donde se ubiquen los restos”. Es decir, que la apertura o no de una fosa de la Guerra Civil dependerá, no ya del criterio de uno u otro juez, si no de una u otra administración autonómica.

La apertura de una fosa necesitará, además, un permiso por escrito de los familiares o representantes legales de los fallecidos. Si fuera necesario, añade el texto, la entidad local o la comunidad autónoma donde se ubiquen los restos “deberán realizar publicaciones en tablones municipales, boletines provinciales o autonómicos o diarios de mayor difusión” para encontrar a las familias.

En caso de conflicto entre familiares o asociaciones, “la exhumación deberá ser ponderada por la comunidad autónoma”, que, “tras dar audiencia a los interesados, decidirá la realización total, parcial o la no realización de los trabajos”. Es decir, si este protocolo estuviera ya en vigor, sería el Gobierno de Andalucía, presidido por Manuel Chaves (PSOE), quien decidiera si se abre o no la fosa donde se cree están enterrados el maestro granadino Dióscoro Galindo y el banderillero Francisco Galadí (cuyos familiares quieren recuperar los restos), junto al poeta Federico García Lorca (cuyos herederos desean que se queden donde están).

A la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica no le gusta el texto. Su presidente, Emilio Silva, lamenta que el Gobierno vuelva a dejar “en manos de voluntarios las exhumaciones, es decir, las consecuencias de un asesinato”, que no haya aprovechado la oportunidad del protocolo “para crear una oficina estatal de atención a las víctimas que centralice las peticiones y lleve a cabo los trámites necesarios”. La asociación lamenta que se “convierta en una decisión política de una comunidad autónoma u otra el derecho de los familiares a desenterrar a sus muertos y darles una sepultura digna”. A la asociación le preocupa que “esta maraña burocrática” acabe alargando un proceso para el que no hay apenas tiempo. “Esto es urgente. Porque sus familiares se están muriendo. Los hijos de las víctimas son muy mayores. ¿Por qué una mujer de 80 años ha de esperar a que una comunidad autónoma decida si tiene derecho o no a sacar a su padre de una cuneta?”, denuncia Silva. “El derecho es positivo. No se lo puede quitar alguien que no quiera ejercerlo. Si yo no voy a votar, ¿significa que se suspenden las elecciones?”.

Hasta ahora, para iniciar los trabajos de exhumación, las asociaciones pedían autorización al propietario del terreno donde se hallase la fosa, solicitaban un permiso sanitario al Ayuntamiento correspondiente y enviaban un escrito al juez de instrucción de la zona, que generalmente, no solía responder.

El borrador del protocolo prevé que, en caso de no obtener la autorización del dueño de los terrenos donde se encuentre la fosa, la administración competente iniciará “los trámites para la ocupación temporal de los terrenos”, de acuerdo con lo previsto en la normativa sobre expropiación forzosa.

Localizados los restos, se dará parte al juzgado de instrucción competente, a la policía y a la Guardia Civil y se llevarán a un laboratorio forense que tratará de identificar a las víctimas y averiguar las causas y circunstancias de su muerte. Si son identificados, serán entregados a las familias; en caso contrario, se inhumarán en el cementerio de la población donde se haya encontrado la fosa.

16/12/2008    

El PP pide a Zapatero que no le “endose” la apertura de fosas

NATALIA JUNQUERA/ AGENCIAS  , Madrid

Ante la posibilidad de que la decisión sobre la apertura de fosas de la Guerra Civil caiga en comunidades autónomas y Ayuntamientos gobernados por su partido, tal y como prevé el borrador del protocolo de exhumaciones redactado por el Gobierno, el líder del PP, Mariano Rajoy, declaró: “Que ahora no intenten endosarle esto a los demás. El Gobierno está cayendo en el esperpento y el ridículo. Es mejor que se ocupen Zapatero y De la Vega, ya que han sido ellos los que han propiciado este absurdo que nadie les pedía”.

Mientras, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer, desde la sede de la ONU, en Nueva York, donde presentó el Plan Nacional de Derechos Humanos, la creación de una oficina en el Ministerio de Justicia para coordinar todas las actuaciones relacionadas con la Ley de Memoria Histórica. Añadió que el Gobierno “tiene muy claras cuáles son sus competencias” y que quiere “colaborar” con los Gobiernos regionales y locales sobre este asunto.

En el Senado ya hay registrada una proposición de ley para modificar la Ley de Memoria de forma que sea el Estado quien asuma la localización y exhumación de víctimas de la Guerra Civil. Según las estimaciones del senador Pere Sampol, del Bloc per Mallorca, harían falta dos años y 4,3 millones de euros para llevar a cabo el trabajo: contratación de funcionarios (800.000 euros), excavaciones (2 millones) e identificación de restos (1,5 millones). “Aunque costara tres veces más lo habría que hacer. Y debe hacerlo el Estado”, remachó.

 12/03/2009    

El Senado libra al Gobierno de asumir las exhumaciones

La Cámara alta tumba una propuesta para modificar la Ley de Memoria

NATALIA JUNQUERA, Madrid

“El tiempo apremia. Cada día que pasa desaparece un descendiente de alguna víctima de la Guerra Civil. A los que siguen con vida debemos devolverles los restos de sus seres queridos para que puedan morir en paz”. El senador Pere Sampol (Bloc per Mallorca) arrancó su presentación de una propuesta de reforma de la Ley de Memoria para que el Estado asuma la exhumación de fosas franquistas, apelando a “la humanidad y la compasión” de sus colegas. Pretendía cambiar la ley, de diciembre de 2007, para que el Gobierno no se limite a “colaborar” con los familiares, sino a atender directamente sus demandas. Pero el Senado tumbó ayer su proposición con 233 votos en contra, 11 a favor y 10 abstenciones.

“¿Qué grado de crueldad hay que tener para negar a los familiares de gente inocente recuperar sus cuerpos?”, insistió Sampol, poco antes de bajar de la tribuna. Cuando parecía que nadie iba a subir a exponer un voto en contra, como es habitual, Sampol subió de nuevo para dirigirse solo al PSOE: “No pueden dejar este trabajo a medias”. Sería como haber “hurgado en las heridas, hacerlas más profundas”, en lugar de cerrarlas.

“No debe manosearse”

“Las leyes necesitan tiempo”, contestó Isidre Molas, presidente del PSC. “Es muy pronto”. Y añadió: “Hay temas que no están hechos para ser reabiertos a cada momento. No deben manosearse”. La senadora Susana Sumelzo (PSOE) aseguró que la ley estaba “alcanzando sus objetivos” y citó como ejemplo los 9,9 millones de euros que el Gobierno  había concedido en subvenciones a tareas relacionadas con la recuperación de la memoria histórica. Sumelzo llegó a acusar a Sampol de “falta de sensibilidad” con las asociaciones y la labor que llevan a cabo.

Sin embargo, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, afirmó que apenas un 10% de esas subvenciones se han destinado a “recuperar cuerpos de las cunetas” y que, además, este año se han reducido (60.000 euros). “Es responsabilidad del Estado, me entristece la falta de sensibilidad de esas 233 personas”. Las asociaciones han recuperado más de 4.000 cuerpos desde el año 2000 gracias a arqueólogos, forenses, historiadores y psicólogos que han trabajado gratis.

El PP calificó la propuesta de “irrelevante e innecesaria, al igual que la ley”. Solo el senador del PNV Joseba Zubia apoyó con un “sí con mayúsculas” a Sampol por considerar que la ley es “insuficiente” para lograr los objetivos que dice perseguir.

23/03/2009    

Víctimas de la Guerra Civil, contra los títulos nobiliarios que dio Franco

NATALIA JUNQUERA, Madrid

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que representa a los familiares de las víctimas de la Guerra Civil, solicita al Gobierno que retire los títulos nobiliarios que Franco concedió a algunos de los militares golpistas más sanguinarios, como los generales Mola, Queipo de Llano o Dávila.

El ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, renovó el pasado 20 de febrero el título de Duque de Mola con Grandeza de España a los descendientes del general que, tras el golpe militar de 1936, ordenó a su ejército: “Hay que sembrar el terror... eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros”.

Para la ARMH es “incomprensible” que “quienes destruyeron la democracia durante cuatro décadas y sus descendientes reciban esos honores de Estado” mientras que los que la defendieron “se encuentran todavía en fosas comunes”.

14/05/2009

NECROLÓGICA

Vicente Moreira, 'niño de la guerra' en Rusia

Dedicó 30 años a buscar a su madre, fusilada por falangistas

NATALIA JUNQUERA

Vicente Moreira Picorel dedicó buena parte de su niñez a huir de la guerra. El resto fue una búsqueda. A los 75 años encontró por fin a su madre y pudo rescatarla del lugar donde la habían arrojado sus asesinos junto a otras tres personas. Era el 8 de septiembre de 2001, y un equipo de arqueólogos y forenses voluntarios abrían por segunda vez en España una fosa común de la Guerra Civil. Vicente, según recordaba ayer su hijo Javier, dijo emocionado: “Llevaba toda la vida esperando esto. Ya me puedo morir”. Falleció el 12 de mayo a los 83 años y ayer le enterraron en Donado (Zamora), en el mismo lugar al que hace ocho él llevó los restos de su madre.

La última vez que la vio, Vicente tenía 11 años. Era el 26 de agosto de 1936 e Isabel Picorel trataba de abarcar con sus brazos a sus tres hijos, los cuatro agazapados en el monte. Huían de los falangistas, que, según les habían advertido, querían detenerla para castigar a su marido, que se había unido a las fuerzas republicanas en Asturias. Al amanecer, decidió bajar al pueblo, acompañada por su hijo mayor, para recoger de su casa de Langre (León) algo de dinero. Los demás le prometieron esperarla allí, pero nunca volvió.

Isabel Picorel fue detenida, metida en un camión y asesinada en una curva en el municipio de Fresnedo junto a otras tres personas. Su hijo mayor logró escapar y regresó al monte para informar a sus hermanos de lo sucedido.

Los tres fueron a buscar a su padre. Tres niños de 11, 13 y 16 años cruzaron el frente, pidiendo comida por los pueblos, hasta llegar a Asturias. Ramón Moreira se reunió con ellos, les llevó a una casa de acogida y les habló de Rusia, un paraíso en el que comerían todos los días. Después avisó a una empleada del centro para que arreglara el viaje. Prometió ir a buscarles en cuanto terminara la guerra, pero ya no pudo. Cayó prisionero, fue condenado a 20 años de cárcel por traición a la patria y murió en 1946 sin lograr reencontrarse con sus hijos.

Vicente pasó 20 años en lo que entonces era la URSS. Primero, en Leningrado, después en los Urales, en Moscú y en Bakú, la capital de Azerbaiyán. Estudió artes plásticas, modelado y escultura. En Rusia tuvo, como le había prometido su padre, estudios y comida, pero nada más. En el relato de su peripecia, que años más tarde haría ante sus dos hijos, Vicente solía destacar aquella tragedia, la de haber crecido sin familia, sobre cualquier otra.

Volvió a España en 1956 y empezó a trabajar como profesor de dibujo en varios institutos. No dejó de pensar nunca en su madre y quiso buscarla, pero tuvo que esperar a que muriera Franco para que los que podían dar pistas sobre su paradero perdieran el miedo a hacerlo. Finalmente, en 2001, y gracias una persona que había participado en el enterramiento de los cuerpos,  dio con el lugar.

Una vez encontrados los restos de su madre, volcó todas sus energías en apoyar, desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, a los ancianos que, como él, llevaban toda una vida buscando a algún familiar.

En abril del año pasado cumplió otro de sus sueños. Lo tituló Nunca jamás. Es una escultura realizada por él mismo e instalada por el Ayuntamiento de Fabero (León) en un lugar bien visible del pueblo. En ella, dos manos abiertas se imponen sobre un mapa de España a punto de ser devorado por la aviación franquista. Con ella pretendía que “los viejos no olvidaran lo que habían hecho y los jóvenes no volvieran a repetirlo nunca jamás”.

15/05/2009    

Las autonomías se niegan a asumir la apertura de fosas

Solo el País Vasco y Canarias aceptan el protocolo de exhumación del Gobierno

NATALIA JUNQUERA, Madrid

El Gobierno no parece contar con el apoyo de las comunidades autónomas para la exhumación de víctimas de la Guerra Civil. El pasado 3 de diciembre de 2008, el Ejecutivo se dirigió a todas las autonomías, así como a la Federación Española de Municipios y Provincias, para pedirles que firmaran un convenio de colaboración que permita poner en marcha el protocolo de exhumaciones diseñado por el Gobierno. Pero solo el País Vasco y Canarias se han mostrado dispuestas. El resto, según explicó un portavoz del Ministerio de Justicia, ha manifestado que las exhumaciones y su financiación son “competencia del Estado”. El proceso de negociación, según la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, sigue “en marcha”.

Ese protocolo, que el Gobierno envió también a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) describe paso a paso qué hacer para abrir una fosa común y quién debe hacerlo. En su aspecto técnico, es muy similar al que ya manejan los arqueólogos y forenses que de forma desinteresada han permitido a la ARMH exhumar más de 4.000 cuerpos en los últimos nueve años. Pero tiene además una dimensión política, al dejar en manos de las comunidades autónomas y los órganos de Gobierno locales las autorizaciones para la apertura de fosas.

Las asociaciones de víctimas se oponen radicalmente porque consideran que su derecho a enterrar dignamente a su familiar dependería entonces del color político y la sensibilidad de la autoridad autonómica y local donde se hallaran los restos.

El Gobierno sí ha encontrado algo de apoyo para elaborar un mapa de fosas y cumplir así con el artículo 12 de la Ley de Memoria Histórica, aprobada en diciembre de 2007. Castilla-La Mancha, Aragón, País Vasco, Cataluña, Canarias, Andalucía, Extremadura y Melilla, están dispuestas a firmar un convenio de colaboración para la elaboración de ese mapa. Madrid, La Rioja, Murcia y Castilla y León (donde se concentran muchas fosas comunes) han transmitido al Gobierno su disconformidad. El Ejecutivo piensa suplir esa falta de colaboración con la de las asociaciones de afectados.

De la Vega anunció también ayer que el catálogo de símbolos del franquismo ya está hecho y que una comisión de expertos decidirá ahora cuáles no serán retirados por su valor artístico.

27/05/2009    

Una juez de Zamora, primera en abrir una fosa de la guerra

NATALIA JUNQUERA Madrid

Una juez de Benavente (Zamora) va a ser la primera en tutelar la exhumación de una fosa común de la Guerra Civil en España. Su juzgado recibió de la Audiencia Nacional los datos de ocho de los más de 100.000 desaparecidos que asociaciones de familiares de víctimas de todo el país llevaron al juez Baltasar Garzón. Desde que Este repartió la causa contra el franquismo entre los 62 juzgados donde había fosas, el pasado 18 de noviembre, ningún juez había aceptado seguir con la investigación. La de Benavente es la primera y la única. La fosa, en la que yacen ocho fusilados, se abrirá el próximo 8 de junio.

Mientras, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha enviado una queja al Consejo del Poder Judicial por la negativa de dos juzgados de Ponferrada a hacerse cargo de otra fosa en Toral de Merayo (León). “Se han enzarzado en una pelea para evitar quedarse con la causa de Garzón. Mientras, los familiares se mueren y los restos están en un laboratorio”, explicó Santiago Macías, vicepresidente de la asociación.

08/06/2009    

Primera exhumación por orden judicial

Una juez de Benavente tutela hoy la apertura de una fosa de la Guerra Civil

NATALIA JUNQUERA, Madrid

Hoy se realiza en España la primera exhumación de una fosa de la Guerra Civil ordenada y tutelada por un juez. La titular del Juzgado de Instrucción número dos de Benavente (Zamora), Tania Chico, ha asumido la causa que recibió de la Audiencia Nacional para investigar la desaparición de entre siete y ocho personas en la localidad de Santa Marta de Tera. Los trabajos de exhumación de las dos fosas comunes donde se cree que yacen enterrados arrancará hoy, 73 años después de los hechos, a las diez de la mañana.

Baltasar Carbajo Vidales, José Villalibre Toral, Baltasar Valderrey Turrado y Aquilino Ortega Villahoz fueron detenidos por un grupo de falangistas en Destriana (León) el 22 de agosto de 1936. Les subieron a un camión que se dirigió a La Bañeza, donde los investigadores creen que también subieron al cura de Ribas de Valduerna, aunque un militar obligó a los falangistas a liberarlo. Pasaron varias horas recluidos en la casa-cantina de la plaza Mayor de La Bañeza. Al atardecer fueron asesinados.

Trabajadores de la tierra

Baltasar Carbajo Vidales tenía 28 años. Su madre y su hermana Nieves estaban con él cuando los falangistas se lo llevaron detenido, pero no pudieron hacer nada. Carbajo había participado en la creación de la comunidad de regantes de Destriana, y como la mayor parte de sus compañeros represaliados, era militante de la Sociedad de Trabajadores de la Tierra. Sus hijos y su hermana esperan poder recuperar sus restos en la exhumación que comienza hoy.

José Villalibre Toral tenía 39 años cuando fue asesinado. Era albañil. Su hija lo está buscando desde entonces. Baltasar Valderrey era labrador y tenía 42 años el día de su muerte. Lo buscan sus nietos. Aquilino Ortega había cumplido 50 años cuando fue asesinado. Era natural de la localidad palentina de Cívico Navero. Sus nietos le reclaman.

Fueron asesinados en el paraje del término municipal de Jiménez de Jamuz conocido como los Corrales de la Gándara y desde allí, trasladados hasta Camarzana de Tera, donde el alcalde de la localidad ordenó que fueran enterrados en el atrio de la iglesia de Santa Marta.

En ese mismo lugar, esperan encontrar a otro grupo de tres hombres fusilados cuatro meses después, el 23 de octubre de 1936.

08/06/2009    

VIDA & ARTES

El tiempo se acaba para las víctimas de Franco

La discusión sobre competencias entre jueces y Administraciones deja la apertura de fosas en el limbo  -  Los familiares de los fusilados se mueren sin haber logrado sacarlos de las cunetas

NATALIA JUNQUERA

Hay magistrados convencidos de que la Guerra Civil arrancó en 1934 y que la Ley de Memoria Histórica es “una perversión ética” que “corrompe y envenena el presente”. Hay jueces que creen que el 18 de julio de 1936 Franco inició un plan de exterminio de rojos que provocó la desaparición de más de 150.000 personas y la sustracción de cerca de 30.000 niños. Hay jueces, pocos, que se creen competentes para ordenar la apertura de las fosas comunes donde yacen las víctimas. Otros, algunos más, que opinan que no es de su incumbencia. Y la mayoría, que guardan silencio y dejan en un cajón la causa que recibieron de la Audiencia Nacional hace meses para levantar los cadáveres de las cunetas.

Mientras unos y otros debaten si iniciar una causa para abrir las fosas de Franco es o no prevaricación y si deben o no encargarse de esos enterramientos clandestinos en el pueblo más cercano a su jurisdicción, miles de familiares de víctimas esperan. Algunos, desde 1936. Muchos han muerto esperando.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), insiste con frecuencia en ese dato: los hijos de los desaparecidos de la Guerra Civil tienen, como mínimo, 70 años (el pasado 1 de abril se cumplió ese mismo aniversario del fin de la contienda). Y se mueren. “No hay tiempo”, repite Silva, cada vez que un nuevo obstáculo, una discrepancia judicial, pospone el deseo de los familiares de enterrar a las víctimas en un lugar distinto al que fueron arrojados por sus asesinos.

Este es el recorrido de alegrías y disgustos que esas familias han disfrutado o padecido durante los últimos años a través de autos y silencios judiciales o leyes estatales y autonómicas hasta llegar a un punto muerto donde se investiga al juez que quiso investigar los crímenes del franquismo y el Gobierno pide a las autonomías que asuman la competencia sobre fosas y todas, menos dos, se niegan. “Nos sentimos desahuciados”, resume la nieta de un fusilado.

Llevaron las desapariciones de los suyos a la Audiencia Nacional en diciembre de 2006. Hasta entonces, las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica recurrían al juzgado provincial del lugar donde se encontraba la fosa para que iniciara una investigación que culminara con la exhumación de las víctimas y los juzgados nunca contestaban. El 16 de octubre de 2008, el juez Baltasar Garzón, atendiendo sus denuncias, abría una causa contra el franquismo por crímenes contra la humanidad y ordenaba la apertura de 19 fosas, entre ellas la del poeta Federico García Lorca, que yace junto a los banderilleros Joaquín Arcollas y Francisco Galadí, y el maestro Dióscoro Galindo. La alegría de los familiares de estos dos últimos fue inmensa, porque durante años, habían tropezado con la oposición de los Lorca para abrir la fosa. “Llevo 10 años esperando este momento. Me parece un sueño”, explicó Nieves Galindo, nieta del maestro. Pese a todo, había dos cosas que impedían que la alegría fuera completa. La primera, las ausencias: “Siento que mi padre se lo pierda. Le hubiese gustado mucho oír esta noticia”, declaró Nieves.

Y la segunda, un sensato escepticismo a la vista de lo que ocurrió después, y que aquel día de euforia no podía disimular Paco Galadí, nieto del banderillero enterrado con Lorca: “Antes de morir, mi padre me pidió que lo siguiera intentando. Hasta que no vea la fosa abierta no me lo creo. Son muchos años y muchas decepciones”.

Para entonces ya habían vivido unas cuantas, salpicadas por pequeños triunfos como atravesar la puerta de la Audiencia Nacional para llevar a un juez el informe más detallado de la represión franquista, con los nombres, investigados uno a uno, de 143.353 paseados, fusilados y enterrados en fosas comunes.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional se opuso a la apertura de la causa por entender que se trataba de delitos comunes ya prescritos. El pleno de la Sala de lo Penal del tribunal decidió, en una reunión convocada con una insólita urgencia, paralizar las exhumaciones ordenadas por Garzón, quien poco después, en noviembre de 2008, se inhibía a favor de 62 juzgados territoriales donde estaban las fosas. Vuelta al principio.

Desde entonces no se ha abierto ninguna con la autorización de un juzgado. El de Porriño (Pontevedra) archivó la causa al considerar que no había delito puesto que no había autor conocido del mismo. En Ponferrada, dos juzgados pelean para deshacerse del exhorto de Garzón intentando que lo asuma el otro. También se han negado juzgados de Zaragoza, Huelva y Granada, que recibió la causa sobre la fosa de Lorca. La juez Aurora Fernández se declaró incompetente, en contra del criterio del fiscal, para investigar los hechos, pero alegando que el tribunal competente, puesto que para ella se trataba de crímenes contra la humanidad, es precisamente el que le envió la causa, la Audiencia Nacional.

La exhumación que hoy arranca en Santa Marta de Tera (Zamora) es la primera que se abre en España con supervisión judicial, en este caso de la juez de Benavente Tania Chico.

La situación se complicó aún más para las familias al admitir a trámite el Tribunal Supremo una querella del sindicato ultraderechista Manos Limpias contra Garzón por prevaricación al declararse competente para investigar los crímenes del franquismo. Doce asociaciones dedicadas a ayudar a los familiares de las víctimas presentaron un escrito de recusación contra los magistrados del Supremo por “el fundado temor de falta de imparcialidad” y se autoinculparon en la querella de Manos Limpias con 113 firmas como “cooperadores necesarios o inductores” de las actuaciones de Garzón. La oficina de atención a las víctimas de la ARMH ha enviado al juez el desconsolado mensaje de apoyo que la nieta de un fusilado dejó en su contestador al conocer la noticia.

Los “fundados temores de falta de imparcialidad” se dirigían especialmente al magistrado Adolfo Prego, ponente de la admisión a trámite de la querella de Manos Limpias y patrono de honor de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, presidida por un cargo del PP y muy próxima al querellante. Prego se opone radicalmente al proceso impulsado por la Ley de Memoria Histórica; tanto, como indica la frase con la que arranca este texto y que suscribió con su firma en un manifiesto titulado Por la verdad histórica, que firman también Jiménez Losantos o Pío Moa.

Pese a todo, Silva piensa que este nuevo varapalo puede ser finalmente una oportunidad para los que buscan. “Si la querella contra Garzón se archiva, ¿significa que sí es competente y que puede volver a encargarse de ello?”, se pregunta.

Antonio García, portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, advierte: “El derecho no es una ciencia exacta”. A continuación explica que los juzgados de instrucción “no pueden ejercer competencias más allá de las que tienen legalmente atribuidas: esclarecer unos hechos con indicios de naturaleza delictiva e investigarlos con el objetivo último de depurar responsabilidades”. En este caso, señala, los que podrían haberlos cometido han muerto. Por eso, piensa que “no es el poder judicial” quien tiene que encargarse de la localización de víctimas de la Guerra Civil, sino otros, como el político.

La progresista asociación Jueces para la Democracia no está de acuerdo. Recientemente organizó en Madrid, con la asociación de magistrados europeos por la democracia y las libertades (MEDEL), un “coloquio internacional sobre la memoria” con la pregunta: “¿Se puede juzgar la historia?”. Durante dos días, magistrados, investigadores, abogados, fiscales y ONG trataron de responderla. En su declaración de conclusiones, escribieron: “Las políticas de la memoria desarrolladas actualmente en España no han puesto todavía remedio integral a la situación de abandono y vulneración de los derechos humanos de los miles de desaparecidos de la represión franquista y sus familiares (...) Hay que subrayar la obligación de los Estados de emprender por propia iniciativa de sus autoridades y no de los familiares o asociaciones privadas una investigación oficial efectiva e independiente en todos los casos de desaparición forzada de los que se tenga noticia. Esta obligación se desprende de los artículos 2 y 13 del Convenio Europeo para la protección de Derechos Humanos y ha sido reafirmada por jurisprudencia constante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

Uno de los participantes en aquellas jornadas, el magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y ex juez internacional de la Sala de crímenes de guerra del Tribunal de Bosnia-Herzegovina José Ricardo de Prada, opina que el hecho de que los presuntos verdugos hayan muerto no elimina “las obligaciones judiciales de buscar a los desaparecidos”. Las actuaciones judiciales, añade, “tienen una obligación de investigar ese hecho delictivo. Los culpables son un paso posterior. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas. España, un país que ha sido modelo en causas de justicia universal, todavía tiene en casa los deberes sin hacer”.

En la misma línea, Amaya Olivas opina: “Que Franco esté muerto no impide esclarecer los hechos”. Esta juez de instrucción destinada en Barcelona realizó un protocolo judicial para orientar a sus colegas porque le parecía “vergonzoso” cómo salían huyendo cuando les llegaba un caso. “Si alguien encuentra unos restos humanos en un descampado, se llama a la policía judicial y se extraen muestras de ADN para averiguar quién es. ¿Por qué si se sospecha que son restos de fusilados durante la Guerra Civil se plantea que no?”.

Esa discusión sobre quién puede investigar ha paralizado en la práctica la investigación, la última oportunidad para los hijos, ya ancianos, de muchas de las víctimas. Casi todos los jueces que se han negado a investigar han apuntado que deben ser otras instituciones públicas las que se encarguen de llevar a cabo algo en lo que todo el mundo parece estar de acuerdo en la teoría: rescatar a las víctimas de las cunetas para que sus familiares puedan enterrarlos dignamente donde quieran. Y se agarran a la ley de memoria histórica para justificar su inhibición en el asunto.

Pero si los jueces no se ponen de acuerdo, las Administraciones, menos.

La ley de Memoria Histórica establece un sistema de colaboración con las asociaciones de familiares en las exhumaciones, pero no las asume. El Gobierno envió recientemente un protocolo a las comunidades autónomas pidiéndoles que asumieran la apertura y todas, menos dos (Canarias y País Vasco), se negaron. Cataluña, por su parte, aprobará en unas semanas en el Parlamento su propia ley de fosas, que, a diferencia de la estatal, asume directamente las exhumaciones y sus costes.

Francisco Extxeberria, médico forense y miembro del frustrado comité de expertos nombrado por Garzón para asesorarle en la causa contra el franquismo, ha coordinado casi un centenar de exhumaciones desde el año 2000. En Chile hace algo parecido, pero allí trabaja para una comisión judicial nombrada por el Gobierno, y aquí atiende desinteresadamente las llamadas de las asociaciones de víctimas. “En otros países, nadie duda de la necesidad de la intervención de los tribunales de justicia. Esta semana, en Chile, se han exhumado los restos del cantante Víctor Jara y el juez ha liderado las tareas. En estos procesos, lo lógico es que exista una tutela y una dirección judicial con la misma naturalidad con la que se producen en otros tantos casos todos los días”. E insiste: “En España hay medios humanos y técnicos para realizar estas tareas”.

En la misma línea, el exjuez internacional en Bosnia José Ricardo de Prada opina: “Los procesos de identificación por ADN se han abaratado y sofisticado mucho. Si hay voluntad, son costes muy pequeños para beneficios muy grandes”. Él lo sabe bien. En Bosnia, la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas ha desarrollado una base de datos con más de 87.000 familiares de 28.762 desaparecidos y se han tomado más de 29.000 muestras de ADN de los restos exhumados hasta conseguir identificar a casi 15.000 personas. No fue fácil. “Los cadáveres habían sido exhumados y vueltos a enterrar para dificultar su hallazgo. Muchos se fragmentaron. Se han resuelto casos de restos humanos de una misma persona diseccionados y repartidos hasta en seis lugares distintos, a veces, en radios de más de 30 kilómetros”.

Sin esos medios, sin esa tutela judicial o estatal, las asociaciones de familiares, apoyadas por voluntarios de todas las disciplinas implicadas (arqueólogos, forenses, psicólogos, historiadores...), siguen recogiendo testimonios, recorriendo archivos, exhumando fosas y, si hay suerte y dinero, identificando los restos para devolvérselos a su familiar. No dan abasto a las peticiones. En ocho años han rescatado 4.000 cuerpos de las cunetas, a veces con subvenciones del Gobierno, y la mayor parte del tiempo, sin ellas.

“Si nosotros hemos podido resolver un 2% del problema, el Estado podría solucionarlo en dos años”, afirma Silva. Un signo de buena voluntad, añaden, sería que Zapatero cumpliese la promesa hecha en diciembre en una entrevista en Cuatro, de reunirse con ellos y empezar a hablar.

21/08/2009    

Los agentes visitan el lugar del crimen 73 años después

La Guardia Civil hace fotografías en una fosa de León de cuatro cráneos con balazos para llevarlas al juzgado

NATALIA JUNQUERA, Madrid

Agentes de la Guardia Civil visitaron ayer el lugar de un crimen cometido hace 73 años. En Quintana de Rueda (León) el equipo de arqueólogos y antropólogos forenses de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica les mostró las pruebas inequívocas de cuatro asesinatos: “Hemos encontrado los cráneos agujereados por impactos de bala y las balas. Seguramente, en el laboratorio, los expertos detectarán alguna fractura en los huesos producto de los golpes. Es lo habitual en estos casos”, relató Santiago Macías, vicepresidente de la asociación.

Los agentes fotografiaron los esqueletos que yacían al aire 73 años después de haber sido enterrados y los proyectiles que les habían matado. Todo está ahora en manos de un juzgado de León, que deberá decidir si asume la investigación de este caso que le remitió el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón o si se lo devuelve.

Tres de las cuatro víctimas -Victorino Tejerino Reyero, Antonio Pérez Reyero y Domingo Largo Rodríguez- eran solteros y no tenían hijos. Solo Pulpino, hijo de Gumersindo González, ha seguido los trabajos de exhumación con la inquietud del que busca algo que es suyo. “Lo mataron a los 34 años. Yo tenía entonces cinco, una hermana de siete y otra de tres. Pasaba siempre por esta carretera, sabiendo que estaba por aquí, pero hasta que la asociación me ha ayudado no lo he podido sacar”, relata.

Pulpino lleva queriendo rescatar el cuerpo de su padre de una fosa anónima toda la vida. “Al principio, nadie en el pueblo quería contarme nada, porque aún tenían miedo, pero al final un hombre me contó que su padre, que trabajaba cerca, vio las luces del camión y oyó los tiros de noche. Cuando se hizo de día y fue al sitio al día siguiente algunos aún seguían vivos. No sé si alguno de ellos sería mi padre, pero ya no pudieron hacer nada por salvarles y les enterraron los propios vecinos”.

Gumersindo González era zapatero. Vivía en Santa Olaja de la Acción, un pueblo cercano. Las otras tres víctimas, que murieron sin hijos, eran gente de campo afiliada a sindicatos agrarios. Victorino y Antonio eran primos y naturales del municipio de Prado de la Guzpeña. Domingo Largo Rodríguez era vecino de Taramilla. Es prácticamente todo lo que se sabe de ellos tres, “porque, desgraciadamente, les asesinaron antes de que pudieran formar una familia” y en este caso, no ha habido hijos, como Pulpino, para contar quiénes eran.

En 73 años, Pulpino le ha dado muchas vueltas a lo sucedido. Hoy está convencido de que su padre acabó donde acabó por un enfrentamiento ridículo con un vecino. “Creemos que fueron a por mi padre porque le denunció un vecino con el que se había enfrentado por el regadío. El enfrentamiento había sido de soltero, pero debió de darle igual denunciarle cuando era padre de tres hijos”, lamenta.

Pulpino está un poco decepcionado porque entre los objetos personales hallados en la fosa -un par de gemelos, un peine, un mechero...- no ha aparecido el reloj de su padre. “Después he sabido que, además de matarlos, los falangistas les quitaban todo lo que tenían de valor. Me han contado la historia de un hombre del pueblo que tenía una chaqueta muy elegante y cómo un día un falangista apareció con ella puesta. Le había matado”.

El equipo de expertos que ha trabajado en esta exhumación, encabezado por el arqueólogo René Pacheco y el antropólogo forense Derek Congram, que ha venido desde Canadá para ayudar a exhumar fosas de la Guerra Civil, recogía ayer los restos hallados para llevarlos al laboratorio. Allí analizarán las lesiones de los huesos y sabrán en qué condiciones murieron. Aunque los cráneos agujereados por impactos de bala revelan ya un dato: los asesinos miraron de frente a sus víctimas antes de matarlos. Uno de los cráneos tiene el orificio de entrada del proyectil sobre los ojos.

Pulpino ya tiene planes para su padre si le confirman que uno de los esqueletos hallados en esta fosa es él. “Lo enterraré en un nicho, con el resto de la familia, y le haremos un funeral”. No le dio tiempo a acumular muchos recuerdos de él porque tenía cinco años cuando se lo llevaron, pero cuando piensa en su padre le ve en bicicleta: “Tenía una de carreras preciosa, y ¡entonces nadie tenía bici!”.

25/08/2009    

Aragón estudia sancionar la exhumación de dos fusilados

NATALIA JUNQUERA, Madrid

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se enfrenta a una posible multa de entre 60.101 y 300.506 euros por la apertura de una fosa común en la localidad de Valderarnero (Calatayud) el pasado 17 de julio.

El Gobierno de Aragón les ha enviado una carta advirtiéndoles de que al exhumar los restos de dos fusilados de la Guerra Civil sin la autorización del Director general de Patrimonio Cultural han podido cometer una “infracción grave” sancionada con multas de hasta 300.506 euros.

En su carta, fechada el pasado 24 de julio, el Gobierno aragonés daba un plazo de 20 días hábiles a la asociación para enviarles un informe detallado de sus actuaciones a fin de valorar “la posible incoación de un expediente sancionador”. Ese plazo expiró el pasado viernes.

Amenaza

El vicepresidente de la asociación, Santiago Macías, confía en que el Gobierno de Aragón no cumpla su amenaza. “Si lo hace, estará castigando a los familiares de las víctimas, que son los que promueven la apertura de Esta y de todas las fosas.

“Nosotros no vamos abriendo fosas por España; a nosotros nos llaman los familiares para pedirnos ayuda y cuando se puede, exhumamos los restos”, asegura Macías, quien puntualizó: “En este caso, pedimos permiso al Ayuntamiento de Calatayud, que además, era propietario del terreno donde se encontraba el enterramiento clandestino y nos lo dio”, dijo el presidente de la ARMH.

29/08/2009    

“Siento dolor, pero peor habría sido irme sin ella”

Laurentino encuentra a los 91 años los restos de su madre, fusilada en 1936

NATALIA JUNQUERA, Madrid

“Siento dolor, pero peor hubiera sido irme sin encontrarla”. Laurentino Fernández, de 91 años, descubrió ayer, ante la fosa de Lario (León) donde aparecieron los restos de su madre -fusilada en 1936-, que al cumplir un deseo que había ocupado 73 años de su vida no iba a ser capaz de sentirse plenamente satisfecho. “Es un momento alegre, pero también triste. Estoy contento de haberla encontrado, pero me duele mucho lo que sufrió”.

Laurentino ha sabido, por declaraciones de testigos, que su madre, María de los Desamparados Blanco, fusilada la noche del 30 de septiembre de 1936 por un grupo de falangistas junto al también maestro Eusebio González, no se resignó a morir. Luchó con su verdugo. “Hay vecinos que me han contado que la oyeron gritar. Que uno de los asesinos llegó a casa con la cara llena de arañazos y que cuando su mujer le preguntó qué le había pasado, respondió: 'Vengo de pelear con la maestra de Burón”. También sabe que el asesino desvistió a su madre, antes o después de matarla, porque la mujer del falangista paseó un día por el pueblo con el abrigo y el bolso de María de los Desamparados Blanco.

“No me duele su muerte, porque todo el mundo tiene que morir, pero me duele mucho su sufrimiento. Me ha dolido siempre, durante la Guerra Civil, en Rusia, con la División Azul... Nunca he dejado de pensar en ella. La he llevado en el corazón estos 73 años”, relató emocionado Laurentino.

El hallazgo se produjo ayer por la mañana. Los restos de María de los Desamparados y Eusebio González estaban alrededor de una enorme piedra a la que el jueves, cuando arrancó la búsqueda, los arqueólogos no habían dado importancia. “De repente vimos que sobre la pierda había una forma de cruz y empezamos a excavar alrededor. Enseguida encontramos las gafas del maestro, que debía llevar en un bolsillo. La montura estaba prácticamente deshecha, pero los cristales estaban bien”, explicó Santiago Macías, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Durante toda la tarde siguieron retirando la tierra de los huesos. Hoy esperan poder retirar los restos.

Con 91 años cumplidos, Laurentino ya no contaba con una oportunidad así. Cuando los arqueólogos y antropólogos de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica comenzaron a buscar a su madre el jueves, Laurentino no tenía muchas esperanzas. Hacía 73 años que la había oído despedirse -”Tú, tranquilo; mañana estoy aquí”- antes de que los falangistas la subieran a un coche con Eusebio y el pretexto de llevarla a declarar a León en el juicio a otro maestro.

04/09/2009    

Iniciativa y ERC piden revocar los títulos que concedió Franco

La propuesta reclama la retirada de honores a los golpistas

NATALIA JUNQUERA, Madrid

Los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana e Izquierda Unida-Iniciativa registrarán hoy en el Congreso una proposición no de ley para revocar todos los honores y condecoraciones reconocidos por el Estado a Franco, a su familia y a sus colaboradores, Emilio Mola, José Moscardó, Gonzalo Queipo de Llano, Juan Yagüe, José Antonio Primo de Rivera, Onésimo Redondo y Luis Carrero Blanco. El grupo recuerda que Franco se arrogó en 1948 por decreto la potestad de otorgar títulos nobiliarios y distinguió a una serie de personas cuyo mérito fue “su participación en el golpe de Estado que derrocó la democracia o su colaboración con la dictadura”. Y añaden: “El actual Estado democrático (...) no puede mantener condecoraciones y honores a golpistas y represores”.

“Es ridículo incluso que haya que debatir la retirada de honores a los asesinos, pero Esa es la triste anomalía de este país”, explicó el diputado Joan Tardà. Se trata de títulos concedidos tanto por Franco como por el Rey antes de la entrada en vigor de la Constitución, como el concedido a Carmen Polo. “En cualquier otra democracia europea es impensable que gente que se distinguió por el ejercicio de la represión siga siendo reconocida con todos los honores”, añadió Tardà. “Es un debate para mantener la mala conciencia, que puede sacar los colores al Gobierno ante la Unión Europea”.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que representa a los familiares de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, también solicitó al Gobierno en marzo que retirara los títulos nobiliarios que Franco concedió a algunos de los militares golpistas más sanguinarios, como los generales Mola, Queipo de Llano o Dávila. Pero el pasado 20 de febrero, el ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, renovó el título de Duque de Mola con Grandeza de España a los descendientes del general, el mismo que tras el golpe de 1936, ordenó a su ejército: “Hay que sembrar el terror (...) eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros”. Para la asociación, es “incomprensible” que “quienes destruyeron la democracia durante cuatro décadas y sus descendientes reciban honores de Estado”, mientras que los que la defendieron “se encuentran aún en fosas comunes”.

11/10/2009    

MEMORIA HISTÓRICA

¿Quién oculta a Lorca?

A punto de abrirse la fosa donde se cree que yace el poeta, los arqueólogos firman un contrato  de silencio. ¿Qué quieren esconder los que se oponen desde hace 13 años a esta exhumación?

NATALIA JUNQUERA

“Yo lo enterré”.

-¿Dónde está exactamente? ¿Lo recuerda?

-¿Cómo me podría olvidar de una cosa así? Está cerca de la fuente, en el camino que lleva a Víznar, a la izquierda. Es un olivar pequeño, al lado de un barranquillo, cerca de un olivo, a tan solo diez metros de la carretera. Allí está, casi debajo del olivo.

El diálogo tiene lugar en Granada en 1955 entre Manuel Castilla, Manolo el Comunista, el hombre que enterró a Federico García Lorca la madrugada del 18 de agosto de 1936, y Agustín Penón, el hijo de una pareja de exiliados españoles que ha llegado desde EE UU para investigar la muerte del poeta español más famoso en el mundo. El primero -el enterrador de Lorca- llevó 10 años después al hispanista Ian Gibson al mismo lugar. El segundo regresó en 1956 a Nueva York sin un céntimo y con una maleta con la más completa investigación sobre la muerte del poeta, incluida una entrevista con el hombre que había ido a detenerle y que 15 años después del asesinato conservaba en su estantería un volumen de las obras completas de Lorca. Pero Penón nunca se atreverá a escribir la historia.

Ahora, 73 años después del asesinato del poeta, y casi 54 desde aquel diálogo entre enterrador e investigador, un equipo de arqueólogos se prepara para abrir la tierra en ese mismo lugar y comprobar si a Manolo el Comunista no le falló aquel día la memoria y si, como le confesó a Penón, Lorca no había muerto solo. Le acompañaban “el maestro cojo de Pulianas”, Dióscoro Galindo, y dos banderilleros, Francisco Galadí y Joaquín Arcollas, afiliados a la CNT.

Casi una vida después y tras múltiples intentonas, por la vía judicial y administrativa, la Junta de Andalucía ha decidido realizar la exhumación más problemática de asesinados durante la Guerra Civil de las más de 130 practicadas hasta ahora. Desembolsará 60.000 euros y exigirá confidencialidad por contrato a quienes participen en los trabajos. La fosa se abrirá a finales del presente mes, tras una larga e intensa lucha entre quienes deseaban conocer la verdad y quienes preferían conservar el mito y que ahora, ante la inminencia de la apertura, pugnan por establecer sus condiciones.

Pero cuando la tierra se abra bajo ese olivo, el mundo entero estará observando. De todas partes han llegado peticiones de expertos para participar en el proceso sin remuneración alguna. La consejera de Justicia del Gobierno andaluz, Begoña Álvarez, calla los nombres, porque ha contestado negativamente a célebres universidades y centros de investigación extranjeros que se han puesto en contacto con ella. Desde el mismo despacho en el que el general Gonzalo Queipo de Llano dio la orden de dar muerte al poeta, la consejera cuenta que el miércoles firmará un convenio con la Universidad de Granada, el Ayuntamiento de Alfacar, la Diputación de Granada y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica para perfilar el equipo que se encargará de los trabajos. Después, se colocará una enorme carpa alrededor de la valla que ya impide el paso a los 300 metros delimitados para que los expertos empiecen a buscar. “Será un equipo pequeño, precisamente para garantizar la confidencialidad, al que le hemos pedido que hagan el mayor sacrificio que puede hacer un científico: el silencio”, afirma Álvarez. “Casi todos serán andaluces”, añade. Hay ya dos nombres seguros: el del arqueólogo Francisco Carrión y el de José Antonio Lorente, director del Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada, autor, entre otros, de la identificación de los restos de Cristóbal Colón. Todos serán registrados al entrar. “No podrán llevar móviles o cámaras”, puntualiza la consejera. Habrá guardias día y noche vigilando el lugar para evitar, como ha solicitado la familia de Lorca, que los restos sean exhibidos.

La Junta asegura que solo difundirá los datos que le permitan hacer públicos las familias de las víctimas. Y la de Lorca, que siempre se ha opuesto a la apertura, se asegura ahora “el derecho a identificar los restos” del poeta.

Pero para cuando los arqueólogos se arrodillen finalmente bajo aquel olivo habrán pasado 73 años de miedo, olvido y fantasía. Y entre las vallas, bajo la carpa, aunque no estén presentes, habrá un hispanista irlandés que se reconoce “obsesionado” con Lorca, que se juega su prestigio profesional y que promete hacer las maletas y marcharse de España si el contrato de silencio le impide morirse sin saber si tenía razón. También, el fantasma de un perdedor, que teniendo en una maleta la fama y la fortuna, nunca se atrevió a abrirla y enseñársela al mundo. Y una mujer rota, adoptada por el hijo de una de las víctimas a los tres días de nacer, que lleva 13 años luchando por recuperar los restos de su abuelo y que ahora, en la recta final, sabe que no podrá hacer nada para identificarle porque su hermanastra asegura que ella no les representa y no ofrecerá su ADN.

Y la presión de una familia que ha luchado contra viento y marea para evitar este momento y a la que se le acaban los derechos de explotación de una herencia cultural multimillonaria -no hay día que no se represente en alguna parte del mundo una obra de Lorca y la familia suele recibir el 10% de la taquilla- en 2016. Amén de un juez estrella, Baltasar Garzón, que podría ser apartado de la carrera judicial por haber abierto una causa al franquismo y ordenar la apertura de esta fosa. ¿Aguantará la lona del secreto tanto peso?

Gibson cree que no. “Si conozco bien este país”, dice el hispanista, “la exigencia de confidencialidad no triunfará. Los implicados se lo contarán a sus familias y terminará conociéndose lo que ha ocurrido ahí. Tiene que ser así”. ¿Y si se equivoca? “Me voy de España”. Asegura que no iría a ver la exhumación aunque le dejaran hacerlo -”mi corazón no lo resistiría y no es una forma de hablar”-. “Casi me volví loco. Vine a Granada para hacer una tesis y la tesis se convirtió en una investigación detectivesca. Estaba dispuesto a todo por averiguar cosas, incluso a robar documentación. Los Lorca creen que el desaparecido más célebre de la Guerra Civil, el segundo embajador español más importante después de Cervantes, es de su propiedad. Y no es cierto. Lorca es propiedad del mundo. Todo escritor es un exhibicionista, publicar es hacer público. Lorca quería ser famoso, llegar a la gente, y estoy convencido de que se rebelaría ante su familia si pudiera. Todo lo que queremos los que le admiramos es saber cómo murió”.

Nieves García, sin embargo, sabe que ya no puede hacer nada para cambiar los futuros acontecimientos. “Siento una pena terrible porque no le vayan a identificar”, dice la nietastra del maestro Dióscoro Galindo. “Su hijo me adoptó a los tres días de nacer porque mi madre, que estaba sola, no podía mantenernos a cuatro hermanos. A los 9 años me dijeron que era adoptada. Para mí, él era mi padre y Dióscoro ha sido siempre mi abuelo, aunque ahora mi hermana Nieves diga que no soy de la familia y que mi ADN no sirve para identificarle. Mi padre me contó muchísimas veces que fueron a por mi abuelo por ser maestro nacional y laico, y que lo enterraron con Lorca y dos banderilleros. Él se murió con la pena de no haber podido recuperar los restos y mi madre también. Recuerdo cuando Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, vino a contarnos que había recuperado a su abuelo, ¡y eso nos pareció un sueño! Desde entonces he ido de una puerta a otra intentándolo. ¡Con Garzón estuve tan cerca...!”.

El padrastro de Nieves García nunca se atrevió a acercarse al lugar donde todos le habían dicho que estaba enterrado su padre, el maestro rojo de Pulianas. “Tenía mucho miedo. Incluso en democracia. Yo le decía: 'Papá, ahora ya no pasa nada'. Y él me contestaba: 'Los que estaban, siguen estando y no se sabe por dónde pueden salir”.

 Algo parecido le ocurre aún a la madre de Francisco Galadí, el nieto del banderillero del mismo nombre, que lleva ocho años contemplando con envidia cómo se abrían y cerraban fosas sin más aspavientos que la voluntad de una familia porque la víctima no había hecho el último paseo junto al poeta español más famoso de todos los tiempos. “Mi madre es muy mayor y para ella es como si no hubiese terminado la guerra. Cuando me ve hablando de recuperar los restos de mi abuelo, le entra una enfermedad. Piensa que le puede pasar a su hijo lo mismo que al padre de su marido”, explica.

Es la dosis de olvido (o ganas de olvidar) y de miedo -de un terror tan arraigado que ha sobrevivido al hombre que lo provocó y murió en la cama-, contenida en esta fosa. La porción de fantasía está llena de teorías sobre la muerte de Lorca, incluida la que dice que sobrevivió a su fusilamiento, pero perdió el habla y no pudo decirle a nadie que él era el autor del Romancero gitano. Otra que cuenta que la familia rescató su cuerpo de la fosa al día siguiente de haber sido fusilado e incluso la que dice que fue denunciado por pederastia. Todo el mundo parece tener una versión sobre lo ocurrido, y también sobre quienes quisieron averiguarlo. “Cuando llegué a Granada todos me preguntaban por Penón. Había quien decía que era de la CIA y que lo había detenido la policía por espía”, recuerda Gibson.

El hispanista recibió en 1980 la maleta de Penón de manos de William Layton, un escritor amigo que la había heredado a su muerte, con el encargo de hacer el libro que él no había podido escribir. Gibson publicó en 1990 Diario de una búsqueda lorquiana con solo parte de los hallazgos de Penón. El libro pasó inadvertido y en 1991 Layton recuperó el material. Murió cuatro años más tarde, pero en su testamento había dejado en herencia nuevamente la maleta. Esta vez a una actriz y escritora de cuentos infantiles muy amiga de ambos, Marta Osorio, que, tras 12 años analizando la documentación, publicaría en 2009 un volumen de 781 páginas, con los hallazgos de Penón, titulado Miedo, olvido y fantasía.

“Al regresar a Nueva York, Agustín Penón se dio cuenta de que había gastado toda su fortuna en Granada, invitando a unos y otros. Tuvo que ponerse a trabajar en una fábrica de coches y de camarero en un restaurante italiano. Y tuvo muchas dudas. Agustín temía que le pasara algo a las personas que le habían ayudado a saber, y temía que su libro no estuviera a la altura de lo que había averiguado, que no le gustara a Lorca. Le faltó alguien que le apoyara”, relata Osorio.

 Un malentendido en el día y la hora de la cita impidió que Penón se encontrara con un amigo escritor al que le rogaba, desesperado, en una carta precisamente ese empujón: “Querido, recordado Toño : hace tres meses que regresé de España con una maleta en la mano llena de Federico y su trágica historia. (...) Tengo en mis archivos 1.300 páginas de notas adquiridas durante dos años de investigación (...) Todo late en mis archivos como un corazón gigante y salvaje que a veces me impide dormir con su intensidad. He pasado los últimos dos meses buscándole un latido comunicable... pero tengo dudas, Toño, dudas que me paralizan”.

En esas 1.300 páginas figuraba la entrevista con Manuel Castilla, miembro del “pelotón de enterradores” al que despertaban de madrugada antes de que las víctimas fueran paseadas y que, según describió Penón, “se vestían siempre con la duda de si iban a enterrar a otros o serían ellos mismos los enterrados”. Manuel Castilla le explicó que “el grupo de Federico” fue llevado al lugar de la fosa en un vehículo requisado al doctor Alejandro Otero, de siete plazas. “En cuanto el coche con las víctimas arrancaba, nosotros, los enterradores, los seguíamos en otro coche. Las herramientas para nuestro trabajo, piochas, azadas y palas, iban en el coche de las víctimas pues se les decía que iban a trabajar”, relató Castilla a Penón.

También recoge el libro la entrevista con Ramón Ruiz Alonso, el hombre que fue a detener a Lorca a casa de los Rosales, una familia de falangistas entre los que se había escondido, y que le espetó a Penón: “Es usted el primer hombre que ha tenido las agallas de acudir a mí, que soy la principal fuente de información, para preguntarme lo que ocurrió”, antes de deshacerse en una poco creíble versión sobre un error fatal que había terminado en fusilamiento. En su despacho, Ruiz Alonso tenía las Obras completas de Lorca. “Aunque sé que es demasiado insensible para sentir remordimientos, aunque sé que la presencia de este libro en la estantería solo habla de su crueldad y de su cinismo, no puedo evitar sentir un débil impulso de piedad hacia un hombre condenado para siempre a ser perseguido por el resplandor de su víctima”, escribió Penón.

En aquella maleta llena de Federico había sitio también para “el suspiro romántico de una mujer granadina que le quiso demasiado”, la burguesa e inteligente Emilia Llanos Medina, pese a que Esta nunca sería correspondida. “Penón hizo en año y medio la investigación más completa sobre Lorca. Nadie averiguó después de él nada nuevo. Fue el primero, por ejemplo, en hablar de su homosexualidad”, asegura Osorio.

Fue esa cuestión la que rompería años más tarde la relación entre Gibson, el investigador oficial del poeta, y la familia Lorca. “Le escribí a Isabel García Lorca comentándole mi idea de hacer una biografía y me respondió: 'Estupendo, así me ayudarás a ordenar el archivo'. La publiqué, tocando, naturalmente, el tema de la homosexualidad, y entonces la relación se torció. El padre de Lorca era homófobo, pero de la misma manera que no se puede hablar de la obra de Wilde o de Proust sin hablar de su homosexualidad no se puede hablar de Lorca sin mencionarlo. ¡El tema de su obra es el amor imposible!”, explica Gibson.

   ¿Aguantará esa carpa tanto secreto?

21/10/2009    

Hallados restos humanos en una fosa de la guerra en Barro

NATALIA JUNQUERA, Madrid

Los arqueólogos de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica encontraron ayer en una fosa en Curro, en el municipio pontevedrés de Barro, restos humanos que podrían corresponder a dos hombres asesinados brutalmente al inicio de la Guerra Civil. Se trata de Ramón Barreiro Rodríguez, un joven de 19 años al que los falangistas seccionaron un dedo después de matarlo para robarle un anillo, y Castor Cordal Garrido, un electricista de 27, miembro de la CNT. Los asesinos torturaron a sus padres para que les dijeran dónde estaba escondido. La madre de Cordal fue violada y rapada al cero.

20/12/2009    

MEMORIA REVISADA DE GARCÍA LORCA

¿Y ahora dónde estás, Federico?

El fracaso de la búsqueda de Lorca en la fosa de Alfacar abre el cajón de las teorías sobre cómo y dónde murió: podría yacer a pocos metros o en el Valle de los Caídos

NATALIA JUNQUERA, Madrid

Manuel Castilla, Manolillo El Comunista, era camarero. Antes de eso, había hecho unos trabajos de enterrador. Y habría pasado totalmente desapercibido para la historia si no hubiera llevado tres veces a dos hombres al lugar al que deseaban ir por encima de cualquier otra cosa: la fosa de Federico García Lorca. Al primero, en 1956. Se llamaba Agustín Penón y había viajado desde EE UU a Alfacar para averiguar todo cuanto pudiera sobre la muerte del poeta. Al segundo, Ian Gibson, en 1966 y en 1976. Penón quiso pagarle y Manuel Castilla se negó. “No me pidió dinero”, explicó el jueves Gibson, ante la inminencia del desengaño. Un equipo de arqueólogos ha buscado en ese lugar durante 47 días a Lorca y no lo ha encontrado. Ni rastro del poeta, ni huellas de un enterramiento. O Manolo El Comunista mintió o se equivocó. Tres veces.

Es la duda que ahora atormenta a un investigador que ha construido 45 años de trabajo sobre aquel paseo con el camarero que decía haber enterrado a Lorca. Él cree que no le mintió: “No ganaba nada”, explica. También le creyó Agustín Penón porque después de escuchar todo tipo de teorías sobre las circunstancias y el lugar de la muerte del poeta -incluida la del hombre que fue a detenerlo a casa de los Rosales, Ramón Ruiz Alonso- se quedó con el testimonio de Castilla por encima de cualquier otro. La fuente no podía ser más directa, era quien había enterrado los cuerpos.

Pero Lorca no está allí. Puede yacer a escasísimos metros del lugar donde lo han estado buscando o puede estar muy lejos, en Madrid, enterrado junto al verdugo en el Valle de los Caídos. La exhumación sin éxito en Alfacar ha resucitado todas las teorías sobre la muerte del poeta. Son muchas y llevan 73 años alimentando un mito. Y ahora, ¿dónde estás, Federico?

Quizás la alternativa más sólida al lugar que hasta ahora parecía más seguro (el que señaló Manolo El Comunista, donde se construyó el parque Federico García Lorca) es la que dice que fue enterrado en un paraje llamado El Caracolar. Incluso tiene categoría jurídica, aunque solo sea porque el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón la tuvo sobre su mesa cuando decidió abrir una causa contra el franquismo y ordenar la apertura de fosas de la Guerra Civil, entre ellas la de Lorca. Está a solo 430 metros del lugar donde los arqueólogos han estado buscando el pasado mes y medio.

“Yo estoy convencido de que está ahí. Ya sabía que no iban a encontrar nada en Alfacar”, cuenta, ufano, Francisco González Arroyo, historiador y ex presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada. “Me baso en mi propia investigación y en los testimonios recogidos por Agustín Penón y Eduardo Molina Fajardo [falangista y autor del libro Los últimos días de Federico García Lorca]. El que indica este lugar es un testigo de los fusilamientos, que vivía en Las Colonias [la casa habilitada como prisión donde Lorca pasó sus últimas horas]”.

“Se llamaba Valentín Huete. Vivía en Las Colonias con su mujer, Carmen, y veía el trajín de víctimas entrando y saliendo para ser fusiladas. Cuando entraba un pez gordo, es decir, un catedrático por ejemplo, se enteraba, y aquel día sí que era alguien muy gordo. Yo le había preguntado varias veces dónde estaba Federico y él siempre me decía: 'niño, yo de esas cosas no puedo hablar', hasta que un día, de tanto insistir me dijo: 'en aquellos olivillos que hay delante de El Caracolar”, relata González Arroyo.

En realidad, casi todas las teorías alternativas señalan lugares muy próximos al sitio donde han estado buscando, como El Caracolar o el barranco de Víznar, donde hay enterrados cerca de 3.000 fusilados. Gibson cree ahora que los restos del poeta podrían estar del otro lado de la carretera donde se ha excavado, junto a unos chalés. “Los pinos que hay allí pudieron plantarse precisamente para enmascarar los enterramientos”.

A El Caracolar también se dirigió Eduardo Molina Fajardo, falangista, periodista y director de diario Patria, cuyo primer número salió el 29 de agosto de 1936, apenas diez días después del asesinato de Lorca. Molina Fajardo defendió hasta su muerte que los falangistas no habían tenido nada que ver en la muerte de Lorca.

El investigador Miguel Caballero cree que en el desenlace de la detención del poeta tuvo mucho que ver que aquel día sustituía al gobernador civil de Granada, José Valdés Guzmán, camisa vieja de Falange, el teniente coronel de la Guardia Civil Velasco. “Le tenía ganas por el Romance de la Guardia Civil”, añade.

Caballero es autor, junto a Pilar Góngora, de otro libro con una nueva tesis sobre la muerte del poeta con el ambicioso título de La verdad sobre el asesinato de García Lorca. Historia de una familia, que inspiró el documental Lorca, el mar deja de moverse, de Emilio Ruiz Barrachina. Según esta investigación, el caso de Lorca no fue diferente al de tantos otros al principio del conflicto, cuando el levantamiento militar fue utilizado como método para zanjar viejas rencillas por lindes de tierras con denuncias falsas y fatales.

“Yo estaba investigando cómo el padre de Lorca había construido su patrimonio, para lo que necesitamos un poder notarial de la familia Lorca y cuatro años de trabajo. Iba a ser una tesis pero se convirtió en algo más, hasta el punto de que descubrimos que las rencillas familiares por temas económicos tuvieron mucho que ver en el asesinato de Lorca”, revela Caballero.

Según esta tesis, fue una combinación de cuestiones políticas y disputas familiares la que decidió el destino del poeta. Para elaborar esta teoría, el investigador se remontó al siglo XVIII. Los Lorca, los Roldán y los Alba eran familias de labradores con aspiraciones. Querían ser terratenientes. Con la decadencia de la aristocracia pudieron comprar las tierras, pero tuvieron que unirse para pagarlas y establecían matrimonios de conveniencia entre ellos para ampliar el patrimonio. Se convirtieron en una sola familia, en un clan. Pero en los años 20 y 30, llega el momento de dividirse las tierras y empiezan las rencillas.

Además, estaba la división ideológica. El padre de Federico había llegado a ser terrateniente, pero era progresista. Los Roldán y los Alba, eran conservadores. “Cuando el padre de Federico se presentó a las elecciones por el Partido Liberal para ser concejal en el Ayuntamiento de Granada, los Roldán entraron pistola en mano en el colegio electoral, echaron a todo el mundo fuera y llenaron las urnas de papeletas. Tuvieron que anular las elecciones. Además, Horacio Roldán y Federico estudiaban Derecho y mientras Horacio estudiaba mucho, Federico era el niño bonito de Fernando de los Ríos y la envidia que le tenía era atroz. La gota que colmó el vaso fue La casa de Bernarda Alba -que Lorca terminó de escribir poco antes de su muerte-. Esa venganza literaria de Federico fue el desencadenante directo de su detención”.

Y aquí entra Juan Luis Trescastro, el hombre que se jactó en un bar de Granada de haber matado al poeta: “Acabamos de quitar de en medio a García Lorca y le hemos dado el tiro de gracia en el culo, por maricón”. Trescastro estaba casado con una prima del padre de Lorca y era el padrino de la hija mayor de Ramón Ruiz Alonso, que manejaba las temibles Escuadras negras y fue a detener a Lorca a casa de los Rosales”, concluye Caballero.

La excavación en Alfacar sí parece haber descartado la teoría que implica a la familia Lorca en un supuesto traslado del cuerpo al poco tiempo del fusilamiento porque los expertos no han hallado indicios de que allí hubiera habido enterramientos.

Caballero piensa que Lorca podría haber sido trasladado al Valle de los Caídos. “No se puede descartar. En Granada se abrieron fosas para trasladar cuerpos y la de Lorca pudo ser una de ellas”. No es el único que piensa en esta hipótesis, ni tampoco en lamentar la imposibilidad, de momento, de comprobarlo.

Todo parece posible. Ahora más que nunca. La penúltima tesis aseguraría que los franquistas se cuidaron mucho de esconder muy bien el cuerpo de Lorca para evitarle al régimen la mala propaganda. “Me pregunto si existe alguna manera eficaz de llegar al fondo de este asesinato. No. Creo que no la hay. El secreto de esta muerte se irá a la tumba con los pocos que lo conocen”, escribió Penón al término de su investigación. Acababa de entrevistar a uno de los responsables del final de Lorca, Ruiz Alonso, en su despacho donde guardaba las Obras completas del poeta. “Tenga presente que va a recibir la confesión de un católico”, le anunció. Después, no dijo mucho. Solo, que al ver al gobernador civil al día siguiente, Este se llevó las manos a la cabeza y gritó: “¡Lo que nos ha caído encima! ¡Lo han matado!” Y que él sabía quién había sido, pero que nunca lo diría. “Irá a la tumba conmigo”, sentenció Ruiz Alonso. “Podrían torturarme hasta la muerte y nunca, nunca revelaría ese secreto”.

O sobrevivió...

NATALIA JUNQUERA, Madrid

La teoría más disparatada sobre el destino de García Lorca tiene incluso fotografía: un Lorca envejecido, que no sabe quién es porque lo olvidó, posa junto a tres monjas que lo acogieron en su convento tras encontrarlo gravemente herido. Había sobrevivido a su fusilamiento, pero padecía amnesia. Naturalmente, es un fotomontaje, creado por TVE para una serie de documentales de ficción que emitió en 1998. Las monjas eran en realidad la productora de la serie y sus asistentes, pero el hecho de que TVE advirtiera al final de la emisión que era ficción no impidió que la teoría se propagara  como una más en la larga lista de especulaciones sobre la muerte del poeta.

Lo comprobó con asombro el escritor bilbaíno Fernando Marías, autor de la novela La luz prodigiosa, que había inspirado el capítulo televisivo de aquella serie titulada Páginas ocultas de la historia. “Fue algo fascinante. Como de Lorca no había cuerpo se me ocurrió que podía hacer la novela con esta historia y la publiqué en 1990. En 1998 se emitió el capítulo La otra muerte de Federico García Lorca contando esta historia de que había sobrevivido al fusilamiento y unas monjas lo habían estado cuidando hasta que murió, en 1951 de un infarto cerebral”, recuerda Marías. “Juan Bas, coguionista de la serie, y yo discutimos con TVE porque nos parecía que debían avisar al principio del capítulo de que era una ficción, y no al final, que es lo que hicieron, porque era engañar a la gente. La noche que se emitió recibieron cientos de llamadas de personas que creían que era verdad y yo mismo, en Granada, me he encontrado a gente que me contaba la teoría que yo había inventado para la novela. ¡Me quedé estupefacto!”, explica Marías.

Era todo una invención, que dio pie a una novela, a una película y al capítulo serie televisiva, pero caló como cierta entre cierto público. “La revista Enigmas, de Fernando Jiménez del Oso, publicó aquel fotomontaje de la serie como real con un artículo contando la misma historia que nos habíamos inventado”, recuerda Marías. “Los demandamos y fueron condenados por plagio”.

23/01/2010    

Solo comunidades socialistas participan en el mapa de fosas

El Gobierno amplía hasta diciembre de 2011 el plazo para que los familiares de exiliados soliciten la nacionalidad

NATALIA JUNQUERA, Madrid

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, firmará el lunes convenios de colaboración con ocho comunidades autónomas -País Vasco, Cataluña, Andalucía, Asturias, Cantabria, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura- para elaborar un mapa de fosas de la Guerra Civil y la dictadura. El Gobierno se dirigió a todas las comunidades en diciembre de 2008, así como a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para pedirles que firmaran convenios de colaboración para poner en marcha el protocolo de apertura de fosas diseñado por el Ejecutivo y la elaboración de un mapa de enterramientos en todo el territorio nacional. Pero solo las comunidades gobernadas o cogobernadas por los socialistas se han interesado.

Madrid, La Rioja, Murcia y Castilla y León (donde se concentran muchas fosas) manifestaron en su día su disconformidad. El objetivo de la elaboración de este mapa -algo previsto en la Ley de Memoria Histórica-, es “atender la demanda de numerosos ciudadanos que ignoran el paradero de sus familiares desaparecidos y muertos durante Guerra Civil”, según Justicia. Una vez esté elaborado, se pondrá a disposición de quien quiera consultarlo.

El Gobierno prevé suplir la falta de colaboración de algunas comunidades con la de las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica que en los últimos años han realizado recuentos de víctimas de la Guerra Civil y los lugares donde pueden estar enterrados.

Por otra parte, ante la avalancha de solicitudes, el Consejo de Ministros acordó ayer ampliar un tercer año, hasta el 27 de diciembre de 2011, el plazo para optar a la nacionalidad española para los hijos y nietos de quienes tuvieron que renunciar a ella a consecuencia del exilio. Las oficinas del Registro Civil Consular han recibido 161.463 peticiones en un año. El 95,5%, en las embajadas y consulados generales de España en Iberoamérica y en el Consulado General de España en Miami. El Ejecutivo comprobó que el elevado número de solicitudes presentadas en Iberoamérica iba a “desbordar la capacidad de las oficinas consulares y podría hacer imposible” atenderlas todas.

24/01/2010    

La Iglesia también abre las fosas de sus muertos

El arzobispado de Toledo impulsa una exhumación para beatificar a nueve curas

NATALIA JUNQUERA, Camuñas

En una vieja mina romana, a 30 metros de profundidad, en el pueblo toledano de Camuñas, el médico forense Francisco Etxebarria dirige las labores de localización de víctimas de la Guerra Civil, el mismo trabajo que ha realizado en los últimos 10 años y de forma altruista con el equipo de técnicos de Aranzadi. Pero esta vez todo es distinto. Porque esta vez el forense no ha acudido a la llamada de familiares de fusilados que le piden que saque a los suyos de una cuneta para poner su nombre en una placa, sino a la del arzobispado de Toledo. Porque esta vez las víctimas no son republicanas, sino sacerdotes y gente adinerada y de ideología de derechas fusilada por el bando perdedor de la guerra. Y eso, aunque abajo, a 30 metros, para Etxebarria sea el trabajo de siempre, arriba lo cambia a todo.

Arriba, en la boca de la mina, los familiares de las víctimas claman contra la Ley de Memoria Histórica y la apertura de fosas. Cuentan que aquí hay miles, que esto es “el segundo Paracuellos” y hay quien dice que fueron arrojadas vivas ardiendo. Abajo, el equipo de técnicos sabe ya que hay unos 50 cuerpos, no más, y que cayeron muertos, porque tienen orificios de bala y tiros de gracia. “Decían que había 6.000 personas y no hay más de 60”, explica Jorge Teulón, del arzobispado. “Los familiares no tienen ningún interés en sacarlos. La Iglesia ha acudido a la ciencia en este caso para tener la certeza de que aquí hay nueve mártires, que son candidatos a la beatificación. Y parece que está confirmado porque los científicos nos han dicho que una de las víctimas lleva ropa negra extremadamente larga”, es decir, una sotana.

Teulón está hoy en la fosa para oficiar una misa por las víctimas. Dioni, familiar de tres de ellas, ha prestado una sábana para el improvisado altar. “Quiero que me amortajen con ella cuando me muera”, explica. “A mi abuelo lo mataron por ser cristiano. Y yo conocí a mi padre porque la guerra la ganó Franco”. No quiere recuperar los restos de los suyos y se opone a la apertura de fosas. Cuando se le pregunta por qué, si muchos de los familiares de las víctimas republicanas quieren dar sepultura cristiana a los suyos, añade: “¡Eso es mentira!”. El sacerdote arranca la misa: “Hemos venido a hablar de paz y reconciliación...”.

A 30 metros de profundidad, 10 expertos, entre arqueólogos, forenses, antropólogos y un dentista, continúan clasificando los huesos. “Algunos han aparecido carbonizados pero porque después de arrojarlos echaron maderos y gasolina para que ardieran”, aclara Etxaberria.

21/02/2010    

Las dos muertes de Rafael Mesa

El hijo de una víctima de la guerra descubre tras buscar 70 años que un miliciano robó la identidad de su padre

NATALIA JUNQUERA, Madrid

En una fosa común en el cementerio de Vic (Barcelona) hay una placa que recuerda que allí yace un malagueño llamado Rafael Mesa Leal, chófer del Estado Mayor durante la Guerra Civil, muerto en un bombardeo en 1939. En un cementerio de Toulouse (Francia) hay una lápida el la que se lee el mismo nombre, pero con una fecha de fallecimiento distinta: 3 de diciembre de 1985. El hijo del primero llamó recientemente por teléfono al hijo del segundo, que contestó en francés:

- ¿Habla usted español?

- Sí, cómo no, soy descendiente de españoles. ¿En qué puedo ayudarle?

- Me llamo Rafael Mesa Juárez...

Al otro lado del teléfono, un hombre también llamado Rafael Mesa rompió a llorar. “Se vino abajo. Yo entonces aún no entendía muy bien lo que estaba pasando y traté de tranquilizarle, pero enseguida me lo confesó todo”, explica el hijo del chófer fallecido en Vic. “Me dijo que, antes de morir, su padre le había confesado que en realidad no se llamaba así, sino Rufino Álvarez, y que huyendo de la guerra, para poder pasar a Francia, había robado la documentación de un cadáver”. Rafael Mesa Juárez, de 74 años, averiguó entonces, después de una vida, que alguien había suplantado a su padre.

Su madre, Dolores Juárez, y él le habían seguido por el frente, donde había sido llamado como chófer y mecánico para las filas republicanas. Entonces Rafael era un bebé de meses, y en las peligrosas y largas travesías estuvo varias veces a punto de morir de hambre. “A principios de 1937 mi padre pidió un permiso y se citó con mi madre en Alicante porque quería verme. Yo ya tenía un año y mi madre me contó que, al verme, él empezó a llorar porque estaba muy cambiado”. Fue la última vez que le vieron.

Al terminar la guerra, siguieron buscándolo. “Durante mucho tiempo, mi madre pensó que volvería a casa en uno de los barcos de refugiados que llegaban al puerto de Málaga. Los esperaba todos. No se perdió ni uno”, recuerda Rafael, entre sollozos. Pero él nunca volvió. Dolores no volvió a casarse. “Y entonces empezó la supervivencia...”

Rafael llama supervivencia a lo que vino después de la guerra: estar “siempre asustados” y “ver a mi madre volver a casa sangrando por los nudillos después de haber estado fregando suelos”, mientras juntos seguían buscando a un hombre que ya no existía. “Fueron años muy penosos”, recuerda.

Rafael está convencido de que su madre, que murió a los 90 años, se llevó a la tumba una foto que no encuentra por ningún sitio y que le entregó en 1953 un hombre llamado Antonio que fue clave en su búsqueda. “Antonio había sido compañero de mi padre durante la guerra. Nos citamos en un bar de Málaga y me contó que al llegar a Vic, el 29 de enero de 1939, les sorprendió un bombardeo. Mi padre prefirió protegerse dentro del coche en el que viajaba y Antonio se refugió debajo de un puente. Cuando cesaron los bombardeos volvió al coche y encontró a mi padre como desvanecido. No tenía heridas de metralla, no sabía si estaba muerto. Llamó a los camilleros. Le colocó en la parte de atrás del coche y abrió su maleta. ¡Me dijo que iba llena de tabletas de chocolate que mi padre había guardado para mí!, según le había dicho. Antonio cogió una fotografía que llevaba mi padre y escribió: 'Vic, 29 de enero de 1939'. Me la dio cuando nos vimos. Mi madre siempre la llevaba encima”.

El encuentro con Antonio fue crucial. Le llevó al Hospital de Santa Creu, donde habían inscrito a su padre en el registro de fallecidos. “Para entonces ya le habían robado la documentación, pero afortunadamente, llevaba su nombre bordado en la camisa”. Ese registro pasó al Archivo Comarcal de Osona, que llevó la búsqueda hasta el cementerio de Vic. “Cuando fui a verlo todavía estaba allí el mismo sepulturero, que me señaló la fosa”.

Rafael envió una solicitud a la Generalitat de Cataluña para exhumar los restos y cumplir la promesa que le había hecho a su madre de enterrarlos juntos si le encontraba. Mientras, se colocó en la fosa una placa con el nombre de su padre. Entones no sabía que a cientos de kilómetros había otra placa igual.

Cuando había conseguido encontrar a su padre después de 70 años, la historia dio un giro inesperado. “Para registrar la defunción de mi padre pedí su partida de nacimiento. Cuando me la dieron vi que en un margen decía: muerto en Toulouse en 1985. Al principio pensé que era un error”. La Generalitat, a la que Rafael está “inmensamente agradecido”, le ayudó a aclarar lo sucedido y encontrar a la familia del otro Rafael Mesa en Francia.

“Yo no sé si aquel hombre que le robó la documentación a mi padre tendría delitos de sangre, ni me interesa. Pero quiero que su hijo cambie el nombre de la lápida en Toulouse. Es algo que me obsesiona. Y él se niega. Después de la primera conversación, cambió totalmente. Ahora dice que si quiero hacer algo, será mi palabra contra la suya”.

“Juli Cuéllar [del Departamento de Desaparecidos y Fosas de la Guerra Civil de la Generalitat] me dijo que mi caso era único en España”, concluye Rafael. Ahora el Gobierno catalán estudia su petición de exhumación. “Aunque me emociono mucho al recordarlo todo, creo que sería capaz de aguantar a pie de fosa y cumplir la promesa que le hice a mi madre. Solo espero que pueda ser pronto. No me queda mucho tiempo”.

04/03/2010    

1.850 fosas en el primer mapa de la tragedia

Ocho autonomías cuentan cómo buscan enterramientos de la Guerra Civil

NATALIA JUNQUERA, Madrid

Más de 70 años después del fin de la Guerra Civil, aún quedan en España miles de fosas comunes en las que yacen decenas de miles de víctimas. El único censo nacional de desaparecidos que existe, el que las asociaciones de familiares llevaron al juez Baltasar Garzón en octubre de 2008, tiene 133.708 nombres. Para elaborar un mapa de fosas y cumplir uno de los artículos de la Ley de Memoria Histórica (2007), el Gobierno pidió ayuda a las comunidades autónomas, pero solo ocho, todas gobernadas o cogobernadas por socialistas, han firmado un convenio para facilitar al Ejecutivo datos de las localizadas en su territorio. El objetivo es que ese rastro de la tragedia se pueda consultar en una web en el futuro.

La mayoría de estas comunidades llevaba ya tiempo trabajando en ese mapa y algunas, como Cataluña o Aragón, desde mucho antes de que existiera la Ley de Memoria. Todas se están apoyando en el trabajo de las asociaciones de víctimas y en equipos de las universidades que financian con su presupuesto autonómico.

 -  Cataluña no delega. La Generalitat presentó en 2008 un primer mapa con 179 fosas, a las que han ido añadiendo más, hasta 244, aunque, de momento, solo 89 han sido confirmadas. La estimación del número de víctimas en esta comunidad asciende a 9.000. María Jesús Bono, directora general de Memoria de la Generalitat, explica que por la evolución del conflicto, la mayoría son fosas de soldados republicanos. “Pero a diferencia del resto del Estado, las primeras fosas que hay en Cataluña son fosas de la represión republicana”. Han recibido 32 peticiones de exhumación o dignificación de enterramientos clandestinos. “La gran diferencia aquí es que la Generalitat no delega la responsabilidad en víctimas o asociaciones, sino que asume los trabajos de localización y exhumación y su coste”, explica. Cataluña cuenta, además, con un registro de desaparecidos de la guerra que tiene ya 3.400 nombres y destinó 11 millones de euros a proyectos de memoria histórica entre 2005 y 2009.

 -  Aragón: las fosas son yacimientos arqueológicos.  Su mapa de fosas arrancó en 2006. Ya han localizado 519, que dividen en seis categorías, según las víctimas: “De la represión rebelde” (247); “de la represión republicana” (119); “militares” (restos de soldados fallecidos en combate: 119); “de combates o bombardeos” (9); “relacionadas con la lucha guerrillera” (17) y de “tipología especial” (8). Para elaborar el mapa, según explica una portavoz, el Gobierno aragonés recogió documentación de historiadores y asociaciones y envió a un equipo de técnicos a 1.150 localidades -entre ellas, una treintena de pueblos ya deshabitados-, para buscar testimonios. Esta comunidad es una de las pocas con su propio protocolo de exhumación. Y la única que considera las fosas “yacimiento arqueológico”, lo que las preserva de, por ejemplo, las obras.

 -  País Vasco: equipo pionero. El Gobierno de Euskadi ha localizado 53 fosas. Trabajan mano a mano con la sociedad de ciencias Aranzadi, a la que pertenecen los arqueólogos y forenses que han participado de forma altruista en la mayor parte de las fosas que se han abierto en España desde 2001. Inés Ibáñez de Maeztu, directora de Derechos Humanos del Gobierno vasco, explica que las asociaciones de familiares juegan “un papel muy importante a la hora de aportar información” y que “pese a las estrecheces económicas” siguen subvencionando proyectos de recuperación de la memoria “como una forma de acabar con el silencio, el olvido y la indiferencia”.

 -  Extremadura: comisario por la memoria. Esta comunidad empezó a buscar a sus desaparecidos de la guerra en 2003. Ha localizado 172 posibles fosas en las que calcula que puede haber restos de 241 víctimas. “La relación de represaliados tiene alrededor de 12.000 nombres, pero hay otra represión no escrita, que requiere una investigación pueblo a pueblo. Lamentablemente, cada vez tenemos menos testimonios orales de primera mano: el que enterró los cuerpos, el que vio cómo los enterraban... ya ha muerto”, explica Cayetano Ibarra, comisario de la memoria histórica en Extremadura. “Además, hubo quien, a finales de los 70, por miedo, se deshizo de los restos de fosas en fincas de su propiedad”.

 -  Andalucía: nadie se atreve a dar una cifra de víctimas. Tiene, como Extremadura, la figura del comisario de la memoria, y un inventario de 595 fosas, la mayoría (118) en Huelva. Los expertos no se atreven aún a dar una estimación de la cifra de víctimas.

 -  Asturias y Cantabria: alianza con la Universidad. En Asturias se han localizado 267 fosas desde 2003. Una profesora de historia contemporánea de la Universidad de Oviedo coordina los trabajos de investigación, para los que ya han previsto 30.000 euros. El Gobierno cántabro ha contratado a un equipo de la universidad para que corrobore la información que ha recibido de Ayuntamientos, asociaciones y particulares sobre posibles ubicaciones de fosas.

 -  Castilla-La Mancha: empezando. Aún no aporta cifras, pero el Gobierno castellano-manchego ya ha comenzado a trabajar en el mapa de fosas reuniéndose con asociaciones de memoria.

10/04/2010    

Jueces, fiscales y víctimas de Franco se movilizan contra el proceso a Garzón

Familiares de desaparecidos quieren reabrir en Argentina el caso de la memoria

Apoyo a Garzón

 -  Lunes 12. Querella contra el juez Varela por prevaricación.

 -  Martes 13. Acto de apoyo convocado por CC OO y UGT en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense (11.30 h.)

 -  Miércoles 14. Querella en Argentina contra el genocidio franquista.

 -  Jueves 15. Encierro de familiares de víctimas.

MANUEL ALTOZANO / NATALIA JUNQUERA, Madrid

Demostrar que la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar las atrocidades del franquismo es una cuestión jurídicamente discutible, pero en ningún caso un delito de prevaricación. Ese es el objetivo del comunicado difundido ayer por las dos principales asociaciones de la izquierda judicial española -Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales-, que consideran “doloroso e injustificable” el proceso abierto al juez Garzón por investigar los crímenes de la dictadura. Esa investigación, además, podría reactivarse en los próximos días. Pero no en España, sino en Argentina. Familiares de víctimas quieren reabrir la causa en los tribunales de Buenos Aires, hacer “lo mismo que hizo Garzón en España con las dictaduras argentina y chilena”, aclara el abogado que les representa, Carlos Slepoy.

El comunicado de jueces y fiscales progresistas -suscrito también por Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades y por la Federación Latinoamericana de Jueces por la Democracia- señala a la Sala Penal del Supremo como responsable del “resurgir de los valores del franquismo” y sostiene, en contra de lo defendido por el juez Varela, instructor del caso contra Garzón, que “cuestionar la ley de amnistía con base al derecho internacional no puede ser un hecho delictivo”.

“Hoy se ha abierto el camino para que los herederos del franquismo y los defensores de su memoria sienten en el banquillo de los acusados a un juez que se había comprometido en la lucha por los derechos humanos”, sostiene el comunicado, que recuerda que la democracia “no ha sido capaz de reparar la memoria de las víctimas de  la dictadura”. El hecho de que esos crímenes no hayan tenido respuesta judicial, continúa, “resulta particularmente hiriente si se considera que la jurisdicción española ha sido capaz de perseguir a criminales contra la humanidad por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas sistemáticas o apropiación de niños cometidos en otros países mientras miraba hacia otro lado respecto de los crímenes cometidos en España”.

Respecto de la ley de memoria histórica -el Supremo afirma que Garzón intentó orillarla- aseguran que “no ofrece una solución satisfactoria para las demandas de verdad, justicia y reparación de las víctimas del franquismo, como así fue denunciado por aquellos a quienes se dirigía”.

La nota la suscriben a título particular algunos de los jueces que ratificaron la competencia española para investigar el franquismo, como el magistrado de la Audiencia Nacional Ramón Sáez; la única juez que ordenó la apertura de una fosa, Tania Chico; o Miguel Ángel Martín,  juez de Palencia que siguió adelante con la investigación una vez que Garzón cedió la causa a  juzgados locales.

En Argentina, Slepoy presentará el miércoles una querella por genocidio y crímenes contra la humanidad que abarca el periodo entre la Guerra Civil y el final de dictadura y se basa en los principios de jurisdicción universal. “La ley nos permite que pidamos frenar la impunidad en España”, aseguró el letrado, que tiene intención de pedir un listado “de todos los dirigentes de Falange [una de las querellantes contra Garzón], de la Guardia Civil, el Ejército y el Gobierno franquistas que continúan vivos para depurar responsabilidades”. También reclamarán, a modo de prueba, el censo de víctimas y desaparecidos, y el mapa de fosas comunes halladas en España, así como toda la documentación recabada por Garzón en su investigación.Entre los querellantes está Darío Rivas, un gallego de 90 años exiliado en Buenos Aires e hijo de un fusilado por el franquismo.

Además, la Asociación para la Recuperación Histórica de Cataluña y la de Baleares presentarán el lunes ante el Supremo una querella por prevaricación contra el magistrado Luciano Varela. Denuncian, apoyándose en las propias resoluciones de Varela, su “falta de imparcialidad”, su “animadversión a Garzón” y la vulneración de leyes internacionales.

El martes se celebrará en la Facultad de Medicina de la Complutense un acto de apoyo al juez convocado por CC OO y UGT, al que asistirá, entre otros, Pasqual Maragall. El ex presidente catalán, enfermo de alzheimer, encabeza el Manifiesto por una memoria sin fronteras.

El ministro de Fomento, José Blanco, declaró ayer sobre el proceso a Garzón que no le gustaría que “los falangistas ganaran de nuevo la batalla”.

25/04/2010    

El acoso a Garzón desata una multitudinaria movilización

Decenas de miles de personas protestan en Madrid  -  El acto se vuelve un homenaje a las víctimas del franquismo  -  Rajoy: “Es antidemocrático”

NATALIA JUNQUERA, Madrid

Decenas de miles de personas se manifestaron ayer en contra del procesamiento del juez Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo y contra la impunidad de los delitos cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura. En 21 ciudades españolas y siete extranjeras se oyeron gritos de apoyo al juez y críticas al Tribunal Supremo.

En la más multitudinaria, en Madrid, familiares de las víctimas caminaron arropados por muchos artistas y pocos políticos. Entre los primeros, los actores Juan Diego Botto y José Sacristán, el poeta Juan Gelman o el cantante Miguel Ríos; y entre los segundos, Pedro Zerolo (PSOE), Gaspar Llamazares (IU). No acudió ningún miembro del Gobierno. El líder del PP, Mariano Rajoy, calificó la movilización de “campaña brutal y antidemocrática”. Al finalizar, se leyó un manifiesto que afirmaba que el proceso a Garzón “ensucia” la memoria de las víctimas.

El acoso al juez Garzón

Movilización contra la impunidad de los crímenes del franquismo

Decenas de miles de personas con fotos de desaparecidos marchan en 21 ciudades españolas y siete extranjeras en apoyo a Garzón

Muchos de los asistentes a la protesta de Madrid confesaban que no habían acudido nunca a una manifestación. Jamás habían protestado por nada, explicaban ayer ancianos de 80 años.

-”¡España al revés! Corruptos y fascistas juzgan al juez!”

Con una mano sujetando su bastón y otra agarrando la pancarta de la manifestación contra la impunidad de los crímenes del franquismo caminaba Gervasio Puerta, de 88 años. Junto a él, casi en volandas, gritaba con todas sus fuerzas Carmen Arrojo, de 91. “Estoy aquí porque es mi obligación. Hoy me acuerdo mucho de mi compañero fusilado, de mi padre, de mis ocho años huida...”

El recorrido, de la plaza de Cibeles a Sol, se llenó de fotografías de las víctimas del franquismo, en señal de homenaje. De nombres conocidos (Grimau, Companys), de desconocidos y de desaparecidos. En primera fila, Carmen Páez, nieta de un fusilado, lloraba de emoción. “Aún no he encontrado a mi abuelo. Se entregó al terminar la guerra para que dejaran de acosar a mi familia, y le pegaron un tiro en la nuca en un camino de Torrejón. Pero pregunto en todas partes y me dicen que no pueden ayudarme”, relata. “Y ahora siento que lo que le pasa a Garzón es por nuestra culpa”.

-”¡Es-pe-ran-za! ¡Di-misión!”, gritaban cada poco, dirigiéndose a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que el jueves llamó “carcamales” a las personas que se han manifestado en apoyo del juez Garzón.

El secretario de Movimientos Sociales del PSOE, Pedro Zerolo, aseguró que era una movilización “en defensa de la democracia y de un juez justo”. Gaspar Llamazares opinó: “es la justicia española la que está sentada en el banquillo. El futuro de nuestros hijos dependerá del honor que sepamos hacer de la lucha de nuestros abuelos. Si queremos una democracia honrada, tenemos que honrarles a ellos”.

-”¡Tapan la Gürtel, atacando a Garzón!”

Fausto Canales, que acudió al juez Garzón con el deseo de exhumar los restos de su padre y su tío, enterrados sin su consentimiento “junto al verdugo”, en el Valle de los Caídos, advirtió que las movilizaciones iban a continuar: “Vamos a seguir luchando porque Garzón no se siente en el banquillo y porque no vuelvan a enterrar nuestra causa de los desaparecidos”.

El hispanista Ian Gibson, que ha pasado una mala temporada, por la desilusión de no haber encontrado a Lorca en la fosa de Alfacar (Granada), estaba eufórico: “Estoy muy orgulloso de esta manifestación. Siento que es un momento histórico. El mundo entero nos mira por algo bochornoso. En la Guerra Civil se pudieron cometer desmanes desde ambos bandos, pero después aquí hubo un genocidio. Y la gente quiere una investigación, quiere saber la verdad de lo que pasó. Se equivoca la derecha al decir que quieren reabrir heridas porque esas heridas no se cerraron nunca”.

Ángel Rojo -”Estaba predestinado”, ríe- , presidente de la Asociación de Amigos de los Brigadistas Internacionales, explicaba que los ancianos de otros países que habían venido a combatir en la Guerra Civil le llamaban para preguntarle qué ocurría en España, porque no entienden el proceso contra Garzón: “En sus países es impensable algo así. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben”, cuenta. “Los jueces dicen que les faltamos al respeto, pero el respeto hay que ganárselo”.

Había mucha gente mayor, pero también muchos jóvenes, algunos de ellos con una pegatina sobre el pecho en la que se leía “nieto”. “Yo no tengo familiares represaliados, y tampoco sufrí la dictadura franquista, porque tengo 32 años, pero he venido a protestar por lo que considero una injusticia y para solidarizarme con las víctimas”, explicaba CEsar Darío.

- “¡Ni un paso atrás! ¡Esta batalla, la vamos a ganar!”

El actor Juan Diego Botto, hijo de un desaparecido de la dictadura argentina, calificó la jornada de “éxito desbordante” y argumentó: “Se está hablando de las víctimas del franquismo, de las miles de personas que llevan años mendigando de ministerio en ministerio, de administración en administración, pidiendo información sobre sus familiares desaparecidos. La gente no sabe todo esto. Ahora les ha oído”.

En medio de pancartas y retratos de desaparecidos, un hombre disfrazado de Darth Vader llevaba un enorme cartel en el que se leía: “Varela, el lado oscuro sabrá recompensarte”.

Las manifestaciones se repitieron en 21 ciudades españolas. A la de Sevilla acudieron la madre y las hermanas del magistrado querellado. En Barcelona, en la que participaron 4.500 personas, intervino el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo: “No ha sido el juez Varela el que ha expulsado a Falange del proceso contra la Garzón, sino la sociedad española con su presión”. En la Comunidad de Valencia cerca de 2.000 personas mostraron su solidaridad con Garzón, y en Palma de Mallorca lo hicieron otras 500.

La protesta de Madrid terminó con un manifiesto en el que se decía que el proceso contra Garzón abierto en el Tribunal Supremo “devuelve a la noche oscura de los asesinos”.

Con información de Margot Molina, Pere Ríos, Josep Torrent y Andreu Manresa.

17/06/2010    

“Abrir las fosas no es un favor a las víctimas; es una obligación”

Debate entre un forense argentino y otro español sobre políticas de memoria

NATALIA JUNQUERA, Madrid

“Siento mucha envidia. Es sana, pero envidia. Porque allí, habiendo pasado menos tiempo, con muchas menos víctimas y menos drama que en España, han ido mucho más allá que nosotros”, confesaba Fausto Canales, de 75 años, hijo de un fusilado en 1936 cuyo cuerpo fue robado y enterrado en el Valle de los Caídos, tras escuchar a Luis Fondebrider, director y fundador del Centro Argentino de Antropología Forense. Fondebrider acababa de hacer un balance de las políticas de justicia y reparación para las víctimas de la dictadura argentina inimaginable para las de la española: 1.000 procesos judiciales abiertos, 634 procesados, 101 bebés robados recuperados, 350 cuerpos identificados y un banco de sangre propiedad del Estado con 6.500 muestras para poder poner nombre y apellidos a más víctimas.

EL PAÍS reunió a Fondebrider y lo más parecido a su homólogo español, Francisco Etxeberria, forense y profesor de medicina legal en la Universidad del País Vasco, que ha participado en más de un centenar de exhumaciones de fosas de la Guerra Civil. Durante casi dos horas, hablan sobre lo que el Estado y la justicia han hecho por las víctimas del pasado trágico en cada país, e intentan aclarar por qué en Argentina fue posible perseguir a los verdugos y reparar a las víctimas casi al día siguiente del fin de la dictadura, mientras que en España, 34 años después de la muerte de Franco, no ha sido posible. Ambos se conocieron en 1993 en Bogotá en un congreso sobre antropología forense y derechos humanos.

 -  Cómo empezó. “Los primeros decretos del nuevo Gobierno, casi inmediatamente después de la dictadura, fueron para crear una comisión investigadora sobre lo ocurrido”, explica Fondebrider. Era 1983. La presión de los militares desembocó en las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, similares a una amnistía. “En 1984, un grupo de estudiantes de arqueología, medicina, antropología... fundamos el Centro Argentino de Antropología Forense para atender a los familiares de los desaparecidos, y en 1986 empezamos a recibir pedidos de otras partes del mundo”. Los pedidos son exhumaciones y peritajes en países como Sudáfrica, Perú o Sudán. En 2003, el Gobierno anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

El relato de Etxeberria es bien distinto. En el año 2000 ayudó a Emilio Silva, hoy presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, a rescatar los restos de su abuelo. Fue la primera exhumación realizada con métodos científicos en España. “Los forenses no tenían experiencia. En estos 10 años hemos tenido que improvisar. Ahora estamos en lo que yo imagino que fueron los comienzos en Argentina, cuando existía incomprensión y los profesionales del mundo académico no se atrevían a intervenir”. “Cuando di el primer paso, hubo quien me dijo en mi Facultad de Medicina: 'Paco, ten cuidado. No te metas en este asunto”.

 -  Relación con la justicia. “En Argentina no se abre una fosa sin autorización judicial. En todas las investigaciones hay una autoridad clara, el juez, y una cadena de mando: el fiscal, el perito...”, explica Fondebrider. “En España se han abierto más de 200 fosas y la autoridad judicial solo ha intervenido en tres”, cuenta Etxeberria.

 -  Relación con el Gobierno. “En Argentina nunca hemos encontrado oposición a esta tarea por parte del Gobierno. En los últimos cuatro años hemos recibido casi cuatro millones de dólares de subvenciones. Un secretario de Estado me dijo una vez: 'Si el Estado ha pagado por picanas eléctricas, ahora debe pagar para ayudar a encontrar a las víctimas”.

“En España hay una ausencia de liderazgo institucional”, afirma Etxeberria. “Faltan políticas públicas de memoria. Se deja hacer. Hasta ahora, el proceso lo han liderado las asociaciones, que no tienen capacidad para ocuparse del asunto”. “Nos fijamos mucho en el Gobierno central, pero la estructura del Estado llega hasta cada pueblo. Allí también hay políticos con sueldo que pueden hacer cosas sin necesidad de que se lo marque una ley, como homenajear a los funcionarios que perdieron su puesto de trabajo. Es higiene democrática”.

 -  Por qué Argentina tan rápido y España tan lento. Fondebrider asegura que la clave del proceso argentino ha sido “la fuerza y la perseverancia de los familiares y los organismos de defensa de derechos humanos”. “Si en Argentina hubiera ocurrido algo parecido a lo del juez Garzón, los argentinos habrían tomado el Supremo”, afirma. “Cada año, las fuerzas armadas envían al Parlamento una lista de ascensos militares. La lista es revisada por organismos de derechos humanos que estudian si alguno participó en la dictadura. También ha sido muy importante el apoyo internacional. EE UU ha contribuido mucho financieramente, también países de Europa Occidental”. Y finalmente una conciencia social. “Hoy en día muy pocas personas cuestionan en Argentina que lo que sucedió durante la dictadura fue un plan sistemático para eliminar a una parte importante de la sociedad”.

“El franquismo tiene una sociología instalada hasta nuestros días”, asegura Etxeberria. “De todos los testimonios que he oído en las exhumaciones el que más me impresionó fue el de una mujer que me contó que ella había pensado que su padre había sido un canalla, que su muerte era justa, hasta que un día se hizo mayor y se dio cuenta de que la habían engañado y tomó conciencia de la injusticia. A nivel colectivo, muchos españoles piensan aún que Franco nos salvó de algo peor o que fue un genio que nos llevó a la modernidad. La sociedad española aún no se ha hecho mayor”.

 -  Cómo acabará el proceso. Etxeberria es optimista. “Tengo la plena convicción de que va a haber más implicación política e institucional, precisamente tras el drama del caso Garzón. Se ha creado una Oficina de Atención a las Víctimas en el Ministerio de Justicia, no en el de Asuntos Sociales o el de Cultura. Me parece muy significativo. Los poderes públicos tienen que dar un paso al frente y hacer mucho más de lo que han hecho hasta ahora. Aunque yo creo que la forma de resolver este asunto es a través de una fiscalía especial”.

Fondebrider asegura que aún queda mucho. “Estos procesos no se terminan ni en cinco, ni en 10, ni en 15 años, como a veces quieren los políticos. Llevan varias generaciones. Abrir las fosas no es un favor que le hacemos a las víctimas, ni una dádiva de los Gobiernos. Es una obligación”.

24/08/2010    

Comienza la apertura de una fosa con cientos de fusilados

NATALIA JUNQUERA, Madrid

El forense Francisco Etxeberría, que ha abierto más de un centenar de fosas de la Guerra Civil desde el año 2000, inició ayer la exhumación de uno de los mayores enterramientos clandestinos de la época en España. Ubicado en el paraje de La Pedraja, en la carretera que une Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) y Burgos, se calcula que puede albergar los restos de hasta 300 personas.

Sus familiares se llevaron ayer un disgusto porque los primeros huesos hallados están muy deteriorados. “El terreno es muy húmedo y se esquirlan al cogerlos, hay que trabajar con mucho cuidado”, explicó Etxeberria. 25 expertos intentarán recuperarlos esta semana. La agrupación de familiares de las víctimas recibió una primera subvención del Gobierno de 37.800 euros y tiene pendiente otra de 56.000 para identificarlos.

Junto a los restos, han aparecido balas y casquillos. La fosa, de unos 30 metros de largo, está señalada en la tierra “como una gran mancha negra”, señaló Etxeberria. Miguel Ángel Martínez, representante de las familias de los fusilados, siempre ha sabido dónde estaba enterrado su abuelo, detenido tan solo un día después de la sublevación franquista, el 19 de julio de 1936.

Cadáveres expuestos

“Los falangistas obligaban a los vecinos a cavar las fosas y enterrar los cuerpos, uno reconoció a mi abuelo y se lo contó a mi abuela”, explica. “Mi padre, su hijo mayor, va a cumplir 88 años. Aún siguen vivos muchos hijos de las víctimas. El Gobierno no debería dejar en manos de los familiares este proceso. ¿Se imagina alguien que hoy el Estado le diera a la familia de una persona que acaba de desaparecer 2.000 euros para que contratara a un investigador y que luego le pidiera un justificante de gastos?”

“Ayer también fueron localizados en Villavela (Lugo) los restos de tres guerrilleros antifranquistas fusilados en 1943. “Una diligencia de la Guardia Civil obligó a exponer los cuerpos, por eso muchos vecinos recordaban los hechos. Era una forma de reclamar recompensas”, explicó Santiago Macías, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Los tres fueron denunciados por un antiguo colaborador y pertenecían a familias represaliadas. En el caso de Pedro Voces, dos de sus hermanos fueron asesinados, uno de ellos al entregarse parar curar las heridas después de que le estallara una bomba en la mano. A su mujer le robaron a su único hijo en prisión.

29/08/2010    

96 esqueletos en el Camino de Santiago

Concluye en Burgos la exhumación de una de las mayores fosas de Franco

NATALIA JUNQUERA, Madrid

Estaban sepultados bajo una capa de 1,70 metros de tierra, en fila, con orden y método, porque quienes enterraron los primeros cadáveres sabían que iban a llevar muchos más a esta fosa común en el monte de La Pedraja (Burgos), una de las mayores abiertas hasta ahora en España. Un equipo de 25 técnicos ha trabajado durante seis días en jornadas de 10 horas para recuperar los restos de 96 fusilados, un cementerio sin lápidas, nombres y flores. Es la exhumación más difícil de las más de 100 en las que ha participado el forense Francisco Etxeberria, porque los huesos se deshacían al cogerlos. Habían pasado 73 años prácticamente inundados. “Si esto se hubiese hecho dentro de 30 años, solo quedarían las gomas de las zapatillas que llevaban las víctimas”, señaló.

En esta fosa, Luis Carlos García, de 73 años, busca los restos de su tío. “Lo mataron el 3 de agosto de 1936. Era concejal en Santaolalla de Bureba. Tenía 25 años. Mi padre, su hermano, se escondió durante casi ocho años en el pajar de casa para que no le pasara lo mismo, pero yo no supe que era mi padre hasta los ocho años. Me dijeron que era mi tío para que no se me escapara que mi padre estaba escondido en casa y lo detuvieran. Me enseñó a leer y a escribir, pero de estar tanto tiempo encerrado se trastornó y fue a entregarse”. Al principio, la Guardia Civil le tomó por loco. Finalmente fue detenido y pasó tres años en prisión.

“A mí me mataron a mi padre y a dos hermanos; uno de ellos, Damián, está en La Pedraja”, cuenta Bernabé Sáez. Los asesinos no se conformaron con aquellas tres muertes. “Una noche aporrearon la puerta hasta que mi madre abrió. Le dijeron que estábamos desterrados... Íbamos de puente en puente, pidiendo por los caminos. Un día, un alguacil detuvo a mi madre y la llevó a rastras hasta la plaza mayor del pueblo. Ella le gritó: '¡Asesino! ¡Mátanos a todos!' No se me olvidará en la vida. Le raparon la cabeza y le dieron aceite de ricino”, cuenta. “Yo pasé 15 años en la cárcel porque empecé a robar para sobrevivir. Jamás podré olvidar todo esto. Tengo 88 años y me voy a morir con este dolor”.

En la fosa han aparecido 16 proyectiles y tres casquillos, los tiros de gracia. Entre los restos, están los de un chico de 16 años, y los de una mujer. La ropa que llevaban se ha conservado mejor que sus huesos. Los arqueólogos han recuperado un abrigo, camisas, jerséis, y un fajín de hombre que ha ilusionado a la familia de Rafael Martínez. Se lo había pedido a su mujer en una de las 15 cartas que le escribió desde la prisión de Burgos antes de que lo fusilaran. “Por la ropa pensamos que puede ser él”, cuenta, muy emocionada, su hija Victoria, de 81 años, la más pequeña de cinco hermanos. “Nos recuerdo a todos rotos de ver llorar a mi madre aquel terrible invierno de 1936...”.

A Rafael Martínez lo detuvieron al día siguiente de que estallara la Guerra Civil y lo fusilaron el 3 de octubre de 1936. Era presidente de la Agrupación Socialista de Briviesca (Burgos) y contratista de obras públicas. Construyó algunos tramos de la carretera junto a la fosa en la que fue fusilado y por la que estos días han pasado peregrinos del Camino de Santiago. “Muchos eran extranjeros y se han quedado muy impresionados”, explica Exteberria, que quizá vuelva el año que viene a La Pedraja porque 96 esqueletos son muchos, pero no todos. Se calcula que en este paraje puede haber 200 víctimas más de Franco.

03/09/2010    

Una fosa común con 29 cadáveres en la Puerta del Sol

Una imagen muestra una tumba de víctimas del franquismo

NATALIA JUNQUERA, Madrid

La Plataforma contra la Impunidad del Franquismo colocó ayer en el kilómetro cero, en la Puerta del Sol de Madrid, una foto tamaño real de una fosa común exhumada en 2007 en el monte de La Andaya (Burgos) con 29 cuerpos. En ese paraje fueron enterrados en total 85 fusilados durante el verano de 1936. Ayer, un centenar de familiares de desaparecidos del franquismo repartió a todo el que se paró a contemplar la imagen un documento con la historia de los huesos que estaban viendo: la de los alcaldes, concejales, maestros y campesinos de pueblos de la zona que fueron a parar a la fosa por militar en partidos o sindicatos.

“¿Qué es esto?, preguntaba Ilsa, holandesa. “Es una fosa común de la Guerra Civil. España está llena”, le respondieron. “¿Todavía? ¡Es horrible”, dijo. Muchos turistas se pararon a fotografiar los 29 esqueletos sobre la plaza. “Somos de Colorado y habíamos oído hablar mucho de los nazis, pero no sabíamos que en España había pasado algo así. No puedo creer que aquí haya 114.000 personas a los que les ha ocurrido esto”, comentó Ally, de 20 años.

La fotografía no solo llamó la atención de los turistas. “En mi familia no tengo represaliados, pero que toda esta gente siga tirada en las cunetas es una injusticia que hay que resolver cueste lo que cueste y tarde lo que tarde”, opinaba Mercedes. “Acabo de salir de trabajar y me he encontrado con esto. Me parece que esta gente quiere ganar la guerra 74 años después y que mientras hablamos de esto no se habla del paro, que ha subido”, dijo Pedro, de 28 años.

Los familiares de las víctimas del franquismo que desde hace 17 semanas reclaman cada jueves en la Puerta del Sol de Madrid ayuda para buscar a sus desaparecidos, quieren llevar esta fotografía por otras ciudades españolas.

21/10/2010    

“Mucha gente pensaba que la Guerra Civil podía repetirse”

El CSIC analiza el impacto de 10 años de exhumaciones

NATALIA JUNQUERA, Madrid

El Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) presenta hoy un estudio sobre el impacto social y político de 10 años de exhumaciones de fosas del franquismo en España. Este sábado se cumple el décimo aniversario de la primera, la que provocó que cientos de personas empezaran a reclamar la memoria y los restos de sus familiares, enterrados desde hacía 70 años en las mismas cunetas a las que los habían arrojado sus asesinos.

Un equipo de antropólogos, arqueólogos, forenses, sociólogos, politólogos, psicólogos e historiadores de España, EE UU, Argentina, Chile, Holanda y Portugal participa en este proyecto I+D+i, dotado con 49.000 euros que aporta el Ministerio de Ciencia e Innovación. Algunos de ellos arrancaron su investigación en aquella primera fosa, la del abuelo de Emilio Silva, hoy presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Desde entonces han acudido a más de un centenar, donde han grabado en vídeo a forenses que explican, a pie de fosa, en qué circunstancias murieron las víctimas, y familiares que recuerdan los últimos momentos que los vieron con vida. Todo el material estará disponible en la web http://politicasdelamemoria.org, que incluye un apartado titulado Dona tu memoria on line, donde los represaliados podrán contar su historia.

El director del proyecto, Francisco Ferrándiz, opina que estos diez años de exhumaciones “han cambiado la forma de pensar de nuestro país. Son ya historia de España”. El antropólogo recuerda que en las primeras había muchísimo miedo. “Mucha gente que vivió la Guerra Civil pensaba que podía repetirse. Las fosas de la derrota fueron el eje central de la estrategia franquista para sembrar el terror. Y el hecho de que hoy siga siendo tan polémico abrirlas quiere decir que de alguna manera aún son eficaces en ese sentido, siguen funcionando como una amenaza”. El miedo ha sobrevivido al dictador que lo generó, pero se diluye poco a poco.

Los científicos también han comprobado a pie de fosa que “los discursos políticos y mediáticos que hablaban de revanchismo y reapertura de heridas eran falsos”, asegura Ferrándiz.

El proyecto analiza y compara “desde una perspectiva histórica e independiente” las políticas de memoria en España y otros países. “Son desiguales según la comunidad autónoma e inexistentes en las del PP, aunque a nivel local alcaldes de este partido han colaborado con las asociaciones”, cuenta Ferrándiz. “La ley de memoria histórica, que instauró un sistema de subcontrata por obra de las asociaciones para las exhumaciones, ha sido una oportunidad perdida y no creo que vuelva a haber otra igual”.

El antropólogo recuerda: “En otros países estos procesos se han judicializado. Aquí se ha procesado al juez que lo intentó. El caso Garzón ha traído a España a muchos investigadores extranjeros que quieren saber qué está ocurriendo, por qué la Transición española, que se veía como un broche de oro a la dictadura, de repente, no es suficiente. En España este tema no está resuelto. La lección que hemos aprendido de estos diez años de exhumaciones es que es imposible barrer los trapos sucios del pasado debajo de la alfombra”.

22/10/2010    

Una ruta de la memoria une en Zaragoza a vencidos y vencedores

La ciudad homenajea a los 3.543 republicanos fusilados en su cementerio

NATALIA JUNQUERA, Zaragoza

“Sentía repugnancia ante tan numerosos asesinatos, no podía aprobarlos”. El capellán de la cárcel de Torrero (Zaragoza), Gumersindo de Estella, tampoco pudo impedirlos, pero dejó escritas unas estremecedoras memorias, en las que relató todas las atrocidades del franquismo de las que fue testigo. En las tapias del cementerio de la ciudad fueron fusilados 3.543 republicanos: 3.096 durante la Guerra Civil y 447 más después. El capellán acompañó a muchos de ellos. Antes, en capilla, intentaba ofrecerles auxilio espiritual. “Las derechas están matando en nombre de la religión, y una religión que les inspira tanta crueldad no la quiero”, cuenta en su diario que le respondió uno de ellos. Después, “entre el fusilamiento y el tiro de gracia, les daba la extremaunción”, afirma el historiador Julián Casanova. El miércoles, el Ayuntamiento de Zaragoza inaugura en ese cementerio una enorme espiral con tantas placas como fusilados, sus nombres, edades y fechas en que fueron asesinados.

La espiral con los 3.543 nombres se integra en una ruta de la memoria única en España, que conserva los monumentos levantados por Franco para homenajear “a los héroes y mártires de Zaragoza, caídos de liberación” y añade los que se han construido “a cuantos murieron por la libertad y la democracia”.

Casanova, que ha elaborado los textos que explicarán al visitante las distintas estaciones de esa ruta de memoria, y Pedro Villasol, empleado en el cementerio durante 53 años, hacen el recorrido con EL PAÍS. La primera parada es la tapia. “No se dejó de fusilar ni un solo día, ni siquiera en Nochebuena”, cuenta Casanova. Desde la madrugada del 19 de julio de 1936 hasta el 20 de agosto de 1946 se descargaron frente a aquel muro miles de balas. “Traspasaron la pared y los nichos que había del otro lado, y tuvieron que colocar tablones de madera y sacos de arena para que las balas no entraran en los ataúdes”, cuenta Villasol.

Entre los 3.543 fusilados estaba el maestro Pablo Balagueró, aunque su familia no lo supo hasta que vio su nombre en el listado de El pasado oculto, investigación coordinada por Casanova. “Mi madre murió con 97 años sin saberlo”, cuenta José Luis Balagueró, su hijo, de 80. “Le llevó comida a la cárcel durante un mes y medio y resultó que lo habían fusilado el mismo día que lo detuvieron. Lo recuerdo como si fuera hoy. Yo estaba jugando a la pelota y llegaron 11 hombres de paisano pero con fusiles. Me dijeron que llamara a mi padre. Lo llamé, salió, y entonces vi a mi madre, gritando, con mi hermana de cuatro años en brazos y la otra, de 11, agarrándola de la falda. Los seguimos en la camioneta hasta que los falangistas se giraron, nos apuntaron y dijeron que o nos dábamos la vuelta o nos dejaban secos. Al llegar a casa, la habían incendiado. Tuvimos que irnos al pajar de unos vecinos”.

José Luis tenía entonces seis años y su padre, 54. El hermano mayor, Miguel, moriría en 1938 en la Guerra Civil, en el bando franquista. José Luis aún se pregunta por qué fue a luchar con los asesinos de su padre.

Muerto Franco, en 1979, los restos de unos 2.500 republicanos fusilados en la tapia fueron trasladados a una fosa común bajo un gran monumento “a cuantos murieron por la libertad y la democracia”, construido por iniciativa del primer alcalde democrático, Ramón Sainz de Varanda, cuyo padre había muerto a manos del bando republicano. “Tardamos un año en trasladarlos. Era como tocar una tragedia”, relata Villasol. “Los habían enterrado sin cajas y recuerdo que encontramos carteras, petacas, navajas de afeitar, ropa... que las familias utilizaban para reconocerlos, porque entonces no había ADN. Se emocionaban mucho... Para poder llevárselos tenían que pagar 2.000 pesetas, un fortunón para la época”.

En este cementerio fueron enterrados también 3.936 “caídos en la Cruzada de Liberación en el frente y hospitales de Aragón”. En 1941, el alcalde de Zaragoza, Francisco Caballero, se propuso “eternizar el recuerdo de nuestros mejores” y convocó un concurso para realizar un monumento de homenaje. Ganó una enorme cruz dedicada “a los héroes y mártires de Zaragoza”. En cumplimiento de la ley de memoria histórica ese monumento debería haberse derribado. Si se ha salvado es porque a partir del miércoles formará parte de una ruta que ha cambiado su significado.

De los 3.936 “caídos en la Cruzada”, 3.560 fueron trasladados en 1961 al Valle de los Caídos. Casanova opina que en ese lugar, que Franco ideó para inmortalizar su victoria, podría hacerse algo similar a lo de Zaragoza.

Para concluir el recorrido, Pedro Villasol muestra a este diario los libros de registro del cementerio. Busca un papel en el que fue anotando, poco a poco, todo lo que le llamó la atención y va directo a esas páginas: “¿Ve? Estos están inscritos como 'prisioneros rojos'... Y todos estos -señala una larga lista- sin nombre: 'hombre', 'hombre', 'hombre...”.

Entre los fusilados en la tapia había menores, mujeres y ancianos; muchos, miembros de la misma familia: padres e hijos, hermanos, esposas y madres de rojos. “Zaragoza tenía una deuda moral de reconocimiento y homenaje a todas aquellas personas que murieron sin otra razón que pertenecer al bando republicano y que habían sido condenadas a la pena adicional del olvido y el anonimato”, recordó el alcalde de la ciudad, Juan Alberto Belloch (PSOE).

La decisión de crear en Zaragoza esta ruta de la memoria, financiada con fondos del Plan E, se tomó por unanimidad de todos los grupos políticos. El miércoles estarán presentes en la inauguración alcaldes de los 327 municipios a los que pertenecían las víctimas. También tiene previsto acudir el aún presidente de Aragón y recién nombrado secretario de organización del PSOE, Marcelino Iglesias. El Ayuntamiento se guarda además, una sorpresa musical.

23/10/2010    

BALANCE DE DIEZ AÑOS DE EXHUMACIONES

1.821 de las 2.052 fosas comunes del franquismo están todavía por abrir

Asociaciones de familiares han recuperado los restos de más de 5.200 víctimas

NATALIA JUNQUERA, Madrid

Emilio Silva Faba, fusilado por falangistas junto a otras 12 personas en 1936, fue el primero. Hace diez años, su nieto, Emilio Silva, recuperaba sus restos en Priaranza del Bierzo (Ponferrada), ayudado por un grupo de arqueólogos y forenses amigos. Fue la primera exhumación de una fosa del franquismo realizada con técnicas científicas. Desde entonces se han abierto otras 230 y rescatado los cuerpos de 5.277 víctimas de la represión franquista. Quedan, según el mapa elaborado por el Gobierno, al que ha tenido acceso EL PAÍS, otras 1.821 fosas por abrir con nadie sabe cuántos cuerpos. La cifra de desaparecidos supera los 100.000.

Aragón es la que más tiene, con 588, seguida de Andalucía (445), Asturias (318), Castilla y León (171) y Castilla-La Mancha (134). Solo las comunidades gobernadas o cogobernadas por socialistas han querido facilitar estos datos al Ejecutivo para señalar el mapa de la tragedia. Las asociaciones de familiares de víctimas del franquismo han facilitado los datos del resto. Paradójicamente, advierten estos colectivos, a nivel local, muchos alcaldes del PP sí les han prestado ayuda.

El Gobierno publicará este mapa en Internet “en fechas próximas”. A Francisco Etxeberria, forense que ha abierto un centenar de fosas del franquismo desde el año 2000, le preocupa que la gente intente recuperar los restos por su cuenta, pues no está terminado todavía el protocolo de exhumaciones que debe regular a nivel estatal el procedimiento.

Etxeberria, que se sumó a la recuperación de restos de víctimas de la represión franquista desde el primer día, asegura, 10 años después, que la implicación de las autoridades es cada vez mayor, aunque falte todavía un escalón muy importante: el judicial. Al no estar judicializados los casos, los cientos de identificaciones realizadas en su laboratorio durante la última década no tienen valor oficial. Los informes que ha hecho tras estudiar las circunstancias de la muerte de las personas que ha ayudado a sacar de las cunetas podrían ser utilizados en un futuro como pruebas periciales. Etxeberria era, de hecho, uno de los peritos a los que el juez Baltasar Garzón acudió cuando abrió una causa contra los crímenes del franquismo.

El Gobierno concede subvenciones para actividades de recuperación de la memoria histórica desde el 2006, un año antes de la aprobación de la ley. A las exhumaciones ha destinado 5,9 millones de euros, un 29% del total de ayudas (19,4 millones). Para atender a los familiares, el Ministerio de Justicia ha abierto una oficina específica que ha recibido cerca de 18.000 consultas desde 2008.

En aplicación de la ley de memoria, 93.444 personas, la mayoría residentes en Latinoamérica, han recuperado la nacionalidad española que sus padres y abuelos perdieron en su huida de Franco, en el exilio. El Gobierno repartió medio millón de folletos advirtiendo de esta posibilidad y ha recibido tantas solicitudes que ha tenido que reforzar en personal los consulados de Iberoamérica, donde se refugió la mayoría de exiliados. El plazo para presentarlas termina el 27 de diciembre. También han conseguido la nacionalidad española 20 miembros de las Brigadas Internacionales que lucharon en la Guerra Civil.

Familiares de víctimas, juristas, forenses e historiadores harán hoy en Ponferrada, donde todo empezó, un balance de los triunfos conseguidos y los retos pendientes.

13/11/2010    

Asturias compra una fosa franquista para preservarla

NATALIA JUNQUERA, Madrid

Los dueños del terreno siempre habían sabido que en su finca se hallaba una fosa común del franquismo con 18 fusilados durante la Guerra Civil, el más joven de 19 años y el mayor de 72. Lo sabían porque desde 1937 los familiares de las víctimas fueron muchas veces allí a depositar flores. Ahora, el Gobierno asturiano ha llegado a un acuerdo con las dos hermanas que heredaron el terreno para comprar la fosa. “Lo hemos hecho para preservarla”, explicó a EL PAÍS el viceconsejero de Bienestar Social, Ángel González. Es la primera vez que un Ejecutivo autónomo hace algo parecido y González no descarta “en absoluto” que vuelvan a hacerlo.

En 1988, la juez de primera instancia de Pola de Siero autorizó la exhumación para su traslado a un cementerio. El Ayuntamiento de Siero aprobó con los votos de PSOE, IU y AP (hoy PP) una moción en la que consideraba “incongruente que más de cincuenta años después se levantaran rencores con aquella exhumación”. Finalmente, nunca se llevó a cabo, porque algunos familiares se opusieron.

“Hoy, según la legislación vigente y el derecho que asiste a las personas, no se puede negar a un familiar su derecho a exhumar los restos de la persona fallecida si han podido ser identificados previamente”, asegura González, que ha encargado un estudio técnico para proteger los derechos de todas las partes. “Lo que se pretende es que si se lleva a cabo la exhumación, previa individualización de los restos, aquellos que no sean identificados o que sus familiares así lo requieran, permanezcan en el mismo lugar”, añadió.

El Gobierno del Principado planea construir un monolito en recuerdo de las víctimas y colocar paneles en los que se cuente su historia. “Será un lugar de la memoria democrática de Asturias”, asegura el viceconsejero.

Muchas fosas del franquismo están en fincas privadas y la mayoría de los dueños conocen su existencia. En algunos casos, los familiares de las víctimas han pagado a los propietarios durante años para que no cultivaran o construyeran encima. En Asturias, la mayoría de las 343 fosas localizadas por los expertos de la Universidad de Oviedo están en lugares públicos, sobre todo en cementerios. El cálculo del número de asesinados del franquismo en esta comunidad asciende a 6.000.

30/05/2011    

Una familia repartida en cuatro fosas

La exhumación en Ciudad Real de los Méndez Jaramago rescata la historia de cinco campesinos convertidos en maquis por el acoso de la Guardia Civil

NATALIA JUNQUERA, Madrid

Asunción Méndez tenía 20 años y estaba embarazada de siete meses el día que vio cómo su padre, de 66, caía abatido a tiros por la Guardia Civil mientras preparaba una caldereta para los dos. Era julio de 1941 y llevaban casi un año escondidos en el monte. Ella logró agazaparse entre las piedras y huir a Valencia, donde dos meses después nació su hijo. Ni a él, ni a los tres que vinieron después, les habló nunca de lo ocurrido. Uno de ellos, Vicente Carsí, de 64 años, pisó ayer, muy emocionado, la fosa de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real) donde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica busca a su abuelo y a otros cinco maquis que corrieron la misma suerte.

“Mi madre murió hace tres años y fue entonces cuando empezamos a conocer la historia de esta familia”, cuenta Vicente. “Asunción no habló nunca del asunto, pero al final de su vida, cuando ya no reconocía a nadie, gritaba insistentemente el nombre de sus tres hermanos, abatidos también a tiros por la Guardia Civil”, relata Juan Pedro Esteban Palmero, que lleva siete años investigando la trágica historia de esta familia.

“Solo uno de los hermanos, José, había participado en la Guerra Civil, donde perdió una mano. Mi familia no era una familia de maquis, pero se hicieron guerrilleros por el acoso al que les sometía la Guardia Civil. Por aquella época vivían en tiendas de campaña porque estaban trabajando en la construcción de la carretera entre Agudo y La Puebla de Don Rodrigo y la Guardia Civil, que pensaba que ayudaban a los maquis, iba todos los días a interrogar y pegarle a mi abuelo unas palizas que lo dejaban medio muerto”, relata Vicente. “Los hermanos mayores se cansaron de aquella presión y todos decidieron huir. La Guardia Civil mató al pequeño, Antonio, de 17 años, para obligar a los otros a volver, y volvieron, claro, pero con las escopetas”. Todos, salvo Asunción, murieron. “Vivió aterrorizada toda su vida y creo que hasta le daba un poco de vergüenza que sus hermanos hubiesen terminado como guerrilleros”, cuenta Vicente.

Uno de ellos, José, se convirtió en uno de los maquis más célebres de la zona. Bajo el mote de El Manco de Agudo vivió durante años en la sierra hasta que fue abatido a tiros en 1949, con 31 años. Su hermano Manuel había muerto un año antes, con 34, en las mismas circunstancias.

Los restos de El Manco de Agudo fueron exhumados en marzo del año pasado en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real). “Manuel”, prosigue su sobrino, “está en Aliseda (Cáceres) pero donde le enterraron construyeron encima una residencia. Antonio está en una fosa común muy grande en el cementerio de Agudo, pero hay nichos de tres pisos encima y también es imposible recuperarlo”. Vicente está decidido a rescatar los restos de su abuelo en esta fosa de Ciudad Real donde también yacen cinco maquis. “Yo no conocí a mi abuelo, ni a mis tíos. Pero son mi abuelo y mis tíos y quiero que, en la medida que sea posible, sean enterrados de forma digna y pueda ir a visitarlos cuando quiera. No me interesa nada más. Me dijeron el nombre del que mató a mi tío y no quise ni anotarlo”, aclara Vicente.

A pie de fosa está también un hombre de 87 años llamado Juan Arias, que cada poco rompe a llorar. Él ha llevado a los arqueólogos hasta la fosa porque a él le obligaron siendo un chaval a subir a su mula los cuerpos de los cinco guerrilleros y llevarlos al cementerio. “Se siente muy culpable, aunque hemos tratado de explicarle entre todos que él no podía hacer otra cosa”, cuenta Marco Antonio González, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. “Los cinco están en la parte del cementerio donde se enterraba a niños sin bautizar, mendigos, las personas que se suicidaban...”

El arqueólogo René Pacheco encontró ayer el cráneo de uno de ellos, agujereado por una bala. De momento no han aparecido familiares de estos cinco maquis. “Dos antropólogos de Chicago y Gante, que están estudiando la represión en España, buscan más información sobre ellos en archivos militares porque a los guardias civiles que mataban a guerrilleros les recompensaban con dinero o ascensos y todo eso solía quedar registrado”, añade González. Esta fosa es una de las ocho que tienen previsto abrir con una subvención del Gobierno de 57.900 euros.

08/06/2011    

En busca de un Valle para todos los Caídos

Un grupo de expertos afronta el reto de arrebatar al dictador su gran símbolo  -  La colosal cruz se queda  -  El dilema es qué hacer con Franco

NATALIA JUNQUERA, Madrid

Sepultado por una losa de granito de 1.500 kilos, Franco resiste, desafiando al tiempo y al olvido. Más de 35 años después de su muerte, todavía hay intelectuales que se resisten a llamarle dictador, como ha evidenciado el polémico diccionario de la Real Academia de la Historia. Y medio siglo después de su inauguración, el mayor símbolo del franquismo, el monumento que él ideó, precisamente, para inmortalizar su victoria, el Valle de los Caídos, sigue intacto, regido por los mismos principios y decretos que él dejó atados y bien atados. El Gobierno de Adolfo Suárez y el primero de Felipe González intentaron crear sendas comisiones para actuar sobre el monumento y ambos fracasaron. Ahora, a menos de un año para las elecciones, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha constituido un grupo de expertos para que en un plazo de cinco meses elaboren un plan para arrebatarle a Franco esa última plaza en la que todavía resiste y darle otro significado. “No existe nada parecido en el mundo”, repiten, con una mezcla de emoción y respeto por la tarea, varios de ellos, entre los que hay historiadores, juristas, filósofos y un monje benedictino. EL PAÍS preguntó a expertos de esa comisión y a otros cómo convertir ese “monumento a la guerra y el nacionalcatolicismo”, en palabras del ministro de la presidencia, Ramón Jáuregui, en “un lugar de memoria reconciliada”.

Qué hacer en el Valle de los Caídos es la gran pregunta, pero la primera es: ¿por qué no se ha hecho antes? ¿Por qué, 35 años después de su muerte, sigue siendo lo que Franco quiso que fuera?

“Por miedo”, asegura el historiador Ricard Vinyes, miembro de esa comisión de expertos. “Porque no ha habido voluntad de hacerlo, ni sensibilidad para abordarlo. Lo cual es increíble, porque es el lugar de memoria de los vencedores más importante que la dictadura legó. Es demasiado grande, con muchas partes implicadas y no sabían qué hacer. Y cuando preguntaban, no les gustaba lo que algunos decíamos”, añade Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea y uno de los expertos que los familiares de los republicanos enterrados en el monumento pidieron que estuviera en la comisión. Casanova no cree que “las memorias puedan reconciliarse”. “Es un monumento de vencedores y así hay que mantenerlo, pero explicado, con carteles, documentos y documentales, desde la democracia”.

Santiago Carrillo cree que si no se ha intervenido antes es “porque la derecha no ha roto todavía con el franquismo y la izquierda es muy tímida, incapaz de enfrentarse políticamente a los prejuicios de una parte de la opinión pública”. Y el filósofo Reyes Mate, miembro de la comisión, opina que el retraso obedece a que “la cultura dominante en España y en Europa ha sido la cultura del olvido. Ha habido una resistencia a mirar al pasado porque muchos piensan que la memoria es peligrosa, que crea problemas, cuando en realidad, es la condición para alcanzar soluciones”.

Por miedo, repiten unos y otros. “Es una oportunidad histórica y a la vez un reto tan colosal como la cruz que lo corona. Debemos de ser concienzudos, imaginativos, y sobre todo, valientes”, asegura Francisco Ferrándiz, antropólogo social e investigador del CSIC miembro de la comisión. “Lo que tenemos que hacer es volar el Valle de los Caídos como metáfora. Darle totalmente la vuelta. No basta con poner carteles encima de cada piedra explicando lo que son”, añade Vinyes.

Ese miedo también resiste. El temor a la reacción de determinados medios de comunicación ha provocado que la comisión haya hecho un pacto de silencio para no informar de sus ideas hasta que hayan concluido su informe.

En cualquier caso, el futuro Valle de los Caídos ha comenzado a dibujarse. Mantendrá la gran cruz, de 150 metros de alto -la Federación de Foros por la Memoria pedía su voladura, por considerarla “equivalente a una esvástica”- y a la comunidad benedictina -pese a que algunos de estos expertos son partidarios de convertirlo en un lugar laico-. Y añadirá un memorial que sirva de homenaje a las víctimas allí enterradas y a los presos políticos que fueron obligados a construirlo. Al menos, estas son las grandes líneas que Jáuregui ha marcado a la comisión.

Pero la cuestión más delicada que ha de decidir este grupo de expertos es si los restos de Franco y Primo de Rivera deben permanecer allí. Varios de ellos opinan que no es posible darle otro significado al Valle de los Caídos dejando al dictador donde está y propondrán entregar los restos a su familia para que lo entierren donde quieran, por ejemplo, en el cementerio de Mingorrubio, a las afueras de El Pardo, junto a su mujer. Distinto podría ser el tratamiento de José Antonio Primo de Rivera, que murió fusilado en Alicante al principio de la Guerra Civil y, al contrario que Franco, sí puede considerarse una víctima de la Guerra Civil.

“Retirar los restos de Franco del Valle de los Caídos sería un gesto simbólico muy poderoso”, explica uno de los expertos de la comisión. Otro es partidario de dejarlo donde está y llevar al monumento todas las estatuas del dictador que se han ido retirando, con la convicción de que si es un Estado democrático el que lleva a cabo esta operación, cambiaría totalmente de significado.

Si la comisión decide finalmente que es necesario exhumar los restos de Franco, el Gobierno debería iniciar gestiones con la familia. Este periódico intentó sin éxito contactar con Carmen Franco Polo. Pero Emilio de Miguel, portavoz de la Fundación Nacional Francisco Franco, que preside la hija del dictador, opina al respecto: “Franco merece un respeto, como todos los muertos. Si quieren hacer un museo hay monte libre para hacerlo, no allí”.

Pero Franco y Primo de Rivera no son los únicos enterrados en el Valle de los Caídos, que además de monumento al franquismo es la mayor fosa común de España, con 33.833 personas enterradas -el equivalente a la ciudad de Teruel-. Entre ellas hay, además, centenares de republicanos fusilados que fueron exhumados de las fosas comunes a las que habían sido arrojados y llevados en 491 traslados al mausoleo para ser enterrados junto a su verdugo sin el consentimiento de sus familias. Once de ellas reclaman ahora que les devuelvan sus restos para enterrarlos donde ellos quieran. Responder a esta petición va a ser otro de los grandes retos de esta comisión.

Los forenses que el Gobierno envió para analizar el estado de esos huesos concluyeron en febrero que es imposible identificarlos, por estar mezclados y muy deteriorados. Pero Jáuregui ha encomendado a esta comisión que explore todas las posibilidades, para lo cual los expertos solicitarán el asesoramiento externo de otros especialistas, españoles y extranjeros, incluido uno elegido directamente por los afectados. Fausto Canales, hijo y sobrino de republicanos enterrados en el Valle, asegura que solo volverá a ese lugar para llevarse a los suyos.

Como explicó la historiadora Queralt Solé en Los muertos clandestinos, Franco no tenía intención de incluir a los miles de fusilados repartidos por fosas comunes en toda España que finalmente acabaron en el Valle. “No sacrificaron nuestros muertos sus preciosas vidas para que nosotros podamos descansar”, dijo en la inauguración del monumento, en abril de 1959. “Nuestros muertos”. Pero en contra de lo que pensaba, muchas viudas del bando nacional no autorizaron los traslados y Franco se vio obligado a pedir por carta y “con urgencia” a los Ayuntamientos restos con los que alimentar el mausoleo. Estos contestaron que no tenían muertos franquistas, pero sí muchas “fosas del ejército rojo”. Además, les venía muy bien deshacerse de estos enterramientos que en muchos casos les impedían ampliar el cementerio municipal.

Solé propone dejar los restos de Franco y Primo de Rivera donde están para que “el Valle se conserve como la tumba faraónica que el dictador se hizo construir” y sirva de “ejemplo de lo que no debe volver a ocurrir”. Pero es partidaria de exhumar “sin distinción los demás restos, poco a poco, con un presupuesto anual”.

Casanova también dejaría a Franco en su tumba. “Él la construyó para su gloria y hay que explicarlo. José Antonio debería aparecer con los restos de los otros mártires porque el personaje vivió hasta el 20 de noviembre de 1936 y después fue inventado por el franquismo. En febrero de 1936 ni salió elegido diputado y dirigía un partido minoritario antes del golpe de Estado de julio”.

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, jurista que ocupó varios cargos en el PP y actualmente es miembro del Consejo de Estado, además de integrante de esta comisión de expertos, opina que una de las cuestiones más delicadas es la gestión del Valle de los Caídos. De la comisión ha de salir un nuevo convenio con la comunidad benedictina, la que actualmente se encarga del recinto, cuya conservación y mantenimiento paga Patrimonio Nacional, pese a que el monumento no aparece en su relación de bienes propios, es decir, que el Valle de los Caídos no tiene un dueño definido.

La ley de memoria histórica establece que la Fundación gestora del Valle (que hoy se rige por un decreto franquista de 1959) “incluirá entre sus objetivos rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil y la represión” y “profundizar en el conocimiento de este período histórico y de los valores constitucionales”. Hasta ahora la comunidad benedictina se ha dedicado básicamente a celebrar misas y acoger carísimos campamentos de verano de colegios privados como St. Michaels School.

Rodríguez de Miñón le quita hierro al asunto: “No es como volver a hacer la Constitución. Con buena voluntad y criterio sacaremos esto adelante”, pero varios de sus compañeros en la comisión creen que el futuro del Valle de los Caídos pasa necesariamente por su desacralización. “Me preocupa la presión que pueda ejercer la Iglesia tanto como que sea el PP el que tenga que gestionar este informe”, admite Vinyes.

A todos les preocupan los tiempos políticos. También al ministro Jáuregui, que confía en que “ningún Gobierno” vuelva a meter este asunto “en un cajón”.

23/06/2011    

El Senado pide incorporar al Registro a los desaparecidos del franquismo

NATALIA JUNQUERA, Madrid

El Senado aprobó ayer que los desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura -fusilados y arrojados a fosas comunes- sean inscritos como fallecidos en el Registro Civil. La medida, presentada como una enmienda del Grupo Socialista al proyecto de Ley de Registro Civil, fue aprobada por 125 votos a favor y 114 en contra. Debe ser ratificada en el Congreso para incorporarse a la ley.

Esta era una vieja reivindicación de las asociaciones de memoria histórica. La ley exige la comprobación cierta del fallecimiento por testigos presenciales u otras pruebas difíciles de aportar por los familiares de los desaparecidos del franquismo. La enmienda atenúa el rigor de la prueba de defunción para que estas personas, que ya están inscritas como nacidas, puedan estarlo también como fallecidas.

El Senado también aprobó extender la concesión de la nacionalidad española a los nietos de las exiliadas que perdieron la suya tras casarse con un extranjero.

11/07/2011    

59 fusilados sin nombre enterrados por los barrenderos del pueblo

Los arqueólogos exhuman en Burgos una fosa de la Guerra Civil en la que podría haber decenas de ferroviarios y un franciscano asesinado por rojo

NATALIA JUNQUERA, Madrid

Una intensa semana de trabajo escarbando en la tierra ha desenterrado en el paraje conocido como La Legua, en Gumiel de Izán (Burgos), una cordillera de cuerpos de más de 30 metros de largo, la extensión de una fosa donde quedaron al aire, 75 años después de haber sido enterrados, 59 esqueletos sin nombre.

El forense Francisco Etxeberria, coordinador de la exhumación, cuenta que las víctimas fueron arrojadas y amontonadas en esta zanja en seis tandas. A algunas las mataron allí mismo. “Hemos encontrado vainas de fusil y balas rotas junto a los huesos rotos sobre los que impactaron. La mayoría de los cráneos tienen agujeros de proyectil...”. A los asesinos no les dio tiempo a matar a todos los que querían, porque esta fosa estaba preparada para albergar aún más cuerpos. Los últimos 10 metros de zanja están cavados, pero vacíos. “Habían hecho sitio libre para más”, añade el forense.

“Es una fosa muy preparada”, explica el investigador José Ignacio Casado, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. “Los cuerpos estaban cubiertos con cal. Los enterraban los barrenderos de Aranda de Duero, según nos ha contado gente del pueblo, después de robarles lo que llevaran de valor. Algunos vecinos recuerdan verles pasar con prendas de los desaparecidos”.

Pese a todo, entre los huesos han aparecido algunos objetos convertidos hoy en valiosísimas pistas para identificar a sus dueños. Como las canicas halladas al lado de los restos de dos muchachos de 18 años; el corsé ortopédico que Fernando Lorente confía en que sea el de su abuelo, Fernando Macario Martínez, maquinista en la estación de Aranda de Duero. “Había participado en algunas manifestaciones de UGT y al estallar el golpe militar huyó al monte. Le dijeron que podía volver y lo hizo. Le detuvieron enseguida”. No fue una muerte rápida. “Parece ser que mi abuelo no fue bien fusilado. Al día siguiente de dispararles, los asesinos volvieron al sitio donde los habían tirado y mi abuelo, que seguía vivo, les pidió agua. Le mearon en la cara y después le remataron. Esto lo sé porque, por lo visto, los asesinos fueron luego pavoneándose por el pueblo de la hazaña”.

Junto a los huesos también ha aparecido un crucifijo de 10 centímetros, de los que se colgaban al cuello, que hace pensar a Casado que el esqueleto que tiene al lado pertenece al franciscano Emiliano María Revilla, detenido por un grupo de falangistas el 29 de julio de 1936 en su pueblo burgalés, Revilla Vallejera, por ser considerado “un cura rojo que denunciaba el hambre y la miseria de los campesinos”. El padre Revilla fue llevado hasta la prisión central de Burgos. Salió de ella con otras 13 personas en una saca el 4 de septiembre de ese año. En 1950 le dieron oficialmente por muerto.

De momento, todo, salvo la aplastante evidencia de esos 59 esqueletos agujereados por las balas, es una hipótesis. Queda por delante un largo trabajo en los laboratorios de la Universidad del País Vasco y la Autónoma de Madrid. También para los investigadores José Ignacio Casado y José María Rojas, que han de buscar a los familiares de estos esqueletos sin nombre y averiguar si esta es, en efecto, la famosa “fosa de los ferroviarios” que llevan años buscando.

“Solo el 18 de agosto de 1936 se dice que fueron asesinados 60 ferroviarios afiliados en su mayoría a los sindicatos UGT y CNT”, explica Casado. “En Aranda de Duero”, añade Rojas, “siempre se había hablado de una fosa donde podrían estar enterradas alrededor de 50 personas, casi todos ferroviarios. Esta coincide por el número y porque el corsé puede pertenecer a uno de ellos. Si no es esta, es probable que la construcción de la autovía en los años ochenta se llevara esos cuerpos por delante”.

Un hombre llamado Domingo, que fue concejal y más tarde juez de paz de Gumiel de Izán, señaló este lugar donde han sido desenterrados 59 cuerpos. La fosa ha aparecido a apenas 300 metros de otra en la que Etxeberria y su equipo desenterraron en 2003 a otras 85 víctimas. Según Casado, “solo en la franja conocida como la Ribera del Duero burgalesa fueron asesinadas en el verano de 1936 cerca de 700 personas”.

19/09/2011    

Víctimas del franquismo se preparan para un “recortazo” del PP en políticas de memoria

Los expertos del Valle de los Caídos temen que el proyecto quede en un cajón

NATALIA JUNQUERA, Madrid

“La Ley de Memoria Histórica no sirve absolutamente para nada. No tengo ningún interés en que esté en vigor”. Son palabras del líder de la oposición y según todas las encuestas, próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Los familiares de víctimas del franquismo temen que el PP aplique un “recortazo” a las políticas de memoria y que la de este año sea la última convocatoria de subvenciones para este tipo de proyectos. Desde el año 2006, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha concedido 20 millones de euros a estas tareas (el 29% a la apertura de fosas).

La comisión de expertos a la que el ministro de la presidencia, Ramón Jáuregui, ha encargado reinventar el Valle de los Caídos, también teme que su proyecto quede en un cajón si el PP gana las elecciones. Deben entregar su informe en octubre, a menos de un mes de las generales.

“Nunca hemos visto la más mínima comprensión en el PP hacia este asunto. Al contrario, solo hemos oído frases despectivas del tipo 'esto no le importa a nadie”, recuerda Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Las autonomías gobernadas por el PP se negaron a facilitar datos para el mapa de fosas del franquismo y, recientemente, el alcalde popular de Poyales del Hoyo (Ávila) decidió devolver a una fosa común a nueve represaliados del franquismo. “Pero estuvimos siete años sin subvenciones”, prosigue Silva, “y si nos las quitan, volveremos al modelo anterior. Ahora somos más fuertes, tenemos más experiencia y más capital humano”.

Fausto Canales, hijo y sobrino de dos republicanos fusilados y enterrados sin consentimiento familiar en el Valle de los Caídos, opina: “Sabemos que el PP va a intentar frenar esto aprovechando la excusa de la crisis. Nos prepararemos para que lo que hemos conseguido estos años no se destruya. Y si no lo conseguimos, lo harán nuestros nietos o bisnietos, pero ya no hay marcha atrás”.

Francisco Etxeberria, forense que ha abierto la mayoría de fosas en España, cree que el PSOE va a movilizarse más por la memoria desde la oposición.

Están acostumbrados a los reveses, dicen, el peor, el procesamiento del juez Baltasar Garzón, que espera juicio por abrir una causa contra los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura. Familiares de las víctimas denunciaron durante la inauguración del curso judicial el pasado jueves que los jueces españoles, al contrario que en otros países, se niegan a investigar la desaparición forzada de miles de represaliados. En España: 113.000.

Balance

Desde el año 2000 se han abierto 278 fosas del franquismo en las que se han recuperado 5.476 víctimas. En Castilla y León se ha realizado el 51% de las exhumaciones. El 95% de las víctimas en fosas corresponden a muertes extrajudiciales. El Gobierno ha concedido 20 millones desde 2006 a 642 proyectos de memoria (el 29% a la apertura de fosas).

02/11/2011    

Día de difuntos en las cunetas

Familiares de víctimas del franquismo llevan flores a las fosas comunes

NATALIA JUNQUERA, Madrid

Como no podían ir a los cementerios, cientos de familiares de víctimas del franquismo acudieron ayer, 1 de noviembre, a las cunetas donde sus muertos permanecen enterrados sin lápida y sin nombre. Y allí les dejaron flores. Ocurrió en el monte de La Pedraja (Burgos), donde el año pasado un equipo de arqueólogos y forenses recuperó 104 cuerpos y ayer, en una segunda exhumación, fueron hallados otros 50. También en Chillón (Ciudad Real), donde han sido desenterrados de una fosa común nueve hombres maniatados con alambres, asesinados, ya terminada la Guerra Civil por un grupo de vecinos.

Otras muchas familias no pudieron hacer ni eso, dejar un ramo en una cuneta, porque, según denuncia la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) 75 años después del inicio de la Guerra Civil y 36 desde la muerte de Franco aún “quedan 113.000 fusilados en fosas comunes”.

“La primera vez que vine, me dijeron que aquí había más de 300 fusilados”, relató, desde La Pedraja, el forense Francisco Etxeberria. “Pensé que era una exageración, una leyenda. Ahora creo que es verdad. Hemos abierto dos fosas y no son las únicas”. Etxeberria estaba este 1 de noviembre, como el anterior y el anterior, abriendo una fosa del franquismo. En este caso, de 14 metros de largo por dos de ancho. “Mi padre está aquí, pero no sabemos dónde”, contaba desde La Pedraja Rafael Martínez, de 89 años. “Lo detuvieron al día siguiente del golpe, el 19 de julio de 1936, y lo fusilaron el 3 de octubre. Era presidente de la Agrupación Socialista de Briviesca y contratista de obra pública. Las cuadrillas de enterradores, vecinos de la zona, a las que los asesinos obligaban a enterrarlos -les encargaban abrir las zanjas con antelación, ya que sabían que iban a llenarlas- le reconocieron enseguida. Fueron a mi casa a decírselo a mi madre. Yo tenía tres años”.

Los familiares de los nueve fusilados en Chillón también les llevaron flores, esta vez, ante la fosa abierta. “Fueron asesinados dos meses después del final de la Guerra Civil por falangistas y vecinos. Se mezcló la política con venganzas personales”, explica el investigador Luis Miguel Montes, bisnieto de una de las víctimas, la mayoría mineros, un maestro, un zapatero y un labrador. “No todos tenían afinidades políticas”.

Entre ellas está el padre de Anselmo Capilla, socialista y afiliado a UGT. “El día que lo mataron yo tenía 8 años y mi padre, 39. Dicen en el pueblo que los asesinos lo celebraron con una juerga”.

La juez de Almadén visitó esta exhumación al recibir la denuncia de la ARMH por el hallazgo de restos humanos con signos de muerte violenta. Las familias han acordado volver a enterrarlos todos juntos, pero en un cementerio, con un panteón en el que se puedan leer sus nombres. “Este es el último año que tendremos que venir aquí a traerles flores”.

Table of Contents

Una fosa en el arenal

“¿Y mi padre, cuál es?”

40 años después del 'terror caliente'

Familiares de 55 desaparecidos en la Guerra Civil piden a Garzón que investigue su paradero

Setenta años en busca de un esqueleto con reloj

De Japón a Ponferrada

Las asociaciones esperan que la Ley de Memoria “no sea la definitiva”

La fuga de los 221 muertos

El Gobierno carece de un registro de desaparecidos del franquismo

“No quiero que mi padre esté enterrado con Franco”

La nieta de un fusilado pedirá que se indague la fosa de Lorca

Media España, sin datos

Justicia tiene listo el reglamento para reconocer a las víctimas del franquismo

Cataluña y Galicia aportan su censo de víctimas

Desde la bota de Emilio hasta la Audiencia Nacional

Juicio a la barbarie

Garzón recibe los nombres y más pistas de 130.000 desaparecidos

Registrados y recompensados

Un hombre de 107 años localiza una fosa común de la guerra

“En Japón me preguntan por qué aún quedan fosas”

Garzón recibe datos de Córdoba y un listado con 133.708 víctimas

Los familiares eligen a sus expertos

Garzón adelantó en sus escritos la idea de enjuiciar la dictadura

“Aportaremos trozos de verdad a un 'puzzle' que resolverá Garzón”

Los expertos revisan el terreno para abrir la fosa de Lorca en tres semanas

Garzón ordena exhumar del Valle de los Caídos a ocho fusilados

No es la sociedad civil. Es el Estado

“Que Franco esté muerto no impide esclarecer los hechos”

El Gobierno deja la decisión de abrir fosas de la guerra a las autonomías

Dibujos, fotografías y grabaciones para un diario

Las normas de exhumación de víctimas elaboradas para la Ley de Memoria Histórica

El PP pide a Zapatero que no le “endose” la apertura de fosas

El Senado libra al Gobierno de asumir las exhumaciones

Víctimas de la Guerra Civil, contra los títulos nobiliarios que dio Franco

Vicente Moreira, 'niño de la guerra' en Rusia

Las autonomías se niegan a asumir la apertura de fosas

Una juez de Zamora, primera en abrir una fosa de la guerra

Primera exhumación por orden judicial

El tiempo se acaba para las víctimas de Franco

Los agentes visitan el lugar del crimen 73 años después

Aragón estudia sancionar la exhumación de dos fusilados

“Siento dolor, pero peor habría sido irme sin ella”

Iniciativa y ERC piden revocar los títulos que concedió Franco

¿Quién oculta a Lorca?

Hallados restos humanos en una fosa de la guerra en Barro

¿Y ahora dónde estás, Federico?

Solo comunidades socialistas participan en el mapa de fosas

La Iglesia también abre las fosas de sus muertos

Las dos muertes de Rafael Mesa

1.850 fosas en el primer mapa de la tragedia