Al príncipe se le exige que se case bien, sea honrado, tenga empatía con la ciudadanía y esté bien preparado. A las infantas solo que se casen bien y permanezcan en un segundo plano. A la vista está que Cristina Federica de Borbón y Grecia matrimonió peor que mal y ha protagonizado el mayor escándalo de la familia real en casi cuarenta años de juancarlismo.

La intocable narra con precisión de cirujano y un estilo periodístico directo algunos hechos conocidos, desvela la operación secreta diseñada en los albores de 2012 en La Zarzuela para establecer un cortafuegos procesal en torno a la hija menor del monarca y explica cómo manejan el asunto las grandes víctimas colaterales, don Felipe y doña Letizia, que se refieren al «caso Nóos» como el «caso Nóos forramos».

Este libro de Eduardo Inda y Esteban Urreztieta bucea en la personalidad de la gran desconocida de palacio. Una mujer antaño austera, religiosa y cartesiana que quedó «abducida» en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 por un deportista guaperas con fama de macho alfa. A partir de entonces se volvió altiva, codiciosa, materialista e intelectualmente sorda. Tal y como se relata en estas páginas, continuación de Urdangarin. Un conseguidor en la corte del rey Juan Carlos, Cristina se ha enrocado en la defensa de su pluriimputado marido, se cree víctima de «una conspiración» y considera que todos sus negocios en Nóos y Aizoon son «plenamente legales». Una soberbia que la ha convertido en la primera royal española que se sienta en el banquillo, acusada de delitos que le pueden suponer hasta once años de cárcel.

Eduardo Inda & Esteban Urreiztieta

La intocable

Cristina, la infanta que llevó la corona al abismo

ePub r1.2

Titivillus 16.12.15

Eduardo Inda & Esteban Urreiztieta, 2014

Editor digital: Titivillus

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A la más maravillosa trilogía que vieron los tiempos: G. & J. & J.

A TI, por tu apoyo psicosomático.

EDUARDO INDA

A mis padres.

ESTEBAN URREIZTIETA

«La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres».

MIGUEL DE CERVANTES,

El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha

AGRADECIMIENTOS

A todos los servidores públicos que en sus horas libres se dedicaron a buscar la verdad prohibida en sus horas de trabajo.

A todos los hombres y mujeres que se la jugaron para que El Mundo pudiera contar esa verdad que nos hace más libres.

A ese hombre de principios que jamás nos mintió.

A Pedro J. Ramírez, por tirar del Caso Urdangarin aun a sabiendas de que le podía costar la cabeza.

A Federico Jiménez Losantos, por acompañarnos en esta azarosa travesía desde el minuto uno, sin fisuras, sin ambages y sin miedo.

A Antonio García Ferreras, periodista independiente donde los haya, por estar a las duras y a las maduras.

A Jaime Peñafiel, con admiración y cariño infinitos.

Y, como meros ciudadanos, a José Castro por hacer prevalecer el artículo 14 de la Constitución y a Pedro Horrach por el coraje cívico que demostró al decidir investigar a un INTOCABLE con mayúsculas.

CAPÍTULO I

Lo que faltaba: Manos Limpias pide la imputación de la infanta. La infanta como asunto de Estado. «Alberto, esto no se nos puede ir de las manos». La reunión en Zarzuela en la que se forjó la Operación Cortafuegos. ¿Invitamos a Alfredo? Cuatro uf y un juez que decide no estigmatizar a Cristina

«¡Joder, lo que faltaba!», bramó el 14 de febrero de 2012 una muy noble boca en uno de los despachos más grandes de La Zarzuela. Aquel martes no fue precisamente el día del amor ni en los bellísimos parajes del Monte de El Pardo ni en un casoplón alquilado a nombre de Telefónica en el tan washingtoniano como cool barrio de Chevy Chase, ni tampoco en el despacho de la primera planta del 81 de la milla de oro barcelonesa (el Paseo de Gracia) que ocupa el bufete Brugueras, García-Bragado, Molinero y Asociados. Ni Rafael Spottorno, ni El Jefe, que es como se refieren en clave a don Juan Carlos los miembros de la liliputiense corte española, ni los duques de Palma, ni desde luego un inefable Mario Pascual Vives, que acostumbra a estar a por uvas, se esperaban que Manos Limpias se atreviera a reclamar ni más ni menos que la imputación de Cristina Federica de Borbón y Grecia. ¿Había «plan B»? No, entre otras razones, porque siempre se pensó que esto de Nóos era una cosa del «trepa de Vitoria», de ese chico «con el que nunca se tenía que haber casado Cristina» y que, en todo caso, lo de la séptima en la línea de sucesión era peccata minuta, tan peccata minuta que a nadie se le pasaría por la cabeza osar solicitar la intervención de un juez al que nadie fuera de las Islas tenía calado del todo.

Aquel día de San Valentín Virginia López-Negrete, la joven pero sobradamente audaz letrada del sindicato fundado por el antiguo dirigente de Fuerza Nacional del Trabajo Miguel Bernad en 1995, ultimaba a velocidad supersónica en su hogar capitalino del Niño Jesús el escrito que menos de veinticuatro horas después presentaría en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma dando el paso que nadie sospechó que fuera a dar. Como por arte de birlibirloque, o no, que para eso están los 007 made in Spain, en Zarzuela sabían desde hacía pocas horas los derroteros que iba a tomar la valiente jurista bilbaíno-vallisoletana el miércoles por la mañana. La suerte estaba echada. La acción popular, derecho contemplado en ese artículo 125 de la Constitución que algunos quieren ahora fulminar, iba a dar un paso en el que con el devenir del tiempo se cumpliría el viejo aserto castellano que determina que «a la tercera va la vencida».

El miércoles 15 levantó el telón con uno de esos días de humedad mallorquina que se te mete hasta el tuétano y contra el que no hay forros polares o plumíferos que valgan. Santi Carrión, el procurador del sindicato Manos Limpias, se plantó con puntualidad británica en los dominios de José Castro a la hora de apertura del juzgado: las nueve de la mañana.

—Buenos días, vengo a presentar un escrito de Manos Limpias en la pieza separada 25 del Caso Palma Arena —espeta sin que nadie le haya preguntado. Sitúa los tres folios encima de la mesa sin aspavientos, diríase que con parsimonia, lo que toca en un hombre que odia los focos. El ciudadano mallorquín prototípico: reservado, humilde y nada dado a la ostentación o a las alharacas. Gente genéticamente acostumbrada a vivir detrás de la roca, tranquila al más puro estilo johnwayneiano, que no quiere líos con nadie. Gente de fiar pero a la que le cuesta abrirse.

En apenas un par de folios, Virginia López-Negrete insta a su señoría a tomar declaración a la hija de en medio de los reyes de España.

—Vaya narices que tienen estos —cavila una de las personas presentes en Instrucción 3, el juzgado estrella de la capital balear.

«Hay indicios suficientes de la posible participación de la infanta Cristina en los hechos que se investigan», razona la letrada en un somero alegato. Apenas se va el procurador, se desencadena el lógico cuchicheo en unas instalaciones judiciales que como casi todas las de España son más propias del Magreb desde el punto de vista de las infraestructuras que de ese primer mundo al que nos jactamos de pertenecer. El funcionario que selló el escrito de Manos Limpias alucinó. En una España en la que la omertá respecto a la familia real ha sido ley durante tres décadas largas resulta que existe un inesperado ADN que le echa los redaños suficientes para instar ni más ni menos que la imputación de la hija de El Jefe.

Virginia López-Negrete apuntaba maneras. Y en cierta forma el suyo era un escrito premonitorio de la tormenta que se abatiría sobre La Zarzuela año y medio después. Y no señalaba con el dedo a Nóos, que también, sino a Aizoon, empresa familiar que doña Cristina había montado a medias con su marido casi diez años atrás y que desencadenaría la madre de todas las batallas en la primavera, en el otoño y en el invierno de 2013. La letrada argumentaba que «la condición de secretaria de Aizoon conlleva la elaboración de las actas, su lectura y su firma». Perogrullo jurídico que, sin embargo, costaría sacar adelante más de la cuenta en una Península Ibérica en la que el vasallaje va impreso en el alma de Juan Español. A cualquier fulanito y menganita la mera suscripción de las actas de una entidad mercantil les convierte en responsables penales y civiles. Claro que, como diría aquel, «todavía hay clases». Haberlas, haylas. El tiempo demostraría que sí las hay.

Manos Limpias subrayaba, para no dejar el más mínimo resquicio a la duda, que «la infanta había dispuesto de dinero de la caja de la sociedad defraudadora [de Aizoon]». Que en el sindicato habían leído concienzudamente la edición del 30 de noviembre de 2011 de El Mundo lo demostraba el hecho de que esgrimían otra razón de peso para convocar en sede judicial a la hija del hombre cuyo retrato sobrevuela la testa de todos los jueces de España: la aparición del nombre de doña Cristina en los books que entregaba el Instituto Nóos en todas las administraciones y empresas en las cuales Urdangarin y Torres se plantaban con la obvia intención de rapiñar. Con el objetivo ulterior de, Iñaki y Diego dixit, «forrarse y, cuanto más, mejor».

El miércoles 30 de noviembre el diario dirigido por Pedro J. Ramírez había abierto a cuatro columnas con un elocuente titular: «Urdangarin usaba a la Casa Real como gancho para sus negocios». La noticia se completaba con una foto de Iñaki, Cristina y los niños (los tres varones, Irene no había nacido) en la Cabalgata de Reyes de Alcalá de Henares de 2003, mientras negociaba su primer gran pelotazo en la ciudad que vio nacer a don Miguel de Cervantes Saavedra. Seguro que ni don Quijote ni su escudero Sancho habrían dado crédito a la que lió el yerno del monarca en un ayuntamiento socialista que le regaló 35 000 euros por unos informes que no servían ni para hacer de posavasos del alcalde de la época, el socialista Manuel Peinado, que goza del dudoso honor de haber sido el primer político que hizo las veces de pardillo y pasó por la caja del tándem.

Iñaki aterrizó en Alcalá de Henares de la mano de un introductor de embajadores de postín: Rafael Guijosa, uno de sus «troncos» del alma, internacional de balonmano como él y compañero durante doce años en el Barça. Él le animó a intentar vender su «producto» en Alcalá de Henares, donde Rafa acababa de aposentar sus reales tras un carrerón que alcanzó su cénit en 1999, cuando el extremo fue declarado «mejor jugador del mundo». El alcalaíno Guijosa, que durante al menos un año fue «El Cristiano del balonmano», consiguió que Iñaki y Diego, Diego e Iñaki, que tanto monta, monta tanto, entregasen su propuesta de negocio a un Peinado que ni en el mejor de sus sueños pudo verse alternando con la realeza. En ella se dejaba meridianamente clara la composición de la Junta Directiva: «También se [sic] integra Su Alteza Real la infanta doña Cristina de Borbón y don Carlos García Revenga, asesor de la Casa de Su Majestad el Rey». El destinatario sabía, pues, de qué iba la cosa. Se le venía a insinuar, torticeramente, eso sí, que si pagaba el peaje dejaría contenta a la Casa Real y que si optaba por proteger el erario desairaría a la primera familia de un país todavía llamado España. No había lugar a la duda y eso precisamente es lo que enfatiza Virginia López-Negrete en un texto en el que se resalta respetuosa pero valientemente que «la figura de doña Cristina se utilizaba para facilitar el acceso en condiciones de privilegio». «Todo ello —abundaba la hábil abogada de Manos Limpias— se hacía con su pleno consentimiento». El de la infanta, obviamente.

El miedo escénico, el pavor, el pánico en definitiva, se apoderó de La Zarzuela cuando se enteraron del párrafo siguiente, en el que se mantenía que la mujer del ínclito Urdangarin «era conocedora de las argucias financieras fraudulentas que se realizaron para evadir impuestos a la Hacienda Pública». Ni al muy diplomático diplomático Rafael Spottorno ni al vehemente periodista Javier Ayuso, jefes de las cocinas de Zarzuela, se les escapó dónde podía acabar lo que a primera vista no pasaba de ser un escrito de cara a la galería «porque en España no hay quien pase la línea roja que supone imputar a un royal». Nadie mejor que ellos para percatarse de que la defensa de la hija pequeña del rey dependía de la docilidad del juez de turno. Si la diosa Justicia miraba hacia otro lado as usual, no problem; si le daba por hacer su trabajo, Zarzuela no tenía un problema sino más bien un problemón.

Rafael Spottorno, un hombre inteligente como pocos y honrado a carta cabal como ninguno, de los Ortega de toda la vida, había efectuado una prospección previa para conocer lo más certeramente posible los chanchullos de un dúo, el conformado por Urdangarin y Torres, que tenía más peligro «que una piraña en un bidé», como ellos se encargaban de ironizar cuando alternaban con gente de confianza y llevaban alguna copa de más. Cuando, bien entrada la noche, Iñaki le daba a esa bebida de la que presume de ser un experto y cuando el más prudente en estas lides Diego Torres se había pasado de copitas de vino.

Spottorno, antiguo jefe de gabinete del añorado Pacordóñez y del siempre irascible Javier Solana, es un individuo bregado, de esos que se las saben todas. Cuando alguien le comentó que José Castro tenía sesenta y cinco años, es decir, que no se le podía seducir con un caramelito en forma de cargo en una audiencia o en un tribunal superior porque a su edad ya no aspiraba a nada, que en líneas generales era un hombre independiente e insobornable, intuyó que aquello podía terminar como el rosario de aurora. Los scoops de El Mundo hicieron el resto y dispararon geométricamente los temores de un hombre frío en su trabajo, al que nunca se le verá perder la compostura en público, aunque caliente de temperamento.

Doña Cristina había firmado las cuentas anuales, la constitución y la disolución de Nóos, tenía de tesorero a su secretario personal y era accionista fundadora y presidenta de Aizoon. Vamos, que acumulaba todas las papeletas para recibir una citación judicial y hacer historia convirtiéndose en la primera intocable en pasar por un juzgado haciendo trizas ese mantra que sostiene que los privilegios de la monarquía pasan indefectiblemente por su ejemplaridad.

Rafael Spottorno habló del tema con un don Juan Carlos que lógicamente adivinaba el alcance que podía tener la toma en consideración de los deseos de Manos Limpias. Al hombre que había sorprendido en su discurso de Nochebuena proclamando a los cuatro vientos que «la justicia es igual para todos» se le llevaban los demonios pensando que algún día se podía pasar de las palabras a los hechos. Que una cosa es predicar y otra bien distinta dar trigo. Que la crisis podía derivar de «Cristina sí-Cristina no» a «monarquía sí-monarquía no». Que no es cuestión de que de repente salga el Ortega y Gasset del siglo XXI y vuelva a soltar el temido «delenda est monarchia».

El ir y venir de telefonazos fue incesante a partir del 15 de febrero. El rey llamó a Rajoy, Rajoy al rey; otras veces era don Juan Carlos el que se ponía en contacto con el notario mayor del reino, Alberto Ruiz-Gallardón, o viceversa, el notario mayor del reino era el que se dirigía a don Juan Carlos. El jefe de la Justicia española despachaba repetidamente con el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y este a su vez hacía de enlace con el mandamás de Anticorrupción, Antonio Salinas. El destinatario último de todas las consultas era un fiscal intocable y competente llamado Pedro Horrach, perteneciente a una pequeña pero riquísima saga de hoteleros mallorquines. Una suerte de Eliot Ness que no necesita del sueldo del Estado para vivir porque es rico por su casa, pero que se metió a fiscal porque lo de servir a la ciudadanía le motivaba más que ganar dinero a espuertas aprovechándose de ese El Dorado que es turísticamente Baleares.

«¡Algo hay que hacer, algo hay que hacer!», era la frase más repetida en la margen izquierda de la carretera de La Coruña (palacio de La Moncloa) y también en la derecha (La Zarzuela).

«Alberto, esto no se nos puede ir de las manos», le advirtió el presidente al ministro de Justicia.

Al final se optó por convocar una reunión doblemente top: top desde el punto de vista institucional y top secret, muy top secret, al punto que todos se juramentaron para que no trascendiera una coma. No era lo más aconsejable del mundo que se supiera que se habían citado y para qué se habían citado, más que nada porque quedaría como un conciliábulo o un contubernio. Lo que le faltaba a la corona en un momento tan sensible, cuando restaban diez jornadas para la declaración de Iñaki Urdangarin ante un juez Castro que aparentemente iba por libre.

Decidido el qué, quedaba por resolver los dos siguientes enigmas: el cuándo y el quién. Con buen criterio alguien recomendó no dar ningún paso hasta comprobar el desenlace del cara a cara José Castro-Iñaki Urdangarin, de esa crucial declaración del 25 de febrero de 2012 que marcó un hito en la historia de España y que, sin embargo, quedaría reducida a nota a pie de página dos años menos diecisiete días después, cuando la infanta tuvo que pasarse por los juzgados de Palma no sin antes resistirse personalmente y por fiscales interpuestos.

El último sábado de febrero de 2012 amaneció gris en una ciudad, Palma, en la que las nubes son rara avis y en la que la lluvia es afortunadamente para el turismo un bien escaso. Aconsejado por un Mario Pascual Vives que es un especialista en Derecho Civil y Mercantil pero un lego en Penal, el todavía entonces duque de Palma optó por enredarlo todo. Por destapar la caja de los truenos. Le pegó a todo y a todos.

Lo primero que hizo fue presentarse poco menos que como un tonto o un ingenuo en manos de un «listo desaprensivo» llamado Diego Torres. Como en el cole, echó mano de un «y yo no he sido» más viejo que la tana que puede provocar el efecto deseado o revolverse en el aire cual bumerán para terminar dejándote KO. Torpe estrategia de defensa, pues resultó ser una inconsciente declaración de guerra a su socio y amigo, que respondería casi en tiempo récord blandiendo unos correos electrónicos que han hecho mucha pupa en la primera institución del Estado. Y más que pueden hacer…

Si echas un pulso a un amigo que lo sabe todo, lo bueno y lo malo de ti, puedes acabar desnudo frente a tus propias miserias. Pero si intentas torcerle el brazo a un suegro que encima es el jefe del Estado, es que o estás loco o eres un estólido. No hay más posibilidades. O lo uno o lo otro o tal vez las dos cosas a la vez. Pues eso, provocar al rey es lo que hizo cuando le inquirieron al duque de Palma por los 375 000 euros que le ingresó el empresario castellonense Eugenio Calabuig en una cuenta del Credit Suisse en Lausana, ciudad a orillas del Lago Leman sede del Comité Olímpico Internacional, que, por cierto, tantísimo ansió nuestro protagonista.

El fiscal Pedro Horrach sacó el tema a colación en medio de la declaración, como quien no quiere la cosa, cuando el duque se las prometía más felices confiando en que su azote se había olvidado de un tema espinosísimo publicado en primicia por el diario El Mundo unas semanas antes. Un documento inequívoco firmado por la siempre fiel Julita Cuquerella, el único ser vivo —junto a Cristina, obviamente— del que se fía al cien por cien. En el documento se instaba a Eugenio Calabuig, dueño de Aguas de Valencia, un empresario con fama de serio, a abonar los 375 000 del ala en ese paraíso fiscal cada vez menos seguro que es la Confederación Suiza. Las instrucciones eran taxativas. El concepto no figuraba en el papel redactado de su puño y letra por Cuquerella, pero más tarde se declaró que era por intermediar en el trasvase de aguas entre el Mar Rojo y el Mar Muerto. Un imposible físico y metafísico por cuanto constituiría una de las mayores obras de ingeniería de la humanidad, aparte de constituir un sinsentido por razones obvias.

—Señor Urdangarin, ¿tiene usted alguna cuenta en Suiza? —cuestionó el representante de Anticorrupción.

—Ni tengo cuentas bancarias ni estoy autorizado en cuentas bancarias en Suiza —espetó el justiciable casi sin dejar terminar al interrogador, como si tuviera memorizada la respuesta.

Segundos después, y tras mostrarle Horrach las pruebas de los pagos helvéticos de Calabuig, Urdangarin lanzó un implícito desafío que muy pocos, excepción hecha de don Juan Carlos y Rafael Spottorno, entendieron.

—Ese dinero no era para mí, era para el empresario jordano Mansour Tabaa —aclaró oscureciendo aún más un caso sobre el que planeaban ya muchas sombras, demasiadas quizá.

Iñaki Urdangarin no se había equivocado. Tampoco había sufrido un rapto de locura. Su respuesta era un mensaje cifrado en dirección a un palacio del Monte de El Pardo llamado La Zarzuela. El empresario jordano Mansour Tabaa es el excuñado del príncipe Faisal, hermano del rey Abdalá. Un individuo al que conoce bien don Juan Carlos. Las malas lenguas urdangarinescas dicen que han hecho negocios juntos. El duque de Palma y Diego Torres, cada uno por su lado, han asegurado a todo aquel que ha querido oírles que es el «testaferro del rey de España». Pruebas, eso sí, ninguna. Cierto o no, este dardito no hizo precisamente mucha gracia en palacio. En honor a la verdad hay que resaltar que los 375 000 euros que aflojó el dadivoso de Calabuig fueron íntegramente para un Iñaki que habría hecho las delicias de Carlo Collodi, el creador de Las aventuras de Pinocho. Ni un solo euro de ese pastizal fue al bolsillo de don Juan Carlos.

Pasado el trago del 25-F se tocó a rebato. La semana del 27 de marzo se convocó en La Zarzuela a la crème de la crème del reino de España. El punto único del orden del día de la reunión más confidencial de los últimos años era un Caso Urdangarin que amenazaba con transformarse en Caso Infanta. Era preciso ponerse la venda antes que la herida con el evidente objetivo de que no se produjera un solo rasguño en el rostro de una monarquía inmaculada por su condición de intocable hasta hacía bien poco y porque, todo hay que decirlo, había hecho bien sus deberes. Especialmente, el de la Transición de la dictadura a la democracia, una aventura política que se pone de ejemplo en las grandes universidades estadounidenses y europeas.

Alguien puso encima de la mesa la necesidad de convocar al jefe de la oposición, el químico Alfredo Pérez Rubalcaba, buen amigo de Rafael Spottorno, sobrino de José Ortega y Gasset y genéticamente unido a ese Grupo Prisa que tanto gusta al secretario general del PSOE. «Será mejor tener a nuestro lado al hombre que representa a siete millones de españoles que dejarlo cabreado. Porque enterarse, se acabará enterando», apuntó una de las mentes pensantes de palacio con tan buen criterio como, visto lo visto, ningún éxito. Que sí, que no, que sí, que no… y al final fue que no. Las consecuencias no se hicieron esperar: en los meses posteriores el PSOE se comportó públicamente como el partido republicano que es y no como la formación juancarlista que Felipe González quiso que fuera. Los recaditos de Ferraz, soterrados, tan soterrados que solo los entendían unos pocos, fueron persistentes. La opinión pública no se percató de una retahíla de declaraciones en las que se soltaba alguna puyita a la Casa… ni falta que hacía porque lo único que preocupaba al Fouché pilarista Pérez Rubalcaba es que se percatasen el monarca y alrededores. El secretario general del PSOE jamás olvidaría aquel feo.

Resuelta la cuestión, llegó el gran día, que varias fuentes sitúan en el martes 28 de febrero de 2012. El Audi A-8 de Mariano Rajoy arribó al Monte de El Pardo casi a la par que el Peugeot 607 del ministro de Justicia y notario mayor del reino Alberto Ruiz-Gallardón, que no hacía aún un par de meses había cedido la vara de mando de la Villa y Corte a Ana Botella para situarse al frente de un ministerio que no era el que le adjudicaban unas quinielas que le veían entre Interior y Defensa. El fiscal general del Estado, el éticamente impecable Eduardo Torres-Dulce, acompañó a su jefe para informar con precisión milimétrica del estado de situación; para antes de dar paso a la tormenta de ideas, exponer con claridad de cirujano los diferentes escenarios que se adivinaban en el horizonte penal de los duques de Palma.

El presidente del Gobierno y sus subordinados aguardaron pacientemente la llegada de la jefatura. Más que hablar, cuchicheaban. Tampoco era cuestión de que el monarca irrumpiera en la sala y estuvieran parloteando más alto de lo que toca en un sanctasanctórum como ese.

—¡Señor!, ¡señor!, ¡señor!, —exclamaron casi al unísono el primer ministro, el notario mayor del reino y el jefe de una Fiscalía que, según la Constitución, depende jerárquicamente del gobierno de turno.

—¿Qué tal, presidente, cómo estás? —tomó la iniciativa don Juan Carlos, que fue saludando, uno a uno, a los presentes. La afectuosidad real era sincera. No en vano, El Jefe se lleva maravillosamente bien con Mariano Rajoy, infinitamente mejor que con un José María Aznar al que no soportaba por la cantidad de «noes» que le dedicó. Sin ir más lejos, aquella tarde en la que le pidió sustituir con cargo al erario el viejo Fortuna, regalo del «hermano» Fahd de Arabia en el ecuador de los setenta, por una nueva embarcación acorde a su real condición y representación. Un yate que se quedaba tirado cada dos por tres y que era una chalupa en comparación con los barcazos de los ricachos patrios y extranjeros, propios y extraños, que surcaban la costa de Mallorca. Especialmente cariñoso estuvo con Eduardo Torres-Dulce, hijo de magistrado del Supremo y sobrino del ex presidente del Tribunal de Orden Público (TOP) franquista, que acababa de llegar al generalato de la carrera tras conseguir en 2009 ser el más votado en las elecciones al Consejo Fiscal. Con Alberto Ruiz-Gallardón no hizo falta esforzarse demasiado, entre otras cosas porque es como de la casa. El ministro de Justicia es Zarzuela pura, un personaje de la más absoluta confianza del jefe del Estado y no digamos ya del que dentro de unos años será jefe del Estado. De casta le viene al galgo. Su padre, el tan entrañable como simpatiquísimo José María Ruiz-Gallardón, fue un destacado juanista que participó en el Contubernio de Múnich familiarmente vinculado a la propiedad del diario monárquico por antonomasia, el ABC.

Terminados los cumplidos, tomó la palabra el presidente del Gobierno para instruir a los allí presentes acerca de la necesidad de poner en marcha la Operación Cortafuegos. No se podía consentir un solo movimiento hacia la imputación de la infanta. Cualquier paso en ese sentido debía ser cortado de raíz, sin contemplaciones, por las buenas o por las malas. Que le quedase claro al que osase imitar a Manos Limpias que Cristina de Borbón era cuestión de Estado.

El fiscal general esbozó varios escenarios y calificó de «altamente improbable» la posibilidad de que los temores de Zarzuela se hicieran realidad. Aunque José Castro había demostrado a lo largo de sus casi treinta y cinco años de carrera una independencia a prueba de bombas, los datos que obraban en poder del fiscal anticorrupción Pedro Horrach no invitaban al pesimismo. Lo creían controlado.

Claro que en aquel entonces se conocía la participación de la hija pequeña de los reyes en el Instituto Nóos pero no los tejemanejes en Aizoon, la sociedad familiar que los duques de Palma constituyeron para desviar los fondos públicos detraídos de la Generalitat Valenciana, la catalana, el Govern de las Islas Baleares y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, entre otros muchos incautos que pasaron por caja, incluido también un sinfín de empresas privadas.

El principio acusatorio que rige los usos y costumbres jurisdiccionales y el manejo de la Fiscalía por parte del gobierno convertían en misión imposible que el incontrolable e insondable José Castro fuera por libre.

—No hay margen para ello —apuntó el ministro de Justicia, tan seguro de sí mismo como siempre, y que a sus innegables dotes para la política y no digamos ya para la oratoria une la condición de fiscal. Vamos, que sabe de qué va la vaina. Gallardón pensaba, además, que las pruebas contra la infanta eran tan inconsistentes que la reclamación de Manos Limpias recibiría un sonoro carpetazo.

El príncipe no estuvo en esta reunión para la historia. Pese a ser la gran víctima del Caso Urdangarin, el DAÑO COLATERAL en mayúsculas, prefirió declinar la invitación. Nada nuevo en un ADN dotado de un sentido común fuera de lo normal y que acostumbra a escuchar mucho y hablar poco. Es más, el heredero continuaba escamado después de que se le hubiera apartado del carril tras unos primeros momentos, el otoño de 2011, en los que asumió el mando de las operaciones. Con la ayuda del Sabino del siglo XXI, el impecable en todos los órdenes Jaime Alfonsín, optó por lo más práctico para la institución: romper amarras con el matrimonio Urdangarin-Borbón. Por poner en práctica la teoría made in Fernando Almansa de amputar el miembro gangrenado. Esa estrategia no solo salvaba la corona sino que, además, podía disparar exponencialmente su prestigio si la ciudadanía veía que La Zarzuela no era palacio para corruptos y que, ciertamente, todos somos iguales ante la ley…

«¿Y qué hacemos con Iñaki?», se planteó a continuación, sin solución de continuidad.

El análisis fue inversamente proporcional en lo que al diagnóstico se refiere cuando se pasó revista a la relevancia penal de los hechos atribuidos al expivote del equipo de balonmano del Fútbol Club Barcelona.

—Lo tiene muy difícil, lo normal es que sea condenado a penas de cárcel —soltó sin rodeos el ministro de Justicia, apelando a las incontrovertibles pruebas que había encima de la mesa y al hecho de que el fiscal Horrach y el juez Castro habían coincidido ya en imputarle cuatro delitos (falsedad, fraude, malversación y prevaricación) que comportaban alrededor de quince años de reclusión.

Iñaki Urdangarin era un juguete roto y, lo que era peor para él, nadie iba a forzar la máquina ni torcer la ley para apartarlo del abismo. Estaba amortizado. Más papistas que el Papa, el presidente Rajoy y el ministro Gallardón dejaron caer la posibilidad de conceder el indulto al de Zumárraga.

—Nosotros, señor, estaríamos dispuestos a arrostrar las consecuencias que tendría ante la opinión pública el indulto al duque de Palma —argumentaron tirando de manual de realpolitik.

Las seis autoridades presentes se juramentaron para guardar secreto sobre una cita «que nunca ha tenido lugar» y para llevar la Operación Cortafuegos hasta sus últimas consecuencias. La infanta era intocable, costara lo que costara, cayera quien cayera. Y no había más que hablar.

El lunes 5 de mayo de 2012, a la vuelta del larguísimo puente en la Comunidad de Madrid, José Castro resolvió. Y lo hizo tirando de bacigalupismo puro. Parafraseando al exmagistrado argentino de la Sala de lo Penal del Supremo, que instauró la bananera teoría de la estigmatización para rechazar citar a declarar a Felipe González por el Caso GAL, el juez instructor del Caso Urdangarin desestimó las pretensiones de Manos Limpias.

—Citar a doña Cristina de Borbón solo conduciría a estigmatizarla gratuitamente —reflexionó en voz alta el cordobés en un auto cortito y al pie, que diría un futbolero.

Tampoco tenía mucho margen de maniobra. En estricta aplicación de la Operación Cortafuegos, Pedro Horrach se había opuesto a la imputación de la mujer del hombre que daba nombre al caso con una tesis antitética a la machista que ahora sostiene en defensa de la inocencia de doña Cristina. «La responsabilidad penal es personal. Lejanos están los días en que por el acto de conducta de una persona debía responder su cónyuge», filosofaba el fiscal anticorrupción más famoso de España.

En Zarzuela, en Moncloa, en San Bernardo (sede del Ministerio de Justicia) y en La Castellana (cuartel general de la Fiscalía) se emitieron sendos suspiros de alivio. A todos se les antojaba que la Operación Cortafuegos había quedado para vestir santos y poco más. Pero tanto el rey como el príncipe, el presidente y sus subordinados olvidaron un nada insignificante detalle: que el destino está escrito en las estrellas.

CAPÍTULO II

Hija de en medio, preferida de nadie. Un ADN cartesiano. La niña que idolatraba a Felipe. La primera licenciada de la Casa Real española. Cuando ETA la intentó secuestrar. New York-New York, París y Barcelona. María Escudero y Alexia, las dos incondicionales. Pocos pero muy queridos novios

Madrid, una de la tarde del domingo 13 de junio de 1965. Uno de los grandes de la ginecología del foro, Manuel Mendizábal, acaba de ejecutar impecablemente la segunda gran faena de su vida en el sanatorio Nuestra Señora del Loreto de la Avenida de la Reina Victoria.

—Ha sido niña, antes de nacer habríamos preferido un niño pero, sí, ha sido otra niña.

Lo anuncia sin demasiada alegría el príncipe Juan Carlos a los escasos cuatro o cinco periodistas presentes en la clínica, Jaime Peñafiel entre ellos, una buena nueva que, teóricamente, debía haber pasado por el ansiado varón. Entre otras razones, por los resabios de la descaradamente machista ley sálica de Felipe V, que discrimina a la mujer en el acceso al trono. Aunque teóricamente no estaba vigente, basta auscultar en vertical el Almanaque de Gotha (ni siquiera es precisa una lectura a conciencia en horizontal) para concluir que reina sistemáticamente el hombre por muchas hembras que hayan venido al mundo previamente.

Don Juan Carlos, entonces un chaval de veintisiete años, que se había pasado las horas previas fumando como un carretero tabaco negro, se percató en cuestión de segundos del escaso entusiasmo que le había echado al tema y rectificó como solo él sabe hacerlo, como quien no quiere la cosa, logrando que no se notase o se notase muy poco el lapsus previo que le había sobrevenido:

—Bueno, pero a todos los hijos se les quiere igual. —Más de un «uf» se dibuja en los labios de los testigos de un aserto que pasará a engrosar los libros de historia.

A su vera, con cara de circunstancias ante lo que escuchaban sus oídos, estaban los fieles entre los fieles. El tan sensato como honrado teniente coronel Nicolás Mondéjar, jefe de la Casa del Príncipe, y Alfonso Armada, secretario personal de «El Patrón», del mismo rango militar que el anterior y triste protagonista de la peor historia de España dieciséis años después.

Al hijo que nunca tuvo Franco seguramente le traicionó el subconsciente. Su mujer se había obsesionado con el varón de tal manera que en las semanas previas al parto se mostraba monotemática en sus preguntas: «¿Y si es otra niña?». Bueno, más bien, habría que alterar el tiempo del verbo y afirmar «la habían obsesionado», porque le dieron la matraca con el varón hasta decir basta. Tampoco se anduvo con eufemismos en la cuenta atrás del segundo parto la reina Victoria Eugenia, viuda de Alfonso XIII. British entre las british, de hecho nació en el castillo de veraneo de los Windsor, Balmoral, fue descarnadamente victoriana al lanzar su particular aviso a navegantes:

—No sería bueno que fuera otra niña.

El sanatorio Nuestra Señora del Loreto, a la sazón propiedad de Alfredo Mahou, jerarca del conglomerado cervecero, acogería todos los alumbramientos de doña Sofía. Desde la primogénita hasta el heredero pasando por la mujer que medio siglo después ha puesto la corona contra las cuerdas. Siempre en la habitación 604, una semisuite capaz de albergar a una parturienta de tanta alcurnia y a su entorno. A este centro y a este ginecólogo, Manuel Mendizábal, llegó por consejo de la mujer del embajador de Grecia en España cuando tocó dar a luz a Elena. No olvidemos que la hija del rey heleno Pablo I llevaba meses en Madrid, hablaba malamente español, sus relaciones con la sociedad civil eran escasas y, además, había quebrado el real hábito de parir en palacio.

El desembarazo de doña Cristina no registró mayores complicaciones: duró veinte minutos, un suspiro en comparación con las doce horas del que trajo al mundo en el palacio de Oriente al primogénito y homónimo de Alfonso XIII en 1907. La rubicunda niña llegó sanísima. Era una auténtica preciosidad.

Para una semana exacta después se convocó el bautizo. En domingo, como dictan los cánones en la Casa Real. El lugar elegido fue el palacio de La Zarzuela, que por aquel entonces no dejaba de ser un pabellón de caza restaurado a lo Franco, es decir, con mucha austeridad y no pocas incomodidades. Nada que ver con la relativa suntuosidad de hoy día.

«Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y Grecia, yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo», proclamó Casimiro Morcillo, arzobispo de Madrid y padrino y alma máter del Camino Neocatecumenal de Kiko Argüello, antes de derramar el agua bendita del río Jordán sobre la ancestral pila de Santo Domingo de Guzmán prestada para la ocasión por la iglesia de las Dominicas de la capitalina calle de Claudio Coello. Sobre ella han sido acristianados todos los retoños de los monarcas, tal y como marca la tradición, para acto seguido tomar camino en dirección al centro de la Villa y Corte y ofrecer al infante de turno a la Virgen de Atocha.

Apadrinaron a la criatura Alfonso de Borbón y Dampierre, hijo del Infante don Jaime y futuro marido de la nietísima Carmen Martínez-Bordiú, y la infanta María Cristina de Borbón y Battenberg, tía de su compañero de faena, hermana de don Juan y madre de Giovanna y Sandra Marone-Cinzano de Borbón, dos bellas a la par que conocidísimas mujeres de la alta sociedad madrileña. La primera está casada con Luis Sánchez-Merlo, secretario general de la Presidencia del Gobierno con Leopoldo Calvo-Sotelo y empresario de éxito. La segunda matrimonió con el diplomático y presentador televisivo Fernando Schwartz. Cuando presentaba Schwartz & Co en la televisión autonómica balear IB3, se marcó un tanto al conseguir la única entrevista televisiva que ha concedido en su vida Iñaki Urdangarin. El duque de Palma confesó en voz alta cuál era su objetivo vital: «Ser una persona íntegra en todos los aspectos». Debió de manejar con la habilidad propia de un funambulista el subconsciente, porque para entonces ya había pegado los pelotazos de Valencia y Baleares.

Los asistentes al sacramento cabían en tres o cuatro Seat 600 a lo sumo: los Baviera, los Braganza, algún Habsburgo de tercera fila y Simeón de Bulgaria. Por no acudir no acudió ni don Juan, que prefirió no moverse de Estoril, ni la reina Victoria Eugenia, que hizo tres cuartos de lo mismo. Quien sí cumplió fue la condesa de Barcelona, doña María de las Mercedes. Y naturalmente un Francisco Franco que trató siempre a don Juan Carlos como a uno más de la familia.

En aquel entonces la sociedad civil patria pasaba de la realeza y volcaba su atención en los Franco. Franco en los rotativos, Franco en las ondas hertzianas y Franco en la caja tonta. Franco por todas partes. Franco hasta en la sopa. No olvidemos que el dictador llevaba veintiséis años al frente de la Jefatura del Estado dirigiendo España con puño de hierro y guante de acero. Aún habrían de transcurrir cuatro años hasta que don Juan Carlos fuera designado sucesor a título de rey por el general. Hasta el 22 de julio de 1969 el vástago de don Juan vivió en tierra de nadie, tutelado por un Francisco Franco que lo trató con cariño de padre y despreciado por la mayor parte del régimen, muy especialmente por los más azules, que personificaban en él la enfermiza aversión que sentían hacia don Juan desde tiempos inmemoriales y disparada estratosféricamente al conocerse su colaboración más pasiva que activa en esa invitación a la democracia que fue el Contubernio de Múnich de 1962.

El alumbramiento principesco no tuvo reflejo en los medios de comunicación. Pasó desapercibido. Ni siquiera el muy monárquico ABC llevó la noticia a portada, aunque sí le dispensó presencia gráfica en páginas interiores. Y eso que era bisnieta de rey, Alfonso XIII, nieta de monarca en el exilio (Juan III) e hija de príncipe. Estos tres motivos no fueron suficientes para que se le dedicase una mínima pastillita en la primera página del rotativo de los Luca de Tena ni en los medios de comunicación del Movimiento, que superaban el centenar, y que andaban en otros menesteres como defender lo indefendible taponando el más mínimo agujerito por el que pudiera asomar la libertad de expresión. La mínimamente aperturista Ley Fraga de prensa e imprenta no pasaba de ser una quimera en la cabeza del lucense ministro de Información y Turismo.

Este cuasiclandestino nacimiento a efectos de imagen pública contrasta con el de su hermano. El 30 de enero de 1968, a eso de las tres o cuatro de la tarde, los teletipos empezaron a escupir una noticia esperada como agua de mayo por los que soñaban con la restauración borbónica: el nacimiento de Felipe de Borbón y Grecia.

Nuevamente al mando de las operaciones el ginecólogo real Manuel Mendizábal. Nuevamente el sanatorio Nuestra Señora del Loreto. Nuevamente un parto natural. Nuevamente, no más de media hora. Nuevamente… no fue una hembra sino un varón. Como matizó alguien cercano a Francisco Franco, «una apuesta de futuro».

—¿Ha sido niño? —inquirió el general a su prohijado, inquieto ante la posibilidad de que estuviéramos ante otra chica.

—Sí, mi general.

—¿Es machote? —repreguntó al príncipe.

—Sí, mucho, mi general, como su padre —recontestó a Franco, que no pudo evitar descolgarse con una carcajada apenas perceptible en ese rictus castrense que marcó su vida desde que levantase el telón de una carrera de armas que con treinta y tres años le llevó a ser el general más joven de Europa después de Napoleón.

La poca efusividad de don Juan Carlos ante el advenimiento de su segunda hija contrastaba con la efervescencia de su estado de ánimo el 1 de febrero de 1968 cuando permitió fotografiar al «machote» —«sin flash, por favor»— e incluso brindar con sidra El Gaitero —el presupuesto principesco no daba para más— con los periodistas desplazados a ese paritorio real que fue el sanatorio Nuestra Señora del Loreto de Reina Victoria, hoy reconvertido en una residencia de lujo de la Tercera Edad del grupo Sanyres.

Tal vez por eso, el lógico hiperprotagonismo de su hermano, quizá por la sobreprotección dispensada a su hermana, lo cierto es que la infanta ha sufrido el síndrome de la hija de en medio. La preferida de su padre ha sido siempre doña Elena, la más parecida en temperamento y en campechanía a él, una Borbona pura que es todo corazón. La reina, por su parte, ha centrado la atención en un don Felipe que aúna en su ser tres condiciones nada baladíes desde el punto de vista sentimental e institucional: es el heredero, el pequeño de la casa y el único chico. Para qué engañarnos, es el niño de sus ojos.

Sobra decir pues que doña Cristina nunca se ha sentido especialmente querida. Siempre intuyó que los afectos iban por arriba o por abajo, que ella contaba pero menos que la primogénita y que un benjamín que gracias a la Constitución semisálica promulgada en 1978 se quedaba con todos los derechos hereditarios por mucho que hubiera sido el último en aparecer.

La infanta creció alejada físicamente de su hermana, que vivía en otra ala de palacio, pero muy próxima en todos los órdenes a don Felipe, que dormía en la habitación de enfrente. Cristina de Borbón adoraba a su hermano. Bueno, en realidad lo idolatraba.

«¡Napoleón, Napoleón, a ver si me coges!», provocaba la infanta al príncipe de Asturias mientras correteaban a mediados de los setenta entre las encinas y los pinos de los frondosos y minuciosamente cuidados jardines de Zarzuela.

La devoción de doña Cristina es compartida por todo el personal de palacio, que vio siempre en el príncipe de Asturias a un niño ética, estética e intelectualmente admirable. Y que siempre se comportó con ellos sin altivez, con infinita sencillez y constante normalidad. «Un auténtico señor», a decir de uno de los empleados de Patrimonio Nacional que sirvió durante años en el regio hogar. Lo cierto es que jamás dio un problema en casa. Y encima era alto, simpático, rubio y con unos ojos tan claros como las aguas de ese mar mallorquín que le encanta surcar. Un príncipe azul con todas las de la ley.

Las relaciones con doña Elena, dos años mayor que ella, se acrecentaron con el paso de los años. Pero en la infancia solo había en su vida un tres en uno: Felipe, Felipe y otra vez Felipe. Un Felipe que a punto estuvo de ser nominado como Fernando. Fue el general Franco el que al final impuso sus tesis. No quería bajo ningún concepto que llevase por nombre el de un rey absolutista y felón como Fernando VII que tan mal recuerdo había dejado en el imaginario colectivo.

—¡Fernando no! Queda todavía demasiado cerca Fernando VII. ¡Me gusta más Felipe!

Y se quedó por los siglos de los siglos con Felipe. Felipe de momento, Felipe VI el día que su padre le ceda la antorcha de la nueva era de una dinastía que representa mejor que ninguna la friolera de quinientos años de la historia de España.

Precisamente doña Cristina protagonizó un simpático incidente en el bautizo de su hasta hace dos años hermano del alma. Corría febrero de 1968, tenía dos años largos y apuntaba ya maneras de la espigada mujer que es en la actualidad. Ni corta ni perezosa, se aproximó al canijo pero intocable Caudillo y empezó a jugar con los borlones del fajín de capitán general de todos los ejércitos. Nadie se atrevía a intervenir. Te la podías llevar: si intervenías porque intervenías, si no intervenías porque no intervenías. La benjamina seguía erre que erre, Franco observaba con el escaso sentido del humor que siempre le caracterizó, hasta que su abuela, la condesa de Barcelona, se apercibió del trance y procedió a apartar a la niña de un autócrata al que todo hijo de vecino, salvo los militares que le otorgaban trato castrense, se dirigía como «su excelencia». Conclusión: Cristina de Borbón fue el primer y tal vez único ciudadano español que osó tocarle los borlones a un hombre temido tras ganar la Guerra Civil a sangre y fuego.

La niña de los Borbón-Grecia se educó, al igual que su hermana mayor, en el Santa María del Camino, un reputadísimo colegio del barrio de Puerta de Hierro que no es de los más caros de la capital pero al que cuesta entrar porque hay tortas por conseguir una plaza. Lo que se llama overbooking educativo. Durante años, el centro lo dirigió la entrañable Maruja Espinosa, que le dio un marchamo de calidad y pelín de modernidad que a día de hoy conserva intacto. En estos momentos, la jefa es Isabel Carvajal Urquijo, hermana de Jaime, expresidente de Ford en España e íntimo del rey hasta que su mujer, la tan valiente como ejemplar Isabel Hoyos, decidió pugnar en los tribunales por la igualdad entre el hombre y la mujer en la sucesión de los títulos nobiliarios propiciando un cambio legislativo que llegaría más tarde.

El de Cristina de Borbón no era estrictamente un colegio religioso, lo cual no ha impedido que sea una persona de una profunda espiritualidad. «No es lo que diríamos una meapilas pero sí una católica practicante de las de verdad, de las que cumplen los sacramentos con puntualidad aunque sin exageraciones», la define una madrileña más amiga de doña Elena que de ella, pero en cualquier caso buena amiga de las dos y que habla con conocimiento de causa.

De su religiosidad y de su nula frivolidad da cuenta el comentario que su amigo y vecino Borja García-Nieto le hizo a Iñaki Urdangarin en presencia de Enrique Bañuelos, dueño de esa burbuja inmobiliaria que fue Astroc, y del empresario valenciano de la comunicación Miguel Zorío. El promotor había citado a los tres en sus oficinas del Paseo de la Alameda de la capital del Turia para hablar de los Juegos Europeos y de cómo explotarlos urbanísticamente. Pero, de repente, el magnate inmobiliario se salió por la tangente y empezó a hablar de un reciente viaje a Nueva York y de su visita a un bar de stripers.

—¡No veáis lo buenas que estaban! —se jactó Bañuelos, antes de exponer sus surrealistas planes para construir una mini-Las Vegas para rusos en Sevilla y la Spain Tower en Nueva York.

Bañuelos continuaba pasando revista al apartado femenino mientras Iñaki esbozaba la más picantona de sus sonrisas y Zorío se carcajeaba de la labia de míster Astroc. Hasta que en un momento dado, Borja García-Nieto, actual presidente del Círculo Ecuestre, interrumpió socarronamente:

—Iñaki, ¿de esto no hablarías delante de tu mujer? ¿A que no? Con lo monjita que es… —remató ante las risas de los demás contertulios en lo que no pasaba de ser una charla de amigotes.

En el 13 de la calle de Peguerinos, sede del Santa María del Camino, fue donde tanto ella como doña Elena conocieron a un profesor de gimnasia que iba «de coleguita» con las alumnas, llamado Carlos García Revenga, un licenciado en Magisterio popularmente conocido como Revenga que con el paso del tiempo se auparía a la secretaría personal de las infantas en Zarzuela, con un paso intermedio en el que ejerció con notable eficacia como profesor particular de la mayor de las Borbón-Grecia.

A Cristina siempre se la consideró la «lista de los borbones». Sus calificaciones no eran descomunales pero siempre se desenvolvió en el ámbito del notable con algunas incursiones en el del sobresaliente. Cuando superó la selectividad y le tocó elegir carrera universitaria, dudó. Se devanaba los sesos entre dos alternativas.

«Historia o Sociología, eso es lo que quiero estudiar», reflexionó en voz alta en presencia del jefe de facto de la Casa, el secretario general Sabino Fernández Campo. Al militar ovetense no le parecía la mejor opción y, al final, consiguió llevarla a su terreno encaminándola a la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense, por aquello de que a una infanta de España le vendrá mejor en sus funciones públicas estudiar a fondo los sistemas constitucionales del mundo que una historia que ha conocido en casa, entre otras cosas, gracias a los magníficos oficios de la catedrática y doblemente académica (de la Historia y de la Lengua) Carmen Iglesias, que fue tutora suya y, posteriormente, preceptora del heredero de la corona.

La normalidad presidió los cinco años de carrera en una facultad con fama de «roja», la de Ciencias Políticas del mayor campus universitario de España. Todos los días arribaba en un Panda o en un Opel Kadett rojo que conducía personalmente y en el que solía poner música de sus dos favoritos: el ex de Police Sting y el afroamericano Michael Jackson, que en aquellos tiempos copaba el número uno planetario con su irrepetible Thriller. La sombra del Seat o el Opel principesco era sistemáticamente un coche de apoyo repleto de guardias civiles pertenecientes a la Seguridad de Zarzuela.

«Ni infanta de naranja, ni infanta de limón», se podía leer a modo de nada cordial recibimiento en las paredes de Políticas aquel lunes de septiembre de 1984 en que aterrizó por allí. Un juego de niños al lado de los vivas a ETA o a Terra Lliure que no es infrecuente ver treinta años después en una Facultad en la que se intentó agredir a Rosa Díez cuando fue a pronunciar una conferencia y en la que se reventó literalmente un acto del popular Josep Piqué, por poner solo un par de ejemplos de la tolerancia de unas minorías que tienen acobardado a profesorado y alumnado practicando a medias la joseantoniana dialéctica de los puños. Afortunadamente no hay pistolas.

Cristina se esforzó a fondo por dos razones que en realidad son solo una: era la primera royal española en cursar una carrera universitaria de cinco años y, obviamente, cinco años más tarde acabaría siendo la primera licenciada de los Borbones. Cartesiana como es, tenía perfectamente agendadas las horas que tocaba hincar los codos, las reservadas para jugar a squash en la cancha de Zarzuela y las que quedaban para irse de fiesta con amigas y amigos a su bar preferido, el Cock de detrás de Gran Vía, una coctelería de esas que solo se ven en Londres y que es un auténtico museo en el que la privacidad está garantizada. La legión de camareros se encargaba de apartar a los moscardones sin necesidad de que intervinieran los cinco beneméritos cachas que velaban por su tranquilidad.

Las cosas cambiaron de la noche a la mañana en el primer trimestre del curso 1984-85 cuando restaban pocas semanas para la Navidad. La voz de alarma saltó en el Cuartel de San Quintín en El Pardo, sede de la Unidad de Seguridad de Zarzuela. El coronel de Caballería Manuel Blanco Valencia, al mando del cuerpo de escoltas, descolgó el teléfono rojo.

—ETA tiene planeado secuestrar a la infanta Cristina en la Universidad. El tema lo tienen muy avanzado —le sopló desde el otro lado del hilo telefónico el jefe del Mando Único de la Lucha Contraterrorista, un Julián Sancristóbal que años más tarde daría con sus huesos en la cárcel por los crímenes de los GAL.

A Manuel Blanco, un militar discreto en las formas pero profesionalísimo en el fondo, le faltó tiempo para presentarse en el despacho de Sabino.

—Mi general, un infiltrado en ETA ha informado a los servicios antiterroristas que la banda planea secuestrar a doña Cristina en la Universidad Complutense.

Consciente de la gravedad de las palabras que acababa de escuchar, Sabino Fernández Campo procedió a informar al rey. Los nervios le hicieron olvidar que se encontraba fuera de la casa e inmediatamente dirigió sus pasos al otro gran despacho, donde la secretaria personal de doña Sofía, Laura Hurtado de Mendoza, sobrina del marqués de Mondéjar, certificó que algo no iba bien. El rostro de Sabino no mentía. No estaba totalmente desencajado, ya que había tenido que lidiar con unas cuantas peores como el 23-F, pero su cara era todo un poema que traslucía una rara mezcla de temor y satisfacción por un chivatazo que permitía ponerse las pilas para impedir que los asesinos etarras consumasen su objetivo.

—Vengo a informar a la señora de algo muy grave —expuso el general interventor que hacía las veces de secretario general de la Casa del Rey.

—Tú dirás, Sabino —le dijo la reina.

—El coronel Blanco me acaba de informar que, según los servicios antiterroristas, ETA tiene un plan para secuestrar a doña Cristina a la salida de clase en la Universidad Complutense —descargó el número dos de la Casa del Rey—. También recomiendan, y así se lo traslado a la señora, que la infanta no vaya a clase en unas semanas —agregó Sabino, como era su obligación, pero siendo perfectamente consciente de cuál podía ser la contestación de la muy germánica reina de España.

Y así fue.

—Bajo ningún concepto la infanta se va a perder un solo día de clase. Hasta ahí podíamos llegar. Que la seguridad aumente la protección —razonó la primera de las españolas.

—Espero que la señora perdone mi insistencia. Pero dentro solo la acompaña una agente femenina, ya que como la señora sabe dentro de la facultad no podemos tener muchos escoltas para no dar la sensación de ocupación —replicó el leal asturiano.

—Pues si no ya la protegerán sus compañeros, pero la infanta no va a perderse un solo día de clase, ni uno —zanjó el tema La Jefa. Y no hubo más que hablar.

La solución consensuada entre el coronel Blanco y el general Fernández Campo consistió en doblar el equipo de seguridad de doña Cristina. A partir de ahora no la acompañaría un automóvil de escolta sino dos. Los efectivos destinados a su custodia pasaban a una decena con el fin de desalentar a los terroristas del comando Madrid encargados de una acción similar en impacto al asesinato de Luis Carrero Blanco. Y si lo intentaban, ahí que estarían esperándoles diez de los mejores hombres y mujeres de la seguridad de Zarzuela a los que, además, se les proveyó de armas largas para poder repeler lo más expeditivamente posible un eventual intento de secuestro. Los veteranos de Seguridad de Zarzuela dicen que la víctima no fue informada de las intenciones de los terroristas etarras para no disparar su nerviosismo. Más aún teniendo en cuenta que la situación estaba controlada.

La del secuestro no era una posibilidad remota. Ni mucho menos. ETA se movía como pez en el agua en la capital de España. No había nada ni nadie que se interpusiera en su avidez criminal. Un año antes, un comando liderado por el terrorista Iñaki Aracama Mendía, alias Macario, había secuestrado al presidente del Banco de Descuento, Diego Prado y Colón de Carvajal, descendiente directo del descubridor y hermano del mejor amigo del rey, Manuel Prado y Colón de Carvajal. El financiero no fue liberado hasta que la familia consiguió reunir los 600 millones del rescate.

Los planes para raptar a la infanta se habían intensificado a raíz del asesinato el 20 de noviembre de 1984 (coincidiendo con el noveno aniversario del óbito del dictador) del pediatra Santiago Brouard, uno de los cabecillas históricos del batasunismo. El sicario del GAL Luis Morcillo le pegó dos tiros a la entrada de su consulta en Bilbao y luego lo remató mientras agonizaba en el suelo. ETA, pues, estaba rabiosa. Tras haber secuestrado a una persona tan próxima al jefe del Estado como Diego Prado, ahora iban a intentar el no va más, una acción que hubiera convulsionado nuestro país y que inevitablemente habría puesto en una situación límite al gobierno. Por fortuna, la policía tenía infestada de informadores la banda terrorista. Esta vez hubo la baraka que faltó en otras ocasiones por culpa de la deliberada compartimentación existente en ETA en la que los pistoleros de un comando no tenían la más mínima idea de quiénes eran sus sanguinarios homólogos en los demás grupúsculos.

Entre susto y susto y examen y examen, doña Cristina tuvo también la oportunidad de vivir el sueño de todo deportista: unos Juegos Olímpicos. La hija del rey formó parte del equipo español de vela como reserva en la clase 470 en Seúl 88. De hecho, debutó en la última regata, resultando magullada por culpa de la virulencia del bravísimo mar coreano. Había un viento del demonio. Pero lo que lleva con más orgullo, aún veintiséis años después, es su condición de abanderada española de unos Juegos que más que por sus hazañas deportivas pasaron a la historia por el positivo del velocista canadiense Ben Johnson. Cristina de Borbón y Grecia tiró de modestia y austeridad dialéctica cuando la cámara de TVE se le aproximó tras portar la enseña nacional en el imponente estadio olímpico. Para variar, no se salió un milímetro del guión: «Ha sido una gran satisfacción, sobre todo, sabiendo que estás representado a un país entero y a todos los deportistas».

Seúl 88 fue mucho más importante para ella de lo que se cree porque para empezar emuló a su padre, que había sido olímpico en Múnich 72 con el primer Fortuna, un Dragón construido en Dinamarca. También porque en las acogedoras tierras situadas al sur del paralelo 38 tuvo lugar su primer gran fogonazo amoroso. ¿Y quién fue el afortunado? Pues ni más ni menos que Fernando León, uno de los mejores navegantes del mundo, seguramente el deportista más cercano al príncipe Felipe, el colega de mil y una guerras en la mar del futuro rey. Es un insigne representante de la escuela canaria de vela, que ha dado a España más medallas olímpicas en la especialidad que ninguna otra región.

Fernando León es un guaperillas descendiente de un alto mando del Ejército de ocupación de José Bonaparte desterrado a Canarias tras participar en la Batalla de Bailén, que supuso un antes y un después en la Guerra de la Independencia. El canario es tan buena gente que jamás ha dicho esta boca es mía ni una sola palabra que acredite un noviazgo que, haberlo, lo hubo. Y críticas, entre cero y ninguna porque es un señor de los pies a la cabeza. En Seúl fue diploma olímpico y en Atlanta, ocho años después, irrumpiría por derecho propio en el Olimpo de los dioses al conquistar la medalla de oro en 470 en compañía de José Luis Ballester, otro confidente velero del príncipe que acabaría en los calabozos por un caso de corrupción de la era Matas y que en estos momentos está imputado precisamente por el Caso Urdangarin. Él era el director general de Deportes que tramitó los dos Fórum que el duque organizó en la ciudad que da nombre a su título y que le metieron en el bolsillo 2,3 millones de euros públicos.

Doña Cristina se licenció en 1989 con todos los honores. Había hecho lo que nunca antes nadie en la familia real. Pero quería más. Y se propuso estudiar un máster. El lustro que pasó encerrada estudiando Derecho Político Comparado despertó su inquietud por las relaciones internacionales. Y qué mejor lugar para pasar de las musas al teatro que la capital oficiosa del mundo, Nueva York, sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de un sinfín de organismos públicos y privados, fundaciones de lo más variopintas e influyentísimos think tank.

Se inscribió en la Universidad de Nueva York, situada en Washington Square, en el corazón cultural y progre de la Gran Manzana. El barrio que inspiró a literatos de la talla de Edgar Allan Poe, Mark Twain, Herman Melville y el superlativo Walt Whitman. La Universidad de Nueva York no es Columbia, una de las siete grandes de los Estados Unidos, pero tampoco se queda corta: de sus aulas han salido veintitrés premios Nobel y doce Pulitzer. Ahí queda la cosa.

Aquel 1990 en Nueva York fue inolvidable para ella. Era una más. Salvo el turista españolito de turno, nadie la reconocía por la calle. Y podía hacer lo que le viniera en gana sin tener que dar cuenta al chófer, al secretario o a la doncella de guardia. Sin que las miradas de los viandantes la escrutasen inquisitorialmente o movidas por el cotilleo made in Spain como le sucede cuando camina por Madrid o cualquier otro punto de la nación por recóndito que sea. Solo la incondicional María Escudero, su verdadera amiga, quizá la única en la que confía ciegamente junto con sus primas María Zurita y Alexia de Grecia, la veía cada día. No por nada, sino porque compartían miniapartamento en Manhattan. Días de estudio, cosmopolitismo, museos, deporte, excursiones a los paraísos naturales de la Costa Este, viajes por el resto de los Estados Unidos y, naturalmente, algo de marcha por el Soho y las grandes discos de una ciudad que no se acuesta jamás. La única presencia institucional española eran los dos escoltas, supervisados por el Servicio Secreto estadounidense, desplazados permanentemente con el objetivo de que su estancia fuera lo más plácida posible. Y eso que a la infanta nunca le hizo gracia tener que ir acompañada mañana, tarde y noche, de lunes a domingos, de varios guardias civiles armados. «Nunca lo llevó bien, bueno, nunca lo llevó», recuerda una de sus compañeras de colegio con la que no ha perdido el contacto.

María Escudero es hoy, veinticuatro años después, la intimísima. Por encima incluso de María Zurita o Alexia. Las primas vienen impuestas por las leyes de la vida, las amigas no, las amigas las eliges. Y María, mujer de ese genio de las relaciones públicas y la comunicación que es el también mago Antonio Camuñas, ha estado ahí perennemente. Más en los malos momentos que en los buenos. Aún hoy día se siguen riendo del olor perpetuo que dejaban los guisos en su flat neoyorquino, donde predominaba la cocina española, especialmente la tortilla de patata y el gazpacho. «No se iba en una semana», rememora entre risas María Escudero, que hace diez años publicó un libro firmado a medias con Carla Royo-Villanova, esposa de Kubrat de Bulgaria. La obra, titulada Recibir en casa y saber vestir en cada ocasión, fue prologada por la infanta Pilar y estuvo amadrinada por el todo Madrid: Chenoa, Pilar Cernuda, Alejandra de Rojas, Mariló Montero, María Zurita, Paloma Segrelles, Margarita Vargas de Borbón y Laura Ponte.

Lo que no le gustó tanto fue el año que pasó en la Ciudad de la Luz realizando un training en el cuartel general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Anhelaba volver a España y trabajar. «De lo que sea y cobrando lo que sea, pero quiero ya un puesto de trabajo en mi país», se sinceraba cada vez que tenía ocasión intentando que su incomodidad llegase a oídos de su padre. Y eso que Federico Mayor Zaragoza, entonces director general mundial de la Unesco, se desvivía para que su estancia en París fuera lo más agradable posible en todos los órdenes. El exministro de Educación ucedista, personaje de la máxima confianza del rey, echó el resto pero quizá es que la burocracia que impera en Naciones Unidas no era lo que más motivaba a una veinteañera con ganas de buscarse la vida y volar por libre.

Y en 1992, el año que metió por fin a España en el mapamundi, Barcelona. Es decir, el centro del planeta Tierra, aunque fuera por dos semanas, las que duraron los mejores Juegos de la historia, los que el inmortal Juan Antonio Samaranch trajo a su ciudad. Cristina de Borbón se mudó a la Ciudad Condal por varias razones: porque quería independizarse —de hecho, fue la primera de los Borbón y Grecia en irse de casa— y porque de esta manera tenía el mar a tiro de piedra. Ergo, podía salir a navegar cuando le diera la realísima gana sin necesidad de tener que tomar un avión. En su decisión pesó, todo hay que decirlo, su hartazgo por las no excesivamente buenas relaciones de sus padres.

La enigmática Cristina optó por mimetizarse con la sociedad civil catalana, marcada ya por una docena de años de pujolismo y dictadura lingüística. Resolvió empaparse de la lengua de Espriú todo un año para estar a tono con una sociedad en la que por obra y gracia del hombre más rico de Cataluña, el no muy molt honorable Jordi, o sabías catalán o eras poco menos que un paria. Y eligió la Academia Rosa Sensat, bautizada así en honor a la madre de la educación y la pedagogía en Cataluña, una mujer progresista, adelantada a su tiempo, que descolló en plena República. Allá, entre el Paralelo y la Rambla, que acudía tres veces por semana a aprender y aprehender una de las dos lenguas oficiales de la comunidad autónoma. De escudera, la sempiterna Alexia de Grecia, con la que compartió apartamento de tres niveles en el barrio más chic de España: Sarriá. La lujosa vivienda les salía por 200 000 pesetas, un dineral para la época.

Alexia, hija del rey Constantino de Grecia y Ana María de Dinamarca, nació en Corfú y con tan solo dos años partió al exilio tras la desafortunada alianza de su padre con la dictadura de los coroneles. Una traición que la ciudadanía helena nunca le perdonó. La princesa es el alma gemela de doña Cristina. De la misma edad, gustos similares, idéntica idiosincrasia y parecidos modos y maneras, aunque la griega es más simpática que la española. Cristina lo sabe todo de Alexia y Alexia todo de Cristina. Quiso el destino, además, que ambas hayan terminado encontrándose en la misma situación: con sus respectivas parejas imputadas. La historia de Iñaki Urdangarin es sobradamente conocida, incluso allende nuestras fronteras. La de Carlos Morales no tanto porque al ser contemporánea a la del balonmanista está pasando desapercibida fuera de las Islas Afortunadas.

El arquitecto conejero fue imputado en 2009 por construirse en Puerto Calero una mansión de mil quinientos metros cuadrados, un 50 por ciento más que el palacete de sus primos Iñaki y Cristina, sobre suelo no urbanizable, además de invadir el dominio público marítimo-terrestre. Finalmente, hace algo menos de un año, en la primavera de 2013, se sobreseyó la causa penal contra él, aunque sobre su hogar de 4 millones de euros continúa pendiendo la amenaza del derribo.

Pero no quedan ahí las cuitas con la justicia del sobrino político de doña Sofía. Sigue imputado por corrupción en el Caso Unión, el presunto amaño del Plan General Urbanístico de Arrecife. Un escándalo más vivo que nunca y cuya magnitud creció elefantiásicamente en enero de 2014 al descubrirse que pruebas clave como los pinchazos policiales habían volado de los juzgados. Vamos, que alguien se las había llevado.

Volviendo a Barcelona, hay que reseñar que la vida de doña Cristina y la princesa Alexia era rutinaria. Solían ir a comer al Tragaluz, a cenar al Botafumeiro o a Mariona, de tapeo a un bar Tomás cuyas bravas gastan fama de ser las mejores de España y de copas a la zona de Marià Cubí, a Luz de Gas o a La Tierra. La pequeña de los reyes tomaba un dedo de whisky con coca-cola light. Normalmente, la custodiaban Marta Mas, compañera de barco, el Azur de Puig, y la no menos fiel Vicky Fumadó. Una Vicky Fumadó que pasó de ser su segunda de a bordo a convertirse en una reconocida pediatra y en el salvavidas al que se asieron Iñaki y Cristina cuando tan mal dadas vinieron por la instrucción de Nóos a partir de 2011.

Al año siguiente, 1993, se llevó uno de los mayores berrinches de su vida. El fallecimiento de su abuelo paterno, don Juan, en la Clínica Universitaria de Navarra la sumió en una profunda tristeza durante semanas y semanas. La empatía que tenía con el rey que no pudo reinar era total. Tal y como relata su primo Fernando Gómez-Acebo, Coco, «de los nietos, fue la que peor lo llevó». No por esperado, sintió menos el adiós de un eterno aspirante a monarca que se fue el 1 de abril de 1993 en medio de un enorme cariño popular. Un personaje que era la más viva prueba del nueve de que, como filosofó el ilustre socialista Félix Pons, «los grandes hombres se miden más por sus grandes renuncias que por sus grandes logros».

En septiembre de 1993 logró su ansiado empleo y nada más y nada menos que en La Caixa, concretamente, en el área de Exposiciones. Un puesto para toda la vida ya que nadie se imagina al solvente gigante financiero catalán quebrando, suspendiendo pagos y desde luego tampoco desapareciendo. A trabajar en La Caixa se le llama estabilidad laboral.

El siguiente novio de su escaso historial amatorio fue un Álvaro Bultó que parecía más un actor de Hollywood, capaz de competir en sex-appeal con el mismísimo Brad Pitt, que el aventurero que siempre fue. Un ADN incapaz de estar quieto. Hijo del empresario Francisco Javier Bultó, el fabricante de las motos Montesa y Bultaco, se desenvolvía con una facilidad pasmosa entre la nobleza. De casta le venía al galgo: su madre, Inés Sagnier, era una distinguida dama de la aristocracia catalana. Fue el romance que más cerca anduvo de desembocar en matrimonio.

Álvaro cumplía el estereotipo que siempre ha cultivado la infanta: alto, cachas, guapo, rubio, ojos azules y deportista. Solo había un pero: a Álvaro las mujeres le gustaban más que comer con los dedos. Atesoraba una facilidad pasmosa para conquistar al sexo opuesto, por no decir que, más que ligar él, se lo ligaban. Más o menos como Fernando León y muy en sintonía de lo que es un Iñaki Urdangarin con el que Cristina compartió flechazo a primera vista cuando los presentaron en los Juegos de Atlanta y del que no se ha separado desde entonces. Entre medias, oteó el corazón Borbón el mejor portero de waterpolo del mundo, el madrileño de San Blas Jesús Rollán. Un efímero affaire, ya que a la infanta le daba miedo lo fuerte que iba un waterpolista que ya por aquel entonces estaba metido de lleno en el infierno de la droga.

Álvaro Bultó y Jesús Rollán tuvieron finales paralelos. Murieron cuando no tocaba. El segundo con treinta y siete años, víctima de sus adicciones, consecuencia de la no adaptación del campeonísimo que fue —plata en Barcelona 92 y oro en Atlanta 96— a ese día después en el que ya no eres el más grande, cesa el peloteo, no hay palmaditas en la espalda que valgan, pierdes la condición de deidad o mito y te reintegras al mundo de los mortales. Álvaro Bultó se fue en agosto de 2013 cuando practicaba wingfly, un deporte de alto riesgo que consiste en lanzarte desde el abismo de una montaña de mil quinientos metros de altura a la espera de que se abra el paracaídas en forma de murciélago que llevas adosado a tu cuerpo. Falló el traje y murió en el acto al estrellarse contra el suelo en los Alpes suizos.

Doña Cristina lloró su muerte, al igual que la de Jesús Rollán, porque los dos dejaron en ella un recuerdo imborrable. Y seguro que se acordó de la frase preferida de Álvaro, que parafraseando al doctor Marañón recitaba una y otra vez: «Vivir no es solo existir, sino existir y crear, saber gozar y sufrir, y no dormir sin soñar. Descansar es empezar a morir».

CAPÍTULO III

Una infanta «abducida». El hibernus horribilis alcanza el cénit el 29-D. Los bramidos de Iñaki: «¡La culpa de todo la tiene tu padre!». El día en que la hijísima colgó el teléfono al rey. «Lo que tienes que hacer es renunciar a tus derechos o separarte». Doña Sofía se presenta en Washington, «alguien» llama al ¡Hola! y allá que aparecen en portada tan sonrientes. La menos Borbona de los hermanos monta el lío del siglo a los Borbones

—¿Por qué no llamas a la infanta para invitarles a cenar a ella y a Iñaki? —pregunta un marido a su mujer, ambos íntimos del matrimonio vasco-belga-madrileño-griego.

La esposa, paño de lágrimas capitalino de doña Cristina, corta en seco e indica rápidamente a su amado interlocutor:

—En todo caso habrá que marcar el número de Iñaki, ya sabes que ella hace todo lo que él le dice. ¿Qué parte de «está abducida» no has entendido? —Ante tamaña contundencia en la respuesta, el amantísimo esposo opta por callar, obedecer, descolgar y teclear el número del pluriimputado yerno del rey.

«Abducida». Esa y no otra es la cuestión. Habría que interrogar a un experto psiquiatra, a un avezado psicólogo o a una psicoanalista de esas que se las saben todas, a ser posible made in Argentina, para conocer a fondo la diferencia entre un hombre o una mujer «abducid@» y un hombre o una mujer «enamorad@». Tiene pinta, sin embargo, de que alguien que padece de abducción hace todo lo que le dice el contrario sin ponerlo jamás en tela de juicio. Obviamente, también hay quien mantiene una teoría idéntica pero en sentido opuesto: que quien está abducido por «el materialismo» de Cristina es un Iñaki Urdangarin que forzó la máquina más de la cuenta para que su contraria viviera como lo que es: una princesa.

«Entre ella y su padre le convencieron para comprar el palacete, que es el pecado original, el origen de todos sus males sin discusión. De aquellos polvos vienen estos lodos. Si hubiera hecho caso a los que le decíamos que aquella casa era una locura… otro gallo le habría cantado», rememora uno de los pocos compadres de verdad que le quedan a un hombre más solo que el Julio Iglesias de la canción y al que le vuelven la mirada o le dan la espalda los que antes le hacían reverencias y la pelota de la forma más babosa posible. Él ha aprendido en tiempo récord que en los días de vino y rosas todo el mundo está a tu alrededor chupándote la sangre pero cuando la luna de miel se transforma en amarga hiel esos mismos salen corriendo.

«Nunca pensé que la condición humana fuera tan ruin», repite cual letanía desde hace dos años y medio un tipo que el 12 de octubre de 2011 estaba en el machito, presidiendo el desfile de las Fuerzas Armadas junto a El Jefe y La Jefa, y ni tres meses más tarde había sido imputado por cuatro delitos que conllevan cerca de tres lustros de estancia en una penitenciaría.

Claro que si ella está abducida por un cónyuge con pinta de galán de cine hollywoodiense, él no le anda a la zaga. La asunción de su condición de miembro de la familia real, postizo pero miembro al fin y al cabo, la ha estirado hasta el paroxismo. Sus modos y maneras son más exquisitos y encorsetados que los de un príncipe que al llevar representando su papel desde la cuna le sale de forma natural y que los de un rey campechano que es el número uno en el arte de borbonear, ese término que inventó el gigante Umbral.

Para muestra, un botón. Urdangarin, más conocido entre el pueblo llano como Urdanga, echaba pestes de los concejales de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) del Ayuntamiento de Barcelona tras un acto oficial celebrado en 2005:

—¡Qué se habrán creído estos, han tratado a la infanta de tú y no de usted, y no la han llamado ni infanta, ni señora, ni alteza! ¡Qué vergüenza!

Transpiraba su indignación en una cena con amigos horas después del desplante de los concejales «rojos» [sic] de la Ciudad Condal, que habían «osado» [sic] tutear a la hija del rey. Él daba ejemplo dirigiéndose a su esposa ante terceros o en público como «infanta». Una manera de entender la vida que choca en el hijo de un reputado peneuvista, formación por cierto que siempre se caracterizó por su indisimulado republicanismo.

La teoría de la abducción o de la inocencia fue tomando cuerpo en el inner circle de la infanta conforme avanzaba la instrucción e iban saliendo a relucir casos como el de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social que él y Diego Torres montaron para ayudar en teoría a niños enfermos de cáncer, discapacitados o marginados y que en la práctica sirvió como inocente vehículo para llevarse la tela a paraísos fiscales. «Ella no tenía ni idea de estas inmoralidades, es buena gente, jamás habría permitido algo así», subrayan sus amigas.

Mucho más expeditiva dialécticamente hablando fue la infanta Margarita, hermana pequeña del rey, durante el Real Madrid-Barça celebrado en el estadio Santiago Bernabéu el sábado 11 de diciembre de 2011, en los albores de un escándalo que ha erosionado más la corona española que todos los republicanos juntos. Ella también compró la teoría de la abducción-inocencia. Margot, que es como le gusta que la llame su legión de amigas, estuvo más pendiente de parlotear del marido de su sobrina Cristina que de los lances de un partido que concluyó como todos los clásicos de la época. Con victoria culé. Esta vez por 1-3 con goles de Alexis, Cesc y, en el colmo de la desgracia merengue, Marcelo en propia puerta.

Margot, invidente de nacimiento, casticísima madrileña venida al mundo en el Hospital Angloamericano de Roma, no se cortó. De una nobleza de carácter impropia en estos tiempos dominados por el cinismo, doña Margarita va siempre de frente. Y esta vez no fue la excepción que confirma la regla. Cogió por banda a unos conocidos y, en presencia de su hija mayor, la soltera de oro María Zurita, se despachó a gusto largando de todo y por su orden:

—¡Hay que ver la que le ha liado el sinvergüenza de Iñaki a Cristina, no hay derecho! —se lamentaba en voz alta una Margarita de Borbón y Borbón a la que le resbalaban los fallos clamorosos de Cristiano Ronaldo, los aspavientos de José Mourinho en el banquillo o las poses seudointelectualoides de Pep Guardiola en el área técnica del Fútbol Club Barcelona. Más que nada, porque a la cultísima Margot le interesa cero el fútbol, aversión inversamente proporcional a la pasión que siente por el rock en general y por un genio de Nueva Jersey llamado Bruce Springsteen específicamente.

Cristina Federica de Borbón y Grecia está absolutamente colada por su marido. Ese chico rubio, alto, cachas, gracioso, macho alfa puro, que parecía pluscuamperfecto y que con el paso de los años salió rana para todo el mundo mundial. Bueno, no todo, porque ella continúa pensando, erre que erre, que es un santo varón que ha pagado el pato que le tocaba a otros. Ni siquiera las infidelidades han mermado el apoyo de Cristina a su marido, entre otras razones porque ella es más consciente que nadie de que Iñaki ha estado varias veces psicológicamente contra las cuerdas y que sin su sostén se puede derrumbar definitivamente. «Y, además, es un magnífico padre», suele apostillar.

El epítome de la abducción cristiniana se produjo el 29 de diciembre de 2012, cuando a Chevy Chase llegó una noticia que no por esperada dejó de causar estupor en el aparentemente bucólico universo urdangariniano. No era una inocentada servida en bandeja de plata con veinticuatro horas de demora. No. El titular de elmundo.es al que pasaba revista el duque de Palma no admitía dudas ni dejaba el más mínimo resquicio a las interpretaciones: «El juez Castro imputa a Urdangarin por cuatro delitos». Iñaki Urdangarin, tras cuya apariencia angelical se esconde un tipo de pocos pero explosivos prontos, estalló en alaridos:

—¡Joder, joder, joder, que Castro me ha imputado! —bramó en solitario atrayendo la atención de su mujer, que a esas horas, poco antes de las nueve de la mañana hora de la Costa Este USA, estaba desayunando. El balonmanista rebautizado por Juan Español como talonmanista apretaba compulsivamente el F5 de su ordenador intentando certificar que se había equivocado, que tal vez había leído mal, que a lo mejor a sus cuarenta y tres años la vista empezaba a cansarse más de la cuenta.

Pero no. En su portátil aparecía el titular que le había parecido leer: «El juez Castro imputa a Urdangarin por cuatro delitos». La ira del hijo del vascorro Juan María y la elegante belga Claire se disparó estratosféricamente. Se había enterado de la mala nueva por la prensa y no por su abogado. Una vez más, los medios de comunicación habían ido más rápidos que el procurador del bueno de Mario Pascual Vives. Fueron los días en los que al duque de Palma le dio por grabar por su cuenta y riesgo un «mensaje a la nación» en el que «agradecía al pueblo español su apoyo en estos momentos tan difíciles para mí». Dadaísta vídeo casero que, a Dios gracias para la Casa Real y para la propia imagen pública del interesado, jamás vio la luz. De no haber sido por Rafael Spottorno y el a la sazón secretario general técnico de Telefónica Luis Abril, el esperpento en forma de incunable audiovisual se hubiera consumado con el consiguiente cachondeo nacional. Pocas veces tan pocos hicieron tanto por una institución que representa a tantos.

Iñaki Urdangarin estaba «cabreado como una mona», a decir de otro de sus incondicionales desde aquel 7 de noviembre para la historia en el que un juez y un fiscal decidieron registrar todas las sedes de la trama Nóos y las viviendas de los protagonistas. En rigor, todas no. Porque así como se peinó de arriba abajo el enorme chalé de Diego Torres en Sant Cugat, curiosamente ningún agente se presentó con mandato judicial en el palacete de Pedralbes. Pero el 29 de diciembre la indignación del duque, que jamás de los jamases sospechó que se atrevieran a meterle mano judicialmente, se transformó súbitamente en ira desbocada. La impunidad psicológica en la que vivía desde aquel soleado 4 de octubre de 1997 en la Catedral de Barcelona le había hecho ir lejos, muy lejos, demasiado lejos.

Y repitió una frase que a su mujer le empezaba a sonar familiar aunque en esta ocasión el tono y el volumen eran exponencialmente mayores.

—¡La culpa de todo la tiene tu padre! ¡Él podía y debía haber parado todo esto y no lo ha hecho! ¡Quiere que los demás paguemos culpas suyas, que seamos sus chivos expiatorios! —se quejaba amargamente a su mujer, víctima de la impotencia ante unos acontecimientos inimaginables hacía no tanto y que, para colmo, se desencadenaban a velocidad de vértigo y con la contundencia de un mal de ojo echado por una bruja de postín.

—¿Pero no es el jefe del Estado? ¡Pues que diga «¡basta ya!» a todo esto! —vociferaba de tanto en tanto un tipo acostumbrado a echarle el muerto al prójimo, llámese Diego Torres, Juan Carlos de Borbón o el maestro armero. El caso es no tener nunca la culpa. La táctica de un colegial cuando el profe le sorprende in fraganti transgrediendo las más elementales normas de urbanidad.

La infanta callaba y se sumaba a la teoría conspiranoica sin fisuras, con la fidelidad de quien considera que lo que ha hecho su marido está bien hecho por mucho que un juez y un fiscal de provincias digan. Entonces, y lo que es peor, ahora, Iñaki y Cristina, Cristina e Iñaki, que el orden de los factores no altera el producto, estaban y están convencidos de que no han perpetrado ningún delito. De que son el juez Castro y el 90 por ciento de la opinión pública los que están equivocados y no ellos dos. «El trabajo que se nos encargó se hizo, se nos pagó y punto», sostiene el yerno del rey cada vez que tiene oportunidad, olvidando que se le adjudican seis delitos: malversación, fraude, falsedad, prevaricación y dos fiscales.

Iñaki no paró de echarle en cara a Cristina en los meses posteriores la falta de respaldo de un jefe del Estado que resolvió anteponer el Estado de Derecho a la familia. Don Juan Carlos no quería saber nada ya de un yerno que primero no le gustó para su hija —le parecía poca cosa un jugador de balonmano sin estudios—, luego se ganó su aprecio y finalmente resultó el «piernas» que algunos en Zarzuela habían advertido cuando empezó a hacer de las suyas en el Instituto con ánimo de lucro Nóos e incluso antes.

Cristina de Borbón no cejó en su empeño de respaldar a Iñaki sin fisuras, incondicionalmente, al modo napoleónico de estar con la familia «con razón o sin ella». Lo suyo es amor y lo demás tonterías. Cristina jamás olvidará cómo él reventó su «invulnerable» noviazgo con la bella, discreta y noble Carmen Camí para casarse con ella. Como en tantas y tantas historias de amor en esta también hubo una ganadora y una perdedora. El primer rol lo desempeñó Cristina de Borbón y el segundo esta vecina de Puigcerdá de cuya boca no ha salido una palabra más alta que la otra pese al faenón que le hizo Txiki, de cuyo doblete con la infanta se enteró el día en que el inconfundible timbre de Matías Prats anunció en el Telediario «habemus boda en la familia real».

Que este matrimonio está hecho a prueba de bombas lo ratifica el hecho de cómo respondió Cristina de Borbón el día del invierno de 2011-2012 en que su padre la telefoneó para pedirle explicaciones por la conducta de Iñaki Urdangarin y para darle un consejo que, en boca del rey, sonaba más a orden que a sugerencia paternal.

—Tienes que hacer un gesto, renunciando a tus derechos sucesorios. La situación que ha generado Iñaki es insostenible para la corona, para la familia real y para España —le conminó don Juan Carlos en una tensa conversación mantenida en pleno terremoto por las revelaciones de El Mundo y los pasos que, sin prisa pero sin pausa, daban un José Castro y un Pedro Horrach en plena luna de miel.

La tensión se palpaba en la línea telefónica. El rey vigente de una dinastía que desciende de los mismísimos Reyes Católicos, el jefe de la nación más antigua de Europa por mucho que algunos se empeñen ahora en reescribir la historia, estaba en aquel momento más próximo de los que abogaban por conducir al cadalso civil a la pareja Urdangarin-Borbón que de los que apostaban por arropar a la hijísima y al yernísimo aun a riesgo de indignar aún más a una opinión pública que hervía de indignación viendo cómo los Palma se habían forrado mientras ellos padecían la mayor crisis de la historia contemporánea.

—Bajo ningún concepto. Iñaki es inocente y renunciar a mis derechos dinásticos supondría tanto como asumir que es culpable y, lo que es peor, condenarle —esgrimió la séptima persona en la línea de la sucesión a la corona. Aunque no es probable que doña Cristina termine coronándose reina de España, tampoco hay que descartarlo taxativamente. Basta con repasar la biblioteca y remitirse al antecedente de ese aceptable rey machacado por la historiografía que fue Alfonso XIII para colegir que en ningún ámbito de la vida, menos aún en el de las testas coronadas, hay que dar nada por supuesto. Su primogénito y homónimo fue apartado de la carrera sucesoria en estricta aplicación de la Pragmática Sanción de Carlos III (1776) dictada para evitar «el abuso de contraer matrimonios desiguales». Alfonso de Borbón y Battenberg se casó primero con la hispanocubana Edelmira Sampedro y luego, tras divorciarse en Estados Unidos, hizo lo propio con la modelo Marta Esther Rocafort, también habanera y bella hasta decir basta. A estos dos casamientos plebeyos hay que sumar otro elemento no menor: era estéril, lo cual impedía de facto la perpetuación de la dinastía. Algo similar aunque no exactamente igual sucedió con el segundo de a bordo, el infante don Jaime, al cual se le echó del carril por padecer una doble discapacidad física: era sordo y mudo. Su enlace con Emmanuela de Dampierre, noble pero no acreedora de sangre azul, fue el acabose para un tipo que con el paso de los años se dio cuenta de que había sido demasiado bueno. Cuando intentó dar marcha atrás, era muy tarde. Su hermano pequeño, don Juan, estaba ya asentado al frente de una saga que mantenía viva la llama en el exilio portugués de Estoril.

La arrogancia rayana en la chulería de Cristina Federica de Borbón tenía un antecedente, el de su marido, que en los momentos más convulsos del caso que lleva su apellido recibió la visita del gran Fernando Almansa, vizconde del Castillo de Almansa. El cara a cara tuvo lugar en Denver, a doscientos kilómetros de la mejor estación de esquí estadounidense y tal vez del mundo, Aspen, el no muy modesto lugar elegido por los duques de Palma para festejar el tránsito de 2011 a 2012.

—Tiene usted que renunciar a su condición de miembro de la familia real y a todas las dignidades que le otorga el título de duque de Palma —disparó el exquisitamente educado Fernando Almansa, tercer jefe de la Casa del Rey Juan Carlos.

Iñaki Urdangarin reaccionó mostrando la cara B del personaje. Esa pendenciera que se esconde tras una fachada bonachona y angelical. La del yerno, el cuñado, el esposo y el hermano perfecto. Solo le faltó exhalar humo o espuma por la boca. Y si no pegó a alguien o a algo fue porque Dios no quiso. Su media naranja le secundó, aunque obviamente con mejores maneras.

—A mí no me levanten la voz —le cortó en seco el emisario real en presencia de su compañero de viaje, el secretario general jurídico de Telefónica, el abogado del Estado Ramiro Sánchez de Lerín.

Doña Cristina demostró que todavía hay clases mandando callar a todos y contraatacó culpando de aquel mensaje imperativo no tanto a su padre como a su hermano, el príncipe de Asturias.

—La actitud de mi hermano es inaceptable, tienes que hacer algo, Fernando —espetó.

El vizconde de Almansa, compañero de promoción en Deusto de Mario Conde, Luis Abril y José María Rodríguez Colorado, no se arredró.

—Si la señora tiene algún problema con su hermano, se encierran ustedes en una habitación y no salen hasta que se maten y dejen a sus hijos huérfanos —replicó harto de la arrogancia urdangarinesca y consorte.

De manera similar terminó la charla mantenida días después entre el jefe del Estado y su hija. De la tensión contenida se pasó al lenguaje incendiario cuando don Juan Carlos sugirió algo que planeaba sobre el ambiente hacía meses, concretamente desde que en septiembre El Mundo empezó a desgranar las vergüenzas de la pareja ducal: la renuncia a los derechos sucesorios y/o la separación o el divorcio. Más bien la separación, que tampoco es cosa de divorciarse y enemistarse con la Santa Madre Iglesia. La monarquía española continúa siendo una monarquía católica.

La infanta Cristina se enfureció de lo lindo cuando el hombre que la trajo al mundo puso encima de la mesa la renuncia a los derechos y, definitivamente, estalló cuando se le sugirió —ni siquiera fue una aseveración— que lo mejor era poner punto y final a una pareja que hasta hacía no tanto era modélica. La tensión se disparó hasta que en un momento dado la hija dejó al padre con la palabra en la boca. «Pi-pi-pi» es lo único que se escuchaba al otro lado de la línea. La señora de Urdangarin había colgado al rey de España. Increíble pero cierto.

Don Juan Carlos fracasó en una misión que antes había intentado, con la misma mala suerte, por personajes interpuestos. Entre otros, su fidelísimo Fernando Almansa, el hombre que superó con nota el desafío de sustituir al frente de la Real Casa a Sabino Fernández Campo. Todos los correos del rey fracasaron estrepitosamente en el intento de modificar la tozudez de la infanta en ese hibernus horribilis.

Entretanto, doña Sofía decidió arropar a los Urdangarin-Borbón. Todo lo contrario de lo que habían hecho su marido y su hijo, que se decantaron claramente por quienes echaron el resto para cortar por lo sano el miembro enfermo y salvar el resto del cuerpo. La reina, seguramente en una decisión con una carga de profundidad infinita, resolvió viajar a la capital política del planeta. Tras presidir la gala anual del Spanish Institut en la capital social del universo, Nueva York, alguien o ALGUIEN dio el cante a los paparazzi de ¡Hola!, que sorprendentemente estaban apostados a las puertas del restaurante del kennedyano barrio de Georgetown en el que la reina había cenado con su hija y su hijo político. Las sonrisas a mandíbula batiente indicaban que no les importaba mucho haber sido cazados, o que tal vez era más un posado que un robado. El caso es que la portada de la revista del corazón juancarlista era un síntoma de la división que reinaba ya en el Monte de El Pardo. Don Felipe y, en menor medida, don Juan Carlos eran abiertamente rupturistas mientras la hija del rey de Grecia se mostraba clara e indefectiblemente partidaria del búnker, de resistir al modo celiano.

Los más osados, los malpensados de turno, opinan que la reina se echó al monte para devolverle a don Juan Carlos tantos años de feos públicos y privados, años en los que la germanogriega se comportó con un temple y un saber estar al alcance de pocos seres humanos. El vínculo con la alemana de origen danés Corinna Larsen no solo no había remitido sino que se encontraba en aquel entonces en pleno apogeo. A lo mejor es que, como sostenía Rafael Spottorno, doña Sofía quería consolidar al precio que fuera la supervivencia de la pareja Urdangarin-Borbón «en un hábitat como el de Zarzuela en el que no hay precisamente muchas unidades familiares estables».

Sea como fuere, las encuestas revelaban indefectiblemente que esa metafórica aeronave que es la corona había entrado en barrena tras décadas de éxito interminable. Nada ni nadie podía enderezar el rumbo. Y cada vez que en palacio echaban un vistazo a las encuestas la sensación de fin de ciclo era mayor. Juan Español ponía cada vez peor nota a la primera institución de la nación. Si en 2003 sacaba un 5,18, a años luz de una clase política desprestigiada por doquier, en 2010 un 5,35 y en 2011 un 4,89, en enero de 2013 el suspenso era sin paliativos: un 3,96. A los inquilinos del palacio de La Zarzuela solo les superaban en rechazo ciudadano los partidos políticos, cuyo 1,83 es inempeorable, el gobierno (2,42), los sindicatos (2,45) y la patronal (2,87). El Caso Urdangarin y el elefante de Botsuana dejaban a la corona totalmente grogui y a merced de las circunstancias. Y, lo que es peor, en un momento especialmente crudo de la historia de España con la Generalitat de Cataluña sublevada contra la legalidad constitucional.

La nación que José Ortega y Gasset había descrito en España invertebrada parecía caminar lenta pero inexorablemente a su desintegración, desde la periferia al centro, con una centrifugación que amenazaba con no dejar en pie uno solo de los edificios institucionales que los españoles nos dimos en esa gran fiesta de la libertad y la democracia que fue la votación de la Constitución el 6 de diciembre de 1978. No olvidemos que el insuperable filósofo también explicó por qué no era un imposible físico ni metafísico la descomposición de España: «Por la falta de una minoría dirigente ilustrada capaz de tomar decisiones firmes y eficaces». Cualquiera diría que estas reflexiones salieron del privilegiado coco de don José en 1921 y no de alguna otra mente preclara pero de nuestro tiempo. Lo que seguro que no podía imaginar ni por lo más remoto es que un individuo con tan pocas luces como Iñaki Urdangarin la liase tan gorda en una coyuntura tan delicada.

CAPÍTULO IV

Aterrizaje forzoso en Bethesda. El duque «em… Palma… do» había vuelto a las andadas. La hija del rey ejerce de hija de rey: «Que me cambien los colchones por tercera vez». No había plaza en el cole de Malia y Sasha Obama. La vida es bella en DC. La verdadera caridad del Lazarillo de Zumárraga empieza por él mismo. Unos arrendatarios rumanos en el palacete

Si como se quejaba la canción del mejor grupo pop español de todos los tiempos, Mecano, «No hay marcha en Nueva York», qué decir de Washington DC, denominada por los estadounidenses como «la capital del asesinato». Pese a ser el hogar del hombre más poderoso sobre la faz de la Tierra y acoger el Pentágono, ostenta la nada honrosa vitola de municipio más inseguro de los Estados Unidos. Los más racistas lo achacan al hecho de que el 70 por ciento de la población es afroamericana; los más realistas a una circunstancia que lo explica todo por sí sola, es el paraíso del crack, la cocaína y una heroína que, incomprensiblemente, vuelve a estar de moda. Allí, acá y acullá. Durante años, los camellos campaban a sus anchas, eran los reyes de DC. Lo saben bien los funcionarios de la antigua embajada de España, ubicada hasta hace una década en pleno territorio comanche. Al punto que el trapicheo de crack era moneda de uso corriente a las puertas de nuestra representación a finales de los ochenta, cuando el alcalde era Marion Barry, que en una metafórica sintonía con lo que era su ciudad acabaría condenado a seis meses de cárcel por posesión de estupefacientes. Llegabas a por un visado o a solicitar un salvoconducto porque te habían robado el pasaporte y te topabas con legiones de individuos de toda ralea fumando, pinchándose o inhalando crack, inyectándose en vena ese caballo de muerte que es la heroína o pasando cocaína.

Las estadísticas comparadas hablan por sí solas: en los noventa se contabilizaba una media de 400-500 asesinatos anuales, más que en toda España. Los sucesivos alcaldes, todos ellos afroamericanos, se pusieron las pilas y han conseguido dar la vuelta a los guarismos. En la actualidad, en España, en 2013, hubo 387 muertes violentas por los 110 de media sostenida en la capital federal de los Estados Unidos.

Allí aterrizaron los Urdangarin-Borbón en el verano de 2009 en lo que se presentó como un normalísimo cambio de aires. La corte y los periodistas cortesanos lo achacaron a los deseos del duque de Palma de «progresar en su carrera de ejecutivo». Alguno llegó a hablar de él como si fuera el hombre que iba a revolucionar Telefónica en la primera potencia del mundo y abajo del Río Grande, en toda América, desde el Cabo de Hornos hasta el Estrecho de Bering. Se le presentó mediáticamente como si fuera un émulo distinguido de Pablo Isla, Javier Marín o Ángel Cano. Pero aquí también había trampa, porque para empezar falsificó su currículum y nada más y nada menos que en la web oficial de la Casa Real y también en las notas de prensa que se remitieron con motivo de su incorporación a la gran telecom española. Aseguró que es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, circunstancia sobre la que hay más que serias dudas —su entorno reconoce que «solo» es diplomado—, y se adjudicó el cargo de «profesor de Política de Empresa» de uno de los miniharvard españoles: ESADE. Otra patraña más que añadir a su historial. Pero no al profesional sino al de falsedades, ya de por sí extenso.

«Telefónica asciende a Iñaki Urdangarin y lo nombra presidente de la Comisión de Asuntos Públicos de Latinoamérica y Estados Unidos», informaban los medios españoles ninguneando el hecho de que las más de las veces un cargo tan rimbombante es sinónimo de humo o de enchufe o de ambas cosas simultáneamente. ¿En qué consiste ser presidente de la Comisión de Asuntos Públicos de Latinoamérica y Estados Unidos? Hasta el momento nadie lo sabe o nadie ha sabido explicarlo.

El guipuzcoano llevaba ya tres años como consejero de Telefónica Internacional en Barcelona, los mismos que habían transcurrido desde que fuera invitado por conde de Fontao interpuesto a salir corriendo de Nóos. «Vete del instituto y haz lo que quieras, pero no figures en nada», fueron las instrucciones de José Manuel Romero, un tipo de fiar, del Plan Antiguo, de esos que no traicionaría a su peor enemigo ni por todo el oro del mundo. Gente de categoría, en definitiva.

Don Juan Carlos telefoneó a César Alierta tras leer en El Mundo/El Día de Baleares el presupuesto del primer Fórum, el de noviembre de 2005, que costó al contribuyente 1,2 millones de euros. Las cuentas del Gran Capitán Urdangarin eran ciertamente cantosas: 120 000 euros para el servicio de prensa de un evento que duró sesenta horas y que organizaba con el paganini de todo, el Govern balear, que tenía en nómina a más de treinta personas en la Dirección de Comunicación; 29 000 euros para ¡¡¡faxes!!! y 18 000 invertidos en una web que no pasó del estadio de los deseos al de la realidad porque jamás existió.

A Washington lo pasaportaron por una razón capital, sus devaneos con el sexo contrario; y otra accesoria, impedir que siguiera haciendo de las suyas en el ámbito empresarial patrio. Los «palos» que pegaba a diestro y siniestro empezaban a ser ya la comidilla de la Villa y Corte. Pero la rumorología de sus amoríos furtivos era tanto más potente en una Barcelona que, como Madrid, es un pañuelo por muchos millones de habitantes que la pueblen. Se acaba sabiendo todo.

Opina el maestro Jaime Peñafiel, apelando a expertos sociólogos y psicólogos estadounidenses, que la primera gran crisis de todo matrimonio se produce a los siete años del «sí quiero». Los duques de Palma se casaron en la Catedral de Barcelona en octubre de 1997, por lo que sus primeras desavenencias de verdad deberían haberse producido en 2004. Pues no. Aquellos eran días de vino, rosas, Nóos y palacetes. Estaban mejor que nunca. Parecía un matrimonio indestructible, interna y externamente. No les faltaba de nada: una de las mejores casas de Barcelona, tres niños ideales (Irene vendría en 2005), el dinero entraba a espuertas en Elisenda de Pinós y eran los preferidos de una opinión pública que los veía más modernos que a Elena de Borbón y Jaime de Marichalar pese a que, en honor a la verdad, fuera exactamente al revés. Cómo son las cosas y cómo hemos cambiado. El rey de España suele comentar hoy día con esa ironía tan personal e intransferible a sus más allegados cómo le gustaría que hubieran sido las cosas. Ese «lo que pudo haber sido y no fue» que con tanta frecuencia mortifica al ser humano. Y lo hace cada vez que tiene oportunidad: «Ojalá los que se hubieran separado fueran Cristina e Iñaki y no Elena y Jaime, que no protagonizó jamás un escándalo público».

Los duques de Palma jamás dudaron el uno del otro y el otro del uno. Doña Cristina ha sido siempre de una fidelidad a prueba de bombas, tanto con Iñaki como con los novios que precedieron al balonmanista. Tal vez su acendrada religiosidad ha contribuido a evitar la tentación. El caso es que Iñaki jamás le ha podido decir ni mu al respecto. Ella estaba y está profundamente enamorada de su marido. «Infinitamente», suele puntualizar la guardia de corps de la pareja en una afirmación que, a la vista de los hechos, no contiene la más mínima pizca de inexactitud.

Lo de él es otra historia. Iñaki navegó siempre en el mascarón de proa de una generación de deportistas que rompió el cascarón del deporte español. Un deporte español que, salvo por generación espontánea, hacía el ridículo cada vez que salía a competir por esos mundos de Dios. El Real Madrid de Di Stéfano, Santana, Blume, Severiano y Ángel Nieto eran las gloriosas excepciones. El pivote zurdo Urdangarin no solo jugó en el mejor equipo de balonmano del mundo de su tiempo, el Barça, sino que además era una de sus grandes estrellas. Igual que en el equipo nacional. Él y sus coetáneos pusieron la primera gran piedra con sus bronces en Atlanta 1996 y Sídney 2002 de una selección que ya en los dos mil acabó siendo la mejor del planeta sin discusión.

La de Urdangarin ya no era, pues, la prototípica quinta de derrotados que les había precedido. Eran ganadores. Machos alfa. Los líderes de la manada. Tipos con ese instinto criminal que divide a los ganadores de los que simplemente participan al más puro estilo Coubertin. Y consecuentemente tenían un éxito arrollador entre las mujeres. «Nos las llevábamos de calle», suele jactarse Iñaki cuando rememora sus años mozos en el Barça del maño Valero Rivera y en la Selección Española.

Si rompía corazones siendo balonmanista, un deporte de escasa relevancia pública, cómo no iba a hacer lo propio al jugar en esa liga superior que supone ser uno de los personajes más conocidos de España y, consecuentemente, uno de los más deseados por aquello de la erótica del poder. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) le siguió durante meses por la relación que mantenía con una imponente ciudadana rusa de 1,90, anatomía de top model, pudiente y que hablaba un perfecto español. La versión oficial es que se la espió por temor a que estuviéramos ante un nuevo Caso Profumo, con Iñaki en un similar papel al del ingenuo ministro de Defensa inglés, y la rusa en el rol que jugó Christine Keeler pasando información sensible a los soviéticos.

Pero no. La versión oficiosa, y más ajustada a la realidad, es que lo que quería el CNI era certificar si el autoproclamado «duque em… Palma… do» tenía affaires extramatrimoniales. Y punto. La amiga de Iñaki nada tenía que ver con el poderosísimo servicio de inteligencia ruso, el FSB, sucesor del desgraciadamente mítico KGB. Era una modelo asentada en España en busca de una vida mejor. Sin más. La cuestión era visualizar las debilidades del marido de la hija del rey.

Las sospechas de Zarzuela iban más allá. Se intuía que Iñaki Urdangarin se aplicaba a rajatabla el descarnadamente machista aserto que sentencia: «Ave que vuela, a la cazuela». Lo cierto es que en aquellos años se llevaba demasiado bien con la esposa de uno de sus mejores amigos, matrimonio con el que los Urdangarin-Borbón compartían fines de semana, escapadas a la nieve de Baqueira y desconexiones en el Ampurdán. «Ojitos azules», la llamaba el mocetón de Zumárraga, según las «bombas atómicas» en forma de e-mails facilitadas por Diego Torres. Lo que hubiera entre ellos es lo de menos, lo de más es lo que parecía. Y parecía lo que parecía. Y como parecía lo que parecía, Zarzuela decidió que había que poner tierra de por medio para que el presunto libertino no continuara haciendo de las suyas.

El 19 de agosto de 2009 los diarios españoles informaban con más o menos profusión de una noticia en cuyas líneas maestras todos coincidían: «La infanta y Urdangarin se instalan en Washington». Aprovechando el verano, doña Cristina e Iñaki comenzaron a recoger los bártulos, trasladar los más elementales enseres y elegir colegio para los niños. Juan, Pablo, Miguel e Irene se quedaron en el palacio mallorquín de Marivent al cuidado de esa abuelaza que es doña Sofía. Por las mañanas, la reina los sacaba a navegar en la que ya es considerada la lancha real, la Somni («sueño» en catalán), pese a que teóricamente es propiedad del armador Josep Cusí. Por las tardes era tiempo de asueto y relajo. Alguna de ellas la pasaron en el parque acuático más famoso de Mallorca, Marineland, situado en el umbral de Puerto Portals. Marineland es el buque insignia de un imperio del ocio, Aspro, que encabezan Juan Carlos Smith, perteneciente a una conocida familia de anticuarios madrileños, Jesús de Ramón Laca, último dueño de Diario 16, y Nicolás Cotoner Martos, hijo del primer jefe de la Casa del Rey, el mallorquín marqués de Mondéjar.

Sabedores de la realidad washingtoniana, los Urdangarin eligieron el barrio más in: Chevy Chase, en el área de influencia de Bethesda, al norte del río Potomac, limítrofe con DC pero perteneciente al estado de Maryland. Chevy Chase es a Washington lo que Puerta de Hierro, La Moraleja o La Finca a Madrid. Lo más de lo más. Es el distrito con la renta per cápita más alta de un país que es el séptimo del mundo tras las ciudades-estado de turno modelo Qatar o Hong Kong y el primero de la fila si hablamos de naciones como Dios manda. En cuanto a calidad de vida tampoco hay muchas dudas: Chevy Chase es el segundo barrio de todos los Estados Unidos. O sea, que Iñaki, Cristina y sus cuatro querubines se fueron a vivir a un auténtico paraíso dentro del infierno que en algunos apartados puede ser Washington DC. De vecinos tenían no solo al heredero de la corona persa, Reza Pahlevi, sino también a la CIA y a esa Agencia de Seguridad Nacional (NSA) que ha saltado a la fama en los últimos meses por pinchar a millones de ciudadanos del mundo, Angela Merkel y Dilma Roussef incluidas.

Los Urdangarin-Borbón eligieron una vivienda de estilo colonial de seiscientos metros cuadrados, lejos de los mil de superficie del palacete de Pedralbes pero seis veces largas el hogar medio de un españolito. El mobiliario del chaletazo lo sufragó íntegramente Telefónica. No se encargó a la República de IKEA sino a las más caras firmas de la urbe en la que se toman las decisiones más importantes del mundo. En el cuartel general de la compañía que preside César Alierta no daban crédito cuando la factura llegó al departamento de contabilidad.

«¡Ni que los muebles fueran de oro y platino!», enfatizó uno de los responsables de la Dirección Financiera cuando comprobó el cinco y los cinco ceros que totalizaban los distintos justificantes, después de sumarlos y traducirlos a euros.

Los muebles se sirvieron entre agosto y principios de septiembre con el objetivo de que la pareja, sus cuatro hijos y el personal de servicio pudiera iniciar con total normalidad su cambio de vida. No fue un proceso exento de sobresaltos. La infanta, que como todos los Borbones, sufre de la espalda, echó para atrás los primeros colchones que les suministraron.

—Son demasiado duros, no me gustan —manifestó a sabiendas de que sus deseos son siempre órdenes para quienes la rodean.

Los transportistas de la empresa de camas procedieron a retirar los «durísimos» colchones, sustituyéndolos por otros más suaves.

Doña Cristina se tumbó sobre ellos, los probó, diagnosticó y sentenció:

—Que los cambien de nuevo —instó al personal en un estilo mucho más directo y conminatorio que la primera vez.

Los empleados colchoneros no daban crédito. Era la primera vez que tenían que cambiar un par de veces el material. Ninguno de los poderosos del barrio había llegado a tanto. Pero ya se sabe: el cliente siempre tiene razón. Con ella o sin ella, doña Cristina tenía razón. Y allá que fueron y volvieron con la tercera remesa de colchones. La jefa de la casa repitió el modus operandi. Tocó, palpó y se tumbó. Los operarios observaban la escena, pelín temerosos de que hubiera que coger los trastos de nuevo e irse por donde habían venido.

—Estos sí, nos los quedamos —sentenció la hija del rey. La cara de los cachas encargados de llevar y traer los colchones de la casa alquilada por Telefónica dibujó una mueca de alivio. Había costado, pero a la tercera había sido la definitiva. Doña Cristina ya tenía colchones.

Ahora solo restaba cerrar la elección del colegio de los cuatro niños, tres varones y una hembra. Los Urdangarin escogieron Washington cuando lo normal es que se hubieran inclinado por la mil veces más fascinante Nueva York, ciudad que acumula la mayor colonia española y donde la lista de amigos de los duques es interminable, o Los Ángeles por aquello de que California es gracias a las nuevas tecnologías la región mundial más influyente, más vanguardista y más potente desde el punto de vista económico. Por algo es el séptimo PIB del planeta. Allí surgió Apple. Allí, en Menlo Park, nació el Gran Hermano Google. Allí, en Santa Clara, Jerry Yang montó de la nada Yahoo. Allí no se creó Facebook pero allí, en Palo Alto, tiene su sede. Allí está Oracle. Allí, en definitiva, está todo.

¿Por qué, entonces, se decidieron por la capital federal? El motivo es mucho más prosaico de lo que uno pudiera imaginar. Fue el rey el que, además de conseguirles el privilegiado puesto de trabajo, les instó a ir a Washington DC. Quería que sus nietos estudiasen en el mismo colegio que las dos hijas de Barack y Michelle Obama: Malia Ann, nacida en 1998, y Natasha Sasha, que vino al mundo en 2001. El centro se llama Sidwell Friends y sale por un ojo de la cara, a razón de 35 000 dólares anuales por niño sin contar los extras. Seguramente es la mejor escuela de la ciudad presidencial y del top diez de los Estados Unidos. En este centro, cuyo lema es «permite que la luz de todos nosotros brille», han crecido intelectualmente el hijo del presidente Theodore Roosevelt y una de las hijas del tramposo Richard Nixon. De estas aulas salió Al Gore júnior y aún se encuentran en ellas los nietos del actual vicepresidente, Joe Biden. En fin, la élite de la élite. Lograr plaza en Sidwell es sinónimo de codearte con los amos del universo, una fuente de contactos infinita. Cuesta mucho dinero, sí, pero esos 35 000 dólares anuales se pueden multiplicar como los panes y los peces si aprovechas las amistades que has hecho en los recreos.

Por las razones que fueran, el gozo de don Juan Carlos acabó en un pozo. Aseguran que la tardanza en pedir plaza motivó el «no» de una institución educativa que acumula una lista de espera de cientos de niños, a cual más importante y recomendado. El plan B, el que al final prosperó, se llamaba Lycée Rochembau, la gran escuela francesa de la ciudad. Algo más económico que Sidwell, 20 000 dólares anuales más extras por imberbe, el Liceo es una escuela reputada, controlada por esa garantía de calidad que es el gobierno de la República Francesa. No todo iban a ser desventajas: el Liceo está a escasas cuadras de la vivienda que ocuparon durante tres temporadas los duques de Palma.

En el fondo había salido todo redondo, ya que los nietos del rey no se salieron del guión que les habían marcado sus padres. Antes de expatriarse estudiaban en el Liceo Francés de Barcelona y al repatriarse volvieron al Liceo Francés de Barcelona. De esta forma salvaban la mal llamada «inmersión» que rige en Cataluña en forma de dictadura sobre los padres, a los que se priva de un derecho tan elemental como es elegir en qué lengua se educan principalmente sus descendientes.

La vida fue bella para los Urdangarin en DC… mientras duró. Iñaki gozaba de unos emolumentos que para sí hubieran querido directivos de la operadora de mayor rango en Madrid. Entre pitos y flautas, en los últimos meses en América ganaba 2,7 millones de euros. Un salario de futbolista que multiplicaba por 18 la nómina más abultada que disfrutó como jugador de la sección de balonmano del Fútbol Club Barcelona. A ello había que agregar el coste de la escolta permanente que le asignó Telefónica, sin contar con los agentes de Zarzuela que se establecieron en América durante los tres años que duró la estancia de los duques. Seguridad pública que, lógicamente, corre a cargo del Estado español y cuya factura habría que cifrar en torno a los 400 000 euros por ejercicio.

Iñaki iba poco a la minioficina que se le habilitó ex profeso en el centro de Washington. La única base de verdad de Telefónica en Estados Unidos estaba hasta el momento en Nueva York. Iñaki no era precisamente un estajanovista en sus tareas. Es más, los paparazzi que marcaban estrechamente a diario al matrimonio ducal solo lo inmortalizaron una vez a la entrada de Telefónica Washington. En las demás fotos aparecía o haciendo footing o jugando con los niños en el parque como el padrazo que es, o yendo al cine o haciendo su entrada en el restaurante de moda en Georgetown. Sus prepotentes meteduras de pata, allá por el otoño de 2009, provocaron que su rol en Telefónica quedase reducido casi desde el inicio a la condición de jarrón chino. Se le pagaba por no molestar. Sus jefes en la cuarta telecom mundial en capitalización bursátil (en dura pugna con la A-Móvil de Carlos Slim) lo recuerdan como «un chico corto, orgulloso, superficial, pero majo».

Su final en Telefónica fue idéntico a su llegada: glorioso. El día de agosto en que le comunicaron «Iñaki, no podemos seguir», el duque caviló: «¿Y por qué no me quedo los muebles del chalé?». Descolgó el móvil y tecleó el número de un alto cargo de Telefónica:

—Me gustaría quedarme con los muebles de la casa de Washington y llevármelos a Barcelona —expuso el yernísimo.

—Nos parece muy bien, nos los pagas y arreglado —le replicó el directivo que hacía las veces de enlace con el desahogado embajador telefónico en Washington.

—Yo los quiero gratis, pensaba que me los podía quedar.

—Que no, que no, que los tienes que pagar —le insistieron desde Madrid.

—Pero qué más os da, si están usados.

—Si los quieres, nos parece muy bien, pero tendrás que pagar su valor en libros —le indicó el hombre mandatado por César Alierta para lidiar con el marido de la infanta Cristina, al que en la compañía se le recuerda como «caprichoso y pedigüeño».

Cuando a seis mil ochenta kilómetros de distancia le revelaron que el valor en libros de los muebles de Chevy Chase era de 400 000 euros —100 000 menos de lo que habían costado tres años antes— y que no bajarían un céntimo, Iñaki Urdangarin se despidió con un veloz y educado «bueno, gracias».

Al rato, volvió a recibirse una llamada en Telefónica de Las Tablas.

—Soy Iñaki, ya que vosotros no vais a saber qué hacer con el mobiliario de la casa y yo no me lo voy a quedar, os propongo donarlo a un charity [organización de beneficencia].

—Nos parece la mejor solución —le contestaron convencidos de su buena fe.

Telefónica se encargó de transportar los muebles al charity. Y aquí paz y después gloria. O eso pensaban en Madrid. Pero el partido, lejos de concluir, estaba muy vivo. Veinticuatro horas después de vaciar la mansión de Chevy Chase, el duque se presentó en el charity.

—Buenos días, quería esos muebles. Les ofrezco 20 000 dólares —afirmó apuntando con el dedo índice a la vasta superficie sobre la que habían aposentado los enseres de Casa Urdanga.

—Hay un problema, señor, los acabamos de vender.

Ni el anónimo autor del Lazarillo de Tormes hubiera ideado un guión más pícaro. Solo Iñaki Urdangarin, dotado de un particular sentido de la ética, podía idear algo así. Y él y su mujer escribieron uno tan o más potente desde el punto de vista de la inmoralidad. Cuando decidieron hacer las Américas dejaron en Pedralbes al matrimonio de servicio que se encargaba de cuidar los mil metros cuadrados de palacete. Se trata de los Nonosel, Marian y Monalisa, una leal pareja de rumanos que no pudieron acompañarles en el sueño americano porque no consiguieron el permiso de trabajo. Los Nonosel vivieron en el palacete de 2009 a 2012 pero no les salió gratis. Lo mantenían en perfecto estado de revista y, en A o en B, cobraban un salario por ello. Pero por vivir en la casita anexa destinada al servicio tenían que pasar por caja. Los duques de Palma les obligaron a firmar un contrato de arrendamiento por el que les satisfacían 350 euros mensuales. Pocas veces la realidad superó a la ficción tantas veces como en el Caso Urdangarin. Verlo para creerlo.

CAPÍTULO V

Trágica Navidad. Iñaki quiere mandar en Telefónica: «Hay que cerrar la oficina de Nueva York». Conspiranoicos. Telefónica cree en su inocencia hasta el día de los Inocentes. El príncipe castiga con el silencio a su hermana del alma. La teoría de la copa de vino. Letizia se toma cumplida venganza a ocho años de desprecios

Pocas veces una imagen transmite de manera tan equívoca la realidad que esconde. La casa de los duques de Palma en el barrio de Chevy Chase de Washington es una residencia señorial de estilo georgiano a la que da la bienvenida una pequeña rotonda ajardinada y una escalinata jalonada por columnas neoclásicas. El acceso lo presiden dos faroles que proyectan una luz tenebrosa al atardecer y que, en plena Navidad de 2011, impedían vislumbrar cuanto latía en su interior.

La imponente vivienda unifamiliar de seiscientos metros cuadrados construidos, diseñada con el mismo formato que las del resto de la urbanización, dotada de dos pisos y una gran buhardilla rematada por un tejado de pizarra y dos voluminosas chimeneas, apenas emitía señales de vida más allá de las fumarolas de sus calderas de calefacción. El teléfono no paraba de sonar y los timbrazos iban acompasados por las revelaciones de El Mundo, que descubría por aquellas fechas cómo Iñaki Urdangarin había saqueado el Instituto «sin ánimo de lucro» Nóos que presidió durante tres años para desviarse los fondos a una sociedad que compartía con su mujer, bautizada con el nombre griego de Aizoon, que habían radicado en su residencia barcelonesa, el célebre palacete de Pedralbes, y que los duques de Palma convirtieron en su caja de ahorros familiar, con la que costeaban su elevado tren de vida.

La ONG de Urdangarin había resultado ser uno de los mayores negocios que conocieron los tiempos y de aquel tinglado, que consiguió recaudar en tiempo récord más de 20 millones de euros públicos y privados, se habían beneficiado no solo el yerno del rey sino su propia hija, aderezando el montaje con la emisión masiva de facturas falsas para engañar a Hacienda y pagar el mínimo posible de impuestos. El escándalo comenzaba a abrir en canal el tinglado creado en torno al Instituto Nóos y amenazaba con perpetuarse en el tiempo al haber iniciado una investigación el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma y la Fiscalía Anticorrupción, que contaba con el decidido apoyo de la Agencia Tributaria para escudriñar hasta el último euro desviado.

—Iñaki, ¿tú has firmado algo, algún cheque, algún tipo de documento? —le insistía al otro lado del teléfono Ramiro Sánchez de Lerín, abogado del Estado, secretario general de Telefónica y encargado de examinar el proceso y calibrar las consecuencias que podía acarrear a la compañía y a la institución.

—Ni uno, no he firmado ni un solo cheque, nada de nada —contestaba contundente Iñaki ante la atenta presencia de la infanta, que asentía con la cabeza.

—Pues entonces, estate tranquilo, que hay vías de escape y este asunto no es tan grave como parece —le tranquilizaba Sánchez de Lerín, miembro del sanedrín de la operadora y persona de la máxima confianza de César Alierta.

Aquella residencia, convertida en un improvisado centro de operaciones bélico, por cuyos salones deambulaba el duque de Palma y se escabullía Cristina de Borbón en busca de las últimas novedades, había sido elegida por la pareja en el número 3809 de la calle Leland del vecindario de Chevy Chase por la cercanía al Liceo Francés en el que habían matriculado a sus cuatro hijos. Pero también habían sopesado que aquel enclave reunía a una selecta representación de congresistas y senadores estadounidenses así como a algunas de las familias más adineradas de la ciudad.

La pareja sorprendió a todos durante el verano de 2009 anunciando su traslado al otro lado del Atlántico junto a sus hijos para afrontar las nuevas responsabilidades profesionales del exjugador de balonmano al frente de la División Americana de Telefónica. Se destacó que los duques pasarían a ser vecinos de la familia Clinton, que habían escogido una zona de «clase media alta» y que el aterrizaje de la hija del rey en Estados Unidos «reforzaría la presencia de la corona» en el país en el marco de una ceremonia que presentaba trazas de una huida sin motivo aparente.

Cristina de Borbón no iba a renunciar a su vinculación con la Fundación La Caixa, para la que había venido trabajando, y se quiso dejar claro desde la primera institución del Estado que viajaría con una periodicidad trimestral a Barcelona para continuar impulsando los proyectos en los que había venido trabajando hasta el momento. Los duques de Palma quedaban relegados a un inquietante discreto segundo plano y ponían un océano de por medio. Sin embargo, la consigna oficial consistía en transmitir que eran la viva imagen de una familia feliz que simplemente había decidido cambiar de aires para que Iñaki Urdangarin consiguiera, por fin, el éxito profesional que tanto anhelaba después de su controvertido paso por el Instituto Nóos.

Atrás quedaban ya los años junto a su profesor de ESADE Diego Torres, aquellas jornadas en las que aquel le epató con su inteligencia, su facilidad de palabra y las continuas promesas de que, por fin, conseguiría ser reconocido en la familia real por su valía y dejaría de ser un simple exjugador de balonmano que no daba la talla para haber contraído enlace con la hija del rey e ingresar en la primera familia española. Rotas las relaciones con Torres, con el que no hablaba desde hacía ya unos años y al que había acusado de robarle en el reparto de los dividendos de Nóos, tocaba reinventarse y empezar de nuevo.

El duque de Palma había estado durante poco más de tres años al frente de la entidad «sin ánimo de lucro» que nunca se supo exactamente a qué se dedicaba y ahora emergía como un alto ejecutivo de la primera multinacional española dispuesto a hacer las Américas, convencido de que a la segunda iba la vencida. Y ahí estaba él, con unos emolumentos de un millón y medio de euros y todos los gastos pagados hasta duplicar la cifra. Desde la casa, forrada en madera, con piscina climatizada en la parte trasera y repleta de lujos, al colegio de los niños, pasando por los nueve agentes de seguridad y los desplazamientos familiares.

Tanto es así que Urdangarin tomó posesión de inmediato de la nueva oficina de Telefónica en Washington, que se abrió para hacerle un hueco, y no dudó en tomar las riendas a las primeras de cambio. Él no estaba allí solo para cobrar y vivir la vida. Ni muchísimo menos. Él había llegado a Estados Unidos para tener mando en plaza y demostrar que estaba capacitado para dirigir una gran empresa.

Era su gran oportunidad, un tren que no pasaría muchas más veces en su vida, y no pensaba quedarse en el andén. Ahora o nunca, pensó, pensaron. Porque Cristina le animaba constantemente en aquel empeño y aprovechaba para recalcar en público siempre que tenía oportunidad que su marido era «un gran empresario», recibiendo al instante una mirada cómplice de Iñaki, que se llegó a creer en su fuero interno aquel papel y se esforzó en aprender inglés para suplir la más grave carencia que, a su juicio, le lastraba para afrontar con éxito aquella singladura. Con la misma disciplina germánica con la que se empleó en el mundo del deporte fue perfeccionando su nivel hasta lograr un resultado más que aceptable que pulía en su casa de Bethesda cada tarde con Cristina, que sí se desenvuelve a la perfección en la lengua de Shakespeare.

Era un anhelo del duque de Palma pero, sobre todo, un proyecto conjunto del matrimonio el de acabar de una vez por todas con ese dichoso tormento que le acompañaba desde que dejó el deporte profesional. Con aquello de que debía ser alguien, labrarse un futuro más allá de las canchas de balonmano.

Por eso Iñaki Urdangarin tomó la primera gran decisión al frente de Telefónica en Estados Unidos nada más llegar. Necesitaba un gran golpe de efecto con el que dejar constancia de que estaba allí para ejercer. Se puso manos a la obra y confeccionó un correo electrónico que hizo llegar a todos los miembros de la cúpula de la operadora en Madrid y con el que consiguió que saltaran de inmediato todas las alarmas en la sede central de la multinacional en el barrio de Las Tablas.

Era extraño en la forma y en el fondo. «Hay que cerrar la oficina de Telefónica en Nueva York», rezaba la escueta misiva del duque de Palma dirigida al alto mando de Telefónica en un tono imperativo y que, a juzgar por su atropellada prosa, no admitía réplica alguna. El motivo que esgrimía Urdangarin es que era «innecesaria» en tanto en cuanto la consideraba «redundante».

Si él ya controlaba Estados Unidos desde Washington, no tenía sentido tener representación en el corazón financiero de Manhattan, pensó para sí mismo. La idea fue encajada por la cúpula de Telefónica como un disparate pasajero, como un exceso sin recorrido que no iría más allá y del que Urdangarin desistiría al comprobar que su pintoresca propuesta no tenía sentido. Pero para sorpresa de sus nuevos jefes, el duque de Palma persistió hasta obsesionarse con la idea. Convirtió la supresión de la sede neoyorquina en su gran proyecto y continuó, erre que erre, machacando a la ejecutiva con aquella estrafalaria iniciativa, que descabezaba a la compañía en uno de los centros económicos mundiales más importantes, que servía, además, de puerta de entrada al mercado latinoamericano.

En Telefónica se había aceptado el fichaje del yerno del rey como un gesto institucional que llevaba aparejado un alto coste pero que sería beneficioso para la proyección internacional de la empresa. Iñaki tenía buena imagen, podía convertirse en un buen embajador institucional y podría solventar sus compromisos diplomáticos con soltura. Constituía además un gesto con la familia real que había decidido pilotar personalmente el presidente, César Alierta, convertido en confesor del monarca y en una de las personas más próximas a doña Sofía. La reina no paraba de acercarse a él tras cada acto en el que coincidían para reiterarle su profundo agradecimiento por lo que estaba haciendo por su hija y su yerno y recalcándole, mientras le cogía del brazo, que «no lo olvidaría nunca».

En los planes de la dirección de la compañía estaba que Urdangarin ocupase un papel meramente simbólico y que bajo ningún concepto interviniese en la gestión efectiva de la empresa. Para eso, solo faltaría, ya estaban los cualificados ejecutivos de Telefónica. Pero lo que no podía soportar Iñaki en absoluto y en eso le secundaba Cristina era que se incorporara a la empresa como si fuese a formar parte del mobiliario. Iñaki tenía la oportunidad de mandar y de gestionar, estaba capacitado para ello y no la iba a desaprovechar bajo ningún concepto.

Urdangarin dio su primer gran golpe de efecto con la orden de clausurar la oficina neoyorquina y continuó con la convocatoria de lo que él mismo bautizó en el «asunto» de sus correos electrónicos como «Reuniones Presidencia América» para llevar a cabo periódicos «análisis de situación». Con estos nuevos e-mails intentaba dejar patente su autoridad convocando cada cierto tiempo no solo a los trabajadores de Telefónica América y de las empresas participadas sino también a los directivos de la capital de España, que rehusaban siempre las citas al tiempo que encajaban, cada vez con menos sorpresa y mayor estupefacción, la osadía del duque de Palma de proclamarse a los cuatro vientos máximo responsable ejecutivo de la operadora al otro lado del charco.

Mientras ocupaba sus horas de trabajo en este improvisado plan de recorte, que todavía no había trascendido en los mentideros de la operadora, hacía falta una puesta en escena del traslado de los duques de Palma a Estados Unidos para transmitir a la opinión pública española un mensaje claro y tranquilizador. El desembarco de la familia Urdangarin-Borbón fue ilustrado así por unas imágenes bucólicas del matrimonio paseando y posando de la mano por Lincoln Memorial, con la colina del Capitolio al fondo, que coparon todas las portadas de las revistas del corazón. La estética era la de un matrimonio español más de vacaciones en Washington. Cristina, con una camiseta blanca, un jersey anudado al cuello y unas sandalias, se evadía presenciando el enclave histórico e Iñaki, con la camisa por fuera, jersey a la cintura, la mirada perdida en el horizonte, y un envidiable bronceado transmitía la paz de quien se encuentra en pleno descanso estival, sin preocupaciones a la vista, y con todo el futuro por delante.

Las retinas de los españoles albergaban en la Navidad de 2011 aquella idílica instantánea veraniega como la última que habían visto de los duques de Palma en América. Por eso constituía una gran incógnita cómo estaría viviendo aquella pareja feliz y enamorada los meses más convulsos de su vida, tras el estallido a finales de septiembre del denominado Caso Urdangarin, con el que emergieron de las tinieblas las actividades del duque de Palma al frente de Nóos.

Las viviendas vecinas de Chevy Chase guiñaban sus ventanales al encenderse o apagarse las luces de sus habitaciones y entreveraban sus constantes vitales al mantener encendidas las parpadeantes guirnaldas de adornos navideños, que abrazaban a un puñado de heroicos árboles de Navidad. La vegetación de las avenidas de la urbanización, pelada por el duro invierno estadounidense, la oscuridad que proyectaban las ventanas de la casa de los duques de Palma y, sobre todo, la quietud general conformaban una estampa cuasi fantasmagórica.

Solo las decenas de medios de comunicación que combatían como podían el frío en los alrededores de la casa y la presencia de un voluminoso todoterreno de color negro en la puerta, conducido por los escoltas del matrimonio Urdangarin-Borbón, y que traslucía un cierto aspecto de caravana fúnebre, conferían a la escena un aire de tragedia inminente.

Los niños volvían del colegio y entraban por la puerta de atrás, distraídos por el alboroto mediático, y se encerraban en el búnker, del que no volvían a salir salvo para acudir cada mañana al colegio. Se acabaron los juegos en el jardín, los paseos en bicicleta y las carreras de fondo del duque de Palma que tanto le hacían resentirse de sus rodillas por su altura. La familia se encerró como quien aguarda un bombardeo anunciado. La quietud general y la neblina solo fueron interrumpidas por las esporádicas salidas del duque de Palma de aquella guarida para hablar por teléfono con su abogado, Mario Pascual Vives, a la luz de los faroles de la entrada, aprovechando el momento en que sus hijos se iban a dormir, aguantando estoicamente la ventisca y manteniendo en la medida de lo posible lo que ocurría al otro lado del Atlántico al margen del ámbito familiar.

—Que yo no he firmado nada, de todo el papeleo se encargaba mi socio Diego Torres, que es un sinvergüenza y un ladrón —exclamaba entre la bruma—. Ya le he dicho a Sánchez de Lerín que no he firmado un solo papel y que estoy muy tranquilo. Lo que estamos viviendo es injusto, soy inocente y no he hecho nada malo ni tengo nada de lo que arrepentirme.

Cristina e Iñaki habían coincidido en que, inmersos en semejante trance, necesitaban un abogado de su más estricta confianza porque la Casa Real velaría por sus intereses como institución y Telefónica por los suyos empresariales, nunca por los del matrimonio. De ahí que rechazaran la imposición de un letrado de primer nivel como el penalista Horacio Oliva y se echaran en brazos de aquel letrado larguirucho con cara de buena persona con el que tantas veces habían coincidido en el Real Club de Tenis de Barcelona.

Comenzaron a desconfiar de todo y de todos. Aplicaron el aislamiento como mecanismo de autodefensa. Un abogado como Pascual Vives, que no era ninguna eminencia pero que no les iba a engañar, y un discurso firme e inexpugnable: «Nunca, jamás, bajo ningún concepto». Eran inocentes, se conjuraban y lo acabarían demostrando.

Pero, ante todo, que el escándalo desatado en España, con el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma investigando a Iñaki por malversación de caudales públicos, fraude, falsedad, prevaricación y delitos contra la Hacienda Pública, no se trasladara al ámbito familiar. Cristina e Iñaki se concienciaron de que sus hijos debían permanecer completamente al margen de todo aquello porque cuanto les estaba sucediendo no era más que un mal sueño que pasaría cuanto antes y en el que ellos no eran ni mucho menos el objetivo último.

El matrimonio empleó decenas de horas en analizar, con las confortables paredes de madera de su casa de Bethesda, qué extraña conjunción de fuerzas se había alineado en su contra para que, de pronto, se vieran involucrados en el mayor escándalo de la historia reciente de la monarquía española. Un asunto que les había costado ya la reprobación pública por parte del jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, que no dudó en considerar que la conducta de Urdangarin al frente de Nóos había sido «poco ejemplar» y que avanzó que, si bien se acordaba la expulsión inmediata del duque de Palma de la agenda oficial de la familia real, con la hija del rey, «ya veríamos». Dejando así entreabierta la puerta de su eventual expulsión en el caso de que se acreditase que no solo él sino también ella estaba metida de lleno en la trama urdida para saquear las arcas públicas de los gobiernos de Valencia y Baleares. Era una condena anticipada, que afloraba desde el corazón de La Zarzuela para establecer un cortafuegos con ellos y poner a salvo, en la medida de lo posible, a la institución.

Aquella reunión informal de Spottorno con los periodistas que cubrían la información de la Casa Real sentó a Cristina como una puñalada en el estómago. No solo no salían en su defensa sino que, encima, intentaban soltar lastre con ellos. Ni hablar, hasta ahí podíamos llegar. Concibieron la maniobra de la Casa Real como un ataque que les unió todavía más y la reina se convirtió en el único cordón umbilical que les seguía manteniendo en contacto con el núcleo de los Borbón y Grecia. Lejos de admitir la comisión de una sola irregularidad, el matrimonio se concienció para superar aquel desagradable trance mediante el mecanismo de autoconvencerse de que no solo no habían hecho nada malo sino que se habían convertido en víctimas de una oscura «conspiración» contra la monarquía.

La infanta Cristina rompió a llorar al leer las primeras informaciones que situaban a su marido en el epicentro del descomunal caso de corrupción y trasladó a su entorno más próximo en España, a sus personas de confianza desde su más tierna infancia, que todo cuanto se publicaba era «mentira».

—Mi marido no ha hecho nada de lo que dicen, es todo falso —apuntaba entre sollozos desde el otro lado del Atlántico, al tiempo que reiteraba que había en marcha una operación de mayor calado en la que ellos eran simples palancas para derribar los pilares de la primera institución del Estado.

—Se trata de una conspiración y nosotros somos los cabezas de turco, ¿o es que no os dais cuenta? —afirmaba tajante, sin querer entrar en detalles.

Los dos decidieron poner en marcha el Instituto Nóos, los dos se beneficiaron del dinero recaudado a través del mismo y los dos debían permanecer juntos hasta el final. La casa de Bethesda era una burbuja inexpugnable contra la que rebotaban, una y otra vez, las sugerencias y consejos de los asesores de la Casa Real y las agrias órdenes de Spottorno, que se convirtió en el interlocutor del rey junto al exjefe de la Casa del Rey Fernando Almansa.

Frente al matrimonio se levantó un silencio oscuro solo interrumpido por las órdenes del monarca de que pidieran disculpas cuanto antes y se echaran a un lado para dejar de ser un problema. Y a ese silencio se sumó el del príncipe Felipe, siempre tan unido a su hermana, con quien había compartido tantas confidencias desde pequeños. El Caso Nóos se antojaba como un obstáculo que podía tornarse insalvable en su camino hacia el trono. Su aspiración vital se veía amenazada por la imprudencia de su cuñado y de su hermana, que no supo parar a tiempo aquello.

El entorno del heredero de la corona considera «imperdonable» el episodio protagonizado por Urdangarin y Cristina y atribuye su distanciamiento a lo que una de las personas más próximas a los príncipes de Asturias bautizó en un almuerzo como «la teoría de la copa de vino». El interlocutor señaló un tinto situado al otro lado de la mesa de un conocido restaurante barcelonés. Marcó con un cubierto sobre el mantel una línea recta desde su posición y dijo: «El príncipe solo tiene un objetivo: reinar, coger esa copa de vino», describió gráficamente, al tiempo que interpuso un mendrugo de pan en la trayectoria trazada para simbolizar que Urdangarin y Cristina se habían convertido en un incómodo obstáculo.

La princesa Letizia, que siempre ha medido sus intervenciones en este asunto, se confesó en un encuentro entre amigos con una frase escueta y lapidaria, a la que acompañó el silencio cómplice de su esposo, cuando, por fin, el 28 de diciembre de 2011, día de los Inocentes, el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma dirigido por el juez Castro dictaba el auto de imputación del yerno del rey: «Esto se veía venir desde hace tiempo», sentenció.

Sánchez de Lerín se bebió el auto de imputación de Castro y el escrito del fiscal Pedro Horrach, en el que atribuía al yerno del rey un «afán desmedido de lucro». Afloraba la participación directa de Urdangarin en las operaciones para vaciar las arcas del aparentemente cándido e inofensivo Instituto Nóos y, con ellas, su rúbrica por doquier.

—¿Pero no te había dicho Iñaki que no había firmado un solo cheque? —le preguntaron de inmediato al secretario general de Telefónica desde la propia compañía, al comprobar que el pronunciamiento judicial contradecía por completo la esperanzadora realidad dibujada hasta ese momento.

—Eso me dijo. Pero no es que haya firmado un cheque, ha firmado mil. No hay salida. Este acaba en la cárcel —sentenció el abogado del Estado Ramiro Sánchez de Lerín.

El 9 de junio de 2010, año y medio antes, los duques de Palma viajaron a Nueva York para asistir al acontecimiento más importante de Telefónica en el continente americano desde su implantación en el mismo. Siempre que acudían a la Gran Manzana llamaban al cónsul español, Fernando Villalonga, que les cedía su coche para que se desplazaran por la ciudad y adelantaba el importe de algunos pasajes de avión del matrimonio, comentando en alguna ocasión con indisimulada indignación que los duques de Palma se habían llegado a pensar que trabajaba para ellos. Dicen que el bueno de Fernando Villalonga sufragó varios billetes porque a los Urdangarin, que le trataban como si fuera el servicio, se les olvidó reintegrarle el importe. Este diplomático valenciano, concejal de Ana Botella hasta hace unos meses, primo del expresidente de Telefónica, es, casualidades de la vida, hermano de Isabel Villalonga, la alta funcionaria de la Generalitat que se negó a firmar las «escandalosas facturas» de Nóos.

La prestigiosa Americas Society, organización destinada junto a su gemela Council of the Americas a promover el conocimiento y el diálogo sobre todas las cuestiones que afectan al continente, celebraba su gala anual para condecorar al presidente de la compañía, César Alierta, con su máximo galardón: la medalla de oro. Se trataba de un acontecimiento sin precedentes ya que Alierta se convertía así en el primer español pero también en el primer ciudadano nacido fuera del continente americano que recibía semejante distinción.

El presidente de la entidad, el superembajador John Negroponte, le había elegido por su «importante contribución al desarrollo y crecimiento de Latinoamérica» y la ceremonia se convertía en uno de los eventos más trascendentes de la economía española en las últimas décadas. No en vano, solo unos meses después, los lectores de la publicación británica Global Telecom Business, referencia mundial en el sector de las telecomunicaciones, proclamó al empresario zaragozano como uno de los cinco ejecutivos más influyentes del mundo, superando al cerebro de Apple Steve Jobs o al responsable de Google, Eric Schmidt. Uno de los principales argumentos con los que este medio justificaba la irrupción de Alierta en este selecto club mundial era, precisamente, el disputado galardón de la Americas Society.

El presidente de Telefónica centró su discurso aquella noche en destacar la decisiva intervención de la compañía a la hora de «acelerar el desarrollo» de una región con una «maravillosa» trayectoria de crecimiento y estabilidad y subrayó la «mejora considerable» en el acceso a las tecnologías de la información y a las comunicaciones en Latinoamérica. «A finales del pasado ejercicio, el 90 por ciento de los latinoamericanos tenía acceso a los móviles y un 21 por ciento de los hogares acceso a banda fija», se congratuló. Negroponte tomó a continuación la palabra para calificar a Alierta de «visionario y líder mundial» y desató un cerrado aplauso en un auditorio donde, entre las principales fortunas americanas se encontraba en un lugar destacado el presidente de honor de la organización, David Rockefeller.

Alierta alzó una copa de champán, brindó con los asistentes, entre los que se encontraban todos los embajadores de los países latinoamericanos en Estados Unidos, y no pudo contener una inabarcable sonrisa. La imagen del empresariado español alcanzaba en el exterior una de sus mayores cotas de popularidad y prestigio encarnada en la figura de Alierta, que extendió su gesto a sus más allegados, entre los que se encontraba su mujer, Ana Placer, y los integrantes del comité ejecutivo y del consejo de administración de Telefónica.

Los duques de Palma le devolvieron el gesto y la sonrisa después de compartir una cena en la que no dejaron de intercambiarse confidencias y muecas cómplices. La gala anual tocaba ya a su fin cuando Urdangarin cogió aire. Detuvo su mirada varios segundos en la grandilocuencia del acto y se volvió serio hacia Cristina. Moduló su tono de voz, adoptó un gesto trascendente y le espetó:

—Ahora ya entiendo por qué la directiva de Telefónica no quería cerrar la oficina de Telefónica en Nueva York.

Los aplausos fueron cediendo poco a poco y el matrimonio se perdió entre la muchedumbre, engullido por las luces de neón de la Gran Manzana y la música de fondo.

CAPÍTULO VI

Ni Elena ni Cristina mueven un dedo sin avisar al profe García Revenga. La imputación del secretario estrecha el cerco a la infanta. Tiembla Zarzuela. Metido en Nóos hasta las cachas. González Peeters se obsesiona con el CNI y le tiende una trampa. «Rodrigo, mételo en Bankia»

Con Iñaki Urdangarin en el epicentro de la tormenta perfecta, la cuesta de enero de 2012 y los meses posteriores iban a pivotar en torno a su inminente declaración ante el juez José Castro. El horizonte se presentaba como un calvario institucional sin un final claro ni definido pero se concebía como un trance unipersonal del duque de Palma. Y él, consumido y ojeroso, aguantaba la presión a base de pastillas, de concienciarse una y otra vez de que era una víctima injusta y de largas sesiones para afrontar con ciertas garantías el día D. «No sabéis lo que estoy pasando», revelaba a los pocos amigos que todavía le quedaban en España de la etapa del Instituto Nóos. «Me han dejado solo, en la familia real me han retirado el saludo y me tengo que buscar ahora la vida por mi cuenta. Esto no se lo deseo a nadie», se lamentaba sin perder la compostura.

Los investigadores todavía no terminaban de comprender cómo el yerno del rey no daba un paso al frente, consignaba una cantidad importante de dinero en el juzgado —«con un millón de euros hubiera sido suficiente», cavilaban—, pedía públicas disculpas y frenaba la sangría de una investigación que no había hecho más que empezar y en la que comenzaba a aflorar peligrosamente el desvío de los fondos públicos distraídos a paraísos fiscales como Suiza, Andorra, Luxemburgo o Belice. Si la posición de enroque persistía, las pesquisas continuarían su curso de manera inexorable. La cerrazón de Urdangarin no iba a alterar un ápice el plan establecido, consistente en llegar hasta el final y determinar el destino del último céntimo público desviado a su conglomerado empresarial.

El fiscal jefe de Anticorrupción Antonio Salinas trasladó personalmente a su subordinado Pedro Horrach que tenía «las manos libres» en este asunto. No iba a entrar por el momento en detalles concretos de las pesquisas. Dijo, también expresamente, que no quería conocerlos. Eso significaba que tanto el éxito como el eventual fracaso de la operación corría a cargo del fiscal mallorquín, que asumió con determinación y falta de complejos el mayor reto de su carrera.

Motivado por los espectaculares resultados conseguidos durante los primeros meses, en los que el aluvión de pruebas documentales incautadas en los registros dejaban al duque de Palma en una situación insostenible, el fiscal nacido en la localidad mallorquina de Costitx se empleó a fondo hasta dedicarse en cuerpo y alma a este asunto. Se levantaba y se acostaba pensando en él, interrumpiendo las cavilaciones con largas caladas a los cigarrillos rubios que se esfumaban entre sus dedos mientras rebobinaba su memoria.

Siempre una bocanada profunda que antecede a un arranque titubeante que desemboca en una exposición perfectamente detallada del estado de la cuestión. Horrach albergó en su compartimentada cabeza cada factura, cada pago, cada movimiento de cada una de las sociedades que conformaban la telaraña societaria de Nóos. Sopesó los riesgos pero una pulsión irrefrenable por lo desconocido y su prurito profesional hicieron el resto.

El margen de maniobra de Horrach fue absoluto y alcanzó un grado de complicidad personal y profesional con el instructor que se transformó en una alianza letal para el esclarecimiento de los hechos. Se llamaban todos los días a todas horas para comentar las últimas novedades. El peso de la investigación a pie de campo recayó en Horrach, que marcó la estrategia y dirigió personalmente a los funcionarios del Grupo de Delincuencia Económica y de la Agencia Tributaria.

José Castro se convirtió, en la fase inicial, en un órgano supervisor y complementario, que impulsaba cada uno de los movimientos que se adoptaban. Desde la citación de los políticos implicados a la entrada en cada uno de los departamentos que le adjudicaron dinero público al duque de Palma. Cada movimiento de la Fiscalía era respaldado por el magistrado. No se advertía una sola fisura, la más mínima discrepancia técnica, la coordinación era perfecta.

Se complementaban en los interrogatorios y fraguaron una relación de respeto y colaboración que desembocó en una amistad personal. No había registro o ronda de interrogatorios que no concluyera con ambos comiendo o cenando juntos, sopesando los nuevos pasos a dar. Lo que sabía el uno lo sabía el otro y quisieron además establecer una relación cercana con los letrados de la causa, que se unían a cada almuerzo. El único que se desmarcaba era el abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, al que no le gustaban estas jornadas de convivencias y prefería las más de las veces comer a solas.

Solo así, en un clima de confianza absoluto, el juez y el fiscal podían hacer frente a un asunto tan complejo y trascendente en el que se adentraban en una tierra incógnita que nunca había sido pisada por nadie: la de investigar en sede judicial y por lo penal, por primera vez, las actividades de un miembro de la familia real.

El compromiso de Horrach pasaba por reportar a su jefe Salinas cuando hubiera novedades importantes y evitó por todos los medios hacer lo propio con el fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, siempre predispuesto a las relaciones públicas y al compadreo, convertido desde que ocupa la máxima responsabilidad del Ministerio Público en las Islas en un agente del poder político de turno para torcer los asuntos a conveniencia. Por eso, a Barceló, ni una sola pista que pudiera poner en peligro la investigación. Porque si un proceso se antojaba susceptible de ser filtrado por Tomeu era este. Siempre ávido de tener un detalle con este político o con aquel a costa de perpetuarse en un cargo que ostenta gracias al PP de Jaume Matas y que consiguió mantener con el PSOE de Francesc Antich. Un tipo técnicamente muy flojo que apenas pasa por su despacho y al que costó no poco sacar adelante la oposición.

Este ninguneo preventivo estalló con motivo de la práctica de una serie de registros en Valencia para rastrear las actividades de Urdangarin en la comunidad que gobernaba Francisco Camps. Barceló recibió la consiguiente llamada gubernamental pidiendo explicaciones y este, ni corto ni perezoso, descolgó el teléfono para abroncar, fuera de sí, a Horrach por no haberle tenido al corriente de sus actuaciones. «Pero ¿qué putas haces?», dijo Barceló que le increpó a Horrach para intentar ponerle en su sitio. Pero ni siquiera la virulenta llamada sirvió para abrir con él una línea de comunicación. Todo lo que supiera Tomeu, lo sabrían los imputados. Esa era la máxima del pool anticorrupción, que siguió guardando celosamente los secretos de las pesquisas más trascendentes de las últimas décadas y en las que el primer enemigo se encontraba en casa. Barceló consideró siempre «inocentes» a su amiga Maria Antònia Munar, hoy día en la cárcel de Palma, y a un Jaume Matas pendiente de ingresar en la misma prisión.

El duque de Palma se había convertido en el protagonista principal de un escándalo en el que solo le seguía a una prudente distancia su exsocio Diego Torres. La infanta Cristina se había visto salpicada por la marea al aparecer su nombre en los folletos promocionales del Instituto Nóos, en los que se dejaba bien claro que la junta directiva de la entidad estaba integrada por «Su Alteza Real doña Cristina de Borbón y Grecia». Su figura se había convertido en el mejor gancho comercial del negocio y cualquier político o empresario que echase un vistazo al tríptico de Nóos acababa teniendo la inmediata sensación de que quien le trasladaba la oferta era directamente la Casa Real con Urdangarin y Torres como personas interpuestas. Cristina también se había visto cuestionada al haberse prestado a aparecer en la Cabalgata de Reyes de Alcalá de Henares junto a sus hijos mientras su marido negociaba con el consistorio la adjudicación de contratos públicos. Pero sobre todo por su condición de socia de Aizoon, una de las sociedades pantalla con las que Urdangarin se desviaba el dinero público recaudado a través del entramado de Nóos. Solo la convicción de que nunca iba a ocurrirles nada y de que ningún juez, fiscal o inspector de hacienda osaría investigar sus asuntos explicaba que figurase con su nombre y apellidos la hija del rey en una sociedad de estas características.

Con todo, no parecía que fuera a peligrar la figura de Cristina de Borbón en el proceso mientras se dilucidaba la participación exacta de su marido y el calado definitivo del escándalo. La gran incógnita gravitaba, en lo inmediato, en torno a determinar qué papel había jugado cada cual en la trama para intentar salvar, en la medida de lo posible, al duque de Palma de la quema. Se daba por supuesto, tanto entre los investigadores de la causa como en la propia Casa Real, que más allá del daño ocasionado a la hija del rey por su presencia formal en el enjuague de empresas, saldría completamente ilesa de la contienda.

A medio plazo se estudiaba seriamente el divorcio como vía inexorable para salvar a Cristina de Borbón y, por extensión, a la primera institución del Estado, pero la infanta ya tenía tomada la decisión de cerrar filas en torno a su marido y no quería volver a oír hablar de que tenía que romper su matrimonio y dejar a Iñaki en la estacada para aislar el problema. Eran inocentes, seguían pensando, y defenderían su posición hasta el final de los días.

Después de sesudas discusiones sobre cómo debía afrontar su defensa, Iñaki Urdangarin decidió coger el camino más corto y presentarse como un ingenuo en manos de su maléfico profesor. Intentó mediante esta pueril estrategia librarse de su responsabilidad penal en detrimento de Torres y de su mujer, Ana Tejeiro. Parecía el atajo más resuelto para que el asunto judicial remitiera si el protagonista principal pasaba a ser un ciudadano casi anónimo y la solución inmediata más socorrida para intentar poner a salvo cuanto antes a la corona.

El duque de Palma y su abogado, Mario Pascual Vives, fueron advertidos del gran riesgo que, sin embargo, entrañaba aquella estrategia hasta ser tildada de «suicida» por destacados miembros de su entorno. Consistía básicamente en cargar la culpa a quien atesoraba todavía sus más inconfesables secretos sin haber pactado con él siquiera una estrategia conjunta.

El otrora profesor de ESADE era un animal acorralado que había abandonado su cuidado look académico por un aspecto desconocido y desaliñado. Se veía con intermediarios que decían hablar en nombre de la Casa Real en lugares y horas intempestivas «para evitar al CNI». «Me siguen, me siguen», repetía obsesivamente. Diego Torres pedía a gritos una salida honrosa. Su planteamiento era muy claro: una cantidad económica muy importante que comenzó fijando en 30 millones de euros y que acabó rebajando a 6, un puesto de trabajo en la División Latinoamericana de Telefónica, lo que llevaba aparejado salir de España y abandonar la insoportable presión mediática que estaba sufriendo su familia y, por supuesto, el pago de los honorarios de su abogado, Manuel González Peeters, que estaba dispuesto a cerrar el asunto a cambio de un millón de euros por los servicios prestados durante este corto espacio de tiempo.

Torres estaba dispuesto a olvidar el desplante que le hizo la Casa Real cuando el juez Castro le imputó sin haber eclosionado todavía el escándalo, en julio de 2011. Llamó entonces a Zarzuela preguntando por Carlos García Revenga, el secretario personal de las infantas, el hombre de la Casa Real en el Instituto Nóos, el tesorero de las finanzas de la trama. Pidió ayuda legal para solventar el trámite de tener que declarar en Palma ante el juez y no tener que desembolsar un solo euro de su bolsillo. Quería influencia para que se cerrara el procedimiento cuanto antes, respaldo absoluto y que todo aquello no le costara nada. «Ya te llamaremos», le despacharon en la Casa Real, según luego no ha parado de contar. Y así hasta hoy. «Eso no se lo perdonaré, con lo que yo hice por Iñaki y cuando surge un problema me dejan tirado».

El peligroso avance del procedimiento judicial se abordó con intermediarios de lo más variopinto y entre los propios abogados de Torres y Urdangarin, pero el acuerdo no cristalizaba. En la Casa Real las pretensiones del socio fueron concebidas como un disparate inasumible y una exigencia mafiosa intolerable y Torres elevó el diapasón de sus exigencias. Amenazó con sacar a la luz lo que él mismo denominó «bombas atómicas» y que no se trataba de otra cosa que de miles de correos electrónicos enviados por Urdangarin durante los años de Nóos en los que, advertía, figuraban pasajes con los que podía «hacer saltar por los aires a la monarquía en España». Pero ni con esas consiguió doblegar la posición de La Zarzuela. Sus pretensiones económicas no se satisfacían y entre las amenazas incluyó la posibilidad de desvelar que el anillo de pedida de la princesa Letizia, que fue un regalo de Urdangarin, había sido pagado con dinero de la trama. «Si caigo yo, caen todos», reiteraba para que llegase nítido el mensaje a los salones de palacio.

El duque de Palma declaró el 25 de febrero de 2012 ante el juez Castro en medio de una expectación sin precedentes después de que Torres, una semana antes, hubiera decidido guardar silencio a la espera de comprobar por dónde salía su antiguo alumno y amigo. Lejos de templar gaitas con quien había sido su vicepresidente y mano derecha en Nóos, se lanzó a por él ante la sorpresa de los presentes. Tras cada pregunta sobre operaciones económicas concretas, el duque de Palma devolvía siempre la misma respuesta: «De los temas económicos se encargaba Torres, pregúntenle a él».

González Peeters informó puntualmente a su cliente de lo que estaba sucediendo en la sala y una tormenta de incalculables dimensiones comenzaba a incubarse en la residencia de los Torres-Tejeiro en Sant Cugat del Vallés. «No me voy a comer yo solo este marrón porque si pretenden que así sea, tiro de la manta». Torres canalizó su ira en escudriñar el contenido de los ordenadores antiguos que todavía conservaba y, con la ayuda de un informático de confianza, consiguió recuperar el servidor del Instituto Nóos. En su poder obraban todavía, sin él saberlo, todos los correos electrónicos enviados por el duque de Palma a terceros durante años, tanto a él mismo como a los miembros de la familia real. Tanto de contenido profesional como personal. Se aparecía ante él un yacimiento de incalculable valor para conseguir su objetivo pecuniario, se sintió fuerte con semejante arsenal en su poder y lanzó el órdago de su vida.

Dosificaría la munición e iría lanzando las bombas con una periodicidad semanal. Iba a desmontar poco a poco las mentiras de Urdangarin. Eso de que no sabía nada y de que solo ocupaba un puesto institucional en Nóos consistente en captar clientes. El duque de Palma intervenía en todas las grandes decisiones y se implicó personalmente en quedarse, al menos, con la mitad de los ingresos obtenidos. Pero esa sería la primera fase de la guerra. Si aun así el duque de Palma se negaba a aceptar sus pretensiones, pasaría a la segunda, que tendría como objetivo Cristina de Borbón. «Empiezo con Iñaki y cuando me canse voy con ella», advertía con su característica sonrisa maléfica el menorquín.

La infanta era, durante la primavera de 2012, inocente. Tanto para el fiscal anticorrupción Pedro Horrach como para el juez José Castro, que con los elementos descritos no estaban por la labor de solicitar de oficio su declaración. Ambos consideraban que los indicios contra ella eran muy débiles y que el daño a la primera institución del Estado podía ser irreversible. Si había que dar ese paso, se daba, coincidían ambos, pero darlo para nada era absurdo.

Hasta el movimiento realizado por el sindicato Manos Limpias para imputar a la infanta llegó a ser interpretado por el entorno de Urdangarin como un movimiento estratégico del duque de Palma consistente en implicar a su mujer en el escándalo para conseguir así que La Zarzuela se tomase en serio el asunto y liberase a ambos del yugo del juez Castro y de la Fiscalía Anticorrupción. Ni la petición fue cursada con esperanzas reales de que prosperase ni los investigadores le prestaron excesiva atención y la despacharon de inmediato con los mismos argumentos.

La decisión al alimón de Castro y Horrach de rechazar la imputación de Cristina sedimentaba inconscientemente la Operación Cortafuegos en torno a la hija del rey y colocaba dentro a su secretario personal, Carlos García Revenga, que había sido nombrado tesorero del Instituto Nóos y que como tal y en condición de «asesor de la Casa de S. M. el Rey» figuraba en el folleto promocional al lado de la infanta. «El juez Castro se ha portado», resumía un miembro del gobierno de Mariano Rajoy, que aventuraba que el Caso Urdangarin, si avanzaba peligrosamente, podría llegar a constituir el principio del fin de la monarquía en España.

La defensa de que García Revenga, hombre de confianza de Cristina de Borbón, era también ajeno al funcionamiento de la entidad «sin ánimo de lucro» se tornaba mucho más complicada. Sin embargo, el magistrado rechazó de un plumazo su citación. «Fácilmente podría interpretarse que quienes utilizaron tan singular modo de presentación pretendieron adornarse de un prestigio y área de influencia añadida, pero de ello no necesariamente ha de desprenderse que a tal pretensión de apariencia deliberadamente contribuyeran todos los que en el folleto figuraban», aclaró Castro.

El cordón sanitario establecido en torno a la Jefatura del Estado se antojaba inexpugnable y ni siquiera las incesantes amenazas de Torres parecían poder albergar consistencia suficiente como para derribarlo. No obstante, la potencia del arsenal nuclear del exnúmero dos de Nóos fue subestimada y tras despacharse a gusto con el duque de Palma, apuntó su cañón hacia el entorno directo de la hija del rey. Se trataba de un aviso de la capacidad mortífera de su munición al mismo tiempo que ponía a la institución en la picota. «Todo lo que hice lo hice con el visto bueno de la Casa Real, ¿cómo iba a pensar que estaba cometiendo alguna ilegalidad?», se preguntaba cínicamente Torres, al que terminó de desesperar la imputación de su mujer, Ana Tejeiro, que a su juicio no tuvo un papel más destacado que la infanta Cristina. «Lo que no voy a tolerar es que metan a mi mujer en este lío y dejen a la infanta al margen».

Por eso decidió comenzar con García Revenga, siguiendo con su estrategia escalonada. El letrado González Peeters diseñó un plan maquiavélico pero inteligente. Primero que enseñaran sus cartas Urdangarin y compañía y luego él ya pediría la vez. El tiempo corría en contra de Urdangarin y a favor suyo. Los únicos que tenían prisa en que este asunto se cerrase cuanto antes eran los miembros de la familia real, a los que les iba el futuro en ello. Él podía aguardar unos meses más sin que variase en exceso su situación. Había sido expulsado de ESADE, se había convertido en un apestado en el mundo académico y no tenía capacidad de rehacer su vida profesional a corto plazo. ¿Qué sentido tenía correr?

De ahí que aguardase a que el duque de Palma revelara su posición, descargando toda la responsabilidad en su cliente Torres para abrir fuego. Y de ahí a que esperase a que la Fiscalía y el juez argumentaran que no había argumentos suficientes para llamar a declarar al secretario de las infantas y a la hija del rey, para pedir la vez y pasar al ataque. González Peeters, sabedor del calibre de la munición que atesoraba, decidió hacer varias copias que puso a buen recaudo en su despacho profesional y en su domicilio particular. Y al igual que su cliente vivía obsesionado con el CNI. «Me espían», repetía en esas tardes-noches de generosos gin-tonics. Sostenía que habían entrado en su despacho, que no debía hablar por teléfono junto a los cristales de su bufete porque podrían interceptar sus comunicaciones con algún tipo de sistema telescópico y cada dos frases introducía en sus conversaciones un saludo a quienes «le estaban escuchando». La ginebra Bombay hacía el resto.

A tal extremo llegó su obsesión por los seguimientos que pidió ayuda a la Policía Nacional. Y tal fue su insistencia que los agentes llegaron a instalar un dispositivo en la casa de González Peeters para detectar si alguien se aproximaba para intentar acceder al domicilio. El letrado dejó voluntariamente una documentación en su residencia, a la vista del resto de vecinos, y la policía instaló una cámara para cazar a los espías que seguían los pasos al abogado. Al volver después de varios días a recoger la cámara para visionar las imágenes, los agentes se encontraron con que el vehículo había sido forzado y el mecanismo de grabación había sido robado. El nivel de nerviosismo se disparó en el abogado pero no sirvió para que abortara su plan de ataque establecido.

El miércoles 23 de enero de 2003 la batería de misiles del dúo Torres-González Peeters colocó uno de los proyectiles más potentes de cuantos albergaba su repertorio. Junto al preceptivo escrito explicativo el abogado entregó en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma una serie de correos electrónicos que desvelaban que Iñaki Urdangarin no daba un solo paso en el Instituto Nóos sin consultarlo con García Revenga, es decir, con el controlador de la Casa Real en la entidad comandada por el duque de Palma.

Hasta ese momento la Jefatura del Estado se había desmarcado públicamente de las actividades del duque al frente de Nóos y había limitado su actuación a ordenarle en marzo de 2006 que abandonase el instituto y se dedicara a otros menesteres que no ocasionaran un conflicto de intereses para la institución. No solo no habían intervenido en aquel negocio sino que cuando se dieron cuenta de en qué consistía, le ordenaron que lo dejase.

Aquella orden se la trasladó en persona a Urdangarin José Manuel Romero Moreno, marqués de San Saturnino y conde de Fontao, asesor del rey y encargado de analizar las actividades del marido de la infanta Cristina al frente de Nóos. Todo ello después de que El Mundo/El Día de Baleares destapase meses antes el coste desproporcionado de las jornadas que organizaba en Baleares con cargo al erario público, bautizadas como Illes Balears Fórum, que ascendieron a más de un millón de euros por edición y que fueron costeados por el gobierno que presidía el popular Jaume Matas.

Los correos de Torres desenmascaraban a un Urdangarin que consultaba con García Revenga si debía acudir a una entrevista con una televisión de Mallorca para explicar su millonaria iniciativa o si debía asistir a la inauguración del nuevo Palacio de Deportes de Madrid. El funcionario de la Casa Real revisaba las cartas que el duque de Palma enviaba, por ejemplo, a la alcaldesa valenciana Rita Barberá para abordar las conferencias que, bajo la denominación de Valencia Summit, llevó a cabo durante tres años en la capital del Turia y no permitía que nada se escapara de su control. El secretario particular de Cristina de Borbón revisaba personalmente el esquema de respuestas de Urdangarin para contestar a los medios sobre el Summit valenciano, destinado oficialmente a «analizar la relación entre las ciudades y los grandes eventos» y se encargó personalmente, cuando se casaron Iñaki y Cristina, de supervisar cada detalle del vestido de novia. «Al tesorero García Revenga se le consultaba todo, hasta lo aparentemente nimio no le era ajeno», aclaraba González Peeters en su escrito.

Urdangarin envió el 7 de julio de 2003 la más jugosa de estas «bombas atómicas» al correo electrónico de García Revenga de la Casa Real. «¿Qué tal, Carlos, cómo te ha ido el finde?», comenzaba el duque de Palma. «Nosotros bien, en Palma te puedes imaginar lo a gusto que hemos estado. Playa, piscina, heladito en Portals, parque… vaya, que completito». «Dentro de que Nóos durante estos seis primeros meses de su constitución se estaba construyendo como empresa y evolucionando tanto sus clientes como sus servicios, pensamos que ya estamos preparados para hacer ciertos actos de comunicación y marketing con el fin de posicionar correctamente la compañía y de poner en circulación nuestras nuevas iniciativas», continuaba el yerno del rey.

Urdangarin planteaba a García Revenga «dos fases de actuación». Una «primera», consistente en «anunciar Nóos como empresa» mediante «artículos divulgativos» tanto en «prensa como en el mundo de los negocios» y que llevaría aparejada la creación de una «base de datos de nuestros principales actores donde podamos colgar de manera periódica noticias del mundo de Nóos y de nuestro entorno». Entre sus potenciales clientes el duque de Palma señalaba «400 corporaciones, instituciones públicas o semipúblicas, pymes y ayuntamientos».

En la «segunda fase» apuntaba a García Revenga que el objetivo pasaba por «posicionarnos como expertos del sector». Es decir, era el secretario de las infantas, o sea la Casa Real, quien visaba directamente la hoja de ruta del negociado de Urdangarin desde su nacimiento.

Estos documentos comprometían por primera vez de manera seria a la institución, que ya no podía alegar que había sido utilizada indiscriminadamente y sin su consentimiento por el duque de Palma y su socio, sino que emergía como el órgano que en el mejor de los casos supervisaba las actividades supuestamente ilícitas. Es más, el argumento esgrimido por la Casa Real de que García Revenga figuraba como «tesorero» en Nóos «a título personal», que fue expuesto cuando El Mundo desveló el organigrama de la entidad, se venía abajo por completo.

Aun así, la mayor deflagración estaba todavía por llegar y aguardaba su turno escondida entre la remesa de explosivos. En ese mismo correo Urdangarin se despedía con un agur en euskera y estampaba su firma. Se olvidó del habitual «Iñaki» y lo sustituyó por lo siguiente: «El duque em… Palma… do».

La combinación era definitiva. Un manual de actuación de Nóos visado por el secretario personal de las hijas del rey en el que el marido de la infanta Cristina no solo se refiere a lo que oficialmente era una ONG como una «empresa» con un planteamiento claramente lucrativo, con estrategia comercial de captación de clientes y campaña de prensa incorporada, sino que se mofaba del título que ostentaba. La suerte para la corona, por primera vez, estaba echada.

La presión sobre la institución se concentró en la figura de García Revenga, al que la Casa Real intentó buscar una salida al destaparse su implicación en la trama como máximo responsable de las finanzas del Grupo Nóos. Siendo Rodrigo Rato presidente de Bankia y cuando todavía el escándalo se encontraba en un estado embrionario, allá por el verano de 2011, el exministro del PP recibió una llamada para recolocar a García Revenga como director del Departamento de Relaciones Institucionales de la entidad financiera.

Las conversaciones fructificaron hasta el punto de que se llegó a fijar una fecha para la incorporación del secretario personal de las infantas al banco: enero de 2012. Sin embargo, y pese a que ya se había cerrado un acuerdo verbal, los registros policiales practicados en noviembre en la sede del Instituto Nóos paralizaron sine die la operación.

Por lo tanto, el que fuera profesor de Santa María del Camino se encontraba ahora entre la espada y la pared, sin la posibilidad de salir de la institución y con la advertencia de Spottorno de que si finalmente se acreditaba su participación efectiva en aquel oscuro asunto tendría que abandonar su puesto. García Revenga, tradicionalmente reacio a hablar con los medios de comunicación, decidió romper su silencio. Primero con un comunicado, y acto seguido con unas declaraciones al suplemento La Otra Crónica de El Mundo. Conversó con la periodista María Eugenia Yagüe para desmarcarse por completo de las irregularidades cometidas por Urdangarin y Torres y aprovechó para avanzar de manera premonitoria los acontecimientos que acabarían teniendo lugar. «Ni la infanta ni yo hemos tenido responsabilidades en el Instituto Nóos», recalcó, introduciendo a la hija del rey en su contestación de forma deliberada, sin que el ataque de Torres hubiese estado todavía dirigido de forma directa a Cristina de Borbón.

«No me meto en chanchullos, mi vida es absolutamente transparente y Diego Torres que diga lo que quiera», abundó. «Estaré encantado de declarar ante el juez», dijo dando ya por hecho que Castro no tendría más remedio que llamarle a declarar. Pero no quiso despedirse sin lanzar un aviso a navegantes que apuntaba por dónde iban a ir a partir de ahora los tiros: «Van a por la infanta».

Insistía en proclamar su «inocencia respecto de las actividades que se investigan» y añadía: «Pese a mi condición de tesorero del Instituto Nóos nunca tuve firma autorizada en sus cuentas, ni poder de decisión en la gestión de las mismas ni en su contabilidad. Y de ninguna forma, directa o indirectamente, he recibido ningún tipo de remuneración ni de beneficio».

Por si fuera poco con los correos de Torres, la Agencia Tributaria aportó a la investigación un descubrimiento inquietante. La mujer de Carlos García Revenga, Ana Isabel Wang Wu, y la hija del rey tuvieron a medias dos cuentas bancarias entre 2003 y 2006, fechas en las que estuvo activo el Instituto Nóos, que iban a ser rastreadas para determinar si acogieron fondos públicos obtenidos por la trama.

El martes 29 de enero de 2013 fue el día escogido por el juez Castro para pronunciarse en relación a la que ya era la cuarta remesa de correos electrónicos aportada por Torres en su juzgado. Castro emplazaba a García Revenga a declarar el 23 de febrero, inmediatamente después de Iñaki Urdangarin, que volvía a ser llamado a testificar por las novedades aparecidas en la investigación. Fue muy escueto en su resolución. Simplemente le requería para que aclarase el «cargo y funciones que desempeñó en el Instituto Nóos o cualquiera de las entidades mercantiles que conforman el entramado». Aquella decisión entrañaba una enorme carga simbólica, más allá del recorrido que pudiera tener la imputación de García Revenga. Por primera vez se cruzaba el Rubicón que rodeaba los jardines del palacio de La Zarzuela, demostrando que el cordón sanitario era mucho más vulnerable de lo que parecía en un principio.

CAPÍTULO VII

«Tengo un mensaje que le ha dado el rey a Cristina». Fianza multimillonaria para Iñaki y Diego… y la infanta. El manual para que Iñaki no meta la pata con la fundación de niños discapacitados. El rey le hace un regalo envenenado de 1,2 millones a su hija. La Casa Real respira: «La donación ha prescrito»

El primer zarpazo de Diego Torres resultó inocuo desde el punto de vista judicial pero atesoraba una ingente carga intencional. Se trataba de una especie de prueba de vida para demostrar que si quería podía hacer daño y no le iba a temblar la mano a la hora de apuntar con su fusil a las más altas instancias del Estado.

Debía ser un mensaje más simbólico que contundente y estudió concienzudamente la selección de los temas y la composición de su partitura. Por eso escogió para su primera entrega, en abril de 2012, un correo de Iñaki Urdangarin a Diego Torres enviado el 1 de octubre de 2007. El Instituto Nóos ya había caído en desgracia, la pareja se encontraba inmersa en otros proyectos y volvía a echar mano de sus contactos al más alto nivel.

Nóos dio paso a la denominada Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), que fue concebida formalmente como una plataforma para ayudar a los más necesitados. No levantaría las sospechas de Nóos y el dúo podía seguir operando con ella de la misma manera sin que mediara suspicacia alguna. ¿Quién iba a sospechar que el yerno del rey y su mano derecha iban a utilizar ahora una entidad para ayudar a niños con síndrome de Down y enfermos de cáncer para lucrarse? ¿Quién iba a pensar, por muy calenturienta que fuera su mente, que el modélico marido de la infanta Cristina, el exitoso jugador de balonmano, se iba a prestar a semejante inmoralidad? ¿Cómo iba a haber podido traspasar tan fácilmente la frontera entre ser un aprovechado y, directamente, una mala persona? La tapadera se antojaba por lo tanto perfecta y permitía a los inseparables Urdangarin y Torres seguir igual que hasta entonces.

Las fisuras entre ambos habían surgido siempre por cuestiones monetarias, que si yo trabajo más que tú, que si tú solo pones tu nombre y tus contactos pero los informes los elaboro yo. Pero si el dinero seguía fluyendo con alegría, las diferencias desaparecerían. Para terminar de blindar el nuevo tinglado diseñaron un manual interno que debían interiorizar todos los componentes de la extinta Nóos pero que debía memorizar, sobre todo, el duque de Palma para desviar la atención ante cualquier pregunta incómoda.

En él se instruía personalmente a Urdangarin acerca de una serie de recomendaciones para que «no se sepa» y «no cante» que se había puesto al frente de esta nueva entidad. Este libro de instrucciones establecía que el duque de Palma no podía revelar jamás que «lideraba la iniciativa» de la FDCIS. «No hay problema en decir que se es miembro de la fundación junto a otros deportistas», pero el manual le desaconsejaba «defender la fundación con el ardor de un fundador» ya que podría «cantar». Se indicaba además al exjugador de balonmano que «nunca fuera solo» a las reuniones relacionadas con la recién creada fundación, «para que no haya la sensación de que tiene un nivel de implicación alto». De ahí que Iñaki «no pudiera ni debiera cerrar un acuerdo en solitario por muy buen aspecto que tenga la situación». Ante cualquier interrogante que no estuviera contemplado en el argumentario, la respuesta del yerno del rey debía ser la de que él era simplemente «un embajador honorífico». Si el interlocutor insistía, debía poner pies en polvorosa, coger la salida de emergencia e irse por la tangente aludiendo al «origen mítico de la ayuda a los más necesitados».

Precisamente a través de la FDCIS, dirigida por Urdangarin y Torres pese a que la presidencia la ostentaba solo el primero y el segundo aparecía vinculado a una especie de comité asesor, la pareja se embarcó en uno de sus proyectos más ambiciosos: el patrocinio de un barco en la edición número 33 de la Copa del Rey de Vela, que se disputaría en Valencia. Hacía falta reunir 100 millones de euros y solo podían abordar con éxito dicho objetivo con la implicación activa de la Casa Real. Una vez más ese y no otro volvía a ser su principal fondo de comercio.

«Tengo un mensaje de parte del rey», le comentaba el duque de Palma a Torres en la primera misiva desempolvada por este último. «Y es que le ha comentado a Cristina para que me lo diga, que le llamará [Francisco] Camps a Pedro [Perelló] para comentarle el tema de la base del Prada. Y que en principio no habrá problema y que nos ayudarán a tenerla».

Se refería el duque de Palma al Proyecto Ayre, que contaba como pieza clave con Perelló, regatista y hombre de confianza de las infantas. Este deportista acababa de formar parte de la tripulación de la embarcación Siemens en la Copa del Rey de Vela junto a la infanta Elena e iba a ser el armador del nuevo barco. Pero en esta iniciativa también estaba involucrado el regatista y empresario mallorquín Jorge Forteza, dueño de la inmobiliaria Nova y que formaba parte a su vez del círculo más íntimo de la familia real en Mallorca. No en vano, fue Forteza el compañero de partido de pádel escogido por Urdangarin para arrancarle al expresidente balear Jaume Matas en el palacio de Marivent el compromiso de que financiaría las iniciativas que le plantearía a través del Instituto Nóos. Empezando por el patrocinio del equipo ciclista Banesto-Illes Balears y siguiendo por la organización de las dos ediciones de sus charlas sobre turismo y el deporte.

Se trataba, en suma, de materializar el mayor pelotazo de su corta pero trepidante carrera empresarial y para ello la figura del monarca se antojaba fundamental. «Hemos conseguido que el rey se viera con Pedro para presentarle el proyecto. La reunión fue muy bien y aparte de parecerle bien armado ha ofrecido toda su ayuda para encontrar ayuda financiera», añadió a Torres.

Si bien es cierto que el proyecto Ayre llegó a inscribirse ante la America’s Cup Management (ACM), nunca fructificó y quedó relegado a un sueño incumplido. No obstante, estos nuevos correos desvelaban la implicación no solo de la hija del rey sino del propio padre en las actividades de su yerno. Esto ya dejaba de ser un problema particular de Urdangarin, que había actuado por su cuenta y riesgo, aprovechándose de su posición para enriquecerse sin atender a ningún tipo de cortapisa legal y moral. El montaje urdido por el duque de Palma tenía visos de haber contado con la ayuda, quedaba solo calibrar hasta qué punto, de la propia Casa Real desde arriba hasta abajo. Por lo tanto, el Caso Urdangarin dejaba peligrosamente de ser una desagradable traición del que fuera yerno perfecto y se dibujaba con nitidez como una compleja trama que contaba con una cobertura regia como fórmula infalible de éxito.

Pero lo más complicado de todo, por encima incluso de los comprometedores datos que asomaban en forma de correos electrónicos, es que la gestión de la crisis había desembocado en una partida en la que los tiempos los marcaba Diego Torres, guiado y cegado por sus intereses crematísticos. O los 30 millones rebajables a 6 y el trabajo en Telefónica en Latinoamérica o abría de par en par su maletín nuclear. No resultaba una exageración concluir por lo tanto que buena parte de lo que ocurriera a partir de ese momento ya no dependía de la mejor o peor intención y pericia del valeroso juez José Castro o del aplicado y voluntarioso fiscal Pedro Horrach, sino del material que pudiera ir sacando a conveniencia el exsocio de su caja de Pandora.

La prueba más evidente del nuevo rumbo que tomaba el procedimiento es que ni el juez ni el fiscal tenían especial interés en imputar a García Revenga y en meter de lleno a la Casa Real, pero se vieron obligados a proceder a su citación por obra de Torres. Si bien no parecían tener una predisposición negativa contra la hija del rey, la eventual aparición de pruebas documentales que certificaran su participación efectiva en la trama dejaría al magistrado y al representante del Ministerio Público atados de pies y manos y abocados a actuar contra ella.

La instrucción, en la que se había podido determinar que al menos 6 millones de Nóos acabaron en las sociedades instrumentales de la pareja, quedaba ahora al albur de Diego Torres y de su abogado Manuel González Peeters. Estar a merced de su criterio resultaba un despropósito, suponía un desgaste difícilmente reparable para la Jefatura del Estado, y convertía lo que quedaba de fase de instrucción en una timba de póquer en la que uno de los jugadores participaba con los naipes marcados.

Castro y Horrach abordaron las diferentes posibilidades que había de neutralizar esta perversa estrategia procesal. Sopesaron la posibilidad de poner en marcha una entrada y registro en el bufete del letrado González Peeters, donde se presumía que se custodiaba el polvorín. La Policía Judicial entraría por sorpresa, los encargados serían los mismos agentes del Grupo de Delincuencia Económica de Palma que tan eficazmente habían obrado en ocasiones anteriores, y sería un atraco perfecto. No habría que lamentar una sola filtración previa y González Peeters se vería sorprendido por una actuación rápida y letal.

Por unos instantes esa idea cobró fuerza hasta que ambos concluyeron que podían, con una acción de esas características, vulnerar el derecho a la defensa del imputado y por extensión ponérselo en bandeja a Urdangarin y compañía para solicitar, con base legal fundada, la nulidad de todas las actuaciones y el consiguiente archivo de toda la causa.

Era desagradable que Torres obsequiara cada semana al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma con una nueva selección de su repertorio, pero no podían exigirle que entregara todas las pruebas que obraban en su poder y que, en definitiva, estaba utilizando para defenderse. Ni tan siquiera la posibilidad de atribuirle un delito de obstrucción a la justicia se consideraba una alternativa convincente para cauterizar la herida por la que no paraban de brotar correos.

«Lo que tengas, preséntalo de golpe, pero no nos marees», le tantearon los investigadores a González Peeters de viva voz, intentando ganárselo en el cara a cara. Pero el abogado, cazador consumado y presumido, parecía disfrutar de lo lindo llevando debajo del brazo una parte de su arsenal. A veces, cuando estaban de copas, exhibía un párrafo de uno de los correos a sus compañeros en la causa. Otras presumía abiertamente del contenido de otro y lo ocultaba inmediatamente en su maletín. Alternaba estos correos con la galería fotográfica de su teléfono móvil, que alberga una destacada selección de los cinco grandes de la sabana africana abatidos a los pies del controvertido abogado. Desde el león al elefante pasando por los temidos búfalos de Kenia y Tanzania, a los que tanto respetaba, por traicioneros y violentos, Robert Redford en el papel de Dennys Finch Hatton en Memorias de África.

González Peeters llegaba incluso a dejar tocar y ver las nuevas pruebas antes de ser presentadas, pero bajo ningún concepto estaba dispuesto a desarmarse de golpe. Esa era su fuerza y no era tan torpe de renunciar a ella en medio de un escenario que albergaba para él y su cliente más peligros ocultos que cualquiera de los parques nacionales centroafricanos que le gustaba visitar rifle en mano.

A esta incómoda situación contribuyó que el letrado de Urdangarin no impugnó desde el primer momento los dichosos correos y admitió su veracidad. No peleó la existencia de un más que posible delito de revelación de secretos al aportarse comunicaciones no solo entre Urdangarin y Torres, sino entre el duque de Palma y terceros. O incluso de terceros entre sí. Total, que entre unos y otros infravaloraron a Torres y a González Peeters y consiguieron con su pasividad que su estrategia se consolidara y tomara cuerpo desde el punto de vista legal. Con ella, la confianza que otorga saber que tiene uno la sartén por el mango.

«No importa Sansón, importan los filisteos», titulaba la periodista Victoria Prego un esclarecedor artículo en El Mundo al conocer el contenido de las ráfagas de metralla que comenzaban a rodear a la hija del rey en todo el embolado de Nóos. «De acuerdo en que Diego Torres está vengándose de todos los que le rodearon en el pasado porque no ha podido lograr lo que buscaba por la vía del chantaje: un cerro de millones y un trabajo estable […]. Y de acuerdo también en que el juez no debería seguir tolerando que este individuo siga administrando a su antojo, y gota a gota, los correos electrónicos que lleva años guardando, en la creencia de que eso le garantizaría la impunidad judicial. Como todos los corruptos, se estuvo reservando la capacidad de extorsión para que le hiciera de salvavidas. Pero cuando era pequeñito seguro que le contaron en el colegio que Sansón, que derribó el templo del dios Dagón con todos los filisteos dentro, y mató ese día más filisteos de los que había matado durante toda su vida, murió él mismo aplastado por los escombros y víctima de su venganza. Ese es sin ninguna duda el destino que le espera a Torres. Por muy importantes que sean los filisteos que se vaya a llevar por delante».

Pero Prego alzaba la vista más allá de lo inmediato. «Lo que importa es que lo que ya sabemos coloca a la infanta Cristina en una muy, muy delicada situación. Porque resulta que en estos momentos la infanta depende de la voluntad de Torres, de lo que Torres quiera, o no, decir o enseñar. Es decir, que está en sus manos. Y esto es en sí mismo infumable. E impresentable […]. Qué ceguera, qué nula defensa de la monarquía, qué desidia en el cumplimiento del supremo deber de asegurar su continuidad».

Torres estaba espoleado además por el hallazgo por parte del juez y del fiscal de una burda maniobra urdida por su esposa para poner a buen recaudo una parte del dinero distraído en plena investigación. Ana María Tejeiro había transferido al menos 282 000 euros procedentes de una sociedad de valores perteneciente al grupo suizo Mirabaud & Cie Banquiers Privés a España. En una primera tacada, 41 542,86 euros, el 23 de diciembre de 2011. El resto, 241 224,21 euros, cinco días más tarde, y había hecho el trasvase a una entidad financiera española sacando los fondos en efectivo. La Fiscalía Anticorrupción, al recibir el informe de Delincuencia Económica que destapaba la operación advirtió de inmediato la comisión de un nuevo delito, el de alzamiento de bienes y situó a la esposa de Torres, la discreta y huidiza Ana Tejeiro, en el ojo del huracán.

El exprofesor de ESADE dio una vuelta más de tuerca a su maquinaria del terror y dejó claro en la declaración ante el juez Castro que sucedió a la primera comparecencia de Urdangarin que en el Instituto Nóos eran cinco los responsables y que entre ellos se encontraba, por supuesto, Cristina de Borbón. «Ella conocía todas las actividades y la Casa Real, también», se despachó al tiempo que implicó a la hija del rey en visitas a la sede de Nóos o en la búsqueda de terrenos para construir unas nuevas oficinas donde albergar la entidad.

La implicación de la hija del rey se rondaba una y otra vez con insinuaciones, mensajes y acusaciones directas, pero no empezó a cobrar cierta forma hasta que la Fiscalía Anticorrupción solicitó una fianza millonaria para Iñaki Urdangarin y Diego Torres con objeto de garantizar su responsabilidad civil y poner a buen recaudo sus bienes en caso de que se produjera una sentencia condenatoria. La fianza no iba dirigida directamente contra la hija del rey pero sí contra su sociedad patrimonial Aizoon, de la que poseía el 50 por ciento. Por lo que Cristina de Borbón debía abonar su parte correspondiente como propietaria de la mitad de la sociedad pantalla. Es verdad que si el matrimonio Urdangarin-Borbón no ponía el dinero, el juzgado se limitaría a realizar una anotación de embargo en el registro sobre sus propiedades y que no variaría un ápice su situación personal.

Es decir, que depositasen o no la fianza y aun en el supuesto de que Diego Torres y su esposa hicieran lo propio, no condicionaba su libertad. Las consecuencias del procedimiento sobre la hija del rey seguían siendo leves comparadas con las que tenía que acarrear su marido, pero por primera vez le afectaría de manera directa todo aquello, aunque fuera a su bolsillo, aunque de cara a la galería su rol quedase reducido al de responsable a título lucrativo.

El auto acordando la imposición de la millonaria caución de 8,1 millones de euros (cantidad resultante de sumar los 6 millones públicos desviados de Valencia y Baleares y el tercio que establece la ley) constituía una especie de sentencia condenatoria anticipada en tanto en cuanto hacía un somero repaso de los hechos delictivos investigados hasta el momento y señalaba a sus principales responsables.

«Urdangarin, aprovechándose de su condición de miembro de la Casa Real española, contactó con diferentes personalidades políticas de primer orden, tanto de la comunidad autónoma valenciana como balear», concluía Castro. «Para, después de proponer sus proyectos», proseguía en una resolución que contaba nada menos que con quinientas cuarenta y dos páginas, «conseguir que los mismos fueran aprobados y automáticamente se pusiera en funcionamiento el mecanismo administrativo tendente a intentar vestir el santo […]. Es decir, intentar dar una cobertura de aparente legalidad a una ilegalidad manifiesta que era la adjudicación directa y sin respetar ni una sola de las normas del procedimiento administrativo». Dicho de otro modo, se trataba de «conceder a Urdangarin todas sus peticiones, las cuales no respondían a ningún interés o necesidad pública, sino solo al interés de Urdangarin y, en consecuencia, del instrumento que se utilizó para ello: el Instituto Nóos».

En cuanto a los gobiernos presididos por los populares Matas y Camps concluía el magistrado que «tomaron decisiones total y absolutamente injustas y arbitrarias», adoptadas «al margen de cualquier expediente administrativo, como hubiera sido lo normal […]. De haberlo hecho conforme preceptúa la legalidad, dicho aspecto habría perjudicado la idea inicial de beneficiar a unas personas concretas, saltándose las más elementales normas administrativas y de derecho vigentes».

«Así las cosas», abundaba, «la única finalidad de la creación del Instituto Nóos por parte de Urdangarin y de su socio Diego Torres no era otra que crear la cobertura necesaria de una asociación sin ánimo de lucro, para entendernos, como una especie de ONG dedicada a proyectos sociales, en este caso relativos al deporte». Un instrumento que, sin embargo, fue utilizado «con la finalidad de poder acceder a los fondos públicos a través de la figura de convenios de colaboración».

Nóos fingía «que no perseguía fines lucrativos y onerosos». De ahí que se «rodeara de esa aureola de falta de ánimo de lucro para que no solo nadie sospechara sino que encima les albergara ese paraguas de bondad y ayuda al prójimo. Evidentemente, las contrataciones que se realizan con Urdangarin no respondían a ninguna labor concreta ni a ninguna necesidad de interés público, sino única y exclusivamente al mero interés de conceder a Urdangarin todo aquello que este solicitaba, consecuencia de su influencia por pertenecer a la Casa Real».

Esta fianza de 8,1 millones de euros ponía en peligro el patrimonio oficial del matrimonio y el buque insignia del mismo era el palacete de Pedralbes, que todavía seguía albergando en su interior una nueva sorpresa.

Conocido que el matrimonio se embarcó en una operación inmobiliaria que superaba con creces su poder adquisitivo, quedaba por comprobar cómo habían pagado, de manera efectiva, el chalé de la barcelonesa calle Elisenda de Pinós. Se trataba de una operación que superaba los 6 millones de euros y que llevaba aparejada, porque así lo quisieron sus nuevos propietarios, que inscribieron a su nombre el inmueble, una reforma integral. En total, 3 millones más que elevaban a 9 el importe total de la operación inmobiliaria.

En los manuscritos intervenidos por la Policía Judicial en los registros practicados en las oficinas del Instituto Nóos se dejaba bien claro que la hipoteca iba a ser sufragada gracias a los ingresos de la entidad «sin ánimo de lucro» Nóos, que iban a ser canalizados a través de Aizoon mediante la consiguiente emisión de facturas falsas por servicios que jamás fueron prestados al instituto. Pero todavía quedaba por saber qué parte exacta de los ingresos de Nóos se destinó a la adquisición y posterior remodelación de la que en el Registro de la Propiedad se inscribe como «casa torre».

Y es aquí donde la Delegación de la Agencia Tributaria de Barcelona descubre la más llamativa de las vías de financiación empleadas. «S. M. Don Juan Carlos de Borbón y Borbón» realizó dos «transferencias urgentes» de 600 000 euros cada una el 30 de julio y el 29 de septiembre de 2004. La consideración de «urgentes» cobraba sentido porque la entidad que financió la compra, La Caixa, había denegado la concesión del préstamo al matrimonio al considerar que no podían avalarlo suficientemente. Urdangarin declaraba un sueldo de 3000 euros brutos al mes y su mujer contaba con un sueldo de 90 000 euros de la Fundación La Caixa y con una asignación de la Casa Real de 72 000 euros.

Urdangarin llegó a utilizar como aval las acciones del Instituto Nóos pero ni con esas cuadraban las cuentas. La entidad bancaria informó en contra de su autorización. El matrimonio se embarcó en esta operación por una mezcla de factores, que interactuaron entre sí hasta conseguir que Iñaki y Cristina dieran el paso. Ambos contaban con que el Instituto Nóos iba a ser un boyante negocio que les permitiría hacer frente a unos pagos trimestrales de 50 000 euros. Pero el empujón definitivo lo dio, según contaba el propio Urdangarin a sus más íntimos, su suegro, que le recriminó en una ocasión que «cómo podía tener a su hija viviendo en un piso cuando siempre había vivido en un palacio». De nuevo el dichoso complejo de no estar a la altura y el gusto de los dos por la buena vida.

La operación de préstamo, más allá de que el rey figurase como prestamista, no presentaba, a simple vista, mayores irregularidades. Había sido declarada a Hacienda y protocolizada ante notario. Si Cristina de Borbón había cumplido con los plazos previstos de devolución, poco más había que hablar sobre este asunto. Un padre presta dinero a su hija para que se compre una casa y esta se lo devuelve. Es verdad que en este caso la cantidad suponía el sueldo del monarca de cuatro años, contabilizando conjuntamente su salario y sus gastos de representación, pero no tenía por qué generar mayor debate.

Hasta el padre de Urdangarin había hecho lo propio y había transferido a la cuenta conjunta de los duques de Palma dos ingresos de 91 083 euros (8 de julio de 2004) y 60 000 euros (14 de octubre de 2004).

El problema surgía al cotejar el préstamo con las declaraciones de la renta de la hija del rey, que desvelaban que de ese préstamo que no devengaba interés alguno, tan solo había procedido a la devolución de 150 000 euros. Es decir, en puridad no nos encontramos ante un préstamo sino ante una donación en toda regla y la diferencia entre ambas figuras estriba en que la segunda tributa mucho más que la primera. Tanto como que, para haberse ajustado a la ley, debían haberse abonado 400 000 euros en impuestos en un solo ejercicio. Una cantidad que al no haber sido satisfecha superaba con creces la cuota defraudada de 120 000 euros a partir de la cual aparece el delito fiscal.

La Casa Real se defendió arguyendo que se trataba de un préstamo de padre a hija para comprar su casa y que todavía se encontraba en fase de devolución. Pero ese argumento no bastaba para disipar las dudas de la posible comisión de un delito contra la Hacienda Pública en el que estaría involucrado nada menos que el primero de los españoles. La Fiscalía Anticorrupción analizó de inmediato la operación y concluyó que, efectivamente, se trataba de un «préstamo encubierto». Es decir, de una maniobra urdida para pagar menos impuestos y que, por las cantidades manejadas, podría llevar aparejado un delito castigado con prisión y una multa que podía alcanzar el séxtuplo de lo defraudado.

El fiscal Pedro Horrach ordenó a la Delegación de Hacienda de Cataluña que comprobase la tributación de la operación y que, sobre todo, certificase si había o no prescrito para iniciar la preceptiva investigación. Esta nueva arista del Caso Urdangarin resultaba ser la más delicada de todas cuantas habían asomado porque podía llegar a implicar que se rastreara el origen de los fondos transferidos por el monarca. Es decir, que se podía llegar a abrir por primera vez la puerta a investigar la tan traída fortuna del rey.

De la impulsividad inicial del Ministerio Público se pasó a un escrito tibio en el que se dejaba en un remoto condicional la posibilidad de que se tratase de una donación camuflada y no se entraba en detalles porque, certificaba ya con solemnidad, la operación estaba prescrita y la nueva herida, cicatrizada.

Pero en este nuevo capítulo faltaba por conocer la opinión de Torres y la capacidad de su arcano insondable para dar respuesta a una prueba de altura. El exsocio de Urdangarin no quiso siquiera esperar veinticuatro horas. El Mundo destapó la existencia de la operación por la mañana en su edición digital y a primera hora de la tarde el exprofesor de ESADE ya tenía preparado un nuevo e ilustrativo correo electrónico que aclaraba cualquier tipo de duda legal al respecto.

Se trataba de un documento manejado por Urdangarin el 15 de junio de 2004 y que llevaba por título: «Proyecto económico-financiero de la vivienda de la calle Elisenda de Pinós 11-13». Urdangarin establecía que el palacete les iba a costar «6,2 millones de euros» y que el «coste potencial» de las obras de reforma que luego se dispararon a 3 millones se quedarían en «600 000 euros».

Eso sí, destacó que contaba para la operación con la referida «donación» de 1,2 millones de euros. Ya no cabía, por lo tanto, ninguna duda. Se trataba de un regalo que no había pagado los impuestos correspondientes y que constituía un importante fraude fiscal en el que ya no solo estaba involucrada Cristina de Borbón sino su propio padre. El único consuelo, esta vez sí, pasaba porque, efectivamente, esta vez el tiempo había corrido a su favor y las responsabilidades penales hacía ya bastante tiempo que habían caducado.

CAPÍTULO VIII

«Iñaki, lo sentimos, pero no podemos seguir». Bajas de abonados a gogó. Adiós a Washington DC. Destino: Barcelona. El palacete a la venta. Messi no lo quiere. Está maldito. El duque sigue yendo a Telefónica como si tal cosa. «Que alguien le diga que no vuelva más». «César, solo tengo dinero hasta finales de septiembre, me tienes que dar una solución»

Incluso en las etapas más oscuras de la vida hay un pequeño margen para la esperanza. Iñaki y Cristina se habían quedado solos ante la maquinaria judicial, que proseguía su paso lento pero infatigable e iba desbrozando la hierba bajo sus pies, analizando palmo a palmo su última década de vida.

Las pesquisas seguían centradas en Urdangarin y había una especie de pacto no escrito entre los investigadores, consistente en que no se tocarían de momento las cuentas personales de la hija del rey. Este acuerdo tácito establecía que solo se abriría la veda con su patrimonio en el remoto e hipotético supuesto de que acabara resultando imputada. Mientras tanto, solo se revisarían los depósitos bancarios coparticipados por el matrimonio.

De tal manera que el gabinete de control de daños seguía vigente y la lava que escupía el volcán del sumario del Caso Urdangarin se entretenía todavía en el duque de Palma y su exsocio. Sin embargo, controlar quirúrgicamente que semejante marea abrasante no afectase a Cristina de Borbón seguía resultando casi imposible teniendo en cuenta la envergadura de la erupción. Así, la Agencia Tributaria de Cataluña hizo mención, como de pasada y sin prestarle excesiva atención, a que entre los desvíos producidos desde el Instituto Nóos a los responsables de la trama habían sido transferidos al menos 12 671 euros de procedencia pública a una cuenta bancaria personal de Cristina de Borbón.

Comparado con los 34 565 euros que fueron volcados de manera paralela a una cuenta conjunta de los duques de Palma; con los 156 358 euros que, de la misma tacada, se había desviado Urdangarin a una estrictamente de su propiedad; con los 679 180 euros que se había apropiado directamente Ana María Tejeiro; con los 712 180 euros que habían sido escondidos en Luxemburgo a la vez que las citadas operaciones; o con los 8,9 millones a los que ascendía ya el desfalco en dirección a las sociedades instrumentales bajo control de Urdangarin y Torres, las migajas de la infanta se antojaban minúsculas. Pero el hallazgo no dejaba de resultar significativo y preocupante.

Aun con todas las prevenciones encaminadas a garantizar que la hija del rey no se vería afectada por la avalancha, la realidad latente bajo el Instituto Nóos se volvía periódicamente contra ella en forma de esquirlas que golpeaban el discurso oficial de que ella ni se benefició ni estaba al corriente de lo que ocurría. Ya fueran correos electrónicos de Diego Torres o hallazgos puntuales como este.

Se trataba de un descubrimiento puntual y menor y, como recordaba la Policía Judicial, provisional. «Hay que tener en cuenta que existe una gran cantidad de cheques y gastos en tarjetas de crédito, así como otros documentos cargados en cuenta que implican una importante salida de dinero, y de los que no se ha podido conocer la persona beneficiaria», recalcaban los agentes del Grupo de Delincuencia Económica al juez Castro, al tiempo que seguían rastreando el destino del dinero.

El engranaje judicial capaz de deglutir rocas tan voluminosas como la del yerno del rey se aproximaba a Cristina de Borbón con un ritmo jadeante e imprevisible. No obstante, en medio de la desolación de desayunarse cada día con una nueva noticia todavía peor que la anterior, con el instructor y la Fiscalía Anticorrupción caminando al unísono decididos a meter en la cárcel a Urdangarin y a sus compinches, una mano salvadora mantenía a flote al matrimonio Urdangarin-Borbón en lo económico.

El presidente de Telefónica comunicó a la pareja la mejor noticia de cuantas les habían llegado durante los últimos meses del otro lado del Atlántico: la compañía volvía a confiar en su delegado en Estados Unidos y le renovaba el contrato. Era un motivo de satisfacción y hasta de orgullo que fue interpretado por ellos como una lanza a favor de la inocencia de la que tanto se habían convencido.

César Alierta había meditado, calibrado los inconvenientes que tendría una decisión de esas características para la operadora y resolvió dar un margen de confianza al duque de Palma. Fue un reto personal que contaba ya con un amplio número de detractores entre sus más estrechos colaboradores.

Desde la multinacional se había dejado caer al matrimonio hacía ya meses que lo más conveniente para ambas partes era que Urdangarin presentara su renuncia voluntaria. Se confeccionaría un texto a modo de comunicado en el que se preservaría su imagen, se recalcaría su presunción de inocencia y se salvaguardaría al mismo tiempo la imagen de Telefónica, que se había visto inmersa en este escándalo involuntariamente.

No tenía sentido que un imputado por prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración y blanqueo de capitales siguiera siendo, al menos formalmente, el máximo ejecutivo de Telefónica en Estados Unidos. Se trataba de un planteamiento que entendían todos menos los afectados, que se aferraban a su posición como a un clavo ardiendo.

La respuesta de Iñaki y de Cristina a las insinuaciones en este sentido siempre había sido la misma. Si no tenían nada de qué arrepentirse, por qué iban a renunciar a su futuro profesional. Porque renunciar a Telefónica suponía quedarse el matrimonio con sus hijos dependiendo casi en exclusiva de la asignación de la Casa Real a Cristina, 72 000 euros anuales. Una cifra que Zarzuela preservaba en secreto y que fue conocida gracias a los registros policiales en las oficinas de Nóos y en el despacho de asesoría fiscal y laboral del cuñado de Diego Torres, Miguel Tejeiro. Precisamente en el manuscrito elaborado para hacer las cuentas para pagar el palacete de Pedralbes aparecía la asignación real como una de las cantidades fijas a tener en cuenta para pagar la hipoteca.

Resultaba tremendamente llamativo que la hija del rey no confiara sus cuentas personales a los asesores tradicionales de la Casa Real y hubiera delegado una competencia tan íntima y sensible en un personaje tan grisáceo como Miguel Tejeiro, que cuando los agentes de la policía irrumpieron en su despacho se encontraron con aquellos documentos a la vista, manga por hombro, como si no fueran lo que eran, secretos oficiales.

La cerrazón de la pareja a la hora de buscar una salida consensuada, que a juicio del matrimonio suponía una admisión de culpabilidad por su parte, puso a Alierta en el brete de tener que decidir si le renovaba el contrato o directamente le destituía. Sopesó los daños para la compañía pero puso también en el fiel de la balanza la responsabilidad institucional que se le había encomendado, rebotando en su mente siempre las palabras de agradecimiento de la reina en cada acto, con las que le trasladaba el peso de tener que velar por el futuro inmediato de Iñaki y de Cristina.

En el consejo de administración de la operadora había dos líneas claramente definidas con respecto a este asunto. La más garantista apuntaba a que echar a Urdangarin de la empresa suponía «una condena anticipada», cuando de momento solo estaba imputado y no pesaba sobre él ninguna sentencia firme ni había sido todavía siquiera juzgado. Sin embargo, cobraba fuerza otra corriente, cada vez más numerosa, que pedía la cabeza del duque de Palma tras advertir que la compañía estaba sufriendo una constante pérdida de clientes. La misma que sostenía que Telefónica no podía permitirse que su imagen resultara permanentemente dañada por la pública vinculación con el más insigne imputado del panorama nacional.

Cada vez eran más frecuentes las llamadas de clientes que se daban de baja al considerar «intolerable» que la compañía mantuviera a Urdangarin pese a que ya era público y notorio que se había apropiado de fondos públicos de la manera más burda y obscena que se pudiera imaginar. En el seno de la multinacional aquello dejó de tener la categoría de anécdota y se comenzaron a manejar los primeros estudios internos que calibraban el alcance de esta reacción adversa por parte de la clientela. «El impacto todavía es menor en términos relativos pero progresivo e imparable», justificaban internamente algunos de los consejeros partidarios de la rescisión.

Estos mismos representantes consideraban que el momento adecuado para haber disuelto la relación laboral fue cuando el juez imputó al yerno del rey, allá por la Navidad de 2011, y que aunque ahora se rectificara «ya era tarde». Este segmento de consejeros críticos apostaba, además, porque el matrimonio abandonase Estados Unidos y se refugiara en un país «con una monarquía de amplia tradición del norte de Europa». Lo ideal sería que alguna casa real escandinava les apadrinara en un nuevo periplo que bien podía tener como destino la ciudad noruega de Oslo, donde los Urdangarin-Borbón podían criar a sus hijos alejados del incesante escándalo y ellos podían rehacer su vida profesional en medio de un cierto anonimato.

Alierta lo pensó y lo repensó y decidió otorgar una nueva oportunidad al yerno del rey, consciente de que aquella medida no iba a ser más que un balón de oxígeno efímero y pasajero, que no podría prolongar más allá de que el juez Castro acordase abrir juicio oral contra su empleado.

A principios de julio de 2012 la presidencia de Telefónica comunicó a su consejo la decisión poco antes de que expirase la relación laboral el 31 del mismo mes. Otra vez el encargado de las conversaciones con el matrimonio fue el secretario general Ramiro Sánchez de Lerín, en permanente contacto con el Departamento de Recursos Humanos de la operadora. El vínculo se prorrogaba exactamente un año más, hasta el 31 de julio de 2013, con las mismas condiciones que hasta ahora. Esto es, un salario de 1,2 millones de euros más otros 300 000 euros en concepto de bonus. Un complemento, este último, concebido para compensar a los directivos expatriados en América por la diferencia entre el euro y el dólar, moneda en la que perciben íntegramente sus salarios.

Además, su nexo con Telefónica seguía llevando aparejada una retribución extra de 1,2 millones de euros más en especie. La empresa de telecomunicaciones seguiría haciéndose cargo de los gastos de alquiler de la vivienda de Chevy Chase, de la decoración, del parque móvil del matrimonio, de la seguridad y de los desplazamientos a España en avión. De tal forma que el sueldo de 1,5 millones de euros se le acababa quedando prácticamente limpio al matrimonio y le permitía una capacidad de ahorro más que considerable que podría atemperar las eventualidades futuras.

El acuerdo establecía asimismo que si en algún momento, y con el contrato en vigor, Telefónica decidía prescindir de los servicios del duque de Palma, debía indemnizarle como le correspondía hacer con cualquier otro trabajador. En su caso, con tres anualidades completas. Al cambio, 4,5 millones de euros.

El compromiso llevaba aparejada, eso sí, una cláusula verbal entre ambas partes. Si finalmente Castro adoptaba la decisión de sentarle en el banquillo, como era más que previsible, se acabaron los paternalismos y las sobreprotecciones e Iñaki debía abandonar de inmediato su puesto de trabajo.

Al matrimonio Urdangarin-Borbón no le quedó otra que aceptar a regañadientes aquella renovación envenenada y se aferraron a la posibilidad de seguir viviendo holgadamente en Estados Unidos, al menos doce meses más. En el caso de que se abriese juicio oral contra el duque de Palma, Telefónica todavía le concedería una oportunidad más y le suspendería de empleo y sueldo hasta que se dictase sentencia, dejando abierta la puerta de una posible readmisión en el caso de que en el final de los finales resultara absuelto de todas las acusaciones.

La publicación en El Mundo de la decisión adoptada por la compañía desató una reacción social sin precedentes. Las redes sociales ardieron en contra de la operadora y lo que antes era una «corriente menor en términos relativos y progresiva» de abonados que se daban de baja pasó a convertirse en una legión imparable. Telefónica no podía permitirse proyectar su imagen unida a la defensa de un ciudadano que ya había sido condenado por la opinión pública y que se encontraba acorralado por la justicia por gravísimos delitos de corrupción.

La marea creciente de bajas obligaba a la toma de una decisión inmediata porque, lejos de remitir, aumentaba hasta el punto de haberse convertido en el tema más comentado por la población española en redes como Twitter o Facebook en un verano que no aportaba demasiados alicientes informativos que pudieran distraer la atención. Tan es así que La Zarzuela, Urdangarin y Telefónica comenzaron una urgente negociación a tres bandas para poner punto y final a aquella etapa por el bien de todos.

Urdangarin y Cristina no habían variado su posición. Lejos de solidarizarse con la compañía, que se veía obligada a gestionar una crisis de imagen y prestigio de primer orden, seguían considerando una tremenda injusticia que la indignación social traducida en que la renovación de Iñaki se hubiera convertido en trending topic llevara a Telefónica a adoptar una decisión de esas características. De nuevo insistían a los directivos de la operadora en que se trataba de la dichosa conspiración, que no les podían hacer esa faena y que, ante todo, debían ser comprensivos. Iñaki viajó a España para abordar en persona la situación e intentó ablandar las conciencias de los ejecutivos. «No nos podéis hacer esto, nos quedamos en la calle en el peor momento para nosotros», suplicaba, con un tono de voz lánguido y los ojos hundidos por la tensión del último año. Pero ni con esas.

Su mensaje caía ya en saco roto, al haberse quebrado la relación de confianza entre los ejecutivos y el duque de Palma después de que este les hubiera mentido. «Iñaki, no te podemos creer. Nos dijiste una y otra vez que no habías firmado un solo cheque y firmaste miles. Por si fuera poco, nos negaste que estabas intentando llegar a un acuerdo con la Fiscalía y se demostró todo lo contrario. Te prestamos apoyo incluso más allá de lo que hubiéramos debido y nos fallaste». La educación aparente con la que se trasladaba el mensaje entrañaba, sin embargo, la determinación irrevocable de que se le había acabado el crédito.

Adoptada ya la decisión definitiva, los duques decidieron volver a España con sus hijos y fijar su nueva residencia en Barcelona. Llegados a este punto Cristina tomó los mandos y fue ella la que decidió volver a fijar su centro de operaciones en la Ciudad Condal. El plan consistía en instalarse de nuevo en el palacete de Pedralbes, matricular a los niños en el colegio para el curso siguiente y, una vez resuelto el papeleo y la mudanza, anunciar públicamente que Iñaki dejaba Telefónica, abandonaban su exilio dorado y volvían a casa.

Sin embargo un nuevo contratiempo se cruzó en su camino. Una filtración periodística les obligó a cambiar el paso. La veterana corresponsal real de La Vanguardia Mariángel Alcázar se percató del movimiento, descubrió que los hijos de Cristina e Iñaki habían sido inscritos en el Liceo Francés, donde habían estudiado hasta el año 2009 en que se fueron a Estados Unidos, y lanzó la exclusiva en la edición digital de su periódico.

Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón se vieron entonces obligados, deprisa y corriendo, a explicar el porqué del traslado. Se confeccionó un comunicado entre La Zarzuela y Telefónica que fue enviado a los duques de Palma a modo de mero trámite y que fue distribuido, acto seguido, a través de la Agencia Efe. «En los últimos años he venido representando puestos de alta responsabilidad en el Grupo Telefónica, en la convicción de que mis superiores jerárquicos han sabido valorar el esfuerzo y dedicación desarrollado durante este tiempo», comenzaba.

«Ante la posibilidad de que el procedimiento judicial abierto y en el que estoy en curso pudiera tener alguna incidencia negativa para el Grupo Telefónica, y para evitar esos posibles efectos, he decidido solicitar a la compañía una excedencia temporal, la suspensión de mi contrato y de mis funciones».

Aclaró que no descartaba «volver a desarrollar con la compañía nuevas actividades en el futuro» y quiso dejar bien claro que «de estas decisiones» había informado «a la Casa de Su Majestad el Rey». Aparentemente todos quedaban conformes. El duque de Palma quedaba como que no le habían echado sino que se había ido por su propio pie; Telefónica soltaba lastre de una vez por todas y, además, con la fórmula de la «excedencia voluntaria» evitaba tener que pagarle la indemnización de 4,5 millones de euros, que hubiera supuesto un escándalo mayúsculo; se escenificaba que la Casa del Rey estaba al corriente de todo y, con esta carambola, todos tan amigos.

Cristina se había enamorado de la calidez de la casa de Bethesda y del estilo del mobiliario que escogieron para decorarla hasta el punto de que no quería desprenderse de él. Ella se encargó de la selección de los muebles y de las obras de arte y Telefónica pagó la factura.

Pero al matrimonio Urdangarin-Borbón le quedaba solventar su problema más importante. Sin los ingresos de Telefónica y sin entidades como el Instituto Nóos o su sucesora, la FDCIS, no tenían músculo financiero suficiente para hacer frente al pago mensual de la hipoteca. Por lo tanto, había que dar salida urgente a la casa.

El matrimonio lo intentó sin éxito antes de que el juez Castro fijase la fianza de 8,1 millones de euros, que afectaba a la mitad del inmueble, registrada a nombre de Urdangarin. Pensó en quién podía estar interesado en un palacete de esas dimensiones y concluyeron que el target idóneo de clientes debía ser forzosamente extranjero. Era la morada ideal para un gran empresario de fuera de España al que no le importase en absoluto la mala fama de la vivienda ni los problemas judiciales que la envolvían. La venderían, conseguirían liquidez y se mudarían a un piso cómodo pero alejado de las pretensiones de antaño.

Entablaron conversaciones con un empresario ruso que se interesó por la antigua «casa torre» de mil metros cuadrados construidos sobre una parcela de más de dos mil, pero este alegó problemas de financiación y abortó la operación. El matrimonio encargó a la agencia Coldwell Banker Spain que colocara con discreción el inmueble. La consigna era lograr un contrato de alquiler por un plazo mínimo de un año a razón de 25 000 euros mensuales o venderla por 9,8 millones de euros, por lo que, de conseguirlo, todavía obtendrían un nada despreciable beneficio en relación a la cifra invertida. No obstante, el objetivo era no perder dinero o, por lo menos, perder el mínimo posible, pero había que desprenderse de ella cuanto antes.

Iñaki y Cristina extendieron su estrategia comercial focalizando la venta o el alquiler en el público ruso, y accedieron a que un álbum fotográfico del palacete de Pedralbes apareciese en una inmobiliaria especializada en clientes de Rusia y su entorno: Barcelonarent.info. El anuncio presentaba la vivienda como «una villa de lujo en la zona más prestigiosa de Barcelona». Destacaba su ubicación, en una zona «tranquila y exclusiva» y que «permite la máxima confidencialidad» y ofrecía decenas de imágenes donde se apreciaban, por primera vez, sus tres plantas comunicadas por ascensor, sus siete habitaciones con diez baños, su salón de ciento veinte metros cuadrados con chimenea, las instalaciones para invitados, la piscina de agua salada y un enorme jardín, que según esta inmobiliaria, llega a disponer de mil trescientos metros cuadrados reales. El precio, se añadía, era negociable y, como es habitual, «todos los costes asociados a la compra del inmueble, gastos notariales y registrales e IVA correrán a cargo del comprador. Los gastos, incluido comisiones, de acuerdo a la legislación española, los costeará el vendedor».

Entre los interesados apareció, de pronto, otro de los potenciales compradores de este tipo de viviendas: el segmento de las grandes estrellas del deporte. Y quien llegó a barajar su adquisición fue precisamente la más rutilante de todas: el argentino del FC Barcelona, Lionel Messi, que después de analizar la operación con su padre, Jorge, y ver las condiciones de la residencia la desechó, demostrando que el palacete de Pedralbes estaba maldito y que colocarlo iba a ser toda una odisea.

Con su contrato resuelto con Telefónica y desocupado en Barcelona a Iñaki Urdangarin no se le ocurrió mejor actividad que seguir acudiendo a las oficinas de la compañía en la Ciudad Condal. Es verdad que habían oficializado su baja voluntaria, pero él, pensó, podía seguir prestando útiles servicios a la compañía en España. Por eso era raro era el día que no acudía en persona a darse una vuelta.

Las alarmas volvieron a sonar en la sede central de Las Tablas al comprobar lo increíble: que Iñaki seguía, como si nada hubiera ocurrido, acudiendo a sus instalaciones. De la sorpresa se pasó a la indignación y se llegó a dar la orden taxativa de que le fuera prohibida la entrada en las oficinas barcelonesas. «Joder, que alguien le diga que no vuelva a pisar Telefónica. Solo falta que le saquen una foto entrando y saliendo para que la imagen de la empresa se hunda para siempre. Ahora va a parecer que todo es una farsa y que no hemos roto nuestra relación laboral con él», exclamaba fuera de sí uno de los máximos ejecutivos de la operadora. Pero, claro, a ver quién le ponía el cascabel al gato y llamaba al duque de Palma para que no volviera a pisar sus dominios.

Ya había sulfurado por enésima vez al estado mayor de la multinacional al haber colocado a sus sobrinos sin pedir autorización pero lo de que se hubiera tomado la licencia de seguir yendo a trabajar no tenía nombre. «Mira que es majo en el trato personal, pero este chico no sabe dónde está», se compadecía de él uno de sus máximos valedores en la empresa.

El mensaje finalmente le llegó a Urdangarin, que en el fondo albergaba la esperanza de que Telefónica le siguiera solventando, aunque fuera bajo mano, su situación económica. Pero llegados a este punto solo el presidente César Alierta podía darle una solución alternativa. El duque de Palma se sentó frente al máximo responsable de la multinacional y le fue lo más franco posible.

—César, me tienes que ayudar. Nos queda dinero hasta finales de septiembre de 2014. A partir de ese momento, no tenemos un duro. He pensado que podíamos buscar alguna fórmula para que yo siga colaborando con vosotros como asesor externo.

Iñaki recibió una larga cambiada y Telefónica le dio hilo a aquella cometa que ya se había enredado demasiado. Grave hubiese sido la aparición de una imagen de Urdangarin pisando de nuevo las instalaciones de Telefónica, devastador que hubiera aflorado el tinglado de los sobrinos, pero lo que sí que sería letal es que, después de todo, se destapase que Urdangarin seguía cobrando de la compañía como experto para contribuir a mejor su estrategia nacional.

El silencio oscuro que se había levantado entre los duques de Palma y la familia real se extendió también a Telefónica, que decidió cortar por lo sano con cualquier tipo de contacto y ponerse a salvo en previsión de lo que pudiera ocurrir. Y es que, atendiendo al esquema mental del duque de Palma y a sus últimas actuaciones, resultaba completamente imprevisible.

CAPÍTULO IX

Iñaki vuelve a llamar a la puerta del Barça. Fainé al rescate. Rosell aborta el fichaje: «Es una locura». Los Urdangarin anuncian que se van a Qatar pero al duque se le olvida sacarse el carné de entrenador. Tras la pista de la pasta en tierras lejanas. El porqué de los viajes a Londres. El correo de la zarina

Fueron meses de zozobra, desconcierto y profunda soledad salpicados por horas interminables meditando cómo podían rehacer su vida en España. Cristina insistía en que lo mejor, pese a las continuas advertencias de su entorno de que debían seguir poniendo tierra de por medio y prolongar su estancia en el extranjero, era que sus hijos se educaran en Barcelona. A la infanta le incomodaba la condición de exiliada forzosa y en su particular estrategia de demostrar su inocencia a toda costa no quería que un nuevo traslado fuera de España se interpretara como una huida en toda regla. Ella quería volver a casa, en la Ciudad Condal se sentía a gusto y no tenía la más mínima intención de volver a hacer las maletas.

Debían ir con la cabeza muy alta, plantar cara al miedo, y continuar hacia adelante. Pero para eso lo prioritario era buscarle un trabajo a Iñaki, que es lo que más le preocupaba en ese momento. Anímicamente estaba destrozado, ni siquiera el deporte aplacaba ya la tensión que le estaba devorando por dentro y por fuera y le había echado encima diez años. Tenía que hacer algo para dejar de estar con los brazos cruzados mirando el móvil y el ordenador a la espera de cuál era la última nueva novedad del procedimiento judicial que le complicaba la vida todavía más que la anterior.

Pensaron en que se matriculara en un máster en Barcelona, así se lo aconsejaron desde Telefónica, y que continuara con su formación en la rama de la economía y de la empresa. Eso sí, mientras necesitaba encontrar una ocupación que no le ocasionara problemas, le proporcionara una retribución y, sobre todo, le mantuviera con la mente distraída y le permitiera sentirse realizado.

En esa aventura se empleó al máximo el presidente de La Caixa, Isidre Fainé, que se mostró dispuesto a echar una mano al duque de Palma para que recondujera cuanto antes su carrera profesional. Le había tratado bastante, le tenía aprecio personal y consideraba que era el momento de no dejarle en la estacada.

Una de las ideas que barajaron inicialmente Fainé y otros empresarios que le echaron una mano en la tarea es que Urdangarin volviera al mundo del deporte, donde fue una leyenda y donde se encontraría más a gusto. Cuanto más alejado estuviera de cualquier tipo de negocio que pudiera interferir con su condición de integrante de la familia real, mejor. Se sondeó a su club de toda la vida, el FC Barcelona, para que le hiciera un hueco como fuera y en eso se empleó con especial determinación el presidente de la entidad financiera. Un lugar idóneo podía ser la fundación del club blaugrana o algún tipo de cometido relacionado con la división de balonmano. Lo que fuera con tal de sacar al duque de Palma del hoyo en el que estaba y en el que solo encontraba a Cristina de Borbón como asidero.

Entretanto, el duque de Palma continuaba quejándose amargamente de que la familia real le había dejado solo en este trance y que no solventaba su situación de desamparo. La infanta secundaba a su marido en esa queja y consideraba que su esposo no se merecía tampoco el trato que estaba recibiendo por parte de su padre y de su hermano. En este trance recibieron más ayuda de parte de la burguesía catalana que de la familia real.

La directiva de Sandro Rosell comenzó a recibir llamadas desde La Caixa en las que se solicitaba comprensión y ayuda. El mensaje fue trasladado al propio presidente, al que se le llegaron a plantear las diferentes alternativas, pero este fue tajante. Rosell consideró que el FC Barcelona no se podía permitir, después del gran escándalo de su paso por Telefónica, estar en el ojo de la tormenta por dar cobijo al duque de Palma. La respuesta fue, finalmente, que lo sentía mucho pero que era imposible. «No podemos fichar a Urdangarin, sería una locura», razonó el máximo mandatario azulgrana a sus consejeros. «Ni sería bueno para él ni para el club. Queda descartado por completo».

Cerrada a cal y canto la puerta del Barça, se empezaron a barajar otras posibilidades. El matrimonio, que mientras tanto seguía viviendo en el palacete de Pedralbes en venta, decidió limitar al máximo sus apariciones públicas y se desprendió de golpe de cualquier rescoldo de su vida de lujo anterior. Al menos de cara a la galería. De ahí que comenzara a moverse por la Ciudad Condal con un Volkswagen Golf de color verde oliva con casi veinte años de antigüedad, habitualmente a cargo del servicio, y al que seguía el flamante vehículo de la escolta. O que las salidas de Iñaki se limitaran a dar un paseo con el perro por el parque con ropa deportiva o a machacarse en el gimnasio del Real Club de Tenis Barcelona.

La situación resultaba tan incómoda como que cada vez se repetían con más frecuencia los episodios en los que los viandantes se giraban contra él para increparle y llegó a un punto asfixiante cuando, en una ocasión, varios socios del club de tenis barcelonés se negaron a compartir mesa a la hora del almuerzo con el imputado. O en otra en que su hija Irene fue abucheada cuando jugaba un partido de tenis. Las imágenes que se captaban del duque de Palma reflejaban a un hombre siempre a la carrera. Huía de los periodistas, de los cámaras, de la justicia y hasta de sí mismo. Una de ellas fue tomada a una hora intempestiva, a las siete menos cuarto de la mañana, cuando el duque de Palma, ataviado con un chándal y cara de pocos amigos, todavía de noche cerrada, con las farolas de Pedralbes emitiendo una luz mortecina y amarillenta, se disponía a sacar a pasear a su golden retriever blanco. Su rostro, y también el de su mascota, se desencajaron al advertir que el foco de una cámara se encendía, iluminando de golpe la calle.

Urdangarin no podía creer que hubiera un dispositivo de prensa de guardia toda la madrugada para pillarle in fraganti en cuanto saliera. Su reacción fue muy similar a la que adoptó cuando en Washington se topó con un equipo de Telecinco encabezado por la periodista Paloma García-Pelayo que le seguía hasta el cine en busca de unas declaraciones con las que valorara su situación. Comenzó un sprint que secundaba a duras penas el golden, que acabó dejándose arrastrar a toda velocidad por una correa que casi le ahoga y que le llevaba volando. Cómo sería la fuerza con la que tiraba de él su dueño que en una de las instantáneas tomadas esa mañana el animal aparecía con el hocico girado hacia la cadena, intentando aflojarla a mordiscos, mientras su cabeza abotargada se había deformado con la presión hasta parecer la de un pitbull.

Consciente de lo angustioso de la situación que atravesaba, su abogado, Mario Pascual Vives, que continuaba con su muy particular costumbre de hacer declaraciones a los periodistas que le aguardaban cada mañana a las puertas de su despacho, subrayó que más que el procedimiento judicial en sí, lo que verdaderamente le preocupaba de su cliente era la «condena social» a la que se estaba viendo sometido. Y es que el problema de Urdangarin había rebasado ya el ámbito judicial para convertirse en un cisma personal que solo podía paliarse con la reinserción social del afectado.

Iñaki trasladó a Cristina que no podía seguir así y que el mero hecho de salir a la calle le suponía un trauma. No había ocasión en la que fuera a dar una vuelta a la manzana en la que algún ciudadano no se volviera contra él. Habían dejado de ser invitados a los actos sociales del establishment catalán y se habían convertido en una suerte de apestados en su propia tierra.

La situación se tornó tan incómoda, con los reporteros de televisión apostados día y noche a las puertas de la vivienda de Elisenda de Pinós, que no tardaron en replantearse por enésima vez su futuro fuera de nuestro país. No era la opción que más les apetecía desde un principio, pero debían retomar la alternativa de volver a instalar su residencia en el extranjero. Si en pleno cénit del escándalo, cuando creían que todo estaba ya perdido, con la opinión pública y su propia familia en contra, apareció la mano salvadora de Telefónica, ahora, en medio de las tinieblas, surgió de la nada la de su amigo Valero Rivera, el que fuera su seleccionador nacional y entrenador en el FC Barcelona.

Rivera tenía encima de la mesa una oferta económicamente irresistible para dirigir al combinado de balonmano del emirato de Qatar a cambio de 800 000 euros anuales. Le apetecía el reto, necesitaba acompañarse en esa singladura de gente de su más estricta confianza y pensó en el duque de Palma como la persona idónea. Esta iniciativa le serviría a su amigo Iñaki para quitarse de en medio durante un tiempo, centrarse en una etapa profesional ilusionante y evadirse de sus problemas judiciales a miles de kilómetros de distancia.

No en vano, Rivera ya había lanzado poco antes un mensaje de aliento a Urdangarin tras haberse proclamado campeón del mundo de balonmano en enero de 2013 en Barcelona con el duque de Palma y sus hijos animando jubilosos desde las gradas. «Iñaki es un amigo y lo está pasando muy mal. Siempre me tendrá a su lado. Pase lo que pase lo considero un amigo y todo el mundo tiene derecho a equivocarse», afirmó, aparcando por un instante la inmensa felicidad por la victoria contra Dinamarca en la final del Mundial por 35 a 18.

Faltaba comprobar si a Iñaki le apetecía la aventura, pero deportivamente encajaba a la perfección como segundo entrenador del combinado catarí. Además, la propuesta se antojaba mucho más ambiciosa teniendo en cuenta que Qatar había sido elegida para celebrar el Mundial de Balonmano de 2015 y acogería en 2022 el Mundial de Fútbol, por lo que se disponía a realizar una inimaginable inversión para mejorar todas sus infraestructuras. A Rivera le motivaba tanto la idea que confesaba no tener ningún inconveniente en retirarse como técnico en el emirato.

El duque de Palma encajó la propuesta con euforia y llegaba en el momento preciso. De nuevo, hasta en los momentos más complicados había un resquicio para la esperanza. Por fortuna una conjunción de fuerzas divina, a la que siempre recurría en los momentos de desesperación, se aliaba a su favor cuando parecía que todo estaba perdido. Solo quedaba por solventar una cuestión: que el juez José Castro y la Fiscalía Anticorrupción no le pusieran pegas y no advirtieran en ese movimiento un intento por eludir la acción de la justicia. A Cristina le pareció bien el plan y estaba dispuesta a hacer las maletas con los niños cuando acabaran el curso escolar. Todo por ver de nuevo a Iñaki sonreír y ser el que había sido antes de todo este asunto.

El sindicato Manos Limpias volvió a la carga y se interpuso de nuevo en el camino del matrimonio Urdangarin-Borbón solicitando la retirada del pasaporte del duque de Palma para evitar cualquier tentación de que se negase a volver. La letrada Virginia López-Negrete argumentaba que no es que mediara «riesgo de fuga» en esta operación, sino que se trataba de «una fuga en sí misma» a un país que, por si fuera poco, «no tiene tratado de extradición con España».

Pese a la impulsividad de la abogada, que proponía alternativamente, en el caso de que su petición fuera rechazada, que Urdangarin se personara periódicamente en el consulado español de Doha, tanto José Castro como Pedro Horrach tuvieron perfectamente claro desde el primer momento que no existía el más mínimo riesgo de que no volviera y que no iban a complicarle la vida más de la cuenta al yerno del rey. Consensuaron no oponerse a que Urdangarin entrenase al equipo del pequeño emirato del Golfo Pérsico de la mano de su antiguo compañero Rivera y por una vez coincidieron con Pascual Vives, que tildó de «desatino» la reclamación del sindicato.

El magistrado dictó la consiguiente resolución, en la que denegaba la retirada del pasaporte del duque de Palma, y dejaba vía libre a que el imputado rehiciera su trayectoria profesional como buenamente pudiera siempre y cuando atendiera a sus requerimientos y se personase en Palma cuando fuera necesario.

Bien, pues cuando todo parecía encarrilado y el margen de sorpresa se reducía a la mínima expresión por primera vez en todo este incontrolable proceso, una noticia inesperada hizo que la bóveda del firmamento volviera a derrumbarse sobre el duque de Palma y la infanta Cristina, hundiéndolos en la miseria más absoluta y llevándoles a pensar si había sido tan grave el pecado cometido como para soportar la más cruel de las penitencias.

Parecía una inocentada, una especie de broma macabra, otro cruel revés del destino, pero a medida que pasaban las horas, la pesadilla cobraba forma. La Federación de Balonmano Catarí rompía su silencio y anunciaba que «por ahora, no existe ningún plan para que Urdangarin se incorpore al equipo de Valero Rivera». El encargado de relaciones internacionales de la Federación, Ibrahim al Shahud, consideraba «innecesaria» la contratación del duque de Palma toda vez que Rivera ya contaba con «dos ayudantes» y ponía cuesta arriba la operación. Urdangarin tenía previsto firmar un contrato de dos años que llevaría aparejada, además de su labor de colaborador del seleccionador, la promoción del balonmano en ese país.

Hasta el rey había conversado en diversas ocasiones con el emir de Qatar, Hamad bin Jalifa al Thani, durante las últimas semanas y el embajador del emirato en España no tuvo ningún reparo en admitirlo. «Si en España hubiera alguna objeción oficial a que Urdangarin trabajase en Qatar, nosotros también nos opondríamos, pero no es el caso», abundó el diplomático árabe, Hamad Bin Hamad Al-Attiya. Disipaba así cualquier tipo de duda, confirmaba las conversaciones entre el monarca español y el emir catarí aunque evitaba entrar en su contenido y certificaba que la contratación era un hecho. No parecía, por otra parte, nada descabellado teniendo en cuenta la estrecha relación entre la familia real española y la del país árabe. Prueba de ello es que en la última visita a España del emir don Juan Carlos y doña Sofía quisieron tener la deferencia de acudir a recibirle a pie de pista en el aeropuerto de Barajas.

Pero el problema radicaba en un fleco que permanecía suelto y parecía volverse en contra de Urdangarin de forma virulenta. El duque de Palma no tenía carné profesional de entrenador por lo que, por mucho interés que pusiera Qatar en el empeño, no podía desempeñar oficialmente las labores para las cuales iba a ser contratado. Si bien la idea de Rivera pasaba por acompañarse por sus ayudantes Veroljub Kosovac y Ricard Franch y quería ampliar el cometido de Urdangarin a la promoción del balonmano, no tenía ningún sentido que fuera a Qatar sin licencia para entrenar. La federación catarí se percató de este extremo y dejó claro que no necesitaba para nada a un relaciones públicas en el equipo.

Las negociaciones se enrocaron por completo, la Casa Real desmintió haber intervenido para cerrar su fichaje y avanzó que, por lo tanto, no iba a hacerlo para desbloquearlo. La situación languideció hasta morir y se convirtió en otro episodio desafortunado de este proceso.

Ahora sí que la oscuridad se ciñó sobre la pareja, atrapada en su laberinto, sin capacidad de maniobra y con la sociedad española atónita al comprobar el último contratiempo. Se especulaba ya con que no podía ser posible tanta fatalidad junta y que aquel embrollo solo tenía sentido si era deliberado. Pero seguía pareciendo todo demasiado sofisticado para ser verdad. El destino se había conjurado para que todo le saliera mal al matrimonio y Cristina e Iñaki no daban una a derechas.

De nuevo surgieron las voces que aconsejaban la mudanza fuera de España, con trabajo de Iñaki o sin él. Se puso encima de la mesa la posibilidad de París, valorándose que se trata de una ciudad grande y cosmopolita en la que la colonia española no es excesivamente importante. Se retomó la idea de los países escandinavos (con Noruega o Dinamarca, cuyas realezas son familia directa de doña Sofía, como principal opción) y se reparó con interés en la alternativa de Londres, pero finalmente al deshojar la margarita salió Suiza.

«Urdangarin lo que quiere es trabajar. Donde fuere, donde pueda. No está en condiciones de elegir», declaró el letrado Pascual Vives, que reflejaba el grado de desesperación de su cliente. Cristina había cambiado al fin de parecer y era partidaria de que sus hijos fueran escolarizados en otro país porque las consecuencias del proceso judicial estaban ya afectando a sus hijos, concretamente al mayor, Juan Valentín, que no paraba de pedir explicaciones a sus padres y al que en el colegio no paraban de hacerle continuas referencias al affaire Nóos sus compañeros. El vástago de Iñaki y Cristina se había convertido en el eslabón más débil y en las excursiones que realizaba la familia los fines de semana su madre no se separaba de él, consciente de que necesitaba un apoyo extra, sin soltarle de la mano en todo momento.

La Caixa volvió a socorrer al matrimonio y, de común acuerdo con la hija del rey, acordó su traslado a Suiza. De entrada resultaba llamativo el destino en tanto en cuanto era uno de los lugares que había escogido Iñaki para esconder una parte de sus suculentos réditos al frente del conglomerado del Instituto Nóos, concretamente una comisión que cobró por intentar conseguir que la familia real jordana adjudicase a la empresa Aguas de Valencia una de las mayores obras de ingeniería del mundo: el trasvase entre el Mar Rojo y el Mar Muerto.

Salvada esta coincidencia, y con las preceptivas comisiones rogatorias libradas a Suiza para determinar si el duque de Palma tenía alguna cuenta más de las tres descubiertas en manos de personas de su más estricta confianza, Cristina de Borbón viviría en Ginebra con sus hijos. La decisión estaba tomada.

Su marido estaría a caballo entre España y el país helvético para poder centrarse en su defensa en el procedimiento judicial. El planteamiento de la entidad financiera pasaba porque Cristina de Borbón se incorporase a los programas que mantiene la Fundación La Caixa con las agencias de la ONU con sede en Ginebra. Asimismo, se comunicaba por parte de la Casa Real que la infanta colaboraría estrechamente en su nueva etapa con las fundaciones sociales y culturales del Aga Khan, lo que le permitiría tener otra retribución. El Aga Khan Development Network se encontraba a cargo de la hija mayor del multimillonario príncipe Karim Aga Khan. Zahra es la responsable de una plataforma que cuenta con más de ochenta mil empleados en treinta países y que ha llegado a ser bautizada como la segunda ONU. Administra un presupuesto de casi 300 millones de euros con los que financia trescientas escuelas, doscientos centros de salud, programas de agua y saneamiento así como construcciones contra terremotos. La amistad entre el rey don Juan Carlos y Karim Aga Khan siempre ha sido muy estrecha y acudió en 1997, en compañía de doña Sofía, al enlace de Zahra con el exmodelo inglés Mark Boyden.

Los Urdangarin-Borbón se decantaron por la opción suiza debido a la privacidad que les garantizaba el país, donde la intimidad es sagrada. Se acabaron las cámaras y los reporteros a la puerta de su casa y los paparazzi a la carrera buscando la última fotografía de los duques de Palma tras la enésima novedad judicial. Escogieron un ático en pleno centro de Ginebra y matricularon a sus hijos Juan Valentín, Pablo Nicolás, Miguel e Irene en la École Internationale de Ginebra, Ecolint, considerada como uno de los veinte mejores colegios del mundo, según el ranking que elabora cada año el periódico británico The Guardian. El curso cuesta una media de 25 000 euros anuales por alumno, más las tasas de inscripción y ayuda del mantenimiento de las instalaciones. Entre los alumnos más insignes de cuantos han pasado por el Ecolint se encuentran Michael Douglas, Indira Gandhi, Yasmin Aga Khan, Rita Hayworth, la reina Sirikit de Tailandia o Tatiana Santo Domingo, la esposa colombiana de Andrea Casiraghi, hijo de Carolina de Mónaco.

Iñaki empezó a evadirse en Ginebra perdiéndose en bicicleta por las calles del casco histórico de una ciudad que, como comentaba el matrimonio con sus amistades cuando llegaron, «tiene un tamaño como el de Vitoria». El ejercicio físico siempre le ha ayudado a pensar y a recordar. Cuán lejanos quedaban ya los tiempos en los que departía con sus amigos del alma en España, presumiendo de que «solo los tontos no se llevan dinero fuera». Aquellas veladas en las que, junto a su íntimo Álex Sánchez Mollinger, coincidían en lo beneficioso que resultaba tener cuentas en Suiza y se deslizaban comentarios sobre los problemas que habían tenido en alguna ocasión con el trasiego de dinero.

Entre gin-tonic y gin-tonic el duque de Palma contaba que le había pedido a su íntimo José María Treviño Zunzunegui, con quien se asoció en el fallido negocio del trasvase jordano, de los Zunzunegui de toda la vida, de los que habían tenido la concesión de Armani en España, que le trajera dinero de Londres en billetes y que en alguna ocasión había tenido algún problema en la aduana. De ahí que la Fiscalía Anticorrupción preguntase abiertamente a Treviño delante de la policía si se había dedicado a hacer de correo de los Urdangarin, a lo que respondió que la única explicación de sus continuos viajes a Londres se basa en que sus hijos estudian allí. «Claro que tenemos cuentas fuera», presumía hablando ya en plural del matrimonio. «Y las tenemos porque en nuestra familia siempre las han tenido», apostillaba sin reparar en la trascendencia de lo que estaba diciendo y olvidando que, al final, y sobre todo cuando vienen mal dadas, todo se acaba sabiendo.

CAPÍTULO X

«Nóos forramos». Una indignada llamada Letizia. Felipe VI apuesta por la teoría fernandina o almansiana: «Hay que amputar el miembro gangrenado». Los herederos no quieren que les vinculen con los Urdanga: «Que se note». El cuñado da la espalda al cuñado en el Palau Sant Jordi

Martín Lutero rompió con Roma el 31 de octubre de 1517. Y lo hizo clavando de la puerta de la iglesia del palacio de Wittenberg sus noventa y cinco tesis. Un desafío en toda regla al Papa y, en resumidas cuentas, a la corrupción que infestaba desde el primer hasta el último rincón de la cúpula de la Iglesia en los Estados Pontificios. La reacción de León X fue declarar hereje al alemán y lanzar la Contrarreforma. Pero, casi sin querer, el agustino sentó las bases del protestantismo que hoy día impera en Alemania, en parte de los Países Bajos y en Escandinavia.

Sofía de Grecia, nuestra reina, es de alguna manera heredera de esa ética protestante, de esa forma de ver la vida. Entre otras razones, porque aunque nació en el palacio ateniense de Tatoi no deja de ser una Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Lo cual la vincula más a Dinamarca, Noruega, Islandia y por supuesto Alemania (por línea materna es una Hannover) que al país de Aristóteles, Platón, Homero, Onassis, María Callas o Papandreu. La primogénita del rey Pablo I es germano-escandinava por tres de los cuatro costados. Su madre, la reina Federica, que murió en Madrid en 1981, era directamente alemana, nació en un pueblo de Sajonia. Su progenitor tenía orígenes germanos pero por sus venas también corría sangre rusa, ya que su abuela, es decir, la bisabuela de doña Sofía, era una Romanov.

Los genes de doña Sofía están, por tanto, más vinculados a esas austeras tierras del norte que a ese sur de Europa que peca sin parar porque sabe que al día siguiente se le otorgará la absolución previa confesión. Pese a que recibió el bautismo ortodoxo, genéticamente es una protestante. Y así la educaron: en la moral calvinista y luterana que tan bien reflejó Max Weber en su obra magna, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Una forma de ver la vida en la que el trabajo santifica, la austeridad es uno de los mandamientos esenciales y la corrupción es sinónimo de pasaporte al averno.

A doña Sofía se le pueden negar, como a todos, muchas virtudes. Pero no la de la honradez y la austeridad. Y así lo ha transmitido a su hijo, el príncipe de Asturias. Ella se arrogó el monopolio de la educación del futuro Felipe VI y, consecuentemente, Felipe VI es una extensión de su personalidad austera, éticamente impecable y diametralmente opuesta a la ostentación.

Quizá por eso y seguramente porque es la mayor china que han puesto en su camino al trono, una china de toneladas de peso más bien, Felipe de Borbón estableció un antes y un después del Caso Urdangarin. En las jornadas que sucedieron a la publicación por parte de El Mundo de las escandalosas facturas del dúo Urdangarin-Torres en el Fórum balear y en el Summit valenciano en septiembre de 2011, el heredero se interesó por las dimensiones del escándalo. Quería saber a toda costa hasta dónde podía llegar la sangría. Cuando a mediados de octubre alguien le informó de que era un asunto de consecuencias impredecibles, que esto solo era la punta del iceberg, se puso manos a la obra, tomó personalmente el timón del gabinete de crisis y comenzó a poner tierra de por medio con el matrimonio ducal por convicción y para evitar ser el receptor de los daños colaterales de unas mangancias en las que no había tenido ni arte ni parte. Es más, los Asturias habían hecho constar repetidamente en palacio su extrañeza por «lo fuerte» que iban hermana y cuñadísimo. Muy especialmente, a raíz de la adquisición del palacete de mil metros cuadrados por 9 millones de euros o, lo que es lo mismo, 1500 millones de pesetas. Un lujo al alcance de muy pocos en Barcelona: futbolistas tipo Ronaldinho —la estrella culé de la época de la adquisición de la vivienda—, Messi —que estuvo a punto de quedársela ocho años después—, Neymar o el padre de Neymar, empresarios modelo Isak Andic o Sol Daurella y pocos privilegiados más.

«El ritmo de vida de mi hermana y mi cuñado no es normal», solía comentar con rostro de preocupación el príncipe, un hombre que jamás habla de más, a sus leales. Con más apasionamiento pero igual contundencia se expresaba doña Letizia.

Los signos externos son los que acaban por matar civil y penalmente a los corruptos. E Iñaki Urdangarin no incumplió esta regla no escrita. «Comprarte una casa de 9 kilos cuando entre tu mujer y tú ganáis alrededor de 150 000 euros al año canta un montón, más que nada, porque estamos hablando de una hipoteca de unos 20 000 euros mensuales. Aquí, en Barcelona, fue un escándalo que no pasaba de ser la comidilla de la zona alta hasta que el reportaje de Crónica [el suplemento dominical de El Mundo] convirtió en vox pópuli el secreto a voces», razona un miembro de la alta sociedad barcelonesa conocido de los duques e íntimo del príncipe, con el que solía coincidir en sus años mozos en ese paraíso del esquí y la naturaleza que es Baqueira Beret.

Claro que en honor a la verdad hay que resaltar que los duques de Palma disfrutaron de su mansión gratis total durante los primeros cuatro años. La Caixa les otorgó una cuenta de crédito con garantía hipotecaria por treinta años con un tipo de interés del Euribor +0,50 por ciento y exenta de comisiones de apertura, estudio o cancelación. Lo más llamativo es que había una carencia entre 2004 y 2008, periodo en el que la pareja Urdangarin-Borbón no tuvo que amortizar un solo euro. El banco que preside Isidre Fainé, un hombre de Harvard y del IESE con bien ganada fama de serio y profesional, ha mantenido sistemáticamente que las condiciones son las habituales para los empleados de la casa.

Don Felipe comenzó a capitanear la crisis como delegado de su regio padre en noviembre, después de haberse pasado semanas preguntando: «¿Pero esto es verdad?» sin encontrar una respuesta que le satisficiera. A pesar del aluvión de pruebas en forma de facturas publicado por El Mundo el último domingo de septiembre, entre ellas una que tenía un epígrafe revelador, «pago de comisiones futuras», continuaba aferrado a la cada vez más remota posibilidad de que todo fuera un malentendido o una cosa «única y estrictamente» de Diego Torres. No podía creer que su cuñado fuera tan licencioso en sus prácticas empresariales y tan torpe a la hora de esconder las huellas de sus trapacerías, entre las cuales se incluía también el cobro de 300 000 euros a esa casa del saqueo que era la SGAE por «ayudarles a mejorar su imagen». Pero las aguas, mal que bien porque era un lance de esos imposibles de lidiar, se reencauzaron. El príncipe de Asturias hizo suya la idea puesta encima de la mesa por Fernando Almansa y parcialmente por Rafael Spottorno de romper lazos con la séptima en la línea de su sucesión y su inconveniente marido. La teoría de la amputación del miembro gangrenado, en palabras del vizconde de Almansa.

El futuro Felipe VI se reunió con el entonces presidenciable Rajoy, con la secretaria general del PP y con el líder de un PSOE en caída libre a dos meses de las generales, Alfredo Pérez Rubalcaba. El perogrullesco fin de estos discretos encuentros fue recabar el respaldo de las formaciones que representan a tres cuartas partes del electorado, en definitiva, de tres cuartas partes de la opinión pública. «Tened sentido de Estado», reclamaba, tanto a los líderes políticos como a conocidos periodistas y opinadores con los que también se entrevistó. Doña Letizia estaba al tanto de estos y otros movimientos que momentáneamente lograron frenar la hemorragia. En aquellas zozobrantes jornadas, don Felipe expresó en voz alta su pensamiento en un acto de la Fundación Príncipe de Girona. Fue un recadito en toda regla en dirección a Washington DC: «Somos una fundación joven, pero movida por la ambición honesta y transparente», afirmó en una más explícita que implícita andanada a un Urdangarin cuya peor cara se vio al certificar que había empleado una ONG de niños discapacitados, enfermos de cáncer y marginados para evadir dinero saqueado de Valencia y Baleares a paraísos fiscales.

El punto de no retorno tuvo lugar el fin de semana en que el rey y su hijo convocaron al protagonista del Caso Urdangarin en Zarzuela para pedirle explicaciones. Lejos de pedir perdón, de mostrar propósito de enmienda, Iñaki eligió la estrategia del Brasil de Pelé. La de que la mejor defensa es un buen ataque.

—¡Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana, pues yo también! —alzó la voz el denunciado, que, por unos segundos, se transformó en denunciante.

Otras versiones sostienen que la frase exacta no fue «lo que le da la gana» sino lo que le sale de salve sea la parte. Un matiz que no altera el significado ni el fondo de la aseveración. Aquel fue un punto de no retorno, el «nunca más» de las relaciones entre el príncipe y los duques de Palma, antaño inmejorables.

Inobjetable fue también su respuesta cuando el regatista Pepote Ballester, medalla de oro en Atlanta 96, le telefoneó para pedirle que intercediera por él en el Caso Palma Arena y en el Caso Urdangarin. Quería le apañase su suerte procesal. El deportista está imputado por cobrar comisiones en el primer escándalo y en el segundo por haber firmado los 2,3 millones que el Govern balear dio a Nóos por un par de foros cuyo coste real fue la décima parte. «No», fue la lacónica respuesta principesca. Acto seguido, hizo ver a su compañero de equipo olímpico en Barcelona 92 que la separación de poderes es sagrada para él. Y punto.

Las semanas pasaron y poco a poco se fue apartando al príncipe de la conducción de la mayor crisis de la institución en treinta y siete años de juancarlismo. Hasta que el heredero se desentendió y el barco quedó a merced de las olas más grandes que vieron los tiempos. El timón había quedado huérfano y unas veces la nave viraba a babor, otras a estribor, pero nunca enfilaba en línea recta. Y todo ello en medio de un maremoto. La roca que podía hundir el portaaviones estaba cada vez más cerca.

El cara a cara en Zarzuela fue definitivo para el hombre que en estos momentos está acusado de seis delitos por una Fiscalía Anticorrupción que si de algo es sospechosa es de haber remado a favor de palacio. El príncipe dijo: «Nunca más». Y nunca más. Desde entonces no ha intercambiado siquiera un saludo de cortesía con su cuñado. De hablar, ni hablamos. No le perdona sus corruptelas y no olvida el macarrismo con el que se desenvolvió ante él y, sobre todo, ante su padre, que confió en Urdangarin y lo trató como a un hijo pese a los recelos iniciales y las voces que le advertían de que el personaje era «un piernas». Le habían dado el pie, se había cogido la mano y encima se les ponía gallito en una descomunal falta de respeto personal e institucional.

En la primavera de 2012 don Felipe se sorprendió en una cena íntima cuando alguien planteó el tema del que todos querían hablar pero que nadie se atrevía a sacar a colación.

—¿Qué opina, señor, del Caso Urdangarin?

El hijo de don Juan Carlos, harto ya del tema, no entró cual elefante en cacharrería ni respondió desairado. Se limitó a tirar de esa fina ironía que tan pocos conocen. Y lo hizo parafraseando a su mujer.

—Como dice Letizia, lo de Urdangarin no es el Instituto Nóos, lo de Urdangarin es «Nóos forramos».

Todos los presentes estallaron en una carcajada. Unos disimularon y otros no, porque, las cosas como son, el futuro jefe del Estado tiene un carro de gracia. Tras esa apariencia aparentemente encorsetada se esconde un cuarentañero socarrón, un personaje dotado de un finísimo sentido del humor, muy british, muy Battenberg.

Si el príncipe fue la gran víctima colateral del lío montado por el cuñado con ínfulas de multimillonario, doña Cristina fue la víctima colateral de la víctima colateral. Ella y Felipe se adoraban mutuamente. Dormían en palacio enfrente el uno del otro, en habitaciones distantes no más de cinco metros. Compartían amistades. Se confiaban los secretillos del amor. Y les unía también su hobby marinero. Y él era plenamente consciente, además, de que es ni más ni menos que la séptima en la línea de sucesión tras él mismo, la infanta Leonor, su hermana Sofía, la infanta doña Elena y los hijos que ella tuvo con Jaime de Marichalar, Felipe y Victoria. La séptima… de momento.

El heredero cortó por lo sano. Radicalmente. Sin la más mínima concesión al perdón. Y aunque parezca mentira culpa del Caso Urdangarin tanto al protagonista como a esa actriz teóricamente secundaria que es su hermana. Esa es la verdad por mucho que algún@s cortesan@s intenten despistar o disimular la realidad parcheándola o relativizándola. A él no le van a contar lo lista que es ella, lo consciente que es del papel de la monarquía y lo asentada que tiene en su cabeza esa ley no escrita que advierte que los privilegios de los royals son consustanciales a la ejemplaridad. Dicho de otra manera más facilita: que sin ejemplaridad no hay privilegios. Considera que su antaño hermana del alma debería haber parado los pies a unos tipos sin escrúpulos y sin límites como son el antiguo pivote del Fútbol Club Barcelona de balonmano y Diego Torres. Y que si no lo hizo es tan responsable como su marido.

Felipe de Borbón y Grecia le puso la cruz a Cristina, obviamente a Iñaki, pero también a los hijos de ambos: Juan, Pablo, Miguel e Irene. Les castigó con el silencio, la más borbónica de las maneras de vengarse de un agravio, una afrenta o, como en el episodio que nos ocupa, de un daño de difícil reparación. Y se ocupó y preocupó de hacer patente ese desprecio a los que habían sobrepasado todas las líneas rojas. El interesado sabe mejor que nadie que para ganar las grandes guerras de poder hay que haber vencido previamente en todas y cada una de las batallas de la opinión pública. Y más en la era de las redes sociales, en la que hay que adelantarse a los acontecimientos situándose a la cabeza de la manifestación en cuestión de minutos u horas porque todo va a una velocidad supersónica. No bastaba con que los despreciara, era imprescindible además que se supiera.

No obstante, las relaciones Felipe-Cristina habían bajado de rating hacía tiempo. Antes y durante el fugaz noviazgo con la presentadora del Telediario de TVE Letizia Ortiz Rocasolano la nota era AAA, el máximo de los máximos. El anuncio del enlace no gustó nada al padre y provocó los primeros celos de las hermanas, que consideraban una arribista a la futura reina consorte. El día de la petición de mano en el palacio de El Pardo se podían ver tres rostros más propios de un mal día o un funeral que de la alegría consustancial al anuncio de un matrimonio: don Juan Carlos, que siempre se opuso a los planes de su hijo, doña Elena, tan circunspecta como su marido, Jaime de Marichalar, y una doña Cristina que disimuló mejor que su padre y su hermana su malestar ante un enlace «desigual».

Don Juan Carlos lo pudo expresar más alto pero no más claro en presencia de los Albertos: «Es lo peor que ha entrado en la Casa en muchos años». El desafecto regio le llegó pronto a Letizia, que hizo de tripas corazón y tiró adelante como si la hubieran educado desde pequeñita para superar semejantes embates del destino. La ruptura definitiva con el rey se produjo en una cena oficial cuando don Juan Carlos tuvo un gesto de desprecio hacia doña Sofía, todo el mundo miró al techo silbando y Letizia le sostuvo la mirada en un gesto de indiscutible desaprobación. Con doña Elena y doña Cristina el proceso de desafección fue algo más gradual. Y por consiguiente el afecto de don Felipe hacia ellas fue derivando poco a poco hasta instalarse en BBB, donde permaneció durante años hasta que el Caso Urdangarin situó el cariño principesco hacia la pequeña de las Borbón-Grecia en el rango de bono basura.

Las hermanas hacían causa común contra doña Letizia por su extracción social y por un estilo directo que no contribuye precisamente a limar asperezas. Les sacaba de sus casillas que una novata les arrebatase de la noche a la mañana el protagonismo del que habían gozado desde que vinieran al mundo en la clínica Nuestra Señora del Loreto de Reina Victoria. Letizia por aquí, Letizia por allá, Juan Español solo tenía ojos para ella. Una cara nueva, con un pico de oro, lista, muy lista, y bella encima. Lo que les faltaba a las hijas del monarca. La ovetense monopolizó el debate público de tal manera que parecía como si las cuñadísimas nunca hubieran existido.

Los modos y maneras de doña Letizia en el cuidado de sus hijas Leonor y Sofía acrecentaron la tirria de Elena y muy especialmente de Cristina. La princesa siempre ha querido dotar de la más absoluta normalidad la educación y el crecimiento de las infantas. «Tonterías en esta materia, las justas», es su leitmotiv. Está volcada en ellas. Y no ha dudado en relacionarlas tanto o más con las amigas del cole, Santa María de los Rosales, el mismo en el que estudió don Felipe, que con sus primos. Y por si fuera poco ha levantado un muro ante sus cuñadas, que se las ven y se las desean para ver a sus sobrinas.

Con la reina las cosas son diferentes. Se llevan de maravilla o cuando menos razonablemente bien dentro de lo que son los siempre tirantes vínculos suegr@s-yernos o suegr@s-nueras. Doña Letizia se ve permanentemente reflejada en la mujer del jefe del Estado. La considera una buenísima persona, permanentemente preocupada de la unidad familiar, la única que ha hecho lo humano y lo divino por acabar con los diversos universos existentes en La Zarzuela, que están carcomiendo desde dentro la dinastía Borbón. Es la única incondicional que tiene en palacio, excepción hecha, obviamente, de su marido.

Desde el minuto uno, don Felipe ha transmitido a doña Letizia la necesidad de aplicarse a rajatabla el refranero castellano, que defiende aquello de que «no hay mejor desprecio que no hacer aprecio». Y aunque ha habido veces que lo hubiera mandado todo y a todos a esparragar, ha sabido sortear los mil y un obstáculos que le han puesto en una carrera de fondo que en ocasiones se ha asemejado más a una película de terror que a una de princesas.

El tiempo habría de darle la razón en su particular guerra con doña Cristina. Nunca le gustó. E Iñaki Urdangarin menos, lo consideraba un hombre sin sustancia. El estallido en el diario El Mundo de la historia moderna del caso, en septiembre de 2011, le causó un mix de satisfacción y temor. Satisfacción porque ella podía jactarse de haber anticipado lo que habría de venir. La periodista fue la primera en percatarse del tren de vida de nuevo rico de los Urdangarin. A ella, que hasta hacía no tanto había pisado tierra, no se le escapaba que con una semifundación como es un instituto «sin ánimo de lucro» y una nómina de La Caixa no da para tanto como destacaban. Y temor porque veía que la «copa de vino» en forma de trono se les podía escapar por circunstancias ajenas a su voluntad.

De la guerra fría con la infanta Cristina pasó a tratarla como si no existiera. Cuando coincidían, ni la miraba, la trataba como si fuera un poste, un elemento decorativo, un ser inanimado. Y eso que siempre que pudo, la esquivó. Por ejemplo: el día (23 de noviembre de 2012) en que el doctor Ángel Villamor intervino quirúrgicamente al monarca por segunda vez de la cadera en la clínica San José de la madrileña calle de Cartagena. El príncipe montó en cólera cuando le previnieron de que Cristina iba a visitar al convaleciente con su marido, que para entonces acumulaba cuatro imputaciones delictivas. Y obviamente puso como condición sine qua non para visitar a su regio padre que los Urdangarin-Borbón entraran y salieran antes que ellos. No quería fotos con una pareja que era sinónimo de corrupción. Ídem de ídem ocurrió en septiembre de 2013 cuando el mecánico Cabanela hizo pasar por el taller a don Juan Carlos en la clínica Quirón para reparar la cada vez más maltrecha cadera. Esta vez no había iñakis de por medio pero tampoco quería instantáneas para la historia con una Cristina de Borbón que ya había sido imputada por el juez Castro y sobre la que pesaba la larguísima sombra de la sospecha. De nuevo la consigna era «que se note, y cuanto más mejor».

Letizia Ortiz tampoco podía esconder su malestar en el posado obligado al que tuvo que prestarse tras salir de la representación del musical Sonrisas y lágrimas en el teatro Coliseum de la Gran Vía con su suegra, sus dos cuñadas y los hijos respectivos. La insistencia de la reina en atender a los fotógrafos desplazados hizo que su nuera tuviera que hacer una forzosa excepción a esa regla que se autoimpusieron ella y su marido de ignorar, y hacer que se note, a los duques de Palma. De no inmortalizarse nunca con ellos. Su rictus contenía mosqueo y resignación a partes iguales.

El más evidente de ese máximo desprecio que consiste en no hacer aprecio tuvo lugar en el Palau Sant Jordi durante la final del Mundial que España ganó a Dinamarca por 35 a 18. Don Felipe bajó a la pista para departir con los jugadores españoles tras una paliza que confirmaba a nuestro país como la primera potencia en balonmano. La enésima alegría de la edad de oro del deporte español. El príncipe saludó afectuosamente uno a uno a los vencedores a escasos diez metros del lugar donde se sentaba Urdangarin con sus vástagos, a los que no hizo el más mínimo caso ni dirigió la palabra.

Doña Letizia, que ejerce de consejera de comunicación del que algún día será jefe del Estado, es la principal ideóloga de la ruptura total. Detesta la corrupción urdangarina tanto como esos viajes de Estado en los que se mezclan actos oficiales con negocios privados. No le gusta que los mismos de hace treinta años sigan haciendo lo mismo treinta años después. Lo suyo es cero tolerancia con la corrupción. En honor a la verdad hay que reconocer que su familia jamás ha incurrido en un escándalo de dinero. Su padre, Jesús Ortiz, continúa trabajando en la misma empresa en la que desempeñaba sus funciones antes de la boda de Estado en La Almudena: Estudio de Comunicación, propiedad del también asturiano Lalo Azcona. La vida sigue igual para el padrísimo, que lleva veintisiete años de consultor sénior con el muso de la Transición.

La madre, Paloma Rocasolano, ha brillado igualmente por su discreción. Lo mismo que Telma Ortiz, casada con el empresario navarro Jaime del Burgo, hijo del dirigente popular del mismo nombre y expresidente de la Comunidad Foral. La vida de la cabeza de familia no ha cambiado ni a mejor ni a peor. Es la misma de siempre. Reside en un estudio de treinta y siete metros cuadrados en el Madrid de los Austrias, continúa ejerciendo de delegada del sindicato de enfermeros SATSE y, camino de la jubilación, se ha matriculado en Historia en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). La única nota discordante la ha puesto Henar Ortiz, la hermana de Jesús, que ha montado más de un sonado follón. Dicen que la tía Henar intentó colocar por 600 000 euros las imágenes del primer enlace matrimonial con el profesor Alonso Guerrero. Este es uno de esos rumores que suelen ser la antesala de la noticia, pero en eso, un rumor, ha quedado. Lo que no debe de tener tan claro Henar Ortiz es ese aserto que Franco repetía hasta la saciedad a sus lenguaraces ministros: «Uno es dueño de sus silencios pero esclavo de sus palabras». La retahíla de inconveniencias verbales es una historia interminable. Y divertida. La hija de Menchu se recrea declarándose en Twitter «laica, roja y republicana». En las redes sociales también ha censurado en términos muy duros las cacerías de elefantes del suegro de su sobrina, ha vaticinado que «Letizia no llegará a reinar» y se ha jactado hasta la saciedad de votar a Izquierda Unida. Más recientemente se atrevió a poner negro sobre blanco lo que los españoles opinan mayoritariamente sobre el trato dispensado por el Ministerio de Justicia a la infanta Cristina: «El fiscal defensor de la infanta habla de “conspiración” y es verdad, es la Fiscalía la que conspira contra la sociedad». Y para que nada falte, se autoproclama heredera de la Revolución de 1934, que precisamente desde su tierra mantuvo en jaque al gobierno de Lerroux durante dos semanas.

Pero por mucho que quieran buscarle tres pies al gato, lo de Henar no deja de ser la respetable opinión de un alma libérrima e indomable. A los Ortiz-Rocasolano los han investigado por los cuatro costados y jamás les han podido encontrar el más mínimo trato de favor o la más inocente de las corruptelas. Y en ese currículum inmaculado ha tenido mucho que ver la jefa del clan, doña Letizia, que ató a los suyos en corto desde que el príncipe la eligió para garantizar la continuidad de la dinastía. Bromas, con la princesa, ni una. Ella predica con el ejemplo empleando para sus gastos el sueldo que le asignó la Casa del Rey, 59 451 euros, el mismo que el de un subsecretario.

Lo mismo puede decirse de las personas más cercanas al príncipe. Ni una sola ha hecho negocios al amparo del Boletín Oficial del Estado (BOE). Es más, cuando quieren ganar dinero optan por poner tierra de por medio e irse a Turquía y otros destinos para no poner en aprietos a su amigo. Que en esto, como en lo de la mujer del César, no solo hay que ser honrado sino también parecerlo. Y en España no puede decirse que les vayan requetebién las cosas. Las empresas de los mejores amigos del colegio Santa María de Rosales, Álvaro y Ricky Fuster, no viven su mejor época precisamente. La Compañía Aeronáutica Española, heredada de su padre, el que fuera embajador en la península de McDonnell Douglas, factura menos de un millón de euros anuales y gana 35 000, la séptima u octava parte que hace una década. Mucho más ruinosa les ha salido la millonaria inversión que realizaron en energías renovables a través de Spanish Power, que en el último ejercicio perdió 1,4 millones. Otras víctimas del engaño del gobierno de España, que de la noche a la mañana recortó las subvenciones dejando en la estacada a cientos de miles de familias que habían confiado todos sus ahorros a una inversión «segura». Ricky Fuster, casado con la espectacular mexicana Mónica Sánchez Navarro, heredera del imperio cervecero Modelo, el de las coronitas, continúa compartiendo fines de semana y escapadas con los príncipes de Asturias. Al igual que su hermano Álvaro, casado con Beatriz Mira, exnovia del cantante venezolano Carlos Baute, son los más apreciados amigos de la persona que reinará España. Gente de ley, que nunca se ha aprovechado del hecho de ser los pata negra entre los íntimos y que ni siendo víctimas de la peor de las torturas le traicionarían.

El tercer incondicional, que además ha congeniado a las mil maravillas con Letizia, es Javier López Madrid. Este empresario de éxito, ex de Goldman Sachs, es hijo de un gallego que desde muy abajo se hizo muy rico al adjudicarse la concesión de Volvo en España. El hermano mayor de Javier, Germán, es en estos momentos el presidente peninsular de la firma automovilística sueca. El pequeño de los López Madrid se casó con Silvia Villar-Mir, hija del presidente del gigante OHL, grupo en el que trabaja. Durante años optó a la sucesión en la cúspide de un grupo que ha crecido exponencialmente, pero ahora parece haber quedado relegado a un segundo plano por la irrupción del exministro Josep Piqué como vicepresidente y consejero delegado y la confirmación de que Juan Villar-Mir sucederá a su padre al frente del imperio de Torre Espacio. Y eso que Juan Miguel Villar-Mir continúa a sus ochenta y dos años en plena forma, con OHL doblando el valor de las acciones en los dos peores años de la historia económica de España, captando negocio sin parar y asentando un gigante creado de la nada años después de dejar la vicepresidencia del Gobierno en 1976. Un Juan Miguel Villar-Mir que pasó de los grandes titulares de los diarios de información económica a los deportivos cuando concurrió a las elecciones a la presidencia del Real Madrid en 2006, que Ramón Calderón le robó con maquiavélicas artes.

Javier López Madrid es a día de hoy, sin ninguna discusión, el más próximo a Felipe de Borbón. Su confidente, su amigo y su consejero. De la fortaleza del vínculo da fe su condición de patrono de la Fundación Príncipe de Asturias. Su único lunar es que está imputado en el Caso Bankia. Nunca lamentará lo suficiente haber aceptado convertirse en consejero de Caja Madrid en 2008, cuando presidía la entidad Miguel Blesa. Esta circunstancia ha ralentizado notablemente una carrera fulgurante.

El cuarto en discordia es Perico López-Quesada, marido de una prima del príncipe, Cristina de Borbón dos Sicilias, hija mayor del infante don Carlos. El director general de Citigroup en España fue precisamente el escudero en la escapada principesca a Formigal a mediados de enero de 2014. Fin de semana en el Valle del Tena sin Letizia y sin hijas y con la sola compañía de un primo político, que tampoco ha dado nunca que hablar.

Y mientras tanto Felipe de Borbón y Grecia continúa observando el devenir de las cosas desde la barrera. A sabiendas de que su futuro como rey constitucional pasa por la condena de su todavía cuñado. La sanción penal de los delitos presuntamente cometidos por el marido de la infanta Cristina permitiría a Zarzuela recuperar el prestigio perdido a los ojos de una opinión pública cada vez menos tolerante con los abusos de poder. Un nuevo trato de favor, como el otorgado a doña Cristina, sería el peor escenario a futuro para alguien que ve cómo la mayor parte de sus coetáneos en Europa ha subido ya al trono mientras él continúa esperando. Paradojas de la vida.

CAPÍTULO XI

Diego Torres suelta más «bombas atómicas». Una vieja amiga llamada Corinna aparece en escena. 2004 o el comienzo de una larga amistad entre Su Alteza Serenísima y el duque de Palma. El rey echa una mano a Corinna en los Juegos Europeos. Cita en la cumbre en Estoril. El juez Castro dice «no» a la imputación de la megabella

Una nueva resolución judicial volvió a variar el curso de los acontecimientos y revolvió a Diego Torres como nunca antes lo había hecho el procedimiento en el que se encontraba inmerso. Convencido de que su goteo de «bombas atómicas» en forma de e-mails sería infalible en su anhelo de que la justicia soltara de una vez su presa, la antigua mano derecha de Iñaki Urdangarin sufrió un revés inesperado.

Había incluido como condición sine qua non para rebajar el diapasón de su chantaje que su mujer Ana María Tejeiro fuese apartada de inmediato del procedimiento. Si la infanta Cristina había sido orillada, su mujer debía correr la misma suerte. O todas o ninguna, se había convertido en su nuevo lema. El dinero y el empleo en Telefónica pasaron a un plano menor. Había que salvar de la quema a Ana María, que lo estaba pasando especialmente mal y le estaba afectando a su salud.

Su mujer era lo primero para que las negociaciones no se rompieran definitivamente. De lo contrario, aseguraba a través de su abogado, recrudecería su ataque, aumentaría el calibre de su munición y sus cañones, que ya estaban teledirigidos a la Casa Real desde hacía meses, dejarían de estar entretenidos con el secretario personal de las infantas y la propia hija del rey para apuntar directamente a la cabeza. De nuevo aquello sonaba a bravuconada, pero lo más inquietante resultaba ser que siempre que su abogado Manuel González Peeters anunciaba un nuevo bombardeo se acababa cumpliendo, coincidiendo milimétricamente con las coordenadas exactas anunciadas de antemano. La Audiencia de Palma, ajena a estos vericuetos, activó involuntariamente el resorte definitivo y desató una suerte de tormenta perfecta.

La esposa de Torres pidió el sobreseimiento, el juez Castro lo rechazó, y la última palabra recayó en la Audiencia palmesana. «Las mismas razones esgrimidas para excluir a la infanta Cristina deben ser utilizadas para excluir a la mujer de Torres», alegaban los letrados de Tejeiro, que sostenían que el Grupo Nóos lo dirigían «Iñaki Urdangarin y el secretario personal de las infantas, Carlos García Revenga», y que el rol de la familia Torres era secundario.

El exsocio del duque de Palma tenía fundadas esperanzas de que si Zarzuela no quería que la guerra fuera a mayores influiría en la sección de la Audiencia que iba a resolver este recurso. De lo contrario, González Peeters ya exhibía con su característica sonrisa pícara y burlona una nueva batería de correos electrónicos en la que aparecía un nombre misterioso y subyugante: el de Corinna Sayn-Wittgenstein. La bella, desconocida y «entrañable» amiga del rey que le acompañaba en la cacería de elefantes de Botsuana organizada por el sirio-saudí Mohamed Eyad Kayali en la que se fracturó la cadera, teniendo que ser evacuado de urgencia a España.

Desde entonces se había especulado con el calado de la relación entre el rey y su amiga Corinna, hasta convertirse la supuesta princesa alemana en una de las figuras más enigmáticas del panorama nacional. La aristócrata no había querido prodigarse en los medios de comunicación y se limitó a hacer unas breves declaraciones a The New York Times que engordaron todavía más su leyenda.

«El rey es un tesoro nacional», aseguraba la acompañante de cacería de don Juan Carlos al mismo tiempo que se presentaba a sí misma como «asistente estratégica del gobierno español» a través de su sociedad Apollonia Associates. «Cuando el rey entra en una habitación irradia calidez y carisma y conecta con todo el mundo. No deja a nadie indiferente», apostillaba para dejar claro el grado de intimidad que mantenía con el jefe de Estado español.

El reportaje del rotativo trajo cola porque sus periodistas llegaron a cifrar la «fortuna» del monarca español en «1800 millones de euros». También criticaban la opacidad que envuelve a la primera institución española y repasaban los últimos escándalos protagonizados por sus miembros. Pero sobre todo porque ponía en cuestión cuál era realmente el papel de Corinna. Máxime cuando el diario alemán Bild acababa de publicar la fotografía del viaje oficial del rey a Stuttgart en 2006 en el que el monarca recorrió la alfombra roja del aeropuerto alemán seguido a escasos metros de su amiga. Bild formulaba a continuación la siguiente pregunta retórica: «¿Cómo soporta doña Sofía a don Juan Carlos? ¡Pobre reina Sofía! ¿Se mantendrá mucho tiempo el matrimonio real?».

González Peeters, aprovechando siempre el descanso de una declaración coyuntural del proceso, entre viandas, gin-tonics de Bombay y confidencias, asomó su nuevo proyectil ante un reducido grupo de abogados y quiso dejar caer intencionadamente al fiscal Pedro Horrach y al juez José Castro lo que se traía entre manos. Si no había manipulado el contenido de los correos electrónicos, aparecía efectivamente la ya célebre Corinna vinculada a las actividades de Urdangarin en Nóos. Aquello suponía la cuadratura del círculo y un elemento que, si bien no aportaba nada sustancioso al procedimiento judicial, sí que elevaba el listón de la extorsión a cotas desconocidas al involucrar de lleno al rey, con su amiga personal mediante, en la trama investigada por el Juzgado de Instrucción 3 de Palma.

La Audiencia de Palma analizó el rol de la infanta y el de Ana María Tejeiro y desoyó los cantos de sirena de Torres. En un auto clarividente rechazaba establecer un «paralelismo» entre las dos porque consideraba que las funciones que desempeñaban una y otra eran distintas. «Hay indicios que apuntan a que la participación de Ana Tejeiro era más activa», subrayaba el tribunal, que atribuía a la esposa del controvertido exsocio una intervención efectiva en el diseño de la estrategia para cobrar de los gobiernos de Baleares y Valencia y desviarse a renglón seguido los fondos a sus cuentas personales.

Asimismo, la consideraba responsable de la constitución de una de las grandes sociedades instrumentales creadas para vaciar las arcas del instituto, Nóos Consultoría Estratégica, y ponía como ejemplo la declaración de algunos de los más estrechos colaboradores del duque de Palma, como Mario Sorribas, que afirmó que Tejeiro «conocía» las actividades delictivas desarrolladas por Nóos.

Esta decisión provocó la ira de todos los infiernos, que se caldearon todavía más por el hallazgo judicial casi simultáneo de que el dúo Urdangarin-Torres había ocultado en plena investigación un millón de euros en una cuenta del Credit Suisse de Luxemburgo en la que, por cierto, tenía firma y poderes la ingenua Ana Tejeiro.

El dinero era originariamente de los dos máximos cabecillas de Nóos, ya que provenía indiscutiblemente de las arcas del instituto y era difícil, por lo tanto, establecer distingos entre sus propietarios. Sin embargo el descubrimiento constituía un varapalo sin precedentes para el matrimonio Torres-Tejeiro, que a diferencia del duque de Palma había sido pillado in fraganti por las autoridades luxemburguesas ingresando en esa misma cuenta los 400 000 euros que se habían llevado hacía no mucho tiempo, también en plenas pesquisas, de otra cuenta andorrana y que estaban siendo buscados con ahínco por la Policía Judicial.

Torres y su esposa estaban literalmente acorralados. Cazados con las manos en la masa llevándose el dinero del Instituto Nóos a sus sociedades patrimoniales y poniendo a continuación a buen recaudo el botín en paraísos fiscales en pleno proceso judicial para garantizarse un buen colchón por lo que pudiera pasar en el futuro.

El juez Castro ordenó a la misma Policía Judicial encargada de la búsqueda del botín de Nóos que rastreara de forma exhaustiva los discos duros intervenidos a Diego Torres en los registros de su domicilio y sus oficinas en noviembre de 2011. Concretamente pedía que se centrara en un dispositivo Samsung de 1000 gigas que empleaba Torres habitualmente para volcar las copias de seguridad de sus documentos. No fuera a ser que las «bombas atómicas» que tanto temían estuvieran en su poder y a estas alturas no se hubieran dado cuenta.

El encargo corrió a cargo de la Brigada de Policía Científica de Madrid, que confeccionó una lista de «palabras clave» con la que llevó a cabo una búsqueda para calibrar el material que contenía aquel soporte. Los agentes empezaron por introducir en el buscador las iniciales «S. M.» con las que los trabajadores de Nóos se referían al rey; los apellidos de la infanta, «Borbón y Grecia»; y también los de su secretario, «García Revenga». Tras hallar 41 referencias al monarca, el grueso se encontraba en las continuas alusiones a paraísos fiscales.

Al introducir en la búsqueda palabras como «Andorra», «Suiza», «Belice» o «Luxemburgo», el resultado resultaba espectacular. Así, por citar algunos ejemplos, aparecieron de golpe 411 alusiones a Andorra, 371 a Suiza, 123 a Luxemburgo y 19 a Belice, lo cual agravaba todavía más la situación de la pareja, propietaria y custodia de aquel disco duro, pero seguía sin esclarecer el enigma del ilocalizable arsenal nuclear.

La situación de ambos se tornó desesperada porque se acababan de quedar sin el dinero con el que contaban para seguir viviendo con holgura durante los años venideros. Se acabaron entonces las excusas, las amenazas y las negociaciones, que por otra parte seguían sin proporcionarles la cantidad exigida ni una mejora del trato por parte de los investigadores.

Sería entonces, pensaron, que el grado del chantaje no había sido suficiente y que había que demostrar, ahora sí, que no jugaban de farol y que en este envite iban a por todas. El jueves 10 de enero de 2013 fue la fecha escogida por el antiguo profesor de ESADE para activar la primera gran detonación. Puso en marcha el mismo protocolo de otras ocasiones. Presentó un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma a última hora de la mañana para garantizarse que ya no sería notificado hasta el día siguiente al resto de las partes personadas y lo filtró a conveniencia para gestionar personalmente la deflagración. Le interesaba que la munición no se malgastara en las páginas web durante esa misma tarde y que aguantase intacta hasta las portadas de los periódicos del día siguiente.

Mientras tanto, allí estaban, en la mesa del instructor, los nuevos correos electrónicos en los que Torres demostraba que la aristócrata germana había participado en las conferencias organizadas por Urdangarin en Valencia. Corinna había recibido con agrado la invitación y pensó que sería un buen momento para analizar si Valencia se podía convertir en eventual sede de la gala de entrega de los Oscar del deporte que otorga la Fundación Laureus, a la que asesoraba.

Se trataba de conversaciones mantenidas entre Corinna Larsen, más conocida como Corinna Sayn-Wittgenstein al adoptar el apellido que tuvo cuando fue consorte del príncipe alemán Casimir Sayn-Wittgenstein, y un empleado del Instituto Nóos, Francisco Larrey. En ellos Corinna comenzaba dándole las gracias por la invitación a la primera edición del Valencia Summit, en 2004: «Solo unas pocas líneas para agradecerle la fantástica organización en Valencia y toda su ayuda con nuestro viaje, etc. Pasamos un tiempo maravilloso. Bien hecho!!! Con mis mejores deseos, Corinna».

Larrey contestó de inmediato. «Querida Corinna, es usted una mujer encantadora. Gracias por asistir al Valencia Summit 2004 y me gustaría exhibirle [sic] el año que viene en el próximo Valencia Summit 2005 […]. Si necesita algo en Barcelona o en Valencia o puedo ayudarle en algo, solo dígamelo». Larrey, que se defendía en un atropellado spanglish, se despedía con un poco ortodoxo much love. El contacto con la aristócrata se convirtió pronto en el principal motivo de chismorreo entre los colaboradores de Urdangarin, que se intercambiaban todo tipo de comentarios en relación a la espectacular belleza de la alemana.

«Mario, ¿crees que me podré casar con la señorita Corinna?», le escribía solo un día después Larrey a Sorribas, el secretario personal del duque de Palma en Nóos, sin lugar a dudas la persona de mayor confianza del matrimonio Urdangarin-Borbón en el plano laboral. Prueba de ello es que la infanta e Iñaki llegaron a nombrarle apoderado de su sociedad patrimonial Aizoon y le otorgaron autorización para que realizase todo tipo de trámites administrativos en su nombre. «¡Ahí has estao torero, Francisco!», le contestó al instante Sorribas. «Yo creo que este es el camino para llegar a cualquier parte del mundo».

Sin aportar nada sustancial al sumario, los correos albergaban una considerable dosis de morbo que situaba de golpe al rey en el foco de la maniobra de Torres. La ecuación que pretendía establecer el antiguo profesor universitario era sencilla: si Corinna era la amiga íntima de don Juan Carlos y acudió a los Valencia Summit, eso significaba que el rey estaba al corriente de todo. Por lo tanto, o se implicaba al mismísimo monarca en el procedimiento judicial para que aclarase todo este embrollo y se demostraba que «la ley es igual para todos», como dijo en su discurso de Nochebuena de 2011, o se debía exonerar al resto de imputados. Empezando, claro está, por su mujer y él mismo. A ver cuánto aguantaba la Casa Real este nuevo y comentado revés.

Larrey se vio superado por todo aquello y salió al paso del ataque de Torres aclarando que él solo era un «simple becario» en el Instituto Nóos, donde entró gracias al exprofesor de ESADE. «Yo era entonces el chico de los recados, nada más, y me limité a hacer de chófer de la señora Corinna», explicó a El Mundo al borde del ataque de nervios. «Lo único que puedo decir es que era una persona amabilísima, a la que se le veía muy interesada en el Summit y que no paraba de repetir lo bonito que era Valencia. Yo he hecho bien todas las cosas en mi vida y ahora me incluyen en este lío y me meten en el ajo de Nóos sin comerlo ni beberlo. ¡Es increíble!», se lamentaba amargamente.

La periodista Victoria Prego volvía a analizar con aguda inteligencia la jugada en su columna de El Mundo, que tituló con un elocuente «Estafa y extorsión». «La cuestión —señalaba— es que este Torres no saca a la señora porque haya dado las gracias a alguien por el buen trato recibido. La saca porque piensa que detrás de esa cortina se esconde una bomba de gigantesco calibre que, dado su potencial destructivo, podría obrar el milagro —imposible, hay que ir adelantándolo ya por si acaso— de que la ley se retuerza lo bastante como para que él y toda la panda que le acompaña salgan heridos pero no muertos». Y añadía: «La cuestión gravísima no es que este sinvergüenza esté intentando chantajear a la monarquía. Lo dramático del asunto es que pueda hacerlo, que le sea posible siquiera intentarlo. Eso es lo tremendo».

Esta nueva ofensiva a la desesperada no tenía marcha atrás y solo formaba parte de la primera fase de una ambiciosa estrategia coercitiva. La gran traca se la iba a reservar Torres para su nueva declaración ante el juez Castro, fijada el sábado 16 de febrero de 2013, donde debía contestar a las innumerables novedades aparecidas en el procedimiento contra él. Y es que en el ámbito penal rige la máxima de que un justiciable no puede ser acusado si previamente no se le otorga el derecho de que conteste a todos y cada uno de los hechos que se le imputan. Por eso volvieron a ser llamados el duque de Palma y su antiguo correligionario.

En medio de un frío helador en Palma, Diego Torres descendió la rampa trasera de los juzgados ataviado con un abrigo largo de color negro y una bufanda gris anudada al cuello. Le acompañaba su mujer, Ana Tejeiro, que también acudió a la cita de riguroso luto, como si formaran parte de la comitiva de un entierro. El gesto de ambos era especialmente sombrío. Evitaron cruzar su mirada con los medios de comunicación que aguardaban su llegada, esquivaron al puñado de curiosos que había madrugado para verles en vivo y en directo y enfilaron a buen ritmo la puerta de acceso a las instalaciones.

Torres acarreaba consigo un maletín en el que custodiaba sus nuevos secretos al mismo tiempo que la policía se esmeraba en buscar en las alcantarillas algún artefacto explosivo, obviando que el material inflamable lo llevaba consigo el imputado e iba a sortear sin problemas el arco de metales.

Con una frialdad apabullante Torres desplegó durante ocho horas su estudiado guión. Dijo que tanto Urdangarin como él siempre estuvieron «supervisados, controlados y tutelados por la Casa Real» al frente del Instituto Nóos. Eso, para empezar. Volvió a enfatizar irónicamente que «cómo iban a pensar que estaban haciendo algo malo si la Jefatura del Estado daba el visto bueno a todo». «La Casa Real lo sabía todo», reiteró por si todavía quedaba algún resquicio de duda en los presentes. «Que la Casa Real estaba en todo lo demuestra que nos decía hasta la impresora que debíamos comprar: la misma que la de la reina […]. Y García Revenga —agregó señalando al secretario personal de las infantas— no cobraba pero lo controlaba todo».

No se anduvo con rodeos. Plasmó su idea desde la primera frase. Su objetivo consistía en implicar a La Zarzuela en todo para, de esta forma, intentar que la acción judicial contra él se extendiera a la primera institución del Estado. «Si caemos, caemos todos», mascullaba convencido.

El órdago era contundente pero faltaba por comprobar hasta qué punto el despechado Torres podía acreditar sus acusaciones en su huida hacia adelante por involucrar al rey como gran padrino de la trama de saqueo de fondos públicos. En este sentido, se reservó un gran golpe de efecto al confirmar lo desvelado meses antes por el libro Urdangarin. Un conseguidor en la corte del rey Juan Carlos (La Esfera de los Libros, Madrid, 2012) en el sentido de que Francisco Camps y Rita Barberá dieron su visto bueno a financiar los Valencia Summit de Urdangarin en una reunión celebrada en La Zarzuela. Si hasta los contratos se gestaron en palacio, razonaba, cómo iba a ser todo aquello un invento exclusivamente suyo y del duque.

A lo largo de la intensa jornada hubo para todos. Situó a la infanta Cristina «al mismo nivel decisorio» que el resto de integrantes de la junta directiva del Instituto Nóos. Explicó que cada uno de los ejecutivos «tenía diferente nivel de responsabilidad pero que las decisiones se tomaban conjuntamente» y recalcó que Urdangarin le contaba cada dos por tres que «había consultado con Cristina tal o cual cosa y que estaba al tanto de todo». De nuevo, la misma consigna. Si caemos, caemos todos juntos.

Pero todavía quedaba el broche final. Torres rebuscó en su maletín de cuero negro y sacó de su particular chistera una nueva selección de correos electrónicos. En ellos volvía a brillar con letras de molde el nombre de Corinna, contra la que se pensaba que Torres había vaciado ya todo su arsenal. El vicepresidente de Nóos puso sobre la mesa un e-mail enviado por Urdangarin a la amiga personal de su suegro en el que le pedía que le colocara en la Fundación Laureus, una entidad con la que colaboraba la aristócrata alemana y que se dedica a promover el deporte como «motor de cambios sociales». No pudo contener una mueca de satisfacción tras desenfundar su arma y aguardó a comprobar la reacción del instructor.

El problema de aquellos documentos, a nivel institucional, surgía al apuntar el duque de Palma que se dirigía a Corinna por indicaciones del rey. Al mismo tiempo le facilitaba un número de cuenta compartido con la infanta Cristina en el que pretendía percibir unos honorarios cercanos a los 200 000 euros anuales. Otra vez surgía el enésimo problema de que la versión oficial de la Casa Real de que solo intervino en los negocios de Urdangarin para abortarlos se desvanecía.

La refriega no terminó ahí y concluyó con la revelación de Torres de que había estado manteniendo una negociación económica con su exsocio. Un proceso que había sido desvelado por El Mundo y negado con vehemencia por el abogado González Peeters, que ahora lo admitía casi con orgullo, sabedor del daño que le infligía a quienes no habían querido aceptar sus condiciones.

Pese a que fueron él y su cliente quienes trasladaron sus exigencias pecuniarias al duque de Palma, Torres le dio la vuelta. Señaló que Mario Pascual Vives fue el primero en tirar la piedra acusándole de haberle comunicado que si asumía la responsabilidad de este proceso le facilitarían un puesto de trabajo, le pagarían todas las costas del procedimiento y, además, le harían entrega de una importante cantidad de dinero.

Había estallado la guerra. El juez Castro y el fiscal anticorrupción se vieron obligados a analizar el contenido de la declaración de Torres y a actuar en consecuencia. Si lo que había dicho Torres era verdad, el rey no tendría ningún problema por su condición de inimputable pero pondría en un grave aprieto a su hija, a la que sí que dejaba al borde de la citación en aquella gélida velada.

Una calma tensa sucedió a aquella triste jornada, presidida por el silencio que suelen dejar las explosiones sordas y contundentes. La quietud se dilató hasta que otra explosión todavía más importante acabó con ella. Una noticia convulsionó la actualidad el domingo 24 de febrero. La portada de El Mundo mostraba a una Corinna que decidía romper su silencio y salir, desafiante, al paso de las acusaciones de Torres. «Yo solo traté de encontrarle un trabajo digno a Iñaki», era el titular que presidía la primera plana del periódico junto a una fotografía de estudio de la aristócrata en la que posaba en su residencia de Mónaco con un gesto amable pero firme. «Un empleo compatible con su posición», aclaraba. «El background olímpico de Iñaki me pareció que casaba perfectamente con el trabajo que desarrolla Laureus», añadió al tiempo que reconoció que actuó a favor del duque de Palma porque su amigo don Juan Carlos se lo había pedido.

La periodista Ana Romero consiguió la entrevista más buscada de los últimos tiempos, en la que Corinna aseguraba sentirse «sorprendida» al comprobar que el duque de Palma no aceptó el «empleo» que le procuró en la fundación y quiso aclarar que se consideraba una «amiga entrañable» del rey Juan Carlos. Puso en antecedentes a los lectores rememorando que entabló amistad con el rey a partir de que ambos fueran presentados en 2004. Que le conoció en La Garganta, la finca del duque de Westminster en Castilla-La Mancha que, con sus 15 000 hectáreas es la mayor de España. Pero avisaba que, pese a la confianza que la unía al rey, ella era una persona «discreta y leal».

La bella germanodanesa se dejó fotografiar precisamente en la ceremonia de los Laureus celebrada en Barcelona en 2006 junto al rey, Urdangarin y la infanta Cristina, a los que acompañaba en la instantánea, entre otros, el doctor Dieter Zetsche, presidente de Daimler y máximo responsable de Mercedes-Benz, que es el gran patrocinador de los premios. La fotografía, tal y como relataba Romero en su información, fue tomada poco después de que fuera nombrado como presidente del capítulo español de Laureus Juan Antonio Samaranch junior tras la negativa del duque de Palma.

«La Fundación Laureus es un proyecto encomiable que ayuda a mejorar la vida de casi dos millones de niños a través del deporte», precisaba Corinna, que entró a formar parte del consejo de esta entidad en 2005, se mantuvo en ella hasta 2008 y llegó a tener un papel predominante, gracias a sus contactos con Vladimir Putin, al lograr que la gala de entrega de premios de esta organización se celebrase el 18 de febrero de 2008 en el teatro Mariinsky de San Petersburgo.

El Mundo anunciaba ese mismo domingo que al día siguiente se publicaría la segunda entrega de la entrevista, en la que Corinna exhibiría los correos electrónicos que se intercambió con el yerno del rey para demostrar en qué consistió exactamente su intervención. En esa segunda entrega la aristócrata detallaba que fue «el rey» quien le pidió textualmente que buscara a Iñaki «un empleo apropiado en una organización internacional y reconocida».

Ella respondió al encargo real ofreciéndole una propuesta inmejorable: un salario de 50 000 euros al año de Laureus más otros 50 000 euros por cada patrocinio de 500 000 euros que encontrara. Lo cual conformaba unos ingresos prácticamente seguros para el duque de Palma, a juicio de Corinna, de 200 000 euros. «Esto es lo normal en el mercado, un 10 por ciento», añadía, a la vez que explicaba que el duque de Palma se había limitado a cobrar los primeros 50 000 euros sin llevar a cabo gestión alguna. El concepto por el que percibió esta cantidad inicial fue la «conceptualización de su trabajo», lo que Corinna denominaba un start up-fee, que resultó estar vacío de contenido.

Urdangarin desestimó la propuesta de su antaño muy buena amiga Corinna en un correo fechado el 2 de febrero de 2005 y que, leído con la perspectiva que da el paso del tiempo, resulta tremendamente llamativo: «En mi situación personal, mi relación con una fundación que tiene el objetivo de, entre otros, pedir dinero a empresas para patrocinio, estaría mal visto […]. Sin duda, la publicación de mi nombre en la Fundación Laureus causaría una mala interpretación que provocaría un impacto negativo en nuestra familia y en la Casa Real, que es donde está nuestro deber».

Así se expresaba quien se había dedicado hasta ese momento a lucrarse a costa de una entidad que, como aclaraba Corinna en la entrevista, le fue presentada también a ella como una «fundación de caridad».

El goteo de datos y e-mails de enero y febrero de 2013 puso el foco sobre el glamuroso rostro de Corinna Larsen. Pero contenían tanto morbo como nulo valor incriminatorio, la verdad. A pesar de todo, el sindicato Manos Limpias, siempre dispuesto a agitar el árbol consciente de que a cada empujón caían nuevos frutos, pidió la urgente declaración de la amiga de don Juan Carlos ante el juez Castro. De nuevo, magistrado y fiscal coincidieron en que la citación de la aristócrata como testigo no iba a aportar ningún elemento esclarecedor, más allá de fomentar el espectáculo. Casi al unísono, exclamaron una frase con la que resumían su dictamen posterior: «Solo falta ya que convirtamos el sumario del Caso Urdangarin en el plató de Sálvame».

CAPÍTULO XII

Prevaricación, malversación, fraude, falsedad… y lo que faltaba, delito fiscal. Iñaki se come medio Código Penal. Goteo malayo en forma de e-mails. Palma echa a los duques de tal nombre

Un enemigo invisible y silente amenazaba a los antiguos prebostes del Instituto Nóos sin que estos se hubieran percatado de su peligro y su proximidad. El tinglado urdido en torno a esta entidad para obtener fondos y desviarlos a sociedades instrumentales bajo su control constituía, desde el punto de vista penal, un gran escándalo de malversación de caudales públicos pero también un multimillonario fraude fiscal todavía por cuantificar.

Los responsables de la trama no solo se enfrentaban a considerables penas de prisión sino también al pago de una cuantiosa multa que podía hipotecar su presente y su futuro y acarrear la confiscación de todo su patrimonio. Desde el palacete de Pedralbes de los duques de Palma al chalé de Sant Cugat del Vallés de Torres pasando por los barcos de este último o cada uno de los saldos de sus depósitos bancarios. Se aventuraba su ruina personal, y también la económica.

Y así, como un monumental fraude fiscal, se concibió desde un principio el Caso Urdangarin por parte de los investigadores y concretamente de la Delegación de la Agencia Tributaria de Baleares, que se halla incardinada en la génesis de este procedimiento judicial. El equipo liderado por el que era entonces delegado especial, Raúl Burillo, comenzó las pesquisas conjuntamente con la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Judicial de las Islas, comandada por el comisario Antonio Cerdá. Analizaron en diversas reuniones el masivo cruce de facturas entre las tapaderas del duque de Palma y su socio y a este equipo humano reducido pero pluridisciplinar corresponden los primeros grandes pasos del proceso.

Entre todos debían decidir si se atrevían a dar el más importante: si se embarcaban en una investigación que pivotaría en torno al yerno del rey, pero sobre todo si estaban en condiciones de otorgar a un miembro de la familia real española el mismo trato y aplicar los mismos protocolos que al resto de justiciables.

Sopesaron la decisión, coincidieron en que había que priorizar este asunto por la envergadura que tenía y se determinó ir hacia delante con todas las consecuencias. Sabedores los inspectores de hacienda, el fiscal Pedro Horrach y el juez José Castro de que se adentraban en tierra incógnita y que conocían cómo empezaban las indagaciones pero no cómo podían acabar.

El planteamiento técnico inicial era claro y no admitía demasiadas interpretaciones. Bastaba echar un vistazo a aquel puzle para comprobar, a simple vista, que Iñaki Urdangarin y Diego Torres habían utilizado el Instituto Nóos como plataforma para conseguir un dinero de clientes públicos y privados que estaban obligados a reinvertir en nuevos proyectos. Según los propios estatutos de Nóos o de cualquier otro instituto sin ánimo de lucro, de existir un beneficio debía volver a emplearse en nuevas iniciativas. Era una suerte de ONG y debía actuar como tal. Por lo tanto, los patronos debían respetar uno de sus presupuestos esenciales: que no podían lucrarse con ella.

Sin embargo, a modo de satélites aparecieron una serie de sociedades creadas por los patronos de Nóos que giraban facturas falsas al instituto para cobrar por servicios inexistentes y llevarse el dinero a sus bolsillos. Entre ellas se encontraban Nóos Consultoría Estratégica, Virtual Strategies, Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovation Lab y, por supuesto, Aizoon, propiedad de los duques de Palma. Se escogieron nombres rimbombantes para simular que se trataba de prestigiosas consultoras internacionales o de empresas que prestaban servicios reales sin los cuales los proyectos de Nóos no podían llevarse a cabo. Pero nada más lejos de la realidad.

A ojos de los técnicos de hacienda de las Islas todo este conglomerado era una unidad concebida para un único fin. Es decir, pese a la apariencia formal de que se trataba de sociedades independientes y sin relación entre sí, bastaba revisar su accionariado en el Registro Mercantil para comprobar que todas estaban en manos de los responsables de Nóos y domiciliadas en sus propias casas y despachos. Ni tan siquiera se habían molestado en recurrir a la figura de testaferros y figuraban ellos mismos con nombre y apellidos. «Han utilizado Nóos para llevarse el dinero», fue la conclusión unánime de los investigadores.

El grado de impunidad que les otorgaba el tener al duque de Palma como mascarón de proa les llevaba a ahorrarse la más mínima precaución. Nunca nadie se había atrevido a investigar a un integrante de la familia real española y no lo iba a hacer ahora, pensaron. Estaban blindados y actuaban con la soltura y alegría que otorga la condición de invulnerables. Y solo bajo este esquema mental se explica lo rudimentario y obsceno del montaje confeccionado.

A efectos fiscales había que concebir toda esta telaraña como una sola cosa por lo que se debía aplicar lo que técnicamente se denomina levantamiento del velo societario. Es decir, tocaba despojar al entramado de sus complejas nomenclaturas encaminadas a desviar la atención y atribuir el fraude fiscal cometido a través de las mismas a los verdaderos responsables. Pero como personas físicas, no como personas jurídicas. Si en definitiva Urdangarin y Torres habían creado a propósito una red de sociedades para saquear una entidad sin ánimo de lucro y habían girado miles de facturas ficticias para apropiarse de los fondos, ellos debían ser quienes apechugaran con la defraudación a título personal, incorporando el fraude cometido a sus declaraciones de IRPF. No tenía ningún sentido calcular aisladamente el fraude de cada una de las entidades utilizadas cuando no conformaban más que una máscara tras la que se escondían quienes las manejaban a su antojo.

El análisis fiscal resultaba muy básico y en él coincidían tanto el equipo de Burillo como el fiscal Pedro Horrach. El citado levantamiento del velo era tan obvio que no generó discusión alguna, máxime cuando iba además a garantizar una condena casi segura para los dos prebostes de Nóos por graves delitos contra la Hacienda Pública. Una base sólida sobre la que asentar el resto de acusaciones y que garantizaría, independientemente de la deriva que tomara el procedimiento, una futura condena que atraparía sin solución a Urdangarin y Torres. Constituía, por ende, un eje sólido de muy difícil derribo por muchas presiones e injerencias que se ejercieran sobre la causa. En el mejor de los casos para los implicados, estos acabarían condenados por delito fiscal y tendrían que abonar una multa millonaria.

Surgía, no obstante, un importante interrogante que habría que resolver antes o después. ¿Quiénes eran realmente los responsables de aquella trama? ¿Solo Urdangarin y Torres o había más personas? Formalmente el Instituto Nóos estaba dirigido por cinco miembros: además del dúo situado como imagen visible, la infanta Cristina, Carlos García Revenga y Ana María Tejeiro. Atendiendo, además, a la declaración judicial de Torres, todos los integrantes de la entidad adoptaban conjuntamente las decisiones. Por lo tanto, ¿a quién o quiénes se deberían atribuir los más que posibles delitos contra la Hacienda Pública que iban a aflorar a continuación? ¿Solo a Torres y a Urdangarin o también al resto de los miembros de la ejecutiva del instituto? Ahí radicaba el nudo gordiano, pero al no tratarse de una cuestión prioritaria en las primeras indagaciones, se aplazó el debate.

La idea era abordar la cuestión por etapas. La intención de los responsables del fisco en Baleares, que habían colaborado con la Fiscalía Anticorrupción en todos los grandes asuntos del archipiélago, era la de considerar responsables a quienes, sobre el papel, integraban el órgano de gobierno de Nóos. Es decir, situar al mismo nivel, en lo que respecta a las responsabilidades fiscales, a los cinco jinetes del instituto. «Hay que considerar responsable a todo el que aparezca formalmente», era la consigna. En cualquier caso había que dejar que fuera el juez Castro quien se reservara la última decisión al respecto. Máxime si, como ya se advertía, el fraude acarreaba una derivada penal al superar con creces el umbral de 120 000 euros por ejercicio. Eso sí, de hacer una criba previa ni hablar. Se emplearía el mismo criterio que con el resto de contribuyentes. Excepciones, ni una. Si aparecían cinco en la ejecutiva, cinco, y ni uno menos, debían responder por lo ocurrido.

Sentadas estas bases primigenias, Burillo fue destituido el 22 de julio de 2010, cuando ya se había tomado la decisión de judicializar este asunto en forma de pieza separada del Caso Palma Arena, el gran cajón de sastre que aglutina la investigación contra el expresidente popular Jaume Matas por corrupción. Este alto funcionario no pudo continuar con su trabajo porque fue trasladado a las dependencias de Hacienda de Zaragoza cuando estaba decidido a meterse de lleno en este asunto. Tras haber exigido la histórica líder de Unió Mallorquina (UM), Maria Antònia Munar, su cabeza a sus socios del PSOE, Burillo fue desposeído de cometidos y tareas importantes. Castigado, en definitiva, por investigar las mangancias de los poderosos. Así de claro. Claro que sus pesquisas acabarían abocando a Munar a la cárcel en la que hoy día está recluida.

Tras esta incomprensible penitencia por los éxitos cosechados y los que quedaban por llegar, la siguiente y sorprendente decisión de una Agencia Tributaria que comenzó a virar inexplicablemente su estrategia frontal con la corrupción fue la de desmantelar la unidad especializada que había creado en las Islas y que había cosechado unos logros sin precedentes. Ahí está la caída de UM, con su cúpula procesada o encarcelada, o el gobierno de Jaume Matas, que siguió el mismo camino, para la posteridad. Sus resultados eran incontestables, su base de datos, manejada con habilidad y pericia, era un indestructible cañón Bertha, y no mediaba justificación que avalase la supresión de aquel grupo de técnicos especializados en delitos cometidos por cargos públicos en el ejercicio de sus funciones. Ninguna otra delegación de Hacienda en España había logrado con efectivos tan escuetos unos logros tan cuantiosos.

Sin embargo, el descuartizamiento de este equipo de trabajo, que se justificó por parte del departamento de comunicación de la Agencia Tributaria con un puñado de eufemismos tales como que se pretendía «mejorar la eficiencia con la redistribución de los recursos» o que a Burillo se le había «premiado» con su traslado a Zaragoza porque, en definitiva, «volvía a casa», le siguió un movimiento no menos inquietante. Al del alto cargo aragonés, que llegó a Baleares después de haber dirigido la Agencia Tributaria en Cataluña, siguió el relevo de la abogada de la Comunidad Autónoma de Baleares, María de los Ángeles Berrocal, que era de la misma opinión que los técnicos de hacienda en este asunto y se mostraba inflexible en sus planteamientos en los diferentes casos de corrupción. Pero ella no fue más que el penúltimo eslabón en esta larga cadena de extravagantes acontecimientos.

De pronto, la Delegación de Hacienda de Cataluña, que se estaba encargando de llevar a cabo la inspección rutinaria de las sociedades instrumentales de la trama, con domicilio social todas ellas en la Ciudad Condal, y que desempeñaba un papel secundario y de apoyo, tomó la iniciativa y cobró un protagonismo que no le correspondía. Bajo la dirección de Gonzalo García de Castro rompió el consenso inicial de dejar la última palabra al juez Castro al apuntar por su cuenta y riesgo en sus informes que los responsables eran Urdangarin y Torres. Ni una sola mención a la infanta Cristina, que figuraba como copropietaria de una de las entidades inspeccionadas. Como si no existiera, como si nunca hubiera existido.

Este paso nunca lo dieron los inspectores de Baleares al considerar que no les correspondía a pesar de haber participado en la investigación, asistido a los registros judiciales y examinado toda la documentación. Sin embargo, la Delegación de Hacienda de Cataluña, que conocía de manera mucho más superficial el procedimiento, se arrogó unilateralmente esta competencia y comenzó a determinar quién era culpable o inocente.

Esta extralimitación cobró verdadera forma y sentido al irrumpir en escena el jefe de los Servicios Jurídicos de la Agencia Tributaria a nivel nacional, Juan Manuel Herrero de Egaña, al que tampoco correspondía tomar parte directa en este asunto. Pese a que lo habitual una vez finalizada la actuación inspectora es que el expediente pase a manos de uno de los responsables jurídicos autonómicos, el letrado jefe de Hacienda se hizo con este balón disputado y emitió un informe en el que precisaba todavía más.

De nuevo, ni la más mínima mención a Cristina de Borbón, a la que, por cierto, se había excluido, también sin explicación lógica de por medio, de la preceptiva actuación inspectora. De tal manera que se abrió un procedimiento administrativo contra todos los personajes presentes en la trama y se dejó a ella al margen, lo que suponía en la práctica que no se le solicitó una sola explicación sobre sus cuentas, sus gastos o los cientos de facturas emitidas con su nombre.

El abogado jefe del fisco estableció ya en su primer informe de enero de 2013 un «planteamiento general» que venía a corroborar lo analizado hasta esa fecha. «Las personas físicas y jurídicas inspeccionadas constituían un entramado a través del cual obtuvieron ingresos procedentes de sus relaciones con entidades públicas (fundamentalmente de la Generalidad Valenciana y del gobierno balear) y privadas que fueron canalizados a través de una red de entidades jurídicas (Instituto Nóos, Aizoon, Nóos Consultoría Estratégica, Virtual Strategies, Shiriaimasu, entre otras)». Hasta ese punto todos los intervinientes en la investigación estaban de acuerdo. Pero solo hasta ahí.

A continuación, abordaba la cuestión más espinosa, la de la tan traída responsabilidad individual de cada uno de los protagonistas. «Las entidades jurídicas integradas en dicho entramado eran utilizadas por personas físicas», recalcó el responsable jurídico, para a continuación señalar a los culpables: «Diego Torres Pérez, Ana María Tejeiro Losada e Ignacio Urdangarin Liebaert». De nuevo, ni rastro de la hija del rey pese a que este funcionario establecía que los propietarios de las sociedades, entre los que se encontraba la olvidada Cristina de Borbón, «se valieron de ellas como meros instrumentos formales carentes de cualquier realidad e individualidad hasta el punto de que no resultaba fácil —ni siquiera a los propios empleados de las mismas— diferenciar las actividades realizadas por unas y otras». Y lo que resultaba más llamativo, dejaba fuera a la infanta pero incluía a la mujer de Torres, con lo que el lío estaba garantizado.

Torres volvió a la carga amenazando con aportar nuevos correos electrónicos contra la hija e intensificar su gota malaya. «Todavía no me he puesto con la infanta», amenazaba desafiante. Deslizaba que obraban en su poder pruebas de operaciones que incriminarían a Cristina de Borbón en cobros en paraísos fiscales y advertía que, si quería, podía adentrarse en ámbitos personales. Todo iba a depender, insistía por activa y por pasiva, de la contundencia de la investigación contra Ana Tejeiro.

El análisis preliminar de los Servicios Jurídicos de Hacienda contenía a renglón seguido un reproche durísimo contra Aizoon, pasando a desmontarla como si fuera un mecano y dejando claro que se trataba de un mero instrumento concebido para delinquir. Empezando por su plantilla, que «no era idónea para los servicios que supuestamente prestaba» y que oficialmente eran los de «asesoría empresarial». «La teórica plantilla de la sociedad está integrada por cuatro empleados de hogar, una estudiante, una encuestadora que dice trabajar para otra persona, un asesor, dos personas que nunca nadie ha visto trabajar para la sociedad, un chico de los recados, una analista del estilo de vida de los deportistas (sin regularidad en el trabajo) y una con 1.º de estudios de Enfermería haciendo “corta y pega” de Internet […]. De acuerdo con esa composición, esa plantilla difícilmente podía prestar los servicios de asesoría a las entidades a las que facturaba», apostillaba.

Por lo tanto, la asesoría de los duques de Palma que facturaba cantidades millonarias al Instituto Nóos por supuestos servicios de gran enjundia no tenía siquiera trabajadores cualificados para llevar a cabo trabajo alguno. No ya aquellos vinculados a la responsabilidad social corporativa, materia con la que teóricamente comerciaba Nóos, sino con cualquier otra actividad digna de ser ofertada en el libre mercado.

Hacienda dejaba claro en este sentido que la empresa de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina era una simple «sociedad pantalla» que servía al matrimonio para desviarse fondos públicos y privados. Pero, pese a la contundencia de las aseveraciones, se establecía que el único responsable era Urdangarin, obviándose que su mujer era la propietaria del 50 por ciento de las acciones y que ocupaba el puesto de secretaria del consejo de administración de la entidad. La sucesión de hechos, vista en perspectiva, se antojaba con claridad como un plan preconcebido para aislar del incendio a la hija del rey. Siempre que había alguna remota posibilidad, la moneda caía del lado más favorable a Cristina de Borbón. No fallaba.

«La única actividad que realizaba Aizoon era la de alquiler de inmuebles (por un importe anual 30 576,12 euros en 2007 y de 27 329,56 euros en 2008) muy inferior a los importes facturados por la supuesta actividad de asesoría (645 453,40 euros en 2007 y 494 156,22 euros en 2008)», continuaba el abogado jefe del fisco, desbaratando por completo el montaje urdido. Pero todavía señalaba más.

«Los gastos de Aizoon no se compadecen con las actividades que debía realizar», proseguía. Esto es, que no solo la empresa no llevaba a cabo las funciones por las que cobraba sino que tampoco había generado los gastos que oficialmente había declarado, por lo que el problema se antojaba doble. La relación de gastos declarados, además de los «gastos de personal de la plantilla antes citada» se componía de los «gastos de alquiler y teléfono del despacho del Sr. Urdangarin así como en el renting de la furgoneta familiar, entre otros […]. Es decir, los gastos deducidos por Aizoon, SL, en su Impuesto sobre Sociedades no estaban relacionados con los contratos de los que derivaban los ingresos por prestaciones de servicios o, dicho de otro modo, no aparecen gastos relacionados con el normal desempeño de la actividad de asesoría que tendría cualquier sociedad que realmente se dedicara a esa actividad».

«A lo anterior», subrayaba Herrero de Egaña, «puede añadirse que el administrador (Sr. Urdangarin) no percibió remuneración alguna de la sociedad Aizoon por el desempeño de funciones laborales, de administración o directivas de forma periódica y que tampoco consta cobro alguno por los socios en concepto de dividendos». Aizoon era, en definitiva, una farsa que debía llevar aparejada que sus responsables pasaran a tributar lo que no habían tributado mediante este artificio. Pero de nuevo solo se aludía a la figura del duque de Palma y su mujer deambulaba por el expediente administrativo como una figura evanescente que pasaba inadvertida a ojos de todos los inspectores.

La disolución de la unidad de Hacienda de Baleares, que se mantuvo en pie hasta junio de 2012, no solo se convirtió en un hecho desde principios de ese mismo año sino que se prohibió a sus componentes seguir manteniendo contacto con la Fiscalía Anticorrupción, con cuyos integrantes se habían establecido ya estrechas relaciones de confianza y de amistad a lo largo de los años. Cesaron así de golpe las habituales consultas técnicas y se oficializó que tomaba el relevo de las pesquisas, en plena investigación, la delegación catalana, con la obediente funcionaria Teresa Subias como responsable a pie de campo.

El único argumento que se dio radicaba en que este cambio redundaría en la «eficacia» de la investigación, sin detallar cómo iba a ser más eficaz el procedimiento si el juez, el fiscal y los policías trabajaban en Palma y los inspectores, a partir de ahora, en la Ciudad Condal.

El equipo de García de Castro cogió las riendas de este espinoso asunto y fue variando su enfoque a conveniencia. Se planteó en un principio y hasta en dos ocasiones concebir fiscalmente al Instituto Nóos como una empresa de reducida dimensión. Es decir, si era una ONG que había actuado en la práctica como una sociedad limitada, cabía exigirle que tributara como tal. Se calcularon, en consecuencia, las posibles cuotas defraudadas por el Instituto Nóos en el Impuesto de Sociedades. Esta alternativa suponía, de nuevo, que si afloraba un delito fiscal, había que determinar los responsables y en Nóos, a priori, había cinco ejecutivos incluida la infanta Cristina.

Total, que al final la Delegación de Cataluña echó marcha atrás y se acabó decantando por la figura inicial del levantamiento del velo societario, la opción de considerar todo como una sola cosa, y se profundizó en la vía originaria. Eso sí, siempre sobre el presupuesto de que Torres, su mujer Ana Tejeiro y Urdangarin eran los únicos responsables. Pero con este planteamiento surgía un nuevo inconveniente.

Si se atribuía la comisión de un delito fiscal a Ana Tejeiro, ¿bajo qué argumento se iba a poder exculpar a Cristina de Borbón, si también aparecía en las empresas? Dicho y hecho: se decidió reajustar el ángulo por enésima vez y exonerar, directamente, a la esposa de Torres a la que antes se había culpado abiertamente. Apartando a Tejeiro, problema resuelto.

Para ello, la Delegación de Hacienda en Cataluña abandonó su condición de perito en materia tributaria y se tomó la licencia de determinar el rol que cada uno de los protagonistas había tenido en la trama. Así, apuntó a Torres como el «autor intelectual» de Nóos y rebajó la participación del duque de Palma a un papel orientado hacia la «vertiente institucional y comercial». Era absolutamente inédito que esta descripción la llevase a cabo Hacienda y no el juez, pero solo con un argumentario de este tipo podía justificar que atribuía la culpabilidad del fraude fiscal a unos sí y a otros no. Ana Tejeiro, aparecía, como la infanta, en las sociedades pantalla. Sin embargo, el equipo de García de Castro concluyó que no había podido demostrarse que adoptase «ninguna decisión directiva». «Es evidente, en fin, que la señora Tejeiro queda muy lejos de ostentar ningún poder de decisión sobre contenidos, proyectos, negociaciones, contratación y organización interna de Nóos».

Esto sí que resultaba una importante novedad. La imputada Ana Tejeiro era, de pronto, exonerada por el fisco en pleno chantaje institucional de su marido y con la clara intención de hacer lo propio con Cristina de Borbón.

Para esto último bastaba con descargar todos los males sobre Urdangarin y Torres y listo: el gabinete de control de daños habría consumado con éxito su complicado cometido. «Todas las sociedades se hallaban de un modo u otro pero sin excepción bajo el dominio efectivo y absoluto de Torres y Urdangarin», aseveró Hacienda, que cuantificaba en «8 millones de euros» el montante de «425 facturas falsas» que se habían cruzado entre ellas. «Todos los demás socios de las compañías no contaban de ninguna forma ni participaban en la toma de decisiones estratégicas ni en la elaboración de proyectos». La suerte, por lo tanto, estaba echada.

El horizonte se aclaraba para la hija del rey gracias al recurso de librar a la esposa de Torres. Incluso había otra circunstancia que jugaba a su favor ya que la disputa por la competencia entre Baleares y Cataluña había provocado que la mayor parte de los ejercicios fiscales de la trama, al menos los que coincidían con los años de apogeo del Instituto Nóos, prescribieran.

Pero los disgustos para el matrimonio, que comenzaba a ver la luz gracias a la entrada en escena de Hacienda como tabla de salvación, no terminaban ahí. Pese a los esfuerzos institucionales por amortiguar el golpe, hasta en la Administración y en la clase política siempre hay excepciones y el presidente balear, el popular José Ramón Bauzá, decidió dar un paso al frente y coger el toro por los cuernos de la vinculación de la ciudad de Palma con los duques de tal nombre.

Bauzá consideró que el PP debía actuar en consonancia con lo que reclamaba la ciudadanía que le había votado. Bajo este criterio, no cabía ninguna duda. Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón habían deshonrado el título de duques de Palma que ostentaban con una conducta poco ejemplar y presuntamente delictiva. Pero todavía más, se habían aprovechado de esa condición para distraer recursos de las arcas públicas en su propio beneficio. Por lo tanto, hacía falta un gesto por parte de las autoridades baleares que dejase constancia de la reprobación pública a su conducta. Se acabaron las medias tintas y la diplomacia de antaño. Si el discurso de Bauzá había sido decididamente regeneracionista después de la corrupta era Matas, tenía ante sí una oportunidad de oro para reivindicarse con actos.

¿Por qué esperar a que resolvieran dentro de no se sabe cuántos años los tribunales de Justicia si ya estaba claro que el matrimonio no había actuado correctamente? Pero más allá de los desfalcos, la facturación falsa y el humo enlatado que había vendido Urdangarin al ejecutivo balear, la gota que había colmado definitivamente el vaso había sido la mofa que había hecho el yerno del rey en uno de los correos electrónicos aflorados por su socio en los que firmaba como «El duque em… Palma… do».

De ahí que el PP en el Ayuntamiento de Palma, con Mateo Isern como primer edil, acordase retirar de inmediato el nombre de una de las avenidas más importantes de la ciudad, el de la «Rambla de los duques de Palma». A partir de ahora pasaría a denominarse, «La Rambla», a secas. El portavoz municipal, Julio Martínez, explicó la decisión del consistorio por «la conducta poco ejemplar y la falta de consideración hacia el título y el nombre de nuestra ciudad… Y sobre todo por respeto a la opinión de los ciudadanos, porque consideramos que es una demanda generalizada entre los palmesanos».

Los operarios procedieron pocos días después a consumar la retirada y sustitución de las placas de mármol, que sin embargo no tardaron en volver a sufrir retoques. A la mañana siguiente de su estreno, a la denominación de «La Rambla» tallada con cincel, le acompañaba un añadido escrito a ordenador en un folio que había sido cuidadosamente pegado con celo: «Del juez Castro».

CAPÍTULO XIII

Madrid 2016 regala 144 000 euros a don Iñaki. Camps niega en público la reunión en La Zarzuela, Rita Barberá lo admite en privado. El 84 por ciento cree que hay motivos para imputar a la infanta. Hackeando voy, hackeando vengo

Un fleco importante pendía del sumario sin que sus responsables quisieran darle prioridad y centrarse en él. Era una cuestión que permanecía ahí, latente, y que en cualquier momento debían abordar. No obstante, se estaba dilatando y había provocado todo tipo de interpretaciones, ninguna favorable a los investigadores.

En el rastreo de todas las operaciones llevadas a cabo por Iñaki Urdangarin y Diego Torres a través de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), la entidad teóricamente destinada a ayudar a niños enfermos que acabó siendo empleada como recambio de Nóos, una destacaba por encima del resto. En los modelos 347 de Hacienda, aquellos que reflejan las compras y ventas superiores a 3000 euros, destacaba a simple vista un importante ingreso de 144 000 euros procedente de la Fundación Madrid 2016, concebida para promocionar la candidatura olímpica de la capital. La pregunta era inmediata e inevitable. ¿Qué le habían podido vender ahora el duque de Palma y su mano derecha a Madrid en su carrera para conseguir los Juegos con una organización creada para ayudar a niños con cáncer? O lo que es lo mismo, ¿también el ayuntamiento madrileño había mordido el dichoso anzuelo?

De entre los innumerables cobros llevados a cabo por el duque de Palma y su mano derecha a través de esta tapadera con apariencia de entidad benéfica los más relevantes desde el punto de vista penal eran los que tenían procedencia pública. Y de todo el muestrario, la cifra más importante había sido adjudicada por una fundación dependiente de la institución dirigida en el momento de los pagos por el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El asunto, por muy incómodo que resultase, revestía todos los condicionantes para convertirse en una parada obligada para Castro y Horrach, que le iban dando hilo a la cometa conscientes de que no les quedaba ya mucha cuerda. «Antes o después nos tenemos que meter con Madrid 2016», coincidían.

De todas las líneas de investigación que quedaban por explorar, con casi toda la carne de Nóos ardiendo ya en el asador del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, esta era la que se antojaba más peliaguda. Por dos motivos: en primer lugar, por la presencia misma del alto cargo del PP, y en segundo término por la más que previsible posibilidad de que los imputados se aferraran a una actuación en Madrid para intentar arrebatar la competencia de las pesquisas al juez y al fiscal y trasladarlas a otro juzgado más complaciente en la península. Arremeter contra este fleco entrañaba unos riesgos evidentes, pero se antojaba a todas luces imposible de esquivar.

Una vez más el consenso entre el magistrado y el representante del Ministerio Público resultó decisivo para tirar hacia delante. Si la trama también había recibido fondos públicos del consistorio madrileño, por mucho que apareciese el mismísimo ministro de Justicia como responsable último, había que indagarlo, saliera lo que saliera. De lo contrario, todo lo actuado en relación al resto de administraciones públicas carecería de sentido y acabaría con la legitimidad de ambos si actuaban contra unos y contra otros hacían la vista gorda.

La defensa de Jaume Matas ya había sugerido en varias ocasiones que si se había procedido contra el expresidente balear no tenía ningún sentido que no se hiciera lo propio contra el exalcalde madrileño o contra todos aquellos cargos públicos repartidos por la geografía nacional que, como los antiguos responsables del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, también regaron con fondos públicos el engranaje del Instituto Nóos. La filosofía de Torres de «o todos o ninguno» cada vez sumaba más adeptos y Matas cogía posiciones.

«Lo de Madrid 2016 está siendo la prueba de que la justicia no es igual para todos y de que Castro y Horrach se atreven solo con unos y no tienen arrestos para actuar contra el ministro de Justicia», argumentaba un sector creciente de imputados en la causa, que no confiaban lo más mínimo en que se explorase este camino.

Diego Torres no quiso faltar a esta cita y se encargó de agitar con fuerza este árbol, sabedor de que con su violenta sacudida embarraba todavía más el terreno de juego y ponía en la picota a Gallardón, de quien dependía jerárquicamente la Fiscalía que tantos disgustos le estaba provocando. Lo había intentado todo con la Casa Real pero cabía la posibilidad de que explotando esta vía secundaria la presión judicial se relajara de una vez.

—Ahora vamos a empezar con Gallardón, y a ver qué hacen —se relamía el letrado González Peeters.

Su contribución volvió a adoptar la forma de ramillete de correos electrónicos en los que dejaba constancia de cómo los integrantes del Instituto Nóos abordaron la necesidad de implicar al máximo al actual ministro en su vinculación con la candidatura olímpica como garantía de éxito. Con este pretexto, propiciaron varias reuniones de Urdangarin y Torres con él, le pidieron que prologara uno de los libros editados por el Instituto Nóos y confeccionaron cartas de agradecimiento del yerno del rey al entonces alcalde de Madrid en las que Urdangarin enfatizaba el «absoluto apoyo» del líder popular a las iniciativas de su entidad. Cuanto más implicado estuviera el alcalde, más fácil sería la travesía.

Su malicioso gozo, en un pozo. No había en esta nueva correspondencia nada que incriminara directamente al notario mayor del reino en el plano penal, porque nada irregular había en escribir un prólogo o en recibir en su despacho al yerno del rey, pero serviría como vistosa percha para solicitar su declaración como testigo en el procedimiento y arrojar así más leña a la caldera del infierno.

Castro y Horrach acordaron en secreto un desplazamiento fugaz a Madrid para tomar declaración a los responsables de estos pagos y se puso en marcha este ramal del Caso Urdangarin, que ya no afectaba a líderes del PP fuera de juego como Jaume Matas y Francisco Camps, sino que podría salpicar a uno de los más importantes estandartes del gobierno de Mariano Rajoy. Ni más ni menos que al titular de Justicia. Pudiéndose convertir, en consecuencia, en un problema político de primera magnitud. Se acallaron de golpe las voces que dudaban de su valentía e independencia y aguardaron expectantes el resultado de la contienda.

Lo primero con lo que se toparon los responsables de las pesquisas es que el duque de Palma y su mano derecha habían empleado la fundación de ayuda a niños enfermos de cáncer para ofrecer al Ayuntamiento de Madrid un informe sobre cómo se debía «perfilar el lema de la candidatura olímpica» y «dotarlo de contenido social». Lo que constituía ya de por sí un sinsentido cristalizaba en un contrato firmado en 2007 entre ambas partes con una duración de tres años y que desembocaba en un pago posterior de 144 000 euros públicos.

Pero la verdadera sorpresa aguardaba todavía emboscada a la vuelta de la esquina. Cuando la Fiscalía Anticorrupción preguntó dónde estaban los trabajos en cuestión, estos no aparecían por ninguna parte.

—Algún documento habrá que justifique el pago… —requería Horrach a los funcionarios sin encontrar respuesta.

Los antiguos ejecutivos de la Fundación Madrid 2016 justificaron como pudieron el encargo ante los investigadores, arguyendo que la FDCIS de Urdangarin y Torres cumplía los requisitos porque «trabajaba en el área de inclusión social» y destacaron que «en Madrid hay mucha inmigración». Pero al insistir una y otra vez el magistrado y el representante del Ministerio Público comenzó a emerger una realidad que presentaba los mismos trazos que el resto de contratos suscritos por Nóos con empresas privadas y administraciones públicas.

No había en este caso informe que respaldase los pagos como tal y lo que surgía en su lugar estaba repleto de lugares comunes y vaguedades sin valor alguno, la mayor parte de ellas copiadas literalmente de Internet. El mismo patrón de siempre pero ahora con el Ayuntamiento de Madrid como víctima.

En este caso agravaba la situación el hecho de que la fundación de Urdangarin y Torres carecía de experiencia alguna, porque acababa de ser creada, y por lo tanto la contratación se antojaba, como venía siendo habitual, un peaje que se había visto obligado a satisfacer en este caso el consistorio madrileño que, como el resto de administraciones públicas que picaron el cebo, no convocaron el preceptivo concurso público para otorgar los fondos.

La primera ejecutiva de Madrid 2016, Mercedes Coghen, medalla de oro en los Juegos de Barcelona de 1992 en hockey sobre hierba, explicó que, como le ocurrió a otros muchos empresarios y cargos públicos, recibió una llamada personal de Iñaki Urdangarin y que ahí empezó todo. En su caso, en «abril de 2007», surgiendo de nuevo la imposibilidad de decir «no» al yerno del rey.

—Soy Iñaki Urdangarin y me gustaría verte para comentarte un proyecto que puede ser muy interesante para vosotros. —Así asaltó a Coghen, una persona de una integridad personal intachable, e inició su tarea de persuasión el duque de Palma—. Tengo una fundación que podría colaborar activamente con Madrid 2016 en la búsqueda del leitmotiv de la Fundación para su candidatura de los Juegos Olímpicos.

Otra vez el modus operandi habitual. El yerno de rey como arpón infalible y a continuación «una reunión con Urdangarin y Torres» en la que ya se entraba en detalles. A Coghen le ofrecieron en aquella cita «asesoramiento en la búsqueda del mensaje estratégico de la ciudad de Madrid», por un lado, y por otro promocionar la candidatura gracias a los contactos que tenían de «personas relevantes dentro de la empresa, del deporte e incluso del COI [Comité Olímpico Internacional]». Sin embargo, de aquella propuesta no se sustanció absolutamente nada, se acordó el pago a la FDCIS y nunca más se supo. Aunque, al parecer, el duque de Palma sí llevó a cabo algunas funciones de lobbying en Lausana, sede del Vaticano del deporte.

Si en la investigación judicial en Valencia Castro y Horrach se encontraron con el inusual y gratificante descubrimiento de una funcionaria de la Generalitat, Isabel Villalonga, que había tumbado sin temblarle el pulso nada menos que 2 millones de euros en facturas falsas del dúo Urdangarin-Torres y no había dudado en enfrentarse a ellos para preservar las arcas públicas de sus garras, ahora aparecía en escena, para desgracia de la pareja y tranquilidad del interés público, su hermano, Fernando Villalonga, cortado por el mismo patrón ético y moral.

Aquel pulso le costó a Isabel Villalonga una llamada de Urdangarin al presidente Francisco Camps y su consiguiente traslado de su puesto como subsecretaria de Presidencia de la Generalitat.

«Esta hija de puta nos lo está parando todo», se quejaban amargamente los mandamases de Nóos a Camps y a sus subordinados, que forzaron el relevo de esta funcionaria impecable y su marcha a la Secretaría General de la Delegación del Gobierno en Valencia.

El diplomático y delegado del Área de Las Artes del Ayuntamiento de Madrid Fernando Villalonga, hombre de confianza de la alcaldesa madrileña Ana Botella, acudió en auxilio de los investigadores en este asunto para esclarecer el nuevo desfalco. Casualidades de la vida, es hermano de Isabel, y curiosidades de la vida, es el diplomático al que tocaba ejercer de anfitrión cada vez que los Urdangarin-Borbón viajaban desde Washington a Nueva York. Conocía bien a los personajes. A Villalonga le puso sobre la pista una pregunta formulada por UPyD al poco de estallar el escándalo, rebuscó en los archivos municipales y remitió directamente cuanta documentación encontró, que fue prácticamente ninguna, al fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce.

Villalonga relató al máximo representante del Ministerio Público haber «buscado exhaustivamente en los archivos de la Fundación Madrid 2016, ya extinta, si existe algún tipo de trabajo o servicio que justifique esas facturas» y concluyó que no había «nada». «Es la primera vez en mi vida que he visto transferencias dinerarias en calidad de donaciones, a pesar de que llevo muchos años en la Administración», indicó en su declaración como testigo ante Castro y Horrach al tiempo que recordó que había ocupado el cargo de conseller de Educación en el primer gobierno autonómico de Eduardo Zaplana y el de secretario de Estado de Cooperación Internacional con Aznar.

—El declarante es un auténtico señor —no se pudo reprimir el juez Castro tras escuchar sus explicaciones—. Da gusto encontrarse con ciudadanos así.

Coghen, atrapada antes, durante y después en la obediencia debida, se vio en la tesitura de tener que admitir que ya no quedaban documentos de aquella alianza con Urdangarin porque habían pasado «seis años» desde su firma, pero defendió que «el importe abonado estaba dentro de los precios de mercado de la época». Grave resultaba que se hubiera adjudicado una cuantiosa cifra de fondos públicos al duque de Palma y a su inseparable socio a dedo por un informe vacuo e inconsistente que ni siquiera aparecía, pero el problema todavía era susceptible de agravarse.

El fiscal Pedro Horrach descubrió que no solo no hubo jamás informe alguno sino que acababa de aparecer, como por generación espontánea, un documento que había sido fabricado en plena investigación para maquillar el expediente. Con el único objetivo de, como acostumbra a apuntar el magistrado en sus autos, «vestir el santo». En él figuraba que el trabajo supuestamente realizado por Urdangarin y Torres era un informe en el que se sugería al Ayuntamiento de Madrid perogrulladas del tipo «Madrid 2016 debe ser una candidatura que hará del deporte un elemento esencial de la ciudad»; «servirá para acelerar de forma clara el proceso de transformación»; y «contribuirá a integrar la diversidad y favorecer la convivencia de culturas». La marca de la casa Nóos.

La gran aportación de los mandamases del instituto consistía en concluir que había que «llevar el deporte a los jóvenes y a la gente mayor» y en señalar que los grandes «valores» que debía transmitir debían ser los de potenciar la «sostenibilidad medioambiental», la «integración social a través del deporte», la «participación de la ciudadanía» y la «educación en los valores olímpicos». A lo que se añadía un «gran objetivo» casi sarcástico: «Crear la candidatura que más haya hecho a favor de la integración social de toda la historia olímpica».

Solo una semana después de los registros policiales efectuados en las oficinas del Instituto Nóos, los antiguos gerifaltes de Madrid 2016, allá por noviembre de 2011, confeccionaron en connivencia con los de Nóos un documento con estas líneas maestras para intentar avalar el pago de los fondos ante un eventual requerimiento judicial. Porque, visto lo visto, iba a ser cuestión de tiempo que la investigación alcanzase de lleno a la fundación madrileña.

A medida que se iban conociendo más detalles, más complicado se tornaba el asunto. Pese a que el convenio rubricado entre ambas partes no contemplaba contraprestación económica alguna, se efectuaron 16 transferencias de 6000 euros y 2 de 12 000 euros repartidas entre octubre de 2007 y noviembre de 2009, que fueron religiosamente percibidas por la entidad de Urdangarin.

La Fiscalía Anticorrupción vio claro el asunto, el juez imputó a la exconsejera delegada Coghen, al exdirector general de la fundación, Miguel de la Villa, y al exdirector financiero, Gerardo Corral. Horrach compiló toda la información recabada en un informe en el que concluía que se había topado con un «intento burdo de justificar a posteriori las entregas de dinero que, en su momento, se realizaron desde la Fundación Madrid 2016 a FDCIS». Una organización que definía abiertamente como «una prolongación del Instituto Nóos».

Constataba, asimismo, que el pago, que en realidad se trataba de una «donación» pura y dura, se había articulado «sin expediente» de contratación alguno y, por todo ello, advertía la comisión de un nuevo delito de malversación de caudales públicos que afectaba de lleno a todos los cargos públicos que intervinieron en los pagos. Eso sí, dejaba al margen a Gallardón, al que ninguno de sus antiguos subordinados implicaba en absoluto. Es más, todos lo exculparon, su rúbrica no figuraba en ninguno de los acuerdos suscritos entre ambas partes.

El cerco sobre el órgano de gobierno de Nóos y la constatación de que contó con las más altas complicidades para perpetrar sus grandes golpes se estrechaba aún más. El lazo judicial tenía perfectamente delimitados a los gobiernos balear y valenciano y cerraba su perímetro sobre la Casa Real.

La célebre reunión en el palacio de La Zarzuela a la que asistieron Francisco Camps y Rita Barberá fue negada con rotundidad por los políticos pero ratificada por Torres, que, sabedor de que golpeando el hígado de la institución ponía en jaque el procedimiento, pasó a aportar más datos. Confirmó que se produjo en 2004 y disuadió a los investigadores de pedir el libro de registro de entrada en el complejo porque, aseguró, él e Iñaki accedieron en coche «sin pasar control alguno». Lo normal, al fin y al cabo su socio era de la casa.

La coincidencia de las fechas apuntadas con el inicio de los trámites para poner en marcha el primer Valencia Summit llevó al juez Castro y al fiscal Horrach a otorgar absoluta veracidad a aquel testimonio. Es decir, el compromiso de Camps y de Barberá de financiar las actividades del duque de Palma fue arrancado en palacio, tras un almuerzo con el rey y el magnate suizo Ernesto Bertarelli que tenía la celebración en Valencia de la Copa América como telón de fondo. Si bien la alcaldesa valenciana y el expresidente negaban en público la existencia de dicho encuentro, que se produjo a los postres gracias a la intercesión del entonces jefe de la Casa Real, Alberto Aza, Barberá no dudaba en admitirlo en privado ante su círculo más próximo.

La primera edil valenciana no solo reconocía la existencia de dicha reunión sino que contaba como gran chascarrillo cómo con motivo de un mitin del PP celebrado en Valencia el presidente del Gobierno Mariano Rajoy le preguntó con un indisimulado interés «qué había pasado con Urdangarin» y cómo había sido posible que se hubieran embarcado a financiarle de manera indiscriminada. Barberá contaba que zanjó de inmediato la curiosidad de Rajoy: «Si a ti te lo hubiera pedido quien nos lo pidió a nosotros, también habrías dicho que sí».

A medida que la lava ardiente de la actuación judicial seguía avanzando lenta pero inexorable hacia el corazón de la primera institución española, la presión social incrementaba considerablemente la temperatura. Un abrumador porcentaje del 84 por ciento de la sociedad española coincidía en que Cristina de Borbón debía ser imputada por el juez Castro y aclarar, en sede judicial, el alcance de su implicación en todo este asunto. Daba igual el sesgo de los encuestados, la respuesta era unánime. Tanto los votantes del PSOE y de IU como los del PP coincidían en el mismo dictamen. Tampoco había diferencias atendiendo al sexo o a la edad de los interrogados. Apenas un 15 por ciento de los encuestados seguía pensando que, como mantuvo el rey en su discurso de Nochebuena de 2011, «la ley es igual para todos», y el resto era de la opinión contraria.

Esas eran algunas de las principales conclusiones de un estudio encargado por El Mundo a Sigma Dos, que también señalaba que, de no producirse dicha imputación, habría un 78 por ciento de los interrogados que coincidía en que se le estaría dispensando un trato de favor a la hija del rey por ser quien era.

El mismo porcentaje se mostraba a favor de la decisión adoptada por Castro de imputar al secretario personal de las infantas, Carlos García Revenga, y de su consiguiente destitución, que pese a haberse cursado ya su citación todavía no se había producido.

Uno de los últimos golpes de efecto de la Casa Real, al retirar a Urdangarin de su página web oficial, solo había servido para mejorar levemente la consideración ciudadana de cómo estaba gestionando la crisis. Si un año antes solo el 19 por ciento de la ciudadanía consideraba que La Zarzuela estaba pilotando el escándalo correctamente, el porcentaje solo ascendía ahora un punto.

Urdangarin se convenció de que, ante semejante presión política, ciudadana e institucional, tenía que articular como fuera un contraataque. Solo empleando las mismas armas que su rival podría contrarrestar el sentido de la opinión pública para intentar dejar claro que el malo de toda esta película era Torres y aplacar en la medida de lo posible la virulencia del ataque de su antiguo profesor.

—Si se dedica a sacar mis correos electrónicos, ahora me voy a poner yo a buscar los suyos y a ver quién se cansa antes —farfullaba el exjugador de balonmano.

Pero, para colmo de males para el duque de Palma y tal y como le había ocurrido hasta ahora, se acabaron destapando sus cartas antes de tiempo y quedó retratado a medio camino. Una vez más otra endiablada carambola del destino, que se había empeñado en cerrarle todas las puertas de salida, truncó sus planes.

Esta vez con motivo de la denominada Operación Pitiusa, una actuación judicial a gran escala contra el tráfico de datos, que nada tenía que ver a priori con los manejos del yerno del rey, y que se llevó por delante a buena parte de las agencias de detectives españolas. En el registro policial rutinario efectuado a uno de los hackers utilizados por la trama, el argentino Matías Bevilacqua, apareció un descubrimiento sorprendente. En poder del que está considerado como uno de los más eficientes piratas informáticos del panorama europeo se encontraba el disco duro del despacho Medina-Tejeiro, propiedad del cuñado de Diego Torres y que se encargaba de las cuentas y la fiscalidad de la trama.

En poder de Bevilacqua fueron intervenidos, además, 140 000 euros en metálico que, cuando le fue preguntado su origen, respondió abiertamente que le habían sido entregados por el CNI. La policía, asustada por lo que estaba escuchando, se limitó a reflejar en el atestado que se lo había entregado «Defensa».

El hallazgo se antojaba una bomba de grueso calibre que fue puesta en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción de Baleares y del juez José Castro, que decidieron actuar raudos y veloces al convencerse de que acababan de aparecer los Servicios de Inteligencia españoles en defensa del yerno del rey.

Las sospechas cobraron forma al constatarse la existencia de vínculos profesionales entre Bevilacqua y el CNI, que le había pagado, además de esa cantidad en metálico, una asignación mensual durante bastante tiempo. Pero todavía había más. Apareció otro elemento de extraordinaria relevancia: un pago a este hacker por parte del abogado del duque de Palma.

Al descubierto quedaba, pues, la soterrada estrategia de defensa de Urdangarin, que había recurrido a un pirata informático para encontrar correos comprometedores de su exsocio con los que neutralizar su goteo malayo semanal. Pascual Vives salió como pudo ante esta nueva revelación de El Mundo asegurando que se había limitado a contratar a Bevilacqua para que le «ordenara el sumario» del Caso Urdangarin, como si no tuviera secretarias en su despacho capacitadas para realizar un cometido tan escasamente cualificado y hubiera tenido que recurrir al mejor hacker del mercado para acometerlo.

La Policía Judicial examinó el soporte informático y descubrió que Bevilacqua había hackeado más de treinta mil correos electrónicos de Torres, quedando sin embargo su estrategia al descubierto y neutralizada antes de ponerse a la práctica. Si ya de por sí se antojaba oscuro el panorama de Urdangarin, ahora se quedaba encima sin armas para contrarrestar a su enemigo de igual a igual y con el CNI pillado in fraganti implicado en lo que parecía a todas luces una operación de salvamento.

Los investigadores corrieron un tupido velo sobre este asunto, se recuperaron del enésimo sobresalto, cogieron aire y salieron al encuentro de la nueva sorpresa que les depararía el procedimiento.

CAPÍTULO XIV

Los regaladores oficiales del reino. «Bernard, necesito que le des 200 000 euros a mi yerno». Iñaki se tiene que conformar solo con 100 000. Diego Torres amenaza con e-mails de alcoba. «Hay de todo y por su orden»

Resultaba desesperante para Diego Torres comprobar cómo el chantaje institucional no tenía las consecuencias esperadas y el bulldozer de la justicia seguía triturando cuanto encontraba a su paso, sin ralentizar su marcha por la incesante deflagración de sus «bombas atómicas».

La instrucción se alargaba y el otrora número dos del Instituto Nóos continuaba imputado sin esperanza alguna de ver la luz al final del túnel. Su mujer, más allá de los primeros y halagüeños guiños a su favor por parte de la Agencia Tributaria, que se antojaban un rédito escasísimo para tan espectacular despliegue armamentístico, continuaba en la misma situación. El vía crucis se estaba convirtiendo en un trance insoportable en el que no surgía el más mínimo aliento de esperanza, entendiendo como tal una salida digna y honrosa para ellos, que se preveía simplemente irrealizable.

El matrimonio Torres-Tejeiro había quemado ya una buena parte de su arsenal nuclear ocasionando un daño evidente a la Jefatura del Estado, volviendo a la sociedad española contra la monarquía y estrechando el cerco sobre sus máximos responsables. Había logrado la imputación del secretario personal de las infantas, conseguido estrechar el cerco sobre la hija del rey y hacer temblar los cimientos de la residencia del Monte de El Pardo con un mensaje nada subliminal al monarca a través de Corinna.

Todo eso estaba muy bien, era muy efectista, envalentonaba a su promotor, que encontraba en estas operaciones una fuente de vida y, efectivamente, estaba logrando cambiar el rumbo del procedimiento al implicar cada vez más a La Zarzuela en los manejos de Nóos. Difuminaba de esa forma su participación personal y se zafaba poco a poco del sambenito que le intentó colgar la defensa del duque de Palma de ser el único culpable en todo este embolado. Pero de lo suyo, de lo que realmente le importaba a corto plazo, de sus aspiraciones crematísticas, del dinero contante y sonante, nada de nada.

—Con lo que yo he hecho por Urdangarin y que me hayan pagado de esta manera, dejándome tirado, hace falta ser desagradecidos —se quejaba amargamente Torres, que en su fuero interno también se consideraba una víctima de todo lo que estaba sucediendo.

Ni fructificaba la negociación económica clandestina ni se atisbaba salida laboral alguna para el matrimonio, ni era ya factible un traslado fuera de España, ni el juez Castro y el fiscal Horrach revelaban signo alguno de complacencia o de debilidad ante la virulencia y calado de su ataque. Por el contrario, la postura del magistrado y del representante de la Fiscalía Anticorrupción era la de no virar un ápice a la espera de que Torres se «cansara» de sus órdagos y cesara su lluvia fina de correos. El exprofesor de ESADE solo podía acabar «mal o muy mal» y nada de todo lo que hiciera iba a poder alterar su inexorable e incierto destino.

Él era, a ojos de los investigadores, simple y llanamente «insalvable», por lo que por mucho que se empeñara no cabía posibilidad alguna de que saliese airoso tal y como pretendía. Cuanto antes admitiese su culpabilidad y restañase el daño ocasionado a las arcas públicas, mejor para él. De esa forma lograría acortar su más que posible condena y conseguiría saber, por fin, cuánto le iba a costar en términos económicos y penitenciarios todo aquello. La posición del juez y del fiscal era, en lo que respecta a él, claramente de fuerza. Por lo tanto, el único que tenía que tener prisa en cerrar la herida cuanto antes era Torres.

—Está muy pillado y no vamos a dar ningún paso que pueda aparentar debilidad por nuestra parte —razonaban desde el Ministerio Público, en pleno apogeo del chantaje institucional—. Al final no le quedará más remedio que pedir árnica por la que se le viene encima.

Atrapados en su propio laberinto, el antiguo socio del duque de Palma, su atrabiliario abogado y su mujer decidieron darle otra vuelta de tuerca a su maquinaria coercitiva. Lejos de levantar el pie del acelerador, dibujaron una nueva gran zancada en su desesperada huida hacia adelante. El polvorín que administraba Manuel González Peeters todavía albergaba recursos suficientes como para tensar más el equilibrio de fuerzas y la exasperante pasividad del resto de actores en el procedimiento requería un nuevo bombardeo intimidatorio. Torres se revolvía enfurecido al no conseguir nada que llevarse a la boca.

—Si no quieren caldo, tomarán dos tazas.

Una vez emprendido el camino de disparar a la cabeza misma de la primera institución del Estado, ya no cabía variar el objetivo. Torres era preso de su propio listón. Pero el hombre desafiante y orgulloso de las primeras andanadas se había visto despojado de su optimismo inicial y su rostro era el espejo de su alma.

Empezó a descuidar su aspecto, se estaba dejando barba para pasar inadvertido al salir a la calle y había engordado como consecuencia de la incontrolable ansiedad que le estaba ocasionando la lucha contra el sistema y contra sí mismo. Pensaba y repensaba su estrategia. Se pasaba el día buscando desesperadamente en el arsenal sobre el que estaba sentado nuevas bombas que resultaran definitivas para cerrar de una vez por todas la negociación. Solo el hallazgo de nuevos discos duros que creía olvidados o de ordenadores en desuso en los que afloraban nuevos correos electrónicos de Urdangarin y compañía amortiguaban su depresión e impotencia galopantes.

Hasta ahora había sido reacio a mantener contacto directo con periodistas y delegó esa función en su abogado, al que le divertía sobremanera filtrar, confirmar y desmentir a conveniencia, convencido de que estaba desplegando una estrategia bélica digna de un gran estadista. Se imaginaba a sí mismo en la sabana africana, midiendo cada uno de sus pasos antes de abatir a uno de los cinco grandes y rezando para que alguno no se girara hacia él y tuviera que echar a correr despavorido.

Se recreaba en la prosa de sus escritos, aludía constantemente a la «amnesia colectiva» de los imputados y se ofrecía, socarrón e irónico, a ayudar a todos los desmemoriados con sus pruebas documentales.

—¡Ah! Que este dice que no sabía nada, pues aquí tienen ustedes un correo donde queda claro que estaba al corriente de todo. ¡Ah! Que este otro dice que no conocía a Urdangarin y a Torres, pues he aquí la prueba que lo demuestra y le deja en evidencia —maquinaba.

Era un juego maquiavélico. A la vez le servía para ajustar cuentas con la legión de «desmemoriados» que intentaba salvarse como buenamente podía y confirmaba con mayor profusión de datos que Nóos y todas sus derivadas conformaban una estructura concebida para delinquir. Un tinglado dirigido por un grupo de desaprensivos que no se paraba en barras a la hora de conseguir su objetivo de ganar el máximo dinero posible en el menor plazo, perpetuar su fórmula en el tiempo y extenderla internacionalmente.

Si algo divertía a Torres y a González Peeters en medio de la oscuridad de sus cavilaciones eran los pronunciamientos de la Casa Real echándose a un lado y poniéndose de perfil.

—¡Ah! Que dicen que tampoco sabían nada y que Urdangarin iba por su cuenta… Hasta ahí podíamos llegar.

Hasta que soltó uno de los proyectiles más vistosos, que explosionó de una sola vez creando un castillo de fuegos artificiales que iluminaba la figura del rey y oscurecía la de los demás.

La advertencia no podía ser más explícita. Si don Juan Carlos quería dejar de verse salpicado por este proceso, debía tomar cartas en el asunto personalmente y sentarse a negociar en serio. Por mucho que le habían advertido a Torres de que correría la misma suerte que otros caídos en desgracia que intentaron sin éxito salvarse a costa de intentar implicar al rey, como los financieros Mario Conde o Javier de la Rosa, seguía confiando en que la tensión alcanzaría tal estadio que La Zarzuela rompería el tablero de juego y todo acabaría en un mal sueño que había durado demasiado. O él o el Estado. Y él, se convencía, podía acabar con el sistema tal y como lo conocemos, de un plumazo. Así se lo trasladó directamente a un reducido grupo de periodistas a los que convocó en Barcelona para comunicar personalmente «su verdad» y establecer futuras alianzas.

—Esto de Nóos fue montado por la Casa Real y si quieren investigarlo en serio, tendrán que procesar al rey. Lo sabía todo, ahora que no diga lo contrario —afirmaba con la clara intención de que la amenaza llegase a su destinatario.

Torres se dio cuenta de que en esta particular campaña de imagen era muy importante la repercusión internacional de su desafío y de ahí que decidiera establecer una especial relación con los periodistas de The New York Times, que pronto se sintieron atraídos por este jaque al rey tan cinematográfico.

El mensaje consistía en que el sumario ya no era un problema de Urdangarin ni de Cristina de Borbón con él, sino de la supervivencia de la propia institución.

—Yo tengo material para cargarme a la monarquía, ellos sabrán lo que hacen —presumió Torres al comienzo de las hostilidades y seguía diciéndolo con su tono siniestro.

Torres volvió a elegir un jueves, que se había convertido en su día preferido de la semana para aparecer en escena. Esta vez el 14 de marzo de 2013, que fue cuando exhibió su nueva demostración de fuerza. Había enseñado hasta ahora correos en los que se aludía a gestiones realizadas por don Juan Carlos para echar una mano a su yerno y a su hija. Al monarca le había salpicado tangencialmente el escándalo, apareciendo como un suegro que no dudó en echar un cable al matrimonio tanto económica como profesionalmente.

Pero he aquí una importante novedad. Sobre la mesa del juez Castro, a última hora de la mañana, como marcaba ya la tradición, el procurador de Torres deslizó cuidadosamente la nueva carga explosiva. Se trataba de un correo electrónico dirigido por el duque de Palma a su suegro. Sí, parecía una broma pesada, pero era real. Un e-mail del duque de Palma con el rey como destinatario final, en el que se podía leer perfectamente la cuenta de correo utilizada por el monarca.

La jugada situaba ya a don Juan Carlos en el centro de la diana. Urdangarin se había revelado como un torpe interlocutor para Torres y este pretendía entablar la partida directamente con el rey, con todas las consecuencias. Estaba convencido de que tenía muy poco que perder y todo por ganar. Así que adelante.

«Señor, tal y como le he anticipado por teléfono, le adjunto el tema que le quería exponer. Le doy las gracias de antemano», comenzaba el duque de Palma su e-mail, enviado el 10 de septiembre de 2004 al rey bajo el asunto «Cumbre de Valencia». Se refería, como su título indica, a la organización de los denominados Valencia Summit, financiados por las autoridades públicas del PP, y que estaba en pleno proceso de captación de anunciantes que engrosaran las arcas del Instituto Nóos y transformasen aquel evento en el suculento negocio particular en el que se acabó convirtiendo.

«El tema es el siguiente», explicaba Urdangarin. «En el Instituto Nóos estamos organizando un encuentro internacional que se celebrará en Valencia durante los días 27, 28 y 29 de octubre de 2004 […]. En esencia se trata de una cumbre internacional sobre el papel de los grandes eventos deportivos en el desarrollo de las ciudades con especial énfasis en la importancia de la cooperación empresas-sociedad civil-sector público».

«Por ello», abundaba el duque de Palma a su suegro, entrando ya en harina y con su habitual prosa rudimentaria y atropellada, «quería pedirle un par de gestiones que tendría interés en que pudiese mediar en la medida de la que fuera posible [sic] […]. Dentro del grupo de conferenciantes nos queda por invitar a ciertas personalidades que nos haría mucha ilusión su participación en la cumbre, pero soy consciente de la dificultad de la tarea», avanzaba. «Personas como Bernie Ecclestone (F1), Ernesto Bertarelli (ACM), Joseph Blatter (FIFA) o el mismo Jacques Rogge (CIO) podrían venir si el señor les anima a aceptar la invitación».

El presidente de Nóos quería el respaldo de las máximas autoridades y mecenas del mundo del deporte para que sus conferencias fueran un gran acontecimiento mundial que sirviera para disparar también la facturación.

Se trataba, una vez más, de un documento intrascendente para el procedimiento judicial por cuanto no desvelaba ninguna conducta delictiva, pero constituía una prueba de extraordinaria relevancia pública que dejaba al descubierto las tripas del Instituto Nóos.

«Por otro lado hemos hecho llegar (por medio de Jaime Marichalar) al Sr. Arnaud [sic] de LVMH una propuesta para participar como patrocinador secundario de la cumbre lo que por supuesto le daría derecho a participar en ella como ponente aparte de otros derechos expuestos en el documento». De entre todos los personajes apuntados, a Urdangarin le interesaba especialmente el patrocinio de la empresa francesa de artículos de lujo Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) y entablar contacto con su propietario Bernard Arnault —no Arnaud como escribió el duque a su suegro—, que está considerado como el hombre más rico del país galo y que tras la llegada de Hollande al Elíseo intentó infructuosamente exiliarse en Bélgica para pagar menos impuestos.

«Quizá con un impulso del señor, el tiempo no correría tanto y el Sr. Arnaud decide con rapidez. Creo que la propuesta es de gran interés para el grupo LVMH. Creo, sinceramente, que es un proyecto muy interesante. Y estoy convencido de que se creará una importante red de relaciones entre el grupo de académicos, directivos y gestores públicos», insistía Urdangarin. «Si le parece oportuno el tema, quedo a la espera de sus comentarios y plan de acción», se despedía el duque de Palma, que aprovechaba para enviar a su suegro un «fuerte abrazo».

La exigencia de Urdangarin ascendía a 200 000 euros en un principio y se acabó quedando en la mitad, pero logró arrancar al grupo francés la ansiada aportación económica a cambio, como venía siendo habitual, de nada. Esta donación obtenida gracias a la intermediación del rey, que hizo a su cuñado Marichalar llevarse las manos a la cabeza y advertir a tiempo la importante tormenta que se incubaba ya en el horizonte, parece anecdótica, pero no lo fue. Supuso un punto de inflexión que marcaría el devenir futuro de los negocios del exdeportista. Si aquella gestión había funcionado tan bien, ¿por qué no intentarla de nuevo en un futuro en caso de necesidad?

Tras caer en desgracia el Instituto Nóos y no lograr los éxitos esperados con la fundación de niños discapacitados liderada formalmente por Torres y capitaneada por él, sumado todo ello a las crecientes disputas económicas con su socio, Urdangarin rompió la alianza con su antiguo amigo íntimo y empezó a operar por su cuenta. Creyó haber adquirido conocimientos suficientes como para poder volar solo, sin la compañía de un socio en otra época imprescindible por su bagaje intelectual. A la vista de la alegría con la que se conseguía el dinero y las escasas exigencias de la clientela, Torres se había vuelto completamente prescindible. El duque se bastaba por sí solo y seguir compartiendo la aventura con su antiguo profesor solo le iba a traer quebraderos de cabeza y menos dinero.

Hasta el año 2007 la sociedad patrimonial Aizoon había sido utilizada por el duque de Palma y por Cristina de Borbón como un mero instrumento para desviarse los fondos recaudados a través de Nóos. Pero a partir de ese momento, esa sociedad instrumental, sin actividad real conocida, pasó a ocupar la primera línea. Ya sin la incómoda presencia de Torres, ¿para qué iban a crear una nueva fundación y dotarla de una enrevesada apariencia altruista si podían facturar directamente a sus clientes a través de Aizoon, a pecho descubierto?

La voracidad económica del matrimonio, que se había acostumbrado al ritmo de vida propiciado por los cientos de miles de euros desviados desde Nóos y la necesidad imperiosa de seguir costeando sus elevados gastos fijos tales como el pago de la hipoteca del palacete, le llevaron a correr el mayor de los riesgos. El de exponerse, sin escudos, velos fiscales ni parapetos, con su nombre y apellidos como única protección, a la hora de extender la mano y cobrar de grandes corporaciones privadas.

Se dieron cuenta de que los ingresos que obtuvieron a través del instituto teniendo que llamar a la puerta de decenas de empresas podían conseguirlos reduciendo su cartera de clientes y entablando con ellos una vía de diálogo que contara con el aval directo y personalizado de la Casa Real.

En los años de Nóos, sobre todo en los primeros, existía la prevención de cubrir de alguna manera las apariencias y la conciencia de que era importante entregar siempre algo a cambio de cada pago. Ya fuera un informe o un dossier plagiado de Internet. Pero algo tangible, por muy banal e inservible que resultara.

A partir de ahora se acabó ese embrollo de cubrir las formalidades. Se trataba de cobrar directamente. Pusieron, los dos, su condición de miembros de la familia real en el mercado, y la monetizaron. Aizoon no era, en sí mismo, nada. Por lo tanto, poco podían ofrecer. Sin embargo se lanzaron a la aventura sin preocuparles las posibles consecuencias de este salto triple sin red. Si se utilizaba Aizoon para los cobros, fiscalmente resultaba más beneficioso que si percibían el dinero cada uno de ellos por separado. Al final, era un dinero de los dos, conseguido gracias a los dos y que debían compartir en esa especie de caja común con la que lograban reducir luego la tributación y aumentar el margen de beneficio. Todo eso ya lo habían aprendido en los años de Nóos y tampoco necesitaban a Torres y a sus cuñados para ponerlo en práctica.

Siguiendo el ejemplo de sus primeras andanzas al frente del instituto empezaron a cobrar por «asesorías», que era la palabra mágica que lo decía todo y no significaba nada. Un intangible tras el que podían esconderse los más dispares servicios jamás prestados. El matrimonio contactó con un puñado de grandes empresas nacionales e internacionales. El gancho sería el de incorporar al duque de Palma a sus consejos de administración o el de contratarle como asesor externo. Funcionaría seguro.

Picaron el anzuelo a regañadientes en la inmobiliaria internacional Mixta África, constituida en 2005 y que ya había extendido sus tentáculos en Marruecos, Egipto, Mauritania, Tánger, Túnez o Argelia. Esta compañía decidió regalar de entrada a Urdangarin y a la infanta Cristina un total de 150 000 euros. Para ello articuló la dádiva a través de un contrato ficticio de compraventa de participaciones que rubricaron, como representantes de Aizoon, tanto el yerno del rey como su mujer. Ni depositaron un solo euro por las acciones ni tuvieron jamás la más mínima intención de hacerlo. Se limitaron a cobrar el dinero y punto.

Ahí estaban los dos juntos, estampando su firma y descendiendo al barro de los cobros a cambio de humo. Cristina de Borbón abandonó el segundo plano en el que se había situado hasta la fecha y dio un paso al frente convencida de que si no había pasado nada hasta ese momento nada iba a ocurrir a partir de ahora. Además de la compraventa simulada de acciones, Aizoon empezó a cobrar de Mixta África por supuestos consejos sobre inversiones inmobiliarias en el norte de África. Esta empresa abonó a la pareja otros 384 000 euros más. Los pagos se articulaban a través de facturas de Aizoon que rezaban escuetamente: «Servicio de consultoría al equipo directivo del consejo de administración». Ni los duques de Palma tenían conocimientos suficientes como para indicar a Mixta África dónde debía expansionarse ni se molestaron en hacerlo, pero abrieron la veda e irrumpieron en el proceloso mundo de la asesoría empresarial por la puerta grande.

El cebo se lo tragó también el grupo francés Pernod Ricard, uno de los gigantes mundiales de la distribución de «bebidas alcohólicas y espirituosas». Entre 2007 y 2008 satisfizo a los duques de Palma 160 000 euros por «servicios de consultoría y asesoramiento en gestión de empresas centrados en la realización de planes estratégicos, comerciales y dirección de proyectos». Si Urdangarin y la infanta no tenían know-how alguna en materia inmobiliaria, mucho menos en cuestión de licores. Sin embargo dejaron por escrito que los honorarios que percibían tenían como aval a Aizoon, que se presentaba sin pudor en los contratos como una empresa «que desarrolla actividades similares para otras empresas en varios países».

La relación de nuevas víctimas la pasaron a engrosar empresas nacionales como Aceros Bergara, a la que accedieron a través de su consejero delegado Joaquín Boixareu, vecino y amigo del matrimonio en Barcelona. Si los duques no tenían nociones acerca de inversiones inmobiliarias ni de bebidas espirituosas, mucho menos estaban en condiciones que aconsejar a un gigante metalúrgico. Pese a ello, se lanzaron de nuevo a la arena y empezaron a facturar a esta entidad.

Y si no tenían la más mínima noción de urbanismo, licores o aceros, mucho menos de tabacos. Sin embargo, también fueron fichados como consejeros de lujo por Altadis, que canalizó los pagos al matrimonio Urdangarin-Borbón a través de su filial marroquí. Al ponerse a cobrar de forma indiscriminada llegaron a hacerlo de la empresa de cazatalentos Seeliger y Conde, que ha contratado recientemente a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre; del grupo armamentístico francés Lagardère; o del gigante de la publicidad y relaciones públicas Havas Sport, que en los acuerdos suscritos llegaba a otorgar al duque de Palma el tratamiento que le corresponde a su esposa: «Su Alteza Real».

Daba igual la materia de la que se tratase, que allí estaban los duques de Palma para ofertar sus conocimientos como asesores en los más variados sectores económicos, consiguiendo en tiempo récord más de un millón de euros sin incurrir en coste alguno.

La bomba del e-mail entre Urdangarin y el rey tuvo, como era de esperar, un considerable eco mediático, pero disipada la niebla de la explosión, regresó la nada, el silencio, la ausencia de llamadas y de contactos por parte de La Zarzuela. Torres se transformó en un jabalí herido y rabioso, que veía que se empleaba a fondo y no conseguía lo que pretendía. Y cuanto mayor era la inacción de la Casa Real y el desprecio a sus pretensiones, aumentaba exponencialmente su deseo por sacar más y más munición.

No había querido entrar hasta ese momento en el terreno personal, pero llegados a este punto, estaba decidido a hacerlo. Si en La Zarzuela no reaccionaban con los chanchullos de Nóos, ahora sí que iban a respirar. Torres recopiló una nueva remesa de correos electrónicos. Esta vez de alto contenido íntimo, en los que el duque de Palma tonteaba con otras mujeres y quedaba como un marido patoso e infiel.

—Ahora me voy a cargar el matrimonio —presumía Torres, convencido de que no le iba a costar demasiado hacerlo.

Antes de arrojar la munición quiso que llegara nítida la amenaza a los oídos reales y judiciales. González Peeters trasladó personalmente al juez y al fiscal sus nuevas intenciones y se topó con una respuesta tajante. Intentaron disuadirle al tiempo que le preguntaron si se habían vuelto definitivamente locos.

—Ni se te ocurra aportar ese tipo de correos a la causa porque los vamos a rechazar.

Pero ni con esas. El Mundo advirtió de la última amenaza de Torres y pidió que se extremaran las medidas para que el Caso Urdangarin se quedara en un escándalo de malversación de caudales públicos y no traspasara la frontera de lo personal para convertirse, también, en un lío de faldas. Lo que había hecho el duque de Palma con el dinero de los contribuyentes incumbía a toda la ciudadanía, pero lo que hubiera hecho en su vida personal le concernía solo a él.

La información de El Mundo pilló a Torres y a su abogado con el paso cambiado, González Peeters empezó a desconfiar de su entorno y juró venganza eterna contra quien hubiera osado filtrar su estrategia más delicada con antelación. Negó en público disponer de semejante material, pero se explayó en privado.

—Solo puedo decir que tengo mucho material de Urdangarin con ojitos azules. Que cada uno saque sus propias conclusiones —soltaba entre risotadas.

Diego Torres había revelado a González Peeters la cantidad de uranio que se almacenaba en esta aparentemente inocente bomba nuclear y el abogado cazador no estaba dispuesto a desperdiciarla. Su deflagración podía hacer pupa, muchísima pupa, porque ahora no se trataba de euros sino de emociones, en el corazón de la familia Urdangarin-Borbón. Sí. Lo de «ojitos azules» eran palabras mayores.

CAPÍTULO XV

«Te propongo que me pidas la imputación de la infanta». Que viene, que viene… y vino. Un 3 de abril para los libros de historia: primer miembro de la familia real que es llamado a declarar por un juez. Zarzuela se «sorprende» con Castro y aplaude a Horrach. El recurso más rápido de la historia

—Te propongo que me pidas la imputación de la infanta.

Con estas palabras sorprendió José Castro a su entonces íntimo compañero de viaje el fiscal Pedro Horrach en el cruce de febrero a marzo, pocas jornadas después de la segunda declaración de Iñaki Urdangarin en los juzgados de Palma —la primera tuvo lugar el 25 de febrero de 2012, la segunda un año menos un día más tarde—. El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma había llegado a la conclusión de que si tiraba de honestidad profesional era imprescindible citar a declarar como imputada a la hija del primero de los españoles. Y mira que le había dado vueltas al tema. Que por muy «echao palante» que parezca uno o que lo sea, el miedo a que lo asesinen civilmente es libre. Pero el instructor del Caso Urdangarin no divisaba otra salida que esa so pena de tener que dictar una injustísima resolución a sabiendas.

La tensión se palpaba en el ambiente del despacho del juez, plagado de no menos de cincuenta tomos de este y otros casos, los más notorios de los últimos años en las Islas Baleares porque el caprichoso destino ha querido que Castro se encargue de las instrucciones más mediáticas. Pedro Horrach, miembro de una saga hotelera de pro, un fiscal técnicamente fuera de serie, no se tomó muy bien aquel inesperado asalto con premeditación, diurnidad y cero alevosía.

—No veo ningún motivo para imputar, Pepe, no te obceques, que no hay materia —respondió, muy seco, el normalmente afable fiscal anticorrupción balear—. Y por cierto, para evitar confusiones, si la imputas, yo recurriré —avisó el representante del Ministerio Público para que a Castro no le cupiera en el futuro el recurso de llamarse a andanas o pensar que su interlocutor le había traicionado tras dos años de investigar mano a mano el escándalo más llamativo de la última década en España.

Pedro Horrach había despachado el asunto días antes con su inmediato superior, el jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas, que a su vez reportaba al capitán general de la Fiscalía, Eduardo Torres-Dulce. Lo normal en una institución en la que imperan los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica. El muy cinéfilo y muy madridista Torres-Dulce obedecía órdenes del gobierno, que se limitaba a cumplir a machamartillo el juramento sellado un año atrás en el Monte de El Pardo.

La Carta Magna de 1978 consagró la dependencia, más bien la sumisión, de la Fiscalía General del Estado respecto del gobierno. «El fiscal general del Estado será nombrado por el rey, a propuesta del presidente del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial», recoge el precepto 124 de la Constitución. Quiso el legislador constituyente que el ejecutivo tuviera las riendas de los demás poderes haciendo de la capa de la justicia su sayo particular. Como vemos, a Montesquieu no lo enterró Guerra sino los siete padres de la Constitución: José Pedro Pérez-Llorca, Gabriel Cisneros, Miguel Herrero de Miñón, Manuel Fraga, Gregorio Peces-Barba, Jordi Solé Tura y Miquel Roca Junyent. El vicepresidente del primer gobierno socialista se limitó a pegar el tiro de gracia al espíritu de Charles Louis de Secondat en 1985. Pero era un cadáver hacía siete años. Y el que seguro que nunca se arrepentirá de haber tomado aquella decisión es el que treinta y seis años después ostenta la jefatura del dream team jurídico barcelonés de doña Cristina, Miquel Roca. Equipo en el que brilla con luz propia uno de los Messis o Ronaldos del Derecho Penal, Jesús Silva. A los que recurren al ejemplo estadounidense de la dependencia del Ministerio Público hay que recordarles que allá el fiscal general hace lo que le dicta la conciencia aunque le siente a cuerno quemado al dueño del maletín nuclear. Es más, allá el fiscal general exacerba su independencia porque es consciente de que la ciudadanía es inclemente con los que osan transformarse en felpudos humanos.

Fuentes solventes de la Fiscalía General del Estado relatan que las instrucciones transmitidas verbalmente por Antonio Salinas a su subordinado balear se desarrollaron en términos indiscutiblemente imperativos:

—Ni se te ocurra pedir la imputación o sumarte a la imputación.

Horrach niega por activa y por pasiva haber recibido tales órdenes. Lo desmiente con la misma vehemencia con la que asegura que él se limita «a informar a Antonio Salinas y ya está». Pero la ley de leyes de 1978 viene a afirmar con otras palabras lo que el refranero español resume en el celebérrimo «donde hay patrón, no manda marinero». «El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica», agrega la Carta Magna, que dejó todo atado y bien atado para evitar despistes en un sistema que hasta ahora ha funcionado cual apisonadora con todo aquel que intentaba saltarse el guión. Como previno precisamente el hermano de Juan Guerra, «el que se mueve no sale en la foto». Horrach lo sabe muy bien. Y aunque pública y privadamente jura y perjura que, en su opinión, «no hay motivo alguno» para imputar a la séptima en la línea de sucesión, nunca sabremos si eso realmente es así o no, porque en las conciencias humanas solo puede entrar Dios.

Quién se fue de la boca es un misterio. Pero que alguien se fue de la boca acerca de las intenciones del magistrado es un hecho incontrovertible. ¿Fue el serio y riguroso Pedro Horrach o el hermético hasta el paroxismo José Castro? En este apartado seguramente también habría que pedir ayuda al más allá. Lo cierto es que el runrún era ya incesante en ese monumento al tercermundismo arquitectónico que son los juzgados de Vía Alemania (La Castellana o La Diagonal de Palma). Y no solo en los dominios de José Castro era un clamor a modo de soniquete el «van a imputar a la infanta, van a imputar a la infanta». Radio macuto daba por descontada la citación de Cristina Federica de Borbón y Grecia en la semana previa a la Semana Santa de 2013. Entre el 17 y el 22 de marzo se cruzaban todo tipo de apuestas y se rellenaban toda clase de quinielas sobre una posibilidad que nadie terminaba de creerse del todo por aquello de que en España todavía sigue habiendo clases. Ni al más humilde y menos informado de los españolitos se le escapa que por estos lares hay un elenco de unos 20-30 vips que hagan lo que hagan son inmunes a Doña Justicia. Desde los Albertos al señor X de los GAL, pasando por José Blanco o José Antonio Griñán o los máximos dirigentes del PP en el caso de la financiación ilegal. A efectos prácticos no solo el rey goza de inmunidad judicial. Todo ello sin contar ese otro club de intocables que conforman todos aquellos políticos que gozan del privilegio medieval del fuero.

Marzo fue el enésimo mes horribilis para una familia real acostumbrada a vivir en zozobra desde septiembre de 2011, cuando El Mundo levantó con más fuerza que nunca una veda que casi todos los medios cumplían a rajatabla. La que prohíbe cantar y contar las verdades de una Casa Real que no es mejor ni peor que las demás casas reales o, mejor dicho, que en unos aspectos es moralmente más saludable y en otros sustancialmente menos recomendable. Como todo hijo de vecino, como cualquier colectivo. La autocensura había funcionado a las mil maravillas gracias al pacto de la Transición y solo el diario dirigido por Pedro J. Ramírez, El Siglo de José García Abad, Federico Jiménez Losantos y cuatro o cinco oasis más se habían opuesto a ella por deontología y por dignidad. Ninguno de ellos es un republicano furibundo, sino periodistas de raza dotados de un espíritu crítico más anglosajón que de esta tierra secularmente proclive al vasallaje.

En marzo de 2013 los españoles conocieron, por ejemplo, que el socio de Iñaki Urdangarin había tenido la desfachatez de acogerse a la amnistía fiscal de Montoro, que permite repatriar o legalizar fortunas ocultas en paraísos fiscales a cambio del pago al Ministerio de Hacienda de un simple 10 por ciento, menos del tipo marginal mínimo del IRPF. «Las cosas de Cristóbal», como suelen decir en el gobierno a la hora de referirse a las venadas del titular del señorial caserón de Alcalá 9 y en especial a esta, que era en sí toda una provocación a los cerca de seis millones de españoles en paro y a los dieciséis que han visto reducida en torno a un 30 por ciento su capacidad adquisitiva mientras contemplan impotentes cómo el precio de la energía, el agua, la cesta de la compra y otros bienes esenciales se ha disparado hasta un 70 por ciento. Todo ello por no hablar del tipo general del IVA, que ha engordado cinco puntos en cuatro años. Del 16 al 21 por ciento.

En el colmo de la osadía, Diego Torres había regularizado 160 000 euros que tenía escondidos en un una cuenta en Luxemburgo de la que el fisco español no tenía conocimiento. Vamos, que estaba a por uvas. Lo más sangrante de todo es que la Agencia Tributaria, tan diligente con los ciudadanos honrados, no había hecho el descubrimiento de oficio sino tras la preceptiva orden dictada por el magistrado José Castro para que los inspectores se pusieran manos a la obra.

La eufemísticamente llamada Declaración Tributaria Especial, que no era sino el baratísimo perdón a los contribuyentes que habían evadido dinero a zonas off shore, es decir, beneficiar a los que se habían portado mal con el fisco mientras se exprime a los que viven honradamente de una nómina, sirvió para recaudar 1200 millones de euros en lugar de los 2500 prometidos a bombo y platillo por el verborreico titular del ramo. Mientras tanto, las cuentas de Urdangarin en Suiza y las del duque y Torres en Belice y Luxemburgo continúan inmaculadas, con al menos 2 millones de euros a buen recaudo. Deben de ser como la infanta: intocables. Y las comisiones rogatorias funcionan con el mismo celo e idéntica celeridad que las cursadas a cuenta del escandaloso ático del millonario presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que casualmente se enviaron a un destinatario equivocado. Peticiones de auxilio judicial internacional con arranque de purasangre andaluz y parada de burro.

La Semana Santa de 2013, que coincidió con el ocaso del mes de marzo, supuso una tregua. Había opiniones para todos los gustos y condiciones: los que pronosticaban que Castro no se atrevería hasta los que sospechaban que sí daría el paso. Estos últimos contaban con la nada privilegiada información que supone conocer profesionalmente al cordobés, que lleva treinta y nueve años de ejercicio en los que ha dejado constancia de una independencia sin límites, de hacer lo que le dictaban su conciencia y las pruebas y de no someterse a nada ni a nadie. Un personaje al que las cloacas del Estado llevaban año y medio largo escudriñándole con el impuro objetivo de cazarle en una debilidad. Era un tres en uno: «Cherchez la femme, cherchez l’argent, cherchez l’enfant». Ni mujeres, ni dinero sucio, ni menores. Nada de nada. No había por dónde hincarle el diente porque, oye tú, todavía hay gente honrada a carta cabal. Los de las cloacas, amorales por naturaleza, no pueden comprender que todo el mundo no es como ellos. Tras destriparlo y someterle a todo tipo de seguimientos, todo lo más que pudieron sacarle fue una decena de fotos tomándose un gin-tonic con la letrada de la acusación popular de Manos Limpias, Virginia López-Negrete. En la seudonoticia publicada por un medio madrileño se insinuaba poco menos que estaban liados, que eran un par de borrachines y que se confabulaban para mandar a la familia real a Cartagena a coger plaza en el primer barco y poner rumbo al exilio. «El juez Castro, de copas en Mallorca con una abogada de la acusación particular», titulaban. «La letrada de Manos Limpias y el magistrado intimaron una hora en un bar», subtitulaban. Sobran mayores comentarios porque el titular y el subtítulo se comentan por sí solos.

El nulo rigor del libelo era de tal calibre que la opinión pública pasó literalmente de él porque, como diría el castizo, «los españoles no son lerdos». Ni están liados, ni son alcohólicos, ni hablaban de la citación de infanta. O sí, chi lo sa. Se presentaba como anormal algo tan habitual como es el hecho de que un instructor se reúna con una de las partes. Castro ha comido en más de una ocasión con Manuel González Peeters, abogado defensor de Diego Torres, y con Mario Pascual Vives, cuyo cliente es el actor principal, Iñaki Urdangarin. Y lo ha hecho en presencia de otros abogados de la causa. Que lo cortés no quita lo valiente. Y nadie dijo nunca que estuvieran hablando de la posibilidad de exonerar o hacerle un apañito al duque, a su socio o la señora esposa de su socio.

No fue el primer recado siciliano a Castro. Todo lo contrario: los recados habían sido la constante en los últimos meses. Lo primero que hicieron fue sellar con silicona las cerraduras de su chalé adosado. El segundo «ojo con lo que haces» lo imprimieron metafóricamente en las ruedas de su automóvil, que una mañana aparecieron literalmente rajadas. Otra madrugada algún hijo de Satanás sembró de heces el felpudo, el acceso y la puerta de su hogar. Solo faltó que algún mafioso colocase la cabeza de un caballo entre las sábanas de su cama. Y entre unas cosas y otras, la policía le informó de que era objeto de seguimientos. Las contravigilancias que se desarrollaban en torno a él habían detectado «cosas raras». Lo curioso es que no se había detenido a nadie. ¿Tal vez porque era fuego amigo? Harto del sinvivir que suponía para él y para su compañera sentimental irse a dormir con la incógnita de cuál sería la siguiente sorpresa mañanera, Castro acudió a una empresa de seguridad y adquirió un modesto aparato de vídeovigilancia que instaló en los dos extremos del techo del umbral de su domicilio. Los sustos cesaron.

Lo de Pedro Horrach fue menos intenso pero igual de inquietante. El fiscal anticorrupción halló en su buzón un sobre en cuyo interior había dos fotos: una con un nada interpretable «cuidado» y otra sobrevolada por dos grandes cuernos en la que aparecía con su esposa, la bilbaína Ana Zacher. Tanto juez como fiscal rechazaron la protección que les ofreció la policía para no perder su intimidad, máxime en un lugar como Mallorca en el que hasta el más rico entre los ricos gusta de pasar desapercibido. Un paraíso que es menos paraíso si has de moverte permanentemente custodiado por dos sombras.

El regreso de la Semana Santa 2013 fue un sinvivir en palacio. El vía crucis se alargaba más de la cuenta. El lunes 1 Castro no respiró, el martes 2 llegó al juzgado en su deportivo de segunda mano como si tal cosa, el miércoles 3 arribó con su proverbial sonrisa y dando los buenos días a los periodistas, a María Ferrer, jefa de prensa del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, y al gigantesco Primo, jefe de seguridad del edificio de Vía Alemania.

El arte de la guerra de Sun Tzu concede extraordinaria relevancia al factor sorpresa. Y esto del Caso Urdangarin es una continua batalla táctica y estratégica por la cantidad de intereses creados que hay, por el infinito número de focos que intentan iluminar el escenario y por la nada desdeñable cantidad de actores que se pasan el día devanándose los sesos para ver cómo echar el telón. A Castro eso le ha quedado meridianamente claro con el paso de los meses. El tictac del reloj del Juzgado de Instrucción 3 continuaba sonando como si tal cosa. Nada permitía vaticinar que aquel 3 de marzo sería un día que se estudiará en los libros de historia. Y cuando todo el mundo presagiaba que el magistrado instructor se había echado atrás, se había acobardado o no había encontrado motivos para imputar a la infanta, auto al canto.

Alguien exclamó: «Hoy tampoco» sobre la una y cuarto de la tarde del miércoles 3. Seguro que a las 13.25 horas pensó para sus adentros: «Qué guapo habría estado calladito», cuando elmundo.es lanzó una exclusiva que nadie hubiera vaticinado tan solo dos años antes. Es más, si un columnista, un político o un ciudadano cualquiera asegura hace un lustro, una década o un siglo que algún día un juez iba a sentar en el banquillo a una infanta de España le hubieran puesto una camisa de fuerza y lo habrían remitido al frenopático más próximo para que revisasen su estado mental.

«La infanta Cristina imputada», rezaba el titular a gigantescos caracteres de la web de El Mundo. La información firmada por Esteban Urreiztieta y Eduardo Inda revelaba que se atribuía a la hija menor de los reyes la presunta comisión de un delito de tráfico de influencias.

A pesar de que parezca etéreo, menor o difícilmente probable, el de tráfico de influencias no es un delito de poca monta. Los artículos 428 y 429 del Código Penal no admiten lugar a la duda. «El funcionario, autoridad o particular que influyere en un funcionario o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de una relación de amistad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o un tercero incurrirá en las penas de prisión de seis meses a dos años», prescriben. Quién diría que estas seis líneas vienen como anillo al dedo al comportamiento de la infanta Cristina, cuyo nombre y cuyo título se empleaban como gancho en el book que el Instituto «sin ánimo de lucro» Nóos presentaba en administraciones y empresas privadas para pegar sus multimillonarios pelotazos. No es lo mismo plantarte en ArcelorMittal o en el Govern balear como fulanito, menganito o zutanito que hacerlo siendo Iñaki Urdangarin y, además, tirando explícitamente de tu mujer y del secretario de tu mujer, al que presentas rimbombantemente como «asesor de la Casa del Rey».

Dieciséis horas más tarde, las furgonetas de reparto arrojaban los mazacotes de ejemplares de El Mundo en los buzones de todos los quioscos de España. «Su Alteza imputada», se podía leer en uno de los cuerpos de titular más grandes empleados en los veinticuatro años de existencia de un proyecto editorial fundado por las ansias de libertad de gentes a las que el felipismo intentó amordazar.

José Castro basó su resolución en el folleto comercial adelantado en exclusiva por el diario de Unidad Editorial en noviembre de 2011. Un panfleto publicitario en el que se venía a sugerir algo así como «invierta usted aquí porque la Casa Real está detrás de todo». A la infanta la utilizaban y ella se dejaba utilizar. «La presencia de ambos [Cristina de Borbón y su subordinado Carlos García Revenga como tesorero] en Nóos tenía la pretensión de aparentar ante empresas privadas e instituciones públicas que todas las operaciones que hacía el Instituto Nóos eran conocidas y gozaban del respaldo de la Casa de Su Majestad el Rey», puntualizaba. Lo podía decir más alto y menos elegantemente pero no más claro.

Que no es una pobre mujer que no se enteraba de nada lo demuestra el hecho de que cuando intentaron meter la cabeza en la Generalitat fue ella y nada más que ella la que llevó la voz cantante durante la cena que compartieron los matrimonios Urdangarin y Maragall. Al punto que su marido se comportó como un hombre sometido al ordeno y mando de su mujer. El Instituto «sin ánimo de lucro» Nóos quería hacer caja con el gobierno autonómico catalán, imitando el modelo tan rentable puesto en práctica en Baleares y la Comunidad Valenciana. Rentable, obviamente, para Urdangarin y Torres, no para los contribuyentes de ambas comunidades: a los primeros la estafa Nóos les salió por 2,6 millones de euros; a los segundos por 3,7.

En uno de sus prolijos autos, José Castro consideraba «fuera de toda discusión» que Cristina de Borbón y su asistente personal, Carlos García Revenga, «prestaron su consentimiento a que se usaran sus nombres, tratamiento y cargo e incluso aquella a ser copartícipe de la entidad mercantil Aizoon, pues no cabe imaginar que pudiera hacerse de otro modo». El juez fue desechando uno por uno los motivos argüidos por Iñaki Urdangarin semanas antes para exonerar a su real esposa. «No se sostiene la afirmación del señor Urdangarin en el sentido de que la infanta Cristina figuraba en Nóos para ofrecer a sus interlocutores la mayor transparencia», razonaba. Y consideraba que el punto de inflexión, el que hacía impepinable tomar declaración a la infanta, fueron las denominadas «bombas atómicas» de Diego Torres. Esos correos electrónicos que demostraban la participación activa de ella en las labores de lobbying.

«Con ellos [los correos electrónicos] han surgido una serie de indicios que hacen dudar de que Cristina de Borbón desconociera la aplicación que su esposo diera a su mención como vocal de la junta directiva y a su participación en la mercantil Aizoon», proseguía en su reflexión. La infanta tenía presencia física y jurídica tanto en la «ONG» que saqueaba las administraciones como en la empresa familiar a la que se desviaba parte de los fondos públicos. Motivo más que suficiente para imputar a ella o a cualquier otra persona en su misma situación. Porque imputar no es acusar ni sentar en banquillo a un ciudadano, menos aún condenarlo. Es algo tan básico como escucharle porque su nombre aparece implicado en mayor o menor medida en un asunto de relevancia penal. Y punto.

El cordobés vecino de ese bucólico barrio de pescadores palmesano que es El Molinar explicaba que convenía «despejar todas las incógnitas existentes antes de que termine la instrucción». Añadía que obrar de otra manera redundaría en «un cierre en falso en descrédito de la máxima de que la justicia es igual para todos». Quedaba claro que José Castro había tomado la palabra al rey, que dos Nochebuenas antes había pronunciado, calcadita, esa frase. Y ponía el dedo en la llaga con el gran titular que ofrecía su auto: «Doña Cristina pudo cooperar en los delitos de su marido». Una obviedad tautológica, es decir, una perogrullada al cuadrado que solo podía disiparse recabando la versión de ella, sometiéndola al principio de contradicción.

La Casa Real reaccionó asumiendo el rol de parte, quebrando su deber de imparcialidad y removiendo de nuevo el espíritu de Montesquieu. En un comunicado emitido a última hora de la tarde, que llevaba el invisible sello Ayuso, destacaba su «sorpresa» por «el cambio de posición expresado por el juez». Como si una instrucción fuera una foto fija y no un devenir de sorpresas en el que las pruebas o indicios que surgen por el camino pueden acabar dando un vuelco de 180 grados a la situación procesal de cada uno de los justiciables. Eso sí, tras la tarascada al magistrado se añadía «el máximo respeto a las decisiones judiciales». Una contradicción in terminis por cuanto «el máximo respeto» a un auto judicial consiste en no comentarlo. Pues menos mal que respetaban las decisiones judiciales…

Al fiscal anticorrupción Pedro Horrach le faltó tiempo para confirmar su recurso. Después de comer ya había anunciado su determinación de reclamar a la Audiencia la «desimputación» de Su Alteza Real. Ni los más viejos del lugar recordaban una respuesta del Ministerio Público instantánea, en tiempo real. O la parsimoniosa Justicia española se había puesto las pilas para desmontar esa vieja queja de Don Justiciable, que sostiene que «si es lenta, la justicia es menos justicia», o aquí había un trato de favor que contradecía la afirmación real del 24 de diciembre de 2011. Daba la impresión de que el recurso, que oficializaría cuarenta y ocho horas después, estaba redactado hacía semanas. Algo perfectamente factible porque Castro le había avanzado antes de las fiestas el paso que iba a dar y cómo lo iba a dar.

«Imputar a la infanta en Nóos por hechos que a priori no presentan rasgos delictivos es, cuando menos, un trato discriminatorio. Se ha roto el principio de igualdad», apuntaba Horrach en el escrito presentado el 5 de abril, dejando entrever que se maltrataba y se prevaricaba con la hija del rey, que se la trataba peor que a un peligroso delincuente. «La mera aparición de un nombre en los folletos informativos o de presentación de una entidad no es en sí misma suficiente para la comisión de la citada figura delictiva [tráfico de influencias], por alto que sea el rango personal o institucional de que se trate», subrayaba en defensa de Cristina de Borbón y Grecia. El virrey de Anticorrupción en las Islas señalaba que para que se produzca dicho tipo delictivo «hace falta una actividad añadida, la de influir». «Esto es, la sugestión o instigación sobre otra persona para alterar su proceso motivador en la toma de una decisión». Jaume Matas había resuelto meses antes ese enigma en Es la mañana de Federico, de esRadio y en una entrevista con el genial Jordi Évole en La Sexta. «¿Pero cómo voy a someter a concurso un proyecto que me presenta el yerno del rey?», confesaba en voz alta el expresidente de las Islas Baleares, que metió en el bolsillo de la trama 2,6 millones de euros públicos.

Si la Fiscalía y palacio no jugaban al tiqui-taca, al menos lo parecía. Las dudas quedaron disipadas esa misma tarde cuando la Casa del Rey expresó su «absoluta conformidad» con el recurso del Ministerio Público. Se acababa de escribir el capítulo uno de la Operación Cortafuegos.

CAPÍTULO XVI

Diego Gómez-Reino lo tiene claro: «Mantendré la imputación». Movimientos telúricos en el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares. El papelón de un magistrado honrado y de una jueza anodina. Juan Jiménez Vidal, el nombre del hombre que desafió al sistema. La infanta no es igual ante la ley. La Audiencia tumba el tráfico de influencias pero abre a José Castro la puerta del corral del blanqueo y el delito fiscal

Que el destino se escribe en las estrellas y no en Zarzuela, Moncloa o cualquier otro centro de poder quedó claro ese miércoles 3 de abril de 2013 que dentro de cien años aparecerá inscrito con letras mayúsculas en uno de los epígrafes de la historia de España del siglo XXI. La Operación Cortafuegos no había alcanzado sus objetivos, entre otras razones porque despreciaron dos detalles cero baladíes: un juez independiente y un azar que es setenta veces siete más incontrolable.

Quiso el azar que en la macroinvestigación del Caso Palma Arena, el sobrecoste de un velódromo de la era Matas que costó más del doble (110 millones en lugar de los 48 presupuestados), los agentes de la Policía Judicial mandatados por José Castro se llevasen toneladas de documentación de la sede del Govern de las Islas Baleares. Cajas y cajas y más cajas. Cientos de cajas. Y quiso ese inescrutable hado que obra irresistiblemente sobre los hombres que al destripar aquel Everest de papeles surgieran las facturas de lo que hoy día es el Caso Urdangarin. Y se peinó todo el rastro del Instituto «sin ánimo de lucro» Nóos porque José Castro y Pedro Horrach sospechaban que el entorno del duque pudo ser el motivo de parte de ese sobrecoste de los trabajos de un velódromo cuya necesidad en Palma era la misma que la que hay de construir una fábrica de hielos en el Polo Norte. Se lo llevase el yerno del rey y su socio, que de momento no se ha podido probar, Matas o el sursuncorda aquí ha debido de haber tomate. Cuando hay sobrecoste hay mordida. Si no hay mordida no hay sobrecoste. Elemental, querido Watson: si contratas la obra por el importe real no hay margen para engrasar al político de turno o al funcionario de guardia. Si la engordas puedes darle al on de la repartidora todo lo que te venga en gana.

Los nunca bien ponderados policías judiciales, cuyo salario mensual es 250 veces inferior a lo que Urdangarin o Torres se metían en el bolsillo cada día de Fórum balear, empezaron a escrutar la documentación y se toparon con la génesis de lo que hoy es un monumental escándalo. Es decir, que el Caso Urdangarin no es fruto de las malas artes de un juez que va a por la monarquía sino de la casualidad. La culpable de todo es la caprichosa de Doña Casualidad. Se lo encontraron. El tema les sonaba porque en febrero de 2006 El Mundo/El Día de Baleares había publicado el llamativo presupuesto del primer Fórum, celebrado tres meses antes, que contenía partidas que provocarían la carcajada si no estuviéramos hablando de dinero público y de ni más ni menos que 1,2 millones de euros. De un saqueo de libro, en conclusión, que pasó relativamente desapercibido en aquellos tiempos de bonanza y respeto cuasirreverencial a la primera institución del Estado, pero que cinco años más tarde, con 6 millones de parados y compatriotas pasando hambre en España, resultaba una burla en toda regla.

El equipo de los «más papistas que el Papa» sostiene sin no demasiado rigor que José Castro quiere «cargarse a la monarquía» y que así lo ha expresado a sus amigos en varias fases de la instrucción. No hay constancia de ellos. Es más, olvidan que nadie sabe muy bien de qué pie político cojea el magistrado. Si es rojo, azul, monárquico, republicano, centrista, mediopensionista, católico, budista, seguidor de los hare krishna, ateo, del Real Madrid o del Barça. Entre otras razones, porque si bien un representante de la justicia goza del mismo derecho que cualquiera a tener la ideología que le venga en gana, no cuenta moralmente con el de confesarla a sus congéneres. Puede hacerlo, sí, pero no es aconsejable por esa intrínseca obligación moral de guardar las apariencias. La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, ideada por el entonces ministro del ramo y ahora magistrado del Supremo Fernando Ledesma, es aclaradora al respecto en su artículo 395: «Los jueces y magistrados no podrán pertenecer a partidos políticos o sindicatos». Claro que también proscribe su asistencia a reuniones públicas que carezcan de carácter estrictamente judicial y van, vaya si van. Muchos de ellos, el fiscal jefe de Baleares mismamente, se pasan más horas en copetines del gobierno tal, del alcalde cual o de la empresa pascual que en un despacho en el que la ausencia de papeles es tal que parece no haberse estrenado nunca. Algunos de estos gerifaltes harían las delicias de la más eficaz de las canaperas.

La patata caliente de la imputación de la infanta quedó pues sobre la mesa de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma, presidida por el gallego Diego Gómez-Reino Delgado. Un coruñés relativamente joven que ha pasado buena parte de su vida profesional en las Islas Baleares. Hizo sus primeros pinitos en su tierra, al poco tiempo fue destinado a Ibiza, luego a Mallorca, al punto de que se le puede considerar un mallorquín más si aplicamos esa máxima que sostiene que «uno no es de donde nace sino de donde pace». Lleva ya casi dos décadas residiendo en la Isla de la Calma.

Gómez-Reino estudió en el jesuítico y exclusivísimo centro universitario ICADE, situado en la madrileña calle de Alberto Aguilera. Era un estudiante destacado, de los mejores de la clase. No el típico empollón pero sí un muchacho responsable, aplicado y que hincaba los codos lo justo porque, inteligente, lo que se dice inteligente, es un rato inteligente. En Palma ocupó primero una plaza en Primera Instancia para al poco tiempo recalar en los Juzgados de lo Penal, que es lo que de verdad le motiva. Pertenece a la asociación Jueces para la Democracia, que se autodenomina «progresista» en esa clasificación ideológica que tan arraigada está en España y que no es sino una confesión del ínfimo nivel en el que está la independencia del tercer poder. Corren malos tiempos para el sistema de contrapesos que alumbró Montesquieu, una garantía para el sano funcionamiento de un Estado, una especie de mágico equilibrio que impide de facto los abusos de los gobernantes sobre los gobernados. Papel mojado en esta España a la deriva moral, económica y territorialmente.

Sus compañeros de sala son la tan aragonesa como formal Mónica de la Serna, de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de corte liberal conservador si nos atenemos a esa aberrante distribución de los jueces y magistrados en función de sus afinidades ideológicas. El tercero en discordia es Juan Jiménez Vidal, también con carné de Jueces para la Democracia, y que antes que fraile de la justicia fue cocinero de la abogacía. Este andaluz de pro representó a CCOO durante años como letrado laboralista. Es un tipo que se viste por los pies, honrado a carta cabal y al que su ideología de izquierdas no le nubla la conciencia. Es el único del trío que no accedió a la carrera judicial por oposición sino en virtud de ese cuarto turno que permite ejercer a «juristas de reconocido prestigio». El coladero que se inventó Felipe González a mediados de los ochenta para compensar con jueces de izquierdas una institución plagada de gentes más próximas al centro derecha o a la derecha pura y dura en el caso de los provenientes de las estructuras judiciales franquistas.

«Menuda nos ha caído», comentaban jocosamente entre ellos los titulares de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma, que es la encargada de revisar todos los recursos que se interponen contra las resoluciones de José Castro. O mejor dicho contra el Juzgado de Instrucción 3 de la capital balear. El marrón era de los que hacen historia y nunca mejor dicho. Sabían que iban a tener al sistema vigilándoles y a la opinión pública escrutando cada paso que dieran, por mínimo que fuese, y con todos los boletos para que unos u otros les dieran hasta en el carné de identidad en función del resultado del recurso contra la imputación de la infanta.

Diego Gómez-Reino ponía cara a los tres. Alguna desventaja había de tener el privilegio de ser presidente de la Sección Segunda. El gallego era, pues, el epicentro de todo el chauchau judicial. Muy especialmente en la sede de la Audiencia Provincial, que comparte edificio con el Tribunal Superior de las Islas Baleares, en la plaza del Mercado, en pleno centro histórico de Palma. En un edificio de ese estilo semigótico levantino que tiene su aquel. Es más bello por dentro que por fuera, como tantas y tantas construcciones del barrio de la Seu y alrededores, plagadas de patios a cual más bonito.

Varios compañeros se hicieron los encontradizos para intentar sonsacar información al bueno de Diego Gómez-Reino. Unos movidos por curiosidad técnico-jurídica, otros porque ese morbo tan spanish les podía, era superior a sus fuerzas. No todos los días le cae a uno la potestad de inclinar a un extremo u otro el fiel de la balanza de la diosa Justicia sobre la hija del hombre cuya foto sobrevuela tu cabeza en el despacho oficial.

—¿Y qué vais a hacer, Diego? —le inquirieron en esas tensísimas jornadas varios magistrados. Días de aúpa en los que más de uno tuvo que tirar de ansiolíticos para poder soportar el dilema y, sobre todo, para poderlo resolver con tranquilidad, ajenos a la cegadora luz de los focos.

—Pues confirmar a Pepe Castro, qué vamos a hacer, no cabe otra —era su respuesta prefabricada cada vez que le venían con el cuento.

Diego Gómez-Reino abundaba en sus disquisiciones resaltando una perogrullada que, visto lo visto, no es o no debe de ser tal.

—¿Cuántas veces has visto recurrir una imputación? —preguntaba él cambiando los roles con su interlocutor.

—Ninguna, nunca se recurre una imputación.

—Pues eso. Vamos a ratificar. Porque para imputar a alguien no es preciso que haya pruebas o indicios, basta con meras sospechas —sentenciaba en sentido figurado el hombre que tenía ante sí una disyuntiva: o cumplir la ley pesase a quien le pesase o protagonizar un papelón para quedar bien con la Jefatura del Estado. La cuestión era tan obvia que ninguno de los preguntones y preguntonas osó seguir su charla con un Diego Gómez-Reino que ejerce de gallego. Que, de alguna manera, es ejercer de mallorquín porque es ciertamente complicado adivinar si un autóctono de la Isla de la Calma sube, baja o se queda donde está.

Tan evidente es que para convocar a alguien acompañado de abogado basta con que se sospeche de su participación en un delito como que en la historia penal española no se recuerda una desimputación. Juan Jiménez Vidal se expresaba entre bambalinas en idénticos términos. Y sumaba otra razón que no por obvia no haya que repetir una y mil veces para contrarrestar la maliciosa o bobalicona propaganda de cortesanos políticos y mediáticos: «Hay que ratificar la imputación para garantizar los derechos de la infanta, tiene que comparecer para poder explicarse y aclarar todas las dudas que se albergan sobre su proceder». En calidad de imputada disfrutaría del derecho a mentir, cosa que no ocurriría si lo hiciera como testigo, donde un falso testimonio te puede acarrear una temporadita entre rejas o, como mínimo, arrostrar antecedentes penales. Por otro lado, aquí no todos somos iguales ante la ley ya que la infanta puede declarar por escrito en el caso de que un juez la cite como testigo.

Las hojas se iban arrancando del calendario… una y otra y otra y otra más, y la tensión era máxima. Hasta que un día el presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJB), Antonio Terrasa, recibió una inesperada llamada en su despacho.

—Presidente, le telefonean del ministerio. ¿Puede hablar? —le previno su secretaria.

—Claro, pásame ya —ordenó casi sin dejar terminar a su asistente, por cuanto en provincias un telefonazo del palacio de La Marquesa de la Sonora son siempre palabras mayores, sinónimo de ponerse firmes. Por si las moscas.

¿Quién estaba al otro lado del hilo telefónico? Cuentan que el mismísimo Gallardón. Otros apuntan a Fernando Román, secretario de Estado. Sea como fuere, el toque desde las alturas se produjo, vaya si se produjo. Y el propio Terrasa lo admite en privado.

La literalidad del cara a cara telefónico es un misterio. Hay quien asegura que el notario mayor del reino instó a Terrasa a multiplicar sus esfuerzos para lograr que la Audiencia Provincial parase la citación de la infanta Cristina. Circunstancia que se ajusta como un guante a lo que luego sucedió. Fuentes autorizadas niegan tajantemente este extremo y juran y perjuran que «debió de ser una más» de las conversaciones que el titular del ramo mantiene con los presidentes de los diecisiete tribunales superiores. Tal vez hablaron de la necesidad de reformar los antediluvianos juzgados de Palma, de construir uno nuevo, de las vacantes por cubrir, de la necesidad de dotar de más medios humanos a una comunidad que en verano multiplica por diez su población por el turismo, del sexo de los ángeles o de fútbol, pero ninguna de estas hipótesis se antoja probable. El aludido, Ruiz-Gallardón, desmiente haber dado un toque a Terrasa: «Difícilmente he podido telefonearle cuando no lo conozco, no he cruzado una sola palabra con él en mi vida».

Terrasa es un hombre acomodaticio con el poder. No en vano cumple ahora diez años al frente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Ha estado con Zapatero y con Rajoy. La cúpula de El Mundo/El Día de Baleares aún recuerda los reproches que les lanzaba por investigar la corrupción de Unió Mallorquina y de su lideresa, Maria Antònia Munar. «Estáis crispando a la sociedad mallorquina», decía a mitad de los años dos mil, con una idea, la de la «crispación», idéntica a la que empleaba Felipe González cuando el diario dirigido por Pedro J. Ramírez probaba toda suerte de escándalos, a cual más grave. La cuestión no era si se ajustaban a la verdad, que se ajustaban milimétricamente a la verdad, la gran preocupación era que crispaban.

Antonio Terrasa, hombre sibilino, sistema puro, trasladó sus sugerencias a Diego Gómez-Reino. La presión sobre la Sección Segunda era insoportable. No solo tenían ante sí el reto jurídico más importante cualitativamente hablando de sus vidas, sino que además desde arriba se apelaba a su «sensatez» [sic], se les instaba a dejarse llevar por ese «sentido de Estado» que las más de las veces esconde intereses inconfesables. Conviene tener presente que, aunque un magistrado continúa siendo un ente independiente, los ascensos y las sanciones, los premios y los castigos, los palos y la zanahoria, en definitiva, no lo son tanto. Dependen de un Consejo General del Poder Judicial manejado por los partidos políticos en general y en buena medida por el ejecutivo, que nombran a sus veintiún integrantes sin que los encargados de impartir justicia tengan voz ni voto. Ese es el resultado de la Ley Orgánica de Reforma del Consejo General del Poder Judicial aprobada el 28 de junio de 2013, que mató la poca independencia que restaba al órgano de gobierno de los jueces. Hasta entonces, y gracias al gobierno presidido por José María Aznar que en 2001 retocó el artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los jueces elegían indirectamente a doce de los veinte integrantes del CGPJ. No era la panacea, pero sí un mecanismo más justo y más confortable en términos democráticos. La reforma de Mariano Rajoy, que dejó tocado al coco más y mejor amueblado de la política española, Alberto Ruiz-Gallardón, ha politizado el CGPJ hasta la náusea y lo ha vulgarizado técnicamente como nunca antes en tres décadas largas de democracia.

En el colmo de la osadía se ha nombrado miembros del Consejo General del Poder Judicial a dos diputados: el socialista Álvaro Cuesta, miembro de la Cámara Baja por la circunscripción de Asturias desde el triunfo del «cambio» felipista el 28 de octubre de 1982, y la convergente Mercè Pigem, que ocupaba asiento en la Carrera de San Jerónimo desde 2000. Dos letrados, sí, pero dos letrados del montón, y no porque tengan mala cabeza jurídica sino porque le han dedicado infinitamente más tiempo a su vocación pública que al ejercicio de su profesión. No menos indicativo de por dónde van los tiros resulta que también se haya hecho un hueco a la por otra parte competentísima magistrada Clara Martínez de Careaga, esposa de Cándido Conde-Pumpido, o a Roser Bach, mujer del consejero de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Germà Gordò. Llama poderosamente la atención que una formación independentista, que ha convocado un referéndum para el 9 de noviembre, tenga dos peones en un órgano tan sensible para la estabilidad del Estado como es el Consejo General del Poder Judicial. De hecho, Gordò es uno de los apóstoles de la secesión dentro del ejecutivo que preside Artur Mas. Cosas de este estado tonto, masoquista más bien, llamado reino de España, que permite al enemigo carcomerle desde dentro y, para más inri, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

La conclusión es obvia: el poder ejecutivo manda sobre el órgano de gobierno de la judicatura como si esto fuera Venezuela o la Rusia de Putin y no un estado de la Unión Europea que debería homologarse a los Estados Unidos, a Reino Unido, a Alemania o a cualquiera de nuestros socios escandinavos. Países en los que una reforma como la que sacó adelante el gobierno Rajoy constituiría un escándalo de semejantes proporciones que jamás sobrepasaría las fronteras de la mente del ministro de Justicia de turno so pena de arriesgarse a tener que irse a su casa en menos de lo que canta un gallo y, encima, con su prestigio por los suelos. La excusa en términos de realpolitik que esgrime por lo bajini el gobierno de España es que en estos momentos de zozobra territorial, con Cataluña a seis meses de declararse independiente y con el País Vasco viéndolas venir, hay que tener controlado el poder judicial. Todos los jueces y magistrados de España son plenamente conscientes de que el sistema funciona así. Que las cosas son como son y no como nos gustaría que fueran.

Diego Gómez-Reino es un más que digno nadador amateur. De edad indefinida, es su secreto mejor guardado aunque debe rondar los cincuenta, se mete entre pecho y espalda mil quinientos metros a diario en las piscinas municipales Hermanos Escalas, bautizadas así en honor a las dos grandes estrellas españolas de la especialidad en los ochenta y que vinieron al mundo hace medio siglo en Palma. La natación, como el atletismo de fondo, es un deporte que implica grandes dosis de soledad e infinitas de sacrificio. No compartes el ejercicio con nadie salvo con tu mente. Y esa hora y pico de natación la aprovecha Gómez-Reino para darle al coco. Para pensar. Para solventar en su privilegiado cerebro las complejidades, los elementos de prueba y las contradicciones inherentes a cualquier proceso penal. A la resolución del recurso de Pedro Horrach y cía no debió de dedicarle muchas brazadas de lo claro que estaba. Un sucinto auto ampliando su tesis de que para citar a un ciudadano en un juzgado de lo penal bastan meras sospechas. Y para de contar. No era tanto cuestión de fondo como de formas. «Imputarla, Castro la puede imputar, pues que la impute», caviló para sus adentros mientras ponía punto y final a una de esas extenuantes tardes suyas de natación que cansarían a cualquier persona solo de verlas.

En los últimos y lluviosos días de abril, Terrasa se reunió con Gómez-Reino. Un vis-à-vis que antecedió a un auto que se fraguó mientras abril de 2012 moría para dar paso a mayo. El sanedrín de la Sección Segunda, compuesto por Gómez-Reino, Mónica de la Serna y Juan Jiménez Vidal, se encerró para deliberar. La representante de la APM dejó bien claro su punto de vista casi sin dar opción a que Gómez-Reino invitase a intervenir a sus dos homólogos y amigos.

—Diego, Juan, yo creo que hay que aceptar el recurso de la Fiscalía —avanzó sin apelar a mayores razones.

De la Serna hablaba del Ministerio Público como si no existiera defensa. Como si el tándem Silva-Roca, Pascual Vives, la dócil abogada del Estado Dolores Ripoll y la representación procesal de Carlos García Revenga, encarnada en el soberbio exfiscal Carlos Molina, no hubieran recurrido la propuesta de Manos Limpias. Aquí el único que contaba era Pedro Horrach. Esto se había convertido en un partido entre el juez y la acusación popular por un lado y Anticorrupción por otro. Eran los dos bandos. Los demás estaban pero no se les esperaba.

Juan Jiménez Vidal hizo suya la tesis primigenia del presidente de la sección:

—Como hay sospechas de que aceptó la utilización de su título para conseguir un trato privilegiado de las administraciones públicas, es obligado imputarla. —Así aclaró su parecer, directo como es él, un Juan Jiménez Vidal cuyo look delata claramente su pasado como abogado laboralista. Más que nada, porque todos están cortados por el mismo patrón.

Diego Gómez-Reino guardó silencio unos segundos que a De la Serna y Jiménez Vidal se les debieron de antojar siglos. Se ajustó sus intelectualoides gafas, inspiró y soltó:

—Soy partidario de rechazar la imputación por tráfico de influencias pero considero que hay que abrir la puerta al blanqueo de capitales y al delito fiscal. En mi modesta opinión, estos dos delitos casan más con la conducta de Cristina de Borbón —manifestó sin echarle más énfasis del debido a la cosa. Ni Salomón, el rey más longevo de la historia del viejo Israel, lo hubiera hecho mejor para contentar a todos.

Mónica de la Serna se sumó a Gómez-Reino. En consecuencia, la decisión se tomó por 2-1, el resultado previsto antes de que se diera el banderazo de salida a las tormentas de ideas pero en sentido diametralmente opuesto al que los sabios de la Sección Segunda hubieran vaticinado un mes antes. El auto se hizo público a media mañana del martes 7 de mayo en medio de la algarabía de la corona y alrededores mediáticos y políticos, que no desaprovecharon la ocasión para saldar cuentas con el juez Castro, al que acusaban de haber sufrido «un varapalo». «Varapalo» por aquí, «varapalo» por allá, «varapalo» acullá, la coincidencia en el titular solo podía obedecer a una casualidad o al hecho de que desde algún edificio del Monte de El Pardo se hubiera lanzado un guante en forma de argumentario para aquellos que quisieran cogerlo. El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, habló pretendidamente en nombre de todos los españoles con una frase que tiene su miga: «Es bueno para todos y especialmente para una institución como la monarquía». A tenor de las encuestas, el 82 por ciento de los ciudadanos no lo tenía tan claro como el experimentado político alavés.

Como no se habían leído el auto —no todos estaban para empollarse cuarenta y cuatro páginas nada triviales desde el punto de vista técnico—, todos se quedaron en el titular y desdeñaron la letra pequeña. Pero la letra pequeña contenía una solución salomónica en la que Diego Gómez-Reino quedaba bien con todo el mundo: con Terrasa, pero a la larga, y visto con perspectiva, mucho más con José Castro. Exoneraba a la interesada del tráfico de influencias porque «no hay indicios vehementes», pero estimaba que no podía descartarse «la comisión del delito contra la Hacienda Pública y tal vez, posiblemente, de uno de blanqueo de capitales por parte de la infanta recurrente». Había caramelo para todos y palo para otro de los grandes defensores de oficio de Cristina de Borbón y Grecia, el ministro Cristóbal Montoro: «Nosotros, la Audiencia Provincial, hacemos una lectura distinta a la Agencia Tributaria». Entre los destinatarios de rapapolvos figuraban también la Fiscalía Anticorrupción, naturalmente los letrados de parte y la Abogacía del Estado. Los magistrados advertían que el delito fiscal atribuido a Iñaki Urdangarin en Aizoon podía ser aplicado a la dueña del otro 50 por ciento de la empresa familiar de los duques de Palma. Básicamente, porque esta sociedad limitada fue empleada para desviarse fondos públicos de Nóos mediante la confección de facturas falsas. La pluma de Diego Gómez-Reino se notaba en el párrafo en el que tiraba de las orejas a los inspectores de hacienda escogidos a dedo para analizar la trama Nóos que habían optado deliberadamente por hacerse los despistados: «Su informe es incompleto y provisional, pues no fija la cuota defraudada».

A pesar de mostrar su más que absoluta convicción de que la infanta «era conocedora y sabía que el Instituto Nóos suscribía contratos con las administraciones públicas, beneficiándose con ingresos por patrocinio y subvenciones», Gómez-Reino y De la Serna tachaban de «insostenible» mantener que la justiciable De Borbón «albergase o llegase a alcanzar la creencia de que dichos contratos pudieran ser considerados delictivos y que su suscripción generase un peligro de malversación». Como se ve, un cajón de sastre en el que cabía una cosa y la contraria.

El «rojo» Jiménez Vidal, como es jocosamente conocido en el hábitat judicial palmesano, hilaba más fino. Se ajustaba más a la esencia de las cosas. Lo suyo fue un plausible ejercicio de responsabilidad intelectual. «No se puede confundir la resolución [de una instrucción] con la propia imputación, no se puede pretender que la convocatoria a declarar ante el magistrado instructor contenga la determinación de los hechos que se le imputan», objetaba el magistrado en una disquisición más propia de una clase a alumnos de tercero o cuarto de Derecho que de un recurso en una audiencia provincial. Pero las cosas habían llegado a tal punto de surrealismo que era menester hacer virtud de la necesidad de resaltar lo evidente. El discrepante consideraba que los e-mails facilitados por Torres, amén de los propios folletos publicitarios de Nóos, generaban dudas acerca del consentimiento de Cristina de Borbón a emplear su título como gancho comercial. Iba más allá: se inclinaba del lado de los que opinan que dio su visto bueno para lograr «un trato privilegiado» de administraciones y empresas privadas.

La finísima ironía de Jiménez Vidal es más british que andaluza. Y gusta echar mano de ella de tanto en cuando para sortear las zancadillas de los intereses creados en el poder judicial. «Me pregunto por el número de recursos contra citaciones para prestar declaración en calidad de imputado que ha formulado en los últimos años el Ministerio Público», subrayaba. El dardo final a Pedro Horrach venía a continuación, sin solución de continuidad. «Conocer este dato», planteaba, «a lo mejor contribuiría a descartar que un recurso como este es insólito». Blanco y en botella. Este y no otro era el meollo de la cuestión.

De todo este maremágnum de ideas algo se puede sacar en claro. Que en sus clases de Derecho a los graduados sociales de Palma, Juan Jiménez Vidal y José Castro no les ilustrarán sobre la figura de la «desimputación». Simple y llanamente porque no existe por mucho que se la inventasen ad hoc el 7 de mayo de 2013. Que la injusticia es como la patraña: paticorta.

CAPÍTULO XVII

La sobreprotección alarga in aeternum la instrucción. La máquina de gastar dinero de Aizoon. Vuelve la censura previa. Prohibido reproducir correos de Iñaki con «ojitos azules». Un matrimonio a la deriva. «Hay que salvarlo como sea porque no tenemos muchas uniones estables»

El auto de la Audiencia de Palma, celebrado como una victoria definitiva, se acabó convirtiendo en un caramelo envenenado. Bien es verdad que despojaba a Cristina de Borbón de la incómoda condición de imputada y suponía un alivio, pero se trataba de un espejismo pasajero. No era un punto y final sino un simple punto y seguido.

El juez José Castro se tomó varios días para digerir la contundente resolución y no quiso adoptar ninguna decisión en caliente. Le desencantaba encontrarse solo en medio de la tormenta y que por momentos pareciera un iluminado que albergaba un interés particular en interrogar a la hija del rey. Pero confesaba tener la conciencia tranquila al haber actuado como creía que tocaba.

La resolución suponía un varapalo para él en tanto en cuanto rechazaba el tráfico de influencias como argumento para tomar declaración como imputada a la infanta, pero constituía una oportunidad en sí misma. Abría de par en par dos puertas que, a la larga, podrían resultar para Cristina de Borbón mucho más complicadas que la primera. El tráfico de influencias es una materia viscosa, difícilmente demostrable. Eso sí, castigada con hasta dos años de cárcel. Por el contrario, el blanqueo de capitales y el delito fiscal, además de llevar aparejados penas de prisión más importantes, resultan mucho más tangibles y fáciles de probar.

Pensándolo fríamente, Castro no tenía demasiada opción por mucho que se decidiera a tirar la toalla, hastiado por tener que luchar contra los elementos. Si la Audiencia de Palma le había indicado que investigara a la hija del rey por blanqueo y delitos contra la Hacienda Pública, no le quedaba otro remedio que pasar aquella página amarga y seguir hacia delante.

—Si me ofrecen dos alternativas lo que no voy a hacer es descartarlas —confesaba a su entorno más próximo después de las primeras lecturas.

Otra de las indicaciones que le realizaba la Audiencia de Palma, la de exigir a Torres que aportase de inmediato todos los correos electrónicos de que dispusiera, la rechazó de plano. Esa cuestión ya la había abordado con el fiscal anticorrupción, volvió a comentarla con Horrach y llegaron a la misma conclusión. No podían hacerlo por el mismo motivo que ya habían barajado anteriormente: el de provocar una posible vulneración de su derecho de defensa y que fuera invalidado el proceso al completo.

Contrariado por los extraños comportamientos de la Agencia Tributaria de Cataluña, que ya había destapado sus cartas a favor de Cristina de Borbón, el magistrado se convenció de que no podía embarcarse en una nueva investigación de estas características, tan técnica, sin especialistas a su lado de los que se pudiera fiar ciegamente. Al juez Castro le quedaba la sensación de que le habían dejado solo y de que iba a estarlo todavía más porque desde el corazón de Hacienda comenzaban a lanzarse mensajes de que «ningún juez en España ha rebatido ni puede rebatir sus posicionamientos».

Castro confesó estar cansado por los contratiempos y el rechazo frontal del aparato del Estado a aplicar con Cristina de Borbón los protocolos con los que se despacha al resto de los ciudadanos, pero hizo de la necesidad virtud y se puso manos a la obra. Había dos cuestiones primordiales: el fraude fiscal cometido por los duques de Palma a través de su empresa patrimonial Aizoon y el dinero que, procedente del Instituto Nóos, se habían gastado en todo tipo de asuntos personales.

Las cuentas bancarias de Cristina de Borbón no habían sido examinadas hasta el momento, como tampoco sus tarjetas de crédito asociadas a la empresa que compartía con su marido. El destino final de los fondos provenientes de Nóos y, por lo tanto, de origen público, se conocía parcialmente. Como había apuntado la Audiencia, una parte había ido a parar a la reforma del palacete de Pedralbes. Otra a costear su ritmo de vida. Desde sus viajes y sus comidas a la compra de ropa. Pero los detalles seguían siendo una incógnita.

A falta de profundizar en cuestiones técnicas, si el fraude fiscal cometido por Aizoon al cobrar simulando asesorías ficticias para evadir impuestos superaba los 120 000 euros en un solo ejercicio, era delito fiscal. Y a partir de ahí había que determinar si los culpables eran los dos, como se planteó inicialmente en la investigación cuando las pesquisas corrían a cargo de la Delegación de la Agencia Tributaria de Baleares, o si por el contrario, como argumentaba ya con vehemencia la catalana, todo era atribuible a Urdangarin y nada más que a Urdangarin.

En cuanto al blanqueo, había que constatar qué cantidad exacta de fondos de origen público había sido dispuesta por Aizoon y quién se había gastado el dinero en última instancia. Si Urdangarin, la infanta Cristina o los dos.

Sobre este escenario, el juez Castro adoptó dos decisiones. La primera designar a un perito de la Agencia Tributaria independiente que analizase la situación y arrojase un dictamen neutral. Vista la actuación de los técnicos de hacienda de Cataluña, hacía falta alguien que no estuviera contaminado por el intento de proteger a Cristina de Borbón y que realizase un examen aséptico, fuera cual fuera el resultado.

«Que salga lo que tenga que salir, pero que me lo diga alguien profesional e independiente», razonaba el magistrado en su fuero interno.

Por eso Castro, dentro del ámbito de sus competencias, designó a uno de los peritos de la Delegación de Baleares que habían trabajado desde el primer momento en el Caso Urdangarin y que se había encargado de realizar los grandes informes del Caso Palma Arena, del que nació el sumario del yerno del rey. Se trataba de un funcionario joven pero curtido en todos los grandes procesos por corrupción de las Islas, con un apreciable historial de hallazgos en los grandes procedimientos incoados en Baleares, y que estuvo asignado a la unidad de Anticorrupción que fue disuelta. El propio Castro lo eligió como ayudante destacando la «gran labor» que había realizado hasta el momento y este, sabedor de lo relevante del reto, aceptó la encomienda.

Este funcionario es además un especialista en blanqueo de capitales, como consecuencia de su pertenencia al área de Vigilancia Aduanera. Un pata negra de Hacienda que reunía todas las garantías de neutralidad e independencia.

—Si sale que la infanta es inocente la declararé inocente y si sale culpable haré lo propio, pero que me lo diga alguien que no esté condicionado —aseguran en su entorno que no paraba de decir Castro aquellos días.

—En este asunto ni la Fiscalía está haciendo de Fiscalía ni la Agencia Tributaria de Agencia Tributaria —se quejaba amargamente, según estas mismas fuentes.

Castro encargó de manera paralela al Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional en las Islas, con quien también había colaborado en numerosas ocasiones, que se pusiera en contacto con todos los proveedores de la empresa Aizoon. Tan solo le interesaba que se formularan dos preguntas: qué había comprado la empresa de los duques de Palma y, por último, quién había efectuado el pago. Se trataba de un matiz esencial para la posterior atribución del delito de blanqueo. Si el único que disponía de esos fondos era Urdangarin, la infanta Cristina podría llegar a salir indemne. Ahora bien, si era ella quien encargaba los servicios y los abonaba personalmente, tendría muy complicado alegar que desconocía su origen.

Habían pasado ya casi tres años desde que se inició oficialmente, en julio de 2010, el sumario del Caso Urdangarin. Aunque en realidad la instrucción como tal no comenzó hasta el verano de 2011, que es cuando el secreto a voces se transformó en escándalo nacional. Pese a ello, cuestiones tan básicas como las descritas no se habían abordado porque no se quisieron acometer de oficio al figurar la hija del rey de por medio. De ahí que no se rastrearan sus depósitos bancarios ni se indagara dónde acabó el dinero de la trama que pasó por el proceloso canal de Aizoon.

Se trataba, por lo tanto, de emprender una nueva investigación dentro de la investigación matriz, que alargaría sine die el proceso de instrucción pero que se antojaba imprescindible por culpa de la sobreprotección dispensada a Cristina de Borbón hasta ese momento. En resumen, era una buena noticia para la hija del rey que hubiera sido desimputada por tráfico de influencias, pero se avecinaba la peor de las posibles para ella: que se escrutaran al céntimo todas sus operaciones.

Con la hoja de ruta diseñada, Castro se puso en marcha y se topó con la primera gran zancadilla. La Agencia Tributaria reaccionó de forma virulenta contra el plan establecido por el magistrado y activó toda su maquinaria para intentar parar a tiempo la sangría de datos y cifras.

El fisco se apresuró a presentar un escrito en el que, sin que hubieran comenzado siquiera las pesquisas para determinar la implicación de Cristina de Borbón en el delito fiscal y en el blanqueo, la exoneraban por completo. «No basta con que sea partícipe [de la sociedad Aizoon] sino que se requiere una participación consciente como inductora o cooperadora […]. Para ser partícipe en un delito contra la Hacienda Pública se requiere una participación consciente dirigida a la defraudación a la Hacienda Pública, bien induciendo al autor a cometer el delito, cooperando a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado o cooperando a la ejecución del hecho mediante actos anteriores o simultáneos», recalcaba.

Era el parche antes de la herida. La cataplasma con la que se intentaba evitar que el juez abriera en canal las cuentas personales de la hija del rey dando por sentado, de inicio, que la infanta no tiene nada que ver con todo, por mucho que figurara su nombre por todas partes.

La réplica de Hacienda, que fue secundada al pie de la letra por la Abogacía del Estado, encarnada en la figura de la letrada Dolores Ripoll, fue doble. Al mismo tiempo que proclamaba la «inconsciencia» [sic] de Cristina de Borbón, vetaba el nombramiento del perito asignado por el juez. Sostenía que Castro no tenía potestad para designarlo digitalmente y que se debería atener a los dictados del fisco. Si el juez quería uno, la Agencia Tributaria ya le pondría el que considerara oportuno. Hacienda le arrebató el balón al juez al comprobar que se adentraba en su propio terreno y le asignó a varios inspectores de la delegación de Cataluña bajo el argumento de que ya estaban desde hacía tiempo a disposición del magistrado como auxilio judicial.

—¿Pero qué auxilio tengo yo? Si no conozco de nada a esos peritos… —se preguntaba sorprendido Castro, que sin embargo no tuvo otra opción que renunciar al especialista de su confianza y quedar en manos de la controvertida delegación catalana, a la que ya había apercibido en alguno de sus autos pidiéndole que aplicara en este caso, «sus criterios habituales». Excepciones con Cristina de Borbón ni una, que quedara claro.

—Ningún juez se ha atrevido a llevar la contraria a la Agencia Tributaria y no va a venir este ahora a hacerlo —replicaban con suficiencia los inspectores de Cataluña.

El aparato del Estado iba segando la hierba bajo los pies del magistrado, al que se intentaba conducir, como si fuera un morlaco desorientado, por un callejón que desembocaba en su peligroso albero. Sin embargo, el posicionamiento de Hacienda fue tan radical que desencadenó una situación inédita.

El principal sindicato de la Agencia Tributaria, SIAT, y el tercero tras CCOO, GESTHA, salieron en tromba a denunciar lo que consideraban «un claro trato de favor a la infanta Cristina». Sus respectivos portavoces, Ceferino Trillo y Carlos Cruzado, coincidieron en tildar de «poco sólido» el argumento empleado para dejar al margen a Cristina de Borbón del delito fiscal de su sociedad. «No es lo mismo una sociedad en la que hay diez mil socios que una en la que solo hay dos y además son matrimonio», explicaba Cruzado, que censuraba a Hacienda por haberse extralimitado al exculpar a la hija del rey.

«No le corresponde valorar si la infanta debe o no ser imputada sino emitir un informe independiente con una valoración técnico-fiscal en relación a ella». Es decir, «aclarar si Cristina de Borbón ha tenido participación y ha colaborado en que su marido cometiera delito fiscal, luego corresponde al juez valorar los datos y decidir si hay o no imputación».

Por todo ello, tanto GESTHA como SIAT consideraban que los informes emitidos «no son independientes», están «obstaculizando el esclarecimiento de los hechos y vulnerando el principio de igualdad ante la ley». Además aprovecharon para aclarar a la dirección de la Agencia Tributaria que no caben vetos de peritos sino que lo que corresponde es «poner a disposición del juez los miembros que este demande y que sean necesarios para desarrollar las labores investigadoras».

Por primera vez la Agencia Tributaria se fracturaba con un plante generalizado de sus técnicos e inspectores, denunciando que se estaba torciendo la interpretación de la ley para salvar a la hija del rey. Nunca antes el tan manido principio de igualdad se había visto tan amenazado y había contado con una respuesta interna tan contundente.

—Solo existiría una posibilidad para defender la teoría de que la infanta no sabía nada de lo que ocurría en su sociedad: que fuera menor de edad o tuviera algún tipo de minusvalía psíquica. Pero no es el caso —argumentó uno de los líderes sindicales.

Castro había perdido en este lance la posibilidad de disponer de un perito en el que realmente confiara pero había visto reforzada su legitimidad para continuar hacia delante por los senderos del delito fiscal y del blanqueo. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma marcó el territorio a la Agencia Tributaria y le exigió que, sin dilaciones y, enfatizaba, con «los criterios habituales», le fuera respondiendo a cada uno de los interrogantes que le fuese formulando. Sin comentarios ni apostillas, que para hacer las valoraciones ya estaba él.

Para conocer la magnitud del dinero público desviado de Nóos a Aizoon solicitó el preceptivo informe a la Delegación Catalana de Hacienda. La respuesta, esta vez sí, fue fría y aséptica. En total 747 000 euros habían sido volcados desde el instituto «sin ánimo de lucro» a la patrimonial de los duques de Palma mediante facturas falsas, que el fisco destacaba que contenían «conceptos vagos» y albergaban cifras que habían sido «redondeadas» a ojo de buen cubero.

Eso sí, volvía a dejar caer Hacienda que el entramado era una «bicefalia» manejada por Urdangarin y Torres y dejaba fuera del «poder decisorio» tanto a la infanta Cristina como a la mujer de Diego Torres, Ana Tejeiro. De esa posición no se apeaba y estaba dispuesta a dejar claro que no se iba a mover un ápice de ella por mucho que se envalentonara el juez.

Asimismo, constataba que Aizoon había recurrido a la contratación de una quincena de «empleados fantasma» para minorar oficialmente sus beneficios, beneficiarse de las amortizaciones correspondientes y, en última instancia, pagar menos impuestos. En total, según Hacienda, Aizoon defraudó 826 000 euros mediante esta treta, en la que participaron los tres sobrinos del duque de Palma, Jan, Lucía y Lucas, y parientes de su secretaria personal, Julita Cuquerella, como fue el caso de su hermana Olga.

«El objetivo que perseguía Aizoon era crear una apariencia de nuevas contrataciones de personal que aumentaban los gastos deducibles y la correlativa disminución de la base imponible y cuota del Impuesto de Sociedades», concluía el fisco. «Se ha confirmado la existencia de un considerable número de personas que figuran nominalmente como trabajadores pero se ha evidenciado que en realidad no prestaron ningún servicio ni coadyuvaron a las actividades de la entidad que aparentemente les contrataba».

El terreno de juego quedaba, pues, perfectamente delimitado. En Aizoon había un doble fraude fiscal al cobrar por servicios inexistentes y generar al mismo tiempo gastos falsos. La cantidad de dinero público desviada desde Nóos rondaba el millón de euros y restaba ya solo por comprobar dónde acabó cada céntimo procedente de las arcas de los gobiernos de Valencia y Baleares.

De ahí que el juez dictase una providencia en la que pedía a la Policía Judicial que determinase «la identificación de las personas que realizaron los encargos» con dinero de Aizoon, la «fecha de estos, contenido de los mismos, lugar donde se debían prestar, importe, persona que los satisfizo y forma de pago».

Aquí comenzó un festival de datos y cifras que evidenció la realidad: que Cristina de Borbón utilizó la caja de Aizoon como una hucha y tiró de ella para sufragar sus gastos personales y familiares. El resultado de las nuevas pesquisas resultaba tremendamente llamativo, los ejemplos eran de lo más dispar, y emergía la hija del rey como gran matriarca que organizaba los gastos de la casa.

La infanta Cristina echó mano de Aizoon para pagar, el 13 de junio de 2007, el día de su cuarenta y dos cumpleaños, un servicio de catering de su comida favorita, la japonesa, que fue servida en los jardines del palacete de Pedralbes. En total la hija del rey se gastó 1412 euros que fueron abonados por ella misma a la empresa especializada Kateshima.

Con cargo a Aizoon se abonaban los grandes eventos pero también los más pequeños. Entre las montañas de justificantes que halló la Policía Judicial aparecían cenas en restaurantes orientales corrientes como el Gran Siglo de Terrasa, donde la familia Urdangarin-Borbón dio buena cuenta de un bufet libre a razón de 6,64 euros por persona. Cuando acudían a restaurantes orientales de postín, como el lujoso cantonés del Hotel Villa Magna de Madrid, pagaban con cargo a la misma cuenta. Y hacían lo propio cuando visitaban otro de sus establecimientos predilectos, el Escarabat Negre de la localidad mallorquina de Sóller.

Si Cristina de Borbón no se podía zafar de su participación en el pago de los fastos de su cumpleaños, tampoco podría ponerse de perfil al comprobarse que había gastado, también con cargo a las cuentas de Aizoon, 15 210 euros en un viaje familiar a Brasil en 2009. Como tampoco podía hacerlo al aparecer el abono de excursiones a través del Centro Europeo de Barcelona, especializado en ocio infantil.

En su particular lista de la compra afloraba de todo. Desde tiques de aparcamiento de 45 céntimos a la compra de la colección de libros de Harry Potter para sus hijos. Seis entradas para el musical El Rey León en Nueva York y otras tantas para la final de la Champions en Roma que el FC Barcelona ganó al Manchester United en mayo de 2009, pasando por la contratación de una profesora, Carmen Batlle, que impartió al matrimonio clases de salsa y merengue en su casa de Pedralbes por 707 euros.

—Pero ¿qué tendrá que ver la salsa y el merengue con la asesoría empresarial? —se preguntaba sorprendido el juez al comprobar la existencia de este tipo de gastos.

A ojos de los investigadores surgían pagos por valor de 698 824 euros, de los cuales 436,703 fueron a parar a las obras de reforma del palacete y 262 120 a lo que la Policía Judicial definió como «atenciones privadas». Esta última partida se incrementaba con el paso de los años. De 5339 euros en 2004 se pasó a un máximo de 79 840 en 2009. Había compras de ropa infantil en la tienda barcelonesa Bonpoint, donde Cristina de Borbón se gastó de golpe 627 euros; o innumerables operaciones realizadas en uno de sus lugares preferidos de la Ciudad Condal: el Real Club de Tenis Barcelona.

Hasta importantes partidas de vino, una de las grandes pasiones del matrimonio, se pagaban a través de Aizoon. A Cristina le gustaba el crianza de las Bodegas Baigorri, del que encargaron de una sola tacada quince cajas, y lo almacenaban en un climatizador Split 55F, adquirido a razón de 3353 euros, de nuevo con fondos de origen público, a la empresa Clima Caves, dedicada a la «tutela del vino después del embotellador».

Cristina y su marido lo pagaban todo con dinero de Nóos, que en los ejercicios analizados nutría de recursos en un 90 por ciento a Aizoon. La lista completa quedaba al descubierto con toda profusión de detalles. Se daba la paradoja de que, en el caso de que la infanta hubiera declarado por tráfico de influencias, esa acusación muy probablemente hubiera quedado diluida, ella desimputada y, lo que es seguro, todos estos gastos hubieran permanecido en el más absoluto de los anonimatos.

Pero ahí estaban, desde multas de tráfico de la furgoneta familiar, una Mercedes Viano, cuyo renting también pagaba Aizoon, a viajes de esquí al Tirol, con parada y fonda en el selecto Arlberg Hospiz, o un safari familiar en el parque Kruger de Sudáfrica. La relación la completaban descargas de música en iTunes, compras en Amazon, la FNAC o la Casa del Libro y una serie de clases de coaching que le fueron impartidas personalmente a Cristina por una profesora, Marga Martín, que se empleó a fondo para que la hija del rey mejorase sus dotes de liderazgo.

Por supuesto, junto a todas estas «atenciones personales» aparecían los gastos vinculados al palacete de Pedralbes, que no solo abarcaban las obras de reforma. La partida más importante se elevaba a 138 834 euros en muebles adquiridos en la tienda Grao, donde compró las mesas, las sillas, los sofás, las cortinas, las lámparas, las alfombras y hasta un mueble bar. Los electrodomésticos de la residencia fueron encargados a Siemens por 8628 euros y Cristina de Borbón reservó otros 9280 euros para equipar toda la casa de cortinas.

Sin embargo, siempre que el cielo se oscurece para los duques de Palma aparece una buena noticia y esta llegó desde el Juzgado de Primera Instancia 46 de Barcelona, que acordaba la prohibición de la difusión de los correos electrónicos personales del duque de Palma con los que tanto amenazaba Diego Torres. Esas comunicaciones con la enigmática mujer que se escondía bajo el identificativo de «ojitos azules», esposa de un antiguo compañero de Iñaki, deberían permanecer en el arcón del exprofesor de ESADE.

La responsable de este juzgado adoptaba esta medida cautelar con la intención de «preservar el derecho a la intimidad» del duque y de su esposa y trasladaba la prohibición expresa a siete grupos editoriales. Aquello suponía un respiro en medio de la desolación, pero no solventaba el problema de fondo.

La pareja, independientemente de que este material se convirtiera en motivo de escarnio público o siguiera oculto, se vio obligada a abordar esta cuestión, de la que sí que dependía su matrimonio. Hasta ahora se había establecido una relación de confianza mutua entre ellos, se habían unido ante la doble adversidad que suponía luchar contra la opinión pública y la propia Casa Real, que les había dejado de lado desde el primer momento, pero lo de los correos íntimos ya eran palabras mayores.

Urdangarin confesó a Cristina de Borbón haberle sido infiel y ella asumió aquella terrible realidad aceptando las correspondientes disculpas. No era cuestión de abrir un nuevo frente. Habían decidido seguir unidos y no se divorciarían, tal y como había pretendido el rey desde el primer momento. Eso supondría dar la razón al monarca y a su asesor Fernando Almansa y sería, para ellos, una derrota en toda regla.

Resuelta esta espinosa cuestión entre la pareja, Torres volvió a la carga, sabedor de que ese flanco sí que dolía. Esquivó la prohibición judicial y filtró los temidos correos personales con «ojitos azules» a la minoritaria revista Mongolia, que los publicó íntegros. Por lo tanto, todo aquel interesado en esa vertiente morbosa del caso ya los tenía a su disposición en Internet.

Faltaba por comprobar ahora la reacción de la Jefatura del Estado ante este nuevo capítulo, que dejaba al matrimonio tocado de muerte. Y aquí también surgió la sorpresa. Si hasta ese momento el posicionamiento había sido que Cristina se tenía que divorciar de Iñaki, ahora la postura había variado 180 grados. «Hay que salvar el matrimonio como sea porque en La Zarzuela no tenemos muchas uniones estables», razonaban por enésima vez en el Monte de El Pardo. No estaba la cosa en palacio como para divorcios.

CAPÍTULO XVIII

Los sabuesos de Hacienda a la caza de Iñaki el Tramposo. Michi, alias el Chapuzas. Un real «escudo fiscal». Hacienda tampoco somos todos. 14-Z, un agujero negro en la galaxia del Gran Hermano tributario. Beatriz Viana, a la calle

Resultaba inaplazable resolver, de una vez por todas, la dichosa derivada fiscal del escándalo, la más farragosa y compleja de todas. Pero al mismo tiempo una de las más trascendentes. La Inspección Tributaria había concluido su trabajo y había llegado el momento de tomar decisiones y cerrar el primer gran flanco del Caso Urdangarin. La gran incógnita, que cada vez lo era menos, pasaba por si afectaría solo a Urdangarin o también a la infanta Cristina.

Tras sesudas deliberaciones técnicas, la Agencia Tributaria decidió, de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, levantar el velo societario sobre toda la trama y atribuir los delitos fiscales consiguientes a los responsables. Según este criterio se atribuía un delito fiscal a Diego Torres y dos a Iñaki Urdangarin y se dejaba fuera a Cristina de Borbón. Los fraudes cometidos con sus sociedades instrumentales fueron trasladados a la declaración de la renta de cada uno de ellos y se concluyó que ambos eran los únicos culpables. La hija del rey y la esposa de Torres, Ana Tejeiro, se libraban de la quema, por el momento.

El ángulo más controvertido de esta interpretación surgía al sustentarse los delitos del duque de Palma en las actividades desarrolladas a través de Aizoon, la sociedad que comparte el duque de Palma con su mujer. El Ministerio Público y Hacienda sentenciaban que las supuestas asesorías cobradas por esta empresa de manos de grandes corporaciones privadas eran meros regalos que se habían camuflado de esa forma para evadir impuestos y fingir oficialmente que respondían realmente a un servicio prestado. El criterio opuesto al mantenido en los inicios de la investigación por los técnicos de hacienda de Baleares apartados abruptamente de las pesquisas.

Si estos fondos, que rondaban el millón de euros, fueron cobrados por Urdangarin y por su mujer por trabajos que no habían llevado a cabo ninguno de los dos, ¿a quién habría que atribuirle entonces la responsabilidad? Hacienda mantuvo el pulso, como si de una cuestión de Estado se tratara, y sostuvo que la única persona que se encargaba de estas operaciones era el duque de Palma. La infanta, repetía como un cansino estribillo, por mucho que hubiera cobrado no tenía nada que ver.

La Operación Cortafuegos seguía su cauce pero entre medias quedaron al descubierto las prácticas llevadas a cabo a través de la sociedad conjunta para cobrar de un ramillete de grandes empresas a cambio de nada. Y cuanto más se sabía de Aizoon, en peor lugar quedaba la infanta y más difícil resultaba su completa exculpación.

Era evidente que Aizoon, es decir, Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, no tenía conocimientos ni bagaje suficiente para prestar asesoramiento simultáneo a una compañía de licores, a otra inmobiliaria, a una tabaquera y hasta a otra metalúrgica. Pero el análisis detallado de cada uno de estos acuerdos dejaba todavía más en evidencia al matrimonio. Por mucho que Hacienda se empeñara en orillar a la hija del rey de cualquier actividad delictiva, los hechos situaban a la infanta en el epicentro de un engaño masivo al fisco y a un puñado de grandes empresarios.

La constructora internacional Mixta África se defendió como pudo al ser interrogados sus responsables por los investigadores. Pactaron con los duques de Palma unos honorarios de «6000 euros al mes» que fueron religiosamente satisfechos, pero llegaba el momento de dar una explicación convincente de por qué se decidió pagar tan importante suma encubriéndola como trabajos realizados. Si tributaron como servicios, solo había dos opciones: o se justificaba que habían sido realmente prestados o se había cometido un fraude.

El presidente de esta empresa, Luis Hernández de Cabanyes salió por la tangente.

—Una imagen como la del Sr. Urdangarin podía ser un valor para la construcción de cinco mil viviendas en África —señaló sin poder concretar exactamente cuál.

—Aportaba ideas interesantes en la diferenciación de una posible promoción turística y en el terreno de las viviendas sociales —añadía otro representante de esta empresa, Eri Nemoto, que también intentó salvar el trance como pudo.

Pero detalles concretos, informes realizados que justificaran aquel asesoramiento fantasma, ni uno solo. Las comparecencias de cada uno de los empresarios se tornaba cómica. Escenificaban un intento permanente por justificar lo injustificable que duraba más o menos dependiendo de la pericia del interrogado a la hora de mentir.

En la misma línea respondieron los responsables de la tabaquera Altadis. El vicesecretario de su consejo de administración, Ignacio Valentín Millán, declaró que pagaron a la sociedad de los duques de Palma «30 000 euros anuales» por «servicios de asesoramiento a la filial marroquí». Pero al igual que ocurrió con los directivos de Mixta África, llegado el momento de concretar en qué consistió realmente el trabajo por el que pagaron, no supo qué decir. Acorralado por los interrogantes de los investigadores, Valentín Millán acabó confesando la realidad de los hechos.

—No sabemos cuál fue el motivo por el que se le contrató, es así de sencillo —se descargó, mostrando un gesto de alivio. Es decir, regalaron a Aizoon, o sea a los duques de Palma, el dinero sin más.

La representante del Grupo Pernod Ricard, Marta Campomanes, tampoco acertó a dar un solo argumento convincente al ser interrogada acerca del motivo por el que su compañía había abonado «80 000 euros anuales» a los duques de Palma. Y así una empresa detrás de otra fueron desnudando la ficción urdida en torno a esta tapadera.

La paciencia de los inspectores de hacienda, del juez Castro y del fiscal Horrach se fue agotando hasta convertirse los interrogatorios a las corporaciones restantes en trances desagradables en los que se intentaba, a las primeras de cambio, negar una realidad que acababa aflorando pocos minutos después.

—El asesoramiento [de la sociedad Aizoon de Urdangarin y la infanta] fue decir: «Oye, tú, yo creo que deberíais ir por aquí en lugar de ir por allá» —declaró el apoderado de la compañía Aceros Bergara, Xavier Busquets.

—¿Simplemente esa fue su intervención? —insistieron los investigadores, hastiados de escuchar siempre la misma respuesta evanescente y vacía de contenido.

—Una cosa es decir «no vaya usted por aquí», con un fondo detallado de números y de razones y otra cosa es simplemente argumentar «no vaya usted por aquí, vaya por allí». ¿Cómo fue entonces la intervención del Sr. Urdangarin? ¿Contratos concretos o, simplemente, «no vayan por aquí y vayan por allí»?

—La segunda —sentenció el directivo de la metalúrgica, al mismo tiempo que reconocía que nunca tuvo en sus manos «ningún dossier ni estudio financiero» librado por Aizoon porque nunca existió.

La tramoya y el cartonaje de la patrimonial de los duques se derrumbaba de golpe con el testimonio de su distinguida clientela y la elocuencia de las pruebas documentales intervenidas. En uno de los correos electrónicos en poder de la Policía Judicial, fechado el 20 de junio de 2008, el duque de Palma se dirigió a uno de los cuñados de Diego Torres, Marco Tejeiro, encargado de la administración de las empresas de la trama, en los siguientes términos: «Perdona, asegúrate de que al no haber asistido al último consejo, puedo facturarles, por si acaso».

La voracidad recaudatoria de los duques de Palma llegaba al extremo de plantearse cobrar a una empresa por la asistencia a unos consejos de administración a los que ni tan siquiera acudieron.

Siguió la ronda de declaraciones y no varió el sentido. En la misma línea se expresaron los dueños de la empresa de cazatalentos Seeliger y Conde, que confesaron no haber manejado nunca un solo «informe o documento elaborado» que justificara los pagos a Aizoon.

Ni siquiera uno de los mayores pagadores de Aizoon, el Grupo Lagardère, pudo acreditar algún tipo de servicio pese a que abonó a la empresa «200 000 euros al año» mediante un contrato que contemplaba, además, el «reembolso de todos los gastos» en los que incurrieran los duques de Palma.

La conclusión de la Agencia Tributaria en su informe definitivo no pudo ser otra: «Cabe referir que ni en el sumario o en el expediente administrativo de inspección figuran testimonios de ningún documento, producto o resultado de las actividades de asesoramiento o consultoría pretendidamente desarrollados por Aizoon en beneficio de sus clientes y por los que facturó las referidas cifras de ingresos».

Aclarado definitivamente que el matrimonio recibió el dinero por ser quienes eran, llegaba entonces el momento crucial, el de determinar las responsabilidades de esta simulación masiva de asesorías a precio de oro. Y volvió Hacienda a seguir a pies juntillas el guión preestablecido: «El análisis del material probatorio reunido pone de manifiesto que los contratos con los citados clientes se celebraron en especial y exclusiva consideración de la persona del Sr. Urdangarin Liebaert y sus circunstancias personales y familiares —son varios los que cuidan de remarcar explícitamente la cualidad de intuitu personae inherente tanto a la celebración como a la posterior ejecución contractual—; así como que en ningún caso constan resultados documentales de la actividad desplegada». Es más, «ninguno de los deponentes en sede judicial, policial o administrativa ha sido capaz de ofrecer más que explicaciones vaporosas cuando han sido inquiridos a detallar las funciones o servicios concretamente proporcionados por Aizoon».

Llegados a este punto, si como aseguraba Hacienda las empresas solo contrataban a Urdangarin aunque luego cobrara también su mujer, ¿cuál era realmente el significado de la presencia de Cristina de Borbón en Aizoon? Si todo era un negocio del duque de Palma, ¿qué necesidad tenía de que figurase su propia esposa en algunos de los contratos y en la sociedad que percibía los emolumentos? ¿Acaso no había podido montar él mismo una sociedad unipersonal en lugar de una limitada?

Al presenciar desde la distancia esta disyuntiva, un hombre se revolvió en su céntrico despacho barcelonés del número 186 de la calle Balmes. El notario Carlos Masiá, un hombre con una arquitectura física alargada y quijotesca que se balancea al andar por culpa de una de sus maltrechas rodillas, había sido el fedatario público de confianza escogido por Iñaki Urdangarin y por la infanta Cristina para llevar a cabo todas sus operaciones, tanto inmobiliarias como personales. Desde su testamento a la compra del palacete de Pedralbes pasando, por supuesto, por la constitución de su sociedad Aizoon.

—Ya lo dije yo y no se me hizo ni puñetero caso —exclamaba.

El matrimonio Urdangarin-Borbón entró en contacto con Masiá a través del cuñado de Diego Torres, Miguel Tejeiro, propietario del despacho de asesoría fiscal y laboral Medina-Tejeiro, que se convirtió en el centro de operaciones de la trama Nóos y en el custodio de sus datos más íntimos. Para ese puesto necesitaban más que a un consumado experto fiscalista, a un hombre de su más estricta confianza, que pudiera guardar los secretos más inconfesables y que no levantara sospechas.

En efecto, Miguel Tejeiro cumplía a priori ese perfil. Era técnicamente aseado y parecía un hombre extraordinariamente discreto. Miguel era Michi para Carlos Masiá, con quien almorzaba semanalmente para repasar todos los asuntos que llevaba entre manos relacionados con sus más ilustres clientes. Michi consultaba a su notario de cabecera cada paso que daba y, entre otros, le preguntó cómo articular la creación de una sociedad limitada para los duques de Palma. El guión lo tenía ya elaborado Diego Torres y no admitía variación alguna. Desde el nombre de la empresa, que debía llamarse Aizoon, al reparto de tareas y de participaciones en la sociedad. Iñaki sería el administrador, Cristina la secretaria de los consejos y cada uno de ellos tendría en su poder el 50 por ciento de las acciones. Se trataba solo de que Masiá le diera forma.

—¿Pero os habéis vuelto locos o qué? —advirtió el notario a su íntimo Michi—. ¿Cómo vais a poner a la infanta con su nombre y apellidos en una empresa? ¿Y si luego hay una suspensión de pagos, alguna reclamación judicial, una quiebra, qué pensáis hacer? ¿Eres consciente del escándalo institucional que se organizará?

Habitualmente Michi asentía ante los consejos de Masiá, pero esta vez permaneció firme.

—Carlos, no discutas. Esto tiene que ser así y punto. Ya está hablado.

—¿Pero no os dais cuenta de lo peligroso que puede ser? Como notario me veo en la obligación de advertíroslo. A partir de ahí, haced lo que queráis.

—No seas pelmazo, Carlos. Tiene que ser así porque la infanta va a ser nuestro escudo fiscal.

Un silencio se extendió entre ambos. El notario Masiá no volvió a preguntar nada más. Constituyeron la sociedad en los términos dispuestos, con Cristina de Borbón como socia perfectamente visible, y nunca más el fedatario público volvió a oír nada en relación a esa mercantil.

Sin embargo, aquella frase del «escudo fiscal» cobraba ahora verdadero sentido al comprobar que Aizoon había sido empleada como un instrumento para desviarse fondos públicos y evadir impuestos. Y adquirían también sentido las múltiples preguntas de Michi sobre las amortizaciones aceleradas de las empresas a través de la contratación de personal ficticio y otras trapacerías sugeridas o directamente consultadas a Masiá.

El grado de indignación del notario, al que le empezaron a encajar todas las piezas, le llevó a pedir voluntariamente declarar ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma y contar su experiencia.

—Falta una pieza clave en todo este proceso, que es la de Michi —no paraba de repetir.

Y si empezaban a cuadrarle todos los elementos a Masiá, también fueron ensamblándose en la mente de los investigadores ante el último extraño acontecimiento surgido en el sumario.

Al abrirse la veda con Cristina y revisar su patrimonio, la Agencia Tributaria envió al juez Castro un informe que se limitaba a reproducir los datos existentes a nombre de la hija del rey en su base de datos. Desde sus cuentas bancarias a sus inversiones en bolsa pasando por los bienes muebles e inmuebles a su nombre.

De entre todos los elementos expuestos en aquel documento, uno llamaba la atención por encima de los demás. En los ejercicios 2005 y 2006 la infanta había ingresado una cantidad muy importante de dinero, 1,4 millones de euros, por la venta de trece propiedades diseminadas por la península. Se trataba de terruños de muy escaso valor individual en Almagro (Ciudad Real), Alicante, Arenys de Mar (Barcelona) y Pilar de la Horadada (Alicante).

Cristina de Borbón se apresuró de inmediato a desmentir, a través de la Casa Real, que hubieran sido suyos. Los propietarios de estos terrenos también se llevaron las manos a la cabeza y aseguraron que nunca habían tratado a la hija del rey y que solo la conocían de verla por televisión.

¿Para qué quería la infanta pequeños solares en lugares tan dispares? ¿Qué sentido tenía que aparecieran de pronto a su nombre? El escándalo, de nuevo, estaba garantizado y no tardó en tomar cuerpo. Hacienda se reafirmó en que esos eran los datos que obraban en su poder y que no podía comunicar otra cosa que lo que le aparecía en el ordenador. No obstante, ante las primeras dudas que surgieron en torno a su papel, activó el ventilador en dirección a los colegios de notarios y registradores como los responsables de haber comunicado esas operaciones en el caso de que fueran erróneas.

Castro, que pensaba haberlo visto todo en este procedimiento, requirió a los registros de cada una de estas localidades para que deshicieran el entuerto.

—A veces se tarda más en reaccionar porque no tenemos toda la información, pero en este caso no hay ninguna duda. Las fincas nunca han sido de la infanta —reiteró La Zarzuela, que no dudaba en calificar de «cosa muy seria» el nuevo episodio en el que se veía inmersa doña Cristina.

No tenía por qué haber habido ningún problema. Su documento nacional de identidad es tan sencillo como fácil de memorizar, 14-Z, y resultaba complicado pensar que con un número tan bajo hubiera podido producirse algún error de transcripción simultáneo en un puñado de operaciones al mismo tiempo. Ni los más viejos de la Agencia Tributaria conseguían acertar con la explicación de lo sucedido. Había quien apuntaba a un posible caso de dobles ventas que hubiera servido para blanquear dinero, otros que advertían una maniobra para poder justificar el incremento patrimonial de la hija del rey y hasta quien reducía lo acontecido a la desidia de un grupo de registradores que pusieron en la casilla del DNI el 14-Z como podían haber puesto cualquier otra cifra.

El caso es que el enigma no paraba de engordar y la ausencia de una explicación coherente obligó a comparecer al mismísimo ministro de Hacienda. Cristóbal Montoro salió para explicar que todo había sido un «error», pero incrementaba la incertidumbre al ser incapaz de determinar cuál. Trasladaba la responsabilidad a los empleados del Catastro y de las notarías pero era incapaz de determinar cómo había sido posible que un mismo fallo se repitiese trece veces seguidas. Le echaba la culpa a la «ingente cantidad de información» que maneja la Agencia Tributaria; no se cansó de repetir la palabra «error» una quincena de veces pero no despejó siquiera mínimamente las dudas.

No era la primera vez que sucedía algo similar. Los investigadores ya se habían encontrado en la instrucción con que el gobierno balear había atribuido por error al Instituto Nóos la venta de ocho fincas en el archipiélago, pero todo esto se antojaba mucho más complicado.

Máxime cuando tras este desaguisado de las fincas aparecía una realidad mucho más trascendente. Ante cualquier error de este tipo, cuando a un contribuyente se le atribuye un incremento patrimonial considerable, los mecanismos de la Agencia Tributaria saltan automáticamente y se pone en marcha lo que se conoce popularmente como una «paralela». De haber sido así, este problema se hubiera detectado cuando se produjo, en 2005 y 2006, y no hubiera podido permanecer emboscado tanto tiempo.

Los inspectores de la Agencia Tributaria se apresuraron a explicar por qué no se activó la «paralela» de rigor y afloraron una situación existente desde tiempos inmemoriales que en el fisco se daba por supuesta pero que nunca se había denunciado. Los miembros de la familia real son, a efectos tributarios, lo que se denomina en el seno de la organización «agujeros negros». Es decir, personas que están exentas de cualquier tipo de inspección fiscal. Por lo tanto, lo que venía a demostrar el caso de las fincas es que, independientemente de lo que hubiera ocurrido, Cristina de Borbón era uno de esos «agujeros negros» que nunca se habían explorado.

Corroboraba esta circunstancia que en el polémico informe de Hacienda tampoco aparecía la venta del piso anterior de los duques de Palma por 2,2 millones de euros sin que mediase explicación lógica alguna más allá de que se trataba de otro «lamentable error».

Las malas lenguas de la plaza del Doctor Letamendi, dirección de la Delegación de la Agencia Tributaria en Barcelona, advierten sin embargo que todo fue mucho más prosaico. Que en 2007 ya se constató el error en la adjudicación de estas propiedades a la hija del rey. Simplemente, se habían grabado manualmente en el sistema y alguien había metido la pata. «Como ocurría con tantos y tantos contribuyentes». El inspector Jordi Torrent lo detectó y remitió esta información a las alturas, concretamente a la entonces delegada López Panisello. No se corrigió porque solo se hace a instancias de terceros pero se dejó constancia por escrito. El afán del actual número uno del fisco en la región, Gonzalo García de Castro, porque el Caso Infanta solo lo manejase «gente de confianza» le habría llevado, según estas mismas fuentes, a enviar al instructor del Caso Urdangarin la información disponible en el sistema sin consultar al responsable del barrio de la infanta, Pedralbes.

Lo cual no quita para que, visto lo visto, la infanta Cristina ejerciera voluntaria o involuntariamente el rol de «escudo fiscal», estatus que otorgaba un extraordinario blindaje a Aizoon. A través de esta sociedad el matrimonio podía desarrollar cuantas actividades irregulares considerara. Nunca nadie iba a inspeccionarla porque con gran riqueza tipográfica aparecía como socia «doña Cristina de Borbón y Grecia». Entre agujeros negros, los chanchullos fiscales se evaporaban cual luz de gas.

CAPÍTULO XIX

Ya nada volverá a ser igual entre «Pepe» y Pedro. José Castro pide a Valencia que impute a Paco y a Rita. Sus jueces amigos les salvan de la quema. Jaume Matas se queja. El desmemoriado de Alberto Aza

Las grietas entre el juez Castro y el fiscal Horrach como consecuencia de la imputación de la infanta Cristina ponían en riesgo el rumbo de la investigación, sustentada por dos grandes pilares: los contratos adjudicados al Instituto Nóos por los gobiernos de Valencia y Baleares. Y resultaba una incógnita cómo la disparidad de pareceres podría llegar a afectar a todo lo demás.

La confianza entre los dos se había quebrado y parecía que nada iba a volver a ser como antes. De cara a la galería ambos sostenían que, si bien era cierto que hasta ese punto habían caminado de la mano, ahora surgía una discrepancia técnica puntual.

—No vamos a estar siempre de acuerdo en todo —razonaba cada uno por su lado, con una sonrisa.

—Las diferencias son beneficiosas para el proceso. No pasa nada, todo va a seguir igual entre nosotros —se autoconvencían sin conseguir convencer a nadie.

Sin embargo, tras esa apariencia de normalidad latía un distanciamiento creciente. Cada uno de ellos consideraba que el otro había roto el clima de confianza ciega que había presidido su relación. Si se habían embarcado en este asunto los dos era para estar unidos hasta el final. Porque las divisiones favorecerían a los imputados y pondrían en riesgo la investigación. Era una especie de pacto no escrito entre ambos que se había visto enturbiado por la cuestión de la infanta y que les había llevado a sostener posicionamientos contrarios.

El fiscal Horrach confesaba a su entorno que el juez se había «precipitado» al acordar la citación de la hija del rey y de sus palabras se desprendía un regusto amargo al considerar que Castro no le había tomado en cuenta suficientemente. Para el juez, el posicionamiento del fiscal no era nuevo y lo conocía desde hacía tiempo.

—Pepe, solo soy partidario de su citación si tenemos pruebas contundentes para sentarla en el banquillo de los acusados. De lo contrario, no estoy dispuesto a llamarla —le arguyó en multitud de ocasiones.

El magistrado, por el contrario, consideraba, tal y como revelaba a sus más afines, que ese planteamiento prostituía el ordenamiento jurídico y el sistema establecido con el resto de justiciables. Ponía como ejemplo lo ocurrido con Diego Torres en este mismo procedimiento. Si a ambos les había parecido correcto citar como imputado al exsocio del duque de Palma allá por julio de 2010 sin saber siquiera qué secretos se escondían tras el Instituto Nóos, por qué no iban a llamar ahora a Cristina de Borbón si su nombre aparecía por todas partes.

—Esa filosofía de no citar a la infanta salvo que haya pruebas contundentes contra ella no es la que se utiliza con el resto de ciudadanos ni la que se ha empleado con el resto de imputados en la causa, a los que se ha llamado a declarar cuando se detectaron meras sospechas —enfatizaba el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma a la cara más conocida de Anticorrupción en Baleares.

Y con esas pequeñas diferencias empezó a germinar una borrasca de incalculables dimensiones. Comenzaron a recelar el uno del otro y no paraban de colisionar por culpa de los planteamientos descritos. La cuestión estribaba en si había que citarla cuando se tuvieran pruebas demoledoras para condenarla o si había que hacerlo, pasara lo que pasara en un futuro, para preguntarle qué hacía en medio de todo el entramado de Nóos.

Sobre esta diferencia de criterios comenzó a sobrevolar otra cuestión. A la vista de los documentos obrantes en la causa Castro creía en conciencia que no llamar a Cristina de Borbón constituía un agravio comparativo con respecto al resto de implicados. Y tan fuerte era su convicción que se negaba a aceptar los argumentos de su amigo Horrach en este punto. Si el fiscal no entraba en razón, él actuaría como creyese oportuno. Y lo hizo. Se lo advirtió para que no se sintiera traicionado y le dio la posibilidad de que liderasen un mismo posicionamiento.

Pero es que además afloraba otro elemento al que el magistrado no paraba de darle vueltas. Era difícil de comprender, a su juicio, que Horrach no entrase en razón y verdaderamente no considerase que había elementos más que suficientes para citar a la infanta. No resultaba nada descabellado, y así lo meditó, que el fiscal hubiera recibido una orden por parte de sus superiores y que no le hubiera quedado más remedio que acatarla. No le constaba prueba alguna de ello pero tampoco se sentía en disposición de descartarlo por completo.

En ese caso Castro lo entendería perfectamente y lo respetaría. Él mejor que nadie sabe cómo funciona el Ministerio Público, pero por lo que no estaba dispuesto a pasar es porque, con la estrecha amistad existente entre los dos, ese detalle no se lo hubiera confesado abiertamente. De haber sido así, lo habría comprendido a la perfección y además le habría agradecido el gesto. Sin embargo, en el hipotético caso de haber ocurrido, si no se hubiera atrevido a confesárselo, le decepcionaría profundamente.

Pero de indicaciones y presiones Horrach no quería ni oír hablar. Juraba y perjuraba que no tenía la más mínima instrucción sobre este asunto, que Salinas le había dado «libertad total» y que sus conversaciones con el fiscal general Eduardo Torres-Dulce se podían contar con los dedos de una mano y que estas se habían limitado a ofrecerle la «ayuda» que necesitara. Sobre todo cuando trascendió que tanto el juez como él habían sido objeto de seguimientos. Consideraba una «injusticia» que se atribuyera a sus jefes la decisión de no llamar a la infanta y una «falsedad absoluta» que respondiera a motivaciones políticas o institucionales.

—La decisión es mía e intransferible —subrayaba.

Horrach insistía en que ni había recibido una sola orden ni la habría aceptado, que ya era suficientemente mayor como para, en un asunto de estas características, convertirse en un títere en manos de terceros. El criterio era suyo y de nadie más, reiteraba molesto ante la más mínima insinuación de que podía haber sido instrumentalizado. Pensaba que la citación de Cristina de Borbón no conducía a ninguna parte y que podría tener un retroceso negativo contra ellos si la impulsaban para luego, acto seguido, verse en la obligación de tener que desimputarla.

—¿Con qué argumentos la vamos a llevar al banquillo? —preguntaba retóricamente al tiempo que repetía una y otra vez que «no lo veía claro».

El caso es que la relación entre Castro y Horrach se empezó a enfriar y se comenzó a gestar el embrión del fin de su relación personal. Poco a poco fueron remitiendo las confidencias, las comidas, las cenas, las copas y las risas. Castro y Horrach comenzaron, por primera vez, a desconfiar el uno del otro y las grietas iniciales alcanzaban una dimensión más considerable.

No obstante, aun en los instantes de mayor frialdad, como dos enamorados que acaban de tener una disputa, no dejaban de reconocer el cariño y la admiración profesional que sentían el uno por el otro. El juez no paraba de recalcar la «impresionante labor de investigación» llevada a cabo por el fiscal y lo «injusto» que sería que la sociedad española se quedara con la impresión de que Horrach había querido defender a la hija del rey por ser quien era. El juez veía en Horrach una sagacidad y una lealtad a prueba de bombas.

Por su parte, el fiscal aseguraba, con su habitual tono irónico y cercano, que había momentos en los que «querría matar» al juez y otros en los que le «comería a besos» y que un asunto de estas características habría salido difícilmente adelante sin un instructor con la honradez, la valentía, la preparación y la determinación de «Pepe», como acostumbra a referirse a él.

Quedaba ahora por comprobar cómo iba a afectar este distanciamiento al resto del procedimiento, que afrontaba su fase decisiva. Hasta ahora habían sido investigadas las adjudicaciones del ejecutivo que presidía Jaume Matas y este había sido ya imputado por ellos. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que los pagos realizados en Baleares y en Valencia presentaban las mismas características, es decir, no había habido concurso y el duque de Palma se había quedado con la mayor parte del dinero, tocaba actuar de manera análoga. O todos o ninguno.

Si el expresidente balear había sido interrogado tras advertir en su intervención indicios de delito, el expresidente valenciano Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia estaban abocados a correr la misma suerte. La conclusión estaba clara y, por mucho que las relaciones de Castro con Horrach comenzaran a tambalearse, la cuestión valenciana constituyó el último gran consenso entre ambos y su última gran obra conjunta. No quedaba otra alternativa que actuar contra ambos igual que se había hecho con el que fuera ministro de Medio Ambiente de José María Aznar. Por lo tanto, adelante, no había diferencias suficientemente importantes como para alterar el curso del procedimiento.

Aquí surgía, sin embargo, un importante inconveniente que había motivado que el problema valenciano se aparcara, también de común acuerdo entre Castro y Horrach, durante meses. Tanto Camps como Barberá, por su condición de diputados autonómicos, eran aforados. Es decir, el juez Castro no podía proceder a su imputación de forma directa, tal y como había hecho con Matas, sino que la decisión correspondía al órgano competente: el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Esta cuestión formal había sido empleada ya por la defensa de Matas como mecanismo para intentar arrebatarle a Castro la instrucción y que la investigación al completo se fuera a Valencia, donde, presumía el expresidente balear, la presión bajaría sobremanera, el sumario quedaría enfangado en la Albufera y él en el mejor escenario de todos los posibles.

Castro y Horrach coincidieron en que había que pedir formalmente la imputación al TSJV y el Ministerio Público elaboró una exposición razonada solicitándolo. Afrontaban, de nuevo, una operación que entrañaba sus riesgos y en la que se jugaban perder el control del asunto en el que tanto esfuerzo habían empleado. La máxima instancia judicial valenciana había sido tradicionalmente laxa con los casos de corrupción política y no iba a sorprender a nadie que se descolgara desinflando el caso y haciéndole un favor a sus paisanos.

Si concluía que no había indicios de delito contra Camps y Barberá, Matas se aferraría a ese dictamen para rebajar la importancia de los contratos del gobierno balear porque, en definitiva, se iban a convertir en vasos comunicantes. En ese escenario el sumario volvería a manos de Castro y él continuaría la instrucción desde Palma sin poder llamar, más que en calidad de testigos, a los políticos valencianos.

Otro de los planteamientos pasaba porque el Tribunal Superior de Justicia de Valencia sí que advirtiera indicios de delito en los dos históricos del PP valenciano, interrogara como imputados a ambos y asumiera por completo la instrucción de la causa. Es decir, que toda la investigación se marchara a Valencia y Castro y Horrach se quedaran compuestos y sin caso.

Pero todavía quedaba una tercera vía consistente en que el órgano judicial valenciano devolviera el sumario a Castro, le indicase que terminara la investigación y que, al final, ya se decidiría. En el peor de los supuestos, el juez ya tenía previsto hacer piezas separadas, que los contratos de Baleares se investigaran en Palma y los de Valencia en su propia comunidad. Y en esta postura creía que contaba con el apoyo del fiscal.

Básicamente existía el riesgo de que el caso se perdiese o bien perdiese fuerza. Los investigadores sondearon cuáles eran las intenciones del TSJV y llegaron a la conclusión de que no tenía el más mínimo interés en quedarse con un proceso que acumulaba ya ciento sesenta mil folios y que tendrían que estudiarse desde el principio. Por lo tanto, tranquilidad, que lo más probable sería que devolvieran la pelota a la jurisdicción de las Islas, ya se vería de qué forma, y punto.

El fiscal Horrach trasladó un extenso informe que había estado elaborando durante el mes de agosto de 2013, que pulió en consonancia con el magistrado y que dio a conocer al comenzar el curso, marcando desde el inicio la agenda del curso político y judicial español.

El representante de Anticorrupción en Baleares señalaba que tanto Camps como Barberá habían incurrido en cuatro delitos, malversación continuada, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad en documento oficial. Tipos penales que en sus variantes máximas podían llevar aparejada una condena de hasta diecisiete años de prisión.

Se expresaba en su análisis de manera muy contundente y dejaba, sobre todo a Barberá, como primera edil valenciana, en una situación política insostenible. El meollo de la cuestión radicaba en la adjudicación al Instituto Nóos de Urdangarin de los conocidos como Valencia Summit, a los que se destinaron sin concurso alguno 3,3 millones de euros públicos. Y junto a las tres ediciones de este evento, la entidad del duque de Palma se llevó la organización de unos Juegos Europeos en la Ciudad del Turia que nunca llegaron a celebrarse en Valencia pero por los que consiguió ingresar 382 000 euros públicos.

Horrach realizaba una exposición que ridiculizaba a los políticos y dejaba en muy mal lugar a Urdangarin al haber comerciado con su condición de miembro de la Casa Real. El fiscal solo comprendía lo sucedido atendiendo «al deseo» de Camps y Barberá «de doblegarse a las exigencias de don Iñaki Urdangarin en atención a su parentesco con la Casa de Su Majestad el Rey». Guiados por este móvil, razonaba el fiscal, sacrificaron las exigencias legales en aras de quedar bien con el yerno del monarca. Se trataba esencialmente de la misma filosofía que guió a Matas, que en plena investigación reconoció que nunca se le hubiera ocurrido someter a Urdangarin a un concurso público como si fuera un ciudadano cualquiera.

«Por muy cortésmente que se planteasen esas exigencias, no dejaban de ser eso, exigencias», recalcaba Anticorrupción en referencia a las propuestas que puso sobre la mesa de la Generalitat y del Ayuntamiento de Valencia el duque de Palma. «Camps entendía que era obligado acceder [a las exigencias de Urdangarin] en atención a que era yerno del rey», abundaba Horrach, y añadía que «sin el beneplácito de Camps no se entiende ese sometimiento» del ejecutivo valenciano.

En la misma línea se había manifestado anteriormente el juez Castro, que consideraba que las contrataciones de Nóos en Valencia se fraguaron sin que se iniciara «absolutamente ningún procedimiento administrativo de contratación» y «en exclusiva atención» a que por parte de Camps y de Barberá era «hartamente conocido» que al frente del Instituto Nóos estaba Urdangarin.

El magistrado apuntaba también a la «sorprendente celeridad» con la que fueron tramitados los expedientes, en especial el de los Juegos Europeos, que se aprobó «en tres días consecutivos, navideños por demás, lo que no es un impedimento jurídico pero sí una no muy usual práctica».

El juez censuraba que los pagos al duque de Palma se camuflaran como «subvenciones», lo cual suponía «una manera de burlar las ineludibles previsiones de las normas sobre contrataciones de las administraciones públicas, que se inspiran en los principios de igualdad y publicidad». Una serie de extremos de los que «deliberadamente se prescindió para contratar arbitrariamente a quien estaba detrás del Instituto Nóos, al objeto de que desplegara toda su área de influencias tanto en su condición de vicepresidente del Comité Olímpico Español como en razón de su parentesco con la Casa Real, intencionadamente utilizado para vencer cualquier resistencia».

El relato resultaba demoledor para los protagonistas, pero incluía un apartado que agravaba la crisis institucional. Tanto el fiscal como el juez daban por primera vez por hecho que la reunión en Zarzuela en la que se pactaron los Valencia Summit, efectivamente, se produjo. Habían discrepado con la citación de la infanta pero, en lo esencial, seguían de acuerdo.

«El encuentro tuvo lugar en el palacio de La Zarzuela el 29 de enero de 2004», aseguraban los investigadores, pese a que el propio duque de Palma había fechado a su entorno más próximo el encuentro el 6 de julio. «Tras varias conversaciones, Urdangarin concertó una cita con Barberá y Camps para exponerles de forma más detallada su proyecto». En dicha reunión, «Urdangarin y Torres explicaron a los representantes políticos de Valencia los fines de la entidad a la que representaban, el Instituto Nóos, proponiéndoles la celebración de un congreso en Valencia sobre “grandes eventos deportivos” para lo que requirieron financiación pública».

Hasta ese instante todos los participantes en el encuentro habían negado la existencia del mismo salvo Torres, pero la secuencia de los acontecimientos desembocaba en la certeza absoluta de que aquella cita existió.

Los indicios de que el encuentro tuvo lugar llevaron a la policía a dar el paso de tomar declaración al entonces jefe de la Casa Real, Alberto Aza, que fue interrogado en el propio palacio de La Zarzuela y se limitó a contestar que «no recordaba» que se hubiera producido aquella reunión. Pero tampoco se atrevía a negar taxativamente su existencia.

Tras esta cita los contratos no tardaron en llegar. «Durante las semanas siguientes, Urdangarin y Torres visitaron a la alcaldesa y al presidente de la Generalitat en sus respectivas sedes de Valencia, les detallaron el proyecto e insistieron en la financiación pública, tasando en 900 000 euros el coste del desarrollo del proyecto […]. Como fruto de los citados contactos, ambos representantes políticos aceptaron la propuesta, en atención básicamente a la posición social que ocupaba Urdangarin y se comprometieron verbalmente a llevarla a cabo financiando con fondos públicos el proyecto por el importe fijado unilateralmente por los responsables de Nóos».

La sinfonía sonaba perfecta hasta que Horrach incluyó un párrafo que el juez encajó con desagrado. Pese a que se había mostrado a favor de que la causa siguiera en Palma pedía ahora abiertamente en su escrito que fuera asumida íntegramente por el Tribunal Superior valenciano. Es decir, que el instructor dejase de ser, a partir de ese momento, su compañero y cada vez menos amigo Castro.

El juez lo encajó como un golpe bajo y la distancia entre ambos se volvía ya irrecuperable. Aquello suponía, a ojos del instructor, intentar quitarle el sumario en el momento crucial. Es decir cuando se estaba llevando a cabo la investigación contra la infanta Cristina por blanqueo y delito fiscal y debía decidir si la volvía a imputar. Era robarle el balón en pleno partido cuando se lo estaba jugando todo.

El Tribunal Superior valenciano, ajeno a las diferencias entre juez y fiscal, tenía una papeleta trascendental y dependiendo de lo que hiciera la crisis política e institucional se agravaría considerablemente o se vería amortiguada. La deliberación tardó apenas un mes. A finales de septiembre la Sala de lo Civil y de lo Penal del órgano valenciano resolvió cumpliendo algunas de las predicciones. Se declaraba incompetente para instruir el caso pero exculpaba por completo a Camps y a Barberá bajo un peculiar argumento.

Señalaba que no existen en la causa «indicios suficientes como para afirmar que los aforados han incurrido de forma personal, directa y voluntaria en una conducta» delictiva. Pasaba por alto que la participación de ambos en este tema, si algo fue es directa, porque el entonces presidente y la alcaldesa se encargaron personalmente de llevar las negociaciones con el duque de Palma. Aun así, proseguía el TSJV, «no basta con el dato subjetivo de imputación de unos hechos a quien goce de aforamiento».

La Sala de lo Civil y de lo Penal daba una de cal y otra de arena reconociendo «la amplia y prolija instrucción» llevada a cabo por el instructor y concluía que los hechos descritos «a priori parecen presentar unos claros indicios delictivos […]. Indudablemente existe una serie de conductas que claramente pueden revestir los caracteres de delito, pero no olvidemos que eso no nos puede bastar, sino que a la par ha de quedar justificado un principio de prueba que permita detectar suficientes indicios como para afirmar que los aforados han tenido una participación personal y directa en ellos».

Resultaba en sí mismo un contrasentido. La máxima instancia judicial valenciana decía que había delito pero que no encontraba a los responsables. Y concluía que ni Camps ni Barberá habían participado. La investigación volvía a Palma y, lo que resultaba más importante, con ella las nuevas pesquisas sobre la infanta, cuyo futuro, por fortuna, ya no peligraba.

CAPÍTULO XX

El Caso Infanta hace saltar por los aires la Agencia Tributaria. Treméndez, el comisario político perfecto. Se coge antes a un tramposo que a un cojo. Sigue la Operación Cortafuegos: a colar facturas falsas tocan. Un marxista al rescate de la contribuyente De Borbón y Grecia

Seguramente en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) había más candidatos a comisario político pero ninguno tan cualificado en la materia ni tan del gusto del socialdemócrata Cristóbal Montoro como Santiago Menéndez. Su escasa capacitación técnica es inversamente proporcional a su politiquería. En conclusión, el personaje perfecto para tener amarrado y amaestrado, o al menos intentarlo, ese Gran Hermano que lo sabe todo de todos: la Agencia Tributaria. Y más en los tiempos que corren, con dos miembros de la familia real investigados e imputados por delito fiscal y con el Partido Popular en solfa por culpa de Gürtel y del Caso Bárcenas. Este gijonés de cincuenta y tres años es hermano de un altísimo cargo de la era Aznar, el por otra parte reputado abogado del Estado Adolfo Menéndez, que fue el número tres de Defensa con un Eduardo Serra que es Zarzuela pura y luego repitió subsecretaría pero en diferente ministerio, el de Fomento, de la mano de su paisano y amigo Francisco Álvarez-Cascos.

Como ironizan algunos de sus amigos, «Santiago es más del PP que José María Aznar». No solo eso. Sus tentáculos llegan al hogar más ilustre de este país: el palacio de La Zarzuela. Su tío Aurelio, fundador de esa catedral del Derecho Mercantil que es el despacho Uría y Menéndez, fue preceptor del príncipe Felipe, ministro de Cultura en el primer gobierno Suárez en 1976 a propuesta del rey y distinguido con el título de marqués de Ibias hace tres años en una hornada en la que también fueron agraciados el Premio Nobel Mario Vargas Llosa, el superlativo Vicente del Bosque y ese ejemplo de hombre hecho a sí mismo que es Juan Miguel Villar-Mir.

La Zarzuela connection de Santiago Menéndez no termina ahí. Adolfo es el vigente secretario general de la Fundación Príncipe de Asturias y presidente de la por tantas y tantas razones estratégica Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica, Seguridad y Espacio (Tedae), que aglutina a las ochenta y cinco grandes compañías patrias del sector y cuya facturación global alcanza la friolera de 10 000 millones de euros al año. Una industria que el rey ha promovido y apadrinado con especial interés en sus treinta y ocho años de reinado.

Santiago Menéndez sustituyó el 28 de junio de 2013 a Beatriz Viana, la honrada soriana a la que intentaron encalomar el escándalo de las trece fincas repartidas por la mitad de la geografía nacional a nombre del DNI 14-Z, correspondiente a Cristina Federica de Borbón y Grecia. Una Beatriz Viana que se fue con la misma dignidad con la que había aterrizado en la cúpula del organismo en diciembre de 2011: en silencio y con elegancia. Eso sí, aún se desconoce si dimitió o la dimitieron, aunque las sospechas apuntan a esta segunda opción. Bien porque era imprescindible encontrar un chivo expiatorio, bien porque representaba un obstáculo para los trajes a medida que se había ordenado confeccionar desde arriba.

Santiago Menéndez es más conocido en la Agencia Tributaria por su apodo Treméndez, que él justifica porque se apellida tres veces Menéndez pero que los más viejos del lugar achacan a su espíritu atrabiliario. «Es un individuo que acostumbra a tirar más de potestas que de auctoritas, básicamente porque carece de esta última», aclara un distinguido inspector ahora a sus órdenes. «Por desgracia, porque jamás la Agencia estuvo más politizada y más manoseada», como él mismo se encarga de apostillar para que no haya dudas de cuál es el statu quo de la oficina que se encarga de mantener fiscalmente a raya a todos los españoles. Bueno, a casi todos. Menéndez lo sabe todo de los 19 467 730 declarantes. Lo que tienen y lo que dejan de tener, lo que ganan y lo que pierden, cuántas personas tienen a su cargo, su domicilio, dónde trabajan, lo que compran, lo que venden, dónde nacieron y hasta su edad. Un poder inmenso, superior incluso al de un ministro del Interior, que manejado dentro de los márgenes de la ley permite que todos contribuyan al sostenimiento del Estado del Bienestar, pero que maleado puede convertir a los ciudadanos en víctimas del abuso de poder.

En la Dirección General de Recaudación saben mejor que nadie cómo se las gasta Menéndez y por qué le han rebautizado como Treméndez. Fue su segundo gran destino después de la delegación de su tierra natal, Asturias. Nada más tomar posesión convocó a los que iban a ser sus principales colaboradores, les rogó que se mojasen —«contadme qué os parece cómo funciona todo»—, la mayoría calló sabedora de su fama, él insistió con un cebo infalible, «tranquilos, hablad con libertad», y todos se confiaron. La queja sobre las injerencias políticas fue unánime. Ni veinticuatro horas más tarde, cinco de ellos eran relevados. Casualmente, los que se habían expresado en términos menos diplomáticos.

Antes de alcanzar el vértice de la pirámide, el asturiano pasó poco más de un año al frente de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF). De marzo de 2012 a junio de 2013 lideró esta unidad encargada de auscultar todos los casos de corrupción. Su primera decisión como director de la ONIF fue quitar a Víctor de la Morena, jefe del equipo que desentrañó las tripas financieras y tributarias de Gürtel. Siguió la pista del dinero, fue demasiado lejos, encontró de todo y por su orden… y el controller Menéndez lo largó sin contemplaciones. Cuando él ascendió a la Dirección General de la Agencia Tributaria lo dejó todo atado y bien atado en la ONIF de la mano de Margarita García-Valdecasas, hermana de Julia, ministra de Administraciones Públicas el último año del gobierno de José María Aznar y fallecida en 2009 tras una terrible enfermedad degenerativa. Una curiosidad en forma de cotilleo: Margarita García-Valdecasas fue novia de Artur Mas.

En el cuartel general de la temida Agencia Tributaria, en el número 37 de la madrileña calle de la Infanta Mercedes, irrumpió como mandamás el 1 de julio de 2013. Fue un regalo de cumpleaños anticipado nueve días. Como era de esperar, entró cual elefante en cacharrería. Al más puro estilo Treméndez: echando sin una sola explicación a la gente independiente y poniendo en su lugar a inspectores condescendientes. La purga fue lenta pero inmisericorde. Aguardó unos meses para que no se notase demasiado. Noviembre y diciembre fueron los meses en los que el nuevo director empezó a cortar cabezas. Las dos primeras fueron las de los delegados especiales en Galicia y Castilla y León. Pero el big bang se produjo cuando la Inspección, comandada por Luis Jones, osó solicitar una multa de 450 millones de euros a Cementos Mexicanos (Cemex) por no haber satisfecho sus obligaciones fiscales entre 2006 y 2009 alegando unas pérdidas que en realidad no eran sino burdas manipulaciones contables. La jefa adjunta de la Oficina Técnica de Grandes Contribuyentes, Dolores Linares, rechazó el inaudito recurso de reposición interpuesto por Cemex. Menéndez montó en cólera por no haberlo aceptado, se la cargó sin mayores explicaciones y la propuesta de sanción pasó de 450 millones a 15, esto es, treinta veces menos. Hacienda somos todos… menos la infanta y Cemex. Que sepamos. Y mientras se salvaba a los mexicanos de pasar por caja, a los españoles nos fríen a impuestos y a inspecciones en una dinámica sin precedentes. Hay que sufragar el desaforado gasto público, que crece por encima del PIB, y una deuda que ronda el cien por cien de lo que produce España cada año. No predican con el ejemplo: los políticos no se aprietan el cinturón mientras a los demás nos estrangulan la cintura obligándonos a usar uno tres o cuatro tallas más pequeño.

—¡Pero qué se habrá creído esta tía! —se le escuchó decir a Menéndez a la hora de valorar el trabajo de la inspectora, que fue textualmente relevada por «desobediencia», por no haber consultado la respuesta al recurso de reposición de la multinacional mexicana. Una multinacional que factura anualmente 17 000 millones de euros. Finalmente, y tras los preceptivos recados de los funcionarios honrados, la Agencia Tributaria optó por dejar la multa en los 450 millones planteados por Luis Torres y su equipo.

La depuración de la inspectora provocó un cataclismo en la Agencia Tributaria. El jefe máximo de la Oficina de Grandes Contribuyentes, Ignacio Ucelay, tuvo la decencia de presentar su dimisión, cosa que no hizo su más inmediato subordinado, su tocayo Huidobro, más acomodaticio con las directrices políticas. La sucesión de ceses se desarrolló con la implacabilidad de un dominó. Caía una ficha y caía la de al lado, se desmoronaba la de al lado y se desmoronaba la de más allá. Y así hasta veintinueve altos cargos que renunciaron o los renunciaron. La epítome de esta crisis, tal vez la mayor de la Agencia Tributaria en su historia reciente, llegó con el adiós voluntario de Luis Jones, número uno de la Inspección, un técnico admirado y respetado unánimemente en el cuerpo por sus profundos conocimientos técnicos. «Es el mejor», coinciden todos los compañeros consultados.

Y entre limpia y limpia Santiago Menéndez emitió una circular por la que se arrogaba la competencia exclusiva a la hora de nombrar a los peritos de la Agencia Tributaria requeridos por los jueces que instruyen casos de corrupción. Ergo él y solo él diría quién prestaba las labores de auxilio judicial. Ya no sería el delegado especial en la comunidad autónoma respectiva el que tenía la última palabra. Consecuencia: los más dóciles serían los elegidos. Consecuencia de la consecuencia: los dictámenes serían más benévolos cuando interesase. Y aquí paz y después gloria.

En esas estábamos, con una limpieza étnica en la Agencia Tributaria, cuando El Mundo destapó el 2 de noviembre que acababan de dar por buenas tres facturas falsas para librar de un delito en el Impuesto de Sociedades de 2007 a los dos máximos responsables de Aizoon: Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón. La Operación Cortafuegos volvía a asomar la cabeza, esta vez en el cortijo de Cristóbal Montoro. La Delegación de Cataluña había aceptado tres justificantes de la empresa familiar de los Urdangarin-Borbón por valor de 69 990 euros, que era exactamente la cantidad necesaria para convertir en limpia una conducta que a todas luces constituía un delito fiscal. Si esas facturas eran deducibles, el riesgo penal en ese ejercicio era igual a cero. Si se consideraba su tautológica falsedad resultaba una cuota de 120 757 euros, 757 por encima del umbral del delito fiscal.

Se trataba de tres recibos librados por la sociedad de Diego Torres Intuit Strategy Innovation Lab, que adoptó esa esnob denominación tras haberse llamado históricamente Torres-Tejeiro Consultoría Estratégica. Como si poniéndolo en inglés pareciera más importante o como si americanizándola diera la sensación de ser algo serio y no el humo que en realidad era. Las boutades habituales del menorquín socio de Iñaki Urdangarin.

Los tres justificantes son por la misma filfa de siempre, «asesorías», y por tres importes distintos. La primera factura, de 5 de enero de 2007, es de 15 000 euros y responde a un etéreo concepto: «Honorarios profesionales por asesoramiento para la preparación de los consejos de administración de Mixta África, Motorpress y Aceros Bergara». La Agencia Tributaria constató en informes previos que esos servicios nunca se prestaron. Sí se realizaron los pagos, pero no los trabajos, con lo cual las facturas eran más falsas que, como diría el castizo, un duro de madera. Ni Torres ayudó a preparar ningún consejo de administración, ni Urdangarin fue a la mayor parte de esas reuniones, por no decir que a ninguna. El dinero se lo daban básicamente por ser quien era, no por su trabajo ni por su capacitación profesional. Cuando se ha tomado declaración a los responsables de estas compañías obligadas a pasar por la insaciable caja del duque, la mayoría ha confesado que Aizoon no confeccionó ningún trabajo, otros han asegurado que no los encuentran y también hay quien lo justifica todo en el hecho de que se trataba de «asesorías verbales».

Los otros dos recibos de Torres a Aizoon suman 54 990 euros y datan del 8 y el 28 de mayo de 2007. El motivo es idéntico: «Honorarios profesionales por servicios de consultoría». Lo más grave de todo es que la Agencia Tributaria de Menéndez validaba en noviembre estos tres justificantes cuando meses antes los había incluido en el entramado de facturas falsas por valor de 8 056 793,05 euros que se cruzaron las diversas empresas del holding delictivo Nóos para burlar al fisco. Las explicaciones ofrecidas en enero y junio por Hacienda —aún en la era Viana— eran de manual: «Estas empresas [las de la trama Nóos, incluidas Intuit y Aizoon] carecen de estructura empresarial y son meros instrumentos para drenar y distribuir los recursos obtenidos por medio de la marca Nóos entre sus propietarios y dirigentes, los señores Torres Pérez y Urdangarin Liebaert».

Los técnicos de la Delegación de Cataluña recalcaron esta tesis por activa y por pasiva en la primera mitad de 2013. El objetivo pasaba por no dejar ningún cabo suelto que pudiera ser aprovechado por Urdangarin y cía para irse de rositas. «Todo ello viene a confirmar plenamente», puntualizaban, «la condición de puro andamiaje jurídico-formal de las entidades y su inexistencia empresarial». Por si fuera poco, Pedro Horrach, nada dudoso respecto a su trato a la familia real, manifestó en el escrito al juez Castro en el que solicitaba los registros del Instituto Nóos en Barcelona en noviembre de 2011 que estas facturas «no daban cobertura a servicios reales».

Otro leve flashback, en este caso de tan solo diez meses, permitía adivinar por dónde iban los tiros sin necesidad de presuponer nada. Bastaba con limitarse a examinar los hechos, a escudriñar lo que mantenía antes la Agencia Tributaria, con Beatriz Viana a la cabeza, y lo que defendía ahora de la mano de Santiago Menéndez. Exactamente lo mismo… pero al revés. Lo normal en un país en el que nunca pasa nada, en el que manipular informes públicos sale gratis y en el que regatear a la ley por órdenes de arriba está a la orden del día.

El caso es que el abogado jefe de la Agencia Tributaria, Juan Manuel Herrero de Egaña Espinosa de los Monteros, ya había redactado de su puño y letra un informe en enero de 2013 que con el paso del tiempo dejaría con las vergüenzas al aire a Menéndez. Cuando el Caso Urdangarin cumplía dieciséis meses copando las primeras páginas de los periódicos día sí, día también, entregó su dictamen a su señoría. En él se concluía, más allá de toda duda razonable, que los conceptos de estos tres justificantes y otros muchos de los presentados por la sociedad de la infanta y su marido «no se compadecen con las actividades que Aizoon debía realizar».

Herrero de Egaña, que al igual que Luis Jones goza del respeto técnico y del cariño del personal de la Agencia Tributaria, hablaba precisamente del concepto que monopolizaba las facturas de Aizoon. El de «asesorías», tan viejo como la corrupción en la España contemporánea. Saltó a la fama por vez primera con motivo del Caso Filesa en 1991, lo hemos visto reproducido en Gürtel y es motivo de imputación todas las semanas en el caso de los ERE, el multimillonario latrocinio protagonizado por la Junta andaluza de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Luego, si todas las facturas por «asesoría» emitidas por Aizoon eran falsas no se podían dar por buenas tres de ellas por mucho que cuadrasen casi al céntimo para librar del delito fiscal a los duques de Palma.

Herrero de Egaña agregaba, para rematar su tesis, que la entidad mercantil con sede social en el palacete de la calle de Elisenda de Pinós en Pedralbes «únicamente» desempeñaba una actividad: «La de alquiler de inmuebles». Todo lo demás, asesorías, consultorías o como quiera que se les llamase, eran montajes made in Tejeiro para eludir sus compromisos tributarios. El drama para Iñaki, para doña Cristina y para Diego es que Miguel, Michi, Tejeiro es un Pepe Gotera en materia fiscal, un experto en la materia más dado al brochazo que al trazo fino. Y por eso pasó lo que pasó. A lo mejor con otro asesor fiscal hubiera colado una parte de las trampas, o quizá todas, pero con Michi se habían caído con todo el equipo a las primeras de cambio.

El problema para Menéndez es que se puede engañar a unos pocos todo el tiempo, a todos un poco de tiempo, pero es física y metafísicamente imposible engañar a todos todo el tiempo. Por si fueran pocas las pruebas de la manipulación, ahí va otra para apuntalarla: «Ni en el sumario ni en el expediente administrativo de inspección figuran testimonios de ningún documento, producto o resultado de las actividades de asesoramiento o consultoría pretendidamente desarrollados por Aizoon en beneficio de sus clientes». Esto no lo afirmó El Mundo, tampoco salió de la pluma de José Castro ni es obra y gracia del Horrach pre-infanta. No, ni mucho menos. Era una de las ideas fuerza de uno de los veredictos en forma de informe que la Delegación de la Agencia Tributaria en Cataluña fue alumbrando a lo largo y ancho de 2013.

¿Y qué astros se habían movido para que donde decían «digo» afirmasen ahora «Diego» sin ruborizarse, sin que les temblase el pulso o se pusieran colorados? El delegado de la Agencia Tributaria en Cataluña, el lucense Gonzalo García de Castro, tiene todas las claves, todos los porqués, todas las motivaciones. Sean crematísticas, consecuencia de la obediencia debida o, simplemente, que han acertado al rectificar el error previo. Error contumaz en todo caso porque la misma premisa se había mantenido no en uno sino en cuatro informes, dos de Hacienda y dos de Anticorrupción. Solo García de Castro y Menéndez saben realmente qué ha sucedido. Aunque antes incluso de que España conociera cómo se las gastaban en las alturas con la infanta, se le escapó una frase que ratifica esa politización hasta la náusea que ha infestado todas las instituciones y poderes del Estado hasta convertirlo en un magma controlado con mano de hierro por el ejecutivo.

—Yo no me meto en líos, hago lo que me mandan desde Madrid —afirmó García de Castro sin que se le alterase lo más mínimo el rictus.

Los testigos de tal afirmación no daban crédito. O sí, porque lo que interesa a los partidos son funcionarios que obedezcan sin rechistar. Que no piensen y que mantengan una actitud acrítica. No se escala por méritos sino por la aptitud para el peloteo. Cuanto más dores la píldora al político de turno, con más posibilidades cuentas de llegar a la cúspide, territorial o nacional.

Lo más curioso de todo es que Gonzalo García de Castro no tiene un carné presidido por una gaviota, tampoco es un pepero de última hora, ni siquiera un arribista de esos que describía magistralmente Carmen Posadas. Este inspector de hacienda de esa joya arquitectónica que es Monforte de Lemos, patria chica del cardenal Rodrigo de Castro, uno de los jefazos de la Inquisición en el siglo XVI, se autodefine como «marxista».

—Yo todos los días desayuno con una taza de café con el rostro de Carlos Marx —se jacta ante todo aquel que quiere oírle.

¿Y por qué maniobra de manera tan obediente con «Madrid» un tipo que se proclama «marxista»? La explicación tiene dos patas. Una material y otra emocional. Vayamos por la segunda, que se sintetiza con ese dicho castellano que asevera que «de bien nacidos es ser agradecido». García de Castro se lo ha tomado al pie de la letra. Cuentan que cuando el zapaterismo apuntaba al ocaso y el amanecer marianista era una realidad que se tocaba con los dedos de la mano, García de Castro, entonces jefe del área de Recaudación de Cataluña, contaba los días que restaban para su relevo. Sin embargo se portó como un buen chico con los nuevos, la destitución no llegaba, no llegaba, continuó mostrándose dispuesto a ser cada día mejor chico, y la destitución no solo no se hizo realidad nunca sino que le nombraron delegado de la AEAT en una comunidad tan sensible como Cataluña.

Sus ganas de agradar a los de arriba, aunque sea a costa de torear a la ley, quedaron sintetizadas por escrito en la instrucción que remitió a sus subordinados en 2011: no reintegrar de oficio el dinero cobrado de más por la Agencia Tributaria. «Si no lo piden, no se devuelve un euro», fueron sus órdenes. Una inspectora, Elisabeth Cueto, se rebeló, él la degradó y ella recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que le dio la razón en una sentencia en la que tilda de «ilegal» la «apropiación indebida» decidida por García de Castro.

Tampoco podemos olvidar que en su caso el ser o no ser virrey de la Agencia Tributaria es 3000 euros más rentable que no serlo. El complemento no duplica el salario base de un inspector de hacienda pero casi.

Como El Mundo les había pillado con el carrito del helado, la Fiscalía y la Agencia Tributaria pusieron en práctica el sistema de juego de moda: el tiqui-taca. Había que parar el golpe de las facturas falsas no fuera a ser que a José Castro le diera por incluirlas como tales en un posible auto de imputación de Cristina de Borbón. En la Operación Cortafuegos hay una divisa refranera que se cumplía sistemáticamente: «Mejor prevenir que curar».

Tanto el propio Menéndez, que remitió una carta a El Mundo en la que poco menos que amenazaba a su equipo de investigación con todos los males del averno, como los inspectores asignados al Caso Urdangarin salieron rápidamente al paso. El criterio, que luego apuntalaría Pedro Horrach, era tan coincidente como descarado. Eso sí, a la Agencia Tributaria no le quedó más remedio que admitir que las facturas de los 69 990 euros no correspondían a servicio alguno. Habían buscado, rebuscado, preguntado y repreguntado pero no había papel que demostrase la prestación de un trabajo. El descaro se desbordó cuando el figuerense Iu Pijoan, jefe del equipo, y sus dos colaboradoras, la también gerundense e hija del cuerpo Teresa Subias, y Dolors Pardo apostillaron que no son facturas falsas sino «parcialmente simuladas». Pijoan, antiguo director general de Tributos de la Generalitat pujolista, hombre de confianza del conseller Francesc Homs, justificó su deducibilidad bajo el inconsistente argumento de que se abonaron y que permitieron a Iñaki Urdangarin y Diego Torres cuadrar cuentas. Es decir que la Agencia Tributaria consideraba lícito un enjuague contable. Semanas más tarde ratificarían prácticamente punto por punto esta línea argumental en la declaración ante el juez instructor que había solicitado Pedro Horrach. Redundante declaración por cuanto ya figuraba en los informes remitidos a José Castro. Era una citación pensada más en términos de opinión pública que otra cosa. Su valor procesal era nulo. El fin último era hacer ver a la ciudadanía que la Inspección daba por buenas las facturas y a la vez hacer olvidar que en varios escritos anteriores las habían echado para atrás dada su indiscutible falsedad.

Tanto Pijoan como Subias y Pardo son técnicamente primera división. Pese a haber aprobado la oposición hace ocho años, Dolors Pardo es una auténtica sabueso: fue ella quien cazó a Ana Tejeiro moviendo 150 000 euros procedentes de Nóos en billetes de 500. Por eso nadie entiende, o sí, cómo tres pata negra pudieron olvidar que el criterio habitual del organismo en el que prestan sus servicios pasa por rechazar como deducible cualquier factura que no responda a un servicio real. Quizá el olvido se deba al hecho de que dos de los tres (Pijoan y Subias) son cargos de libre designación, funcionarios para los que el dedo divino lo es todo. El dedo divino, en este caso el índice, los eligió para un puesto que puede suponer una retribución extra de hasta 2000 euros sobre los 3000 de salario base. O más si tuviéramos en cuenta la subjetivísima productividad. Pero otro dedazo, en este caso el pulgar, puede retirar la soldada si en lugar de apuntar al cielo gira y se pone mirando a la tierra.

Por olvidar, el trío de inspectores olvidó hasta darse una vuelta por el Diccionario de la Real Academia Española. La definición oficial de «simular» no puede ser más categórica: «Representar algo, fingiendo o imitando lo que no es». Y si acudimos al de sinónimos nos encontramos con la misma realidad: que «simulado» y «falso» es exactamente lo mismo. O sea, que se habían validado facturas falsas. La gran pregunta que se formulan entretanto los dueños de las 3 191 000 pymes que hay en España y los 2 990 000 autónomos del país es si a ellos les aceptarán facturas simuladas para pagar menos a Hacienda. Así como todos los justiciables quieren que se les aplique en materia penal la Doctrina Borbón, esa que facilita la desimputación, ahora todos los contribuyentes, especialmente los no sujetos a nómina, también sueñan con ser beneficiados con la Doctrina Borbón en el apartado tributario. No en vano admite facturas falsas.

CAPÍTULO XXI

Menos la belleza todo se pega, incluido el materialismo. La serpiente se llamaba Aizoon. César y papá conciencian a la infanta ante la que se le viene encima. «Eso, Cristina, le sucede a mucha gente y no pasa nada». Torres-Dulce: el precio de la gloria es mirar hacia otro lado. José Castro solo ante el peligro

Que Cristina de Borbón es un ADN listo, hiperactivo, perfeccionista y cumplidor en el trabajo es una verdad como un templo. Claro que el templo es tanto mayor si analizamos ese otro yo materialista que se esconde tras una mujer minimalista, exageradamente minimalista a veces, en la vestimenta y en esos signos externos que acaban siendo la ruina de todos aquellos poderosos que meten la mano donde no deben, que no es otro lugar que la caja ajena, pública o privada. Tras ese look cuidadamente casual tan de la zona alta de Barcelona no se esconde ese admirable milagro español llamado Zara, sino firmas como Etro, Armani, Burberry o Prada. El imperio surgido en 1913 de la mano de Mario Prada y disparado hasta la estratosfera por su nieta Miuccia Bianchi, la tan enigmática como atractiva y genial diseñadora, conforma el ideal estético de la hija del rey. Su armario es un museo ambulante de la marca milanesa: desde todo tipo de zapatos hasta una muy bien surtida colección de trajes, pasando por bolsos y demás complementos que no bajan de los 1000 euros la unidad.

Proverbialmente, Cristina cuidó las apariencias. La bendita culpa es de su madre. Doña Sofía conoce al dedillo lo que es la austeridad porque a su familia la desplumaron cuando la expulsaron de Grecia en 1967 tras una sucesión de errores cometidos por su hermano Tino, al que cabría aplicar la frase con la que don Juan se refería malévolamente al leal José María de Areilza: «Es muy seguro en sus errores». Constantino II fue rey solo tres años porque cometió el imperdonable error en el que jamás debe incurrir un rey constitucional, el de meterse en política o, para ser más exactos, el de meterse a político. Forzó la dimisión de Georgios Papandreu (de los Papandreu de toda la vida) y nombró y destituyó a cinco primeros ministros hasta que llegó el golpe de los coroneles y en lugar de decantarse del lado de la legalidad constitucional optó por ponerse en primera posición de saludo ante los sublevados. La traición es poco menos que delito de lesa humanidad desde la Grecia clásica. El eje argumental de Antígona, la gran obra de Sófocles, es precisamente ese: la deslealtad a la patria. En consecuencia, el pueblo heleno no perdonó jamás la felonía y Constantino tuvo que coger el petate a finales de 1967 e irse al exilio de la mano de su esposa, Ana María de Dinamarca. Perdieron todo lo que tenían en el país, un patrimonio valorado en euros constantes en unos 550 millones, según la demanda presentada con no demasiado éxito ante la Corte Europea de Derechos Humanos, el mismo tribunal que, como es público y notorio, puso a sesenta multiasesinos etarras en la calle al derogar la Doctrina Parot. Los Glücksburg salvaron, obviamente, esos dineros turbios que toda la familia real que se precie suele guardar a buen recaudo en paraísos fiscales por si un día vienen mal dadas y hay que salir corriendo. Pero las joyas de la corona, el palacio de Tatoi la primera, se las incautaron.

En consecuencia, doña Sofía educó a sus hijos en la cultura de la austeridad, relativa teniendo en cuenta que estamos hablando de royals, pero austeridad al fin y al cabo. Doña Cristina no es mesurada en materia crematística sino todo lo contrario. Mejor dicho, lo era hasta que cayó rendida a los encantos del cachitas rubio que jugaba con el 7 a la espalda en el mejor equipo del mundo de balonmano de la época, el Barça.

La austeridad espartana, y nunca mejor dicho, que le inculcó durante sus primeros treinta y dos años doña Sofía empezó a pasar progresivamente a mejor vida a partir del enlace en la catedral de Barcelona el 4 de octubre de 1997. Austeridad material y austeridad en las formas con los desconocidos. Porque a pesar de su proverbial talante distante, es correcta en el trato pero no permite grandes confianzas, en esto tampoco es una Borbón, se solía comportar como una más de la pandi de amigos de Barcelona, urbe en la que ha pasado ya casi la mitad de sus cuarenta y ocho años. Un íntimo de la pareja Urdangarin-Borbón aún se parte de la risa rememorando cómo nuestra protagonista se tumbaba en la parte de atrás del coche para que los paparazzi no pudieran enterarse de las citas secretas de un noviazgo en cuyo secreto estaban no más de media docena de personas.

Ella se fue dejando llevar por el mal camino. Abducida o libérrimamente, lo cierto es que, poco a poco, paso a paso, jubiló las enseñanzas griegas para ponerse completamente en manos de un ser desaprensivo cuya única obsesión era aplicar la máxima vital que compartía con Diego Torres: «Ganar pasta y cuanta más, mejor». El notario Carlos Masiá recuerda la que se montó en su notaría de la calle Balmes.

—La infanta se plantó y dijo que no, que no firmaba, que 6 millones de euros era mucho dinero, que no podían comprar esa casa. Era lo más parecido a un funeral —rememora casi una década después este fedatario público, que pasa por ser uno de los más reputados y serios de la Ciudad Condal.

—Que no, Iñaki, que no firmo, que es muchísimo dinero —se lamentaba la infanta, víctima del natural miedo escénico que te debe de invadir cuando estás a punto de embarcarte sin posibilidad de vuelta atrás en una vivienda que te saldrá por no menos de 20 000 euros mensuales de hipoteca. Cantidad en la que no se incluyen los 2 millones largos que costaron las obras de rehabilitación y el amueblamiento de una mansión cuya superficie es de mil metros cuadrados, doscientos cincuenta más de los declarados en el Registro de la Propiedad de Barcelona.

Doña Cristina se presentó en el pequeño pero elegante despacho de Carlos Masiá con ojeras y síntomas inequívocos de haber discutido con su marido.

—¿De dónde vamos a sacar el dinero de la hipoteca? —volvía a cuestionar en voz alta, tensando la situación por momentos.

El vendedor, Mario Herrera, cruzaba los dedos. Aquella mañana rezó más que en toda su vida. Ni en el más optimista de sus sueños podía haber imaginado una venta a ese precio, mil millones de pesetas de las de toda la vida. Un dineral suficiente como para retirarte y pasar el resto de tus días practicando la dolce vita. Cosa que no ocurrió, por cierto, con Mario Herrera, que falleció en 2009 medio arruinado y frito a embargos.

Finalmente, la infanta dio su brazo a torcer, su muñeca derecha más bien, para suscribir las escrituras, en las que quedó registrada su prototípica firma: una gran C seguida de las siete letras restantes de su nombre. Ni Borbón, ni Grecia, ni demás retahíla de apellidos o títulos. Solo «Cristina» en una caligrafía legible pero mejorable.

Aquello fue el principio del fin de la segunda hija de los reyes de España. El pecado original. El fruto prohibido. Y poco a poco la serpiente les fue indicando el camino de salida del Jardín del Edén. El Instituto Nóos y Aizoon hicieron las veces de serpiente y los billetes de 500 desempeñaron el rol de manzana. La tentación era muy grande y no pudieron evitar sucumbir a ella. Su gran golpe fue desviar con facturas falsas a su sociedad limitada familiar 747 000 euros públicos captados irregularmente por Nóos. Sin embargo, el fiscal anticorrupción había cifrado inicialmente el trasvase de fondos en un millón de euros. Sea como fuere, 748 000 euros o un millón, el cordobés José Castro ya tenía penalmente atrapado al matrimonio con este desmán que tantas huellas había dejado.

A la infanta le correspondieron 373 500 de esos 747 000 euros. Y no porque se estableciera un caprichoso reparto sino porque es la titular del 50 por ciento del capital social de Aizoon, empresa que lleva por nombre el de una planta —bastante fea por cierto— perteneciente al género de las fanerógamas. Esta especie posee una característica que casa muy bien con el subconsciente de Urdangarin: el conjunto de los órganos de reproducción se presenta en forma de flor, vamos, que están a la vista. Las fechorías de la factoría Aizoon son interminables. Otra de las que más han dado que hablar es el fraude a Hacienda de 826 000 euros mediante la contratación de empleados fantasma. Una actuación que para el instructor convertía en penalmente responsable a la infanta, todo lo contrario que el fiscal anticorrupción, que limitaba el alcance a su marido.

Bien por abducción conyugal, bien por una decisión personal, bien porque de repente descubrió su verdadero yo, lo cierto es que doña Cristina se fue transformando en una fashion victim. Compras y compras y más compras. Parte imputadas a su elevado salario en La Caixa, unos 140 000 euros a mediados de los 2000 (actualmente está en los 240 000 euros brutos anuales); parte con cargo al contribuyente balear y valenciano, pues no en vano el 95 por ciento de los ingresos de Aizoon provenía de arcas públicas.

Las pruebas incontrovertibles contra la infanta empezaron a formar una montaña de papeles sobre la mesa de José Castro después de que la Audiencia Provincial abriera la puerta al blanqueo y al delito fiscal. El benéfico toro de la justicia había pasado de un corral pequeñito a otro cualitativamente tres o cuatro veces más grande. Si el dinero de Nóos era fruto del saqueo de administraciones públicas y el dinero de Aizoon se había desviado desde el instituto «sin ánimo de lucro», el dinero de la empresa familiar de los duques de Palma era dinero manchado. Y por tanto gastarlo constituía un delito de blanqueo de manual. Nuevo obstáculo en la hoja de ruta de la Operación Cortafuegos porque ella había dispuesto de esos fondos en la misma medida que su esposo. O más.

A los corifeos que proclamaban con tanta voluntad como desconocimiento de la materia que la infanta era «completamente inocente» se les demudó el rostro el penúltimo lunes de julio de 2013 con aquel titular de El Mundo que arrumbaba sus tesis: «La infanta participó en la gestión de Aizoon en 2007, el año del delito fiscal». O lo que es lo mismo, doña Cristina participó activamente en la gestión de su sociedad limitada en uno de los dos ejercicios vivos en los que el anticorrupción atribuye delito fiscal a su marido. Su autógrafo en otra compraventa ficticia de acciones de Mixta África, operación que en realidad escondía otro regalo a los duques de Palma por ser quienes eran. La Agencia Tributaria quedaba en ridículo porque meses antes había mantenido, en estricta aplicación de la Operación Cortafuegos, que la infanta «no participaba en la gestión de Aizoon». Más contradicciones que José Castro iba anotando en su cuaderno azul de cara a la imputación.

Había más. Mucho más porque, tal y como se relata en el capítulo 14, Mixta África y otras sociedades privadas les habían regalado en total un millón de euros. Dádivas camufladas bajo la prestación de «asesorías» que, como por arte de birlibirloque, habían convertido a Aizoon en la consultoría mejor pagada del planeta por encima de gigantes multinacionales. McKinsey, Bain, Boston Consulting, Deloitte, Accenture u Oliver Wyman no cobraban esas salvajadas ni de lejos. Con una sutil diferencia: ellos no vendían humo sino sesudos informes. Más madera para el cuaderno azul.

Antes de este rosario de comisiones habían aparecido trece propiedades a nombre de la ciudadana 14-Z pero no habían saltado las alarmas de ese Gran Hermano que era el ordenador Berta de Hacienda. Básicamente, porque la ciudadana De Borbón y Grecia era a los ojos del fisco un «agujero negro», el elenco de DNI inmunes e impunes desde el punto de vista fiscal, un reducido grupo de poderosos que está a salvo de una inspección, fundamentalmente porque el ordenador no salta si encuentra descuadres en sus declaraciones o en sus patrimonios.

Una casualidad que también se había producido en las Islas Baleares, donde el Instituto Nóos había pagado ocho impuestos de transmisiones patrimoniales por la compra de idéntico número de inmuebles. El Govern balear empleó el mismo término que la Agencia Tributaria para quitarse el muerto de encima: «Ha sido un error». Más bien, veintiún errores porque a la infanta y su esposo se le imputaron veintiún inmuebles que en teoría no eran suyos. Un asunto del que terminaron saliendo airosos pese que no olía ni huele muy bien que digamos. Tanto el juez Castro como los investigadores estaban y están con la mosca tras la oreja y no se tragan la tesis del «error», menos aún cuando es un error multiplicado por veintiuno. O quizá se trató lisa y llanamente de una clamorosa chapuza.

Y entre petición y petición judicial saltó otro escándalo, que en este caso afectaba al rey. Una de las «bombas atómicas» electrónicas facilitadas por Diego Torres a su señoría revelaba que el monarca había transferido 1 202 024 euros a su hija para la compra del palacete de Elisenda de Pinós. Entrega de dinero que Iñaki Urdangarin, cónyuge de la beneficiaria, había consignado en un correo electrónico como «donación». El 8 de febrero de 2014 la agraciada aseguró en sede judicial que había devuelto a su padre 150 000 de los más de 1 200 000 euros «prestados». Valía todo: una versión y la contraria. Daba igual porque el posible delito de Cristina de Borbón había prescrito. Y a José Castro no le quedó otra que borrar este apartado de ese cuaderno azul en el que iba recogiendo todos los hechos que apuntalaban la posible culpabilidad de la ciudadana 14-Z.

José Castro recibía informes, pruebas y contrapruebas en un toma y daca procesal en el que la policía, la Agencia Tributaria y otros organismos controlados por el Estado se hacían los remolones a la hora de cumplimentar sus demandas. Los palos se acumulaban en las ruedas del coche de la justicia. Las facturas falsas por valor 69 990 euros que dio por buenas Hacienda el 14 de noviembre de 2013 para salvar de un delito fiscal a la infanta provocaron un enfado monumental en el instructor, porque cinco meses antes el ministerio las había rechazado.

La trampa era tan burda que el instructor no se la tragó. Y en consecuencia fue construyendo poco a poco en su cabeza el edificio argumental con el que sostener la imputación. Tal era el número de agujeros por el que salían las filtraciones que la causa se asemejaba a un queso gruyer. Radio macuto empezó a dar como inevitable la imputación de la hija del rey por los dos delitos prefijados por la Audiencia, fiscal y blanqueo, cuando octubre cedía el testigo a noviembre.

Todos se quitaron las caretas el 15 de noviembre. España se fue a comer tras conocer que el fiscal anticorrupción Pedro Horrach había presentado un escrito preventivo en el que, sin esperar a los últimos informes de Hacienda y de la policía, sin que se lo hubiera requerido el magistrado, pedía que no se imputase a la infanta. E iniciaba su parrafada insinuando que José Castro es un olvidadizo o tiene lagunas en su cabeza. «La memoria es frágil», enfatizaba en una evidente carga de profundidad, «es un momento propicio para hacer memoria […]. No bastan meras sospechas o conjeturas para imputar a una persona», proseguía Horrach pese a tener interiorizado lo contrario, que precisamente una sospecha es el mínimo minimorum que sirve para llamar a declarar a un justiciable. «En el presente caso», añadía, «no hay un solo elemento que vincule a doña Cristina de Borbón con actos delictivos, propios o ajenos. Las actividades presuntamente ilícitas son solo imputables a don Ignacio [sic] Urdangarin». Lo que venía a decir, en un aviso a un navegante de nombre José Castro, es que una eventual llamada en calidad de imputada constituiría un acto de flagrante prevaricación. Lo nunca visto: un fiscal entregando el recurso antes de que el juez haya dado traslado a las partes o haya redactado su auto.

Horrach se explayaba a fondo en la tesis que han repetido hasta el aburrimiento tanto él como Eduardo Torres-Dulce y Antonio Salinas: la del dominio del acto. Esto es, que por mucho que uno comparta una sociedad, nunca puede ser penalmente responsable si no ha participado conscientemente en la gestión. Una revolución jurídica ad hoc que, como la figura de la desimputación, provocará un alud de recursos en los próximos años en virtud de la Doctrina Borbón. Una interpretación de la que no se pudieron beneficiar ni Isabel Pantoja ni Antònia Martorell, la mujer de Bartomeu Vicens, antiguo preboste de Unió Mallorquina, en situaciones procesales muy similares. Por poner dos ejemplos conocidos, porque haberlos, haylos a centenares. Las comparaciones son odiosas, sí, pero algunas resultan escandalosas.

El escrito preventivo de Horrach era la confirmación por persona interpuesta de un sistema al borde de un ataque de nervios. En diciembre Torres-Dulce aseveraba por séptima vez, y antes siquiera de que los periodistas le hubieran preguntado, que «no hay motivos para imputar a la infanta». Gallardón se prodigó menos. Fue mucho más cauto. Se mojó tan solo en una entrevista al diario La Razón. Y lo hizo tirando de politesse: «Nadie en este país recibe trato de favor en ningún procedimiento. Si tal cosa ocurriera, el Ministerio Fiscal lo corregiría». Parecido tratado de las buenas maneras debió de poner en práctica José Castro cuando los periodistas le interrogaron acerca del paso adelante dado por Horrach.

—¿Qué le parece, señor juez? —le cuestionaron.

—El escrito del fiscal, como todos los del fiscal, es muy cualificado y será objeto de valoración cuando llegue el momento —opinó a la carrera.

Como no las debía de tener todas consigo y como quiera que Castro ya no le informaba de nada, el fiscal anticorrupción forzó la máquina para dejar patente que él estaba por la inocencia de la hija del rey. El 17 de diciembre registró en Instrucción 3 su segundo escrito preventivo en menos de un mes. Ahora arrancaba con una bofetada a su otrora amigo. Venía a insinuar en un tono irónicamente didáctico que el magistrado obraba con mala fe o por desconocimiento: «Es un principio básico del Derecho Penal que no se puede imputar ni castigar a nadie por lo que es, sino por lo que ha hecho». El representante del Ministerio Fiscal no reparaba en el hecho de que en España sucede secularmente lo contrario: que los poderosos suelen librarse de la acción de la justicia precisamente por lo que son o quiénes son. Este favoritismo con esa casta de treinta intocables no es noticia; lo contrario sí lo sería y de las que hacen historia. A Horrach esta obviedad no le debía de cuadrar porque insistía varios párrafos más abajo: «En un Estado de Derecho, ante circunstancias idénticas, la respuesta judicial debe ser idéntica». Lo decía porque, en su opinión, las pesquisas sobre las empresas y las cuentas de la infanta y su marido no se había extendido a la pareja Tejeiro-Torres.

Donde se mofó directamente de José Castro fue a la hora de analizar los gastos realizados por Aizoon, que se nutría al 95 por ciento de fondos públicos desviados de Nóos. «La cuantía y el color de los globos de las fiestas de aniversario [los por otra parte carísimos cumpleaños de sus hijos que sufragaba con cargo a su empresa familiar] no ha añadido elementos penalmente relevantes a la causa», puntualizaba.

El rey, mientras tanto, tuvo que ponerse las pilas y ejercer de improvisado psicólogo de una hija abocada inevitablemente a hacer el mal llamado «paseíllo» —este término tiene connotaciones taurinas pero también guerracivilistas— en los juzgados de Palma. Era una carrera contrarreloj para Horrach, Salinas, Torres-Dulce y Gallardón en su intento de frenar a un Castro que había certificado ya en demasiadas ocasiones que no se casaba con nadie y que no atendía a «razones de Estado».

Don Juan Carlos levantó el castigo y otorgó el estatus de «hija pródiga» a doña Cristina al ver la que se le venía encima. La hija del rey se entrevistó en Zarzuela con su padre en varias ocasiones. El objetivo del monarca era preparar a la duquesa de Palma ante una imputación que en palacio nadie terminaba de creerse pero que en ambientes judiciales se daba por hecha.

—Quiero informar al señor que la imputación es muy probable —había advertido Ruiz-Gallardón al rey en otoño.

La ira real que sucedió a la primera imputación había tornado en tristeza e impotencia en este segundo asalto que todos intuían que iba a acabar con una victoria a los puntos de Castro sobre Horrach. En cualquier caso, sopesaban en la Casa Real, mejor que vaya como imputada que como testigo. La primera condición procesal da derecho a mentir al justiciable, mientras que en la segunda cualquier desliz puede acabar con una condena por falso testimonio. Del mal, el menos.

César Alierta, que era ya por derecho propio el empresario de cámara de don Juan Carlos, empezó a ejercer de paño de lágrimas de la mujer de su antiguo empleado. Y eso que este trabajador tan poco cualificado como bien pagado le había provocado más dolores de cabeza que los 250 000 restantes juntos. La Cristina de Borbón que se encontró el presidente de Telefónica ya no era la Cristina de Borbón de antaño. La que sostenía sin ruborizarse y con indignación impostada que lo que estaban «padeciendo» era «una fatalidad».

—Es una conspiración contra la corona, nosotros no hemos cometido ningún delito, no hemos hecho nada malo —afirmaba una y otra vez ella cada vez que tenía ocasión. Era, o al menos eso pensaba ella, la mejor manera de defenderse de un mundo mundial que estaba contra ellos.

Los esfuerzos del aragonés que manda en Telefónica desde hace catorce años aliviaron el dolor de una mujer resignada a su suerte, que había aparcado su conspiranoia. Pero la gran asignatura pendiente de Cristina Federica de Borbón y Grecia era el cara a cara con su padre, que le había retirado la palabra por propiciar el mayor escándalo de la corona en toda su historia reciente. Excepción hecha de las visitas a los hospitales madrileños en los que le operaron de las caderas, no se habían visto en dos años. Poco o nada quedaba de la complicidad de antaño, pero un padre es un padre y don Juan Carlos acudió al rescate de la hija de en medio.

Y la cita en La Zarzuela llegó. La hija no lloró pero cerca anduvo. Su padre le dio una palmada cariñosa en el hombro y le sorprendió apelando a la infanta a no convertir en un drama una coyuntura que podía tener solución.

—Esto, hija, te lo tienes que tomar con normalidad —fue la recomendación.

—Ya, pero nosotros no hemos hecho nada, no hemos cometido ningún delito —afirmaba la protagonista resucitando por unos momentos la torpe e irreal teoría conspiranoica.

El Jefe escuchó, escuchó y escuchó. Derrochó con su hija esos raudales de empatía que tan buenos resultados le han proporcionado con el pueblo español, hasta que en un momento dado clavó su mirada en los ojos de doña Cristina y sintetizó en una frase su intento de relativizar las cosas haciéndole ver que no merecía la pena preocuparse por algo que podía y debía tener arreglo.

—Hay miles de españoles que son imputados y no pasa nada. Buena parte de ellos no acaban sentados en el banquillo —resumió el primero de los españoles con un tono didáctico, desconocido en una persona que suele desarmar emocional e intelectualmente al prójimo con un arma seguramente más poderosa, el borboneo.

Don Juan Carlos estaba relativamente tranquilo. Su pronóstico, que era la suma de los pronósticos de la Fiscalía General del Estado, el gobierno y el CNI, era agridulce.

—Cristina tendrá que hacer el paseíllo pero no se sentará en el banquillo.

Palabra de rey.

CAPÍTULO XXII

Un juez y un caso para la historia: José Castro imputa a la infanta Cristina. «Hija mía, tienes todo mi apoyo». Una patricia haciendo el paseíllo. El capitán Dreyfus resucita en Francisco Carvajal. El temor a que Urdanga se convierta en un nuevo David Rocasolano. Las armas de destrucción masiva que quedan por lanzarse. «Jamás volveremos a vivir en España»

Definitivamente, José Castro no recordará las de 2013 como las Navidades más divertidas de su vida. El miércoles 18 de diciembre, y aprovechando diez días de vacaciones que le quedaban por disfrutar, se recluyó en su caseta de pescadores de El Molinar reconvertida en chalé adosado a darle a la tecla de su portátil. Había resuelto ya el qué, el cómo, el cuándo y el porqué pero ahora se enfrentaba a su mayor desafío en treinta y siete años de carrera: dar forma a un auto para la historia. El más difícil todavía sin embargo no era ese, sino no dejar el más mínimo agujero por el que se pudiera colar la defensa numantina de la infanta simbolizada en un gubernamental ménage à trois compuesto por tres actrices: la Fiscalía, la Agencia Tributaria y la Abogacía del Estado. Porque Miquel Roca y Jesús Silva, contar, lo que se dice contar, contaban más bien poco a estos efectos. El instructor del Caso Urdangarin se esforzó en no dejar la portería al albur de los que soñaban con meterle un gol que echase por tierra tantos años emulando al minero Alexei Stajanov. De una vida dedicada a impartir justicia. Tampoco se le escapaba que si surgía el más mínimo fallo los que saldrían al quite para sacarle la cara cabrían en un 600, entre otras razones porque no está afiliado a ninguna asociación. Hecho que por sí solo no explica esa independencia que constituye el marchamo principal del personaje pero que, indiscutiblemente, contribuye a entenderla.

El 17 de diciembre los periodistas que cubren tribunales en los juzgados de Palma asaltaron al magistrado que se guarecía de los rigores invernales con una bufanda y una pelliza de esas de tres o cuatro centímetros de grosor.

—¿Va a haber auto estas Navidades? —interpeló casi al unísono la docena de profesionales parapetados al final de la rampa por la que han desfilado desde Iñaki Urdangarin hasta la infanta, pasando por Diego Torres, Ana Tejeiro, Carlos García Revenga o, por poner dos paradigmas locales de la corrupción, Jaume Matas y la ahora presa y antes princesa Maria Antònia Munar.

—Perdónenme, entiendan que no puedo comentarles nada —aclaró gentilmente el que, para su desgracia, pasa por ser el juez más famoso de España.

—Señoría, se lo decimos porque nuestros jefes nos han dado instrucciones para que no nos movamos de aquí en toda la Navidad —le razonaron, a ver si soltaba prenda. Recordaban nítidamente cómo en la tarde de la Nochebuena de 2009, cuando los españoles preparaban el pavo, el besugo, el cava y los turrones, Castro se dedicaba a registrar el suntuoso piso de quinientos veinticinco metros cuadrados del expresidente balear Jaume Matas de la mano de… Pedro Horrach.

—Pues estén tranquilos porque hasta después de Reyes, como mínimo, no habrá novedades —fue el sucinto mensaje del hombre que soporta sobre sus hombros la instrucción más delicada que se recuerda. A buen entendedor, sobran palabras. Los presentes coligieron que la frase era «no habrá novedades sobre la infanta hasta después de Reyes».

—¿Seguro?

—Sí, tranquilos, disfruten de las fiestas con los suyos y no vengan por aquí porque perderán el tiempo. Feliz Navidad a todos —remató zanjando definitivamente el tema.

Los periodistas suspiraron aliviados. Ya se veían haciendo guardia en Nochebuena, en Navidad, en Nochevieja y hasta en Reyes. Que una cosa es estar al acecho de la noticia y otra bien distinta perder el tiempo, menos aún cuando toca estar con la familia.

La distintiva idiosincrasia obsesiva y perfeccionista de José Castro alcanzó su más genuina expresión aquellas fechas navideñas en las que la prototípica humedad mallorquina se te mete literalmente en los huesos. «En esto, como en cualquier otro orden de la vida, la mejor receta es pico y pala», comenta cuando le consultan cuál es su fórmula mágica para llevar casi cuatro décadas con un elevado índice de éxito. La gloria de un juez instructor es directamente proporcional al número de sentencias que ratifican sus imputaciones. Y en eso hay pocos que le ganen.

Fueron sesiones maratonianas. Auténticas palizas que superó con nota porque, a pesar de que su DNI indica que el 20 de diciembre —el mismo día que la infanta Elena— cumplió sesenta y ocho años, está orgánicamente mejor que muchos cuarentones, cincuentones y no digamos ya sesentones. Escribía, reescribía y volvía a reescribir lo ya escrito hasta encontrar, como diría un chef, el punto exacto de cocción. Había veces en las que pensaba que había rozado la excelencia, paraba, pensaba y sopesaba, le daba al «Supr» de la máquina y volvía a empezar de cero. Hasta catorce horas diarias se pasó sentado con la inanimada imagen de la pantalla de su ordenador como única compañía. La mujer con la que comparte su vida no estaba muy conforme pero sabía que aquella resolución podía tumbar o disparar la carrera inmaculada de Pepe, como ella, sus hijos y sus amigos le llaman cariñosamente.

No hubo concesión a la holganza ni con motivo de su natalicio ni en Nochebuena. Tras cumplir con la tradición con sus tres hijos y su novia y varios familiares más, se puso de nuevo manos a la obra para transformar en auto sus tesis sobre la justiciable más famosa de la historia de España: Cristina Federica de Borbón y Grecia. A la mañana siguiente tampoco varió sus hábitos. Vuelta al tajo y «pico y pala». Madrugó mucho, como en él es habitual. Al filo de las seis y media de la mañana ya estaba al pie del cañón para continuar aporreando las cincuenta teclas de su ordenador. El único parón que hizo el día de Navidad fue para almorzar con sus seres queridos. Mientras ellos parloteaban de cómo había ido el año, de sus cuitas, de sus aventuras y sus desventuras, de sus penas y de sus glorias, su cerebro cavilaba sobre los diversos escenarios penales de la cónyuge de Iñaki Urdangarin. Tanto el que la incriminaba en un blanqueo de capitales como el que le atribuía un delito fiscal. Fueron jornadas de silencio y secreto profesional en las que no daba pistas a nadie, ni siquiera a su almohada. Aunque los insiders del Caso Urdangarin daban por sentado que habría citación para la infanta, nadie las tenía todas consigo.

—Este Pepe es una tumba y, por tanto, imprevisible. Es muy gallego en esto: nunca sabes si sube o si baja. —Así lo retrata uno de sus cuates del alma que echando la vista atrás se queja implícitamente de tanto secretismo—: Yo me enteré de lo que había decidido el 7 de enero por la radio. Y mira que nos hubiera gustado saber antes que nadie lo que iba a pasar. Menudo morbazo nos daba el tema. Pero el tío no soltaba prenda, ¡qué pesado es con lo del secreto profesional! Cuando uno de nosotros decíamos que iba a imputar a Cristina, sonreía pícaramente; cuando otro daba por seguro que no lo haría nos descolocaba de nuevo porque también sonreía pícaramente. Jamás mordió el anzuelo.

José Castro aprovechó las preceptivas libranzas y una parte de la colección de días que tenía pendientes para pegar el estirón final. Entre el 18 y 28 de diciembre confeccionó un primer borrador que luego, compatibilizando juzgado y teletrabajo, fue perfilando entre la Nochevieja y el 3 de enero.

El aplomo y la finezza que exhibe José Castro no impidieron que durante todo el otoño y bien entrado el invierno tuviera la sensación de sentirse vigilado. Las cloacas habían hecho de las suyas en septiembre cuando aparecieron imágenes suyas departiendo en un bar a tiro de piedra de su domicilio con la letrada de la acusación popular, Virginia López-Negrete, embajadora de Manos Limpias en la causa. Se sugería que estaban liados y se insinuaba que eran unos borrachines. Valía todo con tal de desacreditarle. Los navajazos en las ruedas de su coche, los excrementos en el umbral de su casa y el sellado de las cerraduras completaron el festival de sicilianos avisos. Pincharon en hueso porque a sus sesenta y ocho años esto era un juego de niños al lado de las amenazas reales de las decenas de narcos, desde camellitos de poca monta hasta capos de tomo y lomo, que ha enviado a la sombra de la penitenciaría de la carretera de Sóller.

Él, perro viejo, un juez que se las sabe todas, era consciente de que el sistema quería aplastarle. Habían peinado su patrimonio por tierra, mar y aire y se habían afanado en intentar toparse con algún antecedente incómodo que de repente apareciera en la redacción de algún medio amigo como quien no quiere la cosa. Esfuerzo baldío: nada de nada. Cero debilidades. Estaba virgen. Él y alrededores, que también los auscultaron a conciencia, vástagos incluidos. Vamos, que le hicieron lo que se dice «un completo».

Castro tenía por costumbre moverse por Palma en coche los escasos días de lluvia o frío insoportable y en moto o en bicicleta siempre que la climatología fuera propicia. Y desde luego la bici era su inseparable compañera en esos veranos mallorquines en los que no llueve ni por casualidad. En Navidad quedó un par de veces o tres con su cuadrilla a tomar unas copas, a felicitarse las fiestas y a echar unas risas. Lo que cualquier hijo de vecino. Todos ellos quedaron estupefactos cuando les contó que había venido y pensaba regresar a casa andando. La estupefacción fue unánime porque de su domicilio al centro de Palma hay un trecho considerable.

—Estando metido en lo que estoy metido, prefiero ir caminando o en taxi cuando me tomo algo de alcohol. No vaya a ser que me hagan soplar, dé positivo y me caiga la del pulpo —les explicaba.

—Si no, ven en bici —le aconsejó un funcionario de los juzgados de Palma, viejo amigo desde que Castro aposentó sus reales en Mallorca allá por 1985 en una carrera que había levantado el telón como funcionario de prisiones, trabajo en el que hizo unos duros con los que sobrevivir mientras preparaba su acceso a la judicatura.

—Yo con media caña en el cuerpo no cojo ni un patinete —resumía de manera inmejorablemente gráfica sus prevenciones. A él nadie le va a contar que un ciclista también es sujeto pasivo de un control de alcoholemia. La Ley de Seguridad Vial establece para los «conductores [sic] de bicicletas» los mismos límites que para los de automóviles: «0,5 gramos por litro en sangre y 0,25 miligramos en aire expirado». Y con dos cañas, positivo al canto. Y con un positivo al canto lo matarían civilmente. Y con su muerte civil, el Caso Urdangarin dormiría el sueño de los justos o quedaría herido de muerte.

Las cuchipandas con sus amigos le permitían airearse y oxigenarse. Aunque tampoco mucho porque su coco seguía frente a su ordenador, construyendo mentalmente el auto más complicado de su vida y no por razones técnicas precisamente.

El primer viernes de enero puso punto y final a un escrito que por sus características, su profusión de datos y su extensión, doscientas veintisiete páginas, reunía más las características de un auto de apertura de juicio oral que de uno de imputación. El togado cordobés prefirió pecar por exceso que por defecto sabedor de que, como confesó torpemente la exportavoz del Consejo General del Poder Judicial Gabriela Bravo, «no todos los imputados son iguales». Que haya reos de primera y reos de segunda es lo habitual en democracias inmaduras y de baja calidad como la española. Lo más preocupante de todo no es eso sino que solo en las repúblicas bananeras el poder judicial lo admite públicamente.

Castro tenía presente que si despachaba el auto en medio folio, como es usual, lo pondrían a caer de un burro. Y que si lo motivaba hasta la extenuación le acusarían de tratar desigualmente a la hija del rey. ¿Cuál de las dos alternativas elegir? En caso de duda, la más sesuda. Por eso se afanó en justificar y probar cada uno de los dos delitos que consideraba justo imputar a la mujer del cerebro de un caso que se resume en 6 millones largos de euros públicos saqueados y otros 12 regalados por toda clase de empresas privadas.

En la medianoche del martes 7 de enero, pasada ya la efervescencia de la Navidad, los lectores de Orbyt podían leer en El Mundo un vaticinio: «Inminente imputación de la infanta». El martes fue uno de esos días que odia el españolito medio, que comprueba entre impotente y resacoso cuán poco dura lo bueno. La redacción del diario madrileño estaba en guardia por si las moscas. La cuenta atrás había comenzado. El tictac no duró mucho. Poco más de media hora. No llegó a los tres cuartos. Entre la apertura del Juzgado de Instrucción 3 y el bombazo informativo, que adelantó elmundo.es, transcurrieron 37 minutos. A las 9.37 la edición electrónica dirigida por Fernando Baeta ofrecía a sus 2,5 millones de lectores la primicia más esperada: «Castro imputa a la infanta por blanqueo y delito fiscal».

Fue un martes no apto para cardiacos ni para remolones. A la noticia principal le sucedió una retahíla de informaciones secundarias y a todas ellas una catarata de reacciones que osciló entre un Alberto Fabra que, erigido en obligado portavoz del PP porque intervenía en el Foro Nueva Economía, señaló que «no es algo deseable para nadie», hasta el «era un paso lógico» del partido de moda, Ciudadanos, o el «imputada no significa condenada» de CiU, coalición a la que pertenece Miquel Roca. Rubalcaba, que no olvidaba el feo de hacía dos años, se limitó a tirar de manual de corrección política con un aséptico «respeto total a las decisiones judiciales».

El ucleseño Félix Sanz Roldán, un tipo íntegro cuya presencia en la casa de los espías es garantía de que no habrá desmanes al estilo de los del tardofelipismo, no olvidará en los días de su vida aquella mañana en el Monte de El Pardo. Se había trasladado a palacio para el despacho semanal con un don Juan Carlos que confía en él más que en ningún otro servidor del Estado. Una cita hecha costumbre en la que ilustra al monarca e intercambian confidencias. Una reunión en la cumbre que permite al primero de los españoles estar al cabo de la calle de las amenazas que se ciernen sobre nuestra nación, conocer al detalle cómo va la lucha antiterrorista y preparar sus mil y un viajes oficiales al extranjero. Radiografiar al presidente, el primer ministro o el dictadorzuelo que le recibirá al inicio de la alfombra roja que se extiende a los pies del A-310 de la Fuerza Aérea, las posibilidades de negocio para España en los confines de la bola terráquea y los intríngulis de esas grandes desconocidas que son las naciones de África, Asia y Medio Oriente.

De repente, al filo de las diez de la mañana, la conversación entre el monarca y el artillero que llegó a jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) y ahora dirige a los dos mil doscientos espías españoles se interrumpió brusca pero educadamente. El móvil de don Juan Carlos sonaba, sonaba, sonaba y sonaba. Tanto sonaba que al ver quién era, lo cogió.

—¿Qué tal hija, ha habido novedades? —demandó el rey, que aguardaba ansioso el desenlace.

Doña Cristina le comunicó la noticia que nunca habría querido tener que comunicarle. El rostro de don Juan Carlos pasó en milésimas de segundo de su jovialidad tradicional a una tristeza infinita. Como si le cogiera de nuevas. Y es que aunque uno sepa lo que va a acontecer, no nos engañemos, esta era la crónica de una imputación anunciada, no expresa sus sentimientos más auténticos hasta que acontece. El ser humano se aferra sistemáticamente a la esperanza de que lo peor no va a terminar convirtiéndose en una realidad.

—Hija mía, tienes todo mi apoyo —enfatizó don Juan Carlos a la infanta con un sentimiento que le salía del alma. Esta vez no hablaba como jefe del Estado sino como padre y eso para él son palabras mayores.

El disgusto de doña Sofía fue superlativo. La reina ha sido y es una madraza, el pilar de una familia, que como todas las royals, son pura inestabilidad porque se habla de ellas mañana, tarde y noche en hogares, bares, cafeterías, restaurantes, peluquerías, cenáculos, tertulias televisivas y radiofónicas, en los diarios de papel, en los electrónicos, en Facebook, en Twitter, en definitiva en todas partes, a todas horas y de todas las maneras. Son la comidilla. No pueden dar un paso sin que a la media hora lo sepa todo Madrid y a la hora toda España. Un infierno al que solo sobrevives si te han preparado para él desde la cuna.

El catedrático de Derecho Penal Jesús Silva fue el primero en saltar al ruedo aquella gris mañana de enero anunciando un recurso. Con befa a Castro incluida.

—Estamos preparando el recurso aunque tampoco descartamos no recurrir. Si tantas ganas tiene el juez de oír las explicaciones de la infanta y con eso se va a realizar como persona, pues a lo mejor vamos.

No se puede ser más displicente de lo que fue aquel 7-E un Jesús Silva que empezaba a correr el peligro de que el gigantesco prestigio acumulado durante años de eficaz trabajo se le fuera por la boca. De belenestebanear su figura, hasta entonces prestigiada y prestigiosa como pocas en el proceloso mundo del Derecho Penal.

Miquel Roca no tardó en desmentirle al dar prácticamente como hecho cierto que no habría recurso. Desde la Fiscalía General le alertaron de las consecuencias letales que tendría un recurso porque en esta ocasión «la Audiencia tenía firmemente decidido ratificar». Si le habían indicado a Castro el camino a seguir y él no se había apartado un milímetro de la hoja de ruta, ¿cómo tumbar su auto de imputación?

El mentís de Roca a Silva delataba, además, las tensísimas relaciones que mantenían desde hacía un año cuando el bufete Roca Junyent y el despacho Molins-Silva anunciaron su boda. Un enlace matrimonial roto y no demasiado consumado porque un año después cada uno va por su lado pese a compartir edificio en la calle Aribau. Ni una referencia al otro en la página del uno y ni una referencia al uno en la web del otro. Ni juntos ni revueltos. Se juntan en asuntos puntuales pero cada uno continúa manteniendo su marca. El bufete Molins-Silva fue creado hace dos décadas por Pablo Molins, uno de los herederos del imperio cementero, hermano del exportavoz convergente en el Congreso Joaquim Molins y primo de Laureano Molins López-Rodó, el sobrino del ministro tecnócrata franquista que operó al rey del nódulo en el pulmón en 2010.

Las actuaciones públicas de Silva desquiciaban al más comedido Miquel Roca, un hombre acostumbrado a medir sus palabras desde sus tiempos de portavoz de la Minoría Catalana en el Congreso. El punto de no retorno se consumó el 10 de enero cuando el que pasa por ser uno de los cinco mejores penalistas de España se sacó de la manga la teoría penal del amor.

—Doña Cristina ha actuado por fe en el matrimonio y por amor. Cuando una persona está enamorada de otra, confía. La infanta ha confiado y seguirá confiando en su marido contra viento y marea. —Así se explayó ante los cerca de veinte informadores congregados a las puertas de su despacho que no daban crédito. Segundos después, una nueva perla que no desmerecía las anteriores:

—La infanta está extrañada y dolida.

Silva empleaba una forma verbal, «estar dolido», más apropiada para una ofensa que para un acto penal, frente al cual uno puede indignarse pero no estar dolido. Esto no era una riña de vecinas, ni un rifirrafe de dos enamorados porque uno ha engañado al otro. Lo que realmente sacó de quicio a su socio Miquel Roca fue el hecho de que contraargumentase el auto del juez con la Doctrina del Amor, que venía a sumarse a la Doctrina Borbón tanto en materia penal como fiscal. No le cabía en la cabeza cómo se puede ridiculizar un asunto tan serio. Máxime cuando el amor no es una atenuante ni una eximente penal. Se le antojaba un suicidio procesal que a Silva le diera por provocar a un instructor que, al fin y al cabo, tenía en sus manos la potestad de acabar sentando en el banquillo a su clienta. El hermanísimo Manuel Silva, socio del despacho Roca Junyent, hacía las veces de hombre bueno poniendo paz entre el encargado de la estrategia mediática y de opinión pública y el cerebro penal. Manuel Silva es un alma polifacética: fue diputado de Unió en el Congreso, sacó las oposiciones de abogado del Estado en tiempo récord y actualmente es consejero de Estado. Un hombre de leyes, «un crack» en palabras de sus compañeros de un despacho poblado por mentes de primera y en el que los mediocres sobran.

La tensa calma de treinta días que se presuponía iba a presidir el ínterin entre la imputación y el 8-F saltó por los aires. Y nuevamente por culpa de Pedro Horrach, que hizo público otro escrito preventivo en el que, además de reclamar la comparecencia de los inspectores de hacienda que culparon y luego exoneraron a la infanta y su esposo, se lió la manta a la cabeza y puso literalmente a caldo a Pepe, su antaño compañero en mil y una batallas. El fiscal anticorrupción balear no defraudó al respetable. No esperó ni al segundo folio para acusar a su ya examigo José Castro de imputar a doña Cristina de Borbón basándose en una «teoría conspiratoria». «El magistrado se apoya en ella para justificar la existencia de indicios delictivos que avalen la citación de la infanta», añadió.

Horrach consideró normal «imputar gastos personales ajenos a la actividad mercantil como costes de explotación». Y se equivocó de medio a medio. Que el hecho de que una práctica sea habitual no la convierte automáticamente en legal. Por esa regla de tres sobrepasar los límites de velocidad en las autopistas, conducir bebido, trapichear con drogas, no pagar el IVA tras la prestación de un servicio o colarse en el metro serían conductas acordes con la ley. Ni mucho menos. Al encargado de la defensa de la legalidad le resultaba «inocuo o irrelevante» a efectos penales que un ciudadano cargue gastos personales a una sociedad mercantil.

Horrach dio el do de pecho a continuación admitiendo que los tres justificantes empleados por la Agencia Tributaria para salvar a la infanta del delito fiscal eran ful. «Las tres facturas de Intuit objeto de debate», filosofó, «al igual que otros cientos de facturas, son y siguen siendo consideradas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria como simuladas». No se detenía en explicar por qué esas tres sí se admitían como deducibles y el resto, cientos y cientos, no.

Como si fuera una sucesión de apariciones perfectamente guionizada y controlada, el siguiente en salir a la palestra fue el presidente del Gobierno. Mariano Rajoy concedió una entrevista a la directora de los Servicios Informativos de Antena 3, Gloria Lomana. Fue un cara a cara digno del mejor de los talk shows estadounidenses que recordó a las más brillantes noches del mítico Larry King. Lo debió de hacer muy bien Gloria Lomana porque la criticaron tanto desde Moncloa como desde la derecha aznarista más acerba con el marianismo, y también desde el centro izquierda y la izquierda. Cuando tocó pasar revista al asunto de moda, el presidente ejecutó el mandamiento número uno de la Operación Cortafuegos, ese que dice que Cristina de Borbón y Grecia es inocente porque sí.

—Estoy convencido de la inocencia de la infanta y le irá bien —sentenció el autor de la segunda mayor mayoría absoluta de la joven democracia española.

A la mañana siguiente le acusaron de «injerencia» en la labor de un juez, de quebrar el sagrado principio de la separación de poderes.

El periodo entreguerras no fue pacífico ni modélico. El sábado 25 se acercaron a Palma los tres inspectores de hacienda en cumplimiento de un requerimiento redundante del fiscal por cuanto se trataba de ratificar lo que ya habían dictaminado por escrito. Una pérdida de tiempo como otra cualquiera porque no era previsible que se desdijeran de sus últimos argumentos, que por cierto casaban malamente con los anteriores de junio. El más independentista que nacionalista Iu Pijoan, Teresa Subias y la joven aunque sobradamente preparada Dolors Pardo hicieron el paseíllo minutos después de haberse jactado en presencia de varios testigos de su sapiencia fiscal en contraposición con la teórica ignorancia del juez.

—Nos vamos a comer a Castro, este no sabe ni lo que es el IRPF —corearon Subias y Pardo exhibiendo una maléfica sonrisa profidén.

La altanería no exenta de frivolidad de las dos inspectoras era tal que adquirieron por Internet varios boletos del siguiente premio de la lotería. Hasta ahí todo dentro de lo normal. Lo que no es tan normal es que el número encargado fuera el 69 990, que coincide número por número con el importe global de las tres facturas falsas que dieron por buenas para blanquear el más que presunto delito fiscal de Iñaki Urdangarin y su cónyuge en la empresa familiar Aizoon.

Desde el 25 de enero hasta el 8 de febrero sí que cesaron las hostilidades. Todo lo más se veía en televisión a los paparazzi y demás camarógrafos inmortalizando las entradas y salidas del matrimonio Urdangarin del ático de seis habitaciones y seiscientos metros cuadrados que habitan en la parte alta de Ginebra, encima justo del Muro de los Reformadores. Un español que estuvo interesado en la vivienda relata por qué la descartó: «Me pedían 15 000 euros de renta mensual y, lógicamente, se me iba de presupuesto».

El Caso Urdangarin experimentó, no obstante, un periodo valle entre el sábado 25 en el que las inspectoras Subias y Pardo no lograron su objetivo de comerse con patatas a Castro, y el 8 de febrero. Todos temían alguna maniobra para retrasar la citación, emponzoñar el terreno de juego o abortar el discurrir procesal, pero no pasó de ser una falsa alarma. El gran debate nacional aquellos días era cien veces más banal. Si la infanta debía hacer el paseíllo como todo hijo de vecino o no. Y al final fue que no. La policía de Palma y el juez decano, Francisco Espinosa, se mostraron solícitos a la hora de defender los recurrentes motivos de seguridad para ahorrar veinte metros de caminata a la convocada.

«¡Que viene, que viene, mira, es esa furgoneta! ¡Ahí dentro va!», fue la comidilla de los poco más de cien manifestantes aposentados en las proximidades de los juzgados con un batallón de pancartas. No era una furgoneta sino lo que técnicamente se denomina un monovolumen Ford CMax nuevecito, matrícula 0318HRJ. Los Urdangarin-Borbón han optado por razones de estética por conducirse o que les conduzcan en automóviles de gama baja o media. Todos recuerdan cómo a la vuelta de Washington un día salieron del palacete en el Volkswagen Golf de casi veinte años que la infanta había reservado para el servicio. Más de uno se acordó de lo que hacía Romanones, que viajaba en tren a su circunscripción en primera pero al llegar se cambiaba a turista para salir por una de las puertas de la clase popular.

El monovolumen no la dejó al inicio de la rampa como a Iñaki Urdangarin. Frenó a apenas siete metros de la puerta. La duquesa de Palma sonrió, saludó de perfil a uno de los agentes que custodiaban la entrada y enfiló la puerta, donde Jesús Silva la recibió reverencialmente ejecutando un plongeon de matrícula de honor. La escena se asemejaba más a la inauguración de un polideportivo municipal, con ella haciendo de lo que es, infanta de España, y su abogado defensor en el papel de alcalde. Los expertos en imagen y relaciones públicas y la prensa crítica reprobaron esa sonrisa más propia de un acto institucional que de una comparecencia penal.

Los abogados de las defensas, los de la acusación popular y los funcionarios de Instrucción 3 estaban ya encerrados en la sala de vistas tras haber tenido que someterse a cacheos y registros de los enseres personales más propios del servicio secreto estadounidense que protege a Barack Obama que de una hija del rey que, además, no es la heredera. Los agentes de Zarzuela y expertos de la policía venidos expresamente de Madrid peinaron electrónicamente la sala con minuciosidad e hicieron lo propio con las cerca de cincuenta personas autorizadas a estar en la vista. Se fisgonearon los bolsos y las carteras, tanto el fondo como los laterales, las gafas, los relojes y los zapatos y se recorrió el cuerpo de cada uno de los presentes con detectores de metales. A las mujeres que portaban tampones se les llegó a abrir el envoltorio de plástico para comprobar si contenían algún dispositivo electrónico capaz de inmortalizar una declaración que el juez instructor había declarado secreta.

La vista se inició con algo más que puntualidad británica, dos minutos antes de la hora prevista. A las 9.58 José Castro pronunció el «buenos días» de rigor antes de dar por iniciada la toma de declaración. En el minuto 2 del partido se vio claramente cuál era la estrategia de los entrenadores de la infanta. «No se meta en líos, señora, evite caer en contradicciones. Y en caso de duda recurra al “no me acuerdo”, “no lo sé” o “no me consta”», fueron las indicaciones que le hizo el maestro Silva y que ella siguió a pies juntillas como persona disciplinada que es. Tenía mucho que perder y nada que ganar si entraba en el fondo. Por eso actuó como una olvidadiza y se hizo pasar por un alma cándida, confiada e ingenua.

Sus casi seis horas y media de careo se resumen en una colección de 559 evasivas: 412 «no sé», 82 «no lo recuerdo», 58 «lo desconozco» y 7 «no me consta». El inconveniente de esta estrategia amarrategui es que la infanta pudo incurrir en lo que el Tribunal Supremo dio en llamar «ignorancia deliberada», una doctrina aplicada a los casos de blanqueo. «Quien se pone en situación de ignorancia deliberada, sin querer saber aquello que puede y debe saberse, y sin embargo se beneficia de la situación, está asumiendo y aceptando todas las consecuencias del ilícito negocio en el que voluntariamente participa», advierte una sentencia del alto tribunal, tal y como le recordó el diario El País al juez Castro.

Claro que cuando se mojó lo que hizo fue echar el muerto a un Iñaki Urdangarin al que civil y penalmente se da por desahuciado. «Él», subrayó Cristina de Borbón poco después de echar mano a uno de los ocho botellines de agua mineral que se bebió, «crea Aizoon para canalizar sus ingresos profesionales y, a partir de ahí, yo no he tenido más que ver, lo ha llevado él y yo no he intervenido en nada». Cuando José Castro le consultó por qué abonaba con la visa de Aizoon parkings, autopistas y demás servicios automovilísticos, la respuesta fue de traca: «Puede ser que haya sido por equivocación, puede ser que fuera conduciendo y la persona de al lado me diera la tarjeta y yo pagase sin saber con qué tarjeta lo hacía».

Entre medias, el instructor decretó un receso para comer. A la protagonista se le reservó un despacho anexo para almorzar. Solo podía entrar ella, al igual que al cuarto de baño que se le dispuso. La preocupante desmemoria de doña Cristina volvió a hacer acto de aparición minutos después cuando manifestó que «no recordaba» haber firmado las actas de Aizoon. «Si una persona de confianza me trae algo a la firma, lo firmo», reconoció. Parecía como si la empresa con nombre de planta fanerógama nunca hubiera existido o fuera una invención de la calenturienta mente de José Castro. O la infanta padece un problema serio de memoria o se acogió a su derecho a mentir también en el pasaje en el que se le demandaron explicaciones sobre las clases de salsa y merengue a domicilio que, naturalmente, se pagaron con cargo a Aizoon, que es lo mismo que decir con cargo a Nóos, que es lo mismo que decir con cargo al contribuyente balear y valenciano. «No lo recuerdo, igual bailamos salsa y merengue, pero no recibí ninguna clase», apostilló entre los cuchicheos y alguna que otra carcajada contenida de los presentes. Reacción similar a la que se desencadenó cuando aseveró que «nunca» había tenido control «sobre cuentas ni nada que ver con Aizoon». Olvidó que ella posee el 50 por ciento de esta sociedad limitada familiar desde el día de su constitución, que firma las cuentas anuales y que, por cierto, en estos momentos es la presidenta.

La cita a la que tanto se había resistido se finiquitó cuando el ocaso empezaba a hacer acto de presencia en las Islas Baleares, el punto del territorio español en el que antes amanece y atardece. Doña Cristina tenía buena cara y sus letrados se mostraron aparentemente satisfechos. Mejor dicho, muy satisfechos. Llevó la voz cantante un Miquel Roca que se ufanó de que la declaración de su patrocinada había servido «para demostrar su inocencia» y para «confirmar que todos somos iguales ante la ley».

Esa misma noche, mientras la infanta cenaba en Zarzuela con su madre tras haber reportado a su padre, se levantó otra polvareda. Esta vez a cuento de la exclusiva fotografía que reproducía El Mundo en portada: la de la infanta sentada ante Castro en un pasaje de aquel 8 de febrero en los juzgados de la capital balear. La única imagen que dentro de un año, de diez o de cien quedará de la primera vez que un miembro de la familia real se tiene que sentar en un banquillo en calidad de imputado a responder las preguntas de un juez. La polémica ascendió diez o doce peldaños en intensidad a la mañana siguiente cuando elmundo.es reprodujo un vídeo de cinco minutos con el interrogatorio a Su Alteza Real. El instructor, José Castro, se cogió un rebote monumental, abrió diligencias de investigación y luego se abstuvo por razones obvias.

A la mañana siguiente los medios que más se han esforzado en tapar o silenciar los presuntos delitos de Urdangarin y compañía, negándolos hasta la saciedad incluso cuando eran palmarios, apuntaron sin pruebas a dos letrados —un hombre y una mujer— de la defensa del hombre que teóricamente ayudó a Iñaki Urdangarin a evadir fondos a Suiza: Robert Cockx. Un diario electrónico llegó al punto de publicar la foto de la abogada, que al igual que su colega pertenece al despacho de Javier Saavedra, en cuya nutrida nómina de clientes figuran la duquesa de Alba, su marido, Alfonso Díez, Rocío Carrasco, su esposo, Fidel Albiac, y el político Jorge Verstrynge, entre otros.

Los medios que pasaban por alto las corruptelas de la trama Nóos y de Aizoon hicieron casus belli de esta grabación subrepticia. La Dirección de la Policía echaba espuma por la boca.

—El dispositivo ha costado 300 000 euros, hemos traído a doscientos agentes, más que manifestantes, y ¡encima este ridículo! Esto no puede quedar así. ¡Queremos cabezas! —fue la consigna transmitida desde Madrid a la comisaría de Palma.

Querían cabezas y hubo cabezas. A los medios de cámara les faltó tiempo para solazarse apuntando como si fuera poco menos que un terrorista a Francisco Carvajal. Urdangarin y la infanta eran inocentes existiendo todo lujo de pruebas contra ellos y este letrado culpable, culpabilísimo, pese a que no había ni habrá un solo elemento incontrovertible contra él… porque nada tuvo que ver con una grabación que fuentes policiales creen que se hizo desde un elemento fijo colocado en las jornadas previas. Eso era lo de menos. Los periodistas urdangarinianos se comportaban como Émile Zola, pero al revés, y ya tenían su Alfred Dreyfus. Lo de menos era que fuera mentira, el caso era tener un culpable, desviar la atención cual cortina de humo sobre el Caso Urdangarin en general y sobre el regate que alguien o álguienes le habían hecho al aparentemente infalible dispositivo de seguridad muy en particular. La campaña recordaba a la que ciento veinte años antes había montado La Libre Parole y Le Temps en un intento de borrar del mapa al oficial judío del ejército francés. Seguro que en los días de infierno que le hicieron pasar, Francisco Carvajal recordó la frase que los dreyfusards repetían sin cesar convencidos de que al final la historia absolvería a su capitán:

—La verdad está en camino y nadie la detendrá.

Tiene bemoles que el único detenido hasta el momento por el Caso Urdangarin haya sido precisamente el letrado malagueño Carvajal, al que la policía arrestó el 26 de febrero aprovechando que había sido citado por el juez que instruye el caso abierto por la histórica grabación. Fue poner un pie en Palma y ser llevado a comisaría por las bravas. Y tiene narices que encima el chivo expiatorio que se buscó la Dirección General de la Policía para justificar su monumental gatillazo sea un inocente. A lo que no dieron tanta cancha, cosas veredes, a lo mejor no interesaba, fue a un dato ciertamente llamativo: que el consejero delegado de Wouzee, el Youtube español, es Marcial Cuquerella, hermano de Julita, la asistente personal de Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón, la que dio las pertinentes instrucciones para ingresar una comisión de 375 000 euros en una cuenta del duque en Suiza. Julita es, como ellos se encargan de resaltar, «la única persona» de la que se fían «al cien por cien». Esta bondadosa madrileña de cuarenta y tres años aprendió y aprehendió lo que es la lealtad inquebrantable en casa, de la mano de su padre, el vicealmirante Vicente Cuquerella.

Las semanas posdeclaración no contribuyeron precisamente a calmar los ánimos en la Casa Real ni en la ginebrina Rue des Granges. El silencio sepulcral de José Castro les escamaba. Y para su desgracia despreciaban una cuestión que de puro evidente pasaba desapercibida: la justiciable De Borbón y Grecia no había disipado una sola de las dudas que manifestó el juez en su auto ni desmentido una sola de las convicciones que expresó en aquellos doscientos veintisiete folios. A corto plazo, los «no me acuerdo» y «no me consta» eran muy rentables pero a largo podían resultar ruinosos. Si se había decidido por sobrevolar las mil sesenta y tres cuestiones que le formuló el magistrado, las fichas de la partida de ajedrez estaban en el mismo lugar que antes. Cada vez cobraba más fuerza la tesis de acabar abriendo juicio oral a Cristina de Borbón por colaboración en el delito fiscal de su marido, sin descartar alguna sorpresa de última hora en forma de prueba incontrovertible.

Y entre tanto, el 6 de marzo se produjo el primer reencuentro público en años entre la duquesa de Palma y los príncipes de Asturias. A Iñaki se le anticipó que era persona non grata, vamos que no era bienvenido. Fue en Tatoi, el Palacio Real de Psykhikó, donde se celebró una ceremonia ortodoxa al cumplirse el cincuenta aniversario del fallecimiento de Pablo I, monarca de los griegos y padre de doña Sofía. Don Felipe y doña Letizia se situaron en el extremo opuesto a su hermana durante la foto de familia. El príncipe intercambió tres o cuatro cumplidos pero su mujer ni uno. La futura reina de España no olvidaba las descalificaciones que Urdangarin profirió contra ella con el silencio anuente de doña Cristina hacía seis o siete años en el restaurante Flanigan del mallorquín Puerto Portals. Insultos que escuchó buena parte de los comensales de ese monumento al buen comer y mejor beber, quizá el más completo de Mallorca, creado por Miguel Arias en 1986. Insultos que a alguno de los presentes le faltó tiempo para contarlo. O los e-mails que el gracioso sin gracia duque de Palma envió a doña Cristina aludiendo a los «orgasmos» de las presentadoras de televisión. En el apartado correspondiente a la cónyuge del heredero figuraba una inscripción: «Orgasmo real». Estos correos electrónicos venían acompañados de otros en los que se comparaba a Jaime de Marichalar con el inspector Gadget y de uno tanto más hiriente en el que Ana Botella sujetaba a un bebé al que se le había photoshopeado la cara de Aznar acompañada de un elocuente «no a la clonación».

Lo que sí se ha restituido es la relación padre-hija. El monarca ha pasado de la indignación desaforada al cariño contenido. La vuelta a la normalidad o seminormalidad ha comportado, además, la ayuda económica del padre a la hija. Iñaki no trabaja, tiene parte de su patrimonio embargado y Ginebra es una ciudad no cara, sino lo siguiente. La contribución del rey al sostenimiento de su hija y sus cuatro nietos se resume en ayudas directas y en las gestiones realizadas ante su amigo el Aga Khan para que la contratase en su fundación, donde percibe 300 000 euros anuales, cantidad a la que hay que sumar sus 200 000 de nómina en La Caixa. La entente cordiale ha llegado a tal punto que en Zarzuela ya ni se plantean el divorcio. Aunque en este caso por razones maquiavélicamente opuestas: la Casa Real prefiere tener dentro a Iñaki Urdangarin porque temen que fuera de su perímetro se transforme en un elemento descontrolado modelo David Rocasolano y acabe poniendo patas arriba la institución con los datos sensibles que obran en su poder.

Lo que no ha desaparecido, ni mucho menos, es el miedo escénico atroz a una nueva remesa de «bombas atómicas» de Diego Torres. El socio infiel, por si acaso, y en el enésimo intento de chantaje a las instituciones, ha dejado caer quiénes son los protagonistas y de qué va la nueva remesa de correos electrónicos que pretende arrojar indiscriminadamente sobre La Zarzuela: «Uno que me envió Iñaki con fotos en las que la reina no sale muy bien parada, otros en los que la infanta tontea con un regatista y unos cuantos en los que, para variar, Iñaki y Cristina ponen a parir a Letizia». Verdad o mentira, media verdad y media mentira, eso es lo de menos. Lo de más es que el tembleque es generalizado en el entorno real, fundamentalmente porque el menorquín ha dado sobradas muestras de su enorme capacidad para infligir daño con su pérfido goteo.

Ajena o no a estos nubarrones, doña Cristina continúa el día a día resignada a su suerte. Tiene tan claro que José Castro la sentará en el banquillo como que la Audiencia Provincial acudirá nuevamente a su rescate. Y entre elucubración y elucubración transmite a su inner circle el monotema que ronda su cabeza desde hace meses: «Jamás volveremos a vivir en España».

Que los españoles somos unos desagradecidos y no nos merecemos lo que hacen por nosotros.

APÉNDICE DOCUMENTAL

Folleto promocional del Instituto Nóos en el que se destaca la presencia de «S.A.R. la infanta doña Cristina» como integrante de la Junta Directiva. Este fue el gancho utilizado por la entidad «sin ánimo de lucro» presidida por Iñaki Urdangarin para captar clientes. Se intentaba dar la apariencia de que detrás de Nóos estaba la Casa Real.

Contrato de autoalquiler ficticio del palacete de Pedralbes suscrito entre Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina con su empresa Aizoon. Con esta operación simulaban ante Hacienda que arrendaban su casa a su empresa como oficina, generaban gastos falsos y defraudaban impuestos.

Una de las facturas emitidas personalmente por la infanta Cristina para autoalquilarse de forma fraudulenta su palacete de Pedralbes.

Préstamo de 400 000 euros otorgado por Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina a Diego Torres y su mujer para que se compraran un chalé de un millón y medio de euros en Sant Cugat del Vallés. El exsocio del duque de Palma y su esposa nunca devolvieron el dinero a los duques de Palma.

Correo electrónico de Julita Cuquerella, secretaria personal de Iñaki Urdangarin, en el que comunica al gestor del Instituto Nóos el «embargo» de la cuenta de los duques de Palma por no pagar la Seguridad Social de su personal de servicio doméstico.

Una de las actas de la Junta de Accionistas de Aizoon, la sociedad familiar utilizada por los duques de Palma para desviarse los fondos públicos recaudados por el Instituto Nóos. La infanta Cristina firma el documento como propietaria del 50 por ciento de las acciones.

Acta en la que se oficializa la salida de Iñaki Urdangarin y de la infanta Cristina del Instituto Nóos tras revelar El Mundo el coste de las conferencias que celebraban en Mallorca —más de un millón de euros por edición— y que costeaba el gobierno balear.

Correo electrónico enviado por Iñaki Urdangarin al secretario personal de la infanta Cristina en el que se mofa de su título y firma como «El duque em… Palma… do». La ciudad mallorquina retiró el nombre de una de sus principales avenidas, la Rambla de los duques de Palma, y la rebautizó como la Rambla, a secas, tras conocer el contenido de este documento.

Acta de la sociedad Aizoon de los duques de Palma, utilizada para desviarse los fondos públicos del Instituto Nóos, en la que se designa presidenta a la infanta Cristina.

Correos electrónicos en los que Iñaki Urdangarin revela a su exsocio Diego Torres gestiones realizadas personalmente por el rey don Juan Carlos para conseguir financiación para uno de sus proyectos: el patrocinio de un barco en la Copa América de Vela.

Correo electrónico de Iñaki Urdangarin a Corinna, la amiga personal del rey, en el que alude a la propuesta laboral que le hizo esta para incorporarse a la Fundación Laureus con un sueldo de 200 000 euros al año.

Correo electrónico enviado por Iñaki Urdangarin a la infanta Cristina en el que se mofa de Jaime de Marichalar, al que compara con el inspector Gadget.

Nuevo correo electrónico enviado por Iñaki Urdangarin a la infanta Cristina en el que ridiculiza a la princesa Letizia y a otras presentadoras de televisión con una fotografía en la que, asegura, parece tener «un orgasmo».

En este otro correo electrónico enviado por Iñaki Urdangarin a la infanta Cristina se ridiculiza al expresidente del Gobierno José María Aznar.

Orden de Marco Tejeiro, cuñado de Diego Torres y gestor del Instituto Nóos, al BBVA para que oculte en la correspondencia bancaria el nombre de la infanta Cristina y deje de enviarla a la sede de la entidad «sin ánimo de lucro».

Correo electrónico enviado por Iñaki Urdangarin al rey don Juan Carlos con la petición de que consiga grandes patrocinadores para los Valencia Summit, organizados por el Instituto Nóos y financiados por la Generalitat.

Factura del catering de comida japonesa del cumpleaños de la infanta Cristina, pagada a través de su empresa Aizoon con dinero público procedente del Instituto Nóos.

Factura de las entradas para el musical de El rey león en Nueva York de la familia Urdangarin-Borbón pagadas a través de Aizoon con fondos públicos de Valencia y Baleares.

Una de las facturas cobradas por los duques de Palma a través de Aizoon a la multinacional de bebidas alcohólicas Pernod Ricard por falsas labores de asesoría.

Tres facturas falsas pagadas por Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina a Diego Torres y que fueron dadas por buenas por la Agencia Tributaria para librar a la hija del rey del delito fiscal en el ejercicio de 2007.

Los duques de Palma también pagaron a través de Aizoon las comuniones de sus hijos.

Factura del pago por parte de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina de clases particulares de salsa y merengue impartidas en su palacete de Pedralbes.

Recibo del IBI del palacete de Pedralbes correspondiente al año 2008.

EDUARDO INDA (Pamplona, 1967) es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, comenzó su andadura profesional en Antena 3 Radio y luego trabajó en ABC. En 1994 se incorporó a El Mundo, donde dio sus primeros pasos en la sección Local, cubriendo la información del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Allí permaneció hasta que en 1999 pasó a ser el corresponsal político de dicho diario en La Moncloa. De 2001 a 2007 dirigió El Mundo/Ibiza y Formentera y El Mundo/El Día de Baleares, donde destapó algunos de los más sonados casos de corrupción que han afectado a las Islas. En 2007 fue nombrado director de MARCA, cargo en el que permaneció hasta 2011, cuando fue designado adjunto al director y jefe de Investigación de El Mundo. Es autor, junto a Esteban Urreiztieta, de Urdangarin. Un conseguidor en la corte del rey Juan Carlos, bestseller en el año 2012.

ESTEBAN URREIZTIETA (Madrid, 1979) es licenciado en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU y máster en Gestión de Medios Audiovisuales. Comenzó en la profesión como redactor en el equipo de José María García. Entre 2003 y 2011 fue responsable de Investigación de El Mundo de Baleares. Durante esta etapa, en la que fue nombrado subdirector del periódico, destapó los principales casos de corrupción de las Islas. Sus informaciones provocaron la dimisión de la histórica líder de Unió Mallorquina (UM) Maria Antònia Munar, el procesamiento y encarcelamiento de sus principales lugartenientes y la consiguiente disolución del partido bisagra de Baleares durante las últimas décadas. En la actualidad es redactor jefe en el equipo de Investigación de El Mundo en Madrid. Ha publicado en La Esfera Los March. La fortuna silenciosa, Mallorca és nostra y, junto a Eduardo Inda, Urdangarin. Un conseguidor en la corte del rey Juan Carlos. Juntos han investigado y dado a conocer casos tan importantes como el Caso Neymar, Pujol y Mas, La Camarga, Bárcenas, Urdangarin y González.