El terrorismo es una de las grandes preocupaciones colectivas de nuestro tiempo, como lo prueba que cada año se publiquen miles de libros que se refieren a él, la mayoría de carácter ocasional, limitados a casos puntuales y acontecimientos concretos. Lo que nos ofrece Eduardo González Calleja en este libro es algo muy distinto: una historia general del terrorismo, que estudia sus orígenes y desarrolla el análisis de las grandes oleadas de su historia moderna, desde el auge de las sociedades secretas anarquistas a fines del siglo XIX hasta la Yihad global de Al Qa’ida, pasando por el terror totalitario en la Europa de entreguerras, por el ciclo de las luchas de liberación nacional en el Tercer Mundo, la actividad revolucionaria de “los hijos de 1968” o la violencia étnico-nacionalista. Se trata, en suma, de la más documentada historia general del terrorismo que se haya publicado hasta hoy, escrita con la ambición de ofrecernos una visión global que nos permita una adecuada comprensión de un fenómeno de tanta trascendencia.

Eduardo González Calleja

El laboratorio del miedo

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Titivillus 13-05-2022

Eduardo González Calleja, 2012

Editor digital: Titivillus

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El terrorismo consiste en el empleo sistemático de un conjunto de técnicas diversas de una violencia extrema, sin límites ni leyes, que recurren a medios de alto valor simbólico, utilizadas por un grupo (en busca o en posesión del poder político como medio de presión sobre otro grupo o sobre la sociedad entera. Procedimiento de influencia del comportamiento humano, cuyo modo de acción principal pasa por la manipulación psicológica de sus víctimas, a través de la puesta en escena mediática de los atentados que organiza como actos ostentatorios en la perspectiva precisamente de su dramatización por los medios de comunicación de masas. Este procedimiento general está sujeto a variación epifenoménica en función del contexto circunstancial en el que se aplica. El resultado final es siempre la desorganización adaptativa del adversario y un abandono de la lucha. En una palabra, el terrorismo es un laboratorio del miedo[1].

El miedo puede suscitar silencio o incluso sumisión; raras veces produce una seguridad duradera[2].

La vida de todo partido que ha cometido un crimen político está siempre vinculada a este crimen, ya sea para justificarlo, ya para hacerlo olvidar a fuerza de poder[3].

Nada tiene tanto éxito como el exceso.

OSCAR WILDE

A mi hijo Quique, en
recuerdo de una cena en el Trastevere.

Introducción: Cinco oleadas históricas de violencia terrorista

El terrorismo es una de las grandes preocupaciones colectivas de este agitado comienzo de milenio, hasta el punto de convertirse en una amenaza de contornos casi míticos, un grave salto atrás en el proceso de la civilización que se ha llegado a considerar como inabordable en términos de un análisis científico convencional. Algunos creadores de opinión, ofuscados sin duda por el calado destructivo (en todos los órdenes, y no solo en el de vidas y haciendas) de los atentados de septiembre de 2001, han llegado al extremo de advertir de la inutilidad de intentar una evaluación racional de las motivaciones de los terroristas, ya que, por la enormidad de las masacres perpetradas, este tipo de acto violento resultaría radicalmente refractario a cualquier tentativa de análisis causal, y solo podría ser explicado en función de la existencia atemporal de pretendidas ideologías nihilistas o de «identidades asesinas» de origen nacionalista o religioso[1]. Sin embargo, mal que nos pese, el terrorismo, como todos los fenómenos de orden político, no existe fuera del contexto cultural, político e histórico que le da origen. Es, por tanto, materia perfectamente historiable en tanto que es un fenómeno que no cesa de renovarse, y cada generación (u oleada) terrorista marca a menudo una profunda ruptura con los comportamientos políticos, violentos o no, de ciclos históricos anteriores.

TERRORISMO Y MODERNIDAD

Se ha llegado a afirmar que «el terrorismo como ideología y como instrumento de lucha es un fenómeno moderno, un producto del conflicto entre los estados modernos y sus sociedades descontentas, y ha crecido en países desarrollados y del Tercer Mundo como parte de un modelo transnacional de compromiso político. Sus raíces se encuentran en la política laica moderna, y carece de una vinculación regional o cultural específica: es un instrumento, entre otros, de quienes aspiran a desafiar a los estados y hacerse un día con el poder»[2]. Sin embargo, del mismo modo que Clifford Geertz advirtió que «cada pueblo, según afirma el proverbio, ama su propia forma de violencia»[3], también se puede afirmar que cada sociedad histórica, y en su seno cada cultura política, ha acuñado su propia forma de terrorismo. Como veremos más adelante, la importancia de ese componente cultural es especialmente relevante a la hora de determinar la recurrente capacidad de supervivencia de los terrorismos fundamentalistas de inspiración religiosa. En todo caso, la aparición de una violencia global de enorme poder destructivo ha transformado al terrorismo en la «guerra total» característica de nuestra época, donde la pacificación de las costumbres civiles en gran parte del mundo contrasta con el despliegue de violencias extremas —institucionales o no— dirigidas contra inocentes, tanto en el interior de los estados como en la escena internacional[4].

A pesar de lo que aseguran algunos especialistas[5], el terrorismo no es un fenómeno propio de la modernidad, aunque sí se ha desarrollado enormemente con ella. Como forma de acción política, incluso a escala internacional, no es un hecho nuevo, aunque sus medios de acción se muestren ahora mucho más sofisticados, poderosos y extendidos que en épocas anteriores a la Guerra Fría[6]. Y es que, contrariamente a la idea muy extendida que lo hace surgir a la par que los nacionalismos del siglo XIX, el terrorismo es una técnica político-militar tan antigua como la lucha por el poder en y entre los estados, aunque esta confusión sobre su pretendida modernidad la suscitó la aparición tardía del término durante las convulsiones de la Revolución francesa. El hecho de que la población civil fuera el objetivo de una estrategia de desestabilización política indirecta a partir del momento en que, al convertirse en víctima potencial, su suerte podía condicionar y modificar las decisiones de los gobernantes, coincidió con la aparición, durante las Luces, de los conceptos de soberanía nacional y debate público como elementos básicos en la gobernabilidad del Estado contemporáneo. Es precisamente la aparición de esas premisas inexcusables de la modernidad (soberanía popular y libre opinión) lo que explica que el terrorismo se emplee aún hoy de un modo más persistente contra regímenes democráticos donde la legitimidad del gobierno descansa en la adhesión crítica de los ciudadanos. No es, por tanto, descabellado pensar que el moderno terrorismo subversivo es, en parte, la consecuencia de la democracia, aunque, como veremos al inicio del capítulo segundo, el terrorismo como modo de ejercicio del poder es más antiguo que la aparición del moderno Estado democrático[7].

LA PERSPECTIVA CÍCLICA EN EL ESTUDIO DE LA PROTESTA VIOLENTA

En una contribución a una enciclopedia sobre la violencia, la paz y el conflicto, David C. Rapoport exponía a grandes rasgos la hipótesis del carácter cíclico de las movilizaciones políticas que emplean el terror como instrumento estratégico prioritario. Argumentaba que desde 1880 hasta la actualidad se habrían sucedido cuatro oleadas de terrorismo subversivo de 35 a 40 años de duración media, aunque en ocasiones hayan presentado períodos de transición más o menos amplios que habrían permitido un solapamiento con las etapas adyacentes. Serían, en todo caso, ciclos violentos suficientemente caracterizados desde el punto de vista de la ideología, de los modos organizativos y de los objetivos de la protesta, que se nutren del impulso facilitado por el desarrollo de movimientos reivindicativos más vastos, y que nacen de coyunturas políticas decisivas que tienen la virtualidad de poner en evidencia la vulnerabilidad de los gobiernos[8]. Los ciclos terroristas no se deben a cambios tecnológicos, con ser estos relevantes, sino a cuestiones de oportunidad política que excitan las esperanzas de los terroristas potenciales e incrementan la vulnerabilidad de la sociedad a sus exigencias[9]. Por ejemplo, el declive de la AIT en un contexto de gran estabilidad política en Europa Occidental y Norteamérica alentó la primera oleada de violencia nihilista-populista del último tercio del siglo XIX; la desaparición de los grandes imperios de Europa Central y Oriental y la crisis de las democracias de entreguerras enmarcaron las acciones terroristas de los años 1916-1939; el declive de la legitimidad de los imperios coloniales europeos provocó la oleada terrorista de la segunda posguerra mundial; del mismo modo que los conflictos antiimperialistas de Cuba o Vietnam o el enfrentamiento ideológico entre China y la Unión Soviética estuvieron en el origen de la oleada activista de los años 1960-1970, y la crisis y ulterior derrumbamiento del bloque comunista coadyuvó a la expansión de la reciente oleada de terrorismo fundamentalista. Para Rapoport, el terrorismo moderno tiene dos rasgos dominantes: la organización y las tácticas se modifican constantemente para mejorar su efectividad, y el terror se emplea con fines muy diversos, que van del milenarismo anarquista al anticolonialismo o a motivaciones meramente individuales[10].

La propuesta de análisis cíclico de la violencia terrorista, expuesta, pero no desarrollada por Rapoport hasta sus últimas consecuencias es, desde hace años, un lugar común entre los estudiosos de la acción colectiva, incluida la violencia como tipo particular de acción cuya evolución resulta indisociable de los grandes cambios producidos en las organizaciones estatales y en la estructura socioeconómica de las comunidades humanas. Según Sidney Tarrow, la movilización de la gente ante los retos que impone el proceso de modernización adopta un contenido dialéctico entre apertura y resistencia, en forma de ciclos de protesta de duración e intensidad impredecibles, como todo desarrollo político general[11]. La dinámica de los ciclos, que pasan por fases de movilización y de desmovilización, es el resultado de la interacción entre organizaciones, autoridades, movimientos y grupos de interés. Los ciclos de protesta son crisoles o encrucijadas en donde se innovan, evolucionan y se perfeccionan nuevos repertorios de acción colectiva disruptiva (esto es, formas de comportamiento no institucionalizado que buscan la alteración del orden social establecido), y donde se produce la socialización política de las nuevas generaciones[12]. Estos ciclos no son frecuentes, tienen una duración prolongada (en ocasiones, con un ritmo generacional) y tienden a implicar a actores individuales y colectivos distintos de los que operan en períodos de normalidad. Son, además, profundamente creativos y transformadores, ya que impulsan un proceso de particularización ideológica de los contendientes en la liza política, innovan las tácticas y las estructuras organizativas que se encaminan a la disputa por el poder, y permiten la constitución y la ruptura de alianzas estratégicas entre los grupos que compiten por el mismo espacio público[13].

Albert O. Hirschman y Sidney Tarrow han ofrecido una explicación complementaria y convergente sobre los mecanismos cíclicos de transición de la protesta excepcional a la práctica democrática institucionalizada. En su obra Shifting Involvements, el primero postulaba mecanismos psicológicos internos (los compromisos y las decepciones, tan íntimamente ligados a la naturaleza humana, que conlleva la intervención en la vida pública) que impulsan a los ciudadanos a la preferencia por la reclusión en actividades privadas o por la implicación en acciones colectivas a través del debate y la participación política directa. En Democracy and Disorder, Tarrow ha ilustrado empíricamente el argumento de Hirschman, identificando una dinámica cíclica de movilización colectiva en tres estadios: la fase ascendente se produce cuando a la gente que sufre agravios desde hace tiempo se le imponen nuevas injusticias, o cuando aumentan las oportunidades para actuar por la presencia de un clima político menos represivo. Se produce entonces un aumento acelerado de las demandas iniciales, que tiene tres efectos en el campo político: en primer lugar, genera nuevas oportunidades de protesta al demostrar la vulnerabilidad de las autoridades a estas reivindicaciones. En segundo término, estimula y realimenta la acción colectiva al reducir sus costes para otros actores más «perezosos» o en posiciones de partida menos favorables, lo que permite el incremento de la contestación y la mejora de la estructura de oportunidades para la protesta. Por último, el aumento de la movilización amenaza inevitablemente los intereses del Estado y de los grupos competidores por el mismo espacio político, debido a que la atribución de beneficios a un grupo disminuye las recompensas disponibles para otros. En esta etapa, la violencia sufre un notable incremento, ya que la entrada de un nuevo miembro en la comunidad política tiende a producir confrontación porque los competidores por los mismos recursos se mostrarán dispuestos a resistir con todos los medios a su alcance, porque los aspirantes tenderán a reforzar sus demandas con el uso de la violencia, y porque cada cual define la acción del otro como ilegítima y por tanto necesitada de medios justificados y extraordinarios de coerción[14].

En la etapa intermedia se llega a la cúspide de la agitación, que parece contagiar al conjunto de la sociedad, ya que las movilizaciones alentadas por los diferentes movimientos se solapan a menudo, e incluso tienden a converger en ciclos de protesta más amplios El conflicto entre grupos es intenso y generalizado: se agudiza la inestabilidad de la élite, se llega a coaliciones objetivas o explícitas entre los diversos actores, pero también aumentan el resentimiento y el antagonismo entre grupos por la obtención del respaldo popular u otros recursos de poder. Esta espiral competitiva puede tener efectos muy negativos, ya que un movimiento que amenaza los intereses de grupos influyentes puede provocar la aparición de un contramovimiento o aumentar las probabilidades de una represión instigada por el gobierno y las élites dominantes. Ante esta situación, los movimientos que están recibiendo ataques crecientes a sus intereses pueden responder de dos formas: en primer lugar, considerar que es más probable que la acción colectiva se extienda de forma más rápida en función de la amenaza que de la oportunidad, y verse tentados de emplear, autorizar o tolerar medios ilimitados de combate (como el terrorismo) cuando perciben que se va incrementando la discrepancia entre lo que su organización recibe y lo que aspira a obtener por legítimo derecho. Esa proclividad por la radicalización violenta de las tácticas y de los temas de la protesta invita al faccionalismo y a la represión, pero no es la única opción: un movimiento puede ensayar también estrategias de conciliación que conduzcan al compromiso, con el consiguiente riesgo de cooptación e integración del movimiento en la comunidad política, transformado ya en un partido o un grupo de presión más. De un modo u otro, la acción colectiva crece hasta el máximo permitido por el nivel de movilización de recursos del grupo, antes de que se produzca la imposibilidad total de actuar[15]. Como en un ciclo económico, la dinámica de la protesta alcanza su punto álgido cuando los recursos se agotan; cuando algunas demandas y representantes de los movimientos de protesta han sido asumidos, integrados o cooptados por las élites políticas; cuando surge el malestar por la merma de efectividad del movimiento reivindicativo, y cuando aparecen divisiones internas que conducen a la desmovilización de los participantes.

En la fase descendente del ciclo, las innovaciones tácticas conducen al recrudecimiento de los choques violentos y de la represión, y estos al desaliento. La gente comienza a disentir, no solo sobre el contenido de la acción colectiva, sino sobre la legitimidad de la misma. Todo ello desanima la acción, y obliga a los movimientos que persisten en la protesta al margen de los movimientos sociales de referencia a adoptar actitudes militantes cada vez más extremadas y violentas. Pero cuando la participación decae y la utopía se aleja, comienzan a dominar formas de protesta más convencionales y cuasiinstitucionalizadas, que son integradas pacíficamente en las nuevas condiciones sociales y políticas[16]. Por contra, las actitudes más radicales tienden al aislamiento, la defección, la involución sectaria, la violencia y la represión. Se produce así el agotamiento de los movimientos de protesta, bien porque el fracaso de su estrategia reivindicativa y/o la coacción oficial u oficiosa les fuerza a desaparecer, o porque el éxito total o parcial de sus reclamaciones conduce a su institucionalización o a su transformación en un movimiento sucesor[17].

Bert Klandermans distingue tres tipos de ciclo protestatario: el estacional, vinculado a períodos recurrentes de actividad, el institucional, que se relaciona con las funciones de cada actor colectivo, y el de acción y movilización, conectado directamente con la estrategia de las organizaciones e impulsado por estas según su cálculo específico de oportunidades[18]. Los ciclos de la violencia terrorista quedarían integrados en la tercera categoría, pero la propia idiosincrasia de este tipo de estrategia desestabilizadora marca algunos condicionantes a la evolución de las organizaciones que la ejecutan: la vinculación casi parasitaria de los grupos terroristas con los grandes ciclos de movilización y de protesta de masas los hacen enmascararse como vanguardia, portavoces o garantes de los movimientos sociales de referencia, haciendo más dificultosa la observación de sus móviles y estrategias específicos. Aunque la tendencia en Europa Occidental ha sido a la aparición del terrorismo como reacción desesperada frente al declive de los movimientos masivos de protesta, la historia demuestra que la organización o la estrategia terrorista pueden aparecer en cualquiera de los estadios del ciclo.

En ocasiones, estos movimientos armados pueden sobrevivir cuando las razones del descontento social han desaparecido, se han transformado o han sido asumidas por el sistema, y «saltan» con mayor o menor fortuna hacia otra oleada reivindicativa donde tratan de justificar su papel protagonista en la resolución de un conflicto real o imaginario. Esto ha sucedido sobre todo con las organizaciones terroristas de carácter étnico, nacionalista o religioso, que han gozado en el seno de las comunidades de acogida de un apoyo político, social y cultural mucho más estable y duradero que las vinculadas a una simple opción ideológica.

LAS CINCO OLEADAS DE LA VIOLENCIA TERRORISTA

Como hemos dicho, los ciclos que violencia terrorista que señala Rapoport son oleadas de entre 35 y 40 años de duración, que siguen aproximadamente un ciclo de vida humana. Este autor fecha el curso de la primera oleada entre 1880 y 1900, aunque sus secuelas se mantendrían hasta la década de 1920. Las posibilidades del terrorismo subversivo e insurreccional se hicieron más grandes con la difusión de la ideología democrática y con la aparición de los medios de comunicación de masas[19]. Esta ofensiva terrorista inaugural de la era contemporánea no asoló a Europa y Estados Unidos en un período de desorden revolucionario, sino en una época en que, tras la cruenta represión de la Comuna de París y el declive de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) a partir de 1872, se asistía al auge del socialismo reformista, a la expansión de los sindicatos organizados y al predominio de gobiernos conservadores, pero receptivos hasta cierto punto a los requerimientos políticos y sociales de la población, que trataban de llegar a acuerdos con unos grupos de oposición empeñados en reformas pacíficas, mientras que los movimientos subversivos continuaban siendo francamente minoritarios. En buena parte de los países afectados, la oleada terrorista, llevada a cabo por sociedades secretas, apenas sobrepasó la década de duración, comenzó por una cruenta represión del movimiento obrero, y se cerró abruptamente tras un asesinato de fuerte resonancia. En Estados Unidos, la campaña violenta se desarrolló entre los sucesos de Haymarket Square de Chicago en mayo de 1886 (con los juicios y ejecuciones subsiguientes, de gran repercusión en el movimiento obrero internacional) y el asesinato del presidente McKinley en septiembre de 1901. En Italia se inició con la represión en 1892-1894 del movimiento revolucionario campesino de los fasci siciliani y se clausuró tras el regicidio del rey Humberto I en julio de 1900. En Francia dio comienzo con las violencias secretas que estallaron en la población de Montceau-les-Mines en 1882, e inició su declive con el apuñalamiento del presidente Carnot en agosto de 1894. En España comenzó en 1893 con una serie de atentados contra personalidades representativas del sistema político y finalizó en 1897 con el asesinato del presidente del gobierno Antonio Cánovas del Castillo. Sería una violencia con frecuencia de tipo magnicida, caracterizada por el hallazgo técnico de la dinamita, y favorecida por la revolución en los medios de transporte y de comunicación.

Rapoport delimita una segunda etapa, cronológicamente muy vasta, que va aproximadamente de 1917 a 1965, donde el principal estímulo de la acción terrorista fue la liberación nacional, favorecida por un contexto político más propicio a la autodeterminación y la descolonización. Sin embargo, un examen histórico más detallado parece sugerir que los rasgos característicos de esta fase resultan mucho más complejos, hasta el punto de poderse diferenciar una etapa independiente de violencia terrorista subsidiaria de proyectos revolucionarios o contrarrevolucionarios vinculados con la crisis del liberalismo clásico y la exacerbación de los nacionalismos europeos entre las dos guerras mundiales. Un proceso revolucionario marcado por la confrontación dialéctica entre nacionalismo y socialismo que desembocó en el terror genocida de los regímenes totalitarios de signo comunista y fascista.

La tercera etapa, que iría desde la década de los cuarenta hasta mediados de los sesenta, contempló la aparición, desarrollo y triunfo de los movimientos tercermundistas de independencia o de liberación nacional frente al dominio colonial occidental. Sus protagonistas fueron partidos de carácter revolucionario que optaron por conducir un combate irregular bajo el paradigma de la guerra prolongada que luego haría célebre Mao Zedong, reformulada a partir de los años sesenta en América Latina en la estrategia del «foco» guerrillero. En estos planteamientos de carácter subversivo, el terrorismo jugó un papel frecuentemente secundario, salvo en casos puntuales donde las circunstancias sociales o políticas (como la debilidad de la protesta colectiva, la falta de coordinación entre los movimientos reivindicativos, el escaso potencial bélico y movilizador de la guerrilla o la mayor presencia o intolerancia del Estado) no dejaron lugar a otras alternativas violentas de carácter masivo. Esta oleada coincidió con el momento álgido del proceso descolonizador, y puede darse por definitivamente cancelada tras la reunificación de Vietnam a mediados de los años setenta.

La cuarta oleada terrorista se puede datar entre fines de los años sesenta e inicios de los años ochenta, y vino marcada por la crisis de los modelos subversivos propios del ciclo anterior. La mayor parte de los países desarrollados había contemplado la virtual desaparición de las manifestaciones de violencia colectiva más características del período de entreguerras, como la huelga general insurreccional, el levantamiento urbano, la paramilitarización, el putsch militar o la guerra civil. Con el declive de las acciones revolucionarias de masas, evidente tras el reflujo de la agitación de mayo de 1968, los países occidentales asistieron al lento establecimiento de nuevos repertorios reivindicativos que no se centraban necesaria o exclusivamente en el ámbito nacional, y que daban preferencia a la vertebración de la protesta en base a movimientos sectoriales (antinucleares, ecologistas, pacifistas, feministas, estudiantiles, squatters, de minorías raciales o subculturales, integristas y radicales de diverso tipo…) articulados de forma muy tenue y flexible, y relativamente independientes de las grandes opciones políticas. En Asia, África y Latinoamérica, las tensiones heredadas de la descolonización provocaron continuos golpes de Estado y enfrentamientos civiles. La guerra de guerrillas, que alcanzó una cierta notoriedad en la década posterior a la revolución cubana, experimentó un abrupto reflujo a fines de los sesenta, cuando el fracaso de la estrategia «foquista» enunciada por el Che Guevara evidenció que el campo ya no era la única fuente de potencial revolucionario. Se reactualizó entonces una táctica de lucha revolucionaria que podía aplicarse a cualquier país sin tener en cuenta las condiciones sociales, políticas o económicas: la guerrilla urbana como desencadenante de una espiral de represión-resistencia armada que llevase a la insurrección popular y luego a la revolución. A diferencia de la guerrilla urbana tercermundista, que interpretaba el terrorismo como un elemento táctico integrado en una estrategia de rebelión de masas según el paradigma de la «guerra prolongada», los movimientos políticos radicales que surgieron en Occidente tras la crisis de 1968 pretendieron dar a este tipo de violencia política un valor estratégico central y casi exclusivo. Este «nuevo terrorismo» revolucionario de carácter eminentemente urbano pretendió actuar como el sustitutivo imperfecto de una revolución (social o nacional) imposible.

A fines de ese ciclo, el terrorismo ideológico de izquierda o derecha entró en franca decadencia, mientras que algunos movimientos terroristas de carácter nacionalista-separatista aún se mostraron capaces de prolongar una situación de conflicto violento gracias a la articulación de un apoyo popular más estable y consistente. Estos grupos, surgidos en los años sesenta como movimientos de liberación nacional de inspiración tercermundista, concebían el terrorismo como el elemento desencadenante de la lucha por la independencia, y a la organización terrorista como el brazo armado de un movimiento nacionalista revolucionario de amplia base, que debía mezclar con eficacia los mensajes de emancipación patriótica y de liberación social. Desde un punto de vista técnico, esta oleada terrorista contempló la mayor accesibilidad de las armas por el incremento del tráfico internacional, la miniaturización de los explosivos, su mayor estabilidad y potencia y la aplicación de la electrónica a nuevos modos de combate que incluyeron la internacionalización de los atentados, con ejemplo paradigmático en el secuestro de aviones. A pesar de que sus secuelas aún perviven en algunos países, esta oleada de «nuevo terrorismo» urbano ha sido la más breve de la historia contemporánea, por la endeblez del apoyo social a los grupos armados de la «nueva izquierda» y porque las acciones terroristas de carácter internacional y transnacional dependían demasiado de conexiones internacionales poco fiables[20].

La quinta y última oleada terrorista hasta la fecha, de carácter predominantemente religioso, ha arrancado de cuatro acontecimientos clave: la revolución iraní de febrero de 1979 (que coincidió, de forma harto simbólica, con el inicio de un nuevo siglo para los musulmanes), la retirada soviética de Afganistán en febrero de 1988 y el derrumbamiento de los regímenes comunistas en 1989-1991 en coincidencia con la primera Guerra del Golfo Pérsico de 1990-1991. De ahí arrancó un nuevo mito subversivo: la imposición del fundamentalismo religioso sobre el ethos revolucionario laico, especialmente el representado por un marxismo-leninismo en franco declive, pero también su potencial de amenaza contra un orden liberal-capitalista más vulnerable por el proceso de globalización. La difusión del fundamentalismo religioso facilitó la aparición de la gran innovación táctica de la época: un terrorismo sagrado y primordialista con un acusado componente martirial y autoinmolatorio que arraigó en principio y sobre todo en sectores islámicos. Esta oleada terrorista a caballo entre el siglo XX y el XXI ha producido una «organización armada» muy peculiar: Al Qa’ida, que, a diferencia de los anteriores movimientos terroristas que reclutaban a sus adeptos en una base nacional única, acoge a fieles del conjunto del mundo islámico en un proceso de globalización que incluye su estrategia transnacional y su propósito de crear un Estado unificado para todos los musulmanes regido por la shari’a o ley islámica. La Yihad global es el mejor ejemplo de cómo la mundialización del sistema de comunicaciones ha permitido la formación de redes terroristas deslocalizadas que plantean un terrorismo indiscriminado, apoyado en el desarrollo de armas más sofisticadas, que hacen más fácil y menos costoso el uso de la violencia en gran escala, y que en su vertiente de potencial destrucción masiva de tipo nuclear, químico o bacteriológico darán un poder sin precedentes a pequeños grupos de individuos.

Nuestro propósito es hacer un recorrido sobre estas cinco grandes oleadas de terror que han sacudido al mundo entre el último cuarto del siglo XIX y el primer decenio del siglo XXI, sin olvidar los precedentes históricos del terrorismo que arrancan de dos milenios atrás. Prestaremos la atención debida a las circunstancias históricas que determinaron su aparición, analizando las doctrinas subyacentes a este tipo de estrategia de violencia política, y, sobre todo, dando cuenta del complejo entramado de organizaciones que, en uno u otro momento y con mayor o menor fortuna, han empleado el terrorismo como modo preferente de actuación política subversiva. Aunque también intentaremos completar el cuadro revisando las políticas antiterroristas implementadas progresivamente por los gobiernos y las instituciones internacionales, y haremos las alusiones necesarias a esa otra vertiente —más antigua, insidiosa y sin duda más letal— del empleo masivo de la intimidación como arma política que es el fundamento del terror de Estado.

¿Qué puede aportar en estos momentos una nueva historia general del terrorismo? Sorprende constatar que el número de libros con la palabra «terrorismo» en su portada (10 893) editados de 2000 a mediados de 2005 es más de diez veces el total de publicaciones de los últimos sesenta años sobre la materia[21]. Hay más de 190 000 entradas sobre historia del terrorismo en el buscador de Google, pero la mayor parte de ellas tratan de aspectos muy concretos del fenómeno, y pocas aluden, siquiera vagamente, al fenómeno en su conjunto desde una perspectiva histórica coherente. También es muy significativo que se muestren menos de una docena de obras históricas generales sobre terrorismo en el catálogo on-line de la Biblioteca del Congreso de Washington. Aunque hay varios estudios enciclopédicos y diccionarios del terrorismo, la vertebración en un discurso histórico de estas compilaciones sigue siendo su gran carencia. Del mismo modo, las más recientes historias generales traducidas al castellano, de las que son autores Walter Laqueur, Bruce Hoffman o Michael Burleigh, no abordan, a nuestro juicio, de forma aceptable la cuestión, ya que, o bien se centran en aspectos técnicos (tácticas, objetivos, armas), culturales (fanatismo, fundamentalismo religioso) y psicológicos (presunta mentalidad terrorista), especialmente en la época poscolonial, o bien se detienen en cuestiones ideológicas (del tiranicidio al nihilismo, propaganda por el hecho, marxismo, nacionalismo) y sociológicas (organizaciones), enfocando el fenómeno de forma prioritaria a partir de la segunda posguerra mundial. Estos trabajos, de carácter fundamentalmente politológico, insertan muy tangencialmente el terrorismo en el contexto de los grandes procesos de cambio político revolucionario y contrarrevolucionario de los últimos dos siglos.

Las novedades que el lector podrá encontrar en el presente ensayo son las siguientes: en primer lugar, es un libro planteado como un estado general de la cuestión desde las perspectivas teórico-interpretativa, histórica y doctrinal. Pero es sobre todo un estudio eminentemente histórico del fenómeno terrorista, que presta la atención debida a los factores que posibilitaron su aparición y a su evolución estratégica a lo largo del tiempo. También pretende ser un trabajo omnicomprensivo y mejor documentado que los anteriores, donde el discurso histórico está estructurado sobre la base de la perspectiva cíclica en el estudio de la violencia política. A tal fin, junto a una síntesis de las grandes etapas conflictivas y los principales movimientos armados que las protagonizaron, se presentan estudios más pormenorizados de algunos casos relevantes, como son el terrorismo anarquista de fines del siglo XIX y su represión a escala internacional, el conflicto irlandés, la guerra revolucionaria en el Perú de los años ochenta del siglo pasado, el independentismo quebequés o ETA. Por último, en cada capítulo se hace el necesario tratamiento de las políticas antiterroristas a escala nacional e internacional, y ocasionalmente (o de forma central en el capítulo tercero) se analizan las manifestaciones de terror patrocinadas por y desde el Estado. Ambos fenómenos son abordados en su relación dialéctica con el terrorismo subversivo, y contemplados como asuntos que resultan insoslayables a la hora de abordar cualquier estudio histórico global sobre la materia.

En definitiva, la peculiaridad del tema impone una estrategia de investigación específica marcada por la pluralidad de fuentes, que no impide aspirar a realizar la historia general del terrorismo mejor documentada hasta la fecha, con cerca de un millar de referencias bibliográficas, el empleo sistemático de recursos de Internet y una adecuada aportación de material de archivo.

1 El terrorismo: un ensayo de definición e interpretación

A pesar de la disminución generalizada del elenco de manifestaciones de violencia en los conflictos políticos, el terrorismo ha alcanzado en los últimos decenios una particular virulencia. No cabe duda de que, dentro de la tipología de la violencia estrictamente política, la cuestión terrorista ocupa el lugar más relevante para los estudiosos del problema, y como ya hemos dicho, genera una publicística de enormes proporciones, que crece sin cesar, aunque su relevancia y calidad resulten bastante desiguales. Como fenómeno candente y sujeto a fuertes polémicas, la definición y la valoración del terrorismo distan mucho de estar fijadas de un modo satisfactorio. Algunos autores coinciden en que el terrorismo es el uso o la amenaza de uso de la violencia, un método o estrategia de combate para alcanzar determinados fines, y otros han destacado su carácter simbólico, destinado a modificar la conducta política del enemigo. Sin duda, dado el amplio alcance del término, existen dificultades para comprender el fenómeno terrorista en su integridad, ya que el miedo no es su única característica, y es preciso valorar tanto las implicaciones emocionales del concepto como su inevitable dimensión ideológica[1].

En efecto, pocos términos de las ciencias sociales son tan polémicos como el de «terrorismo», lastrado desde su origen por la polémica entre agresión y autodefensa: unas definiciones lo consideran una forma de guerra, y como tal debe ser dirimido en el plano estrictamente político y militar, y otras lo tildan de comportamiento criminal que se debe tratar desde un sesgo exclusivamente jurídico-penal[2]. De modo que para orientarnos en un concepto tan contaminado por valoraciones de orden ético y político, trataremos de sistematizar las diversas atribuciones del término «terrorismo» desentrañando sus principales características psicológicas, ideológicas, organizativas, estratégicas y políticas.

Es preciso destacar desde el primer momento que, en consonancia con su carácter multifacético, el terrorismo no es una escuela filosófica, ni una ideología, ni una doctrina política, sino una estrategia de empleo de la violencia política que han utilizado y utilizan prácticamente todos los movimientos radicales del espectro político, sean de derechas o de izquierdas[3]. El terrorismo tomó apariencia predominantemente populista y anarquista a fines del siglo XIX, y fascista en los años veinte y treinta del siglo pasado, se tornó tercermundista en los años cuarenta y cincuenta, neomarxista en los años sesenta y setenta o integrista en los años ochenta y noventa. No existe un terrorismo per se salvo en términos abstractos, sino que hay, como veremos a lo largo de este ensayo, diferentes tipos de terrorismo, que persiguen muy diversos objetivos de orden político[4]. Pero si el terrorismo no es patrimonio de una ideología política determinada, tampoco es una simple técnica, ya que quienes lo practican tienen en común ciertas creencias básicas sobre la eficacia y la justificación del empleo de semejantes métodos basados en la violencia y la intimidación sistemáticas[5]. Cabría diferenciar en principio aquellas organizaciones o instituciones que emplean el terrorismo como una táctica entre otras en un marco estratégico más amplio (la revolución social, la independencia, la guerra de guerrillas, la resistencia a la ocupación extranjera, la guerra revolucionaria, la contrarrevolución, la «estrategia de la tensión», la Guerra Santa, etc.) y las que trasforman al terrorismo en el elemento estratégico central de su actuación política, como fue el caso de los regímenes totalitarios y de ciertos grupos armados de muy distintas convicciones políticas.

1. EN EL ORIGEN DEL TÉRMINO: EL TERROR DE ESTADO

El terror aparece vinculado a la política desde su misma configuración como saber social específico y diferenciado. Maquiavelo lo consideraba como la principal estratagema política de los dirigentes que tratan de establecer un nuevo régimen de gobierno. La violencia terrorista surge en la ciencia política como un factor eminentemente pragmático, ya que su éxito se mide por criterios de eficacia política que lleva aneja la marca de la virtù, y no por cualidades de orden ideológico o moral[6]. Por su parte, Montesquieu introdujo el término «terror» en el lenguaje político asignándole un significado preciso, como sinónimo del miedo, que era la característica determinante del principio rector de los regímenes despóticos que no empleaban la violencia de forma limitada y ejemplar contra el «enemigo interior», sino que la extendían a toda la población. La diferencia entre intimidación y terrorismo es que aquella simplemente busca incrementar el miedo a un castigo severo por la no aceptación de una demanda, y el terrorismo no amenaza: la muerte y la destrucción son su programa de acción[7]. Esta idea del terror como principal recurso del despotismo se expandió entre los filósofos ilustrados, y marcó la pauta de su empleo político en la época contemporánea.

El fenómeno del terrorismo político está asociado al origen de la moderna democracia. En la Revolución francesa se usó por vez primera el terror en nombre de la democracia, pero la relación entre ambos sigue siendo polémica: los conservadores, desde Burke a Taine, pensaban que el terror resultaba intrínseco a las revoluciones, y que la violencia era, como destacaron Pierre Chaunu o Simon Schama, el elemento fundador del mundo contemporáneo. Por el contrario, los historiadores socialistas y radicales como François Mignet, Alphonse Aulard o Georges Lefebvre contemplaron la Revolución como un paso importante en la creación de la democracia liberal, y valoraron el terror como una táctica de circunstancias usada por los políticos de la Convención para defender a Francia y la democracia contra las amenazas de la contrarrevolución y la guerra[8]. Los revisionistas como Furet asumen esta premisa concreta del pensamiento contrarrevolucionario clásico, y piensan que el terror es una parte integral y especialmente insidiosa de la ideología de la moderna democracia de masas con vocación totalitaria[9].

En 1776, el Dictionnaire de l’Académie Française definía asépticamente el terror como la «emoción causada en el alma por la imagen de un mal o de un peligro próximo; espanto, gran temor»[10]. El término «terror» apareció por primera vez en el léxico político práctico para definir, y en principio no de forma negativa, el régimen excepcional mantenido por el Comité de Salud Pública de abril de 1793 a julio de 1794. En contraste, el concepto de «terrorismo» surgió en la etapa thermidoriana de la Revolución francesa como un término despectivo referido al sistema de gobierno desplegado por la Convención. La palabra «terrorismo» figuró desde 1798 en el Dictionnaire de l’Académie Française, donde quedó fijado como «système, régime de terreur», en un sentido peyorativo del que carecía antes de Thermidor. El concepto ingresó en el lenguaje político inglés en 1795 como «Government by intimidation» o «A policy intended to strike with terror those against whom it is adopted» (Oxford English Dictionary). Por ese entonces, el terror era entendido en exclusiva como un régimen, o como una práctica propia del poder estatal, cuya esencia era recurrir de forma sistemática a la violencia contra personas y cosas, provocando de ese modo un ambiente de temor generalizado. No fue sino en las décadas postreras de la siguiente centuria cuando el término extendió su campo semántico para definir la estrategia violenta desplegada por los revolucionarios populistas rusos de la Naródnaia Vólia a caballo de la década de 1870-1880; la «propaganda por el hecho» cultivada por los anarquistas franceses, ingleses, norteamericanos o españoles en los años noventa, y las campañas de violencia política sistemática lanzadas desde las tres últimas décadas del siglo XIX por grupos nacionalistas radicales irlandeses, macedonios, serbios o armenios en lucha contra sus estados opresores. Combates que, quizás para confirmar la escasa viabilidad revolucionaria o la incapacidad decisoria de esta táctica de lucha, han seguido librándose con diversa intensidad hasta fechas muy recientes en muchas de estas zonas geográficas. Porque el terrorismo —repitámoslo una vez más— no es una doctrina o un régimen políticos, sino una estrategia compleja de lucha violenta de la cual se han servido y se sirven actores de distinta naturaleza y de ideología política muy diversa.

De modo que, en el origen mismo del término «terrorismo» aparece el terror de Estado, que ha sido descrito de forma convencional como el «uso arbitrario por los órganos de la autoridad política, de la coerción severa contra individuos o grupos, de la amenaza creíble de su uso, o de la exterminación arbitraria de los mismos»[11]. Dicha forma de violencia describe la capacidad de un gobierno para impulsar y dirigir, de forma sistemática y sin cuartel, una guerra interna no declarada contra un enemigo interior, utilizando todos los recursos extralegales a su alcance, como la delimitación imprecisa de los hechos delictivos y las medidas clandestinas de sanción estatal (homicidios, torturas, privación de la libertad o de la propiedad, etc.) sin las debidas garantías jurídicas[12]. La definición distingue claramente la violencia organizada, sometida a rigurosas reglas de aplicación, que el Estado monopoliza legítimamente, y la que puede ejercer de forma delictiva, bien porque se trata de un régimen ilegítimo por su ausencia de representatividad, bien porque emplea métodos de extremada violencia que al buscar la destrucción física y moral del adversario no se ajustan a las normas vigentes que autolimitan su capacidad represiva[13]. En este segundo supuesto, el Estado hace un uso ilegal y abusivo de los instrumentos de coerción y represión de que dispone (policía, ejército, servicios secretos, ordenamiento jurídico, régimen penitenciario…), y los aplica a un segmento más o menos relevante de la población. El terrorismo de Estado sería entonces un tipo de violencia que va más allá de las normas formales e informales de la coerción gubernamental y que ignora la distinción convencional entre inocentes y culpables, o entre combatientes y no combatientes. El objetivo no es una persona individual, sino la población en su conjunto[14]. Desde esa perspectiva, el terror estatal es indiscriminado: no selecciona las víctimas en función de la hostilidad, sino que realiza un enorme acto de violencia que provoca tal conmoción en el adversario potencial (y, en ocasiones, imaginario) que le disuade de emprender o continuar la lucha[15].

Se han señalado cuatro condiciones generales asociadas a la emergencia del terror organizado de Estado: unas concepciones distorsionadas del Estado y de la sociedad y de la relación entre ambos, que deriva en una concentración abusiva del poder político; la falta de arraigo social de las instituciones de gobierno, vinculada al caos y a la desorganización de las diversas agencias estatales; la presencia de profundos conflictos económicos y/o étnicos en la sociedad o entre la sociedad y el Estado, y la dependencia del Estado respecto de un poder extranjero[16]. Como en otros aspectos de su estructura y organización, el grado de uso ilegal e ilegítimo de la violencia nos dice mucho acerca de la naturaleza del sistema político: la coacción oficial, indiscriminada y sistemática es propia de regímenes totalitarios, que pueden ser calificados como «estados terroristas» fundamentados en un régimen de excepción permanente. El llamado genéricamente «terror de Estado», que, como se ha dicho, sirvió por primera vez para calificar la política defensiva del Comité de Salud Pública de 1793, alcanzó categoría polémica durante las conmociones revolucionarias y contrarrevolucionarias de la primera posguerra mundial, y obtuvo carta de naturaleza en los regímenes dictatoriales fascistas y comunistas, vinculando para siempre totalitarismo con terrorismo. Recordando las experiencias totalitarias del siglo XX, no tiene sentido, como señala Henri Lefebvre, hablar de una sociedad terrorista, sino de una sociedad sometida al terror dictado por el sistema político:

No llamamos «terrorista» a una sociedad donde se aclama a la violencia, donde corre la sangre. El terror político rojo o blanco no puede durar largo tiempo. Un grupo definido lo ejerce para mantener su dictadura. El terror político se localiza, no puede atribuirse a «toda» la sociedad. Semejante sociedad está aterrorizada, no es terrorista. En la «sociedad terrorista» reina un terror difuso. La violencia se halla en estado latente. Las presiones se ejercen de todas partes sobre los miembros de esta sociedad. Les cuesta mucho separarse del terror, apartar de sí el peso del mismo. Cada uno se convierte en terrorista y su propio terrorista […] No hay necesidad de dictador, cada cual se denuncia a sí mismo y se castiga. El terror no se localiza, se halla en su conjunto y en el detalle. El «sistema» (si puede hablarse de sistema) coge a cada miembro y lo somete al conjunto, o sea a una estrategia, a una finalidad disimulada, a unos fines que solo conocen los poderes de decisión y que nada ni nadie puede poner en duda ni en tela de juicio[17].

Aunque aludía al gobierno del general Garrastazu Médici —un régimen dictatorial notablemente represivo, aunque distante de las premisas básicas del totalitarismo—, un exdiputado brasileño de la oposición elaboró una definición muy afortunada del Estado terrorista como aquel que «asienta su poder sobre la permanente inseguridad de todas las clases sociales. Su instrumento es el miedo y hace que este envuelva incluso a la burocracia, la élite de la administración y el aparato represivo. Su código penal es tan sutil, que nadie puede declararse inocente ante los tribunales. Un rígido control, la sospecha, la propaganda, la manipulación y el aislamiento son sus armas defensivas; la tortura, la confiscación, el encarcelamiento ilegal, la ejecución y el asesinato son sus armas ofensivas»[18].

El terrorismo de Estado es arbitrario en tanto no se conforma al debido proceso de la ley, e ilegal en cuanto se despliega frente a las prohibiciones legales establecidas contra este tipo de medidas, aunque en otros casos se conforman a los códigos legales del país, o viceversa, mediante la implementación de legislaciones temporales de emergencia, con lo que la frontera entre terrorismo de Estado y uso legítimo de las sanciones coactivas se hace cada vez más confusa[19]. Como señala Gurr, no parece razonable restringir el concepto de terrorismo de Estado a los actos violentos perpetrados bajo la autoridad del gobierno o por otros agentes más o menos vinculados a él. El hecho decisivo, que ha destacado Michaud, es que el Estado tiende a utilizar en algún momento todos los recursos positivos que le brinda su poder y a liberarse de las limitaciones correlativas, produciendo de ese modo una curiosa síntesis entre la aplicación de la ley y el desencadenamiento de la violencia[20]. Precisamente para burlar los mecanismos precautorios y fiscalizadores del Estado, la violencia ilegal ejercida desde ciertas instancias gubernamentales aparece vinculada a tramas paraestatales o parainstitucionales, como organizaciones terroristas, partidos extremistas, grupos paramilitares, hampa, mafias de diverso tipo, servicios secretos y policiales extranjeros y corporaciones privadas interesadas en instrumentalizar sus servicios. El problema del «vigilantismo» político en sus diversas facetas debiera ser estudiado también desde este punto de vista.

La cuestión esencial —y reconocemos que es un argumento muy polémico— radica en saber si el terrorismo ocurre con la aprobación implícita o explícita de esas autoridades (Gurr señala que los regímenes débiles, que han utilizado alguna vez la violencia para mantener el control político, tienden a usarla más que los regímenes fuertes y democráticos), y si la entidad de la amenaza subversiva (medida en el nivel real o potencial de apoyos internos y externos, en el uso extensivo de tácticas de guerra revolucionaria, etc.) resulta proporcional al rigor de los métodos empleados. En este caso, Gurr opina que es preciso diferenciar el terrorismo «institucionalizado» de Estado y el terrorismo «situacionalmente específico» aplicado por las autoridades, que puede cesar cuando el conflicto desaparece, o persistir al creerse funcionalmente necesario su mantenimiento[21]. Si la coacción se aplica de forma sistemática y más o menos indiscriminada contra el conjunto de la población nacional o contra un «enemigo interior» (caso de la Francia de 1793, Guatemala en 1981-1984, ex-Yugoslavia o Ruanda en los años 1990), o bien el Estado utiliza a grupos terroristas con fines de política exterior, la violencia se hace definitoria del modo de ejercer el gobierno. Estamos entonces ante un Estado terrorista. Si la violencia se utiliza de modo más localizado y esporádico, sorteando y transgrediendo ocasionalmente las garantías fundamentales de un Estado de derecho que se encuentra en vigor para la mayoría de la población, nos encontramos ante una disfunción —grave, pero no definitoria de la naturaleza del gobierno— que puede ser calificada como «terrorismo de Estado», o de forma más benévola y actual como «guerra sucia», apelativo que lleva implícito una equiparación ética, política y estratégica de la violencia emanada del gobierno con la desplegada por los grupos subversivos. En los sistemas no autoritarios, este tipo de violencia resulta de un abuso de los instrumentos estatales de control social, que gracias a los adelantos técnicos han alcanzado mayor complejidad y eficacia, pero que se han transformado en entes autónomos cada vez más difíciles de controlar por los poderes garantes del Estado de derecho. A veces, los excesos contraterroristas cometidos por alguno de los resortes coercitivos del Estado no son síntoma de su creciente poder y autonomía, sino la consecuencia de la frustración sobre su propia ineptitud para combatir el terrorismo. La ineficiencia de la policía y el ejército, combinada con la debilidad o la complacencia del gobierno central, alientan al contraterrorismo y el terrorismo[22].

También es cierto que, en circunstancias de grave crisis interna, los estados democráticos implementan medidas de salvaguardia que limitan el habeas corpus, restringen los derechos de los detenidos, establecen medidas procesales y penales de excepción, y ponen en cuestión las libertades de expresión, reunión, residencia y circulación, la intimidad personal, la inmunidad domiciliaria, etc., aunque siempre dentro de los límites que marca el ordenamiento constitucional vigente[23] El desarrollo político de las sociedades occidentales no debe asociarse solo a una larga y difícil conquista de la democracia participativa sobre la violencia. La aparición y consolidación de la democracia han coincidido con un crecimiento acelerado de la potencia y del refinamiento de los medios de violencia puestos a disposición de la autoridad política.[24]. El tránsito de la democracia garantista al terror ocasional de Estado y luego al Estado terrorista es la historia del nacimiento, origen y desarrollo de no pocos regímenes totalitarios o autoritarios fuertemente represivos, como fueron las «democracias populares» hostiles a cualquier manifestación de disidencia, o los modelos asiáticos y latinoamericanos de «Estado de la seguridad nacional», en los que las instituciones de defensa del orden público se emanciparon del control ejercido por el poder civil, y donde aparecieron «escuadrones de la muerte» que coadyuvaban a una acción punitiva extensa de los ejércitos, según el modelo de la doctrina contrasubversiva enunciada desde Washington. Y es que el terror de Estado ofrece una inquietante gradación de actuaciones represivas que van desde la intimidación puntual a la «conversión» de la sociedad a valores coactivos, los asesinatos selectivos, el reinado del terror de los grupos vigilantes o el genocidio más o menos indiscriminado. También es preciso señalar que muchos estados no totalitarios, incluyendo las democracias liberales, han usado y usan del terrorismo como instrumento táctico de sus ejércitos regulares en el contexto de conflagraciones bélicas a gran escala o en el marco de conflictos más puntuales y localizados, mediante operaciones que no se realizan para privar de recursos militares y humanos a las tropas enemigas, sino para impactar en términos emocionales (por ejemplo, «conmoción y pavor» —Shock and Awe— que ha aplicado el Pentágono en Afganistán e Irak desde 2001) sobre las fuerzas armadas o su correspondiente población civil, como fue el caso de los bombardeos alemanes o británicos y las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial[25]. A veces resulta muy difícil buscar los límites entre terrorismo y guerra, aunque E.V. Walter dijo que el terror militar busca aniquilar al enemigo, mientras que el terror civil es un instrumento del poder dirigido al control, no a la destrucción de la población[26].

La frontera entre terrorismo «desde arriba» o «desde abajo» queda a veces muy mal definida, ya que el terrorista puede devenir gobernante, como fueron los casos de De Valera, Stalin, Begin o Arafat. Thornton advierte que los terrorismos gubernamental e insurgente se pueden definir conjuntamente[27]. Con todo, estudiosos del terrorismo como Walter Laqueur, que, a pesar de todo lo describe de forma genérica como el «uso sistemático del asesinato, de la violencia y de la destrucción, o de la amenaza de esos actos, con el fin de lograr una meta política»[28] rechazan de plano la comparación entre el terror de Estado y el terrorismo subversivo.[29], Ello podría tener su justificación en el orden analítico, pero si concebimos el terrorismo como una estrategia que emplea el terror con un objetivo político relacionado con la conservación o la conquista del poder, podríamos establecer algunos paralelismos interesantes, más aún ante el hecho de que, en ocasiones, el terrorismo subversivo ha justificado y retroalimentado su actuación sobre la excusa de un «terror de Estado» precedente. Y viceversa: los especialistas oficiales en la coerción a veces despliegan el terror bajo determinadas circunstancias, usualmente con efectos más devastadores que el terror desplegado previamente por grupos no especializados de tipo contestatario[30]. Mientras el terrorismo subversivo instrumentaliza la violencia sobre personas o cosas para provocar estados de temor colectivo como medio de luchar contra el poder establecido, el terrorismo institucionalizado, asumido por las estructuras oficiales o estatales, obra de un modo más inmediato: su violencia se proyecta directamente contra el enemigo tratando de destruirlo, y por lo tanto se rige por una estrategia de la muerte o el aniquilamiento de la que emana una atmósfera de terror[31]. En lo que atañe al número de víctimas, el terrorismo de Estado ha sido mucho más mortífero y destructivo que el empleado por grupos no estatales o antiestatales[32]. De modo que, contemplado en perspectiva histórica, el terrorismo no ha sido el arma del débil, sino el instrumento empleado rutinariamente por el fuerte (el Estado), y usualmente el último recurso del débil[33]. Además, tras Auschwitz, Hiroshima o el Gulag, el terror de Estado se ha convertido en un recurso de acción política y/o militar aún más controvertido, por lo que su estudio resulta difícilmente soslayable. De modo que en una historia general del terrorismo como la que se pretende abordar en este libro no se puede obviar este fenómeno, aunque no se trate con similar detenimiento, salvo en algunos ejemplos suficientemente representativos (casos del totalitarismo fascista o comunista) y cuando se inserta en una dinámica de desestabilización interna que provoca el terrorismo insurgente o actúa como respuesta desaforada al mismo.

2. EL TERRORISMO COMO FORMA ESPECÍFICA DE VIOLENCIA POLÍTICA

En las últimas décadas del siglo XIX, el terrorismo político se fue desligando del concepto de terror estatal, y pasó a calificar a aquellos instrumentos de violencia a los que recurrían determinados grupos de oposición para derrocar a un gobierno acusado de regirse por medio de la represión sistemática. Los movimientos insurgentes (sean anarquistas, igualitarios, tradicionalistas, pluralistas, preservacionistas, reformistas o secesionistas) han empleado diversas estrategias de acción colectiva con carácter violento: conspiración, guerra popular prolongada, «foquismo», guerrilla urbana y, naturalmente, el terrorismo[34].

En esa línea de enriquecimiento de la panoplia violenta que utilizaban los grupos revolucionarios y contrarrevolucionarios, a partir de los años treinta del siglo XX el estudio sistemático del terrorismo dejó de ser cosa de penalistas y criminólogos para interesar de forma creciente a sociólogos, politólogos y psicólogos sociales. Por ese entonces, Hardman definió el terrorismo como «método (o la teoría subyacente a ese método) a través del cual un grupo organizado o un partido trata de alcanzar unos determinados objetivos, principalmente mediante el uso sistemático de la violencia contra los agentes de la autoridad». A diferencia de la intimidación, en la que un sujeto amenaza con una agresión o con un castigo severo en orden a que la víctima cumpla sus deseos, el terrorista impone su castigo directamente y sin previo aviso contra aquellos que considera culpables o que interfieren en su programa revolucionario. En su opinión, los terroristas no amenazan; la muerte y la destrucción forman parte de su programa de acción[35].

Con todo, es preciso describir la idiosincrasia del terrorismo en comparación con otros modos canónicos de violencia política, ya que, como señala Anthony Quinton, «todo terrorismo es necesariamente violento, pero la violencia no es necesariamente terrorismo»[36], puesto que no toda la violencia va dirigida a matar, mutilar o herir de forma indiscriminada o sistemática, o infundir un determinado estado de ánimo entre la población. Por ejemplo, un tumulto solo provoca violencia de forma contingente y reactiva, del mismo modo que un levantamiento revolucionario. La intención de matar o herir es una parte vital del terrorismo de un modo que no es esencial en otras formas de violencia subversiva, como la insurrección. La guerra tiene como objetivo poner fuera de combate las fuerzas del adversario mediante el adecuado empleo táctico y estratégico de la fuerza militar, mientras que el terrorismo convencional, inserto en un conflicto asimétrico, no aspira a una derrota total del enemigo, sino a ponerlo en condiciones de negociar. Además, las víctimas potenciales o reales de una acción terrorista aparecen en buena medida indefensas, mientras que los gobiernos bajo la amenaza de una revolución no lo están. Pero un elenco muy variado de estrategias de intimidación se aplican ampliamente en la lucha política, y corresponde a lo que aproximadamente la gente entiende por terror: el despliegue desaforado y abusivo de amenazas y de violencia contra los enemigos, sus aliados o terceros en discordia[37].

El uso del terror desde un punto de vista estratégico ha sido un método bastante común, y una de las armas más antiguas y extendidas en gran variedad de conflictos humanos de carácter violento, donde el terrorismo acostumbra a combinarse con otras formas de lucha. Pero si deseamos utilizar el término «terrorismo» en un análisis politológico riguroso, deberíamos reservarlo exclusivamente a la descripción de un tipo de fenómeno violento específico y bien caracterizado, distinto de las otras formas de violencia política como la guerrilla, la guerra convencional, la insurrección o los motines. Mientras que la guerrilla y la guerra convencional son dos tipos de lucha armada diferentes en su estrategia y similares en su táctica, el terrorismo es una forma particular de lucha tanto en materia de estrategia como de táctica[38]. Como la guerrilla, el terrorismo es una modalidad de lucha prolongada, pero la primera es una estrategia basada sobre todo en el enfrentamiento físico, y secundariamente psicológico, mientras que el terrorismo se mantiene en el registro de la influencia psicológica y está desprovisto de los elementos materiales de que dispone la guerrilla. Es cierto que la guerra convencional y la guerrilla a menudo ignoran las leyes que regulan este tipo de conflictos, pero el terrorismo las viola sistemáticamente cuando rehúsa establecer la distinción entre combatientes y no combatientes, y en el caso del terrorismo internacional, no teniendo en cuenta los límites físicos y jurídicos de las zonas en lucha. Contrariamente a los combates guerrilleros o a los enfrentamientos armados en un escenario bélico tradicional, la lucha terrorista no tiene estatuto legal según la ley internacional. El terrorismo se puede interpretar, por tanto, como una forma ilegal de guerra, aun cuando en los conflictos bélicos contemporáneos los códigos morales también han sido transgredidos sistemáticamente al atacar de forma indiscriminada a la población civil. Ya advirtió Walter que, «en sus manifestaciones modernas, el terror es la forma totalitaria de la guerra y de la política. Destruye las convenciones de la guerra y el código político. Rompe los límites morales más allá de los cuales no hay otra limitación ulterior. Porque en el interior de categorías como civil o ciudadano no hay grupo más pequeño del que se pueda exigir inmunidad»[39].

Si como estrategia bélica el terrorismo mantiene notables diferencias con otros modos de combate militar o paramilitar, como estrategia insurgente aparece imbricada con otros modos de acción subversiva. Thornton y May reiteran la advertencia de que el terror puede ser un arma utilizada tanto por el Estado como por los grupos disidentes[40], y que puede ser empleado en varias formas de lucha, como la guerra civil, los ataques revolucionarios, las guerras de secesión, las guerras anticoloniales, o como un fin en sí mismo[41]. Considerado desde esta perspectiva, el terror ya no es concebido como un fin en sí mismo, o como una doctrina o un régimen políticos, sino que, como el golpe de Estado, la insurrección o la guerrilla, es una técnica, método o estrategia compleja y prolongada de lucha, de la cual se han servido y se sirven estados, partidos de derecha o de izquierda, comunidades étnicas y religiosas, organizaciones y movimientos nacionales o internacionales y grupúsculos de muy diversa ideología, que aspiran a influir, conquistar o defender el poder del Estado mediante el uso de la violencia extrema contra objetivos civiles o no combatientes[42].

La forma que adopta una insurrección (terrorismo, guerrilla, protesta de masas, golpe de Estado…) está determinada por las condiciones objetivas antes que por las condiciones estratégicas de los insurgentes. El factor más importante es la capacidad de actuación y movilización. Habitualmente los insurgentes usan todos los modos de lucha que estén a su alcance y que hagan avanzar su causa. El terrorismo suele ser el nivel inferior de esa lucha violenta, y se utiliza habitualmente en las insurrecciones por su reducido coste, cuando los insurgentes son poco numerosos, el terreno no es favorable a la guerrilla y los gobiernos son eficaces en la lucha contra la subversión[43]. El terrorismo es la menos exigente de todas las formas de insurrección, y se ha acostumbrado a usar de forma simultánea otras tácticas desestabilizadoras. En un proceso ideal de asalto al Estado, terrorismo, revolución y guerra van unidos, y son manifestaciones secuenciales del mismo fenómeno: la violencia subversiva desplegada por medio de la intimidación y la sumisión.

Sin embargo, parece necesario diferenciar los actos de terror sistemático que se ejecutan ocasionalmente en el transcurso de los conflictos políticos de tipo insurreccional (como una de las estrategias posibles en las guerras civiles, la guerrilla, etc.) y los movimientos que utilizan el terror como instrumento estratégico principal, haciendo girar toda su acción política en torno a la difusión indiscriminada del miedo. En una estrategia de desgaste de esta naturaleza, el terrorismo se considera un medio suficiente para obtener la victoria antes que como el ingrediente inicial de otra estrategia subversiva. Luigi Bonanate diferencia el terrorismo táctico (que forma parte de un programa más amplio de lucha) y el estratégico que entrevé un tipo de guerra mantenida de forma sistemática y continuada con esta única arma. Por último, distingue el terrorismo finalístico o interno (cuando esta forma de lucha se considera necesaria y suficiente para alcanzar el objetivo, y se justifica en sí mismo, como es el caso del terror «rojo» según Trotski o algunas formas de «vigilantismo») y el instrumental (en la mayoría de las ocasiones, internacional), cuando se advierte que el objetivo final no puede ser alcanzado por medio del terrorismo, el cual es condición necesaria, pero no suficiente para alcanzar el éxito:

Según Merlos, el terrorismo es «violencia premeditada y sistemática con una motivación política perpetrada contra objetivos no combatientes por grupos no estatales o agentes estatales clandestinos, con el propósito de influir en una audiencia y modificar su conducta»[44] Coady lo define como «el uso organizado de violencia para atacar a no combatientes (inocentes en sentido “especial”) o su propiedad con un propósito político».[45]. El terrorismo es una forma de actuación política sostenida que implica el empleo del terror organizado por una parte del Estado, movimiento o facción, o por un pequeño grupo de individuos. Sus características clave son su naturaleza indiscriminada, que implica la extensión de la violencia a otros que podrían verse afectados; su impredecibilidad; su arbitrariedad y el hecho de que el terrorismo puede también diferenciarse de otras formas de violencia, agitación, intimidación y coerción en virtud del extremismo y la rudeza de sus métodos destructivos. Lo que fundamentalmente distingue al terrorismo de otras formas de violencia organizada es su amoralidad y anomia, ya que el terrorismo está preparado para sacrificar toda consideración ética y humanitaria en aras de un fin político[46].

Otra característica del moderno terrorismo estratégico es su carácter clandestino, justificado por el deseo de evitar una lucha abierta y mantener el anonimato de sus miembros y el secreto de sus actividades. Lo emplean sobre todo grupos débiles que no pueden plantear un enfrentamiento directo y abierto con el Estado, y deben recurrir por ello a la lucha clandestina: «Un grupo pequeño —observa Bonanate— es terrorista cuando actúa de forma clandestina, con el propósito de obtener la victoria no mediante la eliminación física del adversario, sino mediante acciones simbólicas (por tanto económicas) dirigidas a hacer que el enemigo se rinda por el pánico, más que usar mayores fuerzas, como indicaría la tradición estratégica de cualquier conflicto»[47]. El terrorismo, pues, viene definido por una sustancial desigualdad entre los adversarios, que el más débil intenta compensar recurriendo a la clandestinidad y amplificando su poder real mediante el uso del terror[48]. Los terroristas son conscientes de que nunca podrán vencer al Estado en una confrontación directa, pero estiman que si son más resistentes que el gobierno, este acabará por ceder. Esta estrategia es especialmente adaptable para conflictos donde lo que está en juego no es de una importancia vital para el gobierno (caso de la mayor parte de los procesos de descolonización), ya que se considera que si el conflicto solo afecta a los servicios o recursos públicos y no a la existencia misma del Estado, su tratamiento del problema se basará en el análisis racional de costes y beneficios (pérdidas políticas, económicas y estratégicas si cede a los rebeldes en relación a las que asume si la lucha continúa). De modo que si el grupo terrorista incrementa de forma adecuada los primeros, podría forzar una negociación acorde con sus intereses y/o aspiraciones. No es de extrañar que los éxitos del terrorismo se hayan limitado a las luchas anticoloniales, porque las implicaciones de la misma son mucho más importantes para los insurgentes que para el gobierno metropolitano. Cuando la lucha de la organización terrorista tiene como objetivo el cambio de la naturaleza político-social del régimen, como es el caso de los terrorismos de extrema izquierda o derecha, el gobierno lucha por su supervivencia y está dispuesto a adoptar todas las medidas necesarias para aplastar la insurrección.

El terrorismo puede surgir como medio de obligar a la opinión pública nacional o internacional a tomar conciencia de la gravedad de un problema. Esta fase de «propaganda por el hecho» o «propaganda armada» puede abrir la vía a una lucha legal que habrá contribuido a desencadenar, o bien a una lucha armada con efectivos mucho más importantes. En lugar de afirmarse inicialmente, el terrorismo puede aparecer en un cierto estadio del conflicto como un medio auxiliar o como una estrategia que señala la apertura de un nuevo modo de combate. En Irlanda o Argelia, el terrorismo se llevó a cabo junto con la lucha guerrillera. En otras ocasiones se usó a falta de otra alternativa, porque el Estado no dejaba otra opción, como el caso de la VMRO, los grupos socialistas-revolucionarios antibolcheviques o ETA.

En consecuencia a su escasa capacidad resolutiva de un conflicto a través de la violencia, el terrorismo ha sido una estrategia que ha arrojado éxitos muy escasos aunque ciertamente relevantes: el EOKA en Chipre, los grupos clandestinos sionistas contra el ocupante británico o el Hezbollah libanés en 1983. Se ha dicho que el terror es una «forma de política revolucionaria basada en el empleo de la coacción y la violencia con fines políticos y en el silencio de las leyes»[49]. El terror es siempre el resultado de una dinámica revolucionaria, pero, como hemos dicho, el terrorismo empleado como arma estratégica dirigida a un cambio radical de la estructura política, social y económica existente ha sido escasamente efectivo, con la excepción de los movimientos anticolonialistas de mediados del siglo XX: Irgun, EOKA, FLN argelino, etc[50]. Es en ese contexto cuando su éxito parece más factible o posibilita logros parciales bajo la forma de concesiones políticas. El terrorismo por la independencia ha tenido etapas de triunfos y de fracasos (casos de la OLP o el IRA), y es muy significativo el fracaso constante del terrorismo revolucionario de la «nueva izquierda».

El terrorismo utilizado como un fin en sí mismo ha arrojado con mayor frecuencia resultados contraproducentes, como el derrumbamiento de regímenes democráticos débiles y el asentamiento de dictaduras militares como la uruguaya o la argentina de los años setenta y ochenta. Aunque sus efectos suelen ser espectaculares a corto plazo, resulta dudoso considerar el terrorismo como un método realmente decisivo en un conflicto si no se complementa con otras acciones de tipo político y social, y sobre todo si no es capaz de evolucionar hacia formas de enfrentamiento más complejas y masivas. El terrorismo ha sido históricamente más exitoso cuando no era la como forma exclusiva de lucha, y cuando operaba en situaciones políticas no totalmente bloqueadas. Cuando se plantea como única arma de combate, de modo estratégico-finalista, tiene muy remotas probabilidades de éxito. Como método exclusivo o principal de lucha resulta difícil que progrese, aunque puede proporcionar un cierto impulso inicial para grupos débiles, permitiéndoles obtener la publicidad necesaria para efectuar el «salto» hacia una fase subversiva más ambiciosa, como una lucha de guerrillas o una insurrección generalizada[51]. La guerrilla puede ser una evolución del terrorismo o, al contrario, el terrorismo puede ser utilizado como modo complementario de lucha por un grupo predominantemente guerrillero, como las FARC, Sendero Luminoso, los separatistas chechenos o Hezbollah. Cuando el terrorismo se mueve desde formas más genéricas a modalidades más específicas de conflicto armado, tendrá menores posibilidades de éxito. Desde esa perspectiva, el terrorismo tiende a ser visto como un método de violencia donde la conexión entre medios y fines es indirecta antes que directa[52]. Como dijo Raymond Aron, una acción de violencia se define como terrorista cuando sus efectos psicológicos están en desproporción con su resultado puramente físico, de modo que cuanto mayor sea el desequilibrio entre los medios disponibles y los fines que se persiguen, es más creíble que esa acción sea tildada como terrorista.

Como vemos, desde sus propios orígenes el terrorismo ha sido objeto de las más discordantes definiciones. Mientras algunos autores han tratado de tipificarlo como un proceso, forma o estrategia de violencia política comparable a la insurrección, la rebelión, la anarquía o la revolución, otros autores han estudiado su ideología, han prestado atención a sus implicaciones morales o lo han clasificado en función de su naturaleza, sus fines, sus actores o sus apoyos sociales. Al pasar revista a un centenar de definiciones, Alex P. Schmid encuentra seis variantes fundamentales: 1) el efecto que causa un miedo extremo, en grado de tentativa o de ejecución; 2) un ataque contra el Estado desde dentro del mismo; 3) el propósito estratégico con el que se usa la violencia política; 4) el supuesto aleatorio o la naturaleza indiscriminada de la violencia terrorista; 5) la naturaleza de los objetivos de la violencia terrorista y 6) el secretismo en el uso de la violencia política[53]. En consecuencia, las definiciones canónicas del terrorismo han puesto el énfasis en los fines (su vinculación con un designio político, casi siempre contestatario), los medios (las definiciones legalistas sobre su licitud, que no abordan sus consecuencias psicológicas o políticas) y los efectos (las definiciones psicológicas vinculadas con el miedo). No cabe duda de que, por su rabiosa actualidad, el terrorismo encierra un componente político muy polémico, pero entre la demonología y la apología, su estudio parece que ha comenzado a enfilar la senda del rigor analítico. En nuestra opinión, caben cuatro grandes aproximaciones al estudio del terrorismo, según incidamos en factores de orden psicológico, estructural, ideológicoorganizativo o estratégico.

3. LA FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA DEL TERRORISMO

Para algunos autores, el terrorismo se distingue de otras formas de violencia política por las perturbaciones psicológicas que provoca en un grupo de individuos o en la sociedad en su conjunto. En los años setenta del siglo pasado, el psiquiatra vienés Friedrich Hacker diferenció el terror (definido como «el empleo por los poderosos de la intimidación como instrumento de dominio») del terrorismo, caracterizado como «la imitación y aplicación de los métodos del terror por los (al menos, en principio) débiles, los despreciados, los desesperados, que ven en el terrorismo el único medio de conseguir que se les tome en serio y se les escuche». Hacker destacó una faceta esencial del acto terrorista: que su efecto psicológico resulta tanto o más importante que las reales consecuencias físicas del acto violento. El miedo es la base conceptual del terrorismo, que se define como un método para inducir el miedo a través de acciones violentas repetidas[54]. Dirigiendo la atención a la inducción del miedo a través de la amenaza de actos violentos repetidos, podemos establecer una distinción entre los actos individuales de terrorismo (violencia terrorista) o las campañas terroristas sostenidas y organizadas[55]. El terrorismo, entendido como sucesión premeditada de actos violentos e intimidatorios ejercidos sobre población no combatiente y diseñados para influir psicológicamente sobre un número de personas muy superior al que suman sus víctimas directas y para alcanzar así algún objetivo, casi siempre de tipo político[56], provoca, en efecto, determinadas reacciones psicológicas sobre una población sometida a su amenaza, sea esta supuesta o real. El terror es una forma extrema de ansiedad, a menudo acompañada de agresión, negación, reducción del afecto, y seguida de imágenes temibles y de repetidos recuerdos traumáticos[57]. Además de un medio de control social, el terror es también un mecanismo de comunicación que coarta y condiciona el comportamiento del receptor, que numéricamente es mucho más amplio que las víctimas directas de la agresión:

El terror y el terrorismo señalan y pregonan que, en cualquier tiempo y lugar, todos podemos estar amenazados, sin que importe el rango, los méritos o la inocencia de cada cual: es algo que puede afectar a cualquiera. La arbitrariedad con la que se elige a las víctimas esta calculada, la imprevisibilidad de los actos es previsible, el aparente capricho suele estar perfectamente controlado, y lo que a primera vista puede parecer falta de objetivo es la verdadera finalidad de los actos terroristas que tienden a esparcir el miedo y la inseguridad y a mantener una constante incertidumbre. El terror y el terrorismo no son lo mismo, pero tienen entre sí cierta afinidad: ambos dependen de la propaganda, ambos emplean la violencia de un modo brutal, simplista y directo y, sobre todo, ambos hacen alarde de su indiferencia por la vida humana. El terror es un sistema de dominio por el miedo, aplicado por los poderosos; el terrorismo es la intimidación, esporádica u organizada, que esgrimen los débiles, los ambiciosos o los descontentos contra los poderosos[58].

Desde un punto de vista psicosociológico, el terror ha podido ser definido sin demasiadas dificultades como un instrumento de dominio basado en el empleo de la intimidación o de una amenaza mortal que produce estremecimiento en las víctimas reales o potenciales[59]. El terror es un estado psíquico más intenso que el miedo, en el que la persona se encuentra amenazada de un peligro extremo. Pero también es una acción humana más o menos deliberada, encaminada a producir un estado de ánimo entre la población, con lo que el término adquiere un neto sentido político[60]. El terror no es reducible a la violencia, por más que aquel precise de una dosis variada de esta para producirse. Se distingue por su carácter deliberado y por la distinción estratégica entre la víctima y el fin u objetivo que realmente se busca. El terror se diferencia de otras formas de violencia por su naturaleza deliberada y racional: procede de un cálculo, y trata de producir determinados efectos para obtener un fin determinado[61]. El terrorismo supone el uso intencionado de la violencia —o la amenaza de su uso— contra un «objetivo instrumental», en orden a comunicar a un «objetivo primario» una amenaza de futura violencia. Su designio es emplear el miedo intenso o la ansiedad para coartar la conducta del objetivo primario o modificar sus actitudes en conexión con un determinado objetivo político[62]. Según Schmid:

El terrorismo es un método de lucha en el que la violencia utiliza a sus víctimas no como fin, sino como medio de sus objetivos políticos. Efectivamente, estas víctimas instrumentales presentan rasgos de un grupo o clase social que son determinantes a la hora de ser seleccionadas para la acción del grupo armado. Así, a través del previo uso de la violencia, o de la creíble amenaza de su utilización, otros miembros del grupo o clase en cuestión son sometidos a un estado de temor permanente. Este grupo o clase, al que se pretende minar su sentido de seguridad, es el objetivo del terror.

Paralelamente, las acciones terroristas adquieren un carácter excepcional, inusual, frente a la opinión pública; tanto por su carácter brutal, por llevarse a cabo en tiempo de paz y por hacerse fuera del campo de batalla y de toda regla convencional. Violación normativa cuya excepcionalidad provoca en otros sectores de la población distintos de los grupos aterrorizados un especial interés frente a estas acciones. Sectores que pueden transformarse así en el principal objetivo de manipulación política.

Por tanto, la pretensión de este método de combate indirecto consiste tanto en inmovilizar al enemigo, provocándole con el terror a la sumisión o desorientación, como en movilizar objetivos secundarios de demanda (gobierno) u objetivos de atención (opinión pública) para cambiar actitudes o conductas que favorezcan a corto o a largo plazo los intereses del grupo armado[63].

El terror político es «el uso de la intimidación coercitiva por movimientos revolucionarios, regímenes o individuos por motivos políticos»[64]. Primoratz insiste en que la clave es el uso deliberado de la violencia, o amenaza de su uso, contra gente inocente, con el objetivo de intimidar a otra gente y dirigirlos a un curso de acción que de otro modo no tomarían[65]. Para Thornton, el término «terror» tiene dos significados: el principal es el estado psíquico de miedo o ansiedad en un individuo o grupo, y el derivado es la herramienta que induce a ese estado subjetivo. Por tanto, terror es «un acto simbólico dirigido a influir en el comportamiento político por medios extranormales, que implican el uso o la amenaza de la violencia»[66]. El terrorismo se puede concebir como un proceso comunicativo triangular, donde las víctimas (objetivos) de la violencia son un instrumento que los terroristas (emisores) usan para comunicar un mensaje político a una audiencia separada y más amplia (receptores[67]). En primer lugar se lleva a cabo una acción contra un objetivo específico; luego, la acción es interpretada y retransmitida por los medios de comunicación; a continuación, el mensaje es recibido e interpretado por las audiencias a las que se dirige el grupo terrorista, y por último se espera que esta audiencia responda de tal modo que se promuevan los intereses del grupo armado[68]. El uso deliberado de la violencia o la amenaza de la misma evoca un estado de miedo extremo (o terror) en una víctima o audiencia particular, y el terror evocado es el vehículo por el que se mantiene o debilita la lealtad o la conformidad al orden establecido[69].

El terror político surge casi siempre del asesinato político para inducir el estado psíquico de terror. Los terroristas combinan el terror psicológico, por ejemplo a través del chantaje y la difamación, con la violencia física y las amenazas de violencia. La expresión violenta paroxística del terrorismo es el atentado: agresión limitada en el tiempo y en el espacio que se dirige contra un objetivo (ya sea una personalidad representativa del sistema o una masa anónima) cuidadosamente seleccionado en orden a una estrategia desestabilizadora. La acción terrorista suele englobar dos objetivos distintos: los que componen los blancos de la violencia coactiva y los que observan los efectos de esa violencia y temen que el perpetrador pueda intentar una escalada. Es lo que Mitchell llama forma indirecta de comportamiento conflictivo[70]. Hay dos modos en que los terroristas designan sus objetivos: el primero es un blanco indiscriminado. Con ello se crea el efecto de miedo, ya que la gente no presente en la escena del atentado tiende a situarse con facilidad en la posición de las víctimas, y sentir que el próximo ataque les puede afectar. La otra opción es la selección de las víctimas por su carácter simbólico o su valor representativo. En estos casos, la violencia puede acercarse a la liquidación física del adversario. Cuando los terroristas buscan situar a un grupo amplio en estado de shock, estamos hablando de objetivos del terror. Cuando actúan contra un grupo de objetivos para dirigir reclamaciones y demandas a un tercero, hablamos de objetivo de demandas. Cuando los terroristas usan la violencia para comunicar un mensaje político, nos estamos refiriendo a objetivos de propaganda[71]. No es usual que el objetivo final de la acción terrorista sea una categoría general de individuos, sino que la amenaza se tiende a dirigir contra una organización específica o contra personas definidas por su pertenencia a una comunidad étnica, una clase, una profesión, un grupo lingüístico o tribal, una formación política, etc., etc[72]. Por su parte, Roucek distingue el terror general o de masas (contra minorías nacionales, religiosas, políticas o clases y subclases sociales) y el terror individual, dirigido contra los líderes destacados o los representantes simbólicos de los grupos hostiles[73]. En la práctica, el terror debe tener siempre algún elemento de indiscriminación, ya que si se hace predecible y pierde su carácter extenso, no puede ser designado como terror. Tampoco puede ser totalmente indiscriminado, salvo casos excepcionales, como la violencia ciega empleada por algunos terroristas nihilistas o fundamentalistas, que consideran que el terrorismo en estado puro debería ser aleatorio y arbitrario.

Otros autores han recalcado este componente psicológico del terrorismo. Feliks Gross lo definió como aquella «persona, cosa o práctica que causa intenso miedo y sufrimiento, cuyo objetivo es intimidar, subyugar, especialmente como política o arma política. En política, su principal función es intimidar y desorganizar el gobierno mediante el miedo; es el recurso a través del cual pueden obtenerse cambios políticos»[74]. Peter Calvert describió el terrorismo como simple «creencia en el valor del terror»; Ted R. Gurr lo consideró un simple estado de la mente, y Grant Wardlaw como «el uso, o la amenaza de uso, de la violencia por parte de un individuo o grupo, lo mismo si actúa a favor como en contra de la autoridad establecida, cuando esa acción pretenda crear una angustia extremada y/o efectos inductores de miedo sobre un grupo que es el blanco de la acción más amplio que el de las víctimas inmediatas, con el propósito de obligar a este grupo a que acceda a las demandas políticas de los perpetradores»[75]. Eugene V. Walter, estudioso del terror de Estado, va un poco más allá, al definir el terrorismo como un proceso complejo que comprende «el acto o la amenaza de violencia, la reacción emocional y los efectos sociales»[76].

El terrorismo, por tanto, supone el empleo de la violencia contra unas víctimas que podrían ser, pero de hecho no son, parte de un conflicto político dado. No está animado, como la guerra, a poner fuera de combate o aniquilar las fuerzas enemigas, sino solo a afectarlas política y psicológicamente[77]. Las acciones terroristas buscan efectos mentales antes que físicos. El objetivo de la organización clandestina no es la maximización de las pérdidas materiales del adversario, como dice aspirar la guerrilla, sino alentar el terror que se extiende sobre algunos grupos-objetivo de la población, excitando la incertidumbre y el temor con el fin de provocar determinados comportamientos[78]. Como advierte Barber, «el terrorismo puede incitar a un país a asustarse hasta el punto de hacerle caer en una especie de parálisis. Desarma a los poderosos suscitando una ansiedad que les priva de sus medios. Transforma a los ciudadanos en espectadores nerviosos. Nada induce más al miedo que la inacción»[79].

Según Donatella Della Porta, el terrorismo contemporáneo presenta tres especificidades: el objetivo de la acción es escogido en base a su valor simbólico; la acción se propone efectos psicológicos más que materiales, y se articulan mensajes diferentes para objetivos diferentes[80]. No cabe duda de que el terror es, en gran parte, un hecho expresivo, donde el observador puede constatar que el acto violento implica un significado más amplio que sus partes integrantes. Precisamente la relativa eficacia del terrorismo deriva de esa naturaleza alegórica: mostrando la debilidad de la estructura social, los insurgentes demuestran, no solo su propia fuerza y la debilidad de los gobernantes, sino también la impotencia de la sociedad para apoyar o proteger a sus miembros amenazados en circunstancias tan críticas. El valor simbólico de la víctima deriva como corolario de la estrategia utilizada por los terroristas para obtener sus objetivos de transformación política. Según Crenshaw, el terrorismo elabora un modelo coherente de selección simbólica o alegórica de las víctimas o de los objetos de actos de terrorismo[81]. Por otro lado, el terrorismo es violencia que, en buena parte de los casos, se perpetra en un contexto oficial de «paz», y por eso choca al testigo[82].

El impacto psicológico se ha multiplicado por la fascinación que el terrorismo ejerce sobre los medios de difusión. De hecho, uno de los objetivos fundamentales de un grupo terrorista es conseguir un nivel de publicidad que no lograría por otros medios de lucha más convencionales. Como señala Andrew Silke, «la verdadera diferencia entre el terrorismo y otros tipos de lucha es que los terroristas no ocultan sus crímenes, sino que por el contrario, tratan de publicitarlos lo más posible»[83]. Cuanto más pequeños y débiles son los grupos terroristas, más publicidad necesitan para sostener o ampliar su apoyo social. La experiencia demuestra que terrorismo y propaganda caminan de la mano, hasta poderse hablar de la existencia de un «terror de consumo» o una «violencia-espectáculo», patrocinada de forma más o menos involuntaria por los medios de comunicación. Para el escritor italiano Alberto Moravia, «el terrorismo moderno es publicidad de muerte con fines de poder». En su opinión, la única justificación de la acción terrorista era ser conocida y celebrada[84]. La polémica sobre la relación simbiótica que se establece entre terrorismo y mass-media está aún sin resolver. Incluso algunos psicosociólogos han diagnosticado una aberración mental peculiar para intentar explicar cómo los terroristas buscan la mayor cobertura mediática posible y cómo el cuarto poder es manipulado hasta hacerse apologista no intencionado de estas organizaciones que le facilitan noticias de tan fuerte impacto público. Esta variante del «síndrome de Estocolmo» se denominó «síndrome de Beirut», en referencia al secuestro por Hezbollah del vuelo 847 de la TWA Roma-El Cairo el 14 de junio de 1985, en cuyo transcurso las principales cadenas de televisión norteamericanas (ABC, NBC, CBS) desplegaron una desmesurada cobertura informativa con 25 conexiones diarias y con dos tercios de los noticieros dedicados a la crisis, y llegaron al extremo de pagar elevadas sumas a los secuestradores por filmar a los 34 rehenes norteamericanos de un incidente que acabó con la liberación por Israel de 756 presos chiítas por presión de la opinión pública de su gran aliado en Oriente Medio[85]. En este caso paradigmático, el impacto de los medios de comunicación sobre el público determinó la política de la administración americana[86]. En la teoría comunicativa, la hipótesis del contagio establece que la tasa de atentados terroristas se incrementa cuando los ataques reciben una gran cobertura de los medios de comunicación[87]. La constatación del empleo de los media como instrumento complementario de la lucha armada llevó al ministro del Interior británico Douglas Hurd a prohibir en octubre de 1988 la retransmisión televisada de las declaraciones y entrevistas de los representantes del Sinn Féin, Republican Sinn Féin y Ulster Defence Association salvo en período electoral. La medida fue levantada en septiembre de 1994[88].

Como los rituales religiosos o los montajes teatrales, los atentados terroristas son dramatizaciones diseñadas para ejercer un impacto sobre un público extenso. La vieja máxima de Sun Tzu a propósito del empleo del miedo en los conflictos armados («Matar a uno, aterrorizar a diez mil») se podría reformular en esta era de la información global como «matar a uno, ser visto por diez mil». Los viejos modos de lucha insurgente, como la guerrilla, no resultaban eficaces porque la prensa no les otorga la atención adecuada. Los combatientes norteafricanos y árabes lo entendieron muy pronto, y pusieron de inmediato en práctica un cambio de estrategia con la asignación de objetivos de marcado carácter mediático. Así se entiende perfectamente el razonamiento de la guerrilla guatemalteca: «Aunque solo sea con una pequeña bomba, si la ponemos en un edificio de una ciudad, podemos estar seguros de salir en los titulares de los periódicos. Pero si los guerrilleros rurales liquidan a unos treinta soldados, solo consiguen una pequeña nota de prensa en la última página. La ciudad es extraordinariamente importante tanto para la lucha política como para la propaganda»[89]. Un caso paradigmático de este razonamiento lo encontramos en el grupo terrorista peruano Sendero Luminoso, que a fines de los años ochenta decidió trasladar su actuación a las ciudades para obtener una visibilidad política y social que no tenía en la «guerra del fin del mundo» que se libraba en el altiplano andino, o, por otro lado, el desmesurado tratamiento informativo de todos los comunicados del FLQ en la crisis de octubre de 1970.

Según Juergensmeyer, los actos terroristas pueden ser considerados espectáculos, porque constituyen una declaración pública, y actos performativos, desde el momento en que tratan de cambiar el orden de las cosas[90]. Se podría decir que «los atentados terroristas son, a menudo, coreografiados para atraer la atención de los medios de comunicación electrónicos y de la prensa internacional»[91]. Esta naturaleza «teatral» de acto terrorista y la importancia que han cobrado los media en lo que es esencialmente un acto de comunicación ha generado un corrosivo debate respecto a la prioridad o no de la preservación del régimen democrático, y sobre la defensa de la libertad de expresión, la independencia de los medios de comunicación y el peligro de una instrumentalización mutua con los grupos violentos[92]. Sea como fuere, está claro que la peculiaridad del terrorismo en relación con otros modos de violencia política es que no actúa como un instrumento de comunicación convencional, sino que su intencionalidad pertenece más bien al orden de la ruptura y el tabú[93].

En los aspectos analizados hasta ahora, comprobamos que la faceta esencial del terrorismo no es su potencial destructivo inmediato, sino las implicaciones simbólicas de la agresión a través de una de sus secuelas más devastadoras: el impacto psicológico que se deja traslucir en el miedo y la inseguridad de la gente ante un cuestionamiento extremo del monopolio estatal de la coerción. Sin embargo, las definiciones psicológicas que describen el fenómeno terrorista como capacidad para aterrorizar nos plantean el problema de la medición de los estados mentales de individuos o grupos potencial o realmente afectados por esta amenaza. Los actores no estatales rara vez tienen la capacidad de crear un estado masivo de miedo entre una población o un segmento de la misma. Normalmente la violencia que llamamos terrorista es de demasiada pequeña escala como para inducir a un serio estado de miedo en la totalidad de una población. Esto lleva a preguntarse si está justificado hablar de terrorismo sin terror, es decir, cuando se intenta provocar un grave estado de ansiedad pero no se logra ese objetivo. ¿Cuán irresistible debe ser el miedo para crear el terror, o cuánta gente debe experimentar el miedo masivo antes de que podamos decir que la violencia crea un efecto de miedo? Indudablemente, existen grandes dificultades para medir este tipo de reacciones. El terrorismo puede ser considerado como el uso de la violencia para instigar un estado de miedo que los que la emplean deben tratar de explotar. Eso es lo que distingue al terrorismo de otras actividades violentas donde el objetivo ya se ha obtenido cuando la víctima de la violencia ha sido asesinada. El asesinato, el genocidio o el terrorismo son modalidades en el uso de la violencia política, pero solo el terrorismo trata de explotar el efecto psicológico de la violencia sobre la población.

Así pues, el mensaje de temor que pretenden lanzar las organizaciones terroristas se diferencia grandemente según los grupos de población. Además, es preciso reconocer que la intimidación en sus diversos grados es un objetivo normalmente perseguido en el curso de los conflictos políticos.

4. EL TERRORISMO COMO REFLEJO DE DISFUNCIONES ESENCIALES EN EL DESARROLLO SOCIOPOLÍTICO

Determinar las causas profundas del terrorismo es otro de los asuntos fundamentales que caracteriza el debate sobre la naturaleza de este particular fenómeno violento. Otro grupo de especialistas ha tratado de explicar por qué un grupo de oposición política puede encontrar ventajoso recurrir al terrorismo, y han interpretado la acción terrorista como un tipo de respuesta adaptada a un contexto sociopolítico especialmente injusto, rígido o represivo. Es decir, el terrorismo se presenta como una alternativa de protesta peculiar frente a disfunciones y desequilibrios de tipo estructural en los diversos subsistemas sociales: económico (desigualdades agudizadas en las etapas intermedias del crecimiento material), social (divisiones sociales producto de procesos acelerados de modernización), político (ineficacia de los aparatos redistributivos y coactivos del Estado) o cultural (pervivencia de tradiciones de confrontación violenta durante los cambios rápidos en el sistema de valores[94]). En opinión de Wilkinson, el terrorismo se puede producir por razones muy variadas: conflictos étnicos, religiosos, privación socioeconómica, tensiones debidas a la rápida modernización, desigualdades políticas, falta de canales para la comunicación pacífica de las protestas, agravios o demandas, existencia de una tradición de violencia, disponibilidad de un liderazgo revolucionario dotado de una ideología potencialmente atractiva, debilidad e ineptitud del gobierno, policía y órganos judiciales por falta de reacción o sobrerreacción, erosión en la confianza del régimen, sus valores e instituciones que afectan a todos los niveles de la población, incluido el gobierno o a profundas divisiones entre las élites gobernantes o los grupos dirigentes[95]. Para Mommsen y Hirschfeld, el terrorismo es una consecuencia de las distorsiones fundamentales que afectan al desarrollo socioeconómico o constitucional de una sociedad, como, por ejemplo, la insatisfacción que brota en grupos que dirigen su hostilidad contra sistemas políticos tradicionales que no consiguen adaptarse a un proceso de cambio en sentido modernizador. Hipótesis que resulta harto discutible, dada la especial incidencia del terrorismo en sociedades que ya han culminado con creces dicho proceso[96], y su presencia casi residual en los países menos desarrollados del planeta. Según esta interpretación, entre las causas indirectas del terrorismo estarían la modernización, la urbanización, el facilitamiento social, la existencia de ideologías revolucionarias o la incapacidad y permisividad de los gobiernos. Entre las causas precipitantes están los agravios concretos que experimenta un grupo o una parte relevante de la población (por ejemplo, los que vertebran políticamente los movimientos de liberación nacional), la falta de oportunidades para la participación política (discriminación), la desafección de una élite que no puede acceder a otros medios desestabilizadores más contundentes como el golpe de Estado, la pasividad de las masas ante el desarrollo de un movimiento de protesta o el excesivo uso de la fuerza gubernamental para quebrantar todo atisbo de disidencia.

En esta visión justificativa, el terrorismo actuaría como un indicador del bloqueo institucional existente, ya que desenmascara las debilidades de una democracia puramente formal[97]. Si la participación de los ciudadanos en las decisiones colectivas, a través de las instituciones y los órganos electivos de gobierno, ha favorecido la difusión de formas de acción normalizadas basadas en la participación de masas, las características racionalizadoras de la sociedad tecnocrática han puesto en crisis el conjunto de reglas en las que se fundaba el orden social burgués. Por otro lado, la persistencia de las relaciones de poder en la sociedad posmoderna se expresa a través de una coacción que penetra en cada aspecto de la vida privada, produciendo conformismo y apatía. La integración del sistema se obtiene entonces a través de la difusión de una tendencia generalizada al consenso. En las sociedades más avanzadas, ello obstaculiza la participación y la movilización en torno a intereses compartidos, dificulta la emergencia de la protesta y multiplica la insatisfacción colectiva. A veces, muchos ciudadanos llegan a considerar el voto como un mecanismo inadecuado para la expresión de sus sentimientos intensos. En ese tipo de «participación deficiente», el sufragio es un medio relativamente inocuo de participación, ya que priva de legitimidad a otras formas de acción política más directas, intensas y expresivas (por ejemplo, el sufragio universal versus la manifestación), que eventualmente pueden fomentar la decepción y la despolitización. Pero esta intervención controlada en los asuntos públicos puede también precipitar el hallazgo o la invención de formas rupturistas de expresión y de ejercicio de la influencia, como la movilización callejera o la violencia colectiva. En esa línea, el terrorismo podía ser interpretado como «una forma de acción política en contextos históricos no adaptados a la acción de masas para transformar el sistema»[98]. Según Targ, el terrorismo es un tipo de acción política que sucede cuando las condiciones socioestructurales no propician el cambio sistémico a través de la participación en movimientos de masas. Las sociedades pre y postindustriales experimentan un alto nivel de terrorismo porque la conciencia de clase, junto con las organizaciones partidistas, son débiles, y porque hay un bajo grado de movilización. Por otro lado, en la sociedad industrial la fuerte conciencia de clase, las organizaciones de partido y la extensa movilización de masas hacen innecesario el terrorismo como medio político para acelerar el cambio social y político.

En un régimen político bloqueado no hay alternancia en el poder, con lo que el sistema de partidos pierde su legitimidad ante el público en general. Además, el Estado se identifica con el gobierno, y el sentido de la responsabilidad social de la élite se desvanece[99]. Según Luigi Bonanate, «una situación aparece bloqueada cuando no se ve cuál innovación puede provocar la crisis […] o cuando no se imagina qué estrategia pueda permitir determinar una nueva situación. El terrorista sabe que se mueve sobre una vía muerta: y por eso recurre a la técnica de lucha que le promete hacer explotar este bloqueo que le obstruye la vía»[100] Nicola Tranfaglia definió un sistema político italiano dominado completamente por los partidos (con manifestaciones centrípetas como el «compromiso histórico» y fenómenos centrífugos como la disgregación y atomización de las organizaciones extraparlamentarias) que provocaba en los grupos clandestinos la «desesperación por inmovilismo».[101]. Según Pasquino, los componentes de un sistema político bloqueado son la falta de recambio en las autoridades (cristalización de la clase gobernante) y en las coaliciones partidistas (ausencia de alternancia) y el déficit de actuación en reformas estructurales (crisis y fracaso del reformismo) cuando un intenso avance social no trae aparejado ningún cambio político y sociológico significativo. A la situación se unen la existencia de movimientos resueltos a romper esta situación de inercia, y la percepción por su parte de que el sistema está efectivamente bloqueado y que la lucha armada es una necesidad ineluctable. De suerte que «un sistema político debe entenderse como bloqueado cuando la clase política de gobierno no pasa a través de ningún proceso de recambio y de circulación, cuando no se introducen las políticas de reforma, cuando ningún nuevo grupo social y político adquiere espacio y representación a nivel parlamentario y gubernativo, y contemporáneamente se producen en el sistema fenómenos de cambio socioeconómico y político sin lograr hundir el techo de la representación política, del acceso al poder y las barreras de la redistribución socioeconómica»[102]. Pero el bloqueo del sistema no es la causa directa del terrorismo, sino que debe haber disposición subversiva y capacidad de organización para emprender la acción armada.

La presentación del terrorismo como respuesta adecuada frente a la realidad de un sistema político enquistado, mediante la cual los grupos revolucionarios no pretenden tomar el poder, sino desbloquear una situación de inmovilismo, está vinculada con el «consecuencialismo ético» (es decir, la doctrina de que las posibles consecuencias liberadoras determinan el valor moral de los actos) que está históricamente ligado al origen del terrorismo subversivo contemporáneo. Esta valoración atenuante fue, sin duda, la que predominó para el caso de los atentados perpetrados por los revolucionarios populistas rusos del Naródnaia Vólia a caballo de la década de 1870-1880. El mismo tono exculpatorio se empleó para calificar la «propaganda por el hecho» cultivada por los anarquistas franceses, italianos o españoles en la década de 1890, o las campañas de violencia política lanzadas desde las tres últimas décadas del siglo pasado por grupos nacionalistas radicales. Pero el «consecuencialismo ético» resulta, en términos generales, una falacia: no está claro que el terrorismo favorezca ninguna mejora de tipo económico, social o político, sino que más bien tiene efectos contraproducentes. En el cuadro de las guerras de liberación nacional de los años 1950-1960 los actos terroristas fueron considerados a menudo de manera positiva porque aceleraron la emancipación de los pueblos oprimidos. Pero en general se acostumbra a calificar de terrorista una acción cuando se la juzga ilegítima, por ilegal o desmesurada. Porque el terrorismo, lejos de ser un instrumento liberador, puede ser un eficaz desestructurante social, ya que, a diferencia de otras formas de violencia política, transgrede deliberadamente cualquier norma preestablecida. Es esta confusión entre la interpretación moral de una actuación política y la acción en sí misma lo que entorpece nuestra visión del fenómeno terrorista.

Otros especialistas han destacado que la dinámica terrorista puede haber sido inducida por causas ajenas a una crisis doméstica. Ello nos conduce al problema de la mundialización del fenómeno, del que hablaremos en detalle en el último capítulo, y que engloba dos facetas a menudo complementarias: su internacionalización y su transnacionalización. El terrorismo internacional ha formado parte de una estrategia desestabilizadora en la dinámica de la política de bloques, en la que las grandes potencias trataron de defender sus intereses mediante la aplicación de estrategias subversivas de baja intensidad que entrañaban un riesgo menor que la disuasión nuclear. En este tipo de terrorismo desestabilizador se ha integrado tanto el apoyo que las agencias especializadas de ciertos países otorgan a estos grupos armados como los acuerdos de colaboración entre distintas organizaciones terroristas para llevar a cabo campañas violentas de alcance planetario.

En todo caso, la oposición a un tipo determinado de Estado marca a menudo el carácter del movimiento terrorista: donde el Estado aparece como un ente racional y frío, y funciona bajo los principios de una política realista, el movimiento terrorista adopta un carácter fuertemente emocional, inyecta una fuerte corriente moral a su causa y acentúa la «estrategia del débil» que incide sobre todo en los aspectos psicológicos[103]. Pero, por lo general, los grupos terroristas más duraderos acostumbran a imitar en pequeña escala los atributos impersonales del poder estatal en su mimetismo coactivo. De este modo se dotan de una dirección política y militar, de finanzas, propaganda, etc., y adoptan una maquiavélica politique du pire muy alejada de los grandes principios éticos que dicen defender.

5. EL TERRORISMO COMO VIOLENCIA DESMESURADA Y ABERRANTE

La vinculación del fenómeno terrorista con la violencia en estado puro ha llevado a incluir bajo su rúbrica a una confusa y heterogénea gama de fenómenos donde se emplea una cierta cantidad de violencia como instrumento de competición entre adversarios. Si niveles moderados de violencia se aceptaban como un medio normal de negociación en las relaciones de fuerza de un sistema político, el terrorismo se consideraba una forma de acción residual y patológica, que rompe con un principio fundamental del jus in bello, que es la discriminación.

El terrorismo aparece como la antítesis de lo que se puede considerar una «violencia legítima», ya que esta no se justifica por sí misma, como hacen las organizaciones armadas de esta naturaleza, sino por su atenencia a ciertos límites éticos y jurídicos. Movidos por la lógica operativa que imprimen a sus acciones, los terroristas infringen los códigos ético-jurídicos que la mayoría de los regímenes políticos y las instituciones internacionales consideran relevantes para discriminar entre formas de violencia legítima e ilegítima[104]. El terrorismo se definiría como un tipo de violencia desesperada dirigida contra no combatientes, civiles e inocentes, marcada por la violación de las más elementales normas establecidas, con un extremado deseo de infligir violencia y con la predisposición de aceptar sin crítica la propia violencia[105]. Rapoport define el terror como «violencia por encima de lo normal, que va más allá de las reglas formales e informales de la coerción gubernamental, particularmente en el rechazo explícito a distinguir entre combatientes y no combatientes, inocentes y culpables. El objetivo no es la víctima, sino el público en su conjunto»[106]. Como dice, con no poco cinismo, el político israelí Benjamín Netanyahu, «el terrorismo es el asesinato deliberado y sistemático que paraliza y amenaza al inocente para sembrar terror con fines políticos»[107].

Esta claro que el terror va más allá de las normas de agitación política violenta que se aceptan en una sociedad, aunque ese nivel de extranormalidad varía en función de la sociedad y del momento histórico. Consiste en una radical negación de la legitimidad del contrario, y destaca sobre todas las cosas su carácter indiscriminado, arbitrario e irracional, ya que no puede preverse con exactitud la respuesta de las víctimas aterrorizadas, y su intención es destruir, o al menos alterar, el normal desenvolvimiento social, político y económico de un país, interfiriendo en la distribución del poder y de los recursos materiales o simbólicos en el seno de la comunidad. De hecho, el terrorismo aplicado de forma constante y prolongada tiene el poder de alterar profundamente el tejido social: aísla las comunidades y alimenta la ignorancia y la sospecha, inhibiendo la apertura, limitando la comunicación, destruyendo la confianza e invadiendo la privacidad[108].

Una larga serie de definiciones normativas identifican el terrorismo con acción ilegal que viola las normas básicas de lo que es aceptable en términos de humanitarismo en la conducta de un conflicto[109]. Mientras que tres importantes instituciones anglosajonas (el Center for Political Violence and Terrorism de la Universidad de St. Andrews, la RAND Corporation de Washington y el Institute for the Study of Conflict de Londres), que estudian el terrorismo sobre la base de la doctrina de la contrainsurgencia, definen de antemano el terrorismo como amenaza a la civilización, las agencias oficiales norteamericanas, con la notable excepción de la Secretaría de Estado, destacan su carácter ilegal:

Violencia premeditada y políticamente motivada contra objetivos no combatientes cometida por grupos infranacionales o actores clandestinos, habitualmente pensados para influir a un público (Departamento de Estado).

Uso ilegítimo de la fuerza o la violencia contra personas o propiedades para intimidar o coaccionar a un gobierno, a la población civil o cualquier segmento de esta, para la consecución de objetivos políticos o sociales (FBI, 1983).

Uso ilegítimo –o amenaza de uso– de la fuerza y la violencia contra individuos o propiedades para coaccionar o intimidar a los gobiernos y las sociedades, a menudo para obtener objetivos políticos, religiosos o ideológicos (Secretaría de Defensa, 1983[110]).

Según la Terrorist Act promulgada en el Reino Unido en mayo de 2000, terrorismo es «la ejecución o la amenaza de acción que tiene como objetivo influir en el gobierno o intimidar al público o a parte del mismo […] con la finalidad de promover una causa política, religiosa o ideológica»[111]. El Grupo de TREVI lo define como «el uso, o la amenaza de uso, por un grupo coherente de personas, de la violencia para obtener objetivos políticos»[112]. Para Wilkinson, «lo que distingue fundamentalmente el terrorismo de otras formas de violencia organizada no es simplemente su severidad, sino sus rasgos de amoralidad y anomia. Los terroristas profesan indiferencia a los códigos morales existentes o bien se reclaman exentos de sus obligaciones. El terror político, si se realiza de forma consciente y deliberada, está preparado implícitamente para sacrificar todas las consideraciones morales y humanitarias por la obtención de algún fin político»[113] Laqueur también destaca el carácter anónimo y de violación de las normas establecidas de la acción terrorista.[114]. Para O’Sullivan «el terrorismo político aparece cuando un grupo, tenga el poder gubernamental o esté fuera del gobierno, resuelve alcanzar un conjunto de objetivos ideológicos por métodos que no solo violan o ignoran las estipulaciones del derecho nacional e internacional, sino que además espera tener éxito principalmente mediante la amenaza o el uso de la violencia»[115]. Lodge define genéricamente el fenómeno terrorista como «recurso a la violencia con fines políticos por actores no gubernamentales en contradicción con códigos de conducta aceptados», y de un modo similar, O’Brien amplía deliberadamente la noción de terrorismo a toda violencia injustificada contra un Estado democrático[116]. Por fin, de una manera más vaga Alonso Fernández entiende por terrorismo «toda actividad criminal organizada que produce actos de violencia física con miras a intimidar a un sector de la población, con la finalidad de obtener ventajas políticas, económicas, religiosas y/o nacionalistas»[117].

Según Gibbs, terrorismo es violencia ilegal o amenaza de violencia dirigida contra objetivos humanos o no humanos, siempre que se trate de alterar o mantener una norma en una particular unidad territorial o población; sean actividades secretas, furtivas y/o clandestinas; no se dirija a una defensa permanente de algún área social o política determinada; no sea guerra convencional, y sus participantes busquen obtener sus objetivos mediante la inculcación del miedo de violencia sobre personas y la publicidad de su causa[118].

Esta identificación del terrorismo con una forma de doctrina, organización y acción violenta característica de grupos extremistas de naturaleza antidemocrática y sectaria, cuyo objetivo es la supresión, mediante prácticas políticas bárbaras e inhumanas, de la libertad individual y de la capacidad de las instituciones para producir consenso social a través del incremento de la participación en las decisiones colectivas[119], ha permitido la difusión de algunas explicaciones de carácter francamente demonológico, que definen el fenómeno como violencia irracional, desmesurada, extrema, desviada y delictiva. Esta interpretación sintoniza a la perfección con los postulados sobre la violencia política defendidos por la escuela funcionalista, para la que el terrorismo es sinónimo de subversión, de crimen y de la anomia suprema en que incurre una minoría fanatizada para forzar el apoyo de una población básicamente integrada en los valores del sistema, y mayoritariamente opuesta a este tipo de cambio violento. Incluso desde un sesgo ideológico muy distinto, Marx ya señaló que el terrorismo no era otra cosa que violencia política irreflexiva, extrema, indiscriminada, arbitraria y a la larga inútil, ya que las condiciones revolucionarias no podían ser importadas dentro de un sistema social[120].

En realidad, esta tendencia de interpretación del terrorismo subversivo ha parecido más preocupada por descalificarlo como un comportamiento disfuncional y delictuoso que por abordar un estudio serio de sus diversas implicaciones de orden socioestructural o político. A nuestro juicio, este tipo de interpretaciones resultan poco eficaces para abordar un estudio integral que nos lleve a una comprensión cabal del problema terrorista, ya que no dan cuenta de la dinámica interna y específica de la violencia, que se interpreta simplemente como un mero síntoma de disfunción del sistema. Ciertamente, en la mayoría de los casos, y como veremos en el siguiente apartado, el terrorismo no supone un acto aislado, irreflexivo y aberrante, sino que, a pesar de la sorpresa e imprevisibilidad de sus acciones, estas suelen apuntar a objetivos designados en función de su relevancia social, política, económica o simbólica.

Con todo, esta hipótesis globalmente condenatoria, que interpreta el terror como una aberración psicológica propia de individuos inadaptados o directamente sumidos en patologías de tipo caracterial, ha favorecido avances significativos en el estudio de la pretendida «personalidad terrorista»[121]. Desde las hipótesis pioneras de orden morfocaracterial elaboradas por Cesare Lombroso hasta los estudios de la personalidad autoritaria de los militantes nazis abordados por Theodor Adorno (según los cuales los individuos con actitudes de extrema derecha suelen mostrarse sumisos ante personas de superior estatus social y autoritarias con las de estatus inferior, conformistas con las convenciones sociales, con una visión simplista y maniquea de la vida social y con una cierta predisposición a la violencia[122]), el análisis psicosociológico ha dado importancia a estados emocionales como el descontento y la frustración, o a actitudes mentales como la tenacidad y el apasionamiento con que las personas implicadas en acciones terroristas defienden creencias y opiniones, sobre todo políticas y religiosas. En el universo mental del fanático una o varias creencias adquieren una importancia muy superior a las demás, hasta transformarse en el motor de buena parte de sus actos. La mayoría de los terroristas actúan e interpretan el mundo como los verdaderos creyentes (true believer): la impresión de superioridad moral que infieren de sus férreas convicciones políticas o religiosas suele ir acompañada de una absoluta incapacidad para respetar o tomar en consideración otras opiniones y creencias que se distingan o entren en conflicto con las propias. La mentalidad fanática es proclive a incurrir en graves distorsiones de percepción y pensamiento, ya que se es selectivo a la hora de buscar, captar y recordar información acerca de la realidad social circundante, dando prioridad absoluta a la información que es congruente con las propias actitudes, valores y creencias. Los fanáticos también manifiestan una fuerte tendencia al autoengaño respecto a los propios defectos y fracasos, y a incurrir en el pensamiento desiderativo, es decir, a confundir la realidad con el deseo y a sobrestimar las posibilidades de que las cosas sucedan tal como uno quisiera[123].

Esta actitud está vinculada con la teoría del «cierre cognitivo» de Kruglanski: el hermetismo mental que caracteriza a determinadas personas, especialmente a los fanáticos, puede ser una reacción contra cualquier estadio psicológico de ambigüedad o incertidumbre. Esta aversión puede traducirse en una predisposición favorable hacia las ideas y los sistemas de creencias claros y sencillos, y en la tendencia a fijar las propias convicciones y opiniones para mantenerlas intactas, cerrando las puertas de la mente al tráfico de ideas e informaciones que habitualmente se deriva de la interacción social. Esta impermeabilidad al flujo de informaciones y de opiniones no congruentes con las creencias fanatizadas garantiza la persistencia de las creencias sectarias a través del tiempo[124]. El rechazo a todo contraste externo de pareceres se complementa con un marcado conformismo en el seno de la propia organización. Otra característica del comportamiento de los actores terroristas es la despersonalización: un proceso psicológico que hace que bajo ciertas condiciones los individuos se perciban a sí mismos como miembros semejantes o intercambiables de un determinado colectivo, antes que como personas con características e intereses particulares[125]. Hans Magnus Enzensberger los identifica como «perdedores radicales»: hombres en busca desesperada de un chivo expiatorio, megalómanos con sed de venganza, donde se alían la obsesión de virilidad y la pulsión de muerte[126].

Como veremos en el siguiente apartado, desde la perspectiva teórica de la acción colectiva se minimiza el impacto de los estados emocionales, y se insiste en que quienes se implican en movimientos de protesta armada no suelen ser personas anormales que alivian de modo violento sus tensiones íntimas o a las que place el empleo de la fuerza, sino individuos motivados básicamente por los mismos factores que promueven la participación política de rango institucional y más convencional. Es decir, se asume que la participación en formas de violencia colectiva, sean cuales fueren sus características, obedece a criterios de racionalidad, y al hecho de que los actores implicados sopesan posibles cursos de acción, optando por el que parece más conveniente o efectivo.

Noël O’Sullivan asegura que el terrorismo no es obra de unos pocos fanáticos extremistas, sino que es una creación de la política ideológica fruto de la moderna tradición democrática que surge de la Revolución francesa, cuyo estilo utópico y libertario destruyó las viejas convenciones sagradas que rodeaban la violencia en la vida occidental (en esencia, el tiranicidio justificado por razones teológicas) y creó un mundo en el cual la violencia extrema resultaba moralmente defendible. De ahí partiría, según su opinión, la ambigüedad del análisis histórico de las organizaciones y de los regímenes terroristas[127]. Por el contrario, para Walter Laqueur, el terrorismo es un fenómeno intemporal; significa, pura y simplemente, primacía de la acción. No es necesariamente revolucionario ni está sometido a una escuela filosófica o ideológica determinadas; es, todo lo más, violencia «ideologizada», y ha sido usado con múltiples fines por diversos sistemas políticos y grupos de las más variadas tendencias doctrinales[128]. Paul Wilkinson, quien definió el terrorismo como el «uso sistemático del asesinato, el daño y la destrucción, o la amenaza de ellos, para crear un clima de terror, a fin de dar publicidad a una causa y de intimidar a un sector más amplio para que satisfaga los objetivos de los terroristas»[129], considera que uno de los problemas fundamentales de la explicación del fenómeno reside en la naturaleza plural del terror: este no tiene por qué estar motivado políticamente, de forma que este autor diferencia el terror político de otras fuentes de terror puramente psíquico (con fines místicos, religiosos o mágicos), criminal (con la intención de adquirir ventajas materiales) o bélico (encaminado a paralizar al enemigo y reducir su capacidad combativa con el propósito de destruirle[130]). Tanto Wilkinson como Alexander han adjudicado en exclusiva a la lucha armada subversiva la práctica sistemática del terror indiscriminado, articulada a través de una estrategia arbitraria y gratuita[131].

Para que el terror se transforme en terrorismo no solo es necesario que sea usado sistemáticamente, sino también que sus usuarios crean en su utilidad o necesidad por encima de cualquier otra consideración. En otras palabras, debe haber algún tipo de filosofía terrorista (entendida como justificación del acto violento), por primitiva que esta sea[132]. De modo que es preciso diferenciar el terrorismo entendido como simple técnica y el terrorismo interpretado como creencia en el valor intrínseco del terror, tal como se entendieron el jacobinismo, el nihilismo, el nazismo o el bolchevismo. Los discursos de legitimación del terrorismo, caracterizados por su utopismo y optimismo, tratan de denunciar injusticias y amenazas que se pretenden reparar o prevenir, atribuir tales injusticias y amenazas a un enemigo, dotar de una definición positiva el movimiento o la organización terrorista, ofrecer una justificación moral de la violencia terrorista y crear una expectativa optimista respeto a la utilidad y las consecuencias que se deriven de la campaña terrorista[133]. De modo que la ideología orienta las estrategias terroristas al menos en tres sentidos complementarios: precisando los objetivos inmediatos y finales en vista a los cuales deben planificarse los atentados; ayudando a seleccionar sus potenciales blancos o víctimas mediante la identificación de adversarios o enemigos, y especificando mediante qué métodos pueden realizarse los atentados, por ejemplo el martirio yihadista[134]. La principal función que una ideología rinde al grupo que la sostiene es la legitimación de sus propias actividades. La ideología debe convencer a los militantes de que existe un enemigo poderoso y despreciable que se opone radicalmente a los fines perseguidos por los terroristas; que la realización de esos fines no puede lograrse mediante simples reformas del orden sociopolítico establecido, sino por su transformación radical, y que la violencia es un medio de influencia social y política preferible a cualquier otra, dada la naturaleza odiosa del enemigo y la magnitud del cambio social que se pretende realizar[135] Pero ya hemos dicho que el terrorismo no implica tanto un extremismo de los fines como de los medios utilizados.[136].

6. EL TERRORISMO COMO PROPUESTA ESTRATÉGICA PARA LA SUBVERSIÓN

Según muchas definiciones simplistas, la característica definitoria del terrorismo sería el acto de violencia en sí mismo, y no la motivación, la justificación o las razones de este tipo de actos[137]. Esta vía de análisis resulta insatisfactoria, no porque, como dice de forma muy poco convincente Hoffman, no diferencie la violencia de los estados y de las entidades no estatales como son las organizaciones terroristas[138], sino porque no explica los distintos usos estratégicos que puede tener esa violencia.

Una última tendencia interpretativa ha intentado desmitificar el fenómeno terrorista, rechazando que sea el fruto de circunstancias aberrantes del contexto sociopolítico o de los propios actores de la protesta[139]. Este tipo de análisis trata de restituir el terrorismo a su justo papel de instrumento al servicio de una estrategia de subversión o de control dentro del conjunto de las manifestaciones violentas del conflicto político. Para Martha Crenshaw, la autora pionera en este tipo de interpretaciones, el terrorismo es el «uso premeditado o amenaza de uso de violencia simbólica de bajo nivel por organizaciones conspirativas. La violencia terrorista comunica un mensaje político; sus fines van más allá de afectar los recursos materiales del enemigo»[140]. Es, pues, «una forma de comportamiento político resultante de la elección deliberada de un actor fundamentalmente racional: la organización terrorista»[141]. Su comportamiento consiste en el «uso sistemático de violencia política heterodoxa por pequeños grupos conspirativos con el propósito de manipular las actitudes políticas más que derrotar físicamente a un enemigo. El propósito de la violencia terrorista es psicológico y simbólico, no material»[142]. El terrorismo revolucionario formaría parte de una estrategia para tomar el poder político, se manifiesta en actos de violencia social y políticamente inaceptables, tiene un contenido de selección simbólica o representativa de las víctimas u objetos de los actos de terrorismo, y el movimiento revolucionario emprende deliberadamente estas acciones para crear un efecto psicológico sobre grupos específicos y cambiar su comportamiento y actitudes políticas[143]. Los terroristas no emplean la violencia de forma indiscriminada y ciega, sino que planean sus acciones cuidadosamente, valorando las opciones y siguiendo el curso de la acción que mejor promovería su objetivo al menor coste posible[144] La elección estratégica nos proporciona criterios para medir la escala de racionalidad de las organizaciones terroristas. Es una forma razonable de conseguir intereses extremos en el ámbito político.[145].

El terrorismo puede aparecer en el curso de la evolución violenta de los conflictos suscitados entre actores políticos racionales, que se ven influidos en su elección de las formas de lucha por la situación estructural en la que se encuentran[146]. En ese contexto, habría que preguntarse qué tipo de sociedad fomenta el desarrollo de la violencia (condiciones macro-sociológicas del entorno, o condiciones externas que favorecen la violencia política), qué grupos parecen más inclinados a emplear repertorios violentos (condiciones meso-sociológicas de la dinámica organizativa de los grupos que adoptan las formas más extremas de violencia política) y qué individuos están más dispuestos a usar este modo de lucha (condiciones micro-sociológicas de percepciones y motivaciones individuales[147]). En consecuencia, el estudio de las organizaciones clandestinas dedicadas a estos menesteres debería permitir la verificación de hipótesis relativas a una teoría del conflicto que explique las razones estructurales del fenómeno terrorista, una teoría de la movilización que analice el modo en que las organizaciones terroristas logran captar del entorno los recursos que necesitan, una teoría de la militancia que explique las motivaciones individuales de la participación en un grupo clandestino, y una teoría del cambio, que individualice los efectos intencionales o imprevistos que produce el terrorismo en el sistema político[148].

El terrorismo no surge, en la mayor parte de los casos, del ámbito de la historia de las ideas, sino de elementos como la conciencia de un desarrollo económico y/o político estancado y desigual, pero también de un modelo de organización clandestina cuya estructura y cultura parecen las más adecuadas para iniciar y mantener una prolongada campaña de resistencia, o de los recursos instrumentales (armas) o de contexto (mayor vulnerabilidad del Estado) más adecuados para sostener una labor de lucha armada de este tipo. La tentación de convertir la desconfianza en conflicto armado es más fuerte cuando las fuerzas de seguridad del Estado son débiles.

Alex P. Schmid dice que «la mayor deficiencia general de mucha literatura sobre el terrorismo es que la organización o movimiento terrorista es estudiada aisladamente antes que en su contexto sociopolítico»[149]. Tenemos, en efecto, tendencia a forjar una visión monolítica del terrorista, atribuyendo a grupos particulares una coherencia que no siempre tienen. Uno de los casos actuales más llamativos de esta idealización magnificadora sería la red Al Qa’ida. Para tener una conciencia cabal de su papel histórico sería preciso estudiar en primer lugar el nivel de organización, su infraestructura y dinámica interna. A continuación, investigar el entorno sociopolítico en el que opera la organización terrorista, ya que ningún grupo de este tipo existe en total aislamiento de la vida política, económica, social y cultural, no importa cuán enajenado esté de la realidad por exigencias de la clandestinidad. Como muchas sociedades secretas, clandestinas o sectarias, los grupos terroristas emergen, evolucionan y desaparecen en relación, reacción, competencia o cooperación con otros grupos que apuestan o rechazan fines similares. Por último, es necesario constatar las reacciones social y oficial hacia la organización terrorista, en particular las de los agentes del Estado. Conocer la relación entre los terroristas y las fuerzas del orden es un elemento básico para entender la dinámica interna del grupo armado, ya que la respuesta represiva del Estado puede servir como razón para adoptar tácticas de escalada (secuestro, bombas) o de reorganización[150].

Una organización es una asociación de individuos y grupos de individuos expresamente creada para alcanzar una serie de objetivos y metas explícitamente definidas, con una cierta división de tareas y funciones que implica diversos niveles de autoridad y responsabilidad y un conjunto de normas formalizadas y explícitas que permiten coordinar y supervisar las actividades de cada uno de los miembros de la organización, tomar decisiones y comunicarse entre sí[151]. Las organizaciones terroristas se distinguen de otras entidades políticas más convencionales por sus niveles de formalización, es decir, que las tareas que deben realizar sus miembros y las formas en que interactúan suelen estar sujetas a reglas explícitas que todos deben conocer. Unas deben ser observadas por todos los miembros (normas), y otras regulan el comportamiento de los que ocupan una cierta posición dentro de la organización (roles). La cohesión interna está basada en intensas formas de activismo político.

En general, una organización insurgente recurre solo a métodos terroristas cuando ve ocluidos otros métodos más eficaces de acción revolucionaria, como la insurrección o la guerrilla, ya que carece de los recursos humanos y materiales necesarios para desafiar al Estado en ese terreno[152]. En la actualidad, ante la evidencia del desmesurado reforzamiento coactivo del Estado, los grupos disidentes cada vez toman más en cuenta la opción de recurrir al terrorismo en lugar de al conflicto armado tradicional y convencional, porque estos resultan mucho más costosos y arriesgados[153]. El terrorismo resulta un medio inmediato, barato y efectivo de centrar la atención política en la oposición y sus causas. Así se entiende la caracterización que el actor Peter Ustinov ha hecho del terrorismo como «arma» o «guerra» del pobre: los movimientos que recurren al terrorismo suelen ser minorías que pretenden en general llevar adelante una lucha en nombre de un grupo de referencia, sea la clase obrera, la etnia o la comunidad de creyentes que estiman explotada u oprimida por el orden social en vigor y no puede exportar sus quejas por sí misma. Es la única arma que tienen los dominados para atacar al Estado sin asumir el riesgo de un choque directo que les sería fatal. En ese sentido, el terrorismo sería la contraparte de la congelación de la guerra convencional[154]. Para Wieviorka, terrorismo es «un método de acción, utilizado por un actor político que, por debilidad o por cálculo, se mantiene dentro de un espacio político determinado, o busca penetrar en él, a través del terror»[155]. Sin embargo, para autores como Moss, Clutterbuck o Laqueur, el terrorismo no es el arma de los miserables y de los oprimidos, sino el trabajo de élites inútiles o relegadas, como los estudiantes y los intelectuales de clase media marginados del sistema político.

El terror es una estrategia apropiada si los insurgentes disponen de un bajo nivel de apoyo político real, pero tienen un alto grado de apoyo potencial. Della Porta define el terrorismo en función del actor político que lo utiliza, como «la actividad de organizaciones clandestinas de dimensiones reducidas que, mediante el uso continuado y casi exclusivo de formas de acción violenta, tratan de alcanzar objetivos de tipo predominantemente político»[156]. Es decir, el requisito para que una acción pueda ser definida como terrorista es que sea realizada por grupos de pequeño tamaño, e incluso clandestinos. Al contrario que las grandes unidades guerrilleras, la infraestructura de los grupos terroristas debe ser forzosamente limitada. Aunque se reclamen portavoces o traten de implicar a un sector significativo de la sociedad, el terrorismo lo suelen utilizar organizaciones muy reducidas y homogéneas, que desarrollan su actividad de forma clandestina, y que se inspiran en una estrategia que vincula este tipo de lucha con modalidades violentas en gran escala, como la guerra revolucionaria y la insurrección de masas.

En todo caso, las dimensiones y las estructuras de los grupos terroristas tienden a acoplarse en función de una ecuación determinada por tres factores: los medios que requieren para perpetrar los atentados precisos y asegurarse su perpetuación, las necesidades derivadas de la seguridad y de la vida en clandestinidad, y la cohesión sectaria que precisan para evitarse problemas internos. La concurrencia de estos tres factores hace que las tramas terroristas tiendan a desprenderse de lo superfluo para llegar a auténticas economías en recursos humanos y materiales[157]. Existen dos hipótesis básicas que pretenden explicar el origen estratégico del terrorismo: la «optimista», que explica la radicalización de las formas de acción como el producto colateral de la efervescencia del estatus naciente de la acción, y la «pesimista», que interpreta el terrorismo como manifestación de la fuga de los sectores fundamentalistas frente a la institucionalización, el debilitamiento o el reflujo de esa capacidad de acción colectiva[158].

La consideración del terrorismo como una etapa en una estrategia subversiva basada en la violencia política resulta muy enriquecedora a la hora de considerar este fenómeno desde un punto de vista más riguroso y desapasionado[159]. Con toda evidencia, ello nos permite integrar a buena parte del terrorismo en el dominio teórico de la violencia insurgente, ya que, aunque sea aplicado por organizaciones sectarias de militancia muy reducida, responde a una lógica revolucionaria en la que la organización armada se reclama portavoz y ejecutora de los requerimientos políticos de capas más amplias de población descontenta.

Toda organización terrorista, sea cual fuere su objetivo político (revolución, autodeterminación, preservación o restauración del statu quo, reforma, etc.), está inmersa en una lucha por el poder político con un gobierno al que busca influir o reemplazar a través del cuestionamiento de su monopolio de la fuerza[160]. Como hemos visto al comienzo de este capítulo, el terrorismo constituye la fase previa de una estrategia global de violencia político-militar, cuyo objetivo inicial es transformar una situación de desequilibro social en una situación revolucionaria, demostrando a la población que el control legal de la fuerza que ostentan las autoridades ha sido roto. A través del terror, una organización armada persigue, en primera instancia, obtener el reconocimiento o la atención de diferentes audiencias, o desacreditar el proceso de gobierno debilitándolo administrativamente mediante la provocación de un sentimiento de inseguridad y la desmoralización de sus agentes. Desde el punto de vista de los terroristas, los atentados contribuyen a debilitar la legitimidad del Estado y a precipitar el cambio de lealtades entre grupos de la sociedad. Usando la violencia, tratan de demostrar su poder, estableciendo alianzas entre partes de la población, y logrando una cierta legitimidad. El terrorismo es político porque los medios empleados son tales que afectan al Estado como institución, desafiando el monopolio estatal de la violencia y afectando a sus relaciones con otros grupos de la sociedad en el terreno de la legitimidad[161].

La difusión de una psicosis colectiva de indefensión incitaría al gobierno a desarrollar contramedidas represivas crecientemente indiscriminadas, que afectarían al conjunto de la sociedad y que podrían acarrear la desestabilización del sistema en su conjunto, haciendo derivar la crisis política en conflicto armado abierto[162]. La dimensión teleológica del terrorismo consiste, por lo tanto, no en vencer por las armas al adversario, sino en socavar su resistencia, minando su moral de lucha al crear un estado de inseguridad por medio de la intimidación[163].

El endurecimiento de la política gubernamental, eliminando alternativas reformadoras y forzando actitudes de intransigencia, puede conducir a una polarización de la sociedad y a la alienación de las masas represaliadas por las fuerzas armadas o policiales. Se provocaría así la conocida espiral de acción/represión/reacción que sacaría a la población descontenta de su pretendido letargo. Por eso Leites señala que el valor político de la acción terrorista «se deriva no de su popularidad, sino de la impopularidad de la subsiguiente represión»[164], ya que la violencia tendría el valor «pedagógico» de mostrar a la gente la violencia estructural inherente al sistema, sentando las bases de una movilización de protesta capaz de debilitar al Estado, y de fortalecer las fuerzas subversivas hasta llegar a la rebelión popular que conduzca a la conquista del poder. Por eso, la esencia del problema para el poder constituido es siempre mantener e incrementar su autoridad, y hacer todo lo posible porque disminuya el nivel de legitimación de los terroristas. De modo que, antes que nada, el gobierno debe preocuparse por la efectividad y la legitimidad de sus decisiones[165]. Las medidas políticas, legislativas y policiales adoptadas por el gobierno en el marco de una política de seguridad consistente, y acompañada por una efectiva cooperación internacional, pueden reducir extraordinariamente la estructura de oportunidades favorable al uso de repertorios violentos como forma de afectar la distribución del poder[166].

Otros objetivos secundarios del terrorismo serían: vindicar a sus combatientes caídos por la coacción ejercitada desde la autoridad, mantener la moral de los terroristas y sus apoyos, ganar publicidad para el movimiento y sus ideales, obtener concesiones específicas de las autoridades, reforzar la obediencia, el secretismo y la lealtad de sus seguidores, etc. Pero aunque el terrorismo forme parte de una estrategia política y militar comprensible para sus seguidores, precisa ser captado por sus presuntas víctimas como algo imprevisible y desordenado. Se trata de desorientar al conjunto de la población, demostrando que la estructura de gobierno no puede apoyarla ni protegerla frente a esta amenaza potencial.

El terrorismo puede ser la táctica inicial de un proceso de violencia colectiva, y si triunfa en su misión desestabilizadora y deslegitimadora del poder establecido, puede dejar vía libre a medios violentos más extensos, como la guerra civil. Cuestión aparte es que tales usos subversivos persigan objetivos políticos diversos (como la revolución), una simple rectificación gubernamental mediante la agresión a determinados funcionarios, o el sojuzgamiento de ciertos grupos, individuos o formas de comportamiento[167]. Los terroristas no hacen necesariamente la revolución, pero los revolucionarios pueden emplear en ocasiones el terrorismo en una estrategia más amplia, como catalizador político que polariza la sociedad y pone en marcha el engranaje represivo del Estado[168].

Desde el punto de vista estratégico, el terrorismo se fundamenta en lo que se ha venido en denominar como el «principio de las tres T»: targets, technology and toleration (objetivos, tecnología y tolerancia). A diferencia del terrorismo «de resistencia» desplegado sobre todo por los anarquistas y los grupos nacionalistas-populistas durante la segunda mitad del siglo XIX como modo de propaganda y de protesta contra regímenes autocráticos o liberal-parlamentarios, el terrorismo desestabilizador, aparecido en los años sesenta del siglo XX al calor del espíritu crítico alumbrado por la «nueva izquierda», actuó contra regímenes democráticos con libertades reales y un amplio nivel de tolerancia. Hay varios rasgos de la democracia que hacen atractivo el terrorismo: en primer lugar, los regímenes democráticos anteponen la libertad al orden, de modo que el derecho del Estado para usar la fuerza con el objeto mantener la ley está limitado en el propio ordenamiento legal. En segundo lugar, los principios de legalidad, con tribunales independientes e igualdad ante la ley, aseguran la protección de los derechos de los terroristas ante la acción del Estado; en tercera instancia, la democracia está basada en la voluntariedad y la libertad, y los ciudadanos pueden expresar sus opiniones por cualquier vía, incluido el derecho de los disidentes y enemigos de la democracia para expresar sus opiniones[169]. Pero a pesar de este espíritu garantista, el actual Estado democrático también cuenta, como veremos más adelante, con unos mecanismos coercitivos mucho más poderosos, complejos y sofisticados que sus homólogos del período de entreguerras.

Según esta interpretación radical de los orígenes del terrorismo actual, los grupos sociales emergentes suelen utilizar repertorios de acción colectiva más innovadores y violentos para hacer frente a las trabas que la sociedad tecnocrática pone a las manifestaciones de oposición radical[170]. Las formaciones terroristas tratarían de imitar a su manera la eficacia del Estado, organizando un entramado fuertemente centralizado, con canales precisos de elaboración estratégica de la lucha y secciones especializadas para su ejecución (comandos de acción, información y apoyo). Todo ello, por supuesto, fuera del alcance represivo de los gobiernos afectados.

Según otras interpretaciones del fenómeno terrorista, la aparición de grupos clandestinos no es previa al desarrollo de la protesta, sino que parece coincidir temporalmente con la conclusión del ciclo más combativo de la lucha, y con el inicio de la fase de gestión de las conquistas obtenidas. Incluso se aventura que el paso a la lucha clandestina se produce como degradación de un movimiento al que se ha impedido el acceso al «mercado» de decisiones colectivas a causa de sus disonancias con el desarrollo social y político. La formación de las organizaciones terroristas tiende a ocurrir con mayor probabilidad cuando una movilización colectiva amplia y relativamente prolongada —un ciclo de protesta social, por ejemplo— entra en una fase de decadencia, debido a que buena parte de sus demandas han sido asumidas institucionalmente, o, en sentido contrario, a que se han dejado sentir los efectos de la coacción del Estado o de otros grupos de conflicto. Por otra, el riesgo de que se utilice la violencia terrorista es más elevado también cuando un determinado actor colectivo fracasa en sus intentos por ocupar mediante procedimientos convencionales un espacio político de cierta relevancia y se encuentra debilitado al no haber conseguido recabar la suficiente aceptación popular o los recursos materiales necesarios[171]. Para Melucci, el terrorismo es resultado de un proceso de descomposición del movimiento al que se le ha impedido expresarse en su propio terreno, y al que se le ha empujado progresivamente a medirse en condiciones de inferioridad con las contradicciones de una sociedad bloqueada, es decir, aquella que carece de recambio para la clase política de gobierno, y donde los movimientos sociales fracasan en sus intentos de participación y realización del cambio[172].

El terrorismo puede interpretarse entonces como expresión paroxística de un movimiento en declive ante su crisis de representatividad. Pero la crisis de la militancia y la pérdida de la esperanza en grandes cambios radicales no bastan para explicar adecuadamente el nacimiento y la pervivencia de las acciones terroristas[173]. La naturaleza conspirativa y clandestina, y el reducido tamaño al que obliga la omnipresente coerción estatal, no impiden que, en ocasiones, estos grupos armados busquen el respaldo popular a través de partidos y asociaciones políticas, sindicatos o entidades culturales y recreativas que les ofrecen un espacio singular de actuación, además de cobertura política, social y económica y una reserva de militantes potenciales. Los grupos terroristas tratan de vertebrar el apoyo social necesario a través de la configuración de una organización política de carácter legal o semilegal. El equilibrio que se establece entre ambas ramas del movimiento subversivo (dominio de la organización legal sobre la terrorista en el caso de los Hermanos Musulmanes, de la terrorista sobre la legal en el caso de ETA/HB o simbiosis de ambas en el caso de Hezbollah) nos dice mucho de su naturaleza o de la evolución de su trayectoria potencial en la arena pública. Sin embargo, la situación de aislamiento y la rígida división del trabajo establecida entre el brazo armado militante y el brazo legal o político dentro de estos movimientos provocan una dinámica interna muy peculiar: un actor político puede pasar a efectuar acciones terroristas cuando se margina del movimiento social del cual se proclama portavoz, y cree que con la violencia puede reconstruir la adhesión perdida. A medida que se sectariza, el grupo clandestino se encuentra ante la disyuntiva de aceptar su fracaso o desplegar una violencia política sistemática y creciente. Al optar por una acción dominada por la lógica de la violencia, el movimiento armado se distancia de sus bases sociales e invierte su orden de prioridades: marcado por los estigmas de la clandestinidad y la sectarización, el grupo terrorista pierde poco a poco sus referencias en los movimientos sociales, y se transforma en un «sistema de guerra» que ya no emplea la violencia como arma transformadora, sino como coartada para la autoconservación del grupo. En este proceso de «inversión simple», la organización y la gestión de la violencia tienden a convertirse en fines en sí mismos, y el sector más militante va cobrando autonomía frente a la estrategia política que dio vida y sentido al movimiento[174].

En esas circunstancias, cuando un movimiento armado no tiene elementos positivos que defender, se puede decantar hacia el antimovimiento o hacia la dependencia política. En un antimovimiento se pervierten las tres dimensiones fundamentales de un movimiento social: el principio de identidad ya no se basa en una fuerza social real, sino que se fundamenta en identidades meta o infrasociales (justicia, moral, comunidad, pueblo); el principio de oposición se convierte en un imaginario de guerra que incluso se dirige al interior de la organización, y el principio de totalidad que define el campo histórico por cuyo control se enfrentan el movimiento social y el Estado deja de ser una referencia, y se construyen utopías comunitarias o mitos en los que prima el llamamiento al todo o nada, al cambio total de la realidad existente[175]. Los grupos terroristas son, en muchas ocasiones, una forma extrema y descompuesta de antimovimiento social, donde domina el subjetivismo exacerbado, se deteriora el proceso de objetivación del enemigo al que hay que destruir y se rompe con la utopía o las imágenes del nuevo orden, ya que los fines de la acción se confunden con los medios, y los proyectos que se imponen se concentran en la destrucción de todo aquello que se opone a la subjetividad del actor. Se piensa derribar el orden presente en una lucha ilimitada antes que en construir una nueva sociedad[176]. De modo que cada aspecto del proceso de decisiones se ve alterado: su visión del enemigo y de sí mismos, teñidas de maniqueísmo, sus perspectivas de influencia en la sociedad, su capacidad de identificar y de responder correctamente a cambios en su entorno y su destreza para evaluar de forma realista los costes y beneficios de cursos de acción alternativos[177]. Muchas experiencias terroristas tienen como origen un movimiento o un partido en crisis, como fueron los casos del terrorismo anarquista en relación con el declive de la AIT a fines del XIX, de las derechas nacionalistas amenazadas por el bolchevismo en el período de entreguerras o de las repetidas escisiones del movimiento comunista internacional en los años 1960 y 1970. Un movimiento comunitario como una secta religiosa o un grupo nacionalista radical que se separa de la comunidad a la que apela parece más proclive a usar este tipo de estrategias violentas. En definitiva, «el terrorismo aparece cuando y donde las masas pierden su papel como protagonistas de la historia»[178].

Es frecuente que estas organizaciones en peligro de sectarización pervivan a pesar de haber fracasado en sus objetivos iniciales o haber cubierto una parte sustancial de los mismos. El mantenimiento a ultranza de la lucha armada con apoyo social decreciente conduce a conflictos internos y a escisiones que van relegando al grupo terrorista hacia la marginalidad y la desaparición. Es preciso reconocer que, en estos casos, el terrorismo es un fenómeno propio de movimientos sociales en declive o en crisis ideológica y de identidad[179]. El incremento de la violencia terrorista es, en la mayor parte de los casos, muestra palpable del fracaso de su esfuerzo revolucionario. En otras circunstancias, el terror representa la respuesta desesperada e impotente de unos grupúsculos afectados por la desaparición de formas de lucha tradicionales ante la desintegración de los lazos colectivos comunitarios (religiosos, étnicos, de clase o de nación), en una sociedad moderna con recursos represivos o de conciliación cada vez más eficaces, sin que se produzcan adecuados procesos compensatorios de reintegración social[180]. Tampoco hay que olvidar que el terror político acostumbra a surgir en realidades nacionales marcadas por la restricción o el bloqueo social, político o institucional, pero donde la capacidad de control social del Estado resulta imperfecta, y la existencia, siquiera teórica, de libertades públicas permite una cierta, aunque limitada, disidencia violenta. El terrorismo es estratégico si la violencia o la amenaza coactiva es parte de un plan para alcanzar un objetivo político, y es reactivo si deriva de una respuesta emocional a agravios inducidos políticamente, como la venganza[181].

Todo ello nos induce a poner en duda la racionalidad plena de los actos terroristas, que se justifica en el hecho de que muchas organizaciones abocadas a este tipo de lucha armada han sido capaces de introducir variaciones en sus estrategias con el fin de adaptarlas a la evolución objetiva de la coyuntura sociopolítica y a las respuestas de sus adversarios. Sería por tanto una conducta motivada políticamente y con objetivos políticos, lo que es un indicio de su racionalidad. Pero ya hemos visto que también hay motivaciones irracionales, como la realización personal (nihilismo), el odio (racismo, xenofobia), la imposición de una opinión pretendidamente mayoritaria, la venganza, la búsqueda de poder no político o el simple antojo[182], sin contar con los oscuros móviles de autopreservación organizativa que guían la acción de los grupos armados que se ven sumidos en un proceso de inversión aguda. La teoría de la elección racional no explica con eficacia algunos crímenes especialmente violentos, y mucho menos el terrorismo suicida. El supuesto de una actividad terrorista invariablemente racional es teórica y empíricamente problemático, como lo demuestra la concepción paranoica y fantasiosa del mundo de grupos como la secta japonesa Aum Shinrikyō. Pero este paradigma explicativo permite la dilucidación de la mayor parte de las manifestaciones de este fenómeno, caracterizadas por el empleo estratégico de la violencia sistemática con el propósito de intimidar al gobierno y a una parte significativa de la población.

Ya sea en su versión de represión estatal extrema, general e ilegítima o en su calidad de estrategia al servicio de una causa política proactiva o reactiva, el terrorismo seguirá manteniendo una versatilidad en organización, planificación y recursos que le asegurarán por largo tiempo su presencia en la palestra del conflicto político y en el laboratorio de análisis de las ciencias sociales.

2 Los antecedentes remotos y próximos: terroristas religiosos, populistas y nihilistas

La presunta vinculación del fenómeno terrorista con la violencia política en estado puro ha llevado a incluir bajo su rúbrica a una confusa y heterogénea gama de fenómenos donde se emplea un nivel apreciable de violencia como instrumento de competición entre adversarios. El empleo del terror para intimidar a los enemigos en una guerra o en el ejercicio de una tiranía es un hecho muy antiguo. Ya Maquiavelo admiró por su crueldad al tirano Agatocles de Siracusa. Pero esa táctica, ya descrita por el escritor florentino, se convierte en terrorismo cuando deja de ser un recurso coyuntural de dominación y se plantea y justifica por causas ideológicas de carácter sagrado o profano con una cierta perdurabilidad.

Aunque el terror institucional aparece ligado al poder político en todas sus manifestaciones desde tiempos remotos, el terrorismo como estrategia desestabilizadora parece un fenómeno más reciente, vinculado a la aparición de la sociedad de clases, a la ideologización de la vida política, al reforzamiento del poder burocrático del Estado y a los adelantos tecnológicos que permiten la aplicación de tipos de violencia más insidiosa y destructiva contra el poder establecido. Sin embargo, en un pasado más lejano, el terror individual, vinculado en ocasiones con el tiranicidio fue un modo de resistencia aplicado con cierta frecuencia en sociedades donde predominaba un tipo de dominación tradicional[1].

Los precedentes más antiguos de alguno de los gestos del terrorismo subversivo se encuentran en las tradiciones resistenciales de las religiones monoteístas. Antes del siglo XIX, la religión proporcionaba la única justificación aceptable al terror: un propósito trascendente que daba significado al universo y que podía justificar cualquier tipo de acción violenta llevada a cabo por frenesí religioso y deseo de martirio en sus filas[2]. Incluso la Naródnaia Vólia, considerado el primer grupo terrorista «moderno» en cuanto laico, parecía implicado en una especie de lucha ritual contra el Estado zarista que recuerda la de los hashshashin en Persia y Siria entre 1090 y 1275.

1. SICARIOS, ASESINOS Y TIRANICIDAS

El precedente histórico más remoto de terrorismo organizado con propósitos desestabilizadores es el de los sicarii, secta relativamente organizada que participó en la revuelta milenarista de los zelotes de Palestina contra el poder romano del 66 al 73 d.C. En un esquema clásico de resistencia armada, los zelotes inspirados en Matías, líder de los Macabeos, se encontraron en el contexto de la «estrategia del débil» con dos opciones: organizar una resistencia guerrillera para vencer al adversario mediante una aproximación militar indirecta, o inducir a una estrategia indirecta para desequilibrar al adversario, llevando a cabo una campaña esencialmente psicológica. A partir de 66 d. C., los llamados sicarios (el término ya estaba contemplado en la legislación romana desde el tiempo de Sila para hablar de asesinato con daga o espada corta —sica—), que constituían la rama más radical de los zelotes, cometieron numerosos asesinatos de romanos y de personalidades políticas y religiosas reputadas como colaboracionistas, atacando los almacenes donde se encontraban los archivos, en especial los bonos relativos a préstamos, para buscar el sostén de las masas populares. Mataban en pleno día y en medio de la ciudad. Según recuerda Flavio Josefo:

Se mezclaban con la muchedumbre y herían a sus adversarios con los pequeños puñales que llevaban ocultos bajos sus ropas; luego, una vez caídas las víctimas, los asesinos hacían coro con los que se indignaban por ello, de manera que, incluso por su aspecto digno de confianza, resultaba absolutamente imposible descubrirlos. El primero, pues, que cayó asesinado por ellos fue el sumo sacerdote Jonatás; después de él, despachaban a muchos todos los días. El miedo era más opresivo que la propia calamidad, puesto que todos temían a cada instante la muerte como en tiempo de guerra; los adversarios se observaban de lejos y no se tenía ya confianza ni siquiera en los amigos que se acercaban a uno; no obstante su desconfianza y su vigilancia, acababan siendo asesinados: tanta era la rapidez de aquellos insidiadores y su habilidad en ocultarse[3].

En las asambleas populares, particularmente durante el peregrinaje al Templo, apuñalaban a sus enemigos, romanos o simpatizantes romanos, lamentándose ostensiblemente después del hecho para escapar a la detección.

En la «guerra judaica» de 66-73 d. C., los zelotes lanzaron su revuelta masacrando a un número considerable de soldados romanos, atrayendo las inevitables represalias sobre Jerusalén y en particular sobre el Templo de Salomón, que fue totalmente demolido. Al principio de la rebelión, los sicarios, con la ayuda de otros zelotes, entraron en Jerusalén y cometieron una serie de atrocidades para forzar a la población a luchar. Según un relato del Talmud, destruyeron el suministro de alimentos de la ciudad para forzar a la gente a luchar contra el asedio romano en vez de negociar la paz. Sus líderes, incluyendo Menahem ben Jair, Eleazar ben Jair, y Bar Giora, eran figuras importantes en la guerra contra el Imperio. Eleazar finalmente logró escapar al acoso romano, y junto a un pequeño grupo de seguidores se abrió camino hasta la fortaleza abandonada de Masada, donde siguió con la resistencia hasta 73, año en que los romanos tomaron la fortaleza y descubrieron que la mayoría de sus defensores había preferido suicidarse antes que rendirse. Los escasos supervivientes huyeron a Egipto, aunque siguieron incitando a los judíos a la revuelta hasta su definitiva captura y aniquilamiento.

Entre las grandes religiones monoteístas, el Islam es la que mejor ha sabido integrar en la misma estructura los problemas estrictamente teológicos y las consideraciones de orden político. De ahí que, mientras que en el cristianismo prevalecen consideraciones de orden teológico que en el ámbito de la violencia conducen al tiranicidio, la violencia político-religiosa en el Islam está más próxima del terrorismo moderno.

La mística sacrificial está presente en el islamismo desde sus mismos orígenes. Tras la muerte de Mahoma, el cuarto califa (literalmente, brazo derecho del Profeta) fue a partir de 656 Alí, primo y yerno del Profeta, que fue asesinado en 661, dando fin a la era de Mahoma y los Califas Rectamente Guiados. Invocando la estricta observancia del Corán y de la Sunna (colección de dichos y hechos atribuidos a Mahoma y transmitidos en forma oral), Alí representó la polaridad ideal del Islam, mientras que la polaridad pragmática fue representada por los sucesores del Profeta a partir del califa Muawiya. Tras la muerte de Alí en la batalla de Sifin y de su hijo Hussein en Karbala en 680 a manos de los Omeyas, el Chi’atu’Ali (partido de Alí, que daría lugar a la corriente chiíta) declaró que el derecho a presidir a los fieles ya no correspondía a los califas, fueran estos omeyas o abasíes, sino a un semimístico «jefe del pueblo» o imâm que convenía escoger entre los descendientes de Alí y de Fátima. Los Chi’atu’Ali se convirtieron en los primeros fundamentalistas de la historia islámica, defensores de un Estado musulmán en su concepción ideal, como organización religiosa y política, establecida y mantenida bajo la ley divina.

Los chiítas, inspirados en el sacrificio de Alí y Hussein, y atraídos por la imagen maniquea de la batalla entre el Bien y el Mal que se estaba librando para capitalizar la herencia mahometana, aceptaron el concepto de martirio como táctica para lograr el orden islámico perfecto. Se trataba de establecer un gobierno y una sociedad justos mediante el sacrificio personal y la protesta bajo la conducción política de los imâm descendientes de Alí y Fátima por la línea de Ismaíl, que destruirían la tiranía e instaurarían el reinado de la Justicia. Un 60 % de los chiítas son Itna Asharíes (duodecimanos), y sostienen que la línea sucesoria legítima se rompió con el duodécimo imâm, Mohamed el Mahdi, que desapareció misteriosamente en 874, pero que retornaría en un futuro no determinado para establecer el recto gobierno de la Justicia perfecta. Esta doctrina ha sido la religión de Estado en Persia desde 1502, y bajo la dirección del ayatollah Jomeini se convirtió en una ideología activista extrema que derrocó al sha Reza Pahlevi y aún hoy caracteriza la doctrina de la República Islámica de Irán[4].

Otra secta chiíta minoritaria son los ismailíes fatimíes, ismaelitas o «septimanos» porque limitan el número de imâm «visibles» a siete, el último de los cuales habría sido Ismaíl, elegido de Dios y único jefe legítimo de la Humanidad, que en 765, a la muerte de su padre, fue injustamente desheredado en provecho de su hermano menor, formando una rama más radical del chiísmo caracterizada a partir del siglo IX por su misticismo religioso, su interés por las cuestiones teológicas y de derecho, su cohesión y disciplina, su furiosa hostilidad hacia los califas abasíes y su tono subversivo en pro de una sociedad justa dirigida por los imâm[5].

Los ismailíes o ismaelitas formaban una sociedad secreta fundada sobre un sistema de juramentos e iniciaciones, y sobre una jerarquía del rango y del conocimiento[6]. Tras la subyugación del califato sunní de Bagdad por el duodécimo rey chiíta en 932-1055, el movimiento ismailí conquistó el valle del Nilo en 969, y extendió su dominio de Arabia a Sicilia hasta su declive a fines de siglo XI y su disolución definitiva en 1171 por el soldado kurdo Salahuddin Ayubi (Saladino), que propició un retorno al Islam sunnita. La invasión de los turcos seljúcidas en el siglo XI garantizó la pervivencia de la ortodoxia sunnita, pero el ismailismo atrajo a los descontentos del nuevo imperio por la estrategia de resistencia revolucionaria desplegada por Hassan-i Sabbâh («El Viejo de la Montaña»), hijo de un chiíta duodecimano de origen yemení instalado en Persia, que desde su fortaleza de Alamût, en pleno macizo de Elburz (al norte del actual Teherán, al sur del Mar Caspio), fue conquistando por el terror otros puntos fuertes de la región asesinando a líderes religiosos y a grandes dignatarios de los califas abasíes y de los sultanes seljúcidas, como el influyente visir Nizâm al-Mulk durante el Ramadán de 1092. Sabbâh fue el primer líder carismático de una orden religiosa que denominó al Dawah al Jadidah (La Nueva Predicación), que sistematizó una táctica de ocupación de fortalezas o de castillos aislados, fáciles de defender en las montañas iraníes, complementado con el asesinato político que el Profeta tampoco había desdeñado.

La organización sectaria se desarrolló a fines del siglo XI en el seno de esta rama del Islam ismailí, y utilizó diversos medios (propaganda, conquista militar de puntos estratégicos, campañas de terror contra poblaciones y personalidades políticas y religiosas) para establecer un pequeño imperio. Los miembros de la orden (fidā’ī o fidā’iyyīn = fedayines, guerreros santos y devotos que están dispuestos a dar la vida por una causa bajo la máxima de que, «todo está permitido y nada prohibido») consumían al parecer drogas como el cannabis para efectuar sus rituales, y por esa razón se les llamó hashshashin o asesinos. Tras las victorias sobre los turcos seljúcidas en 1092 y la consolidación en los puntos estratégicos de Persia, Sabbâh decidió extender sus actividades a Siria. Dos años más tarde, en 1094, murió el califa fatimí Al-Mustansir, cabeza del ismailismo, y estalló una guerra de sucesión entre sus hijos Musta’li y Nizar. Los ismailíes de Irán tomaron partido por este último, que finalmente fue derrotado, provocando una ruptura entre los seguidores de Hassan-i Sabbâh (que en lo sucesivo se llamarían nizaríes) y la mayoría de los ismailíes.

A pesar de su escaso número, los nizaríes parecen haber aterrorizado enormemente a sus enemigos. En Siria, los asesinos perpetraron su primer atentado con arma blanca en 1103, y expandieron su poder político infiltrándose en los campamentos de sus enemigos y degollando a sus jefes antes de resultar muertos. En 1128-1129, tras el fallecimiento de su protector turco, sufrieron en Damasco una represalia popular que provocó la muerte de entre 6000 y 10 000 miembros de la secta. Los dirigentes de Alamût respondieron asesinando al responsable de la masacre, pero no recuperaron su influencia en Damasco. Neutralizados en Siria, se dirigieron a Egipto, donde mantuvieron una campaña de terror contra el califa fatimí, enemigo declarado de los ismailíes, que fue asesinado en 1130.

En la segunda mitad del siglo XII, la célula siria de la secta encontró un nuevo jefe carismático, Rachid al-Dîn, que inició la recuperación de puntos estratégicos, pero los asesinos hubieron de enfrentarse en 1174-1176 a Saladino, arquitecto de la unidad y de la ortodoxia musulmanas y campeón de la guerra santa (Yihad) contra los cruzados. Aunque fallaron en varias ocasiones para asesinarle (por ejemplo, el 22 de mayo de 1176 durante el asedio de Alepo, en los años anteriores a la tercera Cruzada), lograron matar a Raimundo II de Trípoli en 1152 y al marqués Conrado de Montferrat, rey de Jerusalén, en Tiro en abril de 1192. También fueron víctimas de la secta el califa abasí Al-Mustarshid, y más tarde su hijo Al-Rashid.

Aunque la mayor parte de sus víctimas fueron musulmanas, a inicios del siglo XIII los señores de Alamût impusieron una nueva política centrada en la reconciliación con el califato de Bagdad. A partir de esa fecha, los atentados fueron dirigidos contra los cristianos, especialmente los hospitalarios y San Luis de Francia, con quien, al parecer, alcanzaron un acuerdo de no beligerancia. Los asesinos se mantuvieron por un tiempo obteniendo por coacción tributos de musulmanes y cruzados, en una deriva semicriminal que afectaría en lo sucesivo a numerosas organizaciones terroristas. Hulagu Khan, emperador tártaro aliado para la ocasión con los chiítas moderados, capturó y condenó a muerte en 1220 al último gran maestre de los asesinos, Rukn Al Din, que había ensayado una alianza con los cristianos para evitar el exterminio de la orden. El doble ataque de los mongoles (que asaltaron y destruyeron la fortaleza de Alamût el 15 de diciembre de 1256) y del sultán mameluco Saltan Baybars de Egipto (que destruyó la rama siria de los asesinos en 1260-1273) puso fin al poder de los seguidores del «Viejo de la Montaña» hacia 1275, cuando tras recuperar la fortaleza de Alamût por unos pocos meses, perdieron definitivamente su poder y fueron absorbidos por otros grupos ismailíes. Con todo, parece que continuaron siendo empleados en crímenes comunes en Egipto bajo el reinado de los mamelucos, ya que Ibn Battuta recuerda en el siglo XIV las tarifas estipuladas por cada asesinato[7].

Como hemos visto, la secta de los asesinos no fue la primera sociedad secreta en recurrir al asesinato o al terror, pero fue por largo tiempo el grupo «terrorista» mejor organizado y el más duradero. Los asesinos combinaron una misión religiosa y una ambición política que les condujo a la violencia. La religión ismailí, con su pasado de martirio y de pasión y sus promesas de cumplimiento divino y humano, daba la cobertura ideológica adecuada a estos hombres bien organizados y de un credo fanático, que fueron los instauradores de la utilización planificada, sistemática y a largo plazo del terror como arma política[8]. Sin lograr nunca alcanzar el poder en un Estado musulmán, jugaron un papel nada despreciable en la política de Oriente Medio durante los siglos XII y XIII, pero no pusieron nunca en peligro la ortodoxia sunnita ni se extendieron más allá de las fronteras persas y sirias elegidas al inicio de su actividad subversiva. Su nombre acabaría convirtiéndose en el siglo XIV en italiano, francés y otros idiomas europeos, en sinónimo de ejecutor profesional. Así lo introdujo Marco Polo en sus Viajes y lo señaló Dante en su Divina Comedia.

Las sociedades secretas dedicadas al asesinato individual proliferaron por siglos en Asia, a mitad de camino entre el crimen sectario y la delincuencia común. Por ejemplo, los Thugs (Phansigars o Estranguladores, término procedente del hindú thag —ladrón— o del sánscrito sthaga —canalla—) eran un grupo sectario hindú de seguidores de Kali Bhairab, diosa de la creación y de la destrucción, que comenzó su andadura en el siglo VII (aunque los primeros testimonios escritos sobre su existencia datan de 1356), y cuyas víctimas eran viajeros desprevenidos cuyos bienes eran confiscados. Su procedimiento era el siguiente: uno o varios miembros de la banda (los sotas o engañadores) trababan amistad con los peregrinos o los jefes de las caravanas, acompañándoles en su viaje. Si consideraban que eran víctimas propicias, iban dejando pequeñas indicaciones en el camino para alertar y guiar al resto de la banda. Un vez escogido el momento adecuado, la partida de sectarios atacaba la caravana y con su rumal (cuerda o pañuelo de seda alegoría de Kali) estrangulaban a los viajeros. Sus cadáveres eran desfigurados y abiertos en canal, y enterrados en fosas o pozos con ayuda de sus piquetas sagradas. Tras la sangrienta matanza, los integrantes de la partida realizaban un ritual de danza (Tuponee) sobre las tumbas de los asesinados en honor de la diosa Kali.

La introducción de los Thugs en el mundo del crimen pasaba frecuentemente por una relación paternofilial (en ocasiones los hijos de sus víctimas eran integrados en el seno del grupo), y sus líderes tendían también a ser hereditarios. Tras provocar quizás dos millones de víctimas (el historiador británico Mike Dash las estima en 50 000, asumiendo erróneamente que sus actividades comenzaron solo siglo y medio antes de su erradicación), fueron virtualmente liquidados por los británicos en el lustro de 1835-1839, gracias a los esfuerzos del mayor William Henry Sleeman, que inició una extensa campaña de información, persecución y ejecución de no menos de millar y medio de criminales. Hacia 1890, el culto Thug se había extinguido, pero el concepto de tribus o castas «criminales» pervive aún en la India. Una organización policial conocida como Thuggee and Dacoity Department mantuvo su existencia dentro del gobierno colonial británico hasta el año 1904, cuando fue reemplazada por el Departamento Central de Inteligencia Criminal[9]. Otras sociedades secretas de resistencia han utilizado una violencia de intimidación basada en el asesinato, como los bóxers chinos o el Ku Klux Klan, creado por seis jóvenes de un club social en la localidad de Pulaski (en la frontera entre Tennessee y Alabama) el 24 de diciembre de 1865 como congregación secreta cuyo término procedía del griego kuklos (círculo) y la palabra escocesa «clan»[10].

En abril de 1867, los representantes del grupo se reunieron en Nashville para elaborar una constitución y diseñar la organización. El antiguo general confederado Nathan Bedford Forrest (denominado durante la guerra civil «the Saddle Wizard»), nombrado «Gran Mago» de la organización, la transformó de un grupo intimidatorio en un auténtico instrumento de terror contra los negros liberados y los carpetbaggers (especuladores) que dominaron el Sur de los Estados Unidos durante el período de la Reconstrucción (1865-1877). Entre 1868 y 1871 expandieron el terror a través de la violencia sobre asentamientos aislados de población afroamericana para privarles del derecho a la educación, a portar armas o a ejercer el voto. Además, atacaron a los carpetbaggers, sheriffs republicanos y funcionarios del gobierno federal como los recaudadores de impuestos. El Ku Klux Bill de 29 de marzo de 1871 instauró el delito de conspiración para privar a otros de los derechos civiles, lo que permitió enviar ante un tribunal federal a cualquier persona que hubiera conculcado los derechos, privilegios o inmunidades garantizados por la Constitución. También preveía el envío del ejército y la suspensión del habeas corpus si era necesario, como sucedió en Carolina del Sur en octubre de 1871. Aunque el Klan desapareció en 1870-1871, volvió a resurgir en una ceremonia celebrada en Stone Mountain (Georgia) el 24 de noviembre de 1915. Resucitado en los años veinte como los Knights of the Ku Klux Klan (KKKK), sus objetivos se ampliaron a católicos, judíos, inmigrantes y en los treinta a los comunistas. Su actividad decayó con la Gran Depresión, y en 1944 dejó prácticamente de existir hasta que la decisión del Tribunal Supremo contra la segregación de las escuelas públicas en 1954 produjo su eventual resurrección, también vinculada al momento álgido de la lucha por los derechos civiles en los años sesenta[11]. En la actualidad existen unas 200 organizaciones independientes, vinculadas con el movimiento de Identidad Cristiana y grupos neonazis como las Naciones Arias y el White Patriot Army[12].

La relación entre el asesinato y el terrorismo es puramente ocasional. Desde tiempos remotos, el asesinato aparece como un aspecto parcial de una conspiración para usurpar poderes gubernamentales. David C. Rapoport señala tres justificaciones del asesinato: unos lo conciben en términos puramente instrumentales en función del fin que se persigue (tradición greco-romana), otros admiten la maldad del asesinato, pero lo aceptan como medio para evitar un gran mal (tradición cristiana), y otros conciben el asesinato como un bien en sí mismo, sin contar con el fin perseguido (aproximación terrorista[13] La historia muestra una relación estrecha entre el asesinato y el grado en que el poder es detentado por un solo hombre.[14]). El asesino solitario tiene más posibilidades de alcanzar su objetivo que una vasta conspiración. Puede poner en funcionamiento grandes fuerzas con su acto, pero solo los conspiradores tienen una oportunidad razonable de controlarlas[15].

Lejos de ser un epifenómeno, el asesinato es un elemento revelador del modo diferencial en que las culturas y las civilizaciones han afrontado la problemática de la violencia política. Esta se planteó de forma preferente en Occidente bajo la forma del tiranicidio, que desde la Grecia clásica hasta las guerras de religión del siglo XVII se consideraba incluso un acto honorable[16]. Este término procede de la antigüedad clásica, y designa un acto de defensa popular contra los gobernantes que han tomado el poder o se mantienen en él por medios ilegítimos[17]. Según Aristóteles, tiranicidio es «el derecho del súbdito a ejercer una violencia dotada de una legalidad superior a la ley positiva»[18], y surge de una situación de humillación ante la que no hay otra respuesta que la rebelión, que se identifica con la recuperación «popular» de la libertad perdida[19]. El debate sobre el tiranicidio ya se planteó en Grecia y Roma, donde Cicerón a fines del siglo I a. C. hizo el elogio de tyrannoctonoi (asesinos de tiranos) como Bruto y Casio. La doctrina católica lo definió como «la muerte de un tirano por una persona privada para el bien común»[20]. El derecho público cristiano distingue entre las actitudes de fuerza contra un soberano legítimo cuya tiranía es prolongada, manifiesta y grave, a quien en lo posible hay que juzgar, y la rebelión contra los actos tiránicos del soberano ilegítimo o usurpador. El tiranicidio sería el estadio supremo de esta actitud de resistencia a un tirano. En la Edad Media, San Agustín reconoció el derecho de tiranicidio de los magistrados sobre un mal gobernante en aras del bien común, pero no dejó claro si el gesto era lícito cuando en un régimen monárquico el rey detentaba la suprema magistratura por delegación divina. La escolástica medieval (Juan de Salisbury, Tomás de Aquino) basaba el derecho individual de resistencia a la tiranía en la ley natural: ninguna persona privada podía por su propia autoridad matar al tirano, salvo si recibía directamente la orden de Dios y actuaba en aras del bien común[21]. Tanto Salisbury como el padre Mariana distinguieron entre el atentado contra el tirano legítimo (que resultaba ilícito al no perder su autoridad emanada de Dios, de forma que solo se le podía juzgar y condenar con legítima sentencia o darle muerte solo en caso de una agresión permanente) y la acción contra el soberano ilegítimo, que era lícita en todos los sentidos, siempre que no hubiera recurso a una instancia superior, no existiera una tregua, no acarrease mayores males y la nación no mostrara su disentimiento expreso.

Los humanistas del Renacimiento discutieron el problema sobre un plano puramente temporal: Erasmo señalaba que el orden y la paz civil eran valores absolutos por encima de los gobernantes, y Tomás Moro en su Utopía, al hablar de un tirano que oprime al pueblo con su despotismo, advertía que más valía la muerte de uno que la de una multitud[22]. Por su parte, Maquiavelo abordó el asunto desde el punto de vista técnico en El Príncipe (1513), en perspectiva histórica en La historia de Florencia (1525) y en sus detalles teóricos en los Discursos sobre la primera década de Tito Livio (1513-1519). Cuando habló de las actuaciones de Cesar Borgia en el capítulo VII de El Príncipe, señalaba que se trataba de «castigar para prevenir», no para reparar, que sería el fin de toda justicia. La justicia golpeaba sobre la acción cometida, pero el terror atacaba a las personas independientemente de sus actos.

Desde 1590, la doctrina del tiranicidio recibió un fuerte impulso en el seno de la Iglesia católica de la mano de la Compañía de Jesús. La posición más extrema fue la del jesuita español Juan de Mariana, que en De rege et regis institutione (1598), obra dirigida al aprendizaje político del príncipe Felipe (III) y aprobada por Felipe II, aconsejaba el deber de sumisión del soberano al pueblo. Si el rey se transformaba en tirano, Mariana establecía varios modos graduales de resistencia: asambleas para amonestar públicamente al monarca, deposición del mismo, declaración como enemigo público y, en último extremo, asesinato[23]. A diferencia de otros autores, Mariana dejaba gran libertad de acción al ciudadano, ya que cuando las asambleas públicas no podían tener lugar, «es saludable que los príncipes sean persuadidos de que si oprimen la República, si se hacen intolerables por sus vicios y delitos, puedan ser asesinados, no solo con derecho, sino con aplauso y gloria de las generaciones venideras»[24]. Sin embargo, tras la muerte de Enrique IV por François Ravaillac el 14 de mayo de 1610, el tiranicidio fue progresivamente relegado al campo de las prácticas políticas prohibidas por la Iglesia católica. Las doctrinas absolutistas de la razón de Estado, de Bossuet a Hobbes, proclamaron la inviolabilidad de la persona real, pero a pesar del avance del proceso de civilización en el siglo XVIII, a mediados de la centuria el asesinato siguió utilizándose como arma política preferente, vinculada en su mayor parte a «revoluciones de palacio». Así murieron Gustavo III de Suecia en 1792, y los zares Pedro III en 1762, Iván VI en 1764 y Pablo I en 1801, mientras que monarcas como José I de Portugal (1758) o Luis XV de Francia (1757) lograron salvar la vida.

Sustentado por las teorías de la voluntad popular de Rousseau, el tiranicidio resurgió a fines del siglo XVIII no solo como instrumento de defensa frente a un gobierno abusivo, sino como acto violento que abría la posibilidad de un nuevo comienzo, vinculado a un cambio radical en el régimen político y social. Esta interpretación del tiranicidio, no como un gesto de preservación social, sino como un procedimiento revolucionario con apoyo popular entrevisto como modo de regeneración de la cosa pública, marcó el decurso de la violencia política durante todo el siglo XIX. Con la era de las masas y de las motivaciones ideológicas que comenzó con la Revolución francesa, el tiranicidio tradicional (la ejecución de Luis XVI el 21 de enero de 1793 fue justificada como un regicidio popular y secularizado, al igual que el atentado realista contra Bonaparte en la rue de Saint-Nicaise el 14 de diciembre de 1800) fue dejando paso a otras modalidades de violencia individual, como el terrorismo populista ruso[25]. En la modernidad, los asesinatos políticos ya no tendrían un móvil religioso, sino que se perpetrarían en momentos de desafección respecto de un régimen erosionado en su legitimidad, y que se pretende hacer cambiar mediante un acontecimiento violento no esperado. Por otro lado —y ahí está su vinculación con el carácter simbólico del moderno terrorismo—, la utilidad potencial de un asesinato político resulta obvia, ya que brinda una inmensa atención pública a una causa[26]. No es, por tanto, extraño que la eliminación física de los gobernantes haya sido uno de los medios más utilizados para obtener un cambio en la situación política a lo largo de la época contemporánea. De 1918 a 1970, se contabilizaron 192 tentativas de asesinato dirigidas contra jefes de gobierno, de los cuales 39 resultaron efectivas en 25 países. Las tentativas de asesinato totales dirigidas contra hombres políticos se cifran para esta época en más de 1500[27].

2. LA REVOLUCIÓN FRANCESA, EN LOS ORÍGENES DEL TERROR DE ESTADO

Los estados han empleado el terror como parte de su arsenal coactivo desde la más remota antigüedad. Su modalidad más extrema e indiscriminada se desplegaba en las guerras. En sus campañas de conquista del siglo XIII, los mongoles de Gengis Khan y Tamerlán practicaron sistemáticamente el terror sobre la población, sobre todo en zonas urbanas como Damasco, Bagdad, Alepo, Delhi o Ankara. Aparte de las guerras civiles de religión del siglo XVI (nada caballerescas en la indiscriminación de sus víctimas), la guerra de los Treinta Años de 1618 a 1648 prefiguró en su brutalidad y en el uso sistemático del terror sobre la población civil algunos de los grandes conflictos europeos del siglo XX: la violencia incontrolada unida a una masa militar indisciplinada y a la proximidad de los centros habitados condujo a la proliferación de masacres que llevaron, por ejemplo, a la disminución de la población alemana en un 50-60 %.

El terror, ya no como herramienta militar, sino como instrumento fundamental del aparato coactivo del Estado moderno y como sistema de gobierno fue reivindicado por vez primera durante la Revolución francesa, en la que el terror fue considerado como un método para extirpar a los adversarios del régimen, como ejemplo a otros individuos que los estimulase a prestar su apoyo entusiasta al nuevo gobierno, y para asegurarse de que no quedaran vestigios del viejo orden. La conjunción de la guerra exterior y del conflicto interno está en el origen de la acción terrorista de los modernos estados revolucionarios, que han legitimado su acción violenta como defensa lícita contra la agresión de una potencia enemiga, y sustituido hábilmente este combate contra el extranjero por el aniquilamiento de los enemigos internos de la revolución. Como dijo Robespierre, «para hacer útilmente la guerra a los enemigos externos existe una regla general absolutamente indispensable: hacer la guerra a los enemigos internos, es decir, a la injusticia, la aristocracia, la perfidia, la tiranía»[28]. Y se podría añadir que también a aquellos personajes o grupos sociales que personificaban (o se creía que personificaban) todas estas amenazas.

No cabe duda que, desde el punto de vista histórico, el terror es una propiedad esencial de la revolución, algo inherente a su dinámica radicalizadora. El Terror jacobino fue a la vez el acto fundador del terror de Estado moderno y el modelo a partir del cual se define y se comprende el empleo estratégico de la violencia por el aparato del Estado. Este terror desde arriba funcionó como un principio, un sistema y un instrumento de gobierno destinado a castigar, vengar y educar, en el cuadro de una tentativa de restablecimiento de una soberanía política y legal indivisible[29].

En Francia, el establecimiento y funcionamiento del reino del terror resulta inseparable de los hechos contingentes de la guerra civil, la hostilidad extranjera, la desorganización económica y la disgregación social, que exigían una acción rápida, centralizadora y coactiva. La movilización y el despliegue político, militar y económico forzados fueron sostenidos por un terror represivo que no paró ante nada: desde la intimidación retórica a las detenciones arbitrarias, la justicia sumaria semilegal y las ejecuciones colectivas[30]. Un terror aplicado en muchas ocasiones a través de la venganza como «justicia salvaje» (Francis Bacon) que alienta las discordias y las luchas intestinas. Tanto el Comité de Salud Pública francés como el Consejo de Comisarios del Pueblo soviético recurrieron al terror para imponer la conscripción, el control de los precios y salarios, las requisas alimentarias y la confiscación de bienes del clero. El decreto de levée en masse, la proclamación del Terror y la adopción de la Ley de Sospechosos de 1793 estaban tan vinculados entre sí como el decreto sobre la «Patria socialista en peligro» y la declaración oficial del «Terror rojo» en Rusia en 1918[31].

El concepto del terror como herramienta de oposición se fue perfilando desde el inicio de la Revolución francesa y conoció numerosas modificaciones bajo la presión de los acontecimientos. En la explosión inicial de violencia parisina y la grande peur del campo, hasta las masacres de prisioneros de septiembre de 1792, fue un terror espontáneo y salvaje, surgido de la base. La práctica de intimidar al enemigo por medio del terror se fue haciendo primero de forma instintiva y espontánea, y luego sobre bases burocráticas y doctrinarias. El terror como medio hizo su entrada en la política revolucionaria con la creación del Comité des Recherches de la Ville de Paris en octubre de 1789[32]. La irrupción del terror en el debate legislativo se produjo en febrero de 1791 ante la cuestión de la emigración, y con las leyes represivas excepcionales de 1791-1792 el Terror se inscribió por primera vez en el ordenamiento legislativo. Aunque los instrumentos del terror de Estado se fueron perfilando desde esos años, el terror desde arriba —el «empleo de la coacción y la violencia con fines políticos y en el silencio de las leyes[33]»— tuvo su primera fase de desarrollo oficial entre marzo y septiembre de 1793, y fue desencadenado por el primer levantamiento de Vendée y las derrotas en las fronteras. Tras la caída de la monarquía el 17 de agosto de 1792 se había presentado en la Asamblea Nacional una petición para la creación de un tribunal extraordinario que juzgase a los criminales políticos[34].. Después de las masacres perpetradas en las prisiones a inicios de septiembre (equivalente urbano de la grande peur del verano de 1789), un gran número de miembros de la Convención reclamó a inicios de marzo de 1793 la creación de un nuevo tribunal extraordinario encargado de velar por la seguridad interior castigando a «los traidores, los conspiradores y los agitadores». El día 10 de marzo, Danton asumió la responsabilidad de creación de esa corte, que debía sustituir al «tribunal supremo de la venganza del pueblo». Este Tribunal Revolucionario, compuesto de cinco jueces y doce jurados, abrió el camino a una justicia de excepción en la que, en el curso de las semanas siguientes, se instauró la pena de muerte para los crímenes de traición, espionaje y correspondencia con el enemigo, así como para los propósitos de naturaleza contrarrevolucionaria, los gritos y los escritos sediciosos. El 19 de marzo, un decreto puso fuera de la ley a los rebeldes que portaran armas, que podían ser condenados a muerte por comisiones militares y ejecutados a las 24 horas[35]. El Comité de Salud Pública fue creado el 6 de abril, los Comités de Vigilancia encargados de supervisar los movimientos de extranjeros y sospechosos el 21 de abril, y el 9 de marzo ya fueron enviados a los departamentos los primeros representantes en misión.

La tensión fue especialmente fuerte en la primavera y el verano de 1793. La exigencia de terror tuvo como causa el pánico sufrido por el pueblo parisino tras el asesinato de Marat, de donde emergió la determinación de morir por la libertad y de ejecutar una venganza soberana de indudable impronta popular. Así comenzó un ciclo de venganza institucionalizada que abarcó desde mediados de marzo hasta septiembre de 1793[36]. El 5 de septiembre, una diputación de comisarios de 48 secciones y miembros de la Sociedad de los Jacobinos dijo a la Convención: «Il est temps d’épouvanter tous les conspirateurs. Eh bien! Législateurs, placez la terreur à l’ordre du jour»[37]. Ese día, por la presión de las secciones de París, la Convención decidió efectivamente «colocar el terror a la orden del día», y votó el día 17 la «Ley de Sospechosos»[38]. El periódico Courrier de l’Égalité justificó estas decisiones draconianas en respuesta a circunstancias políticas de extremada gravedad: «Es necesario que el terror causado por la guillotina se extienda por Francia y lleve a la justicia a todos los traidores. No hay otro medio que inspirar este terror que consolidará la revolución. El club jacobino ha adoptado masivamente esta medida, y un entusiasmo universal se ha manifestado tras la aprobación de esta orden, que probablemente marcará uno de los grandes períodos de nuestra historia»[39].

A fines de 1793, el Comité de Salud Pública, en unión de la autoridad policial del Comité de Seguridad General, asumió el control político de los gobiernos central y local. Tras la aceleración del terror ese otoño, cuando la Convención inscribió el terror «a la cabeza del programa de la nación», adoptó la «Ley de Sospechosos» y declaró que el gobierno sería «revolucionario» hasta el fin de las hostilidades con las potencias europeas, el año 1794 marcó el punto de no retorno del Gran Terror revolucionario: el Comité de Salud Pública puso en marcha su política de exterminio de los «enemigos del pueblo» que ilustró la campaña de Vendée (iniciada significativamente el 11 de marzo de 1793, al día siguiente de la creación del Tribunal Revolucionario que marcó el inicio del Terror) y que colocó a los contrarrevolucionarios en el mismo estatus legal que una nación enemiga[40]. En su discurso de 5 de febrero de 1794, Robespierre definió el gobierno revolucionario como un poder basado en los pilares gemelos de la vertu y la terreur:

Hay que ahogar a los enemigos internos y externos de la República, o perecer con ella. Ahora, en esta situación, la máxima principal de vuestra política debe ser guiar al pueblo con la razón, y a los enemigos del pueblo con el Terror.

Si el resorte del gobierno popular en tiempo de paz es la virtud, la fuerza del gobierno popular en tiempo de revolución es al tiempo la virtud y el Terror. La virtud, sin la cual el Terror es cosa funesta; el Terror, sin el cual la virtud es impotente.

El Terror no es sino la justicia rápida, severa, inflexible. Es, por tanto, una emanación de la virtud. Es mucho menos un principio contingente que una consecuencia del principio general de la democracia aplicada a las necesidades más acuciantes de la patria.

Se ha dicho por algunos que el Terror es la fuerza del gobierno despótico. ¿Vuestro Terror se parece pues al despotismo? Si, pero como la espada que resplandece en las manos de los héroes de la libertad se parece a la que arma a los esbirros de la tiranía. Que el déspota gobierna solo con el Terror a sus súbditos embrutecidos […] El gobierno de la Revolución es el despotismo de la libertad contra la tiranía[41].

El primer aspecto del Terror fue el castigo e intimidación de los enemigos declarados o encubiertos de la revolución, y en la primavera de 1794 se extendió a las tropas extranjeras, cuando la Convención votó no tomar prisioneros británicos o hannoverianos, aunque la orden no fue cumplida[42]. Si el desencadenamiento del terror está vinculado en los últimos meses de 1793 a la disolución del Estado, el terror se convirtió en la primavera de 1794 en el instrumento de restablecimiento y luego de consolidación de ese mismo Estado[43]. Robespierre justificó el uso del terror por la necesidad de «obligar a los hombres a ser libres». Pero el terror fue, de hecho, un método para legitimar a un gobierno minoritario y justificar el mantenimiento de su posición, y fue usado en particular para permitir a París colonizar las provincias enviando a fanáticos revolucionarios a crear un nuevo orden centralizado[44], como sucedió con répresentants en mission como Louis-Marie Fréron en Marsella y Tolón, y la guerra de Vendée, donde las «columnas infernales» que asolaron la región entre enero y mayo de 1794 causaron entre 140 000 y 190 000 muertos. El Terror alcanzó su apogeo con la nueva Ley de Sospechosos de 22 de Prairial del año II (10 de junio de 1794), que privaba al acusado de testigos y de abogados, y daba al Tribunal Revolucionario la posibilidad de condenar sobre la base de una simple convicción sin pruebas. Este tribunal encargado de «castigar a los enemigos del pueblo» que «buscan destruir al libertad pública por la fuerza o por el engaño», solo podía pronunciarse entre la absolución y la muerte. Pero la definición de «enemigos del pueblo» era tan vaga que todo el mundo podía quedar incluido, ya que era suficiente «inspirar el desánimo», «depravar las costumbres» o «alterar la pureza y la energía de los principios revolucionarios» para ser encausado y eventualmente condenado. El objetivo de los tribunales revolucionarios franceses no era hacer justicia, sino manipular la suerte de los prisioneros para servir de lección didáctica a los contrarrevolucionarios[45]. Con ello se inició el exterminio sistemático de los «enemigos del pueblo» que inauguró el «Gran Terror» de fines del verano de 1793 a la primavera de 1794.

El «Gran Terror» finalizó el 27 de julio de 1794 con la caída de Robespierre. Pero cuando fue detenido y guillotinado, no fue acusado de terror, sino de terrorismo, neologismo que alcanzaría mayor fortuna en el vocabulario político a partir de entonces. Tras el 9 Thermidor del año II, la Convención retiró de sus actas la palabra «terror», y en 1795 Edmund Burke denigró a los revolucionarios franceses como «thousands of those hell hounds called terrorists»[46] aunque en esos mismos años el «Terror blanco» antijacobino se cobró también miles de víctimas: entre 1794 y 1802 grupos de asesinos realistas merodearon por el Midi extendiendo el terror contrarrevolucionario y matando a unas 10 000 personas.[47], En total, el terror oficial, que comenzó en marzo de 1793 y duró hasta la caída de Robespierre cargó con la responsabilidad de 500 000 encarcelados por razones políticas, 50 000 juicios revolucionarios (Vendée y París excluidos) y de 35 000 a 40 000 muertos, de los cuales 17 000 fueron condenados a muerte por comisiones y tribunales especiales o extraordinarios (el 90 % por acusaciones de sedición y traición), 2500 de ellos por el Tribunal Revolucionario de París. Entre 10 000 y 12 000 fueron víctimas de ejecuciones sumarias tras su captura, y muchos miles fallecieron de «causas naturales» en las prisiones y los centros de detención superpoblados. Aproximadamente el 7 % de la víctimas fueros sacerdotes, 8 % nobles, 25 % clase media, 28 % campesinos y 31 % artesanos o trabajadores pobres, sobre todo en áreas de guerra o levantamientos contrarrevolucionarios[48]. Hubo 3500 ejecuciones en Lyon, 1000 en Marsella y cerca de 2000 en Tolón[49]. Pero también se produjo una dramática autodepuración: 32 diputados, 221 agentes de la alta administración, 207 miembros de los consejos municipales y 392 sansculottes y guardias nacionales fueron condenados a muerte. El balance global de la Revolución fue de 200 000 a 300 000 muertos, es decir, un 1 % de la población francesa de 1790, de ellos 140-190 000 en el transcurso del conflicto armado de la Vendée militar[50].

Aunque todo recurso sistemático a la violencia para imponer la propia voluntad se asimila al terrorismo, el Terror de 1793-1794 no era sinónimo de terrorismo estatal, ya que los jacobinos lo emplearon como herramienta de emergencia y no sabían cómo utilizar este resorte de poder como arma política a medio plazo[51]. Salvo casos especialmente anómalos, como pudo ser el régimen genocida del Khmer Rojo en Camboya, el terrorismo «desde arriba» no debe ser ilimitado, sino que, para que sea eficaz, el Estado debe dosificar sus campañas terroristas y hacer jugar la «alternancia» con períodos de paz relativa, como acostumbran a hacer los verdugos en las sesiones de tortura. Este fue el método empleado por los totalitarismos en el siglo XX, pero durante casi todo el siglo XIX el uso gubernamental del terror estuvo ligado a la represión ocasional, como sucedió en la Comuna de París de 1871 o en los sucesivos levantamientos nacionalistas balcánicos contra el poder turco. El terrorismo de Estado como recurso permanente de dominación política no haría su aparición definitiva hasta la revolución bolchevique de 1917.

3. LA ERA DEL ATENTADO INDIVIDUAL

La violencia resistencialista, secreta y de fuertes connotaciones religiosas anterior a la modernidad fue dejando paso en la segunda mitad del siglo XIX a los primeros movimientos clandestinos de alcance nacional que emplearon el terror como arma revolucionaria: naródniki rusos, nacionalistas radicales irlandeses, macedonios, serbios o armenios y anarquistas de la «propaganda por el hecho»[52]. El terrorismo utilizado en el mundo contemporáneo es un fenómeno esencialmente distinto del asesinato político practicado en las edades Antigua y Moderna. Aunque, como hemos dicho, el terror institucional aparece ligado al poder político desde épocas remotas, el terrorismo como estrategia política permanente y consistente tiene su origen en la época contemporánea, en relación con cambios sustanciales en el ordenamiento político y social, y con importantes hallazgos tecnológicos que cambiaron radicalmente la administración y la percepción del hecho violento. Los progresos realizados en la segunda mitad del XIX en términos de técnica de explosivos contribuyeron sensiblemente a la eclosión de movimientos terroristas que desplegaron una forma de lucha de coste poco elevado y con un potencial de destrucción multiplicado. Por ejemplo, tras el empleo de las «máquinas infernales» a inicios del siglo XIX y la aparición de las más manejables bombas Orsini en los atentados de los años 1850, el descubrimiento de la nitroglicerina en 1846 hizo aún más sencillo el transporte y la colocación de artefactos explosivos de mayor potencia. Como dice Gordon H. MacCormick:

En torno al cambio de siglo, los terroristas experimentaron con un amplio número de distintas tecnologías de armamento, desde explosivos mejorados, granadas de nitroglicerina (la especialidad particular del joven y brillante diseñador de bombas ruso N. I. Kibalchich) hasta varios tipos de venenos, máquinas incendiarias, espoletas y mecanismos detonadores, y nuevos y mejores medios de emplearlos[53].

La invención de la dinamita por Alfred Nobel en mayo de 1862 fue, sin duda, uno de los puntos de inflexión en la historia del terrorismo, ya que ofrecía muchas ventajas para la ejecución de un atentado terrorista de gran envergadura: fácil manejo, fiabilidad y una explosión sonora y destructiva, apta para sembrar el miedo. En 1876, la noticia del descubrimiento de la dinamita fue acogida por los militantes anarquistas y revolucionarios en Rusia como el inicio de una nueva era, y quizás fue decisivo para la conversión de muchos populistas al terrorismo[54]. Naródnaia Vólia fue la primera organización terrorista en emplear la dinamita a gran escala, utilizando el fulminato de mercurio como detonador, pero su manipulación resultaba peligrosa, y ello produjo víctimas entre los mismos terroristas rusos o irlandeses. La gelignita (compuesto de nitroglicerina o nitrocelulosa) y el explosivo plástico inventado en 1875, y constituido de un 93 % de dinamita y un 7 % de colodión, hicieron que los artefactos fueran todavía más manejables, seguros y menos masivos. No cabe duda de que, tanto como las nuevas doctrinas revolucionarias, los nuevos explosivos y la mayor accesibilidad a armas de fuego más pequeñas, fiables y manejables contribuyeron fuertemente al desarrollo de los movimientos anarquistas y populistas en Francia, Rusia o los Estados Unidos. Como afirmaban los nihilistas a fines del siglo XIX, el revólver y la dinamita se convirtieron en los grandes elementos de igualación de la violencia subversiva frente al poder constituido; el arma «democrática» definitiva que permitiría a los revolucionarios la utilización de los «instrumentos de la ciencia» para superar el abrumador poder coactivo del Estado[55]. El revólver o incluso el puñal, empleados contra Carnot, Cánovas o Isabel de Wittelsbach, siguieron siendo las armas preferidas del terrorismo individual, aunque la posibilidad de asesinar al zar Alejandro II mediante un atentado con arma de fuego fue rechazado por los narodovol’tsy porque podía ser interpretado como un asesinato ordinario, y no como una nueva y significativa etapa en el movimiento revolucionario. Además, con los nuevos explosivos se podía atacar con mayor eficacia los centros neurálgicos de la moderna sociedad industrial: las fuentes de energía y producción, los transportes y los sistemas de comunicación.

Del mismo modo que el terrorismo de fines del siglo XIX está íntimamente vinculado a la invención de la dinamita, también aparece como un eco de las importantes mutaciones anejas al proceso de modernización de las sociedades occidentales, como la urbanización, la industrialización y el crecimiento demográfico, que desorganizaron las estructuras comunitarias y las viejas pautas de trabajo y producción, haciendo superfluos muchos antiguos oficios vinculados a la agricultura y al artesanado, y disminuyendo la seguridad tradicional. Estos fenómenos produjeron tensiones muy diversas, que fueron desde la desestructuración del núcleo familiar al paro, la proletarización o la delincuencia. Pero, en general, los cambios estructurales actuaron en una primera instancia como freno de la violencia colectiva, ya que los individuos implicados en los mismos no habían creado aún una identidad colectiva, ni forjado los instrumentos necesarios para abordar una lucha coherente. Sería a medio plazo cuando la urbanización alentase la acción política, al agrupar a los individuos en grandes bloques homogéneos de sociabilidad (fábricas, barrios obreros), facilitar la formación de asociaciones de intereses (partidos, sociedades de socorro, sindicatos) y aproximar a la población a los focos del poder central, mientras que, en respuesta, las autoridades se vieron obligadas a adoptar nuevas estrategias y tácticas para controlar los eventuales movimientos de disidencia[56].

El desarraigo producido con la emigración reciente; los bajos salarios y beneficios rendidos por estas pequeñas industrias donde convivían posturas solidaristas y paternalistas; el acoso creciente de la dinámica industrial capitalista (con el impulso al libre juego de las fuerzas productivas en condiciones de alta competitividad) sobre un mundo artesanal en declive irremisible; los cada vez más frecuentes contactos entre grupos de conspiradores anarquistas, populistas o nacionalistas; la intransigencia de los patronos y la ya citada represión sistemática sobre el asociacionismo de clase son, entre muchas otras, circunstancias que decidieron a estos grupos a adoptar un tipo de lucha clandestina, mejor adaptada a los requerimientos de la moderna disidencia frente a un Estado reforzado en sus instrumentos predictivos, preventivos y represivos de control social.

Lo verdaderamente notable —y chocante solo en apariencia— es que esta primera oleada de terrorismo no asoló Europa en un período de desorden revolucionario, sino en una época caracterizada por el auge del socialismo reformista, la expansión de los sindicatos organizados y el predominio de gobiernos conservadores pero receptivos hasta cierto punto a los requerimientos políticos y sociales de la población, que trataban de llegar a acuerdos con unos grupos de oposición empeñados en reformas pacíficas, mientras que los movimientos subversivos de tipo antiburgués continuaban siendo francamente minoritarios. Sin embargo, el terrorismo brotó allí donde los cambios políticos pacíficos habían despertado expectativas de inmediata transformación social, o donde la expansión económica fruto de la segunda revolución industrial había ahondado las diferencias entre ricos y pobres, y promovido fenómenos de gran repercusión social y cultural, como la urbanización acelerada, la secularización o la emigración en masa a los centros fabriles. La «pacificación» de la clase obrera y la entrada del socialismo en la senda del legalismo parlamentario permitieron que los trabajadores pasaran a ser considerados como un grupo de interés más, y no ya como una clase capaz de representar a toda la sociedad e impulsar su transformación por métodos violentos. Con la convicción de la imposibilidad de un socialismo obtenido por métodos evolutivos y de la ineluctabilidad de una guerra mundial imperialista, una minoría de jóvenes anarquistas y nacionalistas se organizó en pequeños grupos de combate, decidida a representar y a defender por la violencia a los sectores sociales marginados de los beneficios de la industrialización, incluso sin la aquiescencia o la participación activa de sus eventuales clientes[57]. Nacía así la era del terrorismo individual, que puede ser definido como:

Un sistema de moderna violencia revolucionaria dirigida contra las personalidades dirigentes del gobierno o las instituciones (o cualquier otro objetivo humano) […] Este método difiere de la conspiración política tradicional para el asesinato en que, en esencia, no está dirigido contra individuos que son considerados obstáculos para la toma del poder o enemigos jurados de la organización, sino más bien contra el conquistador extranjero, el orden social, el poder establecido representado en esos individuos […] Una de las más claras manifestaciones del moderno «terror individual» es su carácter impersonal. Trata de sembrar desorden y pánico, minar y comprometer la seguridad de gobernantes y regímenes, y servir como punta de lanza de la revolución agitando a las masas con actos ejemplares y la creación de cuadros revolucionarios adiestrados para apoyar la lucha[58].

Las justificaciones ideológicas del terrorismo individual fueron elaborándose muy lentamente, a medida que el revolucionarismo romántico entraba en declive. Tras los descorazonadores resultados obtenidos por la insurrección de masas al estilo blanquista o mazziniano, desde mediados del siglo XIX comenzó a plantearse la viabilidad revolucionaria de las acciones violentas individuales. Junto a Blanqui o Marx y Engels, la tercera propuesta que marcó el ocaso del guerrillero tradicional es el ensayo Der Mord (Asesinato) escrito en 1848 y publicado al año siguiente por el activista alemán Karl Peter Heinzen (1809-1880), y que ha sido descrito como «la más importante declaración ideológica del terrorismo primitivo»[59]. Tras las revoluciones europeas de 1848, Heinzen, ya emigrado a América, consideraba que las autoridades eran demasiado poderosas para que un levantamiento armado tuviera éxito. En consecuencia, el revolucionario debía aceptar que «el asesinato es el principal instrumento del progreso histórico», que había sido introducido por el Estado como práctica política, lo que justifica la respuesta asesina de los revolucionarios, a través del empleo de las nuevas sustancias explosivas.

La violencia individual era la única salida posible a una cruenta represión oficial. Heinzen elaboró una filosofía del tiranicidio que se convirtió en la primera justificación teórica plenamente desarrollada del terrorismo moderno[60], al asegurar que la eliminación física de cientos o miles de personas podía seguir contribuyendo a los más altos intereses de la Humanidad, cuyo camino debía «pasar a través del cénit de la barbarie»:

Tomamos como principio fundamental, como nos han enseñado nuestros enemigos, que el asesinato, a la vez de individuos y de masas, es todavía una necesidad, un instrumento irremplazable en el cumplimiento de la historia […] Si tienes que dinamitar la mitad de un continente y derramar un océano de sangre con el fin de destruir al partido de los bárbaros, no tengas escrúpulos de conciencia. No es un verdadero republicano quien no está dispuesto a pagar gustosamente con su vida la satisfacción de exterminar a un millón de bárbaros[61].

Los revolucionarios debían dedicarse «al estudio del asesinato y refinar el arte del asesinato hasta el grado más alto posible». El objetivo era crear un ambiente de inseguridad en el que «los bárbaros teman por sus vidas cada hora del día o de la noche», hasta el punto de creer que «cada sorbo de agua, cada bocado de comida, cada cama, cada arbusto, cada adoquín, cada fardo de paja, cada palo, cada alfiler, puede ser un asesino». El llamamiento de Heinzen a «asesinar a los asesinos» e infundir un ambiente de miedo permanente sería asumido como estrategia de acción preferente por los terroristas radicales del siguiente medio siglo. De hecho, Der Mord fue publicado varias veces en el periódico Freiheit de Most, incluso tras el asesinato del presidente McKinley[62].

4. EL NIHILISMO Y LAS DIVERSAS ETAPAS DEL TERRORISMO POPULISTA RUSO

Tras señalar al tiranicidio como punto de partida de su propuesta subversiva, Heinzen puso los fundamentos filosóficos del terrorismo moderno, conciliando los principios de la moral tradicional, donde el asesinato estaba proscrito, con los expedientes políticos que justifican la revolución[63]. El activista político comenzó entonces a constatar la importancia de la «publicidad» suscitada por sus gestos violentos, que desde inicios de siglo iban adoptando forma «teatral» con las espectaculares acciones del nihilismo ruso. En la década de 1860 la doctrina nihilista había sido difundida desde las páginas de la revista Rousskoie Slovo (La Palabra Rusa) de Dimitri Pisarev, que preconizaba «la negación, en nombre de la libertad individual, de todas las obligaciones impuestas al individuo por la sociedad, la familia y la religión»[64]. El término «nihilismo» ya había sido empleado en el siglo XVIII por Friedrich Heinrich Jacobi, Jean-Paul Richter, Sébastien Mercier y en el XIX por el novelista Iván S. Turgeniev en su obra Padres e hijos (1862[65]). La izquierda hegeliana (Bruno Bauer y Max Stirner, seudónimo de Caspar Schmidt) lo cargó de un significado polémico centrado en la exaltación del individualismo filosófico, para difundirse con posterioridad al resto de Europa como sinónimo de un populismo terrorista ruso que combinaba la violencia con un fondo de religiosidad y ascetismo típicamente eslavo. En la obra Der Einzige und sein Eigentum (El Único y su propiedad, 1845), Stirner señalaba que el crimen estaba ligado dialécticamente a la legalidad, y expresaba la actitud del Yo frente el Estado. El crimen no era sino la negación del carácter sagrado del Estado y del orden político, y la reivindicación de la autonomía individual sin freno. Por otra parte, Stirner distinguía entre la revolución que pone sus esperanzas en una modificación de las instituciones por vía violenta y la rebeldía individualista, que pretende superar este constreñimiento institucional librándose de todos los tabúes[66]. El nihilista no cree en nada, no reconoce ninguna autoridad y niega todos los valores reconocidos, mientras que el revolucionario cree en el pueblo y lucha por los derechos del hombre. Estas violentas acciones demostrativas fueron imitadas por las minorías nacionalistas radicales y por los grupos anarquistas, deslumbrados además por el espectacular aumento del potencial destructivo de los nuevos explosivos.

Durante la década de 1860, y especialmente con el freno a la voluntad reformadora del Estado zarista tras la liberación de los siervos en 1861, la intelligentsia rusa comenzó a especular con la violencia regicida como un medio apropiado de emancipación política y social. La impresión que causó el asesinato de Lincoln el 14 de abril de 1865 entre los estudiantes populistas radicales se puede constatar por el hecho de que la frase pronunciada por John Wilkes Booth —Sic semper tirannis, lema del estado de Virginia— se convirtió en el mot d’ordre de los nuevos terroristas individualistas. En 1864 se impulsó entre los aristocráticos estudiantes de secundaria de Moscú el grupo clandestino «Organización», que alcanzó su apogeo con medio centenar de adherentes, y en cuyo seno se constituyó el «Infierno», núcleo místico-religioso-conspiratorio-terrorista antigubernamental y antiterrateniente dirigido por Dimitri Karakozov, autor de un atentado fallido contra Alejandro II el 4 de abril de 1866[67]. Estas primeras acciones clandestinas abrieron el camino al terrorismo nihilista como nuevo instrumento de lucha revolucionaria. El principal doctrinario del nihilismo fue el escritor Nicolai Tchernychevski, que escribió en prisión la novela Qué hacer, publicada en 1863, donde el personaje de Rajmetov representaba a la perfección el modelo de revolucionario profesional ascético, inconmovible en su fe, dedicado en cuerpo y alma a su misión, y decidido a intervenir violentamente en la vida de los otros, que prefigura los valores del Catecismo revolucionario del tándem Bakunin-Necháev.

Necháev y el Catecismo revolucionario

El terrorismo como «ciencia de la destrucción» y de la guerra a muerte contra la sociedad sería propugnado de forma sistemática por Sergei Gennadevich Necháev (1847-1882), situado en el cruce de caminos entre el populismo, el anarquismo y el nihilismo. El contraste existente entre el furibundo fatalismo nihilista de este y la negación bakuninista del orden existente pero salvando la fe en la naturaleza humana, hace difícilmente comprensible el extraño influjo que la personalidad de aquel ejerció sobre el viejo luchador anarquista, a quien conoció en el exilio de Ginebra con Herzen y Ogarev a inicios de abril de 1869. Durante ese verano, Bakunin avaló con su autoridad e incluso con su firma opúsculos donde se renegaba de toda moral en pro de la revolución violenta. En Cómo se manifiesta la cuestión revolucionaria, se alababa el contenido revolucionario del tradicional bandolerismo ruso al estilo de los movimientos campesinos liderados en los siglos XVII y XVIII por Sten’ka Razin (1670-1671) o Jamelian Pugachëv (1773). En Principios de la revolución (1869) se afirmaba que «no podemos admitir más actividades que las que tienen por objetivo el exterminio; pero reconocemos que esas actividades pueden prohijar los procedimientos más variados: el veneno, el puñal, la soga, etc…»[68]. El fruto más polémico de esta colaboración fue el famoso Catecismo revolucionario (1869), un conjunto de 26 reglas o consejos prácticos para la conspiración y la lucha clandestina, cuyos puntos iniciales glosaban las virtudes morales del activista hacia sí mismo y hacia los demás: entrega, disciplina, sentido de la jerarquía y fidelidad, pero también odio, crueldad, maquiavelismo y cinismo. El Catecismo revolucionario es, sobre todo, un simple ejercicio de técnica, cuyo principal epígono sería el Minimanual de la guerrilla urbana escrito por Carlos Marighella un siglo más tarde. Según Necháev, entre el revolucionario y la sociedad se libraba «una guerra a muerte, incesante, irreconciliable», que debía ir dirigida a la salvación del pueblo. Pero el activista era un hombre solitario, que había elegido la participación directa en la lucha de clases. El papel esencial del revolucionario no era implicarse en una acción de masas, ni ayudar a las clases explotadas a tomar conciencia de su situación. El nihilista actuaba sobre la praxis desde fuera, alentando de forma indirecta movimientos de protesta que precipitaran una situación revolucionaria. Su objetivo era provocar un vasto movimiento subversivo «que destruya las raíces de todo lo establecido, que aniquile en Rusia todas las tradiciones estatales, los órdenes y las clases». Para el triunfo de este plan, Bakunin y Necháev no solo postulaban medidas draconianas como la confección de «una lista de condenados a muerte, y ejecutar la sentencia según el orden de sus correspondientes iniquidades», sino que proponían también un «acercamiento al pueblo», sobre todo a aquellos elementos de la vida popular caracterizados por su continuo espíritu de rebelión contra el poder del Estado zarista: «el mundo libre de los bandidos, el único auténtico y revolucionario en Rusia»[69].

La visión, actualizada por el romanticismo, del bandidaje como cauce de la protesta social primitiva (los terroristas de fines del XIX estaban aún influidos por la tradición romántica del mismo modo que Robespierre lo estuvo por la Ilustración), y la personificación en estos hombres desesperados del enfrentamiento entre el código de valores del Estado y el de la comunidad, o de rasgos personales positivos como la generosidad, el carisma e incluso el heroísmo, tenía raíces muy profundas en la memoria y el comportamiento colectivo de las clases populares, sobre todo en el ámbito rural[70]. Este reflejo de rebeldía individual fue asumido tanto por el blanquismo como por el populismo ruso, y décadas después alimentaría el mito de delincuentes-terroristas como Ravachol, Duval, Jacob o la banda de Bonnot entre los estratos más bajos de la población recién incorporada a las ciudades, al igual que el pistolerismo en la Cataluña de posguerra, el terror sin motivación política en Rusia en 1905-1907 o el gangsterismo en Estados Unidos. Algunos autores consideran incluso que la figura de Necháev prefigura la de los «ilegalistas» modernos[71], o que su filosofía del «todo está permitido» es un precedente de las revoluciones totalitarias del siglo XX, donde se instituiría el terror de Estado y se justificarían millones de crímenes en pro de una idea[72].

El terrorismo, que en el pasado no había formado parte del patrimonio intelectual del socialismo antiautoritario, pasó a constituirse en uno de los instrumentos más adecuados para pensar y preparar la revolución. Naturalmente, los marxistas atacaron sin piedad estas ideas tan extremadas, atribuyéndolas en exclusiva a Bakunin, quien en un rasgo de su proverbial generosidad irreflexiva, apoyó un plan para organizar en Moscú a partir del otoño de 1869 una fantasmal asociación subversiva titulada Naródnaia Rasprava (La Justicia del Pueblo) de Necháev o la «Sociedad del Hacha», que había sido la presunta destinataria del Catecismo. Esta asociación secreta usurpó por un tiempo el nombre de la AIT, hasta que en el verano de 1870 Bakunin acabó por persuadirse de que Necháev era un fanático sin escrúpulos, tras saberse que la célula terrorista solo había perpetrado un asesinato: el de su correligionario el estudiante Ivan Ivanov, acusado de delación, el 21 de noviembre de 1869[73]. La Naródnaia Rasprava llegó a contar con unas 400 adhesiones, y se mantuvo en activo hasta que la intervención de la policía zarista por el asesinato de Ivanov obligó a la disolución del grupo y a la huida de Necháev del país en noviembre de 1869. Volvió a Suiza, donde fue rechazado por Bakunin y Ogarev, robó documentos de los dos y huyó a Londres, donde trató de inscribirse en la Primera Internacional, pero encontró el veto de Marx. Luego fue extraditado a Rusia en octubre de 1872, procesado y condenado a veinte años de cárcel en la fortaleza de Pedro y Pablo, donde mantuvo contactos con la siguiente generación de terroristas revolucionarios (los narodovol’tsy) antes de morir en 1882.

Zemlia i Vólia

Con la desaparición de Necháev finalizó el ciclo de conjuras alimentadas por la creencia en la resistencia revolucionaria de los campesinos. Pero gracias a su contribución teórica, el terrorismo adquirió esa impronta nihilista que ha sido observable más allá de la Segunda Guerra Mundial. Sus «enseñanzas» fueron escasamente secundadas en la década de 1870 por unos populistas persuadidos de que la violencia individual era un error y que resultaba necesario, siguiendo las doctrinas de ilustres exiliados como Bakunin, Herzen o Lavrov, «ir al pueblo» para que él mismo se emancipase de la opresión zarista. Sin embargo, a fines de esa década, Nikolai P. Ogarev (1813-1870) impulsó desde el exilio una nueva asociación clandestina denominada Zemlia i Vólia (Tierra y Libertad), creada a fines de 1861 por el aristócrata Michel Serno-Sovolievitch y que propugnaba el «reparto negro» de las tierras entre los campesinos. Con unos 50 afiliados y cerca de 150 «compañeros de viaje», Zemlia i Vólia se proponía ayudar a todos los elementos potencialmente revolucionarios de la sociedad rusa, incluidos las sectas religiosas y las bandas criminales, «porque todas expresan la lucha del pueblo contra el orden social existente». También buscaba debilitar y «desorganizar el poder del Estado, sin lo cual ninguna insurrección, por muy bien proyectada que esté, puede tener éxito»[74]. Fascinado por la crónica de la conspiración de Babeuf escrita por Buonarroti, Ogarev se dispuso a continuar por la senda subversiva señalada por el teórico jacobino Pëtr Nikitich Tkachev y por Alexander I. Herzen (1812-1870) en su llamamiento de «ir al pueblo» por todos los medios disponibles. En ese ambiente de misticismo revolucionario se inscribe el movimiento «Acercarse al Pueblo» (Jozhdienie v Narod) del «verano loco» de 1874, cuando varios miles de jóvenes dejaron las universidades para difundir en el sur del país, de donde habían partido las grandes revueltas de Razin y Pugachëv, la buena nueva de un proyecto de emancipación popular para los campesinos. Pero estos se mantuvieron pasivos, mientras que el gobierno efectuaba detenciones en masa sobre los estudiantes y los condenaba en espectaculares juicios en 1877-1878, ayudando de esta manera al alumbramiento de toda una generación de jóvenes rebeldes.

El fracaso de la propaganda en el medio rural y la destrucción de las organizaciones obreras condujeron a los populistas a repensar sus modalidades de acción y a crear un partido que actuase bajo una estricta clandestinidad. Los populistas concebían la acción de pequeños núcleos conspirativos en las grandes ciudades como la única posible en esos momentos. Sin embargo, de la teoría blanquista de una pequeña minoría de «apóstoles» impulsora de un levantamiento bien organizado con apoyo del ejército (el influjo del modelo revolucionario antiabsolutista y de secularización de la idea igualitaria en nombre de los Evangelios propio del movimiento decembrista de 1825 resultaba patente), Zemlia i Vólia pasó al empleo del terror como «vía rápida» para la revolución. En noviembre de 1878 salió a la calle el primer número de Zemlia i Vólia, donde el revolucionario Sergei «Stepniak» Kravchinsky (1852-1895), que como amigo de Malatesta había participado el año anterior en la insurrección italiana de Benevento[75], escribió un editorial donde anunciaba que las masas trabajadoras no podían ser liberadas como resultado de las operaciones perpetradas por los terroristas, sino que estos solo eran la vanguardia militar del movimiento revolucionario. Sus miembros realizaron en 1878 (el año de los atentados de Passanante contra el rey de Italia, de Oliva contra Alfonso XII y de Hödel y Nobiling contra el káiser) varios hechos demostrativos de fuerte repercusión, como el atentado perpetrado el 24 de enero contra el sanguinario prefecto de policía de San Petersburgo, general Feodor Feodoriovich Trépov, por parte de Vera Zasulich, una terrorista decidida a dar cumplida respuesta a una serie de procesos pretendidamente ejemplares contra un gran número de sus camaradas[76].

Con este acto afloró finalmente el terrorismo populista como doctrina en su versión rusa de la «propaganda por el hecho». Tanto las autoridades zaristas como el ideólogo populista Gueorgui Valentínovich Plejánov (1856-1918) interpretaron ese hecho como un fracaso de los naródniki en la movilización de las masas, especialmente en la dirección de una revuelta campesina. El terrorismo populista ruso se inició con actos de autodefensa al resistirse a los arrestos (por el asesinato de infiltrados y confidentes) y como reacción contra los policías que maltrataban y torturaban a los revolucionarios detenidos, como sucedió el 15 de agosto de 1878 cuando Kravchinsky abatió en San Petersburgo al general de la Tercera Sección de la Gendarmería Nikolai V. Mezentzov, jefe de la policía secreta zarista. Los atentados se recrudecieron en el sur del país, sobre todo en Ucrania. El 24 de mayo un miembro del grupo populista de Kiev apuñaló al jefe de policía local barón Heyking, pero su líder Valerian Osinski fue detenido por la Tercera Sección de la policía zarista y ejecutado el 14 de mayo de 1879. Tras su muerte se creó en Lipetsk el comité ejecutivo de lo que luego sería el Naródnaia Vólia. El 9 de febrero de 1879 Grigori Goldenberg atacó al príncipe Dimitri Kropotkin, gobernador de Jarkov y primo del pensador anarquista. En marzo se asesinó al coronel de la Gendarmería Knoop en Odesa y se atacó sin éxito al general Aleksandr Drenteln en San Petersburgo. En abril se atentó contra Tcherkov, gobernador de Kiev, y se asesinó al jefe de la policía de Arkhangelsk. Esta oleada de atentados culminó con el intento de asesinato del zar Alejandro II por el zemlevol’tsy Alexander K. Soloviev el 2 de abril de 1879, que obligó al gobierno a tomar medidas de emergencia, como la ampliación de la jurisdicción militar, arrestos y exilios arbitrarios, etc.

Las cruentas actividades de Zemlia i Vólia inspiraron, por medio de la tradición oral, los hechos de diversos círculos revolucionarios populistas de la década de 1880[77]. La organización de Zemlia i Vólia estaba inspirada en la de un Estado centralizado que se preparaba para asestar un golpe de fuerza tras una catástrofe nacional (derrota bélica, quiebra fiscal o revuelta popular), y mientras tanto debilitaba al régimen con una campaña de violencia organizada por Aleksandr D. Mikhailov, arquetipo del terrorista populista, bajo cuyo mando el grupo fue ganando en organización a través del control recíproco de cada uno de sus miembros en una norma de disciplina interna que prefigura la bolchevique. En su reglamento interno se buscó un compromiso entre esa rígida organización centralizada y una cierta autonomía para grupos e individuos como Osinski. La dirección corría a cargo de un Comité Ejecutivo formado por jóvenes de menos de treinta años como Andrej I. Zheliabov o Aleksandr Tichomirov, y también se crearon secciones provinciales dirigidas por un «grupo central local» que no debía estar compuesto de más de cinco miembros, y que tenía que constituir secciones especiales de propaganda entre los intelectuales, jóvenes y trabajadores, además de secciones que adoptaron la técnica de la vida clandestina y la táctica terrorista, con una preparación minuciosa de los atentados ejecutados de forma autónoma de la dirección central.

En el verano de 1879, el debate sobre la cuestión del terror llevó por fin a una escisión en el seno del populismo ruso: mientras que Plejánov lo desaprobaba, Andrej I. Zheliabov y otros proponían un golpe al estilo jacobino utilizando el terror solo para dar un escarmiento al zar y a sus mercenarios. Bajo la influencia de estos teóricos, la tendencia mayoritaria del populismo ruso viró entonces hacia la lucha armada, al constatarse que, en las duras condiciones de represión que imponía el zarismo, las operaciones terroristas eran mucho más eficaces para promover la revolución, dada la tremenda publicidad que proporcionaban. El congreso de Zemlia i Vólia celebrado el 20 de junio de 1879 en Tambov y Voronej, decidió dar el paso definitivo del asesinato del zar, lo que produjo en agosto la división del partido en un grupo francamente terrorista (Naródnaia Vólia) y otro reformista abocado a la propaganda de masas llamado «Reparto de las tierras negras» (Cherny Peredel) dirigido por Plejánov, quien tras pasar al exilio al año siguiente acabó por convertirse en el introductor del marxismo en Rusia.

Naródnaia Vólia

En el otoño de 1879 la escisión ya era un hecho consumado. El terrorismo como estrategia instrumental elegida de forma deliberada en función de un cálculo racional comenzó en Rusia a partir de esa fecha[78]. Naródnaia Vólia (Voluntad del Pueblo), la organización secreta fundada en esa fecha bajo la dirección de Mikhailov, estaba apoyada por estudiantes y jóvenes liberales[79]. En el borrador de su primera convención, que se celebró en junio de ese año, habló de luchar «con los mismos medios empleados por Guillermo Tell». El Comité Ejecutivo Central de Naródnaia Vólia, compuesto de 20-22 individuos, rodeados de unas 500 personas en provincias y unos 3000-4000 simpatizantes[80], consideraba que si un número de entre 10-15 dirigentes zaristas eran asesinados al mismo tiempo, el gobierno sentiría pánico y perdería su libertad de acción, facilitando la ejecución de un levantamiento de masas. Para los dirigentes narodovol’tsy, «la actividad terrorista consiste en la destrucción de las personas más nocivas del gobierno, la protección del partido frente a los espías, y el castigo de la ilegalidad y la violencia oficial en los casos más prominentes e importantes en que se manifieste. El objetivo de esta actividad es destruir el prestigio del gobierno, dar continuas pruebas de la posibilidad de mantener una lucha con el gobierno, levantar de ese modo el espíritu revolucionario en el pueblo y, finalmente, formar un cuerpo adaptado y acostumbrado a la guerra»[81]. Pero no todos los militantes eran terroristas, sino que del medio millar de miembros activos del partido, solo un 10 % intervino activamente en ataques y asesinatos.

Tras sufrir repetidas desarticulaciones como consecuencia de varios complots fracasados, Naródnaia Vólia constató la imposibilidad de emprender una insurrección popular con el apoyo activo de los intelectuales. Consideraron entonces que la iniciativa de la revolución política debía ser tomada por un partido social-revolucionario férreamente disciplinado y centrado en un único objetivo: la preparación de un complot que asestara un «golpe al centro» —esto es, al zar— y canalizara una insurrección capaz de poner al Estado en manos del pueblo. Tanto para los narodovol’tsy como para los regicidas de la década anterior, la muerte del zar debía ser la conmoción que produjera una revolución social, o por lo menos obligara al gobierno a entrar por el camino de concesiones sustanciales a los campesinos. Pero aparte de este empeño fundamental (Alejandro II fue solemnemente condenado a muerte por Naródnaia Vólia el 26 de agosto de 1879, y durante el otoño y el invierno siguientes todos los esfuerzos de la organización se concentraron sobre este asesinato trascendental), el grupo populista nunca teorizó sobre las fases previas de su acción revolucionaria ni sobre el terrorismo, la conspiración o la conquista del poder por vía insurreccional. En la fase preparatoria de la revolución, la conjura era un instrumento indispensable, pero no se argumentó claramente si la subversión consistía en acciones aisladas para desorganizar gradualmente el poder autocrático, en una guerra de guerrillas, un golpe de mano para apoderarse del poder central o un levantamiento militar clásico. Lo que sí parecía evidente era que el peso de la insurrección ya no descansaba sobre la capacidad de rebeldía del campesinado, sino en el poder demoledor de un movimiento urbano dirigido por un partido bien organizado. A tal fin, y además de un núcleo secreto de oficiales del ejército o un embrión de «milicias» obreras, Naródnaia Vólia contaba con un núcleo de combate mucho más selecto o «Comité Ejecutivo», encargado de concentrar todos los esfuerzos en sentido terrorista[82]. Para un narodovol’tsy como Nikolai A. Morozov (1854-1946) el «terror puro» era un método de combate completamente nuevo, mucho más eficaz en sus costes que la anticuada lucha revolucionaria de masas. En su ensayo La lucha terrorista (1880), Morozov preconizaba el uso preferente del asesinato político sobre la actuación de los movimientos revolucionarios de masas por el hecho de que solo así se castigaba a los verdaderos responsables de los hechos punibles (los tiranos), y porque «la revolución terrorista es la única forma justa de revolución»[83]. Se trataba de proporcionar «un fundamento teórico al terrorismo, que hasta la fecha todo el mundo ha comprendido a su manera», y aplicar directamente la táctica para conseguir la desmoralización, el debilitamiento y la desorganización final del Gobierno:

La lucha masiva y espontánea contra la opresión está marcada, a través de la historia, por otra que, aunque inconsciente y menos sistemática, ha sido continua e irreconciliable. Este otro movimiento se hace realidad gracias al gran número de tentativas de asesinato. Cada siglo, esta lucha se vuelve más enérgica y más activa; y nunca las tentativas de atentado contra la vida del zar han sido tan numerosas como en estos treinta últimos años. He aquí los hechos vinculados a la lucha subterránea desde 1848, sin tener en cuenta numerosos asesinatos y tentativas de asesinato de hombres de Estado en Rusia y en América: tentativa de atentado contra el conde de Módena, contra un príncipe prusiano y contra la reina Victoria, heridas al emperador Francisco José en Viena, tentativa contra Víctor Manuel, asesinato de Fernando III de Parma, tentativa contra la reina de España, heridas de bayoneta a Fernando de Nápoles, asesinato de la reina de Grecia, asesinato del príncipe Miguel de Serbia, tentativa contra Humberto, dos tentativas contra el rey Alfonso durante su breve reinado, cuatro contra Guillermo de Prusia de las cuales dos lo han herido gravemente, seis tentativas contra Napoleón III de todas las maneras posibles, otras seis contra Alejandro II, una de las cuales fue descubierta justo a tiempo[84].

Morozov también proclamó que:

La lucha terrorista tiene precisamente la ventaja de que puede actuar de forma inesperada, y métodos y medios que nadie anticipa. Todo lo que la lucha terrorista necesita realmente es un pequeño número de gente y grandes medios materiales. Todo ello supone una forma de lucha verdaderamente nueva. Sustituye por una serie de asesinatos políticos individuales, que siempre dan en el blanco, a los movimientos revolucionarios masivos, donde la gente siempre se enfrenta entre sí por equivocación, y donde una nación asesina a sus propios ciudadanos, mientras que el enemigo del pueblo contempla desde lugar seguro cómo es destruida la organización popular. El movimiento [terrorista] castiga solo a los que son los verdaderos responsables de estos hechos malvados. Por eso, la revolución terrorista es la única forma justa de revolución. Y al tiempo es la forma más conveniente de revolución. Usando fuerzas insignificantes brinda una oportunidad para coartar todos los esfuerzos de una tiranía hasta entonces invicta. «No tengáis miedo del zar ni de los gobernantes despóticos, porque todos ellos son débiles y están indefensos contra el asesinato repentino y secreto», dice a la mente. Nunca antes en la historia se han dado condiciones tan favorables para la existencia de un partido revolucionario y tan exitosos medios de lucha[85].

Kravchinski apoyó estas ideas, pero mantuvo que el terrorismo en sí mismo no podía desencadenar una revolución, ya que «los terroristas no son sino la vanguardia militar del movimiento revolucionario»[86]. Con todo, la obra de Morozov marca la transición del tiranicidio clásico hacia modalidades más extremas de «violencia redentora».

Por su parte, Gerasim Romanenko, que en 1880 publicó en Ginebra un panfleto con el seudónimo de G. Tarnowski denominado Terrorizm i rutina, proclamaba que el terrorismo era una acción más moral y efectiva que una revolución sangrienta, ya que reducía los sufrimientos del pueblo al mínimo al producir un número de víctimas infinitamente menor que la lucha de masas. Unas cuantas personas inocentes podían sufrir las consecuencias de los atentados, pero eso era inevitable en una guerra[87]. El terrorismo era, por lo tanto, la aplicación de la ciencia moderna de la eficacia a un mínimo coste, la lucha revolucionaria entendida como «arma del pobre». En realidad los narodovol’tsy, que se autopercibían como jacobinos a la cabeza de un movimiento revolucionario popular no necesariamente liberal[88], eran «liberales con bombas» o demócratas radicales que se contentaban con el establecimiento de un régimen constitucional.

Tras el ataque con explosivo contra el Palacio de Invierno el 5 de febrero de 1880, que causó 11 muertos y 56 heridos, el régimen zarista reaccionó militarizando el país con la creación de seis gobiernos generales y una Comisión Suprema dotada de poderes ilimitados para combatir la subversión y dirigida por el conde Mijail LorisMelikov, que salió ileso de un atentado el 20 de febrero de 1880. La desarticulación de buena parte de la organización clandestina por la acción de un traidor y la caída de Mikhailov el 20 de noviembre de 1880 forzó a los narodovol’tsy a ejecutar su plan supremo. El cruento asesinato de Alejandro II el 1 de marzo de 1881 con artefactos explosivos de alta potencia tuvo una enorme repercusión internacional, ya que lanzó a un sector del movimiento obrero por la senda del individualismo violento[89]. El proceso a los magnicidas se saldó con seis condenas a muerte, de las que fueron ejecutadas cinco el 3 de abril siguiente.

El asesinato del zar, junto con los frecuentes atentados de los populistas rusos contra los generales-gobernadores y los jefes militares encargados de la represión antiobrera volvieron a poner de actualidad el atentado terrorista como forma de acción revolucionaria, sobre todo entre los anarquistas, y una década más tarde por algunas comunidades oprimidas en Europa del Este (polacos, letones, finlandeses o georgianos) y del Oeste (irlandeses). Tras el magnicidio, el nuevo zar Alejandro III creó en 1881 la Okhrana (Okhrannye Otdeleniia, Secciones de Protección), cuyo jefe, el coronel Georgi Sudeikin, fue asesinado el 16 de diciembre de 1883 gracias a los informes facilitados a los populistas por un confidente que él mismo había reclutado. Sin embargo, los arrestos de la primavera-verano de 1881 eliminaron las organizaciones centrales de Naródnaia Vólia en Moscú y San Petersburgo. La estructura militar populista también fue desarticulada en la primavera de 1883, y del último Comité Ejecutivo de la organización solo Vera Figner logró permanecer en libertad. Naródnaia Vólia sufrió en los años de su actividad 72 juicios que implicaron a 395 acusados, con 19 sentencias de prisión, 159 a trabajos forzados, 57 a exilio, 52 absoluciones y 31 ejecuciones[90]. Doscientos cincuenta y ocho círculos fueron descubiertos por la policía entre 1881 y 1887, y 12 688 activistas recibieron diversas condenas[91].

A partir de ese momento, el Comité Ejecutivo de Naródnaia Vólia entró en declive con el dominio absoluto de los radicales partidarios de un «golpe al centro». En pleno proceso de sectarización, el asesinato del fiscal del Tribunal Militar de Odesa, Fedor Strelnikov, el 18 de marzo de 1882, condujo a que el terrorismo populista desapareciera virtualmente de Rusia hasta inicios de siglo, a pesar del surgimiento ocasional de pequeños grupos armados de carácter clandestino. En 1885 en San Petersburgo, una «sección terrorista» de Naródnaia Vólia proyectó asesinar al zar Alejandro III, pero el complot fue descubierto el 1 de marzo de 1887, y la investigación condujo a la desarticulación de un grupo autodenominado Facción Estudiantil de la Voluntad del Pueblo, fundado entre otros por Aleksandr Ulianov, quien fue ejecutado con otros cuatro compañeros en la horca el 8 de mayo de 1887, el mismo año en que Naródnaia Vólia desapareció como partido. Es posible que la inútil muerte de Ulianov persuadiera a su hermano Vladimir Ilitch para repudiar el terrorismo y tomar otra vía distinta hacia la revolución.

La Organización de Combate del Partido Socialista-revolucionario

Entre 1895 y 1900, los grupúsculos activistas surgidos de Naródnaia Vólia retomaron las consignas de los populistas y se designaron como socialistas y revolucionarios. De 1897 a 1899 trataron de agruparse en un partido, el Socialista-revolucionario, constituido en Jarkov en 1900, como actor principal de la siguiente etapa de terror ruso. Su programa tenía como objetivo la creación de un régimen democrático, pero en paralelo construyó una máquina de guerra que de 1900 a 1908 protagonizó la segunda oleada terrorista de la Rusia moderna. Sus militantes, procedentes en buena parte de Naródnaia Vólia, consideraban que el terrorismo sistemático, unido a otras formas de lucha abierta de masas como los disturbios industriales, los levantamientos y las manifestaciones de campesinos, conducirían a la desorganización del enemigo. Pensaban que el terror era solo una forma de acción revolucionaria, y debía integrarse en el movimiento de masas. Se argumentaba que, en las condiciones de opresión existentes, el terrorismo era inevitable en Rusia, y que este modo de acción violenta formaba parte de una estrategia política más amplia que culminaría en una insurrección popular. Para los social-revolucionarios…

La acción terrorista no representa un sistema independiente de lucha, susceptible de romper por su propio volumen intrínseco la resistencia del enemigo y forzarle a entregar las armas. Los actos terroristas no deben constituir una serie de empresas aisladas que monopolicen la lucha inmediata contra el enemigo. Por el contrario, en nuestra concepción, no representan sino un elemento de esa lucha, íntimamente unido a otras, y es precisamente en esa vinculación constante y continuada cuando toma todo valor y todo vigor […] El terror no es sino uno de los medios técnicos de la lucha y es solamente en acción común con otros medios cuando se puede mostrar eficaz en la medida deseada. Aumenta la importancia de los otros métodos de lucha aplicados paralelamente, y su propia importancia se acrecienta gracias a la influencia de estos últimos […] Los golpes de terror deben estar seriamente organizados. Deben estar apoyados por el partido que dirige su acción y que asumirá la responsabilidad moral […] El control y la dirección ejercidos por el partido tendrán como resultado disminuir el peligro de ruptura entre la lucha terrorista por un lado y las otras formas de lucha revolucionaria[92].

Se argumentaba que el terrorismo era inevitable en el contexto de la represión gubernamental y del crecimiento del movimiento de masas, pero se planteaba como un medio de autodefensa[93]. El terror político se consideraba una alternativa provisional a la espera de una acción revolucionaria de masas que tardaba en plasmarse. Aunque, a diferencia de Naródnaia Vólia, el Partido Socialista-revolucionario tenía vocación de partido de masas, sus actividades terroristas, que trataron de separarse del trabajo de agitación, condujeron inevitablemente a la separación entre la élite dirigente y las capas populares[94]. Como Naródnaia Vólia, el partido disponía de un Comité Central que controlaba los comités locales (una decena en 1902, más de 35 en 1903), definía la actividad del partido, editaba y distribuía la literatura de propaganda y guiaba las campañas de agitación en medios obreros y militares. Pero, en consonancia con su doble faz subversiva, en el otoño de 1901 los social-revolucionarios dirigidos por Grigori A. Guerchumi pusieron en marcha una «Organización de Combate» (Boevaya Organisatsia) autónoma dentro del partido, compuesta de 12-15 miembros y dirigida por Mijail Gota y desde 1903 por Evno Azef (seudónimo de Evgeni Filipovitch), un agente provocador de la policía zarista[95]. La Organización de Combate perpetró inmediatamente los primeros atentados: asesinato en San Petersburgo de D.S. Sipyagin, ministro del Interior responsable de una masacre en la capital en 1901; muerte el 2 de abril de 1902 del ministro de Educación Bogolyepov por el estudiante Karpovich el 14 de febrero de 1901, y de los gobernadores Obolenski y N.M. Bogdanovich el 6 de mayo de 1903. Tras este último acto, el jefe de la Organización de Combate, Guerchumi, fue detenido por la Okhrana y sustituido por Azef. En agosto de 1904 la Organización de Combate se dotó de sus primeros estatutos:

Art. 1: La Organización de Combate tiene como objetivo luchar contra la autocracia por medio de actos terroristas.

Art. 2: La Organización de Combate goza de una independencia completa desde el punto de vista técnico; posee caja aparte y está vinculada al partido por medio del Comité Central[96].

Ese mismo año emergieron grupos en el partido que favorecieron el uso del «terror económico» en el ámbito agrario (violencia contra los propietarios y sus propiedades al estilo de Razin y Pugachëv) y fabril, junto con diversos tipos de «expropiaciones» centradas en el robo de dinero o de propiedades. Como los populistas de la generación anterior, los activistas social-revolucionarios cultivaban un fuerte irracionalismo que incluía la glorificación pseudorreligiosa de los «héroes vengadores», quintaesencia del honor y del espíritu de sacrificio propios de los iniciados en este tipo de actividades violentas. Continuaron ejercitándose en atentados con explosivos como los que costaron la vida al ministro del Interior, Viacheslav C. Plehwe en Varsovia el 15 de julio de 1904 (a pesar de las advertencias de Azef)[97] y al gran duque Sergei Aleksandrovich (primer consejero del zar y destacado inmovilista) en Moscú el 4 de febrero de 1905[98]. También en 1905 el partido pasó a ejecutar acciones a nivel local y regional a través de «bandas» y «destacamentos volantes» de combate, encargados de preparar los atentados contra jefes y comisarios de policía en los límites de su territorio geográfico[99]. Estos ataques se multiplicaron en el período inmediato a la revolución de 1905, y tras el fracaso de la insurrección de Moscú adquirieron una gran extensión en el curso de los años 1906-1907.

En octubre de 1905, cuando el zar anunció la creación de una Duma como órgano consultivo, los social-revolucionarios emergieron de la clandestinidad, suspendieron sus actividades terroristas y disolvieron su Organización de Combate a pesar de las protestas de Azef y Boris Savinkov[100], que obtuvieron como compensación la dirección de un levantamiento armado en San Petersburgo, que fracasó sin pena ni gloria. A fines de 1905 la ofensiva contrarrevolucionaria del gobierno obligó al Partido Social-revolucionario a boicotear la primera Duma y a reforzar el «terror político centralizado». En el I Congreso celebrado en Imatra (Finlandia) del 29 de diciembre de 1905 al 4 de enero de 1906[101] se planteó sacar al partido de la clandestinidad, pero la propuesta fue ampliamente rechazada. Por el contrario, se preveía una gran explosión agraria que el partido debía preparar mediante sabotajes y desorganización de la administración local[102]. El terror individual dejaba paso a la «preparación técnica de la insurrección» y a la agitación revolucionaria de masas. Se consideró de nuevo la reactivación de la Organización de Combate, pero los intentos de combinar el terrorismo con la movilización de masas condujeron a muchos dilemas tácticos que aceleraron el desmembramiento del partido en 1906[103], cuando tras la disolución de la Duma el 9 de julio, los social-revolucionarios llamaron de nuevo a un levantamiento armado. Escindido entre la agitación abierta y la clandestinidad, el partido acabó por sumirse en un mar de contradicciones que, al desaparecer la esperanza de una insurrección general, le volvió a encaminar por la senda del terrorismo[104].

Con Azef, Savinkov emprendió la reconstrucción de la Organización de Combate con base en Finlandia. Se decidió atentar contra el ministro del Interior Durnovo y el 23 de abril de 1906 contra el general-gobernador de Moscú vicealmirante F.V. Dubásov, que había reprimido la revolución en esa ciudad[105]. Tras este último atentado, Savinkov fue detenido, aunque logró fugarse el 15 de julio. En agosto era agredido el primer ministro Stolypin y moría el general Min, responsable de la represión del movimiento insurreccional organizado por el Soviet de Moscú en diciembre del año anterior. Tras el fracasado asesinato de Solypin, Azef y su segundo Savinkov dimitieron del liderazgo de la Organización de Combate, que fue reformada como Destacamento de Combate del Comité Central encabezado por Lev Silberberg, quien fue detenido en febrero de 1907. Tras la debacle del Destacamento Principal, el Destacamento volante de combate dirigido por Albert Trauberg («Karl») pasó a las órdenes directas del Comité Central, y protagonizó el asesinato de varios directores de prisiones antes de su dispersión. El terrorismo social-revolucionario llegó a su culmen en 1907 a pesar de la desarticulación del grupo central, parcialmente refugiado en Suiza. Durante esos meses menudearon las discusiones en Ginebra entre Azef, Schvéiser, Kaliáev y Savinkov, que decidieron reclamar la independencia virtual de la Organización de Combate respecto del partido, tanto en las cuestiones técnicas como en la infraestructura interior[106]. Temían que el derecho del Comité Central a disolver el grupo armado repercutiera desfavorablemente en su actividad, comprometiendo el éxito de los actos terroristas. Savinkov vivió refugiado en París hasta junio de 1908, alejado de toda empresa terrorista hasta que a fines de dicho mes tomó parte en una tentativa de asesinato del zar planeada por unos marineros de un crucero ruso. Por su parte, Azef volvió a Rusia a fines de 1907 y recuperó el mando de una renovada Organización de Combate, pero tras sucesivos desmantelamientos de las redes terroristas fue desenmascarado como agente doble a fines de 1908[107].

Se fugó de París hacia Alemania el 6 de enero de 1909, y dos días después el primer ministro Stolypin reconoció ante la Duma el papel policíaco de Azef, con quien había entrado en contacto en 1892. Tras este escándalo, la Organización de Combate fue disuelta, y Savinkov propuso la creación de un nuevo grupo clandestino con total independencia técnica y organizativa respecto del partido[108]. Estas vicisitudes marcaron el declive activista de la organización, Si en 1905 pudieron computarse 54 atentados, 82 en 1906 y 71 en 1907, solo hubo cinco actos terroristas entre 1909 y 1911. Entre 1902 y 1911 se perpetraron en Rusia 205 atentados, gran parte de ellos a cargo de la Organización de Combate social-revolucionaria, pero también de los grupos anarquistas de Tchernoie Znamia (Bandera Negra, que creó secciones de combate en el sur, multiplicando las explosiones, expropiaciones y sabotajes antes de que la revolución de 1905 provocase una sangrienta represión), Beznatchalie (Rechazo de toda autoridad) y los anarco-comunistas[109].

En medio de la desmoralización general, una conferencia del partido social-revolucionario celebrada en marzo-abril de 1909 decidió continuar con el terrorismo, pero otorgando gran autonomía a los destacamentos de combate de los comités locales del partido. Como dijo Tchernov:

Nuestros métodos de conducir la guerra terrorista deben estar al nivel de la técnica moderna de la guerra. Puesto que esta técnica no permanece inmóvil […]. Yo no hago sino afirmar que reanudar la lucha terrorista quiere decir, entre otras cosas, efectuar una serie de nuevas investigaciones técnicas, poseer a tal fin un grupo o unos grupos técnicos especiales, buscar la utilización de la última palabra de la ciencia para los fines reales de nuestra lucha. El terror será el terror, en el sentido verdadero del término, solo en el caso en que equivalga a la aplicación revolucionaria de la más alta ciencia técnica en un momento dado[110].

La nueva organización fue encabezada por Savinkov, pero el declive político del Partido Socialista-revolucionario prosiguió de 1910 a 1913. El asesinato del coronel Karpov, nuevo jefe de la Okhrana de San Petersburgo, el 6 de diciembre de 1909 fue el único atentado relevante, ya que las organizaciones locales fueron desmanteladas una a una por una policía política cada vez más eficaz, que a la altura de 1912 mantenía a unos 26 000 agentes pagados, en su mayor parte informadores ocasionales, y un personal permanente de 50 000 hombres[111].

El 11 de septiembre de 1911, Stolypin no pudo escapar con vida en Kiev a otro atentado, el último asesinato político de esta convulsa etapa de la historia rusa. La muerte de Stolypin por Dimitri Bogrov fue el acto de un anarquista que había colaborado con la Okhrana y había sido presionado, para rehabilitarse ante sus camaradas, a ejecutar este atentado. El terrorismo populista fue declinando hasta el conflicto europeo, pero el Partido Socialista-revolucionario resucitó con la Gran Guerra y la revolución de febrero de 1917, donde gozó del apoyo mayoritario en los soviets de obreros y soldados. Savinkov acabó siendo viceministro de la Guerra con Kerenski antes de adherirse a las tropas contrarrevolucionarias del general Kornilov en el momento de su tentativa golpista frustrada de agosto de 1917.

La tercera oleada de terror populista se daría tras la conquista del poder por los bolcheviques. A inicios de 1918, Savinkov creó su propia formación clandestina: la Unión para la Defensa de la Madre Patria y la Libertad, organizada en células de 4-5 personas, jerarquizadas y nutridas de los elementos más combativos de los antiguos social-revolucionarios. Tras haberse retirado del Consejo de Comisarios del Pueblo el 19 de marzo, los socialistas revolucionarios de derecha (los de izquierda estaban aliados con Lenin) pasaron a la resistencia activa, y optaron por denunciar el naciente terror de Estado a través del asesinato político. Trataron de organizar una insurrección con regimientos afines, pero fueron desarticulados a fines de mayo de 1918 por la naciente Cheka en Moscú y Kazán. El 20 de junio, un obrero miembro de un grupo de acción directa socialista-revolucionario asesinó a Moisei Voladarski, comisario del pueblo para la Prensa, Propaganda y Agitación en Petrogrado. Ello no impidió que Savinkov y los miembros de la Unión para la Defensa de la Madre Patria y la Libertad conquistaran Iaroslav en la noche del 6-7 de julio con una milicia improvisada dirigida por oficiales blancos, y se mantuvieran allí bajo el asedio del ejército bolchevique hasta el día 21[112]. Igualmente se organizaron atentados provocativos, como el asesinato del representante diplomático alemán conde Von Mirbach el 5 de julio de 1918, acción con la que se trataba de anular el Tratado de BrestLitovsk y precipitar la reanudación de la ofensiva germana contra Rusia. Cuando Dzerzhinsky supo que el asesino se había introducido en la legación con documentación de la Cheka, acudió a su sede, donde fue detenido por chekistas disidentes. En menos de 24 horas, los guardias rojos lograron liberarle y retomar el control de las instalaciones de la Lubianka, ejecutando a trece policías que a la vez eran delegados social-revolucionarios del Congreso Panruso de los Soviets. De este modo, las primeras víctimas políticas consignadas del Terror Rojo fueron sus propios agentes.

En Ucrania, el terrorismo social-revolucionario se dirigió contra el ocupante alemán (asesinato del comandante en jefe alemán Von Eichorn el 30 de julio de 1918) y en Rusia contra el gobierno bolchevique. El 30 de agosto era abatido el jefe de la Cheka de Petrogrado Moses Uritsky, y ese mismo día Lenin fue herido en espalda y cuello por Dora Kaplan. La respuesta bolchevique fue fusilar a medio millar de prisioneros en Petrogrado, otros 500 en Kronstadt y 60 en Moscú. La Krasneia Gazetta de Petrogrado advirtió el 31 de agosto: «No hay inocentes. Cada gota de sangre de Lenin debe costar a los burgueses y a los blancos centenares de muertos»[113]. Según el propio líder bolchevique, el típico militante social-revolucionario era «un radical burgués con bombas en el bolsillo» al que había que eliminar sin contemplaciones. La sugerencia fue obedecida a rajatabla: las Comisiones Extraordinarias bolcheviques, que desde diciembre de 1917 a junio de 1918 habían ejecutado solo a 22 prisioneros, ordenaron el ajusticiamiento de unos 6000 en el segundo semestre de 1918. Desde este año hasta 1929 un total de 12 733 personas fueron ejecutadas oficialmente, aunque esta cifra parece a algunos autores muy reducida[114].

Refugiado en Varsovia y luego en Praga, Savinkov puso en marcha en el verano de 1921 otro grupo terrorista: la Guardia Verde, que operó en Ucrania con contactos en el gobierno británico, sobre todo de Winston Churchill y del espía Sidney O’Reilly. Savinkov colaboró con los rusos blancos y preparó atentados contra los jefes bolcheviques con apoyo económico de Inglaterra, Francia, Checoslovaquia y Polonia. Tras organizar una revuelta menchevique fracasada en Georgia a fines de agosto de 1924, fue detenido, juzgado y condenado a diez años de prisión tras una declaración política favorable a los bolcheviques, pero murió en extrañas circunstancias en mayo de 1925[115].

Para los populistas rusos, el mantenimiento del poder autocrático en todo su esplendor —al menos hasta 1905— era una prueba del fracaso de su análisis político. Empeñados en su objetivo de atacar, destruir o reformar el Estado zarista, comprendieron demasiado tarde que no podían utilizar las fuerzas de la vieja sociedad para el triunfo de sus proyectos, y no percibieron con suficiente claridad el potencial subversivo de los nuevos movimientos sociales surgidos por obra de un desarrollo capitalista aún titubeante y desequilibrado. No fue hasta el otoño de 1905 cuando el liberalismo burgués se constituyó definitivamente en partido (el constitucional o «kadete»); demasiado tarde para frenar el impulso revolucionario autónomo del movimiento obrero organizado, que abordaría la perentoria tarea de concienciación revolucionaria del proletariado industrial. En este cometido sobresaldría la capacidad organizativa de la fracción bolchevique de la socialdemocracia rusa, empeñada desde 1905 en una toma insurreccional del poder por medio de un ejército popular revolucionario.

Con todo, el ejemplo violento del populismo ruso se extendió por otras latitudes. El «hecho armado» acabó por ser aceptado en el seno del Partido Socialista Polaco como el único acto posible en aquellas circunstancias históricas frente al trauma de los anteriores levantamientos fallidos. En 1904, los socialistas polacos crearon su propia Organización de Combate (Organizacja Bojowa Polskiej Partii Socjalistycznej, OBPPS), conocida familiarmente como Bojówki (Destacamentos de Combate), que estableció su propia escuela militar clandestina en Cracovia. La OBPPS protagonizó hasta 1908 varios asesinatos y expropiaciones bajo la dirección de Joszef Piłsudski (futuro presidente del país) y Tomasz Arciszewski. A esas alturas, la organización paramilitar contaba con dos millares de miembros, incluidos unos 700 combatientes que operaban en grupos de cinco, y llevaron a cabo un total de 2500 atentados, entre otros el tiroteo a la policía rusa en Varsovia el 13 de noviembre de 1904, la colocación de bombas contra miembros de la Okhrana en marzo de 1905, el ataque al general Skalon, gobernador de Varsovia, en 1906 o el robo de un importante envío de dinero en Bezdany, cerca de Vilna, en 1908. Ese año, Piłsudski transformó los Destacamentos de Combate en una Asociación para la Lucha Activa (Zwiazek Walki Czynnej, ZWC), mucho menos política y más militar que su predecesora. El grupo armado, cada vez más independiente del Partido Socialista, que creó su propia Milicia Campesina, declinó a partir de entonces: en 1910 solo disponía de 77 miembros, y fue disuelta al año siguiente. Con todo, Piłsudski persistiría en su propósito de mantener la lucha armada contra Rusia creando una Organización Militar Polaca antes de alcanzar el objetivo político de la independencia nacional en 1918[116].

Otro movimiento armado de tipo nacionalista que se inspiró en el populismo ruso fue el armenio, que desde 1880 hasta fines del siglo XIX desarrolló una estrategia terrorista contra la dominación otomana cercana a la desplegada por Naródnaia Vólia[117] Los revolucionarios armenios de los años 1880-1890 adoptaron una estrategia basada en la provocación: pensaban que los ataques contra los turcos desencadenarían medidas brutales de represión que conllevarían la radicalización de la población armenia del este de Turquía y forzaría la intervención de los países occidentales.[118]. Entre 1890 y 1908, algunos miles de fedais organizaron la lucha armada a pequeña escala contra el Imperio Otomano. Los primeros grupos, que estaban formados sobre todo por jóvenes procedentes de las ciudades, fueron liquidados rápidamente, pero otros se fueron constituyendo en la Anatolia Oriental, siguiendo el ejemplo de insurrecciones balcánicas como la búlgara de 1878-1879. Su acción más espectacular fue la toma del Banco Otomano de Constantinopla el 26 de agosto de 1896, que fue seguida en Anatolia de una represalia de tres días donde murieron decenas de miles de armenios. Durante la Gran Guerra, el gobierno de los Jóvenes Turcos decidió «resolver» el problema armenio a través de la deportación y la eliminación masiva de esta minoría étnica: los armenios fueron trasladados a viva fuerza desde Anatolia a Siria e Irak en 1915-1916. En esta «Marcha de la muerte» por los desiertos de Siria y Mesopotamia murieron centenares de miles de personas en el verano de 1915, de forma que a fines de esa estación ya no quedaban armenios en Anatolia. Unos 300 000 se refugiaron en Rusia, 630 000 fueron asesinados en los campos de concentración de Siria y Mesopotamia y alrededor de 240 000 supervivientes se integraron en la población local o fueron islamizados, vendidos o raptados por tribus locales, especialmente unas 100 000 mujeres y niños. La población armenia de Anatolia fue virtualmente borrada del mapa, y la mitad de los armenios del Imperio (se calcula en alrededor de un millón y medio, el 60 % de la población armenia de Turquía) desapareció en el curso del primer gran genocidio del siglo XX. Tras la guerra mundial, los responsables de estas atrocidades fueron condenados en rebeldía (muchos se encontraban en Alemania, y Berlín se negó a extraditarlos) por un tribunal militar turco durante la ocupación aliada. Fue entonces cuando el partido socialista armenio Danchak organizó la Operación Némesis, perpetrando atentados contra los responsables en Berlín, Roma o Tbilisi, en el más puro estilo de los tiranicidas de la época clásica, pero con una moderna intención ejemplificadora y de denuncia[119].

El terrorismo surgido en Bengala a fines del siglo XIX de la mano de Bal Gajandhar Tilaki estaba basado en la actividad del nacionalismo irlandés, las sociedades secretas de tradición mazziniana, en el anarquismo y en el ejemplo del movimiento naródniki. De hecho, los bengalíes llamaban al terrorismo el «método ruso», y algunos activistas eslavos habían ayudado a los hindúes a fabricar las primeras bombas[120]. En mayo de 1897, tras el asesinato de dos funcionarios del gobierno británico, se desarrolló una campaña terrorista de bajo nivel en la ciudad de Poona. Ello indujo al secretario de Estado para la India, lord Hamilton, a escribir en febrero de 1899 al virrey lord Curzon que «los métodos que los agitadores han empleado son singularmente similares a los adoptados en Irlanda»[121]. Como el populismo antizarista, el nacionalismo hindú empleó preferentemente el magnicidio: un miembro de la sociedad secreta Abhinav Bharat Sanstha asesinó el 1 de julio de 1909 en Londres a sir William Curzon Wyllie, secretario político de lord Morley, secretario de Estado para la India. El terrorismo anticolonialista tuvo un rebrote en los años veinte de la mano del partido Hindu Mahasabha de Vinayak D. Savarkar y su brazo armado el Rashtriya Swayam Sewak Sangh (RSSS), que mantenía una visión racista y sectaria de la lucha nacionalista, donde todos los enemigos de la RSSS eran también enemigos del pueblo. Las acciones terroristas experimentaron un declive después de 1932, coincidiendo con el final del movimiento de desobediencia civil. Uno de los miembros de este grupo ultranacionalista mató a Gandhi en 1948. Por el contrario, el movimiento del Hindustan Socialist Republican Association, creado a fines de la década de 1920, estaba dirigido a la violencia e inspirado en la doctrina marxista, ya que preconizaba una revolución anticapitalista que instauraría una dictadura del proletariado. En 1930, el movimiento distribuyó un manifiesto titulado La filosofía de la bomba, en el que se atacaba la doctrina gandhiana de resistencia no violenta y se hacía una apología del terrorismo como «fase inevitable y necesaria de la revolución. El terrorismo insufla miedo en el corazón de los opresores y aporta esperanzas de revancha y de redención entre las masas oprimidas»[122].

5. NACIMIENTO Y APOGEO DE LA «PROPAGANDA POR EL HECHO»

Como resultaba corriente en las luchas del movimiento obrero de esa época, la práctica de un nuevo método de combate corrió pareja a su intento de conceptualización. Eso mismo ocurrió con la «propaganda por el hecho», un principio teórico que pronto sería maldito, al identificarse de forma harto restrictiva y capciosa con el terrorismo individual. Aunque no se debe confundir anarquismo (con su creencia en la libertad y la fraternidad universales) con nihilismo (rechazo de cualquier principio moral o ley natural) y terrorismo, es justo reconocer que en el pensamiento anarquista finisecular primaba la consideración de la violencia como una fuerza revolucionaria que podía ser aplicada con la brutalidad propia de toda guerra. La reprobación moral y política de la violencia entraba frecuentemente en conflicto con la necesidad práctica de imponer por la fuerza un principio social nuevo contra la previsible resistencia burguesa[123]. En ese sentido, la violencia era una fatalidad, aunque los ideólogos anarquistas siempre advirtieron que debía ser aplicada con extremo cuidado y vigilancia. Para teóricos como Jean Grave, la violencia existía desde los mismos orígenes de la autoridad y de la ley. Entendida desde el sesgo anarquista más ortodoxo, la violencia no resultaba un fin en sí mismo, sino que se presentaba como un instrumento accesorio y como un medio —discutible como cualquier otro, pero útil en determinadas circunstancias— de lucha contra la opresión burguesa. Para que resultara fecunda, la violencia debía estar bien orientada, y desparecer cuando los obstáculos para la revolución hubieran sido suprimidos.

Es posible que los militantes ácratas aceptaran de mejor grado la acción violenta por su adhesión sentimental a las grandes revoluciones y por su estrecha vinculación con movimientos emancipadores de corte jacobino, blanquista, mazziniano o garibaldino. La violencia individual, ilegal y libre —es decir, no masiva y disciplinada, en sentido marxista, u organizada como instrumento de movilización política al estilo del populismo ruso— era, además, un acto de afirmación personal frente a todos, tanto amigos como enemigos. Se trataba de una forma de expresión individual, un acto de «destrucción redentora» (Bakunin) que implicaba no tanto una elección racional sometida a una estrategia de cambio político como una apuesta existencial, una reafirmación de la voluntad al estilo nietzscheano o soreliano[124]. En 1870, Bakunin aseveró que «debemos propagar nuestros principios ya no mediante las palabras sino mediante los hechos, porque esta es la forma de propaganda más popular, más poderosa y más irresistible»[125].

Según Pessin, los anarquistas innovaron el uso político de la violencia en dos ámbitos. En primer lugar, elevaron los crímenes considerados de derecho común (robos, falsificación de moneda, asesinatos, fabricación de armas y explosivos, etc.) al rango de instrumento de lucha revolucionaria y de regeneración colectiva según la teoría del «ilegalismo» subversivo. Es decir, justificaron el hecho delictivo como transgresor de la moral, el poder y la autoridad burgueses, y como restitución al pueblo de las riquezas o derechos injustamente acaparados por una minoría. De este modo, los grandes terroristas anarquistas (Clément Duval, conocido como «la pantera de Batignolles», Ravachol, las bandas de Garnier y Bonnot, etc.)[126] eran para sus simpatizantes la encarnación del bandido social generoso e individualista, el «antipropietario» surgido del inframundo de la delincuencia y redimido por su conversión a una utopía liberadora.

El segundo gran hallazgo del anarquismo fue intentar justificar la violencia ciega e ilimitada (la destrucción universal y el caos como único medio de regeneración social[127]), mediante la teoría de la «propaganda por el hecho» de raíz bakuninista, pero terminológicamente acuñada, al parecer, por el socialista posibilista francés Paul Brousse (1844-1912)[128] o el napolitano Carlo Pisacane (1818-1857). La «propaganda por el hecho» —o «propaganda activa» y de «acción revolucionaria o de guerra»— fue presentada oficialmente como táctica de lucha por los líderes del anarquismo italiano Errico Malatesta (1853-1932), Carlo Cafiero y Emilio Covelli durante una serie de discusiones que tuvieron lugar de julio a octubre de 1876 en Nápoles, y en el transcurso del congreso de la AIT celebrado en Berna en octubre, que votó a favor de la lucha sindical[129]. El 3 de diciembre, el Bulletin de la Fédération Jurasienne publicó una declaración de los delegados de la Federación Italiana de la Internacional Anarquista, obra de Cafiero y Malatesta, donde se proclamaba que «el hecho insurreccional, destinado a afirmar mediante los actos los principios socialistas, es el medio de propaganda más eficaz y el único que, sin corromper ni engañar a las masas, puede penetrar en las capas sociales más profundas y atraer las fuerzas vivas de la Humanidad a la lucha que sostiene la Internacional»[130]. Se trataba de destacar que el acto terrorista era el mejor mensajero de la necesidad de derribar un régimen, y el camino que mostraría la vía para hacerlo. En épocas mucho más recientes, el terrorismo ha cambiado el valor propagandístico de la justificación de un atentado simbólico por el valor de choque máximo de una masacre indiscriminada a la que seguirá una cobertura mediática masiva.

El 5 de agosto de 1877, el Bulletin de la Fédération Jurasienne empleó por vez primera el término «propaganda por el hecho»[131]. Pero la rebelión abierta y multitudinaria no era la única modalidad violenta adscrita a este paradigma. Se incluía en esta táctica cualquier actitud de resistencia activa a los abusos de la autoridad, desde la protesta en la vida cotidiana hasta la revolución; es decir, un amplio abanico de opciones subversivas que podían ser aceptadas incluso por aquellos a quienes repugnaba la violencia explícita[132]. Esta forma especial de «propaganda» consistiría más bien en la difusión de la ideología anarquista y de la conciencia de clase explotada a través de la lucha y de los actos revolucionarios[133], como la organización de manifestaciones pacíficas, violencias individuales o colectivas (desde el atentado a la huelga general insurreccional), acciones de desobediencia civil (resistencia al servicio militar, la negativa al pago de alquileres o cánones agrícolas) y formas culturales y asociativas de carácter alternativo (participación en ceremonias laicas, formación de comunidades autárquicas, cooperativismo, etc.). Bajo el rótulo de «propaganda por el hecho» se acogía, por tanto, toda iniciativa que se dirigiera, de acuerdo con la noción bakuninista, a desconocer la autoridad burguesa y fomentar o fortalecer el natural instinto de rebeldía y la conciencia revolucionaria del proletariado a través de la designación de sus verdaderos enemigos, antes que su adoctrinamiento político. Un grupo secreto de conspiradores se encargaría de la multiplicación cotidiana de la violencia, en una especie de alquimia política tendente a la condensación del máximo de energía revolucionaria sobre unas masas que deberían adquirir la conciencia de unidad necesaria para emprender su liberación por la vía insurreccional.

Como opción combativa sintomática de la decadencia de la AIT, la «propaganda por el hecho» no puede ser asimilada única y exclusivamente al asesinato político y al terrorismo, ya que la intención intimidatoria hacia las «clases poseedoras» resultaba algo secundario en la estrategia revolucionaria del anarquismo. La «propaganda por el hecho» era una táctica de lucha generalmente defensiva —aunque practicada a veces de forma inconveniente, inoportuna e irreflexiva—, antes que una acción revolucionaria clara y destinada a la insurrección inmediata, pero acabó por identificarse con las acciones violentas de tipo individual. El malentendido fue fomentado desde el mismo seno de las organizaciones obreras: el Congreso de Verviers de septiembre de 1877, penúltimo de la Internacional antiautoritaria, al mostrar su simpatía por «nuestros hermanos que han sido víctimas de su energía revolucionaria», consideró la insurrección y el terrorismo como fenómenos no muy diferenciados e igualmente encomiables. El texto se refería al episodio insurreccional emprendido por Cafiero, Malatesta, Ceccarelli y una treintena de anarquistas el 5 de abril de 1877 en Benevento, donde, en un antecedente de la estrategia guerrillera adoptada por diversas organizaciones revolucionarias del siglo XX, los anarquistas de la «banda del Matese» ocuparon el ayuntamiento de Letino a mano armada, y en nombre de la revolución social proclamaron el comunismo libertario tras haber quemado los títulos de propiedad antes de la llegada de los soldados[134]. El suceso constituyó la primera tentativa seria de una sección nacional de la AIT para traducir a la práctica los nuevos principios de la «propaganda por el hecho», aunque la identificaran simplemente como un acto de revuelta popular. En 1878, el Comité ruso de Ginebra, la Comisión de Correspondencia de Génova y la Federación Jurasiana recomendaron el abandono de la propaganda táctica para dedicarse exclusivamente a la «propaganda por el hecho». El diciembre de 1880, un artículo presuntamente escrito por Cafiero en el periódico Le Révolté, editado en Ginebra por Kropotkin, llamaba a «la revuelta permanente mediante la palabra, el escrito, el puñal, el fusil y la dinamita», e incluso mediante el voto, siempre que se tratara de candidatos revolucionarios inelegibles[135].

En el X Congreso de la AIT, convocado por Piotr Alexeievich Kropotkin (1842-1921) en Londres del 14 al 19 de junio de 1881 bajo la impresión del reciente asesinato del zar Alejandro, se planteó abiertamente la utilización de la «propaganda por el hecho» como complemento de la propaganda oral y por escrito: «Ha llegado la hora de pasar […] al período de acción, y añadir a la propaganda verbal y escrita, cuya ineficacia parece demostrada, la propaganda por el hecho y la acción insurreccional»[136].

En tal ambiente tuvo lugar el Congreso Internacional Anarquista de Londres, celebrado en julio de 1881, al que acudieron 45 delegados de Gran Bretaña, Suiza, Serbia, Estados Unidos, Alemania, España, Francia, Bélgica, México, Italia, Bohemia y los Países Bajos. El congreso aprobó una declaración pública que afirmaba «la necesidad de añadir a la propaganda oral y escrita la propaganda por el hecho» y la explicaba en los siguientes términos:

Es estrictamente necesario hacer todos los esfuerzos posibles para propagar mediante actos la idea revolucionaria y el espíritu de revuelta en esa gran fracción de la masa popular que no toma todavía parte activa en el movimiento y se hace ilusiones sobre la moralidad y la eficacia de los medios legales.

Saliendo del terreno legal, en el que por lo general se ha permanecido hasta ahora, para llevar nuestra acción al terreno de la ilegalidad que constituye el único camino hacia la revolución, es necesario recurrir a los medios que estén en conformidad con este propósito.

Las persecuciones a las que la prensa revolucionaria pública se enfrenta en todos los países, nos obligan a establecer una prensa clandestina.

Al quedar todavía la gran masa de los trabajadores del campo al margen del movimiento socialista revolucionario, resulta absolutamente necesario dirigir nuestros esfuerzos en esa dirección, recordando que el más simple hecho dirigido contra las instituciones actuales habla mejor a las masas que millares de impresos y oleadas de palabras, y que la propaganda por el hecho en el campo tiene todavía más importancia que en las ciudades.

Puesto que las ciencias técnicas y químicas han rendido ya servicios a la causa revolucionaria y están llamadas a rendir todavía más en el futuro, el Congreso recomienda a las organizaciones e individuos que forman parte de la Asociación Internacional de Trabajadores que den una gran importancia al estudio y la aplicación de estas ciencias como medio de defensa y de ataque[137].

Incluso se afirmó que «el acto ejecutado contra las instituciones existentes despertaba a las masas mucho más que miles de folletos y torrentes de palabras»[138]. La acción ilegal y clandestina, vinculada a la idea de ejemplaridad colectiva bajo la influencia de Nietzsche se imponía en toda la línea, y la AIT recomendaba incluso la creación de una milicia, la fundación de una «academia militar» revolucionaria y la difusión del estudio de las técnicas químicas para la fabricación de explosivos. Pero el Congreso de Londres sancionó igualmente la división del movimiento anarquista entre los que predicaban «la guerra sin cuartel a las instituciones y la paz a los hombres» y los que defendían a ultranza el atentado personal como única salida a un régimen injusto y opresivo. Tras esta reunión, la «propaganda por el hecho» pasó de designar la táctica de insurrección armada elaborada por los bakuninistas italianos a identificarse de forma concluyente con los atentados terroristas efectuados contra los representantes del Estado y las clases poseedoras. Por culpa de este lapsus, que fue aceptado conscientemente por ciertos grupos nihilistas, los anarquistas se sumieron en un turbio período de clandestinidad, donde los grandes movimientos populares dejaron paso a la formación de grupos secretos de «acción directa».

El declive del bakuninismo tras el Congreso de Londres coincidió con el ascenso de las teorías de Malatesta y Kropotkin. Este último coincidía con Bakunin en la convicción de la ineluctabilidad de la violencia como consecuencia de la desigualdad social, y en la necesidad de alentar rebeliones e insurrecciones para derrocar el sistema burgués. Pero apostó también por el fomento de los motines y las insurrecciones parciales, preferentemente en el ámbito campesino, ya que «las primeras insurrecciones de una Revolución no pueden tener más objeto que perturbar la máquina del gobierno, detenerla, romperla. Y es necesario obrar así para hacer posible los desarrollos sucesivos de la Revolución»[139]. Poco después, esta violencia cambió de signo, y se convirtió en una expresión de rebeldía personal en las acciones de un cierto anarquismo individualista. El príncipe Kropotkin ya propugnó el terror individual a fines de la década de 1870. Respaldaba hasta 1891 el punto de vista de Kravchinski, quien sostenía que, a pesar de que el terror era profundamente desagradable, el sometimiento a la violencia gubernamental era aún peor. Kropotkin postulaba el terror individual o los «actos individuales de protesta» como medios de «educación revolucionaria» de las masas, que adoptarían espontáneamente una organización propia hasta alcanzar la sociedad comunista donde todos los hombres satisficieran sus necesidades. La subversión de la legalidad debía hacerse «por la palabra, por escrito, por el puñal, el fusil, la dinamita». Pero el propio Kropotkin, que defendió desde las páginas del periódico suizo Le Révolté las tesis de la violencia nihilista, dulcificó posteriormente su postura por influencia de los anarquistas británicos, reconociendo en La Révolté en 1891 la inutilidad de la «propaganda por el hecho».

A partir de entonces, Kropotkin empleó su tiempo en especular beatíficamente con la desaparición progresiva de las relaciones de violencia en una sociedad cada vez más solidaria. Ese mismo año, Malatesta denunció la mística del terrorismo individual, aunque manteniendo esta alternativa violenta solo como instrumento de autodefensa. Sin embargo, en las dos décadas siguientes al Congreso de Londres, la táctica de la «propaganda por el hecho» se extendió por Norteamérica y Europa, especialmente en España, Francia e Italia, puesto que, como hemos podido ver, el terrorismo ruso tenía unos orígenes ideológicos muy distintos y se mantuvo durante un lapso de tiempo más amplio: el primer gran atentado (el de Vera Zasulich contra el policía Trépov) se efectuó en 1878, y seguirían produciéndose asesinatos políticos hasta bien entrado el siglo.

Italia

Tras los ensayos insurreccionales bakuninistas de Bolonia y el sur de Italia en 1874 (donde un comité clandestino del que formaba parte Bakunin manifestó que había llegado el tiempo de «la propaganda clamorosa, solemne, de las insurrecciones y las barricadas») y la tentativa insurreccional de Cafiero, Ceccarelli y Malatesta en la comarca del Matese, cercana a la ciudad de Benevento, en abril de 1877, el movimiento obrero sufrió las consecuencias de una violenta represión gubernamental. La situación de semilegalidad incitó a algunos grupos anarquistas, aleccionados por décadas de violencia clandestina practicada durante las luchas del Risorgimento, a poner en ejecución la táctica terrorista. El 17 de noviembre de 1878, el rey Humberto I salía ileso de un intento de asesinato perpetrado en Nápoles por el anarquista de origen mazziniano Giovanni Passanante, y al día siguiente una bomba lanzada contra un desfile patriótico en Florencia causaba cuatro muertos[140]. Las represalias policiales de ese fin de año hicieron remitir la actividad violenta, que renació en los últimos años de siglo con inusitada fuerza.

Entre 1892 y 1894, los fasci siciliani de carácter socialista, movimiento de «anarquía espontánea» compuesto por artesanos, obreros y campesinos, desarrollaron su propia acción revolucionaria, con manifestaciones, huelgas, asaltos a ayuntamientos, incendio de fielatos, negativa al pago de impuestos, actos de resistencia a la fuerza pública, sostenimiento de bandas armadas, etc[141]. Este espíritu de revuelta no desembocó, sin embargo, en una gran organización con peso político, sino que, tras la cruenta represión gubernativa que asoló Sicilia y la zona de Carrara a inicios de 1894, el movimiento se diluyó en manifestaciones de protesta individual. Las primeras acciones fueron sendas bombas colocadas en la Prefectura de Grosseto en enero de 1892 y en las inmediaciones del Palacio de Montecitorio el 8 de marzo de 1894, que causaron la muerte de dos personas.

Pero muy pronto los objetivos escogidos pasaron a ser las grandes personalidades del régimen. El 18 de junio de 1894, Francesco Crispi, presidente del Consejo, ministro del Interior y máximo responsable de la intervención militar en Carrara, salió milagrosamente ileso de un atentado perpetrado por el militante Paolo Lega, y al mes siguiente presentaba a las Cámaras tres proyectos de ley sobre materias explosivas, delitos de imprenta y «disposiciones excepcionales de seguridad pública», que iban dirigidos claramente (como las disposiciones similares y coetáneas adoptadas por Sagasta en España y Dupuy en Francia) contra las actividades de los anarquistas, centenares de los cuales fueron procesados y condenados a largas penas de prisión. Las leyes antianarquistas fueron promulgadas el 19 de julio, y el 22 de septiembre todas las asociaciones obreras fueron disueltas por orden del gobierno[142]. Muy pronto se vería que la utilización de la fuerza no era suficiente para poner coto al incremento de actos incontrolados de violencia individual, sobre todo después de que el 22 de abril de 1897 el rey lograra de nuevo salvar milagrosamente la vida tras el atentado realizado por Pietro Acciarito. Por otra parte, la intervención de algunos activistas italianos en magnicidios efectuados fuera del país produjo en la Europa y América finisecular una verdadera obsesión sobre el alcance real de una pretendida internacionalización del fenómeno terrorista: el 24 de mayo de 1894, el anarquista Sante Caserio asesinaba al presidente francés Carnot; el 8 de agosto de 1897 Michele Angiolillo disparaba contra Cánovas en Santa Águeda, y el 10 de septiembre del año siguiente, Luigi Luccheni apuñalaba a la emperatriz Isabel de Wittelsbach en Ginebra[143]. Este último hecho, ocurrido en un momento de fuerte tensión política en Europa meridional tras los «motines del pan» estallados en España e Italia en mayo de 1898, acentuó la vigilancia exterior del gobierno transalpino, preocupado sobre todo por la proximidad del cantón suizo de Ticino, área italoparlante notoria por la intensa actividad anarquista[144].

Ni los contactos intergubernamentales habidos en Roma —de los cuales hablaremos más adelante— ni las estrechas relaciones de la policía italiana con entidades homólogas de todo el mundo impidieron la continuación de la violencia anarquista. El empeño represivo de la destra desde Crispi a Rudinì, sustanciada en el endurecimiento de la acción policial y la adopción de reformas constitucionales reaccionarias, provocó una activa respuesta parlamentaria de la sinistra y una réplica violenta del anarquismo, que alcanzó su culminación el 29 de julio de 1900 cuando el rey Humberto, indemne de varios atentados anteriores, no pudo eludir en Monza los disparos mortales hechos por el anarquista Gaetano Bresci, procedente de la importante colonia ácrata de Paterson (Nueva Jersey), como represalia por la crueldad con que habían sido yugulados dos años antes los disturbios obreros en el Mezzogiorno, Florencia y Milán[145]. El atentado de Monza clausuró la política represiva conservadora y abrió el camino al poder a las fuerzas de izquierda constitucional en los albores de la Italia giolittiana. Con el nuevo siglo, el clima político cambió, y con él las actitudes de lucha de los anarquistas italianos que, como en otros países de su entorno, escogieron el camino de la organización de masas y de la actualización de su programa en torno a los conceptos de huelga general revolucionaria —no menos violenta en la práctica— y la protesta antimilitarista[146]. Con todo, aún en la etapa de crisis final del régimen liberal italiano, el sector insurreccional del anarquismo trató de protestar contra la detención de Malatesta y acelerar un proceso revolucionario que creyeron en marcha a raíz de la ocupación de fábricas en septiembre de 1920, colocando el 23 de marzo de 1921 una bomba en el teatro Diana de Milán que causó 21 muertos y cerca de cien heridos[147].

Alemania y Gran Bretaña

En el Reich, como en Italia, la oleada de atentados se inició en los años setenta con los intentos de asesinato de Bismarck por un ultramontano enemigo de la Kulturkampf en 1874, y de Guillermo I por Emil Max Hödel y Carl Nobiling el 11 de mayo y el 17 de junio de 1878. Hoedel era un militante socialista radicalizado que había leído a Bakunin, y Nobiling un burgués republicano vinculado con el anarquista Emil Werner y miembros de la Federación del Jura. Estas aciones ofrecieron al «canciller de hierro» el pretexto para promulgar una de las primeras «leyes excepcionales» de la historia alemana moderna (Sozialistengesetz), destinada a destruir a la socialdemocracia[148]. Al igual que en Austria, la mayoría de las agresiones se concentraron en la primera mitad de la década de los ochenta, especialmente a raíz de las medidas antisocialistas de 1878. Entre los activistas destacó Johann Joseph Most (1846-1906) fundador en 1879 de la revista Die Freiheit, cuyas columnas estaban llenas desde fines de 1880 a julio de 1885 de artículos en los que se urgía a los obreros a realizar actos de «propaganda por el hecho». Este precursor de la guerrilla urbana fue el inspirador del grupo conspirativo que intentó asesinar al káiser en 1883. Por su parte, August Reinsdorf, editor del periódico anarquista Der Kampf, fue a fines de julio de 1880 a Berlín para matar al presidente de la policía berlinesa Von Madai. Planeó otros atentados, como la voladura del Reichstag, pero su más ambicioso plan fue dinamitar el monumento de Niederwald a la victoria de 1870 en su inauguración el 28 de septiembre de 1883. El proceso contra Reinsdorf y su grupo, que se celebró a fines de 1884 en Leipzig, acabó con la condena del cabecilla a la pena capital. En enero de 1885, un desconocido apuñaló al jefe de policía de Frankfurt, que estaba jugando un papel destacado en acusar a Rheinsdorf. La evidencia circunstancial se usó para acusar del hecho al anarquista Lieske. Tras su sentencia a muerte, Lieske clamó venganza, en un acto que fue convenientemente aireado desde Nueva York por el Freiheit de Most. El asesinato del jefe de policía Rumpf y la ejecución de Lieske supusieron la virtual desaparición de la «propaganda por el hecho» en Alemania[149], si bien a inicios del siglo XX, concretamente en noviembre de 1900 y en marzo de 1901, el káiser Guillermo II salió ileso de sendos atentados[150].

Por contra, Gran Bretaña, uno de los puntos de destino predilectos de la emigración anarquista internacional, se vio casi libre de acciones de este tipo, si exceptuamos una pequeña oleada de bombas contra edificios oficiales (Local Government Board Office de Westminster y la Times Office) entre 1883 y 1885, la muerte accidental del anarquista Michel Bourdin al manipular un explosivo en el Observatorio de Greenwich el 15 de febrero de 1894 (que inspiró a Joseph Conrad su novela El agente secreto), y el rocambolesco y trágico «asedio de Sidney Street» a fines de 1910 por un millar de policías y los Scots Guards encabezados por el entonces secretario del Home Office Winston Churchill, que actuaron expeditivamente contra una pequeña colonia de exiliados letones, al parecer por una provocación de la policía secreta zarista[151].

Estados Unidos

En Estados Unidos la primera experiencia violenta vinculada indirectamente al mundo del trabajo fue la de los Molly Maguires, organización sereta de carácter «vigilante» nacida en Irlanda como grupo de resistencia antiseñorial en la década de 1840 e implantada entre la minoría irlandesa que trabajaba en las minas de antracita de Pennsylvania en la década posterior a la Guerra Civil (1865-1875). Sus afiliados perpetraron incendios criminales y ataques contra ingleses, galeses o escoceses, y asesinaron a patronos o policías, aunque sus acciones no estaban relacionadas directamente con los conflictos laborales[152]. Durante los años ochenta, la campaña por la jornada de ocho horas vino acompañada de una tremenda radicalización violenta del movimiento obrero. La acción terrorista se desarrolló bajo la inspiración de Johan Most, antiguo diputado del Reichstag exiliado en Londres en 1878 y en Nueva York en 1882, que influido por las ideas de Kropotkin fue expulsado de Alemania por sus actividades en la formación de grupos anarquistas en Berlín y Hamburgo, y se hizo el portavoz de la «propaganda por el hecho» en América a través de la publicación de su boletín Freiheit, donde en un estilo blasfemo y sarcástico se alabaron las acciones violentas de naródnikli, fenianos y anarquistas. Pero la notoriedad de Most se debe a que se transformó en el teórico por excelencia del atentado con explosivos (trabajó en una fábrica de munición en Nueva Jersey), gracias a su muy difundido folleto Ciencia de las Contiendas Revolucionarias. Manual de Instrucción en el uso y la preparación de Nitroglicerina, Dinamita, Algodón, Pólvora, Mercurio Fulminante, Bombas, Mechas, Venenos, etc., etc. (1885). Su apología de la dinamita como arma redentora alcanzó cotas que aún hoy podríamos considerar como absolutamente provocadoras:

Al proporcionar a los millones de esclavizados la dinamita, la ciencia ha hecho su trabajo más encomiable. La querida sustancia puede ser llevada en la bolsa sin peligro, siendo un arma formidable contra cualquier fuerza de soldados, policía o detectives que intentasen sofocar el clamor de justicia que surge de los esclavos expoliados. Es algo no muy ornamental, pero extremadamente útil. Puede ser usada contra personas y objetos. Resulta mejor usarla contra las primeras que contra ladrillos y mampostería. Es una verdadera bendición para los desheredados, mientras lleva terror y temor a los rateros[153].

Influido por las doctrinas darwinistas, Most estaba persuadido de que una selección natural debía producir una élite de revolucionarios encargados de guiar a las masas populares hacia la revolución. Dicha élite debía emplear la violencia con ayuda de la tecnología y de la propaganda:

Para obtener el éxito deseado en toda su plenitud, inmediatamente después que se realice la acción, especialmente en la ciudad donde ha tenido lugar, se deberán poner carteles explicando las razones por las cuales se ha emprendido la acción, para sacar de ella el máximo beneficio[154].

Most señalaba los medios necesarios para la actuación terrorista en un medio urbano, antes de privilegiar la acción sindical:

Hoy en día, la importancia de los explosivos en tanto que instrumento para ejecutar revoluciones orientadas hacia la justicia social es una cosa evidente. Cualquiera puede observar que este material será un factor decisivo durante el próximo período de la historia mundial. En consecuencia, es natural que todos los revolucionarios de todos los países se procuren explosivos y emprendan las técnicas que les permitan utilizarlos[155].

Siguiendo esta línea de pensamiento, el primer atentado con bomba de la historia norteamericana se produjo en Haymarket Square (Chicago) el 4 de mayo de 1886. Esta acción, en la que un artefacto explosivo provocó la muerte a siete policías, respondió a la violencia previa que habían desplegado los agentes para reprimir una marcha anarquista en protesta por el contrato de esquiroles en la fábrica de maquinaria agrícola de Mac Cormick, y en pro de la jornada de ocho horas. El 11 de noviembre de 1887 fueron injustamente ahorcados cuatro trabajadores (entre ellos los dirigentes anarquistas Albert Parsons y August Spies fundadores de la International Working People’s Association, denominada popularmente «Internacional Negra»), y condenados a largas penas de cárcel otros conspicuos representantes del movimiento obrero radical, en su mayor parte de origen europeo, lo que alentó entre las clases poseedoras el espectro amenazador de una pretendida alianza anarquista internacional. Todos ellos se convirtieron en los «mártires de Chicago», un referente simbólico que, en adelante, sería obligado en todas las acciones reivindicativas del movimiento revolucionario mundial[156]. Muchos implicados en el asunto del Haymarket de Chicago eran contemporáneos y discípulos de Most, por ese entonces editor de Freiheit en Nueva York[157]. Siguiendo su ejemplo, Albert Parsons, director del periódico Alarm, defendía el uso de la dinamita como un medio de lucha democrático e igualitario[158].

En 1892, como represalia por la muerte de un grupo de trabajadores siderúrgicos a manos de una banda de rompehuelgas durante la Homestead Strike de Pittsburg, el anarquista ruso Alexander Berkman trató de matar a Henry Clay Frick, ayudante del magnate del acero Andrew Carnegie, considerado como el responsable principal de este enfrentamiento. Por último, el presidente William McKinley falleció a consecuencia de las heridas recibidas en un atentado perpetrado por el anarquista León Czolgosz (fascinado por el atentado de Bresci contra Humberto I) durante la visita a una exposición en Buffalo el 6 de septiembre de 1901[159]. Este suceso condujo a la firma el 28 de enero de 1902, durante la celebración de la II Conferencia Panamericana en México, de un acuerdo de extradición y protección entre las repúblicas americanas contra el anarquismo, de un lustro de duración y prorrogable por otros dos[160]. Siguiendo esa línea punitiva, en la que el anarquismo no se consideraba un delito político, sino un asunto penal común, el primer tratado ratificado de extradición que contenía una cláusula relativa a los anarquistas fue el concluido entre Cuba y España el 26 de octubre de 1905. Su artículo IV reproducía la fórmula del artículo 2 del acuerdo de México: «No serán reputados delitos políticos los actos calificados de anarquismo por la legislación del país requiriente y por el país requerido»[161].

No fue esta la única oleada terrorista de la historia norteamericana: tras el armisticio de 1918 y durante un año se extendió una oleada de huelgas coincidente con el despliegue del «terror rojo» (Red Scare) que alcanzó su momento culminante en 1919-1920. En abril de 1919 salió a la luz un supuesto complot para asesinar a diferentes personalidades oficiales, miembros del gabinete, gobernadores y jueces. El 28 de ese mes se encontró una gran bomba en el correo del alcalde de Seattle, y al día siguiente una criada negra resultó gravemente herida tras la explosión de un artefacto similar en el domicilio del senador Hardwick en Atlanta. Investigaciones efectuadas en la oficina de correos de Nueva York permitieron descubrir 16 paquetesbomba destinados entre otros al fiscal general A. Mitchell Palmer (cuya casa en Washington quedó parcialmente destruida), al director de correos Burleson, al juez del Tribunal Supremo Oliver Wendell Holmes y a los magnates John P. Morgan y John D. Rockefeller. Otra veintena de bombas fueron descubiertas en diferentes oficinas postales. El emigrante anarquista Luigi Galleani, que en 1920 planeó la colocación de una bomba en Wall Street, dijo que «el Ideal, una aspiración solitaria de poetas y filósofos, está encarnado en el martirio de sus primeros heraldos y sostenido por la sangre de sus creyentes»[162]. El peor atentado se produjo en septiembre de 1920 en las inmediaciones de la sede de la banca Morgan en Wall Street, donde un artefacto explotó entre la multitud causando 38 muertos y 200 heridos. Estas acciones ciegas de los anarquistas produjeron una violenta reacción popular y oficial. El Congreso de California declaró ilegales todas las organizaciones que preconizaran el empleo de la violencia, y la legislatura del estado de Nueva York adoptó una medida análoga. El fiscal Palmer efectuó el 2 de enero de 1920 una gran redada de unos 4000 sospechosos de comunismo, y ordenó la deportación a Rusia de 566 extranjeros. También se cernió una «caza de brujas» sobre las organizaciones obreras socialistas y el profesorado más radical. En 28 estados, el despliegue de la bandera roja se convirtió en delito punible. La prensa, dramatizando los hechos hasta la histeria, contribuyó a esta psicosis generalizada. Pero el asunto que levantó más pasiones fue la detención en Massachussets, tras el asesinato de un cajero, de los anarquistas italianos Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti: conducidos ante un jurado en mayo de 1921, fueron encontrados culpables y condenados a muerte. La prensa de numerosos países inició campañas de protesta, y en Estados Unidos los liberales expresaron sus dudas sobre si su castigo se había debido a la perpetración de un crimen debidamente probado o simplemente a las ideas políticas de los encausados. El asunto quedó en suspenso durante seis años, hasta que tras el nombramiento por el gobernador del estado de una comisión de investigación que volvió a dictar veredicto de culpabilidad sobre los acusados, Sacco y Vanzetti fueron ejecutados el 22 de agosto de 1927.

Francia

El primer acto de terrorismo anarquista parece hacer sucedido en octubre de 1881, cuando Émile Florion trató de asesinar a un burgués que se encontró por casualidad[163]. La oleada terrorista-nihilista tuvo notable repercusión en el país, y alcanzó su punto álgido entre los años 1892 y 1894, tras el episodio de violencia secreta de la Bande Noire de 1882 en Montceau-les-Mines y Le Creusot, el «proceso de los 66» en Lyon (enero de 1883) contra varios activistas anarquistas —entre ellos Kropotkin—, el motín de Decazeville saldado con la defenestración del ingeniero Watrin el 26 de enero de 1886, y la indignación causada por la disolución violenta de la manifestación del Primero de Mayo de 1891 en Clichy, con secuela de torturas policiales[164] La venganza anarquista contra el fiscal y el juez que intervinieron en la causa sobre este último suceso inauguró la espiral de represalias y contrarrepresalias tan común en el anarquismo de la época. La tentativa de atentado de Charles Gallo contra la Bolsa de París el 5 de marzo de 1886 fue el preludio de la gran oleada finisecular de «propaganda por el hecho». Los periódicos anarquistas de la época presentaban guías de fabricación de ingenios explosivos con rúbricas como «Productos antiburgueses» o «estudios científicos». El semanario lionés La Lutte (abril-agosto 1883) fue el primer divulgador de recetas químicas para explosivos en sus números 14 y 17.[165]. En 1897 se imprimió un «manual del perfecto dinamitero» titulado L’indicateur anarchiste, que fue traducido al inglés, italiano, español y alemán, donde se explicaba de forma sencilla la fabricación artesanal de nitroglicerina y su transformación en dinamita por un precio no mayor a diez francos.

Casi todos los atentados perpetrados en Francia en esa época fueron iniciativas individuales ejecutadas por un grupo reducido de activistas (como Auguste Vaillant, Émile Henri y Léon Léger o François Klaudius Köningstein, [a] François A. Ravachol), conceptuados como exponentes de un terrorismo anarquista basado en las influencias teóricas de Paul Brousse y el italiano Andrea Costa. Tras la perpetración de una serie de delitos comunes como la profanación de tumbas y la muerte de un viejo vagabundo, las primeras bombas de Ravachol explotaron el 11 y el 27 de marzo de 1892 en los domicilios del juez Benoît y del fiscal Bulot, y tras el estallido en París de once artefactos de dinamita y la muerte de nueve personas, la fulgurante carrera de este extraño personaje, a mitad de camino entre el mesianismo revolucionario y la delincuencia común, se truncó con su sonado juicio y ulterior guillotinamiento el 11 de julio de 1892[166].

La rápida erección de Ravachol en una especie de «Cristo violento», mártir de la Idea y ejemplo de activista revolucionario influyó incluso en los anarquistas españoles, pero en Francia su muerte aceleró y agudizó el proceso violento hasta hacerlo imparable. La represalia inmediata se manifestó en forma de una bomba de escasa potencia, que al estallar no causó víctimas de consideración en la Cámara de Diputados el 9 de diciembre de 1893. Tras el ajusticiamiento de Vaillant —responsable de este gesto de protesta— el 5 de febrero siguiente, el poder republicano comenzó a emitir una serie draconiana de medidas antiterroristas conocidas popularmente como lois scélérates («leyes malvadas»), que no sirvieron sino para endurecer las represalias anarquistas[167]. Ese mismo mes fueron descubiertas en la Prefectura de Policía nada menos que diecinueve bombas. El 12 de febrero, un artefacto colocado en el café Terminus de la estación de Saint-Lazare causaba un muerto y 19 heridos, y febrero se cerraba trágicamente con el estallido de otros ingenios explosivos en el Hotel Calabresi y La Villette. El 15 de marzo, el anarquista Amédée Pauwels, muy activo en los medios ácratas de Saint-Denis, murió al estallar entre sus manos una bomba que iba a colocar en la iglesia de la Madeleine, y otra carga causó 230 heridos en la catedral de Grenoble. El 21 de mayo de 1894 fue guillotinado Émile Henry, hijo de un comandante communard refugiado en España, natural de la villa catalana de Sant Martí de Provençals y considerado el responsable del atentado de la estación de Saint-Lazare. Como represalia, el anarquista italiano Sante Gerolamo Caserio apuñalaba mortalmente el 24 de junio en Lyon al presidente de la República Sadi Carnot, que se había negado a conceder el indulto a Henry[168]. Con este magnicidio, y con un espectacular proceso colectivo instruido en agosto de 1894 contra treinta conocidos anarquistas[169], se cerraba esta breve pero intensa espiral terrorista y represiva, y se abría una nueva fase en la historia del movimiento obrero revolucionario francés, con el desarrollo de la alternativa sindicalista y de la teoría de la huelga general. Entre las dos grandes encarnaciones del espíritu revolucionario que eran el marxismo y el bakuninismo, se fue acomodando el reformismo socialista, inspirado esencialmente en el cooperativismo y que alcanzaría su edad de oro con el jauresismo político[170].

España

En España, la teoría de la «propaganda por el hecho» tuvo a fines de los años setenta sus primeras manifestaciones prácticas. El movimiento anarquista había utilizado como tácticas alternativas las huelgas y la acción de masas en 1871-1872 y 1881-1882, y la insurrección a imagen del anarquismo italiano durante el movimiento cantonal de 1873 y el levantamiento de Jerez en 1892. El saldo negativo de estas iniciativas de protesta popular facilitó la adopción del atentado personal como instrumento de combate y defensa, según los acuerdos del Congreso de Londres. El fracaso de la táctica legalista de la Federación de la Región Española de la AIT (FRE) hizo que en las décadas postreras del siglo se recrudeciese la polémica entre anarcocomunistas y anarco-colectivistas, cuyas discrepancias resultaban insalvables en los aspectos organizativos (células secretas contra asociaciones públicas o sindicatos) y tácticos (terrorismo versus acción reivindicativa laboral). Un cúmulo de circunstancias iba a posibilitar que, en el ámbito urbano —el más propicio a priori para una acción obrera revolucionaria eficaz y coordinada—, ganaran terreno los grupos de extrema izquierda partidarios del «legalismo» violento mediante el atentado anarquista de carácter individual[171]. Las razones que pueden aducirse en principio resultan muy similares al caso francés: un movimiento obrero en recomposición tras la campaña represiva gubernamental en los años setenta y primeros ochenta, desbordado en su capacidad organizativa por la llegada en masa a las ciudades (en Barcelona se iba agolpando una población de aluvión atraída por las facilidades de trabajo que brindaba coyuntura especulativa de la febre d’or) del proletariado rural. Esta legión de trabajadores, desarraigados de su tradicional entorno comunitario, rompió con los viejos vínculos sociales, económicos y psicológicos, y se abrió a nuevas pautas de socialización y conducta colectiva[172], pero también reaccionó contra la alienación que imponían las duras condiciones de vida de las fábricas y talleres con explosiones de violencia individual.

Tampoco hay que minusvalorar el papel desempeñado por otros factores, como el carácter provocativo de una represión gubernamental a menudo indiscriminada; la implicación de miembros de la clase media baja, aleccionados por la propaganda anarquista y la literatura individualista de Stirner o la nihilista de Nietzsche, y —rasgo no menos importante— el ya citado derrotero oficial que tomó el movimiento obrero antiautoritario por esos años: tras el Congreso de Valencia de septiembre-octubre de 1888 que rubricó la disolución oficial de la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE), una parte del anarquismo español asumió los principios del individualismo radical y sobrevaloró el papel de la vanguardia en la revolución. La creación, en septiembre de ese año, de la Organización Anarquista de la Región Española, partidaria de los métodos de la «acción directa» organizada por pequeños grupos autónomos («grupos de afinidad») estructurados según los principios del anarco-comunismo, dio lugar a una oleada creciente de violencias que, en la mayor parte de los casos, tomó la forma de atentados con explosivo en centros fabriles como Barcelona. Las primeras manifestaciones de este nuevo tipo de protesta fueron un petardo colocado en la Rambla de Santa Mónica el 5 de junio de 1884, que provocó heridas mortales a un muchacho; el estallido de un artefacto en los locales del Fomento de la Producción Nacional —foco del conservadurismo dinástico en la ciudad— el 1 de septiembre de 1885; la colocación de un cartucho de dinamita en la calle Rocafort el 26 de noviembre de 1887 y la explosión de una bomba tipo Orsini en el almacén Batlló de la Rambla de Cataluña el 17 de enero de 1888, que provocó una nueva víctima.

Tras los sangrientos sucesos de Chicago el Primero de Mayo de 1886, la celebración de esta jornada reivindicativa desde 1890 se convirtió para los anarquistas en una excusa para vengar a los caídos por la causa obrera mediante acciones violentas contra oficinas estatales, fábricas e instituciones patronales. Muchos atentados de los años sucesivos fueron considerados como secuela de los incidentes suscitados por tales celebraciones, o bien como represalias por el castigo infligido a los participantes en episodios de protesta popular como los sucesos de Riotinto de 4 de febrero de 1888, donde la intervención del ejército en el transcurso de una huelga produjo una veintena de muertos y numerosos heridos, o el alzamiento de Jerez de enero de 1892, cuyos responsables procesados fueron elevados en el altar laico del anarquismo a la altura de los «mártires de Chicago». Y para finalizar, tampoco hay que olvidar la amplia repercusión que tuvieron entre los medios libertarios de Barcelona los atentados de Ravachol y de Vaillant, y la intermitente presencia en la ciudad de propagandistas como Malatesta o Malato.

Todo este abigarrado elenco de factores pudieron actuar de forma desigual para propiciar el alumbramiento de una campaña de atentados que se inició en mayo de 1889 en talleres y oficinas, pero que desde 1893 afectó a personalidades representativas del sistema político (rey, primeros ministros, militares de alta graduación, alcaldes), y contra ámbitos muy caracterizados del poder económico, social e ideológico, como las sedes patronales, los teatros, las iglesias o las procesiones cívico-religiosas. El 5 de abril de 1892 saltó a los titulares de la prensa nacional y extranjera un turbio affaire relacionado con la colocación de dos supuestas bombas en el Congreso de los Diputados; la noche del 20 de junio de 1893 estalló una bomba en los jardines del palacete de La Huerta, domicilio de Cánovas en la calle de Serrano, y el 24 de septiembre de 1893, Paulino Pallás Latorre lanzó dos bombas Orsini contra Martínez Campos en Barcelona, durante una revista militar. Con la acción de Pallás se iba a iniciar la temible escalada de violencia terrorista que asolaría Barcelona hasta 1897, pero ya desde 1884-1886 venían estallando esporádicamente petardos en esta ciudad, al igual que en Bilbao, Valencia y Cádiz.

El 7 de noviembre de 1893 estallaba una de las dos bombas Orsini lanzadas desde la platea al patio de butacas del teatro del Liceo durante una representación operística, provocando 22 víctimas mortales y 35 heridos graves. La reacción del Estado fue inmediata, y abarcó aspectos bastante diversos: en 1880 y el 30 de junio de 1887 se promulgaron sendas leyes destinadas a posibilitar un mayor control de las reuniones, asociaciones y publicaciones anarquistas, que quedaron incluidas en las entidades ilícitas especificadas en los artículos 198 a 201 y 582 del Código Penal. Tras la bomba del Liceo, el fiscal del Tribunal Supremo, Martínez del Campo, instruyó a los jueces de toda España para que extremasen el rigor frente a los difusores y apologetas de doctrinas anarquistas, basándose en los artículos 582 y 584 del Código Penal. El ministro de la Gobernación, Joaquín López Puigcerver, ordenó la expulsión de todos los ácratas extranjeros, y prescribió a los gobernadores civiles una férrea vigilancia de las organizaciones obreras nacionales. Por su parte, el titular de Gracia y Justicia, Trinitario Ruiz Capdepón, vigilaría la acción de los tribunales respecto a los delitos de conspiración contra el orden social, y ambos ministros comenzaron la elaboración de una ley antianarquista. El proyecto, presentado tras la reapertura de las Cámaras, fue abandonado ante la tenaz resistencia de la oposición de izquierda, pero el 10 de julio de 1894 se promulgó una ley sobre atentados por medio de explosivos que trataba de cubrir el vacío existente en el Código Penal respecto a la colocación de bombas, y castigaba con penas que iban de la cadena perpetua hasta la muerte a los culpables de tales delitos, si la explosión causaba víctimas o si se producía en zona pública. Se penaba también a los implicados en la fabricación, venta o colocación de explosivos; a los culpables de conspiración, proposición y amenaza de causar algún mal de los previstos en la ley; a los que provocaran la perpetración de estos delitos y a los que hicieran la apología de los mismos por escrito o de palabra.

Mientras tanto, en Barcelona se recrudecían las detenciones masivas practicadas por Peña, Portas y Canales, jefes de la inepta y poco escrupulosa policía local. Tras una implacable persecución, las fuerzas del orden localizaron a un numeroso grupo de anarquistas, entre ellos Santiago Salvador, considerado el autor material del atentado del Liceo, quien fue herido y detenido en Zaragoza el 2 de enero de 1894. Seis militantes ácratas (Sogas, Sabats, Bernat, Archs, Codina y Cerezuela) fueron torturados, sentenciados y ejecutados el 21 de mayo, casualmente el mismo día del ajusticiamiento de Émile Henry en París. El Gobierno Civil de Barcelona volvió a expulsar sin previo aviso a numerosos extranjeros sospechosos en dirección al territorio francés. Salvador, al que se le había aplicado la flamante ley antiterrorista sobre atentados por medio de explosivos, fue procesado a través de la jurisdicción ordinaria por jurado restablecida el 20 de abril de 1888, y ejecutado el 21 de noviembre de 1894, no sin antes haber burlado a la opinión clerical y biempensante fingiendo una supuesta conversión casi hasta los pies del cadalso.

Tras un año de relativa tranquilidad, el 7 de junio de 1896, a las nueve de la noche, estallaba otra bomba en la calle de Cambios Nuevos durante la procesión del Corpus, provocando una docena de muertos y 41 heridos. La respuesta gubernamental resultó de nuevo feroz e indiscriminada: se produjeron detenciones masivas, y el 16 de junio el gabinete Cánovas presentó al Congreso de los Diputados su propio «Proyecto de Ley sobre represión de los delitos contra las personas y las cosas que se cometan o se intenten cometer por medio de explosivos o materias inflamables», prolongación más rigurosa de la ley de 1894, ya que agravaba las penas (muerte para los autores y cómplices de atentados con resultado de muerte y cadena perpetua para los encubridores y autores de atentados con secuela de heridos), permitía la supresión de periódicos, centros, establecimientos y lugares de recreo anarquistas e imponía el juicio por la jurisdicción castrense, sumarísimo si el delito era flagrante.

Las leyes antianarquistas fueron en Barcelona la cobertura ideal para que la autoridad militar iniciara una acción policial y judicial abusiva e indiscriminada, sustanciada en las torturas a los presos en el verano de 1896 y los conocidos procesos de Montjuïc de 11 a 19 de diciembre de 1896, oscuro episodio de manipulaciones policiales y judiciales con vistas a un escarmiento ejemplar. El juicio, en el que numerosos encausados afirmaron haber recibido malos tratos, confirmó cinco penas capitales (las de Tomás Ascheri, José Molas, Antonio Nogués —ya detenido tras el atentado del Liceo—, Luis Mas y Juan Alsina), que se ejecutaron en los fosos de Montjuïc el 4 de mayo de 1897. Ese verano se volvieron a producir expulsiones masivas de ácratas al extranjero, todo lo cual ofreció el fundamento para que organizaciones políticas de izquierda, movimientos de librepensamiento y agrupaciones progresistas de todo tipo orquestaran una violentísima campaña internacional contra la monstruosidad jurídica urdida por la «España inquisitorial» representada por Cánovas. A mediodía del domingo 8 de agosto de 1897, el presidente del Consejo fue asesinado en el balneario guipuzcoano de Santa Águeda por el anarquista italiano Michele Angiolillo, como represalia por los «crímenes de Montjuïc».

El magnicidio de Santa Águeda cerró la primera etapa de violencia anarquista, iniciada en Barcelona en 1893. Como sucedió en el caso francés, los atentados anarquistas desaparecieron virtualmente de la escena social española durante el resto de la década. Según Núñez Florencio, el proceso de la rebeldía anarquista en España guarda ciertas similitudes con la dinámica terrorista que había sacudido a Francia en la misma época: rápida degeneración de los objetivos teóricos de la propaganda por el hecho, hasta desembocar en atentados de represalia; psicosis de amenaza colectiva y sobrerreacción burguesa, que desembocaron en procesos espectaculares con ejecuciones sumarias; campañas revisionistas lideradas por anarquistas e intelectuales radicales, y fin abrupto del ciclo violento con un gran magnicidio (Carnot en 1894 y Cánovas en 1897[173]).

El endurecimiento de las medidas legales y la actuación de la temible Brigada antianarquista en Madrid y Barcelona hicieron remitir las manifestaciones de terrorismo individual en los últimos años de siglo e inicios del siguiente. La segunda oleada de violencia anarquista se produjo entre 1902 (fracaso del primer ensayo de huelga general en Barcelona) y 1909 («Semana Trágica»), y tomó la forma de varios ensayos de magnicidio (contra Maura en 1904, contra el rey Alfonso XIII en 1905 y 1906)[174] y atentados con explosivo en la vía pública[175].

Durante el período anterior y posterior a la Gran Guerra en España no se produjo un especial florecimiento del terrorismo, y cuando este apareció fue bajo la tradicional fisonomía del atentado individual (asesinato del presidente del Consejo José Canalejas en noviembre de 1912 y nuevo regicidio frustrado contra Alfonso XIII en abril de 1913)[176] o vinculado de forma subsidiaria a estrategias más vastas de lucha política o sindical, como sucedió con el pistolerismo sociolaboral impulsado por los grupos de acción de la CNT y las bandas patronales en el período 1918-1923, que incluyó el asesinato del presidente Dato en marzo de 1921[177]. De un modo, similar, en la lucha contra la dictadura de Primo de Rivera, el fracaso de la irrupción anarquista por Vera de Bidasoa en noviembre de 1924 y la crisis de la CNT en el interior y en el exilio por la represión policial y por las rencillas internas entre anarquistas puros y sindicalistas favorecieron un efímero rebrote del atentado individual, que se tradujo en junio-julio de 1926 en dos magnicidios fallidos contra Alfonso XIII en el trayecto ferroviario Burdeos-París y contra Primo de Rivera en Barcelona. Todavía a fines de 1928, un pasquín divulgado por los grupos ácratas en Francia calificaba el tiranicidio como «un deber de almas generosas y fuertes» y «una obligación laudable»; una anacrónica reactualización de la doctrina de la «propaganda por el hecho» que dejaba a las claras la impotencia del movimiento anarquista a la hora de alentar una deriva revolucionaria a la crisis política española de los años veinte y treinta[178].

Según un autor de la época, de 1886 a 1892 se produjeron en toda Europa 1123 atentados con dinamita y 502 en América, con un saldo global de solo 21 muertos[179]. El número de agresiones se redujo significativamente a partir de 1900, aunque en países como Francia se mantuvo hasta vísperas de la Gran Guerra un activismo ácrata de tono violento centrado en el robo a mano armada y el asesinato[180]. El terrorismo produjo en las sociedades europeas de la Belle Époque una sensación pasajera de inquietud, aunque entre los gobiernos y la opinión pública biempensante, obsesionada con una violencia que estalló simultáneamente en Europa y América, cundiera el mito terrorífico de la «Internacional Negra», de una conexión terrorista a escala mundial cuyo espantajo se siguió agitando en otras ocasiones[181] La realidad era muy otra: el terrorismo constituyó un intento desesperado de una parte minoritaria del movimiento anarquista para escapar al aislamiento producido por el desarrollo de la alternativa parlamentaria y reformista del socialismo[182]. y por las represalias indiscriminadas de los gobiernos, que perjudicaron más aún a unas organizaciones obreras colocadas a la defensiva. El fracaso reiterado de la táctica de la «propaganda por el hecho» obligó al anarquismo a escoger entre dos alternativas contrapuestas: la preparación paciente de las condiciones objetivas de una revolución a través de la acción sindicalista, o el desengaño respecto a la voluntad de autoemancipación de la clase obrera, que derivó en un recrudecimiento ocasional del terrorismo indiscriminado de tipo nihilista, bajo el íntimo convencimiento de que era necesario crear el caos para construir una nueva sociedad sobre fundamentos de igualdad y solidaridad. La mayoría del movimiento libertario, tras reconocer que el terror ciego o la eliminación de grandes personalidades no erosionaban las bases del sistema burgués, optó en los años siguientes por una lucha puramente económica basada en la acción sindical y la movilización revolucionaria de las masas.

6. LAS MEDIDAS JURÍDICAS Y POLICIALES Y LOS PRIMEROS ACUERDOS INTERNACIONALES: LA CONFERENCIA ANTIANARQUISTA DE ROMA DE 1899

Si tras el asesinato de Alejandro II apareció entre los gobiernos europeos el mito terrorífico de la «Internacional Negra», el asesinato de la esposa del emperador Francisco José de Austria contribuyó a relanzar la vieja idea de la convocatoria de una «Conferencia Internacional para la defensa social contra los anarquistas», donde los estados implicados coordinaran su labor antiterrorista. La reunión, preparada desde el 29 de septiembre de 1898 por el gobierno italiano, y en concreto por el general Luigi Pelloux y el ministro de Exteriores Napoleone Canevaro[183], tuvo lugar en la Accademia dei Lincei del Palacio Corsini de Roma entre el 24 de noviembre y el 21 de diciembre de ese mismo año. En medio de grandes medidas de seguridad[184], comenzaron a celebrarse sesiones a puerta cerrada entre funcionarios de policía encargados de las cuestiones técnicas, expertos judiciales que estudiaron las posibles modificaciones legislativas, y representantes diplomáticos encargados de condensar en las asambleas generales los frutos de los debates de estas dos comisiones de especialistas.

Al menos para los profanos, el pretendido congreso antiterrorista fue una extenuante sucesión de discursos diplomáticos sin sustancia, concesiones solemnes de condecoraciones a los organizadores del festejo y aburridas relaciones de los delegados sobre el estado de la legislación antianarquista en sus respectivos países. Las sesiones secretas fueron de muy otra naturaleza. Los debates en la Comisión de juristas resultaron los más interesantes. En su plan de trabajo figuraba determinar las notas características del acto anárquico; sugerir los medios de represión legal más adecuados, respetando la autonomía legislativa y administrativa de cada Estado; investigar si los delitos anárquicos estaban comprendidos en los tratados de extradición; examinar la legalidad de los medios policiales de represión, y, en caso necesario, justificar su expulsión o extradición, y arbitrar medidas para impedir la circulación de la propaganda libertaria.

Los objetivos planteados eran, quizá, demasiado ambiciosos para una reunión tan heterogénea. La tendencia de los representantes de algunos países, como Italia o Rusia, a identificar el anarquismo con todo tipo de acto subversivo, y a estos con la criminalidad común, llenó de alarma a los portavoces de las naciones con más amplia tradición liberal y garantista, que veían en la propuesta un subterfugio para que los ácratas teóricos, los socialistas, los republicanos o los simples radicales quedaran a merced de la arbitrariedad de los regímenes más autoritarios del continente. En un extenso informe, el representante español Félix Pío de Aramburu, reconocido criminalista, catedrático de Derecho Penal y rector de la Universidad de Oviedo, ponía el énfasis en las enormes diferencias jurídicas que separaban a los gobiernos participantes[185], y en su diversa actitud ante el problema en función del grado de vulnerabilidad de sus países respectivos frente a la violencia anarquista. Por todo ello, los juristas se encontraron ante dificultades casi insuperables para obtener un mínimo acuerdo que permitiera definir el anarquismo como delito común. Mientras que el delegado alemán pedía sin más preámbulos la pena de muerte para los autores de atentados contra la vida de un soberano, un jefe de Estado o de sus familias, Aramburu, más sereno, trató de deslindar los medios violentos privativos de la «propaganda por el hecho» del anarquismo teórico y pacífico, porque, en su opinión, «no era dable confundir la teoría anárquica con las prácticas criminales anárquicas, e incluir bajo el mismo anatema a intelectuales como Réclus, Kropotkin, Grave, etc. (inteligencias privilegiadas, al fin y al cabo) y a delincuentes como Ravachol, Vaillant, Caserio, Angiolillo y otros tales; que el anarquismo, con ser todo lo utópico y erróneo que se quisiera, tendrá su filiación doctrinal y no cabía asegurar que careciese en absoluto de su parte afirmativa»[186]. El representante inglés constató que el problema del presunto carácter delictivo del anarquismo no le concernía, y se reservó el derecho de aceptar en parte o rechazar en bloque la propuesta italiana. El portavoz francés ni siquiera intervino en las discusiones, y se limitó a escuchar los debates para anunciar su postura a la clausura de los mismos[187].

Tras una semana de intensos debates, la conferencia quedó dividida en tres bandos irreconciliables: por un lado, las «pequeñas potencias» (Grecia, Luxemburgo, Suiza), poco afectadas por el problema, y que rechazaban taxativamente la modificación de sus leyes para conceder la extradición de los anarquistas. Por otro, las potencias más conservadoras (Austria, Alemania, Rusia, Turquía, España, Italia), deseosas de alcanzar un acuerdo general sobre la extradición de activistas ácratas. Finalmente, las potencias más liberales (Inglaterra, Francia, Bélgica), que querían poner a salvo su reputación como tierra de asilo ante sus respectivas opiniones públicas[188]. La cuestión relativa a la extradición y la expulsión de sospechosos acabó por transformarse en el punto nodal de las discusiones. Aunque Italia o España intentaron forzar un compromiso más concreto, el único acuerdo factible, dado el alejamiento de las posturas de cada país, era que cada nación reivindicara la libertad de extraditar a las personas pertenecientes al país que hiciera la reclamación. De este modo, Francia o Inglaterra no entregarían a «subversivos» requeridos, por ejemplo, por Rusia Italia o España, pero sí atenderían las peticiones de un gobierno al que consideraran investido de suficientes títulos de credibilidad democrática.

La comisión encargada de estudiar el modo de «suprimir la propaganda anarquista» quedó también escindida entre aquellos países que pretendían impedir la circulación de «ideas subversivas» sin reformar la legislación, y los que, como Italia, España o Rusia, querían arbitrar un método más eficaz para secuestrar la prensa anárquica o afín.

Después de arduas discusiones, la Comisión de juristas intentó elaborar una definición penal del anarquismo, descrito por Héctor de Rolland, avocat général del Principado de Mónaco, como doctrina no política que perseguía «la destrucción, con medios violentos, de cualquier organización social». Una fórmula vaga y poco afortunada, que contó con el firme rechazo del delegado inglés y de los representantes de los países liberales del norte de Europa. Por fin se obtuvo el consenso mínimo para elaborar una serie de proposiciones sobre medidas legislativas (represión de actos violentos, provocaciones, asociaciones y propaganda anarquista) y administrativas (coordinación de las labores de información y vigilancia de las policías estatales). Se concluyó que el anarquista podía ser considerado delincuente común solo si tenía «precedentes criminosos», lo cual era una sutileza inútil, ya que no se especificaba si ese «precedente criminoso» se limitaba al ámbito del delito común o tenía un acepción más amplia, que implicaba toda suerte de acciones subversivas. A pesar de ello, tal como deseaban los representantes de Francia, Bélgica, Inglaterra y Suiza, se acordó que los delitos realizados en nombre de la «propaganda por el hecho» fueran juzgados independientemente de las circunstancias políticas o ideológicas que los hubieran motivado.

En contra de las expectativas del gobierno transalpino, que propuso a través del ministro de Asuntos Exteriores, conde Napoleone Canevaro, un ambicioso programa de objetivos represivos, la Conferencia de Roma finalizó sin un acuerdo unánime sobre la tipificación del «delito anarquista» y su adecuado tratamiento policial y jurídico. Por si fuera poco, al final de las deliberaciones, los representantes del Imperio zarista suscitaron un incidente, cuando amenazaron con abandonar la conferencia si las medidas de control internacional que pretendían adoptarse contra los anarquistas no se ampliaban a los nihilistas rusos. Esta reconsideración, abrupta e inesperada, del complicado asunto de las extradiciones rompió cualquier posibilidad de acuerdo: los gobiernos de Inglaterra, Suiza, Francia, Bélgica y Grecia no estaban dispuestos a aceptar las reclamaciones de expulsión sobre este tipo de «delincuentes políticos»; Austria, Turquía, Rusia y Alemania se manifestaron claramente a favor de las extradiciones, y España y Portugal se abstuvieron. La conferencia finalizó sin haber adoptado ningún acuerdo sustancial. En su discurso de clausura, Canevaro hubo de aclarar que a ningún gobierno obligaban las disposiciones tomadas allí[189]. El embajador inglés mantuvo sus discrepancias y no firmó el procès verbal final, que definía como anárquico «todo acto cuyo fin sea la destrucción por medios violentos de todo organismo social». Las resoluciones finales de la conferencia proponían que cada Estado crease una autoridad central que vigilase a los anarquistas y comunicase a los centros nacionales de policía los movimientos de los sospechosos a través de la adopción del retrato de filiación o portrait parlé. Los anarquistas expulsados debían ser dirigidos a la frontera de su país de origen. Se recomendaba también que los países signatarios adoptasen leyes penales contra el acto violento anárquico, la preparación de mismo, la asociación o inteligencia, la asistencia, la provocación pública o privada, la fabricación o posesión de explosivos y la propaganda anarquista en el ejército[190].

La Conferencia de Roma finalizó sin un acuerdo unánime sobre la tipificación del «delito anarquista» y su adecuado tratamiento policial y jurídico, pero su protocolo final, firmado en julio de 1899, sirvió al menos para poner las bases de ulteriores acuerdos antianarquistas de alcance bilateral y multilateral[191].

A inicios de febrero de 1899, el gobierno italiano había enviado a la Embajada española ante el Quirinal diversos ejemplares numerados y restringidos de las actas y proposiciones de la Conferencia, que fueron distribuidas a la regente y a los ministros de Estado, Justicia y Gobernación. En su respuesta oficial, transmitida por el embajador, conde de Benomar, el 23 de mayo de 1899, el Gobierno español consideraba que «el principio anárquico no cabe dentro de ninguna escuela o doctrina política; ni el anarquista, ni el delito de anarquismo tienen la condición de políticos para los efectos de la represión». El gabinete español constataba que las medidas gubernativas sugeridas en la Conferencia de Roma coincidían en lo esencial con las disposiciones vigentes en el país. Además, el gobierno Silvela reafirmaba su disposición favorable a establecer una vigilancia sobre los sospechosos a través del control signalético, firmar un convenio internacional sobre extradición de magnicidas y adoptar disposiciones legislativas especiales[192].

Durante el verano y el otoño de 1900, tras la conmoción provocada por el asesinato del rey Humberto I y los atentados contra el príncipe de Gales y el sha de Persia, el Ministerio de Estado español realizó una última tentativa para comprometer a los gobiernos europeos en una acción antiterrorista coordinada. Tras constatar los modestos resultados obtenidos en la Conferencia de Roma de 1898, el marqués de Aguilar de Campoo proponía el «engrane más perfecto» de la policía española con los agentes consulares, y aventuraba que, en esos momentos, «ha de ser posible establecer rápidamente inteligencias aisladas con cada Nación para que nuestra Policía y la suya entre en unas estrechas relaciones y se auxilien mutuamente sin perder su autonomía, ni alterar sus leyes y sus costumbres»[193]. Como resultaba habitual, las respuestas recibidas fueron de lo más variopinto. La Santa Sede prometió apoyo, aunque sugería una intensificación de la enseñanza moral y religiosa como paliativo a esa «plaga del siglo». Bélgica no puso ninguna traba, y el gobierno de los Países Bajos aseguró que, desde el 1 de febrero de 1899, los jefes de policía de los países que habían participado en la Conferencia de Roma se daban cuenta periódica de todo lo que se refería al anarquismo por medio de informes mensuales, que en España eran dirigidos al Ministerio de la Gobernación. Desde Berlín se aseguraba que «todos los gobiernos, aunque animados del vivo deseo de atajar un mal tan grave, se amparan en sus leyes existentes para rechazar propuestas de remedios más enérgicos, temerosos tal vez de atraerse especialmente las iras de los anarquistas si las modificaban en su daño». En Moscú, el ministro de Exteriores, conde Lamsdorff, opinaba que era útil la puesta en práctica de alguna de las conclusiones de la Conferencia de Roma, y apoyaba el establecimiento de inteligencias aisladas con cada nación para incrementar la colaboración policial en materia anarquista, pero al igual que Suecia consideraba superflua la convocatoria de una nueva entente. El gobierno británico, que no se había adherido a las propuestas de la Conferencia de Roma, excluyó también la celebración de otra reunión internacional para tratar del mismo tema. En Washington la propuesta tampoco halló un eco favorable: la Secretaría de Estado explicó que, increíblemente, las diversas policías del país no empleaban expedientes personales ni judiciales para sus pesquisas, y que la legislación antiterrorista difería de forma muy notable en cada estado de la Unión, en cuyo territorio estaba afincada, entre otras, la famosa colonia anarquista italiana de Paterson (Nueva Jersey), influida por Malatesta, de donde había partido el asesino de Humberto.

La tentativa de «Santa Alianza» antianarquista no lograría evitar la muerte del rey de Italia, pero sirvió de preámbulo para una nueva oleada de decretos limitando los derechos de reunión, asociación, expresión y huelga en 1899, legitimados desde el sesgo católico por una encíclica ad hoc: la Annum Ingressi, fechada el 19 de marzo de 1902 e inspirada, según fuentes oficiales italianas, por el atentado de Luccheni. En esta encíclica, León XIII calificaba al anarquismo de «verdadera asociación de delincuentes, de instintos completamente salvajes, que causó desde los primeros golpes el más grave espanto. Constituida sólidamente y con vinculaciones internacionales, se encuentra ya en disposición de levantar su criminal mano por todas partes, sin temer obstáculos ni retroceder ante cualquier fracaso. Sus afiliados, rompiendo todo vínculo con el mundo civil, con las leyes, con la religión, con la moral, se denominan anarquistas, proponiéndose destruir, con todos los medios que puede sugerir una pasión ciega y feroz, desde arriba hasta abajo, el ordenamiento social. Y como este recibe unidad y vida de la autoridad imperante, contra la autoridad van principalmente dirigidos sus golpes. ¿Quién no ha quedado horrorizado con un estremecimiento de compasión y de indignación al ver, en el espacio de pocos años, agredidos y asesinados emperadores, emperatrices, reyes, presidentes de repúblicas poderosísimas, por la sola razón de haber estado investidos de la autoridad soberana?»[194].

El acuerdo antianarquista de Roma, que había sido implementado con cierto entusiasmo por los países signatarios, había comenzado a caer en desuso, de modo que los gobiernos imperiales austríaco, ruso y alemán decidieron lanzar una nueva iniciativa, menos ambiciosa pero que reputaban más eficaz: el 14 de marzo de 1904, representantes de Alemania, Austria-Hungría, Dinamarca, Rumanía, Rusia, Serbia, Suecia, Noruega, Turquía y Bulgaria firmaron en San Petersburgo un protocolo de recíproca información, «en interés de la defensa social». Este nuevo acuerdo señalaba que todo activista ácrata expulsado de un Estado contratante debía ser conducido por la ruta más corta a su nación de origen, sin utilizar la vía diplomática. Cada gobierno establecería una oficina central de policía destinada a recoger las informaciones sobre los anarquistas y sus actuaciones. Dichas oficinas centrales deberían informar a sus homólogas europeas de la expulsión y salida voluntaria de anarquistas, e informar periódicamente de los complots y maniobras sospechosas que se tramasen. Aunque el convenio se vio debilitado por la negativa de Italia, Francia, Portugal, Gran Bretaña y Estados Unidos a participar en el mismo, España se adhirió condicionalmente al protocolo a través de una nota muy reservada que fue comunicada al embajador alemán en Madrid el 15 de junio. El gobierno Maura alegaba que, mientras sus países vecinos no entraran en el acuerdo, España entregaría a los anarquistas expulsados de su territorio en los puertos de Barcelona y Vigo, y recibiría a los que se enviasen en Cádiz y Santander, fijando la Sección de Orden Público del Ministerio de la Gobernación como oficina central de policía anarquista[195].

Estos primeros acuerdos de coordinación policial demostraron una eficacia muy discreta en el tratamiento de un problema con tan complejas implicaciones de orden doméstico e internacional como el terrorismo ácrata. Aunque los acuerdos antianarquistas imponían ciertos tipos regulados de cooperación intergubernamental, lo habitual fue la continuación de los contactos y los arreglos informales entre las diversas agencias de seguridad europeas, unidas por una afinidad que nacía de una preocupación común por el control de estas actividades de tipo radical, del creciente despliegue de un esprit de corps profesional, del empleo sistemático de recompensas materiales y honoríficas, y de los lazos de amistad personal establecidos entre los propios agentes[196]. Hay que tener en cuenta que muchas policías secretas, como la Okhrana, el FBI o Scotland Yard, fueron creadas inicialmente para combatir amenazas terroristas[197].

Los primeros organismos internacionales de policía surgirían como respuesta a problemas puntuales que cada país se veía incapaz de gestionar. Pero la cuestión batallona seguía siendo la coordinación legal que llenase de contenido a esa voluntad de actuación conjunta. La lucha frente al terrorismo revolucionario y contrarrevolucionario europeo siguió la misma línea de cooperación internacional iniciada en la fase anterior: en 1912, la Conferencia de Berlín sentó las bases de celebración en Mónaco en 1914 del I Congreso de Policía Judicial, donde se creó una Comisión Internacional que no logró poner en marcha el proyecto a causa del estallido de la Gran Guerra. La colaboración policial resurgió tras la Conferencia Internacional de Policía Criminal celebrada en Viena en 1923, que creó la Comission Internationale de Police Criminelle (CIPC) y fue operativa en el ámbito europeo hasta 1938, cuando tuvo que abandonar sus actividades a causa de la tensión que desembocó en la Segunda Guerra Mundial. Tras un congreso celebrado en Bruselas en 1946, la CIPC-Interpol fue definitivamente creada en 1956. Su sede está en Lyon desde 1989[198].

En cuanto al ámbito de la cooperación antiterrorista internacional, habría que esperar al asesinato por parte de una organización terrorista macedonia del ministro de Asuntos Exteriores francés Louis Barthou y del rey Alejandro de Yugoslavia en Marsella el 9 de octubre de 1934, para que se llegara a la firma en Ginebra, el 16 de noviembre de 1937, de la primera convención internacional relativa a la prevención y represión internacional de este tipo de actos violentos[199].

3 El terror totalitario en la Europa de entreguerras

El período bélico que va de 1914 a 1945 trastocó los parámetros en que se había movido la política interna e internacional durante el siglo anterior, fragilizando o destruyendo los sistemas liberales y desencadenando nuevas fuerzas transformadoras (en esencia, comunismo y fascismo) que, en ocasiones, tuvieron incidencia durante décadas[1]. La guerra europea agudizó las reivindicaciones separatistas en los estados plurinacionales o pluriétnicos, desembocando en movimientos armados que utilizaron eventualmente tácticas terroristas, como el IRA frente a Gran Bretaña, la Ustasha croata y la VMRO macedonia contra el reino de Yugoslavia creado en 1929, o los atentados perpetrados por la diáspora armenia contra intereses turcos.

Según Sebastian Haffner, «la historia europea conoce dos formas de terror: una es la borrachera sangrienta y desenfrenada de una masa revolucionaria desencadenada y ebria por su victoria; la otra es la crueldad fría, deliberada, de un aparato estatal triunfante que trata de intimidar y manifestar su poder. Estas dos formas quedan repartidas entre la revolución y la represión. La primera es revolucionaria; se excusa por la emoción y la rabia del momento, por la cólera. La segunda es represiva; se excusa en las represalias frente a las atrocidades de la revolución»[2]. En efecto, la época de entreguerras contempló no solo la multiplicación de la violencia revolucionaria, sino sobre todo la culminación de una estrategia del terror sobre la población que fue desplegada como modo habitual de gestión política por los estados totalitarios, a través de mecanismos como la deliberada indeterminación del ámbito del delito político, la proliferación de instancias jurídicas especiales o la potenciación y la multiplicación desmesuradas de los resortes de control social: propaganda, servicios de información, instancias sectoriales de movilización político-social, órganos policiales y parapoliciales, etc., etc. Como dice Hannah Arendt, el resultado final del totalitarismo enraizado en la masa es el terror absoluto, dirigido a destruir la libertad y el individuo, y liberar al movimiento de la naturaleza y de la historia de los obstáculos del «yo»[3]. Los regímenes totalitarios son una forma de guerra civil bloqueada o guerra civil legal. En el totalitarismo el lugar del derecho positivo lo ocupa el terror total, que ya no es, como durante la Revolución francesa, un simple recurso ocasional para la supresión de la disidencia, sino que tiene como coartada la existencia de cualquier oposición para dominar sin ningún freno ni obstáculo. De modo que «si la legalidad es la esencia del gobierno no tiránico y la ilegalidad la de la tiranía, el terror es la esencia del poder totalitario»[4].

En esa línea argumental, definimos a un Estado como terrorista, no cuando recurre al terrorismo en algunas ocasiones o para ciertos propósitos, sino cuando lo emplea de forma sistemática, y se define en gran medida por la difusión continuada e indiscriminada del miedo sobre su propia población[5]. Un régimen totalitario, como lo fueron la Alemania nazi, la URSS estalinista o la Camboya del Khmer Rojo, busca una total dominación de la sociedad y la unanimidad sin fisura de sus súbditos, y este fin solo puede ser logrado mediante el empleo de un recurso coactivo: el terrorismo incesante, administrado por una policía secreta omnipresente y omnipotente sobre una población indefensa y atomizada. Como señalaron Friedrich y Brzezinski, en este tipo de estados totalitarios…

El terror abarca a la sociedad entera […] El alcance total y el carácter persuasivo y sostenido del terror totalitario es operacionalmente importante […] la atmósfera de miedo que crea exagera la fuerza del régimen y le ayuda a culminar y mantener esta fachada de unanimidad[6].

De una forma u otra, el terror gubernamental había jugado un papel esencial en el control de la población desde los reinos helenísticos al imperio zulú del siglo XIX[7]. Pero lo característico de los años de entreguerras es que las brutalidades autorizadas por el Estado alcanzaron nuevas e insospechadas proporciones, y fueron justificadas por utopías basadas en el orden, la pureza racial o la lucha de clases, mientras que la eficacia burocrática y los modernos medios técnicos les daban una amplitud sin precedentes. En los sistemas totalitarios, los imaginativos programas de mejoramiento humano eran en su mayor parte impracticables, pero la muerte era el único logro revolucionario que podía ser alcanzado de inmediato[8]. En sus acciones violentas, los gobiernos totalitarios manejan preferentemente a los distintos cuerpos armados, cuya denominación de «fuerzas de orden público» adquiere un acento sarcástico, a partir del momento en que se convierten en instrumentos totalitarios de violencia y en agentes del abuso legal. Las modalidades más comunes de este tipo de terrorismo son el nacimiento espontáneo de grupos clandestinos de autodefensa en ciertos sectores de la sociedad, de modo independiente a cualquier decisión gubernamental; el fomento artificial (e instigado desde esferas gubernamentales) de bandas armadas que actúan enmascaradas por una cobertura ideológica adecuada; la utilización subterránea de profesionales de la delincuencia como mercenarios gubernamentales, o de grupos de presión política o económica, y la decisión del poder de emplear en la lucha directa contra la disidencia a elementos de sus propias fuerzas de seguridad con facultades muy amplias y liberados de todo tipo de trabas legales y formales.

Como durante el Terror jacobino francés, la violencia intensiva del Estado estuvo estrechamente vinculada a la dialéctica de amenazas que se estableció entre la revolución y la contrarrevolución. En la Rusia soviética se organizaron la «deskulakización» y las grandes purgas dentro y fuera del Partido Comunista. En Alemania, el régimen nazi trató de crear deliberadamente un clima de terror multiplicando los esfuerzos por vincular a la opinión pública alrededor de la promesa de supresión de los desórdenes recurriendo a métodos de naturaleza terrorista. Era la imagen perfecta de Behemoth como animador del caos[9].

En esa misma época, buena parte de los regímenes democráticos europeos hubieron de enfrentarse a un fenómeno violento característico de la época: la paramilitarización de la vida política en los extremos del espectro partidario, cuyas estrategias de intimidación del rival ideológico tuvieron en ocasiones un indudable sesgo terrorista. Si durante el siglo XIX el terrorismo fue predominantemente anarquista o socialrevolucionario, en el período de entreguerras algunos movimientos fascistas utilizaron este método de lucha, como fue el caso de la Legión de San Miguel Arcángel rumana, o mezclaron la movilización callejera con acciones de terror individualizado o masivo, como las Squadre d’Azione fascistas antes y después de la «Marcha sobre Roma», las SA hasta la «Noche de los Cuchillos Largos» de junio de 1934, o Falange Española durante la «primavera trágica» de 1936.

Por último, se produjo la reaparición de un terror resistencialista heredero del «golpe al centro» del populismo ruso y de la «propaganda por el hecho» anarquista-nihilista. En las filas del nacionalismo más extremista se volvió a poner de moda el atentado individual perpetrado por sociedades secretas conspirativas de carácter contrarrevolucionario, como los atentados antibolcheviques de agentes infiltrados entre los grupos social-revolucionarios, la violencia desestabilizadora de la Cagoule en Francia o los asesinatos de la Santa-Vehme, la Organización Cónsul y otras organizaciones secretas nacionalistas contra líderes revolucionarios como Karl Liebknecht, Rosa Luxemburgo o Kurt Eisner, y representantes conspicuos de la República de Weimar como Mathias Erzberger o Walther Rathenau[10].

1. ORIGEN Y DESARROLLO DEL TERROR BOLCHEVIQUE

La Gran Guerra contempló la aparición del primer Estado socialista de la historia, fundamentado en una doctrina revolucionaria —el marxismo-leninismo— cuya relación con el terrorismo fue siempre muy equívoca. Marx y Engels rechazaron el blanquismo primitivo, pero comprendieron que se precisaba el fomento de una labor conspirativa que pudiera movilizar a las masas mediante una combinación de guerra civil, insurrección, sabotaje y campaña terrorista. A una inicial etapa de comprensión del terrorismo populista ruso y feniano siguió a partir de los años ochenta un rechazo de esta estrategia. Lenin y sus sucesores también consideraron la tradición revolucionaria romántica y populista rusa como un lastre histórico negativo. La actitud del futuro líder bolchevique ante el terror fue ambivalente: rindió homenaje al heroísmo de los narodovol’tsy, pero se opuso a su estrategia cuando surgiera en Rusia un auténtico movimiento revolucionario de masas. Como observó a inicios del siglo XX:

Nosotros no hemos rechazado el principio del terror y no lo haremos nunca. El terror es una forma de operación militar que puede ser empleado útilmente, o que puede ser esencial en determinados momentos de la batalla; pero el problema es que el terror se utiliza hoy en día no como una de las operaciones que la tropa en campaña debe realizar en estrecho contacto con el grueso del ejército y en armonía con el plan general de batalla, sino como ataque individual, completamente aislado de todo ejército […] Por eso nosotros declaramos que en las presentes circunstancias, este método de combate es inoportuno y está fuera de tiempo; distraerá a los combatientes más activos de sus tareas inmediatas y no destruirá a las fuerzas gubernamentales, sino a las fuerzas revolucionarias[11].

Aunque antes de la revolución de 1905 había combatido por razones estratégicas al terrorismo nihilista y social-revolucionario por no contar con un neto apoyo de clase ni estar incardinado en una estrategia revolucionaria coherente[12], Lenin toleró posteriormente este método, aduciendo que «el marxismo no rechaza ninguna forma de lucha» aneja a las operaciones militares irregulares que caracterizaban una determinada fase de la revolución, en concreto cuando las fuerzas subversivas no están aún en condiciones de emprender una insurrección general[13]. Lo que diferenciaba a este tipo de violencia terrorista aceptada por Lenin era su incardinación dentro de una estrategia coherente de lucha: no eran actos aislados o individuales de venganza al estilo nihilista, sino operaciones de vanguardia perfectamente encuadrables dentro de un esquema militar; una elección táctica entre varias en el transcurso de una coyuntura revolucionaria:

Los actos terroristas individuales no son un medio práctico en la lucha política. Únicamente el movimiento de masas se puede considerar como una lucha política real. Los actos terroristas individuales son, y deben ser, beneficiosos solo cuando están íntimamente ligados al movimiento de masas. En Rusia los terroristas (a los que siempre hemos combatido) hicieron varios intentos de este tipo, pero en diciembre de 1905, cuando la causa se había finalmente convertido en un movimiento de masas, en un alzamiento, y cuando era necesario ayudar a las masas en el empleo de la fuerza, entonces los terroristas se abstuvieron de intervenir[14].

Desde la primavera de 1905, Lenin comenzó a hablar de «terror de masas», haciendo referencia a la Revolución francesa. Este terrorismo popular de masas debía desembocar en la destrucción de la monarquía zarista y del capitalismo cuando las fuerzas armadas se unieran al pueblo. El rechazo leninista del terror era, pues, de carácter táctico, y no de principio, como mantenía Plejánov. De hecho, durante la revolución de Petrogrado hubo actos de terrorismo selectivo (acoso a oficiales, cosacos, policías, etc.), y varios destacados bolcheviques cooperaron en empresas terroristas, supervisando la fabricación de bombas para los social-revolucionarios maximalistas o protagonizando robos a mano armada.

En noviembre de 1911, Lenin reconoció en el órgano de los socialdemócratas austríacos Der Kampf que mantenía graves dudas respecto de la eficacia del terror. Ante el asesinato perpetrado por el socialista pacifista Friedrich Adler del ministro-presidente de Austria Karl von Stürgkh el 21 de octubre de 1916, Lenin escribió que «los atentados terroristas individuales son medios políticos de lucha irracional. Killing is no Murder, escribía nuestra vieja Iskra a propósito de los atentados; no somos contrarios al homicidio político […] pero en cuanto táctica revolucionaria los atentados individuales son irracionales y perjudiciales»[15].

Tras el triunfo de la insurrección de octubre, la implantación de los primeros instrumentos de represión de la disidencia corrió en paralelo a la polémica sobre el empleo del terror en el proceso revolucionario. El recuerdo de la Francia jacobina estuvo bien presente en el debate. El 4 de noviembre de 1917, Lenin que gustaba comparar la revolución soviética con la Francia de 1793-1794, declaró que los bolcheviques no habían recurrido al terrorismo a diferencia de los revolucionarios galos, «que guillotinaron a hombres desarmados», y esperaba no emplear el terror, ya que la fuerza de la masa estaba de su lado. Por su lado, Trotski advertía que «exigir la renuncia a toda represión en tiempo de guerra civil equivale a exigir el abandono de la guerra civil».

Sin embargo, el nuevo poder revolucionario pronto se dotó de un adecuado instrumento represivo. El gobierno provisional liberal democrático de febrero de 1917 había abolido el Departamento de Policía, la Gendarmería y la Okhrana. El 7 de diciembre de 1917, el Consejo de Comisarios del Pueblo (Sovnarkom) decidió la creación de la Comisión Panrusa Extraordinaria de Lucha contra la Contrarrevolución y el Sabotaje (VChK o Cheka, acrónimo del ruso Chrezvychainaya Komissiya), establecida en Petrogrado en sustitución del Comité Revolucionario Militar y dirigida a canalizar el terror revolucionario de masas. Su cometido era «reprimir y eliminar todas las tentativas y todos los actos de contrarrevolución y de sabotaje; librar a los tribunales revolucionarios para ser juzgados a todos los saboteadores y contrarrevolucionarios, y encontrar los medios de combatirlos»[16]. Esta comisión se dividió en departamentos de información, organización y acción operacional[17]. No tenía poderes judiciales y su capacidad punitiva era muy limitada.

El 16 de diciembre en Pravda, el historiador Pokrovsky afirmó que la policía secreta estaba en «la esencia misma de la revolución proletaria», de la que el terror era una «consecuencia inevitable»[18]. La evolución de esta organización estuvo estrechamente vinculada al desarrollo y agravamiento de la guerra civil. Sin renunciar a la lucha contra la especulación, el acaparamiento y el crimen común, la Cheka se dirigió en prioridad a garantizar la seguridad en la retaguardia de las líneas de combate, y a desplegar unidades especiales de seguridad entre las fuerzas del Ejército Rojo y en las vías de comunicación. Fue, en un principio, menos un órgano político que un sistema policial y judicial de fortuna, destinado a llenar el vacío dejado por la descomposición espontánea o el desmantelamiento deliberado del sistema judicial. Los efectivos de la Cheka pasaron de 2000 hombres a mediados de 1918 a más de 35 000 seis meses después, y a 140 000 al final de la guerra civil.

Tras la disolución forzosa de la Asamblea Constituyente por los bolcheviques el 6 de enero de 1918, ingresaron en la Cheka varios miembros del partido social-revolucionario de izquierda. Cuando se reanudó la ofensiva alemana en el este, el 21 de febrero de 1918, el Consejo de Comisarios del Pueblo declaró «la Patria socialista en peligro» movilizando todos los recursos contra la disidencia interna a través de lo que Lenin calificó de «el más cruel terror revolucionario»[19]. En menos de 24 horas, la Cheka dio orden a todos los soviets locales de «buscar, detener y ejecutar sobre el terreno a todos los miembros vinculados de una u otra manera a organizaciones contrarrevolucionarias, agentes y espías enemigos, agitadores contrarrevolucionarios, especuladores y todos los que dirigen la revuelta contra el Gobierno soviético»[20]. Esto implicó la concesión de poderes ilimitados para la Cheka, que el 18 de marzo estableció su red policial en las provincias (gubernias) y los distritos (uezds), vinculados al soviet de cada región (oblast).

Los levantamientos armados social-revolucionarios producidos en las ciudades del sur durante ese verano llevaron a una intensificación del terror rojo. Tras la detención de varios miembros de la organización clandestina Unión para la Defensa de la Madre Patria y la Libertad (SZRiS) de Boris Savinkov[21] y el abandono de la Cheka por los social-revolucionarios, se fue generalizando desde inicios de julio de 1918 la «manera bolchevique» en la represión, a base de detenciones y ejecuciones de opositores, sobre todo mencheviques y socialrevolucionarios de derecha, tras el restablecimiento de la pena de muerte el 16 de junio. Las ramas locales de la Cheka recibieron la orden de «aplicar la nueva política de terror masivo e implacable del gobierno», mientras que Izvestia daba cuenta casi diaria de sus actividades[22] Trotski y Lenin pusieron en marcha los primeros campos de concentración.[23]. Tres meses después de que el primero usara el concepto, Lenin envió el 9 de agosto de 1918 un telegrama exigiendo que los dirigentes locales del partido iniciaran «una campaña de terror contra los kulaks [propietarios], sacerdotes y guardias blancos; hay que confinar a todos los elementos sospechosos en un campo de concentración en las afueras de la ciudad»[24].

El desencadenamiento «oficial» del terror rojo se produjo el 3 de septiembre de 1918, tras el asesinato de Moisei Solomonovitch Uritsky, jefe de la Cheka de Petrogrado y segundo líder bolchevique en la ciudad tras Zinoviev, por un social-populista moderado y la tentativa de asesinato de Lenin por Fanny Kaplan el 30 de agosto[25]. Como en el asesinato de Marat en julio de 1793, estos actos de terror «desde abajo», más los desembarcos británicos en Arkhangelsk y Bakú y la toma de Kazán por Koltchak y la Legión Checa desencadenaron un viraje del terror represivo «desde arriba», impuesto por un régimen acosado desde todos los frentes. Al día siguiente, la Krasnaïa Gazetta de Petrogrado daba el tono de la respuesta:

A la muerte de uno, decíamos hace poco, responderemos con la muerte de mil. Henos aquí obligados a la acción. ¿Cuántas vidas de mujeres y de niños de la clase obrera no tiene cada burgués en la conciencia? No hay inocentes. Cada gota de sangre de Lenin debe costar a los burgueses y a los blancos centenares de muertos[26].

El 2 de septiembre, el Comité Ejecutivo Central Panruso adoptó una resolución donde anunciaba que «todos los contrarrevolucionarios y los que los inspiran serían tenidos por responsables» de los atentados cometidos contra «los dirigentes soviéticos y los defensores de los ideales de la revolución socialista». Al día siguiente, Izvestia publicaba una advertencia pública de Iakov Peters, vicepresidente de la Cheka, afirmando que «los designios criminales de los guardias blancos, los socialistas revolucionarios y otros pseudosocialistas» obligaban a la clase obrera a levantar «una mano vengadora para romper las cadenas de la esclavitud y responder mediante el terror de masa»[27]. Ese mismo día, Félix Dzerzhinsky, jefe supremo de la Cheka, exigió en Izvestia «que la clase obrera aplaste, por el terror masivo, la hidra de la contrarrevolución». Al día siguiente, el mismo diario clamaba por que «ninguna debilidad, ninguna duda se puede tolerar en la puesta en marcha del terror de masa»[28]. En esa fecha se publicó el primero de los dos decretos oficiales que impusieron el terror revolucionario. Se trataba de «detener inmediatamente a todos los socialistas revolucionarios de derecha conocidos por los soviets locales y tomar numerosos rehenes entre la burguesía y los antiguos oficiales». Había que responder con ejecuciones masivas a la menor tentativa de resistencia, y sobre todo «no dudar en emplear el terror de masa para eliminarlos definitivamente de la retaguardia de nuestros ejércitos»[29]. El 5 de septiembre, el gobierno soviético legalizó la represión indiscriminada en virtud del famoso decreto «Sobre el terror rojo» firmado por Grigori Petrovski y Dmitri Kourski, comisario de Justicia:

En la situación actual, resulta absolutamente vital reforzar la Cheka con el mayor número de camaradas fieles al Partido […] Es una necesidad primordial que la seguridad de la retaguardia del frente sea garantizada por el terror […] Se trata de proteger la República soviética contra sus enemigos de clase aislando a estos en campos de concentración, fusilar en el mismo lugar a todo individuo relacionado con organizaciones de guardias blancos, conjuras, insurrecciones o tumultos, publicar los nombres de los individuos fusilados, dando las razones por las que han sido pasados por las armas[30].

A partir de ese momento, el terror, hasta entonces esporádico y desorganizado, se convirtió en un instrumento político intencional, impuesto desde arriba, y obligado, como en Francia en 1793, por la escalada de la naciente guerra civil. Las medidas punitivas se tomaron según el artículo 58 del Código Penal de la URSS que hacía responsables de los crímenes contrarrevolucionarios a los causantes y a sus familias[31]. El 17 de septiembre, Dzerzhinsky emitió instrucciones para «liquidar» todos los casos de investigación de contrarrevolucionarios. Los asesinatos en masa en Petrogrado (500 rehenes) se iniciaron en ese momento. Como señaló el chekista Martin Ivanovich Latsis, la policía soviética no era una comisión de investigación, una corte de justicia o un tribunal, sino un órgano de combate que funcionaba en el frente interno de la guerra civil[32].

Las chekas locales practicaron arrestos, tomaron rehenes de los sectores burgueses y ayudaron al establecimiento de los primeros campos de concentración para elementos contrarrevolucionarios. La ejecución de unos 10 000-15 000 rehenes fue el resultado de esta primera oleada de terror rojo que duró hasta noviembre de 1918. Precisamente por esos días, Lenin aseguraba en su opúsculo La revolución proletaria y el renegado Kautsky (cruel diatriba contra su libro La Dictadura del Proletariado, que denunciaba la deriva autoritaria del régimen bolchevique, al que consideraba como contrario a la ortodoxia marxista) que «la dictadura es un poder que se apoya directamente en la violencia y no está sometido a ley alguna. La dictadura revolucionaria del proletariado es un poder conquistado y mantenido mediante la violencia ejercida por el proletariado sobre la burguesía, un poder no sujeto a ley alguna»[33].

Pocos meses más tarde fue León Trotski quien mantuvo una agria polémica con Kautsky, que había publicado el ensayo Terrorismo y comunismo, un análisis comparado del ejercicio del poder en la Comuna de París y en los soviets rusos, donde trataba de demostrar que el acceso de los bolcheviques al poder había sido un puro y simple golpe de Estado, cuyo éxito inicial solo podía mantenerse a través del terror:

Entre los fenómenos que ha producido el bolchevismo, el terror que comienza con la supresión de la libertad de prensa y culmina con las ejecuciones en masa, es ciertamente, de hecho, el más importante y el más repugnante, y el que provoca el mayor odio contra los bolcheviques[34].

Según este líder socialdemócrata de origen húngaro, para que una revolución fuera legítima y no degenerara en terrorismo debía ser apoyada abierta, activa e inmediatamente por una clara mayoría del pueblo. Kautsky reconocía el carácter violento de las revoluciones, pero pensaba que en el siglo XX una transformación revolucionaria de la sociedad podía hacerse sin imponer un régimen de terror. En su réplica, Trotski rechazaba el optimismo del dirigente socialista austríaco, y señalaba que el nivel de violencia en una revolución dependía de la ferocidad combativa de las fuerzas del antiguo régimen. Trotski afirmó que ninguna de las revoluciones del pasado había cumplido las pautas señaladas por Kautsky, y justificó vehementemente el «terror rojo», no como una derivación «natural» de la revolución, sino como un instrumento ocasional para su consolidación:

La revolución no implica «lógicamente» el terrorismo, como tampoco implica la insurrección armada. ¡Solemne banalidad! Pero, por el contrario, la revolución exige de la clase obrera que utilice todos los medios posibles para alcanzar sus fines; por la insurrección armada si es preciso, por el terrorismo si es necesario[35].

El terror se justificaba como continuación directa de la insurrección armada proletaria, siempre que acelerara el proceso de evolución histórica en sentido revolucionario y emancipador, puesto que la sociedad no debía cesar de moverse hasta haber conseguido su transformación socialista plena. Una vez obtenido el poder, la fuerza y el terror deberían profundizarse para mantener la tensión revolucionaria en el trance delicado de la guerra civil[36]. Según Trotski, «la intimidación es el más potente medio de acción política. La revolución mata a algunas personas; asusta a miles. En ese sentido, el terror rojo no se distingue en principio de la insurrección armada, de la que solo es la continuación»[37].

El terror rojo es un instrumento utilizado contra una clase abocada a la destrucción, pero que no se resigna a perecer. Si el terror blanco solo puede retrasar el ascenso histórico del proletariado, el terror rojo puede acelerar la destrucción de la burguesía. Esta destrucción —es una simple cuestión de aceleración— toma en ocasiones una importancia decisiva. Sin el terror rojo, la burguesía rusa y la burguesía internacional nos estrangularían mucho antes del estallido de la revolución en Europa[38].

Trotski justifica la práctica del terror como un recurso de supervivencia en la lucha desesperada contra un enemigo que amenaza con aplastarles, y lo hace en nombre de las leyes del progreso histórico, teorizándolo como fuerza necesaria para el alumbramiento de la nueva sociedad.

Siguiendo al pie de la letra esta premisa, en la revolución soviética el terror fue empleado como recurso del gobierno para la consolidación de la revolución. Se trataba de hacer salir a los enemigos ocultos (zaristas en 1917, anarquistas en 1918, mencheviques y socialistas revolucionarios en 1919) y defender al gobierno bolchevique de la amenaza planteada por la invasión simultánea de las potencias occidentales y el Japón. Según Isaac Steinberg, socialista revolucionario de izquierda y primer comisario del pueblo para la Justicia desde diciembre de 1917 hasta mayo de 1918, la violencia revolucionaria era «defensiva, inevitable y necesaria», mientras que el terror revolucionario era «agresivo y provocador». La primera está movida por «una justa cólera contra el antiguo orden y por la pasión de un mundo nuevo», y el segundo, indiscriminado y sin escrúpulo, lo era por «la rabia, el odio y la violencia»:

El terror es un sistema de violencia que viene desde arriba, que se manifiesta o está dispuesto a manifestarse. El terror es un plan legal de intimidación masiva, de coacción, de destrucción, dirigida por el poder. Es el inventario preciso, elaborado y cuidadosamente sopesado de penas, castigos y amenazas por las cuales el gobierno asusta, puesto que usa y abusa de él para obligar al pueblo a seguir su voluntad […] El «enemigo de la revolución» adquiere proporciones gigantescas cuando está en el poder una minoría temerosa, suspicaz y aislada. El criterio se amplía entonces sin cesar, abarca progresivamente a todo el país, acaba por aplicarse a todos, salvo los que detentan el poder. La minoría que dirige a través del terror extiende tarde o temprano su acción gracias al principio que todo está permitido frente a los «enemigos de la revolución»[39].

La ideología bolchevique dio al uso del terror nuevas dimensiones no defensivas, ya que fue empleado como una estrategia principal de la lucha de clases y de la reestructuración económica de la sociedad, actuando contra los campesinos propietarios o kulaks, en favor de la colectivización forzosa de la agricultura[40] o de la persecución política de Stalin contra los disidentes. Los mecanismos ligados a la brutalización de las relaciones sociales en el curso del primer ciclo de represión que abarca desde finales de 1917 a finales de 1922 desencadenaron una dinámica del terror que siguió pautas similares en el siguiente cuarto de siglo. Durante la guerra civil, el gobierno bolchevique intensificó la represión y el acopio de recursos económicos a través del «comunismo de guerra», impuesto a mediados de 1918 como baza para la consolidación del poder revolucionario. Tras un reflujo en noviembre gracias a la estabilización del frente del Volga, a los levantamientos revolucionarios en Europa Central y a la retirada alemana de Ucrania, el terror rojo conoció un nuevo apogeo en 1919, que coincidió con la lucha contra los ejércitos de Kotchak, Denikin y Yudenitch. Las «tropas de defensa interna de la república» controladas por Dzerzhinsky, que a inicios de 1919 superaban los 37 000 hombres, y contaban con una complicada estructura de tipo territorial, transporte, y departamentos especial, legal y administrativo[41], llegaron a alcanzar los 200 000 hombres en 1921. La Cheka protagonizó una auténtica guerra de «pacificación» contra los centenares de insurrecciones campesinas que estallaron en la primavera y el verano, perpetrando asesinatos y deportaciones en masa en las regiones cosacas del Don y del Kubán. El 20 de junio, el Sovnarkom promulgó un decreto en el que daba instrucciones a la Cheka para ponerse en pie de guerra en las regiones sometidas a la ley marcial, como era el caso de Ucrania. Los chekistas comenzaron a fusilar a detenidos a ciegas, y durante el otoño de 1919 procedieron al arresto de centenares de mencheviques y socialistas revolucionarios sospechosos de deslealtad y de complicidad con el enemigo en las ciudades susceptibles de ser afectadas por la guerra civil. En muchas poblaciones, la Cheka se encargó de reprimir las huelgas obreras en los sectores industriales considerados indispensables para la continuación del esfuerzo de la guerra[42].

La derrota y subsiguiente retirada de los ejércitos blancos se tradujo en una nueva atenuación del terror, confirmado por el decreto de mediados de enero de 1920 que abolió la pena capital. Pero en 1920-1921 la guerra ruso-polaca, la ofensiva de Wrangel y las insurrecciones campesinas provocaron un nuevo recrudecimiento de esta primera oleada represiva que se prolongó hasta después de la guerra civil[43]. Tras el fin de la misma, y en el contexto de normalización progresiva de la situación política, el 6 de febrero de 1922 un decreto abolió la Cheka para reemplazarla por la GPU (Gosudarstvennoe Politicheskoe Upravlenie, Dirección de Policía del Estado), dependiente del Comisariado del Pueblo para el Interior.

Entre inicios de 1923 y finales de 1927 el país conoció una tregua. La represión interna se redujo en el contexto de las luchas por la sucesión de Lenin, y por única vez hasta 1953 los efectivos de la policía política se redujeron a 26 000 civiles y 63 000 militares. Pero con la llegada al poder de Stalin, la colectivización forzosa y la campaña de «deskulakización» iniciadas en 1929 se convirtieron en una auténtica guerra declarada por el Estado soviético contra un segmento importante de la población. El balance fue más de dos millones de campesinos deportados, seis millones de fallecidos por causa del hambre y centenares de miles de muertos por las condiciones inhumanas del traslado hacia las regiones inhóspitas del oriente. Esta segunda guerra contra el campesinado de fines de los años veinte resultó decisiva en el proceso de institucionalización del terror como forma de gobierno, ya que instrumentalizó las tensiones sociales, inauguró el sistema de las deportaciones en masa y fue el contexto en el que se formaron los cuadros políticos del régimen soviético. El ambiente de terror duró hasta mediados de los años treinta, y culminó en la Gran Hambre de 1932-1933, que causó más de seis millones de víctimas, sobre todo en Ucrania, en buena parte por culpa de las duras penas impuestas al robo o a la dilapidación de la propiedad socialista según la «Ley de las espigas» de 7 de agosto de 1932. La violencia sistemática ejercida contra el campesinado medio en esos años permitió experimentar la eficacia de estos métodos coactivos sobre otros grupos sociales, como la ofensiva antirreligiosa o la purga de ciertas administraciones, en muchos casos con amplia secuela de encarcelamientos y privación de derechos cívicos.

La más gigantesca operación de represión de la época fue la «liquidación de los antiguos kulaks, criminales y otros elementos antisoviéticos», cuyo momento culminante se alcanzó en 1930-1932. El número de hogares a depurar se calculó arbitrariamente en un millón sobre un total aproximado de 25 millones de hogares campesinos, lo que suponía entre cinco y seis millones de personas. Sobre ese total, unos 63 000 cabezas de familia fueron detenidos, expropiados y deportados a regiones remotas por «actividades contrarrevolucionarias», y otros 150 000 fueron desplazados a la fuerza junto con sus familias. Las 400 000-700 000 familias restantes fueron expulsadas de sus casas y obligadas a establecerse sobre terrenos menos fértiles, en su propia localidad o en los alrededores. En total se estima que del 10 al 20 % de estos campesinos —entre 315 000 y 420 000 individuos— murieron de hambre, enfermedades, agotamiento o frío. Un gran número de kulaks deportados fueron obligados a trabajar en la industria y en las obras públicas en condiciones igualmente infrahumanas[44].

Otra forma particular de terror a través de la represión fueron las depuraciones sobre segmentos concretos de la clase política o de la élite administrativa. Los procesos-espectáculo tuvieron su precedente en los ejecutados en 1922 contra los social-revolucionarios, y continuaron en 1930 contra el llamado «Partido Industrial». Tras el XVI Congreso del Partido, que tuvo lugar a finales de ese año, se iniciaron los procesos políticos de nuevo estilo que marcarían la tónica de la dictadura estalinista: purgas contra saboteadores y opositores que se iniciaban con una histérica campaña de prensa, continuaban con confesiones de culpabilidad obtenidas por tortura y culminaban en grandes procesos saldados con las más duras penas. En 1931 se empleó este método contra los mencheviques, y en 1933 contra los ingenieros de la Metro-Vic. La purga del partido se inició en enero de ese año, y se tradujo en la ejecución de detenciones y juicios masivos, hasta el punto de que 1108 de los 1996 delegados del XVII Congreso del PCUS fueron detenidos durante la Gran Purga y alrededor de dos terceras partes fueron ejecutados. Menos del 2 % de los delegados a este «Congreso de los Condenados» mantenía su cargo en 1939.

Con todo, el 8 de mayo de 1933 Stalin y Molotov ordenaron la liberación de la mitad de los detenidos en los campos de trabajo cuyas condenas estaban vinculadas a la colectivización, y al año siguiente se efectuaron reformas de importancia en la policía y la judicatura. En efecto, en julio de 1934 fue abolida la GPU, y unificada con el recién creado Comisariado del Pueblo para Asuntos Interiores (Narodnyi Komissariat Vnutrennikh, NKVD) bajo las órdenes de Genrikh Yagoda, con funciones de vigilancia policial y política, administración de los campos de trabajo (Gulag) y seguridad fronteriza.

El asesinato de Sergei Kirov, primer secretario del Partido Comunista en Leningrado y estrella ascendente en el Buró Político, perpetrado el 1 de diciembre de 1934, permitió a Stalin generar una atmósfera de crisis y de tensión que condujo a las grandes purgas de los años treinta, que afectaron a los campesinos y a los obreros por un lado, y a las personalidades del aparato político y militar por otro, además de los miembros del partido en general. Tras el atentado se redactó inmediatamente un decreto que ordenaba la inmediata ejecución de todos los condenados a muerte y privaba a los acusados del derecho de recurso. Se autorizó todo tipo de investigaciones contra las personas acusadas de preparar o ejecutar actos de terror, impidiendo a los organismos judiciales el aplazamiento de las penas capitales, ya que el Presidium del Comité Central Ejecutivo de la URSS renunció explícitamente a cualquier medida de gracia[45]. A pesar de que la violencia y el terror estalinistas cobraron una ferocidad y un amplitud sin precedentes entre 1934-1935 y 1937-1938 (que fueron los años de las «grandes purgas» centradas sobre todo en las depuraciones periódicas en el seno del Partido Comunista), en 1935-1936 las detenciones declinaron de forma rápida y regular, al igual que las condenas y los encarcelamientos por «actividades contrarrevolucionarias». Pero a los buenos años económicos de 1934 a 1936 sucedió una ralentización del ritmo económico agravada por la depresión mundial y las malas cosechas de 1936, las más mediocres desde el hambre de 1932-1933. A partir de septiembre de 1936, fecha en la que Stalin nombró a Nikolai Iezhov a la cabeza del NKVD, el terror se amplió y alcanzó a un número creciente de jefes de empresa, administradores e ingenieros, acusados de sabotaje y destrucción económica.

El Decreto Kirov de 1934 y, quizás, el ejemplo dado por Hitler en la Noche de los Cuchillos Largos el 30 de junio de ese mismo año al eliminar sin contemplaciones la oposición en el seno del partido nazi, fueron la base argumental del Gran Terror de 1936-1938. Un terror que cobró cuerpo en el gran acontecimiento-espectáculo de los Procesos de Moscú de agosto de 1936, enero de 1937 y marzo de 1938. En todos ellos, a pesar de su carácter público y su enorme difusión, no había presunción de inocencia ni pruebas tangibles para sostener la acusación. Los encausados no pudieron recurrir al consejo de un abogado, y en su mayor parte acabaron por reconocer su culpabilidad. El «proceso de los 16» que tuvo lugar en Moscú del 19 al 23 de agosto de 1936 contra los disidentes centristas del partido, entre ellos Kamenev y Zinoviev, se desarrolló con las consabidas confesiones sobre actividades terroristas y culminó con el fusilamiento de todos ellos y de una cuarentena de simpatizantes. El 23 de enero de 1937 se inició otro proceso contra Piatakov, Radek y otros quince dirigentes soviéticos acusados de haber apoyado a Trotski a fines de los años veinte y de haber reanudado las «actividades terroristas» del grupo Kamenev-Zinoviev en operaciones de sabotaje industrial. El 30 de enero fueron declarados culpables y trece fueron ejecutados. De mayo de 1937 a septiembre de 1938 se produjo la gran purga de jefes del Ejército Rojo (entre ellos su comandante en jefe, el mariscal Mihail Tujachevski y siete altos mandos), que fueron acusados de espionaje en favor de Alemania y de organizar un complot militar para tomar el poder. El resultado fue la expulsión, encarcelamiento o eliminación de 35 020 oficiales superiores (entre ellos el 90 % de los generales, 20 000-35 000 oficiales del Ejército y 5000-6000 oficiales de la Marina) de un total de 178 000, y la ejecución de tres mariscales, 123 generales y ocho almirantes, lo que indudablemente mermó la capacidad del Ejército Rojo en pleno proceso de rearme alemán[46]. Tras la ejecución de Tujachevski, el Terror acabó por tomar grandes proporciones. Siguiendo instrucciones de Stalin y el Politburó, Iezhov definió categorías perfectamente arbitrarias de autores de delitos antiguos y recientes, susceptibles de ser sancionados de forma igualmente aleatoria. Del 2 al 13 de marzo de 1938 se celebró el juicio contra Bujarin, Rykov, Yagoda y otros dieciocho encausados por presunta pertenencia a un bloque antisoviético de derechistas y trotskistas. Todos menos tres fueron ejecutados. Las altas esferas de la clase política fueron las más afectadas de estos grandes procesos: el 70 % de los miembros del Comité Central elegidos en 1934 fueron enviados al Gulag o ejecutados, al mismo tiempo que el 50 % de los delegados del Congreso del Partido en 1934, el 80 % de los miembros del Comité Central en ejercicio y el 30 % de los comisarios del pueblo. Entre 1934 y 1939 el número de militantes del Partido Comunista disminuyó un 36 %. En el gobierno, la purga golpeó salvajemente a los escalones superiores del Gosplan y del Comisariado de Asuntos Exteriores, donde al menos el 62 % de los funcionarios superiores que habían servido en los años veinte fueron víctimas de un terror más dirigido a sembrar el miedo en círculos restringidos del poder que a afectar a la población en general. Salvo Stalin, todos los miembros del Politburó que habían servido con Lenin fueron eliminados, incluido Trotski, que el 20 de agosto de 1940 fue asesinado en su exilio mexicano por Ramón Mercader, un agente estalinista de origen catalán. Con todas estas acciones se trataba de impedir toda constitución de un núcleo de oposición, y de crear una nueva clase política vinculada directamente a la persona de Stalin.

El Gran Terror terminó como comenzó: con una resolución secreta del Politburó de 17 de noviembre de 1938. La clausura de esta etapa de represión, que fue bautizada con el nombre de Iezhovchina, tuvo lugar a fines de ese año con la sustitución de Iezhov (comisario general de la Seguridad del Estado, cargo de nuevo cuño diseñado para dirigir la represión política desde enero de 1937) por el georgiano Lavrenti Beria. Por esas fechas, el número de prisioneros en los campos de prisioneros era de ocho millones. Pero la caída de Iezhov no significó el fin inmediato de las persecuciones estalinistas contra sus enemigos políticos. En España, por ejemplo, los agentes soviéticos se ensañaron con el POUM durante la guerra civil. Pero el terror en ningún caso cesó en los años siguientes. Algunos de los procesados en años anteriores sufrieron la ejecución en 1939-1941, y algunos jefes militares que escaparon a los pelotones de fusilamiento en 1937 fueron liberados de los campamentos de trabajo en 1940, pero otros fueron arrestados en 1940-1941[47]. Todavía tras la posguerra se emprendieron nuevas campañas depuradoras, como las efectuadas contra la dirección comunista de Leningrado en julio-agosto de 1949, la campaña antijudía de 1952-1953 y la conspiración de los médicos (el llamado «complot de las batas blancas») de enero de 1953.

El Gran Terror se desarrolló en dos planos diferentes: combinó una docena de grandes operaciones terroristas en masa con cuotas de arrestos y ejecuciones por grupos étnicos, sociales y territorios, según la Orden Operacional del NKVD n.º 00447 de 30 de julio de 1937, que afectaron a más de un millón de personas. También hubo una represión centrada más específicamente en una parte de las élites políticas, económicas y militares, destinada a destruir todos los lazos políticos, personales, profesionales, administrativos generadores de solidaridad que no tenían como origen la adhesión a la política de Stalin o de su persona. Se trataba de promover una nueva clase dirigente que debía su carrera a un líder al que profesaban total adhesión, lo que desembocó en una lógica de clan y una concepción despótica del modo de gobierno[48].

El tiempo del Gran Terror concentró en menos de dos años, desde fines de 1936 a fines de 1938, más del 85 % de las condenas a muerte pronunciadas por tribunales de excepción durante el conjunto del período estalinista, y entre el 70 y el 75 % del conjunto de las condenas a muerte pronunciadas entre el fin de la guerra civil en 1921 y la muerte de Stalin en 1953. En 1937-1938, el NKVD detuvo a 1 575 259 personas, de las cuales 1.350 000 fueron condenadas por una jurisdicción de excepción, y fueron ejecutadas 681 692 —esto es, unas mil al día—, en su mayor parte por delitos políticos[49], si bien Isupov, tomando datos del NKVD, llega a la conclusión de que las muertes por represión en 1937-1938 se acercaron al millón[50] y Michael Ellman sitúa las víctimas mortales en un máximo de 1 200 000 y un mínimo de 950 000.[51], Robert Conquest habla de un mínimo de seis millones de personas detenidas en 1937-1938, lo que suponía alrededor de un 5 % de la población total del país[52]. Las cifras de víctimas del terror para fines de 1938 son doce millones de detenidos en cárceles o campos (cinco millones antes de enero de 1937 y siete millones entre esa fecha y diciembre de 1938), de los cuales un millón fueron ejecutados (700 000 de forma «legal») y dos millones murieron en los campos por malos tratos o ausencia de atención. A fines de 1938 seguían en cautividad nueve millones de personas, ocho millones de ellas en campos de trabajos forzados y el resto en cárceles[53]. En total, 16 millones de personas fueron arrestadas en la época de Stalin, y de ocho a diez millones perecieron en los campos de trabajo. Si se añaden los campesinos que perecieron durante la colectivización y el hambre de 1932-1933 (9,4 millones), se obtiene una cifra de víctimas no menor a los veinte millones[54].

Conquest culpa a Stalin del desencadenamiento de este proceso de violencia extrema, mientras que algunos historiadores revisionistas norteamericanos consideran que el Vozhd (caudillo) no planificó con detalle el desarrollo de los acontecimientos, sino que el desencadenamiento del «Gran Terror» tuvo más que ver con los crecientes conflictos que se planteaban entre las autoridades centrales y los poderes locales, que trataron de dirigir el terror contra innumerables «chivos expiatorios», para demostrar su celo e intransigencia en la lucha contra los «enemigos de clase», y conjurar la purga que se cernió sobre las secciones locales del partido desde el verano de 1937[55]. Por último, autores como Oleg Khlevniuk interpretan las purgas en clave exterior, como ataque preventivo contra quienes pudieran en un momento determinado formar parte de la quinta columna de una posible agresión germano-nipona[56]. En todo caso, el Gran Terror fue una operación de «ingeniería social» dirigida en todas direcciones, caótica, ciega, bárbara e incontrolada, desencadenada en una atmósfera de pánico y exceso de celo competitivo que evocaba la caza de brujas medieval, y que marcó el apogeo de la violencia intimidatoria como instrumento de dominio político. Las detenciones eran arbitrarias, ya que el régimen estalinista no escogía a sus víctimas por su presunta culpabilidad, sino por su pertenencia a cualquier categoría de personas que estuviera bajo sospecha en ese momento. En consecuencia, la población fue clasificada por categorías sospechosas. Con ello se logró poner en funcionamiento una burocracia civil y militar formada por mandos jóvenes de ciega obediencia estalinista, y concluir de manera radical la eliminación de todos los «elementos socialmente peligrosos», concepto desarrollado con deliberada vaguedad en el Código Penal soviético.

También desde la guerra civil se fue desarrollando una faceta complementaria del terrorismo estatal: los campos de reclusión. El primer establecimiento penitenciario de cierta importancia se constituyó en 1922 en el archipiélago de las Solovky, un conjunto de cinco islas del Mar Blanco a lo largo de Arkhangelsk que se mantuvo abierto hasta 1939. Con la puesta en marcha del Primer Plan Quinquenal en 1929 cambió para siempre la fisonomía del sistema penitenciario, y se inició la «gran reforma» que condujo al nacimiento de la Dirección General de los Campos o GULag, encargada de administrar el sistema de trabajo y de colonización forzados que hizo nacer de la nada grandes ciudades, influyentes imperios industriales o faraónicas obras de ingeniería. Porque la creación y el desarrollo del Gulag están estrechamente vinculados a la campaña de industrialización y colectivización forzosa. El sistema penitenciario se transformó en un importante instrumento de control político y en un elemento vital de los progresos del crecimiento industrial planificado. Con el desencadenamiento del Gran Terror, los recintos penitenciarios dejaron de ser prisiones administradas con rígida disciplina para transformarse en verdaderos campos de exterminio, donde los prisioneros eran obligados a trabajar hasta la muerte o eran asesinados. Pero, a diferencia de la Alemania nazi, no hubo campos dirigidos a la liquidación deliberada de prisioneros, ya que en el Gulag no se moría por la eficiencia, sino por la incompetencia organizativa de los verdugos. Se calcula que un millón de internos pereció entre 1930 y 1947.

En su época de apogeo, a fines de los años treinta, el Gulag albergaba a cerca de dos millones de detenidos. En 1940 existían 53 campos principales y 425 menores vigilados por una dotación de 107 000 miembros de la policía especial. La población reclusa, que era de unos 190 000 individuos en 1930, subió a 1,3-1,5 millones en 1938-1943. En esta última fecha descendió a 731 000 para elevarse de nuevo a más de un millón en 1947. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial se asistió a un nuevo endurecimiento de la penalización de los comportamientos sociales que tuvo como consecuencia un crecimiento ininterrumpido de los efectivos del Gulag, pero también el inicio de su crisis por causa de su hipertrofia y el creciente descenso de su rentabilidad económica. No es de extrañar que, tras la muerte de Stalin, Beria, persuadido de la imposible gestión de un Gulag superpoblado y cada vez menos rentable, decretase el 27 de marzo de 1953 una amnistía que afectó a 1 200 000 reclusos. A la muerte del dictador en 1953 había 2,5 millones de presos, a los que habría que añadir 2,7 millones más de «desplazados especiales» y «colonos de trabajo» deportados y asignados en residencia[57]. El balance humano final de este sistema concentracionario fue de 28 700 000 trabajadores forzados. Los presos políticos oscilaron entre el 12-18 % en los años del Gran Terror, el 30-40 % en la guerra mundial y el 60 % en 1946[58]. El trabajo esclavo finalizó con el estalinismo, pero el sistema punitivo extraordinario se mantuvo hasta el derrumbamiento final del régimen soviético en los célebres «hospitales psiquiátricos».

El terror soviético, sobre todo en época de Stalin, perdería toda connotación emancipatoria para convertirse en monopolio del Estado[59]. El régimen estalinista fue la encarnación perfecta del terror «desde arriba», ya que ningún país había sufrido anteriormente de una manera tan sistemática la intimidación impuesta por un aparato de Estado policial. Los mecanismos de segregación y de exclusión del «totalitarismo de clase» soviético se aplicaron en otros regímenes comunistas, como en China, donde además de las purgas internas realizadas en el Partido Comunista en 1930-1931 y 1942-1943, el régimen maoísta implantó en 1950-1953 el sistema penitenciario Laogai o impulsó el totalitarismo anárquico de la revolución cultural de 1966-1976, que provocó entre 400 000 y un millón de muertos[60].

La República Democrática de Kampuchea (abril de 1975 a octubre de 1979) ostentó un triste récord de fugacidad y letalidad. Tras el abandono norteamericano de Vietnam del Sur, el gobierno del dictador Lon Nol fue derribado por el Khmer Rojo (Khmae Krojom) en abril de 1975 tras cinco años de lucha. El primer ministro Pol Pot (su nombre real era Saloth Sar) introdujo una tosca parodia de puritana sociedad maoísta. El 17 de abril, ciudades como Phnom Penh, con cerca de dos millones de habitantes, fueron evacuadas a la fuerza, conducidos a varios centenares de kilómetros bajo la amenaza de los soldados revolucionarios, y la población reorganizada en «equipos de ayuda mutua» de 10-15 familias, luego integradas en grandes cooperativas campesinas de varios cientos de personas al estilo chino, con una estricta disciplina, comida comunitaria y severas restricciones a la vida familiar. Las directrices emitidas por Pol Pot en mayo de 1975 insistían en la evacuación de los pueblos, el cierre de los mercados y escuelas, la abolición del dinero, la ejecución de los miembros del antiguo régimen, la expulsión de 150 000 vietnamitas en septiembre de 1975, el establecimiento forzado de un régimen comunal y el envío de tropas a la frontera[61]. Se configuraba así una brutal revolución agraria donde el Estado, promotor de obras comunitarias como diques y canales, estableció una severa clasificación entre el pueblo con plenos derechos, base de apoyo al régimen, y «la gente del 17 de abril» (esto es, la que no se había unido a la guerrilla Khmer antes de su victoria y tenía «malas biografías»), que era tratada sin misericordia según fuera «vigoroso, medio o débil». Los khmeres rojos actuaron sin piedad contra los «ancianos» (antiguos opositores de Lon Nol), los «nuevos» (los que habían vivido en territorio ocupado por el gobierno pronorteamericano), y los «enemigos de la revolución» (militares, intelectuales, artistas sospechosos de simpatizar con los soviéticos, vietnamitas, tailandeses o americanos). Los núcleos familiares fueron desmembrados de tal manera que los matrimonios quedaron disueltos, por lo cual cónyuges e hijos eran separados radicalmente y enviados cada uno a provincias opuestas de la geografía nacional. Al tiempo que los campesinos perdían campo, familia y religión[62], se efectuó una concienzuda limpieza étnica sobre las minorías (los cham musulmanes sunníes del sudoeste, los chinos del este y sudoeste, los khmer Krom o campesinos bajos de acento vietnamita, los tailandeses, laosianos y las pequeñas tribus) que se acentuó con la invasión vietnamita de fines de 1978.

La campaña de ruralización y colectivización fulminante y su correlato de destrucción de infraestructuras (las factorías, laboratorios, hospitales y cualquier manifestación de civilización industrial, científica o urbana fueron arrasadas), deportaciones en masa hacia el campo, agotamiento en el trabajo, hambrunas y ejecuciones masivas de grupos sociales (como profesionales liberales y burócratas, o las citadas minorías étnicas) condujeron a la muerte de un millón a un millón y medio de personas (un 40 % de ellos jóvenes adultos) de una población subsistente de 5 200 000 en 1979[63]. En la frontera este, cerca de Vietnam, el genocidio de 1978 produjo 250 000 muertos. Hubo 400 000 víctimas de la ruralización forzada y 500 000 ejecuciones (a veces por el delito de robar cereal, muchas veces aplicadas por niños), a los que habría de añadirse entre 700 000 y 900 000 muertes por hambre y enfermedades.

En diciembre de 1978, Vietnam invadió Camboya, y el Khmer Rojo huyó hacia el noroeste del país y hacia los campos al este de Tailandia, donde continuó la guerra contra las fuerzas de ocupación. En 1981 el PCK (también llamado Angkar o «la Organización») anunció su disolución, y Pol Pot acabó por desaparecer de la escena política. Tras la firma de la paz en París el 23 de octubre de 1991, el Khmer Rojo derivó hacia la delincuencia organizada, sobre todo en la región fronteriza con Tailandia, negándose a aceptar un desarme hasta que en 1996 comenzó a desintegrarse: tras una purga final, los dirigentes del partido detuvieron a Pol Pot el 25 de julio de 1997, quien tras ser sometido a juicio murió en arresto domiciliario el 15 de abril de 1998. Un mes más tarde, el ejército camboyano capturó los últimos emplazamientos de la guerrilla, mientras muchos líderes se entregaron al gobierno y algunos fueron amnistiados.

En todos estos casos, la guerra civil se convirtió en una forma permanente de la lucha política, y permitía transitar con cierta facilidad del combate político a la exclusión, a la eliminación, y luego al exterminio genocida. Como observa Tzvetan Todorov, «el enemigo es la gran justificación del terror; el Estado totalitario no puede vivir sin enemigos. Si no los tiene, se los inventa. Y una vez inventados, no le merecen piedad alguna»[64].

2. LA GUERRA DE INDEPENDENCIA Y LA GUERRA CIVIL IRLANDESAS

La guerra de independencia irlandesa prefigura con dos décadas de antelación los movimientos de liberación nacional que sacudieron a los imperios coloniales tras la Segunda Guerra Mundial. La organización de la guerrilla urbana a gran escala fue una de las características de este conflicto, que situó algunas prácticas subversivas en la misma frontera del terrorismo. Gran Bretaña no fue batida militarmente en Irlanda, pero fue uno de los primeros países en sufrir la ley de esa nueva ecuación estratégica de la guerra revolucionaria según la cual la victoria militar no equivale necesariamente a la victoria política.

Inglaterra había conquistado la isla de Irlanda en el siglo XII. La anexión efectuada por el rey Enrique II fue muy mal acogida por los irlandeses, cuya homogeneidad étnica y cultural era incontestable desde la dominación celta siglos antes de la era cristiana. La imagen de una Irlanda gaélica y libre, junto con la identidad religiosa católica, nutriría el imaginario del nacionalismo irlandés hasta la actualidad. Por otro lado, la cultura de la revuelta, traducida en un amplio ciclo de rebeliones antibritánicas (1641, 1690, 1798, 1803, 1848, 1867, 1882, 1916…) se añade a la fobia religiosa existente entre las minorías del Ulster, donde el terrorismo, la clandestinidad y el paramilitarismo han sido por largo tiempo factores habituales de la vida política. Todos estos estrepitosos fracasos de la convivencia civil desde el siglo XVIII dejaron en Irlanda el poso de un ethos de rebeldía que volvería a estallar periódicamente en los siglos siguientes[65].

El conflicto socioeconómico entre católicos y protestantes, que arranca de la confiscación de tierras por los nobles ingleses a partir del siglo XVI, se recrudeció en el siglo XVII cuando la corona inglesa promovió el asentamiento de colonos protestantes en el norte (Ulster), lo que provocó en 1641 una rebelión católica yugulada con la masacre de Portadown. El apoyo irlandés al rey católico Jacobo II Estuardo contra Guillermo de Orange hizo que tras las victorias orangistas de 12 de agosto de 1689 y 12 de julio de 1694 (batalla de Boyne, conmemorada anualmente por los unionistas de la Orden de Orange) se incrementaran el control económico inglés y la marginación jurídica de los naturales de la isla, sentando las bases de un nacionalismo que se iría dibujando durante el siglo XVIII, curiosamente bajo el impulso de los ricos protestantes de Dublín. Tras los levantamientos frustrados de 1641 y 1690, en 1782 Irlanda obtuvo la autonomía legislativa y la supresión de una parte de la legislación anticatólica.

El 23 de mayo de 1798, Theobald Wolfe Tone, gran admirador de la Revolución francesa, impulsó la insurrección antibritánica de los United Irishmen, creados en 1792-1793 bajo inspiración de las revoluciones norteamericana y francesa. Derrotado en julio en la batalla de Vinegar Hill, Tone se suicidó después de que la fuerza de invasión franco-irlandesa fuese interceptada por la Royal Navy en septiembre en Lough Swilly (Donegal). Tras el fracaso de una insurrección que costó 30 000 vidas, el gobierno de Londres suprimió el Parlamento Irlandés, y la Union Act adoptada en 1800, que exigía que todos los parlamentarios irlandeses fueran protestantes, consagró la integración de la isla en el Reino Unido. A pesar de esa asimilación forzada, la discriminación política se mantuvo, justificando nuevas acciones insurreccionales el 23 de julio de 1803 (intento fracasado de Robert Emmet de tomar el castillo de Dublín) y en tono mucho menor en Ballingarry en 1848. Aunque los católicos se ganaron el derecho a acceder al Parlamento en 1829, la violencia política se convirtió en un problema endémico. En la década de 1840, el católico Daniel O’Connell logró levantar un gran movimiento nacionalista y popular con el programa de la revocación del Tratado de Unión. En reacción, los protestantes, que habían llevado hasta entonces el testigo de un nacionalismo elitista y colonial, comenzaron a identificarse con el unionismo probritánico.

Los mitos sociales, las tradiciones y las costumbres permiten desarrollar el terrorismo como una costumbre políticamente establecida, como lo muestra el caso de Irlanda, donde la tradición del uso de la fuerza física data de siglos atrás. Desde el siglo XVIII, esta actitud de insumisión tomó la forma de hermandades y sociedades secretas que ejercieron una fuerte influencia en la política irlandesa. Estas sociedades estaban preocupadas por la protección de los arrendatarios, campesinos y pequeños propietarios locales, y organizaron una forma violenta de autodefensa contra las arbitrariedades de los terratenientes y contra el pago de deudas e impuestos[66]. Fue el caso de los Defenders de fines del siglo XVIII (creados en el contexto de la violencia sectaria en las zonas rurales del Ulster como respuesta a la fundación de la Orden de Orange en 1795 destinada a garantizar el mantenimiento del predominio protestante), los Oakboys y Steelboys en el norte tras la revolución americana, los Whiteboys fundados en el sur alrededor de 1760, los Rightboys desde 1785, la Irish National Land League desde 1879 y las varias Ribbon Societies organizadas desde 1826, que ya hablaban de la aspiración a «liberar Irlanda»[67]. Estas actitudes de resistencia, favorecidas por una férrea actitud comunalista que otorgaba validez al uso de la violencia, sentaban las bases de una incipiente «justicia revolucionaria» y de un movimiento terrorista o combatiente a gran escala cuando la ocasión política fuera favorable.

La Gran Hambruna de 1845-1849, a raíz de la cual cerca de un millón de personas murió de inanición y epidemias, y que llevó a 800 000 irlandeses a emigrar hacia América, aumentó el resentimiento contra la presencia colonial inglesa (agudizado por la penuria de tierras en un régimen de propiedad establecido por los británicos, que también imponían exportaciones forzosas de productos agrarios a la metrópoli), a pesar de que hasta 1913 el autonomismo pacífico de Daniel O’Connell, Isaac Butt, Charles Stewart Parnell y John Redmond resultó la tendencia política dominante en la isla. Bajo este fondo de miseria se desarrollaron las primeras manifestaciones del terrorismo irlandés.

Los irlandeses aprovecharon el impulso nacionalista de las décadas finales del siglo XIX para abordar la creación de sociedades secretas inspiradas en el ritual romántico de los carbonari italianos. Así había surgido la Irish Republican Brotherhood (IRB), conocidos como «fenianos» (término que evocaba la milicia prehistórica de la Irlanda céltica), como organización revolucionaria secreta encaminada a impulsar una insurrección antibritánica. Fundada el 17 de marzo de 1858 en Dublín por James Stephens y un grupo de irlandeses americanos tras el establecimiento de su organización hermana, la Fenian Brotherhood, en los Estados Unidos, la IRB estaba influida por los tempranos grupos conspirativos irlandeses del defenderism y el ribbonism, y era partidaria de utilizar la violencia con el propósito de instaurar una República de Irlanda siguiendo el espíritu de Wolfe Tone. Junto con la Fenian Brotherhood, empleó la estrategia de guerrilla sugerida a mediados de la década de los sesenta por los veteranos irlandeses de la guerra civil americana. Su único intento de insurrección abierta resultó un fracaso en marzo de 1867, aunque la IRB formó gobiernos provisionales durante las rebeliones abortadas de 1867 y 1916, y se mantuvo viva hasta 1924[68]. Las rebeliones y los motines esporádicos protagonizados por los Young Irelanders o los fenianos en la primera mitad del siglo XIX en un tono de nacionalismo romántico dejaron paso a la actividad terrorista cuando la estrategia negociadora de Charles Stewart Parnell y el Partido Parlamentario Irlandés (IPP) para lograr un estatuto de autonomía (Home Rule) se puso en primer plano de la acción política durante los años 1860-1890. En 1885, el IPP de John Redmond lanzó una gran campaña por la autonomía que progresó gracias a su papel de bisagra parlamentaria entre liberales y conservadores británicos, y que se plasmó en los proyectos fracasados de Home Rule de 1886, 1893 y 1912.

La sociedad secreta de los Irish National Invincibles protagonizó acciones sangrientas como el dinamitado de la prisión londinense de Clerkenwell el 13 de noviembre de 1867, en la que un intento de liberación de prisioneros nacionalistas irlandeses provocó la muerte de doce personas, incluido un niño, y heridas a más de un centenar. Fracasado el levantamiento feniano de 1867, el ejército clandestino fue evolucionando hacia un partido político de tipo secreto, que infiltraba los movimientos nacionalistas legales. Aunque estas acciones son anteriores en el tiempo al terrorismo populista ruso, su violencia no fue tan amplia ni sistemática como la desplegada por los naródniki o los nihilistas. Tanto los fenianos de mediados del siglo XIX como las sociedades secretas republicanas como Skirmishers, Clan na Gael o Irish Invincibles, que se implicaron en campañas violentas entre 1875 y 1885, practicaban un terrorismo de carácter individual, ya fuera en los atentados con dinamita de Jeremy Rossa O’Donovan en 1881-1887 o en los cruentos asesinatos de Poenix Park (Dublín) perpetrados con arma blanca el 6 de mayo de 1883 contra lord Frederick Cavendish, secretario de Estado para Irlanda y el subsecretario Thomas Henry Burke[69]. El nacionalismo irlandés más extremista lanzó desde enero de 1881 a enero de 1885 una serie de ataques con bomba en las ciudades británicas (cuarteles, metro de Londres) con el objetivo de obligar al gobierno a aflojar su dominio sobre Irlanda. Su estrategia, metodología operacional y objetivos fueron innovadores en concepto y ejecución, y proporcionaron un modelo para la conducta terrorista que no ha cambiado sustancialmente en un siglo[70]. Cuando en 1885 el mayor general Henry Brackenbury fue nombrado por Gladstone subsecretario al frente de la policía tras los asesinatos de Phoenix Park, este argumentó que la policía era completamente incapaz de hacer frente a los grupos clandestinos irlandeses, y que necesitaba una organización no menos secreta e independiente provista de un presupuesto propio (unas 20 000 libras) para infiltrarse entre los terroristas y «quebrar su ímpetu»[71].

Tras la guerra campesina librada en los años ochenta sobre el sistema de tenencia de la tierra, la violencia declinó en los años 1890-1910 cuando los políticos británicos trataron de desviarla mediante la promesa del Home Rule. En 1902, miembros de una declinante IRB fueron a combatir en el seno de la Irish Brigade de John Mac Bride al lado de los bóers. Cerca de veinte años más tarde, el ejemplo de la guerrilla afrikaaner sería aplicado a Irlanda[72].

Para ese entonces, en un clima de recuperación de la cultura nacional basada en el idioma, los escritos de Arthur Griffith —más un propagandista y un filósofo nacional que un hombre de acción— llevaron la idea de la independencia a la arena política e intelectual irlandesa. A través del periódico United Irishman y de escritos como The Sinn Féin Policy (1904) logró catalizar el descontento existente por la demora del Home Rule mientras que en los Balcanes y Europa Central otras naciones oprimidas conseguían su autonomía o incluso su independencia de los imperios otomano y austríaco. En 1905, Griffith creó el Sinn Féin («Nosotros Mismos» o «Nosotros Solos»), liga nacionalista que reclamaba el boicot a las «instituciones coloniales», incluido el Parlamento de Londres. La idea del «Nosotros Solos» se convirtió en un lema habitual de la vida social y política irlandesa, al tiempo que la IRB se reorganizaba y adoptaba actitudes más radicales en 1906-1907, tratando de asumir el control del recién nacido movimiento separatista[73].

Al inicio de la década de 1910, las grandes agrupaciones políticas irlandesas iniciaron un amplio proceso de militarización en la perspectiva de la inminente discusión de la autonomía en el Parlamento de Westminster[74]. Los grupos armados no fueron concebidos como unidades clandestinas, sino como verdaderos ejércitos privados, que aparecían a la luz del día, vestían uniformes, realizaban desfiles y reclutaban nuevos miembros con total impunidad. La introducción por el primer ministro liberal Herbert Henry Asquith de un nuevo proyecto de Home Rule resultó trascendental, ya que provocó un levantamiento de la mayoría protestante reunida en torno al Ulster Unionist Council, que con el lema «Home Rule is Rome Rule» firmó un acuerdo el 28 de septiembre de 1912 que declaraba su determinación a defender su posición en el Reino Unido a todo trance, y organizaba para tal fin un ejército voluntario de 100 000 a 250 000 hombres bajo el mando del general sir George Richardson: la Ulster Volunteer Force (UVF), cuyo objetivo era «derrotar la presente conspiración para establecer un parlamento de autogobierno»[75]. Esta iniciativa de formación de un grupo paramilitar probritánico fue replicada desde el nacionalismo irlandés más intransigente representado por Eoin McNeill con la creación en noviembre de 1913 de los Irish National Volunteers (INV): 180 000 hombres dirigidos por el poeta Patrick Pearse, dotados de armas alemanas e infiltrados por una IRB que bebía de la tradición de las rebeliones fenianas y que en ese momento estaba sufriendo un cambio generacional. Así comenzó la paramilitarización de los grupos políticos, aunque el movimiento nacionalista irlandés ya atesoraba una amplia experiencia en la formación de voluntarios armados. Un ejemplo remoto fueron los Irish Volunteers (Óglaigh ma hÉireann) entre 1778 y 1782, que originariamente estuvieron destinados a reemplazar a los regimientos irlandeses enviados a Norteamérica en la defensa de la isla contra una potencial invasión francesa. En 1844-1845, el agitador nacionalista Daniel O’Connell planeó levantar un grupo de voluntarios, y en 1848 la asociación Young Irelanders cercana a en la doctrina mazziniana discutió la formación de una «Guardia Nacional» inspirada en el modelo revolucionario francés[76].

Como Irlanda parecía encaminarse a una guerra civil, el gobierno de Londres decidió prohibir el reclutamiento de los INV, mientras que la milicia unionista del norte era tolerada. El 18 de septiembre de 1914, la Home Rule Act recibió sanción real, pero ante las protestas de los unionistas y las presiones militares se formó un gobierno separado para el Ulster. El estallido de la Gran Guerra condujo de hecho a la congelación del Home Rule y a la división de los irlandeses entre los seguidores del nacionalista moderado John Redmond, partidarios de ayudar al esfuerzo de guerra británico, y el abstencionismo cargado de hostilidad del IRB y el Sinn Féin, que optaron por impulsar una insurrección armada aprovechando la coyuntura bélica. En septiembre de 1914, Redmond declaró que los INV deberían enrolarse en el ejército británico, lo que provocó la división entre los 170 000 partidarios de la colaboración, que se denominaron National Volunteers, y una pequeña minoría de 11 000 que siguieron el Eoin McNeill (fundador de la Gaelic League) y conservaron su nombre original de Irish Volunteers[77]. Es cierto que un buen número de irlandeses se enrolaron en las filas británicas, pero la IRB mantuvo su hostilidad a participar en la «guerra de Inglaterra», y su Consejo Superior decretó en 1914 que «una insurrección armada contra Inglaterra se imponía antes del fin de la guerra europea». La verdad era que, con esta postura intransigente en medio de un fervor probritánico bastante extendido, los efectivos de la IRB descendieron de 120 000 a 12 000 en pocos meses. De los 180 000 hombres encuadrados en los INV, solo 10 000 permanecieron leales a sus principios fundacionales cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, y únicamente 1500 lucharon por la recién proclamada República en el famoso levantamiento de Pascua de Dublín de 24 de abril de 1916. También el Irish Citizen Army, organización defensiva creada por el socialista James Connolly en el seno de la Dublin Transport Workers’ Union, apoyó este gesto insurreccional que se enmarcaba en una larga tradición de rebeldía antiinglesa que se remontaba al menos a las rebeliones de los United Irishmen de Wolfe Tone de 1798, de Robert Emmet en 1803, los Young Irelanders de John Mitchell en 1848 y los fenianos en 1867[78] Los 150 voluntarios de Connolly que tomaron el edificio central de correos como cuartel general de la sublevación acabaron fusionándose con el millar de militantes del INV en el Irish Republican Army (IRA) antes de ser derrotados.[79].

El levantamiento había causado 450 muertos (60 entre los rebeldes, 134 entre el ejército británico y más de 200 civiles), 2614 heridos (de ellos 2217 rebeldes o civiles) y nueve desaparecidos[80]. Dieciséis jefes de la insurrección, entre ellos Connolly y el poeta Patrick Pearse (uno de los animadores del INV) fueron fusilados en secreto el 3 de mayo. Las ejecuciones sumarias y el ahorcamiento por traición de sir Roger Casement constituyeron un ejemplo que movilizó a la opinión pública irlandesa en los años siguientes. Y es que el fracaso de la sublevación no supuso un revés para la causa independentista, sino un revulsivo moral y emocional suscitado por el sacrificio de los combatientes ya que, como dijo Pearse, «hay que acostumbrarse a las armas, derramar sangre es cosa purificadora y santificadora». Aunque una parte de la población manifestó en principio su cólera contra la rebelión por el temor de que el gobierno británico pospusiera sine die la concesión del Home Rule, las ejecuciones y la decisión de reclutar más carne de cañón irlandesa para el ejército británico según la Ley del Servicio Militar de 18 de abril de 1918 alentaron la rebeldía masiva (manifestada en la huelga general de 23 de mayo), vertebrada por un movimiento que pronto extendió su influencia a toda Irlanda. El 25 de octubre de 1917, durante una convención nacional convocada por la IRB y el Sinn Féin, se había celebrado una Convención Militar secreta que nombró a Michael Collins director de organización y a Sean McGarry secretario general de la estructura armada de los INV. Desde entonces y casi hasta el fin del siglo, el Sinn Féin quedó unido a una organización militar que apelaba al uso de la fuerza como medio para alcanzar sus fines[81].

Tras obtener una creciente popularidad en diversos comicios parciales de 1917, el Sinn Féin logró en las elecciones generales de 14 de diciembre de 1918 un total de 73 escaños (36 de cuyos titulares estaban en prisión) sobre los 105 reservados a los irlandeses en el Parlamento de Westminster, por 26 unionistas del noreste y 6 miembros del viejo Partido Parlamentario Irlandés. El voto unionista se redujo a la quinta parte de los sufragios totales. Los representantes separatistas, reunidos el 21 de enero de 1919 en el Ayuntamiento de Dublín, se constituyeron en Asamblea Nacional Irlandesa (Dáil Éireann) y votaron una Constitución, una Declaración de Independencia y un Programa de derechos sociales y democráticos. La República Irlandesa (Saorstat Eireann) fue proclamada al tiempo que se preconizaba la desobediencia civil, declarando solemnemente la guerra a Gran Bretaña y asignando a los Volunteers, metamorfoseados en el IRA tras una convención celebrada en la primavera de 1919, el rango de «ejército nacional de defensa» teóricamente al margen del Dáil, que solo asumió la responsabilidad política de sus acciones en marzo de 1921[82]. El mismo día de la primera reunión del Dáil, nueve Voluntarios Irlandeses tendieron en Soloheadbeg (condado de Tipperary) una emboscada a un transporte de gelignita y mataron a dos agentes de la policía irlandesa (Royal Irish Constabulary, RIC) que lo escoltaban. Este incidente suele tomarse como el comienzo de la guerra de independencia de 1919-1921, que comenzó a pequeña escala con actos armados contra fuerzas británicas o policías irlandeses en el sur y oeste del país o atentados individuales como el perpetrado contra el lord lugarteniente de la Corona en Irlanda, el mariscal sir John French, en el Phoenix Park de Dublín el 19 de diciembre de 1919, para luego ir aumentando lentamente en intensidad. La lucha fue, básicamente, una campaña guerrillera muy similar a la estrategia maoísta de guerra revolucionaria, en la que el uso del terror jugó un importante papel en el debilitamiento de la moral británica y en la disuasión a los civiles para que no prestaran ayuda a las fuerzas gubernamentales[83]. Fue también una guerra moderna, sucia y sin piedad, en la que las columnas de los INV (ahora reconvertido en IRA como embrión de las fuerzas armadas del gobierno revolucionario) jugaron un papel esencial. El IRA supo aprovechar la larga tradición de terrorismo agrario de los siglos XVIII y XIX, y fue creciendo y desarrollándose al calor de la lucha de la mano de hombres como Michael Collins, miembro del Consejo Supremo del IRB, director de organización y desde marzo de 1918 a mediados de 1919 ayudante general de los Irish Volunteers (llamados comúnmente IRA desde 1919), ministro de Finanzas en el Dáil y desde el inicio de la guerra angloirlandesa (junio 1919) director de inteligencia, cuando en la segunda mitad de 1919 se intensificó la guerra contra la RIC[84].

El IRA, que llegó a contar con 5000 combatientes en 1918, se organizaba por condados en brigadas y batallones autónomos, con efectivos muy variables y oficiales elegidos por la tropa. Organizados sobre la base territorial del condado, las brigadas del IRA, cuyos integrantes se reunían por la noche tras el trabajo, conocían perfectamente el terreno y empleaban las tácticas de acoso aprendidas en la guerra de los bóers. Las Filying Columns de los Volunteers, especializadas en reconocimientos, emboscadas y ataques repentinos, se desplegaron en las amplias bases del entorno rural, especialmente en los condados de Tipperary, Cork y Limerick, y estaban compuestas de no más de 30 hombres en servicio activo, que obligaron a mantener a 50 000 soldados y 15 000 policías en permanente estado de alerta[85]. Tom Barry, jefe de la columna ligera de la 3.ª Brigada del condado de Cork (Oeste) del IRA en 1920-1921, prescribía: «la columna volante atacará en cada ocasión en que pueda infligir mayor número de pérdidas al enemigo de las que ella misma pueda sufrir. Elegirá su propio terreno de batalla y cada vez que sea posible, rehusará el combate si las circunstancias le son desfavorables»[86].

El voluntario tipo del IRA era un católico de entre 20 y 29 años de edad, no casado y en su mayor parte campesino o de clase media baja[87]. El despliegue de la organización en 1920 era de 30 620 combatientes en la 1.ª División del Sur, similar cifra en Dublín, 7500 hombres en la Brigada n.º 1 de Cork, 5270 en la 2.ª y 4700 en la 3.ª, con un total de 13 000 hombres. La brigada de Kerry n.º 1 tenía 4000 hombres, la de Waterfront 2270, Limerick Oeste 2100 y Kerry n.º 3 tenía 1350, mientras que las fuerzas británicas eran 18 750 soldados, 1600 agentes de la RIC, 340 auxiliares y 570 marinos[88]. El gobierno británico se decidió por la guerra, y declaró ilegal al Sinn Féin en agosto de 1919, y al Dáil en septiembre. El 23 de marzo de 1920, el general sir Nevil Macready fue nombrado comandante en jefe de las fuerzas británicas en Irlanda, y trató de revitalizar la RIC mediante el reclutamiento de exsoldados ingleses. Al principio de la guerra, los golpes de mano estaban destinados a obtener armas y se recomendaba evitar víctimas innecesarias. En los primeros 18 meses, de enero de 1919 a junio de 1920, murieron 60 agentes de la Corona, pero gradualmente el IRA extendió sus actividades en una clara estrategia de espiral. En la segunda mitad del año 1919 comenzó a aplicarse la táctica preconizada por Collins de ataque directo a las fuerzas probritánicas, sobre todo en los cuarteles de la policía. La RIC, policía armada recluida en estos acuartelamientos, sufrió una política de hostigamiento y ostracismo que incluía la negativa a venderles comida o amenazas a sus familias. Muchos de sus miembros dimitieron después de sufrir, según datos del secretario de Guerra Winston Churchill, 1500 ataques, incluidos 18 asesinatos y 77 asaltos armados, durante la segunda mitad de 1919[89]. A fines de 1919 no pasó un día sin que un gendarme fuera atacado, desarmado y a veces asesinado, lo que provocó una oleada de dimisiones entre las fuerzas de seguridad y la concentración de los contingentes británicos en grandes cuarteles a partir del invierno de 1919-1920. A fines de 1919, el Dáil, el Sinn Féin y los otros partidos independentistas habian sido puestos fuera de la ley.

El inicio de la guerra de guerrillas dató de enero de 1920, cuando el cuartel general rebelde autorizó una ofensiva general contra la policía y desencadenó una contraofensiva militar. La escalada en el nivel de violencia (con acciones comparables a la Land War de 1880-1882 contra los terratenientes) se hizo evidente en comparación a los años anteriores: las bajas entre enero y marzo de 1920 fueron el triple de las del anterior trimestre, y luego se doblaron y triplicaron en los siguientes tres meses, estabilizándose en otoño y subiendo otra vez hasta el 11 de julio de 1921[90]. La lucha se hizo más indiscriminada: las víctimas no combatientes pasaron del 40 % en 1917-1919 al 48 % en 1920, 64 % en 1921 y 82 % en la primera mitad de 1922[91].

La ofensiva del primer semestre de 1920 contra los cuarteles de la RIC, especialmente en Tipperary[92], se inició con el ataque al cuartel de Ballylanders, en el condado de Limerick el 27 de abril: se trataba de irrumpir por el tejado cerca de medianoche, prenderlo fuego con cócteles Molotov y obligar a los ocupantes a salir mientras se desarrollaba un asalto frontal. El 4 de abril de 1920, aniversario de la rebelión dublinesa de 1916, el IRA atacó las oficinas de impuestos en todo el país, destruyendo los ficheros y paralizando la maquinaria fiscal británica. Trescientos quince puestos de policía fueron atacados simultáneamente en una sola noche. Durante los primeros seis meses de 1920 fueron destruidos 400 cuarteles[93], y se llegó incluso a capturar a un general británico en Cork en junio de 1920, de modo que el reclutamiento de fuerzas lealistas fue en descenso, mientras que la Oficina de Publicidad del Sinn Féin transformaba cada escaramuza en una verdadera batalla de acuerdo con los cánones de la propaganda de guerra del IRA establecidos en el primer conflicto mundial.

El enfrentamiento armado no conoció fronteras, uniformes o armas convencionales. Fue una guerra de guerrillas, librada a base de emboscadas y represalias[94]. Las primeras columnas volantes (Fliying Columns) se desarrollaron espontáneamente bajo el esquema de brigadas en la primavera de 1920, abandonando la organización de Active Service Units de tipo batallón. Las columnas se dirigieron sistemáticamente contra los puntos más débiles del dispositivo de seguridad británico, especialmente los cuarteles de la RIC, 800 de los cuales fueron destruidos hasta fines de abril de 1921. Por ese entonces se introdujo la estructura de divisiones, que durante el tiempo de la tregua solo se completó en las brigadas del norte y el sur.

Entre enero de 1919 y octubre de 1920, la policía irlandesa sufrió 117 muertes, abandonó casi 500 acuartelamientos y dejó virtualmente el espacio rural en manos del IRA. Tras los ataques a los puestos policiales y su ulterior abandono o mayor protección, el IRA inició en agosto de 1920 los ataques a las líneas de comunicación en el condado de Tipperary[95] Pero las Fliying Columns desaparecieron virtualmente ante las nuevas medidas represivas implementadas a mediados de 1921.[96].

En efecto, desde el inicio de 1920 el gobierno británico gastó veinte millones de libras por año para apoyar su campaña militar[97]. Para reforzar a la gendarmería local, el gobierno abrió en Glasgow y Liverpool oficinas de reclutamiento para unidades especiales de represión: un millar de antiguos oficiales ingleses nutrieron las filas de la División Auxiliar de la RIC o Auxies bajo el mando del brigadiergeneral F.P. Crozier. Mil novecientos veinte fue el año del cambio estratégico hacia el terror, que se manifestó en las represalias de creciente intensidad de la RIC y en la irrupción de los Black & Tans (Negro y Cuero), mercenarios que tomaron el nombre de una célebre jauría de caza de montería del condado de Limerick[98]. Esta fuerza, reclutada por el secretario de Estado de la Guerra Winston Churchill entre exoficiales del conflicto europeo para reforzar la RIC, llegó en marzo de 1920 y el segundo contingente (Auxiliaries) arribó en agosto. Dotados con abundante armamento, camiones y autoametralladoras, estos 1500 excombatientes veteranos fueron encuadrados en compañías de 100-150 hombres que actuaban con el rango de oficiales de policía y quedaban exentos de responsabilidad ante los tribunales civiles. Elegían a sus oficiales y efectuaban represalias, torturas o propaganda. Los Black & Tans actuaron desde marzo de 1920 con extrema brutalidad y efectuaron frecuentes represalias sobre la población civil, mientras que el IRA quemaba las casas de unionistas y secuestraba y asesinaba a soldados y oficiales británicos o a colaboracionistas, 73 de los cuales cayeron entre enero y abril de 1921.

La guerra civil en el Ulster (junio 1920-junio 1922), mezcla de conflicto comunitario y sociolaboral, desplegó una violencia muy intensa y diversificada. Tras los ataques de pistoleros del IRA sobre obreros protestantes y la policía se produjeron motines en Londonderry en mayo y junio de 1920, donde veinte personas resultaron muertas. El principal estallido de violencia ocurrió en Belfast y las ciudades vecinas en junio-agosto, cuando miles de trabajadores católicos fueron expulsados de los astilleros y talleres, y 4000 de ellos perdieron su hogar. Los católicos de Lisburn y Banbridge fueron evacuados, y 2000 fueron expulsados a la fuerza del distrito de Ballymacarret en Belfast en marzo de 1921, sufriendo 62 muertos y 200 heridos. El IRA se embarcó entonces en una serie de conflictos sectarios con los protestantes, que a su vez fueron protegidos por la milicia Ulster Special Constabulary (USC) creada el noviembre anterior sobre la base de los grupos «vigilantes» de la comunidad protestante: 16 000 B Specials a tiempo parcial y 1600 A Specials a tiempo completo[99]. Los brotes de violencia intercomunitaria dejaron 18 muertos en Derry en junio de 1920, más de una docena en Belfast en julio y 30 más en la misma ciudad en agosto de ese año. Entre julio de 1920 y julio de 1922 fueron asesinados 303 católicos, 172 protestantes y 82 miembros de la policía y el ejército en Irlanda del Norte[100]. Las muertes violentas por causa sectaria en los seis condados del norte entre julio de 1920 y julio de 1921 (cuando la guerra de guerrillas del IRA se vio casi como una invasión católica) están muy cerca de las provocadas en los otros 26 condados de la isla entre junio de 1922 y junio de 1923, pero afectó a una población mucho menor[101]. No cabe duda de que estos sucesos fomentaron por décadas la radicalización y la separación intercomunitaria.

La Restoration of Order in Ireland Act o «Coercion Act» de 9 de agosto de 1920, dirigida a incrementar los poderes del ejército (que podía juzgar en consejos de guerra a civiles), fue respondida con un incremento de la lucha armada y la declaración del estado de guerra en los condados meridionales de Cork, Derry, Limerick y Tipperary el 1 de diciembre, que fue extendido a los de Clare, Kilkenny, Waterford y Wexford el 4 de enero de 1921. Mientras que gran parte de Irlanda siguió llevando una vida normal, la guerra se hizo abierta en el suroeste, en los condados de Cork, Derry y Limerick, junto a las ciudades de Dublín y Cork, cuyo alcalde Terence MacSwiney (comandante de la brigada n.º 1 de Cork del IRA) murió el 24 de octubre de 1920 tras pasar 73 días en la cárcel en huelga de hambre. Su caso y el ahorcamiento del activista Kevin Barry a la semana siguiente conmovieron a todo el mundo, y fueron un arma propagandística de primer orden en las manos del movimiento republicano, dirigido por Eamon De Valera con apoyo de la emigración irlandesa en los Estados Unidos. Por su lado, Winston Churchill, fundó en Curragh una escuela especial de contraguerrilla para los oficiales británicos. Un Murder Gang formado por detectives ingleses e irlandeses quedó encargado de abatir a todo oficial superior del IRA que pudiera ser localizado.

Este endurecimiento brutal de los servicios de información de la policía británica fue adecuadamente respondido por los miembros del IRA. La estrategia subversiva de Collins se basaba en dos puntos: en primer lugar, la dislocación del servicio de información del enemigo establecido en el Dublin Castle (con los detectives de la G-Division) mediante un sistema de contraespionaje, donde los carteros cumplieron un importante papel de enlace. En segundo, la utilización del terror de eliminación: el 21 de noviembre de 1920, la Special Squad de los «Doce Apóstoles» de Collins ejecutó en ocho lugares diferentes a catorce oficiales de la G-Division de la Dublin Metropolitan Police (DMP) o Cairo’s Gang (equipo del servicio secreto británico bautizado por el lugar de sus actividades durante la Primera Guerra Mundial), encargados de la detección del crimen político, mientras que otros dieciséis policías eran muertos en una batalla en el condado de Cork[102] La destrucción de la inteligencia gubernamental en ese primer Bloody Sunday irlandés erosionó sin duda la capacidad británica para atacar al IRA.[103]. Como represalia, los Black & Tans asaltaron esa misma tarde el estadio de Croke Park en pleno partido de fútbol, y provocaron una docena de muertos y medio centenar de heridos. Michael Collins decidió entonces llevar la guerra a Inglaterra, provocando el incendio de quince depósitos de mercancías en Liverpool[104]. El 28 de noviembre, la 3.ª Brigada de Cork liderada por Tom Barry O’Connor emboscó un convoy de 17 Auxies en la carretera de Dunmanway-Macroom, cerca de Kilmichael, al oeste de Cork, el condado más extenso de Irlanda y el segundo en población[105]. En represalia por las celadas del IRA desde el verano de 1920 (con la estabilización de las columnas volantes en Cork, Tipperary, Clare y Limerick), los Black & Tans, acusados frecuentemente de aplicar la «ley de fugas» o perpetrar asesinatos a sangre fría, provocaron el incendio y el saqueo parcial del centro comercial de la ciudad de Cork el 11-12 de diciembre. El nivel de violencia aumentó considerablemente en los últimos cinco meses de 1920, con tiroteos, emboscadas a gran escala, huelgas de hambre, ejecuciones, represalias y contrarrepresalias.

Los asesinatos selectivos e indiscriminados de noviembre llevaron directamente a la última fase del conflicto, cuando el ciclo de violencia se hizo más intenso y cada bando contestó con creciente brutalidad a través de asesinatos, secuestros, ejecución de rehenes, emboscadas, asaltos e incendios. El IRA mató a dos Black & Tans y saboteó las líneas telefónicas. En los primeros cinco meses de 1921 menudearon los ataques a propiedades de supuestos simpatizantes del Sinn Féin. En torno a 80 miembros de la Brigada de Dublín del IRA fueron capturados tras el asalto y la destrucción de la Aduana, centro del gobierno local, el 25 mayo de 1921. En esta fase final, la violencia escaló rápidamente, incrementando los daños colaterales sobre la población civil: en diciembre 1920 murieron 177 policías y 54 soldados, por 42 civiles y miembros del IRA. Del 1 de enero de 1921 a la tregua de julio, 228 policías y 96 soldados fueron muertos, además de 154 civiles, entre los que se contaban algunos miembros del IRA[106]. Se multiplicaron las emboscadas en los condados de Leitrim, Limerick, Longford, Cork, Galway, Kerry o Mayo, y también en Dublín. Gran parte del sur y oeste de Irlanda quedó sujeta a la ley marcial, lo que implicaba el riesgo de adopción de represalias con incendios de propiedades. Hasta abril de 1921, la campaña del IRA había provocado la destrucción de 74 tribunales, además de 537 puestos de policía arrasados (más de un tercio del total) y 246 dañados, 9196 incursiones en busca de armas, 276 policías muertos, 456 heridos, 99 soldados muertos y 216 heridos[107].

Los asesinatos aislados contra los «enemigos de la República» continuaron. Muchas víctimas del IRA eran, como sus asesinos, devotos católicos, sobre todo en la RIC, que perdió en año y medio 405 agentes por 150 del ejército. En 18 meses de hostilidades, medio millar de soldados y policías, 700 voluntarios del IRA y otros tantos civiles murieron en esta guerra no declarada[108]. En junio de 1922, aún después del fin de las hostilidades, dos hombres del IRA asesinaron en Londres al mariscal de campo sir Henry Wilson, miembro del Parlamento por North Down y exponente del protestantismo más extremista[109].

Durante este conflicto, unos 43 000 soldados británicos quedaron acantonados en Irlanda, además de los 10 000 hombres de la RIC, 1500 auxiliares de la policía y varios miles de Black & Tans[110]. Aunque estos efectivos tenían que vérselas en realidad contra solo 3000 revolucionarios mal equipados, las columnas volantes del IRA en el sur y la escuadra de Collins en Dublín protagonizaron frecuentes incursiones en los cuarteles, emboscadas de convoyes militares en el campo y ataques a pequeñas patrullas y hombres aislados de la RIC y soldados en las ciudades. Todo ello minó la determinación británica y condujo al gobierno de Lloyd George a explorar una salida política. El 23 diciembre de 1920, el Parlamento Británico votó una Governement of Ireland Act que reconocía la autonomía de la isla bajo dos entidades distintas: los 26 condados de Irlanda meridional y noroccidental tendrían el estatuto de dominio en el seno de la Commonwealth, mientras que los seis condados del noreste se mantendrían como parte integrante del Reino Unido. A continuación, Lloyd George propuso una tregua el 11 de julio de 1921[111], y el inicio de negociaciones que desembocaron en el Tratado de Londres de 6 de diciembre, que convertía a Irlanda en un Dominio de la Commonwealth (Irish Free State), pero segregaba los seis condados del norte, convenientemente reorganizados por los británicos para que tuvieran una mayoría protestante. De hecho, el Ulster anterior a la partición contaba con nueve condados con cerca de un millón de personas que se consideraban súbditos de Su Majestad. Tres de ellos (Monaghan, Donegal y Cavan) tenían una población protestante inferior al 25 %, y solo los condados de Londonderry, Antrim, Down y Armagh tenían sólida mayoría orangista, pero en un territorio económicamente poco viable. Por ello, se optó por una solución intermedia, cediendo los tres primeros condados a Dublín, y añadiendo al Ulster los condados de Fermanagh y Tyrone, de mayoría católica, pero cuya incorporación permitía al gobierno de Londres obtener una mayoría global de más de 60 % de protestantes, además de una base de materias primas y la única zona industrial del país, en torno a Belfast. Desde 1921 a 1972, el Ulster tendría su propia asamblea y gobierno, y estaría dirigido por seis primeros ministros, todos ellos protestantes y vinculados a la Orden de Orange, mientras que los católicos no tuvieron ningún representante en el gobierno. Tras la declaración de la República de Irlanda en 1948, el gobierno británico promulgó la Ireland Act por la que se garantizaba el mantenimiento de la provincia en el Reino Unido mientras lo desease el Parlamento de Stormont.

El Tratado de Londres dividió de forma irreconciliable al nacionalismo irlandés. Presionado por las amenazas británicas de continuar la guerra con mayores medios, el 4 de enero de 1922 el segundo Dáil elegido en 1921 ratificó el tratado por 64 votos contra 57. Pero el 80 % de los miembros del IRA se mantuvieron fieles a la República unitaria, y optaron por el recurso de las armas tras una Convención Militar que celebraron en Dublín el 26 de marzo un total de 223 delegados que representaban a 16 divisiones y 112 650 combatientes. En abril ya existían de hecho dos ejércitos enfrentados, y a inicios de mayo cayeron las primeras víctimas de la guerra civil. El 31 de ese mes se produjeron en el Ulster serios incidentes intercomunitarios que provocaron la muerte a 87 protestantes y a 150 católicos. Precisamente entonces, Collins y otros miembros del gobierno provisional prepararon una gran ofensiva contra el nuevo Estado de los seis condados del norte, que estalló a inicios de mayo con ataques generalizados de tres divisiones del IRA a destacamentos de la RIC en Tyrone y Derry, seguidos por asesinatos, explosiones, ataques incendiarios y tumultos en Belfast (donde resultaron muertas 14 personas) y los condados de Derry, Antrim y Down[112]. Desde esa fecha hasta 1923, la Policía Especial (40 000 agentes armados) detuvo a más de 700 sospechosos, asestando un golpe fatal al Sinn Féin en el norte.

Las elecciones de 16 de junio de 1922 llevaron a la Cámara irlandesa a 92 partidarios del tratado contra 36 adversarios. En general, los apoyos a los primeros procedían de los empleados, los grandes propietarios y los obreros urbanos, mientras que las comarcas rurales más aisladas y con mayor descontento entre los pequeños granjeros y braceros eran contrarias al tratado[113]. Al día siguiente de los comicios, una Convención Militar Extraordinaria del IRA se pronunció por la moderación, generando un movimiento de disidencia animado entre otros por Tom Barry[114]. De este modo, la violencia no finalizó con la creación del Estado Libre de Irlanda en 1921, sino que desembocó en una guerra civil librada por el gobierno de Dublín contra algunos grupos radicales (los Irregulars del IRA) que ansiaban la unión del norte al resto del país. Sin embargo, la guerra civil se libró fuera del Ulster, principalmente en Dublín y en el sur y oeste del país. El IRA lanzó una campaña de asesinatos contra miembros del Dáil, y en respuesta el gobierno del Estado Libre ejecutó a 77 prisioneros. El 28 de junio de 1922, la Brigada de Dublín del IRA ocupó Four Courts (Palacio de Justicia), de donde fueron desalojados a las 48 horas por los cañonazos del Irish National Army, incipiente ejército del Free State. La lucha en la ciudad duró en total ocho días, tras los cuales se pudieron contabilizar 60 muertos y 300 heridos. En los siguientes dos meses, alrededor de 500 hombres murieron en ambos lados, entre otros el propio Collins, que cayó víctima de una emboscada al sur del condado de Cork el 22 de agosto[115]. Las tropas del Estado Libre, convenientemente pertrechadas por los ingleses, acabaron por desalojar a las columnas volantes de Liam Lynch y Eamon De Valera, que emprendieron una guerra de guerrillas condenada por la jerarquía católica y la mayor parte de la población. En el otoño de 1922, las columnas volantes de los rebeldes al tratado tuvieron que dividirse en pequeños contingentes móviles dedicados al sabotaje sistemático de las vías de comunicación. En octubre, el ejecutivo del IRA Irregular llamó a De Valera a formar un gobierno republicano cuyos miembros y actividades estuvieran sujetos a la ratificación del ejército, pero el 27 de abril de 1923, tras la muerte de Lynch y la captura de los más importantes jefes de IRA, el líder del Sinn Féin dio la orden de alto el fuego. Tras diez años de intensa política paramilitar, el IRA había sido derrotado, pero en vez de rendirse enterró sus armas y esperó tiempos más propicios para reanudar la lucha.

El coste humano de la guerra civil, que duró hasta mayo de 1923, fue de entre 800 y 4000 muertos: unos 800 soldados nacionalistas, cerca de 400 republicanos «irregulares» (de los cuales 77 fueron ejecutados sumariamente tras su captura) y un número indeterminado de civiles[116], además de 12 000 encarcelados tras el alto el fuego. Apareció entonces, como en la Dolchstoßlegende germana, el mito de un IRA nunca derrotado, pero vencido por la traición de sus propios dirigentes que habían firmado el Tratado de Londres. La herencia de rencores fue duradera, ya que «durante medio siglo, las divisiones personales y faccionales de la guerra civil continuaron siendo dominantes en la determinación de las afiliaciones políticas, de manera que los hijos imitaron los ejemplos que sus padres o abuelos les dieron en 1922»[117].

Aunque en 1924 el IRA decidió apoyar al Sinn Féin, las relaciones entre el ejército clandestino y el «gobierno en la sombra» de la República Irlandesa empeoraron gradualmente, a medida que la represión, la falta de fondos y la emigración hacia América debilitaban a la organización armada. En noviembre de 1925 una nueva Convención Militar acusó al «gobierno republicano» de convertirse en un simple partido y creó un ejecutivo independiente al que se dio el poder de «declarar la guerra». La Constitución del IRA de 1925 destacaba los medios militares para hacer política: 1. Recurso a las armas; 2. Organización, entrenamiento y equipamiento de los hombres adultos de Irlanda como eficiente fuerza militar, y 3. Asistir bajo la dirección del ejército a todas las organizaciones que trabajen con el mismo propósito[118].

De Valera y sus más pragmáticos colegas, deseosos de salir del atolladero del absentismo parlamentario, abandonaron el Sinn Féin en marzo de 1926 y fundaron el 16 de mayo siguiente el Fianna Fáil («Guerreros del Destino», lema de los Voluntarios de 1913), dispuesto a convertirse en la leal oposición oficial del Parlamento irlandés, mientras que el Sinn Féin mantuvo una política abstencionista en cualquier asamblea legislativa de Irlanda que duraría hasta 1986.

A inicio de los años treinta, los ataques terroristas contra agentes del Free State se incrementaron dramáticamente, conduciendo al gobierno irlandés a acentuar la represión ilegalizando el IRA y apresando a sus dirigentes. Por fin, el Fianna Fail, apoyado por un sector importante del IRA, ganó las elecciones de febrero de 1932, consolidando la alternancia en la naciente democracia irlandesa. Los miembros más caracterizados del movimiento armado republicano fueron liberados de prisión por De Valera, y enseguida comenzaron a acosar a los miembros del antiguo partido gubernamental Cumann na nGaedheal de William Cosgrave, que a su vez formaron el movimiento semifascista National Guard o Blueshirt en 1933-1934 sobre la base de los excombatientes de la Army Comrade’s Association. La incompatibilidad entre los métodos de De Valera y el IRA se empezó a hacer patente cuando algunos miembros de la organización armada comenzaron a flirtear con ideas socialistas radicales, que implicaban disputas sobre tierras y la ampliación del derecho de huelga. Al mismo tiempo, la formación paramilitar se fue enajenando el apoyo de la opinión pública irlandesa por actos de estúpida brutalidad. El IRA había asesinado el 10 de julio de 1927 a Kevin O’Higgins, vicepresidente del Estado Libre, y a mediados de los años treinta recrudeció los ataques contra policías en la frontera con el Ulster y contra los Blueshirts filofascistas de la National Guard dirigida por Eoin O’Duffy, amigo personal de Collins y que en febrero de 1933 había sido destituido de su cargo de jefe de policía por el gobierno del Fianna Fáil[119]. De Valera gobernó reprimiendo violentamente a quienes desde el IRA rechazaban la partición de Irlanda El movimiento armado republicano fue declarado ilegal en el sur de la isla en octubre de 1931 y de nuevo en junio de 1936, cuando se produjo la escisión final entre el IRA y el partido gubernamental. En esta guerra sin cuartel, los miembros más destacados de la organización clandestina fueron juzgados y condenados a largas penas de prisión. En el período comprendido entre abril de 1939 y mayo de 1949 (tras la constitución de la República de Irlanda en 1948 y el abandono de la Commonwealth al año siguiente), 26 de sus miembros murieron ejecutados o por huelgas de hambre. Las consecuencias se hicieron ver rápidamente: la afiliación al IRA, que se había incrementado en 1931-1932, cayó a 7358 activistas en 1935 y a 3844 en 1936. En ese mismo período, la militancia en Dublín casi desapareció, pasando de 490 a 93 en 1936[120]. Su liderazgo, envejecido y enfrentado en querellas faccionales, quedó dominado por aquellos que creían que la clave para la consecución de la República unificada era una campaña militar en el norte de Irlanda, en Gran Bretaña o en ambos territorios.

La nueva Constitución promulgada en marzo de 1937 permitió a fines de año cambiar el nombre de Estado Libre por Eire y reclamar la jurisdicción sobre Irlanda del Norte. Pero a esas alturas, la actividad militar del declinante IRA iba completamente a contrapelo de la dinámica política interior. Tras la preparación por Tom Barry de un fallido golpe de mano en las instalaciones militares británicas de Armagh que fue cancelado a última hora, el IRA se aprestó a una campaña de bombas y sabotajes a gran escala en Gran Bretaña con ayuda de la Abwehr nazi.

Tras la firma del Tratado de Londres, los diputados del segundo Dáil que habían votado contra el tratado eran considerados los únicos legitimados para gobernar Irlanda. En 1938, una docena de supervivientes transfirió su autoridad a la Convención Militar del IRA hasta que el conjunto del pueblo irlandés pudiera elegir libremente su propio gobierno. Se inauguraba de este modo la tradición republicana de no reconocer ni al gobierno de Stormont ni al Dáil de Dublín[121]. En abril de 1938 la Convención Militar del IRA, autoproclamada «Gobierno Provisional de la República», aprobó el inicio de una nueva campaña de bombas en Inglaterra («Plan S» de ataque a zonas industriales, estaciones eléctricas, estaciones de metro, bancos, cines, oficinas públicas, etc., dirigido por Sean Russell), confirmada con un ultimátum antibritánico el 12 de enero de 1939. Los artefactos comenzaron a estallar el 16 de enero. En los primeros siete meses de 1939 se produjeron 127 ataques, en los que solo una persona resultó muerta y 55 heridas[122], pero en agosto una bomba colocada en Coventry mató a cinco viandantes e hirió a sesenta. La campaña no hizo sino acentuar el aislamiento del IRA. El gobierno británico introdujo una legislación de emergencia (la Prevention of Violence [Temporary Provisions] Bill de 24 de julio de 1939, que autorizaba un estrecho control sobre los emigrantes y la posibilidad de deportación), y multitud de irlandeses fueron expulsados al Eire, mientras que De Valera, ansioso por mantener la neutralidad y preocupado por los lazos que el IRA mantenía con la Alemania nazi, ordenó en enero de 1940, tras un asalto republicano a las instalaciones militares del Magazine Fort en el Phoenix Park dublinés, que sus líderes fueran encarcelados o internados en campos de detención bajo la cobertura legal de la Offences Against the State Act de 14 de junio de 1939 y la Emergency Powers Act de 3 de septiembre de ese año, promulgada por el Dáil en enero de 1940.

El estallido de la Segunda Guerra Mundial pareció resucitar el viejo adagio irlandés de que «England’s difficulty is Ireland’s opportunity». El dinero y los agentes alemanes como el capitán Hermann Goertz afluyeron hacia la isla, pero durante los años del conflicto más de medio millar de personas sospechosas de querer desestabilizar el país fueron internadas sin juicio por el gobierno de De Valera[123]. Seis miembros de la organización armada fueron ejecutados y tres murieron en el transcurso de una huelga de hambre, pero los continuos arrestos practicados hasta el final de la guerra provocaron que, por primera vez en su historia, se rompiera la continuidad del liderazgo del IRA. Con ello, el republicanismo militante quedó totalmente mermado en esa parte de la isla[124].

En la posguerra, el IRA no era sino una secta de nostálgicos sin real peso político en la escena política irlandesa, que abordó de 1945 a 1951 una penosa reconstrucción impulsada desde Dublín. En 1948, el IRA tomó el control de los restos del Sinn Féin, y en la Convención Militar de septiembre de 1948 decidió atacar la presencia británica en el norte[125]. La proclamación de la República de Irlanda el 18 de abril del año siguiente llenó de alarma a los unionistas y condujo al premier Atlee a introducir el 3 de mayo una ley (Ireland Act) por la que Irlanda del Norte permanecería como dominio de Su Majestad mientras el Parlamento del Ulster no decidiese lo contrario. Ello levantó la indignación de los partidos irlandeses, que rechazaron estentóreamente la medida que hacía irreversible la partición de la isla. Como respuesta el Sinn Féin, que había obtenido enormes beneficios de esta agitación, reforzó su alianza con el IRA bajo la «suprema autoridad» del Consejo Militar, que ordenó a sus hombres la afiliación en el partido y, una vez controlado el mismo, lanzó incursiones armadas en instalaciones militares de Gran Bretaña y en torno a la frontera entre las dos Irlandas.

Tras un dilatado período de cinco años de adiestramiento y de acopio de armas a través de robos en arsenales militares y tráfico clandestino, en junio de 1954 la organización republicana reapareció en los condados de Armagh y Omagh, y desde el 12 de diciembre de 1956 a julio de 1957 lanzó una Border War que fue concebida como una guerra de guerrillas ejecutada por cuatro columnas volantes de un total de 120 hombres que golpearon objetivos en cada uno de los seis condados, y que esperaban obtener un apoyo popular según la perspectiva maoísta[126]. La idea de una campaña armada en el norte de Irlanda ya había sido barajada durante la guerra angloirlandesa en junio de 1921, en los prolegómenos de la guerra civil y de nuevo a mediados de los treinta. Esta nueva ofensiva (Operación Harvest de ataque a puestos aduaneros, cuarteles y centros de comunicación del Norte) contra las fuerzas británicas acantonadas en el Ulster provocó 18 muertos. Pero ante la creciente impopularidad de la operación, y con el temor a un enfrentamiento intercomunitario, el gobierno de la República Irlandesa detuvo a buena parte de la Asamblea Militar y a la plana mayor del Cuartel General del IRA en enero de 1957, e introdujo en julio de ese año el internamiento de sospechosos, medida que ya había sido adoptada por el gobierno de Irlanda del Norte en diciembre anterior. Tras alcanzar su punto culminante con 341 ataques ese año, los atentados cayeron a 26 en 1960, y la campaña finalizó sin pena ni gloria el 26 de febrero de 1962[127], sin haber logrado cambiar el statu quo decidido en 1921, ante la firmeza británica y la falta de apoyo del gobierno de Dublín y de la población católica del Ulster, alarmada con la revelación de los expeditivos modos (secuestros, asesinatos, etc.) de resolver las disensiones en el seno de la organización.

Las formas de acción violenta del IRB/IRA variaron notablemente desde la rebelión de 1916 a la guerra de guerrillas de 1920-1921, la guerra civil de 1922-1923, la campaña de bombas en Inglaterra en 1939-1940, los ataques a las fuerzas británicas del Ulster en los cincuenta y la campaña de terror de los setenta, que se conjugaron siempre con actos aislados de intimidación y asesinato. Características generales de la mentalidad violenta del republicanismo irlandés fueron su antibritanismo primario vinculado con el análisis anticolonial desde el siglo XIX, la conciencia de ser una vanguardia elitista en la lucha por la libertad, la importancia del sacrificio por la causa (el levantamiento de Pascua sigue ocupando una posición reverencial en el imaginario combatiente irlandés), la exhibición abusiva de la violencia física, el deseo de cumplir sus objetivos maximalistas de forma absoluta, el apoliticismo basado en el abstencionismo parlamentario, y el secularismo retórico que encubre un acusado componente sectario. Sin embargo, a pesar del acelerado proceso de inversión que sufría el republicanismo irlandés a inicios de los años sesenta del siglo XX, la reivindicación de derechos civiles por parte de la minoría católica del Ulster y la intransigente respuesta de la sociedad unionista posibilitaron una inesperada reactivación del IRA en la oleada terrorista que tuvo su comienzo a finales de esa década.

3. TERRORISMOS NACIONALISTAS EN LOS BALCANES

Las líneas de subversión terrorista que tuvieron más incidencia en la Europa de entreguerras fueron las que preconizaban la separación de entidades territoriales o estatales preexistentes de carácter plurinacional o pliuriétnico. No cabe duda de que la influencia de una organización terrorista es más grande cuando asegura que lucha contra una dominación extranjera. La reivindicación nacional o las reacciones de una minoría étnica sometida a un grave peligro son, junto con el factor religioso, elementos de movilización que a lo largo de la historia se han mostrado más determinantes que un simple programa revolucionario. Si se une la reivindicación de la identidad primordial con un adecuado programa de reivindicación social y política, el movimiento terrorista tiene aún mayores posibilidades de supervivencia.

Aunque a inicios del siglo XX emplearon el terrorismo multitud de nacionalidades sometidas (polacos, letones, finlandeses, georgianos, armenios, irlandeses, hindúes…), en la zona de los Balcanes, donde los turcos habían gobernado a través del terror durante siglos, esta táctica violenta era una tradición común y perfectamente aceptable para todos los pueblos. De modo que en esta zona de Europa, el terrorismo alcanzó la mayor intensidad y trascendencia política, a través de una serie de magnicidios de fuerte repercusión internacional.

La Mano Negra serbia

En la década de 1860, las organizaciones terroristas fueron adoptando una estructura francamente militar, especialmente en la conflictiva región de los Balcanes, marcada por la presencia secular de tres imperios y de un mosaico de nacionalidades. Así surgió el movimiento de la Joven Bosnia, inspirado en el modelo conspirativo mazziniano, el Ethnike Etaïria de la minoría griega sometida al yugo otomano, o los Tchetniks de la «Mano Negra», que serían responsables de asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo el 28 de junio de 1914. Después de la Gran Guerra, las reivindicaciones de algunos movimientos nacionalistas balcánicos, como la Ustasha croata y la VMRO macedonia contra la «serbización» del reino de Yugoslavia creado en 1929, o los atentados cometidos por la diáspora armenia contra intereses turcos[128] tuvieron un componente terrorista que se vería limitado desde 1945 por la satelización de la Europa del Este y el aislamiento voluntario de Yugoslavia respecto del bloque socialista.

Entre la comunidad serbo-bosnia se creó en 1908 la Narodna Obrana (Defensa del Pueblo), organización cultural semisecreta de carácter panserbio dirigida por el general Bozo Janković que tuvo como apelación alternativa Tsrna Rouka (Mano Negra), sociedad secreta fundada con propósitos de protección mutua por los militares ultranacionalistas que se implicaron en el cruento asesinato del rey Alejandro I Obrenovitch y su esposa el 15 de junio de 1903. La Mano Negra fue derivando en grupo armado con la escisión, el 9 de mayo de 1911, de la Ujedinjenje ili Smrt (Unificación o Muerte), organización secreta de tipo carbonario dedicada a fomentar la alianza de los pueblos serbios por la vía revolucionaria[129]. Formada por varios centenares de miembros, muchos de ellos oficiales del ejército organizados bajo un sistema celular de 3-5 individuos, estaba presidida por un Comité Central radicado en Belgrado y un Comité Ejecutivo compuesto de civiles y militares, estrechamente fiscalizado por el coronel Dragutin Dimitrijević, (alias) Apis, jefe de Departamento de Inteligencia del Estado Mayor General serbio[130]. En Bosnia-Herzegovina, que había sido anexionada por Austria en 1908, la sociedad era animada por Vladimir Gracinović, que se inspiraba en la doctrina anarquista para postular atentados como medio de acción y propaganda. A la altura de 1914, sus células reivindicaban más de 120 asesinatos, y controlaban a través de Dimitrijević organizaciones secretas como los Jóvenes Bosnios, de donde surgió Gavrilo Prinzip para ejecutar el magnicidio de Sarajevo el 28 de junio de 1914[131]. A fines de 1916, el primer ministro serbio Nikola Pasic decidió destruir la cúpula de la Mano Negra. En la primavera de 1917, como secuela de la ocupación de Serbia por los Imperios Centrales, sus líderes, incluido Apis, fueron detenidos, y sometidos en mayo a proceso penal en un tribunal militar de Salónica que les acusó incluso de una tentativa frustrada de asesinato del príncipe regente Alejandro. Dimitrijević y otros seis dirigentes fueron condenados a muerte. Aunque tres lograron ver conmutada la pena, Apis y el resto de sus camaradas murieron ante el pelotón de ejecución el 26 de junio de 1917. La Mano Negra fue proscrita ese mismo año, dejando paso a una nueva organización secreta, la Mano Blanca (Bela Rouka), formada por miembros de la Narodna Obrana, que continuó el trabajo paneslavista de su predecesora usando sus mismas técnicas terroristas y formando parte destacada del engranaje del nuevo Estado yugoslavo de posguerra. Su líder Petar Živković ocupó el cargo de jefe de la Guardia de Palacio en 1921, y llegó a ser nombrado primer ministro en 1929, cuando el rey Alejandro y los oficiales de la Mano Blanca orquestaron un golpe de Estado centralista escudándose en la tensión nacionalista (especialmente la croata) y la inestabilidad del Parlamento. Cuando la autocracia fue mitigada en 1931, Živković perdió el favor real en 1932 después de haber organizado numerosos procesos contra los líderes de las minorías nacionales, grupos ultranacionalistas y comunistas. Con la victoria de estos últimos tras la Segunda Guerra Mundial y la subsiguiente guerra civil en Yugoslavia, los miembros de la Mano Blanca fueron ejecutados por el nuevo régimen socialista o huyeron al campo aliado.

La VMRO macedonia

En Macedonia y Tracia, donde convivía una compleja mezcla de búlgaros, serbios, griegos, valacos y judíos, la victoria rusa de 1877 dio esperanzas de liberación que se difuminaron en el Congreso de Berlín de 1878, que devolvió Macedonia a Turquía y frustró la expectativa de unión con Bulgaria. La Bulgaria liberada del yugo otomano proporcionó un hogar intelectual y una base de operaciones al movimiento de resistencia macedonio, que el 23 de noviembre de 1893 se dotó de una estructura de combate: la Vetretcha-Makendonska-Revolutionarna-Organizatsa (Organización Revolucionaria Interna de Macedonia, VRMO), creada en Salónica entre otros por Hristo Tatarcheff, Damian Gruev y el oficial búlgaro Gotche Deltchev bajo el ejemplo de organizaciones similares serbias, búlgaras y griegas, y muy influida por los círculos militares búlgaros de origen macedonio. En su origen, Deltchev se inspiró en el programa revolucionario de los grupos búlgaros que fue redactado por Bakunin antes de la guerra ruso-turca de 1877. En esa ocasión, el anarquista ruso había aconsejado a los revolucionarios conducir una lucha partisana en las montañas con el propósito de provocar una intervención de las potencias[132]. El objetivo era crear un Estado autónomo macedonio que actuase como polo de atracción para una federación de pueblos cristianos eslavos. Los cinco principios básicos de su actividad eran:

La organización revolucionaria debía establecerse dentro de Macedonia y actuar allí, para que ni serbios ni griegos identificasen el movimiento como un instrumento del gobierno búlgaro.

Sus fundadores debían ser autóctonos y vivir en Macedonia.

El objetivo político de la organización debía ser la autonomía de Macedonia.

La organización debía ser secreta e independiente, sin vínculos con los gobiernos de los estados vecinos liberados del yugo turco.

Para la lucha que los revolucionarios macedonios deseaban emprender solo se aceptaría la ayuda moral y material de la emigración macedonia en Bulgaria y de la sociedad búlgara.

En 1896 se crearon una serie de estructuras, organizativas, como un Comité Central Revolucionario establecido en Salónica y unos estatutos y reglamentos para lanzar la subversión en el territorio macedonio, que a tal fin se dividió en cinco sectores de actividad. El objetivo reconocido del Comité Revolucionario fundador fue unir a todos los elementos insatisfechos de la opresión otomana en Macedonia y el vilayato de Adrianópolis para obtener la autonomía de ambas regiones. En sus orígenes, la VMRO era un movimiento fundamentalmente antiturco compuesto de civiles, que en sus actitudes se parecía a la antigua mafia siciliana: protección de la población contra las exacciones de los turcos, ley del silencio y administración de justicia paralela confiada a los comitadjis (comités, grupos de combate) a la vez recaudadores de fondos, mediadores de conflictos y ejecutores de traidores en el ámbito local. La VMRO aplicaba penas en diferentes grados: la advertencia, el apaleamiento, el boicot de los comercios, la condena a una misión peligrosa (un asesinato) y, por fin, la muerte. El movimiento de los comitadjis acabó por dedicarse al tráfico de drogas y al asesinato por contrato, como los que, al parecer, concertó con el gobierno búlgaro para desembarazarse de la oposición interna y con el líder ustashi Ante Pavelić para eliminar al rey Alejandro de Yugoslavia.

Establecida en toda Macedonia a fines del siglo XIX como una mezcla de servicio secreto revolucionario y de gendarmería informal, la organización fue derivando hacia la guerra partisana. Sus primeros guerrilleros, los haiduks (proscritos, luchadores antiturcos en los Balcanes) dueños de las montañas de Pirin, ocupaban villas y aldeas, y burlaban a las tropas turcas de ocupación. Junto con los tribunales o la estructura de propaganda y de finanzas, la punta de lanza de la organización desde 1899 eran las tchétas, bandas de diez hombres muy vinculadas a la vida de los pueblos, dirigidas por los voivodas (jefes) radicados en las montañas y que reciben refuerzos de las milicias de los pueblos que formaban la reserva de combatientes. Varios grupos formaban una organización local dirigida por un comité electo, y en la cúspide figuraba el Comité Central que residía de forma clandestina en Salónica.

Las revueltas se hicieron moneda corriente en el campo macedonio entre 1897 y 1899, y se sucedieron con ritmo estacional: a partir de marzo-abril, bandas armadas compuestas de búlgaros irrumpían en territorio macedonio, reunían a los vecinos de los pueblos en las iglesias, repartían propaganda, enrolaban, a veces por la fuerza, a campesinos para operaciones puntuales, dejaban armas y bombas en depósitos en los domicilios y reclamaban dinero a los más ricos, extorsionando a los comerciantes griegos y a los funcionarios otomanos antes de atravesar la frontera el mes de octubre[133].

La VMRO se convirtió en un Estado dentro del Estado, con una administración paralela y un sistema financiero. Organizó numerosos levantamientos y atentados antiturcos, con el objeto de «crear en Macedonia y los Balcanes un estado tal que no quede a las grandes potencias sino una vía para garantizar sus intereses: la de la pacificación de Macedonia por la aplicación de las normas solicitadas por la organización. Hay que prepararse para una lucha difícil, sangrienta y larga»[134]. Tras la captura de la ciudad de Melnik en 1897 y la desarticulación parcial del movimiento tras el descubrimiento de una red de tráfico de armas, la guerra de guerrillas se recrudeció a partir del año siguiente, pero debido a la falta de atención de las grandes potencias, interesadas en cultivar la amistad turca, la VMRO hubo de acentuar el terror revolucionario. Fue entonces cuando se crearon las tchétas o «compañías de la muerte», que se encargaban de los sabotajes y de las ejecuciones de los enemigos internos o extraños a la comunidad que eran designados por los comités locales creados en 1900.

A partir de 1897, la violencia también se trasladó a las ciudades. Dirigida por Damian Grueb y por el doctor Hristo Tatarcheff, presidente de su Comité Central situado en Salónica, la VMRO asumió ideas anarquistas y socialistas radicales, y se fue convirtiendo en un movimiento militar abocado al terrorismo y a la insurrección de masas. También impulsó el tráfico de armas desde Bulgaria y Grecia, e incluso varios agentes de la VMRO viajaron a Bélgica y Hungría para estudiar la química de explosivos.

Hacia 1900, el movimiento fue reforzado por la afluencia de voluntarios procedentes de Bulgaria. La VMRO estaba dividida en dos facciones: el Comité Supremo Macedonio-Adrianopolitano radicado en Sofía y un pequeño grupo de búlgaros conservadores radicados en Salónica, que se incorporó a la organización en 1902, y que no descartaba el terrorismo provocador para acelerar la unión de Macedonia con Bulgaria. El 1903, el líder indiscutible de la organización, Gotche Detchev, resultó muerto en una escaramuza con fuerzas turcas. Tras cinco años de preparativos, el 28 de abril de 1903 un grupo de anarquistas suicidas vinculados con la organización armada macedonia emprendió una vasta ofensiva terrorista, dinamitando en Salónica el barco francés Guadalquivir, que libraba armas a la Sublime Puerta, y la línea férrea Salónica-Constantinopla. Al día siguiente se hizo saltar la conducción del gas y se atacó la sede de la Banca Otomana, el Casino y otros edificios, causando más de un centenar de víctimas mortales. El 2 de agosto de ese año («Día de San Elías»), la insurrección de Inlinden-Preobrazhenie y la proclamación de la efímera «República de Krushevo» trajeron aparejada una cruenta respuesta turca, cuyos 300 000 soldados mataron a más de 8000 personas, destruyeron 200 aldeas y liquidaron en mes y medio a la práctica totalidad de los cuadros de la VMRO sin que las potencias europeas se decidieran a intervenir. En esta despiadada lucha antiturca, los comitadjis libraron 239 combates, sufrieron 994 muertos y aseguraron haber infligido veinte veces más víctimas al enemigo[135]. Desde 1904, sus acciones se dirigieron contra mezquitas e intereses de las grandes potencias.

Tras la rebelión de Inlinden, la VMRO se dividió definitivamente en una facción de izquierda federalista opuesta al nacionalismo granbúlgaro y radicada en los distritos de Seres y Strumica, y otra de derecha centralista establecida en Salónica, que era partidaria de la unificación con Bulgaria como aliada natural en su aspiración a la autonomía. El Comité Supremo fue desarticulado en 1905, pero la fracción centralista se inclinó cada vez más hacia el nacionalismo búlgaro. Los años 1905-1907 contemplaron luchas violentas de la VMRO contra las fuerzas turcas y contra los destacamentos griegos y serbios. Mientras tanto, la división entre las dos alas del movimiento se hizo irreversible con el asesinato de dos activistas de derecha, pero tras la revolución de los Jóvenes Turcos de 1908 ambas facciones se reconciliaron en su apuesta por la lucha legal. Sin embargo, cuando el nuevo régimen establecido en Estambul se fue haciendo cada vez más nacionalista y antiautonomista, la VMRO retomó la lucha armada en 1909. De 1910 a 1912, los atentados se sucedieron en los vilayatos de Skopje y Salónica, creando el ambiente propicio para la primera guerra balcánica, en la que voluntarios de la VMRO intervinieron en favor del ejército búlgaro. Sin embargo, las guerras regionales de 1912-1913, que expulsaron a los turcos de los Balcanes y enfrentaron a continuación a serbios y búlgaros, no aportaron a los macedonios la esperada independencia, sino que su territorio quedó repartido entre el Imperio Otomano, Bulgaria, Grecia y Serbia, países estos dos últimos respecto de los que los eslavo-macedonios no sentían ninguna afinidad. En consecuencia, la VMRO continuó su lucha desde el distrito búlgaro de Petrich contra el régimen de Belgrado.

Bajo presión de los macedonios de Bulgaria, el país entró en guerra en favor de los Imperios Centrales en 1914 con el anhelo de construir la Gran Bulgaria, pero los éxitos militares de la Legión macedonia contra los serbios no tuvieron continuidad. Los tratados de Neuilly confirmaron la división del territorio macedonio. La VMRO constató que la derrota en la guerra había supuesto importantes recortes territoriales para Bulgaria, y que el reparto del territorio macedonio parecía definitivo. El descontento se plasmó en la reactivación de la organización armada, que travestida en movimiento de liberación nacional emprendió acciones terroristas y de guerrilla contra Bulgaria y Yugoslavia. A tal fin, la VMRO se apoyó en determinadas fuerzas conservadoras búlgaras para liquidar a sus adversarios políticos, al igual que lo hizo en los austríacos durante la Primera Guerra Mundial y haría posteriormente en la Italia fascista durante el período de entreguerras. En el apogeo de su actividad militar en 1923-1924, la VMRO contaba en la Macedonia yugoslava con 53 tchétas (bandas armadas) y 3245 komitas (guerrilleros) mandados por 79 voivodas (comandantes), 54 subcomandantes, 41 secretarios y 193 correos. En esa región se pudieron documentar 119 enfrentamientos y 73 actos terroristas, que causaron a los serbios la muerte de 304 soldados y gendarmes y heridas a otros 1300, mientras que la VMRO perdió 68 voivodas y komitas, y centenares fueron heridos. En la Macedonia griega actuaron 24 tchétas y 380 komitas, que causaron 83 muertos y 230 heridos, mientras la organización armada macedonia perdió 22 hombres.

La organización armada macedonia inició una campaña de atentados que pronto fue dirigida contra el primer ministro Stambuliski y los integrantes de su gabinete, que fueron acusados de intentar una reconciliación con Grecia y Yugoslavia. El ministro de Defensa fue asesinado, y los activistas macedonios llegaron incluso a ocupar la ciudad de Kiustendil. El 8 de junio de 1923, Alexander Nicholov Protoguerov (un general de origen macedonio partidario de la Gran Bulgaria) encabezó un golpe de Estado contra el gobierno de Stambuliski: los oficiales de la Unión Militar, organización secreta derechista creada en 1919, tomaron los puntos clave de la capital y comandos del grupo de Tzankov procedieron a desarmar la «Guardia Naranja» progubernamental y a detener a los altos funcionarios del gabinete, mientras que el rey Boris declaraba vacante la presidencia del Consejo. Stambuliski se dirigió a Sofía con los restos de su «Guardia Naranja», pero tras sufrir una derrota en Pazarjik fue ejecutado por sus adversarios mientras intentaba la huida.

En ese ambiente de intimidación impuesto por la dictadura de Protoguerov en su cuartel general de Sofía, la VMRO acabó transformándose en los años de posguerra en una organización terrorista semimafiosa, minada por las rivalidades intestinas. Entre 1924 y 1931, la lucha entre facciones independentistas de izquierda y supremacistas de derecha provocó en Bulgaria más de 20 000 muertes, de ellas 193 cuadros y cargos relevantes de la VMRO. Desde 1925 su jefe era Ivan «Vantché» Mihailoff, líder de la facción anticomunista del movimiento, cercano a la Italia fascista y partidario de una revisión de los tratados de posguerra, que el 7 de julio de 1928 asesinó al prosoviético Protoguerov (que a su vez había asesinado en 1924 al antiguo dirigente Todor Alexandrov, hostil a un acercamiento a la Unión Soviética) y llegó a luchar contra las tropas soviéticas en 1944. En esa época turbulenta, la VMRO liderada por Alexandrov y luego por Mihailoff protagonizó acciones punitivas contra el ala izquierda de la organización, asesinando a varios de sus dirigentes que gravitaban hacia el Partido Comunista búlgaro. A pesar de estas sangrientas disputas internas, la VMRO constituía un verdadero Estado en la sombra, con un poder legislativo y ejecutivo de carácter itinerante. La organización estaba dirigida por un Comité Central de tres miembros, responsables ante el Congreso, y los «impuestos» (extorsiones) recaudados permitían emprender una mínima política financiera, económica y escolar.

Hasta 1934, la VMRO se empeñó en continuar la lucha contra el gobierno yugoslavo al que acusaba de oprimir a la minoría macedonia. Pero tras el clima de terror que llevó al golpe militar protagonizado en Sofía por el ejército el 19 de mayo de 1934, Mihailoff fue forzado a huir a Turquía, desde donde ordenó a sus seguidores que no se resistieran al ejército búlgaro y aceptaran un desarme pacífico para evitar males mayores. Degradada y dislocada en varias tendencias, la VMRO mantuvo su organización en el exilio, pero dejó de ser una fuerza activa en la política macedonia salvo por breves intervalos durante la Segunda Guerra Mundial. La ocupación búlgara de la Macedonia yugoslava en 1941 fue recibida con alborozo, mientras que en la Macedonia del Egeo la VMRO hubo de luchar duramente en 1943-1944 contra el nacionalismo griego y las bandas comunistas bajo la dirección de Mihailoff, quien tras abandonar su refugio en Zagreb apoyó al dictador croata Ante Pavelić y al Eje hasta fines de 1944. Derrotadas militarmente, las unidades de la VMRO fueron masacradas tras la capitulación nazi. Así desapareció una de las organizaciones terroristas más potentes de Europa, que prolongó su acción por cerca de cuarenta años, aunque hacia junio de 1990 reapareció en Skopje como partido político antiyugoslavo, antialbanés y anticomunista, y ahora es uno de los movimientos más poderosos de Macedonia, sospechoso de haber perpetrado en octubre de 1995 y un atentado fallido contra el presidente Gligorov. Con su apuesta por una lucha independentista que era una mezcla de resistencia política y de guerra social, y con su interés por impulsar auténticas campañas de propaganda hacia el exterior, la VMRO puede considerarse como precursora de la moderna guerra revolucionaria de liberación nacional que se haría moneda corriente tras la Segunda Guerra Mundial[136].

La Ustasha croata

Desde su creación el 24 de noviembre de 1918, el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos experimentó tensiones entre las distintas nacionalidades: serbios ortodoxos, eslovenos y croatas católicos, además de minorías alemanas, magiares, turcas, albanesas, rumanas e italianas. Muy pronto las aspiraciones particularistas croatas se transformaron en lucha activa contra el centralismo serbio. El 20 de junio de 1928, en la Cámara de Belgrado, el parlamentario radical panserbio Puniša Racić, vinculado a la Mano Negra, que multiplicaba los asesinatos en Croacia desde 1918, hirió a tres representantes de esa minoría y mató a otros dos, uno de los cuales era el líder del Partido Campesino Croata, el conciliador y antifascista Stjepan Radić. El 1 de diciembre se produjeron serios disturbios en Zagreb, y el 5 de enero de 1929 el rey Alejandro disolvió el Parlamento, suspendió la Constitución, asumió «provisionalmente» todas las responsabilidades del poder y encargó al general Givkuvić la formación de un gobierno palaciego. El 9 de octubre cambió la denominación del Estado por el de Yugoslavia, es decir, un reino unitario de los eslavos del sur. En Croacia se tomaron medidas de rigor, a las que la población respondió con el incremento de la resistencia, dirigida por el coronel Ivan Pertchević y el abogado Ante Pavelić. Este último, secretario general del separatista Partido del Derecho Croata, había creado en el otoño de 1928 una «Milicia Croata» que perpetró diversos actos terroristas tras la instauración de la dictadura real. Refugiados en Viena, los miembros del «Círculo de hierro» (exiliados croatas en Austria dirigidos por Pavelić) crearon en 1929 la Hrvatska Revoluciurna Organicija (Organización Revolucionaria Croata Insurgente, UHRO o Ustasha), organización armada con una estructura similar a las sociedades secretas militares granserbias Mano Negra y Mano Blanca o la VMRO macedonia[137].

La organización semiclandestina croata, apoyada por Mussolini, el «régimen de los condes» húngaro y desde 1933 por los nazis, defendía un nacionalismo radical que correspondía más al modelo de la Joven Italia de Mazzini que a un ultranacionalismo moderno de tipo fascista[138]. Como los croatas no tenían una tradición prolongada de violencia y clandestinidad, hubieron de ser encuadrados por instructores macedonios de la VMRO. Tras haber pasado por Viena y Budapest (donde, entre otras personalidades, encontraron el apoyo del ministro de la Guerra Julius Gömbös), el 20 de abril de 1924 Pavelić y el jefe de la VMRO Mihailoff firmaron en Sofía un acuerdo de mutua ayuda que hizo incrementar el alcance de las acciones violentas: el 17 de diciembre de 1929, la VMRO ayudó a los croatas a hacer saltar mediante una bomba un tren que transportaba a una delegación de «traidores» que iban a asegurar su fidelidad al rey. Ello aumentó la represión, y la Ustasha inició un sangriento juego de venganzas y represalias con los agentes de la Mano Blanca panserbia.

Pavelić, que mantenía relaciones con el subsecretario de Estado de Información, conde Galeazzo Ciano, se refugió en Italia en 1930. La Ustasha instaló su cuartel general en Bolonia, mientras que el gobierno fascista, principal impulsor de las actividades revisionistas húngaras contra Yugoslavia, Rumanía y Checoslovaquia, proporcionaba tres granjas cerca de Ancona, Brescia y Piacenza para organizar el entrenamiento militar. Los activistas croatas, que en esos años se evaluaban en torno a dos millares, comenzaron a actuar en 1931 colocando varias bombas en Zagreb, y otra en el Orient-Express. En 1932, la Ustasha indujo un movimiento guerrillero en Lika (Dalmacia), pero tras la intervención del ejército yugoslavo los rebeldes hubieron de replegarse hacia Hungría. Con todo, la acción más espectacular de esa época se produjo el 9 de octubre de 1934, cuando el VMRO «alquiló» a la Ustasha a su mejor asesino, que respondía al apodo de «Vlada el Macedonio», para ayudar a varios agentes croatas en la organización de un atentado contra el rey Alejandro I mientras se encontraba en Marsella durante el inicio de una visita oficial a Francia[139]. Tras este magnicidio, en el que también falleció el ministro de Asuntos Exteriores galo Louis Barthou, al parecer por una bala perdida de su propia policía, Pavelić y su lugarteniente Eugenio Kvaternik se refugiaron en Italia, que también proporcionaba armas a la VMRO y posteriormente a la Cagoule francesa[140].

Los asesinatos de Marsella tuvieron una previsible repercusión internacional: el 10 de diciembre de 1934, el Consejo de la Sociedad de Naciones elaboró una resolución en la que recordaba que «todo Estado tiene el deber de no alentar ni tolerar en su territorio ninguna actividad terrorista con fines políticos. Cada Estado debe emplear todos sus recursos para prevenir y reprimir actos de esta naturaleza y prestar su apoyo con los mismos fines, al Gobierno que lo solicite». Tras haber acusado al gobierno húngaro de tolerar la presencia de terroristas croatas en su territorio, decidió crear un Comité de Expertos compuesto por miembros de los gobiernos de Bélgica, Reino Unido, Hungría, Italia, Polonia, Rumanía, Suiza y URSS, que se afanaron en la elaboración de un anteproyecto de Convención Internacional antiterrorista[141]. Ante el escándalo suscitado por el atentado, alemanes e italianos disminuyeron su ayuda a los separatistas croatas, quinientos de los cuales fueron detenidos en el extranjero[142]. El nuevo regente Pablo se dispuso a liquidar prudentemente la dictadura existente en Yugoslavia y volver al régimen democrático, en el cual Croacia obtuvo una amplia autonomía.

El estallido de la Segunda Guerra Mundial posibilitó la efímera creación de un Estado terrorista en Croacia bajo protectorado nazifascista. En 1940, Hitler y Ribbentrop se mostraban hostiles al plan italiano de creación de un Estado croata independiente, ya que el Tercer Reich aún se inclinaba por una alianza con Yugoslavia concretada en el pacto de 25 de marzo de 1941. Pero tras el golpe militar de 27 de marzo favorable a los aliados, Alemania invadió Yugoslavia el 6 de abril en colaboración con los ustashis, que declararon la independencia de Croacia en Agram el día 10. Pavelić asumió el poder como Poglavnik (Presidente) e instauró un Estado títere semitotalitario según el modelo alemán[143]. Artukovic, organizador del asesinato del rey Alejandro, fue nombrado ministro del Interior, y el grueso del nuevo ejército croata (la Domobranstvo o Guardia Interior) se reclutó de las filas de la Ustasha. Tras haber controlado Bosnia-Herzegovina y parte de la Dalmacia, las milicias croatas atacaron a los musulmanes bosnios, y sobre todo desencadenaron desde junio de 1941 hasta el segundo semestre de 1942 una campaña de terror genocida sobre centenares de miles de serbios (causando entre 250 000 y 750 000 víctimas, según las fuentes) con el beneplácito de la jerarquía católica, que tampoco movió un dedo por los 30 000-40 000 judíos asesinados[144]. En la primavera de 1945 el Estado croata independiente se derrumbó tan rápidamente como había sido constituido: los ustashis intentaron franquear la frontera austriaca, pero fueron rechazados por los ingleses y acabaron siendo atrozmente masacrados por los partisanos serbios. Pavelić tuvo mejor suerte: tras huir del país el 4 de mayo buscó refugio temporal en Austria, Italia, Argentina y Paraguay, antes de recalar definitivamente en Madrid, donde murió en 1959. La Ustasha renació, al menos nominalmente, un cuarto de siglo después, asesinando al embajador yugoslavo en Suecia en abril de 1971 y atacando en 1976 un avión de la aerolínea JAT en el que murieron 27 personas.

La Legión de San Miguel Arcángel / Guardia de Hierro rumana

El movimiento fascista rumano representa un caso especial por su proclividad a la acción sectaria de carácter terrorista. Su origen está en un grupo estudiantil (la Legión de San Miguel Arcángel) de carácter ultranacionalista y antisemita, que a partir de 1929 inició campañas de propaganda agraria hasta llegar a constituirse en 1937 en el tercer partido en importancia del país. La Legión fue fundada en junio de 1927 por el estudiante de derecho Corneliu Zelea Codreanu, quien ya en 1923 había sido detenido por su participación en un complot nacionalista contra el primer ministro Ionel Bratianu. Según su propio testimonio, durante su encarcelamiento tuvo una revelación del arcángel San Miguel, «exterminador y vencedor de Satán», que le alentó a seguir la lucha y a fundar una organización bajo su advocación[145]. Convertido en un místico religioso debido a su personalidad paranoide, Codreanu propugnó la revolución cultural y religiosa del Omul nou (Hombre nuevo) basado en el propio sacrificio, a imagen de las enseñanzas de Tomás de Kempis en Imitatio Christi. Con este programa, Codreanu y sus amigos concibieron en el otoño de 1923 un plan para asesinar a los dirigentes judíos y a sus cómplices rumanos que fue abortado por la policía a inicios de octubre[146]. Portando la imagen del Arcángel como emblema mágico supremo, las acciones de este grupo de estudiantes fueron brutales e inmisericordes: los judíos eran colgados en los ganchos de los mataderos, mientras que Codreanu fomentaba la paranoia habitual del mundo agrario devotamente cristiano contra el «eterno judío».

Entre 1924 y 1939, los partidarios de Codreanu llevaron a cabo once asesinatos y varios atentados criminales. La ideología de la Legión de San Miguel Arcángel, concebida como una alianza revolucionaria de estudiantes y campesinos pobres, se concretaba en la fe en Dios y en la propia misión, el amor mutuo y el canto sacro. La tradición cristiano-ortodoxa jugaba en todo ello un papel fundamental, mientras que el fanatismo religioso, unido a la xenofobia, el antisemitismo y el antimarxismo, eran las bases doctrinales de su especial mística de la violencia rayana en el terrorismo fundamentalista. Como dijo Ion Motza, uno de sus lugartenientes: «Procurémonos pistolas, disparemos contra ellos, demos un ejemplo terrible que quede inscrito en la Historia del país como una advertencia permanente. Los elegidos de entre nosotros morirán o pasarán en la cárcel el resto de su vida. Se sacrificarán por el bien de toda la juventud»[147].

Codreanu comenzó el 15 de diciembre de 1929 una «peregrinación» por los pueblos de Moldavia y Besarabia, donde sus «legionarios» ayudaban a los campesinos en sus tareas y realizaban una importante labor de propaganda con sus cabalgadas. Pero su actividad no era solamente la parodia de la antigua caballería medieval, impregnada de la extrema religiosidad y de la profunda actitud piadosa que se suponía debía caracterizar a un mesías-capitán con resonancias mítico-heroicas[148]. La Legión era un movimiento sumamente violento, que gustaba del asesinato ritual y del terror individual, y hacía hincapié en el sacrificio propio como impulso de la «Cruzada»: tras un atentado, la expiación del pecado obligaba a la entrega a una mística de la muerte que incluía el martirio, en una exaltación de la tendencia autodestructiva que, como una secta o un grupo alienado, afectaba a toda la organización, cuya deriva terrorista, a decir de algunos autores, vino de la mano de su relación con los comitadjis macedonios. Quizás de ellos procediera su concepción de la violencia como una venganza ante la injusticia ejecutada mediante actos criminales, aunque también pudieron inspirarse en los haiduci (proscritos) balcánicos que acostumbraban a lavar con sangre cualquier pretendida injusticia. Todo ello dentro de un revival nacionalista de tono folklorista y de actitudes heroico-románticas violentas enfocadas hacia un pasado idealizado[149].

Imbuido de un fanático misticismo con arrebatos milenaristas, el «legionario», mitad monje, mitad terrorista, creía en «el valor ético de la fuerza» y estaba dispuesto al martirio por la causa de la libertad de Rumanía, ya que, en una imitación evidente de los clichés sacrificiales y necrófilos asumidos años antes por el Tercio Extranjero del Ejército español en Marruecos, «los legionarios han nacido para morir» y «la muerte es una alegre boda para nosotros». La organización legionaria superó una grave crisis cuando el joven Mihail Stelescu, opositor a Codreanu y subdirigente de la Guardia de Hierro (nueva denominación del movimiento a partir de marzo de 1930), creó su propio grupo «Cruzada de Rumanismo», más radical, y llegó a predecir su propio asesinato. En efecto, en los ámbitos extremistas de la Guardia de Hierro se escogió un echipa mortii (grupo ejecutor) que penetró el 20 de diciembre de 1932 en la habitación del hospital donde Stelescu convalecía de una operación de apendicitis: le asesinaron a golpes de hacha y 120 disparos, descuartizaron su cuerpo y efectuaron a su alrededor una danza de júbilo. Era un asesinato ritual en toda la regla, con oscuras connotaciones místicas. Ante estos y otros hechos, el primer ministro Ion Duca decretó la disolución de la Guardia de Hierro el 11 de diciembre de 1933 y encarceló a 18 000 de sus seguidores. Perseguido por el gobierno, Codreanu creó un equipo de la muerte compuesto por 15 hombres de estilo escuadrista, que asesinó a Duca el 30 de diciembre de 1933.

De este modo se abrió el período del «Terror», en el que unos tribunales militares excesivamente benévolos absolvían sistemáticamente a los legionarios, quienes declararon haber perdido a 15 camaradas en diversos enfrentamientos producidos entre el 22 de noviembre y el 10 de diciembre de 1933. En noviembre de 1934, Codreanu rebautizó su ilegal movimiento como Totul pentru Tzara (Todo por la Patria) y puso a su cabeza al general C. Cantacuzeno. Sea cual fuere su denominación, la Guardia de Hierro ya era una fuerza importante en Rumanía, apoyada en secreto por militares y políticos. En las elecciones de diciembre de 1937, el partido de Codreanu obtuvo 478 378 votos (el 15,58 % de los sufragios) y 72 escaños, y se convirtió en la tercera fuerza parlamentaria del país tras los liberales y los nacionalcampesinos. Los legionarios llevaron adelante una violenta campaña antisemita, y los judíos, en respuesta, paralizaron prácticamente la vida económica de un país al borde de la guerra civil. En febrero de 1939, el rey Carol II disolvió los partidos (entre ellos el Totul pentru Tzara) y convocó inmediatamente un plebiscito para el establecimiento de una Constitución semitotalitaria. El ministro del Interior, el nacional-campesino Armand Calinescu persiguió con saña a la Guardia de Hierro. Codreanu fue condenado a diez años de trabajos forzados, pero la noche del 29 al 30 de noviembre de 1938 fue abatido en el transcurso de una supuesta fuga con trece de sus partidarios.

El movimiento legionario se mantuvo pujante gracias a los trabajos clandestinos de sus sucesores George Clime y Horia Sima. Después que, el 21 de septiembre de 1939, Calinescu fuera acribillado por un grupo de Ruzbunutori (Vengadores), la represión se hizo aún más intensa: entre el 21 y el 29 de ese mes, la policía asesinó a más de trescientos legionarios, entre ellos a Clime. De abril a diciembre de 1939, cerca de 1200 legionarios, la mayoría de ellos muy jóvenes, fueron arrestados, encarcelados y muchos de ellos exterminados a partir de una lista negra de 6000 nombres[150].

Tras un levantamiento antimonárquico protagonizado por la Guardia de Hierro el 3 de septiembre de 1940, el rey Carol hubo de abandonar el país y el 7 de diciembre abdicó en favor del príncipe Miguel. El mariscal Ion Antonescu pasó a presidir un gobierno pronazi el día 5 de septiembre, y nombró el día 14 a Horia Sima vicepresidente del «Estado Nacional Legionario» y jefe de la Guardia de Hierro. La hora del triunfo parecía haber sonado para los herederos de Codreanu, que ocuparon puestos importantes en los ministerios y se dispusieron a efectuar la tantas veces acariciada venganza: entre septiembre de 1940 y enero de 1941 murieron varios cientos de personas en Jilava a manos de los legionarios, quienes también sufrieron cuantiosas bajas[151].

Las discordias surgieron pronto entre el Conductarul (Caudillo) Antonescu, básicamente conservador, y el radicalismo fascista representado por Sima. Ante la campaña de terror y persecución emprendida, Antonescu descalificó a la Guardia de Hierro como «movimiento de insurrección anarquista», disolvió la policía legionaria y visitó a Hitler en enero de 1941 para recabar su apoyo contra sus inestables aliados. Tras un conato de revuelta, el ejército rumano dominó la situación el 24 de enero de 1941: 346 legionarios murieron y muchos hubieron de huir a Alemania[152]. Antonescu abolió el «Estado Nacional Legionario» el 15 de febrero. La Guardia de Hierro se había desmoronado dos veces ante el ataque del gobierno, en 1938 y 1941, y finalizó de este modo tan poco honroso su influencia en la política rumana[153].

4. LAS SOCIEDADES SECRETAS ULTRANACIONALISTAS Y LA DESESTABILIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA EN ALEMANIA Y FRANCIA

En el período de entreguerras aparecieron en algunas democracias occidentales grupos semiclandestinos que se pueden calificar de «vigilantes revolucionarios», enfrascados en estrategias desestabilizadoras del régimen liberal-parlamentario. Tuvieron un precedente en las Centurias Negras anteriores a la revolución rusa, implicadas en pogromos antisemitas y asesinatos de dirigentes liberales y democráticos opuestos al zarismo.

Organización Cónsul

La guerra y la revolución fueron los acontecimientos centrales que permitieron el establecimiento de un nuevo paradigma de la violencia en Alemania, con la integración de la brutalidad en la sociedad burguesa durante y después del primer conflicto mundial[154]. En el período inicial de la República de Weimar (1919-1923), las intentonas revolucionarias en Berlín, Baviera o el Ruhr de enero de 1919 a marzo de 1920, la lucha de los Freikorps (Cuerpos Francos) en los confines bálticos durante el primer año de posguerra, las acciones terroristas nihilistas y belicistas de los Freikorps en Sajonia y Baviera en 1919, la ocupación de Renania y Palatinado establecida en el Tratado de Versalles o la campaña de desobediencia civil abierta tras la ocupación francobelga del Ruhr el 11 de enero de 1923 generaron en los sectores patrióticos más radicales un ambiente de emergencia nacional frente al enemigo interno y externo que fue el caldo de cultivo de sociedades secretas de carácter terrorista. Entre ellas figuraban la protonazi Thule Gessellschaft (Sociedad Thule), uno de cuyos miembros asesinó el 21 de febrero de 1919 a Kurt Eisner, presidente de la República Bávara de los Consejos; la Orgesch (acrónimo de la Organisation Escherich, creada en 1919, prohibida en Prusia el 1 de noviembre de 1920 y que con un centenar de miles de afiliados había ampliado sus actividades más allá de las fronteras del Reich) y la Orka (Organisation Kanzler), grupo clandestino que actuó de enlace entre los Freikorps bávaros y las uniones cívicas (Heimwehren) austriacas antes de fusionarse con la Orgesch en la primavera de 1920. Este tipo de organizaciones adoptaron la fisonomía de tradicionales instrumentos de terror comunitario como la Santa Vehme (tribunal instituido por los señores feudales en los disturbios campesinos de inicios del siglo XIV para castigar a los reos que habían traicionado o faltado al honor, con solo dos fallos posibles: absolución o sentencia)[155] y la Femegericht, sociedad secreta de justicia popular creada durante la Edad Media en Westfalia para castigar a supuestos criminales cuando se consideraba que el sistema judicial había cometido un error dejando impune un delito. Feme era el nombre aplicado a tribunales secretos autoconstituidos en Westfalia en la Edad Media. El término Fememord se aplicó a los asesinatos perpetrados por los miembros de la Reichswehr Negra (ejército clandestino alemán al margen de las limitaciones establecidas en el Tratado de Versalles) para salvaguardar la existencia de su organización[156]. Históricamente la Vehme fue un tribunal secreto establecido en Alemania en la Edad Media para castigar en nombre del emperador a los que escapaban a la justicia ordinaria. Estos tribunales de jueces francos no estaban centralizados, eran tácitamente consentidos por el emperador y reconocían su derecho a juzgar a todo súbdito alemán, fuera cual fuere su estado de origen. Desaparecieron en el siglo XV al ocupar su puesto una organización más regular de la justicia[157].

Tras su disolución oficial, los Freikorps dieron nacimiento a grupos de autoprotección, de donde finalmente surgieron las asociaciones secretas, bajo la capa de entidades deportivas, grupos de turismo, sociedades de tiro, etc., que acabaron por confundirse con las formaciones legales de la Reichswehr. La brigada de marina del capitán de corbeta Hermann Ehrhardt, conocido como «Cónsul Eichmann» en la clandestinidad, fue uno de los más eficientes Freikorps, que fue disuelto por el gobierno tras el fracaso del putsch de Kapp de marzo de 1920[158]. Entre fines de 1920 e inicios de 1921, miembros de esta unidad naval alumbraron la Organización Cónsul (OC) como fraternidad secreta tras de la cual se refugiaron muchas otras organizaciones, como el Neudeutscher Bund, el Wiking Bund o la Bayerische Holzverwertungs-Gesellschaft. La OC, que se autodefinía como ente de resistencia nacional heredera de la Feme, se consideraba la élite de estas organizaciones secretas militaristas. Los estatutos de la OC tenían los siguiente fines: luchar contra la Constitución «antinacional» de Weimar; impedir la revolución en Alemania; reprimir con el máximo rigor todas las agitaciones internas y hacer imposible, mediante el establecimiento de un «gobierno nacional», el retorno a las «condiciones actuales», esto es, a la democracia; evitar la mutilación del Reich y el desarme impuesto en Versalles, y lograr que Alemania conservase en la medida de lo posible su ejército y armamento[159]. Sus objetivos confesados eran la expansión del sentimiento nacionalista frente a antinacionalistas, internacionalistas, judíos, francmasones, jesuitas, socialdemócratas y radicales de izquierda; el fomento de un estado de opinión contrario al régimen republicano; la defensa del federalismo; la organización de tropas de choque para interrumpir reuniones antinacionalistas; la educación premilitar de la juventud y el mantenimiento de la potencia militar de Alemania. Pero su estrategia del terror se encaminaba ante todo a provocar un putsch izquierdista que justificara una nueva oleada de terror contrarrevolucionario. Para ello, no dudó en recurrir al atentado con la complicidad de la policía bávara. La «administración» cotidiana de sus actividades recaía en la Zentrale de Munich, mientras que la «sección militar» era dirigida por el teniente Manfred von Killinger y 13 gauleiters (jefes regionales) encargados de formar y supervisar células locales, crear arsenales clandestinos, entrenar a sus miembros en el uso de armas y dirigir la movilización. El artículo 5.º de sus estatutos obligaba a una obediencia incondicional de las órdenes.

La OC, que nunca mantuvo más allá de 5000 hombres, pero cuya actividad en el entorno de otros grupos racistas alemanes resultó muy intensa, fue responsable, entre otras, de la muerte con 12 disparos en la cabeza del ministro de Finanzas Matthias Erzberger (jefe del partido del Zentrum, firmante del armisticio y partidario de poner fin a la inflación por el aumento de impuestos) el 26 de agosto de 1921 a manos de Heinrich Schulz y el teniente de Marina Heinrich Tillessen, miembros del Estado Mayor de la brigada Ehrhardt, y socios del Schutz und Trutzbund, del Freikorps Oberland y de la OC, que lograron huir a Hungría[160]. La sociedad secreta también intervino en el asesinato por un antiguo oficial de la Einwohnerwehr de Kurt Gareis, miembro del USPD en la Dieta bávara en junio de 1922; en la «ejecución» el 3 de junio de 1926 del miembro de la Reichswehr Negra Pannier acusado de traición en el intento de asesinato con ácido prúsico de Philip Scheidemann, entonces burgomaestre de Kassel, el 4 de junio de 1922, o en un plan similar contra el jefe de la Reichswehr, general Hans Von Seeckt. La OC cometió, según estimaciones del Ministerio de Justicia del Reich, 354 asesinatos políticos (Fememord) en nombre de la «justicia popular» entre 1919 y el atentado mortal contra el ministro de Asuntos Exteriores Walther Rathenau (director de la AEG y organizador de materias primas durante la guerra) el 24 de junio de 1922[161]. Sus asesinos, el teniente Erwin Kern y Hermann Fischer, ayudados por Ernst von Salomon, habían sido pagados por el Schutz und Trutzbund y apoyados por la OC. El 18 de junio fueron sorprendidos por la policía, que mató a Kern mientras que Fischer se suicidó. Solo los cómplices de este último crimen recibieron fuertes condenas, aunque luego fueron amnistiados. El resto, que gozó de inequívocas simpatías judiciales, recibió condenas muy atenuadas de pocas semanas de cárcel o multas de escasa entidad. El 22 de octubre de 1924, 24 líderes de la OC fueron juzgados: seis resultaron absueltos, y el resto recibió condenas de tres a ocho meses de cárcel. En el transcurso de sus actividades, se pronunciaron contra activistas de la OC seis sentencias a muerte, otra a cadena perpetua, dos a quince años, dos a diez años y otra a ocho años. Estos grupos se aprovechaban de la persistencia del aparato burocrático imperial dentro de la República de Weimar, sobre todo en el ejército y la justicia, con los que sintonizaban por su ideal patriótico y su fidelidad al Estado contra el «peligro socialista» y republicano, ampliamente denunciado desde la época guillermina.

Ni la Ley de Protección de la República ni la orden de disolución ordenada por el gobierno tras la muerte de Rathenau consiguieron terminar con las actividades de la OC. Las connivencias con las acciones terroristas de estos grupos secretos post-Freikorps se encontraban al más alto nivel: la Reichswehr Negra (ejército clandestino alemán) mantuvo una estrecha relación con la OC (que más tarde se transformó en una nueva organización paramilitar denominada Viking Bund), cuyos sicarios frecuentemente encontraban salvación e impunidad en Italia o en Austria. En 1926, el Ministerio prusiano del Interior y los ejecutivos de otros Länder prohibieron las actividades del Viking Bund bajo la acusación de resultar una amenaza para la seguridad pública. Pero el Tribunal del Estado para la Protección de la República revocó en 1927 las medidas represivas, y el grupo terrorista no desapareció oficialmente sino por decisión del propio Ehrhardt el 27 de abril de 1928, autodisolviéndose definitivamente en 1933 siguiendo órdenes del nuevo gobierno nazi.

Aunque este tipo de organizaciones terroristas que formaban parte del abigarrado magma de grupos ultranacionalistas, pangermanistas, racistas y völkisch del que emergió el partido nazi fueron en su época una muestra de la función del terrorismo como «arma del pobre[162]» (entendido como recurso desesperado de movimientos políticos débiles, tal como lo practicaron los social-revolucionarios rusos tras la revolución de octubre de 1917, o la OAS y grupos «vigilantes» muy diversos a partir de los años sesenta), no cabe desdeñar su papel como referente estratégico para los diversos movimientos de resistencia que proliferaron en la Europa ocupada durante la Segunda Guerra Mundial, y que, al igual que estas formaciones armadas justicieras, galvanizadas por los mitos de la Dolchstoßlegende (la puñalada por la espalda asestada al ejército por los revolucionarios de noviembre de 1918) y del Blut und Boden (el culto a la sangre y la tierra), emplearon el arma terrorista tanto contra el ejército invasor como contra los colaboracionistas o los movimientos rivales de liberación nacional, como fue el caso de los partisanos comunistas de Tito contra los chetniks de Mihaïlovic.

Sintomáticamente, tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial, la Alemania ocupada no generó movimientos de oposición armada con un potencial subversivo equiparable a los que habían proliferado durante los primeros años del régimen de Weimar. El único acto terrorista atribuible a la organización de resistencia nazi Werwolf (Werewolf) fue el asesinato el 25 de marzo de 1945 del alcalde de Aquisgrán Franz Oppenhoff, aunque otros atentados contra oficiales aliados en abril de 1945 pudieron estar vinculados a esta organización clandestina controlada desde la estructura regional de las SS, y nutrida por antiguos miembros de la Orden de la Calavera, funcionarios de la Gestapo y fanáticos adherentes a la Juventud Hitleriana[163].

CSAR/Cagoule

En la Francia de los años treinta, la acción violenta de las ligas y partidos ultranacionalistas y fascistas se desarrolló a la luz del día, salvo en el caso del Comité Secret d’Action Révolutionnaire (CSAR, conocido popularmente como Cagoule o Capucha[164] cuyas actividades de sabotaje y amenazas durante el período de gobierno del Front Populaire (mayo 1936-abril 1938) bordearon en ocasiones los límites del terrorismo.[165]),

La disolución gubernamental de las ligas de extrema derecha el 18 de junio de 1936 impulsó que algunos ligueurs intransigentes como el ingeniero naval Eugène Déloncle, Jean Filliol y Henri Martin abandonaran los Camelots du Roi (núcleo activista de la organización monárquica Action Française) para ingresar en el CSAR, entidad clandestina de carácter semiterrorista con una selección muy rigurosa de sus miembros, y cuya estructura y ritos estaban a medio camino entre la francmasonería y el Ku Klux Klan. Según Déloncle, el reclutamiento tenía todas las características del que realizaba una sociedad secreta: el aspirante firmaba un compromiso de fidelidad y protección bajo amenaza de castigos muy severos. La fórmula era: «Juro fidelidad y obediencia. Toda contravención a la regla entraña la pena de muerte»[166]. En realidad, la Cagoule federaba a una serie de grupos clandestinos civiles y militares: altos grados de un ejército cada vez más politizado en sentido reaccionario ingresaron en una Cagoule Militaire dirigida nominalmente por el mariscal Louis Franchet D’Esperey, pero creada en realidad por Georges Loustaunau-Lacau. Inspirado al parecer por el ejemplo de la Unión Militar Española, la red cagoulard de «Corvignolles» dirigida por Loustaunau se centraba en el orden interno del ejército, especialmente en la vigilancia y la represión de las actividades subversivas comunistas, apoyada por los servicios de contraespionaje del Deuxième Bureau del Estado Mayor[167]. A estos grupos habían de añadirse la «Spirale», la Union Militaire Française y, sobre todo, el peligroso CSAR, rama principal de la entidad secreta, animado por Filliol y Déloncle, que actuaba como jefe supremo. El CSAR, formado sobre la base del 17.º equipo de l’Action Française, estaba conformado por dos o tres millares de Camelots du Roi, que tenían su sede en el distrito XVI de París.

La Cagoule se organizó militarmente en cuatro oficinas o departamentos: 1.º (dirección general, regentada por Déloncle), 2.º (información e inteligencia), 3.º (operaciones, instrucción y reclutamiento) y 4.º (logística, transporte y avituallamiento). La unidad básica era la célula de 8-12 hombres con un jefe o 10-16 hombres; la unidad agrupaba a tres células (20-30 hombres con un jefe, un adjunto y 3 enlaces); el batallón (tres unidades, con 60 hombres como mínimo); el regimiento (tres batallones), la brigada (dos regimientos) y la división (tres brigadas y 2000 hombres en total), aunque la existencia efectiva de estas unidades superiores resulta altamente improbable. A pesar de ello, Déloncle afirmó disponer de 12 000 cagoulards solo en París, encuadrados en dos divisiones y una brigada de 700 hombres en el extrarradio, de los que 5000 eran militantes activos, constantemente adiestrados en ejercicios militares y tácticos. La organización disponía también de servicios médicos, de transporte y uniforme: camisa de cuero, pantalón de montar, casco metálico marrón, dos mochilas caqui con correas azul claro en bandolera y un cinturón. Cada célula disponía de un fusil ametrallador Schmeisser y otro Beretta, además de armas cortas de tiro rápido. En París se disponía de 250 fusiles ametralladores, unas 5000 granadas y miles de revólveres, fusiles y escopetas de caza. En provincias, la Cagoule se organizó en siete grandes regiones: Burdeos, Toulouse, Marsella, Niza, Orléans, Norte y Este.

Apoyada económicamente por agentes de Mussolini, la Cagoule trataba de provocar una rebelión comunista que justificara la acción contrarrevolucionaria a través de un golpe de Estado «técnico», según la propuesta trostkista y malapartiana. Con ese propósito se acumularon informes que proporcionaban funcionarios del Estado, se fijaron los objetivos (centrales eléctricas, estaciones, teléfonos, telégrafos, correos, fuertes, cuarteles, arsenales, ministerios, etc.) y se crearon arsenales, cárceles clandestinas y centros secretos con el fin último de proceder a un «asalto nocturno» contra el Estado[168].

Durante la guerra civil española, la Cagoule apoyó a la causa franquista a través de sabotajes en medios de comunicación, y desplegó acciones terroristas y asesinatos, no solo contra personalidades francesas de izquierda, sino también contra opositores al régimen de Mussolini, como el economista Dimitri Navachine, muerto el 23 de enero de 1937 mientras dirigía una campaña antifascista entre los rusos blancos, o los hermanos Carlo y Nello Roselli, destacados dirigentes del grupo antifascista Giustizia e Libertà, que fueron asesinados en Bagnoles-de-l’Orne el 9 de junio de 1937[169].

La Cagoule se implicó de lleno en la estrategia de la tensión que pretendía derribar al gobierno frentepopulista por medio de un golpe de Estado. El 16 de marzo de 1937, la policía disparó contra socialistas y comunistas que protestaban con ocasión de un acto del Parti Social Français en la localidad «roja» de Clichy. Hubo cinco muertos y entre 150 y 200 heridos, y se rumoreó que todo había sido un montaje provocador de la Cagoule. El 11 de septiembre estallaron sendas bombas en dos inmuebles de la Fédération des Employeurs (Confédération Générale du Patronat Français en rue de Presbourg y Union des Industries Métallurgiques en la rue Boissière de París), con un saldo de cuatro muertos. El 16 de septiembre, la policía interceptó a varios cagoulards mientras traficaban con armas y se desarticuló la red parisina de la organización. En la noche del 15 al 16 de noviembre, la Cagoule ordenó una movilización general de sus fuerzas ante un supuesto e inminente levantamiento comunista. Ese fue el inicio de su declive, toda vez que la organización estaba ya infestada de espías y confidentes. El 17 de noviembre, toda la prensa denunció un «complot contra la seguridad del Estado», basándose en las detenciones efectuadas por la policía desde el día anterior que mostraban la existencia de una organización anticomunista secreta que organizaba una conspiración[170]. La Sûreté descubrió numerosos depósitos de armas, y el 18 de noviembre unos sesenta cagoulards fueron detenidos en un supuesto complot contra la República y en favor de la instauración de «un régimen dictatorial que preparara la restauración de la Monarquía»[171]. Déloncle fue arrestado el día 25, y en su casa se encontró una lista de 4000 nombres que permitió mantener las indagaciones hasta diciembre. La Cagoule, que resultaba temible más por el misterio que rodeaba sus acciones que por su efectividad, fue completamente desarticulada. Sin embargo, el estallido de la guerra mundial interrumpió la causa judicial contra la organización secreta. Posteriormente, Déloncle, como muchos otros, unió su suerte a la del régimen de Vichy creando el Mouvement Social Révolutionnaire, primer movimiento colaboracionista establecido en París tras la ocupación alemana[172]. El 7 de enero de 1944, Déloncle resultó muerto en un tiroteo con la Gestapo, cuando conspiraba con la Abwehr y la resistencia alemana de derecha en la búsqueda de contactos con los aliados. El 11 de octubre de 1948, tras haberse encontrado el voluminoso sumario en el Palacio de Justicia de Lesparre (Gironda), se reabrió el proceso a la Cagoule, con 49 acusados, además de 16 fallecidos y otros 13 en rebeldía, la mayoría huidos a España, donde Franco negó la extradición. A pesar de sus errores, la Cagoule fue una empresa subversiva potente y técnicamente bien trabada, que pasó de la acción directa anticomunista y antirrevolucionaria a la acción subversiva secreta contra la Tercera República. Pero esta no cayó por la presión de la extrema derecha francesa, sino por una invasión extranjera que se aprovechó del ambiente de división que habían fomentado las ligas fascistas y fascistizantes en los años anteriores a la Débâcle de 1940.

5. TERROR Y VIOLENCIA EN LOS MOVIMIENTOS Y LOS REGÍMENES FASCISTAS

Tras la Primera Guerra Mundial, el nacionalismo de masas trató de reproducir en sus rituales y sus conflictos políticos la lógica guerrera del frente de batalla a través de la brutalización del lenguaje, de los métodos de lucha y de los rituales. Esta estetización de la política como guerra encontró su manifestación más acabada en el fascismo, que logró catalizar todas las tendencias violentas de posguerra, introduciendo usos exclusivamente militares en la acción política cotidiana. Con ello se confirma la tesis de Natalie Zemon Davis de que «la violencia es intensa cuando conecta íntimamente con los papeles fundamentales y la autodefinición de una comunidad»[173]. Los movimientos fascistas nunca tuvieron necesidad de justificar ideológicamente su violencia como un fin, sino que al proclamarse herederos de la tradición combativa de la guerra europea, la veían como un valor en sí mismo, pero también como un medio adecuado de propaganda y de combate en la lucha por el poder. Para Goebbels, la calle era el lugar decisivo donde se hacía la política; conquistar la calle era conquistar a las masas, y quien conquistara las masas conseguiría el control del Estado.

La estrategia fundamental del fascismo para llegar al poder consistió en el empleo sistemático de la movilización callejera y de la violencia colectiva organizada paramilitarmente para intimidar a la oposición política y dar notoriedad al movimiento. En general, los grupos fascistas y fascistizados emplearon una violencia de masas, extensiva e intimidatoria, basada en raptos, palizas y actos humillantes, ya que con ello se trataba de coaccionar a los oponentes, en vez de eliminar físicamente a los dirigentes enemigos[174]. El terror individual o colectivo era un recurso secundario dentro de esta estrategia de lucha, pero podía ser utilizado si la ocasión lo requería, como fue el caso de los asesinatos rituales de la Legión de San Miguel Arcángel-Guardia de Hierro rumana, algunas «hazañas» de las squadre d’azione fascistas antes y después de la Marcha sobre Roma, la «política del matonismo» orquestada por las SA a través de las campañas de presión sobre oponentes políticos y minorías étnicas[175] o la deriva pistoleril de Falange Española en la primavera de 1936. La proliferación de atentados personales no implicó la instalación del terrorismo como programa sistemático de desestabilización política, aunque Falange y otros grupos de la extrema derecha ensayaron durante esos meses una «estrategia de la tensión» que se tradujo en atentados como el perpetrado contra Eduardo Ortega y Gasset el 7 de abril, el asesinato del magistrado Manuel Pedregal el 13 o el artefacto colocado en la tribuna presidencial durante el desfile del 14 de abril en Madrid. Incidente que derivó en el rosario de venganzas que condujo directamente al asesinato del líder de la extrema derecha monárquica José Calvo Sotelo como excusa para el golpe de Estado que desembocó en la guerra civil. Sin embargo, en los veinte años siguientes a la segunda posguerra, el terrorismo neofascista y de extrema derecha resultó en Europa mucho menos frecuente y sistemático[176].

La violencia escuadrista en Italia

En Italia, el paramilitarismo (squadrismo) se reveló como un elemento decisivo en el crecimiento del espacio público del fascismo y la conquista del poder, dentro de un programa político cuya eficacia quedó demostrada con la victoria obtenida sobre las fuerzas de izquierda y el propio gobierno. En la guerra civil latente que se desarrolló a inicios de los años veinte, los escuadristas desplegaron una acción agresiva metódica, organizada, practicada con amplios medios técnicos e innegable valor físico, gestionada por la cúspide del movimiento fascista, y que desde la primavera de 1921 contó con el apoyo de un combativo grupo parlamentario[177].

En las ciudades, el escuadrismo se empleó primero en incursiones contra símbolos y organismos de izquierda en el marco de una guerrilla urbana sistemática, y luego, a partir de mayo de 1922, en la concentración intimidatoria sobre las capitales regionales del escuadrismo agrario y provincial. Para los fascistas del campo, el terror organizado constituía la esencia de su actividad: se trataba de provocar deliberadamente la indignación popular para tener una excusa con la que intervenir por la fuerza, aprovechando su mejor organización, su mayor capacidad logística y su relación privilegiada con las autoridades. Farinacci reconoció que «la represalia fue la característica predominante de la acción escuadrista», que contaba con la excusa de una provocación previa. La expedición punitiva o de castigo se convirtió, desde finales de 1920, en el método habitual de expansión del fascismo en el campo[178], especialmente en las zonas favorables por su intensa militancia, por el apoyo económico que brindaban la aristocracia y las entidades patronales y por la inhibición de las autoridades locales. El esquema de estas expediciones era siempre muy similar: guerra de nervios entre fascistas y grupos de izquierda, provocación y respuesta obrera, reacción de la opinión pública burguesa, clamorosa acción de represalia contra el cuartel general del enemigo, toma del centro de la ciudad y destrucción sistemática de todas las sedes políticas y sindicales socialistas de la comarca, provincia o región, con fundación paralela de sindicatos amarillos[179]. Los propietarios agrarios financiaban y armaban a estas escuadras, señalaban a las futuras víctimas y llevaban a los «camisas negras» hasta su destino en camiones facilitados por ellos mismos o incluso por los militares, quienes proporcionaban además las armas de fuego. Las escuadras llegaban a un objetivo convenido por varias rutas convergentes para que la retirada del «enemigo» organizado en la Bolsa de Trabajo, sindicato, cooperativa, periódico, círculo cultural o Casa del Pueblo, fuera imposible. El incendio de locales, el acuerdo bajo presión o las amenazas sobre los líderes obreros locales —que eran obligados a dimitir, apaleados, purgados con ricino o desterrados— e incluso su asesinato eran los medios de lograr el control de amplias zonas mediante el terror. Además, los capos fascistas comenzaron a justificar sus acciones como defensivas, motivadas por la venganza (si un fascista era herido o asesinado, salían de las ciudades vecinas camiones con fascistas armados para realizar su acción de vindicta) o la «liberación» de los pueblos de la «opresión» de los sindicatos o cabecillas marxistas, que comenzaron a recibir «atentas» cartas o «amigos» oficiosos que les sugerían la dimisión de sus cargos o la marcha apresurada de la zona controlada por la escuadra de acción. Si la requisitoria no era seguida, se recurría, naturalmente, a la violencia. El apaleamiento con mayor o menor intencionalidad homicida era la forma usual de agresión, junto a ejecuciones más o menos intencionadas, aunque también se utilizaban otros castigos con el fin de avergonzar al adversario: purga con ricino, corte de pelo o, en el caso de zonas rurales de Ferrara y Rovigo, el rapto de las víctimas en la noche y su abandono desnudas en una cuneta o atadas a un árbol[180]. También desde los primeros tiempos se publicaron proclamas amenazantes contra el regreso de los opositores a la ciudad o la provincia, lo cual indica la importancia que tenían las actitudes coactivas de alcance local.

El terrorismo agrario de la squadre d’azione estaba altamente organizado, era estratégicamente eficaz y acostumbraba a ser empleado para fines claramente definidos. Su objeto no era otro que el aniquilamiento de las organizaciones opositoras, fueran socialistas o popolari. La destrucción de las instituciones y propiedades de los partidos, cooperativas, imprentas o círculos culturales, era la forma más visible y simbólica de violencia. Pero la «conquista» de las organizaciones y municipalidades socialistas se hacía posible por el terror ejercido contra los individuos, aunque el escuadrismo no era el producto de una sociedad de masa con individuos atomizados, sino de la estrecha unión de comunidades provinciales[181]. La violencia escuadrista como violencia ritual ejercida por grupos paramilitares sobre los «subversivos» con la aprobación de las élites locales y estatales era demostrativa, a la vez que intimidatoria. La lucha por el espacio público, en la plaza o la calle principal, era una importante manifestación de este tipo de política desplegada a través de la violencia.

De este modo, primero la Venecia Julia y luego el valle del Po, Toscana, Umbria, Apulia, etc., se vieron conmocionados por verdaderas razzias por sorpresa, caracterizadas por la nocturnidad y la rapidez en la concentración de fuerzas procedentes de los núcleos urbanos. La organización militar y la movilidad de las squadre d’azione, la desorganización de los militantes de izquierda, las connivencias de las fuerzas del orden y el escaso empeño de la magistratura en perseguir estos hechos contribuyeron a la impunidad de estos actos de terror difuso, ya que a las agresiones concretas sobre los enemigos políticos, con el espectáculo de la degradación de los adversarios capturados, se unían las agresiones indiscriminadas dirigidas contra ciudadanos implicados o que pasaban casualmente por el lugar de la violencia. El fenómeno escuadrista se incrementó espectacularmente en el otoño de 1920, provocando 288 muertos. En la primavera de 1921 las «expediciones punitivas», rebautizadas como «operaciones de propaganda» facilitaron la difusión en mancha de aceite de las violencias perpetradas por las squadre d’azione, cuyo éxito produjo el desmantelamiento de las redes asociativas socialistas y reforzó el crecimiento desenfrenado del movimiento: de 20 000 inscritos a fines de 1920 a 80 000 en marzo de 1921 y 187 000 a fines de mayo de ese año. Gaetano Salvemini, que comenzó hablando de un millar de víctimas de la violencia fascista de noviembre de 1922 a fines de 1926 y dos millares de 1919 a 1922, evaluó la cifra de muertos por los fascistas durante la «guerra civil» en 600, a los que habría que añadir los 1100 fascistas y antifascistas que murieron en choques con la policía, y las víctimas producidas dentro de las propias fuerzas del orden. De este modo, entre octubre de 1920 y la Marcha sobre Roma, las víctimas totales habrían sido unas 2000, cifra bastante superior a los dos o tres centenares de caídos durante la supuesta «tiranía bolchevique» de la inmediata posguerra[182].

A pesar de las declaraciones de Mussolini sobre el empleo de una violencia «seria» y «constructiva», entre los escuadristas de base siempre predominó una ética de la violencia sin dirección, una popularización banalizada de la filosofía de la fuerza nietzscheana o de la violencia mítica soreliana. Del futurismo tomaron la exaltación de la guerra como momento supremo de la vida y el combate violento como modo masculino de realización individual. No cabe duda de que, en el caso fascista, la táctica violenta antecede a la formulación teórica y a la justificación de la misma por motivos intrínsecos o como factor contrarrevolucionario. Esta indefinición y flexibilidad fueron factores añadidos para su éxito, ya que al no verse constreñida esta violencia por ninguna ideología previa, se vio favorecida por el apoyo o la inhibición de amplias capas de la sociedad italiana, para quienes el fascismo no era sino una manifestación espontánea e inocua de patriotismo diciannovista. Los escuadristas no consideraban la violencia como un mero instrumento, sino como un valor en el que basaban su conducta vital. La mitología del escuadrismo contrastaba las soluciones simples impuestas por la fuerza con la corrupción de la vida política parlamentaria. Muchos squadristi estaban convencidos de estar implicados en una cruzada por el renacimiento nacional cuyos auténticos objetivos se verían en el futuro. Los aspectos simbólicos y rituales de la violencia eran muy importantes y fue lo que dio originalidad al escuadrismo: entrenamientos ceremoniales, culto a los caídos con gritos de «¡Presente!», en un duelo por las luchas pasadas que actuaba como estímulo de los futuros combates[183]. De este modo la violencia, concebida como un valor en sí mismo, no desapareció con la creación del régimen, sino que continuó sobreviviendo en su seno[184].

Con el fascismo en el poder, la violencia escuadrista decreció en favor de una coerción más estructural, a medida que la definición política del régimen se encaminaba hacia el Estado totalitario. La transformación de las squadre d’azione en Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (MVSN) a partir del Decreto de 14 de enero de 1923 fue una maniobra para normalizar el escuadrismo y reforzar el proceso de fascistización del Estado. Incluso las actividades semilegales de la MVSN fueron cortadas una vez fue aplastada la oposición política. Como lo demuestra el secuestro y ulterior asesinato del socialista Giacomo Matteotti del 10 de junio al 16 de agosto de 1924, las violencias contra la oposición continuaron, pero en enero de 1926 la disolución de las escuadras podía darse por concluida, y el 2 de febrero, Mussolini ordenaba la definitiva entrada de los squadristi en la MVSN. En noviembre de 1926, época de creación del Tribunal Especial de actividades contra el régimen, el aparato de policía política de la MVSN se amplió con el Uficio per le Indagni Politiche (UPI), aunque a fines de 1927 la organización nacional de policía fue reestructurada con la creación por Arturo Bocchini de la Opera de Vigilanza e Repressione del Antifascismo (OVRA). Pero el régimen fascista italiano no institucionalizó la violencia terrorista como una forma distinta y permanente de opresión. Algo que sí haría el régimen nacionalsocialista alemán.

El régimen de terror nacionalsocialista

El miedo y el terror formaron parte del arsenal de armas políticas de los nazis desde el primer momento[185]. Como los fascistas italianos, los nacionalsocialistas debieron mucho de su éxito a su habilidad para canalizar los comportamientos violentos en la política doméstica[186]. El terror nazi no fue un fenómeno nuevo, sino algo preparado de larga data por la subcultura violenta que se había instalado durante la República de Weimar, cuando la guerra irrumpió en la política gracias a la proliferación de formaciones armadas. Al mito antiguo del soldado como encarnación del heroísmo y del patriotismo se sumó la imagen del «Hombre Nuevo» descrito por el género literario del nacionalismo soldadesco alemán; un hombre creado por y para la guerra total, miliciano del trabajo, gris, frío, mecánico y amenazador. Una actitud guerrera ante la existencia descrita perfectamente en 1930 por Ernst Jünger en su ensayo El Trabajador[187].

En el nazismo prevaleció la ideología schmittiana del enfrentamiento existencial amigo-enemigo[188]. En sus escritos sobre el «soldado político» Carl Schmitt habla de aplicar la ética del Sermón de la Montaña al enemigo privado (inimicus), no al rival político (hostis). Los hechos eran, en su opinión, más importantes que las palabras. Esta crítica de la ética argumentativa liberal sería desarrollada por Schmitt tras la guerra mundial en su teoría del partisano, en la que expresó su admiración por Mao y los revolucionarios de izquierda por su voluntad de decisión política a través de la fuerza.

En los años treinta, la fascinación por la violencia afectó a sectores muy amplios de la población alemana, cuyo miedo interiorizado favoreció la adhesión pasiva a los objetivos y métodos de los nazis. La política era juzgada en términos casi militares, lo que implicaba una completa polarización que dejaba poco espacio para la negociación, el acuerdo o la coexistencia de una pluralidad de ideologías o de partidos. Se pensaba que los adversarios políticos e ideológicos habían perdido el derecho a ser considerados como compatriotas, y eran contemplados como enemigos contra quienes era enteramente legítimo el uso de la violencia física y hasta la aniquilación[189]. Como afirmaban las directivas de constitución de las Sturm Abteilungen (SA): «Se trata ahora de elevar el combate por encima de la atmósfera mezquina de las conjuras privadas y de las venganzas personales, para darle la grandeza de una guerra de exterminio contra el marxismo»[190].

Mientras que el escuadrismo italiano era un nuevo tipo de movimiento político —un partido-milicia—, las SA eran una milicia de partido que complementaba la actividad política del NSDAP[191]. Organizadas territorialmente, libraron batallas por la ocupación del espacio público, atacando o conquistando «ciudadelas rojas» en las ciudades. No atacaban a la clase obrera en su conjunto, sino a las organizaciones de esa clase. Las luchas no fueron batallas semimilitares como las que había sufrido la República de Weimar en sus años constitutivos, sino, en su mayor parte, choques y violencias callejeras de escasa intensidad entre bandas políticas que raramente atacaban los centros reales de la autoridad, como la comisarías de policía o los cuarteles del ejército[192]. En general, los nazis tuvieron buen cuidado de limitar sus ataques terroristas a sus adversarios políticos, sobre todo de izquierda, evitando los enfrentamientos con el Estado, ya que cuando se rebasaban ciertos límites, como ocurrió en Prusia Oriental en agosto de 1932, el gobierno respondía duramente, a diferencia de lo que había sucedido en Italia.

El crecimiento del movimiento nazi, y particularmente de las SA, conllevó una espiral ascendente de violencia que transformó el relativamente pacífico clima político alemán de mediados de los años veinte en el tormentoso caldero de inicios de los años treinta[193]. Las principales actividades de las SA eran defender los mítines propios y atacar los contrarios. Bandas de tropas de asalto aterrorizaban los pueblos, atacaban las sedes de la izquierda y agredían a prominentes miembros del KPD, SPD, sindicatos y organizaciones católicas, usando de forma extensiva los medios de transporte motorizado[194]. Estas tácticas comenzaron a emplearse en ciudades cada vez más pobladas a partir de mediados de 1932. El impacto de este terror difuso fue acumulativo, no por la notoriedad de los actos violentos (las anárquicas y antiautoritarias SA desplegaron una política de «gamberrismo político» antes que una táctica estrictamente terrorista[195]), sino por las reacciones causadas por incontables y menos publicitados incidentes a lo largo y ancho de Alemania.

Hasta 1933-1934, el terror nazi estuvo protagonizado principalmente por las secciones paramilitares, aunque se fue practicando más sistemáticamente y obtuvo un reconocimiento oficial. Con el nombramiento de Hitler como canciller y con la designación de Frick y Göring al frente de los ministerios de Interior del Reich y de Prusia, el terror nazi entró en una nueva fase, de naturaleza más formal, sistemática y burocrática, aunque aún en los primeros meses en el poder las SA y las SS desempeñaron un papel decisivo en la dominación nazi en el plano gubernamental y local, intimidando a sus adversarios políticos para que renunciasen a sus cargos. Este plan fue facilitado por la conquista de los departamentos de policía política de cada Estado por las SS, y su consolidación como una red de policía para toda Alemania en la Geheime Staatspolizei o Gestapo. Esta nueva forma de terror, cuya principal arma era el internamiento en los campos de concentración, operó mediante una compleja burocracia y de acuerdo con normas y regulaciones oficiales que establecieron un cierto grado de control e incluso de eficiencia, lo cual facilitó la aceptación del terror por otras partes del aparato burocrático y su tolerancia por el conjunto de la población[196]. El viraje decisivo entre una y otra forma de terror se produjo en la famosa Noche de los Cuchillos Largos de 30 de junio de 1934, aunque el paso del terror informal y arbitrario de las SA al formal del Estado totalitario ya se estaba produciendo desde 1933, si bien la violencia descontrolada se mantuvo esporádicamente hasta la oleada de antisemitismo del verano de 1935 y el gran pogromo de la Reichkristallnacht (la Noche de los Cristales Rotos) de 8-9 de noviembre de 1938.

Todo ello ocurrió en el contexto de una legislación de emergencia que liberó a las autoridades de todo tipo de restricción legal. Es cierto que el Estado y el partido pudieron utilizar el terror porque desde el momento de la designación de Hitler como canciller se privó sistemáticamente a los alemanes de casi todos los derechos, humanos y civiles, que habían tenido durante la República de Weimar. Se aprobó un gran número de leyes, a menudo draconianas, que dieron a la policía, la Gestapo y las SS prácticamente carta blanca para actuar en contra de los disidentes. En ese ambiente de intimidación, no fue extraño que la gente corriente y los funcionarios de bajo nivel del Partido Nazi fortalecieran la atmósfera de terror e intimidación presentando denuncias no solicitadas a la Gestapo, que era una parte de una red mucho más amplia de vigilancia, terror y persecución impuesta por el régimen nazi sobre la sociedad alemana[197].

El funcionamiento del sistema de terror nazi descansaba en la destrucción de las normas estatales y jurídicas en función del Führerprinzip sancionado con la autoproclamación de Hitler como juez supremo de la nación el 13 de julio de 1934. Las medidas de terror y violencia quedaban disfrazadas mediante formas jurídico-estatales como las Leyes de Nuremberg, que actuaban de fachada de conveniencia a las medidas arbitrarias emanadas del poder totalitario[198]. El primer pretexto para la aplicación de una política extralegal de coerción y terror fue la promulgación el 28 de febrero de 1933, con motivo del incendio del Reichstag, de un decreto-ley «para la defensa del pueblo y del estado» que justificaba de modo pseudolegal el estado de excepción permanente a partir del cual se fue erigiendo la burocracia que se encargó de gestionar el terror, especialmente la Gestapo, que poco a poco se sustrajo de la administración policial para ponerse a las órdenes del primer ministro de Prusia Hermann Göring. Tras la toma del poder por los nazis en Baviera en marzo de 1933, Himmler y su adjunto Reynhard Heydrich obtuvieron el control de la policía bávara. Al año siguiente, con la ayuda del aparato del Sicherheitsdienst (SD), Himmler logró su nombramiento como jefe de la Policía política de todos los estados alemanes salvo Prusia, donde Göring había creado la Gestapo y se resistió a que esta entrase en la órbita de las SS. Pero en abril de 1934, Göring decidió aliarse con Himmler contra sus rivales Frick (ministro del Interior del Reich) y sobre todo Röhm. De modo que, tras la Noche de los Cuchillos Largos, Göring entregó la Gestapo a Himmler, permitiéndole coordinar todos los departamentos de policía política de Alemania. En junio de 1936, Hitler nombró a Himmler jefe de la policía alemana, y unió la Gestapo y la Policía Criminal para formar una nueva policía de Seguridad bajo el mando de Heydrich. El nombramiento del jefe de las SS como jefe de la policía alemana el 17 de junio de 1936 culminó la centralización policial al margen del Ministerio del Interior, que las SS acabaron ocupando en 1943. Se autorizó a la policía política a «investigar y combatir en todo el territorio de la nación cualquier actividad peligrosa para el Estado», al margen de los tribunales ordinarios.

Los numerosos departamentos especializados de la policía política (desde los dedicados a la represión del comunismo a las actividades de las iglesias, los judíos, los campos, las asociaciones, el control de la radio y la prensa, el extranjero, el homosexualismo, el aborto o el contraespionaje) dan una idea del control ejercido sobre los grupos potencialmente enemigos del Estado. Con la ocupación de Austria y Checoslovaquia, este intrincado sistema fue probado fuera de Alemania, con grupos del SD y la Gestapo que actuaban en la retaguardia de los ejércitos. De este modo, la policía política se convirtió en el centro de la administración de los territorios conquistados, al margen de la burocracia estatal.

Hannah Arendt fue la primera autora que examinó la naturaleza y la actuación del terror en la sociedad nazi, sometida a «un sistema de espionaje ubicuo, donde todo el mundo puede ser un agente de policía y donde cada individuo se siente sometido constantemente a vigilancia»[199]. Arendt estableció una diferencia decisiva entre las tiranías y las dictaduras instauradas por la violencia y la dominación totalitaria fundada en el terror. De hecho, distinguió dos variedades de terror: una esencialmente instrumental ejercida contra los enemigos reales o potenciales durante la primera fase de un régimen revolucionario (caso del «terror de la virtud» de Robespierre) y otra que concebía el terror como un fin en sí mismo, es decir, que sancionaba un terror intrínsecamente totalitario, con objetivos ideológicos antes que políticos, entendido como un mecanismo institucional destinado a acelerar el ritmo de la revolución[200]. Según Arendt, el terror totalitario tiene por misión crear un hombre nuevo acelerando por voluntad del gobierno el curso natural de la historia.

El terror nazi se basó en la capacidad de aplicar medidas preventivas incluso contra simples sospechosos. Según Neumann, «la pena de muerte dejó de ser el castigo por un crimen concreto, convirtiéndose en un preventivo general»[201]. El cambio en los conceptos de delito y de delincuentes determinaba los métodos de la policía, pero la dominación totalitaria, lejos de ser «ilegal», se remontaba a las fuentes primigenias de la autoridad (las leyes inmanentes de la Historia o de la Naturaleza, cuya ejecución produciría una «Nueva Humanidad») de las que las leyes positivas recibían su legitimación última. En los países totalitarios, las leyes positivas han sido sustituidas por el terror total, que se emplea con el fin de traducir a la realidad la ley del movimiento de la Historia o de la Naturaleza. El terror se convierte en total cuando se torna independiente de toda oposición, ya que domina de forma suprema cuando nadie se alza en su camino. Hitler describió con elocuencia la función preventiva de un terror ejemplificador, que podía ser extendido eventualmente a toda la población:

Debo extender el terror mediante la aplicación por sorpresa de todos los medios. El shock súbito de un miedo terrible a morir es lo que importa. ¿Por qué debería tratar de otro modo a mis oponentes políticos? Estas llamadas atrocidades me evitan cientos de miles de acciones individuales contra quienes protestan y están descontentos. Cada uno de ellos lo pensará dos veces antes de oponerse a nosotros, cuando sepa lo que le espera en los campos de concentración[202].

Hasta un nacionalsocialista como Hans Frank confesó en 1942 la manifiesta arbitrariedad del Estado-policía ya que «cualquier conciudadano puede ser internado indefinidamente en un campo de concentración sin posibilidad alguna de defensa»[203]. Para Heydrich, jefe de la Policía de Seguridad (Sicherheitspolizei), el «Estado SS» garantizaba «el control total y continuo de todas las personas del país y la consiguiente posibilidad de disponer de una visión permanente sobre la situación de todos y cada uno de los individuos»[204]. Pero algunos historiadores, como Martin Broszat y Karl Dietrich Bracher, ponen en duda que el terror fuera absoluto, ya que los órganos del poder nazi eran estructuralmente diversos entre sí y no monolíticos, y daban mayor responsabilidad a los ciudadanos. Según la nueva óptica, la población alemana se autocontrolaba y apoyaba el sistema de vigilancia y represión de la Gestapo[205]. Según Eric Johnson, la clave para entender el terror nazi, con algunos rasgos brutales y otros casi legales, pero siempre eficaz en su desempeño, reside en su naturaleza selectiva por raza, credo político o rol social. El Estado ignoraba o archivaba manifestaciones de no conformidad o de desobediencia leve por parte de algunos ciudadanos. Muchos alemanes percibían el terror no como una amenaza contra ellos, sino como algo que servía a sus intereses, porque evitaba toda amenaza a su bienestar material y al sentido de comunidad y propiedad universalmente aceptado[206]. Una vez que la disidencia política fue eliminada a mediados de los años treinta, el terror se dirigió a la supresión de las potenciales fuentes de oposición en ambientes religiosos, y a la expulsión de la sociedad de aquellos que el régimen consideraba asociales, como los homosexuales, los criminales profesionales o los inválidos físicos y mentales.

Hasta la guerra, el terror nazi apuntó efectivamente hacia algunos grupos de oposición, como socialistas, comunistas, anarquistas y sindicalistas, 20 000 de los cuales fueron asesinados con o sin juicio en los campos de concentración y en las prisiones políticas que comenzaron a construirse en marzo de 1933. Pero durante la guerra el terror entró en su fase extrema, cuyo ejemplo más conocido, pero no el único, fue el exterminio de los judíos. El hecho de mantener después de 1933-1934 los campos de concentración sin necesidad objetiva significó la voluntad de mantener un estado de excepción, pero con la guerra los campos se convirtieron en un gigantesco aparato de represión y luego de eliminación, sobre todo desde la asunción de su control por las SS el 30 de junio de 1934. El sistema organizativo del campo de Dachau (donde los malos tratos se elevaron a la categoría de «penas») se extendió a los otros campos. El terror entró entonces en su etapa más aguda, y quedó ejemplificado en la proliferación de campos de exterminio y en la acción represiva de los Einsatzgruppen (Grupos Operativos) que pulularon en la retaguardia de los territorios soviéticos conquistados. El balance del terror genocida nazi fue de 15 millones de civiles muertos en los territorios ocupados, entre ellos 5,1 millones de judíos, 3,3 millones de prisioneros de guerra soviéticos, 1,1 millón de deportados y varios cientos de miles de gitanos. Como señala Richard Bessel, «la política de la violencia puedo haber hecho posible el Tercer Reich, pero no pudo proporcionar la base para la política de la dictadura»[207]. Eso lo brindó el terror sistemático, ya que, como dijo Arendt, si la legalidad es la esencia del gobierno no tiránico, el terror es la esencia de la dominación totalitaria[208].

6. LA REPRESIÓN INTERNACIONAL DEL TERRORISMO: LAS CONVENCIONES DE 1937

Para combatir la paramilitarización de la vida política en los extremos del arco partidario, los regímenes democráticos de entreguerras arbitraron leyes generales de excepción para su defensa, como sucedió en Alemania en 1922 y en España en 1931 y 1934, junto con leyes puntuales de control de armas o de ilegalización de las formaciones armadas de partido. Aunque hubo un rearme general de la autoridad del poder ejecutivo y una mayor potenciación y especialización de las fuerzas de seguridad, la eficacia de tales medidas resultó muy desigual, y quedó supeditada a la estabilidad misma de los regímenes liberal-parlamentarios. Pero, como hemos visto, el período de entreguerras contempló la culminación de una estrategia del terror mucho más temible y destructiva: la ejercida como modo habitual de gestión política por los estados totalitarios a través de mecanismos como la deliberada indeterminación del ámbito del delito político, la proliferación de instancias jurídicas especiales o la potenciación y multiplicación desmesurada de los resortes de control social: propaganda, servicios de información, instancias sectoriales de movilización política y social, órganos policiales y parapoliciales, etc.

Durante esos años avanzó muy lentamente la tipificación de un delito de terrorismo al margen de una determinada ideología, como habían pretendido las conferencias antianarquistas de inicios de siglo. En 1927 se iniciaron los trabajos de la Conferencia Internacional para la Unificación del Derecho Penal, con el objetivo, entre otros, de adoptar una definición homogénea de terrorismo y coordinar los medios represivos para combatirlo. La primera aparición del concepto de terrorismo en el mundo jurídico se produjo en la tercera sesión de esa conferencia, celebrada en Bruselas en junio de 1930, cuya Quinta Comisión, sobre la base de un informe del delegado belga Niko Gunzburg, definió el terrorismo como «el empleo intencional de todos los medios capaces de hacer correr un riesgo común»[209]. La comisión elaboró varios textos donde se definió el terrorismo como «intimidación pública por medio de materiales explosivos», pero la votación definitiva fue aplazada a la conferencia siguiente, que tuvo lugar en París en diciembre de 1931. Allí tampoco se votó por oposición de la delegación italiana, representada por Alfredo Rocco y Ugo Aloïsi, y al final pudo adoptarse en la conferencia siguiente, que tuvo lugar en Madrid del 14 al 20 de octubre de 1933[210].

El asesinato del rey Alejandro I de Yugoslavia y del ministro de Exteriores francés Louis Barthou por un equipo de terroristas croatas y macedonios hizo necesaria una reformulación completa de los textos votados en Madrid, y reactivó notablemente el empeño oficial por dar un adecuado tratamiento legal al problema desde el Derecho Internacional. De hecho, el gobierno yugoslavo había dirigido a la SDN, en función del artículo 11 párrafo 2 del pacto, una denuncia dirigida contra Hungría por haber apoyado la acción terrorista[211]. El gobierno francés elaboró el 27 de noviembre de 1934 unas «Bases para la conclusión de un acuerdo internacional con vistas a la represión de algunos crímenes cometidos con finalidades de terrorismo político». No se trataba de limitar el derecho de asilo ni de atacar la libertad de opinión, asociación o prensa, sino de «reprimir actos criminales dirigidos contra las personas o bienes que constituyan una acción terrorista con fin político». En concreto, se trataría de sancionar los atentados contra la vida o la libertad de jefes de Estado, miembros de gobierno, asambleas políticas o administrativas o cuerpos judiciales; los atentados contra edificios públicos, ferrocarriles, navíos, aeronaves y otros medios de comunicación; la asociación con vistas a cometer estos hechos; la posesión de armas, municiones, explosivos o ingenios incendiarios para cometer estos actos, y la provocación o la apología de estos actos. El compromiso debería ser asumido por las potencias signatarias, que aceptarían las comisiones rogatorias emitidas por las autoridades de un Estado contratante con ocasión de actuaciones legales por este tipo de hechos. El modelo a seguir sería la Convención de 20 de abril de 1929 para la represión de falsificación de dinero. Se especulaba incluso con la creación de una Corte y la redacción de un Código Penal Internacional, que sería aplicado si el encausado fuera natural de alguna de la partes contratantes. Se trataba, en definitiva, de «asegurar una justicia imparcial en casos particularmente delicados, y poner a cubierto la responsabilidad del Estado, cuyos tribunales deberían juzgar los crímenes de esta naturaleza». Las partes contratantes estarían obligadas además a comunicar informaciones sobre la preparación en un país de actos criminales que entrasen en las previsiones de la convención, a informar sobre las actuaciones o condenas que se incluyesen en el marco de este convenio, y dar cuenta de la falsificación y uso de documentos de identidad[212].

El 10 de diciembre de 1934, el Consejo de la Sociedad de Naciones elaboró una resolución en la que recordaba que «todo Estado tiene el deber de no alentar ni tolerar en su territorio ninguna actividad terrorista con fines políticos. Cada Estado debe emplear todos sus recursos para prevenir y reprimir actos de esta naturaleza y prestar su apoyo con los mismos fines, al Gobierno que lo solicite». Tras haber acusado al gobierno húngaro de haber tolerado la presencia de terroristas croatas en su territorio, la Sociedad de Naciones decidió crear un organismo de investigación del problema: un Comité de Expertos elegido por los gobiernos para la elaboración de un anteproyecto de convención internacional, compuesto por miembros de los gobiernos de Bélgica, Reino Unido, Hungría, Italia, Polonia, Rumanía, Suiza y la URSS[213]. El Consejo envió a ese comité, constituido oficialmente el 30 de abril de 1935, algunas sugerencias formuladas por el gabinete francés y otros gobiernos. La primera sesión del comité tuvo lugar en abril-mayo 1935, y la segunda en enero de 1936. Pronto se plantearon divergencias de opinión en lo referente a la creación de una corte penal internacional, por lo que se propuso una convención aparte que trataría este problema específico.

En la 6.ª sesión de la Conferencia Internacional de Unificación del Derecho Penal celebrada en Copenhague del 31 de agosto al 3 de septiembre de 1935 se aprobaron dos textos muy detallados sobre las características del terrorismo de carácter internacional, y sobre la creación de la Corte Penal Internacional. Mientras tanto, el Comité de Expertos creado por la Sociedad de Naciones, tras haber emitido un primer informe en abril-mayo de 1935, revisó en sesión plenaria celebrada en Ginebra del 7 al 15 de enero de 1936 los textos de la Conferencia de Unificación del Derecho Penal y envió al Consejo el resultado de sus trabajos, con el propósito de que se remitiera a todos los gobiernos y estos enviaran sus observaciones para la nueva Conferencia Internacional que se preparaba[214].

El Proyecto de Convención para la Prevención y la Represión del Terrorismo era un prolijo texto de 28 artículos que definía como acto terrorista los que «tienden a provocar, por la violencia o la creación de un estadio de terror, bien un cambio en el funcionamiento de los poderes o una suspensión de los servicios públicos, bien una conmoción en las relaciones internacionales». En concreto, según el artículo 2, recibían tal calificación:

Los hechos intencionados dirigidos contra la vida, la integridad corporal, la salud o la libertad de los jefes de Estado o sus sucesores hereditarios o designados y sus respectivos cónyuges, los miembros y funcionarios del gobierno, los miembros de cuerpos legislativos, las personas que ejercieran funciones judiciales, diplomáticas, consulares o los militares.

Los hechos dirigidos a destruir o dañar edificios y bienes públicos, vías y medios de transporte y bienes pertenecientes a empresas de utilidad pública.

Los hechos intencionados que tratasen de poner en peligro vidas humanas por la creación de un peligro común y, en concreto, dificultando el funcionamiento de las comunicaciones o empleando productos explosivos e incendiarios, propagando enfermedades contagiosas o envenenando aguas potables o alimentos.

La fabricación, conservación, exportación-importación, transporte, venta, cesión o distribución de materiales u objetos para ejecutar actos previstos en este artículo.

El hecho intencionado de asistir por cualquier medio a los autores de los actos mencionados o a sus cómplices.

Las partes contratantes deberían prevenir este tipo de actos, y si no admitían el principio de extradición, imponer penas similares a los culpables de haber perpetrado actos terroristas en un país extranjero (arts. 7 y 8). Se castigaba el uso de documentación falsa (art. 12), se reglamentaba la posesión y circulación de armas de fuego, municiones y explosivos, y se reprimía su tráfico ilegal (art. 11). Por otro lado, las policías nacionales se comprometerían a centralizar los servicios antiterroristas y a colaborar con servicios similares de otros países, enviando las comunicaciones necesarias sobre descripción de sospechosos, búsquedas, capturas, condenas y expulsiones (arts. 14 y 15).

El Proyecto de Convención para la Creación de una Corte Penal Internacional, compuesto de 53 artículos, instituía en La Haya un Tribunal Internacional permanente de cinco jueces titulares y cinco suplentes nombrados por el Consejo de la SDN por un plazo de mandato de diez años. Los diferentes estados podían entregar a los inculpados ante la Corte, en vez de juzgarlos in situ o extraditarlos (art. 3). El Alto Tribunal aplicaría la ley penal del Estado en cuyo territorio se hubiera cometido el delito (art. 17), y todo Estado o persona particular podría constituirse en parte civil, conocer el sumario y presentar un memorando ante la Corte (art. 23). El derecho de gracia podía ser ejercido por el Estado encargado de la ejecución de la pena.

El Consejo adoptó un informe sobre ambos textos el 23 de enero de 1936, y encargó al secretario general la tarea de transmitir a los gobiernos de los países miembros de la SDN, además de Alemania, Estados Unidos, Brasil, Costa Rica, Dantzig, Egipto y Japón, los borradores de los proyectos para que comunicasen sus observaciones antes del 15 de julio de 1936, y plantearan estos proyectos de convención en la siguiente sesión ordinaria de la Asamblea de la SDN.

La propuesta final de Proyecto de Convención resultó más moderada que el anteproyecto francés, y las delegaciones de los países de la Pequeña Entente (Checoslovaquia, Rumanía y Yugoslavia) se mostraron especialmente favorables a la misma[215]. El asunto más controvertido fue la extradición de los culpables, ya que los estados balcánicos que sufrían fuertes tensiones nacionales temían remitir a los autores de atentados ante un Tribunal Penal Internacional por las repercusiones que ello podría acarrear entre los grupos de oposición de sus respectivos países. Sin embargo, la Corte podía proporcionar a estos gobiernos un medio útil para eludir las responsabilidades políticas vinculadas a la persecución de estos delitos.

El 10 de octubre de 1936, el Consejo de la Sociedad de Naciones emitió una resolución que daba luz verde a la organización de una convención dirigida a «prohibir toda forma de preparación o ejecución de actos terroristas sobre la libertad o la vida de las personas que toman parte en el trabajo de las autoridades y servicios de la política exterior». Del 1 al 16 de de noviembre de 1937 se reunió en Ginebra una conferencia sobre la cuestión con la participación de 34 países. Según el informe del delegado francés, «la impresión de conjunto que se deduce de la discusión no es descorazonadora para aquellos que, como nosotros, desearían ver a la Conferencia llevar su tarea a buen puerto». Solo Gran Bretaña y Suiza mostraron su negativa a firmar el acuerdo. El artículo 3º, que obligaba a los estados a promulgar una legislación que castigase las incitaciones a acciones terroristas, fue objetado por Gran Bretaña bajo la excusa de que podía restringir la libertad de expresión. El delegado británico opinaba que sus leyes eran más que suficientes para reprimir los actos terroristas. Polonia, Noruega, India, Hungría y Haití también declararon su disposición a no votar el proyecto de Tribunal Penal Internacional, aunque dicha Corte era solo facultativa para los estados signatarios[216].

Al final, el 16 de noviembre, se firmaron dos convenciones: la primera se refería a la «prevención y la represión del terrorismo», en cuyo artículo 1.1 se definían como actos terroristas los «hechos criminales dirigidos contra un Estado cuyo fin o naturaleza es provocar el terror en personalidades determinadas, grupos de personas o en la población»[217], así como «el hecho de destruir o dañar intencionadamente bienes públicos o destinados a una utilización pública, que pertenezcan a otro Estado signatario» y «el hecho de fabricar, procurarse, detentar o facilitar armas, municiones, productos explosivos o sustancias nocivas en vía de la ejecución en cualquier país, de una infracción prevista por el presente artículo». Se calificaban como terroristas los actos contra la vida de jefes de Estado, la destrucción de bienes públicos y la fabricación o posesión de armas y explosivos. Se estableció la obligación de los estados de incriminar los actos de terrorismo en su legislación nacional sin distinción de si estos se dirigían contra el propio Estado o un tercero. Este acuerdo obligaba también a castigar los actos de terrorismo dirigidos contra otra parte contratante, y preveía la reglamentación del comercio de armas, la represión de la documentación falsa y el intercambio de informes entre policías. El terrorismo se contemplaba como un hecho susceptible de dar lugar a un proceso de extradición, sometido a toda restricción admitida por el Derecho o la práctica del país de refugio. Este acuerdo final fue firmado por 19 países, al que se unió más tarde la India. A la postre fue firmado por 25 estados, aunque Italia y Estados Unidos siguieron quedando al margen.

La segunda convención, relativa a la creación de una Corte Penal Internacional facultativa, fue firmada por diez estados: Pequeña Entente, Entente Balcánica, Bulgaria, Bélgica, España y Países Bajos. La URSS, representada por Maxim Litvinov, formuló una reserva sobre esta cuestión:

Resulta sin embargo, según conversaciones privadas, que en algunos estados balcánicos verían con disgusto que los autores de atentados cometidos contra ellos fueran conducidos al Tribunal Penal, temiendo el eco que podrían tener los debates y los medios de expresión y propaganda que la oposición podría encontrar. Por el contrario, el Tribunal proporcionaría a estos países un medio apropiado para evitar las responsabilidades políticas que podrían derivarse de ciertos procesos penales[218].

Pronto se criticó la convención por hacer imposible la puesta en práctica de medidas preventivas o represivas que responsabilizaran a los estados que favorecían o toleraban estas actividades. De este primer gran debate internacional no surgió una definición operativa del acto terrorista, y aunque el texto final fue firmado por un número relevante de países, no fue ratificado por la mayoría de los signatarios y jamás entró en vigor. Con todo, los debates tenidos en Ginebra en 1937 dieron ocasión para una primera condena internacional de los actos de terrorismo, y crearon un precedente que recuperaría la ONU tres décadas más tarde, cuando hubo de afrontar una nueva oleada del terrorismo internacional.

4 Terrorismo y liberación nacional en el Tercer Mundo

La Segunda Guerra Mundial supuso una ruptura estratégica con el pasado, al transformar el terrorismo en instrumento de resistencia o de conquista militar. La experiencia armada de los movimientos colaboracionistas y de la resistencia antinazi incluyó el empleo de este tipo de tácticas intimidatorias. Mientras que en países como la Unión Soviética o Yugoslavia, la estrategia insurgente más empleada fue el despliegue de unidades guerrilleras que operaban en zonas liberadas o semiliberadas, en los países de Europa Occidental las acciones de oposición armada se mantuvieron en una zona gris entre la guerrilla y el terrorismo, sobre todo en las ciudades. En Francia, tras la creación por el PCF de la Organisation Spéciale en octubre de 1940, el asesinato del oficial auxiliar de la Kriegsmarine Alfons Moser en el metro parisino de Barbès el 21 de mayo de 1941 por parte de Pierre Georges «Frédo», el futuro «coronel Fabien» de los Franc-Tireurs et Partisans (FTP), inauguró una larga serie de asesinatos y represalias que suscitaron una agria polémica sobre la licitud de un método de lucha que, en su aparente indiscriminación, dejaba indefensa a la población civil, como pudo comprobarse en la masacre de 1300 personas perpetrada en Lidice por los Einsatzgruppen y la Gestapo como represalia por el asesinato en Praga del Reichsprotektor de Bohemia y Moravia Reinhard Heydrich el 27 de mayo de 1942, en las múltiples operaciones punitivas de la Wehrmacht y los Einsatzgruppen de las SS en la retaguardia rusa, o en la matanza de 335 personas en las Fosas Ardeatinas romanas como represalia por el atentado partisano perpetrado en Via Rasella el 23 de marzo de 1944, que había provocado la muerte de 32 soldados alemanes. Por otro lado, las actividades del alto mando británico adiestrando grupos de guerrilleros y saboteadores en Asia, África del Norte o Extremo Oriente para combatir a las potencias del Eje tuvo efectos contraproducentes, ya que estos movimientos de liberación acabaron por volver sus armas contra los ingleses en Malasia, los americanos en Filipinas o los franceses en Indochina, antes de enseñar el arte de la guerrilla y el terrorismo a los futuros combatientes anticolonialistas de África, América del Sur y Oriente Medio.

Por otro lado, el segundo conflicto mundial contribuyó a eliminar la tradicional distinción entre combatientes y no combatientes, al legitimar la matanza deliberada de civiles[1]. Los teóricos de entreguerras desarrollaron la doctrina de los bombardeos estratégicos, es decir, ataques aéreos sobre los civiles destinados a infligir tal sentimiento de terror a las poblaciones que perdieran su capacidad de combatir e impulsasen a sus gobiernos a renunciar a la prosecución de la guerra. Luego, la invención de las armas nucleares acentuó la dimensión psicológica de la guerra mediante el «equilibrio del terror» enunciado en 1959 por Albert Wohlstetter como la disuasión recíproca ocasionada por la esperanza de que el terror inspirado por las armas nucleares fuera suficiente para disuadir al adversario de emprender un ataque[2]. La confrontación entre bloques se realizaría por medio de conflictos como guerras convencionales, pero también a través de la guerrilla y el terrorismo.

Durante las décadas siguientes, que marcaron el momento culminante de la Guerra Fría, el terrorismo se convirtió en un instrumento de guerra que servía, a través de una técnica particular, a una estrategia de desgaste del adversario, que en ese momento eran las metrópolis coloniales. En los tiempos violentos de la modernidad, el imperialismo y el terrorismo siempre han ido de la mano, imponiendo políticas en todo el mundo[3]. El nuevo orden internacional surgido de la Segunda Guerra Mundial facilitó el avance del proceso descolonizador, donde los principios de la guerra revolucionaria, teorizados de forma insuficiente en los años veinte por la Komintern, y con mucha más fortuna en los años treinta por Mao y en los cincuenta por Giap[4], tuvieron un peso determinante.

Las formas principales de terrorismo tras la Segunda Guerra Mundial, fueron: el terrorismo como continuación de la política exterior por otros medios (casos de Israel, Palestina, Líbano o las superpotencias), el terrorismo de descolonización y el terrorismo de contestación interna. Con la estabilización de la dinámica de bloques, el principal referente revolucionario lo constituyó el proceso de descolonización, que en ocasiones adoptó la forma de guerras revolucionarias, donde la lucha irregular en forma de guerrilla tuvo un peso determinante. La ofensiva guerrillera, con su relativamente reducido coste material y su capacidad de catalizar las energías nacionales, parecía el modo adecuado de mantener una lucha prolongada contra un enemigo que gozaba de superioridad estratégica. Los grupos terroristas explotaron la vulnerabilidad de los poderes coloniales tras un conflicto convencional prolongado: Irlanda se insurreccionó contra el poder británico durante la Gran Guerra, el Irgun judío inició su lucha anticolonial contra el mismo enemigo tras la Segunda Guerra Mundial y el FLN argelino se sublevó contra el gobierno francés una vez este había sido derrotado en la primera guerra de Indochina.

El triunfo del comunismo chino en 1949 (para el que las enseñanzas de la guerra de resistencia y liberación librada contra el invasor japonés actuaron como «puente» teórico que facilitó el desenvolvimiento de la guerra revolucionaria contra el Guomindang) fue contemplado en el Tercer Mundo como un sorprendente espaldarazo a este modo complejo de confrontación armada que es la guerra revolucionaria. Tales fueron, entre otros, los casos de Palestina (1945-1948), Indochina (1945-1954), Malasia (1948-1960), Kenia (1952-1956), Chipre (1954-1958), Argelia (1954-1962) o Yemen (1955-1967), donde el acto insurreccional, en el que se incluye la lucha terrorista, se ha transformado en uno de los mitos fundadores de la nación. Los movimientos de liberación nacional surgieron preferentemente en pueblos o en naciones no reconocidas internacionalmente, que compartían el rasgo común de haber tenido instituciones políticas soberanas en el pasado precolonial, y que en la época moderna no habían llegado a dotarse de un Estado propio, aunque habían mantenido una cierta resistencia contra las metrópolis de las que dependían. A diferencia de la mayor parte de los movimientos nacionalistas de la época de entreguerras, su identificación ideológica era netamente izquierdista, con connotaciones marxistas-leninistas. Tendían a asociar su lucha emancipadora de carácter anticolonialista con la lucha de clases, conciliando el combate contra la metrópoli y contra la burguesía autóctona que entendían estaba aliada con las clases dominantes del Estado «ocupante». Por último, consideraban la lucha armada como un modo legítimo de combatir a los estados imperialistas, en una lógica insurreccional y revolucionaria donde la organización armada se atribuía el papel de vanguardia y asumía la dirección político-militar del conjunto del movimiento[5]. Como hemos visto en el capítulo anterior, para el marxismo-leninismo el terror es una mera forma de operación militar en el transcurso de la guerra revolucionaria, pero no tenía un carácter decisivo, aunque fue usado ampliamente en los casos chino y vietnamita.

1. LA SOMBRA DE MAO: EL CONCEPTO DE «GUERRA REVOLUCIONARIA»

Según Huntington, tras la Segunda Guerra Mundial la política de las áreas subdesarrolladas se centró en la lucha por la independencia y los procesos de modernización y desarrollo. El primer reto dio lugar a guerras revolucionarias, y el segundo a guerras revolucionarias o a sucesivos golpes de Estado. En su opinión, la guerra revolucionaria se produce cuando el gobierno es amenazado por una contraélite política, social o incluso geográficamente diferente que no ha podido penetrar en la estructura política existente, y trata de crear una estructura de poder paralela a la del gobierno para derribar el conjunto de sistema social y político[6]. Para llevar a cabo este tipo de confrontación armada, se necesita buscar apoyo en un grupo social o comunitario imperfectamente integrado en el sistema político, conseguir una base razonablemente segura de operaciones, emplear modos de violencia insurgente y de persuasión, y establecer áreas liberadas donde establecer un embrión de gobierno.

Wardlaw distingue dos modalidades de guerra irregular: la guerra de guerrillas y la guerra revolucionaria[7]. La guerra de guerrillas es una operación netamente militar, en la que se emplea la táctica de golpear y desaparecer para hostigar a fuerzas enemigas superiores en número, en el contexto de una guerra abierta. En la guerra de guerrillas, el terror se convierte en un elemento más de la campaña, y aparece en todo el proceso de una revolución guerrillera. La guerrilla sería solo una variante de este tipo de conflicto bélico convencional, pero tendría la peculiaridad de emplear el terror como arma psicológica en la fase de violencia inicial de una guerra revolucionaria, es decir, cuando el movimiento adquiere su forma característica, y va cobrando fuerza en términos de control del territorio y de la población. El uso del terror declina cuando comienza la fase expansiva del conflicto, en el momento en que se va logrando el «equilibrio estratégico», del mismo modo que la guerrilla se va abandonando cuando se emprenden operaciones convencionales tendentes a la consolidación militar y a la victoria en todo el país. A semejanza del terrorismo revolucionario, la guerrilla es un tipo de violencia desplegado por actores no elitistas, que suele desarrollarse en el marco de una estrategia subversiva más ambiciosa, y que aspira a culminar como un asalto al poder en forma de insurrección o de guerra civil. Para Taber, «la guerra de guerrillas es la prolongación de la política por medio de un conflicto armado. En cierto punto de su desarrollo se transforma en revolución»[8]. En esa línea, Thornton señala que terror, guerrilla y guerra convencional forman parte de un continuum estratégico que se mantiene hasta el final de un conflicto revolucionario[9].

La guerra revolucionaria utiliza la guerrilla rural y urbana y otros métodos de lucha político-psicológica, como el terrorismo, no con la intención de anular militarmente al enemigo, sino de lograr el apoyo popular necesario para provocar la subversión del régimen político. De forma ideal, las fases de la guerra revolucionaria serían:

Agitación: los insurgentes diagnostican el resentimiento de la población contra el gobierno y comienzan las tareas de propaganda y agitación para incrementar la disidencia.

Organización: se establece la infraestructura insurgente entre la población, mientras la presencia gubernamental es eliminada a través de la persuasión y el terrorismo.

Guerrilla: se emprenden acciones militares a pequeña escala.

Expansión de la zona guerrillera: liberación de extensas áreas del país, creación de un gobierno revolucionario y reconocimiento por países amigos. Se regulariza el apoyo exterior y se crea un ejército convencional.

Guerra casi convencional: desarrollo de un ejército regular que toma la ofensiva contra los restos de las fuerzas contrainsurgentes, que se ven privadas de apoyo externo[10].

Evidentemente, la guerrilla surge cuando los rebeldes asumen la realidad de una clara inferioridad militar que imposibilita los modos convencionales de confrontación con el enemigo. Se fundamenta en la posibilidad de una beligerancia permanente y universal de la población afectada, en la utilización de la rapidez de movimientos y del factor sorpresa en una guerra de desgaste donde lo primordial no es la derrota, sino la anulación operativa de las fuerzas adversarias. En ese sentido, la lucha guerrillera, con su relativamente reducido coste material y su capacidad catalizadora de las energías nacionales, parecía en los años de posguerra el modo adecuado de mantener un conflicto dilatado. Pero el principal problema era saber si una simple guerra irregular de desgaste podía proporcionar la victoria.

Durante la «Larga Marcha», el Partido Comunista chino (PCCh) desarrolló la idea de «guerra popular» de guerrillas que fue decisiva en la adaptación del comunismo a los conflictos del Tercer Mundo. El Comité Central del PCCh difundió en mayo de 1928 una «Perspectiva general para el trabajo militar» en la que el Ejército Rojo (Hongjun) debía encuadrar a los campesinos en Destacamentos de Defensa Rojos para combatir contra las milicias de los terratenientes locales y el Ejército Nacional Revolucionario afín al Guomindang. En los años treinta, el más célebre de los teóricos de la guerrilla rural también dio a la cuestión del carácter decisorio de la guerra irregular una respuesta negativa. En sus obras Problemas estratégicos de la guerra revolucionaria en China (diciembre de 1936) y La guerra prolongada, recopilación de conferencias impartidas en la Asociación para el Estudio de la Guerra de Resistencia contra el Japón en Yenán, en mayo y junio de 1938, Mao Zedong afirmó que no era preciso considerar la guerrilla como un fin en sí mismo, sino como una etapa inevitable de la guerra de liberación nacional o de la revolución, pero que solo podía adquirir un carácter prioritario cuando no era posible desplegar los métodos clásicos de la guerra. La guerrilla era un auxiliar estratégico necesario a las operaciones convencionales en el contexto de una vasta guerra de movimientos: permitía el exterminio de pequeñas unidades adversarias, o el debilitamiento de fuerzas más amplias cuando se atacaban sus líneas de comunicaciones y se creaban bolsas de resistencia que obligaban al enemigo a dividir su potencial militar. Pero la clave del éxito de una guerrilla pasaba siempre por la necesidad de coordinar sus actividades con las de las fuerzas regulares que operaban en los frentes de batalla.

Durante los años veinte del siglo XX, el comunismo chino había tratado de imitar el modelo bolchevique de toma del poder con un pequeño partido que trabajase dentro de la masa y extrajera los frutos de una situación revolucionaria madura. Tras el fracaso de esta táctica, Mao desarrolló un nuevo modelo en el que los comunistas asumieron la hegemonía sobre una facción del movimiento de masas —el campesinado— y lucharon por el poder con medios militares[11]. Mao pensaba que la estrategia guerrillera debía estar basada primariamente en la alerta, la movilidad y el ataque, y había de ajustarse a la situación del enemigo, el terreno, el clima, las líneas de comunicación existentes y la actitud del pueblo. Contando con todos estos factores, estableció tres etapas básicas en la guerra revolucionaria, que luego han sido discutidas o glosadas por la mayor parte de los teóricos de la guerrilla, en sus vertientes rural o urbana. En su primera fase, el movimiento insurgente adoptaba una actitud de defensa estratégica y se aplicaba a la constitución de núcleos de resistencia, donde debían crearse las organizaciones secretas de propaganda, información y agitación que permitieran poner en práctica el nuevo sistema de lucha revolucionaria. En esas incipientes zonas liberadas se debía asegurar la capacidad de producción necesaria para que los partisanos mantuvieran sus posiciones y pudieran hostigar al adversario de forma flexible, bajo la muy conocida máxima «si el enemigo ataca, nosotros retrocedemos; si se queda quieto, lo hostigamos, si se debilita, atacamos, y si se retira, lo perseguimos». En esta fase se buscaba la movilización política a través de frentes y la creación de jerarquías paralelas a las oficiales. El modo de violencia preferente sería el terrorismo.

La conquista de la voluntad de la población era el fundamento indispensable de cualquier guerra insurreccional. La simbiosis entre el guerrillero y el pueblo debía ser plena. El combatiente irregular había de moverse entre la población campesina «como el pez en el agua», inspirando confianza a través de la exhibición de su fortaleza, pero también mediante el respeto de las costumbres y las tradiciones locales. A diferencia de la ortodoxia bélica predicada por Clausewitz, que desconfiaba del real valor militar de la población civil, Mao opinaba que un pueblo plenamente identificado con la causa revolucionaria podía alcanzar altas cotas de disciplina y combatividad en el curso de la lucha armada. La clave organizativa de la guerra revolucionaria residía en el mantenimiento de una rigurosa disciplina interna, garantizada por un partido que se organizaba mediante un sistema clandestino de jerarquías políticas paralelas, y una estructura celular que cubría desde las aldeas más remotas hasta los entes distritales, provinciales o regionales.

La segunda fase de la guerra revolucionaria —el equilibrio estratégico— debía nacer de la conjunción entre el pueblo y los grupos guerrilleros, a través de la movilización política para la guerra de resistencia patrocinada por un partido marxista sólido que emitiese doctrina, planificase la propaganda sobre la población, formase cuadros y buscase un consenso social amplio antes de iniciar la lucha armada. En el inicio de la fase equilibrio estratégico la resistencia sería emprendida por pequeñas bandas que debieran operar en las áreas rurales donde el control gubernamental era débil. En esta etapa se buscaría la articulación de una auténtica fuerza combatiente, que se desplegaría en el frente y en la retaguardia del enemigo, obstaculizaría sus enlaces y abastecimientos, y le obligaría a un progresivo desgaste de sus fuerzas y a la acumulación de hombres y de material en las grandes poblaciones, lo que permitiría una ampliación progresiva de la influencia revolucionaria en el ámbito rural. En el transcurso de las operaciones se tendría por objetivo principal el aniquilamiento de la fuerza enemiga, y no el mantenimiento o la conquista de ciudades o territorios. En cada batalla, Mao aconsejaba una preparación minuciosa y la concentración de fuerzas absolutamente superiores a las enemigas, para cercar totalmente al adversario y procurar aniquilarlo por completo. En circunstancias especialmente favorables se podrían concentrar todas las fuerzas para efectuar un ataque frontal o de flanco, con el propósito último de lograr un triunfo rápido que permitiera el traslado de tropas hacia otros frentes. Se trataría por todos los medios de evitar batallas de desgaste en las que lo ganado no compensaba lo perdido. De este modo, «aunque somos inferiores en el conjunto, somos absolutamente superiores en cada caso y en cada batalla completa. Eso nos asegura la victoria en las batallas». También recomendaba «reforzar nuestro ejército con todas las armas, y la mayor parte de los hombres capturados al enemigo. La fuente principal de los recursos humanos y materiales para nuestro ejército está en el frente». En el estadio avanzado de esta etapa, los insurgentes expanden la organización en las regiones bajo control y buscan el reclutamiento de guerrilleros a tiempo completo.

Alcanzada esta situación de paridad, se llegaba a la tercera fase: el logro de la superioridad estratégica conduciría a una guerra de movimientos, llevada a cabo por las fuerzas regulares que se hubieran preparado a partir de las unidades guerrilleras en las zonas liberadas, cuyo objetivo militar era destruir las fuerzas armadas del gobierno y su objetivo político desplazar a las autoridades gubernamentales. Este nuevo ejército revolucionario iniciaría una ofensiva generalizada, y se dispondría a aniquilar a un adversario ya desmoralizado y mermado en su eficacia militar, ocupando en primer lugar las pequeñas poblaciones y los campos, para luego proceder a la destrucción de las grandes fuerzas enemigas, lo que conllevaría como resultado natural la ocupación de las ciudades más importantes, que no constituían por sí mismas un objetivo estratégico prioritario[12].

Hasta la primera conflagración europea, la guerrilla mantuvo el carácter de un mero complemento de las operaciones militares convencionales. Pero su empleo masivo por parte del comunismo chino contra el Guomindang y el invasor japonés, y por los movimientos de resistencia antifascista durante la Segunda Guerra Mundial, reveló una potencialidad de subversión política que sobrepasaba con creces la mera utilidad bélica. De ahí que con las convulsiones que sacudieron a los antiguos territorios coloniales durante la posguerra, fuera reivindicada como un instrumento eficaz de destrucción del poder existente y de emancipación social y política de la población, según las normas avanzadas por Mao en su doctrina de la guerra revolucionaria. El curso de la victoria maoísta en China mostró algunas interesantes variaciones tácticas, ocasionadas en gran parte por los diez años de guerra contra Japón. En su fase triunfal de 1947-1949, asumió de forma creciente la fisonomía de una guerra convencional, aunque los aspectos político-militares más significativos del maoísmo proceden de la guerra de guerrillas librada contra el Guomindang en los años veinte.

2. LA SOMBRA DE FRANTZ FANON: EL PAPEL DEL TERROR EN LAS GUERRAS DE EMANCIPACIÓN COLONIAL

Durante la década y media posterior al segundo conflicto mundial, una multitud de guerras populares y de liberación encontraron en el ejemplo de la revolución maoísta, no solo inspiración, sino también un protocolo contrastado de acción. La guerra revolucionaria consistía en un complejo proceso de desestabilización fundamentado en maniobras de presión donde se empleaban indistintamente medios políticos, económicos, propagandísticos o militares, y donde la organización subversiva articulaba diversos frentes (obrero, campesino, cultural) y estrategias de lucha (insurrección guerrilla, terrorismo, guerra convencional) con el fin de consolidar un contrapoder efectivo que facilitara el control de la población urbana o rural y tratara de utilizarla como masa de maniobra para paralizar la administración y las fuerzas armadas del enemigo. En esta planificación revolucionaria, la organización armada irregular (fuera el IRA desde 1919, el Irgun, el Grupo Stern o la Hagannah israelíes que actuaban en Palestina desde antes de 1939, el FLN argelino surgido en 1954 o el Viêt-cong creado en 1955) emplearía todos los métodos de combate a su alcance, y actuaría como el embrión del futuro ejército nacional. Fue en ese contexto favorable a la lucha descolonizadora, reconocida incluso en la Conferencia de Bandung de abril de 1955, cuando apareció en 1961 la obra Los condenados de la tierra de Frantz Fanon (1925-1961). Militante del FLN desde 1954 y director del periódico clandestino de la organización El Moudjahid, este psiquiatra argelino de origen martiniqués creía en la necesidad de la «violencia higiénica» como vehículo de autoafirmación y como fuerza purificadora que unifica al pueblo, y preconizaba el terrorismo como un instrumento para liberar a los nativos de su complejo de inferioridad, de la desesperación y la inactividad. Fanon dirigió una hábil campaña de sensibilización anticolonialista, identificando la lucha contra el imperialismo con la liberación del Tercer Mundo y la recuperación de sus identidades culturales.

Palestina

Con la descolonización surgió en Oriente Medio una nuevo actor: el movimiento sionista, que logró edificar el Estado de Israel, y que se convirtió a la vez en amenaza y en ejemplo para los árabes, ya que a ambos les unía la hostilidad a las potencias imperiales, en especial Gran Bretaña. Fueron los judíos los que, a través del Irgun y el Grupo Stern, implantaron la táctica terrorista en Oriente Medio, sirviendo de modelo para el movimiento palestino que comenzaría a experimentar en serio con este modo de lucha a partir de los años sesenta. También otros movimientos de liberación, como el argelino, el chipriota y el vietnamita, desarrollaron un modelo combatiente más cercano al de las organizaciones judías y obtuvieron las simpatías de la comunidad internacional, alcanzando los objetivos emancipadores que se habían marcado[13].

Antes del primer asentamiento sionista en 1882, Palestina contaba con unos 25 000 judíos sobre una población total de casi medio millón de habitantes. A partir de esa fecha, las organizaciones sionistas financiaron el traslado y asentamiento de colonos hebreos, de suerte que en 1914 la población judía ascendía ya a 100 000 personas, lo que suponía una séptima parte de la población total de Palestina. Durante el primer conflicto mundial, los británicos prometieron a Hussein, jerife de La Meca, la formación de un Estado árabe que incluiría Palestina, pero la Declaración Balfour de 2 de noviembre de 1917, que preveía la creación de un Hogar Nacional judío en la zona, incrementó la hostilidad hacia la inmigración hebrea. Acogiéndose a la promesa de Balfour, los judíos pasaron de constituir el 8 % de la población del territorio en 1918 a ser el 20 % en 1931 y el 33 % en 1948. Este incremento acelerado de los colonos provocó graves enfrentamientos con la población palestina y las fuerzas de ocupación británicas. En 1922, la Sociedad de Naciones reconoció la «vinculación histórica del pueblo judío con Palestina» y su fundamento para crear un hogar en esa tierra, ahora bajo control británico. Ante la fuerte inmigración hebrea, la compra de tierras y la amenaza sobre los lugares santos musulmanes, las relaciones entre árabes y judíos se fueron degradando. Por parte judía, la creación de un futuro Estado sionista en Palestina se debía lograr negociando con los británicos y arreglando de forma pacífica los conflictos con los palestinos, pero el aflujo de emigrantes hebreos creó fuertes tensiones con los árabes. Los enfrentamientos se iniciaron en Jerusalén, Safad y Nablus en agosto de 1929 tras un incidente cerca del Muro de las Lamentaciones. El gran muftí de Jerusalén y presidente del Consejo Supremo Musulmán, Hadj Amin al-Husseini, orquestó entonces una serie de tumultos muy violentos, sobre todo en Hebrón, que se saldaron con 299 muertos (133 judíos y 116 árabes) y 571 heridos (339 judíos y 232 árabes).

La llegada de Hitler al poder multiplicó el número de emigrados judíos a Palestina, que pasó de 174 000 personas en 1931 a 335 000 en 1935, con un saldo neto de 217 000 de 1933 a 1939. En 1935, ante la avalancha migratoria hebrea, los dirigentes de los cinco grandes partidos árabes que actuaban en Palestina presentaron al alto comisario británico un memorando que exigía la inmediata suspensión de la inmigración sionista y las ventas de tierras a extranjeros, así como la formación de un gobierno democrático apoyado en un parlamento con representación proporcional. Las rebeliones árabes que estallaron entonces en Siria y Palestina y las negociaciones para el autogobierno de Egipto y Transjordania debilitaron el mandato británico en la zona. Londres aceptó la propuesta de una reducción drástica de immigrantes, pero la Agencia Nacional Judía se opuso terminantemente. El estancamiento de la situación llevó a que el Alto Comité Árabe proclamara el 22 de abril de 1936 una huelga general que se prologó hasta el 10 de octubre y provocó la muerte de 5000 palestinos y 463 judíos, además de innumerables heridos por ambos bandos. El gran muftí tomó el liderazgo de la revuelta árabe de 1936-1939, a la vez rebelión campesina, insurrección antibritánica y guerra civil entre judíos y árabes. En junio de 1936, el gobierno británico reclutó 22 000 miembros de la policía de protección judía, cobertura legal de la milicia Hagannah (Defensa), creada en 1928 como organización de autoprotección de los colonos, y que en el verano de 1936 comenzó a crear grupos especiales. En 1937, una sección de la Hagannah llamada Fosh (Tropas de campaña) trató de contrariar la subversión árabe con una defensa agresiva y ataques a los dirigentes de la rebelión en sus escondites. Las Fosh recibieron ayuda del capitán británico Charles Orde Wingate, convertido al sionismo más extremista, que en 1938 coadyuvó a la creación del futuro ejército israelí organizando las Special Night Squads (SNS) con personal de las Fosh, que actuaron en la segunda mitad de 1938 contra los rebeldes árabes. La élite de las Fosh dio lugar al Palmach, compañías de asalto que actuaron como fuerza móvil de choque contra los árabes en la segunda mitad de los años treinta y en la guerra de 1948-1949[14].

A pesar de los pogromos de 1929 y 1936, hasta mitad de 1937, cuando ya totalizaban 400 000 colonos, los hebreos se mantuvieron a la defensiva apoyándose en la Hagannah, pero el resurgir de la violencia árabe en los años 1936-1939 produjo una inevitable radicalización, que tuvo mucho que ver con las actividades de Vladimir Jabotinsky, quien había creado en 1921 la Unión de Revisionistas Sionistas, con un programa político cercano a las tesis ultranacionalistas de la derecha revolucionaria europea que estimaba que la independencia del Estado Judío solo podía obtenerse por las armas mediante el empleo de un instrumento de combate clandestino[15]. En 1935, los revisionistas se separaron del Movimiento Sionista Mundial creando la Nueva Organización Sionista (NZO), que desde 1936 comenzó a organizar la inmigración a Palestina en gran escala. Durante los disturbios árabes de 1936-1939, la Hagannah siguió una política de autocontención de la violencia (havlagah) que prescribía no tomar represalias salvo en caso de ataque directo. Fue entonces cuando, en oposición a esta política, de la Hagannah se escindió la Hagannahbet (segunda Hagannah), mucho más activa, de la que surgió la organización armada de extrema derecha Irgun Zvai Leumi (Organización Militar Nacional) en la primavera de 1937 como brazo armado en Palestina de la NZO[16].

Aunque la mayor parte de las víctimas de la rebelión se produjeron en los enfrentamientos entre los fedayines y las fuerzas británicas, el Irgun comenzó sus actos de represalia atacando los barrios árabes de Jerusalén y Tel Aviv. A partir del 11 de noviembre de 1937, el Irgun inició una oleada de atentados con dinamita en zonas muy pobladas y varios asesinatos simultáneos en el campo. Tras el ahorcamiento a fines de junio de 1938 de un joven sionista acusado de haber tiroteado un autobús árabe, el Irgun tomó represalias, no contra el poder británico, sino contra la comunidad rival: el 6 de julio un miembro de la organización vestido de árabe colocó una bomba en un mercado del centro de Haifa, causando 21 muertos y 52 heridos, y otro artefacto en la ciudad vieja de Jerusalén produjo el 15 de agosto diez muertos y más de 30 heridos. El 25 de julio, una nueva bomba depositada en el mercado de Haifa produjo 39 muertos y más de 70 heridos, y un mes después un atentado de similares características en el mercado de Jaffa provocó 24 muertos y 39 heridos. Aunque los líderes sionistas y de la Hagannah condenaron enérgicamente estos atentados, el Irgun fue ganando adeptos entre la juventud hebrea más radicalizada, y llegó a jugar un papel destacado en el surgimiento del Estado de Israel.

En el transcurso de la Conferencia de Londres sobre el futuro de Palestina, a primera hora de la mañana del 27 de enero de 1939, el Irgun lanzó simultáneamente numerosas bombas sobre media docena de poblaciones árabes, mientras hacían descarrilar trenes, disparaban sobre coches e incendiaban casas, provocando decenas de muertos entre la comunidad árabe. Menachem Begin, que más adelante sería uno de los jefes del Irgun, justificó estos atentados argumentando que las agresiones árabes duraban desde hacía veinte años. Las bombas de 1937-1939, colocadas en lugares públicos muy frecuentados (mercados, estaciones, cines), sembraron el terror entre la población árabe, pero luego este mismo método sería empleado por la resistencia palestina. A su vez, la Hagannah desplegó «compañías rurales» en la primavera de 1938 para patrullar sus asentamientos, y a inicios de 1939 creó en su seno una unidad secreta de «operaciones especiales» destinada a tomar represalias contra pueblos y terroristas árabes, atacar instalaciones británicas y eliminar a los informadores del gobierno. Además, en la medida en que la revuelta árabe se dirigía tanto contra los británicos como contra los sionistas, aquellos tomaron tácticamente partido por los judíos, que con ayuda del capitán Wingate (que como general dirigiría la guerrilla Chindit contra los japoneses) constituyeron una unidad mixta de soldados británicos y hebreos (las Special Night Squads) que interceptaron y mataron a unos sesenta árabes y tomaron represalias sobre bases rebeldes. Esta estrategia vindicativa caracterizó a la Hagannah, de donde surgiría el Tsva Hagannah Le-Israel o Tsahal (Fuerzas de Defensa Israelíes) tras la proclamación del Estado hebreo el 15 de mayo de 1948[17].

Los contactos con el exterior tampoco fueron abandonados, de suerte que, a la altura de 1938, unos 5000 combatientes judíos (entre ellos Abraham Stern y Menachem Begin, que llegó a Palestina en mayo de 1942) recibían apoyo y entrenamiento en Polonia[18]. Durante la crisis de Munich de septiembre de ese año se llegó a un acuerdo tácito entre las fuerzas de defensa judías y el mando británico, aunque la ulterior política de apaciguamiento con el mundo árabe obligó a la disolución de las Night Squads.

En efecto, durante la Segunda Guerra Mundial el Gobierno británico, temeroso de provocar un levantamiento general árabe a favor del Eje, prohibió la inmigración judía (Libro Blanco de mayo de 1939), que respondió con la emigración clandestina y el terrorismo. Jabotisnky, que murió en agosto de 1940, anunció su apoyo al esfuerzo de guerra británico, pero a partir de 1943 el Irgun comenzó una rebelión contra el dominio colonial y contra la historia marcada por el trauma del Holocausto.

Al frente del Irgun figuraba un alto mando, asesorado por un Estado Mayor central, que se organizaba en departamentos (ejército, unidades de choque, fuerzas de asalto y fuerza de propaganda revolucionaria) de acuerdo con las exigencias de la clandestinidad. La organización estaba organizada en divisiones de un volumen adecuado a las necesidades de la lucha clandestina. En realidad, el Irgun estaba constituido por unas pocas docenas de miembros —entre 20 y 40 en pleno servicio—, que eran apoyados por varios cientos de auxiliares[19], que ascendieron a 1500 a la altura de 1944. Sus jefes fueron, entre otros, David Raziel, Yaacov Medidor, Arieh Ben-Eliezer y Menachem Begin.

De este modo, a la lucha armada árabe se unió, a partir de 1940-1941, el inicio de una guerrilla llevada a cabo por los grupúsculos sionistas. En el otoño de 1939, Abraham Stern se separó de Jabotinsky y del Irgun por mostrarse favorables a un aplazamiento de la lucha antibritánica tras el estallido de la guerra mundial. Surgió entonces el Irgun Zvai Leumi-be-Israel, luego llamado Lohamey Heruth Israel, acrónimo hebreo de los Luchadores por la Libertad de Israel (LEHI), dirigido por el propio Stern, que tomó el nombre de guerra de Yair (Iluminador). A diferencia de la Hagannah (una milicia clandestina de autodefensa) y del Irgun (un ejército clandestino que se agrupaba militarmente en escuadras y destacamentos, rechazaba el atentado individual y lanzaba sus golpes contra instalaciones del ocupante, con objetivos esencialmente políticos y psicológicos), el LEHI pretendía ser una organización revolucionaria que optaba por el terrorismo antibritánico, y a tal fin se fraccionó en células de tres miembros cuidadosamente aisladas que se dedicaron al atraco de bancos, las extorsiones y la lucha contra los fedayines árabes[20]. Fuerte en Tel Aviv y en Haifa, el LEHI intentó establecer un frente antiimperialista con los nacionalistas árabes, e incluso estableció contactos con la Italia fascista. Además, mientras que el resto del movimiento sionista apoyaba en general a los británicos, el LEHI llegó a mantener contacto en enero de 1941 con el servicio exterior alemán[21].

Aunque Stern fue abatido por el servicio secreto británico el 12 de febrero de 1942 en Tel Aviv, y gran parte de sus militantes fueron detenidos, el Comité Central del grupo, dirigido por sus lugartenientes Nathan Yalin-Mor e Itzhak Shamir, logró salvaguardar la organización[22]. Otro conocido activista, Menachem Begin, futuro primer ministro y premio Nobel de la Paz en 1978, desarrolló ataques a tropas británicas a partir de 1944, colaborando con la Hagannah en la lucha contra los ingleses desde noviembre de 1945 a julio de 1946. En esa línea de actuación se produjeron ataques a las oficinas de inmigración de Jerusalén, Tel Aviv y Haifa, con el propósito de destruir los expedientes de los emigrantes legales para no diferenciarlos de los ilegales que se trasladaban a Palestina de la mano de los grupos sionistas radicales[23]. Uno de los actos de mayor impacto del grupo Stern fue el asesinato en El Cairo de Walter Edward Guiness, lord Moyne, ministro de Estado británico en Egipto y declarado proárabe, el 6 de noviembre de 1944; un hecho que levantó amenazas de represalia del movimiento sionista y de la Hagannah sobre el LEHI[24]. A pesar de atender a la máxima de Begin, «Luchamos, luego somos», los asesinatos y los pequeños atentados tuvieron escasa capacidad decisoria en la rebelión hebrea de 1943-1945, y concitaron además la repulsa de buena parte de la comunidad judía, cuya Agencia Nacional comenzó a tomar medidas de represión contra un grupo armado tan poco dócil a su política de contemporización con el poder británico.

Con el fin de la guerra mundial, y ante la expectativa de acelerar el proceso descolonizador, los grupos clandestinos judíos (Irgun, Hagannah-Palmach y LEHI) se reunieron en el Tenuat Hameri (Movimiento Unido de Resistencia[25]). Se acordó que el LEHI y el Irgun se sometieran a las decisiones del jefe de Estado Mayor de la Hagannah, que llevaría las operaciones desde un punto de vista estrictamente militar. Esta alianza táctica se tradujo en operaciones de liberación de refugiados de campos de internamiento, asaltos a arsenales británicos, destrucción de refinerías, y ataques a las oficinas del Criminal Investigation Department (CID) en Jaffa, aeródromos, repetidores de radio y radares. La consecuencia fue que, a la altura de 1946, el Mandato británico en Palestina vivía en un clima de anormalidad permanente, con continuos asaltos a instalaciones militares y del ferrocarril, atentados con minas, toques de queda casi permanentes y vigilancia reforzada[26]. El asesinato de siete paracaidistas en abril y de cinco oficiales británicos en junio de 1946, en el marco de las operaciones de sabotaje organizadas por todas las organizaciones paramilitares bajo el liderazgo político de David Ben Gurion fue respondido el 28 de junio con una redada antiterrorista (Operación Agatha) que se saldó con 2178 presuntos terroristas detenidos y el asalto a las oficinas de la Agencia Nacional Judía. El sonado atentado de 22 de julio de ese año contra el hotel King David de Jerusalén, cuartel general de las fuerzas británicas, donde murieron 91 personas y un centenar resultaron heridas[27], provocó la escalada violenta del Irgun y la ruptura con la Hagannah.

En respuesta, Tel Aviv fue cercada y ocupada por dos divisiones inglesas de infantería que impusieron la ley marcial. El 16 de abril de 1947, los ingleses ejecutaron a cuatro terroristas del Irgun en la prisión de San Juan de Acre, y el grupo armado respondió el 29 de julio con el ahorcamiento de dos sargentos del Intelligence Service capturados[28]. La muerte de estos dos agentes desencadenó la mayor oleada de antisionismo que se recuerda en el lado británico: los soldados asesinaron a cinco judíos e hirieron a quince en Tel Aviv, e incluso en la metrópoli se produjeron algunos motines antisemitas, mientras que las tropas tiroteaban autobuses, irrumpían en cafés y perpetraban otros actos abusivos que recordaban las exacciones cometidas por los Black & Tans en Irlanda en el verano de 1920 como represalia a los atentados del IRA. Londres incrementó sus efectivos militares en Palestina y multiplicó las redadas, requisas de armas, controles de carreteras, toques de queda, condenas a presidio e incluso las ejecuciones, pero los 84 000 soldados británicos acantonados en Palestina no pudieron hacerse con el control del territorio. A fines de 1946, el Irgun y el LEHI habían matado a 373 personas, de las cuales 300 eran civiles[29]. Las organizaciones armadas judías disponían de unos 4000 hombres y mujeres bien entrenados y unos 40 000 reservistas, además de las bandas del Irgun y el LEHI, que estaban nutridas por unos 6000 activistas equipados con armas cortas[30]. Por su parte, las fuerzas árabes consistían en grupos irregulares de composición tribal o local reclutados por un tiempo breve, que tenían un encuadramiento militar mínimo y un armamento inferior al judío.

El 17 de febrero de 1947 el ministro de Exteriores británico Ernest Bevin anunció que su país se disponía a entregar el Mandato palestino a las Naciones Unidas. El 2 de abril, el gobierno laborista británico solicitó oficialmente al secretario general de la ONU la convocatoria de una sesión especial de la Asamblea General para considerar el problema, aunque el 23 de septiembre declaró que no iba a implementar la partición, dejando la tarea a la ONU. La organización internacional creyó que la solución a las relaciones conflictivas entre árabes y judíos era el reparto del territorio, que fue acordado por la Asamblea General el 29 de noviembre de 1947 por 33 votos afirmativos contra 13 negativos y 10 abstenciones.

La propaganda sionista argumentó que la expulsión de los británicos se había logrado a un coste relativamente asumible de 230 víctimas británicas, 44 árabes, 25 judías y 49 terroristas entre 1945 y 1947. Pero tras la independencia se inició una sorda lucha basada en el terror sobre la población civil. A fines de 1947, la población palestina puso en marcha el Arab Liberation Army (ALA), que contaba con 3500-6000 efectivos procedentes de todos los países limítrofes. Los ataques a convoyes (asesinato de 76 judíos en una caravana con personal médico escoltada por la Hagannah el 13 de abril de 1948) y los coches-bomba palestinos (atentado de 22 de febrero de 1948 contra la sede de la Hagannah en Jerusalén, con un balance de trece muertos) eran ejemplos de una feroz guerra irregular que era llevada a cabo también por el Irgun bajo el modelo del IRA irlandés. El suceso más relevante del conflicto fue la masacre de entre 110 y 140 árabes, dos tercios de ellos ancianos, mujeres y niños, en Deir Yassin del 9 al 11 de abril de 1948 por miembros del Irgun, del Stern-LEHI y de la milicia Palmach[31]. La población árabe, aterrorizada, comenzó a huir de pueblos y aldeas, que fueron ocupadas por colonos judíos. Unos 450 pueblos palestinos fueron arrasados y sus tierras distribuidas en una auténtica limpieza étnica que fue reconocida incluso por el presidente israelí Chaim Weizmann, ya que Israel dobló su territorio en relación a las previsiones del reparto de la ONU, y 160 000 árabes quedaron sometidas a una autentica ocupación militar. Cuando concluyó el mandato de Inglaterra el 14 de mayo de 1948, David Ben Gurion, presidente del gobierno provisional judío, proclamó el Estado de Israel, y un día después la Liga Árabe atacó a los hebreos. A pesar de los primeros triunfos árabes, las tropas de Israel (el Tsahal, procedente en buena parte de la Hagannah) acabaron rechazando a las fuerzas de la Liga y ocupando una gran parte del territorio atribuido por la ONU a los árabes. La propia organización internacional, incapaz de imponer una tregua a los contendientes, contempló pasiva el asesinato del conde Folke Bernadotte, supervisor del alto el fuego, y del jefe de los observadores militares, coronel André Pierre Sérot, por el LEHI en Jerusalén el 17 de septiembre de 1948[32]. Para evitar el escándalo internacional, el grupo Stern fue prohibido, y sus líderes secundarios arrestados. Tras una guerra que el pueblo palestino recuerda como «La Catástrofe» (Nakba), entre 458 000 y 755 000 árabes fueron arrojados de sus casas y huyeron al Líbano, Transjordania, Siria o la banda de Gaza controlada por los egipcios. Hoy en día, ellos y sus descendientes forman una comunidad exiliada de 4.865 000 desplazados, más del 70 % del conjunto de la población palestina.

Poco después de la proclamación del Estado de Israel, el LEHI, que fue el último grupo judío en definirse a sí mismo como terrorista, se disolvió, y sus miembros individuales se enrolaron en el Tsahal, aunque mantuvo actividades independientes hasta la primavera de 1949. Algunas unidades del Irgun llegaron a mantener su encuadramiento originario en el nuevo ejército nacional[33].

Chipre

La sublevación del Irgun contra el poder británico se convirtió en el modelo a seguir de futuros levantamientos anticolonialistas, como el impulsado por la Ethniki Organosis Kyprion Agoniston (EOKA, Organización Nacional de Lucha Chipriota) del general George Grivas, que se había formado en la resistencia antinazi y diseñó en Atenas en 1953 un «Plan General Preparatorio», donde se trataba de llamar la atención de la opinión pública internacional mediante actos de violencia dramáticos, bien orquestados y llevados a cabo en momentos adecuados:

I. FINALIDAD: Despertar la opinión pública internacional, especialmente entre los aliados de Grecia, con el heroísmo de las muertes y del autosacrificio, para que se concentre su atención en Chipre hasta que alcancemos nuestros objetivos. Se debe molestar y acosar continuamente a los ingleses hasta que se vean obligados por la diplomacia internacional, ejercida a través de las Naciones Unidas, a examinar el problema de Chipre y llegar a un acuerdo según los deseos del pueblo chipriota y de toda la nación griega.

II. PROCEDIMIENTO: La actividad deberá orientarse a producir la desorientación y el mayor daño entre las filas de las fuerzas inglesas hasta hacerles evidente que ya no pueden dominar por completo la situación. La campaña se debe desarrollar en tres frentes: 1. Sabotaje contra las instalaciones gubernamentales y los puestos militares; 2. Ataques a las fuerzas inglesas por un número importante de grupos de lucha armados; 3. Organizar la resistencia pasiva de la población.

Debido a los obstáculos que surgen ante una lucha guerrillera en gran escala […] el peso principal de la campaña debe recaer en el sabotaje y, en consecuencia, la tarea central de los grupos de lucha deberá soportarla y cumplirla el trabajo de los saboteadores, quienes deberán trastornar y divertir a las fuerzas gubernamentales […] El triunfo no se logra con ataques pequeños e intermitentes, sino únicamente con una campaña continua, orientada a obtener resultados importantes. Esto no debe entenderse como que esperamos con estos medios infligir una derrota material completa a las fuerzas inglesas; nuestro propósito es ocasionarles una derrota moral manteniendo la ofensiva hasta que se consigan los objetivos señalados en el primer apartado de este plan[34].

Se trataba de desplegar la mayor parte de las fuerzas de la EOKA en los centros urbanos de la isla (al igual que el Irgun en Palestina), donde se organizaron pequeñas células terroristas de 8-10 hombres para distraer al mayor número posible de tropas británicas: 4000 hombres que tuvieron que hacer frente a menos de 400 terroristas activos y 750 «auxiliares». En octubre de 1954, Grivas partió de Grecia hacia Chipre para encabezar la ofensiva. La primera campaña de atentados se desató cuando, en diciembre, la ONU rechazó un llamamiento griego en favor de la autodeterminación de Chipre. Se trataba de «Conmocionar la opinión pública mundial —en especial los amigos de Grecia— mediante actos heroicos y sacrificios, que atraigan la atención sobre Chipre, hasta que nuestros objetivos sean alcanzados. Se debe perseguir y acosar continuamente a los británicos, hasta que la diplomacia internacional ejercida a través de las Naciones Unidas les obligue a examinar y a solucionar el problema de Chipre de acuerdo con los deseos del pueblo chipriota y de toda la nación griega»[35]. Grivas preparó un ataque general que coincidiera con la fecha de la reunión de la Asamblea General de la ONU en el otoño de 1955. Su propósito era dejar fuera de combate a la policía nativa mediante el despliegue de «pelotones de ejecución», que obligasen a los ingleses a usar su fuerza militar en lugares dispersos. Se optaba por una campaña basada en el terrorismo y el sabotaje porque el tamaño reducido de la isla no ofrecía espacio suficiente para la maniobra guerrillera. De modo que se concertaron acciones en la ciudad y el campo, movilizando grandes manifestaciones políticas y huelgas en los pueblos, y manteniendo a las tropas ocupadas en aplacar motines mientras que los grupos guerrilleros realizaban ataques ligeros contra objetivos rurales. En ese otoño también se inició el control del poder local (mukhtars) a través de fusilamientos selectivos.

El 24 de mayo, la EOKA trató de asesinar al gobernador de Chipre, sir Robert Armitage, y el 26 de noviembre el poder británico se vio obligado a declarar el estado de emergencia. A fines de 1955, la EOKA había sumido a la isla en el caos. Para febrero de 1956, los efectivos del ejército inglés habían aumentado de 4000 a 22 000 hombres, además de 500 policías autóctonos. La EOKA tenía por entonces un total de 273 hombres en la «línea de frente» (80 miembros distribuidos en 15 grupos en Nicosia, 36 miembros en Famagusta y 34 en Limassol), apoyados por 750 guerrilleros irregulares de las aldeas, armados con escopetas, que se dedicaban al sabotaje sistemático de las instalaciones militares y al terrorismo selectivo contra las fuerzas de seguridad, apoyados con la resistencia pasiva de la población civil. Se trataba de controlar a la población griega de Chipre, con amenazas y con la ayuda del arzobispo Makarios III, que fue deportado a las Seychelles en marzo de 1956 por no condenar las acciones de la EOKA.

Desde noviembre de 1955 a marzo de 1956 se produjeron 21 atentados en Nicosia, uno de los cuales, perpetrado el 22 de marzo, estuvo a punto de costarle la vida al nuevo gobernador sir John Harding. Durante el «noviembre negro» de 1956 se produjeron 416 atentados con 35 muertos, pero la infiltración del servicio secreto británico obligó a Grivas a suspender momentáneamente sus actividades. En los primeros diez días de abril de 1957, la EOKA hizo explotar 50 bombas, el 4 de mayo mató a dos soldados británicos y el 26 de noviembre destruyó un avión de la RAF. A fines de 1958, los británicos tuvieron que despedir a todos sus empleados grecochipriotas, tras sufrir una serie de atentados contra sus bases. El poder colonial creó, a imagen de la estrategia desarrollada en Kenia contra el Mau-Mau, «Unidades Q» dentro del sistema de espionaje, formadas por renegados de la EOKA y chipriotas probritánicos. Pero este reforzamiento de los servicios de información no arrojó resultados tangibles: 40 soldados británicos murieron en un atentado el 25 de octubre de 1958. El impacto de la crisis de Suez de 1956 y el acelerado proceso de descolonización del Tercer Mundo fueron hechos decisivos que contribuyeron a la retirada británica. Las tropas turcas, inquietas por los progresos de la EOKA, desembarcaron en el norte de la isla, donde residía la minoría de ese origen, provocando enfrentamientos con los griegos en 1956. El acuerdo de Londres de febrero de 1959, firmado al margen de Grivas, llevó a la proclamación de Chipre como república independiente antes que a la tan deseada enosis (unión) con Grecia. Los británicos mantuvieron sus bases y los turcochipriotas obtuvieron el 30 % de los escaños del Parlamento y un permiso para el estacionamiento de tropas turcas (junto con griegas y británicas) en el norte de la isla. Proclamada la independencia en 1960, la EOKA luchó desde 1971 por la unión con Grecia frente a las pretensiones turcas[36].

Argelia

La errática política francesa en Argelia anticipó muchos aspectos de la respuesta contemporánea al terrorismo, como la tentación de explicarlo por la intervención de las potencias extranjeras antes que por el descontento autóctono, por los niveles discriminatorios de violencia o por la elaboración de doctrinas militares para guiar y justificar la respuesta armada[37].

En Argelia, el temor de los colonos europeos a perder su estatus privilegiado provocó la radicalización del nacionalismo autóctono, y se manifestó en los sucesos de Sétif de 8 de mayo de 1945. En 1946 se creó la Organisation Spéciale (OS) como estructura militar clandestina del Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques (MTLD) de Messali Hadj. En 1954 el MTLD se dividió, y la OS, liderada por Ahmed Ben Bella, quedó supeditada a los intereses regionales de los jóvenes oficiales egipcios que habían tomado el poder en 1952. A fines de marzo de 1954, nueve jefes militares de la OS fundaron el Comité Révolutionnaire d’Unité pour l’Action (CRUA), que organizó sus primeras acciones armadas con la ayuda de bandidos tradicionales en los Aurès. Tras una serie de reuniones tenidas el 10-24 de octubre de 1954 en Argel se decretó la disolución de la CRUA y su sustitución por un movimiento político, el Front de Libération Nacional (FLN), dotado de un ejército denominado Armée de Libération Nationale (ALN[38]). El territorio argelino fue dividido en seis zonas y a cada responsable se le asignaron objetivos precisos. El inicio de las operaciones subversivas contra el poder colonial tuvo lugar en la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre de 1954 en un ataque a la población de Batna, en la región de los Aurès. Franz Fanon, médico martiniqués y antiguo combatiente en la liberación de Francia durante la Segunda Guerra Mundial, se incorporó al FLN para ejercer una decisiva influencia teórica, no solo en Argelia sino también en toda el África subsahariana. Con Fanon como líder ideológico y con Ahmed Ben Bella como responsable del aparato militar, el FLN-ALN se convirtió en una organización nacional por encima del resto de los partidos, monopolizando el peso de la insurrección armada contra Francia. Ante la ineficacia militar de la metrópoli, la rebelión se extendió con facilidad, a pesar de que en 1955 Jacques Soustelle creó las Secciones Administrativas Especiales (SAS) que desarrollaban una función cívico-administrativa y de información en las poblaciones con el apoyo de los notables locales. En respuesta, el terrorismo de los fellaghs (campesinos combatientes de la ALN) golpeó en prioridad, como en Vietnam, a las propias poblaciones autóctonas que el FLN quería someter, mientras la política represiva francesa alienaba el apoyo de la comunidad musulmana, hasta entonces mayoritariamente apática, que comenzó a engrosar las filas del movimiento independentista hasta alcanzar los 20 000 hombres armados a fines de 1955, que perpetraban de 2000 a 3000 atentados mensuales. El FLN trató de destruir a todo competidor que pretendiera erigirse en tercera fuerza del conflicto (por ejemplo, el Mouvement Nationaliste Algérien, MNA), y profundizó en las líneas de fractura existentes entre árabes y kabiles, facciones, tribus, clanes y clases sociales. Siguiendo esta lógica, entre 1954 y 1956 el FLN causó la muerte de 6350 ciudadanos de origen africano y 1035 de origen europeo.

La lucha se extendió por Constantina y la Kabilia a través de la guerrilla, el terror sobre las poblaciones musulmanas y la liquidación sistemática de elementos profranceses a través de la mutilación y el degollamiento, con el caso paradigmático de la masacre que tuvo lugar el 20 de agosto de 1955 en el cuadrilátero Collo-PhilippevilleConstantina-Guelma, que arrojó un balance de 123 muertos, de ellos 71 europeos. Luego, el FLN decidió lanzar una gran ofensiva terrorista en Argel. En la primera fase, desde fines de 1955, el ALN trataba de recuperar armas, abatir a confidentes o atacar puestos y comisarías, para pasar a fines de junio de 1956 a agredir a la población europea. En la primavera de 1956 la organización del FLN ya controlaba la Kasbah[39], el 30 de septiembre perpetró cuatro atentados en Argel, y a fines de año mató al alcalde Boufarik.

El Congreso de Soummam, que tuvo lugar el 20 de agosto de 1956, fue el punto de partida de la organización política del FLN. La ALN se dotó entonces de un Estado Mayor único, que fue confiado a Belkacem Krim. Se constituyó también una plataforma política que preconizó la continuación de la lucha hasta el reconocimiento por Francia de un Estado argelino. La dirección política del FLN se confió a un Consejo Nacional de la Revolución (CNRA) compuesto de 34 miembros elegidos por el Congreso, y un Comité de Coordinación y Ejecución (CCE).

Tras la campaña de bombas sobre bares, cafeterías, autobuses e instalaciones del aeropuerto iniciada el 30 de septiembre de 1956 y el asesinato de Amédée Froger, presidente de la asociación de alcaldes de Argelia, el 28 de diciembre, se produjeron masivos tumultos antimusulmanes que obligaron a que por decreto prefectoral, el general Jacques Massu, comandante de la 10.ª División de Paracaidistas, fuera nombrado responsable del mantenimiento del orden a partir del 7 de enero de 1957. La medida fue contestada por el FLN con una huelga general y una nueva oleada de atentados, pero un año después de la entrada de los paracaidistas en la ciudad, el ALN estaba arrinconado en las regiones más periféricas del país y los dirigentes de la rebelión hubieron de huir de Argel y ganar Marruecos o Túnez, hasta el punto de que en marzo de 1957 el aparato clandestino del FLN estaba casi desmantelado. El temor a la traición atenazó a los jefes militares de la sublevación, que purgaron sus filas de sospechosos, lo cual arrojó a centenares de guerrilleros hacia los franceses, contribuyendo a desarrollar las dos fuerzas nativas que cargaron con el peso de la lucha en el campo: los tirailleurs (poco fiables y minados por las deserciones) y los harkis (milicia armada encargada de la defensa de los pueblos y desde 1957 empleadas en misiones de choque), movidos individualmente tanto por el dinero como por el miedo a las purgas o por las venganzas personales[40].

En julio, la «batalla de Argel» pudo darse por concluida. El FLN, imitando al IRA, trató de llevar la guerra al territorio metropolitano entre 1957 y 1961. Las venganzas incontrolables, perpetradas por la Fédération Française del FLN desde mayo de 1957, y que se vieron alimentadas por rencillas de tipo personal, tribal y político (sobre todo con su rival el MLA), dejaron entre el otoño de 1957 y noviembre de 1958 un balance de 4000 muertos y 9000 heridos entre los emigrantes en Francia, incrementando la impopularidad de la causa argelina entre la población gala.

En mayo de 1958, los desórdenes surgidos en las principales ciudades argelinas, organizados en la sombra por los colonos y el ejército francés, desembocaron en un masivo levantamiento en Argel que acabó con otra masacre de la población indígena. El gobierno de París, absolutamente paralizado y desbordado por los acontecimientos, dimitió en bloque con la consiguiente caída de la IV República. Desde Argelia, un Comité de Seguridad Pública presionó para que el general De Gaulle volviera a hacerse cargo del gobierno, como el único hombre capaz de detener la guerra y preservar la Argelia francesa. Nada más ser investido presidente de la V República, De Gaulle intentó acabar la contienda por la vía militar, pero al darse cuenta de la dificultad para ganarla, en un alarde de realismo político anunció el 16 de septiembre de 1959 la convocatoria de un referéndum para la autodeterminación. Esta política de concesiones conducía inevitablemente a la independencia argelina, a cambio de que se garantizasen los intereses económicos franceses en la colonia una vez conseguida la independencia. La respuesta de los pieds noirs (colonos franceses) fue una semana de barricadas del 24 al 29 de enero de 1960 y los intentos de los «ultras» Susini, Ortiz, Pérez y Lagaillarde de cambiar por la fuerza la decisión del presidente.

Los contactos mantenidos entre Francia y el FLN desde 1962 terminaron al año siguiente con los acuerdos de Evian, por los que se regulaba la transición a la independencia. Entre el referéndum de ratificación de la política argelina del gobierno celebrado el 8 de enero de 1961 y el putsch de los generales de 22-25 de abril, se creó en febrero la Organisation de l’Armée Secrète (OAS), grupo terrorista fundado por Pierre Lagaillarde y Jean-Jacques Susini con la cobertura legal del Front de l’Algérie Française, y encabezado nominalmente por el general Raoul Salan. La OAS era una organización armada peculiar, donde se mezclaba el extremismo de derecha y la autodefensa de una comunidad étnica (los pieds noirs) expuesta a un grave peligro. El coronel Godard creó un organigrama copiado del FLN y la Resistencia antinazi, con un Comité Superior y cuatro ramas: Organización de Masas (estructuración, movilización, apoyo, cobertura, finanzas y oficina musulmana), Acción (Organisation-Renseignement-Opérations, dividida en Oficina de Acción Operativa y Oficina Central de Información), Comité Político y Comité de Acción Psicológica y Propaganda (APP), todo bajo la autoridad de una dirección colegiada que encubría el control efectivo del conjunto por parte del general Salan. Se montaron «Equipos Delta» formados por legionarios desertores, antiguos contraterroristas, estudiantes y aventureros, que emprendieron una campaña de terrorismo selectivo en Argel y Orán a partir de marzo de 1961, y sobre todo tras los acuerdos de Evian del 18 de marzo de 1962, donde destacó la campaña masiva de terror antimusulmán iniciada el 21 de marzo. Desde septiembre-octubre de 1961, la OAS se enfrentó a la policía argelina y luego a los mercenarios gaullistas (barbouzes) pagados como policía paralela[41]. El poder gaullista organizó Comités de Défense de la République, estableció campos de internamiento para los sospechosos y creó jurisdicciones de excepción como la Cour de Sûreté de l’État, implantada el 4 de junio de 1960 y suprimida por Mitterrand a su llegada al Elíseo en 1981.

Los tres últimos meses de la guerra argelina fueron particularmente mortíferos: el 23 de marzo de 1962, la OAS trató de tomar el control del barrio de Bab-el-Oued, pero el ejército francés intervino y quince soldados resultaron muertos. El balance de su actuación fue tan sangriento como inútil: entre el 1 de mayo de 1961 y el 31 de enero de 1962, la OAS aseguró haber matado a 47 europeos y 222 musulmanes en un total de 5000 ataques[42]. La OAS, parte de cuya dirección clandestina residía en Madrid bajo la protección de las autoridades franquistas, decidió entonces llevar la lucha a la metrópoli. La respuesta fue la creación en Francia de las OAS-métro en eneromarzo de 1962. Entre sus acciones figuraron el incendio de sedes del PCF, el intento de asalto a la Escuela Militar de Saint-Cyr o el intento de asesinato contra De Gaulle en Petit-Clamart el 22 de agosto de 1962 por un grupo al mando del coronel Bastien-Tiry. Después de que los cabecillas de la organización (Edmond Jouhaud, Deguelde, Bidault y Salan) fueran detenidos sucesivamente, la dirección residual mantuvo una campaña terrorista sangrienta y bastante desorganizada que le enajenó el apoyo de la opinión pública francesa e internacional.

Tras los acuerdos de Evian se recrudecieron los enfrentamientos entre el FLN y la OAS, hasta el plebiscito del 1 de julio de 1962, por el que la inmensa mayoría de los argelinos votó por la independencia del país. Su ratificación dos días más tarde con el nacimiento oficial de la República de Argelia implicó la desintegración definitiva de la OAS a fines de 1964. Sus principales miembros se refugiaron en la metrópoli, en la España franquista y en varios puntos de Latinoamérica, donde fueron bien recibidos por varios dictadores del subcontinente. En sus escasos dos años de existencia como grupo armado, la OAS se mostró como una organización tremendamente activa, con un saldo de 751 atentados (cinco de ellos dirigidos contra el general De Gaulle), seis muertos y 37 heridos graves. El terrorismo francés de extrema derecha de los años 1960-1970 (Groupe Delta, Club Charles Martel, Faisceaux Nationalistes Européens, Honneur de la Police, Mouvement Nationaliste Révolutionnaire, Ordre et Justice Nouvelle y SOS-France) heredó parte de su estructura cuando dirigió sus ataques contra norteafricanos o emigrantes en general[43]. Lo mismo se puede decir de los grupos parapoliciales anti-ETA, como los GAL.

La guerra de liberación argelina se saldó con la muerte de 27 000 soldados metropolitanos y 3000 pieds noirs. El FLN asesinó a más de 16 000 ciudadanos musulmanes y secuestró a otros 50 000 que nunca aparecieron. Se estima en 12 000 el número de miembros del FLN asesinados en purgas intestinas[44]. A ello habría que añadir el exilio forzado de más de un millón de franceses. Las operaciones militares del ALN incluyeron medidas de control de la población musulmana mediante castigos, con el fin de separarlos de su adhesión al gobierno metropolitano. El número final de musulmanes muertos oscila entre los 16 378 aportados por las autoridades francesas y entre 30 000 y 150 000, incluidas las venganzas de posguerra sobre los harkis favorables al mantenimiento de la vinculación con Francia[45]. Esta ominosa herencia de violencia volvería a brotar en la guerra civil de los años noventa.

Vietnam

En su prolongada lucha contra el colonialismo francés en Indochina, el grupo guerrillero Viêt-minh (Viêt Nam Doc Lap Dong Minh Hoy) pudo confirmar la validez de la táctica maoísta, articulándose como movimiento político e instrumento insurreccional en tres escalones (guerrilleros, fuerzas móviles y fuerzas principales), y organizando una estructura militar a escala local, regional y nacional, que aparecía firmemente integrada en la estructura comunitaria tradicional de los pueblos vietnamitas, y que no renunció ocasionalmente al empleo del terror contra sus enemigos. De acuerdo con el general Vô Nguyen Giap, las tres formas de guerra prolongada (guerrilla, guerra de movimiento y guerra a campo abierto) fluctúan en importancia en la estrategia revolucionaria: en un principio predomina la guerra de guerrillas, pero poco a poco se abren paso las otras modalidades bélicas. El problema, según Giap, era mantener la correcta proporción entre las tres formas de lucha para optimizar los resultados revolucionarios. Esta es una visión más flexible que la teoría maoísta ortodoxa de las tres fases. En la segunda etapa del conflicto que se inició en los primeros años de la década de los sesenta, el Viêt-cong (guerrillas comunistas survietnamitas apoyadas por la República Democrática de Vietnam del Norte) consiguió ganar la lucha por el control político de las aldeas gracias a su presencia en los distintos lugares y a la liquidación de las autoridades locales hostiles o dudosas. El control político del Viêt-cong se basó en una amplia coerción sobre la población civil[46]. De hecho, entre 1946 y 1949 se recomendó el asesinato de colonos franceses y de colaboradores nativos, hasta lograr en 1950 la constitución de un santuario activo en la frontera con China.

La estrategia maoísta, que tuvo éxito en Vietnam en los conflictos de 1946-1954 y 1959-1964, fracasó en Filipinas en 1950-1953 y en Malasia en 1948-1960, donde el Partido Comunista chocó con las medidas de protección de la población (New Villages) implementadas por el teniente general sir Harold Briggs en 1950-1951. Siguiendo esa estrategia de concentración de la población rural en lugares defendidos permanentemente por tropas, los consejeros americanos en Vietnam supervisados por sir Robert Thompson se afanaron en 1960-1961 en la creación de aldeas estratégicas (Strategic Halmets), a semejanza de las reconcentraciones ordenadas por el general Weyler en la guerra de Cuba o los campos creados por los británicos durante la guerra de los bóers. Pero la ausencia de puestos de policía, su ubicación en las zonas más intensamente trabajadas por el Viêt-cong y la dispersión de efectivos militares en estos lugares dejaron la iniciativa a manos de la guerrilla, al tiempo que los campesinos, limitados en su capacidad de movimiento para obtener los recursos necesarios para su subsistencia, tenían que ser alimentados por el gobierno. La población se dio perfecta cuenta de que la fidelidad al poder establecido generaba mayores riesgos que el apoyo a los guerrilleros, que provocaron unas 50 000 muertes en el terror de una década y media de guerra civil[47].

Kenia, Sudáfrica y Bengala Occidental

Otros grupos armados de carácter anticolonial hicieron del terrorismo un instrumento relevante de su estrategia de lucha. En Kenia, el movimiento secreto xenófobo del Mau-Mau quedó formado en los años cuarenta en el marco del «legal» Kenya African Union (KAU). Guiado por Jomo Kenyatta a través de la African National Union, el Mau-Mau reaccionó contra la ocupación de tierras por los colonos blancos llegados tras la guerra mundial y llegó a tener a cerca de 12 000 militantes juramentados al estilo de las primeras logias masónicas. Pronto se dividió en dos grupos: un ala militante que vivía en los bosques de Aberdare en secciones de 35 hombres, pelotones de 100 y compañías de 240, y otra pasiva encargada de la recaudación de fondos[48]. El sistema de terror instalado en las aldeas kikuyu obligó a los hombres a unirse al movimiento a cambio del reparto de tierras. Desde 1950 a 1952, el Mau-Mau asesinó a líderes tribales y a medio centenar de colonos blancos en Kenia, hasta que el 20 de octubre de 1952 fue declarado el estado de emergencia que trajo como consecuencia la detención del líder nacionalista Kenyatta y otras 145 figuras políticas. También se reclutó una Guardia Nacional para dar apoyo a las fuerzas británicas. Después de que la organización secreta protagonizase una nueva espiral de violencia que tuvo su punto culminante en la masacre de 74 personas en el asentamiento forzoso de Lari en marzo de 1953, la Operación Anvil lanzada por el gobierno en 1954 llevó a la detención de 20 000 kikuyu, destruyó la jerarquía de los Mau-Mau y arruinó sus células en Nairobi. Unos 77 000 kikuyu fueron concentrados en campos de prisioneros, y muchos MauMau se refugiaron en las reservas forestales del norte y oeste de Nairobi para iniciar una campaña guerrillera a la defensiva, pero para ese entonces el movimiento ya estaba en franca decadencia por la superior fuerza militar de los británicos y la falta de coordinación general de los Mau-Mau[49] La campaña antiterrorista se zanjó con entre 50 000 y 300 000 kikuyu muertos en los campos de concentración.[50].

En Sudáfrica, la política racista de los colonos blancos se ejerció frecuentemente a través del terror. La Afrikaner Broederbond, fundada en 1918 como sociedad cultural bóer, y que en 1934 se recicló en liga nacionalista con la intención de separarse de la Commonwealth, fue una de las puntas de lanza del apartheid. El Congreso Nacional Africano (ANC) se opuso al terror segregacionista adoptando el terror selectivo a partir de 1961, tras medio siglo de no violencia. El Umkhonto we Sizwe (Lanza de la Nación), grupo armado surgido tras un amplio debate sobre la no violencia planteado en 1961, comenzó a reclutar voluntarios por medio de los sindicatos ilegales, y contó con la ayuda económica del Partido Comunista. La campaña empezó el 16 de diciembre de 1961 con explosiones en las centrales eléctricas y las oficinas gubernamentales de Johannesburgo y Port Elizabeth. Hubo otros 194 atentados hasta julio de 1963, pero los daños fueron mínimos[51]. La captura del alto mando de la organización en Johannesburgo el 11 de julio de 1963 condujo al encarcelamiento de la plana mayor del ANC, entre ellos Nelson Mandela y Govan Mbeki. La organización militar fue diezmada, pero sus combatientes se siguieron entrenando en Argelia, Egipto, Etiopía y Marruecos, y constituyeron bases logísticas en Tanzania y Zambia en 1965 y en Rodesia en 1967. Entre 1977 y 1982, el Umkhonto incrementó la intensidad de las acciones guerrilleras en el interior de Sudáfrica, atacando los nudos de comunicaciones, las instalaciones industriales y las oficinas administrativas de las barriadas, pero en 1980 fue el primer movimiento guerrillero que firmó la Convención de Ginebra, aunque siguieron haciendo estallar coches bomba en Durban y Johanesburgo, y en 1986 comenzó a utilizar minas lapa en las granjas de los afrikaaners. A mediados de los años ochenta hubo una fuerte escalada de los actos terroristas, en coincidencia con la gran revuelta de octubre de 1984 que produjo miles de encarcelamientos hasta el inicio de las conversaciones en favor de una transición pacífica en 1989[52]. La campaña armada del ANC apenas tuvo impacto ante el enorme poderío militar de Sudáfrica, pero el régimen del apartheid acabó cayendo por el desorden crónico, la crisis económica y su aislamiento diplomático tras el derrumbe del comunismo.

En la India, los naxalitas del norte y oeste de Bengala (Naxalbara es la población donde se inició una efímera revuelta campesina en 1967) son los protagonistas de una de las insurgencias más duraderas del mundo, impulsada bajo el paradigma maoísta de la guerra prolongada. La organización, conocida también como Grupo de la Guerra del Pueblo, surgió en 1965 como una escisión maoísta del Partido Comunista de la India, cuenta con unos 15 000 activistas y actúa en la mitad de las provincias del país[53]. Su objetivo es impulsar una revolución maoísta en la India, a través del desencadenamiento de una guerra de guerrillas y el fomento de la insurgencia campesina. A inicios de 1969 promovieron una «campaña de aniquilación» de los terratenientes, prestamistas y policías locales odiados por el campesinado. Cuando esta campaña de «terror rojo» fue trasladada a Calcuta en 1970, el gobierno indio respondió con una amplia oleada represiva que se prolongó hasta 1972, con secuela de miles de detenidos y la declaración del estado de emergencia en 1975. Tras una amnistía, el terrorismo naxalita retornó con la colocación de varias bombas en la misión de negocios soviética en Calcuta en abril de 1978.Tras un intento de atentado a uno de sus líderes, los naxalitas retornaron a la lucha armada en el distrito de Karimnagar en julio de 1997. En el continente asiático es el grupo más comparable a Sendero Luminoso del Perú, aunque carecen de un liderazgo incontestado y de una férrea disciplina[54].

3. LA SOMBRA DEL «CHE» GUEVARA: EL «FOQUISMO» Y LA GUERRILLA URBANA EN AMÉRICA LATINA

Las dos grandes oleadas de violencia política que recorrieron América Latina durante la Guerra Fría pueden asociarse con el impacto de las dos únicas victorias insurreccionales en el continente en el último medio siglo: el triunfo castrista en Cuba en 1959, que abrió camino a las actividades armadas de Montoneros, tupamaros, Ejército Revolucionario de los Pobres en México, etc., en los años sesenta y setenta, y la victoria sandinista en Nicaragua el 20 de julio de 1979, que vino acompañada de una relectura del concepto maoísta de guerra popular prolongada y que favoreció el despliegue de campañas insurgentes como las realizadas por el FMLN salvadoreño, la URNG de Guatemala o el FPMR chileno[55]. Si de 1960 hasta inicios de los años setenta dominó el modelo guevarista caracterizado por la táctica del foco revolucionario, desde fines de los años setenta hasta mediados de los años noventa fue dominante la estrategia de la «guerra popular prolongada» de tipo maoísta, considerada como un preludio de la insurrección popular, que fue aplicada en Guatemala por el Ejército Revolucionario de los Pobres desde 1976 y en Perú por Sendero Luminoso desde 1980. Pero aunque fueron teorizadas como modelos universales, la guerra popular prolongada de Mao y el foco guevarista fueron reproducidos al pie de la letra solo excepcionalmente.

El proyecto guerrillero castrista-guevarista y su expansión

Como en otras latitudes, los conflictos revolucionarios brotados en América Latina en la década de 1960 tuvieron un importante componente guerrillero. Por encima incluso de los casos vietnamita o argelino, la revolución cubana fue el éxito más sorprendente y espectacular de la «guerra revolucionaria». El triunfo fulgurante de Fidel Castro, vencido en diciembre de 1956 y vencedor del presidente Fulgencio Batista dos años después, causó sensación en los medios marxistas revolucionarios, hasta el punto de que los combatientes castristas elaboraron, y trataron de exportar a todo el subcontinente en la siguiente década, sus propias teorías acerca del origen y desarrollo de la lucha revolucionaria. En su opinión, la rebelión campesina no tenía por qué ser el factor desencadenante de la subversión, ni tampoco era necesario que se diesen condiciones objetivas para la misma, tales como un descontento generalizado por la recesión económica o la represión policial, el desarrollo de un partido revolucionario ilegal, etc. Según Ernesto «Che» Guevara, la simple presencia de un grupo armado podía ser suficiente para que la población evolucionase en una dirección claramente revolucionaria. Es decir, «no siempre hay que esperar a que se den todas la condiciones para la revolución; el foco insurreccional puede crearlas»[56]. El sacrificio casi religioso de una pequeña banda de hombres armados podía ser «el pequeño motor que pone en marcha el gran motor de la revolución».

Esta teoría de la «revolución en la revolución», a pesar de su simpleza y voluntarismo, corrió como la pólvora por todo el centro y el sur del continente, divulgada entre otros por Régis Debray. Se caracterizaba por disociar la vanguardia respecto de las masas, y separar la lucha militar clandestina de la lucha política legal[57], por lo cual chocó frontalmente con la estrategia preconizada por el maoísmo y el leninismo, que supeditaba el factor militar a una minuciosa planificación política, y sentenciaba que toda guerra revolucionaria desprovista del carácter y de los objetivos marcados por un partido obrero y campesino de vanguardia estaba abocada al fracaso[58]. Pero a pesar del voluntarismo y del elitismo presentes en sus concepciones de la lucha guerrillera, el gran mérito de Guevara fue, aparte su revalorización del papel revolucionario de un campesinado alentado por las promesas de reforma agraria, el haber hecho hincapié en el valor del foco como levadura de la revolución. Creando un núcleo guerrillero, un pequeño grupo de hombres resueltos creía poder galvanizar la conciencia política del pueblo, aportando con sus acciones la prueba de la injusticia y de la vulnerabilidad de los gobiernos. Aunque el «Che» siempre trató de destacar la amplia autonomía política de que gozaba la acción guerrillera, no podía menos de reconocer que, para tener una mínima posibilidad de éxito, debían darse tres condiciones previas: una insuficiente legitimación de la élite gobernante, la presencia de tensiones sociopolíticas agudas entre la población, y la percepción por parte de los grupos de oposición de que todos los medios legales para obtener cambios sociales o políticos se encontraban bloqueados.

El guerrillero tiene como principal misión controlar a la población, y esto lo consigue dándose a conocer, y persuadiendo con sus actos de «propaganda armada» de que la guerrilla es una fuerza militar de confianza. Según Debray, la función coagulante de agitación y de propaganda que los bolcheviques asignaban a la prensa la cubría ahora la guerrilla como escuela de formación política para obreros y explotados. Para obtener apoyo popular resulta imprescindible la existencia de un objetivo político (un proyecto de liberación nacional, de independencia, de autonomía, de derrocamiento de un régimen represivo, etc.) y una ideología que den sentido a esa aspiración colectiva, y motiven a la población para otorgar simpatía, cooperación o asistencia al movimiento guerrillero. Cuando la persuasión no basta, la propaganda y el terror son armas que pueden emplearse para atraer la atención internacional sobre la causa rebelde, eliminar a los líderes opositores, paralizar la normal actividad del gobierno, intimidar a la población indecisa u hostil y evitar la derrota de las propias fuerzas. Como afirma Wordemann, la guerrilla procura ocupar el espacio, mientras que el terrorismo se esfuerza por ocupar la mente[59]. En la fase inicial de la insurgencia, la subversión puede estar apoyada por ciertas modalidades de terrorismo, pero el «Che» lo juzgaba, por su carácter poco discriminado, un arma contraproducente, que exacerbaba la opresión gubernamental y dificultaba la incorporación del pueblo al movimiento revolucionario[60].

El «foquismo» no designaba solo una cierta forma de guerra subversiva, sino también un método peculiar de construcción partidista, y sostenía que, en ciertas condiciones históricas, una vanguardia militar podía engendrar, durante un largo período de guerra de guerrillas, una vanguardia política revolucionaria[61]. Según Debray, la dirección efectiva de una guerra popular solo puede ser asumida por un grupo ejecutivo técnicamente capaz, centralizado, unido sobre la base de intereses de clase idénticos, como un Estado Mayor revolucionario sin separación entre políticos y militares[62]. Para Debray, la guerra de guerrillas debía iniciarse antes de la construcción de un partido revolucionario, ya que «la fuerza guerrillera es el embrión del partido». En realidad, Debray aseguraba, con un optimismo bastante suicida, que una fuerza guerrillera huérfana de base política e incapaz de desplegar un intenso adoctrinamiento psicológico y político podía desarrollar un potencial militar capaz de derribar los gobiernos. Estaba convencido de que la mejor forma de propaganda armada era una acción militar efectiva: «la destrucción de un camión de transporte militar tiene un efecto propagandístico mayor que cien discursos»[63]. Pero olvidaba que el guerrillero debía ser, al tiempo, soldado y político, y que la auténtica batalla a ganar se libraba en las mentes de la población no combatiente. El modelo guevarista-castrista de revolución partía de la hipótesis harto discutible de que las sociedades subdesarrolladas están permanentemente al borde de la insurrección, y que bastaba un empujón inicial para que la maquinaria revolucionaria se pusiera en marcha. Tal razonamiento tenía mucho de absurdo: como sucedió en Cuba, el pueblo suele irrumpir en la arena política cuando ve abiertas nuevas posibilidades de actuar en un contexto de crisis aguda de poder, no porque sea pobre.

Si la concepción leninista de partido de vanguardia compuesto de revolucionarios profesionales era ya voluntarista, la concepción guevarista de una vanguardia armada totalmente aislada de la población a la que pretendía arrastrar a la insurrección rozó los límites de la quimera. La estrategia «foquista» subestimó la solidez de los aparatos del Estado y sobrestimó las condiciones objetivas y subjetivas del proceso revolucionario popular. Su mayor error consistió en propugnar la lucha armada sin llamar previamente a una movilización seria de la población, privando a la guerrilla por un tiempo indefinido del imprescindible apoyo popular[64]. La falta de realismo de esta estrategia explica los reiterados fracasos de las guerrillas latinoamericanas, y su deriva hacia actividades terroristas y bandoleriles.

Como resultado del entusiasmo guerrillero que afectó a buena parte de los grupos de izquierda revolucionaria del subcontinente, entre 1960 y 1972 se observó un lento desplazamiento del teatro de operaciones del norte al sur, desde América Central a los Andes centrales: Guatemala (el trotskista M13 y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Yon Sosa de 1960 a 1967, muy criticadas por el gobierno cubano desde 1965), México (actividad guerrillera en México D.F. y Monterrey), Honduras, República Dominicana (Movimiento 14 de Junio), Venezuela (MIR desde 1961 y una segunda oleada protagonizada por las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional a inicios de 1963), Colombia (las más duraderas hasta la actualidad son las FARC de obediencia comunista creadas en 1966 en el este o el ELN castrista-guevarista del padre Camilo Torres, formado en 1964 en el norte), Ecuador (Unión Revolucionaria de la Juventud), Perú (MIR de Luis de la Puente Uceda y Guillermo Lobatón en el Cusco y Huancayo en 1962 y ELN de Héctor Béjar en Ayacucho en 1964-1966) y Bolivia (ELN[65]).

Aunque Castro hizo un llamamiento el 26 de junio de 1960 para que los Andes se convirtieran en la «Sierra Maestra de Latinoamérica», los sucesivos intentos «foquistas» en Guatemala (1962), Venezuela (1962), Perú (1962, 1964 y 1965), Colombia (1964) y Bolivia (1965) fracasaron por falta de apoyo exterior. El «Che» dirigió de noviembre de 1966 a octubre 1967 uno de estos «focos» en Bolivia, con funestas consecuencias. Poco después, la guerrilla guevarista entró en declive por la conjunción de varias circunstancias. En primer lugar, por la merma de sus apoyos exteriores, después de que arreciasen las críticas procedentes de la izquierda radical, que condenó el modelo del foco como una desviación «blanquista» cercana al terrorismo. En segundo término, por el conflicto doctrinal que el castrismo libró con el comunismo ortodoxo, que se hizo declarado durante la I Conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) celebrada en La Habana del 31 de julio al 10 de agosto de 1967. En esta reunión se trató de impulsar la lucha revolucionaria en América Latina creando «dos, tres, varios Vietnam» frente al «desafío imperialista». La OLAS, que había sido creada en enero de 1966 para impulsar la lucha antiimperialista, atendiendo a la frase de Castro de que «el deber de todo revolucionario es hacer la revolución», era el intento cubano de coordinación de las luchas revolucionarias en el continente, utilizando como táctica la guerrilla rural teorizada por Guevara y Debray. El «leninismo apresurado», según la fórmula acuñada por este último, debía acelerar el proceso revolucionario. Pero la propuesta no gustó a los partidos comunistas ortodoxos, lo que generó agrias disputas sobre el papel revolucionario del campesinado y el proletariado, el control político de la lucha armada por parte de los partidos comunistas o la adecuación de la agresividad revolucionaria a ultranza a la realidad política del subcontinente. De hecho, el observador soviético Alexander Serguievich Brajozov no aludió en ningún momento a la insurrección armada, mientras que Castro criticó de forma apenas velada a los «ilustres pensadores revolucionarios» de los PC «ortodoxos», que habían madurado tanto su propuesta revolucionaria que se había podrido. En definitiva, la conferencia anunció que «la guerrilla es la forma principal de lucha, y eso no excluye todas las demás manifestaciones de lucha armada que puedan surgir»[66] En la resolución 10.ª se señaló expresamente que «la guerrilla como embrión de los ejércitos de liberación constituye el método más eficaz para iniciar y desarrollar la lucha revolucionaria en la mayoría de nuestros países».[67].

No toda la izquierda latinoamericana pensaba así. De hecho, tras el fiasco de la expedición de Guevara, los teóricos comunistas ortodoxos latinoamericanos, nada proclives a aventuras revolucionarias en ese momento de coexistencia pacífica, comenzaron a atacar sistemáticamente la estrategia de Guevara y Debray por su subjetivismo, glorificación del guerrillero y falta de sintonía con las luchas urbanas[68]. Hasta los años 1969-1970, los cubanos prestaron apoyo más o menos indiscriminado a los movimientos guerrilleros y terroristas latinoamericanos, y desde entonces la ayuda se hizo más selectiva, por presión soviética (que se retrajo del apoyo directo a partir de la CSCE celebrada en Helsinki en 1975) y por convicción de que la «oleada revolucionaria» de los sesenta ya había pasado.

Junto con la ruptura del mito de la unidad revolucionaria latinoamericana, una eficaz mixtura de medidas reformistas (reformas agrarias, integración de los movimientos revolucionarios en el entramado político parlamentario, Alianza para el Progreso…) y de campañas represivas (perfeccionamiento de las técnicas contrainsurgentes, con asesoramiento norteamericano y bajo el paraguas de la «doctrina de la seguridad nacional») acabó con esta tentativa de exportación de la revolución. Tras una temprana condena del comunismo por la OEA en 1954, la reacción norteamericana se perfiló a través de iniciativas como la Alianza para el Progreso creada en Punta del Este en agosto de 1961, complementada con el impulso a instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (1959), el Fondo Fiduciario para la promoción del Desarrollo Social (1960) o los Cuerpos de Paz (1961), que dieron apoyo a las reformas agrarias, la lucha contra el analfabetismo y el desarrollo de la higiene con unas inversiones de 20 000 millones de dólares en diez años, la mitad de ellas en créditos oficiales. Pero también se generalizó la Doctrina de la Seguridad Nacional entre unos ejércitos que desde la década de los cincuenta aparecían como los principales críticos del desorden y la corrupción de los regímenes parlamentarios. De hecho, la ayuda para el progreso norteamericana se fue desplazando de la política de seguridad hemisférica a la seguridad interna a través del fomento de escuelas de contrainsurgencia, de misiones militares norteamericanas o el apoyo a los ejércitos nacionales como fuerzas «modernizadoras» en los respectivos países[69].

El discurso de Nikita Kruschev de 6 de enero de 1961 declarando el apoyo soviético a las «guerras de liberación nacional» incrementó la preocupación de la administración Kennedy por afrontar la subversión comunista mediante la adopción de estrategias contrainsurgentes. Kennedy ordenó mediante el National Security Action Memorandum (NSAM-124) la creación de un comité interagencias de alto nivel (grupo Especial C.I., dirigido por el general Maxwell Taylor) para coordinar, dirigir y guiar las agencias estatales comprometidas en labores de contrainsurgencia[70]. Se organizaron programas de entrenamiento para miles de agentes federales y medio millón de soldados. La Rand Corporation se implicó especialmente en este tipo de tareas académicas, aplicando criterios de coste-beneficio a las teorías de la contrainsurgencia. La Alianza para el Progreso y los Cuerpos de Paz eran parte de un diseño global de la doctrina de contrainsurgencia que tanto fascinó a Kennedy. Pero la burocratización de este tipo de acciones y la rigidez de los esquemas desembocaron en un sonoro fracaso en Vietnam.

La Doctrina de la Seguridad Nacional se basa en la concepción de un supuesto estado de «guerra total», aunque no declarada, entre el «mundo democrático» y el comunismo. Dentro de la campaña de la «doctrina de seguridad nacional» se enmarca la actividad de la U.S. Army School of The Americas, creada en 1946 en Fort Amador (en la zona norteamericana del Canal de Panamá) bajo la denominación de Latin American Training Center-Ground Division. En 1949 fue trasladada a Fort Gullik, al otro lado del istmo de Panamá, como Escuela del Caribe del Ejército de los Estados Unidos. En 1961-1962 el U.S. Army Military College organizó grupos de discusión sobre el papel del ejército en la contrainsurgencia. En julio de 1963, la Latin American Training Center se reorganizó bajo el nombre oficial de U.S. Army School of the Americas (USARSA), o más popularmente Escuela de las Américas, y en octubre de 1984 fue trasladada a Fort Benning (Georgia) como una de la Escuelas del Comando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de los Estados Unidos, que acoge anualmente a un millar de estudiantes y a lo largo de su historia ha instruido a más de 60 000 oficiales del ejército y la policía de 22 países de América Latina, incluidos los grandes dictadores latinoamericanos de los años sesenta y setenta. Según sus manuales, se enseñaban operaciones de contrainsurgencia, pero también ejecuciones simuladas, tortura y chantaje, abusos físicos, etc[71]. De este modo se preparó a los ejércitos latinoamericanos a luchar contra los movimientos subversivos locales mediante la adopción de tácticas de «guerra sucia», además de crear redes de relación para futuros colaboradores y aliados de la causa panamericana. Además, era evidente la presencia de miembros de la CIA que asesoraron a los militares brasileños, aportaron recursos para los paramilitares del CCC (Comando de Cazas Comunistas) y otros «escuadrones de la muerte», y difundieron inconfesables métodos de actuación aprendidos de la Jungle Warfare School:

Desde el «pau d’arara» (posición de tomar declaración colgando al prisionero de un palo entre los pies y las manos) hasta el llamado «teléfono» (golpes al unísono sobre las orejas para reventar los tímpanos), «el baño chino», la «silla del dragón», la «palmatoria», la «lalita», la «estaca». Hasta culminar con la «hidráulica» (esponja sobre los orificios respiratorios) y la clásica «picana» especializada, luego de 1964, en los órganos sexuales[72].

Tras una investigación impulsada por el Pentágono en 1996, la escuela se cerró en 2000 por orden del Congreso, aunque de nuevo fue abierta en 2001 con un nuevo nombre: Instituto del Hemisferio Occidental para Cooperación en Seguridad, que continuaba radicado en Fort Benning. Las doctrinas de la contrainsurgencia fueron eliminadas de los planes de estudio de las academias militares norteamericanas desde el fin de la guerra de Vietnam hasta el recrudecimiento de la resistencia iraquí a finales de 2006.

En los años cincuenta, Brasil, Perú o Argentina ya habían visto a sus ejércitos intervenir corporativamente en política, no tanto para tomar el poder como para oponerse e incluso vetar a candidatos sospechosos de populismo (Vargas, Perón) o de criptocomunismo (Arbenz, Haya de la Torre). Tras una década de los sesenta dominada por la subversión y la represión, el número de regímenes militares pasó de tres en 1950 a 13 en 1973, para caer a cuatro en 1986, y solo uno (Haití) en 1990. La dictadura militar duró veinte años en Brasil, 17 en Chile y 12 en Uruguay. Varios países han conocido más de un régimen autoritario: Bolivia (1964-1979, 1980-1982), Ecuador (1962-1967, 1972-1979), Perú (1962-1963, 1968-1980), Honduras (1963-1970, 1971-1982) o Argentina (1962-1963, 1966-1973, 1976-1983). Solo los regímenes militares de Ecuador, Perú y Panamá fueron progresistas, aunque de forma episódica. En todo caso, durante más de un cuarto de siglo, entre 1960 y 1995, el sistema representativo quedó sometido en Latinoamérica a dos desafíos: las guerrillas revolucionarias y las dictaduras militares, que se instalaron sobre todo en el Cono Sur en los años setenta. Solo México, Colombia y Venezuela escaparon a la tentación dictatorial, y en este último país Rómulo Betancourt optó por utilizar la estrategia de contrainsurgencia democrática.

La apertura del «frente urbano»: Carlos Marighella

Con el traslado de las operaciones del campo a la ciudad, nació la guerrilla urbana, «término para las relaciones públicas del terrorismo»[73], ya que una auténtica situación de guerrilla urbana se da cuando el poder público se ha derrumbado, como el caso de Mogadiscio en los años noventa o Beirut en algunos momentos de los años setenta y ochenta. Aunque en Cuba el «frente urbano» fue vital para el triunfo de la revolución, ya que logró inmovilizar a casi la mitad de las fuerzas gubernamentales (15 000 soldados), Castro consideraba que la ciudad era «la tumba de la guerrilla», por el irreversible «aburguesamiento» de los proletarios. Para 1967 las guerrillas del Perú y Colombia habían sido derrotadas. El 8 de octubre de ese año, la muerte del «Che» y la detención de Régis Debray en Bolivia hicieron patente que el campo ya no era el único vivero de potencial revolucionario. La guerrilla rural dejó paso entonces a una segunda fase, caracterizada por la guerrilla urbana en el sur del continente. Siguiendo las tesis del conocido Minimanual del dirigente comunista brasileño Carlos Marighella, la subversión se instaló en las ciudades latinoamericanas en pleno crecimiento del flujo migratorio de fines de la década de 1960, y los diversos grupos revolucionarios (Montoneros y ERP en Argentina, MLN-Tupamaros en Uruguay, MIR frente al gobierno Frei en Chile, ALN en el triángulo São PauloRío-Belo Horizonte, Movimiento de Izquierda Revolucionaria en Caracas…)[74] comenzaron a emplear el secuestro y el asalto a mano armada, poniendo a dura prueba los débiles sistemas políticos parlamentarios y propiciando indirectamente el establecimiento de dictaduras militares.

Aunque había sido utilizada con cierto éxito por el IRA en la lucha contra la ocupación inglesa a inicios de siglo y por el FLNA en la kasbah de Argel a fines de los cincuenta, el auge de la guerrilla urbana es una consecuencia directa del fracaso de la estrategia «foquista» patrocinada desde Cuba[75]. El traslado de la guerra subversiva a las ciudades (que, en muy otro contexto histórico y geográfico, también abordaron los naxalitas maoístas de Bengala Occidental desde abril de 1970, tras su fracaso en la guerrilla rural)[76] estuvo motivado, no solo por el discreto apoyo campesino a los experimentos preconizados por Guevara o Debray, sino también por el deseo de aprovechar las nuevas condiciones conflictivas que provocaron el asombroso crecimiento urbano, la industrialización y los desequilibrios económicos y sociales que experimentaron las frágiles democracias latinoamericanas a fines de los sesenta e inicios de los setenta. El origen de la guerrilla urbana latinoamericana, sobre todo en el Cono Sur, está vinculado a factores como la aparición de regímenes militares en Brasil (1964), Argentina (1966) o la restricción de libertades civiles en Uruguay a partir de 1965. También hay que valorar la crisis económica que se abatió sobre las clases medias bajas radicalizadas, el predominio de la agitación estudiantil y la intervención militar, el impacto de la revolución cubana ampliado por los fracasos históricos de la izquierda tradicional, y el ya citado fracaso de la guerrilla rural.

Aunque ni Guevara ni Debray establecieron los términos de un verdadero debate que contemplase la posibilidad de una lucha urbana autónoma[77], el «Che» había reconocido la posibilidad de trasladar la revolución a las áreas suburbanas como un complemento secundario y dependiente de la lucha irregular en campo abierto. Sin embargo, las organizaciones que optaron por emprender la nueva táctica de la guerrilla urbana asumieron todos los principios de la lucha armada revolucionaria, pero aplicándolos al ámbito ciudadano, que había sido tradicionalmente refractario a la guerrilla tradicional. El voluntarismo inherente a la estrategia «foquista» fue asumido en su totalidad por estos nuevos «alquimistas de la revolución». Como señalaba un portavoz el movimiento tupamaro uruguayo, «la acción revolucionaria en sí misma, el acto de armarse y de llevar a cabo una serie de actividades contrarias a las normas de la legalidad burguesa, generan la conciencia revolucionaria, la organización y las condiciones para la revolución»[78]. Algo parecido pensaba el activista brasileño Carlos Marighella, que había estudiado con detenimiento la guerra popular maoísta y la revolución castrista, y que tras su muerte violenta fue elevado al rango de principal mentor teórico de la guerrilla urbana. Marighella no aceptaba la teoría del foco que crea la revolución, sino que consideraba que la ciudad era la primera área de la inicial lucha táctica, y que luego la confrontación final debía ser nacional o incluso continental en sus proporciones. El objetivo político de la guerrilla urbana era desacreditar al gobierno y revelar su incapacidad para mantener el control de la situación mediante la multiplicación de medidas represivas contra la población, hasta transformar la situación política en una situación militar[79]. El objetivo de la guerrilla urbana era doble: la liquidación física de los enemigos y la expropiación de armas o bienes del gobierno, capitalistas e imperialistas.

Aunque no estaba de acuerdo con el carácter predominantemente rural de la doctrina «foquista», Marighella reconocía que la acción armada en sí misma, ajena a los movimientos populares y sin contacto con la situación social del país, podía crear las condiciones propicias para una revolución. De ahí que en sus escritos no se discutan cuestiones cruciales de orden político, o estrategias de subversión y agitación. En realidad, su famoso Minimanual es una recopilación bastante convencional de ejercicios militares (muy similar, por otro lado, a los estudios de Guevara sobre la guerrilla), donde se analizan asuntos de orden eminentemente práctico, como la organización de células combatientes autónomas, la cuidadosa selección y especialización de los guerrilleros (reunidos en grupos móviles y pequeños de 2-3 personas), la naturaleza de los ejercicios de propaganda armada dirigidos en descrédito del gobierno, o la necesidad de plantear ataques continuos y por sorpresa contra objetivos bien delimitados[80]. En las acciones de guerrilla urbana hubo una marcada tendencia a que las operaciones militares tuviesen relación con las demandas populares. Las operaciones de «propaganda armada» fueron las que tuvieron mayor éxito en el campo de las relaciones públicas, pero estuvieron limitadas a las primeras fases de la guerra. Cuando las guerrillas urbanas alcanzaron niveles de desarrollo en que los enfrentamientos abiertos con las fuerzas armadas se hicieron frecuentes, sus operaciones se divorciaron totalmente de la actividad popular.

Para Marighella, «la guerrilla urbana juega un papel táctico frente a la guerrilla rural». El terrorismo o «guerrilla urbana» era una etapa necesaria para permitir el desarrollo de una guerrilla a campo abierto. Se trataba de agitar, desmoralizar y distraer las fuerzas enemigas para permitir la emergencia y la supervivencia de la guerrilla rural, destinada a jugar el papel decisivo en la guerra revolucionaria. La ciudad aparece como el espacio de la lucha complementaria, por lo que la guerrilla urbana juega un papel táctico a la espera de los combates decisivos, que se entablarían en el ámbito rural. El terrorismo urbano es solo una parte de esa estrategia subversiva que comienza con la formación de cuadros y la recogida de recursos, continúa con las operaciones guerrilleras y termina en una guerra de movimiento donde, siguiendo la tradición maoísta, el campo rodearía a la ciudad. El objetivo del guerrillero urbano era vigilar los muchos blancos que la ciudad moderna ofrece a unos terroristas decididos a subvertir el sistema, y desmoralizar a las fuerzas del orden con una campaña de acoso sistemático, dando ejemplo para atraer a nuevos adeptos, y persuadiendo al pueblo de que el gobierno es vulnerable a un ataque.

Como en los casos maoísta o castrista, Marighella señaló tres fases en el desarrollo de la guerra revolucionaria en el ámbito urbano: la formación de cuadros y el acopio de material para la lucha, las operaciones guerrilleras de desgaste, y la guerra de movimientos, en la cual el campo en armas rodearía la ciudad, y se ensayaría un asalto al poder coordinando la acción terrorista con una huelga general de carácter insurreccional. Es decir, el orden de prioridades era el inverso de la estrategia revolucionaria propuesta en los años veinte por la Komintern.

Para combatir a un gobierno que se encuentra en su hábitat más favorable, la guerrilla urbana no emplea el combate partisano convencional, sino que utiliza métodos coactivos muy variados, como las incursiones, las ocupaciones, las huelgas, el secuestro, el ajusticiamiento, la emboscada, el sabotaje, las tácticas de agitación callejera, el asesinato político selectivo, la incautación de armas, el asalto a bancos, cárceles o cuarteles, el terrorismo, la propaganda armada, la guerra de nervios o las intervenciones rayanas en el delito común propias del bandidaje político[81]. La actividad de los grupos revolucionarios se estructuraría en tres ámbitos bien coordinados: el frente guerrillero, el frente de masas (movimiento estudiantil y sindical) y la red de sustentación, que daría apoyo logístico a la organización revolucionaria. Se consideraban seis etapas de cada operación (reconocimiento, planeamiento, ensayo, ejecución, retirada y explotación o «propaganda armada») y cuatro tipos de operación guerrillera: psicológica, acción de masas, combate de guerrilla y operaciones terroristas. Algunas actuaciones de clara naturaleza delictiva («operaciones logísticas» como robo de armas, asalto a bancos, etc.), cercanas al bandidismo político, se razonaban como un esfuerzo por demostrar la existencia de una «justicia revolucionaria» paralela a la oficial[82].

Vistas estas características, las diferencias entre la guerrilla urbana y el terrorismo son mínimas. Para Walter Laqueur, el término «guerrilla urbana» no es sino un apelativo bondadoso para definir el terrorismo. Discute el mismo término de «guerrilla urbana», ya que es imposible crear zonas liberadas en una ciudad y derrotar allí a las fuerzas armadas opositoras. En el medio urbano no hay oportunidades para la guerra de guerrilla, y allí solo se practica el terrorismo[83]. Por su parte, Wickham-Crowley descarta la existencia de la guerrilla urbana, ya que no se trata de una guerrilla porque no se da un enfrentamiento entre ejércitos, y sus métodos suponen con frecuencia la muerte o la provocación de un daño a ciudadanos ordinarios no combatientes[84]. El problema de diferenciar el terrorismo de la guerrilla se incrementa por el hecho de que esta emplea tácticas terroristas en determinados momentos de su actividad. Ciertamente, en muchas ocasiones la guerrilla puede utilizar métodos terroristas, pero su intención es precisamente crear espacios de disidencia política cada vez más amplios, en una estrategia insurreccional global dentro de un marco general de guerra civil. Las guerrillas han utilizado frecuentemente métodos terroristas, pero no a la inversa. Una insurrección triunfa si tiene una base de consenso y acción más amplia de la que le asegura un simple grupo terrorista[85]. Se suele identificar con el terrorismo porque las guerrillas urbanas rara vez rechazan el terrorismo como una de sus formas de acción, y tienden a usarlo ampliamente cuando son políticamente débiles y están aisladas. Para Marighella, el terrorismo era solo un elemento de la planificación violenta que denominó «estrategia de la militarización»: el aumento del nivel de violencia y la mayor división interna de la sociedad pueden transformar una simple crisis política en una lucha armada del pueblo, que se extienda por la ciudad y el campo hasta obligar al gobierno a transformar la situación política del país en una situación militar, con lo cual la masa tendería a rebelarse contra la policía y el ejército, al hacerlos responsables de la situación[86].

Existen importantes diferencias entre la guerra de guerrillas y el terrorismo urbano. La primera radica en su tamaño y movilidad: los guerrilleros operan en unidades relativamente grandes que pueden transformarse en ejércitos, y efectúan reformas de carácter político y social en las zonas liberadas. La movilidad y el ocultamiento son la esencia de la guerrilla rural, y ello resulta imposible en las ciudades. Las guerrillas del campo operan en unidades de efectivos numerosos que debieran transformarse más adelante en ejércitos regulares en zonas liberadas, cosa que no sucede en la guerrilla urbana[87]. Además, en todo momento y lugar el guerrillero interpreta su lucha como una etapa integrada dentro de un plan estratégico global, por muy utópico que este sea, para impulsar a medio plazo una insurrección armada que le otorgue la victoria política[88]. Mientras que el guerrillero puede emplear la violencia intimidatoria sistemática como una táctica subversiva entre otras en un contexto más amplio de lucha político-militar, el terrorista utiliza este tipo de acción coactiva como un elemento estratégico central de su labor desestabilizadora. Aunque para algunos grupos terroristas (como, por ejemplo, ETA[p-m] hasta inicios de los setenta) la violencia ha ejercido una función catalizadora en el proceso de polarización de las fuerzas políticas que debiera conducir a la rebelión popular, su progresivo alejamiento de los grupos de referencia les obliga a renunciar al objetivo insurreccional y a emplear la coacción armada con objetivos no revolucionarios, tales como la presión sobre el gobierno, la negociación, el mantenimiento de la cohesión interna, etc. La propia guerrilla urbana puede representar el estadio preliminar de un movimiento subversivo que, acuciado por los fracasos estratégicos, deriva en terrorismo de resistencia.

Resulta, pues, un craso error identificar terrorismo con guerrilla urbana. Aunque esta puede utilizar en ocasiones métodos terroristas, su intención es precisamente crear «zonas liberadas» cada vez más amplias, en una estrategia insurreccional global de guerra civil. La guerrilla urbana se puede definir como «una forma de guerra no clásica librada en zonas urbanas o suburbanas para lograr objetivos políticos», y difiere del terrorismo en que es más discriminada y previsible en su uso de la violencia. Para Marighella y sus imitadores latinoamericanos o europeos, el terrorismo constituía una táctica desestabilizadora, pero no decisoria. Podía constituir el desencadenante de una espiral de represión-resistencia armada que llevase a la insurrección, pero el terrorismo por sí mismo no conducía al asalto del gobierno, sino que provocaba cambios políticos, casi siempre en la dirección de una regresión democrática. De hecho, la estrategia de la militarización expuesta por Marighella sirvió para que buena parte de los gobiernos latinoamericanos se inclinaran hacia formas dictatoriales de derecha, sin que se lograra la articulación de amplios frentes opositores que tuvieran posibilidades reales de conquistar el poder.

La guerrilla urbana tiene la ventaja de atacar al Estado y a las élites políticas o económicas de forma más directa y peligrosa que la guerrilla rural, pero tiene el inconveniente de poner en peligro a amplios sectores de la población cuya simpatía o apoyo se quiere conquistar, y no brinda la oportunidad de establecerse en «territorios liberados» donde podría anticiparse el orden futuro al que se aspira. La guerrilla urbana no puede sobrevivir mucho sin poner en peligro su estructura de clandestinidad. No puede ni debe superar la fase subversiva para transformarse en un serio rival del régimen[89].

La primera manifestación de terrorismo urbano en Latinoamérica se produjo en Venezuela en 1962-1963, con la acción del MIR contra el gobierno del Partido de Acción Democrática de Rómulo Betancourt. Mantuvo una estrategia de asaltos a bancos y secuestros de aviones y barcos, hasta que el asalto a un tren de excursionistas aceleró la respuesta represiva del gobierno[90].

La guerrilla urbana en Brasil: ALN y VPR

En Brasil, la guerrilla urbana fue considerada inicialmente por la mayoría de los pioneros de la acción revolucionaria como un medio de proporcionar apoyo logístico a un movimiento guerrillero rural y una guerra del pueblo en el campo. El movimiento de guerrilla urbana brasileño fue el más débil de los tres más importantes del subcontinente (con Uruguay y Argentina), y nunca constituyó una amenaza seria para el régimen militar, debido al apoyo que la clase media brindaba al gobierno. Tras el golpe de Estado que derrocó a João Goulart en abril de 1964 y estableció una dictadura militar hasta 1985, se intensificó la lucha armada con una oleada de atentados comunistas que se mantuvo hasta 1980. Ello coincidió con las sucesivas disidencias del Partido Comunista Brasileño, con la ruptura del sector prochino partidario de la guerra prolongada, y del sector liderado por Carlos Marighella, que a fines de 1966 decidió abandonar el Comité Central del Partido Comunista brasileño y envió una carta a la dirección postulando la lucha armada. En julio-agosto de 1967 asistió a la I Conferencia de la OLAS en La Habana, y fundó la Acão Libertadora Nacional (ALN) en 1968 como organización esencialmente guerrillera, planteando la realización de acciones armadas en las grandes ciudades del triángulo Río/São Paulo/Belo Horizonte para obtener medios materiales y luego volcarse a trabajar en el medio rural, hasta la creación de un Ejército de Liberación Nacional[91].

Una de las primeras acciones de la ALN fue la toma de Radio Nacional de São Paulo y la difusión de un mensaje de Marighella. Lanzada en octubre de 1968, un año después de la constitución de un foco rural en la Serra do Chaparro, la campaña armada solo duró cuatro años y fue llevada a cabo por grupo disidentes del PCB o de Política Obrera, como Acão Libertadora Nacional, Vanguardia Popular Revolucionaria y Vanguardia Armada Revolucionaria-Palmares[92]. 1968 fue el año de preparación, en el que los guerrilleros se entrenaron y equiparon mediante una serie de ataques con bombas al Consulado americano en São Paulo el 15 de marzo, al cuartel de Policía Militar de esta ciudad el 10 de abril y a la Bolsa de Valores el 15 de mayo además de varias «expropiaciones» (robos a mano armada). Una nueva fase se inició con el asesinato por la Vanguardia Popular Revolucionaria del capitán norteamericano Charles Chandler, y al año siguiente docenas de detenidos fueron liberados tras una oleada de secuestros de diplomáticos. En septiembre de 1969, la ALN junto con el grupo marxista-leninista Movimiento Revolucionario 8 de Octubre (MR-8) secuestró al embajador norteamericano Charles Burke Elbrick, con lo que obtuvo la libertad de quince presos políticos y la difusión de un comunicado. Pero cada operación conllevaba una oleada cada vez mayor de arrestos favorecida por la promulgación del Acto Institucional de 13 de diciembre de 1968 que reforzó los instrumentos contraterroristas del gobierno. Marighella murió en una emboscada en São Paulo en noviembre de 1969. Le sucedió Joaquim Cámara Ferreira, que a su vez fue secuestrado y asesinado el 24 de octubre de 1970. A fines de 1971, la represión había destruido a las organizaciones armadas y se había cobrado las vidas de los restantes comandantes guerrilleros. En 1972, la ALN ensayó un giro estratégico en dirección al trabajo de masas, pero una oleada de detenciones y asesinatos de militantes desarticuló la organización, que nunca llegó a iniciar la fase de guerrilla rural. Se cree que un millar de personas participaron de sus actividades. La mayor parte de las acciones ocurrieron en Río y São Paulo, donde se produjo un centenar de víctimas en cinco años. La guerrilla urbana brasileña adoleció de varias flaquezas: la ausencia de un apoyo popular organizado ante el carácter clandestino y muy minoritario del movimiento armado, y la convicción infundada de la debilidad del Estado, que asumió caracteres dictatoriales desde 1964. Se calcula que durante el gobierno militar al menos 280 personas murieron a causa de torturas y hubo más de un centenar de desaparecidos. La impunidad de estos delitos fue garantizada en 1979, cuando el Congreso aprobó una Ley de Amnistía para los implicados en crímenes políticos.

Los Tupamaros en Uruguay

En Uruguay, la guerrilla urbana incidió sobre un país en crisis. El declive del sector agroexportador desde los años cincuenta se agravó con la huida del capital nacional y el aumento de la deuda externa, que se duplicó entre 1960-1965. La gravedad de la crisis económica, con una inflación descontrolada, la elevación del desempleo y la caída de los salarios, repercutió en las clases populares y medias, que cuestionaron su confianza en el sistema político, donde los partidos comenzaron a fragmentarse. Tras la fuerte movilización de la izquierda entre los comités de apoyo y solidaridad a la revolución cubana en 1959 y las elecciones de 1962, la derrota del Partido Socialista (PSU) y su ulterior desestructuración y fragmentación fue otro de los factores que explican el surgimiento de la izquierda revolucionaria[93].

Los intentos del presidente Jorge Pacheco Areco de controlar la inflación mediante la congelación salarial de miles de funcionarios provocó la ira de las clases medias, que iniciaron un prolongado ciclo de protesta. La muerte de estudiantes por el gobierno crecientemente autoritario de Pacheco Areco (que nada más asumir el poder a la muerte del presidente electo Óscar Gestido en diciembre de 1967, ilegalizó a toda la izquierda a excepción del Partido Comunista por su aceptación de las bases políticas de la Conferencia de la OLAS, y gobernó bajo medidas de seguridad entre junio de 1968 y febrero de 1972) empujó a un sector de la juventud hacia la violencia.

El sector más radical de la protesta estuvo dominado por el Movimiento de Liberación Nacional (MLN-T o Tupamaros), constituido entre fines de 1962 y comienzos de 1963 por elementos del grupo juvenil La Teja, la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas agrupados en torno a Raúl Sendic Antonaccio y disidentes del PSU influidos por ideas nacionalistas revolucionarias de tradición bolivariana elaboradas en oposición al imperialismo. Originalmente influidos por los cubanos, su pericia en la guerrilla urbana se debió sobre todo a la colaboración con las guerrillas peronistas argentinas (el Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara), al estudio de la guerrilla argelina y a la difusión del pensamiento estratégico de Abraham Guillén, militar republicano español encarcelado tras la guerra civil y huido de España en 1945, que pasó a Cuba y Argentina y desde 1962 radicaba en Uruguay. Los postulados de Marighella o de Guillén representaban una impugnación de los de Debray y los cubanos —para quienes era inviable el arraigo de un movimiento armado exclusivamente urbano cualesquiera que fueran las circunstancias—, y en la que habían tenido una gran influencia los fracasos de la experiencia boliviana y de los primeros focos brasileños. Guillén abogaba por la ejecución de muchas acciones pequeñas realizadas por células autónomas de cinco miembros, en constante movilidad y con existencia clandestina. Señalaba que «entre un territorio favorable y una población favorable, el ejército debe elegir la población y no el terreno»[94]. A diferencia de Marighella, Guillén destacaba la importancia de la acción política en la obtención del necesario apoyo de las masas, pero al igual que él creía que «la acción, la práctica, venía primero, y luego la teoría»[95]. Guillén fue el primero en adaptar el paradigma guerrillero castrista a la guerrilla urbana, entendida como guerra prolongada donde el ejército popular usará la estrategia de desgaste:

En la primera fase del Ejército Popular de liberación pudiera ocurrir que no se enfrenten ni siquiera un Ejército contra otro, sino un puñado de guerrilleros […] La segunda fase de la guerra comienza con la constitución de un Ejército regular […] La fase superior de la guerra alcanza su punto culminante cuando el movimiento guerrillero se ha integrado en el Ejército de grandes unidades para librar batallas de aniquilamiento del enemigo[96].

Guillén también destacó la importancia de la propaganda armada: «La guerra revolucionaria es una forma de alcanzar objetivos políticos por medios violentos; es la propaganda por los actos para alcanzar, en su totalidad, los medios de comunicación de masas», y como Kravchinsky y Collins, advirtió que «la guerra será ganada por quien más resista»[97].

La opción guerrillera tupamara obedecía, según un documento interno, a insoslayables motivos geográficos: «No tenemos bastiones inexpugnables en nuestro país en los que podamos establecer una base guerrillera, aunque hay lugares difíciles de atacar. Por otro lado, disponemos de una enorme ciudad de más de trescientos kilómetros de calles y edificios, ideal para el desarrollo de la lucha urbana»[98]. Los medios tácticos para la acción en la ciudad eran: el sabotaje, el ataque a integrantes de las fuerzas represivas, las represalias, los atentados, los secuestros, los operativos de abastecimiento (se aseguraba que «con dinero se compra la Sierra Maestra de la guerrilla urbana»[99]), el allanamiento de los domicilios del enemigo y la propaganda armada desplegada a través de asaltos a emisoras, incursiones en fábricas y cines o reparto de víveres, aunque la mejor propaganda era la que surgía de las grandes acciones militares[100].

Su primera incursión seria fue en el club de tiro de Nueva Helvecia en el departamento de Colonia el 31 de julio de 1963, acción que fue considerada el asalto al cuartel Moncada de los Tupamaros[101]. Esa Navidad, un «comando del hambre» secuestró un camión de aprovisionamiento y repartió regalos y paquetes de comida a los pobres de los suburbios. Lograron concitar una considerable simpatía popular con estas y otras acciones de «propaganda armada», destinada a poner de relieve las injusticias sociales y la corrupción de las figuras del gobierno y los negocios. Cuando recurrieron al asalto de bancos y entidades financieras para procurarse dinero, descubrieron actividades ilícitas que incrementaron su apoyo popular, pero cuando la acción se fue desplazando hacia formas más brutales, como los incendios o las bombas en lugares densamente poblados, comenzaron a perderlo.

Los Tupamaros comenzaron a armarse en 1963-1964, y aparecieron con su nombre oficial en 1965, en la reivindicación del sabotaje a los laboratorios Bayer de Montevideo como protesta por la guerra de Vietnam[102]. Realizaron los primeros atentados contra empresas norteamericanas, pero como consecuencia de dos enfrentamientos armados en 1966, en los que murieron dos militantes y un comisario de policía, se desató la represión y buena parte de su estructura fue desmantelada. A inicios de 1966 se produjo la creación definitiva del MLN-T, tras la defección de anarquistas y maoístas, y las aportaciones de medio centenar de activistas procedentes de sectores cristianos, de los trabajadores de la caña agrupados en torno a Sendic y del grupo nacionalista-castrista Movimiento Revolucionario Oriental (MRO), a los que en 1967 se unió un primer grupo procedente del movimiento estudiantil[103].

Los años 1967-1971 fueron de fortalecimiento y expansión. Se realizaron nuevos ejercicios de «propaganda armada» dirigidos a desacreditar al gobierno y crear una imagen popular del MLN-T (asaltos a cines, tabernas, etc.), operaciones logísticas para conseguir dinero y armamento, asaltos frontales al gobierno y ataques a sus fuerzas mediante el sabotaje o el asesinato selectivo. El año 1968 marcó un cambio radical: la explosión del movimiento estudiantil a partir de mayo, la implantación de las Medidas Prontas de Seguridad por el gobierno desde el 13 de junio y, especialmente, las primeras muertes de estudiantes el 13 de agosto dispararon el interés de los jóvenes por los Tupamaros[104]. La intensificación de la agitación estudiantil y sindical a partir de 1968-1969 permitió al grupo intensificar sus acciones con secuestros, asaltos a polvorines y atentados con bombas en bancos. En ese clima preinsurreccional, el MLN-T lanzó una fuerte ofensiva políticomilitar. El 8 de octubre de 1969 perpetraron su acción más espectacular cuando, en el aniversario de la muerte del «Che», tomaron la ciudad de Pando[105]. Tras la represión subsiguiente (tres rebeldes resultaron muertos y 16 fueron capturados y torturados), los Tupamaros fueron arrastrados a una guerra de venganza contra las fuerzas de seguridad.

A esas alturas, la organización contaba con casi un millar de activistas. La clave de su éxito fue, en buena parte, su descentralización y su compartimentación en células autónomas de 4-5 miembros, conocidos por su apodo para mantener la seguridad interna. La autoridad máxima era la Convención Nacional, que tomaba las principales decisiones y elegía un Comité Ejecutivo de composición secreta, elaboraba el programa o decidía la disolución del movimiento. Se reunía cada año y medio, pero podía hacerlo también a petición del Comité Ejecutivo o de un tercio de los miembros. Solo se reunió en enero de 1966 para elaborar el Reglamento de la Organización y en marzo de 1968 para debatir sobre las nuevas líneas estratégicas. Existían células de 2 a 7 miembros y células periféricas creadas por personas que no pertenecían plenamente a la organización. También se estructuraron desde julio de 1967 en columnas entendidas como miniorganizaciones autónomas con relaciones horizontales que evitaban las caídas en masa[106]. De este modo, desde 1968 se crearon diversas columnas, de las que la 15 fue la más importante, ya que fue reclutada entre los estudiantes de clase media, con un sesgo más militar que político. Desde 1970, la Columna 70 fue designada para albergar el frente de masas en sus ramas estudiantil, obrera y barrial, y quedó estructurado en células periféricas y comandos de apoyo. En 1969, la composición social de los Tupamaros era tan plural como la misma capital del país: un 18,5 % de profesionales con grado universitario, 24,4 % de estudiantes (1,8 % de secundaria, 20 % de universidad y 2,6 % de otras ramas), 18,3 % de comerciantes, 26,9 % de empleados, 8,7 % de empleados de banca y 5,2 % de obreros[107].

El carácter necesariamente reducido de la organización terrorista chocó con una inesperada oleada de adhesiones: los Tupamaros comenzaron sus operaciones con cincuenta miembros a fines de 1966, y cinco años más tarde tenían unos 3000, cifra enorme para una ciudad como Montevideo, con 1.250 000 habitantes. El incremento de la militancia condujo a la creación de columnas autosuficientes. También contaban con una red de grupos auxiliares (Comités de apoyo a los Tupamaros) dentro de los sindicatos, lo que a veces permitía la coordinación de la acción terrorista con la convocatoria de huelgas violentas. Cuando a partir de 1969-1970 se produjo un descenso en la conflictividad social, el MLN-T incrementó su actividad, con el asesinato de policías acusados de torturas[108]. En el asalto al Centro de Instrucción de la Marina perpetrado el 29 de mayo de 1970 por un destacamento de 22 Tupamaros, 63 militares fueron retenidos y se capturaron 500 armas de fuego y abundante munición[109]. También perfeccionaron los secuestros de diplomáticos, políticos y hombres de negocios como golpe publicitario y forma de chantaje político. El 30 de julio de 1970 raptaron al cónsul de Brasil Aloisio Dias Comide (que fue liberado el 23 de febrero de 1971), y al día siguiente a Dan Mitrione, agente de la CIA que había actuado como asesor de seguridad en Brasil de 1959-1964, y en 1969 había sido trasladado a Montevideo para colaborar con la policía local en su lucha contra los Tupamaros[110]. Mitrione apareció muerto el 10 de agosto, pero los raptos y los asesinatos no llevaron a la libertad de los presos. En octubre se asaltaron varias casas particulares y clubes y se ocuparon fábricas. La caída de su líder Raúl Sendic el 9 de agosto junto con un grupo de veteranos de la dirección tupamara dio lugar a la aparición de un nuevo núcleo de activistas sin experiencia política y con rasgos más militaristas.

A estas acciones siguieron numerosos atentados contra efectivos de la Guardia Republicana, varios asaltos a bancos y secuestros como el del embajador de Gran Bretaña, Geoffrey Jackson, el fiscal Berro Oribe, el exministro de Ganadería y Agricultura, Carlos Frick Davies y los industriales Berenbau y Ferrés Terra. Tras una espectacular fuga de quince Tupamaros del penal de Puerto Carretas (entre ellos Sendic, lo que hizo inevitable un choque entre la dirección histórica del movimiento y la renovada en marzo de 1972), el gobierno llamó a la Fuerzas Armadas a luchar contra la subversión el 9 de septiembre de 1971, según los principios de la «doctrina de la seguridad nacional». La Asamblea General suspendió las garantías individuales y declaró el estado de guerra interna que posibilitó la detención de más de un centenar de Tupamaros y el descubrimiento de la cárcel del pueblo donde estaba secuestrado desde hacía casi un año el presidente de la compañía de teléfonos y el exministro de Agricultura. En los meses siguientes, en parte por una traición, murieron 100 Tupamaros y 600-700 fueron arrestados.

En 1971, el MLN-T apoyó al Frente Amplio, coalición de izquierdas tradicionales (socialistas y comunistas) que participaba en las elecciones presidenciales, mientras que en el terreno militar continuó las acciones de propaganda armada (ocupación de lugares de trabajo, cines) durante la campaña para las elecciones de 28 de noviembre, que al final ganó el conservador «colorado» Juan María Bordaberry con el 22,8 % de los sufragios, mientras que el Frente Amplio obtuvo un 18 %. Esta nueva frustración incrementó la voluntad revolucionaria del MLN-T. Tras la ocupación el 30 de diciembre de 1971 del aeropuerto, estación de radio y estación de policía de Paysandú, el 31 de febrero de 1972 los Tupamaros asaltaron la población de Socci, y el 14 de abril asesinaron a cuatro personas acusadas de estar asociadas a los «escuadrones de la muerte». Al día siguiente, el presidente Bordaberry declaró el estado de guerra interna, y dio la responsabilidad de la contrainsurgencia a las Fuerzas Armadas. La suspensión de garantías se mantuvo hasta el 10 de julio de 1972, en que fue promulgada la Ley de Seguridad del Estado como continuación del régimen de excepción en que estuvo sumido el país hasta el inicio de la dictadura militar en junio de 1973.

El MLN-T puso entonces en marcha un plan de «preparación para la guerra» que consistió en ataques continuados a las fuerzas policiales y militares, creando columnas de operaciones en varias regiones del país. Se trataba de descentralizar el MLN y dividir a las fuerzas concentradas en Montevideo. El 14 de abril de 1972 se asesinó a tres militares presuntamente integrados en los «escuadrones de la muerte», y varios militantes de izquierda fueron muertos como represalia. A partir de ese momento se inició la represión indiscriminada, que trajo aparejada la caída de numerosos activistas. Las Fuerzas Armadas informaron de la captura de 2873 sediciosos, la muerte de 62 y la incautación de más de 3000 armas entre el 15 de abril y el 25 de noviembre de 1972.

El 31 de agosto de 1972, cuando Raúl Sendic fue gravemente herido y detenido en un enfrentamiento, la estructura del MLN-T quedó destruida por completo. Los 4200 efectivos que reclamaban los Tupamaros en abril de 1972 cayeron a 300 en noviembre. A fines de ese año, la organización perdió su viabilidad y pasó a esconderse en el campo[111]. Su crisis se debió tanto a errores propios en su proceso de crecimiento como a la fortísima represión y la guerra sucia desatada por las Fuerzas Armadas, que ocuparon cada vez mayores espacios en la vida política y judicial a través de la Ley de Seguridad del Estado. Tras un «golpe en cámara lenta», en el que las Fuerzas Armadas asumieron el papel de fuerza dominante en la gestión de la participación político-administrativa y en la administración policial con la creación del Consejo de Seguridad Nacional, el Parlamento y los gobiernos departamentales fueron disueltos el 27 de junio de 1973. Bordaberry, que en un principio había apoyado la intromisión castrense, fue destituido en junio de 1976, momento en que se implantó una dictadura plenamente militar que pervivió hasta fines de 1984. La amnistía de marzo de 1985 liberó a un buen número de tupamaros. La victoria de Tabaré Vázquez en las elecciones presidenciales de 2004 hizo que miembros históricos del MLN-T acabasen formando parte del gobierno de Uruguay, y que uno de sus dirigentes, José Mujica, accediera a la presidencia del país en 2009. Como en el caso brasileño, los Tupamaros se enfrentaron al dilema de hacer sobrevivir una organización armada reducida y condenada a la clandestinidad, incapaz de crear una base política sólida entre una población que se mantuvo mayoritariamente a la expectativa. A pesar de un esfuerzo considerable por ser selectivo en sus acciones, el empleo del terrorismo acabó por ser contraproducente y aceleró el tránsito hacia un gobierno autoritario.

Los Montoneros en Argentina

En Argentina, la lucha armada resultaba algo habitual desde 1969, y perduró a lo largo de toda la década de los setenta. Tras la revuelta urbana del 29-31 de mayo de 1969 en Córdoba —el famoso «Cordobazo»— que marcó el inicio del fin del gobierno militar de Juan Carlos Onganía, se levantaron seis organizaciones armadas: Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), Comando Descamisados, Montoneros, Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Fuerzas Armadas de Liberación (FAL) y Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), las cuatro primeras peronistas y las dos últimas marxistas. El número de combatientes fluctuó de 200 en 1969 a 600 a fines de 1972, 5000 en 1975 y 1000 en 1979. Se consideraba que el ERP argentino, surgido en 1970 del trotskista Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) tenía unos 5000 miembros en 1975, aunque solo una pequeña parte de ellos estuviera implicada en operaciones de combate.

Los Montoneros (nombre sacado de un grupo de gauchos y campesinos que lucharon en favor de los federales durante la guerra civil de inicios de la década de 1860) habían sido fundados en 1966, tras la llegada de los militares al poder, por Mario Eduardo Firmenich, Fernando Abel Medina y Carlos Gustavo Ramus, que habían pertenecido al movimiento nacionalista Tacuara (1955-1965), organización católica violenta y ultraderechista que estaba inspirada en la Falange Española. A fines de 1967 constituyeron el Comando Camilo Torres, y a inicios de 1968 varios integrantes del comando (Fernando Abel Medina y Norma Arrostio) se trasladaron a Cuba para recibir adiestramiento militar, preparándose hasta 1969 en la construcción de la guerrilla urbana.

Procedentes de la izquierda peronista (que habían absorbido a las FAR, el ERP, los Descamisados y las FAP), los Montoneros se presentaban como la «organización político-militar» o las «formaciones especiales» de un movimiento de masas populista y antiimperialista, mientras que bajo la influencia de los modelos chino y vietnamita, el originalmente trotskista ERP, nacido a fines de julio de 1970, se consideraba el embrión de un ejército popular que operaba tanto en el terreno urbano como en el rural bajo la dirección política del PRT. Las influencias cubana y asiática se mezclaron en ambos casos, aunque los nacionalistas Montoneros nunca hicieron declaraciones públicas de internacionalismo[112].

Durante sus primeros meses de existencia surgieron dos tendencias en la organización: la defendida por Abraham Guillén, veterano de la guerra civil española, que preconizaba una guerra total, y otra corriente, triunfante a la postre, que defendía la necesidad de una guerrilla urbana progresiva, aunque desde 1971 los Montoneros definieron la guerra popular como «total, nacional y prolongada». A tal fin adoptaron una estructura celular, formada por comandos militares con no más de una veintena de miembros, asistidos por varios departamentos: logística, falsificación, acción y propaganda. También consiguieron dinero y armas para la organización mediante atracos en bancos y asaltos a diversas instituciones.

Los Montoneros aparecieron oficialmente por primera vez ante la opinión pública el 29-31 de mayo de 1970 con el secuestro y muerte del general Pedro Eugenio Aramburu, uno de los jefes militares que habían derrocado a Perón en 1955. El 1 de julio, unidades montoneras tomaron durante unas horas la población cordobesa de La Calera. En su huida fueron perseguidos por la policía, y se produjo un tiroteo que acabó con la muerte de un montonero y la detención de doce guerrilleros. Medina y Ramus murieron en un tiroteo el día 7 de septiembre, jornada que a partir de ese momento fue bautizada entre los miembros de la organización como el «Día del Montonero». Estos golpes dejaron al movimiento al borde del colapso, pero la colaboración de otro grupo guerrillero, las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), les permitió recuperarse gracia, a la perpetración de pequeños atracos y robos. En 1971 se incorporaron a sus filas miembros procedentes del sector obrero justicialista, como José Enrique Carral y Jorge Gustavo Rossi, y se estrecharon vínculos con otras formaciones peronistas revolucionarias. Se realizaron operaciones conjuntas con las FAP, las FAR y los Descamisados, que colaboraron en julio de 1971 en el asesinato del director de prisiones Julio Ricardo Sanmartino. A fines de ese año, la nueva estrategia del movimiento consistía en efectuar ataques sorpresa, tras de los cuales los guerrilleros llevaban a cabo una rápida retirada. Su principal objetivo era acumular suficientes recursos económicos, militares y logísticos como para emprender una lucha revolucionaria a más alto nivel. Junto con la toma de comisarías y el secuestro de empresarios de multinacionales como la FIAT o ESSO, se colocaron bombas en establecimientos públicos. Con todo, su nivel de operatividad era menor que el del ERP[113].

Con la retirada de los militares del gobierno en 1973 se intensificó la actuación política de estos grupos armados, que se vieron tentados a abandonar las armas. Sin embargo, el tumultuoso retorno de Perón de su exilio madrileño contempló el enfrentamiento armado entre la Patria peronista y la Patria socialista en el aeropuerto de Ezeiza el 20 de junio de 1973, que arrojó un balance de 16 muertos y 433 heridos. Los Montoneros comenzaron a recibir duras críticas del anciano presidente, quien los consideraba un estorbo para su tarea de gobierno. A comienzos de 1974 se escindieron de su seno la izquierdista Columna José Sabino Navarro y la derechista Tendencia Real. Como consecuencia de un decreto de Perón en el que declaraba ilegales a los grupos subversivos infiltrados en el Movimiento Montonero, el grupo rompió relaciones con el justicialismo oficialista, y tras la muerte de Perón retornaron a la clandestinidad el 6 de septiembre de 1974, cuando anunciaron la reanudación de la lucha armada contra el gobierno y los monopolios, y crearon una nueva estructura militar formada por pelotones de combate como unidades básicas que se agrupaban en columnas, y estas a su vez en regiones. De este modo consiguieron contar con una red de apoyo que sumaba más de 5000 miembros. Su mayor éxito fue el secuestro de los industriales Jorge y Juan Born, por cuyo rescate obtuvieron 60 millones de dólares, suma que les permitió trazar un plan de actuaciones dividido en tres fases: propaganda armada y ajuste de cuentas con los «traidores peronistas» y con los miembros de los aparatos de seguridad; actividad militar y paramilitar, y fase de retirada y preparación de la contraofensiva. Firmenich y Mario Roberto Santucho, líder del ERP, se reunieron para coordinar sus actividades, que desde 1974 se ampliaron al campo. Tras la realización de diversos asaltos a instalaciones militares, en febrero de 1975 el ERP dio a conocer un plan estratégico que sostenía la necesidad de generalizar la guerra civil concentrando los principales recursos en la lucha militar, y extendiendo la guerra en todo el país en el contexto de una guerra prolongada. El culto a la violencia y a la muerte era en realidad lo que daba coherencia interna a los Montoneros, que emplearon la fraseología socialista como una mera coartada[114].

Ante los rumores de un golpe de Estado inminente, los Montoneros tomaron como principal objetivo a los agentes del orden (como Alberto Villar, jefe de la policía federal y uno de los cabecillas de la Triple A, que fue asesinado el 1 de noviembre de 1974[115]), además de realizar operaciones de apoyo a obreros en huelga y tomas de armas. Su acción más espectacular fue el asalto al cuartel del Regimiento 29 de Infantería en Formosa el 5 de octubre de 1975. A fines de ese año, los Montoneros decidieron dar por terminada su actividad política legal y pasaron a la clandestinidad, lo que significaba retornar a la acción guerrillera abierta. Para compensar su debilidad política, el ERP decidió instalarse en la selva tucumana para crear una zona «liberada», pero el ejército tomó Tucumán y liquidó a cientos de combatientes. Un retorno desesperado a las ciudades resultó catastrófico, ya que unos 140 miembros del ERP fueron muertos después de atacar una importante guarnición militar en Monte Chingolo, en la provincia de Buenos Aires. Las torturas, las desapariciones y las muertes intempestivas, iniciadas en las matanzas de insurgentes rendidos en Trelew en 1972 y en Catamarca en 1974, fueron un adelanto del terror selectivo que presidió la dictadura de Videla y sus secuaces.

Tras su llegada al poder el 29 de marzo de 1976, la Junta Militar se lanzó con furia contra un ERP que había sido casi enteramente destruido antes de la asonada, y contra un movimiento Montonero que quedó seriamente debilitado por las medidas represivas impuestas tras el golpe de Estado. Estos y otros grupos insurgentes iniciaron una rápida degradación: el ERP decretó el repliegue en julio de 1976 y se autodisolvió en 1979. Para ganar el apoyo de los movimientos obreros, la dirección montonera, formada entonces por Firmenich, Roberto Perdía, Carlos Hobert y Raúl Yüger, decretó en abril de 1976 la transformación del movimiento en un partido revolucionario. Ese año asesinaron a 300 personas, entre las que se encontraban empresarios y miembros de la policía y del ejército. Hacia octubre de 1976, la dirección montonera huyó del país. En 1977 sufrió la detención de 2000 miembros y simpatizantes, y al año siguiente eran ya más de 4500 los militantes que se encontraban presos y eran torturados en campos clandestinos y unidades especiales como la Escuela de Mecánica de la Armada de Buenos Aires. Ante la falta de efectivos, el movimiento Montonero se vio obligado a detener su actividad, aunque aún lanzaron breves campañas en el exterior en 1978 y 1979. Entre marzo de ese año y julio de 1978 perecieron unos 4500 montoneros, y más de mil militantes se vieron obligados a huir del país. En 1979 decidieron lanzar una contraofensiva, para lo cual reorganizaron el movimiento con la creación de las Tropas Especiales de Infantería al mando de Yüger, que reuniría a las fuerzas militares y a las Tropas Especiales de Agitación a las órdenes de Horacio Mendizábal, encargado de las actividades políticas. Pero en 1980 se vieron obligados a reconocer su fracaso cuando en su nuevo programa se conformaron con una petición de alianza política antioligárquica y antidictatorial. A fines de la década de los setenta, la guerrilla urbana argentina había sido borrada del mapa. La detención del principal dirigente montonero, Mario Firmenich, en Brasil, en 1984, y su posterior extradición a Argentina supuso el fin del movimiento. De 1969 a 1979 Argentina había experimentado más de 22 000 actos de violencia en los que murieron al menos 9000 personas[116].

El MIR y el FPMR en Chile

En Chile, como en Uruguay o en Argentina, las perspectivas de un cambio político frustrado alimentaron también el voluntarismo revolucionario de los sectores de la extrema izquierda. El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que se formó el 15 de agosto de 1965 a partir de un grupo de dirigentes estudiantiles de la Universidad de Concepción y organizaciones marxistas, trotskistas y anarquistas, nació con la vocación de ser «la vanguardia marxista-leninista de la clase obrera y capaz oprimidas de Chile». La declaración de principios de su congreso fundacional celebrado en Santiago advertía en su punto VII que:

El MIR rechaza la teoría de la «vía pacífica» porque desarma políticamente al proletariado y por resultar inaplicable ya que la propia burguesía es la que resistirá, incluso con la dictadura totalitaria y la guerra civil, antes de entregar pacíficamente el poder. Reafirmamos el principio marxista-leninista de que el único camino para derrocar el régimen capitalista es la insurrección popular armada[117].

En su II Congreso, celebrado en 1967, el MIR ratificó su estrategia de lucha armada en sentido castrista, para la que obtuvo ayuda moral y material de Cuba. En 1968 se integraron en su seno el Grupo Avanzada Marxista de Concepción (GRAMA), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Santiago (FAR) y un nutrido grupo de estudiantes, hasta contar con medio millar de miembros. Fue entonces cuando inició los actos violentos, aunque mantuvo una tregua tácita durante el gobierno de Allende.

Tras el golpe de Estado de septiembre de 1973, el MIR sufrió una fuerte represión, en la que la mayor parte de sus líderes resultaron muertos (como su fundador Miguel Henríquez el 5 de octubre de 1974) o fueron obligados a exiliarse, como Andrés Pascal Allende en 1976. La persecución fue contestada con la intensificación de la resistencia armada, a través de sabotajes y asaltos, así como la ejecución física de militares y civiles. En 1980, el movimiento lanzó una serie de ataques a bancos y comisarías, y el 15 de julio asesinó al teniente general Roger Vergara Campos, jefe de la Escuela de Inteligencia del Ejército. Junto a la guerrilla urbana se intentó llevar la lucha armada al campo, para lo cual se organizó el 24 de septiembre de 1981 un foco en la cordillera de Neltume, al sur de Chile. El 30 de agosto de 1983 se asesinó al mayor general Carlos Urzúa Ibáñez, gobernador militar de Santiago. Tras su fracaso en la articulación de una resistencia armada antipinochetista, el MIR se escindió en su IV Congreso de 1987 en dos facciones y abandonó las actividades armadas dos años más tarde. El 15 de agosto de 1997, tras sufrir varias escisiones en los años ochenta, dio por clausurada su etapa de insurrección popular.

El declive del MIR coincidió con la aparición en escena del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) como brazo armado del Partido Comunista Chileno, que desde 1980 había acompañado al MIR en la proclamación del derecho a la rebelión armada y se había comprometido a derribar la dictadura de Pinochet. La organización recibía el nombre de Manuel Javier Rodríguez Erdoíza, héroe de la Guerra de Independencia contra España. Fundado el 14 de diciembre de 1983 por sectores escindidos del MIR, y principalmente por el Partido Comunista de Chile, el FPMR decidió hacia finales de los años setenta impulsar una campaña para derrocar al general Pinochet utilizando todas las formas de lucha. Inspirado en la doctrina marxista castrista, el grupo, formado por un millar de militantes, desarrolló una estrategia llamada de «guerra patriótica nacional», consistente en la perpetración atentados contra miembros de los servicios policiales y militares de inteligencia y la colocación de bombas. Inició sus actividades el 23 de diciembre de 1983 con un artefacto en una estación eléctrica que provocó un apagón total en la ciudad de Santiago. Emprendió luego una campaña de bombas que duró hasta 1985, e intentó asesinar a Pinochet en el valle de Maipó el 7 de septiembre de 1986, matando a cinco de sus guardaespaldas y provocando once heridos. También asesinó al senador pinochetista Jaime Guzmán, uno de los artífices de la Constitución autoritaria de 1980, en abril de 1991. Entre diciembre de 1983 y octubre de 1984, el FPMR ejecutó 1889 acciones desestabilizadoras, algunas de ellas con envergadura muy superior a las que hasta entonces había realizado la militancia comunista. En total, este grupo armado realizó 1138 atentados con explosivos, 229 sabotajes, 163 asaltos a mano armada, 36 atentados selectivos y 47 sabotajes mayores. En años posteriores, el FPMR estrenaría prácticas desconocidas hasta entonces en Sudamérica, patentando los rescates armados y las bombas accionadas a distancia. En 1987 secuestró al coronel Carlos Carreño, que fue liberado tres meses después, y luego retuvo al empresario brasileño Washington Olivetto.

En 1987 se desvinculó definitivamente del Partido Comunista Chileno, transformándose en una organización autónoma. En junio de 1988 puso bombas en varios bancos de Santiago y empresas norteamericanas. Previamente a la realización del plebiscito de 1988, que decidió el retorno de Chile a la democracia, el FPMR se dividió en dos sectores: uno continuó cercano al Partido Comunista y buscó insertarse nuevamente en la vida política institucional como partido político a partir de 1991, mientras que el otro, conocido con el apelativo de «autónomo», continuó desarrollando acciones armadas tendentes a subvertir el orden vigente y a construir una sociedad socialista. Con la llegada de las primeras elecciones presidenciales en 1989, activistas de esta segunda corriente asesinaron a varios miembros del ejército que habían participado en la represión, como el coronel Luis Fontaine y el comandante Roberto Fuentes Morrison. Con el cambio político de 1991, el FPMR fue derivando a la realización de campañas sociales, aunque aún en 1993 atacó varios restaurantes de comida rápida en Santiago. El 30 de abril de 1997, miembros del grupo convocaron una rueda de prensa para anunciar que abandonaban la lucha armada y trataban de convertirse en una organización política legal[118].

La internacionalización de la subversión y la represión: Junta Coordinadora Revolucionaria y Operativo Cóndor

Tras el golpe militar en Chile, el ERP argentino (Mario Roberto Santucho) creyó ver llegada la revolución en América Latina, y se dispuso a adoptar una estrategia común con otros grupos revolucionarios para afrontar las dictaduras militares. En noviembre de 1973 se reunieron en Buenos Aires miembros del ERP, MIR chileno, Tupamaros-ELN y ELN boliviano, que en agosto de 1973 habían creado una Junta de Coordinación Revolucionaria (JCR) para «internacionalizar» la lucha y «hacer frente al imperialismo norteamericano en todo el continente»[119]. La tarea de colaboración se haría respetando la autonomía programática y estratégica de cada organización, que decidiría dónde y cuándo tomaría las armas, pero crearían juntas una infraestructura, y un aparato internacional destinado a proporcionarse mutuo apoyo logístico, financiero (20 millones de dólares, sobre todo de los secuestros del ERP) y militar. La JCR, desembocadura de la visión continentalista y antiimperialista del «Che» reflejada en la I Conferencia de la OLAS, pretendía ser para América Latina lo que la III y IV Internacionales habían sido para el movimiento socialista mundial. Pero la creación y el manifiesto de la JCR, que pronto pidió ayuda a Cuba, pusieron sobre aviso a los gobiernos militares del subcontinente.

Como respuesta, en la XI Conferencia de Ejércitos Americanos, celebrada en Montevideo en octubre de 1975, las Fuerzas Armadas latinoamericanas y los Estados Unidos coordinaron una estrategia contrainsurgente a escala continental. El general Manuel Contreras Sepúlveda, director de Inteligencia Nacional y jefe de la DINA chilena, propició la Primera Reunión Interamericana de Inteligencia Nacional en Santiago de Chile entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de 1975: militares de seis países de América del Sur (Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Brasil), afectados por la reciente victoria comunista en Vietnam, se congregaron en esta «primera reunión interamericana de trabajo sobre información nacional», que actuó como tapadera de una alianza contrasubversiva en respuesta a la Conferencia Tricontinental de La Habana y la Junta de Coordinación Revolucionaria. En esta reunión de inteligencia se constituyó el Operativo Cóndor, donde los gobiernos signatarios (la resolución, firmada por los jefes de los servicios secretos el 28 de noviembre, no fue firmada por Brasil, que figuraba en calidad de observador) acordaron intercambiarse información policial sobre los integrantes de los distintos grupos subversivos a estilo de la Interpol radicada en Lyon, pero con el objetivo último de eliminar las actividades subversivas marxistas en el área. Por esas fechas, el general Contreras fue invitado al cuartel general de la CIA en Langley (Virginia) para ultimar la operación represiva. Tras la segunda reunión, que tuvo lugar en junio de 1976, Brasil se hizo miembro del grupo pero rehusó participar en acciones criminales fuera de América Latina[120].

El gobierno norteamericano tenía perfecto conocimiento de las actividades que desarrollaban las dictaduras del Cono Sur, y los agregados del FBI y la CIA en estos países enviaban informes regularmente para informar de la evolución de un complejo operativo planeado en varias fases, la primera de las cuales era la creación de una estructura de información multilateral muy sofisticada, con una base de datos informatizada, comunicaciones por télex y una red de radio continental con la oficina central en Chile y antenas en cada país miembro. Las relaciones personales que se fueron estableciendo entre los altos responsables de la información, estrechada por sus encuentros bilaterales, permitió el envío de agentes a otros países, con el propósito de realizar operaciones encubiertas[121]. De este modo, se practicaron numerosas detenciones, traslados ilegales y no pocos asesinatos, como el del excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas chilenas Carlos Prats en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974 (acción conjunta de la DINA con el SIDE argentino y la AAA), de los parlamentarios uruguayos Zelman Michelini y Héctor Gutiérrez en Buenos Aires el 20 de mayo de 1976, del expresidente boliviano Juan José Torres en Buenos Aires el 4 de junio de 1976 y del ministro del gobierno de Allende Orlando Letelier en Washington el 21 de septiembre de ese año. También los neofascistas italianos y cubanos anticastristas a sueldo de esta organización criminal perpetraron un asesinato frustrado contra el exdiputado y exministro del Interior chileno Bernardo Leighton Guzmán y su esposa en Roma el 6 de octubre de 1975. La deriva hacia el asesinato selectivo de este acuerdo policial transnacional no fue sino una faceta del terror que algunas dictaduras del Cono Sur emplearon contra sus propios ciudadanos.

El Operativo Cóndor entró en decadencia con el inicio de los procesos de transición a la democracia de inicios de los años ochenta. Las caídas sucesivas de las dictaduras militares dejaron al descubierto la trama: en 1992, Martín Almada, un opositor a la dictadura paraguaya derribada en febrero de 1989, descubrió los llamados «Archivos del Horror»: unos documentos que demostraban que Stroessner había participado en la Operación Cóndor, un acuerdo militar anticomunista de persecución de exiliados, con apoyo de las dictaduras militares que había propiciado la tortura, el secuestro y el asesinato de miles de paraguayos y ciudadanos de otros países. Aunque buena parte de las pruebas han desaparecido, en 2004 fueron emitidas más de 200 órdenes de detención contra los responsables militares de la alianza Cóndor.

El «caso» colombiano

La particular cultura de guerra arraigada en algunas áreas de Colombia tras el período de La Violencia (1946-1957)[122] y durante el pacto bipartidista oligárquico del Frente Nacional (1958-1974) se expresó en manifestaciones guerrilleras de signo liberal y comunista, que solo ocasionalmente han empleado el terrorismo como método central de actuación.

El mito del guerrillero difundido por la revolución cubana posibilitó la aparición del Frente Nacional en 1959 como alternativa al bipartidismo liberal-conservador. El 7 de enero de 1960 hizo su aparición el Movimiento Obrero Estudiantil Campesino (MOEC), grupo armado de «nueva izquierda» que fue el precursor del Ejército de Liberación Nacional (ELN), surgido 4 de julio de 1964 en la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga (región de profunda tradición de lucha y violencia) como ejército popular permanente que en su Primera Marcha Guerrillera desplegó su actividad en la ocupación de pequeñas poblaciones[123].

El movimiento guerrillero más activo son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), creadas en junio de 1964 por Manuel Marulanda, (alias) «Tirofijo», y unas docenas de hombres dispersados por la acción militar contras las llamadas «repúblicas independientes», que se reunieron en la selva para crear oficialmente el llamado Bloque Sur, la primera insurgencia guerrillera del Partido Comunista en Colombia. El 5 de mayo de 1966, la Segunda Conferencia del Bloque Sur oficializó la conformación de las FARC como brazo armado del Partido Comunista. En la Sexta Conferencia, celebrada en 1978, las FARC, desplegada en veinte frentes con unos efectivos de un millar de hombres, elaboraron un Estatuto que definía la organización como «la expresión más elevada de la lucha revolucionaria por la liberación nacional», considerándola como «un movimiento político-militar que desarrolla su acción ideológica, política, organizativa, propagandística y armada de guerrillas, conforme a la táctica de combinación de todas las formas de lucha de masas por el poder para el pueblo»[124]. Fue en los años setenta cuando el movimiento estableció una alianza estratégica con los cárteles internacionales de la droga. En 1972 surgió el Movimiento 19 de Abril (M19), grupo escindido de la Alianza Nacional Popular que había perdido las elecciones en ese día de 1970, en medio de denuncias de fraude. La estrategia del M-19 fue lanzar operaciones de propaganda revolucionaria como el robo de la espada de Simón Bolívar en 1974. En 1978-1979 el conflicto escaló con la expansión del M-19 en las áreas rurales, particularmente en la región del Caquetá, la captura de un gran arsenal militar en las afueras de Bogotá en enero de 1979 y el inicio de los secuestros que les enfrentó a los grupos armados de los cárteles de la droga. Tras el asalto a la sede de la Corte Suprema el 6 de noviembre de 1985, la respuesta militar fue tan intensa que el M-19 firmó un acuerdo de paz y se convirtió en partido político en 1990. A inicios de los años ochenta, las FARC contaban con entre 1000 y 3000 hombres bajo las armas. En la Séptima Conferencia celebrada del 4 al 14 de mayo de 1982 bajo el mando del líder político Luis Alberto Morantes Jaimes, alias Jacobo Arenas, se plantearon varias directrices estratégicas nuevas y se reafirmó el principio de la «combinación de todas las formas de lucha», tanto la política como la armada. El 28 de mayo de 1984, tras una reunión de los líderes de los 27 frentes y del Estado Mayor, se estableció un alto el fuego, como parte de los acuerdos de La Uribe firmados con el gobierno de Belisario Betancourt. Las FARC formaron entonces la Unión Patriótica (UP) para liderar el movimiento político. Pero este intento de negociación fracasó debido a las repetidas violaciones del cese de hostilidades por las dos partes; a la violencia política desarrollada por sectores de la extrema derecha, entre ellos líderes políticos locales y miembros de las Fuerzas Armadas, que comenzaron a crear grupos contraguerrilleros reunidos a partir de 1997 en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y a la intromisión de los intereses del narcotráfico entre los distintos actores del conflicto. Entre 1986 y 1991 fueron asesinados alrededor de 3000 militantes de la UP, después de que se rompiera la tregua en 1987 con la llegada al poder del presidente Virgilio Barco.

En septiembre de 1987, el Ejército Popular de Liberación (EPL), las FARC-EP y ELN constituyeron la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Posteriormente se unieron a la misma el Comando Ricardo Franco Frente-Sur, el Movimiento Armado Quintín Lamé y el M-19. Los sucesos de Tacueyó (derrota frente al ejército y posterior declaración de guerra entre las FARC-EP y el Comando Ricardo Franco Frente-Sur) y la ulterior rendición del M-19 fueron las consecuencias de la ruptura de esta Coordinadora. Con el tiempo, la UP fue distanciándose de las FARC-EP, al aceptar en su organización a movimientos sociales y sindicales con otras intenciones y al manifestar su oposición al narcotráfico que se amparaba bajo la figura de guerrilla.

Entre 1993 y 2007, año de su Novena Conferencia, las FARC alcanzaron el momento culminante de su lucha armada, acentuando la «guerra de rehenes» (secuestro de tres personas por día en 2001) como instrumento de presión política, a la vez que lanzaban importantes ataques contra el Ejército entre 1995 y 1998. En 2000, los gobiernos colombiano y norteamericano lanzaron el «Plan Colombia», que comprendía una ofensiva militar y política contra las FARC y una modernización de las Fuerzas Armadas. La Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos incluyeron en 2001 a las FARC en la lista de organizaciones terroristas, al igual que a la guerrilla del ELN y las AUC. Organizaciones de Derechos Humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional los consideran, al igual que a otros grupos ilegales, culpables de violar el derecho internacional humanitario y el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, por atacar y perjudicar indiscriminadamente a civiles mediante secuestros, actos terroristas y la utilización de armas no convencionales, como dispositivos químicos y vehículos o cilindros bomba como el que el 2 de mayo de 2002 se lanzó contra una iglesia en Bojayá, donde murieron entre 74 y 119 civiles. Las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, entre otros, han reclamado a las FARC por actos ilegales como el reclutamiento de menores, violaciones y torturas contra mujeres y niñas, desapariciones forzadas, secuestro de civiles, trato inhumano a rehenes, desplazamientos forzados de población, ataques a ambulancias de la Cruz Roja, abortos inducidos, ejecuciones extrajudiciales, asesinato de rehenes, etc.

Desde el año 2000, el gobierno de Álvaro Uribe puso en marcha el Plan Patriota, en el que con ayuda norteamericana, intensificó la lucha militar contra el terrorismo. Se calcula que actualmente las FARC-EP cuentan con más de 20 000 hombres armados.

La muerte sucesiva de Marulanda en marzo de 2008, del dirigente guerrillero Juan Manuel Santos («Mono Jojoy») en septiembre de 2010 y del nuevo comandante de Estado Mayor Alonso Cano en noviembre de 2011 coincidieron con una merma de las capacidades operativas de las FARC, que se debate en la delgada línea que separa la guerrilla, el terrorismo y la narcoeconomía. Desde 1978 hasta la fecha, el conflicto colombiano se ha cobrado más de 60 000 vidas, de ellas 22 000 muertos en combate.

4. UN CASO EXCEPCIONAL Y EXTEMPORÁNEO DE GUERRILLA MAOÍSTA: SENDERO LUMINOSO

Como instrumento desestabilizador, el terrorismo ha ido suplantando en los últimos decenios a la táctica de la guerra revolucionaria, declinante con el fin del proceso de colonización y el establecimiento de un sistema bipolar estable, como pueden dar cuenta el desenlace negativo o el enquistamiento de guerras populares prolongadas de ámbito regional como las de Nicaragua (1979-1987), El Salvador (1980-1987), Guatemala (1979-1985) o Colombia (desde 1987). Las razones de este cambio son muy diversas. Con las excepciones de países geográficamente muy remotos y económicamente poco desarrollados, el conflicto social y la violencia política se han trasladado a las ciudades. El golpe de Estado sigue siendo cosa de una élite, casi siempre militar, incardinada dentro del aparato del Estado y poco amiga de reformas sustanciales. En cuanto a la «guerrilla urbana», solo es factible con una privatización extrema de la violencia por culpa de un orden público mal garantizado por un Estado débil. En general, las insurrecciones populares chocan con métodos de control social y de coerción política cada vez más completos y eficaces. Las guerras civiles tienen un coste social, económico y humano difícilmente aceptable, y suelen pasar por alguno de los estadios anteriores. En consecuencia, el terrorismo parece ser uno de los recursos violentos menos costosos para mantener un estado de revuelta por largo tiempo, aunque su capacidad subversiva resulte bastante limitada.

A mediados de la década de los setenta, la lucha insurgente se trasladó de las ciudades del Cono Sur al territorio de los países centroamericanos, donde activistas chilenos o argentinos participaron de las actividades armadas del FSLN nicaragüense o del FMLN salvadoreño contra unos estados débiles que desplegaron una práctica contrasubversiva basada en la militarización del conflicto y el protagonismo absoluto del ejército. El Frente Sandinista estaba dividido en tres facciones: los insurreccionalistas de formación marxista-leninista, que aspiraban al apoyo de la clase obrera; los maoístas partidarios de una guerra popular de liberación que fuera lanzada desde una guerrilla campesina, y los llamados «terceristas», encabezados por Daniel Ortega, que postulaban una alianza con la oposición no marxista para el lanzamiento de una campaña subversiva mixta, donde, según el modelo de la revolución cubana, la guerrilla rural fuese apoyada en las ciudades por una amplia oleada huelguística. La conquista del poder en Managua en julio de 1979 fue respondida por la administración norteamericana con la Decisión Directiva de Seguridad n.º 17 de la CIA que creaba la Fuerza Democrática Nicaragüense o «Contra», mientras que la administración Reagan imponía un estricto bloqueo económico. Para hacer frente a la agresión armada, el gobierno revolucionario se vio obligado a proclamar el estado de excepción donde se suprimieron algunos derechos civiles, se limitó la libertad de expresión y se impuso el impopular Servicio Militar Patriótico. El financiamiento de la intromisión armada por parte de los Estados Unidos se mantuvo incluso en contra de la decisión del Congreso en 1985 (aunque no se ejecutó hasta octubre del año siguiente), mediante los fondos obtenidos por la venta ilegal de armas a Irán que dieron lugar al «caso Irangate». La implicación de los Estados Unidos llegó a ser tan intensa y palmaria que la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitió una condena en su contra el 27 de junio de 1986. En 1988 comenzaron las conversaciones para un proceso de paz que culminó en las elecciones de febrero 1990, donde el FSLN se enfrentó a una coalición de todos los partidos de la oposición (Unión Nacional Opositora), cuyo triunfo dio el poder a Violeta Chamorro, poniendo fin al período revolucionario.

Dos movimientos rompieron con la tradición castrista de los sesenta: el M-19 y Sendero Luminoso. Frente a las tácticas tradicionales de la guerrilla «foquista», estos grupos insurgentes se situaban en la perspectiva de la guerra prolongada maoísta y la conformación de frente populares de masas (FSLN o Farabundo Martí), que desbordaba la concepción tradicional de la vanguardia leninista. Criticaban los símbolos del poder comunista (Moscú o Pekín), y rechazaban el internacionalismo para situarse en la línea de una historia nacional revolucionaria a través de ideologías como el bolivarismo, el indigenismo, el mariateguismo o el «pensamiento Gonzalo».

El M-19 (Movimiento 19 de Abril, en recuerdo a esa fecha de 1970, cuando el candidato de la Alianza Nacional Popular, general Gustavo Rojas Pinilla, fue objeto de un presunto fraude en las elecciones presidenciales) irrumpió en el escenario colombiano el 17 de enero de 1974 con el robo en Bogotá de la espada de Simón Bolívar. Lo formaban antiguos guerrilleros castristas frustrados con el fracaso de las FARC y el ELN. De hecho, su jefe Jaime Bateman había sido en los sesenta miembro de las Juventudes Comunistas y más tarde de las FARC. Sus actividades terroristas comenzaron en febrero de 1976 con el secuestro y asesinato del sindicalista José Raquel Mercado, acusado de ser un agente de la CIA. Gracias a su campaña de extorsiones y secuestros a representantes de multinacionales, en 1979 era el grupo guerrillero más activo de Colombia. En febrero de 1980 retuvo a quince diplomáticos y a otros dieciséis rehenes en la Embajada de la República Dominicana, donde permaneció dos meses. Los ataques a centros públicos culminaron el 6 de noviembre de 1985 en el espectacular asalto al Palacio de Justicia de Bogotá, donde tomaron medio millar de rehenes, incluso a miembros de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. Las Fuerzas Armadas colombianas atacaron la sede con notoria incompetencia, matando a 19 terroristas, junto con once jueces de la Corte Suprema y otros cincuenta rehenes. A pesar de sus relaciones equívocas con los narcotraficantes, estos crearon un grupo vindicativo llamado Muerte a los Secuestradores, especialmente dirigido contra el M-19.

El 8 de marzo de 1990, el M-19 dejó las armas y contribuyó a formar el nuevo sistema político colombiano, a pesar del asesinato sistemático de muchos de sus dirigentes y de unos 30 000 activistas de izquierda, entre ellos el candidato presidencial Carlos Pizarro León-Gómez, el 26 de abril de 1990[125] Su caso ejemplifica el tránsito relativamente afortunado desde la lucha armada castrista de los sesenta a la competencia electoral casi socialdemócrata en la década de los noventa.[126].

Un poco más al sur, Sendero Luminoso llevó a su extremo la lógica de la lucha armada a contracorriente de la evolución política general. El terrorismo senderista tuvo su origen en un entorno regional donde convivía el mundo tradicional de las comunidades indígenas con una oligarquía rural y un sistema de hacienda en vías de extinción, además de núcleos de intelectuales y estudiantes universitarios radicalizados y con una capacidad inusitada para convertir el dogmatismo utópico en una efectiva máquina de guerra[127]. A pesar del subjetivismo y del voluntarismo extremos de su acción violenta, el senderismo destaca también por su enorme versatilidad, ya que logró mezclar la guerra de guerrillas rural (con ataques a las fuerzas de seguridad y creación de comités populares en zonas liberadas) con sabotajes de contenido económico y psicológico (apagones), actuaciones de propaganda y agitación de masas (paros armados de 72 horas) y atentados selectivos, que fue el método subversivo dominante desde 1994.

La tradición guerrillera peruana arrancaba, como en el resto de Latinoamérica, de la oleada revolucionaria castrista-guevarista de los años sesenta. Tras los levantamientos «foquistas» de Jauja el 29 de mayo de 1962 y de Puerto Maldonado el 15 de mayo de 1963[128] entre fines de 1964 e inicios de 1965 un pequeño grupo armado denominado Ejército de Liberación Nacional (ELN) se instaló en la selva de la provincia de La Mar (Ayacucho) antes de ser destruido por las Fuerzas Armadas.[129], También actuó el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), surgido en 1961 de entre las filas disidentes del llamado APRA Rebelde, y nutrido por estudiantes radicalizados, al estilo de lo que había sucedido con el ala juvenil y extremista del partido hermano de Acción Democrática en Venezuela. Tras viajar a Cuba, China y Corea del Norte, los miembros más cualificados del MIR elaboraron un esquemático «plan de lucha armada», y desde fines de 1964 actuaron en zonas marginales de los departamentos de Junín y el Cusco hasta que fueron liquidados por las fuerzas antiguerrilleras en octubre de 1965. Entre los sectores de la izquierda peruana, la breve «gesta» insurreccional de los guerrilleros del MIR pronto se convirtió en leyenda. El propio MIR consiguió sobrevivir a su fracasada experiencia militar, y a inicios de la década de los ochenta logró la reunificación de sus principales facciones, que se integraron en la coalición electoral Izquierda Unida. Posteriormente, un sector minoritario formado por el Partido Socialista Revolucionario MarxistaLeninista (PSR-ML) y el grupo MIR-El Militante pasó en marzo de 1982 a formar el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) que pretendía reivindicar la memoria y la experiencia del «Che» Guevara y del líder guerrillero local Luis de la Puente Uceda[130].

Los orígenes del MRTA se remontan a 1976, cuando un grupo de oficiales de graduación intermedia, como el mayor José Fernández Salvatecci o el capitán Eloy Villacrés, organizaron un movimiento cívico-militar —«la orga»— contra el gobierno democrático del ingeniero Fernando Belaúnde Terry[131]. Tras protagonizar un primer acto violento a fines de mayo de 1982, el MRTA acordó en su I Comité Central de enero de 1984 desarrollar «acciones guerrilleras urbanas» y conformar un ejército guerrillero en el campo, para dar a conocer la organización a través de la «propaganda armada»[132]. A tal fin, el 22 de enero de 1984 procedió al asalto de un puesto policial situado en el conglomerado suburbial de Villa El Salvador, al sur de Lima. En junio de 1985, luego de varias acciones realizadas en Chiclayo, Chimbote, Huancayo y Lima en conmemoración de los 20 años del inicio de la guerrilla del MIR, el MRTA consideró que la fase de la propaganda armada se había cumplido exitosamente y se podía pasar a la «fase de hostigamiento con características más propiamente guerrilleras». Tras la colocación de una serie de bombas y la perpetración de ataques a puestos policiales en Lima en julio de ese año, el MRTA se fusionó con el MIR a fines de 1986, y emprendió la apertura muy publicitada de un frente guerrillero en el departamento de San Martín en octubre-diciembre de 1987, que fue fácilmente aislado por el ejército. Tras haber alcanzado la cúspide de su popularidad (en comparación con el rechazo que generaba el carácter inmisericorde de la violencia senderista) con la toma de Juanjuí y otras poblaciones del departamento de San Martín del 6 al 9 de noviembre de 1987, el MRTA se mantuvo en activo entre 1989 y 1992 a través de un despliegue en frentes en el norte de Perú, el departamento nororiental de San Martín y la Selva Central, pero también en las ciudades, donde las fuerzas especiales del MRTA protagonizaron secuestros, extorsiones y asesinatos. El MRTA combinaba la agitación armada urbana con emboscadas y organización de columnas militares en el campo, pero al estar desligado del movimiento social que decía representar, se enfrentó a dificultades económicas que trató de resolver mediante secuestros[133].

A pesar de la captura de su dirigente Víctor Polay Campos, alias «camarada Rolando», en Huancayo a inicios de 1989, el MRTA seguía siendo lo suficientemente operativo como para intentar la conquista de la ciudad de Tarma, lo que condujo a un enfrentamiento con fuerzas militares en Los Molinos el 28 de abril de 1989 (en el cual murieron 59 integrantes del MRTA) y a una sucesión de ejecuciones sumarias de guerrilleros prisioneros. La venganza de la organización armada recayó en la persona del general retirado Enrique López Albújar, que fue tiroteado el 9 de enero de 1990 a la salida de su domicilio en Lima. La fuga de Polay y de otros dirigentes emerretistas del penal de Castro Castro en junio de ese año fue el preludio de la ofensiva guerrillera del año siguiente. A pesar de la captura definitiva de Polay en Lima el 9 de junio de 1992, el MRTA continuó las operaciones en San Martín y las estribaciones de la Selva Central, tomando ciudades como Moyobamba e intentando desarrollar acciones de guerrilla urbana que culminaron el 17 de diciembre de 1996 con la toma de la Embajada de Japón por el comando liderado por Néstor Cerpa Cartolini, que tomó 490 rehenes, entre ellos algunos familiares del presidente Fujimori, ministros y jueces de la Corte Suprema y varios embajadores. La llamada «Operación Chavín de Huántar», ejecutada por 150 tropas de élite el 22 de abril de 1997, condujo a la liberación de los 72 rehenes y al exterminio de la totalidad de miembros del comando asaltante[134]. Desde entonces, este grupo armado ha ido perdiendo relevancia en la escena política peruana.

El movimiento senderista nació diez años después de los primeros desarrollos de la guerrilla guevarista en el Perú, y en un contexto cultural significativamente diferente. En el ambiente represivo pero de extensa movilización popular que caracterizó a los gobiernos militares de la primera mitad de los años setenta se fue articulando una lucha popular que culminó en el paro general de 19 de julio de 1977. Este hecho y la desarticulación política de la izquierda hicieron que ciertos grupos asumieran la vía armada como vía de solución a los problemas nacionales. La dinámica fue, hasta cierto punto, similar al caso español: las expectativas creadas por la transición hacia la democracia a fines de los setenta produjeron un cambio progresivo desde el discurso de la guerra popular al de la lucha por la ampliación de los derechos ciudadanos en el nuevo marco político pluralista.

Como resulta evidente, esta no fue la apuesta política del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL), que nació a partir de una cadena de disidencias producidas en los años sesenta en el seno del movimiento comunista peruano. Como consecuencia de la ruptura entre las líneas comunistas inspiradas por Moscú y Pekín en 1962, el PCP se escindió tras la IV Conferencia Nacional de enero de 1964 y dio lugar al prosoviético PCP-Unidad, que apoyaba la transición al socialismo por la vía pacífica en América Latina, y al prochino PCP-Bandera Roja, partidario de la violencia revolucionaria, y que estaba dirigido por Saturnino Paredes como secretario general. A su vez, este grupo se dividió en 1969 en torno a la caracterización del gobierno de Velasco Alvarado: el PC-Patria Roja lo consideró reformista burgués y el PC-Bandera Roja lo definió como fascista. Una parte de este último grupo, dirigido por Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso (nacido en Mollendo el 3 de diciembre de 1934, vinculado al PCP desde 1961 y catedrático de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga desde 1962), sostuvo la necesidad de clandestinizar el partido. En consecuencia, fundó en enero de 1970 una denominada «Fracción Roja» con el objetivo de asumir el control total de la formación maoísta y empujarla hacia la práctica de la violencia[135]. De ahí surgió en 1970 el PCP «Por el luminoso sendero de Mariátegui» (PCP-SL), como escisión del PCP-Bandera Roja. El inicial núcleo senderista de Ayacucho se elevó en contra de todos los desviacionismos y revisionismos y sobrevivió replegado en la Universidad de Huamanga a lo largo de los años setenta, como grupúsculo obsesionado con reconstruir el PC y emprender la lucha armada bajo la bandera de un Mariátegui reconvertido en precursor del maoísmo[136]. Guzmán tomó de Mao el principio de la guerra popular prolongada, de Trotski la necesidad permanente de acción que se tradujo en la militarización del partido, de José Carlos Mariátegui las ideas de un Perú semicolonial o semifeudal ajeno a la modernidad, y de Pol Pot la convicción de que el ataque sistemático a los símbolos del poder y la creación de «zonas libertadas» producirían la erección de un contrapoder animado por el principio del terror de Estado, funcional y selectivo[137].

El prolongado conflicto armado interno que padeció el Perú entre 1981 y 1992 se inició con la decisión del PCP-SL de declarar la guerra al Estado peruano que deseaba destruir. Ya desde marzo de 1977, el Comité Central senderista celebró la II Reunión Nacional de Organismos Generados y abordó el tema de la estructuración del partido bajo la consigna de «Construir la Lucha Armada», considerando que la reorganización del grupo había avanzado adecuadamente y que disponía de unos cuadros suficientemente cualificados como para iniciar la «guerra popular». Lo que Guzmán definió como «reconstitución del Partido Comunista» y su militarización, no solo precipitaron el «Inicio de la Lucha Armada» (ILA), sino que constituyeron un paso decisivo en el culto a la personalidad de Guzmán, plasmada en la adopción del «pensamiento guía» Gonzalo como canon ideológico inmutable e incontestable del movimiento. Era un proyecto «pedagógico» enormemente simplista y fácilmente transmisible a los estudiantes menos formados. Con su dimensión profética, una fraseología casi bíblica y un hermetismo desconcertante, vinculado a su maoísmo puro y duro, Guzmán actuó como gran simplificador de las complejidades sociales y políticas de la sociedad peruana, a la que transformó en un conflicto bipolar. Henri Favre asegura que la ideología senderista es un maoísmo «mariateguizado», en la que se realzan las similitudes entre la China prerrevolucionaria y el Perú actual como sociedades agrarias con una situación semicolonial y semifeudal que debía ser derribada a través de la guerra popular prolongada que el campesinado había de llevar del campo a la ciudad, «donde se dan las mayores contradicciones sociales». Pero el Perú de los años ochenta era ya un país sin terratenientes gracias a la reforma agraria propiciada por el régimen militar, sin un sistema tradicional de dominio, crecientemente urbanizado y con una población campesina minoritaria.

Haciendo caso omiso de estas realidades insoslayables, el plan subversivo de SL, basado en los escritos iniciales de Mao, se desglosó en cinco fases[138]:

Movilización, agitación y propaganda, con objetivos limitados (1968-1980). El 17 de mayo de 1980 se abordó el «Plan Estratégico de Inicio» para militarizar al partido y llevarlo al punto de no retorno de la lucha armada. Este plan estuvo en vigor hasta fines del año 1980.

«Plan de Desplegar la Guerra de Guerrillas» (enero de 1981marzo de 1983), que implicó el paso a las acciones guerrilleras más convencionales y a las operaciones de sabotaje sistemático, con el establecimiento de zonas guerrilleras para las eventuales «bases de apoyo». Se preveía el crecimiento de los comités populares, que debían fusionarse en las zonas destinadas a actuar como bases de apoyo.

«Plan Estratégico para Conquistar Bases de Apoyo» (20 de mayo de 1983-septiembre de 1986), que suponía la generalización de la violencia en todo el país dentro de la guerra de guerrillas. Se buscaba la reorganización del Partido, la creación formal del Ejército Guerrillero Popular y el establecimiento de la primera «base de apoyo» operativa.

«Plan Estratégico para Desarrollar las Bases de Apoyo Revolucionarias» (noviembre de 1986-julio de 1989), cifrado en la consolidación de las bases de apoyo y el reforzamiento de los comités populares y del EGP, con el establecimiento y la expansión de bases y zonas liberadas.

«Desarrollar Bases para Conquistar el Poder» (agosto de 1989enero de 1992): se trataba de llevar la guerra revolucionaria a una fase de «paridad estratégica política y militar», desarrollando comités populares abiertos y transformando los grupos guerrilleros en pelotones, compañías y batallones, sobre todo en el valle del Huallaga. Luego se generalizaría la insurrección, con el bloqueo de ciudades y pueblos por ejércitos campesinos que llevasen al colapso del gobierno. A partir de ese momento (marzo de 1992) se abriría el Nuevo Plan Estratégico de Desarrollo de la Guerra Popular para Conquistar el Poder en todo el País.

La restauración de la democracia en 1980 marcó el comienzo de la segunda etapa. Desde 1982, la violencia circuló rápidamente por las fases segunda y tercera hasta alcanzar su punto culminante en 1984. En 1988, Guzmán anunció que su campaña estaba lista para desarrollar la quinta fase, y centró su acción en las ciudades, especialmente Lima, donde la guerra insurreccional se intensificó a medida que el Perú ingresaba en un período de penurias económicas.

El inicio de la violencia armada (mayo de 1980-diciembre de 1982)

SL eligió para el inicio de su acción violenta la región de Ayacucho, marginalizada por largo tiempo, pero sometida a una fuerte agitación estudiantil en los años sesenta en torno a reclamaciones como la gratuidad de la enseñanza. Del sangriento «Mayo andino» de junio de 1969 en Ayacucho y Huanta nació SL en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, punto de encuentro de una élite universitaria con una base juvenil provinciana, que sufría un doloroso proceso de desarraigo político y cultural en un sistema social tradicional en franca descomposición[139]. Los intelectuales de este centro de enseñanza superior se sentían herederos de una larga tradición de denuncia sobre la incompatibilidad entre la ciudad colonizadora y mestiza y el campo colonizado e indígena que luego fue reformulada en clave de lucha de clases por el PCP-SL. Las bases sociales del senderismo inicial las constituían una población de provincianos desarraigados, de masa descampesinizada y desindianizada[140]. Como señalaba Favre: «A todos estos individuos que no son campesinos ni obreros, ni rurales ni urbanos, ni andinos ni criollos, que tienen tan poca identidad social como cultural y que están a la deriva, en la anomia, Sendero les ofrece una estructura, normas, valores. A sus frustraciones exacerbadas, una ejecutoria. A una vida inútil, un sentido»[141]. Esto es, SL actuaba como una secta bastante receptiva a la saga de movimientos mesiánicos andinos, con un discurso político reinterpretable por los indígenas[142].

Las continuas derrotas políticas de SL en el frente de masas en los años setenta llevaron a la organización a un progresivo enquistamiento organizativo y a un endurecimiento ideológico que les condujo a la adopción acrítica de un particular tipo de marxismo, escolástico y autorreferencial, donde ya se percibía la importancia de la dimensión militar y violenta[143]. Entre 1977 y 1979, SL se convirtió en un proyecto fundamentalista y potencialmente genocida, ya que concebía la militancia como una experiencia cuasirreligiosa, interpretaba la aparición del Partido como un hecho cósmico que iba en la senda irreversible del materialismo, e identificaba la acción revolucionaria con la violencia terrorista y purificadora. Por entonces, SL era un partido conformado mayoritariamente por maestros de escuela, profesores y estudiantes universitarios, con una presencia muy débil entre el campesinado. A partir de ese momento, la endogamia de la dirigencia, el sectarismo feroz de la actividad ideológica y política (con reuniones de debate entre la «línea roja» representada por Guzmán y el desviacionismo tildado de individualismo burgués de sus contradictores) y el culto a la personalidad del líder supremo actuaron como estrategias principales de supervivencia[144].

El IX Pleno ampliado de 12 de mayo a 5 de julio de 1979 aprobó el «Plan de Definir y Decidir el Inicio de la Lucha Armada», y en la Conferencia Nacional Ampliada de noviembre-diciembre de 1979 se acordó la «Preparación del Inicio de la Lucha Armada (ILA)», a través de tres instrumentos: el Partido, el Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP) y el Frente o Nuevo Estado[145]. Entre marzo y mayo de 1980, SL convocó otra serie de reuniones, y del 2 al 19 de abril de 1980 preparó la «Primera Escuela Militar» donde se acordó el Plan de Inicio de la Lucha Armada. La más importante de las asambleas fue la inicial: el II Pleno del Comité Central, que empezó el 17 de mayo de 1980 y se prolongó hasta fin de mes, donde se planteó «desarrollar la militarización del Partido a través de acciones» que ligasen a SL con las masas campesinas[146]. En mayo, SL comenzó a aplicar la estrategia de «atacar los símbolos del estado burgués». Esta primera etapa subversiva la animaron grupos dispersos que obtenían armas robando dinamita en las minas o asaltando a policías con la intención de formar «destacamentos guerrilleros». La acción simbólica que caracterizó el comienzo de la lucha armada fue el izado de la bandera roja y la quema pública de las urnas electorales en la Oficina del Registro Electoral del Distrito de Chuschi (Cangallo-Ayacucho) el 17 de mayo de 1980, con ocasión de las primeras elecciones generales convocadas tras el fin de la dictadura militar[147]. Con ello, el PCP-SL se automarginó del proceso democrático y dio inicio a una violenta campaña para destruir el Estado peruano. Esta fase pionera estuvo plagada de hechos marginales con poca repercusión nacional. Su foco de acción inicial lo constituyeron las tierras altas de la región de Ayacucho, que fueron sometidas a pequeñas acciones de propaganda, ataques a la policía e intimidaciones contra las ferias comerciales de la sierra. El 8 de agosto se celebró una reunión del Comité Central Ampliado donde se hizo balance de la primera parte del Plan de Inicio de la Lucha Armada y se entró en la fase preliminar de la guerra de guerrillas, que debía durar hasta fin de año. Esta primera etapa se puede dar por finalizada con la disposición presidencial del 29 de diciembre de 1982 que dispuso el ingreso de las Fuerzas Armadas a la lucha contrasubversiva en la región de Ayacucho.

Del mismo modo que el M-19 o las FARC colombianas, el FMLN salvadoreño y el Ejército Guerrillero de los Pobres de Guatemala, SL utilizó una estrategia de guerrilla clásica en la región montañosa de Ayacucho, y una campaña típicamente terrorista en las ciudades[148]. Esta estrategia dual guerrilla rural-terrorismo urbano también ha caracterizado otros movimientos insurgentes como el FLNA o el Viêt-minh y Viêt-cong. Aparentemente, casi todas las organizaciones insurgentes que han adoptado la guerrilla como estrategia principal también han utilizado de forma más o menos regular el terrorismo. A la altura de 1980 Guzmán hablaba de una «guerra de cien años» hasta la obtención del poder. Ello implicaba el cumplimiento a rajatabla del plan subversivo trazado en 1968 sin importar los cambios de coyuntura o las decisiones tomadas por el resto de los actores políticos. Del 4 al 18 de enero de 1981, el Comité Central llevó a cabo su III Sesión Plenaria bajo la consigna de «desarrollar la guerra de guerrillas y abrir zonas guerrilleras en función de las bases de apoyo». Se iba a potenciar la guerra de guerrillas como la parte más larga de la etapa de la defensiva estratégica. El «Plan de Desplegar», se extendió de enero de 1981 a enero de 1983, y tuvo por objetivos las olas o campañas de «conquistar armas y medios» (mayoseptiembre de 1981), «remover el campo con acciones guerrilleras» (octubre de 1981-marzo de 1982) y «batir al enemigo para avanzar hacia las bases de apoyo». A inicios de los años ochenta, la violencia se dirigió a acciones de sabotaje de los servicios públicos, transporte y agua potable, y sobre todo a privar del abastecimiento de electricidad a Lima y la costa económicamente más desarrollada[149]. Hacia mediados de 1981, SL incrementó sus acciones y comenzó a asaltar puestos policiales, en una dinámica de escalada que culminó en el asalto a la cárcel de Huamanga el 3 de marzo de 1982.

La IV Sesión Plenaria del Comité Central realizada en mayo de 1981 precisó los planes iniciales para el desarrollo de la guerra de guerrillas y acordó intensificar radicalmente la violencia con prácticas de «aniquilamiento selectivo». Es en ese contexto cuando se tomó la decisión de «batir del campo», y batir, como dicen los documentos senderistas, era «arrasar. Y arrasar es no dejar nada […] limpiar el campo, incendiarlo, no dejar autoridad política ni del gamonalismo: barrer con todas las autoridades; que el campo sea desbandado y que se limpie el terreno sobre el cual se construirán la bases de apoyo revolucionarias». Había que «descoyuntar el poder de los gamonales, descompaginar el poder de las autoridades y golpear las fuerzas vivas del enemigo […] limpiar la zona, dejar pampa»[150] El objetivo era crear vacíos irremplazables en la estructura del poder local y establecer desde finales de 1982 los Comités Populares que constituían el germen del «nuevo poder» senderista.[151].

En los documentos del PCP-SL se afirma que la lucha armada es la forma más alta de lucha de masas, que consiste en conquistar espacios, defenderlos y consolidarlos, para finalmente desarrollar la ofensiva estratégica[152]. A pesar de que Guzmán presentaba la violencia revolucionaria como violencia calculada y racional en su capacidad de hacer avanzar su proyecto subversivo, siempre otorgó una gran importancia a los impulsos irracionales y a la exaltación y defensa de los símbolos del grupo[153]. Así se entienden la glorificación y la idealización de la violencia como principios del discurso senderista, entendidas como algo natural y fecundo que aceleraba el progreso de la revolución[154]. La dirección senderista fomentaba el odio y toleraba la crueldad de sus militantes más celosos porque las actitudes de ensañamiento contribuían a demoler el viejo orden, transformando los impulsos agresivos en pasión política. La adopción casi celebratoria de hechos de sangre violentos, como formas de purificación y de heroísmo, era algo asumido de forma natural por sus miembros[155]. Al tiempo, tal como se discutió en la IV Sesión Plenaria del Comité Central de mayo de 1981, se inculcaba en la militancia la aceptación de una «cuota» de sacrificio autoinmolatorio, que era visto como un acto heroico que hacía avanzar la guerra popular. SL se despojó del romanticismo de las guerrillas tradicionales, pero nutrió a sus militantes de un fervor casi religioso[156] La perspectiva de un sacrificio glorioso cuando el Partido lo dispusiera fundamentaba y estimulaba el fanatismo político.[157].

En un principio, SL realizó atentados aislados contra la propiedad pública y privada y acciones de propaganda armada, pero la gravedad de sus actos fue aumentando progresivamente, llegando al asesinato a fines de 1981, y a los ataques contra las fuerzas policiales, buscando provocar una mayor dureza en las respuestas estatales en su contra, hasta lograr que se definiese una situación de conflicto armado interno, con toma de ciudades, atentados con explosivo, destrucción de puentes, de puestos de la Guardia Civil o de granjas, cortes de energía eléctrica, etc. En los dos años siguientes a su «declaración de guerra», las acciones se extendieron a los departamentos de Huancavelica y Apurímac, así como a Lima. En abril de 1981, SL culminó la Primera Ola del II Plan Militar. Los atentados habían pasado de las acciones puntuales contra oficinas estatales en pequeños poblados desconocidos del interior a la voladura de torres de alta tensión del sistema interconectado de la Central Hidroeléctrica del Mantaro, valle de la Sierra Central que es la gran despensa de Lima, ya que sus minas aportan buena parte de las divisas para el comercio exterior y es el mayor proveedor de energía eléctrica del país[158]. El primer apagón en la capital tuvo lugar en septiembre de 1981.

Del 12 de octubre al 12 de diciembre de 1981, tras el asalto senderista al puesto policial de Tambo, el presidente Belaúnde decidió decretar el estado de emergencia en cinco provincias del departamento de Ayacucho, donde los llapan atic (cuerpo especial de la Guardia Republicana) y los sinchis (unidades militares contrasubversivas de la Guardia Civil creadas durante la primera oleada guerrillera a campo abierto de mediados de los sesenta) habían ingresado en el conflicto desde mayo, cometiendo en sus incursiones sobre pueblos y caseríos (entre diez y doce al día) toda clase de atropellos, ya que no toleraron la neutralidad de la población, que quedó sumida en una guerra interna de carácter casi colonial[159]. El ejército peruano había utilizado de forma exitosa la doctrina francesa de guerra revolucionaria en su campaña de inicios de 1963 contra el movimiento armado de Hugo Blanco en La Convención y durante la campaña guerrillera de 1965. Quince años más tarde, el nuevo gobierno de Belaúnde creía enfrentar una subversión semejante o incluso un hecho meramente delincuencial, y no otorgó importancia al reto que suponía Sendero Luminoso hasta el asalto a la cárcel de Huamanga (Ayacucho) en la noche del 2 al 3 de marzo de 1982, que acabó con la fuga de 304 presos y el control virtual de la ciudad. Los excesos policiales en Huamanga, y en concreto la muerte el 2 de septiembre de 1982 de la joven activista Edith Lagos en un enfrentamiento con la Guardia Republicana en Apurímac, brindaron al movimiento notoriedad nacional y una cierta simpatía entre los grupos de izquierda. El multitudinario funeral de Lagos, que fue oficiado por el obispo de Ayacucho, dio al movimiento la imagen juvenil y martirial necesaria para su difusión por la Sierra Central, bajo la cobertura de la defensa de los derechos humanos en los que no creían[160].

A lo largo de 1982, SL pasó del «Plan de Desplegar la Guerra de Guerrillas» a la etapa de «generalización de la violencia y el desarrollo de la guerra de guerrillas». Dos conferencias nacionales del partido celebradas en marzo-mayo de 1982 y julio de 1983 debatieron el elenco de acciones violentas a realizar: guerra de guerrillas, sabotaje, terrorismo selectivo y guerra psicológica con once formas o procedimientos: agitación, movilización, sabotaje, asalto, cosechas, enfrentamientos, acción guerrillera, disturbios, toma de pueblos, política de fugas y terrorismo selectivo[161]. Las acciones senderistas se realizaban de acuerdo a las formas de lucha canónicas de la guerra revolucionaria: el combate guerrillero (fomento de siembras y cosechas colectivas, asaltos a puestos policiales, emboscadas contra las Fuerzas Armadas y la policía nacional), la conquista de poblaciones (toma de posiciones, irrupción, inicio de la agitación, juicio popular, aniquilamiento de la población hostil, saqueo, reparto y retirada), los sabotajes (a la red eléctrica, medios de comunicación, fábricas, coches bomba en la calle, etc.), los asesinatos selectivos (sobre autoridades políticas, militares, policiales y civiles, especialmente alcaldes) y la propaganda y agitación armadas a través de movilizaciones, embanderamientos con los símbolos del partido, pintadas, disturbios, bloqueo de carreteras, iluminaciones con fuego, paneles, invasiones, pasquines y paros armados[162].

Entre julio de 1982 y marzo de 1983 se tomó la decisión de «batir el campo». Hacia octubre de 1982, tras la toma de la población de Vilcashuamán el 22 de agosto, finalizó la primera campaña de «Batir 1» del Plan «desplegar la guerra de guerrillas», que había sido iniciada en julio del mismo año bajo la consigna de «luchar contra el gamonalismo y el poder local y aniquilar las fuerzas vivas de la reacción», lo que significaba en la práctica el asesinato de las autoridades comunales y su reemplazo por comisarios representantes del nuevo «poder popular». En la ciudad deberían ejecutarse acciones «principalmente contra la producción», invadiendo y saboteando las fábricas. Además, deberían iniciarse acciones de fuerza mediante campañas de «terrorismo selectivo». Lo cierto es que con el enconamiento de la violencia, entre 1980 y 1982 SL logró poner en fuga a los destacamentos policiales de toda la región centro-sur, que no tenían medios materiales ni siquiera para defender sus propias instalaciones. Lo mismo sucedió con las autoridades políticas locales, la mayor parte de las cuales se vieron obligadas a abandonar sus cargos ante las amenazas de muerte. La adopción de la «justicia popular» senderista favoreció los ancestrales ajustes de cuentas personales, e hizo prevalecer en algunas zonas de la Sierra Central un orden igualitario de ideal colectivo campesino, pero en septiembre-octubre de 1982 los senderistas prohibieron la comercialización de cultivos y abogaron por la autosuficiencia y el autoabastecimiento, lo que supuso el cierre a punta de fusil de las ferias y los mercados regionales con el objetivo de «hambrear la ciudades». Esta polémica decisión rompió el frágil equilibrio económico de la región andina y forzó nuevas relaciones de intercambio desigual y dependencia. Muchas poblaciones se negaron a secundar este juego de tierra quemada, como reveló la declaración de guerra que las comunidades agrarias de Huanta anunciaron a Sendero a mediados de 1983. El control de las comunidades locales y la reducción drástica de la actividad comercial trataban de evitar el abastecimiento de Huamanga, pero ambos objetivos solo se lograron parcialmente y a costa de la hostilidad de la gran mayoría de los campesinos[163].

En general, la subversión senderista, que había brotado en pleno proceso de transición de un régimen militar a uno democrático, fue minusvalorada por las autoridades y los partidos políticos, que la trataron como un problema menor con métodos policiales que tuvieron cierta eficacia en las ciudades, pero consecuencias casi nulas e incluso contraproducentes en el campo. A lo largo de 1982 fue quedando claro que las fuerzas policiales eran impotentes para controlar la expansión del Plan estratégico de inicio de SL en las zonas rurales de Ayacucho, e incapaces de superar la mala imagen que tenían frente a la opinión pública por su debilidad y sus constantes exacciones contra la población. Todo ello se tradujo en una demanda constante al gobierno para que actuase con mayor rigor ante el avance y las provocaciones senderistas. El 27 de diciembre de 1982, el presidente Belaúnde dio un ultimátum de 72 horas a SL para que depusiera las armas, y el 30 entregó a las Fuerzas Armadas el control de la zona de emergencia de Ayacucho. Estas ingresaron en el conflicto con la misma doctrina antisubversiva referida a la «guerra revolucionaria» que se había empleado contra el ELN y el MIR a mitad de los años sesenta, es decir, una estrategia de contraguerrilla convencional en campo abierto que podía resultar contraproducente en zonas pobladas[164]. La represión militar, que actuó en los lugares donde SL había generado un vacío de poder, fue extremadamente cruel, repleta de represalias mutuas contra los «colaboracionistas».

Desde noviembre de 1982 hasta marzo de 1983, el PCP-SL llevó adelante su segunda campaña de «batir el campo» («Batir 2»), en la cual impulsó las siembras y los cultivos colectivos, así como el reparto de las tierras confiscadas. Se obligó a los pobladores a reducir drásticamente el volumen de la producción que se enviaba al mercado y dedicarse a la subsistencia para ahogar a las ciudades. Eso produjo la sublevación de comunidades y el inicio de una nueva espiral de violencia: una columna senderista fue masacrada en Huaychao el 21 de enero de 1983, y cinco días más tarde sucedieron hechos similares en Uchuraccay, aunque el 7 de febrero del año siguiente una columna senderista penetró en la localidad fingiendo ser policías y asesinó a 36 campesinos[165]. El hecho luctuoso más importante de esta etapa (que se convirtió en hito de la «guerra popular», ya que fue la primera matanza indiscriminada que en lo sucesivo caracterizaría la acción revolucionaria de SL) ocurrió en Lucanamarca el 3 de abril, cuando tras la matanza de tres senderistas y la captura de otros siete en Saccsamarca el 16 de febrero de 1983, la propia dirección central de SL planificó y ordenó la masacre de 80 pobladores[166]. Lo sucedido fue un ejemplo aleccionador de la manipulación de los conflictos campesinos: Sendero dio vertebración política a la sucesión de venganzas por el control y la emancipación de las comunidades campesinas, iniciadas en 1982, con una decisión de extremada violencia tomada por la Dirección Central para «sofrenar» o disuadir a los posibles oponentes en el ámbito agrario mediante el uso del terror indiscriminado[167]. La respuesta de los campesinos y las represalias senderistas marcaron el inicio del horror cotidiano en el Ayacucho de los años ochenta: en Huanta desaparecieron 68 comunidades por efecto de la represión de SL y las Fuerzas Armadas, y 75 sufrieron la misma suerte en el departamento de La Mar.

Los actos violentos se recrudecieron, y el 3 de diciembre de 1982, cumpleaños de Guzmán, el PCP alumbró al Ejército Guerrillero Popular (EGP). En la nueva organización armada, cada militante debía asumir la responsabilidad de proporcionarse su propio armamento. Para la Navidad de 1982, SL ya había expulsado a la mayoría de las autoridades civiles y policiales de los pueblos cercanos a Ayacucho. La clave de esta expansión fue la militancia de un número de jóvenes rurales con educación secundaria, o incluso con últimos años de primaria, que engrosaron las filas senderistas, constituyendo el sector más activo de los organismos generados por SL en el campo, y posteriormente de los órganos de poder del «nuevo Estado»[168].

La militarización del conflicto (enero de 1983-junio de 1986)

Esta etapa abarca desde la instalación el 1 de enero de 1983 del Comando Político-Militar de Ayacucho a cargo del general Roberto Clemente Noel Moral (antiguo jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército) hasta la matanza de los penales limeños del 18 y 19 de junio de 1986. El año 1983 marcó la recuperación de la zona de emergencia inicial por parte de las Fuerzas Armadas dirigidas por el general Noel y la expulsión de SL a la periferia de la misma. Noel recurrió a la desaparición y asesinato de personas, hasta que en 1984 su estrategia de «tierra quemada» fue sustituida por la política asistencial del general Adrián Huamán Centeno, quechuahablante y de origen comunero campesino, que en agosto de 1984 fue reemplazado por el coronel Wilfredo Mori Orzo, que reasumió la línea represiva de Noel[169].

Las provincias serranas del centro-sur contemplaron la «conquista fallida» del poder por los senderistas en los años ochenta y comienzos de los noventa. La acción se concentró en el foco ayacuchano y en los empobrecidos departamentos de Apurímac y Huancavelica. De enero a abril de 1983, Sendero celebró la III Conferencia Nacional del Comité Central Ampliado, en la cual se acordó el «Gran Plan de Conquistar Bases» que duraría hasta septiembre de 1986. Se establecieron cuatro tareas políticas: la reorganización general del Partido, el desarrollo del Ejército Guerrillero Popular (EGP), la formación del comité organizador de la República Popular de Nueva Democracia y la creación del Frente Revolucionario de Defensa del Pueblo como organización de masas. Es decir, se decidió iniciar la construcción del «nuevo Estado» con todas las instancias de apoyo contempladas por la más ortodoxa estrategia revolucionaria maoísta. Se contemplaron, además, planes de expansión del trabajo partidario, se abrió el proselitismo en la zona del Huallaga y se impulsó la ampliación de la lucha en las ciudades. En 1982, Sendero había creado en las urbes el Socorro Popular para desarrollar la solidaridad con los presos y brindar apoyo logístico a los combatientes. En 1986, el Socorro Popular fue militarizado. En Lima existían cinco destacamentos que a inicios de 1987 iniciaron los asesinatos de dirigentes comunales y vecinales. De 800 miembros de 1979 pasó a 2000-3000 en 1983[170].

A partir de 1983, cuando iniciaron su campaña para «conquistar bases», los grupos senderistas adoptaron una actitud mucho más coactiva frente a los campesinos, utilizando métodos de lucha que debieran de haberle enajenado el apoyo social. Fue una acción vertical de marcado tono autoritario que utilizó el terror a través de juicios populares, comandos de aniquilamiento y asesinatos rituales más o menos indiscriminados. La acción terrorista (propaganda armada, sabotajes, aniquilamientos selectivos, asaltos a puestos policiales o a minas, toma de pueblos o barrios) comenzó en el campo para facilitar la constitución de «zonas liberadas» donde los Comités Populares destruirían el viejo orden y pondrían en práctica los principios de la República Popular de la Nueva Democracia. Fue una violencia ejemplarizante, que recuerda las grandes purgas de Stalin, Mao o Pol Pot: las ejecuciones estuvieron dirigidas contra los representantes y partidarios del gobierno en las áreas iniciales del conflicto armado (Ayacucho, Apurímac, etc.), por lo que la mayor parte de las víctimas se contaron entre las autoridades locales y los campesinos acomodados identificados como «enemigos del pueblo», y no entre miembros de las élites políticas o económicas del país. Cuando un alcalde era asesinado, se producía en la comarca una oleada de renuncias, lo que suponía la virtual desaparición de la presencia estatal. Con ello se trataba de profundizar la crisis política, ahuyentar al Estado de las áreas rurales y hacer tabla rasa de las estructuras establecidas para establecer la República Popular de la Nueva Democracia bajo el lema «destruir para construir». Como el mito del Pachacuti andino, la revolución era presentada más como un vuelco del viejo orden que como una progresión lineal en sentido marxista[171]. Era una fuerza efectiva, brutal en su lectura de la marcha ineluctable del destino histórico. Carlos Iván Degregori interpreta Sendero como movimiento de «nuevos mistis» (élite universitaria provinciana) que no tuvo acogida entre los campesinos debido al menosprecio senderista por las instituciones sociales y las manifestaciones culturales del mundo quechua. Al final, «los mistis convertidos en revolucionarios resultan derrotados por “indios” transformados en ronderos»[172]. Por el contrario, para Flores Galindo, el senderismo mantiene un fuerte sustrato cultural andino que apela a los resentimientos históricos y a las esperanzas mesiánicas de esas poblaciones, elaborando un discurso utópico autónomo, mesiánico e igualitario, centrado en una transformación radical (Pachacuti) de la que emergería una sociedad caracterizada por la justicia[173].

A inicios de 1984 se produjeron los primeros atisbos de una reacción defensiva espontánea: muchas comunidades iniciaron la organización de «montoneras», luego transformadas en Comités de Autodefensa Civil. SL pasó a refugiarse en las cabeceras de montaña y en la selva, y amplió sus áreas de influencia en el norte (Junín, Cerro de Pasco, Ancash y Huánuco) como nuevas zonas de operaciones, en la que ante la falta de voluntarios comenzaron los enrolamientos coactivos de jóvenes.

A lo largo de 1984 y 1985, la lucha contra el ejército y las autodefensas campesinas desarticuló buena parte del entramado militar de SL, que sufrió 3996 muertos y 2742 capturados. El grupo armado hubo de reducir su actividad en Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, y abrió zonas operativas en el Alto Huallaga (vinculado a la producción de cocaína en los departamentos de Huánuco y San Martín) y los departamentos de Pasco, Cajamarca, La Libertad, Junín, Puno y Cusco. Queda claro que a mediados de los ochenta Sendero empezó a perder el campo. Contra el parecer de Osmán Morote, (alias) «Nicolás», y del jefe militar Óscar Ramírez Durand, (alias) «Feliciano», Guzmán propuso acentuar la violencia, considerando que incitar al genocidio aceleraría la derechización del APRA e incrementaría la represión estatal. A inicios de 1984, Sendero descendió hacia las ciudades como Cerro de Pasco, Huancayo o Lima. Pero su área privilegiada fue la alta Amazonía y el valle del Alto Huallaga, donde compartía intereses con los narcotraficantes.

Para entonces, 26 provincias estaban en estado de emergencia. La estrategia militar consistió en la ocupación del territorio mediante el establecimiento de unas sesenta bases contrasubversivas en puntos estratégicos que controlaban las rutas y los centros de comunicación en todo el ámbito de la zona de emergencia, con lo que trataba de limitar los desplazamientos de los grupos armados senderistas. El ejército utilizó dos tipos de contrainsurgencia: la «escuela francesa» (basada en las experiencias de la guerra de Argelia) donde gestionaba los recursos de gobierno local (servicios públicos, carreteras, educación, recreo) para controlar la zona de emergencia (con los peligros consiguientes de alienarse el apoyo popular y fortalecer el poder político de un ejército tentado por el pretorianismo), y la «doctrina británica» perfeccionada por el general Gerald Templer en Malasia en los años cincuenta, que contaba con el establecimiento de una estructura de responsables civiles apoyados por el ejército y la policía. Los contactos entre estos responsables civiles, las fuerzas de seguridad y la población era la base del sistema de control. Entre 1991 y 1992, el gobierno de Alberto Fujimori osciló entre ambas doctrinas, y acabó por inclinarse hacia la alternativa represiva «a la francesa»[174]. Luego se optó por una vía mixta: la de los Comités de Defensa Civil (CDC), más conocidos por rondas campesinas. A partir de 1984 se formaron —presionadas por los militares o por voluntad propia de los campesinos— las primeras rondas antisubversivas en la provincia de Huamanga y en el valle del río Apurímac. Estas milicias rápidamente ganaron protagonismo en la lucha contra SL y lograron en cierta medida neutralizar a los grupos subversivos. Las rondas fueron legalizadas en 1992, y en 1994 alcanzaron la cifra de 5786 grupos, con 400 360 ronderos y 15 390 fusiles proporcionados por el gobierno[175].

Sendero no tomó nota de esta creciente movilización «popular» en su contra. En la III Conferencia del Comité Central celebrada entre enero y abril de 1983 se había aprobado la fase de «El Gran Salto», que debía cumplirse a partir de junio de 1984 y que incluiría cuatro campañas: «Construir el Gran Salto» (junio-noviembre de 1984); «Desarrollar el Gran Salto» (diciembre de 1984-abril de 1985); «Potenciar el Gran Salto» con el desarrollo de la «guerra popular» (junio-noviembre de 1985) y «Rematar el Gran Salto» (diciembre de 1985-septiembre de 1986), dirigidas sobre todo a debilitar al nuevo gobierno del APRA, que había llegado al poder en las elecciones de abril de 1985. Estas campañas fueron muy importantes para asegurar el «trabajo» senderista en Lima. Bajo la consigna de militarizar el Partido, el PCP-SL se planteó como objetivo la reorganización total de sus diversas instancias. En 1985, Guzmán propuso «inducir genocidio», esto es, exacerbar las acciones violentas de Sendero para provocar la represión indiscriminada de las fuerzas del orden. La primera consecuencia de esta decisión fue lo que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) ha denominado la «militarización del conflicto». Sendero Luminoso dividió Perú en varias regiones militares, perfeccionó la estructura del EGP y realizó acciones guerrilleras como ataques a puestos policiales y emboscadas a patrullas militares, sin abandonar los asesinatos selectivos y los atentados terroristas. El Ejército Guerrillero Popular comprendía tres clases de milicia: las «fuerzas principales», las «locales» y «de base». Cada región militar tenía una «fuerza principal» que se movía a lo largo de ella en la medida de lo posible. Las «fuerzas de base» eran las que realizaban las acciones terroristas, y su objetivo final era «armar a todas las masas».

En 1983-1984, la violencia provocó más de la mitad de las bajas totales de la década. La «guerra sucia» se cobró 5500 muertos, sobre todo en Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, las zonas más pobres del país. Esta represión militar «a la argentina» se tradujo en masacres sucesivas en Sacos (por sinchis de la antigua Guardia Civil en noviembre 1983), Pucayacu (por infantes de marina, en agosto de 1984), Putis (por unidades del ejército, en diciembre de 1984) y Accomarca, donde el 14 de agosto de 1985 más de 60 campesinos fueron asesinados por el ejército. Pero esa represión indiscriminada no solo no destruyó a SL, sino que con frecuencia postergó la ruptura entre senderistas y campesinos, que ya se insinuaba en lugares como Lucanamarca o Huaychao. La guerra sucia contrainsurgente desvió la respuesta violenta y desalentó la ruptura abierta con los insurrectos. De este modo, Sendero pudo sobrevivir y expandir luego su presencia a toda la sierra, desde Cajamarca hasta Puno, convirtiéndose durante los cinco años siguientes en una fuerza de envergadura nacional, que pareció tener en jaque al Estado peruano.

En julio de 1984 se encontraron varias tumbas colectivas de ejecuciones extrajudiciales, y el gobierno de Alan García denunció por vez primera las violaciones de derechos humanos. El presidente destituyó al jefe del comando político-militar de Ayacucho Wilfedo Mori a raíz del caso Accomarca, pero no derogó el decreto firmado por Belaúnde en junio de 1985, que regulaba las atribuciones de los comandos político-militares. Con todo, el gobierno aprista realizó un análisis crítico de la política represiva que se había llevado hasta la fecha, y en 1985-1986 permitió la constitución de una Comisión de Paz con voluntad de hacer frente a las violaciones de los derechos humanos. En septiembre de 1985, García destituyó al presidente del Comando Conjunto por la implicación del ejército en el asesinato de civiles, pero las masacres perpetradas en los penales (donde Sendero había planteado un nuevo escenario de la «guerra popular» prolongada, con el designio de transformar las cárceles bajo su control en una avanzada subversiva en el corazón de Lima)[176] de El Frontón (119 muertos), Lurigancho (124 muertos) y Santa Bárbara los días 18 y 19 de junio de 1986 quebraron esta línea reformista. Con todo, el presidente efectuó una amplia purga en el ejército y la policía[177] que llevó a nuevas detenciones de militares y a una ruptura entre el gobierno y el ejército, cuyos oficiales se negaron a actuar en las zonas de emergencia sin órdenes escritas. El APRA recurrió entonces a la policía, a la que dotó de armamento de guerra.

Todo ello jugó a favor de la estrategia de provocación y polarización de Sendero[178], que con el deterioro de la situación del gobierno reforzó su acción a partir de 1987, abandonando la estrategia de la guerra popular prolongada en los campos y quemando etapas en la ciudad con paros armados (mezcla de agitación y propaganda armada, sabotaje, aniquilamiento selectivo y combate guerrillero en un contexto de huelga general forzada[179]), atentados contra diputados, militares, diplomáticos, hoteles, etc. El asesinato el 29 de agosto de 1987 del dirigente aprista Rodrigo Franco en Lima abrió el camino al despliegue de «escuadrones de la muerte» que fueron tolerados, cuando no organizados, por el gobierno[180]. En julio de 1987 comenzaron las acciones parapoliciales del autodenominado Comando Rodrigo Franco, presuntamente creado por el Ministerio de Defensa para reducir la implicación militar en la «guerra sucia». El 28 de julio de 1988, este grupo asesinó a un abogado de los senderistas, y durante el mes de noviembre desplegó bombas y amenazas de muerte en Lima, matando a un periodista[181].

El despliegue nacional de la violencia (junio de 1986-marzo de 1989)

Esta etapa va desde las matanzas de los penales de junio de 1986 hasta el 27 de marzo de 1989, fecha del ataque senderista, con apoyo de narcotraficantes, al puesto policial de Uchiza en el departamento de San Martín. A partir de 1986, el conflicto armado salió de los departamentos iniciales en los que se produjeron las acciones de los primeros años y alcanzó una extensión nacional. En el tercio final de la década, Sendero situó su centro de gravedad en la zona del Alto Huallaga, Aguaytía-Pucallpa y la selva de Junín, donde consolidó su presencia y su alianza con el narcotráfico[182].

La masacre en los penales de Lima marcó un punto de inflexión en la violencia, que echó por tierra la posibilidad de una estrategia contrasubversiva respetuosa de los derechos humanos, como había prometido el presidente Alan García cuando aseguró que «no combatiremos la barbarie con la barbarie». Pero entre 1986 y 1989 se pudo constatar el creciente control de las fuerzas gubernamentales en las áreas rurales de las regiones meridional y central del país. Luego del pico alcanzado en 1986 (por ejemplo, el 25 de junio hubo un atentado en el tren turístico a Machu Picchu que costó siete muertos), las acciones del PCP-SL decrecieron continuamente hasta 1988, y bien se puede afirmar que esta coyuntura marcó el ocaso senderista en Lima. Pero al tiempo, en una muestra de voluntarismo extremo, el «Gran Plan de Desarrollar Bases de Apoyo» fue acordado en la IV Conferencia Nacional de SL celebrada en octubre de 1986, donde se plantearon cinco tareas: desarrollar el Comité Regional del Norte, desarrollar el EGP, perfeccionar el despliegue ideológico-político y orgánico del Partido y desarrollar la incorporación de las masas.

Ante las crecientes dificultades que encontraba en el campo, Guzmán propuso en el I Congreso del PCP-SL celebrado entre fines de enero e inicios de febrero de 1988 poner el énfasis en el trabajo del partido en la ciudad. Ordenó que «el equilibrio estratégico remeciera todo el país», e impuso la ofensiva en las zonas urbanas hasta lograr la paridad de fuerzas, sobre todo en Lima. Todo esto implicaba el endurecimiento de la relación con la población en la sierra y la selva. Para ello se buscó la apertura de nuevos frentes, tarea que parecía más factible ante la agudización de la crisis económica: desde mediados de 1987, Sendero desarrolló acciones más directas, desde la intensificación de la propaganda en las fábricas hasta el sabotaje en factorías de la Carretera Central, asesinato de empresarios y de dirigentes «traidores». Igualmente, buscó desarrollar la confrontación del movimiento sindical con las fuerzas del orden, infiltrándose en las huelgas y los conflictos laborales para hacerlos derivar hacia la violencia. El 19 de enero de 1989 convocó el primer paro armado en la Carretera Central (que coincidió con la destrucción de la SAIS Cahuide, cuyos enseres y ganado fueron distribuidos entre los pobladores), en abril se infiltró con poco éxito en diversos sindicatos y se hizo sentir en los asentamientos populares con un incremento de las acciones de propaganda, ya que Lima se convirtió en el objetivo prioritario de su estrategia.

El paroxismo de la violencia: ofensiva subversiva y contraofensiva estatal (marzo de 1989-septiembre de 1992)

La etapa decisiva de la guerra se inició inmediatamente después del asalto senderista al puesto de Uchiza y culminó el 12 de septiembre de 1992 con la captura en Lima de Abimael Guzmán y algunos de los principales dirigentes de su organización realizada por el Grupo Especial de Investigación de la Policía (GEIN[183]). Tras el I Congreso del PCP-SL celebrado en la primavera de 1988, Guzmán propuso pasar a la fase de «equilibrio estratégico» y de preparación de la contraofensiva para la conquista del poder. Se diseñó el V Plan Militar centrado en «Desarrollar Bases en Función de la Conquista del Poder», cuya primera campaña consistió en «Impulsar el desarrollo de las bases de apoyo» entre agosto de 1989 y febrero de 1990. Paradójicamente, esta reactivación condujo al PCP-SL a su derrota. En palabras de Feliciano: «salimos del Congreso y teníamos que hacer operaciones, operaciones, operaciones», es decir, emboscadas a patrullas militares y asaltos a puestos militares, aumentando los enfrentamientos con las fuerzas del orden. Según la doctrina de Mao Zedong, en la «guerra popular» existen tres fases: la defensa estratégica, el equilibrio estratégico y la ofensiva estratégica, de acuerdo a la forma como evoluciona la correlación entre las fuerzas de la revolución y las de la contrarrevolución, y para cada una de ellas existe una estrategia adecuada. Pasar de la «defensiva estratégica» al «equilibrio estratégico» en la guerra supone que política y militarmente se ha alcanzado un grado de desarrollo tal que se abre la etapa en que el poder central se empieza a desmoronar y puede ser conquistado. Guzmán señalaba que en esta etapa de «equilibrio estratégico» debía producirse el asalto y la toma de ciudades como Huanta y Ayacucho, a la vez que el incremento de acciones en Lima. El objetivo era cercar las ciudades desde el campo, pero tomando el campo como base y la ciudad como complemento. Esto suponía asumir que la organización insurgente contaba con fuerzas regulares (es decir, con un ejército) capaz de pasar de las acciones irregulares, características de la defensiva estratégica (acciones de propaganda armada, sabotaje, atentados, terrorismo, guerra de guerrillas), a la primera forma de guerra regular: la guerra de movimientos, donde ya es posible desarrollar enfrentamientos regulares con profesionales de la guerra organizados en ejércitos basados en división de armas y cuerpos (artillería, caballería, ingeniería, logística, etc.), aunque las fuerzas insurgentes aún no estén en condiciones de defender territorios y deban combinar su estrategia con acciones de guerrillas. Para esta tarea, SL contaba con el EGP, estructurado sobre el papel en un comando unificado, destacamentos, compañías, secciones, milicias y células o pelotones de unos cinco miembros. El partido se organizó en seis regiones militares, cada una con una Fuerza Principal conformada por elementos bien adoctrinados, que actuaban en el campo de forma permanente por medio de operaciones terroristas a gran escala (toma de pueblos, asesinatos, sabotaje, emboscadas), y una Fuerza Local (guerrilla) integrada por militantes que residían en un poblado, localidad o comunidad donde llegaba la influencia senderista, cada una con su propio Comité Popular Abierto (CPA), con su secretario y cuatro comisarios: para seguridad, producción, asuntos comunitarios y organización popular[184]. El conjunto de varios comités populares clandestinos formaba una Base de Apoyo dirigida por una «columna principal» de 7 a 11 militantes del PCP-SL, uno con el mando político y el otro con el militar.

Después de un ataque senderista, los integrantes de la Fuerza Local volvían a sus quehaceres habituales, aunque algunos eran reclutados para la Fuerza Principal. Por último, la Fuerza de Base estaba conformada por la totalidad de los habitantes de los poblados en donde había incursionado SL y eran captados para tareas de apoyo. En las ciudades conformaban «milicias» permanentes o transitorias, que actuaban como fuente de información y cobertura de las acciones armadas. Ello implicó de grado o por fuerza a unas 20 000 personas, y llevó a la infiltración de SL en la organización de los «pueblos jóvenes» o poblaciones suburbiales que rodean Lima. Guzmán elaboró el mito del «cinturón de hierro» popular que ahogaría la ciudad, conmocionada por la crisis económica y por el colapso de los servicios sociales del Estado a partir de 1988. En este contexto se insertó a partir de 1991 la política de confrontación directa por el liderazgo vecinal en Villa El Salvador, «pueblo joven» (barrio periférico) especialmente vulnerable a la intimidación senderista, que trabajaba incrementando las contradicciones internas en estas comunidades que brindaban un espacio de tolerancia y complicidad a las actividades de SL en Lima. Se trataba de destruir posibles terceras vías políticas (al populismo aprista y al revolucionarismo senderista) que eran repuestas izquierdistas a historias regionales y locales de lucha social[185]. Pero el que no hubiera apenas represión estatal de los activistas de las organizaciones populares en la periferia de las ciudades evidencia lo claramente diferenciado que se hallaba SL frente a una izquierda defensora de los derechos humanos, que a diferencia de los conflictos centroamericanos actuó con plena libertad e independencia.

A pesar de la presencia fantasmal del tan cacareado EGP, las acciones senderistas no rebasaron las características de una guerra irregular. Nunca se llegó a formar un verdadero ejército con el cual desarrollar combates regulares ni siquiera en la región del Huallaga, donde más se avanzó militarmente. Sendero necesitaba del apoyo activo del campesinado, y al incrementar sus demandas de activismo (reclutamiento de jóvenes, víveres, apoyo social…) atentó contra el frágil equilibrio de la adaptación en resistencia que prevalecía en muchos lugares[186]. Cuando en las bases se producían actitudes remisas a la lucha, Sendero reforzaba sus mecanismos de control interno y de represión sobre la población. Toda voluntad e iniciativa quedaba bloqueada, y las supuestas bases o comités populares se convertían en zonas cautivas, en una suerte de campos de concentración en medio del terror absoluto y el poder de la «dominación total» senderista[187]. El desprecio de SL por las prácticas socioculturales específicas del campesinado andino (plasmado en el cierre de mercados, la persecución de autoridades comunales, el descuido de las dinámicas y los vínculos locales) y su culto obsesivo de la violencia asesina empujaron a los campesinos y los comuneros andinos en su contra. El partido atizó una espiral de violencia encaminada a volcar el apoyo campesino, pero lo que logró fue que las rondas antisubversivas comenzaran a multiplicarse hasta que, a fines de la década de los ochenta, SL quedó entrampado en una suerte de guerra de posiciones contra los Comités de Defensa Civil (CDC) y las rondas campesinas. A partir de 1989, la estrategia antisenderista del gobierno ya no se organizó en zonas y subzonas de seguridad nacional, sino en frentes contrasubversivos definidos y dinámicos en función del despliegue y actividades de SL, sobre todo en Junín y Pasco. Además, desde marzo de 1988, los CDC comenzaron a organizarse en el valle del Apurímac, y a presionar sobre las bases de SL en las cabeceras de montaña. Todo ello obligó al partido a mejorar su sistema de control, vigilancia, terror y dominación, incrementando la violencia ejemplificadora dentro de los comités populares para imponer una estructura totalitaria, aumentando el nivel de violencia terrorista sobre la población civil[188], e incluso implicando a las redes familiares en la represión. La irrupción de esta estrategia totalitarista, muy similar al caso camboyano, entre mayo de 1985 y junio de 1986 se tradujo en un incremento de las acciones contra las rondas, de modo que la violencia se hizo más indiscriminada entre 1988-1889 e inicios de 1990.

Proclamar en tales condiciones que se había alcanzado el «equilibrio estratégico» era una apreciación absolutamente subjetiva, que representó una especie de huida hacia delante: Sendero debía haber afrontado de forma crítica su pérdida de presencia en el campo a medida que las masacres contra las pequeñas poblaciones de la sierra se mostraban inútiles para impedir la generalización de las rondas campesinas[189]. Pero la respuesta de Guzmán fue intensificar las acciones armadas en la ciudad, aprovechando la situación de crisis social y los indicios de descomposición del Estado en el último período de gobierno del APRA, proclamando que, en el marco del despliegue del V «Gran Plan Militar», las campañas armadas debían impulsar el ensayo de modalidades preinsurreccionales de acción en las ciudades, que prepararían las condiciones para el asalto definitivo al poder. Este «Gran Plan» era pura ficción, porque el mismo EGP era una entelequia: un «batallón» reunía a veces solo quince miembros armados de la Fuerza Principal y cuarenta campesinos de la Fuerza Local y de apoyo. Del total de efectivos del EGP, solo un 11 % lo constituían militantes del partido. En las Fuerzas Principales, los militantes superaban el tercio, pero en las Fuerzas Locales y de Base bordeaban la décima parte. Solo el 5 % del total del EGP estaba en las ciudades: el 4 % de la Fuerza Principal, el 5,8 % de las Fuerzas Locales y el 4,7 % de las Fuerzas de Base. En Lima apenas estaban ubicadas el 2,3 % de las fuerzas armadas totales de Sendero. La RAND Corporation calculaba en 25 000 los senderistas alzados en armas en el momento de la captura del «Presidente Gonzalo», pero solo 3000-5000 eran combatientes «profesionales». No es, por tanto, de extrañar que para Alberto Ramírez Durand, «Feliciano», uno de los principales dirigentes de la organización, la situación quede resumida en una frase: «Abimael Guzmán hacía la guerra del Nintendo», con batallones y compañías ficticias. Según el mismo Guzmán, el poder militar de SL para desarrollar el «equilibrio estratégico» eran 1000 hombres de la Fuerza Principal y del Ejército Guerrillero Popular, más o menos unas 800 armas de guerra y otras 500 armas de fuego, 5500 miembros de las Fuerzas Locales con armas elementales y bombas artesanales, y 30 000 de las Fuerzas de Base, que eran en realidad simples campesinos coaccionados, con nula capacidad combativa. Como sentencia Carlos Tapia: «Desde un principio la concepción global que servía de guía para la estrategia de SL llevaba el signo de la derrota. Lo sorprendente es el tiempo que esta demoró. Pocas veces la historia latinoamericana ha contemplado un caso donde la frivolidad, la inacción o la encubierta conciliación ante el accionar de la subversión terrorista, llevaran a un país al borde del abismo»[190].

A inicios de la década de los noventa, la relativamente cómoda situación de SL en el Alto Huallaga fue declinando con la crisis del negocio de la droga y el desplazamiento de los narcotraficantes hacia el sur. Fue entonces cuando se fue abandonando la lucha guerrillera en el campo y se optó por el terrorismo como forma preferente de lucha armada. Entre 1989 y 1992, más de 3000 personas murieron cada año en atentados. El año 1989 fue uno de los más difíciles de la historia republicana, ya que marcó el clímax de un período de crisis que se prolongaría hasta 1992. El nuevo gobierno de Alberto Fujimori mantuvo la estrategia «integral» trazada por las Fuerzas Armadas en la última etapa del gobierno aprista (Directiva n.º 017 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para la Defensa Interior firmada en diciembre de 1989 por el general Artemio Palomino Toledo), que contemplaba la comisión de violaciones de los derechos humanos menos numerosas pero más premeditadas. En el primer semestre de 1990 se crearon los llamados «frentes contrasubversivos» del Huallaga, Mantaro, Inca y Ucayali, bajo la dirección del Comando Conjunto, lo que permitió a las Fuerzas Armadas una acción represiva más ágil, fluida y coordinada[191].

De marzo de 1990 a febrero de 1991 se desarrolló la segunda campaña senderista que tuvo como consigna «Desarrollar la guerra popular y conquistar el poder», y a la que debía seguir una tercera campaña para «Rematar el Plan de impulsar apuntando contra el Gobierno de Fujimori» (febrero de 1991-enero de 1992).

El 5 de abril de 1992, tras el golpe de Estado que quebró el orden constitucional, Fujimori promulgó una serie de disposiciones que endurecieron la legislación antiterrorista (decretos legislativos nos 25 475, 25 499, 25 659 y 25 744) sin contemplar el respeto de garantías mínimas del debido proceso, y que favorecieron la impunidad con la que el grupo paramilitar Colina perpetró las matanzas en Barrios Altos y en La Cantuta a inicios de los años noventa[192].

En mayo de 1991, con más del 55 % de la población del país en estado de emergencia, SL aseguró haber logrado la «paridad estratégica». El período de abril a septiembre de 1992 fue en Lima la etapa culminante de la violencia senderista: en el primer semestre de ese año, 32 coches bomba causaron medio centenar de muertos en la capital. Tras la masacre de unos 40-50 senderistas en el penal de Canto Grande del 6 al 9 de mayo de 1992, el 17 de julio se produjo la explosión de un coche bomba en la calle Tarata, en una de las zonas más densamente pobladas del distrito limeño de Miraflores, que causó treinta muertos y más de cien heridos, pero que supuso un revulsivo de alcance nacional y una derrota propagandística para la organización terrorista, crecientemente alienada de la sociedad peruana.

Cuando Abimael Guzmán y la mayor parte del Comité Metropolitano de Sendero fueron capturados por el GEIN el 12 de septiembre de 1992 en Los Sauces (distrito de Surco), el partido estaba cerrando la segunda campaña de su V Plan Militar y se preparaba para iniciar el VI —y último, según Guzmán—, que debía terminar presumiblemente hacia el año 1996 con la supuesta conquista del poder. Se trataba de una evaluación profundamente errónea, que subestimaba la capacidad de recuperación del Estado y, sobre todo, la resistencia que la acción senderista había provocado, particularmente en el campo, así como la nueva estrategia de las Fuerzas Armadas y su inmensa superioridad en efectivos y medios. Tras su captura, Guzmán abandonó casi inmediatamente la tesis del «equilibrio estratégico», y en octubre de 1993 solicitó al gobierno un «acuerdo de paz», haciendo un reconocimiento explícito y sumamente elogioso del gobierno dictatorial de Alberto Fujimori y de su asesor Vladimiro Montesinos. Se trataba, como reconoció Guzmán en 1994, de pasar de la «política con derramamiento de sangre» a la «guerra sin derramamiento de sangre» o política de choque, para retomar la primera cuando se presente la próxima «nueva ola» de la revolución mundial[193].

El cambio de estrategia de Guzmán tomó por total sorpresa a SL, que inició una fragmentación irreversible. Para 1992, nueve décimas partes de sus dirigentes habían sido capturados. Además, la Ley de Arrepentimiento dictada por el régimen en mayo de 1992, y finalmente derogada en noviembre de 1994, golpeó el aparato partidario, favoreciendo la deserción de muchos militantes. Se produjo una deriva polpotiana de los restos de SL, que pasaron a zonas marginales de la selva con escasa presencia estatal para continuar realizando actividades ilegales vinculadas con el narcotráfico[194]. Actualmente Sendero Rojo, dirigido por Óscar Ramírez Durand, «Feliciano», hasta su captura en 1999, tiene un millar de militantes activos, aunque más de 6000 terroristas se rindieron en aplicación de la Ley de Arrepentimiento. El resto mantuvo acciones de intensidad decreciente, que aceleraron el proceso de inversión del movimiento: unificación de la población en contra, en lugar de disgregarla; movilización militante en lugar de paralizarla, e impulso a la deserción de los militantes menos firmes, en lugar de retenerlos.

La guerra impulsada por Sendero Luminoso no fue una rebelión regional de base campesina, ni un levantamiento milenarista, arcaico o prepolítico. Su violencia no resultaba gratuita, descontrolada o indiscriminada, sino que respondió al modelo canónico de una guerra revolucionaria que se proyectaba como de larga duración. No apuntaba a obtener éxitos militares, sino a paralizar la economía y a desestabilizar al gobierno empujándolo a tomar decisiones cada vez más impopulares, forzado por el descontrol de la situación. Como señala Stern, Sendero demostró tener una asombrosa capacidad para unir una astucia extrema con una ignorancia igualmente extrema[195]. Se aprovecharon y agudizaron las contradicciones en el ámbito rural que conocían bien, pero su abusiva ideologización les alienó a la postre el apoyo campesino. Si bien todo esto resulta cierto, también lo es que la prolongación y relativa eficacia de la campaña terrorista impulsada por Sendero Luminoso se explica por la extremada debilidad (de recursos) e incompetencia (en sus erráticas estrategias contrasubversivas) de los sucesivos gobiernos de la época.

El coste del conflicto armado de los años ochenta y noventa es aún objeto de debate. Si bien la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) solo ha recibido informes de 23 969 peruanos muertos o desaparecidos, los cálculos y las estimaciones estadísticas realizadas permiten afirmar que la cifra total de víctimas fatales del conflicto armado interno superaría en 2,9 veces esa cantidad. Aplicando una metodología llamada Estimación de Múltiples Sistemas, la CVR ha calculado que el número total de peruanos que pudieron haber muerto en el conflicto armado interno de 1980-2000 es de 69 280 personas, de ellas 26 259 en el departamento de Ayacucho. Los picos de la violencia se produjeron en 1984 y 1989, y se puede constatar la acusada caída de las acciones armadas a partir de la detención de Guzmán en 1992. El 54 % de las víctimas mortales fueron causadas por SL, mientras el MRTA es responsable del 1,5 % de los muertos y desaparecidos del período, y el resto (37 %) se debe a fuerzas estatales o paraestatales: Fuerzas Armadas y policía, comités de autodefensa y grupos paramilitares[196]. El perfil tipo de las víctimas fue de hombres de 20-49 años, quechuahablantes, dedicados a actividades agropecuarias y autoridades locales y residentes en la región sur central, concretamente el departamento de Ayacucho. A las cifras mortales se tienen que añadir otros costes humanos y materiales: 435 comunidades destruidas entre 1980 y 1996, además de 1,5-2 millones de afectados, entre ellos 600 000 desplazados, 40 000 huérfanos o 20 000 viudas. Los 4000 desaparecidos (por 900 en Argentina y 90 en Uruguay) suponen un récord en la «guerra sucia» para toda Sudamérica[197]. Pero el impacto del senderismo no se detiene ahí, sino que afecta y sigue afectado a la cultura y a las instituciones políticas del país, ya que contribuyó a la destrucción de las terceras vías entre populismo y neoliberalismo, favoreció una amplia corriente autoritaria nutrida de los nuevos vínculos surgidos entre campesinos y militares y abrió el camino a la dictadura fujimorista de la década de los noventa.

5. LOS PRIMEROS ECOS DE LA LUCHA TERCERMUNDISTA EN OCCIDENTE Y LA RESPUESTA DE LOS GOBIERNOS: LA LUCHA CONTRAINSURGENTE

En cuanto a la lucha de los gobiernos contra el terrorismo vinculado a las guerras revolucionarias anticolonialistas, la idiosincrasia nacional de cada conflicto y el reconocimiento por las organizaciones internacionales del derecho de autodeterminación dificultaron el tratamiento general del problema e impidieron cualquier tipo de coordinación interestatal. Las potencias coloniales trataron de arbitrar estrategias de lucha contrainsurgente inspiradas en la experiencia adquirida por ingleses y franceses durante las campañas antiguerrilleras en Malasia, Indochina o Argelia, cuyo objetivo último no era la represión, sino la normalización política, social y económica a través del control conjunto de las fuerzas militares, de policía y la administración civil, con el estímulo del desarrollo económico y el fomento de los canales institucionalizados y normalizados de actuación pública[198].

La idea central es que jamás una democracia ha sido derrocada por una insurrección guerrillera. Las doctrinas contrainsurgentes tienen una marcada raíz colonial, y las más importantes son la francesa, británica y norteamericana. La doctrina de la guerre révolutionnaire francesa, aplicada en Argelia y que tuvo gran influencia en la actitud contrainsurgente de las Fuerzas Armadas latinoamericanas de los años sesenta, arranca de propuestas surgidas a inicios del siglo XX durante la época de expansión colonial, y sus implicaciones políticas resultan difícilmente compatibles con el mantenimiento de un sistema democrático. Para el mariscal Hubert Lyautey, residente general de Marruecos entre 1912 y 1925, el control del gobierno debía extenderse como una «mancha de aceite», integrando las acciones militares con las de carácter administrativo y de propaganda, pero todo ello bajo control militar. Según Lyautey, «la doctrina fundamental del sector descansa en la identidad del comando territorial con el comando militar, en regiones sujetas a la autoridad militar»[199]. Este tipo de «soldados administradores» no estaría sujeto a la autoridad civil. Todo ello reforzó en los años anteriores y posteriores a la guerra mundial el poder mesiánico del ejército, la hostilidad implícita a la democracia liberal y un anticomunismo visceral, más teológico que político[200]. La doctrina de la guerre révolutionaire fue aceptada en 1956 como la nueva ortodoxia por la École de Guerre francesa, que interpretaba que la Tercera Guerra Mundial planteada entre el comunismo ateo y el Occidente cristiano se estaba librando en el Tercer Mundo bajo la forma de pequeñas guerras[201]. Ese combate se simplificaba como una nueva cruzada religiosa cuya única alternativa al aniquilamiento era la conversión, y que debiera prescindir de las constricciones de una democracia «muelle y afeminada», al menos en el teatro de la guerra. Pero muchos de los doctrinarios de la guerra revolucionaria acabaron como insurgentes a la cabeza de las intentonas golpistas que acabaron con la Cuarta República francesa. La naturaleza política de la guerra revolucionaria destruye la efectividad de una acción meramente militar, y saca al ejército fuera de su posición normal de subordinación al poder civil en una sociedad democrática. Por el contrario, el coronel francés David Galula defiende la subordinación de los militares al poder civil, ya que «aún en las peores circunstancias conviene guardar las apariencias»[202]. El comportamiento de las tropas, incluso en la fase más aguda de las operaciones, debería obedecer al objetivo de ganarse a la población.

La experiencia antisubversiva británica fue sistematizada por vez primera en el libro del coronel Charles Caldwell Small Wars, publicado en 1896. Se trataba de intervenir buscando soluciones que no comprometieran grandes inversiones de hombres y equipo, con el uso extenso de los recursos locales y la colaboración con las autoridades civiles existentes. La estrategia daba primacía a la política, y buscaba el aislamiento de los insurgentes a través de una paciente labor de inteligencia y una respuesta militar precisa y discriminada. Las respuestas más exitosas fueron las que combinaron la derrota de la insurrección con la independencia política de las antiguas colonias, tras una adecuada tarea de preparación de las élites y las burocracias locales.

Durante los años cuarenta y cincuenta, los escenarios de Indochina (1945-1954) y Argelia (1954-1962) se habían convertido en el laboratorio donde los oficiales franceses habían comenzado a comprender la naturaleza de la guerra subversiva moderna, y a diseñar las nuevas estrategias de la lucha contrainsurgente. Los oficiales norteamericanos tuvieron experiencias similares en Filipinas (1944-1946), Grecia (1946-1949) y Corea (1950-1953), mientras que los británicos se enfrentaron al mismo fenómeno en Malasia (1948-1960) y Kenia (1952-1960). Esta falta de comunicación mermaba la capacidad de los ejércitos en su lucha contra un enemigo común: la insurgencia. A partir de los años sesenta la situación cambió radicalmente. Frente al período anterior, los militares franceses, norteamericanos y británicos entablaron una estrecha relación, intercambiaron experiencias y abordaron una intensa labor de teorización y sistematización de sus conocimientos. En tan solo una década se multiplicó el número de publicaciones y manuales, y quedaron asentadas las bases de la nueva doctrina antisubversiva[203].

El mejor especialista británico de la doctrina flexible pero comprehensiva de guerra interna fue sir Robert Thompson, que dirigió la acción gubernamental contra la insurrección maoísta en Malasia[204]. En su perspectiva, el gobierno emprende la reconquista administrativa de su territorio utilizando herramientas militares, jurídicas, policiales, de inteligencia, desarrollo, propaganda, educación, salud pública, etc., de acuerdo con un plan global y bajo dirección política civil. Si una de las tendencias de la guerra revolucionaria en la ciudad y el campo es la militarización del conflicto, la lucha antisubversiva debe perseguir precisamente el objetivo contrario: la normalización política, social y económica a través del fomento de los canales institucionalizados y normalizados de actuación pública. Inspirándose en la experiencia adquirida durante las campañas antiguerrilleras en Filipinas, Malasia y Vietnam, Thompson alcanzó a sintetizar los puntos básicos de la estrategia contrainsurgente:

Un gobierno no puede derrotar a un movimiento insurgente durante la fase inicial de configuración y antes de entrar en la fase de guerrilla.

El gobierno debe tener como objetivo político prioritario el restablecimiento y mantenimiento del orden y de la unidad en un país políticamente viable y estable desde el punto de vista económico y político.

El gobierno no debe limitarse a restablecer la ley y el orden a través de operaciones militares, sino que debe tener una visión política, social, administrativa y económica de la situación y de las medidas a tomar en el orden militar y civil. Se trata de demostrar que gobierna efectiva y eficazmente de acuerdo con la ley, especialmente ante el campesinado que juzgará el comportamiento de las fuerzas del orden en comparación con el de los insurgentes.

El gobierno debe tener un plan conjunto que debe abarcar no solo las medidas de seguridad y las operaciones militares, sino medidas políticas, sociales, económicas, administrativas, policiales que traten de poner coto a la insurgencia. Debe definir claramente papeles y responsabilidades para evitar duplicaciones de esfuerzos y asegurar que no hay vacíos en su campo de acción del gobierno.

El gobierno debe dar prioridad, no al aplastamiento militar de la guerrilla, sino a la liquidación de la subversión política que le da cobertura. Con la destrucción de la infraestructura política se trata de «aislar al pez del agua», evitando el contacto de la población con la organización clandestina

En la fase guerrillera de una insurgencia, el gobierno debe asegurar sus áreas básicas y vitales de apoyo desde el punto de vista de la economía, la administración y las comunicaciones[205].

La legitimidad, basada en la observancia de la ley y su debido proceso, respetando los derechos humanos, es una de las principales armas en el arsenal contrainsurgente. Se trata de darle contenido civil a las funciones militares en vez de militarizar las funciones civiles. Las acciones de gobierno se discutían y decidían en la administración civil local, con participación de los jefes policiales y militares del área. La guerra interna devenía así guerra administrativa, en la que el Estado y los insurgentes pugnaban por el control político de territorios y poblaciones. Se impone de este modo una visión no clausewitziana de la guerra: no se trataba de librar batallas para ganar la guerra destruyendo la fuerza enemiga como principal objetivo de la guerra total, sino triunfar con el menor coste posible: «la dislocación es el objetivo de la estrategia; su secuela puede ser la disolución del enemigo o su más sencilla desorganización en batalla»[206]. Esta es la base estratégica de la escuela de contrainsurgencia «suave» o «ilustrada».

Tanto las autoridades como los insurgentes son conscientes de que la violencia indiscriminada resulta ineficaz. Bien es cierto que extiende el terror entre la población, pero al mismo tiempo retrae la colaboración y favorece la defección. «El terror es más eficaz cuando es selectivo», señalaba Robert Thompson[207]. La violencia aleatoria suele ser empleada con mayor asiduidad por los detentadores del poder. En muchas ocasiones, los agentes gubernamentales (militares, policías, grupos paramilitares, etc.) son ajenos al territorio, y por lo tanto, desconocen la población. En estas circunstancias, tienen mayores dificultades para identificar al guerrillero o al subversivo, y por lo tanto aplican medidas de violencia indiscriminada. En términos generales, cuando los representantes del gobierno tienen un mayor conocimiento de la población, ya sea por medio de la Inteligencia, por pertenecer al territorio, y/o por la colaboración de los vecinos, la violencia tiende a ser más selectiva.

En contraste, la violencia insurgente suele tener un carácter selectivo por dos motivos: los guerrilleros suelen ser autóctonos, o al menos una parte de sus integrantes, y por lo tanto, tienen una información directa de la población. Además, cuentan con la información que les entregan los comités locales, que son los ojos y los oídos de la guerrilla. El uso de la violencia indiscriminada por parte de la guerrilla suele ser inusual, pero también se da en algunas ocasiones. Esta situación normalmente se produce cuando actúa en territorios desconocidos, no cuenta con bases sociales de apoyo, y por lo tanto carece de información directa; cuando los comités locales que le proporcionaban la información han sido destruidos, y/o cuando ocupa aldeas que apoyan abiertamente a los detentadores del poder[208].

En resumen, la labor contrarrevolucionaria más eficaz no consiste en derrotar al enemigo, sino en reconquistar la confianza y luego la lealtad de la población disputada, mediante programas sociales[209]. Con todo, en algunos países asiáticos, latinoamericanos y europeos, los gobiernos han acostumbrado a utilizar métodos ilegales de lucha antisubversiva. Los «escuadrones de la muerte» (nombre dado en Brasil en los años sesenta a las bandas que los policías francos de servicio formaban para matar a elementos criminales)[210] en los regímenes dictatoriales de Argentina (AAA), Chile, España (BVE, AAA), Grecia o Turquía (Lobos Grises) en los setenta y algunos gobiernos como El Salvador (Orden, Unión de Guerreros Blancos o Brigada Anticomunista Maximiliano Hernández Martínez de 1979 a 1982), Guatemala, Colombia (Autodefensas Unidas de Colombia) y Perú (Comando Rodrigo Franco y más adelante Grupo Colina) en los ochenta se instituyeron como medios paraestatales de represión destinados a suprimir los movimientos de oposición eliminando a sus líderes y aterrorizando a sus simpatizantes[211]. En algunos casos, como El Salvador y Guatemala desde 1975, estos grupos «vigilantes» han provocado la muerte de decenas de miles de personas.

5 Los «hijos del 68». El terrorismo revolucionario y contrarrevolucionario en las sociedades avanzadas

La cuarta oleada terrorista se puede datar entre fines de los años sesenta e inicios de los años ochenta, y vino marcada por la crisis de los modelos subversivos propios del ciclo anterior. Desde 1949, el paradigma revolucionario dominante había sido la «guerra del pueblo» maoísta, centrada en la guerra de guerrillas. Pero en las sociedades más intensamente urbanizadas florecieron modelos insurgentes alternativos como el terrorismo, que a partir de los años setenta se fue haciendo universal[1]. Esta etapa presenta como fecha de referencia el año 1968, en el que se consolidaron dos matrices estratégicas diferentes: la estrategia de la «guerrilla urbana» y el terrorismo publicitario de alcance transnacional. Ambas eran acciones violentas alternativas a una lucha guerrillera difícil de mantener en esas circunstancias. La oleada de terrorismo urbano que comenzó a mitad de los sesenta y prosiguió durante más de una década se puede dividir convencionalmente en tres tendencias: el terrorismo nacionalista-separatista presente en el Ulster, Palestina, País Vasco o Québec; el terrorismo revolucionario latinoamericano fruto de la transición experimentada por los movimientos subversivos desde la guerrilla rural al terror urbano tras la desastrosa experiencia del «Che» en Bolivia, y la guerrilla urbana en Norteamérica, Europa Occidental y Japón vinculada con las corrientes de la «nueva izquierda».

Aún hoy se discute sobre la teoría del contagio subversivo en ideología, retórica y métodos que experimentó Europa Occidental desde los movimientos revolucionarios del Tercer Mundo. Pero no es menos cierto que buena parte del terrorismo de esa época es el resultado imprevisto del intenso y duradero ciclo de protesta social que aconteció en muchos de los países occidentales más desarrollados entre la segunda mitad de los años sesenta e inicios de los setenta; oleada insurgente protagonizada por nuevos movimientos sociales y otros grupos más tradicionales, que de este modo desafiaban a las élites políticas y a las autoridades gubernativas[2]. Mientras que, en Asia, África o Latinoamérica, las tensiones de la descolonización provocaban continuos golpes de Estado y enfrentamientos civiles, los países desarrollados contemplaron la virtual desaparición de alguna de las violencias colectivas más características de la preguerra, como la huelga general política, la insurrección urbana, la paramilitarización, el putsch militar o la guerra interna. Con el declive de las acciones revolucionarias de masas, evidenciado tras el reflujo de la agitación de mayo de 1968, los países occidentales asistieron al lento establecimiento de nuevos repertorios de acción que no se centraban necesariamente en el ámbito nacional, y que daban preferencia a la vertebración de la protesta en base a movimientos sectoriales (antinucleares, ecologistas, feministas, estudiantiles, de minorías raciales o subculturales, integristas y radicales de diverso signo…) articulados de forma muy tenue y flexible y relativamente independientes de las grandes opciones políticas.

Dada la imposibilidad de hacer triunfar la revolución proletaria de masas en Europa Occidental, algunos partidos revolucionarios ensayaron nuevos modelos violentos, bien como avanzadilla del impulso descolonizador, bien por creer en la existencia de una explotación imperialista y capitalista mundial que justificaba una interpretación unificadora de todas las luchas y reivindicaciones de los pueblos, cualquiera que fuera el lugar y las condiciones en que se produjeran[3]. La «nueva izquierda» estaba a punto de nacer, y con ella la traslación de la lucha tercermundista al mundo desarrollado.

1. AUGE Y OCASO DE LA «NUEVA IZQUIERDA»

Algunos autores han explicado la emergencia del terrorismo ideológico de los años setenta como un síntoma de la crisis social y cultural vinculada con los procesos de urbanización y secularización de las sociedades occidentales. Los jóvenes radicales rechazaron los mitos heredados de la Segunda Guerra Mundial, excepto su versión más rupturista: el alzamiento nacional, la idealización del «pueblo en armas» y el activismo como «guerrilleros de la cultura» en combate con la civilización imperante, tildada frecuentemente de totalitaria[4]. Al tiempo, esta nueva generación, que percibía las conquistas sociales y económicas de los cincuenta y primeros sesenta como algo normal, comenzó a cuestionar la aplicación de la democracia liberal y el funcionamiento del sistema socioeconómico capitalista. Los movimientos juveniles de los años sesenta y setenta mostraron gran interés en lo que sucedía en el escenario internacional, sobre todo en las luchas revolucionarias de liberación del Tercer Mundo. Como elemento constitutivo de una subcultura universitaria marcada por el optimismo y la utopía, pero también por el inconformismo y el maximalismo, la «nueva izquierda» elaboró una critica global al statu quo político y social occidental —incluyendo en él, por supuesto, al marxismo ortodoxo— donde se mezclaban de forma confusa aportaciones ideológicas de Mao, Trotski, Gramsci, Lukács, Luxemburg, Lenin (por su praxis revolucionaria), Sartre, McLuhan, la Escuela de Frankfurt (Fromm, Bloch, Reich, Adorno y Marcuse, por su aporte a la «contestación») o el pensamiento social-libertario clásico, desde Proudhon a Bakunin. La «nueva izquierda» reinterpretó la ideología marxista, haciendo hincapié en los aspectos de la alienación antes que en la explotación económica, recurriendo al existencialismo y al psicoanálisis; persiguió un nuevo modelo de sociedad socialista, no definida por la revolución social, sino por la eliminación de la alienación; propuso una nueva estrategia transformadora basada en el individualismo y la voluntad de cambios en la esfera cultural antes que en la social y política; elaboró un nuevo concepto movilizador, donde la máxima era la acción, no la organización; se articuló como movimiento antes que como partido, e impulsó estrategias de carácter demostrativo, apelativo o coactivo. Por último, redefinió los actores del futuro cambio social: del proletariado se pasó a la clase obrera cualificada, los jóvenes intelectuales y otros grupos alternativos[5]. Esta izquierda «revolucionaria» o «radical» brotó en el ambiente contestatario de los campus de Berlín, Berkeley, Trento o Nanterre en los años sesenta y primeros setenta; época de compromiso y liberación para la primera generación de jóvenes europeos que no había participado en la guerra mundial y que se beneficiaba de un clima de apertura marcado por la política de distensión. La Guerra Fría había polarizado las tensiones en torno a dos alternativas ideológicas mutuamente excluyentes. La relativa calma en que entraron las relaciones internacionales tras la era estalinista, el éxito de la reconstrucción económica y la estabilización social pueden explicar la reaparición tolerada de tendencias extremistas en Europa Occidental, como el desarrollo de una cierta subcultura marxista y el surgimiento del neofascismo.

En la gestación de mayo de 1968, todas las inquietudes y esperanzas de la juventud se orientaron hacia la búsqueda de un nuevo modelo revolucionario, basado en el antiparlamentarismo, la democracia directa y el espontaneísmo. Los intelectuales descubrieron en el joven Marx los conceptos de alienación y enajenación, que se trasladaron a la lucha contra la «alienación» capitalista y la extensión de la «lucha obrera» a todos los ámbitos de la vida social. El capitalismo con rostro humano integraba a los trabajadores a través de la lógica consumista, la vía socialdemócrata no hacía sino apuntalar el sistema, y el comunismo, cuya doctrina insurreccional leninista resultaba a todas luces anacrónica, desplegaba una praxis política que ponía al descubierto su parálisis burocrática, mientras que su proyección internacional derivaba hacia un nuevo imperialismo. Contra todos estos modelos políticos, la «nueva izquierda» planteó la necesidad de abordar una lucha gradual por objetivos parciales que, convenientemente encadenados entre sí con arreglo a una lógica anticapitalista, supusieran a la larga la conquista de parcelas de poder en la empresa, el barrio, la universidad, etc. Se trataba de imponer un socialismo purificado, antiautoritario, antiburocrático, sentimental y libertario, que impugnara las estructuras de clase y las relaciones sociales que se asentaban en la familia, la escuela, la fábrica, la sexualidad, la cultura o el trabajo como reproductores de una sociedad marcada por el principio autoritario.

El reflujo de las movilizaciones del 68 y el alejamiento de las expectativas de una revolución general marcaron el lento repliegue de la «nueva izquierda» hacia posturas reformistas en el seno de los partidos socialdemócratas o hacia movimientos reivindicativos sectoriales como el ecologismo, el feminismo el pacifismo o los derechos humanos. En un principio, los conflictos ideológicos denunciados por la «nueva izquierda» se explicitaron de forma violenta a través de movimientos políticos marginales con objetivos extremistas, que constataron la decadencia ideológica del marxismo-leninismo y el auge de la autonomía obrera. A la contestación callejera sucedió la agitación en el interior de los centros universitarios en 1969 en Alemania, Francia, Italia o los Estados Unidos. Surgieron entonces movimientos activistas semiclandestinos que sin tener una estructura rígida aspiraban a ser el brazo armado de los nuevos movimientos sociales. La «nueva izquierda» se disponía a tomar el relevo del obrerismo histórico, pero su impulso se redujo tras 1968 y se agotó definitivamente tras las revoluciones de 1989.

La destrucción de la sociedad capitalista por métodos de lucha armada fue uno de los grandes mitos movilizadores de los grupos residuales de la «nueva izquierda», subyugados por los éxitos de la guerrilla revolucionaria y antiimperialista en China (1927-1949), Vietnam (1945-1973), Argelia (1954-1961) o Cuba (1956-1958), por la resistencia palestina y por las luchas armadas contra el colonialismo portugués o el racismo blanco en Sudáfrica y Rodesia, y persuadidos, tal como Frantz Fanon había descrito en Los condenados de la tierra, de que la violencia política ejercía una función moralmente emancipadora. Al contrario de la doctrina marxista-leninista oficial, que aconsejaba el empleo cauteloso de la violencia insurreccional con fines de agitación o como parte de un proyecto subversivo que debía cubrir una serie de etapas previas y cumplir una serie de condiciones objetivas, estos grupos de izquierda radical, impacientes por precipitar el cataclismo histórico que el comunismo soviético había sido incapaz de culminar, opinaban que la propia lucha armada era un elemento central en la creación de una situación revolucionaria.

Esta oleada terrorista se inscribió en la dinámica de la Guerra Fría, en su período de atenuación por efecto de la distensión EsteOeste. A diferencia del terrorismo de «resistencia revolucionaria» de la segunda mitad del siglo XIX o del terrorismo de «defensa nacional» del período de entreguerras, el terrorismo desestabilizador (o «rebelde», en terminología de Rapoport) aparecido en el seno de la extrema izquierda occidental a fines de los años sesenta del siglo xx se vio afectado por una serie de circunstancias: las ventajas tecnológicas que brindaba un fácil acceso a armas y comunicaciones más sofisticadas; unas relaciones internacionales en curso de estabilización tras haber sobrepasado el momento crucial de la Guerra Fría, lo que dificultó la prosecución de guerras convencionales de liberación nacional; la generalización en Occidente, tras el éxito de la reconstrucción económica de posguerra, de la sociedad del bienestar con la correspondiente implantación de pautas de consumo de masas; un contexto político marcado por la consolidación de las libertades en las democracias occidentales con una mayor tolerancia institucional hacia las tendencias extremistas y, sobre todo, una aguda crisis ideológica en el seno del marxismo oficial tras la ruptura de la URSS con China y las intervenciones armadas en Berlín Oriental, Hungría y Checoslovaquia («Primavera de Praga»), lo que favoreció el auge cultural del inconformismo y el resurgimiento de una subcultura marxista heteróclita, inconformista y maximalista, que impregnó el movimiento de la «nueva izquierda».

Los atentos lectores de Mao o del «Che» que pululaban por las universidades europeas de los sesenta no pensaban, por supuesto, levantar una guerrilla en los Apeninos o la Selva Negra. Tanto más cuanto, a fines de la década, la guerrilla rural «foquista», ensayada por el «Che» en Bolivia con resultados dramáticos, dejaba de ser un modelo atrayente ante los avances de la lucha contrainsurgente y el alejamiento de los movimientos sociales de referencia que sufrieron las organizaciones revolucionarias de América Latina; proceso de inversión que Debray denunció en otro ensayo famoso. Se miraba, por contra, con gran interés, la aparición de una táctica de lucha revolucionaria que podía aplicarse a los países desarrollados: la guerrilla urbana.

En la mayor parte de los casos, las organizaciones terroristas surgieron en el mundo occidental cuando los movimientos de contestación social habían fallado en su acción política, las tentativas de sublevar las masas habían fracasado y las condiciones sociales y políticas impedían la aplicación de otro tipo de violencia organizada de forma multitudinaria. En un contexto de progreso sociopolítico que dificultaba el desarrollo de las violencias de masas que habían sido moneda frecuente durante el período de entreguerras, el terrorismo revolucionario pretendió actuar como el sustitutivo imperfecto de una revolución imposible. A mediados de los años setenta, el izquierdismo y el movimiento de autonomía universitaria no eran sino un bello recuerdo que había dejado por el camino a una minoría de activistas inadaptados. Los militantes más activos se dispusieron a actuar en pequeños grupos secretos de vanguardia en las grandes urbes, donde las dificultades impuestas por la proximidad y la rápida intervención de las fuerzas gubernamentales se equilibraban con las grandes posibilidades revolucionarias que ofrecía el actuar en el anonimato de la gran masa. Sin hablar del formidable impacto público que se lograría al golpear en pleno corazón del Estado.

Además de su breve trayectoria política, las organizaciones terroristas de la izquierda revolucionaria muestran tres características reseñables. La primera es que, a diferencia de la guerrilla urbana tercermundista, que interpretaba el terrorismo como un factor táctico integrado dentro de una estrategia insurreccional de masas, la extrema izquierda occidental pretendió dar a este tipo de violencia un valor estratégico central y exclusivo. Por encima de todo, estos grupos creían en la primacía de la acción y en la influencia liberadora de la violencia según la doctrina enunciada a inicios de los sesenta por Frantz Fanon y divulgada por Jean-Paul Sartre. La segunda era su exiguo apoyo y su limitada extracción social, reducida en su mayor parte a grupúsculos universitarios y obreros de tono radical que surgieron cuando los movimientos de contestación de la «nueva izquierda» habían fallado en su acción reivindicativa, se estaban reciclando hacia movimientos reivindicativos sectoriales, estaban derivando hacia posturas reformistas o corrían el riesgo de ser cooptados por el sistema. De la organización estudiantil japonesa Zengakuren surgió el Rengo Segikum (Ejército Rojo Unido); del movimiento norteamericano Students for a Democratic Society y de la agitación de Berkeley nacieron el Weather Underground y el Symbionese Liberation Army; la Rote Armee Fraktion (RAF) y el Movimiento Dos de Junio (BZJ) gozaron del apoyo de los grupos estudiantiles germanos de extrema izquierda, sobre todo los radicados en la Universidad Libre de Berlín. También de grupos similares surgieron las Brigate Rosse (en centros educativos del norte de Italia, como la Universidad de Trento), la Angry Brigade inglesa, Action Directe y Noyaux Armés pour l’Autonomie Populaire en Francia, las Céllules Communistes Combattantes y el Front Révolutionnaire d’Action Proletaire en Bélgica, Acão Revolucionaria Armada y Brigadas Revolucionarias Armadas en Portugal, y el FRAP y GRAPO españoles. Todos ellos fueron grupos reducidos de activistas radicales que forjaron un contramundo paralelo y aislado, y efectuaron acciones violentas que se caracterizaron por la fuerte desproporción entre las desmesuradas intenciones revolucionarias y la escasez de medios disponibles[6]. En tercer lugar, y a pesar de su componente sectario, los grupos terroristas de la izquierda radical tenían un concepto global de la lucha revolucionaria. Un ethos que forjó lazos de camaradería entre grupos muy diversos (e incluso creó organizaciones transnacionales como el Groupe d’Action Révolutionnaire Internationaliste —GARI— en Francia, Bélgica, Italia y España), y que les impulsaba a intervenir más allá de las fronteras de sus países de origen en acciones violentas de carácter internacional, transnacional o plurinacional. Se pensaba que la guerra revolucionaria antiimperialista sería una lucha larga y continuada, que iría precedida de una larga fase de propaganda armada, y proseguida por una guerra civil dirigida por un «Partido Comunista Combatiente».

A diferencia de los movimientos armados surgidos en los anteriores ciclos violentos, el terrorismo de extrema izquierda actuaba contra regímenes democráticos firmemente establecidos y con libertades reales, pero con unos mecanismos coercitivos más poderosos, complejos y sofisticados que sus homólogos de la preguerra. Ello les indujo a tratar de imitar a su manera esta eficacia tecnocrática y a organizarse en un entramado clandestino fuertemente centralizado, colocado fuera del alcance represivo de los gobiernos afectados y encargado de elaborar la estrategia general de lucha. Sin embargo, la situación de aislamiento y la rígida división del trabajo subversivo entre el brazo armado militante y el brazo legal o político provocaron, en la mayor parte de los casos, una dinámica de enajenación respecto de los sectores sociales de apoyo, y su transformación en un «sistema de guerra» que ya no empleaba la violencia como arma transformadora, sino como coartada para la autoconservación del grupo. Su fascinación por la acción en estado puro, su persecución milenarista del «gran día» (el tan ansiado «momento revolucionario») y su empeño en mantener a ultranza la lucha armada con apoyo social decreciente les condujo a escisiones internas que fueron relegando a estos grupos terroristas hacia la marginalidad y determinaron su desaparición[7].

Resulta muy significativa la coincidencia cronológica entre las etapas de ascenso, apogeo y crisis de las diversas formaciones terroristas revolucionarias en la República Federal Alemana, Italia, España y otros países europeos: entre 1968-1978, con el punto culminante en 1976-1978. En Alemania, la lucha armada comenzó en 1968, dos años después fue fundada la Fracción del Ejército Rojo (RAF), y en 1972 fueron encarcelados sus principales dirigentes (entre ellos Andreas Baader y Ulrike Meinhof), lo que dio luz verde a una nueva hornada de activistas menos formados ideológicamente que recrudecieron la dinámica violenta en 1976-1977, cuando los líderes históricos de la banda aparecieron muertos en sus celdas. La táctica terrorista sin apoyo popular fue derivando hasta fines de los ochenta hacia un activismo sectario, vacío de contenido teórico y de escasa potencialidad subversiva.

2. LA BANDA «BAADER-MEINHOF» EN ALEMANIA FEDERAL

El terrorismo alemán de los años setenta constituye un ejemplo aleccionador del despliegue desaforado de medios represivos que algunos estados occidentales han empleado contra una amenaza que fue magnificada por unos medios de comunicación ansiosos de emociones fuertes. La tradición magnicida del anarquismo en la época guillermina y la amplia experiencia violenta de la República de Weimar (con fenómenos como el insurreccionalismo comunista en los primeros años de la posguerra, la paramilitarización generalizada de la vida política y las manifestaciones terroristas de grupos nacionalistas radicales como la Feme y la Organización Cónsul) pesaron lo suficiente en el ánimo de los padres fundadores de la República Federal como para disponer con especial cuidado las medidas de defensa del nuevo régimen. La policía fue equipada con material altamente sofisticado y adiestrada para luchar contra bandas de insurgentes armados a un nivel paramilitar, pero no para vérselas con las complejidades del moderno terrorismo, como se pudo comprobar en la malhadada «crisis olímpica» de septiembre de 1972. La Verfassungschutzamt (VSA, Oficina para la Protección de la Constitución) y las unidades de investigación criminal federal y de los Länder estaban más preparadas para arrestar espías venidos del frío, vigilar y reprimir actividades comunistas o neonazis y detener a criminales comunes que para actuar en este tipo de violencia política nada convencional.

El origen de la contestación radical al régimen político arranca de la Federación de Estudiantes Socialistas Alemanes (Sozialistischer Deutscher Studentenbund, SDS), colectivo excluido del SPD en 1961 por sus discrepancias por el reformismo impuesto en el Congreso de Bad Godesberg de 1959. El entorno más extremista de este grupo estudiantil animó a mediados de los sesenta las manifestaciones contra la guerra de Vietnam y la lucha por la reforma educativa en la Universidad Libre de Berlín. Casi veinte años después de la creación de la República Federal, la revuelta estudiantil de 1968 fue la punta de lanza de una serie de nuevos movimientos sociales —antinucleares, feministas, squatters, pacifistas— que criticaban la partitocracia en el gobierno y buscaban nuevos canales de expresión y de participación políticas. Aunque a la larga el sistema logró asimilar buena parte de estas reivindicaciones (el movimiento estudiantil consiguió que el gobierno emprendiera una reforma educativa, el Partido Socialdemócrata incorporó demandas pacifistas a su plataforma política y se desarrollaron nuevos movimientos de participación ciudadana), el disentimiento se manifestó con una violencia política de intensidad creciente. El 2 de junio de 1967, la muerte del estudiante Behno Ohnesorg a manos del agente de la policía secreta Kart-Heinz Kurras conmovió profundamente al movimiento estudiantil, que protestó airadamente contra los métodos represivos utilizados por la «generación de Auschwitz»[8]. Fue en este contexto de ruptura cuando algunos estudiantes próximos al SDS decidieron pasar a la acción directa. La Volkskrieg (guerra popular) contra el «terror consumista» comenzó el 2-3 de abril de 1968 con la tentativa de quemar los grandes almacenes Kaufhof y Schneider en Frankfurt, tras de lo cual fueron detenidos entre otros Andreas Baader y Gudrun Ensslin, precursores de este nuevo activismo armado[9]. Juzgados en octubre, los acusados afirmaron haber querido encender un «faro» contra el genocidio norteamericano en Vietnam. Fueron condenados a tres años de prisión, pero se beneficiaron de la libertad provisional tras catorce meses de detención, a la espera de la confirmación del fallo en apelación. Cuando este se produjo en noviembre de 1969, Baader y Ensslin ya habían huido de Alemania para refugiarse en París, luego en Italia y volver de nuevo a Berlín de forma clandestina.

El atentado contra el dirigente universitario Rudi Dutschke, líder de la «nueva izquierda» de Berlín Oeste, el 11 de abril de 1968, radicalizó aún más a un sector estudiantil movilizado en los tumultos de mayo, que decidió ejecutar acciones francamente violentas, en especial contra la prensa del grupo Springer, editor del diario amarillo Bild Zeitung, que se mostraba especialmente hostil hacia los estudiantes[10]. La revuelta estudiantil comenzó a enfriarse en la segunda mitad de 1968, y el autoritario sistema universitario alemán sufrió sus primeras reformas al año siguiente. El SDS, despedazado por las luchas intestinas, se disolvió en 1970, y los que permanecieron en el movimiento radical y no se adaptaron, optaron por los sabotajes y las violencias. Fue en esta época cuando Baader, Ensslin, Ulrike Meinhof, Horst Mahler y una decena de militantes de la «nueva izquierda» surgida del movimiento estudiantil decidieron organizarse en un grupo armado según el ejemplo tupamaro uruguayo, convirtiéndose en el primer grupo de Alemania Occidental que se estructuró como movimiento clandestino de guerrilla urbana.

El 4 de abril de 1970, Baader fue detenido en un control de carretera. Su espectacular liberación de una prisión de Berlín el 14 de mayo marcó la aparición oficial de la Fracción del Ejército Rojo (Rote Armee Fraktion, RAF), en un comunicado al diario underground berlinés Agit 883 donde se hacía homenaje a la organización Ejército Rojo Japonés. Entre junio y agosto de 1970, los fugitivos de la organización realizaron un stage en un campo de Al Fatah en Jordania. Por esas fechas, la RAF contaba con alrededor de una veintena de miembros, que para financiar su organización recurrieron a la vieja técnica de la «expropiación» anarquista, actualizada por Marighella en su Minimanual del guerrillero urbano, que fue traducido al alemán en junio de 1970. El 29 de septiembre, tres bancos de Berlín Oeste fueron asaltados por pequeños comandos[11]. En julio del año siguiente, unos antiguos estudiantes de la Universidad Libre de Berlín fundaban el Movimiento 2 de Junio (Bewegung Zwei Juni, BZJ), que conmemoraba la fecha de la muerte del estudiante Ohnesorg a manos de la policía en el transcurso de la protesta contra la llegada del sha de Persia en 1967[12].

Tras la muerte de sus primeros activistas (Petra Schelm en Hamburgo el 15 de julio de 1971), la RAF se empantanó en una especie de guerra privada contra las autoridades, con el objetivo prioritario de liberar a los miembros presos, mientras que políticamente maniobró en una posición totalmente defensiva. En la primavera-verano de 1971, la RAF publicó dos textos. En el primero, titulado «Sobre el concepto de la guerrilla urbana», al parecer redactado por Meinhof en mayo, el grupo rechazaba el parlamentarismo y se proclamaba comunista alabando a Mao. En su exaltación del primado de la práctica revolucionaria, aceptaba la violencia como único medio para cambiar la sociedad: «Es justo organizar la resistencia si ello es posible; y es por la práctica como se decide si esto es posible»[13].

El segundo texto, «Sobre la lucha armada en Europa Occidental», más detallado y comúnmente atribuido a Horst Mahler, critica el mito de la huelga general, declara que solo la lucha armada contra el aparato del Estado, entrevista como «la forma más alta de la lucha de clases», puede conducir a la insurrección generalizada, y afirma que el proletariado industrial ya no es la vanguardia del combate revolucionario, sino que, siguiendo a Marcuse, este papel lo desempeñaban los estudiantes. La guerrilla urbana debía estar vinculada a las luchas políticas y económicas de masas, y a tal fin se daban instrucciones para fabricar armamento y formar comandos. En estos dos escritos, la RAF declaraba querer articular su praxis revolucionaria en torno al trabajo político en los barrios, las fábricas y la universidad[14]. Pero su análisis político no designaba ningún sujeto revolucionario determinado: inspirándose en El hombre unidimensional de Marcuse, observaba que la universalidad de la alienación (en la producción, el consumo, el tiempo libre, la información, etc.) revelaba el hecho de que las clases explotadas no tenían posibilidad de reconocerse como tales. Aunque Marcuse designase a los estudiantes como la conciencia más avanzada de la humanidad, no sería a través de una actuación de vanguardia de tipo leninista, sino mediante una multitud de luchas autónomas y sectoriales como se podría abordar un enfrentamiento radical contra el sistema. La RAF se convirtió así en su propio sujeto revolucionario, al margen de las experiencias del movimiento obrero, tal como pensaba G. Lukács. El grupo no pensaba en desarrollar la lucha armada en el cuadro de un Estado nacional, sino en el marco de un «sistema imperialista» dominado por las multinacionales y los intereses estratégicos norteamericanos.

Retomaron de André Glucksmann el concepto de un «nuevo fascismo» impuesto desde arriba a través de la movilización guerrera del aparato del Estado imperialista (policía, justicia, monopolio de la información, burocratización autoritaria), que había suprimido el derecho de resistencia y limitado los otros derechos fundamentales. Como fracción de un Ejército Rojo internacional y del movimiento revolucionario alemán, su combate era solidario con los movimientos de liberación tercermundistas, y se dirigía a desencadenar en la retaguardia del imperialismo la guerrilla, la guerra popular y la lucha armada, en un proceso subversivo de alcance mundial[15]. Los primeros activistas de la RAF creían en el «primado de la acción» y en la lucha global en favor de la liberación del Tercer Mundo. De acuerdo con su concepción escatológica de la actividad política, creían que la guerrilla urbana como arma de las fuerzas revolucionarias débiles debía usarse en toda época y lugar, con el fin de destruir las islas de prosperidad de Europa Occidental, actuando como agentes de los países más pobres. Buena parte de su actuación puede entenderse bajo los parámetros de una querella generacional: se trataba de enfrentarse contra un sistema calificado por Marcuse de «fascista», jugando el papel de héroes resistentes que sus padres no habían desempeñado, ya que consideraban que la vieja generación era irremediablemente fascista, al menos por defecto. Aunque adoptaron la actitud del Leidensneid (repudio del pasado totalitario pero no asunción de la culpa), en su identificación con las víctimas del nazismo los estudiantes de izquierdas se autopercibían como «los judíos de hoy»[16].

Desde 1972, la RAF decidió pasar a la ofensiva atacando a todos los blancos designados por el movimiento estudiantil alemán: justicia, policía, ejército americano y el grupo de prensa Springer. El 11 de mayo de 1972 hizo explotar tres bombas cerca del círculo de oficiales del V Cuerpo de Ejército americano en Frankfurt, matando a un oficial e hiriendo a catorce personas. Al día siguiente explotaron varias bombas en la sede de la policía criminal en Munich, que provocaron heridas a 16 personas. El 15, un juez de Karlsruhe, Buddenberg, encargado de instruir un sumario contra miembros de la RAF, fue atacado y su mujer resultó gravemente herida. El 19, dos bombas explotaron en la casa de ediciones Springer, hiriendo a 34 trabajadores, y el 24 se clocaron dos automóviles con 200 kilos de TNT en el área del Cuartel General europeo del ejército americano en Heidelberg, matando a tres militares extranjeros. Este acto se justificó por los bombardeos en Vietnam, y en Hanoi hubo manifestaciones de agradecimiento. Tras una breve pero intensa carrera terrorista jalonada de ataques incendiarios a sedes oficiales y periódicos, Baader y Meinhof fueron definitivamente capturados el 1 y el 15 de junio de 1972, junto a otros miembros destacados de la banda. Esta primera fase de la lucha terrorista culminó con una huelga de hambre por parte de los activistas encarcelados y una serie de tumultos protagonizados por sus simpatizantes; manifestaciones de protesta que fueron apoyadas por la intelectualidad europea de extrema izquierda. Desde ese momento, la RAF libraría un extraño duelo singular con las autoridades, cuyo objetivo principal era presionar para la liberación de sus miembros más conspicuos, mientras que asumía posiciones políticas crecientemente defensivas.

Su estructura distaba grandemente de la jerarquización de formaciones armadas como las BR, IRA o ETA. Organizada en ocho grupos de base en diez ciudades, la concepción estratégica y la línea política se definían en el curso de un proceso colectivo de discusión, ajeno al centralismo democrático campante en los grupos de influencia marxista. Pero todos los testimonios coinciden en el fuerte ascendiente que Andreas Baader tenía sobre el conjunto de la organización[17]. El origen socioeconómico de su militancia, que nunca sobrepasó los 1520 activistas, unos 200 elementos de apoyo y 2000 a 3000 simpatizantes, era más bien acomodado: brillantes estudiantes universitarios en un 60 %, hijos de profesores, teólogos o comerciantes, con una media de edad de 25 años en 1970, una experiencia activista en el movimiento estudiantil afín al SDS, sobre todo en el microcosmo contracultural berlinés, y una influyente presencia de mujeres. La segunda generación de terroristas alemanes, que actuó a mediados de los años setenta, tenía un pasado menos militante, era menos proclive a realizar complejos análisis ideológicos y estratégicos, tenía una extracción social menos privilegiada y buscó refugio en asociaciones alternativas y de ayuda social, no tanto de Berlín como de Heidelberg. La violencia se mantuvo, empero, mediante la colocación de artefactos explosivos en centros oficiales, la agresión a funcionarios públicos (Günter von Drenkmann, presidente del Tribunal Superior de Berlín Oeste, fue asesinado el 21 de noviembre de 1974 por el BZJ en represalia por la muerte dos días antes del activista de la RAF Holger Meins a causa de una huelga de hambre) y sedes estatales (el 24 de abril de 1975 un comando asaltó e hizo explotar la Embajada alemana en Estocolmo), el secuestro de políticos (el 23 de febrero de 1975, el BZJ capturó al político cristianodemócrata Peter Lorenz, candidato a la alcaldía de Berlín, obteniendo a cambio de su liberación la de seis presos políticos), el asalto a bancos, etc. A partir de 1973 apareció en Frankfurt una tercera organización de guerrilla: las Rote Zellen (Células Revolucionarias, RZ), formadas también por células independientes semiclandestinas dedicadas al sabotaje de instalaciones militares y de empresas norteamericanas. Las RZ colocaron bombas contra intereses norteamericanos durante la visita del presidente Reagan en 1982. En junio de 1981, sus pequeñas células de 4-5 miembros atacaron los cuarteles del V Cuerpo de Ejército norteamericano en Frankfurt y clubes de oficiales en Hanau, Gelnhausen y Bamberg, además de oficinas de la IBM en Dusseldorf[18].

En paralelo a estos hechos, el Estado desplegó una panoplia de medidas desproporcionadas con la entidad real de la amenaza terrorista[19]. Las iniciativas legales comenzaron con una serie de enmiendas a la Ley Fundamental de Bonn (18 y 24 de junio de 1968), que facultaba a las autoridades a tomar medidas excepcionales que incluían la limitación de derechos cívicos en caso de ataque a la RFA. El 28 de mayo de 1972, la Conferencia de los Presidentes de los Länder y el canciller Brandt firmaron un decreto que obligaba a los funcionarios públicos a prestar fidelidad a la Constitución (Verfassungstreue), y tres días después 16 000 policías fueron afectados a la lucha antiterrorista, al tiempo que se ofrecieron primas por un total de 200 000 marcos a cambio de pistas que llevaran a la captura de los principales cabecillas de la organización. El 1 de enero de 1975 se promulgó la denominada Baader-Meinhof Gesetz, que redujo los derechos de defensa de los acusados (limitados aún más con la «Ley de interrupción de contactos» de 30 de septiembre de 1977, que condenó al total aislamiento penitenciario a un centenar de terroristas) y coartó sensiblemente las posibilidades de defensa de sus abogados[20]. El 18 de agosto de 1976, el Bundestag aprobaba la Anti-Terror Gesetz, ley sobre medidas preventivas y represivas a la constitución de asociaciones terroristas.

La respuesta policial no fue menos espectacular. Desde 1973, el BKA (Bundeskriminalamt, Oficina Criminal Federal) actuó como una oficina de investigación especializada en cuestiones antiterroristas, desarrollando complejas redes de información computerizada y programas de investigación como Inpol. Este sofisticado sistema de vigilancia y rastreo informático (Rasterfahndung), unido al programa de la Verfassungsschutzamt (VSA, Oficina para la Protección de la Constitución), a la estrecha relación con las oficinas criminales de cada Land, a los acuerdos con otros gobiernos europeos y a la mayor colaboración ciudadana, permitió que en 1976 fuesen localizados y detenidos la mayor parte de los activistas de la RAF y del BZJ: unos 350 terroristas fueron encarcelados entre 1970 y 1978.

Tras la captura de los principales miembros del grupo a mediados de 1972, la RAF no reivindicó ninguna acción armada hasta 1975, aunque entre 1973 y 1974 se pudieron contar 33 atentados e incendios provocados en la RFA y Berlín Oeste. En 24 de abril de 1975, el comando Holger Meins de la RAF ocupó la Embajada de Alemania en Estocolmo y exigió, a cambio de los once funcionarios tomados como rehenes, la liberación de 26 activistas, entre ellos Raspe, Baader, Meinhof y Ensslin. Tras el asesinato del agregado militar von Mirbach y del agregado económico, la policía especial antiterrorista sueca asaltó la legación matando a un asaltante e hiriendo gravemente a los otros cinco, uno de los cuales falleció en prisión poco después[21]. Tras este acto fallido, hubo de esperarse otros dos años antes de que se recrudeciera la dinámica violenta. Entretanto, Ulrike Meinhof apareció ahorcada en su celda el 9 de mayo de 1976. El 7 de abril de 1977, la RAF asesinó en Karlsruhe a Siegfried Buback, fiscal federal, poco antes de que la Sala de lo Penal de Baden-Wurtemberg sentenciara a cadena perpetua a Baader, Ensslin y Jan-Carl Raspe. Por esas fechas también fueron acusados del asesinato de dos miembros de la comunidad judía[22].

El pulso con el gobierno llegó a su paroxismo ese verano: el 30 de julio, Jürgen Ponto, presidente del Dresdner Bank, segundo banco alemán, fue asesinado en su casa de Oberlusen/Hessen, y la tensión alcanzó su punto culminante el 5 de septiembre con el secuestro de Hans-Martin Schleyer, presidente de la Federación de Industrias Alemanas, tras la muertre de su chofer y sus tres guardaespaldas. El día 13 de octubre, un grupo palestino desviaba un avión de la Lufthansa hacia Somalia, y propuso la liberación de sus 86 ocupantes a cambio de la de once terroristas de la RAF presos en las cárceles alemanas, además de dos palestinos. El gobierno federal, sin embargo, había optado por la línea dura: el secuestro de Mogadiscio terminaba felizmente a las 23 horas del día 17 con un espectacular asalto del Grupo Especial de la Policía alemana de Fronteras (GSG-9), creado en 1972[23]. Pocas horas después, Schleyer era asesinado, y Baader, Ensslin y Raspe aparecieron muertos en sus celdas de la cárcel de alta seguridad de Stammheim (Stuttgart) en la mañana del 18 de octubre[24]. La operación antiterrorista se saldó con la desintegración de las células de la RAF.

El BZJ y las RZ continuaron su ciclo terrorista hasta inicios de los ochenta, muy probablemente con apoyo exterior y con objetivos centrados en las instalaciones y personal de la OTAN. El 25 de junio de 1979, la RAF estuvo a punto de eliminar a Alexander Haig, por entonces jefe supremo del mando europeo de la OTAN. En los años 1980-1981, después de tres años de silencio, los restos de la RAF, nutridos por un número indeterminado de nuevos activistas, iniciaron una nueva campaña violenta con bases ideológicas renovadas y partenaires internacionales de contrastada eficacia, tal como quedó evidenciado en el apoyo palestino al atentado contra una discoteca frecuentada por soldados norteamericanos en Berlín Occidental el 5 de abril de 1986. A la altura de 1984, la RAF mantenía una base de 15-20 activistas, 200 militantes ilegales y 400 seguidores[25]. Una huelga de hambre de sus miembros, anunciada el 4 de diciembre de 1984, coincidió con quince ataques explosivos y 23 incendiarios. Una incursión efectuada el 8 de agosto en una base norteamericana en Frankfurt provocó la muerte de dos soldados.

La creación de una alianza subversiva internacional no fue dejada de lado: el 15 de enero de 1985 la RAF constituyó con el grupo francés Action Directe un «frente antiimperialista de guerrillas en Europa Occidental» que también incluía a las Brigadas Rojas italianas y a las Células Comunistas Combatientes belgas. Pero esta campaña de «euroterrorismo» llevada a cabo por las BR, RAF, AD, CCC, Forças Populares 25 de Abril (FP-25, fundadas en 1980 durante el proceso de revisión constitucional en Portugal), Epanastatiki Organosi 17. Noemvri (Organización Revolucionaria 17 de Noviembre) y GRAPO a mediados de los ochenta contra instalaciones de la OTAN en el momento del despliegue de los euromisiles fracasó estrepitosamente el 21 de febrero de 1987 con la detención de Jean-Marc Rouillan y otros activistas en la ciudad francesa de Orléans[26]. La táctica de «guerrilla urbana» sin apoyo popular fue derivando a fines de los ochenta en un activismo sectario, vacío de contenido teórico y de escasa potencialidad subversiva, centrada en atentados contra empresarios y diplomáticos. La caída del muro de Berlín dejó a los activistas de la RAF refugiados en la República Democrática Alemana inermes ante la justicia federal. Los más recalcitrantes fueron condenados a largas penas de prisión, que fueron sensiblemente recortadas para aquellos que mostraron su disposición a colaborar con las autoridades[27]. El 20 de abril de 1998, una declaración de ocho páginas fechada el 18 de marzo fue enviada a la agencia Reuters, firmada por la RAF y con el característico logo de la estrella roja cruzado por la ametralladora MP5. La carta anunciaba la disolución del grupo: «Casi 28 años atrás, el 14 de mayo de 1970, la RAF surgió en medio de una campaña de liberación. Hoy finalizamos este proyecto. La guerrilla urbana en la forma de la RAF es ahora historia».

Según Fetscher, la RAF cometió tres errores básicos: creer que se podía conquistar al pueblo para la revolución violenta a través del terror; creer que era posible humanizar el sistema a través del homicidio y creer que el terrorismo en la RFA podía ser un apoyo eficaz en la lucha de liberación de los pueblos coloniales, asimilándolo a la «resistencia antifascista»[28]. Poco a poco, la RAF se fue cerrando sobre sí misma, alejándose del movimiento contestatario que, por su parte, se sintió cada vez menos implicado en esa «guerra» singular que oponía a la RAF y al Estado. Con todo, junto con las BR italianas, fue el único grupo terrorista europeo que, sin ningún componente ideológico nacionalista o autonomista, mantuvo una cierta continuidad en su actuación de 1972 a 1978.

3. LOS «AÑOS DE PLOMO» EN ITALIA

Resulta llamativo que en Italia el terrorismo apareciera en un contexto de prosperidad económica, sin el clima de guerra civil que había propiciado el ascenso y la caída del fascismo a inicios de los veinte y mediados de los cuarenta, las tensiones revolucionarias del comunismo en los cincuenta o la explosiva situación creada por la emigración desde el Mezzogiorno en los años sesenta. El terror se expandió cuando las dos organizaciones pretendidamente revolucionarias, el PCI y el MSI neofascista, abandonaron sus proyectos subversivos y aceptaron el sistema democrático. En Italia en los años setenta, cuando la mayor formación comunista entonces existente en el mundo occidental estaba a punto de participar en el gobierno con la Democracia Cristiana, y a medida que los pequeños partidos de la nueva izquierda perdían capacidad para canalizar institucionalmente determinadas demandas colectivas debido a su fracaso electoral, un significativo elenco de jóvenes con educación superior y descontentos, así como trabajadores manuales visiblemente politizados, se adhirieron a grupos extraparlamentarios que reclamaban para sí, sin fundamento alguno, la representación de los intereses públicos de la mayoría de la población y se encontraban de uno u otro modo inmersos en actividades de violencia[29]. A ello se unió el fin del «milagro económico» italiano y las manifestaciones y los choques con la policía en el «otoño caliente» de 1969, que condujo a un clima de violento conflicto social, con la creación de comitati autonomi en las fábricas que pedían modos de lucha más politizados, militantes y violentos que los impulsados por los sindicatos tradicionales. En la atmósfera de desorden y violencia que acompañó a los ciclos de protesta de masas de 1968-1971 (coincidente con la agitación universitaria en toda Europa) y de 1977-1979 (movimiento de autonomía universitaria y obrera específicamente transalpino), un puñado de extremistas se sintió abandonado por la izquierda tradicional y recurrió a las armas. En los años 1969-1975 predominó un terrorismo de extrema derecha con protección institucional. De 1977 a 1979 los actos terroristas de la extrema izquierda (sobre todo de las Brigadas Rojas) se incrementaron enormemente. Aunque el momento culminante de la violencia política fueron los años 1980-1981, el ciclo terrorista mostraba por esas fechas síntomas evidentes de agotamiento. El declive de los años 1979-1983 resultó irreversible gracias a la mayor eficacia y neutralidad de las fuerzas policiales[30].

La primera mitad de los años setenta, que se correspondería con la fase de incubación del «terrorismo rojo», coincidió con la aparición en la sociedad italiana de una serie de movilizaciones sociales que dieron lugar a la aparición de un intenso ciclo de protesta. El movimiento estudiantil de 1968, que en otros países tuvo una vida un tanto efímera, marcó en Italia el inicio de un largo período de acciones colectivas contestatarias que se prolongó hasta 1976, y que llevó a la intensificación y extensión de las formas de protesta. De hecho, durante esos primeros años setenta, el terrorismo fue un fenómeno absolutamente marginal y minoritario en relación a ese clima de conflictividad social generalizada. Hasta 1974, tanto el número de atentados como el número de organizaciones terroristas en activo fue reducidísimo.

El terrorismo de extrema izquierda italiano nació en 1970, y no entró definitivamente en crisis hasta 1984. Durante esos catorce años se produjeron un total de 4000 atentados, 2000 de ellos dirigidos contra personas, que fueron todos reivindicados o atribuidos a alguna de las 500 siglas aparecidas durante el período[31]. El movimiento unitario en el que habían confluido núcleos organizativos nacidos de las protestas estudiantiles y núcleos obreros de las fábricas del norte, comenzó a partir de finales de 1968 a fragmentarse en una serie de grupos de los que nacerían las llamadas organizaciones de la «nueva izquierda»: Lotta Continua (LC) en Pisa, Turín y Trento; Potere Operaio (PO), Movimento Sudentesco, Il Manifesto y Avanguardia Operaia (AO) en Milán y Autonomia Operaia en Roma, Bolonia, Florencia y Padua, que dirigieron desde finales de los sesenta la protesta de la juventud universitaria contra un sistema político afectado de parálisis (el ya aludido sistema bloccato, marcado por el inmovilismo del gobierno, el fracaso de la oposición y el declive del sindicalismo obrero, que seguían penosamente el desarrollo acelerado de la sociedad)[32] y ausencia de verdaderas alternativas de poder. Estas organizaciones nacidas durante las protestas de 1969 iban a agrupar en torno suyo a parte de los sectores sociales más movilizados, hasta convertirse en las principales animadoras de los movimientos sociales del período y, en gran medida, en las responsables de la duración, amplitud y politización que alcanzó el ciclo de protesta en Italia[33].

A ojos de la extrema izquierda italiana, la Democracia Cristiana, dominante en la escena gubernamental desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y la alternativa comunista —enfrascada en el control sindical de un movimiento obrero en crecimiento, y cada vez más volcada al «compromiso histórico» propuesto por Berlinguer en 1973— formaban una misma cultura política marcada por el continuismo y la desmovilización social. Bajo el impulso de la guerrilla latinoamericana y del movimiento internacional de contestación culminado en la revuelta de la Universidad de Berkeley y el mayo francés, los jóvenes revolucionarios de las fábricas y los estudiantes de las aulas parecían haber retornado al activismo, el utopismo y el verbalismo de los años veinte, o a la nostalgia partisana de los años 1944-1945. No resulta sorprendente que las Brigadas Rojas y otros grupos armados se declararan herederos de los partisanos antifascistas de la fase postrera de la guerra mundial, depositarios de un mito resistencialista cuya memoria se renovaba localmente cada año con festejos y rituales populares promovidos por los partidos de izquierda. Cuando las BR inauguraron la propaganda armada a inicios de los setenta, se mantenía el temor a un golpe de Estado y a la desestabilización neofascista, lo que explica la adopción de un antifascismo de combate, desconectado de la historia de la lucha antimussoliniana y del antifascismo doctrinal de los actores del juego parlamentario[34].

El primer gran atentado de la época se produjo el 12 de diciembre de 1969 en un banco situado en la Piazza Fontana de Milán. Un hecho violento aún no dilucidado plenamente, pero que puede interpretarse como la respuesta de los sectores de la extrema derecha a las movilizaciones estudiantiles y a las victorias sindicales en el «otoño caliente» de 1969. Ese atentado marcó una fecha histórica en los «años de plomo», ya que supuso el fin de las relaciones de confianza entre los ciudadanos y el Estado democrático, que parecía culpable de encubrir o alentar este tipo de acciones que fomentaron la «estrategia de la tensión». De este acto surgieron las primeras organizaciones paramilitares de izquierda que alimentaron el terrorismo. Las Brigate Rosse (BR) nacieron precisamente en Milán en octubre del año siguiente, y realizaron su primer atentado en enero de 1971. En septiembre difundieron su primer comunicado, que estaba en la línea de la visión estratégica de los Tupamaros: desembocar a través de la espiral violencia-represión en una toma de conciencia del proletariado, del cual se presentaban como vanguardia. Poco a poco se fueron sumergiendo en una campaña de violencia que, junto a la grave crisis social de comienzos de los setenta (que coincidió con el declive del sindicalismo comunista), a las provocaciones neofascistas y a los complots desestabilizadores urdidos en el seno del aparato del Estado, persuadió a algunos observadores políticos de que el régimen democrático italiano caminaba hacia una crisis irreversible[35].

Las BR se establecieron inicialmente en las zonas industriales del norte de Italia, concretamente en Milán y Turín. Sus fundadores procedían del Colettivo Politico Metropolitano de Milán (grupo «consejista» influido por el maoísmo francés, que pasó de la contestación juvenil en la universidad a la guerrilla urbana antifascista con el apoyo de organizaciones como Potere Operaio, animado por Toni Negri, que mostró su solidaridad con las primeras acciones de las BR[36]), de la Facultad de Sociología de la Universidad de Trento (como su máximo dirigente histórico, Renato Curcio, de formación católica) y de sectores disidentes del feudo del PCI en la Reggio Emilia (Alberto Franceschini). Todos ellos influidos por la experiencia maoísta, que establecía una identificación absoluta entre la organización del poder obrero y la gestión de la lucha armada. Las iniciales BR no se comportaban como un partido convencional, sino como una organización marxista-leninista de vanguardia y combate en abierta ruptura con el reformismo del PCI. Sus militantes de primera hora eran obreros, empleados públicos, estudiantes de clase media (a menudo procedentes de medios católicos) de las universidades del norte superpobladas y desprestigiadas como canal de promoción social, desarraigados del medio urbano y trabajadores precarios (emarginati), unidos por experiencias comunes en movimientos de protesta vecinal, ocupaciones de fincas, sentadas estudiantiles, marchas y manifestaciones en favor de los derechos de la mujer. No faltaron tampoco terroristas de clase acomodada e inspiradores y organizadores de la más alta burguesía, como el editor Giangiacomo Feltrinelli, millonario «radical-chic» que tras su alejamiento del PCI y la proclamación de la resistencia armada frente a un posible golpe de Estado dirigido por el príncipe fascista Junio Valerio Borghese en 1969, había tratado de financiar la lucha armada liberadora en Cerdeña. Más tarde creó con expartisanos genoveses y marginales de Milán sus propios Gruppi di Azione Partigiana (GAP) para ensayar la violencia preventiva frente a la amenaza de un golpe de Estado de extrema derecha, y murió el 15 de marzo de 1972 al estallarle una bomba que pretendía colocar en un tendido eléctrico de las proximidades de Turín[37].

Los objetivos de las formaciones armadas de izquierda entre 1970 y 1974, que se sumaron a la campaña de «antifascismo militante», no fueron los grupos terroristas de la extrema derecha, sino los militantes neofascistas, sus sedes y su patrimonio[38]. Durante el primer período (1970-1976), el terrorismo de las BR estuvo ausente del lugar de trabajo, pero la cosa cambió en los años 1976-1978 con la aparición de los Autónomos, que irrumpieron en las fábricas con pequeños grupos de intimidación, aunque luego serían expulsados por los sindicatos afines al PCI. Las BR se infiltraron en empresas como Pirelli, SIT-Siemens y Alfa Romeo en Milán y FIAT en Turín, que en octubre de 1977 despidió a 61 obreros sospechosos de simpatías con el terrorismo. Sus primeras acciones violentas se centraron en explotar los conflictos laborales: quemas de vehículos y un primer atentado con bomba en agosto de 1971 en la oficina de Giuseppe Leoni, director de personal de la SIT-Siemens. Estas violencias, aún enraizadas en las luchas obreras del momento, dejaron paso a partir de 1972 a acciones más políticas como raptos de directivos y sindicalistas fascistas. En 1972, las BR realizaron su primer secuestro en la persona de un militante milanés de la CISNAL, sindicato cercano al MSI. Fue el período de la «propaganda armada», traducida en bombas en autos de directivos o camiones de empresa y sabotaje industrial; una violencia de baja intensidad que no contó con el apoyo mayoritario del movimiento obrero. Las BR no comenzaron su proceso de conversión en un grupo clandestino que recurría a formas de acción típicamente terroristas hasta los arrestos que comenzaron a sufrir en 1972. Fue entonces cuando se organizaron en columnas de «regulares» en Milán, Turín y Padua, pero el movimiento de extrema izquierda (Lotta Continua, Potere Operaio) se mostraba ambiguo o francamente hostil a sus acciones. El 11 de marzo de 1972 se produjeron en Milán graves incidentes entre manifestantes y policías, y cuatro días más tarde se encontró el cadáver de Giangiacomo Feltrinelli, editor y animador de los GAP, que se reunieron poco después con las BR.

Fue entonces cuando la «propaganda armada» comenzó a tomar vuelo, con el secuestro de un dirigente de la Siemens, pero la presión policial obligó a las BR a entrar en la clandestinidad y a mejorar su capacitación técnica. Esta primera etapa, cuajada de secuestros de empresarios milaneses acusados de fascismo, se saldó en 1973-1974 con un fracaso en toda la línea, que impuso un verdadero giro organizativo, estratégico y teórico. Tras el fracaso en la actuación fabril en Turín en 1974, las BR concentraron su acción contra el «Stato imperialista delle multinazionali». La decisión de separarse de las estructuras organizativas legales e iniciar el camino hacia la clandestinidad se produjo hacia 1974 en un contexto caracterizado por el declive de ese ciclo de protesta sociolaboral en el que los brigadistas habían participado con especial dedicación. Entre 1974 y 1976, las BR reclutaron nuevos militantes entre los colectivos radicalizados, extendieron su presencia a otras realidades geográficas del centro de la península italiana e iniciaron un proceso de rearme que llevaría a la transformación de sus características organizativas y sus estrategias de acción. El aumento del número de organizaciones y de militantes[39] se correspondió con un brusco crecimiento del número de episodios de violencia política y del número de atentados reivindicados y no reivindicados a partir de 1977; un proceso cuya tendencia no se invertiría hasta iniciada la década de los ochenta, en que las cifras violentas comenzaron a descender primero lentamente y después con gran rapidez[40]. Esa segunda fase de expansión del terrorismo italiano alcanzó su punto álgido entre 1978 y 1979, coincidiendo con el que fue sin duda el atentado político más relevante de la historia del terrorismo «rojo» italiano, el secuestro y posterior asesinato del presidente de la Democrazia Cristiana, Aldo Moro.

En la primavera de 1974 aparecieron en Nápoles los Nuclei Armati Proletari (NAP), escisión del grupo radical Lotta Continua compuesta por antiguos detenidos de derecho común politizados por un movimiento de lucha en las prisiones[41]. Bajo su autoproclamada defensa de los marginados sociales y laborales, en la estela de Marighella y Fanon, los NAP practicaron en Florencia, Milán y Roma el atentado con explosivo, el rapto (al juez Di Gennaro en mayo de 1975, que coincidió con un motín en la cárcel de Viterbo) y el tiro a las piernas (gambizzazione) sobre sus víctimas, hasta su prematura desarticulación por la policía en 1976. El juicio que tuvo lugar en Nápoles de noviembre de 1976 a febrero de 1977 señaló el fin de la lucha napista, cuyas vinculaciones con las BR fueron siempre muy tenues[42].

En los años de la crisis económica de 1974-1975, se asistió en Italia a un fuerte aumento de los índices de delincuencia común y de actividad terrorista. Fueron los años de maduración de la lucha armada y del incremento de la virulencia de este tipo de acciones, con la detención de los primeros líderes de las BR, la destrucción de los NAP y la entrada en liza de Prima Linea. Teóricamente, las BR dejaron a un lado su aspiración a ser la expresión armada de las luchas obreras reales y pasaron a preconizar la lucha abstracta contra el «Estado imperialista de las multinacionales». Su primer gran golpe fue el secuestro y el «juicio popular» en abril de 1974 del sustituto de procurador de la República, el magistrado Mario Sossi (acusador en el juicio contra los GAP genoveses): acción perfectamente organizada al modo tupamaro que otorgó a las BR notoriedad a escala nacional. Ese mismo año comenzó su cadena de atentados mortales: asesinato a sangre fría de dos fascistas el 17 de junio de 1974 en Padua y de dos Carabinieri en octubre. En abril de 1975, las BR prepararon su primera resolución estratégica: un documento teórico donde el Estado se transformaba en el motor autoritario del desarrollo capitalista del imperialismo multinacional («Estado imperialista de las multinacionales» o SIM), que debía ser desarticulado por medio de una paciente labor de guerrilla urbana. La previsión para 1975-1976 era incrementar la acción terrorista, pero utilizando técnicas de infiltración los Carabinieri lograron detener al núcleo histórico de las BR (Curcio, Franceschini, etc.) el 8 de septiembre de 1974. Curcio fue espectacularmente liberado de la prisión de Casale de Monferrato el 18 de febrero de 1975 por un comando dirigido por su mujer Margherita Cagol (que resultó muerta en junio siguiente), y definitivamente detenido el 16 de enero de 1976. En la primavera de ese año, cuando dio comienzo el primer juicio masivo contra las BR, solo una quincena de activistas permanecía en libertad.

Fue entonces cuando surgió la segunda generación de dirigentes, menos especulativos pero más eficientes en la gestión de la violencia que sus románticos predecesores[43]. El encarcelamiento de los «movimentistas» y la llegada al mando de los «organizativistas» de la segunda hornada, favorables a la constitución de un partito armato de violencia política jacobina, facilitó la captación de personas salidas del universo de la «autonomía» (movimento armato de violencia activista difusa anclada en las necesidades sociales) y de las luchas estudiantiles de 1977. A los «calientes» Franceschini, Curcio, Cagol, Paroli o Ferrari sucedieron los «fríos» Mario Moretti, Bonisoli, Balzerani o Micaletto, dirigentes de un nuevo núcleo de militantes de origen obrero, más duros y despiadados. Como recordaba el brigadista Corrado Simioni, «la lucha armada en Italia ha acabado cuando han arrestado a Curzio. Desde entonces ha sido otra cosa: el triunfo de la tecnocracia militar. Curzio era un político, mientras que Moretti nunca lo ha sido: era solo un tecnócrata, un hombre sorprendentemente ayuno de cultura, que siempre antepuso el fanatismo a las ideas»[44].

En 1974-1976 se puso a punto el modelo organizativo general: en la cúpula se encontraba el Comité Ejecutivo, formado por los cuatro o cinco jefes de la organización, que tomaba las decisiones clave y gestionaba las relaciones internacionales. La dirección estratégica se reunía una o dos veces al año y definía la línea política general[45]. Las BR pusieron a punto en 1976-1978 una nueva estructura militarizada en columnas (Turín, Milán, Génova, Véneto, Roma y Nápoles), brigadas y células de activistas regulares o clandestinos (que constituían comandos de 4-5 miembros) y militantes irregulares, todo ello bajo el control de un Comité Ejecutivo y de una Dirección Estratégica. Los frentes nacionales (logístico y de masas) debían evaluar las acciones terroristas más importantes. A pesar de la paulatina desaparición de la escena de sus fundadores, las BR lograron recomponer su organización gracias al «histórico» Mario Moretti, y cambiaron de estrategia, saliendo de las fábricas para «golpear al corazón del Estado» en una guerra que se preveía de larga duración[46]. Desde entonces, el frente logístico (es decir, la máquina militar) se transformó en el verdadero centro de la Organización (con O mayúscula), que dejaba a un lado la dirección estratégica y el análisis político. La primera manifestación de esta nueva forma de actuar fue el asesinato el 8 de junio de 1976 del procurador general en Génova, Francesco Coco, y el secuestro del industrial Pietro Costa, expresidente de la patronal (Confindustria), que llevó a las cajas de las BR alrededor de 1000 millones de liras. El 28 de abril de 1977 asesinaron a Fulvio Croce, decano del Colegio de Abogados de Turín. También utilizaron las gambizzazioni (tiro a las piernas) sobre conocidos periodistas, como le ocurrió a Indro Montanelli en Milán el 2 de junio de 1977[47].

Desde la derrota electoral de la izquierda revolucionaria en junio de 1976 —solo consiguieron 550 000 votos—, el nuevo ciclo de protesta social y de movilización estudiantil ofreció la cobertura idónea para una nueva ofensiva terrorista. Aparecieron nuevos grupos armados, como Prima Linea (creada en Milán a fines de 1976 por figli di papà como Sergio Segio, Marco Donat Cattin —hijo de un conocido líder de la DC— y otros, recogiendo militantes de Lotta Continua, Autonomia Operaia y Senza Tregua) y otras organizaciones menores, más receptivas hacia las inquietudes del movimiento de protesta estudiantil autónoma, y que en los dos años siguientes practicaron la táctica del terrorismo difuso y semilegal, atacando en octubre de 1976 los locales de la DC en Turín, asesinando a un policía en marzo de 1977 o atentando contra la factoría FIAT a fines de año. Mientras que el secuestro de Aldo Moro fue la culminación de la estrategia desestabilizadora brigadista, la jornada del 12 de marzo de 1977 en Roma fue el ejemplo acabado de la línea «autónoma», con la margen izquierda del río Tíber llena de cócteles Molotov y autónomos desvalijando tiendas.

A partir del verano de 1976, Prima Linea se entregó a una violencia masiva. En 1977 ya era la principal organización terrorista del país tras las BR (disponía de dos millares de activistas solo en Milán), y actuaba en medio de una sorprendente tolerancia oficial, hasta que sufrió los primeros arrestos a mediados de ese año. El proceso contra sus dirigentes, que tuvo lugar en marzo de 1979, se sustanció con leves penas por militancia en organización subversiva. Desde el verano de ese año, Prima Linea actuó de forma indiscriminada contra taberneros acusados de delación, profesores, magistrados (asesinatos en Milán del juez Emilio Alessandrini, encargado de la investigación de la bomba de Piazza Fontana, el 29 de enero de 1979, y de Guido Galli el 19 de marzo de 1980), gerentes de empresas (asesinato del ingeniero Carlo Ghiglieno, responsable de planificación de la FIAT, el 21 de septiembre de 1979), estudiantes (ocupación de la Escuela de Administración Hacendística Valetta de Turín el 11 de diciembre de 1979), etc. La explicación a esta ferocidad puede estar en su inconsistencia ideológica y su falta de anclaje en referencias de clase, que favoreció el aventurerismo juvenil, resistencial y lúdico de la primera hora, pero que no resistió el impacto del secuestro de Moro, el comienzo de unaguerra vera que requería formas de militancia más inflexibles y enérgicas[48].

1977 fue el más crispado de todos esos «años de plomo», el punto de arranque del gran terrorismo y de la gran represión. Los teóricos como Negri quedaron marginados por la gran oleada de violencia autónoma. Los grupos como Lotta Continua, Il Manifesto o Avanguardia Operaia se disolvieron, pero su desaparición no evitó la persistencia activista de la parte más dura y violenta de la extrema izquierda, que protagonizó ásperos enfrentamientos en Roma, la «roja» Bolonia, la «blanca» Padua, etc. El incremento de la violencia colectiva permitió un nuevo apogeo de las BR, ahora dirigidas bajo estrictas reglas de clandestinidad por una dirección que organizaba con fino detalle burocrático los atentados, los secuestros e incluso los salarios y las vacaciones de sus activistas. Los años 1978-1980 fueron los de terrorismo más intenso en volumen de incidencias: 287 atentados en 1977, 716 en 1978 y 805 en 1979. En Turín, las BR iniciaron una nueva ofensiva de asesinatos en 1977-1978, coincidiendo con el juicio a los fundadores del grupo.

El 16 de marzo de 1978, apenas comenzado el maxiproceso contra las BR en Turín (47 acusados, de los cuales solo quince aparecieron en la sala, encadenados como en un antiguo proceso carbonario), un fuerte contingente de 10-12 brigadistas (Moretti, Bonisoli) y exmilitantes de los NAP asestaron el golpe más espectacular de estos «años de plomo»: el secuestro del presidente de la Democracia Cristiana Aldo Moro y el asesinato de cinco de sus escoltas en Via Fani, precisamente en el momento en que estaba negociando en el Parlamento un gobierno de «solidaridad nacional» con apoyo parlamentario comunista que debía coronar la estrategia de «compromiso histórico». Este acto comenzó a madurarse a partir de 1976, tras el rapto del magistrado Sossi, y un fallido secuestro del dirigente democristiano Giulio Andreotti. Tras 55 días de agonía colectiva, en que las BR emitieron varios comunicados sobre el transcurso del «juicio popular» y diversos mensajes del secuestrado (que acusó a Andreotti de estar tras el atentado de Piazza Fontana) que sembraron la discordia entre los partidarios de la negociación (PSI) y de la firmeza (PCI y gobierno democristiano), el cadáver de Moro fue descubierto el 9 de mayo en Via Caetani, a mitad de camino entre las sedes del PCI y la DC[49]. Este innegable éxito político y militar marcó el ápice, pero también el comienzo del fin para las BR, trufadas ahora de activistas «autónomos» menos formados ideológicamente e incapaces de someterse a las estrictas reglas de actuación de la banda. Tras ese asesinato, las BR no lograron mantener su unidad, las fronteras con la «autonomía» se volvieron borrosas y se incrementó de forma febril un activismo violento que trajo aparejado el desbordamiento de las BR por Prima Linea. La crisis de 1978 condujo a la autonomización de la corriente obrerista milanesa, que preconizó un retorno a las fábricas a través de una estrategia de «sindicalismo armado». En medio de la confusión, las acciones violentas comenzaron saldarse con repetidos fracasos, debidos al caos interno, pero también a la enérgica reacción del Estado. Como recuerda Moretti:

Ha sido una acción clamorosa, la han seguido en todo el mundo, hemos tenido en jaque al Estado. Parecíamos, y operativamente somos, imbatibles. Pero habíamos secuestrado a Moro para abrir una dinámica en el frente político, para reabrir el conflicto entre izquierda y gobierno, y no ha sido así […] Si han sacrificado al presidente de la Democracia Cristiana, ¿por quién otro estarán dispuestos a discutir? Por nadie. El secuestro de Moro no es una acción que haya ido mal, un pequeño o gran error de valoración, es el fin de un modo de pensar de la guerrilla, el fin de la teoría de la propaganda armada. No obtendremos nunca más con una acción de guerrilla un objetivo sobre la escena política, porque la escena política se ha reducido a pura defensa del Estado[50].

En efecto, tras una máxima expansión de los derechos individuales entre 1968 y 1972, en 1973 se creó la primera unidad especial antiterrorista bajo el mando del general Carlo Alberto Dalla Chiesa, responsable de la detención de la primera generación de líderes brigadistas en 1975-1976, que el 4 de mayo de 1977 asumió la tarea de coordinación del servicio de seguridad interior y exterior de las instituciones penitenciarias, y reasumió el mando antiterrorista a partir de 1979. Para superar la tradicional rivalidad entre los Carabinieri dependientes del Ministerio de Defensa y la Pubblica Sicurezza a las órdenes del Ministerio del Interior, tras el atentado en la logia de Brescia y el secuestro del juez Mario Sossi se creó en la primavera de 1974 el Ispettorato Generale per l’Azione contro il Terrorismo dirigido por el doctor Emilio Santillo, que fue disuelto en 1977 y sustituido en enero de 1978 por el Ufficio Centrale per le Investigazioni Generali e le Operazioni Speciali como nueva central de operaciones antiterroristas.

A principios de 1975, el general Dalla Chiesa, director del Núcleo especial de la policía judicial creado en Turín entre los Carabinieri, propuso una reestructuración radical del aparato antiterrorista, con filiales autónomas en toda Italia solo dependientes de un comando supremo antiterrorista con sede en Roma. A partir de esa fecha, los efectivos de los Carabinieri fueron dotados de importantes medios antidisturbios y la acción antiterrorista cobró mayor eficacia, con 200 agentes secretos actuando en la clandestinidad. También se mejoró la preparación técnica y el entrenamiento, las unidades fueron dotadas de nuevos materiales, vehículos y medios de enlace, y se aplicaron los métodos de lucha contra el crimen organizado, como la multiplicación de infiltrados y arrepentidos. Además, desde 1975 se dio a los agentes autorización para usar armas de fuego con el objeto de impedir la consumación de actos delictivos graves[51].

A partir de 1974 se produjo un endurecimiento legislativo: la Ley de Orden Público de 22 de mayo de 1975 o «ley Reale» (Oronzo Reale fue ministro de Justicia en el penúltimo gabinete Moro) permitió los registros personales sin mandato judicial, amplió las facultades de las fuerzas de seguridad (interrogatorio policial), estableció medidas cautelares como los confinamientos y amplió los plazos de la prisión preventiva, con excepcionalidad de la libertad provisional, limitación drástica de las facultades judiciales, registros personales sin mandato, ampliación de las atribuciones de la policía, etc[52]. Un decreto-ley antiterrorista de 21 de marzo de 1978, promulgado bajo el impacto de la muerte de Moro, dio nuevas atribuciones a la policía y a la judicatura en la prevención y represión del terrorismo, con la autorización de escuchas telefónicas, ampliación del delito de «asociación con fines terroristas y subversivos», prisión preventiva o medidas de apoyo a los arrepentidos[53]. Una nueva ley, promulgada el 18 de mayo de 1978, impuso la militarización de las cárceles, la potestad de clausura gubernativa de las sedes políticas sospechosas, los interrogatorios policiales sin presencia del abogado defensor, los registros y la intervención de las líneas telefónicas. La vertiente estrictamente policial del problema fue objeto de atención preferente: en otoño de 1978, las operaciones policiales acabaron llevando a juicio a 210 terroristas, incluidos 143 brigadistas, que abarrotaron las jaulas de acusados en unos «maxiprocesos» hasta entonces reservados a los miembros de la Mafia y la Camorra. En 1979 se amplió el plazo legal de detención hasta 47 horas, en 1978 se permitió una extensión de las escuchas telefónicas, y el 31 de mayo de 1982 se promulgó una ley de arrepentidos que no se limitaba a alentarlos con fuertes recompensas y reducción de penas, sino que permitía al terrorista abandonar la lucha sin ser obligado a la delación a cambio de impunidad. Con el inicio de los años ochenta hubo un cambio de tendencia, debido al progresivo abandono de la legislación de emergencia y a una mayor preocupación por la eficacia y la coordinación policial, centrada en la creación de bases de datos de sospechosos al estilo alemán. Pero este reforzamiento del régimen democrático italiano por vía legal no se logró sin haber cometido antes ciertos excesos y abusos, que fueron acogidos con profundo malestar por una opinión pública tradicionalmente escéptica y poco identificada con la acción del Estado, cuya intervención en el terrorismo ha sido definida por algunos como la propia de un «doble Estado», con lealtades diferentes e incluso encontradas hacia el atlantismo o los intereses nacionales[54]. Un claro ejemplo lo tenemos en los dirigentes de la DC, que oscilaron entre la denuncia y la colusión con los excesos policiales, en función del contexto diplomático y las correlaciones de fuerza existentes en el interior del partido[55].

El establecimiento de prisiones de alta seguridad para terroristas en 1977, por iniciativa del general Dalla Chiesa, arrojó a muchos activistas a siete cárceles especiales con un régimen disciplinario extremadamente riguroso, como la de Asinara, en Cerdeña. Tampoco faltaron casos de torturas, como las infligidas a los secuestradores del general Dozier. Intelectuales como Alberto Moravia, Umberto Eco o Leonardo Sciascia hicieron pública su neutralidad moral en la lucha entre terrorismo y Estado, en un país tradicionalmente comprensivo con las manifestaciones más desviadas del «bandidismo social» y que hizo suyo el lema «ni con el Estado ni con las Brigadas Rojas»[56]. También se dio el caso de jueces «democráticos» que absolvieron o impusieron penas leves a los simpatizantes de las BR, y fueron acusados de connivencia con el terrorismo.

En 1979 surgió una tercera generación de terroristas, vinculada a la banalización del asesinato y a la proliferación de bandas «autónomas», donde el grupo Prima Linea fijó la estrategia a seguir: un terrorismo callejero, cotidiano y universal, que trataba de desarrollar la insumisión social con intimidaciones en las empresas, ocupación de universidades, control de los cursos, organización de tribunales para los profesores y eliminación de los contradictores, control de los barrios, etc. Sin embargo, tras el asesinato del sindicalista comunista Guido Rossa en Génova y del juez de izquierda Emilio Alessandrini por Prima Linea, el apoyo de la izquierda se desvaneció. El 7 de abril de 1979, el procurador de la República Pietro Calogero ordenó en toda Italia la detención de 34 personas, la mayor parte de ellas militantes de Autonomía Operaia (entre ellos el profesor Negri), acusándolas de colusión con el terrorismo de extrema izquierda, en concreto de formar la dirección estratégica de las Brigadas Rojas. El 21 de diciembre se produjo la segunda oleada de arrestos, que implicó a personas que ya habían abandonado la lucha política y la militancia activa en grupos de extrema izquierda. El 6 de febrero de 1980 se promulgó una ley sobre «medidas urgentes para la tutela del orden democrático y de la seguridad pública», pero el 12 de diciembre las BR raptaron a Giovanni D’Urso, juez penitenciario que fue liberado el 15 de enero de 1981 después de que el gobierno hiciera alarde de una flexibilidad (cierre de la cárcel de Asinara el 26 de diciembre de 1980) que no había mostrado en el «caso Moro». En otoño de ese año, las BR disponían aún de cuatro columnas activas, y algunos autores hablan de medio millar de activistas y decenas de miles de simpatizantes, pero el activista Patrizio Peci, detenido en 1980, entregó a las columnas de Turín, Génova y Roma.

Según datos del general Dalla Chiesa, jefe máximo de la lucha antiterrorista desde 1978, de los 372 brigadistas detenidos entre 1979 y 1980, 108 eran obreros o asimilados, 129 estudiantes o profesores, 53 empleados, 23 profesionales liberales, 20 marginales y algunos artistas. En realidad, parece que en su mejor momento las BR no tuvieron más allá de 300 activistas regulares y de 2000 a 3000 simpatizantes. Una fuerza aún temible, pero que carecía de una verdadera dirección central, ahora minada por las disensiones entre el ala histórica (Curcio), en prisión desde mediados de los setenta, la «movimentista» liderada por Moretti (que por fin fue arrestado en Milán el 4 de abril de 1981), la «autónoma» (representada por el exprofesor de criminología Giovanni Senzani, que poco a poco cobraría independencia de las directrices de Moretti para crear su propio «partidoguerrilla»: el Movimento Rivoluzionario Popolare Organizzato, hasta que cayó en manos de la policía en enero de 1982) en ascenso desde 1977 y la «obrerista», partidaria del retorno al «sindicalismo armado» de fábrica, tras el viraje hacia la austeridad preconizado por los sindicatos oficiales en enero de 1977. El resultado fue la anarquía, la descomposición interna y la huida hacia delante de algunos grupos que, a imagen de las bandas armadas alemanas o belgas, con el relanzamiento de la prosperidad económica a inicios de los ochenta desviaron su atención hacia objetivos de la defensa militar occidental.

El secuestro en Verona el 17 de diciembre de 1981 del general norteamericano James Lee Dozier, jefe de Estado Mayor logístico de la OTAN en el sur de Europa, por la columna brigadista de Venecia, y su liberación en Padua por una escuadra especial de Carabinieri el 28 de enero de 1982 marcaron el definitivo declive de las BR, en paralelo a la recuperación económica, la más certera acción policial (la última gran redada, con 21 terroristas detenidos, se efectuó el 7 de septiembre de 1988) y la proliferación de la figura del pentito o arrepentido, cuyo número se elevó a 389 a fines de 1982, entre ellos el jefe de la columna brigadista romana Valerio Morucci[57]. Las BR se escindieron en las ramas «movimentista» y «militarista», y desaparecieron progresivamente a partir de 1982, aunque en los años ochenta siguieron existiendo unas «Brigate Rosse per la costituzione del Partito comunista combattente», que cometieron varios asesinatos. Continuaron ocasionalmente en activo, apoyando con la violencia los nuevos movimientos de protesta[58] o perpetrando asesinatos como los ejecutados contra los profesores Massimo D’Atona (consejero del ministro de Trabajo) el 20 de mayo de 1999 y Marco Biagi en Bolonia en 2002. Aunque su liquidación puede datarse en octubre de 2003, los brigadistas residuales se siguen considerando parte de un frente común internacional antiimperialista, en este caso en sintonía subversiva con el islamismo radical.

Entre 1970 y 1982, el terrorismo italiano de extrema izquierda había reivindicado 2188 atentados, que habían provocado 164 muertos. A fines de 1982 permanecían en prisión 1300 terroristas de extrema izquierda y 238 de extrema derecha. Desde 1969 hasta 1975 se realizaron 4362 actos de violencia, la mayor parte en Turín, Roma y Milán. Las zonas más castigadas fueron las regiones del Centro (Toscana, Umbria, Marcas, Lacio) con un 44 % de los episodios violentos. De 1969 a 1982 los homicidios de la derecha fueron 186. En los «años de plomo» de 1969 a 1982, hubo 350 víctimas mortales, entre ellas 37 terroristas[59]. Se puede constatar la existencia de dos períodos violentos completamente distintos: uno que va de 1969 a 1975, con el punto culminante en 1971 (515 episodios de violencia política y 295 atentados terroristas) y otro que cubre los años 1976-1982, con el momento culminante en 1978 (781 episodios de violencia —1228 reivindicados— y 716 atentados reivindicados[60]). En los años más dramáticos de 1976 a 1979, el color político dominante fue el rojo, con aproximadamente el 91-82 % de los atentados reivindicados.

4. LA PROTESTA ARMADA REVOLUCIONARIA EN OTROS PAÍSES

En varios lugares del mundo, los grupos terroristas de extrema izquierda surgieron en buena parte de un movimiento estudiantil en declive tras la fuerte oleada reivindicativa de fines de los sesenta.

Estados Unidos y Gran Bretaña

En los Estados Unidos, la acción armada tuvo su origen en la radicalización de grupos universitarios como Estudiantes por una Sociedad Democrática (SDS), fundado en 1960, y que tras la revuelta de Berkeley en 1964 extremó sus planteamientos políticos, uniendo sus fuerzas en 1966 con el grupo maoísta The Progressive Labour Party. En la primavera de 1969, un grupo de líderes del SDS de Chicago lanzó un manifiesto inspirado en la canción Subterranean Homesick Blues de Bob Dylan y titulado «You don’t need a weatherman to tell you which way the wind blows», para subvertir el gobierno mediante una revolución proletaria. Del 18 al 22 de junio, la Convención Nacional del SDS reunida en Chicago constató el colapso del movimiento estudiantil, que se dividió en una Worker Student Alliance y un Revolutionary Youth Movement. Fue entonces cuando su sector más radical tomó el mando y creó los Weathermen como organización revolucionaria comunista abocada a una guerra global antiimperialista. Se crearon grupos de entre 5 y 25 militantes bajo el control del denominado Chicago Weather Bureau. Los Weathermen, opuestos a la guerra de Vietnam, cambiaron el tradicional grito de protesta «traigan las tropas a casa» por el más provocativo «traigan la guerra a casa»[61]. Esta guerra, que aprovechaba el pretendido espontaneísmo revolucionario de las masas, aspiraba a convertirse en una guerra civil que debía librarse en las calles de la metrópoli imperialista. El grupo inició sus primeros Angry Days o Days of Rage (Días de Rabia, que desembocaban en una orgía de destrozos urbanos e irrupciones tumultuarias en escuelas) del 8 al 11 de octubre de 1969 en Chicago, con la voladura del monumento a los policías muertos en los tumultos del Haymarket Square de mayo de 1886[62]. La policía inició entonces una vasta campaña de desarticulación que llevó a la detención de 287 activistas en todo el país. En un peculiar «consejo de guerra» celebrado en Flint (Michigan) el 27 de diciembre de 1969, estos activistas crearon oficialmente la Weather Underground Organization (WUO), y decidieron pasar a la clandestinidad generando un «caos armado estratégico» mediante acciones terroristas sin fin preconcebido, como la bomba colocada en el cuartel general de la policía de Nueva York el 9 de junio de 1970 o el sabotaje contra la sede del Banco de América en la misma ciudad el 27 de julio. Entre septiembre de 1969 y mayo de 1970 perpetraron 250 atentados con bomba contra edificios gubernamentales vinculados a la guerra de Vietnam, el 1 de marzo de 1971 pusieron una bomba en el Senado norteamericano y el 29 de mayo de 1972 (cumpleaños de Hô Chi Minh) repitieron la acción en el Pentágono. La WUO, que contaba con un cierto apoyo en el mundo hippy y las comunas anarquistas marginales, realizó otros atentados espectaculares contra edificios de la policía, pero su capacidad operativa se fue agotando a fines de ese año, y tras un sañudo acoso acabó por disolverse en 1977[63]. En esta misma línea se situó el Symbionese Liberation Army (Ejército Simbiótico de Liberación), grupo armado revolucionario dedicado a la lucha antiimperialista y por la liberación de la población negra.

En la comunidad afroamericana, la protesta violenta se canalizó a través del grupo de los Black Panthers, organización de autodefensa fundada en Oakland, barrio-gueto de San Francisco, en octubre de 1966 por Huey P. Newton, Bobby Seale y Stokely Carmichael bajo inspiración del «Che», Malcolm X, Patricio Lumumba, Fanon, Hô Chi Minh y Mao. El Student Nonviolent Coordinating Commitee (SNCC), impulsado entre otros por Carmichael (luego rebautizado con el nombre de Kwame Touré, y casado de la cantante sudafricana Miriam Makeba) se radicalizó con la respuesta agresiva de los blancos, y apoyó una salida violenta encarnada en los Black Panthers, que tomaron el nombre del grupo de California (el Black Panther Party for Self-Defence, creado en el Oakland en el otoño de 1966 por Newton como ministro de Defensa y Seale como su presidente) y usó ese símbolo como parte del esfuerzo para formar un partido político de la comunidad afroamericana. De ideología socialista, los Black Panthers rechazaron la prédica integracionista de Martin Luther King y definieron a la comunidad negra como una colonia dentro de la «madre patria». Dentro de una lógica revolucionaria tercermundista influida por la literatura marxista, la violencia de liberación nacional propuesta por Frantz Fanon y la autodefensa armada que propugnaba la guerra mundial antiimperialista a escala internacional según las tesis de Malcolm X, exigieron la autodeterminación de la comunidad afroamericana, además de abogar por la destrucción de la clase dirigente industrial de raíz urbana mediante el desencadenamiento del caos productivo[64] Según la más ortodoxa doctrina marxista «la única respuesta a la violencia de las clases poseedoras es la violencia revolucionaria del pueblo».[65]. Interesados por la guerrilla guevarista (Carmichael estuvo presente en la I Asamblea de la OLAS), formaron grupos de autodefensa armada con cierto arraigo social en los barrios marginales de las grandes ciudades. La radicalización generada por la campaña que se realizó en el profundo Sur para impulsar el voto negro en 1964 generó un malestar que en el verano de 1967 se trocó en violencia antirracista. El 2 de mayo de 1967, el grupo asaltó el capitolio del Estado de California en Sacramento, y ese otoño Newton asesinó a un policía y fue encarcelado, aunque obtuvo la libertad por razones técnicas en agosto de 1970, se exilió en Cuba por tres años y luego fue asesinado por unos traficantes de drogas el 22 de agosto de 1989. Newton estaba de acuerdo con la insistencia de Malcolm X (muerto por musulmanes negros en febrero de 1965) en la autodefensa y la lucha por la libertad con cualquier medio disponible. Sus llamamientos a «tomar el fusil» al estilo de lo preconizado por Malcolm X condujeron a 29 enfrentamientos violentos con la policía (presentados siempre como cerdos en sus publicaciones) entre el 28 de julio de 1968 y el 8 de diciembre de 1969.

El momento de mayor desarrollo de su militancia fue el verano de 1968, e incluso se llegó a contar con 2000 adheridos a finales de ese año, pero 348 fueron arrestados en 1969[66]. La dura represión reveló la inutilidad del desafío a las autoridades, ya que a esas alturas todos los dirigentes de los Black Panthers habían sido encarcelados, expulsados del partido o forzados a abandonar el país. Ese año murieron 28 activistas a manos de la policía, y al año siguiente la cifra de muertes como resultado de incursiones policiales, tiroteos y ajustes de cuentas internos se elevó a 34, mientras que la policía lamentaba la muerte de quince agentes y decenas de heridos. Sus últimas acciones fueron los secuestros de un avión en Seattle el 2 de junio de 1972 (que acabó con la huida a Argelia del comando con medio millón de dólares del rescate) y otro con origen en Detroit el 1 de agosto de 1972 que reportó un millón de dólares y una oleada de odio entre los argelinos. A mediados de 1971, los Black Panthers habían desaparecido virtualmente del mapa, en medio de una lumpenización de la organización, que aceleró su crisis definitiva en 1978[67]. Con todo, defendieron un vigoroso programa social que sirvió como modelo para los programas de la izquierda liberal norteamericana en los años setenta y ochenta, y que aún están parcialmente vigentes[68].

En Gran Bretaña, la Angry Brigade fue un grupo comunista libertario que colocó 27 bombas en bancos, embajadas y domicilios de parlamentarios conservadores entre 1968 y 1971, hasta su desarticulación en agosto de ese año y la celebración de uno de los juicios más largos de la historia penal británica, tras el cual John Barrer, Jim Greenfield y Anna Mendleson fueron sentenciados a diez años de prisión, mientras otros como Stuart Christie, implicado en un intento de atentado contra Franco, fueron declarados no culpables[69].

Japón

La «nueva izquierda» japonesa nació de la desestalinización, de la lucha de 1967-1968 contra el Tratado de Seguridad con Estados Unidos y de la aparición del movimiento de Guardias Rojos en China, que empezó a actuar en el verano de 1966. Como en otras latitudes, los estudiantes nipones comenzaron a cuestionar su arcaico sistema universitario mediante la creación de organizaciones extremistas como la Zengakuren (Federación Japonesa de Asociaciones Estudiantiles) creada en 1948 en las proximidades del Partido Comunista, y que de 1960 a 1970 figuró en cabeza de todas las luchas estudiantiles en el país. De su entorno y de un grupo de izquierdistas expulsados del Partido Comunista surgió el Rengo Segikum (Ejército Rojo Japonés) el 4 de septiembre de 1969, con 300-400 militantes y una ideología mezcla de trotskismo y elitista mentalidad tradicional japonesa repleta de camaradería y sentido del honor. Así lo demuestran las tentativas de suicidio ritual tipo Yukio Mishima que protagonizaron algunos de sus militantes o el hecho de que en febrero de 1972 se descubriera en una zona montañosa de Karuizawa una fosa con 14 terroristas torturados y asesinados por sus propios compañeros en las purgas internas de 1970-1971. Durante los años setenta, el Ejército Rojo Japonés cometió varios asesinatos y realizó sabotajes en el interior del país, pero luego dio el salto hacia el terrorismo internacional, manteniendo estrechas relaciones con grupos terroristas palestinos como el FPLP, además de ETA y la RAF. Perpetró el secuestro de aviones japoneses en Corea del Sur (marzo de 1970), Dubai (julio de 1973) y Bombay (septiembre de 1977), y atacó una refinería de la Shell en Singapur (en enero de 1974). Su acción más notoria fue su participación en la masacre de 30 de mayo de 1972 en el aeropuerto de Lod en Israel por encargo del FPLP, que provocó 26 muertos (dos de ellos terroristas) y 78 heridos. Bajo el mando del terrorista venezolano Ilitch Ramírez Sánchez «Carlos» tomaron la Embajada de Francia en La Haya en septiembre de 1974 y colocaron una bomba en una discoteca en París, causando dos muertos y 35 heridos. El 4 de agosto de 1975, un comando tomó 52 rehenes en una incursión en la Embajada de Estados Unidos en Kuala Lumpur, obteniendo la liberación de cinco de sus camaradas antes de huir hacia Libia. En los ochenta disminuyeron sus acciones, pero mantuvieron estrecho contacto con el coronel Ghadafi, constituyéndose en Libia desde mayo de 1986 como Brigadas Antiimperialistas Internacionales. En esa década atacaron la legación canadiense en Tokio el 14 de mayo de 1986 y las embajadas norteamericana y japonesa en Yakarta en junio, y luego las legaciones de Gran Bretaña y Estados Unidos en Roma el 9 de junio de 1987. En abril de 1988 bombardeó un centro recreativo del ejército norteamericano en Nápoles, provocando cinco muertes. Tras este último atentado, el grupo cesó temporalmente sus actividades[70], pero en enero de 1990 reivindicó varios ataques con cohetes a los palacios imperiales de Kioto y Tokio. A pesar del colapso de la URSS en 1991, el Ejército Rojo Japonés no renunció a su programa antiimperialista, pero en 1997 sufrió varias detenciones (entre ellos su líder Fusako Shigenobu, el 8 de noviembre de 2000) y juicios que han mermado sustancialmente su operatividad.

Grecia y Turquía

En el país helénico han desplegado sus actividades hasta 26 grupos armados, en su mayoría de corta vida y con una débil capacidad violenta. El golpe militar de 1967 contra el gobierno de George Papandreu aceleró el tránsito de la izquierda a la resistencia. De este modo se constituyeron el Movimiento Panhelénico de Liberación (PAK), los Grupos Populares de Resistencia y Sabotaje (LAOS), la Defensa Democrática (DD) y los Comités de Resistencia Democrática, que en su mayor parte perpetraron atentados muy esporádicos. Tras la crisis de Chipre, la Junta Militar entregó el poder a los civiles en julio de 1974, y al año siguiente se promulgó una Constitución democrática. Fue en ese proceso de transición cuando el terrorismo emergió como un problema significativo en el país, con la aparición de grupos como el Epanastatikos Laicos Agonas (Lucha Revolucionaria del Pueblo, ELA), Responsabilidad Social (SR) y sobre todo la Epanastatiki Organosi 17. Noemvri (Organización Revolucionaria 17 de Noviembre, EO17N), que tomó su nombre de la fecha de 1973 en la que la Junta Militar reprimió brutalmente la ocupación estudiantil del Politécnico de Atenas, causando varios muertos. Sus ataques se dirigieron contra torturadores de la dictadura, representantes de la policía, el ejército y la judicatura, además de personal militar norteamericano, provocando 18 muertes desde 1975[71].

De 1960 a 1974, Turquía vivió un cambio social sin precedentes: además del crecimiento de la participación de la industria y de los servicios en el producto nacional en detrimento de la agricultura, una tasa de desarrollo anual de la economía del 6 % de media hasta 1974, un incremento de la movilidad social o el desarrollo de los medios de comunicación de masas, es preciso señalar el crecimiento de la clase obrera, el aumento de la combatividad de los sindicatos e incluso el despertar del campo[72]. La clase política fue incapaz de gestionar eficazmente estos cambios, debido a la ausencia de un consenso acerca de la idea democrática, lo que derivó a un bloqueo institucional que fue el caldo de cultivo de la violencia política extremista.

Las primeras organizaciones activistas aparecieron a fines de los sesenta e inicios de los setenta, como fue el caso del Ejército de Liberación del Pueblo Turco (THKO), creado en 1970. Los militantes del THKO recibieron entrenamiento militar entre los guerrilleros palestinos, en especial Al Fatah y el FDPLP en Líbano y Jordania, y veían en la guerrilla urbana una etapa provisional, un paso hacia la lucha decisiva en el medio rural y urbano. El THKO secuestró y asesinó a varios soldados estadounidenses, y se mantuvo activo hasta el golpe militar de 1971. Tras el secuestro de cuatro soldados americanos el 4 de marzo de 1971, alrededor de 18 miembros del THKO, incluido su líder, Deniz Gezmiş, fueron detenidos, y el propio Gezmiş ejecutado junto con dos camaradas en 1972. Después de la amnistía votada en la Asamblea en 1974, que la derecha consideró como la causa principal de la siguiente oleada violenta, el grupo fue reactivado, y reclamaba 260 atentados mortales a la altura de 1977. En 1979, alrededor de 2000 personas murieron en Turquía a causa de la violencia política, pero el golpe militar de septiembre de 1980 condujo al cese de las actividades del THKO.

Por su parte, el Frente-Partido de Liberación Popular de Turquía (THKP-C) surgido de la escisión de la rama más radical de la organización estudiantil Dev Genc (Federación Juvenil Revolucionaria), tenía como objetivo la «revolución permanente», sin que esta consigna implicase una adscripción ideológica trotskista, aunque el pensamiento del revolucionario ruso ejerció cierta influencia sobre algunos de los miembros de esta organización, a través de los escritos de autores como Ernest Mandel. Su punto de partida era la convicción de que la lucha de clases era una guerra civil, y en consecuencia, la revolución podía acelerarse mediante un ataque frontal lanzado contra el Estado y sus instituciones. Únicamente la guerrilla urbana podía conseguir que la clase trabajadora participase en la acción. El 17 de mayo de 1971, el THKP-C secuestró a Ephraim Elrom, cónsul general israelí en Estambul, que fue asesinado el 22 de mayo. El 27 de marzo de 1972 secuestró a tres técnicos de radar de la OTAN para liberar a un camarada encarcelado, pero la negociación fracasó y los rehenes también fueron ejecutados. Como respuesta, la policía localizó y abatió al líder del grupo, Mahir Çayan, y a nueve de sus compañeros en su escondite en el Mar Negro. Después de la amnistía de 1974, el THKP-C quedó decapitado en Kizildere, y «confrontado con una crisis de dirección y de estrategia» que le dividió en varias facciones. Como en el resto de los grupos, el golpe militar de 1980 aceleró la suspensión de sus actividades.

De la anterior organización surgió en 1978 el Frente Revolucionario del Pueblo (DHKP-C) como organización armada marxistaleninista que desde finales de los ochenta centró sus acciones en atentados contra militares y policías. En 1990 inició una campaña contra intereses extranjeros, asesinando a dos contratistas militares norteamericanos e hiriendo a un oficial de la misma nacionalidad como protesta por la guerra del Golfo. En 1992 lanzó varios cohetes contra el consulado de Estados Unidos en Estambul y en 1996 asesinó a un empresario turco. En 2000-2001 murieron 39 de sus presos en huelga de hambre, además de varios familiares. En marzo de 2002 publicó una declaración conjunta con el FPLP criticando la política exterior norteamericana[73].

Francia

El tradicional papel de Francia como tierra de asilo y la atmósfera tolerante de su sociedad resultaron un terreno idóneo para trasladar al país cualquier conflicto político exterior, habida cuenta de la potencial capacidad de cobertura que podían prestar el millón de extranjeros que habían solicitado la nacionalidad francesa desde 1945. A mediados de los ochenta residían en Francia unos 150 000 refugiados políticos, y entre 1976 y 1985 habían muerto un centenar de personas a resultas de diversos atentados terroristas, la mayor parte de ellos con implicados y víctimas extranjeras. Ello no quiere decir que Francia se viera libre de los embates del terrorismo doméstico, pero como en el caso español, los grupos violentos ideológicos de extrema izquierda tuvieron menor capacidad operativa y una vida más efímera que las bandas armadas de tipo nacionalista-separatista. El movimiento terrorista más destacado del primer tipo fue Action Directe (AD), resultado de la fusión producida en 1979 entre dos grupúsculos de lucha armada: el GARI (Groupe d’Action Révolutionnaire Internationaliste) creado en 1973 en Francia, Bélgica e Italia para derribar al gobierno de Franco, y los NAPAP (Noyaux Armés pour l’Autonomie Populaire), organización maoísta con abiertas simpatías por las BR. Durante su trayectoria, AD recorrió tres grandes fases violentas: entre 1979 y 1981 desarrolló actos vandálicos e inició la colocación de artefactos explosivos, interviniendo en medio centenar de atentados en el área parisina contra negocios, centros corporativos (asalto a la sede de la patronal el 1 de mayo de 1979) y edificios oficiales (ametrallamiento al Ministerio de Cooperación el 18 de marzo de 1979). Tras la detención de sus principales dirigentes (la pareja Jean-Marc Rouillan y Natalie Ménigon) el 13 de septiembre de 1980, se inició una segunda fase violenta, centrada en ataques con explosivos contra intereses israelíes. Dos policías fueron asesinados en mayo de 1983, y en febrero de 1984 lo fueron dos iraníes de la oposición a Jomeini. La escalada de violencia de 1982-1984 endureció la política antiterrorista del gobierno, que se hizo aún más firme en la tercera etapa subversiva, cuando AD participó de forma destacada en la peculiar internacionalización de la lucha armada lanzada con otros grupos como la RAF contra la «americanización de Europa». Este esbozo de red terrorista paneuropea coincidió con el asesinato en París el 25 de enero de 1985 del general René Audrian, supervisor de las exportaciones de armas francesas. Tras una nueva oleada de atentados de AD contra personalidades (intento de asesinato de Guy Brana, vicepresidente de la patronal francesa, en abril de 1986, asesinato del director de Renault Georges Besse el 17 de noviembre, tres semanas después del asesinato por la RAF del empresario Schleyer), edificios oficiales (ataque a la sede de Interpol en mayo) e instituciones americanas e israelíes, el gobierno Chirac anunció medidas más drásticas, entre ellas la detención policial por un plazo de cuatro días en vez de los dos preceptivos. El 9 de septiembre de 1986 se promulgó una nueva ley antiterrorista, y los principales líderes de AD, entre ellos su dirigente Jean-Marc Rouillan, fueron detenidos el 21 de febrero de 1987[74].

Países Bajos

Aunque no se vieron libres del todo, los Países Bajos sufrieron en menor medida los efectos de la oleada terrorista de los años setenta y primeros ochenta. Salvo la acción marginal de grupos con nombres tan previsibles como Juventud Roja (1972-1973), Socorro Rojo (1973-1976) y Frente Rojo de Resistencia (este último actuando como grupo de apoyo de la RAF desde 1976), inspirados en el Minimanual de guerrilla urbana de Marighella, Holanda preservó su tradicional cultura política ausente de violencia doméstica, aunque algunos sectores sociales minoritarios agrupados en torno a reivindicaciones puntuales como la ecología, el movimiento squatter, el racismo, el antifascismo, la solidaridad con el Tercer Mundo y el antimilitarismo han utilizado en ocasiones la violencia callejera de baja intensidad.

Bélgica ha servido de punto de partida privilegiado para acciones terroristas por su política tolerante y la accesibilidad a las fábricas de armas, pero el predominio de una cultura política participativa ha entorpecido el desarrollo de movimientos armados autóctonos. La tradicional rivalidad entre valones y flamencos ha explotado ocasionalmente en actos de violencia colectiva, pero nunca en manifestaciones de violencia armada como en los casos irlandés o vasco. Los estudiantes belgas de los años sesenta y setenta parecían estar más motivados por la protesta étnico-lingüística que por el activismo ideológico de la «nueva izquierda». De ahí que, aunque ya en 1978 se produjo la ocupación armada de la Embajada holandesa en Bruselas y en 1979 tres grupos extremistas diferentes reclamaron la autoría del atentado contra el general Alexander Haig, Bélgica no presenció la aparición de grupos terroristas autóctonos hasta inicios de los ochenta. Fue entonces cuando salieron a escena el Front Révolutionaire d’Action Proletaire (FRAP) y, sobre todo, las Cellules Communistes Combattantes (CCC).

Los métodos y la fraseología de las CCC se inspiraban directamente en las organizaciones terroristas italianas, alemanas o francesas de la década anterior. Pero mientras que los orígenes ideológicos de grupos como las BR, la RAF o AD estaban en las luchas obreras y las acciones estudiantiles de los sesenta, las CCC tenían pocas raíces en este período, que en Bélgica había transcurrido con mucha menor crispación social y política que en los países vecinos. En los años ochenta, la violencia comenzó a catalizarse a través del empeoramiento de la situación económica y el desarrollo de movimientos de masas en oposición al despliegue de los misiles de crucero en Europa Occidental. La campaña terrorista de las CCC se inició con la colocación de una bomba en las oficinas de una empresa informática en Bruselas el 2 de octubre de 1984, y duró 14 meses, a lo largo de los cuales se perpetraron 27 atentados con explosivo contra objetivos militares, políticos y económicos. Blancos perfectamente abordables en un país que, además de constituir la sede de múltiples empresas multinacionales, albergaba a la burocracia eurocomunitaria desde 1957 y a la sede de la OTAN desde 1966.

Las CCC se organizaron mediante el tradicional sistema celular clandestino. A imagen de las Brigadas Rojas italianas, el control lo detentaba una ejecutiva político-militar constituida por los jefes de cada columna, dividida a su vez en brigadas con funciones específicas (inteligencia, propaganda, captación legal e ilegal de fondos, atentados) y en células de acción. En realidad, es posible que la infraestructura de las CCC nunca pasara de diez activistas, apoyados por una veintena de personas y alentados por algunos cientos de simpatizantes. Para combatir a un movimiento tan minúsculo y hermético, el gobierno creó en 1983 el Groupe Interforces Antiterroriste (GIA), encargado de la coordinación de todas las agencias policiales de investigación. Una acción represiva eficaz y la colaboración ciudadana bastaron para desarticular las CCC y detener a cuatro de sus líderes el 16 de diciembre de 1985, entre ellos su dirigente Pierre Carette. A pesar de un éxito policial tan notorio, Bélgica continúa siendo el único miembro del Consejo de Europa que no utiliza medios de inteligencia electrónica para combatir el terrorismo[75].

5. LA EXTREMA IZQUIERDA ESPAÑOLA Y LA ALTERNATIVA VIOLENTA: FRAP Y GRAPO

Las posibilidades subversivas de la oposición armada a la dictadura franquista dependieron mucho de la cambiante situación internacional y del ominoso recuerdo de la guerra que albergaba la mayor parte de una población sometida al vencedor. Sin duda alguna, fue el Partido Comunista quien desplegó el esfuerzo más consciente y prolongado de movilización militar, cuya manifestación más espectacular fue la ofensiva guerrillera de 1942-1952. Cuando la lucha a campo abierto impulsada por los maquis no prosperaba al ritmo deseado, el movimiento de resistencia comunista optó por acciones de guerrilla urbana consistentes en atracos, secuestros, asaltos o atentados. En Madrid, las principales intervenciones armadas se produjeron en enero-febrero de 1945, mientras que en Barcelona las brigadas del ejército guerrillero del PSUC perpetraron varios atentados con explosivos entre 1946 y la primavera de 1947, cuando la policía desarticuló casi en su totalidad la trama de resistencia armada en ambas capitales. La oposición violenta impulsada por el movimiento libertario fue de menor calado, aunque más prolongada en el tiempo. Los anarquistas trataron de eliminar a Franco, realizaron actos de sabotaje y emprendieron acciones guerrilleras en Andalucía, País Valenciano, Cataluña y Aragón, pero la detención en 1947 de la autodenominada «Junta Administrativa del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas clandestinas de España» y la muerte en otoño de 1949 de seis guerrilleros libertarios en varios enfrentamientos en las calles de Barcelona clausuraron esa breve oleada de violencia, aunque los últimos guerrilleros urbanos (José Luis Facerías hasta 1957 y «Quico» Sabaté hasta 1960) llegaron a final de la década protagonizando atracos y enfrentamientos con la policía[76].

En abril de 1960, en una conferencia pronunciada en París, Diego Martínez Barrio instó a los jóvenes republicanos a no excluir ningún tipo de acción con tal de conseguir «liquidar la dictadura y eliminar políticamente al dictador»[77]. A fines de los cincuenta, la inserción progresiva del régimen franquista en la escena internacional y los derrocamientos de los dictadores Pérez Jiménez (1958) y Batista (1959) indujeron a ciertos medios exiliados de Latinoamérica, como el Ejército de Liberación Español creado en Cuba por el comandante del Ejército Revolucionario Eloy Gutiérrez Menoyo y la Unión de Combatientes Españoles (UCE) formada en torno al comandante republicano Alberto Bayo Giraud, a replantearse el uso de la lucha armada. Bayo, que ya había publicado algunos folletos sobre la táctica guerrillera durante el conflicto civil español (La guerra será de los guerrilleros, Barcelona, 1937), había sido instructor de la guerrilla cubana del Movimiento 26 de Julio, y a fines de los años cincuenta se presentaba como una autoridad en cuestiones prácticas de la lucha guerrillera: organización, combate, ataque a cuarteles, fabricación de explosivos, sabotajes, asalto a ciudades, marchas nocturnas, etc[78]. Impregnado en Cuba de las tesis insurreccionales del «Che» Guevara, Bayo fundó en La Habana la UCE en julio de 1959. Para lograr sus objetivos, la UCE contemplaba la creación de una doble estructura, civil y armada, compuesta por «delegaciones de acción y ayuda» al movimiento tanto en el interior de la Península como en el exilio, y por unas «fuerzas armadas de liberación» de las que Bayo se autoproclamaba comandante supremo[79]. El grupo mantenía lazos en Cuba con el Ejército o Movimiento de Liberación Español encabezado por un tal Manuel Rojas, en estrecho contacto con el por entonces comandante revolucionario Eloy Gutiérrez Menoyo, y en Portugal con el movimiento patriótico liderado por el general Humberto Delgado. Pero la UCE apenas tuvo incidencia en el interior de España, y se la consideró desmantelada en febrero de 1960.

De la disolución de estos grupos y de los contactos con exiliados portugueses como el general Humberto Delgado surgió a inicios de 1960 el Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL) como «organización de lucha antifascista» luso-española dirigida a «derrocar a las tiranías ibéricas»[80]. Contaba con militantes en el Caribe, Francia y Bélgica, además de la Península, donde efectuaron varias acciones terroristas, como la colocación de dos bombas en el Ayuntamiento de Madrid en marzo de 1960, además de la colocación de artefactos explosivos en estaciones, que arrojaron un saldo de dos muertos propios «por accidente», un ejecutado a garrote vil y varios encarcelados. Tras la detención en Lieja en septiembre de 1960 de catorce miembros del DRIL con armas y explosivos (entre ellos Gutiérrez Menoyo), el centro de gravedad del grupo pasó a Venezuela, donde se preparó el secuestro del transatlántico portugués Santa María en aguas del país caribeño el 22 de enero de 1961[81]. Otra fugaz campaña guerrillera («Operación Reconquista de España»), lanzada por el dirigente militar comunista Valentín González, «el Campesino», a inicios de 1961 con algunos activistas españoles refugiados en Francia y Bélgica y emigrados en México, finalizó abruptamente en un enfrentamiento con la Guardia Civil en la localidad navarra de Orbaiceta, que tras provocar la muerte de un guardia puso en alerta a las autoridades francesas, que abordaron sin contemplaciones la «limpieza» de la frontera[82].

La conjunción de la frustración generada por lo que juzgaban como inanidad de la oposición antifranquista y el voluntarismo de una generación de veteranos luchadores que envejecían sin ver realizada su aspiración de derribar la dictadura, fue lo que llevó a una nueva generación de exilados republicanos a echarse de nuevo «al monte» en un nuevo episodio de la guerrilla antifranquista[83]. Las guerras de descolonización en Cuba, Indochina y Argelia y la escisión del movimiento comunista internacional entre el modelo prosoviético y prochino tras el XX congreso del PCUS abrieron perspectivas nuevas para la realización de otras actividades armadas inspiradas en la lucha tercermundista, y organizadas desde la Argelia recientemente independiente por una «Delegación General del Consejo de Gobierno de la III República» presidida por el general republicano Juan Perea Capulino. Pero los preparativos insurreccionales se frustraron por la incapacidad para reclutar adherentes jóvenes, y la dependencia de las «viejas glorias» de la guerra civil y la Resistencia antinazi. El Movimiento por la III República no participaba del vínculo generacional que caracterizaba a las otras organizaciones de la izquierda radical, la mayoría de cuyos militantes no habían nacido durante la guerra civil. La aventura fue abortada casi de raíz a inicios de 1964 con la firma de un acuerdo diplomático hispano-argelino vinculado a la explotación de los recursos naturales del país magrebí, aunque el movimiento no desapareció de la escena hasta 1967, con la pérdida definitiva del apoyo argelino tras el derrocamiento de Ben Bella. Una parte de los miembros del Movimiento por la III República pasó entonces a formar parte del Frente Español de Liberación Nacional (FELN) constituido el 16 de febrero de 1964 en torno al exministro de Estado Julio Álvarez del Vayo. Esta organización, que ya había comenzado sus atentados en el verano de 1963, continuó en mayo de 1964 su campaña de bombas contra centros oficiales, vehículos de funcionarios, embajadas y hoteles hasta la detención de su principal activista, Andrés Ruiz Márquez, «Coronel Montenegro», el 24 de junio de ese año. En enero de 1971, el FELN se integró en el Comité Coordinador del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), del que Álvarez del Vayo fue elegido presidente desde enero de 1974 hasta su fallecimiento en mayo de 1975. Este tipo de organizaciones fueron el eslabón necesario para el nacimiento de las organizaciones terroristas de la «nueva izquierda» española en el tardofranquismo y la transición.

Las luchas del Tercer Mundo, los éxitos revolucionarios de Argelia y Cuba, la guerra de Vietnam y el ejemplo chino, actualizaron la cuestión de la «lucha armada revolucionaria». En España, los mitos de la violencia tercermundista comenzaron a percibirse en el Frente de Liberación Popular (FLP o FELIPE), plataforma de convergencia de cristianos y marxistas creada entre 1957 y la primavera de 1958, cuatro años después del desencadenamiento de la rebelión argelina, y que se autodisolvió en mayo de 1969[84]. A fines de los años cincuenta aparecieron diversas opiniones sobre la forma de iniciar acciones guerrilleras contra la dictadura, que generaron un amplio debate en el seno del FELIPE. El comandante Gutiérrez Menoyo tuvo encuentros con militantes del exterior a los que animó a establecer una vía revolucionaria similar a la castrista[85]. Al impacto de las revoluciones cubana y argelina se unió el fracaso de la Huelga Nacional Pacífica convocada por el PCE en junio de 1959 y la crítica a la inactividad del resto de partidos antifranquistas. Se enviaron unos cuadros a Belgrado, pero la formación guerrillera fue nula, aunque se dio apoyo para una visita a Túnez que tenía como propósito contactar con el FLNA argelino. Se compró un lote de armas ligeras en el mercado negro y se fabricó TNT en París. Al final, este grupo parisino fue expulsado de la organización en 1961, aunque sus miembros siguieron haciendo ejercicios de tiro en las cercanías de Versalles[86]. Incluso Gutiérrez Menoyo, que había recogido el equivalente a un millón de dólares y el apoyo de un centenar de españoles residentes en Cuba, cambió de opinión, al parecer por indicación de Ernesto Guevara. El FLP solo utilizaría la violencia cuando las CCOO Juveniles, controladas de hecho por el FOC, propugnaron la acción directa sindical y el enfrentamiento con la policía.

A fines de 1960, el FLP constató la existencia de una organización clandestina llamada Resistencia Española («R»), partidaria del combate antifranquista abierto, pero con escasa formación política y teórica, que esperaba ayuda financiera cubana y argelina. El FLP acusó al movimiento «R» de aventurerismo guerrillero, ya que no creía conveniente lanzar una guerra de guerrillas antes de la creación de una red clandestina potente: «Lanzar hoy guerrillas o acciones violentas fuerza a las derechas a unirse a la extrema derecha, y a la burguesía occidental a apoyar hasta el fin la dictadura»[87]. Sin embargo, en 1963 el FLP propugnaba la «acción directa» para dar a conocer la organización mediante la táctica de la guerrilla (con asalto a cárceles, sabotajes o raptos) según los modelos castrista, maoísta y argelino. Pero se advertía que «lo que no hay que hacer a juicio nuestro es terrorismo “a ciegas”, en donde quienes primero sufren las consecuencias son casi siempre las poblaciones civiles. Terrorismo, bien, pero seleccionando las acciones con criterio político, que movilice a las masas porque les entusiasman»[88]. Se proponía impulsar una campaña de lucha armada basada en la movilización de masas en defensa de una política socialista revolucionaria. El resultado de los diversos tipos de acción debería ser «la insurrección popular, que derroque al franquismo y dé el poder a los trabajadores armados y organizados». A tal fin, se proponía iniciar la guerrilla campesina en las zonas geográfica y políticamente más adecuadas (como la sierra de Cazorla), simultaneándola con golpes de mano en ciudades y regiones industriales: «De las guerrillas campesinas a las guerrillas urbanas, y de estas a los grupos de autodefensa o mejor a las milicias obreras el camino está trazado en la lógica del desarrollo de la lucha revolucionaria»[89]. Sin embargo, como en tantas otras ocasiones, este modelo insurreccional quedó solamente esbozado sobre el papel.

También en España, la violencia terrorista de la extrema izquierda parece heredera de las jornadas estudiantiles del 68, de las luchas descolonizadoras en el Tercer Mundo y de las escisiones operadas en el seno de los partidos comunistas occidentales en relación con el conflicto URSS-China y con la actitud soviética hacia sus países satélites de Europa del Este. Pero presentaba la peculiaridad de abordar un combate real contra un régimen dictatorial al que ya se había intentado subvertir por métodos de guerrilla rural (maquis) y urbana (Sabaté, Facerías y otros anarquistas) en las décadas anteriores. Una de las características que cruzaba transversalmente casi todo el espacio a la izquierda del PCE era la legitimación teórica de la lucha armada como instrumento revolucionario. Dentro de los grupos que optaron por esta estrategia de oposición hubo un intenso debate para determinar el momento adecuado en que había de darse ese salto cualitativo hacia la violencia. En el seno de los partidos de inspiración maoísta, por ejemplo, había una preocupación casi obsesiva —a diferencia del guevarismo— por seguir el ritmo de las masas en el proceso revolucionario y determinar de esta manera el momento idóneo para lanzar el definitivo ataque violento al corazón del Estado[90]. Según un documento político de la Comisión Central del PCE(i) de julio de 1968, la insurrección armada seguía siendo «una necesidad ineludible para hacer culminar el proceso revolucionario en la toma activa del poder». Habiendo madurado las condiciones para ello, la tarea fundamental para llevar a cabo la insurrección residía en la incidencia del partido entre las masas:

Hoy día, cuando las condiciones objetivas para la revolución están realmente maduras, ese momento histórico, el de la insurrección armada, depende fundamentalmente de la actividad consciente y disciplinada de nuestro Partido en el seno del Proletariado y en el seno de las más amplias masas del pueblo […] No basta con preparar a las masas para «hacerse dueñas de la calle», como hicieron los anarquistas. Es necesario irlas educando e ir preparando técnicamente para hacerse dueñas de los cuarteles, para dirigir la lucha armada final[91].

Otros grupos armados como el PCE (m-l), PCE(r) o ETA iniciaron una deriva terrorista justificada en la obtención de los derechos democráticos que la dictadura negaba a los ciudadanos. Por lo general, el «techo» de violencia aceptable no trascendía en la práctica el «activismo de sostén del aparato» dirigido a la obtención de recursos económicos y materiales y la defensa de manifestaciones y acciones propagandísticas[92]. Otra línea de actuación fue el llamado «activismo de agitación» (como incendios de entidades bancarias tras manifestaciones-relámpago), que se situaba en el umbral del terrorismo[93], aunque la mayor parte de los grupos no pasaron de acciones de «aventurerismo armado»; una violencia de bajo nivel técnico practicada por militantes no especializados, con un carácter puntual y un propósito meramente publicitario.

El PCE(m-l) nació en Bruselas en diciembre 1964 a partir de un grupo de militantes escindidos del PCE en 1963-1964, entre ellos algunos estudiantes de Madrid. El partido aglutinaba a diversos grupos prochinos y personalidades escindidas del Partido Comunista de España en razón a su oposición a la línea de «reconciliación nacional» que este preconizaba, la defensa de la figura de Stalin y la identificación con las posiciones defendidas por el Partido Comunista Chino frente a la política de «coexistencia pacífica» preconizada por la URSS. Convertido en polo de referencia de diversos sectores radicales de la oposición al régimen, el PCE(m-l) sufrió diversas escisiones que dieron origen a nuevos grupos de extrema izquierda, y hubo de hacer frente a repetidas acciones policiales que produjeron «caídas» importantes y dificultaron su implantación en el interior de España.

En octubre de 1964, este partido pionero de los grupos maoístas españoles proclamó la necesidad de una «guerra popular» antifranquista que debía ser llevada a cabo por unas Fuerzas Armadas Revolucionarias. En 1965, las secciones armadas cobraron autonomía respecto del Comité Ejecutivo y actuaron en el mundo universitario integradas en la Federación Universitaria Deocrática Española desde noviembre de 1966 hasta su desarticulación en enero de 1967. Considerando que la correlación mundial de fuerzas era desfavorable al franquismo, el PCE(m-l) promovió la formación del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), actualización práctica del proyectado Frente Democrático Nacional Revolucionario (FDNR), en diferentes localidades del interior y el exilio en los días inmediatamente posteriores al Juicio de Burgos contra ETA de diciembre de 1970. Bien es cierto que tampoco existían en el partido visiones uniformes sobre los fundamentos del necesario recurso a la «lucha armada», bien fuera como única respuesta posible ante el carácter terrorista de la dictadura («violencia de autodefensa») o como derivación lógica de la estrategia revolucionaria marxista-leninista. La conquista del poder se obtendría destruyendo el aparato represivo franquista mediante la violencia ejecutada por destacamentos revolucionarios que impulsarían la insurrección armada protagonizada por las masas populares. Se propugnaban acciones armadas encabezadas por una milicia popular antifranquista en combinación con el movimiento guerrillero y las acciones pacíficas de masas:

Al prever la inevitable llegada de una situación semejante, el partido debe adquirir preparación militar y estar presto a emplear las armas en el momento oportuno. Si el partido no se prepara para la lucha armada ya en la actual fase, entonces no defendería consecuentemente los intereses de las masas populares, con lo que se desligará de ellas […] Un desenlace similar al de la guerra civil de 1936-1939 no es en absoluto posible en España actualmente, si las fuerzas revolucionarias actúan, política y militarmente, de una manera acertada[94].

En enero de 1971, coincidiendo con el inicio en Portugal de ataques terroristas protagonizados por la Acão Revolucionaria Armada (ARA) y las Brigadas Revolucionarias Armadas (BRA), el PCE(m-l) constituyó un «Comité Coordinador pro Pro Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico» que pretendía ser la plasmación de un frente democrático nacional y revolucionario destinado a la instauración de una República Popular y Federativa a través de un movimiento insurreccional. El primer punto de su programa político era «derrocar a la dictadura fascista y expulsar al imperialismo yanqui mediante la lucha revolucionaria»[95]. Este comité, constituido oficialmente en París en noviembre de 1973, llegó a contar con un número de militantes próximo al millar, era una fuerza de oposición relativamente importante en Madrid y Valencia, y estaba presente en Andalucía, Castilla, Galicia y en menor medida en Cataluña y País Vasco, además de influir sobre la emigración española en Francia, Suiza, Alemania y Bélgica[96]. El salto cualitativo en la práctica violenta venía siendo sugerida por el partido desde abril de 1973, cuando, en la celebración de su I Congreso, el PCE (m-l) instó a que el FRAP fuese elevando su nivel de lucha:

Si bien es cierto que aún la forma principal de lucha del FRAP es la lucha de masas política, sin embargo, ya hay manifestaciones del cambio cualitativo que se está produciendo, como son los enfrentamientos violentos con las fuerzas represivas, el cubrir las manifestaciones con grupos de protección armados, los comandos contra instituciones fascistas y yanquis, etc., que son en realidad formas embrionarias de lucha armada, las cuales tenemos que, no solo popularizar y generalizar, sino desarrollar hacia formas superiores de lucha armada, para así ir avanzando por el camino de la guerra popular, en la que el FRAP alcanzará su pleno desarrollo agrupando y dirigiendo a la inmensa mayoría del pueblo español hacia su liberación social y nacional[97].

Tras la ruptura con el Partido Comunista Chino y su acercamiento al modelo albanés, los activistas del PCE(m-l) intervinieron por primera vez en enfrentamientos callejeros con la Policía Armada los días 1 y 2 de mayo de 1973, causando la muerte por apuñalamiento de un agente. Las fuerzas de seguridad practicaron detenciones masivas de militantes, pero la acción callejera no resultó un factor desestabilizador determinante. El FRAP fue proclamado formalmente en noviembre, mientras que en su interior se vivía una fase de recomposición orgánica que debió prolongarse durante buena parte de 1974, dado que la operación policial de persecución había continuado desde octubre de 1973. Ante la aceleración del cambio político tras el asesinato de Carrero Blanco, el partido celebró en París el 6 de enero de 1974 la Conferencia constitutiva del FRAP, que proclamó la continuidad con la guerra civil de los años treinta con la guerra popular antifranquista[98]. Ante las perspectivas que abrió la primera enfermedad del dictador, en la Reunión Ampliada del Comité Permanente del FRAP celebrada en Perpiñán el 29 de marzo se acordó organizar, coincidiendo con una ofensiva de ETA, «acciones armadas de carácter limitado y elevar de manera general la lucha revolucionaria», como respuesta violenta a los desmanes represivos de las fuerzas policiales y como aceleradoras de la crisis del régimen, buscando en última instancia una ruptura total con cualquier perpetuación o transformación no traumática de la dictadura. Julio Álvarez del Vayo, que fue nombrado en aquella reunión presidente del FRAP, justificó la creación «de lo que podríamos llamar una rama militar. Una rama militar que no es el terrorismo a ciegas, sino el empleo de las posibilidades inmediatas en España para acciones complementarias a la huelga»[99].

En la práctica se trataba de organizar una campaña armada en Valencia, Barcelona y Madrid con acciones de baja intensidad y carácter limitado lanzadas por los «Grupos de Autodefensa y Combate», sustanciadas en el robo de armas, atracos y agresiones a personas y empresas relacionadas con conflictos laborales, contra locales del Estado e intereses norteamericanos. Sin embargo, los asesinatos de tres policías y las heridas provocadas a otras cuatro personas ese verano en Madrid, Cataluña y Valencia, con los que debería haberse comenzado la «guerra popular»[100], condujeron a una nueva oleada represiva: en aplicación del «Decreto-Ley sobre Prevención del Terrorismo» aprobado con premura a finales de agosto, once miembros del FRAP fueron juzgados en dos consejos de guerra, ocho resultaron condenados a muerte y tres fueron fusilados junto a dos militantes de ETA el 27 de septiembre de 1975[101].

EL FRAP encarnó el radicalismo político como ninguna otra fuerza de la extrema izquierda española. Su militancia, mayoritariamente joven, recuperó la memoria del «antifascismo militante» con miras a una estrategia de guerra civil. Su diferencia con respecto a los GRAPO, un movimiento armado más violento y persistente, estribaba en que el PCE(m-l) era un partido político que se autodestruyó por la crisis ideológica de los que habían participado en la experiencia violenta y lograron salvarse de la represión y la muerte, mientras que el PCE(r) estructuró su organización para la violencia desde 1974, e inició sus acciones armadas cuando ya había adquirido las características sectarias de los grupos terroristas. Pero no fue hasta julio de 1976 cuando aparecieron los GRAPO, y el partido nunca reivindicó sus actos terroristas[102].

Por esa época proliferaron en Barcelona y su periferia una serie de grupos armados de corta vida y posición ideológica muy heterogénea. El Partido Comunista Proletario creó en 1968-1969 un embrión de milicias impregnadas de maoísmo y espontaneísmo. Los Comandos de Acción Revolucionaria-Izquierda Revolucionaria (CAR), inspirados en el modelo «guerrillerista» propuesto por Carlos Marighella en su Minimanual, realizaron asaltos a bancos y armerías y atentados con explosivo en la periferia de Barcelona. El Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), organización a mitad de camino del anarquismo y el comunismo heterodoxo de herencia luxemburguista, nació como grupo específico de apoyo a las luchas del movimiento obrero más radical de Barcelona, que a fines de los años sesenta estaba rompiendo con las organizaciones tradicionales de la izquierda e iniciando una marcha hacia la configuración de la autonomía obrera, mediante una tendencia crítica que se llamaba Plataformas de CC.OO. El grupo, que se constituyó «oficialmente» en enero de 1971, se creó a instancias de Oriol Solé Sugranyes, un exmilitante del PSUC y del PCE(i) —escisión estalinista del PSUC— que había roto con el comunismo oficial y evolucionado hacia la autonomía obrera al contactar con las Plataformas de CC.OO., segmento disidente del sindicato clandestino cercano al PCE. Exiliado en Toulouse, Solé consiguió reunir dos núcleos en torno a su proyecto de creación de grupos de acción que apoyasen las luchas obreras: por un lado, unos jóvenes de nacionalidad francesa (entre ellos, Jean-Marc Rouillan) provenientes de medios libertarios y dispuestos a pasar de inmediato a la acción, y por otro jóvenes barceloneses (Ignasi Solé o Santi Soler Amigó) provenientes del grupo marxista heterodoxo Acción Comunista, que veían con simpatía el arranque inconformista de las Plataformas de CC.OO. como organización unitaria que superase el encuadramiento tradicional de partidos y sindicatos de tipo marxista tradicional.

Como formación comunista situada a la izquierda del trotskismo, el MIL no se consideraba un grupo de vanguardia revolucionaria leninista al estilo del FRAP o el GRAPO, sino un colectivo anticonformista creado al margen de la clase obrera, que rechazaba cualquier actividad política o sindical, las cuales debían ser sustituidas por la autoorganización, el autonomismo y la autogestión obreras según la línea «consejista» de Antón Pannekoek. Se trataba de crear comités de fábrica y de barrio, y coordinar y generalizar la lucha de clases, pero sin preconizar la lucha armada de rango militar tal como la practicaban en ese mismo momento la RAF o las BR, sino la «agitación armada», es decir, la necesidad de multiplicar acciones realizadas por diferentes «grupos de apoyo» (de los cuales el MIL sería uno entre varios) como complemento y apoyo a las luchas de la clase obrera. Estas acciones servirían además para mostrar que las luchas, que pasaban de ser defensivas a ofensivas (del sabotaje a la insurrección), podían convertirse en una insurrección revolucionaria. Un grupo de agitación armada es un colectivo de apoyo que sitúa su propia actividad en el seno del conjunto de la lucha de clases que lleva a cabo la clase obrera. La «agitación armada», que en ese momento también practicaba un sector del anarquismo catalán, tenía un triple sentido: luchar contra la represión estatal, autofinanciarse (y, en la medida de lo posible, financiar las luchas de la clase obrera) y mostrar al movimiento proletario que el nivel de violencia que podía ejercer contra el Estado burgués era más intenso e indiscriminado de lo que era percibido subjetivamente por los trabajadores. La agitación armada ayudaría a las masas a orientarse, radicalizarse y avanzar con una dureza cada vez mayor hacia la lucha de masas y la insurrección generalizada.

El MIL, que nunca sobrepasó la decena de militantes, inició sus actividades de «agitación armada» en febrero de 1971. Al año siguiente, el grupo decidió pasar seriamente a la acción, firmando sus acciones como MIL-GAC (Movimiento Ibérico de Liberación-Grupos Autónomos de Combate), y atracando entre febrero de 1972 y marzo de 1973 varias sucursales bancarias e imprentas con el objeto de editar publicaciones clandestinas y ayudar a los comités de huelga y a los obreros represaliados. A diferencia de otras organizaciones de extrema izquierda de vocación terrorista, nunca atentaron deliberadamente contra las fuerzas de seguridad ni pusieron bombas, pero sus acciones provocaron varias víctimas: el 2 de marzo de 1973, un contable de la sucursal del Banco Hispanoamericano de Barcelona resultó herido de gravedad durante un atraco perpetrado por Salvador Puig Antich, Jean-Marc Rouillan, José Luis Pons Llobet y Jordi Solé. La policía creó entonces un grupo especial para desarticular la banda.

Las contradicciones surgidas entre sus miembros sobre la organización de la agitación armada o la actividad preferentemente cultural derivó en la autodisolución del grupo en agosto de 1973. Sin embargo, Puig Antich, los hermanos Solé Sugranyes y José Luis Pons decidieron continuar las acciones. El 15 de septiembre, tras un último atraco perpetrado en Bellver de Cerdanya, la Guardia Civil detuvo a Oriol Solé y a José Luis Pons, mientras que Jordi Solé consiguió escapar a Francia. Diez días más tarde, la policía tendió una trampa a Xavier Garriga, que iba desarmado y no opuso resistencia. Pero Puig Antich se resistió al arresto, y en el tiroteo resultó muerto el subinspector Francisco Anguas Barragán. Algunos militantes fueron enviados a prisión y Puig Antich fue ejecutado a garrote vil el 2 de marzo de 1974. Otros activistas consiguieron huir a Francia, y con el apoyo de jóvenes libertarios como Jean-Marc Rouillan continuaron el combate a través de los Grupos de Acción Revolucionaria Internacionalista (GARI), que realizaron en el verano de 1974 varias acciones de denuncia (bombas) contra el régimen franquista para llamar la atención internacional sobre sus compañeros encarcelados en España. Algunos miembros del sector armado del MIL que pudieron escapar continuaron la actividad armada en diferentes grupos, participando finalmente en la constitución de Action Directe con Rouillan, que en febrero de 1987 fue condenado a cadena perpetua y encarcelado en prisiones de alta seguridad por actividades terroristas[103].

En esta línea político-activista, que concibe la violencia como una experiencia por sí misma revolucionaria se pueden incluir los Comandos Autónomos Anticapitalistas, surgidos en 1975 de sectores disidentes de ETA(p-m).

Varios núcleos disidentes procedentes del área del PCE(m-l) fundaron en Bruselas en septiembre de 1968 la Organización de Marxistas Leninistas Españoles (OMLE), con vista a la reconstrucción del Partido Comunista Marxista-Leninista Español al margen de un PCE oficial considerado revisionista y una URSS tildada de «socialimperialista»[104]. Se constituyeron tres federaciones radicadas en París, Luxemburgo y Madrid, pero pronto aparecieron las primeras divergencias internas sobre la línea política que debía seguirse. Un grupo de militantes mantuvo una actitud calificada de «ortodoxa», que propugnaba la defensa a ultranza de los principios marxistas-leninistas; mientras que otros adoptaron una posición más moderada denominada «oportunista». En octubre de 1971 tuvo lugar la V Reunión General, en la que se desbancó definitivamente a los «oportunistas» y se impuso la línea «ortodoxa». A partir de entonces se trasvasó el aparato de la organización de Francia a España. En 1972 se estructuró la OMLE en Galicia a causa de una escisión producida en el grupo laboral Organización Obrera. En esta época, la OMLE se extendió débilmente por Cataluña, el País Vasco y Andalucía. Un año más tarde, en junio de 1973, celebró su I Conferencia, en la que se aprobó el seguimiento de una línea ideológica marxista-leninista con los complementos «tácticos» del maoísmo. En la conferencia también se modificó el nombre de la organización, que pasó a denominarse Organización de Marxistas-Leninistas de España. En esta primera conferencia se acordó además el «armamento del proletariado; la formación de milicias populares; la disolución de los cuerpos represivos militares, policiales y judiciales; la disolución de las Cortes; la depuración del ejército de elementos fascistas reaccionarios para ponerlo al servicio del pueblo y el enjuiciamiento de contrarrevolucionarios y agentes de la reacción por los tribunales populares». Durante 1974 se desarrollaron las Conferencias Constitutivas de las Nacionalidades de Euskadi y Cataluña, que se unieron a la de Galicia, ya existente. Se produjeron sucesivas rupturas políticas con el movimiento comunista al que decían pertenecer, lo que llevó a la aceleración de su proceso de inversión.

La organización se articuló en un Comité de Dirección, comités, células y círculos de simpatizantes, además de organizaciones sectoriales (Comités de Lucha Estudiantil y colectivo antirrepresivo Socorro Rojo) dirigidas por revolucionarios profesionales, que del pensamiento maoísta fueron derivando hacia el modelo del vanguardismo bolchevique. Desde 1974, la OMLE creó un organismo especializado en obtener recursos por medio de robos y atracos. El éxito de ETA, sobre todo partir del atentado contra Carrero en 1973, la enfermedad de Franco en el verano del año siguiente y la Revolución de los claveles en Portugal animaron a los maoístas españoles a intensificar una acción armada que, en su opinión, podría desestabilizar a una dictadura esclerotizada y facilitar una publicidad de difícil obtención por otros medios políticos menos contundentes.

El 8 de junio de 1975 se reunieron alrededor de treinta miembros de la OMLE en La Cavada (Santander) para celebrar su congreso reconstitutivo. Como resultado, la OMLE desapareció y surgió el Partido Comunista de España (reconstituido) —PCE(r)— en clara divergencia con el PCE oficial. Fue en el primer congreso del nuevo partido cuando se acordó su estructuración en un núcleo dirigente formado por comisiones especializadas: Política, Organización, Propaganda y Técnica (militar), bajo la dependencia directa de la Comisión Ejecutiva encargada de dirigir el aparato militar y formar comandos especiales para la realización de acciones armadas. El GRAPO acababa de nacer bajo la concepción de «brazo armado» del PCE(r). Ese año, el secretario general del PCE(r), Manuel Pérez Martínez, (alias) «Camarada Arenas», anunció que la lucha armada era fundamental para el partido y que se expulsaría a quienes no lo aceptasen así.

Sus tesis violentas no se alejaban un ápice del discurso canónico marxista-leninista. El partido tenía como objetivo final la sociedad sin clases y sin Estado, basada en la libre asociación de los trabajadores. Para su logro, el PCE(r) propugnaba una insurrección armada que desembocara en una guerra revolucionaria o «guerra popular» dirigida y organizada por el partido, en estrecho contacto con las organizaciones de masas. En consecuencia, el programa que había de implantarse se basó en los siguientes puntos: formación de un gobierno democrático revolucionario; constitución de consejos de obreros y populares como base del nuevo Estado; nacionalización de los monopolios, de las empresas extranjeras y del capital financiero; libertad de expresión, organización y manifestación para el pueblo; separación de la Iglesia y el Estado y de la enseñanza y la Iglesia; organización de la clase obrera en un sindicato único sobre una base democrática; mejora general de las condiciones de vida y de trabajo; derecho de autodeterminación para Galicia, Euskadi y Cataluña; desmantelamiento de las bases norteamericanas y reintegración de Gibraltar.

En lo que atañe al terrorismo, el PCE(r) se apoyaba en las tesis de Lenin para decir que el dirigente bolchevique

fue un gran admirador de los viejos terroristas rusos y predicaba el gran espíritu revolucionario que llevó a estos a la lucha. Pero, ante todo, el problema del terrorismo individual lo atacaba Lenin por cuanto suponía un derroche de energías revolucionarias que iba en detrimento de la organización para la lucha de las grandes masas.

Los oportunistas no quieren comprender que en nuestros días no existe ese tipo de terrorismo (practicado en otro tiempo por algunos aristócratas e intelectuales en ausencia de una situación revolucionaria). Hoy […] ese problema no existe y […] son muchos los miles de personas (la mayor parte obreros) que empuñan las armas[105].

Además, el PCE(r) incorporó las técnicas militares de Mao Zedong, por considerar que los métodos de lucha popular mediante la guerra de guerrillas antiimperialista eran los más acordes a la realidad del siglo XX:

La guerra que tendremos que librar, tal como ha señalado el III Pleno ampliado del Comité Central, va a ser una guerra prolongada, de larga duración. En el transcurso de esta guerra iremos acumulando fuerzas, organizaremos a las masas obreras, forjaremos el frente político […] construiremos un ejército revolucionario del pueblo[106].

Todos estos documentos siempre aluden al PCE(r) como un destacamento de revolucionarios profesionales que cumplía la función de dirigir y organizar a los elementos más avanzados de la clase obrera, en el más puro estilo del vanguardismo bolchevique clásico. La preparación para la lucha armada se desarrolló a lo largo de 1975 y durante una parte del siguiente año. El objetivo principal era conseguir material (dinero, armas, explosivos) para afianzar su infraestructura. Por esas fechas, el PCE(r) y su brazo militar solo agrupaban a un centenar de militantes en Madrid, Cádiz, Córdoba, Sevilla, El Ferrol y Vigo, en su mayor parte de extracción proletaria y de baja clase media, con una sorprendente contribución de hijos de militares. Sus primeras actuaciones violentas coincidieron en el tiempo y en sus objetivos con las que realizó el FRAP: el 2 de agosto de 1975, moría un guardia civil en las proximidades del canódromo madrileño como consecuencia de un atentado perpetrado por los GRAPO.

El grupo se organizó con comandos independientes entre sí, entroncados con la Sección Técnica del PCE(r), y tomó el sobrenombre de «Primero de Octubre» como exponente de la acción realizada el 1 de octubre de 1975 que culminó con el asesinato de cuatro policías armados en Madrid en represalia por el fusilamiento, decretado por el último gobierno de Franco, el 27 de septiembre, de cinco jóvenes pertenecientes a ETA (Otaegui y Juan Paredes Manot, «Txiqui») y al FRAP (Baena, Sánchez Bravo y García Sanz). Dos meses después, la muerte de Franco abría expectativas de derrocamiento de la dictadura y de implantación de un «Gobierno Provisional Democrático Revolucionario, órgano de las amplias masas del pueblo alzadas en armas» según el modelo bolchevique. El PCE(r) se aprestó a la lucha revolucionaria contra la reforma política reestructurándose en cuatro comisiones: política, organizativa, propagandística y técnica. La «sección técnica» se encargaría de planear una acción armada más amplia dentro de un presunto frente antifascista. En realidad, esta sección estaba formada por una treintena de activistas, en su mayor parte jóvenes estudiantes y obreros reclutados en el entorno del PCE(r). En sus primeras declaraciones sobre la necesidad de la violencia en algún momento de la puesta en práctica de un proyecto revolucionario, los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) se asemejaban a las BR o la RAF.

Tras los «sucesos de Vitoria» de 3 de marzo de 1976, en los que cinco manifestantes murieron en enfrentamientos con la policía, el PCE(r) llamó a las armas y a la creación de un embrión de Ejército Rojo estructurado en núcleos locales y dirigido por un Comando Central, con la aspiración a constituir una organización de masas al estilo de las MAOC de los años treinta o los FTP de la Resistencia antinazi francesa[107]. Fue el momento de la aparición de una segunda generación de militantes, partidarios de un activismo de agitación en el umbral del terrorismo, cuya presentación pública fue una treintena de explosiones en edificios del Sindicato Vertical y del Movimiento y en monumentos franquistas de cinco capitales de provincia el 18 de julio de 1976, «aniversario del inicio de la Guerra Nacional revolucionaria», además de atentados contra instalaciones de Televisión Española. Con este motivo se recibió en la delegación de Bilbao del diario Pueblo una carta en la que se reivindicaba la autoría de los atentados: «Hemos elegido este 18 de julio, símbolo de la sublevación fascista, pero también fecha en que los pueblos de España comenzaron su resistencia armada contra el fascismo para proclamar la formación de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre».

En torno a las fechas inmediatas y posteriores al referéndum para la reforma política de diciembre de 1976, las acciones del GRAPO alcanzaron especial resonancia. El secuestro el 11 de diciembre de 1976, pocos días antes del referéndum para la reforma política, del presidente del Consejo de Estado Antonio María de Oriol y Urquijo y el del presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, general Emilio Villaescusa Quilis, el 24 de enero de 1977 (el mismo día en que unos pistoleros del entorno del sindicato vertical asesinaron a cinco abogados laboralistas en la calle Atocha), y la muerte de varios miembros de las fuerzas de seguridad cuatro días después supusieron un salto cualitativo hacia una violencia de carácter provocativo[108]. Violencia que coincidía de forma sospechosa con actos de la ultraderecha que alimentaron la «estrategia de la tensión» en esas semanas cruciales que se remataron con la liberación de los secuestrados el 11 de febrero de 1977, la legalización del PCE el 9 de abril de 1977, las primeras elecciones generales de junio (cuando el GRAPO dinamitó la sede de Diario 16) y la amnistía general de julio que coincidió con la firma de los Pactos de la Moncloa. Tras las elecciones de 1977, el GRAPO replanteó su estrategia: en vez de provocar la revolución, los atentados tratarían de hacer negociar al gobierno una plataforma de cinco puntos, que incluían la amnistía total y la derogación de las leyes represivas; la depuración de los «elementos fascistas» de los cuerpos represivos, tribunales y otras instituciones del Estado; la adopción de libertades políticas y sindicales sin ninguna restricción; la negativa a la entrada en la OTAN y el desmantelamiento de las bases americanas; la disolución del Parlamento y la convocatoria de «elecciones libres», y la elaboración de una Constitución verdaderamente democrática. Ese programa de negociación fue abandonado a mediados de los ochenta, de acuerdo con la nueva orientación que dio prioridad a la organización del partido, mientras que el grupo armado se centró en exacciones económicas como apoyo al aparato político y a las reivindicaciones de los presos.

La intensa actividad desplegada por la brigada antiterrorista permitió su infiltración en los GRAPO, que estuvieron a punto de ser totalmente desarticulados. La primera operación llevó a la detención de todo el comando de Madrid en agosto de 1977, y la segunda terminó el 9 de octubre del mismo año con la caída del Comité Central en pleno del PCE(r) cuando estaba reunido en Benidorm (Alicante). La policía pensaba que el golpe había diezmado los cimientos del partido y de los GRAPO, pero no fue así. La banda armada se reorganizó con sorprendente rapidez y actuó, principalmente en Madrid, Barcelona, La Coruña y Sevilla con gran movilidad, utilizando pisos francos, dinero procedente de atracos, armas robadas y una dirección de operaciones que se situó en Valencia. Varios de los detenidos en Benidorm salieron pronto de la cárcel. En ausencia de Manuel Pérez Martínez tomó el relevo al frente del Comité Técnico José María Sánchez Casas. El 10 de marzo de 1978 el comando de Madrid asesinó en Vallecas a un policía nacional, y el 21 de marzo abatió al director de Instituciones Penitenciarias, Jesús Haddad Blanco.

La amnistía de 1977, la normalización democrática y la creciente eficacia de la represión jurídica y policial dejaron al PCE(r) como grupo residual. Los GRAPO mantuvieron esporádicamente sus acciones armadas a través de comandos móviles como baza para una eventual negociación con el gobierno respecto de la amnistía, la depuración del aparato del Estado, la garantía de las libertades políticas y la neutralidad exterior. Como en el caso del terrorismo etarra, el momento álgido de la violencia de los GRAPO se situó a fines de los años setenta y primeros ochenta, cuando multiplicó los atentados con explosivos contra locales institucionales y policiales, empresas, entidades vinculadas a intereses franceses y sedes de partidos y sindicatos. Las sesenta acciones terroristas en 1977 (que provocaron siete muertos) y las 58 en 1978 (seis muertos) aumentaron a 137 en 1979, ocasionando 31 muertos, pertenecientes a colectivos tan variados como la justicia (el magistrado del Supremo Miguel Cruz Cuenca, abatido en enero), el ejército (el general Agustín Muñoz Vázquez, muerto en marzo) o la administración, como el director general de Instituciones Penitenciarias García Valdés. Aunque en 1979 cuadruplicaron el número de atentados con relación a los dos años precedentes, los GRAPO no lograron sus objetivos: ni consiguieron desestabilizar al régimen democrático naciente ni fortalecieron su imagen como grupo revolucionario, sino que más bien la deterioraron al aparecer ante la opinión como un grupúsculo de provocadores manipulados por la ultraderecha o por algún servicio de inteligencia extranjero.

Entre 1975 y 1993, los GRAPO provocaron 82 víctimas mortales, y soportaron la muerte de 27 militantes. Su acción más impactante fue la voladura de la cafetería California 47 el 26 de mayo de 1979, que produjo ocho víctimas fatales. La respuesta estatal fue contundente: la policía practicó 300 detenciones, e incluso dos de sus miembros fueron abatidos en París por un grupo de pistoleros. De abril a octubre de ese año, seis militantes de la organización resultaron muertos. En respuesta, las fuerzas de seguridad fueron el objetivo prioritario de las acciones violentas de los GRAPO, que alcanzaron su clímax en el verano de 1979, cuando con la campaña del «ciento por uno» pretendieron vengar la muerte a manos de la policía del dirigente del PCE(r) Juan Delgado de Codex el 20 de abril. Como represalia, un comando asesinó a un policía en Barcelona el 25 de abril y a dos en La Elipa el 30 de ese mes, y el 7 de mayo dispararon contra el exdirector general de Seguridad Emilio Rodríguez Román. La respuesta fue que en septiembre cayeron más de treinta militantes del PCE (r) encargados del aparato propagandístico y del archivo del partido. Finalmente, el 14 de octubre se produjo la detención de veinte supuestos miembros del GRAPO en una espectacular operación policial iniciada en julio y desarrollada en Madrid, Valencia y Barcelona. Tras la detención de prácticamente todo el Comité Central y la Comisión Política del PCE(r), incluido José María Sánchez Casas (dirigente de la Sección Técnica), el ministro del Interior, general Antonio Ibáñez Freire, aseguraba que el 90 % de la organización terrorista estaba desmantelada. Pero el 17 de diciembre de 1979 se produjo la fuga de la prisión de máxima seguridad de Zamora de cinco de los máximos responsables de los GRAPO (Fernando Hierro Chomón, Enrique Cerdán Calixto, Abelardo Collazo Araujo, Juan Martín Luna y Francisco Brotons Beneyto), provocando el cese del ministro del Interior.

Su sucesor Juan José Rosón logró la captura de Hierro Chomón en mayo de 1980 y la eliminación de Collazo en agosto y Brotons en septiembre. La captura por parte de la policía de la práctica totalidad de los comandos operativos y servicios técnicos e informativos (306 detenciones en 1979, 176 en 1980 y 51 en 1981) obligó a los GRAPO a simplificar su estructura y actuar desde 1980-1981 de forma más esporádica. El grupo se reorganizó de nuevo y dividió sus acciones entre Madrid y Barcelona. Los objetivos prioritarios, escogidos por su especial sensibilidad política, fueron los altos mandos del ejército, en un momento de especial tensión por el incremento del terrorismo de ETA y las primeras negociaciones para la entrada de España en la OTAN. Tras una nueva oleada de detenciones de activistas efectuada tras el golpe de Estado fallido del 23 de febrero de 1981 y la muerte de los dirigentes Enrique Cerdán Calixto (5 de septiembre de 1981) y Juan Martín Luna (5 de diciembre de 1982), solo un puñado de militantes se mantuvo en la clandestinidad, colocando explosivos en zonas turísticas (campañas de verano-otoño de 1984) y realizando atracos a mano armada o extorsiones a empresarios. El 29 de septiembre de 1982, justo en vísperas de la campaña electoral que llevó al poder al PSOE, hicieron estallar más de veinte artefactos en doce ciudades españolas y causaron un muerto.

Tras la llegada al poder del PSOE, en el mes de noviembre de 1982 se iniciaron las negociaciones entre el gobierno y los GRAPO representados por Manuel Pérez Martínez, «Camarada Arenas», secretario general del PCE(r), encarcelado en la prisión de Herrera de la Mancha. Los GRAPO estaban dispuestos a abandonar las armas a cambio de que las severas condenas que recaían sobre casi un centenar de sus miembros se redujeran con generosidad y se diera la posibilidad de ejercer la actividad política a quienes fueran puestos en libertad. Por su parte, el gobierno se comprometía a excarcelar paulatinamente en un plazo de tres años a los presos sin delitos de sangre, que estaban recluidos en las cárceles de Herrera de la Mancha, Zamora, Segovia, Vigo, Burgos, Yeserías y Carabanchel. Al tiempo, los terroristas con delitos de sangre serían extrañados hacia América Latina a partir de mediados de 1986, y no podrían regresar a España en un plazo mínimo de diez años. Paralelamente, el gobierno se comprometía a legalizar el PCE(r) siempre que sus militantes desarrollasen la actividad política dentro del marco de la legalidad vigente. Las negociaciones no dieron fruto alguno. El 9 de junio de 1984, Arenas, tras cumplir una condena de siete años, salió de la cárcel, y en un informe presentado al Comité Central del PCE(r) titulado «¿A dónde ir, qué caminos debemos tomar?», se declaraba en contra de una salida política negociada y abogaba por presentar batalla en el campo político, ideológico y militar. Tras el fracaso de los contactos mantenidos con representantes del Ministerio del Interior para el abandono de la violencia, los GRAPO se escindieron entre los que consideraban cerrada la «crisis revolucionaria» y pretendían abandonar las armas, los que deseaban la articulación de un auténtico partido combatiente y los «atentistas» partidarios de reorganizar y fortalecer el PCE(r) a la espera de tiempos mejores.

A mediados de enero de 1985, la policía desarticuló de nuevo la estructura del GRAPO en Galicia-Asturias, Norte, Barcelona y Madrid. En la acción policial eran detenidos dieciocho terroristas. El 21 de enero de 1986, el ministro del Interior José Barrionuevo informaba de la captura de todos los miembros conocidos que estaban en España. En noviembre de 1989, el Ministerio de Justicia decidió la dispersión de los presos de la organización, que respondieron con una huelga de hambre en la cual murió José Manuel Sevillano, al tiempo que sus camaradas realizaban atentados de represalia en Madrid, Valencia y Barcelona, con el resultado de un oficial del ejército y dos policías muertos. A pesar de los avances en la reinserción individual de sus integrantes y de las detenciones periódicas de sus dirigentes más activos (como Fernando Silva Sande el 26 de octubre de 1990), los GRAPO parecían haberse enquistado en un terrorismo de resistencia cuya salida política resultaba muy incierta. Como recordaba en 1988 un exmilitante: «Los caminos de la realidad política y de la organización hacía mucho que no encontraban ningún punto en común. Éramos nada más que una mínima estructura con intereses propios, enfrentada a los cuerpos de seguridad del Estado. La sociedad quedaba al margen. El resultado de este enfrentamiento iría tomando, con el correr de los años, caracteres más y más trágicos»[109].

La policía española se refiere a los GRAPO como el «Guadiana del terrorismo» porque reaparecen con nuevos atentados, después de mantenerse en silencio durante un largo período de tiempo. Durante la década de los ochenta se plantearon en varias ocasiones la posibilidad de abandonar la lucha armada, e incluso en los primeros años noventa acordaron dejar las armas, pero nuevos actos terroristas hicieron fracasar los frentes de negociación abiertos con los sucesivos gobiernos para pactar su disolución. La situación de la banda terrorista, aunque controlada en un principio, planteó pequeños escollos a finales de los años ochenta. Alrededor de un centenar de miembros de los GRAPO cumplían condena repartidos en doce cárceles, pero a pesar de esta dispersión, que pretendía evitar contactos entre los terroristas, la policía no derrochaba optimismo. Fuentes policiales confirmaron, a principios del año 1989, su temor ante la posible revitalización de los GRAPO a medida que los militantes presos fueran cumpliendo sus respectivas condenas. Instalados en posiciones fanáticas, los miembros de la organización se resistieron a abandonar la lucha armada y, de hecho, la mayoría de los presos se reintegraron en ella después de permanecer largos años en prisión.

Los GRAPO siempre han carecido de un apoyo social y de una infraestructura importantes. Con su fuerza operativa considerablemente mermada, la organización sobrevivió gracias a los atracos y a las extorsiones, que denominaban «expropiaciones económicas». El 27 de junio de 1995, la banda cometió el secuestro más comentado de su historia: el del empresario aragonés Publio Cordón. Los GRAPO aseguraron que, tras cobrar de la familia un rescate de 400 millones de pesetas, Cordón fue liberado en Barcelona en agosto de aquel año, y dos activistas del grupo confirmaron que entregaron al secuestrado a su compañero Fernando Silva Sande para que se encargara de su puesta en libertad, pero el empresario nunca apareció. En 1996, el gobierno y los GRAPO mantuvieron nuevamente negociaciones. La banda ofreció el fin de la lucha armada y su disolución a cambio de medidas como la salida escalonada de los presos, la legalización del PCE(r) y la concesión de medios económicos y laborales para los excarcelados. Las conversaciones fracasaron, entre otros motivos, por la falta de solución al secuestro de Cordón.

El 8 de mayo del año 2000, los GRAPO atentaron contra un furgón blindado de la empresa Prosegur en Vigo y asesinaron a los dos guardas jurado que lo custodiaban. El 29 de septiembre de ese año también atentaron contra la sede del diario El Mundo en Barcelona, y un día después asumieron la colocación de una bomba en la sede del Partido Popular en Madrid. El 9 de noviembre de 2000, la cúpula de la organización fue detenida en París. Entre los siete miembros apresados se encontraban Manuel Pérez Martínez y Fernando Silva Sande, jefe de los comandos de la organización, que tras una década en prisión (1978-1988) se había hecho cargo del comando itinerante de los GRAPO hasta ser detenido nuevamente en 1990, aunque se fugó de la cárcel de Granada dos años después y fue uno de los responsables en 1995 del secuestro del empresario Publio Cordón. Tras la detención de la cúpula de la organización, el Ministerio de Interior declaró que la estructura de los GRAPO quedaba reducida a un pequeño comando integrado por un máximo de cinco personas. Pero solo ocho días después de la operación policial en Francia, dos activistas asesinaron en Madrid a un policía con la misma arma utilizada en el atraco al furgón blindado de Vigo.

El 28 de enero de 2001 falleció José María Sánchez Casas, en libertad desde el 20 de julio de 1997, después de cumplir 18 años de condena por varios asesinatos y atentados. Tras abandonar la prisión, el pintor, dramaturgo y militante del ilegal PCE(r) reivindicó la vigencia de la lucha armada. El nuevo comité también fue desmantelado en julio de 2002. Tras haber sufrido hasta seis desarticulaciones a lo largo de su historia, el GRAPO sigue aún activo como grupo residual dedicado a actividades rayanas en el delito común[110]. El 6 de junio de 2007, la policía detuvo en Barcelona a Israel Clemente, Jorge Vidal y cuatro colaboradores, presuntos componentes del único comando operativo, responsable de la muerte en febrero de 2006 de la empresaria zaragozana Ana Isabel Herrero, última víctima mortal de esta banda terrorista. Por ese entonces se dio por desaparecido el grupo en su estructura militar. El arrepentimiento de Fernando Silva Sande, histórico jefe de comandos, dejó a los GRAPO en trance de extinción, tras un balance letal de 88 asesinatos, tres secuestros, la muerte de dos de sus activistas en huelga de hambre y de otros 16 por disparos de la policía[111].

6. LA ESTRATEGIA DE LA TENSIÓN: TERRORISMO NEOFASCISTA Y «VIGILANTISMO»

Si el terrorismo subversivo o insurgente pone en cuestión el monopolio estatal de la coacción física, el represivo o vigilante trata de mantener el orden establecido. De ahí su frecuente colusión con ciertas instancias sociales o del aparato estatal partidarias del inmovilismo o de una rectificación autoritaria del sistema democrático. En general, el terrorismo represivo se ha aclimatado mejor en el seno de regímenes democráticos en formación o en regímenes autoritarios con escasa legitimidad, puesto que las democracias consolidadas presentan garantías jurídicas y arbitran eficaces mecanismos de fiscalización de estos excesos.

En el período de entreguerras, la violencia política de derecha había asumido formas muy diversas, desde el terror de las sociedades secretas a la violencia paramilitar o el terror totalitario de los regímenes fascistas. Pero desde 1945, el terrorismo de extrema derecha había sido menos frecuente y sistemático. En los años sesenta y ochenta del siglo pasado, el neofascismo se comportó como un movimiento marginal y minoritario, obligado a utilizar otro tipo de violencia para obtener publicidad. Sus militantes no se ven como vanguardia revolucionaria, sino como catalizadores de acontecimientos que pueden conducir a la implantación de un gobierno autoritario mediante la aplicación de la «estrategia de la tensión». Aparte la tradición activista de los años veinte y treinta, la violencia regeneradora predicada por Georges Sorel y la peculiar reinterpretación de la «propaganda por el hecho» anarquista y la «acción directa» sindicalista, el neofascismo fue elaborando o asumiendo otras teorías justificativas de la agresión política, como la prédica mística del heroísmo nietzscheano de Julius Evola —«il nostro Marcuse», según afirmaba con orgullo el líder misino Giorgio Almirante—, la dialéctica amigo/enemigo presente en la doctrina decisionista de Carl Schmitt y la idealización del guerrero procedente de Ernst Jünger. La extrema derecha neofascista concebía la sociedad como gobernada por la violencia, y no se proponía cambiar ese estado de cosas, mientras que los exponentes de la lucha armada procedentes de la tradición marxista y católica tenían el problema de conciliar la práctica de la violencia con el proyecto de una sociedad liberada de esta. Para los fascistas la violencia es la única arma para la conquista del poder. La violencia «negra» es un hecho vital, una tentativa de dominar por la fuerza la fuerza salvaje de la sociedad. Desde ese sesgo ideológico, a mitad de camino entre el darwinismo social i el nihilismo, la violencia se emplea como catarsis de los individuos y de la comunidad. Como contraste, entre los miembros de la izquierda prevalecía una violencia racionalsentimental, en la que el principal problema (que nunca tuvieron los fascistas) radicaba en su legitimación tratando de explicar o justificar el recurso a la misma[112]. Las pautas del terrorismo de extrema derecha en Europa desde la década de los setenta fueron los ataques esporádicos dirigidos específicamente contra residencias para refugiados y hoteles para trabajadores inmigrantes, sedes anarquistas y oficinas de partidos políticos de izquierda, propiedades y negocios de judíos.

Como en los años veinte, la sutileza doctrinal no resultó ser el punto fuerte del neofascismo de acción italiano. Los atentados realizados por las «tramas negras» (83 % de los 4384 actos de terrorismo y 63 de los 92 asesinatos perpetrados entre 1969 y 1975) fueron en gran medida actos de violencia ciega, provocativa y sin justificación teórica alguna. Los Fasci di Azione Rivoluzionaria (FAR), que en 1945-1946 se libraron a atentados contra los antiguos partisanos, constituyeron el precedente inmediato del Movimento Sociale Italiano (MSI), fundado a fines de 1946. Su problemática inserción en el marco político italiano empujó a los extremistas misinos a procurar la desestabilización del régimen democrático.

El terrorismo «negro» italiano es heredero directo de los voluntarios de la República de Salò, que fueron utilizados tras la amnistía de 1946 como «material» humano para la reorganización de las redes policiales de la posguerra. Servicios secretos, movimientos de extrema derecha o monárquicos desilusionados con el referéndum que trajo la República fueron la base de esa violencia política que no excluía el golpe de Estado. La primera advertencia golpista se produjo en 1964, cuando la izquierda denunció la preparación de una conspiración por parte del general de Carabinieri De Lorenzo, jefe del SIFAR (inteligencia militar) con el conocimiento de ciertos dirigentes de la Democracia Cristiana. El 7-8 de diciembre de 1970 fue el príncipe Junio Valerio Borghese, presidente honorario del MSI y fundador de la asociación de los excombatientes de la República de Salò, quien organizó otra intentona «a la italiana», que no iba dirigida a cambiar el régimen o su situación en el sistema militar occidental, sino a «orientar» al gobierno hacia la extrema derecha[113]. Estas tentativas golpistas contaron con el apoyo tácito del sector más radical del movimiento neofascista y con la calculada ambigüedad de la dirección del partido, que se mantuvo en esa vía indeterminada entre el golpe involucionista y el escuadrismo juvenil.

Los principales grupos violentos del neofascismo italiano de los setenta fueron Ordine Nuovo (fundado por Pino Rauti en 1956 como escisión de un grupo de jóvenes dirigentes del MSI, que aceptaba la legalidad, y que se relacionó con el ejército, la policía y grupos extranjeros vinculados a la OTAN en actividades de «terrorismo de Estado») y Avanguardia Nazionale, surgida en 1960 de una división interna de ON, que y tras desaparecer en 1965, reapareció en 1970 de la mano de militantes del neofascismo radical como Stefano Delle Chiaie (il bombardiere di Roma, implicado en el complot del príncipe Borghese y en gran parte de los grandes atentados del período) como reacción a la movilización estudiantil de izquierda. En diciembre de 1959, Delle Chiaie, un joven militante del MSI que había pasado a Ordine Nuovo un año antes, abandonó esta organización para, en compañía de otros militantes del neofascismo radical, crear Avanguardia Nazionale. Se trata de una agrupación reducida en comparación con Ordine Nuovo, en torno a 500 miembros. Avanguardia estaba mucho más centrada en actividades de índole activista y terrorista que en misiones de difusión ideológica, y no tardó en convertirse en el máximo protagonista del escuadrismo neofascista de los años sesenta y primeros setenta[114]. Entre 1962 y 1967, cometió varios atentados con bombas que produjeron daños de tipo material en la mayor parte de los casos. Tal como escribe Franco Ferraresi, miembros de Ordine Nuovo y Avanguardia colaboraban estrechamente y estaban subvencionados por los servicios secretos y grupos industriales para realizar actos provocativos y cometer agresiones sobre dirigentes y militantes universitarios y sindicales de la izquierda. A partir del estudio de numerosas fuentes, este autor sostiene que algunos de los miembros de Ordine Nuovo eran también agentes de los servicios secretos del Estado italiano[115].

A finales de los años sesenta, coincidiendo con la etapa en que el terrorismo de extrema izquierda golpeaba con fuerza en Italia y con una fase de declive del MSI, una nueva generación de activistas neofascistas tomó el relevo de Ordine Nuovo y Avanguardia Nazionale. Estos militantes extremistas, que opinaban que el proyecto del MSI se confundía cada vez más con el de la derecha democrática, asumieron la interpretación del fascismo como un movimiento revolucionario y adoptaron como modelo de lucha contra el sistema político el denominado spontaneismo armato. Los primeros atentados importantes directamente relacionados con la «estrategia de la tensión» tuvieron lugar el 12 de diciembre de 1969 mediante la explosión de varias bombas en el Altar de la Patria y en los subterráneos de la Banca del Lavoro en Roma, provocando 14 heridos, y de otro artefacto explosivo en la sede de la Banca Nazionale dell’Agricoltura en la Piazza Fontana de Milán, el cual ocasionó 17 muertos y 88 heridos[116]. El atentado de Piazza Fontana fue el primero de una serie de oscuros actos violentos de carácter desestabilizador que fueron achacados a las «bandas negras», y marcó el inicio de lo que se ha denominado «estrategia de la tensión», término utilizado para referirse a la respuesta que a las protestas estudiantiles y obreras dieron estos grupos de extrema derecha que, con el apoyo directo o indirecto de los servicios secretos italianos y de ciertos sectores de la clase política, recurrieron al uso de la violencia con el objetivo preciso de crear un clima de desorden social y desestabilización general que justificara la instauración de un gobierno autoritario.

El escándalo provocado por la masacre de Piazza Fontana no detuvo la acción de los terroristas, y un año después, el 22 de julio de 1970, un nuevo atentado con bomba ocasionó seis muertos y cincuenta heridos en un tren estacionado en las cercanías de Reggio Calabria. El 28 de mayo de 1974, en el transcurso de una manifestación antifascista en la Piazza della Loggia de Brescia, un potente explosivo provocó ocho muertos y 101 heridos. Desde entonces se han celebrado seis juicios sobre esta masacre, sin que se haya logrado establecer responsabilidades[117].

Durante el año siguiente, marcado por las incursiones neofascistas en las universidades y por la explosión de ira popular en Reggio Calabria de julio 1970 a febrero 1971 —hábilmente instrumentalizada por el MSI—, Ordine Nuovo alcanzó los 1500 miembros y Avanguardia Nazionale el medio millar. Ambos grupos se comportaban como organizaciones paramilitares que utilizaban contra los estudiantes y obreros de izquierda métodos de intimidación similares a los empleados por las squadre d’azione fascistas a inicio de los años veinte. Por lo demás, su ideario no fue más allá de la exaltación evoliana de la violencia y de una visión de la «guerra total» contra el comunismo heredada de la Guerra Fría. Estos grupos y otros de menor importancia gozaron de un cierto apoyo exterior (los activistas de ON fueron entrenados por los falangistas libaneses y obtuvieron apoyo económico y refugio en las dictaduras del sur de Europa)[118] y de la benevolencia e incluso la protección de elementos policiales, emboscados sobre todo en el Servizio d’Informazione della Difesa (SID) e interesados en alentar una «estrategia de la tensión» que forzara al gobierno a incrementar la represión, preparando de ese modo el camino a un golpe de Estado «blando» que permitiera el establecimiento de un régimen semiautoritario. A ello se unía la intromisión de Estados Unidos, que contemplaban a Italia como un Estado crucial para el equilibrio del Mediterráneo. En 1970, la doctrina del Estado Mayor americano reflejada en el Field Manual del general William Westmoreland, prescribía intervenciones clandestinas en países extranjeros, a través de atentados que debían atribuirse a grupos izquierdistas («operaciones con bandera falsa») con el objeto de «desestabilizar para estabilizar», según las tácticas de «acción psicológica» empleadas por los militares franceses en la guerra de Argelia[119]. De este modo se establecieron contactos de los neofascistas italianos con el SDI, la cúpula militar italiana y la OTAN. Pero la renuncia de Nixon y la caída de los regímenes dictatoriales griego y portugués en 1974 hicieron perder al neofascismo gran parte de su apoyo exterior.

En 1974, año del referéndum sobre el divorcio, la estrategia de la tensión alcanzó otro de sus puntos culminantes. Tras el atentado de la Piazza della Logia de Brescia, el 4 de agosto de 1974 estalló en Bolonia una bomba colocada presuntamente por el militante de Ordine Nuovo Mario Tuti en el tren Italicus que hacía el trayecto Roma-Brennero, provocando doce muertos y 105 heridos. Estos atentados, de los que se hizo responsable a la extrema derecha, aceleraron la desbandada de los grupos neofascistas, y precipitaron la disolución del Uffizio Affari Riservati, que fue sustituido por el Ispettorato per la Lotta contro il Terrorismo. Existían sospechas de que la logia masónica Propaganda-2, implicada en los proyectos golpistas de 1970 y 1973 y que había financiado a grupos neofascistas ilegales, estaba implicada en el atentado del Italicus. La autoridad judicial boloñesa no encontró responsabilidad penal en las actividades de la P-2, pero una comisión del Parlamento italiano determinó que una organización terrorista neofascista con base en Toscana había cometido el atentado, y que la logia P-2 lo había instigado y financiado. Sin embargo, los servicios secretos dificultaron la investigación hasta hacerla inviable[120]. El jefe del SID, general Vito Miceli, fue destituido y detenido por su implicación en el fomento de las «tramas negras», y el SID fue disuelto en octubre de 1976. ON había sido puesto fuera de la ley a fines de 1973, y AN de que tres años después. Los terroristas neofascistas comenzaron a ser detenidos y procesados, y el propio Delle Chiaie, considerado responsable de las strage de Bolonia y Piazza Fontana, tuvo que huir a la España franquista y luego a Sudamérica para escapar a la acción de la justicia. Estuvo directamente implicado en los sucesos de Montejurra de mayo de 1976, en el intento de asesinato del vicepresidente de la Democracia Cristiana y exvicepresidente de la República de Chile Bernardo Leighton en Roma el 5 de octubre de 1975 (a cambio de una suma de cien millones de liras otorgada por la DINA)[121] y en el asesinato del canciller Orlando Letelier en Washington en 1976, en el que intervino con la cobertura de un pasaporte paraguayo facilitado por la infraestructura clandestina del Operativo Cóndor[122].

Tras esta breve pero brutal oleada de atentados, la amenaza involucionista desapareció y el terrorismo neofascista entró en un declive coyuntural. La segunda oleada de agitación social iniciada en 1977 dio origen a una nueva generación de grupos armados de extrema derecha que actuó en la década de los ochenta. En 1979 surgió Construiamo l’Azione, y en 1979 nacieron Terza Posizione y los Nuclei Armati Rivoluzionari (NAR), vinculados a las organizaciones estudiantiles fascistas. Coincidiendo con la gran oleada de violencia brigadista, los NAR se dedicaron a poner artefactos en centros oficiales, escuelas y medios de transporte, protagonizando choques con la policía y con los grupos de izquierda según la táctica del espontaneísmo armado, pero su militancia estaba menos ideologizada y su infraestructura era mucho más tosca que las de AN u ON. Este último grupo mantuvo su actuación a inicios de los ochenta, cuando las principales formaciones terroristas de izquierda estaban ya en declive. Se produjo entonces una serie de grandes atentados indiscriminados que trataron de realimentar la «estrategia de la tensión»: el 2 de agosto de 1980 se produjo una nueva masacre en la estación ferroviaria de Bolonia[123] como consecuencia del estallido de una bomba que provocó 85 muertos y cerca de 200 heridos, que ha sido el mayor atentado atribuido al terrorismo de filiación neofascista. Tan pronto como se iniciaron las indagaciones salieron a la luz indicios de conexiones de la judicatura y la policía con la extrema derecha, y pruebas evidentes de presiones desde altas instancias para detener las investigaciones. La masacre de Bolonia ha sido atribuida a los NAR, organización representativa del espontaneísmo armado neofascista. Un nuevo atentado criminal convulsionó Italia el 23 de diciembre de 1984, cuando una bomba explotó en el expreso Nápoles-Roma-Milán y produjo la muerte de 16 personas y heridas a 105. Este tipo de acciones terroristas parecen formar parte de ese plan desestabilizador que se ha definido convencionalmente como «estrategia de la tensión». Tras varios meses de investigación sobre esta «galaxia del terror», se reveló que, de nuevo, el hilo de la violencia neofascista conducía hasta los servicios de inteligencia y llegaba a la puerta de una influyente logia masónica conspirativa y anticomunista: la Propaganda-2 (que adoptó el mismo nombre de la logia risorgimental donde se inscribieron Francesco Crispi y Giuseppe Zanardelli, y que englobaba la élite política, financiera —Calvi, Sindona—, del periodismo y de los aparatos militares) fundada por el exfascista Licio Gelli, supervisor de servicios secretos y hombre de la CIA en Italia, que fue condenado a ocho años de prisión por haber financiado el atentado contra el tren Italicus, y era sospechoso de implicación en el bombardeo de la estación de Bolonia. A mediados de los años ochenta, Gelli huyó a América Latina y Suiza. En diciembre de 1987, un tribunal de Florencia le condenó por financiar y armar a los neofascistas que colocaron bombas en los ferrocarriles de la Toscana entre 1973 y 1975, y en 1988 fue sentenciado a diez años de prisión por un tribunal de Bolonia por su implicación en el atentado de agosto de 1980[124].

Cuando los servicios secretos fueron reestructurados tras el asesinato de Aldo Moro, se supo que gran parte de los jefes destituidos (sobre todo de Carabinieri) pertenecían a la P-2 y estaban implicados en actividades cuyo objetivo era provocar una deriva autoritaria de la República. Para ello habían promovido desde los años sesenta acciones terroristas de carácter provocativo, a las cuales no habría sido ajena la Red Gladio, descubierta en otoño de 1990 tras cuatro décadas de turbias actividades. Al parecer, en junio de 1948 la CIA creó una Oficina de Coordinación Política que tenía por objetivo combatir el comunismo en Europa. Esta Oficina se encargó de crear un grupo de trabajo clandestino en el seno de la OTAN, especializado en actividades anticomunistas en tiempo de paz. En 1956, en plena Guerra Fría y al margen del control parlamentario de las democracias occidentales, se creó esta red, que se dirigía desde el Comité de Coordinación Aliado (ACC) de la OTAN, y a la que estaban vinculados directamente los ejércitos de Italia, Bélgica, Francia, Alemania, Holanda, Luxemburgo, Gran Bretaña, Dinamarca, Noruega y Portugal. Gladio contaba además con sucursales o «redes amigas» en Grecia, España, Suiza y Austria[125]. En concreto, en Italia se puso en marcha tras un acuerdo firmado en noviembre de 1956 entre el Servizio Informazione Forze Armate (SIFAR) y la CIA para crear un complejo clandestino post-ocupación comúnmente denominado Stay-Behind, que preveía la constitución de redes de resistencia en caso de ocupación enemiga, en los campos de la recogida de información, sabotaje, guerrilla, propaganda e infiltración, operaciones indicadas en código con el nombre de Gladio[126]. Su jefe de 1974-1986 fue el general Paolo Inzerilli, jefe de la oficina SAD (Studi e Addestramento) y de la VII División del Ejército transalpino. Esta estructura secreta de subversión fue desplegada con el apoyo de la CIA, la OTAN y los servicios secretos de los gobiernos afectados para hacer frente a una eventual invasión soviética, pero con la estabilización de la Guerra Fría en los años sesenta desvió sus objetivos hacia el entorpecimiento de la actividad política legal de los partidos comunistas y el apoyo a las tramas del terrorismo neofascista con la aquiescencia o la tolerancia de algunas agencias estatales de seguridad. La red fue disuelta el 23 de noviembre de 1990 tras la caída del comunismo. La crisis institucional italiana iniciada en 1992 propició el recrudecimiento episódico de un terrorismo presuntamente de origen mafioso, que perpetró atentados con explosivo en el centro de Florencia (27 de mayo de 1992), Roma y Milán (27 de julio).

En Alemania, donde en los años ochenta un 13 % de la población reconocía simpatías por la extrema derecha y donde en 1984 se censaban 22 100 activistas en 1350 grupos neonazis (de los cuales 230 eran potencialmente violentos), la transición del extremismo ultranacionalista a la violencia se produjo a mediados de los setenta, cuando la desaparición del ultraderechista NPD radicalizó a la generación procedente de su violenta organización juvenil hacia la constitución de grupos neonazis, como el Wehrsportgruppe Hoffmann (Grupo Deportivo Militar Hofmann) fundado por Karl Heinz Hoffmann a fines de los setenta para subvertir la RFA, que entrenaba paramilitarmente a sus afiliados, mantenía relaciones con grupos terroristas sirios, libaneses y palestinos y creó un rama estudiantil en Tubinga. Miembros del grupo pusieron bombas en las instalaciones del ejército americano en Munich en 1976 y mataron a un publicista judío en Erlangen, lo que llevó a la ilegalización del grupo por la Oficina Federal de Defensa de la Constitución (BFV) el 30 de enero de 1980. Su crimen imputado más grave fue la bomba que estalló en el Oktoberfest (Fiesta de la Cerveza) de Munich el 26 de septiembre de 1980 que provocó una docena de muertos y 217 heridos. Otros grupos sospechosos de alentar o perpetrar crímenes racistas son el Aktionsfront Nationaler Sozialisten (Frente de Acción de los Nacional-Socialistas), el Volkssozialistische Bewegung Deutschlands/Partei der Arbeit (Movimiento Socialista Popular Alemán/Partido del Trabajo) y los Deutsche Aktiongruppen (Grupos de Acción Alemanes). Con el rebrote xenófobo de los ochenta, estos grupúsculos de no más de un millar de miembros en total lograron arrastrar a una población joven y sin formación política, reclutada entre los sectores marginales (parados, skinheads, grupos ultras deportivos) a una violencia dirigida sobre objetivos simbólicos como sinagogas y cementerios judíos, residencias de trabajadores extranjeros e incluso instalaciones de la OTAN, y agresiones contra judíos, homosexuales, squatters, turcos y soldados norteamericanos de color.

Los grupos incontrolados de extrema derecha proliferan en las dictaduras moribundas o en regímenes democráticos con insuficiente legitimación. La transición, en todos los casos problemática, de los países del sur de Europa hacia la democracia liberal en los años sesenta y primeros setenta facilitó la aparición de grupos violentos y terroristas de ultraderecha que, en ocasiones, se han visto favorecidos e incluso alentados por sectores inmovilistas del propio Estado, que han urdido tramas represivas o desestabilizadoras donde convergían ciertos elementos policiales, grupos extremistas, mercenarios o simples delincuentes comunes. En Turquía, el terrorismo de extrema derecha surgió del entorno del Partido del Movimiento Nacionalista (Milliyetçi Hareket Partisi, MHP) y del grupo palestino Fatah, con un ideario basado en el panturquismo, el anticomunismo, el antilaicismo, la destrucción del sistema parlamentario y el exterminio de los grupos de izquierda. Los Lobos Grises (Bozkurtlar) del MHP protagonizaron una parte destacada de la «estrategia de la tensión» que dejó un rastro de cerca de 700 atentados entre 1974 y 1980, especialmente el asesinato de estudiantes de izquierda, actividad violenta que alcanzó su punto culminante en 1975, bajo la protección del derechista Partido de la Justicia. Es notoria la implicación de este grupo en el atentado de Alí Agca contra Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981, que contó con la colaboración de los servicios secretos búlgaros (Darjavna Sigournost).

En España, el terrorismo de ultraderecha brotó en los años sesenta, cuando el comienzo de un tímido proceso de liberalización del régimen franquista decidió a los dirigentes sociales, económicos, religiosos y corporativos más inmovilistas a dar apoyo y cobertura a algunas formaciones violentas que pudieran dar la réplica adecuada al movimiento de contestación que se desarrollaba en las universidades y en las fábricas. Entre los primeros grupos juveniles de acción destacó Defensa Universitaria, creada en 1963 y nutrida de estudiantes falangistas, católicos integristas, carlistas y monárquicos. Su ocaso en 1969 coincidió con la aparición, tutelada por los servicios de información franquistas, de los Guerrilleros de Cristo Rey, y abrió el camino a otros grupúsculos ultras, como el Partido Español NacionalSocialista (PENS) o el Movimiento Social Español (MSE), expertos en una violencia difusa (palizas, atentados a librerías, periódicos y centros culturales progresistas, represión parapolicial de manifestaciones de izquierda) que fue continuada en la transición por otras organizaciones de vida igualmente efímera, como la Alianza Apostólica Anticomunista (AAA), Grupos de Acción Sindicalista (GAS), Vanguardia Nacional Revolucionaria, Ejército Nacional Anticomunista, Grupos Armados Españoles, Milicia Antimarxista Española, y por las formaciones paramilitares de partidos constituidos de forma más estable, como la Primera Línea de Falange Española de las JONS y las organizaciones juveniles procedentes de Fuerza Nueva: Fuerza Joven y Frente Nacional de la Juventud. La violencia ultraderechista tuvo su punto álgido en 1976-1980, para decaer irremisiblemente tras el fracaso del golpe de Estado del año siguiente. Aunque los asesinatos cometidos por estas bandas fueron numerosos, solo en contadas ocasiones parecieron ligados a motivaciones políticas de alcance, como las relacionadas con la «estrategia del caos o de la tensión» de carácter involucionista (muerte del manifestante Arturo Ruiz el 23 de febrero de 1977 y asesinato de cinco abogados laboralistas en su bufete de la calle Atocha al día siguiente por un grupo de pistoleros vinculados a Falange y Fuerza Nueva) o con actividades de acoso al entorno de ETA, como el atentado contra los dirigentes de HB Josu Muguruza e Iñaki Esnaola el 20 de noviembre de 1990.

Sin embargo, rara vez estas «bandas negras» han adoptado un carácter terrorista estable, salvo cuando aparecen en connivencia con ciertas instancias «sensibles» del Estado, como su aparato de seguridad. Este ha sido el caso dominante entre las organizaciones que afirmaban combatir por cuenta propia el terrorismo etarra, como el Batallón Vasco Español y los Guerrilleros de Cristo Rey de inicios de los setenta, el ATE (organización creada en 1974 y apoyada presuntamente por exmiembros de la OAS, que protagonizó 120 atentados contra refugiados vascos en Francia entre 1975-1976) y sobre todo los GAL, grupo terrorista dirigido oficialmente por los expolicías José Amedo y Michel Domínguez, que desde fines de 1983 formó parte esencial de la estrategia de «guerra sucia» contra ETA, perpetrando 27 asesinatos en Francia y España (como el del dirigente de HB Santiago Brouard el 20 de noviembre de 1984), hasta su virtual desmantelamiento a fines de la década. Oficialmente, los GAL se presentaban como un movimiento financiado por industriales vascos españoles, cuyo apoyo le permitía reclutar pistoleros. En 1995-1996 el caso pasó al primer plano con las acusaciones de Amedo y Domínguez a la cúpula de Interior, que fue procesada y condenada en 1998.

Las vinculaciones internacionales del «terrorismo negro» adoptan formas tortuosas. Avanguardia Nazionale organizó en abril de 1968 un viaje a la Grecia de los coroneles para aprender las tácticas de infiltración en los grupos de izquierda y acciones de provocación. Militantes neofascistas como Delle Chiaie fueron apoyados por la Junta Militar griega, y tras el atentado de Piazza Fontana buscaron refugio en la España de Franco (donde ciertos individuos aparecieron implicados en oscuras maquinaciones políticas durante la transición, como los sucesos de Montejurra de 9 de mayo de 1976), para actuar después al servicio de las dictaduras de Pinochet en Chile o de García Meza en Bolivia en la ya citada oleada de magnicidios patrocinada por el Operativo Cóndor. El asesinato del juez antifascista Vittorio Occorsio el 10 de julio de 1976 fue el resultado de una orden dictada en el transcurso de una cumbre fascista celebrada en Madrid bajo los auspicios del franquista Luis García Rodríguez y de la DINA chilena. También parece demostrado que las estrechas relaciones tejidas entre los grupos neonazis europeos y norteamericanos han sobrepasado los contactos meramente informativos o de colaboración político-ideológica. Ciertas formaciones neonazis alemanes han contado con el apoyo de la OLP y entrado en contacto con COBRA, una organización terrorista francesa afiliada a los Faisceaux Nationalistes Européens (FNE) junto a otras similares procedentes de Bélgica, Austria y Suiza. ATE y GAL han concertado apoyos con mercenarios pieds noirs procedentes del entorno de la OAS, pero también con pistoleros y delincuentes comunes. Según un detallado informe de la Comisión de Investigación del Parlamento Europeo sobre el acenso del fascismo y de racismo en Europa hecho público en 1985, la violencia de los grupos ultras deportivos también está siendo manipulada con fines políticos por grupos de extrema derecha crecientemente coordinados a escala continental.

7. LA RESPUESTA DE LOS GOBIERNOS: ENTRE LA DEFENSA DE LAS LIBERTADES Y LA QUIEBRA DEL ESTADO DE DERECHO

Parece un hecho comprobado que el terrorismo tiene mayores posibilidades de desarrollo en regímenes políticos democráticos y en países económicamente desarrollados, donde existen libertades civiles reconocidas, autonomía de unos medios de comunicación que transmitirían sin cortapisas las noticias de un atentado, una mayor libertad de movimientos entre fronteras, menor vigilancia personal, mayor concentración de objetivos potenciales y unas comunidades (de inmigrantes o autóctonas) bien organizadas y que pueden facilitar apoyo logístico y cobertura social. El terrorismo se beneficia de los derechos y de las libertades civiles inherentes a las democracias, pero también puede aparecer en regímenes autoritarios en crisis por su precaria legitimidad, por la debilidad de su Estado o por estar inmersos en procesos de liberalización.

La larga estabilización política de las democracias occidentales y el clima generalizado de libertad y permisividad políticas existente desde 1945 habían relajado la capacidad de prevención y represión del Estado, haciendo a estas sociedades más vulnerables al terrorismo, cuya naturaleza minoritaria, secreta e imprevisible planteaba graves dificultades a los gobiernos para su erradicación. Por su escasa especialización inicial y su obligatoria sujeción a las leyes vigentes, los tradicionales métodos represivos, tanto legislativos como policiales, encontraron graves dificultades para afrontar y combatir con éxito la amenaza terrorista. Una vez que el terrorismo se transformó en un peligro real, los gobiernos occidentales no dudaron en aplicar medidas antiterroristas severas, que han arrojado un resultado muy desigual.

Los gobiernos legítimamente establecidos están obligados a defender la autoridad estatal y a proteger a los ciudadanos contra el terrorismo, de tal suerte que las legislaciones especiales o de emergencia pueden llegar a resultar imprescindibles para el mantenimiento del orden constitucional o incluso para su reconstrucción, caso de haber sido muy deteriorado por una violencia ilegal persistente. Pero entre las decisiones coactivas de carácter judicial se ha usado y abusado de las legislaciones especiales o de emergencia, a veces improvisadas e imprecisas, que han permitido suspender excepcionalmente algunos derechos constitucionales básicos, como el habeas corpus, la inviolabilidad del domicilio o el secreto en las comunicaciones privadas. Aunque desde mediados de la década de los setenta del siglo XX se ha tratado de despolitizar el delito de terrorismo en todas las legislaciones europeas, la tendencia general ha sido a la promulgación de legislaciones específicas centradas en la lucha contra el terrorismo, entre las que podemos enumerar la Northern Ireland (Emergency Provisons) Act de 25 de julio de 1973 que introdujo los juicios sin jurado en Irlanda del Norte, la Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act de 20 de noviembre de 1974 (que impuso la prolongación del tiempo de detención, los registros domiciliarios y la expulsión de sospechosos tras la bomba del IRA en Birmingham que mató a 21 personas) o la Suppression of Terrorism Act de 30 de junio de 1978 en Gran Bretaña; la Legge Reale de 22 de mayo de 1975 en Italia; la Ley antiterrorista francesa de 9 de septiembre de 1986, o la batería de medidas antiterroristas españolas.

La transición democrática permitió una fugaz suavización de la legislación represiva de los delitos políticos heredada del franquismo, pero el recrudecimiento de las acciones violentas impuso el retorno a una legislación de excepción. Tras el Decreto-Ley de agosto de 1975 sobre «Prevención y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y la seguridad personal» (prorrogado un año por Decreto-Ley 2/1976 de 18 de febrero, que prolongaba el plazo de detención legal de 72 horas a cinco días, y a diez con autorización judicial, y autorizaba el registro de viviendas con permiso gubernativo, pero sustrajo casi por completo al fuero militar el enjuiciamiento de los delitos terroristas), el Decreto Ley 21/1978 de 30 de junio endureció aún más la legislación anterior, ya que amplió la detención indefinidamente, hasta el tiempo necesario para la investigación, y prohibió la aplicación de indultos o redenciones de pena a las personas a las que se aplicara dicha ley. La norma fue derogada por la Ley 56/1978 de 4 de diciembre, que estableció el plazo de detención en diez días y eliminó la imposibilidad de los indultos. La Ley 82/1978 de 28 de diciembre hizo desaparecer el tipo de delito de terrorismo del Código Penal, pasando a integrase en figuras delictivas comunes, que endurecían su tratamiento penal cuando se trataba de conductas habituales en la acción terrorista. Los reales decretos-leyes de 4 de enero de 1977 suprimieron el temible Tribunal de Orden Público (TOP) y dieron la competencia a la Audiencia Nacional en materia de terrorismo. La legislación promulgada en 1978-1979 se caracterizó por acelerar los procesos contra delitos terroristas a través de procedimientos de emergencia, otorgando a la Audiencia Nacional mayores competencias[127]. La Ley Orgánica 11/1980 de 1 de diciembre que mantenía los plazos de detención de 72 horas a diez días, siguió adjudicando a los juzgados centrales y a la Audiencia Nacional la competencia exclusiva de estas causas, y esbozó la figura del terrorista arrepentido. La Ley Orgánica 2/1981 de 4 de mayo endureció sustancialmente las penas e introdujo por vez primera la figura del arrepentido, ya existente en las legislaciones alemana e italiana[128]. El 26 de diciembre de 1984 se promulgó la Ley Orgánica contra la actuación de las bandas armadas y elementos terroristas, de desarrollo del artículo 55.2 de la Constitución. Esta ley antiterrorista, inspirada en el modelo italiano, ampliaba los plazos de detención e incomunicación de los detenidos, restringía los derechos de asistencia letrada y facilitaba los registros policiales, la intercepción de las comunicaciones privadas y la suspensión cautelar de asociaciones y cargos públicos, además de agravar las penas establecidas, equiparando la frustración al delito consumado, fijando penas mínimas para determinados actos delictivos y previendo circunstancias de atenuación en el caso de terroristas arrepentidos.

En la República Federal de Alemania la legislación fue la más severa de Europa Occidental, ya que permitía no reintegrar en la administración a elementos considerados indeseables (Berufsverbot) para permitir la mayor libertad posible a las autoridades en su tarea de combatir el terrorismo. Se dictaban penas de cinco años de prisión para quienes formaran una asociación o participaran en mayor o menor medida en bandas de tipo terrorista (secciones 129 y 129.a del Código de Procedimiento Criminal), y se asignaban penas de tres años de cárcel para toda propaganda contra la Constitución o contra la existencia y seguridad de la RFA (sección 88.a).

Este tipo de normativas ha puesto a disposición de las fuerzas de seguridad facilidades legales para realizar detenciones sin un estrecho control judicial, mantener la custodia de los detenidos fuera del control de la judicatura, implementar incentivos a la delación o incrementar la vigilancia de las comunicaciones telefónicas y postales. Pero a pesar del control jurídico, parlamentario y político a que están sometidas estas actuaciones, se han producido innumerables abusos en las fases de detención, interrogatorio, prisión preventiva, juicio y régimen penitenciario, que han fortalecido y legitimado coyunturalmente la acción terrorista.

La represión se ha visto compensada por amnistías (como las parciales decretadas en España en 1975, 1977 y 1978), los indultos particulares y las medidas de reinserción social destinadas a aquellos terroristas que estuvieran dispuestos a abandonar la violencia. Esta última iniciativa ha tenido cierto éxito en los casos italiano (donde la Ley para la Defensa del Ordenamiento Constitucional de 29 de mayo de 1982 creó la figura de los pentiti o arrepentidos que ya colaboraban con el gobierno desde febrero de 1980) y español, donde la Ley Antiterrorista de 26 de diciembre de 1984 también contempla la posibilidad de reducción de penas para los activistas que renuncien a la lucha armada.

Dentro de las medidas estrictamente policiales, el declive del terrorismo en Europa Occidental coincide con el desarrollo de sistemas internos de seguridad sofisticados, con la mejora y especialización de las agencias policiales y con la creciente coordinación internacional. En general, los gobiernos han privilegiado la información sobre la pura y simple represión. Métodos como la infiltración en las organizaciones terroristas han sido moneda corriente en el Ulster (en 1981, el PIRA reconoció la existencia de informadores de la policía) o en el País Vasco, donde la policía y la Guardia Civil han utilizado agentes infiltrados y confidentes. La reorganización de los servicios de inteligencia (Inteligencia MI6 y Seguridad MI5 o Police Special Branch en Gran Bretaña), la mayor especialización en cuestiones terroristas (con la creación de grupos de asalto como la Delta Force norteamericana, el SAS británico, el GSG-9 alemán, el RAID y el Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale —GIGN— de la Gendarmería francesa, las UAR de la Guardia Civil y los GEO de la Policía Nacional española) y la coordinación ejecutiva de las diversas agencias policiales han abierto en ocasiones el camino a la casi completa erradicación de este tipo de violencia, como en los casos alemán y belga. En España, la política antiterrorista de los gobiernos de UCD fue bastante imprecisa hasta fines de 1980, cuando el ministro Juan José Rosón inició la reorganización de las fuerzas policiales, controlando y mejorando los servicios de información e investigación y creando el Mando Único para la Lucha Antiterrorista. También se ha propendido a una mayor especialización de las fuerzas policiales con la formación a partir de 1978 de los Grupos de Operaciones Especiales (GEO) de la Policía Nacional y las Unidades Antiterroristas Rurales (UAR) en la Guardia Civil.

El carácter global del fenómeno terrorista ha obligado también a una coordinación de carácter internacional. Una colaboración que no ha sido siempre fácil de lograr. El Proyecto de Convenio para la prevención y represión del terrorismo internacional, presentado por el gobierno de Estados Unidos el 25 de septiembre de 1972 ante la Asamblea General de la ONU tras la matanza de los Juegos Olímpicos de Munich tuvo en su contra a la mayoría de los países del Tercer Mundo y del bloque socialista, que temían que la acción antiterrorista a escala internacional perjudicase a los movimientos de liberación que actuaban en territorios ocupados, colonizados o sometidos a dictaduras de derecha. Las instituciones europeas han sido mucho más receptivas a las exigencias gubernamentales de una mayor energía en el tratamiento de la cuestión terrorista. Desde 1949, el Consejo de Europa ha concluido varios tratados y acuerdos multilaterales, como el Convenio europeo de extradición (13 de diciembre de 1957) y el Convenio Europeo para la presión del Terrorismo (27 de enero de 1977), donde la despolitización del delito de atentado prefiguró la creación de un auténtico «espacio antiterrorista europeo» bajo inspiración alemana. Pero esta coordinación no mostró su eficacia por las diferentes prácticas legales de los estados miembros y sus temores respecto a una pérdida de soberanía jurídica. Por iniciativa holandesa se dieron desde 1975 los pasos para la creación de un auténtico espacio policial europeo. A pesar de que el Tratado de Roma no menciona en modo alguno cuestiones de coordinación antiterrorista, la Comunidad Europea aprobó medidas de represión complementarias a las del Consejo de Europa.

En la reunión celebrada en Obernai (Francia) el 2 de mayo de 1975, los ministros de Justicia de los países miembros del Consejo de Europa señalaron la necesidad de una coordinación legislativa y de una acción policial propiamente europeas ante el crecimiento del «terrorismo autóctono» que afectaba a la seguridad de los estados. Fue el precedente del Convenio Europeo para la Supresión del Terrorismo, adoptado por la Asamblea del Consejo de Europa el 27 de enero de 1977 a fin de establecer un marco jurídico internacional para la persecución de este tipo de actos, por lo que no se consideraban delitos políticos a efectos de extradición los contemplados en las convenciones de La Haya (1970), Montréal (1971), los delitos graves constituidos por un ataque contra la vida, la integridad corporal o la libertad de las personas que tuvieran derecho a una protección internacional, incluidos los diplomáticos; los raptos, tomas de rehenes o secuestros arbitrarios, y los delitos que implicasen la utilización de bombas, granadas, cohetes, armas de fuego o paquetes explosivos (art. 1). Este acuerdo no fue firmado por la República de Irlanda. El Convenio Europeo para la Supresión del Terrorismo no era un tratado de extradición, pero supuso un paso importante para la entrega de terroristas sospechosos entre las democracias europeas. En la Convención de Estrasburgo de 27 de enero de 1977 para la represión del terrorismo su despolitizó ese delito y se pasó al ámbito del derecho común.

El Acuerdo del Consejo de Europa en Dublín de 4 de diciembre de 1979, accesorio al Convenio Europeo para la Supresión del Terrorismo, acordó una nueva fórmula para aplicar el convenio en el interior de la CEE, a fin de que fuera firmado por Irlanda. Permitió la adopción de un sistema común de extradición, la creación de un espacio judicial común, el estudio de problemas asociados con el terrorismo, el control de armas y la coordinación de sanciones comerciales contra los países supuestamente financiadores. En general, han ido ganando terreno en Europa tanto la teoría de que el terrorismo no puede ser excusado como una manifestación de defensa política, como el principio aut dedere, aut judicare (extradita o juzga), recogido en los diversos convenios antiterroristas de La Haya (1970), Montréal (1971), Washington (1971) y Nueva York (1974).

La coordinación policial europea arranca de la reunión celebrada en Roma el 1 de julio de 1971 por los ministros de Interior y Justicia de los países comunitarios. Quizá en honor a la Fontana de Trevi (o por las iniciales Terrorismo, Radicalismo, Extremismo y Violencia Internacional) se tomó posteriormente el nombre tal grupo[129]. En el momento de la constitución de TREVI como grupo informal se concibieron cinco grupos de trabajo, que en 1978 se reconvirtieron en tres: el primero fue el dedicado a la lucha contra el terrorismo, que también asumió la materia inicialmente adjudicada al grupo segundo: la seguridad en la aviación civil.

En 1975 se creó oficialmente el Grupo de TREVI como foro informal establecido fuera del ámbito comunitario y pensado para coordinar una respuesta eficaz al terrorismo. En esa ocasión, definió el terrorismo como «el uso o la amenaza de uso, por un grupo coherente de personas de la violencia para alcanzar fines políticos»[130]. El grupo, que se reunió por vez primera en junio de 1976, estaba formado por tres niveles de trabajo: el superior eran los responsables de los ministerios del Interior de los países comunitarios, el segundo estaba compuesto por una comisión de altos funcionarios de esos departamentos, y el tercero lo componían los acuerdos tomados y los intercambios de información a los que se comprometieron los signatarios del acuerdo. En 1979 se creó en los Países Bajos el Grupo de Trabajo de Policía sobre Terrorismo, que operaba al margen de TREVI y se centraba en los aspectos operativos y prácticos de la lucha antiterrorista. El 12 de febrero, los ministros de Exteriores de los diez países de la CEE reunidos en Roma acordaron la concertación antiterrorista de sus respectivos países y la creación oficial del Grupo de TREVI como entidad intergubernamental estructurada en los ya aludidos grupos de trabajo: la reunión periódica de los ministros del Interior de los países comunitarios; una comisión de altos funcionarios de estos departamentos y otra dedicada a implementar los acuerdos tomados y gestionar los intercambios de información. En paralelo a estas medidas, el 14 de febrero de 1985 el Parlamento Europeo aprobó seis resoluciones, cuatro de ellas «sobre la lucha contra el terrorismo», otra sobre «los recientes atentados terroristas en varios estados europeos y sobre la necesidad de crear una comunidad jurídica y judicial europea», y el sexto sobre «los atentados terroristas en Europa». Todas estas medidas han tenido gran influencia en la elaboración de una estrategia jurídica represiva a escala comunitaria. Frente a los rumores de coalición de diferentes grupos terroristas (los ya aludidos contactos entre RAF, AD, CCC, etc.), el Grupo de TREVI celebró el 25 de septiembre de 1986 una primera reunión de emergencia tras una sucesión de atentados palestinos en París, donde estableció medidas legislativas de armonización de la lucha antiterrorista.

Quince años después de TREVI se firmaron los acuerdos de Schengen (Luxemburgo, 14 de junio de 1985), que establecieron medidas de seguridad a la libre circulación de personas y bienes. En relación al terrorismo es relevante que el Título III del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen sobre «Policía y Seguridad» recoja distintas posibilidades de cooperación policial en su capítulo I, que van desde la asistencia mutua (artículo 39.1 a 3), la vigilancia transfronteriza (artículo 40), la persecución transfronteriza o «en caliente» (artículo 41) y la comunicación incondicionada de información (artículo 46) a los funcionarios de enlace (artículo 47). Mención aparte merecen los acuerdos bilaterales al amparo del Convenio (artículo 39.4 y 5), entre los que cabe destacar la creación de cuatro comisarías conjuntas de España con Francia (BOE n.º 175 de 20 de julio de 1996) y otras tantas comunes con Portugal (BOE n.º 231 de 26 de septiembre de 1998).

El tercer pilar del Tratado Maastricht (1992) sobre asuntos de justicia e interior hace una referencia especial al terrorismo. En el Consejo Europeo de Tampere (1999) se concibió la orden de detención europea para reemplazar el complicado sistema de extradición y hacer el sistema más rápido y sencillo. El acuerdo fue adoptado en la decisión-marco 2002/584/JAI del Consejo de 13 de junio de 2002. Ya en la celebración de la primera conferencia europea sobre terrorismo, que reunió a los representantes policiales de los 15 países de la UE, el 29 de enero y 2 de febrero de 2001, en Madrid, el ministro del Interior español Jaime Mayor Oreja pidió que se implantase la «orden de busca y captura europea» o «euroorden», es decir, que una orden de arresto de presuntos terroristas tuviera vigencia y viabilidad en todos los países comunitarios. La finalidad de esta «euroorden» es la entrega inmediata de un criminal o terrorista a las autoridades del país donde haya cometido el delito.

En la actualidad, los servicios policiales alemanes, británicos, españoles, italianos y franceses especializados en este tipo de violencia disponen de destacamentos y canales de información en los respectivos países gracias a la existencia de acuerdos bilaterales de cooperación. Los gobiernos comunitarios también están poniendo a punto una red policial europea (Europol) encargada de la represión de delitos de alcance internacional, como el narcotráfico, el terrorismo y las redes mafiosas. Dentro de la organización de defensa occidental, el intercambio de información establecido entre los países de la OTAN desde 1977 permitió incrementar la seguridad de las instalaciones militares y evitar algunos atentados. Tras el rebrote de los ataques terroristas contra intereses norteamericanos e instalaciones de la Alianza Atlántica a fines de 1984 y principios de 1985, la administración Reagan (difusora de la doctrina del «conflicto de baja intensidad» desarrollada por el secretario de Estado Georges Schultz, que contemplaba el terrorismo como un sucedáneo poco costoso de la guerra entre estados) desplegó una enorme actividad suministrando información a sus aliados sobre actividades terroristas. El 2 de febrero de 1985, los primeros ministros de Francia y Alemania decidieron la creación de un «Frente Unido Antiterrorista» en que se incluirían los países de la OTAN, en cuyo seno se creó un comité ad hoc[131]. La crisis libia de 1986 marcó un punto de inflexión en la actitud oficial de la Comunidad Europea respecto al terrorismo internacional, ya que hasta entonces los gobiernos europeos se habían mostrado reacios a denunciar públicamente y aplicar sanciones económicas y militares a países denunciados como bases de apoyo de organizaciones subversivas. En la actualidad, resultan habituales el intercambio de información y las consultas entre los gobiernos integrados en el Grupo de TREVI, la Unión Europea Occidental y la OTAN, que ha incorporado las capacidades contraterroristas a su nueva concepción estratégica de posguerra fría.

El terrorismo político autóctono ha declinado en Europa Occidental desde mediados de los ochenta. La rápida y trágica desaparición de muchas de las organizaciones separatistas y de extrema izquierda demuestra el escaso apoyo popular a esta forma de lucha, sus flaquezas internas y la mayor eficacia de los medios estatales e interestatales empleados en su represión. Sin embargo, el terrorismo nacionalista-separatista vinculado a conflictos de larga duración ha tenido mayores posibilidades de supervivencia, pues su llamamiento emocional a la unidad étnica frente a una comunidad rival o a un Estado hostil le ha garantizado un más duradero apoyo popular.

6 El terrorismo étnico-nacionalista

El terrorismo nacionalista sectario tiene más posibilidades de éxito que otros tipos de terrorismo[1]. A diferencia del terrorismo interno de matriz puramente ideológica, revolucionario o contrarrevolucionario, el terrorismo nacionalista-separatista suele ser un fenómeno de larga duración que en determinadas regiones ha sido capaz de institucionalizar una situación de violencia gracias a la articulación de un apoyo popular más estable y consistente, y a la existencia de una dilatada tradición histórica de violencia individual y colectiva. Estos movimientos de liberación nacional han concebido el combate terrorista como el prólogo de la lucha por la independencia. La organización terrorista aparece como el brazo armado de un movimiento nacionalista revolucionario de amplia base, que mezcla los mensajes patrióticos con la fraseología de tipo marxista-leninista, identificando de forma eficaz al enemigo extranjero con el enemigo de clase.

Cada comunidad nacional elabora su historia, que queda cifrada en ciertos relatos canónicos y representaciones narrativas del pasado. Los episodios violentos de su historia y sus relatos frecuentemente repetidos dan sentido a la violencia terrorista que algunos grupos ejecutan en el presente o pretenden ejercer en el futuro. La violencia es representada en estos relatos como un ingrediente intrínseco de la propia identidad cultural, lo que a veces la convierte en tradición, una costumbre o un ingrediente del propio destino. De ahí que todo grupo terrorista étnico-nacionalista tienda a desarrollar narrativas de resistencia, relatos de un pueblo en armas y siempre avanzando que le permiten identificarse con un pasado de luchas, persecuciones y agravios[2].

Por esta y otras razones, los grupos terroristas de carácter etnonacionalista tienen mayores facilidades para obtener apoyo de su propia comunidad que los grupos de extrema izquierda, que deben desarrollar un proselitismo activo entre personas políticamente concienciadas o radicales que, a menudo, no quieren dar el salto a la militancia intensa, y acaban siendo vulnerables al compromiso con la causa[3]. El terror es casi siempre más popular cuando va dirigido contra extraños o contra enemigos de la propia comunidad nacional. Es cierto que la cuestión nacional motiva a la gente de forma más vigorosa que la cuestión social, de modo que la intensidad de la violencia nacida de los sentimientos nacionalistas es, en general, más fuerte que la amplitud de la violencia generada por las querellas socioeconómicas. No cuenta el atractivo de las consignas revolucionarias, sino el atractivo sectario de raíz étnica o religiosa. Los etnonacionalistas apelan a una tradición revolucionaria colectiva duradera e incluso a una predisposición a la rebelión basada en precedentes históricos. Además, buscan un objetivo más concreto y comprensible (independencia) con una victoria que aparece al alcance de la mano.

Según Peter Waldmann, la violencia radical-nacionalista surge de la protesta de los grupos de clase media dentro de la minoría étnica, y luego de la relajación del control sobre esa minoría por parte del gobierno central. Las reivindicaciones alcanzan mayores cotas de violencia cuando el liderazgo del movimiento de resistencia se le escapa a la clase media en favor de grupos sociales de clase baja, más proclives a la socialización en la lucha terrorista[4]. El apoyo popular ha sido relevante en los casos irlandés, vasco y palestino, mientras que en los casos armenio, sikh o judío ha sido menos incondicional, porque sus actividades se consideraron políticamente nocivas o contraproducentes.

Como hemos visto, el terrorismo étnico-nacionalista surgió y tuvo mayor éxito en su lucha contra imperios declinantes que en el contexto de los estados-nación. En no pocas ocasiones, el terrorismo ha actuado como refugio o vía de escape para un movimiento nacionalista de masas que ha fracasado en su intento de acción política legal. En otros casos, estas organizaciones armadas han derivado en la delincuencia común y el mercenarismo político. Así sucedió, por ejemplo, con la VMRO macedonia o ciertos grupos paramilitares en Irlanda del Norte.

1. LA VIOLENCIA SECTARIA ORANGE-GREEN EN EL ULSTER, DESDE EL INICIO DE LOS DISTURBIOS AL PROCESO DE PAZ

Desde su fundación, el Sinn Féin y el IRA habían preconizado la creación de una Irlanda unida por la vía violenta. El republicanismo irlandés ha utilizado una gran gama de técnicas de guerra de baja intensidad, desde la guerrilla anticolonial a inicios de los años veinte, bombas terroristas en Gran Bretaña a fines de los treinta, insurgencia rural en 1956-1962, estrategia social revolucionaria en los sesenta y campaña de guerrilla urbana a inicios de los setenta, para acabar con la estrategia dual electoral y militar a mediados de los ochenta[5].

Tras el fracaso de la campaña de ataques a la frontera del Ulster entre 1956 y 1962, una nueva generación de militantes del IRA (Tomás MacGiolla, Cathal Goulding, Roy Johnson) tomó las riendas del Sinn Féin, lo transformaron en una organización revolucionaria socialista de extrema izquierda y prepararon una nueva estrategia política en varias fases: la primera contemplaba la implantación de normas democráticas en Irlanda del Norte, con la protección de los derechos fundamentales y la eliminación de actos discriminatorios contra la minoría católica. A continuación se preveía la fusión paulatina del proletariado norirlandés con la clase obrera surirlandesa, que mediante la agitación promovida por el republicanismo debería actuar como precursora y vanguardia del proceso de unificación. Tras la unión del proletariado irlandés en una sola clase, la frontera desaparecería, se expulsaría a la burguesía irlandesa del norte y el sur del país y se erigiría un Estado socialista en el conjunto de la isla, aunque no se aclaraba si para ello debían utilizarse métodos violentos o no[6].

Los ejemplos de la guerrilla chipriota o argelina ejercieron una cierta fascinación sobre esta minoría partidaria de la violencia. Por esa época, el IRA estaba casi moribundo, pero los incidentes sectarios del Ulster le hicieron resurgir de forma inopinada, especialmente cuando el movimiento reivindicativo de masas decayó a inicios de los setenta y el IRA se fue haciendo con el control del malestar de la minoría católica. La implicación contenida del gobierno de Londres a partir de 1969 con el objeto de preservar el predominio de la comunidad unionista sentó las bases del resurgimiento del republicanismo violento. El IRA presentó el conflicto como una clásica lucha de liberación colonial frente al imperialismo británico. El romanticismo y la juventud eran los principales factores de militancia, ante la falta de un marco teórico y conceptual sólido de la ideología republicana, salvo el uso de los manidos argumentos anticolonialistas. En efecto, la interpretación de la situación de minoría explotada que elaboraba el IRA se apoyaba en las teorías tercermundistas desarrolladas tras la Segunda Guerra Mundial, según las cuales Irlanda era una colonia británica, la más antigua y una de las últimas del viejo Imperio, por lo cual, y tras las experiencias emancipadoras en África, Asia o América Central, era recomendable emprender una guerra anticolonial de liberación para terminar con la dominación inglesa. Un conflicto donde la violencia terrorista formaba parte indispensable del arsenal táctico en la lucha contra un enemigo superior[7].

El movimiento por los derechos civiles y el estallido de la violencia sectaria (1965-1970)

A mediados de los años sesenta surgió en Irlanda del Norte un nuevo espíritu activista, generado por el movimiento en pro de los derechos civiles conducido por dirigentes como la joven estudiante universitaria Bernadette Devlin, en protesta por la relegación política y social de la minoría católica. Los jóvenes católicos de la Civil Rights Association, procedentes de la clase media enriquecida durante la posguerra, organizaron marchas pacíficas para reclamar, no un cambio en el estatuto político de la provincia, sino la igualdad de derechos civiles entre ambas comunidades, a través de la abolición de las prácticas restrictivas en el acceso a la función pública local y provincial, el sufragio universal en las elecciones locales, la representación equilibrada en los distritos electorales, la justa asignación de las viviendas públicas bajo un sistema de puntos, la disolución de la Ulster Special Constabulary (los impopulares B-Specials, nutridos exclusivamente de protestantes) y la abolición de la Special Powers Act de 1922, que daba al Ministerio del Interior los poderes de una verdadera dictadura policial.

En 1966, el IRA ya barajaba la posibilidad de una guerra de larga duración destinada a provocar las mayores pérdidas a los británicos, y rechazaba la guerra de guerrillas asumiendo que «el terror es nuestra arma»[8]. El pensamiento del grupo reflejaba muchas de las experiencias de las guerras de descolonización y antiimperialistas de la posguerra. Los republicanos estudiaron los recientes conflictos de Palestina, Chipre y Adén, donde la guerrilla había concluido con la evacuación británica. El IRA había logrado por ese entonces un apoyo popular del que no había disfrutado en la campaña de 1956-1962, y el unionismo gobernante estaba en crisis por su incapacidad para gestionar la cuestión de los derechos civiles. El plan era iniciar una guerra de coacción psicológica que mediante el sostenimiento de un nivel constante de actividad militar transmitiera el mensaje político de que el IRA persistiría en sus acciones hasta que el gobierno británico aceptase sus demandas para evitar el caos[9]. En su fase preparatoria se preveía una ofensiva limitada, donde la represión selectiva permitiría ganar o consolidar el apoyo nacionalista. Tras intensificar los ataques contra las fuerzas de seguridad, los establecimientos comerciales y públicos y los símbolos del poder británico, con el objeto de disuadir a la población de cooperar con las fuerzas británicas, se pasaría a la ofensiva para alcanzar objetivos políticos inmediatos: abolir el gabinete de Stormont y que los británicos asumiesen el gobierno directo de Irlanda del Norte. A tal fin, se crearía una sensación de caos e ingobernabilidad que precipitara la ruina del autogobierno y rompiera la estructura del poder unionista, acelerando la confrontación directa con Gran Bretaña. En el estadio final, el IRA mantendría el nivel de las operaciones militares hasta forzar a Gran Bretaña a negociar el definitivo abandono de la isla. A la altura del 31 de octubre de 1966, el IRA contaba con una fuerza teórica de 1039 miembros. Su unidad básica era la sección, que constaba normalmente de 5-7 miembros que se organizaban, entrenaban y actuaban juntos bajo el mando de un jefe y un instructor. El control local de las secciones estaba encomendado a un oficial al mando (Unit Officer Commanding, OC) y otros oficiales de unidad, todos bajo la jurisdicción de un Command Staff, réplica en miniatura del General Headquarters Staff del IRA, que designaba al OC y al oficial de inteligencia (IO) de cada área (había 18 en el Ulster en 1966), mientras que el OC designaba a los otros oficiales: ayudante, contramaestre, oficial de entrenamiento, oficial de finanzas y de educación política[10].

A la altura de 1967, el IRA estaba prácticamente inactivo, pero los acontecimientos de Irlanda del Norte reabrieron el debate de la lucha armada en la estrategia republicana. Con el desarrollo de la campaña por la Justicia Social, que se inició en el Ulster en enero de 1964 en pro de la igualdad de derechos, y que cobró un nuevo cariz con las marchas en el verano de 1968, se esperaba que la reivindicación rompiera las barreras sectarias y debilitara al gobierno unionista. En 1968-1969 se produjeron manifestaciones masivas en favor de la igualdad de derechos, pero las demostraciones pacíficas fueron adquiriendo un tono violento a partir de octubre de 1968, en parte por la acción represiva de la policía, y en parte por las contramanifestaciones de los unionistas radicales atizadas por el reverendo Ian Paisley[11]. El movimiento de los derechos civiles comenzó a ser atacado por unionistas en enero de 1969: una manifestación fue agredida el día 4 en Derry por radicales protestantes, que causaron treinta heridos. Los enfrentamientos sectarios en Belfast y Derry —los primeros actos violentos serios desde la partición de 1921— aumentaron la crispación, sobre todo cuando la actitud partidista de las fuerzas del orden y la violencia de una parte de la comunidad protestante contribuyeron a radicalizar el movimiento de contestación, que se tradujo en la erección de barricadas en el Bogside católico. En marzo se produjeron los primeros atentados con bomba de los paramilitares protestantes de la Ulster Volunteer Force (UVF), recreación abordada en 1966 de la vieja milicia lealista organizada a imagen del ejército por lord Carson en 1912, cuando los protestantes procuraban, mediante la formación no autorizada de grupos paramilitares, imponer su voluntad a Londres[12]. En los años veinte, la UVF había desaparecido de la escena política, después de que gran parte de sus miembros fueran incorporados a la policía especial a tiempo parcial (Ulster Special Constabulary o B-Specials), legalizando de este modo su condición paramilitar. Los asesinatos sectarios cometidos a partir de mayo de 1966 por integrantes de la renacida UVF fueron el preludio de los sangrientos conflictos intercomunitarios de 1969-1970, en los que destacó el asalto de los B-Specials al barrio católico de Bogside en Londonderry el 12-14 de agosto de 1969, que arrojó un balance de seis católicos y dos protestantes muertos, 700 heridos, 300 edificios destruidos o dañados y 3000 personas sin hogar[13]. Estos enfrentamientos fueron cruciales para el desarrollo del republicanismo, ya que parecían demostrar que el Estado norirlandés no podía ser reformado, sino que debía ser destruido por la fuerza. Tras los sucesos, la UVF fue prohibida y pasó a la clandestinidad, pero los ataques del IRA a partir de 1971 llevaron a la UVF a una nueva masa de adherentes (2000-3000 miembros), en su mayoría procedentes de la clase baja protestante. Los asesinatos de católicos se intensificaron a partir de 1972. La UVF fue legalizada cuando pasó a ocuparse de tareas sociales, pero retornó a la clandestinidad al año siguiente, recibiendo cobertura del Partido Unionista Progresista.

Después de la «batalla de Bogside» la violencia sectaria se difundió incontenible por Londonderry (donde el 5 y el 7 de octubre de 1969, los manifestantes católicos no violentos fueron atacados por la policía norirlandesa) y Belfast, donde los enfrentamientos entre católicos y protestantes se repitieron intermitentemente entre diciembre de 1968 y enero de 1969. Todo ello obligó el 20 de agosto de 1969 al gobierno de Londres a declarar la ley marcial, a disolver las fuerzas de policía especial y a ordenar la interposición de las tropas británicas, que fueron generalmente bien recibidas por la comunidad católica. El ejército había adquirido amplia experiencia en el combate antiterrorista durante los conflictos de la descolonización en la India, Malasia (1948-1960), Kenia (1952-1956), Chipre (1954-1958) o Yemen del Sur (1955-1967), pero la doctrina oficial de contrainsurgencia elaborada por Gerald Templer y Robert Thompson no parecía la más adecuada para abordar un conflicto intercomunitario enormemente complejo que, además, se libraba en una zona densamente poblada y económicamente desarrollada a pocos centenares de kilómetros de Downing Street.

Los B-Specials paramilitares fueron disueltos y reemplazados a partir de abril de 1970 por una fuerza de reserva de la RUC (Ulster Defence Regiment) de 4000 militares no solo protestantes, a tiempo parcial y colocados bajo el control del ejército, que abordó desde esa época una política integral de contrainsurgencia tratando de desincentivar el apoyo popular al IRA mediante la adopción de buenas prácticas de gobierno, la nacionalización de los servicios comunitarios y el empleo del mínimo de fuerza. Pero la llegada al poder en junio de 1970 del gobierno conservador de Edward Heath y el toque de queda en Falls Road el 3-5 de julio de 1970 produjeron una alienación del ejército y la aceleración del reclutamiento del IRA, que comenzó sus operaciones contra el ejército británico a inicios de 1971, como secuela del Bloody Sunday donde murieron 13 católicos[14]. Tras la detención de la activista de derechos civiles Bernadette Devlin el 28 de junio de 1970, el 3 de julio hubo una oleada de protestas en el bastión católico de Belfast Oeste (Falls Road), que fue invadido por el ejército, imponiendo el toque de queda al precio de cinco muertos y 300 heridos. De julio a septiembre, 1505 familias católicas y 315 protestantes se vieron forzadas a abandonar sus hogares en una suerte de «limpieza étnica» que recorrió toda la ciudad. Los sucesos frustraron el plan del IRA de superar los conflictos sectarios para instaurar una solidaridad intercomunitaria de la clase obrera. Tras una reunión secreta celebrada el 24 de agosto de 1969, un grupo disidente del IRA de Belfast rompió con la dirección de la organización radicada en Dublín, y decidió asegurar la defensa de los barrios católicos, con el apoyo de una población escandalizada con el comportamiento sectario de las fuerzas del orden. El auge del movimiento de derechos civiles, la ausencia de reformas serias, la represión de los militares británicos y la introducción del internamiento administrativo en agosto de 1971 (con 34 muertes antes y 139 después de la adopción de la medida) empujaron a muchos católicos en brazos del IRA, que a inicios de diciembre de 1969 celebró una Convención Militar General donde por 39 votos contra 12 se decidió acabar con el abstencionismo político.

Fue entonces cuando el IRA se dividió en dos fracciones rivales: por un lado, el IRA Official (OIRA), dirigido por Cathal Goulding (antisectario y no militarista, partidario de terminar con el tradicional abstencionismo parlamentario del movimiento republicano en Irlanda del Norte y de impulsar acciones reivindicativas de masas), estaba en manos de simpatizantes marxistas y se adhería a una teoría gradualista que contemplaba la lucha por las reformas democráticas antes que el combate por la independencia y la constitución de una «república de trabajadores» de los 32 condados de la isla. Por otro, un sector de jóvenes militantes como Gerry Adams deseaba dar prioridad a la lucha armada, y algunos veteranos abstencionistas partidarios de la acción directa «militar» como Seán MacStiofáin (John Stephenson) protagonizaron una escisión el 11 de enero de 1970 de la que surgió el Provisional Irish Republican Army (PIRA), grupo apoyado por buena parte de la comunidad católica desencantada con el pacifismo de sus líderes tradicionales, y que se mostró partidario de la abstención a participar en los parlamentos de Belfast, Dublín y Londres[15]. El nuevo grupo, formado por un tercio de los delegados del Sinn Féin, era favorable a la defensa sectaria de los barrios protestantes y contrario al socialismo extremista del OIRA, que a pesar de haber protagonizado algunos actos violentos en Irlanda e Inglaterra, acabó por suspender sus actividades violentas en mayo de 1972, y sufriría una nueva escisión en diciembre 1974. Fue entonces cuando apareció en escena el Irish Republican Socialist Party (IRSP) con su brazo militar el Irish National Liberation Army (INLA), que se sumió en un fuerte faccionalismo a mediados de los ochenta[16]. Mantenían su actitud contraria a la legitimación de los dos estados que compartían la isla y a la ideología de izquierda radical del OIRA, y se declararon en favor del militarismo como función primaria del PIRA[17].

A inicios de 1970, el PIRA se marcó tres objetivos: defender las áreas nacionalistas del acoso protestante, tomar represalias contra el ejército británico si acosaba a la comunidad católica, y estar listo para desencadenar una ofensiva final contra el «sistema británico de ocupación»[18]. Si en un principio el PIRA contó solo con treinta o cuarenta militantes, en el verano de 1970 cobró una neta ventaja sobre el IRA histórico tanto en financiación como en armas y apoyo de los católicos norirlandeses, hasta contar con 2000 nuevos adheridos en 1971-1972. De este modo se consumó la escisión entre Oficiales y Provisionales, al optar los primeros por la exploración de vías políticas que les llevaría a decretar el cese de sus actividades después de 1972, mientras que los Provos rechazaron la participación política y optaron por la lucha armada. En el curso de 1970, el PIRA superó al OIRA como la principal fuerza republicana de Irlanda del Norte, y se embarcó en una intensa campaña ofensiva hasta 1972, iniciando una campaña de bombas en la primavera-verano de 1971, apoyando los disturbios contra el ejército británico, e integrándose perfectamente en las áreas urbanas de Belfast y Derry. El IRA Provisional mantuvo la estricta prohibición dirigida a sus miembros de participar en el Parlamento y de emprender acciones militares en la República de Irlanda, mientras que el OIRA mantenía su campaña defensiva y de venganza contra la escalada represiva del ejército británico.

El despliegue paramilitar: el PIRA y los grupos armados unionistas (1970-1973)

Tras una tumultuosa conmemoración del levantamiento de Pascua, la segunda fase de la violencia terrorista se produjo de junio a octubre de 1970, cuando las tropas británicas comenzaron a ser el objetivo de la muchedumbre hostil orquestada por el PIRA, que apostó a francotiradores entre la multitud. Las tácticas antiguerrilleras del ejército ayudaron a transformar los tumultos de 1969-1970 en una auténtica guerra de baja intensidad, con francotiradores, coches bomba, tiroteos y batallas fronterizas[19].

Durante el año 1970, el PIRA dirigido por Billy McKee cometió un centenar de atentados en Belfast, y en febrero de 1971 atacó a los primeros soldados británicos, que se habían convertido en objetivo preferente debido al creciente deterioro de las relaciones entre las tropas y la población católica. En la tercera fase (octubre de 1970-agosto de 1971) se inició una campaña sistemática de bombas dirigida en primer lugar sobre objetivos comerciales, y desde inicios de 1971 contra el ejército británico, cuyo primer soldado murió el 6 de febrero. El PIRA abandonó sus esfuerzos para mantener la paz en colaboración con los británicos y asesinó a 42 soldados en 1971 y a 64 en 1972, muchos de ellos a manos de francotiradores. A partir de entonces, el ejército dejó de ser una fuerza neutral y se dispuso a acabar con el PIRA como organización.

Para afrontar la escalada violenta del PIRA, el gobierno de Stormont decidió el 9 agosto de 1971 el internamiento sin juicio de los sospechosos, que ya había sido utilizado por los gobiernos británico e irlandés durante la campaña del IRA de 1956-1962. Con esta medida arbitraria, que afectó a más de 1500 personas hasta fines de año, muchos católicos no violentos opuestos al gobierno protestante provincial fueron internados, generando un agravio duradero y facilitando el reclutamiento y el apoyo al IRA[20]. Las relaciones entre el ejército y la comunidad católica experimentaron un grave deterioro, lo que incrementó la violencia del PIRA y la respuesta protestante con la creación en 1970 de la Ulster Defence Association (UDA) sobre la base de una serie de grupos de autodefensa local que se habían ido constituyendo ante el incremento de los ataques del IRA y las dudas sobre la eficacia de la policía británica, especialmente tras el empeoramiento del conflicto en 1970-1971[21]. Este grupo paramilitar, apoyado por el Partido Democrático del Ulster, llegó a contar con 20 000 miembros en su momento de mayor esplendor durante la gran huelga protestante convocada por el Ulster Workers’ Council de mediados de mayo de 1974. Sus actividades fueron especialmente crueles: trataron de matar a Bernadette Devlin (que tras casarse había adoptado el apellido McAliskey) en 1981, y la banda fue ilegalizada el 10 de agosto de 1992 cuando se demostró que actuaba clandestinamente a través de los Ulster Freedom Fighters, organización de combate fundada en 1973 y prohibida en 1975, que con 200-300 activistas estructurados a base de células era la principal fuerza terrorista del unionismo, caracterizada por el asesinato indiscriminado de católicos[22]. Tanto la UVF como la UDA pueden ser consideradas organizaciones terroristas con acusado componente «vigilante», que llevaban a cabo en su zona una actividad parapolicial, aplicando la ley de la organización contra los delincuentes comunes, y movidas por el rechazo a la Royal Ulster Constabulary (RUC) como fuerza no sectaria o en exceso neutral. Con 3500 miembros en 1969, 6000 en 1970 y 15 000 a fines de siglo, la RUC sufrió 300 muertos, 58 de los cuales entre 1970 y 1972, además de un millar de heridos. La UVF mató a quince personas en Belfast el 4 de diciembre de 1971, y el OIRA comenzó a ejecutar acciones de terror individual en 1972, como respuesta al contraterrorismo protestante. En realidad, el Ulster era ya una sociedad en virtual guerra civil, donde la presencia del ejército británico imponía ciertas limitaciones, entre las cuales figuraba el hecho de que el terrorismo en «zonas liberadas» se convirtiera en la modalidad predominante de lucha armada[23]. El «conflicto» (los eufemísticamente llamados Troubles) de Irlanda del Norte no era exclusivamente terrorista, sino un combate paramilitar entre grupos sectarios, que se convirtió en un modelo conflictivo característico de la sociedad irlandesa[24].

En noviembre de 1971, el gobierno conservador británico reconoció que la reunificación de Irlanda en el cuadro de la Commonwealth era la única solución a largo plazo al problema del Ulster. Pero los objetivos del PIRA eran muy distintos: según el programa Éire Nua (Nueva Irlanda) adoptado en junio de 1971, los Provisionals buscaban el establecimiento de una república federal democrática y socialista de las cuatro provincias, con un parlamento del Ulster que incluyera los nueve condados originales del territorio[25]. Su ideología, poco explícita, mezclaba rasgos marxistas-leninistas con restos de ideología tercermundista e ideas antiindustrialistas. En esencia, se centraba en reivindicar una unión no determinada con el Eire y rechazar la línea marxista del IRA Oficial, que daba prioridad a la revolución social sobre el nacionalismo. Pero la sutileza teórica no parece haber sido nunca el fuerte del PIRA. Los Provos aseguraban actuar solo contra los «opresores» británicos, pero en la práctica sus víctimas fueron sobre todo civiles protestantes, aunque también reservaban violencias menores (emplumamientos, tiros a la rodilla, mutilaciones) a los católicos acusados de colaboracionismo. La mayor parte de los asesinatos se produjeron en pubs, clubes y centros sociales de ambas comunidades, y en las zonas fronterizas con la República de Irlanda.

Como el antiguo IRA, los Provisionals eran dirigidos por un Comité Militar y estaban organizados en compañías, batallones y brigadas, con Belfast, Londonderry y la zona fronteriza (sobre todo el condado de Armagh) como principales bases. Esta estructura, en sintonía con la tradicional cultura paramilitar del independentismo irlandés, no era sin embargo la más apropiada para la lucha callejera que se iba a desplegar en los años siguientes. A fines de 1971, el PIRA contaba en Belfast con más de 1200 efectivos, cuando en agosto de 1969 apenas podía movilizar a más de cincuenta[26]. Tras la primera campaña violenta en 1969-1971, repleta de ataques a destacamentos militares y a puestos de policía coordinados con la campaña por los derechos civiles, la situación se deterioró en los dos años siguientes con los choques entre facciones rivales en Short Strand, obligando a la autoridad a acentuar un war model que incluía la actuación militar masiva, las detenciones y los internamientos administrativos. Los tumultos norirlandeses alcanzaron su punto culminante en 1972, cuando murieron 470 personas, de ellas 131 militares, 17 policías y 322 civiles, de ellos 82 católicos y 40 protestantes[27]. Los sucesos más graves ocurrieron en Londonderry en el llamado Bloody Sunday de 30 de enero de 1972: tras una marcha de protesta católica por la política de internamientos, catorce civiles fueron abatidos por soldados británicos, lo que provocó una fuerte escalada de violencia con empleo de coches-bomba: el 22 de febrero el OIRA mató a seis mujeres de la limpieza y a un capellán del ejército británico en el cuartel general del Regimiento Paracaidista en Aldershot[28]. Se produjeron centenares de atentados con explosivo, arrestos en masa, detenciones sin juicio y represalias unionistas hasta que el 24 de marzo de 1972 el gobierno de Londres asumió el gobierno directo del territorio (Direct Rule), anulando temporalmente los poderes del gobierno y el parlamento autónomos de Belfast creados en 1921, lo que provocó una violenta reacción de la comunidad protestante, temerosa de una unificación impuesta desde Londres. Una secretaría de Estado, que pronto se convertiría en ministerio, se encargaría de los asuntos de Irlanda del Norte, ante la indignación de los unionistas.

En mayo de 1972, las dos alas del IRA propusieron un alto el fuego a partir del 26 de junio que permitió un encuentro con representantes del gobierno británico en Cheyne Walk a inicios de julio. Los delegados del IRA reclamaron el reconocimiento británico de la libertad de elección política del pueblo irlandés, la retirada de todas las fuerzas antes del 1 de enero de 1975 y una amnistía general. En signo de protesta por esta reunión, las milicias protestantes de la UDA erigieron barricadas en los barrios lealistas. El gobierno británico fijó su posición: la región continuaría siendo parte del Reino Unido mientras ese fuera el deseo de la mayoría de la población, y propuso la creación de instituciones de gobierno que tuvieran un consenso más amplio que el existente en el pasado y garantizasen la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. El IRA Provisional rompió la tregua el 9 de julio, al negarse a rebajar sus exigencias de retirada británica de Irlanda y autodeterminación para el conjunto de la isla. Desde entonces, el PIRA intensificó su campaña, hasta llegar a 95 muertos en el mes de julio, que fue el más sangriento del conflicto. Ante el fracaso de las conversaciones, los atentados se recrudecieron: en el llamado Black Friday de 21 de julio de 1972, los Provos hicieron explotar 22 bombas en el centro de Belfast, matando a once viandantes e hiriendo a 130, y el día 31 ocho personas murieron tras la explosión de tres coches bomba en el condado de Derry[29]. 1972 fue el año en que se produjo el mayor número de víctimas mortales (496) en tres décadas de conflicto. El número de ataques cayó rápidamente, pero el de asesinatos de católicos aumentó hasta alcanzar los 531 en 1977. El elevado número de muertes en el quinquenio 1972-1976 se debe en parte a las campañas de asesinatos sectarios perpetrados por lealistas que costaron la vida a centenares de católicos, contribuyendo a la segregación geográfica de ciertas ciudades a través de no-go areas limitadas por barricadas. Hasta el día de hoy, los murales políticos actúan como identificación de fronteras tribales que recuerdan la historia de la política paramilitar en Irlanda del Norte.

La guerra sectaria en el Ulster entre el PIRA y la UFF y UVF llevó a un impasse de años. La UDA (con su ala militar, los Ulster Freedom Fighters) erigió sus propias barricadas para enfrentar las no-go areas del PIRA en Derry y Belfast, que fueron desmanteladas expeditivamente el 31 de julio de 1972 por el ejército británico en la Operación Motorman, al precio de numerosos católicos muertos o heridos.

El gobierno británico trató de ganarse la confianza de ambas comunidades reconociendo en 1973 la «dimensión irlandesa» del conflicto y estableciendo en noviembre un primer ejecutivo interconfesional, pero propuso un referéndum que alejaba la amenaza de reunificación[30]. El PIRA fue relegado desde entonces en las negociaciones, y se sumergió en una campaña terrorista en Gran Bretaña con la intención de volcar a la opinión pública contra el gobierno y provocar la reapertura de las negociaciones. Desde el 1 de febrero de 1973, el PIRA reinició sus ataques contra las fuerzas de seguridad y objetivos situados en Inglaterra: en los prolegómenos del referéndum sobre la permanencia del Ulster en el Reino Unido (8 de marzo de 1973), dos bombas estallaron en Old Bailey y Great Scotland Yard, causando un muerto y 147 heridos. Pero la campaña, que acabó a fines de 1974 (tras la explosión de una serie de bombas en Birmingham el 21 de noviembre de 1974 que causaron 21 muertos y 168 heridos, y explosiones repetidas en el West End londinense en 1974-1975), no obtuvo el resultado esperado, al no lograr quebrar la sociedad civil británica.

Al tiempo que se promulgaba una Ley sobre medidas urgentes en Irlanda del Norte (Northern Ireland Emergency Provisions Act) de 25 de julio de 1973, que amplió los poderes del ejército en la zona, en noviembre de ese año se constituyó un Ejecutivo interconfesional según lo establecido en la Northern Ireland Constitution Act. Los acuerdos de Sunningdale de diciembre 1973 entre los gobiernos de Dublín, Londres y el Ulster preveían un reparto institucionalizado del poder en Belfast entre las dos comunidades, que funcionó entre enero y mayo de 1974. En respuesta, el 15 de mayo de 1974, los unionistas desencadenaron una huelga general insurreccional a través del Ulster Workers Council que paralizó toda la provincia por un espacio de dos semanas, y la UVF perpetró ataques con bomba en Dublín y Monaghan el 18 de mayo, matando a treinta personas[31]. Ante el endurecimiento de las posturas extremistas, el gobierno laborista de Harold Wilson llegó a considerar seriamente la retirada de las tropas, y promovió conversaciones de los partidos políticos constitucionales, que no llegaron a ningún acuerdo, lo que obligó al gobierno británico a mantener el Direct Rule. El IRA vio desvanecerse las expectativas de una inminente retirada británica, y se aprestó a librar una lucha a largo plazo en la que se combinase la acción armada con la creación de una amplia base política que aportase la infraestructura necesaria para alimentar la war machine. Ese era el fundamento del «republicanismo activo», según el término acuñado en su momento por Gerry Adams[32].

Aunque el acuerdo de cogobierno entre las dos minorías había parecido insuficiente al IRA y lesivo a la minoría protestante, la violencia disminuyó: 250 muertos en 1973 por 216 en 1974. Ese mismo año se produjo una escisión en el Sinn Féin que dio lugar al Irish Republican Socialist Party (IRSP), mientras que del IRA Oficial surgió el Irish Nacional Liberation Army (INLA), brazo armado del IRSP, un grupo más radical que el PIRA, con una doctrina marxista y antiimperialista que fue derivando hacia el empleo de la estrategia de la espiral provocación-reacción-represión y hacia actitudes gangsteriles condenadas por el IRA histórico, con quien tuvo varios enfrentamientos mortales en febrero-octubre de 1975 tras la defección de un centenar de sus miembros hacia las filas del IRSP[33]. Pero el INLA no contaba sino con 12-20 activistas, mientras que el PIRA mantenía a varios centenares de miembros sobre las armas, y estaba acopiando un arsenal bastante sofisticado enviado a través del Atlántico.

Para entonces, los Provos habían perfeccionado su reclutamiento, renovado su arsenal y ampliado sus recursos económicos. Tanto los republicanos como los unionistas captaban a los futuros miembros de sus organizaciones armadas entre los jóvenes de sus respectivas comunidades, marginados por la crisis económica (25 % de la población noirlandesa vivía entonces por debajo del nivel de pobreza) pero intensamente socializados en la subcultura de la violencia desde la infancia. Hasta la Operación Motorman existían zonas «liberadas» donde los Provisionals actuaban con relativa impunidad. El PIRA ha logrado penetrar con éxito en los niveles cultural (con el control de clubes, pubs y centros sociales y de ocio), económico y criminal de las comunidades locales norirlandesas[34]. El presupuesto del IRA en 1987 parece que fue de siete millones de libras. Se ha calculado que su presupuesto anual en 1987 era de 5,5 millones de libras, obtenidas mediante cuestaciones entre los católicos del Ulster y la numerosa comunidad irlandesa de la costa Este de los Estados Unidos por intermediación del Irish Northern Aid Committee o Noraid[35], pero también mediante secuestros, asaltos a bancos y extorsiones a comercios. Y lo que resultaba más sorprendente, mediante tasas aplicadas sobre el consumo de cerveza en los pubs de mayoría católica, «impuestos» por la «vigilancia» de locales y los beneficios perfectamente legales que otorgaba el control de actividades públicas como el servicio de taxis de Belfast.

Se cree que el PIRA contaba a mediados de los ochenta con unos 200-300 voluntarios activos[36], y en los noventa con 400-600 activistas (contra más de 1500 en los años setenta), en su mayor parte menores de treinta años bien adiestrados y equipados, alrededor de los cuales gravitaba un núcleo de 5000 simpatizantes que pagaban regularmente una cotización y facilitaban la logística necesaria para las operaciones. Se regía por un Army Council de siete miembros como órgano político, cuyas directrices eran transmitidas a un Cuartel General (GHQ) que organizaba las operaciones y del que dependían las actividades militares del movimiento. La dirección de las operaciones estaba asegurada por dos comandos ejecutivos: uno al norte y otro al sur. La más amplia instancia del movimiento era la Asamblea General Militar (General Army Convention), que reunía a un centenar de delegados una vez cada dos años. La estructura del IRA mostraba una clara jerarquía militar: a la cabeza se encontraba el jefe de Estado Mayor seguido por el Consejo del Ejército, que constituían el núcleo ejecutivo, mientras que el verdadero poder residía en la Asamblea del Ejército, que se componía de los comandantes militares de cada uno de los distritos, y que en tiempo de paz se reunía una vez por año. El IRA estuvo durante mucho tiempo estructurado en brigadas, batallones y compañías, pero en 1977, en lugar de esta organización, fácil de reconocer e infiltrar por las fuerzas de seguridad, se implantó un sistema de unidades autónomas y aisladas unas de otras, basado en una estructura celular (Active Service Units, ASU) compuesta por entre tres y cinco personas, todo ello conducido por una dirección central, según el modelo de otras organizaciones secretas[37].

El brazo político del PIRA era el Provisional Sinn Féin que, al estilo de HB en el País Vasco, ha alternado la estrategia de la participación democrática con el apoyo a la violencia, y mantuvo la sumisión al IRA hasta fines de los años setenta. Partido de relieve en la escena local, el Sinn Féin obtenía en el Ulster un 10-12 % de apoyo electoral, lo que se traducía en alrededor de un tercio del voto católico. Con todo, el sectarismo religioso del PIRA le impidió la formación del tan deseado frente revolucionario de masas.

La «guerra de desgaste» (1974-1984)

A partir de los años 1974-1975, la fase de las «algaradas populares» y los choques sectarios se acabó, las dos comunidades cayeron en una cierta lasitud y la desaparición de barrios mixtos redujo el número de los enfrentamientos intercomunitarios. Por el contrario, la violencia terrorista se instaló definitivamente, y los activistas de ambos bandos se hicieron más «profesionales» y sus acciones mucho más específicas. Durante el verano de 1974, el PIRA lanzó una gran campaña de atentados en Gran Bretaña que culminó en el otoño con explosiones en varios pubs: el 17 de junio de 1974 estalló una bomba en la Cámara de los Comunes; el 5 de octubre otro artefacto causó en Guilford cinco muertos y 54 heridos, y el 21 de noviembre dos bombas causaron veinte muertos y 180 heridos en dos pubs de Birmingham, dando lugar a detenciones indiscriminadas y largas condenas de prisión (casos de los «cuatro de Guilford», excarcelados el 17 de octubre de 1989, o de los «seis de Birmingham», liberados el 14 de marzo de 1991) basadas en pruebas policiales dudosas[38].

Los hechos de Birmingham aceleraron la promulgación el 29 de noviembre de 1974 de una Ley de prevención del terrorismo (Prevention Terrorism Act) que introdujo en todo el Reino Unido la legislación de emergencia sobre poderes de arresto y tiempo de detención que sería aplicada en el Ulster por casi medio siglo. A fines de año, la policía británica puso a punto un amplio banco de datos que posibilitaba el control del 40 % de la población de la provincia. Ello permitió actuar con éxito creciente en operaciones de recogida de armas y explosivos y de localización de los principales expertos del PIRA en el manejo de explosivos, que fueron detenidos en noviembre de 1974. A pesar de mantener una infraestructura estable en Irlanda y Gran Bretaña, el PIRA sufrió estos reveses por su rígida organización, el desconocimiento de las nuevas armas y las mejoras técnicas de la policía y el ejército. Los Provisionals proclamaron otro alto el fuego unilateral en Navidad, que se prolongaría hasta febrero siguiente, y aprovecharon la tregua para recomponer sus fuerzas y reorganizarse en pequeñas unidades operativas de 3 a 5 hombres. Pero acto seguido, la espiral de muertes se reanudó: hubo treinta policías muertos y 216 heridos en 1975. El 4 de enero de 1976, cinco católicos fueron asesinados por paramilitares protestantes en Armagh, y en represalia el PIRA asesinó al día siguiente a diez obreros protestantes en el mismo condado. Tras la estéril tregua de 1975, la frustración generada por el liderazgo republicano establecido en el sur condujo a la reclamación por parte de los detenidos en la prisión de Long Kesh (con Gerry Adams a la cabeza) de un mando separado para el norte[39]. A partir de 1976, la nueva cúpula del PIRA guio la estrategia republicana bajo los principios de la secularización, la radicalización y la politización[40].

Durante estos años, la comunidad protestante había mantenido hacia Londres una actitud ambigua, a mitad de camino entre las protestas de lealtad y el chantaje a través de la violencia. La Ulster Volunteer Force, los Ulster Freedom Fighters (creados en 1973) y otros grupos paramilitares unionistas como la Ulster Defence Association y la Protestant Action Force adoptaron también una estructura paramilitar con un mando jerárquico y cursos de formación castrense. La UVF era en realidad una coordinadora de numerosos grupos diferentes, que alcanzaban en su conjunto más de 50 000 adheridos, casi todos procedentes de la declinante clase obrera protestante[41]. Su violencia ha sido sobre todo un terrorismo de respuesta, a menudo indiscriminada, sobre pubs, negocios, transportes públicos y centros sociales católicos que se sospechaba encubrían las actividades terroristas del PIRA. Pero mientras que los republicanos mataban a miembros de la policía, del ejército o a militantes de la comunidad protestante, los «escuadrones de la muerte» protestantes asesinaban a personas por el simple hecho de ser católicas. Si en los años setenta e inicios de los ochenta el IRA era responsable del 80 % de la violencia terrorista, a fines de esa década los lealistas multiplicaron los asesinatos de católicos, hasta superar el número de víctimas de su rival sectario en 1992.

A mediados de los setenta, la situación del orden público en Irlanda del Norte parecía mejorar, pero el número de víctimas mortales aumentó de nuevo (247 en 1975 y 297 en 1976), debido a una nueva oleada de explosiones fuera del Ulster. Sin embargo, la mayor eficacia de las medidas represivas (como la abolición del carácter especial para los crímenes cometidos desde el 1 de marzo de 1976, o el otorgamiento a la RUC de la primacía en la lucha antiterrorista), preventivas y de información posibilitó en los años siguientes una significativa reducción de los atentados (112 muertos en 1977, 113 en 1979, 101 en 1981, 64 en 1984 y 49 en 1985) y de las fuerzas militares implicadas en la zona: de los 22 000 soldados británicos enviados en 1972 se pasó a 11 100 en 1992, y en su lugar se desplegaron 6000 agentes auxiliares del Ulster Defence Regiment (UDR, creado en 1969 con los restos de los B-Specials) y de la RUC, policía de los seis condados de composición mayoritariamente protestante. La policía norirlandesa creó sus propias Regional Crime Squads de unos veinte detectives y oficiales de la Special Branch, cuyo objetivo específico era señalar las Active Service Units (ASU) del IRA a la Unidad Central de Inteligencia de la RUC. Por otro lado, la Convención Constitucional elegida en mayo de 1975 y dominada por los lealistas, rechazó toda tentativa de reparto del poder entre protestantes y católicos. El 9 de marzo de 1976 se disolvió la Convención Constitucional para Irlanda del Norte, ante la falta de acuerdo para establecer una forma de poder compartido. En diciembre de 1977, la propuesta del gobierno británico de devolver el poder a los partidos norirlandeses se enfrentó una vez más a la intransigencia de los unionistas, que no deseaban una presencia católica demasiado equilibrada. A finales de la década de los setenta, el bloqueo militar y político parecía total.

Esta desesperanza generalizada en encontrar una salida al conflicto daba sentido a la lucha armada del PIRA: «Nuestro objetivo —decía uno de sus dirigentes— consiste en crear tal daño psicológico a los británicos que terminen retirándose. Que acaben hartos de los gastos, del lío, de los ataúdes volviendo a Inglaterra. Sabemos que no podemos vencerlos militarmente, de la misma forma que ellos tampoco pueden eliminarnos. Hay por tanto una especie de situación de tablas. Pero nosotros siempre podemos crear una crisis»[42]. Adams generalizó en 1977 las Active Service Units (ASU) de cuatro hombres especializados y no centrados en un área determinada. En el contexto de esta reestructuración del PIRA, dirigida a afrontar una «guerra larga», se creó una unidad para la seguridad interna, se dieron cursos antiinterrogatorio y se creó una dirección permanente. El Green Book, la nueva estrategia político-militar elaborada en ese año, planteaba una lucha guerrillera en cinco puntos, destinada a forzar la retirada británica del norte de Irlanda:

Una guerra de desgaste contra el personal enemigo está dirigida tanto a causar el mayor número posible de muertos y heridos como a crear una exigencia de su propio pueblo para la retirada.

Una campaña de bombas dirigida a hacer inviables los intereses financieros del enemigo en nuestro país, dificultando al tiempo la inversión a largo plazo.

Hacer a los seis condados tanto antes como ahora ingobernables excepto por el dominio colonial militar.

Mantener la guerra y ganar apoyo para sus fines por medio de la propaganda nacional e internacional y las campañas de publicidad.

Defender la guerra de liberación castigando a los criminales, colaboradores e informadores[43].

Esta «guerra larga» del PIRA, basada en una estrategia de lucha total entre 1977 y 1983, provocó 298 muertes (279 de las fuerzas de seguridad), comparados con las 598 de 1971 a 1976. La retirada progresiva del ejército británico se planteó como una normalización gradual del territorio, pero aumentaron los ataques contra las fuerzas locales de policía, aumentando la sectarización del conflicto y su confinamiento en una lógica local de represalias que está en la base de la «ulsterización»[44]. El colapso del escenario de una victoria rápida del PIRA a mediados de los años setenta provocó una nueva crisis interna: tras la creación a fines de 1976 de un Comando Norte separado al mando de Martin McGuiness, en 1977 un grupo de jóvenes radicales del norte, encabezados por Gerry Adams, tomó las riendas del movimiento. Al tiempo que el PIRA se redimensionó sobre la base de células de cuatro voluntarios, se trató de hacer derivar al movimiento armado hacia una fuerza política real. La reorganización y la politización del PIRA permitieron establecer una estrategia conjunta de tipo político, militar y cultural. Ante la promesa de una amplia autonomía para el Ulster, el PIRA perpetró el asesinato de lord Louis Mountbatten, jefe del Alto Mando Aliado en el Sudeste Asiático durante la Segunda Guerra Mundial y último virrey de la India, en la población costera de Mullaghmore el 27 de agosto de 1979, y ese mismo día murieron en el condado de Down, cerca de la frontera con Irlanda, dieciocho soldados del Regimiento Paracaidista en una sofisticada emboscada con explosivos accionados por control remoto. Esta venganza por la actuación de esta unidad militar en el Bloody Sunday llenó de júbilo a los republicanos[45]. Una pintada aparecida entonces en el muro situado frente al cuartel general del Sinn Féin en Falls Road puede simbolizar esta actitud de competencia violenta casi deportiva: «Thirteen gone and not forgotten – we got eighteen and Mountbatten»[46].

Los años ochenta, momento de esplendor del conservadurismo thatcheriano, se caracterizaron en el Ulster por la sucesión de iniciativas políticas sin resultado: el 7 de enero de 1980 se acordó la celebración de una Conferencia Constitucional en Stormont para debatir la forma deseable de gobierno para la provincia, pero la reunión se saldó con un nuevo fracaso. En diciembre, los gobiernos británico e irlandés acordaron iniciar un diálogo basado en «todas las relaciones» que podían establecerse dentro de las Islas Británicas, con lo que se involucraba más directamente a la República de Irlanda en el proceso. La mayoría unionista, reunida en torno al Ulster Unionist Party y el Democratic Unionist Party se opuso al acuerdo y recrudeció la violencia sectaria contra los católicos. En abril de 1982, el Plan Prior (apellido del secretario de Estado para Irlanda del Norte), que preveía la devolución progresiva de competencias al gobierno de Stormont y creaba una asamblea con atribuciones propias con el objeto último de una autonomía, fue rechazado por los católicos porque los unionistas se obstinaban en monopolizar todas las atribuciones de la Cámara, que sería disuelta por inoperante en junio de 1986. En octubre de 1980, los primeros activistas del PIRA iniciaron la primera huelga de hambre en la prisión de Maze para reivindicar su estatuto de prisioneros políticos. En marzo de 1981, una segunda huelga de hambre condujo a la muerte de diez prisioneros republicanos. Bobby Sands elegido parlamentario en abril, murió el 5 de mayo en su 66.º día de ayuno. Tras su funeral, al que asistieron 100 000 personas, hubo serios altercados en Belfast y Derry[47]. Este caso reactivó el republicanismo irlandés, haciéndole pasar definitivamente a la política de la mano de Gerry Adams, que fue elegido el 13 de noviembre de 1983 presidente del Provisional Sinn Féin.

El inicio de las negociaciones (1985-1998)

Gradualmente a lo largo de los años setenta y ochenta, la policía, el ejército y el MI5 crearon una compleja red de inteligencia con vistas a librar la «guerra larga» con mayores garantías de seguridad. Se crearon equipos especiales para operaciones encubiertas reclutados en el Special Air Service (SAS)[48] y se emplearon confidentes (supergrasses) como el muy denostado Raymond Gilmour. La guerra de las Malvinas de 1982 había mostrado la capacidad militar del ejército británico para la defensa del territorio imperial. Impotente para lograr el equilibrio estratégico que marcara el camino de la victoria, el PIRA optó desde inicios de los ochenta por una guerra de desgaste basada en el ataque a objetivos económicos (quemas de tiendas y almacenes, sabotajes de fábricas) y a instituciones de especial significado como la RUC, con el fin de obligar a los protestantes a claudicar. La violencia se consideraba entonces un factor más en un proceso de resistencia insurgente que llamara la atención de la opinión pública británica e internacional sobre la situación de Irlanda del Norte, presionando al gobierno de Londres para reevaluar su interés de mantener el dominio del Ulster[49]. Al tiempo, el PIRA continuó eligiendo objetivos fuera de las áreas tradicionalmente peligrosas del norte. Aunque se siguieron produciendo emboscadas en la cercanía de la frontera irlandesa, la campaña terrorista se condujo a suelo inglés: bombas en Londres en octubre de 1981, julio de 1982 (once soldados muertos) y 17 de diciembre de 1983 (bomba en los grandes almacenes Harrods, con seis muertos y noventa heridos), tentativa de asesinato de la premier Thathcher en el congreso anual del partido tory en el Grand Hotel de Brighton el 16 de octubre de 1984 (con la secuela de cinco militantes conservadores muertos), oleada de atentados con explosivos en la City londinense y en cuarteles de Irlanda del Norte en 1984-1985, y nueva oleada de artefactos en el centro de Londres en 1992-1993.

A fines de los setenta e inicios de los ochenta, el movimiento republicano fue redefiniendo su estrategia entre la lucha armada y una actividad política más o menos normalizada que se centraba en la estrategia electoral. En lo sucesivo, Armalite and Ballot Box (fusil de asalto y urna) sería el símbolo de la táctica a seguir por el PIRA hasta el segundo alto el fuego de 1997[50]. En 1986, tras obtener la autorización del grupo armado, el Sinn Féin abandonó su política de tradicional abstencionismo y decidió participar en las elecciones en el Eire. Con la aceptación del proceso electoral estatal (Adams fue elegido miembro del Parlamento de Westminster en junio de 1983) y provincial (los votos del Sinn Féin oscilaron del 10 al 13 % en las elecciones en el Ulster en los años 1980-1990, estabilizándose en 80 000-90 000 votos, muy por detrás del moderado partido católico SDLP), el número de víctimas civiles descendió de forma patente, aunque muchos atentados rompieron las expectativas de crecimiento electoral del Sinn Féin, que si bien nunca había condenado públicamente al PIRA, en privado criticaba sus errores. Surgió el problema del control político de la estrategia militar, cuando el Sinn Féin se puso a la misma altura en importancia que la organización armada.

Durante los años setenta, la actitud del gobierno británico había consistido en calmar a los protestantes mediante un despliegue militar de protección e iniciar una serie de gestos conciliadores hacia los católicos moderados prometiendo una convención constitucional y una asamblea regional con representación proporcional. Tras el atentado en Brighton, a mediados de los ochenta se abrió una etapa de conversaciones con Dublín que culminó en el acuerdo de Margaret Thatcher con el primer ministro irlandés Garrett Fitzgerald en Hillsborough Castle (15 de noviembre de 1985), que dio al gobierno de Eire el estatus de interlocutor en cualquier posible solución al problema del Ulster, y reafirmó su posición de que todo cambio constitucional en los territorios del norte se efectuara con el consentimiento de la población[51]. El acuerdo fue duramente contestado por los unionistas, que protagonizaron un motín en Portadown en julio de 1986. El PIRA también rehusó el acuerdo angloirlandés, con lo que el Sinn Féin perdió apoyo popular. Tras el rechazo del 98 % de los votantes de la República de Irlanda al proyecto de acuerdo en las elecciones de 1986, la línea dura prevaleció. Los asesinatos aumentaron a 93 en 1987 (una bomba colocada en la sala comunal de Enniskillen el Día del Recuerdo del 8 de noviembre provocó once muertos y 63 heridos, lo que supuso tal revés político y de imagen que Adams propuso evitar la muerte accidental de civiles)[52] y se mantuvieron en idéntica cifra en 1998. La mayor parte seguían siendo crímenes sectarios entre católicos y protestantes.

Hacia 1986, Gerry Adams llegó a la conclusión de que la campaña militar de largo aliento se estaba saldando con un empate técnico. En mayo de 1987, un año después de la ruptura del acuerdo preliminar angloirlandés, el Sinn Féin difundió un documento de discusión titulado A Scenario for Peace, donde exigía la autodeterminación y proponía la convocatoria de elecciones a una conferencia constitucional en el contexto de toda la isla, que siguiera a la declaración de retirada de Irlanda por los británicos. El Sinn Féin y el SDLP iniciaron un diálogo que se frustró por el incremento de la violencia republicana con la llegada de armas y explosivos procedentes de Libia y los países del Este europeo[53]. Al tiempo que se sucedían las emboscadas y asesinatos entre el PIRA y el ejército en la primavera-verano de 1988 (en una espiral violenta famosa, el SAS abatió a tres miembros desarmados del PIRA en Gibraltar el 6 de marzo de 1988, el lealista Michael Stone, pistolero de la UIDA, asesinó a un miembro del IRA y a tres civiles durante el entierro de estos activistas, y tres días después el IRA linchó a dos soldados británicos que asistían de incógnito al entierro de una de las víctimas de la anterior masacre[54]), la población clamó por el fin de la violencia, poniendo las bases de lo que luego sería el proceso de paz.

El Sinn Féin trató de superar su sectarismo republicano a partir de enero de 1988 con diálogos formales con el SDLP de John Hume para iniciar una ofensiva conjunta por el reconocimiento británico del derecho a la autodeterminación del «pueblo del Norte de Irlanda», y llevar al PIRA a la senda de la política, pero la acción fue condicionada al fin de la campaña violenta del IRA y las conversaciones acabaron sin acuerdo en septiembre. Con ello se frustró el Plan Adams-Hume de convocatoria de una gran conferencia interpartidaria de la que saliera una solución política al conflicto con la mediación norteamericana[55].

Sin embargo, a comienzos de los noventa se recuperó el diálogo secreto entre el PIRA y el gobierno británico, que ya se había producido en otras ocasiones, como en la primavera-verano de 1972, y que fue torpedeado por el ejército[56]. Ahora, Martin McGuiness ya hablaba de dar carpetazo a la lucha armada con un acuerdo honorable. La idea era obtener una resolución negociada por todos los partidos políticos norirlandeses (fase 1), al que sería asociado el Eire (fase 2) y luego fuera garantizado conjuntamente por Londres y Dublín (fase 3). Se trataba de crear una nueva organización administrativa y política, mediante una descentralización de los poderes ejercidos por Londres, recuperando el marco de los acuerdos de Sunningdale de 1974: un gobierno local emanado de una Cámara única elegida por escrutinio proporcional. Tras un ataque del PIRA a Downing Street el 7 de febrero de 1991, en plena reunión del gabinete de crisis durante la guerra del Golfo, el 30 de abril John Major reunió a todos los partidos del Ulster a excepción del Sinn Féin (fase 1), y en junio de 1992 organizó un encuentro entre los representante de la República de Irlanda y los principales partidos del Ulster (fase 2), pero en noviembre las discusiones multipartidarias se saldaron con un fracaso, por el bloqueo impuesto por los unionistas y el recrudecimiento de la violencia. Con todo, el 15 de diciembre Major reconoció la aspiración a la unificación de las dos Irlandas. En esos años, la paciente mediación del Partido Socialdemócrata y Laborista (SDLP), organización nacionalista moderada de carácter constitucionalista dirigida por John Hume, había acercado al PIRA, a los unionistas y a los gobiernos de Londres y Dublín a una solución viable y negociada.

Las bombas del PIRA en la City de Londres el 10 de abril de 1992 (tres muertos), en la torre NatWest el 24 de abril de 1993 (con un saldo de un muerto y treinta heridos) y en la zona protestante de Shankill Road en Belfast el 23 de octubre de 1993 (con diez muertos, respondida días después con varios ataques de la UVF y la UFF que provocaron otras diez víctimas) frustraron las conversaciones secretas entre el PIRA y el gobierno de Londres. Se pensaba que el Ulster estaba de nuevo al borde de la guerra civil. Los métodos letales del SAS y de los paramilitares lealistas, y el acoso judicial y policial jugaron un papel importante en la decisión del PIRA de llamar a un alto el fuego en el verano de 1994. Tras una serie de conversaciones secretas del gobierno y el PIRA durante el verano y el otoño de 1993, el 7 de octubre Hume y el presidente del Sinn Féin Gerry Adams presentaron un plan al que el IRA otorgó su apoyo. El nuevo plan HumeAdams proclamaba el derecho de autodeterminación, y demandaba el envío de un mediador norteamericano al Ulster y el reconocimiento por el gobierno británico de no tener «intereses a largo plazo en Irlanda». El 15 de diciembre, un encuentro entre Major y su homólogo irlandés Albert Reynolds desembocó en la «Declaración de Downing Street», por la que el gobierno de Londres sostuvo el deseo democrático de la mayoría de la población de Irlanda del Norte, y declaró no tener ningún interés estratégico o económico en la provincia. Reconocía además el derecho a la autodeterminación de la «población de la isla de Irlanda», que debía ejercerse de acuerdo con las dos partes, y aceptaba por primera vez la eventualidad de una reunificación irlandesa. Por su parte, el gobierno de Dublín, en un guiño a los unionistas, reconoció la necesidad del consentimiento de Irlanda del Norte para todo cambio constitucional que se quisiera emprender[57]. El propio Major anunció que si el PIRA ponía fin a la violencia, el Sinn Féin podría intervenir en el proceso de paz. Aunque en julio de 1994 una conferencia del Sinn Féin rechazó el documento, el 31 de agosto el PIRA anuncio el «cese completo de sus operaciones militares» de modo unilateral e incondicional (generando la escisión del Continuity IRA o Asamblea Militar de Continuación), y el 13 de octubre los grupos paramilitares protestantes del Combined Loyalist Military Command (CLMC, agrupación que representaba a la UVF y la UDA) se unieron a la tregua[58].

El 21 de febrero de 1995, Londres y Dublín aprobaron un documento común que debería servir de base para las negociaciones de paz, donde se preveía la elección proporcional de una nueva asamblea en Belfast con garantías para la minoría católica, la creación de un organismo interparlamentario norte-sur, el abandono constitucional irlandés de su reivindicación sobre el norte y el reconocimiento por Londres del derecho de la mayoría de los irlandeses del norte a determinar su futuro. Pero la evolución de las negociaciones se hizo de forma lenta y tortuosa, en especial por la negativa de los grupos unionistas a negociar directamente con el Sinn Féin si el PIRA no abandonaba definitivamente las armas y aceptaba el proceso electoral. El 9 de febrero de 1996, tras 17 meses de paz, el PIRA rompió la tregua con una bomba en la torre Canary Wharf de la City londinense, al no haber sido admitido el Sinn Féin a las conversaciones multipartidistas sobre el futuro de Irlanda del Norte, con la excusa de no haber forzado el desarme del grupo terrorista. El 28 de febrero, los gobiernos británico e irlandés emitieron un comunicado conjunto en el que anunciaron una fecha firme para las conversaciones multipartidistas: el 10 de junio de 1996. El ataque a la City fue un éxito táctico pero un desastre estratégico, ya que minó la confianza en las credenciales de paz del PIRA y aceleró el acuerdo entre los gobiernos británico e irlandés. Aunque se produjo otra explosión en el centro de Manchester el 17 de junio, las negociaciones pudieron reanudarse ese verano.

Los acuerdos de Stormont y su implementación (1998-2009)

El triunfo del laborismo en las elecciones de mayo de 1997 permitió desbloquear la situación, restableciendo contactos con el Sinn Féin. Dos meses después de la victoria electoral de Tony Blair, el PIRA volvió a proclamar un alto el fuego el 20 de julio de 1997, y la UDA y UVF protestantes hicieron lo mismo el 14 de octubre. Pero algunos dirigentes se escindieron para establecer un Comité de Soberanía de los 32 Condados y luego crear el IRA Auténtico (Real IRA) tras una tormentosa Convención Militar Extraordinaria celebrada el 10 de octubre en el condado de Donegal[59]. En agosto, Mo Mowlam, ministra para Irlanda del Norte, anunció que el Sinn Féin sería aceptado en las conversaciones de paz si aceptaba el principio de la democracia y los medios no violentos. El partido republicano transigió, aunque el PIRA mostró su disconformidad. El 23 de septiembre, por vez primera desde 1922, dirigentes republicanos y unionistas (salvo el DUP) se reunieron para redactar, después de arduas negociaciones, un acuerdo que fue firmado el 10 de abril de 1998 en Stormont por los gobiernos británico e irlandés y por ocho partidos norirlandeses, con la excepción de varias formaciones unionistas. En él se señalaba que ningún cambio constitucional podría hacerse sin el consentimiento de «la mayoría de la población» a través del voto, lo que dejaba a los católicos la puerta abierta a la reunificación si alguna vez devenían mayoritarios, ya que su tasa de natalidad es casi el doble de los protestantes: en 1921 los católicos representaban el 33,5 % de la población del Ulster, y en 1991 el 42,5 %, con mayoría de jóvenes, de modo que los demógrafos prevén una mayoría católica para el 2025. La República de Irlanda tiene 3,6 millones de habitantes y el Ulster 1,6. En once de los 26 distritos en los que se divide administrativamente Irlanda del Norte ya hay mayoría católica, y en tres, incluido Belfast, los católicos representan más del 44 % de la población y su proporción va en aumento.

Se produjo una ratificación del principio de consentimiento, por el cual Irlanda del Norte solo podía dejar de ser parte del Reino Unido si una mayoría cualificada de la población norirlandesa así lo decidía. Los gobiernos británico e irlandés se comprometieron a modificar sus constituciones, y Londres abrogó la Government of Ireland Act de 1920, que hizo de Irlanda del Norte una provincia británica. Por su parte, Dublín enmendó los artículos 2 y 3 de su Constitución, que reivindicaban la total unificación de Irlanda. Se contempló una autonomía limitada para Irlanda del Norte con la creación de una Asamblea con poderes ejecutivos y legislativos (en educación, salud y servicios sociales, agricultura, finanzas y personal, medio ambiente y desarrollo económico) elegida por escrutinio proporcional, y que designaría un primer ministro. También se crearía un Consejo ministerial NorteSur a través del cual debía materializarse la dimensión irlandesa exigida por los nacionalistas. Este Consejo estaría formado por representantes del Ulster y de la República de Irlanda, que debería desarrollar la cooperación en aspectos de medio ambiente, turismo, pesca, agricultura, etc. Un Consejo irlando-británico vincularía todas las regiones autónomas del Reino Unido (Ulster, Escocia, Gales y las administraciones de las islas del Canal y de la Isla de Man) con Inglaterra e Irlanda, como compensación a los unionistas por el establecimiento del Consejo Norte-Sur. Se reformaría la RUC (que en 2001 fue sustituida por el Servicio Policial de Irlanda del Norte o PSNI), y el ejército británico volvería a su despliegue normal. Se respetarían los derechos cívicos de las comunidades, y los partidos se comprometían al desarme de todas las fuerzas paramilitares en un plazo de dos años a contar desde el referéndum celebrado el 22 de mayo de 1998, en el que el 71,2 % de irlandeses del norte se mostraron favorables a los acuerdos de Stormont, pero el 90 % de los católicos manifestó su conformidad por solo el 55 % de los protestantes. Por su parte, el 94,39 % del electorado de la República de Irlanda votó a favor de la nueva redacción de los artículos 2 y 3 de la Constitución, que dejaban de reivindicar el territorio de Irlanda del Norte como parte del Estado irlandés.

Una comisión estudiaría las posibilidades de liberación anticipada de los presos de ambos bandos (unos 600). El plan estipuló además el desarme de las organizaciones paramilitares cuyos partidos participaron en la negociación, y la liberación paulatina de prisioneros. Solo se opusieron los partidos protestantes extremistas Democratic Unionist Party de Ian Paisley y el United Kingdom Union Party de Robert McCartney.

El 25 de junio de 1998 se celebraron las primeras elecciones para la Asamblea regional en funciones, donde los partidarios del acuerdo de paz obtuvieron la mayoría: 18 escaños para el Sinn Féin, 24 para el SDLP, 28 para el UUP de David Trimble y 20 para el DUP del reverendo Ian Paisley, radicalmente opuesto al acuerdo. A pesar de sangrientos atentados como el de Omagh de 15 de agosto de 1998 (con 29 muertos) reivindicado por los disidentes del Real IRA dirigidos por Michael McKevitt, el proceso de paz pudo continuar. El 16 de octubre de 1998, Trible y Hume obtuvieron el premio Nobel de la Paz. El 1 de diciembre de 1999 Irlanda del Norte contempló la instalación de su primer gobierno intercomunitario y el fin de 27 años de gobierno directo desde Londres. La autonomía norirlandesa tuvo a David Trimble como primer ministro, pero el 11 de febrero de 2000 el secretario británico para Irlanda del Norte Peter Mandelson suspendió la Asamblea tras la insatisfacción protestante por los escasos progresos que se estaban alcanzando en el desarme del IRA, tal como exigía el Acuerdo de Viernes Santo. El 6 de mayo, Blair y el primer ministro irlandés Bertie Ahern anunciaron que Gran Bretaña ampliaría el plazo establecido por el acuerdo para restaurar las instituciones autónomas norirlandesas hasta junio de 2001, y en un comunicado, el PIRA anunció su disposición a «dejar las armas a un lado» y permitir su inspección. El 30 de mayo se restableció la autonomía norirlandesa después de que el grupo terrorista republicano hiciera pública su intención de poner sus armas «fuera de uso completamente y de modo verificable», cosa que puso en práctica a partir de 2001.

El 10 de agosto de 2001, ante la falta de acuerdos sobre el desarme final del IRA, se suspendieron de nuevo las instituciones autónomas del Ulster. El 22 de octubre, el Sinn Féin pidió oficialmente a su brazo militar que comenzase el desarme, cosa que anunció la organización al día siguiente. Tras el escándalo del espionaje del Sinn Féin en Stormont el 5 de octubre de 2002, se anunció el 14 de octubre la enésima suspensión preventiva de la Asamblea Legislativa y del Consejo Ejecutivo del Ulster, y el gobierno británico asumió de nuevo el gobierno provisional de Irlanda del Norte. Meses antes, el primer ministro irlandés Bertie Ahern había declarado que jamás admitiría al Sinn Féin en un gobierno de coalición mientras el PIRA continuara existiendo. El proceso de paz se mantuvo en un impasse hasta que Gerry Adams pidió al PIRA el abandono definitivo de las armas, y con otros dos dirigentes del Sinn Féin (Martin McGuiness y Martin Ferris) abandonó el Consejo Militar de la organización. Esta división entre el movimiento político y el grupo armado llevó a que el 28 de julio de 2005 el PIRA anunciara el abandono de la lucha y el 26 de septiembre completara su desarme ante una comisión internacional independiente[60]. Aunque en 2007 se esperaba una restauración de la autonomía de Irlanda del Norte, en noviembre de ese año el IRA Auténtico continuó con los atentados. En ese momento, el territorio estaba siendo gobernado por un gabinete de coalición del DUP y el Sinn Féin, que condenó a los autores de los atentados como «traidores a Irlanda».

El 3 de septiembre de 2008, el Consejo Armado del IRA anunció que el grupo armado ya no estaba operativo. Con todo, facciones disidentes del antiguo IRA pretendieron hacer fracasar el proceso de paz con ataques esporádicos en Irlanda del Norte. En marzo de 2009, dos soldados británicos fueron asesinados en un ataque al cuartel militar de Massereene que fue reivindicado por el IRA Auténtico, y 48 horas después, un agente de policía era abatido a tiros en la localidad de Craigavon, en un atentado reivindicado por el IRA Continuidad. En julio de 2010, jóvenes republicanos protagonizaron importantes altercados de violencia callejera en distintos barrios de Belfast y otras localidades de la provincia, coincidiendo con las celebraciones protestantes del 12 de julio. En abril de 2011, un policía resultó muerto en Omagh al estallar una bomba lapa adosada a su vehículo. En cuanto al bando lealista, no se han producido actos de violencia terrorista en los últimos años, aunque sigue sin desarmarse por completo.

Desde agosto de 1969 hasta la firma del acuerdo constitucional de 1998 murieron 3250 personas (más del 70 % civiles), y más de 40 000 personas resultaron heridas, 2000 de ellas por kneecaping o tiro a la rodilla, un modo habitual de castigo físico. Se habían producido 35 500 incidentes con armas de fuego, 15 000 explosiones o desactivaciones de bombas y más de 20 000 atracos a mano armada. Más de 18 000 personas habían sido procesadas por delitos calificados como terrorismo. En 1969 hubo 13 muertos en Irlanda, en 1970 hubo 25, en 1971 (año de inicio de los internamientos) 174 y en 1972 ascendieron a 467. Desde 1983 a 1992, la media de muertes fue de 76 por año, con un máximo de 94. Desde 1977, la media de víctimas ha sido de 85 por año, con las menores cifras entre 1984 y 1986: 64, 54 y 62, respectivamente. La proporción de víctimas civiles decreció a fines de los setenta como resultado de una mayor selectividad en la elección de objetivos por parte de los paramilitares de ambos bandos. Entre 1980 y 1990 hubo 972 muertes, y entre 1991 y 1999 hubo 468[61]. Los paramilitares republicanos han sido los responsables del 74 % de todas las víctimas protestantes y del 25 % de todas las víctimas católicas, mientras que los paramilitares unionistas se responsabilizan del 19 % de las víctimas protestantes y de casi el 50 % de las católicas. Los republicanos han sido causantes de más muertes entre la población católica que entre el RUC y el ejército británico. El IRA fue presentado como organización de autodefensa de los católicos del Ulster, pero ha causado cinco víctimas por cada una que sufría la comunidad que aseguraba proteger[62].

Una de las consecuencias del conflicto es una real segregación intercomunitaria. Las peace lines aún separan el oeste de Belfast del resto de la ciudad. Esta división crece en todo el Ulster, hasta el punto de que zonas enteras permanecen virtualmente prohibidas a una u otra comunidad. Más de la mitad de la población de Irlanda del Norte vive en zonas que son «confesionalmente homogéneas» en más de un 90 %. La disminución de contactos entre ambas comunidades refuerza los prejuicios y la incomprensión, y el riesgo de quiebra social sigue siendo alto, a pesar de la consolidación paulatina del proceso de paz.

2. EL «FENÓMENO ETA» EN EL PAÍS VASCO

En España, el agotamiento de la guerrilla urbana comunista y anarquista heredada de las secuelas de la guerra civil coincidió con la aparición en el País Vasco de un fenómeno político completamente nuevo: un nacionalismo radical que propugnaba la independencia mediante las tácticas tercermundistas de liberación nacional. A diferencia de Irlanda del Norte, la acción de ETA se desarrolló en una región libre de conflictos intracomunitarios de orden religioso. Pero el comportamiento del régimen franquista como un virtual poder de ocupación, la represión pública de la cultura euskaldún y la nueva oleada migratoria de los años cincuenta contribuyeron al resurgimiento del añejo antagonismo sabiniano frente a España. A inicios de los cincuenta, la juventud nacionalista organizada en torno al grupo Ekin (Hacer) y EGI (Euzko Gaztedi Indarra, juventudes del PNV) asumió y reformuló las tradiciones victimistas autóctonas heredadas del abertzalismo del grupo JagiJagi, junto con un repertorio de lucha armada que se había ido forjando desde los años veinte en estrecha relación con el modelo irlandés, en los años treinta con el mito de los gudaris (soldados vascos de la guerra civil), y con la recuperación de la mística resistente atesorada por el PNV tras la Segunda Guerra Mundial. Pero el viejo racismo biológicogenético de raíz sabiniana no era ya un referente político presentable tras el horror de Holocausto (pronto se sustituiría por un etnicismo de base lingüístico-cultural), y la consolidación de la política de bloques dificultaba cualquier atisbo de lucha independentista en Europa.

En 1952, un grupo de hijos de familias burguesas o pequeñoburguesas, estudiantes en la Universidad de Deusto, fundó la asociación cultural Ekin, que en 1956 ofreció al PNV la realización de un frente patriótico. Tras no pocas tensiones, los jóvenes nacionalistas decidieron romper con el PNV y crear Euzkadi ta Askatasuna (ETA, País Vasco y Libertad) el verano de 1959. El nacimiento de ETA representó la reacción de buena parte del sector juvenil, pequeñoburgués y estudiantil del PNV a la política represiva del franquismo, pero también fue una respuesta a la aceleración del proceso modernizador que ponía en peligro la identidad de la comunidad étnica vasca. En un principio, ETA se definió como un movimiento de liberación nacional que dirigía la lucha antiimperialista contra un Estado español que explotaba y ocupaba el País Vasco como si fuera una colonia. Teoría harto endeble cuando se evidencia que la burguesía vasca no ha presumido precisamente de españolismo y Euzkadi ha sido y es una región industrializada y rica dentro del contexto peninsular[63].

Los miembros de EGI, descontentos con la inoperancia del PNV, se adhirieron con cierta rapidez a la nueva organización de resistencia[64], que en 1961 creó en su seno un Comité de Acción Directa fundamentado en el independentismo y la lucha armada. Si bien en 1959-1960 la acción de ETA se limitó a la propaganda callejera, en 1961 realizó el primer gesto de lucha armada, cuando intentó hacer descarrilar un tren que transportaba a veteranos de la guerra civil a participar en las conmemoraciones del 18 de julio. La I Asamblea celebrada en Francia en mayo de 1962 definió a ETA como «Movimiento Revolucionario Vasco de Liberación Nacional», y mantuvo el nacionalismo clásico de impronta sabiniana con la asunción de mitos históricos vascos como el igualitarismo, la nobleza universal, la independencia absoluta hasta la pérdida de los fueros o la ocupación extranjera, si bien rechazaba la consideración de la religión y de la raza como fundamentos de la reivindicación nacionalista, que serían sustituidas por una identidad étnica basada en la lengua y la cultura[65]. Se constituyó el primer Comité Ejecutivo, dirigido por Julen Madariaga y Benito del Valle, y aunque se prescribieron actividades meramente formativas, a partir de ese año la lucha armada se fue situando en el eje central de las teorizaciones de ETA: en un Zutik de 1962 ya se afirmaba que «la violencia es necesaria. Una violencia contagiosa, destructiva, que apoye nuestro combate, el buen combate, el que nos han enseñado los israelíes, los congoleños y los argelinos»[66]. Los activistas etarras de primera hora —unas pocas docenas de jóvenes seducidos por la táctica guerrillera latinoamericana, por las guerras de liberación en Argelia o Angola y por la violencia independentista del IRA— se autorrepresentaban como vanguardia de una revolución que aunaba la lucha nacional y de clases. De ahí la ambigua retórica de «liberación social» basada en el anticapitalismo, el antifranquismo y el anticentralismo españolista con la que, a partir de 1962, ETA quiso captar al elemento obrero.

La guerra revolucionaria de liberación nacional (1963-1966)

La aparición en 1963 del libro Vasconia de Federico Krutwig (Guecho, 15 de mayo de 1921-Bilbao, 15 de noviembre de 1998) facilitó un decisivo cambio de enfoque desde su marxismo plagado de contradicciones por su nacionalismo tradicionalista de raíz sabiniana, al postular en la sección sexta de su ensayo el principio de la lucha armada según el modelo tercermundista de guerra revolucionaria por la liberación nacional teorizado entre otros por Mao o Fanon, y puesto en práctica con éxito por el Irgun o el FLN argelino:

El Pueblo Vasco no solamente tiene derecho a levantarse en armas para oponerse a la desnacionalización por parte de España y Francia, sino que se trata de un deber moral el que se oponga a la deshumanización hecha por vías del Estado opresor. Es una obligación para todo hijo de Euskalherría oponerse a la desnacionalización, aunque para ello haya que emplearse la revolución, el terrorismo y la guerra. El exterminio de los maestros y de los agentes de la desnacionalización es una obligación que la naturaleza reclama a todo hombre. Más vale morir como hombres que vivir como bestias desnacionalizados por España y Francia[67].

A partir de la II Asamblea, la dimensión violenta comenzó a hacerse presente. La influencia de la guerrilla argelina propició la adopción de divisiones territoriales denominadas herrialdes, siguiendo el modelo de las wilayas argelinas[68]. La nación vasca como etnia concienciada a través de la lengua y la cultura debía asumir su propia defensa y liberación con las armas en la mano. Como señala Gurutz Jáuregui, en ese momento «a ETA se le presentan dos modelos nacionalistas alternativos a la hora de establecer su estrategia: el de las minorías étnicas europeas o el del emergente nacionalismo tercermundista. Las primeras centran su estrategia en la perspectiva de la reestructuración y remodelación de los estados nacionales europeos cara a la consecución de una Europa federal de los pueblos. El segundo, a su vez, basa toda su estrategia en un antagonismo radical y absoluto entre la metrópoli y la colonia, de tal modo que la solución del conflicto debía pasar, imprescindiblemente, por la expulsión violenta del colonizador, y la sustitución del viejo poder colonial por un nuevo poder autóctono»[69]. En esa época en que la descolonización avanzaba a marchas forzadas, no existía ningún movimiento nacionalista radical europeo con entidad suficiente para aportar experiencias propias de lucha por la liberación nacional, salvo en Irlanda, donde el aletargado IRA se encaminaba también hacia el empleo de los métodos del revolucionarismo tercermundista. De modo que, haciendo honor a sus antecedentes sabinianos y aberrianos, y constatando la mayor eficacia de la lucha anticolonialista (un espejismo en la industrializada Euskadi, pero que la brutalidad del régimen franquista casi hacía realidad), ETA opto por esta última alternativa, rechazando toda negociación o vía política con el «ocupante extranjero», sea cual fuere la identidad del régimen existente. En 1964, ETA afirmaba: «el antifranquismo lucha contra Franco como si no hubiera opresión española sobre Euskadi. Nosotros luchamos contra la opresión española en Euskadi como si no hubiera Franco».

En esos años, los miembros de ETA seguían con atención las obras escritas por los principales líderes de los movimientos de resistencia de países tercermundistas, como La révolte d’Israel de Menahem Begin, o Túnez de Habib Burguiba. También estaban al corriente del movimiento etnicista y federalista (la «Europa de los Pueblos» de Guy Héraud) que se estaba desarrollando en esos momentos. Inmediatamente después de la I Asamblea se abrió un amplio debate sobre la lucha armada, basado en la disyuntiva entre la resistencia no violenta según las tesis gandhianas y la acción violenta defendida entre otros por Julen K. Madariaga, y que quedó plasmada en su folleto La insurrección en Euzkadi. La guerra revolucionaria, que sería editado en Bayona en junio de 1964 tras la aceptación de sus tesis por la III Asamblea de ETA celebrada en abril-mayo de ese año. El texto postulaba un plan clásico de guerra revolucionaria de tradición maoísta basado en la acción de los «comandos de asfalto», la conquista de la población a través de la propaganda, la destrucción de la «administración enemiga» impuesta por el «opresor colonialista», la erección de jerarquías paralelas y la ulterior conquista del poder[70].

La insurrección en Euzkadi marcó el momento culminante del «misticismo guerrillero» en que se vio sumida la organización hasta fines de la década. El período que transcurrió hasta la IV Asamblea de la primavera de 1965 fue de adaptación y profundización de las tesis anticolonialistas y tercermundistas, y de definición de las bases teóricas de la guerra revolucionaria con la adopción del principio de la espiral «acción-represión». En su libro, Krutwig había formulado el principio de «retalión», base de una espiral de violencia que obligaría al enemigo a retirarse, pero el planteamiento era diferente de la «espiral» de acción-represión-consciencia-acción (ARCA) postulada en La insurrección en Euzkadi, que acabó por ser aceptada por el conjunto de la organización. En la ponencia «Bases teóricas de la guerra revolucionaria», presentada por José Luis Zalbide a la IV Asamblea de ETA celebrada en el verano de 1965, se proponía el principio de la acción-represión, basado en una espiral dialéctica de la violencia que se aplicaba de este modo: 1) ETA o las masas dirigidas por ETA realizan una acción provocadora contra el sistema; 2) el aparato represivo del Estado golpea a las masas, y 3) ante la represión, las masas reaccionaban con pánico y con rebeldía. Ese era el momento adecuado para que ETA diera un contragolpe que disminuiría lo primero y aumentaría lo segundo[71]. Según esta táctica, la represión gubernamental incrementaría el número de víctimas inocentes, provocaría un mayor grado de solidaridad entre la población y los revolucionarios, y desembocaría en una escalada violenta cuyo final sería la insurrección armada y la revolución general. Pero pese a un cierto «guerrillerismo» teórico, ETA seguía siendo en la primera mitad de los años sesenta un grupo eminentemente propagandístico.

A imagen de otros movimientos de liberación nacional en países del Tercer Mundo, ETA se estructuró en frentes o ramas que incluían una sección militar. En 1964 elaboró un ambicioso plan guerrillero que debería conducir a la independencia del País Vasco, pero esta estrategia de guerrilla revolucionaria antiimperialista inspirada en los modelos argelino, vietnamita, chino o cubano reveló pronto su inviabilidad. Para colmo, ETA sufrió su primera gran crisis en 1965 con la marcha al País Vasco-francés de Julen Madariaga (partidario de la vía armada), José Luis Álvarez Emparanza, «Txillardegi» (de tendencia etnolingüística opuesta a la guerra de liberación tercermundista), y otros dirigentes. Según los acuerdos adoptados en la IV Asamblea, se adoptó una ideología de corte socialista y se estableció una Oficina Política encabezada por Patxi Iturrioz y Eugenio del Río, que fue encargada de cumplir las funciones atribuidas hasta entonces al ejecutivo. También se decidió iniciar una serie de acciones armadas dirigidas a la obtención de fondos. La primera se realizó el 24 de septiembre de 1965 con el atraco a un cobrador del Banco de San Sebastián en Vergara, tras del cual fue detenido y condenado José Luis Zalbide, representante de la línea tercermundista. A partir de ese momento, el peso de la organización cayó en manos de Iturrioz, responsable de una Oficina Política de tendencia obrerista revolucionaria, centrada en la propaganda de las ideas socialistas y la agitación laboral que preconizaba la lucha de clases antes que la guerrilla, lo que le granjeó la crítica de militantes de primera hora como Txillardegi.

La crisis de la V Asamblea y el inicio del activismo armado (1966-1969)

La presencia de una fuerte corriente obrerista que no consideraba al proletariado emigrante como un enemigo potencial del proyecto revolucionario independentista obligó a adoptar un inestable modelo bifronte obrero-nacionalista que precipitó la crisis interna. Iturrioz fue expulsado de ETA, y José María Escubi Larraz, actuando en nombre de la dirección en el exilio, convocó la V Asamblea que se desarrolló del 7 al 11 de diciembre de 1966 en la iglesia de Gaztelu (Guipúzcoa). La tensión entre europeísmo y tercermundismo se resolvió a favor de este último. En la asamblea se plantearon disyuntivas que pervivirían largamente en el seno de la organización: etnicismo o marxismo, frente nacional o frente de clase, papel de la violencia, función del euskera, antifranquismo o antiespañolismo, etc[72]. Como consecuencia de una frágil alianza táctica entre las tendencias etnolingüística (Txillardegi) y tercermundista (Escubi y los hermanos José Antonio y Txabi Echebarrieta), que era la dominante en esos momentos, la mayoría de la asamblea, influida además por la involución antirreformista del franquismo tras el quinquenio liberalizador de 1962-1967, aceptó la defenestración de la Oficina Política, partidaria de hacer de ETA un movimiento socialista revolucionario, popular y democrático, y que fue acusada de «españolista» y «liquidacionista». Los cuatro expulsados de la Oficina Política crearon ETA-Berri o «nueva», que se propuso luchar por la dictadura del proletariado en alianza con los otros pueblos de España[73]. La organización subsistente, ETA-Zaharra («vieja»), ETA-Bai o ETA-V, acentuó su espíritu guerrillero y persistió en el proyecto de construcción de una Euzkadi socialista en el contexto de un proceso anticolonialista de lucha armada. La segunda parte de la V Asamblea, celebrada en abril de 1967, marcó el triunfo de la tendencia marxista tercermundista. Tras la defección de la cuarta parte de los asistentes, en solidaridad con los militantes expulsados, que fueron tachados de «socialoportunistas» por el comité de seguridad elegido, el resto aceptó el «Informe Verde», que comprometía a ETA con una estrategia de lucha guerrillera y una ideología de corte marxista-leninista, dividida en cuatro frentes de lucha y que preveía la elaboración de un Frente Nacional Vasco de vocación interclasista. Txillardegi y los etnolingüistas del grupo Branka, en minoría, abandonaron ETA en silencio en la primavera de 1967, al considerar que una estrategia guerrillera tercermundista no tenía sentido en una sociedad predominantemente urbana e industrial como la vasca.

Tras la V Asamblea, ETA realizó 19 actos de terrorismo, pero 167 activistas fueron arrestados. Para entonces ya estaban llegando a Euskadi los ecos de Mayo del 68. En consecuencia, ETA abandonaría el tercermundismo y la «espiral» de los primeros años en favor de un modelo de lucha antiimperialista más afín a las corrientes europeas de la «nueva izquierda». Con todo, las posiciones anticolonialistas siguieron manteniendo cierta vigencia hasta el prólogo anticolonialista de Sartre al libro de Halimi sobre el proceso de Burgos[74]. Buen número de activistas se acogió a las tesis maoístas que permitían conciliar la lucha nacional con la lucha de clases. La V Asamblea también confirmó la articulación de ETA en cuatro frentes (militar, cultural, político y económico) subordinados a un proyecto más amplio de frente de liberación nacional vasco con voluntad interclasista. La Asamblea restringida (Biltzar Txikia) se estableció como máxima autoridad del movimiento entre dos asambleas generales. Desde esa fecha, el brazo militar fue adquiriendo la coherencia interna y la organización logística imprescindibles para iniciar su primera gran campaña terrorista contra instituciones y emblemas franquistas de alto valor simbólico: sindicatos, repetidores de televisión, periódicos, etc. Un nuevo tipo, más militarizado, de organización estaba a punto de nacer.

La dirección operativa quedó en manos de Escubi y Txabi Etxebarrieta. Entre 1967 y 1969, ETA realizó mueve ataques a mano armada y 46 atentados con explosivo sobre cuarteles, repetidores de televisión, sedes sindicales y periódicos del Movimiento. La estrategia de la acción-represión pareció cumplirse a la perfección desde fines de 1967 y a lo largo de 1968, especialmente tras la escalada represiva provocada por la muerte el 7 de junio de 1968 del guardia civil José Pardines (oficialmente, la primera víctima mortal de ETA) y la ulterior muerte en un control policial de Txabi Echevarrieta, considerado el primer mártir de la organización, y al que se comparó con el «Che» Guevara, muerto en noviembre del año anterior. El apoyo de la población se incrementó notablemente, y se vio alentado por asesinatos como el perpetrado el 2 de agosto en Irún contra Melitón Manzanas, el odiado comisario jefe de la policía de San Sebastián. Este atentado representó el punto de no retorno de la violencia etarra. Al día siguiente se declaró en Guipúzcoa el estado de excepción (que fue levantado el 25 de marzo de 1969), y el 16 se puso en vigor el artículo 2 del Decreto de 21 de septiembre de 1960 sobre Rebelión Militar, Bandidaje y Terrorismo (derogado por Ley de 2 de diciembre de 1963) que imponía la jurisdicción militar para estos delitos, y que a su vez fue derogado a través de las leyes 42/1971 y 44/1971 de 15 de noviembre.

Todo ello dio manos libres a la policía franquista para tratar a los sospechosos con total brutalidad: en 1968 se practicaron 434 detenciones (con aplicación sistemática de torturas), hubo 189 encarcelados y 38 exiliados. El Sumarísimo 31/1969 contra los asesinos de Manzanas, celebrado del 3 al 28 de diciembre de 1970, se zanjó con seis penas de muerte que fueron conmutadas por Franco a fines de año. Aunque el Estado prácticamente desmanteló a ETA en 1969 y en 1972, la organización pasó de ser un grupúsculo desconocido y débil a convertirse en punta de lanza de la oposición armada al régimen franquista, con el apoyo de buena parte de la opinión progresista de Europa. Ante el parcial fracaso de la policía, Carrero Blanco adoptó en 1973 la decisión de otorgar mayor importancia al ejército en la lucha contraterrorista, para lo cual reorganizó los servicios de información y los unificó bajo las siglas del Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno (SECED). También se reclutaron mercenarios extranjeros como el neofascista Stefano Delle Chiaie, que comenzaron a actuar en coordinación con el comisario de la Brigada Político-Social Roberto Conesa.

El recrudecimiento de la represión policial indiscriminada, con secuela de torturas y procesos sumarios, acrecentó el apoyo popular a ETA, que a fines de los sesenta sufrió los primeros embates de una controversia interna que dividiría la organización en los años siguientes. Tras las caídas de abril de 1969, en el otoño se reestructuró la nueva dirección, cuyo principal objetivo fue dotar a ETA de una política obrera. La nueva dirección, formada por jóvenes influidos por las movilizaciones estudiantiles y obreras de mayo de 1968, trató de dar prioridad a las acciones de masas, pero el intento de la dirección interior de lograr una síntesis entre marxismo y nacionalismo se saldó con un completo fracaso. Ante la evidencia de que el movimiento obrero no secundaba su estrategia subversiva, un sector de ETA comprendió que las posibilidades de una revolución armada de masas y una victoria militar eran pura ilusión, y que el concepto de guerra nacional de liberación, en la línea de otras del Tercer Mundo, no era la más apropiada a la situación vasca. La lucha antiimperialista fue reinterpretada entonces como una guerra antioligárquica contra la burguesía dominante en España, que debía ser coordinada con la lucha de la clase obrera española. Este sector, partidario de un acercamiento al movimiento obrero para lanzar la lucha de clases en el contexto español, se fue separando de los patriotas nacionalistas a ultranza de ETA-V, que defendían la tesis de la primacía de la acción militar, y abandonó las armas en 1971, disolviéndose al año siguiente.

Del Proceso de Burgos al fin del franquismo (1970-1976)

A partir de la primavera de 1970, ETA inició otra oleada de acciones armadas, centradas en el asalto a bancos. En su VI Asamblea, celebrada en Itxaso (Francia) entre fines de agosto e inicios de septiembre de 1970 en ausencia de los miembros de la sección militar (la docena de militantes de la nacionalista ETA-V), aparecieron perfiladas cuatro grandes tendencias: las Células Rojas lideradas por Escubi, absolutamente marxistas y no nacionalistas, que daban sobre todo importancia a la lucha obrera; la dirección de ETA en el interior, que intentaba conjugar la lucha nacional con la lucha obrera y pretendía crear un partido de la clase trabajadora en vanguardia de la «revolución vasca»; los defensores de las tesis colonialistas, agrupados en torno a Beltza, Krutwig y Madariaga, y los «milis» dirigidos por Juan José Etxabe, centrados en la lucha armada y poco amigos de disquisiciones teóricas, para quienes la creación de un Estado vasco independiente debía preceder a la lucha por el socialismo[75]. Julen Madariaga, fue expulsado de la asamblea, con lo que quedaron descolgados del proceso los miembros de la dirección que habían sido elegidos en la asamblea anterior (los «tercermundistas») y los responsables del aparato militar. Luego, las Células Rojas también abandonaron la asamblea[76]. De este modo se produjo la escisión entre los marxistas del «frente obrero» (censurados como «españolistas») que generaron ETA-VI para más tarde unirse a la Liga Comunista Revolucionaria, y los «militares» de ETA-V como Etxabe o los exiliados como Krutwig y Madariaga, que acusaron a la dirección interior de «españolismo» y decretaron su expulsión de la organización. Con todo, la mayoría de los militantes de ETA en el País Vasco respaldó a la dirección salida de la VI Asamblea.

Las ponencias presentadas en la primera parte de la VI Asamblea, con la excepción de un texto de Lenin de carácter insurreccional, estaban inspiradas en los teóricos clásicos de la guerrilla rural y urbana latinoamericana: Guevara, Debray, Guillén y Marighella[77]. Tras un año de tregua, la violencia reapareció en verano de 1970 con atracos, robos y secuestros. Para entonces, y a pesar de sus desavenencias internas, ETA se había convertido en la referencia fundamental de la lucha contra la opresión franquista dentro y fuera del País Vasco. El Proceso de Burgos de fines de 1970 palió y sublimó las diferencias existentes. En el ínterin, los «milis» de Etxabe secuestraron al cónsul alemán en San Sebastián, Eugen Beihl, desde inicios de diciembre hasta el día de Nochebuena, antes de que Franco conmutase el 30 de diciembre las seis penas de muerte dictadas por el tribunal militar. Estos sucesos otorgaron al movimiento vasco una notoriedad internacional[78], pero las dos tendencias salieron de la prueba con diversa fortuna: mientras que ETA-VI dedicó todos sus esfuerzos al movimiento obrero mediante el fomento de conflictos y huelgas, ETA-V formada por tercermundistas y «milis», y nutrida cada vez más por jóvenes euskaldunes de zonas rurales como el Gohierri, logró capitalizar las movilizaciones políticas tras el Juicio de Burgos, consiguió mantener la legitimidad histórica de la organización y se unificó con EGI (un importante sector de las juventudes del PNV, con alrededor de 500 militantes) en 1972. Sus llamamientos a la lucha armada resultaban emocionalmente más atractivos tanto para los jóvenes vascos como para gran parte de los presos, más aún tras la renuncia de ETA-VI a la lucha armada y su escisión en julio-noviembre de 1972 en antitrotskistas «minos» (minoritarios) y trotskistas «mayos» (mayoritarios), que se unieron a la Liga Comunista Revolucionaria a fines de 1972.

En el verano de 1971, Etxabe, cabeza del Frente Militar de ETAV, dimitió y fue sustituido por su lugarteniente Eustakio Mendizábal, «Txikia» (muerto por la policía en Algorta el 19 de abril de 1973), quien dio prioridad a la acción preponderantemente militar. ETA-V rechazó las tesis colonialistas y reestructuró el movimiento en cuatro frentes, dando prioridad teórica al obrero, aunque el militar (formado entre otros por José Manuel Pagoaga Gallastegui, «Peixoto», Domingo Iturbe Abasolo, «Txomin», José Antonio Urritikoetxea Bengoetxea, «Josu Ternera», e Iñaki Múgica Arregi, «Ezkerra») alcanzó la hegemonía tras el asesinato de Carrero Blanco el 20 de diciembre de 1973[79]. Desde mediados de 1971, ETA-V empezó a prepararse para reanudar la lucha armada mediante robos, bombas y secuestros como el del industrial Lorenzo Zabala en enero de 1972. En octubre de ese año la tensión renació entre los «frentes» obrero y militar. Aunque no existía una dirección unificada y los «frentes» autónomos eran coordinados en mesas de dirección, fueron los militares los que controlaron la situación. El documento Estrategia, táctica y técnicas de la lucha armada, adoptado por la VI Asamblea de ETA-V celebrada en Hasparren en septiembre de 1973, es una descripción detallada de cómo debía funcionar el frente militar para lograr la independencia mediante la lucha guerrillera en la que el pueblo vasco tomaría las armas. Esta reunión volvió a poner en evidencia las tensiones entre los miembros del frente obrero y el militar, que acabó siendo el dominante. Nuevos líderes como Eduardo Moreno Bergareche, «Pertur», que insistían en la acción de masas y en las doctrinas socialistas, veían la lucha de ETA como parte de una conflagración mundial contra el imperialismo fuertemente influida por el maoísmo[80].

El secuestro del industrial Felipe Huarte a inicios de 1973 (por el que ETA consiguió cincuenta millones de pesetas) y la Operación Ogro contra el almirante Carrero Blanco a fines de año fueron nuevos éxitos que no pudieron ocultar la tensión creciente entre ambas ramas del entramado etarra. Pertur trató de conciliar ambas posturas proponiendo la subordinación del aparato militar a las decisiones de la dirección política. Su tesis contemplaba la creación de un partido abertzale (patriota) de vanguardia, independentista y de estrategia exclusivamente vasca; un partido de clase que promocionara las organizaciones de masas y estuviera basado en el centralismo democrático. Sin embargo, esta salida hacia la acción política sustanciada en la constitución de un frente obrero iba a ser rechazada por el sector más militante de ETA. La ruptura estratégica, fruto de la confusión entre ideología revolucionaria y nacionalismo que habían coexistido desde la creación del grupo, se consumó tras la VI Asamblea de 1973-1974. Los «polis-milis», de ideología marxista-leninista, deseaban intensificar la acción legal política sobre las masas trabajadoras, sin abandonar la violencia como elemento subsidiario de su labor reivindicativa. Proponían además la sustitución de la antigua compartimentación en frentes por una estructura común militar y política, pero con predominio incontestable de esta última. Los «milis», nacionalistas y partidarios de la acción ilegal, insistían en la autonomía política de la lucha armada. Tras una serie de conflictos, los «milis» salieron triunfantes e hicieron prevalecer su ideario nacionalista revolucionario sin abandonar el principio de lucha de clases. En su opinión, el nacionalismo y la revolución socialista debían instalarse simultáneamente.

En mayo de 1974, tras una turbulenta reunión del Biltzar Ttippia (Comité Central) de ETA-V, el Frente Obrero se escindió para formar el Langile Abertzale Iraultzaileen Alderdia (LAIA, Partido Patriótico Revolucionario de los Trabajadores), orientado hacia la lucha industrial, y que en 1975 acabó por reunirse en el sindicato Langile Abertzale Batzordea (LAB, Comité Patriótico Obrero). A lo largo de 1974, los grupos de acción de ETA-V llevaron a cabo una intensa campaña de robos y colocación de bombas que estuvo a la altura de la lanzada en 1968-1969, pero en contrapartida sufrieron numerosas detenciones.

El conflicto entre los partidarios de la acción puramente militar y quienes, como Pertur, deseaban crear una fuerza política complementaria para la acción de masas, se agudizó con la bomba colocada en la cafetería Rolando, en la calle del Correo de Madrid, el 13 de septiembre de 1974, que causó 14 muertos y 71 heridos[81]. En el IV Biltzar Ttippia celebrado en octubre de 1974, una mayoría de la dirección de ETA decidió sustituir la anterior compartimentación en frentes por una estructura común político-militar. Al negarse el frente militar a plegarse a las decisiones de la mayoría, ETA se escindió en dos organizaciones: político-militar y militar. Desde entonces, ETA(m), formada en noviembre de 1974 y compuesta por una treintena de «liberados» bajo el liderazgo de Argala, se limitó a la práctica de la lucha armada, mientras que la rama mayoritaria ETA(p-m), liderada por Pertur, Juan Paredes Manot, «Txiki», y Miguel Ángel Apalategui, «Apala», postuló la confluencia de la labor de masas con la lucha armada, y celebró la segunda parte de su VI Asamblea en diciembre de 1975, en la que abandonó la estructura en frentes y adoptó una organización político-militar, creando los grupos Bereziak (especiales) para las acciones de carácter terrorista[82].

Tras el atentado de la calle del Correo, ETA(p-m) quedó virtualmente desmantelada, gracias en parte a la infiltración de Mikel Lejarza, «Lobo». El medio millar de «polis-milis» encarcelados, más maduros ideológicamente, dejó paso franco a nuevos activistas de origen predominantemente obrero, tanto autóctonos como emigrantes, que parecían más preocupados por el militantismo violento que por las sutilezas de la lucha sindical. Persuadida de la imposibilidad de derrotar militarmente a la dictadura, ETA(p-m) archivó definitivamente el argumento tercermundista de la guerra de guerrillas a inicios de 1975 y comenzó a utilizar la violencia de sus comandos Bereziak como palanca de negociación política con el gobierno de Madrid. ETA(p-m) inició entonces una escalada rápida de acciones, y amplió en el verano de 1975 sus operaciones a toda España, en una huida hacia adelante que resultó un auténtico desastre. Por contra, la campaña de ETA(m), menos ambiciosa, se limitó al País Vasco, donde la mayor parte de la población consideraba que las dos ramas de ETA eran menos peligrosas que las fuerzas de seguridad, que en 1974-1975 habían matado a 22 personas en manifestaciones y controles policiales, y herido a 104 solo en 1974[83]. El 3 de marzo de 1976, los sucesos ocurridos en las inmediaciones de la catedral de Vitoria habían causado cinco muertos y numerosos heridos.

El secuestro del industrial Ángel Berazadi, simpatizante del PNV, y su ulterior asesinato el 8 de abril de 1976 endureció las relaciones entre los políticos y los «berezis» en el seno de ETA(p-m), y provocó un conato de dimisión de Pertur. Este, que se mostraba partidario de la separación entre la lucha armada y una lucha política que debía ser prioritaria, diseñó un partido abertzale revolucionario e independentista que debía promocionar las organizaciones de masas y estar basado en el centralismo democrático. Pero el debate sobre la negociación de un frente conjunto con la izquierda estatal resultó muy duro. Pertur fue «secuestrado» en abril por miembros de los Bereziak, para ser liberado y desaparecer definitivamente el 23 de julio de 1976 en Francia, al parecer a manos de dos «berezis»: José Manuel Apalategui, «Apala», y Francisco Múgica, «Pakito»[84]. Paradójicamente, su escrito político Otsabiaga, centrado en la creación de un partido político de los trabajadores vascos, fue adoptado por gran mayoría en la VII Asamblea de ETA(p-m) en septiembre de 1976, en la que se decidió que ante la imposibilidad de luchar eficazmente en los frentes armado y obrero, la organización se dividiera en una rama militar (ETA) y una estructura política: el Euskal Iraultzarako Alderdia (EIA) o Partido para la Revolución Vasca. EIA apareció públicamente en abril de 1977, y en las elecciones de junio de 1977 formaría parte fundamental de la coalición electoral Euzkadiko Ezquerra (EE), en la que a la postre se integraría cuando se constituyó como partido en 1982. El proceso de desmilitarización gradual iniciado en la VII Asamblea de ETA(p-m) continuó hasta su final como organización armada en 1984. Pero esta decisión no satisfizo a los comandos especiales de ETA(pm), que abandonaron la organización en mayo de 1977 como protesta por las conversaciones de los «polismilis» con el gobierno Suárez a propósito de los presos. Los «berezis» ingresaron en ETA(m) en septiembre de ese año 1977 (por ejemplo, Pakito, Txikierdi y Antxon pasaron a la ejecutiva etarra) o acabaron organizando en 1975 su propio grupo terrorista: los Comandos Autónomos Anticapitalistas, activos entre 1978 y 1992, autodefinidos como «asamblearios, anticapitalistas, antipartidos y antisindicalistas», y partidarios de un terrorismo indiscriminado.

Mientras tanto, ETA(m) aumentaba su capacidad militar, matando a policías, confidentes y personalidades de derechas como el presidente de la Diputación de Guipúzcoa Araluce Villar y cuatro escoltas en octubre de 1976. Tras el fracaso del movimiento pacífico de ciudadanos, ETA(m) inició una campaña contra la central nuclear de Lemóniz a partir de fines de 1977, en lo que fue una gran victoria propagandística frente al Estado. Apoyando las movilizaciones antinucleares, realizó 246 acciones contra Iberduero, matando a cinco de sus empleados, hiriendo a 14 y causando cientos de millones de pesetas en pérdidas. El secuestro del ingeniero José María Ryan el 21 de enero de 1981 y su asesinato el 6 de febrero dejó a ETA(m) en su punto más bajo de popularidad, pero una semana más tarde el efecto de indignación se disipó cuando el etarra Joseba Arregi murió a causa de torturas en la cárcel de Carabanchel. ETA(m) intentó repetir la estrategia del sabotaje contra el proyecto de autovía Navarra-Guipúzcoa entre 1989-1992, pero con resultados mucho menos atractivos. La campaña de ETA se fue incrementando con asesinatos de periodistas como José María Portell el 28 de junio de 1978 y la escalada de atentados contra policías y oficiales del ejército.

En 1974-1975, ETA(m) comenzó a organizar su propio movimiento de masas: la Koordinadora Abertzale Socialista (KAS), palestra entre la organización armada y la estructura política legal, constituida por organizaciones de carácter político (HASI), sindical (Langile Abertzale Batzordea, LAB), juvenil (Jarrai, luego Haika y más tarde Segi), Gestoras pro Amnistía (creadas tras la amnistía de fines de 1977), Senideak (familiares de presos, creada en octubre de 1991), Egizan (organización feminista), de movimientos sociales y populares (ASK) y comités de barrio (Egizan[85]). El paso a un régimen democrático de participación política plena, con una Constitución votada positivamente en el País Vasco a pesar de la alta tasa de abstención, y un régimen de autogobierno aceptado en octubre de 1979 por la mayoría del cuerpo electoral, no indujo a ETA(m) a variar sustancialmente su estrategia política y militar. El razonamiento central de los «milis» era que, a pesar de la evolución de España hacia un modelo de democracia burguesa, los poderes fácticos seguían manteniendo el control real del Estado. Esta tesis continuista sirvió para reforzar la voluntad de lucha de los «milis» y sus seguidores, a pesar de las concesiones políticas sustanciales contempladas en el Estatuto de Guernica y los efectos perversos que la «espiral» de violencia etarra podía provocar, tal como mostró la intentona involucionista de febrero de 1981. En julio de 1977, ETA(m) puso a punto su propio frente político: el Herriko Alderdi Sozialista Iraultzailea (Partido Socialista Revolucionario Popular o HASI) de teórica ideología marxista-leninista. En noviembre de 1977, HASI, LAIA, ESB (Euskal Socialista Bitzarrea: Partido Nacionalista Socialdemócrata) y ANV asistieron a una asamblea convocada por el histórico dirigente abertzale Telesforo Monzón en Alsasua (Navarra) de donde surgió Herri Batasuna (HB, Unidad Popular), creada el 28 de abril de 1978 como coalición electoral de pequeños partidos revolucionarios e independentistas en torno a los postulados de ETA, y bajo la subordinación del aparato militar de la organización armada[86], ya que, como dijo Luciano Rincón, se presentó como un «movimiento revolucionario marxista que se pretende el pueblo en armas cuando resultan ser las armas creando un pueblo adicto»[87]. De este modo, ETA(m) pasó del sujeto obrero al sujeto patriótico como agente revolucionario. Como movimiento de masas que, a diferencia de la estrategia de guerra revolucionaria, surge de un movimiento armado, HB se constituyó como un frente de rechazo de geometría variable que logró aglutinar una serie muy variada de protestas y reivindicaciones de tipo nacionalista, antinuclear, feminista, vecinal, lingüístico-cultural, sindical, proamnistía, etc., y acabó barriendo a todos los movimientos vascos de ultraizquierda por su extremado radicalismo. Caracterizada por la militarización, la impermeabilización y el sectarismo, HB no solía participar en la década de los ochenta en las actividades de los parlamentos español y vasco, pero tenía una fuerte presencia en el poder local. Los votos de HB se mantuvieron más o menos constantes en torno a un 10 % del censo electoral y un 15 % de votos válidos (unos 150 000 sufragios).

La campaña armada de ETA contra la democracia (1977-1981)

Tras la amnistía decretada en marzo de 1976, que devolvió al País Vasco a muchos exiliados, la nueva amnistía de 30 de julio de 1976 llevó a la liberación el 11 de marzo de 1977 de todos los militantes de ETA salvo a los acusados en espera de juicio por delitos de sangre. En mayo, el gobierno dejó libre al último preso etarra, aunque una serie de ellos fueron enviados al extranjero y se les prohibió volver a España. Estas medidas no mitigaron el conflicto, sino que la efervescencia política y social movilizó a miles de jóvenes vascos, nutriendo espectacularmente las filas de ETA, hasta desarrollar en un año una organización de 450-500 militantes, la mayoría de origen «poli-mili», y en un 25 % estudiantes y parados.

Durante los años siguientes, ETA(p-m) siguió simultaneando la acción política con la lucha armada. En 1978-1979 tomó once rehenes, entre ellos el político democristiano Javier Rupérez (secuestrado por un mes desde el 11 de noviembre de 1979[88]), pero ello no le impidió recomendar el voto afirmativo al Estatuto de Autonomía en el referéndum celebrado el 25 de octubre de 1979. A fines de 1980, EE entró en conversaciones con el gobierno Suárez para obtener un alto el fuego permanente de ETA(p-m). Tras el golpe de Estado de 23 de febrero de 1981, los «polis-milis» aceleraron su desmilitarización, propusieron un alto el fuego y renunciaron formalmente a la lucha armada, autodisolviéndose el 30 de septiembre de 1981. Pero un sector disidente, denominado ETA(p-m) VIII Asamblea (celebrada en febrero de 1982) u «octavos» continuó la violencia hasta 1983, en que la mayoría de sus activistas constituyeron ETA (p-m) VIII Asamblea pro KAS o «miliki», que acabó uniéndose a ETA(m) en 1984 tras la difusión de un documento de autocrítica.

Como ha sucedido en todas sus escisiones, el sector minoritario de ETA, partidario de dar prioridad a la lucha armada, terminó por erigirse en actor central de la escena independentista, adoptando una estructura que favoreció su perpetuación como grupo, sin influencias exteriores. ETA(m) se organizó desde 1974 según los principios del centralismo democrático, y al margen de los organismos de masas. Durante muchos años estuvo estructurada en cuatro alas: cultural, política, laboral y militar. Tras el surgimiento de HB y EE, que asumieron gran parte de las tres primeras funciones, la organización se redujo a las secciones necesarias para el funcionamiento del aparato violento: la oficina de propaganda, el departamento de finanzas, el suministro de informaciones y el entrenamiento militar. El País Vasco fue dividido en distritos, de los cuales era responsable un jefe del que dependían los comandos que operaban en su territorio. Los comandos eran unidades de acción integradas por 3-5 miembros que operaban independientemente y tenían poco conocimiento entre sí. La mayor parte eran legales, aunque había comandos de liberados o ilegales que vivían en la clandestinidad, comandos especiales para acciones particularmente difíciles, comandos informativos y comandos autónomos, que operaban más o menos por su cuenta y que mantenían una conexión laxa con la organización central[89].

Según los estatutos, hasta la muerte de Franco existían tres organismos principales: la Biltzar Nagusia (Asamblea General), en la cual podían participar todos los dirigentes importantes (unos 40 o 50), decidía la ideología y la estrategia de la organización, y era competente para tomar las decisiones de principio. Hasta 1965 las asambleas generales se reunieron casi todos los años, pero a partir de entonces lo hicieron con menos frecuencia, y después de la VII Asamblea de 1976 no se ha oído hablar de otras, de modo que no se sabe si ETA(m) se rige verdaderamente por el principio democrático o ha adoptado otros canales de debate y decisión. La Biltzar Ttippia (Pequeña Asamblea o Comité Central), concebida como el órgano intermedio entre la Asamblea General y la cúpula de ETA, solo tuvo operatividad entre fines de 1977 y 1981. Se reunía de forma más frecuente que la Asamblea General, y su función era sobre todo la de controlar la Comisión Ejecutiva[90]. Seleccionaría a los «liberados» (combatientes activos a tiempo completo) y coordinaría las diversas secciones (propaganda, relaciones exteriores, finanzas, zulos, comandos de información, oficina política, etc.) articuladas por el sistema celular. Desde 1981 todas las decisiones fueron tomadas por el Comité Ejecutivo o Dirección (Zuzendaritza) de cinco personas, formado por cooptación, a la cual le correspondían las tareas administrativas, mientras que los coordinadores eran los cuadros intermedios entre la organización y los activistas. La organización se estructuraba en dos ramas principales y tres secundarias:

Aparato militar, estructurado en comandos ilegales, «liberados» o clandestinos (activistas fichados que vivían en la clandestinidad y eran remunerados), organizados a semejanza de las Unidades de Servicio Activo del IRA, creadas por Gerry Adams en 1975, y dirigidos sucesivamente por Juan Lorenzo Lasa, «Txikierdi», Santiago Arróspide, «Santi Potros», y Francisco Múgica, «Pakito». Existían también comandos legales, constituidos por militantes cuya vinculación a ETA resultaba desconocida para la policía, que realizaban su vida ordinaria, pero participaban de forma oculta en las actividades de la organización terrorista. Dirigidos por Domingo Iturbe, «Txomin», se constituyeron 201 desde el origen de la banda hasta 1995[91].

Por último, los comandos especiales o Bereziak (como los comandos itinerantes) estaban compuestos de tres a cinco miembros, y se encargaban de los secuestros y los atentados. La mayor parte de los comandos se reclutaban bajo criterios de clan (parientes o cuadrillas de amigos), a fin de limitar los riesgos de la infiltración. Entre 1977 y 1980, el ritmo de constitución de comandos resultó frenético (36 en 1978), pero a partir de las grandes redadas en Francia de 1986-1987 la estructura de «legales» comenzó a entrar en crisis, de modo que la dirección optó por reducir este tipo de unidades y crear comandos satélites formados por militantes no fichados, organizados en torno a los comandos «liberados» que operaban en País Vasco y Navarra en una verdadera ocupación de territorio con los comandos «Araba», «Bizkaia», «Donosti», «Gohierri» y «Nafarroa». Pero en esas condiciones, el descubrimiento de un comando satélite desembocaba en la captura del comando «legal», como sucedió con los comandos «Araba» en septiembre de 1989, «Donosti» en agosto de 1991 y «Bizkaia» en agosto de 1991 y enero 1992. En 1993, ETA volvió a la estructura tradicional de comandos legales que operaban a través de Francia.

Aparato político, dirigido sucesivamente por Argala, Josu Ternera —que inició la reflexión sobre una posible tregua en 1987— y Txelis, donde se integraba entre otras, la estructura de propaganda, relaciones internacionales, comités de refugiados, etc.

Finanzas: ETA gastó un total estimado de 7100 a 7500 millones de pesetas entre 1978 y 1985, es decir, dispuso de un presupuesto de unos 400 millones anuales; entre 6500 y 6900 millones en secuestros de 1973 a 1997, y sobre todo partir de 1982; 1163 millones en extorsiones entre 1980 y 1986. Otorgaba 1200 francos de salario a los liberados en 1986, más otros mil si se estaba casado y 200 por cada hijo.

Logística, dedicada a la compra, fabricación y mantenimiento de armas, entre ellas metralletas propias y 11 250 kilos de amonal y amosal entre 1986 y 1997. El arsenal de ETA entre 1978 y 1997 contaba con 987 armas cortas, más de mil armas largas y 1200 granadas y 19 000 kilos de explosivo. En Francia se organizaban los depósitos de armamento y los taldes o grupos de reserva.

Información, infraestructura y mugas (fronteras), muy vinculado a las secciones militar y de logística.

La ofensiva que ETA emprendió el último trimestre de 1977, y que alcanzó su momento álgido en el cuarto trimestre de 1978 al hilo de la celebración del referéndum constitucional, coincidió con una caída importante de las movilizaciones populares en el País Vasco. La campaña terrorista de ETA(m) aumentó de intensidad y alcanzó cobertura nacional en los primeros años de la transición, hasta alcanzar su punto culminante en 1978-1980. Tras el asesinato de Argala por una bomba en San Juan de Luz a fines de diciembre de 1978, ETA(m) desplegó a lo largo de 1979 una campaña de represalias más sangrienta que las emprendidas en cualquier etapa en el franquismo, que fue respondida con acciones parapoliciales de «guerra sucia» contra el tesorero de ETA(m) José Manuel Pagoaga en Donibane en enero de 1979 o contra Txomin Iturbe en Biarritz en mayo. Mientras HB convocaba manifestaciones o actos de desobediencia que eran reprimidos por la policía, ETA(m) respondía matando a agentes o a personas de derechas, en una peculiar «estrategia de la tensión» con acusado componente simbólico; cuando un activista moría, su funeral era motivo de furiosas manifestaciones y discursos subversivos pronunciados por portavoces de HB, que a su vez desembocaban en actos judiciales contra ellos, huelgas de hambre de los arrestados, manifestaciones de sus partidarios y declaraciones en favor de los presos de ETA[92].

Los 34 asesinatos cometidos entre 1968 y 1975 fueron ampliamente superados en 1979 con 72 muertos y en 1980 con 88. Entre 1978 y 1981 se produjeron el 37,8 % de las víctimas mortales de ETA a lo largo de toda su historia. Paradójicamente, a medida que disminuía la cifra de atentados, aumentaba el número de personas heridas. Eso se debe al empleo del coche bomba de manera continua e indiscriminada desde 1985. De todas ellas, algo menos del 40 % de las víctimas eran civiles, y el resto, concretamente el 61,1 %, eran miembros de los diferentes cuerpos de seguridad o de las Fuerzas Armadas. Por lo que respecta a las fuerzas de seguridad, la Guardia Civil supone el 26 % de los asesinados, la Policía el 19,27 %, un 12,35 % de las Fuerzas Armadas, un 2,6 % de policías municipales y un 0,65 % de la Ertzaintza. El mayor número de atentados ha tenido como escenario Guipúzcoa (35,25 %) y Vizcaya (29,48 %), seguidas por Madrid y Barcelona (10,27 y 7,57 %, respectivamente). Por detrás de ellas se sitúan Álava (5,9 %) y Navarra (4,9 %).

Según Letamendía, en Euzkadi a fines de los años setenta coexistían tres visiones divergentes de la lucha armada: la de ETA(p-m) que concebía el terrorismo como una lucha de retaguardia para garantizar los logros populares; la de ETA(m), para quien la vanguardia del enfrentamiento armado contra el aparato del Estado debía ser un bloque dirigente compuesto por partidos y organismos de masas, y la de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, para quienes las acciones armadas debían ser resultado de la «guerra civil» librada entre la autoorganización asamblearia obrera y la burguesía que explotaba y reprimía nacionalmente a los obreros vascos[93]. Tras la colocación de varias bombas en Chamartín, Atocha y Barajas en julio de 1979, las relaciones de EIA con ETA(p-m) entraron en crisis, y llevaron a un duro proceso de disociación política. Con todo, algunas acciones, como el secuestro de Javier Rupérez en noviembre-diciembre de 1979, fueron vistas como una afortunada aplicación de la estrategia «poli-mili» de complementar la acción legal con la lucha armada, ya que permitió la liberación de 26 presos vascos, la mayor parte pertenecientes a esta organización[94].

Por parte de ETA(m), los principales objetivos fueron los guardias civiles, los agentes de policía y los jefes del ejército en servicio en el interior del País Vasco. Pero ETA también trasladó sus acciones fuera de Euzkadi, organizando campañas de atentados en zonas turísticas levantinas en 1979-1980 y 1985-1986, y manteniendo una infraestructura terrorista estable en Barcelona y Madrid desde 1980 (el «comando Madrid» le costaba a la organización 26 millones de pesetas entre 1981 y 1987). Pero a la altura de 1977, ETA(m) ya no buscaba una victoria sobre el gobierno, sino una desestabilización del poder estatal que permitiera aplicar una estrategia negociadora en dos etapas: la primera consistiría en obligar al ejecutivo a hacer concesiones políticas sustantivas que se podían resumir en los puntos de la Alternativa KAS formulados en febrero de 1978: amnistía general para los prisioneros de ETA y retorno de los exiliados; legalización incondicional de todos los partidos políticos independentistas; salida del País Vasco de todas las fuerzas militares y policiales del Estado, o control de las mismas por el gobierno vasco; mejora de las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera vasca y promulgación de un auténtico Estatuto de Autonomía que reconociera el derecho de autodeterminación y previera la inclusión de Navarra en un País Vasco independiente a corto plazo. Una vez logrado un amplio autogobierno para Euzkadi, en la segunda etapa ETA(m) no renunciaría a la lucha armada, sino que preveía la utilización de la violencia contra la burguesía vasca en el poder, hasta lograr su aspiración de constituir un régimen popular de corte socialista[95]. Luego, en 1986, esta propuesta se redujo a tres puntos básicos (autodeterminación, amnistía e incorporación de Navarra), y en 1995 fue sustituida por la llamada «Alternativa Democrática», que se basaba en el impulso no condicional de un proceso de construcción nacional que debía ser protagonizado por la propia sociedad vasca.

En esta fase de la guerra de desgaste que se inició hacia febrero de 1978, el Estado y ETA(m) se tantearon a través de negociaciones en Argel en 1989. El comando Madrid estuvo activo desde 1978, atacando a militares o guardias civiles, y en 1986 fue responsable de 22 asesinatos, hasta que en julio fueron detenidos tres de sus miembros. A lo largo de diez años mató a 60 personas y en 1989 estaba compuesto por alrededor de una docena de activistas que gozaban de un amplio apoyo logístico[96].

Tras una visita que rindió a Alemania en septiembre de 1978, el ministro del Interior Rodolfo Martín Villa envió al País Vasco a un grupo de 60 miembros del Cuerpo Superior de Policía al mando del comisario Roberto Conesa, responsable de la Brigada Central de Información, para analizar la información disponible sobre ETA. El grupo de Conesa practicó 180 detenciones hasta fines de año, estimulando los atentados letales. Este tipo de arrestos indiscriminados duró hasta 1987, cuando comenzó a regularizarse la judicialización de las detenciones. Al equipo de Conesa se sumaron en febrero de 1979 los grupos de operaciones especiales de la Policía (GEO, con 120 hombres) y la Guardia Civil (GAR, con 450 hombres), creados en 1978 gracias al asesoramiento de expertos extranjeros. A fines de la década de los setenta, la Guardia Civil tenía instalado en el País Vasco un 20 % de su fuerza global, para una población que era el 7 % del total español[97]. A este desmesurado despliegue debía añadirse la acción de varias agencias de información antiterrorista: Comisaría General de Información de la Dirección General de la Policía, Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC) y Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), que fueron reunidos en una Mesa de Coordinación Informativa a fines de 1983.

A inicios de 1978, el gobierno aumentó cuantitativa y cualitativamente las medidas antiterroristas de forma inconexa. En marzo de 1981, con Rosón como ministro del Interior, se creó el Mando Unificado de la Lucha Contraterrorista (MULC) bajo el control del comisario Manuel Ballesteros, y se encauzó estrictamente la actividad de las fuerzas del orden dentro de la legalidad. A fines de marzo de 1981 se encomendó a las Fuerzas Armadas la misión de vigilar la frontera vasco-francesa, tarea que asumió la Guardia Civil a fines del verano. A inicios de 1983 se reordenó la estrategia operativa con la creación del Plan Zona Especial Norte (ZEN), con el objeto de aislar a ETA dentro de la sociedad vasca. El endurecimiento de la lucha antiterrorista a partir de 1984 se confirmó con la promulgación de la Ley Orgánica 9/1984 de 26 de diciembre contra la Actuación de Bandas Armadas y Elementos Terroristas (Ley Antiterrorista), que estuvo en vigor hasta noviembre de 1987, cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional parte de su articulado en aspectos como el plazo de detención, el delito de apología, la incomunicación sin decisión judicial y la clausura de medios de comunicación. Esta ley mantenía la detención preventiva de diez días, la incomunicación del detenido, los registros domiciliarios sin autorización judicial previa y la observación postal y telefónica, y equiparaba el delito frustrado y el consumado, elevando considerablemente el coste de la comisión de atentados. Posteriormente, las disposiciones legales contra el terrorismo se incorporaron a la legislación ordinaria, como la Ley Orgánica 3/1988 de 25 de mayo para la reforma del Código Penal y la Ley Orgánica 4/1988 de 25 de mayo para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que formaban parte del articulado del nuevo Código Penal de 1996.

Los años de estancamiento (1981-1992)

La intentona golpista de febrero de 1981 marcó los límites de la estrategia desestabilizadora impulsada por ETA(p-m). El 28 de febrero, los «polis-milis» anunciaron una tregua indefinida y liberaron a los cónsules de Uruguay, El Salvador y Austria que habían sido secuestrados una semana antes como respuesta por la muerte de Arregi. Con todo, el empresario Luis Suñer fue secuestrado durante la tregua y liberado el 14 de abril tras tres meses de cautiverio, a cambio de una enorme suma de dinero. A fines de año, obedeciendo a las decisiones de su VII Asamblea, ETA(p-m) decidió renunciar a la violencia, pero los disidentes convocaron una VIII Asamblea y llegaron a la conclusión de que no se daban las condiciones necesarias para dejar las armas definitivamente. El 18 de febrero se consumó una escisión anunciada: la mayoría (unos 80 militantes), autodenominada ETA-VIII, mantuvo su opción por la lucha armada, mientras que la minoría de ETA(p-m)-VII preconizó una salida negociada que llevó a la autodisolución definitiva de los «polis-milis» en septiembre de 1982. El grupo mayoritario se descompuso tras el clamor popular desatado tras el secuestro y ulterior asesinato del capitán Alberto Martín Barrios en octubre de 1983. A inicios de 1983, los «octavos» sufrieron una nueva escisión de la que salió ETA(p-m) VIII Asamblea-línea KAS, partidaria de integrarse en ETA(m), cosa que hicieron el 4 de febrero de 1984.

Desde 1984 se evidenciaron nuevos conatos de división entre la línea dura de ETA(m) partidaria de una salida negociada, representada por Francisco Múgica Garmendia, «Pakito», y los «blandos» que tenían como portavoz a Domingo Iturbe Abasolo, «Txomin» (muerto en extrañas circunstancias en Argelia el 25 de febrero de 1987), favorables a un alto el fuego incondicionado y a las negociaciones directas y discretas con el gobierno de Madrid. Especialmente desde 1985, ETA(m) comenzó a debilitarse por varios factores: en primer lugar, el lento reflujo del apoyo popular, para quien ETA ya no representaba un escudo contra la represión franquista ni una garantía para mantener una baza negociadora de fuerza ante el gobierno central, sino un elemento perturbador en la normalización política, económica y social del territorio. En segundo término, la mayor eficacia policial (la vida activa de un miembro de ETA era por esos años de poco más de 33 meses), perturbada más que favorecida por las acciones de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). En tercera instancia, el cambio de actitud de los gobiernos galos, que en enero de 1979 retiraron a los vascos el estatuto de refugiado político (200 en 1978, 400 en 1987 y un millar en 1992), y a partir de 1983 comenzaron a cuestionar seriamente las motivaciones políticas de las actividades de ETA. En diciembre de 1983 se firmó el primer acuerdo antiterrorista al más alto nivel entre Mitterrand y González, que incluía procesos de deportación y confinamiento a terceros países tras la firma de los acuerdos de La Castellana de 14 de junio de 1984, cuando coincidiendo con las primeras expulsiones de etarras, los ministros del Interior Barrionuevo y Gaston Deferre establecieron las nuevas bases de cooperación antiterrorista de ambos gobiernos socialistas, vinculando las medidas represivas de las autoridades francesas a la implementación por parte española de una política de reinserción social de los presos de la banda. En 1984 se creó una brigada especial antiETA en la Police de l’Air et des Frontières (PAF[98]). Como respuesta a las primeras extradiciones de miembros de la banda y a la detención en 1985-1986 de casi toda su dirección (Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, «Txikierdi», Isidro Garalde, «Mamarru», o Domingo Iturbe Abásolo, «Txomin»), ETA(m) abrió las hostilidades contra los intereses franceses a ambos lados de la frontera, incrementó la presión sobre los encarcelados (con la creación de comunas de presos) y los arrepentidos (muerte de María Dolores González Catarain, «Yoyes», el 10 de septiembre de 1986) y acentuó la lógica de la acción terrorista perpetrando atentados indiscriminados como el realizado por Rafael Caride Simón, «Lutxo», Josefa Mercedes Ernaga y Domingo Troitiño Arranz en el Hipercor de Barcelona el 19 de junio de 1987, que arrojó un balance de 21 muertos y 45 heridos. Este atentado, el más sangriento de la historia de ETA, provocó una crisis de relaciones entre la organización terrorista y HASI, que fue resuelta con la purga de la dirección de esta última a fines de año.

Con todo, el asesinato de policías y militares siguió siendo el objetivo principal de ETA(m) en los años ochenta, aunque en la segunda mitad de la década los atentados se hicieron más indiscriminados a causa del uso preferente de coches-bomba, lo que multiplicó el número de víctimas: bombas en la calle Juan Bravo el 25 de abril de 1986 con cinco guardias civiles muertos y en la Plaza de la República Dominicana el 14 de julio de 1986 con doce guardias muertos y más de cincuenta personas heridas. El 11 de diciembre de 1987, José Antonio Urrutikoetxea, «Josu Ternera», dio orden al comando itinerante dirigido por el francés Henri Parot de colocar una bomba en el cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, que causó once muertos (de los cuales cinco niños y dos mujeres) y cuarenta heridos. El 29 de mayo de 1991, un atentado similar en el cuartel de Vic provocó nueve muertos, de ellos cuatro niños, y medio centenar de heridos. Esta estrategia de huida hacia adelante se aplicó en parte como venganza por las acciones perpetradas por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) de 1983 a 1986.

El terrorismo mercenario de Estado pasó por tres fases: desde el último estado de excepción de abril de 1975 hasta el primer trimestre de 1977 las acciones fueron reivindicadas por la organización Antiterrorismo ETA (ATE), que operaba en Francia con apoyo de exmiembros de la OAS. En noviembre de 1975 se apuntó por primera vez contra miembros distinguidos de ETA, cuando se trató de asesinar en Biarritz, sin éxito, a José Antonio Urrutikoetxea, «Josu Ternera», y a Domingo Iturbe Abásolo, «Txomin». La segunda fase, que se puede datar desde el verano de 1978 hasta fines de 1980, fue protagonizada por el Batallón Vasco-Español (BVE), al que se responsabilizó de la muerte de doce refugiados vascos, entre ellos Argala en Anglet el 21 de diciembre de 1978. El hecho más relevante fue el atentado en el bar Hendayais el 23 de noviembre de 1980, donde un grupo de mercenarios, al parecer enviado por el policía Antonio González Pacheco, alias «Billy el Niño», mató a dos personas ajenas al problema vasco e hirió a dos miembros de ETA. Tras alcanzar la frontera, los miembros del grupo fueron capturados por la Guardia Civil, pero Manuel Ballesteros, comisario general de información y por entonces máximo responsable del MULC, ordenó su liberación[99]. La tercera fase arrancó del secuestro y asesinato del capitán de farmacia Alberto Martín Barrios en Bilbao en octubre de 1983. La indignación en ciertos sectores militares y policiales puede estar en el origen de los GAL, que comenzaron su andadura pocos días antes de la muerte de este capitán, con la desaparición en Bayona de los jóvenes refugiados vascos José Antonio Lasa Aróstegui y José Ignacio Zabala Artano. Los GAL mataron a 27 personas entre octubre de 1983 y julio de 1987, con su punto máximo en 1984-1985, pero más de un tercio de sus atentados fueron errores o acciones indiscriminadas. Su peripecia violenta, en la que destacó el asesinato del senador de HB Santiago Brouard el 20 de noviembre de 1984, terminó bruscamente en el verano de 1986, coincidiendo con el comienzo de las expulsiones hacia España de refugiados vascos por el gobierno francés, que ascendieron a 180 a fines de 1988. Estos distintos grupos parapoliciales y de extrema derecha, que emplearon una heterogénea cantera de veteranos de la guerra de Argelia como Jean-Pierre Cherid o Mohammed Kira, mercenarios portugueses y miembros de la extrema derecha argentina, italiana y española, provocaron la muerte de 69 independentistas entre 1975 y 1987[100].

El bienio 1985-1986 marcó una línea divisoria en ETA, que se vio obligada a abordar una modificación de sus estructuras internas en vías de una mayor simplificación. Tras el fin de la impunidad en el santuario francés, la banda extendió sus actividades fuera del País Vasco y Navarra, especialmente a Madrid y Barcelona. También, como sucedería en 1992, se radicalizó la lucha con actuaciones indiscriminadas basadas en la colocación de coches-bomba. La estrategia de desgaste también era una baza a jugar en el marco de las propuestas periódicas de tregua y negociación que se fueron sucediendo a inicios de 1988, inicios de 1989 y el verano de 1992, y que siempre fueron rechazadas oficialmente por el gobierno. Los grandes atentados contra varios generales, el rey Juan Carlos o el jefe de la oposición José María Aznar, tuvieron el propósito de quemar etapas en ese proceso negociador. Los primeros contactos con ETA los había realizado Marcelino Oreja en calidad de emisario del rey en noviembre de 1975. Tras las reuniones en Ginebra de diciembre de 1976-enero de 1977, Rosón mantuvo negociaciones a inicios de los ochenta, y hubo conversaciones para la reinserción de los «polis-milis» en 1983 y nuevas deliberaciones de Argel entre Julián Sancristóbal y Antxon, Carmen, Makario y Txikierdi en 1983. Tras mantener múltiples contactos de junio de 1984 a noviembre de 1985, ambas partes entablaron conversaciones en Argel en dos fases: la primera, de noviembre de 1986 a febrero de 1988, incluyó la oferta de tregua en enero de 1988 que fue cortada en seco por el secuestro de Emiliano Revilla el 24 de febrero. En el transcurso de estas conversaciones, entre la muerte accidental de Iturbe el 25 de febrero de 1987 y la incorporación de Etxebeste a la mesa de diálogo se produjeron los atentados de Hipercor y de Zaragoza, que estaban previstos para alcanzar una postura de fuerza ante las negociaciones. Una tregua declarada el 8 de enero de 1989 sirvió para abrir la segunda fase de las conversaciones entre el 14 de enero y 22 de marzo, pero los contactos quedaron interrumpidos el 4 de abril[101].

La cooperación con Francia se intensificó en la segunda mitad de la década de los ochenta[102]. El gobierno de Chirac (1986-1988) inició las expulsiones administrativas masivas por la vía de urgencia y aplicó sistemáticamente la política de extradiciones desde julio de 1986. Desde esa fecha, la policía francesa emprendió grandes operaciones antiterroristas que acabaron con el «santuario» de ETA en el sur de Francia. El 5 de noviembre de 1986, la policía gala invadió los locales de la cooperativa Sokoa gracias a la ayuda de la CIA, y encontró la lista de los 140 liberados que formaban la cúpula de la organización, los archivos financieros (que revelaron la suma de 11 163 000 pesetas de presupuesto y 110 000 pesetas de sueldo mensual para jefes y de 38 000 a 76 000 pesetas para los activistas de base), los documentos de apoyo a HASI y a Jarrai y las listas de un centenar de empresarios que pagaban el impuesto revolucionario (2500 millones de pesetas fueron recaudados por este procedimiento desde 1970). El 16 de enero de 1987, el comando Madrid fue desmantelado gracias a la explotación de la información localizada en Sokoa. En 1987 se establecieron células permanentes de expertos antiterroristas españoles en París y Bayona.

En marzo de 1987, Domingo Iturbe falleció en Argelia y tomó el mando de la organización el colectivo Artapalo, formado por Francisco Mújica Garmendia, «Pakito», José Luis Álvarez Santacristina, «Txelis» y José María Arregi Erostarbe, «Fitipaldi». La detención de Santi Potros en 30 de septiembre de 1987 y de Josu Ternera el 11 de enero de 1989 fueron el preludio de la mayor operación contra ETA: la detención de su cúpula en Bidart el 29 de marzo de 1992. En los meses siguientes cayeron varios dirigentes que debían haber recompuesto la dirección de ETA, que quedó seriamente tocada en sus infraestructuras básicas, hasta el punto de que a la altura de 1989 solo había dos centenares de etarras refugiados en Iparralde. Con ello desaparecieron los mitos de la invulnerabilidad y la invencibilidad de ETA, que abrió un período de reflexión cuya desembocadura fue la teoría de la «socialización del sufrimiento».

La mayor colaboración al otro lado de la frontera se unía a otros factores no menos importantes que hicieron decrecer la capacidad coactiva de ETA desde mediados de los años ochenta, como la aparición de los grupos pacifistas vascos Gesto por la Paz o Elkarri desde 1986[103], la dispersión de los presos etarras ordenada por el ministro Enrique Múgica en enero de 1987, la implicación de la policía vasca (Ertzainza) en la lucha antiterrorista y la coordinación de la lucha política a través del Pacto de Madrid en noviembre de 1987 (donde se acordó la posibilidad de negociar con ETA una amnistía condicionada al abandono de la lucha armada y se deslegitimó a la organización terrorista como interlocutora política) y el Acuerdo para la Normalización y Pacificación de Euskadi o Pacto de Ajuria Enea de 12 de enero de 1988. Este acuerdo reivindicaba el Estatuto de Guernica como «expresión de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos del País Vasco», y proponía una acción coordinada para combatir el terrorismo mediante el cerco social a los violentos, además del apoyo institucional para un fin dialogado de la violencia y la derogación de la legislación especial antiterrorista. Los pactos garantizaron que el terrorismo no constituyera un tema de disputa entre los partidos, y permitieron consensuar con el PNV un modelo integral de lucha contra ETA.

La «socialización del sufrimiento» (1993-1997)

Desde 1988-1991, en coincidencia con el lento declive electoral de HB desde inicios de los noventa, el retroceso de la retórica marxista-leninista dejó al desnudo la involución ideológica de ETA, que renunció implícitamente a los valores tradicionales de la izquierda (libertad e igualdad) en favor de un fundamentalismo nacionalista sustentado socialmente en un comunitarismo primario y xenófobo donde se seguía haciendo hincapié en la vieja fraseología étnico-culturalista[104]. Tras la caída de la cúpula en Bidart en 1992 se produjo un nuevo relevo generacional, que tuvo menos eficacia que los anteriores, producidos a raíz del Proceso de Burgos en 1970 y a mediados de la década de los ochenta, si bien en todos ellos se constató un proceso de radicalización en relación con los nuevos líderes y con las bases militantes.

La estrategia etarra que surgió del proceso de debate interno de los años 1993 y 1994 tuvo una doble faz: el atentado selectivo y el hostigamiento social con el empleo de violencia callejera de baja intensidad (kale borroka o lucha callejera)[105] que obligasen a las «fuerzas enemigas» a abandonar Euskadi. No se trataba solo de apoyar los actos terroristas que cometían los comandos de ETA, sino de alentar la utilización de los sectores juveniles de izquierda abertzale, ya encuadrados de antemano en grupos violentos, para convertirlos en punta de lanza de una política de enfrentamiento civil encaminada a generalizar el miedo entre los ciudadanos vascos[106]. A tal fin, José Luis Álvarez Santacristina, «Txelis», elaboró el plan de lucha callejera y creó los grupos XYZ para desarrollar acciones violentas de pequeña envergadura. Se hablaba por entonces de «extender el conflicto» y «socializar el sufrimiento», aunque la kale borroka se concebía también como una escuela de terroristas que proporcionaba a los futuros militantes de ETA sus primeras experiencias de agresión en un ambiente de amplia impunidad. La movilización violenta de Jarrai, inspirada en las expediciones punitivas fascistas de los años veinte y en la Intifada palestina, alcanzó el máximo de su incidencia entre 1995 y 1997 (con 1135 actos violentos en 1996), cuando ETA apoyó la estrategia de intimidación mediante el empleo sistemático de la fuerza en la calle. Con esta actividad paraterrorista se fue asentando en algunos sectores juveniles radicalizados el germen de una cultura de la resistencia armada que dificultó enormemente la convivencia en el País Vasco, ya que el modelo de «construcción nacional» que propugnaba el MLNV implicaba una auténtica fractura social, basada en la exclusión de la comunidad civil de casi la mitad de la población[107]. La estrategia de «ulsterización» de ETA que se perfilaba entre esos años y se aplicó en el período posterior consistía, por tanto, en la implicación directa en actividades de violencia o de cobertura de la violencia de cientos de miembros de la base social de la izquierda abertzale no encuadrados formalmente en la estructura etarra, aunque sujetos a sus directrices e intereses, y, en segundo lugar, suponía la aplicación de esa violencia sobre amplios colectivos civiles y políticos cuya voluntad se quería quebrar y condicionar mediante la intimidación a gran escala[108].

La llegada al poder del PP en marzo de 1996 no cambió la política de Madrid hacia el problema vasco, aunque su acción se dirigió a minar el sostén político de la organización (con hechos relevantes como la detención de la Mesa Nacional de HB por colaboración con banda armada) y perseguir el terrorismo de baja intensidad desplegado por Jarrai. ETA(m) decidió entonces golpear directamente a los políticos, en una reedición de la campaña realizada por ETA(p-m) en contra de los cargos de UCD en 1979-1980. La campaña se inició con el asesinato de Gregorio Ordóñez el 23 de enero de 1995. Tras el atentado frustrado contra José María Aznar de 19 de abril de 1995, ETA hizo público un documento que venía a sustituir a la «Alternativa KAS» de 1978: la «Alternativa Democrática», en la que dividía las cuestiones a debatir entre ETA y el Estado español (reconocimiento del derecho a la autodeterminación, unidad territorial y amnistía) y las que debían ser decididas y debatidas por los ciudadanos vascos. Se trataba de combinar las agresiones terroristas con acuerdos y decisiones que tomasen los partidos nacionalistas. La campaña de atentados continuó con la muerte de Fernando Múgica Herzog el 6 de febrero de 1996 y del profesor Francisco Tomás y Valiente el 14 de febrero de ese mismo año. En junio, ETA decretó una tregua de corta duración, en la que demandó al gobierno de Madrid una «respuesta clara y pública sobre sus intenciones a fin de solucionar el conflicto en el País Vasco». Los partidos democráticos ofrecieron abrir un diálogo bajo tres condiciones: la liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara (secuestrado desde el 17 de enero de 1996), el fin de la violencia y el reconocimiento de la pluralidad política del pueblo vasco. El gobierno respondió acercando a cárceles del País Vasco a una treintena de los 600 prisioneros de ETA, pero en julio la organización armada reinició su campaña de terror en centros turísticos de Andalucía y Cataluña.

El 10 de julio de 1997, ETA secuestró al concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco. La organización exigió, a cambio de su liberación, que los 460 miembros de la banda que se encontraban en cárceles dispersas por España volvieran al País Vasco. Al no aceptarse la petición, y vencido el plazo de 48 horas, con todo el país pendiente del suceso, el concejal fue asesinado de dos tiros en la cabeza. Este acto a sangre fría provocó que seis millones de personas —500 000 de ellas en Bilbao— se lanzasen a la calle en protesta haciendo nacer el llamado «espíritu de Ermua».

A la altura de 1997-1998, ETA estaba en un callejón sin salida por la presión conjunta de la policía y el acoso judicial. Francia detuvo a cincuenta etarras, y las iniciativas del juez Baltasar Garzón contra el vídeo electoral de HB en las elecciones de marzo de 1996 permitieron el procesamiento de toda la Mesa Nacional del partido por exaltación del terrorismo. Este grupo dirigente fue condenado a siete años de prisión por colaboración con banda armada por el Tribunal Supremo en 1 de diciembre de 1997, aunque sus integrantes fueron excarcelados por orden del Tribunal Constitucional en julio de 1999, en medio de una nueva tregua. Otra operación de Garzón contra el entramado KAS acabó con once detenidos en mayo de 1998, y con el cierre del diario Egin el 15 de julio de ese año. En marzo de 2001, Garzón ilegalizó la entidad internacional Xaki, en mayo a la organización juvenil Haika, en diciembre a las Gestoras pro Amnistía y en abril de 2002 a Segi, continuadora de Haika e impulsora de la kale borroka. A ello se debía añadir la creciente resistencia de la ciudadanía vasca, que comenzó a desafiar a ETA en la calle con la creación de Gesto por la Paz en 1987, la campaña del lazo azul tras el secuestro del empresario Julio Iglesias Zamora en julio de 1993 o la gran movilización tras el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco del 10 al 12 de julio de 1997[109].

Las salidas al conflicto, de Lizarra al «alto el fuego definitivo» (1998-2011)

Los asesinatos de 1996-1997 aceleraron la posibilidad de una salida «a la irlandesa», cuando la movilización anti-ETA hizo temer al nacionalismo moderado un vuelco de la opinión pública en su contra. Tras una serie de tanteos en 1986 y 1992, ETA y el PNV iniciaron conversaciones en 1998. El 16 de enero, el lehendakari José Antonio Ardanza propuso un diálogo sin límites sobre la «cuestión nacional» y dejar «la resolución dialogada del conflicto en manos de los partidos representativos de la sociedad vasca» a cambio de una tregua indefinida de ETA, términos que no fueron aceptados por el PP y el PSOE, lo que a su vez condujo al gobierno vasco a alejarse del Pacto de Ajuria Enea y al PSOE a abandonar el gobierno de Vitoria el 30 de junio[110]. La nueva estrategia soberanista culminó con el acuerdo de ETA, PNV y EA de agosto de 1998, que estableció el compromiso de «dar a partir de hoy pasos efectivos para crear una estructura institucional única y soberana» de todo el País Vasco (incluido el País Vasco francés y Navarra), «incentivar dinámicas y lograr acuerdos en torno a necesidades básicas y mínimas, tanto puntuales como a largo plazo, con las fuerzas favorables a la construcción de Euskal Herria y de sus derechos democráticos» y «romper con los partidos (PP y PSOE) que tienen como objetivo la construcción de España y la destrucción de Euskadi». La Declaración de Lizarra (Estella) de 12 de septiembre de 1998, firmada por PNV, EA, IU-EB, ELA, LAB y otros 23 partidos y sindicatos vascos, señalaba que la resolución del conflicto era política, y proponía una negociación abierta con la intervención de la sociedad vasca en su conjunto, sin condiciones previas, mediante un período exento de violencia donde serían abordadas todas las cuestiones. Proponía, bajo inspiración irlandesa, el inicio de «conversaciones multilaterales, sin condiciones inaceptables para las partes implicadas» con vistas a la autodeterminación en el marco de la Unión Europea o de una futura confederación española, bajo la consigna «Euskal Herria debe tener la palabra y la decisión»[111]. Y todo ello a cambio de una tregua unilateral e indefinida de ETA, que se hizo efectiva desde el 16 de septiembre de 1998, si bien no afectó a la actividad de los Grupos Y encargados de la kale borroka.

Aunque el PSOE y el PP rechazaron de plano el Pacto de Estella, el resultado de las elecciones autonómicas de 25 de octubre de 1998 fue interpretado como una apuesta por el proceso de paz. Herri Batasuna cambió de nombre para presentarse a las elecciones, pasando a llamarse Euskal Herritarrok (EH), plataforma electoral en la que se integraría HB. ETA esperaba que de las elecciones autonómicas de octubre saliese el último Parlamento estatutario. De ese modo, la independencia ya no se conseguiría poniendo muertos sobre la mesa, sino mediante la movilización política de todos los nacionalistas vascos en favor de la soberanía. Pero en las elecciones, EH subió del 16 al 17,7 % mientras PNV, EA y IU perdieron cuota electoral (PNV de 29,3 a 27,6 %,) y en conjunto no obtuvieron la mayoría absoluta para reeditar el pacto de gobierno. Si el llamado «bloque de Estella» representaba en 1994 al 64,4 % de los votos, en 1998 representaba solo el 59,5 %. Con todo, el 19 de mayo de 1999, EH firmó un pacto de gobierno con EA y el PNV. El mismo día, el gobierno del PP, representado por Ricardo Martí Fluxá (secretario de Estado para la Seguridad), Javier Zarzalejos (secretario general de la Presidencia) y Pedro Arriola (asesor de Aznar), inició conversaciones con los miembros de ETA Mikel Albizu, «Antza», y Belén González Peñalba, «Carmen», en Zurich, con el obispo de Zamora monseñor Uriarte actuando como moderador de los encuentros.

La asamblea de representantes municipales vascos de 6 de febrero de 1999 culminó el 18 de septiembre en la constitución de la Asamblea de Municipios de Euskal Herria o Udalbiltza como primera institución vasca soberana, y a decir de ETA, como posible asamblea constituyente vasca. Pero ante la falta de entusiasmo de los partidos nacionalistas, y tras la detención en Francia de Javier Arizkuren, «Kantauri» (lo que facilitó el acceso a la dirección de ETA de García Gaztelu y de otros terroristas que se habían opuesto a la tregua desde un principio), ETA declaró roto el alto el fuego el 28 de noviembre y volvió a la lucha armada a partir del 4 de diciembre. El 22 de febrero de 2000 fue asesinado el dirigente socialista Fernando Buesa y su escolta, lo que llevó al lehendakari Ibarretxe a declarar formalmente roto el pacto con Euskal Herritarrok, la nueva marca de Herri Batasuna. Solo en ese año se produjeron 23 víctimas mortales, entre ellos el fundador del Foro de Ermua, José Luis López de Lacalle, el magistrado del Tribunal Supremo José Francisco Querol Lombardero y el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia Luis Portero García. En septiembre de 2002, un comunicado de ETA declaró «objetivos militares» a todas las sedes y actos políticos del PP y el PSOE.

Tras la reanudación de los atentados, las elecciones autonómicas de mayo de 2001 fueron catastróficas para EH, que pasó del 17,3 al 10 % de los votos y redujo sus escaños a la mitad. En junio de 2001 se transformó en Batasuna, pero al mismo tiempo, el Congreso y la Fiscalía General del Estado pidieron al Tribunal Supremo que ilegalizase al partido. El 20 de agosto de 2002, Garzón incoó un sumario contra Batasuna por integración en organización terrorista, el 26 suspendió por tres años sus actividades considerando que era el nuevo brazo político de ETA, y el 21 de noviembre imputó un delito de pertenencia a banda armada a 22 miembros de la cúpula del partido. El 27 de diciembre, el Supremo admitió todas las pruebas aportadas al proceso de ilegalización, y el 28 de marzo de 2003 notificó la sentencia que ilegalizaba a Batasuna, EH y HB, y ordenó el cese inmediato de sus actividades. Tras la ilegalización, el 28 de marzo de 2003, el grupo parlamentario formado por siete diputados abertzales pasó a llamarse Sozialista Abertzaleak, pero el Supremo acordó también su disolución al estimar que la alteración del nombre no modificaba la identidad esencial del grupo. Al tiempo, se ponían a punto los instrumentos legales para una proscripción duradera de la alternativa abertzale. La Ley de Partidos, que abrió la posibilidad de ilegalización de las formaciones abertzales si no condenaban la violencia, fue votada en el Parlamento en junio de 2002 por el 88 % de los diputados, y el 26 de agosto la Cámara acordó instar al gobierno para que presentara ante el Tribunal Supremo la demanda de ilegalización de Batasuna, que se hizo efectiva en marzo de 2003. En septiembre de ese año, el gobierno vasco demandó al Estado español ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por violación de derechos fundamentales, pero la instancia europea rechazó la demanda el febrero de 2004. En diciembre de 2002, el PSOE y el PP formalizaron un pacto antiterrorista en el que proclamaron su intención de eliminar el terrorismo del ámbito de la legítima confrontación partidaria, pero a diferencia del Pacto de Ajuria Enea de 1988 no contemplaba la posibilidad de un final dialogado de la violencia, lo que supuso su rechazo frontal por parte del PNV.

Ante la imposibilidad de presentarse a los comicios autonómicos de 17 de abril de 2004, la agrupación de electores Aukera Guztiak (Todas las Opciones) concurrió a las elecciones para denunciar la conculcación de derechos que, en su opinión, sufría la sociedad vasca, pero de nuevo la Fiscalía General del Estado y el gobierno solicitaron al Supremo la ilegalización, cosa que hizo cinco días antes del inicio de la campaña electoral.

Entre 1996 y 2003 fueron detenidos un millar de miembros o colaboradores de ETA, de ellos 634 en España, 331 en Francia y 40 en otros países, lo que incluyó once dirigentes de los aparatos político, militar y logístico. En marzo de 2003, el Congreso de los Diputados aprobó una reforma del Código Penal que amplió el máximo de pena por delitos de terrorismo de treinta a cuarenta años. Ya en franco declive, con la estructura operativa reducida a mínimos por las detenciones y sin atentar mortalmente desde el 30 de mayo de 2003, ETA sufrió la detención de su dirigente Mikel Albizu Iriarte, «Mikel Antza», el 3 de octubre de 2004. Poco después, seis dirigentes históricos de ETA, entre ellos Francisco Múgica Garmendia, hicieron pública una carta en la que señalaban la inutilidad de la lucha armada. En Europa Occidental, ETA había quedado como el exponente postrero de un terrorismo étnico-separatista cuya estrategia revolucionaria había quedado anclada en los mitos subversivos de los años setenta. Para Domínguez Iribarren, «el mantenimiento del grupo y el ejercicio de la violencia se habían convertido en objetivos principales de ETA, por encima de los fines políticos alegados»[112]. La sustitución del fin (la independencia) por el medio (la lucha armada) conducía a la organización a una inversión y un declive difícilmente reversibles, donde los atentados eran de forma cada vez más evidente para el consumo interno, no para negociar, sino para levantar la decaída moral de los activistas o para hacerles desistir de adoptar decisiones de deserción individual.

En agosto de 2004, cuatro meses después de asumir el poder, José Luis Rodríguez Zapatero recibió una carta en la que ETA le pedía el establecimiento de una vía de comunicación con el gobierno. El 14 de noviembre, Batasuna celebró en el velódromo de Anoeta en San Sebastián un acto político donde su portavoz Arnaldo Otegi presentó una nueva línea política con una apuesta «por la paz» y «por la utilización de vías exclusivamente políticas y democráticas» para resolver «el conflicto vasco». Batasuna proponía un doble diálogo entre el gobierno central y ETA, por un lado, y entre todos los partidos vascos, incluido Batasuna, por otro. El 15 de enero de 2005, el presidente del gobierno reclamaba a ETA el cese de la violencia para «escuchar» a Batasuna. Por fin, ETA proclamó el 22 de marzo de 2006 un «alto el fuego permanente» dirigido a «impulsar un proceso democrático en Euskal Herria para construir un nuevo marco en el que sean reconocidos los derechos que como pueblo nos corresponden». El presidente del gobierno solicitó prudencia y serenidad ante el inicio de un proceso de paz que preveía «largo y difícil». Al tiempo, en febrero, el Tribunal Supremo adoptó al llamada «doctrina Parot», por la que los delincuentes condenados por varios crímenes a más de treinta años de cárcel tendrían que cumplir íntegra la condena, en vez de los veinte que solían purgar antes de la reforma del Código Penal.

La tregua fue rota el 30 de diciembre con un atentado con explosivo en el aeropuerto de Barajas que causó dos muertos. En enero de 2007, el Supremo declaró organización terrorista a Jarrai, y a fines de año hizo lo propio con los dirigentes de Ekin, la coordinadora sucesora de KAS. El 6 de junio de 2007, ETA anunció mediante un comunicado enviado al diario Gara el final oficial de la tregua, y volvió a matar el 1 de diciembre de 2007, esta vez a dos agentes de la Guardia Civil que efectuaban un misión encubierta en Francia. Pero la capacidad operativa de la banda ya estaba bajo mínimos: 146 presuntos etarras fueron detenidos en España y el extranjero en 2004, 88 en 2005, 43 en 2006 y 125 en 2007. La cúpula fue desarticulada repetidas veces: el 4 de octubre de 2004 (Mikel Albizu, «Mikel Antza», y Soledad Iraraguirre, «Anboto»), el 20 de mayo de 2008 (Javier López Peña, «Thierry»), el 17 de noviembre de 2008 (Mikel Garikoitz Aspiazu, «Txeroki») y el 8 de diciembre de ese año (Aiztol Iriondo). En mayo de 2009 cayó el último jefe militar de la banda, Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, «Ata», junto con su lugarteniente Arkaitz Agirregabiria.

La ilegalización y la multiplicación de las detenciones (305 entre 2008 y 2010) hicieron aflorar la contradicción, latente desde la ruptura de la tregua de 2006, entre el brazo político y el militante del MLNV. Un sector encabezado por Arnaldo Otegi llegó a la conclusión de que no habría legalización de la izquierda abertzale mientras ETA estuviera en activo. El 14 de diciembre de 2009, la policía detuvo a Otegi, Rafael Díez Usabiaga, Rufino Etxebarría y otros dirigentes que estaban diseñando la reorganización de la izquierda abertzale. En ese momento, las asambleas de las bases de Batasuna ya discutían un documento llamado «Clarificando la fase política y la estrategia» que defendía únicamente «vías y medios exclusivamente políticos y democráticos», mientras que ETA planteaba la ponencia alternativa Mugarri (hito), en la que volvía a erigirse en vanguardia de la izquierda abertzale y proclamaba la vigencia de la lucha armada mientras no hubiera contrapartidas políticas. El forcejeo interno en el seno del MLNV se resolvió en la asamblea celebrada en Alsasua el 14 de noviembre, que asumió los principios que habían llevado al proceso de paz en Irlanda del Norte y que incluía un compromiso irreversible de renuncia a la violencia para conseguir fines políticos. A inicios de 2010, Batasuna presentaba el documento Zutik Euskal Herria, acordado por la gran mayoría de los 7000 militantes que habían participado en el debate interno, y que señalaba como «únicos instrumentos» la «lucha de masas, la lucha institucional e ideológica, la modificación de la correlación de fuerzas y la búsqueda del apoyo internacional». Tras la petición hecha por 21 mediadores (entre ellos cuatro premios Nobel: Betty Williams, Frederick Willem de Klerk, John Hume y Desmond Tutu) en Bruselas el 29 de marzo de 2010 para que ETA declarara un alto el fuego permanente supervisado internacionalmente y el gobierno español abriera un proceso de negociación con la banda, la declaración de la izquierda abertzale reunida en Pamplona el 24 de abril reprochó a ETA la ruptura de la anterior tregua y la emplazó a declarar un nuevo alto el fuego. El acuerdo firmado el 3 de septiembre entre EA y Batasuna para apoyar un alto el fuego con verificación internacional llevó a ETA a declarar el 5 de septiembre el fin de las «acciones armadas ofensivas». Para entonces, el desmantelamiento policial de una base etarra en Portugal, la frustración de la instalación de otra infraestructura en Cataluña y la detención del nuevo jefe militar Ibon Gogeaskoetxea dejaron a la banda en un estado de extrema debilidad (sin fondos y con apenas 70 terroristas en activo) que posibilitó la toma de la iniciativa por Batasuna. El «Acuerdo por un escenario de paz y soluciones democráticas» firmado en Guernica el 25 de septiembre por Batasuna, EA, Aralar y una veintena de organizaciones políticas y sindicales, ya pedía el cese unilateral de la violencia sin contrapartidas políticas. El 10 de enero de 2011, ETA se vio obligada a declarar que el alto el fuego anunciado en septiembre anterior sería permanente, general y verificable por los observadores internacionales designados al efecto, y en abril anunció el fin de la extorsión a los empresarios del País Vasco y Navarra. En las elecciones municipales y forales de 22 de mayo, el partido de la izquierda abertzale Bildu, que había sido legalizado por el Tribunal Constitucional, se convirtió en la segunda fuerza en el País Vasco en alianza con EA y Alternatiba. El éxito electoral avaló la estrategia del sector de Otegi y redujo aún más la influencia de la banda.

Los sucesos se precipitaron a partir de entonces: el 25 de septiembre el colectivo de presos se adhirió a la Declaración de Guernica, y cuatro días más tarde se presentó en San Sebastián la autodenominada Comisión Internacional de Verificación del alto el fuego declarado por ETA el mes de enero anterior. El día 30 Ekin, el aparato político de la banda, anunció su disolución, y el 2 de octubre, la organización terrorista se comprometió a colaborar con el llamado Grupo Internacional de Contacto. Tras la celebración el 17 de octubre de una Conferencia Internacional de Paz en el palacio de Ayete de San Sebastián con mediadores internacionales como Kofi Annam, Gerrey Adams, Bertie Ahern, Gro Harlem Brundtland, Pierre Joxe y Jonathan Powell, ETA anunció el 20 de octubre de 2011 el cese definitivo de su actividad armada.

Entre 1978 y 1992, ETA perpetró 2459 atentados que causaron 653 muertos (159 guardias civiles, 117 policías, 75 militares, 15 policías municipales, 4 ertzainas y 236 civiles) y 1605 heridos. El total de muertos causados por la banda a lo largo de sus 43 años de lucha armada asciende a 829. El período más cruento fue la década 1978-1987, con 497 asesinatos. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (incluida las policías locales y autonómicas) se llevaron la peor parte de esta estadística, con un 46 % del total de víctimas mortales, de las cuales 203 correspondieron a la Guardia Civil, 146 a la Policía Nacional, 38 a las policías locales y autonómicas y uno a la Gendarmerie Nationale francesa, precisamente la última víctima mortal que ETA provocó el 16 de marzo de 2010 al sur de París. A ello hay que añadir 151 etarras muertos desde 1968 a 2006. El coste directo de las destrucciones, según Domínguez Iribarren, se acerca al billón de pesetas, más de la mitad correspondiente a las pérdidas e indemnizaciones por el cierre de la central nuclear de Lemóniz[113]. No se cuenta el coste real para la economía vasca en fuga de capitales, desvío de inversiones extranjeras, inhibición de agentes económicos y oportunidades perdidas[114].

3. EL INDEPENDENTISMO VIOLENTO EN QUÉBEC

Con la excepción de los independentistas de Puerto Rico, que desde los años cincuenta han utilizado eventualmente la violencia (sobre todo las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, que de 1974 a 1985 iniciaron una campaña de bombas sobre bancos, empresas y oficinas gubernamentales[115]), el nacionalismo quebequés es el único movimiento étnico-nacionalista que en el continente americano ha optado por la lucha armada. Su nacimiento está directamente vinculado con el incremento de las expectativas políticas y sociales generado en la provincia francófona de Canadá por la «Revolución tranquila» (1960-1966), que implicó un período de desarrollo industrial y de afirmación de la identidad nacional de las clases medias. El independentismo, nacido tímidamente en 1958 como un movimiento de derecha, comenzó a identificarse de forma preferente con las aspiraciones de la izquierda en el proceso de apertura hacia los problemas del mundo contemporáneo, especialmente el proceso descolonizador[116]. De hecho, durante los años sesenta, Québec no fue el único lugar donde el nacionalismo adquirió un especial dinamismo reivindicativo, sino que era uno más de una serie de revivals etno-nacionalistas que en Europa afectaron a territorios como el País de Gales, Escocia, País Vasco, Cataluña, Bretaña, Valonia o Flandes[117].

Crear un «neo-Vietnam»: origen y evolución de la violencia del FLQ

En 1963-1964 se produjo una evidente radicalización del movimiento independentista, que tuvo como episodios más destacados la aparición de grupos terroristas como el Front de Libération de Québec (FLQ) o la Armée de Libération de Québec (ALQ[118]). Fue entonces cuando se pudo constatar un recrudecimiento de la efervescencia callejera, motivada por un relativo estancamiento económico de Québec y el desarrollo de otras regiones, como el oeste canadiense, en el proceso de integración económica continental. Las movilizaciones multisectoriales de 1967-1968 (protagonizadas por partidos, sindicatos, movimiento estudiantil, comités de ciudadanos, comités de acción política, etc.) animaron la apuesta de ciertos sectores de la extrema izquierda independentista por la guerra popular revolucionaria y la guerrilla urbana, sobre todo en Montréal. El contexto internacional de la época (tanto el precedente de las guerrillas urbanas argelina o latinoamericana como la culminación de los procesos de descolonización de África) tuvo su incidencia a través de obras como La guerra de guerrillas de Ernesto Guevara, Les damnés de la terre de Frantz Fanon (París, Maspero, 1961), Portrait du colonicé, précédé de Portrait du colonisateur, de Albert Memmi (París, Editions Corréa, 1957) o Dépossession du monde del etnólogo Jacques Berque (París, Seuil, 1964[119]). Desde un punto de vista sociológico, la opción violenta fue asumida por los perdedores de ese singular proceso de cambio que fue la «Revolución tranquila». Mientras que el neonacionalismo del Parti Québecois (PQ) creado en 1968 representaba las preocupaciones de esa nueva clase media emergente, el terrorismo aparece como una protesta de los desplazados en este proceso de acceso a los empleos públicos que trajo aparejado el proceso de modernización desde arriba de la «Revolución tranquila». De hecho, muchos jóvenes que se adhirieron al FLQ, como Vallières, Gagnon o Simard, procedían de medios pobres que iniciaron, pero no completaron, una formación universitaria en esa época.

La opción por la estrategia terrorista respondía a la débil posición que la vía revolucionaria tenía en el conjunto del nacionalismo quebequés, incluido el más radical. Durante esos años, Québec fue la provincia más afectada por el terrorismo, con 231 atentados entre 1960 y 1985, el 55,7 % del total de Canadá[120], en su mayor parte acciones armadas de origen separatista (45,5 %). Las cifras revelan que la violencia política fue un fenómeno esencialmente urbano, y específicamente montrealés. Entre 1963 y 1973, esa ciudad sufrió el 60 % de los incidentes violentos de todo Canadá[121]. De 1963 a 1967, el FLQ colocó unas 35 bombas, la mayor parte de pequeña potencia, provocando cuatro muertos y cuatro heridos, y de 1968-1970 hizo estallar de 50 a 60 bombas de gran potencia, causando dos muertos y 37 heridos[122]. Tras una desescalada de las acciones de 1963 a 1968, la curva violenta volvió a ascender a partir de esa fecha, hasta alcanzar su cumbre en 1970, coincidiendo con el momento álgido del ciclo de protesta. En general, los períodos de elecciones federales y provinciales conocieron numerosos casos de violencia colectiva. Un 45 % de los incidentes fueron atribuidos a factores económicos inmediatos como las reclamaciones laborales, y un 41 % a problemas nacionales o contenciosos internacionales. El 47 % de los atentados fueron ataques contra las personas, 23 % contra la propiedad, y 30 % contra ambos. El 59 % de la acción colectiva de protesta en Québec se realizó mediante manifestaciones, el 32,89 % a través de huelgas, y un 7,8 % en forma de incidentes asociales. De suerte que se puede concluir que los quebequeses parecen estar más inclinados que otros canadienses a recurrir a manifestaciones violentas vinculadas a los problemas específicos de su sociedad: autonomía provincial, separatismo, etc[123].

Sin embargo, a diferencia de los casos irlandés o vasco, la dinámica de los sucesos, salvo en la coyuntura de octubre de 1970, nunca fue determinada por los terroristas, que fueron a remolque del proceso de movilización general de la sociedad. En Québec la violencia desempeñó un papel muy secundario, pero revelador de la entidad de los conflictos planteados. Su incidencia destructiva resultó muy escasa en comparación con otras manifestaciones de terrorismo étnico-separatista: el FLQ operó entre 1962 y 1972 y fue responsable de la muerte de siete personas. En total, en 25 años de acciones terroristas, solo diez personas fueron asesinadas, y en solo dos casos las víctimas fueron los terroristas, uno de ellos el felquista Jean Corbó el 14 de julio de 1966. De forma que los atentados de los años sesenta fueron un episodio muy limitado en el contexto de las luchas de la provincia, y tuvieron escasa influencia sobre el desarrollo político en su conjunto, salvo, quizás, la conformación del PQ como nuevo referente político provincial[124].

Todo parece indicar que las primeras redes del FLQ se constituyeron a inicios de los sesenta como la versión armada del separatismo encarnado en esa época por el Rassemblement pour l’Indépendance Nationale (RIN). El 31 de octubre de 1962, el belga Georges Schoeters (que había luchado de niño en la Resistencia antinazi, emigrado a Canadá en 1951, y que en 1958 fue a Argelia a estudiar las tácticas del FLN) fundó con algunos jóvenes de Montréal (Raymond Villeneuve, Gabriel Hudon), descontentos con la deriva moderada del RIN y su transformación inminente en partido político, un comité revolucionario denominado Réseau de Résistance pour l’Indépendance du Québec, constituido a imagen de los maquis franceses[125]. En febrero de 1963, este grupo creó el FLQ, que reclutó sus primeros adeptos entre los miembros de la Action Socialiste pour l’Indépendance du Québec (ASIQ) y el RIN. Un mes más tarde, ese grupo, inspirado por la revolución cubana y el FLN argelino (Schoeters viajó también a Cuba para estudiar la técnica de la guerra de guerrillas y luego entrenó a los reclutas del FLQ[126]), dejó las pintadas sobre edificios públicos para pasar a la acción armada: el 8 de marzo de 1963 unos activistas lanzaron varios cócteles Molotov contra tres instalaciones militares de Montréal. Durante esta primera oleada violenta, de corta duración (marzo a junio de 1963), los ataques se limitaron a las instituciones y símbolos británicos y federales. El 29 de marzo, coincidiendo con el anuncio de la Expo 67, este naciente FLQ derribó el monumento al general Wolfe en las llanuras de Abraham en la ciudad de Québec. Más tarde se perpetraron atentados contra la estatua de la reina Victoria, edificios militares, buzones y cuartel general de la Policía Montada en Westmount. El 20 de abril, la primera bomba produjo la primera víctima mortal, y en junio se practicaron 23 arrestos, entre ellos el del núcleo fundador del movimiento. Tras este primer desmantelamiento, el primer ministro canadiense Lester Pearson anunció en julio la creación de una Comission d’enquête sobre el bilingüismo y el biculturalismo.

El 16 de abril de 1963 había aparecido el primer manifiesto del FLQ, repleto de los tópicos liberadores de la descolonización que eran moneda corriente en otros movimientos terroristas de la época, como la primera ETA: habiendo constatado los límites del movimiento independentista, decepcionados por la escisión entre el RIN y el PRQ, y sublevados contra el boicot de la prensa, llegaron a la conclusión de que la lucha política legal estaba abocada al fracaso[127]. Su objetivo era doble: mediante las acciones violentas se trataba de despertar a la población y atraer la atención de la opinión internacional sobre las aspiraciones del Québec. La ideología felquista era revolucionaria y nacionalista, pues vinculaba la revolución social a la cuestión nacional.

Bien es cierto que, como otros grupos similares, su ideología fue variando en función de la coyuntura interna. Existía una corriente puramente nacionalista representada por La Cognée, periódico clandestino que apareció de octubre de 1963 a abril de 1967, y que atacaba la orientación marxista-leninista de vanguardia dada al grupo por Charles Gagnon; una corriente anarquista que, por ejemplo, caracterizó a la «célula Chénier» (la responsable del secuestro y asesinato del ministro quebequés Pierre Laporte en octubre de 1970), y un marxismo ecléctico defendido por Pierre Vallières, centrado en la crítica del vanguardismo y en la apuesta por un socialismo autogestionario y democrático[128]. Pero estas cuatro tendencias internas anteponían la acción sobre la lucha ideológica y la politización de las masas.

A partir de 1963, el FLQ inició una progresiva generalización de objetivos, al tiempo que otros grupos nacionalistas extremistas multiplicaban sus acciones. En esta segunda etapa violenta, que se extendió de septiembre de 1963 a mayo de 1965, en lugar de colocar bombas se trató de organizar un ejército revolucionario: la Armée de Libération du Québec (ALQ) inspirada en el IRA o la ALN argelina, brazo armado del FLN. Su estructura inicial se inspiraba en los maquisards de la Segunda Guerra Mundial: sus miembros se aprovisionaban robando al enemigo, y salvo las manifestaciones en las calles toda la organización se estructuraba en forma de un frente que empleaba métodos de guerra contra un enemigo con quien no se tenía ninguna intención de negociar[129].

Dos meses después que la Combined Antiterrorist Squad (CATS) desmantelase en abril de 1964 el núcleo de la ALQ[130] se creó para sustituirla la Armée Révolutionnaire du Québec (ARQ), un grupo armado aún más militarista, dirigido por el húngaro François Schirm, alias «le Général», antiguo miembro de la Legión Extranjera y combatiente en Indochina y Argelia. Fue entonces cuando comenzaron a utilizarse métodos de guerrilla urbana: el FLQ realizó robos de equipo electrónico y militar, pero el 29 de agosto de 1964 un raid catastrófico en la empresa International Firearms provocó dos muertos y la detención de los cinco miembros del comando de la ARQ, entre ellos el propio Schirm. Entre junio de 1964 y agosto de 1965, el FLQ se afanó en establecer un campo de entrenamiento para las células de la ARQ, y continuó las acciones encaminadas a dotarse de equipamiento para futuras acciones terroristas. Desde agosto de 1964, todos los grupos emplearon en exclusiva el nombre del FLQ para justificar sus acciones.

La cuarta oleada terrorista, desarrollada entre octubre de 1965 y diciembre de 1967, coincidió con el acceso al liderazgo de la organización de la facción marxista y obrerista de Vallières y Gagnon. Ya no se perseguía la independencia, sino la «liberación» en el sentido amplio que Marcuse daba al término[131]. Para Gagnon, ni la violencia ni la clandestinidad eran elecciones arbitrarias. Opinaba que el pueblo explotado era naturalmente agresivo porque la violencia era el único medio de crear una conciencia de clase que permitiera a los trabajadores emanciparse del sistema de explotación capitalista. Pero era preciso que esa violencia popular fuera organizada por los elementos más conscientes de la clase obrera[132]. Fue entonces cuando la opresión de los trabajadores y la lucha de clases se transformaron en los leit motiv dominantes de la ideología y de la acción armada del FLQ hasta su virtual desaparición a fines de 1970. Es decir, un proceso de relegación de lo nacional por lo obrerista que, curiosamente, representa un tránsito opuesto al que han recorrido otros grupos terroristas étnicos más «exitosos», como es el caso de ETA.

El FLQ acentuó su intervención en las luchas sindicales, continuó la denuncia de los sindicatos y de sus dirigentes, y participó en los conflictos mediante atentados, sabotajes y medidas de autodefensa. A la altura de 1966, el FLQ de Vallières y Gagnon pretendía relegar el nacionalismo ortodoxo para emprender el combate en el doble frente planteado contra el imperialismo yanqui y el colonialismo canadiense. Pero a mediados de ese año el grupo sufrió una crisis interna aguda por el paso de gran parte de sus militantes al movimiento independentista legal. Para colmo, una nueva redada policial obligó a Vallières y a Gagnon a huir a Estados Unidos, donde fueron detenidos el 25 de septiembre tras protagonizar una huelga de hambre frente al edificio de la ONU en Nueva York, donde permanecieron por cuatro meses antes de ser deportados a Canadá a inicios de 1967[133]. El 26 de febrero de 1968 se celebró el primer proceso a Vallières por incitación al asesinato, donde su obra Nègres blancs d’Amérique, aparecida el 15 de marzo siguiente, se transformó en la prueba de convicción para su condena a perpetuidad, aunque un año más tarde se ordenó revisar la causa.

En la quinta etapa de actividad del FLQ (agosto de 1968-septiembre de 1970), inmediatamente anterior a la crisis de octubre de 1970, se abordó la reconstrucción del grupo tras la detención de Vallières y Gagnon. El FLQ optó decididamente por una revolución social y nacional, incrementando los niveles de violencia en consonancia con la intensificación de la protesta callejera. En la primavera de 1969, Vallières diseñó un esquema teórico para una guerra de larga duración en tres etapas: radicalización de la agitación socialista espontánea, organización política del pueblo (en células del FLP, comités de ciudadanos y comités obreros, comités sindicales de acción política y comités de huelga), e insurrección popular armada a través del FLQ o de un nuevo FLN quebequés[134]. Fue el período más dramático por el número de explosiones (entre septiembre de 1968 y diciembre de 1969, el FLQ reivindicó unas sesenta alertas de bomba) y por la diversidad de los objetivos: se perpetraron atentados en serie contra edificios del gobierno provincial, partidos políticos, instituciones municipales (Ayuntamiento de Montréal), edificios públicos (bomba en la Bolsa de Montréal el 13 de febrero de 1969) o centrales sindicales consideradas como moderadas[135]. Tras la gran redada de febrero de 1969 que acabó con el desmantelamiento de la célula de Pierre-Paul Geoffroy, aparecieron los grupos que fueron responsables directos de la crisis de octubre.

En realidad, contra lo que pudieran indicar la crudeza de estos atentados, el FLQ no era una asociación compacta. No existía ningún comando central (solo una cierta línea ideológica dominante), y su estructura se componía de una red de grupos y células que se constituían territorialmente, tenían vínculos muy laxos entre sí, y la mayoría de las veces se disolvían con rapidez cuando sus miembros eran detenidos. En su primera etapa, los comandos felquistas no fueron apoyados desde el exterior, al contrario del período 1968-1970, en que gozaron de un cierto aliento de los gobiernos cubano y argelino, y contactos incluso con los Black Panthers y el Movimiento por la Independencia de Puerto Rico. En vísperas de la crisis de 1970, la estructura interna teórica del FLQ la formaban un Congreso General o Nacional, que reunía a los grandes responsables de las redes clandestinas, los miembros del Comité Central, los jefes regionales y los delegados regionales, cuya misión era orientar la política y la estrategia del movimiento, y se reunía una vez al año. El Congreso nombraba un Comité Central, encargado de la ejecución de las decisiones tomadas en la Asamblea, y de elegir a los miembros de las diversas oficinas de coordinación de las actividades del FLQ. El Secretariado General se responsabilizaba de los asuntos corrientes, tesorería y organización. Desde el punto de vista horizontal, el FLQ se dividía en regiones, subregiones, zonas, barrios, pueblos o sectores, y en perspectiva vertical, en células de dos a tres personas, grupos de tres células y destacamentos de dos a cuatro grupos. En el nivel de una zona o región, los responsables de cada sección formaban una célula coordinadora. Como se ha dicho, la fachada legal de la organización estaba cubierta por el FLP, cuya organización política de base la formaban los Comités Populaires de Libération, que tenían en cada zona, barrio o localidad el cometido de radicalizar las aspiraciones ciudadanas e integrarlas en el seno del FLQ.

Gérard Pelletier, ministro en el gabinete federal en el momento de la crisis de octubre de 1970, consideraba que existía un núcleo de 40-50 extremistas (puede que 100) que realizaba los atentados, una célula permanente que efectuaba labores editoriales y de propaganda del FLQ, un «cinturón» de 200-300 simpatizantes activos listos para ofrecer cobertura personal y ayuda financiera, y unos 2000-3000 simpatizantes pasivos (las humorísticamente llamadas cellules pantoufles) que no eran miembros del FLQ, pero que apoyaban sus fines y sus métodos[136]. En definitiva, constituían una amenaza bastante relativa para la estabilidad del Estado, aunque su interferencia en el desarrollo del independentismo quebequés no debe ser minusvalorada. Sus actividades violentas dieron aureola de respetabilidad y moderación al PQ de René Lévesque, quien tras el atentado de la Bolsa de Montréal no dudó en denunciar a «aquellos que quieren transformar Québec en laboratorio de la revolución mundial», queriendo fabricar «un neo-Vienam o una neo-Bolivia […] Se imaginaban quizás que su terrorismo es la única manera de hacer que la sociedad se mueva, pero los únicos movimientos que preparan son los de la marcha atrás de la represión»[137]. El FLQ fue percibido por la población como un «grupo de choque» o una «sección radical» del movimiento de liberación popular y nacional, cuyo principal motor en ese momento histórico era el PQ. Los felquistas constituyeron dentro de la clase media un grupo marginal, ya que el ímpetu nacionalista fue acaparado por la formación liderada por Lévesque. Como ni las capas bajas franco-canadienses respondían a las «señales» violentas, ni el aparato de seguridad estatal reaccionó con el rigor que se esperaba, las acciones del FLQ adquirieron un curioso tono irreal y ficticio que Laurendeau describió como un mero «happening revolucionario»[138].

A fines de los años sesenta, la polarización política fue avanzando en Québec al ritmo de progreso del ciclo de protesta, que llegó en ese momento a la cúspide de la movilización, hasta «contagiar» a buena parte de la sociedad. La crisis de octubre de 1970 estalló en un contexto de crispación motivada por la agudización de la crisis económica (183 000 parados en 1970, el 40 % de todo Canadá) y el despliegue de una serie de violencias previas: el motín del Día de San Juan de 1968, el saqueo de ordenadores en la Universidad Sir George Williams a inicios de 1969, la oleada de bombas en Montréal en febrero (sobre todo la de la Bolsa el día 13, que causó treinta heridos), los atentados contra edificios federales, provinciales, municipales y de la Universidad de McGill durante la campaña McGill français de marzo, la gran manifestación contra el gobierno de la Union Nationale (que entonces celebraba su congreso) en la fiesta nacional del 21 de junio, que acabó con una contraparada organizada por el FLP (Front de Libération Populaire, populista, obrerista y próximo al FLQ) y el derribo de la estatua de San Juan Bautista.

El malestar político se unió a esta protesta multifacética. La desilusión de un sector del nacionalismo quebequés por el decepcionante resultado de las elecciones provinciales de 29 de abril de 1970 explica parcialmente el recrudecimiento de la violencia. El Partido Liberal obtuvo el triunfo con el 44 % de los votos, y el PQ quedó en segundo lugar con un 24 % (un tercio de los sufragios francófonos), pero por culpa del peculiar sistema electoral entonces vigente, su representación quedó reducida a solo siete diputados y el 6 % de escaños. Con este revés, la vía electoral quedó desacreditada para muchos jóvenes nacionalistas.

La respuesta progresivamente menos eficaz de las autoridades impulsó al FLQ a expandir los objetivos y a apostar por una táctica de escalada[139]. A inicios del año, por inciativa de militantes próximos al FLP se difundió en Québec el Minimanual de la guerrilla urbana de Carlos Marighella con un «prólogo quebequés anónimo» (escrito por el coordinador del «Comité Vallières-Gagnon», Jacques LarueLanglois) donde se sugería el secuestro de diplomáticos como modo de liberación de prisioneros políticos[140]. Liberado de prisión el 20 de febrero, Charles Gagnon señalaba la necesidad de que el FLQ presionase sobre el PQ para que este adoptase una línea netamente independentista, y preconizaba la creación de un «frente común multinacional de liberación». Fue en esos meses preelectorales cuando Jacques Lanctôt y Paul Rose pusieron a punto una nueva red clandestina del FLQ. El recrudecimiento de la violencia en toda América del Norte, con 4300 explosiones y 14 745 tentativas de atentado con bomba en los quince meses anteriores a abril de 1970, llevó al propio Lévesque a vaticinar una gran oleada de violencia en Québec si no se efectuaban cambios sustanciales en el sistema político, porque «los quebequeses resignados tendrán hijos que no lo serán»[141].

«Le Québec va sauter!»: la crisis de octubre de 1970

La crisis de octubre de 1970, cuya fase aguda duró quince días, representó el primer caso moderno de secuestro político en Canadá. Implicó a dos células separadas y a dos niveles de gobierno: el regional y el federal. La idea inicial era secuestrar a un diplomático británico como protesta contra el colonialismo cultural, y a un diplomático norteamericano como protesta por el imperialismo económico. El 5 de octubre, la célula Libération dirigida por Lanctôt secuestró a James Richard Cross, agregado comercial británico en Montréal. Los captores exigieron el cese de las actividades policiales para localizar al secuestrado, la publicación de un manifiesto en los periódicos y su difusión en Radio Canadá, la liberación de 23 «prisioneros políticos», la huida del grupo en un avión para Argelia o Cuba, acompañados por sus abogados y al menos dos periodistas, la readmisión de los sindicalistas despedidos durante la huelga de empleados postales, una «tasa voluntaria» de medio millón de dólares en lingotes de oro, y la publicación del nombre y la fotografía del presunto informador que había provocado la caída de la última célula capturada del FLQ. El día 7, las demandas para aceptar la buena fe del gobierno se redujeron a las dos primeras. Fue entonces cuando se hizo público el manifiesto del FLQ, redactado en argot (joual), con tonos populistas y con una envenenada cita a una declaración rupturista de Lévesque hecha tras la derrota electoral para exacerbar los ánimos de su electorado. En el documento, mezcla de independentismo y de socialismo utópico, el FLQ se presentaba como «un embrión de organización política y militar», y proponía una estrategia de liberación vagamente espontaneísta (Faites vous-mêmes votre révolution) que proponía dar la iniciativa a las acciones populares[142]. En realidad, con esta acción el FLQ quería mostrar la viabilidad de la lucha armada, con vistas a organizar al año siguiente un primer contingente de un centenar de militantes que abordaran la creación de una auténtica estructura nacional de resistencia para iniciar una lucha prolongada según el modelo irlandés[143].

Ese mismo día 7, el primer ministro canadiense Pierre Elliott Trudeau rechazó el ultimátum, y lanzó la respuesta represiva: hasta el 10 de octubre, la policía efectuó más de un millar de intervenciones para detener a unas cincuenta personas que fueron liberadas tras sufrir interrogatorio. Ese mismo día, el gobierno quebequés ofreció a los secuestradores la posibilidad de exiliarse, pero rechazó las otras demandas, aunque el 8 de octubre permitió que se difundiera el manifiesto del FLQ. A las 18:18 horas, se produjo el segundo gran golpe de efecto del FLQ: el secuestro por la célula de Chênier de Pierre Laporte, ministro de Trabajo y de la Inmigración y segunda persona en importancia del gobierno provincial de Bourassa. El FLQ dio de plazo hasta las 22:00 para que los gobiernos cumplieran la totalidad de sus condiciones. En Ottawa, el primer ministro Trudeau confirmó su intransigencia al afirmar que «la sociedad debe adoptar todos los medios a su disposición para defenderse contra la emergencia de un poder paralelo que desafía la autoridad elegida por el país»[144].

Las consecuencias netamente políticas de los sucesos comenzaron a producirse a partir del lunes día 12 de octubre: el FRAP hizo público un comunicado donde dijo compartir los objetivos, pero no los medios, del FLQ[145]. La condena de la violencia del PQ fue tardía, y estuvo acompañada de comentarios explicativos de la misma, con el fin de atribuir una parte de responsabilidad a los poderes públicos. Esa ambigüedad quedó de manifiesto cuando Pierre Bourgault quiso aclarar tras el secuestro de Cross que «somos cinco millones de prisioneros políticos», dando pábulo a la creencia de que el FLQ era la vanguardia de la acción nacionalista[146]. El 13 de octubre, Lévesque y otras fuerzas políticas y sindicales de Québec redactaron el «Manifiesto de los 15», donde se rechazaba toda implicación no quebequesa en la crisis, se atacaba la «línea dura» mantenida por Ottawa y se apoyaba una solución negociada[147]. Estas declaraciones indujeron al gobierno federal a pensar incluso que se estaba gestando un auténtico golpe de Estado separatista en la provincia, que desembocaría en la constitución de un gabinete provisional como antesala de la independencia[148]. Ese mismo día, Trudeau habló duramente por la televisión diciendo que «Hay muchos corazones doloridos que no desean ver cascos y pistolas. Todo lo que puedo decir es que lo siento, pero es mucho más importante mantener la ley y el orden en una sociedad, que preocuparse por la gente carente de energía […] Pienso que una sociedad debe adoptar todas las medidas a su disposición para defenderse contra la emergencia de un poder paralelo en desafío al poder legal del país»[149]. El día 15 se hizo una oferta final a los secuestradores que excluía la liberación de prisioneros, pero mantenía la oferta de un salvoconducto que les condujera a otro país.

Mientras tanto, la universidad y los estudiantes de secundaria iniciaron una huelga de apoyo al FLQ. En la noche del día 15, 3000 simpatizantes del FLQ se concentraron en el Centre Paul Sauvé de Montréal para leer el manifiesto del día 7 y gritar en favor del FLQ. Fue el único apoyo social explícito con el que contó el grupo terrorista en toda la crisis, ya que el resto de los grupos de protesta se mostraron mayoritariamente hostiles al FLQ porque su estrategia proporcionaba coartadas políticas a la involución patrocinada por el gobierno federal de Trudeau.

Una reacción que, a esas alturas, ya estaba en marcha: el mismo día 15, a las 13:07 horas, 8000 soldados canadienses ocuparon Québec hasta el 4 de enero de 1971. En general, la gestión gubernamental de la protesta resultó errática y poco eficaz, aunque en modo alguno sangrienta. La adopción de la War Measures Act/Loi sur les Mesures de Guerre desde las cuatro de la madrugada de día 16 coadyuvó a la polarización y a la radicalización de la política quebequesa, amenazada desde el interior y el exterior de las dos comunidades. Era también un evidente paso atrás en la salvaguardia legal de las libertades cívicas, ya que otorgaba poderes extraordinarios a las fuerzas del orden (12.0000 soldados y policías) para registrar sin mandato judicial, y para detener, arrestar y encarcelar sin garantías a los sospechosos por 21 días sin cargos y por 90 sin ser enviados a juicio[150]. Durante ese «viernes negro» se produjeron más de 500 detenciones y cerca de 7800 registros, de los que 4600 fueron seguidos de incautaciones. El 90 % de los detenidos fue liberado sin cargos, pero el resto pasó una media de dos meses y medio en prisión, y fue declarado inocente en una proporción del 95 %.[151] La War Measures Act fue reemplazada el 3 de diciembre de 1970 por una nueva ley de excepción, la Temporary Measures Act, que se diferenciaba del estado de guerra en que se aplicaba solo a los grupos terroristas y reducía los plazos de detención de 90 a 21 días[152]. El ejército dejó Québec el 4 de enero, pero las medidas de emergencia permanecieron hasta la abolición de la Temporary Measures Act el 30 de abril de 1971[153].

El desenlace trágico del la crisis ocurrió ese fin de semana, cuando Laporte fue asesinado el sábado 17 en un intento de fuga de sus captores. La muerte de Laporte causó auténtica conmoción, pues era el primer magnicidio en más de cien años de vida política canadiense. El lunes 19, el Parlamento aprobó la adopción de la Ley de Medidas de Guerra por abrumadora mayoría. Cross fue liberado el 3 de diciembre, mientras que sus siete captores lograron un salvoconducto para Cuba. La célula que asesinó a Laporte fue detenida entre el 6 de noviembre y el 27 de diciembre. Una veintena de miembros del FLQ fueron sentenciados a prisión, pero a pesar de ello, varias células lograron escapar a la detención, y a inicios de 1971 comenzaron la reorganización del movimiento. Una nueva oleada de bombas comenzó en marzo de 1971 y continuó hasta el otoño, pero el 4 y 5 de octubre unos sesenta oficiales de la Combined Anti-Terrorist Squad realizaron una gran redada arrestando a cuatro miembros del FLQ. Hubo más arrestos en junio de 1972 y en noviembre de ese año, hasta el punto de que a partir de esa fecha el grupo terrorista pudo darse por definitivamente desarticulado, precisamente cuando se iniciaban las grandes luchas sindicales de la «primavera caliente» de 1972.

La crisis de octubre resultó amplia en enseñanzas: en primer lugar, fueron quizás los secuestros más mediatizados de la historia, ya que la única vía de contacto con los terroristas eran los comunicados que enviaban a las estaciones de radio o los que emitía la televisión[154]. Fue un proceso publicitado al máximo, lo que entorpeció la actuación policial y las negociaciones con los secuestradores. En segundo lugar, los sucesos de octubre demostraron los límites de la mera acción policial para resolver una crisis de envergadura[155]. La sección Antiterrorista de la Comunidad Urbana de Montréal (policía local) y la Sûreté (policía provincial de Québec) estaban relativamente preparadas y detectaron y arrestaron con diligencia a los terroristas sospechosos, a pesar de algunos problemas de coordinación y de intercambio de información. Sin embargo, la policía federal representada por la RCMP-Security Service (Policía Montada) no fue capaz de adoptar medidas adecuadas contra el FLQ en los primeros años de vida de la organización, permitió su reestructuración en múltiples ocasiones, y encabezó acciones irregulares y provocativas que enconaron la hostilidad de la población. Esos fallos de las agencias estatales de seguridad dieron argumentos al gobierno federal para apoyarse casi en exclusiva en los militares durante la crisis de octubre de 1970[156]. Es cierto que la aplicación de la Ley de Medidas de Guerra fue aceptada, según una encuesta Gallup de inicios de diciembre de 1970, por el 89 % de la población anglófona y por el 86 % de la francófona, sin distinción de clases sociales. Pero a medio plazo, la opción militarista del gobierno de Ottawa consagró la ruptura final de la alianza tácita entre federalistas y nacionalistas, que se había mantenido con altibajos desde la lucha «antiduplessista» de 1959. En su análisis de los sucesos de octubre desde una perspectiva socialista, Dumont cifra la crisis de 1970 como el final de la «Revolución tranquila» basada en un consenso básico de tipo nacional[157].

En tercer lugar, la crisis obligó a todos los actores sociales y políticos de Québec a definirse, creando graves líneas de fractura, incluso en el seno del FLQ. Según Crelinsten, se produjo un desacuerdo fundamental entra las dos células que intervinieron en los secuestros, hasta el punto de mantener dos estrategias en conflicto: el grupo que capturó a Cros limitaba sus objetivos a un secuestro cuidadosamente preparado para obtener propaganda y publicidad, en conformidad con el estándar convenido internacionalmente para la guerrilla urbana. Pero el grupo de Paul Rose (la célula Chenier) que secuestró y asesinó a Laporte concentró sus esfuerzos en acopiar recursos para financiar una organización clandestina capaz de mantener una ofensiva a largo plazo. Rose buscó reforzar la capacidad negociadora de la célula Libération, pero su implicación en la crisis fue espontánea, impulsiva y muy mal preparada[158]. Estas tensiones internas fueron el reflejo de las disonancias estratégicas en el seno del FLQ, del mismo modo que han sucedido en otras organizaciones terroristas, como ETA(m) y ETA(p-m).

En el momento de la adopción de la Ley de Medidas de Guerra, los secuestradores y sus rehenes se transformaron en actores secundarios de un más amplio debate político sobre el derecho del gobierno de Québec de seguir un curso independiente respecto de la línea de conducta que preconizaba Ottawa. Al final, el FLQ no obtuvo sus demandas, pero logró alterar la vida de la nación, forzar la suspensión temporal de las libertades civiles y obtener una fugaz notoriedad internacional antes de desaparecer por completo de la escena política. Aunque el terrorismo nunca había tenido un fuerte predicamento popular en Québec, tras la crisis de 1970 el apoyo a las tácticas terroristas desapareció con rapidez. Las acciones del FLQ no obtuvieron el efecto deseado, ya que no provocaron el enfrentamiento de la población contra el gobierno, y sus métodos eran importados de condiciones políticas más extremas. Además, como señala Morf, los quebequeses aman la controversia abierta, pero no la clandestinidad[159].

Esa reducción drástica de las oportunidades políticas llevó a destacados dirigentes felquistas a dar un giro copernicano a su acción. En septiembre de 1971, Charles Gagnon, que había sido liberado de prisión el 16 de junio anterior, anunció su abandono del FLQ. Vallières, liberado el 24 de junio de 1970, pasó cuatro meses en la clandestinidad tratando de articular una organización obrera a largo plazo, pero a inicios de diciembre de 1971 hizo una autocrítica de sus posiciones políticas en el libro L’urgence de choisir, donde situó en primer plano la lucha nacional sobre la lucha de clases, reconoció que la vía armada solo podía desencadenar una estrategia represiva del poder federal como la de octubre de 1970, y aceptó al PQ como «la principal fuerza política estratégica de la lucha de liberación nacional», y la única alternativa real de poder para las masas nacionalistas[160]. El irresistible ascenso político de Lévesque, que reclutó a adherentes reales y potenciales al separatismo quebequés, contribuyó decisivamente a la desaparición del FLQ. El apoyo popular al PQ como el movimiento legitimado de independencia nacional se incrementó con la victoria electoral de la elección provincial de 1976 (41 % de los votos), obtenida gracias al apoyo de la clase obrera, sobre todo las capas bajas del Gran Montréal.

Por último, la crisis produjo una clarificación del escenario político, con un realineamiento favorable al independentismo moderado. La izquierda democrática fue obligada a separarse ostensiblemente de los actos y de la táctica terroristas para mantener la respetabilidad del movimiento. Cuando el gobierno federal acabó con el FLQ, el PQ quedó como único portavoz creíble de la causa independentista, pero la extrema izquierda acabaría mostrándose crecientemente hostil al PQ e incluso a la secesión de Québec desde 1974.

En definitiva, la crisis de octubre de 1970 no fue un motín, un golpe de Estado o una insurrección, sino un acto aislado de violencia política que se resolvió en dos secuestros y un asesinato, pero cuya reacción sí fue colectiva. Los secuestros ofrecieron nuevas oportunidades de actuación a gran parte de los actores políticos (gobiernos y grupo terrorista, federalistas y separatistas, autoridades municipales y grupos cívicos, intelectuales y sindicalistas, francófonos y anglófonos), que trataron de aprovecharlas en función del contexto político y de sus propias capacidades internas. Bien es cierto que algunos actores estaban en mejores condiciones que otros para sacar partido de la coyuntura. El incidente del mal llamado «gobierno provisional» o la adopción de la Ley de Medidas de Guerra (que el propio Trudeau reconoció que otorgaba una autoridad mucho más amplia de la que exigía la situación)[161] son dos muestras de oportunismo dictado por esta situación fluida de crisis que tendía a una redistribución y a una clarificación del poder público y un replanteamiento de la política que se plasmaría en 1976 con la llegada al poder de un partido soberanista como el PQ.

4. OTROS MOVIMIENTOS ARMADOS DE CARÁCTER INDEPENDENTISTA EN EUROPA

Vascos, bretones y corsos en Francia

En paralelo al conflicto en Euzkadi Sur, en el Laburdi (País Vascofrancés) apareció un peculiar grupo terrorista de carácter separatista inspirado por el éxito de ETA: Iparretarrak (los del Norte), que comenzó sus actividades políticas en 1973, optó por la senda violenta desde 1976 y la culminó con el asesinato de dos agentes de las CRS en 1982 y dos gendarmes en 1983 y 1987. Aunque la organización fue disuelta por el gobierno francés el 16 de julio de 1987 tras sesenta atentados, y su fundador Philippe Bidart fue detenido el 19 de febrero de 1988, mantiene hasta hoy un cierto activismo violento. Por ejemplo, en 1991-1992 recrudeció los atentados contra los «especuladores inmobiliarios y turísticos», y volvió a las armas en 1996. Pero Iparretarrak, diezmado por la policía gala, ha escogido de forma preferente la lucha en el plano cultural, sin renunciar a la independencia, con la cobertura de su partido tapadera: Abertzale Batasuna, próxima a HB, que obtiene entre el 5 y el 7 % de los votos en los departamentos vasco-franceses.

Además del terrorismo vasco, el Estado galo se ha enfrentado a dos desafíos nacionalistas violentos en sendas regiones cuya incorporación a Francia ha sido relativamente reciente. En Bretaña, unida en 1532 a la corona de los Valois, el primer atisbo de resistencia violenta fue ensayado por la sociedad secreta Gwenn-ha-Du en 1932. En 1968, el Front de Libération de la Bretagne creado en 1964, y que realizó sus primeras acciones violentas en 1968, se fusionó con la Armée Républicaine Bretonne para iniciar la lucha armada. Ilegalizado en 1974, el FLB-ARB se centró en el ataque a edificios de policía y centros oficiales, como se pudo constatar en su más resonante acción: los artefactos colocados en el Palacio de Versalles el 26 de junio de 1978. Tras una tregua declarada de junio de 1981 a 1983, la violencia bretona se ha mantenido con una serie de atentados esporádicos.

En Córcega, incorporada a Francia desde 1768, la tradición del «bandidismo de honor» y las vendettas de los clanes está en la base de una cultura política fuertemente condicionada por la violencia. La isla es el teatro desde inicios de los años setenta de una agitación autonomista que ha generado un cierto número de activistas partidarios de la lucha armada, la cual ha ido derivando en acciones económicas con el declive del movimiento nacionalista. Los primeros atentados fueron perpetrados entre septiembre de 1973 y enero de 1974 por el Fronte Paesanu de Liberazione di Corsica (FPLC), pero la agitación nacionalista tomó cuerpo a partir de agosto de 1975 con la ocupación de una bodega de Aléria por un comando de medio centenar de militantes de la Action pour la Renaissance de la Corse (ARC) de Edmond Simeoni (futuro fundador del movimiento autonomista Unione du Populu Corsu), que acabó con la muerte de dos gendarmes y una espectacular persecución de la policía que efectuó un registro casi militar de la isla. El control policial fue contemplado como una invasión por parte de la población autóctona, y el malestar suscitado permitió un renacimiento del movimiento nacionalista, que en mayo de 1976 constituyó el Fronte de Liberazione Naziunale di Corsica (FLNC) como resultado de la unión de dos movimientos clandestinos: Ghiustizia Paolina y el FPLC. Su programa inicial exigía el reconocimiento de los derechos del pueblo corso y la autodeterminación, y preconizaba la lucha contra los instrumentos del colonialismo francés, en especial el turismo.

El FLNC inició su campaña violenta con la oleada de bombas de la «noche azul» de 4 a 5 de mayo de 1976, y el 7 de julio de 1976 con la destrucción de un Boeing en el aeropuerto de Ajaccio. En los años siguientes perpetró oleadas continuas de atentados, como las 33 bombas estalladas en la isla en julio de 1978, los 22 atentados del 31 de mayo de 1979 o las 46 bombas colocadas en enero de 1981. Su actividad contra instalaciones estatales (radio, televisión, radares militares, oficinas eléctricas, cuarteles de la Gendarmería, centros de impuestos, universidades, edificios administrativos) o intereses privados (bancos, comercios, centros de vacaciones, hoteles, residencias secundarias) en Córcega y la Francia metropolitana se mantuvo incluso después de la amnistía otorgada por François Mitterrand y la limitada descentralización obtenida en julio 1982. Pero el FLNC rompió la tregua declarada en abril de 1981 e inició una nueva escalada violenta, como los 99 atentados perpetrados en la nueva «noche azul» de 19 de agosto de 1982. A pesar de que el 5 de enero de 1983 el gobierno de Pierre Mauroy declarase la disolución del FLNC, entre 1982 y 1984 el terrorismo corso perpetró 1300 atentados con explosivo. Su acción más espectacular fue el asalto y la demolición de un complejo turístico de Cargèse el 15 de mayo de 1986, que se saldó con las muertes de un policía y un turista. Un año después fue detenida una veintena de activistas especializados en la colocación de bombas. Este decenio de los ochenta estuvo marcado por centenares de atentados, con varios asesinatos de dirigentes políticos, abogados de víctimas e intimidaciones a los franceses continentales y magrebíes, bajo el lema «I Francesi Fora». Tras la elección de Mitterrand para un segundo septenato en mayo de 1988, el FLNC declaró una nueva tregua el 1 de junio de 1988, y el gobierno inició contactos discretos con la Cuncolta Naziunalista, partido político aparecido en 1987. El FLNC acabó por escindirse el 26 de noviembre de 1990 en un canal «habitual» (Mouvement pour l’Autodetermination, MPA) partidario de la negociación con el gobierno y un canal «histórico» (FLNC/Cuncolta Naziunalista) favorable al mantenimiento de la lucha armada. Desde 1991 también actúan de forma violenta el grupo Resistenza y desde 1993 el Front Armé Révolutionnaire Corse.

El bloque FLNC (canal histórico)-Cuncolta se disgregó a inicios de los noventa, y de su seno surgieron tres o cuatro bloques políticomilitares rivales (los más destacados son Accolta Naziunale Corsa/ Resistanza o Mouvement pour l’autodetermination/ FLNC-canal habitual), que desde fines de 1994 libran una sangrienta guerra fratricida (con la secuela de una veintena de muertos) por razones de estrategia (negociación sí o no), pero también por cuestiones de control de los ingresos procedentes del impuesto revolucionario. Tras el fracaso de las negociaciones mantenidas con el presidente Chirac, la Cuncolta volvió a la violencia con una oleada de atentados en Córcega y el Midi francés entre septiembre de 1996 y enero de 1997. Como respuesta al estallido de una bomba en el ayuntamiento de Burdeos el 5 de octubre de 1996, el gobierno decapitó la organización, medida que fue respondida con otra «noche azul» de 56 atentados el 2 de febrero de 1997. Tras sufrir nuevas detenciones, el canal histórico del FLNC proclamó unilateralmente una tregua en junio de 1997, pretextando el cambio de mayoría gubernamental. El mantenimiento de la mano dura provocó una radicalización de los últimos núcleos independentistas, plasmada en el asesinato del prefecto de la región, Claude Erignac, en Ajaccio el 6 de febrero de 1998. La respuesta gubernamental fue una gran redada sobre las élites políticas y económicas locales. En la actualidad, el proceso de inversión del movimiento armado corso, disperso en organizaciones semimafiosas, parece difícilmente reversible[162].

Las minorías tirolesas en el Alto Adigio italiano y moluqueña en Holanda

Otras acciones violentas de tono menor han tenido lugar en el Alto Adigio anexionado por Italia en 1919. Las tensiones entre la comunidad italiana y la minoría sudtirolesa de habla alemana dieron lugar en 1954 a la creación en el seno de esta última del Berg Isel Bund (Unión de Berg Isel), asociación de defensa del Sur del Tirol vinculada a grupos irredentistas nacional-alemanes y que exigía el derecho de autodeterminación para la región. Su apogeo coincidió con la primera oleada de atentados contra intereses italianos en 1959-1961. El Befreiungsausschuss Südtirol (Comité de Liberación del Sur del Tirol) fundado en 1961 también participó en actividades terroristas, cuyo punto culminante se alcanzó en la campaña de atentados contra objetivos simbólicos del Estado italiano entre 1964 y 1967. Aunque en 1969 el gobierno transalpino alcanzó un acuerdo de principio para acordar la autonomía con el gobierno austríaco y con la principal organización política de la población germanoparlante (el Südtiroler Volkspartei), la organización siguió perpetrando actos violentos hasta 1988, matando a catorce personas.

A mediados de los setenta actuó esporádicamente en Holanda el Movimiento de Liberación de las Molucas Meridionales en Holanda, bajo el modelo del Black Power y la OLP. Tras la evacuación por los holandeses de sus colonias en el Sudeste Asiático, se instauró una República de las Molucas del Sur en 1950, pero pronto fue conquistada por Indonesia. Alrededor de 15 000 moluqueños del sur, en su mayor parte asociados a la antigua administración holandesa, se refugiaron en los Países Bajos, donde las frustraciones sociales y políticas generaron la aparición de un pequeño movimiento terrorista (el Movimiento de Juventud de las Molucas del Sur Libres) que organizó varios atentados en los Países Bajos, como un intento de secuestro de la reina Juliana y la ocupación simultánea de un tren de pasajeros el 2 de diciembre de 1975 y de la embajada de Indonesia en Ámsterdam dos días más tarde, hasta la rendición acordada el 14 de diciembre. El 23 de mayo de 1977 secuestraron el tren de Róterdam a Groninga y tomaron una escuela en la cercana Bovensmilde, hasta que el 11 de junio la infantería de marina inició un asalto que llevó a la muerte de seis secuestradores y dos rehenes del tren. De nuevo en marzo de 1978 tomaron rehenes en unas oficinas gubernamentales en Assen, matando a un rehén[163].

La sombra de ETA: la tentación armada en los movimientos independentistas canario, gallego y catalán

En territorio español, el modelo etarra ha inspirado a otras organizaciones de carácter independentista, como el Movimiento para la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC), creado en Argel por el abogado Antonio Cubillo en 1964. El MPAIAC dirigió una campaña de atentados en Canarias de 1977 a 1979, en una coyuntura política en la que, tras los acuerdos de Madrid de cesión del Sahara a Marruecos y Mauritania, el gobierno argelino parecía dispuesto a facilitar la infraestructura para estas acciones y para la difusión de emisiones independentistas a través de la emisora «La Voz de Canarias Libre». El MPAIAC comenzó sus acciones armadas el 1 de noviembre de 1976 a través de las llamadas Fuerzas Armadas Guanches (FAG), que durante sus dos años de actividad se dedicaron especialmente a la perpetración de atentados por medio de artefactos explosivos, como la colocación de una bomba en las Galerías Preciados de Las Palmas de Gran Canaria en 1976. El 27 de marzo de 1977, la organización colocó una bomba en el aeropuerto de Gando (Las Palmas) que obligó a desviar el tráfico al aeropuerto tinerfeño de Los Rodeos, donde dos Boeing 747 de KLM y Pan-Am colisionaron provocando la muerte de 585 personas. En 1978 causaron la primera muerte deliberada cuando un artificiero murió al estallar la bomba que trataba de desactivar en La Laguna. En esa época hubo más de sesenta acciones violentas, al estilo del terror corso, contra intereses turísticos, bancos y oficinas del Estado.

En abril de 1978, Cubillo fue gravemente herido en un atentado presuntamente instigado por la policía española, y en 1985 regresó a Canarias, donde ha desempeñado actividades políticas legales. Los Destacamentos Armados Canarios (DAC) fueron un grupo disidente en activo durante la década de los sesenta, cuyo golpe más notorio fue el secuestro de un barco de la compañía naviera Armas el 2 de enero de 1978, que acabó a los tres días con la detención de todos los miembros del comando.

En Galicia, el Exército Guerrilleiro do Pobo Galego Ceibe inició sus actividades en febrero de 1986. Hasta su desaparición en 1993 llevaron a cabo cerca de noventa atentados, como el ataque al domicilio de Manuel Fraga en Villalba en 1989 o la muerte de dos guardias civiles ese mismo año. Pero la falta de apoyo social y la eficaz acción policial permitieron su casi total desarticulación en 1990. Ese año emprendieron una nueva ofensiva, esta vez contra el narcotráfico local, a través de la colocación de cinco bombas en locales de presuntos delincuentes y otra en una discoteca en Santiago de Compostela, que causó la muerte de dos terroristas y heridas a otras 49 personas. Este fracaso aceleró el final del grupo, que perpetró su último atentado en 1991. Los antecedentes de la organización se sitúan en la Loita Armada Revolucionaria, uno de cuyos dirigentes fue Antón Arias Curto, y que estuvo activa de 1978 hasta la autodisolución de la banda en 1983 y la solicitud de un indulto al gobierno socialista. En 2005 nació el grupo Resistencia Galega (REGA), brazo armado del Movimiento de Liberación Nacional Galego, que en 2010 fue declarado grupo terrorista tras haber perpetrado ese año trece atentados con artefactos caseros contra empresas inmobiliarias, sedes de partidos políticos e infraestructuras sobre todo de La Coruña y Pontevedra, y haber comenzado una campaña de amenazas personales contra jueces y profesores universitarios. Extraía su menguada militancia, calculada en unos treinta activistas y 200 simpatizantes, de grupos radicales independentistas y «ultras» de fútbol, y sus líderes más veteranos procedían del Exército Guerrilleiro do Pobo Galego Ceibe.

En Andalucía surgieron fugazmente entre marzo y mayo de 1980 los Grupos Armados 28 de Febrero (GAVF) como entidad de apoyo al Movimiento de Liberación Nacional Andaluz (MLNA, activo de marzo a mayo de 1980) tras el referéndum sobre el Estatuto de Autonomía celebrado en esa misma fecha. Sus trece acciones violentas causaron pocos daños materiales y casi ninguno personal.

En Cataluña, la memoria de la guerra civil, de la resistencia armada al franquismo, de los procesos de lucha por la independencia de Irlanda y Argelia, y de los movimientos anticoloniales en el contexto de la Guerra Fría, tuvieron una cierta repercusión, abocando a los minoritarios grupos independentistas a reactivar la opción por la lucha armada. Tras las conmociones de mayo de 1968, el Front Nacional de Catalunya (FNC) creado en 1939 sufrió la escisión del Partit Socialista d’Alliberament dels Països Catalans (PSAN), que mezcló todas las experiencias armadas del momento: desde el «foquismo» guevarista a la guerrilla urbana, el tercermundismo y, sobre todo, el naciente modelo resistencial vasco representado por ETA[164]. En 1970, con ocasión del Juicio de Burgos, inició sus actividades subversivas el Front d’Alliberament de Catalunya (FAC), organización nacionalista-socialista nutrida por las Joventuts Obreres d’Estat Català, que tras la perpetración de un centenar de sabotajes y atentados fue desarticulada por la policía en 1975[165]. También a inicios de la década, otras formaciones marxistas-leninistas como el Exèrcit Popular de Catalunya (EPOCA) dirigido por Jaume Martínez Vendrell mantuvieron acciones de propaganda armada.

En 1975, el PSAN-P (Provisional) firmó un acuerdo de colaboración con ETA y la Union do PoboGalegoCeibe.TraslacortatrayectoriadelExèrcitd’Alliberament Català (EAC, 1978-1979), la aparición de Terra Lliure en 1979 constituyó el intento más serio y consciente de aplicar las tácticas subversivas del nacionalismo vasco radical al contexto político catalán. En la Declaración de Principios hecha pública en el acto convocado por la Crida a la Solidaritat en el Camp Nou el 24 junio de 1981 en defensa de la lengua y de la cultura catalanas, la lucha armada no se planteaba con la esperanza puesta en un enfrentamiento militar directo con el Estado, sino para acentuar las contradicciones del sistema, mantener un alto espíritu de combatividad, abrir espacios de control y poder populares y clarificar políticamente la situación catalana, debilitando las estructuras de opresión centralista. No se trataba, pues, de suscitar un problema militar, sino de denunciar un problema de autoorganización de las fuerzas políticas y revolucionarias del pueblo catalán, que debía articular su acción en frentes de lucha sectoriales: «lucha por la defensa de la tierra, de la lengua, de la soberanía nacional, de los intereses de los trabajadores y contra la españolización de la sociedad catalana»[166]. Los argumentos esgrimidos para justificar la violencia eran: la consideración de Cataluña como pueblo oprimido, el derecho de autodefensa frente a un Estado a quien no se le reconocía el monopolio de la violencia, la utilidad de la lucha armada desplegada por los movimientos de independencia colonial o el IRA, y la apelación a la tradición guerrera y combativa del pueblo catalán, para lo que, a la sazón, se recordaban episodios como la revuelta de Els Segadors de 1640, o los intentos insurreccionales del nacionalismo radical de entreguerras (Garraf, Prats de Molló y octubre de 1934) y la lucha antifranquista[167]. Pero a la hora de la verdad, sus tentativas de ataque con bomba produjeron dos muertes en las propias filas, lo que unido a la detención de cinco miembros del comando causaron un fuerte desánimo entre la base juvenil de la organización. Su primer atentado con éxito fue la bomba colocada el 25 de julio de 1980 en las oficinas de FECSA en Barcelona, como protesta por la apertura de la central nuclear de Ascó. A fines de 1982 se especulaba con que la organización podía estar formada por unos treinta miembros divididos en seis comandos repartidos por Cataluña y Valencia, que habrían aumentado hasta alrededor de 70 en 1984, cuando comenzó la escalada violenta de la banda con cuarenta atentados.

El Moviment de Defensa de la Terra (MDT) surgió tras la Diada de 1984 como ente coordinador de los diversos colectivos independentistas, cuyos objetivos (unificación de Cataluña, aceptación de todas las formas de lucha, defensa de los intereses del pueblo trabajador catalán e independencia nacional) resultaban muy similares a los propugnados por ETA-KAS, aunque en 1987 algunos sectores independentistas intransigentes criticaban al MDT por ser un espacio para el contraste de ideas, y no un «campo de batalla»[168]. Si bien durante los años ochenta se produjo una mitificación del resistencialismo, la movilización y el constante espíritu reivindicativo exhibido por el independentismo vasco[169], el nacionalismo radical catalán fue incapaz de generar una cultura de la revuelta permanente similar a la que campaba en el mundo abertzale. Y ello a pesar de que, como en Euzkadi, se trató de impulsar un ritual combatiente con acusado tono necrófilo. Desde el 26 de enero de 1988, bajo el lema «Honremos a los soldados de Cataluña. Una nación que no tiene ejército pero sí tiene soldados», se celebró la Diada del Soldat Català, conmemorando la victoria en la batalla de Montjuïc de 1641 y la muerte de Martí Marcó, primer militante de Terra Lliure caído el 26 de enero de 1979[170]. Terra Lliure se organizó en una rama financiera y otra de escamots (pelotones) distribuidos en los Países catalanes (Barcelona, Manresa, Tarragona, Castellón, Vic y Gerona), con militantes en tareas de apoyo, información y cobertura física. Sin embargo, con la detención de la dirección de Terra Lliure en Puigcerdà en enero de 1985 se frustró el intento más serio que había abordado el independentismo catalán para dotarse de una organización militar clandestina, si bien es cierto que este grupo practicaba fundamentalmente la propaganda armada y la agitación antes que el terrorismo al estilo del IRA o ETA, con quien protagonizó algunos atentados y colaboró de forma ocasional. Precisamente las muertes producidas por la manipulación de explosivos y el sangriento atentado perpetrado por ETA en el Hipercor de Barcelona el 19 de junio de 1987 dieron al traste con la reivindicación de la lucha armada como empresa patriótica prioritaria, y abrieron el camino a la adopción de otros medios de acción reivindicativa basados en la movilización popular y el activismo político legal. La crisis sufrida por el MDT en febrero de 1987 con la separación del PSAN-Front Patriòtic (luego Catalunya Lliure), que daba apoyo teórico a la lucha armada, condujo a la división irreversible de Terra Lliure. Ante el cambio de coyuntura interna y las nuevas perspectivas que las luchas democráticas de liberación nacional abrían en Europa a partir de 1991, el militarismo antiestatal quedó cada vez más confrontado con el pacifismo que defendía la nueva dirección de ERC encabezada por Àngel Colom, empeñada en convertirse en el referente mayoritario del independentismo catalán. El 12 de julio de 1991 se comunicó la liquidación de Terra Lliure-IV Assemblea, pero Catalunya Lliure se negó aceptar el final de la lucha. La polémica «Operación Garzón» de fines de junio de 1992 aceleró la disolución de la organización armada catalana, que fue comunicada oficialmente el 11 de septiembre de 1995 y ejecutada tres meses más tarde. Así finalizaban dieciséis años de historia, con un balance de 150 atentados, cinco muertos y decenas de heridos[171].

5. LA ESTRATEGIA TERRORISTA EN LOS MOVIMIENTOS INDEPENDENTISTAS ASIÁTICOS

Kurdistán

En el otro extremo de Europa, Turquía hubo de enfrentarse a la rebeldía de dos minorías étnicas que emplearon ocasionalmente el terrorismo como estrategia de resistencia. Los kurdos, pueblo fundamentalmente musulmán sunnita que ocupa el sudeste de Turquía, el nordeste de Irak y ciertas zonas de Siria e Irán, formaban en 1995 una comunidad étnica de unos 20-25 millones de personas, de las cuales entre 6 y 9 millones residían en Turquía, donde representan entre el 15 y el 20 % de la población total y constituyen una gran mayoría en el sudeste. Mustafá Kemal, padre de la Turquía moderna, olvidó completamente todas las promesas de autonomía realizadas a los kurdos cuando alcanzó el poder, y decidió imponer un rígido Estado unitario, a pesar del esfuerzo que esta minoría étnica había derrochado por la causa de la república. Se prohibieron todas las organizaciones nacionalistas kurdas, así como cualquier manifestación cultural, al mismo tiempo que se ocuparon militarmente todos los territorios y se declaró la ley marcial. Desde ese momento, y en sucesivas ocasiones, se han producido distintas sublevaciones kurdas, que acabaron invariablemente con una represión indiscriminada y con la imposición de un prolongado régimen de terror por parte del gobierno de Ankara. Una de las más sangrientas fue la liquidación de la revuelta de Dersim en 1937-1938, que provocó la deportación o el exilio de una buena parte de las élites kurdas.

La apertura democrática de los años sesenta permitió a la izquierda organizarse y crecer hasta límites que no fueron tolerados por la élite militar, que impuso la ilegalización del Partido de los Obreros Turcos (TIP), dividido en facciones a partir de 1969, entre ellas la llamada «izquierda kurda». Tras haber obtenido experiencia en esta formación política, y ver la estructura de oportunidades estrecharse una vez más con el golpe de Estado militar de 1971, los nacionalistas kurdos rompieron con ellos para crear sus propias organizaciones de izquierda en los años setenta. El 27 de noviembre de 1978 nació el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (Partiye Karkerem Kurdistan, PKK) de ideología marxista-leninista y separatista, creado por el antiguo activista estudiantil Abdullah Ocalan, «Apo», sobre la base de estudiantes kurdos disidentes del movimiento Dev Genç (Juventud Revolucionaria[172]).

El golpe militar de 12 de septiembre de 1980 abrió el camino a una cruenta represión, donde la mayor parte de los grupos insurgentes de izquierda fueron liquidados hacia 1983. Cuatro de sus militantes se autoinmolaron por el fuego el 17 de mayo de 1982. El PKK preparó entonces la insurgencia desde las vecinas Siria y Líbano, y desde 1983 desde los territorios iraní e iraquí, acogiéndose a un convencional discurso marxista-leninista anticolonialista de liberación nacional. El 15 de agosto de 1984, el PKK inició la lucha armada con apoyo sirio creando las Brigadas de Liberación del Kurdistán (Hazen Rizgariya Kurdistán, HRK), que estructuradas en ternas, equipos, compañías y unidades de hasta cien hombres desencadenaron ataques guerrilleros (asaltos y emboscadas con pocas víctimas) al estilo del Viêt-Cong contra las fuerzas turcas de seguridad, personal gubernamental y élites kurdas colaboracionistas, provocando 243 muertos en 1979-1980[173]. Desde sus sedes en Siria y el norte de Irak se emprendieron ataques al otro lado de la frontera y se intentó controlar varios enclaves rurales kurdos, como sucedió con la toma fugaz de las poblaciones de Eruh y Semdinli el 15 de agosto de 1984. El gobierno turco respondió con operaciones militares en las que participaron hasta 35 000 soldados, iniciando una virtual guerra civil en la que, según fuentes de Ankara, murieron entre 1984 y 1999 unos 5000 civiles, aunque otros observadores independientes elevan la cifra a 30 000-35 000[174].

Hacia 1985, la mayor parte del ejército turco —unos 600 000 soldados— estaba situado en las regiones sudorientales del país (declaradas zona de emergencia en 1987), que sufrieron la destrucción de miles de aldeas, evacuaciones forzosas de sus ocupantes, arrestos en masa, liquidación de élites favorables al PKK y tortura y recorte de las libertades. Con la creación en mayo de 1985 de una superestructura de vocación unitaria como el Frente de Liberación Nacional del Kurdistán (Eniya Rizgariya Netewa Kurdistan, ERNK, con sede en Atenas) se trató de impulsar la independencia sobre bases marxistasleninistas, atacando las «estructuras burguesas y feudales» de Kurdistán y Turquía. En el III Congreso del PKK celebrado en 1986, el HRK se convirtió en el Ejército Popular de Liberación de Kurdistán (ARGK), y al año siguiente comenzó a atacar más directamente a los representantes del Estado: militares, periodistas, educadores, pero también turistas. La eliminación de «elementos feudales» y guardias de aldea condujo a la muerte de muchas víctimas inocentes: el 20 de junio de 1987, el PKK masacró a treinta campesinos turcos (entre ellos 16 mujeres y 8 niños) en la provincia de Mardin, y a otros 30 el 11 de julio de 1987. Desde agosto de 1984 a septiembre de 1989, unas 1500 personas murieron a causa de la violencia del PKK[175], que en 1988 desistió de su práctica de masacrar a civiles y se concentró desde 1991 en atacar objetivos militares turcos fuera del sureste del país.

Hasta fines de la década de los ochenta, el PKK siguió dirigiendo una guerrilla rural convencional, y adquiriendo a inicios de los noventa el rango de partido de masas, colaborando en el marco de una estrategia de «propaganda armada» con el ERNK y el ARGK, que en 1989 impuso el reclutamiento obligatorio en las zonas bajo su dominio. En 1992, el primer ministro turco Turgut Ozal propuso negociaciones, que fueron rechazadas por el ejército. Al año siguiente, el PKK anunció un alto el fuego unilateral para propiciar una solución pactada que incluso omitía la reclamación de autonomía, autodeterminación o separación, pero los militares prosiguieron sus operaciones de contrainsurgencia y los ataques guerrilleros volvieron a recrudecerse, incluyendo la colocación de bombas en centros turísticos del oeste de Turquía.

Los kurdos de Irak obtuvieron la independencia de facto tras la primera guerra del Golfo de 1991, pero el alzamiento fracasó, lanzando a millón y medio de kurdos iraquíes a las fronteras de Turquía e Irán. La retirada de las fuerzas iraquíes tras la adopción de la zona de exclusión llevó al abandono del territorio por parte de la administración de Sadam Hussein, lo que dejó un peligroso vacío de poder que podía ser aprovechado por el PKK para crear una sólida base política virtualmente independiente. El PKK incrementó sus actividades, lo que derivó en 900 muertos a lo largo de 1991. Desde 1992 estalló la violencia extensa entre el PKK, el ejército, la policía y los civiles, con sucesos como el asalto del ejército a la ciudad de Sirnak el 18 de agosto de 1992, que trajo como secuela la muerte de 34 civiles. En previsión de esta eventualidad, el gobierno de Ankara envió en octubre de 1992 a 20 000 soldados para liquidar las bases del PKK (unos 5000 guerrilleros) en territorio iraquí, matando a más de medio millar de combatientes kurdos[176]. El 17 de marzo de 1993, Ocalan declaró un alto el fuego unilateral y anunció su intención de no separarse de Turquía. Pero la violencia turca se intensificó y el alto el fuego terminó el 24 de mayo, dando inicio a partir de 1996 a una oleada de atentados suicidas. La ofensiva militar desde la declaración de «guerra total» del PKK en junio de 1993 resultó brutal: más de 17 000 muertos, más de 3000 aldeas destruidas o evacuadas y el éxodo de dos millones de campesinos[177].

El recrudecimiento de la represión llevó a un cierto grado de éxito en 1995, cuando el gobierno de Tansu Çiller logró presionar a los kurdos iraquíes para que no diesen cobertura al PKK en el norte de Irak, y armó y pagó a los campesinos turcos asentados en la frontera. En agosto de 1998, el PKK decretó un cese unilateral de hostilidades que no fue aceptado por el gobierno de Ankara. Turquía, miembro de la OTAN y asociado a la Unión Europea, ha ejercido presiones contra distintos gobiernos para impedir que los terroristas kurdos pudieran protegerse en territorio europeo. Este sistema fue utilizado en otoño de 1998 contra el gobierno sirio, cuando Turquía concentró tropas en la frontera y amenazó con la guerra si Damasco insistía en proporcionar cobertura y apoyo a los miembros del PKK. El 21 de octubre, ambos países firmaron un acuerdo por el que Siria renunciaba a actuar como santuario del movimiento separatista. El partido kurdo perdió la iniciativa, Ocalan desapareció y trató de buscar asilo en Rusia e Italia, donde fue arrestado en 16 de noviembre a la espera de una extradición que no se produjo. El 15 de febrero de 1999, agentes turcos detuvieron a Ocalan en Kenia con presunta ayuda americana e israelí. Condenado a muerte el 29 de junio de 1999, vio conmutada su sentencia por la de cadena perpetua en octubre de 2002. El 5 de agosto de 1999, el PKK retiró sus guerrillas del Kurdistán turco, siguiendo instrucciones de Ocalan. El partido renunció en 2001-2002 a la lucha armada, aunque la reinició en junio de 2004[178]. Si bien existen aún campos del PKK en Siria, Irak e Irán, y el movimiento recibe ayuda de la diáspora kurda (sobre todo en Europa), su capacidad de maniobra parece seriamente afectada, debido a la acción represiva del ejército y de las fuerzas de seguridad turcas, que siguen atacando de forma habitual a los grupos separatistas y a la población civil kurda en las inmediaciones de la frontera con Irak.

Armenia

La aparición del terrorismo armenio tiene una directa vinculación con el genocidio perpetrado por los turcos durante la Primera Guerra Mundial[179]. En 1973, el informe preliminar para la prevención y la supresión del crimen de genocidio que redactó la subcomisión encargada por la ONU aludió en su párrafo 30 a la muerte de los armenios como el «primer genocidio del siglo XX». La delegación turca exigió la supresión de este párrafo y lo consiguió después de arduas discusiones. Por otro lado, los armenios de la diáspora (más de seis millones, por 60 000 radicados en Turquía) emprendieron una campaña de información sobre el genocidio, que radicalizaron hasta la violencia tras la supresión del famoso párrafo 30. En este contexto surgieron a mediados de los años setenta el Ejército Secreto Armenio por la Liberación de Armenia (Armée Secrète Arménienne pour la Libération de l’Armenie, ASALA) y los Comandos Justicieros del Genocidio Armenio (CJGA) en el seno de la comunidad armenia del Líbano, bajo la inspiración de la lucha armada palestina, especialmente del FPLP[180]. De orientación marxista-leninista, el objetivo del ASALA era vengarse por el genocidio turco de 1915-1916, forzando al gobierno de Ankara a reconocer el crimen y conseguir el restablecimiento de la patria histórica de Armenia, una zona que incluiría la mayor parte de Turquía oriental, el norte de Irán y la república exsoviética de Armenia. En paralelo con los CJGA, organización de orientación nacionalista creada en 1975 que en los años ochenta se especializó en el asesinato de diplomáticos turcos en Australia, Estados Unidos o Yugoslavia (mató al cónsul general en Los Ángeles el 28 de enero de 1982 y trató de asesinar al embajador en el Vaticano en 1980), el ASALA atacó conjuntamente a Turquía, a la OTAN y a las «fuerzas armenias reaccionarias» entre 1975 y 1985[181]. Su vocación internacionalista le ha llevado a mantener relaciones con la banda Baader-Meinhof y con ETA, y a obtener apoyo logístico del FPLP[182].

Sus primeros atentados fueron los asesinatos del embajador turco en Viena el 22 de octubre de 1975 y del secretario de la Embajada de Turquía en Beirut el 16 de febrero de 1976. Desde ese momento, el ASALA se responsabilizó de otros 20 asesinatos y de un centenar de atentados en veinte países. El 8 de abril de 1980, el ASALA y el PKK emitieron un comunicado conjunto de lucha contra el Estado turco, e iniciaron sus atentados contra intereses de este país en noviembre de ese año. Los terroristas armenios tenían su base en Beirut hasta que la invasión israelí de mediados de 1982 les obligó a dispersarse por Gran Bretaña, Grecia, Argelia, Túnez, Sudán y Yemen del Norte. El 7 de agosto de 1982, el ASALA perpetró su primer atentado en suelo turco disparando indiscriminadamente en el aeropuerto internacional de Ankara, e hiriendo a 73 personas[183]. Su acción más sonada fue la voladura del mostrador de las líneas aéreas turcas en el aeropuerto de Orly de 15 de julio de 1983, que causó nueve muertos y medio centenar de heridos. Aunque la campaña terrorista armenia era, como en los grupos terroristas abonados a la «propaganda por el hecho», puramente demostrativa, ya que se trataba de forzar el reconocimiento oficial turco de las masacres de 1915, y consiguió que la situación de los armenios fuese mejor conocida, la violencia de sus acciones provocó la repulsa internacional. Tras el atentado de Orly, el ASALA se escindió, e incluso uno de sus fundadores, Hagop Hagopian, fue asesinado. En la actualidad, el ASALA parece estar radicado en Nagorno-Karabaj, pero su actividad violenta se detuvo en 1985, tras haber perpetrado más de un centenar de atentados con bomba contra intereses turcos.

Sri Lanka

En Sri Lanka, la antigua Ceilán, un 74 % de cingaleses budistas y un 12,5 % de tamiles (1,8 millones de personas, principalmente hindúes), mayoritarios en el nordeste del país y apoyados por los 55 millones de vecinos del Tamil Nadu de la India mantuvieron una guerra civil no declarada desde 1983. Los Tigres Tamiles (Liberation Tigers of Tamil Eeelam, LTTE), fundados en la primavera de 1972, actuaron como grupo terrorista bajo las órdenes de Vellupillai Prabhakaran. Aunque el nombre de Tigres, animal que simboliza al dios Muragan, tiene connotaciones religiosas, este movimiento es laico, y pretende conseguir la independencia del nordeste de Sri Lanka recreando el Estado de Ealam que ya existía en el siglo X a.C. El LTTE se introdujo en la lucha armada a inicios de los años ochenta, bajo inspiración del castroguevarismo, la doctrina insurgente del general Giap y los escritos de Régis Debray, pero luego el marxismo fue dejando paso al nacionalismo étnico-separatista. El LTTE se convirtió en un movimiento terrorista temible por su organización, logística y capacidad militar, desplegadas a través de unas modalidades violentas caracterizadas por su indiscriminación. Tras el «Julio negro» del 25 al 28 de julio de 1983 (donde la muerte de trece soldados cingaleses en Jaffna desencadenó un motín antitamil que arrojó un balance de 2000-3000 víctimas), se produjo la reacción de las provincias del norte y el este en contra del poder central de Colombo. En 1987, con ya 6000 muertos en el haber de los contendientes, el primer ministro indio Rajiv Gandhi persuadió al líder de los Tigres Tamiles a aceptar un acuerdo de autonomía para las provincias del norte y el este, mientras que Nueva Delhi enviaba en julio una fuerza de paz (IPKF) a petición de las autoridades de la isla. Mientras tanto, en el sur, un colectivo nacionalista radical cingalés (Janatha Vemukthi Peramuna o Frente de Liberación Popular, JVP) comenzó a desarrollarse como movimiento de resistencia contra el gobierno, iniciando su propia ofensiva terrorista con cerca de 4000 personas asesinadas desde 1987 hasta que fue liquidado por el gobierno hacia noviembre de 1989 al precio de más de 30 000 desaparecidos.

La corriente más moderada de los Tigres Tamiles entabló negociaciones con el gobierno cingalés que desembocaron en el establecimiento de un régimen de autonomía para la región y el reconocimiento de la lengua tamil. Pero cuando la fuerza de pacificación india dejó el país en marzo de 1990 y el ejecutivo autonómico tamil declaró la independencia de la región, los Tigres Tamiles rápidamente restablecieron su dominio en el norte, iniciando una campaña de atentados suicidas. Entre 1987 y 2001, 143 miembros de una etnia tan minoritaria como la jaffna tamil, que no supera el millón de miembros, se han autoinmolado en 76 atentados sin obedecer a impulsos religiosos. Esta cifra sitúa a los Tigres Tamiles muy por delante de muchos grupos terroristas de matriz integrista en el ranking de campañas suicidas, no solo por el número de operaciones llevadas a cabo, sino también por el elevado número de bajas producidas: 901 víctimas mortales[184].

El 21 de marzo de 1991, Rajiv Gandhi fue asesinado en Madrás por un suicida tamil, lo que aceleró el cese del apoyo a la guerrilla rebelde desde Tamil Nadu. El 1 de mayo de 1993, el presidente cingalés Ranasinghe Predamasa fue asesinado en Colombo por una bomba suicida. Otro error fue el rechazo de una generosa autonomía propuesta por el gobierno en 1995. Las tropas gubernamentales concentraron sus fuerzas en desbaratar el enclave de la península septentrional de Jaffna, antigua base de operaciones del grupo militante del LTTE, y recuperaron el control de esta zona en 1995-1996. Los Tigres Tamiles replicaron a esas acciones militares con una multiplicación de las incursiones armadas (en julio de 1996 tomaron una base militar al nordeste de Colombo, matando a 1200 personas) y de los atentados suicidas en el sur del país contra objetivos simbólicos como el World Trade Center de Colombo (15 de octubre de 1997) y el templo del Diente de Buda en Kandy (25 de enero de 1998), así como contra la población civil. El LTTE tenía en ese entonces unos 8000-10 000 hombres armados, con un núcleo de 3000 a 6000 combatientes bien entrenados. Estaba dividido en grupos regulares y unidades de élite como los Sea Tigers dedicados a sabotear instalaciones y buques en las costas norte y este de Sri Lanka. Otra prueba del apoyo popular son los monumentos que se erigen en honor a los Tigres Negros (suicidas), como la estatua erigida al «Capitán Millar», primer terrorista que penetró con un camión repleto de explosivos en una instalación militar cingalesa causando su propia muerte y la de setenta soldados, o las estructuras cónicas conmemorativas de los atentados, donde la gente deposita flores en honor de los militantes autoinmolados.

El conflicto tamil ha causado la muerte de 60 000-75 000 personas, aunque se iniciaron nuevos procesos fallidos de paz en febrero de 2002 y en 2006[185]. El 18 de mayo de 2009, tras una dura ofensiva lanzada en el norte por el gobierno desde inicios de año, el LTTE ordenó «silenciar nuestras armas» tras 26 años de guerra civil.

Los sikhs del Punjab

En la vecina India, la agitación armada de los grupos sikhs en el Punjab (una provincia de Pakistán y un estado de la India, nacidos de la partición de 1947) ha constituido la principal amenaza contra la integridad de la unión en el curso de los últimos 15 años, provocando entre 20 000 y 25 000 muertos. El sikhismo es uno de los múltiples cultos sincréticos surgidos a inicios del siglo XVI para renovar el hinduismo milenario ante el Islam conquistador, y ha dado lugar a una identidad propia y autónoma e incluso a un estado independiente entre 1801 y la anexión inglesa de 1849. Los sikhs suponen el 2 % de la población india, con 16 millones de personas, pero en 1991 formaban el 61 % de la población del Punjab, con un total de 20 millones de habitantes. La partición de la región, en el año 1947, que dividió a la población sikh entre India y Pakistán, representó un duro golpe para su identidad, ya que se mostraron disconformes con el «secularismo» y el hinduismo dominantes en el nuevo Estado. Después de una sangrienta guerra contra los musulmanes, en el año 1965 los sikhs de Pakistán se agruparon definitivamente en la India. En respuesta a dicho acto, el gobierno de Nueva Delhi constituyó una provincia semiautónoma en el Punjab, donde los sikhs eran ligeramente mayoritarios. Aun así, se desarrolló un extenso movimiento de oposición llevado a cabo por el grupo separatista Akalî Dal, que demandaba entre otras cosas una mayor autonomía para el Punjab sikh, el reconocimiento oficial de su religión y la adscripción exclusiva de la ciudad de Chandigarh al Punjab. El partido había propuesto la creación de un estado independiente antes de la guerra indo-pakistaní de 1971, y en 1978 alumbró en su seno una organización juvenil (Dal Khalsa o Ejército de los Puros) con marcada vocación violenta. Al año siguiente, este grupo desvió un avión de las Indian Airlines hasta Lahore y asesinó a un influyente director de un diario hindú.

A medida que aumentaron las tensiones entre los sikhs y el gobierno de Nueva Delhi, y entre facciones moderadas y radicales de esta minoría, los primeros enfrentamientos sangrientos se iniciaron en 1978. Tras la detención de su líder político y espiritual Jarnail Singh Bhindranwale, a partir de 1980 bandas de sikhs comenzaron a matar hindúes indiscriminadamente y a perpetrar desde septiembre de 1981 atentados terroristas contra personalidades hindúes, causando un total de 350 víctimas. En los años 1983-1984, debido a la escalada progresiva de acciones terroristas por parte de los grupos más radicales, el gobierno hindú abrió una serie de negociaciones con los dirigentes sikhs más moderados, a la vez que inició la represión armada contra las facciones extremistas. La violencia sikh-hindú causó 15 000 muertes de 1982 a 1983. En abril de este último año, el Akali Dal ordenó bloquear las carreteras, y la policía disparó causando una veintena de muertos. Los dirigentes del partido independentista se refugiaron en el Templo Dorado de Amritsar, y en abril de 1984 el Dal Khalsa proclamó en el extranjero el Kalistán independiente con el acuerdo de Bhindranwale[186].

El 5-7 de junio de 1984, el gobierno central desencadenó la Operación Bluestar enviando un importante contingente de tropas al Templo Dorado y decretando la ocupación militar del Estado. En la confusa operación de asalto, que se prolongó por dos días, se causaron entre 325 y 650 muertos (100 soldados, al menos, y 400 peregrinos y los tres grandes líderes del movimientos terrorista, entre ellos su cabeza máxima Jarnail Singh Bhindranwale[187]), y se logró la detención de los dirigentes extremistas más importantes, además de allanar miles de hogares sikhs, cuyos moradores, en la mayoría de los casos, no había cometido ningún crimen. Con todo, el extremismo y el terrorismo continuaron: los soldados sikhs se amotinaron en varias unidades y la facción radical del movimiento juró tomar venganza, induciendo el asesinato de la primera ministra Indira Gandhi por dos de sus guardaespaldas sikhs el 31 de octubre de 1984. Ello ocasionó la matanza de 1500 a 3000 sikhs (un millar de ellos en Nueva Delhi) en los siguientes tres días, en una venganza con tintes xenófobos que se rumorea que orquestó la propia policía. Un líder sikh de la India asegura que el término «terrorista» ha reemplazado al de «bruja» como excusa para perseguir a aquellos a los que uno no aprueba[188]. A partir de 1984 y durante toda la década de los noventa, miles de jóvenes varones y centenares de mujeres se adhirieron al movimiento de independencia sikh, que asesinó a unas 12 000 personas de 1986 a 1992.

Tras un acuerdo firmado en julio de 1985 por el primer ministro Rajiv Gandhi con los sectores sikhs moderados para mejorar el funcionamiento del federalismo indio, los terroristas asesinaron al mes siguiente al dirigente del Akalî Dal, Sant Harcharan Singh Longowal, iniciando otra espiral de violencia que llegó a su momento culminante en enero de 1986, con una nueva ocupación del Templo de Oro que fue recuperado por la policía en abril. En el primer semestre de 1987, los terroristas mataron a 444 personas. Tras los sangrientos atentados que tuvieron lugar en Delhi el 13 de junio (con 14 muertos) y el 6 y 7 de julio (70 fallecidos), la policía detuvo a 3318 terroristas en catorce meses, pero el terrorismo no se detuvo, debido a una mejor coordinación entre los diferentes grupos fundamentalistas y terroristas residentes en el Punjab.

El 11 de mayo de 1987, Rajiv Gandhi hizo anular la asamblea y el gobierno autónomo del territorio, que pasó a ser administrado directamente por Nueva Delhi. Del 11 de mayo al 12 de junio, los terroristas mataron a 146 personas, pero la crisis alcanzó su paroxismo entre 1989 y 1992, con más de 5000 muertos solo en 1991. Las muertes continuaron a razón de un millar o más por año, y alcanzaron las mayores cifras en 1991-1992. En 1995 se tuvo constancia del primer atentado suicida, y al menos se perpetraron otros dos fallidos en 1999 y 2000. Pero desde 1993 los movimientos terroristas han declinado evidentemente y se aborda la lenta normalización de un conflicto que entre 1981 y 1991 costó la vida a 3871 hindús y a 6177 sikhs[189].

7 Del terrorismo internacional al terrorismo global

El concepto de «terrorismo internacional» es indudablemente polémico, ya que sus acciones han sido identificadas con móviles políticos tan diversos como el imperialismo, el colonialismo, la lucha por la libertad nacional, las guerras de independencia o el terrorismo exterior apoyado por el Estado. Un especialista lo ha definido como «actos violentos o campañas de violencia y amenazas contra objetivos civiles usados a través de las fronteras nacionales de un Estado determinado con propósitos políticos y más allá del papel normalmente aceptado de la diplomacia internacional y la guerra»[1]. Con este término se ha tratado de definir también la promoción o la protección de cierto tipo de organizaciones armadas por parte de gobiernos extranjeros, o bien la colaboración entre grupos terroristas de diversa nacionalidad. En realidad, ninguno de estos fenómenos es nuevo. En el siglo XIX, las sociedades secretas democrático-nacionalistas y el movimiento anarquista contaron con canales de relación internacional, y en los años treinta del siglo XX se constató la instrumentalización por parte de los gobiernos italiano y alemán de organizaciones secretas que utilizaban eventualmente el terrorismo, como el CSAR francés, la Ustasha croata, la VMRO macedonia o los grupos nazis de Austria y los Sudetes. Además, desde esa época, y más aún tras la Segunda Guerra Mundial, el terrorismo se ha transformado en un gran negocio con ramificaciones a escala mundial.

El terrorismo internacional engloba dos facetas a menudo complementarias: la internacionalización y la transnacionalización. El terrorismo del primer tipo ha formado parte de una estrategia desestabilizadora en la dinámica de la política de bloques, y en él se han integrado tanto el apoyo que ciertos países otorgan a estos grupos armados como los acuerdos de colaboración entre distintas organizaciones terroristas para llevar a cabo campañas violentas de alcance global. La congelación de la guerra en el enfrentamiento bipolar en la segunda mitad del siglo XX hizo que las dos superpotencias se enfrentasen por medio de terceros estados o recurrieran al terrorismo entre otras formas menos onerosas de acción desestabilizadora. El terrorismo internacional tuvo su momento culminante en los años setenta y primeros ochenta de la pasada centuria, precisamente en un contexto en el que las grandes potencias trataron de defender sus intereses geopolíticos de otro modo que con una guerra abierta de costes impredecibles. El «equilibrio del terror» puso sobre el tapete la aplicación de estrategias persuasivas (despliegue nuclear) y subversivas de menor riesgo. La instrumentalización de la subversión se manifestó en forma de conflictos localizados de baja intensidad en países periféricos y del terrorismo como generador de inestabilidad en las sociedades más desarrolladas y con mayor cohesión interna.

El terrorismo transnacional tiene como origen un conflicto de tipo nacional o regional que es trasladado fuera de sus fronteras naturales tanto por imperativos de seguridad como por la mayor accesibilidad de los objetivos (los palestinos han intervenido en Francia, los irlandeses en Gran Bretaña, los japoneses en Holanda o los alemanes en Suecia) o por necesidades de un más amplio eco propagandístico. Una enérgica respuesta estatal puede obligar a una organización terrorista a replegarse a otros lugares donde las condiciones le son más favorables, como fueron los «santuarios» de Finlandia para los social-revolucionarios rusos, Bulgaria para los comitadjis de la VMRO, Italia o Hungría para la Ustasha, España para la OAS o los activistas neofascistas italianos, la República de Irlanda para el PIRA, Francia para ETA, Siria e Irak para el PKK o Jordania y el Líbano para los palestinos. Este refugio forzado en países más acogedores ha provocado que, en ocasiones, estos grupos quedaran más expuestos a la instrumentalización o manipulación de potencias extranjeras, en función de sus intereses estratégicos particulares o para minar la estabilidad de otros países o áreas geográficas. En ese caso, la transnacionalización del terrorismo ha desembocado en su internacionalización. Este terrorismo multinacional alcanzó su punto culminante a inicios de los setenta, cuando libios, argelinos, norcoreanos o cubanos actuaron como pagadores, coordinadores y suministradores de armas y equipo para diversos grupos terroristas.

1. LA CUESTIÓN PALESTINA Y EL TERRORISMO «DE EXPORTACIÓN»

Los movimientos palestinos de fines de los años sesenta fueron los primeros en sobrepasar el cuadro estrictamente de Oriente Medio en su dinámica terrorista para inclinarse a una dimensión internacional. Esta internacionalización se produjo primero en la elección de los objetivos (aeropuertos y compañías aéreas de países occidentales) que no tenían que ver con el conflicto israelo-palestino. Luego tuvo su expresión en la desterritorialización de las acciones violentas (asunto en el que la diáspora palestina tuvo un papel relevante) y de la identidad de los terroristas, ya que la defensa de la causa palestina sirvió de pretexto a las operaciones de muy diversos grupos, desde Carlos al Ejército Rojo japonés o la RAF[2].

Al Fatah y otros grupos armados de la resistencia palestina

Tras las sublevaciones de 1921, 1924 y 1933, la gran huelga insurreccional de 1936 (combinación de reivindicaciones sociales y de oposición a la inmigración judía y al poder colonial británico) y la Catástrofe de 1948, la resistencia palestina se desplegó a partir de 1953 a través de incursiones de fedayines que fueron contestadas con represalias militares israelíes hasta la crisis de Suez de 1956[3]. La acción armada frente a la creación del Estado de Israel apenas se pudo definir en términos de lucha nacional, y de hecho transcurrieron dos décadas antes de que la nación palestina apareciera en el discurso político con los primeros militantes de Al Fatah, influidos pero también obstaculizados por el nacionalismo revolucionario panárabe de tendencia nasserista[4]. En un principio, los combatientes palestinos no eran nacionalistas, sino unionistas árabes, lo que explica su inicial aceptación de la anexión de Cisjordania por el reino hachemita, pero la sangrienta traición del rey Hussein en septiembre de 1970 cambió dramáticamente esta actitud. Hasta 1967, el nacionalismo palestino, grupuscular y sin real influencia popular, se manifestó a través del Movimiento de Liberación de Palestina fundado en Gaza en diciembre de 1956, cuyo núcleo se convirtió en la segunda mitad de 1958 en el Movimiento Palestino de Liberación Nacional Harakat al Tahrir al Watani al Filistini, cuyo acróstico invertido se sintetizaba en Al Fatah (La Victoria), entidad fundada en Kuwait por un grupo de jóvenes palestinos exiliados, entre ellos Mohamed Abdel Raouf Arafat al Qudwa al Husseini (Yasser Arafat, o «Abu Ammar», que había liderado a inicios de los cincuenta una Liga de Estudiantes Palestinos en El Cairo), Kalil al Wazir, («Abu Djihad»), Salah Khalaf («Abu Iyad»), Faruk Kaddoumi y Kamel Adwan[5]. En un principio, Fatah había estado próxima a la organización fundamentalista de los Hermanos Musulmanes, pero cuando Nasser los proscribió a mediados de los sesenta, Fatah adaptó su ideología al nacionalismo panárabe radical, anticolonialista y antiimperialista que parecía la «moda» política del momento, y preconizó la lucha armada desde su misma fundación. Influidos por otra «moda» de la época, los jóvenes dirigentes de Fatah estimaron útil situar su combate en el esquema marxista del movimiento de liberación nacional de Tercer Mundo, de modo que Israel se convirtió no solo en el Estado invasor de su tierra, sino en el puesto avanzado del imperialismo en Oriente Próximo[6]. La separación sirioegipcia debilitó la idea panarabista, pero la independencia de Argelia en 1962 actuó como modelo revolucionario a imitar. El problema de la desviación de las aguas del Jordán por Israel y sus experimentos nucleares de 1963 hicieron pensar en el asentamiento de un statu quo permanente en la zona, contra el que Fatah se dispuso a luchar.

Tras una conferencia preparatoria celebrada en Egipto en enero de 1964, en abril-mayo se reunió en Jerusalén Este, bajo el patrocinio de los países árabes, el primer Congreso Nacional de los Árabes de Palestina, de donde surgió la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), subvencionada por la Liga Árabe. En la reunión de estos notables se acordó la promulgación de una Carta Nacional Palestina que sellaba un compromiso combatiente por la liberación del territorio y la destrucción del Estado de Israel[7]. En consecuencia, la OLP pronto se dotó de un brazo militar: el Ejército para la Liberación de Palestina (PLA), dirigido por Ahmed Chukeiry y que realizaría operaciones contra Israel bajo mando árabe unificado, mientras que Fatah continuaba de forma independiente sus golpes de mano contra el Estado sionista[8]. Organizada bajo el sistema celular a ejemplo del FLN argelino, Fatah fundó en el verano de 1964 su propio brazo armado: Al-Assifah (La Tempestad), que comenzó a adiestrar a los primeros combatientes en técnicas rudimentarias de guerrilla e inició los ataques contra instalaciones hidráulicas, centros agrícolas y carreteras israelíes a fines de año. El 1 de enero de 1965, Al-Assifah atacó el oleoducto nacional israelí en el valle de Beit Netopha. Tan solo en 1965 protagonizó cerca de 110 operaciones hostiles, activando la tensión entre Israel y los países vecinos, sobre todo Jordania, que fue atacada en mayo. La actividad armada de Fatah se limitaba por aquel entonces a ataques fronterizos desde Jordania y Líbano, donde la organización llegó a contar con unos 10 000-15 000 hombres.

El 23 de enero de 1966, Al-Assifah realizó su primera operación armada con éxito contra el ejército israelí (Tsahal), destruyendo un vehículo militar y matando a tres militares en el Golán. Desde entonces hasta la guerra de los Seis Días, Fatah reivindicó 73 sabotajes de Al-Assifah, llevados a cabo en ocasiones con la intervención personal de Arafat. Según fuentes palestinas, Fatah lanzó en 1969 hasta 373 operaciones armadas de este tipo en los territorios ocupados, en las que resultaron muertos unos 3000 fedayines. Fatah se atenía a la estrategia clásica de las luchas de liberación nacional, según el exitoso modelo argelino. Su objetivo era crear un verdadero ejército de liberación nacional acampado en las fronteras del Estado hebreo y listo para invadirlo, incitando a represalias israelíes contra los estados árabes fronterizos con la esperanza de generalizar el conflicto. Esta estrategia de ataque a los territorios que ocupaba Israel desde la guerra de 1967 permaneció en vigor hasta el aplastamiento por el Tsahal de los fedayines en Líbano en junio de 1982 durante la «Operación Paz en Galilea» que aceleró la renuncia a la lucha armada tras la primera Intifada y el reconocimiento del Estado hebreo en 1993.

Tras la catastrófica Guerra de los Seis Días de junio de 1967, que marcó el fracaso de la estrategia convencional panárabe patrocinada por Egipto, Fatah buscó un espacio político propio y recibió creciente apoyo de Siria y de los campos de nuevos refugiados para impulsar una guerra de guerrillas entendida como revolución popular e irregular de masas[9]. El 21 de marzo de 1968, la batalla de Karameh (Jordania), en la que 350 guerrilleros de la Fuerza 172 de Fatah junto con otros 150 miembros del ejército semirregular de la OLP hicieron frente con éxito a siete batallones israelíes, otorgó nuevo prestigio al grupo de Arafat[10]. Fatah pasó de encuadrar a apenas 200-300 combatientes a captar a cerca de 2000 a inicios de 1968, pero tras Karameh se reclutaron cerca de 13 000 nuevos voluntarios, lo que permitió al grupo que asumiera el control de casi todo el apoyo material y político de la resistencia palestina. En julio, Fatah y otros grupos armados como el FPLP ingresaron en la OLP, cuyo líder Ahmed Chukeiry había caído en diciembre de 1967. Fue entonces cuando comenzó la toma del poder de la OLP por los guerrilleros de Fatah: desde el IV Congreso Nacional Palestino de julio de 1968 se percibió un mayor control de la OLP por los comandos armados de Fatah, que acabó por hacerse con el control de la organización en el V Congreso Nacional celebrado en El Cairo el 3 de febrero 1969, cuando Arafat asumió la Secretaría General del Comité Ejecutivo, y la convirtió en un instrumento decisivo en la lucha palestina.

Al tiempo, una nueva generación de palestinos surgió para proseguir la lucha armada. Mientras que Fatah, que era el movimiento más moderado, contaba con 7000-9000 militantes estables en los años setenta, en el seno del movimiento palestino fueron surgiendo otras organizaciones revolucionarias semimarxistas de extracción más popular, como el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) creado en Beirut a fines de 1967 por el doctor cristiano George Habash a partir de una serie de grupos armados existentes desde fines de los años cuarenta, como los militantes palestinos del Movimiento Nacional Árabe (MNA), y pequeños grupos de combate como el Frente de Liberación de Palestina (PLF), los Héroes del Retorno y la Juventud de la Venganza[11]. A inicios de los años cincuenta, Habash se vio influido por el baasismo, una versión panarabista del socialismo que había echado raíces en Siria e Irak, pero tras la derrota de 1967 y la consiguiente desilusión por la política de Nasser en el seno del MNA, giró hacia la extrema izquierda y optó por la lucha armada. Hombres como George Habash, Mushin Ibrahim, Nayif Hawatmeh y Hani al-Hindi derivaron hacia el marxismo-leninismo en plena Revolución Cultural china. Panárabe, antisionista y antiimperialista, el FPLP adoptó una estrategia de liberación nacional similar a la que dominaba en Cuba, Vietnam o Corea del Norte, y fue apoyado por Irak y otros regímenes árabes radicales, actuando sobre todo entre los refugiados de los campamentos palestinos en Irak, Líbano y Siria. Su estrategia era diferente a la de Fatah, ya que preconizaba una «guerra popular de liberación» que armase a la gente en milicias populares; esto es, proponía una guerra prolongada sostenida por un pueblo plenamente movilizado e ideologizado. Pero los esfuerzos encaminados a organizar un movimiento guerrillero rural tras la guerra de los Seis Días fracasaron estrepitosamente. En 1968-1969, un intento de organizar el terror urbano en el campo de refugiados de Gaza no tuvo mayor éxito, hasta que los deportados fueron reubicados por los israelíes[12]. El FPLP conoció tensiones que desembocaron en 1968 en la creación del Frente Democrático Popular para la Liberación de Palestina (FDPLP) de Nayif Hawatmeh, de carácter netamente marxista-leninista, prosirio y prosoviético, que rechazaba a todos los gobiernos árabes, a los que quería sustituir por democracias populares. A la altura de 1975 contaba con unos 300 militantes, mientras que su rama original disponía de medio millar. También existía el movimiento Saiqa (Rayo), impulsado en 1968 por el partido Baaz sirio para mantener su influencia sobre la lucha palestina. La unificación de grupos se logró en mayo de 1970, bajo el Comando Unificado de la Resistencia Palestina (CURP).

Tras la derrota de 1967, las organizaciones palestinas se vieron implicadas en tres tipos de operaciones: el bombardeo de asentamientos israelíes desde la frontera del Líbano, las incursiones relámpago contra vehículos de transporte o asentamientos judíos y los ataques individuales. El terrorismo transnacional a gran escala empezó a partir de entonces. Ante las cada vez mayores dificultades para actuar directamente contra Israel, el FPLP trató de llevar la guerra al terreno internacional atacando simbólicamente al enemigo en el exterior mediante acciones espectaculares capaces de atraer la atención del mundo entero. Esta organización fue la responsable de los primeros secuestros de aviones de 1968-1972, ya que, como dijo George Habash, «cuando secuestramos un avión, conseguimos un efecto mayor que cuando matamos a cien israelíes en una batalla»[13]. En el verano de 1968, mientras los fedayines de la OLP intentaban incursionar contra instalaciones israelíes y perdían 44 combatientes, un comando de tres activistas del FPLP secuestró el 22 de julio de 1968 un Boeing 707 de la compañía El-Al que hacía el trayecto Roma-Tel Aviv con el objeto de intercambiar pasajeros por activistas encarcelados en Israel. El aparato fue desviado a Argel, tras de lo cual se obtuvo la liberación de 18 terroristas. El 24 de diciembre, miembros del FPLP procedentes del Líbano destruyeron un avión israelí en el aeropuerto de Atenas. Como respuesta, cuatros grupos de comandos israelíes atacaron el aeropuerto de Beirut cuatro días después, destruyendo los trece aviones que se hallaban sobre la pista. Entre 1968 y 1971, más de 110 secuestros de aeronaves fueron reivindicados por el FPLP, que los consideraba actos de guerra que no cuestionaban la neutralidad o la no beligerancia de los países afectados. La piratería aérea era además un exponente aceptable de la «guerra del pobre»: realizada por un pequeño número de combatientes, permitía plantear la situación palestina ante la opinión pública mundial. Además, se hacía presión sobre las democracias occidentales tomando rehenes, ya que en pura lógica marxista revolucionaria, nadie podía escapar a la responsabilidad colectiva del «imperialismo». En consonancia con estos nuevos planteamientos políticos, se incrementaron las operaciones terroristas en terceros países: 153 entre 1967 y 1975, con punto álgido (50) en 1973, y un balance de 2670 árabes y 502 judíos muertos. Una de las acciones más impactantes fue la masacre del FPLP en una escuela de Ma’a lot el 15 de mayo de 1974, que culminó en un asalto israelí que provocó la muerte de 21 niños.

Por primera vez en la historia, los terroristas empezaron a viajar de un país a otro para perpetrar sus atentados y comenzaron a dirigir sus ataques contra civiles de otros países no implicados en sus respectivos conflictos[14]. Los avances tecnológicos de la época (la accesibilidad de los vuelos comerciales internacionales, la difusión instantánea de noticias, los nuevos explosivos más pequeños y potentes) propiciaron este cambio drástico en la táctica terrorista.

Los secuestros y la destrucción de aviones continuaron con intensidad creciente en 1969-1970. En febrero de ese último año, un avión de Swissair con destino a Tel Aviv explotó en pleno vuelo ocasionando 47 muertos. El momento culminante de esta oleada de piratería aérea se produjo el 8 de septiembre de 1970, cuando un comando del FPLP dirigido por Leila Khaled fracasó al tratar de secuestrar un Boeing 707 de El-Al en vuelo de Tel Aviv a Nueva York[15]. Por la tarde, tres grupos del FPLP secuestraron dos aviones, y un tercero el día 9. Las aeronaves fueron desviadas a Camp Dawson en Jordania, un antiguo aeródromo militar de la Segunda Guerra Mundial rebautizado para la ocasión como «Aeropuerto de la Revolución». El rey Hussein puso fin al secuestro dialogando con los palestinos y liberando a los pasajeros, pero el FPLP acabó destruyendo los aparatos. Esta acción precipitó el conflicto que desde hacia tiempo oponía a los palestinos y a Hussein. Implantados en los campos de refugiados y en los barrios palestinos de la capital jordana, los fedayines constituían un Estado dentro del Estado jordano. Israel atizó el conflicto, y el 16 de septiembre el monarca hachemita constituyó un gobierno militar y ordenó liquidar la presencia armada palestina en el país. Tras librarse duros combates se concertó un primer alto el fuego el 27 de septiembre con la mediación de Nasser, pero los enfrentamientos se prolongaron hasta el 6 de octubre, al precio de 3440 muertos, 10 800 heridos y 6.00 prisioneros[16]. Los fedayines palestinos se refugiaron en las montañas de Jerash y Ajloun hasta la primavera de 1971, y luego se dirigieron al Líbano, con cuyo gobierno habían suscrito un acuerdo secreto en 1969 que les permitía libertad de acción en el territorio, circunstancia que se mantendría durante toda esa década.

Expulsados brutalmente de Jordania, debilitados militarmente e incapaces de atacar a Israel en su propio terreno, militantes radicales de Fatah como Salah Khalaf, «Abu Iyad», fundaron en 1970 Septiembre Negro (Munadamat Aylul al-Aswood), que sustituyó al FPLP como la vanguardia más extremista del terrorismo palestino, perpetrando algunos de los actos más impactantes de los primeros años setenta[17]. El 28 de noviembre de 1971, el general Wasfi Tall, primer ministro jordano desde el año anterior y actor principal de la represión, fue asesinado en El Cairo por esta organización, que el 8 de marzo de 1972 secuestró un avión de la compañía belga Sabena antes de que sus activistas fueran abatidos en el aeropuerto de Lod. Tres semanas más tarde llegó la represalia judía, que destruyó tres aldeas libanesas donde murieron setenta personas. El 5 de septiembre de 1972, un nuevo comando intervino en el asesinato de dos deportistas israelíes y el secuestro de otros nueve en Munich, que fueron muertos en el aeropuerto de Fürstenfeldbruck, al igual que cinco de los ocho terroristas. Los tres fedayines capturados por la policía alemana fueron liberados luego por intervención del FPLP, con la añagaza de una parodia de secuestro de avión propuesto por el gobierno de Bonn para librarse de responsabilidades[18]. Tras este desastre, los israelíes lanzaron una violenta campaña de contraterrorismo por toda Europa: el general Zvi Zamir, jefe del Mossad, acordó con la primera ministra Golda Meir la creación de equipos de asesinos («Ira de Dios») para perseguir a los jefes palestinos por el mundo entero: de este modo, el 16 de octubre se produjo el asesinato en Roma de Wael Zwaiter (encargado de reclutar el comando que intervino en Munich), el 8 de diciembre cayó en París Mahmud Hamshari, el 24 de enero de 1973 murió en Nicosia Abal Al Chir (organizador de atentados), el 6 de abril fue asesinado en París Basil al-Kubeisi (responsable de armamento del FPLP) y de nuevo en París Muhamad Budia fue ejecutado el 28 de junio de 1973. También murió en Beirut el poeta palestino Hassan Kanafani, uno de los teóricos del FPLP. En el curso de los diez años siguientes, doce personalidades palestinas fueron asesinadas por comandos especiales israelíes en París, Roma, Atenas y Beirut, donde una incursión israelí en la noche del 9-10 de abril de 1973 provocó la muerte de cuarenta palestinos (entre ellos Kamal Nasser, Kamal Udwan y Abu Yussuf, miembros del Comité Central de Al Fatah) y 29 libaneses, desencadenando la espiral de violencia intercomunitaria que acabó por degenerar en guerra civil[19]. Pero los errores y deslices de los israelíes fueron frecuentes: en marzo de 1973 derribaron un avión de pasajeros libio con 165 personas a bordo, que perdido en una tormenta de arena, había penetrado en espacio aéreo israelí.

El movimiento armado palestino respondió a través de la internacionalización del conflicto, perpetrando atentados como la masacre en el aeropuerto de Lod el 30 de mayo de 1972, donde 27 personas fueron asesinadas por kamikazes del Ejército Rojo Japonés que actuaron en nombre del FPLP como venganza por la masacre de Deir Yassin de 1948. Septiembre Negro también atacó la Embajada israelí en Bangkok en diciembre de 1972 y la Embajada saudí en Jartum en 1974.

Tras la guerra de Yom Kippur de octubre de 1973, la estrategia de Fatah se fue alejando de los atentados terroristas a escala internacional y se adentró por la vía de la negociación diplomática, al tiempo que continuaba practicando la guerrilla contra Israel. Tras el asesinato por equivocación de un inmigrante marroquí en Lillehammer (Noruega) y la captura del comando ejecutor del Mossad, el 13 de noviembre de 1974 la ONU reconoció a la OLP como único representante del pueblo palestino.

La guerra civil libanesa y el origen de Hezbollah

A mediados de la década de los setenta, el deterioro de la situación del Líbano condujo a la implicación de Fatah en el conflicto civil. Tras la guerra de 1948, 150 000 palestinos habían buscado refugio en el inestable vecino del norte, y una nueva oleada de refugiados siguió a la debacle de 1967, hasta alcanzar las 300 000 personas en los años setenta, lo que convirtió a la diáspora palestina en una poderosa fuerza política y social que asentó un Estado propio dentro del débil Estado libanés. Tras el septiembre negro jordano, los estrechos controles impuestos a los palestinos dentro de las fronteras de Egipto y Siria impusieron el traslado de las bases de Fatah al sur del Líbano. Ello posibilitó una recuperación de la efectividad de sus guerrillas, pero la presencia de numerosos fedayines de la OLP en sus bases al sur del Líbano puso en aprietos a las autoridades locales, y provocó una escalada de tensión que condujo a la guerra abierta en 1975 entre los cristianos maronitas (principalmente los falangistas del partido de los Kataeb, dirigidos por la familia Gemayel y apoyados por Israel) y la OLP. Fatah se encontró luchando eventualmente contra la Falange libanesa, la milicia chiíta Amal, los sirios e incluso contra palestinos anti-Fatah. Los sirios intervinieron a partir de mayo de 1976 en el marco de una Fuerza Árabe de Disuasión para evitar que el Líbano se convirtiera en un foco revolucionario fundamentalista, y los israelíes invadieron el sur del país en marzo de 1978 para apoyar a un ejército títere de cristianos maronitas.

El 6 de junio de 1982, el Tsahal inició la operación «Paz en Galilea», y ocupó Beirut a inicios de septiembre. En total murieron unos 20 000 libaneses y palestinos, 90 % de ellos civiles, como fue el caso de la matanza de 2400-3000 palestinos de los campamentos de refugiados Sabra y Chatila el 15 septiembre. La invasión israelí de 1982 obligó a Fatah a trasladar sus oficinas administrativas a Túnez, y sus milicias a este país, Argelia y Yemen del Sur. A fines de 1983 estalló una virtual guerra civil entre los seguidores de Arafat y la facción prosiria controlada por Abu Musa en el norte del Líbano, que obligó a Arafat a abandonar por segunda vez el país. Como resultado de las iniciativas de paz de Reagan y de la Liga Árabe en 1982-1983, estallaron nuevas tensiones cuando Siria presionó para que los grupos de la OLP (FPLP y FLP, entre otros) rechazaran el plan federativo jordano-palestino[20]. Tras la muerte de tres veraneantes israelíes en Larnaka el 5 de septiembre de 1985, Israel bombardeó el cuartel general de la OLP en Túnez, provocando la muerte de sesenta palestinos y heridas a un centenar.

Una fuerza multinacional de paz había sido invitada a intervenir por el presidente libanés Amine Gemayel en 1983, pero abandonó el país en febrero 1984 tras los ataques suicidas perpetrados contra la Embajada americana el 18 de abril de 1983 (63 muertos, 17 de ellos norteamericanos) y los atentados cometidos simultáneamente en Beirut el 23 de octubre contra los cuarteles generales de los marines (241 muertos) y los paracaidistas franceses (58 muertos). El responsable de estas acciones era un nuevo grupo armado, Hizb’ Allah’ (Hezbollah, Partido de Dios), que pudo presentarse como la organización de defensa nacional que había obligado a los americanos a retirarse.

En el Líbano, los chiítas pronto rebasaron en importancia a las otras sectas. Entre 1921 y 1956, la población chiíta pasó de 100 000 a 250 000 personas, pero su porcentaje en el total del país se mantuvo estable en torno al 19 %. Entre 1956 y 1975, la población chiíta se triplicó, hasta llegar a las 750 000 personas, lo que suponía un tercio de la población total. Los chiítas más extremistas comenzaron a afluir hacia los movimientos revolucionarios que se fueron constituyendo en los años sesenta y setenta, especialmente los fundados por la diáspora palestina. Otros chiítas que aún creían en las reformas crearon su propio movimiento comunitario para promover sus intereses bajo el liderazgo de clérigos progresistas y clases medias profesionales[21].

Hezbollah tiene su origen remoto en 1974, cuando el imâm libanés Musa al-Sadr organizó el «Movimiento de los Menesterosos» para atender a la comunidad chiíta. Esta organización asistencial se convirtió luego en el partido político Amal (Esperanza), que formó su propia milicia defensiva en la guerra civil que afectó al país a partir de 1975. La misteriosa desaparición de al-Sadr en agosto de 1978 abrió el camino para una mayor influencia del fundamentalismo iraní, que en 1982 convirtió a Hezbollah en parte de la revuelta panislámica preconizada por el ayatollah Jomeini[22]. En 1981 sufrió una fractura interna que llevó a la creación de Amal Islámica, que bajo la guía espiritual del jeque Muhammed Hussein Fadlallah dirigió desde la invasión israelí de 1982 una organización activista clandestina: la Yihad Islámica, punta de lanza de las acciones terroristas organizadas desde Irán de 1982 a 1987.

Hezbollah se presentó como un partido nacionalista libanés de resistencia a la ocupación israelí de 1982, en la confluencia de tres organizaciones islamistas radicales chiítas (Grupo Islámico Amal, Grupo de Ulemas y la rama libanesa del partido islámico radical AdDawa), y merced a la absorción de un enjambre de grupúsculos armados de la Resistencia Nacional Libanesa resultantes de la guerra civil iniciada en 1975, hasta denominarse Hamás en 1985[23]. Elaboró un programa que pedía la expulsión de las fuerzas ocupantes a través de la Yihad y la transformación del país en un Estado islámico al margen del pacto interconfesional firmado en 1943.

Gracias a la intervención de Irán (compromiso sellado con la autoridad de Jomeini), el pequeño núcleo de activistas se convirtió en tres años en un disciplinado grupo combatiente. Las operaciones de Hezbollah incluyeron el secuestro de un avión comercial americano en 1985 para reclamar la liberación de los chiítas encarcelados por Israel, y dos secuestros de aviones kuwaitíes en 1986 y 1988 para liberar a los chiítas libaneses retenidos en Kuwait por haber puesto bombas en ese país. Los secuestradores asesinaron a pasajeros en cada una de sus acciones, para demostrar su resolución. La Yihad Islámica y otros grupos asociados con Hezbollah secuestraron a docenas de extranjeros en el Líbano, en su mayor parte norteamericanos, británicos, franceses y alemanes, con el mismo objetivo. Alguno de estos rehenes fueron intercambiados más tarde por armas americanas que Irán empleó en la guerra contra Irak, pero el motivo principal de la oleada de secuestros siguió siendo la liberación de los combatientes de Hezbollah prisioneros en las cárceles israelíes. El rehén más dilatado fue retenido seis años en cautividad. Muchos de ellos fueron liberados, y unos cuantos murieron en cautividad.

Tras unos años de enfrentamientos entre los diversos grupos paramilitares, donde Hezbollah perpetró 36 atentados suicidas de 1982 a 1986 (aunque 27 de los 41 terroristas suicidas eran comunistas o socialistas y tres eran cristianos) y 35 secuestros de occidentales entre 1984 y 1989, la estabilidad interna fue restaurada por el ejército sirio en 1989-1990, con la proclamación de una Segunda República libanesa basada en la división del poder según los grupos confesionales. Pero el mantenimiento de la ocupación israelí del sur del país condujo a un conflicto fronterizo crónico, con combates feroces como el librado entre Hezbollah y el ejército israelí en Galilea y norte de Israel el 22-31 de julio de 1993 con un balance de 150 muertos, 500 heridos y 200 000 desplazados. La ocupación hebrea se mantuvo hasta el año 2000 al precio de 800 muertos israelíes y aliados, aunque en julio-agosto de 2006 se produjo otro conato de invasión israelí del territorio libanés («Guerra de los treinta y tres días») tras un atentado perpetrado por Hezbollah en la frontera con un balance de dos soldados hebreos secuestrados y ocho muertos. Israel bombardeó de inmediato las pistas del aeropuerto internacional de Beirut, desplegando una estrategia de castigo colectivo e indiscriminado desde el primer día de los combates. Los bombardeos, a la vez que inútiles ante la habilidad de Hezbollah para camuflarse, provocaron un rechazo generalizado de la opinión pública internacional. Las operaciones en el sur del Líbano, donde la organización integrista se destacó en el arte de la emboscada, no fueron especialmente propicias para el Tsahal, que perdió su imagen de imbatibilidad[24].

Hezbollah jugó un papel instrumental en expulsar a las fuerzas extranjeras del Líbano, y continúa sin descanso su campaña contra Israel desde el sur del país. La organización está dirigida por un Consejo consultivo (Shura) de doce clérigos dirigidos por un secretario general, y cuenta con comités especializados en asuntos ideológicos, militares, políticos, judiciales, informáticos y sociales, con secciones relativamente autónomas en cada región del Líbano. En el comité militar existe un cuerpo separado autodenominado Aparato de Seguridad Especial, responsable de la inteligencia y la seguridad interior[25].

Desde 1992, Hezbollah forma parte del Parlamento libanés y participa activamente en la vida política del país. Controla una amplia red de prestaciones con apoyo iraní que facilita el acceso a la sanidad y la educación a cientos de miles de libaneses, y domina gran parte de los ayuntamientos del sur del territorio[26].

2. INTERNACIONALIZACIÓN Y TRANSNACIONALIZACIÓN EN LOS AÑOS SETENTA

Las guerrillas y el terrorismo han existido por siglos, pero en los años setenta se convirtieron en una fuerza a tener en cuenta en los asuntos internacionales. No solo los grupos subversivos, sino también los estados modernos han hecho del terror y del terrorismo una parte integrante de su política interior y exterior. Durante la Guerra Fría, el terrorismo internacional fue un sustitutivo habitual de la guerra entendida en términos convencionales. Se trataba de patrocinar grupos armados para desestabilizar políticamente al adversario. De este modo, determinadas agencias estatales se especializaron en gestionar este tipo de violencia ilegal o en dar infraestructura a grupos subversivos para que ejecutaran atentados contra los intereses vitales del potencial enemigo. Los gobiernos revolucionarios cubano, norcoreano, argelino, libio, sirio, iraní o iraquí, pero también los prooccidentales de Kuwait o Arabia Saudí, apoyaron financieramente de forma extensa a diversos grupos terroristas, sobre todo árabes. Miembros conspicuos de la RAF como Baader, Meinhof y Ensslin fueron entrenados por el FPLP en Siria y Jordania a mediados de 1970, y encontraron refugio en Yemen del Sur, Cuba, Argelia, la URSS y la RDA. Las BR recibieron ayuda de países como Checoslovaquia y Bulgaria, y se entrenaron en campos en el Líbano, Libia y Yemen. AD gozó en algún momento del apoyo del gobierno libio y del grupo palestino de Abu Nidal para su campaña de atentados contra instalaciones de la OTAN. ETA mantuvo relaciones con IRA desde sus orígenes, y con las BR en un breve espacio de tiempo entre 1975 y 1976. ETA(p-m) tuvo contactos con la RAF a inicios de 1980, con el MIR chileno entre 1979-1988, y con los sandinistas desde 1978 hasta su derrota electoral en 1990. Los activistas de ETA(m) se han adiestrado en campos de adiestramiento en Libia desde 1978; 63 etarras viajaron con idéntico propósito a Argelia en 1976, y de nuevo en 1984. También fueron localizados en el Líbano en 1979, cuando gozaban de la hospitalidad de la OLP, y en Yemen del Sur en 1980, como otros grupos terroristas de la época. La propia OLP envió un cargamento de armas a diversos grupos terroristas europeos, incluida ETA, en 1979. Fueron los restos del terrorismo alemán de la década de los setenta los que transfirieron a ETA los conocimientos en materia electrónica para confeccionar sus primeros artefactos por control remoto, una tecnología que el grupo vasco transfirió luego al IRA, que antes había acogido a activistas etarras en Irlanda para adiestrarlos en el disparo a larga distancia.

ETA proveyó de documentación falsificada a diversas organizaciones revolucionarias latinoamericanas para que sus miembros operasen en Europa o se trasladaran a Oriente Medio. Los etarras incorporaron en 1974 la técnica tupamara de cárceles del pueblo, y en los ochenta colaboraron con el FMLN salvadoreño en aspectos financieros y operativos[27]. En agosto de 2002, tres sospechosos de pertenecer al IRA fueron detenidos en el aeropuerto de Bogotá acusados de entrenar a las FARC en técnicas de terrorismo urbano como la colocación de coches-bomba y la fabricación de dispositivos especiales[28]. La organización terrorista vasca también ha recibido ayuda ocasional de Cuba, Nicaragua o Argelia, y de países de Oriente Medio y del bloque socialista. Aunque estos contactos han sido importantes, su mayor baza hasta comienzos de los ochenta fue la relativa impunidad con que actuaban desde sus bases en Francia. Algo similar se puede afirmar de la República de Irlanda en relación con el PIRA, que mantuvo relaciones con la OLP en los setenta (entrenamiento en campos de Argelia o Líbano), recibió importante ayuda de Libia en los años ochenta, y se ha relacionado con ETA, el FMLN salvadoreño, la Staatssicherheit (Stasi) alemana oriental y el KGB soviético en diversas etapas de su andadura violenta.

La actitud de las grandes potencias respecto al terrorismo internacional está marcada por una ambigüedad bien calculada. En pura lógica leninista, la Rusia soviética condenó el terrorismo como un exponente de inmadurez revolucionaria y como un síntoma de la debilidad irremediable que, en su opinión, atenazaba al capitalismo occidental, pero no hizo ascos a brindar un eventual apoyo logístico que hizo efectivo de forma directa o a través de sus países satélites, prestando apoyo a grupos armados clandestinos alemanes, japoneses, palestinos o armenios, además del IRA o ETA. Esta vinculación no dejó de ser resaltada a inicios de los ochenta por ciertas obras sensacionalistas que situaban a la URSS como inductora de toda suerte de terrorismo desestabilizador de alcance internacional[29]. Desde 1987 se hizo patente una nueva actitud hacia este problema por parte de las autoridades soviéticas, que estimularon la búsqueda de soluciones políticas a los conflictos en que estaban implicados grupos armados de obediencia marxista-leninista. El colapso de los sistemas comunistas a fines de los ochenta desveló que había existido una trama de acogida, formación y aprovisionamiento a grupos armados clandestinos alemanes, japoneses, palestinos y armenios, gestionada por departamentos especiales de los servicios secretos soviético y germanooriental, en la que se encontraban implicadas autoridades comunistas checoslovacas, húngaras y rumanas, así como algunos dirigentes radicales del mundo árabe[30].

En cuanto a los Estados Unidos, su postura oficial de abanderado del antiterrorismo internacional no le ha impedido sostener a movimientos armados de tipo nacionalista frente a regímenes socialistas en América Latina, Asia y África, o librar con soldados ajenos «guerras de baja intensidad» en zonas especialmente sensibles para sus intereses, como Nicaragua o Afganistán. Existen numerosos indicios que relacionan al gobierno norteamericano con actividades ilegales a través de las agencias de inteligencia o las fuerzas armadas. En la ya citada Escuela de las Américas, abierta en 1946 en Panamá y trasladada en 1984 a Fort Bragg (Carolina del Norte), se han entrenado 60 000 oficiales latinoamericanos en tácticas que incluían «motivación por el miedo, pago de recompensas por enemigos muertos, falsos encarcelamientos, ejecuciones y uso del suero de la verdad». Los Estados Unidos también han alentado el terrorismo vigilante de los «escuadrones de la muerte» en los años 1970-1980, ha apoyado el Operativo Cóndor y ha llevado a cabo multitud de operaciones encubiertas en África y Asia durante ese período, como el apoyo a la «Contra» nicaragüense con dinero obtenido del tráfico de armas con Irán destapado en 1985-1986, o el armamento a los mujahidines antisoviéticos en Afganistán en esa misma época.

En América Latina, el acoso al régimen castrista se ha traducido en no menos de 73 agresiones sobre instalaciones y personal cubano por grupos de exiliados con base en los Estados Unidos. Varios de estos ataques fueron impulsados por Orlando Bosch, un violento anticastrista y veterano de las operaciones encubiertas norteamericanas contra la isla. En octubre de 1976, Bosch y Luis Posada Carriles fueron detenidos en Venezuela por su implicación en la destrucción el día 6 del vuelo 455 de Cubana de Aviación en ruta de Caracas a La Habana, causando la muerte a 117 personas, pero Bosch fue liberado al poco tiempo, mientras que Posada protagonizó una sospechosa fuga de la cárcel en 1986. Tras pedir asilo político en 1989, Bosch obtuvo al año siguiente la residencia en Estados Unidos de la mano del presidente Bush, mientras que Posada, tras colaborar con la dictadura pinochetista y la Contra nicaragüense, siguió perpetrando atentados en Cuba hasta su petición de asilo en Norteamérica en 2005. Desde entonces, la administración estadounidense se ha negado a conceder la extradición a Venezuela, incumpliendo el convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil firmado en Montréal en 1971, por el cual la deportación de un terrorista es obligatoria. El 19 de abril de 2007, la justicia estadounidense le concedió la libertad.

Los ejemplos de la intromisión norteamericana en Cuba, Nicaragua, Líbano o Sudán (con el bombardeo de la planta farmacéutica de Al-Shifa el 20 de agosto de 1998) y en el apoyo a regímenes autoritarios como Turquía, Egipto o Indonesia justifican, a los ojos de ciertos intelectuales radicales, la descripción de Estados Unidos como un «conspicuo estado terrorista»[31].

Otro fenómeno ligado a la internacionalización del terrorismo es la estrecha colaboración que se ha anudado en ocasiones entre grupos revolucionarios de distintos países. En 1972, ETA firmó comunicados conjuntos con la organización palestina Fatah, la guerrilla kurda, el Frente de Liberación Bretón y el IRA. Las BR, que tuvieron relación con miembros del Mossad[32], también colaboraron con la RAF, AD, la OLP y con el terrorista mercenario internacional Ilitch Ramírez Sánchez, «Carlos» o «el Chacal», que entre 1972 y 1984 prestó sus servicios a los movimientos radicales palestinos, y fue detenido por la policía francesa en Jartum en 1994[33]. Equipos terroristas alemanes y palestinos participaron en la toma de la conferencia de ministros de la OPEP en Viena en diciembre de 1975, en el secuestro a fines de junio de 1976 de un avión de Air France con destino a París (que fue asaltado en el aeródromo ugandés de Entebbe por el ejército israelí en la noche del 3-4 de julio) y el secuestro de un vuelo de Lufthansa en Somalia en 1977, que fue liberado gracias a la intervención del grupo de élite policial germanooccidental GSG-9. Pierre Carette, líder de las CCC, mantuvo estrechas relaciones con fundadores de AD como Frederic Oriach (jefe de los NAPAP), Nathalie Ménigon y Jean Marc Rouillan, fundador de los GARI, una organización terrorista plurinacional dedicada a subvertir el régimen franquista. Algunos autores hacen alusión a un campo de adiestramiento localizado en 1978 en la frontera franco-española y que fue utilizado por militantes del terrorismo «rojo»[34]. La campaña de atentados contra instalaciones de la OTAN emprendida en 1983-1985 muestra indicios de coordinación terrorista internacional. Al parecer, el 15 de enero de 1985 las CCC, la RAF y AD celebraron una reunión secreta para establecer una nueva organización comunista y una guerrilla revolucionaria en Europa. Según informaciones norteamericanas difícilmente constatables, en enero del año siguiente tuvo lugar en Frankfurt un cónclave de terroristas alemanes (RAF), franceses (AD), belgas (CCC), portugueses (Forças Populares 25 do Abril inspiradas por Otelo Saraiva de Carvalho), italianos (BR), españoles, irlandeses, palestinos y sudafricanos con representantes del gobierno libio para relanzar la «lucha armada como necesidad estratégica y táctica de la lucha revolucionaria», y tratar de coordinar las acciones de varios grupos terroristas europeos contra instalaciones militares norteamericanas. El 8 de agosto de 1985, la RAF y AD, reunidas en un Comando George Jackson (en honor de un activista de los Black Panthers muerto en la prisión de San Quintín en agosto de 1971 durante un pretendido intento de fuga), reivindicaron un atentado contra la base norteamericana de Rhein-am-Main. Sin embargo, los sabotajes a depósitos de carburante en España, Italia y Bélgica, los ataques a las sedes de la Agencia Espacial Europea y de la OTAN, el intento de asesinato del general Alexander Haig y el secuestro del general James Lee Dozier no impidieron el despliegue de los Pershing-2, y por ende minó la credibilidad del movimiento pacifista europeo.

Para burlar la persecución estatal y supraestatal, el terrorismo moderno tiene necesidad de dotarse de una infraestructura compleja, y para obtenerla precisa de grandes cantidades de dinero. Además de obtener financiación mediante sus propias actividades ilegales o legales (la OLP controla un auténtico holding de empresas y mantiene relaciones con bancos respetables en medio mundo), los donativos de los gobiernos simpatizantes o los pagos de otras organizaciones revolucionarias (no es ningún secreto que Carlos o el Renga Segikum japonés actuaron como mercenarios al servicio de otras causas), los grupos terroristas han aparecido implicados en ocasiones con la actividad de redes mafiosas de carácter internacional dedicadas al tráfico de armas o de estupefacientes. El apoyo mutuo de las redes de tráfico de drogas y el terrorismo, sobre todo en países latinoamericanos como Colombia o Perú, ha permitido hablar del «narcoterrorismo» como una amenaza difícilmente disociable. El alcance de la simbiosis entre estos dos modos de criminalidad organizada de carácter internacional aún no ha sido desvelado del todo, pero no parece que la colaboración entre estos auténticos «paraestados» sea la tónica en el caso europeo.

En los años ochenta e inicios de los noventa se produjo un declive general de las acciones terroristas. Los grupos de extrema izquierda desaparecieron casi enteramente, la influencia de la extrema derecha se desvaneció, y amainaba la furia del terrorismo nacionalista-separatista con las negociaciones de irlandeses y vascos y el proceso de paz israelopalestino planteado en Oslo. El papel de algunos estados, como Libia, Sudán o Irán, en el aliento a los atentados casi desapareció[35], y el derrumbamiento de la Unión Soviética limitó también el apoyo. Sin embargo, en los años noventa surgió un nuevo factor de desestabilización internacional: el terrorismo islámico de alcance global vinculado al auge del fundamentalismo religioso. En los años ochenta se desarrollaron nuevas tecnologías, como los misiles teledirigidos de uso individual, la visión nocturna, el láser o la miniaturización de armas[36]. Una década después, las novedades fueron la mayor vulnerabilidad de las sociedades abiertas occidentales en curso de globalización, el perfeccionamiento de las armas terroristas convencionales como los explosivos (que alcanzaron una miniaturización extrema), la incorporación de armas de destrucción masiva (en principio químicas, ya entrevistas por Karl Heinzen en la década de 1840) y el rebrote del fundamentalismo religioso.

3. RETORNO A LOS ORÍGENES: TERRORISMO Y FUNDAMENTALISMO RELIGIOSO

Como se ha visto en el capítulo 2, la conexión entre religión y terrorismo tiene más de dos mil años de antigüedad. De hecho, hasta el siglo XIX, la religión fue la única justificación para el terrorismo[37]. En ese momento, la aparición de los principios y valores de la modernidad (nacionalismo, autodeterminación, ciudadanía, laicismo) condujeron a la aparición de diversas ideologías (marxismo, anarquismo, nihilismo, nacionalismo) que secularizaron la lucha armada. Este proceso se agudizó con el avance de los movimientos anticolonialistas y de liberación nacional surgidos tras la Segunda Guerra Mundial.

La gran novedad de los últimos años del siglo XX fue la aparición de una voluntad de destrucción indiscriminada y a gran escala, que hizo del terrorismo, ya no una estrategia de violencia política, sino un designio absoluto vinculado al declive de ideologías revolucionarias laicas como el nacionalismo y el marxismo, y al paralelo auge del fanatismo religioso, que contempla la posibilidad de una batalla final entre el Bien y el Mal y la destrucción del corrupto mundo actual[38]. El terrorismo religioso se concibe como un acto trascendente. Hay que tener en cuenta que desde tiempos remotos las sectas religiosas u otros grupos investidos de una misión más o menos sagrada han usado abundantemente del terror. Según el Departamento de Estado norteamericano, solo dos de las 64 organizaciones terroristas censadas operaban en 1980 por motivos religiosos, pero estas aumentaron de 11 a 48 en 1982, de 16 a 49 en 1994, de 25 a 58 en 1995, de 20 a 33 en 2000, de 22 a 37 en 2003 y de 45 a 82 en 2005. Si el terrorismo religioso era en 1980 el responsable del 3 % de los atentados, en 1996 lo era del 33 %. Entre 1982 y 1898, los fundamentalistas perpetraron el 8 % de los atentados, pero causaron el 30 % de los muertos. En 1996, diez de los trece atentados con mayor número de víctimas fueron ejecutados por organizaciones de carácter religioso[39].

En los terrorismos con motivación principalmente religiosa la violencia tendría como objetivo cumplir un mandato divino o imponer a otros por la fuerza una determinada visión trascendente de la vida[40]. Tanto la violencia como la religión han surgido en tiempos en que la autoridad civil estaba siendo cuestionada, ya que, en su origen, ambos son modos de desafiar y sustituir al poder secular. En diversas partes del mundo, los defensores de la religión han hecho denodados esfuerzos por ser el centro de la atención pública y de la autoridad. El terrorismo suele ser el rostro violento de estos intentos[41].

David C. Rapoport, estudioso pionero de la función del terror en las religiones monoteístas, observa que hay una relación estrecha entre religión y terrorismo, no solo porque exista una tendencia violenta innata en la historia de las religiones, sino también porque los actos terroristas encierran un aspecto fuertemente simbólico, y en ese sentido imitan a los ritos religiosos de naturaleza sacrificial[42]. Las víctimas del terrorismo no lo son porque supongan una amenaza para los asesinos, sino porque son «símbolos, herramientas, animales o seres corruptos» que encajan en «una determinada imagen del mundo, una conciencia específica» que el activista posee[43]. Según René Girard, cuando la religión dirige sus asuntos de una manera adecuada, proporciona a la sociedad un modo simbólico de representar impulsos violentos de modo que no sea necesario expresarlos en el mundo real[44]. Los ritos de sacrificio a menudo implican la muerte, y las hazañas de los mártires también conducen a ella. Esta simbiosis entre la violencia simbólica y la real es profunda, y llega al mismo corazón de la imaginación la religiosa[45]. El martirio está relacionado con la forma fundamental de la religiosidad: el sacrificio como rito de destrucción de alto contenido espiritual (sacrificium significa, precisamente, «hacer sagrado»). El martirio como sacrificio de uno mismo por una causa trascendente se encuentra sobre todo en las religiones abrahámicas, y se asocia al testimonio (en griego martus = testigo) de una fe[46]. Lo que hace al martirio fascinante no es solo que conlleve la muerte, sino que resulta pretendidamente ennoblecedor, ya que la muerte tiene lugar en un contexto religioso que transforma la muerte en algo positivo. Como todas las imágenes religiosas de sacrificio, el martirio proporciona símbolos de una violencia conquistada dentro del marco más amplio del orden que proporciona el lenguaje religioso[47]. La propensión a la violencia y/o al terrorismo es superior en las ideologías y las religiones que ofrecen planteamientos maniqueos, según los cuales se da una oposición insalvable entre la bondad absoluta y la pureza del orden imaginario propuesto, o del colectivo propio estimado como superior, frente a la maldad intrínseca o incluso la condición satánica, siempre marcada por la impureza, del oponente[48].

Una característica común de todo terrorismo de inspiración religiosa es que entiende la lucha como una guerra cósmica entre el bien y el mal, que incluye la satanización del adversario[49]. Los combatientes religiosos forjan una impresión de totalidad de una lucha que a sus ojos se representa como un combate maniqueo entre creyentes y no creyentes, una guerra total contra los enemigos de la propia fe. Según Juergensmeyer, los actos terroristas inspirados en motivos religiosos suelen ser más espectaculares y dramáticos que los de tipo político porque están pensados para difundir un punto de vista alternativo sobre la realidad social. Estos atentados constituyen auténticos rituales de violencia, escenificaciones de una guerra simbólica o un enfrentamiento espiritual que trasciende el momento presente[50]. Coincidiendo con Juergensmeyer, Elorza observa dos elementos de las religiones monoteístas que facilitan la violencia: la exaltación de la comunidad de los fieles (con la paralela devaluación y crítica de los infieles) y las imágenes de batallas legendarias entre héroes, mártires, enemigos y demonios, que convierten a la violencia en un modelo de comportamiento piadoso y loable, sacralizando de este modo el uso de la fuerza[51].

Los movimientos religiosos radicales tienen en común tres cosas: han rechazado los compromisos con los valores liberales y las instituciones laicas que han llevado a cabo la mayoría de las organizaciones religiosas normales; se niegan a observar las fronteras que la sociedad laica ha impuesto alrededor de la religión, manteniéndola como algo privado en lugar de permitirla introducirse en espacios públicos, y han sustituido lo que consideran débiles sustitutos modernos con las formas más vibrantes y exigentes de religión que imaginan como parte constitutiva de sus principios y de sus tradiciones[52]. Su modelo más habitual de organización es la secta, como proceso peculiar de socialización automarginal que atrae tanto a los excluidos del sistema (como en el caso de los davidianos de la localidad texana de Waco o el GIA argelino) como a los cuadros con formación científica (caso de los universitarios de la Aum). Los «verdaderos creyentes» viven juntos, al margen de sus relaciones familiares, y se consagran exclusivamente al rito, al tiempo que esperan de la secta sus instrucciones y su apoyo. El grupo se organiza como un miniestado alrededor de un gurú con estatuto de profeta mediador entre Dios y los hombres. Este es el caso de Mehir Kahane entre el fundamentalismo hebreo, de Jarnail Singh Bhindranwale entre los sikhs, de Velupillai Parabakjan entre los Tigres Tamiles o de Shoko Asahara en la secta Aum. El culto al líder, y sobre todo su defensa a ultranza, sirven de catalizadores al sacrificio del creyente. La ideología está impregnada de milenarismo y de visiones apocalípticas que anuncian la inminencia de un acontecimiento grave y que prometen al creyente el paraíso tras la muerte. La creencia en el más allá facilita las acciones suicidas o las agresiones contra quienes impiden la llegada de este edén en la tierra. El sacrificio del creyente para salvar al grupo es una etapa hacia el paraíso de la que se beneficiará su familia desde los puntos de vista material (indemnizaciones), social (prestigio) o religioso (culto al mártir). La ideología comunitaria difunde un sentimiento de «complot internacional» contra la secta, impulsado por el gobierno federal norteamericano según algunos grupos de identidad cristiana, por el gobierno israelí según Hamás o por una confluencia de oscuros intereses para los grupos más enajenados. Este discurso apocalíptico hacen completamente imposibles el intercambio y la negociación en el terreno político[53].

La base psicológica de estos movimientos sectarios es, según Kurtz, el fundamentalismo como la actitud dominante del «verdadero creyente» que «profesa la fe en un credo, doctrina, norma, código o ideología que acepta sin reservas ni cuestionamientos. Su compromiso con dicha fe es firme, inflexible e incuestionable. Sus principios son considerados como absolutos, incambiables y eternos. El sistema de creencias del fundamentalista, al menos en teoría, si no en la práctica, sirve como guía para todos los aspectos de la vida y fomenta el desarrollo de una personalidad autoritaria»[54]. El fundamentalismo es una variante del fanatismo, que, según Taylor, consiste en una conducta de excesivo e injustificado entusiasmo y/o inapropiada preocupación por los aspectos trascendentales de la vida, lo que implica una interpretación concentrada y altamente personalizada del mundo. El fanático atribuye una importancia desmesurada a un cierto y único objetivo (político, religioso, intelectual), de modo que todos los demás asuntos se vuelven secundarios[55]. En sentido político, supone la manifestación de una conducta altamente influida y controlada por una ideología, hasta el punto de que esta excluye o atenúa la incidencia de otras fuerzas políticas, sociales o personales que podrían controlar o influir en su conducta, lo que también la hace más proclive al empleo de la violencia. El fanatismo, con su correlato de paranoia y de visión maniquea y conspirativa de la historia, es considerado, pues, como una conducta extrema, caracterizada por un nivel máximo de implicación, cuyas características psicológicas son la pérdida del juicio crítico, la ausencia de consistencia lógica en las argumentaciones, la certeza (no duda de que sus acciones sean apropiadas), la rigidez y la insensibilidad, pero también el prejuicio, el autoritarismo y la obediencia[56].

Los grupos terroristas con imperativo político-religioso nacen como reacción a acontecimientos que han actuado de catalizadores o de modelos para la organización, y que señalan una amenaza de secularización o incluso de fin del mundo. Un ejemplo fue el ataque a la Gran Mezquita de la Meca el 20 de noviembre de 1979 por 250 musulmanes armados pertenecientes a la Ikhwan al Muslimin (Hermandad Musulmana) de Mohamed al-Qahtani, que envalentonados con el triunfo revolucionario en Irán esperaban el retorno del Mahdi (el mesías esperado para imponer el Islam) y exigieron el derrocamiento del rey Jálid y su corrupta familia. Tras un asedio de quince días, un asalto del GIGN francés en la noche del 4 al 5 de diciembre provocó la rendición al precio de 117 asaltantes y 25 peregrinos muertos. El cabecilla Yuhayman al-Utaybi y 63 de sus hombres fueron detenidos, y decapitados el 9 de enero de 1980[57], pero su ejemplo sirvió de acicate a otros grupos fundamentalistas islámicos de Oriente Medio. Otro tanto se puede decir de la formación de Hezbollah tras la revolución iraní y la invasión israelí del Líbano en 1982, de las violencias sikhs en el Punjab tras el cierre en 1984 del Templo de Oro de Amritsar, de la guerra de Afganistán para los yihadistas o de la violencia extrema que estalló en Argelia en 1990-1991 tras la victoria electoral escamoteada al FIS.

Los modernos grupos terroristas inducidos por el fundamentalismo religioso hicieron su aparición en 1980, tras la revolución iraní, y sobre todo tras el colapso de los regímenes comunistas a partir de 1989. Los terroristas religiosos contemplan la violencia a gran escala como recurso necesario para conseguir sus fines, y no la consideran como una vía para la transformación del sistema, sino como un factor de liquidación radical del sistema existente. El incremento espectacular del número de los grupos extremistas religiosos con vocación violenta se puede constatar en el hecho de que, mientras que su actividad era prácticamente nula en 1968, los actos terroristas que se perpetraron bajo esa rúbrica supusieron más de la mitad del total de atentados censados entre 1970 y julio de 1995[58].

El movimiento de Identidad Cristiana y el terrorismo supremacista en los Estados Unidos

En la tradición cristiana, además de la doctrina de la «guerra justa» ya esbozada por San Ambrosio y San Agustín, existen otros ejemplos de violencia religiosa, como la Inquisición desde el siglo XIII o las Cruzadas desde el siglo XI, que han legado un vocablo que designa cualquier compromiso con una causa llevado a cabo con un celo excesivo[59] Sectas cristianas mesiánicas como los taboritas de Bohemia del siglo XIV o los anabaptistas del XVI utilizaron también el terror.[60]. Aunque el fundamentalismo religioso cristiano contemporáneo ha estado presente en grandes movilizaciones armadas de carácter contrarrevolucionario en el contexto de guerras civiles (caso de la rebelión de la Vendée, el carlismo español o el movimiento cristero mexicano), su vinculación con actitudes terroristas a lo largo del siglo XX ha sido muy circunstancial, si exceptuamos su presencia en movimientos fascistas de acusada impronta religiosa como el rumano o el español, o su ocasional aparición en el seno de los movimientos vinculados al supremacismo blanco en los Estados Unidos. La mezcla del racismo con la religiosidad extrema ya estaba presente en grupos como el Ku Klux Klan (desde 1956 The Knights Party) creado en diciembre de 1865, la ultraliberal, nacionalista y anticomunista John Birch Society (1958) o el American Nazi Party (1959) de Lincoln Rockwell. Con todo, el movimiento más influyente hasta la actualidad ha sido el grupo fundamentalista de la Identidad Cristiana, basado en el anglo-israelismo surgido en Gran Bretaña a mediados del siglo XVII, que señalaba a los anglosajones blancos como el verdadero pueblo elegido y a Estados Unidos como la «tierra prometida», y condensaba sus principios en la supremacía racial blanca y en la aplicación a ultranza de la ley bíblica. El vínculo entre identidad, patriotismo cristiano y vocación paramilitar lo encarna a la perfección la Church of Jesus Christ Christian, fundada en 1961, cuyo brazo político son las Aryan Nations de Richard Butler, de carácter antisemita, xenófobo, racista y neonazi, con antecedentes en el fundamentalismo cristiano, y que están nutridas de racistas paramilitares y objetores fiscales que tienen su base en Idaho[61].

Relacionados con este movimiento patriótico cristiano se ha producido la aparición de milicias ciudadanas por la supremacía de la raza blanca, y de multitud de grupos paramilitares que se presentan como la renovación de los grupos racistas de extrema derecha de los años cincuenta y sesenta. Las llamadas Militias, armadas y entrenadas por exmilitares y compuestas de neonazis, skinheads y personas de ideología cristiana, racista, xenófoba y ultranacionalista, se acogen a la segunda enmienda de la Constitución americana para plantear la defensa armada de sus comunidades contra el poder federal y las grandes empresas multinacionales. Estas milicias, que acostumbran a llamarse patriotas, y cuyos miembros creen que existe una conspiración de las élites gubernamentales y de la ONU para controlar a la población blanca americana, profesan una extrema hostilidad al gobierno central por encima del poder regional, un fuerte antifederalismo (el poder de Washington es denigrado como ZOG o Gobierno de Ocupación Sionista) y una intolerancia racial y religiosa que se traduce en odio a los judíos y a otras razas, y en una obsesión extrema por la purificación religiosa y racial. Esta subcultura xenófoba justifica su violencia como respuesta a la invasión de valores y leyes laicos, presuntamente difundidos por fuerzas satánicas[62]. Son grupos que se preparan para el Apocalipsis almacenando armas y alimentos, y entrenándose en técnicas de supervivencia y guerrilla[63].

Las acciones terroristas estadounidenses de extrema derecha proceden de esta subcultura paramilitar desarrollada en algunas zonas del Medio Oeste desde el final de la guerra de Vietnam. La ideología del movimiento de Identidad Cristiana formó parte del acervo de Timothy McVeigh, autor de la voladura de un edificio federal en Oklahoma el 19 de abril de 1995, que produjo 168 muertos (entre ellos 19 niños menores de cinco años) y más de medio millar de heridos. El atentado se planteó como venganza por una incursión del FBI en Ruby Ridge (Idaho) en 1992 que produjo dos muertos y la masacre en la granja de la secta davidiana en Waco (Texas) el 19 de abril de 1993, en la que tras un intento de penetración el 28 de febrero que había costado la vida a cuatro agentes federales, con seis miembros de la secta y 16 agentes heridos, se organizó un cruento asalto en el que murieron 86 de los 95 sectarios, incluidos 17 niños. McVeigh había tomado contacto con el pensamiento de la Identidad Cristiana a través de la cultura paramilitar (estaba relacionado con la Milicia de Michigan, organización de supervivencia con 12 000 adheridos), y había leído The Turner Diaries, cuyo autor, William Pierce, líder de la Alianza Nacional, había fundado en 1984 un movimiento religioso parecido al de Identidad Cristiana. Las extrañas visiones apocalípticas de The Turner Diaries (donde un grupo terrorista llamado El Orden combate a un gobierno secular y dictatorial americano, orquestado por judíos y liberales, se hace con el control del arsenal nuclear y destruye varios edificios federales y ciudades antes de dirigir esas armas contra Israel y la Unión Soviética)[64] se convirtieron en un bagaje insoslayable de estos grupos que anhelaban la realización de una gran cruzada conducida por una subcultura cristiana que se consideraba en guerra contra la sociedad moderna y, hasta cierto punto, había sido convertida en víctima por ella. La reacción contra la sociedad industrial y tecnológica, heredera en este caso del ludismo del siglo XIX, también ha producido actos de terrorismo marcadamente individualista, como fue el caso de Theodore Kaczynski, Unabomber, que desde el 25 de mayo de 1978 al 24 de abril de 1995 envió 17 cartas-bomba que mataron a tres personas e hirieron a 23. Su solitario ejecutor consideraba a todas ellas (investigadores científicos o ejecutivos de empresas forestales) copartícipes de una maquinaria tecnológica totalitaria que estaba destruyendo la libertad personal y el entorno natural. Kaczynski fue descubierto y detenido por el FBI en su cabaña de Lincoln (Montana) el 3 de abril de 1993, y condenado a cadena perpetua a inicios de 1998[65].

Tras el atentado de Oklahoma, los incidentes violentos protagonizados por los miembros de las milicias cristianas disminuyeron drásticamente, aunque en 1996 el miembro de Identidad Cristiana Eric Robert Rudolph colocó una bomba durante las Olimpiadas de Atlanta que causó un muerto y once heridos, y durante toda la década de los noventa proliferaron los ataques a clínicas abortistas o los asesinatos de médicos encargados de la interrupción del embarazo, como el perpetrado por el reverendo Paul Hill contra el doctor Britton y su escolta en 1994. El reverendo Michael Bray, inspirador de la facción más radical del movimiento antiabortista, fue acusado y condenado por participar en la destrucción de siete clínicas de planificación familiar, en 1994 justificó éticamente sus acciones en el texto Tiempo para matar, y se atrevió a defender en público a dos simpatizantes suyos que habían asesinado a dos médicos[66].

El control de armas por el gobierno ha hecho que muchos de los seguidores de la Identidad Cristiana se afiliasen a la Asociación Nacional del Rifle (NRA). Se calcula que existen unas 800 milicias supremacistas con una afiliación estimada de cinco millones de miembros, aunque fuentes realistas hablan solo de 50 000[67].

Los crímenes de odio inspirados en el integrismo cristiano, el antiizquierdismo genérico y la xenofobia parece haber rebasado las fronteras del supremacismo blanco norteamericano y afectado, vía Internet, a países tan poco predispuestos al fanatismo violento como Noruega: el 22 de julio de 2011, sendos atentados en el centro administrativo de Oslo y la isla de Utoya, perpetrados por el ultraderechista Anders Behring Breivik provocaron la muerte de 93 personas, de ellas 86 adolescentes que asistían a un campamento de verano patrocinado por las juventudes del Partido Laborista.

La secta Aum

Otra peculiar forma de terrorismo apocalíptico fue el desplegado por la secta sincrética Aum Shinrikyō (Verdad Absoluta o Suprema) dirigida por Shoko Asahara (alias de Chizuo Matsumoto), que entre 1987 y 1995 trató de conciliar los milenarismos hindú, budista y cristiano. Su opción violenta se produjo tras su derrota electoral de 1990, y se manifestó en varios atentados entre los que destacó el ataque perpetrado con gas sarin en el metro de Tokio el 20 de marzo de 1995, que provocó la muerte a una docena de personas y causó más de 5500 heridos. El 15 de diciembre de ese año, el gobierno japonés decretó la disolución de la secta y la requisa de todos sus bienes. Se calcula que tenía unos 10 000 afiliados distribuidos en Japón, Rusia y los Estados Unidos[68].

El terrorismo fundamentalista judío

El judaísmo ofrece una legitimación de la violencia y ocasionalmente del terrorismo, si bien en un marco sumamente complejo y sometido a un buen número de limitaciones. Como «pueblo elegido» se excluye la proyección exterior realizada bajo la excusa de un proselitismo que, como en la Yihad islamista, puede ser el desencadenante de la violencia religiosa[69]. En el caso judío, la violencia que se juzga legítima se inscribe en un contexto marcadamente defensivo, heredero de la tradición bíblica de Massada y los macabeos.

Ya en 1983, unos colonos judíos pertenecientes al movimiento religioso Gush Emunim (Bloque de la Fe) provocaron tres muertos y treinta heridos en una madrasa de Hebrón, como represalia por la muerte de un estudiante hebreo asesinado por palestinos a la salida de una escuela religiosa (yeshiva). Pero el terrorismo fundamentalista judío arranca en realidad de las actividades del rabino Mehir Kahane y su Liga de Defensa Judía surgida en 1968 en Brooklyn (Nueva York). Este predicador fundamentalista, partidario de expulsar a los árabes y palestinos de Tierra Santa, cumpliendo así plenamente con el designio de retorno a Sión, accedió en 1984 a la Knesset (Parlamento israelí) de la mano del partido derechista radical Kach, opuesto a todo intento de pacificación y dedicado a la intimidación de los palestinos en Hebrón y Cisjordania. Kahane fue asesinado por un emigrante egipcio en Nueva York el 5 de noviembre de 1990. Este hecho provocó una crisis entre los amigos del ejecutor, que más tarde estuvieron implicados en la primera bomba colocada en el World Trade Center el 26 de febrero de 1993. Como venganza, el doctor Baruch Golstein, seguidor de Kahane, asesinó a 29 musulmanes e hirió a 150 mientras rezaban en la Tumba de los Patriarcas de Hebrón, el 25 de febrero de 1994. Este asesinato múltiple afectó indirectamente al movimiento palestino Hamás, ya que los ataques vengadores de Goldstein y otros militantes judíos le incitaron a emprender su propia campaña de ataques suicidas en Jerusalén y Tel Aviv en los años noventa. Aunque el gobierno israelí declaró al Kach organización terrorista el 13 de marzo de 1994, la tumba de Goldstein, que había sido linchado por los musulmanes que se encontraban en el lugar de la masacre, se convirtió en un lugar de peregrinación para otros zelotes de ideas similares, como el estudiante Yigal Amir, que asesinó al primer ministro Isaac Rabin en Tel Aviv el 4 de noviembre de 1995 y dijo haber «actuado solo y cumpliendo órdenes de Dios»[70].

Las corrientes doctrinales del fundamentalismo islámico

En el Islam, el desarrollo del fundamentalismo ha generado una vasta constelación de organizaciones terroristas. Según Mark Anspach, religiones como el Islam carecen de la estructura ritual de sacrificio que se ha desarrollado en muchas otras tradiciones religiosas, y por ello siempre ha bordeado el peligro de la confusión entre ritual e historia, con el resultado de una predisposición a la violencia entre sus grupos más fundamentalistas. Por otro lado, la exégesis violenta y radicalizada es más probable en religiones que admiten la libre interpretación personal de sus fuentes o no tienen establecida una autoridad exclusiva al respecto[71]. Precisamente, una característica del Islam es la interpretación múltiple de los textos sagrados. Sus fuentes de conducta son el Corán y la Sunna (enseñanzas y hechos de Mahoma), y los Hadith (hadices, tradición narrativa sobre dichos y hechos del Profeta), más los instrumentos intelectuales utilizados para su exégesis: el consenso de los sabios, la analogía y la interpretación de la ley coránica. Sin embargo, contra lo que pudiera creerse, los valores de la modernidad se ven menos repudiados que reescritos en la terminología simbólica del Islam radical. Existe una evidente búsqueda de dinámicas de modernización en el interior del proceso de reislamización, como también sucede con algunos grupos integristas cristianos. Lo que existe en Occidente es una «sobreideologización» que percibe la movilización islamista en una dimensión exclusivamente religiosa, cuando, de hecho, transmite reivindicaciones culturales y políticas de carácter nacionalista, antiimperialista e incluso democrático[72].

El término «islamismo» es un neologismo. Se refiere al reformismo musulmán que integra el Islam y la política. El islamismo no es una doctrina teológica, sino un concepto que designa la utilización política del Islam. Los islamistas se sitúan frente a los gobernantes y frente al Islam oficial, y son aceptados por una buena parte de la sociedad como los impulsores de una auténtica revolución social frente a los estados nacionalistas que manipulan el Islam en su provecho. El islamismo debe ser diferenciado a su vez del fundamentalismo, que es la voluntad de retorno a los textos fundacionales del Islam. El islamismo bascula hacia el fundamentalismo cuando es utilizado como ideología a fin de imponer a la sociedad y al Estado el modelo jurídico rigorista del Islam original, basado en la Shari’a o ley coránica. El fundamentalismo islámico está dividido en dos corrientes que se han aproximado en los últimos años gracias a Osama Bin Laden: por un lado, los Hermanos Musulmanes y el salafismo, y por otro lado, el chiísmo, que, como hemos visto en el capítulo 2, es ante todo un legitimismo que juzga que la comunidad de creyentes en el Islam solo puede ser dirigida por los descendientes directos del Profeta. Para los sunnitas, el sucesor de Mahoma lo representa en su calidad política de jefe de la comunidad, mientras que para los chiítas lo debe suceder en su autoridad religiosa, incluso prolongando la misión profética de Mahoma. Para el chiísmo es necesaria la presencia de los «hombres de religión» en la vida política. Para los sunnitas, en cambio, las autoridades religiosas nacidas de la política desempeñan un papel conformista y de sumisión al poder establecido. El chiísmo, convertido en fórmula religiosa en Irán desde el siglo XV, constituye, dados sus planteamientos contestatarios, un potencial contrapoder frente al mundo oficial.

En el chiísmo, el pensamiento radical procede de un laico iraní, Alí Shariati (1933-1977), que en la misma línea evolutiva de los teólogos cristianos de la liberación trató de adaptar el Islam chiíta a los tiempos con el aporte de temas mayores de la ideología antiimperialista. Esta renovación radical del chiísmo preparó la revolución iraní y generó un modelo de «partido de Dios» (Hezbollah) encargado de exportar el modelo religioso de «revolución de los desheredados» expuesta por Shariati, donde el combatiente por el Islam no tiene derecho a la autoinmolación, ya que «el mártir entra en escena cuando el mujahidín ha fracasado»[73].

El fundamentalismo islámico asumió la doble tarea de liberar al Islam de la tradición escolástica y la jurisprudencia fosilizada y de purgarlo de sus conceptos seculares que habían penetrado bajo la capa del modernismo[74]. Según los fundamentalistas, el Islam es un modo de vida comprehensivo, no solo una religión, y no existe separación posible de aspectos concretos como la política, la ley o la sociedad. El Islam estaba basado en el Corán y la tradición del Profeta, y puede aplicarse a todo tiempo y lugar. Es decir, se trata de una ideología total, que puede regular cada detalle de la vida política, económica, social y cultural de sus fieles[75]. Mahoma no es solo el mensajero de Dios, sino también el supremo administrador, juez y jefe militar. El Estado Islámico, con una identidad y un propósito religiosos comunes, fue creado con el Corán como guía. Según esta interpretación, el fracaso de las sociedades musulmanas ha sido debido a su alejamiento de la recta vía del Islam y a su aceptación de los principios occidentales con sus ideologías y valores seculares y materialistas. La renovación social requeriría el retorno al Islam original a través de la reforma o la revolución religiosa, política y social. Los códigos civiles inspirados por el mundo occidental deberían ser sustituidos por la Shari’a. El fundamentalismo islámico condena la occidentalización de la sociedad, pero no la modernización en sí misma, ya que la ciencia y la tecnología se aceptan, pero subordinadas a las creencias y los valores islámicos. Este proceso de reislamización precisa de la contribución de musulmanes bien organizados y preparados, que con su ejemplo y sus actividades públicas llamen a otros a ser más observantes y luchadores contra la corrupción y la injusticia social[76].

El integrismo islámico contemporáneo procede en buena parte de la exégesis del Corán realizada por Mohamed Ibn Abd al-Wahab (1703-1792), en un momento en que Oriente era cada vez más tributario de Occidente en ideas seculares, prácticas y modelos políticos. Abd al-Wahab se inspiró en el teólogo de la dinastía Omeya Ahmad Ibn Hanbal (780-855) y en el sirio Taqiuddin Ibn Taimiyya (1263-1328[77]), que predicaron una aplicación fundamentalista de los preceptos islámicos basada en la imitación rigurosa de los actos de los Salaf’ o Ancianos de Medina, compañeros del Profeta. Como vemos, las primeras manifestaciones integristas se dieron en el siglo IX, y de forma más evidente en el siglo XIII, y fueron rescatadas por Abd al Wahab, quien comenzó a predicar en 1740 un Islam de talante especialmente intransigente, opuesto al Islam sincrético y popular, que aceptaba la codificación de la Shari’a en un sistema comprehensivo de jurisprudencia. Por el contrario, el wahabismo preconiza la interpretación literal de las fuentes infalibles del Islam: el Corán (Sunna o tradición del Profeta como única fuente del Derecho) y los hadices (dichos y hechos del Profeta, narrados por sus compañeros), con una verificación rigurosa de las fuentes utilizadas y dentro de normas morales muy estrictas similares a las del primer Islam. También condenó el sufismo y las prácticas y creencias preislámicas. En 1744, Abd al-Wahab concertó una alianza político-militar con la familia del emir Nejdi Mohamed Ibn Saud (que en 1932 puso fin a las pretensiones de la familia hachemita sobre la región y fundó el reino de Arabia Saudí) para extender el wahabismo por medio de predicadores-guerreros radicales (los al-Ikhwan al Muslimun o Hermanos Musulmanes), y luego influyó en el movimiento contemporáneo salafista, que predica un retorno a la pura doctrina de los antiguos y no acepta ninguna opinión innovadora. Desde entonces, la familia real saudí y sus aliados wahabíes han desarrollado una política muy activa de proselitismo internacional para propagar el Islam wahabí más allá de las fronteras del reino, utilizando los recursos económicos emanados del petróleo[78].

La corriente rigorista wahabí fue el precedente de la doctrina salafista (Salaf’ puede también interpretarse como retorno al camino de los antepasados, entendido como islamismo primitivo de los primeros siglos después de Mahoma), resurgida a fines del siglo XIX con autores como el egipcio Mohammed Abduh (muerto en 1905), el sirio Rachid Rida (muerto en 1935), el indio Mohammed Iqbal (muerto en 1940) y el persa Djamal Eddine Al-Afghani (1839-1897), que propagó las ideas panislámicas y llamó a la Yihad antiimperialista contra Gran Bretaña y Rusia, además de urgir al parlamentarismo constitucional y al estudio de la ciencia y el método científico. Pero la desaparición de trece siglos de califato con el derrumbamiento del Imperio Otomano en 1918 tuvo consecuencias contradictorias. Algunos países islámicos, como la Turquía de Mustafá Kemal y el Irán de Reza Pahlevi, optaron por una drástica laicización y nacionalización. Otros descubrieron el sentimiento nacional mezclado con la solidaridad islámica. La tercera vía para la difusión del salafismo fue la de la renovación religiosa y popular, ya que los musulmanes no contemplan una nación que engloba varios grupos religiosos, sino una religión subdividida en naciones[79].

El salafismo es un conjunto de ideas extendidas por todo el mundo musulmán que llaman a tener como modelos de vida el ejemplo de los compañeros del Profeta y la aplicación del Corán y la Sunna. Surge de una lectura puritana del Islam que tiende a superar las diferencias étnico-políticas de los países árabes y propugna la plena adaptación de las sociedades musulmanas y sus instituciones a las exigencias religiosas y morales prescritas por la Shari’a[80]. Los hombres no tienen derecho a crear leyes y normas diferentes u opuestas a las que establece la Shari’a, ya que solo Alá es soberano[81]. El salafismo condena la decadencia moral y el abandono de la práctica religiosa de las sociedades musulmanas, reclama la restauración del califato como símbolo de unión entre países islámicos y preconiza el desarrollo de una doctrina social islámica, pero trata de conciliar la modernidad necesaria con un retorno a los valores más auténticos del Islam. La tendencia salafista desea devolver la nación entera al Corán sublime y la Sunna auténtica del Profeta. Busca soluciones religiosas a los problemas contemporáneos con el fin de instaurar una verdadera sociedad islámica gobernada por las leyes de Alá, de forma pura y sin ningún añadido, eliminación o cambio. El salafismo descansa sobre la idea de la purificación constante del alma por la adhesión estricta a la ley divina, el monoteísmo y el reconocimiento del Corán como fuente indiscutible del Islam.

El ejemplo del proceso de modernización europeo suscitó el nacimiento de corrientes reformistas en el seno del Islam a través de la integración del modo de pensamiento científico. Aunque recurría al escriturismo, el islamismo salafista de finales del siglo XIX, con Djamal Al-Afghani y Mohammed Abduh a la cabeza, no rechazaba interpretar y adecuar el Islam de acuerdo con el espíritu de los tiempos. El instrumento del que se valen para ello es el iytihad, que viene a significar algo así como el espíritu crítico, incluso racional, con el que hay que interpretar las escrituras. En realidad, el retorno a la recta interpretación del Corán supondría en este caso recuperar el valor del iytihad, eliminado progresivamente de la jurisprudencia islámica a partir del siglo X.

La transición del salafismo al islamismo radical se caracteriza por el paso de la teoría a la acción, cuando se crearon las primeras organizaciones netamente políticas, como la cofradía de los Hermanos Musulmanes (Jamiat al-Ikhwan al-Muslimum) fundada en Ismailía (Egipto) en marzo de 1928 como «asociación de solidaridad de finalidad no política». En sus principios era un club juvenil dedicado a la reforma moral y social a través de la propaganda[82]. Su primer dirigente, Hassan Al-Banna (1904-1949), mezcló elementos de la tradición sunní con el pensamiento reformista. Luchó contra la influencia occidental y la secularización de Egipto (partido Wafd) o Turquía (régimen kemalista), admitiendo el progreso científico y la búsqueda de un orden social más justo. Para los Hermanos Musulmanes, el Islam era a la vez una religión y un modelo de Estado. Denunciaban el colonialismo británico, y llamaban al abandono del discurso nacionalista en favor de una visión teocrática del Estado que apuntaba hacia la aspiración de restaurar el califato. Los Hermanos Musulmanes contaban con un guía (murshid) y una asamblea (Majlis El Choura), y en el seno de la cofradía se creó una «unidad especial» u «organización secreta» dirigida por un íntimo de Al-Banna, Salah Achmaoui, que camuflada bajo la apariencia de una sociedad escultista se convirtió en una organización armada dedicada al proselitismo entre los militares y los policías, al asesinato de los enemigos y la preparación de golpes de Estado[83]. En los años 1930-1940, la Hermandad Musulmana y grupos de extrema derecha como Egipto Joven se convirtieron en terroristas sistemáticos y mataron a dos primeros ministros y a varios oficiales destacados del ejército. Los Hermanos crearon una rama especial paramilitar que se ilustró en Palestina durante la campaña de 1936 contra el tratado anglo-egipcio y la insurrección árabe de 1936-1939. Tras el ocaso de la revuelta árabe de Palestina, la Hermandad se convirtió en partido político, proclamando que el Islam era «un sistema comprensivo y autoevolutivo, el definitivo camino de vida en todas las esferas». Con los Hermanos Musulmanes, el movimiento islamista se convirtió por vez primera en una tendencia política popular, que de 1939 a 1949 desplegó ataques contra el colonialismo británico y en apoyo a los palestinos[84].

En la segunda posguerra mundial, mientras se desarrollaba el proceso descolonizador, el mundo musulmán contempló el ascenso de los nacionalismos con mensaje laico. Su fracaso casi general unas décadas después favorecería el desarrollo de movimientos religiosos de masa, caracterizados por el retorno al fundamentalismo. Ya que no tenían un recuerdo unificador como el Holocausto, ni disponían de un nacionalismo laico, los árabes buscaron en el Islam despojado de sus diferentes innovaciones el modelo de unidad deseable. El Islam se convirtió de este modo en una especie de patriotismo colectivo alternativo del panarabismo. El sentimiento de pertenencia a una misma comunidad religiosa, cultural, lingüística e histórica se reforzó con la proclamación en 1948 del Estado de Israel y las sucesivas guerras vinculadas a la resistencia palestina. Los países musulmanes participaron en la contestación general a los valores importados de Occidente, sobre todo la democracia laica[85]. El movimiento se expandió con gran rapidez, al tiempo que ya se hablaba de Yihad para defender la «patria islámica». El movimiento se oponía a toda ideología nacionalista (que consideraba un concepto occidental inaplicable en el Islam) y llamaba al renacimiento de la Umma, o comunidad de creyentes. En el integrismo islámico el conflicto palestino es contemplado bajo un prisma arcaizante, como si se tratara de una simple reedición de las Cruzadas[86].

Tras la Segunda Guerra Mundial, los Hermanos Musulmanes se expandieron con rapidez por otros países: Siria en 1944, Jordania en 1947, Sudán en 1954 o Marruecos y Argelia tras sus respectivas independencias. Lucharon contra los británicos e israelíes en Palestina hasta 1948, y contra la monarquía egipcia, asesinando a dos primeros ministros: Ahed Maher en febrero de 1945 y Mahmud Fahmi al-Nuqrashi en diciembre de 1948. Tras la muerte de este último, la Hermandad fue disuelta y Al-Banna fue abatido por la policía secreta egipcia en El Cairo el 12 de febrero de 1949[87]. Los Hermanos dieron un apoyo esencial al golpe de Estado antimonárquico de los Oficiales Libres en 1952, pero bajo el gobierno de Nasser se mantuvieron los enfrentamientos con el poder establecido. El grupo estaba dirigido entonces por Sayyid Qutb (1906-1966), que desarrolló las ideas-base del fundamentalismo islámico contemporáneo entre 1954 y 1965. De Mawdudi toma la idea de hakimiyya, que es una declaración de la soberanía absoluta de Dios sobre todas las cosas y sobre el gobierno de las mismas. Como teólogo fundamentalista marcadamente antioccidental, preconizaba la destrucción de los gobernantes musulmanes apóstatas y los dirigentes occidentales a través de la Yihad, y el retorno a una interpretación estricta del Islam como base de un nuevo orden mundial. Postuló un patriotismo islámico no geográfico, sino basado en la Umma. Se trataba de regenerar las sociedades islámicas desviadas (como el Egipto nasserista) antes que llevar el Islam fuera de sus fronteras, poniendo bajo el gobierno de Alá a los Yahiliyya, esto es, a los paganos y musulmanes hostiles a Dios o ignorantes de su ley[88]. Qutb dividía los sistemas políticos en la Orden del Islam y la Orden de Yahiliyya (ignorancia) propia del siglo XX, y observaba indignado que «todo en torno nuestro es una Yahiliyya: las percepciones y creencias de la gente, sus hábitos y costumbres, las fuentes de su cultura, las artes y literatura, y sus leyes y legislación». Una vez designado alguien como yahil (infiel), podía ser atacado en su persona o propiedades. Admitía, pues, el empleo de la violencia y preconizaba la Yihad como guerra defensiva contra el neopaganismo y como combate constante contra los malos musulmanes y los apóstatas. Pero no defendía el terrorismo, sino el uso de la fuerza para hacerse con el poder. Qutb adoptó una actitud más radical y violenta con respecto a los gobiernos de los países musulmanes de la que hasta entonces habían profesado los Hermanos Musulmanes, que fueron disueltos de nuevo en enero de 1954. Desde su enfoque, lo prioritario para los Hermanos Musulmanes no debiera ser ya la reforma de la sociedad, sino la destrucción de los fundamentos del poder político.

Qutb murió en la horca en agosto de 1966, acusado de formar parte de un complot para hacerse con el poder, pero sus obras, entre las que destaca Señales del camino (1964) se convirtieron en el breviario de varias generaciones de militantes islamistas: millones de copias de sus escritos invadieron el mundo islámico y generaron grupos armados como la Jamaat al-Tafqir wal Hijra (Apostasía y Emigración/ Excomunión y Hégira, cuyo nombre real es Jama’at al-Muslimin o Sociedad de Musulmanes, cercana a las tesis de Qutb y liderada por Sukri Mustafá, que sufrió un proceso en El Cairo el 6-7 de noviembre de 1977), la Jam’at al Muslimin (Denuncia/Arrepentimiento de los Infieles) fundada en Assyut en 1971-1977[89], la Yihad Islamiyya (organización elitista muy popular entre los estudiantes, los profesionales jóvenes, policía y ejército) constituida en 1974 o la Gama’at Islamiya, grupo activista nutrido por clases medias y medias-altas instruidas procedentes de las universidades y de las organizaciones juveniles de los Hermanos Musulmanes. A ellos perteneció el jeque Umar Abdel Rahman, huido a Estados Unidos a fines de 1990 e implicado en el primer atentado al World Trade Center en 1993, tras haber emitido una fatwa (decreto islámico) que le condujo a la cárcel. Las Hermandades Musulmanas están ahora presentes en setenta países, y controlan multitud de organizaciones de carácter social, como estructuras caritativas, mezquitas, dispensarios, asociaciones estudiantiles, etc.

A partir de las enseñanzas de Qutb y tras las guerras de junio de 1967 y octubre de 1973 ante Israel, emergió una corriente insurreccional que dio origen a «grupos revolucionarios islámicos» que se enfrentaron con la política cada vez más radicalizada de los Hermanos Musulmanes. La aproximación de Egipto a Israel y a los Estados Unidos a partir de 1974-1975 llevó al incremento de la influencia musulmana en las universidades del país. La revolución iraní de febrero de 1979, la firma del tratado egipcio-israelí en marzo y la invasión soviética de Afganistán en diciembre causaron un tremendo impacto, y aleccionaron a los fundamentalistas suníes para crear grupos clandestinos violentamente opuestos al régimen de Sadat. El 6 de octubre de 1981, un grupo de cuatro soldados de Al Yihad procedentes de la Jamaat al-Tafqir wal Hijra asesinó al rais durante un desfile[90].

El fundamentalismo aparece como el resultado de la alianza de la juventud urbana pobre (surgida de la explosión demográfica del Tercer Mundo y del éxodo rural masivo que tiene acceso a la alfabetización) con la burguesía y las clases medias piadosas marginadas en el proceso de descolonización. Los regímenes políticos establecidos trataron de forzar la división del movimiento islamista multiplicando los favores en favor de la burguesía piadosa y de los teólogos radicales para frenar la marea contestataria de las clases marginadas. La consecuencia de todo ello fue que estas, desprovistas de todo proyecto de porvenir, se convirtieron en blanco fácil para las manipulaciones del islamismo yihadista. Todo ello desató la alarma en los gobiernos de la región. Por ejemplo, tras la masacre de la Meca en el Ramadán de 1979, la monarquía saudí decidió encuadrar el movimiento radical sunní para controlar a sus jóvenes fundamentalistas y prevenir su manipulación por el Hezbollah proiraní.

Durante los años ochenta, muchos grupos islamistas de carácter violento iniciaron la lucha armada contra los regímenes apóstatas de sus respectivos países. De la misma forma que el fundamentalismo de los Hermanos Musulmanes, el «radicalismo neoconservador» de Ruholla Jomeini (1902-1989) surgió de esos debates y de la convicción de que la modernidad laica, fuera liberal o marxista, era un fracaso, y que la única salvación era el retorno a las fuentes originarias de la religión islámica. En muchas ocasiones los Hermanos Musulmanes se han distanciado del terrorismo y condenado sus acciones como contrarias al Islam (por ejemplo, tras el 11-S), pero el terrorismo de Al Qa’ida se apoya en los principios teóricos del islamismo y en la convicción de que la labor proselitista de estos movimientos prepara el terreno al reclutamiento y la propaganda de los yihadistas[91]. Con todo, la corriente yihadista mundial apareció mucho tiempo antes de que Bin Laden se incorporara a ella[92].

La evolución del concepto de Yihad

Pocos términos hay tan polémicos como el de Yihad, que significa literalmente esfuerzo, lucha o pena. En las azoras (capítulos del Corán) elaboradas en la Meca, Yihad era el esfuerzo individual del creyente hacia la divinidad y la confrontación doctrinal con los no creyentes. En estos primeros tiempos, el Corán mencionaba la Yihad en su acepción de esfuerzo moral. Su contenido bélico apareció una vez que Mahoma asumió el papel de jefe militar en Medina y atacó a sus enemigos justificándose en razones religiosas. En las azoras de Medina se preconizó la separación entre la Umma y otros grupos humanos, y se postuló la realización de un combate defensivo por la defensa de la fe, y más adelante como guerra sagrada de aniquilación de los infieles[93]:

4:74. ¡Que quienes cambian la vida de acá por la otra combatan por Dios! A quien, combatiendo por Dios, sea muerto o salga victorioso, le daremos una magnífica recompensa.

8:39. Combatid contra ellos hasta que dejen de induciros a apostatar y se rinda todo culto a Dios. Si cesan, Dios ve bien lo que hacen.

9:29. Combatid contra quienes, habiendo recibido la escritura, no creen en Dios ni en el último día, no prohíben lo que Dios y su enviado han prohibido, ni practican la religión verdadera, hasta que humillados paguen el tributo directamente[94].

La Yihad como obligación universal de difundir la voluntad y la regla de Dios quedó formulada durante la era abbasí (752-1258) al igual que la división entre el mundo islámico (dar al-Islam) y no islámico (dar al-Harb, tierra de la guerra). Hacia 850 (228 de la Hégira) se afinó la noción, diferenciándose la Yihad mayor, o lucha para combatir al demonio que uno lleva en su interior y aplicar la reglas del Islam, y la Yihad menor, o guerra que debe librar el buen musulmán solo contra una amenaza directa a la religión, según la enseñanza coránica: «Mirad: la lucha contra el enemigo era la Yihad menor; ahora que hemos ganado esta batalla debemos empezar con la Yihad mayor, es decir, la lucha contra el enemigo dentro de nosotros mismos, la batalla por la autopurificación»[95].

Los muertos en la Yihad son de tres tipos: el creyente que habiendo luchado contra sí mismo y contra sus posesiones en el camino de Dios, lucha hasta la muerte cuando se encuentra al enemigo en el campo de batalla. Se convierte entonces en mártir (shadid) que se ha probado en el terreno de Dios bajo su trono. El segundo es el creyente que cometiendo ofensas y pecados contra sí mismo, lucha y se esfuerza en el camino de Dios, de tal modo que cuando se encuentra con el enemigo en el campo de batalla lucha hasta morir. Este acto limpia sus ofensas y pecados, pues empuñar las armas propicia la purificación, y será admitido en el paraíso por la puerta que elija. Por último, está el hipócrita que no lucha contra sí mismo y contra sus posesiones en el camino de Dios, y que cuando se encuentra con el enemigo en el campo de batalla lucha hasta morir. Este hombre acabará en el infierno, pues la Shari’a no perdona la hipocresía, y cuando finalmente deciden participar en la batalla, sus pecados no serán redimidos por su tardía participación en la Yihad menor.

Las reinterpretaciones sucesivas del concepto de pequeña Yihad permitieron la emergencia doctrinal del salafismo combatiente, de donde surgiría en los años setenta el movimiento yihadista internacional. Las orientaciones ideológicas determinantes del salafismo yihadista son, en primer lugar, el concepto de yahiliyya o ignorancia primordial de los paganos ante la revelación, usado inicialmente para describir la ignorancia pagana en la que se vieron los árabes hasta su liberación por Mahoma, y que fue recuperado por los ideólogos radicales para denunciar el estado de depravación moral en que se encontraban las sociedades de comienzos del siglo XX, incluidas las musulmanas y sus dirigentes. En segundo lugar, la doctrina tafkir, que estigmatiza como infiel o apóstata a quien no abrace la versión salafista del Islam, y por último la acepción más belicosa del término Yihad (esfuerzo en la senda de Alá), que se emplea para legitimar el uso de la violencia, imponer la Shari’a y defender a los creyentes de todos sus enemigos[96].

Para los sunníes el califa, con el respaldo de los ulemas, ostentaba la autoridad religiosa y política para declarar la Yihad, mientras que los chiítas consideran que este poder les fue usurpado a los verdaderos sucesores de Mahoma, los imâmes, y en ausencia de estos solo es permisible una Yihad defensiva, aunque el problema fue resuelto cuando algunos ulemas afirmaron que todas las formas de Yihad legítimas eran defensivas y por lo tanto aptas para ser libradas en ausencia del imâm. Este razonamiento llevó a Jomeini en Irán y a Hezbollah en Líbano a declarar la Yihad[97].

Conforme se estabilizaron las conquistas del Islam, se fue abriendo paso la idea de una Yihad como guerra puramente defensiva contra los enemigos que atacaban la religión. Los juristas islámicos medievales mitigaron la interpretación original de la Yihad, afirmando que tal vez se refería a la lucha esporádica contra las sociedades y los estados no musulmanes hasta que el Islam alcanzara una victoria global y definitiva sobre los no creyentes. Ibn Taimiyya radicalizó esta interpretación en su fatwa sobre los mongoles, que pese a declararse musulmanes, al no aplicar la Shari’a se convertían en apóstatas y por tanto en objetivos lícitos de Yihad. Taimiyya sostenía que la Yihad defensiva en tanto que guerra santa para liberar las tierras atacadas u ocupadas por los infieles era un deber de todo musulmán, y que los jerarcas que no la aceptaran serían considerados no creyentes o apóstatas. Esta tesis se ha convertido en la ideología oficial del islamismo radical[98]. Para los terroristas islámicos, la Yihad es una llamada a las armas para asegurar que los poderes extranjeros son expulsados de los dominios musulmanes a cualquier precio. Abd al-Wahab dotó al concepto de Yihad de reglas estrictas y de sistemas de control precisos, donde el líder religioso (imâm) tenía preeminencia sobre el político (emir).

El pakistaní Maulana Abdul Al Alah Mawdudi (1903-1980), fundador en 1941 del partido islamista pakistaní Yama’at-i-Islami (Grupo Islámico), similar a los Hermanos Musulmanes, fue el primero en incluir la Yihad en un contexto político revolucionario, al presentarla explícitamente como un medio para alcanzar los objetivos políticos del islamismo: establecer el reino de la libertad justa y religiosa (incluso para los no musulmanes) y un gobierno islámico en toda la India:

El objetivo de la Yihad islámica es eliminar el gobierno de un sistema no islámico y establecer en su lugar un Estado regido por el sistema musulmán. El Islam no pretende limitar dicha revolución a un único Estado o unos pocos países; el objetivo del Islam es provocar una revolución universal[99].

Mawdudi creía en una Yihad pacífica, lograda mediante el activismo social y el ejemplo personal. El intercambio entre las teorías de Mawdudi en Pakistán y el proselitismo wahabí posibilitó el desarrollo de las madrasas deobandíes pakistaníes, donde la repetición salmódica del Corán creó la generación de los talibán a finales de los años ochenta. Los salafistas deobandíes, nacidos a mediados del XIX como reacción al dominio de ingleses e hindúes, a diferencia del islamismo político, rechazan totalmente la política y se centran en la observancia rígida de una interpretación literal de las normas coránicas, frente a la relativa flexibilidad de los islamistas políticos, que como Mawdudi o Gulbuddin Hekmatyar (primer ministro afgano en 1993-1994), rechazaban la autoridad de los ulemas[100].

Las escrituras de Mawdudi inspiraron también a al-Banna y a Qutb a la hora de desarrollar la idea de Guerra Santa en Oriente Medio contra Israel, haciendo de la Yihad una obligación y un deber individual, no comunitario[101]. El mismo anatema que Taimiyya lanzó en el siglo XIV sobre los mongoles lo lanzó Qutb en el siglo XX contra los egipcios. Para todo musulmán auténtico, la Yihad en tierra del Islam, contra los descreídos o los apóstatas, era un deber. Estos autores pusieron las bases para que Muhammad Abdul Salam Faraj (nacido en 1952 y ejecutado el 8 de abril de 1982 tras el asesinato de Sadat) interpretara la Yihad como la respuesta apropiada a los promotores de los elementos de modernidad que parecían ser hostiles al Islam. En su panfleto Al-Faridah al-Gha’ibah (El incumplimiento del deber), en el que se basan las actividades de los modernos terroristas islámicos, se hacía una interpretación literal del término Yihad, que ya no era alegórica, sino un deber de enfrentamiento y de sangre que debía ser asumido y dirigido contra cualquiera que se desviara de las exigencias morales y sociales de la ley islámica, incluidos los apóstatas dentro de la comunidad musulmana. En sus obras, Faraj señalaba la obligación de todo musulmán de luchar por el restablecimiento de la Umma, contra los líderes apóstatas y los poderes infieles, mediante el despliegue de una violencia ritualizada, aunque real, contra sus enemigos sagrados[102]. Los que buscan acabar con el Orden de Yahiliyya y recrear la Umma están obligados a emprender la Yihad contra el Estado infiel. Yihad se entiende así como lucha armada dirigida contra el infiel interno y exterior. Faraj instituyó la Yihad como sexta obligación del musulmán y como un movimiento perpetuo para incorporar a los no musulmanes en la Umma islámica, en una adaptación sui generis de la idea trotskista de «revolución permanente»[103]. En un contexto militar, la Yihad tiene dos lecturas: ofensiva o defensiva. La primera se realiza cuando se ataca al enemigo en su propio territorio, y la otra cuando se expulsa a un enemigo de la tierra natal de un yihadista. Esta última Yihad resulta obligatoria para todo buen musulmán[104]. De este modo, durante la segunda mitad del siglo XX se fue forjando el cuerpo doctrinal que justificaba con argumentos religiosos el empleo de la violencia contra los considerados enemigos del Islam. El terrorismo islamista no es doctrinalmente monolítico, si bien todos los movimientos pretenden la islamización de sus sociedades y todos legitiman la violencia en nombre de la Yihad. Para el integrismo islámico, la violencia política no es un medio de combate, sino el final perseguido, lo cual condena a los combatientes a la autoextinción. Pero el terrorismo yihadista difícilmente puede alcanzar el triunfo porque no tiene un proyecto político real (a diferencia del islamismo) y no tiene condiciones que negociar. Su objetivo es impulsar una radicalización de masas en un impulso casi mesiánico de carácter nihilista[105].

4. EL RENACIMIENTO DEL «ISLAM CONQUISTADOR»: ORÍGENES, ESTRUCTURAS Y OBJETIVOS DE AL QA’IDA

El renacimiento del «Islam conquistador» figura en el origen de la quinta oleada terrorista de la historia contemporánea. La revolución iraní de febrero de 1979 aportó un modelo revolucionario al Islam e inspiró a los movimientos fundamentalistas, alentándoles a desafiar a los regímenes autóctonos. Durante los años ochenta, Irán trató de exportar la revolución mediante la internacionalización de la violencia terrorista musulmana contra Occidente y sobre todo contra Israel.

El establecimiento del régimen de los ayatollahs en 1979 (que coincidió con una sangrienta insurrección wahabí radical en Arabia Saudí y con el inicio de la invasión soviética de Afganistán) y la retirada soviética de territorio afgano en febrero de 1989 (con la subsiguiente aparición y conquista del poder por los talibanes sunnitas en 1994-1997) forjaron un nuevo mito político de gran repercusión: la exportación de la revolución islámica a escala planetaria, que trataba de demostrar la fuerza de la religión sobre el ethos revolucionario laico, especialmente el marxismo, que en aquellos años se encontraba en pleno declive como alternativa ideológica y política a un orden capitalista cada vez más globalizado[106]. Las insuficientes vías de representación política y la represión sufrida en países como Egipto explican en parte la aparición de este islamismo yihadista, galvanizado por la revolución iraní y la guerra de Afganistán. De ser un instrumento utilizado por los Estados Unidos para debilitar a la Unión Soviética, el islamismo radical siguió su propia dinámica y fines, convirtiéndose, en parte como consecuencia de las frustraciones generadas por la guerra contra Irak de 1991, en un movimiento político-militar independiente y con múltiples ramificaciones. La difusión del fundamentalismo religioso facilitó la aparición de un terrorismo sagrado y primordialista (lo que, curiosamente, supone un retorno a los orígenes remotos del terrorismo) con un acusado componente autoinmolatorio que arraigó en los sectores islámicos menos proclives al cambio, y más duramente castigados por la crisis económica o por la represión política instrumentalizada desde los gobiernos proocidentales.

Los «Combatientes por la Libertad» en Afganistán

Los años ochenta vieron desarrollarse la lucha armada como instrumento de acoso a los nuevos regímenes marxistas de los setenta: Contra nicaragüense, mujahidines afganos, RENAMO de Mozambique, etc. La invasión soviética de Afganistán en la Navidad de 1979 para instalar al gobierno títere de Hafizullah Amin condujo a la aparición de un movimiento de resistencia con fuertes connotaciones religiosas. Desde 1982, miles de combatientes árabes sunnitas radicales, sobre todo de origen egipcio, argelino, marroquí, yemenita o jordano, ingresaron a Afganistán encuadrados por el Partido del Islam (Hezb I Islamiyya) de Gulbuddin Hekmatyar. La CIA usó fondos saudíes y norteamericanos para comprar armas a China y Egipto con destino a los mujahidines, 80 000 de los cuales pasaron de 1984 a 1986 por los campos de entrenamiento en Pakistán. En el momento en que los mujahidines tomaron Kabul en abril de 1992 se estimaban en unos 25 000-35 000 los islamistas combatientes de la Yihad, procedentes de 43 países. Cerca de dos tercios eran árabes (15 000 de Arabia Saudí), seguidos de naturales de Yemen, Argelia y Egipto. Tras el colapso del régimen izquierdista de Muhammad Najibullah, muchos afghani egipcios (entre 800 y 2000) o argelinos volvieron a casa para intensificar la lucha armada a través de organizaciones como al-Yihad y la Gama’at al-Islamiyya, federación de pequeños grupos activistas islámicos creada en 1970 y organizada en células a nivel de barrio o de pueblo, a las órdenes de un emir, con lazos estrechos con Hamás y el FIS argelino, y cuyo líder era Ayman al-Zawahiri, exoficial de alto rango de los servicios de inteligencia egipcios nacido en 1951 en el seno de una gran familia cairota. Otros combatientes se dispersaron por los conflictos de Azerbaiyán, Bangladesh, Birmania, Malasia, Chechenia, oeste de China, Egipto, India, Argelia, Marruecos, Uzbekistán, Filipinas, Tayikistán, Túnez o Yemen.

Durante la década de 1970 apareció una corriente salafista absolutamente radical en Egipto que aspiraba a islamizar el Estado, y que se plasmó en organizaciones como la Gama’at al-Islamiyya (Grupo Islámico) surgida a inicios de los setenta y radicalizada tras los acuerdos de Camp David, que es conocida por las autoridades egipcias con el sobrenombre de Takfir wal’Hijra (Anatema y Hégira), por alusión a la huida de Mahoma de La Meca a Medina. Tras la ejecución en 1981 del emir Shukri Mustapha, en los ochenta la Gama’at al-Islamiyya, liderada espiritualmente por el jeque ciego Umar Abd alRahman, recibió ayuda económica de Arabia Saudí, y muchos de sus miembros fueron a luchar a Afganistán y participaron en la creación de Al Qa’ida. En los noventa llevó a cabo varios ataques contra miembros del régimen de Hosni Mubarak (que desde el atentado a Sadat de 1981 puso en marcha una intensa ola de represión con miles de detenciones, torturas y ejecuciones), intelectuales, cristianos coptos o turistas, como el perpetrado contra 17 viajeros griegos en El Cairo en abril de 1996, el ataque de 18 de septiembre de 1997 ante el Museo Egipcio de El Cairo con un balance de diez muertos (nueve de ellos alemanes), o la masacre ante el templo de Hatsepsut en Luxor el 17 de noviembre de 1998, con un balance de 68 muertos y 24 heridos. De resultas de estos ataques, más de un millar de personas fueron asesinadas a lo largo de los noventa. Hacia 1997, los miembros de al-Yihad, encabezados por el doctor al-Zawahiri, se trasladaron de nuevo a Afganistán y acabaron ingresando en Al Qa’ida[107].

A fines de los ochenta se produjo un nuevo intento unificador del fundamentalismo islámico inspirado por el palestino Abdullah Azzam (1941-1989), teólogo salafista militante de los Hermanos Musulmanes que tras romper con la OLP tomó distancias con el panarabismo y ejerció como profesor en la King Abdul Aziz University de Jeddah y en la Universidad Islámica Internacional de Islamabad. Azzam preconizó un panislamismo mundializado y predicó la Yihad en muchos países musulmanes a través de un boletín en lengua árabe titulado Al-Jihad con el propósito de reclutar combatientes para la guerra de Afganistán. Azzam organizó en Peshawar la Maktab alKhedamat Mujahideens (MAK, Oficina Afgana de Servicios de los Combatientes Árabes de Dios, cerrada en 1995 como consecuencia de un atentado a la Embajada de Egipto en Islamabad), dedicada a difundir la guerra santa y utilizada como instrumento de propaganda, reclutamiento y obtención de recursos. Para mejorar la infraestructura social y militar de los mujahidines árabes, Azzam y el joven saudí Osama Bin Laden construyeron varios campamentos de entrenamiento y alojamiento, entre ellos la Beit al-Ansar (la Casa de los Combatientes), creada en 1984 como centro dedicado en exclusiva a la formación militar de los futuros yihadistas, que fueron repartidos en varios campos de entrenamiento en función de su nacionalidad[108].

Bin Laden había nacido en 1957 en Riad, capital de Arabia Saudí, como hijo único de una madre de origen sirio y 17.º de los 64 hijos de Mohammed Bin Auadh Bin Laden, magnate de la construcción con once esposas. Estudió economía y dirección de empresas en la King Abdul Aziz University de Jeddah, centro elistista saudí donde conoció a Abdullah Azzam y a Mohamed Qutb, hermano de Sayyid, ambos pertenecientes a la Hermandad Musulmana creada por Al Banna en 1928. A mediados de los setenta comenzó a reunirse con fundamentalistas islámicos y a condenar los valores occidentales. La revolución islámica en Irán a inicios de 1979 y la invasión soviética de Afganistán a fines de ese año le indujeron a acudir como voluntario a luchar contra el régimen comunista de Kabul. Allí conoció a al-Zawahiri, que acabaría por convertirse en su lugarteniente. Poco a poco, sus conocimientos en derecho islámico le confirieron el estatuto de ulema, sabio piadoso con el título de caíd capaz de interpretar la Shari’a (ley divina fundada sobre el Corán y la Sunna). Se convirtió así en uno de los jefes carismáticos de los mujahidines árabes[109]. Con su capacidad de organización y su abultada cuenta bancaria (se le calculaba una fortuna personal de 200 a 500 millones de dólares[110]), Bin Laden desempeñó un papel importante en el traslado de fundamentalistas islámicos militantes a Afganistán. Apoyado por los servicios secretos saudíes, fue el principal proveedor de fondos de la MAK, que entrenó a decenas de miles de jóvenes árabes y musulmanes (se habla de más de 20 000 durante la década de los ochenta, enrolados en redes islámicas transnacionales dirigidas por ulemas radicales próximos a la Liga Islámica Mundial y las fundaciones wahabíes) y repartió 200 millones de dólares en ayudas procedentes de Oriente Medio y Occidente, sobre todo de los Estados Unidos[111]. El furioso anticomunismo de los mujahidines les valió el apoyo del gobierno de Washington, que los adoptaron como «luchadores de la libertad». En ese momento, la lucha geoestratégica entre superpotencias hizo que la CIA, dirigida por William Casey, crease una gigantesca organización clandestina que envió armas, dinero y voluntarios hacia los mujahidines de Afganistán vía Egipto o Pakistán[112]. Hasta fines de 1989, año del repliegue soviético, la CIA invirtió a través de esos circuitos tres mil millones de dólares y más de 120 000 toneladas de armas y municiones, y favoreció una amplia operación de propaganda en el mundo árabe y los medios inmigrantes para incitar a la Yihad incluso entre los estudiantes universitarios de los campus norteamericanos[113]. La conexión con los talibanes permitió al gobierno de Washington reunir a musulmanes disidentes de todo el mundo islámico, y convertir un pequeño movimiento de emigrados en una organización militante de alcance global, que tras la marcha de los soviéticos de Afganistán dirigió sus ataques contra el otro enemigo fundamental del Islam: los Estados Unidos. En definitiva, sin los últimos coletazos de la Guerra Fría y sin el respaldo norteamericano a la oposición guerrillera en Afganistán no hubiesen aparecido Bin Laden, Al Qa’ida ni ese submundo internacional itinerante de los mujahidines.

El esfuerzo logístico y de reclutamiento desplegado durante más de media década dio como resultado la creación de una red internacional de contactos en el mundo islámico y en las comunidades musulmanas de los países occidentales. Los esquemas generales de lo que más tarde se convertiría en Al Qa’ida fueron formulados por Azzam entre 1987 y 1988. La ideó como una organización que encauzara las energías de los mujahidines en nombre de los musulmanes oprimidos del mundo, en coherencia con el modelo histórico de Yihad; una «fuerza de reacción rápida» islámica, guerrillera pero no terrorista, preparada para acudir en defensa de los creyentes en poco tiempo. Quería utilizar los mujahidines en otros conflictos donde los musulmanes eran oprimidos, como una especie de ejército internacional permanente de la Yihad. Azzam insistió en que los fondos de la MAK solo se podían usar en Afganistán, pero Bin Laden entendía la MAK como una fuerza terrorista establecida con el propósito de destruir a América e Israel, deponer a los gobernantes apóstatas por la fuerza (comenzando por Egipto) y restaurar el califato, acabando, como señaló Qutb, con el estado de Yahiliyya de las sociedades musulmanas. Postulaba el uso central del terrorismo como arma de subversión y de combate. Fue Bin Laden quien creó una organización multinacional basada en la idea de unir la vanguardia de los creyentes, independientemente de su origen geográfico. El Islam era su meta política, y su retórica prescribía la caridad hacia los pobres musulmanes y el apoyo militar a los musulmanes oprimidos.

Muchos expertos consideran que los últimos años de la década de los ochenta fueron el momento culminante del proyecto islamista político: el predominio laico de la OLP en la Intifada palestina se veía amenazado por Hamás, fundado en agosto de 1988 por el jeque Ahmed Yassín como rama del movimiento internacional de los Hermanos Musulmanes. En 1990, el FIS argelino consiguió un gran triunfo electoral que le fue arrebatado fraudulentamente. En Sudán, un golpe de Estado militar dio el poder en 1989 al movimiento fundamentalista sunní dirigido por Hassan al-Turabi, uno de los ideólogos clave del Islam contemporáneo. La revolución iraní parecía no haber perdido fuerza, y seguían llegando reclutas a Afganistán y Pakistán incluso después de la derrota soviética, cuyo sistema comunista se desmoronó poco después[114]. Finalizada la guerra afgana el 13 de febrero de 1989 con la retirada de las fuerzas soviéticas al coste de 15 000 soldados muertos, muchos voluntarios decidieron volver a sus países de origen, donde sirvieron como punta de lanza de los movimientos islamistas locales, creando células clandestinas para preparar la Yihad contra sus gobiernos, que eran tachados de impíos y corruptos. Otros prefirieron emigrar a Europa, y el resto optó por seguir la Yihad internacional aportando a partir de los campos de la frontera afgano-pakistaní un nuevo sostén logístico y operacional a los mujahidines en lucha en Argelia, Bosnia, Cachemira o Chechenia.

Los orígenes de Al Qa’ida

Bin Laden regresó de Afganistán a Arabia Saudí convertido en un héroe. El 24 de noviembre de 1989, una bomba a control remoto mató a Azzam y a dos de sus hijos en Peshawar, privando al movimiento de combatientes de un líder reconocido y favoreciendo a Bin Laden, que dio un impulso diferente a la MAK y reorientó la estrategia yihadista hacia el terrorismo transnacional. En 1988, un año antes del asesinato de Azzam, y aprovechando el alejamiento de este, Bin Laden decidió crear una gran base de datos en la que se incluirían la ficha de todos los miembros árabes de la Yihad entrenados en los campamentos de la MAK (combatientes dormidos de la futura Yihad), con su origen, perfil y competencia militar. Fue en esta época cuando Azzam y Bin Laden crearon la red llamada Al Qa’ida al Sulbah (La Sólida Base) como movimiento islámico de vanguardia apoyado en gran parte por militantes egipcios de las organizaciones alYihad y Gama’at al-Islamiyya, que entre otras actividades se encargaba del reclutamiento y el traslado de los combatientes a Afganistán[115]. El objetivo último era lanzar nuevas guerras santas, dirigidas en parte contra los propios regímenes árabes apóstatas, mediante la adopción de técnicas terroristas según el modelo de la al-Yihad egipcia.

Algunos autores consideran que Al Qa’ida es un mito inventado por los medios de comunicación[116]. Especialistas como Jason Burke ponen en duda la existencia de una organización terrorista llamada así, advirtiendo que Al Qa’ida es una denominación confusa y burda de una amenaza cuyo nombre aparece por vez primera en un informe de la CIA en 1996. Pero el término ya se usaba a mediados de los ochenta entre los radicales islámicos que habían acudido a Afganistán, interpretándola como base de operaciones, pero también como vanguardia (Al Qaeda al Sulbah) o, como Azzam, como el «cimiento firme» de la nueva sociedad islámica en construcción[117]. En los primeros años, Al Qa’ida se dedicó a organizar viajes de retorno de muchos de estos yihadistas a sus lugares de origen y dar apoyo a los activistas declarados «peligrosos» en Argelia, Túnez, Egipto o Marruecos[118].

En 1990, Al Qa’ida comenzó a estructurarse con vistas a acciones futuras, ya que la MAK se había convertido en un instrumento obsoleto para los nuevos combates que se avecinaban. Bin Laden se dotó de una dirección tripartita esencialmente militar formada por el iraquí Abu Ayyub al-Iraqui y los egipcios Abu Obayda al Panshiri y Abu Hafs al-Masri, alias «Mohammed Atef». Esta dirección era elegida de hecho por un Consejo (Choura) de 31 miembros elegidos por su piedad y conocimiento religioso, entre ellos el egipcio al-Zawahiri y el argelino Said Qari al-Djazairi. Al Qa’ida también disponía de un comité de finanzas dirigido por saudíes, una oficina de estado civil para un censo de nacionalidades y un comité de fatwa y estudios islámicos que coordinaba la predicación islámica. Cuando Al Qa’ida se mundializó también creó un comité de información dirigido por el kuwaití Suleyman Abu Gheith.

En agosto de 1990, en el momento de la invasión de Kuwait por Irak, se produjo la fundación en Arabia Saudí de un Frente Islámico Internacional que agrupaba a la Gama’at al-Islamiyya y la Yihad Islámica egipcias, Jaish-Muhammad (Ejército de Mahoma) de Jordania y el grupo al-Ansar de Cachemira. No es casualidad que, precisamente entonces, Bin Laden propusiera movilizar a 5000 mujahidines que todavía estaban en Afganistán contra el régimen de Sadam Hussein, pero la propuesta fue rechazada por los países árabes moderados, que invitaron a tropas norteamericanas y británicas. La operación Tormenta del Desierto llevó al Golfo a más de medio millón de norteamericanos, entre ellos al futuro terrorista supremacista Timothy McVeigh. Tras la guerra del Golfo de 1990-1991, que Bin Laden quiso convertir en vano en una Yihad antiiraquí, el líder de Al Qa’ida denunció que la implicación del imperialismo occidental en un conflicto intermusulmán era un sacrilegio intolerable[119]. Solicitando a los ulemas más conservadores la publicación de fatwas declarando la Yihad contra los soviéticos, se abrió la caja de Pandora, ya que el mismo razonamiento dirigido contra los «impíos» rusos se volvió luego contra los americanos que profanaban la «tierra sagrada» de los Santos Lugares[120]. De este modo, la guerra contra Irak rompió la alianza política concertada por los americanos con los islamistas en la década anterior. Las relaciones de Bin Laden con la casa real saudí también se deterioraron hasta desembocar en su expulsión y ulterior huida a Pakistán en abril de 1991. Como el Profeta tras su marcha a Medina, Bin Laden eligió el exilio y a inicios de 1992 se refugió en Jartum[121]. De este modo, se desmarcaba totalmente del pensamiento wahabita de los caídes saudíes acusados de hacer el juego a los americanos, y se convirtió en el enemigo prioritario para los Estados Unidos. En 1991 ya había entre 1000 y 2000 miembros de Al Qa’ida en el país del Alto Nilo.

La red Al Qa’ida se constituyó tal como se conoce hoy en Jartum entre diciembre de 1991 y mayo de 1996. Luego se organizó en células de dos a quince miembros, basadas en el modelo conspirativo del Gama’at al-Islamiyya y la Yihad Islámica egipcia. También se creó una red financiera separada conocida como Grupo de Hermanos. Las estrategias de al-Zawahiri y Bin Laden se orientaron hacia la opción terrorista internacionalista. Con todo, siguieron manteniendo relaciones con las organizaciones egipcias al-Yihad y Gama’at al-Islamiyya, el GIA argelino, el Grupo Islámico de Combatientes Libios, el Frente Islámico Tunecino, el partido islámico Al-Islah (La Reforma) en Yemen y las fuerzas del general Mohammed Farrah Aidid en Somalia. Desde Sudán, Al-Qa’ida comenzó a prestar ayuda a las guerrillas musulmanas que combatían en Etiopía, Eritrea y Somalia, donde los fundamentalistas intervinieron en la guerra de clanes que estalló en 1992, y que provocó la muerte de 18 marines en una incursión el 3 de octubre de 1993 en Mogadiscio. Una semana después de esta batalla contra las milicias de Aidid, los norteamericanos anunciaron sus planes de retirada.

Hacia 1993, los fundamentalistas yihadistas decidieron extender su red hacia Europa Occidental y los Estados Unidos, nutriéndola de propaganda antioccidental. Al Qa’ida llevó a cabo su primera acción en territorio americano el 26 de febrero de 1993, cuando Ramzi Ahmed Youssef atacó el World Trade Center con la ayuda de un grupo de fundamentalistas radicales relacionados con el jeque ciego Omar Abderrahman (líder espiritual del grupo egipcio Yihad e implicado en el asesinato de Sadat) causando seis muertos y un millar de heridos[122]. En 1995 protagonizaron una campaña de atentados en Francia y varios ataques a objetivos norteamericanos en Adén (Yemen); en 1996 atacaron una instalación estadounidense en Arabia Saudí, y el 23 de febrero de 1997 atacaron el observatorio del Empire State Building, matando a una persona e hiriendo a otras seis.

En 1995 el dirigente de facto de Sudán, Hassan al-Turabi, organizó un Congreso Popular Islámico que permitió a Bin Laden reunirse con dirigentes de grupos militares de Pakistán, Argelia y Túnez, así como de la Yihad Islámica palestina y Hamás. También forjó una alianza con Hezbollah a pesar de su tendencia chiíta. El país se convirtió en refugio, base de entrenamiento y núcleo logístico de grupos como Hamás, Yihad Islámica palestina, Hezbollah y grupos argelinos relacionados con el FIS.

El 22 de mayo de 1996, tras el triunfo de los talibanes en Afganistán y la implantación de un régimen islámico, Bin Laden encontró refugio en el país, concretamente en Dhura, al pie de la cadena montañosa del Hindu Kush. La CIA había favorecido desde 1989 una nueva movilización islámica, implantando en Pakistán escuelas superiores coránicas o madrasas del movimiento intregrista deobandí (que toma su nombre de Deoband, en la India central, lugar de construcción de la primera madrasa), rama del Islam suní hanafi (la más liberal de esta tendencia, no jerárquica y descentralizada) que consideraba la educación como la clave para la creación de un Islam nuevo y moderno. Los deobandís fundaron madrasas en toda la India, y los estudiantes afganos ingresaron en ellas, especialmente en las radicadas en lo que luego fue Pakistán. El apoyo saudí impuso una penetración del wahabismo en las escuelas, al tiempo que se implantaba el código tribal pashtún. Con esta nueva y nociva influencia, los escolares pasaron de cultivar la tradición deobandí del aprendizaje y la reforma a considerar el debate de ideas poco menos que como una herejía. Los estudiantes afganos de origen pashtún comenzaron a portar el nombre de talibanes (del árabe talib = buscador) o «estudiantes de religión», y a cultivar una recitación salmódica y rutinaria de las escrituras que implicó la ignorancia de los debates teológicos sobre la Shari’a, el Corán y los desarrollos políticos y teóricos del Islam del siglo XX[123].

Los talibanes, que aparecieron en Kandahar y fueron enviados a combatir en la guerra civil afgana en 1994, aumentaron su militancia de los dos millares a 25 000 en 1995. Conquistaron primero el sur pashtún, prometiendo restablecer la seguridad y contribuir a la llegada de un nuevo orden moral. En 1995 lanzaron una gran ofensiva sobre Herat, y tomaron Kabul el 26 de septiembre de 1996, estableciendo un régimen integrista que ofreció refugio a las organizaciones terroristas del tipo de la de Bin Laden[124]. Este trató de reunir a todos los «árabes afganos» dispersos entre las diversas milicias armadas que se enfrentaban en el país. Tras la conquista de Kabul, reunió al mayor número posible en la región de Kandahar, en el sur pashtún del país. Para ello creó en Afganistán campos de entrenamiento para sus fuerzas de guerrilla y para otros grupos terroristas que hacían la guerra santa en Cachemira, Tayikistán, Uzbekistán, Yemen, Filipinas o los Balcanes, especialmente en Bosnia-Herzegovina, a donde llegaron 1500 mujahidines de los países árabes o de la inmigración de países europeos para combatir desde abril de 1992 a diciembre de 1995. Tras los acuerdos de Dayton que pusieron fin al conflicto bosnio, los yihadistas pasaron a Chechenia, cuyo conflicto había estallado en diciembre de 1994. En agosto de 1999, los combates se reanudaron desde Dagestán, dirigidos por Chamil Basayev y algunos veteranos de Afganistán.

Precisamente desde Afganistán, convertido en la «universidad de la Yihad», se fueron orquestando atentados de mayor envergadura estratégica: un atentado con coche bomba contra el edificio de la Guardia Nacional en Riad el 13 de noviembre de 1995 causó la muerte a siete militares norteamericanos. El 25 de junio de 1996, las fuerzas americanas estacionadas en la base de Khobar, situada cerca de Dahran, fueron víctimas de un nuevo atentado que provocó 19 muertos y medio millar de heridos. Tras esta acción terrorista, y persuadido de que los Estados Unidos eran un gigante con los pies de barro a la luz de sus retiradas del Líbano en 1983 y Somalia en 1993, Bin Laden hizo el 23 de agosto de ese año desde las montañas de Hindu Kush una «Declaración de guerra contra los americanos que ocupan la tierra de los Santos Lugares» y de condena a la casa de Saud[125]. Exigía la destrucción de Israel, el repliegue de las fuerzas infieles del suelo saudí y la destrucción de los regímenes árabes y musulmanes que no cumplieran rigurosamente la Shari’a[126].

La fatwa de agosto de 1996 marcó el inicio de la confrontación total. El 23 de febrero de 1998, en una reunión con islamistas en Afganistán, Bin Laden lanzó una segunda fatwa en la que emplazaba a todo musulmán a «matar americanos, militares o civiles, y apropiarse de sus bienes». Apeló a los musulmanes para que atacasen los intereses estadounidenses en todo el mundo:

La misión de matar a los americanos y a sus aliados —civiles y militares— es un deber individual de todo musulmán que puede realizar en cualquier país en que sea posible […] Esto es conforme con las palabras de Dios Todopoderoso: «Combate a los paganos como ellos te combaten a ti» y «lucha contra ellos hasta que no haya desorden u opresión, y prevalezca la justicia y la fe en Dios»[127].

Ese mismo día, Bin Laden anunció a través del diario londinense Al Quds al Arabi la formación de su Frente Islámico Mundial para la Yihad contra los Judíos y los Cruzados (al-Jabhah al Islamiyyah al Alamiyyah li-Jihad al-Yahud wa’l-Salibiyyin) formado junto con al-Zawahiri (Yihad Islámica egipcia), Abu Nasir (líder del Gama’at o Grupo Islámico de Egipto), el jeque Abú Hamzah al Misri (secretario del Jamiat-ul-Ulema-e-Pakistan) y Fazlul Rahman, líder del Movimiento Yihad de Bangladesh[128].

El 7 de agosto de 1998, los atentados de Al Qa’ida contra las embajadas norteamericanas en Kenia y Tanzania causaron 224 muertos y 4000 heridos[129]. Dos semanas más tarde, el 20 de agosto, el presidente Clinton dio luz verde a la Operación Infinite Reach y lanzó 79 misiles crucero contra cinco campos de entrenamiento de Afganistán y una supuesta planta de fabricación de armas químicas en Jartum. El propio Bin Laden salió ileso de un intento de asesinato americano entre Islamabad y Quetta en la noche del 9 al 10 de agosto de 1999. Los ataques norteamericanos en Afganistán y Jartum proporcionaron a Bin Laden una notoriedad internacional, y le convirtieron en el yihadista principal a los ojos del mundo islámico, que le vio como el único líder que había construido un grupo terrorista verdaderamente multinacional que podía golpear en cualquier parte del mundo, y pasó a ser considerado el símbolo supremo de la resistencia al imperialismo norteamericano. En paralelo, Al Qa’ida se convirtió en la principal «franquicia» del yihadismo global, aunque no coordinase todas sus actuaciones.

La estructura, funcionamiento e ideología de Al Qa’ida

El tipo de organización terrorista, que no había sufrido grandes variaciones desde los tiempos del Naródnaia Vólia o la Organización de Combate social-revolucionaria rusa, conoció una auténtica revolución con Al Qa’ida, cuya estructura es, a decir de un especialista, «nueva y diferente, compleja y diversa, dinámica y proteica y muy difícil de definir»[130]. Al Qa’ida actúa como una secta moderna, salvo en su renuncia al aislamiento voluntario y en su origen militar, no religioso. A diferencia de las organizaciones terroristas etnonacionalistas, que disponen de una estructura de mando y de un control jerárquico, con principios e ideología claramente definidos y justificados, con efectivos y base de apoyo limitados y con objetivos discriminados, Al Qa’ida es una organización cuya originalidad reside en una acción vertebrada por la doctrina, la tecnología, el capital social y la confianza en sus objetivos y sus métodos para alcanzarlos[131]. No es una organización coherente, unida o disciplinada, sino un polo de atracción de elementos dispares, «un núcleo, una red de grupos afines y una ideología»[132]. Varios autores sostienen que la evolución orgánica de Al Qa’ida ha discurrido a partir de un diseño de tipo rueda, cuyo centro fue Bin Laden, hasta una estructura más descentralizada, caracterizada por zonas dispersas interconectadas de forma múltiple, y ligadas mediante cadenas de forma poco rígida. Richard Labévière cree que la naturaleza orgánica de Al Qa’ida es rizomórfica, al modo en que explican el concepto de rizoma (tallo subterráneo) sus creadores Gilles Deleuze y Felix Guattari: «el rizoma es un sistema acentralizado, no jerárquico y no significante, sin memoria organizadora o autómata central, únicamente definido por una circulación de estados». Cree por ello que es imposible leer dicho sistema de manera «unívoca y piramidal». El liderato está difuminado en este conjunto disforme, y ello puede inducir a pensar que no existen ni una organización ni una estrategia formales, hasta el extremo de que es posible pensar en Al Qa’ida como una especie de «Internacional verde» tan irreal como el famoso mito de la «Internacional negra» anarquista-nihilista de fines del siglo XIX. Aunque de manera provocadora postula que «la organización Al Qa’ida no existe»[133], subraya que nos enfrentamos a «un orden que encadena un conjunto de acontecimientos en función de una serie de estrategias puntuales, optando por la velocidad de la ocasión y el instante presente frente a una visión jerarquizada y estratégica del mundo y los seres»[134].

Este funcionamiento rizomórfico o en red permitiría a Al Qa’ida desarrollar un nuevo paradigma bélico. Cuando las redes terroristas tienen múltiples ejes que forman un diseño similar al de una tela de araña, con diversos centros y periferias, se hacen mucho más resistentes y redundantes, y por eso resulta mucho más difícil derrotarlas[135]. La estructura en red garantiza la capacidad de movimientos entre elementos individuales, facilita la fluidez de las líneas de comunicación transnacionales y fomenta la creatividad y el impulso autónomo de las células locales que integran un tupido entramado transnacional. La horizontalidad de la estructura no implica homogeneidad. Existe un número de puntos de interconexión que posibilitan el funcionamiento coordinado de la organización[136]. Con esta estructura, el terrorismo yihadista puede golpear varios objetivos con fuerzas desplegadas desde múltiples frentes, en un tipo de operación que se ha dado en llamar «enjambramiento», por su similitud con la conducta social de algunos insectos, y que ocurre cuando unidades dispersas de una red de pequeñas fuerzas convergen sobre un blanco desde múltiples direcciones[137].

A inicios de 1998, cuando Al Qa’ida se reorganizó para preparar el plan de ataque contra los Estados Unidos, disponía de una estructura muy simple que sería copiada en adelante por todos los movimientos yihadistas. Constaba de cuatro entidades enlazadas: la primera era una estructura piramidal encargada de la dirección estratégica y táctica, la segunda era una red terrorista global; la tercera, una fuerza de base para la guerra de guerrillas en Afganistán y la cuarta una unión libre de entes terroristas internacionales y grupos de guerrilleros. Por debajo del emir-general se encontraba la Shura Madjlis, o asamblea consultiva religiosa, que se componía de miembros muy experimentados y que se encargaba de formular las políticas de Al Qa’ida, que el líder exhortaba a todos a seguir al pie de la letra. Por debajo estaban cuatro comités operativos, cada uno encabezado por un emir: el militar; el de finanzas y negocios; el de fatwas y estudio islámico (encargado de justificar las acciones armadas), y el de medios de comunicación y publicidad, responsable de la difusión ideológica en el mundo árabe y musulmán[138]. El comité militar era el encargado de la contratación, entrenamiento, adquisición, transporte y ejecución de las operaciones militares, además del desarrollo de tácticas y la fabricación o adquisición de armas, amén del reclutamiento, el entrenamiento para la ejecución de acciones terroristas y la recogida de información a través de la vigilancia y el reconocimiento de los objetivos potenciales. El primer comandante militar de la organización, el expolicía egipcio Alí al-Rashidi, «Abu Ubaydah al Banshiri», perdió la vida en una misión de reclutamiento en el lago Victoria al hundirse su barco en mayo de 1996, lo que dio paso a Abu Hafs alMasri, «Mohamed Atef», militante de la Yihad Islámica egipcia que tuvo un papel central en el ataque a las tropas norteamericanas en Somalia en 1993, en los atentados a las embajadas norteamericanas en Nairobi (213 muertos y cerca de 4000 heridos) y Dar es Salaam (once muertos) el 7 de agosto de 1998, en el ataque al USS Cole en Yemen el 12 de octubre de 2000 que provocó la muerte a 17 tripulantes[139], y en la supervisión de los ataques del 11-S antes de morir en 14-15 de noviembre de 2001 en una ofensiva aérea norteamericana al sur de Kabul. Los principales líderes operacionales de Al Qa’ida, que han sido los encargados de dirigir los ataques terroristas contra objetivos norteamericanos y de sus aliados, han sido Khalid Sheik Mohammed (organizador del primer atentado contra el World Trade Center en 1993, que fue capturado en 2003)[140] y Ramzi Ahmed Youssef, diseñador del frustrado Plan Bojinka (Explosión) que preveía el secuestro y la destrucción contra bases estratégicas norteamericanas de once aviones comerciales que atravesarían el Pacífico entre los días 21 y 22 de enero de 1995. Un plan que, según la versión oficial norteamericana, fue redimensionado y dio lugar a los atentados del 11-S[141]. También se planeó un «complot del milenio» en diciembre de 1999, que incluía un potente ataque contra el aeropuerto de Los Ángeles y otros atentados simultáneos[142].

El comité de finanzas y comercio es el responsable de la preservación y el desarrollo de las estructuras materiales y financieras de la organización, y administra los recursos necesarios para mantener Al Qa’ida. Está compuesto por banqueros profesionales, contables y financieros, y controla los fondos del grupo en todo el mundo. Los benefactores son adinerados árabes de Oriente Medio, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudí y Qatar. Estos son los principales soportes financieros, y operan a través del hawala (confianza) o sistema de banca sin reglas, basado en el uso de pagarés para el intercambio de dinero y de oro: se transfiere dinero entre un emisor y un destinatario a través de sendos intermediarios (hawadalar), de modo que los nombres y cuentas bancarias de los verdaderos emisores y receptores no quedan registrados[143].

Al Qa’ida funciona como un auténtico grupo empresarial, a imagen del Saudi Binladin Group, la empresa constructora de su padre que opera desde hace largos años en Oriente Medio y Asia[144]. Bin Laden formulaba la política general en consulta con la Shura Madjlis, que tomaba las decisiones ejecutivas en nombre del grupo. Su actividad se asemejaba a la de las fundaciones de investigación (con proyectos presentados y analizados) o a una empresa financiera multinacional donde los grupos islamistas asociados actuaban como filiales y Al Qa’ida proporcionba el «capital de inversión». La red de Bin Laden ha actuado de forma similar a como lo hace una gran empresa que financia o «subcontrata» proyectos propios o «presentados» por varios grupos e individuos. Es más, exhortaba a sus simpatizantes a cometer atentados de manera autónoma, y advertía que tal clase de operaciones no requería ninguna consulta, igual que no hace falta pedir permiso para desempeñar el resto de las obligaciones de un buen musulmán, como rezar o «matar a los judíos y cruzados que permanecen en los territorios sagrados»[145]. Como dice Burke:

Entre 1996 y 2001 existió algo que podía denominarse Al Qa’ida. Se componía de un reducido número de militantes expertos capaces de acceder a recursos de una escala y con una facilidad hasta entonces desconocida entre la militancia islámica, principalmente en virtud de su posición en Afganistán y de la simpatía de buen número de musulmanes ricos y no tan ricos de todo el mundo islámico, sobre todo del Golfo. Esta Al Qa’ida actuó, como indica su nombre, como una universidad rica que desembolsa ayudas para la investigación y proporciona instalaciones y servicios, como bibliotecas e instrucción, que ayudan a que se realicen las ambiciones de sus alumnos, sobre todo de los estudiantes sobresalientes que llaman la atención del rector y de los profesores. Es la Fundación Guerra Santa. Otro posible modelo es el capitalismo de riesgo. Individuos o pequeños grupos (empresas) acudían al director ejecutivo y al consejo de administración (Bin Laden, Atef y otros) con ideas que creían que merecían apoyo. De los centenares de propuestas de este tipo presentadas solo se seleccionaban unas cuantas. En algunas se hacía una inversión considerable. A otras solo se les facilitaba una pequeña suma en efectivo[146].

El comité religioso-legal se encargaba de la justificación de las tomas de posición de Al Q’aida, y el comité mediático era la oficina de relaciones públicas antes residente en «Londonistán» (barrios londinenses con fuerte presencia islámica), donde Omar Abu Omar, «Abu Qatada», promovía la Yihad global contra Occidente y los gobiernos musulmanes apóstatas. En régimen de subordinación al emir principal, el consejo consultivo y los cuatro comités, la organización también ha contado con un conjunto de fuerzas de guerrilla establecidas en Afganistán (la Brigada 055), que han actuado en varios conflictos en Asia Central. Existía también un comité exterior encargado de adquirir armas, explosivos y equipamiento técnico para la comisión de atentados, además de coordinar la cooperación de determinados miembros de Al Q’aida con organizaciones como Hezbollah y estados como Irán e Irak. El comité de seguridad era el responsable de la protección física y la recogida de inteligencia y contrainteligencia para salvaguardar la organización, vigilar y purgarla de elementos sospechosos.

En realidad, Al Qa’ida siempre ha sido una red difusa cuyo núcleo nunca ha ejercido pleno control sobre sus células[147]. Como grupo «posmoderno», su informalidad es el resultado de dos características básicas: un cálculo racional descentralizador de las estructuras que son capaces de acopiar recursos en dinero y voluntarios y son más difíciles de detectar y desmantelar, y una adaptación cultural, con los holgados patrones de asociación, confianza y compromiso que caracterizan a las sociedades tribales[148]. La revolución de la tecnología de la información favorece la aparición de formas de organización en red, y permite que grupos pequeños puedan comunicar y coordinar sus acciones. En los grupos terroristas tradicionales, los diversos componentes del grupo están subordinados jerárquicamente a la cúpula de la organización. La distribución del poder es piramidal y no existe comunicación horizontal entre las células de igual nivel, por razones de seguridad. Por el contrario, la red se compone de enlaces entre grupos, de forma que la jerarquía se diluye, y la información y la toma de decisiones tienen unos límites menos estrechos. Se consigue así la descentralización del mando y de control. La unidad de propósito se produce en el nivel narrativo, en la causa de la Yihad. Esta estructura proporciona centralidad estratégica y descentralización táctica. Las redes son estructuras dinámicas, y muchas veces son el fruto de coaliciones temporales. Pueden formar parte de una misma red individuos particulares, células semiautónomas, grupos terroristas independientes, asociaciones no directamente violentas, traficantes de armas y miembros de un gobierno. Desde septiembre de 2001, parece que Al Qa’ida ha cambiado su estructura reticular estrellada por una red multicanal, compuesta por diversos subgrupos de nudos y enlaces dispersos.

Al Qa’ida no se trata de un solo grupo o de una coalición de grupos: está formada por una o varias bases centrales entre Afganistán y Pakistán, campos de entrenamiento para pakistaníes enviados a Cachemira y árabes destinados a Chechenia y Bosnia, células terroristas satélites por todo el mundo, un conglomerado de partidos políticos islamistas, y otros grupos terroristas independientes que se utilizan para acciones ofensivas u otras misiones. Desde febrero de 1998 ya había entidades formalmente afiliadas a Al Qa’ida en el marco del Frente Islámico para la Yihad contra Judíos y Cruzados, pero con posterioridad se incrementaron hasta vincularse treinta grupos y organizaciones de ámbito nacional o regional en distintos lugares del mundo[149]. La organización matriz mantiene relaciones con grupos vinculados por la ideología que comparten en ocasiones el acceso a recursos, al entrenamiento y la planificación de los atentados. Al Qa’ida es un conglomerado de grupos dispersos por todo el mundo, cada uno con su propio mando, control y estructuras de comunicación que operan como una red. La unión refuerza la elasticidad y permite multiplicar esfuerzos en la prosecución de un objetivo concreto: siempre que es necesario estos grupos actúan recíprocamente o se unen, cooperando ideológicamente, financieramente o técnicamente[150]. En ese sentido, Al Qa’ida es, a la vez, la organización central donde se encuentran Bin Laden y sus colaboradores, y la alianza ideológica (una especie de «terrorismo de franquicia», según Echeverría)[151] que incluye asociaciones caritativas, ONG islámicas, grupos islamistas, empresas reales o fantasmas, benefactores acaudalados y miembros de gobiernos.

Se calcula que el número de grupos afiliados a Al Qa’ida es de entre treinta y cuarenta, con una media de 500 activistas. En el Sudeste Asiático cuenta con la Yihad de Bangladesh, la Yemah Islamiyya de Indonesia, el Frente Moro Islámico de Liberación y Abu Sayyaf en Filipinas. En África colabora con el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate y el Grupo Islámico Armado argelinos, el Grupo Islamista Combatiente Marroquí, Salafiya Yihadiya, Takfir Wal Hijra y Assirat al Moustakim en Marruecos, el Grupo Islámico Libio, el Grupo Islámico Combatiente Tunecino y el Al Ittihad somalí. En Oriente Medio trabaja con Munazamat al Thawra al-Islamiyya en Arabia Saudí, la Gama’at al-Islamiyya y la Yihad Islámica egipcias, Ansar al-Islam, Ejército Islámico, Ansar al-Sunna y Tawhid wal Yihad en Irak, Bayat al-Iman en Jordania, Asbat al-Ansar, Hezbollah y Liga Partisana Libanesa, Ejército Islámico de Adén en Yemen o la Yihad Islámica palestina. Mantiene también relaciones con el Partido Islámico del Turkestán (IPT), Jayashee Mahoma de Cachemira, el Movimiento Islámico de Uzbekistán, movimientos islámicos chechenos, y su mayor reserva de prosélitos siguen siendo las madrasas de Pakistán, donde veteranos árabes afganos siguen trabajando en entramados islamistas radicales como Jaysh Muhammed y Laskar-e-Taiba[152]. Como en la oleada terrorista de la «nueva izquierda», las universidades han aportado un buen número de militantes a las organizaciones yihadistas. Algunas fuentes aseguran que la organización goza del apoyo de unos 6-7 millones de musulmanes radicales, de los que 120 000 estarían dispuestos a tomar las armas.

Entidades y grupos islamistas de carácter jihadista
(1980-2004)

Argelia: Frente Islámico de Salvación, Grupo Islámico Armado (luego Grupo Salafista para la Predicación y el Combate), Guardianes de la Predicación Salafista.

Bangladesh: Harakat al-Jihad al Islami, Freedom in Jihad, Servants of Suffering Humanity International, Jamiat i-Islami Bangladesh.

China (Sinkiang): Islamic Movement of Eastern Turkestan.

Egipto: Gama’at al-Islamiyya, Yihad Islámica, Tala’I al-Fath al-Islami (Vanguardia de la Conquista Islámica).

Eritrea: Yihad Islámica, Movimiento Islámico de Salvación.

Filipinas: Grupo Abu-Sayyaf, Frente Islámico Moro de Liberación.

Indonesia, Malasia y Tailandia: Jama’a Islamiyya, Lashkar Jihad, Jundullah Force, Kumpulan Mujahidin Malayisia, Lashkar Mujahidin, Lashkar Jundallah, Muslims Defender’s Front, Partido Islam de Malasia, Pathan United Liberation Organisation (PULO, sur de Tailandia), Gerakan Aceh Merdeka (Sumatra, Indonesia).

Irán: Ahle Sunna wal Jamaa.

Jordania: Jaish i-Muhammad (Ejército de Mahoma), Vanguardia Islámica, Al-Isalah wal-Tahadi.

Kuwait: Shahab al-Kuwait al-Mumin (Jóvenes Creyentes de Kuwait), Harakat Destouria Islamiyya (Agrupación Popular Islámica).

Kurdistán irakí: Ansar al-Islam, Ansar al-Sunna, Movimiento Islámico del Kurdistán, Grupo Islámico del Kurdistán, Kataeb alMoujahidine, Kurdish Hamás, Al Jihad wal-Moujahidine, Brigadas de la Yihad del Ejército de Mahoma.

Líbano: Tawhid (Movimiento de Unificación Islámica, norte del país), Ain el-Helweh, Asbat al-Ansar (al sur del país, en los campos palestinos).

Libia: Grupo Islámico Combatiente Libio, Al-Tafkir wal-Hijra, Jama’a Islamiyya, Al-Muqatilah bi-Libya.

Marruecos: Grupo Islámico Combatiente Marroquí, Movimiento de la Juventud Islámica Marroquí, Salafiya Jihadia (Jihad salafista), Movimiento Islámico Marroquí para el Combate, Al-Tafkir wal-Hijra, Sirat al-Moustaqim.

Nigeria: Al-Sunna wa’l Jama’a, Nacional Council of Muslim Youth (NACOMYO).

Pakistán y Cachemira: Al-Badar Mujahideen, Harakat al-Ansar, Harakatul-Mujahideen. Harakatul-Mujahideen al-Allami, Hizbul-Mujahideen, Jamiat Ahle Hadith, Jamiat al-Dawaa, Jamiat i-Islami Pakistan (JIP), Jamiat i-Ulema Pakistan (JUP), Jamiatul Ulema Islam (JUI), Jamiatul-Mujahideen, Lashkar i-Janghvi, Lashkar i-Tayyaba, Markaz i-Dawaat wal-Irshad, Sepia-Sahaba, Sunni Tehrik, Tehrik i-Jihad, Tehrik ul-Forqan, Tehrik il-Mujahideen.

Somalia: Al-Ittihad Islamiyya (Unión Islámica de Somalia), Itisam bi al-Kitab wal-Sunna.

Túnez: Grupo Islámico Combatiente Tunecino.

Uzbekistán, Tajikistán y Kirguistán: Movimiento Islámico del Turquestán, Adolat, Hizb ut-Tahrir al-Islami.

Yemen: Yihad Islámica del Sur del Yemen (luego Ejército Islámico de Aden-Abyan).

Fuente: Bauer y Raufer, 2005: 95-96.

Además de estas entidades colaboradoras, Al Qa’ida cuenta con varias extensiones territoriales: al Qa’ida en la Península Arábiga desde 2003, Al Qa’ida para al Yihad en la Tierra de los Dos Ríos desde el otoño 2004 (dirigida por Abu Musaf al Zarkawi hasta su muerte en junio de 2006, incidente que no ha reducido el grado de violencia yihadista en Irak) y Al Qa’ida en el Magreb Islámico desde inicios de 2007. Se estima que la organización dispone de células activas o durmientes en no menos de cuarenta países, y posiblemente su organización sea aún más descentralizada en la actualidad. Para que esto funcione es precisa la comunicación entre sus componentes, gracias a los adelantes en la tecnología de la comunicación[153]. Al Qa’ida, que combina las nuevas tecnologías de la información y la comunicación con un rechazo de la civilización occidental y una interpretación tradicional y fundamentalista de la Yihad, aprovecha la revolución tecnológica para impulsar el terrorismo global. Su know how lo difunde a través de la edición on-line de varios manuales de adiestramiento, basados en manuales militares de campaña estadounidenses y británicos, y compilados en publicaciones como la Enciclopedia de la Yihad, recopilación de tácticas y técnicas del terrorismo y la guerra irregular en once volúmenes y 7000 páginas elaborada en Pakistán entre 1991 y 1993 por veteranos de la guerra de Afganistán para su uso en otros escenarios de conflicto. Se piensa que Al Qa’ida ha entrenado en los últimos quince años a una fuerza de entre 15 000 y 50 000 hombres. Los líderes se eligen por votación, y pueden pasar luego a formar parte del alto mando de Al Qa’ida, que funciona bajo una estructura vertical y proporciona la dirección estratégica y el apoyo táctico a su red horizontal de células separadas por categorías y organizaciones asociadas[154].

Muchos de los ideólogos del nuevo terrorismo islamista carecen de una formación teológica tradicional: Mawdudi era periodista, Qutb era maestro de secundaria, Faraj ingeniero, al-Zawahiri médico y Bin Laden estudió economía y gestión. La generación de mayor edad de radicales islámicos, como Abdullah Azzam, el jeque Omar Abderrahman de Egipto o el jeque Abdul Mayid al-Zindani de Yemen ha estudiado en la Universidad al-Azhar de El Cairo, pero Bin Laden y la nueva generación de militantes islámicos estudiaron carreras técnicas, como medicina, ingeniería o economía. La ideología de Al Qa’ida toma elementos del Islam sunní, y los mezcla con el nihilismo moderno, el culto al héroe, el autosacrificio, la retórica de la antiglobalización y el nacionalismo antioccidental. En Al Qa’ida confluyen dos corrientes del terror integrista: la estrictamente tradicionalista, propia de profesionales empapados de orgullo wahabí contra la hegemonía occidental, y la reactiva radical, heredera del movimiento popular de los Hermanos Musulmanes, que busca en la violencia el antídoto contra la supremacía judeoamericana, mantenida con la complicidad de los gobernantes musulmanes traidores. Bin Laden y Al-Zawahiri representarían estos dos polos convergentes del yihadismo, unidos por medio del salafismo[155]. Al Qa’ida ha dado los primeros pasos para romper la tradicional división chiíta-sunnita, aunque la mayor parte de los grupos adheridos comparten las ideas salafistas sobre el Islam.

Bin Laden definió la exigencia de la Yihad como una responsabilidad individual que incumbía a todos los musulmanes, lo que tuvo un gran eco en esos tiempos de humillación y resentimiento contra Estados Unidos y sus acciones en Oriente Medio. La organización ha adoptado un discurso violentamente antioccidental, ciertamente antiamericano, y por consiguiente antijudío, y se opone abiertamente al proceso de paz en Oriente Medio. Por último, la nebulosa islamista se basa en los aspectos operacionales de la guerra santa, y en sus filiales afganas y bosnias de reclutamiento y entrenamiento[156]. Sus miembros forman una comunidad imaginada de creyentes en la Umma idealizada de los tiempos de Mahoma o el califato, y se creen inmersos en una guerra apocalíptica entre devotos e impíos, donde no hay compromiso posible sino el aniquilamiento del adversario. La estrategia a seguir en una guerra global de desgaste. Como advertía Bin Laden en su fatwa de agosto de 1996:

Es evidente que debe adoptarse un modo de combatir adecuado al desequilibrio de poder entre nuestras fuerzas armadas y las del enemigo […] En una palabra, iniciar una guerra de guerrillas, donde tomen parte los hijos de la nación, y no las fuerzas militares[157].

En 2001, al Qa’ida se dispuso a trasladar a la práctica las premisas de esta nueva «guerra mundial», atacando al corazón del imperio americano.

Los atentados del 11-S y sus consecuencias

El 11 de septiembre de 2001, Al Qa’ida perpetró la cadena de atentados terroristas más espectacular de la historia: a las 8:46 horas, el vuelo n.º 11 de American Airlines que había dejado Boston en dirección a Los Ángeles se estrelló en la torre norte del World Trade Center de Nueva York. A las 9:03, el vuelo n.º 175 de United Airlines, que seguía el mismo itinerario, impactó contra la torre sur. A las 9:37, el vuelo n.º 77 de American Airlines, que había dejado Washington hacia Los Ángeles, se estrelló en el Pentágono. A las 10:03, el vuelo n.º 93 de United Airlines, que había dejado Newark (New Jersey) con destino a San Francisco, se estrelló en Shanksville, en el condado de Somerset (Pennsylvania). Cerca de 3000 personas murieron en los ataques, y los daños se evaluaron en 7000 millones de dólares[158].

Después de los atentados del 11-S, la base militante de Al Qa’ida quedó destruida en gran parte: cerca del 80 % de sus miembros fueron muertos o detenidos en 102 países[159]. Cuando los norteamericanos iniciaron su ofensiva contra Afganistán el 7 de octubre de 2001, se calcula que el número de miembros de Al Qa’ida era de unos 7000[160]. Los talibanes fueron derrotados en Afganistán en el invierno de 2001-2002, pero el mullah Mohammed Omar encabezó su reorganización en la frontera afgano-pakistaní. Como ocurrió durante la resistencia antisoviética, el objetivo era mantener una prolongada campaña de guerra de guerrillas, tratando de ganar fuerza estratégica en Afganistán y Pakistán.

Tras la caída del régimen talibán, el movimiento salafista-yihadista representado por Al Qa’ida acentuó su proceso de mundialización. Desde abril de 2002 se pasó a llamar Qa’ida-al-Yihad, símbolo de la fusión de las organizaciones de Bin Laden y de al-Zawahiri. La militancia islámica cayó en la variedad caótica que caracterizó los primeros años noventa. Surgieron nuevos grupos que apenas tenían relación con Bin Laden, al que consideraban un caudillo simbólico, y actuaban siguiendo el programa de Al Qa’ida.

En febrero de 2003, Bin Laden definió cualquier ataque estadounidense a Irak como «cruzada» y «ataque sobre todo contra la gente del Islam». La presencia norteamericana en Irak desde la primavera de 2003 alentó el movimiento federador yihadista, que deseaba expulsar a toda fuerza impía de los territorios musulmanes. Entre sus acciones de represalia se cuentan los atentados en una sinagoga de Djerba el 11 de abril de 2002, contra una discoteca en Bali el 12 de octubre de 2002, contra el petrolero francés Limburg en las costas de Adén el 6 de octubre de 2002, el ataque a un complejo turístico en Mombasa (Kenia) el 28 de noviembre de 2002, los ataques sincronizados en Riad y Casablanca el 16 de mayo de 2003 con 45 muertos y cien heridos o en Estambul el 15 y 20 de noviembre de 2003, hasta llegar a los atentados de Madrid el 11 de marzo de 2004 (191 personas muertas y cerca de 1500 heridas)[161] y en Londres el 7 de julio de 2005: tres explosiones en las estaciones de Aldgate con siete muertos, King’s Cross con 25 muertos y Edgware Road con siete muertos y un autobús entre Tavistock Square y Upper Woburn Place, con 14 muertos; en total 52 víctimas mortales. Todos han sido atentados perpetrados por estructuras islámicas locales[162].

España se había convertido en una importante base de Al Qa’ida por su situación geográfica y por la llegada durante los años ochenta de islamistas expatriados de origen sirio y en los noventa de procedencia argelina, y luego de Marruecos (grupo Combatiente Islámico Marroquí, con lazos con el GIA), apoyados por algunos imâm de orientación neosalafista. Aunque los primeros actos violentos de extremistas chiítas datan de 1984, el primer atentado islamista mortal perpetrado en España fue el presuntamente realizado por la Yihad Islámica en el restaurante El Descanso (Barajas) el 12 de abril de 1985, que provocó la muerte de 18 personas y heridas a más de ochenta[163]. Pero el arranque definitivo del radicalismo islámico en España data de inicios de los noventa: como respuesta a los acontecimientos de Bosnia, en 1994 surgió en el entorno de la mezquita Abu Baker de Madrid el grupo islamista Soldados de Alá, y su organización de cobertura, la Alianza Islámica, con ramificaciones internacionales, y contactos con el GIA y el FIS argelinos, Hamás, Al Qa’ida, etc. Su fundador, el palestino Anwar Adnan Mohamed Saleh, alias «Cheij Saleh» o «Abdul Rachid», que había llegado a España en 1986 y se había casado con una española, se convirtió a mediados de los noventa en el hombre de confianza del segundo escalón de dirección de Al Qa’ida, y facilitó la integración en esta organización de los Soldados de Alá y la Alianza Islámica. Trasladado a Afganistán y Pakistán en octubre de 1995, su sucesor el imâm sirio-español Eddin Barakat Ysarbas, «Abu Dahdah», continuó las actividades proselitistas[164]. La red yihadista de origen sirio de Abu Dahdah, muy cercana a Al Qa’ida, mandaba a sus voluntarios a los campos de Afganistán o a las guerras de Bosnia, Chechenia e Indonesia. Desarticulada entre noviembre de 2001 y septiembre de 2003, desde sus restos se organizó la planificación y ejecución de los atentados del 11-M, que fueron reivindicados por las Brigadas Abu Hafs al-Masri de Al Qa’ida.

España ha actuado como punto de partida hacia Afganistán, Bosnia, Chechenia, Argelia, Indonesia y otras tierras emergentes de la Yihad. En el país se creó una extensa infraestructura financiera con ayuda del Grupo Salafista para la Predicación y Combate, y ha servido como base operacional avanzada para la vigilancia y el reconocimiento de los objetivos norteamericanos antes del 11-S. La primera reunión de Al Qa’ida para la planificación de los atentados contra los Estados Unidos se hizo en Kuala Lumpur, y la última se celebró en España[165]. Tras los atentados de septiembre de 2001, la policía española comenzó a desarticular esta organización en tres etapas: el 13 de noviembre efectuó en Granada y Madrid los arrestos de once miembros del Movimiento Combatiente por la causa del Islam, en su mayor parte de nacionalidad española, y las operaciones de desarticulación de redes yihadistas se sucedieron en abril y julio de 2002. España había servido como zona de tránsito para los yihadistas magrebíes, pero la presencia de ideólogos y predicadores favoreció la implantación de redes susceptibles de pasar a la acción, como el grupo que atacó en Madrid el 11 de marzo de 2004 y luego se autoinmoló el 3 de abril en un inmueble de Leganés.

Hoy día, Al Qa’ida sigue actuando como una nebulosa estructurada alrededor de varios círculos con capacidades operativas totalmente independientes. La galaxia terrorista islámica presenta a menudo las características de una red transnacional descentralizada, no depende de un único proveedor de fondos y casi siempre genera sus propios recursos. Siempre va unida a uno o varios jefes carismáticos que a veces son considerados víctimas o mártires. El núcleo central eran los ideólogos Bin Laden y al-Zawahiri, que definían las grandes líneas estratégicas y recomendaciones en forma de comunicados, fatwas y consejos. En el segundo nivel se encontraban otros ideólogos y financieros partidarios de la corriente yihadista (Abu Salid al-Ghamdi, Abu Omar al-Sayf en Chechenia, Yussef al-Ayeeri y Abdel Aziz al-Mouqrin en Arabia Saudí, Abu Mussab al-Zarkawi en Irak). En último término figuran las organizaciones que operan sobre el terreno en Irak, Pakistán, Turquía, Indonesia, Marruecos, África Oriental o Europa, de actuación completamente autónoma. La naturaleza desestructurada y desterritorializada de Al-Qa’ida le permite sobrevivir hasta hoy en día, y presumiblemente mantener su actuación a medio plazo, incluso en caso de una eventual desaparición de sus ideólogos fundadores e iconos de la revolución islámica, como al-Zawahiri y Bin Laden[166], que acabó por ser localizado y eliminado por el ejército norteamericano en Abbottabad (Pakistán) el 2 de mayo de 2011.

Al Qa’ida se plantea estrategias a corto, medio y largo plazo. Antes del 11-S, su meta inmediata era la retirada de las tropas norteamericanas de Arabia Saudí. Su estrategia a medio término era arrebatar el poder a los gobernantes apóstatas de la Península Arábiga y después de Oriente Medio, y la creación de verdaderos estados islámicos. La estrategia a largo plazo era la recreación del califato o, al menos, la formación de un potente grupo de estados islámicos, incluso con capacidad disuasoria nuclear para emprender una guerra defensiva u ofensiva contra los Estados Unidos y sus aliados[167].

Al Qa’ida ha llevado el terrorismo más allá de un tipo de forma de protesta y resistencia, y lo ha elevado al estatus de instrumento global con el que desafiar la influencia de Occidente en el mundo musulmán. Es una organización secreta terrorista muy sofisticada, casi virtual, que niega su propia existencia para permanecer en la sombra, y que solo ejecuta algunas acciones al año, pero muy letales, contra blancos simbólicos en el corazón del territorio adversario, de forma coordinada y simultánea siempre que sea posible para aumentar su impacto psicológico. Se trata de demostrar que la Yihad está viva y puede golpear en todo momento y lugar.

5. EXTENDER LA YIHAD AL MUNDO ENTERO: EL TERRORISMO ISLÁMICO EN LOS CONFLICTOS NACIONALES Y REGIONALES

La gran oleada de terrorismo islámico actual se forjó paradójicamente en el transcurso de las operaciones de paz de Oslo y tras la intervención americana en Kosovo, pero uno de los detonantes fue la primera guerra del Golfo, que radicalizó a los grupos palestinos y rompió los lazos de complicidad que el movimiento yihadista afgano tenía con los Estados Unidos. Todo ello ha favorecido la proliferación de grupos islamistas que pueden clasificarse en función del alcance de su estrategia violenta:

Revolucionaria: grupos que buscan legitimar la violencia defendiendo y practicando la toma de decisiones colectivas y utilizando la doctrina de Sayyid Qutb de forma selectiva (Yihad Islámica egipcia, Hamás palestino, Yihad Islámica palestina, Frente Armado de Argelia de Yihadistas Islámicos).

Ideológica: con un discurso coherente de violencia política (Grupo Islámico de Egipto, Frente Moro de Liberación Islámica).

Utópica: buscan destruir el conjunto del orden político existente y operan tanto a nivel local como global. No tienen ninguna aproximación política racional ni estrategia, y ni siquiera intentan negociar (Grupo Salafista de Predicación y Combate de Argelia, Grupo Libio de Luchadores Islámicos, Grupo Abu Sayyaf, talibanes o Al Qa’ida hasta el 11-S).

Apocalíptica: usan la violencia colectiva y encauzan su actividad armada indiscriminada (terrorismo catastrófico de bajas masivas) para cumplir una profecía del fin del mundo (Al Qa’ida y GIA Argelino[168]).

En la actual oleada terrorista islámica, los países más expuestos a los regímenes fundamentalistas o a sus atentados, como Afganistán, Irán o Argelia, es donde existe menos entusiasmo por el terrorismo.

La guerra civil en Argelia (1991-1997)

El precedente inmediato de la intervención yihadista en un conflicto local fue la crisis argelina, que tomó la forma de una brutal lucha armada entre un régimen militarizado desde 1962 hasta fines de los ochenta, que defendía su control hegemónico de la renta estatal, y un movimiento islámico multiforme, algunos de cuyos elementos han degenerado en un radicalismo sanguinario. Las primeras manifestaciones de islamismo activista aparecieron en Argelia en 1984, con la emergencia del Movimiento Islámico Armado (Al Harakat al Islamiyya El Moussalaha) de Moustapha Bouyali (muerto en una emboscada en 1987), en el que participó Abdelkader Chebouti, futuro emir del GIA (Al Jamaa al Islamiyya Al Moussalaha, Grupo Islámico Armado).

La caída de los precios del gas y del petróleo a partir de 1985 empeoró la distribución de la renta y acentuó el descontento de la población. El salafismo combatiente empezó a cobrar auge tras la revuelta popular que estalló en Argelia el 8 de octubre de 1988, que provocó más de 500 muertos. Los disturbios, que tuvieron como origen la crisis económica, la explosión demográfica y la frustración de una juventud desocupada que denunciaba el abusivo control militar, la corrupción y la escasez de comida y alojamientos, indujeron al presidente Chadli Benjedid a anunciar una reforma constitucional tendente a la apertura política. Al año siguiente se renunció al sistema de partido único, se elaboró una nueva Constitución y se abrieron las puertas a la participación de otras agrupaciones políticas al margen del partido oficialista FLN.

En marzo de 1989, tras los sangrientos motines populares del año anterior, apareció el Al Jabha al Islamiyya al Inqadh (Frente Islámico de Salvación, FIS) como catalizador del descontento popular, apoyado en una potente red de apoyo de miles de mezquitas financiadas por las monarquías del Golfo Pérsico. El FIS pretendía recrear el modelo de revolución islámica iraní practicando el respeto aparente a la democracia por la vía electoral y realizando un intenso proselitismo social. En los comicios locales de 12 de junio de 1990, el FIS alcanzó el 54 % de los votos frente al 28 % del FLN. Los islamistas controlaron 854 de los 1581 municipios y 31 de los 48 departamentos del país. El presidente Chadli Benjedid emplazó elecciones parlamentarias para junio de 1991, pero entretanto los islamistas convocaron una huelga general el 25 de mayo, en medio de una creciente tensión que condujo a la declaración del estado de sitio.

Las elecciones legislativas, convocadas en su primera vuelta para el 26 de diciembre de 1991, se saldaron con una tasa de abstención del 52 % y una fuerte derrota gubernamental, ya que el FIS obtuvo el 48 % de los sufragios y 188 de 430 escaños, mientras que el FLN solo logró 14. Los resultados de los comicios decidieron al ejército a intervenir: antes de la segunda vuelta, prevista para el 16 de enero de 1992, los altos jefes militares obtuvieron la renuncia del presidente Benjedid y la entrega del poder a Mohamed Boudiaf, quien a la cabeza del Alto Consejo de Estado gobernó el país en medio de la violencia y decidió aplazar el proceso electoral hasta fines de 1993.

A inicios de febrero de 1992, los grupos islámicos extremistas llevaron a cabo su primer ataque contra objetivos militares. La declaración del estado de emergencia el 9 de febrero permitió la detención y el internamiento de millares de militantes o simpatizantes islamistas a campos ubicados en el desierto. El 4 de marzo, el FIS fue disuelto judicialmente, lo que precipitó al país en una verdadera guerra civil. El ala radical del movimiento islamista se lanzó a una campaña de violencia desaforada contra el gobierno, fuerzas de seguridad, diplomáticos occidentales, pequeños comerciantes, representantes de la justicia, grandes empresarios, turistas y todo tipo de objetivos civiles. El gobierno respondió con una vasta contraofensiva militar.

Tras la interrupción del proceso electoral y la ilegalización del FIS, un número elevado de militantes islámicos entraron en la lucha armada. Desde mediados de 1992 se constituyeron sin ninguna coordinación diversas estructuras combatientes, como el Movimiento Islámico Armado, el Movimiento para un Estado Islámico, el Frente Islámico de la Yihad Armada o la Liga Islámica para la Predicación y el Combate. El brazo armado del FIS, el Ejército Islámico de Salvación (AIS), dedicado a atacar a las fuerzas de seguridad del Estado, se fue independizando del liderazgo político.

A inicios de 1992, militantes islamistas salafistas de varios grupos urbanos creados en torno a emires autoproclamados, federados desde noviembre de 1991 por Mansouri Meliani, formaron desde octubre del año siguiente el Grupo Islámico Armado (GIA), uno de los movimientos neosalafistas más cruentos del mundo. Fundado por unos 900 veteranos de Afganistán como Abdelhak Layada, «Abou Adlane», pequeños delincuentes y parados, se opuso a la negociación con el gobierno y fue marginando al FIS, que había tratado de unir a las diferentes bandas islámicas en una estrategia unificada. El GIA no tenía una ideología política concreta, salvo la condena de Yahiliyya desarrollada por Qutb. Sus portavoces definieron a la población como tafkir al-gumhur (apóstatas), lo cual la convertía en cómplice del régimen laico argelino y la excluía de las normas básicas de la humanidad. Planteó una guerra total contra el poder en la que se atacó a todo tipo de objetivo civil, incluidos los líderes de la oposición, artistas, académicos o periodistas[169]. Un comando de cuarenta hombres dirigidos por Tayeb el Afgani asoló la región de El Oued antes de ser liquidado. Se sucedieron los ataques a establecimientos militares (Almirantazgo de Argel en febrero, cuarteles, gendarmerías…), emboscadas, asesinatos individuales y atentados más o menos espectaculares, como el perpetrado en el aeropuerto de Argel el 26 de agosto de 1992, que produjo once muertos y 128 heridos. Tras el asesinato de Boudiaf el 29 de junio de 1992, la represión se endureció aún más. El 16 de marzo de 1993 fue asesinado en Argel el exministro de Educación Djali Liabes, y el 21 de agosto el exprimer ministro y exjefe de Seguridad Militar Kasdi Merban fue muerto en una emboscada cerca de Argel. A la altura del otoño de 1993, unas 1500 personas habían sido asesinadas.

A partir de mediados de 1993, el GIA inició acciones más espectaculares, como el secuestro de diplomáticos franceses o árabes o el asesinato de extranjeros (cerca de 120 de octubre de 1993 al verano de 1996): el 15 de diciembre de 1993 una docena de técnicos croatas y bosnios fueron asesinados brutalmente en un ataque sorpresa a una aldea cercana a Argel. El asalto a la Embajada francesa en la capital en agosto de 1994 provocó cinco muertos, y en mayo de 1996 se produjo el asesinato de siete monjes franceses en Tibérine. El gobierno respondió con detenciones y ejecuciones sumarísimas de miembros del FIS: en marzo de ese mismo año, Argelia suspendió sus lazos diplomáticos con Irán y Sudán, países a los que acusó de apoyar la violencia integrista.

En marzo de 1994, la mayoría de las organizaciones combatientes se adhirieron al GIA, que estaba dirigido como emir nacional por Cherif Gousmi, y tras su muerte en combate en octubre de 1994 por Djamel Zitoumi, que fue asesinado a su vez el 16 de julio de 1996. Estos grupos armados estaban compuestos mayoritariamente por veteranos de Afganistán, adolescentes sin trabajo y delincuentes reislamizados. El GIA se estructuraba en nueve regiones, copiadas del esquema de las zonas militares. Con más de 20 000 combatientes experimentados y agrupados en comandos autónomos, la organización abandonó los ataques contra las fuerzas de seguridad para lanzarse a una estrategia de terror sobre la población civil. Por ello, algunos medios de comunicación censuraron este «gangsterrorismo» que se manifestaba en la colocación de falsos controles de carretera y atentados indiscriminados con coches bomba en las ciudades.

La situación de seguridad no paró de degradarse, y se extendió incluso a Marruecos, Túnez o Francia. Un Airbus de Air France secuestrado el 24 de diciembre de 1994 por el GIA fue asaltado el día 26 en Marsella por el GIGN, que mató a los cuatro secuestradores, cuyo plan postrero era estrellar en avión contra la Torre Eiffel. En 1995, los atentados alcanzaron París: bombas en la estación del RER de Saint-Michel el 25 de julio con siete muertos y 85 heridos, en el RER de Musée d’Orsay el 17 de octubre con cuatro muertos y 29 heridos o en el RER de Port-Royal el 3 de diciembre de 1996, con cuatro muertos y 170 heridos.

A diferencia de su rival el GIA, con quien se enfrentó desde 1994, los 7000 combatientes del AIS se especializaron en la guerrilla rural y emprendieron una «Yihad militarmente correcta» contra objetivos no civiles hasta su disolución en 1997[170]. Por contra, en 1996 Antar Zouabri, emir del GIA, emitió una fatwa que condenaba a cualquiera que no asistiera o colaborara directa o indirectamente con la organización armada, argumentando que los civiles que no respaldaran las acciones islamistas estaban apoyando a un régimen impío, y por ello se convertían en objetivos legítimos de la violencia islamista. A partir del otoño de 1996-1998, la lucha del GIA contra el AIS (o su escisión de 1994 el Mouvement Islamique Armé) para conquistar el monopolio de la Yihad se hizo cada vez más sangrienta, y se plasmó en la realización a fines de 1997 de grandes expediciones punitivas en la región de Tiaret que provocaron más de 350 muertos en diez días. Ello provocó la defección del GSPC de Hassan Attab en septiembre de 1998. La rebelión armada islámica derivó en la formación de dos tendencias contrapuestas e irreconciliables. Por un lado, los djazaristas que apoyaban al Movimiento Islámico Armado, defendían una visión islámica «nacional» y eran partidarios de limitar su combate a Argelia. Por otro, los salafistas yihadistas, nutridos de veteranos afganos y agrupados en torno al Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) surgido en mayo de 1998 de una escisión del GIA y afiliado a Al Qa’ida, eran partidarios de la internacionalización de la lucha. Este debate entre la internacionalización y la «Yihad en un solo país» recuerda en caricatura la ardua polémica Stalin-Trotski de los años veinte y treinta.

Entre 1995 y 1999, el gobierno argelino aplicó una estrategia antiterrorista basada en tres pilares: una acción conjunta del ejército y de las fuerzas de seguridad e inteligencia, una ofensiva política y otra de propaganda, pero no consiguió evitar que en 1996 y 1997 la violencia salafista alcanzara su punto culminante. El GIA demostró que mantenía una alta capacidad operativa, y se cobró la vida de más de 400 civiles en diversos atentados (casi medio centenar fueron degollados), poniendo al Estado en situación de máxima alerta. Entre las regiones más afectadas durante el llamado «Ramadán sangriento» estaban Medea, Blida y los suburbios de Argel, donde los terroristas fundamentalistas exterminaron a familias enteras. La respuesta del ejército argelino no fue menos contundente, ya que lanzó una ofensiva generalizada en varios frentes que acabó con la vida de 160 activistas del GIA. Las continuas matanzas de civiles que se produjeron durante el verano del año 1997 indujeron en el mes de agosto al recién liberado Abbas Madani, líder del FIS, a lanzar un llamamiento general encaminado a terminar con la violencia y a entablar un diálogo con el gobierno. Sin embargo, ese mismo mes, la masacre de unas 300 personas en una pequeña localidad al sur de Argel, considerada el acto más violento cometido por guerrilleros integristas desde el inicio de la guerra civil, alejó una vez más la posibilidad de poner fin a un conflicto que se había cobrado más de 100 000 vidas. Según varios testigos de lo ocurrido, la matanza se desarrolló ante la presencia de miembros del ejército argelino, que podrían haberla evitado, pero prefirieron no intervenir.

Por otro lado, el ejército realizó una represión ciega sobre la población civil y creó milicias patriotas campesinas bajo su supervisión desde 1994 a 1999. Mientras que el AIS fue derrotado en 1996-1997 en sus enfrentamientos armados con el GIA, este, minado por la represión y las disidencias internas, inició un proceso de descomposición a fines de los años noventa. La Ley de Clemencia de 1994 jugó un papel esencial en la desactivación del conflicto. Alrededor de 1996 quedó demostrado que la estrategia de la Yihad había perdido apoyo entre las masas, lo que provocó una quiebra irreversible dentro del movimiento islamista. El 6 de junio de 1999, el AIS, brazo armado del FIS, en tregua unilateral desde el 1 de octubre del año 1997, decretó su total rechazo a las armas y su disposición a colaborar con el gobierno en la reconstrucción del país. Tras la concordia civil propuesta en 2000 por el presidente Bouteflika, que pocos combatientes salafistas aceptaron, el movimiento djazarista fue reinsertándose en la sociedad argelina. El 29 de septiembre de 2005, el 95 % de los votantes en un referéndum ratificaron una Carta Nacional por la Paz y la Reconciliación. Entre febrero de 1992 y septiembre de 1994 se contaban más de 28 000 muertes violentas en Argelia, aunque se calculan entre 100 000 y 150 000 los muertos totales en la lucha[171].

Argelia no se ha librado aún de la amenaza del terrorismo yihadista. El 23 de octubre de 2003, el líder del GSPC Nabil Sahraoui (asesinado en junio del año siguiente) hizo público su apoyo a la Yihad anunciada por Bin Laden. A inicios de 2007, el GSPC cambió su nombre por el de Al Qa’ida en el Magreb Islámico, y ha protagonizado diversas acciones violentas (bombas, secuestros) en el norte de África.

El conflicto de Chechenia

Junto con la instrumentalización de la táctica terrorista por parte de movimientos fundamentalistas islámicos, el otro acontecimiento crucial del final del milenio fue el derrumbamiento de los regímenes comunistas de Europa del Este en 1989-1991. Esta crisis estimuló el rebrote de viejas formas de violencia política heredadas del período de entreguerras, como el golpe de Estado y el terrorismo vinculado a conflictos interétnicos en el marco de un proceso embrionario o generalizado de guerra civil[172]. Tal fue el caso de algunas repúblicas exsoviéticas del Cáucaso y Asia Central, como Tayikistán (1992-1995), Armenia y Azerbaiyán por el Alto Karabaj (diciembre de 1991-mayo de 1994), Chechenia (diciembre de 1994-agosto de 1996), Abjazia (agosto de 1992-septiembre de 1993) y las diferentes guerras y conflictos que han jalonado la descomposición de Yugoslavia desde el verano de 1991. La reacción islámica en estas repúblicas postsoviéticas (Uzbekistán, Kazajistán, Turkmenistán, Tayikistán), afectadas por la corrupción, el culto a la personalidad y las luchas interétnicas, pero con importantes recursos petroleros, se ha plasmado en organizaciones como el Partido del Renacimiento Islámico de Tayikistán, que ha librado una guerra de guerrillas desde 1992 a 1997 cerca de la frontera afgana[173], o el Movimiento Islámico de Uzbekistán (MIU), creado en 1997 tras la guerra de Tayikistán por Jumaboi Ahmadzhanovitch Jojaev, «Juma Namangan», antiguo paracaidista soviético en Afganistán que impulsó el conflicto con otras repúblicas centroasiáticas a partir de 1999 con una táctica terrorista que era apoyada desde Kabul[174]. El Hizb ut-Tahrir al Islami (Partido de la Liberación Islámica) preconiza la unión de toda el Asia Central y la reconstitución no violenta de la Umma y el califato. Su fundación arranca de la diáspora palestina en Arabia Saudí y Jordania en 1953, de fuerte influencia wahabí y antichiíta. Prohibido en Oriente Medio, pasó a Asia Central a mediados de los noventa. Niega tener relación con Al Qa’ida o el MIU, pero varios activistas han actuado como yihadistas en países vecinos, como Uzbekistán[175].

Chechenia atesoraba una larga tradición de resistencia a Moscú desde fines del siglo XVIII, con no menos de nueve grandes rebeliones antirrusas desde 1783 y una diáspora obligada por Stalin de 400 000 personas hacia Kazajistán y Siberia a partir de 1943-1944, en condiciones tan brutales que provocaron la muerte de quizás la cuarta parte de los deportados. La corriente nacionalista del partido independentista Congreso Nacional de Pueblo Checheno (CNPCh), liderado por Yojar Dudayev tomó el poder en Grozni después de un golpe de Estado perpetrado en agosto de 1991, y tras unas elecciones ganadas por abrumadora mayoría en octubre proclamó unilateralmente la independencia el 27 de noviembre. El mayor despliegue de Al Qa’ida en la región empezó cuando Dudayev inició la campaña en favor de la independencia de Chechenia y fue apoyado por la rama local de la Hermandad Musulmana. El comandante militar de Dudayev, Shamil Basayev, un veterano de Afganistán, tenía una estrecha relación con Bin Laden. La aparición del wahabismo en el Cáucaso, aunque tuvo un papel destacado en el conflicto, fue un hecho, en principio, menor e importado. Los chechenos han profesado tradicionalmente el Islam sunnita en la versión de la escuela hanafí, la misma que es mayoritaria en Turquía. La interpretación hanafí de la ley coránica es considerablemente más flexible y abierta que el rigorismo hanbalí del que surgió el wahabismo. Además, el islamismo checheno ha estado siempre muy influenciado por las órdenes sufíes, que inspiraron a los caudillos rebeldes de los siglos XVIII y XIX, y cuya labor los wahabitas repudian con firmeza. En definitiva, aunque la identidad islámica tuvo y tiene su papel destacado en el desarrollo del conflicto, resulta muy aventurado situarla entre los factores principales de su desencadenamiento, si bien parece evidente que la ideología de los combatientes chechenos ha ido evolucionando desde el independentismo laico de la primera guerra al islamismo wahabita actual.

El 7 de noviembre de 1991, Yeltsin había declarado el estado de emergencia en Grozni y enviado 2000 hombres para restablecer el orden. El 27 de noviembre, el Parlamento de Chechenia hizo una declaración formal de independencia como República Chechena de Ichkeria. En mayo de 1992, tras la desaparición de la URSS en diciembre anterior, lo que quedaba del ejército ruso en Chechenia se retiró, tras un acuerdo entre el gobierno de Dudayev y las autoridades rusas para repartirse su armamento y equipo. Desde ese momento, las milicias chechenas comenzaron a hacer su aparición en los diferentes conflictos caucásicos. En 1992, la República Autónoma de Chechenia e Ingushetia se dividió en dos, e Ingushetia se reintegró en la Federación Rusa como república autónoma. En el año 1993, el empeoramiento de la situación vino en parte provocado por el talante favorable de una mayoría del Parlamento checheno hacia una negociación con Moscú que normalizase las relaciones con Rusia. Esta actitud se debía a una mezcla de decepción por la grave crisis económica y de probables incentivos rusos a algunos parlamentarios. En abril estallaron en algunas ciudades revueltas donde se exigió la dimisión del presidente. La respuesta de Dudayev fue contundente, y el 17 de abril disolvió el Parlamento e impuso el estado de emergencia. El Tribunal Constitucional checheno declaró ilegal la decisión presidencial, pero este órgano fue disuelto también en junio. Estallaron revueltas en Grozni y se produjeron enfrentamientos que terminaron con varias docenas de muertos. Unas 300 000 personas, en su mayoría rusas, fueron obligadas a abandonar el país. En la primavera de 1994, la violencia étnica en Chechenia basculó irremediablemente hacia la guerra civil, acelerando la intervención rusa y la participación en el conflicto de centenares de mujahidines, entre ellos veteranos azeríes y bosnios. La oposición comenzó a organizar milicias armadas, pero los diferentes grupos paramilitares fueron incapaces de combatir coordinadas, y Dudayev los batió sucesivamente por separado. En septiembre, la evidencia de que la oposición estaba siendo derrotada llevó a los dirigentes rusos a plantearse la intervención directa en el conflicto. El 9 de diciembre, el ejército ruso invadió el país, y se encontró con una enérgica resistencia en forma de guerra de guerrillas en las montañas del sur.

Esta fue la señal de lanzamiento de la ghazawat (guerra santa) en todo el Cáucaso, en un conflicto que se hizo abierto desde el 11 de diciembre de 1994 hasta el 31 de agosto de 1996 (con un hito en la batalla por la ocupación de Grozni, que causó decenas de miles de muertos desde el 25 de diciembre de 1994 hasta el 17 febrero de 1995), y que provocó una seria crisis política en Moscú, facilitando la cesión del poder de Yeltsin a Vladimir Putin.

Ante el peligro de una extensión del conflicto a todo el Cáucaso, el enviado del presidente ruso, Arkadi Volski, sugirió que la Federación Rusa reconociera la independencia del territorio si las opciones separatistas ganaban en las elecciones generales y presidenciales previstas para 1995. Estos comicios se desarrollaron irregularmente, en medio de fuertes presiones de los partidos prorrusos, lo que enconó la resistencia bajo parámetros de creciente brutalidad. El 17 de junio de 1995, unos rebeldes chechenos se atrincheraron con más de mil rehenes en el hospital de la ciudad rusa de Budionnovsk, y en el ulterior asalto de las fuerzas de seguridad resultaron muertos 150 personas. En ese contexto de escalada, Dudayev fue asesinado el 21 de abril de 1996 en un bombardeo de precisión de la aviación rusa.

Tras una humillante derrota de las tropas federales, el 31 de agosto de 1996 el general Alexander Lebed firmó un acuerdo de paz en Jasaviurt (Daguestán) que incluía un alto el fuego duradero, la retirada militar rusa, el progresivo desarme de las milicias chechenas, un período de normalización de la vida cotidiana y un procedimiento para la autodeterminación del territorio. Fue entonces cuando comenzaron a proliferar los «señores de la guerra» dedicados al negocio del secuestro e impulsores de versiones rigoristas del Islam promovidas por movimientos wahabitas alentados bajo cuerda por Moscú para poner en dificultades al gobierno local[176].

En coincidencia con la crisis de Kosovo en marzo de 1999 y los atentados perpetrados contra dos edificios de viviendas en Moscú el 8 y 13 de septiembre de ese año, que causaron 212 muertos, la guerra volvió a encenderse a inicios de agosto cuando unos 2000 combatientes chechenos, dirigidos por comandantes radicales como Basayev y el jordano Jattab, cruzaron la frontera de Daguestán y ocuparon varias aldeas en el oeste de la República. La invasión de Daguestán supuso el envío inmediato de fuerzas federales rusas a la zona, mientras se preparaba un demoledor ataque aéreo contra la república rebelde. Las operaciones militares comenzaron a principios de octubre, y el 25 de diciembre se inició la segunda batalla por Grozni. En esta ocasión, las tropas rusas estaban mejor preparadas, y el 1 de febrero de 2000 los combatientes chechenos, incluido un Basayev gravemente herido, abandonaron la capital para replegarse a las montañas del sur del país, asestando golpes en las ciudades de las llanuras septentrionales y en la propia Federación Rusa: el 8 de junio de 2000 un camión bomba conducido por un militante suicida estalló al lado de un acuartelamiento ruso al sudoeste de Grozni, matando a 27 soldados, y el 8 de agosto las bombas colocadas en un subterráneo de la Plaza Pushkin de Moscú se cobraron una docena de vidas y un centenar de heridos. El primer ministro Vladimir Putin restableció el gobierno directo del Kremlin en tierra chechena. A pesar de que en 2002 se proclamó el final de la guerra, la resistencia yihadista continuó contra el régimen colaboracionista de Akhmad y Ramzan Kadyrov, cuyos grupos paramilitares fueron acusados de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, como el asesinato de la periodista independiente Anna Politkóvskaya en octubre de 2006. Unos 200 000 chechenos se refugiaron en Ingushetia, provocando un enorme problema político y humanitario dado el escaso número de habitantes autóctonos. Alrededor de otros 200 000 se dispersaron entre Daguestán, Kazajistán, Georgia e incluso Turquía y Oriente Medio. La población habitante del territorio se redujo quizás en un 50 % respecto a 1991.

Toda esta crisis bélica se ha visto salpicada de atentados perpetrados por bandas terroristas chechenas como los mujahidines de Al Ansar, el más feroz de los tres grupos de combatientes musulmanes y el responsable de casi todos los atentados suicidas[177]. Entre sus acciones más cruentas figura el asalto de un comando de medio centenar de activistas vinculado a Arbi Barayev al teatro Dubrovka de Moscú, que acabó el 25 de octubre de 2002 con 129 rehenes y 41 secuestradores muertos tras el uso de gases nerviosos por las fuerzas especiales del Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa (FSB), sucesor del KGB. Como venganza se produjo un atentado suicida contra la sede del gobierno checheno en Grozni el 27 de diciembre de 2002 que provocó más de 60 víctimas. En julio de 2003, dos mujeres suicidas mataron a quince personas e hirieron a otras sesenta al detonar sus cargas en la cola de acceso a un concierto de rock en el aeródromo moscovita de Tushino, y en diciembre una bomba en la estación de Yessentuki al sur de Rusia causó 46 muertos y 160 heridos. El 6 de febrero de 2004, un atentado en el metro de Moscú provocó 41 muertos y 250 heridos; en agosto de ese año la explosión casi simultánea de dos aviones de pasajeros causó noventa muertos, y del 1 al 3 de noviembre de 2004, el asalto de un comando checheno inspirado por Basayev a una escuela en Beslam (Osetia del Norte) provocó un mínimo de 331 muertos, entre ellos 172 niños, durante el intento de rescate. Los atentados han seguido hasta la fecha: en marzo de 2010, dos mujeres suicidas («viudas negras», «shahidkas» o «novias de Alá», de entre 15 y 19 años) acabaron con la vida de cuarenta personas en el metro de Moscú.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos supusieron una oportunidad para que el presidente Vladimir Putin mostrase a los chechenos como una rama del terrorismo islámico, acallando las voces críticas sobre la actuación militar rusa y logrando de este modo una mayor libertad para actuar en la república rebelde. La evidencia de que muchos combatientes chechenos se habían entrenado en Afganistán bajo la tutela de Osama Bin Laden ha colocado a los independentistas bajo sospecha, por más que el moderado Asljan Masjadov haya hecho lo posible por marcar la diferencia entre su gobierno en el exilio y los grupos wahabitas. Numerosos fundamentalistas islámicos se han involucrado en el conflicto: Ayman al-Zawahiri intentó establecer una base para terroristas islámicos en Chechenia en 1996, y en 1999 se estimaba que al menos un centenar de miembros de Al Qa’ida se habían unido a los combatientes chechenos en el Cáucaso.

En abril de 2009, Rusia dio por terminada la «guerra contra el terrorismo» en Chechenia, y comenzó la retirada de 20 000 soldados, pero esta decisión no ha supuesto la instauración de un régimen democrático, sino la consolidación del terror de Estado gestionado por Ramzan Kadyrov.

La Yihad en Extremo Oriente

Además de los chechenos, otros grupos armados conducen en Asia luchas separatistas con el objeto de crear estados islámicos, como el Movimiento Aceh Libre en Indonesia. La Yama’a Islamiyya, que está presente en Malasia (1995), Indonesia, Singapur y Filipinas, tiene su origen remoto en el movimiento indonesio Dar-ul Islam, que tras la independencia en 1945 trató de crear un Estado islámico que fue frenado por el laicismo del régimen de Sukarno. Su atentado más espectacular fueron las dos bombas colocadas en la zona turística de Bali el 12 de octubre de 2002, que causaron 202 muertos (88 de ellos australianos) y más de 300 heridos. Su estructura descentralizada en células recuerda la de Al Qa’ida, y mantiene relaciones con otros grupos terroristas del Sudeste Asiático, como los Muhayidin Kumpulan de Malasia o el grupo rebelde de Abu Sayyaf en la isla de Joló, al sudoeste de Filipinas, que junto con el Frente Moro de Liberación Islámica (FMIL) del centro de Mindanao reivindica un Estado islámico independiente. La sociedad mora, organizada alrededor de un sultán y de terratenientes, fue generando un movimiento nacional de liberación que adoptó la lucha armada a fines de la década de los ochenta, cuando después de la caída del dictador filipino Ferdinand Marcos comenzaron a llegar a las islas veteranos filipinos de la guerra de Afganistán, entre otros Abu Sayyaf. Su figura es la última manifestación de una tradición de más de trescientos años de lucha armada de los musulmanes (moros) contra el Estado.

En la década de 1990, el relativamente moderado Frente Moro de Liberación Nacional (MNLF, grupo independentista creado en Mindanao a inicios de los setenta) de Nur Misuari y su brazo armado, el llamado Ejército Bangsa Moro, dieron lugar a un grupo más pequeño y mucho más agresivo llamado Frente Moro de Liberación Islámica (FMIL), que abogaba por la plena autonomía del sur islámico respecto del resto de Filipinas[178]. En el verano de 1992, este último grupo inició en la ciudad de Zamboanga sus ataques a objetivos cristianos, que fueron negados por el Frente Moro de Liberación Nacional. El nombre de Abu Sayyaf comenzó a conocerse a partir de febrero de 1993, y desde abril su grupo extendió sus actividades desde sus bases meridionales a Manila. En junio de 1994, las fuerzas armadas filipinas incursionaron en la guarida de Abu Sayyaf en Patikul (Joló), obligando a la dispersión del grupo, que contraatacó con la colocación de coches bomba en Zamboanga y la toma de rehenes en Basilan. El grupo de Abu Sayyaf, formado por uno 300 militantes, buscaba crear un Estado islámico independiente en Mindanao y mantuvo relaciones con Ramzi Ahmed Youssef, responsable del primer atentado al World Trade Center. En ocasiones, sus atentados han tenido un carácter especialmente sangriento: en abril de 1995 provocaron una masacre en un centro comercial de Ipil, en la península de Zamboanga, que dejó un saldo de cincuenta muertos[179].

En Cachemira, los grupúsculos más extremistas del separatismo islámico (Harakat ul-Mujahidin, Lashkar-e-Taiba y Jaish-e-Muhammad) iniciaron una ofensiva terrorista en 1989 secuestrando a turistas extranjeros. En 1990, el gobierno indio anuló la autonomía y en 1994 impuso el control militar de la región. En los siguientes cinco años hubo 12 000 muertes violentas, que fueron perpetradas en buena parte por mujahidines procedentes de Afganistán. El incremento del nacionalismo hindú en los noventa y la destrucción de la mezquita de Ayodhya el 6 de diciembre de 1992 por fanáticos hindúes, incrementaron la militancia del movimiento separatista de Cachemira. Se reanudaron los secuestros de turistas, y el 26 de abril de 1996 el Harakat ul-Mujahidin puso una bomba en un mercado de Nueva Delhi, matando a 17 personas e hiriendo a treinta. Entre 1995 y 1997, otras 8000 personas fueron asesinadas, y en 1998 los separatistas iniciaron una nueva campaña de ataques contra civiles hindúes en áreas y poblaciones remotas, causando una diáspora de 100 000 personas del valle de Cachemira a la ciudad de Jammu. El 26 de mayo de 1999, el conflicto había escalado hasta el bombardeo de zonas rebeldes por la Fuerza Aérea India. El 24 de diciembre de 1999, el Harakat ul-Mujahidin secuestró un Airbus de Air India en ruta de Katmandú a Kandahar, logrando liberar a su líder Maulana Masood Azhar y a otros militantes, y obtener 200 millones de dólares. En diciembre de 2001, un atentado fundamentalista contra el Parlamento federal de Nueva Delhi provocó quince muertos.

Situada al oeste de China y al norte del Tibet, la región autónoma de Xinjiang está formada por poblaciones turcófonas musulmanas. Ante la independencia de las repúblicas fronterizas de Asia Central a lo largo de los años noventa, se incrementaron las tendencias separatistas entre los uygures. Varias organizaciones ilegales nacieron en esa época (Organización por la Liberación de Uyguristán, Organización de Liberación de Xinjiang y Kirguistán, Frente Revolucionario del Turquestán Oriental, Movimiento Islámico del Turkestán Oriental), influidas por el extremismo religioso, el separatismo y el terrorismo yihadista. En abril de 1990 estalló una revuelta armada inducida por grupos islámicos tras el cierre de las mezquitas independientes por parte del Estado. Desde 1996, los atentados han alcanzado una violencia extrema, como lo demuestran los ataques perpetrados por separatistas uygures en Urumqui en septiembre de 2000, que provocaron la muerte a sesenta personas.

El islamismo radical en Palestina: Hamás, la Yihad Islámica, la Intifada y los atentados suicidas

En Oriente Medio, la evolución del conflicto árabe-israelí contempló la aparición de nuevas fuerzas combatientes de identidad islámica radical. El terrorismo practicado al principio por los palestinos era esencialmente político y laico, pero se fue operando un deslizamiento religioso en los años ochenta, tras el éxito de la revolución iraní. Como secuela de la desastrosa guerra de los Seis Días, los palestinos de Fatah vieron en el terrorismo el medio de resaltar mediáticamente su lucha contra Israel. El terrorismo libanés tomó el relevo a inicios de los ochenta, pero en los años noventa las cuestiones palestina y libanesa ya no produjeron terrorismo «de exportación», sino un terrorismo conducido por militantes desarraigados sin un fin político preciso, pero animados de una visión trascendental y excluyente, que se alejaban de los objetivos nacionales y optaban por un discurso mesiánico universal y antioccidental. Se trataba de un nuevo terrorismo suicida, ajeno a todo diálogo con Occidente, y que deseaba destruir sus símbolos y sus habitantes[180]. En concreto, el movimiento islamista palestino, que fue el primer actor de la lucha contra el proyecto sionista en los años treinta sobre la férula ideológica de gran muftí de Jerusalén, había quedado marginado tras las guerras de 1948 y 1967 por la acción de la OLP y el ascenso de un panarabismo de tono laico. Pero resurgió a partir de la revolución iraní de 1979 que vio nacer en 1983 la Yihad Islámica tras la marcha de los combatientes palestinos del Líbano, y a Hamás en 1987 tras el desencadenamiento de la primera Intifada. Ambos grupos surgieron como movimientos locales, cuyos militantes procedían de los campos de refugiados palestinos y no de la guerra de Afganistán, y cuyos objetivos claramente nacionales eran, como los del Hezbollah libanés, diferentes de los del salafismo combatiente, que trataba de restaurar el califato y unificar la Umma.

En 1984, Fatah declaró su intención de cesar el terrorismo en Israel y los territorios ocupados, y el 15 de noviembre de 1988 persuadió al XIX Consejo Nacional Palestino de su aceptación del derecho de Israel a existir. En 1988 se anunció oficialmente el Estado de Palestina, y un año más tarde en la Conferencia de Madrid, el proceso de paz se inició lentamente, hasta desembocar en el acuerdo firmado por Arafat y Rabin el 13 de septiembre de 1993, que preveía una autonomía palestina gobernada por la OLP.

Desde fines de los ochenta, los atentados ya no correspondieron a la OLP (cuya ala armada, los Panteras Negras de Cisjordania y los Halcones de la franja de Gaza, se integraron en las fuerzas de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina en 1994), sino a grupos reducidos e independientes como el de Sabri Khalil al-Banna, «Abu Nidal» (Padre de la Lucha, 1937-2002), líder de una organización patrocinada por potencias extranjeras. Abu Nidal había roto con Fatah en 1974, tras ser acusado de organizar un complot contra sus líderes, y creó una organización armada denominada oficialmente Consejo Revolucionario de Fatah, que actuó contra Siria al servicio de Irak en el asesinato de cuatro clientes del Hotel Semíramis de Damasco en septiembre de 1976 y en el ametrallamiento del ministro de Exteriores sirio Al-Halim Haddam en Amman, que provocó más de diez muertos. En 1980, el grupo de Abu Nidal pasó a Siria, desde donde atacó intereses de la OLP y de Jordania. Luego buscó la protección iraquí, pero cuando en 1983-1984 Sadam Hussein trató de congraciarse con los países occidentales de cara a la guerra con Irán, la organización de Abu Nidal abandonó Bagdad y se asentó de nuevo en Damasco, estableciendo el grueso de sus activistas en la llanura de la Bekaa, pero en torno a 1985 el grupo fue expulsado hacia Libia tras un acuerdo secreto sirio-norteamericano. La dirección de la organización se estableció en los campos de entrenamiento cedidos por Ghadafi, y desde allí planeó dos ataques simultáneos en los aeropuertos de Roma y Viena en diciembre de 1985 que causaron una veintena de muertos. El Consejo Revolucionario de Fatah perpetró 44 grandes atentados (entre ellos 11 asesinatos) en 1980-1987, y en los noventa protagonizó un centenar de grandes atentados terroristas bajo los nombres de Brigadas Revolucionarias Árabes, Organización revolucionaria de Musulmanes Socialistas y Organización Septiembre Negro.

Al tiempo, el grupo se inmiscuyó cada vez más en las querellas intestinas de la OLP, asesinando en Túnez el 14 de enero de 1991 al lugarteniente de Arafat Salah Khalaf, «Abu Iyad», por su posición crítica al entendimiento entre la OLP e Irak. Abu Nidal fue apoyado por Irak de 1974 a 1983, por Siria hasta 1987 y por Libia de 1987 a 1997. Tras una dura purga interna efectuada en 1997 y un intento de desbancarle del liderazgo del grupo armado en junio de 1998, «Abu Nidal» logró sobrevivir gracias al apoyo del servicio secreto egipcio, pero el Consejo Revolucionario de Fatah retornó a la obediencia iraquí a partir de diciembre de 1998[181]. Aunque Abu Nidal apareció muerto en su apartamento de Bagdad el 19 de agosto de 2002, su organización fue la presunta responsable de las bombas colocadas en el Centro Cultural Judío de Buenos Aires el 18 de julio de 1994, que provocaron 85 muertos y más de 200 heridos[182].

Mientras que las últimas esperanzas de lucha armada transfronteriza se desvanecieron con la expulsión de las organizaciones de resistencia de la OLP del Líbano en 1982, y ante la impotencia causada por las divisiones internas alimentadas por Siria, el combate palestino volvió a concentrarse en los territorios ocupados, incrementando el activismo que condujo a la Intifada (sacudida/agitación) que comenzó en Gaza el 9 de diciembre de 1987, para pasar luego a Cisjordania y a la parte árabe de Jerusalén. Como en Argelia, África del Sur, Azerbaiyán, la Armenia soviética o la guerra de los judíos en Palestina en los años treinta y cuarenta, la Intifada no era solo una estrategia insurreccional, sino que contenía elementos violentos (motines, lanzamientos de piedras y cócteles Molotov, atentados terroristas, represalias contra colaboracionistas, etc.) y formas no violentas de protesta como las huelgas, el bloqueo de carreteras y el boicot a los productos y a los servicios públicos israelíes[183].

Muy pronto, la espontaneidad original de la Intifada, que erosionó la moral israelí y su imagen internacional, se transformó en una lucha política perfectamente planificada, con una estructura clandestina organizada por los grupos islamistas y de la OLP (Comando Nacional Unificado de Fatah, FDLP, FPLP y el Partido Comunista palestino), al mando del jefe de operaciones de Fatah, Khalil al Wazir, «Abu Jihad», que fue asesinado por el Mossad el 16 de abril de 1988. Esta primera sublevación popular produjo al menos la muerte de 1283 palestinos (271 de menos de 16 años) por el ejército israelí, además de 130.00 heridos y 2500 casas demolidas[184]. En la práctica, la Intifada era un levantamiento de los jóvenes situados desde 1967 bajo estricta ocupación israelí, que vieron frustradas sus esperanzas de que los grupos armados palestinos pudieran liberar su propia tierra. Fue precisamente en esta época de desesperación ante la inoperancia del movimiento laico de liberación nacional cuando la rama palestina de los Hermanos Musulmanes (encabezados por el jeque Ahmed Ibrahim Yassin, asesinado por Israel el 22 de marzo de 2004) creó el 14 de diciembre de 1987 Hamás (fervor o entusiasmo, acrónimo de Harakat al-Muqawama al-Islamiyya Al Filistinia, Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina) como principal rival de la OLP en los territorios ocupados[185].

Hamás, mezcla de activismo político, beneficencia (preconiza el bienestar social o dawa) y terrorismo, tiene su origen en los Hermanos Musulmanes de Palestina. Durante la guerra de 1947-1949 destacó la actividad armada de grupos islamistas como los Kataib al-Jihad al-Muqaddas (Batallones de la Sagrada Yihad) y las Brigadas Al Qassam, en honor del jeque Izz al-Din al Qassam (muerto en un enfrentamiento con los ingleses en 1935), que desde los años veinte llevaba creando células militares entre los campesinos y los inmigrantes de la zona de Haifa para atacar objetivos británicos y judíos[186]. Tras la Nakba de 1948, los Hermanos Mulsulmanes de Gaza mantuvieron estrecho contacto con los Hermanos egipcios, liderados por Sayyid Qutb tras el asesinato de al-Banna, y se convirtieron en el movimiento más activo de la franja en los años de la posguerra, hasta que el panarabismo nasserista les sometió a persecución y les sumió en la clandestinidad. Tras la guerra de los Seis Días y hasta la del Yom Kippur, los Hermanos se dedicaron al proselitismo, la acción social y las obras de caridad. No participaron en la campaña de guerrilla y terrorismo de los fedayines de los años setenta, y se mantuvieron pasivos ante la expulsión de la OLP de Jordania en 1970. En 1973, el jeque Ahmed Yassin (1936-2004) creó al-Mujama al-Islamiyya (Centro Islámico), con el propósito de controlar todas las organizaciones islámicas, reestructurando la Hermandad Musulmana con la organización de células de tres miembros por toda Gaza. En 1979, su actividad fue reconocida por las autoridades israelíes, deseosas de encontrar un contrapeso interno a las actividades de Fatah y el FPLP en Gaza y Cisjordania.

Hamás surgió de forma legal como entidad caritativa y religiosa en el seno del movimiento de los Hermanos Musulmanes, que implantaron una red de asociaciones asistenciales, culturales y deportivas en Cisjordania y Gaza (un auténtico universo político-religioso donde la ayuda mutua preparaba el reclutamiento y el encuadramiento militar) con la conformidad de Israel, que parecía encantado de dividir a los palestinos y de poner en aprietos a la OLP. Aunque en su programa inicial aspiraba a la cooperación puntual con la OLP para establecer un Estado islámico en toda Palestina, su radicalización se produjo en 1987-1988 por el deterioro de las condiciones económicas en Gaza, bastión de Hamás, y su pugna por el poder con la OLP. En 1987, Yassin salió de las cárceles hebreas, y durante el curso de la primera Intifada Hamás emitió su primera proclama de Yihad contra cristianos y judíos en el momento de su fundación en diciembre de 1987, e inició sus actividades violentas en 1988-1989, con agresiones puntuales a civiles palestinos y soldados israelíes. Desde sus comienzos, la lucha de Hamás para poner fin a la ocupación israelí fue dirigida como una Yihad, una lucha multifacética por la defensa de Palestina que aunaba la acción política, la asistencia social y la resistencia militante, incluidos actos de violencia y terrorismo. Una de sus primeras acciones en Israel fue el secuestro y asesinato de dos soldados hebreos a inicios de 1989. El 22 de mayo, el Tsahal detuvo a 250 miembros de Hamás, incluido el jeque Yassin. La organización, que era dirigida desde el exterior, experimentó un espectacular ascenso en 1990, con la guerra del Golfo y el trasvase de fondos saudíes desde la OLP a las organizaciones islamistas.

Para articular la resistencia armada, Hamás creó varias organizaciones filiales: el Majd (Majmouath Jihad u-Dawa o Grupo Admonitorio para la Guerra Santa) es una fuerza de ataque de la rama de seguridad o Jebaz Aman de Hamás, dirigida a descubrir y castigar a los palestinos colaboracionistas. En 1991, el Majd y Al Miujahideen al-Filistinum (la rama de Hamás dedicada al tráfico de armas y actividades militares) se unieron para crear las Brigadas Izz al-Din al Qassam, cuyos propósitos eran atacar a Israel y competir con la OLP. Desde fines de 1991 protagonizaron secuestros y asesinatos contra objetivos israelíes, y perpetraron su primer atentado suicida el 16 de abril de 1993[187].

La primera Intifada se mantuvo hasta la firma de los acuerdos de Oslo de 13 de septiembre de 1993, pero Hamás se opuso al pacto con Israel y continuó su línea de atentados suicidas, que causaron la muerte a 120 israelíes. Como represalia, el extremista israelí Baruch Goldstein mató a 29 musulmanes en la Cueva de los Patriarcas de Hebrón el 25 de febrero de 1994. Los disturbios subsiguientes provocaron otros 29 muertos y multitud de heridos. Como respuesta, las Brigadas de Izz al-Din al Qassam atacaron un autobús en Haifa el 6 de abril de 1994 causando ocho muertos, y siete días más tarde otro atentado suicida causó cinco víctimas. En 1994-1997, y bajo la influencia de su adiestramiento en Líbano, se desplegó una campaña sistemática de bombas en autobuses de Jersusalén y Tel Aviv[188]. Entre abril de 1994 y julio de 1997, más de cien personas fueron asesinadas en atentados cometidos por Hamás, pero su actividad decayó en 1997-1999 por la represión israelí, que obligó a la huida de su cúpula militar a Siria e Irán.

El otro grupo armado fundamentalista, la Yihad Islámica (Harakat al Jihad al Islami al Filastini) tiene como precedente el grupo homónimo creado en los años veinte por el jeque Izz al-Din al Qassam. Resurgió en Egipto en 1979 de la mano de Bashir Musa y los intelectuales palestinos doctores Fathi Shiqaqi y Ramadan Shalah. En Palestina fue impulsada en 1980 por miembros disidentes de los Hermanos Musulmanes como Abd-al-Aziz Udah y Fathi Shiqaqi, descontentos con la no implicación islamista en la lucha contra la ocupación israelí, y muy influidos por la revolución iraní. La voluntad de confrontación se hizo evidente con la adopción de células militares en 1983-1984, y antes de la Intifada de 1987 se creó en su seno un cuerpo de seguridad y de información Munazzamat al-Jihad alda`wa (Organización de Yihad y Dawa) o Al Majd (Gloria) que actuaba expeditivamente contra colaboracionistas y delincuentes en una especie de Yihad interior[189].

A pesar de que los militantes de la Yihad sean mayoritariamente sunníes, su relación intelectual con la revolución chiíta iraní es muy estrecha. La propia organización anduvo en dura competencia con la Hermandad Musulmana-Hamás, que no era jomenista. A diferencia de los militantes de Hamás, que son musulmanes sunnitas devotos, la Yihad Islámica inspirada en el ejemplo iraní no participa en actividades religiosas o sociales, sino que se limita a la esfera del terrorismo mediante la colocación de coches bomba o la realización de atentados suicidas. En su seno se crearon las Brigadas de Jerusalén (Saraya al-Quds), que empezaron a atacar a los soldados israelíes a mediados de los años ochenta. Tras haber perpetrado varios atentados en el interior de Israel y en Egipto, en 1987 comenzaron a colaborar con la OLP para planear las protestas de la Intifada. Desde la guerra del Golfo de 1991, la Yihad Islámica palestina se fue acercando aún más a Irán, mientras que Hamás se mantuvo alejado de la influencia de Teherán hasta fines de 1992, cuando Israel deportó a 400 de sus militantes al Líbano, donde fueron apoyados y entrenados por elementos de Hezbollah[190]. Tras los acuerdos de Oslo de 1993, la Yihad y Hamás se unieron en la Alianza de Fuerzas Palestinas (APF) con sede en Damasco, y comenzaron a coordinar sus actuaciones contra los israelíes[191]. El nuevo grupo empezó sus atentados suicidas el 11 de noviembre de 1994, lo que obligó a Arafat a ordenar arrestos en masa de activistas de la Yihad y de otros militantes islámicos a fines de ese año. Tras el asesinato en Malta en octubre de 1995 del jefe fundador Fathi Shiqaqi, la Yihad inició una breve serie de atentados suicidas antiisraelíes a inicios de 1996, antes de iniciar un declive que fue frenado con la Intifada de 2000[192].

La segunda rebelión palestina estalló en septiembre de 2000, tras el colapso del proceso de Oslo y la provocativa visita de Sharon a la explanada de la mezquita de Al Aqsa el 28 de septiembre de 2000, cuatro meses después de la retirada israelí del sur del Líbano, en la creencia de que esta decisión había sido el fruto exclusivo de la estrategia armada de Hezbollah. En esta segunda Intifada de Al Aqsa, que concluyó con la retirada unilateral de Israel de Gaza y norte de Samaria y la muerte de Arafat, hubo 144 atentados suicidas en Israel y 36 000 incidentes terroristas hasta septiembre de 2005[193]. En esas circunstancias de violencia extrema e indiscriminada, incluso los laicos de la Brigada de los Mártires de Al Aqsa, creada en Gaza en la órbita de Fatah al inicio de la primera Intifada, decidieron emplear el ataque suicida. Así pues, la militarización de la revuelta palestina fue tanto fruto de la estrategia de Fatah como del acuerdo con Hamás y la Yihad Islámica, que privilegiaron los ataques contra los soldados y colonos de los territorios ocupados. A partir de 2001, los atentados más mortíferos se dirigieron contra la población civil en el interior de la Línea Verde trazada tras el armisticio de 1949, en grandes centros urbanos como Jerusalén, Tel-Aviv, Netanya y Haifa. Esta táctica terrorista, inspirada en las acciones de los mártires (shuhada = testigos) chiítas de la guerra irano-iraquí de 1980-1988, había tenido un gran eco en el Líbano, y había sido experimentada por Hezbollah desde abril de 1982. De ahí pasó en diciembre de 1983 a Sri Lanka, luego a Palestina y más tarde al PKK, chechenos, sikhs, hindúes, etc. Curiosamente, entre 1980 y 2000 más de la mitad de los ataques suicidas a escala mundial los perpetraron el PKK y los Tigres Tamiles, ambos movimientos nacionalistas de extrema izquierda marxista sin ninguna connotación religiosa.

Se ha acuñado la expresión «islamikaze» para tratar de explicar que los ataques suicidas islamistas se aproximan a los de los kamikazes japoneses de la Segunda Guerra Mundial por la motivación, la organización, la ideología y la minuciosa ejecución de sus actos. Es cierto que su gesto es presentado como un suicidio altruista el servicio de una causa, pero los pilotos japoneses hacían la guerra atacando a los barcos norteamericanos. Eran «voluntarios de la muerte» en una guerra convencional, como los 20 000 vietnamitas de la primera guerra de independencia. Nunca situaron como objetivo a la población civil indefensa.

Robert A. Pape distingue entre el terrorismo demostrativo, cuyo fin es esencialmente publicitario, para reclutar activistas, llamar la atención de los sectores más comprensivos del otro bando y buscar la intervención de terceros, y el terrorismo destructivo, más agresivo, que recurre a la amenaza de muerte o a los daños materiales para coaccionar a los adversarios y ganar apoyos para la causa. El terrorismo suicida sería la forma más violenta de esta variante destructiva, ya que persigue la coacción a costa de granjearse la enemistad de la comunidad de destino y de los espectadores neutrales. Los terroristas de este tipo emplean métodos de atentado que implican su propia muerte[194]. Es esta una estrategia apropiada para organizaciones débiles, ya que realza su potencial coactivo en lo referente al nivel posible de destrucción, traslada a la sociedad enemiga un mensaje inequívoco del alto coste que puede tener el conflicto y aumenta las expectativas de que se incrementen los costes futuros de la lucha, debido al incumplimiento deliberado de las normas relativas al uso político de la violencia, lo que otorga credibilidad a futuros atentados[195].

Aunque, como hemos visto, el terrorismo suicida se ha dado en muy diversas latitudes políticas, geográficas históricas y culturales, el fundamentalismo yihadista ha sido la corriente doctrinal que en los últimos tiempos ha cultivado con mayor insitencia esta modalidad de violencia extrema. Existe una diversidad de formas de martirio en el Islam contemporáneo. El mártir es una figura intermedia entre el héroe y el santo. Hay un martirio defensivo como testimonio de fe (autoinmolación) y un martirio ofensivo, encaminado a la supresión del enemigo recurriendo a la violencia legítima avalada religiosamente. Aunque la figura del mártir homicida se ha dado en el seno de los movimientos islámicos de Cachemira, Afganistán, Irán, Argelia o Egipto[196], la acción suicida resulta especialmente atractiva para muchos jóvenes palestinos, ya que combina el ataque y el martirio (istashhada) como medios de superar la derrota militar y el miedo al asesinato. Concebido como el «arma definitiva» del pobre en un conflicto fuertemente asimétrico donde se oponen los arsenales de armas sofisticadas y los «arsenales de creyentes», el atentado suicida resulta ser una estrategia de bajo costo por su alta letalidad y sus amplias repercusiones propagandísticas, que se ven multiplicadas al otorgar legitimidad trascendental a estos actos. El Islam prohíbe el suicidio, pero no el martirio en nombre de Alá, que es considerado incluso un deber religioso (shahid = mártir = testigo). El autor del atentado suicida hace conscientemente sacrificio de su vida, convencido de acceder a las felicidades del paraíso prometido por el profeta a los combatientes de la Yihad[197]. Un ataque suicida está destinado a demostrar que uno de los bandos tiene fe y el otro carece de ella, lo que induce a pensar que, a pesar del desequilibrio de fuerzas, cuando se considera la cualidad más importante para ganar la guerra (le fe necesaria para la victoria final), es el suicida la que la posee en mayor grado[198]. Al Zawahiri lo dijo claramente en 2002: «Es el amor a morir siguiendo el camino de Alá, esa es el arma que aniquilará a este imperio maligno de América, con el permiso de Alá»[199].

Los autores de los atentados suicidas no tienen necesariamente el mismo perfil, la misma formación o persiguen los mismos objetivos, ni tienen móviles idénticos. Pape muestra que en el Líbano de las 41 personas que perpetraron 36 ataques suicidas entre 1982 y 1986, en un 97 % eran solteros, treinta de ellos estaban afiliados a ideologías opuestas al fundamentalismo islámico, 27 pertenecían a grupos comunistas o socialistas, tres eran cristianos y solo ocho eran afines a tendencias fundamentalistas[200].

Entre febrero de 1985 y marzo de 2000, 27 atentados suicidas de Hamás provocaron 185 muertos, y entre el 29 de septiembre de 2000 y el 24 de marzo de 2004, otros 152 atentados provocaron 228 muertos[201]. Entre 1993 y 2000 se autoinmolaron 42 activistas palestinos, y de enero de 2001 a abril de 2002 lo hicieron otros 64. Entre 1993 y 2001 se produjeron en Palestina 145 atentados suicidas: 52 de sus autores pertenecían a Hamás, 40 a Fatah y 35 a la Yihad Islámica[202]. En contra de lo que se supone, la acción suicida tiene entre el 60 y el 70 % de aceptación entre la población palestina. Sus adeptos no resultan ser ignorantes alienados o desclasados: más del 70 % de los suicidas se habían graduado en el instituto o tenían un título superior.

Hamás se convirtió en el partido más votado de Palestina. Su apoyo popular, que era del 20 % en 1993-1995, pasó a ser mayoritario en las elecciones de enero de 2006. Su triunfo puso en tela de juicio el liderazgo de Arafat y la OLP, que eran duramente criticados como una dictadura corrupta que estaba aprovechando el nacionalismo palestino para sus propios fines. En contraste con la OLP, Hamás rechaza la distinción entre judaísmo y sionismo, y explica el conflicto árabe-israelí en términos religiosos, como una confrontación entre el Islam y el judaísmo representado por la «Entidad sionista»[203]. Desde 2003 formó un ejército popular voluntario (Murrabitun), con el objeto de crear una zona liberada como logró Hezbollah en el sur del Líbano[204].

Con la creación de la Autoridad Nacional Palestina en 1994, Hamás se fortaleció en la franja de Gaza como el mejor grupo alternativo a Fatah, con potencial para suplantar a la ANP como un Estado dentro del embrionario Estado palestino. Se calcula que su presupuesto oscila entre treinta y noventa millones de dólares[205].

6. LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO INTERNACIONAL, ANTES Y DESPUÉS DEL 11-S

A fines del siglo XX, a pesar del miedo al terrorismo y de la supuesta crisis del Estado nacional, la capacidad de utilizar la fuerza de forma aplastante seguía correspondiendo en exclusiva a los gobiernos[206], que a partir de los años setenta hubieron que adaptar sus legislaciones y su sistema de seguridad a la nueva amenaza del terrorismo internacional, aunque los resultados frecuentemente no respondieron a las necesidades ni a las expectativas creadas. Dos ejemplos de la lenta adaptación y coordinación de las medidas internacionales de seguridad lo dan los secuestros aéreos y las ocupaciones de embajadas. Entre 1945 y 1950 se produjeron 25 desvíos de aviones en vuelo, en su mayor parte casos particulares de personas que trataban de huir del «Telón de Acero». En los años sesenta, un gran número de aviones estadounidenses fueron obligados a desviarse a Cuba (22 en 1968 y 40 en 1969), pero el secuestro de aviones aumentó vertiginosamente a fines de la década, coincidiendo con su empleo como arma de propaganda del terrorismo internacional. En 1968 se produjeron en todo el mundo 35 secuestros con éxito, 87 en 1969, 83 en 1970, 58 en 1971 y 62 en 1972, para disminuir significativamente a partir de 1973 (22 secuestros) debido a las medidas de seguridad establecidas en los aeropuertos y a la reticencia de los gobiernos a dar cobijo a los secuestradores. Además, el «síndrome de Beirut» fue descendiendo paulatinamente, y con él el interés del público por estos actos. Para limitar estas acciones se firmaron en la ONU los convenios de Tokio sobre delitos y otros actos cometidos a bordo de aviones (14 de septiembre de 1963), de La Haya para la represión de la captura ilícita de aeronaves (16 de diciembre de 1970) y de Montréal para la represión de actos ilícitos dirigidos contra la seguridad de la aviación civil (23 de septiembre de 1971). Tras el atentado de Lockerbie se acordó la Convención de Montréal para la represión de actos de violencia contra la población civil en aeropuertos, complementaria del Convenio para la represión de actos de violencia contra la aviación civil, que se firmó el 24 de febrero de 1988 y fue ratificada por 107 estados. El 10 de marzo de 1988 se firmó la Convención de Roma para la supresión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima.

La «moda» terrorista en los años ochenta fue la ocupación de embajadas y el secuestro de sus funcionarios, con precedentes como los asaltos palestinos a la Embajada de Arabia Saudí en Jartum en marzo de 1973 o la de Egipto en Ankara en julio de 1979, y la ocupación por estudiantes iraníes de la legación norteamericana en Teherán en noviembre de 1979. En estos casos, no parece haber surtido excesivo efecto el Convenio sobre la prevención y la represión de los delitos contra las personas que gozan de protección internacional y los agentes diplomáticos firmado en Nueva York el 14 de diciembre de 1973 y que solo fue ratificado por 107 estados miembros de la ONU, o la Convención internacional sobre la toma de rehenes firmada en la misma ciudad el 17 de diciembre de 1979, tras los sucesos de Munich de 1972, y que solo fue ratificada por 96 estados.

Tras la oleada de secuestros de diplomáticos producida entre 1968 y 1971, la OEA elaboró el 2 de febrero de 1971 una «Convención para impedir y castigar actos de terrorismo que tomen la forma de crímenes contra personas y violencias similares que tengan significación internacional», tipificando estos hechos como delitos comunes y haciendo posible la fórmula aut dedere aut punire (extradición o procesamiento) que había sido planteada en la mayoría de los intentos de elaborar una legislación internacional sobre terrorismo. Esta convención no fue aceptada por las dictaduras de Argentina, Brasil, Ecuador y Paraguay, deseosas de garantizarse la impunidad de sus excesos contra la oposición[207].

El carácter global del fenómeno terrorista ha obligado también a una coordinación de carácter internacional. Una colaboración que no ha sido siempre fácil de lograr. Tras los atentados de Munich de 1972, el secretario general de la ONU recibió instrucciones en el sentido de «estudiar las causas subyacentes de las formas de terrorismo y actos de violencia que residen en la miseria, las frustraciones, las injusticias y la desesperanza». El Proyecto de Convenio para la prevención y represión del terrorismo internacional, presentado por el gobierno de los Estados Unidos el 25 de septiembre de 1972 ante la 6.ª Comisión de la Asamblea General de la ONU, se frustró por las serias discrepancias existentes entre los países occidentales (empeñados en condenar y reprimir el terrorismo), los países del Tercer Mundo (que deseaban poner el énfasis en las causas subyacentes) y los países socialistas, que temían que la acción antiterrorista a escala internacional perjudicase a los movimientos de liberación que actuaban en territorios ocupados, colonizados o sometidos a dictaduras de derecha[208]. Al final, la XXVII Sesión de la Asamblea General emitió una resolución en la que, entre otras cosas, afirmaba el derecho inalienable «a la independencia de todos los pueblos sometidos a regímenes coloniales y racistas y otras formas de dominación extranjera», y condenaba el terrorismo de los regímenes coloniales racistas[209]. El único texto internacional en vigor que prohíbe expresamente de forma general el terrorismo es el artículo 33 de la Cuarta Convención de Ginebra de 12 de agosto de 1949 sobre la protección de personas civiles en tiempo de guerra[210], pero solo se aplica a los conflictos armados internacionales, no a los conflictos internos. La Resolución 40/61 de la ONU de 9 de diciembre de 1985 contra el terrorismo internacional fue aceptada por las potencias occidentales porque condenaba los «actos, métodos y prácticas de terrorismo, allí donde se produjeran y fueran cuales fuesen sus autores». Los estados del Tercer Mundo se dieron por satisfechos porque el preámbulo garantizaba el derecho a la autodeterminación de los pueblos.

En 1973 se convocó una conferencia de plenipotenciarios en la ONU para adoptar una convención sobre la prevención y el castigo del terrorismo internacional, pero muchos delegados aseguraron que el uso de la fuerza estaba permitido para preservar el derecho de autodeterminación, a pesar del desacuerdo que mostraron diversos países afectados por este principio, como Sudáfrica, Portugal e Israel. En julio y agosto de 1973, el comité encargado de la redacción de la convención se declaró incapaz de establecer una aproximación común a la cuestión, sobre todo porque los estados afro-árabes y del Este se negaron a aceptar medidas que pudieran interferir en las actividades de los movimientos de liberación[211]. Durante los años setenta, los países del bloque socialista se resistieron a aceptar una interpretación genérica del término «terrorismo internacional» que abarcase los movimientos de liberación nacional justificados desde el punto de vista del derecho internacional. Los estados occidentales renunciaron a obtener el consenso de la ONU y abrieron vías de cooperación policial y alternativas legales consistentes en legislaciones antiterroristas y convenciones que permitieran la extradición, como la Convención para la Represión del Terrorismo aprobada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en noviembre de 1976. Con todo, se han dado pequeños pasos, como la Convención de Viena sobre protección física de materiales nucleares (3 de marzo de 1980), la Convención para la protección de plataformas fijas emplazadas en territorio marítimo o continental (1988), la Convención de Montréal de marcación de explosivos plásticos para su detección (marzo de 1991) y la Convención Internacional para la represión de atentados terroristas mediante explosivos (Nueva York, 15 de diciembre de 1997), que solo fue ratificada por 67 estados. Tras los atentados contra el World Trade Center de febrero de 1993, de Oklahoma en abril de 1995 y contra las fuerzas norteamericanas en Dharan (Arabia Saudí) en 1996, se firmó en 9 de enero de 1998 la Convención para la represión de los atentados con bombas, que solo fue ratificada por 27 países del bloque occidental, debido a que planteaba la cuestión espinosa de la extradición obligatoria de terroristas[212]. Tras los atentados de Nairobi y Dar es Salaam de 7 de agosto de 1998 se firmó el 15 de octubre la Convención para la represión de la financiación a grupos terroristas, que fue ratificada por 42 estados a partir del año 2000. La negativa de Irak, Corea del Norte o Irán a apoyar este convenio permitió que Estados Unidos los insertara en el «Eje del Mal» tras el ataque terrorista sufrido el 11 de septiembre de 2001.

Los atentados del 11-S fueron respondidos con una amplia reacción securitaria, claramente desmesurada. La Administración Bush Jr. elaboró una serie de estrategias plasmadas en los documentos The National Security Strategy of the United States of America, The National Strategy for Combating Terrorism, The National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction, The National Strategy for Homeland Security, The National Strategy to Secure Cyberspace y The National Strategy for the Physical Protection of Critical Infrastructure. Los ejes de esta nueva doctrina son el tratamiento de estos atentados yihadistas como actos de guerra, la responsabilidad de los estados que los amparen y la prevención de atentados donde sea y como sea posible, pudiendo para ello recurrir a la fuerza en «legítima defensa» en cualquier parte del mundo, y abriendo la posibilidad de recurrir al armamento nuclear táctico[213]. Frente a la estrategia de contención de Clinton, Bush Jr. planteó una «estrategia de victoria», donde el uso prioritario de medios militares debía ser complementado con una guerra política y psicológica. Este paradigma de guerra preventiva para hacer frente al movimiento yihadista llevó a conceder a los terroristas un estatus cercano al de los combatientes de estados adversarios.

En el interior, el gobierno norteamericano creó el Department of Homeland Security (DHS) dirigido por Thomas Ridge tras el voto de la Homeland Security Act en noviembre de 2002. Como «empresa de gestión de riesgos» que reagrupaba 22 estructuras, agencias y departamentos persistentes (emigración, aduanas, escoltas, seguridad civil, etc.), a la altura de 2006 tenía 180 000 empleados y 41 100 millones de dólares de presupuesto. El nuevo paradigma defensivo mezcló la protección civil y la seguridad en sentido estricto, otorgó gran importancia a la tecnología y facilitó la centralización y el análisis exhaustivo de las informaciones a través del Terrorist Threat Integration Center (TTIC), que permanece bajo el control operativo de la CIA. Para la protección del territorio y la sociedad americanos se promulgó un Anti Terrorist Act que establecía plazos de detención por tiempo indefinido para los extranjeros sospechosos, el registro y el uso de mensajes telefónicos o de Internet, el reparto de información entre agencias y la obligación de todo sospechoso de someterse a las pruebas de ADN. Gracias a la PATRIOT (Provide Appropriate Tools Requied to Intercept and Obstruct Terrorism) Act de 26 de octubre de 2001, el FBI amplió sus competencias en la vigilancia de las comunicaciones (en relación con el polémico programa Total Information Awareness —TIA— del Pentágono, una masiva base de datos de todos los ciudadanos norteamericanos) y en la tipología de crímenes a investigar.

Otras medidas fueron dirigidas a golpear las partes más sensibles del entramado del terror yihadista: el presidente Bush Jr. ordenó el bloqueo de cuentas de once organizaciones terroristas, incluidas Al Qa’ida, al-Yihad, GIA y Harkat al Mujahedin, y de individuos como Bin Laden, al Zawahiri, Muhammad Atef y Abu Zubaidah. En un mes desde el 24 de septiembre de 2001, la Oficina de Control de Bienes en el Exterior de Estados Unidos bloqueó unos cien millones de dólares en cuentas y empresas tapadera. El 12 de octubre, Washington nombró 22 organizaciones e individuos cuyas cuentas debían ser congeladas en todo el mundo. Otras medidas tomadas por la administración norteamericana resultaron mucho más polémicas por su oposición frontal a los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, como la creación de tribunales militares con procedimientos especiales para juzgar a los extranjeros acusados de terrorismo sin las mínimas garantías jurídicas ni procesales, la derogación de una decisión de 1974 que prohibía a la CIA asesinar a dirigentes extranjeros o un decreto presidencial ejecutivo de noviembre de 2001 por el que el presidente se arrogaba el derecho de calificar a alguien de «combatiente enemigo» excluyéndole de este modo de la esfera del derecho internacional de guerra, lo que permite, entre otras cosas, la pervivencia del vergonzoso «limbo legal» de Guantánamo, donde permanecen detenidos sin juicio unos 600 prisioneros de 42 países, en su mayor parte veteranos de Al Qa’ida capturados durante la guerra de Afganistán, que desde su inicio en octubre de 2001 hasta la ocupación de las grandes ciudades en enero de 2002 provocó la muerte de, al menos, 5000 civiles[214].

En la esfera internacional, los atentados del 11-S fueron respondidos de forma fulminante el 12 de septiembre de 2001 con la Resolución 1.368 de la ONU que condenaba los ataques contra los Estados Unidos, y con la Resolución 1.373 del Consejo de Seguridad de 28 septiembre que urgía a la constitución de un Comité Contra el Terrorismo (CCT) encargado de supervisar el nivel de conformidad de los estados miembros a las obligaciones de la resolución: incriminar los actos de terrorismo y su financiación, implementar los medios institucionales adaptados para hacer efectiva la lucha contra los movimientos terroristas, cooperar con otros estados en el marco policial y judicial y ratificar las doce convenciones internacionales ya establecidas[215].

La Unión Europa también participó de esta ofensiva securitaria: en su Posición Común 2001/931/PESC, definió como terroristas a «las personas que cometan, o intenten cometer, actos de terrorismo o participen en ellos o faciliten su comisión», y a «los grupos y entidades que, directa o indirectamente sen propiedad o estén bajo el control de esas personas, y las personas, grupos y entidades que actúan en nombre de esas personas, grupos y entidades o bajo sus órdenes, incluidos los fondos obtenidos o derivados de los bienes que, de forma directa o indirecta, sean propiedad o estén bajo el control de esas personas y de las personas, grupos y entidades asociadas con ellos». Sería acto terrorista todo acto intencionado que, por su naturaleza o contexto, pudiera perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional, cometido con el fin de intimidar gravemente a una población, obligar indebidamente a los gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional[216].

La Unión Europa adoptó el 13 de junio de 2002 una decisiónmarco relativa al mandato de detención europeo que trataba de buscar una definición común de terrorismo, fijar sanciones e introducir el delito de terrorismo en el derecho interior comunitario. El 25 de marzo de 2004, después de los atentados yihadistas producidos en Madrid, los jefes de Estado y de gobierno de la Unión reunidos en Bruselas decidieron nombrar un coordinador europeo de la lucha contraterrorista (Gijs de Vries, antiguo secretario de Estado holandés del Interior, quien dimitió en febrero de 2007 por el escándalo provocado por el apoyo dado por algunos gobiernos europeos a los vuelos clandestinos de la CIA con prisioneros talibanes capturados en Afganistán) para coordinar los intercambios de información entre países y grupos de expertos que trabajasen sobre terrorismo, facilitar los enlaces entre los responsables policiales europeos, reactivar o reforzar las estructuras ya existentes como Eurojust o la célula sobre terrorismo islamista en el seno de Europol, y emplazar nuevas medidas de seguridad, como la inclusión de datos biométricos en los pasaportes y visados o la conservación de datos por los operadores de telefonía e Internet. En el anexo actualizado de la Posición Común 2007/448/ PESC del Consejo de la Unión Europea de 28 de junio de 2007 (Documento Oficial de la Unión Europea L169 de 29 de junio) se enumeraban 48 grupos y entidades, entre ellos ETA y su entramado, GRAPO, siete grupos italianos (entre ellos las Brigadas Rojas y grupos neofascistas y anarquistas), seis irlandeses (IRA Continuidad, LVF, Orange Volunteers, IRA Auténtico, Red Hand Defenders y UDA/UFF), yihadistas (Al Qa’ida, al Takfir al Hijra, Gama’at al-Islamiyya), palestinos (Abu Nidal, Brigada de los Mártires de Al-Aqsa, Hamás, FLP, Yihad Islámica, FPLP), sudamericanos (ELN, FARC, Autodefensas Unidas de Colombia, Sendero Luminoso), griegos, turcos, kurdos (PKK), israelíes (Kach), japoneses y filipinos[217].

Como la administración Reagan una década antes, la Casa Blanca presentó la proyección global del poder militar norteamericano como una empresa moral contra el «terror»[218]. El 16 de septiembre, Bush Jr. señaló a los periodistas que la respuesta a los ataques debía tomar la forma de una «cruzada», y cuatros días más tarde declaró en un discurso oficial la «Guerra Global contra el Terror» (GWOT), de una duración indeterminada y cuyos fines iban más allá de la eliminación de Al Qa’ida, hasta la supresión de todos los grupos terroristas en el mundo. Desde entonces, Al Qa’ida se ha utilizado como coartada para perseguir a otras organizaciones armadas con una tenue vinculación con Bin Laden (caso de los separatistas islámicos de Cachemira) o justificar guerras declaradas al margen del derecho internacional como la de Irak[219]. Sin embargo, la guerra de Irak y sus secuelas, que tan profundamente han desestabilizado el panorama político internacional, sigue siendo una fuente continua de trastornos, ya que su secuela de abusos y torturas, entre los que destacan los casos del Camp X-Ray de Guantánamo o la prisión iraquí de Abu Ghraib (revelado gracias a unas escandalosas fotos en mayo de 2004) o los métodos implementados por el general William «Jerry» Boykin (ferviente evangélico que ha llegado a definir la guerra antiterrorista como una lucha entre Satán y el «ejército cristiano» estadounidense) han alentado la formación de nuevos grupos terroristas o fortalecido a los ya existentes. Como vaticinó el entonces presidente egipcio Hosni Mubarak, «la guerra de Irak producirá cien nuevos Bin Laden». Por otro lado, la arrogancia del discurso de Washington (reflejada en la advertencia de Bush en la CNN el 6 de noviembre de 2001: «Estáis con nosotros o con los terroristas») y su parcialidad en el conflicto árabe-israelí también han ofrecido justificaciones complementarias a los argumentos de los islamistas. Tal como se puede comprobar a diario en las secuelas de la ocupación de Irak, el tratamiento del problema del terrorismo islámico con métodos predominantemente militares resulta de una eficacia más que dudosa. En realidad, la receta militar no derrota a todas las formas de terrorismo, que emergen de contextos distintos y requieren medidas de combate flexibles y muy diferentes. Como dijo un informe de la Escuela de Guerra del Ejército norteamericano en enero de 2004, la guerra global contra el terrorismo librada por Estados Unidos es «peligrosamente indiscriminada y ambiciosa, y amenaza con dilapidar los recursos militares estadounidenses (repartidos hoy en 130 países) en una búsqueda interminable e imposible de la seguridad absoluta»[220].

La degradación de Al Qa’ida y la muerte de Osama Bin Laden por un comando de élite norteamericano en mayo de 2011 puede que tengan menos trascendencia histórica para el futuro del terrorismo islamista que la oleada de revoluciones democráticas que tuvieron lugar en el mundo árabe desde inicios de ese año. La apuesta por la modernidad, el pluralismo político y los derechos cívicos que impregna este movimiento han eclipsado la alternativa del fundamentalismo religioso, sin bien algunos especialistas destacan que a medio plazo, el cambio político y las consiguientes crisis de Estado pueden favorecer las oportunidades de actuación de grupos y organizaciones terroristas como las filiales de Al Qa’ida en el Magreb Islámico (que podría agrupar a los yihadistas norteafricanos en una Libia desarticulada como Somalia) o la Península Arábiga, con un Yemen que sigue siendo un destacado escenario del terrorismo global desde su unificación en 1990[221]. El yihadismo ha sobrevivido al aislamiento y muerte de Bin Laden conservando la habilidad para la recaudación de fondos, el rigor y método en la planificación de atentados y la perpetuación de una narrativa de liderazgo hilvanada con un discurso redentor[222]. El fenómeno transnacional de Al Qa’ida y la extensión del terrorismo islámico con vocación autoinmolatoria demuestran que no es posible enfrentarse a este tipo de terrorismo «posmoderno» con medios exclusivamente militares, sino que el reto requiere una respuesta verdaderamente multidimensional y multinacional.

Epílogo: El terrorismo futuro

Como instrumento desestabilizador del statu quo político, el terrorismo urbano suplantó en los últimos decenios a la táctica guerrillera, declinante con el fin del proceso de colonización y el establecimiento de un sistema bipolar estable. El terrorismo parece ser uno de los recursos violentos menos costosos para mantener un estado de revuelta por largo tiempo, aunque su capacidad subversiva sea limitada. Sin embargo, el terrorismo ideológico de izquierda o de derecha declinó en el mundo occidental desde mediados de los años ochenta del siglo XX. La rápida y trágica desaparición de muchas de estas organizaciones armadas demuestra el escaso apoyo popular que tuvo esta forma de lucha, sus flaquezas internas y la mayor eficacia de los medios estatales y paraestatales empleados en su represión. El terrorismo nacionalista-separatista ha tenido mayores posibilidades de pervivencia, pues su llamamiento emocional a la unidad étnico-religiosa frente a una comunidad rival o un Estado hostil le ha granjeado un mayor y más duradero apoyo popular, pero en la actualidad también sufre un acusado declive inducido por la crisis del paradigma revolucionario de la «guerra prolongada», el cuestionamiento de las identidades esencialistas de tipo nacional y la amplia descentralización y delegación de funciones político-administrativas aceptadas, por ejemplo, por los estados miembros de la Unión Europea, que han avanzado notablemente en la coordinación de sus políticas antiterroristas.

Sin embargo, en los países excomunistas sometidos a una explosión de conflictos étnicos y religiosos tras el declive y final de la Guerra Fría, se ha asistido al rebrote de viejas formas de violencia política, entre ellas el golpe de Estado y el terrorismo vinculado a conflictos interétnicos en el marco de un proceso embrionario o generalizado de guerra civil, como es el caso de la ex Yugoslavia y de algunas repúblicas exsoviéticas del Cáucaso y Asia Central. En Occidente, el vacío protestatario dejado por el fracaso del terrorismo revolucionario y neofascista es ocupado por una violencia «posmoderma», desestructurada, de baja intensidad, escasamente discriminada y de limitada capacidad subversiva, protagonizada por colectivos marginales como los habitantes de los guetos ciudadanos, los skin-heads, los ultras deportivos, los grupúsculos neonazis o los sectores juveniles radicalizados de grupos nacionalistas-separatistas. La tendencia en Europa Occidental desde 1995 era a una disminución del número de acciones y de organizaciones terroristas autóctonas, hasta alcanzar los niveles de inicios de los sesenta, debido a la desaparición gradual del terrorismo de extrema izquierda, y a partir de los ataques a Estados Unidos de septiembre de 2001, a la separación de estas organizaciones armadas de los grupos que aparecían implicados en la llamada «Guerra contra el Terror», y al paralelo incremento de la solidaridad y la cooperación interestatal en materia de lucha antiterrorista[1].

El terrorismo internacional surgido a partir de 1945 se ha mantenido como amenaza, aunque ha sufrido importantes transformaciones en los últimos veinte años. Las grandes novedades en este campo son el repliegue de las organizaciones armadas nacional-revolucionarias por la merma de sus bases de apoyo y los avances en la resolución pacífica de los conflictos regionales (el errático proceso de paz palestino-israelí es el ejemplo más evidente, pero no el único), y la instrumentalización de la táctica terrorista por parte de movimientos fundamentalistas de todo tipo, especialmente el islamismo yihadista como exponente de un «nuevo terrorismo» que ya no es, como antaño, un medio estratégico de propaganda o de negociación. El terrorismo clásico de finalidad política correspondía a una forma de diálogo entre el agresor y la víctima donde la economía de la agresión resultaba esencial en la negociación, ya que el terrorista debía calibrar los límites de su presión violenta para arrancar al Estado concesiones en el marco de una solución negociada sin arriesgarse a poner en peligro su propia causa o malograr la realización de sus objetivos. El Estado, por su parte, buscaba un equilibrio sutil entre la represión o la destrucción del terrorismo y la negociación política que brindase un marco de actuación legal a sus seguidores. Por el contrario, el propósito del terrorismo fundamentalista contemporáneo no es ya la negociación, sino provocar la mayor destrucción posible con fines de propaganda. Mientras que el terror étnico-nacionalista se plantea objetivos políticos claramente definidos (en esencia, un Estado soberano plasmado en un territorio), Al Qa’ida ataca al sistema en general, no tiene objetivos concretos y cree simplemente en una nueva versión de la «propaganda por el hecho»[2]. El terrorismo islámico ya no es selectivo, sino una guerra a muerte, de aniquilamiento, indiscriminada y a pequeña escala[3]. La estrategia general de Al Qa’ida, que entiende el enfrentamiento con Occidente y sus aliados como una guerra total, encaja mejor en esta nueva variante de guerra total que en el concepto clásico de terrorismo. Para Al Qa’ida, el terrorismo es una herramienta bélica, no política. Eso explica que sus acciones sean tan brutales y que la mayoría de las veces no presente un pliego de reivindicaciones[4].

La «totalización» del terrorismo fundamentalista no reside solo en su empleo como arma de guerra crecientemente indiscriminada, sino también en su carácter ecuménico. Los terroristas se han convertido en verdaderos agentes globales en la escena política mundial, ya que no radican en un medio real y concreto, sino que se han convertido en los protagonistas de un fenómeno de alcance auténticamente transnacional o multinacional. Este tránsito del «viejo» terrorismo internacional de los setenta al «nuevo» terrorismo global del siglo XXI se ha visto favorecido por la extensión a escala planetaria de factores como las facilidades de circulación transfronteriza, la proliferación de objetivos significativos en multitud de países, la densidad de los medios de comunicación dispuestos a cubrir una noticia, la disponibilidad de mercados clandestinos de armamentos, la proliferación de comunidades emigrantes segregadas y la posibilidad de crear santuarios reales (Somalia, Sudán, Yemen) o virtuales (Internet) fuera del alcance de los grandes poderes estatales[5]. Este proceso de interconexión e interdependencia que llamamos globalización ha afectado a la fisonomía de los grupos terroristas, que adoptan la característica de una sociedad-red en vez de la rígida jerarquización de décadas anteriores, y usan medios de comunicación como Internet o la telefonía móvil. La globalización ha supuesto el fin de la territorialidad, pues los espacios acotados han dejado de limitar las posibilidades de interacción humana. Este tránsito entre épocas ha quedado perfectamente simbolizado en los atentados del 11-S, en un país hasta entonces considerado como inexpugnable[6]. Al Qa’ida es el mejor ejemplo de este proceso globalizador, ya que su estructura en red se asemeja a la de muchas compañías empresariales o algunas organizaciones criminales contemporáneas. Se trata de un terrorismo auténticamente internacional, que se ha privatizado a imagen de la estructura de funcionamiento de las grandes empresas multinacionales.

En los comienzos del siglo XXI, las oportunidades que ofrece la globalización y la revolución tecnológica convierten al conflicto asimétrico que venimos de estudiar en una opción enormemente atractiva. El terrorismo actual brinda grandes posibilidades para economizar medios y difundir sus acciones gracias a la difusión instantánea a una audiencia mundial de cualquier acción violenta, y a la enorme vulnerabilidad psicológica de las sociedades occidentales, hipersensibles al riesgo y muy temerosas ante cualquier posibilidad de amenaza[7]. Este tipo de acciones son asequibles para actores que no tienen la fuerza de los estados. Como reacción a esta deriva tecnológica, los conflictos y movimientos armados se están redefiniendo en clave sagrada. De ahí la mayor importancia del fanatismo religioso y político, presente de forma especial —pero no exclusiva— en el terrorismo islámico, que en las últimas tres décadas ha irrumpido como la fuerza de mayor importancia en el terrorismo internacional.

Una última característica del «nuevo» terrorismo fundamentalista es el incremento exponencial de su letalidad debido a la mayor sofisticación de las armas, que hacen más fácil y menos costoso el uso de la violencia debido a la falta de control internacional sobre el tráfico de armas, a la presencia de ideologías que justifican el asesinato en masa y a la necesidad de sobrepujar las masacres para influir en las instituciones y aparecer en unos medios de comunicación crecientemente insensibilizados por la persistencia de este tipo de violencia. A diferencia de los grupos terroristas más convencionales, que seleccionaban las víctimas de su violencia evitando en lo posible daños colaterales, el terrorismo «posmoderno» de carácter milenarista o apocalíptico solo tiene como objetivo generar el caos por el número elevado de víctimas y el carácter espectacular de sus acciones. Esta trasformación del fenómeno terrorista resulta trascendental: mientras algunos grupos armados «convencionales» siguen empleando el terror como herramienta de chantaje con fines políticos, los grupos fundamentalistas lo están utilizando dentro de un paradigma de guerra. Bin Laden dejó bien clara la naturaleza militar de este combate asimétrico en su «declaración de guerra» de 1996: «Es evidente que debe adoptarse un modo de combatir adecuado al desequilibrio de poder entre nuestras fuerzas armadas y las del enemigo […] En una palabra, iniciar una guerra de guerrillas donde tomen parte los hijos de la nación, y no las fuerzas militares»[8].

Las organizaciones terroristas de tipo religioso y milenarista se mueven por el principio de «destrucción total» o de la «máxima destrucción», violando toda restricción moral o legal de armas, tácticas u objetivos. El resultado es un aumento abrumador de la letalidad debido a las facilidades armamentísticas y a la dudosa operatividad de los frenos legales de tipo internacional. La media de muertos y heridos por atentado había ido aumentando significativamente desde 1970, pero antes del 11-S solo una veintena de acciones terroristas (por lo general bombas en aeronaves en pleno vuelo) había producido más de un centenar de muertos desde 1945. Los ataques contra los Estados Unidos de septiembre de 2001 pueden calificarse como el primer giga-atentado exitoso, tanto por el número abrumador de víctimas mortales (alrededor de 2800) como por la significativa e inquietante inversión en la proporción muertos/heridos, que nos viene a indicar que nos encontramos, quizás por vez primera en la historia, ante un terrorismo subversivo de destrucción masiva, con vocación nihilista.

Desde los años noventa del siglo pasado se produjeron dos novedades fundamentales que fortalecieron esta «lógica tanatocrática» que, según Bruno Étienne, impregna la actividad de las modernas organizaciones terroristas[9]: en primer lugar, la generalización de los atentados suicidas, que surgieron entre los chiítas libaneses y los Tigres Tamiles a inicios de la década, y fueron proseguidos de forma sistemática por el yihadismo en Palestina y otras latitudes. El terrorismo, que se estaba convirtiendo poco a poco en una forma de expresión pública banalizada, buscó nuevas vías de radicalización expresiva, y la encontró en el factor religioso que ha suscitado la emergencia de la figura del mártir[10]. En segundo término, la proclividad genocida radica en el empleo de arsenales hasta ahora reservados a la esfera estatal, como las armas químicas y biológicas, y, previsiblemente, en un futuro, nucleares y radiactivas[11]. El paso del terrorismo convencional al megaterrorismo o al hiperterrorismo como violencia de destrucción masiva, con vocación metafísica, ya intuido tanto en el Holocausto nazi como en las bombas de Hiroshima y Nagasaki[12], significa que se habría levantado definitivamente la proscripción moral del genocidio, y que se prevén atentados de gran amplitud, con decenas de miles de víctimas y susceptibles de neutralizar por largos años vastos espacios territoriales[13]. Un terrorismo apocalíptico basado en la destrucción de masas que ya era soñado por los teóricos nihilistas de fines del siglo XIX, pero que sería el último tabú levantado por este modo peculiar de violencia política.

Cronología

24-I-1878: Atentado de Vera Zasulich contra el general Trépov.

1-III-1881: Asesinato del zar Alejandro III por la Naródnaia Vólia.

11-III-1892: Primer atentado en París del anarquista Ravachol.

9-XII-1892: El anarquista Auguste Vaillant lanza una bomba en la Cámara de Diputados francesa.

1893: Creación de la VMRO.

24-VI-1894: El italiano Sante Caserio asesina en Lyon al presidente francés Sadi Carnot.

10-IX-1898: Asesinato de la emperatriz Isabel de Wittelbasch en Ginebra, apuñalada por el anarquista Luigi Luccheni.

29-VII-1900: Asesinato en Monza del rey Humberto I por el anarquista Gaetano Bresci.

10-VI-1903: Oficiales de la «Mano Negra» masacran en Belgrado al rey de Serbia Alejandro I Obrenovitch y a su esposa.

28-VII-1904: En San Petersburgo, la Organización Especial del Partido Socialista Revolucionario asesina al ministro del Interior W. K. Plehve.

28-XI-1905: Arthur Griffith funda en Irlanda el movimiento Sinn Féin.

14-IX-1911: El joven revolucionario judío Bogrov asesina al primer ministro ruso Piotr Stolypin.

29-IV-1912: La policía da muerte a Joseph Bonnot en Choisy-leRoi.

28-VI-1914: Garvrilo Princip asesina en Sarajevo al archiduque Francisco Fernando y a su esposa.

23/29-IV-1916: Levantamiento de Pascua en Dublín. Creación del IRA.

30-VIII-1918: La social-revolucionaria Sofía Kaplan hiere a Lenin de un disparo. Inicio del «terror de masas» soviético.

21-I-1919: Un enfrentamiento armado en el condado de Tipperary inaugura la guerra de independencia irlandesa.

21-XI-1920: Ejecución en Dublín de 11 oficiales del servicio secreto británico.

6-XII-1921: Firma en Londres del tratado fundacional del Estado Libre de Irlanda.

22-VIII-1922: Michael Collins muere en una emboscada cerca de Cork tendida por el ala intransigente del IRA.

16-IV-1925: La VMRO (aunque se acusó a los comunistas) comete en la catedral de Sofía el atentado más sangriento de la primera mitad del siglo XX, con 182 muertos.

20-VI-1928: El diputado panserbio Punitš Racić asesina en pleno Parlamento a tres diputados croatas, entre ellos el líder nacional Stepjan Radić.

7-VII-1928: El general Protoguerov, ministro del Interior búlgaro, es asesinado en Sofía por Vantché Mijailov, jefe de la ORIM.

29-XII-1932: Tres miembros de la Guardia de Hierro asesinan al primer ministro rumano Ion Duca.

9-X-1934: Asesinato en Marsella del rey Alejandro I de Yugoslavia y del ministro de Exteriores Louis Barthou, a manos de un pistolero de la VMRO que actuaba por cuenta de la Ustasha croata.

30-XI-1938: Asesinato por la policía de Corneliu Z. Codreanu y 13 de sus seguidores de la Guardia de Hierro rumana.

27-I-1939: El Irgun desencadena una campaña de atentados antiárabes en muchas poblaciones de Palestina.

21-VIII-1941: La Resistencia francesa asesina al primer oficial alemán en París.

12-II-1942: Abraham Stern, uno de los jefes del Irgun, es abatido por las fuerzas británicas.

27-V-1942: Reinhard Heydrich, protector de Bohemia y Moravia, es ejecutado por un grupo de resistentes checos formados y enviados a Praga por el SOE británico.

27-VI-1944: Asesinato en París de Philippe Henriot, secretario de Estado para la Información del gobierno de Vichy.

6-XI-1944: Asesinato por el grupo Stern de lord Moyne, secretario de Estado británico en Palestina.

22-VII-1946: Atentado del Irgun contra el hotel King David de Jerusalén: 91 muertos y numerosos heridos.

9-IV-1948: Combatientes del Irgun masacran a los habitantes del pueblo palestino de Deir Yassin, al oeste de Jerusalén. Éxodo de millares de civiles árabes de los territorios donde el 14 de mayo se proclamó el Estado de Israel.

17-IX-1948: Asesinato del conde Folke Bernadotte, mediador de la ONU en Palestina, por el grupo Stern dirigido por Itzhak Shamir.

1-XI-1954: Primeros atentados en Argelia.

1955: Fundación en Chipre del EOKA.

30-IX-1956: Explosión de dos bombas en Argel, inicio de la campaña de terrorismo urbano iniciada por el FLN. En junio-septiembre de 1957, la intervención de la 10.ª División Paracaidista agudiza la «batalla de Argel».

Octubre 1959: Fundación en Kuwait de al-Fatah por Yasser Arafat.

28-VI-1959: Primera explosión con bomba de ETA.

1960: Ernesto «Che» Guevara: La guerra de guerrillas.

1961: Frantz Fanon: Les damnés de la terre.

22/25-IV-1961: Putsch fracasado de los generales en Argel. Nacimiento de la OAS.

11-VI-1961: «Noche de los cohetes» en el Alto Adigio: 37 cargas explotan en la región de Bolzano. Los atentados separatistas se mantuvieron hasta 1988.

22-VIII-1962: Atentado de la OAS contra De Gaulle en Petit-Clamart.

Enero 1964: Creación de la OLP, decidida en la Conferencia de Estados Árabes de El Cairo.

23-I-1966: Primera operación de Fatah contra Israel.

9-X-1967: «Che» Guevara es abatido en Bolivia.

22-III/20-VI-1968: Disturbios estudiantiles y oleada de huelgas en Francia.

4/11-I-1968: Congreso Cultural de La Habana, considerado como el origen de la lucha antiimperialista en América Latina.

2-VIII-1968: Asesinato del inspector Melitón Manzanas por ETA.

21-VIII-1968: Intervención militar del Pacto de Varsovia en Checoslovaquia.

Enero 1969: Fatah toma el control de la OLP.

Marzo 1969: Primeros atentados con bomba de la Ulster Volunteer Force (UVF) contra barrios protestantes.

29-VIII-1969: Secuestro de un avión de la TWA por miembros del FPLP.

4-IX-1969: Secuestro del embajador norteamericano en Brasil, Charles Elbrick.

4-XI-1969: La brigada especial de la policía brasileña abate a Carlos Marighella.

12-XII-1969: Bomba en la Banca dell’Agricoltura de la Piazza Fontana de Milán, primer atentado terrorista en Italia: 12 muertos y 107 heridos.

I/II-1970: Carlos Marighella: Minimanual de la guerrilla urbana.

24-III-1970: Primeras acciones de las FAL en Argentina.

29-V-1970: Aparición de los Montoneros en Argentina con el secuestro y ulterior asesinato del expresidente Pedro Eugenio Aramburu.

31-VII-1970: Secuestro por los Tupamaros del consejero americano de la policía local, Dan Mitrione.

6-IX-1970: Secuestro de tres aviones por miembros del FPLP. Tras la destrucción de los aparatos en Jordania, el gobierno militar impuesto por el rey Hussein impulsa el «Septiembre Negro» contra las sedes de Fatah, causando 3440 muertos.

17-X-1970: Descubrimiento del cadáver del viceprimer ministro quebequés Pierre Laporte, secuestrado pocos días antes por el FLQ.

28-XI-1971: Asesinato en El Cairo del primer ministro jordano Wasfi Tall por la organización Septiembre Negro.

30-I-1972: Bloody Sunday en Londonderry: 14 muertos en una manifestación de la minoría católica contra los internamientos administrativos.

21-III-1972: Secuestro y asesinato del presidente de la FIAT en Argentina por el ERP.

21-VII-1972: El IRA hace explotar 22 bombas en Belfast.

3/5-IX-1972: Masacre de terroristas de Septiembre Negro y de rehenes israelíes en el aeropuerto de Fürstenfeldbrück (Munich), durante los Juegos Olímpicos.

10-IV-1973: Tres importantes dirigentes palestinos son asesinados en Beirut por un comando israelí.

1/2-V-1973: Primeros atentados mortales del FRAP.

25-VII-1973: Ley sobre medidas urgentes en Irlanda del Norte.

17-XII-1973: Un comando palestino ataca un avión de la Pan Am en el aeropuerto romano de Fiumicino y mata a 32 pasajeros.

20-XII-1973: Atentado mortal de ETA contra el almirante Carrero Blanco.

1974: Régis Debray: La critique des armes.

2-III-1974: Ejecución de Salvador Puig Antich, miembro del MIL.

5-VIII-1974: Ordine Nero deposita una bomba en un tren matando a 12 pasajeros e hiriendo a 48.

18-IV-1974: Secuestro en Roma del juez Mario Sossi por las Brigadas Rojas.

21-XI-1974: Dos artefactos colocados por el PIRA causan 20 muertos y 180 heridos en dos pubs de Birmingham.

27-II-1975: Secuestro por la RAF de Meter Lorenz, jefe de la CDU, liberado tras la excarcelación de cinco detenidos que encontraron asilo en Yemen del Sur.

22-V-1975: Ley Reale en Italia.

22-VIII-1975: Tras un atentado que provoca la muerte de dos gendarmes, la policía francesa detiene al líder nacionalista corso Edmond Simeoni. Inicio del terrorismo del FLNC.

27-IX-1975: Fusilamiento de tres miembros del FRAP y dos miembros de ETA. Oleada de protestas contra el régimen de Franco en toda Europa.

21/23-XII-1975: Secuestro de los ministros de la OPEP en Viena por el FPLP.

18-I-1976: Detención de Renato Curzio, fundador de las BR.

9-V-1976: Muerte de Ulrike Meinhof.

11/30-VI-1976: Un grupo de independentistas moluqueños captura un tren en Holanda.

28-VI-1976: Desvío a Entebbe (Uganda) de un avión de Air France por un comando del FPLP con participación de militantes alemanes de la RAF. Liberación de los rehenes, en su mayor parte hebreos, tras una operación militar israelí al precio de 33 muertos.

27-I-1977: El Consejo de Europa aprueba el Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo.

5-IX-1977: La RAF secuestra a Hans Martin Schleyer.

13-X-1977: Secuestro de un Boeing 737 de la Lufthansa por el FPLP. Liberación del pasaje por el GSG-9 en Mogadiscio.

18-X-1977: Muerte en prisión de Andreas Baader, Gudrun Ensslin y Jan-Carl Raspe. Al día siguiente se encuentra en Mulhouse el cadáver de Schleyer.

24-I-1977: Los GRAPO secuestran al general Villaescusa. Asesinato de cinco abogados laboralistas en un despacho de la calle Atocha de Madrid por un grupo de pistoleros de extrema derecha.

16-III-1978: Las BR secuestran en Roma a Aldo Moro, presidente de la DC, cuyo cuerpo es encontrado el 9-V-1978.

1-V-1979: Fundación del grupo terrorista Action Directe.

27-VIII-1979: El PIRA asesina a lord Mountbatten en las costas de Irlanda.

20-XI-1979: Asalto de 300 fundamentalistas armados a la Gran Mezquita de La Meca. Tras la rendición de los insurgentes, 63 de ellos son decapitados.

4-XII-1979: Acuerdo de Dublín entre los gobiernos de la Comunidad Europea sobre la coordinación de la lucha antiterrorista.

2-VIII-1980: Atentado neofascista en la estación de Bolonia: 85 muertos y 203 heridos.

26-IX-1980: Atentado neonazi en el Oktoberfest de Munich: 13 muertos y 215 heridos.

23-II-1981: Golpe de Estado fallido en España.

13-V-1981: Atentado de Alí Agca contra Juan Pablo II.

6-X-1981: Asesinato en El Cairo del presidente Sadat por un comando de la Yihad Islámica.

17-XII-1981: Secuestro del general norteamericano James Lee Dozier por las BR. Liberado por la policía el 28-I-1982.

29-V-1982: Ley para la Defensa del Ordenamiento Constitucional en Italia.

16/18-IX-1982: Masacres de las milicias cristianas libanesas en los campamentos de refugiados palestinos de Sabra y Chatila. Participación israelí en los hechos.

23-X-1983: Atentados suicidas de Hezbollah contra instalaciones militares francesas y norteamericanas en Beirut: 399 muertos.

12-X-1984: Atentado con explosivo del PIRA durante la celebración del congreso del partido tory en el Grand Hotel de Brighton: 5 muertos y 30 heridos.

23-XII-1984: Atentado neofascista al expreso Nápoles-Milán: 16 muertos.

26-XII-1984: Ley Antiterrorista en España.

25-I-1985: Asesinato en París por AD del general René Audran.

7/9-X-1985: Secuestro del Achille Lauro por el FLP de Abu Abbas.

1-XII-1985: Atentado contra las Galeries Lafayette de París por el Comité de Apoyo a los Prisioneros Políticos Árabes.

28-II-1986: Asesinato de Olof Palme, primer ministro sueco.

15-IV-1986: Bombardeo norteamericano sobre Trípoli y Bengasi en represalia por la implicación del gobierno libio en actividades terroristas.

9-IX-1986: Ley antiterrorista en Francia.

17-IX-1985: Atentado del Comité de Apoyo a los Prisioneros Políticos Árabes contra los almacenes Tati de la rue de Rennes de París.

8-XII-1987: Inicio de la primera Intifada.

14-XII-1987: Fundación oficial de Hamás por el jeque Ahmed Yassin.

21-XII-1988: Explosión en pleno vuelo de un Boeing 747 de la Pan Am en Lockerbie (Escocia): 270 muertos.

14-II-1989: El imán Jomeini lanza a los musulmanes del mundo entero una fatwa (decreto religioso) de muerte contra Salman Rushdie por su libro Los versículos satánicos.

7-II-1991: El PIRA ataca con morteros la residencia del primer ministro británico en el número 10 de Downing Street.

13-VI-1991: Comienzo de la guerra civil en Yugoslavia.

17-III-1992: Atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires: 30 muertos.

29-VI-1992: Asesinato del presidente argelino Mohammed Boudiaf.

12-IX-1992: Captura en Lima de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso.

26-II-1993: Bomba en el World Trade Center de Nueva York: 5 muertos y centenares de heridos.

24-IV-1993: Bomba del IRA en la City londinense.

13-IX-1993: Acuerdos de Oslo entre Israel y la OLP.

25-II-1994: Masacre de 39 musulmanes por un extremista judío en la Cueva de los Patriarcas de Hebrón. Hamás responde con sus primeros atentados suicidas el 6 de abril.

18-VII-1994: Atentado contra el Centro Cultural Judío en Buenos Aires: 85 muertos.

24-XII-1994: Captura en Argel de un Airbus de Air France por un comando del GIA argelino. El avión aterriza en Marsella, donde es neutralizado por una intervención del GIGN. Cuatro terroristas son abatidos.

5-III-1995: Atentado de la secta Aum con gas sarin en el metro de Yokohama y el 20 de marzo en el de Tokio: 12 muertos y 5000 afectados.

19-IV-1995: El extremista de derecha Timothy McVeigh destruye con explosivo la sede del FBI en Oklahoma City, en respuesta a la masacre de la secta davidiana en Waco (Texas) de 19 de abril de 1993.

14-II-1996: Asesinato de Francisco Tomás y Valiente por ETA.

17-XII-1996: Asalto del MRTA a la Embajada de Japón en Lima. El 22-IV-1997 una operación militar libera a los rehenes y ejecuta a todos los secuestradores.

27-VI-1997: Atentado con camión explosivo contra la base americana de El Khobar (Arabia Saudí): 19 muertos americanos y 540 heridos.

13-VII-1997: Asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco por ETA.

20-VII-1997: Alto el fuego del IRA.

17-XI-1997: Masacre de 67 turistas por la Jamaa Islamiyya egipcia en Luxor.

1-XII-1997: Condena de los 23 miembros de la dirección colegiada de HB.

22-II-1998: Creación en Afganistán en torno a Bin Laden del «Frente islámico internacional contra los judíos y los cruzados».

10-IV-1998: Acuerdos de Stormont.

30-VII-1998: Condena del exministro Barrionuevo y otros antiguos miembros de la cúpula de Interior por el «caso Marey».

7-VIII-1998: Atentados simultáneos contra las embajadas norteamericanas en Kenia y Tanzania: 224 muertos, entre los cuales 12 americanos. En represalia, Clinton lanza ataques aéreos contra presuntos focos islamistas en Sudán y Afganistán.

12-IX-1998: «Declaración de Lizarra».

17-IX-1998: ETA anuncia una tregua «unilateral e ilimitada».

15-IX-2000: Detención en Bidart de Ignacio García Arregui, presunto jefe de ETA (m).

28-IX-2000: Visita provocadora de Ariel Sharon a la explanada de las mezquitas de Jerusalén. Inicio de la segunda Intifada y campaña de atentados suicidas de Hamás.

12-X-2001: Atentado en Aden contra el destructor americano USS Cole: 17 marineros muertos.

11-IX-2001: Ataques terroristas islámicos contra las torres gemelas del World Trade Center de Nueva York y contra el Pentágono: cerca de 3000 muertos.

11-III-2004: Ataques terroristas islámicos en Madrid: 191 muertos y 1500 heridos.

7-VII-2005: Ataques terroristas islámicos en Londres.

22-III-2006: ETA proclama un «alto el fuego permanente».

30-XII-2006: El atentado de ETA en la Terminal T-4 del aeropuerto de Madrid-Barajas, que provoca dos muertos, marca el fin del alto el fuego.

2-V-2011: Bin Laden es abatido por comandos estadounidenses en una residencia en las afueras de Abbottabad (Pakistán).

20-X-2011: ETA anuncia el «fin» de su «actividad armada».

Listado de instituciones y organizaciones

AAA: Alianza Anticomunista Argentina.

AAA: Alianza Apostólica Anticomunista. España.

AD: Action Directe. Francia.

AIS: Armée Islamique de Salut. Argelia.

ALN: Armée de Libération Nationale. Argelia; Acão Libertadora Nacional. Brasil.

ALQ: Armée de Libération de Québec. Canadá.

AN: Avanguardia Nazionale. Italia.

AO: Avanguardia Operaia. Italia.

APRA: Alianza Popular Revolucionaria Americana. Perú.

ARA: Ação Revolucionaria Armada. Portugal.

ARC: Action pour la Rénaissance de la Corse. Francia.

ARGK: Artêşa Rizgarîya Gedlê Kurdistan (Ejército Popular de Liberación de Kurdistán).

ARQ: Armée Révolutionnaire du Québec. Canadá.

ASALA: Armée Secrète Arménienne pour la Libération de l’Armenie.

ASIQ: Action Socialiste pour l’Indépendance du Québec. Canadá.

ASK: Abertzale Sozialista Komiteak (Comité Patriótico Socialista).

ATE: Anti Terrorismo ETA. España.

BFV: Bundesamt für Verfassungsschutz (Oficina Federal para la Protección de la Constitución). República Federal de Alemania.

BID: Banco Interamericano de Desarrollo.

BKA: Bundeskriminalamt (Oficina Criminal Federal). República Federal de Alemania.

BR: Brigate Rosse. Italia.

BRA: Brigadas Revolucionarias Armadas. Portugal.

BZJ: Bewegung 2. Juni (Movimiento Dos de Junio). República Federal de Alemania.

CADCI: Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de l’Indústria. Barcelona.

CAR: Comandos de Acción Revolucionaria. España.

CATS: Combined Anti-Terrorist Squad. Canadá.

CDC: Comités de Defensa Civil (Rondas Campesinas). Perú.

CCC: Céllules Communistes Combattantes. Bélgica.

CCT: Comité Contra el Terrorismo.

CESID: Centro Superior de Información de la Defensa. España.

CIA: Central Intelligence Agency. Estados Unidos.

CID: Criminal Investigation Department. Gran Bretaña.

CISNAL: Confederazione Italiana di Sindacati Nazionali dei Lavoratori.

CJGA: Comandos Justicieros del Genocidio Armenio.

CNI: Centro Nacional de Inteligencia. España.

CRS: Corps Républicains de Securité. Francia.

CRUA: Comité Révolutionnaire d’Unité pour l’Action. Argelia.

CSAR: Comité Secret d’Action Révolutionnaire o Cagoule (la Capucha). Francia.

CSCE: Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

CVR: Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Perú.

DC: Democrazia Cristiana. Italia.

DHKP-C: Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (Frente Revolucionario del Pueblo). Turquía.

DHS: Department of Homeland Security. Estados Unidos.

DINA: Dirección de Inteligencia Nacional. Chile.

DRIL: Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación. España.

DUP: Democratic Unionist Party. Irlanda del Norte.

EA: Eusko Alkartasuna (Solidaridad Vasca).

EAC: Exèrcit d’Alliberament Català. España.

EE: Euzkadiko Ezquerra (Izquierda Vasca).

EGI: Euzko Gaztedi Indarra (Fuerza Juventud Vasca).

EGP: Ejército Guerrillero Popular. Perú.

EH: Euskal Herritarrok (Ciudadanos Vascos).

EIA: Euskal Iraultzarako Alderdia (Partido para la Revolución Vasca).

ELN: Ejército Nacional de Liberación. Perú y Bolivia.

EOKA: Ethniki Organosis Kyprion Agoniston (Organización de Lucha Popular Chipriota).

EP: Ejército Peruano.

EPOCA: Exèrcit Popular de Catalunya. España.

ERNK: Eniya Rizgariya Netewa Kurdistan (Frente de Liberación Nacional del Kurdistán).

ERP: Ejército Revolucionario del Pueblo. Argentina.

ESB: Euskal Socialista Bitzarrea (Partido Nacionalista Socialdemócrata).

ETA: Euzkadi ta Askatasuna (País Vasco y Libertad). ETA(m): ETA militar. ETA(p-m): ETA político-militar.

FAC: Front d’Alliberament de Catalunya. España.

FAL: Fuerzas Armadas de Liberación. Argentina.

FAP: Fuerzas Armadas Peronistas. Argentina.

FAR: Fasci di Azione Rivoluzionaria. Italia.

FAR: Fuerzas Armadas Revolucionarias. Argentina.

FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

FBI: Federal Bureau of Investigation. Estados Unidos.

FCC: Formazioni Comuniste Combattenti. Italia.

FDNR: Frente Democrático Nacional Revolucionario. España.

FELN: Frente Español de Liberación Nacional.

FIS: Frente Islámico de Salvación. Argelia.

FLB-ARB: Front de Libération de la Bretagne-Armée Républicaine Brétonne. Francia.

FLN: Frente de Liberación Nacional de Argelia.

FLNC: Fronte di Liberazione Naziunale di a Corsica. Francia.

FLP: Frente de Liberación Popular. España; Front de Libération Populaire, Québec, Canadá.

FLQ: Front de Libération de Québec. Canadá.

FMIL: Frente Moro Islámico de Liberación (grupo Abu Sayyaf). Filipinas.

FMLN: Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. El Salvador; Frente Moro de Liberación Nacional. Filipinas.

FNC: Front Nacional de Catalunya. España.

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FPLP: Frente Popular para la Liberación de Palestina.

FPMR: Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Chile.

FRAP: Front Révolutionnaire d’Action Proletaire. Bélgica, Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico. España.

FSLN: Frente Sandinista de Liberación Nacional. Nicaragua.

FTP: Franc-Tireurs et Partisans. Francia.

GAC: Grupos Autónomos de Combate. España.

GAL: Grupos Antiterroristas de Liberación. España.

GAP: Gruppi di Azione Partigiana. Italia.

GARI: Groupe d’Action Révolutionnaire Internationaliste. Francia-Bélgica-Italia-España.

GAS: Grupos de Acción Sindicalista. España.

GEIN: Grupo Especial de Inteligencia. Perú.

GEO: Grupo Especial de Operaciones de la Policia Nacional. España.

GIA: Groupe Interforces Antiterroriste. Bélgica, Grupo Islámico Armado. Argelia.

GIGN: Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale. Francia.

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IU-EB: Izquierda Unida-Ezquer Batua.

JONS: Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista. España.

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KAS: Koordinadora Abertzale Socialista.

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LAB: Langile Abertzale Batzordea (Comité Patriótico Obrero). País Vasco.

LAIA: Langile Abertzale Iraultzaileen Alderdia (Partido Patriótico Revolucionario de los Trabajadores). País Vasco.

LC: Lotta Continua. Italia.

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MAK: Maktab al-Khedamat Mujahideens (Oficina Afgana de Servicios de los Combatientes Árabes de Dios). Afganistán-Pakistán.

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MDT: Moviment de Defensa de la Terra. Cataluña, España.

MIL: Movimiento Ibérico de Liberación. España.

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MLN-T: Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. Uruguay.

MLNV: Movimiento de Liberación Nacional Vasco.

MPA: Mouvement Pour l’Autodetermination. Córcega, Francia.

MPAIAC: Movimiento para la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario. España.

MRTA: Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Perú.

MSE: Movimiento Social Español.

MSI: Movimento Sociale Italiano.

MTLD: Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques. Argelia.

MULC: Mando Unificado de la Lucha Contraterrorista. España.

MVSN: Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. Italia.

NAP: Nuclei Armati Proletari. Italia.

NAPAP: Noyaux Armés pour l’Autonomie Populaire. Francia.

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OC: Organización Cónsul. Alemania.

OEA: Organización de Estados Americanos.

OIRA: Oficial Irish Republican Army. Irlanda.

Okhrana: Okhrannoe Otdelenie (Departamento de Protección de la Seguridad Pública y el Orden).

OLAS: Organización Latinoamericana de Solidaridad. Cuba.

OLP: Organización para la Liberación de Palestina.

OMLE: Organización Marxista Leninista Española.

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PCE(r): Partido Comunista de España (reconstituido).

PCI: Partito Comunista Italiano.

PCF: Parti Communiste Français.

PCP: Partido Comunista del Perú.

PCUS: Partido Comunista de la Unión Soviética.

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PIDE: Policia Internacional e de Defesa do Estado. Portugal.

PIRA: Provisional Irish Republican Army. Irlanda y Reino Unido.

PKK: Partiye Karkerem Kurdistan (Partido de los Trabajadores del Kurdistán).

PL: Prima Linea. Italia.

PNV: Partido Nacionalista Vasco.

PO: Potere Operaio. Italia.

POUM: Partido Obrero de Unficación Marxista. España.

PP: Partido Popular. España.

PQ: Parti Québecois. Canadá.

PRT: Partido Revolucionario de los Trabajadores. Argentina.

PSAN: Partit Socialista d’Alliberament dels Països Catalans. España.

PSF: Provisional Sinn Fein. Irlanda y Reino Unido.

PSI: Partito Socialista Italiano.

PSOE: Partido Socialista Obrero Español.

PSU: Partido Socialista Uruguayo.

PSUC: Partit Socialista Unificat de Catalunya. España.

RAF: Rote Armee Fraktion (Fracción del Ejército Rojo). República Federal Alemana.

RAID: Unité de Recherche, d’Assistance, d’Intervention et de Dissuasion. Francia.

RAND: Research and Development.

RCA: Reparti Comunisti d’Attacco. Italia.

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RIC: Royal Irish Constabulary. Irlanda.

RIN: Rassemblement pour l’Indépendance Nationale. Québec, Canadá.

RUC: Royal Ulster Constabulary. Irlanda del Norte.

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RZ: Revolutionäre Zelle (Células Revolucionarias). República Federal Alemana.

SA: Sturmabteilungen (Secciones de Asalto). Alemania.

SAS: Special Air Service. Reino Unido.

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SL: Sendero Luminoso. Perú.

SOE: Special Operations Executive. Gran Bretaña.

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SS: SchutzStaffeln (Cuerpo de Protección). Alemania.

SZRiS: Unión por la Defensa de la Madre Patria y la Libertad. Rusia.

THKO: Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (Ejército de Liberación del Pueblo Turco). Turquía.

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UAR: Unidades Antiterroristas Rurales de la Guardia Civil. España.

UCD: Unión de Centro Democrático. España.

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UFF: Ulster Freedom Fighters. Irlanda del Norte.

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URNG: Unión Revolucionaria Nacional de Guatemala.

USPD: Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Partido Socialdemócrata Independiente Alemán).

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VMRO: Organización Revolucionaria Interna Macedonia.

VPR: Vanguarda Popular Revolucionaria-Palmares. Brasil.

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ZWC: Zwiazek Walki Czynnej (Asociación para la Lucha Activa del Partido Socialista Polaco).

Archivos

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Notas

[1] Mannoni, 2004: 58. <<

[2] Benjamin R. Barber, El Imperio del miedo. Guerra, terrorismo y democracia, Barcelona, Paidós, 2004, p. 44. <<

[3] Madame de Staël, cit. por Gianfranco Sanguinetti, Du terrorisme et de l’État: la théorie et la pratique du terrorisme divulguées pour la première fois, París, Le fin mot de l’Histoire, 1978, p. 7. <<

[1] André Glucksmann, Dostoievski en Manhattan, 2.ª ed. Madrid, Taurus, 2002, y Amin Maalouf, Identidades asesinas, Madrid, Alianza, 1999. <<

[2] Halliday, 2004: 30. <<

[3] Geertz, 2000: 369. <<

[4] Sommier, 2000: 110. <<

[5] Por ejemplo, Sommier, 2000: 10. <<

[6] Aróstegui, 2004: 273. <<

[7] Chaliand y Blin, 2004: 19. <<

[8] Rapoport, 1999: 501-503, y 2004. <<

[9] Rapoport, 1984: 672. <<

[10] Rapoport, 1984: 674. <<

[11] Tarrow, 1994: 24 y 153-155 (1997: 263-264). Según Della Porta y Tarrow, 1986: 610, un ciclo de protesta viene definido como «una serie de decisiones individuales y de grupo, tomadas por actores pertenecientes o no al “movimiento”, y dirigidas a hacer uso de la acción colectiva conflictual, junto con las respuestas dadas por las élites y otros actores». <<

[12] Tarrow, 1991a: 8. Tarrow, 1995: 91-92, destaca la relación dialéctica entre movimientos y repertorios, cuando define los ciclos de protesta como las encrucijadas en las cuales los «movimientos de protesta» son forjados en el taller permanente de los repertorios de contención. <<

[13] Cronin, 1991: 38-39. <<

[14] Hirschman, 1982 y Tarrow, 1989. La comparación entre las teorías cíclicas de Hirschman y Tarrow, en Kitschelt, 1993. <<

[15] Tilly, 1978: 135-137. <<

[16] Tarrow, 1991a: 41-56 y 1991b. <<

[17] Raschke, 1994: 128-129. <<

[18] Klandermans, 1992: 59-61. <<

[19] Derriennic, 2001: 174. <<

[20] Rapoport, 2004: 69. <<

[21] Gupta, 2008: 2. <<

[1] Guelke, 1995: 14. <<

[2] Fossati, 2003: 6-7. <<

[3] Laqueur, 2003: 9. <<

[4] Laqueur, 1987: 9. <<

[5] Laqueur, 2003: 298. <<

[6] Mayer, 2002: 92. <<

[7] Hardman, 1937: 576. <<

[8] Gough, 1998: 2-9. <<

[9] Véase Eduardo González Calleja, Los totalitarismos, Madrid, Síntesis, 2012, pp. 28-29. <<

[10] Dictionnaire de l’Académie Française, Nouvelle édition, Lyon, Joseph Duplain, 1776, vol. II, p. 573. <<

[11] Dallin y Breslauer, 1970: 1. <<

[12] Garzón Valdés, 1989. <<

[13] Sotelo, 1992: 60. <<

[14] Rapoport, 1999: 500. <<

[15] Calvo, 2004: 41. <<

[16] Bushnell, Slapentokh, Vanderpool y Sundram, 1991: 11. <<

[17] Henri Lefebvre, La vida cotidiana en el mundo moderno, cit. por André Stéphane, El universo contestatario, Barcelona, Picazo, 1971, pp. 249-250. <<

[18] Marcio Moreira Alves, «Brésil: État terroriste et guérrilla urbaine», Politique Aujourd’hui, julio-agosto 1971, p. 89. <<

[19] Mitchell, Stohl, Carleton y Lopez, 1986: 13. <<

[20] Michaud, 1980: 142. <<

[21] Gurr, 1986: 47-50. <<

[22] «Introduction», en Crenshaw, 1986: 18. <<

[23] Sobre el tratamiento de esta cuestión en nuestro entorno sociopolítico más inmediato, véanse Lamarca, 1985 y López Garrido, 1987. <<

[24] Moore, 1968. <<

[25] Reinares, 1998: 21. <<

[26] Wilkinson, 1974: 16 <<

[27] Thornton, 1964: 72-73. <<

[28] Laqueur, 2003: 368-369. <<

[29] Laqueur, 2003: 24. <<

[30] Tilly, 2005: 22 <<

[31] Alonso-Fernández, 2002: 101 <<

[32] Primoratz, 2004: XX. <<

[33] Steinhoff, 2004: 108. <<

[34] O’Neill, 1990, cap. III y 1993. <<

[35] Hardman, 1937: 575-579. <<

[36] Quinton, 1990: 35. <<

[37] Tilly, 2005: 22. <<

[38] Merari, 2004: 30. <<

[39] Cit. por Merari, 2004: 32. <<

[40] Thornton, 1964: 72, distingue entre «terror de ejecución» o coacción, desplegado desde el poder establecido para suprimir los desafíos a la autoridad o desde la organización rebelde para impedir que la población revele información al gobierno, y el «terror de agitación», que tiene objetivos más ambiciosos y a largo plazo, como la revolución o la liberación nacional, y es desplegado por los revolucionarios que aspiran al poder derribando el sistema existente. Esta es una tipología muy similar a la utilizada por May, 1974, cuando diferencia, al igual que Walter, 1969, el «régimen de terror» (terrorismo habitual y previsible, al servicio del orden establecido) y el «asedio del terror» propio del terrorismo revolucionario. Esta tradicional disociación entre terror revolucionario y terror de Estado también es destacada por Bandrés, 1982. <<

[41] Zimmermann, 1983: 346. <<

[42] Pontara, 1979: 33-34. <<

[43] Merari, 2004: 55. <<

[44] Merlos, 2006: 27. <<

[45] Coady, 2004: 5. <<

[46] Wilkinson, 1974: 15-17. <<

[47] Bonanate, 1979: 198. <<

[48] Calvo, 2004: 40. <<

[49] Gueniffey, 2000: 13. <<

[50] Merari, 1998. <<

[51] Calvo, 2004: 38-39 y 47. <<

[52] Guelke, 1995: 29. <<

[53] Schmid, 1984: 119-158. <<

[54] Engene, 2004: 8. <<

[55] Tore Bjørgo, «Vold mot innvandrere og asylsøkere», Nupi-rapport, n.º 136, 1989, pp. 1-72, p. 13, cit. por Engene, 2004: 10. <<

[56] Corte Ibáñez, 2006: 43. <<

[57] F. Ochberg, cit. por Schmid, Jongman, Stohl, Brand, Flemming, Van der Poel y Thijsse, 1988: 19. <<

[58] Hacker, 1975: 19. <<

[59] Según Crenshaw, 1972: 383, el sentido original del concepto de terror es una amenaza mortal que produce estremecimiento y falta de control. Para Duvall y Stohl, 1979: 182, el terrorismo es una acción dirigida a producir miedo agudo, y a través de esta agencia lograr el resultado deseado en una situación de conflicto. <<

[60] Gueniffey, 2000: 23. <<

[61] Gueniffey, 2000: 26. <<

[62] Paust, 1975: 434-435, cit. por Johnson, 1982: 153. <<

[63] Schmid, 1983: 11 y 111. <<

[64] Wilkinson, 1974: 11. <<

[65] Primoratz, 2004: 24. <<

[66] Thornton, 1964: 71-73. <<

[67] Engene, 2004: 16. <<

[68] MacCormick, 2005: 63-64. <<

[69] Crelinsten, 1987: 6-7. <<

[70] Mitchell, 1981: 134-135. El terrorismo se distingue de otras formas de violencia en la intención del autor, que, normalmente, es la inducción de miedo extremo a una población, mientras que la neutralización de la víctima es un objetivo secundario, aunque a veces sea el fin principal. <<

[71] Engene, 2004: 13-14. <<

[72] Mitchell, Stohl, Carleton y Lopez, 1986: 5. <<

[73] Roucek, 1962: 168. <<

[74] Gross, 1958: 98-132, cit. por Roucek, 1962: 166. <<

[75] Calvert, 1987: 59; Gurr, 1979: 24, y Wardlaw, 1986: 57. <<

[76] Walter, 1964 y 1969: 6-7. <<

[77] Johnson, 1982: 153. <<

[78] Knauss, 1979: 80-81. <<

[79] Barber, 2003: 27. <<

[80] Della Porta, 1983: 14. <<

[81] Crenshaw, 1972: 385. <<

[82] Guelke, 1995: 31. <<

[83] Silke, 1996: 29-30. <<

[84] Entrevista con Moravia en L’Espresso, 24-IX-1972, cit. por Fossati, 2003: 137. <<

[85] Véase Hoffman, 1999: 195-201. <<

[86] Chaliand, 1999: 232. <<

[87] Holden, 1986: 876-877. Véase también Stephen Price, «The Debate over aerial bombing», en International Encyclopedia of Terrorism, pp. 120-125. <<

[88] Sobre la guerra irlandesa en los medios de comunicación, véase Coogan, 1996: 348-384. <<

[89] Camilo Castaño, «Avec las guérrillas du Guatemala», Partisans, julio 1967, p. 150, cit. por Laqueur, 2003: 162. <<

[90] Juergensmeyer, 2001: 143. <<

[91] Brian Jenkins, «International Terrorism: A New Mode of Conflict», en Carlton y Schaerf (eds.), 1975: 16. <<

[92] Sobre estas cuestiones han reflexionado en profundidad Wieviorka y Wolton, 1987 y Wieviorka, 1991: 74-85. Véanse también Alexander, 1979, y Salomone, 1975: 43-46. La bibliografía sobre este aspecto concreto del hecho terrorista es abrumadora, y a ella nos remitimos para una mejor comprensión del fenómeno. <<

[93] Wieviorka, 1992: 171. <<

[94] Para los tres anteriores aspectos de desequilibrio estructural, véanse las obras ya citadas de Huntington, 1962, o Johnson, 1982. Para el último, Acquaviva, 1979. <<

[95] Wilkinson, 1986: 37. <<

[96] «Introduction», en Mommsen y Hirschfeld (eds.), 1982: x. Sin embargo, Feirabend, Feerabend y Nesvold, 1969: 606-669, trataron de demostrar que los países situados en los extremos de una escala de desarrollo socioeconómico estaban menos sujetos a explosiones de violencia política que países situados a medio camino en esa escala. Se concluye que el carácter transicional de las sociedades las hace particularmente vulnerables a las explosiones de violencia. Cuanto más acelerado sea el cambio social, más numerosas e intensas serán las explosiones de violencia política que se producirán. <<

[97] Bonanate, 1979: 206-208. <<

[98] Targ, 1979: 120. <<

[99] Melucci, 1977: 150-172 y 1982, p. 116. <<

[100] Luigi Bonanate, Dimensioni del terrorismo politico, Milán, Angeli, 1979, pp. 177-178. <<

[101] Nicola Tranfaglia, «La crisi italiana e il problema storico del terrorismo», en Mauro Galleni (ed.), Rapporto sul terrorismo. Le stragi, gli agguati, i sequestri, le sigle, 1969-1980, Milán, Rizzoli, 1981, pp. 517-518. La tesis del terrorismo italiano como disfunción del sistema, en Pasquino y Della Porta, 1986: 180-186. Estos autores (pp. 175-177) rechazan las explicaciones conspirativas o patológicas para ofrecer una interpretación del terrorismo como elección racional hecha por un actor colectivo que protestó contra la renovación ideológica del PCI, la oferta de compromiso histórico de la DC en 1973 y el declive de los movimientos de masas, cuyo exceso de militancia encontró cobijo en los «partidos armados». <<

[102] Pasquino, 1984: 181-183. <<

[103] Chaliand y Blin, 2004: 17. <<

[104] Corte Ibáñez, 2006: 53. <<

[105] Corsi, 1981: 49. <<

[106] Rapoport, 1992: 1.062. <<

[107] «Definire il terrorismo», en Netanyahu (ed.), 1986: 18. <<

[108] «Introduction», en Crenshaw (ed.), 1986: 22. <<

[109] Guelke, 1995: 31. <<

[110] Hoffman, 1999: 54-56, e International Encyclopedia of Terrorism, 1997: 18. <<

[111] Fossati, 2002: 227. <<

[112] International Encyclopedia of Terrorism, 1997: 14. <<

[113] Wilkinson, 1974: 16-17. <<

[114] Laqueur, 1987: 3. <<

[115] O’Sullivan, 1987: 21 <<

[116] Lodge, 1988: XII, y O’Brien, 1986. <<

[117] Alonso Fernández, 2002: 31. <<

[118] Gibbs, 1989: 330. <<

[119] Véase Wilkinson, 1977: passim. <<

[120] Cfr. Johnson, 1982: 148. <<

[121] Deutsch y Sengaas, 1971: 21-35. <<

[122] Theodor W. Adorno, Else Frenkel-Brunswik, Daniel J. Levinson y Nevitt R. Sanford, The authoritarian personality, Nueva York, Harper, 1950. <<

[123] Eric Hoffer, The True Believer. Thoughts on the Nature of Mass Movements, Nueva York, Harper & Row, 1951. Sobre el fanatismo, véanse también las consideraciones que hace Corte Ibáñez, 2006: 213-224. <<

[124] Kruglanski, 2000. Sobre el altruismo egoísta e individualista del terrorista, véase Gupta, 2008: 32-63. <<

[125] Corte Ibáñez, 2006: 320. <<

[126] Hans Magnus Enzensberger, Le perdant radical. Essai sur les hommes de la terreur, París, Gallimard, 2006. <<

[127] O’Sullivan, 1987: 21. <<

[128] Laqueur, 1980: 229. Laqueur difiere de Wilkinson en que no considera el terrorismo como un peligro inmediato, aunque lo tipifica como un fenómeno violento típico de los países desarrollados y las sociedades y regímenes permisivos, mientras que en las naciones subdesarrolladas se da preferentemente el fenómeno de la guerrilla rural y urbana, con tenues conexiones con el terrorismo. <<

[129] Wilkinson, 1974: 254. <<

[130] Wilkinson, 1977: 30-34, ha tratado, con poco éxito, de determinar cuándo la violencia «excesiva» deja paso al terrorismo, en función de la escala (personas implicadas, amplitud del campo de operaciones) e intensidad (duración de la campaña violenta, número de casos, potencial bélico utilizado) de las acciones violentas. Con anterioridad, Wilkinson, 1974: 38 y 1976: 17-18, diferenciaba el terror político organizado y la violencia extrema, generalizada, indiscriminada y arbitraria, o bien aislada, incontrolada y desorganizada. Estableció, además, una división entre el terrorismo revolucionario (tácticas sistemáticas de violencia con el propósito de promover la revolución política, que dividía en varios subtipos: 1. Organización del puro terror; 2. Partidos y movimientos de liberación nacional que emplean el terror como arma auxiliar; 3. Guerrilla rural y urbana; 4. Terrorismo insurreccional en el curso de un levantamiento revolucionario; 5. Reino revolucionario del terror dirigido por clases y minorías religiosas y raciales; 6. Propaganda por el hecho, con objetivos revolucionarios a largo plazo, y 7. Terrorismo internacional, cometido fuera del territorio de una de las partes en conflicto), subrevolucionario (empleado para otros objetivos aparte de la revolución o la represión gubernamental, que no busca un cambio de poder, sino forzar un cambio de política o castigar a determinados funcionarios, y que dividía en venganza, asesinato, resistencia partisana, etc.) y represivo (uso sistemático de actos violentos por el Estado, sus dirigentes o agentes, o una facción con el objeto de suprimir, degradar o sojuzgar a ciertos grupos, individuos o formas de comportamiento, considerados indeseables por el opresor), propio de regímenes totalitarios o policiacos, que subdividía en sistema de terror de Estado, terror colonial, policial, marcial, prisión, campos de concentración, terror ideológico, contrainsurgencia, etc. Por su parte, Fairbairn, 1974: 350, distinguió el terrorismo revolucionario, el disruptivo (dirigido, según Crozier, 1974: 127, a buscar publicidad para provocar admiración y emulación, lograr fondos para elevar la moral y el prestigio del movimiento, desmoralizar a las autoridades y provocarlas para alienarle el apoyo de la población) y el coercitivo, que agrupa a ambos y busca desmoralizar a la población civil, debilitar su confianza en la autoridad e inspirar miedo y obediencia al movimiento revolucionario. <<

[131] Alexander, 1982; Alexander, Carlton y Wilkinson (eds.), 1979 y Wilkinson, 1974. <<

[132] Townshend, 1987: 120. <<

[133] Corte Ibáñez, 2006: 234. <<

[134] Corte Ibáñez, 2006: 230. <<

[135] Corte Ibáñez, 2006: 233. <<

[136] Schmid, 1988a: 14. <<

[137] Véase Jenkins, 1980: 2. <<

[138] Hoffman, 1999: 47-48. Este autor asegura que la lucha armada regular está sometida a las leyes de la guerra, y minimiza la violencia terrorista estatal como simples «crímenes de guerra». <<

[139] Por ejemplo, Corsi, 1981: 85, destaca que el terrorismo no es una aberración, sino que tiene su propia lógica y dinámica. <<

[140] Crenshaw, 1981: 379. <<

[141] Crenshaw, 1981: 380. <<

[142] «Introduction», a Crenshaw (ed.), 1986: 2. <<

[143] Crenshaw, 1972: 385. <<

[144] Primoratz, 2004: 17. <<

[145] Crenshaw, 1994: 18. <<

[146] Della Porta, 1983: 38. <<

[147] Della Porta, 1995: 9. <<

[148] Della Porta, 1990: 27-28. <<

[149] Schmid, 1984: 422. <<

[150] Crelinsten, 1988: 81-84. <<

[151] Corte Ibáñez, 2006: 276. <<

[152] Avilés, 2003: 634. <<

[153] Laqueur, 2003: 324. <<

[154] El terrorismo como «arma del pobre», en Sommier, 2000: 26-43. <<

[155] Wieviorka, 1992: 172. <<

[156] Della Porta, 1990: 19. <<

[157] Aulestia, 2005: 272. <<

[158] Sobre esta última interpretación, véase Alain Touraine, «Analisi critica dei movimenti sociali», Il Mulino, vol. XXXI, n.º 284, 1982, p. 794, cit. por Della Porta, 1983: 41 nota 30. <<

[159] Por ejemplo, Crozier, 1960, valora el terrorismo como un tipo de lucha no convencional llevada a cabo por un grupo sobre objetivos generalmente civiles, y que puede ser la fase inicial de la guerra de guerrillas. Al estudiar preferentemente los movimientos anticolonialistas, afirma (pp. 159 y 191) que el terror es el arma de los débiles, por su bajo coste material y su limitado riesgo. El terrorismo es una de las estrategias que ofrece recompensas más desproporcionadas al gasto de tiempo, energía y material de los insurgentes, y estos retornos se elevan en proporción directa a la aparente indiscriminación de las acciones que se perpetran (Thornton, 1964: 88). <<

[160] «Introduction: Reflections on the Effects of Terrorism», en Crenshaw (ed.), 1986: 25. Esta autora señala que el terrorismo puede producir cambios en la estructura del poder político (derrocando gobiernos, propiciando el establecimiento de dictaduras, obligando a la intervención de potencias extranjeras, o propiciado una mayor centralización o fragmentación del poder), en la política gubernamental (justificando un recorte de libertades), en las actitudes políticas y en la participación (polarización, radicalización o indiferencia) y en las expectativas de violencia futura. <<

[161] Engene, 2004: 27. <<

[162] Para Gurr, 1969: 504, los revolucionarios de tipo terrorista esperan a que el poder establecido confirme sus expectativas usando la fuerza antes que la reforma. Si el Estado sucumbe a esa tentación, la revolución habrá dado un paso más hacia su realización. Horowitz, 1986: 46, sostiene que la respuesta del Estado a través de la adopción de medidas excepcionales de represión y prevención es, a la larga, más peligrosa para la estabilidad democrática que el propio terrorismo. <<

[163] Elorza, Ballester y Borreguero, 2005: 44. <<

[164] Leites, 1979: 22. <<

[165] Quinton, 1986. <<

[166] Reinares, 1998: 89. <<

[167] Esa es la distinción marcada por Wilkinson, 1976: 36-40. En el primer caso podríamos encuadrar al populismo del Naródnaia Vólia ruso y a los grupos anarquistas españoles a caballo entre los siglos XIX y XX. En el segundo, al terror de corto alcance del pistolerismo cenetista (control de las relaciones laborales y defensa de la propia organización), y en el tercero a todo tipo de terror de Estado. <<

[168] Moss, 1973: 56. <<

[169] Wilkinson, 1986: 16-17 y 103-109. <<

[170] Targ, 1979 y Wellmer, 1981. <<

[171] Reinares, 1998: 74-75. <<

[172] Sobre el concepto de «sociedad bloqueada», véase supra, p. 54-56. <<

[173] Della Porta, 1983: 42. <<

[174] Sobre la noción de inversión, véanse Wieviorka, 1991: 95-100, y Wieviorka, 1986. Se puede dar también la «inversión hacia arriba», cuando el movimiento de protesta no está en crisis, sino en ascenso, y se busca un actor social sin encontrarlo (caso del populismo ruso o el anarquismo europeo ante un movimiento obrero aún débil y vacilante, que comienza a organizarse sindicalmente). <<

[175] Wieviorka, 1991: 23-24. <<

[176] Wieviorka, 1991: 26-27. <<

[177] MacCormick, 2005: 70. <<

[178] Bonanate, 1979: 209. <<

[179] Gurr, 1979: 35 señala que el terrorismo político aparece como táctica de activistas políticos que carecen de una amplia base de apoyo para impulsar una actividad revolucionaria en gran escala. <<

[180] Giner, 1982: 20. <<

[181] Kapitan, 2004: 177. <<

[182] Slann y Schechterman, 1987: 22-29. <<

[1] Iviansky, 1977. <<

[2] Rapoport, 1984: 659. <<

[3] Josefo, 1960: 393-394 (libro II, cap. 3, § 254-257). Sobre los zelotes y sicarii, véanse Ford, 1990: 137-145, y Sinclair, 2003: 12-14. <<

[4] Capitanchik, 1987: 154. <<

[5] Sobre el ismailismo como movimiento revolucionario contra los abbassíes, véase Daftary, 1995. <<

[6] Lewis, 1982: 86. <<

[7] Sobre la secta de los asesinos, véanse Aulestia, 2005: 23-28; Wayne B. Bartlett, The Assassins. The Story of Medieval Islam’s Secret Sect, Sutton, Stroud, 2001 (ed. castellana en Barcelona, Crítica, 2006); Edward Burman, The Assassins. Holy Killers of Islam, Wellingborough, Crucible-The Aquarian Press, 1987 (ed. castellana en Barcelona, Martínez Roca, 2002); Chaliand y Blin, 2004b: 63-85; Daftary, 1995; Ford, 1990: 155-161; Enno Franzius, History of the Order of Assassins, Nueva York, Funk & Wagnalls, 1969; Marshall G.S. Hodgson, The Order of Assassins, Nueva York, Ams press, 1980 (1.ª ed. en La Haya, Mouton, 1955 y ed. castellana en Grijalbo, Mondadori, 1990) y The Secret Order of Assassins: The Struggle of the Early Nizârî Ismâîlîs against the Islamic World, Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 2005; Morgan, 1997; Reuter, 2004: 19-31; Sinclair, 2003: 28-35; Colin Wilson, Order of Assassins: the Psychology of Murder, Londres, Hart-Davis, 1972, y la obra clásica de Joseph von Hammer-Pursgtall, The History of the Assassins, Nueva Yok, B. Franklin, 1968 (original de Londres, Smith & Elder, 1835). <<

[8] Lewis, 1982: 174. <<

[9] Véanse George Bruce, The Stranglers: The Cult of Thugee and Its Overthrow in British India, Londres, Longmans, 1968; Bill Buford, Among the Thugs, Londres, Mandarin, 1992; Mike Dash, Thug: the true story of India’s murderous cult, Londres, Granta Books, 2006; Sinclair, 2003: 91-100; William Henry Sleeman, A Journey through the Kingdom of Oude in 1849-50 (ed. de Peter D. Reeves), Londres, Cambridge University Press, 1971, y Philip Meadows Taylor, Confessions of a Thug, Londres, Oxford University Press, 1916. En la actualidad existe una tendencia revisionista que afirma que la amenaza de los Thugs fue una invención británica para reforzar su presencia en el país. <<

[10] Wade, 1987: 33. <<

[11] Sinclair, 2003: 115-125. Véanse también David M. Chalmers, Hooded Americanism: The History of the Ku Klux Klan, 3.ª ed., Durham, Duke University Press, 1987, y Wyn Craig Wade, The Fiery Cross: the Ku Klux Klan in America, Nueva York, Oxford U.P., 1998. <<

[12] Véase infra, pp. 615-618. <<

[13] Rapoport, 1971: 7. <<

[14] Rapoport, 1971: 16. <<

[15] Rapoport, 1971: 22. <<

[16] Véase Fossati, 2003: 21-27. <<

[17] Ford, 1985: 41-47 <<

[18] Furet et al., 1985: 16. <<

[19] Giner, 1982: 13. <<

[20] Catholic Encyclopaedia, cit. por Hyams, 1969: 17. <<

[21] Minois, 1997: 87-93. Sobre la actitud de Juan Salisbury y Tomás de Aquino ante el tiranicidio, véase Laqueur (ed.), 1979: 19-26. <<

[22] Minois, 1997: 104. <<

[23] Minois, 1997: 136. <<

[24] Cit. por Minois, 1997: 137. <<

[25] Minois, 1997: 13. <<

[26] Rapoport, 1984: 666. <<

[27] Havens, Leiden y Schmitt, 1970: 3. <<

[28] Cit. por Ilaria Biagioli, «La patria in pericolo. L’uso politico del nemico interno in Francia tra Otto e Novecento», en Alfonso Botti (ed.). «Il nemico interno», dossier monográfico de Storia e problemi contemporanei, vol. XVII, n.º 35, abril 2004, pp. 13-37. <<

[29] Mayer, 2002: 93. <<

[30] Mayer, 2002: 110. <<

[31] Mayer, 2002: 22. <<

[32] Gueniffey, 2000: 80-98. <<

[33] Gueniffey, 2000: 13. Véase también Donald Greer, The Incidence of Terror in the French Revolution, Cambridge, Harvard University Press, 1935. <<

[34] El decreto relativo a la formación de un tribunal criminal (17-VIII1792), en Fayard, 1987: 285-286. <<

[35] Los decretos de 10-III-1793 sobre composición y organización de un tribunal criminal extraordinario, y de 31-VII-1793 sobre nueva organización del Tribunal extraordinario y revolucionario, en Fayard, 1987: 289-292. <<

[36] Wahnich, 2003: 57. <<

[37] Waciŏrski, 1939: 27. <<

[38] La Ley de Sospechosos de 17-IX-1793, en Fayard, 1987: 287-288. <<

[39] Schmid, 1997: 11. <<

[40] La acción de las «columnas infernales» contra la Vendée como «pueblo aparte», en Gueniffey, 2000: 255-266. <<

[41] Maximilien Robespierre, «Sobre los principios de moral política que deberán guiar a la Convención Nacional de la Administración interior de la República», 17 Pluvioso año II (5-II-1794), cit. por Umberto Cerroni (ed.), La rivoluzione giacobina, Roma, Editori Riuniti, 1984, pp. 166-168; Alonso-Fernández, 2002: 103; Priestland, 2010: 34 y Venner, 2002: 12. <<

[42] Hampson, 1981: 18. <<

[43] Gueniffey, 2000: 267. <<

[44] Calvert, 1987, pp. 48-50. <<

[45] Ley de 22 Prairial (10-VI-1794) de reforma de la organización y procedimiento del Tribunal revolucionario, que inauguró el «Gran Terror», en Fayard, 1987: 294-297 y Gueniffey, 2000: 277-313. <<

[46] Edmond Burke, Reflections on the Revolution in France (1790), cit. por Laqueur, 2001: 6. <<

[47] Jones, 1997: 48. <<

[48] Gough, 1998: 57-58. <<

[49] Fayard, 1987: 200-201. <<

[50] Gueniffey, 2000: 235. <<

[51] Laqueur, 2003: 58. <<

[52] Laqueur, 2003: 43. Por su parte, Iviansky, 1977: 50, enumera tres modelos de terrorismo en la época moderna: el relacionado con el anarquismo, con la revolución oficial y con la liberación nacional en Polonia, Irlanda y los Balcanes. <<

[53] MacCormick, 2005: 58. Nikolai Ivanovich Kibalchich (1850-1881) era un experto en explosivos del grupo Naródnaia Vólia célebre porque en 1881, mientras esperaba su ejecución por haber tomado parte en el asesinato de Alejandro II, diseñó un cohete propulsado por motores de carburante sólido. <<

[54] Iviansky, 1977: 47. Véanse las loas a la dinamita de Johann Most en los números de la revista Freiheit de 1880. <<

[55] MacCormick, 2005: 54, quien sostiene que otros elementos determinantes para la aceleración del terrorismo finisecular fueron la invención de la prensa rotativa, la introducción del telégrafo y la alfabetización universal, que permitieron que estos actos de violencia tuvieran una amplia difusión. <<

[56] Tilly, 1969: I, 5-34 (también en Tilly, 1972: 343). <<

[57] Rubenstein, 1988: 198-200. <<

[58] Iviansky, 1977: 50. <<

[59] Laqueur (ed.): 1979: 47. El texto de Heinzen, en Laqueur (ed.), 2004: 57-67. <<

[60] Burleigh, 2008: 104. <<

[61] Kart Heinzen, «Der Mord», Die Revolution, febrero-marzo 1849, cit. por Laqueur, 2003: 61. Sobre este peculiar personaje pueden consultarse MacCormick, 2005: 52-53; Grob-Fitzgibbon, 2004, y la obra de Carl Wittke, Against the Current: the Life of Karl Heinzen (1809-80), Chicago, University of Chicago Press, 1945. <<

[62] Grob-Fitzgibbon, 2004: 111. <<

[63] Chaliand y Blin, 2004c: 190-191. <<

[64] Stepniak, 1885: 16. Sobre el nihilismo, véanse Arnaudo, s.f.: 78-85; Bannour, 1974; Massari, 1979: 38-42; Navarte, 2003; Núñez Florencio, 2008; Préposiet, 1993: 363-365 y, sobre todo, Venturi, 1975: I, 542. <<

[65] [Bazárov:] «El nihilista es un hombre que no se doblega ante ninguna autoridad, que no acepta ningún principio como artículo de fe, por grande que sea el respeto que se dé a este principio» (Iván S. Turgueniev, Padres e hijos, Madrid, Espasa-Calpe, 1990, p. 67). <<

[66] Arvon, 1979: 91-95. <<

[67] Sobre el grupo «Infierno», véase Ulam, 1978: 161-171. <<

[68] Laqueur, 2003: 64. <<

[69] Nuevas citas del «Catecismo Revolucionario», tomadas de Carr, 1970: 407-408; Laqueur, 2003: 64-66 y Laqueur (ed.), 2004: 71-75; Venturi, 1975: II, 595-597, y Woodcock, 1979: 17. Sobre este documento trascendental para la historia del terrorismo, véase también Fossati, 2003: 90-96; Michael Confino, Il catecismo del rivoluzionario: Bakunin e l’affare Nečaev, Milán, Adelphi, 1976, y René Cannac, Netchaïev. Du nihilisme au terrorisme, París, Payot, 1961. <<

[70] Sobre del bandolerismo social, véanse los ensayos de Hobsbawm, 1983: 27-52, y 1976, además de «Bandolerismo social», en Landsberger, 1978: 192-213. <<

[71] Sobre el controvertido asunto del anarquismo «ilegalista», véanse Croix, 1938: 28-40 y Nataf, 1986: 65. <<

[72] Ternon, 2004: 153. <<

[73] Sobre las relaciones entre Bakunin y Necháev, véanse Arnaudo, s.f.: 152-158; Arvon, 1979: 99-103; Jean Barrué, «Bakounine et Netchaïev», Spartakus, n.º 43, noviembre-diciembre 1971; Burleigh, 2008: 62-67; Canac, 1951; Confino, 1971 y 1973; Gaucher, 1965: 16-20; Phillip Pomper, «Bakunin, Nechaev and the Catechism of a Revolutionary: the Case for Joint Authorship», Canadian Slavic Studies, vol. 10, invierno 1976, pp. 534-51; Robynski, Nechaev and Bakunin: Left Libertarianism’s Lavender Lineage, Northcote (Victoria), Autonomous Tendency, 1994 y Ulam, 1978: 178-205. El reglamento general de la organización, en Bakunin, 1977: XVIII-XX. <<

[74] Ulam, 1978: 290-291. <<

[75] Molinari, 2001. <<

[76] Zasulich fue absuelta por unanimidad y logró escapar de los gendarmes que, por orden del emperador, trataron de arrestarla a la salida del tribunal. Sobre las actividades de esta y otras mujeres terroristas, véanse Vera Broido, Apostles into Terrorists: Women and the Revolutionary Movement in the Russia of Alexander II, Londres, Maurice Temple Smith, 1977; Véra Zassoulitch, Olga Loubatovitch, Elisabeth Kovalskaïa, Vera Figner. Quatre terroristes contre le tsar, París, Maspero, 1978; Arnau e Ibáñez, 1882: 385-388 y 427-432; Arnaudo, s.f.: 193-199; Fauré, 1978, y Ulam, 1978: 272-277. <<

[77] Utechin, 1968: 147-158. <<

[78] Gaucher, 1965: 11. <<

[79] Sobre esta organización, véanse Avrich, 1979; Gaucher, 1965: 22-37; Fenner, 1989; Ford, 1990: 323-332; Hingley, 1967; Laqueur, 1987: 34-39; Massari, 1979: 85-107; Rubenstein, 1988: 201-206; Venturi, 1975: II, 947-1057, y Von Borcke, 1982. <<

[80] Von Borcke, 1982: 48-49. <<

[81] Cit. por Iviansky, 1977: 46. <<

[82] Las estrictas reglas de aceptación de candidatos al «Comité Ejecutivo», en Venturi, 1975: II, 967-968. <<

[83] Nikolai Morozov, «The Terrorist Struggle», cit. por Grob-FitzGibbon, 2004: 103. Esta obra, también en Laqueur (ed.), 2004: 76-82. <<

[84] Nikolai A. Morozov, Terroristicheskaya Borba (La lucha terrorista), Londres, 1880, cit. por Aulestia, 2005: 31-32. <<

[85] Nikolai A. Morozov, Terroristicheskaya Borba (La lucha terrorista), Londres, 1880, cit. por Gross, 1972: 106, y Schmid et al., 2008: 80-81. <<

[86] Walter Laqueur, Terrorism, Boston y Toronto, Little, Brown & Co., 1977, p. 33. <<

[87] G. Tarnovski, «Terrorism and Routine», en Laqueur (ed.), 2004: 83-87. <<

[88] Von Borcke, 1982: 59. <<

[89] Sobre el asesinato del zar, véase Ulam, 1978: 359-361. <<

[90] Ford, 1982: 7. <<

[91] Naimark, 1978: 274. <<

[92] «Elementos terroristas de nuestro programa», La Rusia Revolucionaria, n.º 7, 1902, cit. por Gaucher, 1965: 42, y Spiridovitch, 1930: 154-156. <<

[93] Perrie, 1982: 65. <<

[94] Hildermeier, 1972: 539-540, y 1982: 81. <<

[95] Sobre Azef, véanse Baylen, 1982, y Rowan, 1937: 374-385. La figura del agente provocador, en Gary T. Marx, «Thoughts on a Neglected Category of Social Movement Participant: the Agent Provocateur and the informant», The American Journal of Sociology, vol. LXXX, n.º 2, 1974, pp. 402-442. <<

[96] Spiridovitch, 1930: 187. Los Estatutos de la Organización de Combate de la época de Guerchumi, en Savinkov, 1931: 85-91. <<

[97] Plehve había sufrido dos tentativas de atentado el 18-III y el 8-VII1904, hasta su asesinato por Egor Sazónov. Véase el testimonio de Savinkov, 1931: 31-36 y 62-78. <<

[98] El autor, Iván Kaliáev fue juzgado el 5 de abril y ahorcado el 9 de mayo de 1905. El 22 de enero se habían producido 1600 muertos en el «Domingo Sangriento» que precedió al estallido de la revolución. Sobre la muerte del gran duque Sergio, atribuida a Boris Savinkov, véanse la novela de Goul, 1931, y las memorias de Savinkov, 1931: 97-139. <<

[99] Baynac, 1979: 200. <<

[100] Deportado a Vologda a inicios de 1902, Savinkov pasó de la socialdemocracia al Partido Social-revolucionario, y a la muerte de Grigori A. Guerchumi, uno de los fundadores de la Organización de Combate, decidió participar en el terror. Huyó a Ginebra, donde entró en contacto con Mijail Rafaílovich Gotz (jefe teórico de la organización y representante de la misma en el extranjero) y Evgeni Filípovich Azef, organizador práctico de los atentados. <<

[101] Sobre la actividad de la Okhrana contra los terroristas de la Organización de Combate, véase Gaucher, 1965: 38-76. <<

[102] Savinkov, 1931: 226-227. <<

[103] Perrie, 1982: 63. <<

[104] Savinkov, 1931: 226-229. <<

[105] Savinkov, 1931: 253-274. <<

[106] Savinkov, 1931: 84. <<

[107] Alexander Vassileivitch Guerasimov, jefe de la Okhrana, había establecido un acuerdo con Azef para «mondar un poco la revolución». Las primeras insinuaciones contra Azef databan de 1903. La sesión del Comité Central de la OC donde se efectuó la primera acusación contra Azef, en Goul, 1931: 191-192. El juicio del movimiento social-revolucionario contra Vladimir Lvóvich Burtzev, miembro del Comité Central y director de la revista Byloe (El Pasado) y denunciador de Azef ante el Comité Central en mayo de 1908, en Goul, 1931: 194-240. El descubrimiento de la traición de Azef, en Savinkov, 1931: 379-444. El tribunal de honor fue presidido por G.A. Lopatin, Kropotkin y Vera N. Figner, designados por el Comité Central, además de Victor M. Chernov, M.A. Natanson y Savinkov, en sesiones que comenzaron en París en octubre-diciembre de 1908. Sobre la historia de Azef desde 1893 hasta su desenmascaramiento como agente provocador el 8-I-1909, y su huida a París, véanse Baylen, 1972, y Nicolaievsky, 1934. <<

[108] Savinkov, 1931: 443. <<

[109] Fenner, 1989: 37. Sobre la continuidad histórica de la violencia desplegada por el populismo y el socialismo revolucionario rusos, véanse Aulestia, 2005: 125-135; Burleigh, 2008: 93-100; Laqueur, 1987: 39-42; Naimark, 1983, y Pomper, 1995. <<

[110] Spiridovitch, 1930: 588-589. <<

[111] Vasilyev, 1930: 53. <<

[112] Lincoln, 1989: 147. <<

[113] Cit. por Gaucher, 1965: 133. <<

[114] Serge, 1930: 376. <<

[115] Sobre el terrorismo antibolchevique de Boris Savinkov, véase Gaucher, 1965: 123-142. <<

[116] Sobre el paramilitarismo terrorista del socialismo polaco, véase Kozlowski, 1970. <<

[117] Sobre el terrorismo armenio, véanse Michael M. Gunter, «The Armenian Terrorist Campaign against Turkey», Orbis, vol. XXVII, n.º 2, 1983, pp. 447-477 y «Contemporary Armenian Terrorism», Terrorism, vol. VIII, n.º 3, 1986, pp. 213-252; Francis P. Hyland, Armenian Terrorism: The Past, the Present, the Prospects, Boulder, Westview, 1991; Michel Marian, «Le terrorisme armenien après l’âge d’or», Esprit, n.º 10-11, 1984, pp. 47-64; Pierre Papazian, «The Armenian Nation and the Ottoman Empire: Roots of Terrorism», Midwest Quarterly, vol. XXVII, n.º 2, 1986, pp. 215-229; Louise Nalbadian, The Armenian Revolutionary Movement. The development of Armenian political parties through the nineteenth century, Berkeley, University of California Press, 1963, y Khachig Tololyan, «Martyrdom as Legitimacy: Terrorism, Religion and Symbolic Appropriation in the Armenian Diaspora», en Paul Wilkinson y A. M. Stewart (eds.), Contemporary Research on Terrorism, Aberdeen, Aberdeen University Press, 1987, pp. 89-103. <<

[118] Laqueur, 1987: 43 nota 9. <<

[119] Véase Jacques Derogg, Opération Némesis, París, Fayard, 1986. Sobre el terrorismo armenio posterior, véase infra pp. 582-583. <<

[120] Sobre el terrorismo bengalí de inicios del siglo XX, véase Peter Heehs, «Foreign Influences on Bengali Revolutionary Terrorism, 1902-1908», Modern Asian Studies, vol. XXVIII, n.º 3, julio 1994, pp. 533-556. <<

[121] Clutterbuck, 2004: 172. <<

[122] Cit. por Laqueur, 1979: 139. <<

[123] Esta paradoja ha sido convenientemente destacada por Pessin, 1982: 117-139. <<

[124] Miller, 1995: 61. <<

[125] «Lettre à un Français», cit. por Cahm, 1989: 76. <<

[126] Sobre este último grupo terrorista, véanse Maitron, 1992: 159-178; Salmon, 1959: 449-485, y Thomas, 1968. Este primer ejemplo de acción ilegalista centrada en el atraco inspiraría en los años veinte y treinta a un sector del anarquismo español, como el grupo de «Los Solidarios». <<

[127] Sobre las connotaciones antropológicas del carácter voluptuoso, caótico y festivo de la «violencia fundadora» anarquista, véase Pessin, 1982: 141-175. <<

[128] Según Croix, 1938: 15, la primera formulación de la «propaganda por el hecho» la realizó Brousse en el número de 17-VI-1878 de L’Avant-Garde, órgano de la sección romanche de la Internacional: «Nous voyons la propagande théorique insuffisante, nous voyons la propagande pratique puissante, même quand elle n’est pas voulue; nous cherchons à inaugurer une propagande de fait, non plus inconsciente, mais voulue». <<

[129] Sobre los orígenes de la teoría de la «propaganda por el hecho», véanse Dubois, 1894: 153-181; Esenwein, 1989: 60-62; Fleming, 1980; García, 1988: 395-402; Iviansky, 1977: 44-46; Laqueur, 1987: 48-51, y Linse, 1982: 201. <<

[130] Carta a Malatesta aparecida en el Bulletin de la Fédération Jurassienne de l’Association internationale des travailleurs (Sonvillier, Suiza), n.º 49, 3-XII-1876, cit. por Avilés, 2004; Dubois, 1894: 153, y Maitron, 1983: II, 75. La idea de insurrección en Malatesta, en Richards, 1977: 232-237. <<

[131] «La propagande par le fait», Bulletin de la Fédération jurassienne de l’Association internationale des travailleurs (Sonvillier, Suiza), 5-8-1877. Graham Purchase, Peter Kropotkin, Ecologist, Philosopher and Revolutionary, tesis doctoral, Sydney, The School of Philosophy, University of New South Wales, 2003, p. 24, considera que el autor de este artículo fue Kropotkin pero este en 1909 rechazó cualquier vinculación con el mismo. Según Cahm, 1989: 103 y 105, el intelectual anarquista encontraba este tipo de gestos como faltos de autenticidad, poco éticos y profundamente perturbadores, y nunca creyó que la acción individual pudiera ser un sustituto eficaz de la propaganda oral o escrita. Estaba interesado en «actos serios de revuelta», no en «gestos dramáticos». <<

[132] Jean Grave, «La anarquía, su fin y sus medios, X. La propaganda por el hecho», La Revista Blanca, n.º 46, 15-V-1900, pp. 631-634. <<

[133] Lida, 1993: 70. <<

[134] Sobre este suceso, véase Berti, 2003: 63-80, y Massari, 1979: 48-62. <<

[135] «L’Action», Le Révolté, organe socialiste (Ginebra), 25-XII-1880, cit. por Bach Jensen, 2004: 124. <<

[136] Cit. por Hubac-Occhipinti, 2004: 129. <<

[137] Piotr Kropotkin, «Le Congrès International de Londres», Le Révolté, 23-VII-1881, cit. por Nettlau, 1969: 346-347. Sobre este congreso, véanse también Berti, 2003: 90-99, y Cahm, 1989: 145-168. <<

[138] Cit. por Bookchin, 1980: 169. <<

[139] Cit. por Grave, s.f.: 11. Grave era director de Le Révolté desde 1883, periódico que cambió su título por La Révolte desde abril de 1886 hasta su desaparición en 1894. Sobre las justificaciones morales del terrorismo en Kropotkin, véase Novak, 1954: 176-177. <<

[140] Sobre el atentado de Passanante, véase Galzerano, 1997. <<

[141] Sobre este movimiento, véanse Ana Maria Andreasi, L’anarco-sindacalismo in Francia, Italia e Spagna, Milán, La Pietra, 1981; Renzo Del Carria, Proletari senza rivoluzione. Storia delle classi subalterne in Italia, vol. II (1892-1914), 5.ª ed., Roma, Savelli, 1979; Francesco Renda, I Fasci siciliani, 1892-94, Turín, Einaudi, 1977; Salvatore Francesco Romano, Storia dei fasci siciliani, Bari, Laterza, 1959; Enzo Santarelli, Il sozialismo anarchico in Italia, Milán, Feltrinelli, 1959, y Gino Cerrito, Dall’insurrezionalismo alla settimana rossa. Per una storia dell’anarchismo in Italia, 1881-1914, Florencia, Crescita Politica editrice, 1977. <<

[142] La Ley sobre delitos cometidos con materias explosivas, aprobada por el Senado el 17-VII-1894 y promulgada el 19 como ley, establecía penalidades especiales (vigilancia especial y domicilio forzoso) por delitos como la instigación a delinquir y la apología de delitos de imprenta (Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Sesión de 1-VII-1894, nos 404 y 405). Otra ley de 19-VII-1894 sobre medidas extraordinarias de Seguridad Pública, en circular del Ministero de Grazia e Giustizia, n.º 1324 de 24-VII-1894 para ejecución de las leyes de orden público contra el anarquismo. Estas normativas fueron derogadas el 31-XII-1895, pero tras los sucesos de Milán se promulgó una nueva ley de 17-VII-1898, que de hecho ponía en vigor la de 1894, aunque cesó en sus efectos el 20-VI-1899. Una nueva ley se trató de promulgar tras el asesinato de Humberto I. Aunque fue presentada en el Senado el 2-II-1901 por el gabinete Saracco, el ministerio Zanardelli, del cual formaba parte Giolitti como ministro del Interior, la retiró poco después. Véase despacho de la Embajada española en Roma (11-I-1908), en AMAE, Sección Histórica, Política Interior, Orden Público, Parte General, 1892-1898, leg. H 2750. <<

[143] Sobre el asesinato del presidente francés, véase Pierre Truche, L’anarchiste et son juge. À propos de l’assassinat de Sadi Carnot, París, Fayard, 1994. Sobre el asesinato de la emperatriz de Austria, véanse las patéticas memorias de su ejecutor en Santo Cappon (ed.), Mémoires de l’assassin de Sissi, París, Le Cherche Midi Éditeur, 1998. <<

[144] En una circular enviada a sus embajadas en París, Londres, Viena, Berlín y San Petersburgo el 15-IX-1898, el gobierno italiano proponía acciones de presión amistosa hacia el gobierno federal helvético (ASMAE, Polizia Internazionale, Conferenza antianarchica, 1898, caja n.º 30). <<

[145] Un relato de los antecedentes, circunstancias y consecuencias de este regicidio, en Masini, 1981: 141-173. Véanse también Ferraris, 1968; Galzerano, 2001; Gremmo, 2000 y Petacco, 2000. <<

[146] Sobre el rápido declive del terrorismo anarquista después de 1900, resultan interesantes las consideraciones que hace Cole, 1960: 184. <<

[147] Berti, 2003: 705-718. <<

[148] Sobre estos atentados, Collado Seidel, 2008: 30-35. <<

[149] Bach Jensen, 2004: 131. <<

[150] El mejor libro sobre la cuestión sigue siendo el de Andrew R. Carlson, Anarchism in Germany, vol. I: the Early Movement, Metuchen (NJ), Scarecrow Press, 1972. <<

[151] Una magnífica novela inspirada en los atentados de Londres, especialmente el «caso Bourdin», y que recoge perfectamente el ambiente de secretismo y manipulación en que se movían algunos de estos personajes del inframundo libertario, es la de Joseph Conrad, El agente secreto, Barcelona, Muchnik Editores, 1996 (original de 1907). Sobre el «asedio de Sidney Street», véase Deacon, 1976: 162-164. <<

[152] Véanse Wayne G. Broehl, Jr., The Molly Maguires, Cambridge (Ms), Harvard University Press, 1964; Kevin Kenny, «The Molly Maguires in Popular Culture», Journal of American Ethnic History, vol. 14, n.º 4, 1995, pp. 27-46; Making Sense of the Molly Maguires, Nueva York-Oxford, Oxford University Press, 1998, y las memorias de detective Allan Pinkerton, The Mollie Maguires and the Detectives, Nueva York, Dover Publications, 1973. <<

[153] Cit. por Adamic, 1934: 47, quien dice que, por esta época, la prensa anarquista norteamericana publicaba este tipo de exhortaciones: «¡La dinamita! Es el mejor de los inventos. Introducid unos cuantos kilos de esta preciosa sustancia en un tubo, cerradlo por los dos extremos, colocad un cebo provisto de mecha, colocadlo al lado de algún grupo de los ricos parásitos que viven con el sudor de otras frentes y encended la mecha. El resultado es de lo más maravilloso y reconfortante […] Con medio kilo de esta excelente sustancia hay suficiente para hacer saltar por los aires a unos cuantos explotadores; ¡no lo olvidéis!». <<

[154] Freiheit, 25-VII-1885, cit. por Chaliand y Blin, 2004c: 197. <<

[155] Johan Most, «The Revolutionary Science of Warfare. Handbook of Instruction Regarding the Use and Manufacture of Nitroglycerine, Dynamite, Gun-Cotton, Fulminating Mercury, Bombs, Arson, Poisons, etc…», cit. por Isaac Cronin (ed.), Confronting Fear. A History of Terrorism, Nueva York, Thunder’s Mouth Press, 2002, pp. 17-21. Véase también Johann Most, «Advice for Terrorists», en Laqueur (ed.), 2004: 104-112. Sobre Most, véanse Sueiro, 2008a: 80-82; Trautmann, 1980, y Yellen, 1979. <<

[156] Sobre este hecho, véanse Adamic, 1934; Paul Avrich, The Haymarket Tragedy, Princeton (N.J.), Princeton University Press, 1984; Henry David, History of the Haymarket Affair, Nueva York, Farrar & Rinehart, 1936; Burleigh, 2008: 110-115; Carr, 2006: 43-46; Dommanget, 1976: 30-42; Kedward, 1970: 36-39; Hubert Perrier, «Les anarchistes de Chicago et l’affaire de Haymarket: bilan des recherches et problèmes d’interprétation», Bulletin du C.I.R.A., n.º 26/27, 1.er semestre 1986; Dave Roediger y Franklin Rosemont (eds.), Haymarket Scrapbook, Chicago, Charles H. Kerr, 1986 y Yellen, 1979: 75-88. Una novela sobre el atentado de Chicago: Frank Harris, La bomba (diario de un anarquista), Buenos Aires, Nervio, s.f. (la obra original es de 1908). <<

[157] Laqueur, 2003: 98-107. <<

[158] Véase Horst Karasek (comp.), Haymarket. Die Deutschen Anarchisten von Chicago, Berlín, Klaus Wagenbach, 1975. <<

[159] Sobre este atentado, véanse Fisher, 2001 y Sueiro, 2008a: 91-97. <<

[160] Por este acuerdo se endurecieron las leyes de inmigración para este tipo de activistas. Las repúblicas americanas que firmaron el acuerdo fueron Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Véase Fernández-Hontoria, 1912: 55 nota 3. <<

[161] Waciŏrski, 1939: 142. <<

[162] Cit. por Berman, 2003: 35. <<

[163] Bach Jensen, 2004: 130. <<

[164] Sobre estos incidentes y sus consecuencias ulteriores, véase Maitron, 1983: I, 195-205. <<

[165] Dubois, 1894: 158-159. <<

[166] El juicio a Ravachol, su peculiar personalidad y la apertura de la espiral violenta tras su muerte, en Blond, 1975; Bouchardon, 1931; Croix, 1938: 20-22; Gaucher, 1965: 107-112; Grave, 1930: 100-115; Kedward, 1970: 21-22; Maitron, 1983: I, 206-250 y 1992; Préposiet, 1993: 389-391; Pierre Quillard, «Ravachol. Consideraciones sobre su vida y su muerte», La Anarquía, 6-X-1892, p. 1; Rivas Lara, 2008: 58-62; Salmon, 1959: 141-250; Le Texier, 1989, y Varennes, s.f.: 9-47. Sobre este tipo de «bandidos trágicos», véanse Émile Becker, La Bande à Bonnot, París, Deberse, 1968; Claude Bertin (dir.), Les Grands Procès de l’Histoire de France, tome VIII: Les Bandits Célebres. Cartouche. La Bande à Bonnot, París, Éds. de Saint-Clair, 1967; Croix, 1938: 3740; Alexandre Le Roi, La Bande à Bonnot, París, Éds. Solar, 1968; Meric, 1926; Nataf, 1986: 201-237, y Bernard Thomas, La Belle Époque de la Bande à Bonnot, París, Flammarion, 1989 (1.ª ed. de 1968). Una inteligente comparación con figuras españolas a mitad de camino entre la guerrilla política y el brigantaggio generoso tipo Durruti, en Massari, 1979: 72-85. Sobre Ravachol, Vaillant y las lois scélérates, véanse también Arvon, 1964: 123-127, y Vincenzo Mantovani, «Ravachol e Bonnot: la voce della dinamite», Storia Illustrata, n.º 191, octubre 1973, pp. 71-80. <<

[167] La ley de 12-XII-1893 reformaba los artículos 24, 25 y 49 de la Ley de libertad de prensa de 29-VII-1881, agravando las penas en lo concerniente a la provocación de los militares a la desobediencia. La de 18-XII de ese mismo año modificaba los artículos 265-267 del Código Penal referentes a las asociaciones de malhechores; otra ley de misma fecha modificaba el artículo 3 de la ley de 19-VI-1871 sobre explosivos, y la ley promovida por el gabinete Dupuy el 28-VII-1894 tendía a reprimir las actividades anarquistas tanto en el grado de provocación como en el de apología, y transfería estos delitos del jurado a la jurisdicción correccional, bajo el pretexto de asegurar la rapidez en la represión. Un ejemplar de esta última normativa y un informe confidencial sobre las medidas aplicadas en Francia para asegurar la vigilancia de los anarquistas (c. 1898), en ASMAE, Polizia Internazionale, Conferenza antianarchica, 1898, caja 30. Véanse también Loubat, 1895; López Serrano, 1913: 203-207; Rivas Lara, 2008: 75-77, y Préposiet, 1993: 394-396. Estas leyes continuaban en vigor en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, en Portugal João Franco emitió el 13-II-1896 una ley «celerada» antianarquista que prescribía el cierre preventivo de la prensa anarquista y la deportación a Timor por delitos de propaganda subversiva. <<

[168] Sobre este magnicidio, véanse Frankel, 1934; Gremmo, 1994; Rivas Lara, 2008: 71-74, y Salmon, 1959: 371-389. <<

[169] Sobre el «proceso de los Treinta» (entre ellos Jean Grave y Sébastien Faure), saldado con la absolución de los encausados, véanse Maitron, 1983: I, 251-261; Préposiet, 1993: 396-398, y Salmon, 1959: 135-154. <<

[170] Massari, 1979: 60. <<

[171] Bernecker, 1994: 155. <<

[172] Sobre las modalidades de acción colectiva de los recién llegados al ámbito urbano, véase Karl W. Deutsch, «Social Mobilization and Political Development», American Political Science Review, IX-1961, pp. 494-495. <<

[173] Herrerín, 2008: 122-131, y Núñez Florencio, 1998: 55. <<

[174] Sobre estos regicidios frustrados, véanse Avilés, 2006: 146-196 y 2008b, y González Calleja, 1998: 355-381. <<

[175] Herrerín, 2009. <<

[176] Sueiro, 2008b y González Calleja, 1998: 463-475. <<

[177] Véanse Balcells, 1984; González Calleja, 1999: 105-253, León-Ignacio, 1981; Rey Reguillo, 1992: 470-609, y Pradas Baena, 2003. <<

[178] Octavilla firmada por el grupo «Proa» de París, en AN, Série F⁷, Activités des révolutionnaires et anarchistes espagnols, 1925-1928, leg. 13443. <<

[179] O’Squarr, 1892: 140. Una prolija relación de los atentados más conocidos desde 1876, en pp. 295-300. Véanse también Boisson, 1931; Confino, 1973; Gistau, 1907: 437-447; Opisso, ¿1916?: II, 124-134; Arrigo Petacco, «I terroristi fanno tremare i re», Storia Illustrata, n.º 191, octubre 1973, pp. 55-64; Sernicoli, 1894 (con un apéndice sobre «Gli attentati. Sovrani, Principi, Presidenti e Primi Ministri») y 1899, y Servier, 1980. <<

[180] Kedward, 1970: 45. <<

[181] Carr, 2006: 41-43. <<

[182] Linse, 1982: 206. <<

[183] Véanse circular del ministro de Asuntos Exteriores italiano, vicealmirante Napoleone Canevaro, a las embajadas italianas en Europa (20-IX-1898), suplicando informasen a los diversos gobiernos sobre la convocatoria de la conferencia. Carta de invitación del encargado de negocios italiano, Di Cariati, al ministro de Estado español (29-X-1898) y minuta de aceptación de Almodóvar del Río (2-XI-1898), en AMAE, Sección Histórica, Política Interior, Orden Público, Parte General, 1892-1898, leg. H 2750. Pelloux había sido quien, en mayo anterior, había ordenado la represión sangrienta de una manifestación obrera frente a la catedral de Milán. <<

[184] Según un informe de la Sûreté fechado en París el 26-XI-1898, se especuló con la posibilidad de atentados anarquistas en Roma con ocasión de esta conferencia internacional (APPP, Série BA, Projets d’attentats anarchistes, 1893-1904 y 1905-1913, caja 894). En realidad, los ácratas italianos respondieron a la conferencia enviando a la presidencia un «memoriale anarchico», con la lista de sus militantes asesinados, torturados o encarcelados. Canevaro se negó ostensiblemente a leer este documento durante la conferencia (Vené, 1973: 154). <<

[185] Los estados participantes en esta conferencia fueron: Austria-Hungría, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, España (representada por el embajador en Roma, Cipriano del Mazo, que participó en la comisión relativa a la extradición y expulsión de anarquistas, y Félix Pío de Aramburu, que intervino en la encargada del estudio de las medidas legislativas), Francia, Gran Bretaña, Grecia, Luxemburgo, Mónaco, Montenegro, Holanda, Italia, Portugal, Rumanía, Rusia, Serbia, Suecia y Noruega, Suiza y Turquía. <<

[186] Conferencia internacional de Roma para la defensa social contra el anarquismo. 1898. Memoria del Delegado técnico de España D. Félix de Aramburu y Zuloaga, catedrático de Derecho Penal y Rector de la Universidad de Oviedo, dirigida al ministro de Estado (48 pp.), pliego 7, en AMAE, Sección Histórica, Política Interior, Orden Público, Parte General, 1892-1898, leg. H 2750. En este informe, Aramburu realizaba una amarga reflexión sobre la coincidencia de esta reunión con la firma del tratado de paz con los Estados Unidos, y el contraste entre la asunción por los gobiernos europeos de la doctrina egoísta del «darwinismo social» y la búsqueda de solidaridad continental frente a una amenaza interna: «La Conferencia de Roma —decía Aramburu— celebraba sus sesiones a la vez que la Conferencia de París; aquella para organizar la guerra contra el anarquismo, y esta para concertar la paz entre dos naciones civilizadas. La Conferencia de París fue la consagración solemne de este abominable principio “la force prime le droit”, y cuando la fuerza triunfa en toda la línea y este triunfo se impone por los que se titulaban guardadores de las grandes conquistas morales de los tiempos modernos, y con la aquiescencia de los pueblos más orgullosos de su cultura, y en la misma capital que se dice el cerebro de Europa, ¿no había motivos para dudar de los títulos y prestigios del anfictionado continental congregado en la Ciudad Eterna para condenar y destruir los desmanes violentos de una secta de ilusos y malvados?». <<

[187] El ministro de Exteriores Dupuy aseguró a la prensa francesa que la Conferencia de Roma era solo un cambio de impresiones entre las policías del continente, y declaró que su gobierno se reservaba una completa autonomía respecto a las cuestiones inherentes a la legislación interior (Vené, 1973: 152). <<

[188] Vené, 1973: 154. <<

[189] Carta del embajador en Roma, Del Mazo, al ministro de Estado (22-XII-1898), sobre finalización de la conferencia (AMAE, Sección Histórica, Política Interior, Orden Público, Parte General, 1892-1898, leg. H 2750). <<

[190] «Reservado. Proposiciones acordadas por la Conferencia Internacional, reunida en Roma por iniciativa del Gobierno italiano con objeto de estudiar y establecer los medios más eficaces para combatir la propaganda anarquista (Roma, 21-XII-1898)», en AMAE, Sección Histórica, Política Interior, Orden Público, Parte General, 1899-1908, leg. H 2751, y AMAE, Sección Histórica, Política Exterior, Circulares, 1899-1902, leg. H 2736. <<

[191] Sobre esta reunión, véanse «Le résultat de la Conférence Anti-anarchiste», L’Indépendance Belge, 31-XII-1898; «The Conference on Anarchism», The Standard, 25-XI y 22-XII-1898; «The Anti-Anarchist Conference», The Times, 25 y 30-XI y 19-XII-1898; Avilés, 2008a: 13-17; Bach Jensen, 1981; M. Beltrami-Scalia, «La conferenza internazionale contro l’anarchia e il riordinamento della Pubblica Sicurezza», Rivista di Discipline Carcerarie, 1-XI-1898; Conférence…, 1898 (libro de 216 pp. publicado en edición restringida y numerada, uno de cuyos ejemplares se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid con la signatura 3/96605); Felici y Rossi, 1898 (sobre tácticas anarquistas); Masini, 1981: 120-124; Vené, 1973; Conférence…, 1899, y otra documentación sobre esta asamblea depositada en AMAE, Sección Histórica, Política Interior, Orden Público, Parte General, 1892-1898, leg. H 2750, además de la documentación depositada en el ASMAE, Polizia Internazionale, legs. 30, 32 (con los Textes des déclarations insérées, jusqu’à la date du 18 avril 1899, dans le protocole ouvert par le Gouvernement italien en conformité à la proposition barrêtée dans sa dernière séance —21 décembre 1898— pour la Conférence internationale de Rome pour la défense sociale contre les anarchistes), 33, 48 y 49. Numerosas cartas sobre las intenciones de cada gobierno para poner en marcha este acuerdo, en AMAE, Sección Histórica, Política Interior, Orden Público, Parte General, 1892-1898, leg. H 2750. <<

[192] Carta del ministro de la Gobernación, Eduardo Dato, al de Estado, Francisco Silvela (13-V-1899) sobre las proposiciones de la Conferencia; respuesta del gobierno español al italiano, en instrucciones al embajador conde de Benomar (18-V-1899) y carta de este al ministro Visconti-Venosta (23-V1899), donde se adjuntan la respuesta oficial y las leyes antianarquistas españolas, en AMAE, Sección Histórica, Política Interior, Orden Público, Parte General, 1892-1898, leg. H 2750. El texto de la declaración española, también en ASMAE, Polizia Internazionale, leg. 32. <<

[193] Circular reservada n.º 13 (15-VIII-1900) a los representantes de España en Europa y Washington sobre anarquismo, donde se pide información de las resoluciones tomadas por cada gobierno respecto al combate contra el anarquismo y adjunta un documento reservado sobre las conclusiones de la Conferencia de Roma (21-XII-1898), en AMAE, Sección Histórica, Política Exterior, Circulares, 1899-1902, leg. H 2736; AMAE, leg, 2738, y AMAE, Sección Histórica, Política Interior, Orden Público, Parte General, 1899-1908, leg. H 2751. <<

[194] Cit. en Gutiérrez García, 1953: 357. <<

[195] El proyecto inicial de Protocolo (12-IV-1902) y la adhesión de España al Protocolo antianarquista de San Petersburgo de 14-III-1904, remitido por el Ministerio de Estado al de la Gobernación el 15-VI-1904, en AMAE, Sección Histórica, Política Interior, Orden Público, Parte General, 1911-1919, leg. H 2753. <<

[196] Richard J. Johnson, «Zagranichnaia Agentura: The Tsarist Political Police in Europe», en Mosse (ed.), 1975: 36. <<

[197] Rapoport, 1992: 1.068. <<

[198] Alessandro Ryker, «Planeta Interpol», El País Semanal, n.º 1024, 12-V-1996, pp. 58-66, y Pascal Radov, «Interpol», Questions Internationales, n.º 8, julio-agosto 2004, p. 57. <<

[199] Véase infra, pp. 247-254. <<

[1] Un brillante estudio comparado de los condicionantes sociales de esta crisis del liberalismo clásico y sus posibles alternativas, en Luebbert, 1997. <<

[2] Sebastian Haffner, Histoire d’un Allemand. Souvenirs, 1914-1933. Nueva ed. aumentada, Arles, Actes Sud, 2003, pp. 187-188. <<

[3] Robin, 2006: 118-158. <<

[4] Cit. por Fossati, 2003: 35. <<

[5] Igor Primoratz, «State Terrorism and Counter-Terrorism», en Primoratz (ed.), 2004: 113-127, esp. p. 115. <<

[6] Friedrich y Brzezinski, 1965: 169-170. <<

[7] Véase Walter, 1969: 109-219. <<

[8] Berman, 2003: 51. <<

[9] Ford, 1990: 387. <<

[10] Sobre el incremento de los asesinatos políticos tras la Gran Guerra, véase Hobsbawm, 1982. <<

[11] Lenin en Iskra, mayo de 1901, cit. por Gaucher, 1965: 83. <<

[12] Véase, por ejemplo, la interesante comparación que el líder bolchevique hace entre el «culto a la espontaneidad» de los terroristas social-revolucionarios, incapaces de vincular el trabajo revolucionario con el movimiento obrero para formar un todo, y el desplegado por los «economistas» de la socialdemocracia, que creen en el potencial revolucionario de los trabajadores, pero son incapaces de construir un partido político con vocación de poder, en «¿Qué hacer? Problemas candentes de nuestro movimiento» (III-1902), en Lenin, 1981: I, 175-178. En su opúsculo «Un acuerdo de lucha para la insurrección» (4-III-1905), en Lenin, desde 1974: VIII, 158-166, condenó la lucha terrorista «a la manera antigua» por su separación del pueblo, y proponía como tarea «la fusión efectiva e inmediata del terrorismo con la insurrección de las masas». <<

[13] Sobre la actitud ambigua de Lenin respecto del terrorismo tras la revolución de 1905, véanse Gaucher, 1965: 86-91 y David Allen Newell, The Russian Marxist Response to Terrorism, 1878-1917, Ph.D., Stanford University, 1981. <<

[14] Carta de Lenin a Franz Koritschoner, cit. en Moss, 1973: 65. <<

[15] Cit. por Massara, 1978: 19 <<

[16] Leggett, 1986: 17 <<

[17] Leggett, 1981: 17. Sobre la policía política bolchevique, véase también Tche-ka: matériaux et documents sur la terreur bolchevique, recueillis par le bureau central du Parti Socialiste Révolutionnaire russe (facsimil), Coeuvres-etValsery (Aisne), Ressouvenances, 2004. <<

[18] Cit. por Baynac, 1975: 9. <<

[19] Leggett, 1981: 57 <<

[20] Cit. por Fainsod, 1953: 358. <<

[21] La lucha de la Cheka contra el levantamiento de los social-revolucionarios de izquierda, en Leggett, 1981: 70-83. <<

[22] Leggett, 1986: 103-104. <<

[23] Según Leggett, 1981: 178, se pasó de 34 campos y 8660 internados el 1-I-1920 a 132 campos y 60 000 internados en octubre de 1922. <<

[24] Mijail Heller y Alexander Nekrich, Utopia in Power: The History of the Soviet Union from 1917 to the Present, Nueva York, Summit Books, 1986, cit. por David Remnick, La tumba de Lenin. Los últimos días del imperio soviético, Barcelona, Debate, 2011, p. 456. <<

[25] Según el historiador procedente del Partido Constitucional Demócrata (más tarde social-revolucionario de derecha, y exiliado en X-1922) Melgounov, 2004: 48-67, estos hechos que dieron inicio al «terror histérico» bolchevique provocaron el fusilamiento de 500 rehenes como represalia. <<

[26] Cit. por Venner, 2002: 61 y Melgounov, 1926: 33. Sobre el atentado a Lenin, véase Lyandres, 1989. <<

[27] Gerson, 1976: 131-132. <<

[28] Werth, 1998: 86. <<

[29] El texto completo, en Baynac, 1975: 59 y Chamberlin, 1957: II, 66-67. <<

[30] Izvestia, 10-IX-1918, cit. por Leggett, 1986: 109-110, y Werth, 1998: 93. <<

[31] Conquest, 1974: 681-685. <<

[32] Leggett, 1981: 171. <<

[33] Lenin, «La revolución proletaria y el renegado Kautsky» (XI-1918), en Lenin, 1975: III, 71. <<

[34] Cit. por Bonanate, 1994: 60. <<

[35] León Trotski, Défense du terrorisme [1920], París, Éditions de la Nouvelle Revue Critique, 1936, p. 76. <<

[36] Trotski, Terrorismo y comunismo (el Anti-Kautsky) [1919], Madrid, Biblioteca Nueva, s.a. ¿1920?, pp. 91-92 (edición más reciente de la polémica Kautsky/Trotski, en Madrid, Júcar, 1977). Véase también León Trotski, «Terrorism», en Terrorism and Communism: A Reply to Karl Kautsky, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1961, pp. 48-59 y 62-65 (en Primoratz, 2004: 31-43). <<

[35] Trotski, Terrorismo y comunismo, cit. por Chesnais, 1981: 302. <<

[38] Trotski, Terrorismo y comunismo, cit. por Traverso: 2004: 493. <<

[39] Isaac Z. Steinberg, «L’aspect éthique de la révolution», en Baynac, 2003: 363-364. <<

[40] Calvert, 1987: 54-56. <<

[41] Leggett, 1981: 100-101. <<

[42] Los métodos de detención, interrogatorio, tortura y ejecución, en Leggett, 1981: 192-203. <<

[43] Chamberlin, 1957: II, 73. <<

[44] Mayer, 2002: 540. <<

[45] Conquest, 1974: 67. <<

[46] La purga en el ejército, en Conquest, 1974: 248-288, y Laqueur, 2003b: 103-119. <<

[47] Laqueur, 2003b: 80. <<

[48] Werth, 2007: 191-193. Sobre el «Gran Terror» y los procesos, véanse Manfred Hildermeier, «Stalinismus und Terror», Osteuropa, vol. 50, n.º 6, 2000, pp. 593-605, y Werth, 2007: 265-350. <<

[49] Werth, 2007: 267. <<

[50] Vladimir Anatolevich Isupov, Demograficheskie katastrofy i krizisy v Rossii v pervoi polovine Xx veka: Istoriko-Demograficheskie Ocherki, Novosibirsk, Sibirskii khronograf, 2000, p. 118, cit. por Ellman, 2002: 1.154. <<

[51] Michael Ellman, «Soviet Repression Statistics: Some Comments», Europe-Asia Studies, vol. 54, n.º 7, 2002, pp. 1151-1172. <<

[52] Conquest, 1974: 642. <<

[53] Conquest, 1974: 644 y 649. <<

[54] Laqueur, 2003b: 147-148. <<

[55] Conquest, 1974: 651, evalúa en veinte millones los muertos en los campos. La versión revisionista, en Getty, 1985 y Getty y Manning (eds.), 1993. <<

[56] Cit. por Ángel Viñas, «Las purgas de Stalin», La Aventura de la Historia, n.º 123, enero 2009, pp. 52-57, esp. p. 54. <<

[57] Werth, 2007: 203. <<

[58] Véase Anne Applebaum, Gulag. Historia de los campos de concentración soviéticos, Barcelona, Debate, 2004. <<

[59] Ulam, 1978: 371. <<

[60] Véase Wu y Vecsey, 2004. <<

[61] Kiernan, 2002: 55 <<

[62] Kiernan, 2002: 167. <<

[63] Kiernan, 2002: 458, habla del asesinato de 1,7 millones de un total de 8 millones de habitantes. Sobre el caso camboyano, véanse además Jackson (ed.), 1989; Ponchaud, 1977 y Stuart-Fox y Ung, 1985. Estudios más genéricos sobre el terror en los estados comunistas, en Margolin y Rigoulot, 1998, y Mazower, 2004: 508-512. <<

[64] Todorov, 1995: 33. <<

[65] Una visión panorámica del componente violento del contencioso irlandés, en Townshend, 1983. <<

[66] Alter, 1982: 140. <<

[67] Sobre el fenómeno resistencialista del whiteboyism, véanse Townshend, 1987: 121-123, y Beames, 1983. <<

[68] Sobre los fenianos, véanse Garvin, 1986: 475-480, y Owen McGee, The IRB. The Irish Republican Brotherhood, from the Land League to Sinn Féin, Dublín, Four Courts Press, 2005, y León Óbroin, Revolutionary Underground: the Story of the Irish Republican Brotherhood, 1858-1924, Dublín, Gill and Macmillan, 1976. <<

[69] Cinco implicados en este último hecho fueron ahorcados y otros cinco encarcelados. Sobre estos atentados, véanse Corfe, 1968: Ford, 1990: 332-343; Geraghty, 2000: 309-311; Óbroin, 1976: 27-29; Laffan, 1982, y Short, 1979. <<

[70] Sobre la actividad de los dinamiteros fenianos hasta 1887, véanse Burleigh, 2008: 17-40, y Clutterbuck, 2004: 154 <<

[71] Thomas Desmond Williams (ed.), Secret Societies in Ireland, Dublín, Gill & Macmillan, 1973, p. 105. <<

[72] Gaucher, 1965: 204. <<

[73] Feeney, 2005: 53-54. <<

[74] Sobre la política paramilitar en Irlanda antes de la Gran Guerra, véanse Hart, 2005: 91-99, y Townshend, 1995: 323. <<

[75] Gurruchaga, 1998: 136. A la altura de 1914, esta asociación contaba con 85 000 miembros y 25 000 rifles. Sus voluntarios acabarían combatiendo en 1916 en la batalla del Somme. Una organización armada homónima aparecería en Irlanda del Norte en 1966. <<

[76] Alter, 1982: 145. <<

[77] Óbroin, 1991: 9. <<

[78] Sobre Connolly, véase Desmond Ryan, James Connolly: His Life, Works & Writings, Dublín, Talbott Press, 1924. <<

[79] La denominación Irish Republican Army apareció por vez primera en la batalla de Lime Ridge el 2-VI-1866. Desde aquel momento los fenianos se organizaron en «regimientos del Ira». <<

[80] Sobre estos hechos, véanse Bell, 1997: 3-15; Caulfield, 1995; Coogan, 2000: 19-21; Díez-Zubieta, 2006; Edwards y Pyle (eds.), 1968; Feeney, 2005: 75-78; Forester, 1989: 34-49; Foy y Barton, 1999; Hepburg, 1998: 139-150; Hopkinson, 2002: 204-205; Keogh, 1983; Martin (ed.), 1967; Reyes y Sánchez, 1977; Ryan, 1949, y Ward, 1980. Sobre la insurrección de Pascua, sus causas y el debate historiográfico al respecto, véase Rees, 1998: 194-212. <<

[81] Bell, 1997: 17 y Feeney, 2005: 90-91. <<

[82] Coogan, 2000: 25. <<

[83] La interpretación del conflicto irlandés como un proceso revolucionario político de doble poder desarrollado entre 1912-1922, en Hart, 2005: 10-29 <<

[84] Sobre la figura de Collins, véanse Forester, 1989 y Óbroin, 1991. <<

[85] Forester, 1989: 164. <<

[86] Tom Barry, Victoire pour l’armée sécrète, París, Ed. Saint-Just, 1966 (trad. de Guerilla days in Ireland. A personal account of the Anglo-Irish War, Cork, Irish Press, 1949; Nueva York, Tralee, 1962 y Dublín, Anvil, 1989), cit. por Venner, 2002: 77.Testimonios detallados de la guerra de guerrillas, en Michael Collins, The Path to Freedom, Cork, Mercier, 1968 (1.ª ed. de 1922); Dan Breen, My Fight for Irish Freedom, Dublín, Anvil, 1989 (1.ª ed. de 1924) y Ernie O’Malley, On Another Man’s Wound, Dublín, Anvil, 1979 (1.ª ed. de 1936). Sobre el desarrollo de la guerra de guerrillas a partir de la primavera de 1920, véase Augusteijn, 1996: 124-185. <<

[87] Hart, 2005: 110-138. Véase también Augusteijn, 1996: 353-367, y Hart, 1998: 134-183. <<

[88] Costello, 2003: 88. <<

[89] Winston Churchill, The Aftermath, Nueva York, Doubleday, Page and Co., 1922, p. 297. Sobre la situación de la policía, estrangulada en sus propias comunidades en 1919, véase Hopkinson, 2002: 47-50, y Augusteijn, 1996: 200-209, y para el caso de la policía y la administración de justicia en Cork, Hart, 1998: 53-67. <<

[90] Hart, 2005: 71. <<

[91] Hart, 2005: 79. <<

[92] Costello, 2003: 51. <<

[93] Reees, 1998: 251. <<

[94] Hopkinson, 2003: 70-78. <<

[95] Augusteijn, 1996: 117. <<

[96] Augusteijn, 1996: 124-125 y 138. <<

[97] Costello, 2003: 69. <<

[98] Véase Bennet, 1959. <<

[99] Fraser, 2000: 5. <<

[100] English, 2003: 39-40. Sobre los enfrentamientos intercomunitarios en Belfast durante 1920-1922, véanse Fitzpatrick, 2001: 85, y Parkinson, 2004. <<

[101] Hart, 2005: 8 y 241-258. <<

[102] Costello, 2003: 92-100; Charles Townshend, «The Irish Republican Army and the Development of Guerrilla Warfare, 1916-1921», English Historical Review, vol. XCIV, n.º 371, abril 1979, p. 327, y Forester, 1989: 169-174. El más completo relato del Bloody Sunday y su preparación, en Foy, 2006: 141-177. Sobre la Special Squad de Collins, creada en una reunión en julio de 1919, véase Hopkinson, 2002: 99-103. El sistema de inteligencia irlandés y sus actividades, en Hopkinson, 2002: 69-70. <<

[103] Sobre los problemas del tratamiento militar del conflicto irlandés de 1919-1921 sin apoyo de información policial, y el uso de represalias como base de ulteriores enseñanzas como las «guerras de baja intensidad», véase Noone, 1993: 96-109. El colapso de la inteligencia británica a inicios de 1920, en Hopkinson, 2002: 54-58. <<

[104] Sobre la actividad del IRA en Gran Bretaña durante la guerra, véase Hart, 2005: 141-177, y Hopkinson, 2002: 147-149. <<

[105] Sobre esta acción, modelo legendario de emboscada, y sus consecuencias, véase Hart, 1998: 21-38. <<

[106] Rees, 1998: 263. <<

[107] Costello, 2003: 124-125. <<

[108] Taylor, 1997: 12. Según Charles Loch Mowat, Britain between the Wars, 1918-1940, Oxford, Methuen & Co. Ltd, 1959, p. 69, las pérdidas irlandesas desde enero de 1919 a la tregua de junio de 1921 fueron 752 personas muertas y 866 heridas, mientras que los británicos sufrieron las bajas de 176 policías muertos y 251 heridos y 54 soldados muertos y 118 heridos. Los datos de Fitzpatrick, 2001: 84, son 550 policías y soldados, 450 republicanos y unos 200 civiles muertos. <<

[109] Sobre la guerra angloirlandesa, además de las obras ya citadas, véanse Augusteijn, 1996; Bell, 1997: 16-28; Bowden, 1973; Hart, 1998; Hepburg, 1998: 175-191; Holt, 1961; O’Doherty (comp.), 1985; Rees, 1998: 247-274, y Williams (ed.), 1966. El mejor análisis militar de la guerra es el de Towshend, 1975, y desde el punto de vista político, el estudio de la formación de un Estado paralelo en Mitchell, 1995. <<

[110] Taber, 1973: 105. Según Bell, 1997: 26, en junio de 1921 Gran Bretaña tenía entre 35 000-40 000 soldados en Irlanda, más 12 500 policías de la Ric, 1500 Auxiliares, la nueva Ulster Constabulary y una gran cantidad de agentes y observadores. <<

[111] El documento de la tregua de 11-VII-1921, en Hepburg, 1998: 190-191. <<

[112] Feeney, 2005: 191-192. <<

[113] Garvin, 1986: 488 y Patterson, 1997: 24. <<

[114] Bell, 1997: 34. <<

[115] Sobre la apertura de la fase de guerra de guerrillas en la guerra civil irlandesa a inicios de agosto de 1922 y la muerte de Collins, véase Hopkinson, 1988: 172-179. <<

[116] Smith, 1995: 48 y 51. Según Patterson, 1997: 23, las pérdidas humanas superaron las de los Irish Volunteers muertos entre 1916 y 1921. Sobre la guerra civil irlandesa, véanse Bell, 1997: 34-38; Coogan, 2000: 29-37; Gaucher, 1965: 220-226; Hopkinson, 1988; Neeson, 1966, y Rees, 1998: 297-321. <<

[117] Fitzpatrick, 2001: 87-88. <<

[118] English, 2003: 43. <<

[119] Coogan, 2000: 69-72. <<

[120] Patterson, 1997: 80. <<

[121] Moloney, 2005: 88. <<

[122] Bell, 1997: 147-167; Coogan, 2000: 113-131; Feeney, 2005: 223-225, y Gaucher, 1965: 228-230. <<

[123] Sobre las relaciones del IRA con el servicio secreto nazi, véanse Bell, 1997: 184-236; Coogan, 2000: 202-217, y English, 2003: 62-64. <<

[124] Alonso, 2003: 99-100. <<

[125] Feeney, 2005: 236. <<

[126] English, 2003: 72-78 y Smith, 1995: 68 <<

[127] La campaña, en Bell, 1997: 273-336; Coogan, 2000: 256-329; Feeney, 2005: 246-247 y 256-261, y Patterson, 1997: 89-94. El balance total de víctimas fue de ocho hombres del IRA, cuatro simpatizantes republicanos y seis agentes de la RUC muertos, además de 32 soldados británicos heridos y un millón de libras en daños materiales. <<

[128] Véase supra, pp. 69-70. <<

[129] La Constitución que regulaba la actividad de esta organización, en Pozzi, 1994 y en http://net.lib.byu.edu/~rdh7/wwi/1914m/blk-cons.html. <<

[130] Hoffman, 1999: 28-31. Sobre la Mano Negra, véase también Rowan, 1937: 473-481. <<

[131] Una reconstrucción detallada de este atentado, que había estado precedido al menos de cuatro tentativas contra altos dignatarios austríacos y húngaros en Bosnia y Croacia, en Feuerlicht, 1968. Sobre sus orígenes y consecuencias, Dejider, 1966; Durham, 1923; Joyce, 1978; Otte, 1997, y SetonWatson, 1925. <<

[132] Lange, 1990: 142. <<

[133] Lange, 1990: 146-147. <<

[134] Thomov y Baidarov, 1917: 22. <<

[135] Rowan, 1937: 470-471. <<

[136] Sobre la historia de la VMRO, véanse Doolard, 1932; Gaucher, 1965: 181-199; Londres, 1989; Perry, 1988; Rady, 1997, y Rowan, 1937: 464-472. <<

[137] Sobre los ritos casi religiosos y masónicos de iniciación en la Ustasha, véase Venner, 2002: 91-92. <<

[138] Nolte, 1969: 223. <<

[139] Sobre este magnicidio, véase Kovrig, 1976. <<

[140] Sobre el periplo conspirativo de Pavelić, véase Meneghello-Dinčić, 1969: 44-45. Sobre la vía terrorista de la Ustasha, véanse también Ambri, 1980: 151-157, y Sadkovich, 1988. <<

[141] Texto de la resolución del Consejo de la SDN, en telegrama de Ginebra, 10-XII-1934, en AQO, Série Y Internationale, 1918-1940, leg. 659. Société des Nations. Répression du terrorisme, 27-XI-1934/13-VII-1938, pp. 5-7. Véase también López Garrido, 1987: 11 e infra, pp. 247-254. <<

[142] Laqueur, 1980: 41. <<

[143] Sobre el Estado croata filonazi, véase Hory y Broszat, 1964. <<

[144] Meneghello-Dinčić, 1969: 52-56. Véase también Paris, 1990. <<

[145] Sobre el complot contra Bratianu, el juicio y la prisión subsiguiente, véanse Codreanu, 1940: 164-182, y Guiraud, 1967: 18. <<

[146] Veiga, 1989: 70-71. <<

[147] Ion Motza, Cranii de Lemm, Bucarest, Totul pentru Tzara, 1937, cit. por Sburlatti, 1970: 52. <<

[148] Veiga, 1982. <<

[149] Veiga, 1989: 76. <<

[150] Zeev Barbu, «Romania», en Woolf (ed.): 1981: 163. En algunas regiones las autoridades recibieron órdenes de ejecutar a los tres legionarios más destacados. <<

[151] Eugen Weber, «Rumanía», en Rogger y Weber (eds.), 1972: 399. <<

[152] Según Sburlatti, 1970: 89, hasta 1944 habían muerto más de 6000 legionarios en los distintos enfrentamientos y conflictos suscitados desde su creación. <<

[153] Sobre la Guardia de Hierro y su proclividad terrorista, véanse además Gaucher, 1965: 161-172; Ronnett, 1974; Veiga, 1982 y 1989, y Weber, 1966. <<

[154] Weisbrod, 1992: 114. <<

[155] Su último tribunal fue disuelto por Napoleón (Gaucher, 1965: 150). <<

[156] Southern, 1982: 335. Un poema de Peter Martin Lampel sobre la Reichswehr Negra se titulaba «los traidores caerán víctimas de la Feme» («Verräter verfallen der Feme»). <<

[157] Gumbel, 1931: 9-10. <<

[158] Stern, 1963: 21 <<

[159] Gumbel, 1931: 62. <<

[160] Gumbel, 1931: 39-42, y Wette, 2007: 64-66. Un estudio general de los crímenes de la OC, en pp. 23-70. <<

[161] Sobre este atentado, véanse Gaucher, 1965: 154-156; Gumbel, 1931: 11 y 55-59; Hyams, 1969: 197-219; Wette, 2007: 66-71, y los recuerdos dramatizados de Von Salomon, 1931: 286-301. <<

[162] Scott, 1985. Sobre este tipo de organizaciones secretas terroristas, véanse además Gaucher, 1965: 143-160; Nagel, 1991, y Southern, 1982. <<

[163] Harvey, 1994: 391. Véase Charles Whiting, SS Werewolf: the Story of the Nazi Resistance Movement, 1944-1945, Londres, Arrow Books, 1982. <<

[164] Sobre la Cagoule, véanse los recuerdos de Loustaunau-Lacau, 1948, además de Bernadac (ed.), 1979, y Desert, 1946. <<

[165] Sobre el activismo monárquico francés, véase el testimonio coetáneo de Maurice Pujo, Les camelots du Roi, París, Ernest Flammarion, 1933, y el trabajo laudatorio de Guy Steinbach, Histoire des Camelots du Roi, Saint Brieuc, Presses Bretonnes/Les Documents de l’Action Française, 1989. <<

[166] Declaraciones de Eugène Déloncle a La Gerbe, 25-IX-1941, cit. por Bourdrel, 1970: 70 y 79. <<

[167] De este modo, al parecer, se desarticularon de 150 a 200 células comunistas (Bourdrel, 1970: 192). <<

[168] Bourdrel, 1970: 90-94. Se confeccionaron listas de víctimas y de rehenes. Una de estas, fechada el 30 de junio de 1936, traía los nombres, entre otros, de los políticos frentepopulistas Blum, Paul Faure, Max Dormoy (asesinado en efecto por cagoulards el 25-VII-1941), Roger Salengro, Yvon Delbos, Vincent Auriol, Pierre Cot, etc. (Bourdrel, 1970: 98-99). <<

[169] Por estos «servicios», los cagoulards recibieron de los fascistas italianos 12 000 granadas de mano, 170 ametralladoras y metralletas, y libros sobre explosivos (Plumyène y Lasierra, 1963: 84-86), y G. Warner, «France», en Woolf (ed.), 1968: 270. Sobre el asesinato de los Roselli, véase Bourdrel, 1970: 152-169. Otros asesinatos atribuidos a la Cagoule fueron los de Laetitia Toureaux (17-V-1937) y el cagoulard Maurice Juif el 8 de diciembre, al parecer en un ajuste de cuentas. <<

[170] Véanse el comunicado del Ministerio del Interior de 23-XI-1937 y el relato del plan insurreccional hecho por Déloncle a Le Matin el 27-VIII-1941 en Bourdrel, 1970: 272-273 y 277-280. <<

[171] Weber, 1985: 439. <<

[172] Sobre el MSR puede verse el artículo de Gordon, 1975. <<

[173] Cit. por Bessel, 1984: 154. <<

[174] Laqueur, 2003: 117. <<

[175] Tomamos este término de Bessel, 1984: 152. <<

[176] Véase infra, pp. 448-460. <<

[177] Franzinelli, 2003: 8. <<

[178] Tasca, 1983: 116. El término «expedición punitiva» se tomó de la expresión strage expedition utilizada por los italianos en la ofensiva del Trentino de 1916 (Prezzolini, 1925: 96). <<

[179] Lyttelton, 1982a: 86. <<

[180] Lyttelton, 1982a: 266-267. <<

[181] Lyttelton, 1982a: 259. <<

[182] Salvemini, 1931: 182-187, calcula en 216 los muertos fascistas, en vez de los 302 relacionados por Manfredo De Simone (comp.), Pagine eroiche della rivoluzione fascista. Raccolta degli episodi più drammatici di cinque anni di battaglie fasciste, Milán, Imperia, 1925. <<

[183] Sobre el culto al martirio y la muerte de los squadristi, véanse Suzzi Valli, 2000: 144-146 y, de forma más general, George L. Mosse, Fallen soldiers Reshaping the Memory of the World War, Nueva York, Oxford University Press, 1990. <<

[184] Suzzi Valli, 2000: 132. Sobre la naturaleza de la violencia fascista, véanse también Aquarone, 1979; Lyttelton, 1982c; Nello, 1982, y Petersen, 1982. <<

[185] Townshend, 2002: 36-52. <<

[186] Bessel, 1984: 150. <<

[187] Traverso, 2002: 109, y Weisbrod, 1992: 120-121. Véase también la obra de Jünger, 1990. <<

[188] Schmitt, 1975. <<

[189] Noakes, 1987: 92-93. <<

[190] Cit. por Benoist-Méchin, 1964: II, 253. <<

[191] Sven Reichardt, «Gesellschaften im Übergang. Überlegungen zum Vergleich faschistischer Kampfbünde in Italien und Deutschland», en Armin Triebel (ed.), Die Pragmatik des Gesellschaftsvergleichs, Leipzig, Leipziger Universitätsverlag, 1997, pp. 139-155. <<

[192] Bessel, 1984: 76. <<

[193] Bessel, 1984: 77. <<

[194] Bessel, 1984: 79. <<

[195] Bessel, 1984: 152. <<

[196] Noakes, 1987: 91-92. <<

[197] Evans, 2007: 123-124. <<

[198] Bracher, 1973: II, 91. <<

[199] Arendt, 1987: III, 643. <<

[200] Arendt, 1965: 95. <<

[201] Neumann, 1983: 502. <<

[202] Cit. por Schmid, 1988b: 53-54. <<

[203] Bracher, 1973: II, 96. <<

[204] Bracher, 1973: II, 97. <<

[205] Johnson, 2001: 25. Véanse a ese respecto las obras de Browning, 2002, y Goldhagen, 1997. <<

[206] Johnson, 2001: 29. <<

[207] Bessel, 1984: 155. <<

[208] Arendt, 1987: III, 688. <<

[209] Gozzi, 2003: 72. <<

[210] Véanse Conférence Internationale pour l’Unification du Droit Penal, Actes de la Ve Conférence pour l’Unification du Droit Penal. Madrid, octobre 1933, París, A. Pedone, 1935, pp. 42-56, 137-149, 241-258 y 343-352, y Waciŏrski, 1939: 16-17. Esta obra es la más completa compilación de la época sobre el tratamiento jurídico del término «terrorismo» hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. <<

[211] Journal Officiel de la SDN, diciembre de 1934, pp. 1772 ss. <<

[212] Texto de las «Bases pour la conclusion d’un accord international en vue de la répression de certains crimes commis dans un but de terrorisme politique» (27-XI-1934), en AQO, Série Y Internationale, 1918-1940, leg. 659. Société des Nations. Répression du terrorisme, 27-XI-1934/13-VII-1938, pp. 1-4, y en Société Des Nations, doc. 542, M. 249, 1934, VII. Según telegrama de la Embajada francesa en Madrid (6-IV-1935, 22:45 h.), el Consejo de Ministros español decidió, a propuesta del ministro de Estado, someter al examen del Consejo de Estado el preproyecto, presentado por el ministro del Interior y transmitido por la Sociedad de Naciones (ibid., p. 13). <<

[213] Texto de la resolución del Consejo de la SDN, en telegrama de Ginebra, 10-XII-1934, en AQO, Série Y Internationale, 1918-1940, leg. 659. Société des Nations. Répression du terrorisme, 27-XI-1934/13-VII-1938, pp. 5-7. Véase también López Garrido, 1987: 11. <<

[214] Société Des Nations, Comité pour la Répression Internationale du Terrorisme, Rapport au Conseil adopté par le Comité le 15 janvier 1936. Rapport adopté par le Conseil le 23 janvier 1936 (Genève, 10-II-1936), Ginebra, Société des Nations, 1936 (un ejemplar, en BN, sign. VCª 13640-19). Estaban presentes representantes de Bélgica (Carton de Wiart, presidente), Reino Unido (sir John Fischer Williams), Chile (M.E.J. Gajardo), España (Juan Manuel Cano y Trueba, jefe del departamento jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores), Francia (Jules Basdevant), Hungría (Béla de Szent-Istvány), Italia (Ugo Aloïsi), Polonia (Lucien Bekerman), Rumanía (M.V.V. Pella), Suiza (E. Delaquis) y URSS (Victor Brown). <<

[215] «90e Session du Conseil, 5e Séance» (23-I-1936), en AQO, Série Y Internationale, 1918-1940, leg. 659. Société des Nations. Répression du terrorisme, 27-XI-1934/13-VII-1938, pp. 14-17. <<

[216] Informe de M. Basdevant, delegado francés en la Conferencia y jurisconsulto del Ministère des Affaires Étrangères (Ginebra, 3-XI-1937), en AQO, Série Y Internationale, 1918-1940, leg. 659. Société des Nations. Répression du terrorisme, 27-XI-1934/13-VII-1938, pp. 26-28. <<

[217] Laqueur, 2003: 361. <<

[218] Informe final sobre la «Conférence pour la répression internationale du terrorisme» (Ginebra, 1/16-XI-1937), en AQO, Série Y Internationale, 1918-1940, leg. 659: Société des Nations. Répression du terrorisme, 27-XI1934/13-VII-1938, pp. 30-33. Véanse también Bonanate, 1994: 52; Donnedieu de Vabres, 1938; Dubin y Murphy, 1993; Dugard, 1974: 68-70; Pella, 1938 y Wurth, 1941. Henri Donnedieu de Vabres fue juez del Tribunal Militar Internacional que juzgó a los jerarcas nazis en Nuremberg en 1945-46 <<

[1] Sobre los bombardeos masivos de la Segunda Guerra Mundial como hechos terroristas, véanse Garrett, 2004, y Lackey, 2004. Se habla de 500 000 alemanes muertos y un millón de heridos, con tres millones de hogares destruidos. <<

[2] Wohlstetter, 1959. <<

[3] Anthony B. Shaw, «Terror in Colonial Conquests», en International Encyclopedia of Terrorism, 1997: 54-55. <<

[4] Neuberg, 1932; Landsberg, 1936; Zedong, 1976, y Giap, 1971. <<

[5] Vilaregut, 2004: 42-43. <<

[6] Huntington, 1962: 23-24. <<

[7] Wardlaw, 1986: 100. <<

[8] Taber, 1973: 23. <<

[9] Thornton, 1964: 91-92. <<

[10] A. Terry Rambo, «The Concept of Revolutionary Warfare», en Tinker, Molnar y Lenoir, 1969: 13-14. Para un teórico de la contrainsurgencia como Delmas, 1959: 44, la doctrina de la guerra revolucionaria, que se formuló tras la lucha en Indochina y Argelia, es el medio con que un Estado comunista puede hacer la guerra a otro sin provocar un conflicto general y sin que parezca que recurre a la guerra. Consiste en guerra de guerrillas más guerra psicológica. Véanse también, en esta misma línea, las obras de Bonnet, 1958, y Beaufre, 1972. <<

[11] Thomas Perry Thornton, «The Emergence of Communist Revolutionary Doctrine», en Black y Thornton, 1964: 65 y 69. <<

[12] Zedong, 1976: 55-68 y 1980. Un repaso somero a estas etapas de la estrategia revolucionaria maoísta, en Bard E. O’Neill, «Insurgency: A Framework for Analysis», en O’Neill, Heaton y Alberts (eds.), 1980: 28-31; Clutterbuck, 1977: 31-32; Taber, 1973: 46-60; Tucker, 1969: 155-162, y O’Neill, 1993: 83-90. Sobre el modelo maoísta de revolución, véanse Baechler, 1972: 308-310, y Burton, 1977: 53-68. <<

[13] Jaime-Jiménez, 2004: 92. <<

[14] Ashkenasi, 1986: 321-322, y Bell, 1977: 34. Sobre la Hagannah, véanse también Ashkenasi, 1986: 319-321, y Bauer, 1966. Una panorámica general, en Matthew Hughes, «Armed terrorist bands in Palestine», en International Encyclopedia of Terrorism, 1997: 280-284. <<

[15] Bell, 1977: 19. <<

[16] Begin, 1981: 69 nota 2. Sobre el Irgun, véanse también Ben-Ami, 1982; Kister, 2000; O’Brien, 1988: 233-234, y Tavin y Alexander (eds.), 1982. <<

[17] Morris, 2001: 190-193. Sobre la colaboración del capitán Wingate, véanse Cohen, 1072: 172, y O’Brien, 1988: 232. Sobre estos primeros grupos y acciones terroristas, véanse los testimonios de Begin, 1978 y Ben Gurion, 1964, además de los trabajos de Goldberg, 1982; Gaucher, 1965: 234-254; Goldstein, 1980; Hoffman, 1999: 69-81; Katz, 1968; Sinclair, 2003: 215-223, y Zadka, 1995. <<

[18] Bell, 1977: 44. <<

[19] Begin, 1981: 92-93. <<

[20] Bell, 1977: 62-63. Sobre el «Grupo Stern» véanse también Ashkenasi, 1986: 324-326; Heller, 1995, y O’Brien, 1988: 246-247. <<

[21] El acuerdo con los italianos y los sondeos a los alemanes, en YalinMor, 1978: 89-96. <<

[22] Un relato de la muerte de Stern, en Yalin-Mor, 1978: 23-42. <<

[23] Yalin-Mor, 1978: 149. <<

[24] Bell, 1977: 92-98; Frank, 1945, y Yalin-Mor, 1978: 173-187. <<

[25] Yalin-Mor, 1978: 220-221. <<

[26] La revuelta de 1945-1947, en Bell, 1977: 140-248. <<

[27] El atentado al hotel King David fue la respuesta a una extensa campaña represiva británica iniciada el 29-VI-1946. Sobre el grupo Stern, el LEHI y estos atentados, véanse Begin, 1981: 262-279 (parece que Gideon, el jefe del asalto al hotel, fue él mismo); Bell, 1972: 61-70 y 1977: 169-172; Clarke, 1981; Frank, 1963; Heller, 1995; Leitch, 1963, y Yalin-Mor, 1978: 242-253. <<

[28] Begin, 1981: 325-330 y O’Brien; 1988: 275. <<

[29] Hughes, 1997: 287. <<

[30] Solar, 1997: 89. <<

[31] Sobre la cuestión, véanse Bell, 1977: 291-296, O’Brien; 1988: 281-282, y los artículos de Matthew C. Hogan, «The 1948 Massacre at Deir Yassin revisited», The Historian, 1-I-2001, y Daniel A. McGowan y Matthew C. Hogan, «The Saga of Deir Yassin: Massacre, Revisionism, and Reality» (1999), ambos en http://www.deiryassin.org. Un resumen en castellano, en Lacosta, 2007. Sendas justificaciones de la matanza de Deir Yassin, en las memorias de Begin, 1981: 11-14, y Yalin-Mor, 1978: 360-374. Sobre la limpieza étnica en Palestina, véase Pappé, 2008. <<

[32] Bell, 1977: 337-340, y Brenner, 1965: 28-30. <<

[33] Bell, 1977: 316. <<

[34] Cit. por Taber, 1973: 123-124. <<

[35] Foley, 1964: apéndice A. <<

[36] Sobre la EOKA, véanse Byford-Jones, 1959; Grivas, 1964; Marshall, 1997; Taber, 1973: 119-135, y Moss, 1973: 66-75. <<

[37] Crenshaw, 1995: 474. <<

[38] Véase Duchemin, 1962. <<

[39] Sobre el terrorismo urbano de la «batalla de Argel», véanse Aulestia, 2005: 143-150; Burleigh, 2008: 156-179; Carr, 2006: 93-111; Crenshaw, 1995: 485-494; Droz y Lever, 1982: 125-133, y Paris De Bollardière, 1972. <<

[40] Bosque Coma, 2006: 23. <<

[41] Sobre la OAS, véanse Burleigh, 2008: 179-183; Crenshaw, 1995: 499-509; Dard, 2005; Gaucher, 1965: 281-343; Kauffer, 1986; Arnaud Déroulède, OAS: Étude d’une organisation clandestine, Helette (Pyrenées Atlantiques), Éds. Jean Curutchet, 1997; Anne-Marie Duranton-Crabol, Le Temps de l’OAS, Bruselas, Complexe, 1995; Harrison, Alexander, Challenging De Gaulle: The O.A.S and the Counter-Revolution in Algeria, 1954-1962, Nueva York, Praeger, 1989. Testimonios de militantes de la OAS: Edmond Jouhaud, Ce que je n’ai pas dit, París, Fayard, 1977; Jean Reimbold, Pour avoir dit non, París, La Table Ronde, 1966; Pierre Sergent, Ma peau au bout de mes idées, París, La Table Ronde, 1967; Nicolas Kayanakis, Derniers Châteaux en Espagne, París, la Table Ronde, 1966, y Algérie 1960: la victoire trahie, Bouchet, Éditions Atlantis, 1999; Jean-Jacques Susini, Histoire de l’OAS, París, La Table Ronde, 1963; Jean-Marie Curutchet, Je veux la tourmente, París, Robert Laffont, 1973; Gilles Buscia y Patrice Zehr, Au nom de l’OAS, Niza, Éds. Alain Lefeuvre, 1980, y L’OAS parle, París, Julliard, 1964 (antología de documentos). Obras de responsables de la lucha contra la OAS: Lucien Bitterlin, Histoire des barbouzes, París, Éds. du Palais Royal, 1972 (nueva ed.: Nous étions tous des terroristes. L’Histoire des barbouzes contre l’OAS en Algérie, París, Éd. Temoignage chrétien, 1982; general Joseph Katz, Pour l’honneur d’un général, París, L’Harmattan, 1983, y las obras de Constantin Melnik, Mille jours à Matignon. Raisons d’État sous De Gaulle. Guerre d’Algérie, 1959-1962, París, Grasset, 1988; La mort était leur mission, París, Plon, 1996, y Politiquement incorrect, París, Plon, 1999. <<

[42] Crenshaw, 1995: 503. <<

[43] Engene, 2004: 122-123. <<

[44] Aulestia, 2005: 146. <<

[45] Crenshaw, 1995: 484. <<

[46] Véase Douglas Pike, Viet Cong: The Organization and Techniques of the National Liberation Front of South Vietnam, Cambridge (Ms), Mit, Press, 1966. <<

[47] Sobre la táctica de Giap, véanse Pye, 1966: 238-251; Taber, 1973: 6177, y «Vietnam y la dinámica de la guerra de guerrillas», en Eric J. Hobsbawm, Revolucionarios. Ensayos contemporáneos, Barcelona, Crítica, 2000, pp. 231-250. <<

[48] Thackrah, 1987: 150. <<

[49] Carl G. Rosberg, Jr. y John Nottingham, The Myth of Mau-Mau: Nationalism in Kenya, Nueva York, Praeger, 1966, p. 277. Sobre este movimiento, véanse también Donald L. Barnett y Karari Njama, Mau Mau from Within: An Analysis of Kenya’s Peasant Revolt, Londres, McGibbon and Kee, 1966; Carr, 2006: 83-92; Robert B. Edgerton, Mau Mau: An African Crucible, Londres, Tauris, 1990; John Newsinger, «Revolt and Repression in Kenya: The Mau Mau Rebellion, 1952-1960», Science and Society, vol. 45, 1981, pp. 159-185; Sinclair, 2003: 202-203, y McAdam, Tarrow y Tilly, 2001: 100-117. <<

[50] Goldhagen, 2010: 158. <<

[51] Burleigh, 2008: 197, <<

[52] M. Christopher Mann, «Terror in South Africa», International Encyclopedia of Terrorism, Chicago-Londres, Fitzroy Dearborn Publishers, 1997, pp. 486-489; Burleigh, 2008: 188-203, y Sinclair, 2003: 200-202. <<

[53] Thackrah, 1987: 108 <<

[54] Anderson y Sloan, 2002: 351. <<

[55] Ortiz, 2004: 234-235. <<

[56] Guevara, 1977: 11. <<

[57] Debray, 1974: II, 102-107. En esta obra, Debray analiza y refuta cuatro formas de acción y organización revolucionaria: la autodefensa armada, la propaganda armada, la base guerrillera y el partido de vanguardia clásico. <<

[58] Según Hagopian, 1974: 372, las diferencias entre el «foquismo» y la guerra popular maoísta reside en la debilidad numérica de las bandas guerrilleras, la ausencia de fuertes partidos revolucionarios o de estrechas relaciones con los mismos, y la resistencia a construir una estructura político-administrativa que vaya más allá de las necesidades logísticas del esfuerzo militar inmediato. <<

[59] Wordermann, 1977. <<

[60] Guevara, 1977: 24. Sobre el modelo guevarista-castrista de revolución, véanse Baechler, 1972: 310-311 y 315-316; Burton, 1977: 101-109, y O’Neill, 1993: 91-95. <<

[61] Debray, 1974: I, 14. <<

[62] Debray, 1972: 192. <<

[63] Debray, 1968: 51. <<

[64] Una critica al «foquismo» como «teoría del fracaso», en Chaliand, 1979: 71-84. <<

[65] Un repaso de estos movimientos guerrilleros, en Petras, 1973. <<

[66] Comisión Especial de Consulta sobre Seguridad contra la Acción Subversiva del Comunismo Internacional, 1967: 39. Es una reseña muy sesgada de la I Conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), que tuvo entre sus participantes al líder de los Black Panthers Stokely Carmichael. <<

[67] Comisión Especial de Consulta sobre Seguridad contra la Acción Subversiva del Comunismo Internacional, 1967: 42. <<

[68] Moss, 1973: 197. <<

[69] Petras, 1973: 300. <<

[70] Douglas Blaufarb, The Counterinsurgency Era: U.S. Doctrine and Performance, Nueva York, The Free Press, 1977, p. 66. <<

[71] Boccia Paz et al., 2002: 77. Entre 1964 y 1972, casi la mitad de los oficiales del ejército brasileño (unos 6858) pasaron por Fort David y la USARSA. <<

[72] David Viñas, El Fascismo en Latinoamérica, Barcelona, La Gaya Ciencia, 1977, p. 35. <<

[73] Laqueur, 2003: 296. <<

[74] Vayssière, 1991: 176. <<

[75] Moss, 1973: 178-180. <<

[76] Moss, 1973: 192. <<

[77] Rey Tristán, 2005: 65. <<

[78] Cit. por Gillespie, 1987: 194, y Moss, 1973: 277. <<

[79] Burton, 1975: 80-81. <<

[80] Marighella, 1971a, también en Marighella, 1971b: 65-122; Benegas, 2004: 345-349, y Cronin (ed.), 2002: 57-74. Sobre las tesis de Marighella, véanse Benegas, 2004: 352-354; Burton, 1977: 130-140; Gellner, 1974: 22-27; Laqueur, 1979: 159-168; Moss, 1973: 243-261, y Williams, 1989. Sobre la guerrilla urbana en general, O’Neill, 1993: 95-99. <<

[81] «Minimanual del guerrillero urbano», en Marighella, 1971b: 93. Este texto, también en Laqueur (ed.), 2004: 370-376. <<

[82] Sobre esta tipología del «bandido político», que utiliza modernos instrumentos de lucha y aspira a integrar su acción criminal en el engranaje estratégico de una acción colectiva violenta, organizada y planificada por un movimiento reivindicativo bien caracterizado, nos remitimos in extenso al libro de Massari, 1979: 72-85 <<

[83] Laqueur, 1987: 5. <<

[84] Wickham-Crowley, 1992: 3. <<

[85] Wilkinson, 1977: 60. <<

[86] «Sobre problemas y principios estratégicos», en Marighella, 1971b: 10. <<

[87] Laqueur, 1979: 253. <<

[88] Moss, 1973: 21. <<

[89] Waldmann, 1992: 74. <<

[90] Sobre el empleo del terror en la defensa de los movimientos guerrilleros de los sesenta (especialmente en el ELN colombiano y las FALN venezolanas), véase Wickham-Crowley, 1990. <<

[91] Pereyra, 1994: 123. <<

[92] Quatrim, 1971 y 1975. <<

[93] Rey Tristán, 2005: 81-90. <<

[94] Hodges (ed.), 1973: 32. <<

[95] Hodges (ed.), 1973: 241. <<

[96] Guillén, 1966: 74. Su ensayo sobre la estrategia de la guerrilla urbana, también en Laqueur (ed.), 2004: 377-383. <<

[97] Abraham Guillén, «Evaluación de los Tupamaros uruguayos», en Guillén et al., 1978: 92. <<

[98] Punto Final, 2-VI-1968, cit. por Moss, 1973: 274. <<

[99] Actas tupamaras, 1982: 17, y Halperin, 1976: 10-13. <<

[100] Actas tupamaras, 1982: 9-20. <<

[101] Actas tupamaras, 1982: 55-61, y Rey Tristán, 2005: 104-105. <<

[102] Miller, 1980: 139. <<

[103] Martín Álvarez y Rey Tristán, 2010: 117-118. <<

[104] Rey Tristán, 2005: 134. <<

[105] Actas tupamaras, 1982: 141-183. <<

[106] Martín Álvarez y Rey Tristán, 2010: 121. <<

[107] Halperin, 1976: 43. Rey Tristán, 2005: 135, habla en 1969 de 1,8 % de profesionales universitarios, 20 % de estudiantes, 2,4 % de docentes, 10,9 % de empleados y funcionarios, 15,7 % de trabajadores, 8,4 % de otros profesionales, y 40 % sin formación. <<

[108] Como ejemplo, el asesinato del policía torturador Héctor Morán Charquero, en Actas tupamaras, 1982: 201-208. <<

[109] Actas tupamaras, 1982: 221-233. <<

[110] Boccia Paz et al., 2002: 73-74. Lista de secuestros entre 1968 y 1972, en Miller, 1980: 156-157. <<

[111] Sobre los Tupamaros, además de las obras citadas con anterioridad, véanse Tupamaros en acción, 1972; Carr, 2006: 114-122; Fernández Huidobro, 1986; Gilio, 1970; Gutiérrez, 1978; Labrousse, 1971; López-Alves, 1989; Mayans (comp.), 1971; Mercader y Vera, 1971; Moss, 1973: 269-298; Porzecanski, 1973, y Wilson, 1974. <<

[112] Gillespie, 1995: 213. <<

[113] Sobre los Montoneros, véanse Carr, 2006: 122-132; Gillespie, 1988; Giussani, 1984; Moyano, 1995, y Lanusse, 2005. <<

[114] Giussani, 1984: 99-100. <<

[115] Sobre este grupo armado creado para liquidar la disidencia peronista de izquierda, véase González Janzen, 1986. <<

[116] Moyano, 1999: 235. Otros autores, incorporando a los desaparecidos, establecen un máximo de muertos de 30 000 entre 1976 y 1983. <<

[117] Declaración de principios aprobada en el congreso fundacional del MIR (Santiago de Chile, 15-VIII-1965), en http://chile-mir.org/index. php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=37. Véase también la complicación documental digitalizada «Archivo MIR», Chile, 1965-1991, en http://www.archivochile.com/Archivo_Mir/html/mir_1968_sept1973.html. <<

[118] Benegas, 2004: 202. <<

[119] Dinges, 2005: 62-63. <<

[120] Actas de las reuniones según la documentación paraguaya de los «Archivos del Horror», en Boccia Paz et al., 2002: 57-60. Los otros archivos nacionales fueron destruidos en los respectivos procesos de transición a la democracia. El origen de la operación, en Gaudichaud, 2005: 32-33. Sobre el Operativo Cóndor, véanse también Caloni, 1999; Carrio, 2005; Martorell, 1999, y Nilson, 1998. <<

[121] Dinges, 2005: 25-26. <<

[122] Sobre la etapa de La Violencia, véase Guzmán Campos, Fals Borda y Umaña Luna, 2006. <<

[123] Hernández, 2006: 69 y Sancho Larrañaga, 2003: 33. <<

[124] Carlos Medina, FARC-EP. Notas para una historia política, 1958-2006, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2008, p. 98. <<

[125] Castañeda, 1995: 135-136. <<

[126] Castañeda, 1995: 139. <<

[127] Steve J. Stern, «Introducción: más allá del enigma», en Stern (ed.), 1999: 18. <<

[128] Añi, 1967: 118-120 y 129-132. <<

[129] Véase Béjar, 1973. <<

[130] Sobre las guerrillas de Perú en los sesenta, véase Letts, 1981: 21-54. La guerrilla del MIR, en Petras, 1973: 294-300. <<

[131] González, 1988: 35. <<

[132] Comisión de entrega de la CVR, 2008: 197. <<

[133] Comisión de entrega de la CVR, 2008: 43. <<

[134] Sobre el MRTA, véase Jiménez Bacca, 2000: II, 811-933. <<

[135] Una semblanza admirativa de Guzmán, en Roldán, 1990: 95-119. <<

[136] Sobre la vinculación de Mariátegui y Mao, véase Favre, 1984: 27 y 34. <<

[137] Véase el documento «Desarrollar la Guerra del Pueblo» (1974), en Palmer, 1995: 264-265. <<

[138] Las etapas de la «guerra popular», con ligeras variaciones de orden cronológico, en Comisión de entrega de la CVR, 2008: 107; González, 1986: 32-33; Hidalgo Morey, 2004: 88-89; Inca, 1994: 37-57; Jiménez Bacca, 2000: I, 150-229; Strong, 1992: 106-139 y 227, y Tapia, 1997: 85. <<

[139] Un estudio de las luchas populares de Huanta y Huamanga de junio de 1969, en defensa de la gratuidad de la enseñanza, en Degregori, 1989 y 1990: 165-182. La peculiar situación en la universidad ayacuchana como punto de atracción de los profesores jóvenes y progresistas de todo el país, hasta el control de la misma por Bandera Roja en 1969, en Degregori, 1985: 26-34. <<

[140] Favre, 1984: 31-32. <<

[141] «“Deserxorcizando” a Sendero. Una entrevista con Henri Favre», Quehacer, n.º 42, agosto-septiembre de 1986, pp. 44-48, esp. p. 45, cit. por Roldán, 1990: 65. Sobre el paternalismo, liderazgo y subordinación femenina en SL, véase Rosa Mavila, «Presente y futuro de las mujeres de la guerra», Quehacer, n.º 79, septiembre-octubre de 1992, pp. 44-49. <<

[142] Wieviorka, 1987: 171. <<

[143] Degregori, 1985: 44-46 y 1990: 187 y 209-210. <<

[144] Sobre la dinámica interna de SL, véase Rongagliolo, 2007: 57 y 119-133. <<

[145] Inca, 1994: 27. <<

[146] El desarrollo del debate, en Gorriti, 1990: 50-58 Hidalgo Morey, 2004: 73-75. <<

[147] Gorriti, 1990: 43-47. <<

[148] Ayacucho como el «Yenán andino», en Rénique, 2003: 45-55. <<

[149] Manrique, 1999: 197. <<

[150] «Pensamiento militar del partido» (diciembre de 1982), cit. por González, 1984: 17, y Gorriti, 1990: I, 283. <<

[151] Estos primeros momentos del Plan de Desplegar la Guerra de Guerrillas, en Jiménez Bacca, 2000: I, 159-178. <<

[152] Granados, 1999: 88. <<

[153] Sobre las fechas y símbolos senderistas (fechas, color rojo, hoz y el martillo, iluminación de cerros, La Internacional, Himnos del Guerrillero y del Partido, frase «Proletarios de todos los países, uníos», retratos de Marx, Lenin, Mao y Gonzalo), véase Roldán, 1990: 82-91. <<

[154] Portocarrero, 1998: 19. <<

[155] Steve J. Stern, «Introducción: más allá del enigma», en Stern (ed.), 1999: 18. <<

[156] Sobre el perfil psicológico del senderista (motivación, moralidad, vida austera, autosuficiencia), véase González, 1985: 38-39. <<

[157] Sobre la «cuota» de sangre, véanse Gorriti, 1990: 158-169, y Portocarrero, 1998: 28. <<

[158] Nelson Manrique, «Sierra central: la batalla decisiva», Quehacer, n.º 60, agosto-septiembre de 1989, pp. 63-71 (también en Márgenes, n.º 5). <<

[159] Los errores del gobierno Belaúnde, en Palmer, 1995: 292-295. <<

[160] Sobre los derechos humanos, véanse Carlos Basombrío Iglesias, «Sendero Luminoso y los derechos humanos: una lógica perversa que contagió al país», en Stern (ed.), 1999: 413-433, y Youngers, 2003. <<

[161] Un resumen de los acuerdos, en «Las conferencias senderistas», Quehacer, n.º 30, agosto 1984, pp. 19-24. <<

[162] Inca, 1994: 57-66. <<

[163] Hidalgo Morey, 2004: 116-117. <<

[164] Véase el testimonio, que expone con extremada crudeza la doctrina contrainsurgente norteamericana, del primer responsable militar de la lucha contra SL en Ayacucho, general Roberto Clemente Noel Moral, Testimonio de un soldado, Lima, Publimar, 1989. Una crítica a esta estrategia contrasubversiva, en Tapia, 1997, y con mayor énfasis, el mayor del EP Fernández Salvatteci, 1986: 60-76. Una reivindicación de la misma, en Hidalgo Morey, 2004: 228-232. <<

[165] Sobre Uchuraccay, véase Youngers, 2003: 104-110. <<

[166] La justificación por Abimael Guzmán de la masacre de Lucanamarca, en la famosa «Entrevista del siglo. Presidente Gonzalo rompe el silencio», El Diario, 24-VII-1988, cit. por Comisión de entrega de la CVR, 2008: 133, y Palmer, 1995: 280-285. La concedió tras la captura de Osmán Morote el 11VI-1988, y ante los rumores de división interna para evidenciar que la dirección ideológica se mantenía intacta. <<

[167] Sobre esta masacre paradigmática, véanse Favre, 1987: 27; Portocarrero, 1998: 31-34; Rongagliolo, 2007: 112-113, y Youngers, 2003: 81-83. Sobre las luchas previas en Lucanamarca ente clanes y por la autonomía distrital, véase Favre, 1984: 30-31 <<

[168] Degregori, Coronel, Del Pino y Starn, 1996: 190. <<

[169] Véase González, 1984. <<

[170] Pereyra, 1994: 222. Sobre el Socorro Popular en Lima y provincias, véase Jiménez Bacca, 2000: I, 537-608. <<

[171] Strong, 1992: 83. <<

[172] Degregori, Coronel, Del Pino y Starn, 1996: 218. <<

[173] Flores Galindo, 1988: 380-381. <<

[174] Clutterbuck, 1994: 116-117. <<

[175] Degregori, Coronel, Del Pino y Starn, 1996: 24 nota 11. La doctrina política de la contrainsurgencia militar peruana, en Marcial Rubio Correa, «Las Fuerzas Armadas, la política y la doctrina de la contrainsurgencia», Quehacer, n.º 31, noviembre 1984, pp. 37-43. <<

[176] Rénique, 2003: 14. Es un estudio de la concepción esencialista del trabajo político carcelario como una de las dimensiones esenciales de la guerra insurreccional revolucionaria. <<

[177] Las matanzas en las cárceles, en «La tragedia de los penales», Quehacer, n.º 41, junio-julio de 1986, pp. 6-23, y Rénique, 2003: 67-71. La gestión antiterrorista del gobierno García, en Palmer, 1995: 299. <<

[178] Comisión de entrega de la CVR, 2008: 45. <<

[179] Jiménez Bacca, 2000: I, 238-239. <<

[180] Sobre la represión estatal y la acción senderista frente a supuestas bandas paramilitares o colaboracionistas en la forja del poder paralelo, véase Comisión de entrega de la CVR, 2008: 239-240 y Raúl González, «El terror en Ayacucho» y «El terror senderista», Quehacer, n.º 30, agosto de 1984, pp. 14-15 y 17-18, respectivamente. <<

[181] Anderson y Sloan, 2002: 439. <<

[182] Hidalgo Morey, 2004: 88 y 148-152. Cálculos de la época cifraban entre 30 y 80 millones de dólares los recursos económicos reportados al SL por el narcotráfico en el Alto Huallaga y la Selva Central. <<

[183] La creación del GEIN en marzo de 1990, dentro de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (DINCOTE), en McClintock, 1998: 144-145. <<

[184] La estructura y funciones de estos comités y sus organizaciones sectoriales afines, en Tapia, 1997: 86-105. Sobre la organización del EGP, pp. 109-115. Véase también la información suministrada por el coronel Jiménez Bacca, 2000: I, 105-108, 138-143 y 506-511. La organización de SL, también en Palmer, 1995: 267-270. <<

[185] Véase Jo-Marie Burt, «Sendero Luminoso y la “batalla decisiva” en las barriadas de Lima: el caso de Villa El Salvador», en Stern (ed.), 1999: 263-300. <<

[186] Degregori, Coronel, Del Pino y Starn, 1996: 209. <<

[187] Pino, 1999: 163. <<

[188] Pino, 1999: 170. <<

[189] Según datos difundidos por DESCO, se crearon un total de 3455 rondas campesinas, distribuidas del siguiente modo: 150 en el departamento de Amazonas, 28 en Ancash, 10 en Arequipa, 2362 en Cajamarca, 39 en Huánuco, 37 en La Libertad, 50 en Lambayeque y 759 en Piura (Orin Starn, «Noche de ronda», Quehacer, n.º 69, enero-febrero de 1991, pp. 76-92). Sobre la rondas campesinas, véanse González, 1987, y Orin Starn, «Senderos inesperados: las rondas campesinas en la sierra sur central», en Stern (ed.), 1999, pp. 223-262. <<

[190] Tapia, 1997: 20-21. <<

[191] Tapia, 1997: 58-59. <<

[192] Véase Humberto Jara, Ojo por ojo, Lima, Grupo Ed. Norma, 2003. <<

[193] Abimael Guzmán, «¡Asumir y combatir por la nueva gran decisión y definición!», La República, Suplemento especial, 25-I-1994, cit. por Tapia, 1997: 82. <<

[194] Una comparación entre SL y el Khmer Rojo, en Iván Hinojosa, «Sendero y el espejo camboyano», Quehacer, n.º 86, noviembre-diciembre de 1993, pp. 34-39. <<

[195] Stern (ed.), 1999: 456. <<

[196] Comisión de entrega de la CVR, 2008: 17-19. <<

[197] Datos de una primera evaluación efectuada por el Ministerio de la Mujer y del Desarrollo Humano (PROMUDEH), cit. en Manrique, 2002: 9 y 21. Sobre el PCP-SL, además de las obras ya citadas y del extensísimo informe elaborado en 2003 por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (www. cverdad.org.pe), que hemos usado sistemáticamente, pueden consultarse: Degregori y Rivera, 1993; Gandolfi, 1991: 58-60 y 143-163; Hertoghe y Labrousse, 1989; Krujit, 1991; MacGregor y Rouillón, 1985; McCormick, 1990; Mauceri, 1989; Palmer, 1986 y (comp.) 1992, y Wieviorka, 1987. Unas tentativas provisionales de compilación bibliográfica, en Larson (comp.), 1985 y Bennett, 1998. <<

[198] Bonnet, 1958; Delmas, 1959; Greene (ed.), 1962; Pustay, 1965, y Thompson, 1967. <<

[199] Cit. por Peter Paret, French Revolutionary Warfare: from Indochina to Algeria, Nueva York, Praeger, 1964, p. 105. <<

[200] Gorriti, 2005: 14. <<

[201] Walter Laqueur, 1976: 374 y 1977. <<

[202] Galula, 1965: 156. <<

[203] Entre los más destacados: Bonett, 1958; Trinquier, 1981; Galula, 1965; Clutterbuck, 1966; Thompson, 1967. <<

[204] Robert Thompson, Make for the Hills: Memoirs of Far Eastern Wars, Londres, Leo Cooper, 1989. <<

[205] Thompson, 1967: 50-58. Desarrollos prácticos de esta estrategia contrainsurgente (represalias basadas en la responsabilidad colectiva, realojamiento en campos de concentración, controles legales de población, registros, contrainteligencia, creación de cuerpos de autodefensa, programas de defección y pacificación), en Andrew R. Molnar, Jerry M. Tinker y John D. LeNoir, «Countermeasure Techniques», en Tinker, Molnar y Lenoir, 1969: 295-345. <<

[206] Basil H. Liddell Hart, Strategy, Nueva York, Signet, 1974, pp. 325-326. <<

[207] Thompson, 1967: 25. <<

[208] Kalyvas, 2010: 216-217; Wickham-Crowley, 1990: 216-217. <<

[209] Huntington, 1962: 28. <<

[210] Anderson y Sloan, 2002: 130. <<

[211] Véanse Donald C. Hodges, «Dirty War»: an Intellectual Biography, Austin, University of Texas Press, 1991; Neil C. Livingstone, «Death Squads», World Affairs, vol. 146, n.º 3, 1983-84, pp. 239-248; T. David Mason y Dale A. Krane, «The Political Economy of Death Squads: Toward a Theory of the Impact of State-Sanctioned Terror», International Studies Quarterly, vol. XXXIII, n.º 2, junio de 1989, pp. 175-198; Jeffrey A. Sluka (ed.), Death Squad. The Anthropology of State Terror, Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 2000, y Bruce B. Campbell y Arthur D. Brenner (eds.), Death Squads in Global Perspective: Murder with Deniability, Nueva York, St. Martin’s Press, 2000. <<

[1] Price, 1977: 63-64 <<

[2] Reinares, 1998: 75. <<

[3] Laiz, 1995: 20. <<

[4] Francisco Veiga, Enrique Ucelay Da Cal y Ángel Duarte, La paz simulada. Una historia de la Guerra Fría, 1941-1991, Madrid, Alianza, 1997, p. 235. <<

[5] Gilcher-Holtey, 1998: 257. Véase también Teodori, 1978. <<

[6] Sobre el carácter grupuscular del terrorismo de los setenta, véase Townshend, 2009: 117-126. <<

[7] Sobre este fenómeno, denominado de «inversión simple», véase la propuesta teórica de Viewiorka, 1986. <<

[8] Los incidentes producidos durante la visita oficial del sha de Persia y la muerte de Ohnesorg, en Becker, 1979: 37-43. <<

[9] Becker, 1979: 73-75 y 89-101. <<

[10] El 12-II-1968 el Bild Zeitung dirigió sus ataques contra Dutschke y el SDS, asegurando que «nuestro Vietnam está aquí, en Europa». Poco después, Dutschke era tiroteado por un perturbado mental. <<

[11] Los asaltos a bancos, en Becker, 1979: 214-216. <<

[12] Sobre el Movimiento Dos de Junio, de extracción más proletaria que la RAF, véase Becker, 1979: 280-286. <<

[13] «Sur la conception de la guérrilla urbaine», en Marenssin (ed.), 1972: 112. <<

[14] Steiner y Debray, 2006: 34. <<

[15] Carta desde la prisión de Moabit (13-IX-1974), en Textes des prisonniers de la RAF et dernières lettres d’Ulrike Meinhof, París, Maspéro, 1977, p. 35. <<

[16] Sobre los valores contestatarios de esta «generación perdida» del milagro económico alemán, véase Becker, 1979: 65-70. <<

[17] Steiner y Debray, 2006: 118-120. <<

[18] Merkl, 1995: 167. <<

[19] Sobre la reacción desmesurada de la opinión pública alemana contra el terrorismo, más violenta y radical que el mismo terrorismo («histerismo del orden» según Helmut Schmidt), véase Fetscher, 1979: 89-129. <<

[20] Sobre los juicios a la banda, véase Becker, 1979: 307 ss. <<

[21] Becker, 1979: 301-306. <<

[22] La respuesta de Hans-Joachim Klein al posible asesinato por la RAF de dos miembros destacados de la comunidad judía, en Der Spiegel, 9-V-1977, cit. por Fossati, pp. 140-144. <<

[23] Sobre el secuestro de Schleyer y los sucesos de Mogadiscio, véase Becker, 1979: 330-342. <<

[24] La polémica suscitada por estas sospechosas muertes, en Steiner y Debray, 2006: 71-78. <<

[25] Horchem, 1991: 66. <<

[26] Horchem, 1991: 68. <<

[27] Sobre el terrorismo de extrema izquierda en la República Federal de Alemania, además de las obras ya citadas, véanse Aierbe, 1989: 127-153; Baumann, 1976; Bundesministerium des Inneren, 1981-1984; Carr, 2006: 134-146; Grupo Baader-Meinhof, 1981; Horchem, 1982, 1986, 1989 y 1991; Klein, 1980; Klein y Bourguereau (eds.), 1981; Kolinsky, 1988; López, 1978; Moniquet, 2002: 131-152; Peters, 1991; Priham, 1991; Rote Armee Fraktion, 1997, y Schneider, 1987. <<

[28] Fetscher, 1979: 36-59. <<

[29] Reinares, 1998: 81. Estudios generales sobre el terrorismo en Italia: Acquaviva, 1970; Alonso García, 2002; Barbato, 1980; Bocca, 1981; Della Porta (ed.), 1984; Della Porta y Pasquino, 1986; Della Porta y Tarrow, 1986; Eubank y Weinberg, 1987; Furlong, 1981; Galleni (ed.), 1981; Monicelli, 1978; Pisano, 1979 y Statera, 1983. <<

[30] Stortoni-Wortmannm, 1988: 149-150. <<

[31] Los datos, en Della Porta y Rossi, 1984: 18-19. <<

[32] Sobre la tesis del bloqueo político del sistema italiano, véanse Pasquino, 1984; Bonanate, 1979: 206-208 y Wieviorka, 1991: 177-180, además de supra, pp. 26-27. <<

[33] Alonso, 2002: 186. <<

[34] Marie-Anne Matard, «Des usages de l’antifascisme et de la Résistance par les Brigades Rouges», en Lazar y Matard-Bonucci (eds.), 2010: 16-35, esp. pp. 19-20. <<

[35] Sobre las Brigadas Rojas: Bocca, 1980: 37-48; Carr, 2006: 146-158; Dini y Manconi, 1981; Della Porta y Caselli, 1984; Drake, 1982; Galli, 1986 y 2004: 19-48; Meade, 1991, y Pisano, 1980. <<

[36] Sobre Potere Operaio, véase Aldo Grandi, Insurrezione armata, Milán, RCS libri, 2005. <<

[37] Sobre los GAP, véanse Bocca, 1980: 23-34 y 1988: 39-54; Galli, 2004: 26-27, y Wieviorka, 1991: 151-152. Sobre la figura de Feltrinelli, véanse Pansa, 2006: 14-18, y Julien Hage, «Les éditeurs de gauche et la lutte armée en Italie (1966-1979)», en Lazar y Matard-Bonucci (eds.), 2010: 98-111, esp. pp. 106-110. <<

[38] Guido Panvini, «Terrorisme noir et terrorisme rouge durant les années de plomb: la guerre n’aura pas lieu», en Lazar y Matard-Bonucci (eds.), 2010: 50-63, esp. p. 59. <<

[39] En Italia aparecieron al menos 23 organizaciones terroristas de extrema izquierda, de las cuales las Brigate Rosse (BR) y Prima Linea (PL) fueron con mucho las más importantes por el número de años que permanecieron en activo, por su mayor extensión geográfica y por el número de atentados cometidos. A ellas les seguirían en orden de importancia, los Nuclei Armati Proletari (NAP), las Formazioni Comuniste Combattenti (FCC), las Unità Comuniste Combattenti (UCC) y los Reparti Comunisti d’Attacco (RCA). Más del 90 % de las organizaciones terroristas se crearon en el período posterior a 1976 y más del 78 % de las adhesiones a organizaciones terroristas se produjo entre 1977 y 1978. Véanse Della Porta y Rossi, 1984: 44, y Della Porta, 1990: 138-139. <<

[40] Entre 1977 y 1979 tuvieron lugar 3000 de los 4000 atentados reivindicados o atribuibles a la extrema-izquierda durante los catorce años de terrorismo (un 75 % del total de los atentados). No solo aumentaron, con respecto al período anterior, el número de atentados cometidos, sino que se multiplicó la proporción de aquellos dirigidos contra personas y de aquellos que provocaron heridos o muertos. Véase Della Porta y Rossi, 1984: tablas 1, 4 y 13, pp. 17-18, 30-31 y 62-63. <<

[41] Bobbio, 1988, y Bocca, 1988: 31-34. Sobre Lotta Continua y su evolución véanse Pasquino, 1984: 200-208, y Corrado Sannucci, Lotta Continua, gli uomini dopo, Arezzo, Limina, 1999. <<

[42] Sobre los NAP, véanse Bocca, 1980: 67-76, y 1988: 101-114; Galli; 2004: 99 ss.; Wieviorka, 1991: 156-158, y Silj, 1977. <<

[43] La «nueva generación» de las BR, en Bocca, 1980: 99-108. <<

[44] Cit. por Galli, 2007: 117. Sobre la figura menos conocida de Simioni, en el corazón de la actividad militar (Superclan) y de control interno junto con Moretti, con grandes relaciones internacionales, especialmente en Francia, véase Fasanella y Franceschini, 2004: 48-77. <<

[45] Peci, 1983: 56-58. <<

[46] Sobre la generación brigadista de Moretti, véanse Bocca, 1988: 157-170, y la entrevista a Moretti, 1994 y 2002. Igualmente, la entrevista con Franceschini, fundador de las BR con Renato Curzio, realizada por Giovanni Fasanella en Che cosa sono le BR. Le radici, la storia, il presente, Milán, RCS libri, 2004, y Albert Franceschini, Pier Vittorio Buffa y Franco Giustolisi Mara, Renato e io. Storia dei fondatori delle BR, Milán, Oscar Mondadori, 1988. <<

[47] El relato de una gambizzazione en masa (cinco profesores y cinco alumnos) en el Istituto di Amministrazione Aziendale dell’Università di Torino el 11 de diciembre de 1979, en Pansa, 2006: 255-267. <<

[48] Sobre el aventurerismo de Prima Linea, véase Bocca, 1988: 171-184 y 327-340. <<

[49] Sobre este magnicidio, véanse Bocca, 1978; 1980: 129-150 y 1988: 243-286; Burleigh, 2008: 277-294; Zuppo y Marini Recchia, 1984, y sobre todo las reflexiones críticas de Sciascia, 1978, además de las tres monografías de Flamigni, 1993, 1996a y 1999, y Wagner-Paficini, 1983. Sobre las conclusiones de la comisión parlamentaria que investiga las responsabilidades del «caso Moro» véase Giovanni Pellegrino, «Proposta di relazione», en Commissione parlamentare d’inchiesta sul terrorismo in italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, 1995. Una entrevista al senador Pellegrino, director de dicha comisión, ha sido publicada, sin que añada sin embargo datos significativos a los ya apuntados en la relación de 1995 (Fasanella y Sestieri, 2000). La revelación de un complot en el Ministerio del Interior regentado por Francesco Cossiga durante el secuestro de Moro para torpedear el «compromiso histórico», en el testimonio del consejero americano Steve Pieczenik recopilado por Emmanuel Amara, Abbiamo ucciso Aldo Moro. Dopo 30 anni un protagonista esce dall’ombra, Roma, Cooper, 2008. <<

[50] Moretti, 2002: 188. <<

[51] Véase Rodotà, 1984. <<

[52] Grevi, 1984: 24-28. <<

[53] Grevi, 1984: 34-49. <<

[54] Nicola Tranfaglia, «Un capitolo del “doppio stato”. La stagione deglle stragi e dei terrrorismi», en Francesco Babagallo (dir.), Storia dell’Italia repubblicana, vol. III-2, Turín, Einaudi, 1997, pp. 63 ss. <<

[55] Rayner, 2010: 44. <<

[56] Sobre la particular relación establecida entre los intelectuales italianos y el terrorismo, véase Frédéric Attal, «Les intellectuels italiens et le terrorisme, 1977-1978», en Lazar y Matard-Bonucci (eds.), 2010: 112-125. <<

[57] Sobre el «caso Dozier» y sus consecuencias, véase Bocca, 1988: 411-431. <<

[58] Sobre la evolución de las BR en 1992, su recomposición y las nuevas estrategias subversivas del «partido armado», véase Cipriani, 2004. <<

[59] Della Porta y Rossi, 1984. Entre los terroristas muertos se encontraban: 7 de los NAP, 8 de las BR, 4 de Prima Linea, 3 de Autonomia Operaia, 2 de Ordine Nuovo, 1 de Avanguardia Nazionale, 1 del NAP, 9 de otras organizaciones terroristas de izquierda y 3 de otras formaciones de derecha (Galleni [dir.], 1981: 76). Galleni (dir.), 1981: 49-288, concluye en la cifra de 12 690 atentados y violencias entre 1969 y 1980, con 7866 atentados a cosas, 4290 violencias a personas, 362 muertos y 172 heridos. Una completa relación de actos violentos en Italia, en la cronología de Maurizio Calvi, Alessandro Ceci, Angelo Sessa y Giulio Masaturo, Le date del terrore. La genesi del terrorismo italiano e il microclima dell’eversione dal 1945 al 2003, Roma, Luca Siossella Editore, 2003, y otro más breve en Lazar y Matard-Bonucci (dirs.), 2010: 409-416. Véase también el sofisticado análisis estadístico de De Lutiis y Silj (eds.), 1992. <<

[60] Della Porta y Rossi, 1984: 17-19. <<

[61] Flores Olea, Mandel, Blackburn y Marek, 1973: 72. <<

[62] Véase supra, p. 140. <<

[63] Moss, 1973: 93-102. Sobre los Weathermen, véanse también los trabajos de Ayers, 2001 (resumido en Cronin [ed.], 2002: 227-234); Berger, 2006; Braungart y Braungart, 1992; John Finlayson, «Student Terror: The Weathermen», en International Encyclopedia of Terrorism, 1997: 550-551; Jacobs (ed.), 1970; Jacobs, 1997, y Varon, 2004. <<

[64] Sobre el «fanonismo» descolonizador de los Black Panthers, véase Nikhil Pal Singh, «The Black Panthers and the “Undeveloped Country” of the Left», en Jones (ed.), 1998: 57-105, esp. pp. 65-74. <<

[65] The Black Panther, 25-IV-1970, cit. por Foner (ed.), 1995: 19. <<

[66] Pearson, 1994: 174. <<

[67] Véanse Moss, 1973: 102-109; Foner, 1970; Harris, 2000; Marine, 1969; Newton, 1996, y las memorias de Bobby Seale, Seize the Time: The Story of the Black Panther Party and Huey P. Newton, Nueva York, Random House, Inc., 1970. La represión policial y sus modalidades, en Winston A. GradyWillis, «The Black Panther Party: State Repression and Political Prisoners», en Jones (ed.), 1998: 363-389 <<

[68] Haskins, 1997: 119. <<

[69] Véanse Jean Weir (ed.), The Angry Brigade, 1967 to 1984: Documents and Chronology, Port Glasgow, Bratach Dubh Anarchist Pamphlets, 1978 (otra ed. en Londres, Elephant, 1985); Tom Vague, Anarchy in the UK: The Angry Brigade, Edimburgo, Ak Press, 1997, y Gordon Carr, John Barker y Stuart Christie, The Angry Brigade. The Cause and the Case. A history of Britain’s first urban guerilla group, Hastings, ChristieBooks, 2003. Sobre la implicación de este último militante en la lucha antifranquista, véase Stuart Christie, Granny Made me an Anarchist: General Franco, The Angry Brigade and Me, Londres, Scribner, 2004 (ed. castellana: Franco me hizo terrorista, Madrid, Temas de Hoy, 2005). <<

[70] Farrell, 1990; Kuriyama, 1973: 338-340; Moniquet, 2002: 50-54; Prazan, 2002; Steinhoff, 1989, y Thackrah, 1987: 128-130. <<

[71] Engene, 2004: 147-151. <<

[72] Vaner, 1984: 45. <<

[73] Dodd, 1987. <<

[74] Sobre este grupo terrorista, véanse Michel Dartnell, Action Directe: Ultra-Left Terrorism in France, 1979-1987, Londres y Portland, Frank Cass, 1995; Loïc Debray, Jean-Pierre Deteuil, Philippe Godard, Henri Lefebvre, Catherine Régulier, Anne Sveva y Jacques Wajnsztejn, Paroles Directes. Légitimité, révolte et révolution: autour d’Action Directe, París, Acratie, 1990; Roland Jacquard, La longue traque d’Action Directe, París, Albin Michel, 1987, y Alain Hamon y Jean-Charles Marchand, Action Directe. Du terrorisme français à l’euroterrorisme, París, Seuil, 1986, además de las obras colectivas de sus activistas Pour un projet communiste, París, Docom, 1982, y Textes de prison, 1992-1997, París, Jargon Libre, 1997. <<

[75] Sobre el terrorismo autóctono en Francia, véanse Hamon y Marchand, 1986, y Raufer, 1982. Sobre las CCC, Offergeld y Souris, 1985 y Francq, 1986. <<

[76] Sobre la lucha armada anarquista en Cataluña, y concretamente las acciones violentas en la ciudad de Barcelona: Calzada, 1991; Eyre, 2000; Lamela García, 1993; Pons, 1976; Reguant, 1979;Téllez Solá, 1972, 1974 y 1978, y Uriarte Olano, 1972. <<

[77] Alicia Alted, «La oposición republicana al franquismo, 1939-1977», en Nigel Townson (ed.), El republicanismo en España, 1830-1977, Madrid, Alianza, 1994, p. 235. <<

[78] Véase su obra 150 preguntas a un guerrillero, México, 1950, La Habana, 1959, y numerosas ediciones posteriores en Cuba, Guinea, Estados Unidos, Canadá, Chile y otros países de América Latina (Bayo, 1960). Sus lecciones guerrilleras, en Díez Álvarez, 2007: 192-198. <<

[79] Hernández Sánchez, 2005: 315. <<

[80] Alberola y Gransac, 1975: 35. Tras separarse del DRIL en abril de 1961 y protagonizar varios intentos de sublevación en Portugal en 1962-1963, Delgado sería asesinado en Badajoz por miembros de la policía política portuguesa (PIDE) en febrero de 1965. <<

[81] J. Sotomayor (seud. de José Fernando Fernández Vázquez), Yo robé el «Santa María», Madrid, Akal, 1978, p. 83. <<

[82] Sobre esta acción, véanse Marcelino Heredia, El Campesino, Barcelona, Eds. Rodegar, 1964, pp. 159-170, y Lorenzo Castro Moral, «Retablo de conspiradores. El exilio republicano y la tentación de la violencia (1958-1964)», texto inédito cortesía del autor, pp. 6-8. <<

[83] Hernández Sánchez, 2005: 319. <<

[84] Sobre el FLP, véanse Maravall, 1978; 159-162, y García-Rico, 1998. <<

[85] García Alcalá, 1993: 208. <<

[86] García Alcalá, 1993: 213. <<

[87] Informe general (FLP), diciembre 1960, en AFPI, AJMAH, caja 796-18. <<

[88] «Qué debe ser y hacer el FLP en la situación actual» (IV-1963), en AFPI, AJMAH, caja 797-4, p. 20. <<

[89] Ibid., p. 21. <<

[90] Pau Casanellas, «Los espejismos de 1968. Teorización de la violencia en la izquierda radical española», en Encarna Nicolás y Carmen González (eds.), Ayeres en discusión. Temas clave de Historia Contemporánea hoy, Murcia, Editum, 2008, p. 17. <<

[91] «Sobre la lucha de clases y la insurrección armada», Mundo Obrero, diciembre de 1968, pp. 11-12 y 14. Véase también «La base de una práctica revolucionaria: organizar la violencia del proletariado», Mundo Obrero, segunda quincena de marzo de 1968, p. 11. <<

[92] Castro, 1994: 134. <<

[93] Castro, 1994: 134. <<

[94] PCE (m-l): «Proyecto de línea de acción» (s.f., pero c. 1968), en AFPI, AJMAH, caja 799-13. Véase también el recuerdo del precedente de 1936 en el trabajo La Guerra Nacional Revolucionaria del Pueblo Español contra el Fascismo. Análisis crítico, Madrid, Vanguardia Obrera, 1969. <<

[95] Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, «¿Qué es el FRAP?», Cuadernos Políticos, Madrid, Ediciones Frente Unido, 1974, p. 9, en AFPI, P 7135, caja 937-1. <<

[96] Castro, 1996: 36-37. <<

[97] A. Guzmán, «Forjemos el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota para derrocar al yanqui-franquismo», Revolución Española, 6, Madrid, Vanguardia Obrera, 1973, p. 50. <<

[98] Laiz, 1995: 155-164. <<

[99] Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, Documentos. Comité Permanente (Ampliado) del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, Madrid, Ediciones Frente Unido, 1975, p. 6, en AFPI. Fa 1.228. Las palabras relativas a la «línea militar», no aparecen en este texto de 1975, pero sí en Equipo Adelvec, 1985: 86. <<

[100] Laiz, 1995: 202-204. <<

[101] El decreto-ley entró en vigor el 27 de agosto, justo un día antes de la celebración del primero de los cuatro consejos de guerra que se desarrollaron, hasta el 19 de septiembre, contra militantes del FRAP y de ETA. Las sentencias arrojaron un total de 11 penas capitales, de las cuales se ejecutaron cinco: en Burgos y Barcelona fueron ejecutados los etarras Ángel Otaegui Echevarría y Juan Paredes Manot, Txiki, mientras que Ramón García Sanz, José Luis Sánchez-Bravo Solla y Xosé Humberto Baena Alonso, militantes del PCE (m-l) y del FRAP, eran fusilados en el madrileño campo de tiro de Hoyo de Manzanares. Sobre el FRAP, véanse Castro, 1994: 141-144; Diz, 1977, y Equipo Adelvec, 1985. <<

[102] Laiz, 1995: 205. <<

[103] Sus experiencias en el MIL y en prisión, en Jean-Marc Rouillan, Je hais les matins, París, Denoël, 2001. Sobre el MIL: Barrot, 1974: Cortade, 1985; Rosés Cordovilla, 2002; Tajuelo, 1977 y 1979; Téllez Solá, 1994, y Tolosa, 1985. Sobre esta segunda etapa de la resistencia armada contra la dictadura, véanse Alberola y Gransac, 1975, y varias contribuciones de la obra colectiva La oposición libertaria al régimen de Franco, Madrid, Fundación Salvador Seguí, 1993. <<

[104] Laiz, 1995: 82-85. <<

[105] PCE(r), «Sobre los métodos de lucha», Bandera Roja, n.os 19, 20 y 21, enero-marzo de 1977, cit. por Arenas (seud. de Manuel Pérez Martínez), El fin de la Reforma, Madrid, 1985, p. 53, reproducido por Laiz, 1995: 249-250. <<

[106] PCE(r), «La clase obrera tiene su propio partido, su línea política y sus propios métodos de lucha y de organización», Bandera Roja, n.º 25, julio de 1977, cit. por Arenas (seud. de Manuel Pérez Martínez), El fin de la Reforma, Madrid, 1985, p. 58, reproducido por Laiz, 1995: 251. <<

[107] Castro, 1996: 38. <<

[108] En torno a estas jornadas, véanse el testimonio del exterrorista Moa: 2002: 249-268; Rincón, 1977, y Muñoz Alonso, 1982: 79-87. <<

[109] Novales, 1989: 84. <<

[110] Sobre los GRAPO, véanse Castro, 1990 y 1994: 144-150; Moa, 2002; García Martín, 1984; Gómez Parra, 1991; Guillermo Gozálvez Cravioto, Crónica (progresiva) del PCE(r) y los GRAPO, Cádiz (inédito); Novales, 1989, y Roldán Barbero, 2008. <<

[111] Jesús Duva y Manuel Altozano, «Los grapos devoran al “general” Silva», El País, 24-I-2010, p. 19. <<

[112] Catanzaro y Manconi (eds.), 1995: 8-9. Esta obra es un recorrido por las «historias de vida» de activistas violentos italianos de izquierda y de derecha. <<

[113] Sobre el golpe de Borghese, jefe del Fronte Nazionale, véase Camillo Arcuri, Colpi di Stato, Milán, RCS Libri, 2004, pp. 5-67, y Gianni Flamini, L’Italia dei colpi di Stato, Milán, Newton Compton editori, 2007. El putschista Borghese, que tras la guerra mundial había sido salvado del castigo partisano por el OSS, fue asesinado en Cádiz en agosto de 1974, después de haber viajado a Chile a encontrarse con Pinochet. <<

[114] Rodríguez Jiménez, 2002: 227. Sobre la figura de Delle Chiaie, véase Christie, 1984. <<

[115] Ferraresi, 1995: 123-124. <<

[116] Sobre el atentado de Piazza Fontana, véanse Boati, 1993 y 1999; Calvi y Laurent, 1997; Cucchiarelli, 2009, y Dianese y Bettin, 1999. Sobre el «terrorismo negro» en su conjunto, Bocca, 1980: 49-56 o Rao, 2009: 214-226. <<

[117] Bocca, 1988: 288-290, y Marchi, 1996. <<

[118] Por ejemplo, medio centenar de miembros de Avanguardia Nazionale, Ordine Nero, Ordine Nuovo y MSI actuaron violentamente en el tardofranquismo y la transición gracias a la constitución de una red de acogida de neofascistas vinculada a los ministerios de Gobernación y Defensa. <<

[119] Rayner, 2010: 41. <<

[120] Sobre la logia Propaganda-2: Bocca, 1988: 356-371; VV.AA, 1984, y Flamigni, 1996b y 2005. <<

[121] Violante, 1984: 116. <<

[122] Sánchez Soler, 2009: 263. <<

[123] Biacchessi, 2000; Centro Studi Orion (ed.), 1997, y Raugei 2000. <<

[124] Weinberg, 1995: 235. <<

[125] Sobre Gladio, véanse Gladio…, 1997; Bettini, 1996; De Lutiis, 1996; Ferraresi, 1992; Inzerilli, 1995; Pannocchia y Tosolini, 2009, y Rodríguez Jiménez, 2002: 240-246. <<

[126] Pannocchia y Tosolini, 2009: 41. <<

[127] Jaime Jiménez, 2002: 238. <<

[128] Sobre la legislación antiterrorista, véase sobre todo Finn, 1991, además de López Garrido, 1987; Lamarca, 1985, y Vercher, 1991. Sobre la legislación española, véanse López Garrido, 1987: 79-86, y Mestre, 1987. <<

[129] Díaz Díaz, 2002: 249. <<

[130] Schmid, 1997: 17. <<

[131] Reinares, 1998: 43. <<

[1] Laqueur, 2003: 173. <<

[2] K. Tololyan, «Cultural narrative and the motivation of terrorists», en David C. Rapoport (ed.), Inside Terrorist organizations, Londres, Frank Cass Publishers, 2001, pp. 217-273. <<

[3] Hoffman, 1999: 256. <<

[4] Waldmann, 1997. <<

[5] Smith, 1995: 218. <<

[6] Waldmann, 1997: 88, y Taylor, 1997: 23. <<

[7] Ese es el análisis que hace McGuire, 1973: 74. <<

[8] Smith, 1995: 78. <<

[9] Sobre la estrategia del PIRA en 1970-72, véase Smith, 1995: 96-102. <<

[10] Sobre la actividad y organización del IRA, véase Hennessey, 2005: 96-106. <<

[11] Los primeros incidentes en Derry el 5-X-1968, en Hennessey, 2005: 137-144, y Taylor, 1997: 41-42. <<

[12] Véase Boulton, 1973. <<

[13] Sobre la «batalla de Bogside» de 12-VIII-1969 y sus consecuencias (división comunitaria), véanse Bell, 1997: 364; Coogan, 1996: 97-108; English, 2003: 100-105; Geraghty, 2000: 20-23; Hennessey, 2005: 237-285; Moloney, 2005: 100-102, y Taylor, 1997: 47-55. <<

[14] Dixon, 2001: 117. <<

[15] El proceso de escisión, en Patterson, 1997: 140-146, y Taylor, 1997: 64-68. Sobre la resurrección del IRA en y la creación del PIRA a fines de 1969-inicios de 1970, véase Hennessey, 2005: 337-376. Una semblanza de la juventud de Gerry Adams, procedente de una familia de activistas del IRA, en Moloney, 2005: 65-76. <<

[16] El proceso de escisión, en Coogan, 2000: 534-543 y English, 2003: 105-108. <<

[17] English, 2003: 107. <<

[18] Taylor, 1997: 70. <<

[19] Bell, 1997: 378. <<

[20] Lebow, 1973: 248 <<

[21] Ian S. Wood, Crimes of Loyalty. A History of the UDA, Edimburgo, Edinburgh University Press, 2006, pp. 2-4. Se adoptó el nombre de UDA en septiembre de 1971 y se estructuró orgánicamente a partir de enero de 1971. <<

[22] Véanse, por ejemplo, las truculentas actividades de Johnny «Mad Dog» Adair y la West Belfast C Company entre 1985 y su detención en mayo de 1994, en Wood, 2006: 154-177. <<

[23] Laqueur, 2003: 260-261. <<

[24] Sobre el empleo del término war por los republicanos irlandeses y troubles por los lealistas, véase Fitzpatrick; 2001: 79. <<

[25] Feeney, 2005: 394-396. <<

[26] Moloney, 2005: 145. <<

[27] Coogan, 2000: 444. <<

[28] Sobre estos sucesos, véanse Bell, 1997: 384-385; English, 2003: 149-154, y Taylor, 1997: 112-127 y 2002: 82-108. Una dura crítica sobre la investigación policial del Bloody Sunday, en Dermot P.J. Walsh, Boody Sunday and the Rule of Law in Northern Ireland, Londres, Macmillan Press Ltd., 2000. <<

[29] Mansfield, 1980: 55, y Taylor, 1997: 149-151. <<

[30] Sobre el primer proceso de paz de 1972-1974, véase Dixon, 2001: 129-157. <<

[31] Bell, 1997: 408-410. <<

[32] Patterson, 1997: 190-196. <<

[33] Patterson, 1997: 163-166. <<

[34] Robertson, 1987: 35. <<

[35] El apoyo externo al IRA, en Mansfield, 1980: 71-73. <<

[36] English, 2003: 344. <<

[37] Coogan, 1980: 579, y Kelley, 1982: 284-286. <<

[38] Sobre estos errores judiciales, véanse Coogan, 2000: 596-608, y, sobre todo, Michael Mansfield, Presumed Guilty, Londres, Heinemann, 1983. <<

[39] O’Brien, 1999: 107-110. <<

[40] Véase Adrian Guelke, «Loyalist and Republican Perceptions of The Northern Ireland Conflict: The UDA and the Provisional IRA», en Peter H. Merkl (comp.), Political Violence and Terror: Motifs and Motivations, Berkeley, University of California Press, 1986, pp. 107-111. <<

[41] Waldmann, 1997: 80-81. Sobre los grupos armados unionistas, véanse David Boulton, The UVF, 1966-73: an anatomy of loyalist rebellion, Dublín, Gill and Macmillan, 1973; Steve Bruce, The red hand: Protestant paramilitaries in Northern Ireland, Oxford-Nueva York, Oxford University Press, 1992 y «The Problem of “Pro-State” Terrorism: Loyalist Paramilitaries in Northern Ireland», Terrorism and Political Violence, n.º 4, primavera de 1992, pp. 67-88; Jim Cusack y Henry McDonald, UVF, Dublín, Poolberg, 1997; Jim Cusack y Max Taylor, «The Resurgence of a Terrorist Organization, Part I: The UDA, a Case Study», Terrorism and Political Violence, n.º 5, otoño de 1993, pp. 1-27; Andrew Silke, «The Lords of Discipline: The Methods and Motives of Paramilitary Vigilantism in Northern Ireland», Low Intensity Conflict & Law Enforcement, n.º 7, otoño de 1998, pp. 121-156, y Peter Taylor, Loyalists: war and peace in Northern Ireland, Nueva York, TV Books, 1999, y Loyalists: Ulster’s protestant paramilitaries, Londres, Bloomsbury Pub., 1999. <<

[42] Coogan, 2000: 479. <<

[43] Coogan, 2000: 555 y O’Brien, 1999: 23. <<

[44] Sobre la «ulsterización» del conflicto por el premier Harold Wilson (cuya intención era recluir el conflicto en el ámbito local evitando el enfrentamiento entre el imperialismo británico y el nacionalismo irlandés) hacia el otoño de 1969, véanse Dixon, 2001: 110-112, y Smith, 1995: 143. <<

[45] El atentado, en English, 2003: 220. La percepción del asesinato de lord Mountbatten como éxito estratégico del IRA, en Moloney, 2005: 230-233. <<

[46] Taylor, 1997: 228. <<

[47] El desarrollo e impacto político de estas huelgas de hambre, en Bell, 1997: 479-513; Beresford, 1987; Coogan, 2000: 486-501; English, 2003: 192-216; Feeney, 2005: 349-359; O’Brien, 1999: 123-128, y Taylor, 1997: 229-253. <<

[48] Véase Mark Urban, Big Boys’ Rules: The SAS and the Secret Struggle Against the IRA, Londres, Faber, 1992. La actividad del SAS desde enero de 1976, en Taylor, 2002: 187-194 y 254-259. <<

[49] Smith, 1995: 157-160. <<

[50] El Armalite era un rifle norteamericano ideal para francotiradores, ya que la alta velocidad alcanzada por sus proyectiles permitía atravesar cualquier blindaje utilizado por las fuerzas británicas, causando graves heridas (Bell, 1997: 439, y Coogan, 2000: 432). <<

[51] Sobre el acuerdo angloirlandés de noviembre de 1985, véanse Dixon, 2001: 190-214 y Tom Wilson, Ulster, Conflict & Consent, Oxford, Basil Blackwell, 1989, pp. 192-200. <<

[52] Moloney, 2005: 426-427. <<

[53] Sobre la «conexión libia», véanse Bell, 1997: 568-571; Coogan, 2000: 589-591; Guelke y Alonso, 1999: 194, y O’Brien, 1999: 129-153. <<

[54] Taylor, 2002: 278-285. En una emboscada en Loughgall el 8-V-1987, el SAS produjo la muerte de ocho miembros del IRA y de un viandante, mientras que otro resultaba gravemente herido (Taylor, 2002: 270-277). <<

[55] La «Iniciativa irlandesa de paz» de Hume y Adams, en O’Brien, 1999: 289-291 y 424-425. <<

[56] Coogan, 2000: 392-393. <<

[57] Coogan, 2000: 639-640; O’Brien, 1999: 420-423, y Taylor, 1997: 343. Las negociaciones con los británicos, desde el primer alto el fuego de 1972 a la declaración de Downing Street de diciembre de 1993, también en English, 2003: 268-273, y Moloney, 2005: 315-362. <<

[58] Sobre el alto el fuego del IRA de agosto de 1994, ubicado en un amplio contexto internacional de fin de la Guerra Fría, con el fin paradójico de los movimientos de liberación nacional, véanse Coogan, 2000: 658-670; Cox, 1997, y Moloney, 2005: 465-525. <<

[59] Tras el atentado perpetrado en Omagh el 15-VIII-1998, que provocó 29 muertos y 250 heridos, el IRA Auténtico se descompuso rápidamente. También el INLA anunció un alto el fuego el 22 de agosto (O’Brien, 1999: 378-381 y 389-391). <<

[60] Sobre el proceso de paz de 1988-2000, véanse Alonso, 2000; Coogan, 2000: 709-773; Dixon, 2001: 215-280; English, 2003: 285-336; Feeney, 2005: 506-526; Gurruchaga, 1998; O’Brien, 1999: 240-345, y Taylor, 1997: 363-379 y 2002: 320-345 y 369-398. <<

[61] Alonso, 2003: 253 y 349 nota 87. Sobre el coste humano del conflicto, véase también Fay, Morrisey y Smyth, 1999. <<

[62] Alonso, 2003: 21. <<

[63] La actividad de ETA como «terrorismo de bienestar» en Aulestia, 2005: 183-188. <<

[64] Los orígenes de ETA en el «nuevo nacionalismo» vasco, en Unzueta, 1988: 91-101. <<

[65] Jáuregui, 1985: 87-147. <<

[66] Cit. por Chalvidant, 2003: 20. <<

[67] F. Sarrailh De Ihartza, Vasconia. Estudio dialéctico de una nacionalidad, Buenos Aires [sic por París], Eds. Norbait, 1963, p. 30, cit. por Rincón, 1985: 32. Sobre la figura de Krutwig, su formación en el nacionalismo alemán más antijacobino y la influencia de su libro en las formulaciones guerrilleras de la primera ETA, véanse Letamendía, 1994: I, 280-286; Jáuregui, 1985: 215-225, y sobre todo Juaristi, 2001: 297-369. <<

[68] Elorza, 2000: 109. <<

[69] Jáuregui, 2000: 220-221. <<

[70] «La insurrección en Euzkadi», Cuaderno de ETA, n.º 20, Bayona, Goiztiri, 1964, p. 41. El texto, también en Documentos Y, vol. III, pp. 23-63. Sobre su planteamiento y repercusiones, véanse Garmendia, 1996: 160-177; Jáuregui, 1985: 225-237; Letamendía, 1994: I, 286-292, y Sullivan, 1988: 55-57. El modelo de «guerra revolucionaria», también en Ibarra, 1987: 63-66, y Laiz, 1995: 172-183. Ibarra, 1987: 57, divide la estrategia de ETA en guerra revolucionaria (1953-1965) basada en la destrucción de las fuerzas enemigas a través de la guerrilla, espiral acción-represión (1965 y especialmente desde 1967 a 1974), y desde 1974, y sobre todo desde 1977, la vía negociadora. Sánchez-Cuenca, 2001, señala tres estrategias sucesivas: la guerra de liberación nacional desde 1968-1978 (mediante la estrategia de la espiral), la guerra de desgaste (desde los primeros años de democracia hasta 1998, cuando se desarrolló la estrategia del terrorismo «puro») y el frente nacionalista desde la tregua indefinida proclamada el 12 de septiembre de 1998. Sobre la evolución estratégica de ETA, véase también Avilés, 2003: 644-650. <<

[71] «Bases teóricas de la guerra revolucionaria», primavera de 1965, p. 3, cit. por Garmendia, 1996: 245, y Jáuregui, 1985: 246-247. En 1968-1969, Zalbide publicó en Iraultza con el seudónimo K. de Zunbeltz su más sólida elaboración teórica sobre la estrategia de la «espiral», titulada «Hacia una estrategia revolucionaria vasca». <<

[72] Unzueta, 1988: 103. <<

[73] La escisión, en Sullivan, 1988: 64-71. Sobre las tensiones de la V Asamblea, véanse los minuciosos análisis de Garmendia, 1996: 259-316; Unzueta, 1988: 104-151 y, en menor medida, Letamendía, 1994: I, 303-312. Sobre ETA, Berri y su ideología, véase Jáuregui, 1985: 311-358. <<

[74] Halimi, 1971: VII ss. <<

[75] Garmendia, 1996: 401 ss., y Jáuregui, 1985: 469. <<

[76] Sánchez-Cuenca, 2001: 54-55. Todo este proceso escisionista, en Garmendia, 1996: 422-443. <<

[77] Letamendía, 1994: I, 382. <<

[78] Sobre el Proceso de Burgos y sus consecuencias, véanse Celhay, 1976; Halimi, 1971; Salaberri, 1971, y Sullivan, 1988: 111-134. <<

[79] Véanse Agirre, 1974; Prieto, 1983, y Sullivan, 1988: 174-176. <<

[80] Sullivan, 1988: 171. <<

[81] Sobre la autoría y complicidades de este atentado, véase Falcón, 1981: 156-158. <<

[82] Sobre la escisión entre ETA(m) y ETA(p-m), véanse Garmendia, 1996: 536-558, y Letamendía, 1994: II, 23-26 y 35-40. <<

[83] Sullivan, 1988: 194-195. <<

[84] Sobre las tensiones internas en ETA(p-m) entre aperturistas y «berezis», y el asesinato de Pertur, véanse Amigo, 1977; Rincón, 1985: 44-49 y Wieviorka, 1991: 260-266. <<

[85] Sobre el nacimiento de KAS, entendida no como mesa de debate de los distintos actores del mundo abertzale, sino como puntos programáticos inconmovibles e irrenunciables, Ibarra, 1987: 111-115 y 139-147. <<

[86] Sobre el nacimiento de HB, véase Letamendía, 1994: II, 126-129. <<

[87] Rincón, 1985: 69. <<

[88] De 1970 a 1997, ETA secuestró a 84 personas, asesinando a ocho rehenes: Ángel Berazadi en 1976, Javier Ibarra Vergés en 1977, Alfredo Ramos y José Ignacio Ustarán, en 1980, José María Ryan en 1981, Alberto Martín Barrios y Francisco Arín en 1983 y Miguel Ángel Blanco en 1997. La estadística, en Benegas, 2004: 631-633. <<

[89] Waldmann, 1997: 114. <<

[90] Waldmann, 1997: 113. <<

[91] Una detallada relación de comandos, miembros de comités ejecutivos y jefes y biografías de 150 «etarras» en Chalvidant, 2003: 185-376. <<

[92] Sullivan, 1988: 275. <<

[93] Letamendía, 1994: II, 124-125. <<

[94] Sullivan, 1988: 288. <<

[95] Los puntos de la «Alternativa KAS», en Ibarra, 1987: 99-100. <<

[96] Edgar O’Ballance, Terrorism in the 1980s, Londres, Arms and Armour, 1989, cit. por Jaime Jiménez, 2002: 91-92 nota 90. <<

[97] Jaime Jiménez, 2002: 43. <<

[98] Morán, 1997: 174. <<

[99] Jaime Jiménez, 2002: 126. <<

[100] Sobre la «guerra sucia», véanse Aretxaga, 2000; Bayo, 1997 (versión oficiosa del Ministerio del Interior); Cedri, 1990 (versión abertzale); García, 1988; Jaime Jiménez, 2002: 128-139; Miralles y Arques, 1989; Morales, Toda e Imaz, 1988, y Woodworth, 2002. De menor valor es el reportaje periodístico de Rubio y Cerdán, 1997, y las poco fiables memorias del expolicía Amedo, 2006. <<

[101] Sobre las negociaciones del gobierno español con ETA, véanse Domínguez Iribarren, 1998a; Egaña y Giacopucci, 1992; Clark, 1990; Eriz, 1986; López Fonseca, 1996 y 2006; Pozas, 1992; Rivas Troitiño, 1992, y SánchezCuenca, 2001: 109-142. <<

[102] Sobre esta cuestión, véanse Morán, 1997 y 2002. <<

[103] Sobre la evolución de la opinión pública vasca contra la violencia, véase Funes, 1998. <<

[104] Sobre esta deriva del terrorismo etarra, véanse las consideraciones que se hacen en Aróstegui, González y Souto, 2000. <<

[105] Sobre el origen y desarrollo de la lucha callejera, véase Domínguez Iribarren, 1998b: 124-130. <<

[106] Domínguez Iribarren, 2002: 300. <<

[107] Domínguez Iribarren, 2000: 402. <<

[108] Domínguez Iribarren, 2002: 305-306. <<

[109] Véase Funes, 1998b. <<

[110] El «documento Ardanza», en Benegas, 2004: 62-63. <<

[111] Cit. por Sánchez Cuenca, 2001: 205-206. <<

[112] Domínguez Iribarren, 1998b: 273. <<

[113] Domínguez Iribarren, 1998b: 276. <<

[114] Según Mikel Buesa, ETA, S.A.: el dinero que mueve el terrorismo y los costes que genera, Barcelona, Planeta, 2011, pp. 162 y 170, los costes directos que generó la actividad destructiva de ETA entre 1993-2002 (incluyendo los gastos en seguridad, escoltas y la amortización del coste del abandono de la central nuclear de Lemóniz) fueron de 697 millones de euros anuales, bajando a 682 millones anuales en el período 2003-2008. En costes indirectos, la estimación de Buesa es que, entre 1993 y 2008, el terrorismo hizo disminuir el PIB del País Vasco en, aproximadamente, el 20 % de su valor potencial. <<

[115] Desde los años treinta se produjeron choques entre independentistas puertorriqueños y las fuerzas norteamericanas. El punto culminante de estos enfrentamientos se dio en 1954, coincidiendo con un intento de asesinato del presidente Truman y un tiroteo en la Cámara de Representantes de Washington (Cawthorne, 1997: 555). Una nueva oleada terrorista tuvo lugar en los años sesenta, con la aparición de los Luchadores Armados por la Libertad apoyados por Cuba. En 1974 surgieron las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) de William Morales y Luis Rosado Ayala, responsable de la colocación de un centenar de bombas en la isla, Nueva York, Chicago, San Francisco y Washington, que produjeron un total de seis muertos. Desde 1979, el grupo de Los Macheteros atacó con preferencia objetivos militares norteamericanos. Sobre el separatismo puertorriqueño, véase Olga Jiménez de Wagenheim, Puerto Rico’s Revolt for Independence, Boulder (Co), Westview Press, 1985. <<

[116] Balthazar, 1989: 49 y 57. Sobre las características de este neonacionalismo reivindicativo y ofensivo, véase Pelletier, 1989: 212-227. <<

[117] McRoberts, 1993: 432. <<

[118] Denis, 1979: 377. <<

[119] Fournier, 1982: 24-25. <<

[120] Ross, 1988: 224. <<

[121] Latouche, 1970: 559-560, y Frank y Kelly, 1977: 148. De 174 incidentes, 131 tuvieron lugar en esa ciudad (Laurendeau, 1974: 83). <<

[122] Una completa cronología de atentados, en Pelletier, 1971: 225-233. <<

[123] Frank y Kelly, 1977: 154. <<

[124] Waldmann, 1997: 133. <<

[125] Hudon, 1977: 53 ss. <<

[126] Moss, 1973: 153. <<

[127] Véase La Cognée, n.º 45, 15-X-1965, cit. en Ferretti y Miron, 1992: 136-140. Igualmente, Canadian Dimension, vol. VII, n.º 5, diciembre 1970, pp. 31-32. <<

[128] Laurendeau, 1974: 60-75. <<

[129] Morf, 1970: 215. <<

[130] Fournier, 1982: 71-73. <<

[131] Morf, 1970: 184. <<

[132] André Jacques (seud. de Charles Gagnon), «Violence, clandestinité et révolution», L’Avant-Garde, n.º 4, junio de 1966, cit. en Comeau, Cooper y Vallières (eds.), 1990: 101-120, esp. pp. 118-119. <<

[133] Fue en esta situación cuando Vallières elaboró su ensayo autobiográfico Nègres blancs d’Amérique, donde denunciaba el carácter colonial de la situación en Québec, y advertía que «la violencia revolucionaria no es, en realidad, una violencia ideológica. Entiendo por “violencia ideológica” o ideologizada una violencia fundada en principios absolutos, sobre el inconsciente o el irracional, sobre la negación de la realidad, etc., como la violencia fascista, racista y antisemita, por ejemplo. La violencia revolucionaria no es sino la violencia organizada y consciente de un pueblo, de una clase, de una colectividad nacional o multinacional que ha elegido afrontar, combatir y vencer la violencia (también organizada y consciente) del orden establecido que les aplasta. Esta violencia popular, organizada y consciente se funda en las necesidades, aspiraciones y derechos de la mayoría de los hombres» (Vallières, 1968: 322). Morf, 1970: 91-92, compara el libro de Vallières con Mein Kampf por su carácter autobiográfico y profético y por su apoteosis final en una sociedad nueva basada en la nación, la lengua y un estado a la vez nacionalista y socialista. <<

[134] Fournier, 1982: 212-213. <<

[135] Las oleadas, en Laurendeau, 1974: 58-59. El 60 % de las bombas del FLQ fueron colocadas en 1968-1969, y eran ingenios más sofisticados que los anteriores. Una cronología detallada de estas oleadas, en Pelletier, 1971: 225-233. Véase también la visión simplificada de Szabo, 1970: 700-714. <<

[136] Pelletier, 1971: 51 y 55-57. El ministro de Justicia Rémi Paul también hablaba de 3000 revolucionarios armados. Sobre el FLQ, véase también Gellner, 1974: 62-91, y Robert, 1975: 283-286. <<

[137] Fournier, 1982: 203-204. <<

[138] Laurendeau, 1974: 66. <<

[139] Breton, 1972: 48. <<

[140] Fournier, 1982: 244. El secuestro de diplomáticos era una táctica establecida por las guerrillas urbanas latinoamericanas desde 1970. Cross fue el duodécimo diplomático secuestrado en un año en el hemisferio occidental. <<

[141] Fournier 1982: 247. <<

[142] El manifiesto, en Comeau, Cooper y Vallières (eds.), 1990: 234-239; Fournier, 1982: 306-311; Haggart y Golden, 1971: 277-281; Moss, 1973: 160, y Front de Libération National du Québec, 1994. El FLQ siempre mantuvo el mito de los patriotas de 1837-1938 en sus comunicados. <<

[143] Fournier, 1982: 312. <<

[144] Trait, 1970: 107. <<

[145] Piotte, 1971: 38. Véase también Emilio de Ipola, «Le FRAP devant la crise», en Piotte, 1971: 141-156. <<

[146] Pelletier, 1971: 205. <<

[147] Véase todo esto en las memorias de Lévesque, 1986: 322-334, y la posición de la prensa nacionalista en Ryan, 1971. <<

[148] Sobre el llamado «complot del gobierno provisional», presuntamente atizado por los sindicatos y el periódico Le Devoir de Ryan, véase Haggart y Golden, 1971: 171-187. <<

[149] Cit. por Moss, 1973: 161. <<

[150] Las regulaciones de orden público en función de la Ley de Medidas de Guerra, en Haggart y Golden, 1971: 283-286. La declaración de Trudeau sobre la proclamación del estado de guerra, en Bowles, 1972: 76-81. Sobre la historia de las medidas de guerra de 1914 a 1970, véase Dion, 1985: 85-95. <<

[151] De las 453 personas detenidas, 403 fueron liberadas. De los arrestados, 139 eran estudiantes, 45 jornaleros, 42 parados, 25 profesores, 17 periodistas, 15 oficinistas, 14 técnicos. En los 3068 registros se encontraron 4692 balas, 677 cargas de dinamita, 159 armas de fuego (Trait, 1970: 219). <<

[152] Dion, 1985: 149-152. El texto de la Public Order Temporary Measures Act, en Haggart y Golden, 1971: 286-293. <<

[153] Luego se promulgó una ley contra el terrorismo y el crimen organizado. Sobre la crisis de octubre 1970, además de las obras ya mencionadas, véanse Fournier, 1982: 289-372; Gellner, 1974: 92-130; Robert, 1975: 259-262, y Vallières, 1986: 173-223. Obras de felquistas: Francis Simard, con la colaboración de Bernard Lortie, Jacques Rose y Paul Rose, Pour en finir avec octobre, Montréal, Éditions Internationales Alain Stanké, 1982 (recuerdo de los integrantes de la célula que secuestró y asesinó a Laporte) y François Schirm, Personne ne voudra savoir ton nom, Montréal, Les Quinze, 1982. <<

[154] Radwanski y Windeyer, 1971: 15. <<

[155] Sobre la aplicación de las medidas represivas en 1970, véanse Dion, 1985: 97-114, y Radwanski y Windeyer, 1971: 99-106. Una crítica fundamentalmente técnica a los abusos policiales en el curso de la actuación contra el FLQ, en Rapport de la Commission d’enquête sur les opérations policières en territoire québécois, Québec, Ministère des Communications, 1981. <<

[156] Ross, 1995: 287. <<

[157] Dumont, 1971. <<

[158] Crelinsten, 1998: 75. <<

[159] Morf, 1970: 146. <<

[160] Vallières, 1971: 79 y 107. Con todo, opinaba que «la historia perdonará fácilmente al FLQ su inexperiencia de los años sesenta y recordará como positivo en muchos aspectos, mucho de lo que consiguió en el plano del despertar político de los quebequeses, de la crítica de la sociedad y de la definición de las necesidades y aspiraciones populares» (p. 135). En Les héritiers de Papineau (1986), presentado como continuación de Nègres blancs d’Amérique, Vallières critica «La revolución inventada por los políticos» y la televisión, según un observador norteamericano que esperaba ver un proceso revolucionario a la latinoamericana. Consideraba que Québec no estaba en situación revolucionaria y que el uso de la violencia perjudicaba la causa del nacionalismo socialista al atraerle las iras del poder establecido. Tras la publicación de esta nueva autocrítica, Vallières sentenciaba que «Québec no se transformaría en una nueva Irlanda» (Vallières, 1986: 229). <<

[161] Véase «Trudeau’s explanation in the Commons for invoking the War Measures Act», Globe and Mail, 17-X-1970, p. 1. <<

[162] Sobre el terrorismo corso, véanse Gil, 1984, y Vareilles, 2001: 73-86. <<

[163] Thackrah, 1987: 157-158. <<

[164] Véanse Rubiralta, 1988; Buch i Ros, 1995, y Bassa, Benítez, Castellano y Soler, 1994. <<

[165] Véase Vera, 1985. <<

[166] Declaración de principios de Terra Lliure, en Fernàndez i Calvet, 1986: 191, y Usall i Santa, 2000: 35-36. <<

[167] Vilaregut, 2004: 256-257. Sobre el papel de la lucha armada en el proceso revolucionario de liberación nacional de Cataluña, véase también Usall i Santa, 2000: 53-56. <<

[168] Resolución de la II Asamblea Nacional del MDT (Valencia, 26-IV1987), en Catalunya, terra lliure, 1988: 87. <<

[169] Vilaregut, 2004: 297-305. <<

[170] En el «Manifest del Dia del Soldat Català» los activistas de Terra Lliure son comparados con los Segadors, los escamots de Prats de Molló, los hombres de Jaume Compte en la resistencia del CADCI en octubre de 1934 y los combatientes de la batalla del Ebro (Catalunya, terra lliure, 1988: 175). Terra Lliure no pasó de 15-20 militantes armados en cada etapa de su historia, lo que supone un total de unos 80-100 activistas. <<

[171] Vilaregut, 2004: 276. Sobre Terra Lliure, véase también Catalunya, terra lliure, 1988; Fernàndez i Calvet, 1986 y Usall i Santa, 2000. <<

[172] Romano, 2006: 47. <<

[173] Özcan, 2006: 196. <<

[174] Özcan, 2006: VII y 206. <<

[175] Anderson y Sloan, 2002: 281. <<

[176] Lundgren, 2007: 79. Se produjeron nuevas incursiones en marzo de 1995 y mayo de 1997. <<

[177] Lundgren, 2007: 48. <<

[178] Véanse Romano, 2006; Lundgren, 2007, y Özcan, 2006. <<

[179] Véase supra, pp. 125-126. <<

[180] Sobre el ASALA armenio y sus relaciones con la OLP, véase Moniquet, 2002: 118-123. <<

[181] New York Times, 1-VIII-1980. <<

[182] Gunter, 1983: 469. <<

[183] Gunter, 1983: 449. <<

[184] Pape, 2006: 171. <<

[185] Véanse Lamballe, 1985, y O’Ballance, 1989. <<

[186] Fremont, 1987: 90. <<

[187] Wallace, 1995: 385-386. <<

[188] Juergensmeyer, 2001: 10. <<

[189] Wallace, 1995: 400. Sobre el movimiento sikh, véanse Anderson y Sloan, 2002: 454-459, y Juergensmeyer, 2001: 97-116. <<

[1] Goren, 1984: 12. <<

[2] Balencie, 2004: 15. <<

[3] Según O’Brien, 1988: 382, las bajas israelíes causadas por las incursiones de fedayines en la primera mitad de los cincuenta fueron: 137 en 1951, 147 en 1952, 162 en 1953, 180 en 1954 y 238 en 1955. Estudios generales sobre la violencia en Palestina en esta época: Morris, 1999, y Hirst, 1984. <<

[4] Wieviorka, 1991: 343. <<

[5] Walker y Gowers, 2004: 35-47. <<

[6] Sobre los métodos de decisión y la estrategia de la OLP, véanse Gresh, 1983; Kadi (comp.), 1969; O’Ballance, 1974; O’Neill, 1978; El-Rayes y Nahas, 1974; Schiff y Rothstein, 1972, y Yaari, 1970. <<

[7] La creación de la OLP, en Quintana, 1980: 67-72. <<

[8] Cooley, 1997: 302. <<

[9] Quintana, 1980: 88-89. <<

[10] Quintana, 1980: 106-107, y Walker y Gowers, 2004: 66-70. <<

[11] Quintana, 1980: 114-115. <<

[12] Neil Patrick, «The Popular Front for the Liberation of Palestine», en International Encyclopedia of Terrorism, 1997: 320-323. <<

[13] Hoffman, 1999: 101. <<

[14] Hoffman, 1999: 97. <<

[15] Un terrorista resultó muerto y Khaled fue detenida gracias a la acción de una azafata y de un agente israelí (Khaled, 1973, resumido en Cronin [ed.], 2002: 160-183). Sobre los secuestros de aviones, véanse Carr, 2006: 198-201, y Sobel, 1977: 35-41. <<

[16] Sobre el conflicto de septiembre de 1970 en Jordania, véanse Dobson, 1975; Mury, 1974: 55-67; O’Brien, 1988: 480-482; Solar, 1997: 233-243, y Walker y Gowers, 2004: 89-97. <<

[17] Neil Patrick, «The Black September Organization», en International Encyclopedia of Terrorism, 1997: 315-319. Véanse también Anderson y Sloan, 2002: 90-92, y Quintana, 1980: 146-152. <<

[18] Sobre la crisis de Munich, con 900 millones de personas atentas a las noticias, véanse Daoud, 1999; Hoffman, 1999: 102-107; Walker y Gowers, 2004: 107-113; Simon Reeve, «One Day in September», en Cronin (ed.), 2002: 210-226, y el alegato propalestino de Mury, 1974: 13-54. <<

[19] Las acciones del Mossad, en Burleigh, 2008: 229-234, y Solar, 1997: 247-249. <<

[20] Thackrah, 2004: 193. <<

[21] Anderson y Sloan, 2002: 42-44. <<

[22] Hoffman, 1999: 140 nota 18. El primer atentado suicida se produjo en Beirut en diciembre de 1981, cuando un automóvil cargado de explosivos se lanzó contra la Embajada de Irak matando a 27 personas e hiriendo a más de 100. Sobre Hezbollah, véase Magnus Ranstorp, Hizb’allah in Lebanon, Nueva York, St. Martin’s Press, 1997; Martin Kramer, «The Moral Logic of Hizbullah», en Cronin (ed.), 2002: 282-293; Reuter, 2004: 52-78, y Whittaker (ed.), 2003: 51-65. <<

[23] Martín Rodríguez, 2006: 25. <<

[24] Véase Renaud Girard, La guerra fallida de Israel contra Hezbolá, Barcelona, Malabar, 2007. <<

[25] Magnus Ranstorp, «Hizb’allah», en International Encyclopedia of Terrorism, 1997: 411-414. <<

[26] Martín Rodríguez, 2006: 19. <<

[27] Aulestia, 2005: 74. <<

[28] Aulestia, 2005: 76. <<

[29] La polémica obra de Sterling, 1981, fue respondida por los soviéticos con el texto Terrorismo internacional: verdades y mentiras, Moscú, Ed. de la Agencia de Prensa Nóvosti, 1981, y fue duramente criticada por Herman, 1982 y Carr, 2006: 218-220. Sobre la URSS y el terrorismo internacional de los setenta e inicios de los ochenta, véanse también Cline y Alexander, 1984, y Goren, 1984. Desde la perspectiva contraria, Chomsky, 1988. <<

[30] Reinares, 1998: 185. <<

[31] Noam Chomsky, 11/09/2001, Barcelona, RBA, 2001. <<

[32] Violante, 1984: 104 y 110-113. <<

[33] Sobre la figura de Carlos como gestor e intermediario del terrorismo internacional en los años setenta, véanse Eisenberg y Landau, 1977; Follain, 1998 (resumido en Cronin [ed.], 2002: 111-132); González, 1976, y Smith, 1977. <<

[34] Violante, 1984: 106-107. <<

[35] Laqueur, 2003: 39. <<

[36] Sobre los efectos de la microelectrónica en el desarrollo organizativo, de comunicaciones y de financiación de los grupos terroristas y los nuevos retos de detección, además de la miniaturización de las armas de fuego y el incremento del mercado de armas, véase Clutterbuck, 1994: 22-76. <<

[37] Rapoport, 1984: 659. <<

[38] Laqueur, 2003: 13. <<

[39] Merlos, 2006: 35. <<

[40] Ranstorp, 1996. <<

[41] Juergensmeyer, 2001: 267. <<

[42] Véase Rapoport, 1984. <<

[43] David C. Rapoport, «Introduction» a Rapoport y Alexander (eds.), 1982: XIII. <<

[44] Girard, 1972. <<

[45] Juergensmeyer, 2001: 187. <<

[46] Jorosjavar, 2003: 15. <<

[47] Juergensmeyer, 2001: 195. <<

[48] Elorza, Ballester y Borreguero, 2005: 45-46. <<

[49] Juergensmeyer, 2001: 213. <<

[50] Juergensmeyer, 2001: 167-169. <<

[51] Elorza, Ballester y Borreguero, 2005. <<

[52] Juergensmeyer, 2001: 259. <<

[53] Conessa, 2004: 50-51. <<

[54] Paul Kurtz, «El manantial de los adeptos», El País, 20-VII-1989, cit. por Degregori, 1990: 201. Sobre los fundamentalismos como reacción al modernismo secularizado, plural, democrático, científico y técnicamente organizado, véase Kienzler, 2000. <<

[55] Staub, 1989: 76. <<

[56] Taylor, 1991: X, 33 y 37-56. <<

[57] Frattini, 2001: 25-27. <<

[58] Ranstorp, 1999: 117. <<

[59] Juergensmeyer, 2001: 29. <<

[60] Véase Cohn, 1983. <<

[61] Rodríguez Araujo, 2004: 195. <<

[62] Juergensmeyer, 2001: 40-41. <<

[63] Sobre las milicias de Idaho y Montana, véanse Abanes, 1996; Aho, 1994; Barkun, 1994; Bennet, 1995; Dees y Corcoran, 1996; Gibson, 1994; Halpern, 1995; Hoffman, 1998 y 1999: 155-180; Kaplan, 1995, y Stern, 1995 y 1996. <<

[64] Macdonald, 1978 (varias ediciones). El libro, que describe un atentado muy similar al de Oklahoma, se convirtió en un clásico underground y alcanzó más de 200 000 ejemplares de venta. Véanse también Stuart A. Wright, Patriots, Politics, and the Oklahoma City Bombing, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, y Lou Michel y Dan Herrbeck, «American Terrorist», en Cronin (ed.), 2002: 451-485. <<

[65] Anderson y Sloan, 2002: 497-498. Un resumen de su manifiesto, publicado en The New York Times y The Washington Post el 24-IV-1995, en Cronin (ed.), 2002: 486-492, y completo en: http://www.sindominio.net/ecotopia/textos/unabomber.html. <<

[66] Patricia Baird-Windle y Eleanor J. Bader, «Targets of Hatred», en Cronin (ed.), 2002: 445, y Anderson y Sloan, 2002: 50-52. Véase también C.J.M. Drake, «The Phenomenon of Conservative Terrorism», Terrorism and Political Violence, vol. VIII, n.º 3, otoño de 1996, pp. 29-46. <<

[67] Hoffman, 1999: 159. <<

[68] Véanse Brackett, 1996: Campbell, 1999; Hoffmman, 1999: 181-191; Juergensmeyer, 2001: 117-134; Kaplan y Marshall; 1996; Metraux, 1995, y Watanabe, 1998. <<

[69] Elorza, Ballester y Borreguero, 2005: 51. <<

[70] Sobre el terrorismo judío nacionalista-religioso tras la guerra de 1967, véanse Hoffman, 1999: 147-155, y Juergensmeyer, 2001: 172-178. <<

[71] Jordán, 2004: 19. <<

[72] Burgat, 2004: 53. <<

[73] Migaux, 2004a: 305-308. <<

[74] Hiro, 2002: 395. <<

[75] Hiro, 2002: 60. <<

[76] Robins y Post, 1997: 150-151. <<

[77] Sobre el combate contra los tártaros apóstatas preconizado por Ibn Taimiyya y sus repercusiones en el Islam radical actual, véanse Elorza, 2002: 65-101 y 2008: 155-176; Saleh, 2008: 21-25, y Sivan, 1997: 121-133. <<

[78] Sobre Abd al Wahab y sus enseñanzas, véanse Basbous, 2003: 37-44 y 87-112; Benjamin y Simon, 2003: 42-54; Corte Ibáñez y Jordán, 2007: 5055; Elorza, 2002: 102-124; Esposito, 2003: 63-65; Hussain, 1988: 79-83; Lewis, 2003: 137-141, y Saleh, 2008: 25-30. <<

[79] Lewis, 2003: 13. <<

[80] Corte Ibáñez y Jordán, 2007: 58. <<

[81] Sobre el salafismo como reformismo musulmán a fines del XIX e inicios del XX, véase Corte Ibáñez y Jordán, 2007: 55-58. <<

[82] Sobre los Hermanos Musulmanes de Egipto, véanse Carré y Michaud, 1983; Hiro, 2002: 59-112 y Kepel, 1984. <<

[83] Conrad, 1999: 28. <<

[84] Saleh, 2008: 31-39. <<

[85] Kepel, 2001. <<

[86] Sivan, 1995: 35. <<

[87] Sobre Al-Banna y los Hermanos Musulmanes, véanse Cook, 2005: 97-99; Corte Ibáñez y Jordán, 2007: 59-62; Elorza, 2002: 144-177, y Hussain, 1988: 77-79. Los primeros atentados radicales islámicos, en Saleh, 2008: 1314. <<

[88] Véanse Arístegui, 2004: 99-103 y 170-172; Benjamin y Simon; 2003: 63-73; Berman, 2003: 60-102; Burke, 2004: 77-81; Carré, 1984; Corte Ibáñez y Jordán, 2007: 66-70; Elorza, 2002: 211-234; Esposito, 2003: 73-79; Hussain, 1988: 79-83; Kepel, 1984b: 38-69; Laïdi y Salam, 2002: 112-115; Mousalli, 1992; Sageman, 2004: 9-14; Saleh, 2008: 40-47, y Wright, 2006: 7-31. <<

[89] Hussain, 1988:147-148. <<

[90] El asesinato de Sadat, en Kepel, 1984b: 191-218. <<

[91] Jordán, 2004: 43. <<

[92] Bauer y Raufer, 2005: 33. <<

[93] Elorza, 2004: 162-166. Sobre el carácter beligerante e inmisericorde de Mahoma y sus combates (basados en el efecto sorpresa, la astucia y el engaño) según las azoras del Corán, véase Elorza, Ballester y Borreguero, 2005: 61-74. Sobre la polisemia del concepto de Yihad, véanse Arístegui, 2006: 5167; Cook, 2005: 32-48; Esposito, 2003: 41-89; Jorosjavar, 2003: 28-38; Lamchichi, 2004; Lewis, 1988: 51-66, y Peters, 1996. <<

[94] Cit. por Jordán y Boix, 2004: 151. <<

[95] Landau, 2001: 19. <<

[96] Corte Ibáñez, 2007: 2. <<

[97] Esposito, 2003: 54. <<

[98] Esposito, 2003: 61-63. Sobre Taimiyya, véanse también Benjamin y Simon, 2003: 38-52; Corte Ibáñez y Jordán, 2007: 43-48; Laïdi y Salam, 2002: 110-111. <<

[99] Cit. por Jordán y Boix, 2004: 157. Sobre las ideas de Mawdudi y el avance islamista en Pakistán, véase Borelli y Saborido, 2006: 115-117; Burke, 2004: 75-77; Cook, 2005: 99-102; Cooley, 2002: 64-66; Elorza, 2002: 178-210; Esposito, 2003: 67-73, y Laïdi y Salam, 2002: 115-117. <<

[100] Según fuentes oficiales pakistaníes, a la altura de 2004 existían en el país de 10 000 a 30 000 madrasas privadas (Deeni madrasas), de las que entre 4000 y 5000 enseñan un salafismo ultraortodoxo, asociado a un entrenamiento paramilitar bajo la fórmula «Corán + Kalashnikov» (Bauer y Raufer, 2005: 139 nota 1). Sobre el movimiento deobandí y la proliferación de escuelas coránicas, véase Burke, 2004: 118-164. <<

[101] Esposito, 2003: 69-70, sistematiza en seis puntos principales la coincidente cosmovisión de al-Banna y Mawdudi: el Islam es una forma de vida global y totalizante que instruye a cada persona y a la comunidad; el Corán y la Sunna son los fundamentos y el modelo de la vida musulmana; la Shari’a es el anteproyecto para una sociedad musulmana moderna; la desviación del Islam y la dependencia de Occidente son las causas de la decadencia musulmana; se deben utilizar y promover la ciencia y la tecnología, aunque dentro de un contexto islámico, y la Yihad, a escala personal o de comunidad, es el medio de llevar a cabo una islamización exitosa, a través de la reforma o de la revolución. <<

[102] Anspach, 1991: 25; Hussain, 1988: 83-87, y Saleh, 2008: 56-57. <<

[103] Hiro, 2002: 79. <<

[104] Sobre los ideólogos de la Yihad, véase Jordán, 2004: 53-68. <<

[105] Migaux, 2004: 285. <<

[106] Sobre esta cuestión, véase O’Ballance, 1997. <<

[107] Sobre al-Zawahiri y su influencia intelectual sobre Bin Laden, véanse Burke, 2004: 180-184, y Wright, 2006: 32-59. <<

[108] Sobre Azzam y la guerra contra los soviéticos, véanse Arístegui, 2004: 82-87 y 175-177, y Burke, 2004: 98-110. <<

[109] Una sucinta biografía de Bin Laden hasta el asesinato de Azzam, en Bergen, 2002: 76-200. Otras semblanzas, en Benjamin y Simon, 2003: 95-133; Burke, 2004: 66-75, y Gunaratna, 2003: 71-114. Sobre su visión del mundo, Esposito, 2003. 15-39. <<

[110] Basbous, 2003: 16. <<

[111] Gunaratna, 2003: 74. <<

[112] Sobre la implicación de Egipto en el fomento de la Yihad en Afganistán (armas egipcias a Pakistán a través de su servicio secreto), véase Cooley, 2002: 33-61. <<

[113] El reclutamiento y entrenamiento para la Yihad en Estados Unidos, en Cooley, 2002: 124-131, y Jordán, 2004: 99. <<

[114] Burke, 2004: 110. <<

[115] Sobre el origen de Al Qa’ida en Afganistán, véanse Cook, 2005. 102-106; Corte Ibáñez y Jordán, 2007: 114-121; Laïdi y Salam, 2002: 79-103; Moniquet, 2002: 267-281; Sageman, 204: 34-45, y Wright, 2006: 99-144. <<

[116] Esta es la tesis de Bauer y Raufer, 2005: 9. Los propios analistas israelíes prefieren excluir el nombre Al-Qa’ida y hablan de la «Yihad mundializada». <<

[117] Burke, 2004: 25-26. <<

[118] Frattini, 2001: 91. <<

[119] El traumatismo cultural que supuso la llegada en masa de soldados americanos a Arabia Saudí, en Basbous, 2003: 67-75. <<

[120] Sobre la interpretación del término Yihad por Bin Laden y al-Zawahiri, véase Elorza, 2008: 133-154 y 287-312. <<

[121] La vida de Bin Laden en Sudán, en Bergen, 2002: 119-139; Burke, 2004: 172-187; Corte Ibáñez y Jordán, 2007: 121-128, y Wright, 2006: 163-175. <<

[122] The 9/11 Commission Report, pp. 71-73 y Frattini, 2001: 117-142. Tras el asesinato de Sadat, el jeque Omar huyó a los Estados Unidos, donde siguió predicando la Yihad hasta que fue detenido el 2-VII-1993 (Elorza, 2002: 358-362). <<

[123] Sobre los talibanes y su origen, véase Rashid, 2002b: 55 ss., resumido en Cronin (ed.), 2002: 345-362. <<

[124] Las relaciones de los talibanes con Bin Laden, en Rashid, 2002b: 258-271. <<

[125] Osama Bin Laden, «Declaration of War Against the Americans Occupying the Land of the Two Holy Places», en Cronin (ed.), 2002: 402-405. <<

[126] Bin Laden, 2005: 23-30; Jacquard, 2001: 82-83, y www.terrorismfiles.org/individuals/declaration_of_jihad1.html. <<

[127] El texto, publicado originalmente en el diario Al Quds al Arabi, 23II-1998, en Aulestia, 2005: 212-213; Bergen, 2002: 144-145; Bin Laden, 2005: 58-62, y Jordán, 2004: 67. <<

[128] La proclama, en Benegas, 2004: 96-97; Gunaratna 2003: 105; Laqueur (ed.), 2004:410-412, y Heisbourg et al., 2003: 39. <<

[129] Los atentados en Nairobi y Dar es Salaam, en Burke, 2004: 188-190. <<

[130] Burke, 2004: 25. <<

[131] Merlos, 2006: 66. <<

[132] Burke, 2004: 32. <<

[133] Labévière, 2004, 333. <<

[134] Labévière, 2004: 124. <<

[135] Arquilla y Ronfeldt, 2003: 381-382. <<

[136] Merlos, 2006: 90. <<

[137] Arquilla y Ronfeldt, 2003: 42-43. La estructura y funcionamiento de Al Qa’ida, también en Arístegui, 2004: 249-264. <<

[138] Torres, 2004 y Bergen, 2002: 52. <<

[139] Estos atentados, en The 9/11 Commission Report, pp. 68-70, 115-121 y 190-197; Bergen, 2002: 158-187; Carr, 2006: 291-304, y Cooley, 2002: 387-389. <<

[140] Bergen, 2002: 201-203. <<

[141] The 9/11 Commission Report, pp. 153-160. En 1994 Yousef falló haciendo experimentos con explosivos en Manila, y en su ordenador se encontró el Plan Bojinka. Fue capturado por el FBI en Islamabad, extraditado a Estados Unidos el 7-II-1995, condenado a cadena perpetua en diciembre de 1996 y de nuevo en 1998. <<

[142] Burke, 2004: 230-232. <<

[143] Sobre la financiación de Al Qa’ida, véanse Arístegui, 2004: 297-305, y Bergen, 2002: 154-157. <<

[144] Bergen, 2002: 55. <<

[145] Stern, 2003: 270. <<

[146] Burke, 2004: 264-265. Otro modelo de Al Qa’ida es la empresa de comunicación (periódico, productora televisiva o editorial), que encarga películas, libros o artículos que luego difunde a escala global. <<

[147] Burke, 2004. <<

[148] Halliday, 2004: 30. <<

[149] Fernando Reinares, «Sobre el terrorismo como fenómeno polimorfo», en Jordán, Pozo y Guindo (eds.), 2010: 44-47. <<

[150] Gunaratna, 2003: 118. <<

[151] Echeverría, 2003. <<

[152] Una relación de grupos colaboradores, en Schanzer, 2005: 24-25. <<

[153] Jordán, 2004: 157-158. <<

[154] Gunaratna, 2003: 115. <<

[155] Elorza, Ballester y Borreguero, 2005: 59-60. <<

[156] Jacquard, 2001: 172. <<

[157] Cit. por Jordán y Box, 2004: 171. <<

[158] La detallada descripción oficial de los hechos, en The 9/11 Commission Report, pp. 9-46. Una narración del 11-S, en Aust y Schnibben (eds.), 2002. Sobre el 11-S como epítome de la barbarie contemporánea, entendida como violencia ilimitada y discrecional, véanse las reflexiones filosóficas de Mattéi y Rosenfield (dirs.), 2002. Una versión menos políticamente correcta, en Burke, 2004: 266-286. <<

[159] Gunaratna, 2004: 82. <<

[160] Laqueur, 2003: 84. <<

[161] Sobre los atentados de Madrid, véase Vidino, 2006: 291-335. <<

[162] Los atentados de Londres fueron reivindicados por las Brigadas de Abu Hafs al Masri, el mismo grupo que reivindicó la masacre del 11-M en Madrid. Sobre la financiación de las redes islamistas en Europa, véase Vidino, 2006: 89-98. <<

[163] Jiménez Martín, 2005: 336-337. El 1-VII-1985, la Yihad Islámica volvió a atentar en Madrid en las sedes de líneas aéreas British Airways y Alia en la Gran Vía y la Plaza de España. <<

[164] Sobre el yihadismo en España, comenzando por las redes argelinas del GIA y el GSPC establecidas en España a comienzos de los noventa, véanse el trabajo periodístico de Canales y Montánchez, 2002, el ensayo de Arístegui, 2006: 157-215, y las aportaciones académicas de Corte Ibáñez y Jordán, 2007: 236-271; Jordán, 2005: 83-111, y Reinares, 2004. <<

[165] Gunaratna, 2003: 59-60. <<

[166] Balencie y La Grange, 2004: 7-11. <<

[167] Gunaratna, 2003: 157. <<

[168] Gunaratna, 2003: 161-163. <<

[169] Sobre el GIA, véase Laïdi y Salam, 2002: 121-126. <<

[170] Martinez, 1998: 306. <<

[171] Véanse Balencie y La Grange, 1999: 1.037-1.063 y Martin Stone, The Ayong of Algeria, Nueva York, Columbia U.P., 1997. <<

[172] Véase Thom, 1986. <<

[173] Rashid, 2002b: 127-147. <<

[174] Rashid, 2002: 174-196 <<

[175] Rashid, 2002: 169. <<

[176] Taibo, 2007: 144. <<

[177] Sobre el conflicto checheno y su vertiente terrorista, véanse Anderson y Sloan, 2002: 99-102; Bábchenko, 2008; Corte Ibáñez y Jordán, 2007: 170-174; Politóvskaya, 2003 y 2008; Russell, 2007; Smith, 2002; Taibo, 2005 y 2007, y Vacas Fernández, 2005. <<

[178] Cooley, 2002: 327-346. <<

[179] Turner, 1995: 15. <<

[180] Heisbourg et al., 2003: 27-28. <<

[181] Anderson y Sloan, 2002: 163-165. <<

[182] Véanse Melman, 1987; Moniquet, 2002: 103-127, y Seale, 1992. <<

[183] Sobre la Intifada, véanse Robert O. Freedman, The Intifada: Its Impact on Israel, the Arab World, and the Superpowers, Miami, Florida International U.P., 1991; Robert F. Hunter, The Palestinian Uprising: A War by other Means, Berkeley, University of California Press, 1991; Khaled Al-Harsan, «The PLO and the Intifada», American Arab Affairs, n.º 31, invierno de 1989-1990, pp. 42-48, y Walker y Gowers, 2004: 285-295. <<

[184] Las cifras iniciales fueron: 360 palestinos y 11 israelíes muertos en 1988, 422 y 12 en 1989, 140 y 10 en 1990 y 101 y 12 en 1991 (Rathmell, 1997: 355). <<

[185] Sobre Hamás, véanse Abu Amr, 1994; Alexander, 2002 y Esposito, 2003: 116-125. <<

[186] López Alonso, 2007: 41. <<

[187] Levitt, 2006: 32. <<

[188] López Alonso, 2007: 161-177. <<

[189] López Alonso, 2007: 60-61. <<

[190] Anderson y Sloan, 2002: 240. <<

[191] Levitt, 2006: 54. <<

[192] Sobre la Yihad Islámica de Palestina, véase Levitt, 2006: 52-56. <<

[193] Burleigh, 2008: 503. <<

[194] Pape, 2006: 23-24. <<

[195] Pape, 2006: 44-45. <<

[196] López López, 2004: 294. <<

[197] Véanse Davis, 2004 y Reuter, 2004: 52-78. <<

[198] Burke, 2004: 59. <<

[199] Entrevista a al-Zawahiri (http://www.waaqiah.com/zawahiriinterview.htm), cit. por Burke, 2004: 59. <<

[200] Pape, 2005: 205 y Reuter, 2004: 79-114. <<

[201] Levitt, 2006: 33. <<

[202] Laqueur, 2003: 125 nota 33. <<

[203] Esposito, 2003: 119. <<

[204] Levitt, 2006: 35. <<

[205] Levitt, 2006: 95. <<

[206] Mazower, 2004: 518. <<

[207] Wilkinson, 1987: 262. <<

[208] Dugard, 1974: 71-74. <<

[209] Sobre las convenciones antiterroristas patrocinadas por la ONU, véanse Dugard, 1974: 71; Gozzi, 2003: 75-91, y Yoder, 1983. Una valiosa colección de tratados internacionales, en Friedlander (comp.), 1979-2005. <<

[210] Según el artículo 51 del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 12-VIII-1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I), «Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil». <<

[211] Dugard, 1974: 71-74. <<

[212] Navarro Nijssen, 2002: 19. <<

[213] Merlos, 2006: 122-123. La nueva doctrina norteamericana de la guerra preventiva, en Barber, 2003: 97-127. <<

[214] Boisgrollier, 2004. <<

[215] Sollier, 2004. <<

[216] F.M., «¿Quiénes son los terroristas internacionales? Listados de personas y organizaciones terroristas», Athena Paper, vol. 2, n.º 20, 21-XI-2007, pp. 3-4 (www.athenaintelligence.org). <<

[217] http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm. <<

[218] Carr, 2006: 308. <<

[219] Sobre la mentira de las vinculaciones de Al Qa’ida con el régimen iraquí, véase Burke, 2004: 41-43. <<

[220] Cit. por Polk, 2004: 75. <<

[221] Reinares, 2011. <<

[222] Merlos, 2006: 255. <<

[1] Engene, 2004: 170-173. <<

[2] Roy, 2007: 46-47. <<

[3] Laqueur, 2004: 8. <<

[4] Jordán, 2004: 51 y 168. <<

[5] Reinares, 2003: 45-46. <<

[6] Bauman, 2004. <<

[7] Calvo, 2004: 46. <<

[8] Jordán, 2004: 53. <<

[9] Étienne, 2002. <<

[10] Heisbourg et al., 2003: 23. <<

[11] Heisbourg et al., 2003: 138-139. Una cronología detallada de incidentes ligados al terrorismo no convencional desde 1915, en Lepick y Daguzan, 2003: 130-138. <<

[12] Reinares, 2003: 54-56. <<

[13] Sobre el «superterror» futuro, véase Townshend, 2009: 58-64. <<

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http://www.tkb.org/

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