¿Fue la Segunda República esa experiencia modernizadora y democrática que a menudo se nos presenta? ¿Qué papel desempeñaron la violencia y la intransigencia política en su trayectoria? Palabras como puños se pregunta sobre el funcionamiento de la democracia en la España de los primeros años treinta atendiendo a esas dos variables, un termómetro ideal para calibrar el alcance del proceso democratizador iniciado en la primavera de 1931 y abortado abruptamente en el verano de 1936. Un proceso desarrollado, además, en un contexto europeo y mundial extraordinariamente problemático que no dejó de repercutir en España. La radicalización y los debates que se engendraron en el período de entreguerras también se vislumbraron en España al socaire de los nuevos discursos y prácticas políticas. Este estudio analiza las culturas políticas de los actores del período, y se pregunta si había coherencia entre lo que decían y lo que realmente hacían; pero también si había correspondencia entre cómo se comportaban y el modo en que los percibían sus adversarios. Así, se pone tanto énfasis en estudiar la expresión verbal como en analizar la práctica política, especialmente la de aquellos actores que o bien se opusieron de manera frontal y desde el principio a la democracia republicana, o bien aquellos otros que sostuvieron estrategias de calculada semilealtad en medio de graves desencuentros y rupturas con el régimen.

Fernando del Rey (director)
Gonzalo Álvarez Chillida - Manuel Álvarez Tardío - Hugo García Fernández - Eduardo González Calleja
Pedro Carlos González Cuevas - Diego Palacios Cerezales - Javier Zamora Bonilla

Palabras como puños

La intransigencia política en la Segunda República española

ePub r1.0

Titivillus 10.10.2018

Título original: Palabras como puños

Fernando del Rey (director), Gonzalo Álvarez Chillida, Manuel Álvarez Tardío, Hugo García Fernández, Eduardo González Calleja, Pedro Carlos González Cuevas, Diego Palacios Cerezales y Javier Zamora Bonilla, 2011

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.0

A José Álvarez Junco y Santos Juliá,

renovadores infatigables

de la historiografía española.

Siglas

ORGANIZACIONES

ACNP | Asociación Católica Nacional de Propagandistas.
AE | Acción Española.
AIT | Asociación Internacional de Trabajadores.
AN | Acción Nacional.
AO | Alianza Obrera.
AP | Acción Popular.
AR | Acción Republicana.
ASR | Agrupación al Servicio de la República.
BN | Bloque Nacional.
BOC | Bloc Obrer y Camperol (Bloque Obrero y Campesino).
CEDA | Confederación Española de Derechas Autónomas.
CGT | Confédération Générale du Travail.
CMI | Círculo Monárquico Independiente.
CN | Comité Nacional de la CNT.
CNT | Confederación Nacional del Trabajo.
CONS | Central Obrera Nacional-Sindicalista.
CR | Comité Regional de la CRT.
CRT | Confederación Regional del Trabajo.
CT | Comunión Tradicionalista.
DLR | Derecha Liberal Republicana.
DRV | Derecha Regional Valenciana.
EC | Estat Català.
ERC | Esquerra Republicana de Catalunya.
FAI | Federación Anarquista Ibérica.
FE | Falange Española.
FL | Federación Local de Sindicatos Únicos.
FNTT | Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra.
FORA | Federación Obrera Regional Argentina.
FP | Frente Popular.
FSL | Federación Sindicalista Libertaria.
FUE | Federación Universitaria Escolar.
GABOC | Grupos de Acción del BOC.
IC | Internacional Comunista, o Comintern.
ICE | Izquierda Comunista de España.
IR | Izquierda Republicana.
JAP | Juventudes de Acción Popular.
JEREC | Joventuts d’Esquerra Republicana-Estat Català.
JONS | Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista.
KPD | Kommunistische Partei Deutschlands (Partido Comunista de Alemania).
MAOC | Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas.
MES | Movimiento Español Sindicalista.
OMNS | Organització Militar Nosaltres Sols!
ORMICA | Organització Militar Catalana.
PCE | Partido Comunista de España.
PCF | Parti Communiste Français (Partido Comunista Francés).
PCUS | Partido Comunista de la Unión Soviética.
PNE | Partido Nacionalista Español.
PNV | Partido Nacionalista Vasco.
POUM | Partido Obrero de Unificación Marxista.
PRRS | Partido Republicano Radical Socialista.
PRRS-I | Partido Republicano Radical Socialista-Independiente.
PSind | Partido Sindicalista.
PSOE | Partido Socialista Obrero Español.
PSR | Partido Social Revolucionario.
PURA | Partido de Unión Republicana Autonomista.
RE | Renovación Española.
SAC | Sveriges Arbertares Centralorganisation.
SEU | Sindicato Español Universitario.
SFIO | Section Française de I’Internationale Ouvrière (Partido Socialista Francés).
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Partido Socialdemócrata de Alemania).
SSOO | Sindicatos de Oposición.
UGT | Unión General de Trabajadores.
UMN | Unión Monárquica Nacional.
UP | Unión Patriótica.
USC | Unió Socialista de Catalunya.
VMRO | Vnatrešna Makedonska Revolucionerna Organizacija (Organización Revolucionaria Interna Macedonia).
VNV | Vlaams National Verbond (Liga Nacional Flamenca).

ARCHIVOS

ACD | Archivo del Congreso de los Diputados (Madrid).
ADPB | Arxiu de la Diputació Provincial de Barcelona (Barcelona).
AFAL | Archivo Fundación Anselmo Lorenzo (Madrid).
AHN | Archivo Histórico Nacional (Madrid).
AHN-GC | Archivo Histórico Nacional. Sección Guerra Civil (Salamanca).
AMAE | Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores (Madrid).
ASMAE | Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (Roma).
AVB | Archivo del Cardenal Vidal i Barraquer Editado por BATLLORI, M., y ARBELOA, V. M., con el título: Iglesia y Estado durante la II República, Arxiu Vidal i Barraquer, Abadía de Monserrat, 1971-1991.
CFM | Centre d’Estudis Llibertaris Federica Montseny [www.centrefedericamontseny.org].
HMM | Hemeroteca Municipal de Madrid.
NA | National Archives (Kew, Surrey).

PRENSA

BCNT | Boletín de la Confederación Nacional del Trabajo de España.
CL | Cultura Libertaria (Barcelona).
CNT | Órgano de la Confederación Nacional del Trabajo de España (Madrid).
CS | El Combate Sindicalista. Semanario anarcosindicalista (Valencia).
DSC | Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados (Madrid).
ES | El Socialista (Madrid).
EOT | El Obrero de la Tierra (Madrid).
ESind | El Sindicalista. Órgano del Partido Sindicalista (Madrid).
LB | La Batalla (Barcelona).
Luch | El Luchador. Periódico de sátira, crítica, doctrina y combate (Barcelona).
MO | Mundo Obrero (Madrid).
Orto | Revista de documentación social (Valencia).
RB | La Revista Blanca. Sociología, Ciencia y Arte (Barcelona).
Sind | Sindicalismo. Órgano de la Federación Sindicalista Libertaria (Barcelona).
Solid | Solidaridad. CNT-AIT (Gijón).
SO | Solidaridad Obrera. Portavoz de la Confederación Nacional del Trabajo (Barcelona).
STyL | Suplemento de Tierra y Libertad (Barcelona).
TyL | Tierra y Libertad (Barcelona). [Luego Tierra y Libertad. FAI Semanario anarquista].

Introducción

La democracia y la brutalización
de la política en la Europa de entreguerras

Fernando del Rey

Hace algún tiempo, con motivo de la publicación de un monográfico dedicado a la España de los años treinta del siglo XX, el historiador Santos Juliá afirmó «que siempre merece la pena volver a pensar en la República» a pesar de que parezca que ya se ha dicho todo y de las toneladas de papel que se han vertido sobre ella[1]. La razón que explica ese eterno retorno al período es que su historia condensó muchas de las claves esenciales para comprender el pasado español de los dos últimos siglos. Sobre la República, en efecto, se han escrito infinidad de obras, y sin embargo siempre ofrece al estudioso la posibilidad de aportar matizaciones no tenidas en cuenta o incluso interpretaciones nuevas. Ello es así porque en apenas cinco años se manifestaron las principales líneas de fractura arrastradas por nuestro país en su trayectoria contemporánea: aquellos desafíos irresueltos (la construcción nacional, las relaciones Iglesia-Estado, la «cuestión social», la estructura de la propiedad, el problema militar…) que coleaban cuando menos desde el siglo XIX, por encima de los cuales sobresalía la difícil dimensión de la democratización de la vida pública[2].

Todos esos problemas, además, y los debates y conflictos que conllevaron, se presentaron en una coyuntura histórica muy intensa y muy especial, tanto desde los intereses de la política nacional como desde la perspectiva de la política internacional. Aunque España se mantuvo un tanto al margen de este último escenario, continuando una tradición asentada en la centuria anterior, no por ello dejó de verse afectada por las grandes sacudidas del momento. La posición de neutralidad adoptada durante la Gran Guerra no preservó al país de las consecuencias políticas, sociales y económicas provocadas por ese conflicto extraordinario, auténtico punto de inflexión en la historia mundial, que también afectó de lleno al ámbito de las ideas y las creencias. Tan decisivo fue su impacto que sin el contexto exterior resulta imposible entender en toda su rica textura la historia de nuestro país en el crucial período abierto por aquella crisis de civilización inaugurada en el verano de 1914, solo cerrada —mal y a duras penas— treinta años después. España tuvo que afrontar problemas propios al hilo de sus propias singularidades (una costosa guerra colonial en Marruecos, el difícil encaje de los nacionalismos catalán y vasco, la ofensiva del anarcosindicalismo, el intervencionismo militar…), pero las influencias foráneas complicaron profundamente la vida política autóctona.

La Primera Guerra Mundial, en efecto, acarreó en toda Europa un desastre sin precedentes, que se tradujo en la crisis del mundo liberal forjado trabajosamente durante el siglo XIX, abriendo un período de inestabilidad, revoluciones, conflictos y dictaduras perpetuados sin solución de continuidad hasta 1945. Los ciudadanos del viejo continente percibieron cómo se pasaba de una época de certezas a otra de cambios drásticos e incertidumbres. A la prosperidad, la estabilidad proporcionada por el patrón oro y el auge del comercio mundial les sucedió la época del déficit público, la inflación, el desempleo y un acentuado neomercantilismo. Cuatro imperios (ruso, austro-húngaro, alemán y otomano) se desplomaron dando pie a una radical reordenación de las fronteras, a la par que las viejas jerarquías sociales, las ideas y el orden político que las había acogido se ponían en cuestión por doquier. Lejos de generar un mayor equilibrio internacional y mayor cohesión interna en los respectivos Estados —muchos de ellos creados ex novo—, los tratados de paz dejaron innumerables pleitos sin resolver en todos los ámbitos de la vida colectiva (disputas territoriales, poblaciones desplazadas, enfrentamientos étnicos, soldados desmovilizados, luchas sociales, estrangulamientos económicos, rupturas institucionales y culturales…). En ese marco tan complejo, la sociedad europea puso en tela de juicio la creencia que había caracterizado los decenios anteriores: esto es, la concepción del progreso como algo propio de los tiempos y sujeto inequívocamente al desarrollo material y cultural. Para infinidad de ciudadanos el mundo que habían conocido se cerró definitivamente en 1919[3].

No obstante, la paz inauguró también un período de esperanza democrática. El sufragio universal se generalizó. Surgieron nuevas democracias y desaparecieron gobiernos autocráticos. La mujer empezó a protagonizar su capital revolución del siglo XX. Las legislaciones laborales cobraron nueva fuerza. Las necesidades sociales y económicas derivadas de la guerra animaron un cambio en el papel del Estado, iniciándose una nueva política social que con los años daría lugar al Estado de bienestar y a las primeras políticas keynesianas. Los partidos socialistas más pragmáticos y posibilistas accedieron en algunos casos tan importantes como el británico a la responsabilidad del gobierno. La competencia democrática hizo su aparición en la escena de muchas sociedades occidentales, dando comienzo un nuevo tipo de política de masas, que no necesariamente fue negativa. Algunas pautas culturales y costumbres ancestrales empezaron a cambiar, acentuándose el proceso de secularización y liberando a los individuos de algunas pesadas ataduras de una sociedad tradicionalista y arcaica, como mostró, por ejemplo, el auge de la moda femenina, los nuevos bailes o la incorporación de las mujeres a las industrias y las oficinas. Recuperado incluso cierto crecimiento económico mundial, hacia 1928 muchos europeos llegaron a estar convencidos —aunque luego comprobaran cuán equivocados estaban— de que la guerra no volvería a repetirse y que el entendimiento pacífico entre las naciones era posible. Como ha mostrado recientemente Niall Ferguson, una de las características centrales de la sociedad británica de los años treinta no era tanto el pacifismo como la firme creencia en el papel de la Sociedad de Naciones y la confianza en la concertación entre los países para evitar las guerras.

Toda una paradoja, por tanto, pues hacia 1930 estaba cada vez más claro que el optimismo y las ilusiones de una nueva belle époque no parecían muy justificados. De hecho, de forma gráfica el mismo Ferguson ha utilizado la expresión «Edad del Odio» para calificar el período comprendido entre las dos guerras mundiales, cuyos límites desde una perspectiva extra-europea bien podrían ampliarse diez años por el extremo inicial (hasta la guerra ruso-japonesa) y otros ocho por el extremo final (mirando a la guerra de Corea). Ciertamente, este ha sido el período más sangriento de la historia de la Humanidad, mucho más violento que cualquier otro, tanto en términos absolutos como relativos. Ni la Guerra de los Treinta Años ni las guerras francesas del período revolucionario pueden equipararse con los horrores acaecidos en la primera mitad del siglo XX. Amén de las dos grandes conflagraciones mundiales, otros innumerables enfrentamientos internacionales o dentro de cada país —bélicos o no— jalonaron la historia de muchos Estados a lo largo de esos cincuenta años. No falta incluso quien considera que en realidad los tratados de paz diseñados en 1919-1920 fueron la continuación de la guerra por otros medios. Al menos así los vieron muchos ciudadanos de los países derrotados: tras el desastre, los tratados habrían sido más una provocación que un acuerdo de apaciguamiento y concordia. Ya Keynes advirtió oportunamente que la paz punitiva no solo no serviría para recuperar las economías europeas sino que generaría nuevos y más graves problemas. Si poco antes el presidente norteamericano Woodrow Wilson estableció la idea de que la democracia parecía destinada a prevalecer de forma casi universal, lo cierto es que no pudo estar más errado, especialmente, pero no solo, en lo que afectó a Europa. La oleada democratizadora plasmada en la inmediata posguerra fue solo un espejismo efímero. De los veintiocho Estados que englobaba el continente en esos momentos, casi todos habían asumido alguna forma de gobierno representativo antes, durante o después del choque bélico. En 1926, ocho de ellos ya eran dictaduras; en 1933, la cifra había ascendido a trece, y cinco años después la democracia solo sobrevivía en diez[4].

El primer Estado cuyo proceso democratizador se vio abortado fue Rusia, en este caso por vía revolucionaria. Tras los sucesos de octubre de 1917, que les permitieron acceder al gobierno a través de un golpe de Estado, los bolcheviques firmaron una paz por separado con los alemanes en marzo de 1918, pero solo para, de inmediato, precipitar al antiguo Imperio zarista en una bárbara guerra civil (en realidad una sucesión de guerras civiles dispares). Paralelamente, poco a poco fueron sentando las bases del primer gran experimento totalitario de la historia del siglo XX. Desde entonces, el terror se convirtió en piedra angular del régimen bolchevique con vistas a la liquidación de los adversarios estigmatizados como «enemigos de clase». Un año después, constituida la Internacional Comunista bajo los dictados de Lenin, se configuró —también por primera vez en la historia— un partido transnacional que apeló al «levantamiento armado» y a la guerra civil por todos los rincones del globo. La III Internacional pasó a ser, como la calificó Trotski, el «Estado Mayor de la revolución mundial». Así, la Revolución Bolchevique creó una situación completamente nueva en el concierto internacional. De forma inusitada, una fuerza política predicaba persuasivamente el objetivo de provocar múltiples conflictos armados en el planeta para transformar radicalmente la sociedad conforme a los postulados del marxismo[5].

A pesar de su enorme trascendencia, con el tiempo se ha tendido a olvidar o a restar importancia al hecho de que la estrategia de los bolcheviques estuvo a punto de hacer trizas la Paz de Versalles y de extender la revolución desde Rusia a Europa occidental, aprovechando que muchos países se habían visto convulsionados por la guerra, circunstancia que también aprovecharon los activistas autóctonos para aplicar sus propias estrategias. Después de los intentos revolucionarios frustrados de 1919 (Berlín, Baviera, Hungría…), cuando el Ejército Rojo llegó hasta el Vístula en el verano de 1920, la opinión pública europea dio por perdida Polonia, hasta el punto de que, por momentos, pareció que la revolución mundial se hallaba al alcance de la mano. Al menos así lo creyeron Lenin y los bolcheviques, planteándose seriamente la posibilidad de avanzar hacia Rumania, Checoslovaquia y Hungría, para a continuación, una vez conquistados todos esos territorios, dar el salto a la invasión de Alemania e Italia[6]. La relación entre guerra y revolución había ocupado un lugar prioritario en las estrategias revolucionarias y contrarrevolucionarias del siglo XIX. Pero la visión marxista de la guerra como catalizador social quedó enfocada con mayor claridad por el leninismo, bajo la consideración de que los choques bélicos —en particular los de carácter civil— constituían una oportunidad de oro para llegar al socialismo. Como reflejo directo de estos postulados, entre la opinión conservadora mucha gente consideró después de 1919 que la guerra se había convertido más en un instrumento de disolución social que de solidaridad, actitud radicalmente diferente de la que se dio en las gloriosas jornadas de agosto de 1914, cuando muchos ciudadanos europeos se arracimaron entusiasmados detrás de sus dirigentes apoyando la entrada de sus países en el conflicto. Años después, a principios de la década de 1930, Stalin desempolvó las consignas leninistas, de acuerdo con las cuales la próxima conflagración mundial, por terribles que fueran los sufrimientos que pudiera provocar, constituiría la ocasión de oro para extender la revolución a otras partes del orbe[7].

Al final, la pesadilla de las clases conservadoras de toda Europa no se hizo realidad. La amenaza bolchevique no se materializó en el continente durante las dos décadas siguientes. La radicalización social de la posguerra resultó un fenómeno transitorio, y en la misma Rusia la guerra civil estuvo a punto de acabar con el experimento revolucionario, forzando a los bolcheviques a abandonar la estrategia de extender el comunismo más allá de sus fronteras. La idea de la revolución mundial se congeló. Aun así, ningún Estado europeo se libró del malestar, de los conflictos y de la amenazante sombra del bolchevismo, ya fuera en sentido real o figurado. El legado del período revolucionario (que también afectó duramente, entre otros, a países como Alemania, Hungría, Italia e incluso España) dejó una huella muy profunda. El odio social y las pasiones ideológicas se propagaron con una intensidad que Europa, probablemente, no había sufrido desde las guerras de religión de los siglos XVI y XVII. Como ha escrito Richard Overy: «Los europeos conservadores nunca pudieron desprenderse del miedo de que un día, antes o después, el bolchevismo acabaría socavando los muros de la fortaleza y pillaría por sorpresa al sistema capitalista». La Revolución rusa actuó así como un recordatorio constante de que el orden existente no se iba a mantener indefinidamente: «Esta sensación de malestar social, de vivir en un tiempo prestado, se hallaba en el núcleo de la crisis de entreguerras». De este modo, la Gran Guerra, la revolución y su consiguiente réplica contrarrevolucionaria, establecieron el inicio de una época extremadamente violenta y muy distinta del mundo político anterior a 1914, cuyos equilibrios se habían desarrollado a caballo entre el liberalismo constitucional y las autocracias monárquicas más o menos aperturistas[8].

La cúpula del Partido Nacional Fascista italiano justo antes de empezar, desde Nápoles, la «Marcha sobre Roma» el 27 de octubre de 1922. De izquierda a derecha: Emilio de Bono, Attilio Teruzzi, Italo Balbo, Benito Mussolini, Cesare Maria de Vecchi, Aurelio Padovani y Achille Starace. Los camisas negras se convirtieron en modelo de otros muchos movimientos fascistas en el mundo, los cuales contribuyeron a que la violencia fuese un elemento más, y no menor, de la lucha política y social.

A partir de 1922 irrumpió el fascismo, otra corriente política orientada como el bolchevismo hacia la guerra civil, que también pasó a controlar un Estado (Italia) al tiempo que despertaba extendidas simpatías en muchos países al socaire de su antimarxismo, de su condena del liberalismo y de su impugnación de la democracia burguesa. Entre las dos guerras mundiales innumerables países, no solo de Europa sino de todo el mundo, generaron alguna corriente intelectual o algún movimiento político directa o tangencialmente emparentado con el fascismo. Convertidos en enemigos acérrimos desde muy pronto, bolchevismo y fascismo se alimentaron y combatieron mutuamente desde entonces. No obstante, sería una tremenda simplificación plantear la historia del período de entreguerras como la historia del conflicto entre el fascismo y el bolchevismo (escenificado de la forma más brutal por la versión alemana del primero: el nacional-socialismo). En realidad, el camino hacia las dictaduras contrarrevolucionarias de partido único no fue uniforme ni resultó monopolizado por los fascismos. Es más, estos últimos regímenes, si bien arraigaron en países de enorme peso en el concierto internacional, sensu stricto fueron la excepción más que la regla a efectos cuantitativos, aunque cualitativamente su influencia desestabilizadora se revelara determinante en el camino hacia la guerra. En la mayor parte de Europa, el paso de las democracias a los regímenes autoritarios se canalizó sobre todo a través de dictaduras organicistas de signo conservador —cuando no expresamente reaccionarias— apoyadas en los militares o en círculos monárquicos, por más que en algunas de ellas pudieran advertirse indicios de fascistización más o menos acentuados. Por añadidura, algunas de esas dictaduras canalizaron y cooptaron a los movimientos fascistas, sin darles alas y reprimiendo incluso sus veleidades de autonomía (Austria, Hungría, Rumania, Portugal…)[9].

Considerado el fenómeno en su totalidad, la quiebra de las democracias no derivó por tanto solamente de la depresión económica en la que se precipitó el mundo industrializado a partir de 1929. Se dio el caso de varias democracias de países capitalistas que superaron indemnes la crisis (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia…). Del mismo modo, distintos regímenes dictatoriales se constituyeron con anterioridad a la depresión: el régimen comunista de la Unión Soviética o el fascismo italiano, como se acaba de indicar, pero también varias dictaduras militares conservadoras de acuerdo a la cronología expuesta más arriba (véase la nota 4). Desde un plano exclusivamente europeo, sin embargo, no puede obviarse el nexo entre la crisis económica y el crecimiento del voto de las opciones extremistas, singularmente en los países situados en la zona central y oriental del continente. En su mayor parte, estos países padecieron una inflación crónica y con ellos se cebó la crisis financiera, de terribles consecuencias en las clases medias urbanas y rurales. Fue en ellos donde se manifestó con más fuerza el atractivo del fascismo o el tirón de sus replicantes revolucionarios. Por el contrario, la democracia aguantó mejor el señuelo autoritario en los países de la Europa más septentrional, cuyas instituciones estatales eran sólidas y cuyos sistemas parlamentarios habían resistido, e incluso se habían fortalecido, con el aumento de la competencia democrática, sostenidos por élites políticas y electorados que no renegaron de los mismos y mantuvieron su fidelidad a los valores liberales y pluralistas[10].

Como ha advertido Mark Mazower, la cultura liberal retrocedió cuando la polarización política situó progresivamente a buena parte de Europa al borde de la guerra civil. En muchos países, sobre todo los situados en la fachada más oriental y en los Balcanes, el experimento de la democracia liberal constituyó una auténtica novedad en el período de entreguerras, bastante ajena a las vivencias de sus ciudadanos. Una novedad que no fue bien digerida, que no alcanzó consenso ni popularidad suficiente y que desapareció con suma rapidez, tanto por la acción de sus enemigos como porque ese modelo democrático no siempre dispuso de respuestas frente a los desafíos inherentes a la política de masas, la industrialización, la quiebra del orden social tradicional y el nacionalismo etnicista:

Hacia los años treinta, todos los indicios señalaban que la mayoría de los europeos ya no deseaban luchar por la democracia; existían unas dinámicas alternativas no democráticas para hacer frente a los retos de la modernidad. Europa halló otras formas de orden político, autoritarias, no más extrañas a sus tradiciones y no menos eficaces como organizadoras de la sociedad, la industria y la tecnología[11].

En un período como aquel, de quiebra económica y política sin precedentes, con sociedades polarizadas tanto ideológica como culturalmente, muy lejos de unir a los ciudadanos el juego democrático ahondó las divisiones internas. La fragmentación partidista y la inestabilidad parlamentaria dificultaron la formación de gobiernos fuertes y el impulso de las reformas sociales y económicas precisas para salir de la depresión. Así, sectores crecientes de la opinión pública se plantearon la necesidad de revisar el sistema parlamentario tradicional, al que culpaban de ineficaz, corrupto y disgregador. Para las generaciones más jóvenes en particular, la democracia representativa fue perdiendo todo su atractivo, casi siempre a favor de modelos políticos basados en formas corporativas de representación. El organicismo, nacido de una idealizada visión del Antiguo Régimen, se propuso como solución al liberalismo racionalista e individualista. Las élites liberales, hegemónicas en tiempos no demasiados lejanos, quedaron ahora marginadas del escenario político. Muchos observadores advirtieron de que el verdadero problema residió ahí, en el escaso peso de tales élites y en la débil difusión de los valores liberal-democráticos entre los ciudadanos. Las grandes corrientes políticas en boga poco tenían que ver con esa tradición: ni el comunismo ni los fascismos, claro está, pero tampoco parte de la socialdemocracia y el conservadurismo católico o de cualquier otro signo (aristocrático, tecnócrata, militarista, etc.). Para los conservadores, su cuestionamiento de la democracia derivaba del enorme poder que se confería a los ciudadanos de a pie, así como de la pretendida incompatibilidad entre el juego democrático, el mantenimiento de la autoridad y la preservación del principio jerárquico:

Por expresarlo simplemente: ¿hasta qué punto existía una mentalidad democrática en la Europa del período de entreguerras? Juristas desilusionados sostenían que el problema no residía en un exceso de democratización en las constituciones sino más bien en una ausencia de valores democráticos en el pueblo […]. Credos antiliberales y antidemocráticos habían ganado terreno desde el último cuarto del siglo XIX. Tras la Gran Guerra, se difundieron rápidamente a través de un «evangelio de la violencia», más visible en el movimiento fascista pero común a muchos miembros de lo que luego un historiador llamaría la «generación de 1914». Formados en la contienda, los ideólogos extremistas preferían la violencia a la razón, la acción a la retórica […]. Algunos vieron la herencia de la guerra en la atmósfera de «combate interno» que polarizaba a la mayoría de los países de Europa y que logró su expresión jurídica en el concepto leninista de la guerra civil interna y en el «estado de emergencia» nazi[12].

Al tiempo que perdieron peso los valores liberales y el parlamentarismo, las formas de hacer política se transformaron. Antes que como partidos convencionales, los nuevos actores políticos (comunistas, socialistas revolucionarios, fascistas, radicales de derecha…) se articularon como movimientos que despreciaban la política institucional convencional. La lógica parlamentaria y las luchas electorales no se hallaban entre sus preferencias, aunque llegado el caso no las descuidaran. La consideración de los contrincantes políticos como enemigos —en vez de como adversarios— subyacía a una concepción excluyente y brutal de la política, que apelaba a utilizar la violencia y la venganza de forma más o menos sistemática según el movimiento de que se tratase. Lo que estaba en juego ya no era una competición reñida, pero pacífica, entre opciones de gobierno, sino una lucha de resultados irreversibles. Los nuevos actores políticos tampoco solían funcionar internamente de acuerdo a los patrones democráticos habituales, en la medida en que consideraban las reglas del juego como un medio hacia otro modelo de sociedad. Muy al contrario, el culto al líder carismático, la apología de la guerra y del militarismo, el gusto por la movilización permanente de los militantes, el culto público a los mártires del propio ideal y demás rituales de afirmación identitaria redondeaban su estilo político. Por ende, en general todas estas corrientes disfrutaron de un apoyo popular muy amplio. En lo que se refiere a las versiones más extremas, de nuevo pueden suscribirse las apreciaciones de Overy: «Las tácticas del bandolero y el matón se adaptaron concienzudamente a la dirección de los asuntos públicos. Liberales y demócratas se lamentaban del derrumbe de la moralidad política y el ascenso al poder de criminales respaldados por una tosca propaganda y una violenta represión[13]».

Después de la Gran Guerra casi ningún país escapó a esos cambios, un proceso caracterizado por George Mosse como brutalización de la política. Las violencias partidistas se multiplicaron en el difícil contexto de transición de la guerra a la paz. Finalizadas las hostilidades, la guerra se prosiguió de otra forma. Los lenguajes bélicos se mantuvieron en vigor así como el deseo de aniquilar totalmente al adversario, con la diferencia de que este ya no se hallaba solo en el extranjero, sino que también se localizaba en el interior del propio país. La deshumanización del enemigo fue una de las consecuencias más terribles del proceso de brutalización que salpicó todos los aspectos de la vida política. De manera creciente, los parlamentos se vieron minados por las intrigas de las facciones extremistas de distinto signo, que blandieron lenguajes radicales y maniqueos e imaginaron un mundo escindido permanentemente entre amigos y enemigos. Los estereotipos negativos difundidos por las propagandas y las retóricas en pugna tuvieron una eficacia mortífera al trasladarse a la calle a través de la violencia y las luchas interpartidistas. La tendencia creciente fue ver la vida política como una batalla que solo habría de cesar con la rendición incondicional del enemigo, convertido en el contramodelo de los valores y las formas de vida que había que preservar o imponer[14].

Cuando las fuerzas antidemocráticas se auparon al poder en los países en que la democracia sucumbió, millones de personas se identificaron con los nuevos sistemas políticos que se forjaron. Así sucedió, desde luego, con la Unión Soviética tanto dentro como fuera de sus fronteras. Por más que a posteriori, sobre todo en tiempos recientes, el comunismo soviético se haya considerado un «horroroso paréntesis» en la historia de Rusia y del mundo, generaciones enteras de izquierdistas se sintieron fascinados por los objetivos de su proyecto utópico totalitario. Millones de ciudadanos soviéticos contribuyeron a la construcción de esa experiencia política, haciendo oídos sordos a las derivaciones genocidas de miseria y terror que comportó desde sus inicios[15]. De la misma forma, y aunque ello se haya tendido a difuminar con el paso del tiempo, también millones de personas se sintieron deslumbradas en la época por los fascismos, el nacionalsocialismo o el corporativismo autoritario conservador. Las reflexiones sobre los totalitarismos a menudo han perdido de vista los nutridos apoyos sociales que confirieron legitimidad a dictadores como Lenin y Stalin, pero también a los de signo contrario: Mussolini y Hitler, por supuesto, pero también dictadores no propiamente fascistas como Pilsudski en Polonia, Salazar en Portugal, Metaxás en Grecia, Franco en España, Pétain en Francia, etc. De acuerdo con Jerzy W. Borejsza, los totalitarismos europeos fueron escuelas de odio que atrajeron a sectores de opinión muy amplios, movilizados, según los casos, contra los «enemigos de clase», «del pueblo», «de la nación», «de la religión» o «de la raza». Por doquier, durante el período de entreguerras las ideologías autoritarias y/o totalitarias ocuparon el lugar que las religiones y la fe tuvieron en otras épocas, sirviendo para justificar la activación del odio colectivo y los asesinatos políticos. Con esa coyuntura de telón de fondo, pero también mirando el conjunto del siglo XX, puede estimarse que la imagen wilsoniana de la democracia como fin último de las sociedades humanas solo fue una utopía más, a todas luces deudora de un optimismo desmedido e históricamente injustificado[16].

Lenin en la tribuna, por Gerasimov, Aleksandr Mijáilovich (1930). Vladimir Ilich Lenin, figura central de la Revolución Rusa, puso con su teoría y su práctica de la revolución las bases políticas de los regímenes totalitarios comunistas. El triunfo de la Revolución en Rusia fue un acicate para gran parte de la izquierda europea, que se inclinó hacia el comunismo revolucionario y que vio en la violencia una manera legítima de acceder al poder.

Como ha advertido el politólogo norteamericano A. James Gregor, el gran error de infinidad de analistas al estudiar las convulsiones que siguieron a la Primera Guerra Mundial ha sido aplicarles el esquema interpretativo de derechas-izquierdas, progreso-reacción o fascismo-antifascismo. En contraste con esa percepción, otros autores han mantenido que el universo político conocido desde las revoluciones bolcheviques y fascistas no se distinguió principalmente por los conflictos entre la derecha y la izquierda «sino por los conflictos entre democracias representativas e “ideocracias” antidemocráticas». Los enfrentamientos que verdaderamente imprimieron un sesgo característico al período —y a todo el siglo XX— fueron en realidad los que se dieron entre aquellos sistemas cuya legitimidad se basó en los resultados electorales y en la garantía constitucional de los derechos fundamentales, y aquellos otros cuya autoridad y legitimidad ha descansado y descansa «sobre la apelación a una ideología infalible, la dirección de un “líder carismático” y la persuasión armada de un partido hegemónico». Casi todos los grandes conflictos del siglo derivaron del choque entre las democracias representativas y sus adversarios antidemocráticos del signo que fueran, sin menoscabo del particular combate mantenido entre los fascismos y el comunismo. Desde esta perspectiva, entre las dos últimas fuerzas habría habido más paralelismos de lo que la mayoría de los estudiosos occidentales han estado dispuestos a reconocer[17].

Sin embargo, por chocante que hoy parezca, ese enfoque no siempre se ha tenido en cuenta. Para muchísimos pensadores cualquier sugerencia de que el fascismo y el comunismo (con sus correspondientes compañeros de viaje) pudieran compartir afinidades sustanciales resultó una afirmación intolerable. En este sentido, el que la Unión Soviética se alineara desde el verano de 1941 con las democracias occidentales en la lucha contra las potencias del Eje, así como los muchos millones de muertos que ello le supuso, fueron dos factores que contribuyeron a desvirtuar el análisis de los totalitarismos de izquierda antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Con posterioridad a 1945, no digamos unos lustros después, pocos se acordaban ya del pacto germano-soviético de agosto de 1939 ni de que Stalin ocupó con sus divisiones la mitad de Polonia prácticamente al unísono con los ejércitos alemanes. Además, ese mismo precedente condujo a que los marxistas de cualquier origen y condición se negaran a reconocer los heterodoxos orígenes marxistas del primer fascismo, como también rehusaron situar en el mismo nivel a los sistemas comunistas y fascistas. Hasta los años noventa del siglo XX cuando menos, rara vez se consideró a los primeros desde un prisma tan negativo como el que estigmatizó a los segundos, aun cuando se acabara aceptando (bastante tarde, dicho sea de paso) la realidad de las purgas y la naturaleza genocida del Gulag. Y eso que desde los años veinte diversos intelectuales habían denunciado la naturaleza del bolchevismo y que desde 1973 Alexander Solzhenitsyn había contado desde la propia experiencia las atrocidades del sistema estalinista. Durante siete largas décadas un número sorprendente de intelectuales occidentales siguieron viendo el experimento soviético como un esfuerzo dirigido a hacer realidad el sueño marxista de la igualdad y la paz universales. Si las referencias al fascismo siempre arrastraron un justificado oprobio moral, era raro tratar a los regímenes comunistas de la misma forma. Durante un tiempo igualmente llamativo se alimentó la convicción de que la Unión Soviética no era más «maligna» que los Estados Unidos de América. Como consecuencia de todo ello, «la cultura moderna se ha quedado sin una comprensión coherente de lo que significó la historia revolucionaria del siglo XX», cuando muy bien se podía haber suscrito desde antiguo la tesis de Richard Pipes de que el bolchevismo y el fascismo fueron dos «herejías del socialismo», sin duda separadas por muchas diferencias, pero vinculadas también por significativas similitudes[18].

Al igual que la historia de Europa del período de entreguerras, la Segunda República española no se ha visto libre de las percepciones simplistas y de las distorsiones mitificadoras, si bien ello ha afectado más a los debates políticos que a los círculos académicos. Desde los años setenta del siglo XX la historiografía española ha avanzado considerablemente en el estudio de los años treinta. Por tal razón, aquella década pasa por ser una de las mejor conocidas de la historia contemporánea de España, y ciertamente no faltan argumentos para sostener una conclusión así. Pocos aspectos de esa coyuntura han escapado a la lupa de los investigadores: el sistema de partidos, el marco constitucional, los procesos electorales, los movimientos sociales, los conflictos, las políticas reformistas emprendidas, las vicisitudes de la economía, el mundo de los intelectuales, el perfil biográfico de los principales personajes, etc. Incluso a escala local y regional, la floración de estudios ha sido extraordinaria, en paralelo a la multiplicación de recursos institucionales dirigidos a desentrañar las claves del pasado desde esa misma perspectiva[19].

Y, sin embargo, los autores del presente volumen consideramos que todavía no se ha dicho todo lo que cabría decir sobre los procesos políticos y los problemas que vertebraron la historia de nuestro país en aquel período, imposible de comprender al margen de lo que aconteció en el conjunto de Europa. Las investigaciones que subyacen a este libro encuentran su razón de ser en la insatisfacción compartida en torno a la idea de que la historia de la República no se ha desprendido del todo de las percepciones míticas que durante mucho tiempo han impedido un conocimiento cabal de su vida política. A través de su poderoso aparato de propaganda, a lo largo de cerca de cuarenta años la dictadura franquista se empeñó en proyectar una imagen extraordinariamente negativa y caótica de la República con el objetivo, subliminal o explícito, de justificar el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, así como de arrojar por la borda toda la historia del liberalismo español y justificar un tradicionalismo autoritario insufrible y un corporativismo rancio. Con esos precedentes, se entiende que la mayoría de los historiadores académicos optaran por alejarse de un enfoque tan ideológico y politizado, sobre todo una vez que, tras la muerte del dictador, se asentó la democracia en nuestro país. No es de extrañar, por tanto, que muchos de los mejores trabajos sobre la República (algunos todavía plenamente vigentes) se produjeran entonces.

Con todo, los estudios sobre los años treinta nunca se han desarrollado por completo al margen de la politización. Menos aún las opiniones y debates desplegados en los círculos políticos y de opinión. Recientemente, se ha podido comprobar con motivo de las polémicas creadas en torno a la mal llamada Ley de Memoria Histórica impulsada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, aprobada luego por el Parlamento español. Ello ha tenido mucho que ver con la larga sombra proyectada retroactivamente por la Guerra Civil y la dictadura franquista sobre la República y la reciente Transición a la democracia. Es decir, la confrontación política e ideológica en torno a la denominada «crisis española del siglo XX» ha dificultado enormemente la pretensión de estudiar la República en sí misma y con afanes solo científicos. Habitualmente, ha primado más la perspectiva de verla como el antecedente que desembocó en el choque armado más sangriento de la historia de España. En consecuencia, las percepciones interesadas —de glorificación exagerada o de condena sin paliativos— siguen lastrando el trabajo de los historiadores al tiempo que continúan envenenando los debates públicos. En este sentido, a nuestro modo de ver, las trifulcas sectarias relacionadas con la memoria histórica han supuesto una auténtica involución intelectual al dar alas, a diestra y siniestra, a polemistas de tres al cuarto que —con la implicación de más de un historiador— no se han privado de lanzar a los cuatro vientos sus tesis maniqueas, contribuyendo a fijar interpretaciones históricamente muy discutibles, cuando no a todas luces aberrantes.

Los historiadores agrupados en este libro estamos convencidos de que una aproximación fría, distanciada y académica a los años treinta es factible sin necesidad de tomar partido en las polémicas ideológicas actuales, tan artificiosas como absurdas. Bajo tal premisa, en Palabras como puños nos hemos preguntado sobre la naturaleza de la democracia republicana atendiendo a una dimensión que, a nuestro juicio, hasta ahora no había recibido suficiente atención: el impacto de las retóricas de intransigencia y de la violencia política en el escenario público, un termómetro ideal, creemos, para calibrar las características, la calidad y el alcance del proceso democratizador iniciado en la primavera de 1931 y abortado abruptamente en el verano de 1936. Un proceso desarrollado, además, en un contexto europeo y mundial extraordinariamente problemático (depresión, auge de los fascismos y las dictaduras, expansión de la Unión Soviética…), que no dejó de repercutir en España. De hecho, la radicalización, debates y miedos colectivos también se acrecentaron aquí al socaire de las nuevas ideas y de los nuevos discursos en boga: por un lado, los que grosso modo tomaron como punto de referencia al «fascismo» —identificado en la izquierda con toda dictadura de derechas— y, por otro lado, los que de modo igualmente genérico miraban al «comunismo», confundido entre los sectores conservadores con cualquier opción revolucionaria. Así pues, este estudio se centra en analizar las culturas políticas de los actores del período y su reflejo cotidiano. Por ello, tan importante nos ha parecido estudiar lo que dijeron como lo que hicieron. Pero no todos los actores, sino aquellos que o bien se opusieron frontalmente desde el principio a la democracia republicana, o bien sostuvieron una estrategia de semilealtad en medio de graves desencuentros y rupturas. Las opciones inequívocamente democráticas, aquellas que aceptaron la República y que la concibieron como un marco de convivencia susceptible de construirse entre todos los españoles, no se han tenido en cuenta aquí. Pero haberlas, las hubo y muy importantes.

En este libro, por tanto, no se ha aspirado a responder a todas las grandes cuestiones que cabría plantear para una comprensión global de lo que fue y representó aquella experiencia política. Preferentemente, se ha buscado analizar a fondo los discursos, los valores, las actitudes y las estrategias intransigentes para calibrar, en suma, el impacto de la brutalización de la política en el caso español. Se ha intentado desentrañar su complejidad centrando la atención en unos cuantos ejes básicos a los que se ha buscado dar respuesta en todos los capítulos: la idea de democracia que tuvieron las fuerzas analizadas, la concepción de la República, la valoración de las instituciones representativas, la consideración del adversario, el valor de las elecciones como mecanismo de alternancia en el poder, el grado de respeto a las reglas del juego establecidas, la proyección o no de los valores democráticos en la vida diaria, la violencia como instrumento aplicado a la lucha política, etc. En este ejercicio, en ningún momento se ha querido juzgar a los protagonistas de aquel pasado, pues como historiadores no nos correspondía esa labor. Lo que sí se ha pretendido ha sido comprender e interpretar los hechos —con todas las limitaciones que se quiera— en una de las etapas más enrevesadas de nuestra historia, así como contarlos de la forma más imparcial posible. En el fondo, este libro se interroga sobre las muchas dificultades que tuvieron que encarar los procesos democratizadores durante el siglo XX en España, en Europa y en el mundo, máxime los que se desenvolvieron en un marco temporal singularmente adverso, como fue el que padeció Europa en la época que nos ocupa.

Como otros casos nacionales, la España de entreguerras tuvo sus peculiaridades. Por lo pronto, aquí la crisis del parlamentarismo y de la democracia se produjo a partir de dos impulsos discontinuos: el que se manifestó a partir de septiembre de 1923, con la Dictadura de Primo de Rivera, y el que se inauguró en julio de 1936, con el estallido de la Guerra Civil, de la que emergió la dictadura del general Franco. En segundo lugar, cabe destacar que en nuestro país las dos rupturas autoritarias reseñadas no se vieron precedidas ni por un movimiento fascista fuerte ni por el desarrollo de una opción comunista capaz de abrir las puertas a un proyecto revolucionario de consideración. Los dos regímenes yugulados en las fechas citadas —el régimen liberal de la Restauración, primero, y la Segunda República, después— sí tuvieron que lidiar en cambio con otras fuerzas que no carecían de envergadura y que, en mayor o menor grado, contribuyeron a socavarlos. A saber: un movimiento anarcosindicalista revolucionario muy potente; un catolicismo autoritario y antiliberal que se acabó convirtiendo en una poderosa fuerza política; un socialismo marxista no menos poderoso que se despeñó por el abismo de la radicalización; y un pretorianismo militar, jaleado por los minoritarios grupos monárquicos y fascistas, cuya vocación intervencionista en la vida pública resultó a la postre letalmente decisiva en la destrucción del parlamentarismo y la democracia. No menos importante para entender la debilidad de la República fue también la actitud de algunos de los que, en principio, solo cabía esperar una acérrima defensa de la democracia liberal; así, una parte considerable de la izquierda republicana, también estudiada en este libro, cuyo dogmatismo y empeño exclusivista le condujeron a concebir una democracia en la que solo pudieran gobernar sus fundadores, es decir, una democracia huérfana de pluralismo liberal y demasiado condicionada por la pauta revolucionaria.

Ciñéndonos a la República, aunque de tarde en tarde se glorifique el mito, esta experiencia democrática y sus élites rectoras tuvieron muy poco de modélicas, hasta el punto de que solo de forma forzada se les puede considerar antecesoras de la democracia española actual. Bien es cierto que pocas democracias se caracterizaron en la Europa de entreguerras por su ejemplaridad, salvo algunas de las que sobrevivieron a la imparable oleada autoritaria (Gran Bretaña, Noruega, Suecia, Dinamarca…). La República española no fue por tanto una excepción, sino todo lo contrario. Más allá de los avances que impulsó (la extensión del sufragio a las mujeres, las reformas sociales, la ampliación de los derechos ciudadanos a las capas populares, la política educativa…) dejó mucho que desear como régimen pluralista basado en el pacto y en el consenso. En este aspecto, tuvieron una gran responsabilidad, qué duda cabe, las fuerzas políticas y sociales que no se identificaron con el proyecto democratizador iniciado en 1931. A esas alturas, desde el ensayo dictatorial primorriverista, una porción importante de la opinión conservadora había tirado por la borda los valores liberal-democráticos. En esta línea, cabe advertir que la ruptura de 1923 marcó un punto de difícil retorno en el universo de las derechas al quebrar una tradición constitucional con más de un siglo de historia, al ser desarticulados los viejos partidos liberales y al legitimarse el uso de la fuerza como mecanismo de acceso al poder. Desde entonces se dio alas a la configuración de una Nueva Derecha (en realidad habría que hablar en plural) que solo se hallaba en embrión, y cuya cohesión y relativa uniformidad solo se logró, no sin dificultades, a partir de la Guerra Civil. Salvo excepciones individuales más bien contadas, los grupos políticos que nutrieron ese abundante caudal autoritario (monárquicos tradicionalistas, carlistas, católicos corporativos, fascistas) no miraron a la democracia liberal como punto de llegada.

Pero la República no solo encontró obstáculos en su flanco derecho. La puesta en cuestión de esta democracia también partió del universo —igualmente plural— de las izquierdas, en particular de las izquierdas revolucionarias. Los comunistas, que eran pocos, y sobre todo los anarcosindicalistas le declararon la guerra a la República prácticamente nada más nacer. De hecho, hasta 1934 el principal escollo interpuesto en el camino de la democratización fueron los segundos. Su protagonismo antidemocrático durante esas fechas fue mucho más importante que los impulsos desestabilizadores lanzados desde el mundo conservador. Aunque nunca tuvieran posibilidades de derrocar al régimen, los tres intentos insurreccionales que apadrinaron los anarquistas con las armas en la mano crearon serias dificultades al Gobierno para aplacarlos, por no hablar de la constante agitación cotidiana que sostuvieron en el mercado laboral. Más tarde, agotados los partidarios de la utopía ácrata, fueron los socialistas —tras salir del poder en la segunda mitad de 1933— los que tomaron el relevo de la insurrección violenta frente a la legalidad republicana, por más que ellos hubieran sido una de las fuerzas que contribuyeron decisivamente al alumbramiento de la joven República. La escalada revolucionaria de 1934 y la constante agitación de la primavera de 1936 generaron grandes problemas a los gobiernos y desgastaron intensamente al régimen, animando a no pocos españoles a creer a pies juntillas en la existencia de una lucha a suma cero entre los partidarios de la revolución y los defensores de la civilización cristiana. Por último, aunque no equiparables con las izquierdas revolucionarias, los sectores del republicanismo más radical (jabalíes, jacobinos, nacional-populistas…), erigidos en defensores a ultranza de la República, alimentaron sin embargo una cultura política excluyente de la que se derivaron devaneos autoritarios y tentaciones insurreccionales que no ayudaron a consolidar —sino que más bien minaron— la fortaleza del sistema democrático.

En medio de ese panorama, se entiende que la preponderancia de las culturas políticas excluyentes no desactivara los importantes conflictos sociales e ideológicos del momento. Como estaba ocurriendo en otras partes de Europa, la democracia pluralista, concebida como un vehículo para facilitar la alternancia y canalizar el conflicto de forma pacífica, no era objeto de predilección mayoritaria entre la élite política española de los años treinta. De hecho, los discursos moderados e integradores, basados en la consideración del pluralismo de valores como algo positivo, apenas pudieron hacerse hueco. Es verdad que el diseño institucional de la democracia republicana no fue el más acertado para favorecer a los moderados —léase, por ejemplo, el régimen electoral o la presidencia de la República— pero, como ponen de manifiesto los trabajos recogidos en este libro, la dificultad para asentar un régimen democrático en la España de los años treinta tuvo mucho que ver con el muy generalizado desprecio de los actores políticos hacia la cultura liberal del pacto. La transacción, antaño valorada como un factor de peso para alcanzar unas reglas del juego comunes y duraderas, era identificada a uno y otro lado del espectro político como una traición a los ideales propios. Actitudes como pactar y dialogar, fundamentales en cualquier sistema que aspire a proteger y amparar el pluralismo social y político, fueron denostadas como parte de otra época ya extinta. De este modo, la moderación en el lenguaje, la prudencia en el uso de las descalificaciones, el respeto por los procedimientos o la consideración generosa del adversario, brillaron casi siempre por su ausencia. Ciertamente, el éxito de culturas políticas que animaban o justificaban la violencia y la victoria total sobre el adversario tenía mucho que ver con el total desprecio de la democracia formal. Para unos, porque esta era sinónimo de opresión burguesa y de utilización del Estado al servicio de los poderosos, y para otros, porque la identificaban con la debilidad del Estado frente a la revolución y la disgregación social.

Aquella España de los años treinta fue, en definitiva, una pieza más en el complejo escenario político que se conformó en Europa entre 1914 y 1945. Un escenario que a partir de 1939 se precipitó de nuevo en el abismo de una gran conflagración bélica, aún más terrible y mortífera que la primera, pero cuyo devenir y final no estuvieron en ningún momento predeterminados para los contemporáneos. Tampoco en España, pieza adelantada en la destrucción de la democracia como puso de manifiesto la guerra que estalló en 1936. En este orden de cosas, por muy convulsa y agitada que fuera la vida política de la Segunda República —que sin duda lo fue—, cabe sostener, frente a las simplezas que se cuentan por ahí, que ni la Guerra Civil comenzó en octubre de 1934 ni tampoco resultó en ningún momento un desenlace inevitable. Lo que sí puede subrayarse es que, en los cinco años escasos que duró aquella experiencia, las fuerzas políticas en liza fueron responsables de sus actos y de las estrategias, discursos y valores que defendieron. A tenor de cómo plantearon sus artífices la democratización, de las resistencias que despertaron a su paso, de los lenguajes excluyentes que se esgrimieron, del desarraigo de los valores liberales y de la omnipresencia de la violencia, bien puede afirmarse que todo ello debilitó la democracia republicana, dando pie a que desde muy pronto se contemplase el enfrentamiento bélico como un desenlace probable. Pero nunca nada estuvo escrito de antemano. De hecho, hasta el final pudo haberse evitado la tragedia de 1936-1939 y la dictadura que vino después.

El libro que el lector tiene en sus manos es fruto de un esfuerzo colectivo coordinado y cohesionado cuyo diseño se esbozó hace varios años. Este no es el típico volumen trasunto de las actas de un congreso o de un seminario académico donde los trabajos presentados conforme a cierta afinidad temática se publican luego ordenados de forma más o menos ingeniosa. Palabras como puños reúne una serie de investigaciones originales, basadas en fuentes primarias, que han respondido a una metodología y a unos objetivos compartidos, y que también han tenido en cuenta la bibliografía disponible relacionada con los actores y problemas abordados. El esfuerzo realizado por este grupo de historiadores, especialistas en historia contemporánea y del pensamiento político, se ha realizado con el respaldo y la financiación de dos proyectos de investigación obtenidos en concurso público a cubierto del Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento del Ministerio de Educación y Ciencia (Referencias: SEJ2005-04223 y HARD2009-11492). Desde aquí queremos mostrar nuestro agradecimiento a esta institución por el apoyo que nos ha prestado. Los capítulos del libro han sido discutidos por todos los integrantes del equipo en debates largos y enjundiosos. Naturalmente, se ha respetado la libertad de cada uno en la confección de sus respectivos textos, por más que al hilo de las discusiones todos nos hayamos enriquecido con las apreciaciones y sugerencias de los demás.

PRIMERA PARTE

Libertarios y marxistas

Capítulo I

Negras tormentas sobre la República.
La intransigencia libertaria

Gonzalo Álvarez Chillida

Negras tormentas agitan los aires,

Nubes oscuras nos impiden ver.

Aunque nos espere el dolor y la muerte

Contra el enemigo nos llama el deber.

La Varsoviana (letra española)[1]

El 14 de abril de 1931 se proclamó la República en España en medio de la alegría desbordada, compartida por amplísimos sectores de la sociedad, principalmente entre las clases medias, los obreros urbanos y los campesinos pobres y sin tierras. Obreros y jornaleros confiaron en que el nuevo régimen traería un cambio drástico en las relaciones de poder que se traduciría en sustanciosas mejoras de sus condiciones laborales y sus niveles de vida. Pero no pocos pensaban que todas esas venturas no serían sino un paso hacia la dicha completa, la emancipación total del proletariado mediante la colectivización de los medios de producción. La revolución social era algo que llevaba más de medio siglo predicándose en España por parte de libertarios, socialistas y comunistas, aunque cada cual tuviera sus recetas para alcanzarla y organizar luego la sociedad. El Luchador, semanario del viejo anarquista Federico Urales (Joan Montseny), saludaba a la República «salida del pueblo» y pedía «no poner dificultades a la marcha de la República imponiéndole condición y haciéndole demandas». Pero preveía también que «poco a poco» vendrían las claudicaciones, y cuando las masas se desencantaran sería el turno de la revolución anarquista. Aunque ello fuera en el futuro, pedía a las nuevas autoridades que abandonaran entonces el poder sin resistencia, igual que los monárquicos se lo habían dejado pacíficamente a ellos. Como sabemos, insurrecciones hubo durante la República de muy diferente signo, pero en absoluto fueron pacíficas. Las «nubes oscuras» de la Varsoviana terminarían por desencadenar una negra tormenta de tres años, que además de provocar enormes cantidades de dolor y de muerte trajo la imprevista victoria total de la contrarrevolución; el definitivo hundimiento del anarquismo español[2].

Tras un período marcado por el terrorismo y la represión, los libertarios españoles retornaron a la vía sindicalista, con el modelo de la CGT francesa, y fundaron en 1910 la Confederación Nacional del Trabajo. En la convulsa posguerra, los años 1918-1920, la CNT superó ampliamente el medio millón de afiliados, la gran mayoría en Cataluña. Pero el pistolerismo y la represión desbordaron a la dirección sindicalista de Seguí y Pestaña y condujeron al desmantelamiento de la organización. Bajo la Dictadura de Primo de Rivera, la CNT pasó a la clandestinidad, mientras se reforzaba la colaboracionista central socialista (UGT)[3]. La trayectoria del anarcosindicalismo en España no difería mucho de la de otros países, cuyo auge en la inmediata posguerra decayó después con el reflujo de la agitación obrera, la escisión del sindicalismo comunista y la represión de las nuevas dictaduras, con excepción de la FORA argentina y la SAC sueca. Cuando las centrales anarcosindicalistas se unieron en 1922 en una nueva AIT, su debilitamiento era ya irreversible[4].

La CNT, integrada también en la AIT, sería la gran excepción durante los años treinta. Tras la caída de Primo de Rivera volvió a legalizarse y resurgió en sus bastiones tradicionales, aunque la afiliación masiva se produjo tras el 14 de abril. Pero resurgía con sus profundas divisiones. El ala sindicalista de Ángel Pestaña y Joan Peiró, que controlaba los comités confederales, defendía el reforzamiento de la organización en la legalidad, mediante la acción sindical directa, sin la intervención del Estado en los conflictos con los patronos. Una vez reforzados, los sindicatos protagonizarían la revolución social y organizarían después el nuevo orden económico y social libertario. Contrarios a esta línea legalista, muchos grupos anarquistas se habían unido en 1927 en la Federación Anarquista Ibérica (FAI). Inspirados por Diego Abad de Santillán desde el exilio argentino, propusieron su «trabazón» con la CNT, de modo que los comités confederales tuvieran una composición paritaria a fin de asegurar su pureza doctrinal[5].

Pero la FAI no dejaba de ser una organización heterogénea y débilmente articulada bajo su Comité Peninsular, en la que convivían teóricos como Abad con antiguos pistoleros de los grupos de acción. Aunque el más famoso de estos, Los Solidarios, no se integraría en ella hasta 1933 con el nombre de Nosotros. Sus miembros más carismáticos entre las bases anarcosindicalistas eran Francisco Ascaso y Buenaventura Durruti, ambos exiliados, y Juan García Oliver, el estratega, que permanecía en la cárcel. Los Solidarios propugnaban que minorías de combate bien preparadas arrastraran a las masas sindicales a la revolución, defendida inicialmente de sus enemigos internos y externos por una fuerza armada revolucionaria, antes de poder pasar al comunismo libertario. También al margen de la FAI, pero en sus aledaños, permaneció un grupo bien distinto, el de la familia de Juan Montseny (Federico Urales) y Teresa Mañé (Soledad Gustavo), propagandistas de la «Idea» desde los años del proceso de Montjuich y de la Semana Trágica, conocedores de las grandes figuras del anarquismo español e internacional. En 1931 publicaban La Revista Blanca, cultural y doctrinaria, y el semanario El Luchador, y editaban novelas, cuentos y libros de divulgación. Con ellos vivían y colaboraban su hija Federica Montseny, y su yerno Germinal Esgleas. Los Urales no dejaron de ejercer influjo en el anarcosindicalismo de la República, aunque tenían no pocas enemistades. Defendían un anarquismo puro, basado en la libertad individual ilimitada y la libre asociación a partir de los municipios libres, y recelaban de la organización sindical por su estructura burocrática. No ingresaron en la CNT hasta junio de 1931[6].

Los libertarios españoles participaron activamente en las conspiraciones contra la Dictadura y la Monarquía, dentro del ciclo de insurrecciones político-militares que se inició tras la sublevación de Primo de Rivera, que había vuelto a legitimar la vía de la fuerza para alcanzar el poder. Pero los anarquistas radicales se unieron siempre a los conspiradores más extremistas, como los militares Ramón Franco, Fermín Galán y Alejandro Sancho, que participaban en los complots para intentar desbordarlos. En noviembre de 1930 un pleno nacional de la CNT decidió secundar con la huelga general la insurrección republicana, sin comprometerse a más. El fracaso del 12 y 15 de diciembre provocó el cierre de sindicatos y la detención de varios dirigentes[7].

Fracasada la vía revolucionaria, la conjunción republicano-socialista decidió participar en las elecciones municipales del 12 de abril. Solidaridad Obrera, órgano confederal barcelonés, desconfiaba de la vía electoral y temía que, incluso si ganaba la conjunción, acabara integrándose en el régimen monárquico[8]. Un editorial que parafraseaba en el título al «judío Cambó», «¿Monarquía? ¿República? ¡Revolución!», decía aborrecer a ambos regímenes, incompatibles con la justicia y la libertad. Pero añadía; «los anarquistas debemos sumarnos a la fuerte corriente contraria al régimen e impulsar la revolución» en la dirección libertaria, aunque se quedara finalmente en «una república burguesa», pues la monarquía era «incompatible con el mínimum de libertad, base de la vida ciudadana». Durante la campaña el diario se volcó en atacar la monarquía, mientras anunciaba actos de la Esquerra Republicana (ERC), elogiaba a su líder, Macià, y entrevistaba a Manuel Azaña, por su «indudable valor de orientación para nuestros camaradas[9]».

Tierra y Libertad, el semanario de la FAI, incidía más en la crítica al proceso electoral, alejado del apoyo solapado a la opción del mal menor, y llamaba al pueblo y a los anarquistas a la acción revolucionaria. Muy parecida era la actitud de El Luchador[10]. El resultado electoral, y la posterior proclamación pacífica de la República, debió de coger a los anarquistas un poco por sorpresa.

1. DEL 14 DE ABRIL AL CONGRESO DEL CONSERVATORIO

La CNT tuvo sin duda éxito al promover poco sutilmente el voto antimonárquico. Probablemente no se había necesitado un gran esfuerzo, pues sus bases siempre habían manifestado simpatías por el republicanismo histórico. La CNT había mantenido, además, en muchas ocasiones, estrechos vínculos con los republicanos catalanistas de Companys y Domingo, integrados ahora en ERC, con los radicales de Lerroux, con los federales y, en Asturias, también con los reformistas. En Gijón el apoyo a la candidatura republicana fue explícito[11].

El 14 de abril los comités confederales nacional, regional de Cataluña y local de Barcelona, difundían mediante octavillas una proclama «Al pueblo español», felicitándose por la caída del «nefasto Borbón» y por el triunfo popular, aunque «No nos entusiasma una república burguesa», que llamaban a defender, no obstante, frente a cualquier intento de la reacción, por lo que convocaban una huelga general en Cataluña «a la expectativa de los acontecimientos». Exigían también la inmediata libertad de «nuestros presos», que de hecho se encargaron ellos mismos de sacar de la Modelo de Barcelona, y anunciaban «otras condiciones». Macià prohibió su difusión por radio. Esa noche Solidaridad Obrera redactaba un editorial explicando la huelga por el miedo a un golpe monárquico, y para «afirmarse» (la Confederación), «para que sus derechos sean reconocidos» por la República, que había que defender, pero quizás atacar «si fuera preciso». Esta actitud recelosa desapareció al día siguiente. El editorial del 16 saludaba el «hecho histórico» vivido, por el que «España se pone a la cabeza de la civilización» en el camino del progreso, que culminaría «mañana» en la revolución social. Los comités reunidos habían rechazado integrarse en el Gobierno catalán de Macià, pero mantuvieron relaciones con él a través de Pestaña. Una improvisada asamblea de comités, militantes y representantes de la FAI ratificó el 15 todas las decisiones y acordó elevar a Macià una serie de peticiones, que incluían la disolución del Somatén, de los mossos d’esquadra y de la Brigada Policial antianarquista, y la destrucción de sus ficheros. Tras la amnistía, las promesas de Macià y el nombramiento de Companys como gobernador provincial, se desconvocó la huelga[12].

El gran aumento de afiliación confederal tras el 14 de abril se vio favorecido en Cataluña por el desmantelamiento de los Sindicatos Libres, rivales de la CNT desde los años del pistolerismo, protegidos por la dictadura. El extremismo político de sus líderes les había enfrentado incluso al Gobierno monárquico. Companys ordenó registrar sus sedes, encontrándose bombas y pistolas, y detuvo a sus comités. Militantes de la CNT las saquearon después y asesinaron impunemente a veintidós de sus miembros durante las primeras semanas de la República[13]. En el congreso de junio se dijo contar con 535 000 afiliados, de los que 291 000 corresponden a Cataluña, pero en los meses siguientes se debió alcanzar la cifra de 800 000, especialmente por el enorme crecimiento en Andalucía, que en diciembre triplicaba los 108 000 afiliados de junio. Desde 1932 la radicalización revolucionaria, la crisis interna, con las escisiones de treintistas y comunistas, y la pérdida de huelgas, iniciaron el descenso, que se acentuó con las represiones posteriores. Solo en 1936, bajo el Frente Popular, se produjo una recuperación parcial. El descenso mayor y más temprano, desde septiembre de 1931, lo sufrió la CRT catalana. Sus 321 000 afiliados de agosto eran 254 000 en diciembre y 149 000 en 1933, tras la escisión treintista. Los Sindicatos de Oposición (SSOO) catalanes alcanzaron ese año 43 000 afiliados, y con los levantinos y onubenses más de 70 000. En Andalucía los más de 300 000 afiliados de fines de 1931 se habían reducido a 207 000 en la primavera de 1934. Los dos grandes bastiones tradicionales de la CNT, Cataluña y Andalucía, fueron los que menos se recuperaron en 1936, alcanzando en el congreso de mayo en Zaragoza 134 000 y 150 000 afiliados respectivamente. Por el contrario, en Aragón no hubo crisis en 1932 y 1933, y en la provincia de Madrid, sin tradición libertaria, los 6000 afiliados de junio de 1931 ascendían a 32 000 en mayo de 1936, de los que más de la mitad trabajaban en la construcción[14].

A fines de 1931 la CNT mostraba un indudable peso en el movimiento obrero español. Absolutamente hegemónico en Cataluña y la provincia de Cádiz, era mayoritario o equiparable a la UGT en Aragón y Levante, Sevilla, Málaga, Córdoba y las ciudades atlánticas gallegas, y estaba bien implantada en Asturias y el resto de Andalucía, mientras crecía en Madrid y en el País Vasco. Entre las causas del fuerte arraigo inicial y la larga perduración del anarcosindicalismo español, hegemónico hasta 1923, parecen decisivas las características del Estado español, con un masivo fraude electoral, ineficaz en proporcionar servicios sociales, y que afrontaba la conflictividad obrera como un problema de orden público, mientras una tímida legislación social era frecuente e impunemente ignorada por los patronos, que confiaban en que las fuerzas del orden se encargarían, en última instancia, de las protestas obreras. Todo ello bloqueaba la estrategia socialista de lucha política y reformismo sindical y favorecía la acción directa de la CNT. Aún así, en los años treinta los obreros españoles tenían niveles de consumo, educación y asistencia sanitaria muy inferiores a los franceses[15]. Pero las cosas habían comenzado a cambiar en los años de Primo de Rivera, con el desarrollo económico, el corporativismo laboral y el inicio de la modernización del gasto público, que se acentuaría con la República, sobre todo en educación y obras públicas[16]. Desde 1931 la UGT, cuyo secretario general, Largo Caballero, era el ministro de Trabajo, consolidaba su hegemonía sindical y amenazaba, sin duda, a la CNT. Pese a su reconstrucción sus dirigentes eran conscientes de la excepcionalidad del anarcosindicalismo español y de los peligros que se abrían en el horizonte. Las respuestas que se buscaron difirieron enormemente entre unos sectores y otros.

Los sindicalistas que controlaban la CNT y SO pensaban que lo prioritario era alcanzar el «reconocimiento» de la central por las nuevas autoridades, lo que suponía la plena libertad de asociación, reunión y propaganda, junto con la libertad para la acción sindical directa, sin intervención estatal. Las mejoras laborales obtenidas atraerían a las «masas» obreras y fortalecerían a la Confederación, que sería así más respetada y estaría más preparada para protagonizar la revolución social y dirigirla luego hacia el comunismo libertario. Esta concepción «constructiva» de la revolución precisaba de la legalidad y evitaba agitaciones estériles que provocaran la represión[17]. Sus dirigentes eran conscientes de la amenaza que suponía la presencia socialista en el Gobierno de Madrid, pero confiaban en que el de Barcelona defendiera sus intereses y evitara que la política social caballerista se aplicara en la Cataluña autónoma, el gran bastión confederal, sede de su CN. Pensaban que para lograrlo había que manifestar a las próximas Cortes Constituyentes «que sería muy peligroso legislar, en el orden social, olvidándose de lo que representa y pretende la CNT[18]».

En las primeras semanas Solidaridad Obrera manifestó su apoyo a la República, un gran progreso ante el avance mundial del fascismo y la reacción. Por eso, sin ser republicanos, «nos inclinamos a defender este mínimo de derechos conquistados contra los posibles ataques de la reacción. Por esta misma razón sería absurdo que inoportuna y sistemáticamente se hostilizara al régimen nuevo en nombre de los principios revolucionarios». Lo que no obstaba para denunciar los «errores y complacencias» de las autoridades[19]. La primera complacencia denunciada fue la supuesta lenidad de la República ante los siniestros planes de sus enemigos, ya fueran el clero, la Lliga o los pistoleros de los Libres. El Gobierno permitía la huida del rey, de Martínez Anido y demás «enemigos del pueblo», o les dejaba en libertad, traicionando a ese pueblo que «pide justicia» y al que había que armar. «Si la República quiere vivir tendrá que bautizarse, mal que le pese, con la sangre de estos déspotas, miserables y perjuros.» La intransigencia libertaria con los enemigos derechistas de la República era, como se ve, una obsesión desde el primer día. En este contexto se criticó por primera vez al presidente Alcalá Zamora, liberal y republicano, pero que iba a misa: «Las ideas son todas respetables pero la República no puede entrar en la Iglesia si no es para destruirla; ya que de lo contrario, la Iglesia hará todos los posibles para destruir a la República. Los enemigos de la libertad conspiran. Si el Gobierno en vez de montar una guillotina para ejecutar a los traidores, se arrodilla ante los altares, la suerte de la república está echada[20]».

Federico Urales coincidía con SO en la necesidad de una táctica moderada y legalista. El Luchador del 24 de abril sostenía que la República iba bien encaminada hacia el federalismo —decía— y el laicismo, que haría que la Iglesia fuera sostenida por sus feligreses. No había que exigirle más de lo que «puede dar y de lo que está dando». Los anarquistas debían difundir su doctrina, aprovechando «las libertades espirituales», y preparar la revolución. El radicalismo convertiría a los anarquistas en «instrumentos del clericalismo y del capitalismo, ayudándoles a derribar la República de tan buena disposición». Poco después afirmaba que el anarquismo «tiene sus raíces en la ideología republicana», en «las ideas de libertad, de igualdad y de fraternidad». Hablaba el viejo admirador de Pi y Margall, compañero de tantos presos republicanos en el célebre proceso de Montjuich[21].

Pero un sector del movimiento libertario se dispuso a combatir a la República desde el 15 de abril. García Oliver cuenta en sus memorias que al salir de la cárcel le disgustó la República «modosita», «sin haber pasado por la revolución», y también la actitud reformista de los dirigentes de la CNT. Se propuso entonces impedir la consolidación de la República «burguesa» mediante acciones de «gimnasia revolucionaria», lideradas por los grupos de defensa confederal. La espiral represiva radicalizaría a los trabajadores y provocaría a la reacción, cuyo enfrentamiento con la República propiciaría su hundimiento y el triunfo de la revolución anarcosindicalista. Junto a varios miembros de la FAI, encabezados por el secretario de su Comité Peninsular, Juan Manuel Molina (Juanel), proyectaron celebrar el 1.o de mayo un mitin sobre una camioneta, junto al local donde se celebraba el de la CNT, bajo las banderas rojinegras con las siglas CNT y FAI. Tras leerse una lista de peticiones para el presidente Macià, se «improvisó» una gran manifestación hasta la plaza de la República. La comisión de cabeza logró penetrar en el palacio de la Generalitat provisional, mientras los mossos d’esquadra intentaban cerrarles el paso, temerosos de un asalto al edificio, y, al parecer, hubo un disparo junto a la entrada que desencadenó una ensalada de tiros entre pistoleros (más de cien, según Oliver) y las fuerzas del orden. La llegada de tropas pacificó la situación. La prensa libertaria culpó de los hechos a una (inverosímil) provocación preparada por las fuerzas del orden y pistoleros del Libre. El Luchador pedía, no obstante, que no se volvieran a organizar manifestaciones en las que se pudieran infiltrar provocadores antirrepublicanos. El balance que hacía era el de un guardia de seguridad muerto, otros dos heridos, y varios manifestantes también heridos, alguno grave[22].

Parece claro que Oliver y sus «gimnastas» armados prepararon una provocación para desbordar a las nuevas autoridades. La lectura de Tierra y Libertad, órgano de la FAI, corrobora esta interpretación. Tras el 14 de abril su primer editorial no dejaba de ser ambiguo: «Saludemos el advenimiento de la República con un gesto de cordialidad, no de renunciamiento ni de claudicación.» Llamaba a defenderla frente a la reacción, pero también a «ponernos en guardia» contra ella, por su conservadurismo, manifestado con el mantenimiento de la Guardia Civil, la huida de los monárquicos y la transigencia con «la tradición religiosa». Llamaba al pueblo a radicalizar revolucionariamente el nuevo régimen y hacerlo «lo más democrático posible». Criticaba a la dirección moderada de la CNT por haber desaprovechado el vacío de poder del día 14 para imponer, por ejemplo, la jornada de seis horas y el control obrero, y pedía que todos los comités confederales estuvieran en manos de la FAI. Pero decía también que radicalizar la República no era enfrentarse a ella y posponía la revolución libertaria para «un mañana tal vez lejano». Revolución incluso pacífica si la República era neutral en la lucha de clases, permitiendo a los obreros arrancar conquistas a la burguesía[23].

En el número siguiente la fórmula «o Evolución social o Revolución social» se convertía en una amenaza de revolución violenta y vengativa si se impedía la evolución con la fuerza. El semanario llamaba a todos los trabajadores a imponer pacíficamente la jornada de seis horas, abandonando la labor pasado ese período, intentando desbordar así a la dirección confederal, que tuvo que desmentir que hubiera dispuesto la medida. Y el número del 1 de mayo, día del mitin de la camioneta, Tierra y Libertad llamaba abiertamente a la «guerra sin cuartel a la sociedad constituida», mediante una revolución vengativa de «nuestros justos rencores», aunque se llegaran a excesos, disculpados «por los excesos de opresión y de tiranía sufridos». «Día 1.o de mayo. Día de revolución. Día de sangre y de fuego.» No era el tono de quien prepara una manifestación pacífica para elevar demandas razonables a las autoridades. El número recogía también una enorme lista de exigencias que la República tenía que satisfacer para evitar la revolución. Entre ellas la disolución de los cuerpos de la Guardia Civil y de Seguridad, la supresión de la oficialidad en el Ejército, de los oficios de jueces y abogados, la de la bandera, el escudo y el himno nacionales, la ejecución de decenas de generales y de miles de agiotistas, la disolución de las órdenes religiosas, etc. Es decir, todo aquello que «una república medianamente liberal puede realizar» (sin especificar dónde)[24].

La huelga general convocada en Barcelona por la CNT en septiembre de 1931 desembocó en disturbios graves y enfrentamientos violentos con las fuerzas de orden público. Los anarquistas, y en particular la FAI, fueron un elemento desestabilizador de la política republicana y promovieron varias insurrecciones revolucionarias.

García Oliver y sus amigos de la FAI buscaban debilitar el nuevo régimen. Eran conscientes de que la República, y más con la UGT en el Gobierno, era una amenaza de primer orden contra la CNT, sobre todo si su política social mejoraba el bienestar de los trabajadores sin necesidad de muchas huelgas. Y con una CNT en retroceso, la revolución libertaria se alejaba de modo irreversible. En la conferencia peninsular de la FAI de junio se sentía claramente esta amenaza: «La situación de España es revolucionaria y, como tal, el anarquismo militante debe tomar una actitud subversiva, no dejando se estabilice la llamada democracia, porque si esta diera soluciones momentáneas y parciales al problema social, paralizaría la energía revolucionaria del pueblo.» De ahí la urgencia que tenía el «faísmo» en desestabilizar la República (faísmo más que la FAI, pues los viejos Solidarios hablaban en su nombre sin pertenecer aún a ella)[25]. Y mientras se mantuviera el entusiasmo popular del 14 de abril, había que desestabilizarla apelando a su radicalización, no a su destrucción.

En este afán por desbordar la República no iban a estar, inicialmente, solos. Para los republicanos extremistas, radicalsocialistas de izquierda (Balbontín), federales y andalucistas (Infante), junto a los militares seguidores de Ramón Franco, había que desbordar al Gobierno «conservador» antes de que se consolidase, forzándolo a radicalizarse con acciones callejeras como la quema de conventos, orquestada en Madrid por los amigos de Franco. Estos republicanos debieron de confluir con los faístas en el común propósito de desestabilizar la República, incluso propiciando una represión que la desacreditara. Pasado un tiempo, la agitación revolucionaria siguió en manos de la radicalizada CNT, pero la «ultraizquierda republicana» se convirtió en su «cámara de resonancia» en la prensa y en el grupo de «jabalíes» de las Cortes[26]. Ramón Franco fue elegido diputado por Barcelona en las listas de ERC, pero también por Sevilla en una candidatura con Balbontín, Blas Infante y el anarquista Pedro Vallina. En vísperas de las elecciones Miguel Maura, ministro de Gobernación, consideró que se estaba preparando una insurrección desde el aeródromo sevillano de Tablada, con apoyo obrero y campesino, y ordenó detener a Franco y sus amigos[27].

Hasta junio, la CNT protagonizó conflictos laborales, no excesivamente radicales, especialmente en Sevilla, donde compitió duramente con los sindicatos socialistas y comunistas. En esta provincia, tras la declaración del estado de guerra por la quema de conventos, el general Cabanellas cerró los sindicatos y reprimió con dureza a anarcosindicalistas y comunistas. El 18 de mayo se reabrieron algunos por la presión de los republicanos radicales, dominantes en la provincia, que apoyaban a la CNT frente al común rival socialista. El 5 de junio Maura pidió a Cabanellas la reapertura de todas las sedes de la CNT, de cara a la celebración de su congreso. Fue relevado quince días después y se levantó el estado de guerra[28]. El primer suceso grave se produjo cuando el 27 de mayo una manifestación de pescadores, la mayoría gallegos, se dirigió desde Pasajes a San Sebastián. Temiendo un intento de saqueo de la ciudad, Maura y el gobernador Aldasoro enviaron a dieciséis guardias civiles al alto de Miracruz. Al desobedecer los manifestantes los tres toques de rigor, abrieron fuego, causando ocho muertos y decenas de heridos. Según SO, no obstante, la CNT logró paralizar la ciudad y hubo enfrentamientos violentos, también con obreros de la UGT. Se declaró el estado de guerra. La CNT convocó una huelga general de protesta en Asturias, logrando paralizar sus feudos de Gijón y La Felguera. En estos meses hubo otras huelgas generales en Jerez, Málaga y Gerona (por la detención de Durruti). En la huelga del sector químico de Zaragoza, con ocupación de fábricas, el gobernador cerró los locales confederales[29].

En mayo y junio Solidaridad Obrera mantuvo su actitud prorrepublicana, criticando a quienes acusaban a la CNT de ser enemiga de la República y pedían mano dura. Con la sensación de acoso comenzaron los ataques a determinados miembros del Gobierno. El primero, Largo Caballero, el 8 de mayo, por el conflicto con la UGT en el puerto de Barcelona. Recordando su colaboración con la Dictadura, se le acusaba de coacciones: «Desde el Ministerio Largo Caballero favorece a la UGT sin ningún tipo de escrúpulos.» El día 9 se denunciaba ya que «la República de Alcalá Zamora, Maura y Largo Caballero va acentuando su marcha hacia la derecha», y se amenazaba con proclamar «la soberanía revolucionaria que arrastre a la reacción monárquica y a la reacción republicana». La quema de conventos fue saludada como «admirable acción» del pueblo en defensa de la libertad y de la República contra sus enemigos monárquicos y clericales, provocada por la pasividad del Gobierno conservador a la hora de combatirlos. El diario pedía un giro a la izquierda con las dimisiones de Alcalá Zamora, Maura, Largo Caballero y también Lerroux[30].

Un convento incendiado en Madrid el 11 de mayo de 1931. Fueron numerosos los edificios religiosos que ardieron en varias ciudades españolas durante las primeras acciones violentas a que tuvo que hacer frente el Gobierno provisional republicano. Algunos órganos anarquistas saludaron los incendios como una «admirable acción» del pueblo contra los elementos monárquicos y clericales y como un aviso a un Gobierno que consideraban había «acentuado su marcha hacia la derecha».

El 14 de mayo un manifiesto confederal seguía defendiendo la República, que facilitaba la necesaria preparación de la revolución social, y abogaba por exigir a las Cortes Constituyentes plenos derechos sindicales, amplias mejoras sociales y «justicia» implacable contra los criminales del viejo régimen. Pero se añadía que no solo en lo económico y social, sino incluso en lo político y moral, el pueblo seguía «tan esclavo hoy como ayer», al mantenerse el capitalismo y el Estado, que habría que destruir «en breve plazo». El 26 se denunciaban «las medidas represivas que en toda España adoptan las autoridades contra la CNT y sus militantes», sobre todo en la Andalucía de Cabanellas, que buscaban imponer el sistema de comités paritarios «que no… aceptará nunca la CNT». Esta imposición ponía en peligro la estrategia sindicalista de reforzamiento pacífico de la Confederación. Poco después SO denunciaba la ofensiva conjunta de patronos y socialistas, que buscaba una reacción violenta de la CNT que justificase su represión. Por ello el diario se mantenía aún entre la amenaza y la mera protesta, como ante los sucesos de Pasajes: «¡¡¡Protestamos!!!»[31]. El 19 de junio el editorial «Fascismo republicano» afirmaba ya que el Gobierno «ha entrado decidida y abiertamente en una etapa dictatorial cuyos principales dirigentes son los ministros de Gobernación y de Trabajo». Socialdemócratas y «monárquico fascistas» atentan así «contra la libertad y la misma República».

Cuando las elecciones a Cortes Constituyentes, el diario confederal no ocultó su simpatía por ERC y por la izquierda radicalsocialista, y se indignó cuando Maura ordenó detener a Ramón Franco por lo de Tablada. Atacó insistentemente a la Lliga y a los radicales y tras los comicios afirmó que de haber ganado la derecha (Lerroux incluido), se hubieran lanzado a la calle para impedir el estrangulamiento de la revolución[32].

También Urales denunció la creciente derechización represiva del Gobierno, de la mano de Maura y Largo Caballero, pero afirmando que la CNT no iba contra la República, sino contra la deriva dictatorial de ambos ministros, pues el anarquismo era hijo de la Ilustración, la democracia y el federalismo. Aunque siempre con la revolución libertaria en el horizonte. Su hija Federica se expresó desde el comienzo con un tono mucho más antirrepublicano, lamentando enseguida la ingenuidad del pueblo ante el nuevo régimen, aunque confiaba en su pronto desengaño. En sus ataques al Gobierno arremetía también contra Lerroux[33].

Con la creciente tensión, Tierra y Libertad acentuó su radicalismo. Si en abril y mayo exigía una república sin militares, policías ni jueces, ahora llamaba a la revolución frente a la República reaccionaria, tan represora o más que la Monarquía, en una lucha contra todos: «¡No! No queremos someternos al imperio de la República. ¡No! No queremos traicionar al pueblo, haciendo el caldo gordo a sus enemigos de la derecha, del centro y de la izquierda, que son los nuestros.» Cuando comenzó poco después la agitación subversiva, los faístas apelaron a lo más místico y milenarista de su credo: «Marcha la Revolución hacia adelante. Como un fenómeno de biología social. Como un fenómeno de la Naturaleza […] Marcha la Revolución con ascensión incontenible, dominándolo todo. Todo lo vence. Por doquier irradia su fuerza y su luz. Hombres y cosas se someten al imperio libertador de ella[34]». Pero en junio de 1931 aún eran minoría en la CNT, como se manifestó en su tormentoso congreso.

Efectivamente. Las actas del congreso del Conservatorio están llenas de acotaciones sobre abucheos y alborotos entre la mayoría sindicalista y la minoría faísta, encabezada, entre otros, por el mismo García Oliver. Esta había logrado, no obstante, que el pleno nacional de regionales de la CNT, de 23 de abril, aprobara la constitución de comités y grupos de Defensa confederal, que en Barcelona se extendieron por barrios y sindicatos, concebidos como la vanguardia de la gimnasia revolucionaria. Los comités catalanes estuvieron siempre controlados por los viejos Solidarios, sus máximos impulsores, para quienes eran la pieza esencial de toda acción revolucionaria, que requería preparación y «cierta disciplina orgánica[35]».

Una de las primeras grescas del congreso la produjo, precisamente, la petición de la delegación de la FAI de poder intervenir en los debates. Otra, la presencia de Urales. Pero los dos temas que más pasiones suscitaron fueron el de las Federaciones Nacionales de Industria y el de la actitud ante las Cortes Constituyentes. El primero suponía una profunda innovación organizativa, defendida por Peiró, que buscaba reforzar la eficacia de los sindicatos en la lucha social y en la dirección de la economía tras la revolución. De hecho, la única coordinación entre sindicatos estaba en los comités territoriales (locales, comarcales y provinciales en algunos casos, regionales y el nacional), lo que provocaba que las huelgas fueran casi siempre de carácter local o provincial, extendiéndose por solidaridad a huelgas generales del territorio, no a huelgas nacionales de sector. Aprobadas con una importante votación en contra, sus enemigos las consideraban una burocratización que amenazaba los principios libertarios[36].

El texto de la ponencia Posición de la CNT frente a las Cortes Constituyentes había endurecido su tono ante las protestas que suscitó desde su inclusión en la convocatoria del congreso. «Estamos frente a las Cortes Constituyentes… Seguimos en guerra abierta contra el Estado», decía. Pero añadía que había que exigir a las Cortes un «plan de reivindicaciones mínimas» que incrementara la «fuerza revolucionaria» del pueblo: federalismo, medidas sociales, como la erradicación del analfabetismo, y, sobre todo, libertad de prensa «intangible», «pase lo que pase», «máximas garantías ciudadanas» de libertad individual y derechos de reunión y huelga «inviolables». «Mientras la explotación subsista, el derecho del explotado a rebelarse es sagrado». Derechos, pues, para los explotados, no para explotadores y reaccionarios, considerados enemigos de la libertad y el progreso. Otra exigencia era el desmantelamiento del corporativismo promovido por el «reaccionario» Largo Caballero. Si las Cortes no concedían estos derechos, habría que exigirlos lanzándose contra ellas, forzando incluso «un nuevo período revolucionario[37]». El dictamen fue aprobado con el rechazo visceral de los faístas, que lo tachaban de colaboracionista y negador del apoliticismo confederal. El sindicalista gallego Villaverde lo defendió diciendo que la CNT siempre había pedido libertades ciudadanas y sindicales. Progreso Fernández contestó aduciendo que ninguna democracia respeta los derechos de quienes la amenazan con la revolución. Por eso aseveró que la Constitución sería inútil, «porque nosotros en todo momento estaremos contra ella y la violaremos». Y refutó también que la CNT no estuviera preparada aún para la revolución: «si esto es así, yo digo que no lo estará jamás». Porque el capitalismo y los partidos estaban en quiebra pero, sobre todo, porque si la CNT se preparaba para ella, sería perseguida, por lo que «debe lanzarse cuanto antes a la revolución social».

La táctica legalista en una República consolidada podía debilitar a la larga a la Confederación y retrasar la revolución. Pero la gimnasia revolucionaria podía desestabilizar el régimen al precio de una grave represión para la CNT. Esta era la encrucijada.

2. LA ESCALADA DE LA AGITACIÓN

El plan de agitación revolucionaria para desestabilizar la República y desplazar a los dirigentes sindicalistas de la CNT, tachados de reformistas, cuando no de traidores, tuvo su oportunidad a partir de julio de 1931, cuando los sindicatos confederales desencadenaron una ola de «huelgas generales, laborales y revolucionarias», especialmente en Cataluña y Andalucía, que los dirigentes moderados intentaron frenar sin éxito[38]. Las huelgas laborales buscaban mejorar las condiciones de trabajo, alentadas por las expectativas abiertas con la nueva situación política. Pero era fácil que, bajo la CNT, los conflictos se intensificaran y se radicalizaran. En primer lugar, sus sindicatos tenían que forzar el reconocimiento de los patronos, al margen de los jurados mixtos y en pugna con la UGT, implantada en los mismos con el apoyo total del Gobierno. Buscaban imponerles también la contratación de los obreros confederales, y a veces incluso el despido de los afiliados a sindicatos socialistas o comunistas. Muchas huelgas surgieron o se enconaron por estas causas, derivando en enfrentamientos violentos entre trabajadores. Por último, la estructura confederal facilitaba que un conflicto enconado se extendiese en forma de huelga general de solidaridad, con piquetes que ejercían coacciones violentas, sobre todo contra el comercio. Las autoridades las consideraban siempre una grave alteración del orden público. Los grupos violentos faístas buscaban radicalizar los conflictos, mediante sabotajes y ataques a los locales de empresas y patronos, como los de la huelga de la Telefónica o la de los barberos de Barcelona, o se enfrentaban a tiros a las fuerzas del orden (como en las huelgas generales de Sevilla, en julio, Barcelona y Zaragoza, en septiembre, y Cádiz, en octubre) o a los militantes de los sindicatos rivales, socialistas y comunistas. Hubo también ocupaciones de fábricas, como en Cataluña en verano y en Asturias en otoño, donde se retuvo a la fuerza a los directivos. Los faístas presionaban a los comités confederales para que declarasen huelgas generales, incluso revolucionarias. La represión produjo decenas de obreros muertos y heridos, la mayoría en tiroteos con los guardias (quienes también sufrieron víctimas) pero a veces en cargas indiscriminadas, e incluía cientos de detenidos y presos y el cierre de muchos sindicatos. Hubo un escandaloso caso de «ley de fugas» en la huelga de Sevilla y sospecha de otro en la de Barcelona. La huelga de Sevilla ha sido considerada el inicio del ciclo insurreccional. Insurrección la consideró entonces Tierra y Libertad[39].

Consejo de Guerra contra los acusados de promover una revuelta campesina en Castilblanco (Badajoz) el 31 de diciembre de 1931, en la que murieron cuatro guardias. Las condiciones de vida de muchos jornaleros, el miedo al paro y el incumplimiento de la legislación laboral por parte de los propietarios, elementos bien aderezados de consignas revolucionarias que proponían la ocupación y el reparto de tierras, crearon un clima propicio para las numerosas revueltas campesinas que tuvieron lugar durante la República.

A la agitación obrera se sumó, desde septiembre de 1931, la de los jornaleros del campo, con huelgas, ocupaciones y enfrentamientos, no solo en los feudos de la CNT, debido al miedo al paro y al frecuente incumplimiento patronal de la nueva legislación laboral. Ese mes hubo siete campesinos muertos por la Guardia Civil. El 31 de diciembre los de Castilblanco atacaron y mataron a cuatro guardias y en la semana siguiente la Guardia Civil causó dieciséis muertos y decenas de heridos en Arnedo y otros pueblos del país[40].

El avance de la violencia, el desorden y de la represión era contemplado con impotencia y desesperación por los dirigentes moderados de la CNT, que veían naufragar toda su estrategia. Y más aún cuando en el otoño de 1931 empezaron a perderse en Cataluña huelgas y afiliados. Solidaridad Obrera acentuó sus críticas a Maura y Largo Caballero, y por extensión al resto del Gobierno. Ante la ley de fugas de Sevilla el CN negó que la huelga fuera revolucionaria y culpó por completo a Maura, amenazando con que si se aprobaba el proyecto de ley de defensa de la República contra la CNT que se proponía, esta actuaría «en legítima defensa[41]». Aunque seguían negando ser enemigos de la República. El asturiano Eleuterio Quintanilla pedía solo un nuevo Gobierno que respetara los derechos de la CNT[42]. El diario confederal llamaba también a no responder a las provocaciones con «actitudes violentas». El 2 de agosto hablaba ya explícitamente de «guerra civil» interna en la CNT, llamando a la concordia, seguramente como reacción a un editorial del órgano faísta en el que, tras un canto a la revolución en términos providencialistas, y con expresiones que anticipaban a las del fascismo español («falanges humanas que ardorosas caminan cara al sol de la libertad, de la igualdad y de la justicia»), denunciaba la represión de Sevilla con hiperbólico lenguaje cristiano («semana de Pasión y Muerte del pueblo andaluz»; han «anegado de sangre toda Sevilla»; cinco mil presos), culpando también de ella a los dirigentes confederales: «cómplices en el crimen que chorrea sangre», «enemigos de la revolución», «traidores al pueblo». El 20 de agosto SO apoyaba una resolución del CN que pedía «un alto en la marcha» de las huelgas, que había que coordinar a través de los comités para poder ganarlas[43].

En este ambiente, Peiró, Pestaña y otros líderes confederales publicaron el 1 de septiembre en La Tierra el famoso «Manifiesto de los Treinta». En él defendían una Confederación dueña de sí misma, que preparara la revolución «del pueblo en masa, de la clase trabajadora, caminando hacia su liberación definitiva», y atacaba la concepción de la revolución como obra de minorías, que ignora la fortaleza del Estado, cultiva «la algarada, el motín […] la violencia por la violencia» y que, de triunfar, constituiría una nueva dictadura. Los faístas se dieron por aludidos y consideraron el manifiesto como una declaración de guerra. Poco después Tierra y Libertad amenazaba: «Y respecto a las calumnias que se hacen contra la FAI ni quedarán en el aire ni los calumniadores tardarán en subir a la picota[44]». En pocos meses los radicales se hicieron con el control de la Confederación y desencadenaron la ofensiva revolucionaria contra la República. Para comprender cómo lo lograron debemos analizar la actitud del Gobierno republicano, y las circunstancias económicas y sociales que se vivían.

Como hemos visto, la imagen de la CNT como amenaza contra la República comenzó a formarse desde los sucesos del 1.o de Mayo en Barcelona. El Gobierno, anotó Azaña en plena huelga general sevillana, decidió «poner remedio urgente y severo» a «las huelgas que por todas partes suscita la Confederación Nacional del Trabajo». Maura y Largo Caballero propusieron un proyecto de ley para perseguir las organizaciones que incumplieran la legislación social o hicieran huelgas ilegales. En el debate de la ley en las Cortes, el 20 de octubre, Azaña sostuvo que la agitación en Andalucía obedecía a «un deseo de hundir la República mediante el desorden y la anarquía». Tras la huelga general de Barcelona las relaciones con la ERC se deterioraron drásticamente. En otoño, faístas armados irrumpieron violentamente en varios actos de los republicanos. Maura, en sus memorias, recuerda que el Gobierno conocía los planes de la CNT para «desbordar a la República apenas nacida», aunque no acierta a distinguir entre huelgas laborales y revolucionarias ni entre las enfrentadas corrientes internas confederales. Llega a considerar anarquistas a los jabalíes de las Cortes. Podría concluirse así que «los gobiernos republicano-socialistas habían descartado la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la dirección moderada de la CNT», al considerar a la organización «como poco más que un problema de orden público[45]».

En el discurso citado el ya presidente Azaña defendió una «República con autoridad y con paz y con orden público» capaz «de resolver pacífica, legalmente… las naturales, legítimas aspiraciones de la clase proletaria[46]». Sin duda esa era la política del Gobierno desde abril: una amplia legislación social que beneficiaba de modo importante a los trabajadores, y muy especialmente a los del campo, nunca protegidos antes, lo que explica la dura reacción de los terratenientes, junto al reforzamiento del sistema corporativo de la Dictadura, ahora en manos socialistas, que debían mejorar la situación obrera en un clima de paz social. Probablemente calcularon que con esta política el anarcosindicalismo español, sobrepasado ya por la UGT, se debilitaría como en los demás países.

Si esta política hubiera triunfado, el éxito de la UGT habría debilitado incluso a una CNT moderada que lograse mejoras para sus afiliados, aunque al margen de los jurados mixtos. En mayo de 1932 el CN, controlado ya por los radicales, afirmaba que había presentado a los patronos rurales andaluces unas bases distintas a las de los jurados porque: «Si estas bases… llegaran a entrar en vigor, si los trabajadores las aceptaran, nuestra organización no tendría razón de existir[47]». Pero la política social del Gobierno distó de ser exitosa: disgustó profundamente a patronos grandes y pequeños, que la tachaban de «socialización en frío», y no impidió la agitación de importantes sectores obreros, encabezados por una CNT radicalizada. Esta agitación, violenta muchas veces, fue vista por el Gobierno como una amenaza al régimen, que se sumaba a la de los complots monárquicos. Y respondió con una represión contundente (Maura no rectifica la cifra de 108 víctimas que le atribuyeron para sus seis meses de mandato. Atribuyeron otras 223 a Casares Quiroga)[48].

El estatuto jurídico del Gobierno provisional, de 15 de abril de 1931, reconocía los derechos y libertades ciudadanos, pero también la posibilidad de su «fiscalización gubernativa» con carácter temporal. Esta posibilidad se hizo permanente con la Ley de Defensa de la República (21 de octubre de 1931), que la constitución de diciembre prorrogó hasta la aprobación de la Ley de Orden Público (28 de julio de 1933), que establecía los diferentes estados de suspensión de garantías permitidos por el artículo 42 de la Constitución para casos de grave peligro para «la seguridad del Estado». Durante casi todo el período republicano las garantías personales y las libertades de expresión, reunión, manifestación y asociación permanecieron restringidas en alguna de las provincias o en todas ellas. En 1931 las fuerzas de orden público eran manifiestamente insuficientes. Por eso los Gobiernos de la Monarquía acudían frecuentemente al ejército para mantenerlo, declarando el estado de guerra, amén de que la Guardia Civil, principal cuerpo de orden público, era también militar. La insuficiencia de sus efectivos se suplía con la eficacia letal de su armamento (el máuser). Frente a la clásica tesis de que la República mantuvo esta militarización del orden público, nuevos estudios han subrayado los afanes reformadores de los Gobiernos del primer bienio, que buscaban republicanizar a la Guardia Civil, reforzar su control por el Ministerio de Gobernación y reducir sus efectivos, crear cuerpos policiales más modernos, con armamento antidisturbios menos letal (la Guardia de Asalto) y depender menos del recurso a los estados de guerra. En los convulsos años de entreguerras muchas democracias europeas se dotaron de políticas de excepción similares a la española. En todo caso, el Gobierno estuvo decidido desde muy pronto a mantener el orden público con contundencia y con los efectivos que tenía, anteponiendo su control al derecho de reunión, lo que favorecía la radicalización de las protestas y una represión sangrienta, acrecentada por la disminución del miedo a la Guardia Civil, mostrada por ejemplo en Pasajes y, sobre todo, en Castilblanco, lo que aumentó la sensación de inseguridad entre sus miembros. La excesiva represión de la protesta reforzó el extremismo violento del ala faísta de la CNT[49].

Pero la represión buscaba el mantenimiento del orden público, en absoluto la destrucción total de la CNT. En el Pleno Nacional de abril de 1932, al debatir sobre los presos y los sindicatos clausurados (de modo «intermitente»), solo las cuatro regiones con hegemonía confederal decían sufrir fuerte represión, aunque Levante tenía veinticinco presos y clausuras solo en tres comarcas. En las demás regionales las cifras eran mínimas o nulas. En el bastión anarcosindicalista de Jerez, por ejemplo, una huelga general en apoyo a la insurrección de enero en el Alto Llobregat había provocado el cierre de los principales sindicatos y cerca de cuarenta detenidos. Pero los cierres debieron ser efímeros. El 15 de febrero otra huelga general de veinticuatro horas, en protesta por la deportación a Bata de activistas libertarios, solo fue secundada por los albañiles, que fueron despedidos de las obras municipales. En marzo el alcalde acordó ir readmitiéndolos, pero al poco la CNT rompió el acuerdo exigiendo la expulsión de los albañiles de la UGT. Ante la negativa municipal, el 28 de marzo se inició una tercera huelga general, con piquetes coactivos y enfrentamientos con las fuerzas del orden e incluso tropas. La huelga duró siete días, se extendió por la comarca y la capital, y en Chipiona hubo dos muertos en los enfrentamientos. Pese a ello, solo el tercer día se cerraron los locales de cuatro sindicatos y en el sexto se detuvo al comité de huelga y a los principales dirigentes sindicales. En el séptimo la CNT acordó finalizarla sin lograr la expulsión de los obreros de la UGT, pero sí la liberación de todos los detenidos. Los locales cerrados debieron reabrirse también. Como se ve, en Jerez las autoridades negociaban con la CNT pese a incumplir la Ley de Asociaciones Profesionales del 4 de abril, que exigía la aceptación de los jurados mixtos[50].

La política social de Largo Caballero, aunque supuso importantes mejoras laborales y subidas de los salarios reales (notables, sobre todo, en la situación económica depresiva), fracasó en crear consenso social. Por una parte, «el nivel de vida aumentó, pero este nivel era tan bajo…, que lo único que se garantizaba con los aumentos salariales era sobrevivir». Otra causa del fracaso era la tradicional falta de recursos del Estado, agravada por la crisis económica, pese al esfuerzo presupuestario que se realizó[51]. La República se enfrentaba, en una situación depresiva y con pocos recursos, al estallido de las tensiones de una sociedad que, por su relativo atraso, vivía «con lo peor del viejo mundo agrario y del nuevo industrial», lo que se reflejaba en los pésimos niveles de vida de amplios sectores sociales, especialmente los obreros eventuales y sin cualificación, como los del campo y de la construcción, que habían sido en otros países la base del sindicalismo revolucionario[52].

La crisis económica fue también fundamental en el fracaso de la reforma porque dificultó la capacidad de las empresas para asumir las subidas de los costes salariales, lo que hundió aún más la inversión. El desempleo aumentó en los sectores que más sufrían la crisis, como el de la construcción, con el parón de las obras públicas en 1930 y 1931 y luego el de la construcción de viviendas, y entre los jornaleros rurales, al frenarse el éxodo rural; en bastantes empresas se trabajaba media semana por turnos. Muchos patronos, especialmente los agrarios, reaccionaron incumpliendo normas y acuerdos, y reduciendo la contratación todo lo posible, aumentando el empleo de maquinaria e incluso los barbechos (aunque las cosechas de cereales de 1932 y 1934 fueron históricas)[53].

Los parados y los obreros sin cualificar amenazados por el paro conformaron la plataforma sobre la que los faístas iniciaron su ofensiva contra la República y contra la dirección confederal. Especialmente los de la construcción, llegados del campo unos años antes, que poblaban las barriadas periféricas de las grandes ciudades y los barrios obreros más degradados. El Gobierno no estableció el subsidio de paro (decisivo en el debilitamiento del anarcosindicalismo sueco), y medidas como los bonos de comida y las pequeñas obras públicas (las grandes se reanudaron en 1932) fueron insuficientes para solucionar su dramática situación. En Barcelona, Sevilla o Madrid, por ejemplo, los parados comenzaron a manifestarse poco después del 14 de abril, produciéndose altercados en demanda de trabajo, de la reducción o supresión del pago de sus alquileres y de la rebaja del precio de los bienes básicos. Proliferaron los vendedores ambulantes ilegales, que competían con el pequeño comercio, los pequeños robos, «compras proletarias» sin pagar, e incluso la «apropiación proletaria» (atracos y saqueos), que provocaron actitudes represivas, como la Ley de Vagos y Maleantes de 1933. Los dirigentes faístas (compitiendo a veces con los comunistas) utilizaron estos agitados sectores sociales como ariete revolucionario, protegiendo y respaldando sus acciones ilegales. Muchos de los grupos violentos de la defensa confederal, que atracaban para la organización, pertenecían al ramo de la construcción, como las bandas del madrileño Felipe Sandoval[54].

Un grupo de parados se agolpa delante de unas oficinas del Ministerio de Trabajo en diciembre de 1932. Los parados fueron un sector importante en la estrategia revolucionaria de la FAI. El paro obrero fue uno de los problemas más importantes a los que tuvo que hacer frente la República en un momento especialmente difícil por la crisis económica internacional ocasionada por el derrumbe de la bolsa neoyorquina en 1929.

La CNT mantenía una diferenciación muy marcada entre los afiliados de base y los «militantes», es decir, activistas de diferentes niveles, desde los cuadros de los sindicatos hasta los dirigentes de los comités y los redactores de la prensa confederal. Los afiliados admiraban a la militancia por tener «ideas», es decir, cultura anarcosindicalista. La Confederación funcionaba a partir de sus comités y de los plenos de militantes. Los meros afiliados, sin dejar de participar en mayor o menor medida de las esperanzas de redención revolucionaria, buscaban sobre todo en los sindicatos poder mejorar sus condiciones de vida. Muchos se alejaban cuando las huelgas se perdían o arreciaba la represión. La imbricación de los militantes en los barrios obreros y en los centros de trabajo era fundamental para asegurar la lealtad de la base sindical. También el prestigio de la propia organización y el de sus principales dirigentes y de los héroes de los grupos de acción, como Durruti, que llenaban los actos públicos, vistos todos ellos como trabajadores honrados, que pagaban con la cárcel su entrega abnegada a la causa proletaria. Aunque había asambleas de sindicato, importantes sobre todo durante las huelgas, en ellas llevaban la voz cantante los militantes y las decisiones se tomaban a mano alzada[55].

La pugna entre faístas y treintistas se decidió fundamentalmente entre la militancia, a veces en asambleas y plenos poco concurridos, y con presencia de agitadores ajenos al sindicato en cuestión, como denunciaron los moderados[56]. La agitación de los parados, el proceso de radicalización de las huelgas, alentado, como vimos, por los faístas, la represión y la imposición de los jurados mixtos, condujeron a la dirección sindicalista a un callejón sin salida, lo que explica su desplazamiento de sindicatos y comités en el plazo de pocos meses. Cuando los Treinta denunciaron la agitación revolucionaria por contraproducente, los faístas les acusaron de justificar la represión y de estar vendidos a los republicanos, especialmente en Cataluña. El ciclo insurreccional iniciado en el Alto Llobregat en enero de 1932 provocó la ruptura completa.

Tras el Manifiesto de los Treinta y la huelga general de Barcelona, la presión de los radicales condujo a Peiró a dimitir de la dirección de Solidaridad Obrera el 22 de septiembre de 1931. El faísta Felipe Aláiz le sustituyó en el pleno regional de octubre. A fines de septiembre los radicales se hicieron con el control del CR de Aragón y en octubre del andaluz. En enero de 1932 los faístas controlaban ya la mayoría de los sindicatos de Cataluña y la Federación Local de Barcelona, y estaban presentes en el CR catalán (Ascaso) y en el CN (García Oliver). Sus respectivos secretarios, los treintistas Mira y Pestaña, fueron destituidos poco después[57].

En noviembre de 1931 los treintistas sacaron a la calle su propio semanario, Cultura Libertaria, y a inicios de 1933 se organizaron en la Federación Sindicalista Libertaria (FSL). Tras sufrir la expulsión de muchos de sus militantes e incluso de sindicatos completos, amenazas y agresiones y el boicoteo violento de sus actos, en 1933 consumaron la escisión. Bastantes sindicatos del cinturón industrial de Barcelona y la mayoría de los de Levante y Huelva constituyeron una central de Sindicatos de Oposición (SSOO). Las regionales de Asturias, Galicia y el Norte simpatizaban públicamente con las posturas treintistas pero rechazaron la separación[58].

Justo tras la huelga de julio en Sevilla, Abad de Santillán arremetía en Solidaridad Obrera contra su línea de «republicanismo apasionado», antianarquista, que se limitaba a abogar por una República sin Maura. Federica Montseny y su padre elevaron el tono hablando explícitamente de traición, especialmente contra Pestaña. Tras la fallida insurrección del Alto Llobregat, en enero de 1932, Federica llegó a acusar al CN y al CR catalán de haber impedido su extensión triunfante por el resto de España[59].

Desde su nuevo órgano, Cultura Libertaria, los treintistas dieron por fracasada su estrategia, culpando tanto a los radicales como a la represión republicana. Dejaron de pedir a la República que rectificara, pasando a condenarla como «una verdadera dictadura» capitalista, y se presentaron como los auténticos defensores de la revolución social, que había que preparar bien, sin estériles aventuras insurreccionales que solo fortalecían a la reacción y provocaban una represión debilitadora. Peiró calificaría la insurrección del Alto Llobregat de «insigne barrabasada», no secundada por el proletariado. En el primer aniversario del 14 de abril, Mascarell contraponía la fiesta de «los rufianes y tartufos», «los que han masacrado y linchado al pueblo», los «tiranos con gorro frigio», con el dolor popular, «bañado con sangre y lágrimas de viejas y jóvenes mujeres españolas». Y Peiró acusaba ahora a ERC de apoyar la represión gubernamental para lograr la aprobación en las Cortes de un estatuto que nada interesaba ya a la clase obrera[60].

Así, mientras que los faístas acusaban a los moderados de reformistas, escisionistas y aliados de la burguesía y el Gobierno contra la CNT, estos se decían revolucionarios y acusaban a los primeros de calumniadores y de establecer una dictadura en la CNT que la llevaba a la ruina, arruinando de paso las posibilidades de la revolución libertaria[61]. Pero tanto unos como otros habían roto definitivamente con la democracia republicana.

3. REPÚBLICA Y DEMOCRACIA EN EL DISCURSO LIBERTARIO

El lenguaje anarquista abunda en verdades absolutas de base maniquea, subrayadas con la abundancia de conceptos en mayúscula y fundamentadas en la sincera convicción del emisor. Un lenguaje que es «mucho menos un instrumento de intelección que un instrumento de emoción y de acción directa». La expresión de una mentalidad utópica que sustituye el análisis de la compleja realidad por su mera condena como opresión, con la esperanza mesiánica en la liberación[62].

En el discurso anarquista decimonónico la democracia era «una ficción irrealizable» que proclamaba «ilusorios derechos y mentidas libertades», al ser «la expresión política de intereses económicos de la clase burguesa», que se fundan en «la explotación del trabajo obrero». Así, «nada puede hacer en nuestro favor, porque no podrá tocar el capitalismo». Poco había cambiado desde entonces: «La democracia es uno de los últimos recursos a que ha recurrido la burguesía para su sostenimiento y su supervivencia; […] los partidos demócratas, al alcanzar el gobierno de una nación, continúan esclavizando al pueblo y manteniéndolo en la más espantosa miseria»; es «esta farsa de “gobierno del pueblo por el pueblo” creación de la burguesía para contener y desviar los avances de las organizaciones proletarias»; «los Gobiernos, por izquierdistas que sean, dependen de la alta banca y de los grandes capitalistas. Por eso es mentira la democracia[63]».

Además, la crisis económica mundial, que los libertarios consideraron definitiva, causada por el desarrollo tecnológico que, bajo el capitalismo, conducía inexorablemente al subconsumo y el paro, hacía estéril toda política democrática favorable a los trabajadores. Así lo había afirmado el congreso del Conservatorio, que auguraba que los parados superarían inexorablemente el millón. Más pesimista, Abad de Santillán aseveraba en agosto que «Dentro de muy pocos meses tendrá España de dos a tres millones de obreros sin trabajo». Ocho meses después alargaba los plazos hasta «el invierno próximo». En junio de 1935 ya no aventuraba nuevos pronósticos aunque aseguraba que la depresión económica «no es una crisis sino una quiebra del sistema entero del capitalismo». Ocho meses más tarde sus cómputos superaban incluso sus peores predicciones: en el mundo capitalista «hay un desocupado por cada uno que trabaja». El carácter definitivo de la crisis fue teorizado por Besnard, Cornelissen, el pestañista Marín Civera y Abad de Santillán, y se convirtió en un axioma para treintistas como Peiró y Pestaña o faístas como Isaac Puente[64].

Así pues, la República «burguesa» no podía sino defraudar las esperanzas de los trabajadores. El resultado: «Hambre por todas partes y persecución; igual que antes.» La «Democracia burguesa», escribía Pestaña en 1933, «no ha sabido […] facilitar a las clases trabajadoras una mejor condición social[65]». Al fin y al cabo la República democrática era un tipo de Estado, es decir, de autoridad, opresión y tiranía. El que sus legisladores y gobernantes fueran elegidos por sufragio universal no era en absoluto valorado por los libertarios. «El sufragio universal es la esclavitud de los pueblos», se leía en La Revista Blanca; los obreros al votar «forjan sus propias cadenas». Votando, «el individuo elige a sus verdugos» decía Cultura Libertarla. El faísta Aláiz explicaba que los ciudadanos al votar no deciden nada, porque los programas de los partidos están «elaborados sin la asistencia de los interesados y sin su consentimiento». Los poderes no emanan del pueblo sino de los políticos. Y el treintista Fornells concluía que, como los elegidos siempre defraudan, se cambia el voto esperando «lo que nunca llegará: la mejora que han de traerle los otros». La única mejora posible había que ganársela mediante la acción directa y la revolución social. Para Pestaña vencían los candidatos que más gastaban en la campaña, al margen de su honradez personal o de su programa político, especialmente entre el electorado femenino, más movido por el sentimiento que por las ideas, cuando no votaba lo mismo que el marido. Para Tierra y Libertad el triunfo derechista en 1933 se debía, además de a la abstención popular, a «la intervención simple y pasiva de la mujer, en su inmensa mayoría ciegos instrumentos del clericalismo». Salvo en el voto femenino, se seguían repitiendo los mismos argumentos de los tiempos de Anselmo Lorenzo[66].

Pero este rechazo sin paliativos de la República democrática coexistía, también desde aquellos tiempos, con su valoración como avance y progreso respecto de la monarquía y el autoritarismo. Un paso hacia la emancipación libertaria total. Así es como se saludó, como vimos, la República del 14 de abril. Realmente, más que la democracia (el sufragio universal), lo que los libertarios apreciaban era el liberalismo, las libertades, aunque forzosamente incompletas: «Los sueños del liberalismo burgués no pueden realizarse. Libertad, igualdad y fraternidad son imposibles de realizar sin ir a la Revolución social» libertaria. Urales destacaba especialmente «las libertades de reunión, de asociación y de pensamiento», que para Jensen eran «una condición necesaria para la victoria del socialismo por medio de la acción directa». La libertad que, en última instancia, querían imponer los libertarios a la República era «el derecho a la revolución[67]».

Esta ambigua valoración de las libertades democráticas servía normalmente para descalificar la República española por dictatorial. Raramente, como hacía Federica Montseny, se hablaba de «Constitución reaccionaria». Lo normal era decir que se incumplía (un modo indirecto de apreciarla). En el congreso de Madrid un delegado valenciano dijo que la constitución «podrá ser más o menos liberal, pero será violada como lo ha sido siempre». Desde el otoño de 1931 se hacen habituales los ataques al gobierno de Azaña por represor, dictatorial e incluso fascista o socialfascista (aludiendo a los socialistas). Para denunciar la persecución de la CNT (presos, palizas, muertes, cierres de sindicatos y periódicos), y las leyes que la fundaban (las de Defensa de la República, de Orden Público y de Asociaciones) el CN confederal va a argumentar reiteradamente que se están violando los principios democráticos y constitucionales. En abril de 1932 denunciaba que los republicanos «se ponen por montera lo que ellos han legislado y taxativamente consta en la novísima “Constitución española”». En julio decía que la «represión feroz» de la CNT conducía a su ilegalización «por ejercer un derecho taxativamente consignado en la Constitución». «Continuamos sometidos, sojuzgados, a un poder autoritario, inexorable y cruel.» Más tarde diría: «La libertad individual y colectiva que en todos los países es un derecho lógico y natural, en España es una completa burla y un puro sarcasmo[68]».

Los comités confederales, en manos faístas, no dudaban en reconocer las virtudes liberales y democráticas para condenar la persecución de la CNT, mientras denunciaban la lenidad con la que se trataba a las derechas antiliberales y clericales. Una constitución más o menos acorde con las «aspiraciones populares» nacía anulada por la disposición que mantenía la «criminal» Ley de Defensa de la República, «decididamente terrorista». Por eso, «desde el punto de vista demócrata burgués los que hoy mandan son unos dictadores». Solo Pestaña matizaría en 1933 su condena a la República diciendo que «se ha defendido duramente de sus enemigos sin recurrir a ningún tipo de dictadura». Entre las acusaciones que El Combate Sindicalista dirigía a los Gobiernos de 1935 figuraba, junto a la represión, la corrupción y «los jornales de hambre», el que hubieran arrebatado «todas las libertades “consignadas” en la Constitución[69]».

En el lenguaje libertario el proletariado compartía el protagonismo con el pueblo, como hemos podido comprobar ya. Durante la República compitieron diferentes definiciones de pueblo (republicano, católico, trabajador, revolucionario). Obviamente, la libertaria se acercaba a las dos últimas. Como toda identidad colectiva, la popular también se definía contra un enemigo opresor. Aunque los libertarios españoles despreciaban las urnas, alguna vez las valoraron como expresión de la voluntad del pueblo. Así, tras las elecciones del 12 de abril de 1931 Solidaridad Obrera titulaba: «El triunfo de los republicanos ha demostrado cuál es la voluntad del pueblo.» Este había rechazado la monarquía y «ha dado el triunfo a la democracia». Tras el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936 un manifiesto de la CRT de Cataluña afirmaba: «El pueblo español, el pueblo productor, ha demostrado claramente su posición y sus deseos.» Pero otras veces pueblo y votos podían diferir. Cuando las elecciones a Cortes constituyentes, SO afirmaba que el pueblo quería que ganaran las extremas izquierdas, o al menos la izquierda (excluyendo al PSOE de ella), y decía que, de haber triunfado las derechas (radicales incluidos), la CNT se «hubiera lanzado a la calle a impedir por todos los medios que los reaccionarios estrangularan las últimas posibilidades revolucionarias que le quedan al pueblo español[70]». Tras el triunfo electoral de las derechas en 1933, el órgano treintista censuraba que las autoridades cedieran el poder a los enemigos de la República: «aquello que a los gobernantes les parezca cumplimiento del deber, acatamiento a la “voluntad del sufragio” —en naufragio—, al pueblo se le antoje abandono del deber y desacato a la opinión republicana». Para la CNT oficial, sin embargo, esos comicios supusieron «una forma de pronunciamiento auténticamente popular» mediante el pretendido triunfo arrollador de la abstención, que decían había sido superior al 50 por 100 del censo. En todo caso, solo el voto a la izquierda o la abstención podían representar al pueblo. Pese a que en 1936 solo el Frente Popular prometía la amnistía, para Abad de Santillán esta era «la voluntad unánime del pueblo español». Pestaña, líder desde 1934 del Partido Sindicalista, se dirigió en las Cortes a los diputados de la derecha: «Ayer fuisteis vosotros los que imponíais […] la injusticia de los votos que representabais sobre el pueblo; hoy es el pueblo el que se ve obligado a hacer con ustedes absolutamente lo mismo que ayer hicieron ustedes con él.» Para El Sindicalista, órgano del partido, las derechas solo eran votadas por «el detritus de la sociedad[71]».

Pero más que con el sufragio o la abstención, el pueblo se manifestaba en la calle. Para Federica Montseny, por ejemplo, la quema de conventos de 1931 era obra del pueblo que «desahoga sus furores y, orientado por su instinto, se apresta a la defensa de sus libertades». Este protagonismo brillaba más aún en las insurrecciones. En la de enero de 1933 había actuado el «pueblo en convulsión por virtud de su indómito espíritu libertario». Porque la revolución social «ruge impetuosa en las entrañas del pueblo[72]». Pero los treintistas criticaron las insurrecciones de 1932 y 1933 precisamente por su falta de preparación y de apoyo popular. Pese a la profunda decepción del pueblo con la República, y confiar ya solo en la revolución social, «la cacareada teoría de la acción de las minorías audaces», aludiendo a la estrategia de García Oliver, ha reducido la insurrección a «unas pocas audacias individuales». Ni siquiera las bases de la CNT siguen a los líderes faístas, verdaderos «dictadores», añadirá Peiró tras el levantamiento de diciembre de 1933. Incluso Federica Montseny dejó traslucir su crítica a la revolución de minorías[73].

El célebre himno «Hijos del pueblo» subraya la unión entre el «pueblo leal» y los anarquistas, que le llaman a levantarse «al grito de revolución social». Para Gilabert la CNT y la FAI eran la «encarnación viva del pueblo que trabaja». Los anarquistas «cuentan con […] la adhesión entusiasta de las masas populares», decía Tierra y Libertad, porque «son la entraña de ese mismo pueblo». Federica Montseny lo explicaba por el «Espíritu individualista» de «la raza española», que se manifestaba desde Viriato en la «historia de la libertad en España». Sin embargo, los anarquistas hablaban en ocasiones del «pobre pueblo español», «bonachón», que aún cree en la democracia y en los políticos que le manipulan por su «ignorancia[74]».

En todo caso, lo que queda claro es que para los libertarios de todas las tendencias el pueblo excluía a las derechas (monárquicos y católicos), y las libertades que tanto reclamaban para sí no valían para ellas. Los libertarios condenaban la República por no reprimir a la derecha antirrepublicana: «La reacción, el fascio, afila con libertad sus garras […] imitando a los fascios de otros países», decía CNT. Federica Montseny aplaudía la quema de conventos diciendo que el pueblo quiere «arrojar de España a los enemigos de la libertad». El mes siguiente el congreso de la AIT en Madrid proponía, entre otras muchas restricciones a la Iglesia, nada menos que la «Supresión de todas las medidas de protección hacia la Iglesia y sus discípulos en las luchas llevadas contra ellos». El órgano del Partido Sindicalista protestaba de que, tras cuatro años de laicismo republicano, «muchos miles de ciudadanos realizan el ayuntamiento carnal mediante la iglesia, bautizan a sus hijos, continúan yendo a misa» o sostienen al clero. Como expresaba el asturiano José M.a Martínez, para los libertarios la Iglesia era enemiga fanática de «las libertades populares», que atacaba violentamente siempre que podía, con la Inquisición, el carlismo o apoyando la represión de la monarquía. «¿Con qué autoridad moral, y hasta cristiana, piden para sus personas y para sus ideas un respeto y una libertad que ellos nunca tuvieron para sus semejantes…?». Citando a Anatole France: «La Iglesia dice que la persiguen en cuanto no la permiten que persiga[75]». La democracia, en definitiva, debía dar libertad a sus enemigos revolucionarios, pero en absoluto a los reaccionarios, tachados genéricamente de «fascistas».

El Partido Sindicalista de Pestaña, no obstante, al aceptar la vía parlamentaria, aunque manteniendo el objetivo de la revolución social sindicalista, matizó un poco esta intransigencia. Su manifiesto fundacional propugnaba la acción política municipal y parlamentaria democráticas como complemento de la acción sindical directa, y aceptaba luchar por un programa mínimo. Propugnaba respetar a la «minoría considerable» de religiosos, siempre que no se usaran los púlpitos para defender la tiranía y la explotación (aunque hemos visto con qué radicalismo se podía entender en El Sindicalista el laicismo). Prometía también criticar a los adversarios políticos desde el respeto, pero solo se establecerían «alianzas circunstanciales (con) los partidos y las organizaciones de clase». Se afirmaba, finalmente, que se iría a la revolución mediante «la conquista del cerebro y el corazón de la mayoría de los españoles», lo que abría la puerta a una democracia social anticapitalista y suponía un singular avance hacia la aceptación de la república democrática desde posiciones sindicalistas libertarias. Pero desde el otoño de 1935 el partido, favorable a la coalición entre partidos obreros y republicanos «para conquistar las libertades democráticas», insistía en perseguir a los gobernantes responsables de la represión de octubre de 1934. Muy receloso de Azaña, «republicano conservador», el periódico defendía que, tras la victoria electoral, la restauración de las libertades y «una vez aniquilada la reacción» (el «fascismo vaticanista»), los partidos obreros deberían romper la coalición y avanzar «hacia el logro de sus caros ideales». Aunque esta inquietante «aniquilación» quedaba matizada al decirle a Azaña que si aceleraba las reformas no volvería a ganar la derecha, lo que parecía indicar que podría presentarse en los siguientes comicios[76].

En 1933 y 1934 los anarquistas denunciaron que la transigencia democrática brillaba por su ausencia en el espectro político español. «En realidad nadie cree en la democracia» —decía Abad de Santillán—. Todos los partidos, si ven que no pueden alcanzar el poder «por las urnas […] van por la revolución, por el golpe de Estado». Para Solidaridad Obrera, «Derechas e izquierdas aspiran al mangoneo total de la cosa pública, por medio de dictaduras que excluyen toda posible competencia y estrangulan a las oposiciones políticas y sociales». El viejo Montseny escribía en enero de 1934: «Y las izquierdas ¿no son demócratas, no son parlamentarias? Pues si lo son, han de respetar el criterio de la mayoría […] Habrán de aguantarse y esperar que nuevamente tengan mayoría en el Parlamento. Otro modo de ver la política es faccioso y va contra los fundamentos de la democracia[77]». Estas denuncias, aunque suponían implícitamente una valoración positiva del pluralismo democrático, buscaban mostrar su imposibilidad en la España del momento, para justificar así la revolución libertaria, único remedio ante tanta amenaza dictatorial.

4. ENTRE LA REVOLUCIÓN Y EL FASCISMO

No podemos describir aquí la crónica de las tres insurrecciones libertarias contra la República. La iniciada en el Alto Llobregat en enero de 1932 y la del 8 de enero de 1933 fueron contra los Gobiernos de Azaña. La del 8 de diciembre de 1933, se inició el mismo día que se reunían las Cortes tras las elecciones que habían dado el triunfo a la derecha, en las que la CNT había desarrollado una intensa campaña abstencionista. En las tres, en bastantes pueblos, grupos insurrectos proclamaron el comunismo libertario y se enfrentaron a las fuerzas del orden locales, hasta que la llegada de refuerzos provocaba su huida al campo. En las ciudades, los grupos armados de la Defensa confederal explosionaron bombas y se enfrentaron a las fuerzas del orden mientras se declaraba la huelga general. Solo el primer movimiento careció de víctimas mortales. En el segundo hubo varias decenas, destacando la brutal represión de Casas Viejas (Cádiz), con veintiún muertos a manos de las fuerzas del orden, que contaron con tres o cuatro víctimas mortales. La insurrección de diciembre, la más sangrienta, provocó la muerte de setenta y cinco insurrectos, catorce guardias y trece pasajeros de un tren descarrilado por la voladura de un puente en Puzol (Valencia). En prácticamente ningún lugar atacaron los revolucionarios a propietarios, curas o personas de derechas[78].

Campesinos abatidos en los sucesos de Casas Viejas (Cádiz) en enero de 1933, tras su enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. De pie se puede ver a varios forenses y periodistas que observan los cadáveres. El choque entre las fuerzas de orden público y los anarquistas provocó tres o cuatro (según las fuentes) víctimas mortales entre las fuerzas de orden público y veintiuna entre los campesinos.

Las rebeliones anarquistas fueron exaltadas por los faístas como la heroica reacción popular y anarquista contra la república capitalista, cuya sangrienta represión (Casas Viejas sobre todo) mostraba su tiránica faz. Pero, tras el fracaso de diciembre, la CNT no intentó nuevas aventuras insurreccionales. El teórico de la «gimnasia revolucionaria», García Oliver, había afirmado tras la sanjurjada que había que hacerse con el control del país «cuando la autoridad se hubiera hundido en lucha con la reacción monárquica». En el congreso de Zaragoza, en mayo de 1936, justificó las insurrecciones libertarias, sobre todo la de enero de 1933, porque habían debilitado a la República, enconando el enfrentamiento entre izquierda y derecha. Su colapso sería aprovechado por los anarquistas para hacer triunfar su revolución. Posiblemente tenía en mente la crisis del Estado ruso en 1917, que permitió el acceso al poder de una minoría de revolucionarios bien organizada, sin ver las obvias diferencias con España (la principal, la ausencia de guerra y de hundimiento de la disciplina militar). Tampoco quiso ver que las consecuencias de enero de 1933 se debieron a la brutal represión de Casas Viejas, un hecho singular difícil de prever por los dirigentes de la insurrección. Por otra parte, en vísperas de la caída del Gobierno de Azaña, CNT esperaba un Gobierno de republicanos sin socialistas que amnistiara a los presos libertarios y que debilitara a la rival UGT. No la disolución de las Cortes y el triunfo electoral de las derechas[79].

Las insurrecciones no fueron la única violencia libertaria. Hubo también un rosario interminable de actividades violentas de los grupos anarquistas, como enfrentamientos a tiros con las fuerzas del orden y con sindicalistas rivales, más tarde también con falangistas, que se cobraban vidas tanto entre los libertarios como entre sus oponentes; atentados, no pocos mortales, contra patronos, obreros rivales, policías, funcionarios de prisiones, políticos o militares; explosiones de petardos y bombas (alguna con víctimas mortales), atracos a mano armada, extorsiones económicas, sabotajes, lanzamiento de artefactos incendiarios, acopio de armas y explosivos, etc. También reventamientos de mítines, derechistas, socialistas o treintistas, que derivaban a veces en enfrentamientos a tiros[80].

Estas acciones eran acompañadas por un discurso justificador de la necesaria violencia revolucionaria, sangrienta para burgueses y clérigos, que para Gilabert era «consecuencia natural» de la represión y del hambre. Violencia «natural», «noble», «al servicio de la Redención humana», necesaria contra la del Estado, la burguesía y la Iglesia, «antinatural, criminal, absurda, porque se emplea para someter, explotar y tiranizar». Tanto Federica Montseny como el órgano de la FSL se lamentaban de que el 14 de abril no hubiera habido la necesaria «revolución sangrienta». En septiembre de 1933 Solidaridad Obrera clamaba: «¡caza y destrucción de los partidarios y organizaciones del fascio!». Dos meses después Orobón Fernández contestaba a la «dialéctica de los puños y las pistolas» falangista: «Que […] ante las pistolas fascistas se esgriman las pistolas del proletariado». De los tradicionalistas decía CNT: «a los desvergonzados frailazos hay que barrerlos a estacazos». Y una popular canción faísta decía: «Arroja la bomba/ que escupe metralla/ contra la canalla/ de Acción Popular/ […] con pistola y dinamita/ el fascio vamos a combatir/ y a destruir[81]».

Pese a su exaltación de la violencia, los radicales se oponían a la pena de muerte —«fría, inexorable, vengativa»— sin hacer excepciones ni con Sanjurjo: «Para la CNT, ante el espectro del verdugo, no hay distinción. Todos son seres humanos». Lo que contrastaba con la exigencia de justicia proletaria para los culpables del «martirio» de Asturias. García Oliver, sin embargo, había criticado en su día los indultos a los sublevados del 10 de agosto, añadiendo que «mañana seremos nosotros los que los ejecutaremos[82]».

Voladura del expreso Barcelona-Sevilla a su paso por Puzol (Valencia) en diciembre de 1933. La bomba fue puesta por revolucionarios anarquistas que causaron la muerte a trece pasajeros. El triunfo del Partido Radical y de la CEDA en las elecciones generales de noviembre de 1933 movió a los anarquistas a su última gran insurrección contra la República.

Los treintistas eran normalmente más comedidos en la exaltación de la violencia. Peiró llamaba a la revolución «sin verter sangre innecesaria». Aunque también apelaba a «la acción violenta» y justificaba, aunque sin aprobarlo por estéril, que el odio de los obreros se desbordara «con el empleo de la tea y de la dinamita contra todos los antros eclesiásticos y cavernarios». Pestaña, aunque también justificó al pueblo inculto que incendiaba iglesias, defendía la revolución con el mínimo de violencia necesaria, para acabar con el orden social, no con las personas. La prensa treintista criticaba también los atracos. En el congreso de Zaragoza el delegado de Pesca de Pasajes tachó los sabotajes de táctica jacobina, no anarquista. Tras la insurrección de enero de 1933 un manifiesto denunciaba a los que habían azuzado a los obreros a «la realización de violencia y barbarismo ciegos, confundiendo hechos repugnantes con lo que ha de ser la revolución social». Tras la de diciembre se condenó «la acción criminal» del descarrilamiento de Puzol. La prensa libertaria subrayó que en Asturias, en octubre de 1934, los revolucionarios habían respetado la vida de los derechistas que estuvieron en sus manos, aunque Federica avisaba: «Otra vez el pueblo […] no querrá ser generoso, benigno, caballeresco con un enemigo que nada respetó[83]».

1933, el año de las dos grandes insurrecciones anarquistas, vio también el agravamiento de la crisis económica y del paro, y de la ola de huelgas, a la que se sumó con fuerza la UGT. Es también el año de la radicalización del socialismo español de la mano de Largo Caballero, tras su salida del Gobierno, acosado por la ofensiva de anarquistas, patronos, radicales y derechas. Ante las elecciones de noviembre la conjunción de 1931 estaba completamente rota: socialistas y republicanos de izquierda, centro y derecha fueron desunidos. La CNT pidió la abstención en mítines, carteles y prensa, atacando sobre todo a las izquierdas por su represión criminal. Anunciaban sin embargo que, si triunfaba la derecha, responderían con la revolución, que se vieron obligados a intentar en diciembre. Los treintistas, por su parte, pasaron a obsesionarse con la amenaza fascista, identificada con la derecha antiliberal católica o monárquica, y muy especialmente con la poderosa CEDA. Frente al fascismo no pensaron en defender la República, que habían abandonado a finales de 1931, sino en la revolución social como única alternativa. Pero una revolución que solo era posible mediante la conjunción de todas las fuerzas obreras. De ahí que el FSL y los SSOO se unieran a los comunistas disidentes del BOC para impulsar las Alianzas Obreras revolucionarias (AO). Esta línea estratégica no la abandonarían en los años siguientes, con la excepción del partido de Pestaña, que ingresó en el Frente Popular.

El término fascista se puso muy de moda en el discurso político español y europeo de los años treinta, especialmente tras el triunfo de Hitler en 1933. Para los medios libertarios Italia y Alemania eran los regímenes fascistas por excelencia, aunque a veces se citasen otras dictaduras. Era común afirmar que el fascismo era la última arma de la burguesía frente a la revolución proletaria, ante el derrumbe definitivo del sistema capitalista. El término se utilizaba como descalificación absoluta. Venía a designar, aunque de modo impreciso, a aquellos grupos o regímenes que suprimían las libertades y buscaban aplastar al movimiento obrero organizado. Lo que le hacía poco distinguible de la mera reacción autoritaria: «El triunfo del fascismo en la Europa occidental significa el triunfo del capitalismo, del catolicismo y del militarismo sobre la idealidad de la clase trabajadora. El fascio es el retorno a la Edad Media, en la que el señor y el cura vivían de la servidumbre», decía La Revista Blanca. En los medios libertarios era usual representar a la reacción mediante personajes repugnantes o monstruosos que lucían a la par cruces cristianas y gamadas. Pero los modelos italiano y alemán acentuaban el carácter represivo y amenazador de esa reacción[84].

Los treintistas vieron la amenaza fascista sobre todo en la derecha, aunque a veces utilizaron el término incluso contra los faístas (el «fascismo rojinegro»), cuando sufrían su acoso violento. Pestaña, que se ocupó abundantemente del fenómeno, destacó su carácter de «movimiento de masas pagado por el gran capital para dividir y enfrentar al pueblo y luego esclavizarlo». Masas formadas en Alemania por campesinos perjudicados por las políticas socialistas y por parados. Para Marín Civera su atractivo residía en la promesa de «Estado sindical». Ambos propugnaban un frente único proletario y revolucionario contra las masas fascistas[85].

Aunque sinónimo de la reacción, los treintistas subrayaban que el fascismo sería «peor y más duradero» que la pasada dictadura, que sería «aumentada al 100 por 100 en brutalidad y barbarie»; una San Bartolomé para «los trabajadores revolucionarios», por lo que urgía a adelantarse y cortar «con las más graves violencias, el paso al fascismo. Es una cuestión de vida o muerte». Por ello Juan López pedía a los faístas que distinguieran «entre la represión republicana y el terrorismo criminal del fascismo[86]».

Los fascistas («reaccionarios» y «cavernícolas») que podían triunfar en las elecciones de 1933, según alertaba Peiró, eran sobre todo los católicos de la CEDA, coaligados con monárquicos y tradicionalistas y con el líder de la recién fundada Falange. En esta imagen del movimiento social-católico pesaba, no solo su anterior apoyo a la Dictadura de Primo de Rivera, sino también el discurso autoritario de su líder, Gil Robles, durante la campaña. Su moderación tras las elecciones fue interpretado como una táctica para lograr acceder al poder y aplastar entonces «las pequeñas libertades del pueblo» y «las minúsculas conquistas del proletariado», según denunciaron Pestaña, Peiró y Arín, quien lo comparaba con Dollfuss, que negaba ser fascista, cuando era un agente de Mussolini y del papa. El Sindicalista definía a la CEDA como «fascismo vaticanista» y resaltaba su rechazo de la Constitución y de la República, que habían convertido ya (fines de 1935) desde el Gobierno «en un guiñapo», «tolerando prevaricaciones, cohechos y crímenes repugnantes». En la posterior campaña electoral sus titulares advertían: «De triunfar Gil Robles; de ganarnos la batalla el fascismo […], España toda sería un presidio, un cementerio[87]».

En alguna ocasión, sin embargo, treintistas e incluso faístas distinguían a los reaccionarios y la CEDA de los grupos y regímenes más específicamente fascistas. En mayo de 1933 Pestaña afirmaba: «En España no hay fascismo, pero puede haberlo», lo que parecía excluir a AP. En agosto de 1935 García Birlan, Dionysios, afirmaba que ni los «procedimientos fascistas» de los Gobiernos azañistas, ni siquiera la represión de Asturias eran comparables a las de Alemania e Italia, con su «supresión de todo lo proletario, e incluso de los proletarios que no se someten». Aunque alertaba de que con el Gobierno derechista se avanzaba «lenta, pero directamente» al fascismo. En todo caso, lo usual fue que, en el lenguaje libertario, reacción y fascismo fueran sinónimos, y que monárquicos, católicos y falangistas fueran vistos como una amalgama[88].

La campaña electoral de las elecciones generales de febrero de 1936 fue una clara muestra del enfrentamiento radical entre las distintas posiciones. Desde la izquierda se quiso presentar a la CEDA, y en especial a su caudillo Gil Robles, como los responsables de los muertos obreros en la revolución de octubre de 1934, al tiempo que se recordaba efectistamente su conexión con la Iglesia, representada en el cartel por el báculo episcopal.

Los treintistas acusaron a Lerroux de abrirle el paso al fascismo, de ser el von Papen de Gil Robles, «el Hitler español», según Peiró. Lerroux siempre había sido un hombre turbio, al servicio de la monarquía primero, luego «presunto confidente de Sanjurjo» y ahora al servicio de la reacción. Su partido se había llenado de reaccionarios, caciques, banqueros e industriales y ahora abría la puerta del poder a «la España negra». En septiembre de 1935 El Combate Sindicalista, órgano de los SSOO, denunciaba que la CEDA estaba pasando a la fase de «eliminación de los radicales» en el Gobierno y el Estado, ante la pasividad de estos. A Lerroux se le acusaba también de corresponsabilidad en la represión de la revolución de octubre[89].

Temerosos de la derecha «fascista», los treintistas no apoyaron en los comicios de 1933 a la izquierda dividida, que había perseguido al movimiento libertario, pero tampoco hicieron campaña abstencionista como la CNT. Las izquierdas dejaron de ser una amenaza y su fracaso era el de la democracia. Solo cabía una alternativa: «Contra el fascismo, la revolución. La quiebra de la democracia abre paso al imperio de la fuerza. Antes que triunfe la reacción capitalista, debe hacerse la revolución en un amplio frente obrero». Porque, frente a los faístas, la revolución solo era posible mediante la Alianza Obrera. La CNT no bastaba. Esto significaba un cambio de actitud frente al PSOE, que «se sitúa en un plano de radicalismo digno de todos los respetos». El 9 de diciembre de 1933, la FSL y los SSOO participaron en la formación en Cataluña de la primera AO junto a las demás organizaciones obreras, excepto los refractarios CNT, FAI y PCE. En Valencia se formaría en enero. Y la CRT de Asturias, de línea sindicalista, entró en la AO en marzo. Peiró dejó claro desde el primer día que la Alianza debería hacer la revolución, no acudir a las elecciones, y que los libertarios debían obtener garantías de libertad y respeto para todos los coaligados tras la revolución. Garantías solo posibles dentro de la AO, nunca sumándose a la revolución en marcha, como sostenía la CNT[90].

Revolución social, no república burguesa. Cuando en el verano de 1934 se produjo el conflicto entre los Gobiernos de Barcelona y Madrid, Sindicalismo, órgano de la FSL, titulaba: «Otro 14 de abril. ¡No!»; «¡Burgueses! Si queréis una revolución más, ¡hacedla vosotros!». En las elecciones de 1936 los treintistas no vieron mal votar al Frente Popular, pero no para «ayudar a la burguesía a la consolidación de esa falsa democracia» sino para dar enseguida paso a la revolución. Solo Pestaña defendió desde 1933 la posibilidad de que la AO participara en procesos electorales, en los que las organizaciones apolíticas mantuvieran su actitud abstencionista, aunque sin hacer campaña por ella. Tampoco descartaba que las AO pudieran pactar con otras fuerzas antifascistas, anticipándose así a lo que sería el Frente Popular. Poco después fundaba su Partido Sindicalista, con el que entraría en el Frente Popular, lo que suponía cierta aceptación de la República democrática, como vimos[91].

Hasta las elecciones de 1933 los faístas de la CNT siguieron teniendo como enemigo principal a la izquierda republicano-socialista, que los había reprimido. Contra ella se dirigió sobre todo su activa campaña abstencionista. En este contexto el término fascista era un ariete lanzado en todas direcciones. Empezando por la república capitalista y represiva. Ya en diciembre de 1931 hablaban de «régimen republicano fascista» o «fascismo republicano». Para el CN leyes como las de Orden Público y la de Asociaciones se inspiraban en el «fascismo Italiano entronizado en España por la socialdemocracia[92]».

En el otoño electoral de 1933, CNT alertaba obsesivamente contra la amenaza fascista, que solo la revolución libertaria podía superar. Pero una amenaza que estaba en los escamots de ERC, «la guardia fascista» de «Dencàs, Hitler catalán»; en la «canalla del fascismo marxista», «los fascistas de Largo y Prieto», cuyos procedimientos son como «los del hitlerismo y los de Mussolini»; en el bolchevismo y en Rusia, un fascismo equiparable al italiano y alemán; y, por supuesto, en «el fascismo de Gil Robles, más peligroso que el ya derrotado de Azaña y Largo», fascismo clerical cuyo previsible éxito electoral sería anulado por la revolución. Sin olvidar a la JONS, con su retórica social y su dialéctica de las pistolas, un fascismo «que se está gestando, copiado de Alemania». Un «peligro fascista», pues, omnipresente: «la orientación de todos los partidos que pugnan por adueñarse del poder es fascismo en el fondo[93]».

La confirmación del triunfo de la derecha el 19 de noviembre (aunque sin mayoría absoluta) concentró en ella la amenaza: «El fascismo se está preparando para entrar en el poder. ¡Aplastadlo u os aplastará!»; «El triunfo de las derechas abre las puertas al fascismo declarado. El proletariado opondrá la revolución para impedir su acceso al poder». Los llamamientos a la insurrección libertaria fueron constantes hasta el fracaso del 8 de diciembre. Ahora se distinguía izquierda y derecha: «las llamadas derechas no significan otra cosa (aunque se tiñan de colorido republicano democrático) que […] un avance fascista; una preparación para llevar a España a la terrible situación de tiranía en que yacen Polonia, Italia y Alemania, por no citar otros países dominados por el terror fascista». Las «leyes y situaciones dictatoriales» de los Gobiernos de izquierda «facilitaron el acceso de los actuales derechistas y forjaron los instrumentos fascistas que ahora pretenden empuñar, corregidos y aumentados, los reaccionarios triunfantes en las elecciones». Si «la reacción de Acción Popular y del fascismo» entra en el Gobierno, «la Confederación llamará a los trabajadores a una decisiva actuación revolucionaria[94]».

Durante el segundo bienio el faísmo continuó centrando la amenaza fascista en el «fascismo católico» de Gil Robles, «su Dollfuss», según Federica Montseny, quien añadía, sin embargo, que el líder cedista y Azaña eran «lobos de la misma camada». Porque antes de la revolución de octubre la alerta ante el «fascismo católico» solía acompañarse de ataques al fascismo de izquierda, muy especialmente el del represor Gobierno catalán. Como decía un ateneo libertario sevillano, fuera de las organizaciones anarquistas «todo lo que existe es fascismo». Incluso después de la revolución, Felipe Aláiz la explicó así: «No se trata de fascismo y antifascismo; se trata de una lucha entre fascistas de la propiedad y fascistas de la burocracia», (CEDA y PSOE)[95].

También los faístas acusaron a los radicales de abrir las puertas del poder al fascismo (la CEDA), más que de ser ellos mismos fascistas. Aunque para alentar a la insurrección de diciembre hablaran del «fascismo que se gesta, vinculado a la doble personalidad de Gil Robles y de Lerroux». En general Lerroux gozaba de mala prensa en los medios libertarios, sobre todo desde que comenzó a moderar su discurso para intentar atraerse el voto liberal monárquico. En diciembre de 1931 el órgano de la FAI le acusaba de querer fundar el fascio español y establecer una «dictadura mussolinesca». Pero en un pleno de la CNT de febrero de 1934, el delegado de la AIT afirmó que un error de la insurrección de diciembre fue confundir a Lerroux con Gil Robles. El radical jugaba el papel de Brüning (no el de von Papen). Durante 1934 Federico Urales, que no olvidaba las luchas juveniles compartidas con «el antiguo director de El País», resucitó sus simpatías republicanas de 1931. Acusó a los socialistas de haber vetado entonces el acceso al poder de Lerroux, provocando su giro a la derecha y la ruptura de la unidad republicana, causa del resultado electoral de 1933. En mayo de 1934 elogiaba la oposición a la amnistía del presidente Alcalá Zamora, criticando esta vez a Lerroux por aceptarla. Y un año después elogiaba a Lerroux por indultar a los líderes de la revolución de octubre, «pese a que tantos agravios había recibido de los socialistas». Aunque esta actitud de Urales no era compartida, los líderes más radicales de la Confederación, Ascaso y García Oliver incluidos, no dudaron en entrevistarse con Lerroux, Salazar Alonso y Companys en demanda de amnistía y de reapertura de los sindicatos y periódicos cerrados, logrando la excarcelación de millar y medio de libertarios en los primeros meses de 1934[96].

5. DE LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE A LA TORMENTA DE JULIO

La Alianza Obrera antifascista era cada vez más popular entre los trabajadores, y más tras la represión de la revolución de octubre, pero los dirigentes faístas de la CNT permanecían reacios, pese a verse incapaces de una nueva insurrección en solitario. En el pleno nacional de febrero de 1934 las regionales de Asturias, Galicia y Centro apostaron por la alianza revolucionaria, pero Cataluña, Andalucía, Aragón y el CN lograron aprobar un llamamiento a la UGT que le imponía condiciones inasumibles: su ruptura con el PSOE y el que la revolución fuera también contra el Estado. No querían aparecer rechazando sin más la unión anhelada. Pero la polémica se mantuvo viva, y más cuando la CRT asturiana entró en la AO y protagonizó la revolución de octubre, como es bien conocido. También los treintistas participaron en la insurrección, integrados en la AO catalana. Pero la CNT, reprimida con dureza por el Gobierno catalán e ignorada en Madrid por la UGT, permaneció al margen del movimiento[97].

Mineros abatidos por el ejército en un cuartel de Asturias durante la revolución de octubre de 1934. Socialistas y anarquistas colaboraron juntos en esta región durante las trágicas jornadas revolucionarias que tuvieron lugar después de la incorporación de la CEDA al Gobierno. Excepto en Cataluña, donde se mezcló con un levantamiento catalanista, y en Asturias, donde los mineros se hicieron con armas y controlaron durante varios días amplias zonas de la región, la revolución de octubre fue un absoluto fracaso y la violencia revolucionaria fue contestada con una brutal represión.

En 1935 nuevas voces, algunas tan ortodoxas como la de Urales, apostaron por la alianza con sindicatos y partidos obreros para hacer la revolución. Los dirigentes confederales ya no exigieron que esta fuera contra el Estado, pero sí la exclusión de los partidos. En el congreso confederal de mayo de 1936, tras un vivo debate, se aprobó pedir a la UGT que rompiera con el Frente Popular y la República para unirse en la AO, pero se admitió negociarlo con la central socialista cuando celebrara su congreso, aún sin fecha[98]. En todo caso, la CNT seguía apostando contra la República, por la revolución, aunque comenzara a mitigar su intolerancia hacia los socialistas.

En la conferencia de la CRT catalana de enero de 1936 muchos criticaron las «estridencias» de la campaña abstencionista de 1933 y abogaron por una más «serena». Bastantes delegados propusieron limitarse a explicar los principios de la acción directa, y alguno pidió incluso no «coaccionar el ánimo de la opinión para que vote o no vote», e incluso dejar «en libertad de acción a cada cual». Pocos defendieron una campaña abstencionista «tan rabiosa como la del 33», contra todos los fascismos, de izquierda y derecha. Al final se decidió hacer una campaña abstencionista «sin estridencias ni demagogias», que mostrara la inutilidad del sufragio para detener el fascismo y obtener «la libertad de los presos[99]».

La campaña de los treintistas fue similar a la de 1933. Aunque criticaron el pacto electoral con los republicanos y la moderación del programa del FP, recalcaron sobre todo la amenaza fascista (de derecha), la represión de Asturias y la amnistía. Ya en septiembre de 1935 propugnaba Peiró no pedir la abstención, aunque tampoco el voto (sería «claudicación»). De no poder frenar el fascismo mediante la revolución, «hay que dejar vía libre a la lucha electoral contra el enemigo común», incluso con los demócratas burgueses. Pero Combate Sindicalista pedía a las fuerzas obreras que abandonaran el FP después de las elecciones y de la amnistía, para hacer la revolución «de una forma violenta[100]».

Bien diferente fue el tono de Solidaridad Obrera durante la campaña, con gruesos titulares como «¡No votar! ¡Revolución!» o «¡Abstención electoral y fortificación del frente sindical!». La diferencia con 1933 estribaba en que ahora el enemigo principal era el fascismo de la derecha, que ni la democracia ni las elecciones podían frenar; solo la revolución del frente sindical (sin partidos). Muchos artículos y editoriales explicaban la teoría libertaria sobre la democracia y el sufragio, pero otros se centraban en la realidad española, y entonces era inevitable recordar también la represión del primer bienio, que además, se recalcaba, no había impedido el ascenso de la reacción. Pocos insinuaron las ventajas de un triunfo de la izquierda. En un mitin en Santander, Manuel Chueca dijo: «Con respecto al voto […] que cada cual obre según su conciencia, aunque señala la perfecta inutilidad del sistema electoral», y David Antona añadió que aunque el fascismo (CEDA) fuera derrotado en las urnas, reaccionaría después, por lo que habría que derrotarlo en la calle. En Cádiz la CNT participó en un mitin proamnistía junto a la UGT; aunque los oradores libertarios se abstuvieron de aludir a las elecciones, el acto era suficientemente explícito sobre la actitud del líder gaditano Vicente Ballester[101]. Solo los días 15 y 16 de febrero, este el mismo día de la votación, SO se centró en atacar a la derecha y en apelar a la amnistía, lo que sí que invitaba indirectamente a votar. El 15 llamaba con grandes titulares a la «¡¡Amnistía!!» de los «30 000 trabajadores presos», y el 16 el CN alertaba de una militarada en marcha y demandaba la amnistía.

En la primavera de 1936 la CNT reorganizó sus efectivos, alcanzando en el congreso de mayo similar afiliación a la de junio de 1931, aunque con la regional catalana mucho más débil. El congreso aprobó el proceso de reintegración de los SSOO. Se emplazó a la UGT, como vimos, a la alianza revolucionaria. Se debatió también el peligro de «una reacción derechista o bien una dictadura —no importa de qué clase—» y se aprobó exigir la derogación de las leyes represivas, la ampliación de la amnistía, enfrentarse con los provocadores fascistas en el trabajo y en la calle y «demostrar la ineficacia y el fracaso del parlamentarismo[102]». La CNT participó en la gran ola de huelgas de la primavera, a veces conjuntas con la UGT y otras en abierta e incluso violenta confrontación. Pero, en la práctica, la CNT nada hizo para preparar la revolución. Solo los de Nosotros prepararon a los grupos de acción catalanes para responder al golpe militar previsible con la revolución libertaria[103].

Entre los libertarios solo el heterodoxo Partido Sindicalista aceptó integrarse en el FP y su líder fue elegido diputado por Cádiz. Pestaña buscaba completar «la acción sindical» «en otro terreno de lucha», el político. El apoliticismo, decía El Sindicalista, solo beneficiaba a la reacción. Pero aclaraba: la «nueva posición parlamentaria no excluye para nada cualquier intervención francamente revolucionaria», siempre «con la imagen libertaria en el horizonte[104]».

Pestaña iba más allá de Peiró, cuando este defendía la necesidad de una acción política (aunque directa) que exigiese al Estado leyes que garantizasen la libertad sindical y los derechos individuales, para evitar tener que pedirle luego la libertad de los presos y la reapertura de las sedes. Pestaña añadía a la presión sobre las instituciones la presencia en las mismas. Aunque su partido terminó sumándose al FP, rechazaba un mero retorno al «14 de abril». Tras el mitin de Azaña en Comillas El Sindicalista advertía que tras la victoria, «una vez aniquilada la reacción», los partidos de clase debían abandonar la coalición para «derrocar por la subversión o la evolución el régimen capitalista». Se trataba de defender transitoriamente la República «como mal menor» y «punto de arranque[105]». El partido aceptó luego el moderado programa electoral del FP y apostó por mantener la coalición «para sostener el régimen», hasta que el proletariado estuviera preparado para «la lucha definitiva[106]». Retornaba así a una posición parecida a la de la CNT en abril de 1931: apoyar al régimen contra la reacción, pero para fortalecer el movimiento obrero de cara a la posterior revolución.

En 1936 los libertarios españoles, con la matizada excepción del grupo de Pestaña, siguieron apostando por la revolución y contra la república «burguesa» como única alternativa frente a la amenaza «fascista», aunque se abstuvieron de prepararla en los hechos. Al invitar a la UGT a una larga negociación para una acción revolucionaria conjunta lo que hacían era posponerla. Solo el grupo Nosotros se dedicó a preparar la lucha contra un previsible golpe militar. Al considerar el fascismo como la reacción desesperada del capitalismo en su crisis final, los libertarios despreciaron el papel que podía jugar el republicanismo y la República misma en la lucha antifascista. La democracia era impotente para cerrarle el paso, al ser traicionada por la burguesía, como se había visto en Italia, Alemania y Austria. El 15 de julio Germinal Esgleas analizaba la situación del país desde estos postulados: «la reacción conserva sus posiciones en la economía, en la banca, en la magistratura, en el ejército», ante la impotencia del Gobierno, por necesitar estas instituciones frente a la revolución. Por eso los partidos obreros, al sostener el Frente Popular, «dejan al fascismo el camino trillado». No cabía más opción que la revolución. Su triunfo lo garantizaba la unidad sindical revolucionaria: «De esta forma seremos invencibles. No hay Gobierno, por muy fuerte que sea, que pueda resistir una huelga general que cuente con la unanimidad de la clase trabajadora, si esta se decide a paralizar totalmente la actividad productora del país[107]». El Estado y su fuerza armada contaban poco.

Cuando el 18 de julio buena parte del ejército y de las fuerzas del orden se sublevaron contra el Gobierno republicano, ni la CNT ni la UGT ofrecieron sus voluntarios para apoyar a las fuerzas leales en la defensa de la República. En vez de ello rechazaron el Gobierno de Martínez Barrio y exigieron (o conquistaron, como en Barcelona) armar a los Sindicatos. Durante meses el Estado republicano quedó en manos de una revolución que lo respetó solo formalmente, mientras tenía que enfrentarse al Ejército sublevado sin casi fuerza propia, apoyado en las milicias revolucionarias, en lo que fue el inicio de una larga y cruenta guerra civil.

* * *

La Confederación Nacional del Trabajo era, a la altura de 1931, la principal central anarcosindicalista del mundo. Pero la consolidación de una república democrática, con un ambicioso programa de reforma social, la habría debilitado. Ese era el punto débil de la estrategia legalista para el fortalecimiento de la Confederación que defendían los sindicalistas. Estrategia que podía también derivar al reformismo, buscando el amparo de los partidos republicanos frente a la rival UGT, como denunciaron los libertarios radicales. Estos se vieron favorecidos por la depresión económica, que limitó los recursos del Gobierno. Los trabajadores de los sectores económicos con empleo más precario y más amenazados por el paro les sirvieron de plataforma en su afán de desestabilizar el nuevo régimen desde el primer día. Así es como el faísmo desplazó a los sindicalistas de Pestaña y Peiró de la dirección confederal. Hasta 1933, el duro desafío revolucionario a la República (huelgas generales, violencias, insurrecciones) provocó una enérgica represión y un recorte de los derechos constitucionales, y contribuyó al fracaso del proyecto republicano de reforma social con orden. Los anarcosindicalistas fueron el grupo que más víctimas mortales tuvo durante los cinco años republicanos, muy especialmente en los tres primeros[108].

Aunque los libertarios siempre habían rechazado el régimen democrático por lo que tenía de estatal y capitalista, valoraban las libertades y los derechos liberales, y apelaron a la Constitución de 1931 para denunciar su incumplimiento por parte de unos Gobiernos tachados de dictatoriales, cuando no de fascistas. Reclamaban, sin embargo, las libertades democráticas solo para los revolucionarios y los republicanos, no para las derechas antiliberales, consideradas enemigas del pueblo y, por tanto, carentes de todo derecho, en la más radical tradición jacobina.

Los sindicalistas moderados, conocidos como treintistas por su manifiesto de agosto de 1931, acataron la República en abril, aunque a las pocas semanas comenzaron a exigir su radicalización. Propugnaban también la revolución libertaria, pero la posponían al fortalecimiento de la CNT dentro de la legalidad democrática. Solo cuando perdieron el control de la central pasaron a la descalificación global del régimen. En 1933 se centraron en la amenaza fascista, identificada con las derechas antiliberales que concurrieron juntas a las elecciones de noviembre de 1933, cuya principal fuerza era la CEDA, pese a que sus modelos europeos de fascismo eran el italiano y el alemán, aunque también la dictadura católica de Austria. La alternativa era para ellos fascismo o revolución social. La democracia republicana no tenía cabida. Los treintistas y la regional asturiana de la CNT, controlada por el sector sindicalista, sí entraron en las Alianzas Obreras, uniéndose a las demás fuerzas obreras, incluyendo los viejos rivales socialistas. Pero entraron para hacer la revolución, como en octubre de 1934, no para restaurar la república de abril mediante las urnas, como se propuso el Frente Popular en 1936. Lo que no impidió que animaran indirectamente a votarlo en febrero de ese año.

Para los faístas, especialmente hasta las elecciones de 1933, fascistas eran todos, en la derecha, el centro y la izquierda, lo que expresaba su agresiva intolerancia hacia la pluralidad de fuerzas políticas y sociales que competían dentro de la legalidad republicana. Contra todas habían combatido violentamente. Pero fue sobre todo contra la izquierda, que había gobernado hasta hacía poco, contra la que se dirigió su activa campaña abstencionista en noviembre de 1933. Tras el fracaso de la insurrección de diciembre, la dirección confederal mantuvo su rechazo visceral a la República, aunque ya no volvió a intentar la revolución en solitario. Tampoco quiso unirse a las alianzas obreras revolucionarias, pese a la creciente presión de las bases, presión que se quiso superar diciendo que aceptaban la unidad de acción con la UGT, pero bajo condiciones imposibles de aceptar por esta. No obstante, la enemistad con los socialistas y con la izquierda en general fue cediendo terreno ante el avance de las derechas, percibidas como la amenaza fascista, avance facilitado por el republicanismo lerrouxista.

Desorientados a la hora de encontrar una nueva estrategia, tras el triunfo del Frente Popular los dirigentes faístas apenas lograron recuperar la fuerza perdida en los años de insurrecciones y represión, reintegrando para ello a los débiles treintistas en la CNT. Se mantuvo el discurso revolucionario contra el régimen, se participó en las huelgas y violencias de la primavera de 1936, pero nada práctico se hizo para preparar la revolución, salvo el grupo Nosotros, que organizó en Barcelona la respuesta revolucionaria a la previsible insurrección militar.

La excepción dentro del movimiento libertario fue el pequeño Partido Sindicalista, fundado por Pestaña en 1934, que sí se integró en el FP y que, aunque reticente con su moderado programa, apostó por sostener después al Gobierno republicano, justificándolo como un período necesario para que la clase obrera se preparara unida para el cambio revolucionario. Esta actitud se asemejaba a la postura que el mismo dirigente había sostenido ante la República en 1931, cuando encabezaba la Confederación. También como entonces reclamaba los derechos democráticos para republicanos y revolucionarios, no para las derechas antiliberales, consideradas fascistas y el enemigo principal del pueblo. Pero, jacobinismos aparte, su actitud suponía un gran avance hacia la aceptación práctica de la legalidad republicana y la competencia democrática.

Capítulo II

De los soviets a las Cortes.
Los comunistas ante la República[*]

Hugo García

Madrid, 14 de abril de 1931. Santiago Carrillo, futuro secretario general del Partido Comunista de España y entonces un adolescente, recuerda que mientras buena parte del pueblo celebraba la proclamación de la República en el centro de la capital, una veintena de jóvenes llegaron a la Puerta del Sol en una camioneta desvencijada y comenzaron a arengar a la multitud al grito de «todo el poder a los soviets[1]». De acuerdo con otro testigo de excepción, el abogado y escritor sevillano José Antonio Balbontín, los manifestantes tomaron a los alborotadores por agentes de la policía, y solo la intervención de algunos buenos republicanos les permitió emprender una prudente retirada[2]. El PCE era, por entonces, la única fuerza de izquierda que no se había adherido al nuevo régimen; hasta los comunistas catalanes, recientemente agrupados en el Bloc Obrer y Camperol, habían celebrado la caída de la Monarquía como el comienzo de la «revolución democrática» española, y reclamado el apoyo de los obreros y campesinos del país para el Gobierno provisional[3]. Al cabo de cinco años, sin embargo, la situación había cambiado por completo, al menos en apariencia. Mientras los comunistas de Cataluña reclamaban una «segunda revolución» que sustituyese a la República por un «Gobierno obrero», el órgano oficial del PCE declaraba que sus miembros «no est[aban] al margen de la República», y que no existía «ninguna contradicción» entre su defensa de esta y su reivindicación de la «dictadura del proletariado[4]». Con este giro, los estalinistas españoles anunciaban el apoyo incondicional que darían al régimen republicano durante la Guerra Civil: el último grupo de izquierda en aceptarlo fue también el último en abandonar el territorio leal en marzo de 1939[5].

Resulta tentador leer esta trayectoria como un principio de cambio en la cultura política del PCE, similar al experimentado por sus homólogos de otros países durante la segunda mitad de los años treinta. Los historiadores del comunismo francés advierten que este inició un proceso de democratización a partir del VII Congreso de la Internacional Comunista, celebrado en el verano de 1935[6]. Pero ni el discurso ni la actuación de los comunistas españoles durante la etapa republicana contienen indicios de su conversión a la democracia en estos años: más bien, sugieren que estuvieron siempre entre las fuerzas más desleales al régimen republicano (lo que, tratándose de la Segunda República, indica un grado considerable de deslealtad)[7]. Las evidentes oscilaciones del partido podrían tener una explicación distinta: como ha señalado uno de los mayores especialistas en el tema, Rafael Cruz, la ambivalencia de la doctrina y la táctica leninista permitía a los comunistas adoptar políticas diferentes e incluso contradictorias sin dejar de ser el mismo partido[8]. Para confirmar esta hipótesis, este trabajo examina los aspectos clave de su relación con la República: su actitud hacia las instituciones, su posición ante la violencia política y los cambios que experimentaron ambas durante la etapa del Frente Popular. La comparación entre el PCE y sus grandes rivales dentro del comunismo español, los marxistas catalanes que en julio de 1935 formaron el POUM, nos servirá para afinar el análisis.

1. LA CULTURA Y LA PRÁCTICA COMUNISTAS ENTRE 1917 Y 1931

Las dos grandes familias del comunismo español estaban unidas por un patrimonio ideológico común, que determinó su actitud hacia la República en un grado sin igual entre las fuerzas políticas del país. Ambas vieron en la caída de Alfonso XIII una situación revolucionaria similar a la que había surgido en Rusia con la abdicación de Nicolás II en febrero de 1917, y tomaron posición ante ella de acuerdo con una teoría concebida para explicar la realidad rusa de las primeras décadas del siglo. Su obsesión con el ejemplo bolchevique y su desconexión de la realidad española de los años treinta son quizá los rasgos que mejor distinguen a los comunistas españoles del resto de las fuerzas políticas de la República, aun de aquellas —como el PSOE— sobre las que el octubre ruso ejerció una fuerte atracción durante los mismos años[9]. A diferencia de los socialistas, los comunistas estaban atados por las veintiún condiciones que habían firmado para acceder a la Internacional Comunista (IC), forjada por los bolcheviques rusos en 1919 como Estado Mayor de la revolución mundial[10]. Como carecían de experiencia del poder, no podían guiarse más que por sus ideas o, mejor dicho, por las de sus maestros. Y las conclusiones que podían extraerse de las obras de Marx y Lenin incluían indicaciones muy precisas sobre la naturaleza de la democracia y el modo en que los comunistas debían enfrentarse a ella.

De acuerdo con la visión marxista de lo político como una proyección de lo económico, los comunistas veían la democracia como un sistema de dominación de clase[11]. No existía democracia a secas, solo democracia burguesa o democracia proletaria. La primera, con todas las libertades que la acompañaban, era un fraude destinado a enmascarar el dominio que ejercía la burguesía sobre el proletariado gracias a su propiedad de los medios de producción. Frente a ella, y al «cretinismo parlamentario» de los demócratas europeos, los comunistas defendieron desde el principio un ideal distinto de democracia: la «democracia proletaria», que, como le había explicado Lenin al social-demócrata alemán Kautsky poco después de tomar el poder, era «un millón de veces más democrática que cualquier democracia burguesa[12]». Este segundo tipo de democracia era superior porque representaba a los trabajadores, y por tanto a la mayoría de la población, a través de unos organismos surgidos durante la revolución rusa de 1905, y que jugaron un papel decisivo en la de 1917: los consejos de obreros, campesinos y soldados, más conocidos como soviets. La dictadura del partido comunista, considerado por Lenin como «vanguardia del proletariado» representaría así el Gobierno de la inmensa mayoría del pueblo organizado en soviets[13]. Solo desde esta perspectiva puede entenderse que la Unión Soviética, que durante el período estalinista se transformó en una de las dictaduras más férreas de la historia, se presentase en la misma época como el régimen más democrático del mundo[14].

La misión de los comunistas ante una situación parlamentaria consistía, por tanto, en lograr que la democracia burguesa se transformase cuanto antes en democracia soviética[15]. La transición entre las dos fases de la revolución era, sin embargo, uno de los puntos más ambiguos de la teoría marxista: en distintas partes de su ingente obra, el pensador alemán había sostenido que esta implicaba un largo proceso de industrialización, necesario para el fortalecimiento del proletariado, y la mayoría de los marxistas europeos habían asumido la necesidad de participar en la revolución democrática, aliándose en caso necesario con otras fuerzas, mientras no se diesen las condiciones para la socialista. Pero en un escrito marginal de 1850 Marx había considerado también la posibilidad de que la transición se realizase de manera rápida si los comunistas se volvían contra sus aliados demócratas y utilizaban todos los medios de subversión a su alcance para evitar que la economía y el Gobierno se estabilizasen. Los bolcheviques rusos, obligados a actuar en el país más atrasado de Europa y muy conscientes de la incapacidad de su burguesía para llevar la revolución democrática hasta el final, habían abrazado con entusiasmo esta esperanza, adoptando la tesis de que ambas revoluciones —burguesa y socialista— podían darse de manera simultánea en una coyuntura determinada. Gracias a esta idea de León Trotsky, y al inestimable apoyo de los soviets, Lenin había tomado el poder en octubre de 1917 con un programa de oposición radical al Gobierno provisional, armamento de los trabajadores, «dictadura democrática revolucionaria del proletariado y el campesinado» y paz inmediata con Alemania[16]. Pero la formación de coaliciones con otros partidos obreros en situaciones excepcionales y en defensa de objetivos concretos se había mantenido como una posibilidad teórica tanto durante la revolución como en el extranjero cuando esta triunfó. En su intento de extender el comunismo a la Europa burguesa la IC había autorizado los «frentes únicos» tanto «por arriba» (coaliciones formales entre partidos) como «por abajo» (atracción de militantes de otros partidos)[17].

Mitin comunista proamnistía de los presos políticos, celebrado el día 2 de septiembre de 1933. Agachados, de izquierda a derecha: José Díaz, Jesús Hernández, Ramón Casanellas y Andrés Martín. De pie: Luis Cabo Giorla (5.o por la izquierda), Dolores Ibárruri (3.a por la izquierda), José Antonio Balbontín (en el centro con chaqueta negra) y Evaristo Gil (a la derecha en primer plano). Los comunistas pensaban que era necesario dar el salto de la democracia burguesa, que era para ellos la República, a una democracia socialista, cuyo modelo era Rusia.

Si la teoría marxista-leninista no aclaraba del todo cómo debía pasarse de la primera a la segunda fase de la revolución, los comunistas no podían albergar dudas respecto a la importancia de la violencia en este proceso. Para llegar a la democracia soviética, enseñaban los maestros, era preciso pasar por una fase intermedia de «dictadura revolucionaria del proletariado», que implicaba la represión implacable de los enemigos de clase. La necesidad de esta dictadura, defendida ya por Marx en su Crítica al programa de Gotha, había sido ratificada por Lenin en numerosas ocasiones, y aplicada a conciencia tras su llegada al poder[18]. En respuesta a las críticas realizadas por un antiguo camarada sobre la represión desatada por los bolcheviques desde su llegada al poder, Lenin había mantenido que tanto el terror rojo como la cheka eran «indispensables», y un año después había precisado lo que entendía por dictadura: «una autoridad sin estorbo de ley alguna, absolutamente libre de cualquier traba y basada directamente en la fuerza[19]». Todos aquellos grupos sociales considerados como «contrarrevolucionarios» o «enemigos del pueblo» por los nuevos gobernantes de Rusia quedaron así privados de cualquier tipo de derechos en el ordenamiento jurídico de la Unión Soviética, elaborado durante la Guerra Civil de 1918-1920[20]. La violencia se convirtió desde entonces en uno de los rasgos distintivos de la cultura política comunista, como se aprecia en los símbolos, el discurso y las ligas paramilitares creadas por el KPD alemán, el mayor de los partidos de la IC en Europa hasta 1933[21].

Pero las profundas divisiones existentes entre los comunistas europeos en los años treinta tenían menos que ver con este tipo de cuestiones ideológicas que con discusiones tácticas o rivalidades personales. Estas habían contribuido a la aparición de dos tendencias disidentes en el seno de la Comintern durante la década anterior: la oposición de izquierdas, agrupada en torno a Trotsky, y la oposición de derechas, liderada por Bujarin. La primera había adquirido una cierta notoriedad internacional tras la derrota de las tesis de Trotsky en el XV Congreso del PCUS, en diciembre de 1927, y su posterior expulsión del Partido y la IC bajo la acusación de promover actividades contrarrevolucionarias[22]. Desde su exilio, el fundador del Ejército Rojo promovería desde entonces una reforma de la Comintern para alejarla de la burocratización en que la había sumido Stalin, y una vuelta a las esencias del movimiento comunista: centralismo democrático e internacionalismo proletario. En la práctica, los trotskistas tendieron a construir sus posiciones en oposición a las de sus rivales, atacando a estos tanto por su moderación como por su radicalismo[23]. La política de clase contra clase de los comunistas alemanes y su oposición a cualquier alianza con los socialfascistas del SPD durante los años previos a la subida de Hitler al poder fue así condenada por ellos como un craso error táctico, cuando la situación exigía un frente único de los partidos obreros contra el fascismo[24].

La escisión del movimiento comunista internacional en torno a la herejía trotskista explica la división del comunismo español durante los años republicanos, pese a la falta de diferencias sustanciales entre sus distintos componentes. El PCE, único partido reconocido por Moscú, llegó al 14 de abril inmerso en un proceso acelerado de bolchevización, o subordinación a la línea de la Comintern y a la política exterior soviética. La tarea de imponer la táctica del tercer período en España recayó sobre el Secretariado especial de Países Latinos de la IC, dirigido por el búlgaro Stoian Mineev (alias Stepanov), y sobre sus delegados en Madrid y Barcelona; el jefe de estos, el argentino Victorio Codovilla, fue para Elorza y Bizcarrondo el verdadero secretario general del PCE desde mediados de 1932 hasta la Guerra Civil[25]. A Codovilla se le atribuye, entre otras maniobras, la preparación del único cambio de dirección que experimentó el partido durante el período, la sustitución del comité ejecutivo elegido en la conferencia de Pamplona de marzo de 1930, dirigido por José Bullejos, por otro encabezado por José Díaz en octubre de 1932. La subordinación de los comunistas españoles a la Casa se veía acentuada por su juventud y su escasísima formación cultural[26]. Jesús Hernández y Vicente Uribe, los dirigentes más cultos durante la etapa Díaz, debían sus letras a un curso de teoría marxista en la escuela Lenin de Moscú. Los catalanes Maurín y Nin, maestros de formación y antiguos dirigentes de la CNT, eran los únicos intelectuales genuinos del comunismo español; el segundo, exiliado en Rusia durante la mayor parte de los años veinte y principal simpatizante español de Trotsky, concluyó precisamente en 1931 una notable traducción de Crimen y Castigo al catalán[27]. Al margen de su cultura y de su lugar de nacimiento, pocos elementos separaban a Maurín y Nin de sus antiguos camaradas. Muchos dirigentes del partido, como los sevillanos Díaz, Manuel Adame y Antonio Mije, procedían también de las filas anarcosindicalistas[28]. De ahí que, en vísperas de la proclamación de la República, el delegado francés de la IC Jules Humbert-Droz describiese a los comunistas españoles en una carta a Moscú como «un puñado de tipos medio anarquistas que no saben qué hacer[29]».

La situación del movimiento comunista español durante los momentos finales de la Monarquía era, en efecto, poco prometedora para encabezar un proceso revolucionario. Desde sus orígenes, el PCE había constituido una rara avis dentro de la IC, más parecido a un «grupo de presión ideológico» sobre las organizaciones obreras tradicionales en España, socialistas y anarcosindicalistas, que a un auténtico partido revolucionario leninista[30]. Su infancia había estado marcada por un antiparlamentarismo visceral y una feroz rivalidad con el PSOE: futuros dirigentes como Bullejos y Dolores Ibárruri se formaron en los enfrentamientos armados entre militantes de ambos bandos que proliferaron en Bilbao durante los años de agonía de la Restauración[31]. Desde septiembre de 1923 los comunistas habían sufrido en carne propia la ofensiva de la Dictadura contra el obrerismo radical, que obligó a la mayoría de sus dirigentes a pasar a la clandestinidad o al exilio. Bullejos, Maurín y Nin fueron encarcelados en una o más ocasiones durante estos años, un anticipo de la suerte que correrían los dirigentes comunistas durante la etapa republicana. El Partido había logrado evitar la disolución, pero sus esfuerzos para evitar la represión policial y mantener la ortodoxia en sus propias filas le habían dejado exhausto[32]. Los conflictos entre la dirección nacional y la Federación Comunista Catalano-Balear de Maurín, intensificados por la caída de la Dictadura, culminaron en la expulsión de esta del partido en agosto de 1930. Días antes de la proclamación de la República, la escisión dio lugar a la aparición del que sería el principal rival del PCE dentro del comunismo español durante la República: el Bloc Obrer y Camperol fundado el 1 de abril en Barcelona por Maurín, y al que Nin, recién llegado a España tras su largo exilio ruso, trató de atraer desde el principio hacia el campo trotskista[33]. De acuerdo con sus propias cifras, ninguna de las dos fuerzas alcanzaba el millar de militantes el 14 de abril: fuera del País Vasco y Andalucía, el PCE era prácticamente inexistente[34]. Pese a todo, la llegada de la democracia burguesa a España abrió un nuevo escenario político y unas oportunidades que ni siquiera los bisoños y aislados comunistas españoles podían desaprovechar.

2. EL DISCRETO ENCANTO DE LA REPÚBLICA BURGUESA

La restauración del régimen parlamentario después de casi ocho años de dictadura, en efecto, abrió posibilidades nuevas para la movilización política, además de exigir a las distintas fuerzas un esfuerzo suplementario para definir sus propuestas y participar con éxito en una democracia competitiva. Los disidentes catalanes fueron sin duda quienes mejor entendieron esto dentro del movimiento comunista español, y desde el principio aprovecharon las ventajas que ofrecía el nuevo régimen para dar a conocer su programa y avanzar hacia sus objetivos políticos. El 14 de abril supuso un refrendo personal para Maurín, expulsado del PCE en agosto de 1930 por su defensa de una república federal democrática, lo que explica su iniciativa de reclamar la formación de «juntas revolucionarias de obreros y campesinos» que actuasen como «salvaguardia de la revolución comenzada[35]». El entusiasmo del líder del BOC ante el nuevo régimen puede atribuirse también a los prometedores resultados que su formación había obtenido en las municipales del día 12: cerca de 3000 votantes, aunque muy concentrados en Barcelona. El Bloc seguiría creciendo durante el resto del primer bienio: en los comicios de noviembre de 1933, a los que se presentó en coalición con los socialistas catalanes de la USC, obtendría unos 20 000 votantes (3800 en Barcelona, más de un dos por ciento del total)[36]. Tras extenderse a regiones como Madrid, Valencia y Asturias el partido se rebautizó como Federación Comunista Ibérica en abril de 1932, aunque su influencia fuera de Cataluña fue siempre muy reducida. Su republicanismo de primera hora, en todo caso, le dio la oportunidad de consolidarse como la principal fuerza comunista en Cataluña y una alternativa al PCE dentro del movimiento comunista español.

La simpatía del BOC hacia la República, no obstante, no rebasó nunca los estrechos límites marcados por la ortodoxia marxista-leninista. Sus dirigentes dejaron clara su visión del nuevo régimen en su primer mitin, celebrado en el Teatro del Bosque de Barcelona el 1 de abril: un afiliado llamado Dalmau defendió la necesidad de «aprovechar la lucha política para lograr nuestros objetivos revolucionarios», mientras su colega Figueras coincidía en que «no queremos ir a la lucha electoral para obtener actas; solo queremos trabajar para la preparación de la revolución que se acerca[37]». La participación del BOC en las nuevas instituciones fue desde el principio compatible con un gran escepticismo hacia la democracia: en vísperas del Primero de Mayo, Jordi Arquer recordó a los lectores de La Batalla que esta era «una ficción engañosa», y que los términos de la lucha no eran «monarquía o república», sino «capitalismo o socialismo, burguesía o proletariado…»[38]. Esta actitud no hizo más que endurecerse a medida que se perfilaron las líneas básicas de la nueva Constitución y el Gobierno provisional definió los límites en que debía desenvolverse la vida política española mediante la Ley de Defensa de la República. En un libro escrito entre octubre y diciembre, coincidiendo con la aprobación de esta norma por las Cortes Constituyentes, Maurín interpretó el 14 de abril como un simple cambio de chaqueta de la burguesía destinado a abortar la situación revolucionaria creada por la crisis de la Dictadura, caracterizando al Gobierno provisional y a las nuevas instituciones como una «dictadura republicana» encubierta[39]. Desde muy pronto, los dirigentes del BOC plantearon abiertamente la necesidad de que la clase trabajadora superase el marco de la República y avanzase hacia la revolución social, aunque evitasen fijar un calendario preciso para esta transición. El programa del partido, aprobado en febrero de 1932 durante su primer congreso, refleja una cautela similar, al combinar las propuestas comunistas (establecimiento de una república obrera y campesina, armamento del pueblo) con otras más cercanas al programa de la coalición republicano-socialista gobernante (reforma agraria, autodeterminación de las nacionalidades, separación Iglesia-Estado, libertades políticas para el pueblo)[40].

En este punto, la política de Maurín coincidía plenamente con la de Nin, que en marzo de 1932 renunció a sus intentos de reconducir al BOC por la vía del trotskismo y optó por ponerse al frente de la nueva Izquierda Comunista de España (ICE). Esta tercera tendencia del comunismo español no alcanzó la condición de partido durante todo el período republicano, manteniéndose como una fracción de la Comintern con una fuerza absolutamente residual (se le atribuye un máximo de 700 afiliados en 1935)[41]. Su debilidad, más que cualquier principio programático, explica que la ICE renunciase a presentarse a las elecciones del primer bienio, aunque en las de 1933 defendió el voto para el PCE y participó en mítines y comisiones electorales en diversas regiones[42]. Ningún otro grupo, sin embargo, comprendió mejor las posibilidades de actuación que el nuevo régimen había abierto a los comunistas, y la importancia que la retórica democrática podía tener en el camino hacia la dictadura del proletariado. Esta clarividencia fue en buena medida mérito de Trotski, quien, desde mayo de 1930, había instruido a sus partidarios sobre la necesidad de luchar «en favor de las consignas de la democracia». Pero su planteamiento era puramente táctico, como explicó el viejo bolchevique en un folleto de enero de 1931: «las consignas democráticas no persiguen en ningún caso como fin el acercamiento del proletariado a la burguesía», sino que «crean el terreno para la lucha victoriosa contra la izquierda burguesa…» al permitir a los comunistas apoderarse de las «masas» en que se apoyaba esta[43]. En sintonía con su maestro, Nin animó a los comunistas españoles poco antes del 14 de abril a adoptar consignas democráticas capaces de atraer a «las grandes masas populares», invitando a distinguir entre la táctica (consignas democráticas) y la estrategia (revolución socialista)[44]. Para alcanzar su objetivo estratégico, los comunistas debían desvanecer las «ilusiones democráticas» de las masas obreras y campesinas exigiendo la realización íntegra de la revolución democrática: reforma agraria, autodeterminación nacional, laicismo, armamento de los obreros y campesinos, justicia revolucionaria. La victoria del proletariado no podía alcanzarse mediante «golpes de mano», sino que debía apoyarse en las «grandes masas» del país y en organizaciones como los soviets, además de en un gran partido comunista que estaba aún por forjar[45].

En todos estos puntos, las posiciones de Nin y Maurín eran prácticamente intercambiables, por más que sus grupos permaneciesen alejados y enfrentados hasta el segundo bienio. Sus principales enemigos, no obstante, siguieron siendo los estalinistas del PCE, cuya política tampoco era sustancialmente distinta de la de sus rivales catalanes. Su principal singularidad durante este primer bienio, y hasta bien avanzado 1934, fue su empeño en demostrar su incompatibilidad con el nuevo régimen y en presentarse ante los trabajadores como la única fuerza que lo combatía con uñas y dientes. En lugar de esperar a comprobar el cariz de la República para juzgarla, como hizo el BOC, el PCE la condenó antes de nacer: su programa para las elecciones legislativas convocadas por la Dictablanda para febrero de 1931, y finalmente frustradas, denunciaba ya «la falsa democracia burguesa, que solo asegura derechos al que tiene dinero suficiente para practicarlos», vaticinando que la república burguesa que los republicanos españoles —«ayudados por los socialfascistas, anarcorreformistas y trotskistas»— querían implantar en España no mejoraría en nada la situación de la clase obrera. En su lugar, el PCE preconizaba una república de los trabajadores y un gobierno obrero y campesino, basado, como el de la URSS, en consejos de obreros, campesinos y soldados[46]. Los comunistas, en suma, se propusieron aplicar la táctica que tan buen resultado le había dado a Lenin desde febrero de 1917; ni siquiera su lema era novedoso, pues calcaba la fórmula de «gobierno obrero» adoptada por el IV Congreso de la IC en diciembre de 1924 con el fin de enmascarar la dictadura del proletariado[47].

Los acontecimientos posteriores al 14 de abril no hicieron más que afirmar al partido en sus posiciones: una vez fijada la línea, los estalinistas españoles no se apartarían de ella ni un milímetro. Las instrucciones de la Casa, ratificadas en persona por Stepanov a la delegación dirigida por Bullejos que visitó Moscú a mediados de mayo, no dejaban lugar a dudas: el PCE debía evitar cualquier compromiso con el régimen y el Gobierno provisional, manteniendo su programa de revolución soviética y presentándose ante las masas españolas como el «partido del descontento[48]». Los dirigentes españoles interpretaron fielmente este papel, criticando con ferocidad el régimen, sus instituciones y toda la obra legislativa de la coalición republicano-socialista, desde la reforma agraria hasta el Estatuto catalán. El Gobierno de Azaña fue atacado como el «Gobierno de la contrarrevolución, de la restauración monárquica, de la reacción clerical y social», y como la encarnación de la «traición» del PSOE, la UGT y la CNT a la revolución española[49]. Las Constituyentes fueron reiteradamente denunciadas como un «medio de engañar a las masas revolucionarias», una «farsa», «el nuevo poder de Estado de la burguesía española» o «el instrumento […] con el cual las clases privilegiadas van a llevar la lucha contra la revolución y contra las clases obreras y campesinas[50]». Para sacar a las masas de sus «ilusiones parlamentarias», los comunistas desplegaron su léxico más beligerante y un imaginario tremendista que trataba de presentar a la «República democrática» como un instrumento de explotación y represión[51]. A este respecto sus convicciones no variaron un ápice hasta bien avanzado 1934: el programa del partido para las elecciones de noviembre de 1933, redactado enteramente por Stepanov, dirigía sus principales críticas contra la «República burguesa» y la «coalición contrarrevolucionaria» de republicanos y socialistas, como el aprobado dos años y medio antes[52].

La política del PCE durante este primer bienio puede interpretarse como una mera imposición de Moscú, empeñado desde 1928 en la política de clase contra clase que tan desastrosos resultados dio a los comunistas en Alemania y Francia y tanto les aisló en España. Pero los comunistas españoles no ofrecieron tanta resistencia a la Casa como sus testimonios posteriores pretenden hacer creer. Las memorias de Bullejos, el principal dirigente del partido hasta octubre de 1932, culpan del «sectarismo intransigente» de estos años a los delegados de la IC, pero también muestran el orgullo del antiguo secretario general por haber sabido navegar contra corriente y explicado a «las masas» cuáles eran sus verdaderos intereses: «los demagogos afirman que el pueblo tiene razón siempre; los comunistas saben que el pueblo muchas veces no la tiene[53]». Por erróneo que sea ver a los estalinistas españoles como unos republicanos mal aconsejados, no obstante, todo indica que ni siquiera ellos fueron inmunes a las ilusiones que la democracia despertó en el seno del movimiento obrero español. Aunque la línea oficial del partido nunca se apartó de manera significativa de la política del tercer período, desde el principio surgieron tentaciones de explorar las posibilidades que podía ofrecer la participación en el juego democrático. Los resultados de las municipales de abril fueron recibidos con entusiasmo por militantes como Dolores Ibárruri, más conocida por su pseudónimo de Pasionaria, que ese mismo otoño fue nombrada redactora de Mundo Obrero e inició su ascenso a la cúpula del partido[54]. Algunas secciones regionales llegaron a ignorar la línea dictada por el Comité Central: la Federación Asturiana se pronunció por la defensa del nuevo régimen, al considerarlo un primer paso hacia el establecimiento de una república soviética en España[55]. Y, lo que es más importante, en algunos pueblos cordobeses, así como en Málaga capital, los comunistas se presentaron integrados en coaliciones con otros grupos de izquierda, consiguiendo los primeros concejales de su historia (dieciséis en total) y tres alcaldes[56]. Poco importa que todos los elegidos fuesen rápidamente destituidos por los nuevos gobernadores civiles, acusados de participar en actos subversivos como la quema de conventos de mayo. Por primera vez en su historia, los comunistas españoles habían saboreado el poder obtenido a través de la democracia burguesa, una experiencia que no podía sino alterar su visión de la República.

La actitud del PCE hacia el nuevo régimen no se transformó de la noche a la mañana, como se ha dicho. Pero durante el resto del primer bienio los comunistas no dejaron de dar muestras de querer salir del poco espléndido aislamiento en que se habían situado el 14 de abril, aunque esto exigiera un principio de compromiso con la República. La más notoria fue sin duda su reacción ante el intento de golpe militar protagonizado por el general Sanjurjo el 10 de agosto de 1932: la ejecutiva del comité central, reelegida en el IV Congreso del Partido en marzo, publicó un manifiesto llamando a las masas a la «defensa de la República» contra sus enemigos monárquicos[57]. El texto, formulado en términos compatibles con el programa del PCE e inmediatamente rectificado por el mismo comité central, no hizo más que agudizar las tensiones existentes entre la dirección del Partido y la IC, dando a esta el pretexto para reemplazar a Bullejos por Díaz en octubre[58]. Pero la nueva dirección —que, según todos los indicios, fue elegida por su fidelidad a Moscú— no hizo sino profundizar en la línea de apertura tímidamente esbozada por la antigua. Así, desde finales de año inició un acercamiento a los principales intelectuales radicales del momento, y en particular hacia aquellos que José Ortega y Gasset había bautizado como los «jabalíes» de las Constituyentes[59]. José Antonio Balbontín, secretario general del Partido Social Revolucionario y diputado por Sevilla desde octubre de 1931, gravitó así hacia las filas del PCE. Hasta entonces Balbontín había sido criticado por los comunistas como un «abogado pequeño burgués» por su discurso demócrata, pero a menudo había defendido los intereses de estos en el Parlamento; a finales de 1932 solo les separaba la cuestión de la táctica que debía emplearse para alcanzar el socialismo: la «revolución democrática» defendida por el primero, o la «revolución burguesademocrática que se transforme en revolución socialista» propugnada por los segundos[60]. Una vez resuelta esta amistosa polémica, el PSR anunció su integración en las filas del PCE en un congreso extraordinario celebrado a mediados de febrero de 1933[61]. Balbontín fue desde entonces, y hasta la disolución de las Cortes, el primer portavoz parlamentario del partido.

El desembarco de los comunistas en la sede de la democracia republicana supuso un nuevo punto de inflexión en su relación con el régimen, sobre todo porque no fue una experiencia transitoria. Balbontín fue derrotado en las elecciones de noviembre, en las que los comunistas lograron unos nada desdeñables 170 000-200 000 votos (cuatro veces más que en 1931), pero su puesto fue inmediatamente ocupado por el ginecólogo Cayetano Bolívar, candidato del PCE por Málaga, la única circunscripción donde el partido se había presentado en una lista conjunta con republicanos de izquierda y socialistas[62]. Con este nuevo representante —que tomó posesión de su escaño tras salir de la cárcel de Toledo, en la que había sido recluido por su presunta responsabilidad en la huelga insurreccional ocurrida en Villa de Don Fadrique en febrero del año anterior—, los comunistas continuaban su aprendizaje del parlamentarismo burgués. Pero esto no les llevó a sacrificar sus principios: su relación con las Cortes republicanas fue puramente instrumental, ateniéndose a la tesis de Lenin de que un diputado comunista debe utilizar el Parlamento como una «tribuna de escándalo» para desenmascarar a los «falsos demócratas» ante el pueblo[63]. La retórica antiparlamentaria del PCE fue cultivada con maestría por Bolívar, que desde el principio habló en nombre del «proletariado» y se dirigió explícitamente al pueblo con frases como: «No hablo para vosotros; hablo para el país[64]». El diputado comunista dejó patente en varias ocasiones su hostilidad hacia la institución en la que se veía obligado a actuar: «unas Cortes de la monarquía, unas Cortes confeccionadas por medio de la coacción, del soborno y del pucherazo electoral[65]»; «un procedimiento para crear ilusiones, para tratar, inútilmente, de convencer de que por esta vía de la democracia burguesa, el proletariado va a conseguir su emancipación…»[66]. Esta deslegitimación constante del Parlamento fue acompañada a menudo de llamamientos explícitos a su destrucción: al término del discurso citado en último lugar, pronunciado el 4 de abril de 1934, Bolívar apeló «a los obreros y campesinos de toda España» para unirse y barrer «esta charca podrida, que no sirve más que para sostener al Clero, a la plutocracia y a los grandes terratenientes […]»[67].

Los exabruptos del malagueño, acogidos con irónica benevolencia por la presidencia de la Cámara, remiten a un principio básico de la política del PCE durante toda la etapa republicana: los comunistas debían aprovechar las instituciones del Estado para conseguir sus objetivos, pero su verdadera lucha debía desarrollarse en la calle. Para superar la democracia burguesa e instaurar el socialismo los verdaderos revolucionarios no podían renunciar a ningún medio, legal o ilegal: el viejo principio bolchevique, reflejado en las veintiún condiciones firmadas por el PCE en 1920, mantuvo toda su vigencia tras el 14 de abril[68]. Los representantes del partido en las Cortes republicanas no ocultaron nunca su convicción de que la violencia era un instrumento político legítimo, aunque se cuidasen siempre de distinguir entre la violencia incontrolada (que desdeñaban por considerarla propia de los anarquistas) y la violencia bien organizada de acuerdo con el modelo bolchevique. En el debate suscitado por el asesinato del secretario de la patronal andaluza en Sevilla, Pedro Caravaca, a finales de mayo de 1933, Balbontín declaró que el PCE era «francamente enemigo del atentado personal […], no por sentimentalismo […], sino por una táctica política: porque sabemos que la muerte de un adversario aislado no significa ningún mal para la clase enemiga y en cambio provoca una represión violenta […]»[69]. Bolívar, que reiteró en varias ocasiones la oposición de los comunistas al «atentado individual», defendió también la violencia canalizada a través de la «huelga general de masas» y la «lucha de clases», como muestra su intervención en el debate sobre los empleados de Correos y Telégrafos el 8 de marzo de 1934: a su juicio, estos debían convencerse de que «las instituciones democráticas son un mito, que la democracia burguesa es una falsedad completa y que hay que recurrir a la violencia, no porque nosotros seamos partidarios de la violencia por la violencia, sino porque no hay otro camino para conquistar sus reivindicaciones[70]».

3. AMPLIANDO EL CAMPO DE BATALLA: LOS COMUNISTAS EN LA CALLE

La instauración de la República, en suma, no hizo vacilar en lo más mínimo la fe de los comunistas en la fuerza, ni su determinación a emplearla: desde los primeros días, los dirigentes del PCE y el BOC promovieron actos insurreccionales contra el nuevo régimen. En un panorama político caracterizado por una propensión muy extendida a la violencia, los comunistas figuraron siempre entre los más duros. Como en los años de la Restauración, el pistolerismo y la lucha callejera les sirvieron para compensar su insignificancia política y hacerse un hueco en el movimiento sindical[71]. De ahí que se convirtiesen en blanco predilecto de las leyes con que se dotó el nuevo régimen para defenderse de sus enemigos, y que facultaban al Gobierno a restringir de forma temporal los derechos reconocidos por la Constitución[72]. Hasta febrero de 1936, la situación jurídica de los comunistas osciló entre la legalidad limitada del primer bienio y la virtual ilegalidad del segundo, lo que se tradujo en una persecución casi constante. Mundo Obrero fue confiscado cuarenta veces entre noviembre de 1932 y junio de 1933, mientras que La Batalla, órgano del BOC, fue requisada en cinco ocasiones entre septiembre y octubre de 1931; ambas cabeceras estuvieron suspendidas durante la mayor parte del siguiente bienio[73]. Los arrestos de los dirigentes de ambos partidos fueron también constantes: Pasionaria se lleva la palma en este apartado, con tres detenciones entre 1931 y 1936[74]. Los militantes de base fueron también víctimas frecuentes de las fuerzas del orden, con más de una decena de muertos durante el período. La persecución judicial y policial, en buena medida consecuencia de la posición antisistema adoptada por los comunistas, contribuyó a su vez a endurecer a estos en sus posiciones, legitimando su visión de la República como una mera continuación de la Dictadura y su defensa de los métodos ilegales como la principal forma de acción abierta a la clase obrera[75].

Manifestación en el barrio madrileño de Tetuán de las Victorias para recibir al líder socialista Ramón González Peña. En primer plano se pueden ver varias pancartas con el símbolo de la hoz y el martillo. Tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 los encarcelados por su participación en la revolución de octubre de 1934 fueron amnistiados. En la citada manifestación se gritaron eslóganes a favor de la revolución bolchevique y en defensa del establecimiento de relaciones diplomáticas con la URSS.

Aparte de su uso propagandístico, la violencia comunista formó parte desde el principio de la táctica de los partidos del movimiento, variando (de forma y de enemigos) cuando esta lo hizo. Durante los inicios del nuevo régimen, las provocaciones se desarrollaron por lo general a la sombra de las de la CNT, principal rival del BOC en Cataluña y del PCE en Andalucía por el control del sindicalismo radical. Mientras el BOC optó por participar en las tentativas insurreccionales promovidas por los anarcosindicalistas catalanes[76], los estalinistas sevillanos oscilaron entre la lucha armada contra los anarquistas andaluces y los intentos de atraer a sus militantes a través de iniciativas de frente único dirigidas contra el Gobierno republicano-socialista. El primero de estos fue el asalto a la cárcel provincial y la liberación de todos los presos por tres dirigentes comunistas el mismo 15 de abril, seguidos de un tiroteo contra las fuerzas del orden durante un mitin de la CNT celebrado esa misma tarde[77]. El más sonado se produjo, no obstante, durante la conocida como Semana Sangrienta sevillana del 20 al 26 de julio de 1931, cuando la Unión Local de Sindicatos, controlada por el PCE, promovió una huelga general insurreccional en connivencia con militantes cenetistas de base, enzarzándose en varios tiroteos con la policía que provocaron veinte muertos (entre ellos cuatro víctimas de la ley de fugas) y cuarenta heridos[78]. Esta acción coincidió con protestas similares en distintas localidades del País Vasco durante el verano y pudo tener el objetivo golpista que le ha atribuido Juan Pablo Fusi, pero la violencia comunista no amenazó en ningún momento la sólida hegemonía socialista sobre el movimiento obrero[79]. Ninguna de estas iniciativas tuvo más consecuencias que consolidar la imagen de los comunistas como los más firmes enemigos de la República, así como la voluntad de esta de defenderse por todos los medios a su alcance.

La escasa capacidad movilizadora del PCE durante este primer bienio se explica por la debilidad del partido y un modelo insurreccional calcado de los bolcheviques rusos, que tenía la creación de soviets como objetivo prioritario. El soviet, definido por la prensa comunista como «un gran consejo de delegados elegidos directamente, libremente y democráticamente por las masas populares», fue reivindicado repetidamente como el instrumento más efectivo para la insurrección armada contra la democracia burguesa, así como un modelo de democracia en sí mismo[80]. Los intentos comunistas de implantarlo en España, no obstante, se enfrentaron con una gran resistencia por parte del resto del movimiento obrero, como se aprecia en la huelga general convocada por el partido del 1 al 2 de mayo de 1932 en Sevilla[81]. Dos rasgos del movimiento, dirigido a reventar la celebración pacífica del Día del Trabajo promovida por la coalición gobernante, merecen una especial atención. Por una parte, la implicación de la plana mayor del PCE, que a finales de abril envió a Sevilla a Bullejos, Mije, Díaz y otros dirigentes para caldear los ánimos de los trabajadores y organizar la protesta. Por otra, la supuesta creación de un «soviet» sevillano el 24 de abril a partir de los comités de base organizados por los dirigentes comunistas en fábricas y sindicatos. Se trataba, como ha señalado Macarro, de «una reunión de la Unión Local de Sindicatos con otro nombre», pues ningún militante del resto de sindicatos sevillanos se animó a integrarse en el nuevo y exótico organismo. Al margen de su rentabilidad como instrumento de propaganda, el «soviet bético» no tuvo otra consecuencia que los tiroteos habituales con la Guardia de Asalto y algunos intentos de quema de tranvías, además de la detención de ochenta y siete militantes y la clausura de todos los centros del PCE en la provincia.

La bandera soviética demostró, así, una escasa capacidad de movilización durante los años republicanos, pese a la inestimable ayuda que supuso para la propaganda del PCE el prestigio creciente de la Unión Soviética. Pero cuando el movimiento obrero español se deslizó por el camino de la revolución, a partir de 1933, lo hizo bajo otro lema (el antifascismo) y a través de otro tipo de organización (la Alianza Obrera), que resultaban a la vez más integradores y menos ajenos a la tradición del país. Una vez más los comunistas catalanes comprendieron esto antes que el PCE, en parte gracias al concienzudo análisis del fascismo realizado por sus mentores a partir de la experiencia alemana. Frente a la IC, que vio en el nazismo un mero avatar de la contrarrevolución y siguió considerando a los socialfascistas del SPD como su principal enemigo hasta la subida de Hitler al poder en enero de 1933 (e incluso después), Trotsky supo advertir las características novedosas del movimiento hitleriano y el peligro que encerraba para el obrerismo alemán, y preconizó un «frente único» del KPD y el SPD contra él ya en 1930[82]. La influencia de este análisis en Maurín explica que el BOC, que desde el golpe de Sanjurjo había empezado a reclamar un frente único en España, estuviese entre los primeros grupos en promover una «alianza obrera» contra el «fascismo», y que formase el primer organismo de este tipo con la USC y un grupo sindical disidente en marzo de 1933[83]. Las alianzas se extenderían desde entonces por todo el país, convirtiéndose en el principal instrumento de combate del movimiento obrero español hasta octubre de 1934. Nin, que las consideraba como un primer paso hacia la formación de un bloque proletario nacional contra el peligro fascista, decidió que la ICE se sumase a la creada en Barcelona en diciembre de 1933[84]. Para Maurín, las alianzas podían cumplir la función de los soviets en la revolución española, por muy distintos que fuesen ambos organismos en la forma[85].

Los dirigentes del PCE, en cambio, rechazaron las alianzas obreras como una desviación del verdadero modelo revolucionario (frente único por abajo y soviets), y se resistieron a ingresar en ellas hasta septiembre de 1934. Sin embargo, también ellos aprovecharon las oportunidades de lucha extraparlamentaria abiertas por la evolución de una parte del movimiento socialista hacia posiciones bolcheviques, a raíz de los acontecimientos de Alemania y de la aparición de un fascismo español encarnado en la embrionaria Falange[86]. Al tiempo que redoblaban sus esfuerzos para atraer a intelectuales de izquierda con el señuelo de «frentes antifascistas» de diverso tipo, los comunistas se unieron con entusiasmo a los esfuerzos de las bases socialistas para frenar al «fascismo» en la calle. Los comunistas manejaron siempre el término de forma deliberadamente vaga, como refleja la carta abierta publicada por el Comité Central del PCE, a mediados de marzo de 1933, para defender la creación de «comités de lucha antifascista» tras los primeros actos públicos de José Antonio Primo de Rivera y otros colaboradores de El Fascio: junto a «las escuadras fascistas de choque», en la lista de enemigos a batir figuraban «los monárquicos, los jesuitas, los tradicionalistas de Acción Popular, los reaccionarios y cavernícolas de todos los matices —desde los sanjurjistas hasta los lerrouxistas— […]»[87]. El llamamiento incluía, entre otros objetivos, algunos incluidos en el programa de 1931 y reiterados con ocasión del golpe de Sanjurjo, y que se transformarían más adelante en metas prioritarias del partido: la «clausura de todos los centros monárquicos y fascistas», la «detención inmediata de todos los caudillos reaccionarios», la «liberación inmediata de todos los presos sociales», la «amnistía integral» para ellos y la concesión de todos los derechos y libertades a los trabajadores.

Aunque la resistencia del PCE a integrarse en las Alianzas Obreras promovidas por los socialistas impidió que su oferta de frente único prosperase, no disuadió a sus militantes de unirse a los de otros partidos en acciones violentas contra el fascismo, un concepto comodín que englobaba a buena parte de las derechas españolas. Desde el 16 de marzo, grupos de trabajadores madrileños quemaron el primer y único número de El Fascio e intentaron hacer lo mismo con el diario monárquico La Nación —de cuyo director había partido la idea del semanario fascista—, mientras militantes socialistas y comunistas se manifestaban en la Gran Vía bajo los lemas «Muera Hitler» y «Abajo el fascismo». Los socialistas y comunistas vascos protagonizaron ataques similares en Bilbao, mientras los militantes del BOC hacían lo propio en Reus[88]. El movimiento adquirió tintes más violentos e indiscriminados en junio, con una manifestación obrera dirigida contra los símbolos monárquicos colgados en algunos balcones de Madrid con motivo de la fiesta del Corpus. En los altercados consiguientes entre obreros y «bandas fascistas armadas», de acuerdo con la prensa del partido, un miembro de estas recibió un palo en la cabeza; al día siguiente, Mije exhortó a la clase obrera a no tolerar más «provocaciones» y sacar al fascismo de la calle: «hay que meter en su casa a Gil Robles CON TODAS SUS FUERZAS DE DERECHA porque la calle debe ser de los obreros[89]». Días después, militantes de Zaragoza intentaron sabotear un mitin tradicionalista en la ciudad y asaltar la sede local del partido para «sacar a la canalla de la caverna y terminar con su envalentonamiento», mientras los integrantes de la Casa del Pueblo conseguían sabotear un acto de los agrarios[90].

El movimiento antifascista persiguió así desde sus inicios la unión de las distintas tendencias obreras en torno al objetivo común de excluir al enemigo —la práctica totalidad de las derechas españolas— de la calle y de la arena política. Y los dirigentes comunistas no se molestaron en ocultar que esta exclusión debía realizarse por la fuerza. Paralelamente a estas primeras refriegas callejeras, y a la generalización de la violencia política en España, el PCE comenzó a prepararse para un combate más ambicioso, como sugiere la presentación de sus Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas en un mitin celebrado en el Frontón Central de Madrid[91]. Las MAOC se atenían al objetivo programático comunista de armar al pueblo y avanzar hacia la formación de un futuro Ejército Rojo, aunque en la práctica solo sirviesen como grupos de autodefensa en actos públicos y combates callejeros[92]. Dirigidas por Juan Modesto, futuro jefe del Quinto Regimiento, no rebasaban las fronteras de Madrid y su provincia, nutriéndose de «obreros y empleados» y «leñadores, campesinos y canteros» de la sierra[93]. La mayor parte de sus integrantes eran miembros de la Unión de Juventudes Comunistas de España, que desde 1931 había crecido tanto o más que el Partido: en 1932 contaba ya con 10 000 afiliados[94]. La organización juvenil del BOC, creada de manera más tardía y con una afiliación mucho más modesta (mil afiliados en octubre de 1933), también participó en el proceso de paramilitarización de la política republicana al formar por las mismas fechas los Grupos de Acción del BOC, escuadrones de acción directa dirigidos a proteger los mítines del partido, reforzar piquetes de huelga y participar en refriegas callejeras contra la policía, grupos derechistas, escamots y FAI. Los GABOC y las Alianzas Obreras demostraron su fuerza desde mediados de año promoviendo acciones directas contra la derecha en toda Cataluña, como el enfrentamiento con doscientos carlistas que le costó la vida al joven militante bloquista Mariano Pujol en Balaguer el 10 de julio; o el asalto a la sede del Institut Agrícola Català de San Isidro en Barcelona realizado en septiembre[95].

Las milicias comunistas, mucho peor organizadas y armadas de lo que hubiesen deseado sus promotores, no dejaron de contribuir a la radicalización del movimiento antifascista tras la derrota electoral de la izquierda en noviembre de 1933, en un contexto de continuo fortalecimiento del fascismo en toda Europa. Los meses que precedieron a octubre de 1934 se caracterizaron por actos de intimidación cada vez más duros y enfrentamientos cada vez más sangrientos con los pistoleros de la nueva Falange Española[96]. El principal blanco de los primeros fue la CEDA, principal apoyo parlamentario de Lerroux, cuyo líder, Gil Robles, era considerado por la izquierda española como el candidato con más posibilidades para instaurar el fascismo en España. En vísperas del golpe de Estado promovido por los fascistas austríacos a principios de marzo, un grupo de militantes comunistas de Pamplona trató de sabotear un mitin del «Dollfuss español», una acción que concluyó con la rotura de lunas y el derribo de un autobús[97]. Más graves fueron los incidentes del 20 de abril, cuando un grupo de socialistas y comunistas intentó asaltar la sede de la CEDA en Madrid con pistolas ametralladoras, matando a un joven afiliado e hiriendo a otro y a dos guardias de seguridad (un joven jornalero de dieciocho años, afiliado como «comunista de acción» y también herido, fue arrestado como sospechoso)[98]. Durante los meses siguientes se repitieron acciones de este tipo, con intentos de sabotaje contra concentraciones de las Juventudes de Acción Popular como la celebrada en El Escorial el 22 de abril, en la que participó de forma destacada el representante de la ICE en la Alianza Obrera de Madrid, Grandizo Munis[99]. Los incidentes más graves, sin embargo, se produjeron durante el verano, con enfrentamientos a tiro limpio entre militantes obreros y pistoleros falangistas por las calles de la capital. Los dos jóvenes comunistas que cayeron abatidos en estas refriegas (Juanita Rico, el 10 de junio, y Joaquín de Grado, el 29 de agosto) fueron objeto de entierros multitudinarios y se convirtieron de inmediato en mártires de la causa antifascista y en héroes en la prensa del PCE[100]. Su sangre, unida a la de otros mártires socialistas, cimentó el movimiento de unidad entre las juventudes de ambos partidos que culminó en un mitin conjunto celebrado en el Stadium de Madrid el 14 de septiembre, en medio de un clima abiertamente revolucionario: mientras las milicias desfilaban, desafiando las leyes promulgadas por el Gobierno tras los acontecimientos de junio, los oradores coincidieron en la necesidad de tomar el poder para frenar al fascismo[101].

La experiencia de la lucha conjunta allanó, así, el camino para la reconciliación del PCE con su enemigo histórico, el PSOE, que había sido el principal blanco de sus invectivas durante el primer bienio[102]. Ignorando la preocupación socialista por el auge del fascismo y la bolchevización progresiva de una buena parte de sus militantes, el PCE había mantenido su discurso socialfascista hasta bien entrado 1934, llegando a expulsar a Balbontín a principios de marzo por reclamar un pacto entre los dos partidos contra el fascismo y criticar la política del KPD[103]. Tras las luchas del verano, sin embargo, los comunistas cambiaron de tono y, ante la negativa del PSOE a concluir un pacto de «unidad de acción» como el firmado por la SFIO y el PCF en Francia el 27 de julio, optaron por ingresar en las Alianzas Obreras[104]. La lentitud con que el PCE adaptó su política al nuevo escenario se debió, aparentemente, a la necesidad de contar con la aprobación de la IC: José Díaz había solicitado permiso para abandonar la política de frente único durante su viaje a Moscú en julio, pero este no le fue concedido hasta el 16 de septiembre[105]. Como en Francia, el fin de la política de aislamiento fue reclamado primero por el partido nacional, impulsado a su vez por sus bases, y autorizado luego por Moscú, cuyos dirigentes empezaban a tomar conciencia de que el peligro fascista amenazaba ante todo la seguridad de la URSS[106]. Pero el giro del comunismo español hacia la política del cuarto período, caracterizada por la búsqueda de una coalición electoral con el resto de la izquierda, se produjo de manera mucho más lenta que en el país vecino: lejos de plantearse un pacto electoral con los socialistas y las clases medias para consolidar la República y frenar al fascismo, como había hecho Maurice Thorez el 26 de junio, lo que los comunistas españoles aceptaron en septiembre fue colaborar con el PSOE para derrotar al fascismo haciendo la revolución[107].

El punto central del pacto consistía, en suma, en promover una huelga general insurreccional si la CEDA entraba en el Gobierno, la eventualidad más probable tras la dimisión del radical Ricardo Samper el 1 de octubre. La prensa comunista preparó a sus lectores para la lucha anunciando que «la canalla monarcoclericalfascista» estaba preparando «un nuevo 13 de septiembre de 1923», al que los comunistas debían responder oponiendo «nuestro Octubre Rojo[108]». Tras el anuncio del acuerdo entre los radicales y la CEDA para la formación de un Gobierno de coalición, Mundo Obrero denunció la instauración inminente de «un régimen de hacha y patíbulo», pidió «el poder para los obreros y campesinos» y exhortó a estos a conquistar el poder «peleando[109]». El PCE ignoró hasta última hora los planes de los socialistas y estuvo en todo momento a remolque de ellos, pero sus militantes se volcaron en la insurrección, imprimiéndole allí donde les fue posible su peculiar sello bolchevique. En Asturias, los comunistas aportaron jefes militares como Juan José Manso, miembro del comité provincial que intentó resistir al general López Ochoa y transformar las milicias en un Ejército Rojo; y mártires como Aida de la Fuente, joven de dieciséis años fusilada en Oviedo el 13 de octubre[110]. Su huella puede advertirse también en la propaganda de la insurrección, que proclamó la «república obrera y campesina de Asturias» en localidades como Turón[111]. Los militantes del PCE se distinguieron también en la organización de la «guardia roja» destinada a reprimir a los colaboracionistas y delincuentes comunes, que entre otros actos de justicia revolucionaria ordenó el fusilamiento de treinta y cuatro eclesiásticos y de varios directivos de sociedades hulleras[112]. Sus camaradas del BOC y la ICE también combatieron con entusiasmo en Asturias y Cataluña, pese a las dudas que Maurín tuvo hasta el último momento sobre la oportunidad de la aventura[113]. Mientras los GABOC se unían a la rebelión de la Generalitat ejerciendo como piquetes de la huelga del transporte público que paralizó Barcelona el 5 de octubre, la Alianza Obrera consiguió armas y se enfrentó a la Guardia Civil en diversas poblaciones, tomando el ayuntamiento y declarando la república catalana en Sabadell[114].

Las distintas facciones del comunismo español sufrieron así de forma equitativa las consecuencias de la derrota del movimiento: sus dirigentes fueron detenidos o tuvieron que exiliarse; sus concejales fueron expulsados de los ayuntamientos que habían conquistado en 1933; sus locales quedaron clausurados, su prensa prohibida[115]. Y, pese a ello, o quizá a causa de ello, todos reivindicarían desde entonces la insurrección como un triunfo moral y político, transformándola en su bandera durante el resto de la etapa republicana. En su primer acto público desde octubre, un discurso pronunciado en el Monumental Cinema de Madrid el 2 de junio de 1935, Díaz asumió en nombre del PCE «plena responsabilidad» por la huelga, declarando su «orgullo» por el hecho de que los comunistas hubiesen luchado «en primera fila» en todas partes[116]. Manuel Grossi, militante del BOC y vicepresidente del comité ejecutivo provincial de la Alianza Obrera de Asturias, se expresó en términos parecidos en una historia de la rebelión escrita en la cárcel de Mieres y publicada en 1935. Tras excusar los asesinatos cometidos por los rebeldes como frutos de la «exaltación revolucionaria» y de los «odios y rencores» suscitados por la explotación capitalista, y compararlos con la represión practicada por el Tercio y los regulares, concluía declarándose «orgulloso» del movimiento y dispuesto a «volver a empezar[117]». También Nin, en un artículo publicado en febrero, consideró Asturias como una «derrota fecunda» similar a la Comuna de París y a la Revolución Soviética de 1905, así como una lección provechosa sobre la urgencia de que los revolucionarios españoles se integrasen en un partido único[118]. La aceptación de la República por parte del ala mayoritaria del comunismo español iba a basarse, irónicamente, en la memoria de una rebelión armada contra esa misma República.

4. ¿DEMOCRACIA PARA QUIÉN? EL FRENTE POPULAR

Por mucho que los comunistas exaltasen de puertas afuera la gesta asturiana, eran conscientes de que la insurrección había fracasado en su objetivo de detener el fascismo, y de que la única forma de lograrlo consistía en ampliar sus alianzas. Las dos principales familias del comunismo español llegaron a esta conclusión por caminos diferentes. Según expuso Maurín en un libro escrito durante el invierno de 1934-1935, la experiencia de octubre demostraba que la única solución frente a la amenaza fascista era la dictadura del proletariado: no había alternativa, pues la democracia burguesa no ofrecía más que una solución temporal. Para llegar a este escenario era preciso extender y fortalecer las alianzas obreras y crear un «gran partido marxista» capaz de dirigir aquellas hacia la revolución «democrático-socialista[119]». Este planteamiento llevó al líder del BOC a acercarse al resto de los marxistas catalanes, y en particular a aquellos con los que tenía más cosas en común: los dirigentes de la Izquierda Comunista. La colaboración en la Alianza Obrera de Cataluña y la experiencia de octubre habían acelerado la convergencia entre Maurín y Nin, que coincidían en su análisis del fascismo (inspirado, en buena medida, en el de Trotsky) y en la necesidad de un frente único basado en las alianzas obreras, a modo de soviets, y en un partido único que dirigiese la revolución como habían hecho los bolcheviques en 1917[120]. Las negociaciones entabladas por ambos a finales de 1934 culminaron, en julio del año siguiente, en la unificación del BOC y la ICE en una nueva fuerza, el Partido Obrero de Unificación Marxista. El POUM, presentado oficialmente el 29 de septiembre en Barcelona, era en esencia una continuación del BOC, con Maurín como secretario general y su tesis de la revolución democrático-socialista como doctrina oficial, aunque Nin entrase en el comité ejecutivo y se convirtiese en nuevo director de La Batalla[121]. El reparto de poder entre los dos líderes acabó con un cisma artificial dentro del comunismo catalán, aun a costa de la ruptura definitiva entre Nin y Trotsky que, desde mediados de 1934, había defendido el entrismo de sus seguidores en los partidos socialdemócratas europeos. La fundación del POUM supuso la primera traición de los trotskistas españoles a esta consigna, y el cisma resultante acabaría traduciéndose en la marcha de algunos viejos colaboradores de Nin a la nueva sección española pro-IV Internacional[122].

Aunque los dirigentes del PCE coincidían con sus rivales catalanes en la importancia de la unidad para derrotar al fascismo, su planteamiento era mucho más ambicioso: como habían hecho sus camaradas franceses en plena insurrección asturiana, pretendían ampliar su pacto de unidad de acción con los socialistas a la burguesía de izquierdas[123]. Desde principios de 1935 el PCE dio una vuelta de tuerca a su discurso y comenzó a reivindicar la necesidad de una «concentración popular antifascista» que defendiese las libertades democráticas, aunque sin renunciar al objetivo de la revolución soviética. Esta nueva fórmula equivalía a una mano tendida a la izquierda burguesa, como precisó Bolívar en las Cortes a principios de mayo al invitar al resto de organizaciones obreras y a los republicanos de izquierda a integrarse en un «bloque popular» dirigido a derrotar el fascismo en las urnas, y basado en un programa fácil de asumir: expropiación de los latifundios; autodeterminación de las nacionalidades; libertades democráticas y medidas para aliviar las condiciones de vida de los trabajadores[124]. Durante los meses siguientes, los comunistas reiteraron su oferta en repetidas ocasiones, empezando por el mencionado discurso de Díaz en el Cine Monumental: el secretario general del PCE apeló allí a «los obreros, los campesinos, los hombres libres, los antifascistas, los republicanos de izquierda» a unirse contra el «peligro fascista», y reiteró la disposición de su partido a aparcar temporalmente su programa de Gobierno Obrero y Campesino para facilitar el acuerdo[125].

Congreso local de unificación de las Juventudes socialistas y comunistas de Madrid, celebrado entre el 2 y el 5 de julio de 1936. El secretario general de las JSU (Juventudes Socialistas Unificadas) de Madrid, Felipe Muñoz Arconada, se dirige de pie al auditorio. Debajo del cartel de la IJC, se puede apreciar a Santiago Carrillo. El nacimiento de las JSU fue una muestra, entre otras, de la radicalización bolchevizante emprendida por el ala caballerista del PSOE.

Este sorprendente viraje ha suscitado cierta perplejidad entre los historiadores, como todo lo que rodea al inicio del cuarto período de la Internacional Comunista y de la política exterior soviética: la formación de frentes populares en los países democráticos europeos, unida a la búsqueda de una alianza con Inglaterra y Francia contra la Alemania nazi[126]. La consagración de la nueva política por el búlgaro Georgi Dimitrov en el VII Congreso de la IC, celebrado en Moscú entre el 25 de julio y el 21 de agosto de 1935, partía de una ambigüedad básica: el nuevo secretario general se apoyó en Lenin para defender la importancia de «una lucha consecuente y revolucionaria por la democracia» en la victoria del proletariado, pero siguió manteniendo que «solo el poder soviético» podía traer la salvación[127]. Cualquier observador informado pudo ver en la operación una maniobra de circunstancias, basada en el descubrimiento de la amenaza nazi por parte de Stalin y en el excelente resultado cosechado por el PCF en las municipales de mayo. Y las explicaciones que ofrecieron los comunistas españoles sobre el Congreso de Moscú no podían sino confirmar esta sospecha: en un discurso de principios de noviembre, Díaz justificó el Frente Popular como una aplicación del lema marxista-leninista de que «a una nueva situación corresponde una nueva táctica», presentándolo como una etapa más en el camino hacia el «Poder Obrero y Campesino[128]». El acuerdo electoral de los comunistas con los republicanos de izquierda, el PSOE y otros grupos obreros, firmado el 15 de enero de 1936, se justificó también como un «viraje táctico» que no suponía un abandono de las posiciones del partido: como había enseñado Lenin, «la papeleta de voto es un arma, un camino. Pero, al cogerla, el proletario no renuncia a otros caminos y a otras armas[129]». El PCE, en definitiva, encaró la cita electoral con un espíritu muy similar al del POUM, que, tras adherirse en el último momento al pacto de las izquierdas para evitar quedarse aislado y sin escaños, lo presentó a sus votantes como un mero compromiso electoral, un «mal necesario» para frenar el fascismo y sacar a sus presos de la cárcel[130].

Por cosmético que fuese, el cambio de imagen y de discurso experimentado por el PCE durante estos meses no deja de resultar espectacular en un partido tan aferrado a sus principios. La necesidad de competir en la arena política obligó a los comunistas a revisar en profundidad su discurso, sustituyendo sus viejas referencias de clase por otras más integradoras: el «pueblo trabajador», difusa antítesis del «fascismo», fue la más repetida desde mediados de 1935[131]. En un acto conjunto con sus socios de coalición durante la campaña electoral, Díaz llegó incluso a reconciliarse con la nación española, declarando a los comunistas continuadores de aquellos que, como los comuneros o los federales de 1873, habían luchado «para destruir la España feudal, clerical y monárquica, y abrir cauce a la democracia, basada en el bienestar de las masas», para terminar declarando que él y sus camaradas «defend[ían] a la República», por mucho que prefiriesen el modelo soviético[132]. Pero los arrebatos de patriotismo republicano de los dirigentes del PCE nunca llegaron tan lejos como los de sus homólogos franceses, ni implicaron una renuncia a sus señas de identidad[133]. En los textos comunistas de la época, el antifascismo aparece como sinónimo de la revolución, del mismo modo que el fascismo ocupa el lugar de la contrarrevolución[134]. En el fondo, la sustitución de la doctrina de «clase contra clase» por otra de «cultura contra barbarie» no hizo sino reelaborar el esquema con que los comunistas habían distinguido siempre a sus amigos de sus enemigos, aunque algunos de estos hubiesen dejado de serlo[135]. La campaña electoral del PCE fue así tanto o más belicosa que la de las restantes fuerzas en liza: los comicios eran una «batalla» entre «fascismo y antifascismo», «revolución y contrarrevolución», con una trascendencia sin igual en la historia, y en la que no cabían términos medios[136]. La insistencia con que los comunistas explotaron el recuerdo de las víctimas de octubre de 1934 para conseguir ayuda financiera y movilizar a su electorado sugiere que veían los comicios como una revancha, o una continuación de la aventura asturiana por otros medios[137].

Mujeres de los mineros detenidos tras los sucesos revolucionarios de Asturias en octubre de 1934. El PCE explotó con bastante éxito su crítica a la represión militar y policial que siguió a estos acontecimientos. Esta crítica y la petición de una amnistía general para los encausados fueron hilos conductores de su discurso electoral en las elecciones de febrero de 1936.

Los dieciséis diputados conquistados por el PCE el 16 de febrero, reforzados por uno más en la segunda vuelta, ratificaron el acierto de su nueva táctica[138]. Por primera vez desde el 14 de abril, el partido se beneficiaba de la bonificación que la ley electoral republicana otorgaba a las grandes coaliciones[139]. Su consiguiente respaldo al Gobierno de Azaña se presentó como un apoyo condicionado al cumplimiento del programa firmado el 15 de enero, pero no fue por ello menos firme. El mantenimiento del Frente Popular no solo fortalecía la nueva posición de los comunistas como miembros de la mayoría parlamentaria, sino que servía también a los intereses de la patria socialista, cada vez más preocupada por el revisionismo nazi: tras la remilitarización de Renania por Hitler, a principios de abril la Casa ordenó al PCE que evitase cualquier movimiento susceptible de romper su pacto con los republicanos[140]. Como haría el PCF tras el triunfo del Rassemblement Populaire en mayo, el PCE debía desempeñar un papel moderador respecto a los trotskistas y a los sectores más radicales de los sindicatos, ofreciendo al Gobierno un apoyo crítico destinado a promover la idea de un pacto con la URSS y una política de firmeza hacia Alemania[141]. La dictadura del proletariado y la democracia soviética no figuraban, por tanto, en la agenda del PCE durante los meses previos al 18 de julio, contrariamente a los rumores que los golpistas difundirían desde la primavera[142]. En casi todas sus apariciones públicas los dirigentes del partido insistieron en la necesidad de mantener la unidad de la coalición antifascista, e hicieron ímprobos esfuerzos para justificar su apoyo al Gobierno ante unas bases impacientes por aprovechar la oportunidad revolucionaria abierta en febrero[143]. La firmeza con que el PCE defendió la República se vio recompensada con un notable crecimiento de sus filas, que pasaron de unos 14 000 afiliados en febrero a unos 50 000 en julio[144]. El partido salió de su tradicional aislamiento y empezó a transformarse en la fuerza interclasista que sería a partir del 18 de julio, cuando sirvió de refugio para los sectores sociales más conservadores de la zona gubernamental[145].

En todos estos aspectos, la política de los comunistas oficiales fue distinta a la de sus rivales del POUM, por más que estos también se beneficiasen del nuevo escenario político al conseguir su primer diputado (Maurín) y crecer hasta alcanzar los 5000-10 000 afiliados en julio[146]. Pero el POUM no creció tanto a favor del Frente Popular como contra él: sin oponerse directamente a la formación del Gobierno de Azaña, sus dirigentes desempolvaron sus llamamientos a la clase obrera para superar el Frente Popular promoviendo una «segunda revolución» de tipo «democrático-socialista[147]». Desde su primer discurso parlamentario, Maurín volvió a insistir en que el dilema que se planteaba en España era «fascismo o socialismo» y en que, si querían evitar la primera opción, los partidos obreros debían retirar su confianza al Gobierno o entrar en él para desgastarlo y abrir el camino hacia un «Gobierno obrero[148]». La propuesta, pura táctica leninista, estaba dirigida a poner en evidencia la política de colaboración de clases del PCE, y no hizo sino agravar la rivalidad entre los dos partidos. Mientras el POUM denunciaba la «degeneración» del movimiento comunista bajo Stalin, los estalinistas españoles denunciaron el «trotskismo» de sus dirigentes, en un cruce de acusaciones que degeneró en agresiones entre los militantes de ambos partidos desde la primavera[149]. La polémica entre las dos grandes familias del movimiento comunista español, producto de su intercambio de papeles respecto a abril de 1931, anunciaba el cruento enfrentamiento que protagonizarían desde el 18 de julio[150].

La aparente oposición entre comunistas gubernamentales y comunistas antisistema durante la primavera de 1936 oculta, por lo demás, los numerosos puntos de encuentro existentes entre la política de ambas formaciones. Las dos coincidían, ante todo, en la necesidad de que el programa del Frente Popular se cumpliese de manera rápida e íntegra, en particular en lo relativo a la insurrección de octubre. Tras la promulgación de la ley de amnistía para los revolucionarios presos, el 21 de febrero, la exigencia de responsabilidades por la represión se transformó en la obsesión de ambos partidos, que exigieron al Gobierno el procesamiento de los mandos políticos y policiales relacionados con los hechos y la ilegalización de los grupos «reaccionarios» y «fascistas[151]». Con esta campaña, los comunistas no hacían más que recuperar uno de los puntos esenciales de su programa desde 1931 —la justicia popular— y defender su idea jacobina y leninista de la democracia. En un discurso ante sus camaradas del radio de Madrid, el 23 de febrero, Díaz condenó las recientes protestas de la oposición contra los métodos supuestamente antidemocráticos del Gobierno, distinguiendo entre la «democracia para el pueblo trabajador», que implicaba «liquidar los privilegios y desigualdades» sociales y que el PCE asumía por completo, y la idea que tenían de ella los «reaccionarios y fascistas» vencidos el 16 de febrero, que equivalía a la «blandura» del Gobierno frente a los «manejos contrarrevolucionarios» de estos. Los comunistas, huelga decirlo, no podían tolerar esta segunda concepción de la democracia, y apelaron al pueblo a imponer la «voluntad» y la «justicia popular» frente a los «empachos de legalismo» del Gobierno, como habían hecho los franceses en 1789 y los rusos en 1917[152]. Los dirigentes del POUM no podían estar más de acuerdo en esto, como subrayó Maurín en su estreno como parlamentario el 15 de abril: el «pueblo» no se mantendría en calma hasta que no se hubiera hecho «justicia» en relación con octubre de 1934, es decir, hasta que se impusiese «la ley del Talión […], diente por diente, ojo por ojo[153]».

La irrupción de los comunistas en la institución emblemática de la República, en suma, no les indujo a revisar su peculiar concepción de la democracia. Más que aceptar la legalidad republicana, los dirigentes del PCE optaron por redefinirla en sus términos, como demostraron al levantarse y entonar La Internacional durante la sesión de apertura de las nuevas Cortes[154]. Durante los meses previos al 18 de julio los representantes del partido insistieron hasta la saciedad en que el único titular de derechos democráticos era el «pueblo» y en que no existía más legalidad que la «voluntad popular», que exigía castigar a los «verdugos» de octubre y expulsarlos «para siempre» del Gobierno de España[155]. El hecho de que algunos de estos «verdugos» compartiesen cámara con sus acusadores confirió a los debates parlamentarios de la primavera el tono de enfrentamientos personales cargados de violencia. En su discurso de 15 de abril, Díaz provocó un escándalo mayúsculo al citar una frase supuestamente pronunciada por Gil Robles tras los hechos de octubre («no tendremos compasión para con los cabecillas; en España sobran quince mil hombres») para justificar la necesidad de imponerle un castigo definitivo: «Yo no sé cómo va a morir el señor Gil Robles (Un diputado: En la horca) […], pero sí le puedo asegurar que si se cumple la justicia del pueblo, morirá con los zapatos puestos[156]».

Como habían hecho durante la legislatura anterior, los comunistas continuaron utilizando las Cortes como «tribuna nacional desde la cual movilizar a las masas» y, de acuerdo con su programa electoral, siguieron defendiendo «la acción y vigilancia extraparlamentaria de las masas populares» dirigida a fortalecer el Frente Popular y a garantizar el cumplimiento de su programa[157]. En el «frente extraparlamentario» del PCE figuraban en lugar prominente las milicias del partido que, gracias a los resultados de febrero, adquirieron un estatus semilegal[158]. Durante las celebraciones del Primero de Mayo las MAOC pudieron así encargarse de defender el desfile de las fuerzas del Frente Popular en Madrid y en provincias como Asturias, exhibiendo sus camisas azules y un orden impecable en un claro intento de demostrar su fuerza[159]. Esta violencia simbólica fue acompañada de actos de intimidación real, por mucho que en este terreno los militantes del PCE fuesen a la zaga de otros partidos de izquierdas y de derechas[160]. Pero no siempre fue así, como muestra la campaña del partido para conseguir la anulación de los resultados electorales de Granada por supuestos pucherazos: en un mitin celebrado en Los Cármenes el 8 de marzo, Mije amenazó con anular las elecciones por la fuerza si el Gobierno no lo hacía, mientras los oradores republicanos y socialistas adoptaban una posición más conciliadora. El acto concluyó con un falangista agredido, al que se sumaron doce heridos más en el tiroteo entre pistoleros de izquierda y de Falange ocurrido al día siguiente[161]. Dentro de sus limitaciones, las juventudes del POUM no se quedaron atrás, organizando desfiles de corte paramilitar y protagonizando «acciones directas» contra la oposición como el asalto a la sede de la Derecha Regional Valenciana realizado el 11 de julio en la ciudad del Turia[162].

Banderas del POUM en la manifestación que el 6 de octubre de 1936, ya iniciada la Guerra civil, se realizó en Barcelona para conmemorar la revolución de octubre de 1934. Las juventudes del POUM ya habían organizado milicias paramilitares antes del 18 de julio de 1936 y llevado a cabo acciones directas como el asalto a la sede de la Derecha Regional Valenciana.

La posición oficial del PCE frente a la espiral de violencia que precedió al 18 de julio puede calificarse, siendo indulgente, como ambigua. Sus dirigentes justificaron las agresiones cometidas por las bases obreras como respuestas a las ofensas sufridas por estas durante el bienio anterior, juzgando los excesos con raseros diferentes según de dónde vinieran. En su respuesta al célebre discurso de Gil Robles sobre los excesos ocurridos desde el 16 de febrero, pronunciado en las Cortes el 16 de junio, Pasionaria contrapuso la revolución de octubre —«la defensa instintiva de la República por el pueblo, frente al peligro fascista» que, pese a «algunos excesos lógicos», había sido «demasiado romántica, porque perdonó la vida a sus más acervos (sic) enemigos»— a la represión posterior —un catálogo de torturas y crímenes inhumanos basado en mentiras sobre la conducta de los revolucionarios—, justificando los conflictos ocurridos desde febrero como el resultado del deseo legítimo de los trabajadores de exigir reparaciones y de las «provocaciones» de los terratenientes[163]. La profética amenaza que, según algunos autores, lanzó la diputada comunista al monárquico José Calvo Sotelo tras el discurso de este en la misma jornada, no consta ni en el Diario de sesiones ni en las crónicas periodísticas del día siguiente, por lo que puede considerarse apócrifa[164]. Cuando, un mes después, el líder de Renovación Española fue asesinado por un capitán de la Guardia Civil, José Díaz lamentó y condenó el crimen ante la Diputación Permanente de las Cortes, pero matizó que este no podía separarse de «lo ocurrido con motivo del movimiento de octubre, cuya represión fue la más cruenta que ha conocido la historia», ni de los numerosos actos violentos cometidos por las derechas desde el 16 de febrero[165]. Por más que los portavoces comunistas mantuviesen su preferencia por la «acción de masas» sobre los atentados personales y la «guerra civil», en suma, está claro que su ambigüedad frente a la violencia política y sus reiterados llamamientos a sus bases para que se mantuviesen vigilantes frente a un posible golpe contribuyeron a acelerar la escalada de desconfianza que desembocó en el 18 de julio[166]. Las palabras pronunciadas por Pasionaria en la citada sesión de Cortes del 16 de junio resultaron, en este sentido, irónicamente proféticas: «Y si hay generalitos reaccionarios que […], azuzados por elementos como el señor Calvo Sotelo, pueden levantarse contra el Poder del Estado, hay también soldados del pueblo […] que saben meterlos en cintura[167]».

* * *

El nuevo tiempo político abierto en febrero de 1936, en definitiva, no parece haber alterado de manera sustancial las líneas básicas de la táctica de los comunistas españoles durante el período republicano: combinar la lucha electoral con la lucha extraparlamentaria, de acuerdo con la situación de cada momento, con el objetivo de promover una revolución soviética a corto o a largo plazo. Difícilmente podría haber sido de otra forma en un movimiento basado en la doctrina de Lenin, y en un país donde buena parte de las fuerzas políticas carecían de cultura parlamentaria y contemplaban la insurrección como un medio legítimo para conquistar el poder[168]. La fuerte tradición republicana existente en Francia, y que hizo posible una cierta integración del PCF en el sistema democrático a partir de 1934, brillaba por su ausencia en la España de entreguerras. La decisión de los estalinistas españoles de pactar con una fuerza burguesa como los republicanos de Azaña supuso, qué duda cabe, una ruptura significativa, al exigirles aparcar temporalmente su objetivo de instaurar la dictadura del proletariado. El estallido de la Guerra Civil, unido a las exigencias de una URSS cada vez más alarmada ante el avance del fascismo, alargaron esta moratoria hasta la victoria de los nacionales, permitiendo a los comunistas españoles pasar como los más sinceros defensores de la República democrática mientras los trotskistas del POUM eran encarcelados o —caso de Nin— liquidados por la policía política soviética, en un postrero ajuste de cuentas por las ofensas acumuladas desde principios de la década[169]. Pero nada sería más erróneo que interpretar la política del PCE bajo el Frente Popular como un lejano precedente del compromiso histórico con la democracia al que los tres grandes partidos comunistas latinos llegarían, con ritmos diferentes, tras romper con el estalinismo a partir del XX Congreso del PCUS en 1956 y con la Casa rusa tras la invasión soviética de Checoslovaquia en 1968[170]. La larga marcha del PCE hacia el eurocomunismo comenzó mucho después del fin de la guerra, que obligó a la mayoría de sus afiliados a volver a la cárcel, la clandestinidad y el exilio, y de que una nueva generación de dirigentes encabezada por Santiago Carrillo se convenciese de que solo acabaría con la Dictadura uniéndose al resto de partidarios de la democracia burguesa[171]. La idea de que no había más camino al socialismo que el pluripartidismo, y de que este «Pacto para la Libertad» era preferible a la dictadura del proletariado, no fue incorporada al programa del partido hasta dos años antes de la muerte de Franco. Y en julio de 1936, cuando la memoria de 1934 seguía humeando y la mayoría de las fuerzas obreras continuaban acariciando el mito de 1917, la Transición quedaba aún muy lejos.

Capítulo III

La República de los socialistas

Fernando del Rey

El socialismo español se ganó con el tiempo fama de pragmático y gradualista, pero la reputación de intransigencia doctrinal que le caracterizó en sus inicios nunca dejó de estar presente en su trayectoria hasta la Guerra Civil de 1936. Crecido a la sombra de un marxismo de influencia francesa, mal digerido y esquemático, el llamado pablismo se forjó como una síntesis de práctica reformista y de estridencia verbal. Esta versión hispana del socialismo no se inhibió de la política institucional, pero tampoco renunció al principio revolucionario como medio para alcanzar la sociedad sin clases y el sueño igualitario. Ciertamente, los socialistas originarios tomaron en consideración el sufragio universal por las oportunidades que para el crecimiento de su organización comportaba, pero el parlamentarismo, las elecciones y el régimen constitucional no se hallaron entre sus prioridades. De hecho, en la medida en que el Partido fue un apéndice del sindicato UGT, la preservación y fortalecimiento de este último siempre se antepuso en la actuación del movimiento, obsesionado por la consecución de ventajas para los trabajadores tanto en el ámbito laboral como en el de la política municipal. No ha de extrañar, pues, que el PSOE tardara más de treinta años en conseguir un diputado y que antes de 1923 apenas llegara a un máximo de siete, un balance raquítico si se compara con el potencial parlamentario logrado antes de 1914 por sus homólogos de la Europa occidental (alemanes, británicos, belgas, italianos, franceses, etc.). Aislado políticamente durante grandes períodos, el socialismo español llevó mal la convivencia y las alianzas con otras fuerzas políticas de la izquierda, de modo que, más allá de pactos puntuales, sus relaciones con el anarcosindicalismo y con los republicanos dejaron mucho que desear. Más tarde, al filo de 1919, el coqueteo con la Internacional bolchevique, amén de ambiguo y contradictorio, no acabó de fructificar, por más que hasta los socialistas moderados lanzaran loas a la dictadura del proletariado. El resultado fue la escisión de los terceristas y la constitución de un minúsculo Partido Comunista en 1921, que apenas hizo sombra a los seguidores de Pablo Iglesias[1].

La indiferencia con que los socialistas vieron caer el régimen constitucional en 1923 contrasta poderosamente con la falta de reparos con la que —salvo excepciones minoritarias— se aprestaron a colaborar con la Dictadura de Primo de Rivera, toma de posición que, lejos de resultarles errada, les deparó pronto enormes beneficios. Liquidada la competencia de libertarios, comunistas y republicanos, los socialistas preservaron sus organizaciones e incluso multiplicaron el número de sus militantes una vez que el monopolio de las relaciones laborales quedó prácticamente en sus manos. En consonancia con tan rentable balance, se privaron de participar en las conspiraciones organizadas contra el régimen, permaneciendo también callados ante la guerra de Marruecos, una cuestión en la que habían sido extremadamente combativos en los últimos años del período constitucional. La misma «prudencia táctica» y el mismo cálculo que les llevaron a colaborar con Primo de Rivera les condujeron tras su caída a abrazar la causa del republicanismo emergente, aunque no sin fuertes resistencias internas, que acentuaron el faccionalismo latente. Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos lideraron en 1930 la aproximación a los republicanos, sumándose más tarde, aunque henchido de entusiasmo, Francisco Largo Caballero. La opción republicana de este último resulta a todas luces equívoca y oportunista, pues no se presentaba: «como resultado de una defensa del parlamentarismo o la democracia sino como creciente convicción de que la república era la única fórmula que permitiría a la organización obrera no perder las posiciones conquistadas con la dictadura e incluso avanzar hacia metas superiores[2]».

Con independencia de su sinuosa estrategia, al proclamarse la República en abril de 1931 el socialismo español se podía jactar de tener una organización política y unos cimientos sindicales sólidos, forjados lentamente pero con paso firme en las cinco décadas precedentes. De hecho, a esas alturas, el Partido Socialista era posiblemente el partido más moderno del país, con una red organizativa que ni de lejos disfrutaban las restantes fuerzas republicanas, mucho menos aún las formaciones conservadoras. Con una particularidad, además, y es que la proclamación del nuevo régimen le proporcionó un crecimiento espectacular en muy poco tiempo, gracias a que, por primera vez en su historia, los socialistas pasaron a formar parte del Gobierno. Los 16 876 afiliados del partido en junio de 1930 se habían convertido en 75 000 en 1932-1933. El crecimiento de la UGT resultó aún mayor. Por número de afiliados se situó muy por encima del anarcosindicalismo, su tradicional rival, presente de nuevo en la escena: los 287 333 miembros de diciembre de 1930 saltaron a 1 054 559 en junio de 1933. Lo más significativo de tan vertiginosa expansión es que vino dada sobre todo por el crecimiento en el mundo agrario, del que el socialismo español había permanecido casi ausente hasta entonces. La rama campesina ugetista, la FNTT, ascendió de 27 334 afiliados y 157 comités locales en abril de 1930, a unos 450 000 militantes y 3319 comités en junio de 1933. El mero recuento numérico obliga a hablar de un movimiento socialista anterior y otro posterior a la llegada de la República, disparidad de perfiles que se iba a ver corroborada también por su cambio de orientación política, visible en la caída por la pendiente de la radicalización. De esta forma fue como los herederos del pablismo sufrieron una grave conmoción interna y una desnaturalización acusada respecto a sus postulados tradicionales[3].

Desde el primer momento, los socialistas interiorizaron que la República era la gran oportunidad para desarrollar plenamente sus planteamientos sindicales y sus objetivos políticos. No en vano, dados los desencuentros y la fragilidad de los partidos republicanos, constataron enseguida que ellos podrían ser el bastión más sólido del nuevo régimen, como de hecho sucedió: en las elecciones para las Cortes Constituyentes de junio de 1931 el Partido Socialista fue la formación que más diputados obtuvo, una representación que, en número de votos aunque no de escaños, revalidó después con solvencia en los comicios generales de 1933 y 1936. En la práctica, fue el único partido que en todas esas citas electorales presentó candidaturas en todas las provincias de España, con excepción de algunas catalanas. Desde el principio, también, la UGT se convirtió en el interlocutor laboral por excelencia una vez que Largo Caballero asumió la titularidad del Ministerio de Trabajo. Enterrada momentáneamente la idea de la revolución, la acción política de los socialistas se centró en la vía de las reformas sociales y económicas, aunque no todos los cuadros dirigentes compartieron la decisión de participar en el Gobierno. Con todo, los socialistas entendieron su compromiso político de manera puramente instrumental y circunstancial, dentro de un esquema teórico claramente rupturista que, llegado el caso, no renunciaba al uso de la violencia y reducía las elecciones «a un segundo plano, a modo de instancia de consolación y medio para recuperarse de un fracaso revolucionario[4]».

Tras el fiasco de la intentona insurreccional de diciembre de 1930, la vocación de romper con el pasado se manifestó con reiteración en los meses siguientes, una vez que se fijó la fecha para las elecciones municipales. Nadie sabía a ciencia cierta en qué iba a desembocar el tambaleante régimen monárquico, pero los socialistas hablaron y actuaron como si su final se hallase a la vuelta de la esquina, invocando a todas horas la proximidad de la «revolución». Ahora, el suyo era también un lenguaje de tonalidades republicanas muy acentuadas, que no se privaba de resaltar «las vilezas del régimen», los «latrocinios de la dinastía borbónica» y «las culpas personales del rey». Un lenguaje que obligaba a su público a definirse: «O se estaba con la nación y contra la monarquía, o se estaba con la monarquía y contra la nación.» Porque lo que se hallaba en juego, en el próximo «plebiscito nacional» a celebrar, era la liquidación del oprobioso pasado oligárquico, ese mundo en el que habían campado a sus anchas durante siglos: «el aristócrata, el terrateniente y el banquero, sordos al ajeno dolor, zánganos de la gran colmena hispánica, atentos solo a contemplar su insaciable y voluminoso abdomen […] el cebado clerigón, de doble papera, de reluciente pescuezo, de abotargados ojos […] el vampiro intermediario, el usurero, el hombre-hongo». Estos, y no más, eran los monárquicos españoles, «los causantes de nuestro atraso y de nuestro descrédito internacional». El rey y la monarquía —«la tiranía absoluta»— eran la fiel expresión de ese mundo, sinónimo del «desorden, la inmoralidad administrativa, los impúdicos y escandalosos negocios, la ruina de la Hacienda, la violación del derecho, el despojo de los fueros soberanos del pueblo, el hambre y la miseria del pueblo, el analfabetismo, el caos». Frente a todo ello, la república, suprema aspiración del pueblo español que defendían en apretado «haz democrático» los socialistas y sus aliados, representaba el orden, la libertad y la democracia, la única posibilidad de «salvación», en suma, que le quedaba al país[5].

El 14 de abril de 1931 los ciudadanos celebraron en la calle la proclamación de la Segunda República. Las calles de Madrid, como esta de la foto, y las de otras muchas ciudades y pueblos españoles se convirtieron en el foro de la fiesta popular.

Conocidos los resultados electorales del 12 de abril y la marcha del rey, se proclamó la República en medio de intensa emoción, con las gentes abarrotando las calles de ciudades y pueblos en festivas manifestaciones. Los socialistas y sus aliados lanzaron a los cuatro vientos la idea de que estaban viviendo un «episodio revolucionario» de gran magnitud. Un episodio a cuyo triunfo los primeros habían contribuido de forma «activa y decisiva». Por eso se abría «para nuestras ideas un amplio horizonte». Pero no bastaba con la conquista del nuevo régimen, ahora había que consolidarlo: «Tenemos, además, el deber de empujar la República a la realización de una política progresiva que dé satisfacción a los justos deseos de los trabajadores, sobre todo a los campesinos, y al mismo tiempo hemos de ser la vanguardia que defienda la República de los asaltos de la reacción». Los malos augurios del enemigo no se habían cumplido. El caos, los saqueos, los incendios y las violaciones de «las mujeres y las hijas de los burgueses» no habían tenido lugar: «Ni aun tenemos noticia de haber sido colgado de una encina o de un farol ninguno de los muchos bandoleros con capa de decencia que lo merecen.» Nunca hubo más orden en España. Eso sí, el retorno del «gran felón» lo vaticinaban imposible, como imposible era la vuelta del régimen monárquico. Para impedirlo estaban ellos, los socialistas, «guardianes» de esta República que obligadamente habría de tener «un contenido social», sin el cual perdería su razón de ser: «Si el último Borbón quiere algún día regresar a España, que tenga presente el ejemplo de los reyes que pagaron con su cabeza su osadía. Buenos, demasiado buenos son los españoles. Pero hay generosidades cándidas que no se dan más que una vez en la vida.» No había que llamarse a engaño, el pueblo que había aclamado la República frente a la reacción sabría defenderla «mañana, si hace falta, con las armas[6]».

1. LOS CONTENIDOS DE LA DEMOCRACIA REVOLUCIONARIA

Pese a las distintas sensibilidades del movimiento y pese, sobre todo, a la oposición del sector sindical encabezado por Julián Besteiro, los socialistas se comprometieron sin rodeos con la República «burguesa», pero dejando claro que aquella no era ni «su» revolución ni «su» República. Las aceptaban provisionalmente confiados en que iban a dar satisfacción a muchas de sus tradicionales reivindicaciones. No en vano se les ofreció por primera vez en su larga historia la posibilidad de entrar en el Gobierno. Todavía no habían resuelto la dicotomía entre reformismo y revolución, pero la posición mayoritaria era que el nuevo régimen produciría cambios de importancia que, de forma pacífica y sin violencia, abrirían las puertas a la anhelada sociedad socialista. Como ya vislumbró Largo Caballero en 1930, ni la República ni la democracia constituían un fin en sí mismo, sino un mero instrumento, un matrimonio de conveniencia circunstancial contraído para alcanzar cotas más altas. La colaboración con la República se prolongaría mientras resultara rentable y sentara los cimientos para instaurar el socialismo en un plazo nunca concretado. Al compromiso se le ponía fecha de caducidad, pues habría de llegar un tiempo en que los socialistas recuperaran su propio rumbo. O eso decían, esgrimiendo su discurso cual poderosa espada de Damocles para preservar la lealtad de sus aliados con los objetivos comprometidos. Por tanto, la presencia en el Gobierno se justificaba no ya para defender los valores democráticos, la legalidad republicana o la institución parlamentaria, sino porque estar dentro del régimen permitiría desarrollar parte del ideario socialista, se efectuarían cambios sustanciales en la sociedad y se reforzaría el poder de las propias organizaciones[7].

Más allá del compromiso con el régimen, es obvio que la República no significaba exactamente lo mismo para todos los socialistas. El sector sindical tradicional, liderado por Besteiro, se mantuvo enrocado en la defensa del aislacionismo obrero y más bien indiferente hacia el sistema político. Para el sector que encabezaban Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos, la República sí podía considerarse parcialmente como un fin en sí mismo, siempre y cuando se cubrieran unos mínimos y se entendiera que el compromiso era temporal. El sentido más instrumental de la colaboración lo representó, en fin, Largo Caballero, resignado, a la par que entusiasta, ante la obligada «necesidad histórica» que representaba la República. Todos estos sectores, sin embargo, compartían en mayor o menor grado la misma vocación intervencionista y el mismo sentido patrimonial conferidos al régimen, también palpables en muchos republicanos de izquierda. Para los socialistas, aunque no fuera su modelo ideal, la República únicamente habría de ser para ellos y para los republicanos, y por lo tanto solo ellos deberían ser sus exclusivos gestores. Dado su carácter «revolucionario y popular», el nuevo régimen solamente podía ser administrado «por los genuinos representantes de ese pueblo que lo había traído». En consecuencia, sus enemigos y opositores quedaban automáticamente fuera del hecho fundacional. El manifiesto lanzado a los pocos días del 14 de abril por las ejecutivas socialistas no dejaba ningún resquicio a la duda: «Esta República española que ahora empieza, y de la cual hemos de ser nosotros guardianes vigilantes, es algo esencialmente nuestro porque a nuestro calor ha nacido y a nuestro calor ha de afirmarse y perfeccionarse en el futuro […]. Han de ser el Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores los que den a la República naciente un contenido social nutrido de sustancia revolucionaria.» Dada la implicación directa en la fundación del régimen, desde el principio quedaba explícita la idea de que la sola posibilidad de perder el poder institucional alcanzado se consideraría un grave retroceso, una marcha atrás concebida como intolerable «expulsión» de un espacio legítimamente ocupado. La legitimidad se fundamentaba, claro está, en el propio hecho revolucionario, del que los socialistas se consideraban sus primeros artífices. Los espectaculares resultados obtenidos en las elecciones a Cortes constituyentes de junio de 1931 no hicieron sino reforzar su arrogancia inicial y su concepción patrimonial del régimen. Los socialistas, en efecto, se convirtieron con esos comicios en el principal soporte político de la joven República y, de inmediato, se mostraron dispuestos a rentabilizar los beneficios, fuente de reconocimiento y apoyos en su electorado[8].

Celebración del primero de mayo, Fiesta del Trabajo, en Madrid, dos semanas después de la proclamación de la República. De izquierda a derecha: Luis Araquistáin, Pedro Rico, Francisco Largo Caballero, Miguel de Unamuno, Indalecio Prieto y Mellie Staal, aparecen en primera fila. El primero de mayo de 1931 simbolizó la confraternización establecida entre los socialistas y las distintas familias republicanas.

Bajo tales presupuestos se entiende que los socialistas no concibieran la democracia republicana como una democracia pluralista, liberal y representativa en la que se sintieran cómodos todos los españoles, sino como una democracia revolucionaria forjada, siquiera parcialmente, a su imagen y semejanza. Su discurso subrayaba que solo los que hubieran aceptado esa legitimidad revolucionaria de origen podrían estar legal y constitucionalmente capacitados para ejercer el poder y ser investidos con la consideración de fuerzas leales. Así, desde su particular interpretación la República echaba a andar como un sistema que excluía a sus adversarios, que castigaba —o en el mejor de los casos restringía— la disparidad de opiniones, supeditando la libertad individual al progreso colectivo de la sociedad. En este esquema doctrinal, la alternancia en el ejercicio del poder con las opciones políticas que no se identificaran con las esencias de la democracia revolucionaria quedaba descartada de antemano. Esta concepción de la democracia se ensayaba justamente cuando el principio de la democracia parlamentaria se hallaba en retroceso en toda Europa. Con la inestimable ayuda de los socialistas, la República no nacía de un consenso nacional amplio y bajo el objetivo de implantar un marco constitucional compartido por la mayoría de los ciudadanos. La República habría de significar un gigantesco salto adelante, sin concesiones ni transacciones, que superara el pactismo restringido de las elites liberales de la Restauración. Como en el caso de la República de Weimar, el caso de la española ilustra la relación compleja que se dio entre autoritarismo y democracia en la atmósfera de crisis política del período de entreguerras, a cubierto de la generalizada idea de que la democracia parlamentaria de inspiración liberal exigía una revisión a fondo. Por añadidura, frente a los republicanos de izquierda, los socialistas presentaban una singularidad: desde el primer momento se declararon socios ambiguos del nuevo régimen, mantuvieron vivo el lenguaje de la revolución e identificaron la democracia con un proceso revolucionario permanente, por más que gradual. Desde el principio explicitaron también que no aceptarían los resultados electorales que pusieran en cuestión su control de la República. Aunque se viera respaldada por las urnas, la alternancia les pareció inadmisible si depositaba las riendas del gobierno en formaciones que pretendieran un cambio del marco institucional que ellos habían contribuido decisivamente a definir[9].

El afán depurador con respecto a las elites políticas vinculadas con la fenecida Monarquía, expresado por los medios socialistas al poco de inaugurarse el régimen, es sumamente revelador de cómo concebían la democracia. La caricatura y las advertencias que obsesivamente proyectaron sobre el peligro de supervivencia de los «caciques» preludiaban, a priori, la exclusión de los sectores que identificaban con la vieja política y, aún más, con la experiencia dictatorial inmediatamente anterior. Había que estar alerta, porque los caciques «se apresuran a rendir falso homenaje de admiración y respeto a la República, no para servirla fielmente, sino para continuar disfrutando de las delicias del Poder oficial en beneficio de sus intereses». «Esos caciques, esos anfibios, esos arribistas deben ser proscriptos.» Los camaradas socialistas en el Gobierno provisional tenían la obligación de presionar a los gobernadores civiles «si alguno hubiera que no proceda enérgicamente, brutalmente contra los que hasta hoy ejercieron el caciquismo en España». Por todos los rincones, los antiguos dirigentes constituían agrupaciones disfrazadas con barniz republicano, y eso no podía consentirse, porque «la revolución se habría malogrado en lo más interesante, que es redimir de la opresión caciquil a los humildes campesinos». La República, y en su nombre las organizaciones socialistas, tenían «el deber de deshacer, por las buenas o por las malas, estas oligarquías caciquiles», esos «republicanos novísimos» que todavía perduraban a mansalva en los ayuntamientos. Por eso, a toda costa, había que establecer «un cordón sanitario que impida el acceso de los antiguos marrulleros a los Municipios[10]».

Cuando se hacían estas advertencias, no se miraba tanto, por inexistentes, a los viejos partidos del período constitucional, ni tampoco a las débiles formaciones que, a cubierto de diferentes siglas, se decían herederas de la dictadura. Los socialistas lanzaban sus miradas de sospecha a partidos que formaban parte de la coalición gobernante —preferentemente, aunque no solo, la Derecha Liberal Republicana y el Partido Republicano Radical—, que, a sus ojos, se mostraban tibios y carentes de escrúpulos a la hora de acoger nuevos afiliados con tal de ampliar sus fuerzas y extender su influencia. En este sentido, es significativo que la coalición republicano-socialista no pudiera mantenerse en bastantes provincias durante la campaña para las elecciones de junio de 1931. Y es que, efectivamente, huérfano de sus añejas organizaciones y carente de una fuerza electoral propia, buena parte del personal político del período anterior encontró refugio en los partidos republicanos más conservadores[11]. Este proceso de travestismo era lógico, legítimo y para nada excepcional. En todos los procesos de transición política de cualquier país a lo largo del siglo XX ha sido un fenómeno habitual. Pero los socialistas españoles de los años treinta ni se plantearon siquiera que ese mecanismo de integración, amén de más inclusiva, podía hacer más estable la República. Muy al contrario, ellos hicieron una lectura negativa del fenómeno, denigrando al adversario con el argumento de que esos cuadros políticos no solo no cabían en el régimen, sino que representaban una seria amenaza para su integridad. Como señaló un jovencísimo Santiago Carrillo en un mitin de aquella campaña: «la juventud socialista española ve con dolor que los viejos caciques monárquicos se sumen a la derecha liberal republicana, porque esto constituye un peligro para nuestra República». La idea era recurrente en la propaganda socialista. Las esencias revolucionarias no podían desvirtuarse, y menos ahora que había que «hacer la revolución en las Cortes». Las Constituyentes habían de afrontar un riesgo gravísimo «en el formidable aluvión» de conversiones de viejos monárquicos: «Existen partidos burgueses de la derecha republicana, y también de la izquierda, que parece que sienten morbosa complacencia en recibir como Celestinas a los serviles de la monarquía para […] darles patente de virginidad política.» Desde la óptica socialista, resultaba intolerable que estas gentes pudieran influir en el diseño de la nueva Constitución, que estaba obligada a reflejar «la acción genuina de la España revolucionaria[12]».

La República era, antes que nada, una conquista popular «obligada a aceptar todos los avances imaginables y a recusar, con toda energía, todo retroceso». Su suerte se hallaba condicionada a la realización de concesiones a los más desfavorecidos. Los trabajadores en general, y los campesinos en particular, veían en este momento renovador de la vida nacional «su redención». Si no se acababa con la explotación capitalista, si no se terminaba con el paro obrero, si no se facilitaba tierra a los hambrientos, la decepción de los asalariados «sería horrible y los lanzaría a la lucha desesperada y violenta». En esto los socialistas estaban tomando prestado el discurso de los republicanos, que habían idealizado durante la Restauración la República como tierra prometida y no como instrumento para facilitar la alternancia en una sociedad plural. Porque la revolución política sin la revolución económica —decían— era un remedo de revolución. Los partidos «burgueses» tenían que percatarse de todo esto y dar a España un régimen de democracia efectiva, que no era otra que la que formulaban las demandas socialistas. Por si alguien no se hubiera enterado: «la base de la democracia está en el proletariado y su fuerza y su poder en nuestras organizaciones». «La República por sí misma no redime a nadie.» Eso era una ilusión ingenua y mesiánica. Por sí misma no podía nada contra el poder de los patronos y los propietarios, que sitiaban por hambre la independencia de los asalariados. El capitalismo intentaría encontrar apoyos en los partidos republicanos «de orientación burguesa». Por ello, el período revolucionario no estaba cerrado y sería pueril cerrarlo, pues «una fuerza organizada» tomaría «sin vacilaciones, con toda dureza, el camino cuerdo que, por exceso de miramientos, no se tomó el 14 de abril». No había que escatimar energía en la consolidación de la República, «pero pensando siempre en utilizarla como medio para producir una evolución de la conciencia pública y del derecho hacia la realización del socialismo». Era necesario, pues, ser «buenos republicanos; pero antes, y por encima de eso, socialistas». Sin activar profundas mejoras a favor de los trabajadores, la República terminaría por serles completamente ajena[13]. Este extremo les ayudaba a conectar con el republicanismo de izquierdas en la idea de que la revolución liberal había fracasado en España por ser demasiado tibia y por las concesiones realizadas a las fuerzas tradicionales. En consecuencia, ahora había llegado el momento de la intransigencia.

Este discurso insistiendo en ensanchar el fondo social de la República respondía a la preocupación por salvaguardar sus propias bases dado el peligro de verse desbordados por la izquierda, sobre todo ante la competencia del anarquismo. Como es lógico, mientras estuvieron en el Gobierno los socialistas se comprometieron con la política reformista, pero a menudo sintieron la necesidad de introducir en sus políticas algunos contenidos que preservaran su imagen de partido obrero con vocación revolucionaria. Con ello se buscaba satisfacer a la propia clientela —mayoritariamente integrada por trabajadores urbanos y campesinos— y, al mismo tiempo, mantener la cohesión de sus organizaciones. Pero también fue una de las razones que alimentaron los enfrentamientos dentro del Gobierno, especialmente con Alejandro Lerroux, Miguel Maura o el propio Niceto Alcalá Zamora. Fervientes defensores de la propiedad privada y conscientes de que el grueso de sus apoyos los proporcionaban las clases medias, esos líderes políticos no podían menos que mantenerse en guardia frente al afán intervencionista a ultranza de sus compañeros de viaje. Que hasta el moderado Fernando de los Ríos, confeso no marxista y contrario a la lucha de clases, abogase por el trasvase de los más ambiciosos ideales socialistas a los textos legales y a la realidad española, situando a los sindicatos como ejes de la impugnación de la economía de mercado, sin duda debió resultar inquietante para más de uno de sus compañeros de gabinete:

(…) necesitamos subvertir el supuesto de la organización política del siglo XIX y decir en forma estilizada (…) que «economía libre» quiere decir «hombre esclavo» y que, en cambio, una economía sojuzgada y sometida es lo único que hace posible una verdadera posición de libertad para el hombre (Muy bien).

Y eso es lo que nosotros representamos; vamos hacia una economía planificada, hacia una economía sojuzgada, hacia una economía sometida, hacia una economía disciplinada y subordinada al interés público. (Muy bien) Es decir, que en el orden liberal y en el orden democrático no es posible tampoco que subsista una democracia inorgánica, que no tiene el sentido de su limitación, de su capacidad, de su aptitud[14].

Inauguración del monumento a Pablo Iglesias, obra de Emiliano Barral, con el que se homenajeó al fundador del PSOE. En la imagen se aprecia también entre los estandartes y pancartas, algunas con la hoz y el martillo, un retrato de «el abuelo», que había muerto en 1925. Los puños en alto indican que la foto se tomó seguramente mientras se cantaba La Internacional.

El debate constitucional resultó clarificador respecto a los contenidos que los socialistas atribuían a su democracia revolucionaria. La escasa representación derechista en aquel Parlamento, unida a la fragmentación de los republicanos, afirmaron su conciencia de representar al sector mayoritario de la sociedad española. Como es sabido, el voto particular del socialista Luis Araquistáin fue decisivo para la inclusión en la Carta Magna de la famosa fórmula de «República democrática de trabajadores de toda clase». Dicha fórmula, si bien se camuflaba con la puntualización final, implícitamente resaltaba el protagonismo que se atribuía a la clase obrera en el régimen. Aunque pretendía responder al viejo esquema sansimoniano de un mundo dividido entre ociosos y productores, la definición, lejos de ser inocente, constituía el primer escalón en el camino de conferir un estatus transitorio al sistema capitalista, como demostró la discusión en torno a la propiedad privada desarrollada en el proyecto constitucional. Los socialistas intentaron abrir la vía de la expropiación sin indemnización y lo consiguieron[15], pero, dada la resistencia de los republicanos, la cosa quedó al final en supeditar la propiedad a su «utilidad social», de modo que la socialización de los bienes de producción se aceptó como una posibilidad puntual solo sujeta en principio a necesidades circunstanciales. En cualquier caso, el estrecho margen transaccional que los socialistas conferían a la Constitución no iba más allá de aceptar la compañía de los republicanos. En palabras de Fernando de los Ríos, exponente de las posiciones más conciliadoras: «porque la revolución no es hija de una de las fuerzas que aquí nos congregamos, sino hija de los sectores republicanos y socialistas que aquí nos reunimos». Los demás no parecían existir, ni siquiera para el catedrático granadino. Es decir, la interpretación dual de la realidad española de la que partía el imaginario socialista dejaba fuera a todos aquellos considerados al margen de la comunidad popular, que por definición, en ese imaginario, constituían una minoría: todos los que no desempeñaban «una función material o espiritualmente necesaria a la sociedad donde se vive». Por ahora, el discurso socialista renunciaba a elevar a los obreros manuales a la categoría «de clase avasalladora, despótica, desmedidamente privilegiada», pues la dictadura del proletariado, triunfante en Rusia, era en exclusiva «un típico fenómeno ruso». Solo se perseguía «romper definitivamente las amarras con un pasado ominoso en que las clases directoras, incluso una parte de la nueva burguesía, consideraban el trabajo como un estigma servil». Esos grupos minúsculos habrían constituido «el partido antinacional» de los «zánganos». A saber: los nobles, los clérigos, los propietarios que vivían como la nobleza, y, por ende, los militares que defendían su arbitrario y despótico poder[16].

2. LA RECUSACIÓN DEL ADVERSARIO

A la hora de definir el cuerpo social de la República el debate constitucional tuvo mucho de brindis al sol, en la pretensión de acallar voces discrepantes y, sobre todo, de tranquilizar a los segmentos moderados de la coalición que se había hecho con el poder. La amplia demarcación social del régimen republicano, que se apoyaba en el postulado del trabajo para distinguir quiénes estaban dentro y quiénes fuera del nuevo régimen, resultó negada enseguida por la práctica política socialista. A la postre fueron criterios de afinidad ideológica los que contaron. El progresivo distanciamiento con respecto al Partido Radical, por ejemplo, así lo ilustra. Mientras esta fuerza formó parte del Gobierno de coalición, las discrepancias, tensiones y desencuentros se mantuvieron contenidos. No tanto porque los socialistas mantuvieran buenas relaciones con los radicales, sino porque estos fueron tremendamente ambiguos en el verano de 1931 ante cuestiones capitales que afectaban al imaginario revolucionario socialista. Cuando en diciembre Alejandro Lerroux decidió salir del Gobierno, los socialistas le declararon su beligerancia alarmados al ver levantarse frente a ellos un peligroso contrincante. No en vano el Partido Radical se convirtió en foco de atracción para las clases medias y bajas de matiz antisocialista, amparando su éxito en la defensa del orden público, en su retórica interclasista y en la demanda de que los socialistas salieran del Gobierno. Los afectados se apresuraron a estigmatizar a los radicales como siervos de la contrarrevolución y del corrupto caciquismo oligárquico, situándolos en la oposición a la obra renovadora de la República. En provincias, los enfrentamientos entre unos y otros menudearon cada día más, plasmándose en los conflictos laborales y en la lucha por el control de los ayuntamientos. El punto culminante de la batalla se escenificó a principios del verano de 1932, momento en que el líder radical insinuó públicamente al presidente de la República la posibilidad de disolver las Cortes y celebrar nuevas elecciones para forjar una nueva mayoría parlamentaria, que habría de sustentar un gobierno exclusivamente republicano. Los socialistas se apresuraron a calificar aquello de «burda maniobra», un intento de «golpe de Estado» alentado por las «extremas derechas», para cuya derrota no dudarían en sacar sus masas a la calle: «se levantarían como un solo hombre […] no repararían en medios, por violentos que ellos fuesen, para oponerse a la violencia y a la osadía de las fuerzas desencadenadas de la reacción provocadora». Bajo ningún concepto iban a aceptar los socialistas el cierre de aquel Parlamento mientras no se aprobasen las grandes leyes complementarias (el Estatuto de Cataluña, la Ley de Reforma Agraria, la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas…) que habrían de desarrollar el texto constitucional[17].

Si tal fue la actitud de los socialistas ante los antiguos compañeros de viaje desmarcados de la coalición revolucionaria original, más virulenta aún fue la que se desplegó ante el mundo conservador católico que, en la cosmovisión socialista, se concebía insignificante y prescindible en el nuevo contexto político. En su proyecto de reforma radical de la realidad española no había lugar para ese universo, que, amén de enemigo de la democracia y del progreso social, se consideraba inane, derrotado y en vías de extinción más pronto que tarde. Al fin y al cabo, los católicos constituían «la chusma espantada por el pueblo el 12 de abril, compuesta por la clerigalla montaraz, por la ociosa y opresora nobleza, por el capitalismo hambrógeno y tirano, por la estulticia caciquil, por la hez ignorante y fanática». A las pocas semanas de proclamarse la República, esta panda de «imbéciles» osaba congregarse bajo el estandarte de la llamada «Acción Nacional» con el objetivo de retornar al absolutismo monárquico, la explotación de los desposeídos y el embrutecimiento del pueblo sometido a un clero fanático. El solo hecho de que se presentaran a las elecciones para intentar llevar diputados a las Constituyentes era un gesto que les parecía inconcebible, pues al fin y al cabo no representaban a nadie. Eran «la España leprosa», cuya carroña había soterrado para siempre «el verdadero pueblo que trabaja y estudia, que sufre y ama». El despliegue de insultos con el que se recibió el retorno de los católicos al escenario político sorprende tanto por su riqueza expresiva como por su implacable ferocidad e ironía. Baste un ejemplo entre mil:

¡Ya viene, ya viene! […] la turba de alimañas, de raposas, de avechuchos, de sabandijas, de vampiros, de cuervos, de garduñas, de lechuzas, de reptiles, de chacales, de hienas y demás animales y animálculos dañinos que infectaron el país hasta el advenimiento de la República, torna ahora en infernal algarabía de graznidos, chillidos, aullidos, silbidos y rugidos[18].

Aunque encuadrados bajo otras siglas, los tradicionalistas y los nacionalistas vascos no se libraron de las chanzas, vituperios e ironías, ni de la misma negación del pan y la sal que sufrieron los otros grupos católicos. Erigidos en «Gibraltar vaticanista», representantes de los sectores más reaccionarios del mundo conservador y abiertamente combativos ante la cuestión religiosa planteada nada más proclamarse la República, se entiende que la visceralidad desplegada contra ellos fuera incluso mayor. Los socialistas no querían diálogo ni pactos de ningún tipo con unos sectores que conocían bien y con los que, en las provincias vascas, venían compitiendo políticamente desde antiguo. Como le espetó Indalecio Prieto al diputado Oreja —ya constituidas las Cortes—, ante un ruego presentado en agosto de 1931 sobre la renovación de las comisiones gestoras en aquellas provincias: «lo que representan SS. SS. no es más que una rebañadura de enemigos de la República, juntos alfonsinos, jaimistas, nacionalistas y jesuitas […] lo que no puedo hacer es ir a pedir al Sr. Ministro de la Gobernación unas credenciales de diputados provinciales a favor de SS. SS., porque no hemos hecho la revolución en beneficio de SS. SS.». Para entender esta y otras muchas invectivas conviene tener presente el clima de virtual guerra civil que se vivía en el verano de 1931 en el País Vasco. En ese contexto, no extraña que, en paralelo con los agrarios, los tradicionalistas y sabinianos aparecieran como «la voz del pasado histórico», «la estulticia con voz en el Parlamento», «grupos cavernarios» trasnochados que padecían «empacho de incivilidad». En la boca de sus adversarios, ese era el estereotipo de unas gentes cuya única misión se cifraba en «complicar, embrollar, paralizar la labor de las Cortes.» Y eso no se podía consentir[19].

Los socialistas escudaban su recusación en que estas fuerzas no se privaban de insultarles y de minar a todas horas el prestigio del régimen, no dudando en utilizar la influencia de los púlpitos en el empeño. Todos los días, en sus prédicas «enfermizas», hacían la guerra «sorda e infame» a esa misma República que sostenía económicamente a la «clerigalla rumiante». Las polémicas surgidas con algunos obispos en las primeras semanas de vida de la República —en particular el affaire en torno al cardenal Segura— así lo probarían. Pero cuando el verbo socialista se disparó sin freno fue cuando los obispos publicaron, en plena canícula, una pastoral criticando el proyecto de Constitución que se discutía en el parlamento. De nuevo se recurrió a los símiles denigratorios para descalificar a los católicos y, en concreto, ahora, a sus máximos dignatarios: «La flor y nata de la nutrida zoología eclesiástica», «los primados de la secta católica», de «soberbia enfermiza y patológica», al frente de cuyos «vesánicos desenfrenos» se había colocado el «anacrónico nuncio, delegado especial del gran pordiosero romano». A estas alturas, se estaba lejos de aquella tradición socialista que exigía la indiferencia o neutralidad ante la cuestión religiosa. Ahora, incluso se evidenciaba la apelación a utilizar la violencia, llegado el caso, frente a las posibles consecuencias generadas por el documento de los obispos:

Este lenguaje soez esperamos que ha de encontrar una réplica inmediata, tanto en la esfera del Gobierno como en los sectores populares. Si las alimañas romanas perturban el orden en cualquier parte del país, el pueblo debe intervenir de modo fulminante con la energía precisa […] ningún ciudadano debe hurtar su esfuerzo decidido para que prevalezca el sentido civil en la Constitución española […]. Hay que destruir a la Iglesia y borrar de todas las conciencias su infamante influjo […]. Las Cortes deben decretar instantáneamente la supresión del presupuesto romano y entregar su importe a los obreros españoles sin trabajo. Y si los fanáticos salen a la calle, sepan que en ella estaremos para darles el pecho. El pueblo ha demostrado que con las carroñas eclesiásticas sabe encender hogueras de pasión y libertad[20].

La alusión positiva que implícitamente se hacía en el texto a los sucesos de mayo se entiende partiendo de que la quema de conventos exacerbó el discurso anticlerical socialista. Hasta entonces, el anticlericalismo había sido un elemento secundario en la retórica del partido obrero. Los tiempos, efectivamente, habían cambiado. Ya no bastaba con separar la Iglesia del Estado. Ahora había que ir más allá, y asumir como cuestión central en el proceso de revolución religiosa la formación de una nueva conciencia entre los ciudadanos, bajo la premisa de que, para ser democrática y fiel a un laicismo integral, la República había de eliminar la influencia de la religión y del clero entre los españoles. Para los socialistas, había que regular por ley hasta los asuntos que podían tratar los sacerdotes en sus prédicas dentro de los templos. Por lo tanto, no había nada que negociar ni transigir con la Iglesia, que habría de someterse por completo y de manera urgente al programa secularizador anunciado por la Constitución en ciernes, que si se preciaba de ser fiel a la República habría de ser «netamente revolucionaria[21]».

De poco le sirvió a la jerarquía católica la proclividad a dialogar demostrada desde los inicios del régimen y su acatamiento público del Gobierno y de sus leyes. La explosión de anticlericalismo popular y la pasividad —cuando no complicidad— de las autoridades ante el mismo encresparon sus relaciones con el Estado. A excepción de unos pocos extremistas, la jerarquía mantuvo la mano tendida en pos de la concordia durante muchos meses. Y lo hizo por boca del nuncio y del arzobispo de Tarragona, Vidal i Barraquer Pero su llamada a conciliar posiciones no sirvió de nada, por más que Fernando de los Ríos, como ministro de Justicia, se mostrase inicialmente comprensivo con sus interlocutores. El principio liberal de una Iglesia libre en un Estado libre fue rechazado. El enfoque que imperó en el debate constitucional impidió toda posibilidad de acuerdo con los católicos, y eso que al final se limaron las tesis más radicales de los republicanos y socialistas. Los segundos pretendieron incluir en el texto constitucional un estrecho sometimiento de las confesiones religiosas a las leyes generales, la disolución de todas las órdenes y la nacionalización de sus bienes. Al final, si bien se dejó abierta la posibilidad de disolver cualquier asociación religiosa que supusiera un peligro para el orden público, solo se aprobó la disolución de la Compañía de Jesús, se suprimió el presupuesto de culto y clero, y se prohibió que las órdenes ejercieran la industria, el comercio y la enseñanza. Este último aspecto resultaba especialmente sensible para el mundo católico, máxime cuando su gestión recayó en los socialistas, los cuales no tenían reparos en ondear la bandera del laicismo integral. En el ámbito de la enseñanza, su postulado era que el Estado controlara en régimen de monopolio —a través de la llamada «escuela única»— todo el sistema educativo, en tanto que cauce idóneo para imponer costumbres y valores acordes con los nuevos tiempos. Así, se perseguía asegurar al Estado el control de las conciencias, porque esto de la escuela única tenía mucho que ver con lo dicho más arriba de la República como revolución profunda y no solo como cambio de régimen. Desde este prisma, ciertamente, la «republicanización» de los ciudadanos exigía arrinconar a la Iglesia católica. Bajo la presión de Manuel Azaña, formalmente los socialistas acabaron transigiendo a regañadientes con tolerar las manifestaciones públicas de culto, pero a cambio de que el Gobierno se hiciera cargo directamente de autorizarlas y fiscalizarlas[22].

El tono eufórico e hiriente con el que se aplicó el texto constitucional y toda la legislación derivada del mismo por fuerza tuvo que irritar a los católicos y al mundo conservador en general. Lejos de incorporarlos al régimen, la mayoría gobernante los arrinconó. Tal como se había redactado, era imposible que aceptasen aquella Constitución. Pero lo más crudo para los afectados fue comprobar cómo los miles de alcaldes y concejales socialistas, muchas veces al unísono con los republicanos de izquierda, pusieron todo su empeño en la concreción práctica de la política laicista (secularización de cementerios, impuestos al toque de campanas, multas a los curas por sus sermones, restricciones a las procesiones, las romerías y los entierros, amenazas de incautación de los bienes del clero…). El tono de El Socialista cuando se confirmó la disolución de la Compañía de Jesús, a principios de 1932, marcó toda una pauta que ya no se abandonó: «la desclerificación (sic) de España es una hermosa realidad»; «en cuanto sea posible, precisa meter en cintura a las demás Órdenes religiosas». Los jesuitas no debían quejarse: «Piensen que Dios, sin cuya voluntad no se mueve la hoja del árbol, así lo ha querido.» Cuando poco después fue suspendido por un tiempo El Debate, el órgano rival suscribió la decisión considerándola una legítima «medida defensiva» del Gobierno, pues en España, a su juicio, había libertad de prensa suficiente: «Es más, aun nos parece que el Gobierno es excesivamente tolerante. Porque algunos libelos —más que periódicos son sabandijas— no debieran publicarse[23]». Es claro que los socialistas se fijaron como objetivo prioritario dentro de su estrategia la derrota de la Iglesia católica a todos los niveles, pues al fin y al cabo la veían como el buque insignia del mundo tradicional que aspiraban a destruir. Incontables textos reflejan esa actitud en sus propios medios. Valgan las palabras de un colaborador de El Obrero de la Tierra: «No creo que sea una falta de sentido político ni social que en un Estado laico, como la República española, los no católicos trabajen por descatolizar las almas. Y más cuándo la experiencia de siglos nos certifica lo egoísta y funesta que ha sido la acción de la Iglesia[24]».

El apoyo incondicional de los socialistas a la muy autoritaria Ley de Defensa de la República (aprobada el 20 de octubre de 1931), que facultaba al Gobierno para limitar drásticamente los derechos individuales por razones de seguridad pública, evidencia que en su combate contra los que consideraban enemigos del régimen —a derecha y a izquierda— estaban dispuestos a rebasar todos los límites. Los socialistas eran conscientes del peligro que entrañaba aprobar una ley así en caso de que ellos pasaran a la oposición, pero con todo y con ello tiraron adelante. Si bien Indalecio Prieto se mostró opuesto, Largo Caballero tuvo una actuación destacada en su elaboración. El propio Manuel Cordero, uno de los dirigentes más moderados del PSOE, la calificó como una ley reaccionaria, pero, al igual que sus camaradas, justificó su aprobación para poner en jaque a los adversarios de la República. Al amparo de esta ley, la prensa, la propaganda, el derecho de reunión, los mítines y todos los actos públicos del mundo conservador sufrieron recortes tan numerosos como desproporcionados y arbitrarios, que se intensificaron tras el inicio de la campaña revisionista de la Constitución impulsada por Acción Nacional (luego, Acción Popular). Poco importó que aquella campaña respetase los procedimientos legales. A instancias de los socialistas, en los meses siguientes decenas de mítines fueron suspendidos en muchas provincias —con las bendiciones del ministro de la Gobernación— antes de llegar siquiera a celebrarse. Cuando los propagandistas católicos consiguieron hablar ante el público, en múltiples ocasiones fueron boicoteados por alborotadores izquierdistas mediante huelgas, actos de violencia o coacciones de todo tipo. Allí donde su fuerza era grande, los socialistas llevaron la voz cantante en esta dinámica de presión sobre el universo conservador. La reiteración de hechos de esa naturaleza sugiere que el boicot a la campaña conservadora tuvo mucho de premeditado e intimidatorio[25].

Controlada la mayoría en el parlamento y dominada la calle gracias a la Ley de Defensa de la República, en su pretensión de amordazar a la oposición de derechas los socialistas dieron una vuelta de tuerca más alentando la estrategia de republicanizar el poder local, conscientes del enorme potencial que albergaban los consistorios municipales para transformar las relaciones de poder en la España rural. Nada hubo de improvisación en su estrategia, que ya apuntó Largo Caballero en la reunión del Comité Nacional de la UGT el 15 de septiembre de 1930: por encima de las subidas salariales, a los trabajadores les interesaba «más aún apoderarse de los ayuntamientos[26]». Con las diputaciones provinciales no hubo problemas: por medio de los gobernadores civiles se montaron nuevas comisiones gestoras reproduciendo la correlación de fuerzas de la coalición gobernante, se obvió a los adversarios y se cerraron las puertas a cualquier debate. En cambio, los ayuntamientos fueron otro cantar. En la medida en que los resultados del 12 de abril habían proporcionado una abrumadora mayoría a los conservadores no republicanos, las elecciones parciales del 31 de mayo de 1931 —que no destacaron por su limpieza— supusieron un notable avance, puesto que republicanos y socialistas coparon la mayoría de las concejalías. No obstante, dado que no afectaron a todos los ayuntamientos, solo aportaron una solución transitoria, pues miles de ellos continuaron en manos de los monárquicos. Por tal razón, a pesar de que los republicanos de izquierda y los socialistas se hallaban en clara minoría en esos consistorios, el paso siguiente fue hacerse con ellos por la vía de la presión popular. El método consistió en convertir los salones de plenos en una suerte de asambleas ciudadanas donde los enardecidos militantes de las Casas del Pueblo hacían oír su voz, sus amenazas y sus improperios para presionar, callar o intimidar a los ediles de la oposición. Ello hizo que en muchos lugares se produjese la estampida de los concejales derechistas, que declinaron sus responsabilidades ante los gobernadores por miedo a levantar las iras de sus impugnadores. En Granada, por ejemplo, el gobernador se vio obligado a nombrar más de ciento cincuenta gestoras inmediatamente después de las elecciones del 12 de abril. Y otro tanto ocurrió en los pueblos onubenses y sevillanos. En los dos años siguientes se mantuvo la misma tónica en muchas localidades de toda España. Al socaire de las dimisiones de los ediles conservadores, los gobernadores nombraron sustitutos a dedo entre gentes afines al Gobierno, o en cualquier caso políticamente neutras[27].

El correlato de esta conquista de facto de los ayuntamientos se halló en el progresivo control socialista de las restantes instituciones locales: las bolsas de trabajo municipales (claves en la contratación laboral y el reparto del empleo público), las comisiones de policía rural (encargadas de la intensificación de cultivos), los jurados mixtos (árbitros en los pleitos del trabajo), etc. Estas instituciones plasmaban las luchas políticas y de intereses cotidianas, que generalmente giraban en torno a las ambiciosas reformas sociales dictadas por el Gobierno. Su control proporcionó a los socialistas un poder formidable al amparo de las enormes facultades brindadas por la legislación social. Un poder que nunca habían disfrutado y que explica el impresionante crecimiento experimentado por sus organizaciones durante el primer bienio republicano. Los socialistas tenían plena conciencia del hecho y no se arredraron en esgrimir públicamente un fuerte sentido patrimonial sobre las posiciones alcanzadas. Así, por ejemplo, en el congreso celebrado por la FNTT en septiembre de 1932 se reclamó la revocación o el traslado de los secretarios de los ayuntamientos que no les fueran fieles, al tiempo que se exigió la destitución de todos los jueces municipales para que sus vacantes pudieran ser cubiertas por las «sociedades obreras legalmente constituidas» (o sea, las suyas). Más allá de las elites políticas, es evidente que también se perseguía el relevo de las elites administrativas y el dominio sobre los restantes escalones de la burocracia local. Como no podía ser menos desde esa lógica patrimonial, se pidió también la destitución de los empleados «que actuaron en los años de la monarquía» o durante la dictadura «contra los intereses de los ciudadanos». Se trataba, en suma, de limpiar y dar un vuelco a la administración en el mundo rural para, una vez en sus manos, capitalizar en beneficio propio todos los réditos que se pudieran derivar de la misma. Resulta significativo que incluso se contemplase la posibilidad —toda una novedad en la España rural— de que los ediles pasasen a ser retribuidos con cargo al presupuesto de los ayuntamientos[28].

3. LA GESTIÓN DE LA VIOLENCIA

Tal expansión del poder socialista en las calles, en las relaciones laborales y en la administración local no pasó desapercibida para sus rivales políticos y sus antagonistas sociales. Las tensiones que se generaron estuvieron detrás de innumerables conflictos, muchos de los cuales alimentaron lógicas violentas con derivaciones sangrientas. Los enfrentamientos presentaron un perfil multiforme en virtud de la causalidad dispar que los provocó y de la naturaleza, no menos plural, de los adversarios que se dieron cita frente a los socialistas, que, grosso modo, cabe agrupar en tres grandes bloques: las fuerzas de seguridad, el universo conservador y el obrerismo de signo radical (anarquistas y comunistas). Para calibrar la posición de los socialistas ante la conflictividad y la violencia, es preciso no perder de vista que, entre abril de 1931 y septiembre de 1933, sus líderes más renombrados formaron parte del Gobierno y tuvieron en sus manos ministerios tan importantes como los de Trabajo, Justicia, Educación, Hacienda y Obras Públicas. Esta circunstancia llevó a que los socialistas se erigieran en «fiscales» y «guardianes» de una república que, si bien no consideraban enteramente suya, les había conferido unas posibilidades y unos recursos inmensos, que no dudaron en poner al servicio de sus afiliados y de sus objetivos políticos.

Lo paradójico de esta situación es que su presencia en el Gobierno no les privó de recoger muchos muertos y heridos en este período, al tiempo que ellos también produjeron algunos a sus circunstanciales y variados adversarios. La historia del primer bienio republicano —como en parte de la primavera de 1936— es la historia de los continuos choques protagonizados por las bases socialistas con las fuerzas de seguridad, singularmente, aunque no solo, con la Guardia Civil en la España rural. De sobra conocidos son los sucesos emblemáticos de Castilblanco (31 de diciembre de 1931), Arnedo (5 enero de 1932) o Yeste (29 de mayo de 1936) como para que los describamos aquí. Baste indicar que por su gravedad enrarecieron el debate político y conmovieron las conciencias de los contemporáneos. Al margen de las circunstancias concretas de cada uno, el denominador común a todos fueron las muchas víctimas que ocasionaron, la forma casi inesperada en que se produjeron y las condiciones luctuosas que los rodearon. No obstante, fuera de la espectacularidad de estos casos, es importante señalar que los choques protagonizados por las fuerzas de seguridad —y los propietarios— con los trabajadores socialistas se hallaron a la orden del día en esos años, con una reiteración que no deja de llamar la atención de cualquier observador[29].

En general se trató de hechos menos aireados y por tanto menos famosos, pero en su conjunto nutrieron una lista interminable de pueblos y lugares salpicados por la sangre. La mayoría se concentraron en Andalucía (Villanueva del Arzobispo, Solera, Gilena, Andújar, Almodovar del Río, Motril, Cozvíjar…), Extremadura (Feria, Zalamea de la Serena, Salvaleón, Hornachos, Miajadas, Zafra…) y La Mancha (Alcadozo, Castellar de Santiago, La Solana, Daimiel, Villarrubia de los Ojos…). Pero también otras zonas rurales ajenas a las citadas —de Castilla La Vieja, León, Aragón, Canarias, etc.— acogieron choques entre los campesinos socialistas, por un lado, y la Guardia Civil y los propietarios de la tierra, por otro (Jeresa, Épila, Arabayona de Mógica, Madridanos, Hermigua…). Normalmente, esos sucesos se prodigaron en períodos de carestía de trabajo, desencuentros entre propietarios y jornaleros, huelgas, manifestaciones masivas, o reivindicaciones de tierras, pero también en todas aquellas circunstancias en las que se disputaban intereses de diverso tipo en el escenario público. En todos los enfrentamientos, los socialistas solían movilizar a muchas personas —hombres, mujeres e incluso niños—, que plasmaban su descontento escudadas en la fuerza de la muchedumbre. Por su lado, frente a la amenaza que advirtieron en ella, la Guardia Civil, los propietarios o los obreros esquiroles —por lo general, menores en número— tendieron a esgrimir la superioridad de su armamento. En estas contiendas, todos los bandos sufrieron víctimas, incluidas las fuerzas de seguridad, pero, a falta de una cuantificación definitiva, se intuye que los socialistas fueron los que salieron peor parados[30].

Dos guardias civiles en la localidad valenciana de Bugarra (Valencia) en enero de 1933, con sus fusiles preparados para disparar. Los enfrentamientos entre las fuerzas del orden público y los campesinos pobres fueron frecuentes durante todo el período republicano, incluido el primer bienio en el que varios ministros socialistas formaban parte del Gobierno.

El reto al statu quo en el orden social, inherente al papel de guardianes de la República asumido por los descendientes de Pablo Iglesias, explica que a lo largo y ancho del territorio nacional también menudeasen los enfrentamientos con sus adversarios conservadores. En este plano, la rivalidad —con su reguero de muertos y heridos— se escenificó en los mítines, en las campañas electorales o simplemente en la vida diaria —en la calle y en el tajo— con grupos e individuos concretos de distinto pelaje político: en el norte, los carlistas y los nacionalistas vascos se llevaron la palma; en Levante, los militantes de la Derecha Regional Valenciana; en el resto de España, los monárquicos y las gentes de Acción Popular. Habitualmente, los tradicionalistas, los sabinianos y los monárquicos alfonsinos fueron los que mostraron mayor belicosidad, al menos hasta 1933. Por el contrario, y siempre con algunas excepciones, los conservadores católicos de Levante y del resto de España hicieron más bien de sujeto paciente de la violencia en las contiendas con sus enemigos. Durante un tiempo, tras la salida del Gobierno de Alejandro Lerroux, incluso los republicanos radicales estuvieron en el punto de mira de los socialistas. Ello se entiende en la medida en que sirvieron de refugio a muchos propietarios y patronos de las clases medias, al tiempo que, hasta la irrupción de los católicos, se convirtieron en el adversario más temible de aquellos en su flanco derecho. Globalmente, mirando a todos esos frentes, llama la atención la profusión de armas de que hicieron gala los contendientes en la dialéctica violenta. Resulta evidente que en los años treinta muchas personas —incluidos los socialistas— portaban pistolas. Cuando estas no se hallaban al alcance de la mano cualquier medio valía para amedrentar o agredir al enemigo. Desde las escopetas de caza, claro está, hasta las armas blancas, los garrotes, las estacas, las piedras y, por supuesto, los puños. Cualquier vía sirvió en aquella guerra sorda cotidiana mantenida con el adversario político y el antagonista social[31].

El diagnóstico que hicieron los medios socialistas sobre los orígenes de la violencia en la República se vislumbró desde los inicios del proceso. A su juicio, todo respondió a la «reacción provocada por la intransigencia y el descaro de las derechas», a la ofensiva antirrepublicana urdida por los monárquicos, que —con sus propagandas cargadas de difamación— perseguían hacer la vida imposible al Gobierno de izquierdas. El veredicto valía tanto para los conflictos urbanos como para los choques desarrollados en la España rural. Incluso cuando los hechos no cuadraron se aplicó la fórmula, como se evidenció, sin ir más lejos, en el estallido anticlerical del 11 al 13 de mayo de 1931, que concluyó con el incendio de más de un centenar de edificios religiosos en Madrid y otras provincias. Para los socialistas no hubo dudas a la hora de señalar a los culpables de tan bárbaros actos. Por acción o por omisión, la quema de conventos habría sido obra de los mismos frailes y de sus muy exaltados aliados monárquicos, enemigos declarados del régimen, frente a los que el Gobierno provisional había pecado de excesivos miramientos y contemplaciones:

Porque aquello de que en los conventos había fusiles, bombas de mano y ametralladoras no era, según se comprobó ayer, una leyenda. Todavía puede verse en las casas de enfrente los impactos de los disparos que hicieron los frailes del convento de la calle de la Flor contra el pueblo y contra los guardias de seguridad […]. Han ardido conventos. Esa es la respuesta de la demagogia popular a la demagogia derechista. Nada hubiera sucedido sin la provocación, torpe y suicida, de periódicos y gentes tan apegados al latifundio y a la reacción[32].

Acuñado el veredicto, en los años siguientes no se hizo otra cosa que repetirlo cada vez que hizo falta. En tanto que el cambio de régimen había asestado un golpe «en el corazón de la vieja España», el caciquismo se resistía a morir y por ello sostenía su última batalla, de ahí que para aniquilarlo fuera preciso aplicarle un «descuaje violento». Aun reconociendo la responsabilidad parcial de los suyos en muchas de las tragedias que ensangrentaban campos y ciudades, los portavoces socialistas siempre fijaban la justificación en el despertar del pueblo y en su resistencia a seguir padeciendo el «régimen monárquico-feudal» derrotado: «Es el pueblo el que desenmascara a esos apóstatas. Y el que, aunque no lo elogiemos, se toma la justicia por su mano cuando advierte inhibición en los órganos oficiales.» Desde esta perspectiva, los trabajadores socialistas implicados en acciones violentas no podían ser considerados culpables, sino víctimas «irresponsables» de los vejámenes y de la explotación seculares, «esclavos asalariados» que, movidos por los resortes del instinto, no sabían lo que hacían. Sucesos tan terribles como los de Castilblanco, saldados con el asesinato de cuatro guardias civiles en condiciones espantosas, ocurrían porque, como en otros tantos lugares de España, allí, en vez de la justicia, reinaban el hambre, el paro, la incultura y la desesperación. El argumento de la desigualdad estructural y de la opresión caciquil de los propietarios servía para exculpar la responsabilidad de los camaradas en los hechos sangrientos. Hasta finales de 1931 incluso la Benemérita fue defendida por algunas voces socialistas, porque los guardias —como escribiera Margarita Nelken— también eran «hijos del pueblo», aunque sirviesen de instrumento de «los mismos elementos que antes del 14 de abril disponían a su antojo y conveniencia de la ruina y el atraso de España». A esas alturas, todavía se confiaba en que las fuerzas de seguridad, al compás del cambio de orientación política, variasen su actuación. Desde la prensa socialista se sucedieron las llamadas a la pacificación de los campos y de los pleitos laborales: «La violencia debe estar excluida de las luchas sociales en todo régimen republicano y democrático. Si no lo hiciera así, su fracaso sería evidente. Y es necesario que los republicanos, si son demócratas, lo comprendan así y eviten tal fracaso a la República[33]».

Pronto, sin embargo, cambió el tono del disco. Ante la proliferación de choques a varias bandas entre las fuerzas de seguridad, los propietarios, los esquiroles y los socialistas, sus dirigentes se sintieron obligados a alzar la voz denunciando la «excesiva frecuencia» con la que se producían víctimas entre los trabajadores. Todo indica que los sucesos de Castilblanco les causaron un enorme impacto, pero, pocos días después, tras lo de Arnedo, a principios de 1932, vino el punto de inflexión: no en vano, en esta ocasión, como en muchas otras antes y después, fueron sus militantes los que pagaron con creces los platos rotos de la violencia. Los socialistas todavía estaban dispuestos a defender la República, y así se mantendrían hasta su salida del poder a pesar de todo, pero ahora exigían garantías de que se hiciera la justicia que venían demandando «los desheredados»: «La clase obrera de nuestro país contribuyó a hacer la revolución y no puede pagarse su sacrificio generoso con ingratitudes.» Si no se quería su desafección generalizada, la Guardia Civil debía cambiar radicalmente los métodos de salvaguardia del orden público. Eran ya demasiadas las provocaciones que llevaban acumuladas los obreros socialistas y demasiado también «el tributo de sangre» que estaban pagando: «Un día el caciquismo rural; otro día es la guardia civil puesta al servicio de ese caciquismo; otro es el clericalismo desatado quien nos arrebata alguna vida. Para evitar todo esto se votó en las Cortes la Ley de Defensa de la República. Pero esa ley es un arma que se va pareciendo mucho a la carabina de Ambrosio.» Urgía, por tanto, saber a qué atenerse, porque a los socialistas ni les faltaban ánimos «ni habrían de faltarnos medios para imponer la justicia por nuestra cuenta». Ellos no iban a esperar más a que las autoridades impartiesen justicia. Lo dejó claro un editorial firmado por «Zg.» (¿Zugazagoitia?) en El Socialista del 20 de enero, escrito a propósito de la matanza de tres compañeros y un republicano tras el choque con unos tradicionalistas en Bilbao:

Se han acabado las protestas platónicas, los entierros imponentes. A la agresión, con la agresión; a la muerte, con la muerte. Todo menos aceptar impasibles el sacrificio estéril de muchachos llenos de vida […]. No se crea en una amenaza; tómese como una advertencia. Y como advertencia urgente […]. Quizá convenga empezar por desarmar a los viejos somatenistas, a los actuales monárquicos, y en poner en pie, con todas las garantías, las milicias cívicas […]. Tenemos demasiados lutos y excesivas lágrimas para que aceptemos resignadamente el ver desfilar a nuevos camaradas hacia los cementerios[34].

La difícil posición de los socialistas ante la violencia que se iba apoderando de ciudades y pueblos encontró un elemento añadido de complicación en la rivalidad que tuvieron que encarar por su izquierda, de la mano de los anarquistas y, a más distancia, de los comunistas. La oposición frontal de ambas fuerzas al régimen republicano colocó a los socialistas en una posición incómoda y les sometió a un enorme desgaste como consecuencia de las huelgas salvajes y los asesinatos causados por sus adversarios, dispuestos como estaban estos a terminar con las «ilusiones democráticas» y a provocar el desenmascaramiento «a sangre y fuego» de los «socialfascistas». La presión que tuvieron que soportar en los territorios donde los libertarios y/o los comunistas eran fuertes (Cataluña, Levante, Madrid, Sevilla, Cádiz, Vizcaya…) fue de extrema virulencia. La CNT y la FAI no dudaron en transmitir a sus miles de afiliados la imagen de que España vivía «en plena dictadura», cómplices de la cual y de su política de orden público eran los socialistas. Poco importaba que estos no tuvieran esa competencia en el Gobierno o que sus militantes de base cayeran también víctimas de las balas de la Guardia Civil. Los socialistas tenían que cargar con el sambenito de «enchufistas» y de ser cómplices de la «represión fascista» supuestamente declarada contra la clase trabajadora. La violencia verbal, las provocaciones y el boicot a sus actos públicos pronto se vieron acompañados por las agresiones sangrientas, que les depararon bastantes muertos, más, sin duda, de los que ellos acarrearon a sus agresores[35].

Desde muy pronto, los socialistas fijaron una posición inequívoca de firmeza y condena frente a la estrategia desestabilizadora de la extrema izquierda revolucionaria, que estimaban tan demagógica como utópica, carente de responsabilidad y peligrosamente destructiva: una «guerra civil» dirigida expresamente contra ellos, obra de «insuficientes mentales», esa «turba que prefiere las tinieblas a la luz de la libertad», «esos energúmenos demagogos carentes de toda solvencia moral […]. Como en todas partes, los anarco-síndico-comunistas son los incondicionales colaboradores de la más negra reacción». Tras unos sucesos ocurridos en Pasajes en mayo de 1931, con seis muertos y veintiún heridos de por medio, El Socialista se pronunció explícitamente: «Los partidarios de la violencia creen, sin duda, a fuer de amantes del proletariado, que es mejor sacrificar a los obreros que a la burguesía […]. Los obreros españoles deben tener cuidado con los elementos extremistas, que prometen la felicidad a las masas con tal que se dejen ametrallar por la fuerza pública.» Cada vez que los militantes socialistas resultaban víctimas de agresiones por parte de los libertarios o los comunistas, su prensa reaccionaba contundentemente: «Sí, compañeros, un sindicalista es una pistola, dos sindicalistas, dos pistolas; muchos sindicalistas constituyen un arsenal. Ni más ni menos». Los predicadores de las ideas ácratas o los acólitos de Lenin, en definitiva, eran «una patulea de gente maleante», representantes del «matonismo, que es en ellos inclinación forzosa». Los socialistas no podían seguir callando: «¡Fuera la locura sindicalista!». «Hay que salir al paso de esta ráfaga de locura que va recorriendo el país». Buenaventura Durruti, uno de los líderes más conocidos del pistolerismo ácrata, fue conceptuado como un «anormal» al que había que «atarlo, no por anarquista, sino por loco[36]».

Entre otros, Manuel Cordero defendió públicamente la misma tesis en sendas intervenciones en las Cortes a finales de julio de 1931 con motivo de la agitación que había sacudido recientemente la ciudad de Sevilla. El diputado socialista señaló que la violencia podía tener justificación cuando las instituciones no abrían cauces a las demandas obreras, pero no cuando se establecían procedimientos democráticos para darles salida: «la violencia en las luchas obreras la rechazamos como sistema». Mientras los socialistas —dijo— se esmeraban en elevar la cultura de los trabajadores y en satisfacer sus necesidades materiales, sus rivales «emplean la violencia porque piensan que por este procedimiento van a llegar más pronto». De poco les servía que Indalecio Prieto se hubiese jugado la vida defendiendo en el Parlamento a los sindicalistas de Barcelona en los tiempos de Martínez Anido y del Sindicato Libre. Según Cordero, la CNT, a la par que destruir la República, buscaba hundir a la UGT. Con ese doble propósito había asumido la violencia como táctica, opción que solo servía para hacerle el juego a la plutocracia antirrepublicana al crear el ambiente favorable a una salida dictatorial. En septiembre, su compañero Andrés Saborit volvió a la carga insistiendo en la idea de que, igual que la República no se consolidaría utilizando las ametralladoras contra los obreros, tampoco lo haría «si estallan bombas en las calles[37]».

Todas las organizaciones socialistas cerraron filas disciplinadamente contra la violencia extremista en los dos primeros años de la República, tanto el partido y los sindicatos como las propias Juventudes Socialistas. Estas últimas todavía en 1932 decían ocupar un puesto de vanguardia en la lucha entablada en defensa del régimen. Si la condena de las huelgas revolucionarias o del goteo cotidiano de atentados fue firme, más cohesión si cabe se planteó ante las agitaciones armadas insurreccionales alentadas por el «simplismo revolucionario» y el «extremismo estéril». Así sucedió con las intentonas faístas de enero de aquel año y de enero de 1933, o con la sublevación comunista de Villa de Don Fadrique (Toledo) ocurrida también en 1932, en el mes de julio. Y es que el problema del pistolerismo sindicalista y comunista, por más que gozara de «cierta aureola de bravura» y se beneficiase del encubrimiento cómplice de muchos trabajadores: «No es problema social. Es problema de bandidaje urbano. Nosotros no le encontramos semejanza más que con el problema de los “gánsteres” norteamericanos.» Contra la estrategia insurreccional de estos hombres cuya mentalidad se equiparaba a los «de la edad de piedra», algunos propagandistas del socialismo no dudaron en pedir la máxima dureza, incluso si hubiera que prescindir «naturalmente» de las garantías democráticas[38].

4. LA PRUEBA DE LA ALTERNANCIA

Si se miran los pronunciamientos contrarios a la violencia revolucionaria manifestados por los dirigentes socialistas durante los dos primeros años de la República, el giro radical que se produjo en su estrategia a partir de 1933 —incluida la apología de la insurrección armada— no dejará de sorprender. Aunque los primeros síntomas se apreciaron meses antes, después de la sanjurjada, aquel año presenció lo que se ha denominado el «giro bolchevique» de Francisco Largo Caballero. No por casualidad fue entonces cuando los más fervientes correligionarios del viejo sindicalista pasaron a denominarlo con el sobrenombre del «Lenin español». Los historiadores que han reparado en el fenómeno barajan una amplia gama de causas para entenderlo, que básicamente se pueden agrupar en dos tipos de explicaciones. En primer lugar, las que esgrimen argumentos reactivo-defensivos exógenos al movimiento socialista. Según estos, el viraje radical del socialismo español, y su consiguiente desmarque de la táctica «posibilista», vino dado por la lentísima materialización de la «esperanza» republicana (persistencia del paro, escaso alcance o frustración de la política social, retraso de la reforma agraria, dura política de orden público…), con el consiguiente desencanto de sus potenciales beneficiarios. Frente a esa circunstancia, a los dirigentes socialistas no les habría quedado otra salida que tratar de dar alguna respuesta a sus militantes. A ello se habría sumado el miedo generado por el ascenso del «fascismo» internacional (incrementado tras la subida de Hitler al poder en enero de 1933) y su impacto en las derechas españolas («fascistización» de los monárquicos, vocación «totalitaria» de Gil Robles y la CEDA —émulos de Dollfuss y de Salazar—, nacimiento de Falange). La ecuación suele cerrarse con la influencia de los intelectuales radicalizados como Luis Araquistáin —y el consiguiente ascendiente del mito de la URSS— sobre Largo Caballero, el dirigente que encarnó la apuesta por la estrategia insurreccional, «defensiva» o «preventiva», y de superación de las vías legales en la marcha hacia el socialismo[39].

Desde posiciones matizadamente plurales, otros historiadores han aportado un segundo bloque de explicaciones centradas en argumentos preferentemente endógenos a la hora de explicar la radicalización socialista (los virajes ideológicos, la concepción del poder, el oportunismo táctico, las contradicciones y luchas internas…). Desde este enfoque, el cambio de estrategia fue una opción plenamente consciente, apreciable incluso antes de su salida del Gobierno, cuando los socialistas intuyeron que su presencia en el mismo empezaba a verse amenazada. La resistencia a ultranza ante la eventualidad de perder el poder sería, por tanto, la clave explicativa esencial para entender el brusco salto hacia posiciones antidemocráticas. El primer toque de atención lo habrían dado las elecciones municipales parciales de abril de 1933, que hicieron trizas el espejismo socialista de tener un derecho ilimitado a permanecer en la dirección del Estado en virtud de sus nutridos apoyos electorales. Por primera vez desde 1931 tuvieron que afrontar la realidad cruda de que su derrota política era factible. De hecho, apenas cuatro meses después se materializó su salida del Gobierno, esfumándose de la noche a la mañana el monopolio sobre la política social que venían disfrutando de manera incontestable. Monopolio que a su vez constituía la base sobre la que se cimentaba su entramado de poder y sus extensas redes clientelares locales. Con la cronología en la mano, fue justamente en esa coyuntura, entre la primavera y el otoño de 1933, cuando los dirigentes y los medios socialistas comenzaron a amagar con la posibilidad de sustituir su fidelidad a la revolución republicana por un compromiso explícito con la revolución proletaria[40].

La sucesión de los hechos, su desarrollo temporal y la lógica general del proceso dan más la razón al segundo bloque de explicaciones que al primero. En la radicalización de los socialistas ciertamente operaron un sinfín de factores, pero una elemental jerarquía de los mismos demuestra que lo que sobre todo no pudieron soportar sus artífices fue la pérdida del poder. Como sabemos, su vinculación con la República tuvo desde el principio un carácter instrumental, pero el paso por el Gobierno les llevó a afirmar una concepción patrimonial —por más que ambigua— del régimen. En esa toma de postura, el ascenso del fascismo en Europa y sus potenciales efectos miméticos en la realidad política nacional desempeñaron un papel secundario. Este elemento ciertamente se hallaba presente en el discurso socialista y no se debe minusvalorar, pero no fue tan esencial como suelen reiterar bastantes analistas. En realidad, la política internacional mediatizaba más bien poco a la elite dirigente de la República. Y en cuanto a la pretendida amenaza del fascismo autóctono, todo apunta a que lo que en realidad hizo la izquierda obrera fue forjar un mito movilizador cuando se vio desplazada del Gobierno. Un mito, además, por completo ajeno a la realidad, con el que se buscó la neutralización política de los adversarios. La imprecisión con la que los socialistas utilizaron el concepto y su aplicación a todos sus rivales políticos, desde el centro hasta la extrema derecha, denota más que nada la irrelevancia del fascismo español durante la mayor parte del período republicano.

En España los grupos propiamente fascistas o abiertamente fascistizados eran insignificantes a la altura de 1933, como lo seguirían siendo, cuando menos, hasta 1936. El retrato del católico tradicionalista Gil Robles como «fascista» o «totalitario», por muy autoritarias que puedan considerarse algunas de sus manifestaciones públicas, no deja de ser una percepción exagerada —cuando no interesada— tanto en los observadores del momento como en los historiadores que se limitan a repetir la imagen en nuestros días. La escalada verbal de los socialistas se remonta, como poco, a la segunda mitad de 1932 y desde entonces fue in crescendo en la medida en que su hegemonía y la de sus aliados fue objeto de una creciente y multipolar contestación. Los dramáticos sucesos de Casas Viejas en enero de 1933 representaron un punto de inflexión en este sentido. En mayor o menor grado, y por este orden, los radicales, los patronos, los católicos-agrarios y hasta bastantes republicanos de izquierda disidentes acabaron confluyendo en la idea de expulsar del Gobierno a los socialistas. En amplios sectores de la sociedad española se había extendido la convicción de que su presencia en el mismo había resultado catastrófica para el país. Tan clamorosa y generalizada acabó siendo la orquestación de voces críticas que los socialistas se convencieron de que se había forjado una indigna alianza de fuerzas reaccionarias contra ellos. Una alianza integrada por «lo más viejo, descascarillado y podrido» de la «España putrefacta». De ahí su feroz y temprana condena de Lerroux, al que ya se tildó de fascista en 1932; de ahí también su consideración de que la contraofensiva de la derecha social y política —patronos y católicos— era «de todo punto inadmisible», mostrándose dispuestos a frenarla aunque para ello hubiera que declararse «en pie de guerra». De ahí, en fin, el tremendo y desproporcionado jaleo que armaron cuando se anunció la salida de El Fascio, un panfletito cuyo reparto impidió la policía, y que había sido financiado por los mismos elementos que lanzaron meses después, también con menguado éxito, el partido Falange Española[41].

Desde principios del verano de 1933 numerosos círculos socialistas empezaron a acariciar en voz alta la idea de la dictadura del proletariado. Aunque la cosa estaba en el ambiente, el aldabonazo en el giro revolucionario del socialismo lo dieron los famosos pronunciamientos públicos de Largo Caballero, que se sucedieron sin solución de continuidad desde el mes de julio[42]. El entusiasmo con el que recibió la llegada de la República en 1931 se esfumó ahora como por ensalmo. Desde ese momento, solo habló del agotamiento de la «democracia burguesa» y de la imposibilidad de desarrollar las aspiraciones socialistas en ella. De la noche a la mañana, la palabra democracia perdió todo su valor al tiempo que las apelaciones a recurrir a «la violencia máxima» ganaban enteros. La quiebra de la identificación socialista con la versión democrática republicana se inició antes de su salida del Gobierno. Parte de los sectores socialistas que más pusilánimes se había mostrado en la colaboración con el régimen —sobre todo las Juventudes— se encontraron ahora con la horma de su zapato. Sus bolchevizados llamamientos, cada vez más numerosos, fueron al respecto más que elocuentes. Tras la caída del Gobierno Azaña a principios de septiembre y su recambio por un Gobierno Lerroux, la escalada verbal adquirió tonos casi apocalípticos. Dado que el «derrengado carro de la democracia republicana» les había expulsado «con vilipendio» del poder, abriendo la puerta al «fascista» Lerroux, no quedaba otro camino que conquistarlo «de la forma que sea» para «realizar la necesidad histórica de nuestros días: la dictadura socialista que gobierne para el proletariado». Las posiciones de los caballeristas fueron ganando peso por doquier, hasta el punto que casi todos los socialistas —con la salvedad del grupo de Besteiro— acabaron por hacerlas suyas. Incluso Prieto y el muy moderado Fernando de los Ríos, con alguna diferencia de matiz, parecían asentados aquel verano en estas posiciones a pesar de resistirse a romper con sus aliados republicanos. Solo quedaba, pues, un camino para alcanzar el socialismo: la revolución. En una entrevista con Santiago Carrillo a finales de septiembre, Largo Caballero se explayó con la sincera rudeza que le caracterizaba, exponiendo a los lectores el núcleo más antidemocrático de su pensamiento: «Yo no sé cómo hay quien tiene tanto horror a la dictadura del proletariado, a una posible violencia obrera. ¿No es mil veces preferible la violencia obrera al fascismo?» En los doce meses siguientes, tanto de puertas afuera como en privado, se continuó hablando sin respiro de la amenaza fascista —sin especificar muy bien qué era eso—, de la obligación de estar alerta y de la necesidad de armarse para hacer la revolución[43].

Los pronunciamientos a favor de la revolución y de la dictadura del proletariado no privaron a los socialistas de movilizar a sus afiliados cuando el presidente de la República anunció en octubre la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones generales para noviembre. Previamente, Alcalá Zamora había retirado la confianza a Lerroux y entregado la llave del Gobierno a Diego Martínez Barrio, que formó un gabinete de concentración republicana de centro-izquierda con el encargo de llevar a buen puerto los comicios. En su fuero interno, los socialistas, que decidieron ir solos a las urnas, no descartaban convertirse al menos en la fuerza más votada, convencidos de que en 1931 muchos de sus votos favorecieron injustamente a los republicanos de izquierda en virtud de la alianza que sellaron con ellos. El objetivo del Partido Socialista era reunir en torno a sus candidaturas a «toda la España proletaria y progresiva». Pocas semanas antes, todavía en el Gobierno, habían apoyado una reforma de la ley electoral que claramente favorecía las candidaturas de coalición pluripartidista pero, en su arrogancia, esa circunstancia no les arredró. El Partido Socialista acudió solo a la lucha porque aspiraba a gestionar todo el poder sin ataduras y libre para «gobernar en socialista». De ahí que confiriera a las elecciones «un formidable carácter revolucionario[44]».

A lo largo de estas semanas, su discurso electoral constituyó una amalgama de ideas incoherentes y ruidosas. Al tiempo que lanzaban continuas loas a la revolución y amenazas de todo tipo a sus adversarios pintando un panorama aterrador en caso de que las derechas ganasen las elecciones, se mostraron dispuestos a luchar dentro de la legalidad, y así lo hicieron, pero derrochando una agresividad verbal sin precedentes. Ni siquiera el socialista liberal Fernando de los Ríos se mordió la lengua en los mítines cuando hubo que proferir amenazas a los rivales políticos, actitud llamativa en alguien habitualmente sosegado y pacífico como era él: «Queremos mantenernos dentro de la legalidad; pero si el enemigo se sale de ella para combatirnos, fuera de ella nos encontrará también a nosotros». En este clima, la demonización de los enemigos —sin distingo alguno— fue la norma, desde Lerroux a los monárquicos, pasando por los integristas, los católicos-agrarios, los liberales y los patronos. Por encima de cualquier otra consideración se perseguía descalificarlos para negarles toda legitimidad ante la eventualidad de que llegaran a gobernar. El «fascismo», se insistía con absoluta imprecisión conceptual, estaba en marcha en España, y como «fascistas» eran motejados todos aquellos que podían hacer sombra a los socialistas en el combate electoral:

[…] cuantos se llaman o se llamen republicanos a la derecha del partido radical son monárquicos inconfundibles que ni siquiera merecen ese nombre, sino el de fascistas. Por extensión, los radicales son asimismo acreedores a ese calificativo […]. El papel que el señor Lerroux se ha arrogado dentro del régimen consiste, por lo visto, en servir de puente al fascismo […]. Lerroux es un político de golpe de Estado. Mejor dicho: alentador y fomentador del golpe de Estado […]. Gobernarán las derechas fascistas, y el señor Lerroux será el mascarón de proa o el hombre de paja que se aviene […] a ser transición entre un Estado republicano a medio constituir y una situación de tipo fascista, o sea la monarquía elevada al cubo […]. El fascismo será una realidad en España si no le hacemos frente con energía y con disciplina. Pero revolucionariamente, a la postre[45].

Vistas interesadamente en bloque, a las derechas no republicanas se les recordó que nunca podrían regir la República, incluso si manifestaran públicamente su acatamiento del régimen, como la CEDA venía haciendo en la práctica. Su integración republicana era imposible para los socialistas porque la República era la revolución y no admitía componendas con aquellos sectores a los que precisamente se buscaba erradicar del panorama español. Mientras que a Gil Robles —el «aspirante a caudillo fascista»— se le reprochaba su pretensión de crear un «Estado nuevo» utilizando la democracia como medio, los socialistas mantenían sin rubor un objetivo parecido con una retórica tan de guerra y tan ofensiva como la de aquel, si no más: «¿Hay quien lo dude? Lo que ignora Gil Robles y toda la canalla que le sigue es que en ese juego de violencias a que se nos cita nosotros estamos dispuestos a vencer. A vencer —¿se entiende?—, no a defendernos. A matar, y no a dejarnos matar. A todo.» Curiosamente, mientras se mantenía ese lenguaje bélico contra el fascismo introuvable, los socialistas fueron objeto de varios atentados anarquistas en diversas poblaciones españolas (Barcelona, Málaga, Jerez, Madrid…) sin que merecieran su condena taxativa hasta finales de octubre, a pesar de traducirse al menos en media docena de muertos. Eso sí, aunque tardía, la condena se rodeó con la coletilla habitual de que los anarquistas hacían el papel de «aliados de la burguesía». En su conjunto, la campaña y las elecciones fueron limpias, sin duda las más limpias de la historia de España hasta entonces, pero ello no evitó que, según una estimación reciente, se recogieran al menos una treintena de víctimas mortales, una parte sustancial de las cuales fueron socialistas. Amén de los que cayeron por autoría anarquista, varios murieron en algaradas con las fuerzas de seguridad y otros tantos en altercados con derechistas, a los que los socialistas también causaron víctimas[46].

Desde el inicio de la campaña los dirigentes socialistas anunciaron que no respetarían los resultados electorales en caso de implicar un cambio en la política practicada hasta entonces en la República, o, aun cuando eso no ocurriera, simplemente por el hecho de que las derechas no republicanas llegaran al poder. En unas declaraciones a El Liberal de Madrid a mediados de octubre, Largo Caballero dijo que, ante un eventual triunfo de las derechas, «ya sabe usted lo que debe hacerse con las cosas no respetables [el nuevo Parlamento]: destruirlas o desobedecerlas». A su vez, en un mitin en Málaga, Prieto advirtió a los católicos que nunca podrían gobernar, porque la República era la revolución y en ella no tenían cabida los sectores que la cuestionaban. El 29 de octubre, El Socialista apostilló por su parte la búsqueda de «la victoria para corregir la desviación derechista de la República». Bajo el mando de los socialistas, esta vez la República sería implacable a la hora de gobernar prioritariamente en beneficio exclusivo de las clases proletarias: «República para todos, no. República para los republicanos. Y solo para los republicanos. Para los que, entre lágrimas, sudores y duelos, la vieron nacer, gracias a su esfuerzo, el 14 de abril.» Bien mirado, en el sentido apuntado los socialistas no decían nada distinto de lo que venían sosteniendo desde 1931. El fondo excluyente de su discurso hacia el mundo conservador básicamente era el mismo. La diferencia estribaba, si acaso, en el tono y en la crudeza con que exponían sus posiciones y su concepción antipluralista y revolucionaria de la República. A la vista estaba al negar de antemano la mera posibilidad y la legitimidad de una nueva mayoría parlamentaria[47].

Ciudadanos madrileños esperando a emitir su voto en las elecciones generales de noviembre de 1933. Entre los congregados, se puede ver a varias monjas. La derecha cedista, que obtuvo un excelente resultado junto al Partido Radical, fue acusada por los socialistas y los republicanos de izquierda de haber movilizado a las mujeres —que por primera vez en España podían ejercer el derecho a voto— en favor suyo a través de la influencia clerical. Los socialistas, ya antes de conocer los resultados, anunciaron que romperían su compromiso con la democracia republicana si las urnas favorecían a las derechas.

Tras la primera vuelta, cuando se hizo patente que los adversarios del centro y las derechas podían ganar, Prieto anunció en un discurso en el Cine Europa de Madrid que si a las segundas se les entregaba el poder solo quedaba «un camino: la revolución». Por su parte, Largo Caballero, en el Monumental, afirmó una sentencia calcada de la anterior: «Antes de ver destruida la obra de la República la defenderemos con las armas.» Al intuir la victoria del contrario, los dirigentes socialistas volvieron a retomar lo que venían repitiendo desde el verano, que la democracia no les servía, que, como había demostrado la reciente experiencia de colaboración, solo era una mentira al servicio del capitalismo y que, para colmo, «amamanta hoy en todas partes» al fascismo. Solo ahora, y no antes, se comenzó a hablar de la falsificación de los resultados y de la inutilidad de los comicios, tal y como se volvería a hacer tras la segunda vuelta. Puesto que legalmente el Partido Socialista nunca podría conquistar el poder, apuntó Serrano Poncela en un acto de las Juventudes Socialistas, ya no quedaba más remedio que prepararse para coger las armas: «La victoria final a que hace mención nuestro himno proletario como clase está en la insurrección violenta, como medio de establecer la dictadura del proletariado.» Y, entre otros, le secundó Enrique Puente: «Estamos al principio de un nuevo movimiento revolucionario en todo el país, de un nuevo ciclo revolucionario […] Los jóvenes socialistas esperan la lucha con impaciencia[48]».

Como era de esperar desde tales declaraciones previas, la aplastante victoria de las derechas y el centro exasperó a los socialistas y borró de su discurso cualquier resto de respeto a la legalidad constituida. Lo de menos era que ellos se hubieran implicado a fondo en su construcción mientras formaron parte del Gobierno. No aceptaron la derrota y se mostraron dispuestos a vulnerar las reglas del juego democrático. En sus esquemas ideológicos no se contempló como algo normal la alternancia en el ejercicio del poder. Se evidenciaba así, pues, que para los socialistas república no era igual a democracia. Una vez conocidos los datos, las elecciones pasaron a ser descalificadas, negándoles a las nuevas Cortes su condición de representantes de la voluntad popular: «La España peor, la España inmunda, ha acaparado el grueso de los escaños […]. La democracia burguesa entierra el Estado democrático. Es la vía más segura para la ascensión del fascismo […]. El nuevo Parlamento tiene muy poco que ver con la opinión pública. Nace divorciado del país.» Expresamente, El Socialista estableció el programa de ruta: «nuestra obligación reside en no atarnos a la democracia y al parlamentarismo, obligación tanto más imperiosa cuanto (sic) la democracia y el parlamentarismo nos obstruyen el paso». Renovación retomó con más fuerza que nunca sus loas a la revolución social y a la dictadura proletaria. En Granada, hasta Fernando de los Ríos llegó a decir que renegaba de la República. A instancias de la ejecutiva socialista, Juan Negrín se entrevistó con Alcalá Zamora instándole a cancelar los resultados y a formar un Gobierno liderado por republicanos de izquierda, que debería encargarse de preparar un nueva ley electoral que favoreciera a la izquierda, para, a continuación, volver a celebrar elecciones. Mientras eso sucedía, la prensa socialista postulaba lo mismo a voz en grito, insensible también al dictado de las urnas. Como el presidente de la República no se plegó a estas presiones, el camino de las tesis insurreccionales —de la «resistencia» y «la ofensiva»— quedó expedito: «Urge preparar el ánimo para las horas gravísimas que se aproximan. El ánimo y los brazos, camaradas.» Fue entonces, días después, cuando Prieto dijo públicamente su conocida advertencia de que el Partido Socialista contraía el compromiso de desencadenar la revolución si Gil Robles llegaba al poder[49].

5. FUERA DEL PODER… Y DE LA DEMOCRACIA

El drástico cambio experimentado por el discurso socialista se confirmó meridianamente también cuando, al poco de saberse los resultados electorales, los anarquistas lanzaron su tercera intentona insurreccional. Es más que significativo que la prensa socialista no la condenase esta vez, adoptando una postura situada en las antípodas de la actitud mantenida hasta muy poco antes con respecto a la violencia revolucionaria. Los dirigentes socialistas consideraron baldío, prematuro y torpe ese movimiento, declinando toda participación en él. Pero la responsabilidad del mismo, contra toda evidencia y con una intencionalidad nada inocente, se la atribuyeron al Gobierno y a las fuerzas políticas, «que, por su menosprecio de las reivindicaciones sociales», habían desviado la República de «los cauces en que la voluntad del pueblo la situó». Incluso fueron más allá, lanzando la sospecha de que las autoridades bien podían haber provocado la insurrección. Conviene tener presente que el Gobierno que había convocado las elecciones lo constituía una amalgama de republicanos de izquierdas y radicales. Desde esta perspectiva, ciertamente, la estrategia socialista había girado ciento ochenta grados: «Nos negamos terminantemente a escribir una condenación de las pasadas violencias anarquistas. […] ¿no habrá facilitado el propio Gobierno dinero para la adquisición de materias explosivas? […] ¿Condenar el movimiento? De ninguna manera. Condenamos —con la mayor dureza— la política de estos últimos tiempos[50]».

Poco días después de ese pronunciamiento, los dirigentes socialistas se embarcaron en la elaboración y discusión de un programa revolucionario. Inspirado y escrito directamente por Indalecio Prieto, hizo las veces de guía teórica del golpe insurreccional que por estas mismas fechas Largo Caballero propuso llevar a cabo a los comités nacionales de la UGT y del Partido Socialista, cuya fecha quedó en el aire: «un movimiento de carácter nacional revolucionario para conquistar el poder político para la clase obrera». Entre otros extremos, el programa contemplaba la separación del Ejército de toda la oficialidad y su reorganización sobre bases democráticas, al igual que la Guardia Civil y demás institutos armados. El núcleo a partir del cual se produciría esa reorganización habría de ser «una milicia reclutada preponderantemente entre los afiliados». Las directrices revolucionarias hablaban también de la separación de la administración pública de los funcionarios desafectos al régimen, de la disolución de las órdenes religiosas, de la incautación de sus bienes, y de la declaración de todas las tierras como propiedad del Estado[51].

El único sector socialista que se opuso a estos planes fue el representado por los dirigentes besteiristas que todavía controlaban la UGT. Como venían haciendo desde el verano, se desmarcaron claramente de los objetivos insurreccionales. En una reunión del Comité Nacional de la UGT celebrada el 13 de diciembre a puerta cerrada, Saborit negó que sobre la República recayese una verdadera amenaza fascista: «¿Se trata de que hay un peligro inmediato de fascismo? Yo digo que eso seriamente no hay quien lo diga […]. Lo que ha habido en España es una coalición terrible contra nosotros, no contra la República.» Y en otra reunión del 31 de diciembre apostilló: «Porque si el movimiento fuera el de hacer frente al fascismo, con los elementos que tengamos, aunque seamos víctimas, pues, ¡qué duda cabe! Que nos deshagan, pero hacemos frente […]. Pero es que no se trata de eso. Se trata de preparar en frío e inmediatamente un movimiento obrero […], la dictadura del proletariado, la toma íntegra del Poder, y yo digo: eso yo no lo voto.» Julián Besteiro suscribió con meridiana claridad las palabras de su lugarteniente: «nosotros dejamos aquí señalado que por ese camino de locura decimos a la clase trabajadora que se la lleva al desastre, a la ruina y en último caso se la lleva al deshonor». Consciente de la popularidad de Besteiro (que no en vano había sido el candidato socialista más votado por Madrid en las pasadas elecciones), Largo Caballero le comentó uno de esos días a Juan Simeón Vidarte que para conseguir incorporar a la UGT al movimiento revolucionario era preciso destituir a su dirección: «hay que apartar a Besteiro, Trifón y Saborit, o no podremos hacer nada». Y eso fue exactamente lo que sucedió. A finales de enero de 1934, al encontrarse en minoría, dimitió la ejecutiva del sindicato, siendo sustituida de inmediato por otra encabezada por Largo Caballero e integrada por gente joven procedente de los sectores más radicalizados del movimiento socialista (Carlos Hernández Zancajo, Felipe Pretel, Ricardo Zabalza, Amaro del Rosal, etc.)[52].

Marginado el grupo de Besteiro, en 1934 todos los sectores del movimiento socialista (el Partido, los sindicatos, las Juventudes y la prensa) apoyaron la preparación del movimiento revolucionario. No hubo fricciones internas y todo el mundo habló a los cuatro vientos de la necesaria «insurrección armada de la clase trabajadora» en caso de que se produjera una provocación de la derecha, esto es, la entrada de la CEDA en el Gobierno. Porque, como enfatizó en marzo un titular de Renovación con letras enormes, los socialistas habían fijado con rotundidad su criterio de actuación: «¡¡Estamos en pie de guerra!!». Evidentemente, se trataba del planteamiento más radical ofrecido por el socialismo español desde su nacimiento como fuerza organizada. Conforme al testimonio vertido por Amaro del Rosal mucho tiempo después, la organización de la acción insurreccional resultó febril: «Las actividades del PSOE, de la UGT y de las Juventudes en 1934 estuvieron dedicadas totalmente a la preparación y organización del movimiento.» Todos los comités locales y provinciales, con sus respectivos militantes, quedaron emplazados a procurarse armas y a recibir adiestramiento militar con vistas a estar preparados para la conquista del poder, pues los socialistas se hallaban convencidos de que no bastaría únicamente con la declaración de la huelga general. No en vano, la próxima batalla se planteó como si fuese la definitiva. En la ejecutiva nacional, Indalecio Prieto se responsabilizó de los preparativos militares y del avituallamiento de armas, que se distribuyeron en grandes cantidades por todo el país, como se demostró en el mes de septiembre cuando las fuerzas de seguridad se hicieron con varios alijos en distintos lugares, especialmente, pero no solo, en Madrid y Asturias[53].

Las instrucciones preliminares enviadas a las organizaciones de provincias por los responsables del movimiento insurreccional reflejaban una intencionalidad nítidamente ofensiva. Pensadas para consumar la conquista del poder, las instrucciones se ajustaban con fidelidad a las reglas básicas de los manuales de la insurgencia revolucionaria y del golpe de Estado. El famoso texto de Curzio Malaparte, Técnica del colpo di Stato (1931), accesible muy pronto en español para los contemporáneos[54], sugiere que las teorías de la violencia propias del período bien pudieron influir en el documento emitido por los dirigentes socialistas. Cualquier corriente totalitaria y/o paramilitar en la Europa de entreguerras podría haber suscrito los consejos técnicos de lucha recomendados, que expresamente se dirigían a neutralizar la acción de las fuerzas de seguridad utilizando procedimientos terroristas. Nada mejor que dejar hablar al documento para hacerse una idea del mensaje demoledor que se envió a la militancia socialista de toda España:

[…] debe adquirirse y guardar en lugar seguro dinamita […]. La gasolina y dinamita empleada inteligentemente, pueden servir para desmoralizar al enemigo con incendios y petardos […]. Hay que dificultar con gran rapidez los movimientos del adversario cortando líneas de ferrocarril, inutilizando puentes, interceptando carreteras; todo ello respondiendo a un plan bien meditado por los elementos previamente designados y que imposibilite que la fuerza pueda acudir a todas partes […]. Rápidamente apoderarse de las autoridades y personas de más importancia y guardarlas de rehenes […]. Preferentemente hay que inutilizar la fuerza pública de los pueblos desarmándola totalmente aunque prometa permanecer neutrales (sic) […]. Se incautarán de los depósitos de gasolina y, grupos armados, recorrerán las casas de los enemigos para apoderarse de las armas que tuvieren y armar con ellas a los amigos que no las tengan […]. Haciendo una buena distribución de fuerzas por toda la población deberá hacerse una guerra de guerrillas […]. Las casas cuarteles de la Guardia Civil deben incendiarse si previamente no se entregan […]. Para dificultar los movimientos de la fuerza, pueden cerrarse bocacalles con alambre de espino u otros medios y, al mismo tiempo, regar todo el ancho de la calle con gasolina dándole fuego y desde puntos o casas inmediatamente atacar a la fuerza cuando trate de quitar estos obstáculos […]. Levantar barricadas entre las cuales se oculten aparatos explosivos conectados con la corriente eléctrica o sustituida esta por pilas, y cuando la fuerza llega a la barricada hacerlos explotar formando un corto circuito desde una casa o lugar próximo y aprovechar la sorpresa para atacar a la fuerza que quede y coger sus armas […]. Lanzar botellas de líquidos inflamables a los centros o domicilios de las gentes enemigas […]. Triunfante el movimiento revolucionario, lo primero que debe asegurarse es el dominio absoluto de la población, perfeccionando las milicias armadas, ocupando los sitios estratégicos, desarmando totalmente a las fuerzas contrarias y ocupando los edificios públicos[55].

Aunque no de forma exclusiva, la apuesta insurreccional encontró a sus impulsores más entusiastas en los sectores juveniles del movimiento socialista, cuya bolchevización al más puro estilo leninista se advirtió ya a mediados de 1932, mucho antes de que el Partido y la UGT entraran por ese mismo sendero. El acoso al reformismo de Julián Besteiro desde las páginas de Renovación testifica el temprano giro radical de su estrategia. Aquella generación de jóvenes se vio «definitivamente fascinada por la violencia», deudores como eran de la propaganda y los mitos generados por la Tercera Internacional. Durante todo este período, de hecho, las Juventudes Socialistas compitieron con los pequeños grupos comunistas por ocupar el espacio de la extrema izquierda, y por momentos lo consiguieron. Su «modelo cultural», nutrido con referentes y elementos simbólicos de procedencia soviética, trascendía las viejas tradiciones del socialismo pablista. Es más, enemigos declarados tanto de la Monarquía como de la República burguesa, los dirigentes de las Juventudes alimentaron la intención de guiar la acción de sus mayores. Pero su acusada politización no tenía nada de excepcional. Constituyó un fenómeno típico del período de entreguerras que salpicó a todas las formaciones políticas europeas de signo juvenil. En abril de 1934, las Juventudes Socialistas ratificaron en un congreso su apuesta por la insurrección armada y la dictadura del proletariado. Al tiempo que dieron por agotado el «régimen burgués», desarrollaron una organización militar propia que conllevó el acopio de armas y el adiestramiento de los militantes en muchos sitios. En aquel congreso, lejos de atemperar sus encendidos ánimos, Largo Caballero —líder indiscutible ya de los socialistas— les animó a crear un «ejército revolucionario», a seguir el camino de la violencia y a adueñarse «íntegramente» del poder político «como sea», al margen de las «instituciones burguesas»: «tengo que manifestar que la revolución no se hace con gritos de viva el socialismo […]. Se hace violentamente, luchando en la calle con el enemigo[56]».

Que la creación de las milicias socialistas fuera obra de los jóvenes no respondió, por tanto, al azar. Sus dirigentes fueron en Madrid los jefes de esas milicias, que en esta ciudad encuadraron la friolera de 2500 hombres. Al lado de esta cifra, la Primera Línea de la joven Falange Española, póngase por caso, resultaba una insignificancia. En confluencia con los comunistas, los militantes socialistas se enfrascaron en intensas luchas callejeras con sus adversarios, especialmente con los miembros de la citada formación fascista. De ello se hicieron eco profusamente los periódicos, pero también las estadísticas oficiales. Entre el 1 de enero y el 25 de agosto de 1934 solo en Madrid se contabilizaron trece muertos y treinta y un heridos, con edades comprendidas entre los quince y veinticuatro años, causados por refriegas juveniles. De los 470 detenidos menores de veintiún años en esas mismas fechas, 367 fueron clasificados como de izquierdas y 103 como de derechas. Y la capital no era una excepción en el panorama español, sino que reflejaba un clima de enfrentamientos —no solo con los falangistas— extendidos a buena parte del país. De la prensa se desprende también que durante la primera mitad del año generalmente fueron los grupos de choque socialistas los que tomaron la iniciativa. Pero tras varios meses de acoso permanente a su labor propagandística y tras recoger varios cadáveres, los falangistas respondieron a la violencia socialista con más violencia, no exenta de brutalidad. Con todo, los altercados con otros grupos derechistas también menudearon, especialmente con los católicos de la CEDA, cuyo momento más grave se registró con motivo de la concentración multitudinaria anunciada por esa formación para el 22 de abril en El Escorial, que los socialistas boicotearon desde varias semanas antes. El día de la concentración fue declarada, además, una huelga general de veinticuatro horas que consiguió parar la capital parcialmente. En esta escalada, además de ser ametrallado el principal local de Acción Popular en Madrid, los católicos registraron un muerto, al menos una decena de heridos graves e incontables contusionados. En los enfrentamientos también resultaron heridos varios guardias de seguridad y algunos socialistas a manos de estos, pero en sus propias fuentes no hay datos que permitan apreciar una agresividad similar de los católicos hacia ellos[57].

Por más que la propaganda socialista planteada ad hoc quisiera presentar la opción insurreccional como una contestación legítima a la supuesta amenaza fascista y a las políticas reaccionarias de los gobiernos del Partido Radical, la realidad no se ajustó a ese esquema interpretativo. La radicalización del movimiento socialista se inició mucho antes de la celebración de las elecciones y de la asunción del poder por los radicales. Por tanto, las actitudes revolucionarias de los socialistas no fueron consecuencia de las políticas desplegadas por Lerroux, que en sus términos exactos no se pueden calificar de reaccionarias. A principios de 1934, el propio Azaña expresó gran alarma ante lo injustificado de una respuesta violenta socialista al Gobierno. Antes de octubre de ese año no se produjo la paralización generalizada de las leyes anteriores, tampoco hubo una persecución deliberada de los trabajadores, y la política de orden público no incurrió en los excesos que denunciaron los socialistas. Aunque el Partido Radical hizo concesiones a las derechas en virtud de su dependencia parlamentaria (amnistía a los condenados por la sanjurjada, Ley de Haberes del Clero, derogación de la Ley de Términos Municipales…), su política no supuso la demolición de la legalidad constitucional. Es más, los radicales intentaron arbitrar de manera imparcial en los conflictos laborales y, de hecho, muchas huelgas importantes las ganaron los sindicatos gracias a su mediación. Los radicales, a su vez, influyeron todo lo que estuvo en su mano para que no bajaran los salarios y, lejos de paralizarla, aceleraron la reforma agraria. Tampoco pusieron obstáculos para que la prensa socialista —a pesar de su tono virulento— continuara publicándose. Y aunque se produjeron unas cuantas destituciones de concejales y alcaldes de esa cuerda para enmendar pleitos generados en el primer bienio, la mayoría de sus ediles mantuvieron la representación en cientos de ayuntamientos. Cuando la FNTT planteó la huelga general campesina en junio, el Gobierno cedió prácticamente todo lo que podía ceder, pero los socialistas se obstinaron en seguir adelante, cosechando una derrota estrepitosa. Así pues, objetivamente, tanto antes como después de las elecciones de 1933 la situación no fue tan amenazadora como para que los socialistas se sintieran obligados a tomar la senda de la revolución ni para recurrir a la violencia armada[58].

6. EL LEGADO DE OCTUBRE

Después de anunciarla a bombo y platillo durante meses, el 4 de octubre la ejecutiva socialista transmitió la orden de iniciar la insurrección, que en general tuvo un seguimiento menguado en la mayor parte de la geografía española. Solo se dejó notar y muy débilmente en algunos sitios dispersos, a excepción de Madrid, varias localidades del País Vasco, León y, sobre todo, Asturias, donde durante un par de semanas los revolucionarios se hicieron con el territorio. Tras su derrota por las fuerzas de la Legión, según cifras oficiales el movimiento se saldó con más de 1300 muertos, incontables heridos y más de 20 000 detenidos en el conjunto del país, aunque es probable que las víctimas mortales sumaran algunos cientos más. Contraviniendo los reiterados anuncios de los voceros de la revolución, a pesar de su derrota, España no se vio abocada a caer en un Estado autoritario, ni como consecuencia del ascenso del fascismo internacional ni tampoco ante la supuesta amenaza del fascismo autóctono[59].

Hasta donde se sabe, la represión fue dura, pero, una vez controlados los focos insurgentes, los fusilamientos pudieron contarse con los dedos de una mano. Por su parte, el estado de guerra no se prolongó indefinidamente. De hecho, el Parlamento continuó con sus tareas y la vida política poco a poco recuperó su ritmo cotidiano. A la hora de valorar el intento revolucionario deben tenerse presentes todas esas circunstancias, siendo secundario que, antes de Octubre, Largo Caballero confiara hasta el último momento en que el presidente de la República impediría la entrada de la derecha católica en el Gobierno, o que Prieto acariciase la idea del nombramiento de un nuevo gabinete republicano-socialista. Lo cierto es que la insurrección se produjo, y se produjo además contra un Gobierno de amplia mayoría republicana, sostenido por un partido —el Radical— que ni antes ni después de aquella abrió la puerta al fascismo o a la reacción conservadora. Ante esa evidencia poco valen los argumentos defensivos. Porque, como se ha escrito con agudeza, el problema de este tipo de justificaciones es que no tienen en cuenta lo que hicieron las democracias de la Europa del norte (Escandinavia, Países Bajos, Gran Bretaña), que, con la implicación de sus poderosos partidos socialistas, redujeron la amenaza del fascismo y de la revolución a una posición marginal gracias a la activación de acuerdos básicos sobre las instituciones y las reglas del juego democrático. Por el contrario, en España el socialismo actuó como un bloque cerrado en sí mismo, instrumentó la República burguesa desde posiciones excluyentes y sin renunciar a la revolución, y su política «de clase», lejos de beneficiar al conjunto de la sociedad, amenazó frontalmente los intereses legítimos de importantes sectores políticos y sociales[60].

El concepto patrimonial e instrumental que se forjaron los socialistas de la República constituye la clave más convincente para entender por qué se decidieron a propagar la idea de la revolución a mediados de 1933, justo cuando su presencia en el Gobierno comenzó a verse amenazada. La suya fue una opción conscientemente antidemocrática que, además, adoptaron sin ánimo de dar marcha atrás cuando a finales de aquel año las elecciones fueron ganadas por las derechas y el centro, fuerzas a las que, sin discriminación alguna, los socialistas atribuyeron intenciones contrarrevolucionarias. Negar esto es no querer ver lo evidente. En 1934 no se debatía el futuro de la democracia, sino si iban a continuar las reformas iniciadas por la coalición forjada el 14 de abril, porque para los socialistas República era sinónimo de reformas radicales más que de democracia propiamente dicha. Ajustándose a los procedimientos legales establecidos y al propio marco constitucional, la CEDA tenía derecho a gobernar —en coalición e incluso en solitario—, como también a modificar la Constitución, pero los socialistas entendieron la República bajo un prisma jacobino, y por consiguiente la consideraron patrimonio exclusivo suyo y de los republicanos de izquierda. La crisis que abrió el acceso al Gobierno a tres hombres de Gil Robles se saldó con irreprochable lógica democrática y parlamentaria por parte de los dos partidos mayoritarios, la CEDA y el Partido Radical, que habían sido elegidos menos de un año antes por sufragio universal en unas elecciones libres. Pero para muchos de los que habían traído el régimen —los socialistas en primer lugar— el nuevo Gobierno suponía la victoria de la reacción. En contraste con esta actitud, resulta llamativo que antes de 1933 ni los socialistas ni sus aliados cuestionaran la intención de los primeros de avanzar pausadamente desde la República hacia la ansiada sociedad sin clases. Es claro, pues, que en su concepto de República no cabían las derechas monárquicas, pero tampoco aquellas derechas accidentalistas y posibilistas que, desde la legalidad democrática, aspiraban a retocar la arquitectura institucional. Formalmente, la Constitución garantizaba la competencia democrática, pero las lógicas de exclusión imperantes condicionaban seriamente su desarrollo normalizado. Desde esta perspectiva se aprecia el hilo conductor que llevó a los socialistas desde el 14 de abril de 1931 al 4 de octubre de 1934[61].

Que la CEDA demostrase no ser un partido fascista, que los militares no aprovechasen la revolución de octubre para dar un golpe de Estado, que el Partido Socialista y sus sindicatos no fuesen declarados fuera de la ley y que el Parlamento continuara abierto, todo ello dejó de tener importancia para la mayoría de los socialistas[62]. En ningún momento aceptaron la legitimidad de la República tal como la definían sus adversarios, a los que nunca consideraron auténticos republicanos: la CEDA por supuesto, pero tampoco los radicales. Es más, pese a la derrota y lejos de cualquier autocrítica o arrepentimiento, Octubre (con mayúsculas) y la denuncia de la represión sufrida por los revolucionarios empezaron a funcionar como un mito positivo hasta el punto de resultar fundamental para la movilización de las izquierdas a lo largo de 1935, así como para su posterior victoria electoral en febrero de 1936. Los socialistas, en particular, no plantearon ninguna reflexión ni entonaron un mea culpa sobre la violación de la legalidad republicana que habían protagonizado, como tampoco sobre su parte de responsabilidad en la violencia, que se argumentó como excesos justificables propios de las circunstancias y consecuencia de la ofensiva contrarrevolucionaria previa[63].

Con todo, detrás de esa aparente cohesión, en realidad Octubre provocó la fractura del movimiento socialista, superando con creces las tradicionales rivalidades de las distintas tendencias. A la disidencia de los besteiristas se añadió ahora el alejamiento de la corriente de Prieto de los postulados revolucionarios. Aunque presentaron la insurrección como un acto de defensa de la República y aunque mantuvieron su intransigencia habitual con respecto a los adversarios del centro y las derechas, en su fuero interno Prieto y los suyos actuaron como unos desengañados de la revolución, reclamando la vuelta a la colaboración con los republicanos de izquierda. Esa apuesta implicó un retorno a las instituciones y a las políticas democráticas, con la consiguiente puesta en valor del marco constitucional, las elecciones y el sistema parlamentario. Sin embargo, los caballeristas se mantuvieron encastillados en sus posiciones, entre otras cosas porque no suscribieron los pronunciamientos públicos de condena que hizo Prieto en 1936 contra la situación de extrema violencia que padecía el país, apuntando directamente —amén de otros responsables— contra ellos. La izquierda socialista no solo rechazó cualquier entendimiento con los republicanos, sino que coqueteó con la CNT, intensificó el proceso de bolchevización, persiguió la confluencia orgánica con los comunistas y apostó por la expulsión y depuración de sus antagonistas (los llamados centristas y reformistas) en las organizaciones sindicales y en el partido. Solo de cara a las elecciones y a regañadientes se avinieron los socialistas de izquierda a un pacto con los republicanos, cuya caducidad plasmaron al día siguiente de los comicios al vetar con absoluta rotundidad la entrada de cualquier compañero en el Gobierno. Así pues, los costes de la insurrección fueron sumamente gravosos antes que nadie para los propios socialistas, que en el período previo al estallido de la Guerra Civil tuvieron que afrontar una dolorosa escisión en dos bloques ferozmente enfrentados. Viendo en perspectiva la, ya para entonces, dilatada trayectoria del movimiento, el hecho que singularizó la coyuntura fue la pretensión caballerista de destruir a los adversarios internos. Las agresiones de extrema violencia contra los prietistas y su propio líder en los mítines de Ejea de los Caballeros y de Écija en mayo de 1936 fueron expresión clara de ello. En la segunda población estuvieron a punto de provocarles alguna muerte. De hecho, Juan Negrín fue uno de los que salió peor parado, con el cuerpo lleno de golpes y magulladuras. Como contó el propio Prieto a los periodistas: «su intento era lapidarnos, como a sapos». Hasta en los conciliábulos internos de los dirigentes caballeristas se pidió por aquellas fechas su cabeza, como luego refirió un testigo de excepción:

Una vez más, el sectarismo, nuestra gran enfermedad, se situaba en primer plano […]. Ese clima lo determinaban especialmente, con su proceder, con su terquedad, su odio y sus personalismos, Araquistáin y Baraibar, trasladando su estado de ánimo y su actitud, esa cadena de aspectos negativos, a Largo Caballero […]. Cuando se discutía en esa reunión el problema [el encargo a Prieto de formar Gobierno], Araquistáin —en uno de esos momentos de furor que le caracterizaban y en los que, del gran intelectual que sin duda era, pasaba a ser un energúmeno que perdía el sentido de la ecuanimidad—, refiriéndose a Prieto, exclamaba: «¡Hay que matarlo!, ¡hay que matarlo!», textual y rigurosamente cierto[64].

El intento revolucionario de 1934 y las tensiones internas que despertó en el socialismo también produjeron un desgaste brutal a la República, más sin duda que las reiteradas insurrecciones anarquistas. La credibilidad del sistema democrático sufrió un golpe durísimo desde el momento en que fueron sus propios artífices los que lo violentaron. Igualmente grave fue que las actitudes y el lenguaje guerra-civilistas se perpetuasen —acrecentados— en el año y medio largo que transcurrió hasta julio de 1936. Así se palpó una vez restituidas las garantías constitucionales y la libertad de expresión durante la campaña electoral de ese año y una vez concluida la misma. A los dos días del triunfo del Frente Popular, El Socialista, que dependía del sector de centro, fue muy gráfico al respecto: «El 16 de febrero no es el 14 de abril. Conviene mucho persuadirnos de la gigantesca diferenciación que hay en las dos fechas. En abril saltamos sobre un enemigo que estaba muerto […]. El 16 de febrero es la victoria sobre un enemigo férreamente preparado, difícil y duro […]. Estamos en plena lucha, en lo más álgido y serio de la pelea. Nuestra victoria nos facilita esta batalla y pone en nuestras manos la seguridad de acabarla con la derrota absoluta de nuestros enemigos […]. El pueblo ahora debe pedir una sola cosa: el Poder[65]». Pero de nuevo la izquierda del movimiento superó todas las barreras, dejando claro el nulo margen que atribuían al mundo conservador en la nueva situación política. Lo resumió muy bien semanas después el líder supremo de esa corriente, Largo Caballero, en el mitin de unificación convocado por las juventudes comunistas y socialistas el 5 de abril en la Plaza de Toros de Madrid: «Que nadie se llame a engaño […]. Las derechas en España, para nosotros, deben haberse terminado ya en lo que significa gobernar nuestro país. No piense nadie en darles el Poder, porque si eso intentan, el proletariado lo impedirá[66]».

Francisco Largo Caballero en el mitin fundacional de las Juventudes Socialistas Unificadas, que agruparon a las Juventudes Socialistas y a las Comunistas. Tuvo lugar en la Plaza de Toros de Madrid el 5 de abril de 1936. El socialismo español estaba al borde de la ruptura por la radicalización de la corriente caballerista. El veterano líder afirmó en su discurso que nadie pensara en dar el poder a las derechas porque «el proletariado lo impedirá».

Ciertamente, el fracaso y la represión de Octubre alimentaron un espíritu de venganza que radicalizó como nunca antes la acción política de la izquierda obrera. Los caballeristas asumieron posiciones de vanguardia en esa radicalización, protagonizando por todo el país cientos de episodios de un revolucionarismo tan virulento y atomizado como estéril, pero profundamente dañino para el régimen republicano. Es evidente que su discurso revolucionario no se concretó en un proyecto articulado durante los meses comprendidos entre febrero y julio de 1936. Pero, dado que muchas veces pusieron contra las cuerdas a la ley, ese discurso y su traducción práctica generaron miedo en amplias capas de la población, debilitaron al Gobierno y, para muchos contemporáneos, confirieron argumentos legitimadores a las conspiraciones golpistas de la extrema derecha y de los militares facciosos. Tras la victoria electoral, la movilización de los socialistas provocó la sustitución y ocupación forzosa de cientos de ayuntamientos conservadores, incluso allí donde las derechas eran mayoría. Miles de funcionarios de carrera y de empleados públicos considerados desafectos fueron expulsados de sus puestos de trabajo en la administración municipal. Infinidad de fincas fueron ocupadas ilegalmente por los sindicatos de jornaleros en la España meridional, acelerando la reforma agraria por la vía de los hechos consumados. En los pueblos y ciudades, se realizaron innumerables detenciones arbitrarias de ciudadanos conservadores por grupos de militantes que no tenían competencias legales para ello. Las coacciones contra los propietarios y patronos se multiplicaron por doquier con el visto bueno de los alcaldes socialistas. Las huelgas paralizaron el mundo del trabajo con una intensidad desconocida. Y, sobre todo, la violencia, el anticlericalismo y el desorden se extendieron a velocidad de vértigo generando una escalada de enfrentamientos sangrientos que importantes segmentos de la ciudadanía conceptuaron como insufribles. Los caballeristas no fueron los únicos protagonistas de esa escalada, pero nadie puede negar que les correspondió una parte considerable —si no fundamental— en la activación de la misma. Y lo hicieron con suma coherencia, convencidos de que estaban protagonizando un cambio radical acorde con la nueva oportunidad histórica que —aún más que en 1931— consideraron que se les abría tras la victoria electoral de febrero de 1936[67].

SEGUNDA PARTE

Jacobinos y nacional-populistas

Capítulo IV

La democracia de los radical-socialistas

Manuel Álvarez Tardío

Los servidores son quienes deben gobernar. Nadie más. Y los sometidos no pueden elevarse a la categoría de servidores hasta que la prueba del tiempo, de la lealtad y de la compenetración ideológica haya evidenciado que lo son.

Marcelino Domingo, en El Liberal, 22 de diciembre de 1933.

Se ha escrito que si bien la presencia y la justificación de la violencia política en la España de los años treinta estaba muy generalizada, había una excepción significativa, casi la «única excepción»; la «burguesía republicana[1]». Sin duda, desde un punto de vista general la afirmación es básicamente correcta, pues casi ninguno de los partidos de la derecha, el centro y la izquierda republicana se dotaron de una estructura permanente de carácter paramilitar que les sirviera para llevar a la práctica una teoría de la violencia callejera y la aniquilación selectiva del contrario. Tampoco sus afiliados se distinguieron en las campañas electorales o en la vida política local por un uso generalizado de la violencia física o las coacciones para intimidar al contrario, por mucho que algunos simpatizantes de base tuvieran cierto protagonismo en episodios de violencia como la quema de conventos de mayo de 1931. Con la excepción de la izquierda republicana de Cataluña y de sus juventudes organizadas en pelotones (escamots) para luchar a brazo partido contra la CNT, es cierto que ni siquiera en la izquierda republicana más extrema fue habitual la práctica de la violencia, por mucho que algunas juventudes, como veremos, tuvieran más de una salida de tono[2].

Sin embargo, la llamada «burguesía republicana» no fue ajena a un clima político en el que la intransigencia y la exclusión dificultaron la consolidación de una democracia pluralista. También en los grupos de la izquierda y el centro-izquierda republicanos podemos encontrar ese lenguaje radical, a veces belicista, que defendía una interpretación revolucionaria de la democracia republicana, descalificaba al adversario católico y conservador como un ser desleal carente de toda legitimidad para actuar en la política democrática, e incluso animaba a las bases a defender con energía la legislación promulgada por la izquierda republicana como si el régimen fuera patrimonio propio de esta y las elecciones tuvieran un valor secundario. Aunque los principales políticos de la izquierda republicana condenaron de forma general el uso de la violencia en la vida política y confiaron en que fuera posible integrar al socialismo marxista en el régimen constitucional republicano, también mostraron un compromiso ambiguo con la democracia si esta conllevaba competencia, alternancia y pluralismo de valores; y, al hacerlo, usaron a veces no ya un lenguaje radical y excluyente, sino también argumentos con los que parecían estar justificando el uso de la violencia que ellos mismos decían repudiar. De hecho, es en este terreno donde puede trazarse una línea que separa la izquierda del centro y el centro-derecha republicanos, una línea que permite distinguir con cierta claridad una cultura política dentro de la izquierda republicana basada en un concepto antiliberal y revolucionario del nuevo sistema político. Y, sobre esa base, un conjunto de ideas en absoluto irrelevantes para comprender el peso de las retóricas de intransigencia en la cultura política de los años treinta españoles.

Este capítulo se ocupa del estudio de un caso particularmente interesante e importante para el análisis de la vida política del primer bienio republicano: los radical-socialistas de Álvaro de Albornoz, Marcelino Domingo, Ángel Galarza, Eduardo Ortega y Gasset, Félix Gordón Ordax, Emilio Baeza Medina, Fernando Valera Aparicio, Juan Botella Asensi y Joaquín Pérez Madrigal, entre otros. Se trata, como es sabido, del sector de la izquierda republicana que mejores resultados electorales cosechó en los comicios para las constituyentes de junio de 1931 y que, por tanto, desempeñó un papel muy relevante tanto en la elaboración de la Constitución como en la formación y mantenimiento de la coalición de gobierno que apoyó al ejecutivo presidido por Azaña hasta el final del verano de 1933.

Primer Gobierno presidido por Manuel Azaña en octubre de 1931, tras la salida de Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura. Entre los ministros están los radicales-socialistas Álvaro de Albornoz, el primero sentado por la izquierda, y Marcelino Domingo, el segundo de pie por la izquierda. Los radicales-socialistas fueron la minoría republicana de izquierdas más votada en las elecciones de junio de 1931 para formar las Cortes Constituyentes. Su apoyo fue clave para la aprobación de la Constitución y para la formación de todos los gobiernos del primer bienio.

A partir de ese momento, si no antes, con motivo de la crisis que provocó el episodio de Casas Viejas, el grupo entró en una situación de quiebra no declarada que le dividió en dos grandes sectores, el oficial, que mantuvo el control del aparato, apadrinado por los seguidores de Gordón y caracterizado por un antisocialismo cada vez más beligerante, y el escindido, liderado por Domingo bajo la denominación de radical-socialistas independientes, menos crítico con los socialistas y más próximo a Azaña. Los dos, pese a algunos intentos de reconciliación, hicieron campaña por separado en los comicios de 1933 y obtuvieron resultados negativos similares. Tampoco obtuvo mejores resultados el minúsculo sector escindido mucho tiempo antes, la Izquierda Radical-Socialista de Eduardo Ortega y Juan Botella; de poco le sirvió al segundo ocupar una de las carteras ministeriales del Gobierno formado por Diego Martínez Barrio para presidir las elecciones generales del 19 de noviembre de 1933. Así pues, en términos generales, el radical-socialismo quedó condenado a la desaparición a partir de finales de 1933. Por otra parte, uno de sus dos grandes líderes, el exministro de Justicia Albornoz, había perdido peso en la primera línea de la vida política nacional al hacerse cargo de la presidencia del Tribunal de Garantías Constitucionales.

Con el tiempo y una vez superada la crisis que provocó el levantamiento revolucionario de socialistas e independentistas catalanes contra el Gobierno legítimo de la República en octubre de 1934, las diferentes familias de los radical-socialistas fueron absorbidas o reagrupadas en las dos nuevas formaciones políticas republicanas: los amigos de Cordón se unieron mayoritariamente a la Unión Republicana que controlaron los escindidos del Partido Radical liderados por Martínez Barrio; y el sector «dominguista» se sometió con gran interés y júbilo a la disciplina de la nueva Izquierda Republicana presidida por Manuel Azaña.

De este modo, para abordar, como se hace en este capítulo, el estudio del grupo radical-socialista es necesario fijar un criterio acorde con esa trayectoria tan intensa como efímera. Como objeto de estudio más o menos homogéneo, el Partido Republicano Radical-Socialista solo existió hasta el verano de 1933, aunque todavía puede seguirse su estela con cierto éxito en la campaña electoral de las generales de ese mismo año y algo hay que decir, finalmente, de la reacción de sus principales figuras ante la violencia revolucionaria de Octubre de 1934. Pese a que algunos de sus líderes jugaron un papel muy relevante en la reordenación del universo de la izquierda republicana antes de las elecciones de 1936, lo cierto es que ya durante el segundo bienio y en los meses de la primavera de 1936, no puede identificarse un grupo radical-socialista homogéneo e independiente sobre el que fijar nuestra atención. Los gordoncistas se diluyeron en el grupo de Martínez Barrio y los dominguistas se sometieron al discurso azañista; por otra parte, algunos de los núcleos más radicalizados se pasaron al comunismo. Así pues, nuestro estudio sobre las ideas, actitudes y comportamientos de los radical-socialistas ante la democracia y la violencia política se ceñirá al período que va desde su formación poco antes de la caída de la Dictadura de Primo de Rivera hasta las elecciones generales de 1933, con una referencia final a los sucesos de Octubre del año 1934.

1. PROCEDIMIENTOS DEMOCRÁTICOS Y FIRMEZA REVOLUCIONARIA

El Partido Republicano Radical-Socialista había nacido en el verano de 1929, impulsado por un grupo formado en buena medida por antiguos disidentes del radicalismo, que no solo habían denunciado un exceso de caudillismo en el partido de Lerroux sino que también veían con desagrado lo que consideraban como una derechización de los antiguos agitadores del anticlericalismo barcelonés. Los padres fundadores de esta nueva rama de la izquierda republicana, fundamentalmente Álvaro de Albornoz, Marcelino Domingo, Ángel Galarza, José Salmerón García, Juan Botella Asensi, Félix Gordón Ordax, Joaquín Arderíus, Javier Bueno o Benito Artigas, creyeron necesario formar un nuevo grupo político que recuperara la esencia del radicalismo republicano y lo combinara con una nueva sensibilidad por los problemas sociales y la intervención del Estado en la economía. A todos ellos les molestaba que Alejandro Lerroux fuera capaz de entenderse con los monárquicos críticos de la dictadura de Primo de Rivera y estaban deseosos de preparar una nueva opción política que, emulando el caso del radical-socialismo francés, ofertara al electorado español algo distinto de un republicanismo que consideraban viejo y agotado[3].

Desde el principio pudo apreciarse algo que habría de marcar significativamente la efímera historia de los radical-socialistas: aquel ambicioso proyecto de renovación del republicanismo no disfrutaba de suficiente cohesión ideológica, pues si bien la mezcla de radicalismo y socialismo no marxista animaba a todos sus fundadores por igual, no todos plasmaban y expresaban del mismo modo las exigencias de su programa. Ni todos eran igual de radicales ni sacaban las mismas conclusiones del presupuesto socialista del grupo. Ya en 1931, cuando el partido creciera a nivel nacional animado por la llegada de nuevas clientelas procedentes del viejo sistema de partidos y por la proximidad del reparto de cargos y oportunidades que podía deparar el resultado de las elecciones constituyentes, esas diferencias no harían sino acrecentarse. Las mismas habían estado presentes desde su fundación, pero se harían patentes con cierta fuerza y no poco alboroto en el segundo congreso celebrado nada más echar a andar la nueva república. Esas diferencias son útiles no solo para comprender algunos matices que diferenciaban la postura de los distintos sectores y sensibilidades sino también para analizar cierta ambivalencia en el compromiso radical-socialista con una democracia pluralista y su postura ante el sentido constitucional del régimen republicano.

Un buen conocedor de la izquierda republicana en los años treinta ha señalado que el grupo fundado por Albornoz y Domingo estaba cercano a lo que hoy día «llamaríamos socialdemócrata». Ciertamente, en el manifiesto fundacional publicado a comienzos de 1930 se señalaba que la ideología radical-socialista no estaría sujeta a una concepción «rígida» de la doctrina, sino a una cierta capacidad de adaptación al «ritmo vital de los acontecimientos», de tal manera que podría afirmarse tanto «el sentido individual» como «el sentido social de la propiedad conforme a las exigencias de la economía y de la técnica y a la evolución de las instituciones». Postulaban, así, un «socialismo sin dogma y sin catástrofes», que se aproximaría a la idea de socialdemocracia en la medida en que, si bien reconocía la existencia de una lucha de clases, rechazaba de plano que aquella tuviera que terminar con una revolución violenta en el orden social y económico que acabara para siempre con la propiedad privada y destruyera la libertad individual por mor de las exigencias de la victoria del proletariado. Por eso su socialismo se calificaba finalmente de «vivificado en todo momento por la inspiración inmortal a la libertad[4]».

El radical-socialismo no nació, por tanto, como un partido dispuesto a apoyar una revolución socio-económica que exigiera el uso de la violencia física. Al menos oficialmente no fue así, pues en la órbita cercana a Albornoz hubo colaboradores asiduos de la publicación Nueva España, donde estaban personajes como José Díaz Fernández o Joaquín Arderíus, futuro miembro del PCE, y otros a los que no desagradaba tanto el marxismo revolucionario[5]. También en las filas radical-socialistas militó el que sería a la postre primer diputado comunista en las Cortes de 1933, José Balbontín, al que tampoco gustaba demasiado ese intento de subordinar la ideología socialista a la primacía de la libertad individual. En verdad, en las filas radical-socialistas hubo desde sus primeros pasos una pluralidad de opciones que luego habría de ser responsable de una marcada ambigüedad en el compromiso del grupo con algunos de los postulados centrales de una democracia liberal y pluralista, por lo que quizá no sirva la etiqueta de socialdemócratas sin más. Porque aunque no fuera marxista, lo que alejó al grupo desde el comienzo de las posturas socialdemócratas fue la manera de entender su compromiso con el radicalismo: eran radicales porque confiaban en poder transformar la realidad, no ya política sino también social y cultural, de la nación española; esa misma realidad que ellos entendían fracasada por culpa de las traiciones del liberalismo monárquico y del empeño de los liberales en transigir con quienes solo deseaban absorber las energías de la nación en su propio beneficio, léase la Iglesia católica o la monarquía. Por eso el manifiesto fundacional de los radical-socialistas, que firmaban, además de los personajes más conocidos ya citados anteriormente, otros tantos como José Díaz Fernández, Ricardo Baeza, Antonio Espina o Jacinto Grau, señalaba sin ambages que ellos tenían el «propósito de representar a la izquierda republicana y actuar sin vacilaciones ni veleidades girondinas». Es decir, que el radicalismo, presentado en «una oratoria jacobina[6]», implicaba un rechazo frontal a toda posibilidad de conciliación con quienes no compartieran la idea de una República que transformara mediante la revolución política y cultural la nación española. Por eso se repetiría en diferentes discursos radical-socialistas la idea de que no cabía pacto o transacción alguna con el adversario —discurso que se mantuvo intacto tras la proclamación de la República y en el período constituyente, como veremos más adelante—. Albornoz explicó que la «tragedia» de la «raza» española consistía en no haber gozado de la libertad más que como si se tratara de fugaces «meteoros», habiéndose prolongado durante «años y años los períodos de reacción[7]».

«¿Cómo es posible que haya en España tanto reaccionario?», se había preguntado poco antes de que empezara la Dictadura de Primo de Rivera. La respuesta tenía implicaciones para el futuro proyecto republicano: todo era «obra de la revolución abortada, impotente, que entregó al enemigo sus dos brazos y se quedó con dos muñones claudicantes y mendicantes[8]». Por lo tanto, era lógico, desde esa óptica, que la República llegara para romper con esa historia contemporánea de fracaso del liberalismo, y que para hacerlo, en un país así de proclive a la reacción, se fundamentara en la negación del pacto con el adversario. Pactar, en esa cultura política, tenía connotaciones negativas; implicaba la renuncia a una obra de verdadera transformación política y cultural, una cesión inadmisible ante el enemigo. Nuestras revoluciones, advirtió Albornoz en plena campaña electoral de las municipales de abril de 1931, han fracasado por «sobra de espíritu conservador». Ha habido, dijo, demasiados pactos perjudiciales: si el abrazo de Vergara le parecía más dañino para el liberalismo español que las ideas carlistas, el pacto de El Pardo lo veía como un instrumento que había servido para sustituir la política del sacrificio por la del «artificio». España, concluyó, necesita una «revolución honda y profunda[9]». Tan profunda que no bastaba con que la República culminara un proceso de revolución política que acabara con la Monarquía; el nuevo régimen, como explicaría Domingo, tenía que ser no el final sino el «principio» de la revolución, «su justificación y el medio legal de que la obra revolucionaria se cumpliera[10]».

No es extraño que fueran los radical-socialistas los que más insistieron durante los últimos meses de 1930 y primeros de 1931 en contrarrestar la propuesta de revolución conservadora de los exmonárquicos liderados por Alcalá-Zamora, que por el contrario sí defendía la necesidad de alcanzar un consenso amplio que integrara a antiguos monárquicos y a los católicos en el nuevo régimen republicano. Albornoz lo dejó claro en un artículo dedicado a la revolución religiosa que se publicó en La Libertad en el verano en que se firmaba el pacto de San Sebastián. Y Botella Asensi, miembro de la Ejecutiva del partido, advirtió en un artículo publicado en un diario de Alcoy el 13 de diciembre de 1930 que frente a la idea de una República conservadora solo cabía emprender una obra en la que todo fuera destruido o bien profundamente reformado[11]. Lo que estaba en juego desde el punto de vista de la izquierda republicana, como también pondrían de relieve algunos discursos de Manuel Azaña, era la tarea descomunal de recuperar para España una tradición abortada durante más de cuatro siglos[12]. Y solo un plan de choque podría permitir una obra así. No había más solución que la ruptura. El problema se planteaba a la hora de fijar qué consecuencias programáticas tenía esa voluntad de ruptura y esa cultura política en la que se valoraba mejor la intransigencia que el pacto.

No es nada raro que, al tratar de compaginar esos postulados con la idea de un sistema democrático de alternancia pacífica en el gobierno y parlamentarismo liberal, se produjeran no pocos problemas de acoplamiento. Marcelino Domingo, más contenido que sus compañeros, aunque no exento de una considerable ambigüedad, quiso insistir en que era posible asociar democracia con pluralismo; pero otros, con Albornoz al frente, entendieron que la democracia republicana tenía tareas urgentes que cumplir que estaban por encima de consideraciones formales. Por eso, tanto este último como Botella Asensi, en una línea paralela a la de los redactores de Nueva España, subrayaron una idea de república estrechamente vinculada a un contenido revolucionario. Es decir, que si el nuevo régimen no daba lugar a una transformación radical sería porque los partidarios de transigir se adueñaran de él e impidieran la ruptura. Había que estar prevenido incluso contra quienes todo lo confiaban a la participación del pueblo a través de las elecciones. «Estamos aleccionados [escribió Albornoz apelando a la tradición jacobina] por el fracaso de todas las revoluciones que han confiado sus destinos a un simulacro de sufragio universal. Desde la Asamblea Nacional francesa […] a las experiencias rusas anteriores a la revolución de octubre, está bien acreditada la ineficacia del romanticismo constituyente[13]».

Marcelino Domingo durante su intervención en el famoso mitin prorrepublicano celebrado en la Plaza de Toros de Madrid el 28 de septiembre de 1930. Domingo fue el más intelectual de los dirigentes del radical-socialismo español. Fue ministro de Instrucción Pública y de Agricultura en los gobiernos del primer bienio y nuevamente ministro de Instrucción Pública entre febrero y julio de 1936.

Por tanto, no parece que, como a veces se ha sostenido, las líneas maestras de la ideología del partido radical-socialista establecidas por Domingo llegaran a formar un todo más o menos homogéneo, basado en la idea de un pacto entre grupos intelectuales, clases medias y sectores obreros, para formar una alianza que defendiera la libertad, la autoridad, la disciplina y el progreso, todo dentro de un sistema inequívocamente democrático. A Domingo le preocupaba explicar que la República representaría «la salida de la dictadura, pero no la entrada en el sindicalismo, en el comunismo y en Rusia[14]». Sin embargo, no todos los radical-socialistas, empezando por Albornoz, estaban convencidos de que las formas propias de la democracia representativa y liberal no estuvieran en decadencia y pudieran ser compatibles con el proyecto revolucionario. En Nueva España se denunció el peligro de que la «transigencia mal llamada liberal» hiciera posible un pacto con el enemigo e impidieran la alianza entre los republicanos y los trabajadores. Y Albornoz, que ya había llegado a la conclusión de que el Parlamento debía ser algo puramente instrumental para la revolución, fue tajante al advertir: «Cuando se trata de garantizar los fines de la democracia, no hay dualismo posible entre democracia y parlamento. Pero, si lo hubiera, el parlamento es lo de menos[15]».

El desacuerdo acerca de cómo compatibilizar el afán revolucionario y los métodos parlamentarios y democráticos se hizo patente en el primer congreso del partido, celebrado en septiembre de 1930. Allí quedó claro que los radical-socialistas no tenían un proyecto único para hacer frente a una transición ordenada desde la Monarquía a una república democrática. El problema principal se planteaba en términos parecidos a lo que luego ocurriría nada más producirse el cambio de régimen: ¿debía el radical-socialismo mostrarse intransigente en la defensa de su modelo de sociedad? Pese a que el programa oficial pareciera decantarse por cambios radicales dentro de un sistema democrático liberal, ¿era compatible una postura revolucionaria inflexible con la lógica aceptación del compromiso y la alternancia que conllevarían las reglas de la democracia parlamentaria y la competencia electoral?

En aquel congreso, Albornoz mantuvo su conocida teoría de que la revolución que España necesitaba, la que debía encarnar la República, siempre había fracasado por el entreguismo de la fuerzas de izquierda en el Parlamento. Para él, por tanto, no cabía transigencia alguna con un procedimiento que permitiera la democratización de la monarquía, pues el riesgo era, una vez más, el de ahogar la revolución. En verdad, a la hora de hablar de democracia y revolución la mayoría de los delegados evitaron una postura de compromiso inequívoco con las reglas del parlamentarismo democrático. De hecho, cuando se debatió sobre la postura a tomar ante futuras convocatorias electorales, Gordón Ordax presentó una proposición abstencionista y dijo que el partido debía dedicarse a la acción directa y revolucionaria. Domingo trató de posponer el debate a la espera de un acuerdo dentro de la Alianza Republicana; pero muchos eran abstencionistas y la propuesta de Gordón consiguió un amplísimo apoyo. Hasta cierto punto y por extraño que parezca, esa proposición implicaba cierto grado de compromiso entre los moderados y los que postulaban nada menos que la acción directa de tipo anarcosindicalista como la forma más apropiada para derribar el sistema vigente[16].

2. LA INTRANSIGENCIA COMO VIRTUD

Tras las elecciones municipales del 12 de abril y la proclamación de la República, los radical-socialistas asumieron, junto con Acción Republicana y los diferentes grupos catalanes y gallego, la representación de la izquierda republicana dentro del nuevo mapa político. En el partido liderado por Azaña se entrevería muy pronto una fisura ideológica interna que, junto con divisiones de corte territorial, lo separaba en dos sectores, uno más liberal y contemporizador y otro más próximo al radicalismo y anticlericalismo de los compañeros de Albornoz. No obstante esa presencia de un radicalismo de corte jacobino en los azañistas, el grupo que más netamente representó a la izquierda no obrera fue el radical-socialista. Recién inaugurado el régimen, un sector del mismo empezó a hacer gala de lo que ya había postulado en los meses anteriores: un concepto de democracia subordinado a un proyecto revolucionario e insurreccional.

Desde el comienzo mismo de la República hubo algunos altercados provocados por sectores extremos y no poca presión «ultrarrepublicana» a favor de una política más revolucionaria y menos tolerante de la que había dispuesto el Gobierno provisional a través de su estatuto jurídico[17]. Algunos ayuntamientos canalizaron demandas anticlericales extremas, con las que no pocos radical-socialistas habían mostrado su acuerdo. Pero el primer episodio realmente grave en la pugna de los extremistas para forzar al Gobierno a cumplir con los compromisos revolucionarios e impedir la República conservadora, fue la quema de conventos e iglesias en la segunda semana de mayo[18]. Como el desacuerdo dentro del Gobierno se tradujo en una parálisis inicial que permitió la conversión de un problema de orden público en una manifestación grave de violencia anticlerical, los radical-socialistas, como en general toda la izquierda republicana, aprovecharon las circunstancias para demandar una política más firme en la lucha contra la reacción. Lejos de condenar el uso de la violencia en la vida política, algo que solo se hizo explícito en el discurso de los integrantes de la Agrupación al Servicio de la República, los portavoces mediáticos y políticos de la izquierda republicana coincidieron en acusar a las víctimas de haber provocado una reacción popular justificada, que solo perseguía defender la República de sus enemigos. No faltaron incluso republicanos que explicaron los incendios como la única forma democrática que tenía el pueblo de participar y demostrar cuál era la política correcta con relación a la Iglesia católica. Solo un sector minoritario del republicanismo hizo hincapié en la necesidad de que el ejecutivo respondiera con firmeza y con sentido de la justicia, aunque ni siquiera estos criticaron el hecho en sí de la violencia anticlerical. Dentro del grupo de fundadores del nuevo régimen, solamente los republicanos conservadores hablaron de responsabilidades concretas y pidieron que no se confundiera revolución con anarquía[19]. La conclusión a la que se llegó en casi toda la prensa cercana a la izquierda republicana y progubernamental fue la de que solo acelerando el paso de la revolución hecha desde arriba se podría evitar que el pueblo volviera a perder los estribos e impusiera el cambio mediante la acción violenta. De ahí que se decidiera, como explicó Marcelino Domingo, «acelerar los trámites electorales con el fin de legitimar el régimen inmediatamente», puesto que era preferible el camino del Parlamento antes que establecer una «dictadura republicana que realizara en un plazo sumarísimo, y por decreto, los principios fundamentales de la revolución[20]».

Ante la oleada de violencia y la respuesta dada por las autoridades procediendo a detener a los monárquicos acusados de provocar a las masas republicanas, todos los grupos políticos representados en el Gobierno hicieron público su apoyo incondicional al ejecutivo. El Partido Radical-Socialista coincidió con el PSOE en que los sucesos respondían a la «necesidad de proceder con la mayor energía contra los elementos […] que traten de restaurar el Antiguo Régimen». Lejos de condenar la violencia como un camino incompatible con la política democrática, el partido de Albornoz y Domingo calificó aquellas jornadas violentas como la manifestación de un «espléndido empuje de sana protesta popular» y criticó una cierta laxitud en la respuesta del Gobierno[21].

A las declaraciones oficiales se sumaron también otros radical-socialistas que añadieron más leña al fuego, partidarios todos ellos de aprovechar la presión de los extremistas para impedir el éxito de la República conservadora. Alfonso Ayensa señaló que los resultados de las elecciones municipales de abril autorizaban una obra radical y que no era necesario esperar a unas Constituyentes. Otros llegaron a pedir la sustitución de los gobernadores civiles por «juntas provinciales revolucionarias». Balbontín y Benjumea, al frente de la radicalizada sección madrileña, exigieron al Gobierno el desarme inmediato de las fuerzas del antiguo régimen y armar a las fuerzas populares. Querían, además, que su programa entrara en vigor de inmediato y por decreto. Solo Ángel Galarza, y bastantes semanas más tarde, criticó expresamente la violencia anticlerical de mayo[22].

Pese a todas esas declaraciones y la fuerza de los extremistas de la sección madrileña, lo cierto es que el Partido Radical-Socialista era algo más que aquel conjunto de actitudes e ideas extremas. A sus filas se fueron incorporando nuevos afiliados cuyo perfil respondía más al del típico oportunista-pragmático, es decir, aquel que persigue incentivos materiales y no ideológicos, el que deseaba aprovechar las ventajas que podían derivarse de estar en un partido que muchos empezaban a ver como uno de los grupos decisivos en el nuevo mapa de poder de la República. Al fin y al cabo, los radical-socialistas no solo tenían dos ministros en el Gobierno provisional, sino que controlaban algunos gobiernos civiles, instrumento que todos sabían importante para las futuras elecciones y para el sometimiento de las autoridades locales. De este modo, el radical-socialista se tuvo que convertir en un partido de gobierno cuando una buena parte de sus simpatizantes iniciales lo habían concebido como un partido para la revolución y demandaban un tipo de acción política marcada por la tradición insurreccional. Esa condición bicéfala le acompañó durante su corta vida y provocó no pocos problemas a sus ministros y a los gobiernos de los que formaron parte. Tampoco había, por otra parte, suficiente homogeneidad ideológica en su interior ni un liderazgo sólido e indiscutido que hiciera posible una transición controlada desde arriba hacia un partido de masas disciplinado.

El segundo Congreso Nacional celebrado entre los días 27 y 31 mayo de 1931 constituye un buen ejemplo de la diversidad de posturas que convivían en el grupo radical-socialista, pero también de la presencia de algunos comportamientos y actitudes caracterizados por una extrema intransigencia doctrinal y una patente intolerancia hacia el otro, incluso si habitaba la misma casa. Aquel encuentro celebrado poco antes de que arrancara la campaña para las elecciones constituyentes y apenas dos semanas después de la crisis provocada por la violencia anticlerical y la expulsión del cardenal Segura, debería haber servido para fortalecer y encauzar el crecimiento que estaba experimentando el partido y la consolidación del proyecto ideológico diseñado cuando todavía no había caído la Monarquía[23]. En efecto, hubo debate ideológico pero acompañado de una tensión impropia de un partido que miraba al futuro con optimismo. Las jornadas del Congreso fueron sumamente accidentadas desde el comienzo mismo. Domingo y, en menor medida, Albornoz se emplearon a fondo para contrarrestar a un sector de los compromisarios que no dudaron en censurar la organización del partido y pidieron explicaciones por el fracaso de la sublevación del mes de diciembre de 1930. La división, pero sobre todo los gritos y los altercados fueron recurrentes desde el primer día: problemas entre la mesa presidencial y los que tomaban la palabra sin apenas orden ni respeto de las normas, sectores que no dejaban hablar a otros oradores, amenazas e incluso conatos de agresión…

Si difícil le resultó a Domingo justificar la postura gubernamental del partido, en la segunda jornada estalló la confrontación más violenta —en términos dialécticos— entre quienes representaban a los diferentes grupos extremos y quienes trataban de evitar que el Congreso adoptara decisiones que pusieran en peligro la coalición fundacional de la República que sostenía al Gobierno provisional. El afiliado y futuro diputado, Balbontín, buen representante del sector extremista, presentó una proposición para que no se apoyara ningún tipo de coalición en la que estuviera presente la derecha republicana, argumentando que ese sector del republicanismo solo quería impedir la obra de transformación social radical que el país requería y la República encarnaba. Albornoz, que no había sido tan claro como Domingo en la condena de los procedimientos que entusiasmaban a los extremistas del partido en los meses previos, tuvo que hablar para pedir el apoyo de la asamblea a favor de la coalición de gobierno y en defensa del interés actual del nuevo régimen. Un delegado de Zaragoza añadió, en apoyo de las palabras del ministro, que la Derecha Liberal Republicana era un buen vehículo para absorber antiguos monárquicos y atraerlos hacia la República. La mayoría estaba del lado de los ministros, pero pocos podían llegar tan lejos como el representante aragonés. Como además ni siquiera entre ellos parecía posible un debate sereno en el que no aparecieran insultos y voces, el alboroto se incrementó al discutir este asunto. La trifulca que se formó fue tan grande y difícil de sofocar que el presidente del Congreso dimitió al verse incapaz de controlar el orden durante la votación. La sesión tuvo que ser suspendida bajo la amenaza de que si no se calmaba la situación no volverían a celebrarse asambleas del partido en Madrid. De hecho, una de las razones de la bronca era la presencia de afiliados al partido en la capital que no eran delegados pero que permanecían en el salón e interrumpían constantemente el debate para apoyar a los extremistas. Fueron esos mismos los que lanzaron vítores a Balbontín cuando este, en la tercera jornada, anunció su baja del partido al comprobar que los delegados votaban en contra de su proposición por amplia mayoría[24].

De nada sirvió que se aprobara una resolución de consenso en la que se daba cierta libertad para formar coaliciones electorales pero se señalaba que era preferible acordarlas en primer lugar con partidos de la izquierda republicana u obreros, y solo donde fuera necesario con otros partidos republicanos, siempre que los candidatos de aquellos fueran de significado republicanismo desde antes del 12 de abril. Al discutir los siguientes puntos volvieron a repetirse los incidentes, pero ahora acompañados de voces, insultos y duros ataques verbales contra los dos ministros radical-socialistas. Los delegados de Madrid y Sevilla, principales protagonistas de los sucesos, buscaban, sin duda, crear un clima de intimidación que les permitiera imponer decisiones sobre una asamblea que no controlaban; sus propuestas eran siempre las más radicales en el terreno anticlerical, las más dispuestas a promover la nacionalización de todas las fuentes de la riqueza y las partidarias de reforzar los acuerdos con los sectores más extremos del mundo obrero. Si no pudieron impedir que el radical-socialismo se relacionara con el centro-derecha republicano, al menos sí consiguieron que la resolución final postulara una Constitución «social y radical[25]».

La influencia de ese sector extremo estuvo bien presente durante la campaña electoral. Albornoz prometió en la plaza de toros de Murcia que pelearía en las Cortes por «nacionalizar la riqueza», mientras que su compañero José Moreno Galvache postulaba, en la línea de un laicismo beligerante contrario a la libertad de conciencia que ellos mismos decían defender, una educación laica obligatoria. Solo los republicanos auténticos, añadió Albornoz, podrían formar parte del Gobierno si lo que se buscaba era llevar a cabo ese programa; solo un gobierno de izquierdas podría «republicanizar la república[26]».

Con una derecha no republicana muy debilitada tras la caída del anterior régimen y sin apenas tiempo para convertir la iniciativa de Acción Nacional en una maquinaria debidamente engrasada para las elecciones, a los radical-socialistas les preocupaba, por encima de todo, contrarrestar el posible crecimiento de la derecha republicana, que, además de controlar el ministerio de la Gobernación, mantenía su discurso a favor de una República liberal y conservadora, respetuosa de las conciencias y alejada del extremismo revolucionario. Los radical-socialistas habían sido hasta entonces los republicanos más activos denunciando esa «República barata[27]». El arsenal volvió a desplegarse en la campaña electoral, y lo hizo esta vez con un discurso que dejaba en evidencia la parte más liberal del programa aprobado en mayo y que ponía en entredicho el compromiso de los radical-socialistas con una democracia que no fuera revolucionaria.

Poco antes de que se celebraran las elecciones municipales que habían desembocado en la caída de la Monarquía, Eduardo Ortega y Gasset había advertido en un acto celebrado en la Casa del Pueblo de Madrid que aquellos comicios serían solo «el primer paso de la revolución[28]». La postura general de los radical-socialistas en los meses siguientes se adaptó a esa idea crucial para ellos de impedir que vencieran quienes dentro del Gobierno querían que la revolución se detuviera y agotara en el cambio de régimen. Era crucial porque tenía implicaciones para dos aspectos centrales: el concepto de democracia y el papel que asignaban al adversario en el nuevo sistema político.

Aparte de por un recurrente laicismo, entendido como una acción positiva del Estado para estimular la secularización de las conciencias e impedir la competencia católica en la educación, la campaña radical-socialista estuvo marcada por el empeño en hablar del significado de la revolución republicana. No fue una cuestión puramente retórica, un simple exceso verbal para animar una campaña alicaída por la falta de competencia. Se trataba de algo verdaderamente capital: del modo de entender la revolución se derivaban consecuencias para el contenido del modelo de democracia que aprobarían las Cortes Constituyentes.

Foto del Gobierno de Manuel Azaña constituido en junio de 1933. De izquierda a derecha: José Franchy Roca (Industria y Comercio), Marcelino Domingo (Agricultura), Francisco Largo Caballero (Trabajo y Previsión Social), Lluís Companys (Marina), Francisco Barnés (Instrucción Pública y Bellas Artes), Agustín Viñuales Pardo (Hacienda), Manuel Azaña (presidente), Fernando de los Ríos (Estado), Álvaro de Albornoz (Justicia), Santiago Casares Quiroga (Gobernación) e Indalecio Prieto (Obras Públicas).

Tanto Albornoz como Domingo insistieron durante sus intervenciones públicas en explicar las implicaciones de la idea de revolución republicana. El primero aseguró que los radical-socialistas serían la garantía de la republicanización de la República. Esta, puntualizó, será «radical» y no conservadora, pues «no hay que conservar nada». Se necesita, dijo, una «República destructora», que acabe con el antiguo régimen, «que lo haga todo nuevo». El marco constitucional de la nueva democracia, por tanto, no podía estar basado en pacto alguno con quienes pensaban que había cosas que conservar. «La República [añadió en medio de una gran ovación] no puede ser una transacción con el pasado. Fuera compromisos y abrazos[29]». El sábado antes de las votaciones, en el mitin de cierre de la campaña, Albornoz explicó en tierras salmantinas que ser «revolucionario» no consistía en «decir frases gruesas, ni en fumar tagarnina, ni en escupir por el colmillo» sino en «algo más hondo: la transformación de la mentalidad y del espíritu». Sobre esa base, la República, que debía encarnar ese espíritu revolucionario, debería ser «para toda España, pero gobernada solo por los republicanos». Y añadió entonces algo que, a juzgar por el comportamiento de la izquierda republicana tras las elecciones de 1933, no era un simple recurso retórico: «No consentiremos jamás que el Poder nos sea arrebatado por los monárquicos disfrazados de republicanos[30]».

Para los oradores radical-socialistas no cabía tener miedo a la revolución. Todos los grandes pueblos, aseguró Botella Asensi, han pasado por revoluciones para prosperar. Parecían asumir, así, que el cambio tuviera consecuencias traumáticas para una parte de la sociedad. Se podía ser, dijo Fernando Valera, revolucionario y «gubernamental», pero lo que no estaban dispuestos a admitir es que la República significara una nueva transacción. En un mitin celebrado en Madrid en el que hubo una pequeña trifulca provocada por un espectador, la rama menos moderada del partido acusó al Gobierno de querer hacer una Constitución monárquica y «escamotear al pueblo la revolución que conquistó en las urnas». Albornoz ya había advertido en una de sus numerosas salidas de tono, orgulloso de mostrar un lenguaje radical y belicista, que la concordia civil no siempre era buena. Las guerras civiles, dijo, son necesarias para el crecimiento de los pueblos[31].

Domingo, con un análisis cercano al que exponía Azaña en sus mítines, explicó en aquellos días que lo ocurrido era algo más que un cambio de gobierno. En un gran acto de campaña celebrado junto con Botella y Valera en Valencia, aseguró que la mejor manera de conciliar libertad y orden era que la autoridad no se basara solo en la fuerza sino en el máximo respeto de la libertad. Pero también advirtió que el nuevo régimen habría de caracterizarse por una nueva política que hiciera realidad todo lo que significaba la revolución republicana. Para que la República pudiera ser de los republicanos de izquierda tenía, por tanto, que llenar un contenido, que no se agotaba en la mera revolución política: «Por que se ha hecho la revolución política se va a hacer la social…». Nadie podría parar ese proceso. Con la misma oratoria jacobina que sus compañeros, Domingo añadió: «si se opone resistencia a la revolución social y no encuentra cauces jurídicos, los encontrará en las calles». La amenaza, por tanto, estaba sobre la mesa: los radical-socialistas no iban a aceptar que la República fuera conservadora. Con una ambigüedad más calculada que el radicalismo de Albornoz, Domingo advertía de la imposibilidad de aceptar un resultado electoral que no permitiera constitucionalizar la revolución en un terreno que iba más allá de las instituciones políticas[32].

No hubo, por tanto, discrepancias de fondo entre el discurso de los principales líderes radical-socialistas. Quizá Domingo, algo más prudente, no hablaba de guerras civiles, pero en su discurso también apareció el tono amenazante y un concepto de democracia que permitía advertir algo fundamental para el futuro del sistema: desde la óptica radical-socialista, incluso para el sector menos extremista, el sistema político republicano, al quedar identificado con un contenido político concreto, no podría admitir como jugadores leales de la competición democrática a quienes no aceptaran ese contenido.

3. DE UN LADO, LOS AMIGOS, DE OTRO, LOS ENEMIGOS

Si la idea de una República identificada con un proyecto revolucionario delimitaba el concepto de democracia de la izquierda republicana, el empeño en señalar que, si la Constitución no era fiel a los principios revolucionarios, el nuevo régimen se desnaturalizaría, conducía a una posición política en la que el adversario, no perteneciendo ni al republicanismo ni al socialismo, era catalogado sin más de enemigo del régimen: «Lo que se encuentra frente a frente», diría Albornoz en una nueva demostración de ese lenguaje frentista tan habitual en aquellos años, «son dos éticas políticas, dos conceptos diferentes de la responsabilidad política. De un lado, los amigos de la revolución, y de otro, los que no quieren que la revolución continúe[33]». La República que concebían los radical-socialistas no parecía reconocer la legitimidad de quienes no compartieran ese programa de transformación radical; y no eran pocos los que se iban a oponer al mismo, en la medida en que, como querían los radical-socialistas, impusiera un laicismo que lesionara derechos de los creyentes o permitiera una legislación social que propiciaba el corporativismo y la arbitrariedad del sindicalismo socialista.

Para los radical-socialistas, todo aquel que estuviera a la derecha del partido de Lerroux iba a ser considerado un enemigo de la revolución. Pero que lo fuera en el discurso no implicó por el momento algo más que cierta violencia verbal. La prensa nacional no recogió noticias de agresiones graves provocadas por militantes radical-socialistas durante la campaña electoral de 1931, aunque sí hubiera algunos incidentes en los que se puede suponer la participación de exaltados procedentes de ese partido[34]. Las candidaturas más perjudicadas por el uso de la violencia, especialmente por el recurso a las técnicas para reventar mítines o impedir su celebración, fueron, sin duda, las de la Derecha Liberal Republicana, sobre todo allí donde los compañeros del presidente del Gobierno no iban en compañía de otros candidatos de la izquierda gubernamental[35]. El día de la votación hubo algunos incidentes en Madrid capital promovidos por socialistas y que afectaron, precisamente, a candidatos de la DLR. Pero no hay constancia de la participación de radical-socialistas en esos actos[36]. Otro damnificado de las técnicas heterodoxas de la izquierda obrera fue el nuevo partido de Melquíades Álvarez, que, al igual que hizo Acción Nacional en esa provincia o la DRV en Valencia, decidió retirarse de la competición electoral en Asturias tras sufrir un asalto violento de los socialistas durante uno de los mítines centrales de la campaña[37]. También la Lliga sufrió la violencia a manos de la izquierda republicana catalana y vio dificultada su propaganda en Barcelona capital por la acción coactiva de los jóvenes de la Esquerra[38].

No fue, por tanto, una campaña sin violencia, como demuestra además la existencia de huelgas políticas, choques con las fuerzas de seguridad, amotinamientos locales, intentos puntuales de insurrección como el ocurrido en Sevilla o la mera existencia de heridos y algunos muertos. Varios de los sucesos más graves ocurrieron tras la intervención de la Guardia Civil contra huelguistas que actuaban fuera de la ley, como en Villanueva del Arzobispo, Jaén, donde hubo un amotinamiento popular y tres muertos tras un tiroteo, o en Montemolín, Badajoz, donde murió un huelguista y un Guardia Civil sufrió un intento de linchamiento[39].

Sin embargo, pese a las huelgas en las que apenas se distinguía la motivación laboral de la política o la existencia de algunos episodios graves, la violencia no fue generalizada en la campaña. Un factor que desincentivó su uso fue, sin duda, la poca competencia del proceso, a diferencia de lo que habría de ocurrir en 1933, cuando la derecha católica ya estuviera mucho mejor organizada. Con todo, lo que no pudieron resistir algunos radical-socialistas que ocupaban cargos públicos fue la tentación de utilizar la autoridad en beneficio de sus candidaturas, poniendo en entredicho ese discurso habitual entre sus filas de que por fin, con la República, se acabaría con el tan criticado caciquismo[40].

Aunque el ministro de la Gobernación, el conservador Miguel Maura, había publicado una circular en la que pedía a todas las autoridades provinciales que fueran imparciales durante el período electoral, algunos de los gobernadores recién nombrados, incluidos los de su propio partido, no hicieron demasiado caso de aquellas instrucciones. Si a los radical-socialistas se les acosó en pueblos de Huesca, siendo detenidos algunos de sus oradores, al parecer con la complicidad del gobernador del Partido Radical, la situación fue similar, pero a favor de los compañeros de Albornoz, en el caso de Soria, donde contaban con un gobernador afín: Mariano Joven Hernández[41]. Allí, a juzgar por las quejas enviadas al ministro, el candidato radical-socialista empleó métodos coactivos durante la campaña; los perjudicados afirmarían en una comparación significativa que «el caciquismo del vizconde de Eza era un juego de niños comparado con el de Artigas», que así se llamaba el citado candidato y futuro diputado radical-socialista[42].

También conocemos el caso del alcalde radical-socialista de Murcia, José Moreno Galvache, un «hombre aquejado de clerofobia aguda y caracterizado por sus exhortaciones al empleo de la violencia como arma política», que llegó a solicitar al gobernador de Murcia que tomara medidas contra el «clerical» Federico Salmón, director de La Verdad, al que acusaba de injuriar a instituciones republicanas desde el periódico. El ministro de la Gobernación no dio el visto bueno para la suspensión del periódico, entre otras razones porque La Verdad solo había criticado al alcalde por practicar una política de recortes presupuestarios en el ayuntamiento pero luego gastar en exceso para preparar la visita del presidente de la República[43].

Parecido sectarismo y voluntad de exclusión demostró el gobernador civil de Almería, el radical-socialista Manuel Ruiz Maya, que llegó a la capital andaluza el 19 de abril de 1931 y la abandonaría en vísperas de las elecciones Constituyentes. Convencido de que su tarea inmediata era la de hacer campaña para divulgar la idea de república, entendió que eso incluía la sustitución inmediata de los equipos de gobierno de los ayuntamientos controlados por concejales monárquicos. La alcaldía de la capital la ocupó un correligionario suyo, Miguel Granados. No tardarían en estallar los conflictos con socialistas y radicales, marginados del control de las instituciones locales[44].

También radical-socialista fue el gobernador civil de Sevilla, Vicente Sol, quien, sin embargo, observó una conducta por completo distinta a la de su compañero de partido en la alcaldía de Murcia. Sol se caracterizó por denunciar sin ambages el extremismo obrerista y la conducta de los socialistas. En una conferencia que dio en noviembre de 1931 describió la situación de la provincia y la ciudad criticando duramente el caos sembrado por los anarquistas, ayudados por los comunistas, y admitió que los patronos no estaban saboteando el régimen[45].

En resumen, mientras no dispongamos de estudios locales sobre las diferentes secciones radical-socialistas y su comportamiento en períodos electorales es incorrecto afirmar, tomando como fundamento casos puntuales, que los radical-socialistas se tomaban en serio su oratoria jacobina y pasaban a la acción violenta con frecuencia. No parece que ocurriera así en la campaña, por mucho que algunos de sus gobernadores favorecieran prácticas irregulares. Y por lo que sabemos de la campaña electoral de 1933, que sí ha sido estudiada a fondo, los datos sobre la violencia política propiamente dicha indican que en las semanas anteriores a la consulta del 19 de noviembre de aquel año, los radical-socialistas no tuvieron un papel similar al de los socialistas, que ganaron por goleada en cuanto a acciones violentas, desde reventar mítines de radicales o agrarios hasta arrancar la propaganda del contrario y practicar diferentes formas de coacción. Como veremos más adelante, solo el ala más extrema ya escindida del grupo y en algún caso las juventudes radical-socialistas, utilizaron un lenguaje impropio de una competición democrática pacífica, mientras Domingo, pese a la demagogia y la ambigüedad, repitió en varias ocasiones que la violencia no era admisible en democracia, en clara alusión a lo que estaban diciendo algunos líderes socialistas.

4. EL BLOQUEO DE LA ALTERNANCIA Y LA SALUD DEL SISTEMA

Aunque no cultivaran la violencia física y los sectores minoritarios más extremistas abandonaran el partido a lo largo del primer bienio, los radical-socialistas sí mantuvieron un discurso político en el que, continuando con lo dicho durante la campaña electoral de 1931, no admitían la posibilidad de que la alternancia pudiera modificar el equilibrio de fuerzas parlamentarias y poner en entredicho la manera en que el Gobierno de izquierdas estaba desarrollando la Constitución. La «Cámara ha demostrado que es la hija de la revolución y que responde a sus compromisos populares», había señalado Eduardo Ortega en pleno debate constituyente[46]. De hecho, si algo caracterizó por igual a la izquierda republicana radical-socialista y al grupo de Acción Republicana, fue la apelación constante a la República como patrimonio de quienes habían respaldado la Constitución e iban a desarrollarla con decisión y firmeza. Todos ellos se negaron a admitir que pudiera celebrarse algún tipo de referéndum constitucional tras la aprobación de la Carta Magna en diciembre de 1931[47]. Y reiteraron durante todo el nuevo curso político que solo la izquierda republicana, en coalición con los socialistas, podía llevar a cabo la necesaria tarea de «republicanizar» el régimen. Esas fueron las palabras de Albornoz en un mitin celebrado en Cuenca; lo contrario de la «revolución jurídicamente desde el poder» junto con los socialistas era «una República de derechas, fácil presa del capitalismo y del clericalismo[48]».

Esa obsesión que les llevaba a identificar el régimen con la política de la conjunción republicano-socialista era tal que Albornoz, desde el trascendental puesto de la cartera de Justicia, insistió siempre que pudo en que no debían tenerse miramientos con los enemigos de la República, que para él eran todos los que criticaran las nuevas normas o medidas impulsadas por el Gobierno, como la expulsión de los jesuitas. Por eso, cuando hubo de justificar la suspensión de El Debate en plena campaña revisionista y poco antes de que se aprobara el decreto que disolvía la Compañía de Jesús, no acudió a los datos ni citó en el Parlamento pruebas concretas de la supuesta campaña contra el régimen del periódico de los propagandistas católicos. Se limitó a catalogar al medio más poderoso de los posibilistas como enemigo del régimen y justificó la suspensión como una medida de defensa del sistema[49]. La lógica que subyacía a esa forma de proceder y argumentar era muy similar a la que aplicó Azaña cuando se enfrentó a Gil Robles en un debate parlamentario sobre el mismo asunto. El presidente del Gobierno evitó hacer cualquier consideración que le condujera a distinguir un sector católico accidentalista y dispuesto a competir dentro de la democracia republicana de otro integrista y de vocación golpista. En uno de sus numerosos alardes de intransigencia, Azaña replicó a los argumentos de Gil Robles restando toda legitimidad a la minoría agraria. Provocó las risas de sus compañeros cuando dijo que las denuncias de la derecha eran señal de que el Gobierno iba por el buen camino, pero lo más importante, a efectos de lo que aquí nos ocupa, fue la forma en que contestó al representante de la minoría agraria: ustedes no tienen legitimidad para venir a esta cámara a decir si el Gobierno es o no un gobierno dictatorial; su grupo no solo «no es republicano» sino que «no lo puede ser», y «no lo será nunca, aunque lo queráis […]». Como ha escrito Andrés de Blas, la exigencia de «una inequívoca confesión de republicanismo como requisito previo para la aproximación al sistema no solamente resultaba exagerado por parte un nuevo republicano como al fin y al cabo era Azaña, sino que implicaba una manifiesta imprudencia a la vista de la necesidad de arraigo de un régimen cuyo nacimiento no había sido fruto de un indiscutido consenso[50]».

Tras el aplauso de sus compañeros, de los radical-socialistas y de los socialistas, Azaña mostró un tono diferente para con los radicales y a Martínez Barrio, a diferencia de a Gil Robles, sí le reconoció el derecho a discrepar en público del Gobierno y a hacer campaña para ganarse a la opinión pública. Gil Robles no dudó en contestarle: «A lo único a que tiene derecho S. S. es a juzgarnos por nuestros actos; y si nuestros actos, como diputados y como ciudadanos, se desenvuelven dentro del terreno de las leyes, S. S. tiene que tener para nosotros los mismos respetos que tiene para los que forman en el partido que S. S. acaudilla. […] Nosotros tenemos un ideario político que mantenemos con absoluta consecuencia en virtud de un convencimiento moral; que nosotros no somos, Sr. Azaña, de los que militaron en partidos monárquicos y al día siguiente se lanzaron alegremente a la República, porque allí podían encontrar lo que no encontraron en los antiguos partidos. Por lo menos S. S. tiene que reconocer en los que actuamos dentro de la ley y con acatamiento al poder constituido, una autoridad que nos emana del hecho de no haber vendido la primogenitura de nuestros ideales por ninguna de las ventajas que trae consigo el disfrute del poder[51]».

Si, como advirtió Albornoz, solo había dos tipos de personas en la vida política española, los que estaban a favor de la revolución y los que no, entonces era lógico que la izquierda republicana no estuviera dispuesta a admitir la legitimidad de los segundos, en la medida en que República y revolución eran, para ellos, una y la misma cosa[52]. Los enemigos del régimen debían ser tratados como tales, aplicándoles medidas de excepción contra las que no cabía argumentar en términos liberales. Es comprensible, por tanto, que Albornoz y Largo Caballero formaran un tándem dentro del Gobierno para prolongar el máximo posible la suspensión de ABC después del golpe fallido del general Sanjurjo[53].

Esa incapacidad casi patológica para concebir la democracia parlamentaria y constitucional dentro de la lógica del pluralismo político y de valores, y advertir que las medidas de excepción no podían convertirse en norma, se hizo patente en diferentes momentos de la vida parlamentaria. Ángel Galarza protagonizó uno de los más significativos. Heredero de una red clientelar muy estimable en la provincia de Zamora, antaño proclive al conde de Romanones y cuyo origen familiar se remontaba hasta Sagasta, Galarza había levantado la estructura del Partido Radical-Socialista en la provincia mediante técnicas de movilización nada modernas. Todas las viejas familias le prestaron no poco apoyo en las elecciones de junio de 1931 y la campaña se hizo con procedimientos tan poco competitivos como las entrevistas con el gobernador, las sugerencias y las coacciones a los alcaldes o las diferentes formas de distribución de incentivos materiales. Tan bien había aprendido Galarza las peores prácticas de sus mayores que no tardaron en surgir problemas dentro de la agrupación republicana radical-socialista de Zamora por lo que algunos tacharon de nueva política caciquil. Pero el resultado de esas prácticas no fue malo porque en pocos meses los galarcistas lograron establecer comités del partido en el setenta por ciento de los municipios[54].

Resulta harto significativo que Galarza, no siendo en absoluto uno de los extremistas de su grupo, sí fuera quien mejor explicase, en pleno debate constitucional, algo que muchas veces ha sido pasado por alto para calibrar la verdadera conjunción de republicanismo y democracia en la izquierda española de los años treinta. En el debate del artículo 34 de la Constitución, y a propósito de la polémica sobre el derecho al voto de la mujer, Galarza se autocalificó de «demócrata, de republicano y también de socialista», para acto seguido añadir una puntualización que no provocó ninguna protesta multitudinaria entre sus compañeros de la izquierda republicana: «os digo, añadió, que tiene que llegar un momento y una época en que no haya posibilidad de que el derecho del voto lo tenga nadie mas que una clase, la clase trabajadora, intelectual o manual, y que el parásito, hombre o mujer, no tenga derecho a intervenir en la legislación del país, no pueda tener voto, y ese avance, que indudablemente lo será con el tiempo, con esta Constitución lo impedís también. ¿Qué derecho tiene la rancia nobleza española, que está viviendo del trabajo de los demás y de la renta, a intervenir en nuestra legislación y en nuestra organización? Demasiado haremos si la dejamos vivir. No tengo más que decir[55]».

La intervención de Galarza no solo no dio lugar a protestas sino que recibió, como recoge el Diario de Sesiones, aplausos. No fue el único, desde luego, en hacer un planteamiento contradictorio con la condición de demócrata una vez que se abrió el turno para debatir sobre el derecho de voto de la mujer. Pero lo significativo, a nuestros efectos, era la consideración por completo despectiva del adversario que reflejan esas palabras, así como esa amenaza velada final, tan habitual cuando la izquierda republicana tenía que defenderse de las acusaciones conservadoras sobre la aplicación de leyes de excepción contra todo aquel que no pensaba como ellos.

Las palabras de Galarza no fueron aisladas ni pueden ser consideradas como una manifestación individual que no casara bien con las ideas de su grupo. El también diputado radical-socialista, Jerónimo Gomáriz, volvió a mostrar una actitud equiparable en otro debate trascendental, el que se planteó con la ley que regulaba el nuevo Tribunal de Garantías Constitucionales. El problema en este caso no era de importancia menor para los derechos de las minorías. El Gobierno presentó un proyecto de ley para regular el tribunal en cuya disposición final se señalaba que «la acción jurisdiccional derivada de la presente ley […] no se extenderá, ni a las disposiciones promulgadas por las Cortes actuales antes de ser aprobada la misma, ni a los actos que el Poder publico haya realizado con anterioridad a su publicación». Lo firmaba Albornoz y había recibido el visto bueno del consejo de ministros. Para la minoría agraria, como denunció José María Cid, significaba, sencillamente, la imposibilidad de recurrir ante el máximo tribunal todas las leyes importantes aprobadas por el Parlamento para desarrollar la Constitución, comprendiendo tanto el estatuto de autonomía de Cataluña como la reforma agraria o las leyes de secularización. Es más, ni siquiera podría plantearse recurso contra los actos del Gobierno anteriores a la ley[56].

Albornoz argumentó una vez más que aquellas eran las «Cortes de la Revolución» y que el Gobierno no podía dejar que la legislación fuera sometida a un nuevo debate revisionista por la acción de un tribunal que se viera influido por la opinión pública. Como ya había explicado Azaña en la cámara, la división de poderes no era admisible si ponía en riesgo la salud del régimen. Y en un último arrebato de sinceridad, el ministro de Justicia le dijo a Sánchez Román que: «nosotros queremos excluir [de la acción de ese tribunal] toda la obra realizada por estas Cortes y queremos excluirla por motivos políticos, franca y noblemente políticos, que no disimulamos un solo momento […]». A lo que añadió algo que escandalizó a un sector de la cámara: no consideraba el ministro que «la defensa de la Constitución» fuera «una función jurisdiccional, sino una función política», pues «por muchos organismos que se inventen o se construyan, sin la vigilancia atenta y el espíritu vivo del jefe del Estado y de la soberanía popular, no hay defensa de la Constitución posible». La conclusión a la que llegó no dejaba lugar a dudas: «por encima del Parlamento no puede haber nada que desconozca ni suprima ni cercene su soberanía». Lo increíble, como le recordó el radical Salazar Alonso, totalmente escandalizado por la postura del ministro, es que esa posición la sostenía el mismo ministro que había propuesto a la cámara un proyecto de ley que creaba un tribunal para velar por la Constitución[57]. Lo que todavía no sabía el diputado radical es que aquel ministro que menospreciaba el judicial review iba a ser elegido el 13 de julio de 1933 primer presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales.

Con todo, quien mejor explicó algunos aspectos decisivos de la manera radical-socialista de entender la división de poderes y la competencia democrática fue Gomáriz, que habló para defender el criterio de la comisión que había evaluado el proyecto del Gobierno. Estas Cortes, dijo, no son un Parlamento cualquiera. «Estamos aún […] en una misión francamente revolucionaria y constituyente», por lo que no cabe contraponer la labor de un tribunal a la labor de la soberanía popular. Su idea era similar a la expresada meses atrás por otros compañeros de la izquierda republicana: las Cortes eran asimilables a una convención a la que no podían fijarse límites; en cuanto a sus representantes, Gomáriz fue tajante: «nadie nos puede discutir a nosotros el espíritu que hemos impreso en estas leyes. Y en nombre de ese espíritu jurídico y político, yo me opongo a la admisión» de cualquier voto particular que pretenda usar un tribunal para modificar la labor constituyente[58].

Y para terminar añadió un comentario sustancioso para descalificar a los agrarios, usando para ello argumentos similares a los de Azaña en el debate sobre la suspensión de la prensa. A Gil Robles le negó categóricamente que pudiera llegar algún día en que fuera capaz de asimilar «las esencias republicanas, porque no es ni será nunca republicano». Por lo tanto, así como admitía que ellos podían hablar y debatir con los radicales sobre determinadas leyes, pero no con usted, que es un «monárquico enmascarado al que no podemos permitir que nos dé lecciones de cómo se aplica la constitución[59]». Y por si quedaba alguna duda de la negativa republicana a reconocer la legitimidad de los integrantes de la minoría agraria, el diputado radical-socialista añadió alguna burla dedicada a la propaganda de Acción Popular. Y cuando Gil Robles le espetó que él apelaría a la opinión, Gomáriz le recordó que había muchos sitios donde no podría hablar en público más que a puerta cerrada y con seguro de incendios. Admitía así que los posibilistas estaban siendo sometidos a una violencia continua que les impedía hacer propaganda con normalidad; y lo hacía para alegrarse y sentir orgullo por aquellos actos que él entendía como necesarios para impedir la victoria de los enemigos del régimen.

5. UNA DIVISIÓN ANUNCIADA. LA DIFÍCIL PRUEBA DE LA COMPETENCIA

Si los radical-socialistas tenían un lenguaje y una cultura política que les impedía conceder valor alguno al pacto con los adversarios, esa actitud estaba tan arraigada que incluso dentro de la vida de su grupo fue habitual un grado de intolerancia y confrontación que acabaría impidiendo la consolidación del grupo más nutrido de la izquierda republicana. Ya hemos visto lo ocurrido en su segundo congreso; también en el tercero, celebrado en Santander a finales de mayo de 1932, se hizo de nuevo patente la dificultad para alcanzar acuerdos internos. Fue entonces cuando se produjo la expulsión definitiva de Juan Botella Asensi y Eduardo Ortega y Gasset, que formarían de inmediato la Izquierda Radical Socialista[60]. No obstante, de momento el partido mantuvo un apoyo mayoritario al Gobierno ante las críticas de Lerroux sobre el divorcio entre Parlamento y opinión.

La unidad del partido se pudo salvar de nuevo con un acuerdo in extremis durante el cuarto congreso celebrado en junio de 1933, cuando ya se había calmado la tormenta provocada por el episodio de Casas Viejas, que tanto dividió a los radical-socialistas[61]. Con todo, a partir de ese momento el partido funcionó como si hubiera dos facciones independientes: una estaba formada por el grupo parlamentario, con Domingo a la cabeza, y la otra la integraban los seguidores de Gordón, que eran mayoría en el Comité Nacional. Durante todo el mes de julio ambos líderes mantuvieron un tenso debate a favor y en contra de la continuidad del Gobierno republicano con los socialistas. Para entonces, una buena parte del radical-socialismo, sobre todo en ciertas provincias donde la política laboral de los socialistas había hecho estragos, se habían vuelto profundamente críticos con el Gobierno y sostenían un discurso que no era muy diferente, por su antisocialismo y defensa de la propiedad, al de los integrantes de la CEDA o la misma patronal[62].

La división definitiva de los radical-socialistas, tan temida por Azaña porque ponía en peligro la coalición que sostenía al Gobierno y daba vía libre al presidente de la República para abrir la crisis, se certificó en el tercer Congreso Extraordinario del partido celebrado entre los días 23 y 25 de septiembre de 1933. Hubo no solo un debate durísimo entre Gordón y Galarza, sino también y de nuevo violencia verbal e incluso física en la mañana del día 24, hasta tal punto que la sesión tuvo que interrumpirse en medio de una terrible confusión. Esa misma noche Domingo, a la cabeza del sector progubernamental, anunció la formación de un nuevo Partido Radical Socialista Independiente[63]. Así pues, los radical-socialistas llegaron a la campaña electoral de las generales de 1933 divididos en dos grandes grupos; de nada sirvió que en algunas zonas las secciones locales hicieran un esfuerzo a favor de la reconciliación.

La participación y el discurso de los diferentes grupos radical-socialistas durante aquella campaña resultan decisivos para el tema que nos ocupa en este capítulo. A diferencia de las elecciones de 1931, ahora la izquierda republicana se enfrentaba a una fuerte competencia que incluía nuevos métodos de propaganda y movilización, que la CEDA supo poner en marcha con indiscutible éxito. Para colmo, los líderes radical-socialistas tenían que tomar partido a favor o en contra de un Partido Socialista que parecía dispuesto a convertir la consulta en un punto de inflexión que, caso de que los resultados no les favorecieran, les permitiera tomar un camino distinto, ajeno al Parlamento y a la acción política dentro de la legalidad.

Ya se ha mencionado más arriba la ausencia de actos significativos de violencia política que fueran desencadenados por miembros del Partido Radical-Socialista en la campaña de 1933. Sabemos que en algunas provincias los radical-socialistas tuvieron problemas, al igual que los radicales, con las prácticas coactivas de afiliados socialistas, comunistas o anarquistas. Galarza, por ejemplo, no pudo empezar uno de sus mítines porque le recibieron con una «silba estrepitosa». Y en otro acto celebrado en Nuez de Aliste, tuvo que abandonar el pueblo porque fue recibido a gritos y pedradas. Otros mítines de los radical-socialistas independientes tuvieron que ser suspendidos al encontrarse el orador con abucheos, «silbidos y mueras», como el caso de Domingo en Barbastro[64]. Pero salvo casos aislados, como el de algunos pueblos de Zamora, Toledo o Tarragona, no parece que los radical-socialistas se distinguieran por llevar su retórica hasta sus últimas consecuencias, usando ellos mismos la fuerza o las coacciones para contrarrestar al adversario o impedir su propaganda[65].

Sí hemos constatado, sin embargo, que algunos radical-socialistas trataron de sacar el máximo partido de la autoridad que ocuparon en los gobiernos civiles, siendo denunciados por sus adversarios o criticados en prensa. Como las elecciones fueron altamente competitivas y la prensa actuó con plena libertad, la acción de esos gobernadores no tuvo en casi ningún caso el efecto que ellos buscaban, que no era otro que bloquear candidaturas del adversario. Sin embargo, su actividad, amén de dificultar la propaganda de candidatos no afines, puso en evidencia el grado real del compromiso radical-socialista con la competencia democrática. Así ocurrió con el gobernador radical-socialista de Burgos, José Castelló Soler, que, según la denuncia hecha pública por varios alcaldes, se dedicó a llamar a los corregidores a su despacho para exigirles que trabajaran a favor del candidato oficial de la izquierda republicana, que no era otro que Claudio Sánchez Albornoz[66]. O con Vicente Costales Martínez, el gobernador radical-socialista de Albacete, que ordenó la irrupción de la policía en el domicilio del presidente provincial de Acción Popular, alegando algo tan peregrino como que aquel había convocado una reunión política sin permiso de la autoridad[67].

Costales, que pertenecía al sector dominguista del radical-socialismo, era un político especializado en intervenir sin demasiados escrúpulos para favorecer candidaturas propias. De hecho, cuando restaban diez días para las votaciones el Gobierno le cambió de destino, envidándole a la provincia de Toledo con el objetivo de que se empleara a fondo para sostener la candidatura del ministro de Comunicación, el también radical-socialista Emilio Palomo Aguado, que al parecer no iba nada bien por la fuerza que había cobrado la movilización conservadora en la provincia. La actuación de Costales en Toledo es todo un ejemplo de las implicaciones prácticas del discurso de la izquierda republicana, con Domingo y Azaña a la cabeza, a favor del descuaje del caciquismo y la construcción de una nueva ciudadanía democrática: el gobernador en el que Palomo depositó sus esperanzas comenzó ordenando la suspensión de un mitin conservador en Ocaña alegando que había comenzado media hora antes de lo autorizado, una causa que le debió de parecer muy relevante para el mantenimiento del orden público. Ordenó asimismo detener al candidato de la CEDA, el diputado Dimas Madariaga, acusándole de haber celebrado un mitin no autorizado en Quintanar de la Orden. La decisión provocó un gran revuelo en la provincia y generó no pocos problemas al Gobierno. El ministro de la Gobernación, Rico Avello, mucho más dispuesto que sus compañeros radical-socialistas a hacer cumplir la ley, fue objeto de una dura protesta encabezada por Gil Robles y tuvo que revocar la decisión del gobernador[68]. Finalmente, Gonzalo Acosta Pan, otro radical-socialista que ocupaba en ese momento el Gobierno Civil de Vizcaya, fue denunciado por el PNV y el Bloque de Derechas por usar los medios anejos a su cargo para favorecer la candidatura de su jefe político, Marcelino Domingo, a quien al parecer paseaba en coche oficial por la provincia mientras ordenaba, al mismo tiempo, retirar la propaganda conservadora.

En cuanto al discurso ideológico de los radical-socialistas en aquella campaña se produjo, como resultado de la división, una mayor fragmentación y por lo tanto se acentuó la ambigüedad. Como sabemos, esa división venía de muy atrás y no hizo sino acrecentarse en aquel clima confuso para una izquierda republicana a la que costaba competir sin la ayuda socialista. Fernando Valera había señalado en una conferencia editada más tarde con el título de Fundamentos del Partido Republicano Radical Socialista, que los radical-socialistas eran radicales porque deseaban una reforma profunda, no porque fueran extremistas ni menos porque identificaran radicalismo con revolución violenta. En un tono muy del parlamentarismo liberal clásico, había explicado que ellos creían que por encima «incluso del pueblo» estaba la ley, y que quien no estuviera de acuerdo con ella siempre tenía «expedito el camino legítimo de las urnas para reformarla[69]». Es decir, que presentarse ante los electores españoles para ganar su apoyo en defensa de una reforma de las leyes del primer bienio, incluso de la Constitución, no tenía que conllevar un ataque al régimen. Valera parecía dispuesto a admitir la legitimidad del adversario en un marco de convivencia basado en el pluralismo democrático.

Ya hemos visto, sin embargo, que ese discurso no casaba demasiado bien con la actitud de los diputados radical-socialistas, ni con el comportamiento de algunos de sus gobernadores, ni con el empeño de sus líderes en calificar de enemigo del régimen a todo el que no compartiera la política del primer bienio. Durante la campaña los radical-socialistas de uno y otro bando mantuvieron esa ambigüedad tan dañina.

Si los socialistas y anarquistas provocaron no pocos problemas de orden público, reventando mítines de la CEDA, atacando a los candidatos radicales o impidiendo la colocación de propaganda conservadora, nada parecido ocurrió con los seguidores de Domingo o Gordón. Lo que sí encontramos en su discurso es: primero, la insistencia en que la República no podía ser gobernada por quienes no aceptaban su contenido revolucionario, lo que implicaba negarse a reconocer la legitimidad de una buena parte de la oferta electoral[70]. Segundo, el empeño en no admitir matizaciones acerca de las diferencias entre unas y otras derechas, calificando a todas por igual de enemigos del régimen[71]. Y tercero, un lenguaje que en algunos casos se excedía de lo tolerable en democracia, al hablar del riesgo de «dictaduras republicanas[72]», empeñarse en presentar las elecciones como un juego de suma cero que podía llevar a la destrucción del sistema, o utilizar una terminología bélica que planteaba la competencia electoral en términos de frentes o batallas en las que unos, los republicanos, los buenos, sabrían estar en su sitio para evitar que los otros, los malos, «pasaran».

«Hemos entrado en la hora difícil de la España vieja puesta en pie, contra la España nueva», fueron palabras que Domingo repitió en varios actos. Él mismo terminó alguno de sus mítines excitando al auditorio a interpretar la lucha electoral como si una batalla de trincheras se tratara: En «esta hora difícil […] hemos de enfrentarnos con las derechas […] y decirles: No pasaréis; no pasaréis (muchos aplausos) la república es de los creadores y ellos no lo son». A lo que añadió una amenaza: «por este camino [el de la revolución legal] tenemos la esperanza de llegar hasta el fin; que no lo salten, que no lo destruyan, que no lo entorpezcan, que no lo cierren, porque las multitudes […] cuando se les obliga a retroceder saltan violentamente (el público, puesto en pie, produce una clamorosa ovación)». Fernando Valera, que tan liberal se había mostrado en la conferencia comentada más arriba, llegó a hacer apología de la violencia anticlerical al defender los comportamientos más extremos dentro del «ciclo revolucionario» que ahora estaba en peligro; aseguró que en mayo de 1931 los conventos «no los quemó nadie sino la justicia divina[73]».

Solo Domingo fue muy explícito en la condena de toda violencia usada como arma política. Le preocupaba, sobre todo, la deriva de algunos socialistas, que de seguir por ese camino malograrían lo que a él le parecía fundamental para sostener el régimen frente a la coalición que previsiblemente formarían radicales y derechas: la colaboración entre socialistas e izquierda republicana[74]. Por eso escribió que si bien la violencia era «un recurso lícito contra la dictadura», no «lo es nunca contra la democracia legal en cualquiera de sus formas». E incluso añadió: «Lo sería mucho menos cuando las derechas gobernaran porque las izquierdas no hubieran sabido disciplinarse debidamente para gobernar[75]».

Marcelino Domingo, que tras la ruptura con el Partido Radical-Socialista había fundado el Partido Radical-Socialista Independiente, recibe una bandera de su partido con motivo del anuncio de su integración en Izquierda Republicana. El acto tuvo lugar en Madrid el 4 de abril de 1934 y lo organizaron varias militantes femeninas presididas por Catalina Salmerón (a su izquierda, con sombrero negro).

Sin embargo, como Valera, también Domingo mostró en campaña una faceta que no encajaba bien con esa condena del uso de toda violencia en democracia. La «vieja España» que creíamos «arrepentida o enterrada […] reaparece con sus sectarismos incorregibles», escribió. Ante eso, las «elecciones vuelven a ser lo que el 12 de abril creíamos esperanzados que ya no se repetiría: un nuevo episodio de la inacabable guerra civil que de tiempo tiene, frente a frente, dentro de un mismo pueblo, a dos pueblos: a uno que quiere ser en la Historia y a otro que se empeña en que la Historia no sea nunca para él[76]». Domingo parecía ser preso de una esquizofrenia parecida a la del editorialista del periódico en el que él mismo publicaba sus numerosas columnas de opinión: a la vez que se insistía en que «no hay que predicar la violencia», no había reparos en titular algún editorial del siguiente modo: «Arde la guerra civil[77]».

Por lo tanto, Domingo, como Azaña —aunque este último fue menos ambivalente—, condenó bien directamente o bien a través de manifiestos de su nuevo partido, el uso de toda violencia. Y sin embargo, usó una retórica belicosa que sus jóvenes supieron explotar con más coherencia y menos temor que sus mayores. A las juventudes madrileñas de los radical-socialistas independientes no les pareció, de hecho, que tuvieran que ocultar quiénes eran sus enemigos y cómo pensaban hacerles frente si ganaban en las urnas. En un manifiesto aparecido al poco de conocerse la convocatoria de elecciones explicaron que si «los monárquicos-fascistas españoles […] quieren imponer la dialéctica de las pistolas», ellos declaraban que: «planteado el problema político español en el terreno de las violencias —que nos repugnan; pero a las que hay que acudir en legítima defensa—, veremos quién triunfa. No nos asustan las bravatas. Responderemos a las pistolas de las huestes siniestras de Martínez Anido con nuestras armas». Y no se referían solo a los escasos seguidores de José Antonio Primo de Rivera, al que citaban al comienzo del texto, sino también a los cedistas, en un empeño por meter a todas las derechas en un mismo saco: «Iremos también hasta aniquilarlo contra ese otro fascio de sacristía que acaudilla Gil Robles y se disfraza de partido agrario […]. A unos y a otros nos impondremos. Y a todos juntos, nacionalistas, fascistas, tradicionalistas, Acción Popular, etcétera, los hundiremos para siempre[78]».

Este lenguaje agresivo, que equiparaba el tono de los jóvenes del partido de Domingo con el de las juventudes socialistas, no debe llevarnos, sin embargo, a concluir que todos los radical-socialistas hicieron campaña con términos como «aniquilación» o «dialéctica de las pistolas». Es cierto que en la facción de la Izquierda Radical-Socialista, liderada por Juan Botella Asensi y Eduardo Ortega y Gasset, hubo mucha agresividad, especialmente a la hora de tildar de asesinos a los gobernantes del primer bienio que habían consentido lo ocurrido en Casa Viejas[79]. Y sin embargo, por lo que a los grupos de Domingo y Gordón se refiere, ambos hicieron públicos manifiestos y proclamas en las que, muy lejos del lenguaje político de los socialistas, si bien mostraban un total desprecio por las derechas y no parecían dispuestos a reconocer la legitimidad de una posible victoria de aquellas, condenaban formalmente la violencia y confiaban en poder derrotar a los enemigos en las urnas[80].

6. CUANDO LAS ELECCIONES NO DAN EL RESULTADO ESPERADO

Durante la campaña electoral no había primado en los líderes nacionales del radical-socialismo la apelación al uso de las armas en el caso de que los críticos de la política del primer bienio se alzasen con la victoria en las urnas. Pero faltaba la verdadera prueba de fuego de la alternancia. Los radicales y la CEDA barrieron en las elecciones y los primeros formaron un Gobierno con apoyo de los segundos. Meses más tarde, tras una rectificación tímida y hasta cierto punto razonable de la política del primer bienio, la CEDA pudo entrar en el Gobierno con tres carteras. Estalló entonces la huelga general revolucionaria preparada por socialistas e independentistas catalanes, que sí se habían tomado en serio el lenguaje belicoso y las amenazas vertidas durante la campaña electoral de 1933. ¿Qué hicieron entonces los pocos radical-socialistas que habían sobrevivido a unas elecciones que a punto estuvieron de dejarles sin ningún escaño?

Aunque tanto el partido de Domingo como el de Gordón quedaron condenados, tras las elecciones, a la práctica desaparición o cuanto menos a la fusión con otros grupos de la izquierda republicana, todavía durante el año 1934 algunos líderes radical-socialistas actuaron como representantes de esa tendencia política[81]. Merece la pena, por tanto, terminar este estudio con un último apunte sobre su comportamiento en dos momentos decisivos para la consolidación de la República: la formación del primer Gobierno del Partido Radical tras las elecciones y la respuesta violenta de los socialistas a la entrada en el ejecutivo de la derecha posibilista liderada por Gil Robles.

Tras la primera vuelta el más radical fue el díscolo Eduardo Ortega, que de inmediato desautorizó el resultado electoral por considerar que no se correspondía con la «voluntad nacional» y exigió que el poder no fuera entregado de ninguna forma a los enemigos de la República[82]. Su compañero Botella Asensi, a la sazón ministro de Justicia, propuso a Alcalá-Zamora «la firma de un decreto anulando las elecciones hechas y las del segundo escrutinio» todavía por hacer. En cuanto a Gordón, se mantuvo en una actitud de prudente espera. Llegó a meditar sobre su participación en el Gobierno de Lerroux, pero no lo hizo finalmente por la inclusión de un agrario. Nada más conocerse los resultados de la primera vuelta se involucró también en las presiones sobre el presidente de la República para que impidiese la reunión de las nuevas Cortes[83].

Mientras, el partido presidido por Domingo publicó un manifiesto el 1 de diciembre en el que se desmarcaba por completo de cualquier colaboración con los radicales. El texto tiene una gran importancia para entender la postura de los radical-socialistas independientes tras las elecciones y explicar su comportamiento en octubre del año siguiente. Se ajusta muy bien al patrón de los textos escritos por Domingo en las semanas anteriores, con una ambigüedad calculada que permitía condenar la violencia como respuesta a la victoria de las derechas, a la vez que se dejaba la puerta abierta a una reacción más radical en defensa del sistema cuando se considerara oportuno. El manifiesto, pensado y escrito antes de la segunda vuelta y sin que todavía se supiera la formación de un Gobierno radical con apoyo cedista, estaba construido sobre dos grandes premisas: de un lado, la explicación del fracaso electoral como resultado de la falta de un gran pacto nacional entre republicanos de izquierdas y socialistas; y de otro, la advertencia a los socialistas de que el camino de la revolución social no era el adecuado, pues supondría la superación de la República tal y como ellos la deseaban y la habían construido. Sobre esa base, el texto sintetizaba así la postura de los dominguistas: primero, que ellos no cuestionaban la legitimidad de los ganadores de las elecciones; y segundo, que en esas «horas históricas» los republicanos tenían la obligación de vigilar la acción del Gobierno para evitar que la República dejara de ser lo que era, aunque no deberían apoyar un pronunciamiento violento salvo en el caso de tener que enfrentarse al fascismo. El texto ponía un especial empeño, como había hecho Domingo en los días anteriores, en descartar la dictadura como la solución de los problemas del país: «España no es un país de dictadura: ni de derechas ni de izquierdas. Ni de dictaduras para restablecer los privilegios de la propiedad ni de dictaduras para lograr los derechos del proletariado». Destacaba, por tanto, un empeño en contrarrestar la idea socialista de que los resultados electorales certificaban la muerte de la República de 1931 y legitimaban una respuesta violenta. Insistían los autores en denunciar cualquier solución autoritaria y lanzaban este mensaje a los partidos obreros: «No sentimos la revolución social porque sentimos la República, la libertad, la democracia y el socialismo. ¿Peligran en España? Vigilemos: controlemos los gobiernos que se constituyan[84]».

Sin embargo, pese a no cuestionar la validez de los resultados electorales, la condena de la violencia no incluía una manifestación expresa de repudio hacia cualquier acción que pudiera llevarse a cabo en el caso de que la derecha posibilista formara parte del Gobierno. En ese momento esa posibilidad era muy lejana y no era necesario, por tanto, plantear una respuesta. Ahora bien, la puerta que justificaría una reacción violenta contra esa situación había quedado abierta al insistir el manifiesto en que la resistencia al fascismo sería comprensible. No explicaban si bastaría la participación de la CEDA en el Gobierno para hablar de fascismo o «fascioclericalismo», pero en aquel contexto tampoco era necesario ese tipo de apreciaciones[85]. La última frase era suficientemente significativa: «Para una acción revolucionaria contra el fascismo si este intenta prevalecer, dispuesto nuestro partido. […] Para la revolución social como única solución, no». Por lo tanto, rechazo de la vía revolucionaria del socialismo marxista que implicaría la destrucción de la República, pero disposición al uso de la fuerza para evitar que la derecha tuviera la oportunidad de rectificar la política del primer bienio.

Por otro lado, no había ambigüedad alguna a la hora de seguir considerando que la República tenía unos perfiles ideológicos propios, debidamente establecidos durante el primer bienio. Así pues, por mucho que defendieran una posición de civilidad y legalidad frente a la deriva socialista, tenían que admitir que si esa República entendida desde la izquierda llegaba a estar en peligro, responder del modo que fuera sería legítimo. Lo que el manifiesto recogió, por tanto, era la doctrina que había sido típica en la izquierda republicana hasta ese momento: identificación de la República con la «revolución legal» llevada a cabo por los gobiernos de Azaña y defensa del reformismo radical frente a la política revolucionaria del marxismo en el terreno de la economía y la propiedad. Dicho de otro modo: una política de derechas desnaturalizaría la República y justificaría una reacción enérgica en defensa del sistema, pero la opción de la violencia como respuesta a la derrota electoral podría propiciar también el final del régimen y la implantación de una dictadura conservadora. Por eso, cuando todavía estaban en juego algunos escaños durante la segunda vuelta y casi nadie pensaba por el momento en un gobierno con ministros cedistas, aunque dejando la puerta abierta a un acto de violencia defensiva, primaba un mensaje tranquilizador para mantener a los socialistas en las vías legales: el pueblo «en esta hora dramática mantenga la serenidad […], se manifieste por encima de los bandos en pelea, restablezca la esperanza de la ley, arranque de sus profundidades morales de la España auténtica y no permita que le sean arrebatados el derecho y la gloria».

En verdad, hasta que pasó la segunda vuelta y se comprobó la magnitud de la derrota de la izquierda republicana, la mayoría de los antiguos radical-socialistas, y especialmente Domingo y sus compañeros, se mostraron cautos en el análisis político de la situación, evitando justificar reacciones extralegales. Es «nuestra división» y no «su fuerza» lo que ha provocado esos resultados, escribió Domingo. Lo que ahora importa no es «enloquecer» sino «conservar la República» y hacerlo «dentro de la ley». Parecía dispuesto, como se ha visto, a aceptar la legitimidad de la victoria del centro-derecha, aunque la consideraba resultado del «miedo, la ignorancia, la insensibilidad civil, la miseria resignada, la cobardía moral, el fanatismo impermeable, la defensa de los viejos privilegios, la calumnia, el quietismo […]». Y llegó a escribir incluso que la República tenía que hacer posible el cambio pacífico: «Con la República no habrán de ser los cambios de rumbo episodios cruentos de una guerra civil recomenzada, sino movimientos normales del péndulo político[86]».

Pero ese análisis contemporizador se vino abajo después del 3 de diciembre, fecha de la segunda vuelta de las elecciones, y especialmente cuando Lerroux formó un Gobierno que no solo contó con el apoyo de Gil Robles sino que incluyó a un representante agrario. A partir de ese momento tanto gordoncistas como dominguistas se lanzaron a buscar una recomposición de la izquierda republicana que evitara su desaparición. Discreparon entre ellos sobre la forma de llevarla a cabo y no lograron reconciliarse. Sin embargo, coincidieron cuanto menos en la necesidad de oponerse como fuera preciso a la participación de la derecha cedista en el Gobierno[87].

Algunos radical-socialistas llegaron a tener tan claro que la única respuesta a la entrada de los posibilistas en el Gobierno, caso de producirse, era una reacción defensiva que habría de violar necesariamente la ley y podría implicar el uso de la fuerza. Diseñaron así una estrategia que permitiera poner en común los esfuerzos de toda la izquierda republicana para conseguir que el período transitorio de gobierno autoritario no terminara con el régimen creado en 1931. Un documento interno elaborado por afiliados radical-socialistas de Madrid justificaba la oposición a la derecha «con todos los medios que fueran precisos» y hacía cálculos sobre cómo gobernar el país tras esa acción defensiva: «En el caso de la conquista del Poder por las izquierdas violentamente, como contestación a la violencia de las derechas, el Gobierno que se constituya gobernaría por Decretos durante el tiempo que sea necesario, hasta llegar a la transformación del País en una profundidad y extensión tal que no pueda originarse en mucho tiempo una resurrección de los hombres de la monarquía». Ese período se definía como «régimen transitorio» y se señalaba que una nuevas Cortes revalidarían la obra «del movimiento triunfante[88]».

La «transformación revolucionaria» que habría de llevarse a cabo se planteaba en los siguientes términos: anular la influencia de las órdenes religiosas mediante la disolución de todas las órdenes contemplativas y la incautación de sus bienes, «nueva organización económico-social del país», mantenimiento de la legislación social del primer bienio, nueva organización local, «republicanización de la burocracia en general (toda clase de funcionarios del Estado)», «rígido mantenimiento del orden público», «destitución de todos los Ayuntamientos y constitución de Comisiones Gestoras formadas por los concejales republicanos y socialistas que hubiesen sido elegidos en 14 de abril o en la elección parcial posterior…» e «inmediata substitución de la enseñanza religiosa». Un programa, como puede verse, muy similar al que había defendido el sector más duro del radical-socialismo madrileño en 1931. El documento analizaba también la posibilidad de que se consiguiera recuperar el poder por «medios legales»; en ese caso aseguraba que el objetivo habría de ser la celebración de unas elecciones «tuteladas desde el Ministerio de la Gobernación, a través de los gobernadores».

Evidentemente, ni todos los radical-socialistas del partido de Gordón, ni los seguidores de Domingo habrían estado dispuestos a seguir el camino marcado en ese documento, pero sí compartían algo fundamental para valorar su compromiso con la democracia: si la República perdía el contenido legislativo aprobado en el primer bienio y la CEDA llegaba al poder estaba justificada una reacción defensiva en la que ignorarían temporalmente los procedimientos establecidos. La posibilidad de que la nueva estrategia del Partido Radical pudiera integrar a una parte de la derecha católica en el sistema, aunque eso exigiera concesiones variadas y una reforma constitucional, no entraba en los cálculos de las diferentes familias radical-socialistas. Se oponían a la decisión del PSOE de emprender el camino de la revolución social superadora de la democracia, pero no veían cómo podía sobrevivir la República si no era con el contenido revolucionario que ellos le habían dado. Desde esa óptica, su postura ante la formación del Gobierno Lerroux fue la de restar legitimidad al nuevo Parlamento, bien por considerarlo fruto del fraude electoral: «obra del amaño, del soborno y de la coacción que han podido ejercer libremente las derechas por la inhibición del gobierno[89]»; o bien, sencillamente, por que estaba formado por una mayoría que destruiría la Constitución.

Las derechas habían logrado su «avance» por «medios ilegítimos». Unos, como Botella Asensi, argumentaron que no había más salida a medio plazo que una nueva convocatoria electoral, apelando al presidente de la República[90]. Otros no siempre fueron tan explícitos, pero también, como en el caso de Domingo o Azaña, cuestionaron que las nuevas Cortes representaran la opinión pública. Estos dos últimos, junto con Casares Quiroga, se dirigieron por escrito al presidente del Consejo de Ministros, según el testimonio del propio Martínez Barrio, para solicitarle que se formara «un gobierno republicano que dé a la opinión seguridad de que el rumbo de la República no va a desviarse peligrosamente», lo que quería decir, sencillamente, que esperaban que el presidente impidiera la reunión de las nuevas Cortes y dejara paso a un gabinete de izquierdas que presidiera una nueva consulta electoral[91].

El líder de los radical-socialistas independientes endureció su discurso tras formarse el Gobierno Lerroux y abandonó la ambigüedad y relativa moderación de los días posteriores a la primera vuelta. Con un lenguaje por completo maniqueo, en el que ya solo cabían, como en campaña, amigos y enemigos, distinguió entre los fundadores del régimen o «servidores» y los que simplemente la acatan o «sometidos». «Los servidores son quienes deben gobernar. Nadie más. Y los sometidos no pueden elevarse a la categoría de servidores hasta que la prueba del tiempo, de la lealtad y de la compenetración ideológica haya evidenciado que lo son». Ergo, la República no era una democracia cualquiera, sino un régimen para hacer una política concreta y por eso solo los primeros, los fundadores, tenían legitimidad para gobernarla. Si ocurriera de otro modo la solución no podría estar en la ley: si los «sometidos», aseguró Domingo, se convierten en gobernantes, el régimen estaría en peligro y la «rebeldía violenta» para rescatar la institución sería legitima. En manos de la izquierda republicana, que tenía una función «trascendente», estaba evitar la «revolución sangrienta[92]».

Con el tiempo y a medida que cobró conciencia de que la revolución violenta podía hacer peligrar el régimen, Marcelino Domingo, ya como miembro de la nueva Izquierda Republicana, moderó ese discurso aunque mantuvo las ambivalencias. En septiembre de 1934 reivindicó la política del primer bienio y el cambio «de todo», de «raíz», pero rechazó la vía «soviética» para una nueva organización económica. Sin democracia, dijo, no podría haber libertad. «Cuando volvamos a gobernar, concluyó, ha de ser con la opinión, y para que nosotros tengamos opinión hemos de ganarla». Sin embargo, algunos días más tarde volvió a decir que aquellas «Cortes monárquicas» eran fruto «del engaño de la opinión» y que, de no ser disueltas pronto, se mantendría la «intranquilidad» y «las apelaciones a la violencia[93]».

Con ese discurso cuya ambigüedad se derivaba directamente de la incapacidad de entender la democracia republicana de forma distinta a cómo había sido diseñada en 1931, ambigüedad que tan nefasta resultaría a la postre para la izquierda republicana, es lógico que cuando socialistas y republicanos independentistas catalanes se alzaron violentamente contra el Gobierno de la República en octubre de 1934, los antiguos radical-socialistas quedaron atrapados por sus propias trampas dialécticas. ¿Cómo iban ahora, que la supuesta amenaza «fascioclerical» se había materializado, a denunciar el uso de la violencia en democracia? ¿Acaso no estaba legitimado un comportamiento violento contra el adversario al que Domingo había catalogado de «sometido»?

La revolución de Octubre suscitó, por tanto, la reacción que cabía esperar en la izquierda republicana: rechazo genérico de la violencia pero negativa a condenar explícitamente el uso de la fuerza por parte de los socialistas en la medida en que el problema no eran ellos sino la presencia en el Gobierno de quienes se habían negado a declararse republicanos. El nuevo partido de Azaña, en el que se había integrado Domingo, hizo pública una nota en la que calificaba de «monstruoso» la entrada de los «enemigos» de la República en el Gobierno, «una traición» que justificaba la ruptura de «toda solidaridad con las instituciones actuales del régimen» y la «decisión de acudir a todos los medios en defensa de la República». Albornoz dimitió de la presidencia del Tribunal de Garantías como protesta por la entrada de la derecha católica en el Gobierno y, por tanto, como acto de solidaridad con los violentos[94]. Domingo, más prudente, publicó un artículo pocos días después de la revolución, en el que reprochaba veladamente a los revolucionarios su acción: «Si en un régimen de democracia el que pierde no sabe perder, la democracia es imposible, porque es imposible el juego normal del ascenso y descenso de las ideas en la opinión pública». El camino no era la violencia sino saber perder, es decir, saber trabajar para ganar en un futuro, tener la paciencia necesaria para reconstruir los apoyos de la opinión. Una postura parecida adoptaría algún tiempo después Gordón, que sin condenar abiertamente la revolución y el comportamiento de los socialistas, aseguró que «no [era] necesario en una democracia instituida apelar a la violencia» y que lo había que hacer era «conquistar la opinión publica y responder, desde el Poder, a lo que se predica en la oposición, porque de esa manera no se cometerán violencias[95]».

Pero el fondo del asunto era otro. Lo que en verdad preocupaba a los exlíderes radical-socialistas no era, ni mucho menos, el hecho de que unos pocos hubieran decidido usar la violencia como respuesta a su derrota electoral sino la deslegitimación de la CEDA y el ataque a los radicales por la colaboración con un partido antirrepublicano: «ni el Sr. Gil Robles ni la CEDA como colectividad, dijo Gordón, pueden ser considerados como republicanos. La CEDA por estas razones: primera, porque no lo ha dicho nunca, ni antes, ni en, ni después de las elecciones de 1933; segunda, porque vota contra todos los artículos que caracterizan la Constitución de la República; tercera, porque no votó la Constitución; cuarta, porque ha hecho una campaña sistemática contra todas las obras y contra todos los hombres de la República; quinta, porque desde el poder se ha burlado constantemente de la Constitución, unas veces infringiéndola y otras veces procurando que no se cumpliera[96]».

El problema, como el mismo Gordón explicó en las Cortes, era que ellos consideraban que el acto revolucionario había sido fruto de una provocación; es más, que radicales y cedistas deseaban que aquella reacción violenta se produjera para así poder pisar el acelerador de la política de destrucción de la República. Él no podía, dijo Gordón a los diputados de la mayoría, «condenar a los autores de los tristes hechos revolucionarios acaecidos, sin condenar al mismo tiempo a los culpables de que tan dramática situación llegara a producirse y desarrollarse». A lo que añadió algo que puede ser considerado sin más como una justificación expresa de lo acontecido días atrás y que dejaba en evidencia algunas de sus palabras anteriores: «dejaría de ser quien soy y deshonraría mi historia política si al reprobar la violencia revolucionaria no reprobara con mayor fuerza aún el error insigne que la permitió desencadenarse, y si frente a los energúmenos que oponen a la injusta violencia de la revolución la violencia todavía más injusta de sus selváticos instintos, yo no proclamara mi convicción de que el partido socialista obrero y la UGT, a pesar de lo que han realizado en estas horas de extravío, merecen el respeto de todos los auténticos republicanos, quienes desertarían de su deber si no se opusieran denodadamente a todo intento de aniquilar o fascistizar desde el Poder estas organizaciones obreras, indispensables a la marcha progresiva de la República[97]».

Algún tiempo después, cuando ya el Frente Popular había ganado las elecciones de febrero de 1936, Albornoz compartió tribuna en un mitin con lo más exaltado de aquella coalición electoral: Dolores Ibarruri, Eduardo Ortega y Álvarez del Vayo. Después de que su antiguo compañero de partido rindiera tributo a los que hicieron la revolución de Octubre y pidiera una amnistía total, Albornoz añadió palabras de elogio para los protagonistas de la insurrección, pidiendo que no se olvidaran aquellas jornadas ni la represión subsiguiente para evitar así que los reaccionarios pudieran volver al poder. Proclamó que una nueva «era de revolución» había dado comienzo y terminó su discurso envuelto en una gran ovación cuando aseguró que la revolución era «inevitable»; tanto que se haría dentro o fuera de la ley: «O desde el poder, como queremos los republicanos, o desde la calle[98]».

Capítulo V

Entre el seny y la rauxa. Los límites
democráticos de la Esquerra

Eduardo González Calleja

Cuando en abril de 1931 el movimiento catalanista de izquierdas se hizo por sorpresa con el poder en el Principado, llevaba tras de sí diez años de oposición frontal a los diversos regímenes políticos vigentes en España y una nada desdeñable experiencia paramilitar e insurreccional en solitario o en colaboración con otros grupos políticos. Como dijo Azaña, tanto en Cataluña como en el País Vasco, «el uso de reclutar en las masas un partido de voluntarios para una formación militarizada tiene precedentes anteriores al fascismo[1]». Aunque la organización inicial de Estat Català (EC) diseñada por Francesc Macià en 1922 tuvo en sus orígenes más de entidad cívico-deportiva que de milicia armada, no faltaron intentos de acoso o asalto al poder a través del atentado personal (el complot contra Alfonso XIII a su paso por Garraf en mayo de 1925), la conspiración multilateral (la Libre Alianza de enero de 1925) y la acción a campo abierto (la irrupción fronteriza por Prats de Molió en noviembre de 1926). El brusco tránsito desde la ilegalidad a la responsabilidad ejecutiva en el régimen republicano, y las tensiones suscitadas desde el primer momento por la demora en la satisfacción de las aspiraciones de autogobierno, acarrearon la crisis del ala más radical del nacionalismo catalán. Como federación de partidos surgida de la Conferència d’Esquerres Catalanes celebrada en Sants del 17 al 20 de marzo de 1931, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) era un verdadero amasijo de ideologías, donde convivían los valores del extremismo nacionalista con las aspiraciones obreristas en tres tendencias fundamentales: los separatistas de EC (Macià, Ventura Gassol, Jaime Aiguader), los republicanos federalistas del Partit Republicá Catalá (Lluís Companys) y los hombres del grupo de L’Opinió (Joan Lluhí Vallescà), demócratas y socializantes antes que nacionalistas. Ello condujo a una tensión permanente y una virtual escisión en el movimiento catalanista de izquierdas entre la «vieja guardia» del partido y los jóvenes nacionalistas radicales de EC, que manifestaron su creciente desilusión por la moderación y el pragmatismo político que exhibió la Esquerra una vez instalada en el poder.

Como mediadora entre el catalanismo de clase media y el obrerismo a través de un discurso nacional-populista integrador pero hostil hacia el exterior, la Esquerra aspiraba a la implantación y la consolidación en el Principado de un poder nacionalista basado en una amplia coalición social y política. Pero la proverbial fragmentación del sistema de partidos catalán —extraordinariamente plural y competitivo, sobre todo en los sectores catalanista y obrerista donde operaba ERC—, y las fracturas sociales no resueltas (especialmente los problemas de la emigración y el paro masivos y la estructura de la propiedad agraria) hacían sumamente dificultosa la obtención de un consenso estable bajo la batuta del partido liderado por Macià. Por esta inestabilidad fundamental se explican tanto la indefinición programática de ERC (a caballo entre el separatismo, el federalismo y el autonomismo) como su ambigua relación política con las instituciones republicanas de ámbito estatal y su errática definición ideológica, que osciló entre la democracia, el populismo y —de manera más encubierta y minoritaria— el fascismo. Los modos que tuvo ERC de encarar y tratar de resolver estas incongruencias en el curso de su práctica política nos pueden ayudar a evaluar el meollo del asunto, que es la relación entre nacionalismo y democracia.

1. LA REACTIVACIÓN DE LA «VÍA CATALANA» A LA «REVOLUCIÓN ESPAÑOLA»

La implicación de las fuerzas catalanistas de izquierda en el Pacto de San Sebastián y su destacada participación en las actividades revolucionarias contra la monarquía, hicieron que buena parte de la Esquerra no contemplara la Segunda República como una nueva imposición del poder ejercido desde Madrid, sino como un auténtico compromiso histórico. Un régimen que los representantes catalanes habían pactado en condiciones de igualdad con las fuerzas republicanas del resto de España, y cuyo contenido radicalmente reformista (especialmente en lo que atañía a la autodeterminación de Cataluña, cuyo Estado pactaría a posteriori un acuerdo de federación con las fuerzas democráticas españolas[2]) no era susceptible de negociación, sino que formaba la base irrenunciable del nuevo pacto constitucional. Como herederos de la tradición federalista decimonónica fundamentada en el laicismo, la transparencia democrática, la defensa de los derechos políticos individuales y colectivos (en especial el de autodeterminación) y la apertura hacia el obrerismo[3], el catalanismo de izquierdas y su plasmación institucional en la renacida Generalitat se presentaron a menudo como la manifestación más perfecta y acabada del régimen republicano, y desde ese carácter esencialista de su comunidad imaginada nacionalista y republicana aspiraron a convertirse a la vez en garantes de la democracia española cuando esta fuera amenazada por sus enemigos interiores —los extremismos de izquierda y de derecha— y en fiscalizadores de la misma cuando, a su juicio, corriera el riesgo de ser subvertida desde el interior del régimen.

Caricatura de los dirigentes de la Esquerra Republicana con motivo de un homenaje a Josep Dencàs, al que se refieren como «el dios de la guerra». La Esquerra catalana desempeñó un papel fundamental en el Pacto de San Sebastián, que entendió como un compromiso histórico de los dirigentes republicanos españoles con las aspiraciones catalanistas.

En el complejo juego de presiones ejercido sobre el Gobierno provisional entre el 14 y el 28 de abril, Macià aceptó el apoyo de los grupos nacionalistas más radicales para organizar una «Guardia Cívica» que salvaguardase la República catalana ante una posible agresión de la naciente República española[4]. Macià acabó explicando que era «separatista del Borbó» en cuanto tirano y opresor de Cataluña, pero que el «plebiscito de las armas» resultaba improcedente cuando la República se comprometía a conceder la autonomía y el pueblo estaba en condiciones de emitir un sufragio libre y sincero en esa dirección[5]. En todo caso, si las constituyentes no aceptaban la voluntad de Cataluña expresada a través de los ayuntamientos, «defensarem aquest ferm desig i lluitarem fins a morir per a conseguir-ho[6]». El 28 de abril, un decreto firmado por Macià y sus consellers estructuraba el funcionamiento de la Generalitat sobre la base legal del decreto del Gobierno provisional del día 21. La República catalana solo había durado tres días, pero su liquidación pactada abrió un nuevo capítulo de crisis y radicalización del sector separatista en el seno de la Esquerra. Puestos fuera de juego por el seny macianista, personajes notorios de la reciente lucha en la clandestinidad, como Miquel Baltá y Josep M. Batista i Roca, acabarían por ser sobrepasados en radicalismo por figuras emergentes como Josep Dencàs y los hermanos Miquel y Josep Badia, partidarios de la catalanización de las fuerzas policiales para luchar contra españolistas y anarquistas[7].

La conversión de la Esquerra en partido de gobierno bajo el liderazgo incontestable de Macià logró mitigar las tensiones intestinas mientras se dieron tres condiciones externas que permitieron a la coalición populista catalana sostenerse en el centro de la escena política: la sintonía con el Gobierno central, la hostilidad de la derecha españolista y la autonomía del obrerismo revolucionario representado por la CNT, a la que primero se quiso cooptar y luego perseguir. Este alarde de Realpolitik no implicó la renuncia al empleo de repertorios de amplia movilización, como los mítines y las manifestaciones, pero los elementos más disruptivos del mismo (insurrección, lucha armada), que se habían dejado de lado en abril de 1931, permanecieron latentes en forma de paramilitarización «deportiva» y vigilantismo.

A pesar de su creciente debilidad y marginación, la extrema izquierda nacionalista mantuvo durante un tiempo una estrategia militarizada basada en la defensa interior frente a una fantasmagórica amenaza castellana. Sobre la base de las penyas nacionalistas se impulsaron organizaciones paramilitares clandestinas como la Organització Militar Nosaltres Sols! (OMNS) y la Organització Militar Catalana (ORMICA) del grupo Palestra. Pero esta estrategia de confrontación violenta no sería llevada hasta sus últimas consecuencias por estos grupúsculos, sino por las Joventuts d’Esquerra Republicana-Estat Català (JEREC), base de un poder alternativo a los dirigentes históricos de Estat Català más cercanos a Macià, como Jaume Aiguader o Ventura Gassol, y cuyo objetivo era utilizar las instituciones del autogobierno para «nacionalizar Cataluña» y lograr «el saneamiento interior del país» luchando contra el crimen y el vicio como medio de regeneración patriótica[8]. La visión de la lucha política de los líderes de las JEREC distaba de recluirse en la ortodoxia parlamentaria. Para estos nuevos campeones del maximalismo nacionalista, la autonomía había venido de la mano de los líderes de la resistencia armada contra la dictadura y la monarquía, pero el respaldo de la democracia popular catalana al «plebiscito de las armas» manifestado incruentamente el 14 de abril en la Plaga de Sant Jaume dejaba abierta la posibilidad de una nueva radicalización violenta cuando la autonomía fuera puesta en peligro. El 1 de enero de 1932, en la inauguración del Casal d'Esquerra-Estat Català, Aiguader arengó a los jóvenes de las JEREC advirtiéndoles que «seguiu essent soldats de Catalunya, disposats a lluitar, a morir, a sofrir presons i el que sigui, per la reivindicació de la nostra pàtria[9]». De hecho, durante la ardua negociación del Estatuto, Macià amenazó veladamente al Gobierno de Azaña con una cada vez menos probable insurrección por culpa de su creciente enfrentamiento con los anarcosindicalistas[10], aunque acabó por escoger una táctica de presión más eficaz que el imprevisible estímulo de la dinámica cantonalista a escala peninsular. Esta se plasmó en el desarrollo de manifestaciones patrióticas capaces de mantener la tensión política necesaria para el sostenimiento de su proyecto nacional-populista, que descansaba en dos premisas de orden interior: un pacto de no agresión con la CNT y la unidad de los grupos nacionalistas en torno a la obtención y la defensa del autogobierno. El fin confesado de este proyecto era la defensa social del Gobierno catalán, no solo contra sus enemigos en el resto de España, sino contra la presión reivindicativa del Bloc Obrer i Camperol (BOC) y la voluntad de ruptura revolucionaria de los grupos de acción anarquistas[11].

Durante la primavera y el verano de 1931, al tiempo que la Esquerra triunfaba en las elecciones a Cortes Constituyentes y se elaboraba el Estatuto, el Gobierno macianista parecía dar pábulo a los rumores que le acusaban de seguir alentando una particular «guerra de liberación» en pos de la federalización de los pueblos ibéricos, que tuvo su momento culminante a fines de junio en el oscuro asunto del «Estado Libre de Andalucía» y la intentona de Ramón Franco en el aeródromo de Tablada. Mientras que el Gobierno Provisional siguió dando muestras de querer hacer concesiones mínimas en el terreno de la descentralización política, la «vía catalana» para la revolución a escala peninsular, que había tenido su momento culminante en 1930, siguió siendo una amenaza latente, aunque la entrega del Proyecto de Estatuto a las Cortes Constituyentes limitó fuertemente esta tentación.

Los diputados catalanes de 1931 estaban seguros de haber sido elegidos con los votos anarquistas, y criticaron excesos represivos como los perpetrados en Sevilla durante el verano de 1931. También hicieron duras críticas al Gobierno en el debate sobre la Ley de Defensa de la República celebrado a fines de octubre, porque aseguraban que a su amparo el gobernador civil Oriol Anguera de Sojo había metido a centenares de obreros en la cárcel. Pero la «luna de miel» con la CNT había finalizado tras la huelga general del 3 de septiembre de 1931, que arrojó un saldo de quince muertos, seis heridos graves y trescientos detenidos. Tras fracasar el esfuerzo de Macià por establecer un modus vivendi con la CNT, el president hizo público un manifiesto en el que denunció como negativo para Cataluña y la República «tot acte revolucionari i de violència per part dels uns, això com tota omissió per evitar-lo per part dels altres[12]». A medida que se fue profundizando en el traspaso de las competencias de orden público, responsables de la Esquerra como Miquel Badia se fueron compenetrando con las fuerzas policiales y pronto se enfrentaron a los faístas, que eran identificados de forma despectiva por la prensa catalanista como emigrados catellanoparlantes deseosos de implantar un revolucionarismo foráneo típicamente español que amenazaba la estabilidad de la región[13]. Personajes como Dencàs, Nicolau Battestini o Pere Màrtir Rossell i Vilar planteaban la necesidad de que el nacionalismo catalán afrontase al «enemigo interior» antes que luchar por la liberación nacional, propugnando la aplicación draconiana de un populismo saneador y represivo de la delincuencia común, cada vez más identificada con el anarquismo[14]. Los llamamientos al control administrativo de la emigración se complementaban con el acoso a los parados, denigrados por el ala más nacionalista de EC como «vagos» o «murcianos» inasimilables a la nueva comunidad nacional que estaba construyendo[15]. La revuelta anarquista iniciada en el Alto Llobregat el 18 de enero de 1932 obligó a ERC a definirse de una vez por todas entre las autoridades gubernativas y la CNT, lo que abrió fuertes tensiones en el seno del partido, aunque la tónica general de la prensa afín fue acusar a la FAI de hacer una obra disolvente y caótica, y advertir que «el defensar la República no es altra cosa que defensar la voluntad sobirana del poble, que s'ha manifestat a favor d'ella[16]».

Junto con el anarquismo, el otro enemigo paradigmático de la democracia nacional-republicana catalana era el españolismo centralista y ultraconservador, apoyado circunstancialmente por el nacionalismo elitista de la Lliga, que fue abundantemente caricaturizada a través del escudo de los reyes de la Corona catalano-aragonesa y su descalificación como botiflers ansiosos de recuperar su poder gracias a la restauración del régimen centralista. El discurso unitarista de la derecha radical española y sus adherencias ideológicas (unidad católica, unidad nacional, unidad lingüística y unidad cultural) fueron interpretados de forma invariable como la antesala del fascismo y la dictadura, y como un peligro mortal para la identidad nacional catalana, considerada democrática y emancipadora frente al «nacionalismo de Estado» identificado con el imperialismo castellano. Tras el referéndum de 2 de agosto de 1931, la campaña animada sobre todo por las derechas desde inicios de 1932 como preludio de la discusión del Estatuto en las Cortes produjo una alta tensión política. La agresión perpetrada el 1 de julio en Madrid contra el conseller Ventura Gassol y el mitin españolista celebrado en la plaza de toros de las Ventas el día 26 fueron respondidos en Barcelona con una manifestación pacífica en la noche siguiente que fue sumariamente disuelta por la Guardia de Asalto[17].

El 14 de agosto de 1931, tras el referendo celebrado el día 2 en Cataluña a favor del Estatut, varios dirigentes catalanistas se reunieron en el Hotel Ritz de Madrid con el presidente del Gobierno Niceto Alcalá Zamora. En la imagen, de izquierda a derecha: Antoni María Sbert, Amedeu Hurtado, Lluís Nicolau d’Olwer, Álvaro de Albornoz, Jaume Aiguader, Alcalá Zamora, Jaume Carner, Francesc Macià, Marcelino Domingo, Ventura Gassol, Manuel Carrasco Formiguera y Lluís Companys. El Estatut, muy reformado respecto al que llegó a las Cortes con espíritu federalizante, se acabó aprobando en septiembre de 1932.

2. LOS ESCAMOTS: ¿GUARDIA CÍVICA, ESCUELA DE PATRIOTAS O FASCISMO SEPARATISTA?

Tras el fracaso del movimiento sedicioso del 10 de agosto, en el Congreso Extraordinario de ERC celebrado en octubre Macià aseguró que «si la República cayese allá, aquí en Cataluña no caería», afirmación recalcada por Companys: «Si la República española se tambaleaba, la República catalana sería su reducto[18]». Una imagen de encastillamiento democrático que se haría recurrente en la retórica política de la Esquerra a lo largo de esos años. Si en teoría los discursos de sus representantes eran claramente democráticos e integradores en sus alusiones recurrentes a la libertad y la ciudadanía, también se denunciaba la incomprensión y la violencia desplegada por las derechas hacia Cataluña[19]. En la práctica, la defensa de la democracia republicana se tradujo ocasionalmente en una política de vigilancia y acoso de los grupos rivales: los escamots (genéricamente, escuadrones, grupos o pelotones vinculados a las JEREC) actuaron como policía auxiliar contra los requetés jaimistas y los españolistas del Partido Nacionalista Español.

Una vez obtenido el Estatuto, la prudencia en las declaraciones públicas dejó paso a una mayor radicalidad en las manifestaciones políticas, a medida que se agudizaba la crisis interna que desembocó el 18 de enero de 1933 en la salida del Gobierno de los intelectuales del grupo de L’Opinió. Para apaciguar a los nacionalistas, minoritarios en el Gobierno, Macià nombró conseller de Sanidad a Josep Dencàs, fundador del Partit Social-Demòcrata Català integrado en la Esquerra y presidente de las JEREC desde fines de 1931. Dencàs ejemplificó perfectamente el doble lenguaje del sector más extremista del partido gobernante, en tono de populismo democrático pero agresivamente nacionalista. En palabras suyas pronunciadas en el homenaje recibido en Bellas Artes el 9 de abril de 1933:

Aquestes joventuts d’Estat Català s’organitzen sense cap altre guió que la seva bandera i si veien la pàtria en perill es llençarien com una torrentera contra aquells que tinguessin el propòsit d’atemptar contra les llibertats conquerides per Catalunya […] Les Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya, si algú pretengués arrebassar-nos aquestes llibertats, anirien a la lluita amb la sola finalitat de defensar Catalunya i les seves llibertats[20].

Ante las amenazas reaccionarias contra la libertad de Cataluña, era preciso defender por todos los medios los «derechos del pueblo», identificados con los de la nación catalana. Los escamots debían actuar como el ojo vigilante de la Cataluña autónoma, cuya supervivencia dependía del mantenimiento de la hegemonía política de la Esquerra. Esta no pasaba solo por el juego electoral según los principios de la democracia liberal, sino que se debía mantener, ante todo y sobre todo, por el control a ultranza de los resortes del gobierno[21]. La misión liberadora del nacionalismo catalán sobre otros pueblos peninsulares, a la vez imperialista y mesiánica, se entremezclaba con un llamamiento a la movilización juvenil repleta de ecos garibaldinos:

Les Joventuts foren creades per a exaltar el sentiment patriòtic dels catalans, per a treballar Catalunya endins desvetllant el sentiment de Pàtria i per a vessar la nostra personalitat rediviva damunt dels altres pobles d’Ibèria, adjudant-los a conquerir les seves llibertats […] La seva tasca ha estat i serà: de proselitisme —mitjançant actes de propaganda, aplecs i concentracions— arreu de la nostra Pàtria; de cultura social i política, pastada amb conferències, cursets, converses, controvèrsies, llibres, visites, etc.; de cultura fisica, feta al gimnàs, al camp d’esports, a la platja i muntanya; de disciplina, basada en el convenciment de què mentre Catalunya no tingui totes les seves llibertats i perilla de perdre’n alguna, les Joventuts tenen d’ésser aptes per a servir la Pàtria i la Llibertat i això solament serà posible, en tant que les Joventuts siguin conscients, cultes, fortes i disciplinades[22].

A inicios de 1933, el sector más radical de ERC comenzó a exteriorizar veleidades militaristas. Tuteló la formación de grupos paramilitares separatistas como Nosaltres Sois!, y sus juventudes comenzaron a protagonizar actos violentos cercanos a la «política del matonismo» expuesta por Bessel para el nazismo, pero que era una actitud muy tradicional en Barcelona desde la época de los requetés carlistas y los «jóvenes bárbaros» lerrouxistas de inicios de siglo[23]. EC impuso a los escamots una línea ideológica caracterizada por el nacionalismo exacerbado, una cierta dialéctica de la violencia, una hipervaloración de conceptos autoritarios como la disciplina, la obediencia y el liderazgo, y una propensión —muy característica de la cultura popular urbana catalana— por la acción directa[24]. Fue el momento de la declaración de guerra a la CNT, cuya prensa dirigía los ataques más crueles a los escamots, sobre todo desde que estos actuaron como esquiroles en la conducción de tranvías durante la huelga general de abril de 1933. Durante el verano, las relaciones entre sindicalistas y jóvenes macianistas se deterioraron rápidamente: la CNT se vio constantemente acosada por las fuerzas de orden público afines a la Generalitat y por grupos de escamots en funciones parapoliciales[25], que ejecutaron asaltos a sedes sindicalistas, detenciones arbitrarias y palizas y torturas a destacados militantes, en un retorno virtual a la lucha pistoleril de los años veinte. En un mitin organizado por las JEREC a fines de agosto proliferaran los ataques al anarquismo en su colusión con el lerrouxismo, identificando la FAI con el sindicalismo amarillo. A pesar de todo, la organización de izquierda catalanista siempre mantuvo viva su retórica revolucionaria: el diputado en el parlamento catalán Nicolau Battestini, que calificó el extremismo faísta de «exèrcit d'ocupació» que convulsionaba Cataluña, aseguraba que «si fós posible la revolució social, les Joventuts d'ERC la farien». Esa revolución se cifraba en el ideal político de un Estado libre o de una República catalana, y en un ideal social no marxista, pero sí marcadamente colectivista[26].

La campaña que el grupo de L’Opinió había lanzado desde abril contra los escamots galvanizó la oposición del sector más moderado de la Esquerra contra el pretendido «fascismo» de su ala más nacionalista. A los conceptos de «disciplina», «obediencia» y «acción» tan caros a EC, los lluhins oponían los de «discusión», «contraste de opiniones», «creación de nuevos valores», «estudio», etc. La disputa faccional en el seno del partido cobró nueva intensidad. Los dirigentes de las JEREC afirmaban ser la vanguardia de la Esquerra, y algunos de sus dirigentes (como Macià, Gassol o Aiguader) veían con buenos ojos la creación de estas Juventudes. El II Congreso de ERC, celebrado en junio de 1933, se zanjó con el nombramiento de un nuevo Comité Ejecutivo caracterizado por la marginación de los hombres de L’Opinió, la relegación del sector «companysta» y el neto predominio de elementos destacados de EC: Dencàs y Badia entre los jóvenes, y Aiguader y Gassol entre los veteranos.

A fines del verano, la crisis de la coalición republicano-socialista hizo saltar todas las alarmas. Volvieron a repetirse las exhibiciones de fuerza, en las que los escamots salieron a la luz del día. Del mismo modo que la prensa derechista denunciaba desde el año anterior la sospechosa afición a los ejercicios militares de las sociedades deportivas catalanas[27], el grupo de L'Opinió no dejó de denunciar el peligro de deriva antidemocrática y parafascista que las JEREC hacían correr al conjunto de la Esquerra, al transformarse en una organización de combate que decía preferir 5000 hombres organizados y armados antes que 50 000 sufragios en las urnas[28]. En su manifiesto de 23 de septiembre de 1933, los lluhins consideraban que la evolución de la política republicana imponía una actitud de mayor responsabilidad de ERC respecto de los tambaleantes gobiernos de izquierda españoles, lo que implicaba un mayor control de las JEREC y de EC, que eran presentados como «la verdadera FAI de la Esquerra». Pero de nada sirvieron estos llamamientos al control del extremismo nacionalista. El pulso que se libraba en el seno del partido entre el sector moderado y el radical pareció zanjarse en la reunión del directorio de ERC el 27 de septiembre, que expulsó a Casanelles, Comas, Lluhí, Tarradellas y Xirau, y convocó un II Congreso Nacional Extraordinario para el 7 de octubre en el que se daría cuenta oficial de esta resolución. Poco después, el grupo de L’Opinió abandonaba ERC y fundaba el Partit Nacionalista Republicà d’Esquerra, que no cesó de criticar la militarización y los brotes de fascismo en el seno de las JEREC. Estas luchas intestinas coincidieron con la desintegración de la coalición gubernamental izquierdista en Madrid, lo que provocó un refuerzo de las posiciones nacionalistas en el seno de la Esquerra.

El domingo 22 de octubre, Dencàs y Badia decidieron inaugurar la campaña electoral para las elecciones generales con un gran acto público en el Estadio de Montjuïc presidido por Macià. Desfilaron unos ocho mil jóvenes, de ellos, quinientas mujeres, encuadrados en cincuenta y cinco secciones de grupos de montaña en filas de cinco en fondo, uniformados con camisa verde oliva, pantalón corto caqui, bandas en las piernas, alpargatas y la estrella de EC en el pecho, precedidos de una sección motorista y otra ciclista, con banderines federales y banda de música. En el estadio realizaron un «festival atlético-deportivo», tras del cual Macià declaró que su misión sería, «si un día triunfase en España una fuerza reaccionaria, transformar Cataluña en baluarte inexpugnable para defender la idea de la federación de los pueblos de Iberia[29]». En esa ocasión, Dencàs reiteró la imagen «vigilante» de las JEREC como garantía de la «buena marcha» izquierdista de la democracia republicana:

Endavant, loventuts, in quan aquesta tarda retorneu a les vostres terres o retorneu a les platges catalanes, digueu-los que les Joventuts d’Esquerra Estat Català es mantenen en pau; però que si veien que perillaven les nostres llibertats, si veien que perillava el sentit esquerrista de la República, aquesta multitud, aquestes Joventuts que han vingut a aquest acte en so de pau, aixecarien els seus banderins de guerra.

Humbert Torres recuperó las viejas palabras admonitorias de Joan Maragall para señalar que el paso del separatismo de EC al autonomismo de ERC venía dictado por razones de oportunidad política, aunque se cuidó de recalcar el apoyo condicional del partido al régimen republicano español:

Jo era, ciutadans, separatista abans de 1931 […] Ha vingut la República, ha concedit l’Estatut i ara torno a girar els ulls, honrosament vers les terres d’Espanya per a dir-los que s’ha iniciat una política de comprensió i de compenetració entre un poble i un altre de la gran Iberia. Pero Espanya, escolta bé: Tots aquests homes que ens hem reintegrat a la política de comprensió i compenetració amb Espanya, ho hem fet això perquè hi veiem la garantia segura d’arribar a l’assoliment de les nostres llibertats.

En contraste con estas manifestaciones de beligerancia, Companys postuló la difusión en Cataluña de un nacionalismo humano, liberal, obrerista y abierto al mundo[30]. Pero la tónica general de los espíritus en el seno de las juventudes de ERC se dirigía hacia la abierta confrontación. Dencàs declaró ese mismo día en un mitin celebrado en el Salón Bohemia de Barcelona: «Los diez mil jóvenes que hoy han desfilado pueden convertirse en otros tantos soldados que, si es necesario, pasarán la frontera del Ebro para implantar la democracia en el resto de España, si aquella es arrollada en las próximas elecciones.» Sin embargo, en agosto, había afirmado que quizás «caldrà aixecar una bandera antidemocràtica[31]».

El acto de Montjuic, que fue uno de los primeros en España donde se presentaron en forma de coreografía multitudinaria juventudes uniformadas y disciplinadas, generó una amplia polémica en la prensa catalana y nacional. El Diluvio acusó de fascismo a ERC, argumentando que disponía de su ingrediente esencial: el nacionalismo chauvinista impuesto por un EC en auge. Y mientras que La Publicitat los identificaba más con expresiones carnavalescas que con un verdadero espectáculo fascista, La Veu de Catalunya se preguntaba inquieta:

¿Y quién nos asegura que esta moda de llevar una camisa militar no va a tener imitadores? ¿Y si esta ficción se extendiese por toda España? Porque si existe un partido que permite llevar uniformes militares, esta libertad también se la podrán permitir los demás partidos […] ¿Para qué sirven estas legiones? […] Estos escamots militarizados solo deben servir para infundir miedo. Pero cuando se quiere infundir miedo es que ya se tiene miedo […] Son fascistas de izquierda[32].

En un editorial, el carlista El Correo Catalán se cuidó de marcar las diferencias entre unas milicias fascistas y nazis surgidas de la oposición y unos escamots que proliferaban al calor del poder republicano y en el seno de un partido que desde 1932 denunciaba sin descanso el «peligro fascista[33]». En las páginas de La Humanitat, José M.a Francés salió al paso de las calumnias de fascistización levantadas sobre las juventudes de ERC:

Entre els que malparlen de les Joventuts m’hi ha moltes que es crecen, de bona fe, estimar Catalunya. Però son tan orbs, en la majoria dels casos, que la voldrien inerme i indefensa, tal i com estava quan la bota militar va trepitjar la dignitat catalana, incendiant els unies periòdics, bons o dolents, que aleshores servien de portantveu al catalanisme […] No manca tampoc qui compara les Joventuts als funestos Sindicats de Martínez Anido. Altra incongruencia. El pistoler del Lliure cobrava per assassinar tenebrosament. Els afiliats a les Joventuts paguen per arriscar la seva vida, públicament i a la llum del sol —com ho tenen demostrat— quan així es fa precís per a la tranquilitat del Poble[34].

Se mostraba sorpresa por el hecho de que una simple convocatoria de una multitud partidista con la excusa de unas jornadas atléticas fuera interpretada como una adunata fascista. Jaime Aiguader rechazó las acusaciones minimizando las posibles concomitancias tácticas y destacando la discrepancia insalvable que existía entre el lenguaje democrático de la organización juvenil catalana y la ideología violenta del fascismo:

Feixisme? No. El feixisme no és una tècnica sino una doctrina, a la qual s’acorda después de la tècnica. Els acusadors no poden trabar, en cap moment, ni en els discursos, ni en els periòdics de les Joventuts d’Esquerra, ni en les paraules dels homes destacats i responsables del Partit, el més petit principi que es recolzi en la doctrina feixista […].

I quant a la tècnica, només cal contestar-los que si aquestes Joventuts tinguessin pensament o tendències feixístiques, no dic que no podrien emprar els nostres enemics el llenguatge que empren en mítines i periòdics […] No, Esquerra no és feixista, no ho són les Joventuts. No hi ha altre feixisme que el que inventen els nostres contraris, els quals, per tàctica algunes vegades i altres per temor ben explicable, creen fantasmes que no viuen més que en la seva imaginació i en els seus ulls[35].

Pero las críticas más virulentas no procedieron del catalanismo conservador o de la derecha centralista, sino de los sectores más moderados del nacionalismo catalán de izquierda, cuyos mítines electorales eran saboteados por los escamots, que eran denunciados como «els nostres aprenents de nazi de l’Esquerra». Aunque el grupo de L’Opinió ridiculizó el fascismo separatista de unos ignorantes y arribistas dirigidos por un «dictadoret de barri[36]», Lluhí hizo una áspera interpelación al conseller de Gobernación Pere Mestres en el Parlamento catalán el 24 de octubre acerca de los desfiles de fuerzas políticas uniformadas, que consideraba «un acto de fascismo bien explícito[37]». El consejero respondió que el desfile de las JEREC no había sido militar, sino deportivo en la línea de los sokols checos, pero Lluhí siguió protestando por el contenido de la manifestación, entablando un áspero choque dialéctico con Dencàs y describiendo a los escamots como «una organització […] de tipus feixístic, francamente feixístic[38]». El día 27, las minorías de la Lliga, el PRR y el PNRE aprobaron en el Ayuntamiento una proposición de censura contra las jornadas de Montjuïc.

La polémica sobre el fascismo catalán se extendió en el tiempo. La Humanitat marcaba las distancias con la nueva situación en el Reich en un significativo entrefilete: «El bigoti d’Hitler, no ès original. Abans que ell va lluir-lo Martínez Anido. No ho oblideu[39]». Dencàs negó repetidas veces a los periodistas su identidad personal y la de las JEREC con las organizaciones fascistas, pues a la Esquerra le inspiraban ideales «democráticos y liberales», y el objetivo de los escamots era crear una fuerza eficiente contra los peligros futuros del fascismo[40]. Pero, influido por las doctrinas racistas del catalanista intransigente Rosell i Vilar, Dencàs se definía a sí mismo como nacional-socialista, e intentó formar un Frente Nacional de Juventudes con otros grupúsculos ultranacionalistas. Sin embargo, el fascismo se consideraba un gran peligro por su carácter imperialista, e incluso Rosell i Vilar rechazó con energía las acusaciones de nacionalismo fascistizante[41].

El nacionalismo a ultranza de las JEREC situaba a los escamots en un brumoso término medio entre la militarización defensiva de los grupos de izquierda contra el fascismo y la reacción españolista y el proceso de «fascistización» de algunas organizaciones de derecha a nivel estatal. Tanto Dencàs como Miquel Badia alternaban las declaraciones de fe democrática con proclamas beligerantemente imperialistas. Ambos postulaban un populismo autoritario basado en un Ejecutivo fuerte, un partido único, un movimiento obrero subordinado (de ahí el acoso violento al sector más intransigente de la CNT), la unidad nacional-popular bajo la dirección de la Generalitat y el desarrollo encubierto de las JEREC como el embrión de un futuro «Ejército catalán». Sin embargo, algunos autores opinan que los escamots no disponían ni de la ideología ni de la capacidad política para concebir un fascismo catalán[42]. Otros niegan la potencialidad fascista de EC y afirman, no sin razón, que los verdaderos fascistas eran pocos y descaradamente anticatalanistas. Además, las JEREC no desarrollaron un nacionalismo imperialista, sino una postura agresiva y radical pero democrática por la pretendida situación de opresión nacional[43]. Pero tampoco es menos cierto que los dirigentes más radicales de la Esquerra desplegaron veleidades expansionistas puramente retóricas aunque de tono democrático (la primacía de Cataluña en el concierto federalizante de los pueblos ibéricos y la amenaza de «paso de la frontera del Ebro» para defender las esencias republicanas), y que su componente pequeñoburgués y ultranacionalista, opuesto a la estructura del Estado español centralista y hostil a determinadas organizaciones proletarias (especialmente la CNT-FAI) le acercan al fascismo tipo. La historia del período de entreguerras demuestra que no es imprescindible una organización de tipo democrático para luchar contra la opresión de una minoría nacional, como lo revelan los casos de organizaciones fascistizantes o fascistas como la Guardia Hlinka eslovaca, el partido nazi de los Sudetes, la VMRO macedonia, la Ustasha croata o el VNV flamenco.

A pesar de sus ambiguas relaciones con la violencia, la naturaleza de la comunidad nacional o el imperialismo, las JEREC no defendieron nunca un Estado totalitario o un Führerprinzip estricto, no mostraron interés por desarrollar una auténtica doctrina militarista (a la que identificaban invariablemente con el ejército español) y carecieron de una base teórica bien definida de violencia basada en el vitalismo filosófico asumido por los fascismos[44]. Todo lo más, desplegaron un nacional-populismo excluyente, influido levemente por el estilo mussoliniano. Lo cierto es que, marcado a partir de 1933 con el estigma del fascismo por su adscripción nacionalista y revolucionaria, el nacionalismo radical catalán tendió más bien hacia soluciones comunistas, y se resistió a convertirse en una variante abierta de fascismo local, ya que ello generaba más contradicciones de las que resolvía, sobre todo en relación con la extrema derecha españolista y sobre todo con el Ejército. A pesar de su lejanía del totalitarismo fascista, su ideal político era el de un nacionalismo socialista impulsado por una fuerza claramente revolucionaria, antes que por un partido burocrático como era ERC[45].

3. EL BALUARTE DE LA REPÚBLICA

El agrio debate planteado sobre el feixisme català llevó a que, durante la campaña electoral de noviembre de 1933, la USC invitase a Macià, so pena de ruptura de la coalición, a disolver los escamots y arrebatarles toda influencia política. Asumida la derrota en las urnas, el president dio el tono a la política resistencialista que llevaría en adelante el Gobierno de la Generalitat: «Jo puc dir-vos —aseguró Macià— que sabrem fer-nos mereixidors de la col.laboració popular i d’acord amb les forces de la democracia espanyola defensarem, amb tota l’energia les llibertats del poble[46]». Se trataba de proteger a la vez el régimen democrático y el autonómico, reeditando si era preciso los términos pactistas del «frente de San Sebastián». Por de pronto, para mantener la cohesión parlamentaria, el 3 de diciembre se convocó una Asamblea general extraordinaria de las JEREC en la que se decidió su nueva estructuración: los grupos de choque fueron disueltos formalmente con la condición de reorganizarlos rápidamente si un día peligrasen las libertades de Cataluña. Esta operación coincidió con una nueva intentona anarquista, después de la cual los sindicatos fueron de nuevo cerrados, y con la muerte de Macià el día de Navidad, aunque los escamots quedaron integrados en gran parte en el nuevo Somatén del Gobierno catalán.

Francesc Macià, presidente de la Generalitat catalana, acompañado de Jaume Aiguader, alcalde de Barcelona (3.o por la izquierda), y del jefe de los Mossos d’Esquadra y de la Guardia de Honor presidencial, comandante Enrique Pérez Farras (2.o por la derecha), en una estación de ferrocarril en 1932. Macià, líder de la Esquerra Republicana de Catalunya, fue el primer presidente de la Generalitat hasta su muerte en diciembre de 1933.

El cambio de signo de la política española se tradujo en Cataluña en un incremento de la competitividad electoral: ante la cerrada competencia entre las candidaturas de ERC y la Lliga en Barcelona, a última hora del domingo 19 de noviembre algunos catalanistas exaltados perpetraron violencias (con rotura de urnas incluidas) en los colegios con potencial mayoría conservadora de la calle Caspe[47]. Tras los negativos resultados cosechados por una izquierda dividida y la muerte del líder incontestable de la Esquerra, EC desplegó un separatismo aun más excluyente y violento, lo que llevó al Gobierno de amplia concentración republicana de Companys a confirmar la disolución de los grupos activistas de las JEREC, con el vano propósito de ceñir las juventudes a la disciplina de la Esquerra, que constituía un conglomerado cada vez más ingobernable. El ala nacionalista de ERC perdió peso en el nuevo gabinete, y asumió un papel cada vez más autónomo dentro del partido gubernamental, ya que con la perspectiva de la creciente confrontación con el Gobierno central, Companys dio carta blanca al «capità collons» Badia, que fue nombrado secretario general de los Servicios de Orden Público en diciembre de 1933 y jefe superior en marzo de 1934, mientras que Dencàs se convirtió en conseller de Sanidad y Asistencia Social en enero de 1934 y asumiría el cargo de conseller de Gobernación a fines de junio de ese año.

Desde comienzos de 1934 se asistió a un fuerte deterioro de la situación política y social catalana que acabó con ese «espíritu del 14 de abril» que había posibilitado el mantenimiento de una frágil convivencia en el marco del autogobierno. Se instaló un ambiente de polarización de la vida pública (consistente en la ampliación del espacio vital y político entre reivindicadores y la gravitación de actores antes no comprometidos hacia los extremos), en el que el mayor activismo de los flancos radicales impulsó a los actores moderados a tratar de ganar peso ante las autoridades estatales incrementando el mordiente disruptivo de sus acciones reivindicativas. Pero la victoria del centro y la derecha en el conjunto de España produjo una virtual ruptura del pacto autonómico que había logrado la adopción del régimen estatutario sin violencias. Aunque Companys recomendó civismo y ausencia de violencias en vísperas de los comicios municipales, la derecha (especialmente la Lliga, que se retiró del Parlament el 18 de enero como protesta por la parcialidad que durante la jornada electoral habían mostrado las fuerzas de orden público) adoptó una actitud mucho más beligerante. Las luchas políticas se solaparon con el agravamiento del conflicto agrario que libraban los grandes propietarios y los rabassaires. Todo ello condujo a la promulgación de la Ley de Contratos de Cultivo (Llei de Contractes de Conreu) el 21 de marzo de 1934 y al desencadenamiento de un grave conflicto constitucional cuya resolución el 8 de junio por el Tribunal de Garantías en contra de la Generalitat llevó a la minoría de Esquerra a abandonar el Parlamento el día 12. El contencioso rabassaire debilitó la coalición populista trenzada por la Esquerra, puso en entredicho la existencia misma de la autonomía, y abrió la posibilidad de promover desde Cataluña un «pronunciamiento civil» que restableciese la orientación inicial de la República y el pacto de 1932 con las izquierdas españolas[48]. Al igual que su predecesor, Companys postuló la intransigencia republicana ante la «ofensiva contra nuestras libertades», y erigió el 10 de junio a Cataluña en «baluarte, defensa y garantía» de la democracia republicana ante cualquier amenaza de tergiversación procedente de Madrid. La imagen de Cataluña como último bastión de la República se complementaba con la perspectiva de un posible acto de fuerza incruento, como el hecho consumado que condujo a la proclamación del Estat català el 14 de abril de 1931. La prensa de Esquerra se ufanaba de que el Principado fuera el «reducte de la revolució», el «baluart mes ferm, base de guerra contra qualsevol alteració del règim d'Espanya[49]».

La estrategia resistencialista contra las instituciones del Estado central (Gobierno, Parlamento y Tribunal de Garantías) se tradujo en unos meses de intensa movilización popular: durante la votación del Alto Tribunal contra la Llei rabassaire, y el día de la concentración de la JAP en El Escorial, la Alianza Obrera (AO) catalana (constituida oficialmente a fines de 1933 por el Bloc Obrer i Camperol, la Unió Socialista de Catalunya, la Unió de Rabassaires, la Izquierda Comunista de Nin y las agrupaciones catalana del PSOE y UGT para imponer por vías revolucionarias una «república social federal» que rehusaba toda colaboración con el régimen burgués) emitió un sonado manifiesto, y al día siguiente se realizó durante seis horas un multitudinario desfile de cien a doscientos mil partidarios del Gobierno catalán en solidaridad con los republicanos de izquierda del resto de España y en gesto de «formidable repulsa contra la Lliga y el fascismo[50]». Se trataba con ello de acentuar el agravio nacionalista para concitar la adhesión de los distintos sectores de la sociedad catalana y obtener concesiones del Gobierno Samper, sobre todo cuando el conflicto rabassaire iniciaba su etapa de mayor encono. La gran manifestación antifascista del 29 de abril fue realizada sin tapujos para «presionar a Madrid», ya que junto a gritos como «El fascismo en Cataluña no pasará, abajo el fascismo» se repitió el vetusto lema maragalliano de «Escolta, Espanya». Incluso diarios catalanistas de izquierda como La Humanitat y L'Opinió publicaron el 5 de mayo sendos editoriales llamando a la insurgencia contra el Gobierno central. La Esquerra abandonó el Parlamento el 12 de junio tras la decisión del Tribunal de Garantías de declarar la incompetencia del Parlamento Catalán y de la Generalitat para legislar sobre la Llei rabassaire. Pero a pesar de las quejas expresadas por Companys ese mismo día de que «la ofensiva a nuestras libertades [que] se ha ido produciendo desde todos los Ministerios con millares de incidencias ocurridas responde a una táctica y a una persistencia del Estado, o, mejor, de las influencias monárquicas que se han apoderado del Estado[51]», las transferencias a la Generalitat continuaban, por ejemplo, en materia de Seguridad.

Los velados llamamientos a la movilización armada también eran una baza a jugar en las tensas relaciones que mantenían entre sí los miembros de un Govern cada vez más acosado desde fuera. El enfrentamiento entre la tendencia nacionalista radical (Dencàs, Badia, Gassol, Aiguader) y el sector democrático, republicano y catalanista (Companys, Joan Casanovas, Carles Pi Suñer) subió nuevos enteros. Incluso en el seno de EC, Gassol y Aiguader fueron relegados por los más enérgicos Badia y Dencàs, que accedió interinamente a la Consejería de Gobernación el 28 de junio, tras la muerte de su titular Joan Selves y muy poco después de la decisión del Tribunal de Garantías contraria a la Llei rabassaire. Su nombramiento no podía interpretarse sino como un acto de desafío o advertencia al Gobierno central, y un plus de firmeza para Companys ante una opinión pública que, en general, le consideraba «poco catalanista». Además, podría controlar más eficazmente los excesos verbales de EC sin por ello dar a los separatistas instrumentos eficaces para que emprendieran una acción de rebeldía. Amenazado por la derecha asentada en el Gobierno central y por la movilización prerrevolucionaria de las organizaciones obreras, Companys se veía constreñido a realizar una inestable política de equilibrios dentro del partido, y recurrió a las JEREC cuando el bloqueo institucional acabó por comprometerle en una política de fuerza[52].

Dencàs desarrolló desde la Consejería de Gobernación un complejo plan de acción que contaba con el apoyo de otras instancias oficiales, además de partidos y organizaciones patrióticas catalanistas. Presentó un plan para la reordenación de una Policía rural catalana que diera la réplica a la Guardia Civil. En el Ayuntamiento, el joven concejal de EC Jaume Vachier trató de modernizar la Policía Municipal, y Josep Badia se encargó de purgar al Somatén de elementos monárquicos y ponerlo a las órdenes de la Generalitat con la ayuda del exdirector general de Seguridad Arturo Menéndez.

Para Azaña, la Generalitat era a mediados de 1934 «el único poder republicano que queda en pie en España». Desde junio, Carlos Esplá —más tarde subsecretario de Gobernación en el Gobierno presidido por Casares Quiroga— intentaba formar junto con Dencàs un comité militar revolucionario catalán que dirigiría la acción y actuaría de enlace con el resto de las tramas revolucionarias de España. Pero el ala extremista de la Esquerra parecía más preocupada por consolidar su propio «frente nacionalista» y subordinar (caso de la AO) o poner fuera de juego a las organizaciones obreras (caso de la CNT) antes que implicarse en una dinámica «española» que tantas semejanzas tenía con la conspiración de 1930. A primeros de julio, a iniciativa de Dencàs, se constituyó un «Comité revolucionario» integrado por Nosaltres Sols!, Palestra, Partit Nacionalista Català, USC, Unió Democràtica de Catalunya, Acció Catalana Republicana, ERC y EC[53]. Un comité técnico presidido por el comandante de los Mossos d’Esquadra, Enrique Pérez Farras, estudió las posibilidades de defensa de la frontera catalana durante ocho días con cuatro mil hombres y sesenta ametralladoras, y los medios necesarios para apoderarse de los centros oficiales y defender Barcelona bajo la autoridad de Dencàs y el propio Pérez Farras. Las conclusiones sobre estos preparativos y las necesidades más apremiantes de armamento fueron remitidas a la Generalitat. Las armas incautadas al Somatén fueron engrosadas con las obtenidas a través del tráfico de armas.

Las últimas semanas previas a la insurrección catalana fueron de extraordinaria tensión: la prensa derechista acusó a los escamots de ayudar a los rabassaires en la ocupación de tierras[54]. La represión ejercida contra el nacionalismo vasco tras la asamblea de Zumárraga de inicios de septiembre, el mitin que la CEDA organizó en Madrid a los socios del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro (que fue respondido con una sangrienta huelga general el 8 de septiembre) y las tensiones políticas del interior del Principado llevaron a su paroxismo la violencia verbal, que desembocó en varios incidentes sonados que tuvieron como epicentro un Poder Judicial tildado de anticatalanista: el 9 de septiembre, durante el proceso a José M.a Xammar, dirigente del Partit Nacionalista Català acusado de desacato al Presidente del Tribunal de Urgencia en un juicio anterior celebrado el 26 de julio[55], los escamots irrumpieron en la sala y el propio Badia detuvo en la puerta del Palacio de Justicia al fiscal Manuel Sancho[56]. El ministro de la Gobernación, Rafael Salazar Alonso, convocó urgentemente la Junta de Seguridad que presidía, donde Dencàs hubo de reconocer que Badia se había extralimitado en sus funciones. El Consell de la Generalitat decidió destituir a Badia de la jefatura de los servicios de Orden Público. Badia dimitió en efecto el día 12, pero el 20 de septiembre pasó a ocupar un despacho oficioso en la Consejería de Gobernación para coordinar los preparativos insurreccionales y fue objeto de un ruidoso acto de desagravio el 11 de septiembre en el Palacio de Bellas Artes, donde Companys fue increpado por los jóvenes de EC y Ventura Gassol atacó furibundamente al Estado español[57]. En la Diada celebrada en Manresa ante unos 55 000 asistentes que portaban carteles en favor de Cataluña libre, la República catalana y los pueblos ibéricos, además de recomendaciones para el exterminio de los «Isidros», Aiguader postuló la rehabilitación de un nacionalismo patriótico que nació con la Revolución Francesa, y señaló que ERC colaboraría con el Gobierno central bajo ciertas condiciones, ya que «Catalunya s'ha sacrificat una vegada més per defensar la República i les llibertats d'Espanya[58]». El 29 de septiembre, el conseller de Governació dijo en Reus que la República estaba en peligro por la llegada a cargos de responsabilidad de generales de la monarquía y por el despertar imperialista de Castilla, que no se sentía interpretada ni interpelada por la República. Por el contrario, Cataluña se mostraba dispuesta a defender con las armas en la mano la esencia originaria del régimen[59].

La retirada de confianza de Gil Robles al Gobierno Samper el 1 de octubre por haber intentado contemporizar una salida negociada al conflicto rabassaire, y los rumores de constitución de un gabinete con ministros cedistas fueron entendidos desde la perspectiva de la Esquerra como la última jugada provocativa de una derecha que había esgrimido la supuesta debilidad del Gobierno ante la cuestión rabassaire para precipitar la crisis:

La Generalitat, l’autonomia, les esquerres catalanes, tota la vida pública del nostre poble […] és l’argumentació i la bandera d’un lider feixista per a tombar un Govern, tot un Govern de la República, sense que trobi al Parlament espanyol una sola veu caritativa de justificació, ja que no de defensa[60].

El 4 de octubre, la prensa de Esquerra lanzó el grito de alarma frente a una República que corría peligro de muerte por su «venta» a sus más irreconciliables enemigos: «frente a un gobierno de traidores y de adversarios de la Constitución republicana, lealtad a los postulados del 14 de abril y defensa, pase lo que pase, de los derechos históricos de Cataluña consignados en la Constitución». El nombramiento del odiado Anguera de Sojo como ministro de Trabajo era visto como una auténtica provocación. La alerta se extendía al pueblo nacionalista y republicano, porque «la amenaza es idéntica tanto para los unos como para los otros […] ¡Ciutadans en guàrdia!»[61]. Como en el caso de las formaciones obreras y republicanas de izquierdas del resto del Estado, la constitución del nuevo Gobierno con presencia cedista fue la señal para la escenificación pública de una ruptura solemne con las instituciones —sobre todo con la Jefatura del Estado— que, en el caso de Cataluña, se solapó con el inicio de una movilización armada:

La República està en mans dels seus enemics. Li ha posada el qui en tenia la màxima responsabilitat, per la Constitució i pel sufragi. Els homes de la democracia republicana espanyola acabem de fer pública la seva ruptura amb les institucions que han faltat al seu honor. El proletariat està en el seu lloc de batalla. Catalunya cualifica de traïció i de provocació el determini insensat, del qual hi ha un responsable que senyala amb el dit […].

Bé. Catalunya, i el seu Govern autònom, i les seves organitzacions socials i polítiques de la democracia nacionalista, responen a la provocació amb un gest senzill i categòric: recollint el guant que acaba de caure als seus peus, llançat pels aventurers de la política i pels servidors del feixisme […] Podem salvar-la encara? No posem contestar l’interrogant. Però afirmem una cosa. Aquesta: estem disposats a crear-ne una altra, germana de la del 14 d’abril, però més audaç que aquella, i per procediments més severs i categòrics […] Advertim que estem disposats, organitzats i armats per a fer-nos-ho amb tot el coratge i totes les garanties necessàries. Fem-nos-ho, i allà cadascú amb la responsabilitat contreta i la traïció consumada.

Catalunya està presta. Reivindiquem per ella el lloc d’honor en les hores que vénen. Alerta, les esquerres nacionalistes i republicanes de Catalunya! Ha sonat l’hora de la mobilització. Que cadascú ocupi el seu lloc, l’arma al braç i l’oïda atenta a les ordres[62].

La rebelión, que se presentaba como un nuevo acto fundacional de la República subvertida desde dentro por sus enemigos, era el resultado de una doble crisis política —en el poder central y en el seno del partido gobernante en Cataluña— que trató de ser superada o trascendida con grandes dosis de violencia verbal. Como dice Culla i Clara:

EC se limitó a exagerar la gravedad de los supuestos peligros y a acentuar deliberadamente la tensión ambiental mediante la represión parapolicial del activismo anarquista, las intrigas contra Companys, acusándolo de «españolismo», los incidentes del Palacio de Justicia, las exhibiciones de militarización y, en definitiva, los constantes excesos demagógicos que el presidente de la Generalitat, a pesar de mostrarse absolutamente contrario, toleraba por una doble razón de interés de partido y de oportunidad política[63].

Quedaba por ver si todas las fuerzas implicadas estaban de acuerdo en el alcance y objetivo de esa defensa revolucionaria de los derechos de Cataluña que se estaba a punto de poner en marcha.

4. EL SALTO EN EL VACÍO: LOS SUCESOS DEL 6 DE OCTUBRE

En la noche del 4 al 5 de octubre, el directorio de ERC decidió actuar violentamente, aduciendo legítima defensa ante la amenaza de un acto antiautonómico del Gobierno central. Esa madrugada, la AO declaró la huelga general, mientras que el Gobierno de la Generalitat permanecía dividido entre los partidarios de la legalidad a ultranza y los que preconizaban soluciones radicales, como la proclamación de la República catalana con apoyo de los aliancistas, que a su vez pensaban adelantarse a los cálculos subversivos de republicanos y socialistas para llevar a cabo la revolución social[64].

El Gobierno de la Generalitat realizó un despliegue eminentemente defensivo, basado en el control de centros oficiales y puntos neurálgicos del centro de la ciudad, pero sin tan siquiera intentar pulsar la actitud de los acuartelamientos militares, mientras que la AO mantenía la tradicional fragmentación defensiva del territorio urbano a través de barricadas. Este diseño pasivo de la insurrección, siempre a la espera de las noticias procedentes de Madrid, resultaría clave en el desenlace de la intentona revolucionaria.

En la mañana del día 6, mientras se producían levantamientos armados en Sabadell, Vilanova i la Geltrú, Manresa y Granollers y cundía el rumor sobre el establecimiento de la ley marcial, Lluhí, en conexión con los planes revolucionarios del PSOE, había redactado una proclama inequívocamente republicana que fue rechazada por Dencàs, por lo que hubo de mediar Companys, quien sugirió la proclamación del Estado catalán dentro de la República Federal española. A las dieciséis horas, el general Batet visitó a Companys y le amenazó con la posibilidad de proclamar el estado de guerra, pero el Consejo de Gobierno adoptó la decisión de declarar Cataluña «reducto indestructible de las esencias de la República». Por fin, acuciado por las presiones de su solidaridad con la izquierda republicana y por las exigencias de acción del sector ultranacionalista de su partido y de la AO, Companys decidió liderar la insurrección, al comprobar fehacientemente que su táctica de amenazas institucionales no había logrado ningún resultado. A las 18.30, el Consejo de Gobierno tomó por unanimidad el acuerdo de proclamar el Estat català dentro de la República Federal española[65], recuperando el frustrado sueño macianista, e invitó al «Gobierno provisional» de la República a establecerse en Cataluña. Companys creyó que todo terminaría en negociaciones secretas como en abril de 1931 (con el Gobierno provisional sobre el estatuto jurídico de la Generalitat) o en julio de 1934 (con el Gabinete Samper sobre la Llei rabassaire), y que Alcalá Zamora precipitaría la dimisión de Lerroux y la disolución anticipada de las Cortes. A las veinte horas, Companys hizo pública la proclamación del «Estat català dins la República Federal espanyola» desde el balcón de la Generalitat[66], y una hora más tarde quedó fijado el bando proclamando el estado de guerra, dando lugar a los primeros enfrentamientos entre los escamots y el Ejército, que ocupó las Ramblas esa madrugada y acabó por obtener la rendición de la Generalitat a las 6.35 del día 7 de octubre.

Imagen obtenida en la barcelonesa plaza de Sant Jaume tras la intervención militar que sofocó rápidamente la rebelión encabezada por el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, el 6 de octubre de 1934. La Esquerra protagonizó, por dos veces, la proclamación de un Estado catalán dentro de la también autoproclamada República Federal española. En la primera ocasión, lo hizo Francesc Macià el 14 de abril de 1931, y en la segunda, Lluís Companys, en la citada fecha de octubre de 1934. En esta ocasión, contra una Constitución que había evitado la denominación federal y contra un gobierno legitimado democráticamente.

Desde un punto de vista técnico, el fracaso del «motín burgués» del 6 de octubre se debió en buena parte a la rápida intervención de las Fuerzas Armadas en favor del Gobierno central, y sobre todo a la confusión de objetivos, división e incluso hostilidad existente entre los tres principales organismos insurreccionales: los grupos ultranacionalistas afines a EC, liderados por Dencàs y Badia, intentaron dirigir la rebelión en un sentido claramente independentista (finalizar el proceso revolucionario que no había podido culminar Macià en abril de 1931), pero revelaron su escasa capacidad movilizadora y chocaron con la dura oposición del segundo actor del drama: la Alianza Obrera, que contaba con cuatrocientos hombres desarmados y postulaba la revolución social, pero que a la hora de la verdad se abstuvo de participar en la lucha, al igual que la CNT, mientras que los rabassaires se encontraban diseminados en las áreas rurales e imposibilitados de concentrarse para una marcha sobre Barcelona[67]. Por último, ERC y el Gobierno de la Generalitat, partidarios de una coalición populista y republicana con los socialistas que evitara la «degeneración» de la República, pero desasistidos en este momento clave por la sospechosa inactividad de la Consejería de Gobernación, evidenciaron su impotencia, acosados por las dos fuerzas anteriores. En un proceso de acelerado desbordamiento político, la Esquerra fue arrollada por el independentismo de EC, que a su vez se vio acuciado por las aspiraciones de revolución social de la Alianza Obrera.

Tras una entrevista con Lluhí y otros dirigentes catalanes celebrada el mismo 6 de octubre, Azaña recuerda que el alzamiento «no tenía trazas de operación de guerra», sino que más bien pretendía «provocar una explosión del sentimiento popular semejante a la del 14 de abril […], es decir, que iban a salir con aquella proclamación y el pueblo barcelonés —por lo menos los obreros, los republicanos y todas las masas catalanistas— haría una demostración, como ocurrió el 14 de abril, cuando lo de Macià y la República catalana, y que todo iba a pasar en paz; que el Gobierno de Madrid transigiría y se llegaría a negociaciones. Algunos decían: “Luego cederemos unos y otros. Aquí tendremos que ceder, como cedimos con la República catalana, cuando vino la República española; en Madrid también cederán, y todo pasará en paz[68]”». En definitiva, un pronunciamiento con ribetes decimonónicos en su objetivo de presión sobre las más altas magistraturas del Estado para llegar a una solución política pactada. Pero, como se ha visto, no todos los dirigentes de la Esquerra pensaban de la misma manera.

El contenido dominante de revolución social, de intentona separatista o de movilización en defensa de las esencias republicanas de los sucesos del 6 de octubre sigue siendo objeto de arduos debates. Algunos autores han definido los hechos como una «revuelta» o «gesto» de la pequeña burguesía republicana en el poder para consolidar su posición política y volver a situar la República en sus postulados iniciales de tipo federalista, sin ninguna intención de alentar los otros movimientos revolucionarios que se simultanearon: la asonada separatista de Dencàs (teóricamente un simple instrumento del Govern) y el movimiento obrerista revolucionario canalizado por la AO, a la que Companys se negó a dar armas y vigiló estrechamente, pero transigió en la convocatoria de la huelga revolucionaria como una acción favorable en su pulso con el Gobierno central. Esta tesis del «desbordamiento» de la Generalitat por la AO, capaz de manipular a EC y a Companys y abocarlos a la revolución fue defendida por autores afines a la Lliga como Costa i Deu y Sabaté, que deseaban presentar la Generalitat como mera pantalla de los objetivos revolucionarios[69]. Para miembros del BOC como Angel Estivill, la masa trabajadora habría impulsado hacia la insurrección a una Esquerra bloqueada en su contencioso con el Estado y acuciada por sus problemas internos. Algunos publicistas afines, como Lluís Aymamí, manipularon esta teoría para justificar a posteriori el fracaso de Companys, quien declaró ante el juez que, «ante el peligro de desbordamiento por una parte, y ante el temor, por otra, de que derivase hacia unos procedimientos contrarios a las esencias de la República, aspiré con mi manifiesto a canalizar de una manera pacífica la protesta, y defender como fuera la República y la autonomía[70]».

El 6 de octubre no fue una jugada de un aventurero ambicioso apoyado por un grupo de jóvenes exaltados. Algunos estudiosos de esa coyuntura rechazan las tesis exculpatorias de la Generalitat, y señalan que ni la AO ni EC tenían la fuerza suficiente para impulsar una insurrección por cuenta propia[71]. Los aliancistas no contaban con armas, y Dencàs reconoció que en sus cuatro meses como conseller de Governació con el encargo de «preparar la resistencia armada» no obtuvo los medios materiales necesarios (salvo los viejos fusiles del Somatén) para desencadenar una insurrección seria. Parece más bien que Companys tuvo durante toda la crisis el control de los recursos y de los acontecimientos, como lo muestra la destitución de Badia pocas semanas antes del 6 de octubre, y el empeño en no dar al movimiento un carácter separatista, proclamando el Estat català dentro de la República Federal española en vez de la República catalana a secas. El president no pensaba en una insurrección armada para la que la Generalitat no estaba preparada, sino en realizar un gesto simbólico de rebelión que, como sucedió en abril de 1931, forzase la situación en Madrid. Azaña ya lo había manifestado el 27 de mayo en La Coruña: «Es necesario, hoy, el mismo combate, el mismo alzamiento del año 1931. Hemos de restablecer íntegramente el espíritu de la revolución del 14 de abril, y no podemos tener ningún trato con quienes no desean volver a aquel punto de partida para hacer la revolución que entonces se quería desarrollar[72]». Lo que hicieron los republicanos catalanes fue sumarse a este renaciente «espíritu de abril» proclamado por ciertos políticos de izquierda mediante un acto de rebeldía no incruento de «refundación de la República»; un «pronunciamiento civil» sin connotaciones rupturistas con el Estado del que se esperaba obtener el apoyo popular suficiente para bloquear las fuerzas del Gobierno central y hacerlo claudicar con la acción combinada de republicanos y socialistas en toda España. Más tarde se obtendría la dimisión de Lerroux, la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones anticipadas. Se trataba, en suma, de orquestar un nuevo 14 de abril como una exhibición de fuerza sin efusión de sangre, pero la intentona fracasó por culpa de las nuevas circunstancias sociopolíticas: un gobierno bien armado y alerta, y una coalición revolucionaria que tras haber posibilitado el cambio de régimen tres años y medio antes se encontraba entonces dividida y enfrentada en proyectos revolucionarios difícilmente conciliables.

5. LA RECUPERACIÓN DEL DISCURSO DE LA DEMOCRACIA POPULAR REPUBLICANA

Los sucesos de octubre acarrearon una amplia oleada represiva, con casi cuatro mil detenciones de dirigentes políticos de la Generalitat, de los ayuntamientos, funcionarios, periodistas, dependientes de comercio, sindicalistas, obreros, campesinos, etc., en toda Cataluña[73], a lo que habría que añadir la desarticulación asociativa (clausura sistemática de centros políticos y de recreo), la represión cultural (cierre y control de centros educativos), el desmantelamiento institucional aprovechando el estado de guerra y el desahucio de casi mil trescientos rabassaires entre 1934 y 1935[74]. El poder local sufrió un significativo vuelco: fueron suspendidos 129 ayuntamientos, y en otros veintitrés fue desplazada la minoría de izquierda, con lo que más de dos tercios de la población catalana vio cómo eran destituidos sus representantes locales elegidos democráticamente pocos meses antes. El Gobierno del Principado quedó sometido a la autoridad militar hasta el 10 de enero de 1935, en que Portela Valladares fue nombrado gobernador general. Los tribunales castrenses actuaron bajo la administración civil, aunque de las veintitrés sentencias a muerte dictadas solo se cumplieron dos. El 13 de abril de 1935 fue levantado el estado de guerra en Cataluña, mientras el Gobierno cedo-radical restauraba parcialmente a Cataluña su grado de autonomía.

La derrota del 6 de octubre conllevó la victoria moral de la tendencia republicana catalanista, ya que con la represión se fue diluyendo el contenido separatista del levantamiento y se subrayó ante la opinión pública —no solo del Principado— la imagen de una Cataluña defensora de las esencias republicanas[75]. La pérdida de la autonomía, el encarcelamiento del Gobierno de la Generalitat (que facilitó su vinculación emocional con los represaliados de octubre), su enjuiciamiento ante el Tribunal de Garantías el 27 de mayo de 1935 (con sentencia de treinta años de reclusión para cada conseller[76]) y la afrentosa huida de Dencàs sublimaron el enfrentamiento entre las dos tendencias de la Esquerra, permitiendo la primacía del ala moderada liderada accidentalmente por Carles Pi Sunyer, que profundizó en la común identidad nacionalista, republicana y obrerista frente a las veleidades independentistas. Este retorno al seny democrático y aglutinador aceleró durante el verano de 1935 la defección de EC y su constitución como partido netamente separatista, que acabaría por consumarse en mayo de 1936. A pesar de esta búsqueda de nuevos caminos políticos en solitario, el momento del nacionalismo radical parecía haber pasado. EC dejó de representar una fuerza política o una baza armada apreciable.

Los miembros del Gobierno de la Generalitat fueron detenidos tras la revolución de octubre de 1934. En la imagen, del 24 de mayo de 1935, esperan en la Cárcel Modelo de Madrid el inicio del juicio. De izquierda a derecha: Ventura Gassol, Joan Comorera, Lluís Companys, Joan Lluhí (detrás de Companys), Pere Mestres, Martí Barrera y Martí Esteve.

La disolución del Parlamento a inicios de enero de 1936 fue recibida con una mezcla de condena y de esperanza por la prensa de Esquerra, que nunca había mostrado especiales veleidades antiparlamentarias, aunque en ese momento abundó en descalificaciones de las Cortes radical-cedistas, basadas en su pretendida ilegitimidad de origen (la manipulación caciquil del proceso electoral) y un balance represivo que había situado el conjunto del país a las puertas de la guerra civil:

Mortes i ben mortes són aquestes Corts de mala memòria. Cap republicà honrat no reivindicarà la seva obra. En mala hora nascudes —les seves majories no provenien del sufragi popular sinó de la compra-venda de vots, de l’acció dels confessionaris i de la suicida desunió de les esquerres—, han constituit un element de subversió que ha portat la guerra civil a la República […] Aquesta és la executòria de les Corts que acaben d’ésser dissoltes: Con una estela de dolor i de sang, les presons espanyoles abarrotades, les organitzacions del proletariat destroçades, el poble vexat, ofès, ferit, irritat, menospreat. Ni pau, ni pa, ni llei. Aquesta ha estat l’obra de les dretes amb el vaticanisme al cap. No han deixat de cometre cap crim ni de realizar cap conculcado ni d’encobrir cap immoralitat. A la fí en sol del poble depèn que el pasat no pugui tornar[77].

Els problemes del moment, la penosa i dramàtica cursa del segon bienni, l’esperit venjatiu, rancorós, de la propietat rural, les apetències de partit, la sistemàtica conculcado de la Llei per part de les forces de dreta i la persecució implacable contar els homes d’esquerra, havien de portar fatalment a aquesta tensa pugna d’avui, descarnada i tremenda […] I en els últims quinze mesos, ¿quina és la injusticia que no s’ha consumat, l’agravi que no s’ha produït, la injúria amb la qual no se’na ha lapidat, la denúncia amb la qual no hem estat perseguits[78]?.

Para afrontar la convocatoria electoral se constituyó un Front d’Esquerres de Catalunya con todos los partidos obreros y republicanos del Principado, que basó su programa en la amnistía, el restablecimiento del Estatuto y de las instituciones autonómicas, la readmisión de los obreros despedidos y la reposición de los funcionarios sancionados en octubre. El relanzamiento de ERC en el marco del frente electoral de izquierdas fue posible gracias a la sublimación de la resistencia de 1934, idealizada tras más de un año de represión:

Catalunya està en marxa per a la reconquista. I això és posible i és això precisament pel 6 d’octubre i per l’actitud digna dels qui es van fer responsables dels seus actes i van mantenir davant el Tribunal de Garanties el pensament polític del seu gest, sense habilidosos subterfugis, sense abdicar del seu lloc ni del seu deure, per tal que destaqués en forma diàfana, transparent, la posició històrica, altiva, d’un govern del poble, d’un Govern de la Catalunya eterna[79].

El éxito electoral del 16 de febrero posibilitó la recuperación entre la juventud de Esquerra de la retórica macianista de imperialismo democrático (esto es, un programa radicalmente nacionalista matizado con protestas de fraternidad y colaboracionismo político con las regiones españolas siempre que se reservara para Cataluña el papel simbólico de vanguardia del régimen republicano) sobre el resto de los pueblos ibéricos que había tenido ocasión de desplegarse durante el primer bienio:

La joventut està obligada, abans que tot, a defensar la llibertat. I la joventut catalana ha de lluitar per la llibertat nacional de Catalunya […] Som una nació, i volem que cristallitzi en un Estat; que l’Estat català sigui el símbol i l’executòria del nostre Govern dins d’un règim de llibertat […] És l’Estat català qui vol irradiar Espanya endins per anar a l’Andalusia, a València, a Galicia, a Castella. És l’Estat català que uneix, que agermana. No és l’Estat català que separa […] Nosaltres som l’Espanya triomfant, al que reconeix les nacionalitats ibèriques, la del progrés, la de la llibertat, la del pret. L’Espanya que s’enfronta amb la de la reacció i l’enviliment, dels assassinats, dels turments, dels presidis. Coneixem el sistema: Astúries parla [gran ovació]. Aquesta España és incapaç de tornar-nos la llibertat. I per això la repudiem. En canvi, amb l’Espanya autèntica. Amb l’Espanya liberal i democràtica, estem disposants a collaborar-hi[80].

La reconstrucción de Cataluña como referente democrático a escala estatal fue posible porque el Principado disfrutó en esos meses de una tranquilidad política y social que no se turbaría hasta el 18 de julio. En contraposición al mito de la «primavera trágica» levantado a posteriori por la historiografía franquista, la historiografía catalanista erigió el contramito del «oasis republicano» de la primavera de 1936[81]. Como se decía desde La Humanitat:

El grau de ciutadania aconseguit a Catalunya per una llarga tradició que el catalanisme ha renovat permet d’evitar ací moltes de les crisis convulsives que en altres llocs es produeixen […] El nostre desig és que tot l’Estat espanyol i tots els Estats trobin la solució legal i pacífica de llurs problemes interiors i exteriors […] La Catalunya autònoma ha de situar-se a la davantera de l’esquerrisme republicà i ha de portar a cap —pels camins legals mentre aquests siguin lliures— l’obra transformadora que les extremes dretes voldrien impedir provocant escenes de sang i de foc[82].

Borja de Riquer expone las razones de esta ausencia de crispación: «en Cataluña no existía una prensa progolpista como el ABC, ni grupos falangistas lanzados al pistolerismo desenfrenado, ni tampoco unos sectores dentro de las mismas fuerzas de orden público que actuasen al margen de sus jefes. Y en Cataluña no había, sobre todo, un grupo social con una significación real que alentase y financiase una conspiración militar de carácter antidemocrático[83]». La creciente disponibilidad de la Esquerra y de la Lliga a jugar respectivamente el papel de fuerza de gobierno y de oposición leal, en apoyo de las soluciones moderadas que se tomaran desde Madrid, habría sido una de las causas del relativo descenso de la violencia —medida en número de muertos por causas sociopolíticas— en la primavera del 36[84]. Existió ciertamente en el seno de la Lliga un rechazo a los gobiernos de izquierda de la República y la Generalitat, y una cierta repugnancia respecto del resultado del ejercicio del sufragio universal, pero no una voluntad golpista, aunque su discurso de defensa del orden, cada vez más catastrofista, la fue acercando poco a poco a los sectores más hostiles al régimen republicano[85]. Sin embargo, ese espejismo del oasis catalán garantizado por el Estatuto quedaba matizado por el pánico conservador ante el cambio en el poder local que implicaba el proyecto de ley sobre ilegitimidad de los acuerdos y organismos de nombramiento gubernativo que rigieron la vida municipal catalana hasta el 19 de febrero de 1936, y por la aceleración de las reivindicaciones sociales en el campo, que a pesar de la aplicación de la Llei rabassaire estuvo sometido a una fuerte conflictividad heredada del 6 de octubre de 1934, que se tradujo en frecuentes brotes de violencia[86].

Capilla ardiente de los hermanos Miquel y Josep Badia el 29 de abril de 1936. Fueron asesinados el día anterior a manos, posiblemente, de un grupo de acción de la FAI en la calle Muntaner de Barcelona. Miquel Badia lideraba en esos momentos la reorganización de las JEREC, ya desligadas de Esquerra Republicana.

En el espacio político de la izquierda catalanista, los resultados electorales aceleraron la desintegración del ala nacionalista de ERC. El retorno de los dirigentes exiliados precipitó una agresiva ruptura en el seno de las Juventudes, parte de las cuales mostraron ruidosamente su disconformidad a extender los beneficios de la amnistía a líderes desprestigiados como Dencàs o Badia. Liberado poco después, este último retornó a la ciudad condal, donde dirigió la reorganización de unas JEREC ya desligadas de la Esquerra[87]. Su asesinato y el de su hermano Josep por tres pistoleros profesionales presuntamente faístas en la calle de Muntaner de Barcelona en la tarde del 28 de abril acentuó el conflicto interno[88]. El 5 de mayo, y aún bajo la impresión de ese crimen que desmentía la sensación de «oasis catalán» en materia de violencia, Dencàs —vuelto del exilio ese mismo día, pero duramente atacado por las fuerzas obreras y republicanas— pudo justificar su acción de octubre ante el Parlamento catalán. Señaló que todos los partidos, con la excepción de la derecha españolista, habían apoyado la revolución, que él se encargó de preparar: «intentábamos organizar unas juventudes armadas, precisamente para traducir en hechos prácticos los clamores de heroísmo y de actitudes rebeldes en el caso de que Madrid pretendiera retrasar el normal traspaso de aquella serie de cosas que nos habían sido reconocidas». Después de denunciar la falta de voluntad política revolucionaria de la Generalitat, que no le otorgó los medios suficientes para llevar adelante una insurrección con éxito, acabó afirmando que no dejó su puesto en la Consejería de Gobernación hasta que el Gobierno de la Generalitat se hubo rendido. Las críticas realizadas a este relato fueron numerosas, y se centraron en la actuación defensiva asignada a los escamots, que según Dencàs sirvió para ahorrar vidas. Companys le acusó de manipular los hechos y censuró agriamente al líder de EC. Evidentemente, Dencàs se había convertido desde el 6 de octubre en el chivo expiatorio del grupo de Companys, por su actitud equívoca y poco decidida y las sospechas de haber sido un agente provocador al servicio de intereses fascistas nacionales y extranjeros[89].

La sesión de Parlament exaltó los ya caldeados ánimos de las JEREC: del 22 al 25 de mayo se celebraron dos congresos paralelos de las Juventudes, uno contra Dencàs y otro en su favor. La mayor parte de las juventudes (5873 afiliados) apoyaron la escisión, y formaron el nuevo partido independiente Estat Català, que aceptó el 9 de junio la fusión con el Partit Nacionalista Català y el grupo Nosaltres Sols! Pero la reunificación de los nacionalistas radicales en un solo partido no estaba aún consolidada cuando estalló la guerra un mes más tarde.

La actitud del Gobierno de la Esquerra ante la conspiración fue de tensa vigilancia. El alcalde de Barcelona, Carles Pi Sunyer, se entrevistó en Madrid con Santiago Casares para transmitirle información sobre la conspiración en marcha y solicitar la detención de los principales jefes de la conspiración en Cataluña, a lo que el presidente del Consejo se opuso banalizando la conjura como «rumores de café[90]». Con todo, la Policía de la Generalitat efectuó continuas redadas en las asociaciones españolistas y el Sindicato Libre, y en Barcelona logró detener el 12 y 13 de julio a la plana mayor de Falange, salvo a su jefe Roberto Bassas, y el 16 capturó a medio centenar de conspiradores, incluido el capitán de Asalto, Pedro Valdés Martel, uno de los enlaces de la conspiración, a quien se le intervino un bando del general González Carrasco, un manifiesto al Ejército e instrucciones para las diversas unidades conjuradas[91].

* * *

Como referente central del espacio político catalán, el Gobierno de la Generalitat dominado por la Esquerra trató de activar y difundir determinadas identidades (el democratismo nacional catalán) y perseguir otras (el españolismo ultraconservador o el obrerismo revolucionario, que fueron condenados de forma genérica como contrarios a «los intereses de Cataluña») para mantenerse en el centro del sistema político. Para consolidar esta situación de privilegio, la Esquerra trató de cooptar a sectores obreros y a campesinos rabassaires, que fueron integrados en la alianza nacionalista a través de un programa de corte populista e interclasista. Esta estrategia a la vez integradora y excluyente del nacionalismo catalán de izquierda, que había estado presente desde su fundación, posibilitó el acrecentamiento de su poder y el reforzamiento de su efectividad política a lo largo de los años 1931 a 1933, mientras mantuvo la sintonía política con los gobiernos reformistas de Madrid. Pero las elecciones de noviembre de 1933 y la muerte de Macià a fines de ese año mudaron radicalmente la situación: a partir de 1934, la ruptura de los consensos con el Gobierno central, la radicalización del obrerismo integrado o al margen de la AO y la deriva insurreccional del sector más activista y violento de la Esquerra hicieron imposible el mantenimiento de la centralidad y el consenso políticos. En esa difícil tesitura, Companys se vio obligado a apoyar una radicalización paralela de sus huestes para no perder el control de la inestable coalición que sostenía el Govern. Con todo, la actitud de rebeldía institucional que culminó en los fets d’octubre tuvo mucho de retórica y de actitud pasiva, en espera de una resolución del pleito político (por vía de la revolución social o de un simple cambio de mayoría de gobierno) que tenía que venir de fuera de Cataluña, que, todo lo más, se representó como baluarte de la República amenazada. Las secuelas de octubre permitieron que el Govern procesado y encarcelado se erigiera de nuevo en el fiel de la balanza política, tras el fiasco del aliancismo obrero y del independentismo (con Dencàs como principal víctima propiciatoria) y la dura represión orquestada por el Gobierno cedo-radical, que puso en cuarentena el sistema de autogobierno catalán, depuró el poder regional y local, revisó las relaciones contractuales en el campo y limitó las actividades asociativas y culturales. De este doble fuego purificador nació el mito de un Companys sacrificado, rehabilitado y repuesto en su cargo en loor de multitudes por haber defendido las libertades de Cataluña.

ERC fue un conglomerado político plural, contradictorio y complejo, en el que convivían sectores republicanos sinceramente democráticos con un ala nacionalista radical (Estat Català) de tono autoritario que llegó a coquetear con el totalitarismo. Sin duda, la mayoría de la Esquerra defendió una idea particular de democracia basada en su propio modelo nacionalista-populista (que no coincidía necesariamente con el paradigma de democracia representativa pluralista de raíz liberal), considerado como el ejemplo más acabado de régimen democrático, hasta el extremo de pretender erigirse en referente y garante de la democracia republicana española contra sus presuntos enemigos. Es cierto que algunos sectores minoritarios de la coalición sintonizaron con alternativas miméticamente fascistas (dirigentes como Dencàs hablaron de nacionalismo socialista), pero el antifascismo genérico, invectiva dirigida frecuentemente contra los grupos españolistas de la extrema derecha, fue siempre una seña de identidad del movimiento. La aspiración más compartida por los separatistas más intransigentes fue la constitución de un movimiento nacional-populista de amplia base social, inspirado en realidades tan lejanas como el Partido Nacional Revolucionario mexicano, el Partido Republicano del Pueblo (Cumhuriyet Halk Partisi) turco o el Partido Nacionalista (Guomindang) chino, que acabase por establecer un régimen político escasamente competitivo en un marco democrático formal de pluralismo limitado. En ese sentido, y aunque la mayoría del movimiento compartía valores inequívocamente democráticos, la Esquerra no contempló seriamente la posibilidad de una alternancia política ni le otorgó un sentido regenerador de la cosa pública. Siempre percibió a la oposición revolucionaria (sobre todo la FAI) y conservadora (con ataques indistintos a la derecha cedista, monárquica o españolista, pero sobre todo al viejo radicalismo lerrouxista y a la Lliga) desde el prisma del enemigo inasimilable, en tanto que contrario a los intereses nacionales. Puso sistemáticamente en duda el carácter democrático de sus rivales, señalando que su talante rupturista se ponía en evidencia por su designio de querer obtener mediante la violencia (en los casos del insurreccionalismo anarcosindicalista o del golpismo españolista), la obstrucción o el veto de instancias ajenas a Cataluña (el Gobierno central, las Cortes o los tribunales) lo que no eran capaces de conseguir en las urnas.

Su sentido patrimonial del poder se basaba en la legitimación obtenida por el sufragio. Por ello, la Esquerra entendió los procesos electorales —fueran de ámbito local, regional o estatal— como consultas plebiscitarias que ratificaban invariablemente (incluso los comicios de noviembre de 1933, donde la Lliga ganó en tres de las cinco circunscripciones catalanas y obtuvo más diputados, pero menos votos que la coalición de Esquerra Catalana) el proyecto político que defendían y representaban. Al dejar a la legitimidad surgida de las urnas la última palabra en el pleito político, la Generalitat y la Esquerra condenaron la violencia viniera de donde viniere. Su sector más radicalizado (el agrupado en torno a los escamots de EC) no fue sino ocasionalmente violento contra sus adversarios políticos, y canalizó gran parte de esa agresividad (que dirigió en gran medida contra los «grupos de acción» faístas) a través del uso de los instrumentos legales de coacción que puso a su disposición la transferencia de las competencias estatales de orden público. No necesitaron, pues, elaborar un discurso propio y elaborado sobre el uso de la violencia, y tanto en lo que atañía a la paramilitarización del partido como a la creación de un «ejército catalán» de tono defensivo, continuaron siendo deudores de las tesis insurreccionalistas elaboradas por el entorno de Macià a mediados de los años veinte. El discurso de la insurrección defensiva, que contemplaba menos la independencia que la negociación con el Gobierno central de un marco político aceptable a las aspiraciones catalanas, fue un elemento recurrente en el imaginario político de la izquierda catalanista de la época, pero esta estrategia no contaba ni con la unanimidad política ni con los instrumentos de acción adecuados para ser culminada con éxito.

En el Pacto de San Sebastián, las fuerzas republicanas del Principado se habían comprometido a apoyar la implantación del nuevo régimen a cambio de la obtención del derecho de autodeterminación[92]. Aunque la publicística de la Esquerra apenas hizo mención durante los años treinta a los valores de la democracia española, en el seno de la coalición dominó una actitud pactista, que situaba en plano de igualdad jurídica el sistema democrático que se había otorgado la nación española con el autogobierno que la nación catalana había conquistado con antelación el 14 de abril, una fecha emblemática que siempre fue entendida por la Esquerra como un acto revolucionario de soberanía en favor de un Estado confederal que debía ser pactado a posteriori con el Gobierno Provisional. Pero tras una dura negociación Macià hubo de renunciar al programa de máximos —la soberanía— y aceptar un programa de mínimos que preveía el restablecimiento de un poder político —la Generalitat— y un futuro Estatuto que nunca se entendió como una concesión graciosa del Estado español, sino como una norma constitucional que se daba una nación en uso de su soberanía[93]. El anteproyecto del Estatuto de Núria, redactado en virtud del derecho de autodeterminación de Cataluña como Estado autónomo federalizante, y que fue ratificado plebiscitariamente el 2 de agosto de 1931, fue recortado durante la discusión en Madrid del proyecto constitucional. La agria discusión del Estatuto en las Cortes de 1932 y la actitud obstruccionista de la mayor parte de los grupos de derecha no hicieron sino reforzar la percepción crítica sobre el encaje del autogobierno catalán en la estructura legal del Estado. En consecuencia, se reforzó la tesis pactista, y se impuso la visión gradualista del Estatuto como un primer paso que permitiría en el futuro más amplias cotas de libertad nacional.

A partir de la discusión estatutaria, los conceptos de democracia y de República comenzaron a disociarse, y tras la derrota electoral de las izquierdas en noviembre de 1933 el divorcio se consumó por completo: al igual que la Monarquía de la Restauración, la Esquerra resolvió el conflicto de legitimidades surgidas de las urnas en Cataluña y el conjunto de España contemplando la República como un sistema débil y corrupto, sujeto a diversas amenazas contra las que la democracia popular catalana se erigía en baluarte fuerte y vigilante. El mismo Companys remachó en su alocución del 6 de octubre de 1934 la dicotomía entre una «República falseada» y una «Cataluña liberal, democrática y republicana». En ese sentido, la Esquerra nunca interpretó la rebelión de la Generalitat como un ilegal asalto a la democracia, sino como un intento de rescatar o refundar la República de abril a través del ofrecimiento de una República Federal para el conjunto de España. El paradigmático seny político catalán prevaleció en la Esquerra mientras que la Constitución republicana, a la que siempre se otorgó un valor instrumental, garantizase el autogobierno y las debidas cotas de libertad nacional. La actitud se tornó en rauxa cuando, a mediados de 1934, se dio por roto este pacto constituyente con el enconamiento del pleito rabassaire, que fue interpretado como el primer acto del abordaje españolista a los derechos inalienables de Cataluña, defendidos de forma exclusiva y excluyente por la Generalitat y por la Esquerra.

La erección de Companys en mártir y víctima propiciatoria de los extremismos locales (el revolucionarismo aliancista y cenetista, el separatismo de las JEREC o el apoyo lligaire a los intereses socioeconómicos más conservadores) y foráneos (la intransigencia y el ensañamiento de la coalición cedo-radical antes y después del 6 de octubre) facilitó la rehabilitación del Gobierno de la Generalitat tras las elecciones de febrero de 1936, y posibilitó la reconstrucción en Cataluña de un frágil consenso democrático que se tradujo en una inusual tranquilidad política y social que no se vería turbada hasta el 18 de julio. En todo caso, la errática trayectoria política e ideológica de las diferentes fuerzas integradas en la Esquerra, plasmada en la difícil cuadratura del círculo que suponía la forja de una comunidad nacional integradora de las diferentes clases sociales en un marco político pluralista y crecientemente competitivo, resulta un buen exponente de la problemática relación que siempre existe entre democracia y nacionalismo.

TERCERA PARTE

Conservadores y fascistas

Capítulo VI

La CEDA y la democracia republicana

Manuel Álvarez Tardío

Concibo la democracia como un medio para cumplir las finalidades del Estado, pero esto no quiere decir que acepte por bueno lo que diga la mitad más uno. ¿Es que considero perfecta la representación política actual? De ningún modo. Hay que sustituirla, cuando se pueda y como se pueda, porque la sustitución ha de cuajar antes en el alma del pueblo.

José María Gil Robles. Conferencia en el domicilio de Acción Popular, Madrid, 22 de diciembre de 1934.

Día 15 de abril de 1936. Se celebra sesión en las Cortes con motivo de la presentación del nuevo Gobierno presidido por Manuel Azaña, una vez ventilado el espinoso asunto de las actas impugnadas. Casi ya acabado el debate, el comunista José Díaz Ramos califica al conservador José María Gil Robles de «cobarde[1]». Aunque uno de sus propios compañeros le pide moderación, no solo no se retracta sino que acentúa la agresión verbal: esta cámara tiene la obligación de decir al pueblo «la verdad tal como la siente», una «verdad» que el líder comunista interpreta como la necesidad de enfrentarse sin miedo al fascismo. Ante las palabras pronunciadas por Gil Robles minutos antes, advirtiendo de la grave situación que se está creando en España por la falta de seguridad jurídica, Díaz Ramos le contesta: «no puedo asegurar cómo va a morir el señor Gil Robles, pero sí puedo afirmar que si se cumple la justicia del pueblo morirá con los zapatos puestos[2]». Aparte de las protestas en los bancos conservadores y del consiguiente tumulto que se forma en la Cámara, con los diputados cedistas lanzándose contra los comunistas y el presidente incapaz de controlar la situación, todavía en esos segundos hay tiempo para oír una voz que asegura que Gil Robles morirá «en la horca». «Se acaba de hacer una incitación al asesinato», apostilla el diputado José Calvo Sotelo, líder del Bloque Nacional. El presidente anuncia entonces que las palabras del líder comunista no figurarán en el Diario de Sesiones, pero los diputados conservadores vuelven a protestar. En ese momento la también comunista Dolores Ibárruri añade algo más de leña al fuego; en tono amenazante insiste en la vindicación del asesinato: «Si os molesta eso, le quitaremos los zapatos y le pondremos las botas».

El incidente parlamentario, siendo grave, no es el único que podría relatarse de aquellas semanas previas al golpe de Estado y el comienzo de la Guerra Civil. Las Cortes, escribió un historiador socialista, estaban actuando como «caja de resonancia de la Guerra Civil»; dado el grado de violencia verbal y hasta física alcanzado en las sesiones parlamentarias, «podía temerse cualquier tarde una catástrofe». Para entonces se estaba empezando a pagar el precio lógico de una polarización política que no era peligrosa en sí misma, sino por el hecho de ir acompañada de un odio visceral hacia el contrario, considerado como el enemigo situado al otro lado de la trinchera, aquel con el que no cabía entendimiento sino guerra abierta. Largo Caballero había anunciado en la campaña electoral que si la derecha ganaba ellos tendrían que «ir a la guerra civil declarada» y que para conquistar la República sin lucha de clases era necesario que «desapare[ciera] una de ellas». Calvo Sotelo, por su parte, además de reclamar una y otra vez un nuevo Estado que no estuviera basado en los principios de la democracia liberal, también había defendido el uso legítimo de la violencia para contrarrestar la revolución[3].

No todos los miembros de los grupos políticos que habían formado el Frente Popular se comportaban al modo de Díaz o Ibárruri, pero tampoco eran estos una excepción que confirmara la regla de una izquierda obrera moderada. Para los socialistas, comunistas y anarquistas daba igual cualquier matiz que permitiera deslindar las diferentes actitudes y comportamientos dentro de la derecha; todas ellas eran fascistas o, simplemente, «fascioclericales», empezando por la CEDA y llegando incluso a esos republicanos que habían presidido desde el Gobierno la represión de Octubre: los radicales[4]. Obviada toda autocrítica sobre la revolución de 1934 y alcanzada la conclusión de que el Gobierno radical-cedista había significado la muerte de la República burguesa fundada en 1931, para muchos de quienes formaban parte de la izquierda obrera las derechas, fueran la CEDA, la Falange, el Bloque Nacional o el carlismo, eran una y la misma cosa: un enemigo a destruir. Si el republicano La Libertad consideraba que la presencia de Gil Robles en las Cortes debía ser tipificada como delito de «allanamiento de morada», no debe extrañar el lenguaje de los medios comunistas y anarquistas cuando comentaban algún aspecto de la persona o la política del líder de la CEDA: «Ante la ofensiva criminal de la CEDA, decía Mundo Obrero, el Gobierno debe responder con su disolución y el encarcelamiento de Gil Robles». A este último, apuntaba Claridad, «no hay que atraerle a la República; hay que expulsarle de la República y de la legalidad […]»[5]. Y en uno de los numerosos actos paramilitares de las juventudes socialistas durante aquella primavera, el diputado socialista Nicolás de Pablo reconoció que ellos podrían fracasar por luchas intestinas, pero que sería después de «exterminar a las derechas» y allanar el camino hacia una «dictadura democrática» a la que estaban dispuestos «cueste lo que cueste[6]». Así pues, poco parecía importar a la izquierda del Frente Popular lo que, sin embargo, preocupaba cada día más a sus compañeros del centro-izquierda republicano, aquello que el mismo Indalecio Prieto, al que odiaba el mencionado De Pablo, acabaría denunciando como una locura que solo podía conducir al desastre: la falta absoluta de prudencia en el uso del lenguaje, la incitación constante a la violencia física contra el contrario y la consideración de que, una vez alcanzado el triunfo electoral quedaba abierta la posibilidad de partir de cero eliminando a quienes fueran un obstáculo en el nuevo proyecto revolucionario. En ámbitos de la izquierda no era relevante considerar los matices que separaban el posibilismo cedista de los conservadores monárquicos autoritarios o de los falangistas. Pero ¿era la CEDA un partido formado para instaurar una dictadura católica y corporativa? ¿En qué medida había impedido la consolidación de una democracia republicana? ¿Cómo y en qué grado había sido responsable de un debate político alejado de los patrones propios de una democracia pluralista y competitiva?

No es demasiado lo que se ha escrito sobre las derechas durante la Segunda República, si se compara con lo que está disponible para otros protagonistas del período. Dentro de ese amplio campo de actores, propuestas y actitudes que se esconde en la expresión «las derechas», la CEDA fue, como es sabido, el grupo más importante, a mucha distancia en número de votos y escaños de los demás representantes del conservadurismo. Sus mentores lograron animar y rentabilizar una movilización social que desembocó en un gran resultado electoral en noviembre de 1933. Sin embargo, no siempre los estudios de que disponemos resaltan debidamente este hito histórico: por vez primera un partido conservador de masas cosechó una victoria electoral sin apoyo del aparato del Gobierno ni de la mayor parte de los ayuntamientos, y con un amplio grado de competencia. Por el contrario, ha predominado cierta especulación acerca de los fines últimos de la CEDA. El análisis de la aparición de un potente partido político conservador y católico entre 1932 y 1933 se ha visto demasiado condicionado por juicios coetáneos interesados, cuando no por un empeño nada saludable en demostrar lo que podríamos denominar como la teoría del caballo de Troya del fascioclericalismo, esto es, que nada de lo que hicieran los diputados o ministros cedistas tenía otro valor que contribuir a una ceremonia de la confusión destinada a facilitar la destrucción del régimen republicano mediante una disimulada infiltración monárquica en el sistema. O como escribió Paul Preston: «Bajo la superficie de aparente respeto de Gil Robles por las normas democráticas, yacía siempre la amenaza de utilizar su poder si no conseguía lo que quería[7]».

El diario El Debate fue el principal periódico del mundo conservador durante los años de la República. Fundado en 1910 por Ángel Herrera Oria, estuvo siempre ligado al ideario católico, que tanto sirvió a la movilización conservadora en los años republicanos, especialmente contra una Constitución que había segado completamente algunos de los privilegios y derechos tradicionales de la Iglesia española y que excluyó a los católicos de su confección.

Sin embargo, no debemos conformarnos con la simple caracterización de la CEDA como un invento ideológico de católicos autoritarios y corporativos destinado a conseguir por medios legales la destrucción del sistema y paralizar las «reformas» del primer bienio. La bibliografía disponible arroja una conclusión que no debiera pasarse por alto: la complejidad y heterogeneidad del grupo[8]. Por eso, lo importante es valorar la actitud de la derecha cedista ante la democracia en el contexto en el que se produjo, es decir, preguntándonos a la vez por la verdadera naturaleza del régimen constitucionalizado en diciembre de 1931, por su déficit de legitimidad y por el impacto de las políticas adoptadas en sus primeros veinticuatro meses de vida constitucional[9]. No se trata, por supuesto, de realizar ocultación alguna por la vía de un contextualismo relativista —los hechos no justifican las ideas cuando estas sirven para legitimar la violencia—, sino de evitar una simplificación excesiva y de resultados perversos. La fácil contraposición entre un conservadurismo contrarrevolucionario y un republicanismo reformista, tan al uso, apenas tiene ya ninguna utilidad.

1. UN COMIENZO DIFÍCIL. EL ÉXITO DEL POSIBILISMO

Tras intensos meses de dura campaña a favor de la revisión de la Constitución y después del fracaso del golpe de Estado de Sanjurjo en agosto de 1932, Acción Popular se enfrentaba a una difícil encrucijada: o bien materializar la estrategia diseñada por Ángel Herrera tiempo atrás y seguir el camino tomado por Luis Lucia en Valencia, desligando a la derecha de la cuestión del régimen y afirmando sin ambages la condena de toda violencia, o bien convertirse en el vehículo de una federación de partidos conservadores en la que cada cual sostuviera el criterio que considerara oportuno en cuanto a la forma de gobierno, sin además descartar el uso de la fuerza para terminar con la República. La decisión se preparó y ejecutó gradualmente desde finales de 1932. El primer paso que separó irremediablemente el camino de los monárquicos y el de los posibilistas se dio en el Congreso de AP en octubre, cuando, si bien no se pudo aprobar un programa que declarara expresamente el accidentalismo, al menos el partido quedó desligado de toda estrategia basada en la violencia, no rindiéndose homenaje alguno a los sublevados en la sanjurjada, por más que algunos delegados así lo pidieran. Pero el paso decisivo se produjo con la fundación de la CEDA en marzo de 1933. El nuevo partido nació en un momento especialmente delicado para los católicos, con el Gobierno empeñado en aplicar a rajatabla las previsiones del artículo 26 de la Constitución. Con todo y con eso, la estrategia que había explicado Gil Robles en el último congreso de la DRV, celebrado en Valencia en el mes de noviembre de 1932, no varió: las derechas han de prepararse para ocupar el poder con el régimen que sea. «No nos detengamos en accidentalidades. Lo esencial es la defensa de la Religión y de la Patria». La brecha entre monárquicos y posibilistas se había vuelto insalvable. En una línea todavía más contundente que la de Gil Robles, José Cimas Leal había dicho, poco después del congreso de AP de octubre, que, una vez que existía un nuevo régimen, solo cabía aceptarlo. No bastaba, aseguró, con «hablar de acatamiento como una fórmula externa, impuesta obligatoriamente por un imperativo legal; este acatamiento significaría más bien aguantamiento […]. Acatamiento leal y sincero y sin reservas se identifica con aceptación, a pesar de todas las sutilezas que quieran diferenciarlas[10]».

Propaganda electoral de Acción Popular para las elecciones municipales, parciales, celebradas en abril de 1933, que supusieron la primera derrota de las fuerzas que componían el Gobierno. Acción Popular fue el eje vertebrador de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA). La propaganda de la imagen invoca a la patria y a la familia, dos de los ideales políticos claves de su doctrina.

Fueron palabras como estas, de hombres próximos a Gil Robles y situados en la línea accidentalista y posibilista defendida por Herrera y Lucia, las que marcaron distancias con el discurso monárquico. Ya no se trataba solo de luchar o no dentro de la ley y renunciar al uso de la violencia; cada vez quedaba más claro que la futura coalición conservadora dirigida por Gil Robles se colocaría en un terreno que le permitiera acceder al Gobierno de la República a través de las urnas. No es extraño que en esas semanas Antonio Goicoechea se esforzara en denunciar la evolución de la antigua Acción Nacional: si «La Historia de España nos dice que las formas no pueden ser accidentales», nosotros afirmamos que «Repugnamos el posibilismo. Somos intratables, hostiles, irreductibles […]». Lucia replicó acusando a los monárquicos de comportarse de forma poco adecuada a la realidad; en su opinión, no hacían sino manipular y engañar a los electores sobre su verdadero propósito legitimista, además de contravenir las disposiciones de la jerarquía eclesiástica[11].

Así estaban las cosas entre monárquicos y posibilistas cuando la CEDA celebró su congreso fundacional. Que luego se vieran forzados a llevarse bien para afrontar unidos las elecciones no significa que no hubiera entre ellos diferencias de fondo. En el congreso celebrado en Madrid entre el 28 de febrero y el 5 de marzo de 1933 se le encargó a Lucia nada menos que la presidencia de la sección de Constitución y leyes fundamentales. Consiguió introducir en el articulado de los estatutos una frase que comprometía a la CEDA con la «Aceptación como táctica, para toda su actuación política, de la normas dadas por el episcopado». Tras horas de intenso debate había sido imposible recoger en el programa una declaración expresa de accidentalismo. Pero con la adhesión a la doctrina católica se daba un paso muy importante: si la Iglesia lo hacía, y lo estaba haciendo, la nueva Confederación tendría que acatar el régimen y actuar dentro de él para tratar de hacerlo compatible con los católicos. Por eso Lucia pudo decir en su discurso de clausura en el Monumental Cinema de Madrid que: «La violencia no crea nada»; hemos de salvar los principios «con el arma de la ciudadanía en la mano. Arma de la ciudadanía, que es la legalidad; que es, señores, acatamiento sincero y leal al Poder constituido». Gil Robles no pudo ser tan explícito porque, aunque compartía el fondo de lo señalado por Lucia, tenía que evitar una espantada de afiliados a Renovación Española, la nueva agrupación monárquica, y el único camino era mantener una cierta ambigüedad. Por eso se mostró partidario de evitar discusiones que provocaran división, pero añadiendo que si el posibilismo era «la adaptación del ideal a la realidad de cada momento», él se «qued[aba] con el posibilismo». Se trataba, por tanto, de ir «ganando tiempo, conforme las circunstancias lo demanden», de materializar un «programa mínimo» dejando para el «día de mañana» la realización del «programa máximo[12]».

La prensa republicana criticó a AP por no aprovechar el Congreso de octubre de 1932 para depurar a los que se negaban a declarar un acatamiento leal y sincero a la nueva República. Pero los críticos no parecían tener en cuenta algo que el periódico La Verdad de Murcia había explicado el 27 de octubre de 1932: es cierto que República y Gobierno no son la misma cosa y que se puede criticar al Gobierno sin hacer lo mismo con el régimen; pero resulta difícil para los católicos distinguir entre una cosa y la otra en la medida en que los partidos gobernantes desde 1931 han querido identificar ambas: «es bien difícil en la práctica llevar esta distinción a unos hombres que tienen en las cárceles y en el destierro a familiares, deudos y amigos, sin que se haya acreditado su participación en acto alguno subversivo, solo por la creencia de que han podido ocasionarlos, dada su significación política[13]». En esto residía, en mi opinión, el quid de la cuestión sobre el compromiso de los posibilistas con la democracia republicana y la raíz de la ambigüedad de Gil Robles. La CEDA no podía nacer exigiendo a sus afiliados que dejaran de ser monárquicos para hacerse republicanos de una República con una Constitución ideada para dificultar los derechos de los católicos, menos cuando la mayoría de las Cortes estaba tramitando una ley de confesiones que ratificaba lo que Rodolfo Llopis había descrito meses antes como la necesaria revolución de las conciencias. La falta de un compromiso firme e inequívoco con el nuevo sistema político no encubría un deseo inequívoco de destruir la República. Como sabía Gil Robles, no tenía sentido fomentar la división interna una vez que se había logrado constituir una derecha católica autónoma respecto de los monárquicos autoritarios y los tradicionalistas. Había que hacer posible una derecha católica movilizada y que sedujera a un amplio elenco de votantes preocupados por la situación social y económica. Incluso en esas circunstancias y con esa Constitución, la opción política perfilada por Herrera y materializada por los gilrroblistas permitió relegar la cuestión de las formas de gobierno a un segundo plano y crear un partido político que defendiera los intereses de los católicos sin hacer uso de la violencia.

De este modo, la CEDA se presentó a las elecciones generales de 1933 con la etiqueta de accidentalista y con el propósito de demostrar que por la vía legal se podía hacer frente a la revolución. Pero también llegó sin haber definido con precisión qué modelo de Estado perseguía y qué estructura institucional sería la destinada a sustituir el proyecto ejecutado por las izquierdas. Ese fue el precio a pagar por la heterogeneidad, un rasgo que era «a un mismo tiempo la razón de su extraordinaria amplitud y la de su evidente debilidad programática». La CEDA consiguió operar como un partido, y en muchos aspectos de forma más cohesionada y coherente que sus competidores[14]. Pero esa heterogeneidad, combinada con el hecho de que su razón de ser era la de revisar la Constitución y frenar la revolución, facilitarían su imagen de partido antirrepublicano.

2. LOS ESCAMOTS: LA CIUDADANÍA FRENTE A LA VIOLENCIA

Se ha señalado que pese a la línea «prudente» dictada por la Iglesia, la campaña revisionista, iniciada en noviembre de 1931, fue gestionada con agresividad y violencia en el lenguaje. Se atacó sin piedad a los republicanos, radicalizando posturas «hasta límites increíbles» y dando «por buenas como armas de combate desde el insulto hasta la procacidad, desde la falsedad deliberada hasta la intimidación grosera[15]». Ciertamente, en los mítines de la campaña revisionista no se escatimaron argumentos de ningún tipo para atacar con dureza lo dispuesto en materia religiosa en la nueva Constitución, y por consiguiente toda la política secularizadora del Gobierno presidido por Azaña. Pero no todos los participantes se comportaron de igual modo, incluso aun compartiendo la misma tribuna; y, sobre todo, no debiera confundirse la dureza en el ataque ideológico con la violencia verbal, aspectos que no siempre fueron de la mano. El problema venía dado por una campaña cuyo leitmotiv predisponía a un discurso extremadamente duro: para ellos, fueran carlistas o posibilistas, la Constitución había nacido muerta. Si lo que los católicos decían es que la República había quedado identificada con unas reglas del juego que lesionaban sus derechos, no cabía esperar demasiada cortesía en la consideración del adversario. Y no la hubo. El adversario, por su parte, tampoco se mostró tímido ante la ofensiva de los católicos; baste recordar lo ocurrido en Burgos el 9 de noviembre de 1931, cuando la llegada del tren cargado de simpatizantes que acudían al primer gran mitin de la derecha revisionista, que iba a celebrarse en Palencia, tuvo por respuesta una violenta protesta ante el Gobierno civil, seguida de un enfrentamiento con la Guardia Civil, saldada con un muerto por arma de fuego y varios heridos, y culminada con una huelga general de medio día que ni socialistas ni anarquistas supieron o quisieron evitar[16].

La indignación que produjo en el sector moderado de los católicos el articulado de la Constitución que regulaba los asuntos de religión y familia les llevó a extremar su postura. Incluso los posibilistas pasaron de creer que era posible una separación pactada entre la Iglesia y el Estado a decir abiertamente que se les había declarado la guerra y que se consideraban «incompatibles» con la nueva Carta Magna[17]. Sin embargo, el uso de un lenguaje que interpretaba la contienda política en términos bélicos y la crítica contundente de la Constitución no se tradujeron en una mera identificación de discursos entre posibilistas y monárquicos tradicionalistas. Gil Robles fue terminante en la desaprobación de la nueva Carta Magna, tachándola, durante un mitin celebrado en Madrid, de «tiránica» en materia de libertades y «persecutoria» para los católicos. Era, dijo en Palencia, un «amasijo de principios contradictorios» que «no dejará gobernar a ningún gobierno[18]». Pero nada de eso borró, aunque sí se difuminara, la diferencia en las formas y en el fondo entre los distintos mentores del revisionismo, como pudo verse en el mismo acto de Palencia, sin duda uno de los más importantes: si el carlista Beúnza vinculó groseramente Gobierno y masonería, dando por buenos «todos los medios, los legales y los ilegales», para luchar contra la Constitución, el liberal Martínez de Velasco no aceptó posturas antirrepublicanas. Si Gil Robles se negó ante el mismo auditorio a legitimar el uso de la violencia y declaró que la campaña nada tenía que ver con la cuestión de la forma de gobierno, otro de los oradores, Sainz Rodríguez, afirmó querer superar el actual parlamentarismo por otro sistema que reforzara un «nacionalismo integral». Los tradicionalistas, por supuesto, no ocultaban a esas alturas que colaboraban con los propagandistas por razones puramente circunstanciales[19].

Además, la contundencia en la descalificación del nuevo texto constitucional no fue óbice para que el propio Gil Robles también dijera en el mitin de Madrid que ellos habían deseado y deseaban una Constitución capaz de llegar a ser «la ley que hiciera posible la convivencia de todos los ciudadanos bajo un mismo interés y unos mismos principios de justicia». Puesto que eso no era posible, ahora emprendían una campaña, no para derribar con violencia al Gobierno sino para reclamar que la Constitución fuera votada en referéndum. Añadió, además, algo fundamental para calibrar la diferencia entre posibilistas y monárquicos de la familia de Acción Española: nuestro objetivo ahora no es la violencia sino convencer a la opinión; «nuestra victoria estará en las urnas, en una lucha noble y desinteresada». En estos momentos, concluyó, «los que tenemos alguna responsabilidad en la vida pública deberíamos librarnos del fetichismo de las formas de gobierno» y «actuar dentro de la legalidad porque tenemos la certeza de que todo lo que se obtiene por la violencia termina también por la violencia». En privado había dicho algo parecido al cardenal Vidal i Barraquer: «No hay más camino que el de las elecciones»; se lo dijo, además, tras pedirle que la Iglesia desautorizara a los integristas[20]. Evidentemente, no todos los asistentes al acto de Madrid debieron compartir una declaración como la mencionada. Pero eso no le importó demasiado al líder de la futura CEDA, que recurrió en ocasiones posteriores a parecidos argumentos, rechazando la violencia y apelando a las urnas. Días antes, en un encuentro celebrado en Ledesma, que había servido como punto de arranque de la campaña revisionista, ya había explicado lo que le diferenciaba de los monárquicos: muchos esperan, dijo, que surja en Madrid «un general que acabe con el estado actual de cosas, y a estos hay que responder que la salvación reside en el esfuerzo de todos, en la ciudadanía. Tenemos que salvarnos a nosotros mismos, sin esperar un Mesías que no llegará[21]».

La postura de Gil Robles era coherente con lo que los propagandistas y Herrera venían sosteniendo desde el cambio de régimen, algo que nada tenía que ver con la que iba a ser la línea de pensamiento de los monárquicos de Acción Española: los católicos se opondrían a la revolución en marcha pero debían hacerlo, de acuerdo con el importante editorial de El Debate publicado el 21 de abril de 1931, renunciando al uso de la fuerza y trabajando para lograr una amplia representación parlamentaria: «lo justo y lo hábil es ir sin reservas a las Cortes, dentro de la legalidad». Tanto antes como durante las elecciones constituyentes, los medios posibilistas insistieron en que lo fundamental era movilizar a los ciudadanos en defensa de los derechos de los católicos porque las futuras Cortes serían de «importancia capitalísima»; y hacerlo sin recurrir a la fuerza: «Ni la abstención ni la violencia». Esa misma postura se consolidó incluso tras conocerse los pésimos resultados de AN: «Creemos —decía el editorial posterior a la jornada electoral— que nadie dudará de que el futuro de España se resolverá en las urnas; sean las que fuesen las ideas de cada cual, nadie piense en influir en los destinos de la nación más que por medios electorales. Lo cual quiere decir que la necesidad más urgente de las derechas es organizarse para esas grandes contiendas civiles». Por lo tanto, el discurso de Gil Robles durante la campaña revisionista no fue improvisado. El mismo Herrera había dicho a comienzos de julio de 1931, con Goicoechea y Martínez de Velasco presentes, que «el empleo de la fuerza material» no llevaría «jamás a ninguna solución de orden político», por lo que «la derecha española» debía dedicarse «concienzudamente, no a formar guerrilleros, sino a educar ciudadanos». La Iglesia, por su lado, respondiendo a la estrategia de no confrontación liderada por Vidal i Barraquer y respaldada por la nunciatura, había incluido en el documento hecho público por el episcopado español en diciembre de 1931 su oposición al uso de la violencia como medio para conducirse en la vida pública. Luis Lucia, que había defendido recurrentemente la solución de la política frente a la de la violencia para la defensa de los derechos de los católicos, hizo suyo al instante el documento de los obispos, al introducir en el programa de la DRV «una condena de toda violencia no derivada del derecho de legítima defensa personal» y la expulsión de «todos cuantos se salgan de la legalidad». Acción Popular tardaría algo más, pero la incluiría en sus estatutos en octubre de 1932[22].

A la vista de lo anterior, resulta incomprensible que uno de los autores que más detenidamente se han ocupado de la CEDA, no solo no cite la totalidad del discurso de Gil Robles en Madrid al que nos hemos referido más arriba, sino también que tras hacer un comentario sobre la radicalidad «sin límites» del lenguaje de las derechas, no lo complemente con pruebas que corroboren que esa falta de límites, más habitual entre los oradores carlistas y alfonsinos neotradicionalistas, puede atribuirse por igual a los posibilistas[23]. Hay que insistir, sin embargo, en que la dureza del discurso de estos últimos no se debió tanto al uso generalizado del insulto o a los ataques radicales contra la República como a la contundencia en la descalificación de la nueva Constitución, así como al hecho de considerar que el adversario político carecía de legitimidad para actuar en el poder al modo en que lo estaba haciendo. En general, el problema de la campaña revisionista no fue ni el recurso a la mentira ni el radicalismo del lenguaje, aspectos ambos que no están reñidos con las democracias competitivas, donde también abunda la demagogia. El problema, más bien, se debió al hecho de que la campaña ponía sobre la mesa los problemas con que habían nacido las reglas del juego de la democracia republicana.

Gil Robles tomó las riendas de AP en noviembre de 1931. A partir de ese momento y durante la primera mitad de 1932, coincidiendo con la ofensiva del Gobierno para obstaculizar la movilización conservadora, insistió en que su postura, y por tanto la de un buen porcentaje de los revisionistas, no consistía en derribar la República por cualquier medio para defender los derechos de los católicos. Según pasaban las semanas y a pesar de la coincidencia en los mítines, posibilistas y monárquicos antiliberales fueron distanciándose. Ambos compartían una misma imagen del adversario como un revolucionario que deseaba destruir la España católica y ninguno escatimó recursos dialécticos en sus denuncias. El propio Gil Robles se empleó a fondo, no ahorrando en descalificaciones, como cuando entusiasmó a un auditorio sevillano al calificar la política del Gobierno de «régimen de tiranía», definiendo la situación como «la peor de las dictaduras[24]». Sin embargo, los seguidores de la propuesta legalista de Herrera mantuvieron un discurso bien diferente al que agradaba a los que aplaudían a Goicoechea. Y no solo por las formas; también en cuanto a la actitud hacia la competencia electoral en democracia. En junio de 1932, Gil Robles advirtió a sus seguidores que el autoritarismo conservador de la Dictadura de Primo de Rivera había fracasado y que, por tanto, la monarquía debía pagar un precio por ello. Ahora, dijo, para reconstruir la España católica solo queda una vía, que es la de una larga lucha civil: «primero, eliminación del problema referente a la forma de gobierno; segundo, acatamiento del poder constituido; y tercero, lucha dentro de la legalidad». El Debate había fijado como condición inexcusable para formar parte de la nueva organización permanente en que debía transformarse AP, la de que sus miembros no se sirvieran, ni dentro ni fuera del partido, de «medios ilegales y violentos en la defensa de sus postulados». Hay que actuar, añadió, «al margen de toda violencia, claramente y sin equívocos[25]».

José María Gil Robles, principal dirigente de la CEDA, aparece dando un mitin en la Plaza de la Maestranza de Sevilla, en junio de 1931, como líder de Acción Nacional. El recurso a métodos de movilización modernos y la intensa propaganda contribuyeron poderosamente al tirón electoral de la derecha católica una vez superado el desconcierto inicial que atenazó al mundo conservador al proclamarse la República.

Obviamente, aquella insistencia en explicar que toda victoria en la vida pública debía proceder de la movilización y las urnas, algo tan similar al discurso que mantenía Lucia en Valencia, no era plato de buen gusto ni siquiera para todos los seguidores de Gil Robles. El extremo más combativo, aunque siempre disciplinado, fueron las juventudes de AN, constituidas en febrero de 1932 bajo la presidencia de José María Valiente, antiguo directivo de las juventudes de Acción Católica. En su manifiesto fundacional se advertía que: acataremos «las órdenes legítimas de la autoridad; pero no aguantaremos imposiciones de la chusma irresponsable. No nos faltará nunca el valor necesario para que se nos respete. Declaramos la guerra al comunismo, así como a la masonería…»[26]. Salía a relucir así ese lenguaje belicoso propio de los manifiestos carlistas, en el que el adversario no era un simple contendiente al que derrotar a través de las elecciones sino el responsable de una política que destruiría la civilización cristiana. La contienda quedaba planteada en términos de duelo, con apelaciones al valor personal y tonos amenazantes que no casaban bien con la defensa inequívoca de la lucha legal que hacían los líderes posibilistas. Al igual que los oradores monárquicos y a diferencia de los futuros cedistas, las juventudes no ponían demasiado celo en moderar los calificativos que dedicaban al contrario: la Constitución había sido hecha por «intelectuales de pacotilla» y los republicanos eran unos «gusanos». Y en algunos casos, aunque pocos, dado que las autoridades locales afines al Gobierno y los sindicatos se esforzaron en impedir la celebración de algunos actos revisionistas, los jóvenes propagandistas se defendieron imponiendo el orden a «viva fuerza[27]».

Gil Robles, por su parte, insistía a mediados de 1932, poco antes del fallido golpe de Estado de Sanjurjo: «Yo francamente digo que en cuanto a mí dependa seré totalmente opuesto a esta solución del complot militar. Ya tenemos la experiencia de lo que fue un golpe militar». Para él no se trataba solo de una cuestión de principios. Había insistido una y otra vez en que el objetivo de AP tenía que ser una gran movilización que condujera a una victoria electoral. Pero, además, veía el uso de la violencia para derribar el sistema como un camino inoportuno que conduciría a España «al caos» y que, contrariamente a lo que pensaban los monárquicos seguidores de Goicoechea, «no haría más que colocar la lucha en un terreno de violencia extraordinaria[28]».

3. ANTE LAS ELECCIONES, COMO UN EJÉRCITO EN PIE DE GUERRA

La demagogia y el uso de términos radicales para criticar otras ideologías eran instrumentos inseparables de una concepción de la confrontación política en la que el oponente era visto como un peligroso enemigo empeñado en monopolizar el poder y expulsar al resto. Esa concepción estaba muy extendida a derecha e izquierda. De hecho, el uso de recursos retóricos destinados a resaltar los propósitos aniquiladores del contrario se alimentaba en ambos sentidos. Si las izquierdas apelaban a la contrarrevolución para justificar medidas de excepción y radicalizar su política laica, las derechas no eran inmunes a los mensajes que se emitían desde el otro lado. En ese contexto, los posibilistas se movían en un terreno pantanoso: reiteraban que no harían uso de la violencia y que aspiraban a triunfar en las urnas, lo que les distinguía radicalmente de carlistas o monárquicos neotradicionalistas, pero tenían que oír a los socialistas diciendo que si las derechas llegaban al Gobierno considerarían muerta la República. Todo eso, además, mientras el ejecutivo presidido por Azaña aplicaba con tal rigor la ley de Defensa de la República que decenas de actos conservadores eran suspendidos y muchos locales derechistas clausurados[29]. Dificultando el derecho de reunión y manifestación de los católicos, el Gobierno solo logró acentuar el victimismo conservador y estimular la reacción contra la política laboral y agraria de los socialistas. Aunque no daba palos de ciego, pues bien sabía que mientras las derechas alentaran la tensión dialéctica estaban proporcionando un alimento indispensable para el radicalismo y la oratoria jacobina. Cuanto más firmes sean «los ataques que contra el Gobierno vengan de ese grupo parlamentario, que no es republicano», le aclaró Azaña a Gil Robles en las Cortes, más nos confirmamos en «nuestra posición»; con esos ataques se «consigue apretar las filas de la mayoría y me hace repetir las palabras del poeta: Ladran, señal que cabalgamos[30]».

En ese contexto y dadas las características del nuevo régimen electoral, las diferencias entre posibilistas y monárquicos no se acentuaron sino que se disimularon para facilitar una coalición electoral y aunar esfuerzos en el frente contrarrevolucionario. Pese a haber defendido la vía legal y haber hecho de ella la seña de identidad de la CEDA, Gil Robles radicalizó su lenguaje y mantuvo la ambigüedad doctrinal durante casi toda la campaña de las generales de 1933. No modificó el fondo de su discurso; a él no se le escucharon frases como estas de Calvo Sotelo: «Tengo por evidente que este Parlamento será el último por sufragio universal en luengos años» o «Hace más de un siglo que nos dejamos arrebatar por el grito enciclopédico, y pensamos a la francesa. Ahora no podremos sustraernos al influjo corporativo y fascista»; o esta otra de Sainz Rodríguez: «Nosotros […] vamos a acabar con esta farsa del Parlamento y de los partidos y del poder público, que parece un restaurante donde van sentándose por turno los partidos». Ni tampoco, como venía ocurriendo desde meses atrás, dio por bueno el derecho a la rebeldía que se aplaudía en el entorno de Acción Española y respaldaban algunos miembros de la Iglesia contrarios a la política de la nunciatura. Pero sí incidió más de lo que había hecho hasta entonces en ideas que dificultaban la consideración del posibilismo como una vía de integración de la derecha católica en la democracia republicana, al señalar que ellos no consideraban la democracia como un fin en sí mismo, sino como «un medio» para conquistar un «Estado nuevo». Por el «tono violento de sus discursos y su fraseología, a veces ambigua», pudo dar la impresión de estar dispuesto a abandonar la senda legalista, aunque no debe olvidarse que esas ambigüedades «eran deliberadas y tendían a refrenar con palabras a los partidarios impacientes, sin comprometer sus principios». Si Gil Robles, al igual que Calvo Sotelo, criticó el parlamentarismo, sin embargo, no concluyó, como el primero, que la única salida estuviera en las nuevas tendencias corporativas y fascistas[31].

La campaña electoral no estuvo determinada por una violencia política generalizada, pero no es menos cierto que la confrontación dialéctica entre socialistas y cedistas se desenvolvió en términos nada beneficiosos para la consolidación de un sistema democrático, al menos en un aspecto: en la parte subyacente de los discursos se notaba una confrontación radical entre modelos de sociedad distintos, con un lenguaje que transmitía al elector la sensación de ser protagonista de una batalla decisiva, no entre propuestas de gestión distintas, sino entre revolución y contrarrevolución, marxismo y antimarxismo. Las elecciones, a decir del cedista Rafael Marín Lázaro, Propagandista y candidato de la CEDA por Madrid capital, eran «algo más que una gigantesca contienda política en que se disputaban el triunfo dos ideologías contrapuestas»; eran el «punto culminante» de «un combate entre dos civilizaciones contrapuestas: la socialista y la cristiana». Los socialistas, por su parte, pedían que se extirparan «todas aquellas partes del cuerpo social que se encuentren gangrenadas», y en especial las que representaban unas derechas patrocinadoras de «violencias, sangre y campos de concentración[32]».

El lenguaje medido de los textos electorales de Acción Nacional en 1931 fue reemplazado por el tono apocalíptico inspirado en los mensajes de la campaña revisionista. El Manifiesto de la coalición antimarxista de Madrid presentó las elecciones como un dilema entre revolución y contrarrevolución: tras un bienio «vergonzoso e inolvidable», tocaba «optar entre las dos fuerzas» que «pelea[ba]n»; de un lado «los que aman a España y anhelan» conservarla y de otro los que desean «arruinarla, fraccionarla y destruirla[33]». Ese manifiesto no fue, como se ha sugerido a veces, una prueba de que «la generalidad de los discursos cedistas bordeaban los caminos del fascismo»; pues, una cosa era defender abiertamente la dictadura para después de las elecciones y otra distinta criticar con dureza la República de las izquierdas y demandar una rectificación del régimen[34]. En todo caso, no cabe duda de que los hombres de la CEDA se dejaron llevar por un lenguaje poco medido. La propaganda de Acción Popular, a tono con la del resto de sus coaligados de la Unión de Derechas, se caracterizó por el catastrofismo y la simplificación, identificando la victoria de las izquierdas con la llegada del comunismo, la destrucción de la religión, la anarquía y el hambre[35]. Algunos mensajes electorales confundían a propósito la política de los partidos coaligados en el Gobierno de Azaña con el régimen mismo, de tal forma que República e izquierdas eran una y la misma cosa. Así, en los pasquines distribuidos en Sevilla se podía leer que votar a la República no solo era «votar al PARO OBRERO», «a los ASESINOS DE CASAS VIEJAS», «al HAMBRE», a «los INCENDIOS DE LOS CONVENTOS»; era, también, «votar la GUERRA CIVIL[36]». Y las nuevas modas del diseño gráfico permitieron, incluso, dar alguna vuelta de tuerca más en el mensaje catastrofista. No poca violencia subliminal podía apreciarse en algunos carteles como aquel que criticaba la política «antinacional» de las izquierdas durante el primer bienio mediante un mapa de España manchado con la sangre procedente de tres puñales que representaban a la masonería, el socialismo y el separatismo[37].

El adversario aparecía, por tanto, como un ser peligroso para la continuidad de la civilización cristiana y la nación española. Los otros era descalificados por «laicos», «masones», «enemigos del bien material y espiritual». Si las izquierdas tachaban de fascistas a todos los conservadores por igual, los antimarxistas parecían dar por buena la simplificación y la trasladaban a la otra orilla, identificando a todos los grupos de izquierdas bajo una misma etiqueta resumida en tres términos: los «masones, separatistas y marxistas» que gobiernan España y que «sirven a intereses de Internacionales extranjeras[38]». La campaña, por tanto, se vivió como una lucha entre dos posturas rivales con gran capacidad movilizadora y con ideologías políticas que parecían no compartir un mínimo común denominador que permitiera asentar la convivencia entre los españoles.

La radicalización del discurso cedista se enmarcó en ese contexto de lucha sin tregua entre socialistas y cedistas. La «contienda verbal» entre Gil Robles y Largo Caballero fue protagonista de aquellas semanas, sin que importara poco a un lado y a otro la falta de moderación. Largo había decidido que era compatible la reivindicación de su modelo de República, como un medio hacia el socialismo, con una constante advertencia sobre lo que ocurriría si ellos no ocupaban el poder o si se ponían en peligro las conquistas logradas en el primer bienio. En ese sentido, aunque no fuera una constante de todos sus mítines, no le importó hablar de «guerra civil» y lanzó la amenaza de que: «Si la legalidad no nos sirve, si impide nuestro avance, daremos de lado la democracia burguesa e iremos a la conquista revolucionaria del Poder». Gil Robles no llegó a ese extremo, aunque tensó mucho la cuerda y no destacó por la prudencia. En un mitin celebrado en Santiago de Compostela el 4 de febrero de 1933 había utilizado ya un lenguaje belicista para definir la situación en la que se encontraban los católicos ante la próxima consulta electoral: «todos desde ahora mismo en pie de guerra. […] Ha llegado la hora de que las palabras dejen paso a las acciones». Aunque puntualizó que «las acciones» no consistían en el uso de la fuerza sino en «que los ciudadanos procedan como electores; que los fracasos repetidísimos del Gobierno rindan sus naturales frutos […]». El 2 de noviembre dijo en Valladolid que su grupo condenaba la violencia, pero que, si la izquierda usaba métodos ilegales, ellos se volverían contra la democracia e instalarían su propio sistema de gobierno. Pocos días después se ratificó: «Si quieren la ley, la ley; si quieren la violencia, la violencia». Ya en un acto celebrado el 15 de octubre en Madrid se habían hecho patentes la radicalización verbal y el tono amenazante propios de una visión de la confrontación electoral como conflicto armado. Fue en esa ocasión cuando el líder de la CEDA pronunció una de sus frases más polémicas: puesto que vamos a la conquista de un Estado nuevo, una vez «Llegado el momento, el Parlamento se somete, o le hacemos desaparecer[39]».

Esta frase ha servido a posteriori para justificar el autoritarismo de los cedistas y la teoría de que solo deseaban ganar las elecciones para destruir el sistema desde dentro. Curiosamente, no suele comentarse el añadido que el propio Gil Robles hizo en ese mismo escenario, una aclaración bastante coherente con el pulso que había sostenido con los partidarios de Goicoechea desde finales de 1932. Dijo, en primer lugar, que la violencia no era un procedimiento para alcanzar el poder. Afirmó luego que las «novedades exóticas» como el fascismo no eran el camino a seguir. Y advirtió que el nuevo Estado tendría que ser respetuoso con las libertades individuales y permitir la realización de un programa de unión y justicia social. Esa ambigüedad más o menos calculada fue la tónica habitual de sus intervenciones. Si de un lado mostraba un deseo tajante de superar la democracia representativa con frases como las siguientes: «Queremos una política nueva que concluya con ese parlamentarismo estéril» o «Vamos a hacer un ensayo, quizá el último, de la democracia», frases con las que en absoluto contribuía a reforzar la imagen democristiana de la CEDA, de otro lado añadía, sin dar demasiadas explicaciones, que ellos estaban en contra de toda dictadura por tener, precisamente, convicciones tradicionalistas: «No queremos una dictadura que acabe con los derechos del individuo; pero tampoco que el exceso de libertad individual acabe con los derechos colectivos. No queremos que se perpetúe un poder personal; pero tampoco un parlamentarismo disolvente […]. En la tradición, encuentro yo lo que se refiere a la limitación del Poder, a la Justicia y a las Corporaciones. Volvamos a nuestras viejas tradiciones, que es volver a España […]»[40].

Lo cierto es que la ambigüedad y ciertas dosis calculadas de violencia verbal no abandonaron a Gil Robles en toda la campaña salvo ya al final de la misma, cuando quiso acentuar las diferencias con sus socios de coalición y tender puentes que le permitieran justificar luego la colaboración con el Partido Radical. Así, si bien el 18 de noviembre volvió a insistir en que ellos estaban «como un ejército en pie de guerra, en el paroxismo de la lucha», añadió de inmediato: «Y sin embargo, yo quiero que mis últimas palabras, en estos momentos de combate, sean palabras de paz, de serenidad y de amor. Palabras de paz y de armonía para todos los españoles, para todas las clases, para todas las regiones e incluso para todos los partidos. Estamos en pie de guerra, pero yo quisiera que el choque no llegase, que todo se resolviera en la armonía de una España unida[41]».

El manifiesto electoral de los socialistas agrupó a propósito a lerrouxistas, cedistas y monárquicos en una sola candidatura «del 10 de agosto» en la que latía «el mismo espíritu alevoso que caracterizó la intentona de aquel día[42]». Pero la realidad no era tan sencilla. Pese a los excesos verbales, ya hemos visto que el propio Gil Robles reiteró su compromiso con la lucha dentro de la legalidad. Y en general, los representantes más cualificados del posibilismo mantuvieron su confianza en que, como decía en un editorial El Ideal Gallego, fuera posible un «último esfuerzo» para sacar a España «por medios pacíficos y evolutivos de la presente situación tan difícil, tan complicada[43]». En Zamora, donde la campaña de la unión antimarxista, que incluía a los lerrouxistas, conllevó algunas agresiones verbales contra el radical-socialista Ángel Galarza, sin embargo, la prensa conservadora insistió en que «la agresión personal no [era] lícita a nadie» y que «para votar contra Galarza no hac[ían] falta disturbios». Luis Lucia, pese a la dureza de la campaña electoral en Valencia, reiteró en un discurso radiado el sábado 18 de noviembre, en vísperas de las votaciones, que la «política e[ra] lucha de ideas, no de personas», la «batalla de inteligencias, no de brazos». Y que, por eso mismo, la política no podía ser «injuria, sino cordialidad», ni «insulto, sino educación». Era legítimo el combate «rudo, fiero, constante, implacable contra las ideas, pero con total y absoluto respeto a las personas […]»[44]. Y aunque el discurso cedista compartiera con los monárquicos de Renovación la idea de las elecciones como una última oportunidad para frenar la revolución, el mensaje de AP trató muchas veces de distinguir la lucha contra la política del primer bienio de la crítica sin más del régimen. «Los electores —decía el editorial de El Ideal Gallego el día mismo de las elecciones— han de elegir entre revolución y desorden y pacífica revolución […]. Esa es la verdad». Y el Diario de Valencia repetía con frecuencia que no combatían contra el régimen sino contra la política sectaria y que, por tanto, no iban a salirse de la legalidad para llevar a cabo ese combate. Convencidos de que era necesario «centrar la política» nacional, prometieron también no guiarse por un espíritu de revancha[45].

Durante la campaña hubo algunos incidentes violentos. La tensión que provocaba la fuerte competición entre socialistas, republicanos y conservadores se solventó a veces con el uso de la fuerza física, como también había ocurrido, aunque menos por el menor grado de competencia, en junio de 1931[46]. En Valencia, por ejemplo, los choques entre los simpatizantes del PURA y los de la DRV «marcaron en buena medida toda la campaña electoral». A decir de Luis García Guijarro, que resultaría elegido diputado de la DRV, numerosos interventores de su grupo sufrieron un «ambiente de pistolerismo» durante la campaña. El punto álgido fue la madrugada del 18, cuando fue asesinado un miembro de la DRV y hubo varios heridos en actos de fijación de carteles electorales. Días antes habían resultado muertos dos militantes de la derecha regional en Fuente Encarroz (Valencia) y en Almoradí (Alicante). El mismo día de las elecciones se contabilizaron múltiples roturas de urnas, amén de coacciones y atropellos variados. Y el 3 de diciembre, durante la segunda vuelta, un dirigente de la DRV hirió de bala a uno de los socialistas que intentaron asaltar el Casino Agrario local de Pego (Alicante). Sin embargo, no parece que en aquellas elecciones la violencia verbal dejara paso a las agresiones físicas de forma generalizada, salvo en ciertas localidades. Algunos mítines de AP terminaron con enfrentamientos entre los organizadores, especialmente entre los jóvenes cedistas encargados de velar por el orden y la seguridad en los actos, y quienes acudían a reventarlos, normalmente socialistas o miembros de otras organizaciones obreras extremas. Así ocurrió, por ejemplo, en Constantina (Sevilla), ya al final de la campaña. No obstante, esos problemas no fueron habituales. Nada apunta a una actividad planificada y generalizada de los jóvenes de AP dedicándose a reventar mítines de otros partidos o a dificultar la propaganda del adversario. Al contrario, el ministro de la Gobernación, Rico Avello, tuvo que intervenir a petición de la propia AP, para garantizar que los socialistas dejaran de arrancar los carteles de propaganda cedistas, llegando a ordenar la detención de algunos de los responsables; incluso el diputado socialista Vidarte pasó por comisaría por alentar en un mitin los ataques contra la propaganda conservadora. Muchos actos electorales socialistas fueron reventados no por cedistas o agrarios sino por anarquistas; y en algunos tuvo que emplearse a fondo la Guardia Civil para proteger a los socialistas, como en Escanea del Campo (Huelva), en Castro del Río (Córdoba), en Benalúa de las Villas, Dúrcal y Motril (Granada) o en Jijona y Petrel (Alicante). Solo en Quentar (Granada) fueron elementos derechistas y no anarquistas o comunistas, los que atacaron con una lluvia de piedras el automóvil de los socialistas De los Ríos y Lejárraga[47].

José María Gil Robles posa junto a varios miembros de las Juventudes de Acción Popular durante una concentración en Medina del Campo el 30 de junio de 1935. Los «muchachos de las JAP» se encargaron en este tipo de concentraciones de garantizar el orden y repeler los ataques de grupos izquierdistas que intentaban reventar los mítines de la CEDA. Fueron frecuentes los enfrentamientos, en los que la peor parte casi siempre les correspondió a los católicos.

Quienes entonces controlaban la mayor parte de los ayuntamientos no eran, como es sabido, miembros de la CEDA. Si tenemos en cuenta que buena parte de los episodios de violencia ocurridos en la campaña tuvieron que ver con las decisiones arbitrarias de algunas autoridades locales, especialmente cuando suspendieron mítines, impidieron la propaganda del adversario o se negaron a utilizar la policía municipal para proteger a los candidatos, la responsabilidad de esos actos difícilmente puede atribuirse, a priori, a los cedistas de forma generalizada. Eso es lo que confirman los telegramas recibidos en el Ministerio de la Gobernación denunciando abusos cometidos por autoridades locales, que si bien recogen protestas en diferentes direcciones, la mayor parte de ellas se refieren a alcaldes socialistas, seguidos por radicales y republicanos de izquierdas, que pusieron bastante empeño en impedir la propaganda tanto de conservadores como de otros rivales izquierdistas y republicanos. Solo en un caso se refieren a la violencia de alcaldes derechistas contra candidatos de izquierda. Esa excepción que confirmaría la regla fue la del regidor derechista de Mogarraz (Salamanca), que expulsó indebidamente al candidato socialista Rafael Castro Manjón y no permitió la propaganda del PSOE en el pueblo[48].

Como ya había ocurrido en 1931, los propagandistas conservadores, especialmente los jóvenes y las activas mujeres de AP, fueron a veces objeto de agresiones físicas, especialmente en localidades donde los grupos de extrema izquierda estaban bien organizados o contaban con la complicidad de las autoridades locales. No faltaron, escribió el diputado cedista Monge Bernal, «los insultos, los atropellos y las amenazas, de que fueron víctimas muchas de nuestras adheridas, hasta el punto de que en ocasiones, animosos muchachos de la JAP, pistola en mano, tuvieron que protegerlas». Según esta misma fuente, dos jóvenes cedistas murieron en Cuenca durante la campaña[49]. Aunque excepcionales, pero hubo, por tanto, episodios de extrema violencia en los que se vieron involucrados afiliados de la CEDA, llevando estos en la mayoría de los casos la peor parte: además de los ya mencionados en Valencia y Alicante, que se cobraron tres muertos de la DRV, en Ponferrada (León) un choque provocó la muerte de un joven cedista y heridas graves a un socialista; el cedista Javier Martín Artajo fue tiroteado al regresar de un mitin; en Daimiel el derechista José Ruiz de la Hermosa, que había interrumpido un mitin socialista, fue asesinado minutos más tarde, aunque el acto prosiguió «con toda tranquilidad durante dos horas más»; y un afiliado de AP murió en Navalmorales (Toledo), tras un enfrentamiento con socialistas. Un mitin de la coalición radical-agraria en Zalamea de la Serena (Badajoz) terminó en una batalla campal con socialistas que habían ido a reventarlo. En algunos pueblos los candidatos conservadores venidos de fuera para hacer propaganda tuvieron que suspender los actos previstos y huir con riesgo para su integridad física. Hubo, asimismo, algunos asaltos a locales conservadores perpetrados por bandas de socialistas y comunistas, por ejemplo en Málaga, donde se contabilizó un herido grave. Varias bombas estallaron en domicilios de AP, por ejemplo en Villaralto (Córdoba) y Jumilla (Murcia)[50]. Con todo, nada de eso, ni las coacciones o violencias ejercidas sobre los propagandistas conservadores ni las que algunos de esos pudieron cometer, fueron la norma durante aquella campaña. De hecho, los episodios más violentos ocurrieron, como había pasado ya en 1931, como resultado de huelgas convocadas con fines políticos o simplemente intimidatorios[51].

Por otra parte, distintas formas de violencia hicieron acto de presencia el día de las elecciones o posteriores, en plena campaña para la segunda vuelta. Sin embargo, a pesar de la gravedad de algunos casos y de la rotura de varias decenas de urnas, tampoco puede colegirse, como ha apuntado Villa García, que los incidentes en torno a un centenar de mesas electorales impidieran la casi total normalidad en las aproximadamente treinta mil mesas existentes. Candidatos agrarios y cedistas fueron objeto de diversas coacciones y detenciones ilegales para impedir el normal desarrollo de los comicios, por ejemplo a manos de autoridades del Partido Radical en las localidades sevillanas de Villamanrique de la Condesa, Lebrija, Pilas y Carmona. En el municipio jienense de Jódar murió un militante de AP a manos de incontrolados comunistas excitados por el propio alcalde de la misma filiación que aquellos, tras un mitin postelectoral incendiario del exdiputado social-revolucionario Antonio Rexach. En la localidad valenciana de Torrente la disputa entre faístas y personal de DRV por la rotura de una urna terminó con el asesinato del interventor de la DRV y dos heridos. En Gandía fue saqueada la sede de la DRV. Un afiliado de Acción Obrerista que hacía las veces de interventor de AP fue asesinado por pistoleros comunistas en Sevilla. Y en esa misma ciudad, en un enfrentamiento entre populares y comunistas, hubo dos heridos de bala. En Burjasot, Valencia, se contabilizaron tres heridos por enfrentamientos entre DRV y republicanos «autonomistas». Hubo, además, varias peleas entre cedistas y socialistas en diversos pueblos de la provincia de Toledo: Tembleque, Lagartera, El Carpio de Tajo, así como en Benegiles (Zamora). Finalmente, en Fuensalida (Oviedo), pistoleros agrarios atacaron a «perdigonazo» limpio a un grupo de socialistas en una cola de votantes provocando catorce heridos; pero este último caso fue bastante excepcional, pues raramente la violencia más extrema partió de militantes o interventores de las candidaturas agrarias o de AP. Puede colegirse, por tanto, que los casos de Andalucía o La Mancha, bien explicados por Macarro Vera y Rey Reguillo respectivamente, no parecen haber sido excepcionales: la violencia «que conocemos», escribe el primero, tuvo como característica básica la de proceder en su mayor parte de «las filas de las izquierdas[52]».

En cuanto a la segunda vuelta de las elecciones, celebrada el 3 de diciembre, hubo también algunos incidentes, como destrozos causados por afiliados socialistas en automóviles que trabajaban al servicio de AP en la capital o algunas peleas entre agrarios y socialistas durante el recuento en algún pueblo de Guadalajara. Y de nuevo, durante la segunda campaña, hubo algunos heridos graves y muertos, llevándose la CEDA la peor parte: el 28 de noviembre el presidente de la Casa del Pueblo de Parla, Madrid, tiroteó a un militante de AP y a su hermana, muriendo esta última tres días más tarde; y al día siguiente cayeron asesinados en Cuenca dos militantes de las JAP a manos de un pistolero anarquista.

En cuanto a las prácticas fraudulentas para impedir el normal desarrollo de los comicios o del recuento, durante la primera vuelta se produjeron no pocas acciones por parte de miembros del PURA en Valencia, la Esquerra en Cataluña, los radicales en Sevilla o los socialistas y los nacionalistas conservadores en el País Vasco. Por lo que se refiere al comportamiento de agrarios y cedistas en este aspecto, sabemos que en Quintanar de la Orden (Toledo) y en Mogente (Valencia) fueron denunciados el párroco y afiliados de AP por congregar a los electores frente a la Iglesia para facilitarles las candidaturas. Y si los equipos electorales de la CEDA dijeron ser víctimas de abusos en algunas localidades de Sevilla y Lugo, compañeros suyos fueron denunciados a su vez como agresores en otros pueblos de Valencia o Toledo. Todo esto, siendo relevante y habiendo podido ocurrir en otras localidades sin que la prensa o los informes de Gobernación lo recogieran, no representaba sino una parte pequeña de la competición electoral, algo que, mientras no se disponga de más estudios locales específicos, no cabe considerarlo significativo de unas elecciones que, por regla general, fueron bastante limpias, como habría de demostrarse luego en el debate parlamentario de las actas protestadas, donde ni siquiera en casos tan conflictivos como Valencia o Galicia pudieron aportarse pruebas contundentes de fraude o violencias generalizadas[53].

4. OTRA REPÚBLICA, PERO ¿QUÉ REPÚBLICA?

La postura de la CEDA tras las elecciones fue adelantada por Gil Robles en su mitin de cierre de campaña, el 18 de noviembre, cuando señaló que, incluso siendo «la minoría más numerosa del Parlamento», no asumirían «aún las responsabilidades del poder[54]». Una vez conocidos los buenos resultados electorales, atrás quedaron las estridencias y la agresividad verbal de la campaña: el resultado, dijo el líder cedista, debe ser «recibido con serenidad»; hoy «son necesarias» «palabras de paz» y pensar en España[55]. Por su parte, la prensa de los posibilistas añadió algo no menos importante: «puesto que el Parlamento es la piedra fundamental de nuestra organización política, hay que aceptarlo […] y acatar igualmente las prácticas que supone su funcionamiento». Así pues, el «arte de la política» aconsejaba «usar del triunfo con gran moderación y con gran prudencia[56]».

Gil Robles se disponía a conducir la CEDA por un camino que casaba bien con lo dicho por su grupo desde finales de 1932 pero que resultaba difícil de encajar con algunos extremos de la campaña electoral. Si se tiene en cuenta esto último, no hay que extrañarse de que las izquierdas, ya en la oposición, temieran que la CEDA usara su nuevo poder parlamentario para construir el Estado nuevo del que había hablado Gil Robles. ¿Había llegado, pues, el momento de arrasar con la revolución y de poner en práctica las recetas corporativas? A efectos del tema que aquí nos ocupa, la ambigüedad del compromiso cedista con el sistema republicano no se abandonó a partir de diciembre de 1933, pero se dio un paso fundamental que era coherente con los propósitos del posibilismo: ellos colaborarían con el Gobierno para rectificar la política del primer bienio y si, llegado el momento, la República era un hogar habitable para los católicos, la aceptarían. No otra cosa había dicho Ángel Herrera desde la primavera de 1931. En esos términos argumentó el decisivo editorial publicado por El Debate el 15 de diciembre de 1933, poco antes de la formación del Gobierno de Lerroux. Allí quedó establecido que los católicos españoles podían «avenirse con las instituciones republicanas» siempre «que qued[aran] a salvo los derechos de Dios y de la conciencia cristiana». A ellos, llegaba a decirse, «no les será lícito establecer incompatibilidad de ninguna especie entre los derechos e intereses de la Iglesia y la forma republicana». Nosotros, había dicho el máximo dirigente de la CEDA nada más acabar la primera vuelta de las elecciones, creemos que a España le conviene una «política de centro» y no solo «acataremos de buena fe la República» sino que «dentro de ella procuraremos dar las máximas satisfacciones al país[57]».

Si analizamos el discurso de Gil Robles en el debate de presentación del nuevo Gobierno, no encontraremos los excesos propios de la campaña, aunque sí la ambigüedad a la hora de explicar cómo y cuándo podría producirse, si es que llegaba a producirse, la conciliación definitiva de la CEDA con la República. La cuestión de fondo seguía siendo la misma: qué hacer con las reglas del juego aprobadas por las izquierdas en 1931. Si para los compañeros de Goicoechea, que se encolerizaron con la firmeza de los posibilistas en la defensa de la táctica legalista, no cabía hacer nada que pudiera consolidar el sistema, estos últimos creían legítimo aprovechar la nueva fuerza parlamentaria para influir en la legislación y corregir la política «laicista y socializante» del primer bienio. En aquella intervención parlamentaria el líder cedista explicó varios aspectos fundamentales relacionados con la actitud de su grupo ante la democracia. Admitió con mayor claridad que en los meses anteriores que la accidentalidad no había sido fácil de consolidar en la derecha posibilista, pero que las urnas habían demostrado quiénes estaban equivocados en el universo conservador. La accidentalidad no quería decir indiferencia, sino colaboración para lograr el bien común. Y aunque ellos no deseaban la República, tampoco discutían su legitimidad. ¿Cuál era, entonces, el problema? Que las Constituyentes habían buscado «el aplastamiento de las fuerzas de derecha[58]».

Incluso estando convencidos de que los fundadores de la República no deseaban hacer un régimen para todos, los posibilistas se habían mantenido dentro de la ley, luchando por «conquistar a la opinión pública». No puedo compartir, le advirtió Gil Robles a sus compañeros de coalición electoral, el significado que «algunos grupos de las derechas» atribuyen a las elecciones. «Para mí, honradamente, […] el pueblo español ha votado contra la política de las constituyentes», pero no contra el régimen. Distinto será si llega un momento en que la opinión, como resultado de estas nuevas Cortes, entiende que esa política es consustancial al régimen, entonces puede que vote también contra el régimen; en ese caso «no seremos nosotros los que nos opongamos al avance avasallador de la opinión española[59]». No fue esa la única advertencia de un discurso plagado de comentarios destinados, no a la oposición sino al grupo de Goicoechea. Es, precisamente, el contraste entre este último y Gil Robles el que da la medida de las diferencias entre los cedistas y los monárquicos autoritarios que la tensión de la campaña había camuflado. El jefe de Renovación Española se negó a apoyar cualquier política que fuera destinada a «salvar la República» en vez de a «salvar a España», y apuntó, no sin cierta razón, que sería muy difícil la postura de AP si previamente no se modificaba la Constitución. Gil Robles, por el contrario, volvió a apelar a la necesidad de centrar el régimen y devolver al pueblo español la tranquilidad y el sosiego. Lo que pedimos al ejecutivo, dijo, no es que cumpla nuestro programa sino que rectifique la política sectaria del primer bienio y que gobierne para conciliar a los españoles[60].

Sin embargo, en aquel discurso trascendental también pudieron oírse en boca del líder cedista algunos comentarios doctrinales que volvían a poner de manifiesto la ambigüedad de la postura de su grupo ante la democracia, como cuando criticó la Constitución del 31 por haber sido obra de una creencia «ultrademocrática y ultraparlamentaria», en contra de las corrientes europeas actuales, y que eso solo podía conducir a una dictadura de izquierdas o de derechas que él no deseaba. Con todo, no sería correcto atribuirle convicciones similares a las de la derecha autoritaria, quedándose solo con esa crítica del parlamentarismo tan habitual en los conservadores de la época. De hecho, en esas mismas jornadas de investidura y a propósito del parlamentarismo, también se hicieron evidentes las diferencias entre la CEDA y los grupos situados a su derecha, como volvería a ocurrir a menudo en los dos años siguientes. Cuando Primo de Rivera le interrumpió para decir que la solución era una dictadura «integral, autoritaria», Gil Robles no eludió el envite: es verdad que por ese camino van cada vez más jóvenes en España, pero no yo, que estoy convencido de que «un régimen que se basa en un concepto panteísta de divinización del Estado y en la anulación de la personalidad individual, que es contrario incluso a principios religiosos en que se apoya mi política, nunca podrá estar en mi programa, y contra ella levantaré mi voz, aunque sean afines y amigos míos los que lleven en alto esa bandera». Y tras «grandes aplausos en el centro», añadió una declaración muy importante que, sin embargo, los grupos de la oposición apenas tuvieron en cuenta. Gil Robles afirmó con rotundidad que ellos «jamás utilizaría[n] los resortes que se pusieran en [sus] manos para ir contra el sistema político que en [sus] manos los pusiera». Si llegaran a gobernar, concluyó, lo que harían sería buscar una reforma de la Constitución y luego ir a una consulta electoral, a unas «elecciones constituyentes». No pudo evitar, con todo, cierto tono amenazante directamente dirigido a Alcalá-Zamora aunque no le mencionara: solo si se nos cierra el camino que nos impida formar gobierno, dijo, entonces nos dirigiremos al pueblo para decirle que el camino de la «evolución» no es posible, que nos hemos equivocado. También esas palabras finales le valieron aplausos en el centro del hemiciclo[61].

En línea con lo explicado por Gil Robles, durante la primera mitad de 1934 la CEDA no evolucionó hacia posiciones explícitamente autoritarias y antirrepublicanas. En realidad, cuanto más se afianzaba el posibilismo, mayor era el enfado monárquico, hasta el punto de que Calvo Sotelo empezó a temer que el apoyo cedista a los gobiernos republicanos sirviera para consolidar el régimen. Ante la «furia de los monárquicos» y las duras críticas carlistas, los cedistas replicaron diciendo que ellos no tenían por qué hacer «labor republicana ni antirrepublicana» y que aspiraban, como dijo Federico Salmón, «a gobernar con la República con toda lealtad, es decir, no utilizando ninguno de los resortes del poder contra la Constitución y el régimen, hasta que el pueblo, especialmente preguntado sobre ellos, no manifieste su disconformidad[62]». Sí hubo, en cambio, una movilización creciente, con una presencia de los católicos en la calle para la que sus adversarios no estaban preparados. Las distintas organizaciones regionales y locales cedistas aprovecharan la nueva situación política para hacerse oír y ocupar el espacio público que en los meses anteriores les había sido vetado[63]. La CEDA no necesitaba manifestarse para influir en el Gobierno, pero ante la ofensiva de los socialistas contra el sistema, la movilización de las masas y la ocupación del espacio público se hicieron imprescindibles. Y fue en esa competencia por el favor de las masas, en ese combate no siempre simbólico por el espacio público, cuando volvió a aflorar el lenguaje radical y agresivo.

Como para el resto de los actores políticos, un momento decisivo para calibrar la postura de las derechas ante la República fue Octubre de 1934. Javier Tusell explicó que la revolución fomentó el «maximalismo en los sectores de la derecha y no solo de la monárquica, sino también de la propia CEDA». El impacto emocional fue tan grande que incluso El Debate aseguró que nunca se había «registrado en España conmoción tan violenta». A partir de ese momento, por tanto, incluso los más moderados de la CEDA dieron por buena, si no lo habían hecho antes, la idea de que la defensa de los principios conservadores formaba parte de una lucha puramente existencial entre dos modelos de sociedad: «España a un lado, los enemigos de la nación a otro; el orden y la ley en un campo, en el otro la subversión y la ilegalidad[64]».

Sin embargo, no cabe exagerar esa radicalización. La insurrección de los socialistas y la izquierda republicana catalana incidió decisivamente en el lenguaje y el comportamiento de las derechas, pero no se tradujo en una modificación radical de la táctica legalista de los cedistas, muy alejados de postulados como el de Ramiro de Maeztu, que dio por muerta toda posibilidad de democracia liberal en España y postuló una «monarquía militar[65]». Ya pasada la primera reacción en caliente, el ministro cedista, Federico Salmón, mantuvo en las Cortes lo que su partido había dicho «reiteradamente» dentro y fuera del Parlamento, esto es, «que estaban dispuestos a servir a la República» y que deseaban «que en la marcha progresiva de la institución republicana enc[ontraran] todos los partidos y todos los hombres la manera de resolver dentro de la legalidad sus aspiraciones y que, por tanto, [fuera] innecesario en cualquier orden y en cualquier campo por medio de la sublevación, por medio de la fuerza, defender la implantación de principios doctrinales[66]». Por su parte, Gil Robles reiteró en febrero de 1934 que su grupo apoyaba al Gobierno para «imponer el respeto a la ley y a la autoridad», para «no consentir que ningún ciudadano ni partido político, pertenezca a la fracción que pertenezca, se salgan del camino de la ley y pongan en peligro la paz de España». Y le respondió a Indalecio Prieto, cuando este se permitió justificar el camino de la revolución por las provocaciones de la derecha, que ellos no eran como otras derechas y que, por tanto, tal y como habían demostrado durante tres años, «jamás, ni antes ni ahora, nos hemos colocado ni hemos de colocarnos en ningún terreno de violencia». Y para que el portavoz del grupo socialista tomara nota de la naturaleza del verdadero problema, Gil Robles añadió que lo importante era la actitud ante el régimen de ciertos grupos y no las declaraciones formales. Los socialistas, le reprochó, dicen que son inequívocamente republicanos, pero cuando «la República no les sirve, dicen que se colocan frente a ella, y van por el camino de la violencia y atacan al mismo Jefe del Estado. Siguen llamándose republicanos y son enemigos de la República y enemigos de España. (Muy bien. Aplausos[67])».

Ya podía Gil Robles esforzarse todo lo que quisiera en explicar que su grupo era contrario a toda violencia, pues lo que la oposición veía en el cedismo no era un compromiso con el sistema sino una táctica para destruirlo, lo que justificaba una respuesta defensiva[68]. Si Azaña o Prieto consideraban el Gobierno del radical Samper como un riesgo para el futuro de la República y el primero, ante el conflicto por la Ley de Cultivos, advertía al presidente del Gobierno de que «caerá sobre su señoría y sobre quien le acompañe en esa obra toda la responsabilidad de la inmensa desdicha que se avecina sobre España», no puede chocarnos que ambos, socialistas e izquierda republicana, vieran en la CEDA una amenaza fascista. El problema, le contestó Samper (que había sido, huelga decirlo, alcalde blasquista en la Valencia de la Restauración controlada por los seguidores del nada conservador Vicente Blasco) a Azaña, es que ellos llamaban «República al Gobierno que presidía el señor Azaña» y llamaban Cataluña al Gobierno de la Esquerra; de acuerdo con ese razonamiento, todo lo que ellos hicieran sería calificado de antirrepublicano y anticatalán[69]. Y, en efecto, así era. Ni la política de los radicales ni el compromiso de los cedistas con el sistema pueden medirse sin referencia a esa cuestión. El problema no estaba planteado en términos de una izquierda defensora de un sistema democrático pluralista que la derecha quisiera derribar, sino en términos de una democracia concebida como revolución por sus fundadores, desprovista de los clásicos contrapesos constitucionales y que las izquierdas habían hecho suya; un sistema que el centro encarnado por el Partido Radical quería preservar mediante ciertas modificaciones y que la derecha posibilista solo aceptaba como régimen transitorio hasta llegar a una reforma constitucional, camino de un nuevo Estado más acorde con los principios corporativos y social-cristianos.

Paradójicamente, la derecha a la que se suponía fascista y antirrepublicana respaldó por completo al Gobierno de Lerroux para que hiciera cumplir la legalidad ante los revolucionarios, mientras que la izquierda obrera se lanzó a la calle a imponer por la vía de la armas lo que no había logrado en las urnas. Terminada la revolución, la CEDA no optó por aprovechar la situación y promover un largo paréntesis parlamentario que condujera a una forma de gobierno presidencialista más acorde con sus deseos de una autoridad fuerte y un nuevo Estado. Gil Robles mantuvo sin equívocos su posición tradicional. Nosotros, le dijo el 5 de noviembre a los monárquicos, discrepamos «con muchas leyes» y aspiramos a una profunda «reforma de todo lo que se debe reformar». Pero rechazamos «marchar por el atajo»; solo hay un camino posible, el «de las vías que la misma Constitución ha trazado […]». Y al día siguiente, en una dura controversia con Calvo Sotelo, que daba por hecho que las izquierdas no volverían al Parlamento y presionaba al Gobierno en un tono bien distinto al de los portavoces cedistas, Gil Robles recogió el órdago del líder monárquico para decirle: «Nosotros no hemos abdicado de nuestro programa revisionista […], pero nuestro deber de ciudadanos es que, mientras esa ley [la Constitución] esté vigente, tenemos que respetar ese hecho, aunque, dentro de las vías legales, procuremos, cuando el momento llegue, su modificación de acuerdo con los partidos o con el criterio que la opinión marque. Esta es la única táctica posible, so pena de convertirnos nosotros, como antes decía, en otros elementos revolucionarios mucho más responsables porque lo pretenderíamos hacer desde el Poder[70]».

Esa pugna dialéctica entre los dos grandes espadas del mundo conservador sirvió, asimismo, para mostrar lo lejos que estaban los gilrroblistas de haber sido fascinados por el fascismo: «Está en crisis, dijo Gil Robles, aquel viejo concepto liberal que cimentaba sobre el individuo todo el edificio político y todo el edificio social. ¡Ah! Pero me temo que mucho antes de ensayarse con plena eficacia, esté también en decadencia ese principio contrario que, apartando al individuo, quiere todo construirlo sobre el Estado. (Muy bien). Yo le temo mucho a los excesos del individuo; le temo mucho más a los excesos del Estado. (Muy bien […]) Es cierto que se necesita un Poder fuerte, una democracia organizada; pero no es menos cierto que por la condenación simplista de esos principios se va al más monstruoso panteísmo del Estado, que hace que desaparezca toda personalidad[71]».

5. LA VANGUARDIA JUVENIL

Ahora bien, el problema de Gil Robles no era solamente Calvo Sotelo, sino el hecho de que algunos integrantes de su grupo pudieran simpatizar más con las ideas de este último que con las suyas. Fuera del tono social-cristiano y/o moderado de la elite cedista, con Gil Robles, Salmón, Lucia o Giménez Fernández a la cabeza, también había quien usaba expresiones y argumentos que sembraban dudas sobre los términos en que se pronunciaba su líder en la Cámara. El mayor quebradero de cabeza procedía del discurso de los jóvenes de Acción Popular. Se ha escrito que «los textos, declaraciones, ideología y estilo […] de la JAP eran la inequívoca conclusión fascista de las ambiguas (cuando así se tildaban) posturas de Gil Robles tras la revolución de octubre de 1934[72]». Pero la naturaleza del radicalismo y el autoritarismo de los jóvenes de AP no iba tanto por el terreno de un fascismo oculto como apuntaba a una versión modernizada, aunque confusa y poco elaborada, de presupuestos antiliberales y tradicionalistas comunes al conservadurismo español de entreguerras. «Caminamos, decían en una de sus ponencias políticas, hacia una nueva estructura del Estado […] Su base: la tradición, la justicia social y una sana democracia interpretada en una estructura corporativa[73]». Aunque podía percibirse cierta fascistización en algunos aspectos, como la insistencia en que los jefes no se equivocaban, se trataba en verdad de un tradicionalismo nuevo, que negaba los postulados fascistas por considerarlos propios de un panteísmo estatal, al modo en que lo hacían los miembros de la dirección nacional de la CEDA. «No somos fascistas, decían los jóvenes en 1934, porque en el fondo de nuestro corazón no comprendemos, entre otras cosas, la deificación del Estado. No somos fascistas por convicción —entiéndase bien—, no por miedo[74]».

Fascismo y contrarrevolución católica no eran la misma cosa y los jóvenes de AP solían distinguir entre ambas: «Hay que hacer la revolución cristiana y esa hemos de hacerla nosotros», dijo el líder de las juventudes de AP en Galicia, Pablo Ceballos, en un acto celebrado en Santiago. No era el fascismo hacia donde debía mirarse, añadió, pues se trataba de un movimiento «que se explica[ba] en Italia después de la guerra con la miseria, el hambre y la derrota de Versalles […]; pero no se conc[ebía] en Madrid con los cafés atestados, los restaurantes llenos, los cines abarrotados: eso no [era] fascismo, [era] señoritismo. Lo aprovechable del fascismo [era] el poder fuerte y el principio de la jerarquía[75]». Esa era, en realidad, una línea de pensamiento muy próxima a lo que el mismo Gil Robles dijo ante sus juventudes: «Nosotros, les explicó a finales de abril de 1934, no tenemos que acudir a la Roma pagana, ni a la exaltación morbosa de la raza. Cuanto más católicos, más españoles. Cuanto más españoles, más católicos». Somos, aseguró también, «un ejército de ciudadanos, no un ejército que necesite uniformes y desfiles marciales[76]».

Los jóvenes de AP eran, además, herederos del regeneracionismo maurista, algo que no siempre se valora suficientemente. Deseaban que fuera posible un movimiento patriótico nacional que propiciara la regeneración de un sistema político que ellos identificaban con la corrupción, el clientelismo, la parálisis y el egoísmo de las clases poderosas. En la Asamblea Nacional que celebraron en Zaragoza aprobaron recomendaciones como estas: «La JAP ha de emprender una campaña contra el vicio de la recomendación» y «Se exigirá a los políticos de Acción Popular una austeridad intachable en el desempleo de sus funciones públicas[77]». También como los jóvenes mauristas, habían perdido interés en los viejos partidos de notables y solo confiaban en una profunda renovación comandada por un líder carismático. Algunos jóvenes soñaban con un Estado católico semiautoritario, incluso con una única organización política nacional que representara a ese gran movimiento suprapartidista. Aunque, finalmente, como se comprobó en el Congreso celebrado en abril de 1934 —inaugurado con un muerto sobre la mesa, un japista asesinado por militantes socialistas—, no hubo acuerdo en ese terreno y primó, como en sus mayores, cierta ambigüedad. Porque en realidad, la JAP fue «una organización plagada de contradicciones». Se declararon «antiparlamentaristas» pero también contrarios a toda dictadura o poder personal[78].

Concentración organizada por las Juventudes de Acción Popular el 22 de abril de 1934 en la lonja del Monasterio de El Escorial. El activismo juvenil fue una de las bazas de la exitosa movilización política de la CEDA. Gil Robles dijo ante estas juventudes: «Nosotros no tenemos que acudir a la Roma pagana, ni a la exaltación morbosa de la raza. Cuanto más católicos, más españoles. Cuanto más españoles, más católicos». Y añadió: «Somos un ejercito de ciudadanos, no un ejército que necesite uniformes y desfiles marciales». A diferencia de Falange, la organización católica nunca alentó el escuadrismo violento.

Dos aspectos condicionaron, a mi juicio, el papel desempeñado por la JAP en la vida política republicana e hicieron que su radicalismo verbal fuera percibido por las izquierdas como un anticipo de lo que podía deparar un gobierno presidido por Gil Robles. De un lado, el motivo por el que vieron la luz, esto es, ser el principal motor de la CEDA en la conquista del espacio público y producir ideas impactantes para el combate propagandístico en períodos electorales. De otro, el hecho de que los cedistas utilizaran la disciplina y el entusiasmo juvenil para organizar grupos destinados a enfrentarse en la calle contra las huelgas promovidas por los sindicatos de izquierdas. Se ha dicho que los diecinueve puntos del Programa de la JAP o la presencia de ciertos elementos como el uso de uniformes o los saludos, aproximaban a los jóvenes cedistas a las técnicas del fascismo. Pero eso, siendo importante, no lo es tanto como el hecho de que aquellos compitieran por el control de la calle con los socialistas y lo hicieran con cierto éxito, estimulando la animadversión de aquellos y generando una controversia verbal muy dura. El radicalismo no era patrimonio exclusivo de la juventud cedista sino un ingrediente más de una competencia que se desenvolvía en un sistema con un importante déficit de legitimidad. Es decir, tanto la JAP como las juventudes de los socialistas tenían una visión de la política democrática viciada por su semilealtad al sistema; no querían movilizar para desarrollar una cultura cívica de participación democrática que integrara a los jóvenes en un marco de convivencia compartido, sino para demostrar su respectiva fortaleza en un combate entendido como una batalla a muerte para controlar el Estado e imponer un modelo de sociedad. El autoritarismo y la imagen distorsionada del adversario eran ingredientes básicos de una cultura política que no creía posible conciliar intereses contrapuestos, que no veía con buenos ojos el conflicto inherente a toda democracia pluralista, y que anhelaba una sociedad tradicional caracterizada, en una visión no poco idealizada, por el orden derivado de las jerarquías sociales y la armonía entre los cuerpos integrantes de la sociedad. El liberalismo se descartaba por «trasnochado» y la democracia por «degenerada». «¡Con los resortes de la democracia desbanquemos para siempre el Estado liberal!», podía leerse en la revista de las juventudes de AP[79].

Si en los líderes de la CEDA solían reservarse para las campañas electorales los calificativos más extremos sobre los políticos de las izquierdas y sus ideologías, en los jóvenes esa imagen del otro caracterizada por una distorsión y simplificación propagandística era una tónica muy habitual. Las izquierdas eran la «antiespaña», un demonio importado para destruir la civilización cristiana e imponer un proceso revolucionario[80]. Solo había un camino contra socialistas y anarquistas: «mano de hierro en el Poder para aplastar a los que quieran atentar contra la sociedad[81]». Una «batalla definitiva» estaba planteada a ojos de los jóvenes cedistas. La próxima lucha por las elecciones iba a «ser definitiva». Tras lo visto en Octubre de 1934 no valían ya «distingos y sutilezas»; el que «no esté con nosotros estará contra nosotros y con nuestros enemigos los marxistas[82]».

Pero un lenguaje agresivo y una cultura política en la que no cabía admitir la legitimidad democrática del adversario no significaron, como a veces se ha querido colegir, una actitud de agresividad física como forma de comportamiento habitual de los jóvenes de AP. Si por un lado se expresaban «a través de proclamas mas exaltadas que hablaban de la “aniquilación” de los socialistas», sus miembros no eran individuos dispuestos a formar milicias para combatir con armas, sino jóvenes católicos «poco dados […] a la lucha armada», que amoldaron su labor contrarrevolucionaria a los límites marcados por la ley. Incluso en el último congreso celebrado a mediados de diciembre de 1935, las conclusiones aseguraban su «decisión de trabajar por todos los medios lícitos». Y a diferencia de los socialistas, no crearon milicias antes de la guerra. Tampoco tuvieron una concepción leninista del partido al modo de Ledesma Ramos, para quien la violencia era fundamental para terminar con el orden liberal-democrático[83].

En plena irrupción de la política de masas y ante el reto de tener que movilizar a millones de personas a las que atraer con incentivos ideológicos, las concentraciones convocadas por las juventudes se convirtieron en un motivo de tensión y una excusa para mostrar agresividad. Aunque algunos autores han insistido en que los jóvenes de AP querían emular el modo de movilización fascista, la realidad fue diferente. Por mucho que dijeran las normas internas sobre el uso de uniformes en las concentraciones, las fotografías muestran a los jóvenes católicos con la vestimenta habitual de la época, es decir, traje y sombrero, y en actitud en absoluto militar, nada comparable a las concentraciones del Requeté carlista. Es significativo que lo habitual fuera un tono marcadamente folclórico y regionalista, con la presencia de «bandas de música, orfeones locales y elementos musicales populares, con sus trajes típicos, danzar, etc.». Las concentraciones, de hecho, empezaban no con desfiles militares sino con una misa de campaña, la lectura de la lista de los mártires de AP y el himno japista. Como ha señalado Fernando del Rey, «el simbolismo pagano, laico y paramilitar» de los fascistas italianos «nada tenía que ver con el tradicionalismo beato, rancio y un tanto ingenuo de los jóvenes de la CEDA». En resumen, las concentraciones de El Escorial, Covadonga, San Juan de Peña, Uclés, Medina del Campo o Santiago de Compostela no fueron actos fascistas. Los propios falangistas se burlaron a menudo de las concentraciones japistas, denunciando su escaso «nervio» o poco «estilo» verdaderamente fascista[84]. De hecho, cierta simbología propia de milicias no tuvo «continuidad en una estructura interna paramilitar[85]». Años después, un antiguo falangista aseguraba que las milicias de la CEDA «eran unas milicias más de […] fotografía, que de acción; esto no quiere decir que no fueran unos tíos que le dieran al callo como cualquiera […], lo que pasa es que estaban montados para hacer aparato[86]». Y así era, en efecto. Como explicaron ellos mismos, aunque su obligación era también la de «[contener] los ímpetus batalladores (de otras organizaciones) en broncas callejeras», su propósito principal era «[hacer] posible con su decisión la celebración de los actos de propaganda derechista»; por lo tanto, ellos no organiza[ba]n «paseos militares» sino que se preocupaban por crear «círculos de estudios» para divulgar y mejorar el conocimiento de «la Historia de España, que enciende en sus corazones el patriotismo inquebrantable y el culto a las figuras tradicionales […]»[87]. Al respecto, es bastante significativo, en el caso de las juventudes gallegas de la CEDA, que gran parte de su actividad desde finales de 1934 hasta mediados de 1935 no tuviera nada que ver con organizar milicias o realizar instrucción militar para sus afiliados, sino con crear un «Círculo de formación doctrinal de la JAP» y organizar seminarios de estudio del pensamiento católico español[88].

Es posible, como ha escrito un autor, que una consecuencia del incremento de la movilización política en los años treinta fuera la «transformación de los partidos en organizaciones de combate, capaces de batir al enemigo político en todos los frentes, incluido el callejero»; y que a medida que se acentuó la dinámica revolución/contrarrevolución se fue «imponiendo una acción violenta más organizada y extensa», surgiendo así las milicias políticas[89].

El caso de la CEDA, sin embargo, no encaja bien en esa explicación. Los posibilistas no crearon una estructura específica para el combate callejero contra los socialistas en forma de milicias ni siquiera en la primavera de 1936. Lo que puso en marcha la JAP fue otra cosa bien distinta. Los jóvenes desempeñaron un papel de salvaguarda frente a la huelga revolucionaria, especialmente en la primera mitad de 1934. Para ello, de su potente y disciplinada estructura interna crearon algunos organismos específicamente destinados a actuar como elementos de respuesta ante el desafío sindical. Los Grupos de distrito, fundados en 1933, fueron especialmente activos en 1934; su misión, de acuerdo con los estatutos, era «velar por que los derechos de la Juventud de Acción Popular no puedan ser coartados en los actos públicos ni en su propaganda popular y callejera y la actuación electoral». Es decir, nacieron para controlar el orden y proporcionar seguridad en los actos públicos de la CEDA[90]. Rebautizados tras las elecciones de 1933 con la expresión movilización civil, tuvieron una presencia muy importante como vehículo para impedir el desarrollo de las grandes huelgas convocadas en 1934. Fueron claves para que el paro de Artes Gráficas del 11 de marzo de 1934 no impidiera la impresión y distribución de El Debate. Y su papel fue especialmente crucial en Madrid durante las jornadas de octubre de 1934, bajo la dirección de José María Pérez de Laborda. Los jóvenes cedistas se emplearon a fondo en la capital, como también lo harían en Sevilla o Salamanca, para impedir que los servicios de transportes se paralizaran durante la huelga, actuando «en todo momento» a las «órdenes y por mandatos» de los gobernadores civiles. Con o sin armas, realizaron servicios de vigilancia en iglesias y conventos para evitar incendios o saqueos, escoltaron a políticos afines y colaboraron para mantener abiertos cafés y tiendas a fin de minimizar el impacto sicológico del movimiento insurreccional. Y lo que es más significativo, prestaron labores de apoyo a la policía para realizar cacheos o investigar locales a la búsqueda de reuniones ilegales[91]. Su mera existencia, aunque no se tratara de milicias, nos revela la debilidad del Estado de derecho en los años treinta. La confusión entre fuerzas de orden público y grupos de partidos políticos a la hora de asegurar el orden y la ley durante las grandes huelgas, facilitaba, sin lugar a dudas, la identificación de la política con la violencia. Que el Estado permitiera, como hizo en octubre de 1934, que los grupos de la JAP jugaran un papel atribuido a la policía y el ejército, significaba ignorar que se ponía la primera piedra de un edificio de autodefensa y choque contrarrevolucionario que llegado el momento podía ser usado para impedir la normalidad de la competencia democrática. Los jóvenes cedistas acabaron siendo muy conscientes de ello. Como se señaló en las conclusiones de la reunión del consejo nacional de la JAP celebrado en Toledo en enero de 1935: «La pasada revolución ha puesto de manifiesto la absoluta y dolorosa insuficiencia del Estado para organizar la movilización civil, frente a un movimiento revolucionario». Mientras el Estado no haga su trabajo, estas juventudes «impulsarán estos servicios» siempre de acuerdo con las autoridades y «dispuestas a defender los principios de nuestra sociedad[92]».

Es evidente, pues, que la organización juvenil de la CEDA tuvo una cierta impronta sobre el discurso electoral de sus mayores e interactuó con los socialistas para fomentar la espiral de radicalidad que se instaló en la vida pública española en los meses anteriores a la celebración de elecciones de 1936. Pero no es tan evidente que su discurso y sus formas fueran compartidos por todos los miembros de la CEDA, como no pocos historiadores han dado por hecho. El comportamiento de la elite cedista no prueba ese aspecto, sino más bien el contrario; no ya porque Gil Robles llegara a tomar medidas para impedir alguna que otra publicación de la JAP, sino porque ni él ni sus hombres de confianza tuvieron reparo en decir públicamente que la fuerza no servía para resolver las diferencias políticas. «Nosotros —dijo Gil Robles a los jóvenes congregados en El Escorial para dar por clausurado el congreso de la JAP en abril de 1934— […] actuamos siempre dentro de la legalidad, y hoy, con este acto, somos los más firmes defensores de la legalidad establecida». Solo si la revolución «se echa a la calle», «nosotros nos echaremos también». No muy diferente era lo que se había aprobado en la ponencia número 16 preparada por Adolfo Navarrete, donde se señalaba que la ley y no la violencia era el camino para defender los derechos de los católicos, aunque puntualizando que ante los «excesos revolucionarios», la «legítima defensa» era válida[93].

6. EL FASCISMO Y LAS RIDÍCULAS CARICATURAS DE PATRONES EXTRANJEROS

Aunque pudiera pensarse que a finales de 1933 los socialistas tenían «motivos para sospechar» que la CEDA deseaba apoderarse del Gobierno para derribar la República, incluso algunos de ellos tenían claro que en España no se daban las condiciones propicias para el crecimiento del fascismo. Luis Araquistáin aseguró en abril de 1934 que tras las pasadas elecciones generales parecía estar justificado el uso de métodos extraparlamentarios, y sin embargo reconoció que no se daban en España los «ingredientes» a partir de los cuales «podría obtenerse el fascismo». En ese momento veía al grupo de Gil Robles como un partido débil condenado a escindirse más pronto que tarde[94].

Ciertamente, si no puede tacharse de fascista a la organización juvenil cedista, con menos motivos puede aplicarse el término a sus mayores. El modelo de corporativismo aprobado en el congreso fundacional de la CEDA estaba reñido con el fascismo italiano y no conllevaba, pese a su ambigüedad, el paso a un Estado autoritario por medio de la violencia. Era, desde luego, claramente antiliberal. Nacía de un desprecio explícito hacia el pluralismo de partidos, a los que se tachaba de «consecuencia forzosa de la misma imperfección humana», una «triste necesidad» derivada del arraigo del «principio racionalista[95]». Pero siendo antiliberal y estando apoyado en un modelo de Estado que incluía instrumentos de presidencialismo poco acordes con la tradición parlamentaria española, no conllevaba automáticamente el paso a un régimen autoritario. El Estado necesitaba ser «fuerte, sin pretender nunca ser tiránico», explicó Gil Robles a finales de 1934[96]. La elite cedista no propuso nunca como objetivo una dictadura, ni sembró dudas, como en el caso de los monárquicos que se agruparon en el Bloque Nacional, sobre el papel de las elecciones. Fueron estos últimos, así como los carlistas, y no los posibilistas, los que pidieron en 1936 que se votara para no tener que volver a votar.

En la encíclica Non abbiano bisogno, publicada en junio de 1931, Pío XI había denunciado el totalitarismo educativo y la difusión por parte del Estado fascista de «una falsa religiosidad» incompatible con el catolicismo[97]. Esa fue, en parte, la línea seguida por Gil Robles para desligar a la derecha católica española del fascismo. Montero ha explicado que el líder de la CEDA, nada más volver de su viaje a Alemania, en el que asistió al famoso congreso nazi de Núremberg, criticó duramente la democracia y habló con admiración de lo que había visto. Es cierto que Gil Robles publicó un artículo titulado «Antidemocracia» en el que aseguró que en el «fascismo ha[bía] mucho aprovechable». Ahora bien, como haría otras tantas veces en los dos años siguientes, también rechazó el panteísmo estatal y la violencia sistemática de los nazis y dijo que el fascismo era incompatible con la doctrina católica. Desde una visión tradicionalista, que no liberal, se empleó a fondo en desligar a la CEDA del fascismo antes y después de las elecciones de 1933. El 21 de marzo de ese año había explicado en el Salón Victoria de Barcelona sus razones contra el fascismo, las mismas que luego mantendría en las Cortes para replicar a Calvo Sotelo y a José Antonio Primo de Rivera. Un auditorio poco entusiasmado escuchó aquella primavera, de boca del líder de la CEDA, que ellos tenían una «discrepancia radical con el fascismo, en cuanto a su programa y en cuanto a la táctica que lo inspira». Aquel era inadmisible desde «los postulados del Derecho público cristiano», confundía sociedad y Estado, y a este último con un solo partido político, anulando la personalidad individual. Como católicos, dijo, rechazamos los métodos fascistas: «La violencia erigida en sistema me parece absolutamente reprobable[98]».

Así, el corporativismo propugnado por la CEDA estaba sustentado no por el fascismo sino por una visión tradicionalista de la sociedad, aun cuando ese tradicionalismo fuera muy impreciso. «¿Por qué vamos a intentar ridículas caricaturas de patrones extranjeros?», preguntó Gil Robles al auditorio de uno de sus mítines en Santander. Bastaba, a su juicio, con la tradición y la historia española para diseñar una salida a la crisis del parlamentarismo liberal. Eso sí, habría de ser una obra gradual que podría culminarse cuando la sociedad estuviera dispuesta y preparada[99].

Por otra parte, su corporativismo no implicaba la desaparición de alguna forma de representación inorgánica. Sería un «grave error», advirtió El Debate a finales de 1934, suponer que la cámara corporativa por sí sola podía ser suficiente. Solo con ella no habría nadie que representara las «ideas generales: de autoridad, de jerarquía, de libertad, intereses no adscritos a entidad ni corporación alguna». Incluso tras la conmoción del Octubre revolucionario, mientras Calvo Sotelo afirmaba en las Cortes que «la posibilidad de diálogo parlamentario en España ha desaparecido», Gil Robles explicó en diversas entrevistas y mítines que él no había dejado de ser «partidario decidido de las asambleas deliberantes», aunque sus errores debían ser corregidos, fundamentalmente lo que consideraba como excesos que llevaban al abuso del Parlamento y al desgobierno. «Conozco, dijo, la multitud de sus defectos, pero no incurro en la locura de pretender derribar el Parlamento. Es muy fácil minar los cimientos de las instituciones, pero resulta extremadamente difícil después llenar con eficacia la misión que desempeñaban[100]».

Como casi todos los conservadores de entreguerras, los integrantes de la CEDA creían que las jerarquías sociales, la disposición orgánica de la sociedad, eran «naturales» y por tanto «permanentes», como explicó Federico Salmón en La Verdad. Desde esa óptica y partiendo de que la tradición debía estar siempre por encima de cualquier creación legislativa coyuntural, no sentían ningún apego por un parlamentarismo al que achacaban la disolución del orden social y una fragmentación ideológica contraria a la unidad nacional. De ahí que, como llegara a decir Salmón, mostraran un radical escepticismo sobre el futuro de la representación clásica: «Si el Parlamento y la democracia sirven a España, bien; si no, habría que limitar o suprimir el Parlamento para servir a España, a su economía y a los principios sociales que nos obligan[101]». Él prefería un sistema presidencialista en el que el ejecutivo no dependiera para todo del legislativo, y en el que este pudiera tomar decisiones debidamente aconsejado por una segunda cámara o «Consejo Económico». Así pues, desde una óptica antiliberal, los cedistas no creían en la canalización del conflicto sino en la superación del mismo mediante órganos de negociación corporativa que impusieran soluciones de corte nacional y no partidista. Pero nunca dijeron que la vía para lograrlo fuera una dictadura. Lo que sí dijeron, y Calvo Sotelo y José Antonio Primo de Rivera tuvieron que escucharlo varias veces al mismo Gil Robles, con evidente desagrado, que ellos confiaban en poder cambiar la Constitución por los procedimientos fijados y, por tanto, obtener el respaldo popular en las urnas.

7. VIENTOS DE ARBITRARIEDAD, TEMPESTADES DE SANGRE

El 7 de febrero de 1934 Gil Robles había asegurado en las Cortes que la situación se volvería muy complicada si se les cerraba la puerta al Gobierno y se hacía caso omiso de la composición de la cámara. A la vez que rechazaba la dictadura fascista, también había contestado a las amenazas socialistas diciendo que si las izquierdas se empeñaban en que no cupieran dentro del régimen más ideologías que las suyas, entonces él «tendría que decir que nosotros no cabemos, que no podemos estar ahí». Pero la «responsabilidad sería vuestra[102]». Cuando a finales de 1935 el presidente de la República decidió que no encargaba la formación de Gobierno al jefe del grupo parlamentario de la CEDA, este pensó por un momento que los hechos habían terminado demostrando que la derecha no cabía en el sistema. En esas jornadas se produjo su primera gran vacilación en cuanto a la utilidad de la táctica legalista. No es casualidad que fuera entonces cuando, sin llegar a aceptar la dirección de un golpe de Estado, sin embargo, se mostrara ambiguo e incluso simpatizara con algunos militares cercanos que estaban dispuestos a imponer una salida conservadora al presidente de la República. No hubo, finalmente, solución militar en diciembre de 1935. Con no poca polémica, las Cortes quedaron disueltas y se celebraron elecciones generales. El clima de opinión no podía ser menos propicio. Con su empeño en no aplicar a los cedistas la misma vara de medir que había usado para valorar la lealtad de los socialistas en el primer bienio, la actitud de Alcalá-Zamora pareció, a ojos de las derechas, una legitimación implícita del comportamiento de quienes habían usado la violencia para contestar la entrada de la derecha católica en el Gobierno.

El Debate explicó, tras la constitución del ejecutivo presidido por Manuel Portela Valladares, que se había levantado «una muralla» para impedir que la derecha posibilista pudiera hacer desde el Gobierno lo que las urnas habían legitimado en noviembre de 1933. Se refería a una posible reforma constitucional y advertía así sobre las consecuencias que eso tendría para mantener a los católicos dentro de la legalidad. La CEDA, pese a todo, hizo pública una nota redactada por su máximo responsable en la que se ratificaba en la defensa de la vía legal y apuntaba a las elecciones como el mejor instrumento para contrarrestar a los revolucionarios. Sin embargo, el propio Gil Robles afirmó en esas jornadas, como si se preparara ya para el tono que habría de ser habitual en la inminente campaña electoral, que Acción Popular «había nacido en la lucha y volvía a ella[103]». Tal y como venía ocurriendo con sus juventudes en las semanas previas, la dirección cedista iba a dejar que las elecciones se convirtieran en un batalla simbólica entre dos ejércitos que se excluían mutuamente, de forma todavía más acentuada que en noviembre de 1933. Se trató, de hecho, de un «combate» cuyo «emblema» se hizo público en el primer acto de propaganda electoral organizado en Valladolid el 19 de diciembre de 1935: «Contra la revolución y sus cómplices[104]».

Jóvenes observando los carteles electorales de las elecciones generales de febrero de 1936. La campaña se planteó en términos de quién representaba la «verdadera España». Uno de los lemas de Acción Popular fue, como se puede ver en la imagen, el de «Votad a España». Los integrantes del Frente Popular eran presentados como la «antipatria».

Lo que se avecinaba era «la batalla definitiva a la revolución». Y de su «significado» no dudaban ni los posibilistas: «de una vez se va a ventilar si España va a vivir en un período revolucionario permanente, o si vencida totalmente y para siempre la subversión, podrá comenzar una época de auténtica reconstrucción nacional[105]». Las expresiones subrayadas reflejan muy bien esa consideración de las elecciones como un nuevo punto y aparte en la historia política española. Cinco años después de instaurada la República, una consulta electoral se convertía en un nuevo plebiscito para decidir algo más que la alternancia. Mientras los candidatos del Frente Popular se afanaban en defender a los protagonistas de Octubre, la CEDA iba a insistir en que las elecciones eran cruciales para evitar la victoria de la revolución. Estamos, podía leerse en El Ideal Gallego, «amenazados por otro enemigo más rabioso que ataca […] Se trata de ser o no ser […]». En Aragón, El Noticiero, también cercano a Acción Popular, ratificaba los términos del combate: «Luchan, de un lado, los defensores de la religión, de la propiedad y de la familia; del otro, los representantes y voceros de la impiedad, del marxismo y del amor libre. Son las dos ciudades enemigas de que habla San Agustín[106]». La propaganda de la CEDA, mediante miles de tarjetas y cientos de carteles, apuntaba a una lucha sin cuartel para decidir sobre la supervivencia de la nación: «Votad a España» podía leerse en uno de los primeros pasquines electorales pegados la madrugada del 10 de enero de 1936[107]. Y si los conservadores representaban a la verdadera «España», los otros eran la «antiespaña». Acción Popular, decía un suelto extraordinario del boletín de los cedistas aragoneses, «no es un grupo más. Acción Popular es España[108]». Definida así la contienda electoral, el Frente Popular solo podía ser descrito como la unión de los «partidos republicanos de izquierda y socialistas, con todas las demás fuerzas secretas de la revolución: comunistas, separatistas y masones». Una alianza de la que se esperaba, como dijeron los conservadores cántabros, una política que acabaría con «nuestra religión, abatiendo la unidad de la Patria, nos pondría al servicio incondicional del comunismo ruso, se incautaría de la propiedad privada por modesta que fuese, aniquilaría las fuerzas nacionales al servicio del orden, llevaría la perturbación de la inmoralidad a las familias […], sumiéndonos en una era de persecución y barbarie en la que la economía nacional, fuente de prosperidad y de trabajo, habría de sufrir un ataque de muerte[109]».

Y si de lucha para salvar a España se trataba, quién mejor preparado para mostrar esa querencia por la demonización del contrario y el recurso a la descalificación que los jóvenes cedistas. Fueron ellos los que pusieron sobre la mesa demandas que no estuvieron en boca de sus mayores. Desde finales de 1935 Gil Robles empezó a estar preocupado por unos «arrebatos juveniles» que no compartía. No hace falta, les dijo, extender el brazo para realizar grandes empresas. El uniforme no es «más que una cosa externa que cubre la deformidad interior[110]». Pero en los meses previos las juventudes habían extremado no solo el lenguaje contra la antiespaña sino también sus reivindicaciones, declarando «la guerra sin cuartel al marxismo vergonzante» y arremetiendo duramente contra el liberalismo. Empezaron a mostrar desconfianza hacia toda rotación democrática en el poder y perdieron, incluso, el interés por la revisión constitucional que hasta ese momento había sido el leitmotiv de su discurso. Pérez Laborda, su líder, llegó a pedir, aunque nada tuviera que ver con el programa oficial de la CEDA, un sufragio exclusivo para los padres de familia[111]. En un suelto de las juventudes publicado en enero se dio a conocer una propuesta para después de las elecciones que incluía las siguientes reivindicaciones: «Deposición del presidente de la República. Disolución del Partido Socialista. Aniquilar la Revolución. Amordazar la Prensa canalla. OTRA CONSTITUCIÓN. Reconstrucción económica». Y en Valencia, Lucia decidió suspender Guías, la publicación de las juventudes de la DRV, por la línea de radicalismo antidemocrático que había adoptado, y cuestionó el liderazgo de José María Torres Murciano, un hombre próximo a Acción Española y que acabaría pidiendo a los afiliados de las juventudes que se pasaran a Falange[112].

Con todo, la JAP, al igual que sus mayores, seguían lejos de los falangistas y los simpatizantes de Renovación por su empeño en no legitimar el uso de la violencia contra el sistema. La propia organización juvenil mantuvo su lealtad hacia la táctica posibilista y legalista, repitiendo como los meses anteriores que: «Por la violencia, confundiendo la monarquía con el Catolicismo […] seguiríamos escachados bajo la bota del tirano. Con la ley, con sus propias armas, hemos desplazado a la antiespaña de la legalidad que ellos fabricaron». Y la CEDA no se apartó en ningún momento de sus postulados legalistas. Aunque había una abierta contradicción entre la condena de la violencia y el lenguaje agresivo, lo cierto es que no hubo en su propaganda, como ya señalara Tusell, «una llamada explícita a la violencia o al derrocamiento del régimen imperante». Los jóvenes de AP no organizaron nada parecido a la Falange de Sangre y ninguno de los líderes cedistas más relevantes afirmó en público sentencias como las que pudieron oírse o leerse en boca de los seguidores de Calvo Sotelo o Fal Conde, que creían imposible derrotar a la revolución a través de las urnas y que decían estar preparados para lanzar a las masas a la calle cuando llegara la lucha definitiva. A ellos no se les escucharon frases como esta de los monárquicos sevillanos: «Los judas emboscados del separatismo, en criminal maridaje con los asesinos de Octubre, quieren rasgar la unidad de España […] ¡No pasarán! Al menos, no pasarán sin sangre». O esta otra de Calvo Sotelo en un mitin celebrado el 12 de enero de 1936: si una «gran parte del pueblo español […] piensa en la fuerza para implantar el imperio de la barbarie y de la anarquía», entonces «Para que la sociedad realice también una defensa eficaz necesita también apelar a la fuerza[113]».

Otra cosa distinta es que también Gil Robles había sacado conclusiones de lo ocurrido semanas atrás. Estaba profundamente disgustado con el modo en que se había cerrado la anterior legislatura y la experiencia de la últimas Cortes le había ratificado en que el parlamentarismo, tal y como quedaba definido en la Constitución, imposibilitaba la formación de gobiernos estables. Esa actitud se trasladó a la campaña. Nada había de antidemocrático en explicar, como hizo, que no todas las ideologías ni todos los conceptos de libertad podían tener «cabida en el concurso de las ideas lícitas». Pero no era democrático añadir que nadie podía discrepar en «la esencia de una sociedad única y de una patria única» y que al que lo hiciera «ha[bía] que aplastarle […]». A su auditorio, sin embargo, la expulsión del discrepante parecía agradarle, pues nada más pronunciar la palabra «aplastar» fue contestado con grandes aplausos, numerosos vivas al «Jefe» y a la «España única[114]».

Contagiada por la dureza de la controversia que mantenían Calvo Sotelo y Largo Caballero y por ese ambiente de lucha fatídica entre revolución y contrarrevolución, la campaña cedista no evitó la intransigencia y se empleó a fondo para presentar una imagen demonizada del contrario. A los que había que aplastar se los trató sin demasiado respeto: «vividores del obrerismo», «traidores», «renegados», «politiquillos», «aliados de pistoleros», «cínicos» fueron algunos de los adjetivos que merecieron los políticos republicanos. Incluso en los mítines de la moderada DRV se hablaba de elegir entre una «nueva España católica o el caos más catastrófico de los sicarios de Moscú[115]». Se iba a dirimir «la definitiva batalla», explicaban algunos medios católicos gallegos, para los que «el signo de la lucha electoral próxima» sería un «ser o no ser»: «Si triunfasen las hordas soviéticas […] todo se habría perdido […] No hay términos medios […] el rescate de España de las manos ensangrentadas que quieren oprimir su garganta para estrangularla y derribarla después sobre el cieno del odio masónico y soviético […]»[116]. Nada tienen de extraño esas expresiones si hasta el mismo Gil Robles llegó a hablar de «aplastar» o «liquidar» al «movimiento más criminal que se ha registrado en España en todos los tiempos». Lo peor es que no se refería solamente a los socialistas y su comportamiento en Octubre. Había decidido dejar atrás la prudencia que le habían acompañado incluso en el difícil otoño de 1934. Contagiado por la violencia verbal desatada en las izquierdas y en los medios integristas, no escatimó tampoco en amenazas que podían abrir una fractura en la condición posibilista de su grupo tras las elecciones: si el futuro Gobierno, advirtió, retira a la fuerza pública «para dejar en libertad a unas masas desatadas en la calle, de hombre a hombre no hay diferencia […] (grandes aplausos y vivas). Si la autoridad se inhibe, entonces la sociedad no solo tiene el derecho a defenderse, sino el deber de hacerlo. Quien desata vientos de arbitrariedad recoge tempestades de sangre. Quien nos busque, nos encontrará[117]».

Durante la campaña, por tanto, la CEDA contribuyó a consolidar algo que el propio Giménez Fernández había criticado algún tiempo antes, al calificar de desgraciada la insistencia en «querer polarizar la futura lucha electoral sobre los más opuestos extremismos», obligando a los españoles a elegir «entre los términos izquierdas y derechas, revolución y contrarrevolución, república y monarquía, socialismo y catolicismo». La polarización, sin embargo, era inevitable si estaba en juego, como decía El Debate, «la civilización, la supervivencia misma de España[118]».

Lo paradójico, en todo caso, es que ese lenguaje radical y de frentes no casaba demasiado bien con el empeño de la dirección cedista en mantener la distancia que le separaba de las reivindicaciones extremas del Bloque Nacional. Cuando, a finales de diciembre de 1935, Calvo Sotelo pidió la formación de un «Frente Nacional», una alianza para juzgar al presidente de la República y establecer un régimen autoritario, Gil Robles dijo que ellos nada tenían que ver con ese programa. No hubo, pese a la justificación del frente contrarrevolucionario, un pacto nacional con los monárquicos, que hicieron su propia campaña; la CEDA acordó alianzas electorales con radicales, conservadores y agrarios, con el objetivo oficial de defender la legalidad republicana, no de destruirla[119]. Y a diferencia de los posibilistas, la campaña del Bloque Nacional no fue solamente antimarxista, sino «antirrepublicana y antidemocrática». Si el manifiesto electoral de Renovación Española abogó por la «organización» de un nuevo Estado de bases «autoritarias», Calvo Sotelo repitió que las urnas eran solo el acto preliminar de una batalla posterior e invocó a la «Nación en armas», en caso de que la patria estuviera en peligro. Por eso se ha dicho, con razón, que el lado opuesto durante la campaña de un Largo Caballero totalmente desbocado, el mismo que anunciaba que si las derechas ganaban tendrían que «ir a la guerra civil declarada», no fue Gil Robles sino Calvo Sotelo. El lema de los monárquicos autoritarios era suficientemente significativo: «Votemos para poder dejar de votar algún día». Al lado de eso, la CEDA, a pesar de sus juventudes, que sin duda estimularon una campaña dura y contribuyeron a los excesos del «jefe», concentró su discurso en el miedo a la revolución, tratando además de sacar partido de la obra realizada por sus ministros en los años anteriores, esto es, sin arrepentirse, sino todo lo contrario, de la colaboración con los radicales y del apoyo a Lerroux tras la revolución de Octubre. Y al final de la campaña, paradójicamente, el líder cedista aseguró que gobernar de forma enérgica no significaba «el aplastamiento del adversario, la destrucción del enemigo, el aniquilamiento del que está frente a nosotros», aunque quizás era ya demasiado tarde para tranquilizar a unos adversarios que no iban a la zaga, sino al contrario, en esto de superar el liberalismo decadente y anhelar la aniquilación del otro[120].

Finalmente, en cuanto a la violencia durante la campaña sabemos que no se quedó solo en el terreno de las palabras. Aunque no pueden sacarse conclusiones definitivas mientras no se disponga de un estudio exhaustivo de la violencia política en esos días, no parece que los afiliados de la CEDA tuvieran el protagonismo en los choques violentos que alcanzaron socialistas, comunistas, anarquistas y falangistas. Tampoco puede colegirse, a juzgar por la información que proporcionó la prensa, que la campaña fuera mucho más violenta que la de 1933. Por lo que se refiere a los cedistas, aparte de las medidas gubernativas contra las publicaciones de la JAP, cuyo contenido era muy hostil al presidente Portela, hubo algunos incidentes con motivo de actos de propaganda o colocación de carteles y denuncias de candidatos de izquierdas sobre violencias o coacciones por parte de las derechas. Por ejemplo, en Albacete, los socialistas se quejaron de que las juventudes de AP pegaban carteles de forma «ilegal», denunciaron la violencia prodigada por «bandas de señoritos con sus respectivas pistolas» y acusaron a todas las derechas de cometer todo tipo de desmanes «en alianza turbia e inconfesable con el Gobierno». En Cádiz, se produjo una colisión entre jóvenes de AP y chavales que vendían periódicos extremistas y gritaban contra Gil Robles; todos ellos fueron detenidos. Al decir también de El Socialista, jóvenes de AP trataron de agredir al ministro de Obras Públicas durante un mitin, aunque lo hicieron con algo tan peligroso como varios paquetes de octavillas. Con independencia de que esas acusaciones estuvieran mejor o peor fundadas —abundaron las protestas verbales, pero no las denuncias tramitadas judicialmente—, lo cierto es que el caso que Grandío Seoane describe para La Coruña no parece que fuera lo habitual: «La inseguridad social de la ciudad provocó que en los últimos días de campaña electoral la utilización de armas de fuego fuese normal en estos enfrentamientos, algunos de ellos realizados por la noche[121]».

Hubo otras ciudades donde el clima de violencia fue especialmente sangriento. Quizás Valencia fuera una de las más llamativas, con numerosos altercados, incendios de edificios religiosos, ataques a sedes de periódicos de izquierdas, uso de armas de fuego. Y en las provincias de Granada, Murcia, Alicante o Cádiz, los socialistas denunciaron que el gobernador civil actuaba a favor de las derechas; por ejemplo, otorgándoles licencias de armas y permitiendo diferentes atropellos. Pero los datos disponibles no permiten asegurar sin más, como se ha hecho en alguna ocasión, que todas las derechas, incluidos por tanto los cedistas, participaran de la violencia demostrada en la calle por falangistas y socialistas. Sabemos, por el contrario, que las JAP no tuvieron milicias organizadas para el choque violento y que las Juventudes de Acción Católica mantuvieron que los jóvenes no debían entrar en política y que la violencia no era el camino correcto. Según revelan la prensa y algunos estudios locales, cuando se contabilizan y estudian los actos concretos de violencia difícilmente aparecen involucrados otros derechistas que no fueran falangistas. De hecho, siguiendo con el ejemplo gallego, la mayor parte de los incidentes de las grandes ciudades, como el caso de Vigo o Sevilla, ocurrieron entre sindicalistas y monárquicos del Bloque Nacional y/o falangistas. Otro tanto ocurrió en Albacete, Badajoz o Granada[122].

Sin embargo, algunos mítines de AP fueron reventados por socialistas y hubo, aunque pocos, varios heridos y algún muerto de AP. El día antes de las elecciones el alcalde socialista de Olves, Zaragoza, hirió gravemente a un propagandista de AP. Días antes en el Casino de Monachil, Granada, un joven de AP había resultado herido de gravedad en un acto de propaganda cedista y un miembro de las juventudes salmantinas, Clemente Barragán Gil, había sido asesinado el día 7 en Montemayor del Río tras una trifulca previa entre su hermano y simpatizantes del Frente Popular que se dedicaban a arrancar carteles electorales conservadores. Una semana antes, en Cuevas del Valle, Ávila, otro simpatizante de AP había sido herido de gravedad por el mismo motivo: una riña con comunistas que se dedicaban a arrancar carteles de propaganda del adversario. E incluso un personaje tan contundente en la condena de la violencia como el cedista Giménez Fernández, vio como varios socialistas le reventaban un mitin en Arévalo, Ávila, el 4 de febrero. Dos días más tarde, varios comunistas intentaron incendiar el vehículo en el que su compañero Salmón, que poco tenía que ver con los «conservaduros», hacía propaganda por la provincia de Lugo[123].

8. EL FRACASO DE UN ESFUERZO INGENTE

El lenguaje frentista usado durante la campaña tenía un inconveniente para el normal desarrollo de la alternancia tras las elecciones. Si finalmente ganaba la antiespaña: ¿Cómo pedir a las huestes conservadoras que se quedaran de brazos cruzados? ¿No se trataba de una batalla definitiva? ¿Cómo aceptar, sin más, la victoria electoral y retomar el cauce institucional de defensa de las ideas e intereses propios? Quizá por eso, para preparar la respuesta de su grupo ante una posible victoria del Frente Popular, Gil Robles quiso hacer una llamada tardía a la concordia en sus palabras de cierre de campaña. En un discurso radiado a cuatrocientas ciudades, el más importante de todos cuantos se habían celebrado en esos días por oradores conservadores, aseguró que deseaba que sus «palabras finales» no fueran «un estímulo al combate, sino reflejo de un hondo sentimiento de paz», pues ellos aspiraban a «gobernar con mano enérgica y ánimo decidido, pero no a imponer la destrucción del adversario[124]».

Pasaron las elecciones y la CEDA no obtuvo un mal resultado, pero todas las ilusiones de que la movilización democrática sirviera para detener a los que propugnaban la revolución se vinieron abajo. No está demostrado que, como a veces se dice, los afiliados de la CEDA, ni siquiera los jóvenes de AP, se pasaran en masa a organizaciones derechistas más radicales. El caso de Sevilla, que sí conocemos bien, no lo corrobora[125]. El impacto de lo ocurrido tras conocerse los primeros resultados fue indudable, pero pasadas esas jornadas la CEDA mantuvo a su núcleo director intacto y Gil Robles recobró en el Parlamento el control del grupo, que seguía siendo, a mucha distancia, la organización conservadora más poderosa del régimen. Aunque algunos afiliados de AP participaran de los preparativos locales para propiciar un golpe de Estado y personas cercanas a Gil Robles supieran de las reuniones mantenidas por militares golpistas, oficialmente los posibilistas no abandonaron su postura oficial en contra de la violencia y aceptaron, incluso después de lo ocurrido en la discusión parlamentaria de las actas, la legitimidad del resultado electoral. Luego que Azaña formara el nuevo Gobierno, insistieron en que eran «momentos para todos de permanecer serenos al lado del poder para evitar hechos desagradables al país y de no dejarnos excitar ni intimidar por algunos alborotadores[126]». A diferencia de otras derechas, los dirigentes de la CEDA no optaron abiertamente por el camino de la subversión. Tampoco dijeron, como el socialista Prieto tras las generales de 1933, que el resultado no les mereciera ningún respeto por haber sido fruto de «coacciones, sobornos y amaños». En las primeras horas del día 17 de febrero, Gil Robles rechazó la demanda de los monárquicos autoritarios para un golpe de fuerza. Mientras José Antonio le pedía fusiles a Portela y le ofrecía el servicio de los falangistas en caso de que se produjera un golpe de las izquierdas, el líder de los posibilistas rogó al presidente saliente lo mismo que el jefe del Estado Mayor, el general Franco, esto es, la declaración del estado de guerra, lo que no significaba a priori la anulación de los resultados y la instauración de una dictadura[127]. Al día siguiente, Gil Robles facilitaba a la prensa una nota en la que aseguraba que su grupo se mantenía: «Firme en su posición de estricta legalidad jamás quebrantada» y que «se at[enía] al resultado de la voluntad popular, sea cual resulte del escrutinio[128]». Esa postura no cambió incluso aunque el mencionado escrutinio hubo de terminarse después de que el Gobierno Portela abandonara precipitadamente sus responsabilidades como ejecutivo en funciones, algo que arrojaba serias dudas sobre la limpieza del proceso.

En la madrileña Puerta del Sol, con motivo de las elecciones generales de febrero de 1936, se colgó un inmenso cartel con la efigie de José María Gil Robles. El eslogan, como puede apreciarse, era: «Dadme la mayoría absoluta y os daré una España grande». A pesar de sumar más votos, las candidaturas de derechas, que no mostraron la misma cohesión en todas las provincias, perdieron esas elecciones ante la eficaz unión lograda por las izquierdas en el Frente Popular.

En esa misma línea y dejando atrás el lenguaje radical de la campaña, el jefe de la minoría cedista reapareció en el parlamento para mostrar apoyo al nuevo Gobierno de Azaña en algunos puntos básicos relacionados con el cumplimiento de la legalidad vigente. El 19 de marzo se celebró una reunión especialmente tensa de la minoría parlamentaria. Gil Robles estaba en una situación delicada porque una parte de su mismo grupo trabajaba ya en su contra. Giménez Fernández intentó que se debatiera sobre cuestiones de fondo, tales como si la CEDA aceptaba o no la República. No era el momento y por eso Gil Robles evitó el debate alegando que se trataba de un asunto que debía ser discutido en un futuro congreso. Con todo, la iniciativa sirvió para visualizar la fractura interna del grupo: algunos se declararon abiertamente accidentalistas, otros hicieron afirmación republicana por «convencimiento» (los democristianos como Álvarez Robles o los diputados valencianos) o por haber aceptado «la imposibilidad de otro régimen» (Aizpún); pero también hubo quienes apostaron por salidas autoritarias como Ramón Ruiz Alonso, Mariano Serrano Mendicute o Moreno Dávila[129]. Así pues, el ala democristiana no tuvo éxito en su empeño de satisfacer la demanda de las izquierdas para que la CEDA declarara con solemnidad su republicanismo, demanda que no por repetida dejaba de ser hipócrita, al menos si se tiene en cuenta que los republicanos habían vuelto a formar Gobierno con el apoyo de un partido, el PSOE, que había usado la violencia para derribar a un Gobierno legítimo. Pero tampoco hubo un pronunciamiento de la minoría cedista a favor de eliminar las principales señas de identidad de los posibilistas.

En realidad, como hasta entonces, volvió a ganar la partida el sector de centro dentro de la CEDA, el mismo que lideraba el propio Gil Robles. Todo seguía dentro de ese mismo molde de ambigüedad doctrinal y semilealtad que habían caracterizado a la organización desde 1933, manteniendo oficialmente la postura posibilista a favor del trabajo dentro de la ley y condenando el uso de la fuerza. De hecho, en la violencia que se desató durante los meses posteriores a las elecciones y que produjo decenas de muertos y numerosos atentados contra bienes eclesiásticos y propiedades, los católicos que se mantuvieron fieles al posibilismo no fueron, por lo general, verdugos sino víctimas. En algunas zonas como Badajoz, bastaba haber cometido el delito de ser militante de las derechas para ser arrestado u «objeto de palizas» nocturnas. Algo parecido ocurrió en Ciudad Real, donde «el cerco a las derechas no se limitó al polo más extremo de las mismas», como planteó en un principio el Gobierno, sino que «golpeó de lleno a muchos militantes de los partidos conservadores o de centro-derecha que aceptaban y reconocían las instituciones, la legalidad vigente o incluso —a regañadientes o no— la legitimidad de los nuevos gobernantes», es decir, gentes del Partido Radical, de los Agrarios o de la CEDA. En aquella primavera el grueso de la violencia con resultado de muerte no fue originada por militantes de AP sino por las izquierdas extremas y los falangistas. El caso de Santander no fue una excepción: «Falange fue la única organización derechista de la región que apostó abiertamente por el uso de medios violentos, por el pistolerismo callejero, y prácticamente todos los atentados llevados a cabo contra las izquierdas llevaron su sello […]» En Albacete, donde se vivió «un período de gran tensión», no hubo casi ningún caso en el que la violencia de las «derechas» no procediera de falangistas, salvo episodios de menor entidad como algunos cruces de insultos. La excepción, aunque las pruebas no son concluyentes, pudo ser el grave suceso ocurrido en la capital de la provincia a mediados de marzo, cuando el republicano azañista Arturo Cortés recibió varios disparos frente al círculo de Acción Católica y eso dio lugar a una manifestación ilegal y un tiroteo frente al Casino Primitivo, seguido de asaltos e incendios provocados por jóvenes izquierdistas. En Cáceres, provincia con una conflictividad que ha sido estudiada minuciosamente, sabemos también que los falangistas y los socialistas, y no los cedistas, fueron los principales responsables de los enfrentamientos violentos iniciados nada más conocerse la convocatoria de elecciones. Una vez conocidos los resultados, solo hay constancia de un incidente grave, con resultado de varios heridos y un muerto, ocurrido en Jaraicejo, en el que se vieran involucrados los jóvenes de AP, en este caso contra socialistas. Y otro tanto ocurrió en Badajoz, donde el propio gobernador admitió implícitamente el descontrol del orden público por parte de grupos de las izquierdas, a los que pidió que abandonaran el recurso a «las rondas volantes» o «banda de la goma»; aunque él mismo se cuidó de aplicar con la misma rotundidad la prohibición de manifestaciones y reuniones políticas a las juventudes socialistas que a las derechas, hasta el punto de que el clima de intimidación que sufrieron estas últimas llegó por igual a agrarios, cedistas o falangistas. El jefe de los primeros en Quintana de la Serena, sometido a un duro acoso a manos de los comunistas, pidió al Gobierno «respeto y protección para ciudadanos pacíficos, honrados y tan republicanos como el que más[130]».

Desde finales de febrero, y pese a que la situación social y política estaba deteriorándose con celeridad, la dirección de la CEDA se esforzó en declarar su apoyo condicionado al Gobierno y mantener la vigencia de la táctica legalista. Giménez Fernández, que se hizo cargo del partido mientras Gil Robles se iba unos días de descanso, realizó unas importantísimas declaraciones a la prensa para dejar bien claro el criterio de su grupo: no solo afirmó que ellos apoyarían «todo aquello que sea mantenimiento del orden público y prestigio del Poder; pues constituimos un partido netamente gubernamental»; también añadió unas palabras que no habían estado en boca de los socialistas tras la victoria del centro-derecha en 1933: «En el juego normal de una democracia, los partidos políticos se combaten, pero se respetan»; la CEDA reconocía que el triunfo de las izquierdas republicanas había sido resultado de la «voluntad de España» y estaba decidida a defender sus principios «con absoluta lealtad y decisión para mantener[se] dentro de la legalidad y dentro de la República». Más tarde, en la primera semana de marzo Gil Robles corroboró que su partido «no var[iaba] su táctica, ni p[ensaba] remotamente en soluciones de fuerza». La CEDA «[s]abe ganar y sabe perder. El resultado de las elecciones, al amparo de una absurda ley electoral, ha dado el triunfo a las izquierdas. Es un hecho, y a él hay que plegarse[131]».

Aquellas palabras eran algo más que una declaración de respeto por el resultado electoral. También se trataba de una respuesta contundente a los del Bloque Nacional. Tanto Calvo Sotelo como Goicoechea habían decidido ser coherentes con el discurso frentista de la campaña. Por eso, a diferencia de los posibilistas, habían llegado a la conclusión de que las urnas no eran la vía para parar la revolución y que la culpa del fracaso de la contrarrevolución se debía a la política de apaciguamiento practicada por la CEDA en el segundo bienio[132]. Gil Robles tenía una visión por completo diferente. La «ley suprema de las modernas democracias», le dijo a Calvo Sotelo en una de las pocas respuestas directas con que le obsequió en esas semanas, es que solo el triunfo electoral puede permitir la aplicación «a fondo» de la táctica. Lo contrario es la violencia y el golpe de Estado[133]. En esa misma línea se manifestó nuevamente a mediados de abril cuando se votó la confianza al Gobierno de Azaña en las cortes. Mientras este último seguía empeñado en justificar la violencia presente en la calle como resultado de las provocaciones de las derechas y de la represión de Octubre, Gil Robles volvió a prestarle apoyo para una política de cumplimiento de la ley y el orden, asegurando que le «repugnaba» la violencia y no dejando de señalar que si el Gobierno no «rectifica[ba] rápidamente el camino, en España no quedar[ía] más solución que la violencia; o a la dictadura roja […] o una defensa enérgica de los ciudadanos que no se dejen atropellar». Por si acaso, aclaró de inmediato que no se trataba de una amenaza: «Nosotros no cambiamos de camino, es que la opinión puede tomar otros derroteros, y cuando la guerra civil estalle en España, que se sepa que las armas las ha cargado la incuria de un Gobierno que no ha sabido cumplir su deber frente a los grupos que se han mantenido dentro de la más estricta legalidad[134]». También El Debate mantuvo una actitud más prudente que los monárquicos autoritarios; todavía el 10 de mayo aseguraba que la CEDA seguiría por su camino, pues frente a «remedios heroicos [que] seducen a mucha gente», la «evolución lenta es siempre más fecunda». En esas mismas fechas, el órgano de las juventudes de Acción Católica, La Flecha, si bien reconocía que empezaban a ser «mayoría» los que creían que «solo una actitud violenta es [la] respuesta adecuada», ellos seguían postulando que «la ira del hombre no obra la justicia de Dios» y que no debían preferirse «las normas guerreras a los medios de penetración espiritual», debiendo defender «nuestra obra con observancia escrupulosa de las leyes[135]».

Cuando el 19 de mayo se presentó en las Cortes el nuevo Gobierno presidido por Casares Quiroga, Gil Robles volvió a repetir lo que le había dicho a Azaña un mes atrás en esa misma sede: «Quienes constituimos el partido en cuyo nombre hablo no podemos sentir entusiasmo ni concomitancias con la ideología fascista». Y dijo algo más, fundamental para entender la aportación de los accidentalistas al nuevo régimen, un aspecto cuya significación había sido captada por Lerroux mejor que por ningún otro republicano: «Si algo significa nuestro partido [la CEDA] en la política española, ha sido un esfuerzo ingente para llevar a las masas de derecha a unos procedimientos democráticos». Sin duda, la pasada campaña electoral, como hemos analizado más atrás, arrojaba algunas dudas sobre la credibilidad de quien hacía esa afirmación. De lo que no cabía duda, sin embargo, es de lo que Gil Robles añadió a continuación: al despachar a todos los conservadores como fascistas, sin distinguir entre unos y otros, el Gobierno del Frente Popular estaba creando las bases para que la derecha autoritaria creciera como no lo había hecho hasta entonces. Nosotros, le dijo el jefe de la minoría cedista a Casares, «no vamos por caminos de violencia»; pero «si la autoridad falta», no podéis pedir ahora a las «masas de la derecha» que «caigan de rodillas ante el ídolo de la democracia cuando habéis sido vosotros los que os habéis apresurado a despedazarlo[136]».

Pero por mucho que Gil Robles y quienes mantuvieron la disciplina dentro de la CEDA siguieran condenando la violencia en sus discursos públicos, lo cierto es que la simplificación y la radicalización de los supuestos de la vida política les estaban conduciendo a una situación extremadamente difícil, en la que todo el que no perteneciera a la coalición de gobierno parecía condenado a ser etiquetado de fascista. En las últimas semanas de junio y primeras de julio, parece que algunos cedistas terminaron por convencerse de que estaba justificado el uso de la violencia para propiciar un cambio de Gobierno; y el mismo Gil Robles, aunque no tuviera una implicación directa en los preparativos insurreccionales, reconoció en sus memorias que algunos de sus colaboradores más cercanos estaban enterados de esos preparativos y que él mismo optó, no sin ciertos problemas morales, por poner a disposición de Mola el dinero sobrante de la campaña electoral de la CEDA. Y cuando Félix de Valenzuela, capitán retirado y diputado cedista por Guadalajara, le habló de una conspiración en marcha, él mismo le dio consejos sobre la mejor manera de que esta triunfara sin que se lanzara «al país a los horrores de una contienda civil». Ciertamente, como el mismo Gil Robles tuvo que admitir, si bien su comportamiento público y privado se basó en no respaldar una acción violenta mientras consideró que había «una mínima posibilidad de buscar a la situación española un desenlace normal», cuando llegó a la conclusión de que eso ya no era posible, seguramente después del asesinato de Calvo Sotelo, también consideró que su «deber era contribuir» a un desenlace «rápido y positivo». La de sus compañeros de partido no debió de ser muy diferente[137].

Poco días antes de la rebelión militar, todo indica que muchos posibilistas acabaron razonando en los mismos términos en los que se dirigió Eduardo Molero Massa, jefe provincial de los agrarios en Valencia, al exministro José María Cid el día 13 de julio de 1936: para quienes habitan «en el Frente Popular todos somos iguales: reaccionarios o fascistas. [Para esa gente] mis amigos y yo somos también fascistas y de nada sirve que a partido republicano perteneciera yo antes del advenimiento de la República ni que candidato una vez, y triunfante otra, las dos veces fuera a las elecciones a título declaradamente republicano: yo también soy fascista […]. En estas condiciones, ¿cree usted que es posible convivir con una gente que en cada momento y en cada acto niega el derecho a la convivencia a los demás? […] Yo creo que no; creo que en el Parlamento no hay nada que hacer[138]».

Capítulo VII

El sable y la flor de lis.
Los monárquicos contra la República

Pedro Carlos González Cuevas

1. LA SEGUNDA REPÚBLICA: UN RÉGIMEN POLÍTICO PRELEGÍTIMO

«Olían las calles a sudor y a vino […] Vomitonas en las esquinas, abortos en la Dehesa de la Villa, pellizcos obscenos y sexo turbio que se enardecía en los apretones[1]». Así describía Agustín de Foxá, conde de Foxá, el desarrollo de la «fiesta popular[2]», que, al menos en parte, decidió el advenimiento de la Segunda República. No fue el único. Álvaro Alcalá Galiano, marqués de Castelbrabo, dio cuenta de la desolación de las clases altas ante la caída de la Monarquía: «Únicamente los barrios aristocráticos, los palacios y hoteles cerrados, expresan su mudo estupor ante el derrumbamiento de la Monarquía española[3]». Muy pesimista se mostraba igualmente Gabriel Maura, conde de la Mortera, para quien la proclamación de la Segunda República dejaba el camino expedito a «la hegemonía socialista» y, en consecuencia, a «la dictadura del proletariado»; todo lo cual conduciría a «la guerra civil[4]». Tal era la forma en que los sectores más ligados a la Monarquía recibían la Segunda República. Y es que el nuevo régimen venía de golpe, no como producto de una lenta evolución, siendo percibido por el conjunto de las derechas como una auténtica revolución.

La Monarquía constitucional de la Restauración había sufrido, desde finales del siglo XIX, un continuo proceso de deslegitimación, provocada por la persistencia del caciquismo, la escasa representatividad del sistema político, las fuertes desigualdades económicas y la pérdida de los últimos vestigios del imperio colonial. Importantes sectores de las derechas habían ido abandonando el liberalismo, evolucionando hacia tendencias corporativas, autoritarias y tradicionalistas. Fue el caso del maurismo, representado por Antonio Goicoechea, José Calvo Sotelo, el conde de Vallellano, etc[5]. Los sectores social-católicos, organizados en torno a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, fundada en 1909 por el Padre Ángel Ayala y por Ángel Herrera Oria, propugnaron un modelo corporativo y tradicionalista como alternativa al degradado parlamentarismo de la Restauración[6]. El viejo tradicionalismo carlista logró sobrevivir a los cambios económicos, culturales y políticos e incluso renovar su proyecto político a partir de las obras de Enrique Gil y Robles, Juan Vázquez de Mella y Víctor Pradera[7].

Estas tendencias cristalizaron en la Dictadura del general Primo de Rivera, que supuso un serio corte ideológico y político con la tradición conservadora liberal. El primorriverismo contó con el apoyo de algunos intelectuales como Ramiro de Maeztu, José María Pemán o José Pemartín. La ideología del nuevo régimen y de su partido, la Unión Patriótica, recordaba al tradicionalismo: patria, religión y monarquía. Su proyecto nacionalista se manifestó en la política económica intervencionista y proteccionista, patrocinada por José Calvo Sotelo; en la construcción del sistema corporativo, obra de Eduardo Aunós; y en los proyectos de nacionalización de las masas en un sentido católico y tradicional[8]. La Dictadura fue incapaz de institucionalizarse, ante la oposición de los intelectuales, los empresarios, un sector del ejército y de la aristocracia. Y, tras la experiencia de la «dictablanda» del general palatino Dámaso Berenguer, se abrió el camino a la Segunda República.

Sin embargo, el nuevo régimen no logró ser considerado legítimo por extensos sectores de la sociedad española. Resulta significativo que el historiador liberal Guglielmo Ferrero hiciese referencia a la Segunda República como «una forma de gobierno prelegítima», es decir, un sistema político donde «una parte de la población no admite, no presta obediencia y acatamiento leal al nuevo principio y se encuentra, al menos, en un estado de desobediencia potencial[9]». El historiador italiano no se equivocó. Y es que los dirigentes republicanos fueron incapaces de ofrecer al conjunto de la población un principio de legitimidad que estuviera en armonía con las costumbres, la religión, la mentalidad y los intereses económicos. Este arranque favoreció la influencia y la acción decisiva de los sectores extremistas.

Sorprendido por el rápido triunfo republicano, el conjunto de la derecha española no recibió el cambio político de una manera homogénea. Algunos ministros de la Dictadura primorriverista, como Calvo Sotelo, Aunós y Guadalhorce se exiliaron, temiendo las represalias de los republicanos, en un primer momento, en Portugal y luego en Francia. Inmediatamente se produjo una clara división entre promonárquicos y accidentalistas. El diario ABC reiteró su fidelidad a la Monarquía caída: «La monarquía es el signo de todo lo que defendemos, es la historia de España[10]». Por su parte, El Debate recibió la República con dos editoriales; el primero dedicado al rey destronado, víctima de una «furiosa campaña»; el segundo establecía, de acuerdo con las enseñanzas y directrices de León XIII, la táctica accidentalista, declarando el deber y la necesidad de acatar «activamente» el nuevo régimen[11].

La Iglesia católica recibió la Segunda República de una forma cuando menos reticente; algo, por otra parte, lógico, porque la inmensa mayoría de los dirigentes republicanos y de izquierda se habían caracterizado por su defensa del laicismo e incluso por su anticlericalismo militante. En su seno surgieron dos posturas diferenciadas. De un lado, el nuncio Federico Tedeschini y el cardenal Vidal y Barraquer dieron instrucciones a los obispos sobre la obediencia a los poderes constituidos; de otro, el primado Pedro Segura, que no pidió la obediencia de los fieles y que consideró la caída de la Monarquía como «un rudo golpe[12]».

Por otra parte, el conjunto de la derecha política se encontraba enormemente perpleja y desorganizada. Los partidos liberal y conservador habían desaparecido, lo mismo que los otros grupos surgidos a la caída de la Dictadura. No obstante, a las dos semanas de proclamada la República se constituyó una nueva organización política conservadora, que adoptó, en un primer momento, el nombre de Acción Nacional. Apoyada por los miembros de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, el 7 de mayo hizo público su primer manifiesto bajo el lema de «Religión, Familia, Orden, Trabajo, Propiedad», presentándose como una organización de «defensa social» que se proponía actuar en la vida pública dentro del sistema político establecido «de hecho», para defender «instituciones y principios no esencialmente ligados a una forma de gobierno, sino fundamentales y básicos en cualquier sociedad que no viva de espaldas a veinte siglos de civilización cristiana». El manifiesto, cuyo principal redactor era el antiguo maurista Antonio Goicoechea, servía de pórtico doctrinal a la organización presidida por Ángel Herrera[13].

Al mismo tiempo, Juan Ignacio Luca de Tena, director de ABC, creó una sociedad denominada Círculo Monárquico Independiente, que celebró su primera, y única, junta general el 10 de mayo. Luca de Tena pretendió atraerse al grupo accidentalista de Herrera para unificar posturas ante las elecciones. A la reunión asistieron unas trescientas personas. Al final del acto, los asistentes escucharon la «Marcha Real»; y los más arriscados salieron al balcón dando «vivas» al rey y a la monarquía, prosiguiendo luego, en la calle, sus gritos a favor del régimen caído. Lo que provocó altercados entre los viandantes, en un momento de inusitado fervor republicano. Se incendiaron algunos coches, entre ellos el de Luca de Tena; y varios centenares de personas se dirigieron a los locales de ABC con la intención de asaltarlos. Intervino la Guardia Civil, y en la reyerta hubo algunos heridos y dos muertos por disparos de la policía. Hechos que, a su vez, provocaron manifestaciones de indignación y, al día siguiente, una serie de incendios de iglesias y conventos en Madrid, luego extendidos a varias capitales de provincia. La fuerza pública patrullaba por las calles, pero no hizo nada por impedir los incendios, actitud que no dejó de percibirse como una complicidad tácita del nuevo Gobierno, compuesto en su mayoría por anticlericales notorios, con aquellos execrables hechos. Algo que sería aprovechado, en lo sucesivo, lo mismo que la ulterior expulsión del cardenal Pedro Segura, por los enemigos del nuevo régimen[14].

Semanas después, tras aquellos calamitosos hechos, tuvieron lugar el 28 de junio las elecciones a Cortes constituyentes, donde la actuación de las derechas resultó particularmente limitada. Apenas asumido el cambio de régimen y bajo la impresión de las jornadas anticlericales de mayo, el conjunto de las fuerzas conservadoras presentó un reducido número de candidatos. Cerrados sus centros y órganos de expresión hasta poco antes del comienzo de las elecciones, los monárquicos decidieron, en un primer momento, abstenerse. Solo quedaba en pie el grupo accidentalista de Acción Nacional, al que no tardaron en sumarse elementos monárquicos y tradicionalistas. Antonio Goicoechea fracasó en su intento de conseguir un escaño por Madrid. Calvo Sotelo, en el exilio, consiguió representación parlamentaria por la localidad de Orense. Pero la victoria de la coalición republicano-socialista fue arrolladora en el conjunto del país[15].

Era evidente que, dada la constelación de fuerzas políticas y sociales que propiciaron su advenimiento, la Segunda República nació escorada a la izquierda. Por vez primera, el republicanismo ocupaba el poder, acompañado, lo que era aún más significativo, por los socialistas. Pero, pese a la facilidad aparente de su triunfo, las izquierdas españolas se hallaban profundamente divididas. Las dos grandes tendencias del movimiento obrero, socialistas y anarcosindicalistas, tenían ideas muy distintas sobre la naturaleza del proceso sociopolítico que se abrió paso en abril de 1931. Incluso en el propio socialismo existía, como luego se vio, una clara división entre reformistas y revolucionarios. Los anarquistas, por su parte, negaron, como era su tradición, cualquier tipo de colaboración con las nuevas instituciones republicanas y propugnaron la revolución social para instaurar su alternativa libertaria. Las izquierdas republicanas adolecían de una profunda ambigüedad ideológica: liberal y jacobina, a un tiempo.

En consecuencia, el nuevo régimen nació con una clara voluntad de ruptura con el pasado más inmediato. De ahí que supusiera el más radical intento de transformación del Estado propiciado hasta entonces en la sociedad española. A nivel formal, sentó los principios de igualdad ante la ley, laicismo, autonomía regional, reforma social y económica. En el fondo, se trataba, en el pensamiento de los republicanos de izquierda y en los socialistas, de llevar cabo, por emplear el término acuñado por Carl Schmitt, una revolución legal, es decir, la conquista del Estado y la utilización del aparato estatal para la transformación cualitativa de la sociedad[16]. Sin embargo, muchos de sus intentos resultaron ser puramente voluntaristas, dada la división entre las izquierdas y la precariedad del aparato estatal.

El mejor reflejo del proyecto republicano de izquierdas se encuentra en los discursos y escritos de Manuel Azaña Díaz. La obsesión permanente de Azaña fue el papel de la Iglesia católica en la sociedad española. Frente al catolicismo, el escritor alcalaíno oponía «la tradición humanitaria y liberal». Y es que, a su entender, desde el siglo XVI, con la derrota de las Comunidades, quedó cortado el «normal desenvolvimiento español». De ahí la debilidad del liberalismo español, que había sido incapaz de realizar una auténtica labor revolucionaria, pactando con la monarquía y la Iglesia católica. El precio de aquellas transacciones fue nada menos que «la libertad de conciencia, es decir, lo más valioso del principio liberal». Típico constructivista, Azaña aspiró a diseñar poco menos que ex nihilo una nueva España. Como dijo en una de sus conferencias más significativas: «En el estado presente de la sociedad española, nada puede hacerse útil y valedero sin emanciparnos de la historia. Como hay personas heredo-sifilíticas, así España es un país heredo-histórico. Ninguna obra podemos fundar en las tradiciones españolas, sino en categorías universales humanas[17]». Llevado de su ímpetu transformador, Azaña subestimó claramente la capacidad de movilización y la influencia de las derechas españolas y, en particular, de la Iglesia católica, a la que daba socialmente por muerta. No existió, por su parte, el menor intento de pacto o de entendimiento; careció de la lucidez necesaria a la hora de distinguir entre adversarios y enemigos. Sus discursos de este período son acres, desafiantes, despectivos, empapados de soberbia y de violencia. Consecuentemente, Azaña fue implacable en su designio secularizador radical. Con escasa prudencia política, sostuvo, en su célebre discurso del 13 de octubre de 1931, que España había «dejado de ser católica»; y la revolución política que había supuesto el advenimiento del régimen republicano era inseparable de la implantación del laicismo con todas sus consecuencias; lo que llevaba, entre otras cosas, a la prohibición del ejercicio de la enseñanza a las órdenes religiosas. Se trataba de una «cuestión de salud pública» sobre la que era imposible transigir o pactar[18].

De la misma forma, Azaña careció de tacto y de astucia en el desarrollo de sus proyectos de reforma militar. Para el dirigente republicano, el ejército era otro de los valladares del orden tradicional. Sus opiniones sobre las jerarquías militares eran tan peyorativas como implacables. Manuel Goded, «tiesecito y pedantuelo»; Queipo de Llano, «un simple»; Burguete, «un fantasmón»; Saliquet, un «bruto»; Varela, «un tontín»; Cabanellas, «oscuro, tapado, bizco[19]». Como ministro de la Guerra, pretendió asegurar la lealtad a la República de los cuadros militares y sustituir la vieja organización castrense por otra que pretendía ser más racional y efectiva. Para conseguirlo, exigió primero a todos los miembros el juramento de lealtad o, en caso contrario, el retiro, conservando la graduación y el sueldo que les correspondía; redujo el número de divisiones a la mitad; cerró la Academia Militar de Zaragoza y suprimió las capitanías generales y el Consejo Supremo de Guerra y Marina[20]. El contenido de las reformas y el talante despectivo con que se llevaron a cabo generaron, por diversos motivos, rencores y conflictos en el seno de las Fuerzas Armadas, contribuyendo, de hecho, y como luego se vería, a unificar las posturas políticas de no pocos militares en contra del régimen republicano[21].

Al frente del Ministerio de Trabajo, el socialista Francisco Largo Caballero puso en marcha una serie de medidas legislativas para afirmar las posiciones de la clase obrera organizada —salario mínimo, jornada laboral de ocho horas, Ley de Contratos de Trabajo, Ley de Asociaciones Profesionales, Ley de Términos Municipales— y del sindicato UGT que, con la Ley de Jurados Mixtos, aumentó la capacidad de influencia y negociación, a través de los antiguos comités paritarios de la Dictadura. El objetivo de esta legislación social no era únicamente reformista; tenía un claro perfil de revolución legal. Se trataba de que la clase obrera y su organización sindical socialista participaran en la gestión de las empresas, último peldaño antes de llegar al socialismo[22].

La acción gubernamental fue más lenta respecto a la cuestión agraria, pese a las expectativas de cambio generadas entre los campesinos pobres y los jornaleros. Se creó una Comisión Técnica Agraria, que elaboró un proyecto orientado a distribuir las tierras de los latifundios sin llegar a expropiarlos, para lo que se proponía la ocupación por tiempo indeterminado, es decir, una expropiación del uso y no de la propiedad. Este proyecto fue rechazado por el Gobierno. Alcalá Zamora consideraba tierras expropiables las de la nobleza procedentes de los señoríos regables y arrendados sistemáticamente. El contenido de este nuevo proyecto fue modificado en sentido radical por la Comisión Parlamentaria de Reforma Agraria dominada por los socialistas y republicanos de izquierda. Azaña lo rechazó y anunció otro, que presentó, a comienzos de 1932, el republicano Marcelino Domingo, en el cual se insistía en la expropiación de las tierras de señorío, de las deficientemente cultivadas y la recuperación de los bienes comunales. El proyecto entró en discusión parlamentaria y fue hábilmente obstruido por la minoría agraria en el Congreso[23].

No menos conflictiva fue la política autonómica inaugurada por el Gobierno. Con anterioridad, Azaña había reflexionado sobre el tema de la cuestión nacional. Su constructivismo adanista se puso, una vez más, de manifiesto cuando afirmó que «la unión de los españoles bajo un Estado común que es lo que nosotros tenemos que fundar, mantener y defender, no tiene nada que ver con lo que se ha llamado unidad histórica española bajo la monarquía», añadiendo que «la unidad española, la unión de los españoles bajo un Estado común, la vamos a hacer nosotros y probablemente por primera vez[24]». Las reivindicaciones catalanistas, presentes en la redacción del Estatuto de Nuria, fueron, en consecuencia, muy ambiciosas. El texto preveía la articulación federal de la Segunda República, la creación de un gobierno común para «los Países Catalanes» y propugnaba competencias propias y exclusivas en educación, orden público, organización territorial, etc. El catalán sería el único idioma oficial. Tras su aprobación popular, fue presentado ante el Parlamento español para su discusión y aprobación[25].

La nueva clase política republicana había interiorizado un claro sentimiento de superioridad moral respecto a los adversarios y/o enemigos de sus proyectos políticos. Siguiendo la distinción de Michael Oaskeshott, podríamos decir que su política era una política de fe, no de escepticismo[26]. Y algunos de sus componentes no dudaron en preconizar, si fuese necesario, medidas de excepción para llevarlos a cabo. En los diarios de Manuel Azaña, existen algunos testimonios de esa actitud. Luis Araquistáin y Juan Negrín eran partidarios de «una dictadura bajo formas democráticas que haga posible la preparación del pueblo para el futuro». No era el único en pensar de esa forma. Según cuenta Azaña, Fernando de los Ríos «siempre ha creído que la República tendrá que pasar por una etapa de dictadura, y que el concepto de libertad, sobre todo aplicado a la prensa, lo tiene sometido a revisión[27]».

Esta deriva no se quedó, por cierto, en una mera declaración de intenciones, porque el Gobierno republicano no dudó, a lo largo de su mandato, en prohibir o suspender la publicación de periódicos y revistas considerados poco afectos al régimen e incluso posteriormente recurrir a la censura. En octubre de 1931 se promulgó la Ley de Defensa de la República, que restringió el derecho de huelga y, sobre todo, la libertad de expresión y de prensa, en particular cuando se tratara de hacer apología de la monarquía[28]. A lo largo del bienio azañista, fueron suspendidos varios periódicos; entre ellos, ABC y El Debate[29].

De hecho, el político alcalaíno y las izquierdas en general nunca creyeron que la derecha católica y/o monárquica debiera tener ningún papel en las instituciones del nuevo régimen republicano. A su entender, correspondía al Partido Radical de Alejandro Lerroux representar la derecha dentro del sistema; los republicanos de izquierda serían el «centro»; y el espacio de la izquierda estaría cubierto por los socialistas[30].

El contenido de la Constitución de 1931 fue, en consecuencia, abiertamente excluyente. Su texto fue aprobado sin apenas participación del conjunto de las derechas. El contenido de muchos de sus artículos suponía un claro desafío a sus creencias y convicciones más arraigadas, lo mismo que a sus intereses materiales: separación de la Iglesia y el Estado; posibilidad de nacionalización y socialización de la propiedad; plena secularización de las instituciones; prohibición a las órdenes religiosas de ejercer la industria, el comercio y la enseñanza; disolución de la Compañía de Jesús; jurisdicción civil sobre los cementerios, etc[31].

La reacción de las derechas no se hizo esperar. Antonio Goicoechea denunció el contenido del texto constitucional como una «carta otorgada» del Partido Socialista al resto de la sociedad, lo que suponía una «barrera infranqueable» para las derechas[32]. Angel Herrera juzgó «muerta» la Constitución no solo por su carácter secularizador y anticlerical, sino por su contenido excesivamente parlamentario[33]. En un manifiesto, el destronado Alfonso XIII la condenó al estar inspirada por unas «Cortes sectarias», «de espaldas al verdadero sentido del pueblo español[34]». En parecidos términos se expresó el rey carlista Don Jaime de Borbón, que lo consideraba «ateo en sus principios y anticristiano en sus dictadores (sic[35])». El obispo de Tarazona, Isidro Goma, señaló que la Iglesia no podía transigir con una Constitución que suponía «la eliminación de Dios y de la religión» de la vida social y política de los españoles; y, por ello, estimaba que el pueblo católico tenía el derecho y aun el deber de resistirse a su aplicación[36].

2. ACCIÓN ESPAÑOLA: DIAGNÓSTICO DE UNA DERROTA

Los sectores aristocráticos y monárquicos no solo veían potencialmente lesionados sus intereses materiales, sino que fueron sometidos, desde los primeros pasos de la República, a un claro proceso de agresión simbólica. El Gobierno provisional de la República, presidido por Niceto Alcalá Zamora, declaró incompatible con su esencia democrática tanto la concesión de títulos nobiliarios, juzgados como reminiscencias de pasadas diferenciaciones clasistas, como el uso de esos títulos en los actos oficiales y documentos públicos. Por decreto de junio, firmado por el ministro Fernando de los Ríos, se establecía que no se concedería en adelante ningún título ni distinción nobiliaria; que los títulos nobiliarios existentes o concedidos con anterioridad no llevarían anejos ningún derecho, opción, cargo o privilegio de cualquier clase; que en los actos del registro civil y en todo documento o acto público solo se consignarían los nombres y apellidos de los interesados. Decreto que ratificarían las Cortes republicanas en Ley del 30 de diciembre de 1931[37]. Al mismo tiempo, fueron disueltas las órdenes militares de Montesa, Calatrava, Santiago y Alcántara. El diario monárquico La Época recibió el anuncio de esta medida como un reflejo de la mentalidad abstracta y cuantitativista de los republicanos, que pretendían «reducirlo todo a la materia, a lo presente, sin memorias del pasado[38]».

La ofensiva contra el anterior régimen y sus titulares tampoco se hizo esperar. Un decreto de abril de 1931 dispuso la incautación por el Estado de los bienes patrimoniales de la Corona española, salvo los efectos particulares de la reina Victoria Eugenia. Poco después otro decreto encomendaba a una Comisión Dictaminadora del Caudal Privado la realización de un informe que evaluase la cuantía y procedencia del patrimonio real y de la fortuna personal de la familia real. El 19 de noviembre se debatió un acta de acusación contra Alfonso XIII, en la que se le atribuían inclinaciones autoritarias a lo largo de su mandato, responsabilidades en los desastres militares de Marruecos, inspiración directa en el advenimiento de la Dictadura y enriquecimiento ilícito. El acta de acusación era un símbolo para el conjunto de las fuerzas republicanas y de izquierda. En la intervención parlamentaria en su defensa, Azaña señaló que el acta suponía «la segunda proclamación de la república en España»; porque «al condenar y excluir de la ley a don Alfonso de Borbón, proclamamos una vez más la majestad de nuestra República, la inquebrantable voluntad de nuestro civismo y la permanencia de las glorias españolas cifradas en sus instituciones libremente dadas a la nación[39]».

Foto de la familia real en la boda de la infanta Isabel Alfonsa de Borbón en 1929. En el centro, a la derecha de la novia, el Rey Alfonso XIII, que tuvo que abandonar España por la proclamación de la República el 14 de abril de 1931. El apoyo del rey a la Dictadura del general Miguel Primo de Rivera acrecentó el sentimiento antimonárquico.

Desde su exilio, José Calvo Sotelo envió un escrito de desagravio al Congreso, calificando el acta de «compendio gigantesco de vacuidades sectarias, oriflama ripiosa de lugares comunes y fobias que perdurará como estigma afrentoso de una época si prevaleciese por unanimidad[40]». No resulta extraño, pues, que, según la óptica de la aristocracia tradicional, el régimen republicano se presentase, en el fondo, como una liberación vengativa de los sentimientos de una clase media intelectual de vida oscura y pobre que, de pronto, se veía en el lugar de los antiguos amos, o de un pueblo que, por no haberlos disfrutado, pretendía destruir los bienes, los tesoros, los hábitos, los ritos y hasta los objetos efectivamente significativos de la clase a destruir. El símbolo, la personificación de toda aquella hiriente e intolerable realidad se sintetizaba, según el conde de Foxá, en la figura de Manuel Azaña, «el vengador de los cocidos modestos y de los pisos de cuarenta duros de los Gutiérrez y González anónimos, cargados de hijos y de envidias […] de todo un mundo sin paisaje ni “sport”, que olía a brasero, a Heraldo de Madrid y a contrato de inquilinato[41]».

Por otra parte, a finales de julio de 1931 se había elegido a los miembros de una comisión, finalmente compuesta en su mayoría por socialistas y republicanos de izquierda, que elaboró un texto en el que se contemplaba la exigencia de «responsabilidades interrumpidas por el golpe de Estado de 1923, tanto las comprendidas por el llamado expediente Picasso como aquellas otras de que se hicieron eco las Cortes, y las contraídas posteriormente por la Dictadura[42]». Una auténtica espada de Damocles sobre los colaboradores y ministros de Primo de Rivera. Por orden de la Comisión, se detuvo a una serie de generales; y se dictaron autos de encarcelamiento contra los condes de Guadalhorce y de los Andes, y contra los exministros Aunós, Yanguas Messía, Martínez Anido y Calvo Sotelo.

Mientras tanto, el 3 de diciembre de 1931 fue aprobado en asamblea el programa de Acción Nacional, redactado por Antonio Goicoechea. A la cabeza, apareció no tanto el accidentalismo como la inhibición ante el tema de las formas de gobierno. Lo prioritario era la defensa de la religión católica, amenazada por el laicismo y el anticlericalismo republicanos, y en particular el derecho de la Iglesia a regentar y dirigir escuelas. Íntimamente ligado a ello, la defensa del nacionalismo español frente al «universalismo pacifista y socialista» y «la degeneración malsana de un regionalismo extremista». Otro principio esencial era la defensa de la propiedad privada y, sobre todo, de la tierra contra los proyectos de reforma agraria, cuyo designio oculto era «sacrificar al derecho individual y la riqueza pública a la conveniencia malsana de entretener la atención de las masas obreras con programas pomposos», y que, en sus puntos esenciales, eran «un reflejo clarísimo de colectivización de tierras que trata de implantar Stalin en Rusia». De acuerdo con aquellos principios se consideraba la Constitución de 1931 «imposible de salvar», al ser obra de un solo partido, el socialista, presentado como enemigo radical de «todo conato de vida libre, digna y civilizada[43]».

No obstante, la actividad política legal no era, ni lo sería en lo sucesivo, la única vía utilizada por los sectores monárquicos. En realidad, sus actividades conspiratorias fueron coetáneas a su inserción en Acción Nacional. Así, mientras Goicoechea y otros monárquicos formaban parte activa en la dirección del partido accidentalista, otros monárquicos, como Eugenio Vegas, el marqués de Quintanar o Santiago Fuentes Pila, se dedicaron a recaudar fondos entre la aristocracia, de cara a la reorganización de las fuerzas políticas fieles a la dinastía caída. En poco menos de quince días, consiguieron un millón y medio de pesetas. Al mismo tiempo, lograron la cooperación de militares monárquicos como Orgaz, Cavalcanti y Ponte. Orgaz se proponía agrupar a la masa de oficiales retirados por la Ley Azaña a través del diario La Correspondencia Militar. Estos generales fueron secundados por otros jefes de categoría inferior como Varela y Telia; algo que era perfectamente conocido por el Gobierno republicano, a través de una serie de informes[44]. Orgaz consiguió ayuda económica del conocido filántropo santanderino Ramón Pelayo, marqués de Valdecilla, quien puso a disposición del conspirador la cantidad de cien mil pesetas, que serían utilizadas para la fundación de una revista de pensamiento que llevaría por título Acción Española[45].

El surgimiento de Acción Española como revista y sociedad de pensamiento se inscribía, con suma claridad, en el proceso de luchas políticas y simbólicas inauguradas tras el advenimiento de la Segunda República. Su objetivo último era el restablecimiento de la hegemonía sobre la sociedad por parte de los estratos anteriormente dirigentes, a partir de la remodelación de la forma de Estado, como sistema simbólico, mediante la transmisión de pautas tradicionales de cultura. Su maître-à-penser, Ramiro de Maeztu, expresó su convicción de que la derrota de las clases conservadoras con la caída de la Monarquía era explicable, en gran medida, por su falta de autonomía cultural e ideológica. El núcleo del proyecto hegemónico consistía en la actualización del pensamiento tradicionalista español, que adquiría nuevas dimensiones operativas en un momento en que el Estado liberal atravesaba por una profunda crisis: «Queremos mostrar que la tradición española está en lo cierto y no necesita sino adaptarse al moderno lenguaje para que se disipe esa dogmática de la revolución […] cuando apenas quedaban en las universidades extranjeras, por lo menos entre los talentos creadores, un solo creyente de la democracia, del socialismo y aún del liberalismo[46]».

Acción Española se propuso elaborar una síntesis de todas las tradiciones de la derecha española y sus polémicas en contra del liberalismo, la democracia y el socialismo: Menéndez Pelayo y Vázquez de Mella, González de Arintero y Balmes, Cánovas y Donoso Cortés, Aparisi y Guijarro y Enrique Gil Robles, León XIII y Charles Maurras. Esto es, integrismo, tradicionalismo, conservadurismo autoritario, catolicismo social, positivismo contrarrevolucionario, interés por la experiencia corporativa italiana. Todo lo cual, por debajo de las discrepancias de matiz, confluía en un programa de «restauración integral», cuyos puntos esenciales podían sintetizarse en los principios tradicionales de «Religión, Familia, Propiedad, Orden y Trabajo[47]».

No tardó en formarse un equipo de redacción que quedaría constituido por el marqués de Quintanar, Miguel Herrero García y Eugenio Vegas Latapié. De inmediato, Ramiro de Maeztu, que a partir de 1933 ocuparía el cargo de director de la revista, se perfiló como el líder intelectual del grupo, designado como «nuestro maestro y nuestro capitán», como «el cerebro del movimiento doctrinal que se titula Acción Española[48]». En sus páginas colaboraron representantes del grueso de la derecha española. Para su financiación la revista contó con las aportaciones de la aristocracia financiera y terrateniente[49].

En torno al proyecto central de Acción Española se concentró una política cuyos principios se presentaban como antagónicos de los valores identificados con la nueva república. En primer lugar, siguiendo el paradigma historiográfico defendido por Menéndez Pelayo, la identificación de la nación española con el catolicismo y la monarquía tradicional. En consecuencia, la interpretación del régimen republicano como negación de la tradición nacional. La República no era, en el fondo, una mera forma de gobierno; se trataba de una doctrina anticristiana, una religión laica que no tolera otra, un camino abierto, en fin, a la revolución social. Se trataba de la representación institucional de la «antiespaña» por su negación de los valores tradicionales[50]. La condena se extendía a la monarquía constitucional y/o parlamentaria, en la que se veía una «república coronada», de esencia liberal y revolucionaria, causante, en última instancia, del advenimiento de la República. La monarquía tradicional se vinculaba al sistema corporativo, en cuyas Cortes no tendrían representación los individuos, sino las clases sociales y las instituciones como la Iglesia, el ejército y la aristocracia. Pieza esencial del nuevo régimen sería el Consejo del Rey, que asesoraría al monarca[51]. Este régimen autoritario-corporativo defendería igualmente un modelo económico capitalista corporativo, intervencionista y proteccionista, tal y como propugnaba José Calvo Sotelo, en las páginas dedicadas al tema económico en la revista[52].

La estrategia a seguir de cara a la instauración de la monarquía tradicional estuvo clara desde el principio. La restauración integral solo podría llevarse a cabo mediante el recurso al golpe de Estado militar. Así, Acción Española se configuró como un núcleo conspirativo. Sus promotores confiaban en el colapso más o menos próximo del régimen republicano y en la posibilidad de convertirse en la elite orientadora de una eventual dictadura militar previsible o preparada por ellos mismos. Realmente, las fuerzas sociales de las que eran expresión no estaban en condiciones de conquistar el poder político de ninguna otra forma. A tal estrategia se referiría con toda claridad Ramiro de Maeztu cuando hablaba de armonizar en las páginas de la revista inteligencia y espada: «Habíamos olvidado el alma que había de dirigir las espadas. Por eso fundamos Acción Española. Nos era necesario empezar por crear el sentimiento, por crear las ideas, por crear la doctrina[53]». En realidad, este proyecto no era nuevo en la mente de Maeztu, quien, desde sus años juveniles, fue un militarista fervoroso. Poco antes del advenimiento de la Segunda República, el escritor vasco había defendido que la auténtica «constitución» española no era la de 1876, sino lo que él denominaba «monarquía militar», dado que España era una nación invertebrada, carente de unidad espiritual desde los tiempos de la Ilustración; lo que convirtió al ejército, bajo la dirección de la monarquía, en el garante de la unidad nacional, del poder político y de las jerarquías sociales[54].

Esta estrategia llevaba implícita la deslegitimación teórica del accidentalismo defendido por los dirigentes social-católicos de Acción Nacional. En su obra Catolicismo y República, Eugenio Vegas Latapié defendió que el accidentalismo y las propuestas de adhesión al nuevo régimen tendrían, como ya había ocurrido en Francia, consecuencias muy negativas para la Iglesia: desmantelamiento de las instituciones docentes católicas, el final del Concordato y la separación de la Iglesia y del Estado[55]. Estas opiniones no tardaron en suscitar las críticas de los sectores accidentalistas. La revista Razón y Fe, por boca de Luis Izaga, calificó el libro de «verdaderamente desorientador» y de «falso en la mayoría de sus afirmaciones fundamentales[56]».

Al mismo tiempo, la nueva posición política e ideológica de un sector de los monárquicos alfonsinos, facilitó una aproximación a los carlistas. La amenazante realidad republicana coadyuvó a la unión de las diversas facciones tradicionalistas. Los contactos entre integristas, mellistas y jaimistas comenzaron a producirse a escala local y desembocaron, en cada caso, en la celebración de asambleas y juntas, que, por lo general, se convirtieron en actos de afirmación política unitaria[57]. Por su parte, tradicionalistas carlistas como Víctor Pradera y el conde de Rodezno colaboraron en las páginas de Acción Española y en los actos de la Sociedad Cultural. Todo lo cual contribuiría a propiciar una serie de intentos de lograr la unidad dinástica. Y es que, pese a los nuevos alientos de unidad, el movimiento carlista atravesaba por graves momentos, sobre todo ante el hecho de que don Jaime de Borbón era soltero y su sucesor Alfonso Carlos, un anciano de ochenta años sin descendencia. Para algunos carlistas, la única solución al problema consistía en la fusión de ambas dinastías siempre que Alfonso XIII o sus herederos aceptaran públicamente los principios tradicionalistas[58]. De hecho, tuvieron lugar una serie de encuentros entre Alfonso y Jaime, llegándose a la redacción, en la localidad suiza de Territet, de un documento en el que se insistía en la necesidad de «la unión completa de todos los elementos de orden en frente de aquellos que ponen en peligro la vida de la patria[59]». Don Jaime no tardaría en morir, víctima de una angina de pecho; y su sucesor, Alfonso Carlos, se mostró conciliador con los alfonsinos, aunque rechazó el contenido del pacto de Territet, iniciándose nuevas conversaciones. Ambos pretendientes condenaron, como sabemos, el contenido de la Constitución de 1931. En el manifiesto firmado por Alfonso XIII se renunciaba, de hecho, a su carácter de rey constitucional y a los principios liberales. El rey exiliado afirmaba su carácter de «rey católico» y su legitimidad por «la gracia de Dios[60]». Tras la publicación de los manifiestos, se concertó un nuevo pacto, ratificado por los dos pretendientes, cuyo contenido reflejaba una mayor influencia de los principios tradicionalistas. Seguía afirmándose la unión de los elementos de orden frente a los «horrores del comunismo[61]».

3. LA «SANJURJADA» Y SUS CONSECUENCIAS

Mientras tanto, se fueron organizando en las Fuerzas Armadas tendencias abiertamente conspirativas frente a la versión azañista de la República. El descontento y la radicalización de un sector del Ejército ante el desarrollo de la legislación y de los acontecimientos políticos podía percibirse en publicaciones como La Correspondencia Militar, que dirigía el antiguo primorriverista Emilio Rodríguez Tarduchy. Los monárquicos de Acción Española pretendieron agrupar a los militares retirados y constituir núcleos conspirativos en el Ejército, a través precisamente de La Correspondencia Militar. El diario castrense había recibido negativamente el cambio de régimen, al igual que la legislación secularizadora y anticlerical, la reforma militar y el proyecto de estatuto catalán. Interpretó la Ley Azaña como un plan premeditado de «desmilitarización integral». No dudó en calificar la Constitución republicana de «inservible» y de llamar explícitamente a la rebelión militar. El diario fue suspendido por el gobierno y no reaparecería hasta el 19 de enero de 1932. La suspensión no hizo variar un ápice su línea editorial. La Correspondencia Militar dio una imagen de la situación social y política en la que el comunismo aparecía como la fuerza dominante en las izquierdas. En aquel contexto, la dictadura militar era ya, según decía uno de sus editoriales, una alternativa ineludible: «Un dictador presenta su pecho al enemigo y asume íntegras todas las consecuencias de su conducta. Un demócrata al uso entre nosotros busca el cobijo de las masas para perderse en ellas a la hora del peligro[62]». Finalmente, el Gobierno optó por poner fin de forma definitiva a la prensa militar. El último número de La Correspondencia salió a la luz el del 26 de marzo de 1932.

La conspiración se hallaba ya en marcha. No eran solo los militares monárquicos, como Cavalcanti, Barrera, Orgaz, Varela o Telia, quienes conspiraban; algunos liberales, como Melquíades Álvarez y Burgos Mazo, trataban de atraerse a los generales Goded y Villegas. Incluso el líder radical Alejandro Lerroux, muy crítico con la legislación del Gobierno republicano-socialista, sondeaba al ejército para acabar con la versión azañista de la República. Todas estas conspiraciones confluían en la figura del general José Sanjurjo Sacanell, de ascendencia carlista, premiado por la monarquía con el marquesado del Rif y condecorado con dos laureadas, pero que había tenido un papel de primer orden en el advenimiento de la Segunda República, al poner a la Guardia Civil, tras el 14 de abril, bajo la autoridad del comité revolucionario. El desarrollo posterior de los acontecimientos, y no solo las reformas militares o el Estatuto catalán, sino, sobre todo, los choques entre la Guardia Civil y los campesinos, como ocurriría en Castilblanco y Arnedo, hizo que Sanjurjo se mostrara cada vez más crítico respecto a la situación política y al Gobierno republicano-socialista. Algunas declaraciones provocaron su destitución como director de la Guardia Civil, pasando a la de Carabineros.

El pronunciamiento se planteó como estrictamente militar. Desde el principio, algunos directivos de Acción Española estuvieron informados de sus preparativos y fueron requeridos a colaborar, pero a nivel individual[63]. El marqués de Quintanar intervino en las gestiones celebradas en Barcelona para lograr el apoyo de los carlistas catalanes a la sublevación. En un primer momento, los carlistas participaron en la conspiración; pero finalmente rompieron las negociaciones; la mayoría tan solo estaban dispuestos a sublevarse por su rey y por la dinastía que consideraban legítima. En una asamblea celebrada en Toulouse en junio, decidieron no intervenir directamente en la preparación del levantamiento, cuyos fines juzgaban poco claros, aunque se permitió a los militantes, si lo deseaban, intervenir a título personal[64].

Por su parte, el general Barrera y el aviador monárquico Juan Antonio Ansaldo intentaron conseguir ayuda material de la Italia fascista[65]. A última hora, el conde de los Andes y su hijo el marqués de la Eliseda quisieron sumar a la conspiración al antiguo gobernador civil de Barcelona, Severiano Martínez Anido, exiliado en Francia tras la proclamación de la República por miedo a las represalias de los anarquistas[66]. Pedro Sainz Rodríguez sirvió de intermediario entre Sanjurjo y el general Franco, que no llegaron a ningún acuerdo[67]. Los conspiradores solían reunirse en casa de Sanjurjo; en una sala del Teatro de la Comedia, propiedad de Tirso Escudero, muy amigo de Alfonso XIII; en la finca de La Viñuela, del duque del Infantado; o en las casas del general Barrera, del conde de los Moriles o del marqués de Albayda. En el exterior, el núcleo conspirativo se encontraba en Biarritz, en casa del conde de la Viñaza y en el domicilio de Juan de la Cierva. Calvo Sotelo, el conde de Vallellano, Fuentes Pila, Eduardo Aunós y José Félix de Lequerica estaban en permanente contacto con el general Barrera[68].

Calvo Sotelo se hallaba resentido contra la República, cuya realidad no solo chocaba con sus más profundas convicciones políticas, sino que, además, le impedía retornar a España para ocupar su escaño en el Parlamento. El antiguo maurista negaba toda legitimidad al Tribunal Parlamentario de Responsabilidades para procesarle como colaborador de la Dictadura. A su entender, la República se había convertido en una auténtica «dictadura parlamentaria», con su permanente recurso a las leyes de excepción, que calificaba de «fascistas y anticonstitucionales[69]». No era solo eso; las medidas económico-sociales auspiciadas por el nuevo Gobierno republicano-socialista equivalían, en su opinión, a la subversión pura y simple del sistema capitalista español. Especialmente crítico se mostraba Calvo Sotelo con la gestión de Largo Caballero al frente del Ministerio de Trabajo. Su misma condición proletaria le incapacitaba para un conocimiento preciso, objetivo e imparcial de la realidad social y económica. El dirigente ugetista era «un obrero, secretario y servidor a sueldo de organizaciones proletarias, que, por ello, y muy lógicamente, ve la Economía con un criterio fragmentado y partidista[70]». En concreto, la Ley de Términos Municipales tan solo servía para «robustecer el tinglado caciquil» de los sindicatos socialistas; y producía la ausencia de expectativas y miedo entre las clases empresariales[71]. Igualmente, acusó a los proyectos de reforma agraria de auspiciar el colectivismo y de preparar, a la larga, el definitivo ocaso del orden capitalista, «en una situación análoga a la de Rusia[72]».

El 8 de agosto los conspiradores se reunieron en la finca del duque del Infantado y se decidió que la sublevación tendría lugar dos días después, y que Barrera asumiría su dirección en Madrid. Se creyó que era el momento preciso porque simultáneamente se discutían el Estatuto de Cataluña y el proyecto de Reforma Agraria, la legislación laicista y los procesos de Calvo Sotelo y Juan March por supuestos delitos cometidos durante la Dictadura[73].

A las cuatro de la mañana del 10 de agosto se puso en marcha el plan de los sublevados en Madrid; y, de hecho, tan solo allí, porque las demás guarniciones no se movieron. Su único éxito fue apoderarse del Cuartel General de la Remonta, perteneciente al aristocrático y monárquico Cuerpo de Caballería. En las refriegas se produjeron varios muertos. Los sublevados fracasaron en el asalto al Ministerio de la Guerra y al Palacio de Comunicaciones. Sanjurjo triunfó, en un primer momento, en Sevilla y Jerez de la Frontera. La aristocracia sevillana se volcó a favor del general sublevado[74]. Se hizo público un manifiesto, redactado por el periodista Juan Pujol centrando sus críticas en el Gobierno de Azaña, que había sumido a la nación en las sombras de «la ruina, de la iniquidad y de la desmembración[75]». Sin embargo, las noticias del fracaso de la sublevación en Madrid y en otras guarniciones obligaron a Sanjurjo a huir hacia Portugal, entregándose finalmente a la Guardia Civil en Huelva.

Guardias de Asalto en Madrid, el 10 de agosto de 1932, preparados para hacer frente a los militares sublevados que, dirigidos por el general Sanjurjo, pretendían provocar un cambio de régimen. Numerosos monárquicos estuvieron implicados en la intentona golpista, que fracasó en pocas horas al permanecer el grueso del ejército y de las fuerzas de orden público al lado del Gobierno.

La sublevación de Sanjurjo tuvo en Madrid un saldo final de diez muertos. Convertido en vate de la contrarrevolución monárquica, José María Pemán se encargó de exaltar el sacrificio de los nuevos caídos en sus Salmos a los muertos del 10 de agosto. Lo más sobresaliente de su sacrificio había sido, para el poeta, la resurrección de la España tradicional frente a la revolución: «Temblaba España de haberse perdido a sí misma/ y sentía aminorada como la/ viejecita que vuelve contra el crepúsculo/ por la calle del recuerdo./ Y vosotros os tendisteis sobre las tierras de España,/ para tomar la medida, otra vez, como la/ unidad de nuestro cuerpo[76]».

Las detenciones de los implicados o de los sospechosos no se hizo esperar. Fueron encarcelados, entre otros, Goicoechea, Maeztu, José Antonio Primo de Rivera, Luca de Tena, Cruz Conde, Lequerica, el marqués de Quintanar, Ibáñez Martín, etc. La represión se cebó en la aristocracia. De los ciento cuarenta deportados a Villa Cisneros, había una gran cantidad de títulos de nobleza[77]. Fueron suspendidos cuarenta periódicos conservadores en toda España, entre ellos ABC, El Debate, Informaciones, La Nación, El Siglo Futuro, El Correo Catalán, etc. La Sociedad Cultural Acción Española fue clausurada el 5 de agosto, ante las denuncias del diario izquierdista Heraldo de Madrid.

El fracaso de la sublevación tuvo como consecuencia el reforzamiento de la coalición republicano-socialista. Azaña hizo recaer sobre la nobleza la responsabilidad última de la intentona golpista. Según diría en uno de sus discursos, era la clase social a la que había que «poner en condición de inerme contra la República»; lo que llevaba directamente a la profundización de la reforma agraria. Se presentó, en ese sentido, una enmienda que pedía la confiscación de la propiedades agrarias de la Grandeza de España, una medida que contribuiría a la destrucción del poder económico de la clase social que, según Azaña, «más puede estorbar la marcha de la revolución[78]». El 9 de septiembre se aprobó el proyecto de reforma agraria. Azaña y los republicanos de izquierda tomaron la iniciativa de presentar una enmienda que decidía la confiscación de las propiedades de la Grandeza de España, aunque posteriormente se suavizó la petición hasta aplicarse solo a las tierras de la Grandeza que ya estuvieran sujetas a expropiación según el texto de las bases de la reforma[79]. Casi al mismo tiempo se aprobó el Estatuto catalán, con algunas enmiendas respecto al aprobado por los nacionalistas[80].

Sanjurjo fue condenado a muerte, pero le fue conmutada la pena por la de cadena perpetua. Encarcelado en el santanderino Penal del Dueso, su celda se convirtió en centro de peregrinación de tradicionalistas y monárquicos alfonsinos. En las páginas de Acción Española, se compararon los sucesos del 10 de agosto con el 2 de mayo de 1808, «un magnífico gesto de españolismo», se dijo. Sanjurjo era «el soldado-tipo de nuestras campañas africanas, el pacificador de Alhucemas, el jefe que llevó tantas veces a la victoria a las tropas españolas[81]». El propio Sanjurjo envió una carta autógrafa a la revista monárquica, al tiempo que esta publicaba artículos de otro implicado en los sucesos de agosto, Miguel García de la Herrán[82].

Y es que, a pesar del fracaso de la sublevación militar, nada había cambiado en la perspectiva de los alfonsinos. A finales de septiembre, una comisión compuesta por Eugenio Vegas, Jorge Vigón y el marqués de la Eliseda se trasladó a Biarritz, donde se entrevistaron con Calvo Sotelo. En la reunión, se acordó reanudar las actividades conspiratorias y nombrar una nueva comisión para recaudar fondos, que sería presidida por el conde de los Andes en el extranjero; y en el interior, por el marqués de Arriluce de Ibarra. Se constituyó también una junta ejecutiva, que poco después se trasladó a París para entrevistarse con Alfonso XIII, quien dio su plácet a los planes conspiratorios[83]. Vegas, Ansaldo y el marqués de la Eliseda elaboraron una lista de españoles residentes en Biarritz y otras localidades próximas a la frontera española, a los que, previa llamada telefónica, visitaban. Ansaldo iniciaba sus contactos con una carta autógrafa de Alfonso XIII, en la que se le confería poderes para realizar gestiones en su nombre. El grueso de los convocados, la mayoría miembros prominentes de la aristocracia tradicional, pero también toreros como «Bombita» o el financiero Juan March, se volcaron a favor de la iniciativa, aportando, desde los primeros momentos, veinte millones de pesetas[84].

A comienzos de 1933, en una carta enviada por Antonio Goicoechea a Calvo Sotelo, el conde de los Andes y Aunós, se señalaba la designación del general Sanjurjo como jefe de un eventual golpe de Estado militar. Al mismo tiempo, se nombraba a Goicoechea dirigente de la causa monárquica en el interior. Del contenido de la carta se deducía igualmente que Calvo Sotelo, el conde de los Andes y Aunós serían los portavoces del monarquismo alfonsino en el exterior, y el encargo a un «agente técnico», seguramente Valentín Galarza, de reclutar, junto a Jorge Vigón, altos jefes militares para ponerse al frente de la insurrección[85].

Mientras tanto, se producía un evidente cambio en el espectro político de las derechas. El fracaso de Sanjurjo no solo provocó un momentáneo refuerzo de las izquierdas, sino que obligó a un sector de la derecha, el social-católico, a definir su posición ante la República en un sentido legalista. Tras casi dos meses de suspensión gubernativa, El Debate reapareció con un editorial en el que se condenaba el golpe de Estado del 10 de agosto y se recomendaba a los líderes de la antigua Acción Nacional, ahora Acción Popular, el acatamiento al régimen establecido y la renuncia a cualquier veleidad golpista, aunque absteniéndose de manifestaciones doctrinalmente republicanas y manteniendo la bandera de la revisión constitucional[86]. En ese mismo sentido, se convocó para el 22 y 23 de octubre una asamblea del partido. El momento era de lo más propicio para los partidarios del accidentalismo, pues la mayoría de los dirigentes claramente monárquicos, como Goicoechea o Vallellano, se encontraban en la cárcel o en el exilio. Como era de esperar, y pese a las críticas de Sainz Rodríguez y de Cirilo Tornos, que leyó una carta de Goicoechea e incluso propugnó el derecho a la rebeldía frente a la República, triunfó de manera clara la línea diseñada por Herrera y Gil Robles, que insistían en la lucha política legal y en la condena explícita de la violencia[87].

Desde su salida de la cárcel, Antonio Goicoechea manifestó su desacuerdo con el accidentalismo. El 18 de noviembre el antiguo maurista perfiló, en una conferencia, su programa político. Goicoechea planteó la unión de las derechas en un programa común basado en los principios tradicionalistas y en una organización de tipo federativo que garantizara la autonomía de cada grupo político. Lo más llamativo del contenido de la conferencia fue su absoluto rechazo del accidentalismo: «Repugnamos el posibilismo. Somos intratables, hostiles, irreductibles[88]».

Poco después saldría a la luz una carta de adhesión a los principios políticos esbozados en la conferencia y en la que se instaba a Goicoechea a dirigir un partido específicamente monárquico. En la carta, se consideraba irreversible la crisis del régimen republicano, «que después de aniquilar los últimos vestigios de disciplina social y de la moral colectiva, resulta impotente para encauzar la vida nacional por derroteros jurídicos, que permitan a nuestra Patria las normas de convivencia humana comunes a todos los pueblos civilizados»; y se insistía en la necesidad de conseguir la renovación total de la estructura del Estado en base a «los valores eternos del espíritu español». La carta estaba firmada por un nutrido grupo de aristócratas, junto a políticos e intelectuales como Manuel Bueno, Carlos Fernández Cuenca, Maeztu, Honorio Maura, Pedro Sainz Rodríguez[89].

En su respuesta, Goicoechea, tras aceptar la invitación a que dirigiera el nuevo partido monárquico, expuso las líneas generales de su proyecto político, basado en los principios de catolicismo, monarquía tradicional y democracia orgánica. En lo relativo a la estrategia política, reiteró su idea de una federación de partidos de la derecha[90]. El nuevo partido monárquico se constituyó con el nombre de Renovación Española. Centrado ante todo en actividades de tipo conspirativo, se configuró, desde el principio, como el partido de la aristocracia financiera y terrateniente. Su primera junta directiva estuvo compuesta por diecinueve abogados, siete propietarios, un simbólico obrero —Tomás Morilla y Deza— y doce títulos nobiliarios, de un total de treinta y una personas[91]. De hecho, la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España declaró que Renovación Española era el único partido político afín a sus ideales e invitaba a los Grandes a financiarlo económicamente. El primer año, la Diputación aportó 74 235,45 pesetas a Renovación[92].

4. LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD

Casi al mismo tiempo, Acción Española dio comienzo a una auténtica campaña de carácter ideológico para dotar de un sentido trascendente a su objetivo de legitimar el derecho a la rebeldía frente al régimen republicano. Sin embargo, el primero en suscitar teórica y temáticamente dicha alternativa no fue un hombre de Acción Española, sino el integrista Manuel Senante, en una conferencia pronunciada en Valencia el 3 de abril de 1932[93]. El anticlericalismo republicano-socialista y las medidas secularizadoras del primer bienio contribuyeron a configurar entre los católicos la imagen de una República atea y jacobina, enemiga, por lo tanto, de los derechos de la Iglesia. Fue a partir del fracaso de la intentona del 10 de agosto cuando comenzó a teorizarse sistemáticamente sobre el derecho a la rebeldía, para lo cual se recurrió a los argumentos emanados del derecho natural católico. No resulta extraño que en la mayoría de las ocasiones semejante tipo de argumentación fuese de la mano de personas provenientes del estamento eclesiástico o de teólogos seglares.

El 16 de junio de 1933, el sacerdote Pablo León Murciego publicó en la revista monárquica un artículo titulado «El deber de la resistencia», donde pueden encontrarse todos los lugares comunes iusnaturalistas a la hora de legitimar la resistencia al poder constituido. Según este estilo de pensamiento, la misma justicia terrena, y no solamente en cuanto virtud, sino también en tanto ordenación histórica concreta de la vida social se origina en Dios, instrumentándose jurídicamente bien a través del derecho natural, bien a través del derecho de la comunidad. El orden justo no es, por tanto, una creación humana, sino divina; es una parte integrante del orden cósmico, no cabe al hombre otra función que la de inteligirlo, aplicarlo y defenderlo. La justicia solo es plena en Dios, de tal forma que la justicia humana no constituye sino una participación imperfecta en la perfección de la justicia divina. Consecuencia jurídica de tal doctrina es que el hombre descubre, pero no inventa el derecho positivo; lo cual lleva implícito la imposición de un concepto absoluto de justicia, dotado de validez intemporal y universal, cuya conclusión era el rechazo de todo intento y toda decisión contraria a él. La misma enumeración del código de legitimidad aducido por Murciego venía a coartar cualquier intento de transformación o de reforma del orden social: «Por tanto, las leyes civiles no pueden estar en oposición a la ley divina positiva, ni con la Ley Natural, que son su verdadera regla y medida; ni pueden alterar la constitución esencial e intrínseca de la familia, ni cohibir injustificadamente la expansión y la autarquía natural de las asociaciones legítimas. Y mucho menos puede el Poder civil legislar por su autoridad propia sobre cosas pertenecientes a la Religión, aunque sí puede y debe confirmar con sus sanciones las leyes que emanan de la autoridad religiosa[94]».

Mayor repercusión tuvo la publicación de la obra del magistral de Salamanca Aniceto Castro Albarrán, El derecho a la rebeldía, con un prólogo de Pedro Sainz Rodríguez. El libro había sido financiado por la marquesa de Valencina con cinco mil pesetas. En su prólogo, Sainz Rodríguez afirmaba la necesidad de instruir a los católicos en las doctrinas legitimadoras de la violencia, «que en determinadas circunstancias puede ser legítima y aún necesaria». Castro Albarrán resumía en sus páginas la doctrina clásica iusnaturalista estableciendo una serie de fronteras y trabas a la acción del legislador. Consecuentemente, como ya había hecho Murciego, el autor no condenaba la violencia, que era absolutamente legítima cuando el Estado invadía esferas de la vida social que no le eran propias, como la Iglesia en su plano sobrenatural; la familia, en su órbita natural; el individuo, en muchos de sus actos y actividades. Y es que en el orden moral y en el de los valores el mero «hecho», la mera factividad sin derecho, carecía de legitimidad. Castro Albarrán condenaba, en cambio, la teoría de la accidentalidad de las formas de gobierno; la Iglesia era inhibicionista, no accidentalista. Y es que la República liberal, por su propia estructura de poder y por su propia ideología, era un régimen abierto a la demagogia, al «laicismo de las organizaciones irreligiosas, la venganza judaica, el odio a Dios de la masonería, el ateísmo socialista y sindicalista, la blasfemia anarquista». Prueba de ello habían sido y eran las leyes aprobadas por el Gobierno republicano, en pugna con el bien común y la moral pública, y que constituían «un bárbaro atropello de los derechos de la Iglesia, de gravísimos intereses morales de la Patria, de los más sagrados fueros de millones de conciencias españolas». El magistral salmantino justificaba la insurrección en caso de «una revolución adueñada del poder que de la ley se sirve precisamente para hacerse inexpugnable[95]».

El contenido de la obra fue muy celebrado por la prensa monárquica y tradicionalista. Luis de Galinsoga, en ABC, consideraba la obra como «el auténtico breviario del católico y del español enfrentados indudablemente a la implacable realidad que a su religión y a su patria han planteado los últimos años». Para El Siglo Futuro los argumentos de Castro Albarrán eran «difícilmente superables[96]».

Alarmado, el cardenal Vidal y Barraquer escribió al Vaticano denunciando el contenido de la obra que constituía, según él, un ataque de los sectores que supeditaban «la Religión a su finalidad política». Vidal demandó, además, un informe sobre la obra de Castro Albarrán al padre Félix Bilbao, quien destacó que fomentaba «el espíritu de insubordinación». Luego, el prelado catalán envió el informe de Bilbao a Eugenio Pacelli y al nuncio Tedeschini. No obstante, el magistral de Salamanca contaba en la Santa Sede con el apoyo del cardenal Segura y del nuevo primado Isidro Goma. Finalmente, el libro no fue censurado, pero su autor hubo de renunciar a su cargo de rector de la Universidad de Comillas[97]. En un intento de que el libro no fuese condenado, la plana mayor de Acción Española, Maeztu, Pradera, Vigón, Vegas, Vázquez Dodero, etc., visitó al cardenal Goma en Toledo, quien les tranquilizó sobre el tema[98].

Por su parte, la Juventud Monárquica de Bilbao sacó a la luz, en abril de 1933, un panfleto titulado Aspectos del golpe de Estado, compuesto por una serie de estudios escritos por Joaquín Zayas, María del Pilar Careaga y Lorenzo Vilallonga. Los autores invocaban a los doctrinarios iusnaturalistas, a Cánovas y a Maurras[99].

La rebelión necesitaba igualmente ayuda y reconocimiento internacional. De nuevo, las pesquisas de los conspiradores llevaron a Italia. Juan Antonio Ansaldo viajó a Roma junto a Calvo Sotelo para entrevistarse con el mariscal Balbo[100]. A finales de marzo, Goicoechea, Barrera y los carlistas Olozábal y Lizarza tuvieron una primera entrevista con Balbo y luego con el propio Mussolini. El Duce se comprometió a proporcionar a los conspiradores armas y dinero. Los españoles le dieron seguridades de que se declararía sin efectos el tratado existente entre Francia y España, lo mismo que concertar un pacto de amistad y neutralidad con Italia[101]. Sin embargo, el pacto careció de efectividad posterior[102].

5. CAMBIO DE RUMBO

La coalición republicano-socialista se vio seriamente debilitada, tras un período de euforia, por una serie de sucesos internos y externos. La subida de Hitler al poder en enero de 1933 tuvo un claro efecto psicológico en la opinión pública española. Las izquierdas quedaban debilitadas a nivel internacional. A ello se unió la masacre de Casas Viejas. La matanza ocurrida en aquella aldea fue, para el conjunto de las derechas, la ocasión para hundir a su gran enemigo. En pleno escándalo, del que Azaña y su Gobierno fueron incapaces de salir airosos, y con el geográficamente lejano resplandor de las antorchas hitlerianas, resurgían las derechas españolas bajo nuevas formas, aptas para acudir en el mismo terreno de las masas y de la calle al desafío de las izquierdas. En febrero de 1933, se convocó en Madrid, a iniciativa de Acción Popular y de la Derecha Regional Valenciana, un congreso, al que asistieron delegaciones de los diversos grupos católicos accidentalistas, donde se decidió la constitución de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA). La novedad de esta gran coalición conservadora fue, sobre todo, organizativa. En su interior, aunaba una ideología fuertemente católico-tradicional, que propiciaba la instauración de un régimen autoritario, confesional y corporativo, con una organización partidaria de carácter moderno[103].

Las elecciones municipales de abril fueron el primer signo de que una parte importante de la opinión pública había acusado profundamente el golpe de Casas Viejas y de que, por tanto, se iniciaba el declive de Azaña. A pesar de aquel descalabro, la labor secularizadora y anticlerical continuó. En mayo quedó aprobada la Ley de Congregaciones Religiosas, cuyo principal objetivo era culminar el proceso de separación de la Iglesia y del Estado, controlar la economía de las agrupaciones religiosas y cerrar a estas el camino de la enseñanza[104]. Como era lógico, la reacción de la Iglesia fue inmediata y en un doble frente: una declaración colectiva del episcopado y una encíclica papal, Sobre la injusta situación creada a la Iglesia católica en España. Los obispos no rehuyeron los calificativos más contundentes e hicieron referencia a la «odiosa tiranía» y declararon que el «laicismo agresivo no solo no ha remitido, sino que se ha agravado». Lo más preocupante era la «aniquilación de la enseñanza religiosa». La crítica papal era aún más dura. Pío XI calificó la Ley de «una nueva y más grave ofensa no solo a la religión y a la Iglesia, sino también a los decantados principios de la libertad civil[105]». Toda la prensa conservadora denunció el contenido de la nueva legislación anticlerical. Acción Española la interpretó como la culminación del proceso de secularización abierto por Carlos III en el siglo xviii Por su parte, la revista monárquica Ellas publicó una lista «negra» con los diputados que habían votado afirmativamente la Ley, con amenaza de represalias[106].

En septiembre, el Gobierno republicano-socialista recibió una nueva derrota en las elecciones de vocales regionales del Tribunal de Garantías Constitucionales, en las que solo logró cinco representantes frente a los trece de la oposición, entre los que se encontraban enemigos tan enconados de la República como Víctor Pradera y Juan March. Para Azaña el revés de aquellas elecciones, unido al de las municipales, fue demasiado ostensible. Alcalá Zamora retiró su confianza al político alcalaíno y este abandonó el Gobierno. Pese a su alegría, Acción Española y el conjunto de la prensa monárquica se apresuraron a dejar bien claro que la caída de Azaña no podía engañar a las derechas sobre el carácter de la República, incompatible con sus creencias e intereses: «No se puede respirar con satisfacción; no es posible esperar nada de la pretendida moderación de ningún gobernante republicano; no es lícito tampoco negociar una imaginada benevolencia contra una actitud ni siquiera expectante[107]».

Las derechas lograron crear el 12 de octubre un comité de enlace integrado por los representantes de Acción Popular, Renovación Española, Comunión Tradicionalista y la minoría agraria. Tres días después se llegó a un acuerdo que llevaría a la constitución del Frente Único de Derechas, para las elecciones, en cuyo programa se fijaban una serie de puntos comunes: revisión de la legislación laica y socializante, la defensa de los intereses económicos del país, especialmente en agricultura; y, por último, una amplia amnistía para los implicados en los hechos del 10 de agosto[108].

Con la caída de Azaña, se rompió la coalición republicano-socialista. Alcalá Zamora, con gran disgusto de las izquierdas, encargó formar Gobierno a Lerroux, quien se enfrentaba a unas Cortes de mayoría izquierdista. El 12 de septiembre formó un equipo sin socialistas; pero el Gobierno no duró ni un mes. Tras la dimisión del líder radical, se encargó a Diego Martínez Barrio la formación de otro Gobierno, que pronto firmó el decreto de disolución de las Cortes, con lo que prácticamente se iniciaba la campaña electoral. Acción Española instó a sus lectores a que acudieran a las urnas con la esperanza de que, si las derechas triunfaban, sería la última vez que tendrían que ejercer tan peligroso e incómodo derecho: «Votemos para dejar de votar algún día[109]». Desde Francia, la voz de Calvo Sotelo, cada vez más radicalizado, pudo oírse, a través de un gramófono, en el cine madrileño de Royalty: «La próxima contienda es importantísima; pero solamente una escaramuza. La batalla a fondo comenzará al día siguiente, cuando el próximo Parlamento inaugure sus tareas, que presagio azarosas. A nosotros nos interesa ir al Parlamento, más que para estar en él apuntalándole, para salir de él, derribándolo, cuando, bien visibles sus carcomas y goteras, España entera se persuada de su decrepitud irreversible y estéril[110]».

El triunfo de las derechas y de los radicales lerrouxistas fue arrollador. Al romperse la coalición republicano-socialista y acudir separadamente a las urnas, produciéndose, además, una abstención masiva de los anarcosindicalistas, la izquierda republicana quedó literalmente barrida y los socialistas no obtuvieron más que cincuenta y ocho diputados. La CEDA, por el contrario, se convirtió en el primer partido de la República, con ciento quince diputados. Carlistas y alfonsinos ganaron una minoritaria, pero significativa presencia en el nuevo Parlamento. Calvo Sotelo consiguió su escaño, lo mismo que Goicoechea, el conde de Vallellano, Pemán, Honorio Maura, Maeztu, y Sainz Rodríguez. Los carlistas consiguieron un buen número de diputados, entre ellos el conde de Rodezno, Joaquín Bau y Zamanillo[111].

La presencia a las puertas del Gobierno de una organización política como la CEDA, que se había negado a aceptar la Constitución de 1931, que consideraba la Segunda República como una forma de gobierno «accidental» y que traía en su propaganda la propuesta de «revisión» constitucional en un sentido autoritario, confesional y corporativo, abría, sin duda, un período de incertidumbre. En ese sentido, Acción Española publicó un artículo de Calvo Sotelo significativamente titulado «Principios informadores de una política de Gobierno», donde exponía su alternativa política, solo viable si era asumida por el conjunto de las derechas. El punto neurálgico de la situación política y social española se encontraba, a su juicio, en la disfuncionalidad entre el régimen político y el sistema económico. En una coyuntura de crisis económica profunda y de radicalización del movimiento obrero, la democracia liberal constituía un elemento de contradicción grave, capaz de alterar de forma irremediable el equilibrio social. Y es que no existía en la sociedad española una clase media numerosa y con fuertes ramificaciones sociales que sirviera de soporte al sistema parlamentario. Lo que existía era una clara preponderancia numérica del proletariado. Por ello, las clases conservadoras debían abandonar, en su propio interés, cualquier ilusión liberal y cifrar sus esperanzas en un régimen autoritario y corporativo, que neutralizara la presión salarial y política de las masas proletarias: «Necesitamos un Estado fuerte. Sin él, no renacerá en España la atmósfera de confianza. No habrá normalidad industrial, ni comercio, ni producción […]. El Estado fuerte ha de tutelar y sistematizar disciplinadamente la fuerza obrera[112]».

En parecidos términos, se expresaba José María Pemán, para quien la aparición del marxismo hacía imposible la convivencia social y política, dada su pretensión de aniquilar las estructuras y las formas de vida burguesas, tanto a nivel institucional como económico y religioso: «Las negaciones marxistas llegan demasiado a lo hondo y son demasiado sustanciales para poder establecer un pacto con ellas de convivencia[113]».

Sin embargo, las únicas alternativas reales eran o un gobierno presidido por Lerroux y su partido con apoyo de la derecha católica o una coalición gubernamental entre radicales y cedistas. Gil Robles y sus mentores apostaron por la primera opción. No tardaron los sectores monárquicos en expresar su malestar por la actitud de los social-católicos, cuya táctica significaba, lisa y llanamente, «traicionar el sufragio[114]». A la hora de avalar su táctica, Gil Robles definió, en el debate parlamentario posterior a las elecciones, la victoria derechista no como una reacción antirrepublicana, sino «antimarxista». En consecuencia, apoyaría a un gobierno presidido por Lerroux, siempre que siguiera los caminos marcados por el programa electoral derechista, es decir, derogación de la Ley de Términos Municipales, rectificación de la Ley de Reforma Agraria y de los Jurados Mixtos, amnistía para los implicados en los hechos del 10 de agosto y para los exministros de la Dictadura, concordato con la Santa Sede y reforma integral de la Constitución[115]. En su turno, Antonio Goicoechea comenzó denunciando los preparativos de un golpe de Estado auspiciado por los socialistas, lo que el nuevo Gobierno debería reprimir. Su posición estaba clara; los monárquicos apoyarían cualquier gobierno que defendiera el orden social, que se encontraba por encima de las formas de gobierno. El líder monárquico coincidía con Gil Robles en la necesidad de derogar la legislación social y política republicano-socialista, lo mismo que el establecimiento de un concordato con el Vaticano. Pero Goicoechea introdujo, además, un tema que Gil Robles no había mencionado: la situación del Ejército, calamitosa, a su juicio, tras las reformas de Azaña[116]. El socialista Indalecio Prieto respondió a Goicoechea, recordándole la implicación de los monárquicos en los hechos del 10 de agosto; y denunció el peligro «latente» de un golpe de Estado derechista, al que los socialistas responderían con la revolución[117].

Y es que cuando Prieto amenazaba con la revolución, era portavoz de una opinión muy extendida en su partido. Desde septiembre de 1933, tras su salida del Gobierno, Largo Caballero y Prieto se habían declarado partidarios de la conquista revolucionaria del poder para implantar el socialismo. A ello se unió su derrota en los comicios y la experiencia del socialismo austriaco frente a la política del canciller social-católico Engelbert Dollfuss. En aquel nuevo contexto, terminó por desmoronarse la esperanza de llevar a cabo la revolución por vías legales[118].

Mientras tanto, el 24 de enero de 1934 se celebró en el Hotel Ritz un banquete convocado por Acción Española para celebrar su segundo aniversario. El acto contó con la asistencia de un nutrido número de aristócratas y quiso mostrar la unidad existente entre los diversos partidos de la derecha. Allí estaban representados los carlistas y alfonsinos, junto a personalidades de la derecha social-católica como el marqués de Lozoya, Martínez Acacio y José Ibáñez Martín. La nota dominante en la velada fue el repudio tajante de la actitud de Gil Robles y su partido respecto a la República. El marqués de Quintanar calificó la táctica de la CEDA como un «gran señuelo para cazar incautos y para conquistar despreocupados». Sainz Rodríguez se refirió al triunfo electoral de las derechas como una «victoria sin alas». Maeztu se jactó del éxito de Acción Española, que había logrado constituir una elite intelectual que admitía «la palabra reacción y que os dice que en una enfermedad como la que padecemos, el que no es reaccionario se muere[119]».

Desde el comienzo de la nueva legislatura, el objetivo prioritario de la minoría monárquica alfonsina fue lograr la amnistía para los implicados en el 10 de agosto y los exministros de la Dictadura exiliados. La Ley se votó finalmente el 20 de abril. El encargado de explicar el apoyo de la minoría monárquica al texto fue José María Pemán, autor, como ya sabemos, del Salmo a los muertos del 10 de agosto. Cuando la amnistía estuvo asegurada, Pemán pidió la palabra y definió la sublevación de Sanjurjo como una respuesta heroica a la «dictadura» jacobina de Azaña. Ante las protestas de republicanos y socialistas, el poeta gaditano fue más lejos, al sostener que la victoria derechista suponía la «ratificación» de los hechos del día de San Lorenzo[120].

Tras la amnistía, Sanjurjo salió del castillo de Santa Catalina, donde había sido trasladado desde el penal del Dueso. La salida, según el diario ABC, se produjo «entre vítores y aplausos que le acompañan hasta el umbral de España en Gibraltar[121]». Luego, se instaló en la localidad portuguesa de Estoril, convertida, desde entonces, en núcleo conspirativo de los monárquicos.

El 20 de mayo Acción Española ofreció un homenaje a Calvo Sotelo y Yanguas Messía, tras su regreso del exilio. Pedro Sainz Rodríguez lanzó la idea de una gran coalición de las derechas antirrepublicanas. Los siguientes oradores, Pradera, Maeztu, Yanguas y Goicoechea, glosaron la necesidad de llegar a ese pacto político. Finalmente, intervino Calvo Sotelo, quien propugnó una táctica política diametralmente opuesta a la seguida por Gil Robles. La suya estaría subordinada a la dogmática que Acción Española se había encargado de articular: «La recta política es la dogmática; la curva es la táctica. Y la táctica es lícita siempre y cuando se ha subordinado a la dogmática, porque una táctica sin dogmática es como una religión sin Dios; es como un rebaño sin pastos; es como una familia sin jefe[122]».

El general Sanjurjo, cabecilla del golpe militar de agosto de 1932, en la playa de Estoril (Portugal). Al fracasar el levantamiento, intentó pasar la frontera pero fue detenido en Huelva, encarcelado, juzgado y condenado a muerte en consejo de guerra. La pena capital fue conmutada por la de cadena perpetua. Posteriormente fue amnistiado por un Gobierno presidido por Ricardo Samper el 4 de marzo de 1934 y se exilió en el país vecino, desde donde volvió a maquinar contra la República. Encabezó la sublevación del 18 de julio de 1936, pero murió el día 20 en un accidente de avión cuando volaba hacia España para ponerse al frente de las tropas golpistas.

En una entrevista posterior, Calvo Sotelo se presentó como «aglutinante» de las derechas antirrepublicanas. El Bloque Nacional que proyectaba cifraría sus objetivos en la «siembra de la mística de la reforma estatal totalitaria»; lo que se concretaría en la anulación de los estatutos de autonomía y en la forja de una nueva estructura económica basada en el corporativismo y en el intervencionismo estatal. La monarquía no era, por el momento, una cuestión previa; retornaría a España en un futuro más o menos próximo como «remate de un gran proceso evolutivo de reestructuración del Estado y por aclamación nacional». No obstante, la monarquía tendría poco que ver con el régimen de la Restauración; de ahí que Calvo Sotelo prefiriera hablar de «instauración» en vez de «restauración[123]».

Sin embargo, los planes de Calvo Sotelo chocaban con la pluralidad política de los distintos grupos de la derecha. El carlismo no estaba por la labor. El 3 de mayo Alfonso Carlos nombró secretario general de la Comunión Tradicionalista a Manuel Fal Conde, antiguo integrista radicalmente contrario a los pactos con los alfonsinos. Y es que la clara política fusionista de la Junta Suprema presidida por el conde de Rodezno se hallaba totalmente desacreditada entre las bases carlistas. El nombramiento de Fal Conde vino acompañado de una serie de instrucciones del Pretendiente a Rodezno para que suspendiera sus relaciones con Renovación Española. El carlismo había aumentado sus efectivos y actividades. Su centro seguían siendo Navarra y el País Vasco, pero había logrado extenderse por Castilla y Andalucía. Asimismo, reactivó sus fuerzas paramilitares, como el Requeté. La obsesión de Fal Conde y sus partidarios era preservar su autonomía frente a los alfonsinos[124].

6. APOCALIPSIS REVOLUCIONARIO

Mientras tanto, las tensiones sociales fueron en aumento. La radicalización de la lucha de clases y de la intensidad de las huelgas obreras y campesinas, y, sobre todo, la nueva estrategia de los socialistas, hegemonizados por su izquierda, eran producto de un estado de ánimo cada vez más convulso. Todo el PSOE es el que se encontraba detrás del anuncio de «atención al disco rojo», el que desde las columnas de El Socialista proclamaba una y otra vez la necesidad de «superar» la República «burguesa[125]». Ante la posibilidad de acceso al Gobierno de miembros de la derecha católica, algunos republicanos, como Martínez Barrio, Sánchez Román y Manuel Azaña, propugnaron una especie de régimen de excepción o dictadura republicana. Con anterioridad, Azaña, escandalizado ante la realidad política nacida de las elecciones, había sostenido que «por encima de la Constitución está la República, y por encima de la República está la revolución[126]». A ello se unió la victoria de la Esquerra en Cataluña; y los intentos del Gobierno autónomo catalán de continuar con las políticas sociales ya iniciadas, como la Ley de Contratos de Cultivo, anulada por el Tribunal de Garantías Constitucionales. El Gobierno presidido por Lluís Companys decidió, como respuesta, presentar otra Ley idéntica a la previamente anulada; lo que generó conflictos con el Gobierno central[127]. A finales de septiembre, se planteó la crisis del Gobierno presidido por el radical Ricardo Samper, cuando Gil Robles le retiró el apoyo parlamentario. El dilema no era ya otro que la entrada de miembros de la CEDA en un nuevo gobierno, o la disolución del Parlamento. Republicanos como Miguel Maura, Martínez Barrio y Sánchez Román aconsejaron la segunda opción, ya que la derecha católica nunca había hecho una declaración explícita de republicanismo. El 4 de octubre quedó constituido el nuevo Gobierno presidido por Lerroux, con tres ministros cedistas, Rafael Aizpún, José Oriol Anguera de Sojo y Manuel Giménez Fernández.

La noticia, aunque esperada, sonó, en la izquierda, a declaración de guerra. Los socialistas pusieron en marcha la huelga general revolucionaria, es decir, una huelga general de la que había de seguirse la toma del poder y que, por lo tanto, estaría acompañada de la insurrección armada. Hubo huelga general en toda España, pero la insurrección armada solo pudo triunfar, en un primer momento, en Asturias; mientras que en Cataluña, Companys proclamó el Estado catalán dentro de la República federal española. La rebelión catalana duró lo que las fuerzas militares del general Batet tardaron en exigir y obtener la rendición del Gobierno de Companys. En Asturias, sin embargo, la insurrección socialista asumió todas las características de una guerra civil localizada. El ministro de la Guerra, Diego Hidalgo, encomendó la dirección de las operaciones militares al general Francisco Franco. Y el conjunto de las derechas se volcó en el apoyo al Gobierno Lerroux. La nueva situación abrió, de hecho, nuevas perspectivas a los monárquicos, que solo a través de una catástrofe podían tener posibilidades de acceso al poder. Algunos vieron el momento propicio para el golpe de Estado militar que anhelaban. Requerido por Jorge Vigón, Ansaldo viajó a Madrid con el objetivo de hacer planes para recoger a Sanjurjo en Estoril y llevarlo a Oviedo[128]. En casa de Sainz Rodríguez esperaron los conjurados las órdenes para poner en marcha sus planes; pero todo se vino abajo por la falta de acuerdo entre los militares.

Ramiro de Maeztu supo expresar los miedos de las clases conservadoras en aquel momento de incertidumbre. Siguiendo una perspectiva providencialista muy próxima a Donoso Cortés y Joseph de Maistre, Maeztu estimaba que el intento revolucionario era un acontecimiento necesario y, en el fondo, positivo, por el cual el conjunto de las derechas caerían en la cuenta de sus errores y apatías pasadas y se verían abocadas a la acción: «Dios está con ellos, enloqueciéndoles, porque quiere perderlos. Dios está con la antipatria, porque quiere indudablemente desbocarla, para que vuelvan los días de gloria para España. No está todavía con nosotros porque no lo merecemos[129]». El auténtico protagonista de la contrarrevolución y, por ende, de la victoria había sido el ejército; y no solo por su fuerza militar, sino porque él mismo era un modelo de organización social. En un contexto globalmente atomizado y disgregado, como era la sociedad española del momento, la única fuerza coherente seguían siendo las Fuerzas Armadas: «Y hoy puede decirse que la unidad de la nación no está garantizada más que en los cuartos de banderas, porque el poder político que espontáneamente produce nuestro pueblo es el caciquismo, que por ser puramente local necesita de una fuerza central, para que lo trabe y unifique. Esa fuerza es el ejército, que, a su vez, exige una unidad de mando permanente, para que no se disperse y disuelva. Por eso, el ejército es la unidad de España[130]». Lo que conducía a un sombrío análisis sociohistórico, que subrayaba las nulas posibilidades de supervivencia, a corto plazo, de las instituciones políticas liberales, en unas condiciones de subdesarrollo, desigualdad y aguda polarización social: «Las tierras de secano no se prestan a parcelamiento. No tenemos tampoco las reservas de riqueza de Inglaterra. Aquí tenemos que hacer frente a la revolución social porque no podemos soslayarla con dádivas […]. La situación es, pues, gravísima. Solo con graves decisiones puede afrontarse[131]». Todo ello exigía un reagrupamiento de las fuerzas sociales y políticas conservadoras, en una alianza que llegara «de Lerroux a Rodezno[132]».

Finalmente, el ejército acabó con la insurrección socialista en Asturias mediante una dura represión. El 5 de noviembre se reanudaron las sesiones parlamentarias. Gil Robles propuso un voto de confianza al Gobierno. En contra se pronunció Goicoechea, que acusó al líder radical de lenidad e inoperancia a la hora de dar respuesta al desafío revolucionario. El líder monárquico exigió la derogación del Estatuto de Cataluña, de las reformas militares de Azaña, la ilegalización de los sindicatos y de los partidos de izquierda: «Lo que anhela el país es que desandéis todo lo andado desde el 14 de abril; lo que anhela el país es una obra de rectificación y de enmienda, una obra en que edifiquéis todo lo que se destruyó para que España vuelva a ser lo que era[133]».

Al día siguiente intervino Calvo Sotelo, cuyo discurso tuvo una gran repercusión en la cámara. El antiguo maurista aprovechó el momento para cantar las excelencias de su alternativa autoritaria y corporativa. Llegó, además, a pedir sin rebozo la dictadura militar. Las Fuerzas Armadas tendrían que asumir, ante la nueva situación, facultades y funciones específicamente políticas, que excedían el marco constitucional. Y es que el ejército se había convertido no ya en el brazo armado de la nación, sino en su «columna vertebral». Dirigiéndose a Gil Robles, le instó a renovar las alianzas políticas entre los partidos de la derecha, cuyo objetivo fuese la derogación del texto constitucional, porque la revolución se hallaba en el propio «espíritu de las Constituyentes». Calvo Sotelo reiteró la necesidad de organizar un castigo ejemplar contra los insurrectos, a semejanza de lo hecho por Thiers contra la Comuna de París: «La República francesa no es hijo de la Commune, sino de la represión de la Commune.» A lo que Maeztu añadió desde su escaño: «¡Hubo cuarenta mil fusilamientos[134]!»

Después de aquella sesión parlamentaria, Calvo Sotelo creyó llegado el momento de relanzar su proyecto de Bloque Nacional, que hasta el momento no había suscitado excesivos apoyos o simpatías entre los sectores políticos a los que se dirigía. En un primer momento, intentó concertar la alianza con los carlistas. Calvo Sotelo contaba en la Comunión con el apoyo de Pradera, Rodezno, Oriol, Bau y Arauz de Robles. El 16 de noviembre tuvo una entrevista con Fal Conde, quien se mostró escéptico con respecto a la viabilidad de aquella alianza, en parte porque desconfiaba de los alfonsinos y en parte también porque creía que las clases conservadoras confiaban todavía en la estrategia legalista de Gil Robles[135]. No obstante, gracias a la intervención de Pradera en la reunión de Jefes Regionales de la Comunión, se consiguió el acuerdo de adherirse al Bloque. Sin embargo, la desconfianza de los tradicionalistas seguía siendo muy alta. Prueba de ello fue el contenido de la circular redactada por Fal Conde, donde se establecían, de acuerdo con el dictamen de la Junta General y la opinión de Alfonso Carlos, las bases en las que debería descansar el pacto con los alfonsinos. Lo que preocupaba al secretario general de la Comunión era preservar la autonomía del Requeté y de las Juventudes[136]. Por su parte, Falange Española, bajo la dirección de José Antonio Primo de Rivera, rechazó su adhesión al Bloque Nacional. La única fuerza política que recibió positivamente el proyecto liderado por Calvo Sotelo fue el Partido Nacionalista Español, dirigido por el doctor Albiñana[137].

Con tan menguados apoyos, salió a la luz a comienzos de diciembre el manifiesto del Bloque Nacional, aunque no pudo publicarse en la prensa debido a las leyes de censura imperantes en aquellos momentos. A grandes rasgos, el documento recogía el proyecto político de Acción Española. Su punto de partida era el análisis de la situación revolucionaria en que vivía la sociedad española, frente a la cual se propugnaba una España «unida y en orden», es decir, el retorno a los valores políticos de la monarquía y del catolicismo. El examen del conflicto clasista llevaba a la afirmación del régimen corporativo como superación tanto del orden liberal como del socialismo marxista. El enemigo principal se identificaba con el «antiestado sindical». La cancelación del régimen republicano se presentaba como único medio de superar el capitalismo liberal sin caer en el socialismo marxista. El sujeto de la acción contrarrevolucionaria era el Ejército, definido como «columna vertebral de la Patria[138]».

7. DERECHA CONTRA DERECHA

La nueva coyuntura política se caracterizó por las críticas de los sectores monárquicos a la actuación de la derecha católica; en particular a la gestión de Manuel Giménez Fernández en el Ministerio de Agricultura. Tras la victoria conservadora de noviembre, una de las reivindicaciones más importantes de los sectores monárquicos fue la derogación de la Ley de Reforma Agraria. Giménez Fernández era un decidido reformista social-católico, y, desde su ministerio, no trató de paralizar la Ley, sino de hacerla más realista, reorientando la reforma mediante un decreto en el que se suspendían las expropiaciones definitivas durante un año, dando preferencia a los arrendamientos de los pequeños arrendatarios, fijándose en diez mil el número de sus asentamientos[139]. Para defender su alternativa, el político andaluz solía recurrir a las encíclicas papales; lo cual llegó a sacar de sus casillas a tradicionalistas como Víctor Pradera: «Los defensores de ese proyecto antisocial, mezclando el vino generoso de las encíclicas de los Pontífices con las heces de su total desconocimiento de la vida agrícola lo han avinagrado torpemente[140]». Tanto ABC como La Época y Acción Española sometieron a una crítica implacable la actuación y los planteamientos de Giménez Fernández. Para Eugenio Vegas, era «el demagogo pseudocristiano», que intentaba socializar el campo español mediante sus leyes; «un liberal del siglo XIX que anhela una política de convivencia con los demás partidos y en la que pueden turnar el señor Largo Caballero y el demagogo pseudocristiano[141]». En Acción Española, el integrista Emilio Ruiz Muñoz acusó al ministro católico de resucitar el «sillonismo», condenado por el papa Pío X: «Libertad, igualdad y fraternidad revolucionaria, concluyó el sillonismo, en salsa de socialismo católico, de comunismo católico, de anarquía católica[142]».

No deja de ser significativo que Giménez Fernández no revalidara su cartera cuando, tras la crisis de abril, Gil Robles logró imponer al presidente de la República el retorno de la CEDA al Gobierno con cinco ministros, y con él en el Ministerio de la Guerra. El nuevo Gobierno fue bien recibido, al menos en apariencia, por los monárquicos. Calvo Sotelo señaló su esperanza de que triunfaran los designios de la CEDA; de lo contrario, diría, correspondería a su alternativa política la función de «ejército de reserva de la contrarrevolución[143]». El propio Gil Robles se encargó de darles seguridades y pedirles apoyo. Poco antes de ocupar su cartera, el líder católico asistió a una reunión secreta en la finca El Alamín, propiedad del conde de Ruiseñada, donde se encontraban también Calvo Sotelo, Goicoechea y Lamamié de Clairac. Allí Gil Robles afirmó que él era la única alternativa a la revolución[144].

En el parlamento, Goicoechea no dejó de celebrar que Gil Robles ocupara la cartera de Guerra, instándole a que depurara el ejército de «lepra masónica» y a reintegrar en su seno a los militares depuestos por su fidelidad a la monarquía o por su participación en los sucesos del 10 de agosto[145]. Y, de hecho, el paso del líder católico por aquel ministerio supuso un intento consciente de neutralizar la labor realizada por Azaña y la consolidación de los militares antirrepublicanos en los puestos directivos de las Fuerzas Armadas: Fanjul, Goded, Franco, etc. Martínez Anido fue reintegrado en el ejército, al igual que Mola. No es extraño que Sanjurjo, desde Estoril, expresara, en una carta a Mola, su satisfacción por la política militar de Gil Robles: «Dentro de la política actual se ve claramente que todo lo bueno se está haciendo en Guerra, que, de seguir así, y lo veo confirmado en otros nombramientos, habrá saneado el Ejército, verdadera base de salvación de España, que tanto lo necesita[146]». Calvo Sotelo instaba al líder cedista a ir más allá: «Hay que expurgar al ejército de toda clase de adherencias infectivas; desde luego, de masones y marxistas, que los hay aún, y en mandos delicados, aunque parezca mentira[147]».

En julio, llegó a plantearse un proyecto de reforma constitucional, que hacía hincapié en los temas relativos a las relaciones entre Iglesia y Estado, aconsejando la modificación de los artículos 26 y 27; se propugnaba la supresión de los artículos 30, 41, 43 y 44, que hacían referencia a cuestiones de orden económico; se abogaba por el reconocimiento del derecho docente a los centros católicos y por el establecimiento de una segunda cámara[148]. El proyecto no llegó a discutirse en el Parlamento. No obstante, la derecha monárquica se apresuró a dejar bien clara su oposición al mismo. La reforma resultaba por completo insuficiente, porque no modificaba los supuestos básicos de la Constitución de 1931, es decir, el sistema democrático y la forma de gobierno republicana. Además, persistía, para colmo, el laicismo escolar, la aconfesionalidad del Estado, el divorcio; en fin, todas las medidas secularizadoras promulgadas en el primer bienio: «Una vez excluido un precepto del proyecto de reforma, toda fuerza de los católicos sería estéril para lograr posteriormente su modificación […]»[149]. El Bloque Nacional rechazó, en un mitin celebrado en Santander, el contenido del proyecto. Calvo Sotelo no dudó en calificarlo de «mascarada», porque ni tan siquiera planteaba la posibilidad de discutir sobre la organización del Estado o su carácter republicano: «Dentro de la República no veo salvación. El máximo esfuerzo nacional y católico que el régimen puede realizar está en el proyecto de revisión. No satisface a España[150]».

Sin embargo, la situación política comenzó a cambiar. Por de pronto, se asistió a una clara resurrección de las izquierdas. La figura de Manuel Azaña, a quien infructuosamente se quiso relacionar con la revolución de Octubre, consiguió encumbrarse como mediador entre las distintas fuerzas de la izquierda. Buena prueba de ello fueron los múltiples y multitudinarios mítines a campo abierto en Comillas, Mestalla y Lasesarre, donde la figura del político alcalaíno brilló con luz propia. Tanto es así que Ramiro de Maeztu señaló que Azaña se había convertido, quizás sin saberlo, en el líder del marxismo español[151]. El Frente Popular se hallaba en ciernes. Y la alianza cedo-radical no tardó en entrar en crisis. Octubre de 1935 presenció dos escándalos, el denunciado por Strauss y el denunciado por Nombela, que contribuyeron a hundir al Partido Radical, y que acaban con el Gobierno, aniquilando cualquier posibilidad de permanencia de la coalición que detentaba el poder. Gil Robles se quedó entonces sin ninguna cobertura republicana. Lo cual no dejaba de ser una buena noticia para los monárquicos. Fracasado el «centro» radical, pensaba Calvo Sotelo, ahora tan solo existían dos alternativas, y era, en consecuencia, la propia existencia de la República lo que parecía estar en juego. La CEDA no podría ya tener otros aliados que los monárquicos. Pero el balance del bienio radical-cedista era, en su opinión, desolador, porque la contrarrevolución dentro de la República había resultado un auténtico fiasco político: «Vencida la revolución materialmente, está en pie, aguerrida, desafiante, espumarajeando maldiciones y amenazas. ¿Por qué? Porque es una revolución amnistiada[152]».

El momento decisivo transcurre el 11 de diciembre, cuando Gil Robles, en su consulta con el presidente de la República, intentó que se le entregase el poder, con la amenaza de que las Cortes, sin el apoyo de su partido, tendrían que ser disueltas. Alcalá Zamora se niega. Poco después el general Fanjul propuso a Gil Robles un golpe de Estado militar contra la decisión presidencial. El líder católico no deseaba encabezar el golpe, si bien declaró a Fanjul que si el ejército pretendía darlo, él, como ministro de la Guerra, no se opondría. Pero tampoco existía unanimidad en las Fuerzas Armadas, con lo que tal posibilidad fue desechada. Gil Robles abandonó el Ministerio de la Guerra. El diagnóstico de Calvo Sotelo no se hizo esperar: «Ha muerto el accidentalismo […]. El Jefe del Estado ha interpretado el espíritu del 14 de abril[153]».

El 7 de enero Manuel Portela Valladares, nuevo jefe del Gobierno, hizo pública la convocatoria de elecciones generales; lo que fue recibido por el conjunto de las derechas de forma muy negativa. En concreto, Acción Española sostuvo: «Otra vez campea sobre las páginas de Acción Española la palabra vitanda. Veintiséis meses de camino penoso han venido a dar en nosotros en estas vísperas de elecciones generales que van a poner otra vez en torpe juego el ser o no ser de España[154]».

8. SED DE CATÁSTROFE

Las derechas se enfrentaban a la nueva convocatoria electoral en una situación muy distinta a la de noviembre de 1933. Ahora, Azaña había conseguido, no sin dificultades y contradicciones, reconstruir la coalición de izquierdas. Dentro del campo derechista reinaba, en cambio, la dispersión. A pesar de su fracaso, la CEDA seguía siendo el único partido derechista que contaba con una sólida base de apoyo popular. Debido a su posición hegemónica, Gil Robles se sintió blanco de todas las miradas; y no excluyó, en un principio, a ninguno de los partidos que acudían en busca de consenso, incluyendo a Miguel Maura o Melquíades Álvarez, de los que tampoco se podía prescindir. Para el diario monárquico ABC, la «unión de las derechas» debía incluir tan solo a las «derechas auténticas», algo que, a su entender, excluía a los conservadores republicanos e incluso al Partido Agrario[155]. Calvo Sotelo emplazó al líder cedista a la aceptación de un programa electoral de claros tintes maximalistas: ilegalización de los partidos marxistas y separatistas; nuevo sistema de relaciones laborales, con la prohibición del derecho a la huelga y el cierre patronal; restablecimiento «a rajatabla» del orden público, etc[156]. Calvo Sotelo pretendió incluso cuatro puestos en la candidatura de Madrid, y, lo que es más significativo, hizo referencia a que el nuevo presidente de la República debería ser un militar: Sanjurjo[157].

La propaganda electoral monárquica tuvo mucho de manual de historia de España; había un cartel en el que aparecía una matrona, «España», ahogándose agarrada a la barca que simbolizaba la monarquía. La milicia del Bloque Nacional, «Guerrillas de España», dirigida por Juan Antonio Ansaldo, apenas hizo acto de presencia a lo largo de las elecciones. Su única actividad digna de mención fue el intento de elevar un globo con el lema «El Bloque Nacional salvará a España», que rápidamente cayó al suelo[158]. En los mítines monárquicos se proferían gritos de «grandes vivas al Ejército y una ovación al glorioso general Sanjurjo», según afirmaba La Época. Los discursos de mayor impacto eran los de Calvo Sotelo, de un tono agresivo, violento y subversivo. Había llegado, a su entender, la hora de la «desobediencia conforme a nuestra filosofía católica desde Santo Tomás al Padre Mariana[159]».

Aunque por estrecho margen, el Frente Popular triunfó en la mayoría de las circunscripciones[160]. Al conocerse los primeros resultados comenzaron a dispararse sin dilación todas las expectativas acumuladas al inicio de la campaña. Para la izquierda obrera, ganar significaba liberar a los presos y readmitir a los despedidos por su participación en la huelga general revolucionaria. De inmediato tuvieron lugar marchas hacia las cárceles y concentraciones ante las obras y talleres para obligar a la readmisión. Así se fue abriendo a partir del triunfo electoral una nueva situación política. Todo ello tuvo un claro efecto simbólico para la percepción de un evidente hundimiento de las relaciones sociales y, sobre todo, de la incapacidad del Estado a la hora de manejar los resortes de la autoridad y de la represión. La reacción de las derechas fue inequívoca. Gil Robles y Calvo Sotelo intentaron cerrar la situación, apoyándose en los generales Franco y Goded, intentando que se declarara el estado de guerra. Pero no consiguieron el apoyo de Alcalá Zamora y Portela Valladares. Desbordado por las manifestaciones obreras, Portela dimitió y exigió que Azaña se hiciese cargo del Gobierno y que presidiera la segunda vuelta de las elecciones, que ratificó la victoria frentepopulista. Los alfonsinos consiguieron trece escaños; los carlistas, diez. La CEDA siguió siendo el partido más numeroso con ochenta y ocho escaños.

Acción Española recibió el resultado electoral con una llamada a la rebelión: «La Verdad puede y debe imponerse por la fuerza: forma de proselitismo y deber de amor que obliga para con la nación a las clases directoras[161]». Para Calvo Sotelo, el triunfo de las izquierdas significaba la victoria del «espíritu del 14 de abril», es decir, «laicismo integral, estatuismo integral, presocialización integral también». Y reprochaba a la derecha cedista su excesiva confianza en los mecanismos electorales, sin darse cuenta de que el predominio numérico de la clase obrera hacía que el sufragio universal adquiriera un carácter «neurótico», que lo convertía en el instrumento revolucionario por excelencia[162]. Los dirigentes carlistas interpretaron la victoria del Frente Popular como fruto de la táctica de Gil Robles y su partido. Fal Conde siguió mostrándose partidario de garantizar la autonomía de la Comunión frente a los alfonsinos y de abandonar el Bloque Nacional[163]. Un mes más tarde se hizo público el nombramiento de Javier de Borbón-Parma como Regente y la ruptura con el Bloque Nacional, acordada, de hecho, en diciembre, pero pospuesta hasta entonces por motivos electorales[164].

El nuevo Gobierno de izquierdas se apresuró a legalizar la liberación de los presos de octubre y la readmisión de los despedidos. Se activó igualmente la reforma agraria de una manera mucho más rápida y radical. El nuevo ministro, Ruiz Funes, repuso las categorías de tierras expropiables de 1932 y revitalizó el Instituto de Reforma Agraria[165]. En ese nuevo contexto social y político, el Parlamento se convirtió en caja de resonancia de los radicales antagonismos que fraccionaban la sociedad. En cierta manera, la guerra civil se declaró en el Congreso desde el mismo día de su constitución cuando el diputado monárquico Ramón de Carranza, marqués de Villapesadilla, nombrado presidente de edad de la Cámara, respondió a las diputados de izquierda, que le instaban a que diese un viva a la República, con un «¡No me da la gana!», que fue, a su vez, contestado por socialistas y comunistas con el canto de «La Internacional» puño en alto[166]. La animosidad entre los diputados llegó a tal extremo que, para evitar males mayores, la presidencia se vio obligada a someterlos al procedimiento del cacheo antes de las sesiones parlamentarias, en vista de la frecuencia con que se esgrimían armas de fuego en el hemiciclo.

Una vez constituido el Congreso, una de las primeras medidas fue la destitución de Alcalá Zamora como presidente de la República, algo en lo que curiosamente coincidían derechas e izquierdas. Calvo Sotelo juzgó «trascendental» aquella sesión parlamentaria y la propia destitución de Alcalá Zamora como un acto plenamente revolucionario: «Desde hoy estamos ante la Convención. Conato leve, al parecer, realidad de tragedia no tardando mucho[167]». El antiguo cacique de Priego de Córdoba fue sustituido por Manuel Azaña. El Gobierno quedó en manos republicanas, bajo la presidencia de Santiago Casares Quiroga, que ocupó también la cartera de Guerra.

La actitud de las izquierdas no favoreció de ningún modo a la estabilidad política. A lo largo del período, el Frente Popular dejó de existir como tal. Para empezar tuvo lugar una movilización reivindicativa sindical, el agravamiento de la escisión del PSOE, la unificación de las juventudes socialistas y comunistas bajo la dirección del PCE; y, en fin, el debilitamiento de los partidos republicanos en la operación sustitutoria del presidente de la República. Los sindicatos aprovecharon su nueva posición de fuerza para plantear exigencias desorbitadas a los empresarios. La resistencia patronal produjo el movimiento de huelgas más duro y generalizado hasta entonces conocido. En el curso de las huelgas, UGT y CNT unidas, se hablaba de «revolución». La CNT celebró un congreso en Zaragoza donde se discutió la organización de una nueva sociedad libertaria. De la misma forma, tuvo lugar un proceso de ocupación de tierras por parte de los campesinos y de las organizaciones sindicales, en Toledo, Andalucía y Extremadura. Se establecieron, sobre todo en los pueblos, un conjunto de poderes obreros paralelos al Gobierno que en multitud de localidades se adueñaron de las calles y de las instituciones, protagonizando agresiones a sus adversarios políticos de la derecha, cerraron las sedes de los partidos políticos y los casinos, atentaron contra periódicos —en Madrid fueron incendiados los locales del diario primorriverista La Nación y se destruyeron numerosas iglesias[168]—.

La situación de las derechas era igualmente de gran perplejidad. Gil Robles fue incapaz de recuperarse del fracaso electoral, y nunca volvió a ejercer su carisma en el seno de la CEDA. Las fisuras en la gran coalición de derechas favorecieron el avance de Calvo Sotelo, quien, a diario, recibía cartas en las que se describían las cuitas y humillaciones que sufrían los sectores conservadores de provincias a manos de las izquierdas y de los sindicatos; y, sobre todo, el apoyo a su proyecto político[169]. La oratoria de Calvo Sotelo era, según sus contemporáneos, poco brillante, pero efectiva. Una oratoria cuyo mensaje resultaba de una violencia verbal extraordinaria, en la que la palabra se convertía en un arma encargada de expresar antagonismos sociales y los sentimientos violentos e implacables que de ellos ser derivaban. En ese sentido, el embajador norteamericano, Claude Bowers, que solía acudir a las sesiones parlamentarias, denunció su oratoria «deliberadamente provocativa[170]». Calvo Sotelo describió una realidad social de pesadilla. Desde la victoria electoral de las izquierdas, se había volcado sobre la sociedad española «un ventarrón de fuego y furor»; el Gobierno se había convertido en cómplice de las izquierdas obreras; era un títere de la subversión social protagonizada por el marxismo. Además, denunció los planes del Gobierno de izquierda con respecto al Ejército, cuyo último objetivo era llevar adelante la revolución social[171]. El día 19 de mayo Casares Quiroga pronunció su primer discurso como jefe de Gobierno, cometiendo el grave error de declararse beligerante contra «el fascismo», denominación genérica en la que buena parte de las derechas se sintió englobada. En su réplica, Calvo Sotelo interpretó el ascenso de Azaña a la presidencia de la República como una «retirada al Palatino». Y lamentó que Santiago Casares Quiroga ocupase la cartera de Guerra, porque era «la mano dura de la República», cuya misión parecía ser la de «actuar en el seno del Ejército o para actuar como cirujano con el Ejército en el seno de la sociedad[172]».

Calvo Sotelo y sus seguidores hacía tiempo que estaban relacionados con los planes de golpe de Estado militar que se planeaban desde el triunfo frentepopulista. Había entablado contactos con el general Mola y otros conspiradores organizados en torno a la Unión Militar Española. A pesar de que Mola no se planteaba el retorno de la monarquía ni la instauración de un régimen confesional, Calvo Sotelo dio el beneplácito a sus planes en junio[173]. Y es que, de momento, lo prioritario era sumarse a la sublevación militar; hacerse con la mayor influencia posible en su desarrollo y hegemonizarla para su proyecto político. Su esperanza no era Mola, aunque Acción Española le había sondeado, sino Sanjurjo. Sainz Rodríguez era uno de los enlaces entre el marqués del Rif y Valentín Galarza, y, a través de este último, con los demás militares insertos en la conspiración[174]. Más reacio se mostraba el tradicionalista Fal Conde, porque seguía sin ver claro cuál era el objetivo último de la sublevación[175].

Mientras tanto, Calvo Sotelo contribuiría a caldear aun más el ambiente. El momento crucial fue su intervención parlamentaria del 16 de junio, con motivo de un debate sobre orden público. El exministro de la Dictadura denunció la desunión del Frente Popular, que era ya «bifronte»; la ineficacia del régimen republicano; la crisis económica, consecuencia de la hipertrofia de la lucha de clases. La solución se encontraba en el sistema autoritario-corporativo que propugnaba; incluso invocó al fascismo. Todo ello provocó fuertes protestas en los bancos de la izquierda. Sin inmutarse, el líder monárquico hizo mención al Ejército como «augusta encarnación del principio de autoridad» frente al «fetichismo de la turbamulta». La réplica de Casares Quiroga fue todo menos inteligente, al hacer recaer sobre Calvo Sotelo la responsabilidad de cuanto pudiera ocurrirle; lo que favoreció que el tribuno monárquico respondiera en un sentido victimista[176].

Lo que ocurrió a Calvo Sotelo días después es de sobra conocido. Asesinado el teniente de la Guardia de Asalto, José Castillo, conocido por sus ideas izquierdistas y por ser instructor de milicias socialistas, sus compañeros planean para el 13 de julio una represalia en la persona de algún líder de las derechas. Piensan primero en Gil Robles y luego en Goicoechea, a quienes no logran localizar; y proceden, contra todo derecho, a detener a Calvo Sotelo en su domicilio, asesinándole, después, de dos disparos en una camioneta que debía conducirle a la Dirección General de Seguridad. La mayoría de sus asesinos pertenecían al PSOE y algunos de ellos eran guardaespaldas de Indalecio Prieto[177]. En cierta forma, el asesinato del tribuno monárquico recordaba al del diputado socialista Giacomo Matteoti a manos de los fascistas en junio de 1924[178]. Pero las derechas españolas no se retiraron al Aventino, sino que optaron por sumarse a la sublevación militar.

Entierro de José Calvo Sotelo en el cementerio de la Almudena, en Madrid, el 15 de julio de 1936. Pueden apreciarse numerosas personas con el brazo en alto imitando el saludo fascista. Tras volver de su exilio en mayo de 1934, Calvo Sotelo, antiguo maurista y ministro de Hacienda durante la dictadura de Primo de Rivera, se convirtió en el portavoz más emblemático de la ultraderecha monárquica. Fue asesinado por un grupo de guardias de asalto y militantes afines al socialismo.

A las cinco de la tarde del 15 de julio fue enterrado Calvo Sotelo. Ante su féretro, Goicoechea pronunció unas palabras que mostraban el profundo efecto psicológico que el asesinato había producido entre sus seguidores. Y es que la existencia de un mártir demostraba la justicia de la causa; fortalecía a sus militantes y, sobre todo, exigía venganza. El antiguo maurista se comprometió a seguir el ejemplo de Calvo Sotelo para «salvar a España[179]». Poco después, se celebró un debate parlamentario sobre el asesinato, esgrimido por los representantes de las derechas como supremo argumento político. La intervención del conde de Vallellano supuso una auténtica declaración de guerra: «Quien quiera salvar a España, a su patrimonio moral como pueblo civilizado, nos encontrará los primeros en el camino del deber y del sacrificio[180]». Dicho esto, las minorías monárquicas abandonaron el recinto. Dos días después, iba a resurgir, y por casi tres años, el hobbesiano «estado de naturaleza», cumpliéndose la terrible profecía de Eugenio Vegas Latapié en las páginas de Acción Española: «Vuelven las guerras de religión y de doctrina. Lo de las urnas ha pasado ya[181]».

Capítulo VIII

La trayectoria de un recién llegado.
El fracaso del fascismo español

Pedro Carlos González Cuevas

1. POSICIONES Y CONCEPTOS

¿Qué ha sido el fascismo? La pregunta dista todavía de ser ociosa, porque los historiadores siguen discutiendo hoy sobre el carácter y la naturaleza de este movimiento social y político[1]. Polémica ha de ser, por lo tanto, cualquier definición del fenómeno fascista. Sin embargo, se encuentran ya ampliamente refutadas aquellas interpretaciones cuyo contenido demonológico estaba más próximo a la diatriba político-ideológica que a la investigación científica[2]. En ese sentido, los movimientos denominados fascistas son vistos, hoy, por la historiografía más solvente como movimientos revolucionarios cuya ideología y proyecto político consisten en una peculiar síntesis de elementos voluntaristas, míticos, nacionalistas y colectivistas, herederos de la rebelión finisecular contra el positivismo, de las vanguardias artísticas y literarias, al igual que de ciertas tradiciones políticas de origen jacobino[3]. Socialmente, fueron la expresión de unas clases medias «emergentes», deseosas de una mayor participación en el poder social y político. Esta perspectiva interpretativa pone de relieve el carácter autónomo de los movimientos fascistas. Y es que una cosa es que los regímenes fascistas tengan que apoyar, en una determinada coyuntura, los intereses de un sector de las elites tradicionales, y otra muy distinta que estén dispuestos a aceptar la sumisión permanente a esos sectores. Antes de la toma del poder, los movimientos fascistas necesitan, en la forma que han explicado historiadores como Renzo de Felice o George L. Mosse, la colaboración de las elites tradicionales; estas, a su vez, necesitan del fascismo como movimiento de masas para asegurar su hegemonía. En última instancia, lo que determinará el mayor o menor peso de uno u otro de los amigos/enemigos será la fuerza de cada uno de los sectores en disputa[4].

De la misma forma, los movimientos fascistas son herederos de la gran experiencia movilizadora de la Gran Guerra, que contribuyó decisivamente a transformar la mentalidad y la cultura política de las masas. La movilización general y la experiencia de las trincheras condujo al fenómeno que Mosse ha denominado la «brutalización de la política». La indiferencia ante la muerte en masa y el deseo de destruir totalmente al enemigo fueron factores fundamentales de esa «brutalización» que se perpetuó a lo largo del llamado período de entreguerras. Esa experiencia agravó la tendencia presente en el nacionalismo de imponer un rígido conformismo para integrar al individuo en la colectividad y agudizó «la mentalidad maniquea, afirmada en la neta e inequívoca distinción entre amigos y enemigos propia de los tiempos de guerra», favoreciendo la creación y extensión de los «estereotipos deshumanizadores». Por otra parte, el mito de la camaradería y el culto a los caídos fueron creados para superar el horror de la muerte y de la guerra, al igual que los mitos del sacrificio y de la regeneración reforzaron la concepción mística de la nación[5].

Al final de la Gran Guerra, las sociedades europeas entraron en un período de inquietud interna y de profunda inestabilidad política. Las viejas elites sociales se batieron en retirada. Las legitimidades tradicionales entraron en una crisis prácticamente irreversible. La monarquía cayó en Alemania, Grecia, Rusia, Hungría y Austria. Este eclipse de la legitimidad tradicional favoreció el desarrollo y el triunfo de legitimidades alternativas como la democrática o la carismática. Por otra parte, la nueva coyuntura abrió un período descrito por el historiador Charles S. Maier como de «refundación» del capitalismo europeo, en la que fueron fraguándose alternativas sociales y políticas a un liberalismo y a un parlamentarismo cada vez más debilitados por la experiencia de la guerra y por el desafío que supuso el triunfo de la revolución bolchevique en Rusia. Maier denomina «corporativo» el nuevo sistema institucional, cuya edificación implicaba la creación de nuevos mecanismos para la transacción entre intereses sociales, en detrimento de un parlamentarismo cada vez más debilitado y en favor de las fuerzas organizadas de la economía[6]. Al mismo tiempo, el triunfo del bolchevismo coadyuvó a que las diversas organizaciones obreras y de izquierda revolucionaria se hicieran más potentes en sus deseos de trasformación social. Lo que provocó una gran movilización política y, por ende, la aparición de nuevos movimientos sociales y nuevos planteamientos políticos. En consecuencia, emergieron con fuerza los movimientos católico-corporativos, de derecha radical y autoritaria y, sobre todo, los movimientos fascista y nacional-socialista. Se iniciaba así lo que Ernst Nolte ha denominado la «guerra civil europea[7]».

Los movimientos fascistas tienden a la «movilización total[8]» de las masas y ambicionan la creación de un nuevo tipo de hombre y de sociedad. La ideología fascista fue una ideología construida para garantizar el consenso de las masas. El «mito» de la superioridad racial, dominante en el caso alemán, o el nacionalismo populista y expansivo en el italiano, tenían, en el fondo, la función psicológica de asegurar el sentimiento de participación de las masas en la vida pública; mientras que su insistencia en soluciones tales como la «comunidad popular» o la «nobleza del trabajo» venían a cubrir una serie de carencias y ansiedades muy extendidas en la población, provocadas por la crisis de las viejas estructuras sociales, políticas y simbólicas de las sociedades europeas de posguerra. Como ha señalado Ralf Dahrendorf, los movimientos fascistas pretenden fomentar el «sentimiento de pertenencia solidaria» y la búsqueda de nuevos vínculos[9]. Así, los movimientos fascistas se presentan como movimientos de síntesis que recogen, por una parte, las reivindicaciones nacionalistas, no ya de la burguesía, sino del conjunto de la población; y, por otra, contenidos de ideología revolucionaria. En pocas palabras, se presenta como un nacionalismo revolucionario. Era hijo de la modernidad y presuponía la sociedad de masas, urbana e industrial; surgía de la «nacionalización de las masas[10]», de la cual, como sabemos, la Gran Guerra fue un poderoso acelerador. Necesita de las masas que recluta en el mismo momento que las moviliza. Desde esta perspectiva, las masas no deben solamente reaccionar, sino también constituirse en comunidad, fundirse en un cuerpo colectivo —el pueblo, la nación, la raza— cimentado por la fe, encarnado en un jefe, animado por el entusiasmo y permanentemente movilizado. Con sus promesas escatológicas, sus iconos, sus rituales, el nacionalismo fascista se presenta como una «religión política», que transforma al pueblo en una comunidad de fieles[11]. Esta «religión política» no nace de la nada, sino que, en el caso italiano, recoge elementos de la ideología nacionalista del Risorgimento; y en el caso alemán, de la religión laica racista, cuyos profetas fueron el conde de Gobineau, Richard Wagner y Houston Stewart Chamberlain[12].

Elemento fundamental de esta «religión política» es el líder carismático, que servía de elemento motor de unificación, movilización y legitimación. Las figuras de Hitler y Mussolini supieron dar a sus respectivos regímenes el polo decisivo que les faltaba, rebasando las reivindicaciones y los intereses particulares gracias al ideal primordial de unidad nacional y popular que representaban[13]. Bajo la dirección del líder carismático, los movimientos fascistas se organizan en torno al «partido milicia». El partido era, así, concebido, a la vez, como instrumentum regni, campo de reclutamiento de la nueva clase política, elemento indispensable de educación política de las masas e igualmente como milicia nacional. El mito de la juventud dominante en el fascismo confería a la violencia propia del esquadrismo o de las milicias nacional-socialistas el aspecto de una revuelta contra los «viejos», es decir, los socialistas, los comunistas la burguesía liberal, la aristocracia o los católicos[14]. En ese aspecto, es preciso subrayar, como ya lo hizo Juan José Linz, que una de las variables fundamentales que explican las tácticas violentas y las alianzas de los movimientos fascistas fue su condición de latecomers, es decir, de recién llegados. Su hostilidad hacia los partidos tradicionales existentes puede explicarse por su necesidad de hacerse un sitio en un espacio político e ideológico ya ocupado por partidos a los que resultaba necesario desplazar del apoyo electoral y social del que disfrutaban[15].

Su proyecto político pretendía liquidar las viejas estructuras jerárquicas de la sociedad y del Estado. No pretendía abolir el Estado, sino sustituir unas jerarquías basadas en la adscripción y en el rango, por otras basadas en la función y en el mérito. Estas nuevas jerarquías debían legitimarse, en el caso alemán, por su fidelidad a la raza; y, en el italiano, a la nación[16]. La crítica que los movimientos fascistas dirigen al liberalismo se centraba en el individualismo y el absentismo del Estado. En ese sentido, preconizaban una concepción totalitaria del Estado, es decir, pretendían «superar» el corte que separa a este de la sociedad civil, con la consiguiente hegemonización de esta por parte del aparato estatal. De ahí la estatización de los sindicatos y la creación de asociaciones populares estatales como el Dopolavoro, el Servicio de Trabajo o Fuerza por la Alegría. Como necesario complemento de todo ello, los fascismos recurren, a la hora de legitimar sus decisiones, al principio de democracia plebiscitaria o directa. En la concepción de la democracia elaborada por Carl Schmitt, la aclamación plebiscitaria era el mecanismo idóneo de expresión de la voluntad popular. El sufragio universal y secreto no era un mecanismo democrático, sino liberal. Mediante el voto individual y secreto quien decide no es el pueblo; es el individuo privado, es decir, el «burgués». El paso de lo privado a lo público solo podía tener lugar cuando el individuo manifestaba su opinión formando parte de la multitud reunida en la plaza pública[17].

Esta transformación institucional, ideológica y política se veía acompañada de una transformación de las relaciones entre economía y política, consecuencia de la «corporativización» de las sociedades europeas posteriores a la Gran Guerra. Los sistemas fascistas fueron una tentativa capitalista de superar la crisis social y económica de posguerra y de reorganizar la producción sobre nuevas bases centralizadas. La intuición más persistente de Mussolini y de Hitler respecto a la economía fue la crisis del capitalismo liberal y la acentuación del papel del Estado interventor y asistencial. De ahí que el corporativismo fascista propusiese, en sus formulaciones más radicales, la subordinación de todos los elementos de la sociedad civil al Estado, concebido como síntesis de los intereses materiales y espirituales de la nación, y que conducía a la abolición y superación de los conflictos de clase[18].

Dicho todo esto, resulta claro que el término «fascista» se circunscribe, desde la perspectiva aquí defendida, a los movimientos políticos que, a partir de sus respectivas experiencias nacionales, apelaron a un modelo sociopolítico análogo al de la Italia de Mussolini o de la Alemania de Hitler. Modelo y proyecto político que en modo alguno puede confundirse con la búsqueda más o menos consciente de nuevos métodos políticos con el objetivo de salvaguardar las instituciones o el modelo de sociedad tradicionales, práctica que, por el contrario, fue característica de la derecha tradicional[19]. Este tipo de intentos, que es preciso no confundir con las variantes nacionales del fenómeno fascista, carecieron, por definición, de la base de masas, de la capacidad de movilización y del potencial revolucionario de los movimientos específicamente fascistas, con los que entraron frecuentemente en abierto conflicto.

2. DE LAS JONS A FE

El fascismo español, representado por el partido Falange Española de las JONS, apareció muy tardíamente en el escenario político español durante el período de la Segunda República, como una fuerza resultante de sucesivas fusiones que, entre 1931 y 1934, protagonizaron grupos políticos e ideológicos unidos por una común perspectiva nacionalista. Esta tardía aparición puede explicarse atendiendo a diversos factores. Su «nacionalización de las masas» fue mucho más débil que en Italia y Alemania. Decisiva fue su neutralidad en la Gran Guerra, que privó a las derechas españolas de la experiencia de la «brutalización» de la política, de la movilización y de la creación de nuevos mitos políticos; lo que tampoco ayudó a profundizar en el proceso de nacionalización de las masas. No hubo, por lo tanto, en la sociedad española masas disponibles de excombatientes que pudieran engrosar las bases sociales de un nuevo movimiento político nacionalista. Por todo ello, el carácter de latecomer del fascismo español será mucho más acentuado que en otros países europeos. Si en Alemania e Italia los fascistas pudieron contar con bases sociales autónomas, las clases medias emergentes y los excombatientes, en el caso español esos sectores sociales mesocráticos eran mucho más minoritarios y se encontraban previamente adheridos a los partidos republicanos, al catolicismo social o, en el caso catalán y vasco, a los movimientos nacionalistas.

Con todo, la sociedad española sufrió igualmente, aunque con algunas características diferenciadoras, las consecuencias económicas, sociales y políticas de la posguerra. A partir de 1917, el sistema liberal oligárquico de la Restauración entró en una profunda crisis, con la aparición de las Juntas de Defensa; luego con la Asamblea de Parlamentarios y la huelga general de agosto. Al mismo tiempo, la debilidad y el fraccionamiento de la nación española se puso de manifiesto en Cataluña y el País Vasco, con un claro «conflicto entre nacionalismos». Además, la revolución rusa fue bien recibida por los trabajadores organizados, lo que favoreció un claro incremento de la conflictividad social, con el llamado «Trienio Bolchevique» en Andalucía y con las luchas sociales desarrolladas en Cataluña[20]. La movilización de las derechas fue mucho más superficial que en Italia y Alemania, careciendo de sus elementos y caracteres revolucionarios. Las llamadas «guardias cívicas», como la Defensa Ciudadana y el Somatén, poco tuvieron que ver con los arditi italianos, con las milicias nacional-socialistas o con los Freikorps. Las organizaciones españolas carecieron de autonomía respecto a las instituciones tradicionales como la Iglesia católica o las Fuerzas Armadas. Los valores tradicionales, sobre todo religiosos, siguieron siendo dominantes en la sociedad española. La ideología de las «guardias cívicas» españolas fue una mezcla de elementos tradicionalistas y social-católicos: «Religión, Monarquía y Ejército[21]». No existió, en el caso español, ninguna fuerza política hegemónica que lograra articular una alternativa autoritaria al régimen liberal en crisis. Lo cual abrió el camino a la dictadura militar acaudillada por el general Miguel Primo de Rivera.

A pesar de coincidir cronológicamente con la llegada de Mussolini al poder, la Dictadura española tuvo poco que ver ideológica e institucionalmente con el fascismo italiano. Se trató de un «régimen militar corporativo-incorporante[22]». Como ha señalado Juan José Linz, este tipo de regímenes conservadores-burocráticos suponen un claro bloqueo a la emergencia social de los movimientos fascistas[23]. El ideario político de Primo de Rivera y de su partido oficial, la Unión Patriótica, recordaba, y no por casualidad, al tradicionalismo. Mientras Mussolini sostenía el lema de «Todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado», Primo de Rivera basó su proyecto político en los viejos tópicos de «Patria, Religión y Monarquía». En los ideólogos de la Unión Patriótica el rechazo de la ideología fascista fue explícito. Para José María Pemán, el fascismo era un «estatismo dogmático», agnóstico y contrario a la doctrina social de la Iglesia[24]. El sistema corporativo edificado por la Dictadura española siguió el modelo social-católico, no el fascista. Eduardo Aunós, ministro de Trabajo de Primo de Rivera, criticó el corporativismo fascista por estar edificado bajo el monopolio del partido único y, sobre todo, por su «exagerado estatismo[25]».

Los fascistas italianos nunca consideraron a Primo de Rivera uno de los suyos. A juicio de Mussolini, era un títere de Alfonso XIII[26]. Para el fascista Delio Cantimori, el fascismo no tenía nada que ver con el primorriverismo, ni con «movimientos similares», representantes de la «reacción europea[27]».

A la caída de la Dictadura, surgió el Partido Nacionalista Español, de José María Albiñana Sanz, en quien algunos politólogos creyeron ver la primera manifestación del fascismo español[28]. Ciertamente Albiñana se declaró admirador de Mussolini y fue el primer político español en utilizar el saludo romano y el uniforme con la camisa azul celeste y la cruz de Santiago; pero su base social estaba compuesta por católicos tradicionales y antiguos primorriveristas; y su fundador y guía fue incapaz de dotar a su programa político de un mínimo contenido revolucionario. Se dotó de una milicia, los Legionarios de España, y su única especialidad fue la de reventar mítines republicanos. El Partido Nacionalista Español no prevaleció, ni era posible que prevaleciera; basta considerar, en cualquier foto de la época, la poco carismática apariencia de Albiñana, al igual que lo endeble de sus escritos y su falta de elocuencia. El albiñanismo fue en todo momento un apéndice de la derecha tradicional alfonsina[29].

En un principio, el fascismo español iba a ser cosa de intelectuales. A finales de febrero de 1931, se hizo público un manifiesto que llevaba por título La Conquista del Estado, que servía, además, para preparar publicitariamente la aparición de un semanario homónimo, cuyo primer número salió a la luz en marzo, y cuyo director era un joven intelectual desconocido hasta entonces: Ramiro Ledesma Ramos[30]. Ávido lector de Nietzsche, Gentile, Maurras, Unamuno y Ortega, Ledesma había colaborado en la Revista de Occidente y, junto a Ernesto Giménez Caballero, en La Gaceta Literaria. En sus primeras obras, se hizo explícita una visión trágica de la existencia, con su exaltación de los valores vitales, frente al racionalismo y al catolicismo[31]. Ledesma fue el principal redactor del manifiesto de La Conquista del Estado. Su punto de partida era la crisis del liberalismo tanto económico como político; y la consiguiente emergencia de una nueva concepción del Estado. Se defendía un «panestatismo, un Estado que consiga todas las eficacias». «Al hablar de supremacía del Estado se quiere decir que el Estado es el mismo valor político y que el mayor crimen contra la civilidad será el de ponerse frente al nuevo Estado. Pues civilidad —la convivencia civil— es algo que el Estado, y solo él, hace posible. ¡¡Nada pues sobre el Estado!!» Siguiendo algunos planteamientos de Ortega y Gasset, de quien Ledesma era discípulo, se apostaba por la articulación comarcal de la nación española: «La primera realidad española no es Madrid, sino las provincias». A nivel económico, la alternativa era la construcción de una estructura sindical de la economía y el intervencionismo estatal: «El nuevo Estado no puede abandonar su economía a los simples pactos y contrataciones que las fuerzas económicas libren entre sí. La sindicación de las fuerzas económicas será obligatoria y en todo momento atenida a los altos fines del Estado. El Estado disciplinará y garantizará en todo momento la producción.» Se propugnaba, además, la expropiación de los terratenientes, y el método de «acción directa», es decir, la violencia, sobre «el viejo Estado y los viejos grupos político-sociales del viejo régimen». El manifiesto iba firmado por Ledesma Ramos, Giménez Caballero, Ricardo Jaspe, Manuel Souto Vilas, Antonio Bermúdez Cañete, Francisco Matos, Alejandro Raimúndez, Emiliano Aguado, Ramón Iglesias Parga, Antonio Riaño, Roberto Escribano y Juan Aparicio López[32].

Ledesma y sus partidarios recibieron positivamente el advenimiento de la Segunda República, que consideraron fruto de una «subversión feliz». Sin embargo, estimaron que la República en sí misma era un concepto «infecundo» si se reducía a la instauración de un régimen demoliberal: «Solo hay dos verdades en la política de este siglo: No hay fines de individuos, sino fines del Estado. Todo el mundo está obligado a dar su vida por la grandeza nacional. No hay economías privadas, sino economías colectivas[33]». A partir de ese diagnóstico, las críticas de La Conquista del Estado se centraron en la labor de las Cortes Constituyentes y en la actuación de los partidos políticos: «Es trágico observar ese panorama constituyente. Los supuestos elegidos desconocen la trayectoria triunfal de España; son ajenos a ella y maniobran en los recintos sagrados de la patria para satisfacer egoísmos de tribu o resolver los tropiezos de cada día.» Especialmente grave era el planteamiento de los estatutos de autonomía, sobre todo el de Cataluña, «rencoroso, audaz y provisto de todos los gérmenes desmembradores». «A nosotros no nos importa la concesión de autonomía administrativa, pues esta favorecería quizás la eficacia del Estado. Pero sí denunciamos que no es eso, ni nada que se relacione con eso, lo que solicitan y quieren los separatistas. Existe todo un programa de asalto a la grandeza hispánica, al que colaboran los inconscientes de más acá del Ebro en nombre de la turbiedad democrático-burguesa que concede libertades y disuelve pueblos.» De la misma forma, criticó el anticlericalismo de los republicanos de izquierda. Ledesma Ramos y no pocos de sus seguidores no eran creyentes; y en su proyecto totalitario propugnaban la subordinación de «todos los poderes al Poder del Estado». Entre esos poderes se encontraba la Iglesia católica: «Así, la Iglesia, por muy católica y romana que sea, no puede pretender soberanía alguna frente al Estado.» No obstante, les parecía absurdo que la necesaria secularización de las instituciones y de la sociedad se hiciese «con el espíritu volteriano de hace cien años». «O con el de un inspector policíaco del siglo XIX.» En concreto, la quema de conventos de mayo mostraba «un claro indicio de la limitación revolucionaria de las turbas», porque distraía a las masas de los auténticos problemas políticos, sociales y económicos[34].

La incidencia social y política del grupo La Conquista del Estado fue mínima; prácticamente nadie se enteró de su programa. El advenimiento de la Segunda República provocó, además, la dispersión del grupo, la mayoría de cuyos componentes, como Giménez Caballero, Bermúdez Cañete, Emiliano Aguado e Iglesias Parga, lo abandonó en beneficio de las militancias políticas más variadas. Sin embargo, el 10 de octubre de 1931 el semanario anunciaba la creación de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalistas (JONS). El nuevo grupo se autodefinía como enemigo del «sistema liberal-burgués hoy dominante», «el actual régimen masónico antiespañol, que ahoga la vitalidad de nuestro pueblo, hoy indefenso e inerme frente a la barbarie marxista»; y se mostraba partidario de «imponer por la violencia la más rigurosa fidelidad al espíritu de la Patria». Ledesma abogaba por «la necesidad de una dictadura nacional que eliminara a los traidores». Los parlamentos eran «poderes irresponsables que se escudan en el origen democrático para cometer las mayores vilezas contra los intereses de la Patria». Las iniciativas del nuevo grupo obedecían, en ese sentido, «a la lógica dictatorial de los partidos nacionales». «Un grupo fuerte y audaz, que logre el auxilio de los más puros sectores del pueblo, debe imponer su verdad a los extraviados.» Consigna permanente de las Juntas era «la de cultivar el espíritu moral de violencia, de choque militar» contra «el enemigo bolchevique». La crisis capitalista era fruto del fracaso de «las estructuras de la economía liberal, indisciplinada y también de los grandes trust o cartels, que tratan de suplantarla»; pero igualmente de la obsolescencia del sistema político liberal-parlamentario. Frente al liberalismo y al marxismo, lo que ya se autodenominaba nacional-sindicalismo postulaba «el exterminio de los errores marxistas, suprimiendo la mística proletaria, que lo informa, afirmando, en cambio, la sindicación oficial de productores y acogiendo a los portadores de trabajo bajo la especial protección del Estado[35]».

Al mismo tiempo, Ledesma se esforzó en buscar apoyos entre las elites económicas y políticas, insistiendo en el carácter antimarxista de su alternativa política. Para ello, se entrevistó con el líder catalanista Francesc Cambó, quien había mostrado su interés por el fenómeno fascista; pero que rechazó sus proposiciones. En otros sectores, su mensaje tuvo mayor éxito, aunque los frutos fueran, de hecho, muy limitados. La Conquista del Estado recibió ayuda económica del antiguo maurista José Félix de Lequerica —admirador de Maurras y Sorel—, de José Antonio de Sangróniz —amigo de Giménez Caballero— y de empresarios vascos, como Pedro de Eguillor[36]. Igualmente, intentó captar a elementos militares de izquierda, como Ramón Franco, y a comunistas como Bullejos, Maurín y Nin; pero fracasó[37]. Consiguió, sin embargo, la adhesión de antiguos miembros de la CNT como Álvarez de Sotomayor, Olalla, Guillen Salaya, así como del comunista Santiago Montero Díaz[38]. Poco después se incorporarían a las JONS, las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica, fundadas en Valladolid por el joven abogado Onésimo Redondo Ortega, y donde militaban los hermanos Bedoya, José Antonio Girón, Gutiérrez Palma, etc[39]. Miembro de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, Redondo era un católico militante, abogado y funcionario del Ministerio de Hacienda y dirigía el Sindicato de Cultivadores de Remolacha de Castilla la Vieja. Becado como lector de español en la Universidad renana de Mannheim, quedó impresionado por los progresos del nacional-socialismo. De hecho, el vallisoletano hizo gala de un antisemitismo visceral, que relacionaba judaísmo y masonería; pero se trataba de un antisemitismo de raíz católica, no racista; y en alguna ocasión, manifestó su oposición al racismo nacional-socialista, al que calificó de «extravío filosófico[40]». El contenido doctrinal de su discurso político apenas tenía algo que ver con el radicalismo fascista de Ledesma Ramos; era tradicionalista, admirador de Menéndez Pelayo, Ramiro de Maeztu y Acción Española, si bien se declaraba, al mismo tiempo y de forma contradictoria, aconfesional y accidentalista en materia de formas de gobierno[41]. Redondo consideraba al nuevo régimen republicano como un «Estado antinacional» y denunciaba «la caducidad del mito parlamentario, la urgencia que España debe sentir para desbaratar la fórmula demoliberal, causante del extravío nacional de siglo y medio y culpable de las grandes traiciones contra la fidelidad hispana a través de todas las generaciones que han presenciado nuestra ruina como Nación con ideales propios[42]». Sin embargo, se mostraba escéptico, dada su formación católica, respecto a los fundamentos filosófico-políticos y a la viabilidad de la doctrina totalitaria del Estado. A su entender, la doctrina fascista era tan solo un conjunto de «supuestos tácticos pasajeros, incongruentes como cosa fija, que el talento combativo y constructivo de Mussolini ha ido adoptando a medida de sus inspiraciones concretas y personalísimas para gobernar Italia en los últimos años[43]». De hecho, la fusión entre el grupo vallisoletano y el madrileño nunca fue completa. Las dos facciones de las JONS conservaron su independencia. Y el grupo de Redondo continuó vinculado, durante algún tiempo, al partido social-católico Acción Popular[44].

Retrato de Ramiro Ledesma Ramos realizando el saludo fascista. Admirador de Mussolini y de Hitler, fue el fundador del movimiento nacionalista radical que, junto al grupo de Onésimo Redondo, dio lugar a las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS) en 1931, las cuales se unieron, ya en 1934, a la Falange Española de José Antonio Primo de Rivera. Ledesma Ramos acabó siendo expulsado por sus discrepancias políticas con este. Detenido en Madrid tras el levantamiento militar de julio de 1936, fue asesinado en octubre de aquel año tras realizarse una saca en la prisión de Ventas.

A lo largo de 1932, la actividad de las JONS, según reconoció el propio Ledesma Ramos, fue prácticamente nula. Ledesma intentó dar una conferencia, «Fascismo contra marxismo», en el Ateneo madrileño, que fue reventada por socialistas y comunistas. Con motivo de los sucesos del 10 de agosto, el jefe jonsista fue detenido, aunque no estuvo implicado en la intentona golpista acaudillada por el general Sanjurjo. Onésimo Redondo, que sí lo estuvo, huyó a Portugal. Una vez en libertad, Ledesma viajó a Bilbao, donde recibió diez mil pesetas de la banca bilbaína, gracias a las cuales sacó a la luz la revista teórica JONS, donde colaboraron José María de Areilza, Bedoya, Aparicio y Redondo, y se insertaron artículos de fascistas italianos de sinistra, como Spirito, Marinetti, Volpe, etc. Se organizaron los primeros grupos de choque jonsistas; pero sus acciones violentas fueron muy escasas. Lo más reseñable fue el asalto a la Unión de Amigos de la Unión Soviética, con pistolas de juguete, dejando un manifiesto de las JONS clavado en la pared. Los jonsistas lograron, con ayuda de las derechas, dar un mitin en la ciudad extremeña de Cáceres[45].

Mientras tanto, Ledesma fue creando los símbolos y lemas fundamentales del fascismo español: la bandera roja y negra, el yugo y las flechas, la garra hispánica, el grito de «Arriba España»; los lemas de «Una, Grande y Libre»; «Patria, Pan y Justicia» y «Revolución Nacional». El fundador de las JONS tenía una concepción leninista del partido. La sublevación contra el régimen demoliberal debía actuar bajo el liderazgo del partido, como auténtico guardián de la conciencia nacional, que, pese a que buscase el apoyo de las Fuerzas Armadas o de los sectores conservadores, se consideraría por encima de ellos. Tendría que ser un partido centralizado y jerarquizado en torno a una elite. Su tarea era explotar todos los elementos y formas de oposición y canalizar todas las energías —ya fueran políticas, sociales o religiosas— dirigidas contra el régimen imperante, pero utilizándolas para sus propios fines y no identificándose permanentemente con ellos[46]. Complemento de todo esto, era la exaltación leviatánica del Estado. El problema español era, a su juicio, un problema de Estado, porque el régimen liberal español se había mostrado como un gestor y un administrador ineficaz y absurdo. De ahí que el problema no pudiera ser solucionado sino elevando al Estado-nación a la categoría de absoluto. Lo verdaderamente esencial era que el pueblo y la nación pudieran dotarse de una organización política, de unas estructuras de poder propias y eficaces, es decir, que se convirtiera en un Estado verdaderamente nacional, porque los pueblos y las naciones no son sujetos de la historia hasta que no se constituyen realmente en Estado: «El Estado es ya para nosotros la suprema categoría. Porque es la misma esencia de la Patria, el granito mismo de las supremas coincidencias que garantizan el rodar nacional en la historia, o es la pura nada[47]».

La llegada de Hitler al poder a finales de enero de 1933 conmovió a la opinión pública española. Aunque no compartía su perspectiva racista, Ledesma admiraba al líder nazi, al que consideraba «un magnífico y genial orador», cuyo programa político consistía en «una mezcla de influencias marxistas y de oportunismo sentimental». El fundador de las JONS caracterizó la ideología nacional-socialista como un «racismo socialista». Su relativismo nacionalista le hizo renunciar a un juicio moral sobre su racismo y antisemitismo, porque ambos elementos eran privativos de la cultura política y de las tradiciones germanas. A diferencia de otros analistas políticos, Ledesma interpretó la victoria nacional-socialista como un hecho revolucionario, porque aunque Hitler hubiese concertado una alianza con los sectores conservadores, su partido era el único dotado de «realidad nacional»; y, por ello, el destino de aquellos aliados circunstanciales no era otro que el ser «inmediatamente controlados y eliminados[48]».

En la divulgación de la ideología fascista en España tuvo un importante papel Ernesto Giménez Caballero[49]. De carácter excéntrico, Giménez Caballero era, ante todo, un literato. Su paso por La Conquista del Estado y luego por las JONS fue efímero. En su pensamiento político se impone la imaginación y la creación literaria a la dimensión práctica; la ocurrencia sobre el sistematismo. Influido por las vanguardias europeas en general y por el futurismo italiano en particular, interpretó el fenómeno fascista como una síntesis ideológica entre el individualismo característico del «genio occidental» y el colectivismo del «genio oriental», que aunaba capitalismo y socialismo, libertad y jerarquía, orden y progreso. En ese sentido, el fascismo italiano significaba una «nueva catolicidad», una forma de religión política. Por «catolicidad» no debía entenderse fidelidad hacia el catolicismo. Catolicidad significaba «universalidad», no catolicismo. Se trataba, en la concepción de Giménez Caballero, de una idea secular propia del siglo XX europeo. Por de pronto, el nuevo Estado no sería confesional. La solución al problema español radicaba en el logro de la unidad interior, a través del régimen totalitario, y en su expansión en el exterior. El escritor madrileño pensó en Manuel Azaña como caudillo de la «revolución nacional[50]».

Para entonces, había surgido un nuevo candidato a la jefatura del fascismo español: José Antonio Primo de Rivera[51]. Hijo del dictador español, Primo de Rivera había entrado en política para defender la memoria de su padre. Con tal afán, militó en la Unión Monárquica Nacional, junto a Maeztu, Calvo Sotelo, Pemán, Guadalhorce y otros colaboradores de la Dictadura. Pronto apareció como una joven promesa de la derecha para acaudillar el movimiento fascista español; y contó, en un primer momento, con importantes ayudas de carácter económico y político. Con el objetivo de preparar las condiciones de su aparición en la escena pública, el director del diario primorriverista La Nación, Manuel Delgado Barreto, lanzó un semanario con el provocativo título de El Fascio, cuya aparición fue rápidamente cercenada por el Gobierno republicano y por los grupos de izquierda. Su intención era igualmente reunir a los primorriveristas con los jonsistas, y contaba para ello con las firmas de Ledesma, Aparicio, Sánchez Mazas, Primo de Rivera y otros. La opinión del líder jonsista fue negativa, porque opinaba que bajo aquel proyecto se fraguaba una reedición del viejo e inoperante primorriverismo y no la creación de un auténtico movimiento fascista[52].

Primo de Rivera había formado un grupo autodenominado Movimiento Español Sindicalista (MES), donde concurrieron Rafael Sánchez Mazas, el aviador Julio Ruiz de Alda y el catedrático orteguiano Alfonso García Valdecasas. El movimiento redactó en la primavera de 1933 una proclama que llevaba como encabezamiento la palabra «Fascismo Español», y cuyo contenido era el siguiente: «Unión y potencia de la Patria; Sindicato Popular; Jerarquía; Armonía de Clases; Disciplina; Antiliberalismo; Antimarxismo; Aldeanería; Milicia; Cultura; Estatismo Nacional; Justicia, que al dar a cada uno lo suyo no consiente desmanes anárquicos de obreros ni mucho menos desmanes predatorios de los patronos[53]».

Primo de Rivera fue consciente en todo momento de la precariedad intelectual del régimen político que encarnó su padre. Por ello, estudió con celo el pensamiento y el estilo de los grandes pensadores españoles, Ortega, Unamuno, D’Ors, e igualmente fue un atento lector de Sorel, Marx y Nietzsche. Sin embargo, Primo de Rivera nunca llegó a ser un fascista convencido. Como pensador político, careció de la coherencia de Ledesma Ramos y de la imaginación de Giménez Caballero. Sus vacilaciones al estudiar y plantear los problemas políticos, sociales o religiosos, son muestras significativas de unos planteamientos en los que domina la inconcreción, la duda, la ambigüedad. Su escepticismo hacia el totalitarismo tuvo su muestra en uno de sus últimos escritos, donde señaló que el fascismo era «fundamentalmente falso: acierta a barruntar que se trata de un fenómeno religioso, pero quiere sustituir la religión por una idolatría»; y es que, a su entender, «la enfervorización religiosa de los pueblos no es tarea política[54]». Ya a comienzos de 1935, había sostenido, en una conferencia, que el Estado totalitario «no puede salvarnos tampoco de la invasión de los bárbaros, además de que lo totalitario no puede existir»; y que el fascismo era «una experiencia que no ha llegado a cuajar[55]». Por otra parte, su imagen de aristócrata hizo que no se le tomara muy en serio por parte de las izquierdas. En opinión del socialista Luis Araquistáin, era un «señorito», «un mozo criado entre mimos y comodidades», lo que le impedía ser un auténtico y eficaz caudillo fascista, porque ignoraba «el lenguaje demagógico y no es posible aprenderlo en los libros[56]».

Primo de Rivera había llegado a un pacto con los monárquicos de Renovación Española, representados por Pedro Sainz Rodríguez, a mediados de agosto de 1933. El pacto constaba de doce puntos, en los que quedaban expuestos los principios doctrinales del nuevo Estado: la prohibición de los partidos políticos, que serían sustituidos por la representación municipal y corporativa; establecimiento de un concordato con el Vaticano; y se reivindicaba la legitimidad de la violencia «al servicio de la razón y de la justicia[57]». Poco después Julio Ruiz de Alda y Primo de Rivera viajaron a Biarritz, donde se entrevistaron con Juan Antonio Ansaldo y el marqués de la Eliseda. De esta reunión salieron las líneas generales de lo que luego sería Falange Española[58].

El 29 de octubre nació el nuevo partido en un acto de «afirmación españolista» celebrado en el Teatro de la Comedia, de Madrid, en el que intervinieron Ruiz de Alda, García Valdecasas y Primo de Rivera. El aviador criticó a la Monarquía como representante del «espíritu viejo». García Valdecasas exaltó los valores sociales y políticos de la Contrarreforma como vínculos de unidad moral articulados en torno a una cosmovisión y a una teología comunes. El discurso de Primo de Rivera estuvo impregnado igualmente de planteamientos tradicionalistas, en su rechazo del liberalismo y del socialismo. Su ataque al liberalismo puso énfasis en la acusación de individualista y antisocial, racionalista y abstracto. El liberalismo económico era sinónimo de «esclavitud» para los obreros; y el político destruía «la unidad espiritual del pueblo». El socialismo, por su parte, perdía toda legitimidad en el momento en que propugnaba la lucha de clases y una visión materialista y antirreligiosa de la vida. Frente a ambas tendencias, Primo de Rivera exaltó el sentimiento «poético» de la vida, el espíritu de servicio y de sacrificio, el sentido ascético y militar. Y propugnó la instauración de un nuevo Estado, bajo la dirección de un «antipartido», que estableciera la «hermandad» entre las distintas clases. Finalmente, reivindicó el uso de la violencia como método de acción política: «Bien está, sí, la dialéctica como primer instrumento de comunicación. Pero no hay más dialéctica admisible que la dialéctica de los puños y de las pistolas cuando se ofende a la justicia y a la Patria[59]».

Portada del único número impreso de El Fascio, que fue secuestrado por la policía en marzo de 1933. Su emblema, como puede apreciarse, eran el yugo y las flechas. Fundado por Manuel Delgado Barreto, director del diario primorriverista La Nación, tenía como objetivo promover un movimiento fascista español que agrupase a los primorriveristas y a los jonsistas. Contaba con las firmas de Ramiro Ledesma Ramos, Juan Aparicio, Rafael Sánchez Mazas y José Antonio Primo de Rivera.

El acto de La Comedia fue bien recibido por la revista monárquica Acción Española, que publicó en sus páginas el discurso de Primo de Rivera. Incluso el carlista Víctor Pradera destacó las similitudes entre el tradicionalismo y las propuestas políticas del hijo del dictador, aunque criticaba la idea del «antipartido», que no era, a su entender, una alternativa eficaz a la Monarquía tradicional[60].

La aparición de Falange no hizo sino debilitar a las JONS. Consciente de la amenaza, Ledesma Ramos sostenía que el jonsismo era más exigente «en la acción, en el ataque y en el fervor nacional-sindicalista»; y denunciaba, además, la fraudulenta apropiación por parte del grupo falangista de la retórica y el mordiente intelectual de las JONS, lo mismo que la absorción de muchos de sus cuadros: «¿Cree el falangismo que lo primero que hay que hacer en España es debilitar a las JONS? ¿No tiene enemigo rojo al frente?»[61].

Los financiadores monárquicos siguieron la estrategia de sembrar la rivalidad entre ambos grupos, mediante la gradación de las subvenciones económicas[62]. Finalmente, su presión impuso la unión de FE y JONS.

3. PERPLEJIDADES FALANGISTAS

Candidato independiente de derechas por Cádiz, al lado de Ramón de Carranza y del marqués de la Eliseda, Primo de Rivera pronunció, a lo largo de la campaña electoral de noviembre de 1933, algunos de los discursos más reaccionarios de su vida política. La organización de su campaña recayó en el grupo derechista Acción Ciudadana, que contó con la ayuda económica de la familia Domecq, que aportó unas treinta mil pesetas[63]. En sus intervenciones, Primo de Rivera atacó no solo el Estatuto de Cataluña, sino las leyes secularizadoras y los proyectos de reforma agraria, ofreciéndose como «un centinela para que no dé un paso más la revolución[64]». Una vez elegido diputado, relativizó la victoria de las derechas como una «victoria sin alas», porque la revolución «sigue viva por dentro, más o menos cubierta por esta piel endeble que le ha salido de las urnas[65]».

Falange sacó a la luz sus primeros puntos programáticos. Definía España como «unidad de destino en lo universal», distinta y superior a individuos, clases y regiones. Criticaba al régimen parlamentario como «organización política falsa» que dividía la nación. En su lugar, propugnaba el régimen corporativo, basado en la familia, el municipio y el sindicato. El individuo «solo se justifica en cuanto cumple una función dentro de la vida nacional». El nuevo Estado respetaría la religión católica y concordaría con la Iglesia «las consideraciones y el amparo que le son debidos[66]».

FE y JONS acabaron fusionándose, a pesar del escepticismo de Ledesma Ramos, en febrero de 1934, lo que provocó la disidencia, entre otros, de Santiago Montero Díaz. El 13 de febrero se firmó el documento de unificación. Falange asumió la simbología y parte del programa jonsista; mientras que el grupo de Ledesma consiguió una mayor proyección pública. Sin embargo, el recelo de Ledesma respecto al hijo del dictador nunca desapareció. Desde el primer momento, se manifestaron importantes diferencias de tipo ideológico y estratégico, producto de la distinta inserción social e incluso de temperamento. Con perspicacia no exenta de crueldad, Ledesma captó la contradictoria personalidad de Primo de Rivera, cuyo espíritu veía moverse en una serie de tensiones que era incapaz de solventar: «Pues ser hijo de un dictador y vivir adscrito a los medios sociales de la más alta burguesía son cosas con suficiente vigor para influir en su propio destino[67]». De hecho, FE y JONS siguieron poseyendo, tras la unificación, su propia fisonomía. Ledesma Ramos no dudó en calificar a la militancia falangista como «mercancía política avenadísima, sin capacidad ni brío para poner sus hombros a una empresa como aquella con que soñaban sus fundadores». FE se había formado en torno a la figura de Primo de Rivera y en su seno no faltaban «señoritos» de la alta burguesía y de la aristocracia, como el marqués de la Eliseda, el conde de Foxá, Sancho Dávila —conde de Villafuente Bermeja— o el marqués de Tamarón; lo mismo que intelectuales de tendencia conservadora como Rafael Sánchez Mazas y José María Alfaro; antiguos militantes de la Unión Patriótica, militares retirados por la Ley Azaña. Por el contrario, la militancia jonsista estaba compuesta por obreros, intelectuales y miembros de las clases medias[68].

Tras la unificación, el nuevo partido se rigió por un triunvirato formado por Primo de Rivera, Ledesma y Ruiz de Alda. Y un mes más tarde, el 4 de marzo, se celebró un gran mitin en el Teatro Calderón de Valladolid, en el que intervinieron Gutiérrez Palma, Ruiz de Alda, Redondo, Ledesma Ramos y Primo de Rivera; este último advirtió del peligro de que la derecha intentara hegemonizar el movimiento, convirtiéndolo en «Guardia de Asalto de la reacción[69]». La advertencia distaba de ser baladí. Los comienzos del nuevo partido no habían satisfecho a la derecha monárquica. Y es que la izquierda obrera se tomó en serio las amenazas de Primo de Rivera, y en poco tiempo fueron asesinados varios falangistas, como anteriormente lo habían sido los jonsistas. El 2 de noviembre de 1933 murió asesinado el jonsista José Ruiz de la Hermosa, en Daimiel, por los socialistas. A finales de año, cayeron otros dos miembros de las JONS, Juan Grau y Tomás Polo Gallego. Luego, el falangista Francisco Paula Sampol. Y, a finales de febrero de 1934, Matías Montero, antiguo militante de la FUE, luego de las JONS y de Falange. En marzo, caía el obrero Ángel Montesinos; y el jovencísimo Jesús Hernández, de quince años. La muerte de este último causó una gran impresión en la opinión pública; y se acusó a Falange de reclutar para las acciones violentas a niños. Una ley prohibió el ingreso en partidos políticos a los menores de dieciocho años. José Antonio Primo de Rivera sufrió igualmente un atentado. Y poco después tuvo lugar el asesinato de Juan Cuéllar por miembros de las Juventudes Socialistas[70]. Ante esta situación, el monárquico Álvaro Alcalá Galiano, marqués de Castelbrabo, colaborador de Acción Española, no dudó en calificar a Falange Española de movimiento «platónico», en abierto contraste con sus homólogos europeos[71].

Un día antes de la publicación de aquel artículo, había muerto asesinado Matías Montero, en cuyo entierro Primo de Rivera pronunció unas palabras que eran una respuesta tácita a los que incitaban a su partido a la práctica de una violencia drástica e indiscriminada: «Otros, cómodamente, nos aconsejarán ser más animosos, más duros en las represalias. Es muy fácil aconsejar[72]». Sintiéndose aludido, Alcalá Galiano se reafirmó en sus posiciones, alegando que un «fascismo teórico, sin violencia como medio táctico, será lo que se quiera, pero no es fascismo[73]». Como respuesta, Primo de Rivera publicó una nota en la que protestaba por esas incitaciones a la violencia: «Falange Española aceptará y presentará siempre combate en el terreno que le convenga, no en el terreno que le convenga a los adversarios. Entre los adversarios hay que incluir a los que, fingiendo acucioso afecto, la apremian para que tome iniciativas que a ellos les parecen mejores[74]». Primo de Rivera llegó a querellarse con Alcalá Galiano, a quien acusó de incitación al asesinato[75].

Primera reunión del Consejo Nacional de Falange Española de las JONS en 1934. José Antonio Primo de Rivera, en el centro, fue elegido jefe nacional. Aparecen, entre otros, Raimundo Fernández Cuesta (2.o por la izquierda, de pie) y el aviador Julio Ruiz de Alda (2.o por la derecha, de pie). Hasta el comienzo de la Guerra Civil, la Falange fue un grupo minoritario, aunque la retórica exaltada de sus líderes y el uso de la violencia lo convirtieron en un referente de la reacción contra la República.

Sin embargo, Falange fue organizándose. Tuvo lugar una concentración falangista en el aeródromo de Estremera; y, a finales de febrero, ingresó en Falange el conocido activista monárquico Juan Antonio Ansaldo, que fue nombrado, de inmediato, jefe de objetivos. Desde su puesto, Ansaldo emprendió eficazmente la organización del partido milicia y la instrucción de las fuerzas de choque falangistas, que no tardaron en vengar la muerte de sus camaradas. Entre los asesinados se encontraba la socialista Juanita Rico, que había participado en la muerte del falangista Cuéllar; Manuel Andrés Casaus, antiguo director general de Seguridad, y el comunista Joaquín del Grado[76]. En septiembre fue asesinado Manuel Carrión, jefe local de Falange en San Sebastián.

Al mismo tiempo, Falange comenzó a desarrollar un ceremonial cuasirreligioso de homenaje a sus caídos, cuyos nombres solían aparecer esmaltados en oro en un fondo negro durante los mítines y actos políticos. El escritor Rafael Sánchez Mazas elaboró una Oración a los muertos de Falange: «Soldados ejemplares, custodios de valores augustos, números ordenados de una guardia puesta a servir con amor y con valentía la suprema defensa de nuestra patria[77]». El himno jonsista exaltaba a la «juventud de muerte española». «Morir es renacer», dirá Ledesma Ramos como epitafio a un camarada muerto en una reyerta con los comunistas. El himno falangista Cara al Sol es un canto de heroísmo y muerte. El Sindicato Español Universitario apareció en el otoño de 1933 más como milicia que como organización profesional. Sus miembros atacaron los locales de la FUE en Madrid, lo mismo que la Casa del Pueblo socialista. A lo largo del período republicano, los seuístas sufrieron catorce bajas y muchos más resultaron heridos. Los enfrentamientos tuvieron lugar no solo en Madrid, sino en Zaragoza, Sevilla y Barcelona[78]. Basta leer las principales obras de la literatura falangista para ver hasta qué punto los miembros del partido y sus intelectuales se encontraban dominados por esa fascinación por la violencia y la muerte. Leoncio Pancorbo, de José María Alfaro, es un joven de clase media formado en la literatura de Stendhal, Unamuno, Ortega y Sorel. En su vida, por lo tanto, solo cuenta la vocación de servicio y sacrificio a una causa que considera superior a su existencia física. Leoncio muere finalmente en el frente de Madrid, durante la Guerra Civil. Pero donde esta actitud llega al paroxismo es en Eugenio o la proclamación de la primavera, obra del joven y brillante escritor Rafael García Serrano, retrato arquetípico de un militante del SEU. En la obra predomina la obsesión y la fascinación por la violencia y, sobre todo, por «el estilo de muerte». No una anodina muerte burguesa, sino una muerte de «voluntad» que «exige una pedagogía de la pistola» ante el enemigo comunista. Finalmente, Eugenio, tras abandonar la Universidad para integrarse en el mundo obrero, cumple su deseo de morir heroicamente en la calle, ante el enemigo, y no en una cama de hospital. La militancia falangista buscaba, en fin, según expresaba el dirigente seuísta Alejandro Salazar en su diario, «el vigor, la energía y el sacrificio». José Félix, el protagonista de Madrid de corte a checa, de Agustín de Foxá, es un aristócrata que encuentra en Falange una vía de escape a la mediocridad de su medio social y al «mundo gris y rencoroso» de las izquierdas[79].

Sin embargo, el partido distaba mucho de haber consolidado sus jerarquías y sus estructuras. El descontento de Ledesma Ramos no tardó en hacerse patente con respecto a las estrategias de Primo de Rivera. El líder falangista concedía prioridad a la España agraria. Sus mítines, a los que Ledesma se negó a asistir, tuvieron lugar en pueblos como Carpio del Tajo, Fuensalida, Callosa de Segura o Burriana. El fundador de las JONS juzgaba necesario, por el contrario, dotar al partido de un sindicato y lograr la adhesión del proletariado industrial. El núcleo jonsista logró crear la Central Obrera Nacional-Sindicalista, dirigida por el excomunista Manuel Mateo y por el antiguo militante de la CNT Álvarez de Sotomayor. A comienzos de septiembre, muchos obreros acudieron a los locales del partido y de la CONS seducidos por la promesa de encontrarles trabajo y se decidió facilitarles unos volantes ilegales, habilitándoles para trabajar en distintas obras públicas; lo que dio ocasión a múltiples incidentes con los afiliados a UGT y CNT, que forzaron a la CONS a renunciar a esta práctica. La presencia de parados con los volantes del sindicato falangista produjo incidentes en la Castellana, Usera, Príncipe de Vergara y el teatro de la Zarzuela, que se saldaron con un buen número de heridos. La abstención de los patronos en su apoyo al sindicalismo falangista y la ofensiva de los sindicatos de izquierda acabaron con las posibilidades de penetración de Falange en la clase obrera[80].

Las críticas de Ledesma Ramos se extendieron a la actividad parlamentaria de Primo de Rivera, que consideraba excesivamente contemporizadora con las izquierdas; al «carácter académico» de la prensa falangista; y, sobre todo, a la inacción e incompetencia del partido; todo lo cual llevaba, a su entender, a convertir Falange en «una secta minoritaria[81]». No era el único en pensar así. A su regreso del exilio, José Calvo Sotelo pidió su ingreso en Falange. Ruiz de Alda estaba de acuerdo; pero Primo de Rivera se opuso con firmeza. El sector más conservador del partido, acaudillado ya por Ansaldo, juzgaba muy negativamente la nueva actitud del líder falangista. En uno de sus discursos parlamentarios, Primo de Rivera hizo un paralelo entre la Dictadura y la Segunda República como dos puntos de arranque, igualmente positivos, de «la devolución a España de un interés y de una empresa comunes[82]». El diario monárquico La Época consideró aquel giro «un grave error[83]». Desde la revista Acción Española, José Pemartín aconsejó al líder falangista que se comportara como «un moderno Caballero de Santiago, un verdadero Grande de España[84]». Primo de Rivera tuvo palabras de elogio para el dirigente socialista Indalecio Prieto[85]. De nuevo, el monárquico Pemartín consideró aquella actuación como fruto de un «desafortunado empeño de desencaudillarse[86]». Ansaldo, por su parte, intentó desbancar a Primo de Rivera de su posición dominante en el partido. Ledesma Ramos pretendió mediar en el conflicto para desplazar al hijo del dictador. Su plan era nombrar jefe a Ruiz de Alda, mientras él ocuparía la secretaría general. El aviador monárquico no quiso secundar el plan. Enterado de la actitud de Ansaldo, Primo de Rivera forzó su expulsión. El 19 de julio apareció en FE un artículo donde se pedía obediencia a los jefes «aunque, en ocasiones, hagan cosas que nos cuesta trabajo entender[87]». No obstante, meses después Primo de Rivera propuso al aviador monárquico que volviese a Falange, lo que este rechazó. A pesar de ello, el líder falangista logró llegar a un pacto con el dirigente de Renovación Española, Antonio Goicoechea[88].

En septiembre, Primo de Rivera escribió una carta al general Francisco Franco, en la que señalaba, entre otras cosas, su determinación de «salir a la calle con un fusil para defender a España», porque «el Estado español, en manos de aficionados, no existe». El fundador de Falange temía la revuelta de los socialistas y la secesión de Cataluña[89].

En ese contexto, se celebró el I Consejo Nacional de Falange, que supuso el triunfo de la candidatura de Primo de Rivera por un solo voto. Se aprobaron los estatutos y poco después la Junta Política del partido se dedicó a redactar un programa de veintisiete puntos, obra conjunta de Ledesma Ramos y Primo de Rivera. El programa daba preponderancia a la España rural, a la que se consideraba «vivero permanente de España». Propugnaba la reforma de la estructura agraria, con amenaza de expropiación de las tierras «cuya propiedad haya sido adquirida o disfrutada ilegítimamente»; y la nacionalización de la banca, aunque simplemente como tendencia. Uno de los puntos más debatidos fue el de las relaciones Iglesia/Estado. En el punto 25 se llegó a una solución ecléctica, donde se hacía referencia a la incorporación del sentido católico a la reconstrucción nacional y, al mismo tiempo, la separación de la Iglesia y el Estado[90].

El estallido de la huelga general revolucionaria dirigida por socialistas y catalanistas de izquierda abrió nuevos horizontes políticos a Falange. La actitud de Primo de Rivera ante los hechos revolucionarios fue deliberadamente contradictoria, con el objetivo de captar nuevas adhesiones a su partido. De un lado, apoyó al Gobierno Lerroux; ofreció sus sindicatos y milicias para reventar la huelga general y sofocar la revolución asturiana. A lo largo de la insurrección, hubo un centenar de heridos falangistas. Y murieron, en Moreda, dos militantes del partido: Álvaro Germán Gutiérrez y José Montes Campal. El jefe local de Torrelavega, Francisco Díaz Nerco, también pereció frente a los socialistas. Sin embargo, Primo de Rivera procuró no presentar a Falange como un partido descarnadamente contrarrevolucionario, para lo cual no dudó en condenar la insurrección por su carácter marxista y separatista, es decir, antinacional, pero denunciando el sistema social vigente como «esencialmente injusto», lo cual justificaba la rebeldía de los trabajadores, cuyas justas reivindicaciones podían ser encauzadas en sentido patriótico por su partido: «Nadie supera nuestra ira y nuestro asco contra el orden social conservador del hambre de masas enormes y tolerante con la dorada ociosidad de unos pocos[91]». Durante su participación en el debate parlamentario del 6 de noviembre, Primo de Rivera fue el único de los líderes de la derecha que tuvo palabras de alabanza para los revolucionarios asturianos, criticando nuevamente la injusticia inherente al sistema social capitalista, que era, en el fondo, la matriz de aquel intento de subversión. Los revolucionarios tenían un «sentido místico de la revolución», frente al cual el Gobierno no había sabido oponer nada, porque sus medidas eran «puramente policiacas, puramente de detalle, no penetran la entraña del acontecimiento». Contra esa subversión, era necesario «un régimen más justo», estructurando «la economía de arriba abajo de otra manera distinta, sobre otras bases[92]». Sin embargo, fue igualmente el momento en que escribió su «Carta a un militar español», donde, como en el caso de su anterior misiva a Franco, promovía «una política nacional integradora», apoyada por el Ejército para «reemplazar al Estado inexistente[93]».

Vencido el intento revolucionario, Calvo Sotelo invitó a Falange a que se integrara en su proyecto de Bloque Nacional, como lo había hecho con el carlismo y con otros grupos de la derecha tradicional. Primo de Rivera rechazó categóricamente la oferta[94]. Casi al mismo tiempo, se produjo el abandono de Falange por parte de Francisco Moreno y Herrera, marqués de la Eliseda, alegando el contenido supuestamente «herético» del punto 25 del proyecto falangista, donde se establecían las relaciones Iglesia/Estado. Rico terrateniente jerezano, su apoyo económico a Falange había sido decisivo, haciéndole importantes donativos y estando a su nombre el arriendo de la sede del partido[95]. Una vez abandonada Falange, Eliseda se integró en el grupo parlamentario monárquico de Renovación Española y luego militó en el Bloque Nacional. En el fondo, su negativa a sumarse a la iniciativa de Calvo Sotelo denotó la escasa visión política de Primo de Rivera. No debemos olvidar que la incorporación de Mussolini al Blocco Nazionale, capitaneado por Giolitti, legitimó al fascismo ante las elites políticas y sociales, abriendo el camino a su representación parlamentaria[96]. Ledesma Ramos, buen conocedor de la trayectoria y de la estrategia del líder fascista, lo vio muy claro. En un principio, lo fundamental fue que la defección de Eliseda dejó sin fondos al partido, que marchaba a la deriva a todos los niveles. En tal circunstancia, se reunió la Junta Política, a finales de diciembre, con la asistencia de Ledesma, Redondo, Primo de Rivera, Álvarez de Sotomayor y Mateo. El propio líder falangista reconoció la gravedad de la situación. A la salida de la reunión, Ledesma, Mateo, Álvarez de Sotomayor y Redondo discutieron sobre la jefatura de Primo de Rivera. El fundador de las JONS estimaba que el grueso de la culpa recaía en el hijo del dictador, a causa del permanente veto a Calvo Sotelo y su negativa de integrarse en el Bloque Nacional. A partir de ahí, Ledesma urdió una auténtica conjura contra Primo de Rivera, para eliminarle de la jefatura y conseguir ayuda económica de los monárquicos[97].

La conjura fracasó, porque finalmente no fue secundada por Redondo, Álvarez de Sotomayor y Mateo. Ledesma abandonó el partido, junto a Bedoya y Gutiérrez Palma. Poco después, Ledesma consiguió una pequeña subvención de los monárquicos, gracias a la cual logró fletar el semanario La Patria Libre, cuya vida fue efímera. El objeto privilegiado de sus diatribas fue Primo de Rivera, como arquetipo del «señorito», del aristócrata; un émulo de los fascistas o fascistizantes provenientes de las clases altas como Mosley o el príncipe Starnhemberg, un fascismo de «exportación», elitista y minoritario[98]. No fue, por otra parte, el único que atacó al líder de Falange. Igualmente fuera de la disciplina de partido, Ernesto Giménez Caballero acusó a Primo de Rivera, en una entrevista concedida al órgano de las Juventudes de Acción Popular, de «debilidad por la retórica liberal, por el veneno social-humanista, la superstición del hombre llamado de izquierda[99]». La ofensiva de las derechas contra Falange fue general. Las Juventudes de Acción Popular centraron sus críticas en el carácter izquierdista de su proyecto político, «sencillamente monstruoso», «enteramente revolucionario[100]». El doctor Albiñana fue más lejos, acusando a Primo de Rivera de «pactar con Durruti y Pestaña», y de actuar «en menoscabo del espíritu tradicional español, inyectando en el cuerpo nacional un nuevo virus internacionalista, que repugna a nuestra condición vernácula[101]». Sin embargo, el conjunto de las derechas experimentó, al mismo tiempo, un claro proceso de mimesis fascista, bien analizado posteriormente por Ledesma Ramos. Este proceso de «fascistización» consistió más bien en la radicalización de unos supuestos tradicionalistas y autoritarios, lo mismo que en la asunción de un cierto «estilo» político, sin asumir para nada los elementos esenciales del proyecto y de la cultura política fascista. Lo cual, sin embargo, contribuyó igualmente a debilitar aun más a Falange.

4. DIAGNÓSTICO DE UN FRACASO

Tras su salida de Falange, Ledesma Ramos intentó sin éxito reorganizar las JONS en Madrid y el Partido Nacional-Sindicalista en Barcelona. En junio, y bajo el pseudónimo de Roberto Lanzas, redactó y publicó sus dos obras cumbres, ¿Fascismo en España? y Discurso a las juventudes de España. El primero es una historia del jonsismo desde su orígenes hasta su disolución a comienzos de 1935. Se trata de una justificación personal; por un lado, el balance de su acción política; por otro, la explicación de su fracaso. Al final, reconoce que su disidencia apenas debilitó a Falange, pero que fue mortal para el jonsismo. El hijo del dictador le había arrebatado las banderas, «acentuando su consigna de un sindicalismo nacional». Ante el fracaso «vertical» y «vertiginoso» de la Segunda República, Ledesma creía que se abría el camino para la «revolución nacional»; pero que esta revolución carecía de apoyo popular, en parte por la propia carencia de capacidad política de sus dirigentes, y en parte también por las propias características políticas, sociales y culturales de la sociedad española. A la altura de mediados de 1935, podía decirse que no existía fascismo en España; había, eso sí, «fascistizados», a saber: el Bloque Nacional, de Calvo Sotelo; la CEDA, de Gil Robles; la Falange, de Primo de Rivera; y un sector de las Fuerzas Armadas. Consideraba Ledesma que tales fuerzas con «una acción militar convergente» tenían grandes posibilidades de éxito. Discurso a las juventudes de España era, básicamente, una interpretación de la trayectoria histórica nacional. El centro de su crítica fue la tradición católica, a la que acusaba de ser causante de la decadencia nacional, por vincular el destino de España a la defensa de valores de «índole extramaterial y extrahistórico». El catolicismo obstaculizó la emergencia de un nacionalismo directo, secular; de ahí la debilidad del movimiento fascista español. En ese sentido, el catolicismo había sido un «instrumento de debilidad y de resquebrajamiento[102]».

Mientras tanto, Primo de Rivera se opuso, en un discurso parlamentario, al proyecto de contrarreforma agraria del Gobierno radical-cedista. El líder falangista denunció como «absolutamente intolerable» la situación de la vida rural española; y abogó por la redistribución de las zonas cultivables. Por el contrario, consideraba que el proyecto gubernamental suponía «la anulación de todo propósito de reforma agraria[103]». Y, en el mismo sentido, no regateó críticas al Bloque Nacional, cuyo manifiesto le parecía una amalgama de «palabrería mal copiada del fascismo[104]». El 19 de mayo pronunció, en Madrid, uno de sus discursos de mayor enjundia. De nuevo intentó enlazar con el significado político del 14 de abril; y, lo que fue más significativo, declaró a la monarquía «gloriosamente fenecida». Finalmente, abogó por llevar a cabo «la revolución pendiente» que demandaba la sociedad española[105].

Entre el 15 y el 16 de junio, se celebró en el Parador de Gredos una reunión de la Junta Política, donde Primo de Rivera denunció que la sociedad española caminaba «hacia la dictadura de Largo Caballero», y que, en consecuencia, no había otro remedio que «ir a la guerra civil». «Hay que ir a ella, aun cuando perezcamos todos», sostuvo. Para ello, creía poder contar, en puro voluntarismo, con el apoyo de un sector de las Fuerzas Armadas, de los pequeños propietarios agrarios, de las clases medias y del proletariado[106].

Primo de Rivera siguió criticando la alianza de radicales y cedistas como «nupcias estériles[107]». Ante la aparición del Frente Popular, predijo el retorno de Manuel Azaña al Gobierno: «volverá a tener en sus manos la ocasión cesárea de realizar, aún contra los gritos de la masa, el destino revolucionario que le habrá elegido dos veces[108]». Contradictoriamente, lanzó a las derechas la propuesta de un Frente Nacional, basada en el programa falangista de reforma agraria y nacionalización de la banca[109]. Naturalmente, nadie le escuchó. Como era de esperar, Falange fue, finalmente, en solitario a las elecciones. De antemano, Primo de Rivera dejó bien claro que su partido no aceptaría el dictamen de las urnas: «Si el resultado de los escrutinios es contrario, peligrosamente contrario, a los eternos destinos de España, la Falange relegará con sus fuerzas las actas del escrutinio al último lugar del menosprecio[110]».

Falange sufrió un auténtico desastre electoral; tan solo consiguió 44 000 votos en toda España, es decir, el 0,7 por 100 del voto popular. Quedó, por lo tanto, fuera del Parlamento[111]. Con todo, Primo de Rivera saludó, en un principio, el triunfo de Azaña como una nueva oportunidad de transformación de la sociedad española. Una posibilidad que podía truncarse por la presión de los partidos de la izquierda obrera y de los separatistas. A su entender, el líder republicano debía ganarse una ancha base nacional y emanciparse de ambos extremos[112]. Dos días después, dio una serie de instrucciones a las jefaturas territoriales y provinciales de Falange, en las que se insistía en no hostilizar al nuevo Gobierno y no entrar en contacto con las conspiraciones propiciadas por los jefes de los partidos derechistas derrotados[113]. Sin embargo, estas instrucciones no pueden tomarse el pie de la letra, porque, en la práctica, no reflejaron ninguna realidad política. Fueron precisamente aquellos momentos cuando la violencia falangista se recrudeció de forma radical. Ciertamente, Primo de Rivera podía tener diferencias con los partidos de la derecha, pero estas pasaban necesariamente a segundo plano, cuando en el horizonte político-social se perfilaba una clara amenaza de revolución social. El 12 de marzo, el líder falangista se entrevistó, en casa de su amigo Ramón Serrano Suñer, con el general Franco, para tratar el tema de su incorporación al pronunciamiento militar que se preparaba; pero no llegó a ningún acuerdo[114].

Aquel mismo día fue tiroteado por los falangistas el dirigente socialista Luis Jiménez de Asúa, que resultó ileso, pero no su escolta, que murió a consecuencia del atentado. Se trataba de una represalia por la muerte de algunos militantes de Falange en la población de Almoradiel[115]. Varios falangistas fueron detenidos, mientras que los autores del atentado consiguieron huir a Francia gracias a la ayuda de Juan Antonio Ansaldo[116]. Poco después, la policía detuvo a la plana mayor del partido: Primo de Rivera, Sánchez Mazas, Ruiz de Alda, Fernández Cuesta y Jato. Falange fue clausurada como partido político. Al mismo tiempo, no pocos miembros de las Juventudes de Acción Popular y otros grupos de las derechas, ante la crisis de su partido tras la derrota electoral, se sumaron a la Falange clandestina, que experimentó un claro aumento en sus efectivos. La violencia entre los falangistas y las izquierdas continuó[117]. Desde la cárcel Modelo de Madrid, Primo de Rivera redactó una hoja clandestina, donde nuevamente pedía la intervención militar contra «la invasión de los bárbaros», porque «la última partida es siempre la partida de las armas». «A última hora —ha dicho Spengler— siempre es un pelotón de soldados el que ha salvado la civilización[118]».

Los actos conmemorativos del advenimiento de la Segunda República, el 14 de abril, degeneraron en algaradas callejeras. Unos petardos colocados por los falangistas interrumpieron el desfile militar que se celebraba; y en los disturbios subsiguientes murió el alférez Anastasio de los Reyes López, miembro de la Guardia Civil, cuyo entierro, celebrado dos días después, se convirtió en una manifestación de las derechas que terminó a tiro limpio y con varios muertos y heridos[119].

José Antonio Primo de Rivera es saludado al estilo fascista durante el entierro de un correligionario caído en un enfrentamiento con activistas de izquierda en febrero de 1936. Los choques violentos y armados entre los falangistas y las milicias de distintos grupos de izquierda y de todos ellos con las fuerzas de orden público fueron muy frecuentes en los meses previos a la Guerra Civil, dando lugar a un considerable número de muertos y heridos.

El nuevo jefe de Gobierno, Santiago Casares Quiroga, declaró en el Parlamento que no se tolerarían «movimientos fascistas en España»: «[…] cuando se trate del fascismo, cuando se trata de implantar en España un sistema contra la República democrática y contra todas aquellas conquistas que hemos realizado en compañía del proletariado, ¡ah!, yo no sé permanecer al margen de estas luchas y os manifiesto, señores del Frente Popular, que contra el fascismo el Gobierno es beligerante[120]». Claro que el objeto de aquella declaración no era solo Falange; era el conjunto de las derechas. El Gobierno frentepopulista utilizó todas sus prerrogativas y todos sus medios para evitar la salida de la cárcel del líder falangista; y, en esa misma línea, obstaculizó la presentación de su candidatura por Cuenca. Ante tal situación, Primo de Rivera llegó, una vez más, a la conclusión de que «ya no hay soluciones pacíficas». «La guerra está declarada y ha sido el Gobierno el primero en proclamarse beligerante. No ha triunfado un partido más en el terreno pacífico de la democracia; ha triunfado la revolución de octubre[121]».

Pese a las dudas y los escrúpulos políticos de su líder, Falange se sumó finalmente a la sublevación cívico-militar de julio de 1936. Sus dirigentes sucumbieron a la catástrofe de la Guerra Civil. Ledesma, asesinado en Aravaca a comienzos de noviembre. Redondo, en una escaramuza, tras la sublevación. Ruiz de Alda, asesinado en la cárcel Modelo de Madrid. Y Primo de Rivera fusilado, tras un proceso. Su partido iba a ser en todo momento una fuerza subalterna; pero sin su aportación política e ideológica al régimen nacido de la Guerra Civil no puede entenderse todo un período de la historia de España.

Capítulo IX

Discursos irresponsables
y retóricas intransigentes

Javier Zamora Bonilla

La Segunda República fue el mayor exponente español de la «crisis histórica» que sufrió toda Europa durante la primera mitad del siglo XX ante la quiebra de muchas de las creencias vigentes en el siglo XIX: la creencia en que la extensión de la cultura a todas las capas sociales mejoraría al hombre; la creencia en que el progreso de la ciencia y de la tecnología solo traería resultados positivos para la humanidad; la creencia en que los sistemas parlamentarios liberales eran la máxima expresión de la cultura política; la creencia en que Dios era la garantía de los valores morales; la creencia en el modelo tradicional de familia como base del orden social; la creencia en la adscripción de ciertos roles en función del sexo para la organización de las sociedades que postergaba a la mujer en la vida pública; la creencia en ciertas jerarquías sociales… Solo en este contexto internacional se puede entender en su profundidad la «quiebra» —por utilizar la terminología de Juan José Linz[1]— de la República.

En el presente texto se analizan «las ideas» de algunos intelectuales que con sus discursos y sus actuaciones ayudaron a crear, primero, el clima social que hizo posible la proclamación de la República y, después, el ambiente crecientemente encrespado que contribuyó a su derrumbe. El estudio se basa en las ideas expresadas públicamente y tiene en cuenta cómo estas se difundieron a través de redes de socialización, lugares comunes de encuentro, periódicos y revistas, asociaciones y partidos, y en qué medida estas ideas se reflejaron en la actuación de los actores políticos; por lo tanto, tiene en cuenta su contexto, dentro del cual está el marco conceptual en el que se expresan, su intención y sus consecuencias[2].

Dada la propia naturaleza del libro, se prioriza el análisis de los «discursos irresponsables» y de las «retóricas intransigentes», que si bien fueron los que acabaron predominando durante los años republicanos no fueron los únicos. Como contraste, se mostrarán esos otros discursos responsables y transigentes que de haber sido escuchados quizá hubieran contribuido a un final menos trágico. Si se quiere escribir con propiedad y con cierto rigor ateniéndose a los hechos no se puede hablar de «los intelectuales» como un grupo coherente y homogéneo[3].

Son todos los que están, aunque no están todos los que son, porque en el espacio de que dispongo no cabría un análisis riguroso, más allá de las generalizaciones, de cada uno de los intelectuales que tuvieron una participación activa en los años republicanos. Muchos aparecerán, no obstante, solo en pinceladas que espero no sean de brocha gorda. No se pretende mostrar la trayectoria ideológica de cada uno de los autores tratados, sino dibujar de un modo impresionista con algunos de sus discursos el ambiente intelectual de la República. Además, hay que tener en cuenta que varios desempeñaron un papel esencialmente político más que intelectual. Es el caso de Manuel Azaña, que hasta poco antes de la proclamación de la República había sido un intelectual que había participado, quizá a su pesar, muy poco en política, pero que en esta desempeñó sobre todo un liderazgo político y su influjo es claramente más importante como líder político que como intelectual. Por eso, las referencias a él serán esporádicas y solo para ilustrar determinadas situaciones, sin entrar en un análisis detallado de sus discursos. Por el contrario, a pesar de que durante la República su actividad fue principalmente política, sí he creído conveniente entrar con cierto detalle en el estudio de Julián Besteiro, Fernando de los Ríos y Luis Araquistáin, que simbolizan al intelectual orgánico de partido, en este caso el socialista, aunque con actitudes y posiciones muy diferentes. El caso de Araquistáin, como veremos, es muy peculiar, porque durante la República no estuvo afiliado al PSOE, pero su influencia en el partido fue muy notable.

Por otro lado, en tanto que sus formaciones políticas fueron muy minoritarias, la mezcla entre política a pie de calle y liderazgo intelectual es más clara y al mismo tiempo más compleja en gente como Ramiro de Maeztu o José María Pemán, que también aparecen en estas páginas. Otros fueron por libre o su vinculación partidista fue muy circunstancial como José María Salaverría.

Por su parte, los llamados «intelectuales liberales[4]» ejercieron posiciones más centradas y mayoritariamente se distanciaron pronto del rumbo que tomaba la política republicana: Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset representan, desde dos generaciones distintas, este mundo, al que también pertenecen Azorín, Pío Baroja, Antonio Machado, Gregorio Marañón o Ramón Pérez de Ayala, por citar algunos ejemplos que veremos. No fue el caso de todos, pues la politización, por el contrario, fue creciente en algunos como Luis Jiménez de Asúa y Juan Negrín, que hasta la República apenas habían tenido participación política, ni siquiera militancia, y que durante esta fueron muy activos en las filas del Partido Socialista.

Finalmente, muchos intelectuales jóvenes desempeñaron un papel fundamental en la radicalización de los discursos, aunque no todos ellos se radicalizaron ni en el mismo sentido ni con la misma intensidad: Ramiro Ledesma Ramos, Rafael Sánchez Mazas, César González Ruano, Eugenio Montes, Ernesto Giménez Caballero, José Díaz Fernández, María Zambrano, Rafael Alberti, José Bergamín, Ramón J. Sender o Luis Cernuda son representantes de esas generaciones que con tanto vigor actuaron en los años treinta, en los que «el estatuto social e ideológico de la obra literaria sufrió una notable transformación[5]». Abusaré de la cita directa de sus textos para dejarlos hablar con sus propias palabras, porque me parece importante escucharlos con su propia retórica de la época.

1. LA REPÚBLICA ES DE LOS INTELECTUALES

El 4 de junio de 1931, a escasos dos meses de la proclamación de la Segunda República, Azorín publicó en Crisol un artículo titulado «La República es de los intelectuales». Empezaba diciendo que el tema enunciado era una cuestión discutida en «los periódicos y en las conversaciones» y que, por eso, merecía la pena aclarar las ideas. Luego, como avance del asunto, proseguía con una clasificación de los republicanos entre los de toda la vida, los que habían declarado su republicanismo justo antes del advenimiento de la República, los que se habían sumado al carro después del éxito electoral del 12 de abril, etc. Para Azorín, como «norma general», la República debía estar «entre las manos» de los que «siempre» habían «profesado las ideas republicanas». Concretaba aún más con una fórmula que mostraba su ideal del despotismo dieciochesco aplicado a la nueva época, pero demasiado alejado de los principios de una democracia contemporánea: «la República “por” los republicanos y para todos los españoles».

No era Azorín un «republicano uterino» ni un «republicano de placenta previa», por utilizar algunas de las categorías que con gracia estableció Miguel Maura para los que venían a pedirle recomendaciones al Ministerio de la Gobernación[6]. Nuestro escritor había sido hasta principios del siglo XX un anarquista, luego se había arrimado al conservadurismo de Antonio Maura y de Juan de la Cierva, que lo llevaron cinco veces a un escaño del Congreso y dos a la subsecretaría del Ministerio de Instrucción Pública. Tampoco le disgustó la Dictadura de Primo de Rivera, aunque progresivamente fue alejándose de ella y acabó aproximándose a los intelectuales que, ya caída esta, promovían en enero de 1931 una Agrupación al Servicio de la República, y, según cuenta él mismo, visitaba por aquellas fechas a los miembros del comité republicano encarcelados tras la fracasada revolución de diciembre de 1930[7]. Azorín conocía bien su pasado y por eso, aunque insistía en que era preferible para cualquier cargo público un republicano de toda la vida a un republicano de última hora, quería dejar constancia de lo relevante que había sido la labor de «los intelectuales» para el «cambio del espíritu público» que había permitido la proclamación de la República. ¿De quién era, por lo tanto, la República: de los que usufructuaban el poder o de aquellos que habían contribuido a la transformación de la «sensibilidad nacional»?, se preguntaba el autor, y no le cabían dudas:

La República la han hecho posible los intelectuales. Vosotros, los que ocupáis el poder, habéis sido los parteros de la República; pero permitidnos que os digamos que quienes la han engendrado hemos sido nosotros. Nosotros, unos humildes y otros ilustres, los que a lo largo de treinta años hemos hecho poco a poco, con trabajo, con perseverancia, que el cambio de la sensibilidad nacional se efectúe.

No le faltaba razón a Azorín en su afirmación de fondo de que «los intelectuales» —algunos intelectuales, matizaríamos— habían contribuido al cambio de «sensibilidad pública», que —aunque esto no lo decía expresamente— facilitó que muchos ciudadanos se arrimasen a corrientes políticas más democratizadoras que los liberales partidos de turno, de las cuales se esperaba una mejor respuesta a los problemas sociales y políticos que planteaba una sociedad en proceso acelerado de modernización[8].

Gregorio Marañón, el primero por la izquierda, el día de su toma de posesión como miembro de la Real Academia Española en 1934. El prestigioso doctor fue uno de los intelectuales más críticos con la Dictadura de Primo de Rivera y participó en la fundación de la Agrupación al Servicio de la República a principios de 1931, por la que fue diputado en las Constituyentes. Se mantuvo fiel a la República hasta que, declarada la guerra, temió por su vida y la de su familia al ser llevado por dos veces a una checa en el Madrid republicano del verano de 1936. Se exilio en Francia y luego retornó a la España franquista.

¿Pero quiénes eran esos «intelectuales» a los que se refería Azorín? El texto es poco esclarecedor. Azorín afirmaba que los intelectuales habían contribuido a ampliar la cultura y eso había hecho posible la llegada de la República, pero apenas daba nombres. Además de él, que se autoincluía en un «nosotros» bien rotundo, solo citaba a dos escritores que ciertamente no habían hecho nada por traer la República y ni siquiera por ensanchar la cultura democrática aunque hubieran contribuido a la cultura general del país: el gran erudito Marcelino Menéndez Pelayo, muerto en 1912, y el historiador jesuita Zacarías García Villada, cuyo archivo había sido destruido en los trágicos acontecimientos de mayo de 1931 cuando, antes de que se cumpliera un mes de la proclamación de la República, ardieron iglesias y conventos por toda España. Esta destrucción le había provocado a Azorín, según escribía, «una honda tristeza», aunque conviene recordar que, quizá reviviendo su anarquismo de juventud, al calor de las primeras manifestaciones antimonárquicas que dieron lugar más tarde a los incendios había escrito que «el pueblo, clarividente, ha demostrado en la tarde del domingo [10 de mayo] su profundo desagrado» ante una República que debía ser «un profundo cambio de régimen» y no «un superficial cambio de Gobierno[9]». Azorín, con estos nombres, reivindicaba una determinada tradición española que los tiempos no eran muy propicios a reconocer. ¿Pero eran estos realmente, incluido el propio Azorín, a pesar de que se había emocionado al escuchar «los acordes majestuosos, inmortales, de la Marsellesa», del «himno de la Libertad», en la noche del 14 de abril[10], «los intelectuales» que habían contribuido «a lo largo de treinta años», como afirmaba, a cambiar el «espíritu público»? Ciertamente, no.

Azorín pensaba en esos que según Julien Benda habían traicionado su verdadera vocación —el trabajo científico para el conocimiento de la verdad—, se habían implicado en el debate público, con sus ideas habían contribuido al análisis de los cambios sociales que se estaban produciendo y, en último término, a la aceleración o ralentización de los mismos, y habían sacado consecuencias políticas de ellos para sus tomas de posición. Como le dijo Miguel de Unamuno a Melquíades Álvarez con ocasión de que este se postulase a gobernar con la monarquía a pesar de proclamarse republicano: «Es que yo no aspiro a gobernar, yo gobierno», es decir, que con su pluma y su palabra contribuía a la transformación de la sociedad mediante la difusión de sus ideas[11].

Azorín tenía en la cabeza, cuando hablaba de «los intelectuales», a los miembros de su generación, la por él mismo denominada del 98, y de la siguiente, conocida como del 14, que eran los que durante los últimos «treinta años» habían ejercido el liderazgo intelectual. El 12 de mayo de 1931, en el artículo ya citado, había escrito en Crisol: «La República ha venido formándose lentamente en la conciencia de España, a lo largo de treinta años, a partir de 1898. Una minoría culta e inteligente laboraba por el porvenir de la nación a través del tiempo. La idea republicana había encarnado en un grupo de hombres.» Bien es verdad que de los grandes nombres de su generación solo Antonio Machado y Pío Baroja habían sido republicanos desde su juventud, pero quizá eran los que menos proselitismo habían hecho; otros, incluido el propio Azorín, realmente no habían contribuido demasiado a extender el ideal republicano. No hay más que recordar el giro reaccionario de Ramiro de Maeztu, que era, junto a Unamuno, quién más había teorizado políticamente sobre las cuestiones sociales más relevantes en el cambio de siglo, pero que acabó entusiasmado con la Dictadura de Primo de Rivera y a la altura de 1931 defendía la necesidad de establecer una «monarquía militar» con el rey como dictador[12].

Los principales intelectuales de la generación del 14 sí se alinearon más claramente en las filas republicanas. Resulta extraño, entonces, que en esa gradación de méritos republicanos que Azorín establecía en su artículo del 4 de junio entre intelectuales y Gobierno olvidara, conscientemente o no, que de este último formaban parte dos de los intelectuales que más habían contribuido al clima político que hizo posible que las candidaturas republicano-socialistas se impusieran en los centros urbanos el 12 de abril: Manuel Azaña y Fernando de los Ríos, que eran ministros de la Guerra y de Justicia, respectivamente, cuando se publica el texto.

Azaña fundó Acción Política en 1925 junto a José Giral y Enrique Martín Jara, que, ya renominada Acción Republicana, se integró en 1930 en la Alianza Republicana que dirigía Alejandro Lerroux. Azaña también fue clave para el entendimiento entre los republicanos catalanes, tan importantes en aquel momento, y los del resto de España, inteligencia que se empezó a fraguar en la famosa visita de intelectuales castellanos a Cataluña en marzo de 1930. Esa coincidencia de objetivos para traer la República, aunque había discrepancias de fondo sobre la estructura del Estado, como luego veremos, fue fundamental para armar una oposición conjunta en el Pacto de San Sebastián de agosto de 1930. Un discurso en el mitin republicano de la plaza de toros de Madrid el 29 de septiembre y una conferencia en el Ateneo recordando a «tres generaciones» de la casa en diciembre convirtieron a Azaña en un referente de la República a traer[13].

Por su parte, Fernando de los Ríos, que militaba desde 1919 en el PSOE y que había sido diputado en dos legislaturas antes del golpe de Primo de Rivera, fue, junto a Indalecio Prieto, que a título privado había estado en el Pacto de San Sebastián, quien fraguó dentro de las filas socialistas el acuerdo de conjunción con los republicanos, en el otoño de 1930, salvando las resistencias de Francisco Largo Caballero y de Julián Besteiro. Estos últimos habían sido los principales promotores de la colaboración socialista con la Dictadura. Largo Caballero se subió pronto al carro del republicanismo, mientras que Besteiro, que aceptó a regañadientes, siguió manteniendo claras discrepancias, que resultaron esenciales para que fracasase el intento revolucionario de diciembre de 1930 cuando apenas se hizo notar la movilización obrera tras el levantamiento militar de Galán y García Hernández. Los socialistas se habían integrado en el comité republicano, un Gobierno en la sombra, y, como miembros del mismo, algunos, incluido Fernando de los Ríos, fueron encarcelados tras la intentona golpista. El juicio por sus responsabilidades en la misma se convirtió en una diatriba contra la monarquía, y su salida de prisión, en un claro síntoma de la debilidad del régimen[14].

2. INTELECTUALES Y JÓVENES PREPARAN EL PARTO DE LA «NIÑA BONITA»

El intelectual que se convirtió en referencia de la oposición a Alfonso XIII y al «ganso real», como llamaba al dictador Primo de Rivera, fue Miguel de Unamuno. Desterrado a Fuerteventura en 1924 por sus críticas al régimen en una conferencia en El Sitio de Bilbao, huyó a Francia a principios de 1925 y se negó a volver a España hasta que no terminase el gobierno dictatorial y no quiso publicar en su país mientras siguiese vigente la censura previa. Desde París, primero, y Hendaya, después, puso buena parte de sus fuerzas a seguir criticando la Dictadura con artículos publicados en periódicos extranjeros, incluidos los que financiaba el escritor republicano Vicente Blasco Ibáñez y editaba en Francia Eduardo Ortega y Gasset, también desterrado, como Hojas libres. Los actos que se celebraron en el regreso de Unamuno, tras la dimisión de Primo de Rivera, fueron la culminación de la aureola que había conseguido durante una larga vida de publicista, novelista, poeta, catedrático universitario y rector de Salamanca. El 9 de febrero de 1930, después de recibir el homenaje del ayuntamiento de Hendaya, Unamuno cruzó la frontera, donde le esperaba una multitud de más de cinco mil personas, que le recibieron en Irún con fuegos artificiales, banda de música que entonó «La Marsellesa», vítores y aplausos. Pronunció esa misma tarde un discurso promovido por el Círculo Republicano en el trinquete Ramuntxo, al que acudieron tres mil personas, en el que el orador recordó cómo mamó el liberalismo en el Bilbao sitiado y bombardeado por los carlistas y cómo el destierro, al que se había llevado consigo «la personalidad de España», según su propio aserto, le había servido de «reconstituyente» para iniciar «la lucha» que ya había emprendido antes del golpe de Estado del general Primo de Rivera, y que era la lucha por «las responsabilidades», de Annual, se entiende. Los textos bíblicos y la historia española le servían a don Miguel para justificar su posición política que, frente al lema carlista de «Dios, Patria y Rey», que la primorriverista Unión Patriótica había transformado en «Patria, Religión y Monarquía», detestable para Unamuno porque suponía hacer una religión de la patria, él defendía el «grito» de «Dios, Patria y Ley»:

Republicanos, socialistas, demócratas, liberales —exhortaba— esta es la definición que está por encima de todo. Es una palabra que parece tan vaga y que, sin embargo, está llena de sentido.

Sarda y Salvany decía que el liberalismo es pecado; pues bien, de ese liberalismo debemos ser todos y no de otro. ¿Republicanos?, bien; pero hay repúblicas absolutistas. ¿Demócratas?, bien; pero también hay democracias absolutistas. ¿Socialistas?, bien; pero hoy día hay una República socialista absolutista. Dictadura, no, ni de rey, ni de castas, ni de clase. Nada de imperialismo. Ni de clase tampoco. Ni dictadura de proletariado. Ni dictadura de plutocracia. Y menos que nada de castas[15].

Miguel de Unamuno (en el centro de la imagen) fue condenado por la Dictadura de Primo de Rivera al destierro en Fuerteventura. Huyó a Francia, desde donde mantuvo su oposición al dictador y al rey. Su vuelta a España en 1930 tuvo lugar en medio de un recibimiento multitudinario, convirtiéndose en la principal referencia intelectual a favor de la República, de la que acabó desencantado. En julio de 1936 apoyó el golpe militar, decisión de la que también se arrepintió. Distanciado de los «hunos» y de «los otros», murió en Salamanca el último día de 1936.

El líder socialista Indalecio Prieto, que había acompañado toda la jornada a Unamuno junto a Luis Jiménez de Asúa, también represaliado por la Dictadura, se vio forzado a tomar la palabra por incitación del público y aprovechó para ir un poco más allá de lo que había dicho don Miguel, cuyo discurso le debió parecer lleno de matices, erudiciones y reflexiones profundas, propio de un intelectual, pero poco definitivo para el tiempo de lucha que se vivía, así que concretó en que había que estar «con el rey o contra el rey» y concluyó: «¡Abajo la monarquía!»[16].

Durante los días siguientes, Unamuno participó en varios actos en Bilbao y Valladolid hasta llegar a su casa de Salamanca, donde, como por todas las ciudades que pasó, fue recibido entre los gritos de una multitud entusiasta. Dos meses después se produjo el esperado viaje a Madrid. Llegó la noche del 1 de mayo a la Estación del Norte, donde le esperaba una nueva multitud, integrada especialmente por estudiantes, y, también, un fuerte dispositivo de seguridad, para evitar incidentes, que cargó en alguna ocasión contra los reunidos. Al día siguiente, Unamuno habló en el Ateneo y el día 4 en el Cine Europa, del popular barrio de Cuatro Caminos, en un acto organizado por la Alianza Republicana al que acudieron seis mil personas. El mensaje fue el mismo en todos estos discursos y el mismo que repetía desde su entrada en España: contaba su peripecia de exiliado, criticaba la Dictadura y la Monarquía, pedía seguir la lucha por las responsabilidades de Annual y hablaba de la República como un régimen laico y constitucional en el que todos los poderes son responsables, pero afirmaba al mismo tiempo que esta cuestión no le parecía esencial, pues lo importante no era la forma de gobierno sino su contenido. «Las ideas de Monarquía y República en abstracto no son más que sociología y a mí —decía en el Cine Europa— no me gusta la sociología, prefiero la historia.» Sus críticas eran mucho más incisivas que sus propuestas, especialmente cuando arremetía contra el rey, al que había que abrir un proceso histórico, de ahí su interés por la historia, contra la Dictadura y sobre todo contra el dictador y contra Martínez Anido, y contra la Iglesia, contra ese catolicismo no de Roma, decía, sino de El Escorial, reflejado en esos cuadros en que los niños aparecen mamando sin mirar a la teta de la nodriza para no pecar. Unamuno, un cristiano heterodoxo, sabía bien de qué se hablaba, pues la jerarquía eclesiástica le había hecho durante años, en Salamanca, la vida imposible y había intentado en varias ocasiones que fuese destituido de su puesto de rector, lo que finalmente se produjo en 1914[17].

La presencia de Unamuno en Madrid originó una movilización estudiantil que el día 2 de mayo desembocó en enfrentamientos con las fuerzas de orden público en los alrededores de la Facultad de Medicina y del Hospital de San Carlos que acabaron a tiros y causaron la muerte de un transeúnte. Por otro lado, en el Cine Europa se produjo un altercado promovido por los Legionarios de España del doctor Albiñana, que irrumpieron en la sala con gritos de ¡viva España! y ¡viva el rey!, a los que el público, que esperaba la llegada del conferenciante, respondió con ¡vivas a la República!, lo cuales en la censurada prensa de la época aparecen como «otros [¡vivas!] totalmente contrarios». A Prieto esto no le pareció suficiente y la emprendió a golpes contra los alborotadores, recibiendo también alguno que le lastimó un ojo, aunque según el periodista que le entrevistó ya terminado el acto no le daba importancia y estaba entusiasmado no solo con lo que decía Unamuno sino, principalmente, con lo que insinuaba. Está claro que a Prieto no le acababan de convencer las complejidades oratorias de su amigo, quien no hacía nunca una declaración diáfana de republicanismo, pues en ese mismo acto había dicho que no entendía bien qué querían decir con que había que «definirse» si antes no se aclaraba que se entendía por república y por monarquía[18].

Ciertamente el clima obligaba a definirse, a decir si se era republicano o monárquico. El mismo domingo que Unamuno habló en el Cine Europa, Ángel Ossorio y Gallardo pronunció su famoso discurso de Zaragoza en el que empezó advirtiendo que nadie esperara de él declaraciones prorepublicanas, porque seguía siendo monárquico, pero, en clara referencia al rey, afirmó que el problema no era la enfermedad sino el enfermo, y todo el mundo entendió que era «un monárquico sin rey». Dos meses antes, el 20 de febrero, Miguel Maura, uno de los hijos del fallecido Antonio Maura, se declaró republicano durante una conferencia en el Ateneo de San Sebastián. Pocos días después lo hacía José Sánchez Guerra, antiguo líder del Partido Conservador. Unos días más tarde, el 13 de abril, Niceto Alcalá-Zamora, que había sido ministro liberal de la Monarquía, apostó por una república de orden en su famoso discurso del Teatro Apolo de Valencia. El 25 de abril, en el Ateneo de Madrid, Indalecio Prieto se mostró predispuesto a colaborar con una república «burguesa», aunque decía que hablaba en nombre propio y no del Partido Socialista. El 27, desde la tribuna del teatro de la Comedia, Melquíades Álvarez, líder del Partido Reformista y último presidente del Congreso, pidió unas elecciones a Cortes Constituyentes con el rey fuera de España.

Y un mes antes un nutrido grupo de intelectuales lanzaron «Un manifiesto a la juventud española», unidos en una Liga Pro Unión y Acción Antimonárquica, cuyo eslogan decía: «Antimonarquismo, antimilitarismo, […] reivindicaciones sociales, anticlericalismo, anticentralismo y exigencia y enjuiciamiento de responsabilidades y conductas.» El grupo de firmantes era de lo más variopinto, por lo que dejaban claro que su unión era circunstancial —tan circunstancial que apenas hubo actividad posterior— para una acción «antimonárquica», y una vez conseguido el objetivo de traer la república cada uno emprendería su camino en defensa de sus ideales[19]. Entre los firmantes aparecían jóvenes y no tan jóvenes como Luis Jiménez de Asúa, José Díaz Fernández, Antonio Espina, Joaquín Arderíus, José López Rey (cabecilla de la oposición estudiantil a la Dictadura), Juan Simeón Vidarte, José Antonio Balbontín, Vicente Risco, Luis de Tapia y Gregorio Marañón, que era uno de los intelectuales que más se había aproximado a Unamuno en los últimos años y había mantenido con él una intensa correspondencia durante su exilio. Además, se le había acusado, sin pruebas, de una intentona golpista, junto al conde de Romanones, y se le había encarcelado y multado.

El doctor José María Albiñana, que ya hemos visto que un mes después organizó el intento de reventar la conferencia de Unamuno en el Cine Europa, respondió a este manifiesto desde La Nación, periódico que defendía el ideario de la Unión Patriótica, con palabras que se hacían eco de un discurso arraigado entre la derecha más radical, la cual condenaba todo el liberalismo del siglo XIX como la antipatria[20]. La ideología de Albiñana —que en abril de este año fundaría el Partido Nacionalista Español y que sería diputado durante la segunda legislatura republicana, integrado en la minoría de Renovación Española y a partir de 1934 en el Bloque Nacional de José Calvo Sotelo— era una mezcla de nacionalismo tradicionalista autoritario, antiliberal y antidemócrata, que vinculaba religión, monarquía y patria con principios más avanzados como el fomento de la agricultura a través del crédito agrícola y el cooperativismo, una imposición más equitativa, la enseñanza pública primaria gratuita, el fomento del acceso de las clases populares a las enseñanzas media y superior, y la intervención del Estado en cuestiones sociales. A pesar de que algunos de estos planteamientos podían confluir con el fascismo, no acabaron de entenderse.

La movilización de los jóvenes fue muy importante para el deterioro de la buena imagen que en ciertos sectores sociales tenía la Dictadura de Primo de Rivera, contra la que lucharon con la protesta, la huelga y la algarada, pero también con la literatura[21], aunque en la dimisión de este lo que influyó fue la falta de confianza del monarca y de los generales, la incapacidad de institucionalizar el régimen con una nueva constitución y la crisis económica que obligó a una devaluación de la peseta[22]. Conviene recordar, no obstante, los hitos de la movilización estudiantil: la crítica al Gobierno en el acto de homenaje a Ganivet en la Universidad Central con motivo del traslado de sus restos a España en febrero de 1925[23]; la pitada de los estudiantes a Primo de Rivera en el homenaje tributado a Santiago Ramón y Cajal en 1926; la creación de la Federación Universitaria Escolar (FUE) de Madrid en enero de 1927, que sería el elemento principal en las protestas posteriores, incluida la que se organizó en mayo de 1928 por la condena a Luis Jiménez de Asúa al destierro de un mes en las Islas Chafarinas por haber propuesto el control de la natalidad en una conferencia que suscitó las airadas críticas del diario católico El Debate[24]; y la organización ese mismo año de 1928 de la Liga de Educación Social, en la que participaron, entre otros, María Zambrano, Aurora Riaño, Domingo Díaz Ambrona, Antonio Riaño, Francisco Giral y José López Rey, quienes solicitaron el apoyo de intelectuales mayores como Luis Jiménez de Asúa, José Giral, Felipe Sánchez Román, Gregorio Marañón, Ramón del Valle-lnclán, Ramón Pérez de Ayala, Eduardo Gómez de Baquero, Manuel Azaña e Indalecio Prieto, que les consiguieron colaboraciones en periódicos tan influyentes como El Liberal y El Sol. Los títulos de las secciones en las que difundían sus ideas reflejan el nuevo espíritu juvenil, dinámico, vitalista, orgánico, complejo y abierto al futuro, aunque fuese arriesgadamente incierto, de esa nueva generación efervescente: «Aire Libre», «Florizonte», «Caminar», «Vida Joven» y «Germinar[25]».

La movilización estudiantil contra Primo de Rivera culminó en 1929 cuando los estudiantes se manifestaron a favor de la derogación de la legislación universitaria, que colocaba en pie de igualdad respecto a los exámenes oficiales a las universidades católicas a la hora de conceder el título de licenciado. Los enfrentamientos con las fuerzas del orden se saldaron con varias detenciones, entre ellas la del cabecilla estudiantil José M.a Sbert, y supusieron el cierre temporal de varias universidades, incluida la Central de Madrid. En respuesta, varios catedráticos dimitieron: Luis Jiménez de Asúa, Felipe Sánchez Román, Fernando de los Ríos (que ya había protestado años antes por la persecución académica a un compañero de su Universidad de Granada), Alfonso García Valdecasas, Wenceslao Roces y José Ortega y Gasset. Además, muchos profesores firmaron una carta de protesta, que encabezaba el prestigioso catedrático, y director de la Real Academia Española, Ramón Menéndez Pidal. Entre ellos había nombres jóvenes como Ramón Carande, Joaquín Xirau, Pedro Salinas, Jorge Guillen, Pedro Sainz Rodríguez, Carlos Jiménez Díaz y Luis Recaséns Siches, pero también personalidades muy relevantes como Adolfo González Posada, Julián Besteiro, Juan Negrín, Claudio Sánchez Albornoz, Américo Castro, José Giral, Manuel García Morente o Antonio Royo Villanova.

La movilización estudiantil se mantuvo viva incluso después de septiembre, cuando fue derogada la legislación que favorecía a las universidades católicas, y se convirtió en un referente contra la Dictadura y contra la Monarquía hasta los trágicos sucesos de finales de marzo de 1931 en que dos estudiantes cayeron muertos y varios fueron heridos en los enfrentamientos con las fuerzas de orden público en San Carlos. En 1930, la editorial de Javier Morata publicó dos textos que recordaban los sucesos del año anterior narrados por dos de sus protagonistas, el estudiante José López Rey (Los estudiantes frente a la dictadura), y el catedrático Luis Jiménez de Asúa (Al servicio de la nueva generación). Mas si hay dos libros publicados ese año que definan más claramente algunos de los senderos que querían recorrer estos jóvenes, son el de José Díaz Fernández, El Nuevo Romanticismo: de la Vanguardia deshumanizadora al nuevo realismo, publicado por la editorial Zeus, y el de María Zambrano, Horizonte del liberalismo, también publicado por Javier Morata en una colección que significativamente se llamaba «Nueva generación».

Zambrano, discípula de Ortega, planteaba una política reformista, revolucionaria, vitalista, sustentada en una concepción metafísica del hombre que no debía ser «dogmática de la razón, ni tampoco de la suprarazón», escribía, seguramente, en referencia a la «razón vital» que su maestro había expuesto en el curso público «¿Qué es filosofía?» del año anterior. La joven filósofa, declaradamente nietzscheana, se distanciaba del «inquisitorial comunismo rojo de la nueva Rusia», «materialismo histórico» que amenazaba «la cultura» por el afán de someter lo espontáneo y natural de la vida, aunque «por amor» a esta, pero creía que del comunismo «sería posible que surgiera un futuro e integral liberalismo», de base humanista, como un nuevo horizonte[26].

El amor a unos ideales todavía no muy bien definidos y la fe, religiosamente sentida, en estos serán dos valores esenciales de las generaciones jóvenes, que tan activamente se movilizaron contra la Dictadura y que con tanta ilusión recibieron la República y actuaron en ella desde las más diversas posiciones. Las mismas, en esos años finales de la década de los veinte, andaban todavía entremezcladas y confundidas, aunque en casi todos había una cierta unidad en el rechazo a principios esenciales del liberalismo.

José Díaz Fernández también estaba vinculado al grupo orteguiano de Revista de Occidente y de El Sol, aunque había ido más allá de los planteamientos políticos del filósofo y se había arrimado a la Acción Republicana de Azaña y al Partido Radical Socialista de Álvaro de Albornoz. En 1929 fue condenado a tres meses de cárcel y luego a tres meses de destierro en Lisboa. Desde la revista Post-guerra defendió un arte social junto a Joaquín Arderíus, José Antonio Balbontín y Rafael Jiménez Siles, entre otros, que se oponían al arte vanguardista que Ortega había definido en La deshumanización del arte, de 1925, como arte deshumanizado, alejado de toda inquietud social, arte por el arte. Díaz Fernández criticaba a los que creían que su literatura era muy avanzada porque en ella salían muchos aviones y muchos cócteles y, frente a esas vanguardias esteticistas, proponía una verdadera «literatura de avanzada» que suponía «una vuelta a lo humano» y la asunción consciente de la responsabilidad política del escritor, que tomaba la Revolución Rusa como referencia[27].

La obra de Díaz Fernández, que no llegó a hacerse comunista, influyó en escritores jóvenes que sí militaron en el comunismo, como Ramón J. Sender y César Arconada, cuyos planteamientos radicales se expresaron tanto en sus novelas como en sus artículos durante los años republicanos[28]. Mas si un libro definió bien en su título la situación política de 1930, no fue el de ninguno de estos jóvenes sino el de un hombre de la generación del 14, Luis Araquistáin, con El ocaso de un régimen, en el que rehacía otro, España en el crisol, publicado en 1920 con el subtítulo de Un Estado que se disuelve y un pueblo que renace. Igual de oportuno era el título del libro que publicó, también en 1930, el general Eduardo López de Ochoa, que había colaborado en el golpe de Primo de Rivera, pero que se había distanciado de él en 1924 y había pasado por la cárcel y por el exilio: De la Dictadura a la República, el cual prologó uno de los intelectuales que más había luchado contra la Dictadura, Eduardo Ortega y Gasset. Mas si de un intelectual de esa generación que estaba en su madurez se esperaba que encabezase el sentimiento de cambio que empezaba a detectarse por todas las capas sociales y que hiciese una declaración abierta de fe republicana, ese era el hermano de este, José Ortega y Gasset, que no acababa de «definirse». Ortega, con su actividad de publicista desde principios de siglo y la fundación de la Liga de Educación Política en 1914, la revista España en 1915, el diario El Sol en 1917 y la Revista de Occidente en 1923, se había convertido en una referencia intelectual, sobre todo de los jóvenes, aunque su influjo iba mucho más allá. Muchos de sus discípulos le incitaron durante estos años a definirse, y finalmente lo hizo. En octubre de 1930, inició una serie de artículos en El Sol sobre la necesaria reforma de la universidad —tema muy candente—, que nacía de una conferencia que el 9 de octubre había pronunciado a invitación de la FUE. El último artículo, el del 9 de noviembre, terminaba rotundamente: «Coeterum censeo delendam esse Monarchiam». Más contundente, si cabe, fue el 15 de noviembre en «El error Berenguer», que tuvo una gran repercusión en la prensa nacional e internacional. Afirmaba que «desde Sagunto», y es muy significativo que recordase el pronunciamiento que restauró la monarquía en 1874, esta no había hecho otra cosa «que especular sobre los vicios españoles», y ahora se quería continuar con la misma política, por lo que, «nosotros —afirmaba en un plural que seguramente señalaba la posición de muchos en El Sol, aunque las diferencias internas pro o contra la monarquía ya se habían mostrado—, gente de la calle, de tres al cuarto y nada revolucionarios, […] tenemos que decir a nuestros conciudadanos: ¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo! Delenda est Monarchia[29]».

Y a ello se puso Ortega, a destruir la monarquía, para lo que intentó atraerse a Francesc Cambó a las filas republicanas, pero el político catalán estaba entonces pergeñando, junto a Gabriel Maura, un Partido de Centro Constitucional y creía que los republicanos fracasarían en su intento de instaurar un nuevo régimen. Él quería atraerse al filósofo a ese centro monárquico, que en el fondo era una reconversión del Partido Conservador poniendo mayor énfasis democrático y autonomista, así que no había coincidencia posible y acabaron tarifando y cada uno por su lado[30]. Ortega, junto a Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala, fundó a principios de 1931 una Agrupación al Servicio de la República (ASR), que quería «movilizar a todos los españoles de oficio intelectual» y a los jóvenes para que formasen «un copioso contingente de propagandistas y defensores de la República española». No explicitaban aún un programa, pues por el momento solo se trataba de contribuir a traer la República, pero los firmantes del manifiesto sí querían hacer patentes sus diferencias con el bolchevismo y con el fascismo, ensayos que marcaban «la vía por donde los pueblos van a parar a callejones sin salida». El poeta Antonio Machado, que dirigió la ASR en Segovia, fue el encargado de presentar en público la Agrupación el día 14 de febrero de 1931 en el Teatro Juan Bravo de la ciudad castellana, junto a los tres firmantes del manifiesto fundacional. Machado los presentó como los verdaderos revolucionarios:

La revolución —afirmó— no consiste en volverse loco y lanzarse a levantar barricadas. Es algo menos violento pero mucho más grave. Rota la continuidad evolutiva de nuestra historia, solo cabe saltar hacia el mañana, y para ello requiere el concurso de mentalidades creadoras, porque sin ellas la revolución es una catástrofe. Saludemos a estos tres hombres del orden, un orden nuevo[31].

En la ASR militaron numerosos intelectuales y profesionales liberales, pero también obreros, como un nutrido grupo de ferroviarios. Se transformó en partido político una vez proclamada la República, tras la Asamblea de representantes provinciales celebrada los días 22 y 23 de mayo. Sus afiliados superaron los veinte mil, por lo que no podemos calificarlo abiertamente, como suele hacerse, de un partido de intelectuales sino que más bien fue un partido dirigido por intelectuales que se implicaron activamente en el diseño constitucional del régimen recién nacido, apoyados por una amplia representación interclasista de la ciudadanía[32].

3. HACIENDO Y DESHACIENDO REPÚBLICA

Si bien es cierto que la República llegó aupada por la fiesta popular, no lo es menos que amplios sectores sociales y políticos tenían muchas dudas sobre el camino que esta emprendería y si este sería o no revolucionario. Otros, directamente, no le concedían ningún crédito y trabajaron desde el principio por su fracaso[33]. Basta una ojeada al diario monárquico ABC del 14 de abril de 1931, impreso cuando todavía no se sabía que ese día se proclamaría la República y que el rey saldría de España exiliado, para darse cuenta de las posiciones radicales que dentro del mundo conservador se defendían. José María Salaverría presentaba el transcendental momento que se estaba viviendo como «Gritos en el mercado» y todo le parecía cosa de «charlatanes», como Unamuno, y «demagogos». El ambiente le recordaba al de 1898, cuando la guerra de Cuba: «La misma agitación un poco histérica, igual ansia de una renovación vagamente definida; un romanticismo que aspira a mesiánicas transformaciones políticas y sociales; una mezcla de republicanismo ochocentista y de anarquismo ruso, envuelto en una especie de literatura anhelante», que no llevaría a nada, aunque algunos creían que el «caos demagógico» se transformaría «en una benéfica y fértil armonía tan pronto como una mentalidad de poderoso estadista como el señor Alcalá Zamora, por ejemplo, secundada por la auténtica doctrina federal», se encargara «del asunto». Él, por el contrario, creía que España saldría «a su modo», aunque no especificaba cuál, de este «naufragio»:

nuestro país —escribe— ha solido pasar antes por parecidas zonas de agitación charlatanesca y de empedernida guerra civil sin ningún resultado fecundo; nada más violento que nuestro siglo XIX, y nada tampoco más estéril que ese siglo en el que puede decirse que quedó deshecha la nacionalidad española.

Para muchos escritores conservadores, el siglo XIX representaba una traición a una supuesta verdadera España. Su rechazo al liberalismo era rotundo, como muestra ese mismo día Rafael Sánchez Mazas, en el mismo diario, con un artículo titulado «Sin Dios», a propósito de la celebración en Francia del cincuentenario de la escuela laica, cuyos orígenes eran «profundamente liberales y revolucionarios», pues «el primero de los derechos del hombre era el arrancar a Dios Nuestro Señor del alma de los niños». Y esto solo podía desembocar en el comunismo, afirmaba en un planteamiento curiosamente parecido, aunque interpretado justo al contrario, que el que hemos visto en María Zambrano sobre la vinculación de liberalismo y comunismo. Decía Sánchez Mazas que «el comunista no es sino el descendiente directo, legítimo y perfeccionado de aquellos bonísimos burgueses que inventaron los derechos del hombre y querían ahorcar al último rey con las tripas del último cura».

Si por parte de muchos escritores católicos, como vemos, había un rechazo visceral al mundo republicano y no solo republicano sino liberal, por parte de muchos republicanos había poco interés en integrar a los católicos en el régimen. El discurso anticlerical no solo cundió en medios de extrema izquierda sino que incluso revistas como Crisol, fundada como escisión de El Sol por Urgoiti tras los problemas que surgieron por el «Delenda est Monarchia» de Ortega, tuvieron también un tono radicalmente crítico con la Iglesia, que disgustó al filósofo y al propio Urgoiti, que se sentía incapaz de controlar la redacción. Las viñetas de Luis de Bagaría son un buen ejemplo, pero incluso el director, Félix Lorenzo, enmascarado tras el seudónimo de Heliófilo, en una de sus conocidas «Charlas al sol», criticaba el 14 de junio de 1931 la aparición en la esfera pública de Acción Nacional, «nacida Dios sabe dónde, y bautizada en El Debate» —diario católico dirigido por Ángel Herrera Oria—, que podía «guardar oculto en su corazón el amor a los poderes anteriores y a las personas que los encarnaron». Desconfiaba del ofrecimiento de colaborar con la República que hacía la nueva organización y pedía a los republicanos que no lo aceptasen porque AN tendía «a perpetuar la especie del jesuita», que era, según el director, una de las formas más dignas de estudio sobre la tierra.

Al incipiente fascismo español, representado por Ramiro Ledesma Ramos, la República, por el contrario, le parecía una estupenda oportunidad para emprender la revolución nacional-sindicalista, antiburguesa, anticapitalista, antiliberal, antidemocrática, iberista e imperialista, cerrada a cualquier concesión autonomista a Cataluña, juvenil, obrerista pero anticomunista y, desde luego, violenta. Para ello invocaba al comandante Ramón Franco desde la recién nacida revista La Conquista del Estado, en un artículo publicado el 9 de mayo de 1931, con el título «Carta al comandante Franco. ¡Hay que hacer la Revolución!»:

La revolución no está hecha, ha dicho usted, intrépido y magnífico comandante Franco, y luego lo ha repetido su superior, el ministro de la Guerra, señor Azaña. En efecto, señores, y esta es nuestra única esperanza. Pues esa revolución no hecha la haremos nosotros, los jóvenes, los nuevos revolucionarios, sin retroceder ante los fusiles burgueses del Gobierno liberal de la República. Por fortuna, decimos otra vez, la revolución está sin hacer. Hubiera sido cosa tristísima entregar a la vieja generación reaccionaria, hoy triunfadora, el coraje revolucionario de nuestro pueblo. Son caudillos viejos, de poltrona y de café, que desconocen los resortes de la gallardía española que hoy resurge. Hombres enfermizos, temblorosos, sin pulso ni sangre de disciplina guerrera. ¡Que no hagan ellos la Revolución! ¡No comprenden la hora joven, vinculados a la putrefacción demo-liberal, sin entusiasmo para nada!

Y por si la cosa no estaba suficientemente clara con este primer párrafo, sumaba a lo dicho un llamamiento a «todos los que no cierren los ojos al disparar una pistola y estén dispuestos a dar su vida por la vida general de España. Todos aquellos que no quieran abandonar los destinos hispanos a la repugnancia y decisiva intervención del liberalismo burgués que hoy triunfa», porque había que «poner al desnudo el grado de mentecatez» que suponía «una democracia parlamentaria». Según Ledesma Ramos, «los burgueses y los socialdemócratas de la Casa del Pueblo» querían frenar «el ímpetu revolucionario» esgrimiendo el temor al comunismo, pero en España, afirmaba, no había tal peligro y si lo hubiera, serían ellos los que lo combatirían sin necesidad de acudir a la Guardia Civil, con sus «falanges de combate, […] dispuestas a entrar en fuego para defender el hervor revolucionario». «Cuando el lobezno comunista aparezca —añadía—, se afina la puntería y […] adelante. Hasta el fin[34]».

Algunos escritores vieron pronto el peligro de este jugueteo con la violencia, «desde lejos, tímidamente, pocos a pecho descubierto», es decir, sin el riesgo de la acción todavía, de «tantos queridos jóvenes españoles», según escribía Benjamín Jarnés en junio de 1931[35]. Si tenemos en cuenta que el anarquismo tampoco estaba dispuesto a hacer grandes concesiones a la República, y pronto continuó y acrecentó su habitual vía insurreccional, la verdad es que no es nada extraño que la fiesta popular fuese verdura de las eras[36].

Muchos intelectuales no solo desempeñaron un papel fundamental en el clima que hizo posible el triunfo electoral del 12 de abril en aquellas ciudades donde el sufragio era más difícilmente manipulable, sino que también fueron esenciales en la configuración del nuevo régimen. Incluso, como anécdota, la negociación entre el Gobierno, representado por el conde de Romanones, y el comité republicano, encabezado por Alcalá Zamora, para acordar la salida del rey y la proclamación de la República se produjo en el despacho de uno de estos intelectuales, el de Gregorio Marañón, que con analogía médica tan propia a su oficio sentenció que la monarquía había muerto de «enquistamiento[37]». Ya se ha dicho que dos de estos intelectuales, Azaña y De los Ríos, formaron parte del Gobierno provisional, y otros miembros del mismo, como Álvaro de Albornoz o Marcelino Domingo[38], eran fiel reflejo de esa figura tan habitual en la época que mezclaba en sí el ejercicio de una profesión liberal, generalmente la abogacía, las responsabilidades directivas en algún partido, su relación con alguna institución cultural y su presencia como articulista en periódicos y revistas, sin menospreciar la publicación de algún libro, no siempre de tema político sino frecuentemente novelas, obras de teatro o poesía. Varios intelectuales fueron nombrados embajadores: Pérez de Ayala, Gabriel Alomar, Zulueta, Américo Castro, Salvador de Madariaga, Araquistáin, Julio Álvarez del Vayo, con el objetivo de que su prestigio contribuyese a la buena imagen exterior del régimen recién nacido.

En las Cortes Constituyentes estuvieron sentadas algunas de las cabezas más importantes del momento: Unamuno, Ortega, Marañón, Pérez de Ayala, Azorín, Zulueta, De los Ríos, Azaña, Jiménez de Asúa, Araquistáin, Sánchez Albornoz… En total, sesenta y cuatro catedráticos y cuarenta y siete escritores y periodistas obtuvieron escaño en unas Cortes que presidió el socialista Julián Besteiro, catedrático de Lógica de la Universidad Central y uno de los dirigentes más importantes del socialismo español. Besteiro, como ya hemos visto, se opuso a la colaboración con los republicanos para traer la República por vías revolucionarias y más tarde también se mostró contrario a la participación del PSOE en el Gobierno de la República, lo que resulta contradictorio tanto con el entusiasmo que mostró por el primer Gobierno laborista británico en 1924 como con la actitud de estrecha colaboración con la Dictadura de Primo de Rivera en los comités paritarios y en otras cuestiones de política social. De esta colaboración, como queda dicho, él había sido artífice, como presidente de la UGT y del PSOE, junto a Francisco Largo Caballero, secretario general de la UGT. En El Socialista del 10 de febrero de 1925, Besteiro defendió la colaboración señalando que «la Dictadura» (no parecía importarle el nombre ni lo que representaba) había sido «más respetuosa con el movimiento obrero socialista que la monarquía[39]».

Besteiro inició su militancia política, a principios de siglo, en la Unión Republicana de Nicolás Salmerón y más tarde en el Partido Radical de Alejandro Lerroux; luego, en 1912, se afilió al PSOE siendo ya catedrático de la Universidad Central. Era entonces uno de los pocos intelectuales que de su interés por las ideas socialistas habían pasado al pago de una cuota y a la integración en los órganos del Partido. Hombre educado en la Institución Libre de Enseñanza, al socialismo le había llevado, no obstante, la influencia de la socialdemocracia de cátedra alemana, que conoció en sus estancias en varias universidades germanas entre 1909 y 1911, becado por la Junta para Ampliación de Estudios. Años antes también había estado en la Sorbona de París y años después se interesó por el socialismo británico, tanto por la Fabian Society como por el guildismo. Doctrinariamente marxista, quitaba importancia a la idea de la dictadura del proletariado, y creía que los logros del socialismo tendrían que venir de mejoras evolutivas dentro del régimen político existente hasta que el movimiento obrero estuviese maduro para transformar la sociedad capitalista en otra socialista. Era, por lo tanto, «pablista», es decir, seguidor de Pablo Iglesias, del que había sido amigo sincero y al que sucedió al frente del PSOE y de la UGT tras su muerte. En su negativa a colaborar con los republicanos, lo que primó fue su consideración de que el socialismo no estaba maduro para ese último paso porque, en su visión marxista, todavía no se había producido en España la verdadera revolución «burguesa».

Pocos días antes de las elecciones a Cortes Constituyentes planteó un programa relativamente moderado, para lo que eran las aspiraciones máximas del socialismo, en una entrevista publicada en El Sol, la cual fue reproducida el 4 de junio de 1931 por El Socialista: defendía al PSOE como elemento estructurador de la República pero veía con resquemor su participación en el Ejecutivo; para solucionar el problema agrario proponía el fomento de la ganadería, la explotación de los bosques y la creación de industrias asociadas al campo y centrarse en el cultivo de las zonas más productivas; paralelamente veía necesaria la defensa del arrendatario, las cooperativas para el cultivo y la comercialización, la creación de instituciones de crédito agrícola y el ensayo de la explotación colectiva de grandes propiedades; asimismo, defendía una democracia industrial de tipo «guildista» con participación de los obreros en la dirección de las empresas, municipalización de servicios, etc., en lo que se distanciaba tanto de la apuesta por la dictadura del proletariado de muchos de sus compañeros como del socialismo democrático de Prieto y De los Ríos; proponía igualmente que el Estado pagara los gastos de la Iglesia, pero solo con el dinero de sus fieles, y abogaba por la autonomía política de Cataluña aunque no creía posible la instauración de una república federal[40]. Sus posiciones respecto a dos cuestiones importantes para el PSOE —las relaciones Iglesia-Estado y la reforma agraria— eran más moderadas que lo que el PSOE acabó planteando en la discusión constitucional. Besteiro terminó, no obstante, aceptando la continuidad de los socialistas en el Gobierno y asumió la presidencia de las Cortes. Su talante dialogante como presidente de las mismas fue elogiado por la mayoría de las fuerzas políticas. El ABC del 2 de diciembre de 1931, pocos días antes de aprobarse la Constitución, ensalzaba su labor, e incluso José María Gil Robles escribió en sus memorias que «faltaría a la justicia si no proclamara aquí la imparcialidad con que solía presidir el señor Besteiro las sesiones[41]».

Julián Besteiro (en el centro de la imagen, sin sombrero) durante la manifestación que el primero de marzo de 1936 tuvo lugar en Madrid para festejar la concesión de la amnistía a los imputados por los sucesos revolucionarios de Octubre de 1934, tras el triunfo electoral del Frente Popular. El viejo líder sindicalista de la UGT, catedrático de Lógica de la Universidad Central, fue presidente de las Cortes Constituyentes. A pesar de su marxismo declarado, aunque un tanto heterodoxo, se convirtió, por su moderación, en el centro de las críticas de la bolchevizada izquierda del PSOE, que tenía en Luis Araquistáin al intelectual de referencia.

Otro intelectual socialista que asumió un papel principal en las Cortes Constituyentes fue Luis Jiménez de Asúa, catedrático de Derecho penal, que presidió la Comisión parlamentaria encargada de elaborar el proyecto constitucional. Encarnaba bien el espíritu revolucionario de muchos de sus compañeros, que quisieron dar a la Constitución una tendencia claramente «izquierdista», según expresión propia al presentar el proyecto a la Cámara. Unos meses antes había pedido que los delitos políticos del antiguo régimen fuesen juzgados por una «Convención o Comité de salud pública». Quien supiera entender vería en esta expresión evidentes reminiscencias del período más sangriento de la Revolución Francesa. El propio Jiménez de Asúa fue consciente del peso de sus palabras porque publicó el artículo el 13 de mayo de 1931 con una nota en la que quería matizar que reprobaba los sucesos de los días anteriores, la quema de conventos e iglesias, y que su artículo se había enviado antes de los mismos al periódico, pero que precisamente lo publicaba porque quería hacer ver que ya se «adivinaba que la expectativa del pueblo, un poco defraudado, podría llevar a una fracción exaltada a cometer excesos[42]». Para calmar los ánimos y encauzarlos democráticamente, los comités de salud pública no parecían las instituciones más adecuadas, pero hay que tener en cuenta también que gentes como Jiménez de Asúa habían sido perseguidos por la Dictadura.

La defensa del proyecto por parte socialista la asumió Fernando de los Ríos, ministro de Justicia, catedrático de Derecho Político, hombre de la Institución Libre de Enseñanza, buen conocedor del pensamiento político español e internacional, formado en Alemania tras su doctorado y muy influido por la socialdemocracia de cátedra alemana y por el laborismo inglés, y, como hemos visto, uno de los artífices de la conexión con los republicanos. A principios de siglo defendió en conferencias y escritos su ideal de un liberalismo social que fundamentaba en una colaboración con los liberales dinásticos para, dentro del régimen constitucional, transformar la sociedad y el Estado sin que la revolución fuese necesaria. En 1920, en su primera legislatura como diputado socialista, presentó en el Congreso un «Proyecto de bases para dar satisfacción inmediata a las reivindicaciones más perentorias de las organizaciones obreras, a las clases medias y a la conciencia liberal de España», centrado en cuestiones sociales y educativas, principalmente, que resumía en el dilema de si España tenía que elegir el camino de Rusia o el de Inglaterra, por el que él apostaba claramente: la revolución o la reforma. Esta apuesta por el socialismo democrático y evolutivo se afianzó después de visitar Rusia y entrevistarse con los líderes de la revolución, incluidos Lenin, Zinoviev y Bujarin, para discutir el ingreso del PSOE en la Tercera Internacional. De los Ríos había defendido que se pospusiese la decisión de la entrada en esta hasta que los rusos garantizasen la independencia del partido español, que no fue garantizada y, por lo tanto, el PSOE no entró en la Tercera Internacional. A su regreso a España, De los Ríos publicó en 1921 Mi viaje a la Rusia sovietista, una de las primeras y más rotundas críticas contra el totalitarismo soviético desde posiciones de izquierda. En 1922 le decía a Unamuno por carta: «El viaje a Rusia a ahondado en mí el amor frenético a la libertad referida a la conciencia. ¡Qué cosas oí y vi!»[43].

Fue además, como ya hemos visto, un duro opositor a la Dictadura y a la colaboración de los socialistas con la misma, aunque su oposición no llegó a tanto como para romper con el partido. Durante los meses previos a la proclamación de la República, pensó en las políticas que eran necesarias para establecer un Estado social de derecho: seguro de maternidad, ratificación de los convenios internacionales que permitiese homologar a España con las democracias europeas, reforma agraria que favoreciese los arrendamientos colectivos forzosos y el fomento de las cooperativas, y ahondamiento en las medidas sociales aprobadas durante la Dictadura como la jornada laboral, la regulación de los accidentes de trabajo en la agricultura y los jurados mixtos[44]. De los Ríos se había ocupado de la reforma agraria en un extenso artículo titulado «El problema agrario en España», que publicó en 1925 en la Revue Internationale du Travail, de Ginebra. La función social de la propiedad era un tema clave en el proyecto constitucional, y De los Ríos lo defendió en el discurso de totalidad, pues la constitucionalización de este principio era una cuestión a la que los socialistas no estaban dispuestos a renunciar; finalmente fue aprobado. En su discurso, volvió a insistir en su fondo liberal, pero creía que había que corregir el liberalismo económico porque la «economía libre» hacía al «hombre esclavo», y, por lo tanto, hacía falta «una economía sojuzgada y sometida», «planificada», «disciplinada y subordinada al interés público», que garantizara «una verdadera posición de libertad para el hombre». Evidentemente hablaba como vocero del Partido, pero no aparecía aquí tan nítida la defensa de la propiedad privada que había hecho en muchos escritos anteriores, y, lo que es más significativo, afirmaba que había que ir más allá de la «democracia inorgánica». Ya años atrás había hablado de la democracia industrial en un sentido similar al que hemos visto en Besteiro y, también como este, de una Cámara corporativa, aunque sin renunciar a un sistema representativo liberal-democrático, es decir, de una democracia inorgánica que ahora afirmaba que había que «superar[45]».

De los Ríos también participó en la discusión de los artículos del proyecto constitucional sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Él era partidario de un Estado laico, con la Iglesia como una corporación de derecho público, y de que se garantizara la libertad de cultos y se suprimiesen las cargas de culto y clero, pero en las Cortes acabó apoyando la posición mucho más radical de su grupo parlamentario. Quizá por eso decía, seguramente en un mensaje dirigido a sus propios compañeros, que no se olvidaran de que en España lo revolucionario es el respeto[46].

Un famoso discurso de Azaña el 13 de octubre consiguió rebajar las pretensiones de los socialistas y los radicales-socialistas, todavía más extremistas, pero aun así la Constitución consagró no solo la libertad de cultos y la separación de la Iglesia y el Estado, sino la disolución de los jesuitas y la expropiación de sus bienes, la supresión de las cargas de culto y clero a dos años vista, la posibilidad de disolver otras órdenes religiosas, la secularización de los cementerios, la necesidad de autorización administrativa para los actos públicos religiosos y, sobre todo, la prohibición de que la Iglesia ejerciese cualquier actividad distinta del culto, incluida la enseñanza. Esto supuso no solo la ruptura del Gobierno con la salida del presidente Alcalá Zamora y del ministro de la Gobernación, Maura, el 14 de octubre, sino la, desde ese día, oposición radical de las derechas accidentalistas y monárquicas a la Constitución.

Algunos intelectuales y parlamentarios como Unamuno, Ortega y Marañón se opusieron también a la forma en que se reguló este tema en la Carta Magna y no porque fueran especialmente clericales, sino porque eran conscientes de lo enraizado que estaba el catolicismo en la sociedad y de que las políticas de confrontación con la Iglesia serían perjudiciales para el asentamiento de la República. Marañón, que aseguraba que no compartía las críticas sobre la «arbitrariedad» que agitaba a la Cámara los días que se discutía la cuestión religiosa y que estaba dispuesto a hacer una defensa de «esta Asamblea recia, juvenil, a veces incorrecta, sensible y patriótica siempre», y limpia de corrupción, se preguntaba por qué se quería «manchar» el triunfo que había conseguido la República con una «persecución arbitraria», cuando tanto se había conseguido, incluso, «anecdóticamente», señalaba, «hasta la expulsión de un cardenal[47]».

Ortega había saludado la sencillez con la que había nacido el nuevo régimen por un gesto espontáneo del pueblo. La República, a su parecer, no era un mero cambio en la forma de gobierno sino que traía todo un nuevo «estilo de vida», público y privado. Él estaba dispuesto a ofrecer sus veinticinco años de meditación sobre España para destilar algunas gotas que pudieran contribuir «a hacer una República sumamente sólida, compacta, de materia bien prieta, sin mentira alguna en su entresijo, no tolerando ingredientes que no sean sinceros y auténticos», una República original que no fuese una imitación de regímenes extranjeros, y así, afirmaba, «la República española será una creación gloriosa e ilustrísima en la Historia universal[48]». Pero, al mes de proclamarse la República, Ortega y sus compañeros de la ASR vivieron con preocupación la quema de edificios eclesiásticos en mayo de 1931, porque mostraba que la República bien podía tomar otro perfil. Ante estos hechos publicaron unas cuartillas contra las «pequeñas turbas de incendiarios»:

Son demasiados millones de españoles los que han votado a la República para que el montón de unos cientos o miles aspire a ser más España toda que el resto gigantesco. Con toda esta teatralería de vetusta democracia mediterránea hay que acabar desde luego y sin más. No hay otro pueblo que el organizado. La multitud caótica e informe no es democracia, sino carne consignada a tiranías.

Esas muestras de «fetichismo primitivo» no tenían sentido, según los firmantes, una vez que la República iba a retirar todos los privilegios a la Iglesia, porque el verdadero poder de esta derivaba del apoyo estatal[49].

La ASR se presentó a las elecciones a Cortes Constituyentes integrada en las listas de la Conjunción Republicano-Socialista. Entre las actas obtenidas y los independientes que se sumaron, consiguió formar un grupo de trece diputados. Algunos parlamentarios y periodistas los llamaban despectivamente «el Olimpo[50]». Ortega fue el portavoz del grupo en la discusión del proyecto constitucional y pronunció algunos discursos importantes. El programa político de la ASR iba mucho más allá del liberalismo clásico y se hacía eco de las propuestas de la social-democracia europea y de las políticas económicas del liberalismo avanzado que luego se conocieron como keynesianas, sin renunciar a algo muy de moda en la época, el corporativismo, aunque es prudente no olvidar que uno de los capítulos de La rebelión de las masas se titula «El mayor peligro, el Estado» y que en este libro Ortega había escrito que la democracia liberal no era el mejor de los regímenes posibles, pero que cualquiera que se pensase para el futuro tendría que basarse en él[51].

Ortega tomó la palabra por primera vez en las Cortes constituyentes el 30 de julio. Mostró su apoyo al Gobierno, aunque también le lanzó algunas veladas críticas, que igualmente dirigió al «acantilado particularista» de los catalanistas. Afirmaba que los miembros de la ASR no eran marxistas, pero que sus coincidencias con el socialismo eran muchas y podrían caminar juntos largo tiempo[52], aunque había que evitar los radicalismos: «hay, sobre todo, tres cosas que no podemos venir a hacer aquí —dijo—: ni el payaso, ni el tenor, ni el jabalí[53]». Un mes después se presentaba en las Cortes el proyecto constitucional. Ortega veía en él partes originales, pero también algunos «cartuchos detonantes», llenos de utopismo, que lastrarían la vida republicana. Pocos días después era más contundente en un artículo que tituló «Un aldabonazo», publicado en Crisol el 9 de septiembre, que concluía con una frase que alcanzó gran fama:

Una cantidad inmensa de españoles que colaboraron en el advenimiento de la República con su acción, con su voto o con lo que es más eficaz que todo esto, con su esperanza, se dicen ahora entre desasosegados y descontentos: «¡No es esto, no es esto!».

La República es una cosa. El «radicalismo» es otra. Si no, al tiempo[54].

Los periódicos conservadores utilizaron este artículo para intentar hacer ver a Ortega, muy críticamente, el error que había cometido al apoyar la República[55], pero el filósofo no había dejado de ser republicano sino que le preocupaba, por un lado, que el Gobierno se entretuviese en minucias y políticas caciquiles de colocación de cargos sin emprender las grandes reformas que consideraba necesarias y, por otro, que muchos de sus miembros insistiesen en la idea de que la República era una revolución y olvidasen aquella «sencillez» de su nacimiento y que ya había un Gobierno legalmente constituido[56].

Ortega siguió en las Cortes intentando que la Constitución no se aprobase con esos «cartuchos detonantes» que harían estallar la República. Uno de ellos era la posibilidad de que se constitucionalizase una república federal. El portavoz de la ASR volvió a tomar la palabra en la noche del 25 al 26 de septiembre de 1931 para hacer un discurso doctrinal y, con precisión filosófica, distinguió los términos de «federalismo» y «autonomismo», que, según el filósofo, son antagónicos. Federación, afirmaba, viene de foedus, y el pacto solo se puede hacer entre iguales. El federalismo, por lo tanto, parte de la idea de que existen soberanías distintas e independientes y, de ahí, intenta construir un nuevo Estado. Por el contrario, el autonomismo se asienta en la idea de que ya existe una soberanía indivisa sobre la cual no se discute, y desde ella se propugna una descentralización de funciones para que sean ejercidas por las autonomías. En un Estado como España, con una larga historia de unidad territorial y nacional, a Ortega le parecía perturbador ponerse a discutir sobre la soberanía y, por lo tanto, la solución que había que adoptar era autonomista y no federalista. También le preocupaba que solo se concediese la autonomía a algunas regiones, porque en las otras surgiría un particularismo reivindicativo, así que pensaba que era mejor impulsar la autonomía de todas las regiones españolas[57].

El discurso entusiasmó a otro intelectual presente en la Cámara, Claudio Sánchez Albornoz, a pesar de que su jefe de filas, Azaña, que acabó asumiendo el autonomismo en la fórmula de «Estado integral» que finalmente fue aprobada siguiendo la doctrina de Hugo Preuss y de la Constitución de Weimar, contemporizaba más con las reivindicaciones catalanas y había acordado con los catalanistas, como miembro de la Alianza Republicana, el establecimiento de una República federal[58]. El planteamiento de Azaña antes de llegar al Gobierno y, claro, sin saber que iba a llegar, era todavía más abierto, pues en el discurso que pronunció en marzo de 1930 durante la visita de los intelectuales castellanos a Cataluña contempló la posibilidad de que un día el pueblo catalán quisiese vivir apartado del conjunto de España, a lo que no cabía oponerse, aunque no era la opción que él defendería.

4. REPUBLICANIZACIÓN, RECTIFICACIÓN O DEMOLICIÓN DE LA REPÚBLICA

Concluido el debate constitucional, Ortega pronunció una conferencia en el Cinema de la Ópera el 6 de diciembre de 1931, publicada poco después junto a otros textos bajo el título de Rectificación de la República. La expectación había sido mayúscula desde un mes antes por ver lo que Ortega iba a decir y no solo acudieron a escucharlo varios cientos de personas sino que además fue radiada. Lo que Ortega dijo es que se estaba haciendo una República «triste y agria», sin altura de miras, buscando la fricción con los contrarios, sin pensar en términos nacionales, aunque no quería ser especialmente crítico con el Gobierno, cuyos méritos reconocía y, sobre todo, reconocía el derecho que tenían los que lo integraban a ejercer las responsabilidades que habían asumido en el diseño de la República porque eran los que habían estado a las duras en los momentos difíciles frente a la monarquía. Mas al nacer la República, añadía, había un consenso de que la República debía ser, por el momento, «un radical cambio en la forma del Estado», quitando este de las manos que lo habían detentado, pero sin entregárselo a ningún otro grupo, «partido o combinación de ellos», y eso no se había cumplido, o, mejor dicho, no se había dado la imagen de que se cumplía, matizaba Ortega pensando sobre todo en los socialistas. Hacía luego un análisis de por qué la República no podía ser ni burguesa ni conservadora, pues la ascensión del movimiento obrero era un hecho universal, sin que eso supusiese que todo régimen tuviese que dirigirse según lo que se llamaba socialismo, laborismo, comunismo o sindicalismo. El filósofo volvía a recalcar todos los vicios políticos del antiguo régimen, en el que la monarquía, el ejército y la iglesia nunca pensaron en términos nacionales, sino en beneficio propio, pero también quería resaltar que no estaba de acuerdo en cómo se había resuelto la cuestión religiosa en la Constitución y que él, que no era católico, no estaba dispuesto a dejarse «imponer por los mascarones de proa de un arcaico anticlericalismo». La «fusión» del Estado y de la nación, añadía luego, es la democracia y esta ya no debía ser un «credo político» sino «la anatomía inevitable de la época actual». Por eso afirmaba que había llegado el momento, constituida la República, de que las fuerzas que la habían traído se separasen y defendiesen cada una su programa, para lo que él proponía la fundación de un gran Partido Nacional, cuya dirección ofrecía, sin citarlo, aunque todo el mundo lo entendió y le tributó una ovación, a Miguel Maura, en el que veía cualidades de gran político y al que solo le hacía falta quitarse de encima «un vocabulario extemporáneamente derechista[59]».

La Constitución se aprobó el 9 de diciembre de 1931. Algunos intelectuales socialistas como Jiménez de Asúa y De los Ríos parecían bastante satisfechos de la misma y, al igual que sus compañeros, eran partidarios de que las Cortes Constituyentes continuasen la que consideraban imprescindible labor de desarrollo de las leyes complementarias. Se alarmaron ante la posibilidad de que se diera paso a un Gobierno Lerroux, que podría suponer la disolución de las Cortes, la cual, de producirse, los socialistas la interpretarían como un golpe de Estado, según el editorial de El Socialista del 31 de octubre, y se daría paso a una «segunda revolución», a un período «trágico y definitivo». Por otro lado, la Ley de Defensa de la República, aprobada antes que la Constitución, ponía en manos del Gobierno un poder casi omnímodo para suspender a su antojo los derechos y libertades, cosa que no pasó desapercibida a algunos de los más importantes juristas del momento como Adolfo González Posada y Nicolás Pérez Serrano, que hablaron de la inconstitucionalidad de la Constitución al recoger esta en una disposición transitoria la vigencia de dicha Ley mientras estuvieran abiertas las Constituyentes[60].

Ortega, por el contrario, era partidario de dar paso a una nueva situación en la que los socialistas saliesen del Gobierno, pero tampoco le convencía Lerroux, por lo que no aceptó que la ASR entrase en el nuevo gabinete, el segundo que Azaña formó, en esta ocasión tras elegirse a Alcalá Zamora como presidente de la República. El filósofo decía, ingenuamente, que no quería que Lerroux quedase como única fuerza gubernamental fuera del Gobierno. Su proyecto de Partido Nacional quedó en nada. Miguel Maura no aceptó la dirección del mismo y Ortega no era hombre al que le gustase implicarse en el día a día de la política, que le quitaba un tiempo que consideraba imprescindible para escribir su metafísica, la cual seguía preparando en sus cursos universitarios.

José María Pemán criticó a Ortega en varias conferencias que dio bajo el título de «La traición de los intelectuales», a las que Ortega respondió con «Este señor Pemán…», breve artículo en el que le invitaba a publicar su conferencia para poder defenderse de esa acusación que en los telegramas de la prensa salía siempre diciendo que Unamuno y Ortega, según Pemán, habían halagado a las masas en vez de ponerse «al frente de ellas, o enfrente de ellas, para orientarlas y dirigirlas». Ortega afirmaba que nunca había halagado a las masas, pero que esperaba a que Pemán diera a conocer esos textos para defenderse. Pemán, en un artículo publicado en el ABC del 30 de abril de 1932, titulado «De un pululante a un olímpico» —Ortega le había llamado «pululante» por su capacidad para ir disertando de ciudad en ciudad—, decía que con sus conferencias había intentado «formar en la juventud española una conciencia» sobre esos intelectuales que habían traído la República para contribuir «a la definitiva jubilación de las ideas, tópicos y prestigios que han traído a mi Patria al lamentable estado en que hoy se encuentra». La actuación de Ortega en la política le parecía que era una «claudicación de sus posiciones intelectuales de selección y antidemocracia, y un auténtico halago a las pasiones revolucionarias, que han traído a España al borde de la ruina[61]».

Si muchos habían interpretado la orteguiana Rectificación de la República como un giro a la derecha y a Ortega le habían llovido críticas de la prensa izquierdista, otros, como vemos, le veían entre los revolucionarios que estaban destruyendo España. Pemán había anunciado el 1 de enero de 1932, en un mitin celebrado en Cádiz, su ingreso en Acción Ciudadana, próxima a la Acción Nacional de José María Gil Robles. En este discurso, Pemán habló de una «gran cruzada nacional», pero insistía, siguiendo el mensaje de la derecha accidentalista, en el respeto a la legalidad y al orden constituido, «base de toda convivencia y civilización», y en el rechazo a toda violencia. Pocos días después pronunció otro discurso en la sede de Acción Nacional, en Madrid, sobre la «Cruzada nacional que se impone por la Patria y la Religión», en el que defendió las mismas ideas e insistió en el lema de «Religión, Familia y Propiedad[62]».

El tópico de que los republicanos estaban destruyendo una, supuestamente, esencial España debía mucho a Ramiro de Maeztu, que a finales de la segunda década del siglo dudó de la coherencia de la unión entre liberalismo y socialismo que había defendido años atrás y dio un giro reaccionario a su posición política, la cual pasó a centrarse en la defensa de valores supratemporales y suprahistóricos. El error de la modernidad, según él, había sido caer en el relativismo y el subjetivismo, que habían llevado al hombre a alejarse de Dios. Maeztu hacía una lectura bastante estricta de Menéndez Pelayo y consideraba indisolublemente unida a la religión católica con la nación española, cuya decadencia había empezado en el siglo XVIII cuando los ilustrados traicionaron las «esencias» patrias por intentar beber de los nuevos valores europeos de la Ilustración[63].

Este mensaje caló en gente como Pemán y como Álvaro Alcalá Galiano, que, haciéndose eco de la conferencia del primero en el Centro de Acción Española, publicaba en ABC el 25 de febrero de 1932 «Los intelectuales, sobornados», donde afirmaba que siempre que los intelectuales españoles habían querido iniciar un movimiento «renovador» habían copiado del extranjero. La Institución Libre de Enseñanza y la Junta para Ampliación de Estudios le parecían dos claros ejemplos. Los pensionados de esta última habían infiltrado no solo el rígido dogmatismo de la filosofía germánica en la universidad española sino también el «laicismo», anticlerical en apariencia, pero en el fondo, añadía, antirreligioso, cuyas directivas provenían de «logias masónicas». Y añadía, refiriéndose a los integrantes de la ASR —que a su parecer estaban en el «limbo»—: «Fingen estar únicamente al servicio de la República, aunque están al servicio de la Internacional judaico-masónica, que bajo las etiquetas de laicismo, socialismo, sindicalismo, comunismo y otros “ismos” redentores, se ha propuesto descristianizar y desnacionalizar a nuestra pobre España».

Este año de 1932, Ernesto Giménez Caballero, que fue uno de los ideólogos del fascismo español, publicó su libro Genio de España: exaltaciones a una resurrección nacional y del mundo, en el que los conceptos de «catolicidad», como lo universal, e «Imperio» son los dos grandes referentes para un resurgimiento de la nación que supone tirar por la borda buena parte de la historia española: los Borbones, el liberalismo del XIX, y, naturalmente, la obra de la Institución Libre de Enseñanza y sus derivados como la Junta para Ampliación de Estudios y el Centro de Estudios Históricos[64].

Uno de los textos más representativos de la retórica de identificación de España con la religión católica se publicó dos años más tarde y su autor fue Eugenio Montes. El título era expreso, «Discurso a la catolicidad española». En él aparecen todos los tópicos que se manejaron en la época sobre «una patria perenne», tópicos que tanto cundieron luego en la Guerra Civil y durante el franquismo: había una identidad esencial entre lo nacional y lo católico que constituía el ser de España, «novia de Cristo» y «castillo de la fe», y los españoles eran los «campeones de Dios y de la Santa Madre Iglesia» y defenderían «la catolicidad» incluso cuando «la misma Roma, por flaqueza y desánimo», abatía «sus banderas ante el enemigo», decía Montes en clara referencia a la política más contemporizadora del Vaticano con la República. Al mismo tiempo hacía una reivindicación de la monarquía y ensalzaba «el genio político de Mussolini» frente al «tumulto de la democracia[65]».

Fernando de los Ríos (con barba), junto al presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, durante la visita a un colegio. De los Ríos ocupó la cartera de Justicia en el primer Gobierno republicano. Luego, en diciembre de 1931, pasó a ser ministro de Instrucción Pública, y en junio de 1933, de Estado. Diputado socialista desde 1919, representó dentro del PSOE la línea más moderada e intelectual, aunque acabó asumiendo en los órganos ejecutivos del partido las posiciones más radicales sin atreverse a realizar un escisión verdaderamente socialdemócrata.

El temor que sentían por la descristianización de la sociedad española muchos intelectuales conservadores y tradicionalistas se debía no solo a cómo la «cuestión religiosa» había quedado fijada en la Constitución sino a que algunas de las medidas derivadas de la misma habían empezado a aplicarse por el nuevo Gabinete de Azaña, en el que Fernando de los Ríos pasó a ser ministro de Instrucción Pública. El 12 de enero de 1932 se aprobó la circular que establecía la retirada de crucifijos de las escuelas públicas; el 23, el decreto de suspensión de la Compañía de Jesús y la expropiación de sus bienes; el 2 de febrero, el divorcio; el 6, la secularización de cementerios; y el 17 de marzo, la supresión de la enseñanza de la religión en secundaria[66].

Claro que, al otro lado del panorama político, algunos intelectuales como el procomunista Ramón J. Sender pensaban que «ante la cuestión religiosa» el Gobierno de la República tenía «una posición anticlerical muy limitada» y que las soluciones que hacía treinta años hubieran parecido suficientes para tranquilizar a la opinión, como «la separación de la Iglesia y el Estado» o «la expropiación pagada y la parcelación», en la actualidad no satisfacían a nadie ni resolvían nada porque las masas pedían «cosas» que los republicanos no podían dar ni en las que «remotamente habían pensado[67]».

El golpe militar de Sanjurjo en agosto de 1932 y la aprobación en septiembre de la Ley de Reforma Agraria y del Estatuto Catalán representaron un punto de inflexión. Las izquierdas vieron, a pesar del rápido fracaso de la intentona golpista y de la detención de sus principales responsables, que los que se oponían a la República podían derribarla por vías violentas. Las derechas, tanto accidentalista como las abiertamente antirrepublicanas, por su parte, interpretaron las dos normas como un ejemplo más de la escoración izquierdista del régimen. Ese mismo mes de septiembre, Besteiro, que ya hemos visto representaba una línea moderada dentro del socialismo, criticaba el revisionismo socialdemócrata en una conferencia que impartió en la Escuela Socialista de Verano de El Pardo, ante las radicalizadas juventudes socialistas. Allí reafirmaba la cientificidad del marxismo y, aunque él seguía apostando por una vía evolutiva, decía que «en Rusia […] hubiera sido bolchevique, porque allí era una utopía pensar en un ensayo democrático». No había que seguir el marxismo de una forma dogmática, como había escrito en mayo, pero su «abandono […] sería la ruina del socialismo y, con él, la ruina de muchos valores sentimentales de la humanidad». Si se lee con detenimiento el texto de Besteiro, se ve claro que su intención última es señalar que en España no era necesaria la revolución bolchevique porque se podría llegar a los objetivos del socialismo por vías democráticas, pero la ambivalencia de su mensaje también permitía que la interpretación contraria resultase muy sencilla en tanto que se llegase a la conclusión de que la vía democrática estaba muerta; el golpe de Sanjurjo se podía interpretar como la contumaz resistencia a la democratización de la vida política española[68].

Muchos escritores de derechas, por el contrario, no le concedían ningún crédito a la República. César González Ruano era un joven y brillante periodista, vinculado a las vanguardias de la Generación del 27 y conocido también por sus biografías de Zola o Unamuno, entre otros. Tuvo una evolución parecida a la de otros miembros de su generación: pasó de un cierto interés por los vientos nuevos que pudiera traer la República a una posición ultracrítica, que en 1932 era ya claramente monárquica y en 1933, durante su estancia en Alemania, evolucionó hacia el fascismo con nítidos elogios a Hitler. Para él la política de los republicanos no era sino una continuación de la «triste y caduca demagogia del siglo XIX» y «el entusiasmo republicano» solo se alimentaba del «combustible del odio», porque no había ni una idea ni un ideal. Ese odio se había «concretado en el cultivo de estas dos expresiones: la lucha de clases y la persecución religiosa[69]».

José María Pemán, por su parte y nuevamente, enarboló la bandera antirrepublicana y elogió a los sublevados de agosto de 1932, «impacientes del ideal». A finales de año, Pemán consumó su ruptura con los accidentalistas, pues no bastaba con tomar el poder en la República sino que hacía falta una «reorganización política de España con un sentido sanamente reaccionario: de reacción frente a los principios de disolución del liberalismo», para lo que resultaba imprescindible una restauración monárquica, porque «los kerenski de cualquier grado nos parecen —escribía— de una miopía lamentable. […] La sangre de los mártires es semilla, la prudencia de los realistas no lo es». El 22 de enero de 1933 participó en un mitin de la Comunión Tradicionalista en el Real Cinema de Madrid y allí defendió una monarquía de corte tradicional, para cuyo establecimiento el primer paso debía ser una unión electoral de las derechas que pusiera fin a la «tiranía republicana». Pemán defendía un Estado «antiparlamentario y antidemocrático[70]».

Entretanto, algunos de los intelectuales que habían contribuido a la proclamación de la República empezaban a mostrar ya un distanciamiento evidente ante este panorama de crispación y el desacierto, a su modo de ver, de las políticas republicanas, como las medidas que Largo Caballero había impulsado en el Ministerio de Trabajo desde los primeros meses y que habían acrecentado la tensión política y ciudadana en el mundo rural, o como la forma sectaria en que las políticas laicistas se aplicaban en muchos pueblos y ciudades, al tiempo que la economía no avanzaba y el paro crecía[71]. Incluso Azorín, tan entusiasmado con la República en los primeros meses, se quejaba ya a principios de enero de 1932: «¡Cuánta política que hay en los periódicos españoles de ahora! Pero ¿es que en España, en todo el área nacional, no existe más que política? […] ¡Qué formidable balumba de cosas políticas!»[72].

Por su parte, Ortega, Marañón y Pérez de Ayala, fracasado el proyecto de fundar un Partido Nacional, decidieron disolver la ASR en el otoño de 1932[73]. Ortega estaba desencantado con la política del Gobierno de Azaña, pero esa no era la misma percepción de Marañón, por ejemplo, que en noviembre hablaba del «orden nuevo» que se estaba «alzando sobre el tinglado deshecho de un orden anterior. Orden joven, esperanzado y magnífico». Unos meses antes, en julio, había escrito, contra los que criticaban al Gobierno, que no debían olvidar que España atravesaba por «un período revolucionario, más o menos incruento». Más entusiasmo aun mostraba, al calor de la fecha, en la conmemoración del aniversario de la proclamación de la República, cuando decía que «España está ya en franquía, y el timón de su nave, en manos iluminadas y seguras[74]».

Unamuno, como Ortega, sí estaba muy desencantado. Ya vimos que fue un hombre clave en la oposición a la Dictadura y en el clima prorrepublicano que siguió a la caída de esta, aunque tras sus discursos en Madrid de mayo de 1930 se había vuelto a su Universidad de Salamanca y, a pesar de que lo llevaban y traían, como decía él mismo, por distintos sitios, se había diluido bastante esa posibilidad, que él, no obstante, nunca hubiera aceptado, encabezar el movimiento republicano: «¡Partido, no, nunca! Siempre entero», solía decir, y hay que entender lo que para un metafísico como él significaba la unidad del ser para comprender en su profundidad esta frase, que no era mera retórica ni paradojismo. Era diputado, como se ha dicho, en las constituyentes, y le nombraron presidente del Consejo de Instrucción Pública, lo que le obligó a pasar largas temporadas en Madrid, encerrado en cuestiones burocráticas que nada le atraían. Al hablar por primera vez en las Cortes, sus compañeros le habían tributado una clamorosa ovación, a la que él contestó diciendo que no quería ejercer el cacicato de la inteligencia. Poco después, cansado de que le exhibiesen como padre de la República, decía que quería jubilarse de su empleo de «monumento nacional». En el fondo, seguía sin definirse, porque no podía ser ni de unos ni de otros, sino que era suyo: «¡Que así actúo sin tener que definirme!», escribía en abril de 1932. Y, en mayo, insistía en una idea ya vieja en él: que los ciudadanos habían votado a favor de la República sin saber lo que eso significaba, y que seguían sin saberlo después de las «probaturas» de todo un año. Más explícito era en junio cuando, criticando las políticas educativa y laboral, decía:

El Estado se convierte en un único asilo, en una única despensa. Escuela única y despensa única. Y decidme, ¿son otras cosas el sovietismo y el fajismo? Y lo mismo da que el Estado surja de los Sindicatos únicos que de los Sindicatos libres. Las dos clientelas acaban por fundirse en una, única y… ¿libre? Libre nunca. […] Nuestra España está entrando en el período disolutivo en que está entrada ya Europa, que va a un nuevo régimen económico-religioso. Hubo el Renacimiento, hubo la Reforma, hubo la Revolución. Ahora llega el Resentimiento y con él la escuela y la despensa única, el Reino de Maya.

Su malestar fue creciendo y ya en agosto hablaba del «trancazo anímico», de la «histeria colectiva», y se echaba «a temblar por la salud espiritual del pueblo» al leer unas manifestaciones de la UGT y del PSOE de Sevilla en que pedían que se destituyeran a todos los funcionarios judiciales de la provincia. Unamuno, irónico, decía que era mejor que pidiesen que se les entregase «a los que ellos reputen culpables». Cosas así le hacían pensar que se estaba «en pie de guerra», de «guerra civil, se entiende», es decir, de los ciudadanos, no militar[75].

Unamuno y Ortega simbolizaban mucho en aquella República por su contribución al advenimiento de la misma. Sus críticas se veían con recelo por gentes como José Sánchez Rivera, que en un artículo titulado precisamente «La República y los intelectuales», publicado en el Heraldo de Madrid del 30 de noviembre de 1932, afirmaba que Unamuno y Ortega decían «tales cosas» que «los enemigos del régimen» comentaban «jubilosos sus discursos o sus escritos». En el fondo, a ellos nos les interesaba la República sino su «egolatría» y, además, añadía, los «superintelectuales» carecían de sentido político[76].

El año de 1933 fue el del declive del Gobierno de Azaña, empujado por un lado por la obstrucción de los radicales de Lerroux y por otro por la movilización del mundo rural. Sucesos como los de Casas Viejas y la derrota de las fuerzas que componían el Gobierno en las elecciones municipales parciales del 23 de abril generaron un nuevo clima político en el que la clave fue el cambio de discurso de Largo Caballero y buena parte de los socialistas. Estos empezaron a cuestionarse hasta dónde podía llegar su colaboración en el Gobierno, aunque no se decidían a abandonarlo. Entretanto las derechas se habían ido organizando. En marzo de 1933 se constituyó la CEDA, bajo el paraguas del accidentalismo de Acción Popular y el liderazgo de Gil Robles. Dos meses antes, los monárquicos habían formado Renovación Española, que nacía del impulso de la sociedad cultural Acción Española, editora de la revista del mismo nombre y que no solo fue un gran canal para el combate ideológico bajo la dirección de Maeztu, sino un centro activo de conspiración, capaz de movilizar mucho dinero procedente, sobre todo, de la aristocracia[77]. La aprobación de la Ley de confesiones y congregaciones en mayo, en la que se regulaban algunos de los principios constitucionales sobre las relaciones de la Iglesia y el Estado como la prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas, no contribuyó nada a un clima de entendimiento, sino que más bien radicalizó posturas que ya difícilmente se encontraban.

5. DICTADURA CAPITALISTA O DICTADURA SOCIALISTA

Evidentemente, estas, la dictadura capitalista o la dictadura socialista, no eran las únicas soluciones que se ofrecían, pero a partir de 1933 cada vez fue más frecuente que muchos recurrieran a este lenguaje. Tras la crisis del Gobierno Azaña del 9 de septiembre, segunda tras la de junio en la que había sido imposible formar un Gabinete que no liderara él mismo, el día 11 se reunió la Comisión Ejecutiva del PSOE. Largo Caballero consideró «rotos todos los compromisos» con los republicanos. Prieto y De los Ríos eran partidarios de mantener la colaboración, pero fueron derrotados. A De los Ríos le parecía absurdo plantearse la toma revolucionaria del poder y prefería la defensa de la legislación aprobada en esos dos años y continuar la misma ruta. Cuando Lerroux no pudo sacar adelante su Gobierno en las Cortes del día 2 de octubre y se encargó formarlo a Felipe Sánchez Román, De los Ríos defendió en la Comisión Ejecutiva del 5 de octubre el rechazo de toda posición maximalista y la posibilidad de colaborar con él para controlar desde dentro las elecciones, que se presumía serían convocadas, pero el Gabinete tampoco salió adelante[78]. Finalmente formó Gobierno Diego Martínez Barrio, que convocó elecciones generales para noviembre de 1933. De los Ríos y Prieto eran partidarios de mantener la colaboración con los republicanos, pero Largo Caballero se opuso. La radicalización del lenguaje era evidente y el propio De los Ríos dijo en un mitin en el Cine Europa de Madrid, el 20 de octubre, que los radicales «se habían entregado en manos de los enemigos de la República y ya habían empezado a destruir los avances sociales[79]». Ni siquiera había llegado todavía la victoria de la CEDA y el nuevo Gabinete no llevaba ni quince días. Los socialistas, al igual que Azaña, los radicales-socialistas o ERC, aunque con sentidos y finalidades distintas, habían interpretado la proclamación de la República como una revolución que rompiera radicalmente con el pasado y que tenían que imponer los que la estaban haciendo. Unos pensaban en la consecución del socialismo, otros en una democracia avanzada con importantes concesiones a la clase obrera, otros, en fin, en una república federal, pero todos tenían un sentido patrimonialista de dicha revolución. Esto hacía muy difícil la integración en el régimen que se estaba construyendo no solo de los monárquicos —que ciertamente en la mayoría de los casos tampoco querían integrarse— y de la derecha accidentalista, que con su discurso ambivalente tampoco facilita la integración, sino ni siquiera de la derecha republicana que había formado parte del primer Gobierno. Y ya vemos lo que De los Ríos, y no era el único, decía de los radicales[80]. Al otro lado, José Calvo Sotelo, en un artículo titulado significativamente «En torno al fascismo» afirmaba que «lo que todo ciudadano ansia es un Estado totalitario y apaciguador», porque el actual era «de clase y, por ende, inepto y ruinoso[81]».

El resultado de las elecciones de noviembre es conocido: vencieron la CEDA de Gil Robles y el Partido Radical de Lerroux, mientras que los socialistas reducían sus escaños a la mitad y la Acción Republicana de Azaña casi desaparecía, en gran parte por la prima a la mayoría que había acrecentado aun más la Ley electoral aprobada en julio de ese mismo año y la decisión de los socialistas de no acudir en coalición con los republicanos a las elecciones. La estrategia socialista, seguida también por Azaña, de impedir que se reuniesen las nuevas Cortes y fuese convocado un nuevo proceso electoral con un Gobierno «verdaderamente republicano» no fue aceptada por el presidente de la República. El editorial de El Socialista del 21 de diciembre era una clara llamada a la revolución. De los Ríos pensó en dejar la política, pero de momento mantuvo sus cargos en los órganos de dirección del Partido. Asistió a la reunión conjunta de los Comités Ejecutivos del PSOE y de la UGT el 25 de noviembre de 1933, y se mostró, como Prieto, «favorable a las actitudes dilatorias frente a los planteamientos de Largo Caballero» favorables a emprender la vía revolucionaria violenta[82]. Incluso Prieto, cuando vio el apoyo de Gil Robles al nuevo Gobierno Lerroux, dijo en sede parlamentaria que eso era una «amenaza dictatorial» y que encubría un golpe de Estado, por lo que al PSOE no le quedaba otro camino que contraer «públicamente […] el compromiso de desencadenar […] la revolución[83]». Y esa vía arriesgada para la consolidación de la democracia es la que emprendió el PSOE.

El temor a que la CEDA pudiese destruir la República desde el poder, aunque Alcalá Zamora no estaba dispuesto a ofrecer la presidencia a Gil Robles —se la ofreció a Lerroux— y aquel moderó mucho su discurso después de las elecciones, no era solo sentido por los republicanos de izquierda, como Azaña, y por los socialistas. Incluso intelectuales tan centrados en aquel momento como Ortega se alarmaron. El filósofo, que desde hacía más de un año no desempeñaba prácticamente actividad política ni publicaba sobre temas políticos y, además, se había negado a ir en la candidatura de Lerroux, publicó dos artículos para reafirmar que los republicanos tenían derecho a hacer la experiencia republicana a fondo. «¡Viva la República!» se tituló el primer artículo. El segundo, «¡En nombre de la nación, claridad!», que es lo que pedía a Gil Robles, porque, según Ortega, debía estar claro que el triunfo electoral de la CEDA no era contra un régimen sino contra una política, una anécdota de dos años, se atrevía a decir[84].

Las esperanzas de Unamuno en la República se habían diluido aun más que las de Ortega. Ese verano había escrito:

¡Pobre España nuestra! ¡Pobre España entregada a una presunta y sediciente revolución que lo revuelve todo sin constituir ni asentar nada; pobre España lanzada a una lucha no de clases! —¡de clases, no!— ¡sino de clientelas electorales de parados; pobre España, donde en la agonía del liberalismo democrático agoniza la vieja noble artesanía, la de aquellos obreros que del menester de su oficio hacían rendimiento religioso del bien común y no mera miserable ganadería; pobre España donde se están segando odios sembrados a voleo; pobre España nuestra[85]!

Otro de los llamados intelectuales liberales, Azorín, había experimentado también la desafección de las políticas republicanas del primer bienio. El antiguo maurista, «un poco libertario / de cara a la doctrina», pero «[…] reaccionario / por asco de la greña jacobina», como había escrito Antonio Machado en un famoso poema, Azorín, que no se había cansado de halagar a los gobernantes de la República y de cortejar a los obreros, ahora, justo antes de las elecciones, y en medio de una campaña que había emprendido para conseguir la libertad de Juan March, encarcelado por supuestos delitos cometidos durante la Dictadura, decía que los hombres del Pacto de San Sebastián se habían adueñado del poder y habían pactado en nombre de la nación sin ningún derecho y sin contar con ella. «El resultado —concluía— ya se ha visto». Pocos días después escribía que no había que identificar la República con ese primer bienio e incluso recibió con cierto entusiasmo el triunfo de Gil Robles porque ahora la República ya tenía un «origen […] perfectamente legal[86]».

El triunfo de la CEDA no sirvió para que los monárquicos se replanteasen su posición de ruptura frente a la República. Pemán, por ejemplo, escribía que «ahora precisamente que hemos logrado un triunfo electoral es el momento de que pensemos en la inutilidad definitiva de todo este sistema». La democracia era para él «un mecanismo pendular y estúpido» y los votos socialistas mostraban el poder del marxismo, con el que no se podía «turnar pacíficamente», porque «la lucha de la Patria y la Antipatria» no era una cuestión que pudiera «ventilarse parlamentariamente[87]».

Este año también fue importante para el progreso del comunismo, por lo menos desde el punto de vista de la adhesión de conocidos escritores jóvenes. Las revistas comunistas como la trotskista Comunismo, dirigida por Juan Andrade e influida por Andrés Nin, o la más oficialista Bolchevismo, dirigida por José Bullejos, no habían atraído a sus columnas a muchos intelectuales de renombre, pero en 1933 el Komintern financió la aparición de la revista Octubre, cuyo primer número llevó fecha de junio-julio. La dirigió Rafael Alberti, quien despachaba «[…] a empujones, / a grandes paletadas de odio» a las generaciones viejas. El poeta había pasado dos meses el año anterior en Rusia codeándose con los intelectuales de la revolución. La adhesión al PCE del también poeta Luis Cernuda refleja bien la efusión con que algunos jóvenes literatos vivieron su militancia política ante las «canalladas amparadas por los códigos», los «crímenes santificados por la religión», las «indignantes desigualdades» de «este mundo absurdo que contemplamos», que es «un cadáver», decía el escrito publicado en la revista, y añadía:

es necesario, es nuestro máximo deber enterrar tal carroña. Es necesario acabar, destruir la sociedad caduca en que la vida actual se debate aprisionada. Esta sociedad chupa, agosta, destruye las energías jóvenes que ahora surgen a la luz. Debe dársele muerte; debe destruírsela antes de que ella destruya tales energías y, con ellas, la vida misma. Confío para ello en una revolución que el comunismo inspire. La vida se salvará así[88].

En el número 4-5 de la revista se publicó la adhesión de Ramón J. Sender, que envió una carta desde Moscú firmada en julio donde estaba invitado por la Unión Internacional de Escritores Revolucionarios. Decía que antes de salir de España había visitado Casas Viejas, «una aldea donde la República socialdemócrata de España defendía a tres señores feudales y asesinaba a veintiséis campesinos que habían cometido el crimen de querer conquistar la tierra para trabajarla». Ahora, tras su experiencia soviética, afirmaba que no había motivo para que un intelectual estuviera «indeciso». Había dado el paso: «En la trinchera hay un uniforme y un fusil más». La militancia no era solo teórica, sino combativa, y en la guerra se tenían puestas las esperanzas[89].

Este mismo año de 1933, José Bergamín, que había sido director general en el Ministerio de Largo Caballero, lanzó la revista Cruz y Raya, que se publicó hasta junio de 1936. Con el subtítulo Revista de afirmación y negación, en ella Bergamín defendió su catolicismo heterodoxo que hacía compatible con un socialismo radical que derivó hacia el comunismo. Es curioso que un hombre que había ocupado cargos públicos se refiriese al Gobierno de Azaña, próximo a su final, como «demagógico» por el miedo que tenía, que le hacía entregarse en manos de la «Policía» como en Casas Viejas: «¡Qué trágica, qué tragicómica carrera han hecho, y vienen haciendo, casi sin enterarse, estos señores ministros demagógicos!»[90].

Como bien dijo Corpus Barga tiempo después: «Muy revuelta anda ahora en España la literatura con la política[91]». Y fue un joven con inquietudes literarias, José Antonio Primo de Rivera, quien desde el otro extremo publicó el 25 de septiembre de 1933 un artículo en el que intentaba ridiculizar el liberalismo diciendo que solo servía para los millonarios. Frente a este y al Estado socialista, él defendía un Estado que aspirase «a la integración de los pueblos, al calor de una fe común». Y terminaba: «Su nombre empieza con efe. ¿Puede decirse ya?». A finales de octubre de 1933 nacía Falange Española, que José Antonio Primo de Rivera presentó, junto a Alfonso García Valdecasas y a Julio Ruiz de Alda, hablando de la «dialéctica de los puños y de las pistolas». En 1934 se unía a las JONS de Ledesma Ramos y Onésimo Redondo, aunque luego surgieron discrepancias. No solo su retórica a favor de la violencia y de un Estado totalitario sino su acción a través de milicias contribuyó mucho al deterioro de la situación y también a que al liberalismo se lo «llevara el viento», como dijo Samuel Ros[92].

Por otro lado, y en el extremo contrario, el 8 de diciembre el Gobierno tenía que hacer frente a una violenta revolución anarquista. La retórica revolucionaria y la acción iban de la mano en el mundo obrero.

En marzo de 1934 se publicaron varios de los Discursos a los trabajadores que había pronunciado Largo Caballero entre 1933 y 1934, empezando por el famoso del Cine Pardiñas, de julio de 1933, en el que había defendido la labor de los socialistas en el Gobierno pero también había mostrado, todavía siendo ministro, su posición de ruptura con los republicanos y su intención de ir en solitario a unas futuras elecciones para emprender por vías legales su revolución; también había apuntado indicios suficientes para señalar el camino de la violencia si la revolución legal no era posible[93]. La «Nota editorial» presentaba dichos discursos del presidente del Partido Socialista y secretario de la Unión General de Trabajadores como «normas, conceptos nuevos de un mismo ideal, de una misma conducta; formando el conjunto un cuerpo de doctrina homogéneo, irrebatible, aleccionador». Quedaba claro el carácter infalible de la revolución, que no se podía debatir, que era «irrebatible».

El libro estaba prologado por Luis Araquistáin, quien había sido subsecretario del Ministerio de Trabajo con Largo Caballero entre abril y diciembre de 1931, miembro de la comisión parlamentaria constitucional y embajador en Berlín desde enero de 1932 hasta que dimitió en mayo de 1933. Era un periodista culto de la generación del 14 que a principios de siglo se había movido en la órbita de Ortega y, como este, se había interesado por el socialismo liberal inglés y alemán —pasó largas temporadas en Gran Bretaña y Alemania—, pero, a diferencia del filósofo, había dado el paso de afiliarse al PSOE hacia 1911. Mantuvo, no obstante, un discurso socialdemócrata bastante moderado, sin que por ello de vez en cuando saliesen de su boca tonos más rotundos, por ejemplo, en su admiración por la Revolución Rusa, que le llevó a defender en los órganos del Partido, frente a De los Ríos, una posición más favorable al ingreso en la Tercera Internacional. Se marchó del PSOE al no conseguir que su propuesta de adhesión condicionada a la nueva Internacional saliese adelante; ingenuamente creía que el socialismo español podría mantenerse independiente de Moscú dentro de la Internacional soviética e incluso llegó a proponer durante la República una Cuarta Internacional en este sentido. No obstante, en 1921 no se fue con la escisión de los que crearon el Partido Comunista, y siguió manteniendo posiciones socialdemócratas, inclinadas a veces, sobre todo tras el triunfo del laborismo en Gran Bretaña, a la defensa de una democracia industrial de tipo «guildista», que, como Besteiro, pensó que se podía ir consiguiendo a través de los órganos corporativos de la Dictadura de Primo de Rivera. A la caída de esta, como ya hemos dicho, republicó su España en el crisol como El ocaso de un régimen, en el que apostaba por la instauración de la República, pero sin mostrar todavía el radicalismo marxista posterior, del que se arrepintió años más tarde, en el exilio, y hablaba de él como una «marxistización» pasajera, aunque ciertamente sus consecuencias no lo fueron y había sido muy dañina para la República. Nada más proclamarse esta, Araquistáin volvió a El Sol, en el que había colaborado durante muchos años. Su tono era muy moderado e integrador en el primer artículo que publicó el día 15 de abril, como en otros que le siguieron, en algunos de los cuales criticaba la movilización anarquista. Todavía en 1932 decía que España marchaba hacia un «socialismo de Estado […], dentro de una forma democrática de Gobierno» y rechazaba toda violencia que pudiera comprometer la obra republicana[94].

Nada hacía presagiar en esos meses primaverales de la recién estrenada República que Araquistáin pudiera convertirse en el ideólogo marxista del PSOE. Su estancia en Alemania como embajador fue decisiva para este giro. Allí vivió el ascenso de Hitler al poder y el derrumbe de la poderosa socialdemocracia alemana. Su prólogo a los Discursos de Largo Caballero es un ejemplo diáfano de un tipo de argumentación violenta e incitadora a una revolución social para establecer la dictadura del proletario, argumentación que continuó entre mayo de 1934 y julio de 1936 en la revista Leviatán y que suponía el rechazo al «socialismo reformista, democrático y parlamentario», para entregar la dirección de la revolución a un «caudillo», Largo Caballero, que estaba llamado, según Araquistáin, a jugar el papel de Lenin español. En el prólogo, firmado el 5 de marzo de 1934, escribía:

Nuestras ilusiones republicanas del 14 de abril se han desvanecido. Y el dilema no es ya monarquía o república; república o monarquía, no hay más que un dilema, ayer como hoy, hoy como mañana: dictadura capitalista o dictadura socialista […].

Largo Caballero ha puesto en pie a la España proletaria pero es que la España proletaria, desengañada de la república de 1931, estaba pidiendo ya un guía revolucionario. La sociedad alumbra al hombre, y el hombre reactúa sobre la sociedad. Sus destinos se identifican en un intenso dramatismo histórico. La conciencia de este dramatismo nos hace pensar en Largo Caballero y en España con íntimo temblor. Un temblor así hubiéramos sentido cerca de Lenin antes de octubre de 1917: el temblor que inspiran los hombres en cuyas manos están las grandes decisiones de la historia[95].

La posición estaba tomada ya en el otoño de 1933, como muestra el texto de su conferencia «Una lección de historia. El derrumbamiento del socialismo alemán», publicado en El Socialista el 31 de octubre: «El dilema fatal es este: franca dictadura burguesa o franca dictadura socialista[96]».

La radicalización del PSOE fue vivida con enorme inquietud por Fernando de los Ríos. El 2 de enero de 1934, Azaña anota en su diario que su antiguo ministro está pasando una «terrible crisis de conciencia. Su formación intelectual y moral —escribe—, su acción de profesor y de militante, sus miras sobre España, etcétera, etcétera, le habían encaminado siempre hacia otros métodos que los actualmente en boga» dentro del PSOE, pero «no podía abandonar a su partido en tales momentos, y con gran repugnancia le seguiría —continúa escribiendo Azaña—. Después, cualquiera que fuese su resultado, estaba resuelto a abandonar la política». Y añade: «Me pareció aturullado, angustiado, presa de un chasco doloroso y no libre de temores. No se pasa uno la vida envuelto en un chaqué, con un cartapacio bajo el brazo, profesando cosas graves y hablando de los valores de la cultura, para, de la noche a la mañana, en virtud de un plebiscito de las masas, verse obligado a tomar sitio en las barricadas[97]». Al día siguiente El Socialista publicaba un editorial titulado «¡Atención al disco rojo!», en el que se amenazaba con emprender la vía revolucionaria si la CEDA llegaba al poder: «¿Concordia? No. ¡Guerra de clases! Odio a muerte a la burguesía criminal».

A finales de enero de 1934, Largo Caballero acumulaba todo el poder del socialismo al hacerse también con el control de la UGT desplazando a Besteiro. Prieto y De los Ríos, que hasta entonces habían ejercido de máximas figuras del socialismo democrático acabaron aceptando en esos meses que no quedaba más remedio que lanzarse por el camino de la revolución, seguramente pensando que con la amenaza sería suficiente para evitar que la CEDA alcanzase el Gobierno y se pudiese dar paso a una coalición republicana que volviese a la República de 1931. Prieto se puso al frente de la revolución pero ni Besteiro, ni De los Ríos, ni Negrín, por ejemplo, otro de los intelectuales del PSOE también de la línea socialdemócrata, quisieron participar en los preparativos de la misma, aunque estaban al tanto; no obstante, ni se atrevieron a denunciarla ni a frenarla.

Los llamamientos explícitos a la revolución y al establecimiento de una dictadura proletaria enervaron aún más a las derechas. Por ejemplo, Emilio Carrere, que había tenido veleidades socialistas en su juventud, pensaba que la República tal y como había sido diseñada en el primer bienio era el triunfo del «separatismo» y del «marxismo», del «judaísmo internacional» que había «envenenado el aire de la República», porque antes de la República, afirmaba, «de esas amenazas de dictadura proletaria y de lucha de clases y de revolución permanente, el socialismo —en España— contaba con la unánime simpatía». El descubrimiento de las armas que se almacenaban para hacer la revolución acrecentó su oposición a la República. El 22 de septiembre publicaba un artículo con el ilustrativo título de «La San Bartolomé de la burguesía», que empezaba: «Según nos cuentan, los revolucionarios tenían el proyecto de proceder a la degollina de toda la burguesía. Todas estas armas que van apareciendo estaban destinadas a realizar esta película terrorífica de tipo ruso[98]».

La revolución estalló finalmente a principios de octubre de 1934 y se inició como respuesta a la formación de un nuevo Gobierno de Lerroux en el que daba entrada a tres ministros de la CEDA. Simultáneamente, aunque descoordinados, se pusieron en marcha un movimiento insurreccional obrero, que solo cuajó de forma importante en Asturias, donde comunistas y anarquistas apoyaron la revolución socialista, y un alzamiento federalista en Cataluña, promovido por el propio Gobierno de la Generalitat, que fracasó inmediatamente. El día 3 de octubre, pocos días antes del comienzo de la Revolución, Unamuno había llamado «enfermos mentales» a «esos párvulos de veinte años que extienden el brazo en una u otra actitud, con mano abierta o con puño cerrado[99]».

Si los ánimos de las derechas ya estaban caldeados contra la República, la Revolución de Octubre fue un acicate definitivo para que muchos la considerasen muerta, si bien la CEDA siguió gobernando junto a los radicales a la espera de poder reformar la Constitución cuando se cumpliese el plazo de cuatro años previsto en la misma. Algunos intelectuales se lamentaban de que en un momento que vivieron de forma tan trágica se tuviesen que conformar con tomar solo la pluma, porque lo que les pedía el cuerpo era tomar las armas: «A mí me cuesta hoy un verdadero esfuerzo coger la pluma —escribía en ABC César González Ruano el 10 de octubre, ya iniciada la revolución y fracasada en Cataluña pero viva en Asturias—; bien sabe Dios que más esfuerzo que el que tendría que hacer para tomar las armas, función hermosa y fortuna del hombre militar, por la que nuestra enteriza emoción castrense suspira en un afán de darlo todo por la patria». González Ruano presentaba a los revolucionarios como «los miserables de la antiespaña» que habían echado «a la calle a una parte del proletariado, víctima de torpes engaños, hasta el mismo límite de la muerte[100]».

No sé si Antonio Machado, que criticaba la «retórica con espolones» como método para «gobernar a un pueblo», escribió las siguientes palabras antes o después de la Revolución, pues trabajaba desde hacía años en su Juan de Mairena, pero aparecieron después y cobraban un sentido iluminador: «Nuestros políticos llamados de izquierda, un tanto frívolos —digámoslo de pasada—, rara vez calculan, cuando disparan sus fuelles de retórica futurista, el retroceso de las culatas, que suele ser, aunque parezca extraño, más violento que el tiro[101]».

Otro de los intelectuales llamados liberales, Pío Baroja, sentenció:

El gamberrismo, cada día naciente, y la matonería del señorito, creo van a hacer muy difícil la convivencia de unos españoles con otros. No va a haber campo neutral posible. Ya todo el mundo se encierra en sus ideas y en sus preocupaciones. El que no está con él está contra él. […]

En un ambiente así, para unos no habrá más solución que el aislamiento, y para los otros, la pistola, cosa lamentable[102].

El PSOE se venía preparando, como hemos visto, desde hacía meses para la revolución. Los más moderados se opusieron, aunque fueron pocas las voces que se hicieron oír en contra e incluso algunos de los que se opusieron, como Negrín[103], dieron cobijo a los conspiradores, y otros, como De los Ríos, se convirtieron en los principales promotores de la defensa de los revolucionarios frente a la brutal represión con la que las fuerzas de orden público y el ejército habían respondido a la igualmente brutal violencia de los obreros y mineros de Asturias y el norte de León. De los Ríos preparó la Denuncia del doctor Fernando de los Ríos al fiscal de la República española, en la Revolución española de Octubre. Documentos sensacionales inéditos, que presentó el 8 de enero de 1935 en la ejecutiva del PSOE, con datos realmente espeluznantes y verosímiles que sirvieron, junto a otras argumentaciones, para promover la campaña nacional e internacional contra la represión con el objetivo de conseguir la amnistía de los presos y de desprestigiar a los gobiernos radical-cedistas[104]. De los Ríos sabía perfectamente, como hemos visto y como apuntó Azaña en su diario, que la Revolución de Asturias no había sido solo una acción de reacción frente a la entrada de la CEDA en el Gobierno para defender la República sino un movimiento proactivo que se venía preparando desde tiempo atrás para establecer la dictadura del proletariado.

La Revolución de Octubre se convirtió en un mito para la clase obrera e incluso intelectuales de izquierdas que no militaban en partidos obreros sintieron cierta admiración por ella, a pesar de que la consideraban un tremendo error de los dirigentes socialistas porque no se podía pasar «sin transición del colaboracionismo gubernamental a la revolución clasista». Así se expresaba José Díaz Fernández en su Octubre rojo en Asturias, que publicó el mismo año de 1934. Díaz Fernández, cuya admiración por la Revolución Rusa ya hemos comentado, había sido diputado en las filas radical-socialistas durante el primer bienio. En su relato se ve cierta empatía con ese pueblo en armas que había controlado Asturias durante dos semanas hasta que llegaron los refuerzos militares, cuyos contundentes métodos denuncia mientras la violencia obrera es contemplada con mucha mayor benevolencia. El fracaso de la revolución, según él, se debía a que la sociedad española no estaba preparada para la dictadura del proletariado porque ni el Estado ni las fuerzas burguesas se estaban descomponiendo. La revolución, en su opinión, hubiera triunfado si se hubiera hecho en favor de la Constitución, porque el problema no era alcanzar una sociedad socialista de inmediato sino que las reformas del primer bienio, nada socialistas a su entender, se habían aplicado muy lentamente y ahora las derechas las estaban destruyendo[105].

Los comunistas no tuvieron una participación activa en el «Octubre rojo», salvo en Asturias, aunque luego aprovecharon muy bien en beneficio propio la propaganda contra la represión. Los planteamientos comunistas y los del ala caballerista del PSOE, incluidas las Juventudes Socialistas, que el 1 de abril de 1936 acabarían fusionándose con las comunistas, eran muy parecidos. En las disputas que entre 1933 y 1936 se ventilaban en revistas y diarios, el fondo de la cuestión no era tanto el sentido de la revolución y su finalidad como quién debía tener el predominio en la misma. Entretanto, los socialistas más moderados como Besteiro, Prieto y De los Ríos intentaban volver a la senda del primer bienio. Los dos últimos apostaron por una nueva cordialidad con los republicanos, que desembocó en el Frente Popular. Azaña fue el principal artífice de esa inteligencia durante el año 1935, después de ser puesto en libertad y exculpado de los delitos de que se le acusó por su presunta implicación en la Revolución de Octubre, cuando fue detenido en Barcelona ilegalmente sin atención a su inmunidad parlamentaria[106]. Su famoso discurso en el madrileño campo de Comillas el 20 de octubre de 1935 fue la más clara muestra de que era el hombre que podía volver a agrupar a las izquierdas. Prieto y De los Ríos defendieron desde las filas socialistas que el programa electoral del Frente Popular fuese moderado y se centrase más en los objetivos de los republicanos que en los de los socialistas y comunistas.

Manuel Azaña durante su famoso discurso en el mitin de Izquierda Republicana celebrado en el campo de Comillas, a las afueras de Madrid, el 20 de octubre de 1935. Azaña, que hasta los tiempos de la Dictadura había sido un intelectual no demasiado reconocido, se convirtió en el político clave de la izquierda republicana. Fue el hombre capaz de unir en el Frente Popular a los distintos partidos de izquierda. El triunfo de esta alianza electoral en febrero de 1936 le permitió volver a la presidencia del Gobierno tras los tres que había dirigido en el primer bienio. En mayo de 1936 ocupó la presidencia de la República, que mantuvo hasta el final de la Guerra Civil.

Mientras tanto, Besteiro seguía viendo con reticencia la colaboración con los republicanos, pero por motivos distintos a los de Largo Caballero, pues seguía pensando que la sociedad española no estaba preparada para la revolución socialista y solo quedaba esperar a que culminase la revolución «burguesa» y, mientras tanto, ir consiguiendo logros sindicales. Prieto, De los Ríos y Besteiro recibieron infinitas críticas desde la prensa caballerista, tanto desde la revista Leviatán como desde el nuevo diario Claridad, aparecido en 1935, en el que Araquistáin ejercía también una enorme influencia. Para contrarrestar estas críticas, Andrés Saborit lanzó Democracia, que se movía en la órbita de Besteiro y a la que los caballeristas llamaron «memocracia». El discurso de ingreso de Besteiro en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, pronunciado el 28 de abril de 1935 sobre el tema «Marxismo y antimarxismo», les pareció a los caballeristas una traición al auténtico marxismo. Besteiro, que se seguía considerando marxista, defendió en él bastante enrevesadamente su concepción del marxismo como materialismo dialéctico e histórico, pero negando una vez más la importancia de la dictadura del proletariado en el pensamiento de Marx. El clima de crispación entre las dos tendencias había ido creciendo a lo largo de 1935, hasta el punto de que en noviembre se pedía desde Claridad la expulsión de Besteiro del PSOE[107].

6. EL LIBERALISMO ENTRE DOS FUEGOS

Si en los comienzos de la República veíamos a Azorín reclamar la paternidad para los intelectuales y muy especialmente el papel de su generación, ahora, Pío Baroja, que negaba la existencia de la llamada Generación del 98, negaba también que la misma hubiera desempeñado algún papel en «la muerte de la Monarquía y del advenimiento de la República». «El hecho es inusitado —añadía—. Yo creo que no había entre los escritores que figuraron en la supuesta Generación del 98 ninguno que fuera republicano ni socialista». Pero no era esto lo que le interesaba destacar a Baroja en el otoño de 1934 sino cómo a los miembros de esa generación no se les tenía en cuenta políticamente. Contaba que le habían invitado al Ateneo «para una crítica que llamaban de masas» a una de sus novelas, Los visionarios, y se encontró una sala llena de «comunistas» gritando contra él porque un novelista era para ellos «un tipo vendido a la burguesía». Claro, que más abucheaban a Unamuno, que estaba presente. Suponía Baraja que su obra podía haber ejercido más influencia entre los anarquistas por su «parte individualista», pero había comprobado que tenían «un profundo desprecio por los escritores» de su tiempo[108].

En otro artículo posterior, de febrero de 1935, Baraja sostuvo que nunca había sido comunista y que sentía «una marcada aversión por esa teoría y sistema». Venía a cuento de que otro artículo suyo, «Amenidades comunistas», había recibido un sinfín de críticas porque no había «hablado con el debido respeto de Rusia y del comunismo», pero a él le parecía que en Europa había países que realizaban «el progreso de una manera más noble, más liberal y más humana que Rusia, por ejemplo, los pueblos escandinavos». Esto lo escribía un hombre que se ve que estaba al tanto de la política internacional. Baraja, que ironizaba con que le iban a llamar «pequeño burgués», era más contundente en su crítica al régimen soviético y afirmaba que los «ciento setenta millones de rusos, que antes eran esclavos de un zar», ahora lo eran «de Stalin[109]».

Un año antes Unamuno había hablado de «una tradición española, hondamente española, que maduró en el siglo XIX, la tradición liberal[110]», pero las llamadas a la revolución venían de todos los lados. Bergamín, por ejemplo, escribía en un artículo titulado «Laberinto de la novela y monstruo de la novelería», publicado en Cruz y Raya en diciembre de 1935, que «los pueblos» no han tenido otra forma de hacerse oír en la historia que el «grito revolucionario: la voz en grito de la sangre; el clamor de su propia sangre vertida. Y por eso la voz popular es la voz divina. Voz y no voto». Al catolicismo místico y sanguinolento de Bergamín no le importaba regar con sangre popular la revolución. Pronto tendría ocasión de comprobarlo y se puso al frente, aunque sin ir al frente.

La necesidad de contar con la CEDA para mantener el Gobierno en las Cortes se había hecho aún patente en mayo de 1935 con la entrada de cinco ministros de la Confederación en el Gabinete de Lerroux. Gil Robles ocupó el Ministerio de la Guerra y promovió a importantes puestos de responsabilidad en la estructura del Ministerio y del Ejército a algunos de los mandos militares que menos afines se habían mostrado a la República, entre ellos Franco, ascendido a Jefe del Estado Mayor. Unos meses más tarde se aprobaba en las Cortes la Ley de Reforma de la Reforma Agraria, que, junto a otras medidas de los años anteriores como la amnistía a los golpistas de agosto de 1932 o la paralización de la aplicación de la Ley de Congregaciones en lo tocante a la enseñanza de las órdenes religiosas, fueron interpretadas por las izquierdas como una contrarreforma de la legislación del primer bienio. Mas la coalición entre los radicales y la CEDA no estaba exenta de roces y el desgaste de los primeros fue más evidente durante este año. En 1934 ya un número importante de diputados, casi veinte, se habían ido junto a Diego Martínez Barrio, que se opuso al giro derechista de Lerroux. Ahora, en 1935, los casos de corrupción dañaron la imagen del partido. A finales de año, Alcalá Zamora encargó formar gobierno a Portela Valladares, con el objetivo de fundar un partido de centro, promovido desde la presidencia de la República, que en las elecciones convocadas para el 16 de febrero de 1936 pudiese ser la bisagra del sistema e impidiese el acceso de Gil Robles al poder[111].

El partido gubernamental promovido por Alcalá Zamora fracasó plenamente en las elecciones. Se impuso por pocos votos el Frente Popular, pero la legislación electoral le dio una amplia mayoría en las Cortes. Portela no esperó ni siquiera a la segunda vuelta de las elecciones y presentó su dimisión, por lo que a Alcalá Zamora no le quedó más remedio que nombrar presidente del Consejo a Manuel Azaña. A algunos como Américo Castro el resultado de las elecciones les pareció «una espléndida lección de moral[112]». A otros, como Marañón, algo «imprevisto» que había «producido una impresión colectiva de desconcierto[113]». Y otros, como Francisco de Cossío, vivieron la campaña electoral como una trágica dicotomía entre la «revolución social» y «las fuerzas» que tuvieran «probabilidades de frustrarla», por lo que «el hombre de centro» tenía que definirse respecto a «la clase» a la que pertenecía, pues no quedaba otro camino que el de «la beligerancia[114]».

El discurso político se había exacerbado de tal modo que las llamadas a la violencia y a la fuerza fueron constantes. La imagen, y ya no solo la palabra, se había convertido en un elemento de persuasión. Un cartel de Acción Popular, integrada en la CEDA, pedía que se votase a favor de una «España, una, justa, fuerte»; «contra la revolución y sus cómplices», decía otro en el que la palabra «Asturias» aparecía con grandes caracteres que envolvían el rótulo de «civilización marxista». En un cartel a favor del Frente Popular se iba incluso más allá en la zafiedad del mensaje y se representaba a Gil Robles, con el báculo obispal, entre calaveras, en clara referencia a los muertos de la Revolución de Octubre, de los que le consideraban responsable; se añadía que esos eran sus poderes. El cartel respondía a otro inmenso que en la madrileña Puerta del Sol, sobre La Mallorquina, mostraba perfilada en un dibujo la cara de Gil Robles sobre una multitud haciendo referencia a sus grandes mítines y señalaba que esos eran sus poderes: «Dadme la mayoría absoluta y os daré una España grande». En otros carteles más pequeños, distribuidos por toda España, se leía —en lema que curiosamente se hizo luego famoso durante la guerra pero en el bando republicano—: «¡NO PASARÁN! No pasará el marxismo. No pasará la masonería. No pasará el separatismo», porque «España les cierra sus puertas. Para impedirlo Gil Robles pide al pueblo TODO EL PODER». El discurso de la anti-España había calado también en Acción Popular y uno de sus carteles electorales esgrimía el eslogan: «¡Votad a España! ¡Contra la revolución y sus cómplices!». Un partido se arrogaba la representación de la nación como otros se arrogaban la representación de la revolución, que también identificaban como la verdadera España, pues algunos de los carteles de los partidos integrados en el Frente Popular hacían llamadas explícitas a la revolución e identificaban a la CEDA con el fascismo europeo, como los enemigos que venían de fuera. Todo este juego de representaciones simbólicas se intensificaría tristemente a partir de julio.

César González Ruano muestra bien en un artículo titulado «Bécquer y las elecciones», publicado en ABC el 4 de febrero, esa dicotomía frentista, en este caso, a favor de las derechas y utilizando todos los tópicos maniqueos sobre la revolución: «La próxima lucha electoral decidirá para nuestra traspasada e infeliz España una de estas dos tendencias: la europea, liberal, evolutiva, o la asiática, dictatorial, revolucionaria; la orientación espiritual o la orientación marxista que propugna la muerte de las esencias espirituales». Y luego se pregunta que si ganaran las izquierdas se podría seguir hablando de Bécquer, del amor, de Dios o si, por el contrario, se caería «en la noche salvaje y cerrada del marxismo, del culto biológico, del amor libre y de la negación sistemática de los derechos del alma, de la sublime esperanza de la fe». El triunfo del marxismo supondría, según Ruano, que «las mujeres que amáis» serían «de todos», los hijos odiarían a los padres, el «pequeño ahorro» conseguido con sacrificio sería «arrebatado» y «la Cruz» sería «pisoteada».

Ruano buscaba la movilización del sentimiento, pero había un componente de realidad que los socialistas no podían borrar aunque hubieran querido, que muchos no querían. Lo recordaba Maeztu: «ahí está la revolución de Asturias para demostrar que no se trata de un peligro imaginario. De no humear todavía las ruinas de Oviedo, la gente no creería en la revolución». Por eso llamaba a que «las derechas se organizasen en alguna forma de movimiento fascista para hacer frente al peligro» con un «espíritu de milicia[115]».

La negativa de los socialistas a participar en el Gobierno, impuesta por Largo Caballero, hacía que la estabilidad de cualquier Gabinete dependiese del PSOE. Mientras, Araquistáin seguía desde Leviatán y Claridad promoviendo la violenta retórica en favor de la dictadura del proletariado y había interpretado el triunfo electoral como un plebiscito a favor de la Revolución de Octubre[116]. Por otro lado, la estrella política de Fernando de los Ríos, que había salido elegido diputado por Granada, estaba en completo declive. Apenas intervino en las Cortes y no parece que fuera especialmente activo en las negociaciones para formar un Gobierno presidido por Prieto cuando Azaña fue elegido presidente de la República el 10 de mayo, tras la maniobra para echar a Alcalá Zamora. En cualquier caso, la oposición de Largo Caballero impidió que tal Gabinete cuajase. Besteiro, por su parte, diana de las críticas de los seguidores de Araquistáin, seguía en sus trece anticolaboracionistas pero por motivos distintos a los de Largo Caballero. Su apuesta continuaba siendo la vía sindical para conseguir mejoras laborales y políticas que beneficiasen a las clases trabajadoras. Muy consciente de la situación, en la conferencia que impartió el 23 de mayo de 1936 en El Sitio de Bilbao sobre «El rumbo de la República», decía: «La República conservará su buen rumbo o lo perderá y eso dependerá en gran parte de que el Partido Socialista y la Organización Obrera conserven su rumbo o lo pierdan[117]».

La primavera de 1936 se caracterizó por la movilización en las calles y la violencia. Algunos intelectuales como Marañón tenían claro que el mundo estaba sufriendo «una lenta y profunda transformación», de la que eran reflejo los episodios que aparecían en la prensa de todo el mundo «humeando y sangrando», pero no parecía estar especialmente preocupado porque el comunismo estaba ya «infestado de burguesía» y los regímenes fascistas tenían «desde lejos reflejos rojos». En el caso de España, sin que dejase de ver los peligros, le parecía que Azaña suponía «una garantía», porque era un «hombre de tan claro sentido histórico y de tan altas condiciones como gobernante[118]».

Unamuno, en cambio, vivió con mucha inquietud el desbordamiento de la violencia. Veía que hasta a los niños se les estaba educando en la «mala crianza» del odio y que «el ambiente de la calle» era de «una insolencia salvaje», «hija de enfermedad colectiva, de locura comunal», que no traía sino «la monotonía del escándalo y la rutina de la estupidez colectiva», y que no era una «revolución permanente» como algunos la llamaban sino un «motín y no más». Ese clima solo servía, según Unamuno, para entretener y mantener «la estupidez comunal. A la que miman los que debieran corregirla. Y la miman mintiendo […]. Mintiendo y creyendo, o más bien queriendo hacer creer que cuando llegue el último incendio se apagará con mangas de riego de tanques. […] ¡Pobres hombres que no saben conciliar un sueño de paz! ¡Y pobre pueblo!». «Estupidez, estupidez, estupidez», insistía Unamuno un mes después: «¡Y no se hable de ideologías, que no hay tal! No es sino barbarie, zafiedad, malos instintos». Y añadía: «Cada vez que oigo que hay que republicanizar algo me pongo a temblar, esperando alguna estupidez inmensa». Y recordaba «aquellas Constituyentes, de nefasta memoria», en las que le parecía que radicaban muchos de los problemas que habían venido después. «Dios nos perdone», escribía, y recordaba que él no había acudido a las sesiones donde se discutió el artículo 26 sobre las relaciones de la Iglesia y el Estado y que no lo había votado[119]. Pero era tarde para arrepentimientos, porque otros pensaron que ya no era hora de republicanizar nada sino de desrepublicanizar y establecer una dictadura militar autoritaria.

Capítulo X

Ansias de normalidad.
La policía y la República

Diego Palacios Cerezales[1]

La proclamación de la República el 14 de abril de 1931 supuso incertidumbre para las fuerzas policiales, que vieron cómo los republicanos y socialistas a quienes habían perseguido «salían de la cárcel y las barricadas» y se sentaban en el Gobierno[2]. A su vez, las nuevas autoridades republicanas pronto descubrieron los dilemas y dificultades de gobernar en una sociedad compleja y conflictiva. La propaganda contra la monarquía había denunciado la violencia policial y tanto republicanos como socialistas habían prometido la disolución de la omnipresente Guardia Civil. Una vez en el poder, se encontraron con que «una cosa era tomar el poder pacíficamente y otra muy distinta mantenerlo y controlarlo con las mínimas garantías de fidelidad y eficiencia[3]».

La historiografía ha criticado las reformas policiales de la Segunda República, considerándolas insuficientes, y carga una parte de la culpa de las dificultades de la República sobre los hombros de la organización policial. Según esta versión, la continuidad en las personas y las prácticas encargadas del control policial de la acción colectiva, caracterizadas por la violencia y la intransigencia ante el ejercicio del derecho a protestar, produjo una exacerbación de los conflictos sociales, dificultando la consolidación del nuevo régimen. Este tipo de críticas, renovadas recientemente por los trabajos de Chris Ealham, recogen la insatisfacción de republicanos, anarquistas y socialistas por la coerción, las palizas en comisaría o la aplicación de la «ley de fugas» durante la vida de la República, al igual que por la pervivencia de la Guardia Civil, que es pintada de un modo unilateralmente negativo. También estos críticos presuponen que la policía ni comprendía ni respetaba las vivencias, las aspiraciones y los comportamientos de las clases bajas y que las acciones que se derivaban de esa actitud deslegitimaron la República a ojos de los sectores populares[4]. En contraste con estas tesis, Rafael Cruz ha argumentado que los reglamentos policiales españoles eran similares a los de Francia, Gran Bretaña o Portugal, por lo que, más que fijarse en la organización policial, habría que hacerlo en la política de exclusión de los gobernantes y en las restricciones al uso de las libertades de reunión y manifestación a los adversarios políticos[5]. Otras críticas a la idoneidad democrática de la policía heredada por la Segunda República señalan el carácter militar de la Guardia Civil y de los mandos superiores del cuerpo de seguridad, equiparando ese militarismo con una incapacidad para apreciar y respetar el ejercicio de los derechos de ciudadanía cuando estos implican movilización y conflicto. Sin embargo, todas las gendarmerías de las democracias europeas, o la Policía Montada del Canadá, tenían y tienen carácter militar, sin que eso les impidiera funcionar en regímenes democráticos[6]. Lo más singular de la tradición militarista española residió en la aplicación de la jurisdicción militar a los paisanos que se enfrentaban a la Guardia Civil, situación que, aunque discutida, se mantuvo durante la República[7].

Este trabajo, contrariando la lectura mecánica del inmovilismo y la intransigencia policiales, así como de sus efectos, muestra que el análisis del sistema policial español durante el primer bienio republicano hace difícil sostener que nada estuviera cambiando. Como veremos, las transformaciones fueron de envergadura, y ganan especial relieve si se colocan en un contexto comparativo y se tienen en cuenta las dificultades y dilemas inherentes a las reformas policiales que se emprenden durante las transiciones a la democracia que vienen acompañadas de efervescencia social[8]. Además, tanto en la primavera de 1931 como en la de 1936, los problemas que la desautorización del uso de la fuerza policial como «represión ilegítima» contra «el pueblo» sustrajeron al Gobierno de la República los recursos necesarios para convertir sus decisiones en mandatos vinculantes, un problema de gobernabilidad clásico en los cambios de régimen que costó al Gobierno una pérdida añadida de legitimidad y obstaculizó sus proyectos democratizadores[9].

Como ha propuesto Gerald Blaney en su análisis de la Guardia Civil durante la Segunda República, la policía constituye un grupo social complejo y diverso, con sus propias preocupaciones y presiones, que produce y reproduce una cultura institucional que condiciona su reacción a los acontecimientos[10]. Parte de la historiografía, al subordinar la comprensión de las actitudes y comportamientos de la policía al problema del militarismo, ha eludido estudiar las motivaciones específicas de los guardias y policías a lo largo de la República[11]. Al igual que la de la clase obrera, la actitud de la policía hacia la República, sus instituciones y hacia el conflicto social, se formó por su experiencia vital en los últimos años de la monarquía y durante la República, y fue cambiando al calor de los acontecimientos y al sabor de las interpretaciones con las que se les daba sentido[12]. Había, sin duda, un puñado de agentes de policía con simpatías republicanas y socialistas, y muchos más ingresaron en los distintos cuerpos a lo largo de los años. Y también los había resueltamente monárquicos, como los hubo después simpatizantes de la CEDA o de Falange. También es cierto que algunos policías protagonizaron episodios muy significados en la vida política, como el asesinato de Calvo Sotelo. Sin embargo, el análisis de las actitudes y los comportamientos de las fuerzas policiales durante los últimos años de la monarquía y los seis de República no puede conformarse con atender a las convicciones políticas de aquellos agentes que las albergaran, sino que debe preocuparse por las características organizativas y funcionales de los cuerpos, su subordinación al poder político y los efectos de su constante intervención en los conflictos sociales. Aunque la política estuviera presente en la vida policial, en este trabajo resaltaremos los componentes de su autonomía como organización. Como veremos, había corrientes reformistas en la policía con un proyecto de profesionalización independiente de los partidos políticos. Al tiempo, las tensiones entre una concepción más civil y otra más militar de la policía, protagonizada esta por parte de los oficiales del Ejército que en ella servían, atravesaban las propias organizaciones. Como descubrió a disgusto el general Mola cuando en 1930 se hizo cargo de la Dirección General de Seguridad, en la policía abundaban los grupos y las envidias y, además de desavenencias entre militares y civiles, había rencillas por las posibilidades de carrera de las distintas promociones, que por los cambios legislativos variaban según la época y las circunstancias de acceso al cuerpo[13].

1. LAS VOCES DE LA POLICÍA

La policía, desprovista del prestigio de los ejércitos, subordinada a las autoridades políticas y privada de derechos sindicales, no suele contar con una voz propia en los grandes conflictos. No faltan, sin embargo, ni fuentes ni instrumentos de análisis para abordar una reconstrucción de sus motivaciones durante la Segunda República.

Como primera aproximación a una de esas fuentes, este trabajo se asoma a las publicaciones profesionales de la Policía Gubernativa. Esta organización, la tercera policía en importancia cuantitativa tras la Guardia Civil y los Carabineros, estaba formada en 1930 por dos cuerpos, el de «Vigilancia», de paisano, y el de «Seguridad», uniformado, ambos de carácter civil, aunque el segundo con mandos comisionados del ejército (v. tabla 1). Su despliegue se concentraba en las capitales de provincia y en algunas otras localidades urbanas[14]. La Guardia Civil siguió siendo la mayor fuerza policial durante toda la República, y merecidamente se le han dedicado importantes trabajos, pero el estudio de la Policía Gubernativa resulta de particular relevancia en la medida en que los gobiernos del primer bienio la favorecieron en el reparto de competencias policiales, en especial con la creación de la Sección de Asalto, lo que se tradujo en su crecimiento exponencial durante toda la vida del régimen.

TABLA 1:

Evolución cuantitativa de las fuerzas policiales 1930-1935

Las revistas policiales permiten observar una parte de las vivencias, reivindicaciones y aspiraciones de los policías durante el cambio de régimen y los seis años de República. No se trataba de revistas oficiales dedicadas a transmitir orientaciones, formación y espíritu de cuerpo al conjunto de la organización, sino de pequeñas empresas periodísticas con dos o tres redactores, en las que escribían algunos agentes y comisarios con preocupaciones profesionales y se publicaban entrevistas y reportajes de interés para los policías. A falta de vida sindical u organismos representativos, las revistas se proponían como representantes de los intereses de los policías ante los mandos, el poder político y, en menor medida, la opinión pública[15]. También sostenían campañas reivindicativas por varios motivos, como la creación de una escala de oficiales de policía por promoción interna, la equiparación del Cuerpo de Vigilancia con un cuerpo técnico del Estado, la paga de las horas extras, o la reforma del uniforme para sustituir el incómodo casco por una gorra. Los artículos reivindicativos se sucedían número tras número, pero siempre manteniendo el tono respetuoso con las autoridades adecuado a una organización jerárquica y disciplinada. Además de entrevistas, reportajes sobre la policía de una localidad u otra, artículos de opinión, de criminalística, y una selección de noticias sobre temas policiales del extranjero —como técnicas de identificación, nuevo material, o la captura de gángsteres—, estas publicaciones reproducían noticias y artículos de la prensa generalista que hicieran una referencia elogiosa a la policía, o propusieran reformas con las que la revista estaba de acuerdo. También glosaban, para criticarlas, las declaraciones y los artículos menos simpáticos con la policía. Aunque estas publicaciones no son, ni podrían ser, portavoces orgánicos de las fuerzas de policía, permiten reconstruir una parte de sus vivencias, preocupaciones y aspiraciones, así como delinear la existencia de una cultura profesional propia.

En 1930 solo funcionaba una revista, el quincenal Policía Española: revista independiente, profesional y de información, en la calle desde 1891. Durante las décadas anteriores había coexistido con varias competidoras efímeras y, tras la proclamación de la República, surgieron otros títulos: Investigación, dedicada al Cuerpo de Vigilancia, nació en mayo de 1933[16]; en septiembre de 1934 comenzó la importante publicación de ¡Presente…!: órgano defensor del Cuerpo de Seguridad y Asalto, con un formato y una abundancia de fotografías que le permitían competir en lujo gráfico con Policía Española[17]. A estos dos quincenales se sumaron Policía Gubernativa, en junio de 1935, y la revista mensual El Benemérito Español, en agosto de ese año, esta, defensora de los postulados militaristas en el seno de la policía. En estas publicaciones se citan otros títulos difíciles de localizar, seguramente de menor difusión.

2. «LOS GOBIERNOS PASAN, PERO LA POLICÍA QUEDA»

Como puede leerse entre líneas en Policía Española, el cambio de régimen introdujo temores en las filas policiales[18]. No obstante, según el general Mola, los guardias del Cuerpo de Seguridad estaban tan sobrecargados por el control de las algaradas de 1930 y 1931 que recibieron la República como un alivio[19]. La abstención de la Guardia Civil durante el 14 de abril, el carácter esporádico de los choques entre guardias y manifestantes en esos días de fiesta republicana, así como la inactividad general del Cuerpo de Seguridad, facilitaron un pacífico cambio de régimen, así como que las fuerzas policiales no se significasen como adversarias de la República[20].

Durante los primeros días, por las calles de Madrid y otras ciudades patrullaron jóvenes republicanos y socialistas que, identificándose con un brazalete como «guardia cívica», suplieron la inactividad provisional de la Policía Gubernativa. Mientras tanto, el nombramiento de Miguel Maura como ministro de Gobernación y de Carlos Blanco como director general de Seguridad —quien ya había servido en ese puesto durante el Gobierno reformista de García Prieto— podían tranquilizar a los guardias e indicar que se pretendía la continuidad de la infraestructura policial del Estado[21]. Sus nombres no hacían presagiar ninguna ruptura y las medidas contra el personal policial fueron limitadas. En la Guardia Civil se trasladó a los mandos de las localidades donde las relaciones con los socialistas o los republicanos del lugar estuvieran envenenadas[22]. En el Cuerpo de Vigilancia (policía de paisano), en cambio, se habló de grandes purgas, que tomaron cierta envergadura a finales de mayo, cuando el radical-socialista Ángel Galarza sustituyó a Carlos Blanco en la Dirección General de Seguridad (DGS) y promovió expedientes de depuración para los agentes que más se habían distinguido en la persecución de la oposición política durante los últimos años de la monarquía[23]. Galarza también hizo que se destruyeran las fichas policiales de socialistas y republicanos[24].

Pero en la policía no todo había sido persecución de los conspiradores. Durante los últimos meses de la Monarquía, algunos agentes de Vigilancia habían contemporizado con los republicanos, quizá por no tener confianza en cuál sería el desenlace político de los conflictos, y habían silenciado la actividad conspirativa, redactando informes falsos que la encubrían[25]. La prensa policial también había barajado la eventualidad de la llegada de la República y, durante 1930, algunos articulistas de Policía Española habían proyectado un papel para los agentes en caso de una revolución triunfante. Ni el régimen ni el Gobierno importaban:

[…] la policía sostiene el orden presente, hasta que el mando cambia de mano, en cuyo momento sostiene el orden que impone el vencedor, que encarna entonces el de la voluntad nacional, […] nada importa que en el choque se llegue a las violencias naturales de las agitaciones colectivas, ni que se derrame sangre […], cuando la calma renace, la policía, libre de culpa personal, limpia de pasión y rencores, continúa su actuación abnegada[26].

Tras la proclamación de la República, Policía Española destacaba que el «Gobierno provisional, que hace dos días era comité revolucionario, habla ya con lenguaje de gobierno, con los principios, las exigencias, los deberes y las responsabilidades de todo gobierno[27]». Y a ese Gobierno había de obedecer la policía, porque como ya había dicho durante los años anteriores, «los gobiernos pasan, pero la policía queda [y] sostiene el equilibrio social y sirve de dique a la anarquía y a la devastación[28]».

«La policía no era de izquierdas ni de derechas», había repetido Policía Española[29]. Sí era irreconciliable con el anarquismo «que no entra en ningún régimen ni programa de gobierno» y en la revista también se habían publicado artículos anticomunistas, pero los redactores insistían en la semejanza de las instituciones policiales españolas con las de repúblicas como Francia o Estados Unidos. Si bien había artículos elogiosos con la organización centralizada y profesionalizada de la policía fascista italiana —con su cuerpo de oficiales de policía independiente del Ejército y sus sofisticadas escuelas de formación—, también, cuando la revista hablaba de la Alemania de Weimar, subrayaba positivamente el papel de los «socialistas» en la modernización y conducción de la policía de Berlín[30]. ¿Y cuál era la «virtud del policía»?: «servir a la ley y al poder constituido, sacrificarse acallando su ideología, sus íntimas convicciones, ante el imperativo del deber[31]».

3. LA REPÚBLICA COMO OPORTUNIDAD DE MODERNIZACIÓN

Entre los policías que intervenían en la vida intelectual del cuerpo había una importante corriente profesional que reclamaba la dignificación social de la policía, el reconocimiento de que su actividad requería formación técnica específica y una limitación de la dependencia política y militar. Como botón de muestra, la revista Policía Española conmemoraba la «reforma La Cierva» de 1908 como fundadora del cuerpo, pues, al establecer el ingreso mediante oposiciones y cerrar el escalafón policial, «había separado la vida policial de los caprichos de la politiquería y el caciquismo». Igualmente, la revista había lamentado la militarización de los mandos y jefaturas durante la Dictadura de Primo de Rivera, que bloqueaba el ascenso de los comisarios y contradecía la aspiración de dar un carácter más civil a todo el cuerpo[32]. Los oficiales eran transferidos del ejército y, tras su paso por la policía, volvían a este. Ese era un tipo de «militarismo» que a los defensores de la profesionalidad les parecía peor que el de la Guardia Civil, donde buena parte de la oficialidad provenía de ascensos dentro del cuerpo y pasaba por una escuela propia, por lo que contaba con experiencia y conocimientos policiales antes de ejercer el mando. La caída de la monarquía y la construcción de un nuevo régimen republicano suponían, para los reformistas policiales, una oportunidad para hacer avanzar sus aspiraciones[33].

Desde la proclamación de la República, Policía Española solicitaba lo mismo que había pedido a los Gobiernos de la Monarquía y se felicitaba cuando lo conseguía. La actitud de la revista era de colaboración, proponiéndose como representante de los intereses de la profesión e interpelando en cuanto tal a los poderes públicos. Los sucesivos directores generales de seguridad fueron recibidos con buenas palabras, y la revista expresaba siempre la esperanza de que estos hicieran suyas las reivindicaciones históricas de la policía.

Por encima de otras consideraciones, la principal reivindicación era separar las tareas policiales de todo tipo de dependencia política y militar. La revista quería una organización policial nacional, civil, centralizada y profesional, formada y mandada por funcionarios del Estado. Por eso rechazaba que en las provincias los cuerpos policiales se subordinaran al Gobierno civil, de confianza política, y pedía una administración profesionalizada, bien como la de los prefectos franceses, bien directamente policial. La aspiración se justificaba como una mayor profesionalización de los criterios de actuación de la policía, pues suponía que así el diseño de los dispositivos de orden público se sustraería de los cálculos políticos y se subordinaría únicamente a la ley[34]. Una policía autónoma y capaz, se estimaba, se legitimaba como servicio público y obtendría el aprecio y el respeto que reclamaba de la población. En esos términos y con entusiasmo fue recibido el nombramiento del comisario Ricardo Herráiz como nuevo director general de Seguridad en enero de 1932. Se trataba de un hombre de la Policía Gubernativa, y su nombramiento rompía la tradición de designar para ese puesto a oficiales del Ejército o a juristas[35]. Sin embargo, tras su dimisión en marzo del mismo año por las torpezas en la investigación inicial de los atracos de la banda del Dr. Muñiz (el anarquista Felipe Sandoval), el cargo no volvería a recaer en la profesión, que recibía como un triunfo las pocas jefaturas provinciales de policía que no eran entregadas a oficiales del ejército[36].

La actuación de los cuerpos policiales hasta el 14 de abril había sido denostada por el uso desmedido de la fuerza en los conflictos sociales, el trato poco respetuoso a los detenidos y, en general, por la falta de habilidad para intervenir en los desórdenes sin incrementar la violencia y el descontrol de la situación. Además, las intervenciones represivas que mataban civiles resultaban políticamente costosas, tanto para las autoridades como para las propias fuerzas de policía. Estas, a su vez, recibían mal las críticas por los usos de la fuerza, pues consideraban que, en el juego político, gobernantes y opositores las utilizaban como peones: como peones de los gobernantes que no se hacían responsables de las condiciones de ejecución de un servicio; y de los críticos e «intelectuales» que, sin tampoco hacerse cargo de las circunstancias, se resistían a las indicaciones de los agentes, se quejaban del maltrato policial para protestar contra el Gobierno y «acababan sus juergas insultando a los guardias[37]».

Los reformistas de la policía solían plantear que la acción violenta de los agentes no provenía de su voluntad, ni de su alegada falta de espíritu cívico, sino del poco respeto hacia los guardias por parte de la población y de la necesidad de hacer cumplir la ley y los mandatos de las autoridades mediante el uso de los medios disponibles. Frente a quienes acusaban de brutalidad a las fuerzas de policía, ellos señalaban siempre las resistencias, disparos, navajazos y apedreamientos por parte de los manifestantes, y listaban los funcionarios heridos o muertos. La inseguridad física de los agentes era siempre un motivo de preocupación[38]. Algunos estudios señalan que durante el primer tercio del siglo XX la frecuencia de la violencia en la protesta popular, más allá de gritos y amenazas, era pequeña[39]. No obstante, durante la Segunda República hubo un claro aumento de la violencia física y del uso de armamento; además, los casos más significativos, como los linchamientos de guardias, eran comunicados y comentados y funcionaban como referencias de qué se podían esperar los agentes de una multitud movilizada[40]. La sensación de vulnerabilidad en situaciones descontroladas pesaba sobre la relación de la policía con el resto de la sociedad y puede explicar muchas de las ocasiones en las que actuaba expeditivamente y recurría a la violencia[41].

La policía tenía claro que el uso de la fuerza era un ingrediente de su actividad. Prefería que fuese el mínimo necesario, y para ello reclamaba el respeto del público y, al Gobierno, medios disuasivos que hiciesen innecesaria la fuerza. A falta de un método para evaluar la proporción o desproporción de cada uso de la fuerza, solía recurrir a ejemplos del extranjero: por una parte seleccionaba casos que mostraran la necesidad de usar las armas incluso en países «más civilizados»; por otra, mostraba los esfuerzos organizativos y técnicos de otros países como mejoras que la policía española podría adoptar si las autoridades se preocupasen por ello. Para los reformistas policiales, las soluciones para los excesos de fuerza pasaban por dos vías: la primera era proteger jurídicamente la integridad y la vida de los agentes hasta el punto de penar extraordinariamente toda violencia contra ellos —y señalaban que esa circunstancia era la que granjeaba especial respeto al guardia desarmado británico—. La segunda vía consistía en modificar las circunstancias técnicas de la intervención de la policía, dotándola de medios para controlar las situaciones de conflicto sin necesidad de recurrir a las armas más letales. Eso significaba aumentar las plantillas creando brigadas especializadas y numerosas; entrenarlas en el uso de armamento moderno no letal —como porras, gases lacrimógenos y mangas de agua— y motorizar a la policía para que montara los dispositivos preventivos a tiempo, o al menos interviniese antes de que los conatos de desorden se agravasen. También reclamaba una mejor policía preventiva, con la generalización de las cédulas de identidad, una ley de vagos que redujese las garantías jurídicas y procesales para los criminales reincidentes, así como dinero para ganar la confidencia de porteros y otros delatores en los barrios donde conspiraban los «extremistas[42]». La sección de «noticias del extranjero» de Policía Española del año previo a la proclamación de la República destacaba los grandes y compactos cordones de varias filas de guardias que en Berlín, Londres o Nueva York eran capaces de canalizar o dispersar una manifestación agresiva usando solo los cuerpos, brazos y puños, o como mucho la porra, usando la fuerza de modo limitado. En cambio, los guardias de seguridad españoles acudían mucho más desamparados ante las multitudes, en grupos pequeños y armados con sable y pistola, armas mortíferas que acababan utilizando ante la imposibilidad de hacerse obedecer de otra manera[43]. La falta de medios de la policía hacía que a menudo pidiese el refuerzo de los tercios de reserva de la Guardia Civil, que empleaban armamento de guerra[44]. Algunos reformistas ponían especial énfasis en la adopción de la panoplia más moderna de medios técnicos no letales, como los gases lacrimógenos y las bombas de agua, como fórmula ideal para controlar desórdenes de modo incruento. No obstante, la posición más general era la de no confiar excesivamente en estos, y preferir la protección jurídica del guardia y el aumento de plantillas[45]. Los términos del análisis y el debate en los círculos policiales españoles eran muy similares a los que habían precedido las reformas de los medios antidisturbios en otros países[46].

Las reflexiones de Policía Española sobre las condiciones técnicas de una policía antidisturbios moderna eran compartidas por algunos responsables políticos. Un primer esbozo de sección antidisturbios para el Cuerpo de Seguridad de Madrid lo organizó el General Mola en vísperas de la proclamación de la República, que seleccionó a una treintena de guardias para la entonces llamada «sección de gimnasia», armada con porras en vez de sables[47]. También adquirió gases lacrimógenos, que se usaron sin éxito en los intentos de desalojar a los estudiantes de medicina durante los incidentes del hospital San Carlos[48].

Una vez proclamada la República, en el Gobierno provisional Alcalá Zamora presionó a Miguel Maura, ministro de Gobernación, para que cambiara la organización de la Guardia Civil, preocupado como estaba tanto por los costes políticos de una imagen represiva como por los asociados a una imagen de permisividad ante la violencia social[49]. Con los ecos de la fiesta por el cambio de régimen todavía frescos, se produjeron los incidentes del Primero de Mayo en Barcelona, las quemas de iglesias y conventos en varias localidades y la Guardia Civil mató a ocho manifestantes en Pasajes, acontecimientos que forzaron al ministerio a tomarse en serio la ruptura del ciclo de protesta-represión-muertes-protesta antirrepresiva, que conllevaba deslegitimación política. Disparar sobre la gente que desobedecía a la Guardia Civil, como en Pasajes, era políticamente costoso, pero dejar las calles en manos de militantes violentos de uno otro signo, también. La centralidad de este dilema puede medirse en el peso de los debates políticos sobre la violencia policial y en los sucesivos ceses de directores generales de Seguridad tras episodios de pérdida de control y/o represión sangrienta: de Carlos Blanco tras las quemas de conventos de mayo de 1931 —en las que la movilización anticlerical aprovechó la indecisión del Gobierno republicano a la hora de usar a la «monárquica» Guardia Civil para contener a los movilizados, a su vez republicanos— y de Arturo Menéndez después de los fusilamientos sumarios que siguieron a la sofocada rebelión de Casas Viejas.

Maura pretendía que las fuerzas policiales españolas adoptaran los medios y procedimientos más adecuados para controlar la protesta sin incurrir en más violencia que la mínima adecuada. La creación de la «sección de vanguardia», luego conocida como Guardia de Asalto, se inspiró plenamente en la idea de romper con la sinergia represiva del pasado. Miguel Maura lo contaba en sus memorias:

Lo ocurrido los días 11 y 12 de mayo —la quema de conventos en Madrid— me había confirmado el temor de la imposibilidad de hacer frente a los conflictos de orden público en las ciudades con la Guardia Civil, como único instrumento. Ni su armamento —el tradicional fusil Máuser, de largo alcance y de manejo lento— ni el uniforme del Cuerpo, ni su rígida disciplina, podían adaptarse a las luchas callejeras y a la labor preventiva en las ciudades. Cada vez que intervenían era inevitable que el número de bajas fuese elevado, dado su armamento y obligado modo de proceder[50].

El radical-socialista Ángel Galarza como nuevo director general de Seguridad y el teniente Agustín Muñoz Grandes como mando directo se encargaron de formar una primera Sección de Vanguardia y Asalto en Madrid, escogiendo a ochenta hombres con buenas características físicas, algunos de ellos reclutados entre los jóvenes socialistas y republicanos que habían formado parte de la guardia cívica de los primeros compases de la República[51]. En vez de sables y fusiles, los guardias de Asalto llevaban porra y pistola; además tenían órdenes de «no sacar las armas de fuego si no es con una orden expresa de sus superiores y solo en casos extremos». Según las instrucciones tácticas, su finalidad principal era «disolver con probabilidades de éxito cualquier grupo numeroso, empleando procedimientos incruentos pero convincentes», y, como destacaba la prensa, «todas las cuestiones deben resolverse mediante el avance de estos jóvenes corpulentos, sacudiendo golpes de porra que duelen pero no matan[52]». Para Ángel Galarza también era importante que el dispositivo policial fuera autosuficiente y no se tuviera que recurrir a la suspensión de garantías ni a la movilización de tropas del ejército[53]. Con los mismos objetivos se reforzó la caballería del Cuerpo de Seguridad con un segundo escuadrón en la capital. Al tiempo, sus sables fueron sustituidos por fustas largas «como las de la guardia montada inglesa[54]».

Para los redactores de Policía Española, la creación de la sección de Asalto supuso una referencia para la modernización de conjunto del Cuerpo de Seguridad. Varias características se valoraron muy positivamente: el control del uso de la fuerza, el uniforme sencillo, la gorra de plato en lugar del casco, la pelliza invernal en vez del capote, los nuevos y espaciosos acuartelamientos, la ordenación rígida de la jornada, los vehículos y el material modernos y las rotaciones para que siempre hubiera tiempo para el entrenamiento físico y técnico. Policía Española presionó para que en toda la Policía Gubernativa se sustituyera el casco por la gorra, y el sable por la porra, lográndolo en julio de 1931 y felicitándose por ello. Ángel Galarza solo estuvo en la DGS entre mayo y diciembre de 1931, pero sus iniciativas se recordaron posteriormente como un avance hacia la profesionalización de la policía.

La revista también vio como un logro que se confiara plenamente en la policía para el control de la protesta en Madrid, sin recurrir al ejército ni a la Guardia Civil. La única insatisfacción respecto a la Guardia de Asalto era que las secciones las mandara un capitán del Ejército, en vez de un comisario civil, y que, en el organigrama, el jefe de sección se denominara con el militar nombre de «sargento[55]». Policía Española aplaudía toda inversión en la construcción de una policía «moderna y democrática» libre de las servidumbres del militarismo:

La principal característica del guardia debe ser la cívica; no debe ser preciso militarizar a un policía para que obtenga del ciudadano el respeto que se le debe; no es preciso regir a un cuerpo por ordenanzas militares para que su disciplina sea rígida. Las ordenanzas, el régimen interior, el prestigio, la autoridad jerárquica, el respeto del público tiene que conquistarlo el policía, precisamente porque lo es; porque en la calle es la representación de la autoridad civil, que es la soberana[56].

De todas maneras, pese al carácter militar de los mandos, los agentes de Asalto, como los del resto del Cuerpo de Seguridad, eran civiles, estaban sometidos a la jurisdicción penal civil y tenían derecho de voto, cosa que no sucedía con los guardias de la benemérita[57].

Guardias de Asalto provistos con porras disolviendo una manifestación en las calles de Madrid en 1932. La Guardia de Asalto fue un cuerpo policial creado al principio de la Segunda República para garantizar una política de orden público moderna y fiel a los dictados de las nuevas autoridades políticas.

El cambio de estilo policial que supuso la Sección de Asalto en las calles de Madrid, con la aparición repentina de cuarenta jóvenes fornidos desmontando ágilmente de sus camionetas, tomando posición y, si era necesario, interviniendo decidida pero incruentamente con sus fustas, no dejaba de ser subrayado por todos los comentaristas. «Jamás se había dado el caso de unos guardias ovacionados durante el cumplimiento de su acción represiva», escribía sorprendido el ABC[58]. En agosto de 1931 se creó una sección análoga para Barcelona y a partir de octubre se barajó la posibilidad de generalizar el modelo a todo el país[59].

4. UN NUEVO SISTEMA POLICIAL POR PIEZAS

La reforma global del aparato policial había estado sobre la mesa desde la proclamación de la República y, durante el primer bienio, se fue cimentando una nueva geografía de competencias policiales. La técnica jurídica seguida fue paralizar la aplicación del reglamento de Mola de noviembre de 1930, que aún era legislación de papel, dar libertad a la DGS para mantener o derogar discrecionalmente sus disposiciones y, a partir de esa indefinición, utilizar las leyes de presupuestos para rebautizar y reorganizar los cuerpos policiales[60]. Igualmente, las coyunturas de alarma, como los sucesos de Arnedo de enero de 1932 o la sublevación de Sanjurjo de agosto de ese año, se utilizaron para subordinar la Guardia Civil al Ministerio de la Gobernación y justificar los aumentos de plantillas de las secciones de vanguardia, con la idea de que casi todo el Cuerpo de Seguridad estuviera formado por hombres de Asalto. A partir de la primavera de 1932 las secciones de asalto también fueron dotadas de armamento de combate, como fusiles, ametralladoras o morteros, para que pudieran hacerse cargo de sofocar los desafíos insurreccionales. Con esa manera de proceder, muchos cambios de la organización policial no quedaron plasmados en reglamentos policiales estables, por lo que en parte han escapado a los rastreos historiográficos basados en los boletines oficiales. Sin que ningún decreto orgánico le diese vida, la Policía de Seguridad pasó a llamarse «Cuerpo de Seguridad y Asalto», mientras que el Cuerpo de Vigilancia se rebautizó como «de Investigación y Vigilancia», un nombre que era bienvenido por los reformistas de la policía porque reconocía la importancia de la ciencia y la técnica en las labores de identificación y prueba.

Durante el primer bienio también se crearon dos nuevas policías, un cuerpo de Policía Local para los municipios que no fueran capital de provincia, regulado en julio de 1931, y otro de Vigilantes de Caminos dependiente del Ministerio de Obras Públicas, creado en 1933. Según Gerald Blaney, en el diseño de estas fuerzas se pensó que con su despliegue y consolidación organizativa a medio plazo se podría sustituir a la Guardia Civil[61]. El Cuerpo de Vigilantes de Caminos, con mandos militares, se convirtió en una primera policía de tráfico, y fue reforzado en 1935[62]. La Policía Local, en nada subordinada a los ayuntamientos, debía ser un cuerpo nacional civil de investigación y vigilancia, con agentes en las localidades que estimase la DGS y formando una especie de segundo escalafón del Cuerpo de Investigación, en el que, en 1935, fueron incluidos sus agentes[63].

La contratación de guardias municipales se siguió haciendo, en cambio, localmente, y era una herramienta de caciquismo y favoritismo político, puesto que las alcaldías nombraban y cesaban a los guardias. En los conflictos de 1934-1936, en algunas localidades esa policía local encabezó fuerzas irregulares a las órdenes de partidos políticos[64].

Una línea sistemática de cambio en el modelo policial fue el intento de sustituir a la Guardia Civil en el control policial de los conflictos colectivos, las manifestaciones y los mítines. Ante todo en las ciudades, pero también en el campo. Además, como ya señalábamos, los episodios conflictivos servían para acelerar esa transformación. Entre fines de 1931 y comienzos de 1932 hubo un pico de intervenciones represivas de la Guardia Civil con resultados mortales, que en aquel lapso mató al menos a veinte personas[65]. El ciclo de enfrentamientos, que incluyó los sucesos de Castilblanco y Arnedo, causó un enorme debate público. Por una parte, los defensores de las virtudes tradicionales de la Guardia Civil acusaban al Gobierno de la República y a los partidos que lo respaldaban de haber desprestigiado a la benemérita y, consecuentemente, alentando agresiones contra ella, como el cuadruplo linchamiento de Castilblanco. Ese descrédito obligaba a los guardias a usar más fuerza que antes para hacerse respetar y «restablecer el principio de autoridad[66]». Para la coalición republicano-socialista, el repetido recurso a los disparos y el envenenamiento de las relaciones entre la Guardia Civil y «el pueblo» retrataba los problemas organizativos de esta fuerza y urgió el despliegue nacional de nuevas secciones de Asalto que sustituyeran a la Guardia Civil en el ámbito del orden público. Ya en enero de 1932 el Gobierno aprobó la creación de un total de veinte secciones de 125 hombres cada una, que con sus correspondientes mandos, vehículos y acuartelamientos se desplegarían en los lugares más conflictivos. En Madrid y Barcelona se reforzaba la fuerza existente, de modo que hubiera tres secciones en la capital y dos en Barcelona, mientras el resto se establecerían en Valencia, Málaga, Zaragoza, Sevilla, Oviedo, Salamanca, Murcia, Badajoz, Burgos, Córdoba, Coruña, Jaén, Bilbao, Ciudad Real y Logroño. La idea era que, a petición del gobernador civil, cada sección atendiera los conflictos colectivos dentro del radio de 120 km en torno a su sede, por lo que su jurisdicción se ampliaba a zonas rurales en las que antes nunca había operado el Cuerpo de Seguridad[67].

Durante el verano de 1932, y aprovechando en parte la derrota del levantamiento de Sanjurjo, también se produjeron más cambios importantes en el dispositivo de orden público. Se suprimió la Dirección General de la Guardia Civil en el Ministerio de la Guerra, pasando su nueva Inspección General al Ministerio de Gobernación; las fuerzas de carabineros también fueron subordinadas al poder civil y el 4 de septiembre de 1932 se dio a los gobernadores civiles poderes de inspección sobre las unidades de la Guardia Civil en su provincia[68].

Guardias civiles custodiando a los detenidos tras una revuelta anarcosindicalista en Bugarra (Valencia) en enero de 1933. La violencia provocada por las insurrecciones armadas campesinas fue duramente reprimida por las fuerzas del orden, especialmente por la Guardia Civil.

Además, en el pródigo verano de 1932 se decretó la creación de otras veinte secciones de Asalto, 2500 hombres más, lo que a su vez permitió proyectar el desmantelamiento de las dos brigadas móviles de la Guardia Civil (1400 hombres), que hasta entonces se encargaban del refuerzo concentrado de los dispositivos de orden público[69]. A cambio, se compensaba a la Guardia Civil entregándole el control de las líneas de ferrocarril, sustituyendo en esas labores a la Policía Gubernativa. Las nuevas compañías de Asalto se desplegaron durante 1933 en Valladolid, Santander, Granada, Cádiz, Alicante, Almería, Pamplona, San Sebastián, Pontevedra, Huelva, Gijón y Toledo.

De este modo se iba realizando el plan que habían delineado los sucesivos directores generales de Seguridad del primer bienio, Galarza, Herraiz y Menéndez: reducir las competencias de la Guardia Civil a la seguridad rural y los ferrocarriles, entregando el control policial de la acción colectiva a las secciones de Asalto del Cuerpo de Seguridad[70].

Seis meses después, en marzo de 1933, se creó un secretariado técnico para coordinar los servicios de la Policía Gubernativa y de la Guardia Civil, el embrión de un «verdadero ministerio de la policía» con rasgos próximos a los proyectos de reforma centralizadora que regularmente publicaba Policía Española. En los reportajes de 1933 la revista destacaba el despliegue de las secciones de Asalto, el carácter moderno y funcional de sus cuarteles y la supuesta simpatía con la que la población recibía a «la alegre fuerza de la República». Pero sobre todo llamaba la atención sobre el cambio que suponía su acción motorizada y el «efecto moral» de su rápida llegada a cualquier lugar conflictivo, dando seguridad a la ciudadanía y apocando a los perturbadores[71].

Finalmente, como colofón a este conjunto de reformas, las competencias de seguridad para el territorio catalán fueron transferidas a la Generalitat de Cataluña, donde se creó una Junta de Seguridad con poder sobre las distintas organizaciones de la Policía Gubernativa y sobre la propia Guardia Civil, lo que quebraba casi un siglo de funcionamiento de esta gendarmería como uno de los principales instrumentos del Estado centralista[72].

En Policía Española este conjunto de medidas fue en general bien recibido. Los únicos recelos los despertaba la transferencia de competencias a la Generalitat, argumentando que no creían que eso resolviera «el problema policial de Barcelona», al que veían como el resultado de una cultura de barrio marcada por la «ley del silencio» impuesta por el sindicalismo, que dificultaba la información y protegía a atracadores y pistoleros[73].

Para los escritores de temas policiales que habían saludado con esperanzas la proclamación de la República, la democratización del sistema político debería conducir a una pacificación de las relaciones sociales. Y la acción de la policía, respaldando leyes y órdenes emanadas de un cuerpo legislativo y un Gobierno que se correspondían con la voluntad de la nación, debía ser comprendida y apoyada por la ciudadanía. Ángel Galarza, para quien la paz «no es quietud del cementerio, sino ebullición con ritmo», consideraba que el orden público «era un resultante del bienestar público, la justicia y la anulación de privilegios»; por ello, la misión policial consistía en contener a los impacientes que ansiaban los beneficios de la transformación social promovida por la República, así como a los «inconscientes que defienden el estancamiento para no verse privados de sus privilegios[74]».

Las nuevas unidades motorizadas de la policía salen a las calles de Madrid para prevenir los efectos de la insurrección revolucionaria declarada por los anarquistas en diciembre de 1933. La insurrección provocó en toda España la muerte de 75 insurrectos, 14 guardias y 13 pasajeros de un tren descarrilado por la voladura de un puente en Puzol (Valencia).

La idea de que la policía fuera democrática porque el régimen lo era, y que lo que se necesitaba era «paciencia», no era fácilmente aceptada por los grupos sociales que pensaban la democracia de modo sustantivo y rechazaban la pertenencia al pueblo de aquellos que no recogían sus aspiraciones y, en cambio, hablaban en nombre de la ley, el sistema judicial o el Gobierno. Muchos episodios de conflictividad muestran que a menudo las clases populares veían a la policía como un cuerpo externo y opuesto al propio pueblo, que no respaldaba la justicia, sino la opresión social[75]. Frente a esto, en Policía Española se solicitaba repetidamente a los líderes políticos republicanos y socialistas una labor didáctica, que hiciera ver al pueblo los resortes democráticos que explicaban el comportamiento policial[76].

Según se escribía en Policía Española, la policía quería ser una fuerza pacífica y cívica en una sociedad pacificada, sirviendo unas leyes y a un Gobierno emanados de la voluntad popular. Sin embargo, las intentonas golpistas, la «gimnasia revolucionaria» de las insurrecciones anarquistas y el recurso a la acción directa armada por parte de los piquetes de huelga, ponían en riesgo la vida de guardias civiles y policías y estos usaban sus armas para hacerse obedecer, cumplir sus obligaciones, o para salvar sus vidas[77]. Para Policía Española esa violencia civil no se correspondía con la vida normal de la República, lo que a su vez impedía que la policía mostrara «la fisonomía verdadera de su ética y su cometido, […] ser una verdadera milicia ciudadana, compaginada con el público, objeto de su simpatía y de su aplauso, sostén de sus derechos y sus garantías, puntal del orden y de la legalidad[78]».

Las sucesivas experiencias hicieron desvanecerse el optimismo sobre la posibilidad de que la combinación de la legitimidad democrática, las políticas sociales y el nuevo perfil policial rebajaran el conflicto social, y sobre todo el riesgo para la vida de los policías. Al igual que algunos episodios adquirieron un carácter ejemplar que, a ojos de algunos sectores sociales, retrataba a la policía o al Gobierno —como la aplicación de la «ley de fugas» a cuatro sindicalistas en Sevilla, o la masacre de Casas Viejas—, los episodios de violencia contra la policía también sirvieron para estructurar las percepciones y actitudes de los guardias[79].

Ya en enero de 1932, algunas noticias destacaban la indefensión de los guardias municipales a los que algunos ayuntamientos republicanos habían desarmado, así como la insuficiencia de los dispositivos más suaves cuando se enfrentaban a multitudes organizadas y violentas[80]. No obstante, el balance del año 1932, a pesar de saldarse con decenas de policías y guardias civiles heridos y muertos en episodios de violencia política y social, no hacía que Policía Española retirara su confianza en la República, puesto que «la gran transformación del régimen del Estado […] naturalmente enciende las pasiones políticas». El mismo balance glosaba el esfuerzo organizativo y presupuestario que suponía el despliegue nacional de las secciones de Asalto, y confiaba en que «la titánica labor de perfeccionamiento» daría sus frutos[81].

Durante 1933 siguió apostándose por una panoplia técnica que sirviese para cumplir los fines policiales sin exacerbar los conflictos por un exceso de violencia. Se realizaron nuevas experiencias con gases lacrimógenos y se compró un camión-manguera para la policía de Madrid, «para disolver manifestaciones e intervenir cuando las multitudes no atienden a los requerimientos de la fuerza pública[82]».

Por fin, en agosto de 1933 se decretó una reforma de la Guardia Civil acorde al nuevo reparto de sus competencias con la Policía Gubernativa, una reforma que Policía Española glosó positivamente, sobre todo porque los compañeros de la benemérita iban a recibir mejores sueldos[83]. Pero ese aumento se hacía a costa de la disolución de nueve de los veintiocho tercios (incluidos los dos tercios móviles) y el desmantelamiento de dos centenares de puestos, ratificando que la Guardia Civil había perdido su autonomía como organización, se subordinaba a las directrices de la DGS y reducía su actuación a la seguridad rural y la patrulla de caminos[84]. Como ese recorte de competencias y proyección no gustaba a los oficiales de la benemérita, un gobierno que quisiera ganarse su simpatía solo tendría que deshacerlo.

En cambio, las reformas del primer bienio satisfacían al sector reformista de la policía, si bien mantenían numerosas reivindicaciones. No se había conseguido una oficialidad propia para el Cuerpo de Seguridad y Asalto, y esos puestos seguían siendo cubiertos por oficiales del Ejército en comisión temporal. Tampoco se había aprobado un nuevo reglamento para la Policía Gubernativa, por lo que los cuerpos funcionaban en una indeterminación jurídica que les hacía muy vulnerables a la injerencia política. Además, como ha mostrado Rafael Cruz, la aplicación por parte de los gobernadores civiles de las leyes de «Defensa de la República» y «Orden Público» para prohibir mítines, congresos, procesiones y manifestaciones, dependía del color político o religioso de los convocantes. Como los gobernadores evaluaban con gran arbitrariedad las posibles amenazas al orden público, usaban políticamente a la policía[85].

5. REFORMAS CON FRENO… Y MARCHA ATRÁS

El viraje político producido por la formación de los gobiernos del Partido Radical a partir de septiembre de 1933 también afectó a la transformación del sistema de orden público. En parte, el partido de Lerroux buscaba construir una República más inclusiva; además, le servía para intentar cimentar sus propios puntos de apoyo en la burocracia del Estado, el Ejército y la Policía, lo que implicó la reintegración a sus puestos de muchos militares, funcionarios y policías que habían sido postergados por motivos políticos. Si bien durante los primeros gobiernos radicales algunas reformas siguieron su curso, como la transferencia de competencias de seguridad a la Generalitat de Cataluña, el modelo policial en construcción cambió de orientación: se restableció la autonomía militar de la Guardia Civil, se desdibujó el reparto de las tareas de orden público entre esta y el Cuerpo de Seguridad y, «entre los duendes y trasgos que se refugian en la Dirección General de Seguridad», se recrudecieron las luchas sordas que enfrentaban a militaristas y civilistas por el control de los destinos de la policía[86].

La contrarreforma en la Guardia Civil comenzó antes de la celebración de elecciones. Por un decreto publicado el 18 de octubre de 1933, la benemérita se libró de la tutela de la DGS y su inspección recobró autonomía respecto a la supervisión civil[87]. La reconstrucción la completó Rafael Salazar Alonso en cuanto se hizo con las riendas del Ministerio de Gobernación, en marzo de 1934. Al igual que Lerroux, confiaba en el ejército como puntal de la República y consideraba que las órdenes de inhibición de la Guardia Civil durante las elecciones de noviembre de 1933 habían favorecido que «concentraciones de revolucionarios cayeran sobre los pueblos con sus banderas rojas, sus puños en alto y las estacas amenazadoras» condicionando el voto de muchos[88]. Salazar Alonso creía que las órdenes del primer bienio, de contención del uso de la fuerza por la Guardia Civil, habían sido contraproducentes y envalentonado a los «extremistas»; veía fundamental que el Estado no dejara la calle en manos de militantes agresivos solo por temor a provocar a determinados grupos políticos o causar víctimas. Cuando el general Miguel Cabanellas, director de la Guarda Civil, se presentó ante él en el Ministerio comunicando la voluntad de este cuerpo de «republicanizarse», le respondió que lo que quería era «que la Guardia Civil sea, ante todo, la Guardia Civil[89]». En poco tiempo se deshicieron las reformas orgánicas y volvieron a funcionar los «tercios móviles[90]».

A su vez, para el mando del ahora llamado Cuerpo de Seguridad y Asalto, el primer Gobierno de Lerroux, con José Valdivia de director general de Seguridad, llamó de nuevo a tareas policiales a Agustín Muñoz Grandes, que estuvo al mando de esta policía hasta mayo de 1935[91]. A medida que este militar se hizo con las riendas del puesto, los rasgos civilistas de esta policía fueron siendo relegados. A finales de marzo de 1934, las órdenes de restricción en el uso de las armas de fuego que habían caracterizado inicialmente a los hombres de Asalto fueron substituidas por la de «llevar las armas con el seguro puesto y cargadas, y en la mano cuando los agentes van en los vehículos, para poder bajar rápidamente y repeler las agresiones[92]». Además, aunque Muñoz Grandes estaba obligado a permitir que los gobernadores civiles coordinasen la acción de sus hombres en cada provincia, su actitud fue la de centralizar la dirección de esta policía, regateando capacidad de mando a los gobernadores y, con ese comportamiento, reproduciendo con esta nueva fuerza las fricciones competenciales que tradicionalmente habían enfrentado a estos con la dirección de la benemérita[93]. El diseño policial del primer bienio quedaba irreconocible. La Guardia Civil volvía a funcionar como antes de la proclamación de la República, como cuerpo militarizado que desempeñaba sus funciones con gran autonomía del poder civil, mientras que la nueva Guardia de Asalto sumaba fuerza a la misma lógica.

Por detrás de estas medidas de respaldo a la Guardia Civil y centralización del Cuerpo de Seguridad y Asalto puede leerse la prioridad que los gobiernos del Partido Radical daban a lo que llamaban «restaurar el orden y prestigiar la autoridad», y en esos propósitos fueron bien recibidos por las publicaciones policiales[94]. Se trataba de recuperar el control de la calle, y de que los guardias no se sintiesen inhibidos ante una manifestación ilegal. No obstante, el coste político acarreado por los desmanes policiales del primer bienio hacía que eso no significase confiar en la crueldad represiva. Así, si bien la intentona revolucionaria anarquista de diciembre de 1933 se cobró de nuevo vidas de guardias civiles y policías, Policía Española se felicitaba de que la actuación preventiva y represiva «no hubiera dejado huella ni de una debilidad, ni de una acción rencorosa», y de que no se hubieran repetido las sangrientas represalias de Casas Viejas[95]. De hecho, el artículo de primera con el que se daba la bienvenida al año 1934, en el mismo número en el que se honraba a las últimas víctimas ocasionadas por la FAI, planteaba el carácter subsidiario de la policía respecto a los problemas que había que resolver para abordar bien «el problema del orden público y de la pacificación social»; «No es solo una cuestión de policía. La principal defensa de los países civilizados, hoy día, son leyes equitativas que encaucen principios e ideologías, fundados en humanitarias y justas reivindicaciones[96]».

Además Policía Española solicitaba una política activa para evitar el tráfico de armamento y aplaudía la propuesta del subsecretario de Gobernación Justino de Azcárate de «ilegalizar aquellas organizaciones extremistas, lo mismo sean de carácter proletario o de otro orden, que viven al margen de la ley, que expresamente declaran que no acatan los dictados de la misma y que lo demuestran en repetidos alzamientos revolucionarios[97]». Para prevenir la actividad revolucionaria, el Gobierno de Lerroux creó una nueva Oficina de Información y Enlace en la DGS, dedicada a «prestar atención a las tareas y a los servicios de información para la seguridad del Estado, controlando todo cuanto tuviera relación con las noticias “calientes” para los gobiernos republicanos en su lucha contra los enemigos interiores y exteriores[98]».

En las páginas de Policía Española se comentaba poco el cambio que había sufrido el proyecto de sistema policial del primer bienio. Atendiendo a las críticas al carácter errático y militarista de las reformas de los gobiernos radical-cedistas que publicó a partir de diciembre de 1935, puede inferirse que había decidido callar para mantener el principio de subordinación. También recibió lacónicamente la ley de amnistía de mayo de 1934, que, pensada para favorecer a los conjurados de Sanjurjo del verano de 1932, sacó de la cárcel a 3539 condenados. Policía Española, preocupada por la seguridad de los agentes, subrayaba que 1455 de ellos estaban presos por tenencia ilícita de armas y otros 531 por atentado[99].

Policía Española siguió con interés la organización de los servicios policiales en Cataluña. Muchos agentes pidieron transferencia para servir al Gobierno central, mientras que a veces era difícil la convivencia entre los viejos guardias y los nuevos reclutas, marcados por su catalanismo, lo que llevó a la prohibición de hablar de política en las comisarías. Estos problemas alimentaban los recelos de la revista hacia la transferencia de competencias, pero la Junta de Seguridad de la Generalitat iba también a reforzar la formación legal y técnica previa para los agentes, tanto de Investigación como de Seguridad. «No es bastante que vayamos a remolque de las demás naciones en materia policial», protestaba la revista, «sino que también de la región autónoma vamos a tener que copiar[100]».

Sin salir del ámbito técnico, la revista relanzó el debate sobre los gases lacrimógenos y la profesionalización: «como nosotros, la Policía Gubernativa, no tenemos por objeto aniquilar al “enemigo”, sino el fin humanitario del orden y la seguridad pública, debemos buscar el menor daño para quienes se rebelan contra la autoridad[101]». Los articulistas citaban con aprecio los estudios del Dr. Pérez Feito, que hablaba de los gases lacrimógenos como «solución humanitaria» para «reducir las víctimas y no crear mártires fácilmente explotables […] para la llamada lucha de clases[102]». Se trataba de buscar la mejor fórmula para dispersar a multitudes que violaban la legalidad, pero sin dañar a nadie. A pesar de los ejercicios y estudios, en España el uso de estos medios no letales fue muy esporádico, a diferencia de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, donde, como informaba la prensa generalista española, las marchas de parados eran sistemáticamente disueltas con gases lacrimógenos[103].

La polarización que afectó a la vida política durante 1934 también tuvo su reflejo en las publicaciones policiales. En octubre de 1934, en las vísperas de la insurrección de Asturias, se publicó el primer número del quincenal ¡Presente…! Su línea editorial, inspirada en la definición constitucional de España como «República de trabajadores de todas las clases», se articulaba en torno a un tema que también aparecía ocasionalmente en otras publicaciones policiales: considerar al agente como un obrero más cumpliendo con sus tareas «sin salirse nunca de la ley y velando constantemente por la libertad y la vida de los que trabajan[104]».

¡Presente…! se dedicaba a reivindicar mejores salarios y condiciones laborales, y subrayaba la sobrecarga de trabajo traída por «los rumores, la algarada callejera y la actitud de aquella o esta organización sindical», que obligaban a los guardias a concentrarse hacinados en las comisarías «en espera cachazuda de la orden de actuar en la calle para velar por la vida y haciendas de sus conciudadanos[105]».

Al tiempo que surgía la nueva publicación policial, la insurrección asturiana y la autoproclamación del Estat Català supusieron un viraje en el lenguaje de Policía Española. No solo murieron en los combates decenas de policías y un centenar largo de guardias civiles, sino que la implicación en la conspiración de Ángel Galarza, antaño loado exdirector general de Seguridad, y de otros socialistas con pasada responsabilidad ministerial, generó ansiedad. Las páginas se llenaron de denuncias de la posible información sobre la policía utilizada por los políticos que habían pasado fugazmente por posiciones de mando en la DGS y se radicalizó la exigencia de profesionalizar al máximo toda la estructura de mando. En las investigaciones posteriores, el jefe de la Oficina de Información y Enlace (servicios secretos), el capitán de la Guardia Civil, Vicente Santiago, tenía como principal objetivo descubrir al «agente X» que había filtrado información de la DGS a los conspiradores socialistas[106]. Llamativamente, los hombres de la Guardia de Asalto conjurados con los insurrectos de Madrid no sufrieron represalias, aunque Muñoz Grandes los conocía, lo que puede indicar las dificultades del equilibrio entre facciones dentro de las organizaciones de policía. El propio capitán Santiago protegió a muchos agentes complicados en los planes de insurrección[107].

Ante los combates y la sangre de la insurrección asturiana, la decana Policía española, que había adoptado un lenguaje republicano y de derechos ciudadanos, pasó a hablar de los «valores hidalgos», de «soldados de España», y de «conspiradores judaicos», en una verborrea que le duró cuatro meses, hasta que, sin volver al lenguaje republicano, pasó a tomar como principal adversario los vientos militarizadores que se ceñían sobre la policía[108]. La vocación de una policía «republicana» se defendía ahora en las páginas de la bisoña ¡Presente…! Su segundo número coincidía con la represión de la insurrección de Asturias y honraba profusamente a los guardias caídos, a quienes consideraba «honor de la República» contra «exaltados revolucionarios, turbas alucinadas, pistoleros y sediciosos[109]». En el siguiente número la revista abundaba en la idea: «[…] el 10 de agosto contra los monárquicos; el 8 de diciembre contra la anarquía y el comunismo; ahora contra el socialismo mal encauzado […] no importa contra quién. El caso es hallarse siempre junto a la República, madre generosa, para salvarla de los insurgentes y los insensatos que se atrevan contra ella […]»[110].

Después de la insurrección de Octubre, el Gobierno presentó una batería de medidas para el refuerzo de la autoridad, que incluyó la ampliación de las plantillas del Cuerpo de Seguridad y Asalto en cuatro mil hombres, y otro incremento equivalente en la Guardia Civil. Ya en enero de 1935, el ministro de Gobernación, Vaquero Cantillo, presentó a las Cortes un proyecto de reforma que consignaba la militarización del Cuerpo de Seguridad y Asalto. Detrás del mismo estaba Muñoz Grandes, que ahora hacía patrullar a los guardias con el mosquetón máuser, tanto en las misiones como en los desfiles[111].

Según el nuevo organigrama, el Cuerpo de Investigación y Vigilancia se veía reforzado por una nueva escala de dos mil vigilantes uniformados, que venían a suplir la dejación de funciones de auxilio que hasta ahora le prestaban los agentes de Seguridad. Todo el Cuerpo de Seguridad se convertiría en tropas de Asalto, que se centralizaba y militarizaba «hasta hacerlo muy parecido en su organigrama a la Guardia Civil[112]». Como ventaja para los guardias, se creaba una escala de ascensos internos desde guardia hasta coronel, pero pasaban a depender del código de justicia militar. «Me acusan los extremistas de organizar el Estado gendarme» decía el ministro, «pero no, mi designio es hacer una República fuerte, vigorosa, invulnerable, que disponga de los elementos precisos para impedir la subversiones frecuentes y evitar los despilfarras de sangre y de dinero[113]». El Gobierno radical-cedista, escarmentado por las experiencias revolucionarias y la violencia social, apostaba por la disuasión armada y dejaba de centrar la apuesta en que la policía se hiciera respetar por el comportamiento cívico de los agentes.

A los colaboradores de Policía Española no les gustó la reforma, frente a la que defendían su aspiración de una policía civil y ciudadana:

el proyecto va contra las esencias democráticas del régimen: sea con uniforme o sin él, la policía solo debe imponerse por lo que representa, es decir, no debe ser temida por el ciudadano por la exhibición de elementos de represión, sino todo lo contrario. El policía debe ser respetado y querido por el ciudadano con el apoyo de las leyes que defienden su gestión. En su servicio ordinario y normal su misión preventiva debe ser, además, educadora y amparadora; en período de revuelta debe emplear toda clase de elementos represivos para vencer cuanto antes toda resistencia que opongan los rebeldes, pero el empleo de estos elementos en casos excepcionales no justifican la acentuada militarización en un cuerpo de las características definidas[114].

Los Guardias de Asalto, máuser en mano, detienen a un sospechoso durante la manifestación del Primero de Mayo de 1934 en Madrid. La oposición de los grupos de izquierda a los gobiernos radicales y más tarde radical-cedistas agudizó la conflictividad social y política durante el segundo bienio, y sirvió como pretexto para volver a dotar a las fuerzas del orden público con armas de fuego de largo alcance.

Les parecía bien que hubiera posibilidades de promoción interna, pero en una escala de oficiales de policía civiles. Algunos articulistas de la republicana ¡Presente…! tenían menos problemas con esa militarización. La promoción interna al oficialato les resultaba atractiva, y también la independencia de la Guardia de Asalto frente a las autoridades civiles, signos que consideraban positivos para la profesionalización y el espíritu de cuerpo[115]. Por lo que puede saberse leyendo entre líneas, debió haber importantes pugnas entre las diferentes orientaciones dentro del personal de la propia Dirección General de Seguridad, hasta que, en mayo de 1935, «pensando que le minaban el terreno», Muñoz Grandes dimitió[116]. Eso no significó un abandono del proyecto militarista. Su sustituto como Inspector General, el teniente coronel Rafael Fernández López, compartía los propósitos de Muñoz Grandes:

la militarización total de las falanges de Seguridad y Asalto, constituye, a mi juicio, lo único que les falta de una manera definitiva para llegar al logro de una perfección suprema y absoluta. Una de las primeras bases de la reorganización es el incremento de la porción de mando de los jefes de las respectivas comandancias. Deseo que tales jefes, sin perder el contacto directo con su Teniente Coronel, puedan en muchos asuntos proceder motu propio por habérseles otorgado el mayor número de facultades de mando posibles[117].

Además, desde la guarnición de Barcelona, y con Gil Robles en el Ministerio de la Guerra abriendo campo a los oficiales militaristas, «unos entusiastas e ilustres jefes del Ejército e institutos armados» lanzaron una nueva publicación, la revista mensual El Benemérito Español, «que se propone divulgar entre los guardias de orden público, civiles y Carabineros, sanas doctrinas de moral militar […] y, en general, todo aquello que enaltezca las glorias patrias, la noble misión de nuestros institutos, así como sus proezas y meritorios hechos[118]». Desde el primer número de la revista se dedicaron a apoyar la completa militarización del Cuerpo de Seguridad, «en paridad de derechos y deberes con sus compañeros de la Guardia Civil[119]».

Frente a esas pretensiones, y ante una inconstancia recurrente en hombres y propósitos al mando del Cuerpo de Seguridad, Policía Española, desde el respeto a los superiores, no podía sino afirmar la especificidad profesional de las tareas policiales y reiterar las diferencias entre las finalidades y las técnicas militares y las de la policía, «que alcanzan a muchos extremos, pero donde se destacan mejor es en el espíritu que debe animar sus intervenciones, inspiradas en conseguir los objetivos con el menor daño posible[120]».

A pesar de las ansiedades generadas por los proyectos miIitarizadores, al acabar el año los problemas presupuestarios habían frenado las reformas[121]. Solo se había consumado la restitución de las competencias de orden público de Cataluña al Gobierno central y la supresión de la Escuela de Policía, una medida presupuestaria que escandalizaba a los defensores de la profesionalización de los agentes[122]. Finalmente, el año había terminado sin grandes convulsiones sociales o políticas, y al panteón de honor de la policía solo había que añadir a unos pocos hombres caídos en enfrentamientos con atracadores.

El final de 1935 también contemplaba la formación del gabinete de Portela Valladares y la salida del Gobierno de los ministros de la CEDA, lo que fue recibido por Policía Española como un alivio de las presiones militaristas. Acababan «casi dos años de un mando funesto sin par para la policía», con coroneles militaristas como jefes de Seguridad y Asalto, y una sucesión de directores generales de perfil político «desconocedores de la vida policial[123]». El nombramiento para este cargo del capitán Santiago, que llamaba «mi casa» al caserón de la Puerta del Sol, fue recibido con enormes expectativas, pues tenía doble experiencia policial: como oficial de la Guardia Civil, y no del ejército, y como director de la Oficina de Información y Enlace.

6. 1936: LA POLICÍA Y EL «FRACASO DEL ORDEN PÚBLICO»

1936 comenzó para Policía Española con los buenos auspicios de los proyectos de reforma policial civilista del capitán Santiago en el Gobierno de Portela Valladares, pero que se quedarían en nada ante el nuevo cambio de gobierno tras las elecciones de febrero[124]. A su vez, la campaña electoral movilizó a la revista en favor del reconocimiento pleno del carácter civil de los guardias de Seguridad y Asalto, logrando que la junta electoral reconociera que, a diferencia de los soldados o los guardias civiles, y gracias a que se habían frustrado los proyectos de 1935, los guardias de Asalto no estaban militarizados y podían votar[125].

La victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero llegó en un clima político muy polarizado. Corría incluso la voz de que, ante la presión de la calle, Azaña había anunciado que tras la victoria «habría que dejar al pueblo cuarenta y ocho horas de pillaje». Aunque la cita estuviese manipulada, pintaba bien el escenario más temido por las fuerzas de policía y apelaba a su responsabilidad de mantener el orden y la legalidad durante el cambio político. Policía Española reflejaba esos miedos al resaltar los aspectos que más le interesaron del primer discurso de Azaña en el Gobierno: que el programa político no lo tenía que realizar la base social de la coalición electoral, «que no debe perturbar la paz pública y malograr la victoria por motivos de impaciencia o de generosa prestancia en la consecución de los fines que todos nos mueven», sino el Gobierno, «su único ejecutor», cumpliendo la ley y exigiendo «la disciplina y el respeto a la autoridad constituida[126]».

Pero la oleada de movilizaciones, incluyendo la liberación de los presos de Octubre de 1934, el restablecimiento desordenado de los «ayuntamiento populares» y la ofensiva de los sindicatos agrícolas para imponer contrataciones y la paralizada reforma agraria, hicieron que en muchos lugares y momentos el proceso escapara de las manos del Gobierno. No se trataba de una ofensiva revolucionaria por la conquista del poder, sino de una generalización de las oportunidades de movilización en los distintos espacios de conflicto, permitida por la coincidencia de la lectura populista de la legitimidad electoral conquistada en febrero con la debilidad coyuntural de los aparatos del Estado[127]. La situación era difícil de manejar, puesto que para cumplir el deseo de que fuera el Gobierno quien, siguiendo la letra de la ley, realizase el programa del Frente Popular, debía utilizar a las policías para frenar a las bases sociales de la victoria electoral.

La policía se veía arrastrada al meollo de esas movilizaciones, con situaciones complicadas y sapos duros de tragar. La Guardia Civil recibió con desconfianza la amnistía de los prisioneros políticos, y le dolió la recepción como héroes socialistas de los condenados por el linchamiento de cuatro guardias en Castilblanco[128]. Del mismo modo, en las páginas de ¡Presente…! se expresaba, entre los cortes de la censura, una ansiedad explícita por la indecisión de los gobernadores civiles y la poca consistencia del respaldo político que necesitaban las fuerzas policiales para la defensa y conservación de las leyes de la República.

Lo primero que se quería era que las organizaciones obreras respetaran que el Gobierno era el único ejecutor de la política del Frente Popular. La policía, «formada por proletarios como ellos», estaba de su lado, pero no podía dejar que «la alegría interna del guardia por el triunfo de su clase social» le desviase de mantener la legalidad, puesto que más allá de su «júbilo interno por el triunfo de los candidatos populares», cada agente «debía obedecer a los resortes del mando» y «de todos es deber calmar los ánimos, sedimentando en los espíritus nobles los legítimos afanes de paz y de concordia[129]».

También, como en 1931, pedían comprensión a los «hogaño triunfadores» por las anteriores «represiones briosas de las violencias transgresoras del proletariado», pues «el que voluntariamente acepta una misión delegada de autoridad, tiene que sacrificar sus propias creencias políticas y limitarse a cumplir las prescripciones de sus superiores jerárquicos». Finalmente, a los policías recomendaba «nada de partidismos, nada de violencia ni de pasión en las represiones; nada de afán de lograr un éxito pasajero por reprobables medidas que ni las leyes ni los reglamentos autorizan ni consienten[130]».

Mantener a los cuerpos policiales alejados de la polarización política era difícil. Y además de haber encontronazos violentos con los guardias en los conflictos sociales, los atentados políticos también alcanzaron a la policía[131]. En marzo, los entierros de los agentes asesinados por pistoleros de la derecha y de la izquierda, en vez de homenajes de los compañeros y del Gobierno a los caídos, se convirtieron en funerales políticos con banderas y cánticos[132]. A estos los acompañaban contramanifestaciones y nuevos encontronazos armados, en una espiral deplorada por los escritores policiales, que querían aislar al máximo los agentes de la política:

No es admisible que estas manifestaciones de condolencia se conviertan en manifestaciones políticas de determinado matiz, según que el asesino de la víctima pertenezca a uno u otro de los bandos que vienen usando la violencia y la acción directa […]. Esto justamente ha ocurrido en las dos tristes jornadas aleccionadoras que apuntamos. En la primera, pertenecían a una tendencia extrema los que, olvidándose del respeto que merecía el cadáver, levantaron puños y gritaron desaforadamente contra las turbas fascistas. En el último, fueron estos los que vociferaron contra aquellos, complicando en su ideología, lo mismo en un caso que en el otro, a los pacíficos señores que asistían al acto, y, lo que es más grave, a los funcionarios compañeros del finado y representaciones oficiales, que por mandato de la ley deben permanecer apartados de las luchas políticas[133].

Las revistas policiales aprobaban todas las medidas de desarme. Y les resultaba escandaloso que algunos gobernadores civiles autorizaran que las milicias socialistas funcionaran como agentes de la autoridad, deteniendo a patronos que no obedecían a los jurados mixtos, o realizando buscas de armas: «¿Cómo es posible que unos señores cualesquiera por el solo celo del credo político en que militen se erijan en autoridades y manden en los guardias?»[134]. Un colaborador de ¡Presente…! también rechazaba la pusilanimidad de aquellos gobernadores que preferían acuartelar a las fuerzas policiales para que no se enfrentaran a la movilización popular cuando esta atacaba sedes de partidos o periódicos de la derecha, iglesias, o a otros adversarios, «desprestigiando al poder público». Así lo explicaba un artículo que respondía a la «carta de un amigo»:

Dices que la luminaria del incendio te enrojecía la cara en el cuartel y que las turbas, enardecidas, daban gritos subversivos, adueñadas de la calle; […] y que el gobernador había mandado acuartelar las fuerzas. En todos los casos dudosos, siempre es bueno abrazarse al principio de la disciplina. Ahora bien, cuando en tus inmediaciones […] se produzcan desórdenes de esa u otra naturaleza, no dudes en salir inmediatamente con tus fuerzas a reprimirlas como manda la ley de orden público, seguro de que cumples con tu deber y con la ley. Y si alguna autoridad incompetente censura tu conducta, le muestras los preceptos legales que te ordenan acudir adonde hubiera alteración del orden, y nada tienes que temer. Has de procurar distinguir estos hechos tumultuarios y agresivos de aquellas manifestaciones pacíficas que, incluso, pudieran estar autorizadas […][135].

Los manejos de los gobernadores civiles y sus cálculos de política local se convirtieron en uno de los principales focos de la crítica al «fracaso del orden público[136]». Por ello, la prensa policial volvía sobre el viejo proyecto de independizar los mandos policiales de toda influencia política, mediante una estructura nacional suficientemente autónoma. Y, finalmente, ninguna publicación policial aprobaba el restablecimiento de las competencias de orden público de la Generalitat de Cataluña, argumentando que la criminalidad no conocía fronteras[137].

Los esfuerzos del Gobierno por mantener la lealtad de los cuerpos policiales pasaron primero por la sustitución de muchos mandos nombrados durante el bienio anterior, que se podían considerar vinculados a las tramas militares, pero que también hacían parecer que prevalecía el favor político sobre la eficacia policial[138]. Además de la lealtad de los oficiales, los gobiernos republicanos buscaron cimentar la lealtad de los hombres, dando valor a los honores republicanos que habían ganado algunas secciones de Asalto y atendiendo a sus reivindicaciones materiales[139]. Ante la crisis, las revistas policiales recibieron especialmente bien las medidas de pacificación general, como las repetidas órdenes de desarme y, sobre todo, la ilegalización de las milicias de partido, una pieza clave para la reconstrucción del desajustado sistema de orden público. Cuando a comienzos de mayo tomó posesión el nuevo jefe del Cuerpo de Seguridad, el teniente coronel Pedro Sánchez Plaza, su proyecto de acción parecía destinado a encabezar ante el Gobierno las aspiraciones históricas de los policías. Primero consiguió la gratuidad del ferrocarril para los guardias de Seguridad y Asalto, extendiendo a ellos un privilegio del que ya disfrutaban guardias civiles y carabineros. Después presentó en el Congreso un proyecto para que por fin hubiera ascensos a oficial de policía a partir de los puestos de suboficial y, cuando llegó la guerra, estaba luchando por que se abonaran a los agentes los pluses que se les debía por las movilizaciones a tiempo completo durante los estados de alarma y guerra de los años anteriores[140].

A la sublevación militar del 18 de julio el Gobierno opuso las fuerzas leales de Seguridad y Asalto, dotadas desde 1932 con medios sofisticados de combate, y de la Guardia Civil. El Gobierno concentró en Madrid fuerzas de las provincias vecinas, que atacaron con decisión el Cuartel de la Montaña y resultaron decisivas para lograr la rendición de los militares pronunciados en la capital; sin embargo, con su concentración dejaron desguarecidas las provincias adyacentes y facilitaron allí el triunfo de la sublevación o, dependiendo del lugar, el control de la calle por las milicias civiles. En Barcelona fue la Guardia Civil la fundamental para sofocar la rebelión, codo con codo con militantes de la CNT, mientras que en otros lugares las iniciativas de los oficiales intermedios, al mando de las distintas unidades, determinaron las lealtades de las fuerzas de policía y el resultado provisional de la insurrección, antes de su conversión en guerra. Hubo numerosos guardias civiles que, desobedeciendo órdenes, se sumaron a la insurrección, y también hicieron lo mismo un número significativo de agentes del cuerpo de Vigilancia; en cambio, en Seguridad y Asalto, a pesar de algunas defecciones, la lealtad al Gobierno fue la norma[141].

* * *

En contraste con la historiografía que explica parte de la pérdida de legitimidad popular de la República por la falta de reformas de la policía y su actitud violenta, en este texto se muestra que los gobiernos del primer bienio introdujeron toda una serie de alteraciones en la naturaleza y las formas de actuación de los cuerpos policiales que podrían haber modificado las relaciones entre la policía y la sociedad respecto a las de la monarquía, y reforzado la protección del ejercicio de los derechos de ciudadanía. Además en la policía había un sector comprometido con una transformación modernizadora y civilista de esta, que se expresaba en los principales medios de la vida intelectual del cuerpo y defendía la dignificación profesional y el respeto por la ley, frente a la colonización por oficiales del ejército y el capricho del cálculo político.

Pero las reformas no eran fáciles en medio de la gran movilización social que caracterizó la corta vida de la Segunda República. Desde la primavera de 1931, el intento de reducir el uso de la fuerza por la policía, con medidas como dejar acuartelada a la Guardia Civil para que no interviniera en episodios de movilización social transgresora, u ordenándola no disparar, conllevó una desautorización de esta antes de que se hubieran consolidado las nuevas técnicas antidisturbios y se hubiera completado el despliegue de la Guardia de Asalto. Durante el segundo bienio, algunas reformas se deshicieron y otras cambiaron de sentido. En parte, la contrarreforma buscaba restablecer el respeto a las fuerzas de policía, en especial a la Guardia Civil, cuya falta dificultaba la gobernabilidad, la seguridad jurídica y la vigencia de la ley; pero también pretendía satisfacer a los sectores militares afines a los nuevos gobiernos. En la propia policía hubo resistencias al componente más militarista de esos cambios, que no llegaron a consumarse. Finalmente, los gobiernos de Portela Valladares, primero, y de Manuel Azaña y Casares Quiroga, después, se comprometieron con recuperar el sentido civilista que se había pretendido dar a la policía de la República durante el primer bienio, pero la victoria electoral del Frente Popular desencadenó de nuevo la desautorización de las fuerzas de policía.

La policía vivió las tensiones políticas y sociales de la República a través de un prisma propio. Los episodios insurreccionales, en especial el de Asturias de 1934, al igual que la conflictividad de la primavera de 1936, pusieron a prueba sus actitudes hacia la República. Empero, aunque la violencia social y política facilitó los argumentos de quienes entendían que la función principal de la policía no era la protección de los derechos de los ciudadanos, sino la disuasión de la acción de los «extremistas», no acallaron a quienes propugnaban la profesionalización policial, es decir, la definición de un ámbito de competencias específico para la policía distinto al del ejército y más vinculado a la ley que a la voluntad del poder ejecutivo.

Es difícil saber qué hubiera sucedido sin el levantamiento militar del 18 de julio de 1936. No obstante, entre mayo y julio, el progresivo compromiso del Gobierno con el restablecimiento del principio de autoridad tras su fracaso durante los meses anteriores, compromiso que supuso choques sangrientos entre las fuerzas policiales y distintos grupos obreros y campesinos, junto con la lealtad general mostrada por el Cuerpo de Seguridad y Asalto al Gobierno de la República frente a la insurrección militar, parecen indicar que desde mediados de mayo la recomposición del sistema de orden público estaba en marcha, y que se daban las condiciones para que se restableciera el funcionamiento institucionalizado de la vida política, es decir, para que fueran el Gobierno y las leyes quienes marcaran la forma y el ritmo de la aplicación de los programas de transformación social que habían vencido en las urnas.

Las revistas policiales independientes dejaron de publicarse a partir del inicio de la guerra. Y en los dos bandos aparecieron otros títulos, pero orientados por las autoridades y dedicados a reproducir consignas. La militarización completa consustancial a la guerra, junto con el protagonismo de las policías políticas paralelas en las retaguardias, acalló las aspiraciones profesionales de los reformistas policiales, que pasaron a dormir un largo sueño del que solo despertarían a la muerte del general Franco.

CUARTA PARTE

Otras voces

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FERNANDO DEL REY REGUILLO es Catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos. Ejerce como docente universitario desde el curso 1985-1986. Tiene reconocidos por la CNEAI cuatro sexenios de investigación.

Especialista en la historia política de España y Europa en el período 1870-1945, su investigación se ha centrado en las relaciones entre la política y los intereses económicos, el asociacionismo empresarial, el conservadurismo autoritario, la Segunda República española y la violencia política. En la actualidad investiga sobre el papel de la intransigencia política y la violencia en la historia de Europa y de España en el período de entreguerras.

Como autor o coautor principal, entre sus publicaciones destacan los siguientes libros: La Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 1887-1987. Historia de una institución centenaria (Madrid, 1988); Propietarios y patronos. La política de las organizaciones económicas en la España de la Restauración (1914-1923) (Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992); La defensa armada contra la revolución. Una historia de las guardias cívicas en la España del siglo XX (Madrid, 1995); El poder de los empresarios. Política e intereses económicos en la España contemporánea (1875-2000) (Madrid, 2002, que fue finalista del Premio Nacional de Historia en 2003); The Power of Entrepreneurs. Politics and Economy in Contemporary Spain (New York-Oxford, 2007); y Paisanos en lucha. Exclusión política y violencia en la Segunda República española (Madrid, 2008).

Notas

[1] JULIÁ (ed.), 1995, pp. 11-12. <<

[2] Desde enfoques dispares, buenas y equilibradas síntesis sobre la República son las de PAYNE, 1995a, GIL PECHARROMÁN, 2002, JULIÁ (coord.), 2004, y RANZATO, 2006. <<

[3] OVERY, 2009, pp. 14-25; como testimonio de época, es obligado ZWEIG, 2001. <<

[4] Crisis de las democracias, en LINZ, 1991, y FERGUSON, 2006, pp. 306-310. La lista de países que asistieron en Europa al derrumbamiento o liquidación de los regímenes parlamentarios y/o democráticos fue larga: Rusia (1917), Hungría (1920), Italia (1922), España (1923 y 1936), Turquía (1923), Polonia (1926), Portugal (1926), Lituania (1926), Albania (1928), Yugoslavia (1929), Estonia (1930), Alemania (1933), Bulgaria (1933), Austria (1933), Letonia (1934), Grecia (1936), Rumania (1938) y Checoslovaquia (1939). Tres sugestivas visiones globales del período, en WISKEMANN, 1984, KITCHEN, 1992, y FUSI, 1997. <<

[5] NOLTE, 1994, pp. 11-27; PIPES, 2002, pp. 39-76 ss.; WILLIAMS, 2003, pp. 133-180 y 221 ss. También, MALIA, 1990, y FIGES, 2000. <<

[6] ZAMOYSKI, 2008. <<

[7] PAXTON, 1974, p. 271. Las jornadas de agosto, en FRITZSCHE, 2006. <<

[8] OVERY, 2009, pp. 33-42. <<

[9] PAYNE, 1982 y 1995b; BOREJSZA, 2002; PAXTON, 2005; VEIGA, 1989; COSTA PINTO, 1994. <<

[10] LINZ, 1991; REMOND, 1991; FERGUSON, 2006, pp. 310-311; OVERY, 2009, pp. 100-106 y 110-111. <<

[11] MAZOWER, 2001, pp. 12 y 18-20. <<

[12] MAZOWER, 2001, pp. 34-43. La cita, en pp. 37-38. <<

[13] OVERY, 2009, pp. 106-111. <<

[14] MOSSE, 1999, pp. 181-206 y pássim. <<

[15] FURET, 1995. <<

[16] BOREJSZA, 2002, pp. XIX y 8-9. <<

[17] GREGOR, 2002, pp. 12-13. <<

[18] GREGOR, 2002, pp. 19-35 y pássim. <<

[19] NÚÑEZ PÉREZ, 1993. <<

[1] Letra de Orobón Fernández: STyL, n.o 16, XI-1933, p. 414. Agradezco a José ÁLVAREZ JUNCO y Manuel ÁLVAREZ JUNCO sus sugerencias tras leer el borrador del capítulo. <<

[2] El 14 de abril, en JULIÁ, 1984. Editorial, Luch, 24 de abril de 1931. <<

[3] Bar, 1981; MEAKER, 1978; ELORZA, 1972. <<

[4] MARSHALL, 1993, pp. 9, 443-451, 481-485, 505-506 y 659; VAN DEL LINDEN y THORPE, 1992. AIT, en WOODCOCK, 1979, pp. 252-254. <<

[5] ELORZA, 1973, pp. 351-352; BRADEMAS, 1974, p. 40; GÓMEZ CASAS, 2002, pp. 69-131. La FAI seguía las tesis de Bakunin y Kropotkin sobre la doble organización. Solo el control anarquista de la CNT podía evitar su deriva reformista o comunista: PANIAGUA, 2008, pp. 84 y 209. <<

[6] Sobre Los Solidarios, GARCÍA OLIVER, 1978; Paz, 1996; LORENZO, 1972, pp. 47-48; y GIRÓN CALERO, 1996. La estructura de la FAI, en KERN, 1978, pp. 97-98; y CHRISTIE, 2000, pp. 50-52. Los Urales, en TAVERA, 2005; GABRIEL, 1979; PANIAGUA, 1982, pp. 83-91, y ELORZA, 1973, pp. 363-369. <<

[7] UCELAY y TAVERA, 1994; UCELAY, 1995 y 1982, pp. 92-101 y 117; BRADEMAS, 1974, pp. 28-31 y 48-56; GARCÍA OLIVER, 1978, pp. 82-89; BARRIO, 1988, pp. 307-308. <<

[8] Editorial, SO, 11 de abril de 1931. También Editorial y chiste del 1 y 10 de abril de 1931. <<

[9] Editorial y «Manuel Azaña…», SO, 31 de marzo y 1 de abril de 1931. EALHAM, 2005, p. 112; BRADEMAS, 1974, p. 57, dice que en un pleno en Valencia la CNT decidió aconsejar el voto a los candidatos de izquierda. <<

[10] «Las elecciones» y «Otra vez…», TyL, 29 de marzo de 1931. Luch, 10 de abril de 1931. <<

[11] EALHAM, 2005, pp. 109-113; TOWNSON, 2002, pp. 21-22 y 207; MAURICE, 1990, pp. 101-114; RADCLIFF, 2004, pp. 128-129, 152, 159 y 188. <<

[12] SO, 15 y 16 de abril de 1931. EALHAM, 2005, pp. 114-115, 149-150. <<

[13] WINSTON, 1989, pp. 275-280. <<

[14] CASANOVA, 1997, pp. 28 y 84-87; VEGA, 2004, pp. 108-109, 146, 167 y 353, y 1987, pp. 64-66, 101-102 y 188-189; MAURICE, 1990, pp. 28-30; GUTIÉRREZ MOLINA, 1994, p. 168; KELSEY, 1994, p. 187; JULIÁ, 1984, p. 189. <<

[15] ÁLVAREZ JUNCO, 1988, pp. 41-42 y 49-50; PÉREZ LEDESMA, 1985, pp. 211-215; CRUZ, 1993, p. 132; PAYNE, 1995a, pp. 29-30; SEIDMAN, 1991, pp. 41-42; VAN DER LINDEN y THORPE, 1992, pp. 26-28, subrayan el papel de los servidos sociales y la institucionalización de la negociación colectiva en el declive del anarcosindicalismo. <<

[16] Entre 1920 y 1929 el crecimiento anual del PIB fue del 4 por 100: CARRERAS, 2005, p. 1344. Y el gasto en los Ministerios nacidos del antiguo de Fomento, que incluyen educación, sanidad y obras públicas, se duplicó en el decenio, superando el 20 por 100 del gasto total del Estado, llegando al 30 por 100 durante la República, pese a la crisis. El gasto público creció en 1930-1933 un 17,2 por 100: TORTELLA, 1994, pp. 358-359, y MARTÍN ACEÑA, 1004, pp. 386-389; PALAFOX, 1991, pp. 216-224, subraya que el gasto en obras públicas fue inferior al de la Dictadura. Niveles de consumo, en SEIDMAN, 1991, pp. 39-40. <<

[17] Editorial, SO, 17 de abril de 1931. MACARRO, 1995a, pp. 142-144; VEGA, 1987, pp. 50-54; UCELAY, 1985, p. 145; GABRIEL, 1975, pp. 17-18. Sobre la concepción constructiva de la revolución: PANIAGUA, 1982, pp. 117-177, y ELORZA, 1973, pp. 388-405. <<

[18] Editorial, SO, 18 de abril de 1931. <<

[19] Editorial, SO, 23 de abril de 1931. <<

[20] «Un insulto…», «La justicia…», «En defensa…» y «Perspectivas…», SO, 18, 18, 19 y 22 de abril de 1931. Alcalá Zamora y la sangre, en Editoriales, 28 y 29 de abril de 1931. Editorial, Luch, 24 de abril de 1931. URALES, RB, 1 de junio de 1931, pp. 1-3. ÁLVAREZ JUNCO, 2005, pp. 134-142. <<

[21] Editorial, Luch, 24 de abril de 1931. URALES, RB, 1 de junio de 1931, pp. 1-3. ÁLVAREZ JUNCO, 2005, pp. 134-142. <<

[22] GARCÍA OLIVER, 1978, pp. 111-119 y 162-163. «Un primero de Mayo trágico», TyL, 8 de mayo de 1931. «Los sucesos…», Luch, 8 de mayo de 1931. «Un primero de mayo sangriento», SO, 3 de mayo de 1931. <<

[23] «La posición del Anarquismo…», TyL, 19 de abril de 1931. <<

[24] «La lucha del pueblo…», «Primero de mayo» y «Lo que debe hacer la República», TyL, 26 de abril y 1 de mayo de 1931. «A todos los trabajadores de Barcelona», SO, 17 de abril de 1931. UCELAY, 1995, p. 61, dice que el tiroteo del 1 de mayo buscaba amenazar a Macià para que rompiera con el Gobierno de Madrid y radicalizara la República desde Barcelona. <<

[25] «Los grandes comicios…», TyL, 20 de junio de 1931. Durruti y García Oliver hablan por la FAI en La Tierra, 2 y 3 de octubre de 1931: Paz, 1996, p. 298, y GARCÍA OLIVER, 1978, pp. 124-126. Durruti urgió la revolución libertaria para impedir que la consolidación de la República condujera a la socialdemocracia. <<

[26] UCELAY y TAVERA, 1994, pp. 124-126; UCELAY, 1995, pp. 57-62. En Gijón la CNT, dirigida por los sindicalistas, mantuvo «relaciones informales con los federalistas»: RADCLIFF, 2004, p. 194. <<

[27] MACARRO, 1985, pp. 141-145; MAURA, 2007, pp. 132 y 369. PESTAÑA habla de los contactos de anarquistas sevillanos con Franco en «Informe», BCNT, octubre de 1931, pp. 6-12. <<

[28] MACARRO, 1985, pp. 115-121; CASANOVA, 1997, pp. 20-21; MAURA, 2007, p. 132. <<

[29] BALLBÉ, 1985, pp. 319-321; MAURA, 2007, pp. 362-363; «¡¡Protestamos!!», SO, 28 de mayo de 1931; BRADEMAS, 1974, p. 63; MACARRO, 2000, p. 65; KELSEY, 1994, pp. 92-94 y 100. <<

[30] Editoriales, SO, 5, 6, 8, 9 y 13 de mayo de 1931. <<

[31] «La Confederación Nacional del Trabajo ante el momento actual», Editoriales y «¡¡¡Protestamos!!!», SO, 14, 26, 29 y 28 de mayo de 1931. <<

[32] SO: Editoriales de 25 y 30 de junio de 1931 (ERC y tras elecciones); R. S., 3 de junio de 1931 (radicalsocialistas); recuadro (R. Franco), 28 de junio de 1931; los ataques a la derecha, en editorial de 26 de junio de 1931 y chiste del 24. <<

[33] Luch: ataques, en recuadros de 5 y 26 de junio y 10 de julio de 1931, y URALES, 17 y 24 de julio de 1931; la negación del antirrepublicanismo, en URALES, 31 de julio de 1931; la revolución libertaria, en Editorial, 19 de junio de 1931. F. MONTSENY: la ingenuidad, en Luch, 8 de mayo de 1931 y RB, 1 de junio de 1931, pp. 9-11; las arremetidas, en Luch, 19 de junio, 10, 24 y 31 de julio de 1931. <<

[34] M. RIVAS, «Vibraciones» y «Adelante…», TyL, 6 y 27 de junio y 1 de agosto de 1931. <<

[35] VEGA, 1987, p. 62; GARCÍA OLIVER, 1978, p. 130. La disciplina, en El CN de Defensa, 1934, p. 14. J. Eroles, TyL, 27 de junio de 1931, llama a los «cuadros de defensa y combate», «sangre y nervio, en un futuro muy próximo, de las gestas proletarias españolas que han de asombrar al mundo». En abril de 1932 se constituyó el CN de Defensa: GUTIÉRREZ MOLINA, 1993, p. 66. <<

[36] CNT-AIT, 1931, pp. 30-31, 115 y 72-95, lo de la FAI, URALES y Federaciones de Industria. Sobre el funcionamiento interno de la CNT: MONJO, 2003. <<

[37] CNT-AIT, 1931, pp. 115-120; el debate, en pp. 120-123 y 128-136. <<

[38] VEGA, 1987, p. 87. Las cifras de las huelgas, en id., 2004, pp. 183-184 y 253-257; MACARRO, 1985, pp. 67-72 y 2000, pp. 65-66. <<

[39] Para todos estos conflictos: BRADEMAS, 1974, pp. 70-82; EALHAM, 2005, pp. 156-167; BARRIO, 1988, pp. 355-359; RADCLIFF, 2004, pp. 298-300; el Comité de Paro, BCNT, n.o 4, enero de 1932, pp. 26-27; GUTIÉRREZ MOLINA, 1994, pp. 198-209; KELSEY, 1994, pp. 97-103; MACARRO, 1985, pp. 148-156 y 171-174; PAYNE, 1995a, pp. 72-75; JULIÁ, 1984, pp. 183-188, contrapone la dinámica de las huelgas de la CNT y la UGT. La insurrección sevillana, en MACARRO, 1995a, p. 147, y «La lección del sur», TyL, 22 de agosto de 1931. La presión a los comités, en El Comité de CNT, BCNT, octubre de 1931, pp. 13-14. BLÁZQUEZ, 2009, pp. 709-718, siguiendo sobre todo la prensa derechista, contabiliza 288 muertos de abril a diciembre de 1931, de los que 15 entre las fuerzas del orden (5 por 100) y 110 anarquistas (38 por 100), a los que habría que añadir la mayor parte de los 94 sin filiación conocida, más del 90 por 100 de ellos obreros. <<

[40] CASANOVA, 1997, pp. 36-46; MACARRO, 2000, pp. 61, 69 y 76; BALLBÉ, 1985, pp. 340-341. <<

[41] SO, Editoriales de 2, 22 y 25 de julio y 7 de agosto de 1931; «A la opinión…», 25 de julio de 1931. <<

[42] SO, Editorial, 26 de julio de 1931; «Unas declaraciones de Quintanilla», 28 de julio de 1931. <<

[43] SO, Editoriales de 13 de junio, 2 y 20 de agosto de 1931. También A. GONZÁLEZ, Solid, 8 de agosto de 1931. «Adelante…», TyL, 1 de agosto de 1931. <<

[44] PESTAÑA, 1974, pp. 613-621. «La FAI piedra de escándalo», TyL, 26 de septiembre de 1931. <<

[45] MAURA, 2007, pp. 361, 365 y 406; AZAÑA, 2007, pp. 625 y 95. Faístas armados, en EALHAM, 2005, p. 201. Conclusión, en TOWNSON, 2002, p. 193. <<

[46] AZAÑA, 2007, pp. 94-95. <<

[47] BCNT, n.o 7, junio de 1932, pp. 22-23. <<

[48] CABRERA, 1983, pp. 15 y 142; MAURA, 2007, p. 363. Los 108 muertos, en PEIRÓ, 1975, p. 310. Los 223, en M. RODRÍGUEZ, CNT, 13 de septiembre de 1933. <<

[49] Tesis clásica: BALLBÉ, 1985. Nuevos estudios: BLANEY, 2005 y 2007. Subordinación del derecho de reunión: CRUZ, 2006, pp. 34-42 y 118. <<

[50] «Actas del Pleno de regionales…», BCNT, n.o 6, mayo de 1932, pp. 18-21. Jerez, en CARO, 2001, pp. 229-236. <<

[51] PALAFOX, 1991, pp. 199-202; MARTÍN ACEÑA, 2004, p. 375, y MALUQUER, 2005, p. 1179, hablan de subidas de salarios en torno al 15 por 100 entre 1930 y 1933. Las consideran mayores CABRERA, 1983, pp. 131-132, y MACARRO, 1985, pp. 33-39; cita en p. 33. <<

[52] PAYNE, 1995a, p. 135; CRUZ, 1993, pp. 125-126; TOWNSON, 2000, pp. 222-223. Las comillas, en KERN, 1978, p. 4. Otros países, en VAN DER LINDEN y THORPE, 1992, pp. 13-20. <<

[53] PALAFOX, 1991, pp. 176, 187-189; MARTÍN ACEÑA, 2004, pp. 354-358; MACARRO, 2000, pp. 66-70; CARO, 2006, pp. 255-258; MAURICE, 1990, pp. 77 y 301. <<

[54] EALHAM, 2005, pp. 122-141, 174-212; JULIÁ, 1984, pp. 63-68, 93-102, 120, 143 y 196-197; MACARRO, 1985, pp. 24-30; KELSEY, 1994, pp. 162-163. Sandoval, en GARCÍA-ALIX, 2007, pp. 61-72. El sindicalismo sueco, en VAN DER LINDEN y THORPE, 1992, p. 27. <<

[55] MONJO, 2003, pp. 207-211, 375-376 y 477-485; MACARRO, 1995b, pp. 255-258; JULIÁ, 1984, pp. 237-240; CARO, 2001, pp. 112-114; F. MINTZ, 1996. <<

[56] El Comité, BCNT, n.o 3, diciembre de 1931, p. 5. «Manifiesto fundacional…», Sind, 14 de febrero de 1933. NONO, C5, 15 de abril de 1933. PESTAÑA, 1974, pp. 637-640. <<

[57] VEGA, 1987, p. 95; KELSEY, 1994, p. 113; MAURICE, 1990, p. 198. «Congreso de la Regional Andaluza», BCNT, n.o 2, noviembre de 1931, pp. 7-17. <<

[58] VEGA, 2004, pp. 261-284, y 1987, pp. 147-174. «El 1.er Congreso de la FSL», Sind, 4 de julio de 1934. <<

[59] ABAD, 1976, pp. 87-93; F. MONTSENY, 1979, pp. 57-59, 67-69 y 72-78. Íd., Luch, 7 de julio de 1931 y RB, 15 de febrero de 1932, pp. 556-559. URALES, Luch, 16 y 23 de octubre de 1931. GABRIEL, 1979, pp. 23-26; TAVERA, 2005, pp. 169-173. <<

[60] J. LÓPEZ, CL, 6 de noviembre de 1931. A. GIBANEL, CL, 29 de abril de 1932, culpa a la FAI del fracaso de la estrategia inicial de la CNT. PEIRÓ, CL, 5 de febrero de 1932. M. MASCARELL, CL, 15 de abril de 1932. ERC, en PEIRÓ, 1975, pp. 310-317. <<

[61] ASTURIAK, 1932, pp. 1-3; J. ALBEROLA, RB, 15 de marzo de 1933, pp. 623-626. El faísta BUENACASA, 1933, pese a su voluntad conciliadora, suscribe las mismas acusaciones. «Contra la difamación» y PEIRÓ, CL, 11 de marzo, 17 y 24 de noviembre de 1932. <<

[62] SALAÜN, 1995. Lo utópico, en MACARRO, 1995b, pp. 257-258. <<

[63] ÁLVAREZ JUNCO, 1991, pp. 231-234; GILABERT, 1932, p. 5; R. FORNELLS, CL, 7 de diciembre de 1932. Editorial, SO, 24 de junio de 1931. <<

[64] CNT-AIT, 1931, pp. 97-100; ABAD, 1976, pp. 81, 107, 234, 269 y 114-137; PANIAGUA, 1982, pp. 119,143-144,182-187 y 254; PEIRÓ, 1975, pp. 321 - 324; PESTAÑA, 1974, pp. 196 y 234; PUENTE, 1936, pp. 6-7. <<

[65] «Presentación», CNT, 14 de noviembre de 1932. PESTAÑA, 1974, p. 169. <<

[66] F. ALBA, RB, 29 de noviembre de 1935, pp. 1118-1119; NONO, CL, 10 de octubre de 1932; ALÁIZ, SO, 16 de diciembre de 1931; PESTAÑA, 1974, pp. 724-728, STyL, diciembre de 1933, p. 425; ÁLVAREZ JUNCO, 1991, pp. 235-236 y 410. <<

[67] ÁLVAREZ JUNCO, 1991, pp. 416-419. «Presentación», CNT, 14 de noviembre de 1932. URALES, RB, 22 de marzo de 1935, pp. 266-268. JENSEN, SO, 24 de junio de 1931. CNT, 13 de enero de 1933. <<

[68] F. MONTSENY, SO, 13 de diciembre de 1931. CNT-AIT, 1931, p. 133. CN, BCNT, n.o 5, febrero a abril de 1932, pp. 1-2; n.o 8, julio de 1932, pp. 17-19; n.o 12 a 14, noviembre de 1932 a enero de 1933, pp. 1-2. <<

[69] «La Constitución», SO, 12 de diciembre de 1931. «Política dictatorial…», CNT, 28 de enero de 1933. Opiniones similares, en GARCÍA OLIVER, TyL, 2 de enero de 1932, y PEIRÓ, 1975, pp. 345-349; PESTAÑA, 1974, p. 169. Editorial, C5, 12 de diciembre de 1935. <<

[70] CRUZ, 2006, pp. 32 y 26-27; PEREZ LEDESMA, 1997, y DUARTE, 1997, analizan la identidad republicana de pueblo y su alternativa obrerista de clase. SO, 18 de febrero de 1936, y Editorial, 30 de junio de 1931. <<

[71] Editorial, Sind, 8 de diciembre de 1933. Abstencionismo, en Editorial e I. PUENTE, SO, 23 y 29 de noviembre de 1933, y TyL, 1 de diciembre de 1933. ABAD, en «El grandioso meeting anarquista…», TyL, 7 de febrero de 1936. DSC: 20 de mayo de 1936, p. 745. El detritus, en «La caverna aúlla», ESind, 25 de enero de 1936. <<

[72] MONTSENY, 1979, p. 48; ALBEROLA, RB, 15 de marzo de 1933, pp. 623-626; M. GONZÁLEZ HINOJOSA, RB, 15 de abril de 1933, pp. 698-700. <<

[73] PEIRÓ, 1975, pp. 389-391 y 447-450; MONTSENY, RB, 28 de diciembre de 1933, pp. 104-106. <<

[74] Cancionero del CFM. A. GILABERT, TyL, 19 de diciembre de 1931. Editorial, TyL, 1 de diciembre de 1933. F. MONTSENY, RB, 15 de enero de 1932, pp. 486-488. «El pobre pueblo español», RB, 10 de julio de 1934, p. 111. Ignorancia, en J. GALLEGO CRESPO, TyL, 31 de julio de 1931. <<

[75] MARTÍNEZ, CNT, 14 de abril de 1933. MONTSENY, Luch, 22 de mayo de 1931. «Actitud del sindicalismo revolucionario…», RB, 1 de julio de i931, pp. 82-83. «República laica», ESind, 28 de diciembre de 1935. J. M. M., Solid, 18 de julio de 1931. <<

[76] Partido Sindicalista, 1936, pp. 779 y 785-789. La justicia popular, «serena, fría, sin piedad», para los responsables de la represión, en «Evitemos otro 14 de abril», 5 de octubre de 1935; matizaciones y rechazo a la espiral violenta, en «Camino peligroso» y «La coalición de izquierdas», 18 de enero de 1936; «El mitin de Azaña», 26 de octubre de 1935. <<

[77] ABAD, 1976, p. 148. Editorial, SO, 6 de octubre de 1933. URALES, RB, 18 de enero de 1934, p. 151. <<

[78] CASANOVA, 1997, pp. 102-131; J. MINTZ, 2006, pp. 274-316; BLÁZQUEZ, 2009, pp. 115-118, 224-229 y 294-300, eleva un poco las cifras de muertos de las tres insurrecciones, atribuyendo cinco a la de enero de 1932. <<

[79] GARCÍA OLIVER, 1978, pp. 134-136 y 147-148; CNT, 1955, p. 57; Editorial, CNT, 7 de septiembre de 1933. <<

[80] Sería interminable reseñar toda esta violencia en los títulos de la bibliografía. <<

[81] GILABERT, 1932, pp. 23-24. «Las dos violencias», TyL, 28 de octubre de 1932. MONTSENY, 1979, p. 71. Sind, 27 de octubre de 1933. «Panorama internacional» y Editorial, SO, 17 de septiembre y 7 de noviembre de 1933. «Picotazos», CNT, 21 de noviembre de 1933. La canción la recojo de tradición oral. <<

[82] Manifiesto de la CRT de Cataluña y Editorial, SO, 18 de febrero y 9 de enero de 1936. GARCÍA OLIVER, 1978, p. 148. <<

[83] PEIRÓ, 1975, pp. 444 y 459. DSC, 15 de abril de 1936, pp. 321-322. PESTAÑA, 1974, pp. 169, 204 y 230. «Los atracos…», CS, 8 de abril de 1933. CNT, 1955, p. 119. «Nuestra voz», CL, 19 de enero de 1933. «Un momento de peligro» y J. DUQUE, Sind, 15 y 29 de diciembre de 1933. Asturias: Editorial, ESind, 25 de enero de 1936; UHP y MONTSENY, RB, 15 de enero y 13 de marzo de 1936, pp. 1259 y 202. <<

[84] Editorial, RB, 8 de febrero de 1934, p. 193. También J. LÓPEZ y A. PESTAÑA, Sind, 31 de marzo y 1 de septiembre de 1933. Un vampiro con tiara y esvástica, en la portada de RB, 4 de enero de 1935. <<

[85] «Fascismo rojinegro», Sind, 1 de septiembre de 1933. PESTAÑA, 1974, pp. 198 y 709-712. Id., Sind, 10 y 13 de octubre de 1933. Editorial, Orto, septiembre de 1933. <<

[86] Peor, en PESTAÑA, 1974, pp. 197 y 647. 100 por 100, en A. ANDRÓMEDA, Sind, 31 de marzo de 1933. San Bartolomé, en PEIRÓ, 1975, pp. 440-443. LÓPEZ, Sind, 7 de abril de 1933. <<

[87] PEIRÓ, 1975, p. 443; PESTAÑA, 1974, pp. 728-731; ARÍN, Sind, 25 de abril de 1934. LÓPEZ, C5, 27 de diciembre de 1935. Editoriales y titular, ESind, 30 de noviembre de 1935, 11 de enero y 8 de febrero de 1936. <<

[88] PESTAÑA, 1974, p. 714. Dionysios, en ELORZA, 1988, pp. 163-164. <<

[89] PEIRÓ, 1975, pp. 444 y 466-469. Íd., Sind, 8 de diciembre de 1933. Ele, Editorial y PEIRÓ, C5, 6 y 13 de septiembre de 1935. «Dos años de gobernación jesuítica» y Editorial, ESind, 11 de enero de 1936. <<

[90] Titular de Sind, 15 de septiembre de 1933. El PSOE, en LÓPEZ, Sind, 24 de noviembre de 1933; VEGA, 2004, pp. 356-357 y 361; BARRIO, 1988, pp. 389-390; PEIRÓ, 1975, pp. 445-447 y 463-466. «Pro Alianza Obrera» y Quintanilla, Sind, 4 de abril y 23 de mayo de 1934. <<

[91] Sind, 27 de junio de 1934. LÓPEZ, 1936, pp. 30-31; PESTAÑA, 1974, pp. 650-653. <<

[92] «Actualidad», SO, 13 de diciembre de 1931. GILABERT, TyL, 5 de diciembre de 1931. El Comité Nacional, BCNT, n.o 9, agosto de 1932, pp. 1 y 15-16. <<

[93] CNT: Editorial, 8 de noviembre de 1933; escamots, en «Fichas», 1 de noviembre de 1933; socialistas, en Editorial, 4 de octubre de 1933; socialistas y bolcheviques, en Editorial, 5 de octubre de 1933; Gil Robles, en Editorial, 11 de octubre de 1933; fascismo de izquierdas y de CEDA, en Editorial, de octubre de 1933; «fascismo republicanosocialista» y de JONS, en Necete, 31 de octubre de 1933. <<

[94] Titular y Editorial, SO, 23 de noviembre de 1933. Distinción, en CRT del Centro, CNT, 22 de noviembre de 1933. <<

[95] MONTSENY, RB, 8 de junio de 1934, p. 480, y 14 de junio de 1935, p. 576. GUTIÉRREZ MOLINA, 1994, pp. 317-318; MACARRO, 1985, pp. 378 y 395. ALÁIZ, RB, 7 de diciembre de 1934, p. 975. <<

[96] Editoriales, SO, 29 de noviembre y 2 de diciembre de 1933. «La semana bufa», TyL, 5 de diciembre de 1931. URALES, RB, 18 de enero de 1934, p. 150. J. MONTSENY, RB, 1 de febrero de 1934, pp. 182-183. URALES, RB, 4 de mayo de 1934, pp. 395-396, 26 de octubre de 1934, pp. 829-831 y 10 de mayo de 1935, p. 439. GUTIÉRREZ MOLINA, 1994, pp. 35, 39, 50-51, 310, 315, 346; Paz, 1996, p. 387. <<

[97] BRADEMAS, 1974, pp. 142-150; KELSEY, 1994, pp. 289-293; BARRIO, 1988, pp. 405-407; VEGA, 2004, pp. 373-376. <<

[98] GUTIÉRREZ MOLINA, 1994, pp. 35-38 y 1993, pp. 92-97. URALES, RB, 22 de marzo, 5 de abril, 7 de junio y 23 de agosto de 1935; antes, 26 de abril de 1934. F. MONTSENY atacó la postura de su padre. CRT de Cataluña, 1936, pp. 36-52 y 72-74. CNT, 1955, pp. 158-161, 178 y 187-188. <<

[99] CRT de Cataluña, 1936, pp. 65-69 y 90-100. <<

[100] CS: PEIRÓ, 6, 13 y 20 de septiembre de 1935; Editorial, 16 de enero de 1936. <<

[101] SO: Titulares, 24 de enero, 5 y 11 de febrero de 1936; ataques al FP, en «El Frente de izquierdas…» y Editorial, 6 de febrero de 1936; «Desde Santander», 8 de febrero de 1936; «En Cádiz», 13 de febrero de 1936. <<

[102] CNT, 1955, pp. 181-183. <<

[103] GARCÍA OLIVER, 1978, pp. 170-171; MIR, 2006, pp. 43-48 y 174-176. <<

[104] PESTAÑA, 1974, pp. 762-763 y 814-818. Editorial y «El sindicalismo en el Parlamento», ESind, 26 de octubre de 1935 y 11 de enero de 1936. <<

[105] ESind: «Prensa obrera», «El mitin del Partido en Valencia» y «El mitin de Azaña», 12, 19 y 26 de octubre de 1935; últimas comillas, en D. INFANTE, 26 de octubre de 1935, y A. GÓMEZ MORIÑA, 2 de noviembre de 1935. <<

[106] «Nuestro camarada Ángel Pestaña…» y Editorial, ESind, 4 de enero y 1 de febrero de 1936. <<

[107] PEIRÓ, 1975, pp. 460-466. Esgleas, RB, 15 de julio de 1936, pp. 91-93. Invencibles, en El Comité de la FL, SO, 14 de febrero de 1936. <<

[108] BLÁZQUEZ, 2009, pp. 709-717, contabiliza 3623 víctimas mortales durante los cinco años republicanos. De ellas, contando un 90 por 100 de los muertos sin filiación conocida, los vinculados a las organizaciones obreras supusieron el 70 por 100 del total. De los obreros de tendencia conocida más de la mitad (982) eran anarquistas (el 27 por 100 de todas de víctimas). <<

[*] Agradezco a Rafael Cruz sus comentarios sobre la primera versión. <<

[1] CARRILLO, 2006, p. 43. <<

[2] BALBONTÍN, 2007, p. 197. <<

[3] LB, 18 de abril de 1931. <<

[4] LB, 1 de mayo de 1936; Mundo Obrero (en adelante MO), 7 de mayo de 1936. <<

[5] REES, 1998b. <<

[6] COURTOIS y LAZAR, 1995. pp. 17-18. <<

[7] LINZ, 1987, pp. 57-71. <<

[8] CRUZ, 1987, p. 15. <<

[9] HEYWOOD, 1989, p. 121. <<

[10] HOBSBWAM, 2000, p. 16; MCDERMOTT y AGNEW, 1996, pp. 226-228. <<

[11] PIPES, 2002, pp. 29 ss. <<

[12] Citado en MCDERMOTT y AGNEW, 1996, pp. 6-7. <<

[13] KOWALSKI, 2006, pp. 103-105. <<

[14] MO, 27 de junio de 1936; cf. STALIN, 1936. <<

[15] ELORZA, 2006, pp. 113 ss. <<

[16] FIGES, 2000, pp. 433-437. <<

[17] MCDERMOTT y AGNEW, 1996, pp. 229-230. <<

[18] ELORZA, 2006, pp. 117-119. <<

[19] MAZOWER, 2001, pp. 26-27. <<

[20] NOLTE, 1994, pp. 400-404. <<

[21] WEITZ, 1997, pp. 160-187 y 267-270. <<

[22] BROUÉ, 1997, pp. 450-468. <<

[23] DEUTSCHER, 1969, pp. 51 ss. <<

[24] MCDERMOTT y Acnew, 1996, pp. 109-118; BROUÉ, 1997, p. 562. <<

[25] ELORZA y BIZCARRONDO, 1999, pp. 161-169. <<

[26] CRUZ, 1987, pp. 47-50; BALBONTÍN, 2007, pp. 234-235; Falcón, 1996, pp. 84-85. <<

[27] BONAMUSA, 1977, pp. 11-52. <<

[28] MACARRO VERA, 1985, p. 94. <<

[29] ELORZA y BIZCARRONDO, 1999, p. 141. <<

[30] ARRANZ, 1980, p. 99. <<

[31] AVILÉS FARRÉ, 2005, pp. 42-47. <<

[32] CRUZ, 2007, pp. 144-148. <<

[33] DURGAN, 1996, pp. 30-53. <<

[34] CRUZ, 1987, pp. 58-60; MACARRO VERA, 1985, pp. 59 ss. <<

[35] LB. 18 de abril de 1931. <<

[36] DURGAN, 1996, pp. 117-118. <<

[37] LB, 2 de abril de 1931. <<

[38] LB, 1 de mayo de 1931. <<

[39] MAURÍN, 1932a, pp. 104-105. <<

[40] MAURÍN, 1932b. <<

[41] PAGÉS, 1977, pp. 67-94. <<

[42] Revista Comunismo, n.o 31, enero de 1934, pp. 244-248. <<

[43] TROTSKI, 2006, p. 103. <<

[44] «Por unas Cortes Constituyentes revolucionarias», L’Hora, 11 de marzo de 1931, en NIN, 1978, pp. 33-34. <<

[45] NIN, 1978, pp. 52-54. <<

[46] Programa del PCE…, 1931. <<

[47] BROUÉ, 1997, pp. 263-264. <<

[48] ELORZA y BIZCARRONDO, 1999, pp. 146-152. <<

[49] El PCE ante las Constituyentes…, 1931. <<

[50] MO, 18 de julio, 23 de noviembre y 9 de diciembre de 1931. <<

[51] Véase la viñeta publicada en MO, 25 de julio de 1931. <<

[52] Programa del Gobierno obrero y campesino, 1933; ELORZA y BIZCARRONDO, 1999, p. 183. <<

[53] BULLEJOS, 1972, pp. 106-107 y 124. <<

[54] CRUZ, 1999, pp. 76-77. <<

[55] RUIZ, 1988, p. 85. <<

[56] MORENO, 1995, pp. 76-78. <<

[57] CRUZ, 1987, pp. 148-149. <<

[58] ELORZA y BIZCARRONDO, 1999, pp. 162-169. <<

[59] GÓMEZ, 2005, pp. 144-159; CABRERA CALVO-SOTELO, 1995, pp. 16-19. <<

[60] MO, 23 de noviembre de 1931; Diario de Sesiones de las Cortes (en adelante, DSC), 242, 18 de octubre de 1932, pp. 8916-8917; artículos de César Falcón en MO, 23 de diciembre de 1932 y 3 de enero de 1933. <<

[61] MO, 20 y 23 de febrero de 1933. <<

[62] BARRANQUERO TEXEIRA, 2006, pp. 11-23. <<

[63] BALBONTÍN, 2007, p. 226. <<

[64] DSC, 182, 8 de mayo de 1935, p. 7382, reproducido en BARRANQUERO TEXEIRA, 2006, p. 214. <<

[65] DSC, 7, 20 de diciembre de 1933, p. 107, en BARRANQUERO TEXEIRA, 2006, p. 90. <<

[66] DSC, 62, 4 de abril de 1934, p. 2029, en BARRANQUERO TEXEIRA, 2006, p. 136. <<

[67] íd., p. 2030, en BARRANQUERO TEXEIRA, 2006, p. 137. <<

[68] El PCE ante las Constituyentes…, 1931. <<

[69] DSC, 347, 31 de mayo de 1933, p. 13 217. <<

[70] DSC, 47, 8 de marzo de 1934, p. 1403, reproducido en BARRANQUERO TEXEIRA, 2006, p. 124; cf. id., 12 de diciembre de 1933, pp. 25-26, reproducido en 86-87; e id., 8 de noviembre de 1935, p. 10 433, reprod. en 262. <<

[71] Agradezco esta idea a Rafael Cruz. <<

[72] GONZÁLEZ CALLEJA, 2005a, pp. 112-114. <<

[73] CRUZ, 1987, p. 70; DURGAN, 1996, p. 76. <<

[74] IBÁRRURI, 1992, pp. 203-318. <<

[75] MO, 25 de julio de 1931. <<

[76] DURGAN, 1996, pp. 68-73. <<

[77] MACARRO VERA, 1985, pp. 111-113. <<

[78] Id., pp. 147-156. <<

[79] FUSI, 2007, p. 167. <<

[80] MO, 25 de julio, 28 de noviembre y 19 de diciembre de 1931. <<

[81] MACARRO VERA, 1985, pp. 221-224. <<

[82] DEUTSCHER, 1969, pp. 129-138. <<

[83] DURGAN, 1996, pp. 186-193. <<

[84] NIN, «Hacia la Alianza Obrera Nacional», La Antorcha, 1, 1 de mayo de 1934, en NIN, 1978, pp. 181-182. La visión del fascismo del líder de la ICE, que coincide en lo sustancial con la de Trotsky, se refleja en NIN, 1930, pp. 95-132. <<

[85] MAURÍN, 1935, p. 109. <<

[86] PAYNE, 1993, pp. 189 ss. <<

[87] MO, 14 de marzo de 1933. <<

[88] MO, 17 de marzo de 1933. <<

[89] MO, 24 de junio de 1933. <<

[90] MO, 27 de junio de 1933. <<

[91] MO, 29 de marzo de 1933. <<

[92] BLANCO RODRÍGUEZ, 1993, pp. 134 ss. <<

[93] MODESTO, 1969, pp. 14-15. <<

[94] CASADO, 2007, p. 291. <<

[95] DURGAN, 1996, pp. 193-194 y 288-292. <<

[96] SOUTO KRUSTÍN, 2004, pp. 101-168. <<

[97] La Lucha, 20 de febrero de 1934. <<

[98] ABC, 21 de abril de 1934. <<

[99] MUNIS, 1977, pp. 138-141. <<

[100] SOUTO KRUSTÍN, 2004, pp. 140-144; MO, 22 y 28 de septiembre de 1934. <<

[101] SOUTO KRUSTÍN, 2004, pp. 165-68. <<

[102] MO, 13 de enero de 1933; 3 y 31 de marzo de 1933. <<

[103] La Lucha, 6 de marzo de 1934. <<

[104] JULIÁ, 1979, pp. 17-24. <<

[105] ELORZA y BIZCARRONDO, 1999, pp. 217-218. <<

[106] PAYNE, 2003, pp. 37-45; COURTOIS y LAZAR, 1995, pp. 118-123. <<

[107] JULIÁ, 1979, pp. 181-187. <<

[108] MO, 1 de octubre de 1934. <<

[109] MO, 2 de octubre de 1934. <<

[110] TAIBO, 1984, I, pp. 57-58. <<

[111] ERICE, 1996, pp. 64-66. <<

[112] RUIZ, 1988, pp. 127-130. <<

[113] PAYNE, 2003, pp. 76-77. <<

[114] DURGAN, 1996, pp. 296-305. <<

[115] MORENO GÓMEZ, 1995, p. 132; DURGAN, 1996, pp. 323-324. <<

[116] DÍAZ, 1974, pp. 11-13. <<

[117] GROSSI MIER, 1935, pp. 108 ss. <<

[118] «Derrotas desmoralizadoras y derrotas fecundas», L’Estrella Roja, 16 de febrero de 1935, en NIN, 1978, pp. 189-190. <<

[119] MAURÍN, 1935, p. 221. <<

[120] RIOTTOT, 1997, pp. 301-303. <<

[121] DURGAN, 1996, pp. 338-367. <<

[122] MUNIS, 1977, pp. 241-249. <<

[123] JULIÁ, 1979, pp. 70-82. <<

[124] DSC, 182, 8 de mayo de 1935, reproducido en BARRANQUERO TEXEIRA, 2006, p. 215. <<

[125] DÍAZ, 1974, p. 25. <<

[126] PAYNE, 2003, pp. 37-45; WEITZ, 1996, pp. 129-133; ELORZA, 2006, p. 137. <<

[127] Citado en PAYNE, 2003, pp. 84-86. <<

[128] DÍAZ, 1974, p. 35. <<

[129] Conferencia de Pablo Yagüe en Pueblo, 4 de enero de 1936; artículo de Wenceslao Roces en MO, 21 de enero de 1936. <<

[130] DURGAN, 1996, pp. 397-405. <<

[131] Discurso de Díaz en el Monumental Cinema, en DÍAZ, 1974, pp. 7-30; CRUZ, 2006, pp. 78 ss. <<

[132] Discurso en el Salón Guerrero de Madrid, 9 de febrero de 1936, en DÍAZ, 1974, p. 68. <<

[133] ELORZA, 1998, pp. 113-119. <<

[134] CRUZ, 1987, p. 158. <<

[135] Artículo de Yagüe en Pueblo, 5 de octubre de 1935. <<

[136] Artículo de Díaz en MO, 3 de febrero de 1936, en DÍAZ, 1974, pp. 61-63. <<

[137] BUNK, 2007, pp. 61-87; MO, 11 de enero de 1936. Pueblo publicó el 1 de febrero de 1936 el siguiente poema de Rafael Alberti en homenaje a Aída Lafuente: «(LA MADRE) / La quiero desenterrar. / Ve el jaramago sangriento / y las ortigas quemadas, / las tumbas pisoteadas, / rotas al agua y al viento. / La quiero desenterrar. / Mis uñas son las piquetas, / son los desenterradores, / que no fue en campo de flores, / fue en campo de bayonetas. / La quiero desenterrar. / Y que no niegue esa gente / que estos dos pechos cortados, / que estos brazos arrancados / son Libertaria Lafuente. / La quiero desenterrar. / ¿Habrá quien desmienta ahora que Libertaria Lafuente / hizo a un ejército frente / con una ametralladora? / La quiero desenterrar. / Moja en su sangre la mano / y que los muros, minero, / repitan este letrero: / ¡Viva el octubre asturiano!». <<

[138] CRUZ, 1987, p. 256. <<

[139] UCELAY DA CAL, 1995, p. 70. <<

[140] ELORZA y BIZCARRONDO, 1999, pp. 282-286. <<

[141] COURTOIS y LAZAR, 1995, pp. 139-149. <<

[142] SOUTHWORTH, 2000, pp. 21 ss. <<

[143] Artículos de Díaz en La Correspondencia Internacional, 20 de marzo y 17 de abril de 1936, en DÍAZ, 1974, pp. 133-138; discurso de Díaz en Cartagena, 5 de abril de 1936, en id., pp. 153-157; discurso de Díaz en el Cinema Europa de Madrid, 11 de abril de 1936, en id., pp. 158-167; discurso de Díaz en las Cortes, 15 de abril de 1936, en DSC, 17, 15 de abril de 1936, pp. 310-311; discurso de Díaz ante la Diputación permanente de las Cortes, 15 de julio de 1936, en DÍAZ, 1974, pp. 219-224. <<

[144] Cifras oficiales citadas en PAYNE, 2003, pp. 126-127. <<

[145] REES, 1998b; CRUZ, 2007, p. 152. <<

[146] Cifras de DURGAN, 1996, p. 426; y ALBA y SCHWARZ, 1988, p. 100. <<

[147] LB, 21 de febrero de 1936. <<

[148] DSC, 17, 15 de abril de 1936, pp. 316-317; cf. discurso de Maurín en DSC, 45, 16 de junio de 1936, p. 1401. <<

[149] DURGAN, 1996, pp. 429-434. <<

[150] GRAHAM, 2006, pp. 256 ss. <<

[151] MO, 22 de febrero de 1936; LB, 21 de febrero de 1936. <<

[152] DÍAZ, 1974, pp. 147-149. <<

[153] DSC, 17, 15 de abril de 1936, p. 315. <<

[154] MO, 18 de marzo de 1936. <<

[155] Discurso de Díaz en el Cinema Europa de Madrid, 11 de abril de 1936, en DÍAZ, 1974, p. 162; discurso de Díaz en la Plaza de Toros de Zaragoza, 1 de junio de 1936, en id., pp. 186-194; discurso de Díaz en Oviedo, 5 de julio de 1936, en id., p. 217; discurso de Pasionaria en las Ventas, 2 de marzo de 1936, en IBÁRRURI, 1976, pp. 11-14; discurso de Pasionaria en DSC, 13, 2 de abril de 1936, pp. 159-160; discurso de Pasionaria en las Cortes, 16 de junio de 1936, en IBÁRRURI, 1976, p. 26; discurso de Vicente Uribe en DSC, 29, 19 de mayo de 1936, pp. 716-718. <<

[156] Palabras suprimidas del DSC, reproducidas en DÍAZ, 1974, pp. 170-171, y con ligeras variaciones en ABC, 16 de abril de 1936. <<

[157] IBÁRRURI, 1992, p. 33; Díaz, artículo en MO, 9 de junio de 1936, en DÍAZ, 1974, p. 201. <<

[158] BLANCO RODRÍGUEZ, 1993, pp. 142 ss. <<

[159] MODESTO, 1969, pp. 15-17; URÍA, 1996, pp. 298-300; El Sol, 2 de mayo de 1936. <<

[160] CRUZ, 2006, p. 97. <<

[161] MACARRO VERA, 2000, pp. 413-415. <<

[162] DURGAN, 1996, pp. 478-479. <<

[163] IBÁRRURI, 1976, p. 26. <<

[164] La fuente clásica de la historia es el liberal Salvador de Madariaga, entonces representante español ante la Sociedad de Naciones, que atribuye a la Pasionaria la frase «Este es tu último discurso», dirigida a Calvo Sotelo. MADARIAGA, 1979, p. 384. <<

[165] DÍAZ, 1974, p. 220. <<

[166] MO, 14 de julio de 1936; IBÁRRURI, 1976, pp. 18-27; DÍAZ, 1974, pp. 219-224. <<

[167] DSC, 45, 16 de junio de 1936, p. 1396. <<

[168] UCELAY DA CAL, 1995. <<

[169] El sentido de la política soviética en España durante la Guerra Civil continúa siendo objeto de debate, aunque los trabajos más recientes basados en los archivos rusos coinciden en que tuvo un carácter defensivo: Stalin no pretendió implantar un régimen comunista en nuestro país, ni convertirlo en un prototipo de las futuras «democracias populares» de la Europa oriental. Véanse VIÑAS, 2006, pp. 277-288, y 2007, pp. 334-356, y SCHAUFF, 2008, pp. 352-355. <<

[170] La evolución de los partidos francés, italiano y español durante este período se refleja en los documentos recogidos en LANGE y VANIZELLI, 1981, pp. 25-99. <<

[171] MORÁN, 1986, pp. 440-475. <<

[1] MEAKER, 1978; CONTRERAS, 1981, pp. 9-60; ARRANZ, 1986 y 2001, pp. 163-172; PÉREZ LEDESMA, 1987, pp. 222-238 y 251-267; GILLESPIE, 1991, pp. 26-37; JULIÁ, 1997, pp. 15-155, e íd. (coord.), 1986 y 1988. <<

[2] JULIÁ, 1997, pp. 148-155; la cita, en p. 147. También el estudio de Juliá en LARGO CABALLERO, 1985, pp. xxiii-xxxix. Una buena biografía de Largo Caballero, en FUENTES, 2005. Para el resto, ANDRÉS-GALLEGO, 1977; BEN-AMI, 1983, pp. 186-196, y 1990, pp. 181-230; PRESTON, 1987, pp. 23-53; GÓMEZ NAVARRO, 1991, pp. 412-444. <<

[3] VARELA, 1978, pp. 30-32; CONTRERAS, 1981, pp. 80-90; JULIÁ, 1997, pp. 159-163. <<

[4] Comillas, ARRANZ, 2001, pp. 165-166 y 173; Resto, CONTRERAS, 1981, pp. 209-214, y GILLESPIE, 1991, pp. 43-51. <<

[5] Cfr. S. SERRANO PONCELA, «Estampa revolucionaria», ES, 15 de febrero de1931; «La monarquía agonizante», ES, 17 de febrero de 1931; «La importancia excepcional de las elecciones», ES, 18 de marzo de 1931; llamamiento del PS y de la UGT a sus agrupaciones, ES, 24 de marzo de 1931; «Los monárquicos están aterrados», ES, 10 de abril de 1931; «La jauría monárquica», ES, 11 de abril de 1931; «Hoy a votar», ES, 12 de abril de 1931, etc. El peculiar concepto socialista de «revolución», en JULIÁ, 1985, pp. 105-110. <<

[6] Cfr. «La emoción del instante», ES, 15 de abril de 1931; «La lección de un pueblo», ES, 16 de abril de 1931; «La última felonía de un gran felón», ES, 17 de abril de 1931. PAYNE, 1995a, pp. 55-59, define el cambio como «técnicamente» revolucionario. Acertadamente, ÁLVAREZ TARDÍO, 2005, pp. 221-224 y 307-325, identifica los significados conferidos por sus protagonistas a la revolución republicana con la intransigencia, el radicalismo y el exclusivismo de partido. <<

[7] BLAS GUERRERO, 1978, pp. 18 ss.; CONTRERAS, 1981, pp. 215-217; JULIÁ, 1997, pp. 181-183, e introducción a LARGO CABALLERO, 1985, pp. xli-xvlii; BEN-AMI, 1990, pp. 382-383; PAYNE, 2005, p. 33; FUENTES, 2005, pp. 160-161. <<

[8] Resultados: alrededor de dos millones de votos, 113 diputados en la primera vuelta, más otros diez en la segunda y posteriores elecciones parciales, que se sumaban, además, a los 347 alcaldes, 889 tenientes de alcalde y 4244 concejales conseguidos en las municipales. Esto y las reflexiones finales, en JULIÁ, 1985, p. 111, y 1997, pp. 159-196. Manifiesto, sectores y patrimonialización, en MACARRO, 2000, pp. 19-25. La visión de un protagonista, en LARGO CABALLERO, 1976, pp. 100, 109 y pássim. Posiciones sobre la colaboración y sectores, también en BIZCARRONDO, 1981, pp. 242-255, 1992, pp. 839-843, y 2008, pp. 1-9 y 39-50; estudio introductorio de Virgilio Zapatero a RÍOS, 1974, pp. 32-37, 41-42, 356-357, y LAMO DE ESPINOSA, 1973. Que la relación instrumental de los socialistas con la República y la democracia venía de lejos se percibe en PÉREZ LEDESMA, 1993, pp. 167-169. <<

[9] Cfr. VARELA, 1978, pp. 41 y 238-239; ÁLVAREZ TARDÍO, 2005, pp. 234-236 y 317-323, y REY REGUILLO, 2008a, pp. 238-240. Weimar, en MAZOWER, 2001, pp. 36-37. Retroceso de las democracias, en LINZ, 1978, 1987 y 1991. <<

[10] Cfr., entre otros, las editoriales o artículos de fondo siguientes: M. Gómez Pita: «Los caciques toman posiciones», ES, 19 de abril de 1931; Muro: «El momento político en el campo español», ES, 30 de abril de 1931; Manuel Cordero: «Los peligros del nuevo régimen», ES, 5 de mayo de 1931; «El peligro mayor», ES, 6 de mayo de 1931. El Obrero de la Tierra (EOT) de 1932 y 1933 está repleto de referencias denigratorias a los «caciques de los pueblos» en los términos expuestos. Por ejemplo: «Frente a las persecuciones», (EOT), 20 de febrero de 1932; «¡Cacique!», id., 17 de septiembre de 1932; «El caciquismo en los pueblos», id., 19 de noviembre de 1932; «La fuerza pública», id., 17 de diciembre de 1932, etc. <<

[11] BEN-AMI, 1990, pp. 365-371 ss.; REQUENA, 1991 y 1993; TOWNSON, 2002, pp. 50-55 y 58-74; CARO CANCELA, 2006, pp. 225-231 y 263-264. <<

[12] CARRILLO, en ES, 11 de junio de 1931. Resto, en «El peligro de la reacción», ES, 17 de junio de 1931, y «Hay que desalojarlos», ES, 9 de septiembre de 1931. <<

[13] Cfr., por ejemplo, ES, 2 de julio de 1931 (campesinos); «Republicanos, sí; pero antes socialistas», ES, 5 de diciembre de 1931; Manuel Cordero: «Los falsos amigos de los trabajadores», ES, 23 de enero de 1932; JULIÁn Zugazagoitia: «Cartas de los pueblos», ES, 8 de marzo de 1932. <<

[14] Discurso en las Cortes, 3 de septiembre de 1931, cit. en RÍOS, 1974, pp. 364 y 368. También, RUIZ-MANJÓN, 2007, pp. 338-339. Competencia anarquista, en VARELA, 1978, pp. 239-242. <<

[15] Conforme al artículo 44 de la Constitución se podía hacer con el voto de la mayoría absoluta de la Cámara. <<

[16] Araquistáin en las Cortes de 1931, en LÓPEZ SEVILLA, 1969, pp. 206-212. También, Ríos, 1974, p. 365; PAYNE, 1995a, pp. 65-80; BIZCARRONDO, 2008, pp. 11-12. <<

[17] Manifiesto a la opinión el 14 de julio: ES, 15 de julio de 1932 y 17 de julio de 1932. TOWNSON, 2002, pp. 85-163. <<

[18] ES, 27 de mayo de 1931; 55, 17 de junio de 1931 (sangría); «¡Ya vuelven!», ES, 16 de junio de 1931. El universo, en PAYNE, 2005, pp. 29 y 31; CRUZ, 2006, pp. 34-62, subraya la exclusión que padecieron los católicos desde muy pronto. <<

[19] Cfr. «La oposición de derechas en las actuales Cortes», ES, 6 de febrero de 1932. Prieto, cit. en LÓPEZ SEVILLA, 1969, pp. 95-97; BLINKHORN, 1979, pp. 69-104 ss.; CALLAHAN, 2003, pp. 221-234; GRANJA, 2008, pp. 119-270, que habla de «clima de guerra civil». <<

[20] «La Iglesia contra la República», ES, 18 de agosto de 1931. Tradición socialista, en JULIÁ, 1997, p. 176. <<

[21] ÁLVAREZ TARDÍO, 2002, pp. 124 y 133-136. <<

[22] PAYNE, 1995a, pp. 80-84 y 103-108; JULIÁ, 1997, pp. 176-181; MACARRO, 2000, pp. 241-250; ÁLVAREZ TARDÍO, 2002, pp. 19-33, 175-178 y 190-194; RUIZ-MANJÓN, 2007, pp. 341-346 y 352. <<

[23] ES, 26 de enero y 4 de febrero de 1932. MACARRO, 2000, pp. 251-255 y 261-266; ÁLVAREZ TARDÍO, 2002, pp. 64, 218-270. <<

[24] A. HORRILLO, «La acción de la Iglesia católica», EOT, 4 de febrero de 1933. <<

[25] PRESTON, 1987, p. 104; ÁLVAREZ TARDÍO, 2002, pp. 207-211; SOUTO KUSTRÍN, 2004, p. 38; FUENTES, 2005, pp. 212-213; SINOVA, 2006. Ejemplos de actos católicos y derechistas reventados que se recogieron en la propia prensa socialista: ES, 26 de abril de 1932 (Raima de Mallorca), 10 de mayo de 1932 (Tarazona), 28 de junio de 1932 (Jaén), 8 de diciembre de 1932 (Oviedo), 24 de marzo de 1933 (Madrid), 28 de marzo de 1933 (Valladolid), 24 de junio de 1933 (Madrid), 27 de junio de 1933 (Zaragoza), etc. Se recogen muchos ejemplos, referidos a La Mancha, en REY, 2008b. Entre noviembre de 1931 y julio de 1932, se ha estimado que un mínimo de cincuenta actos católicos fueron suspendidos; en otros cuarenta, una vez iniciados, se produjo algún tipo de violencia coactiva contra sus organizadores: ÁLVAREZ TARDÍO y VILLA GARCÍA, 2010, cap. VI. <<

[26] Largo Caballero, en REY, 2008b, pp. 151-153 ss. Véase también las palabras de Enrique de Santiago, miembro de la ejecutiva ugetista, en Boletín de la Unión General de Trabajadores de España, junio de 1931. <<

[27] Cfr. BEN-AMI, 1990, pp. 371-377; REQUENA, 1993, pp. 109-156; MACARRO, 2000, pp. 31-34, 43-47; CARO CANCELA, 2006, pp. 216-225. En Andalucía, las elecciones de mayo afectaron al 58 por 100 de los municipios, y en Castilla-La Mancha a un tercio. Según los datos parciales recogidos en AHN, Gobernación, legs. 29 y 31: sobre un total de 4640 concejales obtenidos por las candidaturas republicano-socialistas en mayo de 1931, los socialistas sumaron un total de 2305 concejales. El citado S. Ben-Ami, también con cifras incompletas, calculó que 7612 concejalías fueron a parar a republicanos y socialistas, mientras que los candidatos no republicanos sumaron 951: «Es enormemente sospechoso comprobar que un pueblo que seis semanas antes había sido sólidamente monárquico apareciera después siendo sólidamente republicano» (ibíd., p. 376). El acoso en los plenos, en REY, 2008b, pp. 112-236. Ejemplos de escándalos causados por los socialistas con agresiones de por medio, recogidos por su propia prensa, en: ES, 17 de julio de 1932 (ayuntamiento de Zamora) y 14 de agosto de 1932 (ayuntamiento de Cuenca). <<

[28] FNTT, 1932, pp. 370-372; MACARRO, 2000, pp. 64-73 y 84; TOWNSON, 2007, pp. 172-174, subraya el peso del clientelismo en la cultura política socialista. <<

[29] Para Arnedo, véase GIL ANDRÉS, 2002. Yeste, en REQUENA, 1983. <<

[30] En la prensa del período se da cumplida cuenta de todos esos sucesos. <<

[31] Estas consideraciones se apoyan en un copioso número de hechos de los que da buena cuenta la prensa, y que me ahorro de detallar aquí. BLÁZQUEZ MIGUEL, 2009, ofrece un inventario muy exhaustivo, aunque farragoso, repleto de juicios de valor y carente de fundamentos metodológicos básicos a la hora de estudiar la violencia política. Choques con los nacionalistas vascos, en GRANJA, 2008, pp. 263 ss. Escopetas de caza, en GÜERRI, 1988. <<

[32] «La reacción se destruye a sí misma», ES, 12 de mayo de 1931. En la misma línea, «Únicos responsables», ES, 12 de mayo de 1931, y «Los incendios de conventos», ES, 17 de mayo de 1931. <<

[33] Textos reveladores sobre el contexto de los sucesos de Castilblanco, incluido el de la Nelken, en ES, 28 de noviembre de 1931, 2, 3, 6, 7, 9 y 30 de enero de 1932. <<

[34] Zg.: «Contra cinismo, lealtad», ES, 20 de enero de 1932; la carabina de Ambrosio, en ES, 19 de enero de 1932. Arnedo, en nota de la Comisión ejecutiva de la UGT, ES, 7 de enero de 1932. A finales de ese año la paciencia se había agotado. Cfr., por ejemplo, «La sombra de los tricornios», Renovación, 17 de diciembre de 1932, demandando la disolución de la Guardia Civil. <<

[35] Las innumerables referencias de la prensa confirman esa impresión. Cfr. también JULIÁ, 1984; MACARRO, 1985a; CARO CANCELA, 2006, pp. 267-268; BIZCARRONDO, 2008, pp. 73-75. <<

[36] ES, 29 y 30 de mayo, 3 y 11 de julio, 13 de agosto y 3 de septiembre de 1931, etc. <<

[37] Cordero y Saborit, en LÓPEZ SEVILLA, 1969, pp. 76, 84-87, 140-148 y 233-234. <<

[38] Dureza, A. García Atadell: «Eternos descontentos», Renovación, 11 de febrero de 1933. Resto, en ES, 23, 24, 27 y 28 de enero, 9 y 10 de julio y 5 de agosto de 1932, y 11, 12 y 13 de enero y 23 de julio de 1933. <<

[39] CONTRERAS, 1981, pp. 251-260 ss.; PRESTON, 1987, pp. 119-175; BIZCARRONDO, 1975, 1981, pp. 255-312, 1992, pp. 843-845 ss., y 2008, pp. 81-88 y pássim; BIGLINO, 1986, pp. 381-382 ss.; CARO CANCELA, 2006, pp. 281-282 ss., etc. <<

[40] BLAS GUERRERO, 1978; MALEFAKIS, 1982, pp. 366-394; JULIÁ, 1985, pp. 112 ss., y 1997, pp. 196 ss.; MACARRO, 2000, pp. 275-280 ss.; ARRANZ, 2001, p. 174. Una visión sincrética, en FUENTES, 2005, pp. 222-275. <<

[41] Cfr. contra las derechas, por ejemplo, en ES, 30 de octubre, 1, 2, 3 y 4 de diciembre de 1932, 21 de enero, 5 de febrero y 8 de marzo de 1933. Fascismo y nazismo, ES, 31 de enero, 2 y 5 de febrero y 17 y 18 de marzo de 1933, etc. Lerroux y los demás como «fascistas», entre otras referencias, Carrillo en Renovación, 18 de marzo de 1933. BLAS GUERRERO, 1978, pp. 106 y 112-118, ya vislumbró que lo del fascismo era solo un pretexto alarmista con el que sostener los objetivos revolucionarios. <<

[42] LARGO CABALLERO, 1934. El viraje se aprecia también en el órgano del socialismo agrario. Por ejemplo: «¡Primero, nosotros!», EOT, 6 de mayo de 1933; «Dictadura por dictadura, la nuestra», id., 29 de julio de 1933, etc. <<

[43] Comillas, en Democracia (Jaén), 13 de septiembre de 1933, y El Defensor de Granada, 28 de septiembre de 1933, cit. en CARO CANCELA, 2006, pp. 286 y 320-321. Idéntica línea, en «No hay discrepancias en el partido», ES, 16 de agosto de 1933. Juventudes bolchevizadas, en Renovación, 13 de mayo, 10 de junio, 1 y 22 de julio, 5 de agosto y 16 de septiembre de 1933, etc. Descalificaciones al Gobierno Lerroux y llamadas a «prepararse para la lucha», «cerrar el paso y ofrecer batalla», «no solo para la defensa, sino también, y sobre todo, para el ataque», en ES, 13, 17, 20, 24 y 28 de septiembre de 1933. De los Ríos, en RUIZ-MANJÓN, 2007, pp. 372 ss. Véase también, JULIÁ, 1985, pp. 112-118, y 1997, pp. 196 ss., y estudio introductorio a LARGO CABALLERO, 1985, pp. xlvii-li. <<

[44] «La gran campaña de agitación socialista», ES, 1 de octubre de 1933; Renovación, 21 y 28 de octubre de 1933. <<

[45] «República para todos, igual a República para los monárquicos», ES, de noviembre de 1933. Descalificaciones del rival, por ejemplo, en ES, 26 y 27 de octubre de 1933. También, Renovación, 4 y 11 de noviembre de 1933; JULIÁ, 1997, pp. 197-200; MACARRO, 2000, pp. 286-288; RUIZ-MANJÓN, 2007, p. 378. <<

[46] Comillas, en «Una auténtica oración fascista», ES, 17 de octubre de 1933 y «Los anarcosindicalistas, con la burguesía», ES, 26 de octubre de 1933. También, Renovación, 28 de octubre de 1933. Imposible integración, en MACARRO, 2000, p. 289. El espigueo de víctimas se recoge en la prensa. Un excelente estudio de esas elecciones y de la violencia, en VILLA, 2008, pp. 552-563 y pássim. BLÁZQUEZ MIGUEL, 2009, pp. 360-371, afirma que las víctimas mortales fueron sesenta y una, pero no queda claro si todas esas muertes tuvieron que ver con la campaña y las elecciones en sí mismas. <<

[47] Cit. de El Liberal, en BLAS GUERRERO, 1978, p. 43. ES, 29 de octubre de 1933. Prieto y la concepción revolucionaria, en MACARRO, 2000, p. 289; ÁLVAREZ TARDÍO, 2002, p. 281. <<

[48] Prieto y Largo, en VIDARTE, 1978, pp. 42-43. Resto, en ES, 24 y 28 de noviembre de 1933, y Renovación, 25 de noviembre de 1933. Los textos son innumerables. <<

[49] ES, 8, 9 y 17 de diciembre de 1933; Renovación, 2, 9 y 30 de diciembre de 1933, 6, 20 y 27 de enero de 1934. Cfr. también BLAS GUERRERO, 1978, pp. 43-45 y pássim; Juliá a LARGO CABALLERO, 1985, p. lii; MACARRO, 2000, pp. 301-307, que toma la cita sobre el parlamentarismo de ES, 5 de diciembre de 1933; SOUTO KUSTRÍN, 2004, pp. 56-57; PAYNE, 2005, pp. 75-77; Ríos, en RUIZ-MANJÓN, 2007, p. 380. Resultados, en VILLA, 2008. <<

[50] ES, 10, 12 y 20 de diciembre de 1933 (comillas). <<

[51] VIDARTE, 1978, pp. 90-93. Análisis convincentes del «camino revolucionario» de 1934, en BLAS GUERRERO, 1978, pp. 101-124; PAYNE, 1995a, pp. 221-233, y 2005, pp. 91-112 ss.; MACARRO, 2000, pp. 311-340 ss.; SOUTO KUSTRÍN, 2004, pp. 67-86; RANZATO, 2006, pp. 194-219. Interpretaciones deudoras de las tesis defensivas socialistas, en BIZCARRONDO, 1975, 1981, 1992, pp. 843-845, y 2008, pp. 93-121; CONTRERAS, 1981, pp. 263-283; BIGLINO, 1986, pp. 383-441; PRESTON, 1987, pp. 135-175; y RUIZ, 1988. <<

[52] LARGO CABALLERO, 1985, pp. 80-81 y 83; VIDARTE, 1978, pp. 110-113; BIZCARRONDO, 2008, pp. 96-103; y LAMO DE ESPINOSA, 1973, pp. 171-211. <<

[53] Renovación, 10 de febrero, 3 de marzo, 4 de agosto, 22 y 29 de septiembre de 1934; ROSAL, 1977, pp. 371-400; VIDARTE, 1978, pp. 214-215. Cfr. JULIÁ, 1979, pp. 5-6, y Juliá a LARGO CABALLERO, 1985, p. liv; CONTRERAS, 1981, p. 267; RUIZ, 1988, pp. 21-40; SOUTO KUSTRÍN, 2004, pp. 201-225; RUIZ-MANJÓN, 2007, pp. 380-384 y 388; BIZCARRONDO, 2008, pp. 116-118. <<

[54] Fue editado en español por primera vez en 1931, al tiempo que su edición francesa. <<

[55] Las instrucciones se reproducen ampliamente en LARGO CABALLERO, 1985, pp. 93-110 ss. <<

[56] ES, 21 de abril de 1934. El mejor estudio de la militarización de las Juventudes Socialistas, en SOUTO KUSTRÍN, 2004, pp. 86-101 y 176-200. También, VIÑAS, 1978, pp. 12-16 y 20-24, y BIZCARRONDO, 1981, pp. 275-278, 1992, pp. 838-839 y 846, y 2008, pp. 115-121. Apuntes útiles, en JULIÁ, 1997, pp. 205-206; LUIS MARTÍN, 2004, pp. 246-247; FUENTES, 2005, pp. 241-242, que indica la fascinación; PAYNE, 2005, p. 99. La radicalización de los campesinos socialistas, en BIGLINO, 1986, pp. 383-441 ss. Cfr. también «Horas históricas», EOT, 10 de febrero de 1934, y «Un nuevo clarinazo de guerra», id., 3 de marzo de 1934. Para los mineros asturianos, SCHUBERT, 1984, y CASTEJÓN, 2009. <<

[57] ES, 16 de marzo y 3,15, 21,22 y 24 de abril de 1934. También, incluidas las cifras oficiales, SOUTO KUSTRÍN, 2004, pp. 126-138; sin contar las de octubre, BLÁZQUEZ MIGUEL, 2009, pp. 498 y 713, suma 221 víctimas mortales por violencia política en 1934. <<

[58] Azaña, en PAYNE, 2005, p. 95. Resto, BLAS GUERRERO, 1978, p. 114; MALEFAKIS, 1982, pp. 377-384; MACARRO, 2000, pp. 343-379; TOWNSON, 2002, pp. 219-313; ÁLVAREZ TARDÍO, 2002, pp. 306-312 y 328; REY, 2008b, pp. 336-399. <<

[59] Buenas síntesis, en PAYNE, 1995a, pp. 239-257, y 2005, pp. 139-157, y RANZATO, 2006, pp. 208-221. Madrid, en SOUTO KUSTRÍN, 2004, pp. 225-287. Las visiones defensivas las recrearon los propios protagonistas. Por ejemplo: LARGO CABALLERO, 1976, pp. 121-134. Luego las siguieron muchos historiadores: entre otros, PRESTON, 1987, pp. 174 y 180; RUIZ, 1988; BIZCARRONDO, 1981, pp. 286-303, y 2008, pp. 123-142. Desde la «privación relativa», PÉREZ LEDESMA, 1987, pp. 121-134; SCHUBERT, 1984 y 1988, resalta las motivaciones económicas. Véase también el monográfico de VVAA, 1984; VVAA, 1985, y el relato de DÍAZ NOSTY, 1974. <<

[60] ARRANZ, 2001, pp. 163-164 y 175-176. BLAS GUERRERO, 1978, pp. 122-123, tampoco acepta las tesis defensivas. <<

[61] Cfr. MACARRO, 1985b, pp. 276-277, y 2000, pp. 366-370; PAYNE, 2005, p. 140; ÁLVAREZ TARDÍO, 2002, pp. 329-330. El hilo conductor es mío (F. R.). <<

[62] MALEFAKIS, 1982, p. 393. <<

[63] ÁLVAREZ TARDÍO, 2002, pp. 340-341; CRUZ, 2006, pp. 74 ss. <<

[64] ROSAL, 1977, pp. 477-478. Los sapos, en ABC, 2 de junio de 1936. Clave para la bolchevización, FEDERACIÓN NACIONAL DE JUVENTUDES SOCIALISTAS, 1935, y VIDARTE, 1978, pp. 394 ss. Fundamental y siempre vigente para la escisión, JULIÁ, 1977; también, id., 1979, pp. 44-51 y 119-121, y 1997, pp. 218-229. Cfr. LAMO DE ESPINOSA, 1973, pp. 98-103; BLAS GUERRERO, 1978, pp. 125-151; VIÑAS, 1978; BIZCARRONDO, 1975, pp. 209-216,1977, pp. 83-156, 1981, pp. 345-459, y 2008, pp. 143-179; BIGLINO, 1986, pp. 467-478; GILLESPIE, 1991, pp. 58-67; GIBAJA, 1995, pp. 54-130; MACARRO, 2000, pp. 383-392; PAYNE, 2005, pp. 226-230 ss.; RUIZ-MANJÓN, 2007, pp. 394-395. <<

[65] ES, 18 de febrero de 1936. <<

[66] Heraldo de Madrid, 6 de abril de 1936; Ahora, 7 de abril de 1936; ES, 7 de abril de 1936, y ABC, 7 de abril de 1936. <<

[67] Cfr. BLAS GUERRERO, 1978, pp. 153-174; JULIÁ, 1977, pp. 238-243, y 1997, pp. 229-238; MALEFAKIS, 1982, pp. 418-437; BIGLINO, 1986, pp. 478-492; MACARRO, 2000, pp. 401-417; ÁLVAREZ TARDÍO, 2002, pp. 343 y 350-355; PAYNE, 2005, pp. 320-505; RANZATO, 2006, pp. 221-272; CRUZ, 2006, pp. 83-225; REY, 2008b, pp. 471-561. Aparte de la prensa diaria, la radicalización caballerista de esos meses se ha seguido también en El Obrero de la Tierra y en Claridad. BLÁZQUEZ MIGUEL, 2009, pp. 715-716, que ofrece el recuento más reciente y exhaustivo, estima en un mínimo de 502 los muertos producidos por la violencia política entre el 1 de enero y el 17 de julio de 1936, cifra muy superior a los 260-270 que habitualmente han manejado los historiadores hasta ahora. <<

[1] ARÓSTEGUI, GONZÁLEZ CALLEJA y SOUTO, 2000, p. 72. <<

[2] Lo de «luchar a brazo partido» es de PAYNE, 1995a, p. 234. <<

[3] Domingo apeló al radical socialismo francés para llevar a cabo un nuevo proyecto republicano en España: «Un partit com el que a França acabdillen Herriot i Painlevé, és necessari ací. Podría ell, sumar els elements intel-lectuals, les classes mitjanes, i teñir, al mateix temps, una solidaritat estreta amb els partits obrers […]», On va Catalunya?, Barcelona, 1927, pp. 216-217, cit. PUJADAS I MARTÍ, 1996, p. 242. <<

[4] El Liberal, 9 de febrero de 1930. AVILÉS, 2006, p. 51. <<

[5] Nueva España fue una revista quincenal que empezó en enero de 1930, en cuyo comité de dirección estaban Antonio Espina y José Díaz Fernández. Albornoz escribió a menudo en ella. Véase AVILÉS, 2006, p. 55, quien considera la publicación como el órgano de expresión del «ala más revolucionaria del nuevo partido». Joaquín Arderíus se hizo comunista mientras que José Díaz Fernández acompañó al grupo de radical-socialistas que se unió a Izquierda Republicana, consiguiendo el acta de diputado por Murcia en las generales de 1936. <<

[6] Manifiesto del PRRS a la democracia republicana, diciembre de 1929, en HMM, A/1674. El acto público en El Sol, 5 de noviembre de 1929. Todo, en BEN-AMI, 1990, p. 129, a quien pertenece la expresión «oratoria jacobina». <<

[7] ALBORNOZ y LIMINIANA, 1936, pp. 34-35. <<

[8] ALBORNOZ y LIMINIANA, 1921, p. 139. Me he ocupado detenidamente del análisis del discurso histórico de Albornoz en ÁLVAREZ TARDÍO, 2008. <<

[9] El Sol, 5 de abril de 1931. <<

[10] El Liberal, 1 de noviembre de 1933. <<

[11] La Libertad, 18 y 22 de julio de 1930 y 27 de marzo de 1931. Lo de Botella Asensi, en AVILÉS, 2006, p. 79. <<

[12] Nosotros, dijo Azaña en 1932, «hemos venido a […] poner punto a una digresión monstruosa de la historia española, que comienza en el siglo XVI, que corta el normal desenvolvimiento del ser español, y le pone con todas sus energías y toda su grandeza al servicio de una dinastía servidora a su vez de una idea imperialista y católica». Ahora «queremos reanudar la tradición de los comienzos de la edad moderna de España, cuando las ciudades españolas y sobre todo cuando las ilustres ciudades castellanas querían regirse al modo de las repúblicas italianas». Hay, añadió, «una tradición popular republicana, libertadora, en el espíritu español, y sobre todo en el espíritu castellano, y queremos reivindicarla, ponerla en pie y engrandecerla». En «La República como forma del ser nacional», alocución pronunciada en la sesión de clausura de la Asamblea del partido de AR el 28 de marzo de 1932, cit. en AZAÑA, 1990, II, p. 228. <<

[13] En Nueva España, 15 de febrero de 1930. Recogido en AVILÉS, 2006, p. 55. <<

[14] Domingo se ocupó de los perfiles ideológicos del nuevo radical-socialismo en Autoritarismo y Democracia (1925) y en ¿On va Catalunya? (1927). La cita procede de este último trabajo, recogida en ibíd., p. 54. El análisis detallado de la propuesta de Domingo, en PUJADAS I MARTÍ, 1996, pp. 238-246. <<

[15] Lo primero son palabras de José Díaz. La referencia, en Nueva España, 1 de mayo de 1930, citado en AVILÉS, 2006, p. 56, que puntualiza que «muy otro era el tono del propio Domingo». <<

[16] BEN-AMI, 1990, p. 179, y AVILÉS, 2006, pp. 70-72. En ese debate era crucial la idea de un «juego doble», el de las «ventajas de jugar a todo», es decir, el de «jugar de manera simultánea a la vía insurreccional y a la politica», idea que había sido esencial en la gestación del pacto de San Sebastián. Véase UCELAY DA CAL y TAVERA García, 1994, pp. 140-141. <<

[17] UCELAY DA CAL, 1995, pp. 61 ss. <<

[18] Un análisis más detallado de lo anterior, en ÁLVAREZ TARDÍO, 2002, cap. II. <<

[19] El Liberal, 12 de mayo de 1931, El Socialista, 12 de mayo de 1931, El Heraldo de Madrid, 11 de mayo de 1931. La actitud más moderada, en El Sol, 12 de mayo de 1931, y en un artículo de Antonio Zozaya en La Libertad, 11 de mayo de 1931. La Voz, órgano republicano independiente, compartió la interpretación de la izquierda. La posición más extrema, en el órgano anarquista de Solidaridad Obrera, 12 de mayo de 1931, que acusó al gobierno de haberse convertido en uno de «tantos gobiernos liberales de la monarquía». Hubo comentarios parecidos de ciertos republicanos en La Libertad, 1 de marzo de 1932. La posición conservadora, en El Imparcial, 13 de mayo de 1931. <<

[20] DOMINGO, 1934, pp. 90 y 95. MARTÍNEZ BARRIO, 1983, p. 38, señaló también cómo Azaña y los socialistas aprovecharon los sucesos para reiterar una y otra vez la necesidad de que el gobierno tomara «medidas y acuerdos políticos revolucionarios». Azaña, a juzgar por el testimonio de su cuñado, no «participaba ciertamente del sentimiento popular, exaltado en contra del clero», pero estaba dispuesto a aceptar que si lo aseguraba el pueblo, las barbaries cometidas por la Iglesia fueran verdad y, por tanto, que una respuesta contundente fuera necesaria. RIVAS-CHERIF, 1961, p. 136. <<

[21] El Socialista, 12 de mayo de 1931; El Heraldo de Madrid, 11 de mayo de 1931. <<

[22] Lo de Galarza, en un mitin del 21 de junio de 31, cit. en MATEOS RODRÍGUEZ, 1988, p. 328. Las referencias anteriores, en BEN-AMI, 1990, p. 394. <<

[23] En aquel momento y a un mes de las elecciones, el PRRS contaba 5261 afiliados y 168 secciones. Durante los siguientes doce meses, beneficiado por el control de dos ministerios y un numerosos grupo parlamentario, llegaría a la cifra de 72 815 afiliados y 1083 secciones: BEN-AMI, 1990, p. 394, que recoge las cifras que aporta el Texto taquigráfico del Tercer Congreso Nacional Ordinario del Partido Republicano Radical-Socialista de España celebrado en Santander durante los días 28-31 de mayo y 1 de junio de 1932, Madrid, 1932, pp. 29-40. <<

[24] El ala de extrema izquierda de los radical-socialistas se escindió tras el II Congreso Nacional de mayo de 1931. Encabezada por José Antonio Balbontín, presidente de la agrupación madrileña y contrario a toda colaboración con la DLR, creó más tarde el Partido Republicano Radical Socialista Revolucionario. Balbontín terminaría incorporándose al PCE en marzo de 1933. <<

[25] Las referencias al congreso, en El Sol, 28, 29, 30 y 31 de mayo y 1 de junio de 1931. Los incidentes «de importancia» volvieron a repetirse en la Asamblea del PRRS en Sevilla, celebrada dos semanas más tarde. En Sevilla, donde pesaba la fuerza de una candidatura revolucionaria que con un lenguaje extremista trataba de movilizar el voto de los anarquistas, se acordó luchar en solitario: Ahora, 12 de junio de 1931. <<

[26] Las referencias del mitin en Murcia, en BEN-AMI, 1990, p. 395. En el documento titulado Actitud del Partido en las Constituyentes, aprobado en el II Congreso Nacional comentado más arriba, se dejaba abierto el debate para después de las elecciones ante la incapacidad de conciliar las posturas moderadas y las extremas, pero se señalaba ya que debería propugnarse una reforma del derecho de propiedad para que la Nación fuera la propietaria de las «fuentes de la riqueza» y que la enseñanza tuviera carácter de «única, laica, obligatoria e igualitaria». En AHN-GC, Salamanca, Caja 2613, legajo 4441. <<

[27] La expresión es de UCELAY DA CAL, 1995, p. 58. La usa para calificar el proyecto de República descrito por Alcalá Zamora en su célebre discurso de abril de 1930, en el que se declaró republicano. «Barata» porque la transición podría llevarse a cabo «sin costes». <<

[28] El Sol, 26 de marzo de 1931. <<

[29] El Sol, 21 de junio de 1931. <<

[30] ABC, 27 de junio de 1931. <<

[31] En el acto de Madrid, Balbontín aseguró que la revolución estaba por hacer: ABC, 23 de junio de 1931. Lo de Botella y Valera, en El Sol, 16 de junio de 31. Lo de Albornoz, en una conferencia sobre Bolívar en el Ateneo de Madrid: El Sol, 5 de abril de 1931. <<

[32] El Sol, 16 de junio de 1931; ABC, 16 de junio de 1931. <<

[33] Ahora, 16 de mayo de 1933. <<

[34] Como el caso de Las Raimas, donde gentes de la conjunción republicana asaltaron el periódico El Liberal, defensor en aquella circunscripción de la candidatura de Ossorio y Gallardo: Ahora, 28 de junio de 1931. <<

[35] Casos de mítines reventados de la DLR en Puertollano o en Valencia, en ABC, 26, 27 y 28 de junio de 1931. Otro caso, en Talavera de la Reina, de un mitin conjunto de radicales y DLR, en Ahora, 20 de junio de 1931. <<

[36] Hubo algún muerto el día de las elecciones en actos de violencia ocurridos en Badalona: Ahora, 30 de junio de 1931. <<

[37] El Sol y Ahora, 20 de junio de 1931. <<

[38] Ahora, 28 de junio de 1931. En Valencia hubo dos incidentes muy graves, especialmente en Alaquàs, con choques violentos provocados por republicanos contrarios a las candidaturas de la DRV de Luis Lucia, que terminaron con tiros y quema de vehículos. El resultado fue que la asamblea de la DRV, contra el criterio de Lucia, que buscó la protección del gobernador civil, adoptara la decisión de abstenerse en las elecciones: COMES IGLESIA, 2002, p. 162. <<

[39] Ahora, 14 de junio de 1931. <<

[40] MAURA, 1981 p. 267, describió así a los candidatos a gobernadores civiles que proponía el Partido Radical-Socialista: «Marcelino Domingo y Álvaro de Albornoz disponían de una clientela sencillamente única e indescriptible. Claramente se veía que a ese partido habían ido a parar los viejos elementos tradicionalmente rebeldes a lo constituido». <<

[41] Soria fue territorio controlado por gobernadores radical-socialistas hasta el 20 de diciembre de 1933, salvo un período de pocos meses en los que hubo un gobernador del partido de Acción Republicana. <<

[42] La circular de Miguel Maura, en AHN, Legajo 30, circular n.o 231, 8 de junio de 1931. Lo de Artigas, en AHN, Legajo 30, Soria, 20 de junio de 1931, n.o 1381. Ambos recogidos en BEN-AMI, 1990, p. 401, que analiza brevemente el comportamiento de los gobernadores más conflictivos durante la campaña electoral. Este autor asegura que, en general, los gobernadores «actuaron por intereses de partido y pidieron a sus subordinados que colaboraran con ellos en contra de la alianza o partido republicano rival». Una visión crítica de la política de Maura en el nombramiento de gobernadores, en SERRALLONCA I URQUIDI, 2007, p. 11. <<

[43] El entrecomillado es de MORENO FERNÁNDEZ, 1987, p. 75. La información procede de AHN (Gobernación), Leg. 18, n.o 12. Moreno Galvache consiguió salirse con la suya tras el fracasado golpe de Sanjurjo en agosto de 1932. Entonces sí logró que el gobernador suspendiera La Verdad y otros periódicos afines a Acción Popular en Cartagena. A decir de MORENO FERNÁNDEZ, 1987, p. 76, que cita los editoriales «Un llamamiento más» de 31 de mayo, «Labor moderadora» de 1 de junio o «Ineficaces remedios» de 30 de junio de 1932, La Verdad no vulneró la legalidad, ni incitando a golpe de fuerza alguno ni haciendo apología de la monarquía. Es más, al igual que El Debate, se enfrentó a los que pedían restauraciones manu militari. Sin embargo, el diario estuvo clausurado cincuenta y ocho días. <<

[44] MACARRO VERA, 2000, p. 37. <<

[45] «La conferencia no tenía desperdicio. No solo ponía en tela de juicio la aplicación de la legislación social, sino que rebajaba al extremo su aceptación por los obreros que no eran socialistas…», ibíd., p. 87. <<

[46] DSC, n.o 23, 19 de agosto de 31, p. 484. <<

[47] Para ellos, las leyes de desarrollo constitucional exigían «prontitud en su aprobación y espíritu revolucionario en su redacción», por lo que no cabía disolver las Cortes antes de que fueran aprobadas: DOMINGO, 1934, p. 142. Baeza Medina explicó en una entrevista recogida por El Sol, 14 de julio de 1932, que las Cortes debían durar todo lo que fuera necesario para desarrollar el programa impuesto por la Constitución; su duración era un síntoma de la unidad republicana frente a la reacción monárquica. <<

[48] El Sol, 5 de julio de 1932. <<

[49] ABC, 21 de enero de 1932. <<

[50] DSC, n.o 132, 9 de marzo de 1932, p. 4368. BLAS GUERRERO, 1991, p. 126. <<

[51] DSC, n.o 132, 9 de marzo de 1932, p. 4373. <<

[52] Un análisis más pormenorizado, en ÁLVAREZ TARDÍO, 2005, pp. 307 ss. <<

[53] AZAÑA, 1997, p. 73, anotación del 29 de noviembre de 1932. <<

[54] MATEOS RODRÍGUEZ, 1988, p. 265. <<

[55] DSC, n.o 48, 1 de octubre de 31, p 1359. <<

[56] DSC, n.o 348, 1 de junio de 1933, p. 13 237. <<

[57] DSC, n.o 349, 2 de junio de 1933, pp. 13 269 y 13 287-13 288. <<

[58] DSC, n.o 348, 1 de junio de 1933, pp. 13 238 y 13 239. <<

[59] DSC, n.o 349, 2 de junio de 1933, p. 13 273. <<

[60] Ya en enero de 1932 Botella había protagonizado incidentes graves dentro del grupo parlamentario radical-socialista, llegando a declarar a ABC, 19 de enero de 1932, que se sentía expulsado. <<

[61] Ahora, 1 de marzo de 33. DOMINGO, 1934, pp. 289-292; VIDARTE, 1976, pp. 584-585. <<

[62] El Sol, 9 y 11 de julio de 1933. MACARRO, 2000, p. 187. En Cañizo, un pueblo de Zamora, cuenta MARTÍN GONZÁLEZ, 2005, pp. 90-91, que una buena parte de los que militaron en el PRRS en 1931 se pasaron en 1933 al núcleo local de AP, en medio de una clara reacción contra la política del primer bienio. <<

[63] Se pasaron al nuevo partido José Salmerón, Ángel Galarza, Emilio Baeza, Francisco Barnés, Luis López Doriga, Antonio Pérez Torreblanca, Gregorio Vilatela y Victoria Kent. Por su parte, los gordoncistas controlaron el partido oficial, donde permanecieron Julio López Orozco, José Moreno Galvache, Benigno Artigas, Fernando Valera, Vicente Fatrás y Antonio Guallar. Solo catorce de los cuarenta diputados que formaban por entonces la minoría se quedaron con Gordón: AVILÉS, 2006, p. 280. <<

[64] La Libertad, 27 de octubre, 4 y 9 de noviembre de 1933. Galarza vio como le reventaban sendos mítines en Puebla de Sanabria o Muga de Sayazo, recibiendo insultos de «embusteros y enchufistas», así como algunas piedras. Su compañero Antonio Moreno Jover denunció un intento de agresión física ante el gobernador civil. Parece que los protagonistas no eran militantes de derechas sino comunistas o anarquistas que recordaban con odio al Galarza que había ocupado la Dirección General de Seguridad: MATEOS RODRÍGUEZ, 1988, pp. 468 y 469. <<

[65] El día de las votaciones algunos radical-socialistas protagonizaron intentos de coacción a la entrada de los colegios, como en el caso del barrio de Olivares en Zamora: MATEOS RODRÍGUEZ, cit. Por otro lado, afiliados radicales y conservadores denunciaron la actuación de agentes electorales «dominguistas» en Tortosa (Tarragona) y Tembleque (Toledo), especialmente por coacciones sobre el electorado femenino. Me remito aquí a VILLA GARCÍA, 2009, al que debo buena parte de las referencias que siguen en el texto sobre los gobernadores civiles radical-socialistas. <<

[66] Sánchez Albornoz se presentaba también por Ávila. ABC, 14 de noviembre de 1933. <<

[67] ABC, 12 y 22 de octubre de 1933; Ahora, 21 de octubre de 1933. <<

[68] AHN (Gobernación), Serie A, Legajo 31, Expediente 8. <<

[69] VALERA, 1933, p. 21. En todo caso, en el texto de Valera, procedente de una conferencia impartida el 20 de diciembre de 1931, se notaba un concepto del radical-socialismo que no podían compartir todos los afiliados, muchos menos los más cercanos a Albornoz. El texto podía ser del agrado de diferentes sectores de provincia a los que caracterizaba una mayor prudencia a la hora de admitir postulados socialistas. De hecho, Valera hizo un planteamiento sobre el socialismo distinto al expresado por Albornoz: ellos, dijo, eran socialistas no en el sentido de la lucha de clases sino de «solidarismo social»; no postulaban el fin de la propiedad privada allí donde «la experiencia demuestra su utilidad» (p. 32). El planteamiento de Albornoz está bien recogido en su «Ideario Radical Socialista», conferencia pronunciada el 3 de diciembre de 1932 en el Círculo de la agrupación radical-socialista de Madrid, publicada por la Imprenta de la Escuela de Reforma Alcalá de Henares, 1932. <<

[70] Por ejemplo, en los mítines de Domingo en Alicante y Gordón en Murcia, La Libertad, 9 y 11 de noviembre de 1933, respectivamente. El segundo sostuvo un discurso muy similar en el fondo al de Albornoz, apuntando que los «antiestados» se habían organizado en el Partido Agrario para acabar con la República que socavaba sus privilegios. Las elecciones, dijo, suponían una lucha entre republicanos y antirrepublicanos. También, el mitin de Victoria Kent en Valverde del Camino, Huelva, en El Liberal, 10 de noviembre de 1933. <<

[71] Especialmente significativa es una intervención de Domingo en la que explica que las derechas no «juegan limpio» y que solo persiguen «entrar cautelosamente en ella [la República] y someterla; se llaman republicanas y no lo son». El Liberal, 1 de noviembre de 1933. <<

[72] En un mitin muy accidentado de Galarza en Zamora. La Libertad, 27 de octubre de 1933. <<

[73] La Libertad, 16 de noviembre de 1933. Lo de Domingo, en un mitin celebrado en Madrid. El Liberal, 24 de octubre de 1933. <<

[74] En uno de sus mítines se lamentaba de que los socialistas hablasen a favor de la dictadura y aseguraba que si las derechas ganaban, ellos tendrían «que someterse a su decisión». El Liberal, 8 de noviembre de 1933. <<

[75] El Liberal, 25 de octubre de 1933. Domingo afirmó en varias ocasiones que ellos aspiraban a que el régimen constituyese «el gran ensayo de la democracia para resolver los problemas sociales y económicos huyendo de los sistemas de dictadura». El entrecomillado es de un mitin de Bilbao, El Sol, 18 de noviembre de 1933. <<

[76] El Liberal, 9 de noviembre de 1933. La cursiva es mía. <<

[77] El Liberal, 25 de octubre de 1933. Días más tarde, el 27 de octubre, un titular del mismo periódico advertía: «No tenemos miedo a nadie ni a nada; pero nos asombra tanta temeridad». <<

[78] El Liberal, 11 de octubre de 1933. <<

[79] El Sol, 12 de noviembre de 1933 y ABC, 31 de octubre y 4 de noviembre de 1933. <<

[80] Véase el Manifiesto del PRRS-I de Madrid a la opinión, fechado el 7 de noviembre. El Liberal, 9 de noviembre de 1933. Para el grupo de Gordón véase el Manifiesto del PRRS a sus Agrupaciones, emitido por el Comité Nacional. El Liberal, 25 de octubre de 1933. <<

[81] ÁLVAREZ TARDÍO, 2004. <<

[82] El Heraldo de Madrid, 25 de noviembre de 1933. <<

[83] Las presiones de Botella y Gordón sobre Alcalá-Zamora las cuenta este último, tildándolas de propuestas de «golpe de Estado»: ALCALÁ-ZAMORA, 1977, p. 260. Para lo de Gordón y la posible entrada en el gobierno véase AVILÉS, 2006, p. 311. <<

[84] El Liberal, 2 de diciembre de 1933, y La Libertad, 3 de diciembre de 1933. Manifiesto del Partido Radical Socialista Independiente a la opinión, fechado el 1 de diciembre, firmado por el Comité Ejecutivo Nacional: Marcelino Domingo, José Salmerón, Francisco Barnés, Victoria Kent, Emilio Baeza Medina, Luis López Doriga, Antonio Pérez Torreblanca y Gregorio Vilatela. <<

[85] Es harto significativo el editorial de El Liberal, 3 de diciembre de 1933, donde se denuncia el peligro «fascioclerical» y se justifica la violencia como reacción defensiva contra los abusos de la derecha «anticonstitucional». <<

[86] El Liberal, 25 de noviembre de 1933. El Heraldo de Madrid, 25 de noviembre de 1933. <<

[87] A punto de constituirse las nuevas Cortes, Domingo pidió abiertamente a Alcalá-Zamora que disolviera el Parlamento si no fuera posible un gobierno que conservara la República: El Liberal, 9 de diciembre de 1933. <<

[88] La cita, en un documento interno de la primera mitad de 1934: «Borrador de las bases para la unión de las izquierdas que se planteó sin éxito en 1934», AHN-GC, PS-Madrid, caja 2613, legajo 4441. <<

[89] Palabras de Botella Asensi, recién dimitido ministro de Justicia: El Liberal, 30 de noviembre de 1933. <<

[90] El Liberal, 1 de diciembre de 1933. <<

[91] MARTÍNEZ BARRIO, 1983, p. 212, donde se recoge la carta de Azaña, Domingo y Casares fechada el 5 de diciembre de 1933. <<

[92] El Liberal, 22 de diciembre de 1933. <<

[93] Lo primero, en un importante discurso de Domingo en el Gran Hotel, Zaragoza. El Liberal, 4 de septiembre de 1934. Lo último procede de unas declaraciones suyas a El Nacional de Méjico. En El Liberal, 30 de septiembre de 1934. <<

[94] Sin embargo, según ALCALÁ-ZAMORA, 1977, p. 279, Albornoz le había felicitado por teléfono el día 25 de septiembre por un discurso suyo en el que había hecho un llamamiento «a la conciencia nacional y al empleo exclusivo de los medios legales en sí suficientes y eficaces para las luchas de partidos». La nota emitida por Unión Republicana también afirmó la ruptura de «toda solidaridad» con las instituciones del régimen pero se mostró algo más prudente, no haciendo referencia a la legitimidad de otros medios para defender el sistema. Esta nota y la de IR, en MONGE BERNAL, 1936, pp. 887-888. <<

[95] Marcelino Domingo, «Saber perder y saber esperar», El Liberal, 16 de octubre de 1934. Palabras de Gordón, en DSC, n.o 259, 13 de noviembre de 1935, p. 10 519. <<

[96] DSC, n.o 259, 13 de noviembre de 1935, p. 10 516. <<

[97] Ibíd., p. 10 520. <<

[98] El Liberal, 1 de marzo de 1936. <<

[1] AZAÑA, 2007, V, p. 219. <<

[2] SALLÉS, 1986, pp. 6-7. <<

[3] UCELAY, 1994, p. 244. <<

[4] UCELAY, 1984, p. xxxiii, y VIBRANT, 1933, pp. 157-160. Proyecto, en ADPB, leg. 3569, Projectes, carp. n.o 2. <<

[5] UCELAY, 1978, pp. 164-168. <<

[6] Cit. por CURUCULL, 1984, p. 59. <<

[7] MASCARELL y UCELAY, 1981, p. 18, y UCELAY, 1982, p. 165, nota 15. <<

[8] ROSELL I VILAR, 1931. <<

[9] Cit. por CURUCULL, 1984, p. 156. <<

[10] El Sol, 29 de mayo de 1932, p. 1. <<

[11] UCELAY, 1979, p. 537. <<

[12] Cit. por SALLÉS, 1986, p. 132. <<

[13] P. FOIX, «La CNT, els treballadors i el terrorisme», La Humanitat, 16 de julio de 1933, p. 5. <<

[14] UCELAY, 1982, pp. 182-183. <<

[15] EALHAM, 2005, pp. 124-125. <<

[16] «Cal defensar la República», La Humanitat, 2 de enero de 1932, p. 1. <<

[17] «Violències», La Humanitat, 28 de julio de 1932, p. 3. <<

[18] «Una democràcia en marxa. Les sessions del II Congrès Nacional Extraordinari d’Esquerra Republicana de Catalunya», La Humanitat, 3 de octubre de 1932, p. 1. <<

[19] L. CAPDEVILA, «Incomprensió i violencia», La Humanitat, 23 de julio de 1932, p. 1 <<

[20] La Humanitat, 10 de abril de 1933, p. 5. <<

[21] UCELAY, 1979, p. 3. <<

[22] N. BATTESTINI, «Joventuts», La Humanitat, 13 de febrero de 1933, p. 3. <<

[23] BESSEL, 1984, y GONZÁLEZ CALLEJA, 1999, pp. 346-408. <<

[24] CULLA I CLARA, 1977, pp. 160-161. <<

[25] ARRARÁS, 1968, II, p. 195. <<

[26] «Míting d’afirmació nacionalista de les Joventuts “Estat Català”», La Humanitat, 1 de septiembre de 1933, p. 5. <<

[27] «Una sospechosa afición al militarismo», La Nación (Madrid), 11 de junio de 1932, p. 16. <<

[28] «Estat Català o Esquerra», L’Opinió, 12 de agosto de 1933, p. 1, cit. por CULLA I CLARA, 1977, pp. 169-170. <<

[29] Cit. por ARRARÁS, 1968, II, p. 221. <<

[30] Todos los discursos, en «La gran jornada del diumenge a Montjuic. Cinquanta mil ciutadans acudiren a la crida de les Joventuts d’Esquerra», La Humanitat, 24 de octubre de 1933, pp. 1-2 <<

[31] L’Opinió, 12 de agosto de 1933, cit. por CAMPOS I TERRÉ, 1935, p. 163. <<

[32] La Veu de Catalunya, 24 de octubre de 1933, p. 1. <<

[33] Editorial «Fascismo en Cataluña», El Correo Catalán, 25 de octubre de 1933, p. 1. <<

[34] José M. Francés, «En peu de pau», La Humanitat, 22 de octubre de 1933, p. 6. <<

[35] «El moment polític. Unes interessantíssimes declaracions de Jaume Aiguader», La Humanitat, 1 de noviembre de 1933, p. 1. <<

[36] L’Opinió, 9 de noviembre de 1933, p. 1. Véase también «Un cop mortal», L’Opinió, 25 de octubre de 1933, p. 1, donde se resalta la impotencia de los dirigentes del partido para controlar sus juventudes. <<

[37] La Humanitat, 25 de octubre de 1933, p. 1. <<

[38] «La marcha de los “escamots” hacia Montjuich», La Nación (Madrid), 25 de octubre de 1933, p. 2. <<

[39] La Humanitat, 21 de marzo de 1933, p. 3. <<

[40] Informe del Consulado de Italia en Barcelona (31 de marzo de 1933), en ASMAE, Serie Affari Politici, 1931-1945, caja 4, Spagna, 1933. Véase también DENCÀS, 1935, p. 20. <<

[41] «La democracia catalana», La Humanitat, 21 de febrero de 1933, p. 6. <<

[42] CRUELLS, 1970. <<

[43] BALCELLS, 1977, p. 39. <<

[44] PAYNE, 1998, p. 7. <<

[45] UCELAY, 2002, p. 32. Un amplio resumen del debate sobre el fascismo de las JEREC, en CULLA I CLARA, 1977, pp. 111-210. <<

[46] «Macià al poble de Catalunya», La Humanitat, 22 de noviembre de 1933, p. 1. <<

[47] CAMBÓ, 1987, p. 458, quien recuerda que este tipo de violencias no sucedían desde 1901, y tilda a la Esquerra de «partido netamente fascista». <<

[48] CULLA I CLARA, 1977, pp. 274-275. <<

[49] «Veus enemigues. Catalunya, reducte de la revolució», La Humanitat, 11 de enero de 1934, p. 1. <<

[50] «La democracia nacionalista republicana de Catalunya, en peu. Centenars de milers de ciutadans en una manifestació indescriptible, sense cap precedent en la nostra història política, afirmarten la seva fe en els ideals d’esquerra, al seva adhesió al Govern autonòmic i al seva decisió de lluitar contra el feixisme i la tirania», La Humanitat, 1 de mayo de 1934, pp. 1 y 2. La Hoja del Lunes, 30 de abril de 1934, p. 1, evaluó el número de participantes en 100 000, mientras que Ahora, 2 de mayo de 1934, p. 3, dobló esa cifra. <<

[51] Memoria elevada al Gobierno […] por el Fiscal General de la República, 1935, pp. ciii-cv. <<

[52] CULLA I CLARA, 1977, p. 186. <<

[53] DENCÀS, 1935, p. 42. <<

[54] La Nación, Madrid, 14 de julio de 1934, p. 2. <<

[55] «Los violentos y vergonzosos incidentes en el Palacio de Justicia», La Nación, Madrid, 27 de julio de 1934, p. 7. Véase también HURTADO, 1967, II, p. 299. Los conflictos entre nacionalistas y los jueces de la Audiencia fueron muy frecuentes: el concejal Emili Granier-Barrera, el director de La Nació Catalana, Josep Aymà, y Camil Bofia, secretario del Partit Nacionalista Català, fueron sentenciados a meses de prisión en el verano de 1934 por manifestaciones nacionalistas. Hubo una protesta del Colegio de Abogados de Barcelona, y un pleito entre el Gobierno de Cataluña y los magistrados tras una notificación del Presidente de la Audiencia Territorial y la contestación del conseller de Justicia y Derecho. Véase POBLET, 1977, pp. 220-223. <<

[56] «Amb motiu de la sentència dictada peí Tribunal contra l’advocat senyor Xammar, és produïren diversos incidents», La Humanitat, 11 de septiembre de 1934, p. 5. <<

[57] ESTIVILL, 1935, pp. 101-104. <<

[58] La Humanitat, 13 de septiembre de 1934, p. 4. <<

[59] «La grandiosa concentració d’abans ahir a Reus», La Humanitat, 1 de octubre de 1934, p. 3. <<

[60] «Catalunya, argument suprem del feixisme», La Humanitat, 2 de octubre de 1934, p. 1. <<

[61] «La República està en perill», La Humanitat, 4 de octubre de 1934, p. 1. <<

[62] «Catalunya, recull el guant», La Humanitat, 5 de octubre de 1934, p. 1. <<

[63] CULLA I CLARA, 1977, pp. 296-297. <<

[64] El desarrollo de la huelga convocada por la AO, en ESTIVILL, 1935, pp. 123-155. <<

[65] Declaración de Lluhí, en AHN, Tribunal Supremo, Fondo Reservado, exp. 5: Causa contra Manuel Azaña y Luis Bello Trompeta por rebelión militar, pp. 49-56. <<

[66] La proclama de Companys, en OSSORIO Y GALLARDO, 1976, pp. 140-141. La trascripción de las comunicaciones entre Companys, Gassol, el alcalde de Barcelona, Carles Pi Sunyer, y Dencàs, en AHN, Tribunal Supremo, Fondo Reservado, exp. 5: Causa contra Manuel Azaña y Luis Bello Trompeta por rebelión militar, pp. 163-166. <<

[67] MIRAVITLLES, 1935, p. 186. <<

[68] AZAÑA, 1935, pp. 106-107. <<

[69] COSTA I DÉU y SABATÉ, 1936, pp. 9-14. <<

[70] Declaración de Lluís Companys (29 de octubre de 1934), en AHN, Tribunal Supremo, Fondo Reservado, exp. 5: Causa contra Manuel Azaña y Luis Bello Trompeta por rebelión militar, pp. 43-48. <<

[71] Por ejemplo, CULLA I CLARA, 1977, pp. 298-303. <<

[72] Cit. por CULLA I CLARA, 1977, p. 301. <<

[73] Sobre la represión tras el 6 de octubre, véanse VINYES, 1983, pp. 94-138; BERNADES, 1935, y CAMPOS I TERRÉ, 1935, y para las comarcas de Tarragona, VERDAL, 1935. <<

[74] RIQUER, 1996, p. 24, y UNIÓ DE RABASSAIRES, 1935. Las resistencias campesinas y los sabotajes se prolongaron hasta bien entrado 1935. Véase VINYES, 1983, pp. 118-119. <<

[75] Véase El Govern de la Generalitat davant del Tribunal de Garanties Constitucionals, 1935, y PRATS, 1935. Sobre la instrucción de la Causa 81/34 contra treinta y ocho encausados del Gobierno de la Generalitat, Ayuntamiento de Barcelona y otros, y el juicio ante el Tribunal de Garantías del 27 de mayo al 6 de junio de 1935, véase también LORENTE y SIMÓ, 2004. <<

[76] La sentencia de 5 de junio de 1935, en informe de M. Scott a Sir John Simon (Madrid, 7 de junio de 1935), en NA, Foreign Office, General Correspondence, Political, Spain, caja 371/19 736, p. 260. <<

[77] «Les Corts, dissoltes. Vergonya i oprobi de la República», La Humanitat, 8 de enero de 1936, p. 1. <<

[78] «Guio del moment. Que es pacifiquen ells», La Humanitat, 2 de enero de 1936, p. 1. <<

[79] «El poble és al carrer», La Humanitat, 8 de enero de 1936, p. 1. <<

[80] «Discurs de Josep A. Trabal a les joventuts de Catalunya», La Humanitat, 9 de febrero de 1936, p. 7. <<

[81] Al parecer, el termino fue acuñado por el periodista Manuel Brunet Solà, comentarista político de La Veu de Catalunya, donde el 4 de marzo de 1936 había escrito: «Abans i després del 6 d’octubre havia dit moltes vegades que Catalunya, amb el seu Estatut, hauria pogut ésser un oasi». Según Brunet, el régimen republicano y estatutario permitía convertir Cataluña «en un oasi de felicitat relativa […] un oasi urbanitzat com un jardí». De haberse respetado el Estatut en los días de octubre, «Catalunya podia ésser un oasi paradisíac». En su artículo «L’oasi i els seus voltants», La Veu de Catalunya, 5 de julio de 1936, Brunet criticó el abuso de su metáfora por algunos escritores de Esquerra y recordó no haber dicho que Cataluña fuera el oasis de la República, sino que «la comparança entre la situació de Catalunya i de la resta d’Espanya permetia esperar que no seria difícil convertir aquest país en un oasi». Solà trataba de justificar y apoyar la posición centrista de la Lliga. El propio CAMBÓ, 1987, p. 466, avala esta impresión y la explica porque la virtual inexistencia de Falange dejaba sin sentido las eventuales represalias de la izquierda. Consideraciones sobre esta imagen: «L’oasi de Catalunya», La Publicitat, 23 de abril de 1936; BALCELLS, 1971, pp. 231-234; BENET, 1976; CURUCULL, 1984, pp. 285-290, y de un modo crítico, VINYES, 1983, pp. 303 y 334-335. Sobre esta metáfora, véase también Jaume GUILLAMET, «L’oasi, versió original», El País, ed. Cataluña, 29 de marzo de 2005. El término se emplea aún hoy con profusión e ironía en los debates políticos y sociales referidos a Cataluña. <<

[82] Antoni Rovira i Virgili, «L’oasi català», La Humanitat, 15 de marzo de 1936, p. 1. <<

[83] RIQUER, 1996, p. 39. <<

[84] LINZ, 1981: p. 341. Según nuestros propios cálculos, durante la primavera de 1936 se produjeron seis víctimas mortales por motivaciones socio-políticas en la provincia de Barcelona, cuatro de ellas (un encargado de obras, los hermanos Badia y Joseph Mitchell Hoode, cónsul accidental y gerente de la compañía textil «la Escocesa») en la ciudad condal. <<

[85] Véase el artículo «Què vol la Lliga. La guerra civil?», El Be Negre, 11 de marzo de 1936, p. 1. <<

[86] RIQUER, 1996, pp. 38-39, y VINYES, 1983, pp. 304-335. <<

[87] UCELAY, 1982, p. 267. <<

[88] Mundo Obrero, 29 de abril de 1936, p. 3; La Época, 29 de abril de 1936, p. 2; «Los hermanos Badia mueren víctimas de un atentado», La Vanguardia, 29 de abril de 1936, p. 7; CURUCULL, 1984, pp. 276-277; ESCOFET, 1984, pp. 174-179; PÉREZ SALAS, 1947, p. 81; SARIOL BADIA, 1978, pp. 117-119, y TARÍN-IGLESIAS, 1988, pp. 201-206. <<

[89] VIDARTE, 1978, pp. 256-259. Sobre este debate, véase Diari de Sessions del Parlament de Catalunya, 5 y 6 de mayo de 1936, pp. 4287 ss., cit. por ARRARÁS, 1968, II, pp. 374-375, y IV, p. 216; SARIOL BADIA, 1978, pp. 130-132, y TARÍN-IGLESIAS, 1988, pp. 207-236. Este mismo autor (pp. 56-57) relata que los propios amigos de Dencàs le creían un agente italiano, ya que tras ser expulsado de EC el 15 de agosto de 1936 se presentó en Italia, donde fue recibido y protegido por Mussolini quien, aparte de tener apetencias en el Mediterráneo, pensaba que el fascismo en España solo podría surgir en una zona industrial como Cataluña. Tras su visita a Italia, Dencàs pasó a París y murió en Tánger en 1966. FONTANA, 1951, p. 38, habla de sus contactos con el fascismo a través del «cavaliere bianco» Arconovaldo Bonaccorsi (a) conde Rossi. <<

[90] PI SUNYER, 1975, pp. 374-376. <<

[91] ROJAS, 1979, pp. 27-29. <<

[92] Sobre el reconocimiento de las reivindicaciones catalanas, exigido por Jaume Aiguader, y la aceptación de un Estatuto que debería ser aprobado por las Cortes Constituyentes en lo referente a la delimitación de atribuciones del poder central, véase CARRASCO FORMIGUERA, 1931, p. 41. <<

[93] GONZÁLEZ CASANOVA, 1979, p. 253. <<

[1] Palabras de Díaz: «[…] no pararemos ni un momento hasta conseguir que se exijan las responsabilidades de esa represión al Gobierno que mandó realizarla, a Gil Robles, que no está presente, porque larga el muerto y se marcha, como ocurre con todos los cobardes», DSC, n.o 17, 15 de abril de 1936, p. 309. <<

[2] La frase aparece incompleta en Diario de Sesiones, ibíd., p. 310. Para la segunda parte, véase GIL ROBLES, 2006, pp. 701-703, que por lo demás relata la sesión razonablemente bien. <<

[3] La referencia a las Cortes es de Ramos Oliveira. Citado en PAYNE, 2005, p. 344. Lo de Largo, en El Socialista, 28 de enero de 1936. ROBINSON, 1973, p. 416. <<

[4] La expresión «fascioclerical» es de El Liberal, 3 de diciembre de 1933. <<

[5] La Libertad, 17 de junio de 1936; Mundo Obrero, 16 de abril de 1936; Claridad, 18 de abril de 1936. Véase la nota 37 de GIL ROBLES, 2006, p. 702. <<

[6] En una concentración de las juventudes en Badajoz, el 14 de abril de 1936. Citado en BARRAGÁN-LANCHARRO, 2006, p. 307. <<

[7] PRESTON, 1978, p. 264. El trabajo que sentó cátedra fue el de J. R. Montero, quien sostuvo que la «táctica evolutiva» de la derecha católica nació para impedir que las políticas republicanas destruyeran las bases del poder del «bloque dominante». MONTERO, 1977, I, p. 99. <<

[8] Javier Tusell puso especial cuidado en demostrar la complejidad interna de la elite dirigente de la CEDA. Afirmó que una buena parte de los diputados cedistas elegidos en 1933 no eran inequívocamente democristianos, sino «gilrroblistas». Lo que les caracterizaba no eran todos y cada uno de los aspectos que podemos encontrar en un Giménez Fernández, pero sí la palabra «moderación». La «masa central» de la CEDA proseguía «la tradición española de los partidos moderados». «No era avanzada en lo social ni en lo político, pero tampoco era reaccionaria. Su posibilismo respecto de la República era, precisamente, la mejor expresión de esa moderación». TUSELL, 1986, p. 199. <<

[9] Me he ocupado de este aspecto en ÁLVAREZ TARDÍO, 2005. Véase también VARELA, 1978, y LINZ, 1978. <<

[10] Lo de Gil Robles, en El Debate, 30 de noviembre de 1932. Lo otro, en MONTERO, 1977, II, pp. 64-65, que analiza de otra forma lo ocurrido en la susodicha asamblea de AP. <<

[11] Conferencia de Goicoechea celebrada el domingo 18 de diciembre de 1932. GALINDO HERRERO, 1956, p. 176. Lucia, en COMES IGLESIA, 2002, pp. 216-218. <<

[12] MONGE BERNAL, 1936, pp. 465-466. <<

[13] En MORENO FERNÁNDEZ, 1987, p. 84. <<

[14] Aunque algunos datos apuntaran a la CEDA como un partido de débil institucionalización, «la evolución del modelo originario, el ambiente político y el papel del liderazgo consiguieron, no obstante, un proceso de institucionalización mucho más cohesivo y coherente de lo que parecían permitir los datos iniciales». ARRANZ NOTARIO, 1995, p. 93. Sobre este aspecto, también ÁLVAREZ TARDÍO y VILLA GARCÍA, 2010, cap. 2. El entrecomillado anterior es de SECO SERRANO, 1971, XIII. <<

[15] MONTERO, 1977, I, p. 208. <<

[16] Baso el relato en la información disponible en el AHN, Serie A (Gobernación), Leg. 60, exp. 21. Un análisis más detallado, en ÁLVAREZ TARDÍO y VILLA GARCÍA, 2010, cap. 5. <<

[17] El Debate, 14 de octubre de 1931, interpretó la aprobación del artículo 26 como una «declaración de guerra a los católicos». <<

[18] Lo de Madrid está recogido en GIL ROBLES, 1971, p. 68. Las citas de Palencia proceden de MONTERO, 1977, I, p. 204. <<

[19] El Debate, 10 de noviembre de 1931. ROBINSON, 1978, p. 113. <<

[20] GIL ROBLES, 1971, p. 68. La carta a Vidal en AVB 11/1, d. 214, anexo D, p. 185. <<

[21] El Debate, 20 de octubre de 1931. ROBINSON, 1978, p. 112. <<

[22] El editorialista de El Debate, 1 y 8 de enero de 1932, aprovechó el documento de los obispos para recordar que los católicos no atacaban a la República sino a sus leyes. Más detalles de este tema en ÁLVAREZ TARDÍO, 2002, pp. 204 ss. El discurso de Herrera, en MONGE BERNAL, 1936, p. 142. Son fundamentales los editoriales de Diario de Valencia, 11 de agosto y 15 de octubre de 1931. En COMES IGLESIA, 2002, pp. 193 y 176. El editorial posterior a la jornada electoral en El Debate, 30 de junio de 1931. Las demás referencias, en TUSELL, 1986, p. 155. <<

[23] Me refiero a MONTERO, 1977, I, p. 208. La diferencia con los carlistas es harto significativa; véase BLINKHORN, 1979, pp. 81 ss. <<

[24] En un mitin celebrado en la plaza de toros de Sevilla el 21 de febrero de 1932. ÁLVAREZ REY, 1993, p. 115. <<

[25] Lo de GIL ROBLES, en ROBINSON, 1978, p. 123. Lo siguiente, en El Debate, 21 y 23 de octubre de 1932. <<

[26] La Época, 24 de febrero de 1932. En ROBINSON, 1978, p. 117. <<

[27] Los entrecomillados previos son de uno de los primeros mítines de la JAN en febrero de 1932. TUSELL, 1986, p. 175. Lo de «viva fuerza» es de MONGE BERNAL, 1936, pp. 944-945, donde se relatan incidentes graves en dos mítines revisionistas en Baleares. En Granada, el 29 de febrero de 1932 hubo varias explosiones y no poca violencia en un mitin de Gil Robles. Ibíd., pp. 997 y 998, y 983, 994 y 999 para más incidentes similares en mítines revisionistas. <<

[28] En TUSELL, 1986, p. 176. <<

[29] Una investigación exhaustiva de la aplicación de la Ley de Defensa de la República a la movilización conservadora, en ÁLVAREZ TARDÍO y VILLA GARCÍA, 2010, cap. 5. <<

[30] DSC, n.o 132, 9 de marzo de 1932, p. 4368. <<

[31] Lo de Calvo Sotelo, en BULLÓN DE MENDOZA, 2004, pp. 395 y 400. Lo de Sainz Rodríguez, en un mitin de la Unión de Derechas en Santander el 17 de noviembre de 1933; véase SANZ HOYA, 2006, p. 153. Lo del «tono violento», en ROBINSON, 1973, p. 226. También GONZÁLEZ CUEVAS, 1998, pp. 221-223. <<

[32] «El momento actual», CEDA, n.o 12, 31 de octubre de 1933, p. 4. En MONTERO, 1977, II, p. 297. Manifiesto electoral de los socialistas zaragozanos, en GERMÁN ZUBERO, 1980, pp. 127-128. <<

[33] Lo firmaban, entre otros, Royo Villanova, Gil Robles, Goicoechea, Calvo Sotelo y José María Valiente. El Debate, 1 de noviembre de 1933. Compárese con el manifiesto de los candidatos de AN por Madrid en junio de 1931, en MONGE BERNAL, 1936, pp. 165-166. <<

[34] El entrecomillado es de MONTERO, 1977, II, p. 298. <<

[35] Este era el contenido de un folleto propagandístico de AP presentado el 8 de noviembre de 1933: «Mujer, si no votas la candidatura de derechas vendrá el COMUNISMO, que te arrancará los hijos de tus brazos; la iglesia de tu pueblo, símbolo de NUESTRA SANTA RELIGIÓN, será derruida y arrasada; el esposo que amas HUIRÁ DE TU LADO, autorizado por la LEY DEL DIVORCIO; vendrá la ANARQUÍA A LOS CAMPOS y a vuestro hogar el HAMBRE Y LA MISERIA». Archivo Municipal de Santiago, Policía de Imprenta, 1933-1934. En GRANDÍO SEOANE, 1998, p. 189. <<

[36] En ÁLVAREZ REY, 1993, p. 336. <<

[37] ROBINSON, 1973, p. 236. <<

[38] Los últimos entrecomillados son de la propaganda de la CEDA en Sevilla. En ÁLVAREZ REY, 1993, pp. 334-335. <<

[39] El Socialista, 14 de noviembre de 1933. Las palabras de Gil Robles del 15 octubre y 2 y 5 de noviembre de 1933, en ROBINSON, 1973, pp. 224-225. Lo de Santiago, en El Ideal Gallego, 7 de febrero de 1933; véase GRANDÍO SEOANE, 1998, p. 146. <<

[40] El Debate, 7, 14 y 18 de noviembre de 1933. ROBINSON, 1973, p. 225. <<

[41] En GIL ROBLES, 1971, p. 270. <<

[42] El Socialista, 11 de noviembre de 1933. En CONTRERAS, 1981, p. 346. <<

[43] El Ideal Gallego, 1 de noviembre de 1933. En GRANDÍO SEOANE, 1998, p. 182. <<

[44] MATEOS RODRÍGUEZ, 1998, p. 469; y COMES IGLESIA, 2002, p. 248 y 249. <<

[45] GRANDÍO SEOANE, 1998, p. 190; y TUSELL, 1986, p. 224. <<

[46] Durante la campaña de junio de 1931 los incidentes más graves ocurrieron cuando las fuerzas de seguridad procedieron a detener a huelguistas empeñados en imponer los paros laborales de forma ilegal, sucediéndose acto seguido manifestaciones improvisadas o amotinamientos que terminaban con heridos graves y algunos muertos, como los casos de Villanueva del Arzobispo o Villacarrillo. Ahora, 14 de junio de 1931. Uno de los casos más graves ocurrió durante y después de un mitin tradicionalista en Pamplona que las izquierdas intentaron boicotear. Hubo heridos por arma blanca, un muerto, un asalto izquierdista a un tren cargado de asistentes al mitin que regresaban a Zaragoza, etc. Ahora y El Sol, 16 de junio de 1931. <<

[47] Lo de Valencia, en DSC, 14 de diciembre de 1933, pp. 36-41; y COMES IGLESIA, 2002, p. 249. Lo de Constantina, en ABC, 22 de octubre de 1933. Lo demás procede de la tesis de VILLA GARCÍA, 2008, pp. 535 y 562. <<

[48] Un ejemplo de un mitin conservador —o «acto cavernícola», como decía la prensa afín a la izquierda republicana— suspendido por orden municipal fue el de Quintanar de la Orden, Toledo, donde no pudieron hablar ni Dimas Madariaga ni Royo Villanova. El Liberal, 15 de noviembre de 1933. Para lo demás, VILLA GARCÍA, 2009a, pp. 547 ss., en donde se relatan más de dos docenas de denuncias de abusos de regidores socialistas. <<

[49] MONGE BERNAL, 1936, pp. 217 y 994. En esta última página se cuentan también agresiones a afiliadas de Acción Femenina de AP en San Clemente. Algunos de los pocos casos de coacciones recogidos por la prensa en El Liberal, 15 de noviembre de 1933. Respecto de la campaña de junio de 1931, jóvenes propagandistas fueron apedreados en Sevilla en varias ocasiones. Ahora, 24 y 25 de junio de 1931. Hubo, también, algún caso, aunque excepcional, en el que un mitin republicano-socialista fue reventado por «elementos clericales», como el que ocurrió en Azpeitia, San Sebastián. Ahora, 27 de junio de 1931. <<

[50] Para los asaltos a locales de AP véase El Liberal, 15 y 16 de noviembre de 1933. Los hechos de Daimiel, en REY REGUILLO, 2008b, p. 303. Lo demás, en VILLA GARCÍA, 2008, pp. 558 ss. <<

[51] En Zamora, por ejemplo, pese a los numerosos mítines y localidades donde se realizó propaganda, solo hubo algunos incidentes en una docena de pueblos. MATEOS RODRÍGUEZ, 1988, p. 469. Algo parecido ocurrió en Santander, donde la violencia no fue lo habitual. SANZ HOYA, 2006, p. 153. <<

[52] REY REGUILLO, 2008b, pp. 324-325 y 328-329; MACARRO, 2000, p. 295. En Andalucía no hubo paralelo entre la violencia ejercida por socialistas y anarquistas contra las candidaturas conservadoras y su contraria. Si bien en Sevilla capital un comunista murió tras una reyerta con cedistas, la mayor parte de los mítines reventados y de la violencia se ejerció en la dirección contraria. Hubo agresiones a populares en Montilla, Baena y Granjuela; y dos sindicalistas conservadores cayeron abatidos a tiros en Sevilla, muriendo uno de ellos. En Cádiz, las peleas y asaltos no fueron raros. En San Fernando, mientras se celebraba un mitin de Pemán y Primo de Rivera, un faísta empezó a disparar a los asistentes, matando a uno e hiriendo a varios. Por su parte, los socialistas jiennenses amenazaron con la huelga general si las derechas mantenían un mitin en el que iban a hablar Pemán, Gil Robles y Royo Villanova. <<

[53] Toda la información de este párrafo y del anterior, en VILLA GARCÍA, 2008. Y ABC, 29 y 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre de 1933. <<

[54] En GIL ROBLES, 1971, p. 272. <<

[55] GIL ROBLES, 2006, p. 105. <<

[56] El Ideal Gallego, 23 de noviembre de 1933. En GRANDÍO SEOANE, 1998, p. 191. <<

[57] El Sol, 22 de noviembre de 1933. <<

[58] DSC, n.o 6, 19 de diciembre de 1933, p. 75. <<

[59] Ibíd., p. 76. <<

[60] DSC, n.o 7, 20 de diciembre de 1933, pp. 77, para lo de Gil Robles, y 113, para lo de Goicoechea. <<

[61] DSC, n.o 6, 19 de diciembre de 1933, p. 79. <<

[62] Véase también las críticas a los «monárquicos fervorosos» en La Verdad, 6 de febrero de 1934. En MORENO FERNÁNDEZ, 1987, p. 140. La cita de Salmón en el texto, en TUSELL, 1986, p. 227. La expresión «furia […]» es de ROBINSON, 1973, p. 246, quien considera que la CEDA «era en aquel momento un partido republicano en todo excepto en el nombre», p. 251. <<

[63] Para este asunto es fundamental el análisis del caso de Ciudad Real en REY REGUILLO, 2008b, p. 367. <<

[64] TUSELL, 1986, pp. 240-241. <<

[65] La condena de la violencia y la vigencia del posibilismo fue explícito en los editoriales de la prensa gallega próxima al cedismo, como El Eco de Santiago, 15 de octubre de 1934, o El Ideal Gallego, 13 de octubre de 1934. GRANDÍO SEOANE, 1998, p. 215. Lo de Maeztu, en GONZÁLEZ CUEVAS, 2000b, p. 134. <<

[66] TUSELL, 1986, p. 243. <<

[67] En GIL ROBLES, 1971, pp. 299 y 303. <<

[68] Por ejemplo, la intervención de Félix Gordón Ordás, en DSC, n.o 259, 13 de noviembre de 1935, p. 10 516. <<

[69] DSC, n.o 105, 25 de junio de 1934, p. 4009. <<

[70] DSC, n.os 115, 5 de noviembre de 1934, p. 4505, y 116, 6 de noviembre de 1934, p. 4560. La cursiva es mía. <<

[71] DSC, n.o 116, 6 de noviembre de 1934, p. 4561. <<

[72] MONTERO, 1977, I, p. 582. <<

[73] JAP, n.o 22, donde se recogen las ponencias de la IV Asamblea de Zaragoza. Véase LAFERRIERE, 1972, p. 224. <<

[74] JAP, 22 de abril de 1934. En GONZÁLEZ CUEVAS, 1998, p. 279, quien apunta también que el caso extranjero admirado por las juventudes de AP no era el de Mussolini sino el de Oliveira Salazar y el Estado novo portugués: régimen autoritario, no totalitario, con partido único y principios cristianos. JAP, 20 de julio de 1934. <<

[75] El Ideal Gallego, 12 de junio de 1934. GRANDÍO SEOANE, 1998, p. 209. <<

[76] El Debate, 24 de abril de 1934. ROBINSON, 1973, pp. 277-278. <<

[77] LAFERRIERE, 1972, p. 239. <<

[78] «Somos antiparlamentaristas. Enemigos del poder personal y de las dictaduras; creemos que el pueblo […] necesita ser oído a través de la caja de resonancia de una Asamblea popular que […] sea un freno contra la arbitrariedades a que el poder personal fatalmente conduce». En el editorial de JAP, n.o 4, 8 de diciembre de 1934. Véase LAFERRIERE, 1972, pp. 224-225. Lo del congreso de 1934, en ROBINSON, 1973, p. 277. Lo de las «contradicciones», en BÁEZ PÉREZ DE TUDELA, 1994, p. 84. <<

[79] Lo último es del Manifiesto de las JAP de Santander a todos los montañeses (octubre de 1935). SANZ HOYA, 2006, p. 173. Lo anterior, en JAP, n.o 36, 12 de octubre de 1934. BÁEZ PÉREZ DE TUDELA, 1994, p. 95. <<

[80] JAP, n.o 23, 1 de julio de 1935, p. 17. En MONTERO, 1977, II, p. 83. <<

[81] En LAFERRIERE, 1972, p. 242. <<

[82] Manifiesto de las JAP de Santander. Octubre de 1935. SANZ HOYA, 2006, p. 173. <<

[83] Por ejemplo, las milicias de los jóvenes de AP en la localidad zamorana de Cañizo no se organizaron hasta septiembre de 1936. MARTÍN GONZÁLEZ, 2005, p. 99. Los primeros entrecomillados son de BÁEZ PÉREZ DE TUDELA, 1994, p. 84. Lo del congreso de 1935, en MONGE BERNAL, 1936, p. 309. Lo de Ledesma Ramos, en GONZÁLEZ CUEVAS, 2000b, p. 127. <<

[84] Las frases entrecomilladas son de MONTERO, 1977, I, pp. 652-655. La cita del «simbolismo pagano», en REY REGUILLO, 2008b, p. 371. <<

[85] BÁEZ PÉREZ DE TUDELA, 1994, p. 91. <<

[86] Citado en GRANDÍO SEOANE, 1998, p. 233. <<

[87] Editorial de JAP, 25 de mayo de 1935. En LAFERRIERE, 1972, p. 221. <<

[88] Así puede verse en el relato que hace GRANDÍO SEOANE, 1998, p. 233. <<

[89] GONZÁLEZ CALLEJA, 1998. <<

[90] MONGE BERNAL, 1936, p. 239. Un análisis detallado en BÁEZ PÉREZ DE TUDELA, 1994, pp. 88-89. <<

[91] Detalles de la estructura y funciones de las Secciones de Defensa de Madrid y Salamanca en MONGE BERNAL, 1936, pp. 1060 y 1088. <<

[92] MONTERO, 1977, I, p. 617. <<

[93] GIL ROBLES, 2006, p. 120; MONGE BERNAL, 1936, p. 291. <<

[94] La referencia de los «motivos […]» en MALEFAKIS, 1982, p. 381. De las pp. 381-383 proceden las citas del artículo de Araquistáin en Foreign Affairs, abril de 1934. <<

[95] Palabras de Gil Robles en declaraciones a La Vanguardia de Barcelona, 20 de noviembre de 1934. GIL ROBLES, 1971, p. 383. <<

[96] Añadía: la ley «debe abrir cauces a la armonía de los derechos de la sociedad y del Estado; pero ha de ser la propia sociedad la que se encargue de hacer correr por esos cauces el sentimiento vivo y fecundo de la nacionalidad varia y eminentemente realista». En GIL ROBLES, 1971, p. 383. <<

[97] En DI FEBO, 2007, p. 65. <<

[98] Las citas, en GIL ROBLES, 1971, pp. 216-217. <<

[99] Mitin de la Derecha Autónoma Vasca en San Sebastián, el 20 de octubre de 1935. En ibíd., pp. 479-480. Como ha señalado TUSELL, 1986, p. 204, no se trataba solo de la incompatibilidad del tradicionalismo católico con el fascismo, también de algo que Gil Robles no se cansaba de repetir: «la defensa del principio evolutivo»; al igual que Herrera, consideraba que la evolución era mejor que la revolución y que esa evolución dependía de la organización de un gran partido católico dispuesto a competir por el voto. <<

[100] Citado en ROBINSON, 1973, p. 345. Las palabras de Calvo Sotelo son del 6 de noviembre de 1934. <<

[101] Aunque todo ello, explicaba el mismo Salmón unas semanas después, se mantenía dentro de una postura intermedia entre las nuevas corrientes fascistas y la vieja idea liberal de la libertad. La Verdad, 8 de abril de 1933. La cita del texto en el número del 25 de marzo de 1933. En MORENO FERNÁNDEZ, 1987, pp. 143-144. <<

[102] GIL ROBLES, 1971, p. 304. <<

[103] La nota, en MONGE BERNAL, 1936, pp. 905-909. El resto, en TUSELL, 1986, d. 316. <<

[104] GIL ROBLES, 2006, p. 464. <<

[105] La cursiva es mía. Gil Robles en declaraciones a El Debate, 6 de febrero de 1936. En MONTERO, 1977, II, p. 323. <<

[106] El Ideal Gallego, 26 de enero de 1936, en GRANDÍO SEOANE, 1998, p. 246. El Noticiero, 14 de febrero de 1936, en TUSELL, 1971, I, p. 275. Más ejemplos en el caso de La Mancha, en REY REGUILLO, 2008b, p. 476. <<

[107] GIL ROBLES, 2006, p. 468. <<

[108] Boletín de Acción Popular Agraria Aragonesa, n.o 17, extraordinario, enero de 1936, p. 13. MONTERO, 1977, II, pp. 323-324. <<

[109] Manifiesto firmado por monárquicos y cedistas en Santander a finales de enero de 1936. En SANZ HOYA, 2006, pp. 231-232. <<

[110] Palabras pronunciadas en Madrid ante los jóvenes de AP, en El Debate, 10 de noviembre de 1935. ROBINSON, 1973, p. 351. <<

[111] Las referencias al «marxismo vergonzante» son de las conclusiones del V Congreso celebrado en diciembre de 1935 en Madrid. MONGE BERNAL, 1936, p. 309. Lo de Pérez Laborda, en ABC, 1 de septiembre de 1935. ROBINSON, 1973, p. 351. <<

[112] Lo del suelto en JAP, n.o 48, 11 de enero de 1936. Mayúsculas en el original. TUSELL, 1986, p. 321. Lo de Valencia, en COMES IGLESIA, 2002, p. 326. <<

[113] JAP, n.o 23, 1 de julio de 1935, p. 17. En MONTERO, 1977, II, p. 83. La cita de Tusell, las palabras de Calvo y el manifiesto de las derechas monárquicas sevillanas, en TUSELL, 1971, I, pp. 216, 238 y 210, respectivamente. <<

[114] Gil Robles en un mitin en el Monumental Cinema de Madrid, el 9 de febrero de 1936. El Debate, 11 de febrero de 1936. MONTERO, 1977, II, p. 110. <<

[115] TUSELL, 1971, I, p. 216. Lo de la DRV en varios números de Diario de Valencia, 14, 28 y 29 de enero de 1936. En VALS, 1992, p. 224. <<

[116] Galicia Social, n.o 963, 11 de enero de 1936. Citado en RODRÍGUEZ LAGO, 2008, p. 141. <<

[117] Gil Robles en un mitin en el teatro Rojas de Toledo, el 9 de febrero de 1936. TUSELL, 1971, I, p. 203. <<

[118] El Debate, 3 de enero de 1936. Lo de Giménez Fernández, en TUSELL, 1986, p. 316. <<

[119] En muchos lugares, los cedistas se negaron a compartir lista electoral con los monárquicos y se aliaron con republicanos moderados; así ocurrió en Albacete, Alicante, Ávila, Baleares, Castellón, Huelva, Huesca, Las Palmas, Logroño, Murcia capital, Murcia provincia, Oviedo, Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Sevilla provincia, Soria, Teruel y Zamora. En otros sitios, cedistas y monárquicos sí compartieron candidatura y manifiestos; pero, incluso así, casos como el de Santander introducen importantes matices. Como ha explicado SANZ HOYA, 2006, p. 235, a pesar de la unidad electoral de las derechas cántabras, había «ciertas diferencias entre la propaganda de los cedistas y la de los candidatos monárquicos. Los primeros hicieron hincapié en las cuestiones sociales, en la conquista del poder por vías legales […], mientras que los monárquicos insistieron más en la reivindicación de un “nuevo Estado” de tipo corporativo y autoritario […]». La relación exacta de las candidaturas en AHN, Serie A (Gobernación), Leg. 32, Exp. 1. Agradezco a Roberto Villa García la información sobre la misma que me ha facilitado. <<

[120] Largo, en El Socialista, 28 de enero de 1936. Esto y las demás referencias, en ROBINSON, 1973, pp. 412-416. El manifiesto de RE, en TUSELL, 1971, I, p. 195. <<

[121] GRANDÍO SEOANE, 1998, p. 248, quien describe algunos incidentes violentos con motivo de la colocación de carteles, con las JAP como protagonista, sobre todo en La Coruña, p. 247. Lo de Albacete, en ORTIZ HERAS, 1996, pp. 51-52. El Socialista, 1, 5, 13, 14 y 15 de febrero de 1936, y ABC, 8 de febrero de 1936. <<

[122] Choques violentos entre falangistas e izquierdistas en ABC, 4, 5, 8, 2, 14 y 15 de febrero de 1936, y El Socialista, 1 y 14 de febrero de 1936. Lo de Valencia, en TUSELL, 1971, I, p. 247. Las denuncias socialistas en El Socialista, 13 y 14 de febrero de 1936. El ataque de jóvenes de AP contra el ministro, en El Socialista, 5 de febrero de 1936. <<

[123] Al decir de Gil Robles, hasta ese momento los jóvenes «mártires» de la CEDA eran veintiséis. Véase GIL ROBLES, 2006, p. 474, donde se detalla la acción de la policía contra las publicaciones de la JAP. Lo demás en ABC, 1, 5, 7,10 y 17 de febrero de 1936 y El Socialista, 3 de febrero de 1936. <<

[124] GIL ROBLES, 1971, p. 542. <<

[125] PAREJO FERNÁNDEZ, 2009. <<

[126] El Ideal Gallego, 20 de febrero de 1936. En GRANDÍO SEOANE, 1998, p. 277. <<

[127] TUSELL, 1986, p. 321, y ROBINSON, 1973, p. 423. Lo de Prieto, en Ahora y El Socialista, 2 de diciembre de 1933. <<

[128] En GIL ROBLES, 1971, p. 542. <<

[129] Según relato de COMES IGLESIA, p. 340, que se apoya en el archivo de Giménez Fernández. <<

[130] En el estudio de MARTÍN GONZÁLEZ, 2005, sobre el pueblo de Cañizo, Zamora, tampoco aparecen casos de violencia física iniciados por afiliados a AP. Lo de Santander, en SANZ HOYA, 2006, p. 250. Ciudad Real y entrecomillado, en REY REGUILLO, 2008b, p. 531. Para Albacete, SEPÚLVEDA LOSA, 2003, pp. 12 y 38. El relato de la agresión a Arturo Cortés y demás, en ORTIZ HERAS, 1996, p. 24. Lo de Badajoz, en BARRAGÁN-LANCHARRO, 2006, pp. 295 y 303. Lo de Cáceres, en AYALA VICENTE, 2003, p. 132. Para Granada, VILLA GARCÍA, 2009, y ÁLVAREZ TARDÍO y VILLA GARCÍA, 2010, cap. 8. <<

[131] ABC, 21 de febrero de 1936, y El Debate, 6 de marzo de 1936. GIL ROBLES, 1971, p. 544. También PAYNE, 2005, pp. 294-295, quien califica de «conciliadora» la respuesta de la CEDA en ese momento. <<

[132] ABC, 19, 21 y 29 de febrero de 1936. ROBINSON, 1973, p. 429. La reacción de Acción Española había sido inequívoca tras las elecciones. En su número 84 dijeron que «La verdad puede y debe imponerse por la fuerza […]». Y en ABC, 26 de febrero de 1936, Calvo Sotelo se lamentaba de la confianza inútil de la derecha católica en los procedimientos electorales, que no eran sino la puerta abierta a la revolución por el predominio proletario. GONZÁLEZ CUEVAS, 1998, p. 321. <<

[133] En un artículo publicado el 10 de marzo de 1936. TUSELL, 1986, p. 325. <<

[134] DSC, n.o 17, 15 de abril de 1936, pp. 297-300. <<

[135] La Flecha, n.o 48, mayo de 1936. Cit. en RODRÍGUEZ LAGO, 2004, p. 31. Los editoriales de marzo de El Ideal Gallego habían condenado también el uso de la violencia y respaldado a la dirección de AP, aunque advertían ya de los riesgos de que no se cumpliera la ley y no se asegurara el orden. GRANDÍO SEOANE, 1998, p. 279. Pocos días después, el líder de la JAP, Laborda, aseguraba que los jóvenes seguían fieles al líder y que su organización no pensaba fusionarse con Falange. ROBINSON, 1973, p. 453. <<

[136] DSC, n.o 29, 19 de mayo de 1936, pp. 697-698. <<

[137] El mismo Gil Robles señala que, a petición de Francisco Herrera Oria y Carlos de Salamanca, «antes del alzamiento» se le pidió que dedicase una parte del remanente del fondo electoral de la CEDA «para ayudar económicamente al general Mola en caso de que tuviera que huir al extranjero». Tras asegurar que tuvo problemas «de conciencia» porque ese dinero no había sido donado para ese fin, finalmente, llegó a convencerse de que los afiliados habrían apoyado que en ese momento los fondos de la CEDA se aplicaran al que, por entonces, «era ya el único medio de impedir el triunfo de la anarquía». Por lo tanto, accedió a la petición y dio órdenes a Antonio Escudero de que entregara quinientas mil pesetas a Carlos de Salamanca. Más tarde supo, por el propio Mola, que el general no había pedido ese dinero. El 1 de enero de 1937, este último le comunicó por carta que solo había gastado cinco mil de las quinientas mil pesetas y que el dinero estaba a disposición de Gil Robles en una cuenta a nombre del capitán Barrera. Para esto y lo referido en el texto, GIL ROBLES, 2006, pp. 798 y 800-801. <<

[138] TUSELL, 1986, p. 355. <<

[1] FOXÁ, 1975, p. 69. <<

[2] JULIÁ, 1984, pp. 8 ss. <<

[3] «La caída de un trono», Acción Española, n.o 17, 16 de noviembre de 1932, p. 468. <<

[4] MAURA, 1932, pp. 55-73, 101 ss. <<

[5] GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 1990 y 1997; GONZÁLEZ CUEVAS, 1992. <<

[6] ORDOVÁS, 1993. <<

[7] CANAL, 2000 y 2006. <<

[8] GÓMEZ NAVARRO, 1991; GONZÁLEZ CALLEJA, 2005c; QUIROGA, 2008. <<

[9] FERRERO, 1991, p. 142. <<

[10] ABC, 14 de abril de 1931. <<

[11] El Debate, 14 de abril de 1931. <<

[12] Arxiu Vidal y Barraquer, 1971, p. 22. <<

[13] El Debate, 7 de mayo de 1931. <<

[14] ROBINSON, 1974, pp. 58 ss.; MAURA, 1968, pp. 51 ss.; LUCA DE TENA, 1971, pp. 99 ss.; CUEVA, 2000, pp. 217 ss.; ÁLVAREZ TARDÍO, 2002. <<

[15] TUSELL, 1982. <<

[16] SCHMITT, 1979, pp. 5-6. <<

[17] AZAÑA, 1981, p. 106; 1978, p. 57; y 1990, pp. 557 y 634. <<

[18] Diario de Sesiones del Congreso, 13 de octubre de 1931. <<

[19] AZAÑA, 2004, pp. 150, 277, 354, 423, 459, 540, 755. <<

[20] ALPERT, 1982; SALAS LARRAZÁBAL, 1973. <<

[21] ALONSO BAQUER, 1997, pp. 57-75. <<

[22] JULIÁ, 1987, pp. 27-49, y 1997, pp. 171-173; MACARRO VERA, 2000; BIZCARRONDO, 2008, pp. 10 ss. <<

[23] MALEFAKIS, 1980; RODRÍGUEZ LABANDEIRA, 1981. <<

[24] BLAS GUERRERO, 2008, pp. 92-100; y 1991, pp. 124-133. <<

[25] GONZÁLEZ CASANOVA, 1979. <<

[26] OAKESHOTT, 1998, pp. 53 ss. <<

[27] AZAÑA, 2003, pp. 245 y 561. <<

[28] RAMÍREZ JIMÉNEZ, 2005, pp. 47-49. <<

[29] SINOVA, 2006, pp. 52-70, 76-79 y 195 ss. <<

[30] JULIÁ, 2004b, pp. xxxvi-xxxvii. <<

[31] CLAVERO, 1991. <<

[32] GOICOECHEA, 1931, p. 20. <<

[33] HERRERA, 1965, pp. 36 ss. <<

[34] GUTIÉRREZ-RAVÉ, 1955, pp. 341-342. <<

[35] MELGAR, 1964, pp. 174 ss. <<

[36] GOMÁ, 1935, pp. 182 ss. <<

[37] Gaceta de Madrid, 2 de junio de 1931, 30 de diciembre de 1931. <<

[38] La Época, 9 de mayo de 1931. <<

[39] Diario de Sesiones del Congreso, 19 de noviembre de 1931. <<

[40] CALVO SOTELO, 1933, p. 176. <<

[41] FOXÁ, 1975, pp. 91-92 y 108. <<

[42] ARRARÁS, 1968, pp. 175-178 ss. <<

[43] MONGE BERNAL, 1936, pp. 170-173. <<

[44] Archivo Histórico-Nacional, Salamanca, Sección Político-Social, legajo 447, carp. 30, esp. 30, 18 de noviembre de 1931. <<

[45] GONZÁLEZ CUEVAS, 1998, pp. 144 ss. <<

[46] «Menéndez Pelayo», La Prensa, Buenos Aires, 10 de julio de 1932; «Acción Española», Las Provincias, 25 de diciembre de 1931. <<

[47] «A los dos años», Acción Española, n.o 43, 16 de diciembre de 1933, p. 549. <<

[48] «Homenaje a nuestro Director», Acción Española, n.o 10, 1 de mayo de 1932, p. 421. <<

[49] GONZÁLEZ CUEVAS, 1998, pp. 152 ss. <<

[50] Eugenio Montes, «Discurso a la Catolicidad española», Acción Española, n.o 50, 1 de abril de 1934. GARCÍA VILLADA, 1936; MAEZTU, 1934; SAINZ RODRÍGUEZ, 1935. <<

[51] PRADERA, 1935, pp. 197 y 225. Eduardo Aunós, «Hacia una España corporativa», Acción Española, n.o 34, 1 de agosto de 1933, pp. 340 ss. <<

[52] CALVO SOTELO, 1935. <<

[53] Acción Española, n.o 46, 1 de febrero de 1934, p. 1021. <<

[54] GONZÁLEZ CUEVAS, 2003, pp. 97-98 y 256 ss. <<

[55] VEGAS LATAPIÉ, 1932. <<

[56] Razón y Fe, n.o 100, 1932, pp. 258-259. <<

[57] BLINKHORN, 1979, pp. 75 ss. <<

[58] Luis Hernando de Larramendi, «Memoranda», Criterio, n.o 2, 1 de octubre de 1931. <<

[59] ARRARÁS, 1968, pp. 251 ss. <<

[60] GUTIÉRREZ-RAVÉ, 1955, pp. 341-352. <<

[61] GUTIÉRREZ-RAVÉ, 1933, pp. 92-93. <<

[62] Cfr. «Libertad, pero disciplina», La Correspondencia Militar; 17 de abril de 1931; «Ante la barbarie interior», La Correspondencia Militar, 26 de junio de 1931; «1923-1931. Causas y efectos», La Correspondencia Militar, 13 de septiembre de 1931; «Rusia y España», La Correspondencia Militar, 3 de febrero de 1932; «Palabras y hechos», La Correspondencia Militar, 18 de febrero de 1932. <<

[63] VEGAS LATAPIÉ, 1982, p. 136. <<

[64] ANSALDO, 1951, pp. 32 y 36 ss.; FERRER, 1979, pp. 53 ss. <<

[65] SAZ, 1986, pp. 35-40; ANSALDO, 1951, p. 36. <<

[66] Archivo Conde de los Andes, Jerez de la Frontera, carta 19 de mayo de 1932. <<

[67] SAINZ RODRÍGUEZ, 1978, pp. 325-326; SUÁREZ FERNÁNDEZ, 1984, pp. 246-247. <<

[68] Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, leg. 904, cartas 6 de octubre de 1932 y 18 de abril de 1933. <<

[69] CALVO SOTELO, 1932, pp. 14, 26 ss. <<

[70] CALVO SOTELO, 1933, pp. 38 ss. Acción Española, n.o 10, 1 de mayo de 1932, pp. 396-397. <<

[71] «Vida económica», Acción Española, n.o 14, 1 de julio de 1932, p. 177. <<

[72] CALVO SOTELO, 1933, p. 300. «Política y economía», Acción Española, n.o 30, 1 de junio de 1933, pp. 629-630. <<

[73] SAINZ RODRÍGUEZ, 1978, p. 325. <<

[74] ÁLVAREZ REY, 1993; MACARRO VERA, 2003, pp. 116 ss. <<

[75] ESTEBAN-INFANTES, 1933, p. 63. <<

[76] «Salmos a los muertos del 10 de agosto», Ellas, 6 de noviembre de 1932, p. 1. <<

[77] Ellas, n.o 17, 18 de septiembre de 1932, p. 16. Ellas, n.o 18, 25 de septiembre de 1932, p. 9. <<

[78] Diario de Sesiones del Congreso, 9 de septiembre de 1932. <<

[79] MALEFAKIS, 1980, pp. 238-240. <<

[80] GONZÁLEZ CASANOVA, 1979, pp. 303-304. <<

[81] «Páginas de la dictadura parlamentaria», Acción Española, n.o 17, 16 de noviembre de 1932, pp. 451 y 510; Acción Española, n.o 33, 16 de julio de 1933, p. 315. <<

[82] «Los estímulos del guerrero», Acción Española, n.o 37, 16 de septiembre de 1933; Acción Española, n.o 42, 16 de diciembre de 1933, p. 622. <<

[83] ANSALDO, 1951, pp. 48-49. <<

[84] Archivo Conde de los Andes, lista s/f. GONZÁLEZ CUEVAS, 1998, pp. 173-174. <<

[85] Archivo Conde de los Andes, 15 de enero de 1933, 18 de febrero de 1933. <<

[86] El Debate, 8 de octubre de 1932. <<

[87] El Debate, 23 de octubre de 1932. <<

[88] ABC, 20 de noviembre de 1932. <<

[89] ABC, 13 de enero de 1933. <<

[90] ABC, 31 de enero de 1933. «Hacia un frente español contrarrevolucionario», Acción Española, n.o 21, 16 de enero de 1933, pp. 285 ss. <<

[91] Renovación Española, n.o 1, octubre de 1933, p. 2; Renovación Española, n.o 2, diciembre de 1933, p. 2. <<

[92] Archivo Duque de Alba, caja 5, 3 de noviembre de 1933. <<

[93] SENANTE, 1932. <<

[94] «El deber de la resistencia», Acción Española, n.o 43, 16 de julio de 1933, pp. 241 ss. <<

[95] CASTRO ALBARRÁN, 1934, pp. 1, 71-72 y 342 ss. «La sumisión al poder ilegítimo», Acción Española, n.o 39, 16 de diciembre de 1934, pp. 205 ss. <<

[96] ABC, 25 de abril de 1934, El Siglo Futuro, 8 de enero de 1934. <<

[97] Arxiu Vidal i Barraquer, 1986, t. IV, pp. 176, 257, 261 y 263 ss. <<

[98] José Luis Vázquez Dodero: «La preparación doctrinal del Movimiento», La Vanguardia Española, 18 de julio de 1957. <<

[99] JUVENTUD MONÁRQUICA DE BILBAO, 1933. <<

[100] ANSALDO, 1951, pp. 57-59; SAZ, 1986, pp. 69 ss. <<

[101] SAZ, 1986, pp. 66-85; COVERDALE, 1979, pp. 21-45. <<

[102] SAZ, 1986, pp. 66-85; COVERDALE, 1979, pp. 43 ss. <<

[103] MONTERO GIBERT, 1977; MONGE BERNAL, 1936; VALLS, 1992. <<

[104] RAMÍREZ JIMÉNEZ, 2003, pp. 139-149. <<

[105] JULIÁ, 2008, pp. 335-336 ss.; CÁRCEL ORTÍ, 1990; ÁLVAREZ TARDÍO, 2002. <<

[106] «Nuestra protesta», Acción Española, n.o 31,16 de junio de 1933. Ellas, n.o 53, 28 de junio de 1933, p. 3. <<

[107] Acción Española, n.o 38, 1 de octubre de 1933. <<

[108] ABC, 15 de octubre de 1933. <<

[109] «Elecciones», en Acción Española, n.o 41, 16 de noviembre de 1933, p. 120. <<

[110] CALVO SOTELO, 1933, p. 216. <<

[111] BLINKHORN, 1979, pp. 181-182. <<

[112] «Principios informadores de una política de Gobierno», Acción Española, n.o 43, 16 de diciembre de 1933, pp. 666-667. <<

[113] «Situación de paso, no de turno», Acción Española, n.o 43, 16 de diciembre de 1933, p. 671. <<

[114] «Las derechas y la República», ABC, 18 de diciembre de 1933. <<

[115] Diario de Sesiones del Congreso, 19 y 20 de diciembre de 1933. <<

[116] Ibíd., 20 de diciembre de 1933. <<

[117] Ibíd., 20 de diciembre de 1933. <<

[118] Distintas interpretaciones al respecto, en BIZCARRONDO, 2008, pp. 93 ss.; JULIÁ, 1977; BLAS, 1978. <<

[119] Acción Española, n.o 46, 1 de febrero de 1934, pp. 100 ss. <<

[120] Diario de Sesiones del Congreso, 20 de abril de 1934. <<

[121] ABC, 26 de abril de 1934. <<

[122] Acción Española, n.o 54, 16 de junio de 1934, pp. 585 ss. <<

[123] ABC, 14 de mayo de 1934. <<

[124] FERRER, 1950, pp. 230 y 243. <<

[125] «Atención al disco rojo», El Socialista, 25 de enero de 1934. <<

[126] JULIÁ, 2008, pp. 349 y 365. <<

[127] BALCELLS, 1980, pp. 181 ss. <<

[128] ANSALDO, 1951, pp. 91 ss. <<

[129] «La Anti-Patria», ABC, 10 de octubre de 1934. <<

[130] «El Ejército nos ha salvado», ABC, 26 de octubre de 1934. <<

[131] «Los incompatibles», El Pueblo Vasco, 22 de noviembre de 1934. <<

[132] «Toda España es Asturias», ABC, 25 de octubre de 1934; «La Revolución», ABC, 1 de noviembre de 1934. <<

[133] Diario de Sesiones del Congreso, 5 de noviembre de 1934. <<

[134] Ibíd., 7 de noviembre de 1934. <<

[135] El Siglo Futuro, 24 de noviembre de 1934. <<

[136] FERRER, 1979, pp. 401 y 288-290 ss. <<

[137] GIL PECHARROMÁN, 2000, pp. 174 ss. <<

[138] Inserto en SAINZ RODRÍGUEZ, 1978, pp. 250 ss. <<

[139] Véase TUSELL y CALVO, 1990. <<

[140] «Meditaciones políticas. Embolismos», ABC, 4 de enero de 1935. <<

[141] Cfr. «Los rojos cristianos», La Época, 17 de mayo de 1935; «El demagogo cristiano», La Época, 21 de junio de 1935; «Caminos de herejía», La Época, 13 de julio de 1935. <<

[142] «Recuerdos de Le Sillón (el mito de la democracia cristiana)», Acción Española, n.o 66-67, diciembre de 1934, pp. 447 ss. <<

[143] La Época, 11 y 13 de mayo de 1935. <<

[144] GUTIÉRREZ RAVÉ, 1967, p. 139. <<

[145] Diario de Sesiones del Congreso, 8 de mayo de 1935. <<

[146] Archivo Histórico-Nacional, Salamanca, Sección Político-Social, leg. 30, carta 2 de julio de 1935. <<

[147] La Época, 5 de agosto de 1935. <<

[148] Diario de Sesiones del Congreso, 5 de julio de 1935. <<

[149] «La CEDA y el sufragio», La Época, 19 de julio de 1935; «A la unión de los católicos», La Época, 15 de agosto de 1935. <<

[150] La Época, 19 de agosto de 1935. <<

[151] «República y socialismo», El Pueblo Vasco, 18 de abril de 1935. <<

[152] ABC, 17 de noviembre de 1935. <<

[153] ABC, 17 de diciembre de 1935. <<

[154] «Elecciones», Acción Española, n.o 83, enero de 1936. <<

[155] «La unión de las derechas auténticas», ABC, 5 de enero de 1936. <<

[156] ABC, 17 de diciembre de 1935. <<

[157] GIL ROBLES, 1968, p. 418. <<

[158] ANSALDO, 1951, p. 98. <<

[159] ABC, 13 de febrero de 1936; La Época, 13 de febrero de 1936. <<

[160] Véase TUSELL, 1973. <<

[161] «El único camino», Acción Española, n.o 84, febrero de 1936. <<

[162] ABC, 21 de febrero de 1936. <<

[163] El Siglo Futuro, 20 de febrero de 1936. <<

[164] El Siglo Futuro, 8 y 14 de abril de 1936. <<

[165] Véase MALEFAKIS, 1980, pp. 350 ss. <<

[166] ABC, 29 de febrero de 1936. <<

[167] ABC, 8 de abril de 1936. <<

[168] CABRERA, 1983, pp. 230 ss.; TUÑÓN DE LARA, 1976, pp. 170 ss.; REY REGUILLO, 2007, pp. 79-81 ss. <<

[169] Archivo Histórico Nacional, Salamanca, Sección Político-Social, leg. 2412, cartas 29 de mayo de 1936 ss., leg. 1626, cartas 9, 21, 29 de mayo de 1936 ss. <<

[170] BOWERS, 1977, pp. 81, 115 y 223. <<

[171] Diario de Sesiones del Congreso, 16 de abril de 1936. <<

[172] Ibíd., 19 de mayo de 1936. <<

[173] Véase MAÍZ, 1952, pp. 168-169; BULLÓN DE MENDOZA, 2004, pp. 455 ss. <<

[174] SAINZ RODRÍGUEZ, 1978, p. 251. <<

[175] FERRER, 1979, pp. 326-327. <<

[176] Diario de Sesiones del Congreso, 16 de junio de 1936. <<

[177] Véase BULLÓN DE MENDOZA, 2004, pp. 674-675. <<

[178] Véase FELICE, 1995, pp. 619 ss. <<

[179] Inserto en GUTIÉRREZ-RAVÉ, 1965, p. 26. <<

[180] ABC, 15 de julio de 1936. <<

[181] «Romanticismo y democracia», en Acción Española, n.o 87, mayo de 1936, p. 357. <<

[1] A ese respecto, es preciso destacar que la historiografía española ha sido, salvo raras excepciones, especialmente indigente a la hora de tratar el fenómeno fascista. A la altura de 1969, el gran historiador Jesús Rabón decía, haciéndose eco de la monumental biografía de Mussolini realizada por Renzo de Felice, que la contribución española al estudio del fascismo «no constituye en general motivo de orgullo», PABÓN, 1969, p. 497. Las obras de Jiménez Campo, Gibson, Vilar, Chueca, Pastor, etc., distan de haber hecho anacrónico tal aserto; y no han añadido nada sustancial al conocimiento del fascismo europeo y español. La mayoría de estos autores han permanecido asombrosamente miopes al cambio de paradigma provocado por las obras de Renzo de Felice, George L. Mosse, Stanley G. Payne o Emilio Gentile. Incluso puede decirse que, en estos momentos, se ha producido una clara regresión, como demuestra la obra de autores como Francisco Espinosa, Julián Casanova o Francisco Moreno Gómez, que, desde una metodología próxima al más elemental materialismo histórico, reducen el fenómeno fascista a la presunta «función social» de destrucción del movimiento obrero y defensa de la burguesía capitalista. Véanse ESPINOSA, 2007, pp. 23 ss.; CASANOVA, 1997a, pp. 81-87; MORENO GÓMEZ, 2008, p. 62. Una excepción ha sido la del sociólogo Juan José Linz, buen conocedor de las obras de Renzo de Felice y George L. Mosse. Véase LINZ, 2008. <<

[2] FELICE, 1976; PAYNE, 1982. <<

[3] HUGHES, 1972; FELICE, 1976 y 1979; STERNHELL, 1994; MOSSE, 1999a y 2004; GENTILE, 1996 y 2006; PAYNE, 1995b. <<

[4] FELICE, 1976 y 1979; MOSSE, 2004. <<

[5] MOSSE, 1999b. <<

[6] MAIER, 1988. <<

[7] NOLTE, 1994 y 1995. <<

[8] JUNGER, 1995. <<

[9] DAHRENDORF, 2009. <<

[10] MOSSE, 2005. <<

[11] GENTILE, 2007a. <<

[12] MOSSE, 2007 y 2005; GENTILE, 2007b. <<

[13] KERSHAW, 2002; GENTILE, 2007b. <<

[14] GENTILE, 2005. <<

[15] LINZ, 2008. <<

[16] MOSSE, 2004. <<

[17] SCHMITT, 1934, pp. 120 ss. <<

[18] ROSENTOCK-FRANK, 1934; SCHOENBAUM, 2000; Aly, 2006. <<

[19] Esta confusión es perceptible en la obra de QUIROGA, 2005 y 2008. <<

[20] LACOMBA, 1970; OLÁBARRI, 1985; REY, 1992. <<

[21] GONZÁLEZ CALLEJA y REY, 1995, pp. 71 ss. <<

[22] GÓMEZ NAVARRO, 1991. <<

[23] LINZ, 2008, pp. 35 ss. <<

[24] PEMÁN, 1929, pp. 205 ss. Sobre Pemán, véase ÁLVAREZ CHILLIDA, 1996. <<

[25] AUNÓS, 1930, pp. 193 ss. <<

[26] FELICE, 1974, pp. 129-130. <<

[27] FELICE, 2004, pp. 297 ss. <<

[28] PASTOR, 1975. <<

[29] GIL PECHARROMÁN, 2000. <<

[30] BORRÁS, 1971; SÁNCHEZ DIANA, 1976; GALLEGO, 2004; NORLING, 2002; GONZÁLEZ CUEVAS, 2004. <<

[31] LEDESMA, 1924 y 1971. <<

[32] La Conquista del Estado. Antología, 1939, pp. 4-7. <<

[33] «En esta hora decimos», La Conquista del Estado, 25 de abril de 1931. <<

[34] «En esta hora decimos», La Conquista del Estado, 25 de abril de 1931; «La dramática realidad de las constituyentes», La Conquista del Estado, 1 de octubre de 1931; «El peligro separatista», La Conquista del Estado, 23 de junio de 1931; «La expulsión del cardenal Segura», La Conquista del Estado, de junio de 1931; «La quema de conventos», La Conquista del Estado, 16 de mayo de 1931. <<

[35] «Las JONS. Nuestras consignas», La Conquista del Estado, 24 de octubre de 1931. <<

[36] APARICIO, 1951, p. 24. <<

[37] Archivo Histórico Nacional, Sección Político-Social (Salamanca), Legajo 174, 17 de marzo de 1931. «Los hombres de la Dictadura», La Conquista del Estado, 4 de abril de 1931; «La semana comunista», La Conquista del Estado, 13 de junio de 1931. <<

[38] GUILLÉN SALAYA, 1938; MONTERO DÍAZ, 1932; NORLING, 2002, pp. 205 ss. <<

[39] MÍNGUEZ GOYANES, 1990. <<

[40] Libertad, 28 de enero de 1935, p. 2. <<

[41] Libertad, 20 de noviembre de 1933, 18 de enero y 14 de marzo de 1932, 28 de mayo de 1934, 14 de marzo y 10 de diciembre de 1932, 1 de noviembre de 1933, 7 de marzo y 22 de febrero de 1932. <<

[42] Libertad, 14 de diciembre de 1931. <<

[43] Libertad, 15 de mayo de 1933. <<

[44] Entrevista con Javier Martínez de Bedoya, 4 de abril de 1990. GONZÁLEZ CUEVAS, 1998. <<

[45] LEDESMA, 1968; APARICIO, 1951; GUILLÉN SALAYA, 1938. <<

[46] «La violencia fascista», JONS, n.o 3, agosto de 1933. <<

[47] «Ideas sobre el Estado», Acción Española, n.o 24, marzo de 1933. <<

[48] «El nacional-socialismo alemán. El partido de Hitler», La Conquista del Estado, 21 de marzo de 1931. LEDESMA RAMOS, 1968, p. 120. «Adolfo Hitler canciller», Informaciones, 10 de febrero de 1933; «La ruta de Hitler», JONS, n.o 1, mayo de 1933. <<

[49] FOARD, 1975; SELVA ROCA DE TOGORES, 1999. <<

[50] GIMÉNEZ CABALLERO, 1932a, 1932b y 1933. <<

[51] XIMÉNEZ DE SANDOVAL, 1976; GIL PECHARROMÁN, 1996. <<

[52] LEDESMA, 1968. <<

[53] JÉREZ RIESCO, 1977, p. 43; MONTES AGUDO, 1939, p. 15. <<

[54] Papeles póstumos, 1997, pp. 171-172. <<

[55] PRIMO DE RIVERA, 1976, pp. 557 y 559. <<

[56] «Glosas del mes», Leviatán, n.o 20, enero de 1936. <<

[57] PRIMO DE RIVERA, 1976, pp. 369 ss. <<

[58] ANSALDO, 1951, pp. 63-64. <<

[59] La Nación, 30 de octubre de 1933. <<

[60] «¿Bandera que se alza?», Acción Española, n.o 43, 16 de diciembre de 1933, pp. 648 y 650. <<

[61] «Declaraciones ante un discurso», JONS, n.o 5, noviembre de 1933. «Ante la desviación de FE», JONS, n.o 6, diciembre de 1933. <<

[62] Archivo Conde de los Andes, s/f. GONZÁLEZ CUEVAS, 1998, pp. 213-214. <<

[63] Archivo Conde de los Andes, 14 de octubre de 1933. <<

[64] PRIMO DE RIVERA, 1976, pp. 200-201 y 206-207. La Unión, 13 de noviembre de 1933. <<

[65] PRIMO DE RIVERA, 1976, p. 227. «La victoria sin alas», FE, 7 de diciembre de 1933. <<

[66] PRIMO DE RIVERA, 1976, pp. 225-227. FE, 7 de diciembre de 1933. <<

[67] LEDESMA RAMOS, 1968. <<

[68] LEDESMA RAMOS, 1968, pp. 135 ss. Dávila, 1967, pp. 62 ss. <<

[69] FE, 8 de marzo de 1934, pp. 6-8. <<

[70] XIMÉNEZ DE SANDOVAL, 1976, pp. 142 ss. y 206 ss.; PAYNE, 1997, pp. 200 y 218; GIL PECHARROMÁN, 1996, pp. 234 ss. Francisco Blasco, «El telón de los caídos: una revisión», en Nihil Obstat, 18, verano de 2009, pp. 97 ss. <<

[71] «República de oportunistas», ABC, 10 de febrero de 1934. <<

[72] FE, 22 de febrero de 1934; La Nación, 10 de febrero de 1934. <<

[73] «Martiriologio fascista», ABC, 13 de febrero de 1934. <<

[74] ABC, 14 de febrero de 1934. <<

[75] VEGAS LATAPIÉ, 1983, pp. 209 ss. <<

[76] ANSALDO, 1951, pp. 71 ss.; PAYNE, 1997, pp. 198 y 200 ss. <<

[77] SÁNCHEZ MAZAS, 1957. <<

[78] JATO, 1953; THOMÀS, 1998; IBÁÑEZ HERNÁNDEZ, 1993. <<

[79] ALFARO, 1942; GARCÍA SERRANO, 1982; IBÁÑEZ HERNÁNDEZ, 1993; FOXÁ, 1975. <<

[80] LEDESMA RAMOS, 1968, pp. 180 ss. La Nación, 3 y 4 de septiembre de 1934; ABC, 12 de septiembre de 1934. <<

[81] LEDESMA RAMOS, 1968, pp. 200 ss. <<

[82] PRIMO DE RIVERA, 1976, pp. 376 ss. Diario de Sesiones del Congreso, 8 de junio de 1934. <<

[83] «Al margen de un discurso», La Época, 7 de junio de 1934. <<

[84] «Cultura en exceso», Acción Española, n.o 55, 16 de junio de 1934, pp. 91 ss. <<

[85] PRIMO DE RIVERA, 1976, p. 395. Diario de Sesiones del Congreso, 3 de julio de 1934. <<

[86] Acción Española, n." 56-57, julio de 1934, p. 176. <<

[87] «Consignas», FE, 19 de julio de 1934. <<

[88] ANSALDO, 1951, p. 89. SAINZ RODRÍGUEZ, 1978, pp. 375-376; VEGAS LATAPIÉ, 1983, pp. 217-218. <<

[89] PRIMO DE RIVERA, 1976, pp. 434-436. <<

[90] PRIMO DE RIVERA, 1976, pp. 482 ss.; BRAVO, 1940, pp. 76 ss. <<

[91] PRIMO DE RIVERA, 1976, p. 454. <<

[92] PRIMO DE RIVERA, 1976, pp. 471-475. <<

[93] PRIMO DE RIVERA, 1976, pp. 466-468. <<

[94] ABC, 30 de noviembre de 1934. <<

[95] ABC, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 1934. GONZÁLEZ CUEVAS, 1996, pp. 84-114, y 1998, pp. 271-273. <<

[96] FELICE, 1974, pp. 73 ss. <<

[97] Entrevista con Javier Martínez de Bedoya, 4 de abril de 1990. GONZÁLEZ CUEVAS, 1998, pp. 296 ss. <<

[98] «Fascismos de exportación», La Patria Libre, 9 de marzo de 1935. <<

[99] JAP, 5 de octubre de 1935. <<

[100] JAP, 23 de noviembre de 1935. <<

[101] La Época, 1 de diciembre de 1934. DEL BURGO, 1970, p. 751. <<

[102] LEDESMA RAMOS, 1968. <<

[103] PRIMO DE RIVERA, 1976, pp. 737 ss. Diario de Sesiones del Congreso, 23 y 24 de julio de 1935. <<

[104] PRIMO DE RIVERA, 1976, p. 657. «El pacto de los cuatro», Arriba, 25 de abril de 1935. <<

[105] PRIMO DE RIVERA, 1976, pp. 676 ss. <<

[106] PRIMO DE RIVERA, 1976, pp. 711-713. <<

[107] PRIMO DE RIVERA, 1976, p. 717. <<

[108] PRIMO DE RIVERA, 1976, p. 773. «Azaña», Arriba, 31 de octubre de 1935. <<

[109] PRIMO DE RIVERA, 1976, pp. 799, 837 y 861 ss. «El Frente Nacional», Arriba, 5 de diciembre de 1935. <<

[110] PRIMO DE RIVERA, 1976, p. 953. Arriba, 6 de febrero de 1936. <<

[111] PAYNE, 1997, p. 291. <<

[112] PRIMO DE RIVERA, 1976, p. 975. <<

[113] PRIMO DE RIVERA, 1976, p. 989. En el mismo sentido se expresó Ledesma Ramos, desde su aislamiento. Véase «De cara a lo fundamental», Nuestra Revolución, 11 de julio de 1936. <<

[114] SERRANO SÚÑER, 1977, p. 65. <<

[115] PAYNE, 1997, pp. 310-311. <<

[116] XIMÉNEZ DE SANDOVAL, 1976, p. 256. <<

[117] PAYNE, 1997, pp. 313 ss. <<

[118] PRIMO DE RIVERA, 1976, pp. 988-991. <<

[119] VEGAS LATAPIÉ, 1983, pp. 250 ss. <<

[120] Diario de Sesiones del Congreso, 6 y 19 de mayo de 1936. <<

[121] PRIMO DE RIVERA, 1976, p. 1003. <<

[1] LINZ, 1978, 1987 y 1991. <<

[2] BURKE, 2004 y 1997; KOSELLECK, 2004 y 1993; SKINNER, 2002, y ROSANVALLON, 2003. Sobre las redes de socialización durante las primeras décadas del siglo XX en España puede verse RIBAGORDA, 2009. <<

[3] Así lo señala, por ejemplo, SUÁREZ CORTINA, 2009, pp. 81-82, y en el mismo sentido se expresan JULIÁ, 2004a, OUIMETTE, 1998, AUBERT, 1987,1993, 2001, 2006 y 2010, y BÉCARUD y LÓPEZ CAMPILLO, 1978, que ofrecen una panorámica de la época que me ha sido muy útil. Una amplia recopilación de textos de intelectuales durante la República, de la que me he servido aunque he intentado acudir a las fuentes originales siempre que me ha sido posible, en GUTIÉRREZ PALACIO, 2005. <<

[4] El término ha sido ampliamente difundido por GRACIA, 2004. Dos visiones muy críticas con estos «intelectuales liberales» pueden verse en VARELA, 1999, y MARCO, 1997. Una visión más comedida en MARICHAL, 1995 y 1990. <<

[5] JULIÁ, 2004a, p. 237. <<

[6] MAURA, 1968, p. 267. <<

[7] AZORÍN, «Adiós a los amigos», Crisol, 16 de abril de 1931. <<

[8] Sobre la modernización de la sociedad española en las primeras décadas del siglo XX pueden verse CABRERA CALVO-SOTELO y DEL REY REGUILLO, 2002; FUSI y PALAFOX, 1997, y JULIÁ, FUSI, GARCÍA DELGADO y JIMÉNEZ, 2003, entre otros muchos estudios. <<

[9] AZORÍN, «Un momento decisivo», Crisol, 12 de mayo de 1931. <<

[10] AZORÍN, «Adiós a los amigos», Crisol, 16 de abril de 1931. <<

[11] BENDA, 1927. Sobre la figura del Intelectual he escrito en ZAMORA BONILLA, 2002b y 2007. Es una cuestión que ha generado ríos de tinta y sobre las que los principales intelectuales europeos y americanos han dicho alguna palabra durante el último siglo: Blanchot, Bobbio, Aron, Sartre, Camus, Habermas, Ortega, Bourdieu, Chomsky, Gramsci, Mills, Sartori, Weber… Para el caso español, puede verse JULIÁ, 2004a, pp. 9-20, SUÁREZ CORTINA, 2009, y OUIMETTE, 1998, I, pp. 1-70. El affaire Dreyfus se ha tenido siempre como la fecha de nacimiento de la figura del intelectual contemporáneo; para la cuestión en Francia, WINOCK, 1997, y ORY y SIRINELLI, 1987. Las palabras de Unamuno en Heraldo de Madrid, 18 de abril de 1935. <<

[12] GONZÁLEZ CUEVAS, 2003. <<

[13] Para la figura de Azaña el estudio más completo es el de JULIÁ, 2008. <<

[14] Sobre De los Ríos los estudios más completos son los de ZAPATERO, 1999, y RUIZ-MANJÓN, 2007. He analizado su pensamiento político en ZAMORA BONILLA, 2008. <<

[15] Reproduzco de El Sol, «En Irún y en Bilbao. Entusiasta recibimiento a Don Miguel de Unamuno», 11 de febrero de 1930. Otros datos, en «La vuelta de Unamuno a España. Millares de personas aguardaban en el puente internacional de Irún la llegada del maestro», Heraldo de Madrid, 10 de febrero de 1930. Para ver las ideas y la actuación de Unamuno durante estos años es muy útil la biografía de RABATÉ Y RABATÉ, 2009. <<

[16] Estas palabras no aparecieron en la censurada prensa española y solo se reflejaron en los diarios extranjeros, como La Prensa y La Nación de Buenos Aires, y en el informe del gobernador civil. Cfr. TUSELL y QUEIPO DE LLANO, 1990, pp. 21-22, que he seguido también para la reconstrucción de la vuelta de Unamuno a España. <<

[17] RABATÉ Y RABATÉ, 2009, pp. 201 ss. <<

[18] Los discursos, en UNAMUNO, 1930. En los periódicos de Madrid sus palabras aparecieron muy censuradas. He seguido El Sol, 3 y 6 de mayo de 1930 y Heraldo de Madrid, 3 y 5 de mayo de 1930. <<

[19] Heraldo de Madrid, 22 de marzo de 1930. <<

[20] «Un manifiesto ridículo», La Nación, 2 de abril de 1930, cit. en TUSELL y QUEIPO DE LLANO, 1990, p. 62. Sobre Albiñana, PALACIOS BAÑUELOS, 1981, y GIL PECHARROMÁN, 2000. <<

[21] BEN-AMI, 1990, pp. 101 ss., y GONZÁLEZ CALLEJA y SOUTO KUSTRÍN, 2007. Una visión general de la literatura española en esta época, en MAINER, 1999. <<

[22] BEN-AMI, 1984, GÓMEZ NAVARRO, 1991, y GONZÁLEZ CALLEJA, 2005c. <<

[23] «La sesión necrológica en la Universidad», ABC, 27 de marzo de 1925. Véase también FOX, 1997, pp. 184 ss., y GONZÁLEZ ALCANTUD, 2000, pp. 140 ss. <<

[24] Refiriéndose a los jóvenes de la FUE escribe Corpus Barga: «A ellos más que a ningún Comité se debió el ambiente propicio al cambio de régimen», en «FUE», Diario de Madrid, 16 de diciembre de 1934. <<

[25] Sobre la Liga de Educación Social, MORENO SANZ, 1996, pp. 22 ss. <<

[26] ZAMBRANO, 1996, pp. 204-269. <<

[27] El Nuevo Romanticismo, en DÍAZ FERNÁNDEZ, 2006. Para algunos datos sobre el autor he utilizado la introducción de Nigel DENNIS. <<

[28] LOUGH, 2004, y DENNIS, 2000. <<

[29] ORTEGA Y GASSET, 2004-2010, IV, pp. 1003 y 764, respectivamente. Una síntesis de la labor de Ortega como intelectual puede verse en ZAMORA BONILLA, 2004. Un análisis más pormenorizado de esta etapa en ZAMORA BONILLA, 2002a, cap. III. <<

[30] Sobre los planteamientos políticos de CAMBÓ, puede verse: «El pensament polític del senyor Cambó» y «Negacions […] i res més», La Veu de Catalunya, 14 de diciembre de 1930 y 11 de marzo de 1931, respectivamente. La formación del Partido de Centro Constitucional puede seguirse en La Veu de Catalunya y El Debate desde finales de diciembre de 1930 hasta el 12 de abril de 1931. El tema está tratado en Molas, 1972. Las relaciones entre Ortega y Cambó, en DE RIQUER, 1999; y FONCK, 2002. <<

[31] El manifiesto fundacional de la ASR, en ORTEGA Y GASSET, 2004-2010, IV, pp. 660-663. Las palabras de Machado, en «¡Las provincias en pie! El primer acto de la Agrupación al Servicio de la República», El Sol, 15 de febrero de 1931, recogido en MACHADO, 1989. <<

[32] MÁRQUEZ PADORNO, 2003 y 2004. <<

[33] Lo de la fiesta popular, en JULIÁ, 1984. Un análisis de las «derechas» antirrepublicanas, en GONZÁLEZ CUEVAS, 1998 y 2000a, pp. 293 ss. <<

[34] Sobre Ledesma Ramos, GONZÁLEZ CUEVAS, 2004, y GALLEGO, 2004. <<

[35] «Carnet cívico. Políticas de urgencia y de turno», Crisol, 16 de junio de 1931. <<

[36] Para el anarquismo, ver en estas mismas páginas el texto de ÁLVAREZ CHILLIDA. <<

[37] «La monarquía ha muerto de enquistamiento», El Sol, 21 de mayo de 1931. A la reunión celebrada en su casa se refiere en «Las dos y cinco de la tarde: 14 de abril de 1931», El Sol, 23 de mayo de 1931. Para algunos datos sobre Marañón, me he servido de la excelente tesis doctoral, aún inédita, de LÓPEZ VEGA, 2006. <<

[38] Véase el capítulo de ÁLVAREZ TARDÍO sobre los radical-socialistas en este mismo volumen. <<

[39] BESTEIRO, 1983, II, p. 9. El entusiasmo por el laborismo puede verse en textos como «Desde Londres. El laborismo en el poder. La inestabilidad de los gobiernos», ES, 16 de junio de 1924, y «La labor del Parlamento inglés. Hacia la democracia industrial. Un nuevo sistema de trabajo», ES, 1 de agosto de 1924, en BESTEIRO, 1983, II, pp. 81 ss. y 115 ss., respectivamente. Una muestra de su crítica a la colaboración con los republicanos por la intentona golpista, en «En pareceres. Hace mucha falta discutir», ES, 31 de diciembre de 1931, en BESTEIRO, 1983, II, p. 632. El estudio más riguroso de la figura de Besteiro es el de LAMO DE ESPINOSA y CONTRERAS, 1990. Puede verse también la biografía de DE BLAS y DE BLAS, 2002. La cifra de intelectuales y catedráticos, en FUSI, 1999, p. 72. <<

[40] LAMO DE ESPINOSA y CONTRERAS, 1990, pp. 81-82, hablan de la «republicanización» de Besteiro, pero ciertamente su programa iba más allá de una democracia liberal. Para su visión de la democracia industrial puede verse «La industria, el Estado y la organización obrera», Boletín de la UGT, 2, febrero de 1929, en BESTEIRO, 1983, II, pp. 467 ss. Para su defensa del materialismo dialéctico e histórico y, consecuentemente, de la lucha de clases, puede verse «La lucha de clases como hecho social y como teoría», conferencia pronunciada en la Casa del Pueblo de Madrid el 16 de mayo de 1929, y publicada por Gráfica Socialista ese mismo año, en BESTEIRO, 1983, II, pp. 493 ss. <<

[41] GIL ROBLES, 1968, p. 54. <<

[42] «Un pueblo ejemplar», La Libertad, 13 de mayo de 1931. <<

[43] Cit. por ZAPATERO, 1999, p. 168, y RUIZ-MANJÓN, 2007, p. 188. El libro citado puede verse en DE LOS RÍOS, 1997, II, pp. 3 ss. <<

[44] ZAPATERO, 1999, p. 284. <<

[45] «Poder y libertad», en DE LOS RÍOS, 1997, III, pp. 391-400. <<

[46] «Iglesia y Estado», en DE LOS RÍOS, 1997, III, pp. 361-374. Sobre el debate constitucional de este punto, puede verse ÁLVAREZ TARDÍO, 2002, pp. 173 ss. <<

[47] «El problema religioso. La sugestión del mito», El Sol, 13 de octubre de 1931. <<

[48] «Contraseña del día. Saludo a la sencillez de la República», Crisol, 23 de abril de 1931, en ORTEGA Y GASSET, 2004-2010, IV, pp. 777-780. <<

[49] «Agrupación al Servicio de la República. [Unas cuartillas]», Crisol, 14 de mayo de 1931, en ORTEGA Y GASSET, 2004-2010, IV, pp. 632-634. <<

[50] Wenceslao FERNÁNDEZ FLÓREZ, «Acotaciones de un oyente», ABC, 5 de septiembre de 1931. <<

[51] Para el programa de la ASR, ORTEGA Y GASSET, 2004-2010, VIII, pp. 478-484. Su defensa de la democracia liberal en ídem, IV, pp. 403-420. Claro está que esta interpretación no es uniforme entre los estudiosos de Ortega: para una interpretación de Ortega como «prefascista», ELORZA, 1984, para otra que lo encuadra en un «conservadurismo heterodoxo», GONZÁLEZ CUEVAS, 2005 y 2009. <<

[52] MARAÑÓN fue más explícito: «Los diputados de la Agrupación al Servicio de la República se colocan en los escaños tras los socialistas, no accidentalmente, sino a propósito, porque coinciden ideológicamente, y no militan abiertamente en el socialismo para conservar la libertad de crítica», en «Palabras del doctor Marañón», El Sol, 21 de julio de 1931. <<

[53] «En el debate político», en ORTEGA Y GASSET, 2004-2010, IV, pp. 791-799. <<

[54] ORTEGA Y GASSET, 2004-2010, IV, pp. 825-827. El discurso, en «Proyecto de Constitución», 4 de septiembre de 1931, en ORTEGA Y GASSET, 2004-2010, IV, pp. 809-824. <<

[55] «Notas del Block», El Debate, 19 de septiembre de 1931. <<

[56] LUIS ARRANZ señala acertadamente que uno de los errores de las izquierdas fue utilizar constantemente el argumento de la revolución en lugar de insistir en que la República había venido por unas elecciones, 1995, p. 103. <<

[57] «Federalismo y autonomismo», en ORTEGA Y GASSET, 2004-2010, IV, pp. 831-836. <<

[58] Las impresiones de Sánchez Albornoz, en CABEZA SÁNCHEZ-ALBORNOZ, 1992, pp. 63-64. Lo del acuerdo con los catalanistas, en AZAÑA, 1978, p. 23, anotación del 7 de julio de 1931. <<

[59] ORTEGA Y GASSET, 2004-2010, IV, pp. 837-855. Sobre el proyecto de Partido Nacional, puede verse CABRERA CALVO-SOTELO y ELORZA, 1987. <<

[60] SOSA WAGNER, 2009, pp. 30-31. <<

[61] La crítica a Pemán se publicó en Luz, 19 de abril de 1932. Puede verse en ORTEGA Y GASSET, 2004-2010, v, p. 10. <<

[62] ÁLVAREZ CHILLIDA, 1996, pp. 55-56, a quien agradezco la orientación sobre algunos textos de Pemán. <<

[63] MAEZTU, 1934, y GONZÁLEZ CUEVAS, 2003. Ver también su capítulo sobre los monárquicos en estas mismas páginas. <<

[64] GIMÉNEZ CABALLERO, 1932a. Una reseña crítica del libro, desde posiciones de izquierda procomunista, la hizo César M. ARCONADA en «La doctrina intelectual del fascismo español», Octubre, abril de 1934. <<

[65] Acción Española, 1 de abril de 1934. <<

[66] Sobre la cuestión religiosa en la República, puede verse ÁLVAREZ TARDÍO, 2002. <<

[67] «El republicano clásico y el socialista», La Libertad, 22 de enero de 1932. <<

[68] «El marxismo y sus revisionistas», ES, 3 de septiembre de 1932, en BESTEIRO, II, pp. 671-676, e «Intelectuales y sentimentales», ES, 1 de mayo de 1932. <<

[69] «Dispares sin razón por las razones, y unidos por razones sin razón», La Nación, 11 de noviembre de 1932. Para su filofascismo ver GONZÁLEZ RUANO, 1933. <<

[70] «En memoria. Salmo de los muertos del 10 de agosto», Ellas, 6 de noviembre de 1932; «El suspendido mitin de Acción Popular. Lo que hubieran dicho los oradores», Ellas, 11 de diciembre de 1932, y «Unión, unión y unión», Ellas, 20 de noviembre de 1932, cit. en ÁLVAREZ CHILLIDA, 1996, pp. 59-60. <<

[71] Sobre estas tensiones en el mundo rural, pueden verse, por ejemplo, MACARRO VERA, 1985a, y DEL REY REGUILLO, 2008. <<

[72] «Aura en las cañas. Se acaban las huellas», Luz, 7 de enero de 1932. <<

[73] ORTEGA KLEIN, 1980, pp. 73 ss. El manifiesto disolviendo la ASR se publicó en Luz, 29 de octubre de 1932, en ORTEGA Y GASSET, 2004-2010, V, pp. 51-53. <<

[74] «Un año de República. España, en franquía», El Sol, 14 de abril de 1932; «No es eso», El Sol, 22 de junio de 1932, y «Revolución y orden», El Sol, 17 de noviembre de 1932. <<

[75] «Actuación y situación política», El Sol, 7 de abril de 1932; «Imaginaciones», El Sol, 28 de mayo de 1932; «Escuela y despensa únicas», El Sol, 2 de junio de 1932, y «Hay que tomar huelgo», El Sol, 28 de agosto de 1932. <<

[76] Cit. por OUIMETTE, 1998, I, p. 51. <<

[77] GONZÁLEZ CUEVAS, 1998, y su capítulo sobre los monárquicos en estas páginas. <<

[78] ZAPATERO, 1999, pp. 391-392. <<

[79] RUIZ-MANJÓN, 2007, pp. 375-376. <<

[80] Los problemas que la interpretación de la República como revolución causó a la integración de las fuerzas políticas en unos valores democráticos compartidos están analizados en ÁLVAREZ TARDÍO, 2005. <<

[81] La Nación, 14 de septiembre de 1933. <<

[82] RUIZ-MANJÓN, 2007, p. 380. <<

[83] JULIÁ, 1997, pp. 199-200. <<

[84] ORTEGA Y GASSET, 2004-2010, v, pp. 280 ss. Los artículos se publicaron el 3 y el 9 de diciembre de 1933. <<

[85] «Segadores», Ahora, 12 de julio de 1933. <<

[86] «Después del proceso March. Los dos pactos», «Después del proceso March. Ante las urnas» y «Las derechas fronterizas. Lo que fue, eso será», La Libertad, 10 y 16 de noviembre de 1933 y 12 de enero de 1934, cit. en OUIMETTE, 1998, I, pp. 436-437. <<

[87] «Del momento político. Situación de paso, no de turno», Acción Española, 16 de diciembre de 1933. <<

[88] «Los que se incorporan», Octubre, n.os 4-5, octubre-noviembre de 1933, p. 37. Sobre los comunistas, ver el capítulo de HUGO GARCÍA en estas mismas páginas. <<

[89] MONTERO, 1977. Sobre los escritores comunistas, puede verse CRUZ, 1999. <<

[90] «La libertad del miedo», Luz, 3 de agosto de 1933. <<

[91] «Política y literatura», Revista de Occidente, 144, junio de 1935. <<

[92] Los textos de Primo de Rivera citados se encuentran en «Liberalismo. Procure usted ser millonario», La Nación, 25 de septiembre de 1933 y el discurso de presentación de Falange, que se publicó bajo el título de «Una bandera que se alza», en Acción Española, 1 de noviembre de 1933. El comentario de Samuel Ros apareció en «Vientos de la nueva España. A las palabras y al censo […]», FE, 8 de febrero de 1934. Ver en este mismo libro el capítulo de GONZÁLEZ CUEVAS sobre el fascismo español. Puede verse también, por ejemplo, RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, 2000, PAYNE, 1997, y GIL PECHARROMÁN, 1996. <<

[93] JULIÁ, 1997, pp. 197-198, y FUENTES, 2005, p. 21, que presentan interpretaciones algo divergentes del significado de este discurso. Sobre la radicalización de los socialistas, véase en estas mismas páginas el capítulo de Fernando DEL REY. <<

[94] «Carácter de la revolución española», El Socialista, 5 de mayo de 1932. Un buen ejemplo del tono moderado de sus artículos del año 1931 es «Un gran ciclo histórico. 1521-1931», El Sol, 15 de abril de 1931. <<

[95] ARAQUISTÁIN, 1979, pp. 22-24. Sobre Araquistáin, BIZCARRONDO, 1975, y FUENTES, 2002. <<

[96] Cit. en BIZCARRONDO, 1975, pp. 129-130. <<

[97] Cit. en RUIZ-MANJÓN, 2007, pp. 382-383. <<

[98] «El aire envenenado» y «La San Bartolomé de la burguesía», Informaciones, 1 de agosto y 22 de septiembre de 1934, respectivamente. <<

[99] «Y después, ¿qué?», Ahora, 3 de octubre de 1934, cit. por OUIMETTE, 1998, I, p. 252. <<

[100] «Pero los “líderes” morirán en sus camas», ABC, 10 de octubre de 1934. <<

[101] «Apuntes y recuerdos de Juan de Mairena», Diario de Madrid, 18 de noviembre de 1934, recogido en MACHADO, 1989. <<

[102] «Los “gamberros”», Ahora, 17 de noviembre de 1934, cit. en OUIMETTE, 1998, II, p. 27. <<

[103] Para las ideas socialdemócratas y antirrevolucionarias de Negrín durante la República, puede verse MORADIELLOS, 2006, pp. 117 ss. Su papel en la Revolución de Octubre, en pp. 141 ss. <<

[104] DE LOS RÍOS, 1997, III, pp. 462-467. <<

[105] DÍAZ FERNÁNDEZ, 2006, pp. 241 ss. <<

[106] JULIÁ, 2008, p. 365. <<

[107] Alfredo NISTAL, «Ni unión ni escisión: expulsión», Claridad, 2 de noviembre de 1935. El texto de la conferencia, en BESTEIRO, 1983. Las disputas entre besteiristas y caballeristas en LAMO DE ESPINOSA y CONTRERAS, 1990, y BIZCARRONDO, 1975. <<

[108] «La influencia del 98», Ahora, 4 de noviembre de 1934. <<

[109] «La sabiduría comunista», Ahora, 24 de febrero de 1935. <<

[110] «La afanosa grandiosidad española», Ahora, 13 de julio de 1934, cit. por OUIMETTE, 1998, I, p. 231. <<

[111] Para este bienio radical-cedista y una visión de conjunto de los radicales es imprescindible TOWNSON, 2002. <<

[112] «España, moral de siglos», El Sol, 25 de febrero de 1936. <<

[113] «Comprensión», Ahora, 27 de febrero de 1936. <<

[114] «El hombre de centro», ABC, 11 de enero de 1936. <<

[115] «Amenaza perenne», ABC, 17 de enero de 1936, y «Ante las urnas», El Pueblo Vasco, 16 de enero de 1936, respectivamente. <<

[116] Araquistáin, «La revolución de octubre en España», Leviatán, 21 de febrero de 1936, cit. en AUBERT, 2006, p. 9. <<

[117] LAMO DE ESPINOSA y CONTRERAS, 1990, p. 106. <<

[118] «La verdadera situación de España», El Sol, 2 de junio de 1936. <<

[119] «Mañana será otro día», Ahora, 20 de mayo de 1936. <<

[1] Agradezco las críticas a la versión anterior por parte de los miembros del grupo de investigación y, además, de Rafael Cruz y Gerald Blaney, aunque sé que tampoco esta versión acaba de satisfacerles. <<

[2] «Nuevo gobierno», Policía Española, 16 de octubre de 1931. <<

[3] GONZÁLEZ CALLEJA, 2000, p. 382. <<

[4] EALHAM, 2005, pp. 131-136. La expresión clásica de la tesis de la continuidad, en BALLBÉ, 1984. Una crítica minuciosa de los temas y problemas de la historiografía sobre la relación entre mantenimiento del orden público y política, en BLANEY, 2005. <<

[5] CRUZ, 2006, p. 42. <<

[6] Un estado de la cuestión, crítico con la bibliografía sobre la Guardia Civil por su subordinación al problema del militarismo, en BLANEY, 2005. La similitud de las gendarmerías en EMSLEY, 1999, y LUC, 2002. <<

[7] BALLBÉ, 1984, pp. 349-363; GIL ANDRÉS, 1995. <<

[8] Reflexiones congruentes sobre las dificultades de reformar aparatos policiales en procesos de democratización, en KÁDAR, 2001, y PEREIRA y UNGAR, 2004. Los mismos dilemas en el Portugal de 1910 y de 1975 en PALACIOS CEREZALES, 2008a y 2008b. <<

[9] LINZ, 1987, p. 46. <<

[10] BLANEY, 2007. <<

[11] BLANEY, 2005. <<

[12] BLANEY, 2007. La propuesta de una historia social de la policía, en EMSLEY, 2000. <<

[13] MOLA VIDAL, 1940. <<

[14] MIGUÉLEZ RUEDA, 1997; ANTÓN, 2000; TURRADO VIDAL, 2000. <<

[15] «El guardia es un obrero más», ¡Presente…!, 1 de octubre de 1934. «Conducta clara y posición definida», Policía gubernativa, 5 de junio de 1935. <<

[16] «Aclarando dudas», Policía Española, 2 de noviembre de 1930. <<

[17] «¡Presente…! A sus lectores… y aquí estamos», ¡Presente…!, 1 de octubre de 1934. <<

[18] «Implantación de la República en España», Policía Española, 17 de abril de 1931; «En esta fecha histórica», Policía Española, 17 de abril de 1931; «Don Carlos Blanco Pérez», Policía Española, 17 de abril de 1931; «El orden público», Policía Española, 17 de abril de 1931. <<

[19] MOLA VIDAL, 1940, p. 798. <<

[20] Para una reconstrucción de los bastidores del cambio de régimen en los ministerios y las organizaciones policiales y militares, GONZÁLEZ CALLEJA, 1999, pp. 608-634. <<

[21] «Don Carlos Blanco Pérez», Policía Española, 17 de abril de 1931. <<

[22] BLANEY, 2007. <<

[23] «Reorganización de personal y servicios», Policía Española, 16 de mayo de 1931; «Media hora de charla con el director general de Seguridad», Policía Española, 2 de junio de 1931. Galarza posteriormente consideraría excesivamente moderada esa depuración puesto que «los monárquicos reaccionarios del cuerpo de policía de la monarquía seguían en sus puestos con la República», ROSAL, 1983. Además, muchos de los depurados fueron reintegrados durante el segundo bienio, y les asignaron puestos de mando como la jefatura de policía de Madrid. <<

[24] «Inutilización de fichas dactiloscópicas y biográficas», Policía Española, 16 de mayo de 1931. <<

[25] MOLA VIDAL, 1940, pp. 817-824. <<

[26] «El valor social de la policía», Policía Española, 16 de septiembre de 1930. <<

[27] Citando un artículo de ABC, «Implantación de la República en España», Policía Española, 17 de abril de 1931; «En esta fecha histórica», Policía Española, 17 de abril de 1931. <<

[28] «El respeto a la autoridad», Policía Española, 16 de mayo de 1930. <<

[29] Las mismas maniobras de distanciamiento en portavoces de la Guardia Civil, en BLANEY, 2007, pp. 84-85. <<

[30] «Fiesta de la policía en Italia», Policía Española, 2 de enero de 1930; «Tanques de agua en Berlín», Policía Española, 2 de julio de 1930; «Entrenamiento de orden público en Alemania», Policía Española, 16 de octubre de 1930. <<

[31] «Balance del año. Sacrificio y abnegación», Policía Española, 17 de octubre de 1931. <<

[32] «Policía social gubernativa y político social», Policía Española, 2 de febrero de 1930. <<

[33] Aunque no trata de la policía, MONTERO HERNÁNDEZ, 1994, propone una aproximación a la convergencia de las aspiraciones profesionales y el republicanismo en distintos cuerpos sociales y funcionariales que guarda analogía con lo que se observa en Policía Española. <<

[34] «Policía social gubernativa y político social», Policía Española, 2 de febrero de 1930; «El valor social de la policía», Policía Española, 16 de septiembre de 1930; «El cuerpo de seguridad», Policía Española, 16 de octubre de 1930; «Autoridad y ciudadanía», Policía Española, 16 de noviembre de 1930; «Reorganización de personal y servicios», Policía Española, 16 de mayo de 1931; «Hacia la justa orientación del cuerpo de seguridad», Policía Española, 2 de junio de 1931. Sobre la relación histórica entre gobernadores civiles y Policía Gubernativa, TURRADO VIDAL, 1997. <<

[35] «Nuevo director general de Seguridad», Policía Española, 2 de enero de 1932; «Una conversación con el director general de Seguridad», Policía Española, 2 de enero de 1932. <<

[36] «Los altos cargos de la policía gubernativa», Policía Española, 2 de junio de 1935; «Por dignificación profesional», Policía Española, 2 de junio de 1935. <<

[37] «El respeto a la autoridad», Policía Española, 16 de mayo de 1930. <<

[38] «Funcionarios heridos», Policía Española, 2 de mayo de 1930. <<

[39] GIL ANDRÉS, 2005, pp. 67-69. <<

[40] REY REGUILLO, 2007. <<

[41] Esta es la tesis clásica en los estudios sobre la violencia policial, REISS, 1968. <<

[42] «Policía social gubernativa y político social», Policía Española, 2 de febrero de 1930; «El mantenimiento del orden público», Policía Española, 2 de abril de 1930; «El respeto a la autoridad», Policía Española, 16 de mayo de 1930; «La seguridad: el problema mayor», Policía Española, 16 de julio de 1930; «El orden público y sus mantenedores», Policía Española, 16 de agosto de 1930. <<

[43] «Entrenamiento de orden público en Alemania», Policía Española, 16 de octubre de 1930. <<

[44] «El mantenimiento del orden público», Policía Española, 2 de abril de 1930. <<

[45] «Pistolas de gas irritante», Policía Española, 16 de agosto de 1930; «La policía y la radio», Policía Española, 16 de agosto de 1930. <<

[46] JONES, 1978; BRUNETEAUX, 1996; JOHANSEN, 2001; PALACIOS CEREZALES, 2006; BERLIÈRE, 2007. <<

[47] GONZÁLEZ CALLEJA, 1999, pp. 588 y 592. <<

[48] El carácter meramente anecdótico de las experiencias del General Mola, en «Consideraciones sobre “el arma química”», Policía Española, 16 de mayo de 1934. <<

[49] MAURA, 1962; FERNÁNDEZ, 2000, pp. 271-291. <<

[50] MAURA, 1962, pp. 273-274; VARGAS GONZÁLEZ, 2003. <<

[51] «Cómo ha nacido y se prepara la sección de asalto del cuerpo de seguridad», Policía Española, 17 de junio de 1931; «Noticias generales. La nueva sección de asalto», Policía Española, 17 de junio de 1931; «La sección de asalto actúa y se amplía», Policía Española, 16 de julio de 1931; GALARZA, 1932; ROSAL, 1983, pp. 224-225. Las notas retrospectivas sobre la guardia cívica, en «La alegre fuerza de la República», ¡Presente…!, 1 de noviembre de 1934. <<

[52] El reglamento, cit. en MUÑOZ BOLAÑOS, 2000, p. 57. Los golpes de porra, en ABC, 5 de agosto de 1931. <<

[53] Orden general de la DGS del 1 de julio de 1931, cit. en TURRADO VIDAL, 2000, p. 222. <<

[54] «Sustitución del sable en los guardias de caballería», Policía Española, 16 de julio de 1931. <<

[55] «La reorganización y el reglamento», Policía Española, 16 de octubre de 1931. <<

[56] «Orientaciones. El cuerpo de seguridad», Policía Española, 2 de julio de 1931. <<

[57] Junta Central del Censo electoral: «Circular disponiendo que los Guardias de Asalto y de Seguridad tienen derecho a emitir su voto en las próximas elecciones», Gaceta de Madrid, n.o 40, 9 de febrero de 1936, pp. 1228-1229. <<

[58] ABC, 5 de agosto de 1931, p. 9. <<

[59] «Notas de actualidad. El guardia de asalto», Policía Española, 17 de octubre de 1931; «Las fuerzas de asalto», Policía Española, 16 de noviembre de 1931. <<

[60] «Decreto declarando en suspenso la aplicación del Reglamento provisional de la Policía gubernativa, aprobado por Real Decreto de 25 de noviembre de 1930», Gaceta de Madrid, n.o 123, 3 de mayo de 1931, pp. 497-498; «Orden autorizando al director general de Seguridad para poner en ejecución cuanto en la Ley de Presupuesto de 16 de diciembre último se dispone, así como también hacer las corridas de escalas que fueran necesarias», Gaceta de Madrid, 9 de enero de 1933, p. 229. <<

[61] BLANEY, 2007. <<

[62] «Decreto por el que se aprueba el reglamento orgánico provisional del cuerpo de vigilantes de caminos», Gaceta de Madrid, 13 de marzo de 1935. En 1941 se fundió con el Cuerpo de Seguridad en la nueva Policía Armada y de Tráfico. <<

[63] «Decreto creando, dependiente de la Dirección general de Seguridad, un Cuerpo de Policía con la denominación de “Policía Local”, determinando las funciones y jurisdicción de dicho Cuerpo, y que el mismo se constituya con el personal denominado Vigilantes de segunda clase», Gaceta de Madrid, n.o 193, 12 de julio de 1931, pp. 345-346; «Orden facultando al Subdirector general de Seguridad, en funciones de Director, para poder ordenar presten el servicio de su clase en la plantilla que las necesidades del mismo lo requieran, los Agentes Auxiliares de tercera clase procedentes del Cuerpo de Policía local, que hoy integran la clase auxiliar del de Investigación y Vigilancia», Gaceta de Madrid, n.o 222, 10 de agosto de 1935, p. 1309. <<

[64] REY REGUILLO, 2008. <<

[65] GONZÁLEZ CALLEJA, 2005a, nota 14. <<

[66] El Vigía de la Torre, 1932. <<

[67] «Una entrevista con el director general de Seguridad», Policía Española, 2 de abril de 1932; «Sevilla y las fuerzas de asalto», Policía Española, 2 de mayo de 1932; «El escuadrón de Barcelona», Policía Española, 2 de mayo de 1932; «Organización de las compañías de asalto», Policía Española, 16 de mayo de 1932; «Las fuerzas de asalto en Burgos», Policía Española, 16 de julio de 1932. <<

[68] CANALES ALIENDE, 1986, pp. 179-181; LÓPEZ CORRAL, 1997, pp. 421-424; BLANEY, 2007, p. 156. <<

[69] «Aumentos en la plantilla de guardias de asalto», Policía Española, 2 de octubre de 1932; BLANEY, 2007, p. 156. <<

[70] «Notas de actualidad. El guardia de asalto», Policía Española, 17 de octubre de 1931; «Una entrevista con el director general de Seguridad», Policía Española, 2 de abril de 1932. <<

[71] «La policía en Granada», Policía Española, 16 de mayo de 1933; «Media hora en el cuartel de Pontejos», Policía Española, 2 de abril de 1933. <<

[72] «La junta de seguridad de Cataluña», Policía Española, 2 de mayo de 1933; «El orden público en Cataluña», Policía Española, 2 de mayo de 1933; «La policía en Cataluña», Policía Española, 2 de septiembre de 1933. El centralismo, en LÓPEZ GARRIDO, 2004. <<

[73] «El problema de la policía en Barcelona», Policía Española, 16 de abril de 1933. El diagnóstico policial se asemeja mucho al de EALHAM, 2005, pp. 231-238. <<

[74] GALARZA, 1932. Esas ideas como discurso republicano del orden, en DUARTE, 2002, pp. 22-24. <<

[75] Un análisis en clave cultural de la animosidad del «pueblo» hacia la policía, en RADCLIFF, 2004, p. 299; EALHAM, 2005. <<

[76] «La autoridad y sus enemigos. Deberes ciudadanos», Policía Española, 2 de septiembre de 1933. <<

[77] CASANOVA, 2000; BERNECKER, 1994; UCELAY DA CAL y TAVERA GARCÍA, 1994. <<

[78] «Hora y silueta de la fuerza de asalto», Policía Española, 2 de febrero de 1933. <<

[79] La crítica a la generalización de evaluaciones del comportamiento policial a partir de unas pocas grandes masacres, en REY REGUILLO, 2007, p. 39. <<

[80] «El fracaso de la porra», Policía Española, 16 de febrero de 1932; «No basta que uno no quiera…», Policía Española, 16 de marzo de 1932. <<

[81] «La crónica negra del año 1932», Policía Española, 16 de octubre de 1932. <<

[82] «El nuevo camión-tanque», Policía Española, 2 de agosto de 1933; «Los gases lacrimógenos. Un ensayo en Barcelona», Policía Española, 2 de julio de 1933. <<

[83] «Se inicia una acertada orientación», Policía Española, 16 de agosto de 1933. <<

[84] Detalles de la reforma, en MORALES VILLANUEVA, 1980. <<

[85] CRUZ, 2006. <<

[86] Los «duendes y trasgos», en El Pueblo Gallego, 2 de junio de 1935, p. 6. Gracias a Pilar Mera por la cita. <<

[87] «Decreto relativo a la coordinación de servicios en el Instituto de la Guardia Civil», Gaceta de Madrid, n.o 292, 19 de octubre de 1933, pp. 489-491. <<

[88] SALAZAR ALONSO, 1935, p. 36. Las elecciones de noviembre de 1933 fueron una de las que contaron con menos intervención por parte de los gobernadores civiles, aunque en algunos lugares, como Granada, la Guardia Civil fue usada para controlar la movilización de los sindicatos y, según estos denunciaron, para amedrentar a los votantes: LÓPEZ MARTÍNEZ, 1995, pp. 319-330. En casos de enfrentamiento entre distintos grupos movilizados el día de las elecciones, a menudo es difícil saber si la intervención de las autoridades protegía la libertad de voto o la condicionaba. <<

[89] SALAZAR ALONSO, 1935, p. 37. <<

[90] «Decreto suprimiendo la Secretaría técnica creada en este Ministerio para estudiar y proponer la coordinación de los servicios de los Cuerpos de Seguridad y Vigilancia e Instituto de la Guardia Civil», Gaceta de Madrid, n.o 72, 13 de marzo de 1934, p. 1948. BLANEY, 2007; SALAZAR ALONSO, 1935, p. 35; CLEMENTE, 1995, pp. 44-46. <<

[91] TOGORES, 2007. Este autor ofrece datos interesantes gracias a su acceso al archivo privado de Muñoz Grandes, pero confunde la cronología y dificulta la interpretación del papel de este militar como organizador de la primera sección de asalto del Cuerpo de Seguridad, entre abril y junio de 1931, y su puesto de Teniente Coronel Inspector del rebautizado Cuerpo de Seguridad y Asalto a partir del 23 de septiembre de 1933 hasta su destitución en mayo de 1935. <<

[92] Orden de la Inspección General del Cuerpo de Seguridad, 29 de marzo de 1934, cit. en TOGORES, 2007, p. 134. <<

[93] Un análisis retrospectivo de estos conflictos, en «Muñoz Grandes se ha ido», ¡Presente…!, 1 de junio de 1935. Sobre las fricciones tradicionales, LÓPEZ CORRAL, 1997; TURRADO VIDAL, 1997. <<

[94] Sobre el programa del Partido Radical en 1933, TOWNSON, 2002, pp. 222-225. <<

[95] «Éxito de una actuación», Policía Española, 16 de octubre de 1933. <<

[96] «Enseñanzas de los pasados sucesos», Policía Española, 2 de enero de 1934. <<

[97] «Enseñanzas de los pasados sucesos», Policía Española, 2 de enero de 1934. <<

[98] Gaceta de Madrid, 24 de septiembre de 1933; MIGUÉLEZ RUEDA, 1997, pp. 215-216. <<

[99] «Consecuencias de la amnistía», Policía Española, 16 de mayo de 1934. <<

[100] «La policía en Cataluña», Policía Española, 16 de julio de 1934; «El orden público en Cataluña», Policía Española, 16 de noviembre de 1934. <<

[101] «El “arma química” al servicio de la policía», Policía Española, 16 de febrero de 1934; «Consideraciones sobre “el arma química”», Policía Española, 16 de mayo de 1934. <<

[102] PÉREZ FEITO, 1932, p. 112. <<

[103] La búsqueda «gases lacrimógenos» en la Hemeroteca Digital de La Vanguardia produce ochenta y nueve entradas entre abril de 1931 y julio de 1936, abrumadoramente referidas a Estados Unidos. <<

[104] «El guardia es un obrero más», ¡Presente…!, 1 de octubre de 1934. <<

[105] «Los retenes», ¡Presente…!, 15 de octubre de 1934. <<

[106] ROSAL, 1983. <<

[107] ROSAL, 1983, pp. 223-229, 280-283 y 309. <<

[108] «La fracasada revolución», Policía Española, 19 de octubre de 1934; «Nuestras previsiones, confirmadas», Policía Española, 19 de octubre de 1934; «Pueblo, ejército y policía. La voz de España», Policía Española, 2 de noviembre de 1934. La misma importancia de Octubre de 1934 para el cambio de actitud en la Guardia Civil, en BLANEY, 2003. <<

[109] «Los Guardias durante la sedición. Heroicos, abnegados, resistentes y legales ¡honor a ellos !». ¡Presente…!, 15 de octubre de 1934 [en realidad, retrasado por la huelga general]. <<

[110] «El Cuerpo de Asalto, hijo y defensor de la República», ¡Presente…!, 1 de noviembre de 1934. <<

[111] «Unas impresiones del desfile militar», Policía Española, 2 de mayo de 1935. <<

[112] «Sobre la proyectada reorganización de la policía», Policía Española, 16 de enero de 1935; «Insistiendo. La urgencia de la reorganización», Policía Española, 16 de enero de 1935; «Proyecto sobre el cuerpo de seguridad», Policía Española, 2 de febrero de 1935; «La proyectada reorganización», Policía Española, 16 de enero de 1935; «Sobre la reorganización en proyecto», Policía Española, 2 de febrero de 1935; «El estado de los proyectos de reorganización», Policía Española, 16 de febrero de 1935. <<

[113] «El señor ministro de la Gobernación nos habla de los importantes proyectos de reorganización», Policía Española, 16 de enero de 1935; «Nuevas manifestaciones del ministro de la Gobernación», Policía Española, 16 de marzo de 1935. <<

[114] «Las reorganizaciones del proyecto», Policía Española, 2 de marzo de 1935. De hecho, el proyecto de Muñoz Grandes fue el tipo de organización militar que tomó la nueva Policía Armada (los grises) después de 1941. Los articulistas de Policía Española pretendían que el Cuerpo de Vigilancia constituyese una escala superior por encima del Cuerpo de Seguridad, y pudiese coordinar sus actividades; llamativamente, esa fórmula es por la que se optó en 1986 al unificarse el Cuerpo Superior de Policía con la Policía Nacional (los marrones) para crear el Cuerpo Nacional de Policía (los azules). <<

[115] «Las dos tendencias», ¡Presente…!, 15 de junio de 1935. <<

[116] «Muñoz Grandes se ha ido», ¡Presente…!, 1 de junio de 1935; TOGORES, 2007, p. 127. <<

[117] «El teniente coronel Fernández López expone interesantísimos proyectos e iniciativas», Policía Española, 2 de julio de 1935. <<

[118] «El amor», El Benemérito Español, agosto de 1935. <<

[119] «Cuerpo de Seguridad y Asalto. Organización y servicios que presta», El Benemérito Español, agosto de 1935. <<

[120] «Las fuerzas montadas de seguridad», Policía Española, 2 de noviembre de 1935. <<

[121] «Los presupuestos», Policía Española, 16 de julio de 1935; «Sobre la reciente ley de restricciones», Policía Española, 16 de octubre de 1935. <<

[122] «[…] era de esperar», Policía gubernativa, 20 de octubre de 1935; «Rescate del orden público en Cataluña», Policía Española, 2 de enero de 1935; «La delegación general de orden público en Cataluña», Policía Española, 2 de diciembre de 1935; «La enseñanza profesional», Policía Española, 2 de diciembre de 1935. La necesidad de una escuela de policía y los ejemplos de todos los países europeos fue el tema que más páginas ocupó en Policía Española durante el invierno y la primavera de 1936. <<

[123] «El nuevo director general», Policía Española, 2 de enero de 1936; «La posible labor reconstructiva», Policía Española, 16 de enero de 1936. <<

[124] «El reglamento de policía gubernativa», Policía Española, 16 de enero de 1936; «Hacia el nuevo reglamento», Policía Española, 2 de enero de 1936. <<

[125] «El voto de los funcionarios de Seguridad», Policía Española, 2 de febrero de 1936. <<

[126] Manuel Azaña, reprod. en «El nuevo gobierno», Policía Española, 2 de marzo de 1936. <<

[127] GONZÁLEZ CALLEJA, 2005a, pp. 136-138. <<

[128] BLANEY, 2007, p. 236. <<

[129] «La voluntad nacional», ¡Presente…!, 1 de marzo de 1936. <<

[130] «Neutralidad precisa», ¡Presente…!, 15 de marzo de 1936. <<

[131] «Otra víctima del deber: don Jesús Gisbert Urreta», Policía Española, 6 de marzo de 1936; «Muerto en acto de servicio el guardia civil de Madrid don José de la Cal», Policía Española, 16 de marzo de 1936; «Cuerpo de seguridad: dos proyectos importantes», Policía Española, 16 de abril de 1936; «Mártires del deber. Nueva página de dolor y de gloria», Policía Española, 2 de mayo de 1936. <<

[132] Sobre los funerales políticos, CRUZ, 2009. <<

[133] «Confusionismo deplorable», ¡Presente…!, 1 de mayo de 1936. <<

[134] «Carta de mi amigo (2)», ¡Presente…!, 1 de mayo de 1936. Sobre estos casos, MACARRO VERA, 2000, pp. 414-415. <<

[135] «Carta de mi amigo», ¡Presente…!, 15 de abril de 1936. La misma crítica se daba en la Guardia Civil, v. BLANEY, 2007, pp. 242-243. <<

[136] «¿Sistema o conductas?», ¡Presente…!, 1 de abril de 1936. <<

[137] «Delegado de orden público en Cataluña», Policía Española, 2 de marzo de 1936; «Los servicios de orden público», Policía Española, 2 de junio de 1936; «Decreto de la Presidencia: los servicios de orden público en Cataluña», Policía Española, 16 de junio de 1936. <<

[138] «Los que se van», ¡Presente…!, 1 de mayo de 1936; «Cuerpo de Seguridad: dos proyectos importantes», Policía Española, 16 de abril de 1936. Al parecer, el responsable de colocar en el Cuerpo de Seguridad y Asalto a guardias y oficiales derechistas había sido el cedista José María Fernández Ladreda, v. SEMPRÚN, 2004, pp. 126-127. <<

[139] «La corbata de la orden de la República», Policía Española, 16 de mayo de 1936; «Mejora de dotación y servicios. El director de Seguridad revista las fuerzas de asalto», Policía Española, 2 de julio de 1936. La lucha por la lealtad de los guardias a partir del cumplimiento de sus aspiraciones materiales ya había formado parte del programa revolucionario de los socialistas en 1934, que a la Guardia Civil prometía «la jornada de ocho horas, un sustancial reajuste de sueldos, la desaparición del tricornio, vestir de paisano en las horas libres, libertad para habitar fuera de los cuarteles, ascensos rigurosos hasta todos los grados dentro de una sola escala y vacaciones anuales de un mes», todo bajo el lema «la Guardia Civil al servicio del pueblo», La Gaceta de la Revolución, cit. en ROSAL, 1983, p. 219. <<

[140] «Nuevo inspector de Seguridad y Asalto», Policía Española, 2 de marzo de 1936; «Viajes por ferrocarril», Policía Española, 2 de julio de 1936; «Sobre el ascenso a la categoría de oficial», Policía Española, 2 de julio de 1936; «Por lo menos, un trato semejante», Policía Española, 2 de julio de 1936. <<

[141] Una evaluación de los días 17 al 20 de julio de 1936 que resalta la importancia de las fuerzas policiales leales para el fracaso de la insurrección y su conversión en una guerra, en CRUZ, 2006, pp. 241-248. Sobre el comportamiento de la Guardia de Asalto durante la insurrección, VARGAS GONZÁLEZ, 2003; SEMPRÚN, 2004. La menor lealtad de las unidades de la Guardia Civil, en BLANEY, 2007. <<