La presente obra ofrece un análisis detallado del proceso de orientación de las derechas españolas (CEDA, monárquicos alfonsinos y carlistas y fascistas) hacia el uso sistemático de la violencia con fines políticos, que fue uno de los factores clave que condujeron a la Guerra Civil. La contrarrevolución comenzó a tomar consistencia cuando, en sus múltiples discursos, logró identificar a la República con la revolución. La actitud de los propios republicanos, tildando de revolucionario su proyecto político, alimentó la confusión y la polarización que precipitó la deriva radical de las derechas, que desde época muy temprana comenzaron a elaborar repertorios de confrontación de creciente violencia, como el golpismo, el insurreccionalismo o la paramilitarización.

Eduardo González Calleja

Contrarrevolucionarios

Radicalización violenta de las derechas durante la Segunda República, 1931-1936

ePub r1.0

jasopa1963 11.06.14

Título original: Contrarrevolucionarios. Radicalización violenta de las derechas durante la Segunda República, 1931-1936

Eduardo González Calleja, 2011

Editor digital: jasopa1963

ePub base r1.1

Lista de siglas y abreviaturas

ABREVIATURAS

arm. armario

carp. carpeta

exp. expediente

fase. fascículo

leg. legajo.

O. C. Obras Completas

FUENTES

ABM: Archivo Manuel Burgos y Mazo (Moguer, Huelva).

ACA: Archivo del Conde de los Andes (Jerez de la Frontera, Cádiz).

ACS: Archivio Centrale dello Stato (Roma).

AE: Acción Española.

AFAM: Archivo de la Fundación Antonio Maura (Madrid).

AFFF: Archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco (Madrid).

AGA: Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares, Madrid).

ARCM: Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.

AGMA: Archivo General Militar (Ávila).

AGMS: Archivo General Militar (Segovia).

AGN. AATP: Archivo General de Navarra (Pamplona), Archivo de la Audiencia Territorial de Pamplona.

AGUN. MF: Archivo General de la Universidad de Navarra (Pamplona), Fondo Melchor Ferrer (Archivo Carlista de Sevilla).

AGUN. MFC: Archivo General de la Universidad de Navarra (Pamplona), Fondo Manuel Fai Conde.

AHN: Archivo Histórico Nacional (Madrid).

AMAEArchivo del Ministerio de Asuntos Exteriores (Madrid).

AMNE: Arquivo do Ministerio dos Negocios Estrangeiros (Lisboa).

AQO: Archive du Ministère des Affaires Étrangères, Quai d’Orsay (Paris).

ASMAE: Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (Roma).

BN: Biblioteca Nacional (Madrid).

BOT: Boletín de Orientación Tradicionalista.

CDMH: Centro Documentai de la Memoria Histórica (Salamanca).

DDF: Documents Diplomatiques Français.

DD1: Documenti Diplomatici Italiani.

DGFP: Documents on Germán Foreign Policy.

DSC: Diario de Sesiones de las Cortes de la República.

DSCC: Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República.

HMS: Hemeroteca Municipal de Sevilla.

IHCM: Instituto de Historia y Cultura Militar (Madrid).

LCE: La Conquista del Estado.

NA. FO: The National Archives, Foreign Office (Kew, Surrey).

RAH: Real Academia de la Historia (Madrid).

INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES

ACNP: Asociación Católica Nacional de Propagandistas.

AET: Asociación Escolar Tradicionalista.

AMR: Agrupación Militar Revolucionaria.

AN: Acción Nacional.

AP: Acción Popular.

ARM: Asociación Republicana Militar.

ASM: Agrupación Socialista Madrileña.

BEOR: Bloque Escolar de Oposición Revolucionaria.

BN: Bloque Nacional.

BOC: Bloc Obrer y Camperol.

CAUR: Comitati d’Azione per l’Universalità di Roma.

CEDA: Confederación Española de Derechas Autónomas.

CNT: Confederación Nacional del Trabajo.

CONS: Central Obrera Nacional-Sindicalista.

CT: Comunión Tradicionalista.

DGS: Dirección General de Seguridad.

D. O.: División Orgánica del Ejército.

DRV: Derecha Regional Valenciana.

FAI: Federación Anarquista Ibérica.

FE: Falange Española.

FEC: Federación de Estudiantes Católicos.

FJS: Federación de Juventudes Socialistas.

FNEC: Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya.

FUE: Federación Universitaria Escolar.

FUHA: Federación Universitaria Hispano Americana.

JAN: Juventud de Acción Nacional.

JAP: Juventud de Acción Popular.

JCAH: Juntas Castellanas de Actuación Hispánica.

JCE: Juventud Católica Española.

JONS: Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista.

JSU: Juventudes Socialistas Unificadas.

JUAN: Juventudes Unificadas de Acción Nacionalista.

MAOC: Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas.

MES: Movimiento Español Sindicalista.

PCE: Partido Comunista de España.

PNE: Partido Nacionalista Español.

PNR: Partido Nacional Republicano.

PNV: Partido Nacionalista Vasco.

PSOE: Partido Socialista Obrero Español.

RE: Renovación Española.

SA: Sturm Abteilungen.

SEU: Sindicato Español Universitario.

SIPM: Servicio de Información y Policía Militar.

TYRE: Tradicionalistas y Renovación Española.

UFEH: Unión Federal de Estudiantes Hispanos.

UGT: Unión General de Trabajadores de España.

UJCE: Unión de Juventudes Comunistas de España.

UME: Unión Militar Española.

UMN: Unión Monárquica Nacional.

UMRA: Unión Militar Republicana Antifascista

LISTADO DE FOTOS

Ramiro Ledesma con el emblema de la «Guerra Hispánica», 1931. © Agencia EFE[f1].

Miembros del Círculo Monárquico de la calle Serrano de Madrid son agredidos por un grupo de republicanos, 10 de mayo de 1931 (BN[f2]).

Ramiro de Maeztu en una conferencia en la sede de la Sociedad Cultural Acción Española. A su izquierda, el marqués de Quintanar. © Agencia EFE[f3].

El aviador Juan Antonio Ansaldo Bejarano, uno de los dirigentes de la Primera Línea de Falange, en un homenaje. A su izquierda, Rafael Sánchez Guerra, secretario general de la Presidencia de la República, ca. 1934. © Agencia EFE[f4].

Un guardia civil pide la documentación a José Antonio Primo de Rivera durante la concentración ilegal de las centurias madrileñas de Falange en el aeródromo de Estremerà (Carabanchel) el 3 de junio de 1934. Al Fondo, las milicias alineadas. © Agencia EFE[f5].

El capitán Barrau, el general carlista Diez de la Cortina y el comandante Redondo, pasando revista a los requetés en el cortijo sevillano del Quintillo, 15 de abril de 1934[f6].

El comandante Redondo junto a un grupo de requetés en el Círculo Tradicionalista de Sevilla, 15 de abril de 1934[f7].

El coronel Eugenio Sanz de Lerín, jefe de las decurias carlistas navarras (BN[f8]).

Concentración de la JAP en El Escorial, 22 de abril de 1934. © Agencia EFE[f9]

Concentración de la JAP en El Escorial, 22 de abril de 1934.ARCM, Fondo Santos Yubero[f10].

Concentración de la JAP en El Escorial, 22 de abril de 1934.ARCM, Fondo Santos Yubero[f11].

Gil Robles, el conde de Rodezno y Calvo Sotelo en el Congreso de los Diputados, 1935 (ARCM, Fondo Santos Yubero[f12]).

Reunión de la minoría monárquica en el Congreso de los Diputados en 1935. En torno a la mesa se puede identificar a Esteban Bilbao, al conde de Rodezno, a Antonio Goicoechea, a José Calvo Sotelo y al doctor Albiñana (ARCM, Fondo Santos Yubero[f13]).

Ramiro de Maeztu, José Calvo Sotelo, el marqués de Quintanar, Eugenio Montes y Víctor Pradera en la sede de la asociación cultural Acción Española, 8 de febrero de 1935 (ARCM, Fondo Santos Yubero[f14]).

Mitin de José Antonio Primo de Rivera en el cine Madrid, 19 de mayo de 1935. Al fondo, el telón de los caídos. © Agencia EFE[f15].

Concentración de la JAP en Uclés, 28 de mayo de 1935 (ARCM, Fondo Santos Yubero[f16]).

Concentración de la JAP en Uclés, 28 de mayo de 1935 (ARCM, Fondo Santos Yubero[f17]).

Concentración de la JAP en Uclés, 28 de mayo de 1935 (ARCM, Fondo Santos Yubero[f18]).

El ministro de la Guerra, Gil Robles, y el comandante Juan Antonio Ansaldo en el aeródromo de Cuatro Vientos, en un vuelo a Canarias suspendido por el mal tiempo, invierno de 1935 (ARCM, Fondo Santos Yubero[f19]).

José María Albiñana, líder del Partido Nacionalista Español (BN[f20]).

Albiñana en una conferencia en la sede de Renovación Española, 1936 (ARCM, Fondo Santos Yubero[f21]).

Sucesos del 14 de abril de 1936: vista desde la tribuna presidencial del desorden producido tras la explosión de un artefacto durante el desfile conmemorativo del V Aniversario de la República. © Agencia EFE[f22].

La Guardia de Asalto detiene al falangista Isidoro Ojeda Estefanía, que había arrojado un petardo junto a la tribuna presidencial erigida en el Paseo de Recoletos. Minutos después, un tiroteo detrás de la misma tribuna produjo la muerte del alférez de la Guardia Civil Anastasio de los Reyes López (BN[f23]).

Incidentes del 16 de abril de 1936: el féretro del alférez de la Guardia Civil Anastasio de los Reyes es llevado a hombros por sus compañeros por el Paseo de la Castellana (BN, Agencia Keystone[f24]).

Guardias civiles de la comitiva fúnebre del alférez De los Reyes esgrimen pistolas cerca del Palacete de la Presidencia del Consejo en el número 3 de la Castellana tras haberse producido un tiroteo en la confluencia de este paseo con la calle Miguel Ángel, en el que hubo un muerto y varios heridos. El cortejo cambió el trayecto marcado por la Dirección General de Seguridad y se dirigió hacia la Plaza de Cibeles con la intención de asaltar el Congreso de los Diputados (BN, Agencia Keystone[f25]).

Hallazgo en Madrid de armas y uniformes para el Requeté y la Primera Línea de Falange, 7 de junio de 1936 (ARCM, Fondo Santos Yubero[f26]).

Capilla ardiente de Calvo Sotelo con jóvenes haciendo el saludo fascista, 14 de julio de 1936 (ARCM, Fondo Santos Yubero[f27]).

Altercados en la calle de Alcalá tras el entierro de Calvo Sotelo, 14 de julio de 1936 (ARCM, Fondo Santos Yubero[f28]).

El coronel Valentín Galarza Morante, uno de los fundadores de la Unión Militar Española (UME) durante la guerra civil, ca. 1937. © Agencia EFE[f29].

El general Ricardo Rada Peral, antiguo jefe de las milicias de Falange y el Requeté, con el general Cavalcanti durante la guerra civil, ca. 1937-1938. © Agencia EFE[f30].

PRÓLOGO

Eduardo González Calleja es hoy nuestro mayor experto en la historia de la violencia política en España y es, también, el más prolífico entre quienes han tratado o tratan del asunto en nuestra Historia Contemporánea. Figura igualmente en lugar muy destacado entre aquéllos que, con un esfuerzo globalizador de las producciones de diversas ciencias sociales, han dedicado a la violencia política estudios y análisis en un empeño por conceptualizar y delimitar en su alcance lo que ese fenómeno representa en el devenir socio-histórico de grupos y comunidades, nacionales o de otra índole, que atraviesen relevantes conflictos en su seno.

Esta condición y madurez de González Calleja, sin que sea preciso, en modo alguno, hacer una apología de su obra, no es, claro está, producto de una emergencia reciente. Procede y se fundamenta en una extensa y prolongada dedicación de más de veinte años, plagada de escritos de diverso alcance pero siempre de relieve, en cuyos orígenes se encuentra, precisamente, este denso trabajo que llega ahora al lector en forma de libro. Como el propio autor expresa en la Introducción, el presente libro constituyó en sus orígenes su Tesis Doctoral que se presentó y defendió en la Universidad Complutense hace ahora veintidós años. Algo tuvo que ver el autor de este Prólogo en aquella empresa, bajo la prudente y liberal, pero comprometida, función, sin embargo, de ser el director académico del trabajo. Esta condición es el único título que sustenta la redacción de unas breves líneas de presentación, que la extrema generosidad de Eduardo me permite hacer llegar al lector: una relación entrañable y fecunda de más de dos decenios y el recuerdo y satisfacción imborrables de aquellos años de descubrimiento que recorrimos en común.

Pero ¿puede pensarse que un texto de casi un cuarto de siglo de antigüedad pueda hoy difundirse con alguna pretensión de vigencia? Las razones para una respuesta indudablemente positiva son el objetivo prioritario de estas palabras. Aquella Tesis Doctoral se ha convertido en un texto cuidadosamente renovado y completado, sobre un tema que, lejos de haber perdido un ápice de su interés en la andadura de la Historiografía y las ciencias sociales en general en España, se ha visto atendido, reforzado, profundizado, en el esfuerzo por comprender mejor nuestro pasado reciente, sus decisivos conflictos y la siempre accidentada resolución de ellos.

En aquellas fechas a las que nos referimos, los estudios historiográficos, y de otros muchos géneros, en España sobre los procesos de violencia política específica desencadenados como resultado de profundos conflictos sociales y políticos a lo largo de la contemporaneidad apenas si constituían un balbuceo. Y no es que la abundancia de tal tipo de procesos en nuestra Historia contemporánea no hubiese sido denotada. Semejante realidad había sido ya observada por la consideración de fenómenos de tal raigambre como el insurreccionalismo dinástico del siglo XIX, el anarquismo, los seculares conflictos campesinos, la casi sempiterna cuestión del orden público, entre otros. Y habían sido puestos de relieve por autores como Brenan, De la Souchére, Díaz del Moral, Madariaga, y, después, Ballbé, Tuñón, y otros muchos. Pero distaba de ser un tema historiográfico consagrado. Hoy, sin ningún género de duda, lo es. El continuado y denso trabajo de Eduardo González Calleja, sin desmerecimiento de otros, es, dicho con toda claridad, un jalón fundamental de ese cambio.

La presencia de la violencia en la Política es una de las peculiaridades más arraigadas de nuestra difícil trayectoria contemporánea. No caben aquí y ahora mayores disquisiciones sobre este aserto. El presente libro es una excelente argumentación sobre su veracidad. Hace ya también algunos años, Eduardo González Calleja, yo mismo, y un grupo de jóvenes investigadores, nos pronunciamos en un escrito colectivo sobre «la militarización de la política» en la España de los años treinta. González Calleja ha conceptualizado después ese mismo hecho con la expresión «brutalización de la política». Ninguna caracterización más gráfica, porque, además, la violencia en la política tiene una de sus connotaciones más operativas precisamente en su visibilidad en forma de acto de violencia. El presente trabajo muestra de forma exhaustiva en qué grado semejante deriva fue eficiente en los comportamientos de la más arriscada derecha política del momento, de esos «contrarrevolucionarios» que tan nítidamente quedan retratados, en su pensamiento y su acción, en estas páginas.

Sin duda, no se trató sólo de una deriva que afectase a las más radicalizadas derechas, las antirrepublicanas en su conjunto. El despeñarse hacia la práctica de la violencia política afectó igualmente a importantes grupos de la izquierda. La violencia política en los años treinta impregna la ideología de muchos grupos que participaban por ello de una dimensión común si bien se diferenciasen en elementos característicos de sus diversas posiciones. Normalmente, la violencia de las izquierdas fue reactiva. En absoluto tuvo, en lo que González Calleja acaba caracterizando como naufragio de la República, el valor operativo que tuvo la radicalización violenta de las derechas, alimentada, por otra parte, por concepciones de mucho mayor recorrido histórico.

Más allá de ello, este libro no es un mero recorrido por los grupos violentos y sus características y actuaciones. Es, mucho más que eso, una historia de la Segunda República española desde el fundamental ángulo de los muy tempranos esfuerzos por destruirla. Y constituye un análisis definitivamente brillante y circunstanciado de algo sin cuya consideración nunca puede entenderse históricamente la presencia de la violencia en la política: la práctica violenta es siempre una opción y en modo alguno una necesidad y, menos aún, inevitable. La violencia es producto de un cálculo de costos y beneficios. Y, como dijera lúcidamente Manuel Azaña, una vez vivida la gran tragedia y conocidos sus resultados, semejantes cálculos y decisiones fueron estrictamente coetáneos con el nacimiento del régimen. En buena parte se explica así el propio final en tragedia. El presente resultado analítico e historiográfico de González Calleja es el mejor sustento, en sus contundentes evidencias históricas, de la profunda verdad y gravedad de lo que Manuel Azaña adelantaba como reflexión. Carlistas, falangistas, cedistas «accidentalistas» —¡qué ironía!—, monárquicos, militares, unieron sus fuerzas, en diversas coyunturas hasta la sublevación final, para hacer fracasar un régimen que amenazaba con excesivos cambios para lo que la España más acomodada podía tolerar. Con este libro, sabemos mucho más, infinitamente más, sobre el origen, la naturaleza, los mecanismos y los objetivos últimos de aquel proyecto de destrucción que acabó en el naufragio.

En Historia nunca está dicha la última palabra. Ahora bien, con éstas de Eduardo González Calleja nos acercamos más a ella, con el ánimo siempre tenso en la seguridad de que, como en la célebre proposición filosófica, Aquiles no alcanzará a la tortuga, pero cada vez sabrá más sobre ella. Si algo puede reconfortar a quien tuvo responsabilidad en los primeros pasos de un joven explorador de nuestra Historia es, justamente, tener la evidencia de que a aquéllos siguieron muchos más en una búsqueda cuya recompensa es siempre un mayor acercamiento a la verdad.

Julio Aróstegui.

Universidad Complutense de Madrid.

Mayo de 2011

INTRODUCCIÓN

CONTRARREVOLUCIÓN: LOS REPERTORIOS

VIOLENTOS DE LAS DERECHAS ESPAÑOLAS EN LOS AÑOS TREINTA.

El propósito de este trabajo, versión abreviada y totalmente reelaborada de mi Tesis Doctoral defendida en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid en 1989, es analizar las estrategias y las tácticas de confrontación elaboradas por las derechas españolas durante los años treinta con el fin de subvertir y, en última instancia, destruir el régimen republicano. Por estrategia de confrontación entendemos todo tipo de conducta conflictiva basada en una evaluación de los recursos disponibles y de los costes y beneficios de las varias formas de acción disruptiva, tanto para el actor como para sus rivales y oponentes, y la puesta en marcha de un plan diseñado para alcanzar el objetivo que se persigue, que en este caso tiene que ver con el control del poder político. La táctica se limitaría a la manera de conducir un conflicto político determinado, que puede basarse en maniobras y actuaciones muy diversas, como el efecto sorpresa que puede suscitar un repentino cambio de comportamiento colectivo, las técnicas de acusación o crítica del adversario, el empleo de argucias o la gestión de recursos dirigidos a infundir el terror o gestionar la violencia para los propios fines. Estas distintas técnicas pueden variar de una situación a otra, y no derivan necesariamente de una concepción estratégica general[1].

La planificación estratégica y táctica de un conflicto aparece en íntima relación con un concepto a la vez estructural, cultural e histórico: el de repertorio de acción colectiva, que puede ser definido como las modalidades de actuación en común urdidas sobre la base de intereses compartidos, que se van redefiniendo y cambiando en el transcurso de la acción, en respuesta a nuevos intereses y oportunidades, y que son interiorizadas por los grupos sociales tras un largo proceso de aprendizaje[2]. En los repertorios, la experiencia acumulada de forma directa e indirecta interactúa con las estrategias de la autoridad y de los grupos aliados y rivales, generando un número limitado de formas de acción más practicables y frecuentes de lo que pueden serlo otras formas que, en teoría, sirven para los mismos fines[3]. Los movimientos sociales, los grupos políticos y los actores institucionales elaboran sus repertorios de acción en función de criterios generalmente racionales: su eficacia estratégica, el nivel de riesgo que se puede asumir, su adecuación ética, su legitimación por la tradición, el nivel de recursos disponibles, la actitud de los oponentes y el grado de desarrollo del conflicto[4]. Los repertorios se transforman en función de las alteraciones en la estructura de oportunidades políticas y de las identidades de los contendientes organizados, además de verse influidos por la historia acumulativa de las luchas colectivas. La historicidad de estos modos de actuación en común resulta un elemento clave e ineludible: en cualquier momento de la Historia, los individuos y las organizaciones sólo están capacitados para asumir o innovar un número limitado de vías alternativas para actuar de forma concertada, siempre que éstas encajen dentro de sus capacidades materiales y de sus parámetros culturales.

La compleja evolución política de las derechas españolas durante la Segunda República ofrece un excelente panorama para constatar las dramáticas transformaciones que experimentan los repertorios de acción colectiva en períodos de cambio acelerado, cuando aparecen numerosos movimientos que compiten por la atención y el apoyo de la ciudadanía. En esas circunstancias, el afán por demostrar que determinados movimientos son más atrevidos y eficaces que sus competidores intensifica y acelera la evolución de los repertorios hacia formas más radicales[5]. La radicalización, entendida como una actualización y vigorización de las ideologías y de los repertorios de acción colectiva en el sentido de una mayor agresividad e intransigencia respecto del régimen establecido, fue el rasgo estratégico común que, en mayor o menor grado, asumieron los grupos políticos de la derecha, y que se plasmó en un designio político genérico: la contrarrevolución cifrada en la mutilación o la eliminación de la democracia republicana por vías de hecho, incluida la violencia.

La contrarrevolución comenzó a adquirir consistencia cuando, en sus múltiples discursos, logró identificar a la República con la revolución. Para comprender la racionalidad particular de cada actor, hay que estudiar el significado de estos términos, e indagar cómo los entendió la gente de la época. La actitud de los propios republicanos, tildando de revolucionario su proyecto político, alimentó una confusión que aceleró la definición antirrevolucionaria de la derecha. El vínculo decimonónico del mito republicano con la democracia, seriamente erosionado en el imaginario popular tras la anarquía de 1873 y la dictadura de 1874, consolidó una imagen negativa que recogió el Diccionario de la Real Academia a partir de 1870, y hasta 1931 fue lugar común en la mentalidad de la clase media provinciana[6]. En contrapartida, durante la Restauración el concepto de república quedó ocasionalmente vinculado con el de revolución, entendida, al igual que a inicios del XIX, como regeneración de la entraña misma de la historia nacional, recuperación de los derechos y la personalidad histórica del pueblo español que habían sido obstaculizados durante siglos por poderes ajenos a la nación. Para personalidades como Ruiz Zorrilla o Azaña, la república debía ser traída revolucionariamente, para luego aplicar su programa de transformación radical del Estado español. Como final de trayecto del proceso de cambio político, la revolución subsumía y relativizaba el concepto de democracia republicana. La conquista del poder político en las jornadas del 12-14 de abril, reconocida como revolucionaria por la inmensa mayoría de los actores y espectadores del proceso[7], produjo una ruptura nítida con la legalidad existente, ya que no se concertó ningún acto formal de transmisión del poder, pero la movilización plebiscitaria también marcó un orden de jerarquía con los principios democráticos. El «alzamiento nacional de la democracia republicana contra la tiranía[8]» era anterior al sufragio que la consagró a partir de junio de 1931, y el Parlamento se transformó en instrumento, y no en la culminación, de ese proceso revolucionario.

Es preciso reconocer que conceptos como el de democracia no se desarrollaron de forma paralela o equivalente en los años treinta y setenta del siglo XX[9]. La República significaba cambio y modernidad, pero para unos esto equivalía a reforma democrática y para otros a revolución. Si la democracia republicana sólo suponía un valor absoluto para los minoritarios partidos republicanos burgueses (y no en todos los casos ni circunstancias), la mayor parte de la derecha contempló la revolución de 1931 como una patología social, una secuela demagógica de la crisis del parlamentarismo liberal que la Dictadura de Primo de Rivera había tratado en vano de resolver con métodos autoritarios. De ahí que las derechas acabasen por condenar indistintamente república, revolución y democracia, ya que la denuncia de la radicalidad del proyecto reformista republicano condujo de modo inevitable a cuestionar su carácter democrático e incluso su identidad nacional, convirtiéndolo en epítome de todos los males generados por la «anti-España».

La percepción de la democracia, no como fin, sino como medio, que arrancó del origen revolucionario de la República, condujo a la adopción por parte de las formaciones políticas de un elenco de actitudes divergentes que dificultaron la estabilización del sistema político. Juan J. Linz clasificó estos comportamientos —más o menos flexibles y permeables según las circunstancias— bajo los rubros de la lealtad en el disfrute del poder, la semilealtad en los términos de la colaboración institucional con el gobierno, la deslealtad en la participación condicionada en el sistema y la hostilidad manifiesta de las propuestas conspirativas, subversivas o insurreccionales[10]. También podríamos advertir tres aproximaciones básicas hacia el régimen: la patrimonial de los grupos netamente republicanos, obsesionados con «recuperar» (Lerroux en 1932) o «no perder» la República (Azaña en 1934), lo que llevó a unos a la defensa del orden y a otros a la reivindicación de la democracia a partir de las elecciones de noviembre de 1933; la instrumental de gran parte del socialismo y del cedismo, para quienes el régimen parlamentario no era sino el punto de arranque de una transformación radical del sistema democrático, y la hostil de la extrema izquierda revolucionaria o la extrema derecha involucionista, incompatibles no sólo con la democracia, sino con la idea misma de república burguesa.

La historia de las derechas antirrepublicanas durante los años treinta, incluso más allá de la fecha emblemática del 18 de julio de 1936, se podría resumir en la conflictiva elaboración y plasmación de ese proyecto contrarrevolucionario dirigido contra la esencia reformista del régimen republicano. Lo que cabría preguntarse —y a buscar respuestas van dirigidas las páginas que siguen— son las causas y los móviles internos y externos de esta acción subversiva, por qué fue adquiriendo un carácter cada vez más violento, y cuáles fueron las razones por las que las distintas derechas fueron incapaces de alcanzar una sintonía contrarrevolucionaria permanente, hasta el punto de que sólo aplazaron sus diferencias estratégicas cuando se vieron en la obligación de plegarse a los proyectos involucionistas diseñados por el Ejército.

La tarea contrarrevolucionaria resultó, en efecto, extremadamente ardua, porque los diferentes grupos sociales y políticos que no se identificaban con los valores que representaba el régimen del 14 de abril habían estado instalados durante décadas en la senda del compromiso, lo que en los años treinta les dificultó elaborar y desplegar de forma inmediata estrategias y tácticas de enfrentamiento político intenso. En todo caso, la necesidad de responder a las demandas de sus bases les llevó a plantear varios modelos posibles de contrarrevolución sobre la base de sus estructuras de movilización, sus creencias y sus tradiciones, pero tomando prestados algunos ingredientes de los repertorios de acción colectiva más exitosos procedentes del extranjero. Salvo el carlismo, que actualizó pero mantuvo en lo esencial su modelo insurreccional guerracivilista como antesala de la instauración monárquica, el resto de las tendencias de la derecha sólo podía encontrar esos modelos de confrontación en los márgenes o fuera de la realidad política española de aquellos años. Por ejemplo, el catolicismo más intransigente encontró en el movimiento cristero mexicano inspiración para desplegar a lo largo de 1931 su conato de revuelta armada clerical contra el gobierno. El posibilismo católico representado por la CEDA, que dio vertebración política a la fracción mayoritaria del conservadurismo español, elaboró una doctrina antirrevolucionaria fundamentada en los principios del corporativismo cristiano expuestos en las encíclicas Rerum Novarum y Quadragessimo Anno. A través del accidentalismo y de la ambigüedad ideológica se trató de crear un movimiento de amplia base que no renunciase a frenar la «revolución» dentro de la legalidad. Su estrategia política se inspiró en los antecedentes ya existentes en Europa de «vaciado» legal del régimen democrático a través del «blindaje» del poder ejecutivo. Al igual que Portugal y Polonia en 1926, o Austria en 1934, su táctica se cifraba en la toma parlamentaria del poder y en la puesta en marcha de un proceso de transformación autoritaria, antiparlamentaria y corporativa del régimen republicano con el apoyo decisivo de las Fuerzas Armadas; es decir, una toma del poder inspirada más en la Machtergreifung hideriana de 1933-1934 que en un modelo subversivo de masas del tipo de la Marcha sobre Roma. Este último fue la referencia constante para los grupos que reivindicaron abiertamente la titularidad del fascismo español, cuya mayor disponibilidad hacia el conflicto armado trató de canalizarse a través de un movimiento nacionalista revolucionario dirigido por un partido-milicia al estilo de Italia o Alemania.

Si para la CEDA el proceso de involución democrática debía pasar por el trance previo de un refrendo electoral, los monárquicos alfonsinos trataron de desencadenar el proceso inverso: ayudar a la implantación de una dictadura militar provisional que contribuyese a generar el «estado de opinión» propicio para la restauración de la Monarquía. Renovación Española fue derivando progresivamente desde un autoritarismo antirrevolucionario con voluntad restauracionista (cuyos modelos de asalto al poder eran el triunfante en España en 1874-1875 y el fracasado en Francia en 1871-1875) a un neotradicionalismo contrarrevolucionario e instauracionista influido por la estrategia de l’Action Française, que trataba de «armonizar la inteligencia y el puño» en una estrategia de influencia cultural a medio plazo que allanase el camino a un coup de force asestado desde el gobierno o a través del Ejército. El proceso gradual, pacífico y plebiscitario de restauración de la Monarquía en Grecia entre 1933 y 1935 pudo haber marcado el punto de convergencia estratégica con los cedistas. En contraste, el proyecto de unión de los grupos derechistas liderado por Calvo Sotelo y esbozado en torno al Bloque Nacional fue más allá de los postulados neotradicionalistas, ya que propugnaba un Estado fuerte e integrador, capaz de garantizar la «unidad moral, política y económica» en un proyecto monárquico contrarrevolucionario, antiparlamentario y con rasgos militaristas, mucho más cercano al sistema de poder fascista que al tradicionalismo ultraconservador defendido por RE. A la larga, la baza subversiva tutelada con mayor mimo por los alfonsinos —y a la que se adhirió gran parte de la CEDA desde fines de 1935— fue el pronunciamiento militar tradicional, aunque caracterizado por la posición hegemónica y la fuerte autonomía programática del Ejército.

Como trataré de demostrar a lo largo de este libro, la crisis de la democracia republicana es la crónica de las insuficiencias teóricas y prácticas, de los pasos tácticos en falso y de los errores de estrategia de los partidos políticos que participaban de una u otra forma en el sistema. Como dice Ben-Ami,

el fracaso definitivo de la República no estuvo irreversiblemente condicionado por motivos estructurales ni por la incapacidad intrínseca de los españoles para gobernarse, sino que vino dado por ciertas medidas políticas, algunas claramente malas e insuficientes, y por la reacción a ellas[11].

Estudiar las políticas reactivas de la derecha es un modo parcial —ojalá que el lector no lo crea sesgado— de abordar el tema mayor de la violencia política en la Segunda República, tarea a la que me comprometí hace años cuando publiqué las dos primeras entregas de una trilogía que espero culminar en breve[12].

Mi agradecimiento a todas aquellas personas que, a lo largo de casi veinte años de maduración profesional, me han ayudado de una u otra forma a culminar lo que en su momento fue mi primer gran trabajo de investigación, dirigido por el profesor Julio Aróstegui, maestro y entrañable amigo. Se lo dedico a mis padres, Eduardo y Begoña, que nacieron con la República y vivieron la guerra en bandos separados. Esta historia, como la de tantos españoles, es también la suya.

Capitulo 1

LAS OPCIONES SUBVERSIVAS DE LAS DERECHAS

ANTIRREPUBLICANAS, 1931-1932

La sucesión vertiginosa de los acontecimientos de mediados de abril de 1931 dejó en los medios dinásticos una sensación de impotencia y estupor. Desaparecidos los partidos tradicionales desde hacía tiempo, divididos sus viejos líderes en torno a la continuidad de don Alfonso en el trono, desasistidos por los tradicionales medios de salvaguardia del régimen e incapaces de vertebrar a una derecha sociológica desorientada por los rápidos cambios acaecidos tras la caída del general Primo de Rivera un año antes, las diversas tendencias de lo que —con evidente designio partidista— comenzaba a designarse como «alfonsismo» fueron incapaces de construir el dique a la revolución que habían propugnado durante el período electoral. Las maniobras militares de última hora, los intentos de negociación cerca del Comité Revolucionario republicano o la desesperada búsqueda de una solución de compromiso intentada desde el entorno de El Debate fueron, a la postre, otros tantos fracasos que mostraban a las claras la inoperancia de las viejas fuerzas dinásticas a la hora de preservar una Institución que había garantizado su primacía social y política durante más de cincuenta años.

Los primeros tanteos conspirativos de los monárquicos.

La repentina y festiva proclamación de la República precipitó un examen de conciencia que la derecha convirtió en ajuste de cuentas con el pasado. La hipotética reactivación de las fuerzas monárquicas vino unida a una severa reconsideración de los errores, no tanto del rey como del régimen liberal en su conjunto. De hecho, unas horas antes de la marcha de don Alfonso hacia el destierro se había celebrado una reunión de destacadas personalidades palaciegas y primorriveristas en casa del conde de Guadalhorce para discutir la necesidad de definir una teoría contrarrevolucionaria que sirviese de base a un partido político de corte monárquico[13]. Sonaba la hora de la involución doctrinal hacia las esencias autoritarias de la Corona como símbolo de esa tradición multisecular pervertida por la modernidad, y comenzaba una andadura política en la que, sin abandonar la táctica parlamentarista, las fuerzas monárquicas y criptomonárquicas intensificarían su deriva antidemocrática, abordando de forma prioritaria una doble estrategia de acoso doctrinal y de golpismo práctico contra el régimen republicano.

El punto de ruptura:

los sucesos del 10 y el 11 de mayo de 1931 y sus secuelas.

En su primer amago de recomposición política, los monárquicos echaron mano de la vieja tradición decimonónica de la movilización elitista a través de los círculos y la prensa afines. El diario ABC, que el 19 de abril se había comprometido públicamente a no alentar rebeliones militares, inició una campaña en favor de una monarquía autoritaria y antidemocrática en oposición a los postulados malminoristas que en ese momento defendían Ángel Herrera, la ACNP y El Debate. Las diferencias entre ambos periódicos, puramente tácticas, desembocaron en dos iniciativas políticas divergentes: el 29 de abril se constituía Acción Nacional como organismo electoral que agrupara a los «elementos de orden» sin distinción de lealtades dinásticas. Por otro lado, los elementos más irreductibles del alfonsismo, apoyados por ABC e incluso por el propio monarca, llamaron desde el 26 de abril a la constitución de una agrupación política diferenciada. El 5 de mayo, Juan Ignacio Luca de Tena acudió a Londres a consultar al exrey la formación de un comité electoral que permitiese canalizar la opción monárquica ante las próximas elecciones a Cortes, pero también las primeras conspiraciones[14]. A su retorno, Luca de Tena puso en marcha el Círculo Monárquico Independiente, y obtuvo de su amigo el director general de Seguridad Carlos Blanco autorización para la celebración el día 10 de una junta general en el antiguo local de Reacción Ciudadana.

Como en los prolegómenos del cambio de régimen, los alfonsinos compartían una percepción casi desenfadada de la situación política: era según ellos una crisis pasajera, como tantas otras de la Restauración, que se había traducido en un cambio gubernamental (producido, no se olvide, sin el dramatismo de las añejas convulsiones revolucionarias) susceptible de ser rectificado si las elecciones de junio arrojaban una mayoría conservadora que frustrase el proceso constituyente. Este optimismo rayano en la insensatez ayuda a explicar las pueriles provocaciones lanzadas el 10 de mayo desde el Círculo Monárquico, que cayeron en un terreno de inquietud popular abonado por una serie de declaraciones de marcado tono antirrevolucionario: días antes, El Debate había equilibrado su inicial aceptación de la República con un panegírico de Alfonso XIII, y de inmediato lanzó una campaña en favor de los partidarios de la familia, la religión, la patria y la propiedad contra la «revolución». El manifiesto de Acción Nacional de 7 de mayo la definía como una «organización de defensa social» ya entonces accidentalista. Por otro lado, la pastoral del cardenal Segura «Una mirada al pasado», escrita el 1.º de mayo y aparecida en el boletín de la sede primada del día siguiente con encendidos elogios al exrey y con la petición de una «cruzada de oración y penitencia» que confluyera en una acción política coincidió con la primera andanada de decretos que prohibía la venta o transferencia de propiedades eclesiásticas, ponía fin a la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas estatales y suprimía la representación del episcopado en el Consejo de Instrucción Pública. En ese contexto, los obispos apoyaron a Segura y redactaron el 9 de mayo un documento de protesta que no vio la luz hasta el 3 de junio.

Estas primeras declaraciones de disentimiento episcopal, realizadas en medio de la euforia por el cambio de régimen, agudizaron la hipersensibilidad revolucionaria de los sectores más extremistas, convencidos de que esta República presuntamente transada en un «pacto de caballeros» corría peligro de diluirse en un restauracionismo sin rey. La peculiar dinámica del rumor también jugó —y no sería la última ocasión— su papel en el fomento del malhumor popular: el antiguo alcaide primorriverista marqués de Sotelo se había presentado ante el gobernador civil de Valencia desmintiendo su participación en cualquier complot, mientras que en Barcelona se habían registrado los locales del Sindicato Libre, donde se encontró una caja de pistolas con cargadores y cartuchos[15]. Para colmo, la prensa hizo pública el día 10 de mayo la liberación de Prisiones Militares del general Berenguer, acusado de responsabilidad en la ejecución de Galán y García Hernández, que al parecer fue decidida sin el conocimiento del Gobierno Provisional.

El incidente provocado a las once de la mañana de ese domingo frente al Círculo Monárquico de la calle de Alcalá tiene todos los ingredientes de los desencadenantes de la hostilidad popular: la difusión fuera del marco privado de una música de la carga simbólica de la Marcha Real que llenó de indignación a los viandantes; el lanzamiento de hojas del pasquín monárquico El Murciélago, presunta «tercera época» de una publicación clandestina cuya primera aparición se remontaba a los prolegómenos de la revolución de julio de 1854, y que llamaba a «hacer la vida imposible a esta caricatura de República, sin miedo a que venga el comunismo»; la violenta respuesta de los taxistas y el repliegue de los monárquicos hacia su casino, acosados e increpados por una masa humana enardecida por el rumor de que un chófer había sido muerto por dar vivas a la República[16]. La llegada de las autoridades no contuvo la ira popular, ya que la Guardia Civil no pudo evitar la agresión a algunos notorios monárquicos y el incendio de los coches de varios aristócratas. Tampoco la presencia del ministro de Gobernación, Miguel Maura, sirvió para calmar los ánimos, ya que su intento de resolución gubernativa del conflicto resucitó los añejos gritos de «¡Maura no!», junto a reproches de actuar como «hijo de su padre». Tras la marcha de los últimos detenidos a las cuatro de la tarde, grupos nutridos se congregaron frente a la sede de ABC en la calle de Serrano hasta que la Guardia Civil se vio desbordada y corrió a refugiarse en las oficinas del diario monárquico, que fue profusamente apedreado. Cuando se intentaba quemar la puerta del garaje, desde las ventanas altas del edificio partieron disparos que dejaron varios heridos, dos de ellos muy graves —murieron poco después— antes de que la Benemérita acabase de despejar las inmediaciones. Una manifestación de unas 3000 personas se dirigió entonces hacia la Dirección General de Seguridad pidiendo la destitución del ministro de la Gobernación y un castigo ejemplar para los provocadores. Al mismo tiempo, un grupo de exaltados quemaba el quiosco de El Debate en la calle de Alcalá, destrozaba las ventanas del Casino Militar y rompía los escaparates de la librería católica Voluntad. Fue entonces cuando los altercados degeneraron en una algarada de contornos tradicionales: hacia las ocho de la noche elementos extremistas asaltaron varias armerías de la calle de Hortaleza y la Cava Baja, desde donde se recibió a tiros a una sección de Guardia Civil de Caballería, que dos horas más tarde también disolvió una nueva concentración de protesta ante ABC. Hacia la medianoche, mientras que una comisión de ateneístas acudía a parlamentar con Azaña y con otros ministros en el edificio de Gobernación, un exaltado disparó a la multitud congregada en la Puerta del Sol e hirió a una persona antes de ser linchado.

El incidente del Círculo Monárquico Independiente fue la mecha que desembocó en la quema de establecimientos religiosos, con una sospechosa sincronización y no pocas maniobras provocadoras en todo el país. Justo cuando comenzaba el Consejo de Ministros a las nueve de la mañana del lunes llegó la noticia del incendio del edificio de los jesuitas en la calle de la Flor. Una docena de inmuebles ardió ese día en Madrid. Por la tarde, el Gabinete se vio obligado a declarar el estado de guerra contra la opinión de muchos republicanos, inquietos con la asunción temporal del poder por los mismos mandos castrenses que estaban en plaza en tiempos de la Monarquía, y temerosos de que la previsible represión lanzara al pueblo contra el Gobierno Provisional. Al día siguiente, los incendios se repitieron en Málaga, donde una primera oleada de grande peur condujo a varios significados monárquicos a buscar refugio en Gibraltar, mientras que las primeras hornadas de emigrantes políticos también llegaban al País Vasco francés. Se suspendieron los diarios El Debate y ABC, que reaparecieron respectivamente el 20 de mayo y el 3 de junio, mientras que los pequeños partidos monárquicos que no se habían disuelto tras las elecciones de abril lo hicieron en ese momento. El 6 de junio el Círculo Monárquico decidió abstenerse de participar en las elecciones a Cortes Constituyentes e integró sus fuerzas en Acción Nacional[17].

La dinámica tumultuaria de las violencias del 10 de mayo, con su cortejo decimonónico de circulación acelerada de rumores, apedreamiento de lugares con fuerte carga simbólica, intermediación de notables, enfrentamientos con la fuerza pública, asalto a armerías, manifestaciones itinerantes de protesta por los centros del poder político hasta altas horas de la noche y pliego de peticiones elevado por presuntos representantes de la voluntad popular contrastó con la premeditada ejecución de los asaltos anticlericales del día siguiente. En todo caso, estos sucesos rompieron el hechizo de unas relaciones entre poder y pueblo que durante casi un mes habían transcurrido de forma bastante apacible. El paternalismo que había exhibido hasta entonces el Gobierno Provisional saltó hecho añicos. Ya no se vería más a los políticos (como Maura, Sánchez Guerra o Prieto en esa jornada) mediando en la calle entre guardias y manifestantes, sino que la obsesión por preservar el principio de autoridad dio en adelante la prioridad a las frías estrategias represivas diseñadas desde las alturas ministeriales.

Aunque las jornadas de mayo tuvieron más de frustrada maniobra revolucionaria que de conato de contrarrevolución, sus consecuencias resultaron más trascendentes para la derecha que para la izquierda. El proyecto político de la Derecha Liberal Republicana quedó herido de muerte, y también se limitaron las posibilidades de desarrollo de un partido monárquico que liderara al conjunto de las fuerzas conservadoras. La primera irrupción agresiva de las masas en la calle no fue sólo un golpe irreparable para la imagen de autoridad que pretendía forjarse el naciente régimen, sino que también precipitó la decisión, adoptada por buena parte de las fuerzas derechistas, de escoger la senda de la rebeldía una vez que el nuevo director general de Seguridad, Ángel Galarza, se declaró dispuesto a fiscalizar las actividades de los monárquicos, que poco después vieron aún más dificultada su actuación con la promulgación de la Ley de Defensa de la República.

Las actividades conspirativas de los alfonsinos fueron casi coetáneas a su inserción en Acción Nacional: los primeros conciliábulos contra el régimen se habían iniciado a comienzos de mayo, antes incluso de la quema de conventos, en el palacio propiedad del marqués de Quintanar. A la primera convocatoria asistieron los generales Orgaz y Ponte, el conde de Vallellano y Juan Pujol, director de Informaciones y representante de Juan March. Pero la subversión monárquica comenzó en serio al día siguiente de los incendios, al igual que la vigilancia gubernativa sobre las primeras maniobras antirrepublicanas[18]. Tras estos sucesos, el nido de conspiradores de la casa de Quintanar se amplió con la incorporación de monárquicos como Julio Danvila, conde de Vallellano y Santiago Fuentes Pila, y militares como Fernando Cobián, Luis Orgaz, Miguel Ponte y Helí Rolando de Telia, dando lugar a la primera trama complotista, conectada directamente con el pronunciamiento del 10 de agosto de 1932[19]. El 1.º de junio, los condes de Arcentales y de Pardo Bazán ofrecían su domicilio para un más nutrido grupo de conspiradores entre los que, además de los reseñados, figuraban el general Cavalcanti, el coronel Várela y el oficial del cuerpo jurídico Eugenio Vegas Latapié. También se unieron los abogados Joaquín del Moral y Jiménez Coronado, y «ultras» como José Mª Albiñana. A principios de junio, el carlista marqués de Villores, Vegas, Quintanar y Fuentes Pila ya habían logrado recaudar millón y medio de pesetas para sufragar una posible sublevación. Orgaz, nombrado director de la conjura, también obtuvo ayuda del filántropo santanderino Ramón Pelayo de la Torriente, marqués de Pelayo y de Valdecilla, que donó una suma de 100 000 pesetas con destino a los primeros preparativos.

La inicial conspiración, de carácter inequívocamente alfonsino, se desarrollaba en tres ámbitos: en primer lugar, el núcleo de militares leales al rey hasta el último momento (con el caso paradigmático de Cavalcanti) y retirados de forma voluntaria del Ejército como Ponte y Orgaz, quien montó un despacho donde los oficiales acogidos a los primeros decretos de Azaña irían a gestionar un plus salarial a cambio de su disponibilidad para cualquier tarea conspirativa. También el periódico La Correspondencia Militar actuó de aglutinante de este núcleo primigenio de militares descontentos. La publicación realizaba obsesivos llamamientos a la autoridad y a la disciplina social, que debían ser garantizadas en última instancia por un Ejército que resultaba ser «el eje férreo que sostiene el cuerpo de la nación» o «el último baluarte de la sociedad que se resquebraja[20]». Ese verano, La Correspondencia Militar recibió algunas sumas de los monárquicos para impulsar una campaña antirrepublicana[21]. Afectado quizás por esta circunstancia, el 9 de julio cesó en la dirección del periódico el moderado Rafael Escry, que fue sustituido por el teniente coronel de Infantería retirado Emilio Rodríguez Tarduchy, un fanático primorriverista que patrocinó una fuerte radicalización de la línea editorial al exigir, en terminología schmittiana, «un ejecutivo fuerte, capaz de actuar, de decidir[22]». En esa campaña en pro de una involución autoritaria del régimen fueron también habituales los emocionados recuerdos al general Primo de Rivera, el apoyo a Lerroux como «gobernante-esperanza» y al general Sanjurjo como verdadero garante del régimen[23].

Las otras dos vías de actuación de los alfonsinos fueron los contactos con el nacionalismo vasco, enfrentado entonces a la República por las cuestiones foral y religiosa y, sobre todo, las relaciones con el tradicionalismo carlista, que contaban con el importante corolario de un acercamiento entre ambas dinastías: tras los poco productivos contactos de Orgaz con los requetés en junio y una serie de reuniones de tanteo en «Villa Lehene» (Hendaya), el alfonsino conde de Miranda redactó el 15 de agosto unas bases que el conde de Plasencia sometió a la aprobación de don Alfonso y José Mª Gómez de Pujadas a la consideración del pretendiente don Jaime. El documento, base del pacto firmado en Territet (Suiza) el 12 de septiembre, estipulaba una colaboración táctica de ambas ramas para la destrucción de la República, confiando a unas futuras Cortes la elección del nuevo rey. Poco después, don Alfonso marchaba a Austria, al parecer con el propósito de solicitar ayuda para la conspiración en marcha[24], pero ya el 6 de julio le llegaban a Azaña las primeras noticias de la conjura capitaneada por los generales Barrera y Orgaz, lo que condujo a la detención de Fuentes Pila el día 23[25]. Este contratiempo hizo que la suma donada por el marqués de Valdecilla fuera a parar, a través del marqués de Quintanar, a la fundación de la revista doctrinal Acción Española, cuyo primer número saldría a la calle el 16 de diciembre y donde alfonsinos y carlistas atacarían sin misericordia la táctica de ralliement propiciada por El Debate[26].

Sin embargo, los sucesos de mayo permitieron a Acción Nacional remontar el vuelo sobre los agravios sufridos por la comunidad de creyentes, ya que la crispación brusca del ambiente generada por la quema de conventos llevó la cuestión religiosa al primer plano del debate político. En adelante, el banderín de enganche de la derecha mayoritaria no sería la preservación del principio monárquico, sino la defensa del catolicismo como identidad aglutinante de su proyecto contrarrevolucionario. Este renovado impulso movilizador, que retomaba todos los tópicos de la «defensa social» del período posterior a 1917, y en especial del primorriverismo, se alimentó de los incidentes que envenenaron de forma progresiva las relaciones entre el Gobierno Provisional y la jerarquía católica (alejamiento de Segura en Roma el 13 de mayo; expulsión del obispo de Vitoria, Mateo Múgica, el 18 de mayo por su negativa a suspender una visita pastoral a Bilbao ante la amenaza de enfrentamientos con grupos anticlericales; negativa del plácet vaticano al embajador Luis de Zulueta el 30 de mayo; pastoral de los obispos el 3 de junio; retorno, detención y expulsión de Segura los días 11 a 21 de junio; incidentes en las paradas de un tren de eclesiásticos y seglares que iba de Zaragoza a Pamplona el 14 de junio…) en esos meses previos a la puesta en marcha de la legislación laica.

El 8 de octubre se inició el debate sobre la cuestión religiosa, que volvió a enconar la situación. Para que se produjera un enfrentamiento hizo falta que la legislación laicista y los disturbios anticlericales fueran interpretados por la jerarquía como las dos vertientes indisociables de una intolerable persecución. Sin embargo, la solidaridad forjada en la defensa de la religión que se pretendía amenazada no era suficiente para impulsar la protesta: también se necesitaba una estructura organizativa, una doctrina que justificara la rebeldía y un proyecto político alternativo al republicano. La Iglesia brindaría esos instrumentos de movilización en los meses siguientes.

¿Una «Cristiada» vasconavarra?

La agitación religiosa en el norte durante el verano-otoño de 1931

Los primeros decretos y debates parlamentarios de contenido religioso levantaron la fronda en el país vasconavarro, donde, al contrario que en otras regiones, la conflictividad no se dirigió de forma preferente a la disputa sobre recursos de índole material (derechos sobre útiles de producción como capital, trabajo, salarios o propiedad), sino que los antagonismos se proyectaron sobre bienes simbólicos, en los cuales los contendientes se sentían representantes y defensores de la identidad colectiva de un grupo más amplio, que reaccionaba contra los ataques a su integridad moral procedente de un mundo percibido como hostil. Los contenciosos relacionados con las creencias religiosas o la unidad nacional son ejemplos de este género de conflictos, que conciernen a valores absolutos que no pueden ser negociados. Ambos tipos de litigio se prodigaron en el país vasconavarro con una intensidad y complejidad inusitadas.

Como sucedió en 1904-1906, la conjunción de los problemas foral (con el pulso entre las Gestoras y los Ayuntamientos por el control del proceso estatutario) y religioso (con las expulsiones de Segura y Múgica), con el problema añadido del malestar militar provocaron en el País Vasco un serio conflicto que abrió la posibilidad de un desenlace violento de carácter contrarrevolucionario. Durante los meses posteriores a la proclamación de la República, el PNV suscribió un pacto con las fuerzas católicas con el fin de obtener la autonomía para las provincias vascas y resistirse al proyecto de laicización propugnado por la coalición republicano-socialista. Aprovechando la recuperación de las actividades legales propiciada por el advenimiento de la República, los nacionalistas establecieron una alianza táctica con los tradicionalistas que, en opinión de la izquierda republicana y socialista, pretendía la obtención de un régimen autonómico de corte reaccionario y clerical que protegiera al País Vasco de los aires democráticos y secularizadores que traía el nuevo régimen. Los primeros desencuentros con el Gobierno Provisional estrecharon la alianza carlista-nacionalista, que ganó las elecciones en la región el 28 de junio. El día anterior, el cardenal Vidal y Barraquer comentaba al secretario de Estado Pacelli que en Navarra y País Vasco,

[…] donde la gente conserva más viva la fe y es muy amante de sus tradiciones, los vecinos se están armando, y se les unen jefes y oficiales del Ejército, disgustados con las reformas del Ministro de la Guerra, y que hasta cuentan con simpatías y promesas de alguna nación vecina,

en concreto Portugal. Fuertemente condicionado por el recuerdo de conflictos como el «cristero» mexicano, Vidal consideraba que estas actividades eran arriesgadas, ya que el nuevo régimen no estaba desgastado, y un alzamiento prematuro tendría la virtud de unir a las fuerzas republicanas, precipitando nuevas violencias anticlericales. Proponía esperar a que

[…] la nueva situación caiga por sus desaciertos y no por dificultades, aún muy legítimas, que le pongan los elementos eclesiásticos, a quienes ni en apariencia ha de poder acusarse de procurar o favorecer la revolución contra el poder constituido[27].

Fue también el momento de las «apariciones» mañanas en Ezquioga —la «virgen del Estatuto de Estella»—, cuyas apocalípticas visiones de guerra civil pretendieron alentar un milenarismo popular de corte contrarrevolucionario con menos éxito que los sucesos de Fátima durante la Primera República Portuguesa o el «cristerismo» mexicano de la segunda mitad de los años veinte (una gran rebelión armada popular y eclesial en el centro rural del país contra la legislación laicista del presidente Calles[28]), y que tomó cuestión parlamentaria al suponerse un hito más de la trama conspirativa que las derechas tejían en el Norte[29]. También en esos meses se produjeron el hallazgo de los escritos proféticos de la monja María Ráfols Bruna, junto con la publicación de obras antisectarias como los Orígenes de la Revolución española del antimasónico padre Juan Tusquets y la reedición de los Protocolos de los Sabios de Sión.

Durante ese verano la polarización se incrementó, en paralelo al recrudecimiento de la cuestión religiosa y la campaña nacionalista de movilización de la opinión pública en favor del Estatuto de Estella. A medida que el conflicto entre la minoría vasconavarra y el Gobierno se fue haciendo más agudo, un sector del PNV se fue aproximando a los postulados insurreccionales defendidos desde las filas monárquicas, fomentando un particular proceso de paramilitarización entre sus mendigoizales (montañeros) que fueron transformándose en grupos juveniles dirigidos de forma preferente contra los socialistas en Bilbao, margen izquierda del Nervión y las Encartaciones[30]. En el semanario de la Juventud Vasca de Bilbao se llamó a «la acción directa, expeditiva y enérgica de la violencia. Euzkadi armará y organizará sus ejércitos […] El vasco está decidido a vender cara su independencia. Luchará hasta morir. Morir o vencer[31]». Convencidas de la ilegitimidad de origen de, la República, y temerosas de que el régimen lograra estabilizarse a corto plazo, las dos tendencias monárquicas pretendían impulsar un golpe de fuerza en el país vasconavarro, según el modelo utilizado por los monárquicos portugueses en la frontera gallega a lo largo de la década de 1910. A tal fin, tanto carlistas como alfonsinos trataron de movilizar y coordinar sus recursos coercitivos: el «Comité de Acción» organizado por don Jaime en mayo de 1930 entró en negociaciones con una junta de exiliados alfonsinos (La Cierva, Ponte, Orgaz) radicada en San Juan de Luz, pero la inteligencia subversiva avanzó penosamente ante las suspicacias acumuladas en torno a la resolución del pleito sucesorio y las surgidas por la manifiesta desproporción de los medios de lucha aportados por unos y por otros: mientras el carlismo disponía ya de una nutrida milicia de carácter defensivo (las «decurias» organizadas por Jaime del Burgo, Eugenio Sanz de Lerín y Generoso Huarte en Navarra[32]), los partidarios del exrey sólo gozaban del apoyo de ciertos medios financieros y militares.

Fue en agosto (en el momento de los trabajos de la ponencia constitucional, de la suspensión de la temporalidad de Segura y Múgica y de la detención del vicario general de Vitoria, Justo Echeguren, con documentos comprometedores del cardenal primado) cuando la agitación en el país vasco-navarro alcanzó su momento álgido. El embajador francés, Jean Herbette, aseguraba: «La agitación clerical del norte no inspira graves inquietudes al gobierno», aunque en los lugares que conservaban las tradiciones de la guerrilla carlista «se habla de luchas que podrían producirse en otoño, pero es difícil distinguir lo que hay de serio en ese propósito[33]». Alcalá Zamora aludía a «las repetidas idas y venidas de caracterizados elementos vascos para visitar al señor Segura[34]», y en determinados cenáculos jaimistas donde se evocaba la movilización bélica de 1872 se hablaba ya de una «cuarta guerra civil». Incluso en Madrid, el provisor de la diócesis confió al gobernador civil de Valencia el estado de exaltación violenta de algunos jóvenes católicos, dos de los cuales le habían consultado recientemente sobre la licitud del asesinato de los ministros Marcelino Domingo e Indalecio Prieto y la manera de ejecutarlo sin herir su conciencia cristiana ni ofender a Dios, en una manía tiranicida que recordaba la del movimiento cristero mexicano[35]. El moderado Vidal y Barraquer escribía al secretario de Estado, monseñor Pacelli:

Me comunican confidencialmente que los jaimistas, los alfonsinos y otros elementos, con simpatía y apoyo de algún elemento del clero secular y regular están conspirando o preparando un alzamiento en armas contra el régimen. Yo lo considero cosa desatinada, prematura y, sobre todo, con respecto a los eclesiásticos, contraria a los mandatos y al espíritu de la Iglesia […] Ahora más que nunca se impone en nuestra actuación una gran prudencia y sensatez[36].

El deterioro de la situación en el Norte obligó a una actuación enérgica del Gobierno, sobre todo cuando se supo de las conversaciones entre José Antonio Aguirre y el general monárquico Luis Orgaz, quien también anduvo en confidencias con Vegas Latapié y con personalidades de la derecha conservadora y católica vizcaína como José Mª de Urquijo, Luis Villalonga, el doctor Rementería y la señora viuda de Chávarri en Deva, para

[…] conocer estados de opinión militar, posibilidades de concurso y asistencia y singularmente de encuadramiento para las organizaciones del pueblo vasco, que estaba dispuesto —se me decía— a producir un alzamiento sin definir concretamente la finalidad que con el mismo se perseguiría, pero siempre con el propósito de derrocar al gobierno de la República.

Según Orgaz:

En lo que a mí se refiere, hice siempre presente que estimaba prematura toda tentativa en este orden. Ante la insistencia de estos señores, solicité una demostración de fuerza que hiciera patente tal estado de opinión y, de acuerdo con José Antonio Aguirre, se me ofreció llevarla a cabo con pretexto de un mitin en Deva, al que habían de concurrir, limitando su número para evitar alarmas de la autoridad, unos quince mil «mendigoizales», con independencia, claro está, del público que a dicho acto asistiera. Uno de los oradores había de ser José Antonio Aguirre, y podía aprovecharse la ocasión para entrevistarse conmigo[37].

A ese mitin en Deva, celebrado a fines de agosto, asistieron entre mil y tres mil mendigoizales guipuzcoanos, según los testimonios contradictorios de Orgaz y Aguirre. Días más tarde, ambos se entrevistaron en Lequeitio, donde, siempre según testimonio del primero, el líder peneuvista en ningún momento habló en sentido nacionalista, aunque se solicitó su concurso para facilitar cuadros de oficiales que entrenasen y formasen las organizaciones mendigoizales como núcleo de las fuerzas del levantamiento[38]. El testimonio de Aguirre difiere bastante del anterior: reconoce la existencia de esta entrevista, pero resalta que fue Orgaz, «cabeza de un movimiento que se preparaba para derrocar violentamente al Gobierno provisional», quien solicitó la implicación del PNV, bajo la promesa de convocar nuevas Cortes Constituyentes que decidieran la forma de gobierno para España y la concesión de una amplia autonomía para el País Vasco y Navarra. El movimiento debería ejecutarse antes de dos o tres meses, evitando así el licenciamiento del corriente reemplazo de soldados. Pero Aguirre, que hablaba a título estrictamente personal y desde un punto de vista más político que militar, exigió un programa netamente antimonárquico y nacionalista para movilizar a sus huestes, de tal modo que Orgaz comprendió que «para contar con el País Vasco para cualquier clase de movimiento había que prestarle tales garantías, que ellos no podían ser capaces de ofrecer[39]». Resulta difícil discernir quién incitó a quién a la rebelión. Lo cierto es que Orgaz era un representante cualificado de la red conspirativa Alfonsina desde abril de 1931, y Aguirre, que ese verano recibió otras solicitaciones de elementos monárquicos[40], representaba a un partido que mantenía con coherencia una práctica política posibilista centrada en la obtención del Estatuto, pero que no descartaba la lucha armada para defender sus convicciones religiosas y lograr sus aspiraciones políticas de autonomía si éstas se veían en peligro. Con todo, la postura oficial del «círculo de poder» del PNV quedó expuesta de forma clara por Manuel Irujo en un mitin celebrado en Elizondo el 23 de agosto:

No hemos de tolerar que por nadie se pretenda tomarnos por conejillos de Indias para hacer experimentos de restauraciones monárquicas, cuyo calor no sentimos cuando la monarquía nos perseguía y tiranizaba, y cuyos odios tampoco sentimos ahora […] Los vascos no hemos de caer en la torpeza de mezclar nuestras actividades, nuestro dinero y nuestra sangre en una acción de restauración que pugnaría por otra parte con nuestras orientaciones democráticas tradicionales[41].

Esta apuesta por una «democracia vasca» al margen de las disputas sobre el régimen político del Estado no podía menos que irritar a las fuerzas republicanas, que percibían este accidentalismo como un peligro insurreccional latente que no tardaría en estallar en forma de la rebeldía conocida en el siglo anterior. El caso es que Aguirre comunicó el 1 de diciembre a Azaña los requerimientos monárquicos, que aseguró haber rechazado porque «no les daban garantías para sus aspiraciones[42]».

El 13 de agosto, el presidente del Consejo se hizo eco de los rumores de un golpe monárquico para la semana siguiente, en el que estarían implicados Varela, Orgaz y Franco, que le parecía «el único temible». La difusión de la «Carta del Episcopado sobre la situación religiosa presente y los deberes que impone a los católicos», redactada por Segura el 25 de julio y publicada en La Gaceta del Norte el 16 de agosto, y la inserción dos días después en el mismo diario de un artículo incendiario en el que José María Urquijo hacía un llamamiento al alzamiento de los católicos vascos colmaron el vaso de la paciencia del Gobierno[43]: preocupado por la eventualidad de una «Cristiada» monárquico-nacionalista que creía inminente en el País Vasco y Navarra, el Consejo de Ministros decidió el 18 de agosto la adopción de medidas extraordinarias: Maura se comprometió a trasladar de Navarra a buena parte de la plantilla de una Guardia Civil que consideraba «toda carlista»; Prieto propuso el nombramiento de un gobernador general para las Vascongadas, y Azaña ordenó a Goded que el Estado Mayor Central estudiase un plan de campaña para las divisiones quinta, sexta y séptima y para las dos medias brigadas de montaña, con el objeto de ocupar militarmente Navarra[44]. El día 20, el presidente habló en Consejo de Ministros de impulsar «una política enérgica, que haga temible a la República», actitud que fue apoyada por Largo y Lerroux, mientras que Maura propuso una vez más la presentación de una Ley de Defensa que acabaría por ser promulgada el 29 de octubre[45]. Esa misma noche se procedió a la incautación de armas de las fábricas de Guernica, Éibar y Placencia, y a la suspensión de varios diarios monárquicos, católicos y nacionalistas de Bilbao, San Sebastián y Pamplona[46]. Se decretó también la detención de destacadas figuras como el integrista Juan de Olazábal y el católico José María Urquijo[47]. La conspiración volvió a recibir un duro golpe cuando a fines de agosto el director general de Seguridad, Ángel Galarza, dispuso la detención en Madrid de varios militares, aristócratas y religiosos que consideraba implicados en la conjura, como José Antonio Primo de Rivera, los comandantes de Infantería Francisco Rosales Usaleti (antiguo ayudante de Orgaz), Helí Rolando de Telia, el marqués de Albaida (supuesto tesorero del comité conspirador) y militares retirados como Méndez Vigo, sorprendido una madrugada en la iglesia de la Concepción cuando celebraba un simulacro de defensa[48]. A principios de septiembre, ocho batallones de montaña de Barcelona, Gerona, Figueras, Vitoria y Bilbao, con un total de 8000 hombres dotados de abundante material de guerra, fueron enviados en maniobras de intimidación hacia Navarra, a pesar de que Azaña aseguró con su peculiar sentido del humor que en España «no existían más partidas que las del mus[49]».

El 11 de septiembre, poco antes del viaje de los alcaldes vascos a Madrid para entregar su proyecto de Estatuto, la tensión estalló en Bilbao: cuando un grupo de miembros de la Juventud Vasca se encontró con otro de republicanos en plena Gran Vía, las palabras dejaron paso a los hechos. Un joven republicano murió y otro resultó herido. Los airados socios del Círculo Republicano proyectaron el asalto a los locales de la Juventud Vasca en la calle Bidebarrieta, que fue ametrallado y donde fueron detenidos todos los presentes, incluida la junta directiva. El presidente Elías Gallastegui y otros catorce miembros de la Juventud Vasca fueron encarcelados, para ser liberados poco después de iniciar una huelga de hambre a imitación del célebre alcalde de Cork[50].

Durante un Consejo de Ministros celebrado el 15 de septiembre, Miguel Maura habló del estado de las conspiraciones, afirmando que «un señor de Sevilla ha dado un millón», que «el idiota de mi hermano [Honorio Maura] también ha dado dinero», que se había formado un comité en París en el que figuraba el duque de Alba, que existía un alijo de armas depositado en Francia y que Orgaz, residente en Deva, «ha pasado revista a un batallón de mendigoroles [sic]»[51]. En consecuencia, Orgaz, que había barajado la posibilidad de asestar un golpe antes de la incorporación de los nuevos reclutas en septiembre, fue detenido y confinado a Canarias el día 16 junto al teniente coronel Joaquín Ortiz de Zárate y el comandante Ángel Sanz Vinajeras, mientras que el comandante Sagardía lograba huir a Francia, donde se integró en la «Junta de Alzamiento» carlista[52]. Ya era demasiado tarde para intentar una insurrección, una vez que había sido desarticulada parte de la trama, con sospechosas ramificaciones en la extrema izquierda[53]. El Gobierno ordenó nuevas detenciones y el cierre de los batzokis de la provincia de Vizcaya, aunque a fines de septiembre seguían apareciendo noticias sobre el descubrimiento de depósitos de armas y municiones en Barcelona y Navarra, y maniobras sospechosas de carlistas en los límites de Álava y Logroño[54]. A pesar de los desmentidos de los monárquicos, el peligro de subversión continuó latente, como lo demostraban los trabajos del comité insurreccional organizado desde San Juan de Luz por Juan de La Cierva. Otro indicio de su actitud estuvo vinculado a la suspensión de La Correspondencia Militar hasta el 19 de enero de 1932 por sus campañas contra las reformas de Azaña, por sus vínculos con Martínez Anido —conspirador muy activo en Francia hacia esas fechas[55]— y por comprobarse que en los ejemplares que se enviaban a las guarniciones de Marruecos se encartaban manifiestos y hojas sediciosas antirrepublicanas[56]. Todas estas maniobras subversivas intentaron ser prevenidas mediante la promulgación el 29 de octubre de la Ley de Defensa de la República, que fue muy contestada por los representantes de la derecha más extrema[57].

Mientras tanto, en el Parlamento, la minoría vasconavarra fue incapaz de desvincular la autonomía de la cuestión religiosa. Tras la entrega el 22 de septiembre de un ejemplar del Estatuto de Estella a Alcalá Zamora, la aprobación en la sesión de Cortes celebrada en la madrugada del 26 del Título Primero de la Constitución relativo a la «Organización nacional», basado en una fórmula de Estado no federal y en un reparto competencial muy distinto al propuesto en el proyecto estatutario, determinó la inconstitucionalidad de éste y su retirada sin que se hubiera debatido en el Parlamento. La votación de los artículos constitucionales referentes al status de la religión católica y las relaciones exteriores acabaron por destruir el Estatuto de Estella, y con él la unidad contrarrevolucionaria que lo había fundamentado. Contra lo que pudiera parecer por las airadas manifestaciones de los parlamentarios vascos, la violencia política remitió desde fines de septiembre, coincidiendo con el fin de las veleidades insurreccionales de los nacionalistas. La conspiración liderada por los alfonsinos quedó agotada por la desarticulación parcial de la trama en los meses de agosto y septiembre, el licenciamiento del contingente de tropas, la defección jeltzale y el retraimiento del carlismo, que tras arduas discusiones con sus socios alfonsinos en Leiza, Azpeitia, Pamplona y Zarauz, decidió posponer toda colaboración e impulsar la reorganización del Requeté para intentar en solitario una acción insurreccional al viejo estilo.

Tras la aprobación de los artículos laicos de la Constitución el 13 de octubre, la derecha católica dio inicio a una intensa movilización de protesta que se mantuvo hasta inicios del año siguiente. Los quince diputados de la minoría vasconavarra abandonaron el parlamento el día 14, no sin que antes el terrateniente Lamamié de Clairac arremetiera de nuevo contra la «república sectaria» y el canónigo Pildain lanzara a la mayoría republicana una amenaza que parecía entresacada de los tratados sobre resistencia a la tiranía que habían vuelto a ponerse de moda en medios clericales: «ante una ley injusta nos caben tres posiciones: la resistencia pasiva, la activa legal y la resistencia armada[58]».

El toque de clarín de la campaña de revisión constitucional lo dio un incendiario llamamiento de El Debate a todos los católicos «a defenderse a sí mismos y al mismo tiempo defender, por todos los medios y con todos los recursos, la amenazada existencia de España[59]». Como recuerda Gil Robles, la movilización, basada en la convocatoria de grandes concentraciones, tenía como finalidades:

Primera: exteriorizar vigorosamente la protesta contra la política sectaria. Segunda: dar a las derechas, por medio de grandes concentraciones de masas, la conciencia perdida de su propia fuerza. Tercera: acostumbrarlas a enfrentarse con la violencia izquierdista y a luchar cuanto fuera necesario por la posesión de la calle. Cuarta: difundir un ideario y hacer prosélitos mediante la exposición de la doctrina[60].

La derecha católica resultó ser la fuerza conservadora que, como en otros países europeos de tradición clerical, estaba mejor organizada y preparada para una acción política eficaz, gracias a una densa red de instituciones sectoriales vinculadas de una u otra forma con la Iglesia y a la larga experiencia de dinamización atesorada por la acción social católica. Desde las asociaciones confesionales, el sindicalismo católico agrario y la prensa afín, la Iglesia patrocinó una poderosa movilización en demanda de sus derechos, fomentando el victimismo, atizando la confrontación entre creyentes y no creyentes y elevando al rango de categoría cualquier enfrentamiento institucional con la República. En el cénit de su carrera política, Gil Robles recordaba que los «hombres de buena voluntad» emprendieron en 1931 «una cruzada para penetrar paulatinamente en el alcázar de sus enemigos para alejarlos de sus posiciones[61]». Como puede constatarse en los procesos de «enmarcamiento» a través de los cuales se elaboran creencias y concepciones comunes del mundo y de la propia identidad que legitiman y motivan la acción colectiva[62], la defensa de la religión católica dio significado a otras frustraciones, como la inoperancia política de la derecha fruto de su debilidad parlamentaria, movilizando y politizando a su clientela potencial, que quedó fijada como «comunidad emocional» gracias a la adscripción a una identidad tan arraigada como era el catolicismo. El problema radicaba en que, como el mismo Gil Robles recordó en sus años de ostracismo, con esta mística del combate maniqueo, que la política católica estimuló instituyendo una división fundamental de la sociedad española entre creyentes-agredidos y no creyentes-agresores, la identidad religiosa se convirtió en «bandera de combate, agudizando hasta el paroxismo el choque de las dos Españas[63]». En la campaña revisionista, Gil Robles espoleaba a sus oyentes para que defendieran sus derechos en la calle, levantando el fermento de la guerra civil con su táctica de acoso permanente al Gobierno. Un conservador como Miguel Maura advirtió que el lenguaje provocativo empleado por el diputado agrario era un llamamiento a la guerra religiosa y podía hacer un daño irreparable a la República[64]. En realidad, las complejas relaciones que la República mantuvo con la Iglesia católica en absoluto pueden resumirse en la imagen simplista de un agresor gratuito que atacaba a una víctima inocente e inerme, ya que el antirrepublicanismo de gran parte de la derecha confesional no fue sólo una reacción contra la política laicista, sino el fruto del predominio del integrismo en el seno de la Iglesia y de su defensa cerrada de los valores materiales que estaban siendo amenazados. De hecho, el escepticismo que gran parte de la jerarquía eclesial mostró hacia la República fue anterior a los debates constitucionales de octubre e incluso a la catástrofe electoral de junio, y arrancó de la misma configuración del régimen, que hubo de soportar los ataques de los católicos no sólo por su tendencia laica, sino sobre todo por su carácter democrático. Conviene recordar que la derecha católica hegemónica nunca llegó a aceptar de forma plena el régimen republicano, como tampoco transigió de buen grado con los componentes básicos de la cultura política liberal-democrática[65]. Las críticas católicas a la restricción de sus prácticas religiosas no implicaban en absoluto la defensa de un credo aperturista en ésta y otras materias, pues dentro de su propio modelo de Estado no tenía cabida ningún tipo de derechos culturales y civiles (o políticos) para los librepensadores o los ateos[66]. La Iglesia católica ya había exhibido ese talante patrimonial y excluyente de los derechos cívicos en sus privilegiadas relaciones con el régimen monárquico, en especial durante la dictadura de Primo de Rivera, cuyo confesionalismo debe ser contemplado como el referente constante de las actitudes que laicos y clericales mostraron a lo largo de los años treinta. El gran problema que hubo de reconocer Gil Robles durante el franquismo fue que la preocupación por la identidad religiosa prevaleció en la derecha católica sobre el interés por la ampliación de los derechos cívicos propio del laicismo, que fue contemplado como un recorte de los propios derechos.

Para difundir esta retórica de la intransigencia opuesta a la ampliación de los derechos de ciudadanía en su dirección estrictamente democrática[67], la campaña revisionista se desplegó a lo largo de ese verano y otoño a través de la recogida de firmas y la convocatoria de actos de protesta contra las medidas de laicización de la enseñanza. Hubo gestos, en ocasiones tumultuarios, de reposición de emblemas o símbolos religiosos en la calle o en la escuela, que eran respondidos con contramanifestaciones sindicales, boicot violento a los mítines, huelgas anticlericales o amotinamientos a la salida o el regreso de las congregaciones o las celebraciones rituales, como las procesiones católicas o los entierros civiles[68]. Un cronista del pueblo navarro de Artajona recordaba que:

Trabajo grande costó a los mandarines de la República quitar los crucifijos de las escuelas y hacer que se retirara la imagen del Sagrado Corazón de la Casa Consistorial. Después de bastante tiempo de fulminarse la ley draconiana, los crucifijos permanecían presidiendo las aulas escolares; mas el sectarismo exigía su retirada, y fueron a ejecutar esa orden. El pueblo se amotinó, y costó gran trabajo calmar los ánimos, no tanto por convencerse y por las molestias personales de la masa del pueblo, sino por evitar molestias y disgustos a los maestros y munícipes. La bandera tricolor fue arrancada por algunos intrépidos vecinos, y pronto se arrastró por el fango de la calle, entre las burlas y pisotones del pueblo que consideraba un «trágala» insolente y una irritante provocación[69].

Debido a su intensa resonancia emocional, estas actuaciones y movilizaciones no estuvieron exentas de violencia. El riesgo de enfrentamiento se incrementó en la primavera de 1932 al acercarse el momento álgido de la celebración de las procesiones de Semana Santa. También se convocaron actos multitudinarios en zonas de gran arraigo del catolicismo, que fueron magnificados por la prensa derechista. La operación de agitación y propaganda fue un éxito, y Acción Nacional se dotó de una imagen de organización de masas que englobaba desde el integrismo al republicanismo conservador, lo que convirtió la campaña revisionista en un instrumento de presión política más eficaz que el obstruccionismo parlamentario. En la primera concentración celebrada en Palencia el 8 de noviembre, Gil Robles arremetió contra la educación laica y habló del derecho de «legítima defensa», mientras que el diputado Joaquín Beúnza arengó de este modo a las 26 000 personas presentes en el acto:

¿Somos hombres o no? Quien no esté preparado para darlo todo en estos momentos de vergonzosa persecución no merece llevar el nombre de católico. Es necesario estar preparado para defenderse por todos los medios, y no digo medios legales, porque todos los medios son buenos para defenderse uno mismo[70].

El retorno a Burgos de medio millar de enardecidos participantes derivó en enfrentamientos con grupos sindicalistas que provocaron varios heridos y detenidos. Los incidentes prosiguieron frente al Gobierno Civil, donde una gran multitud coreó vivas a la República, a la anarquía, al comunismo y a Morral y mueras a la Guardia Civil. La intervención de las fuerzas del orden dispersó a los manifestantes, pero se desencadenaron tiroteos en determinadas zonas de la ciudad, mientras que un grupo de un millar de personas apedreó el Convento de los Jesuitas de la Merced, hasta que la expeditiva intervención de la Guardia Civil, de Seguridad y del Ejército ordenada por el secretario del Gobierno Civil provocó la muerte de una mujer y heridas a otras 16 personas. La agitación continuó en los días siguientes, cuando las organizaciones de izquierda declararon una huelga general de protesta por la actuación de las fuerzas del orden, que siguieron patrullando la ciudad hasta que ésta recuperó la normalidad el 11 de noviembre[71]. En Bilbao, El Liberal daba la noticia de unas octavillas lanzadas en esa ciudad que incitaban a

[…] no obedecer las disposiciones dictadas contra la Iglesia por los poderes constituidos […] sino a prepararse para la lucha que será terrible. La fecha ya está fijada y está próxima. Ese día, habrá que bajar a la calle para vencer o morir[72].

A la vista de esta situación, el 11 de noviembre se practicaron numerosas detenciones en el marco de un presunto «complot contra la República» que, a decir de la prensa gubernamental, tenía amplias ramificaciones: en Madrid fueron detenidos el comandante Helí Rolando de Telia, el capitán Méndez Vigo, tres aristócratas (entre ellos José Antonio Primo de Rivera), el comisario honorario de policía Juan Argéntales y varios religiosos. En Valencia sufrieron la misma suerte los militares retirados Luis Bernal Aldasoro (recientemente venido de Navarra) y Lorenzo Díaz Prieto, considerados como los cabecillas de un complot contra las autoridades republicanas de la ciudad. En San Sebastián fueron arrestados Enrique Zulueta y el marqués de Albayda, en Sondica el empleado del Banco Urquijo Eloy Tejada, y en Bilbao el gerente de la fábrica de armas de Guernica, Sr. Rojo, el jaimista Esteban Bilbao, el comandante Pedro Fernández Ichaso (presidente de la Diputación de Álava tras el levantamiento de 1936), un hijo de José María Urquijo y el propagandista Fernando María Castiella, implicado en un asunto de contrabando de armas por San Juan de Luz, foco de actividad del «comité insurreccional» alfonsino[73]. Incluso, gracias a las pesquisas de unos miembros de la FUE, se descubrió en Madrid la existencia de un arsenal en la iglesia de la Concepción en la calle Núñez de Balboa, donde un grupo de feligreses —entre ellos unos jóvenes monárquicos implicados en el conflictivo estreno de la obra de Ramón Pérez de Ayala A. M. D. G. el 6 de noviembre, como el comandante del Cuerpo Jurídico de la Armada Fernando Cobián y Aurelio José González de Gregorio y Martínez de Tejada, primogénito de los condes de Puebla de Valverde y presidente de la Juventud Tradicionalista de Madrid[74]— se estaba adiestrando militarmente con la excusa de defender el templo de asaltos similares a los del 11 de mayo[75]. El Consejo de Ministros adoptó el 13 de noviembre nuevas medidas represivas, como la prohibición de campañas de agitación republicana y mítines revisionistas, que con el pretexto de pedir la derogación del artículo 26 de la Constitución atacaban a la República y protagonizaban choques sangrientos como los de Burgos del domingo anterior. Además se aprobó un decreto sobre recogida de armas sin licencia[76].

Desde principios de 1932 volvieron a plantearse en torno al problema religioso nuevos conflictos en distintos pueblos navarros, produciéndose numerosas acciones de desobediencia civil para impedir la aplicación del artículo 26 de la Constitución, lo que condujo a una nueva cascada de multas, detenciones y encarcelamientos[77]. Se produjeron desórdenes en muchos pueblos, movilizaciones de la Acción Católica y restricciones voluntarias de actos religiosos como las procesiones de Semana Santa. Los sucesos más graves sucedieron en Bilbao a mediados de enero, cuando un mitin tradicionalista degeneró en un enfrentamiento a tiros que provocó tres muertos. El movimiento anarquista que tuvo lugar en enero de 1932 en Valencia y Zaragoza también desplegó violencias anticlericales como el incendio de iglesias y archivos parroquiales[78]. Las agresiones contra católicos durante o después de los mítines revisionistas y los incendios o conatos de incendio de iglesias y conventos se repitieron con cierta frecuencia durante todo el primer semestre de 1932. Con la Ley de Defensa de la República en la mano se cerraron numerosas publicaciones de forma temporal, como El Debate. Con todo, esta represión alentó la rápida progresión de AN, gracias al apoyo de la jerarquía eclesiástica, a la virtual inexistencia de fuerzas sólidamente constituidas a su derecha (monárquicos) y a su izquierda (derecha liberal conservadora) y a la capacidad de sus líderes para instrumentalizar políticamente la «cuestión religiosa[79]». Sin duda, el «ataque» constitucional a la Iglesia hizo más daño a la República que a aquélla. Resultó contraproducente porque estimuló la reacción masiva de los católicos, fue ineficaz en sus métodos de implementación legal y poco realista en los plazos temporales de su aplicación[80]. Haciendo balance crítico de su gestión, Azaña reconoció:

Cada vez que repaso los anales del Parlamento constituyente y quiero discurrir dónde se jugó el porvenir de la política republicana y dónde se atravesó la cuestión capital que ha servido para torcer el rumbo de la política, mi pensamiento y mi memoria van, inexorablemente, a la Ley de Congregaciones Religiosas, al artículo 26 de la Constitución, a la política laica, a la neutralidad de la escuela, a todo lo que se ha derivado de bienes, esperanzas y rigores de justicia del principio asentado en la Constitución de la República, contra lo cual se han desarrollado todas las maniobras visibles e invisibles que han sido capaces de suscitar una reacción contra nosotros para ver si nos hacían naufragar y, por último, confesémoslo, nos han hecho naufragar y hemos naufragado[81].

En efecto, el artículo 26 arrojó fuera del sistema a una importante masa de católicos, aceleró la recomposición de la derecha, rompió la unidad entre los partidos republicanos, debilitó a la derecha liberal y acabó por comprometer el futuro del régimen[82].

La espada y la tarea:

maduración intelectual de la contrarrevolución.

La proclamación de la República sorprendió a los monárquicos en plena confusión, incapaces de esbozar una mínima resistencia simbólica al inminente cambio de situación, si exceptuamos las esporádicas algaradas protagonizadas por los «Legionarios de Albiñana» y los jóvenes activistas monárquicos. Fueron los intelectuales los que encabezaron los intentos de revitalización política e ideológica del monarquismo militante en sus diversas tendencias. La idea de fundar un grupo ideológico que aglutinara a un elenco de personalidades de prestigio para influir en los sectores conservadores había sido acariciada por figuras como Ramiro de Maeztu, el marqués de Quintanar o Eugenio Vegas Latapié desde bastante antes del 14 de abril[83]. Percibieron el decisivo papel que los intelectuales habían desempeñado en la oposición y la caída del régimen dictatorial, en concreto el protagonismo alcanzado por instituciones como el Ateneo o la Academia de Jurisprudencia y colectivos como la Agrupación al Servicio de la República en el logro de la hegemonía ideológica imprescindible para que la caída de la Monarquía y la proclamación de la República se hubiera realizado en circunstancias desusadas de pacifismo y consenso. Ahora se trataba de emplear idéntica estrategia contra un republicanismo en alza, y con las dificultades casi insalvables de una opinión pública hostil y la virtual ausencia de apoyo económico. Los primeros contactos para la creación de un órgano ideológico afín se realizaron el domingo 11 de enero de 1931, pero este grupo de monárquicos hubo de contentarse con la posibilidad de encartar en el diario La Nación —dirigido por Manuel Delgado Barreto y del que Quintanar era presidente del consejo de administración— unas páginas teóricas que fueron bautizadas con el significativo título de «Contrarrevolución». Sin embargo su aparición, anunciada para el 18 de abril, nunca llegó a consumarse, ante la proclamación de la República y la confusión y el derrotismo reinantes en el seno de la derecha española.

El alfonsismo autoritario, en busca del golpe de Estado restaurador:

el grupo de Acción Española.

La aparición de la revista Acción Española está íntimamente ligada a las primeras maniobras conspirativas de los sectores alfonsinos: surgió gracias a un resto de 2000 pesetas sobre la suma que Reacción Ciudadana había utilizado para la campaña electoral de abril, y sobre todo a un donativo de 100 000 pesetas que ofreció Ramón Pelayo, marqués de Valdecilla, al general Luis Orgaz en junio de 1931, con el fin de organizar las primeras actividades clandestinas contra la República. Tras la represión que se cernió aquel verano sobre los conspiradores, los recursos económicos para el levantamiento fueron entregados a Vegas Latapié, quien los utilizó para la operación ideológica de Acción Española, que surgió el 15 de diciembre como portavoz de un pensamiento neotradicionalista que lanzaba una crítica frontal no sólo a la democracia republicana, sino al concepto de Monarquía liberal asumido durante la Restauración[84].

Además de una publicación, Acción Española fue el ámbito de actuación social, política y cultural de un nutrido y heterogéneo grupo de intelectuales, preocupados exclusivamente por dotar de principios políticos, filosóficos y doctrinales a una eventual restauración monárquica. Desde un principio la revista, y más adelante la asociación cultural homónima fundada el 5 de febrero de 1932, fueron un lugar de concurrencia de las varias corrientes de la extrema derecha y de representantes cualificados de diversos grupos de presión ultraconservadores. La convergencia intelectual de todas las tendencias contrarrevolucionarias, favorecida por una mayor fluidez de las relaciones entre alfonsinos y carlistas, se consideraba el punto de partida insoslayable para avanzar hacia la resolución de la cuestión dinástica y, a partir de la unificación de esfuerzos en un mismo pretendiente, proceder a un golpe de fuerza que acabase con la República democrática. Pero mientras que colaboradores como Pedro Sainz Rodríguez desconfiaban de la eficacia de esta estrategia pedagógica y postulaban un golpe militar fulminante, Vegas opinaba que pretender acelerar un cambio político por medio de un golpe o de elecciones resultaba utópico antes de que la opinión pública se hubiese convencido de la necesidad de esta acción restauradora:

La única salida a la democracia es que las clases directoras estén en posesión de otra doctrina fundada en la verdad política. Primo de Rivera y otros dictadores de Iberoamérica, salvo el Portugal integralista, fracasaron por falta de una doctrina contrarrevolucionaria firme. La acción debe ser el complemento de dicha doctrina («la fe sin obras es fe muerta»). En tiempo de Nehemías, los hombres del pueblo escogido con una mano manejaban el martillo, construyendo el Templo de Jerusalén, y con la otra empuñaban la espada para defenderse de los ataques de los enemigos […] ¡Acción! ¡Hay que actuar! Ante los males de la religión y de la patria a nadie es lícito permanecer ocioso […] Combatiremos el mal con una mano y con la otra edificaremos el Estado nuevo[85].

Esta cita bíblica —«una sua manu faciebat opus et altera tenebat gladium»— (Nehemías, 4, 11), aparecida en el epílogo de los Heterodoxos de Menéndez Pelayo, se convertiría en el lema de la revista. Se trataba de armonizar la inteligencia con la fuerza militar, tras años de pretorianismo primorriverista:

Habíamos cultivado las espadas, y por eso el día de la crisis de las espadas se encontraron con que no sabían a dónde dirigirse. Habíamos olvidado el alma que había de dirigir las espadas. Por eso fundamos Acción Española[86].

Morodo afirma que, a pesar de su contenido teórico, Acción Española estaba dentro del esquema conspirativo de la época y hacía justicia a su lema de contraportada[87]. Los intelectuales monárquicos postularon la intervención del Ejército en situaciones consideradas como extremadamente graves, tales como la amenaza a la unidad de la patria, la destrucción, desmoronamiento o desvirtuación del Ejército, el atentado a la disciplina y la amenaza al orden público, que parecían ser el cortejo de toda experiencia republicana[88]. Siguiendo la norma establecida por Cánovas durante la Monarquía de Sagunto, Acción Española postuló la intervención política de las Fuerzas Armadas sólo en situaciones consideradas como extremadamente graves, pero difería del prócer malagueño al considerar el golpe militar como el punto de partida necesario para alcanzar una auténtica restauración del orden político monárquico en su forma más tradicional, con el Ejército como principal garante del nuevo régimen[89].

Ramiro de Maeztu fue el más destacado defensor de esta hipótesis militarista en el plano doctrinal, mientras que José Calvo Sotelo trató de aplicarla a la realidad política del momento. Ya en su obra La crisis del humanismo (1919), Maeztu definió en sentido schmittiano la teoría militarista como «la que dice que el poder es en sí mismo derecho, y por lo tanto, subsume el concepto de derecho en el de fuerza[90]». Poco después, el autor vasco presentó al espíritu militar como la base en la que se forjaría una nueva sociedad, recordando en sus precisos términos algunas conocidas frases de Spengler que coincidían con las primeras intervenciones corporativas del Ejército en la política española:

Quizá me engañe, pero se me figura que si el mundo se arregla lo tendrán que arreglar los militares […] Por eso solía decir a mis amigos, hará diez o doce años, que yo no confiaba la salvación de España sino a la posibilidad de que se les ocurriese salvarla a 49 capitanes. Un grupo de hombres que comiencen por disciplinarse y se adueñen, para empezar, de su propia alma y de su propio cuerpo, que vivan en el mundo, que manden en el mundo, que posean las armas, que sean el ejemplo, que rechacen de su seno a los incapaces de someterse a la misma disciplina, material y moral […] No soñemos, Señor, no soñemos. Pero todos los pueblos son cera para un puñado de hombres que sean a la vez buenos y duros[91].

Durante los años veinte, Maeztu consideró la Dictadura primorriverista como un remedio coyuntural que podía abrir camino a la depuración de la política caciquil y a la educación política del pueblo[92]. Vio en Primo de Rivera al «cirujano de hierro» que, al frente de una minoría militar legitimada por sus propias virtudes y por su amor a España, podía liberar a la Monarquía y al conjunto del país de un sistema liberal-parlamentario viciado y caduco. Fue en su etapa de servicio a la Dictadura cuando Maeztu comenzó a pergeñar una doctrina contrarrevolucionaria en la que la simbiosis de doctrina y acción prefiguraba el espíritu de Acción Española. Para este autor, la revolución era un movimiento supranacional de tipo conspiratorio y elitista que arrancaba del siglo XVIII, cuyo programa de subversión de los valores tradicionales (monarquía, cristianismo, hispanidad) suscitaba un movimiento defensivo y restaurador denominado contrarrevolución, cuyo objetivo era la salvaguardia de los valores hostigados y la rehabilitación de los decaídos. Pero la contrarrevolución no debía ser sólo teoría, ya que «por ser el bolchevismo más acción que idea, la Contrarrevolución ha de ser también un acto, en primer término: el fascio, el Somatén, la dictadura[93]». La movilización en la calle de los sectores conservadores era una de las claves de esa acción contrarrevolucionaria que debía ser protegida y estimulada por un Estado fuerte. A esas alturas se percibía de forma diáfana la transición ideológica de Maeztu desde un vago militarismo inicial a un apoyo sin compromiso a la Dictadura en 1923 y a una crítica global del liberalismo que culminó en 1927 con los primeros escarceos en busca de una doctrina contrarrevolucionaria que consolidase y diera continuidad a un régimen autoritario de excepción.

Caída la Dictadura, Maeztu pasó a militar en la UMN, y dedicó gran parte de sus esfuerzos a esbozar de forma definitiva su idea de la Monarquía Militar en una serie de artículos aparecidos en la revista nacionalista argentina Criterio. Por aquel entonces se mostraba partidario de «la tradicional Monarquía católica de España, autoritaria y no limitada por el Parlamento, los partidos o la constitución». Según Maeztu, en las guerras civiles del siglo XIX habían luchado dos concepciones contrapuestas de Estado: la Monarquía católica tradicional defendida por los carlistas y la Monarquía militar apoyada por los liberales, que a la postre resultó triunfante, pero que se vio obligada a adoptar caracteres contradictorios con su origen y tradición, al necesitar la constante intervención del Ejército como factor de unidad frente a «elementos disolventes» como las divisiones regionales, la inoperancia del sistema parlamentario y la amenaza del movimiento obrero. La misma Restauración fue obra del Ejército, que se pronunció a fines de 1874 en contra de la opinión de Cánovas. Desde entonces no cupo duda de que

El verdadero poder unitario seguía siendo el de la Monarquía militar, mientras que el caciquismo creado por Cánovas era una aristocracia política incoherente a causa de su carácter local, y la oligarquía central no puede funcionar sino por el apoyo o la tolerancia de la Monarquía militar.

Ante la evidencia de un poder civil débil e inoperante, Maeztu alegaba que la Constitución y el régimen parlamentario no eran sino instrumentos con los que la Monarquía militar asociaba al pueblo a las funciones de gobierno. En realidad, la intromisión militarista le parecía la Constitución defacto que había garantizado la supervivencia del país en los últimos 180 años. Con todo, este peculiar tipo de régimen pretoriano, legitimado por el estado de necesidad en que se encontraba España, no era el ideal acariciado por Maeztu, sino la Monarquía tradicional, puesto que la propia autoridad y fortaleza del rey debían ser la ultima ratio del poder político. De modo que la Monarquía militar, «hija de las perplejidades que originaron las ideas de la Enciclopedia» era el mal menor, el dique de emergencia contra la revolución, hasta que las clases dominantes tradicionales, en especial la Iglesia, lograran recuperar la hegemonía ideológica, y se restableciera la unidad de actuación de los tres poderes históricos del país: la corona, el báculo y la espada:

Solamente cuando se haya formado previamente una voluntad nacional unitaria será posible sustituir la Monarquía Militar. Y entonces será porque la coincidencia de las voluntades individuales forme una voluntad dominadora, que es también una Monarquía, si no militar, al menos militante[94].

El punto de llegada deseado por Maeztu era un régimen monárquico idealizado y arcaizante que se sintiera heredero directo del sistema de gobierno católico y tradicional de los Habsburgo, tal como lo evocaría en Defensa de la Hispanidad (1934). Sin embargo, la proclamación de la República le persuadió de que, además de una reformulación teórica de la Monarquía en sentido antiliberal y autoritario, era necesaria una nueva intervención de «cirugía política» por parte de las Fuerzas Armadas en contra de los partidos políticos y de la «corrupción democrática». Para ello, otorgó desde abril de 1931 todo su apoyo a una eventual intervención militar, ya que el dilema no se planteaba entonces entre la Monarquía militar y la católica tradicional, sino entre la revolución y la contrarrevolución; un pulso en el que las Fuerzas Armadas iban a tener un papel decisivo. Acción Española pretendió que el Ejército marcara de nuevo la pauta del desarrollo político nacional, instaurando como mal menor una «dictadura honrada» y provisional al estilo de la de Primo de Rivera en caso de que los «principios constitutivos de la nación española» se vieran amenazados. Por ello, no es de extrañar que uno de los objetivos fundamentales de los responsables de la revista fuera el adoctrinamiento de ese sector de la oficialidad sentimentalmente monárquico, pero que había mantenido una actitud de inhibición tras el fracaso de la Dictadura y durante el proceso final de desmoronamiento del régimen restaurador. Ahora se trataba de movilizarlo con la intención de acabar con la República.

Tras el intento revolucionario de octubre de 1934, Maeztu radicalizó aún más sus planteamientos políticos, clamando por una represión ejemplar que dejara al país «pacificado por una o dos generaciones[95]». Desde las páginas de ABC hizo público un llamamiento a la unión de la burguesía conservadora, pero seguía confiando sobre todo en la acción contrarrevolucionaria del Ejército:

Como se me llama militarista desde hace más de veinte años, casi me avergüenza decirlo ahora. No hace falta la ocasión de una guerra extranjera o de una revolución interna. El Ejército nos salva siempre, porque es la unidad en torno a una bandera, porque es la jerarquía, porque es la disciplina, porque es el poder en su manifestación más eminente. En resumen, porque es la civilización[96].

Siguiendo la doctrina maurrasiana, la contrarrevolución sería, antes que un acto de fuerza, el resultado de un proyecto pedagógico de largo alcance que precisaba de planes constructivos y de la aquiescencia del Estado y de determinadas fuerzas conservadoras como el Ejército, la Iglesia, el capitalismo, la aristocracia terrateniente y los profesionales liberales[97]. Como impulsor de este proceso, Maeztu apostaba de forma clara por un Estado autoritario donde el orden público adquiriera el rango de supremo bien político, plasmado en una dictadura provisional entendida como el mal menor, que desembocaría en una Monarquía tradicional, cristiana y corporativa como régimen de permanencia que podía ser eventualmente salvaguardado por el Ejército[98]. Todavía en su colección de artículos titulados de forma genérica «En vísperas de la tragedia», aparecidos entre enero y julio de 1936 en La Época con el seudónimo de «Cualquiera», Maeztu afirmaba que «es más importante la batalla contra los intelectuales izquierdistas que en sí un golpe militar». Sin embargo, la táctica idónea en este último tramo de la República —y así lo comprendieron hombres como Calvo Sotelo— enfilaba los derroteros de la acción violenta a través del tradicional recurso al golpe de Estado militar. En realidad, la actividad contrarrevolucionaria de Maeztu fue puramente teórica y poco eficaz a la hora de planificar una estrategia genuinamente monárquica de tipo restaurador, pero dotó de abundantes recursos ideológicos justificativos del militarismo subyacente durante la crisis de la Restauración y la República, contribuyendo paradójicamente no al retorno de la Monarquía, sino al establecimiento de una dictadura militar con voluntad de perdurabilidad.

El catolicismo militante y el «derecho a la rebeldía».

La proclamación de la República obligó a la jerarquía católica española a replantearse en profundidad sus relaciones con los poderes públicos. Durante décadas, la Iglesia había recibido el apoyo de la Corona, y obtenido pingües beneficios de orden social, económico, político y cultural. Los estudiantes católicos, los religiosos, los obispos, los sindicatos industriales y agrarios y las publicaciones confesionales habían respaldado de forma declarada al régimen de Primo de Rivera: las asociaciones católicas habían configurado la base de la Unión Patriótica, los colegios católicos habían florecido durante la Dictadura y los Sindicatos Libres tuvieron amplia presencia en un sistema de relaciones laborales impregnado de corporativismo cristiano.

Todo eso desapareció o quedó en entredicho a partir del 14 de abril, aunque lo cierto es que la reacción contra la República no se debió en exclusiva al anticlericalismo de algunas de sus primeras medidas. Como ha quedado dicho con anterioridad, el componente antiliberal y antidemocrático estaba presente en la ideología de la derecha católica desde tiempo atrás, y se había agudizado con su decidido apoyo a la Dictadura. Desde el momento del cambio de régimen, la jerarquía católica trató, entre la denuncia, la amenaza y la negociación, de salvaguardar sus posiciones ante la incontenible marea laicizadora, que proporcionó a la derecha una justificación de orden moral para oponerse a todo tipo de proyecto de reforma. Bien es cierto que la respuesta eclesial al nuevo régimen no fue ni homogénea ni uniforme a lo largo del período republicano. El Vaticano acordó el reconocimiento de una situación de facto, pero las actitudes respecto del nuevo régimen oscilaron entre la abierta hostilidad mostrada por el cardenal Primado Segura y el acatamiento del poder establecido brindado por Vidal y Barraquer y otros prelados[99], que el 1 de enero de 1932 hicieron pública una carta colectiva redactada por el propio cardenal de Tarragona en la que se denunciaba el texto constitucional, pero se reconocía la «autoridad legal legítimamente establecida, cualquiera que sea la forma de Gobierno». Incluso algunos católicos lúcidos se dieron cuenta de que la pretendida «agresión constitucional» contra los católicos debía ser vista en el contexto de la identificación sectaria de la Iglesia con la Monarquía, la Dictadura, el rechazo católico del pluralismo y del parlamento democrático y la defensa cerrada del derecho de propiedad sobre todo atisbo de reforma social[100].

La quema de conventos y los debates constitucionales, con su punto álgido en la inquietud que afectó al país vasconavarro en el verano de 1931 y la retirada de 42 diputados derechistas el 14 de octubre, llevaron a Vidal y Barraquer a escribir a Alcalá Zamora las primeras advertencias sobre el ambiente de rebeldía que iba ganando a buena parte del clero y de los fieles españoles:

Considero como V. E., un desastre para la Patria y para la Religión la guerra civil. Así lo he dicho en todas partes, al ver la exaltación de los ánimos y notar intentos de preparación. Mis sufragáneos y creo que también todos los Prelados, abundan en ese modo de pensar. Cuando un Gobierno se erige en dictador o se convierte en tirano, negando derecho a la vida y a los medios indispensables para la misma a pacíficos ciudadanos, a éstos no se les puede privar del derecho de legítima defensa, y así claramente lo entendió persona tan ponderada como el Sr. Presidente del Gobierno[101].

No resultó extraño que una de las primeras utilizaciones políticas del derecho público cristiano contra la República procediera del campo tradicionalista: el 23 de diciembre de 1931, Manuel Senante, director del diario integrista El Siglo Futuro, declaró en Lérida que cuando un poder público actuaba de forma injusta «es obligatorio no obedecer[102]», y en una conferencia pronunciada el 3 de abril de 1932 en Valencia trató de esbozar toda una doctrina respecto a la licitud de la resistencia a los poderes ilegítimos y de hecho, analizando de forma paralela el ralliement de la Iglesia francesa a la Tercera República y la actitud de los católicos españoles frente al régimen a un año de su proclamación. Para el pensamiento integrista, toda autoridad procedía de Dios, aunque el derecho a ejercerla lo otorgase la nación, ya fuera por elección directa (república o monarquía electiva), ya fuera por elección virtual (monarquía hereditaria). Sin embargo, el poder podía ser ilegítimo de origen o ejercicio, con lo cual el pueblo no estaba obligado a obedecer, e incluso podía actuar en su contra, contrariando claramente la doctrina tomista de acatamiento del poder y de condena de toda acción violenta contra una autoridad ya establecida. Esta teoría, según Senante, no era válida si lo que se buscaba era «reconquistar» la soberanía perdida por una usurpación (el caso del supuesto legitimismo carlista), y sobre todo si el poder de hecho se encontraba amenazado por una revolución. Para fundamentar su aserto desempolvó la encíclica dirigida en 1882 por León XIII a los católicos españoles para que salvaran los intereses de la religión sin adherirse necesariamente a la monarquía de Sagunto, con lo cual, y forzando el razonamiento, la doctrina papal no obligaba a ningún reconocimiento posterior de poderes, y mucho menos al de la República[103].

Desde la órbita del alfonsismo más extremista también se atacó con dureza la doctrina del ralliement de León XIII, considerada como el preludio de las medidas de «persecución religiosa» de 1902-1905. En su obra Catolicismo y república, esbozada como conferencia el 23 de febrero de 1932 en la Sociedad Cultural Acción Española[104], Eugenio Vegas Latapié se sirvió de la crítica maurrasiana al acercamiento del catolicismo francés a la Tercera República para atacar de forma dura las tesis accidentalistas, ya que, en su opinión, no calibraban el carácter francamente revolucionario y subversivo de las instituciones republicanas. Las lucubraciones sobre la ilegitimidad de ejercicio de los gobiernos republicanos por su impulso a una «legislación sectaria» que era incompatible con los principios católicos darían mucho juego en el futuro más inmediato.

Tras el golpe de Sanjurjo —en el que la jerarquía eclesiástica aseguró no haber intervenido[105]— , los monárquicos alfonsinos comenzaron a plantearse en serio la posibilidad de difundir un riguroso corpus doctrinal para el siguiente asalto contra el régimen, que al ser considerado siempre como injusto y tiránico justificaba el impulso de un movimiento de rebeldía cristiano y patriótico. La Ley de Congregaciones, votada el 17 de mayo de 1933 y aprobada el 2 de junio, provocó un empeoramiento de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. La pastoral colectiva de los obispos solicitando la resistencia pasiva, que fue hecha pública el mismo día de la votación parlamentaria, fue apoyada al día siguiente por el Papa a través de la encíclica Dilectissima Nobis, una vez que la Ley del Tribunal de Garantías Constitucionales hurtara la revisión inmediata de las leyes complementarias de la Constitución aprobadas en las Cortes. Este decantamiento hacia la confrontación decidido por las más altas instancias católicas animó de forma definitiva a muchos canonistas y teólogos a reelaborar y glosar los principios católicos de resistencia al poder ilegítimo.

Un fruto indirecto y peculiar esta doctrina de resistencia a la tiranía fue el conjunto de conferencias pronunciadas en abril de 1933 en el seno de la Juventud Monárquica de Bilbao y publicados con el sugestivo título —inspirado sin duda en los escritos de Maurras, cuya influyente obra Encuesta sobre la Monarquía aparecería publicada en castellano en 1935[106]— de Aspectos del golpe de Estado[107]. La Juventud Monárquica, que se había reconstituido durante la campaña electoral de las Constituyentes a partir de las cenizas de la antigua Juventud de la Liga de Acción Monárquica, estaba dirigida por Ramón Sierra Bustamante y contaba con dos centenares de socios procedentes de la alta burguesía de Bilbao y Guecho, entre ellos los muy activos José María de Areilza y Fernando María Castiella. Esta juventud había lanzado una revista denominada Jerarquía, y muchos de sus integrantes daban conferencias en círculos tradicionalistas o colaboraban en Acción Española, que era sufragada en buena parte por industriales del Norte. En estas conferencias sobre el golpe de Estado, Joaquín de Zayas expuso la doctrina católica al respecto, aseverando que la resistencia armada era lícita cuando la tiranía era manifiesta, no había otra posibilidad de oposición, la acción tenía posibilidades de éxito y la caída del tirano no conllevaba un mal mayor. En su opinión, todos estos casos, en especial el último, se daban en España, y la Iglesia no debía oponerse a un golpe reaccionario encaminado a la conquista de un poder hasta entonces utilizado para la destrucción de la fe cristiana. La futura alcaldesa franquista de Bilbao María del Pilar Careaga se ocupó de las circunstancias, requisitos y condiciones para hacer viable el golpe de Estado, armonizando la concepción católica de la resistencia política con las teorías maurrasianas del coup d’état[108]: el principal requisito era la fuerza como complemento del derecho y el orden, que debía ser fijada por una idea (la Monarquía) cuando el derecho fallaba ante la ilegitimidad del régimen que debía sancionar. Entre las varias causas desencadenantes de un golpe de fuerza enumeraba factores extrínsecos (malestar, hastío, anarquía, una derrota militar, desprestigio del poder) e intrínsecos (propaganda, organización), además de la existencia de una doctrina contrarrevolucionaria clara, concisa, totalitaria, con un programa preciso, flexible y factible; con un líder político como Cánovas que reuniera los poderes necesarios para la organización del golpe, su ejecución, consolidación y ulterior obra de gobierno, y con un príncipe que tuviera arraigo en la voluntad y en la tradición nacionales, que no fuera extranjero ni llegara al trono traído por artificios electorales o plebiscitarios. Estaba claro que el ambiente de subversión intelectual afectaba a los círculos monárquicos en todas sus manifestaciones. Incluso Vegas Latapié prologó en la primavera de 1936 la novela de ambiente cristero mexicano Héctor o los mártires del siglo XX de Jorge Gram, en donde se preconizaba el alzamiento en armas contra los enemigos de Dios y de la patria. El texto apareció en La Época, pero Vegas, temeroso de una sanción en virtud de su grado militar, negó la autoría[109].

Fue luego el turno de Acción Española, cuyos más conspicuos representantes, como Maeztu, Pradera, Vigón, Vázquez Dodero o Pemán, difundieron la doctrina tomista sobre las condiciones que se debían cumplir para que un católico pudiera levantarse contra un tirano. Desde las páginas de la revista, clérigos como Pablo León Murciego enunciaban de esta manera el deber de resistencia de los católicos:

Si el poder público, desatendiendo el bien general, sólo se cuida del provecho propio; si agobia a sus súbditos por todos los medios que les sugieren sus pasiones; si está dominado por el odio a grandes sectores de la nación; si se deja arrastrar de la avaricia y de la ira; si nadie goza de seguridad y todo es incierto, porque no es la justicia la que rige, sino el capricho y la liviandad del que manda; si no sólo oprime a los súbditos en las cosas temporales, sino que las impide su mismo bien espiritual; si menosprecia a Dios y para nada cuida de las leyes morales; si lejos de conducir rectamente a los ciudadanos a su fin, se desvía lastimosamente de él, entonces el poder público se convierte en tiránico, el cual no sólo se puede, sino que se debe derrocar, y, por doble motivo, si a esta ilegitimidad de ejercicio se agrega la de origen por haber nacido el mando de las entrañas impuras de un motín. En este caso la resistencia al Poder no sólo no es sedición ni rebeldía, sino que es un deber[110].

Según Murciego, el hombre descubría, pero no inventaba el derecho positivo. La justicia se convertía así en un principio de validez intemporal y universal, anulando toda determinación contraria a ella. Por lo tanto, las leyes civiles no podían estar en oposición a la ley divina positiva o a la Ley Natural. Mucho menos podía el poder constituido legislar por su propia autoridad sobre cosas pertenecientes a la religión, salvo para confirmar con sus sanciones las leyes que emanaban de la autoridad religiosa. Todas estas consideraciones encerraban una firme requisitoria contra la democracia y una postulación del principio teocrático, hasta el punto de justificar la rebeldía contra un poder político que no se plegase a los dogmas e intereses intemporales de la Iglesia católica.

Poco antes del inicio de la campaña electoral de noviembre de 1933, Acción Española inició su propia campaña para legitimar el derecho a la rebeldía contra el régimen republicano. El integrista santanderino Marcial Solana y González del Camino publicó un compendio de las teorías sobre la resistencia a la tiranía según los tratadistas del Siglo de Oro español y sus posibilidades de aplicación a las circunstancias modernas[111], y en febrero de 1934, tras un comentario encomiástico aparecido en El Siglo Futuro, dio a la luz un nuevo estudio sobre la aplicación de la teoría de la tiranía a los regímenes democráticos y constitucionales. Señalando directamente a la República española, advertía que el derecho público cristiano no exigía que la autoridad estuviese concentrada en un solo sujeto. Donde hubiera injusticia existiría tiranía, aunque la autoridad no fuera soberana y existieran instancias superiores, como en el caso de un Jefe del Estado sin poder ejecutivo[112].

Con todo, el ensayo más completo en esta línea fue el del jesuita Aniceto de Castro Albarrán, considerado por el padre Juan de Usabiaga como «el progenitor doctrinal del levantamiento armado contra la República[113]». El magistral de Salamanca, que desde el 29 de enero de 1932 dirigía como rector académico la Universidad Pontificia de Comillas tras la supresión de la Compañía de Jesús, había estado lejanamente implicado en la intentona del 10 de agosto, y ese mismo año escribió su obra El Derecho a la Rebeldía, que fue costeada con 5000 pesetas por el entorno nobiliario de Acción Española. Su intención era publicarla a inicios de 1933, en la campaña de hostigamiento contra Azaña tras la masacre de Casas Viejas y durante el arduo debate sobre la Ley de Congregaciones. Sin embargo, el libro se acabó de imprimir el 25 de octubre, y apareció en una coyuntura política diferente por completo, tras el triunfo radical-cedista en las elecciones de noviembre. La obra fue impresa por Gráfica Universal-Ediciones Fax, que editaba la revista Razón y Fe, órgano de los jesuitas, y tenía un prólogo de Sainz Rodríguez en el que se afirmaba la necesidad de instruir a los católicos en las teorías legitimadoras de la violencia, «que en determinadas circunstancias puede ser legítima y aún necesaria». Castro Albarrán citaba a más de cien autoridades para avalar sus intenciones, que eran:

Llevar a las conciencias la seguridad de que podían ser lícitos los levantamientos armados contra los poderes tiránicos y luego, infundir a los espíritus la tensión necesaria para que, en un momento dado, respondiesen a otras llamadas que habían de ser muy distintas de aquellas invocaciones al acatamiento y a la legalidad[114].

Partiendo de la teoría iusnaturalista de que todo poder y sociedad civil, y por tanto autoridad, procedía de Dios, Castro Albarrán intentaba desmontar el mito democrático del sufragio universal que considera que la autoridad procedía de ese acto ciudadano soberano, cuando el pueblo, según la doctrina tomista, no era sino un canal de la divina autoridad. Demostrada la ilegitimidad de la democracia en ese aspecto de iure, además de por el falseamiento de facto del sufragio (una referencia insidiosa a las elecciones del 12 de abril y 28 de junio de 1931), el magistral de Salamanca aseguraba que no existía una forma de gobierno preferible (una ligera concesión al accidentalismo cedista), sino que la más apropiada es aquélla que respetase los principios de la religión y de la moral cristianas, características que, según su opinión, nunca había cumplido la democracia europea, y menos las repúblicas, que eran reputadas como enemigas naturales de la Iglesia. Sentadas estas bases mínimas de relativismo político, un régimen sería legítimo si contaba con el consentimiento del pueblo y actuaba para su bien, cosa que la República no cumplía, ya que sólo representaba a los republicanos o a la coalición de partidos triunfante en las elecciones. El mismo pueblo tenía perfecto derecho a cambiar el régimen si éste no actuaba de acuerdo con los principios de la moral y el beneficio públicos y se convertía en tirano. El súbdito debía mostrar sumisión, pero no obediencia al tirano para que el bien común quedase salvaguardado, pero si esto resulta imposible y la tiranía alcanzaba extremos intolerables, incluso un régimen legítimo de origen perdía su autoridad y los súbditos tenían el deber de destruirlo. A ese respecto, el magistral de Salamanca distinguía entre las actitudes de fuerza contra un soberano legítimo cuya tiranía era prolongada, manifiesta y grave, y a quien en lo posible había que juzgar, y la rebelión contra los actos tiránicos del soberano ilegítimo o usurpador, que podía desplegar el grado máximo de violencia.

En las posibles vías de rebelión contra el poder tiránico, Castro Albarrán se basaba en una interpretación sesgada de la doctrina perfilada por León XIII en la encíclica Libertas (1888) acerca de la libertad humana: existían cuatro modos de oponerse al poder ilegítimo de origen o de ejercicio: en primer lugar, la resistencia pasiva, basada en la pura y simple sumisión sin obediencia o acatamiento al régimen. En segundo término, la resistencia activa legal, en la que los disidentes actuaban de acuerdo con los medios permitidos por las leyes vigentes, tales como el obstruccionismo parlamentario o las manifestaciones. Este tipo de actuación, que se asemejaba mucho a la que había desplegado el movimiento católico en la campaña en pro de la revisión constitucional, era una lucha constante que tenía las virtudes de acostumbrar a la resistencia ciudadana y de ser tolerada por el Gobierno y, por tanto, no estar sujeta a represalias. La tercera modalidad de oposición era la resistencia civil, ilegal pero no armada, basada en actuaciones como la huelga pacífica de funcionarios, el boicot económico o la rebelión fiscal, pero sin llegar al enfrentamiento sangriento. Castro Albarrán ponía como ejemplo la respuesta de la comunidad católica mexicana a la suspensión del culto en julio de 1926, origen de la lucha cristera y de la persecución religiosa denunciada por Pío XI en su encíclica Acerba Animi de septiembre de 1932[115]. La última alternativa era la resistencia armada, basada en el empleo absoluto de la fuerza a través de la acción ilegal para repeler una agresión explícita o latente por parte del poder político. Para ello, Castro Albarrán recurría a un teórico de la contrarrevolución monárquica tan conspicuo, pero a la vez tan heterodoxo, como Charles Maurras, quien en su Encuesta sobre la Monarquía afirmaba que la fuerza podía quedar legitimada por razones de necesidad para la instauración de la Monarquía. El magistral de Salamanca pensaba que, llegado el momento, incluso Acción Popular abogaría por el uso de la violencia en caso de extrema necesidad, en cuyo caso, según afirmó Gil Robles, «quisiéramos o no quisiéramos, tendría que surgir una situación de fuerza, que recogiera esa autoridad, que no puede quedar en ningún momento abandonada[116]».

Aunque el libro tuvo una escasa difusión, debido más a su carácter en exceso doctrinario que a las presiones ejercidas por el Gobierno, el Vaticano o los jesuitas, causó un cierto revuelo en determinados ámbitos políticos y eclesiales: si bien los grupos tradicionalistas no escatimaron elogios[117], otros individuos y colectivos criticaron su libro por «imprudente e inoportuno», como fue el caso de Vidal y Barraquer y del grupo de Acción Católica liderado por Ángel Herrera, que contemplaron con inquietud su condena a la doctrina de la indiferencia en las formas de gobierno[118]. Lo cierto es que la inclusión de su cargo en Comillas en la portada de la obra precipitó su dimisión el 24 de septiembre de 1934, e incluso su alejamiento de aquel centro docente. La plana mayor de Acción Española intercedió para que el libro no fuese condenado, pero Gomá les tranquilizó al respecto. De hecho, aunque Vidal y Barraquer logró que el Vaticano revocase el Nihil Obstat, el nuevo arzobispo de Toledo declaró a un grupo de líderes tradicionalistas y alfonsinos que, según su criterio, la obra era teológicamente ortodoxa[119].

La doctrina del derecho a la rebeldía, formulada desde ambientes ultramontanos para dar cobertura legal a la eventual actitud insurgente de los católicos o a un golpe de Estado militar en ese sentido, se transformó durante la guerra y la posguerra civiles en instrumento de legitimación del Nuevo Estado. Así se entiende la creación por el Ministerio del Interior el 21 de diciembre de 1938 de una comisión encargada de demostrar la ilegitimidad de los poderes actuantes en la República española el 18 de julio[120]. Resulta curioso que algunos principios de esta doctrina de la rebeldía serán aplicados más adelante por los conspiradores monárquicos (Aranda, Sainz Rodríguez, Ansaldo) contra Franco. Vistas todas estas circunstancias, no cabe sino estar de acuerdo con Francés Lannon cuando comenta que «el antirrepublicanismo implícito y explícito de la Iglesia en los años treinta, que culminó con la entusiasta y celebrada transformación del alzamiento de los generales en una cruzada religiosa, no era menos improvisado y gratuito que el anticlericalismo de la República[121]».

La reunificación y el rearme activista

del tradicionalismo en 1931-1932

La agitación estival en el Norte no quedó al margen de un movimiento que, como el carlismo, seguía siendo uno de los grandes referentes sociopolíticos de la cultura católica dominante en la región vasconavarra. Como en anteriores coyunturas de crisis, el utopismo retroactivo del tradicionalismo, su afán por evocar un pasado real o imaginario basado en la participación «orgánica» del pueblo dentro de un poderoso aparato estatal, bajo el consenso forjado en la uniformidad religiosa, atrajo a numerosos conservadores desengañados con la Monarquía liberal que vieron en el tradicionalismo la punta de lanza de una coalición antidemocrática de amplio espectro que aspiraba a la destrucción de la República por la vía insurreccional[122].

El día 23 de abril, el pretendiente don Jaime hizo público un manifiesto, inspirado por Esteban Bilbao, donde apoyaba una República de orden y, en caso de que ésta degenerase en «bolchevismo» o «anarquía», se ofrecía para liderar «la lucha contra el comunismo antihumano» y colocarse «al frente de todos los patriotas para oponerse a la implantación de una tiranía de origen extranjero», en una clara referencia a la posible integración de los alfonsinos en el seno del movimiento tradicionalista[123]. Para ello, algunos carlistas ya proponían la abdicación de don Alfonso en la persona de don Juan.

Los carlistas se prepararon para la acción violenta contra la República desde los sucesos de mayo, si no antes[124]. Los primeros grupos armados se anunciaron en la festividad de los Mártires de la Tradición de 10 de marzo de 1931. Tres días después del 14 de abril, el presbítero tradicionalista Vicente Torres Espejo ya abominaba del nuevo régimen y clamaba desde las columnas del diario carlista intransigente El Cruzado Español por su derrocamiento violento:

¡Es la hora de la acción! El que sepa manejar la pluma, escriba para infectar vida y energía al cuerpo tradicionalista casi galvanizado. El que tenga medios, favorezca la Prensa nuestra para difundir sus ideales por toda la nación. El que sea apto para manejar el fusil, esté prevenido para acudir a la defensa de su Santa Causa al primer toque de clarín[125].

Este clérigo montaraz sugeriría tras los sucesos de 10 y 11 de mayo la organización de unas «milicias de Cristo» estructuradas en escuadrones y compañías y dirigidas contra las que denominaba «huestes de Lucifer»:

Como el Arcángel San Miguel, Príncipe de las Milicias celestiales, que será nuestro Patrón, hemos de abalanzarnos a la hidra monstruosa de la irreligión […] Formemos falanje [sic] y hagamos respetar nuestra fe, nuestras creencias y nuestro culto de toda inicua y tiránica imposición[126].

El Cruzado Español se prestó a difundir las llamadas al reclutamiento de esta «guardia cívica» integrista, al parecer vinculada con restos del disuelto Somatén primorriverista, pero el Gobierno actuó con prontitud, deteniendo al inquieto sacerdote por el reparto de unas hojas clandestinas en las que se solicitaba a los creyentes la defensa armada de la religión católica y la resistencia activa contra un régimen republicano identificado con el despotismo anticristiano[127]. A pesar de ello, la anécdota de los autodenominados «Cruzados de Cristo» es representativa del estado de opinión levantisco de ciertos grupos ultracatólicos empeñados en una defensa violenta de sus principios, como quedaría evidenciado en los preparativos insurreccionales que se realizaron en Madrid y la región vasconavarra del verano al otoño de 1931.

La intervención de los tradicionalistas en defensa de los establecimientos religiosos se solapó, en efecto, con los primeros preparativos para una intervención armada. A partir del incendio el 18 de mayo de 1931 del convento de los Padres Pasionistas en Tafalla, los jaimistas hicieron guardia por la noche en los edificios religiosos del antiguo reino, organizándose en grupos de diez y sacando a su gente armada con garrotes a las elecciones municipales parciales de 31 de mayo. Ya a mediados de ese mes, una tentativa de tráfico de armas desde Éibar destinadas a los miembros de la Juventud Jaimista condujo a la detención de varios carlistas vizcaínos y navarros, entre éstos al estudiante Jaime del Burgo, pero como las armas no aparecieron todos fueron absueltos[128]. Con todo, el contrabando de armas por la frontera francesa se mantuvo durante la segunda mitad del año con amplia participación tanto de carlistas como de alfonsinos[129]. Estas operaciones coincidieron en el tiempo con los contactos mantenidos con Orgaz, en cuyo transcurso los requetés navarros se negaron a secundar un posible pronunciamiento militar, aunque el Comité conspirativo alfonsino tomó nota de la buena disposición a conversaciones ulteriores del Comité de Acción jaimista[130]. La conspiración carlista autónoma comenzó oficialmente el 14 de junio durante una reunión entre jaimistas e integristas en casa de los Baleztena en Leiza. A ella asistieron representantes del Comité de Acción creado por don Jaime en París el año anterior: Joaquín Baleztena, Ignacio Plazaola (Guipúzcoa), Jesús Gaztañaga (Vizcaya), José María Herreros de Tejada (Logroño) y Generoso Huarte (Navarra), que acordaron constituir grupos armados que replicaran a las posibles violencias anticlericales[131]. Poco después se celebró en Azpeitia una nueva reunión a la que asistieron además Jesús Comín y Melchor Ferrer. Allí se decidió la reorganización del Requeté, no como formación para la defensa, sino para impulsar un eventual movimiento insurreccional centrado en el país vasconavarro y en contra de las reformas laicas que el Gobierno de la República pretendía introducir.

El apoyo del clero rural navarro, tradicionalmente carlista o integrista, resultó esencial para el desarrollo de estos planes: una «junta sacerdotal del Requeté» dirigida por el activo cura de Caparroso Jesús Yániz, y compuesta además por los párrocos de Noain (Pascasio Osácar), Yerri-Ugar (Jesús Ulibarri), Esquiroz (Fermín Erice) y Berriozar (José María Solabre) se encargó de las tareas de proselitismo entre los párrocos de la región, sin el conocimiento de la jerarquía. Los sacerdotes navarros ejercían en sus comunidades aldeanas una función patriarcal que iba más allá de la mera asistencia espiritual, ya que monopolizaban virtualmente las funciones de propaganda desde sus púlpitos y dirigían de hecho la vida política en los pueblos y los valles más apartados. No resulta, pues, una exageración el que Juan de Iturralde afirmara que el Requeté de Navarra fue obra del clero, especialmente en la zona intermedia de la provincia[132]. En las poblaciones medias y grandes, esta actividad de captación fue realizada de manera más sistemática por la propia organización política carlista, también imbuida de una tradición localista y patrimonial que afectaba a la base y a los escalones superiores, cubiertos sobre todo por una élite de abogados, doctores, empresarios locales y grandes propietarios rurales que mantenía su liderazgo de generación en generación. Pero como era costumbre en un movimiento tan descentralizado, la organización carlista a nivel regional, provincial y local mantuvo una gestión política rutinaria y descoordinada que afectó al Requeté, cuya reorganización hubo de abordarse casi desde cero. Jaime del Burgo centró su actividad de reclutamiento en Pamplona, y Generoso Huarte «trabajó» los pueblos de la provincia de Navarra apoyado por Jesús Ulibarri[133]. De este modo se logró la captación, según el testimonio poco fiable de Redondo y Zavala, de unos 10 000 hombres que fueron divididos en grupos de a diez (decurias) no conectados entre sí, y adiestrados y dirigidos por el coronel retirado Eugenio Sanz de Lerín[134]. Las decurias no tenían una estructura de mando definida, y en ellas convivían carlistas jóvenes, maduros y hasta venerables ancianos, veteranos de la última guerra civil[135].

No existe constancia de la convocatoria de estas actividades por el pretendiente don Jaime, ni de su apoyo explícito a las decisiones del Comité de Acción, pero durante ese verano los rumores de agitación en el país vasconavarro se cruzaron con los de supuestos alijos de armas a los carlistas recibidos vía aérea en la sierra de Urbasa[136]. Sin embargo, y como hemos visto con anterioridad, parte del complot fue descubierto entre agosto y septiembre, lo que acarreó las detenciones, entre otros, del integrista Juan Olazábal y del alfonsino general Orgaz. La Junta Delegada tradicionalista había dejado hacer a los conspiradores, e incluso su presidente, el conde de Rodezno, ofreció su colaboración personal, de igual modo que Esteban Bilbao. A principios de septiembre, el Comité de Acción volvió a reunirse, esta vez en Pamplona bajo la presidencia de José María Gómez de Pujadas, secretario del pretendiente. Se decidió recomendar a don Jaime la obtención de un pacto antirrepublicano con los alfonsinos, aunque destacados miembros de la Comunión como Gómez de Pujadas tenían que calmar las aprensiones de algunos correligionarios que sospechaban que la «organización de acción» concertada con los alfonsinos podía traducirse en que «nos lleven engañados y seamos la masa de cañón[137]».

En la nueva etapa política que se abría con la consolidación institucional del régimen republicano, el gran reto para el carlismo era superar su tradicional enclaustramiento en el país vasconavarro, y transformar al movimiento en una auténtica organización de ámbito estatal mediante tres estrategias convergentes: la reunificación de las diversas tendencias tradicionalistas, el liderazgo del movimiento católico y la unión dinástica con los alfonsinos. El primer objetivo se logró de forma bastante natural: la quema de conventos precipitó el proceso de unificación de las diversas corrientes tradicionalistas y su integración en la corriente general de oposición a la República de cara a las elecciones a Cortes Constituyentes. En Navarra, el proceso de conciliación de los jaimistas con los integristas dirigidos por Juan Olazábal y con los mellistas encabezados por figuras como Esteban Bilbao y Víctor Pradera, ya esbozado en el manifiesto del 23 de abril, se adelantó al del resto del país con el gran mitin tradicionalista celebrado el 14 de junio (el mismo día de la reunión conspirativa en Leiza) ante 25 000 personas en la plaza de toros de Pamplona, donde Joaquín Baleztena proclamó abiertamente la intención de actuar con las armas en la mano contra la «República atea y separatista», mientras que Sánchez Marco preguntaba de forma retórica qué se debía hacer ante la patria ultrajada, y obtenía de la audiencia una belicosa respuesta: «¡Ir al monte!»[138]. La muerte de don Jaime el 2 de octubre allanó de forma definitiva el camino para la reunificación de las tres facciones de tradicionalismo: los mellistas veían desaparecer a un príncipe sospechoso de criptoliberalismo, y los integristas de Olazábal, que contaban con Manuel Senante (director del periódico El Siglo Futuro) y los terratenientes José María Lamamié de Clairac y Francisco Estévanez entre sus más conspicuos partidarios, contemplaban el acceso a los derechos dinásticos de un príncipe (el hermano de Carlos VII, don Alfonso Carlos de Borbón y Austria-Este) que mostraba una especial inclinación hacia su ideario.

La segunda estrategia barajada por el carlismo fue impulsar y liderar una amplia alianza confesional contra la democracia republicana. Derrumbado el conservadurismo dinástico, la estrategia de unión de los católicos perdió su componente liberal, y pudo ser asumida de pleno por la dirección jaimista. Tras la quema de conventos, el pretendiente envió el 20 de mayo desde París una circular a los jefes regionales en la que rechazó la responsabilidad Alfonsina en los sucesos que desembocaron en los incendios y ordenó que sus partidarios prestaran colaboración electoral a «toda coalición católica» que se presentase a las Constituyentes aun en posición de retaguardia (una referencia evidente a la recién creada Acción Nacional, donde Rodezno y Senante obtuvieron puestos de responsabilidad), pero no realizó, como pretenden algunos autores tradicionalistas, un explícito llamamiento a la insurrección[139]. Durante la campaña electoral, el partido jaimista se movilizó como la punta de lanza de una opción contrarrevolucionaria que no descartaba el uso de la violencia. De hecho, la campaña se desarrolló en Navarra en medio de numerosos incidentes motivados por gritos subversivos, exhibición de símbolos ilegales, manifestaciones sin autorización, etc[140]… Aunque el carlismo no logró asumir el liderazgo del catolicismo político en la lucha electoral, tuvo éxito al articular en cada circunscripción coaliciones con nacionalistas y católicos independientes que contribuyeron a la victoria en Navarra, Guipúzcoa y la provincia de Vizcaya. La articulación política de esta alianza dio un salto cualitativo con el inicio de la campaña en pro del Estatuto de Estella. El carlismo vio entonces la oportunidad de armonizar la defensa de la religión con la reivindicación foral a través de la estructuración de un Bloque Católico-fuerista que actuó como impulsor del proyecto estatutario. Esta alianza de conveniencia venía facilitada por el sempiterno foralismo del programa tradicionalista, pero sobre todo por el empeño obsesivo de no entregar el monopolio de la causa autonomista a los nacionalistas, y soslayar de este modo la política laicizadora de los gobiernos de Madrid. El texto del Estatuto elaborado por la Sociedad de Estudios Vascos provocó las primeras disensiones graves en el seno del tradicionalismo: mientras que Beúnza apoyó el proyecto y la alianza con los nacionalistas, Víctor Pradera y Juan Olazábal representaron con eficacia al tradicionalismo incompatible con el nacionalismo vasco. Con todo, el Estatuto de Estella fue apoyado por los municipios de mayoría nacionalista y carlista, pero estos últimos fueron abandonando su interés cuando el rechazo constitucional de los aspectos religiosos de la futura autonomía hizo que el Estatuto perdiera atractivo para los carlistas. Ello, unido a la adopción de los artículos laicizadores de la Constitución hizo que la minoría tradicionalista se retirara de las Cortes en octubre, y que el partido iniciara una nueva etapa política cuyos rasgos esenciales fueron la ruptura de la alianza táctica con el PNV, la desvinculación de la naciente Acción Nacional y los primeros pasos para organizar la oposición armada contra la República. El 31 de enero de 1932, las asambleas de representantes de los municipios y de las comisiones gestoras se reunieron en las cuatro provincias para redactar un nuevo estatuto, muy diferente del anticonstitucional Estatuto de Estella en temas como la autonomía religiosa y el proceso electoral. El texto fue aprobado de forma mayoritaria por los representantes municipales de Vizcaya y Guipúzcoa, por la mínima en Álava y rechazado en Navarra por escaso margen y en medio de un cúmulo de irregularidades. El nuevo proyecto hubo de retirarse, y precipitó el divorcio entre la Comunión y el PNV, ya que los nacionalistas se mantuvieron en la lucha por la consecución del Estatuto, mientras que los carlistas estrecharon sus relaciones con la derecha española para estructurar una alternativa católica y contrarrevolucionaria a la República[141].

La tercera tarea (las conversaciones dinásticas e insurreccionales con los alfonsinos) fue, sin duda, la más enojosa. Derrocada la monarquía liberal y logrado un principio de unidad interna en el seno del tradicionalismo, se produjo en los sectores clericales y alfonsinos más conservadores una reacción contrarrevolucionaria que, como en el caso del neocatolicismo durante el Sexenio democrático, les acercó a la alternativa carlista más por lo que ésta representaba como último bastión de defensa de sus intereses materiales y espirituales que por una sincera adscripción a su modelo dinástico y político. A fines de mayo, y bajo el recuerdo obsesivo de los sucesos anticlericales producidos dos semanas atrás, un comité formado por representantes carlistas y alfonsinos, entre los que se encontraban los promotores del malogrado Círculo Monárquico Independiente, buscaron en la finca «La Ferme» en San Juan de Luz una fórmula de entendimiento entre ambas ramas para combatir la República. Se planteó entonces un escollo insuperable: la identidad de la persona en que recaería la titularidad de la nueva monarquía tradicional. Tras arduas sesiones de trabajo que duraron todo el verano, el 15 de agosto se llegó a un principio de acuerdo, y el 12 de septiembre Danvila y Gómez de Pujadas redactaron el polémico Pacto de Territet (Suiza), en el que don Alfonso y don Jaime se mostraban de acuerdo en formar un partido monárquico unido y en «evitar todo movimiento en sentido de inmediata restauración monárquica, desautorizándola y negando su ayuda si contra su voluntad fuese llevado a cabo». En todo caso, ambos pretendientes apoyarían cualquier movimiento de carácter españolista destinado a convocar Cortes Constituyentes que decidieran el nuevo régimen político de la nación y el futuro titular de la Jefatura del Estado (artículo 1.º). Si resultaba elegido rey don Alfonso, don Jaime y su tío don Alfonso Carlos renunciarían a sus pretensiones (artículo 5.º), pero si era don Jaime quien resultaba nombrado, las Cortes constituyentes elegirían un sucesor, previsiblemente el infante don Juan, hijo del rey destronado(artículo 6.º[142]). Los autores carlistas siempre han negado la existencia y efectividad de este pacto, reduciéndolo a un mero acuerdo personal. Aunque tan polémico acuerdo no iba más allá de una declaración general de intenciones sobre el modo de llegar a la unión monárquica, lo cierto es que el artículo primero implicaba un verdadero pacto para la unidad de acción incluso insurreccional, y no suponía, como ha escrito Galindo Herrero, una condena sin paliativos de cualquier acto de fuerza que se realizara para llegar a la deseada restauración, sino el rechazo a intentonas unilaterales por alguno de los dos bandos[143]. Además, la referencia al apoyo de un gobierno «españolista» comprometido en el inicio de un proceso constituyente parece un antecedente claro de las negociaciones con los militares no estrictamente monárquicos que desembocaron en la intentona liderada por Sanjurjo en agosto de 1932.

En la estela de estas negociaciones, a inicios de septiembre se celebró una reunión en San Sebastián del Comité de Acción Jaimista y el grupo conspirativo alfonsino de San Juan de Luz bajo la presidencia del exministro Juan de La Cierva, con el objeto de actuar de forma conjunta contra la República[144]. Tras constatar que el complot alfonsino descansaba en una supuesta actuación de oficiales del Ejército que llevarían como elementos de choque a los carlistas, el Comité de Acción jaimista volvió a reunirse en Zarauz en la tercera semana de septiembre para dar una respuesta a las ofertas alfonsinas: José Luis Zuazola y Rafael Olazábal defendieron la postura de la colaboración, a lo que se opusieron con energía Jesús Comín y sobre todo Ignacio Baleztena, quien afirmó con solemnidad que nunca ordenaría salir a los hombres a la calle para proclamar una Constitución de contenido liberal. Se decidió, pues, la renuncia a toda colaboración, con lo que el «Pacto de Territet» sufrió un primer y duro golpe. Para acercar posturas, el 23 de septiembre ambos pretendientes se entrevistaron en París, y el 25 don Jaime devolvió la visita a su pariente en Fontainebleau, declarando a la prensa que el acuerdo alcanzado era sólo político, y que ni uno ni otro habían abdicado de sus derechos[145]. La Junta Delegada tradicionalista no puso reparos a la continuación de los trabajos conspirativos, pero don Jaime falleció de forma inesperada el 2 de octubre, y una Asamblea de jefes regionales reunida a toda prisa nombró sucesor a su anciano tío don Alfonso Carlos de Borbón y Austria-Este, menos proclive al pacto con el liberalismo residual alfonsino y más cercano al integrismo. Éste aceptó en primera instancia el «Pacto de Territet», pero tras conocerlo con detalle lo denunció por «no estar puesto en términos tradicionalistas». Sin embargo, las iníciales reticencias del pretendiente carlista remitieron a fines de noviembre, después de haber celebrado una entrevista con el titular de la otra rama dinástica en la que se aceptó la reanudación de contactos a través de una comisión de notables alfonsinos y carlistas[146].

Una de las primeras decisiones del nuevo titular de la legitimidad carlista fue coordinar los grupos de acción ya existentes. Durante una reunión que celebraron el 8 de noviembre en Madrid los representantes de los comités de acción de toda España se aprobó el proyecto de creación de una Hermandad Real entendida como una sociedad secreta cuyos fines serían «el derrumbamiento de la República por ser la forma de gobierno de los pueblos decadentes» y «la implantación de la Monarquía Legítima Católico-Tradicionalista». La Jefatura Superior de la Hermandad, que a ser posible debiera asignarse a «un miembro de [la] augusta familia con aptitudes militares», debería concertar las acciones de ataque con los jefes políticos del carlismo. En todas las provincias se crearían comités formados por un máximo de tres personas, en relación permanente con el jefe regional, provincial o local, y en cada comité habría «un delegado, hombre de acción, viajante, negociante o que tenga una profesión u oficio que no pueda extrañar el que se traslade de un sitio a otro y éste será el encargado de transmitir las órdenes». Estos comités tendrían representantes en concejos, parroquias, pueblos y aldeas, elaborarían listas de los voluntarios y de las futuras autoridades locales y provinciales, y designarían a sus sustitutos ante la eventualidad de una detención. También se preveía la creación de comités de enlace en las provincias vascas y Cataluña, que tendrían como objeto comunicarse con el Comité Central radicado previsiblemente en París o en la frontera francesa. Los delegados organizarán a las fuerzas carlistas en grupos de a diez con un jefe, y donde no existiese ese número se constituirían células a la manera comunista, encargadas de la propaganda y la organización paramilitar. La Hermandad sufría una curiosa impregnación del sectarismo masónico, ya que preveía la distribución de un discreto distintivo (un alfiler de corbata con las iníciales HR entrelazadas o bien una cruz), la concertación de un gesto para identificarse (una cruz y tres golpes con el dedo pulgar en el dorso) y la prestación de un juramento de lealtad, secretismo y solidaridad, ya que

Los miembros de esta colectividad tienen la obligación moral de protegerse y ayudarse en todos los trances de la vida, de guardar secreto cuando así se lo exija y de observar la más rigurosa disciplina y acatamiento a las órdenes de la superioridad.

Incluso se haría proselitismo entre los católicos de los países vecinos. En definitiva,

Todos estos comités tendrán como fin principal el conspirar contra la República y organizar nuestras fuerzas y las fuerzas afines, bajo la dirección de nuestro partido, para dar el golpe cuando se considere oportuno bajo la dirección del mismo.

Pero los delegados de los comités de acción se quejaban de que el centro de la conspiración, dirigido por conspicuos alfonsinos como Pedro Sainz Rodríguez o el conde de Vallellano y por militares manifiestamente hostiles como el general Ponte (presunto director de las fuerzas del Norte), no les inspiraba ninguna confianza:

Con nosotros sólo se quiere contar como carne de cañón, aprovechando nuestras organizaciones para sus fines particulares […] Por otra parte el dinero que se dice que ellos manejan no ha llegado hasta nosotros en un solo céntimo, a no ser 10 mil pesetas, que tenemos entendido han dado en Navarra[147].

En diciembre, tras unas reuniones preliminares celebradas en Burdeos, se esbozó otro pacto en cuatro puntos:

Se establecería un Comité de ocho personas nombradas por los pretendientes con el fin de llevar a cabo la organización de las fuerzas monárquicas y salvar a España de los «horrores del comunismo».

Los pretendientes dejaban a sus partidarios la adopción de decisiones políticas, aunque intentarían fomentar la unión monárquica «bajo el credo tradicionalista adaptado a los tiempos presentes».

Una vez conquistado el poder, don Alfonso Carlos, como «Regente del reino», convocaría unas Cortes que elaborarían una «Ley fundamental definitiva» inspirada en la tradición.

Determinados términos del pacto serían divulgados en el momento conveniente[148].

Tampoco este acuerdo logró la aquiescencia de ambas partes ni se hizo público, aunque los pretendientes emitieron sendos manifiestos clarificando sus posiciones. Don Alfonso Carlos escribió el 8 de diciembre a su jefe-delegado José de Selva y Mergelina, marqués de Villores, comunicando su decisión de disolver el Comité de París, presumiblemente por considerar que estaba interfiriendo en el proceso de acercamiento dinástico[149].

La reacomodación política del carlismo permitió a don Alfonso Carlos emprender una reforma en profundidad de su organización, creando en enero de 1932 una Junta Nacional Suprema bajo su supervisión y la del moribundo marqués de Villores. El nuevo grupo directivo de la Comunión era un compendio de todas las tendencias recientemente reunidas, ya que incluía al exmaurista Oriol por las provincias vascas, el rancio jaimista Juan María Roma por Cataluña, el veterano de la Segunda Guerra Carlista Lorenzo Sáenz por Castilla, el exintegrista Senante por las provincias andaluzas y levantinas, Beúnza y el proalfonsino Rodezno por Navarra y el exintegrista Lamamié como secretario encargado de impulsar la actividad del partido con la creación de juntas regionales y provinciales. A la muerte de Villores en mayo de 1932 la Junta Suprema se convirtió en la segunda instancia jerárquica del partido tras el pretendiente, y bajo la dirección del proalfonsino conde de Rodezno.

A principios del año 1932 volvieron a evidenciarse las difíciles relaciones entre los alfonsinos y los carlistas, al publicarse a inicios de marzo un manifiesto de don Alfonso Carlos fechado el día de Reyes y redactado por Esteban Bilbao en el que se denunciaba la labor de las Cortes Constituyentes y se dejaba entrever la cesión de sus derechos en la persona de su sobrino Alfonso, siempre que aceptase «aquellos principios fundamentales que en nuestro régimen tradicional se han exigido a todos los Reyes con anteposición de los derechos personales[150]». El monarca destronado, acuciado por la necesidad de apoyo carlista para la conspiración que se reanudaba, aceptó en un documento fechado en Mürren (Suiza) el 23 de enero «los principios fundamentales que inspiran el llamamiento de mi amado tío y jefe de la familia», al tiempo que denunciaba las circunstancias de su derrocamiento y hacía una dura crítica a la actitud reformista de la República, «inspirada y patrocinada por el comunismo, la masonería y el judaísmo[151]». Con todo, el exrey no renunciaba a sus derechos dinásticos, ni tenía la intención de abdicar en ninguno de sus hijos, ni tampoco rendía explícito acatamiento a la doctrina tradicionalista. Su ambigua declaración no satisfizo a nadie. El malestar de muchos alfonsinos residualmente liberales por esta cooperación con los carlistas era tan intenso como el que campaba en las filas tradicionalistas más intransigentes, convencidas de que el manifiesto sólo pretendía atraer a sus militantes más jóvenes para transformarlos en carne de cañón del partido rival. La crisis que parecía cernirse sobre la Comunión obligó el 29 de febrero a don Alfonso Carlos a dar plenos poderes a la Junta Suprema Nacional para decretar la expulsión de personas y la desautorización de periódicos que, como El Cruzado Español de Madrid y Oriamendi de Bilbao, se hubieran distinguido por el tono airado de su protesta[152]. A pesar de todos estos contratiempos, poco después se formaba una nueva comisión de enlace carloalfonsina. Al tiempo, Senante y Rodezno renunciaban a sus labores directivas en Acción Nacional, el pretendiente carlista se instalaba en Ascain más cerca de sus requetés y se incrementaba el contrabando de armas por la frontera francesa. También se continuó el reclutamiento clandestino de combatientes y se emprendieron las primeras acciones violentas: durante el sufragio por el alma de don Jaime celebrado el 16 de octubre en la catedral de Barcelona, unos requetés entraron en colisión con un grupo izquierdista procedente de la biblioteca de la Casa del Arcediano, y mataron de un disparo al radical Antonio Borrell Amich[153]. El 17 de enero de 1932, con ocasión de un gran mitin en el frontón Euskalduna de Bilbao que reunió a 10 000 carlistas, se produjeron graves desórdenes cuando los socialistas cantaron La Internacional a la salida del acto. Se hicieron disparos desde el Círculo Tradicionalista de la calle Rivera contra una manifestación izquierdista de protesta que ya había apedreado la redacción del diario nacionalista Euzkadi y agredido a unos miembros de la Juventud Vasca. La descarga cerrada de los carlistas ocasionó la muerte de tres jóvenes socialistas y de un transeúnte, y heridas a otras 12 personas, entre ellas un guardia de Seguridad. Una cuarentena de tradicionalistas intentó buscar refugio en su Círculo, que estuvo a punto de ser asaltado por miles de airados manifestantes hasta que la Guardia Civil despejó el lugar unas horas después. Entretanto, la multitud atacó un garaje, asaltó las oficinas de La Gaceta del Norte y trató de provocar el incendio del convento de las Reparadoras, donde los requetés les recibieron a tiros, provocando tres o cuatro heridos más. De hecho, el posterior registro del establecimiento religioso, forzado por unos soldados de la guarnición al mando del general Fernández Villabrille, condujo al hallazgo de numerosas balas y casquillos. Al día siguiente, el PSOE y otras fuerzas republicanas proclamaron una huelga general de protesta de 24 horas en toda la provincia. Esa mañana, los tradicionalistas refugiados en el Círculo fueron detenidos junto con la junta directiva, pero los incidentes violentos continuaron durante el entierro de las víctimas del día anterior, que degeneró en un motín en el que se quemó el coche de Joaquín Beúnza, se asaltó el círculo de Acción Católica y la librería Mondano, y se produjeron varias cargas de la Policía que causaron nuevos heridos. Por la tarde se quemó la iglesia parroquial de Santurce. El subsecretario de Gobernación, Carlos Esplá, acusó a los tradicionalistas de ser los responsables de esta explosión de violencia, e impuso una multa de 1000 pesetas al Colegio del Sagrado Corazón por tenencia ilícita de armas[154].

En el conjunto de España, el auge carlista se hizo de forma preferente sobre la base estudiantil reorganizada desde mayo de 1931 en la Asociación Escolar Tradicionalista (AET), y sobre el entramado paramilitar, aunque su obligada vinculación en el país vasconavarro y Levante a los comités y círculos locales liderados por la vieja élite política del jaimismo contrastaba con la autonomía, el dinamismo y radicalismo impuesto por dirigentes andaluces como Manuel Fal Conde. Los jóvenes afiliados a la AET iniciaron mucho antes que el Sindicato Español Universitario (SEU) falangista la confrontación violenta en el ámbito docente, protagonizando unos enfrentamientos con la FUE en la Universidad de Madrid y el instituto de Bachillerato Cisneros a principios de abril de 1932[155]. Los choques armados como secuela de altercados motivados por la contraposición airada de símbolos, valores e imaginarios colectivos resultaron muy frecuentes. El 17 de abril, Jaime del Burgo salió al frente de unos jóvenes del Círculo Tradicionalista de Pamplona hacia el lugar donde un jaimista había reñido por culpa de una blasfemia ante un sacerdote, provocando dos heridos. Tras el consiguiente tumulto, los carlistas se refugiaron en su Círculo, donde se produjo un tiroteo que se saldó con la muerte de dos ugetistas y un tradicionalista, además de dos heridos provocados en incidentes posteriores[156]. Como era preceptivo entre las organizaciones obreras, al día siguiente se declaró la huelga general de protesta en la ciudad, que derivó en la consabida manifestación tumultuaria donde se intentó quemar la casa del dirigente carlista Joaquín Baleztena. Al mes siguiente, las decurias navarras, que ya contaban con treinta grupos organizados, tuvieron que disolverse cuando una delación puso en conocimiento del gobernador civil los detalles de su funcionamiento, que fueron aireados en la prensa[157]. Poco después fueron detenidos por conspiración Generoso Huarte, Lucio Jiménez, Hospicio Martínez, Antonio Munárriz, Miguel Saralegui, Carmelo Ruin, Fermín Miguel, Juan Lesaca y Eusebio y Jaime del Burgo[158]. Tras un año de permanencia en la cárcel, en cuyo transcurso se acentuaron las discrepancias entre la visión conservadora y defensiva de la lucha armada de Huarte (que preconizaba el despliegue de las decurias como guardias cívicas de protección de iglesias y centros carlistas) y la más radical en Del Burgo, cercana a la acción directa callejera propia del fascismo, la AET pamplonesa fundada en diciembre de 1931 asumió la reconstitución de los grupos armados formando patrullas.

Con el apoyo de Jesús Yániz, alma de la junta sacerdotal que había coordinado el trabajo de las decurias, las patrullas carlistas acabaron por transformarse en el Requeté de Pamplona, cuya sede estaba en la segunda planta del antiguo centro integrista de la calle Estafeta. Admiradores de los míticos generales carlistas, sobre todo de Zumalacárregui, y ávidos lectores de las memorias bélicas románticas del siglo XIX, los jóvenes activistas pamploneses aspiraban a recuperar las formas más puras y sencillas de militancia político-religiosa, rememorando y reconstruyendo los viejos mitos de las guerras civiles decimonónicas (su particular «experiencia de guerra», recreada bajo formas narrativas contadas de generación en generación en las largas veladas familiares invernales), que se contraponían al prosaísmo insufrible de la política parlamentaria y pactista que practicaba la jerarquía del partido. Pero también creían en el poder del activismo, el vitalismo y la fuerza irracionalista, y participaban de actitudes modernas como el deporte y el ejercicio físico a campo abierto. Para no atraer la atención policial sobre los entrenamientos militares, se procedió a inscribir a los requetés de Pamplona en la AET, aficionada a realizar discretas excursiones paramilitares que con el tiempo acabaron celebrándose de forma abierta y con cierto despliegue propagandístico.

En la primavera de 1932 el carlismo hubo de subordinar este proceso de rearme activista desde el ámbito juvenil local a un proyecto de alcance nacional: la participación en la amplia conjura cívico-militar que se estaba urdiendo contra el gobierno republicano-socialista.

CAPÍTULO 2

EL 10 DE AGOSTO Y SUS CONSECUENCIAS

1932-1933

Los conflictos con las jerarquías eclesiásticas y la disolución de la Compañía de Jesús, las reformas militares, las definiciones de la Constitución sobre cuestiones religiosas, educativas o laborales, y los debates sobre la Reforma Agraria y el Estatuto de Cataluña fueron otros tantos motivos de indignación para los grupos sociales más conservadores, cuyo descontento había intentado capitalizar el alfonsismo en forma de acción conspirativa. A estos proyectos antirrepublicanos se adscribió un grupo estable de militares, cuyos nombres más destacados eran los generales Orgaz, Ponte y Barrera. Estos dos últimos trataron de restablecer los contactos con la oficialidad que se había visto perjudicada por las reformas militares, mientras que la trama civil se hizo cada vez más amplia e intrincada. La conspiración contra la República que estalló el 10 de agosto de 1932 revistió el carácter de una trama cívico-militar compleja, que tuvo como base intelectual el constitucionalismo que había fracasado como alternativa política en 1930, y que con la colaboración del jefe del Estado Mayor del Ejército general Goded y quizá con la connivencia de Lerroux se dispuso a rectificar el rumbo de la República, expulsando a la izquierda del poder. Como brazo ejecutor se contaba con un abigarrado grupo de nostálgicos primorriveristas, tanto militares (Barrera, Ponte, Orgaz, y más tarde Sanjurjo) como civiles (Calvo Sotelo, Vallellano, Fuentes Pila, Aunós o Lequerica), además de carlistas, albiñanistas, jonsistas y otros grupos de la extrema derecha.

Los entresijos de la conspiración antigubernamental

y el fracaso del levantamiento de Sanjurjo.

Los primeros intentos sediciosos los habían protagonizado nada más proclamarse la República los generales alfonsinos Cavalcanti, Ponte y Barrera, con el concurso de aristócratas exiliados como el duque de Alba y colaboradores de Primo de Rivera como Santiago Fuentes Pila, el marqués de Quintanar y el conde de Vallellano, activistas alfonsinos como Fernando Cobián y Julio Danvila, periodistas como Juan Pujol y empresarios como Juan March. Los conspiradores atrajeron al general Orgaz y al coronel Varela, y obtuvieron fondos de algunos monárquicos acaudalados. A pesar del destierro a Canarias sufrido por Orgaz y sus colaboradores en septiembre de 1931 con motivo del «complot contra la República», la trama no fue apenas desarticulada y Ponte reconstruyó sus hilos desde su exilio francés. Si en un principio alfonsinos y carlistas conspiraron en solitario, tras las detenciones de noviembre los militares asumieron la dirección de las operaciones. Fue a mediados de ese mes cuando surgieron los primeros rumores serios de un movimiento militar que ya se bautizaba con el nombre de «Sanjurjada», y que tenía por objetivo implantar una república conservadora[159].

Tras los dramáticos acontecimientos sufridos y provocados por la Guardia Civil en Castilblanco y Arnedo, las miradas se posaron sobre el general José Sanjurjo, una de las figuras clave para el advenimiento pacífico de la República y que tras una serie de extemporáneas declaraciones fue despojado de forma discreta el 5 de febrero de 1932 de su cargo de director general de la Benemérita para asumir la más inocua Dirección General de Carabineros. La extrema derecha aprovechó su destitución para jalear el infundio de una conspiración izquierdista contra la Guardia Civil, que se mostraba descontenta por las fatigas del servicio y preocupada con que la creación y despliegue de la Guardia de Asalto procurase, en un día no muy lejano, su liquidación. Ya con motivo de los sucesos de Castilblanco una comisión de jefes de la Benemérita había celebrado una reunión con Sanjurjo en la que propusieron una sublevación del Cuerpo en toda España, aunque el marqués del Rif les recomendó calma[160].

A fines de 1931, el general Barrera había asumido la presidencia de una junta militar golpista en su calidad de teniente general más antiguo. El 24 de febrero de 1932 se entrevistó con el gobierno fascista italiano a través del embajador Ercole Durini di Monza, a quien presentó un panorama catastrófico de la situación, mientras que apuntaba a Goded y a un todavía indeciso Sanjurjo como las cabezas visibles de una posible intentona que condujese al gobierno a hombres que «se opongan al bolchevismo y restauren el orden». La organización militar clandestina reclutaba sus miembros sobre todo entre los oficiales retirados tras los decretos de Azaña y los descontentos de la Guardia Civil, que comprometieron la neutralidad del Cuerpo en las 24 horas siguientes al desencadenamiento del golpe. Sin embargo, Barrera prefirió consolidar sus posiciones en vez de actuar de forma inmediata, ya que no contaba con la adhesión de las guarniciones clave de Madrid y Barcelona, aunque disponía de fuertes apoyos en las unidades militares del norte de España, influidas por la campaña de movilización clerical de los meses anteriores[161]. También en febrero de 1932 los contactos de Sanjurjo con un Lerroux cada vez más hostil a la alianza de republicanos y socialistas trascendieron a la opinión pública, pero sus conversaciones con Goded, Varela y otros mandos militares no parecieron surtir gran efecto, persuadidos como estaban de que el país no estaba maduro aún para una asonada militar. Con todo, Sanjurjo se hacía eco de la obsesión antirrevolucionaria de un sector de la oficialidad, alentada por la reciente rebelión anarcosindicalista en el Alto Llobregat:

Serviremos siempre lealmente al gobierno establecido, pero si el giro a la izquierda lleva a España a la anarquía, restableceremos rápidamente el orden y asumiremos todas nuestras responsabilidades. Nuestro primer deber es mantener el orden público y lo mantendremos a toda costa. Ningún gobierno revolucionario se establecerá en Madrid[162].

Se estaba proponiendo lo que Nordlinger denomina «golpe de veto», protagonizado por «pretorianos moderadores» que ejercitan control sobre un variado tipo de decisiones gubernamentales y disputas políticas sin asumir por sí mismos el control del poder[163]. Sin embargo, las diferentes presiones políticas que se fueron ejerciendo sobre los militares conjurados harían derivar este conato de chantaje en una verdadera acción subversiva contra el Gobierno e incluso contra el mismo régimen republicano.

Se ha dicho muchas veces que la sublevación del 10 de agosto fue el resultado de la conjunción conspirativa de la extrema derecha monárquica con un sector de militares descontentos. Nada más lejos de la realidad. La «Sanjurjada» fue un juego político complejo, en el que participaron casi todas las fuerzas perdedoras de ese singular proceso de transición que se inició con la caída de la Dictadura y que se pudo dar por clausurado con la promulgación de la Constitución y parte de sus leyes complementarias. Cada uno de estos actores tenía sus expectativas, sus objetivos concretos y sus resortes de influencia sobre el grupo de militares conjurados.

La trama principal del golpe era constitucionalista. Dispersos tras el 14 de abril, sin representación parlamentaria tras las elecciones de junio, anclados en una visión catastrofista de la realidad donde se comparaba la «dictadura republicana» de Azaña con la de Primo de Rivera, los liberales antidinásticos no se resignaron a ver pasar su tiempo y desde julio jugaron la «carta Lerroux» con el propósito de convertir al viejo león republicano en la esperanza de las derechas para la consolidación de una República «barata» o «de orden» al estilo de la que podría haber liderado José Sánchez Guerra en 1930[164]. Al parecer, los constitucionalistas estaban dispuestos a asumir una especie de «turno pacífico» con los republicanos radicales en una República de tono conservador. Las dos cabezas visibles de esta tendencia (Melquíades Álvarez y Manuel Burgos y Mazo, incorporados al Partido Radical a partir de mayo) podían actuar como puente entre aquellos militares liberales que habían protagonizado los complots antidictatoriales desde 1926 y el sector del republicanismo preocupado por la deriva en exceso reformista del Gabinete presidido por Azaña. Su intención no era nada revolucionaria: pretendían derribar al gobierno republicano-socialista y disolver las Constituyentes para frenar las reformas[165]. Era, pues, una rebelión contra el gobierno, pero no necesariamente contra el Estado. Se trataba, en definitiva, de reeditar la estrategia aplicada en el golpe de Pavía, «reconduciendo» la República hacia un derrotero ultraconservador o incluso pactista con las fuerzas monárquicas bajo la presidencia de Sanjurjo/Serrano y la dirección política de un prohombre republicano como Lerroux/Sagasta, considerado como un tribuno más cercano a los caducos usos políticos restauracionistas que a la joven democracia republicana.

Ya el 13 de agosto de 1931, el viejo político liberal Miguel Villanueva comunicaba a Burgos y Mazo que había recibido la visita del «Gaditano» (sin duda, el general Goded), y aseguraba que Bergamín, Alba «y las demás personas que coincidíamos en el Bloque pasado» estaban resueltos a reanudar los trabajos conspirativos en los momentos en que sea preciso, «sin descuidar por ahora reunir todos los elementos utilizables en un mañana. Es muy general la opinión de que hay que jugar la carta Lerroux, y desde luego a eso se subordina toda nuestra acción[166]». Con todo, los antiguos constitucionalistas eran muy conscientes de que la apuesta parlamentaria por el Partido Radical podía quedar caducada por el golpe en ciernes. En una nueva carta a Burgos y Mazo fechada el 5 de septiembre, Villanueva se hacía eco del pesimismo del «asturiano» (Melquíades Álvarez), «creyendo que cualquier día podremos amanecer o anochecer con algo semejante a lo realizado el 3 de enero de 1894 [sic, por la intentona de Pavía de 1874]».

Burgos y Mazo aseguró que, a principios de ese otoño,

[…] encontrábamos por todas partes adeptos y simpatizantes que se comprometían con gusto a colaborar con nosotros. Y he de decir, en honor a la verdad, que todos ellos, sobre todo los militares, hacían protestas de fervor republicano y declaraban que no se prestarían a coadyuvar a una restauración monárquica. Uno de los que más entusiásticamente abrazaron nuestra causa fue el ilustre general Sanjurjo[167].

Éste, en una entrevista concertada con el antiguo ministro de la Gobernación en su feudo de Huelva en noviembre de 1931, no quiso adquirir ningún compromiso formal para encabezar un movimiento de acusado sentido antiazañista, aunque se declaró dispuesto a contribuir a consolidar la República e «impedir cualquier intento de restauración monárquica, dándome por razones hasta alguna relacionada con su especial situación personal», esto es, su matrimonio adulterino. Burgos y Mazo sigue relatando que

Al poco marché a Madrid, y un fraternal amigo mío, exministro de la Monarquía pero a honesta distancia del último rey [Santiago Alba], me manifestó que Cavalcanti le había hablado de que los monárquicos tuvieron preparado un golpe de mano contra la República, y que creían contar con Sanjurjo[168].

Pero éste se lo negó de forma categórica en una nueva entrevista.

Los constitucionalistas se encontraron así en el cruce de presiones políticas que tenían como objetivo precipitar la decisión insurgente del marqués del Rif: trataban de alejarle de los requerimientos que monárquicos y primorriveristas le hacían a través de Barrera, al tiempo que presionaban a Lerroux para que la minoría radical diera la batalla en el Parlamento con el fin hacer la vida imposible al Gobierno y que, en el momento en que se votara la Constitución, resultara indispensable disolver las Cortes sin promulgar las leyes complementarias al texto fundamental. Pero como Lerroux no dio un paso inequívoco en esa dirección, a fines de año los constitucionalistas decidieron actuar por su cuenta. Burgos y Mazo recuerda:

Emprendimos desde luego los trabajos de conspiración, que aparte de los que realizaban algunos generales entre los militares, cayeron casi exclusivamente sobre Melquíades Álvarez y sobre mí, y principalmente sobre mí[169].

Tras haberse acercado en vano a Sanjurjo en noviembre, Burgos y Mazo y Álvarez intentaron atraerse a Goded y Villegas, y obtuvieron el respaldo poco entusiasta de Miguel Cabanellas, sustituto de Sanjurjo al frente de la Guardia Civil[170]. Sin embargo, gran parte de los militares sondeados por los constitucionalistas, salvo un Goded bastante resentido contra Azaña, rechazaron recurrir a procedimientos de fuerza en tanto no se hubieran agotado las vías legales de cambio de Gobierno, ante lo cual «tuvimos que resignarnos a esperar que se desvanecieran semejantes ilusiones, como así aconteció[171]».

A principios de 1932 la conspiración constitucionalista avanzó en el seno del Ejército. Después de la Guerra Civil, Burgos y Mazo se ufanaba de que «jamás en ninguna ocasión habíamos llegado a reunir tantas fuerzas militares y tantos elementos civiles como en ésta se comprometieron con nosotros[172]». Las guarniciones de Sevilla y Zaragoza dieron su apoyo si el movimiento era inequívocamente republicano. Con todo, la plana mayor de la «Sanjurjada» estuvo compuesta por africanistas vinculados al marqués del Rif, como los generales González Carrasco, Cavalcanti, Gómez Jordana, Ponte y Pozas; los coroneles Varela, Sanz de Lerín y Serrador; los tenientes coroneles Pablo Martín Alonso y Esteban-Infantes; los comandantes Telia y Sáenz de Buruaga y los aviadores Ansaldo y Acedo Colunga. En los primeros meses del año la conspiración siguió su curso, ampliando el número de comprometidos. Luis Zavala actuó de enlace entre Sanjurjo y los constitucionalistas para afianzar el compromiso con el general a inicios de la primavera. El proyecto político de los conjurados era el mismo que el de la intentona frustrada de enero de 1930: nueva convocatoria a Cortes Constituyentes que decidirían entre Monarquía o República. Según Burgos y Mazo, «Goded era la cabeza privilegiada que concebía, organizaba y trazaba los planes militares; Sanjurjo, el brazo de hierro y heroico para realizarlos[173]». En realidad, los constitucionalistas no confiaban demasiado en el marqués del Rif, y pensaban colocar a su lado a Goded, menos impulsivo y más concienzudo. Sin embargo, «no dejaba Sanjurjo de cuando en cuando de hacer sus pinitos de independencia para caminar por su cuenta; pero Armiñán, su gran amigo, y yo, conseguíamos siempre que no abandonara la senda trazada[174]».

El papel de Lerroux en toda esta intriga fue, cuando menos, el de usufructuario pasivo del golpe militar. Azaña llegó a aventurar una responsabilidad indirecta, ya que los conspiradores justificaron su intentona apelando a los mismos argumentos que los empleados por él en sus críticas al Gobierno y a las Cortes Constituyentes[175]. Una actitud, por cierto, muy similar a la desplegada por el propio Azaña en torno a la revolución de octubre de 1934: lo sabía casi todo, pero no participó en la asonada, aunque tampoco avisó al presidente del Consejo, pues en el fondo simpatizaba con los conspiradores. La tradicional actitud militarista de Lerroux, puesta de manifiesto al menos desde 1917, le situó en el punto de mira de las sospechas. Mantuvo contactos con Goded y Sanjurjo, con quien se entrevistó en varias ocasiones entre enero y junio. Se sabe a ciencia cierta que Lerroux y Sanjurjo almorzaron poco después de los sucesos de Castilblanco en compañía de Martínez Barrio y Maura, para concluir en la necesidad de un cambio radical de orientación gubernamental que posibilitara la imposición de una enérgica política de orden[176]. El líder radical recibió la visita de Sanjurjo en su finca de San Rafael pocos días después de su traslado forzoso a la Dirección General de Carabineros, y en la entrevista se trató de la situación política y de la eventualidad de un pronunciamiento militar[177]. De nuevo a principios de junio de 1932 Lerroux llamó a Sanjurjo para pulsar la opinión del Ejército, y ambos coincidieron en el deseo de que se constituyera un gobierno republicano de orden que expulsara del poder a los socialistas[178]. No parece que el político radical se implicara más allá de ser el eventual beneficiario político de la conjura. Conocedor de la conspiración de Sanjurjo, Lerroux en apariencia la condenaba, pero esperaba acceder al poder como salvador de la grave situación que se iba a plantear. Esta actitud concuerda con el discurso amenazador que pronunció el 10 de julio en Zaragoza, en el momento de mayor tensión con la mayoría parlamentaria, donde denunció al gobierno de Azaña por provocar «actos de rebeldía que no bastará la fuerza para reprimirlos» y que además «se apoyan en fundamentos de razón». También criticó de forma dura a los socialistas como «asesinos de la libertad», y conminó al Gobierno a cambiar de política ante la amenaza militarista, y al presidente de la República a retirar-su apoyo al gabinete. Sanjurjo lo reconoció: «En vísperas del mitin de Zaragoza, hablé a Lerroux y le pedí que salvara a España aponiéndose al desgarrón de la unidad nacional en Cataluña con el Estatuto[179]». Por su parte, el líder radical reconoció que el general le expuso la situación interna del Ejército, descontento con las reformas de Azaña, la indisciplina social y la participación gubernamental de los socialistas. Lerroux le aseguró que la situación se remediaría con un cambio de gobierno, pero «era evidente la disposición de ánimo de Sanjurjo, y no creía equivocarme interpretando aquella conversación como un sondeo, primer paso hacia una conspiración». Fue Diego Martínez Barrio, lugarteniente de Lerroux, quien informó al Gobierno de algunas de estas actividades, aunque cuidándose de citar nombres[180].

A esas alturas, el conato de «golpe blando» era ya un secreto a voces, hasta el extremo de que Lerroux se vio obligado a denunciarlo ante las Cortes el 19 de julio para acreditar su lealtad. Incluso el 8 de agosto advirtió a Sanjurjo a través de César Jalón para que «se esté usted quieto[181]». Al final, tras el fracaso de la intentona, Lerroux se libró en parte de las sospechas de implicación gracias a la valiente actitud de su correligionario, el alcalde de Sevilla José González y Fernández de la Bandera, frente al pronunciamiento militar. El Jefe Superior de Policía de Madrid, José Aragonés, aseguró en el proceso a los golpistas que tuvo lugar en junio de 1933 que Justo Sanjurjo y otros detenidos habían aludido a Lerroux como implicado[182]. A pesar de manifestar en público su repugnancia por los hechos de fuerza, el líder radical siguió recibiendo hasta su acceso al poder en septiembre de 1933 adhesiones insurreccionales de militares como el coronel José Bermúdez de Castro, el general de Estado Mayor Cándido Pardo o del general Germán Gil Yuste, todos muy críticos con Azaña y su política «torpe e insensata» sobre las Fuerzas Armadas[183].

La tercera ramificación de la trama conspirativa civil era netamente antirrepublicana. A pesar de las apreciaciones de algunos diplomáticos sobre el cambio de ánimo de los monárquicos y clericales, que desde el pánico de creerse ante una revolución de tipo soviético en la primavera-verano de 1931 habían pasado a una actitud de mayor confianza en los resortes de mantenimiento del orden por parte del Gobierno que les habría inducido a «organizar la oposición de manera normal[184]», tanto alfonsinos como carlistas estaban sumergidos de lleno en el complot. Habían aceptado durante la primavera la organización de un comité o junta militar del alzamiento, presidida por Barrera y compuesta además por los alfonsinos general Ponte, comandante Sagardía y marqués de Zarco y por los carlistas Rafael Olazábal y Eulate, Rodezno, José Luis Oriol y Esteban Bilbao. La comisión impulsó una campaña de propaganda subversiva sobre el Ejército a través del teniente coronel Valentín Galarza y de La Correspondencia Militar, desde cuyas páginas los monárquicos intentaron aglutinar a los militares retirados por las leyes de Azaña. Se reunió además un fondo de 300 000 pesetas recaudado entre los exiliados en Francia como Calvo Sotelo, Ponte, Oriol, Vallellano o Fuentes Pila. Durante esos meses, el principal foco de la emigración antirrepublicana estuvo en el triángulo San Juan de Luz-París-Biarritz, donde en torno a la casa del conde de la Viñaza y sobre todo de la de Juan de La Cierva actuaban civiles como Calvo Sotelo, Vallellano, Fuentes Pila, Aunós y Lequerica en contacto permanente con Barrera[185]. El 7 de agosto se celebró en esta localidad costera una reunión de destacados jefes derechistas, entre ellos José María Gil Robles, en la que comprometieron sus esfuerzos al propósito final de una restauración monárquica[186]. Al apoyo económico recibido de los exiliados se añadió el primer contacto serio con el fascismo italiano, que desde entonces trataría de desestabilizar por todos los medios a la joven República. Aunque, según algunos indicios, los primeros contactos databan de septiembre de 1931[187], en abril de 1932 el aviador Juan Antonio Ansaldo se trasladó a Roma por encargo del general Ponte. Gracias a los auspicios de dos parientes de su mujer, Urbano del Drago, príncipe de Messano, y Gonzalo de la Gándara, logró entrevistarse con el ministro del Aire Italo Balbo con el propósito de solicitar ayuda para sus actividades conspirativas. Balbo, que mantenía desde los tiempos de la Dictadura relaciones amistosas en diversos ámbitos militares españoles, prometió un envío de 200 ametralladoras y munición, que quedaría depositado en Gibraltar hasta el momento del golpe. Incluso un grupo de aeroplanos esperaría en Portugal el desarrollo de los acontecimientos. También solicitó apoyo el general Barrera, pero el gobierno de Azaña aplastó con tal rapidez el pronunciamiento que la ayuda nunca llegó a los rebeldes[188].

El contenido político del levantamiento fue un asunto más arduo de dilucidar, habida cuenta de la heterogeneidad del grupo conspirador: generales como Sanjurjo y Goded, alentados por republicanos conservadores como Lerroux, Burgos y Mazo o Álvarez, pensaban en una reconducción autoritaria de la República, y convinieron con la junta militar monárquica de Barrera la convocatoria de unas nuevas Cortes Constituyentes que decidieran a posteriori la naturaleza del régimen. Con todo, los monárquicos de uno y otro signo defendieron con ahínco el acuerdo recientemente suscrito por sus pretendientes, y esperaban que tras un breve período de dictadura castrense pudieran convocarse unas Cortes que acordaran la elección de un monarca. En la casa del conde de los Moriles en el Paseo de la Castellana se decidió el siguiente plan de acción: Sanjurjo se sublevaría en Sevilla, González Carrasco en Granada (con ramificaciones en Marruecos), Ponte en Valladolid con el apoyo del grupo jonsista de Onésimo Redondo, el coronel Varela en Cádiz y Barrera en Pamplona con 6000 requetés dirigidos por Sanz de Lerín. En Madrid, Fernández Pérez trataría de dirigir el conjunto del movimiento y levantar el Cuartel de la Remonta de Tetuán de las Victorias y los Regimientos 2.º y 3.º de Alcalá de Henares, mientras que el coronel Pablo Martín Alonso se ocuparía del Cuartel de la Montaña y el coronel Serrador de las tropas acuarteladas en San Francisco el Grande. En la capital, la conjura debía ser encabezada por Cavalcanti y Goded, quienes mediante una acción por sorpresa esperaban ocupar el Palacio de Comunicaciones y el Ministerio de la Guerra, donde detendrían o eliminarían a Azaña para desde allí ordenar el avance de las columnas de Andalucía y el Norte de España hacia Madrid. En resumen, el movimiento habría de desarrollarse mediante el levantamiento de dos guarniciones del Norte (Pamplona y Burgos o Valladolid), tres del sur (Sevilla, Granada y Cádiz-Jerez) y un asalto simultáneo al poder político en Madrid, para ganar tiempo mientras las fuerzas sublevadas convergían hacia la capital[189].

Acción Nacional se dividió en cuanto a la táctica a seguir respecto al complot militar ya en marcha: mientras que los monárquicos tutelaban y apoyaban sin ambages el golpe de Sanjurjo y Dimas Madariaga participaba en los preparativos, personajes como Gil Robles se mostraban más cautos, esgrimiendo los recursos teóricos del derecho público cristiano e incluso la retórica maurrasiana para aplazar la decisión de participar activa pero subsidiariamente en una aventura militar que, como en la Dictadura de Primo, podría allanar de forma definitiva el camino a la revolución. A pesar de haber participado en reuniones conspirativas como la celebrada en Biarritz el 7 de agosto, Gil Robles optaba en público por la resistencia pasiva y la movilización de masas como alternativa para la reconquista y conservación del poder por parte de una derecha potente, moderna y organizada:

Complot militar. Yo, francamente, digo que, en cuanto de mí depende, seré totalmente opuesto a esta solución […] ¿Quiere esto decir que yo repudie en absoluto y crea que nunca es legítima una situación militar de fuerza? Las circunstancias son las que tienen que decir la última palabra. Si llegara un instante en que la disolución llegara a sus últimos escalones, en que el Poder quedara abandonado en medio del arroyo, quisiéramos o no quisiéramos, tendría que surgir una situación de fuerza que recogiera esa autoridad, que no puede quedar, en ningún momento abandonada. Ésa sería la solución de necesidad [Ovación] […] Los que proclamamos la lucha legal, los que no queremos acudir al terreno de la violencia, sabemos ir a ese terreno cuando la lucha se nos plantea en él, porque entonces no vamos en plan de ofensiva, sino de legítima defensa, y estamos obligados a rechazar la violencia con la violencia, para lograr el triunfo de nuestros ideales. Yo puedo decir que en nuestros actos, cuando ha llegado la hora de la verdad, cuando ha habido que arriesgar la vida, yo he visto muy poco de aquellos elementos que deseaban la violencia. Acuden muchos, pero no todos los que dicen desearla. Es un dato que hay que tener en cuenta para medir las fuerzas.

Fiar a las fórmulas de violencias la solución de las cuestiones políticas, la mayor parte de las veces no es más que una posición egoísta de los quieren que les den resueltos todos los problemas.

Este procedimiento de la lucha legal tiene extraordinarias ventajas. En primer lugar nos va acostumbrando a la lucha ciudadana, que tiene como característica la perseverancia […] Una solución de fuerza nos daría resuelto el problema, y las derechas españolas, que están en pie de guerra, volverían a marcharse a sus casas y dejarían que al cabo de poco tiempo se perdiera el fruto de una victoria fácil[190].

Los accidentalistas quedaron a la expectativa, considerando con acierto que un eventual fracaso de la conjura les dejaría el camino franco para liderar la recomposición de la derecha. Por su parte, Acción Española, desde cuyas páginas el régimen republicano era denigrado de forma sistemática como una cruel dictadura que se imponía a la masa silenciosa de los españoles y que había que combatir y extirpar[191], jugó un papel secundario en la trama, aunque la revista no dudó en señalar a Sanjurjo como el personaje clave de futuras acciones contrarrevolucionarias[192]. Algunos miembros de la entidad fueron informados y requeridos a colaborar en el golpe a título individual. Vegas Latapié lo recuerda: «Fuimos solicitados, aunque no corporativamente, para participar en el mismo[193]». También se pretendió incorporar a la conspiración al general Martínez Anido, exiliado en Francia, que según algunas fuentes estaba agitándose en la frontera desde inicios de año con el apoyo del general Saro, y que en mayo de 1932 solicitaba al conde de los Andes mayor información sobre algunas insinuaciones que le había hecho el general Ponte[194]. Aunque Sainz Rodríguez (una de las personas de confianza de Sanjurjo y vinculado al general Orgaz a través de José Antonio de Sangróniz) asegurase que la «Sanjurjada» no pretendía la defensa de intereses conservadores, sino evitar la proclamación del Estatuto de Cataluña[195], lo cierto es que la composición mayoritaria de la conjura militar y la íntima y entusiasta implicación de los monárquicos alfonsinos llevan a pensar en una posible evolución restauracionista del golpe de Estado.

En cuanto a los carlistas, filoalfonsinos como Rodezno, Olazábal, Pradera y Bilbao estaban al corriente de la conspiración. En la comisión interpartidaria en la que Rafael Olazábal representaba la Comunión, los carlistas contribuyeron con la red de contrabando de armas establecida en la frontera francesa y con el compromiso de levantar a 6000 requetés de las decurias navarras bajo las órdenes del coronel retirado Eugenio Sanz de Lerín (jefe de la Legión en la etapa final de la guerra de Marruecos), aunque esta cifra es razonablemente puesta en duda por Jaime del Burgo[196]. También en esa primavera, Alfonso Carlos y su esposa, María de las Nieves, se instalaron cerca de la frontera española, donde se mantuvieron en contacto permanente con los grupos de requetés dispuestos al combate, con conspiradores carlistas y alfonsinos como Sagardía y con diversos contrabandistas de armas[197]. Pero las discrepancias respecto al programa a emprender tras el eventual triunfo del pronunciamiento enfrentaban tanto a monárquicos y republicanos como a carlistas y alfonsinos. En una asamblea convocada el 2 de junio por don Alfonso Carlos en el castillo de Mondonville (Toulouse) quedó de manifiesto con claridad la actitud antialfonsina de gran parte de los asistentes[198]. El 16 de julio, el pretendiente hizo público un nuevo manifiesto en el que justificaba su actitud ante el cisma encabezado por el periódico El Cruzado Español, negaba la existencia de un pacto con Alfonso XIII y repetía las condiciones para su sucesión: legitimidad según la Ley Sálica y acatamiento de «nuestros principios fundamentales, jurando los fueros regionales» en un acto de patente compromiso con los valores de la Comunión[199]. Tras la reunión de Mondonville, la dirección carlista decidió no intervenir de forma oficial en el complot, aunque permitió la colaboración de sus afiliados a título personal[200]. Según la interpretación oficial de los motivos de esta inhibición, la última palabra para la participación del Requeté en el complot de Sanjurjo la tenían los jefes regionales y los personajes más influyentes de cada provincia y localidad, que negociarían con los militares implicados por propia iniciativa. Así pareció suceder en Barcelona, donde el jefe regional Miquel Junyent llegó a un compromiso con los alfonsinos Pujol y Quintanar, pero las fuerzas ofrecidas por éstos resultaban poco significativas y fiables, y a mediados de julio los carlistas catalanes más notables fueron detenidos bajo sospecha de colaborar en un plan «monárquico-comunista[201]». En Andalucía, tras una entrevista entre Oriol y Sanjurjo en la cual el general no brindó las suficientes garantías para la consumación posterior de las aspiraciones carlistas[202], Fal Conde denegó su autorización para que los requetés sevillanos apoyaran la intentona. En Pamplona, las detenciones de Del Burgo, Huarte y varios jefes de decuria durante los meses anteriores truncaron el prometedor trabajo organizativo iniciado tiempo atrás, aunque aumentó mucho el flujo de armas que llegaba al Requeté a través de la frontera[203]. Además, y según testimonio del propio Del Burgo, no conocían la existencia del supuesto compromiso de Sanz de Lerín con los militares facciosos[204]. Con todo, periódicos como La Prensa de San Sebastián, dirigido por Manuel Andrés Casaux, republicano de acción y futuro director general de Seguridad, no dejaron de advertir de mayo a julio del potencial de la milicia carlista y de su movilización como punta de lanza de un supuesto plan insurreccional en solitario, consistente en la convergencia sobre Madrid de fuerzas de Pamplona y Valencia. Como es natural, la prensa carlista desmintió de inmediato toda la información[205].

A principios de julio, Sanjurjo se integró en la Junta militar de Barrera, con la condición de que no se pensara en restaurar de inmediato la Monarquía, sino en establecer una dictadura militar provisional que pusiera fin a los gobiernos republicano-socialistas y abordase a medio plazo la cuestión del régimen mediante un plebiscito. Aunque el propio Barrera reconoció que «toda la ofensiva nuestra iba dirigida contra el Gobierno Azaña-Casares […] Ninguno de los que intervenimos en el movimiento pensamos para nada en un cambio de régimen […] Contra el Gobierno, sí, contra la República, no[206]», con la adhesión del marqués del Rif la junta militar monárquica lograba una cierta superioridad frente al grupo republicano conservador, aunque sin alcanzar la totalidad de sus aspiraciones. Este doble juego de Sanjurjo, dejándose cortejar por unos y por otros, y que repetiría en 1936 con Mola y los carlistas, no pasó desapercibido para los conspiradores constitucionalistas. A mediados de julio, Burgos y Mazo informó a los militares conjurados en Sevilla de que, el día del levantamiento, él mismo y Goded irían a Sevilla para estar al lado de Sanjurjo, aunque en realidad pretendían «suplir sus deficiencias» y evitar una deriva monarquizante de su acción sediciosa[207].

El Gobierno estaba al corriente de los trazos fundamentales del complot, y se dispuso a actuar en consecuencia: para atajar en lo posible la conspiración, el 14 de junio la Policía efectuó numerosos arrestos, entre ellos el del capitán de Artillería en la reserva Luis Franco Espés, barón de Mora, a quien se le ocuparon en su domicilio documentos comprometedores firmados por Orgaz, quien a su vez fue detenido el día 18 en su destierro de Las Palmas y trasladado a las Prisiones Militares de Madrid[208]. También fueron detenidos José Antonio Primo de Rivera, el general Barrera (arrestado en Barcelona el 17 y liberado el 23 por falta de pruebas) y su hijo Alfonso; el general López-Ochoa y otros civiles y militares. En el transcurso de un mitin radical-socialista celebrado en Ávila el día 19, el ministro de Justicia, Álvaro de Albornoz, tuvo para la detención de estos militares un desafortunado comentario despectivo que motivó ásperas recriminaciones por parte de mandos militares de reconocida dureza como Goded, Milans del Bosch o Cavalcanti, quien sufrió arresto domiciliario por desobediencia, con lo que tampoco pudo ayudar a la preparación del golpe[209]. Con estas decisiones gubernamentales (entre las que se encontraba la adopción de medidas de seguridad en los ministerios para poner los servicios públicos al abrigo de un golpe de mano) y con la decisión carlista de no intervenir de forma oficial en el complot, el plan insurreccional quedó muy trastocado, a pesar de que el presidente del Consejo, a preguntas sobre la conjura, diera en junio, con su peculiar sentido del humor, esta respuesta tan poco tranquilizadora: «¿Qué complot? Porque hay varios[210]», para un mes más tarde declarar que no se tomaba «ni el trabajo de desmentir las noticias que se dicen[211]». Todo parece indicar que la redada de mediados de junio alteró los planes golpistas, ya que el 25 de ese mes el gabinete de escucha del Gobierno interceptó una comunicación telefónica entre París y Madrid donde dos personas no identificadas se cruzaban reproches mutuos por el retraso de un golpe en el que estaría implicada parte de la Aviación, y que contemplaba el asalto al Ministerio de la Guerra y el asesinato de Azaña[212].

El 27 de junio se produjo un sonado incidente en el campo de maniobras de Carabanchel, donde los generales Caballero (comandante de la primera brigada de Infantería), Villegas (comandante de la división de Madrid) y Goded (jefe del Estado Mayor Central) presidían un acto de fraternización de los tres regimientos de Infantería de la capital con los cadetes de las academias militares. Las veladas críticas a la situación política y el carácter antirrepublicano de las arengas provocaron un incidente entre Goded y el coronel Julio Mangada, quien fue arrestado. Interpelado al día siguiente por el diputado radical-socialista Eduardo Ortega y Gasset, Azaña anunció los relevos de Goded, Villegas y Caballero. El hecho de que este asunto fuera dilucidado en el Parlamento fue aplaudido por todos los periódicos, y hasta Lerroux hubo de desautorizar el rumor que le situaba a las puertas de un poder obtenido por medios no constitucionales[213]. El 29, Azaña y Alcalá Zamora acudieron a revistar a las academias en Carabanchel y a comer con los cadetes[214]. El día posterior al incidente, Goded había ido a visitar a Azaña, a quien confió: «Gracias a Sanjurjo y a mí no ha ocurrido ya una barbaridad en el Ejército[215]»; amenaza apenas velada que incitó al Ejecutivo a redoblar sus esfuerzos para desarticular la trama.

A la altura del 5 de julio, Azaña contemplaba los indicios poco tranquilizadores que se habían sucedido desde abril: la carta agresiva de Cavalcanti, los discursos de Carabanchel, la separación de Goded o la resistencia pasiva de Fernández Pérez le inducían a pensar en el fin de la sumisión militar, espoleada por la bronca campaña de la derecha en contra del Estatuto catalán. Pensaba que «vencer un pronunciamiento fortalecería a la República, sanearía el ejército dando una lección a sus caudillos, y contribuiría al progreso de las costumbres políticas[216]». Para avanzar hacia ese objetivo se suspendió de forma definitiva la publicación de La Correspondencia, que había perdido su carácter y apelativo de «militar» el 26 de marzo anterior. Desde entonces, un grupo de sus redactores, encabezado por Emilio Rodríguez Tarduchy, se incorporaría de forma fija al colectivo de conspiradores contra la República, fundando la Unión Militar Española (UME) en diciembre de 1933.

Mientras que Lerroux acusaba al Gobierno de actuar casi como una dictadura socialista, se produjo otra falsa alarma en la noche del 23 al 24 de julio ante una posible rebelión castrense en Zaragoza, Sevilla-Granada y Cádiz. La puesta en alerta de las fuerzas del orden, con distribución de ametralladoras y fusiles ametralladores a los guardias de Asalto, impuso un aplazamiento del golpe. El 5 de agosto, la Policía efectuó una redada en la sede del PNE, detuvo a medio centenar de albiñanistas y carlistas reunidos en conspiración, se incautó de numerosas armas, encarceló a varios dirigentes y clausuró los centros de Madrid, Bilbao, Burgos y Vigo. Ese mismo día, el Heraldo de Madrid denunció a Acción Española como organización conspirativa disimulada bajo sus actividades culturales, y publicó una carta de Antonio Goicoechea en la que pedía ayuda económica para la restauración de la Monarquía. Al día siguiente se produjo el registro domiciliario de la sede, donde encontraron «numerosos documentos comprometedores» en los que se pedía a personajes con acendrados sentimientos monárquicos que subvencionaran con alguna cantidad a la causa[217]. Se clausuró el local, y conspicuos colaboradores como Lequerica, Goicoechea, Maeztu, Quintanar, Luis Rodríguez de Viguri y Fuentes Pila fueron detenidos.

Temiendo ver desarticulada la trama, un grupo de conspiradores, entre los que se encontraban Sanjurjo, Barrera, Fernández Pérez, Sánz de Lerín y Serrador, se reunieron el día 8 en la finca La Viñuela, propiedad del duque del Infantado en los alrededores de Madrid. Se barajó la posibilidad, apoyada por Sanjurjo, de un nuevo aplazamiento, pero se acercaba la aprobación del Estatuto y «una poderosa agrupación [¿el carlismo navarro?], capaz ella sola de producir grandes trastornos, daba un plazo conminatorio, transcurrido el cual tomaría la iniciativa[218]». Se acordó que la sublevación tuviera lugar dos días después, pero todos estos titubeos afectaron a la ya de por sí deficiente organización. En la noche del 9 de agosto se previno a los generales implicados del día y la hora de la acción, y los grupos civiles también recibieron instrucciones sobre el modo de asaltar la Telefónica, Correos o el Ministerio de la Guerra. Durante todo ese día, las localidades francesas cercanas a la frontera española acusaron una desusada actividad, e incluso Calvo Sotelo y Vallellano, que residían en el interior, fueron vistos en Biarritz la noche siguiente junto a Gabriel Maura y Antonio Goicoechea[219]. Además de conocer toda esta poco cauta efervescencia, Azaña y el director general de Seguridad, Arturo Menéndez, estaban al corriente hasta de la hora de la incursión en Madrid (las 4 de la madrugada) y del compromiso de las guarniciones de Valencia, Sevilla y Zaragoza.

El desarrollo del movimiento sedicioso del 10 de agosto alternó características modernas (el control de las comunicaciones y el intento de asalto a los centros clave del poder gubernamental en Madrid como señal para un levantamiento periférico) con rasgos tradicionales de los típicos pronunciamientos decimonónicos con trasfondo carismático, donde la autoridad del caudillo insurgente podía inclinar la balanza del pulso militar sin efusión de sangre. El ayudante de Sanjurjo reconoce que, habida cuenta de la densidad de los compromisos contraídos para la acción o la neutralidad de las fuerzas, «nunca se creyó que llegaría el momento de combatir[220]». No se calculó, sin embargo, que en un Ejército moderno la oficialidad actúa antes por disciplina, deber profesional o convicción política que por adhesión personal, aunque este tipo de lazos seguía siendo determinante entre los viejos camaradas del Ejército de África. Además, los Estados modernos disponen de elementos de vigilancia y de coacción complejos, al margen de la autoridad militar. Ésta fue la clave de los sucesos en Madrid, donde la sublevación sólo contó con un escuadrón del Establecimiento Central de la Remonta de Caballería situado en Tetuán de las Victorias (69 soldados, dos capitanes y dos tenientes) y jefes y oficiales aislados como Barrera, Cavalcanti, Fernández Pérez o el coronel Serrador. La fuerza principal era de oficiales retirados por las medidas de Azaña, aunque los conjurados creían contar para más adelante con fuerzas de la guarnición de Madrid.

A las 3.30 de la madrugada se sublevó el escuadrón de la Remonta, al mando del capitán Manuel Fernández Silvestre, al que se unió un centenar de paisanos, en su mayoría oficiales retirados y algunos activistas alfonsinos y carlistas. La pequeña columna se trasladó por el Hipódromo y la Castellana hacia el edificio de Correos, pero Menéndez y cuatro compañías de la Guardia de Asalto lograron repeler la agresión a este establecimiento y al Ministerio de la Guerra. Los intentos de captación del Regimiento de Infantería n.º 31 acantonado en el Cuartel de la Montaña resultaron infructuosos, ya que su jefe, que había sido detenido por los oficiales conjurados, fue liberado por los sargentos. Un escuadrón del 3.er regimiento de la Primera Brigada de la División de Caballería acantonada en Alcalá de Henares volvió grupas al ver que ni el coronel ni el teniente coronel acudían a asumir el mando, acobardados por las primeras noticias del fracaso en Madrid[221]. La refriega alrededor de la Plaza de Cibeles había costado nueve muertos y ocho heridos a los militares insurgentes, además de un paisano muerto (el requeté José Mª Triana Arroyo) y otro herido, y cinco heridos por parte de las fuerzas de Seguridad y Asalto, tras de lo cual se produjeron las detenciones de los generales Goded, Cavalcanti y Fernández Pérez junto a otros jefes, oficiales y civiles. El movimiento sedicioso, de carácter monárquico, había sido sofocado en Madrid en menos de tres horas[222].

La clave del éxito de la sedición pasaba entonces a Sevilla, la «ciudad roja» por antonomasia, donde «las luchas sociales, tan seguidas y tan enconadas, habían acarreado en la población un estado de descontento de tal naturaleza que el buscar partidarios para una renovación, a base de orden y trabajo, era una labor muy sencilla[223]». Es por esa razón por la que Sanjurjo, tratando de emular a Primo de Rivera, escogió la ciudad que entonces era el símbolo máximo de la convulsión revolucionaria para dar arranque a su plan de «restablecimiento del orden» a escala nacional. En un editorial publicado tras el golpe, El Socialista, al tiempo que censuraba el revolucionarismo exacerbado de Sevilla, recordaba: «Primo de Rivera se afirma en Barcelona. Sanjurjo en Sevilla. La coincidencia no es desdeñable[224]». Un proyecto, por ende, que tiene sus similitudes con la conversión de Múnich desde la capital de una bolchevizante república socialista semiindependiente en noviembre de 1918 hasta su erección en foco de la contrarrevolución alemana tras la crisis de competencias planteada con el gobierno federal en septiembre de 1923: la camarilla ultrarreaccionaria presidida por Dietrich Von Kahr pretendió dar un golpe de Estado y extender el conflicto fuera del Land, atacando los gobiernos social comunistas de Sajonia y Turingia, y desde allí lograr establecer un gobierno nacionalista en Berlín. Pero las tensiones internas entre los conjurados desembocaron en el putsch de Hitler-Luddendorf de 8 de noviembre, que más que una «Marcha sobre Berlín» al calor de la reciente experiencia italiana fue una estéril lucha fratricida en el seno de la extrema derecha bávara. Estas desavenencias entre conspiradores también se produjeron en Sevilla, donde entraron en competencia dos complots paralelos que tenían a Sanjurjo como clave de bóveda. Burgos y Mazo denuncia:

Sanjurjo faltó a todos los compromisos que había contraído con nosotros, y por esto su fracaso fue enorme, produciendo a los constitucionalistas y a España un daño del que él mismo no se dio cuenta y desde luego creo yo en justicia que no previó[225].

El marqués del Rif (parece que espoleado por Cavalcanti, quien le dijo que su rival Goded se le iba a adelantar en Madrid) acudió a Sevilla sin avisar a nadie en la madrugada del 9 de agosto, y estableció su cuartel general en casa del marqués de Esquivel, ayudado por el general Miguel García de la Herrán y una veintena de militares adictos. A primera hora de la mañana, Sanjurjo logró sublevar a una compañía de la Guardia Civil acuartelada en la Plaza de España, y García de la Herrán a un batallón de Ingenieros en un edificio próximo. Con estas fuerzas se formó una columna que fue hacia la Plaza Nueva para declarar frente al Ayuntamiento y el Gobierno Civil el estado de guerra en toda la región en medio de la acogida delirante del «pueblo trabajador[226]». El comandante militar no se atrevió a oponerse, pero los suboficiales, sargentos y tropa de Tablada se negaron a secundar la sublevación dirigida por el segundo jefe de la base, Felipe Acedo Colunga. Dueño del poder en Sevilla, Sanjurjo nombró comandante militar de la plaza a García de la Herrán, e hizo público un manifiesto de confusa procedencia, en el que no se hacía declaración alguna sobre Monarquía o República, sino que se condenaba al gobierno de Azaña y la labor de las Cortes Constituyentes, declaradas ilegítimas «por el régimen de terror en que fueron convocadas» y facciosas «por la prorrogación de sus funciones a extremos ni siquiera consignados en su propia convocatoria». Por último, aplazaba la forma de Estado a unas futuras elecciones que determinaran «la representación legítima de todos los ciudadanos[227]».

El apoyo civil principal al pronunciamiento vino del lado carlista: Cristóbal González de Aguilar, marqués de Sauceda, coronel de Ingenieros retirado y miembro de la Junta Regional de la Comunión, fue designado nuevo gobernador civil, y desde allí instruyó a los jefes de línea de la Guardia Civil para que comenzaran a disolver ayuntamientos. La guarnición, que esperaba ver llegar al general acompañado de una nutrida escolta de constitucionalistas, contempló con estupor cómo Sanjurjo comenzaba a nombrar cargos monárquicos, aumentó su desconfianza e inició su retraimiento. Las noticias procedentes de Madrid empeoraron la situación: a las diez de la mañana, Sanjurjo tuvo confirmación del fracaso de la rebelión en la capital y ninguna noticia de que las provincias secundasen su movimiento, sino todo lo contrario. Al conocer que convergían sobre Sevilla fuerzas de Madrid, Cádiz y Valencia, los jefes de Infantería se negaron a combatir. Llegada la tarde, la proliferación de rumores en la calle hizo insostenible la situación: desde la mañana todas las centrales sindicales se habían movilizado imprimiendo octavillas, y difundiendo la orden de huelga propuesta por la minoritaria UGT, a la que se incorporaron los trabajadores comunistas y anarcosindicalistas[228]. Las zonas populares estaban en paro total a mediodía, y a las 19.00 horas la reacción popular contra el golpe ya era evidente. A las 21.30, la insurrección popular se generalizó: desde las barriadas populares confluyó hacia el centro una multitud de trabajadores. Las fuerzas del Ejército quedaron acuarteladas a primera hora de la madrugada, dejando a la Guardia Civil en el más completo abandono. Tras conocer la liquidación del levantamiento en Jerez y Cádiz, Sanjurjo huyó con su hijo y con Esteban Infantes hacia Portugal, pero fueron identificados y detenidos a las 6.00 del 11 en la barriada Isla Chica de Huelva por un piquete de la Benemérita[229].

La rebelión en el resto de las provincias no fue mucho mejor: el ministro Casares Quiroga envió telegramas a los gobernadores civiles de Badajoz, Huelva, Cádiz, Málaga y Córdoba notificándoles las órdenes dadas al director general de la Guardia Civil de poner las fuerzas de cada comandancia a las órdenes de los gobernadores civiles y en contra de Sanjurjo[230]. Las guarniciones comprometidas en el Norte no se movieron y los requetés navarros se inhibieron, celosos de sus propias iniciativas de subversión.

La facilidad con que el movimiento armado fue desarticulado en Madrid y Sevilla causó una profunda impresión en la opinión pública. El aplastamiento inmisericorde del golpe desacreditó en adelante el pronunciamiento dirigido por un espadón como instrumento no pautado de cambio político. De eso tomaron buena nota los militares contrarios al régimen, que en lo sucesivo optarían por la táctica, más expeditiva e inapelable, del moderno golpe de Estado. Desde el sesgo del poder civil, el Gobierno se instaló en una engañosa sensación de confianza que tendría funestas consecuencias a la hora de lidiar con la conspiración, mucho más vasta y mejor organizada, de 1936.

La «Sanjurjada» también acarreó importantes consecuencias de orden político. El constitucionalismo que había nacido como alternativa de renovación política a mediados de la década anterior quedó borrado del mapa, mientras que en la derecha se instaló un áspero debate que culminó en la separación de accidentalistas y monárquicos, enfrentados por la disyuntiva de dar prioridad a la táctica parlamentarista o a la insurreccional. Los partidos republicanos también experimentaron las secuelas del éxito: en su discurso ante las Cortes el 10 de agosto, el presidente del Consejo aseguró con toda intención que el movimiento era monárquico de carácter, ya que «nadie creería que la República podría seguir viviendo con dignidad si el levantamiento hubiera triunfado». Dirigiendo sus dardos a los radicales, advirtió que el efecto político del movimiento hubiese sido que los que pretendían haber salvado la República la hubieran destruido, y que pretendiendo salvar el orden que sólo ellos perturbaron, hubieran abierto el camino a una restauración monárquica[231]. El gobierno de Azaña vio reforzarse su posición gracias a una oleada de fervor republicano que le permitió acelerar la promulgación de la Ley de Reforma Agraria y el Estatuto de Cataluña, pero las oscuras complicidades que algunos líderes radicales habían anudado con la trama golpista instalaron la desconfianza entre las fuerzas que apoyaban al régimen, a pesar de los intentos de conciliación con vistas a la concertación de un gobierno exclusivamente republicano, en especial tras el drama de Casas Viejas, lo que provocaría a su vez el proceso de radicalización del socialismo.

Los sucesos dieron pie para desencadenar la más amplia oleada represiva contemplada hasta entonces. El 22 de septiembre, Azaña envió al embajador en Francia, Salvador de Madariaga, una lista de personalidades cuyo internamiento más allá de la frontera debía solicitar: Juan de La Cierva, Gabriel Maura, José Soto Reguera, José Calvo Sotelo, Eduardo Callejo, Juan Barriobero y el barón de Benasque[232]. El Gobierno español pidió a su homólogo francés que se internara a los emigrados establecidos en Biarritz, pero las autoridades galas exigieron pruebas de la implicación de éstos en actividades conspirativas, aunque poco después decidieron internar a 600 kilómetros de la frontera española a los más conspicuos exiliados monárquicos[233]. La Gaceta de 9 de noviembre publicó una lista de 28 monárquicos (entre ellos los duques de Maura y de Alba, el conde de Vallellano, Juan Antonio Ansaldo y los generales Barrera y González Carrasco) incursos en la Ley de Defensa de la República que presuntamente habían huido de España y debían presentarse en el plazo perentorio de diez días ante la DGS[234]. El 11 de agosto fue aprobada de forma urgente una Ley que autorizaba al Gobierno a apartar a todos los funcionarios militares y civiles que «realicen o hayan realizado actos de hostilidad o menosprecio contra la República». La depuración se inició con la separación del servicio de 46 diplomáticos, entre ellos siete embajadores y más de cien magistrados, jueces y fiscales. También se relevó del cargo a los generales de las Divisiones 2.ª y 7.ª (generales González González y De la Cerda) y al general inspector de la segunda Zona de la Guardia Civil; se separó de forma definitiva del servicio a los generales Sanjurjo, Barrera, Ponte y García de la Herrán, pasaron a la reserva los generales Cavalcanti, Mola y Millán-Astray, y se decretó la disponibilidad de cerca de trescientos jefes y oficiales[235]. El 12 de agosto, el Gobierno suprimió la Dirección General de Carabineros, puso al Cuerpo bajo disciplina del Ministerio de Hacienda, y disolvió el 4º Tercio de la Guardia Civil y la compañía de Asalto de Sevilla[236]. La Benemérita perdió su Dirección General y quedó sometida directamente a la autoridad del ministro de la Gobernación.

La trama civil también fue golpeada de forma ruda: en la misma mañana del 10 de agosto, Casares ordenó la suspensión de 109 periódicos (11 en Madrid y 98 en provincias) en aplicación de la Ley de Defensa de la República[237], y la clausura hasta octubre de las sociedades Círculo Militar, Gran Peña, Nuevo Club y Acción Española, cuyos principales colaboradores y suscriptores (Maeztu, Rodríguez de Viguri, Lequerica, Fuentes Pila, Álvaro Alcalá Galiano, Juan Vitórica y Casuso, Honorio Maura, Joaquín Calvo Sotelo, José Cruz Conde, Galo Ponte, José Ibáñez Martín, duques de Fernán Núñez, Infantado, Santa Cristina y Medinaceli; condes de Liniers, Vallellano y San Julián, y marqueses de Sentmenat, Quintanar y Luca de Tena) fueron detenidos, al igual que lo fueron Antonio Goicoechea, los hermanos Miguel y José Antonio Primo de Rivera y otras 5000 personas en toda España, que aún seguían retenidas en octubre, mientras sólo 137 habían sido encausadas[238].

Sanjurjo, su hijo Justo, García de la Herrán y Esteban-Infantes comparecieron el 24 de agosto ante un Consejo de Guerra sumarísimo que coincidió con los rumores de repetición del golpe en Vitoria el 21, y el 24 en Zaragoza, Valladolid y Madrid[239]. Las sentencias (pena de muerte a Sanjurjo, reclusión perpetua para García de la Herrán, doce años y un día para Esteban-Infantes y absolución para Justo Sanjurjo) traían aparejadas la pena accesoria de separación del Ejército[240]. El general se negó a firmar una petición de indulto al Gobierno, pero Azaña era contrario a la ejecución, pues consideraba que Sanjurjo no era sino el chivo expiatorio de una conjura de más largo alcance. Recordando los fusilamientos de Galán y García Hernández, concluyó que «más ejemplar escarmiento es Sanjurjo, fracasado, vivo en presidio que Sanjurjo glorificado, muerto[241]». El doctor Juan Negrín, en desacuerdo con la medida de gracia, declaró a los periodistas: «El gobierno ha cometido el mayor error de su vida indultando a Sanjurjo. Desde ahora será cómodo y barato conspirar. ¡Ojalá la República no muera en manos de los militares!»[242].

El 11 de septiembre, se deportó a Villa Cisneros a 145 jefes, oficiales y paisanos implicados en la «Sanjurjada[243]». La vista por la causa por los sucesos del 10 de agosto acabó por celebrarse del 19 de junio al 15 de julio de 1933 en circunstancias muy diferentes, en medio de una aguda crisis gubernamental provocada tras la polémica por los sucesos de Casas Viejas y el deterioro de la alianza republicano-socialista. Algunos defensores, que trataron de convertir el proceso en un homenaje a los sublevados, arguyeron la doctrina del bellum est limitum del padre Mariana y el texto de la Partida segunda, título 25 («en el rey yace la justicia, pero cuando se torna su poder en torticero, puede rebelarse el súbdito contra el rey») para exaltar ese «gesto español» de «dignidad y honor» contra un régimen despótico. Menudearon los sarcasmos (algunos acusados llegaron a decir que habían acudido a Recoletos en «manifestación pacífica»), las mentiras interesadas (el capitán de Asalto Gumersindo de la Gándara afirmó que el ministro Casares le había mandado fusilar a los rebeldes detenidos en el Palacio de Comunicaciones), los incidentes (los defensores se ponían respetuosamente en pie al entrar los procesados), alborotos y desacatos, en una exhibición de absurdo corporativismo y de trasnochado sentido del honor calderoniano muy similar a la que se pudo ver en el juicio por los sucesos del 23 de febrero de 1981[244]. La mayor parte de los condenados pudo beneficiarse de la amnistía aprobada el 25 de abril de 1934 por el nuevo parlamento de centro-derecha.

El triunfo del accidentalismo y la defección Alfonsina.

El fracaso del golpe de Sanjurjo llenó de consternación a los medios ultraconservadores, que se dispusieron a extraer las consecuencias políticas de lo sucedido[245]. El 10 de agosto frustró la campaña en favor de la revisión constitucional que estaba permitiendo a los accidentalistas atraer el apoyo de las masas católicas hacia Acción Popular (nueva denominación de Acción Nacional a partir de abril de 1932) como «asociación político-social» y plataforma de convergencia de las diferentes familias no republicanas. El fracaso de la intentona abrió una profunda brecha en el partido, cuya campaña de obstruccionismo sistemático en los debates sobre el Estatuto catalán y la Ley de Reforma Agraria se vino abajo con estrépito, mientras que el gobierno de Azaña lograba un nuevo crédito de confianza. Todo ello tuvo graves consecuencias: el día de su reaparición, un editorial de El Debate condenó el golpe con atenuantes, y recomendó a los líderes de AP definir su relación con la República siguiendo las directrices de acatamiento del orden establecido por León XIII, aunque absteniéndose de manifestar un republicanismo explícito y manteniendo la bandera de la revisión constitucional[246]. La I Asamblea General del partido, celebrada el 22-23 de octubre, se convirtió en un agitado debate en el que se ventilaron las diversas tácticas políticas respecto del régimen republicano: mientras que Ángel Fernández Ruano, en representación de la Juventud de Acción Popular (JAP), se manifestó partidario de la «ratificación del leal acatamiento al régimen vigente en el sentido de no actuar contra él», José María Fernández Ladreda se opuso a toda convivencia con un régimen reputado de anticatólico. Por su parte, Cirilo Tornos manifestó que la táctica conciliadora había fracasado y defendió la doctrina del derecho a la rebeldía, lo que fue muy criticado por los accidentalistas[247]. Los monárquicos defendieron la idea de que las formas de gobierno no eran un asunto secundario, y menos aún en España, donde la República no era un régimen, sino una doctrina revolucionaria. Consideraban que el acatamiento no implicaba la aceptación de esta forma de gobierno, y pidieron que AP no se convirtiera en partido y que se garantizara la libertad para que los asociados pudieran defender sus respectivos ideales. Pero tanto los fundamentalistas monárquicos como los posibilistas republicanos fueron derrotados en aras de una solución transaccional de cuño accidentalista que, según el subdirector de El Debate, José Medina Togores, consistía en no decantarse «por ninguna forma de gobierno». Medina Togores criticó de forma muy dura a aquéllos que «de seis a ocho prestan acatamiento al poder, según las normas de AP, y de ocho a diez toman un fusil y se echan a la calle», y presentó acto seguido una proposición de acatamiento al régimen y de condena de «cualquier movimiento de rebeldía contra el orden público y contra la autoridad», sosteniendo que los inscritos tendrían que abstenerse de participar en movimientos sediciosos so pena de expulsión. Así fue acordado en el punto 2 de la resolución final de la Asamblea: «el empleo de la violencia por los afiliados les hará automáticamente incompatibles con la Entidad[248]». Se pidió además la revisión de la Constitución y la derogación de la Ley de Defensa de la República. Gil Robles advirtió en el acto de clausura que «se engañan aquéllos que creen que nuestra organización es un escudo de legalidad detrás del cual puedan acogerse actitudes violentas[249]». En protesta por esta actitud, Goicoechea dimitió de la Junta de gobierno, y AP lanzó como réplica la propuesta confederal que dio lugar a la CEDA en marzo de 1933.

Los alfonsinos radicales sacaron la conclusión de que su convivencia en el seno de AP no había producido la esperada radicalización de las bases conservadoras, sino que había acentuado el aislamiento propio en beneficio de un gradualismo tildado por ellos de filorrepublicanismo. En septiembre, Goicoechea se había entrevistado en París con un grupo de jóvenes monárquicos vinculados al periódico La Epoca (Ansaldo, Eliseda, Vegas, Vigón, Sáinz Rodríguez y José Ignacio Escobar), quienes le habían invitado a desertar de AP para formar un partido alfonsino de marcada impronta subversiva, pero el antiguo líder maurista no aceptó en principio el ofrecimiento[250]. Ese mismo mes, en una reunión celebrada en la capital francesa entre representantes alfonsinos del exilio y el interior, se había acordado la siguiente estrategia: en primer lugar, «difundir mediante el esfuerzo intelectual, principalmente de la juventud, la doctrina monárquica, exponiéndola sistemáticamente y modernizándola» a través del grupo de Acción Española. A continuación,

[…] preparar un golpe de fuerza para lo cual debería hacerse una doble gestión: una propaganda en el Ejército, que el 10 de agosto había demostrado no estar suficientemente convencido de la gravedad del problema de España y de la necesidad de resolverlo fuera de las vías legales; y buscar apoyos en el extranjero, principalmente en Italia.

Y por último, «constituir un partido oficial y aparentemente legal que ayudase a la propaganda de la doctrina monárquica y, en general de los ideales de la derecha[251]». Este proyecto subversivo incluía la creación de un partido propio, que podía contar para su despegue con el apoyo de ciertos sectores tradicionalistas. A tal fin, Goicoechea se acercó a su ideario en su intervención durante un mitin carlista que tuvo lugar en el Monumental Cinema de Madrid el 18 de diciembre, con lo cual desobedecía de forma abierta y consciente las directrices sobre participación en actos de otros partidos formulada por la Asamblea de AP de octubre anterior. Tras elogiar a la Comunión y sus principios doctrinales, Goicoechea afirmó que la Monarquía católica y tradicional era el régimen natural de España, propugnó la «nacionalización» de las instituciones y lanzó la idea de una federación de derechas con cierta autonomía y un programa común basado en el tradicionalismo y el rechazo absoluto de la táctica accidentalista[252]. Estas afirmaciones suponían un evidente acercamiento al carlismo, aunque sin aceptar explícitamente el conjunto de su doctrina y dejando muy clara la voluntad de autonomía Alfonsina mientras no se solucionase el pleito dinástico. La Nación apoyó el proyecto goicoecheísta mediante una intensa campaña de prensa en la que clamó por el establecimiento de un «frente contrarrevolucionario» de fuerzas ideológicamente diferenciadas, abriendo acto seguido una encuesta en la que destacadas figuras de la derecha opinaron sobre la viabilidad de un nuevo partido político monárquico[253].

El 8 de enero de 1933, Goicoechea renunció a todos sus cargos en AP, aunque no se dio de baja en el partido, y recomendó a los monárquicos su permanencia en él, en un intento de mantener cierto influjo en el conglomerado político accidentalista sin renunciar de forma definitiva al proyecto de federación de derechas. Un buen número de personalidades mauristas, albiñanistas, conservadoras y liberales históricas, umenistas y monárquicas independientes apoyaron su decisión, aunque dejaron patente sus simpatías por el resto de las organizaciones derechistas susceptibles de alianza conjunta bajo la bandera de la reforma constitucional. El propio Gil Robles, en la respuesta que dio a la dimisión de Goicoechea, dejó claro que la renuncia no se debía a «razones de ideología o de posición política respecto al problema de las formas de gobierno, sino por motivos de táctica[254]». Era un reconocimiento implícito de esta nueva «división del trabajo» contrarrevolucionario que pronto daría sus primeros frutos.

El 13 de enero apareció el manifiesto programa del nuevo partido alfonsino Renovación Española (RE), donde se reiteraba la voluntad de llegar a la unión de las derechas y se exponía un ideario estatalista, católico, constitucionalista y respetuoso con la tradición, más cercano al maurismo conservador que al carlismo o al fascismo. Sus propósitos no dejaban resquicio a la duda: tras su constitución oficial de RE el 9 de febrero, Sáinz Rodríguez advirtió en un homenaje a Pemán celebrado a mediados de mes en el hotel Ritz de la necesidad de asaltar el Estado porque «vivimos en guerra. ¡Milagro de Dios! Porque a la guerra deben Italia, Alemania, Portugal, Polonia y otros pueblos la ventura infinita de haber sacudido el espantapájaros parlamentario[255]». En esa misma ocasión, Calvo Sotelo envió un mensaje donde estaban presentes tanto su peculiar estilo polémico como los temas que desarrollaría en los años siguientes, en especial el de la unión de las derechas para favorecer una dinámica polarizadora, junto a una curiosa y premonitoria referencia a «falanges» de hombres aguerridos:

[…] ¡hay combatientes en España! Tenemos, por tanto, materia prima. Sóbranos metas, que podríamos condensar en dos colores y dos palos, éstos en cruz, aquéllos en bandera. Falta tan solo agrupar, estructurar en falanges, en haces humanos, disciplinados y aguerridos. Lucharemos […] hasta que rematemos con una proscripción visceral de la mentira democrática y el nihilismo marxista[256].

El 1º de marzo, Goicoechea expuso el ideario de la nueva entidad en el teatro de la Comedia, donde propugnó la eliminación de la lucha de clases mediante «el fascismo, la disciplina de todas las clases por el Estado[257]». En medio de estas indefiniciones programáticas que encubrían una táctica deliberadamente subversiva, el día 20 nacía la oficina electoral TYRE (Tradicionalistas y Renovación Española), encargada de coordinar la labor propagandística de alfonsinos y carlistas[258]. Sin embargo, el futuro de esta entidad y del conjunto de la colaboración entre las fuerzas monárquicas resultaría incierto, ante la sistemática negativa a abdicar de don Alfonso y las ulteriores vicisitudes de los proyectos de fusión dinástica, que quedaron frustrados con el nombramiento de don Javier de Borbón Parma como regente carlista en enero de 1936.

Durante esos meses cruciales de recomposición de la derecha y de lento declive de la coalición gubernamental republicano-socialista, la vía conspirativa no fue dejada de lado. El foco principal del complot monárquico radicaba ahora en París, donde los huidos de la «Sanjurjada» mantenían una tertulia en las habitaciones que Calvo Sotelo ocupaba en el hotel Mont Thabor[259]. Francisco Moreno Herrera (marqués de la Eliseda), Juan Antonio Ansaldo y Eugenio Vegas reanudaron la conspiración contactando con los hermanos Jorge y Juan Vigón, y a través de éstos, entre fines de agosto y la primera quincena de septiembre, con el teniente coronel Valentín Galarza, gran conocedor de la mayoría de los generales en activo y de los altos jefes del Ejército gracias a sus muchos años de trabajo en el Ministerio de la Guerra. También mantuvieron relación con el legitimista Armand Magescas, quien les puso en contacto con el entorno de L’Action Française, en concreto con Maurras, Daudet y Pujo, con quienes Calvo Sotelo compartió mantel el 1 de febrero de 1933, aunque en ese momento parecía más cercano a las teorías posibilistas de André Tardieu.

A fines de septiembre de 1932 Ansaldo, encargado de la obtención de fondos, recibió en Biarritz la visita de Vegas, Vigón y Eliseda, que luego de consultar con Calvo Sotelo acordaron el nombramiento de una comisión recaudatoria, presidida en el extranjero por el conde de los Andes y en España por el marqués de Arriluce de Ybarra. Se constituyó una junta ejecutiva integrada por Ansaldo, Vigón, Vegas y Eliseda, que acompañada de Goicoechea, Calvo Sotelo, el marqués de las Marismas, Vigón, Yanguas, Sáinz Rodríguez y Magescas se entrevistó en octubre con Alfonso XIII, quien dio su autorización a los planes de los conspiradores, aunque en esos momentos jugaba también la carta accidentalista[260]. Vegas, Ansaldo y Eliseda elaboraron una lista de españoles residentes en Biarritz —la Coblenza de los alfonsinos— y otras localidades próximas para recaudar fondos esgrimiendo una carta de plenos poderes firmada por el exrey. Con este método y otros más expeditivos lograron en pocas semanas compromisos monetarios por veinte millones de pesetas, que sirvieron de base material para nuevas conspiraciones y para el mantenimiento de la causa monárquica en el interior. Aunque no todos pagaron (los marqueses de Pelayo y José Luis Oriol no hicieron efectiva su promesa de entregar seis millones de pesetas), se recaudaron pronto tres millones de francos (1,5 millones de pesetas) que serían administrados por el conde de los Andespara comprar armas en el extranjero, y por el marqués de Arriluce de Ybarra para financiar operaciones en el interior de España[261]. En esos días del otoño de 1932, y como complemento de todas estas actividades, se dieron pasos precisos en la colaboración con los carlistas a través del proyecto de fusión dinástica: Alfonso XIII se entrevistó en París con Rodezno y Olazábal, y se celebró una reunión en el domicilio de la legitimista vizcondesa de la Gironde en París, con participación de Rodezno, José Luis Oriol y Lamamié por parte carlista y Calvo Sotelo, Vallellano, el marqués de Camps, Pedro Sáinz Rodríguez y es probable que el general Barrera entre los exiliados alfonsinos. Se intentó llegar a un acuerdo para que a don Alfonso Carlos le sucediera el infante don Juan de Borbón y Battenberg, siempre que éste aceptara sin equívocos el ideario tradicionalista y previa abdicación del exrey y de sus hijos mayores[262]. Expuesto en estos términos, el pacto propuesto no daba seguridad de cumplimiento a ninguna de las partes, por lo que don Alfonso, tras consultar con La Cierva, Romanones y el marqués de Lema, renunció a él, y en una nueva reunión en el domicilio de la vizcondesa de la Gironde el 22 de septiembre decidió otorgar a Goicoechea la presidencia de un partido de identidad Alfonsina como tapadera de la conspiración. La maniobra no pudo hacerse efectiva hasta la liberación del antiguo ministro maurista el 11 de noviembre, tras un breve período de prisión por su implicación en el golpe de agosto. Por esas mismas fechas, Calvo Sotelo había reanudado sus contactos conspirativos con Barrera y con los representantes carlistas Rodezno y Olazábal, aunque las conversaciones que mantuvieron no arrojaron resultados relevantes, debido al impasse en que permanecían las relaciones entre ambas ramas dinásticas. Sin embargo, los contactos tuvieron el efecto de estrechar el vínculo de los alfonsinos con el teniente coronel Valentín Galarza, que en adelante y hasta mediados de 1935 sería el único enlace con los círculos militares antiazañista, y de otorgar la primacía en las operaciones conspirativas a Calvo Sotelo, que visitó Italia para recabar ayuda del Gobierno fascista[263]. Todas estas actividades no pasaron desapercibidas a los ojos del Gobierno republicano: el 20 de octubre, el embajador Madariaga informaba de los frecuentes contactos de Barrera con Calvo Sotelo y Vallellano, y de los rumores de un golpe monárquico que debía iniciarse en Madrid y Barcelona[264]. El 14 de noviembre, el agregado militar en París señalaba como inminente un nuevo alzamiento militar, pero el día 24 el agente de Policía Francisco Mata, destacado en Francia, comunicaba que el golpe, previsto para fines de mes, había sido aplazado, y que el nuevo retraso había desencadenado la división de los implicados en torno al pleito sucesorio: «Calvo Sotelo y varios más de los elementos restantes de la Dictadura definen su posición como monárquica, pero exigiendo la abdicación de don Alfonso». Los partidarios de la restauración sin abdicación eran Vallellano y Sáinz Rodríguez, que postulaban un sistema monárquico parlamentario, mientras que Barrera, Sanjurjo y otros militares de lealtad primorriverista se declaraban republicanos a su manera, si fuera preciso con la imposición de una nueva dictadura[265]. El comandante Antonio Vidal Loriga, representante del Ministerio de la Guerra en la Telefónica, informó el 25 y 29 de enero de 1933 de una conversación conspirativa mantenida por el exrey con su primo Alfonso de Borbón Squilache, fugado de Villa Cisneros a principios de año, de la que se deducía que el antiguo monarca llevaba las riendas de una acción contra la República, para lo cual se habían puesto en marcha dos comités radicados en París: uno presidido por Calvo Sotelo que entendía de las cuestiones financieras, políticas e internacionales, y otro presidido por Guadalhorce y formado entre otros por Barrera, Ponte y González Carrasco, que estaba en relación con los elementos de acción, militares y civiles[266].

Todo parece apuntar a la existencia de una fuerte rivalidad personal entre los dos grupos de conspiradores. Ello fue en detrimento de las aspiraciones de Barrera, relegado a un segundo plano con el reconocimiento a mediados de febrero de 1933 de Sanjurjo como cabeza militar in absentia de la conspiración. El desacuerdo entre Calvo Sotelo y Barrera llegó a oídos de la Embajada española en París: en un nuevo informe fechado el 8 de abril de 1933, Francisco Mata señalaba que

[…] en principio estuvo el general Barrera en contacto y acuerdo con Calvo Sotelo, principalmente hasta el movimiento del 10 de agosto y primera temporada de su residencia en ésta para buscar refugio; pero Calvo Sotelo, hombre joven, de talento y ambicioso, se creyó el heredero de Primo de Rivera políticamente y que cualquier movimiento de derechas que se iniciase debería reconocerle a él como caudillo, pues sostiene la supremacía del poder civil. Barrera, molesto en su orgullo y no queriendo ser segundón de nadie, ha roto estruendosamente sus relaciones con el grupo de Calvo Sotelo. Éste, que cuenta con los restos dispersos de la Dictadura, aunque bastante mermados, con algunos elementos de los antiguos Sindicatos Libres (si bien éstos están infiltrados en el Único), prescinde de Barrera y alentado por altos individuos de la política italiana, y contando como ayudantes en España con el hijo de Primo de Rivera, Luca de Tena, Fuentes Pila y otros, anduvo buscando un general para que influyese en las guarniciones en sustitución de Barrera.

Parece que, a tal fin, el exministro primorriverista hizo requerimientos a Martínez Anido, Despujol y otros generales en la reserva para impulsar un movimiento que desembocase en una dictadura de corte fascista, «aunque inicialmente fuese de aspecto republicano[267]».

Barrera no sólo cortó relaciones con el grupo rival, sino que siguió conspirando por su cuenta. En carta de Calvo Sotelo y Aunós a don Alfonso y al conde de los Andes, que tenían respectivamente la dirección teórica y la llave de los fondos de la conjura, se pedía su intervención para impedir que Barrera viajara a Italia a ver al subsecretario de Exteriores, Vittorio Scialoja[268]. Para superar la crisis en el seno del alfonsismo, ambos antiguos ministros del Directorio sugerían la figura de Goicoechea para asumir la dirección de un Comité único que tuviera la representación del exrey en España[269]. En su nombre y en el del general Sanjurjo, jefe nominal del posible golpe, Goicoechea solicitó a Calvo Sotelo, Andes y Aunós que

[…] se hagan cargo de la unificación de todas las gestiones que en pro de nuestras intenciones se realicen fuera de España; encareciendo a cuantos las estén llevando a cabo la imprescindible necesidad de aceptar una única dirección, solo medio de poder esperar el éxito, deponiendo toda clase de personalismos y pensando únicamente en España[270].

Era una clara alusión a las iniciativas discordantes de Barrera. Goicoechea también se refería en esta carta a un «agente técnico» (el teniente coronel Galarza, amigo personal de Franco, Sanjurjo y Goded) que sería el encargado, por mediación de Jorge Vigón, de reclutar a altos mandos militares para la futura insurrección. Vigón también organizó un servicio informativo sobre la Policía y el Gobierno dirigido por el comisario de Policía en excedencia Santiago Martín Báguenas, asiduo de los vericuetos más intrincados de las maniobras provocativas de la Dictadura y de los complots contra la República, que «con frecuente periodicidad y merced a una red de agentes subvencionados, facilitaba copiosa información de carácter confidencial». Cada quince o veinte días, Galarza se entrevistaba con la junta insurreccional Alfonsina y le informaba de la marcha de sus trabajos. A cambio, recibía del marqués de la Eliseda 5000 pesetas mensuales para mantener la propaganda en los cuarteles y la red de informadores infiltrados en la Policía. El lugar de coordinación era una oficina jurídica propiedad del diplomático José Antonio Sangróniz, por donde pasaron entre otros los alfonsinos Goicoechea, Sáinz Rodríguez, Lequerica y Zunzunegui, los falangistas Primo de Rivera y Arredondo y los tradicionalistas Zamanillo, Rodezno y Fal Conde[271].

De este modo, la estructura conspirativa del alfonsismo quedó plenamente fijada: Goicoechea como jefe político, Sanjurjo como teórico jefe militar y el teniente coronel Valentín Galarza como «técnico» encargado de los contactos con los altos mandos castrenses del futuro movimiento. Con Sanjurjo en la cárcel y en sustitución del desacreditado general Barrera, Alfonso XIII encargó a Ansaldo la misión de invitar a Martínez Anido para que se pusiera al frente de la organización militar que se proyectaba, creyendo que aglutinaría a los diversos grupos, pero éste se negó, alegando estar muy vigilado y «disfrutar de un bien merecido descanso, después de tantos años de intensa agitación[272]». Según el embajador en París, Martínez Anido, refugiado en Niza y recién casado, ni tan siquiera se había molestado en contestar al requerimiento[273]. A decir de algunos testimonios de origen republicano, tras «una serie de episodios más o menos pintorescos» (en esencia, el radical desacuerdo entre Calvo Sotelo y el general Barrera, que había trascendido al embajador español en Francia), los activistas alfonsinos habían renunciado por el momento a la conspiración, y dedicado el depósito de dinero gestionado por el conde de los Andes a la compra de armamento en Amberes por iniciativa del general Ponte, al apoyo a los nacientes grupos fascistas y a la captación de militares a través de Galarza, en una operación que fue el origen de la Unión Militar Española (UME[274]).

RE se convirtió desde su fundación en la tapadera para la organización de un complot militar, a pesar de las protestas de actuación legal reflejadas en el artículo 2.º de sus Estatutos. El grupo monárquico iniciaba su andadura en solitario entre las reticencias de cedistas y carlistas, pero en un ambiente político de generalizada reacción conservadora tras los sucesos de Casas Viejas, la erosión de la alianza republicano-socialista, el ascenso del nazismo al poder y las derrotas electorales de los candidatos oficialistas en la Academia de Jurisprudencia (de la que Goicoechea fue elegido presidente en mayo de 1932 y reelegido al año siguiente), los comicios municipales parciales de 23 de abril y las candidaturas a vocales del Tribunal de Garantías Constitucionales en septiembre.

Conscientes del peso creciente que tenían las masas juveniles en la actividad política de los partidos, la Junta Directiva de RE comisionó a fines de febrero de 1933 a los marqueses de Manzanedo y Castronuevo para estudiar la puesta en marcha de una sección juvenil. El 8 de marzo se aprobó la ponencia presentada para la formación de la Sección de Juventud de RE como una agrupación más del partido, en estrecho contacto y dependencia de la Secretaría General de la organización[275]. Esta tutela del colectivo juvenil confirmaba el carácter sobre todo conservador del partido alfonsino. La Juventud hizo público un primer manifiesto de contenido marcadamente historicista a fines de abril[276]. Su primera aparición pública fue con motivo de la celebración de la festividad patriótica del Dos de Mayo (coincidiendo con el lanzamiento del Movimiento Español Sindicalista por José Antonio Primo de Rivera), y el 30 de ese mes el Comité Ejecutivo dio vía libre para que la juventud formase una entidad independiente, «aunque subordinada al ideario del partido», abordando la redacción de un reglamento de régimen interior[277]. El carácter belicoso de este embrión de juventudes, evidenciado por la actitud matonesca de militantes como los hermanos Miralles o el marqués de la Eliseda, pronto degeneró en acciones pistoleriles, organizadas al parecer por Juan Antonio Ansaldo: el 17 de abril, coincidiendo con rumores de un golpe militar que estarían preparando en Cataluña los generales Barrera y Despujol, unos jóvenes afiliados a RE dispararon en Madrid contra un grupo de cinco cenetistas y mataron a uno de ellos[278]. Otros afiliados fueron detenidos por repartir propaganda subversiva, y la jerarquía del partido, recordando las persecuciones sufridas en 1931 y 1932 y el «complot monárquico-fascista» descubierto los días 19 a 22 de junio de 1933[279], constataron la necesidad de que las actividades conspirativas no estuvieran sujetas a la incertidumbre de la violencia callejera. Por ello se decidió destituir el 26 de septiembre al médico Carlos Millán Saval de la dirección de la Juventud y colocarla bajo la inspección de tres delegados de la Junta Directiva de RE (Santiago Fuentes Pila y los marqueses de Manzanedo y Castronuevo), con el periodista Carlos Fernández Cuenca como secretario[280]. Éstos serían relevados a su vez en 1934 por Fernando Cobián como delegado de la Junta directiva de RE, aunque pronto se decidió otorgar mayor autonomía al grupo juvenil para transformarlo en un colectivo de activistas más acorde con la nueva oleada fascistizante que se cernía sobre todos los grupos de la derecha española.

Llegaba el momento de impulsar una acción subversiva de alcance global. Los sucesos del 10 de agosto habían demostrado tanto el escaso eco que podía tener una intentona insurreccional en el seno del Ejército como la escasa capacidad movilizadora de los grupos monárquicos. La experiencia histórica había sugerido a los alfonsinos dos estrategias desestabilizadoras sucesivas: en primer lugar, la repetición de una situación similar a la española de 1874, en la que el descontento del Ejército impulsase una involución autoritaria y militarista del régimen republicano que, a su vez, actuara como antesala de la Restauración. En este sentido, la intentona protagonizada por Sanjurjo en agosto de 1932 fue interpretada por los monárquicos como una reedición del golpe de Pavía. Pero el fracaso del movimiento y la represión de que fueron objeto preferente los monárquicos persuadieron a éstos de que la tarea de erosión de la República no podía dejarse en manos de un puñado de militares descontentos de dudosa etiqueta política, sino que la restauración requería la formación previa de una alternativa monárquica de tono inequívocamente contrarrevolucionario, que impulsara una paciente tarea de penetración ideológica y política en el cuerpo social, sin que por ello se descartase la perpetración de un acto de fuerza complementario a estos esfuerzos. A esta estrategia de largo aliento, inspirada en el proyecto legitimista de l’Action Française, habrían obedecido las maniobras de fusión dinástica con los carlistas y la fundación de un partido explícitamente alfonsino, separado de la gran corriente política confesional y antirrevolucionaria que significaba Acción Popular. Desde entonces, la estrategia de los alfonsinos se centraría en el logro de cinco objetivos: la creación de un ambiente doctrinal propicio a la restauración mediante la actividad intelectual de Acción Española; la penetración en el Ejército (donde estaba surgiendo un movimiento antigubernamental organizado) a través de los manejos de Valentín Galarza y del policía Martín Báguenas y el liderazgo nominal de Sanjurjo; la convergencia táctica y doctrinal con los carlistas y otros grupos de extrema derecha a través del proyecto de unión que desembocaría en el Bloque Nacional; la solicitud de ayuda económica y militar a los italianos, y por último, un estrecho control de los nacientes grupos fascistas, forzando su unificación y estimulando el mercenarismo político de sus incipientes grupos de combate.

La sintonía subversiva con la Italia fascista era uno de los elementos clave de este ambicioso planteamiento estratégico. Las relaciones del gobierno de Mussolini con los conspiradores monárquicos databan al menos de los contactos personales del general Barrera con el embajador Durini en febrero de 1932 y de la primera visita del aviador Ansaldo a Roma en abril de ese mismo año por mandato del general Ponte. Los fascistas consintieron en enviar armas y municiones, pero la «Sanjurjada» fue sofocada antes de que esta ayuda pudiese llegar a los conspiradores. El Duce desistió en su intento de llevar a cabo otras iniciativas desestabilizadoras mientras su admirado Azaña continuara en el poder[281]. Con todo, las relaciones entre ambos países distaban de ser fluidas. El Gobierno italiano presentó una protesta oficial ante el ministro de Estado, Luis de Zulueta, por la actitud antifascista de la prensa republicana[282], mientras que el 3 de septiembre el embajador Gabriel Alomar denunció en un coloquio con el subsecretario de Affari Esteri, Fulvio Suvich, la presencia en Roma del general Barrera, implicado en el complot de Sanjurjo, del que se sospechaba podía tener la intención de crear un centro de conspiración en torno al conde Rodríguez de San Pedro, el cardenal Segura y los jesuitas refugiados. Pero la sugerencia de que Barrera fuese expulsado del país fue descartada de inmediato por Mussolini[283].

A fines de 1932 fue nombrado embajador en Madrid Raffaele Guariglia. Tras la visita que Herriot hizo a España a principios de noviembre, que reactivó los rumores de una alianza secreta hispano-francesa, el diplomático italiano recibió órdenes de reconciliarse con el Gobierno español, pero también de mantener las relaciones con monárquicos, católicos y fascistas. Guariglia recordaba regocijado que sus actividades

[…] eran un continuo ir y venir entre republicanos, subversivos, monárquicos, demócratas, vieja aristocracia e intelectualidad. No se trató de un «doble», sino de un «décuplo» juego que yo pude continuar casi durante dos años[284].

El embajador prosiguió los «contactos prudentes e indirectos con los elementos de la oposición», en especial con católicos y derechistas y con los pequeños grupos fascistas, relegando así a un segundo plano de interés a unos alfonsinos «que están posiblemente superados[285]». Fueron, sin embargo, esos mismos monárquicos los que parecían tener mayor predisposición a un acercamiento.

En febrero de 1933, Calvo Sotelo viajó a Roma en compañía de Ansaldo, pero su entrevista con Balbo y Mussolini no arrojó resultados palpables, debido al parecer a la ausencia de empatía personal[286], pero también al hecho de que el general Barrera seguía en ese momento compitiendo por obtener el favor de los jerarcas fascistas. A pesar de todo, algunas fuentes aseguran que el exministro y el aviador volvieron de Italia «muy satisfechos de su cometido[287]». En otoño, Ansaldo, dotado de un salvoconducto de Alfonso XIII «para gestionar auxilios y desarrollar actividades encaminadas al servicio del ideal[288]» retornó a Italia con Calvo Sotelo, quien había recibido en París a varios emisarios de los conspiradores antirrepublicanos y encargado a Eduardo Aunós que vigilara en persona la marcha de la organización subversiva pergeñada por Vigón, Vegas, Eliseda y Ansaldo[289]. Más adelante, ambos exministros primorriveristas recibieron el encargo de proseguir los contactos conspirativos con relevantes personalidades fascistas, y de esta forma Ansaldo condujo de nuevo a Calvo Sotelo a Roma con pasaporte falso. Ambos se entrevistaron otra vez con Balbo, y es probable que con Mussolini para «ponerse de acuerdo sobre la posible ayuda política y militar en caso de alzamiento». Se sondearon las vías de apoyo a un posible golpe contra la República, en un acercamiento que puede considerarse como el prolegómeno del pacto secreto que se rubricaría en Roma el 31 de marzo de 1934[290]. A la vista de estos contactos e influencias, no resulta extraño que el 16 de septiembre de 1933, poco antes de efectuar un viaje a Alemania para visitar a Hitler, Goicoechea dijera en un mitin de la Agrupación Regional Independiente de Santander que RE debía ser «un antipartido» según la definición mussoliniana, y el 21 tratase de fijar su actitud política con esta charada: «¿La de un tradicionalista? ¿La de un fascista? De todo hay, ¿por qué negarlo?»[291].

Entre febrero y agosto de 1933, Goicoechea y sus colaboradores se vieron obligados a escoger entre varias alternativas fascistizantes; la de la propia de la Juventud de RE, la albiñanista, la jonsista o la primorriverista. Pedro Sáinz Rodríguez llegó a un pacto de principio con el naciente Movimiento Español Sindicalista en agosto de 1933, intervino en la redacción de los «Puntos iníciales de la Falange» en diciembre de ese año y junto con Sangróniz se entrevistó con Primo de Rivera y García Valdecasas a mediados de noviembre para ofrecer ayuda económica a cambio del «derechete» [sic] de conocer los proyectos políticos falangistas y obtener un pacto tácito de no beligerancia[292]. Desde el verano, la apuesta por Falange Española (FE) y su fusión con Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS) se basaban en la posibilidad de instrumentalizar el nuevo partido, pero a partir de 1934, coincidiendo con la pérdida de interés de RE por Falange, la Juventud Alfonsina se convirtió en una de las principales bases de apoyo del aparato neoconservador, bajo la dirección del delegado de la Junta Directiva Fernando Cobián, frente a la creciente actividad de la corriente de derecha radical liderada por Calvo Sotelo, que con su proyecto de Bloque Nacional sustituiría al fascismo como la opción prioritaria para sacar al alfonsismo de su aislamiento político[293].

A medida que se acercaban las elecciones, la actitud antidemocrática de las derechas se fue haciendo más patente: Gil Robles, que a lo largo de 1933 siguió criticando la labor «revolucionaria» del Gobierno, el ambiente de violencia sectaria contra las derechas infrarrepresentadas en el Parlamento y la táctica de «aniquilamiento del adversario» basada en el «criterio brutal de mayorías[294]», aspiraba a construir una gran coalición «antimarxista» de todos los partidos de la derecha, incluidos Lerroux, Miguel Maura o Melquíades Álvarez, pero aglutinada por la CEDA, para quien la unión, era, ante todo, «la clara visión por parte de todos los partidos de derecha de la urgencia de una contrarrevolución y la supeditación inflexible a ello de lo episódico[295]». Ésa era la clave: para el tradicionalista Lamamié, los partidos resultantes de la ruptura de AN (CEDA, RE y CT) eran «tres cuerpos de un mismo ejército», tres tácticas concluyentes en una estrategia contrarrevolucionaria común[296], pero RE pretendía una alianza de derechas en pie de igualdad y de tono inequívocamente antirrepublicano[297]. Los ataques al accidentalismo volvieron a arreciar, pero los alfonsinos no lograron que el exrey declarara que ser miembro de la CEDA resultaba incompatible con los ideales monárquicos[298]. Don Alfonso, que recibió el 19 de julio la visita de Gil Robles, consideraba entonces que tenía más posibilidades de retornar a España mediante el triunfo de la táctica accidentalista que confiando su suerte a los «monárquicos de salón» de RE[299]. En esta tesitura, se imponía el diálogo entre los partidos de la derecha, y en Madrid se creó un comité de enlace electoral para mediar en el difícil acomodo de las listas de candidatos. También se elaboró un programa mínimo centrado en la revisión de la «legislación laica y socializante», la defensa de la agricultura como sinónimo del freno a la reforma agraria y la amnistía para los encausados en la intentona de 1932[300]. La intención de los alfonsinos era prolongar la unión más allá de las elecciones y comprometer a Gil Robles en la transformación autoritaria del Estado, que debería ser, según un discurso grabado de Calvo Sotelo, «fuerte, no de clase, sino sobre todas las clases; no antirreligioso, sino espiritualista, pero sí con autoridad». Como el líder monárquico exiliado, los miembros de RE confiaban en que el Parlamento a elegir en noviembre fuera «el último de sufragio universal por luengos años» y que sería sustituido por un Estado «totalitario» que controlaría de forma severa «los intereses inmanentes del pueblo», según el ejemplo de Alemania e Italia[301].

Tras el triunfo electoral de la derecha, en el que los alfonsinos obtuvieron trece actas, los llamamientos a una actuación de fuerza por parte de los monárquicos se hicieron más insistentes. Desde París, Calvo Sotelo pidió una inmediata declaración de guerra al régimen y al Parlamento, que debían ser barridos y reemplazados por un Estado corporativo[302]. Sin embargo, Gil Robles anunció a inicios de diciembre su disposición a colaborar con los grupos republicanos no marxistas, lo que hizo estallar la indignación en el seno de RE. En un banquete celebrado con motivo del segundo aniversario de la aparición de la revista Acción Española, Quintanar se mostró decidido a mantener la lucha electoral e incluso la física, Goicoechea clamó por un mantenimiento de la coalición electoral para las tareas de gobierno y Sáinz Rodríguez ensalzó las guerras carlistas como «guerras santas» que debían repetirse[303].

Varela y la reorganización del Requeté.

Por ese entonces, el tradicionalismo seguía enfrascado en su propio proyecto contrarrevolucionario. La represión posterior al 10 de agosto se cernió sobre el movimiento con especial dureza: los círculos fueron clausurados hasta fines de 1932 y la prensa quedó suspendida. Un cierto número de simpatizantes carlistas fue extrañado a Villa Cisneros, donde el proselitismo con el resto de prisioneros se pudo realizar sin grandes obstáculos. Fal Conde consideró que los gestos y las cartas cordiales que don Alfonso Carlos dirigió a los deportados, y las entusiastas interpelaciones que Lamamié realizó en las Cortes sobre su situación fueron elementos decisivos para el paso de algunos oficiales a las filas carlistas[304]. El comandante Redondo tuvo especial fortuna en esa campaña de captación. Según su propio testimonio y el de José María Pemán, el coronel José Enrique Varela Iglesias, encarcelado por su actuación en Cádiz durante el golpe de Sanjurjo, se convirtió al tradicionalismo durante su estancia con Luis Redondo y José García de Paredes en las prisiones de Sevilla y Guadalajara, comprometiéndose a colaborar en la instrucción teórica y en la organización militar del Requeté, adaptándolo a la estructura imperante en el Tercio[305]. De acuerdo con estas fuentes, Fal Conde y Rodezno le visitaron en la prisión de Guadalajara, y don Alfonso Carlos le nombró jefe nacional del Requeté, aunque por ser un militar en activo su designación y su rango se mantuvieron en secreto, dejando el mando visible de la milicia al teniente coronel Ricardo Rada[306]. Aún encarcelado, Varela comenzó a redactar a fines de 1932 un Compendio de Ordenanzas, Reglamento y Obligaciones del Boina Roja, jefe de Patrulla y Jefe del Requeté, recopilado por Redondo y enviado mediante una red de enlaces clandestinos a los grupos paramilitares de Andalucía y del resto de España[307]. Con estas nuevas directrices se trató de cambiar desde mediados de 1933 hasta 1935 el sistema de pequeños grupos descoordinados y autónomos imperante desde la fundación del Requeté a inicios de siglo, sustituyéndolo por una estructura inspirada en la militar.

Además de las Ordenanzas en sí, centradas en consejos personales para el miliciano sobre la base del trilema doctrinal de «Dios, Patria y Rey», el compendio normativo elaborado por Varela se ocupaba de otras facetas: en primer lugar, de la organización del Requeté en patrullas de cinco «Boinas Rojas» y un jefe, que podían descomponerse en tres parejas para misiones de vigilancia, custodia y enlace; grupos (pelotones) de un jefe, un adelantado y tres patrullas con un total de 20 hombres; piquetes (secciones) con un jefe, tres enlaces, seis camilleros y tres Grupos, con un total de 70 hombres; requetés (compañías) con un jefe, un adelantado, un abanderado, un tesorero, un capellán, un practicante, un auxiliar administrativo, seis cornetas, tres tambores, un grupo de enlace y transmisiones y tres piquetes, con un total de 246 componentes, y tercio (batallón) de tres requetés con 720 hombres más 20 de Plana Mayor, dirigidos por un comandante, aunque las unidades superiores no alcanzaron plasmación real hasta épocas relativamente tardías[308].

La Ordenanza incluía una cartilla de uniformidad. La indumentaria de reglamento consistía en un pantalón caqui de polaina unida, una camisa de otomán caqui y una boina de lana roja, además de borla de gala, guantes, cinturón, bandolera y zapatos o botas, con distintivos para las respectivas graduaciones. Además de un reglamento de táctica con ejercicios en orden cerrado y en orden de combate e instrucción sin armas, y un plan de instrucción física con tablas de gimnasia, la Ordenanza incluía un reglamento de régimen interior, donde el Requeté adecuaba sus obligaciones a lo estipulado en las Reales Ordenanzas Militares en lo referente a guardias, formación, comportamiento general, saludos a símbolos religiosos y jerarquías, subordinación, jura de bandera y sanciones (faltas, delitos y penas). Toda esta compleja estructura normativa descansaba sobre una Delegación Nacional de Requetés desplegada en tres instancias: nacional, provincial y local, aunque también podía darse circunstancialmente la existencia de una Delegación Regional. Se planteó la formación de un Requeté Activo y de una Reserva dedicada a servicios temporales de guarnición en circunstancias extraordinarias. También se constituiría un «Requeté Profesional» (una especie de cuerpo de élite como la Legión), cuya misión, objeto y funcionamiento quedarían fijados mediante una ordenanza especial. Varela pensaba que la existencia de un grupo civil organizado de forma paramilitar a escala nacional y presto para la lucha en campo abierto era un requisito imprescindible para el triunfo de un futuro golpe militar. En esto coincidía con Sanjurjo, desengañado del nivel de compromiso obtenido de las guarniciones el 10 de agosto, aunque los trágicos sucesos de los años siguientes —en especial la revolución de octubre— acabaron imponiendo la relegación del Requeté y la apuesta por un golpe estrictamente castrense.

Las negociaciones dinásticas continuaron en punto muerto durante ese año. La dilación en la respuesta que debía dar don Alfonso reconociendo la legitimidad de la rama carlista transformó los acuerdos de Burdeos de fines de 1931 en letra muerta. Tras un encuentro entre Olazábal y Alfonso Carlos que tuvo lugar el 22 de septiembre de 1932 en Puchheim, en el cual el primero aludió a los deseos de unión monárquica de un grupo de generales «de gran prestigio en el Ejército», el pretendiente carlista hizo pública una declaración en la que confirmaba los términos de su manifiesto de 6 de enero, confirmando los derechos sucesorios de Alfonso XIII «siempre que éste o el sucesor asignado declare públicamente aceptar bajo juramento los principios fundamentales de nuestra tradición[309]». Con ello se dejaba la pelota en el alero del exrey y sus herederos, pero a la hora de la verdad, y a pesar de la repetición de los contactos, como el mantenido entre las cabezas de ambas ramas el 20 de octubre en Budapest[310], no se avanzó gran cosa en las fusiones dinástica y partidaria, aunque sí se esbozó un proyecto de colaboración propagandística que culminó en marzo de 1933 en la TYRE. Sin embargo, la idea de la federación de derechas postulada por Goicoechea fue muy combatida por Manuel Senante desde El Siglo Futuro. La incorporación de los integristas en la CT a inicios de 1932 había favorecido la aparición de una corriente opuesta a Rodezno y a buena parte de los dirigentes procedentes del jaimismo y el mellismo. Las maniobras de convergencia política con los alfonsinos provocaron un serio desprestigio de Tomás Domínguez Arévalo y de la «vieja guardia» jaimista, que habían visto con simpatía el proyecto federativo de Goicoechea porque les permitía contrarrestar la creciente primacía que dentro de la Comunión estaban alcanzado los integristas, acérrimos enemigos de la federación y reticentes respecto a la sincera adscripción de los alfonsinos al ideario tradicionalista.

Los choques violentos continuaron después de que la promulgación el 2 de junio de 1933 de la Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas volviera a encrespar los ánimos de los sectores clericales: La Gaceta del Norte reanudó su llamamiento en pro de la «oposición varonil», la «obligada desobediencia», la «resistencia encendida», el descaro y la guerra civil[311]. Una reunión de la Junta General Carlista celebrada a fines de mayo había planteado que los trabajos parlamentarios y «de acción» debían ir «paralelos, aunque supeditados en cuanto a su finalidad a lo último». Por unanimidad se convino en pedir al pretendiente que nombrara a Lamamié de Clairac Delegado Nacional de Juventudes y Requetés, con máxima autoridad para nombrar y destituir jerarquías, y con la obligación de dar cuenta a la Junta Suprema de la marcha de la organización armada[312].

La situación de alerta permanente en que estaba sumida la milicia carlista quedó de manifiesto en el hecho de que según Enrique Barrau, jefe del primer Requeté de Sevilla, la milicia local formada a fines de 1932 había efectuado 373 guardias en establecimientos religiosos y casas particulares de personas amenazadas, 150 servicios especiales de investigación, 115 servicios de protección a mítines tradicionalistas y de derechas, y treinta asaltos a locales izquierdistas y centros oficiales, con abundante botín de símbolos y banderas en el más puro estilo fascista. A cambio, había sufrido 120 detenciones. Mientras tanto, Varela iniciaba sus trabajos directos de organización y adiestramiento del Requeté navarro bajo los auspicios de la junta regional, que nombró a Antonio Lizarza Iribarren supervisor del reclutamiento y del adiestramiento de la milicia[313]. También se reiniciaron los contactos con los militares en activo vinculados a la naciente UME. El coronel Antonio Sagardía Ramos entabló relaciones con los carlistas navarros en el sur de Francia, Barrera hizo lo propio en París, y Sanjurjo aceptó la intervención armada de los tradicionalistas con sus uniformes, banderas y distintivos en una futura insurrección, nombrando a Varela representante suyo en la dirección militar efectiva del Requeté. Hacia octubre de 1933 la transformación de las decurias en unidades de carácter más militar como patrullas (escuadras) y requetés (compañías) locales era un proceso generalizado, aunque las plantillas aún estaban sin completar. También hubo cambios de jefatura regional navarra, en la que Huarte fue relevado por Ignacio Baleztena. Antes de fin de año, la Junta Delegada convocó una reunión secreta en Vergara para reanudar la actividad conspirativa.

El carlismo se presentó a las elecciones de noviembre en el seno de la «unión de derechas» y obtuvo 21 escaños, lo que suponía su mayor representación parlamentaria desde 1873. Pero la disolución de la alianza electoral por Gil Robles a mediados de diciembre causó la natural consternación en el seno de la Comunión y unas ansias renovadas en rectificar las actuaciones del primer bienio republicano por todos los medios, incluida la violencia.

CAPÍTULO 3

FASCISTIZACIÓN Y VIOLENCIA

1931-1933

La irrupción del fascismo en el debate político español, con su carga de ruptura radical con el pasado, no pudo ocultar su naturaleza en buena parte artificiosa, su promoción por parte de los grupos contrarrevolucionarios que lo contemplaron, ante todo y sobre todo, como un útil instrumento de movilización violenta contra las izquierdas, en especial contra el obrerismo organizado. Se ha destacado en múltiples ocasiones la distinción puramente subjetiva que existió entre una derecha radical o revolucionaria representada sobre todo por el fascismo, el nazismo o el nacional-sindicalismo, y una derecha «de orden», representada por las varias ramas del conservadurismo autoritario[314]. Aunque hubiera una distinción más o menos nítida en lo que se refiere a ideas y movimientos, la frontera estratégica entre ambos no estuvo bien definida, y se confundió con frecuencia en las coyunturas críticas de la lucha por el poder.

Algunos autores prefieren definir el fascismo como categoría histórica, dejando en un segundo plano su estricta caracterización politológica, con el fin de destacar el incuestionable parentesco que hubo entre los diferentes movimientos y regímenes autoritarios surgidos en la época de entreguerras como reacción o adaptación a la sociedad de masas sobre la base de tradiciones político-culturales de raigambre nacional que exigían la adhesión como forma de socialización política y empleaban para eso un barroco aparato simbólico y la imagen de un líder carismàtico que personificase esa misión nacional[315]. De modo que el fascismo no se definiría tanto por su estructura totalitaria de movilización como por su misión nacionalizadora. Ahí radicaría la principal diferencia entre los movimientos y los regímenes fascistas (según la distinción establecida por De Felice), donde la coalición gobernante ha sufrido ya una depuración de objetivos y de dirigentes «revolucionarios», sublimados unos y superados otros en aras de la unidad forjada por el Partido confundido con la Nación. Ramiro Ledesma ya entendió en 1935 el neologismo «fascistización» como búsqueda de soluciones políticas concordantes con el fascismo a través del impulso a una «revolución nacional[316]».

Pero además de la imposición de esa voluntad nacionalizadora, otras características dominantes del primer fascismo hispano (con las salvedades que iremos analizando) fueron su ethos tradicionalista y su carácter marcadamente contrarrevolucionario, rasgos bien constatables en las coyunturas de crisis que fueron jalonando su devenir histórico durante la República. Se ha dicho que el fascismo se distingue de la dictadura tradicional en la completa supresión de las instituciones representativas, su mayor cercanía al totalitarismo, su mayor grado de intolerancia contra la disidencia y la oposición, su control total de la prensa, su ideología monopolistica, su visión globalizadora del orden social, su compromiso con la movilización popular al servicio del Estado, su rechazo de la legitimidad negativa otorgada por la apatía y la desmovilización de las masas y su propósito de extirpar del todo al socialismo y subordinar a la clase obrera[317]. Pero, más que aportar una influencia política o ideológica de carácter revolucionario, buena parte del fascismo español extremó la perspectiva sobre todo católica y antidemocrática de la derecha, si bien la Falange joseantoniana, heredera de una cierta mentalidad liberal-conservadora, desplegó algunos elementos regeneracionistas y fundamentos laicos[318]. Con todo, la praxis política del fascismo español originario respondió, en buena parte, a la radicalización autoritaria de presupuestos ideológicos que podríamos considerar tradicionales en la política española[319]. Vista desde esta perspectiva (el carácter predominantemente contrarrevolucionario y nacionalizador de masas del proyecto fascista español), cobra sentido la hipótesis, avanzada por Ledesma, de que en el país no existía un movimiento fascista canónico, sino un proceso de impregnación en sus principios, valores y símbolos, hasta el punto de que no hubo formación relevante de derechas que no estuviera fascistizada en mayor o menor grado:

¿Quiénes son los fascistizados? Empresa fácil y sencilla es señalarlos con el dedo, poner sus nombres en fila: Calvo Sotelo y su Bloque Nacional, Gil Robles y sus fuerzas; sobre todo las pertenecientes a JAP, de Rivera y sus grupos, hoy todavía en la órbita de los dos anteriores, aunque no, sin duda, mañana. Sin olvidar, naturalmente, a un sector del Ejército, de los militares españoles[320].

La «fascistización» consistió, pues, en la asunción de una cierta fraseología, una simbología y las referencias a la intransigencia y la fuerza bajo un trasfondo ideológico tradicional[321]. De modo que, como dice Ferrán Gallego:

La fascistización no puede entenderse en términos de un bloqueo del fascismo como definición de área y de régimen, sino en una dinámica de aproximación de dirigentes y de base social inspirada por éstos, que va a normalizar los valores antidemocráticos en la derecha española más extrema, hasta que la línea a trazar con el fascismo, incluso en los términos ideológicos, sea demasiado tenue para determinar el carácter del régimen que sale de la República[322].

La noción de «fascistizado» se utilizó durante la Segunda República para señalar la inserción de determinados elementos de la ideología fascista en el discurso conservador tradicional. Era una forma de hacer atractivo el conservadurismo para las masas con un cierto aire de «modernidad[323]».

La fascistización no fue, sin embargo, una mimesis organizativa e ideológica superficial y de escasa importancia, sino que el fascismo llegó a impregnar, con mayor o menor intensidad, el conjunto de prácticas contrarrevolucionarias en la Europa de entreguerras[324], sobre todo a través de unos métodos de combate de masas renovadores y de tremenda eficacia. El carácter ontologico, esencial, de la violencia, distingue al fascismo de cualquier otra corriente política de la época, pues la militarización de la acción política no se entendía como un simple recurso o estrategia destinada a la conquista del poder, sino como sentido mismo de la existencia y verificación de su autenticidad. El fascismo hacía de la violencia un elemento que superaba el carácter de mero instrumento táctico para convertirse en una manifestación de la voluntad de poder nacional a través de la fuerza creadora de la acción, vinculada con la idea de regeneración y con el afán por crear una gran comunidad nacional en torno a un poderoso mito, fuera éste la raza, la romanidad, la cristiandad o la tradición. El fascismo contemplaba la violencia como un aspecto de su carácter y como una manifestación orgullosa del ser nacional antes que como un mecanismo político secundario. La violencia no era un recurso excepcional para conquistar el poder, sino una representación simbólica permanente de la disciplina y unanimidad nacionales. Esta función no instrumental le permitía admirar otras violencias revolucionarias de gran intensidad como las patrocinadas por el bolchevismo, pero negándolas ese carácter esencialista, no sólo táctico, que permite expresar la existencia de la nación homogénea y el exterminio de los adversarios[325]. Con esta exaltación de la fuerza bruta, el fascismo logró catalizar buena parte de las tendencias violentas de la posguerra, introduciendo usos exclusivamente militares en la acción política cotidiana. Con ello se confirma la tesis de Natalie Zemon Davis de que «la violencia es intensa cuando conecta íntimamente con los papeles fundamentales y la autodefinición de una comunidad[326]». Los movimientos fascistas nunca tuvieron necesidad de justificar su violencia desde la ideología como un fin, sino que al proclamarse herederos de la tradición combativa de la guerra europea, la contemplaban como un valor en sí mismo, pero también como un medio adecuado de propaganda y de combate en pos de la conquista del Estado.

La táctica fundamental del fascismo para llegar al poder consistió en el empleo sistemático de la movilización callejera y de la violencia colectiva organizada de forma militar para intimidar a la oposición política y dar notoriedad al movimiento. En general, los grupos fascistas o muy fascistizados emplearon una violencia de masas, extensiva e intimidatoria («política del matonismo», como la denomina Bessel[327]), basada en raptos, palizas y actos humillantes, ya que con ello se trataba de intimidar a los oponentes, en vez de eliminar físicamente a los dirigentes enemigos[328]. A pesar de las declaraciones de Mussolini sobre el empleo de una violencia «seria» y «constructiva», entre los escuadristas de base siempre predominó una ética de la violencia sin dirección, una popularización banalizada de la filosofía de la fuerza nietzscheana, del élan vital bergsoniano o de la violencia mítica soreliana. Del futurismo tomaron la exaltación de la guerra como momento supremo de la vida, y del combate violento como modo esencialmente masculino de realización individual. No cabe duda de que, en el caso fascista, la táctica violenta antecede a la formulación teórica y a la justificación de la misma por motivos intrínsecos o como factor revolucionario o contrarrevolucionario. Esta indefinición y flexibilidad fue un factor más para su éxito, ya que, al no verse constreñida por ninguna ideología previa, la violencia se vio favorecida por el apoyo o la inhibición de amplias capas de la sociedad italiana, para quienes el fascismo no era sino una manifestación espontánea e inocua de patriotismo. Los escuadristas no consideraban la violencia como un mero instrumento, sino como un valor en el que basaban su conducta vital. La mitología del squadrismo contrastaba las soluciones simples impuestas por la fuerza a la corrupción de la vida política parlamentaria. Muchos escuadristas estaban convencidos de que participaban en una cruzada por el renacimiento nacional cuyos auténticos objetivos se verían en el futuro. Los aspectos simbólicos y rituales de la violencia eran muy importantes y fue lo que dio originalidad al movimiento: entrenamientos, ceremoniales y culto a los caídos con gritos de «¡Presente!», en un duelo por las luchas pasadas que actuaba como estímulo de los futuros combates[329]; De este modo, la violencia, concebida como un valor en sí mismo, no desapareció con la creación del régimen mussoliniano, sino que continuó sobreviviendo en su seno[330].

Un seudofascismo frustrado:

el Partido Nacionalista Español.

En España, la adopción de estas pautas de fascistización no fue un proceso simultáneo ni uniforme. El caso del Partido Nacionalista Español (PNE) fundado en abril de 1930 por el extravagante neurólogo valenciano José María Albiñana es un buen ejemplo de ese proceso mimético que injertó una fraseología violenta (en absoluto una mística) de tono fascista a un acervo ideológico sobre todo monárquico y reaccionario, situado a mitad de camino entre el tradicionalismo histórico centrado en la confesionalidad católica del Estado y la recusación global del sistema liberal-parlamentario. Los Legionarios de España, conocidos popularmente como «Legionarios de Albiñana», nutridos de los típicos desesperados sociales, eran un embrión de milicia uniformada con camisa azul celeste y la Cruz de Santiago bordada en el pecho, cuya actuación durante el último año de la Monarquía se había acercado más a las tradicionales «partidas de la porra» ibéricas tuteladas por los gobiernos que a una auténtica milicia fascista. Su activismo monárquico, repleto de actitudes matonescas, era una réplica en tono menor de los usos callejeros de los Camelots du Roi (grupo de choque de L’Action Française) contra los símbolos y personalidades de la Tercera República. La creación de una potente milicia popular de talante subversivo como los fasci o las SA no entraba en los cálculos de los albiñanistas, que dirigían sus llamamientos de «defensa de la sociedad» únicamente a las «personas decentes[331]».

Tras un año de actividad como agente provocador del alfonsismo más recalcitrante, en abril de 1931 el PNE entró en una fase crítica: el día 13, La Nación publicó un comunicado de la Junta Política del partido fechado el día 11 en el que unilateralmente, bajo presión del Gobierno y sin consultar al jefe supremo, se anunciaba la disolución del partido para evitar que fuera confundido con «los elementos profesionales del desorden», y se recomendaba a los afiliados el acatamiento al poder establecido[332]. El 12 de febrero de 1932, el PNE fue legalizado por el gobierno de Azaña, y Albiñana inició su relanzamiento con el apoyo de Acción Nacional y del carlismo. La militancia y los estatutos del «nuevo» PNE fueron bastante similares a los de 1930: se nutrió de los afiliados de la primera época, de jóvenes monárquicos muy radicalizados cuyas pequeñas organizaciones se habían disuelto tras el cambio de régimen, junto con elementos clericales descontentos con la ambigüedad de AN respecto de las formas de gobierno. En su discurso de relanzamiento del PNE en el Teatro de la Comedia el 27 de marzo Albiñana defendió el principio del Altar y el Trono y el respeto a los institutos armados, y tras deshacerse en elogios a la Guardia Civil y declarar su hostilidad al régimen republicano, acabó afirmando:

Si en el supremo peligro de la Patria, los carlistas se lanzaran a su defensa con las armas en la mano, nosotros los Legionarios de España lucharíamos a su lado, para rechazar la barbarie forastera que se infiltra con altas protecciones […] Vosotros, millonarios, sois los únicos culpables de la angustia actual de la Patria […] si vosotros no ayudáis para impedirlo, los Legionarios de España, los nacionalistas españoles, os defenderán de los lobos revolucionarios, pero habéis de pagar las costas, ya que nosotros expondremos la vida[333].

Este escandaloso ofrecimiento como cuadrilla de matones al servicio del capital fue un nuevo toque de atención para el Gobierno. Después de haber dirigido un escrito ofensivo al «ciudadano ministro de la Gobernación» como protesta por una multa impuesta por usar la bandera monárquica en sus tarjetas de visita, Albiñana fue detenido de nuevo y declarado preso gubernativo sin derecho a defensa letrada ni recurso ante los tribunales, por «agravio para la autoridad gubernamental[334]». Esta vez la condena resultó más dura, ante las fundadas sospechas sobre la participación del extravagante neurólogo en los preparativos del golpe de Estado de Sanjurjo. Fue en ese momento cuando el ministro Casares decidió su confinamiento en calidad de detenido gubernativo y por tiempo indefinido en la inhóspita alquería de Martilandrán, uno de los parajes más desolados de las Hurdes, aunque ante las difíciles condiciones de habitabilidad fue pronto trasladado a la aldea de Nuñomoral, donde permaneció desterrado diez meses y se convirtió para la extrema derecha en un símbolo de la persecución republicana[335].

Albiñana fue un activo participante en el complot del 10 de agosto, en cuyo desarrollo hizo valer la experiencia de sus Legionarios y sus amistades con Barrera y Ponte. El PNE conectó muy pronto con la trama civil por intermedio de los tradicionalistas, que habían sido admitidos en el Centro Nacionalista Español de Madrid tras la clausura de su sede por orden gubernativa. Fracasada la intentona, muchos albiñanistas buscaron refugio en AP, sus actividades quedaron prohibidas y durante más de un año desapareció del panorama político, hasta el punto de que en la segunda mitad de 1932sus militantes activos no superaban el millar en toda España[336]. Albiñana vio endurecerse su destierro como medida preventiva, y fue de nuevo trasladado a Martilandrán, donde cayó gravemente enfermo de una dolencia pulmonar.

A principios de 1933 los monárquicos intentaron revitalizar a los Legionarios de España para hacerlos pasar de «partida de la porra» a un embrión de milicia armada. El 23 de marzo, la intervención por parte de la Policía de noventa uniformes, banderas monárquicas, organigramas de secciones deportivas y de milicias y una relación de afiliados con sus cuotas respectivas en el domicilio de Felipe Simón, secretario de Albiñana, confirmó al Gobierno esta predisposición violenta. La estrella ascendente de José Antonio Primo de Rivera y la aparición de su Movimiento Español Sindicalista (MES) esa primavera generaron una primera crisis en el seno del PNE: se perfiló una tendencia monárquica mayoritaria encabezada por Alfredo Jiménez-Millas, que apostó por el acercamiento a los carlistas, y otra corriente fascistizante dirigida por Mario Jiménez Láa y José Martín Villapecellín que contaba con fuertes apoyos en la Juventud Nacionalista. Imposibilitado de ejercer su autoridad arbitral, Albiñana hubo de contemplar en la lejanía cómo en marzo de 1933 un grupo de casi cuarenta jóvenes (entre ellos Dora Maqueda, futura dirigente de la Sección Femenina de Falange) abandonaba el partido en dirección al grupo de Primo de Rivera.

El PNE se presentó, al menos hasta fines de 1933 (y en ese período, sólo parcial y ocasionalmente) como fascista. Sin embargo, la agrupación albiñanista sólo puede etiquetarse como fascistizada, en el sentido del limitado proceso de emulación que afectó a una buena parte de las organizaciones derechistas en los últimos tiempos de la Monarquía y durante la República. Los límites de esta fascistización se perciben enseguida en su discurso, donde no se realizaba una apelación populista y demagógica a las masas, sino que, por el contrario, se abordaban los lugares comunes del conservadurismo más reaccionario. Su singularidad, que le aproximaba a los grupúsculos fascistas de aquel entonces, era su renuncia al juego democrático y su abierta disponibilidad hacia la violencia, si bien la doctrina de acción directa que propugnaba tenía un carácter de defensa del statu quo económico y social. Tanto la represión gubernamental que reclamaban como las acciones punitivas de los Legionarios de España tenían el mismo objetivo: el mantenimiento inalterable del orden tradicional[337].

En la segunda vuelta de las elecciones de noviembre de 1933, Albiñana obtuvo el triunfo por las minorías en Burgos gracias al apoyo de cedistas, alfonsinos y carlistas. Integrado en el grupo parlamentario tradicionalista-alfonsino, giró hacia postulados abiertamente reaccionarios. La ulterior fusión de FE con las JONS a inicios de 1934 dio carpetazo al espejismo de constituirse en el partido fascista dominante. Fue entonces cuando su táctica pasó del parafascismo a un ultraconservadurismo castellano de tintes agraristas bajo la tutela de las formaciones monárquicas. Sin embargo, ya desde la primavera de 1933 y sobre todo a partir de 1934, buena parte de su militancia más joven se estaba pasando a la Falange. En ese momento, el líder nacionalista se vio obligado a marcar su alejamiento táctico respecto del ideario y la estrategia política defendidos por José Antonio Primo de Rivera; el 15 de febrero, Albiñana pronunció en el Centro Nacionalista Español de Madrid un discurso sobre «Nacionalismo español y fascismo extranjero» en el que junto a ataques a la JAP abominó del fascismo por su carácter no español. Calificó a las JONS de «extravagancia» y condenó los contactos de Falange con elementos anarcosindicalistas, y en concreto con Ángel Pestaña. Unos jóvenes dieron vivas a Falange, ocasionando un pequeño alboroto, y el líder nacionalista censuró a Primo «por no seguir la ruta de su padre» hacia una pura dictadura de contenido reaccionario, ensañándose posteriormente con Alfonso García Valdecasas por su antigua adscripción al grupo orteguiano de la Agrupación al Servicio de la República[338]. Esta maniobra fue claramente contraproducente para los albiñanistas, que acentuaron su aislamiento político hasta convertirse en un grupúsculo insignificante. El foco burgalés era en ese momento el más importante y homogéneo, mientras que Albiñana realizaba en el Parlamento y en la calle una intensa campaña de exaltación patriotera, reaccionaria, ruralista y provinciana, basada en la defensa de los intereses cerealistas castellanos amenazados por las trabas que encontraba habitualmente su comercialización en las zonas industriales de la periferia.

Desde principios de marzo de 1934, el neurólogo valenciano, ayuno de apoyo económico y propagandístico, esbozó un tímido acercamiento a Falange e intentó retomar la iniciativa en Barcelona a través de la Peña Nos y Ego (que tenía, significativamente, las mismas siglas que el partido albiñanista), cuyas actividades habían sido prohibidas en Cataluña por Maciá desde el verano de 1932 por sus enfrentamientos contra el catalanismo radical y violento de los escamots de Estat Catalá. El proyecto de Albiñana era adelantarse al lanzamiento del Bloque Nacional y constituir un frente con todas las agrupaciones españolistas existentes en Cataluña, en un momento en que crecían las tensiones entre la Generalitat y el Gobierno central por el enconamiento de la cuestión rabassaire. Pero el plan se frustró cuando el 4 de marzo Albiñana agredió a varios agentes de la Brigada Social y de la Escuela de Policía de la Generalitat que irrumpieron en un acto político ilegal en la sede de la Peña. El líder nacionalista fue detenido en compañía de otras 44 personas allí reunidas. El suceso finalizó con el encierro del diputado en un calabozo de la Comisaría de Orden Público de Cataluña hasta el día siguiente, la clausura del local de la Peña y el ulterior registro en los domicilios de los militantes encausados[339].

Con nuevos y más modestos objetivos estratégicos, el PNE logró un ligero crecimiento entre 1934 y 1935, gracias al apoyo de los financieros monárquicos que cortaron su asignación a Falange a fines de 1934, y a la inclusión del movimiento albiñanista en el Bloque Nacional. Albiñana pasó a constituirse en uno de los cuatro líderes teóricos de la coalición de extrema derecha, un poco por debajo de Calvo Sotelo, pero prácticamente a la altura de Goicoechea y Rodezno. Las Juventudes del PNE, y previsiblemente los «legionarios», se unieron a las nuevas organizaciones del Bloque Nacional, mientras que Falange entraba en un período de crisis.

En diciembre de 1935, Albiñana protagonizó su último gran mitin en el teatro de la Comedia, donde, rodeado de símbolos nacionalistas y con su habitual violencia verbal, declaró:

Si el poder estuviese en mis manos, yo diría a esos delincuentes sanguinarios [las izquierdas]: por lo que tienes de político y de social te perdono. Pero por lo que tienes de asesino y de ladrón, te fusilo[340].

Naturalmente, su candidatura a los comicios de febrero de 1936 fue presentada por Burgos, el núcleo nacionalista más importante y pujante[341]. El escrutinio arrojó un discreto triunfo de Albiñana, quien quedó en el quinto lugar de la candidatura de Unión de Derechas Contrarrevolucionarias mientras que la candidatura agraria se hundía en un fracaso sin paliativos. Desde su recién renovado escaño, el líder nacionalista acentuó su retórica agrarista y su empeño en defender los intereses trigueros burgaleses, de forma que su actuación en la Cámara de marzo a mayo resultó menos brillante y espectacular que durante el bienio anterior. Pero los principales esfuerzos del PNE iban por otros derroteros, ya que la conspiración antirrepublicana se hallaba en su fase de resolución. Con todo, a la altura de la primavera-verano de 1936, los legionarios sólo eran activos en ciudades como Burgos, Valladolid y Barcelona, donde el jefe provincial del PNE, el comandante retirado Carlos López Manduley, actuaba en estrecho contacto con los conspiradores militares y mantenía relaciones de colaboración con grupos como la Peña Ibérica, España Club, Cruces de Sangre o Juventudes Antimarxistas. Aunque eran una pequeña fuerza, los legionarios estaban bien encuadrados y se mostraban mucho mejor dispuestos a subordinarse a los militares que los falangistas o los requetés[342].

Del 14 al 19 de julio, el doctor Albiñana conoció días de agitación: el día 13 fue vitoreado cuando portaba el ataúd de Calvo Sotelo, e intervino el día 15 en un acto en el Centro Nacionalista de Burgos. Salió de la ciudad castellana al día siguiente, a pesar de las recomendaciones en contra de sus seguidores, que se disponían a secundar un levantamiento armado que resultaba inminente. Cuando llegó a Madrid, Gil Robles, Vallellano, Goicoechea, Yanguas y otros líderes derechistas ya habían abandonado la capital, que se convirtió en una trampa para el líder nacionalista. El 18 de julio hubo de esconderse en casa de un sacerdote amigo mientras su casa era saqueada e incendiada. Desesperado, corrió a refugiarse en el edificio de las Cortes buscando salvar su vida con la inmunidad parlamentaria. Sabedores de su situación, Martínez Barrio y Giral trataron de socorrerle recomendándole el refugio más seguro de la Cárcel Modelo, donde fue asesinado el 22 de agosto en compañía de otros destacados derechistas como represalia a las atrocidades nacionalistas en Badajoz[343]. En los primeros compases de la guerra, el PNE se mantuvo como organización autónoma en la zona de Burgos y Valladolid, donde los legionarios se sumaron al levantamiento desde la primera hora. En Burgos, los militantes más maduros pasaron a integrarse en la defensa ciudadana local y los jóvenes, en su mayoría pequeños agricultores y jornaleros afiliados a la Hermandad Campesina Burgalesa, protagonizaron actividades represivas o intervinieron junto a unidades de Falange y Requeté en las primeras escaramuzas del Alto del León[344]. En medio de esta caótica situación, en Burgos se reconstituyó la Junta Suprema Nacionalista con jerarcas huidos de Madrid y representantes de las provincias castellanas del norte, presididos por Alejandro Ruiz de Grijalba. Como su potencial militar era bastante limitado, los legionarios pasaron a engrosar con afiliados a RE unidades como los Tercios de Calvo Sotelo y del Cid, que actuaron en Guadarrama, Somosierra y la zona de Espinosa de los Monteros. Las presiones de las autoridades militares y la decisión de los propios dirigentes nacionalistas llevaron a gestionar la disolución del PNE y la integración de sus milicias en el seno del Requeté, respetando las graduaciones. Como lógico desenlace de este proceso de convergencia, el PNE se disolvió el 8 de enero de 1937 en el seno de la Comunión Tradicionalista, mientras que los legionarios y milicias albiñanistas eran absorbidos definitivamente por el Requeté[345].

Regeneracionismo, ultranacionalismo, tradicionalismo, culto a la violencia y al líder, corporativismo, filofascismo y totalitarismo templados… tales son los ingredientes de una ideología asistemática, llena de contradicciones y sujeta a inevitables mutaciones, según el caprichoso carácter de su líder y los giros políticos que imponían las circunstancias. De ahí la difícil tipificación del PNE como fascista si analizamos su actuación cotidiana: su apoyo inicial a la Monarquía, la ayuda recibida por el alfonsismo autoritario desde la adhesión de Albiñana al manifiesto del Bloque Nacional en diciembre de 1934, sus actividades contrarrevolucionarias, su ultramontanismo católico, sus constantes referencias al orden público y al civismo burgués y su postrera integración en el tradicionalismo son, entre muchas otras, señas de identidad de un grupo marcadamente reaccionario, pese a las veleidades fascistizantes que desplegó en un período muy concreto de su existencia, aunque siempre con eco muy restringido en sus formulaciones teóricas y en su praxis política. El seudofascismo de Albiñana y el PNE supuso un intento fallido más de la derecha reaccionaria por remozar su imagen en sentido más modernizador y agresivo, pero las limitaciones del líder y de su organización, y la incapacidad para formular un ideario atractivo para amplias capas sociales impusieron su fracaso y su aherrojamiento frente a operaciones fascistas más dinámicas.

La Conquista del Estado como palestra de la

pequeña burguesía radicalizada.

Durante los años 1931 y 1932, el fascismo español fue un fenómeno residual en la política republicana, que afectó a grupos juveniles muy minoritarios y cuya incidencia en la vida política resultó casi nula. Ramiro Ledesma Ramos fue, sin duda, el dirigente fascista que concilio de manera más perfecta la teoría con la acción política. Era el representante prototípico de ese «proletariado intelectual» de los años veinte y treinta, que tras haber recibido formación universitaria gracias a la generalización de la enseñanza superior durante la Dictadura, había caído en el paro o en el subempleo, quedando relegado a un sector marginal del campo intelectual, por lo que reaccionó con violencia transformándose en activista de algún movimiento de protesta radical. De hecho, algunos autores han destacado el carácter inconformista antes que fascista de Ledesma, aduciendo una ambigüedad ideológica de base que se percibe de forma clara en sus reflexiones sobre la violencia.

Ledesma inició su carrera política el 14 de marzo de 1931 con la fundación del semanario La Conquista del Estado, sobre una idea del fascista italiano Curzio Malaparte. El primer número reproducía un manifiesto político ya difundido el mes anterior en el que se postulaba un régimen panestatalista basado en la exaltación de la unidad nacional y la articulación comarcal de España, con una economía planificada desde la vertiente sindical y una «intensificación» de la cultura de masas que dejaba entrever la manipulación propagandística típica de los fascismos[346]. En el punto 17º de «los principios a los que prometemos ser fieles hasta el fin» se preveía la «exclusiva actuación revolucionaria hasta lograr en España el triunfo del nuevo Estado. Método de acción directa sobre el viejo Estado y los viejos grupos político-sociales del viejo régimen». Sin embargo, la acción directa entendida en la teoría sindicalista revolucionaria como actuación de la masa obrera contra el Estado burgués sin intermediarios, a fin de exacerbar la polarización de clases, no era el objetivo de Ledesma, quien preveía emplearla para la conquista del Estado por parte de un movimiento nacionalista revolucionario de trabajadores más cercano al fascismo inicial. El intelectual zamorano siempre se movió en la frontera nebulosa que separaba el sindicalismo revolucionario del fascismo. Mientras que odiaba a los monárquicos retrógrados como Albiñana, alababa a los anarcosindicalistas por haber sido «los primeros en desasirse del amor burgués por la libertad», y consideraba a la CNT como «la palanca subversiva más eficaz» para la conquista del poder, si lograba canalizar los valores de rebeldía de la raza hispana contra el capitalismo y el internacionalismo marxista.

La Conquista del Estado destacaba por su invocación a las masas y su fraseología revolucionaria, orientada en especial a la juventud universitaria y a la clase obrera urbana no marxista. En contacto íntimo con el quehacer revolucionario se encontraba la acción política, que debía ser emprendida esencialmente por métodos violentos. A pesar de su proclamado jacobinismo nacional-revolucionario, el grupo liderado por Ledesma hubo de sobrevivir mediante la ayuda recibida del gobierno monárquico y los representantes más cualificados de la oligarquía financiera e industrial, deseosos de tutelar un grupo combativo que, al estilo de los Legionarios de Albiñana, frenara mediante el activismo callejero y el confusionismo en los medios universitarios la ofensiva revolucionaria de las organizaciones republicanas. A tal fin, Ledesma recurrió en vano a inicios de 1931 a la ayuda económica que pudiera prestarle Francesc Cambó. Tampoco logró respuesta a un requerimiento análogo hecho a Juan March, pero más fortuna tuvo en acceder al «fondo de reptiles» del gobierno de Aznar, aunque al caer la Monarquía se perdió dicha asignación. Entonces, Ledesma recibió apoyo de un colectivo que resulta decisivo para comprender los orígenes y los primeros pasos del fascismo en España: la oligarquía financiera vasca, mecenas de experimentos intelectuales como la Escuela Romana del Pirineo en torno a la revista Hermes[347]. Ledesma, amigo de los monárquicos José María de Areilza y José Félix de Lequerica (que había dedicado su tesis doctoral a la violencia soreliana[348]), obtuvo 10 000 pesetas para mantener sus actividades[349]. El objetivo de los financieros vascos era utilizar la capacidad dialéctica y las potencialidades violentas del núcleo ledesmista para minar la unidad de los grupos antimonárquicos, o bien sostener un núcleo activista que con sus soflamas dirigidas a una «revolución nacional» dificultase la implantación del régimen republicano. La oposición a todo intento democratizador queda bien patente en vísperas de las elecciones municipales de abril de 1931, cuando La Conquista del Estado atacó tanto a monárquicos como a republicanos por su propósito de consolidación del régimen parlamentario, frente al cual el grupo ledesmista postulaba la creación de un «Estado hispánico de novedad radical» y pedía a sus reducidos lectores que se afilaran a sus «células de combate[350]».

Ledesma nunca desdeñó las dotes de seducción que determinadas figuras públicas podían ejercer sobre amplios sectores de la sociedad. El comandante Ramón Franco, héroe del raid del Plus Ultra en 1926 y de la intentona republicana de Cuatro Vientos en diciembre de 1930, parecía disponer de los rasgos necesarios de juventud, radicalismo y carisma para arrastrar a las masas insatisfechas con la deriva moderada del nuevo régimen en la dirección nacionalista y revolucionaria deseada por Ledesma. En esa confusa época, el menor de los Franco parecía integrarse en una corriente de radicalismo militar de izquierda que había alcanzado larga fortuna en Sudamérica durante los años veinte, cuando surgieron líderes militares jóvenes como el brasileño Luis Carlos Prestes, capaces de concitar el inconformismo de sectores sindicales y de clase media frente a los sistemas políticos oligárquicos. Con estos antecedentes, Ledesma dirigió a Franco el 9 de mayo de 1931 una carta abierta donde propugnaba una revolución violenta y heroica que «no es tarea precisamente de los niveles sociales más bajos». Le calificaba de «símbolo de la verdadera revolución civil de los jóvenes» y le invitaba a participar como líder del incipiente movimiento subversivo apadrinado por La Conquista del Estado[351]. Ledesma no recibió ninguna respuesta de Franco, que en último grado optó por continuar sus tareas conspirativas con apoyo libertario ese verano en Sevilla, y militó más tarde en grupúsculos federalistas, anarquizantes o filocomunistas antes de iniciar su particular «camino de Damasco» en 1934. Sin embargo, la «Carta al comandante Franco» permitió establecer contactos con grupos de curiosos en Extremadura, Galicia, Cataluña, Valencia, Lisboa (Açáo Nacional), Francia (revista Plans, afín a Hubert Lagardelle y Georges Sorel), Valladolid (grupo de Onésimo Redondo), etc. Los aviadores Julio Ruiz de Alda, Francisco Iglesias Brage y José Luis Escario se afiliaron tras la quema de conventos a las inexistentes «falanges de combate[352]», de forma que el carácter híbrido del futuro jonsismo quedó fijado por la adscripción de un heterogéneo y reducido grupo de intelectuales, técnicos y profesionales de la pequeña burguesía y la clase media de ideología radical y revolucionaria, junto a elementos activistas procedentes del sindicalismo cenetista.

Las primeras teorizaciones de Ledesma sobre la violencia política presentaron una confusa amalgama entre la confianza en el talante revolucionario y creador de la masa de origen sindicalista, el antimarxismo, el elitismo y la mística nacional del fascismo, y la concepción leninista de un partido organizado de forma clandestina y destinado a ser la vanguardia política de un movimiento revolucionario de masas. En un artículo sin firma, pero con su estilo inconfundible, aparecido en La Conquista del Estado el 23 de mayo, se reproducían los lugares comunes de la ideología del radicalismo pequeño —burgués con tufo a cacharrería ateneísta que había prevalecido en las manifestaciones de mediados de mes: el cambio de régimen no había significado, por su mismo proceso electoral y parlamentario, un cambio revolucionario, al cual se mostraba proclive «la España valiente y violenta», en contra del reaccionarismo monárquico y el reformismo democrático republicano y socialista[353]. El rechazo de Ledesma a los usos políticos convencionales era, por tanto, radical, y muy cercano por ese entonces a los que, como el comandante Franco, apostaban por una «segunda revolución» tecnocrático-sindicalista. Bien es cierto que Ledesma no realizaba un profundo análisis socio-político sobre el modo de conseguir ese deseable ambiente subversivo, sino que pretendía, en buena lógica soreliana, el rearme moral del español a través de los mitos de la violencia juvenil y los «valores hispanos», confrontados al histórico conformismo y a la admiración hacia lo foráneo. Se trataba, pues de «lanzar sobre España el culto de la fuerza y el vigor[354]». En su opinión, el principal fallo de la República era haber llegado sin lucha, sin la violencia necesaria para propiciar un cambio radical[355]. Ledesma recogió de Sorel la función creadora y el valor moral de la violencia. Como el pensador bretón, postulaba el surgimiento de una vanguardia intelectual que fuera creando mitos populares de contenido revolucionario, pero a falta de esa vanguardia había de ser «el sindicalista ciego y anónimo, el luchador impenitente, quien marque una ruta de violencia, de creación y de gloria[356]». Sin duda, Ledesma admiraba la capacidad subversiva de los Sindicatos Únicos de la CNT, frente a un socialismo que reputaba en decadencia por su renuncia a los principios revolucionarios. Su fascinación por la violencia brotaba, siempre en la estela de Sorel, de la visión constituyente de la misma, por su carácter de expresión y radicalización de la propia voluntad, por su vigor afirmativo de la libertad individual en el seno de la comunidad movilizada, y por la recreación que la futura milicia fascista pudiera hacer de la homogeneidad nacional llevada a los esquemas cuarteleros de una práctica paramilitar[357]. Del mismo modo que Sorel elaboró el mito del trabajador— guerrero que a través de la lucha sindical y de la huelga general generaba una nueva sociedad, Ledesma buscaba la movilización de la juventud como auténtico actor revolucionario, hasta el extremo de recusar el mando político a los menores de 45 años[358]. La exaltación de la fuerza se hizo más intensa cuanto más patente era la consolidación de la República y la indiferencia de la juventud a las consignas lanzadas desde La Conquista del Estado, ya que el uso de la violencia implicaba una identificación de la función de vanguardia de la juventud en el proceso revolucionario.

Sorprende la extraordinaria prolijidad con que Ledesma analiza la «acción directa» en las sucesivas publicaciones que tuvo a su cargo. Sin embargo, la alternativa política que propuso destacaba por su vaguedad. A la indefinición respecto al régimen corporativo nacional-sindicalista revolucionario postulado se unió la falta de concreción respecto de los mecanismos subversivos que debían aplicarse: ¿unas células de combate —políticas y sindicales— que asumirían la función de capitalizar y coordinar el descontento de grupos de asalariados y de jóvenes estudiantes? Su planteamiento violento de la acción política soslayaba toda referencia a las circunstancias objetivas que pudieran favorecer o frenar una intentona subversiva, cuyo éxito o fracaso sería irrelevante frente a la tarea primordial de construir la nueva sociedad a través de un hombre nuevo, galvanizado por el desprecio a la moral burguesa y por la primacía del instinto y los valores creativos de agresión y violencia cercanos a la voluntad de poder del Übermensch nietzscheano. Su acción revolucionaria se basaba en un hipotético «asalto guerrero al poder», articulado «del modo que mejor logre la eficiencia revolucionaria. Se trataría, pues, de “un levantamiento del pueblo” que entregaría el gobierno a un auténtico “poder revolucionario”, ya que, de hecho, el pueblo se entrena para las nuevas jornadas y muy pronto preferirá debatir el problema de España en la calle, armas al brazo, en vez de emitir votos en las urnas[359]».

La estrategia que sugería Ledesma era el acoso al naciente régimen democrático por dos flancos: desde la izquierda, mediante la paulatina politización del sindicalismo cenetista en un sentido nacional, lo que implicaba el rechazo de toda veleidad anarquista. Desde la derecha, a través de la captación de los sectores más jóvenes de la clase media sugestionados por una eficaz campaña de exaltación españolista. Para el primer cometido, Ledesma logró atraer a un grupo reducido de militantes y dirigentes del cenetismo más moderado y proclive a posturas nacionalistas. El más destacado de ellos fue Nicasio Álvarez de Sotomayor, estudiante de medicina, dirigente de la FUE, destacado socio del Ateneo de Divulgación Social fundado en 1922 y creador del grupúsculo sindical Tec-Tra, que se puso en contacto con Ledesma durante la huelga que la CNT lanzó contra la Compañía Telefónica ese verano. En mayo de 1931, cuando aún militaba en el Sindicato Único, Sotomayor declaró en una entrevista concedida a Ledesma su disposición a formar «cuadros de combate, armados, que den la batalla y consigan la victoria del proletariado» dentro de la organización confederal. Carente aún de una doctrina subversiva definida y de fuerzas de acción propias, el grupo de Ledesma trató de buscar cobijo en el seno del sindicalismo cenetista, destacando su carácter luchador, pero esgrimiendo el nacionalismo radical como factor distintivo. La estrategia de acercamiento a la CNT se basaba en su infiltración como «grupo de oposición» con el apoyo de hombres como Sotomayor o Francisco Guillen Salaya, hasta lograr el triunfo de las tesis nacionalizadoras en el sindicato o el desgajamiento de una parte significativa del mismo en esa misma dirección, lo que podría generar la base idónea para la formación de un fuerte partido fascista, tutelado naturalmente por los monárquicos. Pero los sucesivos intentos de captación de Pestaña y su grupo —verdadera obsesión del fascismo español durante los primeros años de la República— se saldaron siempre con rotundos fracasos.

En lo que respecta al objetivo nacionalizador de la juventud, La Conquista del Estado se distinguió por sus furiosos ataques al nacionalismo catalán, tema movilizador por excelencia de la pequeña burguesía conservadora y centralista de raigambre castellana. Una de las ideas más difundidas por La Conquista del Estado fue la del papel del Estado como garante supremo de la unidad nacional. Conocedor de la hipersensibilidad mostrada por buena parte de la opinión pública conservadora respecto al «problema catalán», el grupo de Ledesma exigió un aplastamiento revolucionario o la intervención represiva del Ejército contra «los esbirros del fusilable Maciá» y contra «esa generalitat vergonzosa, mediocre y melenuda», en clara alusión al conseller del Instrucción Pública, Ventura Gassol. Con estos antecedentes, una de las primeras acciones violentas planeadas por el grupo fue el boicot a la llegada de los parlamentarios catalanes a las Cortes Constituyentes a inicios de julio: se pensó en organizar grupos de 18 o 20 militantes, que colocarían dos o tres petardos confeccionados por un antiguo «joven bárbaro» lerrouxista en la estación del Mediodía. La acción culminaría con el reparto de un manifiesto que pedía al pueblo madrileño apoyo para una manifestación antiseparatista. Sin embargo, una delación del regente de la imprenta donde se confeccionaba la proclama dio al traste con toda la operación. El director general de Seguridad, Ángel Galarza, se incautó de las hojas, practicó una serie de detenciones, entre ellas la de Ledesma, y suspendió la publicación de La Conquista del Estado el 25 de julio[360].

Las circunstancias políticas demostraron que esta convergencia nacional-revolucionaria del sindicalismo y de la clase media centralista bajo los auspicios del grupo de Ledesma resultaba imposible: el cenetismo se radicalizó y acentuó su tradicional fragmentación por la querella planteada entre el insurreccionalismo defendido por el sector anarquista más irreductible y la actuación política y sindical propugnada por el grupo moderado liderado por Pestaña, mientras que la pequeña burguesía, salvo minorías estudiantiles y reducidos sectores de empleados, tampoco se vinculó a los primeros proyectos de fascistas españoles, porque hizo suyas en términos globales las pautas de convivencia democrática sancionadas por el régimen republicano. En general, sus ideas nebulosas y de regusto unamunesco y orteguiano sobre la unión de lo nacional y lo social en la mística de la revolución calaron poco en las juventudes estudiantiles españolas, entusiasmadas aún por la transformación de sus reivindicaciones corporativas en un verdadero movimiento de contestación política y transformación revolucionaria en sentido democrático o socialista. En esa tesitura, la «tenaza» subversiva diseñada por Ledesma resultaba una entelequia, y sus esfuerzos por deslegitimar la acción de la República e impedir una vida institucional normal quedaron abocados al fracaso.

Ledesma osciló entre el nacional-sindicalismo y el sindicalismo revolucionario de CNT durante todo el año 1931. Pero los intentos de nacionalización del sindicalismo cenetista y del comunismo heterodoxo, que se repitieron a lo largo de los años[361], no hacen de Ledesma un nacional-bolchevique al estilo de Heinrich Laufenberg, Friedrich Wolffheim o Ernst Niekisch, que hicieron precisamente el camino opuesto, desde la revolución social a la liberación nacional con un componente claramente antifascista[362]. Este ensayo de conjunción armónica de las concepciones más radicales de lo nacional y lo social no implicó que Ledesma lanzase un ataque decidido contra el capitalismo financiero (su principal fuente de ingresos) o llamara a una revolución nacional-proletaria de tonos radicales, sino que se trataba de una maniobra de atracción de los trabajadores menos concienciados políticamente para dotar a su frágil formación fascista de una «ancha base proletaria[363]».

Orígenes y violencias de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista.

La actitud del grupo de La Conquista del Estado durante el conflicto de la Telefónica llenó de comprensible inquietud al sector financiero que le apoyaba económicamente. En su opinión, resultaba permisible una cierta retórica revolucionaria, siempre que sus acciones políticas no se dirigieran a poner en duda el sistema capitalista o apoyaran a organizaciones cuyo programa se orientaba sin ninguna duda en esa dirección. A pesar de haber logrado algún modesto donativo de los banqueros bilbaínos, pronto se agotaron los fondos, y la discusión interna determinó la dispersión del grupo. Aunque la derecha monárquica siguió apoyando las empresas político-intelectuales de Ledesma[364], no resulta descabellado pensar que desde los círculos monárquicos de Bilbao y Madrid se forzó una operación de convergencia del ledesmismo con otros grupos de la derecha radical, como el liderado por Onésimo Redondo en Valladolid, circunstancia que permitiría centrar los gastos de apoyo en una sola organización con mayores posibilidades políticas y atemperaría pasadas veleidades revolucionarias.

A priori, el entorno de Redondo no parecía el más idóneo para tales planes de convergencia, ya que era el exponente de un nacionalismo de tono populista más cercano a Albiñana y Gil Robles que a Ledesma. Durante su estancia en el colegio católico de la Universidad de Mannheim en 1930, Redondo había trabado contacto con el movimiento nacionalsocialista alemán, e incluso llegó a considerar a Hitler como el paladín del cristianismo frente al marxismo. A su regreso dedicó sus esfuerzos al desarrollo de un Sindicato de Cultivadores de Remolacha de Castilla la Vieja, mientras que su vinculación a la ACNP le llevó el 5 de mayo de 1931 a participar en la fundación de Acción Nacional de Valladolid, nutrida en gran parte por jóvenes católicos controlados por la Compañía de Jesús y la Agrupación San Luis Gonzaga («Luises»), que formaron su primera cohorte de seguidores[365]. Pero su carácter violento, intolerante y dogmático precisaba de un movimiento más dinámico y radical. De este modo, el 13 de junio de 1931 fundó el semanario Libertad con tres objetivos básicos: la unidad nacional, la preeminencia de los «valores hispánicos» tradicionales y un vago concepto de justicia social. Este «semanario de la Revolución Hispánica», que salía los lunes por la tarde en medio de constantes escaramuzas violentas y multas gubernativas[366], tiraba por término medio unos 5000 ejemplares que se solían vender en su totalidad, a pesar de lo cual el periódico mantenía un fuerte déficit. No cabe duda de que su aparición provocó un cierto revuelo y desorientación en Valladolid por su retórica de matices anticonservadores y futuristas, ejemplificada en gritos del tenor de «¡Amemos la guerra, y adelante!».

Tras haber colaborado activamente en la campaña de Acción Nacional a las Cortes Constituyentes, Onésimo Redondo proyectó la formación de un organismo político de combate. En julio se entrevistó con Ledesma en Madrid, con el propósito de llegar a una confluencia de intereses. Se coincidió en la sustancial oposición al régimen republicano, aunque Ledesma mantuvo su escepticismo respecto al conservadurismo católico de Onésimo y su concepción puramente defensiva de la violencia. Éste, por su parte, nunca estuvo de acuerdo con el carácter mesiánico que Ledesma otorgaba al empleo de la fuerza como principio vital. Fue entonces cuando Redondo decidió impulsar los primeros pasos de un grupo político de ámbito regional y nominalmente independiente de los católico-agrarios: el 9 de agosto fundó las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica (JCAH) a través de una proclama donde exponía su proyecto imperialista español, ruralista, racista y religioso, basado en primer término en la reconstrucción moral, política y económica de Castilla, y en última instancia en la forja de un Estado fuerte y totalitario que interviniera de forma sistemática en una realidad socioeconómica fundamentalmente corporativa. Con todo, Redondo propugnó un nacionalismo español popular y no confesional, ya que al ser inevitable la lucha contra las organizaciones marxistas, «no es conveniente ejercitar esa violencia en la política con la Religión como bandera[367]».

Desde el primer momento, su rechazo de la lucha de clases alternó con los ataques a la democracia, el marxismo, el judaismo y la masonería, erigidos en enemigos irreconciliables de este proyecto regenerador. El estilo de Onésimo era claramente involucionista, y él mismo justificaba dicho talante al asegurar que «con este credo conservador y restaurador ya tiene la nueva política un magnífico contenido revolucionario[368]». Sin embargo, dicha actitud retrógrada no implicaba moderación ni pacifismo:

Sólo puede realizar nuestro programa un partido joven, animado de la violencia que distingue profundamente a nuestro carácter nacional y decidido a combatir sin tregua […] El momento actual, jóvenes compatriotas, nos obliga a tomar las armas. Sepamos usarlas para defender nuestro patrimonio y no al servicio de los políticos.

La juventud debe ejercitarse en la lucha física, debe amar por sistema la violencia. La violencia nacional es justa, es necesaria, es conveniente. Es una de nuestras consignas permanentes la de cultivar el espíritu de una moral de violencia, de choque militar. Fatalmente, la lucha reviste un carácter de eliminación recíproca. O España o la anti-España[369].

Los 30 o 40 militantes de las JCAH de Valladolid eran en su mayoría jóvenes empleados, estudiantes, pequeños propietarios y seguidores personales de Onésimo Redondo durante su época al frente del sindicato remolachero, apoyados por universitarios como José Antonio Girón, Carlos Sanz, Narciso García Sánchez, Manuel González Vicén, Elias Iglesias, Fernando Bulnes, los hermanos Ercilla o Javier Martínez de Bedoya. Desde su primer número, Libertad desplegó un ruralismo regeneracionista inspirado en Costa y Macías Picavea, que le hizo creíble como portavoz de las masas de pequeños campesinos propietarios (labradores familiares) afectados por los procesos de modernización agraria que impulsaban las grandes industrias transformadoras. La otra seña de identidad de las JCAH era de índole generacional. Redondo recomendó desde el primer momento a los jóvenes «disciplina y audacia en su acción de minorías[370]», aunque su prédica fundamentalista le acercaba más a la «formación de selectos» del propagandismo católico que al moderno vanguardismo totalitario. Consideraba imprescindible la intervención de los jóvenes en una política que era, antes que nada, una «milicia cívica[371]», ya que «sólo la instrucción militar y la disciplina de los jóvenes puede redimir a los pueblos[372]».

¿Cuál era su proyecto de Estado una vez que resultara triunfante la «revolución hispánica»? Evidentemente, «una dictadura nacional, de origen popular, que liquide el mito histórico del parlamentarismo y extirpe del suelo patrio la traición marxista[373]». Aunque el grupo de Libertad nunca gustó de autocalificarse como fascista, pues pensaba que la «revolución hispánica» que preconizaba era original, consideraba que el fascismo, al suponer «un recurso de fuerza para salvar la civilización» y ser «una idea que venera la fuerza y que erige la dictadura nacional en régimen de salud», perseguía objetivos muy similares[374]. De modo que la postura política de Onésimo y Libertad estaba mucho más cercana al fascismo místico, religioso y autoritario de José Antonio Primo de Rivera que al revolucionarismo populista, mítico y subversivo de Ledesma. Menos abstracto en su concepción de la violencia, aunque más espiritual por su contenido religioso y telúrico, sus caracteres teóricos fueron menos originales, y evidenciaban una clara contradicción entre el carácter sobre todo defensivo de su lucha antimarxista y la retórica subversiva que llamaba a la acción de las «juventudes hispánicas». Las justificaciones morales y políticas de la violencia ocuparon un espacio importante en las tesis doctrinales de los fascistas vallisoletanos de la primera hora: en primer lugar, el uso de la fuerza quedaba excusado por la inoperancia gubernamental ante la proliferación de las amenazas contra la integridad nacional, ya que el poder establecido estaba en la obligación de reprimir la violencia revolucionaria, si bien en ausencia de la ley o de su corolario coercitivo resultaba lícito para los ciudadanos utilizar la violencia privada de las milicias nacionales contra la coacción inducida por la lucha de clases. En esas circunstancias, como aseveraba Redondo:

[…] no hay otro camino que el de la propia acción, ni otra actitud que la de la virilidad insuperada, ni otro recurso defensivo que el de la propia violencia. Contra esta necesidad patente, ya no puede haber más argumento que el de la cobardía.

aunque había que estar atentos para que «la violencia no se aplique más que ante el desamparo del Poder y en el mínimo necesario[375]». Si bien, en la línea del «vigilantismo» político clásico, la violencia podía ser utilizada como recurso de defensa de la nación o como adecuada represalia contra los enemigos del Estado, tampoco faltaron argumentos cercanos al derecho a la rebeldía que había vuelto a ponerse de moda en esos años en los medios católicos españoles más intransigentes. Bajo ese prisma, la coacción física podía emplearse para fortalecer la idea nacional incluso frente a las agresiones procedentes de un gobierno injusto[376].

El 10 de octubre de 1931, después de una serie de reuniones celebradas en Madrid el verano anterior bajo los auspicios del grupo de financieros vascos, se llegó a un acuerdo de fusión entre los grupos de Ledesma y Redondo. La convergencia quedaba justificada por la complementariedad de intereses: Onésimo deseaba ampliar el alcance de su ideología hispánica fuera del feudo castellano, y Ledesma aspiraba a mantener la ayuda económica e intentar llevar adelante el proyecto de «Bloque Social Campesino». La confluencia hacia el fascismo se había realizado por dos vías muy divergentes: la del agrarismo clerical y reaccionario y la del sindicalismo nacional-revolucionario, coincidentes ambas en su identidad antimarxista y patriótica, en la apelación a la juventud, en la creencia en el poder creador de la violencia, en la trascendencia del Estado corporativo y en la extracción social de parte de su militancia: la juventud pequeñoburguesa universitaria. Sin embargo, el estilo de lucha antirrevolucionaria de Redondo y su defensa de los intereses agrarios castellanos respecto del mercado catalán y el proteccionismo arancelario estaba bastante lejos de la retórica obrerista de La Conquista del Estado, quien al dar la noticia de la unión de ambas entidades en las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS) ratificó el carácter violento de su protesta colectiva con un nuevo llamamiento a la acción directa como método, aunque no único, de lucha política antes que social o económica:

La acción directa que las Juntas proclaman como su método predilecto de lucha, no ha de entenderse como una práctica exclusiva de la violencia. Más bien como una táctica que prescinde del actual Estado liberal-burgués, como protesta contra la inercia de éste frente a las audacias de los grupos antinacionales.

Pero la acción directa es asimismo violencia. El hecho de que la decrepitud pacifista imponga hoy en España que sólo la Guardia Civil puede batirse contra la anarquía y rechace con pavor análogo al de una virgencita el uso viril y generoso de las armas contra los enemigos de la patria, este hecho, repetimos, no puede ni debe influir en la táctica de las Juntas[377].

La tan traída y llevada acción directa iría dirigida, además de contra el demoliberalismo y el separatismo, contra el marxismo de un modo preferente. Ledesma propugnaba conquistar la calle con «un único y exclusivo blanco: las organizaciones marxistas». La lucha contra el comunismo quedaba fuera de cuestión, pero «jamás hemos de reprochar su apelación viril y heroica a la violencia. Es más, gran número de batallas las libraremos a su lado, junto a ellos, contra el enemigo común, que es la despreciable mediocridad social-demócrata[378]». Esta alianza táctica con el comunismo jamás se haría efectiva, y el antimarxismo furibundo acabó por ser el rasgo dominante del jonsismo posterior. En el programa de 17 puntos del movimiento, cuya aparición coincidió con lo más álgido de la campaña en pro de la revisión constitucional, se expresaba el respeto a la tradición religiosa católica, y se reclamaba una política de «exterminio y disolución de los partidos marxistas antinacionales y traidores» mediante la intervención de las Milicias Nacional-Sindicalistas y el apoyo popular con vistas a la «acción directa al servicio de la Patria[379]». En el Manifiesto Político de las JONS también se proclamó como primer deber la formación de «un ejército civil, las Milicias nacional-sindicalistas, que de un modo técnico y regular, con entusiasmo y sacrificio, garanticen la victoria de los ideales nacionales» y exterminasen mediante la violencia la democracia, el marxismo y el separatismo[380]. Era la primera ocasión en que se mencionaba el proyecto de constitución de una organización paramilitar propia, lejana de las células de combate de primera hora o de los cuadros civiles que canalizarían la energía violenta de las masas juveniles. La táctica a seguir no era la lucha inmediata contra el Estado, sino una primera fase de acción dirigida a la conquista de la calle contra un enemigo bien caracterizado: las organizaciones marxistas, pues «es evidente y claro como el sol que el marxismo es invulnerable a todas las arremetidas menos a una: la violencia fría y sistemática que sobre él se ejerza. Violencia legítima, porque el marxismo es asimismo violencia sobre y contra la sociedad nacional[381]». Las JONS se organizarían, pues, como un partido-milicia que intentaría por sí mismo o a través de alianzas un asalto violento contra el sistema demoliberal que sofocaba toda iniciativa nacional regeneradora, pero en primer lugar lucharía contra la amenaza marxista[382].

Onésimo Redondo fue quizás el ideólogo fascista español que expresó con más virulencia esta fobia antiizquierdista. La violencia debería utilizarse ante todo ante la amenaza marxista, que utiliza los más sinuosos métodos subversivos para conseguir el poder:

Hay una violencia física, ejecutada en la calle, dirigida contra las personas, los edificios o los símbolos que se odian. Entre nosotros la violencia física sólo la ponen en práctica los tumultuarios secuaces de la lucha de clases y los enemigos fanáticos de la religión católica, emborrachados con centenares de fábulas incultas.

Hay también la violencia de la palabra y la de la pluma. Por eso los periódicos masónicos, los judíos y los marxistas se caracterizan por su destreza y entusiasmo en el ejercicio de la violencia. A fuerza de grandes titulares, rumores abultados, gritos catastróficos y alardes, ya de glorificación, ya de bravura, deshacen planes de gobierno, sepultan en la ruina o el desdén prestigios o personas, derriban instituciones, congregan masas fanatizadas y ganan elecciones viciadas por la verdadera coacción de la palabra calumniosa, amenazadora, apocalíptica o simplemente estridente; por la violencia […]

Y como pueden ellas, esas fuerzas ocultas y los partidos que son su hechura, morir de la misma muerte, prohíben con avidez y sin escrúpulos el uso de parecidas armas, cohibiendo la violencia contraria, aún la circunscrita a normas lícitas. Ésa es la dictadura de las izquierdas[383].

Según este razonamiento, «hay que acabar con el monopolio de la violencia —el de la palabra y el de la acción— detentado por la chusma musulmana de los socialcomunistas. Hay que restablecer la decencia hispana a toda costa[384]». El pensamiento del agitador vallisoletano quedaba, pues, a medio camino entre el reaccionarismo de Albiñana y el radicalismo nacional-revolucionario de Ledesma, en una actitud más espiritual que activa, como testimoniaba el escaso dinamismo del núcleo jonsista (y posteriormente falangista) de Valladolid. A pesar de la persecución policial sufrida en la desarticulación del supuesto «complot contra la República» de septiembre de 1931, el nuevo grupo presentó sus estatutos a la Dirección General de Seguridad el 30 de noviembre, y adoptó como emblemas el yugo y las flechas y la bandera rojinegra de connotación anarcosindicalista, junto a los gritos ledesmistas de «¡Arriba España!», y «¡España Una, Grande y Libre!». En los primeros tiempos de su andadura, las JONS se estructuraron en células sindicales y células políticas. Las primeras, fruto casi exclusivo de la actividad de Sotomayor, estaban integradas por grupos de una decena de individuos del mismo gremio sindical, y las segundas se componían de cinco militantes de profesiones diversas, siempre que se tuviera la edad requerida de 18 a 45 años. Enseguida, el nuevo grupo comenzó a soportar los ataques de la izquierda republicana y socialista y de ciertos grupos de la extrema derecha como el PNE. Con grandes esfuerzos se logró la organización de núcleos jonsistas en otros puntos de España, en especial en centros docentes, pero el activismo no impidió que a fines de 1931 la organización continuara en un virtual anonimato y en delicada situación económica, ante el recorte de la ayuda monárquica, más interesada ahora en crear sus propios medios de resistencia antirrevolucionaria.

La violencia retórica dejó pronto paso a la agresión: a inicios de 1932 Ledesma y el excenetista y exlegionario Guillén Salaya salieron ilesos de un atentado preparado posiblemente por sindicalistas en la estación de metro de Alvarado[385]. El 25 de febrero el grupo jonsista de Madrid interrumpió una conferencia sobre el paro obrero[386], de forma que cuando Ledesma fue invitado por el Ateneo de Madrid el 2 de abril para pronunciar una conferencia titulada «Fascismo frente a marxismo», el ambiente estaba muy enrarecido: en medio de un impresionante tumulto, el grupo jonsista entabló una refriega con comunistas y socialistas. Estos sucesos supusieron el «bautismo de fuego» de las milicias madrileñas y una de las primeras manifestaciones claramente antifascistas, con la creación de un «Comité de Defensa» en un recinto que, como el Ateneo, continuaba muy sensibilizado por la persecución dictatorial y las agresiones de los «legionarios» del PNE[387].

Mientras tanto, en Valladolid, el gobernador civil, José Guardiola Ortiz, presentaba constantes denuncias contra Libertad y la sede jonsista de la calle Alonso Pesquera, que fue clausurada en varias ocasiones. También a inicios del año 1932 se produjeron altercados entre jonsistas e izquierdistas con motivo de un acto de desagravio a la Guardia Civil por los sucesos de Arnedo[388], y el 14 de enero las JONS vallisoletanas asaltaron el domicilio social de la FUE en una escalada generalizada de la violencia estudiantil como protesta por la discusión parlamentaria del Estatuto de Cataluña. El 2 de mayo, Luciano de la Calzada, catedrático auxiliar de Historia en Valladolid, de procedencia tradicionalista y colaborador con Onésimo Redondo en el lanzamiento de Libertad, reconocía en las páginas de esta revista que la acción violenta había sufrido un cambio radical en su técnica y denominación, pasando de la conspiración misteriosa a un plan de acción exacto y libre de toda improvisación, cuyo principal objetivo era la incautación de los resortes fundamentales del gobierno. Pero

La conquista violenta del Estado no es ni ha sido nunca un hecho esporádico sin relación con una realidad social, política o religiosa preexistente, ya que histórica y lógicamente jamás pierde su carácter de protesta que es la razón suprema esgrimida en las campañas proselitistas[389].

Estas consideraciones golpistas inspiradas en Curzio Malaparte parecieron una premonición, ya que los días 3 y 9-10 de mayo se produjeron en la ciudad graves disturbios estudiantiles con motivo de la discusión del Estatuto catalán, que arrojaron el balance de un muerto y varios heridos. Onésimo dio cerrojazo precipitado a la campaña antiestatutista, pero, ante las protestas de los grupos republicanos, el gobernador clausuró las JONS locales el 15 de mayo, porque «en su domicilio se fraguaban las revueltas de estos últimos días y sus más destacados socios tomaron parte en las mismas[390]».

Los choques entre universitarios de distintas tendencias siguieron siendo frecuentes en la capital castellana, aunque también existía un comité universitario en las JONS madrileñas, que actuaba de forma discreta en los institutos de Bachillerato Lope de Vega, Calderón de la Barca y Cisneros. Como señala un conocido agente italiano, «el movimiento encontró un objetivo inmediato en la lucha contra la FUE[391]». La actividad violenta del grupo jonsista, necesariamente reducida por falta de medios, se encaminaba a perpetrar acciones espectaculares que significaran una baza propagandística de cara a la juventud burguesa que frecuentaba sus lugares de proselitismo. La sucesión de disturbios permitió un mayor adiestramiento en el asalto y la lucha callejeras, aunque el potencial organizativo siempre sería muy débil.

Redondo participó activamente en los preparativos de la sublevación de Sanjurjo, en contra de la opinión de Ledesma, quien rechazó la intentona por monárquica y reaccionaria. A inicios de 1932 aparecieron en Libertad llamamientos para la creación de milicias antirrevolucionarias[392], y tres meses después Onésimo presentó en términos apocalípticos la situación de España y la necesidad perentoria de tres factores para llevar adelante la guerra civil: hombres, dinero y propaganda[393]. Si Redondo estaba perfectamente al corriente de las conspiraciones monárquicas, Ledesma no fue informado en absoluto, lo que da mucho que pensar respecto a la coordinación y sincera colaboración entre ambos grupos y la verdadera naturaleza reaccionaria del foco jonsista vallisoletano[394]. No es de extrañar que las JONS actuaran de forma marginal y descoordinada en la intentona del 10 de agosto. Aunque Ledesma no apoyaba la acción militar, fue detenido el día del golpe y liberado veinte jornadas después, mientras que Onésimo, participante activo junto a la JONS vallisoletana en la acción secundada por el general Ponte, hubo de huir a Portugal hasta el 16 de octubre de 1933, debilitando la organización y abriendo una brecha de recelos con el foco madrileño que se mantuvo durante el siguiente medio año.

A inicios de la primavera de 1933, y coincidiendo significativamente con la apertura del debate sobre el liderazgo del fascismo español, se inició una nueva fase en la teoría de Onésimo sobre la lucha armada. Bajo el título genérico de «Hacia una nueva política», aparecieron una serie de artículos influidos evidentemente por el grupo madrileño de Ledesma, con quien coincidía en la necesidad de organizar un ejército juvenil bien ejercitado física y moralmente, pero al que aportaría su previa concepción de la milicia y la característica impronta agrarista muy cercana a la teoría völkisch del Blut und Boden o del culto a la tierra y los muertos de Barres: imposición de la política campesina «terrícola» como contraveneno del «estado decadente de la raza», e ideal humano basado en el campesino castellano, sacrificado, místico, frugal y austero:

La formación de un ejército juvenil —milicias— bajo la consigna del «Servicio a España» reúne todas las ventajas para una conquista a fondo del Poder público, para una revolución auténtica, atañente más a los espíritus que a los medios de goce material, y para una eliminación definitiva del régimen de partidos con la consiguiente instauración de un Estado nuevo.

Las milicias nacionales alistarán a la juventud en un organismo moral y disciplinario de fuertes deberes, fuertemente practicados, precisamente lo contrario que hacen todos los partidos, atentos a explotar cuesta abajo el repique de los derechos, las libertades, las prerrogativas de lo que llaman el «pueblo» […].

Con el ejercicio de la ACTIVIDAD FÍSICA, la educación deportiva y la afición valerosa a las inclemencias del campo y a la fatiga de las marchas, se vigorizarán prácticamente los grupos jóvenes alistados […] Por último, EL EJERCICIO VOLUNTARIO, PERO SERIO Y RIGUROSO, DE LA DISCIPLINA, de la obediencia a los jefes, eliminará en los jóvenes el tóxico individualista y libertario[395].

La milicia sería el instrumento político que impulsaría esta lucha por la regeneración nacional. De ahí que no fueran sorprendentes los llamamientos realizados desde Libertad a la creación de grupos encuadrados través de la instrucción militar y la disciplina de las juventudes. Este rearme efectivo de los grupos fascistas era una idea compartida por Javier Martínez de Bedoya, uno de los colaboradores más perspicaces de Libertad, para quien la violencia ofensiva y defensiva eran dos aspectos indisociables de una misma realidad conflictiva identificada con la guerra civil:

Hay que organizar la violencia, no como único medio para el triunfo, sino para tener manera de contrarrestar la violencia de los contrarios y para sustituir con garantía de éxito las claudicaciones de la autoridad. La juventud tiene que formar una milicia de ofensiva nacional […] Acción teórica, mítines, conferencias, prensa, todo en alto grado; y acción práctica: empuje, valentía, decisión. Éstos son los dos puntos fundamentales para el triunfo[396].

Redondo otorgaba gran importancia a la preparación tanto física como moral de la milicia, que debía alcanzarse a través del retorno al campo, percibido como la fuerza telúrica que actuaría de germen del resurgimiento nacional. En eso, y como afirma Ridruejo, el populismo castellanista de Onésimo «era una variante más radical y, por supuesto, antiliberal y tradicionalista, del agrarismo castellano-leonés», que no aceptaba las innovaciones materiales, políticas o ideológicas fruto del régimen capitalista[397]. El espíritu sacrificado y guerrero del campesino castellano debería ser ejemplo para la conducta de los jóvenes militantes: sobriedad en la vida, pero furia y heroísmo en la guerra por una causa nacional justa, en la línea interpretativa del derecho público cristiano.

A principios de 1933, al tiempo que Ledesma era condenado a dos meses de cárcel por un artículo anticatalán, Hitler subía al poder en Alemania y se producían los sangrientos sucesos de Casas Viejas. Tras salir del penal de Ocaña, Ledesma hizo un viaje a Bilbao para recabar ayuda de media docena de jóvenes de la alta burguesía vasca. Como preparación a su «candidatura» a líder del fascismo español, Ledesma estudió con José Guerrero, Juan Aparicio y Roberto Escribano Ortega un plan de irrupción jonsista en la Universidad Central: el 10 de marzo se produjeron fuertes altercados con miembros de la FUE en la Facultad de Derecho, y a la semana siguiente, estimulados probablemente por el triunfo del nacionalsocialismo en Alemania, la polémica de El Fascio y la aureola de violencia del jonsismo, fueron a darse de alta en el partido más de 400 estudiantes. Este incremento brutal de la militancia en una organización que hasta entonces apenas sobrepasaba el centenar de activistas impuso una remodelación radical de su estructura. Por vez primera Ledesma se planteó en serio la creación de grupos especializados en acciones violentas de propaganda, superando la provocación de incidentes de carácter testimonial como el sabotaje a la película Los soviets deportivos que se proyectaba en el cine Actualidades, y que fue realizado por una veintena de afiliados que era «casi todo lo movilizable» en ese momento[398]. Sin embargo, los tiempos en que los «grupos de acción» encuadraban a la práctica totalidad del partido parecían haberse superado: en la primavera de 1933, aparte de los 400 estudiantes recién afiliados, se formó un sindicato de taxistas y comenzó a impulsarse la creación de unas milicias estables. Ledesma, partidario de la acción directa, fue uno de los más fervientes defensores de la creación de un potente aparato militar o «primera línea» separado en lo táctico del resto de la organización, en la línea postulada para las SA alemanas por Ernst Rohm. La organización era sostenida por Juan March, Goicoechea y Lequerica, principal agente del grupo industrial-financiero vasco radicado en los bancos Urquijo y Vizcaya. Esta ayuda económica posibilitó, además de un incremento de la presencia callejera, un mayor vigor de la actividad propagandística, comenzando por la aparición en mayo de la revista JONS, que lanzaría 11 números en año y medio, hasta su prohibición en agosto de 1934. Su venta era realizada en los centros docentes de Madrid por los estudiantes de la Universidad y los alumnos de 12 a 17 años de los institutos de Bachillerato de la capital[399]. Sin embargo, y como muestra un informe del embajador Guariglia, las JONS sólo actuaban en los medios universitarios y no osaban hacerlo entre los obreros del campo y la industria afiliados a sindicatos de clase, a los cuales habría que captar en el futuro «ofreciendo valerosamente sus servicios durante las huelgas y otros conflictos sociales[400]». Para paliar en lo posible esta carencia, el Triunvirato Ejecutivo Central hizo público el 30 de mayo un manifiesto a los estudiantes jonsistas que incitaba a la violencia antimarxista y a incrementar el proselitismo fuera de las aulas[401].

A fines de junio comenzó a organizarse la acción violenta de forma más extensa: Ledesma encargó al obrero tipógrafo Ramón Ruiz Alonso, futuro diputado cedista implicado en el asesinato de García Lorca, la organización y selección de un centenar de militantes escogidos (estudiantes, funcionarios jóvenes, antiguos legionarios de África), que fueron encuadrados en veinte «patrullas» o «comandos de asalto» compuestos por cuatro individuos y un jefe para dar la batalla en las calles a «la revolución[402]». Este conato de grupo paramilitar actuaba como una especie de escolta para los jóvenes universitarios y estudiantes de Bachillerato que arriesgaban sus vidas por vender JONS. Su mentalidad violenta aunaba la mística del riesgo con la fascinación por la muerte, y sus «métodos de trabajo» parecían calcados de los empleados por los squadristi: ricino con Sidol para hacer tragar a los rivales y una variadísima selección de porras, matracas y rompecabezas[403]. El 14 de julio se produjo una de sus más sonadas intervenciones, cuando un patrulla dirigida por Eugenio de la Rionda, José Guerrero y Ramón Ruiz Alonso entró pistola en mano en las oficinas de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, organización filocomunista del Frente Antifascista que tenía su sede en la Avenida de Eduardo Dato y, tras inmovilizar al presidente de la entidad, Wenceslao Roces, y a otros tres miembros de la misma, destrozó el mobiliario y huyó con el fichero y varios documentos que confiaron a Pepe Medina, popular locutor de Radio España, para su difusión[404]. Con ello, el asalto alcanzó gran resonancia pública y obligó al director general de Seguridad Manuel Andrés Casaux a emprender durante una semana una inconcreta persecución de fascistas: se detuvo a un centenar de sospechosos, pero a ninguno de los autores[405], aunque entre el 19 y el 22 de julio la represión se amplió con la detención de 2000 a 3000 anarquistas, monárquicos, oficiales retirados, upetistas, fascistas de Primo de Rivera, jonsistas, albiñanistas y antiguos pistoleros del Sindicato Libre, acusados todos ellos de tramar un «complot fascista» contra la seguridad de la República[406]. El propio Ledesma fue detenido en la biblioteca del Ateneo mientras redactaba un ensayo sobre la insurrección amada. A fines de ese verano se produjo un nuevo asalto jonsista, esta vez a la sede del Fomento de las Artes, organización cultural de matiz comunista a la que se intentó controlar de forma solapada, y donde las «patrullas» habían tenido los primeros altercados con las embrionarias Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas (MAOC) del Partido Comunista[407].

En esta elaboración teórica más pausada sobre la violencia política y las insurrecciones que Ledesma publicó en el verano de 1933 en JONS bajo el seudónimo de Roberto Lanzas, la acción directa mostraba una importante reformulación: de considerarla como una actuación subversiva de las masas contra el Estado demoliberal sin otro intermediario que un fuerte movimiento nacional-sindicalista, pasó a la postura casi contrarrevolucionaria de asumir la «defensa armada de valores superiores» aherrojados por «la cobardía, la debilidad o la traición» del gobierno republicano-socialista en crisis, a pesar de lo cual no renunciaba a una subversión violenta del sistema político. Ledesma proponía una táctica subversiva gradual, en la que, alcanzada la pureza y la efectividad revolucionaria en la lucha callejera, se podía intentar la conquista del Estado bajo unas premisas que resultaban deudoras de la teoría insurreccional marxista-leninista:

La insurrección había de ser dirigida y realizada por un partido que contase con equipos armados que fueran capaces de controlar la situación, incluso cuando se adhiriera a la acción parte del Ejército.

Era imprescindible una educación insurreccional y una formación política que garantizase la necesaria disciplina de partido.

Los equipos insurreccionales necesitaban una movilización frecuente que garantizase su eficacia «para el día y el momento decisivo».

El golpe de mano y la sorpresa debían ser los elementos desencadenantes de la insurrección, y uno de los objetivos primordiales sería mantener al menos la neutralidad de los resortes coactivos del Estado.

Los objetivos de la insurrección debían ser populares, conocidos de la masa nacional y fruto del descontento del pueblo respecto al régimen.

El partido insurreccional había de ser totalitario, es decir, organizado jerárquica y dictatorialmente, destinado a acabar con los demás partidos y a fundirse con el Estado para que su actitud de violencia pareciera lícita y moral.

El elemento ejecutor de este proceso insurreccional serían unas milicias formadas por «grupos numerosos que interpretan y consiguen la intervención activa, militante y pública de las gentes, extrayéndolas de su vivir pacífico y lanzándolas a una vida doble de riesgo, de sacrificio y de violencia». Dichas milicias

[…] ostentan pública y orgullosamente ese carácter, visten uniforme, adquieren capacidad militar propia de ejércitos regulares y, lo que es fundamental, son, viven y respiran en un partido, encuentran justificación en una doctrina política, se sienten ligadas a la emoción pura y gigantesca de los jefes. De este modo, lo primero de que tienen conciencia quienes forman esas milicias es que su esfuerzo es un esfuerzo moral, encaminado a triunfos y victorias de índole superior, sin cuyo logro su vida misma carece de plenitud y de centro. Es ahí donde radica el origen moral de la violencia, su carácter liberador, creador y lo que le presta ese ímpetu con que aparece en los recodos más fecundos de la historia[408].

No cabe duda de que en su visión de un movimiento militarizado de vanguardia, jerarquizado y centralizado, que actuaría por delante del Ejército y de los sectores sociales afines, Ledesma mantenía en esos momentos una concepción leninista de partido, aunque mitigada por esa prédica moralizante de la violencia dirigida a un fin superior de carácter metapolítico. Incluso reformulando a su manera los estadios clásicos del proceso revolucionario marxista (insurrección obrera y dictadura del proletariado), diferenciaba dos tipos de violencia política justificable: el insurreccionalismo en pro de una idea de regeneración nacional y la coerción propia y legítima de un Estado totalitario de corte fascista:

La razón nacional, el derecho al triunfo de los movimientos «nacionales» no puede en modo alguno estar vinculado a la movilización de las mayorías. Es aquí donde aparece el uso y la táctica de violencia que siguen, y tenemos que seguir los jonsistas, los fascismos. La violencia política tiene dos formas o etapas bien definidas y diferentes. Una, la violencia que requiere toda toma del poder por vía insurreccional. Otra, la que se desarrolla en forma de coacción y de imposición por la tendencia nacional triunfante. La primera es típica de todos los grupos y sectores revolucionarios. No hay que ser fascistas, por ejemplo, para organizar golpes de Estado. Por eso no nos interesa ahora examinar la violencia insurreccional.

La segunda forma de violencia, la que desarrolla un Estado totalitario contra los núcleos disidentes, sí que es propia de una situación fascista[409].

Ledesma, que siempre se preocupó de destacar la novedad de sus planteamientos teóricos —vinculados con el fascismo, pero novedosos en la realidad política española—, reconoció la vaguedad de su cuerpo doctrinal general, aunque lo consideró un rasgo inevitable en un movimiento que se sentía joven y revolucionario, preocupado únicamente por la acción encaminada a la conquista del poder:

No necesitamos por ahora más puntales teóricos que los imprescindibles si acaso para sostener y justificar la táctica violenta del Partido. La primera verdad jonsista es que nuestras cosas, nuestras metas, están aún increadas, no pueden ofrecerse de un modo recortado y perfecto a las multitudes, pues son o van a ser productos o conclusiones de nuestra propia acción[410].

Las JONS intensificaron su actuación tras el verano: la revista mensual duplicó su tirada y se mantuvieron grupos estables en las ciudades con fuerte población universitaria, como Madrid, Valladolid, Barcelona, Zaragoza Santiago de Compostela, Valencia y Salamanca, hasta llegar a un millar de adheridos, en su mayoría estudiantes[411]. En octubre se disolvieron las Cortes Constituyentes y se entró en pleno período electoral. Ledesma y Ruiz Alonso, virtual jefe de Milicias, eran partidarios de incrementar los enfrentamientos con las izquierdas con la coartada de desencadenar una «revolución nacional» que debería ser «implacable y decisiva[412]». El embajador italiano se burlaba del pueril orgullo que los jonsistas sentían por sus débiles grupos paramilitares, que recordaban mucho a las primeras squadre d’azione, pero, según comunicó a Roma, su actividad durante la campaña electoral de noviembre había sido prácticamente nula. El 19 de agosto anterior, Guariglia ya había informado del deseo que le manifestó Ledesma de realizar «una prueba general» de las escuadras de asalto para el mes de diciembre, inmediatamente después de la derrota del movimiento anarquista, pero, a la hora de la verdad, «las escuadras de las JONS, de las que se decía que estaban organizadas, armadas y dirigidas por antiguos militares han permanecido en sus hipotéticos cuarteles[413]». En realidad, y habida cuenta de que las JONS seguían siendo un partido pequeño y de escasa implantación fuera de los ámbitos de estudio, la extrema derecha pretendía su control como arma defensiva. Así se entienden los contactos del jonsismo con los «cruzadistas» escindidos del carlismo, el apoyo de la incipiente Primera Línea falangista organizada por Julio Ruiz de Alda desde fines de año y las conversaciones con los alfonsinos en noviembre[414], en un nada discreto acercamiento a la táctica general de la extrema derecha denunciado desde el diario Ahora en los días previos a los comicios de noviembre[415].

Durante la campaña electoral, las JONS tuvieron sus primeras víctimas: la muerte el 2 de noviembre en Daimiel (Ciudad Real) de José Ruiz de la Hermosa abrió el camino a la exaltación necrófila de los «caídos[416]». Pero el mayor golpe para las aspiraciones jonsistas fue la aparición en escena de José Antonio Primo de Rivera y Falange Española. Hasta entonces, las JONS se habían defendido del creciente influjo falangista con un incremento de su radicalismo retórico y práctico[417], pero en el invierno de 1933-1934 la extrema derecha ejerció una continua presión sobre Ledesma para obligarle a una fusión con FE. Ya fuese por sincera preocupación contrarrevolucionaria o por cálculo político en la ya tradicional «subasta» de apoyo económico del monarquismo a los grupos fascistas, la radicalización de la fraseología violenta a fines de 1933 ahondó la separación entre el sector intelectual y el paramilitar de las JONS, en especial en Valladolid. Según Javier Martínez de Bedoya,

Había un grupo que no nos entendíamos con las milicias. Era una situación insoportable […] Onésimo se dio cuenta. Creía que eran necesarias las milicias, pero comprendía que no podíamos reunimos allí porque no nos entendíamos. Entonces fundó [a fines de 1933] el Centro de Estudios Castellanos en la calle Claudio Moyano […] Y las milicias se quedaron en el barrio aquél […] Y nosotros constituimos un grupo de estudio, para ver y afrontar los problemas nacionales de otra manera[418].

Esta tensión entre el brazo intelectual y el paramilitar renacería con fuerza en Falange un año después.

José Antonio Primo de Rivera y la Falange originaria.

José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia se convirtió, muy a su pesar, en el «centro político» del fascismo español, y como Jefe Nacional de Falange intentó arbitrar entre los intereses y tácticas contrapuestos de las facciones más violentas, mediante diversas concesiones y sucesivos giros estratégicos y tácticos. Dotado de innegables dotes oratorias y encanto personal, Primo elaboró un ideario menos denso y riguroso que el de Ledesma, pero con los tintes poéticos y sentimentales que los jóvenes fascistas esperaban de un jefe carismàtico. Tras su fracaso en las elecciones de 1931, Primo parecía seguir vinculado a los grupos conspiradores de la extrema derecha monárquica y clerical, según se desprende de su detención el 11 de noviembre de 1931 por su presunta implicación en un supuesto «complot monárquico» coincidente con la muerte del pretendiente carlista don Jaime, que el hijo del dictador calificó de «conspiración de sainete[419]». También estuvo envuelto en la trama del 10 de agosto, aunque no retornó a la vida pública hasta la primavera de 1933, de la mano de esa peculiar campaña de promoción política que resultó ser El Fascio.

Mientras que la coalición de izquierdas se tambaleaba y las derechas progresaban en su reorganización con la creación de la CEDA, la alta burguesía vasca mantuvo la expectativa sobre el desarrollo de un único movimiento fascista. En ese contexto se inscribe la efímera aparición del periódico El Fascio el 16 de marzo de 1933, precisamente en el tercer aniversario de la muerte del dictador Miguel Primo de Rivera. Con el lanzamiento de El Fascio se trataba, al igual que diez años antes con La Camisa Negra, de crear un espacio de debate que aglutinara a ideólogos capaces de divulgar las doctrinas fascistas entre el gran público y movilizar a la opinión en favor de un fascismo nacional y católico, heredero del primorriverismo[420]. El lanzamiento fue preparado con cuidado: Guariglia recuerda que el 23 de febrero se había reunido en casa de Ernesto Giménez Caballero con los directores de La Nación (Manuel Delgado Barreto), Informaciones (Juan Pujol) y La Época (José Ignacio Escobar), además de García Valdecasas, el corresponsal alemán del Telegraphen Union, Primo de Rivera, Ledesma, Sánchez Mazas y Aparicio para determinar el contenido y la fecha de salida de un semanario de divulgación fascista, que sería sufragado entre otros por Juan March como dueño de Informaciones[421]. Inmediatamente después, La Nación inició una intensísima campaña de lanzamiento de la alternativa fascista como organización de masas, siguiendo los dictados de Roma[422]. Pero más que un intento por trazar la ruta ideológica del futuro fascismo español, la aventura de El Fascio fue una especie de «concurso» de los aspirantes a encabezar dicha tendencia ideológica en España.

La acogida que la izquierda dispensó a esta campaña de lanzamiento del fascismo español estuvo relacionada con la percepción diferencial del riesgo de involución democrática que implicaba un acto de esta naturaleza. En la Casa del Pueblo se reunieron el 15 de marzo los Comités de la ASM, Juventudes Socialistas de Madrid, Unión de grupos Sindicales Socialistas y Junta administrativa de la Casa del Pueblo para difundir un comunicado en el que restaban importancia al peligro fascista, pero en el que se afirmaban

[…] dispuestas a impedir, por cuantos medios tengan a su alcance las organizaciones representadas, que nazca y menos que se desarrolle el fascismo en España, al amparo de unas libertades ciudadanas cuya anulación es uno de los principales objetivos que persiguen en este régimen republicano democrático, al que hacen blanco de su odio[423].

El Gobierno fue más expeditivo: la Policía se incautó en los locales de La Nación de las planchas y de la mayoría de los ejemplares del semanario[424]. Desde entonces la pugna en la prensa fue constante: si la izquierdista no cesaba de denunciar el peligro del fascismo extranjero (italiano y alemán) y la capacidad de éste para rivalizar violentamente con las fuerzas democráticas y obreras a través de sus milicias, restaba importancia a los acontecimientos de España, ridiculizándolos como algo folclórico, aunque El Socialista no dejó de advertir que «el fuerte del fascismo está en el aire cómico con que irrumpe en todos los países[425]». La propia CNT, antaño requerida por las JONS, minimizó el hecho[426]. Por su parte, en la derecha predominó la benevolencia hacia la campaña de propaganda dirigida por Delgado Barrero y la crítica a un antifascismo que no lograba convencer de la existencia objetiva de una amenaza involucionista y que carecía de información contrastada y seria sobre el fenómeno fascista. La Nación, verdadero mecenas del proyecto, intercaló las declaraciones exultantes con la agria censura a la persecución policial y a la intolerancia socialista, destacando la legalidad de una iniciativa que perseguía la «divulgación de unos ideales que hoy predominan en pueblos tan grandes, tan cultos y en tan buenas relaciones con España como son Italia y Alemania[427]». Goicoechea opinó que el contenido de El Fascio era totalmente lícito y que la airada respuesta socialista era «un verdadero acto de fuerza y de excitación a la acción directa[428]». Gil Robles afirmó en un mitin en Barcelona sus discrepancias con el fascismo por su carácter estatalista y anticristiano[429], y El Debate opinó que el brote artificioso del fascismo en España podría reafirmar la cuarteada solidaridad republicano-socialista y prolongar la vida del gobierno[430].

En la caballerosa —y posiblemente manipulada— polémica con el director de ABC Juan Ignacio Luca de Tena tras la salida de El Fascio, Primo de Rivera expuso sus primeras ideas sobre el fascismo y la violencia. El marqués de Estella trató de calmar a la opinión pública conservadora planteando un asunto capital que estuvo presente en los procesos de fascistización de la derecha española en los años treinta: el debate sobre la naturaleza preferente del fascismo, bien como idea cohesiva de la nacionalidad, bien como táctica de lucha extrema contra el peligro de la revolución. Al asegurar que en España esa ideología política no tendría carácter violento, señaló que

El fascismo no es una táctica —la violencia—. Es una idea —la unidad—. Frente al marxismo, que afirma como dogma la lucha de clases, y frente al liberalismo, que exige como mecánica la lucha de partidos, el fascismo sostiene que hay algo sobre los partidos y sobre las clases, algo de naturaleza permanente, trascendente, suprema: la unidad histórica llamada Patria[431].

Tras repudiar toda violencia, viniera de donde viniese, Luca de Tena le respondió que

Lo que caracteriza al fascismo y a todos los regímenes antiliberales es, precisamente, su táctica. La discrepancia estriba en la táctica. ¿Por qué medios, por qué procedimientos aspira el naciente fascio español a conquistar el poder? ¿Acaso por medios persuasivos? Y, si al fin, lo conquistara, ¿cómo se mantendría en él para imponer sus modales? ¿De qué manera aniquilaría el marxismo y el liberalismo, como es su propósito? En Italia y Alemania, ya sabemos cómo. Usando los mismos procedimientos que en España pretenden emplear los socialistas contra la propaganda lícita del fascio[432].

A ese respecto, Primo de Rivera se sinceraba poco después con su pariente Julián Pemartín:

La violencia no es censurable sistemáticamente. Lo es cuando se emplea contra la justicia. Pero hasta Santo Tomás, en casos extremos, admitía la rebelión contra el tirano. Así pues, el usar la violencia contra una secta triunfante, sembradora de la discordia, negadora de la continuidad nacional y obediente a consignas extranjeras (Internacional de Ámsterdam, masonería, etc.), ¿por qué va a descalificar el sistema que esa violencia implante?…[433].

José Antonio apreciaba la obra de Sorel y estaba familiarizado con los métodos de conquista del poder de Mussolini, pero en sus argumentaciones sobre el uso de la fuerza solía emplear la teoría de la rebeldía contra un régimen tiránico procedente del Derecho Público cristiano, y estaba convencido de que la Iglesia católica bendecía la violencia justa. Ciertamente, José Antonio no participaba de la fascinación irracionalista de la violencia que manifestaba Ledesma. Aceptaba su uso, pero le repugnaba la «política del matonismo» desplegada por grupos plebeyos del tipo de las SA y confiaba más en la capacidad persuasiva del discurso y el estilo[434].

En la primavera y verano de 1933, José Antonio trató de organizar su primer grupo político: el Movimiento Español Sindicalista (MES) junto a Alfonso García Valdecasas y Rafael Sánchez Mazas[435]. El manifiesto que el MES hizo público el 27 de julio defendía de forma contradictoria el empleo de «violencia necesaria, humanitaria, cruda y caballeresca que toda violencia quirúrgica requiere», con espíritu juvenil de milicia[436]. Al grupo de amigos de José Antonio Primo de Rivera (Sancho Dávila, Narciso Perales, hermanos Ansaldo, Julio Ruiz de Alda) y de la tertulia poética de «La Ballena Alegre» (Rafael Sánchez Mazas, José Mª Alfaro, Agustín de Foxá, Samuel Ros, Eugenio Montes, Dionisio Ridruejo) se unió parte del Frente Español de García Valdecasas, ejemplo señero de la deriva contrarrevolucionaria de los sectores de la juventud intelectual identificados con el elitismo conservador de Ortega y Gasset[437]. El MES era una etapa más en el proceso de maduración de la derecha radical española. La dirección estaba copada por antiguos miembros de la UP y aristócratas como Francisco de Asís Moreno Herrera (marqués de la Eliseda), Agustín de Foxá Torroba (conde de Foxá y marqués de Armendáriz), Sancho Dávila Fernández de Celis (conde de Villafuente Bermeja), Alfonso Merry del Val y Alzóla (marqués de Merry del Val, hijo del secretario de Alfonso XIII), José Mora Figueroa (marqués de Tamarón), Alfonso de Zayas (marqués de Zayas) o el propio Primo de Rivera. Estos epígonos del primorriverismo no dudaron en retomar el discurso más belicoso, catastrofista y antiliberal de la «nueva derecha» de 1917-1923, actualizando los clásicos del pensamiento contrarrevolucionario decimonónico con la incorporación de doctrinas neoderechistas foráneas, como el maurrasianismo o el integralismo portugués[438]. De modo que el primorriverismo umenista que se incorporó al MES se situó a mitad de camino entre el legalismo de resistencia propio del conservadurismo clásico y la nueva derecha autoritaria que encarnaron Acción Española y el Bloque Nacional. Entre el 19 y el 22 de julio, en paralelo a las conversaciones que Primo mantuvo con Ledesma con el objeto de formar un único partido fascista, la DGS efectuó la primera redada entre afiliados y simpatizantes al MES como implicados en el «complot fascista» antes indicado. Primo de Rivera y Ruiz de Alda lograron evitar la detención, y en septiembre comenzaron a elaborar el programa de un futuro partido, que sería presentado en un mitin en Madrid durante la campaña electoral.

Una de las grandes dificultades que el nuevo movimiento hubo de superar fue la búsqueda de financiación. En el verano de 1933, la extrema derecha monárquica pareció escuchar las sugerencias del embajador Guariglia, y tras una serie de contactos mantenidos en San Juan de Luz entre Primo de Rivera, Ruiz de Alda, Ansaldo y Eliseda (que ejercía de tesorero alfonsino en el extranjero) se produjo a fines de agosto la firma del llamado «Pacto de El Escorial» con Pedro Sáinz Rodríguez como delegado de los alfonsinos y Primo como representante de la naciente Falange[439]. El documento de diez puntos planteaba todo un proyecto de reestructuración del Estado en forma totalitaria, destacando los rasgos ideológicos comunes a ambos movimientos: nacionalismo, corporativismo, unidad de la patria, catolicismo militante, etc. El punto décimo, que indicaba que «la violencia es lícita al servicio de la razón y de la justicia», era un reconocimiento explícito del razonamiento joseantoniano al respecto. En este pacto, como en el ulterior firmado un año después entre José Antonio y Goicoechea, se consolidaron los lazos de interés económico (una financiación que ayudase a los gastos de lanzamiento de Falange, y que se mantendría hasta fines de 1934, momento de la creación del Bloque Nacional) y de convergencia táctica (un «pacto de no agresión» susceptible de ser ampliado a la colaboración en determinadas áreas) de ambas organizaciones. Luego, para fortalecer la relación y trazar la línea política del nuevo partido, Primo de Rivera y Ruiz de Alda se entrevistaron en Biarritz con Ansaldo y Eliseda, quienes le entregaron parte de los fondos de los monárquicos[440]. Más adelante fue Valentín Galarza el encargado del reparto del dinero a jonsistas y falangistas, aunque durante un tiempo los monárquicos siguieron la estrategia de sembrar la rivalidad entre ambas formaciones mediante la gradación de las subvenciones. Un informe de Ansaldo precisaba el resultado de esta estrategia competitiva:

Se viene subvencionando a las JONS y a los fascistas. La entidad alienta más a los primeros que a los últimos. Algunos dirigentes parece que tienen celos de los segundos. Se acordó dar dos mil pesetas a cada agrupación; luego me dijeron que dos a las JONS y cuatro a los del fascio, pero estos últimos nunca han recibido esa cantidad y a veces ni las dos mil. Este mes Paco [Moreno Herrera] y yo hemos atendido sus necesidades y en meses anteriores he tenido que entregarles hasta 3000 pesetas por carecer de recursos que les eran urgentes. Desde luego no les tratan con el mismo interés que a los otros. Como digo antes percibo un deseo o un plan de producir rivalidad entre unos y otros y me parece que lo están consiguiendo. Es una táctica perjudicial a mi juicio. Creo que no debe estimularse a ambos para no ponerlos frente a frente; deben, en cuanto se pueda, tenérselos en la mano como aliados, conservando cada cual su ideología. El Jefe [Primo de Rivera] quizás sea ajeno a esto, pero algunos adláteres no lo son desde luego. Para evitar ese mal si se creyese ahí que debe evitarse, quizás fuera un medio el decir al Jefe que el pago de esas subvenciones lo haría el comité de ahí directamente por persona que desde luego estaría en contacto con él para recibir sus instrucciones y orientaciones [¿Sáinz Rodríguez?]. Todo esto bajo el supuesto de que ambos grupos de acción nos son necesarios como lo creo lo tienen que ser quizás antes de lo que muchos creen pues no disponemos de otros. El fascismo es de mucho más porvenir que las JONS, pero por esa causa creemos que nos hace falta injertarnos en él pues como partido político puede ocurrir que al desarrollarse y tener vida propia prescinda de nosotros, y nadie sabe a dónde puede ir si el éxito enardece un poco a sus caudillos. Hoy nos puede servir y nos servirá como grupo de acción pero hay que pensar en su evolución y crecimiento de tal suerte que no se pierda nuestra tutela y amparo[441].

Como complemento evidente de este acuerdo, y tras asegurarse la financiación procedente de los alfonsinos, Primo de Rivera marchó a Roma con la intención de entrevistarse con Mussolini, cosa que logró el 19 de octubre. No parece que el Duce se tomara demasiado en serio el proyecto falangista, convencido como estaba aún del porvenir de Azaña como dictador[442]. Es probable que la aspiración de Primo fuera convertirse en el máximo aspirante al liderazgo fascista español gracias al espaldarazo internacional que le podía conceder el Duce, a quien posiblemente solicitó consejo sobre la constitución del futuro partido. Mussolini dudaba de la ortodoxia fascista del joven Primo, pero decidió prestarle ayuda. Diez días después se celebraba el mitin del teatro de la Comedia, autodefinido como «españolista», pero sintomáticamente fijado en el aniversario de la Marcha sobre Roma. El acto fue presenciado por unas 2000 personas, mitad por mitad estudiantes y antiguos admiradores del dictador, sin faltar los jonsistas, los afiliados al Frente Español, un grupo de afiliados a la AET, Albiñana y sus «legionarios», monárquicos alfonsinos, un grupo de jóvenes vizcaínos encabezados por Areilza, militares como Varela y simples curiosos[443]. Un grupo de requetés al mando de Aurelio González de Gregorio estableció un servicio de orden y vigilancia exterior, mientras que las incipientes escuadras del partido, organizadas por el coronel primorriverista Emilio Rodríguez Tarduchy, efectuaban su labor en el interior[444]. En el turno de oradores, García Valdecasas se deshizo en improperios contra Azaña y Maciá; Ruiz de Alda habló de tratar a los izquierdistas como «enemigos en estado de guerra», y José Antonio pronunció su más conocida frase a propósito del empleo de la fuerza en las querellas políticas:

[…] Y queremos, por último, que si esto ha de lograrse en algún caso por la violencia, no nos detengamos ante la violencia. Porque ¿quién ha dicho —al hablar de «todo menos la violencia»— que la suprema jerarquía de los valores morales reside en la amabilidad? ¿Quién ha dicho que cuando insultan nuestros sentimientos, antes de reaccionar como hombres, estamos obligados a ser amables? Bien está, sí, la dialéctica como primer instrumento de comunicación. Pero no hay más dialéctica admisible que la dialéctica de los puños y de las pistolas cuando se ofende a la justicia o a la Patria[445].

Era un claro llamamiento para justificar la utilización de la violencia defensiva, realizado ante un auditorio predominantemente derechista. Al contrario que en la izquierda revolucionaria, dicha acción no se basará en la lucha de clases marxista ni en la oposición individuo/Estado anarquista. En los manifiestos falangistas posteriores, la lucha política no tuvo motivaciones sociales o revolucionarias, sino ideológicas y morales afines a un idealismo de corte ultranacionalista. Se admitió la violencia si se empleaba con un fin justificado: la razón, la justicia o la defensa de la Patria. Primo de Rivera consideró al principio de su carrera política que la «dialéctica de los puños y las pistolas» constituía la última salida cuando se agotaba el diálogo civilizado. El uso de la violencia no era admisible más que en el caso de que ésta fuera impuesta primero por el adversario político. Era una actitud verbalmente reactiva: todas las violencias falangistas fueron justificadas como una justa represalia ante una provocación previa del enemigo. De este modo, la violencia constituía un «momento» determinado de esta particular versión de la «dialéctica» política[446].

Las repercusiones del acto de la Comedia entre los grupos de izquierda siguieron la misma línea, entre la inquietud y la burla, del episodio de El Fascio: las Juventudes Socialistas denunciaron a través de sus máximos líderes la potencial predisposición violenta del fascismo en un momento de verdadera psicosis de golpe militar[447]. Pero la actitud más agresiva y sarcástica la mostró el anarcosindicalismo, que ridiculizó a los participantes por su impronta política reaccionaria y por la timidez de su acción[448], a pesar de lo cual comentaba ampliamente el llamamiento a la violencia de Primo de Rivera:

Señores fascistas. Se impondrá, sí, la dialéctica de las pistolas. O se hará la revolución; vamos a una guerra civil de la que nadie sabe lo que saldrá. Todo menos que consentir un régimen fascista en la España que sale de un pasado y de un presente bárbaro para él, para instaurar regímenes de paz y amor, de solidaridad y de libertad.

Y fascismo es negación de todos los valores futuros, que el pueblo anhelante aspira a conquistar. El pueblo, pues, lógicamente, por instinto, se enfrentará en una gesta prepotente contra las hordas cavernarias, contra el rebrote dictatorial, contra las milicias de reyes, emperadores y cancilleres, representantes de los últimos reductos internacionales del capitalismo y del Estado.

¡Oh, la dialéctica, «la inolvidable dialéctica[449]»!

El nuevo partido falangista se dispuso a actuar de inmediato contra las organizaciones marxistas, como lo demuestra una primera colisión que tuvo lugar con simpatizantes socialistas a la entrada de un partido de fútbol en Almoradí (Alicante) el 5 de noviembre. A pesar de ello, la campaña electoral del marqués de Estella por la provincia de Cádiz mantuvo un tono fundamentalmente conservador y estuvo inscrita en el marco de la unión de derechas. Además del apoyo de las dos docenas de falangistas jerezanos[450], Primo recibió la discreta protección de unos piquetes del Requeté facilitados por el jefe carlista andaluz Manuel Fal Conde. Sin embargo, el domingo 12 de noviembre, un grupo de pistoleros jerezanos y gaditanos afines al parecer a la FAI interrumpió a tiros un mitin de la Unión Agraria y Ciudadana en el teatro de las Cortes de San Fernando que contaba con la participación de Primo de Rivera y José María Pemán, causando un muerto y cuatro heridos graves[451]. La reacción de la prensa monárquica fue de indignación y censura ante la falta de voluntad violenta de la Falange, que fue acusada de candor y franciscanismo[452]. Primo replicó que la venganza era impracticable, puesto que «no ha sido posible hasta ahora determinar quiénes fueron los inductores del crimen, sobre los cuales, de ser conocidos, hubiera podido caer una justa represalia[453]». Desde este suceso, los escoltas carlistas fueron sustituidos por los subordinados del falangista santanderino Martín Ruiz de Arenado, antiguo implicado en el golpe de Sanjurjo, y por la escuadra del estudiante de Medicina Narciso Perales. El propio José Antonio comenzó a portar armas de fuego, lo que le acarreó un inmediato incidente con la guardia municipal del pueblo gaditano de Puerto Real antes de celebrar un mitin el 17 de noviembre junto con sus compañeros de lista Pemán y Eliseda y su hermano Miguel, quien fue detenido[454].

A pesar de estas dificultades, Primo de Rivera obtuvo el acta de diputado por Cádiz, siendo acompañado en el hemiciclo por Francisco Moreno Herrera, que estaba canalizando la ayuda monárquica hacia el nuevo partido, en cuyo seno se estaba produciendo por incitación de Sáinz Rodríguez una discreta penetración de alfonsinos como Jorge Vigón y Juan Antonio Ansaldo, dispuestos en todo momento a plegar la actividad de Falange a su estrategia contrarrevolucionaria. De este modo, Primo de Rivera se convirtió en el virtual vencedor de esta curiosa carrera por la obtención del liderazgo en el fascismo español, pero su flamante organización encerraba una amalgama difícil de armonizar de monárquicos conservadores, oficiales retirados por las medidas de Azaña, antiguos upetistas o umenistas, intelectuales del Frente Español o afines a José Antonio, reaccionarios fascistizantes de Albiñana y jóvenes estudiantes y empleados de clase media y «señoritos» de clase alta fascinados con la retórica del líder. A pesar de los intentos de Primo de Rivera por dar un contenido político al movimiento por encima de los arrebatos líricos contra Rousseau y en favor de la exaltación españolista, la ideología se mantuvo en la bruma de lo puramente autoritario, lo que decidió a García Valdecasas a alejarse del partido con la excusa de contraer matrimonio, pero en realidad temeroso de que la aventura degenerase en la formación de otra «partida de la porra» al servicio de la reacción.

CAPÍTULO 4

LA SINTONÍA CONTRARREVOLUCIONARIA

DE LAS DERECHAS EN 1934

El triunfo electoral de noviembre de 1933 ralentizó, pero no detuvo, las campañas subversivas desplegadas por los grupos de la derecha. La decisión de apoyo al gobierno radical tomada por la CEDA en diciembre destruyó la coalición electoral y acentuó el proceso de diferenciación estratégica entre las diversas opciones antirrepublicanas, que exploraron otras vías de desestabilización del régimen, como el apoyo exterior, la paramilitarización o la manipulación del corporativismo militar. Sin embargo, las discrepancias de orden táctico fueron dejadas de lado cuando la confrontación con los nacionalismos periféricos y el obrerismo marxista se agudizó hasta el extremo de desembocar en una coyuntura revolucionaria en la que todos los grupos no identificados con el régimen acabaron por movilizarse en pro de la conservación del «orden social».

Del catolicismo social a la tentación fascistizante:

la Juventud de Acción Popular.

Durante este segundo bienio del régimen republicano, el partido dominante en la derecha española mantuvo una inequívoca impronta antidemocrática.

En muchas partes de Europa, los partidos católicos asumieron durante el período de entreguerras los principios del corporativismo, el nacionalismo autoritario y el populismo rural. Estos elementos, que en España aparecen unidos de forma indisoluble a la estrategia global de la CEDA, fueron difundidos sobre todo por sus militantes más jóvenes. La Juventud de Acción Popular (JAP) se convirtió en un eficaz instrumento de movilización de los intereses políticos del movimiento católico, pero sin sobrepasar nunca los límites de la legalidad en su labor contrarrevolucionaria. La JAP actuó como instrumento de presión política y de movilización de masas en defensa del proyecto político y social cedista, aunque con unos contornos marcadamente autoritarios que la situaron a la cabeza del proceso de fascistización dentro del ámbito de la derecha moderada española.

Tras la proclamación de la República, Ángel Herrera y la jerarquía de la Iglesia impulsaron la unión de los católicos con vistas a intensificar la movilización política: el 16 de abril, Herrera se dirigió a los miembros de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP), animándoles a lanzarse a la lucha contra «la avalancha que está arrollando las bases de la Iglesia[455]». Después de la quema de conventos, grupos de militantes de la Juventud Católica Española (JCE) participaron junto con los jaimistas y otros miembros de la extrema derecha en la defensa de los edificios religiosos y, cuando comenzó la campaña revisionista, dirigieron la protesta a los alcaldes y gobernadores civiles, manifestándose contra la retirada de crucifijos de las escuelas y organizando actos y mítines de propaganda para alimentar la repugnancia del catolicismo contra la política laicista del gobierno republicano[456]. No puede descartarse una cierta proclividad, si no connivencia, con las maniobras conspirativas que se efectuaron en el país vasconavarro en un momento en que El Debate lanzaba a los católicos llamamientos para «defenderse a sí mismos y al mismo tiempo defender, por todos los medios y con todos los recursos, la amenazada existencia de España[457]». Con todo, la Directiva de la JCE siempre quiso evitar al máximo la politización de los menores, cuando —sobre todo desde 1933— se vieron implicados en conflictos callejeros cada vez más sangrientos[458].

En la Asamblea deliberante de AN celebrada el 17 de octubre de 1931, Herrera propició la creación de la Juventud de Acción Nacional (JAN) sobre el modelo de la Union Catholique (Katholieke Verbond) belga[459]. Como sus antecedentes del movimiento católico-social español, debería actuar como un elemento de vanguardia, defensor del orden en los actos públicos del partido y escuela de formación política[460]. La organización de las juventudes accidentalistas a escala nacional, que permanecía en suspenso desde hacía meses, se precipitó con los llamamientos de la Federación de Juventudes Socialistas a la formación de milicias en su Congreso de 15 de febrero de 1932. De esta forma, la JAN nació oficialmente el 22 de febrero y celebró su primera Junta General al día siguiente, eligiendo como presidente al propagandista José Mª Valiente y dirigiendo a la opinión pública un manifiesto donde se proclamaba el acatamiento a las órdenes legítimas de la autoridad, aunque «no nos faltará nunca el valor necesario para que se nos respete». La nueva entidad declaraba la guerra al comunismo y la masonería, y aspiraba a «engrosar la vanguardia de las derechas españolas, fraternalmente unidos a todas las Juventudes políticas que en esencia defiendan nuestros ideales[461]».

Para vertebrar la JAN, Herrera empleó sobre todo a los miembros de élite de la ACNP. Colaboraron también la JCE y otras asociaciones confesionales como Acción Católica, la Confederación Nacional de Estudiantes Católicos, Asociación de Estudiantes Católicos, Padres de Familia y las congregaciones mañanas juveniles, que ya por ese entonces se habían granjeado una aureola de intransigencia y combatividad, en especial en Castilla la Vieja, donde la congregación jesuítica de los «Luises» apoyó los primeros pasos políticos de Onésimo Redondo.

Tras el putsch de Sanjurjo, la ahora denominada Juventud de Acción Popular (AP) optó por la vía táctica gradualista para la consecución de un régimen autoritario, aunque nunca ocultó su simpatía con los movimientos de carácter más radical. El Debate cantó las glorias de un fascismo que había liberado a Italia del parlamentarismo y que, «al destruir el socialismo ha sentado las bases para una organización jurídica de las relaciones entre capital y trabajo[462]». Los líderes cedistas hicieron muy poco por contrarrestar las simpatías fascistas de sus masas. Las frases más agresivas contra la revolución, el marxismo, el capitalismo egoísta, el caciquismo, el separatismo o la masonería eran las más aplaudidas en los mítines. La actitud de los líderes cedistas, y en concreto de Gil Robles, respecto a la JAP era al tiempo de fascinación y de prevención ante lo que Monge y Bernal calificaba de sus «naturales vehemencias[463]».

A lo largo de 1933 se produjo la consolidación de la JAP como el gran movimiento juvenil de la derecha española. Tras la escisión de los monárquicos a comienzos del año y el ascenso al poder del partido nazi, se produjo entre la juventud accidentalista un proceso de radicalización que puede resumirse en actitudes de creciente fascistización, con su correlato de reacción antifascista en los sectores de la izquierda. La inicial oposición de Gil Robles a alentar una etapa de radicalización antirrevolucionaria de su entramado juvenil dejó paso, tras su viaje a Alemania a principios de septiembre de 1933 para asistir al congreso nazi de Núremberg, a una mimesis del fascismo extranjero moderada por la táctica cedista. La unidad de la derecha y la transformación autoritaria del Estado eran los puntos básicos del mensaje electoral del partido, que Gil Robles desgranó con crudeza en el acto de presentación de las candidaturas de la coalición antimarxista:

Tenemos que reconquistar España […] Tenemos que dar a España una verdadera unidad, un nuevo espíritu, una política totalitaria. Para mí sólo existe una táctica hoy: formar un frente antimarxista y cuanto más amplio mejor. Ahora es necesario derrotar al socialismo inexorablemente […]

Tenemos que fundar un nuevo Estado, limpiar el país de masones judaizantes […] Debemos fundar un nuevo Estado y eso impone deberes y sacrificios. ¡Qué importa si tenemos que derramar sangre…! Necesitamos todo el poder y es lo que pedimos […] Para cumplir ese ideal no vamos a perder el tiempo con formas arcaicas. La democracia no es un fin, sino un medio para la conquista del nuevo Estado. Cuando llegue el momento, o el Parlamento se somete o lo hacemos desaparecer. Vamos a liquidar la revolución […] Hemos aguantado durante dos años, y llegó ya el momento de que no cedamos ni un paso más. Si quieren la ley, la ley; si quieren la violencia, la violencia […] ¡En pie todos para la lucha! Estamos movilizados, no dejaremos las armas hasta que tengamos en las manos la victoria final[464].

Durante la campaña electoral, la JAP realizó labores de propaganda y de escolta de los líderes fundamentales del partido, en especial de Gil Robles. Sin embargo, y a pesar de sus constantes declaraciones respecto a lo innecesario de la creación de unas milicias[465], Acción Popular sufrió tres muertos (más otro de la Derecha Regional Valenciana, partido afiliado a la CEDA) durante el período electoral, como reconoció Gil Robles en su alocución radiada de fin de campaña[466].

Tras el triunfo en las urnas, y con la apertura por parte socialista de un período de expectativa prerrevolucionaria, Gil Robles comenzó a realizar constantes protestas de acatamiento al poder constituido. El 15 de diciembre, El Debate desgranó las tesis posibilistas, que Gil Robles describió muy gráficamente una semana después:

Hoy facilitaré la formación de gobiernos de Centro; mañana, cuando llegue el momento, reclamaré el poder, realizando la reforma constitucional. Si no nos entregan el poder, y los hechos demuestran que no caben evoluciones derechistas dentro de la República, ella pagará las consecuencias[467].

Se pretendía una progresiva laminación del Partido Radical, comenzando por un apoyo externo al gobierno de Lerroux que permitiera aprobar las primeras medidas de rectificación de la política realizada durante el primer bienio, promoviendo luego la entrada en un gobierno de coalición que afirmara la presencia de la CEDA en algunas carteras decisivas, para pasar más adelante a la exigencia de la Presidencia del Consejo de Ministros y abordar desde allí una reforma constitucional en profundidad. Para la CEDA lo esencial era mantener abierta la posibilidad de un cambio de legislación, no abortarlo mediante exigencias desorbitadas que hubieran obligado al Partido Radical a abandonar la política contrarreformista que quería emprender a un ritmo más pausado, sin dar la sensación de que la República se entregaba a los monárquicos, quienes habían logrado menos de un 10% de los votos en las elecciones. Como era de esperar, éstos recibieron muy mal este giro estratégico de sus antiguos aliados electorales, a los que acusaron de «traicionar el sufragio», lo que provocó la extinción de la Unión de Derechas.

El 7 de febrero de 1934, en un debate parlamentario sobre orden público, Gil Robles anunció que si el Gobierno no tenía la firme decisión de atajar la revolución en ciernes, la CEDA apoyaría a un gobierno más fuerte que extremara su rigor contra los socialistas. Por esa época, el diputado por Valladolid Luciano de la Calzada afirmaba, en línea muy primorriverista: «Haremos desaparecer los partidos que dividen y crearemos un solo movimiento que tenga por límite el Censo Nacional[468]». Mientras llegaba ese ansiado momento, Gil Robles, en su calidad de nuevo presidente de la Junta Central del Tiro Nacional de España (una antigua entidad sociodeportiva destinada a la educación ciudadana en armas de guerra, que durante la Dictadura se había convertido en una de las «guardias de honor de la Patria» junto con el Somatén[469]), trató de continuar con la filosofía de la «nación armada» tradicional en la entidad, pero adaptándola a las nuevas necesidades políticas. En su primera circular a las representaciones provinciales de la sociedad, fechada el 30 de diciembre de 1933, señaló que «al Tiro Nacional ha de adornarle el espíritu del Ejército Español, y nuestras organizaciones armadas de ciudadanos y patriotas serán los últimos y definitivos recursos a que apele la nación y la garantía final de sus derechos y hasta de sus vidas en medio de las más altas conmociones[470]». Esta propuesta de defensa armada del orden social, lanzada a una organización oficialmente apolítica, levantó grandes protestas desde la izquierda, en especial de los socialistas, que acusaron al recién constituido gobierno Lerroux de favorecer la creación de milicias parafascistas. Tampoco el gabinete radical se mostró dispuesto a soportar que la CEDA asumiera el control de un medio armado no oficial desde donde pudiera realizar una campaña de presión política, de modo que un decreto del Ministerio de la Guerra de 17 de enero de 1934 impuso que el Estado no subvencionaría en adelante a esa entidad, ni sus socios obtendrían armas de forma diferente al resto de los ciudadanos. De igual modo, las escuelas de instrucción premilitar adscritas al Tiro Nacional perdieron su carácter oficial y hubieron de utilizar armas simuladas, mientras que su arsenal quedó depositado en los cuarteles[471].

Este fracaso en la constitución de un nuevo Somatén indujo a la dirección cedista a incrementar las actividades de defensa cívica de su propia organización juvenil. La JAP contaba con cuatro secciones principales: Grupos de Distrito, Propaganda, Cultural y Deportiva, todos autónomos y con jefes y normativas específicos. El capítulo VI de su Reglamento general se asignaba a los Grupos de Distrito la función de «velar porque los derechos de la Juventud de Acción Popular no puedan ser coartados en los actos públicos ni en su propaganda popular y callejera y la actuación electoral[472]». Cuando la JAP emprendió una etapa de más amplio desarrollo, esta sección pasó a denominarse de Movilización Civil, y quedó encargada de «reunir a todos los ciudadanos de buena fe, para que ante una huelga general revolucionaria, poder prestar los servicios públicos necesarios a la población, llevar ánimo a todos los apáticos y que nunca pueda caer la sociedad en manos de la anarquía por no cumplir los ciudadanos con su deber[473]». Las tareas de propaganda electoral dejaron paso a inicios de 1934 al encuadramiento de los socios por profesiones y a la formación de Grupos de Defensa para mantener el orden en los mítines y actuar en servicios de protección durante las huelgas.

Resultaba evidente que la JAP se preparaba a hacer frente a la revolución con todos los medios a su alcance. Su líder, José María Valiente, postuló en febrero la movilización civil con apoyo del Gobierno para hacer frente a una eventual intentona socialista, declarando:

Nos mueve el deseo de auxiliar al poder público para el caso de huelga general. Hay servicios importantes y vitales, como los de agua, luz y pan, que los tenemos tan estudiados que, seguramente, nuestra cooperación, si no perfecta, pues hay actividades insustituibles, al menos no serán desdeñables para la autoridad y contribuirán a levantar el espíritu público[474].

El propio Gil Robles afirmó durante un mitin en el frontón Euskal-Jai de Pamplona el 18 de ese mes que confiaba en la creación en Madrid de una organización ciudadana que pudiera sustituir a los huelguistas revolucionarios[475]. Estaba claro que la CEDA no tenía intención de reclutar un ejército de «soldados políticos» a imagen de los fascismos, sino que, como Primo de Rivera, buscaba movilizar a los «buenos ciudadanos» en una reedición del movimiento de «uniones cívicas» que había proliferado entre los sectores conservadores europeos en los primeros años de la posguerra[476]. Se consideraba que este despliegue antirrevolucionario, debidamente tutelado y apoyado por el Estado, sería suficiente, ya que los socialistas españoles estaban mucho menos preparados materialmente para una acción armada que sus correligionarios austríacos, recientemente derrotados por Dollfuss y las Heimwehren[477].

En marzo, la JAP tuvo oportunidad de poner en práctica por primera vez su estrategia: con motivo de una huelga de artes gráficas motivada por un conflicto laboral en ABC, la incipiente Sección de Movilización Civil empaquetó, distribuyó y vendió el día 13 miles de ejemplares de El Debate en los barrios más pudientes de Madrid. ABC y Blanco y Negro consiguieron salir al día siguiente, y el conflicto se saldó con un fracaso de los sindicatos. A través de estas experiencias, la JAP se fue afianzando como la gran fuerza activa de la contrarrevolución, y sus recursos de actuación no pasaron desapercibidos para la Unión de Juventudes Comunistas, para quien la Movilización Civil pretendía «la lucha contra la mejor arma de los trabajadores y de la juventud obrera y campesina: la huelga». Por otra parte, la JAP habló del fomento de la instrucción premilitar por el Estado para la mejora de la raza, actitud muy en la línea del primorriverismo, pero que indujo a pensar a los jóvenes comunistas que se estaba fomentando bajo cuerda la creación de milicias fascistas[478].

Esa primavera, la organización juvenil cedista decidió impulsar la actividad propagandística mediante una cadena de grandes mítines y concentraciones destinados a movilizar a la opinión pública conservadora y a allanar el camino hacia el poder. Se puso a punto el ceremonial para un acto de adhesión a la figura de Gil Robles que tendría que realizarse en la lonja de El Escorial el 22 de abril. A pesar de que el líder populista trató de calmar los ánimos asegurando que el mitin no tendría «nada que semeje cosa marcial», la difusión de la noticia de una gran concentración de jóvenes militantes derechistas en las cercanías de Madrid causó fuerte inquietud entre los medios obreros, que recordaban las adúnate previas a la marcha sobre Roma y los más recientes sucesos de París y Viena. Fue inevitable que la I Asamblea de la JAP se celebrase en un ambiente de gran tensión: en la tarde del viernes 20 de abril, mientras se discutían las ponencias basadas en su gran mayoría en los 19 Puntos de la organización y el Parlamento votaba una Ley de Amnistía que beneficiaba sobre todo a los condenados por el 10 de agosto, las organizaciones obreras declararon la huelga general y se organizaron manifestaciones antifascistas en el centro de Madrid. Unos 40-50 extremistas asesinaron esa noche a un joven japista frente a las oficinas de El Debate, hiriendo a otro militante cedista y a dos guardias de Seguridad[479].

La manifestación dominical de El Escorial, que daría la pauta de las siguientes concentraciones cedistas, fue preparada y reglamentada con minuciosidad: las reuniones multitudinarias se preparaban con meses de antelación con un programa de mítines, y conscientemente se elegían enclaves monumentales de fuerte contenido histórico evocador de glorias pasadas e incluso parajes que, como Medina del Campo y Covadonga, ya habían sido lugares de concentración de la Unión Patriótica durante la Dictadura. Los participantes (entre 10 000 y 50 000, según las fuentes[480]) viajaron en coches particulares, autobuses o trenes especiales, y se situaron en lugares fijados de antemano por la Sección de Movilización Civil. No hubo uniformidad, aunque se pidió a los asistentes la utilización de un brazalete de 15 X 25 cm con el emblema del grupo (cruz flordelisada negra sobre fondo blanco), botas altas, bandas o breeches, y camisas de campo de color crudo[481]. Las concentraciones, amenizadas con bandas de música, orfeones y grupos folclóricos en la más pura tradición primorriverista, comenzaban con una misa de campaña, la lectura de la lista de mártires de Acción Popular, contestada con un «¡Presente!», la lectura de los 19 Puntos, el canto del himno japista (adaptación de la Marcha Triunfal de Grieg realizada por el maestro Federico Moreno Torraba con letra de Pemán) con el saludo de inspiración castrense con la mano derecha al hombro contrario, y el juramento de fidelidad al «Jefe», que siempre cerraba los mítines:

¿Prometéis fidelidad al programa y al espíritu de la JAP y estáis dispuestos a realizar todos los sacrificios en defensa de nuestra fe y de nuestra Patria? [¡Sí!] ¿Prometéis obediencia a nuestro Jefe supremo José Mª Gil Robles, siguiendo con paso firme el camino que nuestro Jefe señale, sin discusiones y sin vacilaciones? [Algunos gritan: ¡Sí, sí, toda la vida!][482].

La concentración japista fue considerada como una importante medida de presión política y psicológica, no sólo contra la izquierda, sino contra un gobierno que en ese momento estaba incubando su propia crisis durante el debate de la amnistía. El 24 de abril, la resistencia de Alcalá Zamora a refrendar la Ley condujo a un serio rifirrafe constitucional: el presidente de la República adjuntó al texto un memorando que detallaba todos los argumentos jurídicos y políticos contrarios al proyecto. Desautorizado, Lerroux dimitió el 25, y al día siguiente se extendió el rumor de que los radicales y sus elementos afines en el Ejército estaban preparando un golpe que preveía el secuestro del Jefe del Estado. El día 26, el ministro de la Gobernación, Rafael Salazar Alonso, quien al parecer había sufrido un conato de atentado en la tarde del día anterior, emitió un telegrama circular a los gobernadores civiles ordenándoles que, en previsión de sucesos provocados por elementos extremistas, se mantuvieran en contacto con la autoridad militar, acuartelando las fuerzas y adoptando las medidas establecidas en el artículo 17 de la Ley de Orden Público, que prescribía incluso la declaración de la ley marcial. El estado de alarma se declaró en toda España, y los republicanos de izquierda permanecieron alerta hasta la formación del nuevo gabinete. Indalecio Prieto y el general Ruiz Trillo, jefe de la Casa Militar del presidente de la República, hicieron circular órdenes de movilización de oficiales republicanos para atajar cualquier conato de golpe «legal», ya que en los últimos días de abril Salazar Alonso había ordenado la custodia presidencial a la Guardia de Asalto contra el parecer del nuevo presidente del Consejo, Ricardo Samper[483]. El domingo 29, entre cien mil y doscientas mil personas participaron en Barcelona en una manifestación antifascista convocada por las Juventudes de Estat Catalá para responder a la reunión de El Escorial y a las maniobras conspirativas que se habían urdido en torno al cambio de gobierno[484]. El acto japista había supuesto un nuevo aldabonazo en la conciencia del antifascismo español, cada vez más decidido a plantar cara a lo que se percibía como una clara amenaza totalitaria.

Uno de los logros más reseñables de la «táctica» cedista fue la división y la virtual anulación del monarquismo alfonsino. Tras las elecciones, el exrey había decidido actuar en consonancia con el auge político del accidentalismo, impulsando a título estrictamente particular una estrategia alternativa a la de sus partidarios, inspirada en el proceso de restauración monárquica que en esos momentos se estaba operando en Grecia. En el país heleno, las elecciones de 25 de marzo de 1933 habían llevado al poder al populista Tsaldaris, que había ofrecido las carteras clave del Gobierno a los militares monárquicos Metaxas y Condylis, los cuales forzarían el 3 de noviembre de 1935 un plebiscito que permitió la vuelta al trono del rey Jorge II. En la segunda quincena de junio de 1933, don Alfonso se había entrevistado dos veces con Gil Robles en París. El líder cedista le solicitó una tregua en la hostilidad que los alfonsinos profesaban a su táctica de agotamiento de las posibilidades de actuación política dentro del marco legal republicano. Según Gil Robles, el antiguo monarca le contestó que «si con la República puedes salvar a España tienes la obligación de intentarlo. Ni tu tranquilidad ni mi Corona están por encima de los intereses de la patria. Yo no puedo desautorizar a los que públicamente defienden la causa de la Monarquía, pero tampoco te crearé dificultades. Por el bien de España, yo sería el primer republicano[485]». Con la adopción de este compromiso tácito de no encabezar ninguna ofensiva política contra la CEDA, don Alfonso «borboneaba» a sus propios partidarios y mermaba de forma significativa las posibilidades de crecimiento político de RE. El triunfo electoral de noviembre confirmó al monarca desterrado la necesidad de seguir jugando la alternativa accidentalista, de modo que, cuando a inicios de junio de 1934 RE amenazó con romper la alianza parlamentaria con la CEDA, los dirigentes cedistas volvieron a mantener conversaciones secretas con el exrey, en las cuales remitieron la eventual restauración de la Monarquía a criterios de oportunidad política. El presidente de la JAP, José María Valiente, se entrevistó el 3 de junio en el bosque de Fontainebleau con don Alfonso, a quien entregó cuatro cuartillas escritas por Gil Robles en las que se le rogaba que accediese a un último plazo de seis meses de colaboración política de los monárquicos con AP, a cambio de mantener la esperanza restauradora. De manera más explícita, pedía que

No se prohibiese a los monárquicos pertenecer a la CEDA y que esperasen y tuviesen confianza en ella, porque el camino de la legalidad era el único posible para llegar a la restauración de la Monarquía[486].

Don Alfonso, que mostró gran interés por las juventudes cedistas, no se comprometió de manera formal, pero Valiente percibió su asentimiento tácito, y los monárquicos pudieron seguir militando en la CEDA sin mayores cargos de conciencia. Informado de este encuentro por el antiguo embajador Quiñones de León, el corresponsal de ABC Mario Daranas publicó el día 6 una crónica sobre el encuentro, que fue desmentido en primera instancia por Valiente y Gil Robles. Ante la insistencia de Daranas y tras los intentos frustrados de don Alfonso y del líder cedista para que el diario monárquico desautorizara a su agente, Valiente se vio obligado a presentar la dimisión de su cargo directivo en la JAP el 11 de junio[487], siendo sustituido por el propio Gil Robles y por José María Pérez Laborda, quien pasó a ocupar la vicepresidencia de la organización juvenil. Enemistado con su antiguo jefe, Valiente se dio de baja en AP, y tras denunciar la inutilidad de la lucha legal ingresó en la Comunión Tradicionalista en octubre de 1935. El «caso Valiente», que fue interpretado por las izquierdas como una operación premeditada de la CEDA para encubrir el auténtico complot contra la República, era buena muestra de las estrechas vinculaciones del cedismo con la dinastía borbónica, además de una prueba del fin al que conducía su táctica gradualista.

Renovación Española y la instrumentalización de la acción

contrarrevolucionaria: los pactos con la Italia fascista.

El triunfo electoral de noviembre llenó de alborozo a los monárquicos, que creyeron factible la iniciación de un proceso contrarrevolucionario inmediato. Sin embargo, la ruptura de la coalición de derechas potenció la tendencia al antiparlamentarismo de carlistas y alfonsinos, y acarreó sendas crisis de sus aparatos partidistas: en la CT en abril, y en RE desde el verano de 1934. Alejada de toda posibilidad de influir directamente en el Gobierno, RE se mantuvo a la espera del fracaso de la táctica cedista, afirmando sus posiciones políticas específicas (la Monarquía como medio fundamental para evitar la revolución) y avanzando con lentitud en sus trabajos conspirativos. En un principio, la acción contrarrevolucionaria se planteó en posición de dependencia con respecto a otros grupos más potentes y experimentados, como el carlismo. Uno de los objetivos de la TYRE fue el mantenimiento de la actividad subversiva incluso con apoyo extranjero, y en esta línea se sitúan los contactos que se seguían manteniendo con los fascistas italianos, que al tiempo entretenían relaciones poco claras con Dencás y Estat Catalá[488]. En 1932, el gobierno de Mussolini ya había apoyado de forma encubierta la intentona de Sanjurjo, e inmediatamente después del golpe se había creado en Roma un centro conspirativo antirrepublicano[489]. En 1933, el embajador Gabriel Alomar señalaba que el empleado de banca Ernesto Carpi, agente oficioso fascista en Barcelona e interlocutor entre los monárquicos españoles e Italo Balbo, había entrado en contacto con ese grupo y con el general Barrera, preparando el camino para un importante acuerdo de colaboración[490].

El 30 de marzo, Goicoechea, Lizarza, Olazábal y Barrera, representantes de los diversos grupos monárquicos españoles, mantuvieron en Roma una entrevista con Balbo. Éste se mostró dispuesto a proseguir con el apoyo mediante la entrega de 10 000 fusiles, 200 ametralladoras y 10 000 bombas de mano a cambio del pago de una cierta cantidad de dinero a un representante italiano radicado en San Juan de Luz, pero los españoles insistieron en que Italia reconociese de inmediato al gobierno rebelde aun en el caso de que no se hubiera apoderado de la totalidad del territorio nacional, a lo que Balbo se negó, alegando razones de conveniencia diplomática. Al día siguiente, la comisión española se entrevistó con Mussolini, quien reiteró las promesas de armamento y aceptó la entrega de una suma de millón y medio de pesetas en metálico. Tras la audiencia, Balbo y los miembros de la delegación firmaron el acuerdo definitivo, que preveía un tratado de amistad y neutralidad, un acuerdo de comercio y el compromiso de que el gobierno rebelde denunciaría el supuesto pacto secreto franco-español. Por su parte, el régimen fascista se comprometería a reconocer al nuevo régimen «en cuanto fuera internacionalmente posible» y, según el documento conservado por Goicoechea, colaboraría con él para propiciar «la completa restauración de la Monarquía», aunque los delegados monárquicos mostraron abiertamente su discrepancia sobre el titular de la misma. A continuación, acordaron designar a Olazábal representante y gestor de esa ayuda[491].

El 1.º de abril, Olazábal recibió el primer pago de 500 000 pesetas, que distribuyó entre los líderes monárquicos Goicoechea y Rodezno, aunque las armas fueron destinadas preferentemente a los carlistas[492], y una parte del dinero para los alfonsinos, que contaban con utilizarlo en su infiltración en el Ejército a través de la UME[493]. El 14 de abril, Balbo envió a Mussolini los documentos relativos al acuerdo pidiendo que el Ejército facilitase los 10 000 fusiles, dos millones de cartuchos y cien cajas de bombas de mano que habían sido embarcadas para Trípoli a cargo de la Regia Aeronautica junto a las 200 ametralladoras «de la otra vez», en una clara referencia a la promesa de armas efectuada a los implicados en la intentona del 10 de agosto[494]. Las autoridades italianas también facilitaron seis estaciones de radio, y se llegó a un compromiso de adiestramiento de tres grupos de quince requetés carlistas en suelo italiano. Sin embargo, tras este acuerdo privado, Roma perdió interés por España ante la prioridad dada al acercamiento a Francia en la perspectiva de una invasión de Abisinia. Además, el embajador Guariglia fue sustituido en otoño de 1934 por Orazio Pedrazzi, quien redujo los fondos de propaganda a 1000 pesetas mensuales. A inicios de 1935, con el conflicto de Etiopía en inminente preparación y tras el acercamiento con Francia que se plasmaría en el pacto Mussolini-Laval, el interés en promover movimientos desestabilizadores en España decayó, y este cambio de actitud se hizo aún más patente el 27 de marzo, cuando el coronel Senzadenari, jefe de gabinete del Ministerio del Aire, solicitó carta blanca para el envío de material, pero obtuvo una respuesta negativa, ya que en noviembre de 1936 las armas y municiones (250 ametralladoras inglesas y alemanas, 3 millones de cartuchos, 9540 bombas de mano y 9984 fusiles) aún se encontraban en Trípoli y nunca fueron enviadas a la España rebelde[495]. El documento original del pacto quedó en manos italianas, y Goicoechea redactó un acuerdo adicional entre los representantes españoles en papel con membrete del hotel donde se alojaba, depositándolo en una caja de seguridad del Crédito Italiano de Roma, pero llevando consigo a España una copia no autorizada para informar al resto de líderes alfonsinos. Dicho acuerdo complementario fue ratificado en las escaleras del Congreso de los Diputados por Rodezno, Calvo Sotelo y Goicoechea, pero en mayo de 1937 el documento fue encontrado por los republicanos en la sede de RE y en los consulados italianos en Madrid y Barcelona, y se divulgó a varios periódicos europeos y norteamericanos, comenzando por Jay Alien, que lo publicó en las páginas del Washington Posf[496].

Los acuerdos alcanzados en Roma volvieron a poner sobre el tapete la urgencia de resolver la cuestión dinástica. A fines de abril, Goicoechea y Luca de Tena se entrevistaron con Alfonso XIII para darle cuenta del avance de la conspiración, pero el exrey tuvo un acceso de cólera cuando se le insinuó la posibilidad de una abdicación que allanara el camino a un acuerdo político con los carlistas[497]. A partir de este momento fue definiéndose en el seno del alfonsismo un sector netamente instauracionista, que desde La Época preconizó la creación de un «Estado Nuevo» basado en las instituciones españolas tradicionales[498]. El retorno de Calvo Sotelo a España el 4 de mayo de 1934, tras beneficiarse de la Ley de Amnistía, reforzó esta posición: si la «Sanjurjada» había fracasado por la división entre las fuerzas derechistas, ahora se intentaba reconstituir un movimiento contrarrevolucionario de amplia base como soporte cívico a una intervención que se seguía concibiendo como netamente militar[499]. A esta tarea se aplicó con entusiasmo el antiguo ministro de Hacienda, aunque su pretensión de asestar un golpe de tipo semifascista que estableciera un régimen de excepción por 4-5 años, chocaba con las pretensiones de instauración monárquica inmediata que mantenían los carlistas[500].

Calvo Sotelo comenzó a esbozar en la tribuna parlamentaria y en la prensa, en especial en Acción Española y La Época, todo un programa de acción contrarrevolucionaria que contrastaba por su rigor teórico de influjo maurrasiano, su carácter instauracionista y su sentido práctico con el «tradicionalismo mágico», autoritario, retórico y nostálgico de la «vieja guardia» Alfonsina reunida alrededor de Goicoechea[501]. Todo ello agudizó las contradicciones entre los neoconservadores que dominaban RE y los derechistas radicales agrupados en torno al político gallego, en el preciso momento en que Rodezno perdía la dirección del carlismo. Las expectativas de Calvo Sotelo se cifraban en movilizar a los diferentes grupos de la extrema derecha en un frente común de carácter fascistizante, aunque se dejaba claro el propósito contrarrevolucionario de esa fascistización: según declaraciones que realizó a La Nación a mediados de 1933, el fascismo era un fenómeno de época al que no se podía ser ajeno desde la derecha: «No han triunfado las derechas en otras partes por hacerse fascistas. Al contrario, han triunfado los fascismos por ser de derechas. Conviene no olvidarlo[502]». Esta pretensión de radicalizar los postulados conservadores de la extrema derecha tradicional a través de la imposición de mayores niveles de activismo político no podía sino chocar con los intereses del incipiente fascismo español. Calvo Sotelo había manifestado su interés por ingresar en Falange Española con la evidente intención de transformarla en un satélite de RE, pero la oposición frontal de Primo de Rivera frustró la operación, abriendo el foso entre las alas del partido que desembocó a fines de año en la rebeldía y ulterior defección de los monárquicos hacia el proyecto del Bloque Nacional[503]. Para remediar en lo posible este incidente, Goicoechea llegó en agosto a un pacto con Primo de Rivera que estipulaba el virtual control monárquico sobre las milicias y los sindicatos de Falange a cambio de una pingüe ayuda económica.

Los lazos con un carlismo cada vez más remiso al pacto también fueron relajados: «calvosotelistas» y «goicoecheístas» se mostraron de acuerdo en alejar a las juventudes alfonsinas de la TYRE y de la colaboración con los miembros de la AET. A tal fin, el Comité Ejecutivo de RE decidió el 17 de abril de 1934 suspender la constitución de las significativamente denominadas JUAN (Juventudes Unificadas de Acción Nacionalista), grupo juvenil adscrito a la TYRE y embrión de las futuras milicias carloalfonsinas del Bloque Nacional[504]. RE decidió separarse aún más de una Comunión que ahora contaba con el liderazgo nada propicio de Fal Conde, quien convenció a don Alfonso Carlos para que prohibiese el 6 de mayo la actividad carlista en TYRE y toda vinculación oficial con RE[505]. Ello supuso un espaldarazo a la burocracia Alfonsina contra los planes de unión derechista acariciados por Calvo Sotelo. Sin embargo, la TYRE continuó funcionando, y las JUAN acabaron por salir a la palestra política el 6 de junio[506], actuando por primera vez en tareas de esquirolaje con motivo de la huelga general convocada por las organizaciones obreras en Madrid el 8 de septiembre como protesta por la reunión del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro.

El desarrollo del Requeté.

El triunfo derechista en las elecciones de noviembre de 1933 no frenó los ímpetus insurreccionales del carlismo: a fines de ese año, la Junta delegada convocó una reunión secreta en Yergara (Guipúzcoa), a la que asistió el coronel Varela y donde se acordó la reanudación de la actividad conspirativa[507]. Esta misma Junta ordenó en enero de 1934 que los presidentes de las juntas locales del Requeté fueran nombrados en adelante por la Junta superior, y no por elección entre los propios «boinas rojas[508]». La juventud tradicionalista tampoco permaneció indiferente en la disputa por la capitalización de la «moda» fascista: el 2 de octubre de 1933 se habían reunido en Madrid los representantes de casi un centenar de organizaciones juveniles, que emitieron un manifiesto con motivo del Centenario del Tradicionalismo:

El ejemplo magnífico de los pueblos salvados por la implantación fácil de los sistemas contrarrevolucionarios ha culminado para aliento nuestro, en el movimiento de Austria. También nosotros debemos aspirar a una organización política propia, española, con inspiración nacional y no extraña[509].

Tales razonamientos, divulgados tras la asunción de la dictadura por Dollfuss en marzo de 1933 y pocos días antes de la presentación de Falange Española, llevaron a determinados medios carlistas a acariciar de nuevo la posibilidad de que sus propias juventudes saliesen de su letargo y lanzasen «el verdadero fascio español, el fascio que temen tanto los republicanos y que a nosotros nos resulta simpático, porque, en España, sin solera pagana ni raíces protestantes, no puede ser otra cosa que el tradicionalismo[510]». Aunque la doctrina totalitarista, modernizadora y laica de Falange difería notablemente del populismo rural, tradicional y religioso propugnado por los carlistas, los dirigentes de la Comunión se hacían eco de la capacidad de sugestión de la idea fascista, que «deslumbra a la gente joven y a los elementos más activos[511]». Los representantes más radicales de este intento de reacomodación del carlismo al vocabulario y los objetivos defendidos por los más modernos movimientos nacional-revolucionarios de masas fueron los jóvenes estudiantes navarros. Desde el 26 de enero de 1934, Jaime del Burgo simultaneó sus tareas de organización paramilitar de la juventud pamplonesa con la publicación en el Círculo Carlista de la Plaza del Castillo de la revista a. e. t., intransigente, violenta y con retazos considerados por algunos grupos de izquierda como fascistizantes, con sus llamadas a la revolución social en contra del capitalismo y la derecha más ortodoxa, donde incluían la dirección tradicionalista:

Somos revolucionarios.

¿Lo oyen ustedes? ¡Revolucionarios! […] No es la misma situación inmediatamente anterior a la actual, sino que se remonta a otros siglos de esplendor y gloria […] Que las Juventudes Carlistas sean las impulsoras de la Revolución.

Hagamos surgir un mar rojo de boinas encarnadas de sangre de traidores, para que sobre él pase arrogante la barquilla de la Tradición[512].

A través de un lenguaje claro y contundente, repleto de una beligerancia generacional que recordaba al grupo de La Trinchera de los años diez[513], a. e. t. se convirtió en el portavoz idóneo de una juventud escolar cuya actividad, impregnada de los nuevos modos de protesta surgidos en las aulas a mediados de la década anterior, se encontraba sin embargo más próxima a los modos de acción callejera propios de las milicias políticas de los años treinta. Los jóvenes tradicionalistas, que hablaban de la «revolución carlista» como una mera variante de una revolución nacional que debía tener un carácter violentamente antiliberal, estuvieron sujetos, como la generación jaimista radical de los años diez, al influjo de un cierto populismo obrerista que actuó de alternativa a la asunción de una retórica nacionalista revolucionaria de carácter fascista. Postulaban un rearme activista a mitad de camino entre la moderna acción directa y el tradicional militarismo que era una de las principales señas de identidad del legitimismo español, dirigido tanto contra los políticos republicanos —la clase deliberadora por antonomasia— como contra el accidentalismo cedista y los «mestizos», «reconocementeros» o transaccionistas de todo tipo que campaban en la cúpula del carlismo. Las ansias de violencia llevaban a este grupo a considerar que las acciones prioritarias eran el reclutamiento de requetés y el perfeccionamiento su organización armada con vistas a una sublevación, para lo cual se proponía «que cada ciudadano honrado sea un militar del honor y de la Patria[514]», deseoso de emular las pasadas gestas heroicas del carlismo. Más allá de su tono de radical inconformismo, estos jóvenes mantenían incólumes el viejo espíritu combatiente del carlismo impregnado de los valores intemporales del romanticismo decimonónico: valentía en el combate, fidelidad a la propia estirpe y al Rey, piedad religiosa, sentido del honor basado en la intransigencia doctrinal y voluntad de sacrificio mezclada con un honesto afán de aventura. Como declaraba Jaime del Burgo al pretendiente:

Henos aquí a nosotros, descendientes y continuadores de aquellos voluntarios, dispuestos a luchar como ellos lucharon, a morir como ellos murieron, y también a vencer como ellos vencieron, previniendo lo que ellos no supieron prevenir: la negra traición de los cobardes, de los viles que vendieron su Causa por treinta monedas. Señor: Somos descendientes de aquellos bravos que os acompañaron en la toma de Cuenca. Estamos dispuestos a todo, porque todo lo ofrecemos en holocausto del Ideal. Disponed, Señor, de nuestras vidas y haciendas, pues todo es vuestro […] Somos estudiantes. Somos jóvenes, y no nos seduce la idea de llegar a viejos sin haber hecho algo grande que cuenten las leyendas y se inscriba en letras de oro en las historias, para ejemplo de las generaciones venideras. Mientras llega la hora del combate final, el libro es nuestra arma. Reñiremos batallas intelectuales que sean un avance de futuras luchas heroicas[515].

El combatiente que idealizaba Del Burgo era el arquetipo de carlista. Pero los jóvenes de la AET pamplonesa, admiradores de los míticos generales de las guerras civiles, sobre todo de Zumalacárregui, y ávidos lectores de las memorias bélicas románticas del siglo XIX, también participaban de actitudes modernas como el deporte, el excursionismo o el ejercicio físico. De modo que la radicalización del carlismo durante la República resultó parcial, se concentró en los grupos de menor edad y afectó más a la forma y a la organización del movimiento, con un liderazgo cada vez más centralizado y un talante violentamente contrarrevolucionario, que a sus verdaderos postulados ideológicos. El carlismo era un movimiento contrarrevolucionario tradicional, confesional y dinástico que propugnaba el retorno a valores políticos preliberales y a estructuras socioeconómicas precapitalistas y arcaizantes, a pesar del aggiornamento de sus teorías corporativas, su adecuación al marco corporativo católico-social impuesto por las encíclicas Rerum Novarum y Quadragessimo Anno y la defensa inequívoca del orden y la propiedad capitalistas llevada a cabo en la práctica por sus representantes parlamentarios.

La actividad proselitista del grupo estudiantil de Del Burgo y sus métodos rupturistas alentaron el desarrollo del Requeté en núcleos de población como Pamplona, Viana, Mafieru y Villalba. La milicia carlista contaba además con otros focos de activismo tradicional, tales como Vizcaya, Valencia, Andalucía y Cataluña. Se trataba de organizar el Requeté «sin importarnos un comino los que sólo aspiran a triunfar por una evolución pacífica y progresiva». Pero el objetivo fundamental de la violencia carlista estuvo bien definido cuando se afirmaba, en el más puro estilo del semanario jaimista catalán La Trinchera, que la revista a. e. t. debía ser acompañada por «las brownings que acallaron los rebuznos de los radicales y las chulerías de las hienas socialistas de Bilbao[516]», en referencia evidente al enfrentamiento producido el 17 de enero de 1932 a la salida del mitin tradicionalista en el frontón Euskalduna. Las juventudes navarras no se conformaron con combatir a sus enemigos políticos, sino que protagonizaron los primeros conatos de conflicto en las juntas y centros controlados por los viejos jaimistas, nada dispuestos a alentar la lucha violenta contra las organizaciones políticas rivales[517].

Del pacto con Mussolini a la jefatura de Fal Conde.

A pesar del extraordinario desarrollo de la Comunión, cuyo Secretariado Central dijo contar a principios de 1934 con 16 diarios, 18 jefaturas regionales, 48 provinciales, 1631 juntas locales, 540 círculos, 230 sociedades de Margaritas, 803 secciones de juventud y un total aproximado de 700 000 militantes distribuidos sobre todo en Andalucía Occidental, Navarra, Valencia y zonas de Cataluña[518], su estructura de mando (ahora liderada por una Junta delegada que mantenía el equilibrio de tendencias al quedar compuesta por Rodezno, Pradera, Lamamié y Oriol) continuó desarrollando una actividad sobre todo parlamentaria y propagandística, sin demasiado interés por el proselitismo inmediato y el encuadramiento de la militancia más joven en organismos activistas, en especial las Juventudes, la AET y el Requeté, verdaderas puntas de lanza del movimiento en zonas como Navarra y Andalucía. El grupo de carlistas contemporizadores como Rodezno, Olazábal, Junyent, Gómez de Pujadas y Pradera, implicados en Acción Española, La Época, TYRE y los reiterados contactos dinásticos con el alfonsismo, iba perdiendo desde fines de 1933 su influencia en el aparato del partido en favor de los integristas, vistos de forma cada vez más favorable por las bases y por el anciano pretendiente a medida que se percibía la esterilidad de la polémica con los disidentes «cruzadistas» cuando la cuestión sucesoria permanecía en punto muerto y RE se alejaba de la colaboración con los tradicionalistas para optar por la plena autonomía.

Uno de los últimos intentos por mantener una imagen de intransigencia y de hostilidad antirrepublicana fue él ya citado viaje emprendido en marzo a Roma por Lizarza y el exintegrista Olazábal junto con los alfonsinos Goicoechea y Barrera para obtener ayuda económica y militar del gobierno de Mussolini. Al día siguiente de la reunión con el Duce, Olazábal obtuvo el primer medio millón de pesetas para los gastos de la conspiración y después, según Lizarza, recibió el otro millón estipulado en el pacto, lo que provocó un nuevo roce con Goicoechea, que pretendía un reparto equitativo del dinero y el armamento, pretensión pronto rechazada por los carlistas, que al igual que Barrera estaban convencidos de hacer un mejor uso de la ayuda que el puñado de «conspiradores de salón» integrados en RE[519]. Sintomáticamente, un mes después de la firma del acuerdo se creó el Frente Nacional de Boinas Rojas, que reflejaba la aspiración a configurar el Requeté como milicia a escala nacional. Desde abril, momento en que el semanario Esto informaba de la existencia de 4000 requetés sobre las armas, se intentó reorganizar el conglomerado formado por las milicias y las juventudes, a cuyos integrantes se les prohibió toda afiliación paralela y se les prometió una futura «actuación patriótica[520]». Este plan ya había sido esbozado por periódicos como Reacción en la primavera del año anterior como banderín juvenil de enganche para un tradicionalismo que se pretendía definir como verdadero fascismo español, pero también cabe verlo como una respuesta unificadora de los movimientos contrarrevolucionarios en competencia con el naciente proyecto de Bloque Nacional preconizado por Calvo Sotelo.

El avance de la CEDA y el estancamiento carlista dejaron al descubierto la ineficacia del gradualismo preconizado por Rodezno, quien no dejaba de insistir en la necesidad de una sintonía con alfonsinos y fascistas. Ello, unido al fracaso de las negociaciones con los alfonsinos, acentuó el malestar en las bases tradicionalistas. El carlismo norteño y levantino mantuvo su vitalidad en los años treinta, menos por su fuerza organizativa que por sus profundas raíces en la tradición local y familiar[521]. El «nuevo» tradicionalismo unificado a partir de 1931 trató de superar ese localismo rutinario y el familiarismo que había dominado al carlismo a inicios de siglo, potenciando el militantismo de sus elementos más jóvenes[522]. Por ejemplo, en Sevilla, donde la unión entre jaimistas e integristas era un hecho desde 1930 gracias a la virtual inexistencia del partido jaimista, la reactivación fue un fenómeno menos doméstico y más generacional, sobre todo gracias a la actividad de la AET y al dinamismo del joven abogado Manuel Fal Conde. Este liderazgo independiente, unido a la afluencia de antiguos alfonsinos y a la aparición del semanario El Observador el 21 de junio de 1931, posibilitó una indudable revitalización del tradicionalismo en la Andalucía Occidental, que desde la capital hispalense irradió hacia Huelva, Córdoba, Málaga, Granada y Jaén[523]. Las adhesiones se consiguieron sobre todo entre comerciantes, empleados, campesinos, obreros urbanos y artesanos, además de sectores de la burguesía profesional acomodada de talante clerical. El Requeté andaluz alcanzó un cierto desarrollo en las provincias de Sevilla y Córdoba, con 500 y 240 miembros respectivamente, pero en Cádiz y Almería su número no rebasó los 140, y en el resto de provincias andaluzas no llegaron al centenar los individuos inscritos en la fuerza paramilitar[524].

El 6 de junio de 1933, Fal Conde fue nombrado jefe de la Comunión en Andalucía Occidental. Su prestigio se acrecentó aún más con la caravana de autobuses que organizó para asistir al «Gran Día de la Tradición» que se celebró en Zumárraga el 11 del mismo mes. Ese alarde de capacidad fue confirmado con la inauguración el 15 de abril de 1934 del nuevo Círculo Tradicionalista en Sevilla, que contaba con un gimnasio donde se hacían las primeras sesiones de instrucción y se daban clases teóricas de tiro, montaje y limpieza del armamento, siempre depositado en un lugar oculto[525]. Ese mismo día tuvo lugar una concentración carlista en el cortijo sevillano de Fuente Quintillo, que se consideró el acto más espectacular del tradicionalismo andaluz desde su reciente resurgimiento. Todos quedaron sorprendidos con las evoluciones de 650 requetés (300 de Sevilla y 350 de otras localidades de la región), bien adiestrados y uniformados, que realizaron un supuesto táctico consistente en tomar una loma que se suponía ocupada por el enemigo bajo la dirección del oficial de complemento de Caballería y jefe del Requeté local sevillano Enrique Barrau Salado, y con la dirección técnica del comandante de Caballería y jefe del Requeté de Andalucía Occidental Luis Redondo García[526]. Esta concentración campestre, aparte de su intención propagandística, fue una auténtica exhibición de fuerza del grupo de Fal Conde en el momento en que se estaba librando la pugna interna por el control de la Comunión. Tanto el pretendiente como la Junta delegada estaban recibiendo constantes solicitudes para un cambio radical de orientación política. En la conferencia de la CT celebrada a continuación de los actos de Sevilla, integristas como Senante, Lamamié y Fernando Contreras lanzaron la candidatura de Fal Conde a la presidencia de la Junta, a lo que Rodezno, que había presentado su renuncia de forma oficial el mismo 15 de abril, se negó aduciendo la falta de «categoría» del aspirante, pero sugiriendo su posible promoción al cargo de secretario político. El día 16, Fal envió a don Alfonso Carlos un extenso informe donde le proponía una drástica reorganización, una política más militante y el aplazamiento e incluso el cese de las negociaciones dinásticas. En este documento, el político onubense veía de forma pesimista el triunfo del malminorismo cedista que, a su juicio, había conllevado la consolidación de la «obra revolucionaria» de la democracia republicana. Advertía que «hoy hace mucha más falta que en otras épocas utilizar ante todo la resistencia llamada pasiva, en toda la gama de sus medios que sin gran solución de continuidad acaba en la resistencia llamada activa». Para llegar a ese extremo, trató de incorporar visos de modernidad a la organización de la violencia, aunque la teorización de la lucha armada contra la República siguió recluida en los mitos fundadores de la rebeldía carlista y en las doctrinas de resistencia a la tiranía emanadas del derecho público cristiano. Fal Conde señalaba que la perpetración de un acto violento para restaurar la «soberanía legítima» seguía siendo una de las obligaciones históricas del carlismo, aunque entendía muy bien que:

Las luchas modernas han acreditado que mientras ha ido cayendo en desuso el pronunciamiento militar tipo siglo XIX, se han ido acreditando en la técnica revolucionaria los movimientos de actuación de los ciudadanos introducidos en la vida social, que se apoyan a los elementos encuadrados militarmente […] Hoy la táctica aconseja introducirse en los mismos órganos del Estado, y desde ellos, utilizando los mismos resortes, combatir a los gobiernos que se trata de derribar[527].

Inspirado por la Técnica del golpe de Estado de Malaparte, Fal defendía para la Comunión una táctica claramente resistencial y rupturista, que entreveía la posibilidad de una insurrección propia a medio plazo, y para ello incrementó tanto sus contactos en el Ejército como el sentido militante de la organización, comenzando por su sector juvenil.

El pretendiente solicitó poco después su aceptación del cargo de secretario general de la Comunión, y tras una reunión con los jefes regionales y la Junta delegada en Madrid el 20 de abril, esta última presentó la dimisión en bloque, dejando vía libre a las iniciativas reformadoras de Fal, cuyo nombramiento se hizo oficial el 3 de mayo[528]. El nuevo hombre fuerte de la Comunión agrupaba en su mano facultades muy cercanas a los plenos poderes: como representante del pretendiente, el resto de los jefes regionales quedaba subordinado a su autoridad, y podía sugerir a don Alfonso Carlos el nombre de los delegados y jefes idóneos para emprender esa tarea de reorganización del colectivo carlista. Las relaciones con los alfonsinos fueron abrupta y oficialmente interrumpidas con una carta de don Alfonso Carlos a Domínguez Arévalo —presumiblemente inspirada por Fal— fechada el 6 de mayo, donde consideraba la exaltación de Fal a la jefatura carlista como un éxito personal sobre «reconocementeros» como Rodezno, Pradera, Lamamié u Oriol. Pero la vieja guardia jaimista, encastillada en sus cargos sobre todo en el país vasconavarro, supondría a partir de entonces un constante obstáculo para la plena realización del proyecto de renovación impulsado por Fal, al asumir iniciativas no deseadas por los máximos órganos rectores de la Comunión, como quedaría demostrado en la crucial primavera de 1936.

El 22 de mayo de 1934 se centralizaron las actividades políticas esenciales (hasta entonces desarrolladas sin excesivo concierto por las jefaturas regionales, provinciales y locales) en delegaciones especiales como las de Propaganda, Prensa y Juventudes, esta última gestionada por el joven diputado Luis Arellano, en cuyo ámbito de competencia se incluía a la AET. Fal Conde era el verdadero inspirador de su actividad general, que se centraba, según Arellano, en «la formación cultural y física de los jóvenes» y en el fomento de un carácter viril y combativo, idóneo para nutrir las filas del Requeté[529]. No resultó casual que a partir de 1935 se intensificaran los alijos y el tráfico de armas, favorecidos antes por los donativos de militantes como Oriol, Baleztena, Miguel María Zozaya y Fernando Contreras que por las buenas relaciones de Sanjurjo con el gobierno portugués o de los mandos carlistas con el gobierno italiano que, como sabemos, no hizo llegar a los conspiradores monárquicos cantidades significativas de armamento[530].

El «nuevo estilo» de Fal, antialfonsino, antiparlamentarista y movilizados no fue bien recibido por los «caciques comarcales», acostumbrados a la vida sosegada y fatalista de la Restauración, y que vieron con singular recelo las tareas que se emprendieron para transformar al carlismo en un partido de masas moderno y disciplinado, un partido «movimentista», o partido milicia que proporcionase apoyo popular a los sectores provenientes del establishment conservador para «cerrar el paso a la revolución», recibiendo a cambio respetabilidad y apoyo material para participar en la coalición contrarrevolucionaria que aspiraba a la conquista del poder por medios violentos[531]. Pero este aggiornamento también se efectuaba para poner coto al avance del fascismo en las propias filas:

El plan es organizar en unos meses en España el requeté como preservación contra las milicias de tipo pagano como el fascismo, y a la par como preparación para el día que fuere necesario que como dice muy bien V. M. debe ser aquél de una revuelta extrema que ponga a la Patria en un mal trance. Creo que nuestro deber es prepararnos sin descansar y cuando la ocasión llegue sería posible lo que sin preparación no lo sería y además porque venir ocasión de un acto militar en el que hagamos saber nuestra preparación y obliguemos a la entrega del poder[532].

En esa línea de mayor jerarquización, centralización y control oficial, que fue criticada como «fascistoide» por algunos viejos jaimistas nostálgicos de la placentera y anárquica autarquía de los tiempos de Villores y Rodezno, también se desarrolló notablemente la organización del Requeté, al que Fal transformó en una verdadera milicia con el apoyo en dinero, armas y adiestramiento recibidos del gobierno italiano. De hecho, Fal aceleró la puesta a punto del instrumento paramilitar, que en esa primavera estaba formado, según fuentes italianas, por 40 000 afiliados encuadrados en batallones y compañías análogas a las del Ejército regular, dirigidas por oficiales retirados y uniformadas de caqui y con boinas rojas o blancas[533]. En la segunda semana de julio de 1934, Fal dejó constituida en Madrid una Junta técnica compuesta de un oficial retirado de cada arma (Varela, Arredondo, Ansaldo, Villanova) y algunos jefes carlistas como Zamanillo, encargada de asesorar al grupo parlamentario tradicionalista sobre temas militares y de viajar a provincias para poner en pie nuevas unidades. Una vez constituido este organismo de elementos activos y útiles, se barajaba la conveniencia de constituir, en coincidencia con la celebración del Centenario de la muerte de Zumalacárregui, una Legión o Tercio de Honor de veteranos de toda España, en la que figuraría como jefe el anciano general José Diez de la Cortina, y cuyos nombres y grados se harían públicos como ejemplo para los militantes más jóvenes. Esta legión honorífica, como otras medidas de Fal, trataba de salvar el vacío generacional, asegurando la conexión emocional y técnica entre los excombatientes de 1872-1876 y las juventudes[534].

La reestructuración y el adiestramiento de la milicia tradicionalista.

En cumplimiento de los acuerdos firmados con Mussolini en marzo anterior, Fal envió desde el 20 de julio a mediados de agosto de 1934 a un primer grupo de quince «boinas rojas» (entre los que se encontraban los dirigentes del requeté pamplonés Jaime del Burgo, el padre Pascasio Osácar, José Millaruelo y Emiliano Larrea) a adquirir formación militar en la base aérea italiana de La Dispoli en Furbara (cerca de Roma) con la falsa identidad de oficiales peruanos y bajo la supervisión del coronel Luigi M. Longo, antiguo agregado aéreo en España. El grupo se entrenó militarmente en el manejo de armamento moderno (ametralladoras y bombas de mano), táctica militar y guerrilla urbana. Los cursos de adiestramiento fueron tres, en los cuales participaron medio centenar de oficiales del Requeté. La operación era una iniciativa privada de la aviación italiana, y ni el Ministerio de la Guerra ni el servicio de inteligencia militar para el exterior, entonces regentado por el general Emilio Faldella, tuvieron conocimiento oficial de la misma[535]. Los planteamientos armados del siglo XIX basados en el enfrentamiento a campo abierto («tirarse al monte») pasaron al baúl de los recuerdos. Ahora se trataba de ocupar los puntos estratégicos de las poblaciones, para lo cual hacía falta una organización compacta en grupos más pequeños y duchos en tácticas militares de combate en el interior de las mismas. Estas novedades quedaron reflejadas en el «Reglamento Táctico» que Del Burgo redactó para el Requeté. Heredero de una larga tradición reglamentista paramilitar, el texto incluía un riguroso tratado sobre alineaciones, movimientos de grupo, marchas, orden de aproximación y combate, fuegos y avances, todo de inspiración castrense, en pequeñas formaciones aptas para la guerrilla urbana.

A pesar de este significativo cambio de paradigma combativo, a fines de 1933 había comenzado a prepararse un alzamiento armado en el campo, ámbito más adaptado a la táctica de lucha tradicional del carlismo. Varela, que aún ejercía la jefatura militar del Requeté con el asesoramiento del general Musiera, realizó un amplio periplo de inspección por los núcleos de Requetés de toda España oculto bajo el nombre en clave de «Tío Pepe» o «Don Pepe», tratando de transformar las antiguas decurias en unidades perfectamente encuadradas, y con la aspiración de erigir a esta milicia política en el embrión de un posible ejército nacional. Para ello organizó un sistema de mandos a base de capitanes y tenientes en activo, pero ante la fuerte vigilancia policial hubo de desistir y optar por militares retirados y oficiales de la propia milicia, que fueron asumiendo el mando de las jefaturas e inspecciones locales del Requeté[536]. Al ser rehabilitado tras la amnistía de abril, retornar a la carrera militar y ser ascendido a general de brigada el 31 de octubre de 1935, Varela dejó prácticamente la jefatura del entramado paramilitar carlista. Se proyectó entonces una jerarquía nacional de Requetés compuesta por el Delegado Nacional, el Inspector Nacional y los Delegados Regionales para tareas de reclutamiento y organización. El joven diputado cántabro José Luis Zamanillo González-Camino, que había militado en el integrismo hasta 1931, fue nombrado en mayo de 1934 delegado nacional de Requetés, y contó con el asesoramiento del teniente coronel retirado Ricardo Rada Peral, quien ostentaría desde su marcha de Falange a inicios de 1935 el cargo de Inspector general de Requetés como sustituto virtual de Varela y de Sanjurjo, quien tras la revolución de octubre aceptó el cargo más honorífico que efectivo de jefe militar de las fuerzas de la Comunión[537]. Entre los delegados regionales descolló el navarro Antonio Lizarza Iribarren, quien desde 1933, y oficialmente desde el 5 de septiembre de 1934, se ocupó de las labores de coordinación, adiestramiento y traslado de armas a los pueblos de la provincia. Desde mucho antes de la revolución de octubre, el Requeté del antiguo reino realizaba ejercicios militares en el campo y disponía de depósitos de armas y municiones. Las milicias vasconavarras se concentraban de forma habitual en Orduña, Urquiola y Zumárraga en junio-julio de 1934, y cada jueves, con la excusa del mercado, se reunían en Pamplona los jefes locales del Requeté con Utrilla y Lizarza, para coordinar los planes de sublevación. En la capital navarra el comandante Luis Villanova había puesto en marcha los tres primeros piquetes, aunque sólo los dirigidos por Mario Ozcoidi y Jaime del Burgo eran operativos.

La dirección y organización unificadas del requeté a nivel nacional no supusieron un absoluto control del mismo por el tándem Fal Conde-Zamanillo. En el caso de las belicosas juventudes navarras, su lealtad hacia el nuevo secretario general dependía de que demostrara mayor proclividad hacia el compromiso insurreccional que el aún influyente conde de Rodezno. Sin embargo, en el resto de las formaciones del Requeté, menos potentes y seguramente menos radicalizadas que las navarras, la tónica fue la disciplina, la coherencia ideológica y una mayor coordinación, lo que facilitó un incremento de la militancia y abrió el camino a considerar de la posibilidad de un golpe de fuerza en solitario.

Es posible que, inspirados en los actos japistas y en el éxito del acto de «El Quintillo», la secretaría general carlista proyectase también grandes manifestaciones de propaganda intimidatoria, la primera de las cuales fue una concentración de un millar de requetés de Álava y Vizcaya en Orduña el mes de junio, a la que siguió una nueva reunión en Urquiola con la «toma» de Durango y el aplec celebrado en Santo Toribio de Potes (Santander) el 15 de julio. Allí, Fal intentó trazar ante 2500 personas y 600 requetés uniformados un interesado paralelismo entre los combatientes carlistas del siglo XIX y unas juventudes «decididas a lanzarse a las montañas» y «levantarse contra los tiranos» en una reconquista que no duraría ocho siglos, sino «ocho días, ocho horas[538]».

Falange Española y la «dialéctica de las pistolas».

Falange tropezó desde el primer instante con el crecimiento de la CEDA y con el ascenso al poder del Partido Radical. La derrota de las izquierdas y el control por la derecha de los órganos represivos del Estado no hacía imprescindible una movilización de carácter fascista. En contrapartida, la psicosis de una reconducción autoritaria de la República e incluso un golpe de Estado fascista asaltó a buena parte de la izquierda republicana y las organizaciones proletarias, que comenzaron a desarrollar grupos de autodefensa y Alianzas Obreras. Por su parte, Falange decidió ampliar su área de acción intentando penetrar en la Universidad, donde la FUE y otras organizaciones estudiantiles de izquierda iban perdiendo la iniciativa desde 1932 en favor de grupos antirrepublicanos como la belicosa AET, y en menor medida a manos de las JONS o la AEC, en especial en las universidades como Valladolid, Salamanca y Zaragoza[539]. A fines de noviembre, Julio Ruiz de Alda —quizás el más firme partidario de la violencia entre los jefes falangistas de primera hora— fundó junto al exfueista y exjonsista Matías Montero y Rodríguez de Trujillo, el estudiante de Filosofía y Letras Alejandro Salazar Salvador y el estudiante de Arquitectura Manuel Valdés Larrañaga el Sindicato Español Universitario (SEU), que en poco tiempo consiguió unos 400 adeptos en Madrid, Sevilla y Valladolid y otro centenar de «militantes» organizados en células de tres individuos para pelear en las calles y las aulas[540]. A pesar de la irremisible decadencia de la FUE y de su creciente inclinación hacia posturas socialistas y comunistas, el sindicato estudiantil falangista se mantuvo largo tiempo en franca minoría ante esta organización, e incluso ante las de obediencia católica y tradicionalista[541]. Consciente de su debilidad, el SEU continuó desplegando la misma táctica que las JONS: provocación y ataque en la Universidad. Los jóvenes afiliados recibieron orden de ingresar en la FUE para minarla desde dentro, lo que motivó una inmediata reacción del izquierdista Bloque Escolar de Oposición Revolucionaria (BEOR) afín a la FJS y al PCE, que forzó la expulsión de los falangistas «de modo violento y sin respetar normas democráticas», a decir del entonces estudiante comunista Manuel Tagüeña[542].

Los falangistas encontraron el medio ideal para desarrollar sus tácticas de lucha en el enfrentamiento con las asociaciones profesionales de estudiantes[543]. La violencia, conforme a los patrones de conducta del fascismo europeo, se convirtió en uno de los mitos de la práctica política de Falange: en el formulario de ingreso que se presentaba al futuro afiliado desde el 10 de octubre de 1933 se le preguntaba si «tiene bicicleta», en alusión velada a la disponibilidad de armas de fuego[544]. El partido fue divulgando una «pedagogía de la pistola» que García Serrano relató de una manera tan rotunda como sencilla: «Uno se explica todo cuando dispara el primer tiro[545]». En un momento en que el aparato militar falangista estaba en mantillas y el movimiento no había adquirido una mínima importancia política, las escuadras del SEU llevaron el peso de la acción callejera. Para ello se dividió Madrid en dos zonas de las que eran jefes respectivos el comandante de Infantería Luis Arredondo Acuña y el coronel retirado de Estado Mayor Román Ayza, además del antiguo teniente coronel del Tercio Ricardo Rada Peral, que tras la fundación del partido había organizado los primeros grupos de defensa alrededor del edificio[546]. Estos tres militares retirados por las leyes de Azaña, rotundamente monárquicos y reaccionarios, formaban con Ruiz de Alda, Rodríguez Tarduchy, Emilio Alvargonzález, Manuel Groizard, José Luna, José Sainz o Alfonso Zayas, el grupo de militares que se había afiliado a FE en los primeros momentos para introducir a los afiliados y a sus mandos políticos en las tácticas propias de la lucha callejera organizada.

El primer gran despliegue de las milicias falangistas se realizó a fines del año 1933: con motivo de la venta del primer número del semanario FE, los estudiantes del SEU vocearon personalmente la publicación por las calles protegidos por las primeras escuadras, pero se produjeron graves altercados en Cuatro Caminos y en la llamada «acera roja» de la Puerta del Sol (una visera que iba desde la calle del Carmen a la de Alcalá, lugar habitual de reunión de parados y trabajadores ociosos y, a decir de algunos jonsistas, de alquiler de pistoleros al mejor postor), donde Primo de Rivera en persona intervino en la venta y en los tumultos posteriores[547]. El conflicto se repitió el 2 de enero de 1934, cuando se repartieron en Atocha, Puerta del Sol y Cuatro Caminos unas hojas dirigidas a los obreros, y varios falangistas agredieron en la Puerta del Sol a un transeúnte que había hecho comentarios despectivos sobre sus panfletos de propaganda[548]. Al día siguiente, la Policía efectuó un minucioso registro de la oficina del SEU y requisó una veintena de porras, detuvo a algunos militantes y clausuró el local de la calle Eduardo Dato. Tras otra tumultuosa venta de FE realizada el 8 de enero, y que se zanjó con la llegada de la Guardia de Asalto, José Antonio autorizó represalias moderadas sobre los vendedores de periódicos comunistas y socialistas. Tres días después fue asesinado en la esquina de las calles de Sevilla y Alcalá el seuista Francisco de Paula Sampol Cortés mientras leía el boletín de Falange. Con su muerte comenzó la liturgia falangista de los «caídos[549]», pero también la polémica sobre la licitud y la eficacia resolutiva de la violencia falangista. A mitad del invierno, José Antonio manifestó en privado su arrepentimiento por haber fundado un partido inmerso en una fuerte espiral de violencia, pero políticamente inerme entre una extrema derecha que no ocultaba sus intenciones manipuladoras y una izquierda que, recién derrotada en las urnas, temía una represión como la que se preparaba en Austria o un golpe de mano similar al que se realizaría en París el 6 de febrero.

En la vorágine violenta que se extendió por las aulas en la primera mitad de 1934, la FUE perdió el monopolio de la representación escolar. Ello condujo a una mayor radicalización, antesala de la gran movilización revolucionaria de octubre. En enero de 1934, con apoyo de la AET y FEC, el SEU de Sevilla al mando de Narciso Perales asaltó los locales de la FUE instalados en la Universidad y el instituto de Bachillerato[550]. También se produjeron incidentes en Cáceres, Toledo y Badajoz, pero el más grave de todos sucedió en Zaragoza, donde tras un altercado ocurrido dos días antes durante la venta del periódico de la FUE resultó malherido el seuista Manuel Baselga de Yarza, probablemente a manos de un pistolero a sueldo del sindicato estudiantil rival[551]. Acosada por una campaña de desprestigio, la FUE acabó por ser clausurada y expulsada de claustros y juntas de Facultad. En Sevilla se reprodujeron los incidentes cuando tres escuadras mandadas por Perales, Benjamín Pérez Blázquez y Rafael García Saro asaltaron los locales de la FUE en la Universidad y el Instituto. Los jonsistas vallisoletanos hicieron otro tanto[552], en Murcia se produjeron tumultos el 26 de enero y en Madrid los enfrentamientos entre grupos universitarios rivales llegaron a tal punto de crispación que los estudiantes acudían normalmente a las aulas con porras y con libros vaciados conteniendo en su interior revólveres y pistolas[553].

Los representantes de la AET, el SEU, y es posible que Primo de Rivera, se reunieron el 24 de enero en el domicilio de Ruiz de Alda para planear un asalto en toda regla al local que la Asociación Profesional de Estudiantes de Medicina vinculada a la FUE tenía en la Facultad de San Carlos, todo un símbolo de la rebeldía universitaria. Al día siguiente, tres escuadras de estudiantes carlistas y falangistas, con un total de unos 300 individuos bajo el mando de Agustín Aznar, Ruiz de Alda y Matías Montero penetraron en el edificio docente en compañía de algunos oficiales del Ejército (entre ellos Fernando Primo de Rivera) y asaltaron y destrozaron el local. En un confuso tiroteo se produjo la muerte del vicesecretario de la agrupación fueista Antonio Larraga García y se infligieron heridas a un capitán de Seguridad y a varios guardias. Los incidentes se reprodujeron en la Escuela Normal del Paseo de la Castellana[554]. La trascendencia del asalto a San Carlos, espacio simbólico de la resistencia a la Dictadura y la Monarquía, no pasó desapercibida para los observadores, que se dieron cuenta de que «los fascistas operan con una táctica que supone una cierta preparación militar[555]», precisamente en el momento en que el diario Luz revelaba con pelos y señales la existencia de unas «Instrucciones para la Primera Línea», redactadas posiblemente por el comandante Arredondo en las que era patente la voluntad de desarrollar con rapidez tácticas de guerrilla urbana[556].

El revuelo en la prensa y en la opinión pública ante este salto cualitativo de la violencia fascista fue muy notable: Ramiro de Maeztu y Claudio Sánchez Albornoz se enzarzaron en una polémica sobre el carácter de la violencia estudiantil[557], la FUE protestó con energía por la agresión reivindicando su carácter estrictamente profesional[558], y el asunto tomó estado parlamentario los días 1 y 20 de febrero, tras el polémico fallo del Tribunal de Urgencia por estos sucesos[559]. En esa ocasión, Primo defendió con ardor la actitud violenta de su grupo describiendo la agresión como un enfrentamiento leal ante una serie de provocaciones anteriores que habían culminado en el atentado pistoleril a Baselga[560]. Como respuesta a estas agresiones, las organizaciones estudiantiles izquierdistas UFEH, BEOR y FUHA llegaron a un acuerdo de acción conjunta y declararon a fines de enero la huelga en toda España, apaleado a varios seuistas en la Facultad de Medicina en Madrid y abriendo una espiral de venganzas en las semanas siguientes[561].

La violencia rebasó inexorablemente el ámbito universitario para transformarse en un verdadero problema de política nacional. El 8 de febrero, un grupo de pistoleros falangistas trató de forzar una nueva incursión en la FUE de Medicina[562], pero fue el asesinato de Matías Montero y Rodríguez de Trujillo al mediodía del 9 de febrero la circunstancia que acentuó el enfrentamiento interno en Falange y marcó el salto cualitativo de la violencia tumultuaria a un verdadero pistolerismo profesional. Este jerarca del SEU volvía de efectuar tareas de protección a los vendedores falangistas cuando fue asesinado en la Calle Mendizábal por Francisco Tello Tortajada, pistolero vinculado al grupo socialista «Vindicación» que fue condenado a 23 años y seis meses de cárcel por esta acción de represalia[563]. La muerte de Montero suscitó una violenta huelga escolar, pero las repercusiones internas en el seno de FE no fueron menos importantes: a su sepelio asistieron Rodezno, Goicoechea y un nutrido grupo de militantes de la JAP, mientras que las escuadras y los dirigentes de Falange efectuaban por vez primera un ceremonial necrológico que incluía el canto del himno nazi «Yo tenía un camarada», los gritos de «¡Presente!» al caído y un epitafio pronunciado por el Jefe Nacional. Con todo, la comitiva vivió momentos de tensión cuando José Sáinz se encaró con Primo, que había vuelto precipitadamente de una montería para asistir al sepelio y le hizo la siguiente pregunta recriminatoria: «¿Es que nos vamos a dejar matar como moscas?», a lo que el líder falangista respondió con no menor acritud que no estaba dispuesto a convertir el partido en una banda de asesinos, invitando al militante toledano a proclamar la revolución nacional-sindicalista junto a los cadetes del Alcázar antes que dejarse matar en una callejuela[564]. En vista de la tensión que generaba este tipo de actos, Primo de Rivera rogó al escritor Rafael Sánchez Mazas —uno de los forjadores del «estilo» de Falange— la confección de un texto más elaborado para los funerales falangistas. Así surgió la «Oración por los muertos de la Falange», que apareció en FE el 22 de febrero, y que con una retórica muy similar al ofertorio de las misas católicas se convirtió en el hito insoslayable de la sublimación de la violencia como acto de servicio y sacrificio, al proponer el perdón a los asesinos y la renuncia a la venganza al estilo cristiano sin que ello supusiera la renuncia a la violencia, y convirtiendo la muerte en un gesto ejemplar, visionario, de anticipación y profecía[565]. Pero la retórica sacrificial fue acompañada de una aplicación sistemática del terror político, del asesinato como represalia que tenía poco que ver con el tono místico de esta oración, que se convirtió en la base del ritual fúnebre falangista junto con el distintivo de los luceros para homenajear a los caídos o la culminación de esta liturgia necrófila que fue el «Cara al Sol», elaborado de forma colectiva a fines de 1935 y cantado por vez primera en un acto público en el mitin del cine Europa el 2 de febrero de 1936. El culto a la muerte era una muestra evidente del irracionalismo fascista y su deuda con el espíritu de rebeldía típicamente romántico[566]. Pero para la primera Falange la muerte no era sólo un acto de sacrificio o un ejemplo de supremo inconformismo, sino un hecho de propaganda, la base de un ritual de violencia que los fascismos europeos habían ido insertando en su propia naturaleza. La muerte, accidente necesario en la lógica de la guerra, no era sólo el resultado de un enfrentamiento político, sino la inauguración de un espacio funerario destinado a legitimar la propia violencia haciendo de ella la forma natural de hacer política[567]. Incluso el descanso eterno al que aspiraba el guerrero de camisa azul aparecería lleno de referencias bélicas: guardia sin fin, presente, puesto y vigilia perpetua[568], ya que, como dijo García Serrano, «de la guardia bajo las estrellas era natural que se pasase, en un mundo donde el pistoletazo estaba a la orden del día, a la guardia sobre las estrellas, de modo que a nadie le extrañó la fabulosa metáfora incluida en la segunda estrofa del himno de Falange[569]». La retórica optimista de los falangistas ante los camaradas que cayeron «saludando con el brazo en alto, alegremente», «al paso alegre de la paz» fue una manera de sublimar el dolor y el sacrificio como ejemplo, a la manera del martirologio cristiano[570], pero también un modo de conjurar cualquier crítica interna.

Pero resultaba inevitable que los monárquicos terciaran en un asunto tan grave como una muerte sin venganza: justo en el día del sepelio de Montero, Álvaro Alcalá Galiano, marqués de Castel Bravo, se erigió en interesado portavoz de una supuesta opinión pública que esperaba de la Falange

[…] algo más que la «enérgica protesta» de rigor en los periódicos; unas represalias inmediatas… Y nada… Por eso mucha gente empieza ya a considerarlo más bien como una forma de vanguardismo literario, sin riesgo alguno para sus adversarios ni peligro para las instituciones[571].

En su oración fúnebre, José Antonio no se recató en criticar de forma velada estas intromisiones que reclamaban una violencia indiscriminada: «Otros, cómodamente, nos aconsejarán desde sus casas ser más animosos, más combativos, más duros en las represalias. Es muy fácil aconsejar[572]». Sintiéndose aludido, Alcalá Galiano replicó que «un fascismo teórico, sin violencia como medio táctico, será lo que se quiera, pero no es fascismo», y proclamó la perentoria necesidad de incitar a la juventud de los partidos de derecha a bajar a la calle para hacer lo que el gobierno no sabía o no quería hacer, esto es, eliminar a la oposición de izquierdas[573]. La respuesta de Primo de Rivera, trufada de odio personal, fue tajante:

Falange Española aceptará y presentará siempre combate en el terreno que le convenga, no en el terreno que convenga a los adversarios. Entre los adversarios hay que incluir a los que, fingiendo acucioso afecto, la apremian para que tome las iniciativas que a ellos les parecen mejores[574].

El marqués de Estella llegó a querellarse contra Alcalá Galiano, a quien acusó de incitación al asesinato[575], y el siempre inoportuno Giménez Caballero quiso terciar en la polémica preguntándose: «¿Qué es eso de pagar cuadrillas desde los tendidos?», en clara alusión a los pactos políticos y económicos firmados entre Falange y RE. El extravagante escritor aceptaba la violencia nacida de la civilidad y de un «impulso nacional y patrio», pero no el pistolerismo profesional[576].

La verdad era que Falange no estaba aún organizada suficientemente, ni se mostraba capaz de preparar una réplica contundente e inmediata. Tras las violencias de enero comenzaron a salir a la luz las discrepancias entre Primo de Rivera, partidario de un partido dirigido por los intelectuales y especializado en la propaganda, y Ruiz de Alda, espoleado por sus amigos monárquicos para desarrollar una organización especializada en la lucha callejera. Con la secuela de militantes asesinados y una desfavorable actuación violenta en la Universidad, el ambiente interno se enrareció: los alfonsinos, que apoyaban al partido con unas 100 000 pesetas mensuales, exigieron una mayor implicación violenta y amenazaron con retirar su ayuda, mientras que los elementos más radicalizados de FE y del SEU reclamaron represalias más firmes. Con evidente humor negro, los mentideros políticos de Madrid rebautizaron a Falange como «Funeraria Española», y a su máximo dirigente como «Juan Simón el enterrador». Desde ABC se siguió propagando el «asombro, compartido por muchos, al comprobar el estado de indefensión en que FE dejaba a sus jóvenes animosos» sin otra protesta que la indignación verbal, y se añoraba la táctica exclusivamente violenta de los matones de Albiñana, incitando de este modo al grupo falangista más violento a dar un golpe de mano y marginar a José Antonio[577]. Finalmente, tras las muertes de Montero y Cuéllar, Primo cedió a las presiones de su entorno y avaló la práctica del asesinato como represalia política.

Pero al inicio de la primavera de 1934 otra cuestión captó la atención del grupo de Primo de Rivera: la fusión con las JONS bajo los auspicios de los financieros monárquicos. Después del triunfo electoral de noviembre anterior, los alfonsinos creyeron llegado el momento de participar en la coalición gubernamental si se mantenía la unión de las derechas, y con ello disminuyó su interés por la instrumentalización de un movimiento fascista. De modo que, casi al nacer, Falange dejó de ser una prioridad para sus mentores de la extrema derecha, y se vio abocada a grandes penurias económicas. La situación de las JONS no era mucho mejor, ya que a inicios de 1934 los donativos de AP se habían retirado, y los de las derechas monárquicas aún gravitaban con preferencia hacia Primo de Rivera. Al mismo tiempo se percibió una radicalización en el lenguaje empleado, en la que descolló Onésimo Redondo, preocupado en especial por las posibles defecciones juveniles en la dirección del nuevo partido competidor:

Contra los que se empeñan en deshacernos la posibilidad de vivir una vida nacional digna huelgan desde hace mucho tiempo las razones, por la sencilla razón de que ellos amenazan y ejecutan por el camino de la violencia. ¿La quieren? ¡Pues sea! La nuestra es justa y será santa, ya que se ejercita en servicio directo de España.

La juventud, además, necesita el tónico de la lucha física, sin la que toda energía creadora perece.

La violencia juvenil es necesaria, es justa, es conveniente[578].

El retorno puramente verbal a posturas violentas próximas al sindicalismo revolucionario resultó claramente contraproducente, toda vez que los monárquicos veían más futuro en el control del grupo por Primo de Rivera, aún con rasgos poco combativos, pero más dócil y sin veleidades seudorrevolucionarias. Conversaciones más serias y concretas tuvieron lugar a mediados de agosto de 1933: en San Sebastián los financieros bilbaínos, representados por Ramos y Areilza, convocaron a Primo de Rivera, Ruiz de Alda, García Valdecasas y Ledesma a una reunión donde se discutió el medio de coordinar los diversos fascismos existentes como paso previo a la formación de un partido único, para lo cual no se desdeñó el recurso al chantaje económico sobre unas JONS en virtual bancarrota. La decisión final hubo de tomarse durante la convocatoria del Consejo Nacional jonsista los días 12 y 13 de febrero, donde se debatió la posibilidad de llegar a un acuerdo con Falange incluso mediante una federación; la «formación de las Milicias, a través de las cuales debe conseguir el Partido una eficacia violenta en el terreno de la acción antimarxista», y la posibilidad alternativa de radicalizar la línea revolucionaria robusteciendo la posición jonsista entre la pequeña burguesía y los trabajadores. Después de un debate de tres horas, donde el Triunvirato Ejecutivo Central reiteró sus dudas ante la operación, salió triunfante la postura favorable a la unión condicionada. Todo ello lleva a pensar que la fusión se forzó para aumentar el mordiente ofensivo del grupo de Primo de Rivera, salvando en lo posible la cuestión vital de la financiación monárquica, punto capital en la satelización del fascismo español durante la República. Si las JONS proporcionaban militancia joven y de mayor capacidad teórica, el grupo de Primo ofrecía una densa red de contactos sociales, incluso en el seno de las Fuerzas Armadas, como paso necesario para la constitución de un partido con capacidad para subvertir el orden republicano.

La propaganda armada de Falange durante 1934

En contraste con el comunismo, que indujo la politización de las artes, el fascismo introdujo la «estetización de la política», entendida por Walter Benjamín como la sustitución que los movimientos fascistas hacen de los derechos de los ciudadanos por valores comunes ritualizados[579]. Una estetización que, como hemos visto, consistió en gran parte en una sublimación de la violencia a través de la mitificación del héroe y de la muerte heroica[580]. Los sectores falangistas más radicales valoraron el poder del mito y elaboraron una clara legitimación irracionalista de la violencia vinculada con la juventud como una identidad sociopolítica compartida por encima y más allá de las tradicionales separaciones sociales y de clase[581].

El «estilo» fue el concepto clave que permitió vincular la estética y la política falangistas. Con el término «estilo» se definió la proyección exterior de la manera de ser del falangismo, basado en normas, ideas, símbolos y modos sentimentales que aparecían íntimamente ligados al proyecto fascista de estetización de la política. Como modo de conducta, el estilo falangista se caracterizaba por el desprecio lúdico de la muerte y una alegre indiferencia combativa. La impasibilidad y la indolencia, así como una cierta «frialdad del alma» a pesar del proverbial entusiasmo juvenil, eran aspectos de un ideal antropológico que con el gesto arrogante del exabrupto «¡No Importa!», (traducción libre del ¡Me ne fregó! fascista) cuajó en consigna política e incluso dio título a la más importante publicación falangista de los meses de clandestinidad de 1936. Inmutabilidad, insensibilidad y serenidad estoica configuraron un arquetipo de corte clásico: el héroe[582]. Su traslación al espacio público cotidiano a través de la fiereza y la insolencia, la arrogancia y el desplante (la «chulería» falangista que destacaban sus rivales) sustituyeron al análisis y a la discusión razonada que eran vistos como un símbolo de la ingénita debilidad de la democracia. La mística del combate partidista, sublimada en la imagen de la «guardia eterna» sobre los luceros, está siempre presente en un léxico político repleto de términos militares: «asedio», «autoridad», «brecha», «cerco», «columnas», «disciplina», «enemigo», «falange», «flancos», «instrucción», «mando» o «victoria», y en expresiones agonísticas como «vencer a cuerpo limpio», «prietas las filas», «cambio de guardia», «puesto de mando», «fortificar las posiciones ganadas», «prácticas de instrucción», «líneas de fuego» o «campo de batalla[583]». Los thopos falangistas de las «verdades cargadas con plomo» (o con puños) o el «diálogo de las pistolas» son un perfecto exponente de este predominio fascista de la lógica de la acción sobre la lógica argumentativa. La violencia que se contemplaba como un rito sagrado se practicaba como un juego excitante y tentador, como un correlato de la militancia deportiva, pero también como la manifestación de una despreocupación lúdica rayana en el gamberrismo de las bandas juveniles, que se trascendía a través de una rígida disciplina impuesta al servicio de la autoestilización. La sublimación retórica de esta actitud provocativa derivó en la forja de la imagen estereotipada del falangista como monje o poeta-soldado, reencarnación de Ignacio de Loyola o de Garcilaso. Para Primo de Rivera, servir al ideal falangista requería «un sentido ascético y militar de la vida; un gozo por el servicio y el sacrificio que, si hace falta, nos lleve como caballeros andantes a renunciar a todo regalo hasta rescatar a la amada cautiva que se llama nada menos que España[584]». Tales planteamientos tardorrománticos reflejan con claridad las contradicciones intelectuales de una joven militancia que, por despecho a la UP, mostró afinidad con los movimientos estudiantiles contestatarios y las vanguardias, y que sin romper del todo con el universo estético y moral del catolicismo tradicional (donde entraba de lleno la militancia cedista o carlista), leía a Zane Grey, Oliver Curwood y Emilio Salgari, la novelística heroica y social desde Roland Dorgelés a André Malraux, las biografías idealizadoras de Stefan Zweig, André Maurois, Jacques Bainville o Emil Ludwig, y la Técnica del golpe de Estado de Curzio Malaparte (doctrinario del squadrismo de los primeros tiempos), sin contar con las influencias vanguardistas de un Marinetti, además de ser fanática seguidora del primer cine de acción[585]. Sin embargo, este retoricismo exacerbado por imperativos bélicos ocultó, en la mayor parte de los casos, la mayor indigencia doctrinal. El seudolirismo de Falange y la predilección por una expresión pretendidamente poética servía como vehículo de consumo de unos contenidos ideológicos muy imprecisos e incongruentes[586]. El casi siempre lúcido Ridruejo lo condenó a posteriori cuando advirtió que «el cultivo retórico de esta embriaguez del estilo permitiría luego llamar revolución a una operación de policía, y lo que es más grave, vivirla como si lo fuera[587]».

El nuevo partido fascista unificado inició en 1934 una andadura incierta, condicionado externamente por un ambiente de violencia prerrevolucionaria del que también era parcialmente responsable, e internamente por un delicado reparto del poder que favorecería las disputas. El 4 de marzo se celebró en el Teatro Calderón de Valladolid un mitin de celebración del reciente pacto. A la salida de este «primer acto fascista puro», los grupos de choque falangistas mantuvieron duros enfrentamientos cuerpo a cuerpo y tiroteos en las calles céntricas de la ciudad. La fuerza pública disparó al aire, ordenó el cierre de local y efectuó violentísimas cargas de dispersión. En la plaza de los Arces, el presidente de la FUE, Francisco Calles, agredió con una barra de hierro al estudiante de Medicina y simpatizante falangista Ángel Abella, quien falleció dos días después[588]. Entretanto, los jerarcas fascistas pasaban revista a las milicias vallisoletanas, mostrando la mayor indiferencia ante unos hechos que Bravo calificó de «anticipo de la guerra civil[589]».

Los choques violentos se sucedieron hasta transformar a Falange en «la escuela del saber morir y saber matar noblemente y en represalia justa[590]». Pero el partido seguía siendo un movimiento débil, con unas milicias aún inexpertas que no se atrevían a la acción salvo en los ámbitos ya conocidos, y que con frecuencia eran intimidadas por una acción antifascista cada vez más agresiva y mejor organizada. El 8 de marzo, tras la reproducción de los incidentes en la venta de FE que provocaron la muerte de Ángel Montesinos en la calle de Fuencarral, la DGS prohibió la venta de periódicos en grupos y ordenó que las publicaciones de partido sólo pudieran ser voceadas por vendedores profesionales. Al día siguiente se clausuró la sede de Madrid y el 18 todos los centros falangistas del país, con la excusa de la proclamación del estado de alarma en previsión de una nueva rebelión anarcosindicalista. En un intento de retomar la iniciativa, José Manuel Fanjul Sedeño se dedicó en ese mes a la reorganización de las milicias universitarias, incrementando las acciones violentas: el día 25, una escuadra del SEU encabezada por Agustín Aznar recibió la confidencia de la existencia de un supuesto depósito de armas en el local que la FUE disponía en la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Como en el asalto subsiguiente no se encontró el arsenal, otros activistas acudieron a la Casa del Pueblo de la calle Augusto Figueroa, donde se señalaba la existencia de otro alijo. Allí fueron reconocidos por unos afiliados a la CNT, y en el intercambio de disparos el sindicalista Miguel García Guerra mató al estudiante de Bachillerato Jesús Hernández Rodríguez, de 15 años pero con apariencia de mayor edad y portador de un arma de fuego[591]. Constatando el recrudecimiento de la violencia en el ámbito escolar, la prensa acusó a FE de «reclutar para acciones peligrosas a niños seducidos por la violencia» hasta convertirlos en pistoleros. Con motivo de éstos y otros hechos similares, y ante la evidencia complementaria de que las organizaciones obreras estaban preparando la revolución sobre la base de sus juventudes, el Gobierno emitió en agosto una Ley que prohibía la militancia política a los menores de 18 años. Pero a Falange, que como tal partido no disponía de juventudes organizadas, no le afectó la medida, ya que dentro del SEU cabían los estudiantes de cualquier edad.

Durante todo el año 1934, Falange osciló entre el parlamentarismo y el modelo de partido-milicia. A partir de marzo-abril la organización paramilitar avanzó rápidamente, gracias a la designación de los primeros jefes locales y a la aportación de los veteranos activistas de las JONS. Los antiguos grupos jonsistas compuestos de once militantes pasaron a integrarse en las «escuadras de acción» y las centurias. El comandante Luis Arredondo era el jefe nominal de las milicias, el teniente coronel Ricardo Rada Peral era el supuesto jefe de Estado Mayor, y otros militares retirados como el comandante Román Ayza se encargaban de las misiones auxiliares. Por su parte, Emilio Alvargonzález intentaba mantener el contacto con las milicias provinciales que comenzaban a desarrollarse en Castilla, Galicia, Extremadura, Andalucía, Aragón y Baleares[592]. Al mismo tiempo, comenzó a tomar cuerpo una política de acciones violentas contra las organizaciones de izquierda cuyo máximo responsable era Ruiz de Alda, auténtico cerebro del aparato militar del partido. Por ese entonces, el temor a posibles represalias acentuó la obsesión por la seguridad en el seno de la organización. La visión que un corresponsal extranjero tenía de la vida cotidiana de Primo de Rivera tenía más que ver más con la de un capo mañoso que con la de un líder fascista:

Durante unos meses trabajé en la Embajada británica, que estaba situada frente a los locales de Falange, y tuve ocasión de espiar los movimientos de José Antonio. Recuerdo que, a la hora de comer, solía salir del edificio precedido por un grupo de matones con gabardina y la mano en el bolsillo de la chaqueta, como si estuvieran en Hollywood y después de echar un vistazo a la calle, que solía estar desierta a esas horas, se montaban en un Ford descapotable para escoltar a su «Jefe», que conducía un Chevrolet, hasta el chalé de Chamarun donde vivía[593].

En medio de estas contradicciones, el partido desarrollaba poco a poco las escuadras de acción directa o «servicios especiales», llamadas líricamente «Falange de la Sangre», de forma más prosaica «Curritos de Groizard y Ansaldo[594]», y después Primera Línea. La planificación técnica de las acciones correspondía al aviador Juan Antonio Ansaldo y a un grupo de antiguos oficiales integrado entre otros por Arredondo, Rada y el médico Manuel Groizard Montero. Ansaldo no tardó en convertirse en líder natural de la milicia, consolidando la preeminencia en su seno de un sector militarista y monárquico muy reaccionario y violento[595]. Su presencia en Falange había sido una condición que los monárquicos habían impuesto a Ruiz de Alda, quien obtuvo el acuerdo de los triunviros para nombrarle «Jefe de Objetivos». Según el propio Ansaldo,

Dicha apelación de confuso contenido abarcaba fundamentalmente estas misiones: preparación de golpes de mano, creación de una campaña de agitación, y por último, ejecución de represalias contra los ataques y atentados de que eran víctimas los falangistas[596].

Su intención era transformar a Falange en el brazo armado de la contrarrevolución al tiempo que Acción Española cubría el frente cultural e ideológico[597].

A medida que los preparativos revolucionarios se hacían más intensos y progresaba la radicalización del sector juvenil de la CEDA, la violencia callejera alcanzó cotas de enorme virulencia. A inicios de mayo, y coincidiendo con el final del curso académico, Ruiz de Alda, de pleno acuerdo con Ansaldo, lanzó la nueva línea a seguir por el SEU, que se traducía en una auténtica operación militar de invasión de la Universidad:

Nuestras milicias no han de estar nunca al servicio de una clase; que si hemos de combatir con los socialistas, será por nuestros principios, por España; pero no por los intereses de ninguna clase, ni de nadie […] este principio debe marcar el comienzo de la acción; y esta acción tendrá dos fases: una interna y otra en el exterior. La interna tiene por objeto apoderarse de la Universidad y Escuelas especiales. Tiene que ser decidida y continua; tiene que ser algo más que asaltar centros de la FUE.

La consigna es derrotar a la FUE, hacerla desaparecer, bien absorbiéndola y disgregándola, o bien apoderándose de ella. Hacer que las Asociaciones Católicas de Estudiantes luchen; no hay que dejarlos tranquilos, pues no se puede consentir que en estos momentos de ansiedad española se cubran bajo una bandera los neutrales, los que quieren la vida cómoda. En estos momentos de lucha, no puede haber neutrales. Los amorfos, los no combatientes, tienen que ser dirigidos y mandados por los que combaten o luchan. […]

La primera parte del próximo curso, la organización se dedicará a la propaganda y proselitismo; la propaganda será más continua, se empezará a reunir masas. Esta propaganda tendrá que ser defendida por nuestras juventudes. Se hará guerra de guerrillas, de tanteos, de objetivos pequeños; pero esto también repetidamente, sin descanso[598].

Aunque el periodista italiano Cesare Gullino consideraba que Falange se beneficiaba de amplias simpatías en la Guardia Civil, la Policía y parte del Ejército[599], en esos momentos el partido se encontraba con el problema de un reducido espacio de maniobra política que conducía a un estancamiento de sus actividades y afiliación. En esta fase intermedia entre la acción propagandística de los tres primeros meses del movimiento fascista unificado y la postura contrarrevolucionaria de octubre de 1934, se enmarcaron los intentos propagandísticos de concentración paramilitar y una intensificación de las tareas de provocación y violencia callejera. En pleno estado de alarma, con la perspectiva de la proclamación de una huelga general campesina y con casi todos los centros y publicaciones falangistas clausurados, Ansaldo y Primo de Rivera proyectaron para el 3 de junio una concentración en el aeródromo particular que poseía en Carabanchel Iván Bustos, duque de Estremerà. La reunión de veinte centurias madrileñas (unos 600 militantes en el mejor de los casos, aunque las cifras son muy variadas y contradictorias[600]) convocadas en secreto con 24 horas de antelación se enmarcaba en la campaña de movilización propagandística de masas iniciada por la JAP en El Escorial, y proseguida con menor fortuna por los carlistas en el cortijo sevillano del «Quintillo» el 15 de abril y por los alfonsinos en el homenaje a Calvo Sotelo organizado el 20 de mayo tras la promulgación de la Ley de Amnistía. La concentración de Carabanchel se interrumpió de forma abrupta con la llegada de un destacamento de la Guardia Civil, que se dispuso a efectuar una redada masiva, pero que quedó satisfecho con el compromiso de José Antonio de presentarse en el juzgado de la localidad, donde se le tomó declaración[601]. El insólito suceso generó un considerable revuelo político, y gozó de una inmerecida notoriedad en la prensa gracias a una información sensacionalista que apareció en el vespertino republicano Luz, donde se insertaron unas fotografías facilitadas al parecer por Ledesma y Agripino Cormín. La indignación por la pasividad del gobierno ante la «exhibición fascista» se extendió a periódicos como el Heraldo de Madrid y Ahora, pero el efecto propagandístico ya se había logrado y Falange experimentó un aumento moderado de la afiliación, sobre todo entre la juventud derechista[602]. El 13 de agosto el triunvirato nacional, junto al secretario de la entidad, Raimundo Fernández-Cuesta, y Ansaldo fue sancionado por el Ministerio de Gobernación con multas de 10 000 pesetas por reunión ilegal estando vigente el estado de alarma, pero dichas sumas nunca se hicieron efectivas[603].

Después de que la actividad de las milicias recibiera un nuevo impulso, y para evaluar su capacidad combativa, se organizó cuidadosamente una provocación sobre los «chíbiris» o grupo de excursionistas de las Juventudes Socialistas que, según la prensa derechista, encubrían una red de movilización de milicias dispuestas para actuar en la futura revolución. El ambiente en la Primera Línea madrileña estaba caldeado: días antes había intervenido en una refriega en la calle de San Bernardo, y el sábado 9 de junio un grupo de pistoleros había tiroteado el auto del doctor Luque en la carretera de Chamartín, al confundirlo con el de José Antonio, y luego se había enfrentado con la Guardia Civil[604]. El domingo por la mañana, medio centenar de falangistas dirigidos por Rodríguez Iglesias y supervisados desde un autopor Miguel Primo de Rivera, Guillermo Aznar, Escartín, Palao y Allanegui, hicieron acto de presencia en la llamada «Playa de Madrid» en los Montes de El Pardo, lugar habitual de esparcimiento de las juventudes de izquierda los fines de semana. La prensa conservadora denunciaba que durante esas excursiones los jóvenes eran forzados a escuchar arengas anarquistas, y que, como en los actos lerrouxistas de inicios de siglo, las meriendas campestres tenían una intencionalidad irreligiosa, descarriando a los jóvenes hacia el mal camino con actos de «amor libre[605]». La provocación a un grupo excursionista comunista condujo a una agresión que degeneró en una refriega a tiros donde fueron heridos cuatro escuadristas y muerto el joven falangista de 18 años José Cuéllar Sánchez[606]. La Guardia Civil, apercibida con anterioridad de los posibles disturbios, intervino poco más tarde, incautándose de porras, vergajos, documentos, tarjetas de identificación estudiantil a nombre de Miguel Primo de Rivera, una pistola y municiones. Los sucesos provocaron en la dirección de Falange un revuelo y consternación fáciles de imaginar: José Antonio tuvo una de sus «cóleras bíblicas» y expulsó al jefe de la escuadra de Cuéllar, mientras que el grupo de Ansaldo exigió a Primo de Rivera una represalia enérgica y definitiva, que éste aceptó tras deliberar con Ruiz de Alda, Ansaldo y Fernández-Cuesta[607], es posible que condicionados por el poco creíble relato que hizo José Costas —uno de los falangistas heridos— del ensañamiento con que los comunistas habían tratado el cadáver de Cuéllar. El testimonio de esta reunión aportado por Giménez Caballero es crudo y terriblemente significativo, aun en su parcial falsedad:

Nos reunimos en la calle Marqués de Riscal José Antonio, Julio Ruiz de Alda, Ramiro Ledesma Ramos, Mateos —un obrero que estaba con nosotros—, Merry del Val y alguien más que no recuerdo. Y sorteamos sobre una pistola que se puso en la mesa. Y al que le tocara debía salir a la calle y dispararla sobre el primer «chíbiri» que encontrara. Por fortuna no me tocó a mí. Entonces insinué: «Pero ¿así, en frío? ¿Como ellos, sin combate alguno?» Todos comprendieron y se desistió de la represalia. José Antonio, después de esto, me llevó a su coche, que era un descapotable escarlata. Estaba pálido, angustiado y de repente me dijo: «Ernesto, yo no he nacido para esto, yo he nacido para matemático del siglo XVIII[608]».

Según la versión de GeCé, ninguno de los responsables del triunvirato decidió protagonizar la vindicta, a pesar de ser partidarios de un escarmiento ejemplar. Fueron dirigentes de la «Falange de la Sangre» como Aznar, Ansaldo y Groizard quienes la llevaron a cabo sin consultar los detalles con la jefatura del partido: a última hora de la tarde de ese domingo, tres personas no identificadas dispararon desde un automóvil apostado en la calle Eloy Gonzalo sobre un grupo de excursionistas de la asociación deportiva socialista «Salud y Cultura» que volvía de su jornada de descanso, hiriendo mortalmente a la joven Juanita Rico y gravemente a dos hermanos suyos y a una persona más. El auto, ocupado al parecer por seis personas —dos de ellas mujeres— se dio a la fuga, perseguido infructuosamente por unos taxistas[609]. Cuando la noticia del atentado se extendió por los barrios obreros de Madrid, la indignación popular puesta a prueba en acciones anteriores estalló con violencia: mientras que la DGS clausuraba los centros falangistas que aún permanecían abiertos y detenía a dirigentes como Miguel Primo de Rivera, la multitud desencadenó una serie de disturbios en las plazas de la Moncloa, del Progreso y de Cascorro y calle de los Estudios, y apedreó una entidad deportiva alemana, hiriendo a varios niños y provocando un inoportuno incidente diplomático.

El primer asesinato a sangre fría de una militante política en el transcurso de un enfrentamiento entre grupos rivales generó un gran revuelo: periódicos como el monárquico ABC reclamaron mayor energía al gobierno[610], mientras que la prensa izquierdista e intelectuales como Rafael Alberti rendían homenaje a Juanita Rico, que fue ensalzada incluso durante la Guerra Civil como «la primera víctima del fascismo en España». Desde la derecha, especialmente en la sesgada perspectiva de la Falange, su figura ofreció la ocasión para elaborar una imagen estereotipada del enemigo que tuvo larga fortuna en los años siguientes: la de la «roja» o miliciana cruel, lúbrica y colérica, despojada de los atributos de la tradicional visión católico-burguesa de la mujer como «ángel del hogar» (y sus virtudes anejas: honestidad, decencia, religiosidad, sentido maternal, austeridad, espíritu de sacrificio), y convertida por culpa de la «infección» ideológica marxista en una furia o arpía que encarnaba todos los estigmas de la inversión o la degradación sexual achacados a agitadoras políticas como Margarita Nelken, Federica Montseny o Dolores Ibárruri. Resulta evidente que la acusación falangista de que Juanita Rico había ultrajado el cadáver de Cuéllar fue una reelaboración a posteriori de los hechos. La militante socialista no estaba presente en el altercado de la «Playa de Madrid» ya que diarios tan alejados ideológicamente como El Socialista y ABC coincidieron en la identidad comunista del grupo contrario. La imagen de las «rojas» danzando de forma procaz sobre sus víctimas era un lugar común en la literatura anticomunista, y Ximénez de Sandoval, autor en la posguerra de la narración canónica de la profanación del cadáver del joven falangista[611], ya había utilizado la escena de la mujer orinando sobre su víctima en su novela Camisa azul, publicada por entregas en la revista Fotos en 1937 y en forma de libro en Valladolid en 1939. La transgresión en los roles tradicionales de género resultó aún más brutal cuando se propaló el rumor de que la represalia, ejercida de forma arbitraria sobre un grupo socialista, había sido ejecutada por los miembros más acaudalados del movimiento falangista, con presencia de algunas mujeres: en un artículo que sufrió la censura gubernativa, Margarita Nelken acusó del asesinato a Pilar Primo de Rivera, Alfonso Merry del Val (hijo del exembajador monárquico en Londres y sobrino del cardenal secretario de Estado vaticano), a su esposa y Agustín Aznar, que habría actuado como ejecutor de la represalia[612].

El gabinete tomó medidas drásticas para contener la oleada de agresiones: el día 11 de junio, el Ministerio de la Gobernación hizo pública una circular dirigida al director General de Seguridad y al inspector general de la Guardia Civil, informándoles de la prohibición que recaía sobre las actividades de los grupos y formaciones excursionistas «que excedan del concepto corriente de la familia, lleven informes, emblemas o banderines, o constituyan formación de cualquier naturaleza, aunque tengan como pretexto ejercicios gimnásticos». Según esta directiva, se disolverían los grupos que excedieran de una familia, llevaran uniformes, emblemas o banderas, o adoptaran formaciones de cualquier naturaleza, aunque tuvieran como pretexto ejercicios gimnásticos, y se realizarían minuciosos cacheos los días festivos[613]. Un nuevo decreto prohibió la militancia en asociaciones políticas a los menores de 16 años, y hasta los 23 (mayoría de edad legal en la época) con el permiso escrito de los padres. Pero la batería de medidas no sirvió de gran cosa, ya que los falangistas más jóvenes seguían encuadrados exclusivamente en el SEU.

La espiral vindicativa no se detuvo: en la madrugada del 1.º de julio unos pistoleros supuestamente vinculados a las Juventudes Socialistas tirotearon el automóvil en que viajaban el doctor Groizard y su esposa, dejando malherido a éste. Groizard se había distinguido en los sucesos del mes de junio, sobre todo en el asesinato de Juanita Rico, y había recibido con anterioridad anónimos amenazadores por su notoria vinculación al sector más duro de las milicias falangistas[614]. La venganza no se hizo esperar: en la mañana de ese día, un grupo de pistoleros falangistas disparó desde un taxi robado sobre un círculo socialista en Cuatro Caminos, provocando una víctima, y al día siguiente resultó herido un jefe de centuria durante un cruento choque con un grupo comunista[615]. Para atajar de una vez por todas estos excesos, el día 10 la Policía y la Guardia de Asalto registraron el palacete de Marqués de Riscal. La sede falangista había sido clausurada por las autoridades unos días antes, pero los militantes consideraban que esta prohibición no afectaba a los locales del SEU y a la Bolsa de Trabajo situados en el mismo inmueble. Durante el registro, los agentes de la Brigada Social encontraron en el sótano varios cartuchos de dinamita, detonadores, bombas, material explosivo y 3000 proclamas sin pie de imprenta en las que se solicitaba ayuda a los elementos monárquicos para realizar la revolución nacional-sindicalista. También se incautaron de dos pistolas ametralladoras, un revólver y un fichero con unas 8000 entradas. Fueron detenidos 67 afiliados, entre ellos los diputados Primo de Rivera y Moreno Herrera, y se decretó prisión provisional para 42 de ellos (principalmente jonsistas y miembros de las escuadras de Primera Línea, además de los jefes de milicias Arredondo, Ansaldo y Aguilar) por reunión ilegal y tenencia ilícita de armas y explosivos. Después de que el ministro de la Gobernación, Salazar Alonso, recibiera la visita de una comisión de padres de familia que protestaban contra la «captación que hacen de sus hijos algunos sectores políticos» (una alusión más que evidente a Falange) y pedían las autoridades que «hicieran eficaz su derecho a la patria potestad e impidieran que los hijos se hallaran en el peligro de ser víctimas o de cometer delitos[616]», el Gobierno clausuró todos los centros falangistas y suspendió la publicación de Libertad. El 27 de junio, José Antonio había sido acusado de tenencia ilícita de armas, al haberse encontrado el 28 de mayo en su chalet de Chamartín algunas pistolas utilizadas por la guardia nocturna que el partido ponía a su disposición. Su suplicatorio se vinculó al del diputado socialista por Jaén Juan Lozano, en cuyo domicilio se había hallado un depósito de armas destinadas al levantamiento revolucionario de octubre. En la sesión parlamentaria que tuvo lugar el 3 de julio, radicales y cedistas votaron en favor de la concesión del suplicatorio, pero el líder socialista Indalecio Prieto logró que se absolviera a ambos, alegando errores de procedimiento, y consiguió aplazar la moción hasta el término de la legislatura, aunque ambos encausados quedaron pendientes de juicio en el Supremo. Con ello, Primo de Rivera se libró de la cárcel, lo que hubiera acabado con sus posibilidades de convertirse en jefe único del fascismo español. Los insultos a los diputados de la mayoría y el efusivo agradecimiento del jefe falangista al líder socialista dieron lugar a todo tipo de especulaciones y recelos dentro y fuera del partido sobre un posible pacto entre ambas personalidades[617].

La «conjura de los pretorianos» y la expulsión de Ansaldo.

Los militantes que se incorporaron a la Primera Línea de Falange fueron organizados con arreglo al sistema triangular utilizado desde el principio por las escuadras del SEU, pero incluyendo sobre el papel unidades más poderosas. La organización celular mostraba grandes dificultades para su desarticulación, ya que cada miembro conocía en la base sólo a un restringido número de compañeros. Tras el elemento compuesto por tres escuadristas, la unidad básica era la escuadra, formada por tres elementos más un jefe y un subjefe. La falange (sección) se componía de tres escuadras, y la centuria (compañía) de tres falanges. Las unidades superiores (tercio o batallón, compuesto por tres centurias, y bandera o regimiento formado por tres tercios y unos 900 hombres) no tuvieron real existencia hasta la guerra civil, y en ningún momento de la historia de Falange existe constancia de la creación de legiones o divisiones de 2700 hombres. En todo caso, la escuadra, como en el Ejército regular, fue la agrupación básica de combate. Para asegurar una mayor rapidez, las órdenes se transmitían directamente a los jefes de escuadra, y éstos se las comunicaban al subjefe y al primer hombre de cada elemento; el jefe del primer elemento a los jefes de los otros dos, y cada uno de los tres cabezas de elemento, a sus dos compañeros[618]. Era una estructura muy flexible, adaptada perfectamente a la lucha clandestina basada en concentraciones y actuaciones rápidas. Por otro lado, muchos miembros de las milicias simultaneaban cargos (Agustín Aznar fue en 1936 jefe nacional de milicias y jefe de una centuria en Madrid), lo que favorecía la transmisión de órdenes y el sostenimiento de la moral de las bases, ya que los líderes estaban obligados a mantener estrecho contacto con sus subordinados aun en los momentos más difíciles. Incluso algunas unidades, como la «centuria Remsa», estaba compuesta en su mayoría por mecánicos de un mismo garaje[619]. Tras la expulsión de Ansaldo y su desvinculación de FE, el almeriense Ricardo Rada se convirtió en el titular oficioso de la jefatura militar desde ese verano hasta inicios de 1935, momento en que la crisis interna del partido le llevó a incorporarse al Requeté, en el que llegó al rango de inspector nacional en octubre de ese año. Parece ser que durante su mando en Falange, Rada mantuvo la táctica de las provocaciones, pero sin llegar al extremo de ametrallar a la gente a sangre fría[620].

En septiembre, el encargado de negocios italiano Geisser Celesia cifraba en 6000 los miembros de las «escuadras de acción» falangistas[621]. Su composición social, a falta de datos más concretos, resultaba muy similar a la del partido: una gran masa de estudiantes de Bachillerato y Universidad; oficiales del Ejército en retiro voluntario (aunque muchos retornaron a él durante el segundo bienio) y excombatientes de la guerra de Marruecos; profesionales liberales (abogados o médicos como Aznar y Groizard), funcionarios públicos, empleados y una cantidad difícil de determinar de pequeños propietarios agrícolas y lumpenproletariado, de importancia variable según las zonas: en Valladolid y otras zonas de Castilla dominaba el primer componente, aunque en pugna constante con el conservadurismo de la CEDA y los Agrarios. En las grandes zonas urbanas afectadas por la crisis económica, grupos aislados de obreros sin empleo ni militancia sindical se afiliaban a la Central Obrera Nacional Sindicalista (CONS) y actuaban eventualmente en hechos violentos en el ámbito socio laboral. El ambiente de camaradería era el predominante entre los miembros de la Primera Línea, que convivían buena parte del tiempo en la sede central o en los bares y tabernas de los barrios. En sus Memorias de un alemán, Sebastián Haffner hace una aguda crítica de la camaradería existente en los grupos militarizados, contraponiéndola a la civilidad: como parte integrante de la experiencia de guerra, el apoyo mutuo reconforta a los hombres sometidos a condiciones de vida inhumanas, anestesiándolas de todos los bienes y valores que porta la civilización, pero en la vida civil la hermandad de las armas deprava como el alcohol y el opio, aniquila el sentimiento de responsabilidad personal cívica o religiosa y dispensa al hombre de toda responsabilidad personal, que queda disuelta en la conciencia colectiva. La camaradería no soporta la discusión ni la crítica interna, e implica la estabilización en el nivel intelectual inferior, en los esquemas colectivos más primarios[622]. A pesar del estímulo deliberado de este sentimiento de hermandad entre los camaradas, dentro de los partidos de tono radical era un hecho común que proliferaran agentes dobles o infiltrados por la Policía, que sólo en muy contadas ocasiones arrostraban las consecuencias de una traición entendida en términos militares. El número de confidentes en el seno de Falange era, a decir de Ansaldo, bastante considerable, y su eliminación harto difícil. Los repetidos fracasos que se cosecharon en la ejecución de golpes de mano preparados con meticulosidad obligaron al coronel Tarduchy a investigar las posibles filtraciones como responsable del espionaje, la inteligencia interna y la información sobre los grupos enemigos con el fin de preparar los atentados[623]. Por su parte, Ansaldo adoptó la medida de encerrar bajo llave a todos los participantes en cualquier acción, hasta el preciso momento de su ejecución[624]. Las represalias a los delatores fueron esporádicas pero muy duras: en la madrugada del 16 de junio, el joven «vigía» fascista Arturo Castillo apareció muerto de un tiro durante una guardia[625], y el 18 de agosto fue asesinado en el Paseo de Perales el exanarquista Francisco López Sánchez, al parecer por informar a la policía sobre un intento de voladura de los talleres del periódico Heraldo de Madrid[626].

Tras la redada operada el 10 de julio en la sede de Marqués de Riscal proliferaron las críticas al liderazgo de José Antonio, que se unieron al malestar que entre el sector más reaccionario del partido suscitó el gesto amistoso que tuvo con Prieto con motivo de su suplicatorio. Primo intercedió por los detenidos con tal vehemencia que obtuvo su libertad a inicios de agosto, lo que incrementó notablemente su popularidad en el seno del partido. A pesar de esta hábil defensa de los suyos, las continuas acciones violentas de junio y las medidas punitivas decretadas por el Gobierno en la primera quincena de julio sumieron a los activistas en un profundo malestar, toda vez que percibían que FE no impresionaba políticamente, era acosada legalmente por la derecha triunfante y atacada ilegalmente en las calles por una izquierda soliviantada con la abrupta aparición de «virus fascista». El foso entre la «Falange intelectual» y la «Falange militante» se ensanchaba desde que el aventurero Ansaldo se había hecho cargo de las milicias, mientras que José Antonio hacía denodados esfuerzos por mantener su autoridad[627].

A mediados de julio estalló la crisis interna en el seno del partido, iniciada en primer lugar por el grupo ligado a las actividades de Ansaldo, que señalaba a José Antonio como el principal culpable de la impotencia y la inacción del movimiento. Tras el rechazo al ingreso de Calvo Sotelo, el gesto de José Antonio con Prieto y el atentado a su lugarteniente y amigo Groizard, Ansaldo, apremiado por unos monárquicos ya no muy seguros de los réditos contrarrevolucionarios que podía reportar su «inversión» fascista, decidió pasar a la acción iniciando una campaña solapada contra Primo, acusándole de incapacidad revolucionaria y narcisismo intelectual, y sugiriendo que con sus discursos en el Parlamento y con su apoyo preferente en la corte de intelectuales que le seguían, Falange perdía combatividad a la vez que se fraguaba un poco viril culto a la personalidad. Poco después, el jefe de objetivos intentó volcar en su favor a Ledesma, que había intentado limar asperezas entre éste y Primo en los meses anteriores, y consiguió que una docena de elementos destacados de las milicias se le unieran en la protesta. Parodiando un poco el ultimátum de los consoli de la Milicia fascista a Mussolini en diciembre de 1924, el plan consistía en presentarse en el despacho de Primo de Rivera para incitarle a una acción más violenta o de lo contrario obligarle a abandonar el partido. La conjura no estalló por la redada masiva del 10 de julio y la ulterior recuperación de popularidad por José Antonio, quien días después se presentó en casa de Ansaldo acompañado por Ledesma, y en tono amistoso pero algo frío le preguntó sobre los rumores que circulaban sobre un complot en preparación. Según su propio testimonio, Ansaldo le respondió cínicamente con el relato pormenorizado del supuesto «golpe de los pretorianos», añadiendo que la intercesión con los detenidos en la DGS había vuelto a congraciarle con las bases, por lo que «por ahora todo lo proyectado queda sin efecto[628]». A pesar de lo formalmente cordial de la entrevista, resultaba evidente que el chantaje de Ansaldo significaba una verdadera espada de Damocles colocada por los monárquicos sobre la dirección política de Falange para que, se plegase al dictado de la sección militar. Se sospechaba que, si no se llegaba a un acuerdo con Primo, Ansaldo podría tomar el mando del partido en solitario o mediante un acuerdo con Ledesma y Ruiz de Alda, que estaban interesados en salvar el apoyo monárquico y restar protagonismo al hijo del dictador. Incluso era previsible un desembarco de Calvo Sotelo en el partido.

El 19 de julio, el último número del semanario FE se hizo eco del intento de cambio en la dirección del partido, tachando al grupo de Ansaldo de «conspiradores» adscritos a la «simple organización militar, obediente a consignas externas», y solicitando un renovado voto de confianza para «nuestros jefes[629]». La revista JONS, controlada por Ledesma, mantuvo en su último número una actitud ambigua, ya que reafirmó la unidad de los triunviros y advirtió que «todas las decisiones a que esté llamado a influir Ledesma Ramos serán presididas por su bien conocida fidelidad al nacional-sindicalismo revolucionario». Las consignas de adhesión y confianza al colectivo rector trataban de destacar que «la Falange dispone, no de un jefe, sino de un triunvirato de jefes[630]». A pesar de los contactos con Ansaldo, Ledesma decidió en última instancia apoyar a Primo y dejar sus agravios estratégicos y doctrinales para más adelante, pues comprendió que el mantenimiento de la frágil alianza con los falangistas joseantonianos era la alternativa menos reaccionaria, y la única que podría garantizar la independencia, unidad y disciplina necesarias para la formación de una verdadera organización de masas, no una secta minoritaria especializada en el terrorismo contrarrevolucionario. Esta resolución fue clave para zanjar el primer gran conflicto interno del partido. A fines de julio, José Antonio daba la crisis por concluida, reconociendo a su primo Sancho Dávila que

Existió, en efecto, un intento de indisciplina, que se reprimió como era preciso […] No se ha hecho comunicación oficial acerca del propósito de revuelta para evitar el escándalo y los chismes que alrededor de ello se hubiera suscitado fuera de la Falange […] Todos los que habían entrado en la conspiración, engañados por la insidia de los que la promovieron, siguen en nuestro Movimiento con mejor espíritu que antes, porque han comprobado en quién tienen que poner su fe. Y el que era el alma de la conspiración, Juan Antonio Ansaldo, ha sido dado de baja.

Primo puntualizaba que «el intento de conspiración venía apoyado desde afuera por los dueños del dinero, quienes a toda costa se proponen hacer a nuestro Movimiento una simple milicia a sus órdenes[631]».

La crisis suscitada a mediados de 1934 por el aparato militar de FE muestra que la violencia política era una máquina que tenía su propia lógica interna. En efecto, como lo demuestra la rebeldía de los consoli fascistas y la «Noche de los Cuchillos Largos», la práctica de las armas siempre tiene tendencia a escapar al control político-ideológico de quienes la han impulsado y desean organizaría con otros fines que los puramente militares. Esta proclividad no revela solo las exigencias específicas de la acción militar, sino también el frecuente desfase que se manifiesta en los grupos armados entre los requerimientos específicos de la lucha armada y los del combate político-social[632].

El replanteamiento de las relaciones con los monárquicos

hasta la convocatoria del I Consejo Nacional.

La resolución de la crisis interna obligó inevitablemente a replantear las relaciones entre Falange y los grupos monárquicos. La expulsión de Ansaldo amenazaba con interrumpir la ayuda económica de la extrema derecha. Renovación Española y los sectores capitalistas más reaccionarios, mecenas de estos grupúsculos, eran muy conscientes del escaso futuro de un partido fascista en esa especial coyuntura de la República caracterizada por el usufructo del poder por la derecha y el rearme revolucionario de la izquierda obrera. Primo de Rivera recabó de su amigo Antonio Goicoechea, enfrentado con Calvo Sotelo por el liderazgo del alfonsismo, la continuidad en la financiación de Falange a cambio de los servicios prestados y su futuro empeño en el acoso a las fuerzas marxistas. En estas circunstancias se enmarca la firma de un nuevo pacto de colaboración concertado por ambos el 20 de agosto de 1934, en el que el líder de RE prometía ayuda económica a Falange

[…] por creer que realiza una obra patriótica de índole nacional que por sus características combativas puede llegar a suplir, frente al poderío y violencia marxistas, las funciones del Estado, hoy vergonzosamente abandonadas por el estado republicano. Por esto desea el máximo incremento de las milicias de combate que, con su carácter público y de cooperación colectiva, puedan levantar la tónica espiritual del país[633].

De ese modo se ratificaron los diez puntos suscritos el año anterior, y el líder monárquico se comprometió a entregar a FE la suma de 300 000 pesetas para los gastos apremiantes del partido y 10 000 mensuales (desglosadas en un 45% para las milicias, un 45% para la recién creada CONS y un 10% a libre disposición del Triunvirato), aparte de un primer envío de 100 000 pesetas que no se recogía de forma explícita en el pacto. La contrapartida a entregar por FE era la prohibición expresa de no atacar las ideas monárquicas y un cierto control de las milicias y la CONS a través de un «elemento técnico» no designado y de un «agente de enlace» que sería Pedro Sáinz Rodríguez. Además, RE se lavaba las manos respecto a las responsabilidades políticas y penales de los enfrentamientos provocados por la Primera Línea. Con ello, José Antonio salvaba el apoyo financiero indispensable para seguir manteniendo un cierto equilibrio entre las fracciones de partido[634]. Sin embargo, este pacto resultó efímero: tras los sucesos de octubre, RE comenzó a tener mayores necesidades propias, ya que Calvo Sotelo se dispuso a lanzar el proyecto de Bloque Nacional que tomó forma el 10 de diciembre y en el que no se integró Falange. La ruptura con la derecha Alfonsina se hizo completa y definitiva, hasta el punto de que el subsidio mensual de RE sólo se entregó los cuatro primeros meses. En esa difícil tesitura, Falange hubo de solicitar de forma pública un «auxilio pecuniario» a sus seguidores para no desaparecer, y estrechó su dependencia financiera con la Italia fascista[635]. La ruptura de vínculos con los monárquicos condujo a una radicalización de Falange en doctrina y actitud hacia una especie de nacional-populismo que no pasó desapercibida a los ojos de la diplomacia fascista: en septiembre de 1934, Geisser Celesia interpretaba la «izquierdización» de FE (que identificaba con «ir hacia el pueblo») como la respuesta a la falta de apoyo político y financiero de los sectores aristocráticos.

El verano previo a la insurrección de octubre fue especialmente tenso y violento, sin parangón con ningún otro período de la vida de la República hasta la tumultuosa primavera de 1936. El 9 de agosto, un grupo de veinte escuadristas del embrionario sindicato jonsista de Metalurgia y Camareros, dirigido al parecer por Felipe Ximénez de Sandoval, Primo de Rivera y Ledesma, y protegido por 10 o 15 pistoleros, irrumpió en el Ateneo de Madrid y destrozó una exposición de dibujos contra la guerra y el fascismo organizada por la Asociación de Escritores y Artistas Revolucionarios[636]. Al día siguiente, otra banda de desconocidos intentó un asalto al local de la Delegación Juvenil pro Thaelmann en el Círculo Federal de la calle Echegaray, pero fue descubierta y puesta en fuga por el servicio de vigilancia de las MAOC[637]. El día 12, un grupo falangista mandado por Groizard y protegido por dos centurias asaltó un Ateneo Libertario, provocando varias víctimas; en la calle Larra fue muerto un comunista, y esa misma noche un grupo provisto de chalecos antibalas y dirigido por Miguel Primo de Rivera realizó otra razia contra un local de la FUE sito en el Fomento de las Artes, hiriendo al joven socialista Víctor Carnicer Vilariño, que murió una semana después[638]. La elección como objetivo de acción violenta de estas instituciones de apoyo a la acción antifascista resultaba la obvia y premeditada contribución de Falange al intento de desarme del proletariado efectuado por los sectores de la derecha desde el ámbito laboral y político. Falange actuó desde entonces con un carácter casi parapolicial y vigilante, atacando centros que consideraba focos de conspiración y preparación, tanto moral como material, de la revolución. El día 19, desde el edificio de El Sol fue tiroteado un grupo de obreros, resultando muerto el joven comunista Luis Izquierdo Vicente[639]. En la tarde del 29 de agosto, en Cuatro Caminos, otro grupo de comunistas intentó impedir que dos falangistas repartieran hojas de la CONS a los parados: durante la huida, un activista de FE apellidado Martínez hirió de muerte a Joaquín de Grado Escalona, miembro del Comité Central de la UJCE y jefe del Radio Norte del PCE[640]. El día 31, en un nuevo hito de la lucha antifascista, todas las organizaciones proletarias de Madrid expresaron su condolencia, y su entierro fue un multitudinario acto de protesta, donde no faltaron incidentes con la Policía y un gesto fraternal del aviador Arturo González Gil, que lanzó desde su avioneta una corona de flores[641]. De Grado era el tercer izquierdista muerto por los fascistas ese turbulento mes de agosto, que se cerró con un asalto al centro de Izquierda Republicana de Huesca. El 8 de septiembre, con motivo de la huelga general de 48 horas convocada en Madrid por el PSOE-UGT, el PCE y la Agrupación Sindicalista Libertaria para protestar contra la asamblea «antirabassaire» del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, los grupos de acción de FE ofrecieron su ayuda a la fuerza pública para romper el paro y acosar a los huelguistas. La jornada se cerró con un balance de seis paisanos muertos y doce heridos, un guardia de Seguridad herido y centenares de detenidos. Estos sucesos fueron interpretados por Falange como un «ensayo general» para la represión del futuro levantamiento revolucionario, en su afán de convertirse en protagonista de la reacción antiobrera incluso al margen de la autoridad de un gobierno considerado débil o claudicante.

El día 9 de septiembre, un grupo de ocho o diez individuos tiroteó en San Sebastián al jefe local falangista Manuel Carrión Damborenea, gerente del hotel Ezcurra y presidente del gremio de hosteleros de la ciudad. Una hora después de su fallecimiento, producido a última hora del día siguiente, una escuadra de pistoleros exfaístas reclutados por Falange en Zaragoza abatió en el Paseo de Colón de la capital donostiarra a Manuel Andrés Casaux, destacado activista de Izquierda Republicana que había sido director general de Seguridad y gobernador civil de Navarra y Zaragoza durante el primer bienio[642]. Maeztu y otros miembros de RE enviaron al ministro de Gobernación telegramas de protesta por la muerte de Carrión, a cuyo sepelio asistieron unas 5000 personas junto a las autoridades provinciales, Fernández-Cuesta en representación de la jefatura falangista y unas escuadras capitaneadas por Eduardo Ezquer. Al día siguiente se efectuó el entierro de Casaux. Azaña, que se había desvanecido ligeramente al ver su cadáver, dijo como frase de despedida: «Que la sangre de Manuel Andrés suba a nuestros labios y juremos aquí todos no olvidarlo, no para vengarlo, sino para emular su vida[643]». En realidad, las muertes producidas en San Sebastián resultaban una prueba patente de la tensión prerrevolucionaria que se respiraba: Falange justificó posteriormente el atentado a Casaux, no como vindicta (la presencia previa del grupo de pistoleros zaragozanos en el lugar de veraneo de la élite falangista no era en absoluto casual), sino bajo la acusación de ser uno de los máximos responsables del inminente movimiento revolucionario en esa zona.

La labor antirrevolucionaria en octubre de 1934

En contraste con las diferentes concepciones subversivas que dividieron a la izquierda en los preparativos y el desarrollo de la revolución de octubre, las estrategias particulares de la derecha (la desactivación legal de la República propugnada por la CEDA, el derrocamiento abierto del régimen mediante una insurrección acariciada por el carlismo, la repetición del proceso restauracionista de conquista del poder alentada desde el alfonsismo o la lucha callejera del falangismo) fueron sacrificadas en favor del apoyo a los resortes coercitivos del Estado en la dura prueba revolucionaria. El carácter de secreto a voces que tuvo la asonada de octubre permitió a las distintas formaciones de la derecha modificar con la debida antelación sus instrumentos de movilización, que pasaron a ejercer funciones de tradicional «guardia cívica» contra los efectos de la huelga general o, en casos de extrema gravedad, a actuar como tropa auxiliar del Ejército y la Policía en las zonas insurgentes.

La movilización cívica de la JAP.

El anuncio de un levantamiento condicionado al ingreso de ministros cedistas en el Gobierno fue una gran ventaja táctica que permitió marcar el tempo de la respuesta contrarrevolucionaria. Gil Robles aseguró haber contado con el desencadenamiento de una insurrección socialista «a la vienesa» para precipitar el estallido del movimiento revolucionario saliendo a su paso:

Me he hecho la siguiente pregunta; si no entro en el gobierno puedo regalar a España tres meses de tranquilidad. Si entro, ¿estallará la revolución? Mejor que estalle antes de que esté bien preparada, antes de que nos derrote. Eso es lo que hicimos, obligamos al movimiento a acelerar el ritmo, lo afrontamos y lo aplastamos desde dentro del gobierno[644].

Salazar Alonso y Gil Robles no perdieron la oportunidad de presionar al movimiento obrero para conducirlo al callejón sin salida de un levantamiento que fue reprimido duramente[645].

La JAP pronto tuvo ocasión de demostrar su eficacia cuando, después de que Gil Robles retirara el 1º de octubre la confianza al gobierno de Samper y se produjera el tan deseado cambio de gabinete en el que ingresaron tres ministros cedistas, las organizaciones obreras dieran la señal para la insurrección. La tarde del 6 de octubre, un anuncio transmitido desde los micrófonos de Unión Radio dio la clave para la movilización contrarrevolucionaria en Madrid: unos 15 000 voluntarios dirigidos por Pérez Laborda, Parrando y Serrano Suñer intervinieron los servicios públicos afectados por la huelga revolucionaria, barriendo calles, recogiendo basuras, conduciendo autos, camiones de transporte, tranvías, autobuses, trenes y metro; trasladando mercancías de las estaciones al mercado de la Plaza de la Cebada; cuidando el alumbrado público, el gas y el agua; atendiendo los servicios funerarios y las centrales térmicas; regulando el tráfico ferroviario y otorgando protección armada a todas estas actividades, en especial a las subestaciones eléctricas, los centros de AP y el domicilio particular de Gil Robles. En Asturias, la JAP fue militarizada y colaboró con el Ejército desde el primer momento, estableciendo retenes y puestos de vigilancia, y asegurando el transporte y el abastecimiento de las poblaciones. En Oviedo, el diputado y teniente coronel de Artillería José María Fernández-Ladreda y Menéndez Valdés organizó, no sin conflictos con Falange y el Requeté, las milicias voluntarias que apoyaron al Ejército y las fuerzas de seguridad durante el asedio a que fue sometida la ciudad por las columnas mineras[646]. En Bilbao, Santander y Coruña la JAP también contribuyó al mantenimiento del orden público, realizando misiones de policía y garantizando los servicios de abastos, alumbrado, transportes y limpieza municipal. En Sevilla, la coordinación entre las fuerzas policiales y la JAP fue casi total[647]. Los jóvenes cedistas colaboraron estrechamente con la Guardia Civil y efectuaron diversos servicios en Gijón, Ceuta, Melilla, Pamplona, Orense, Palencia, Ciudad Real, Huelva, Huesca, Logroño, Cádiz, Jerez, Córdoba, Vigo, Segovia, Soria, Toledo, Zaragoza, San Sebastián, León, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Lugo, etc[648]. La Movilización Civil de la JAP se convirtió en «el eje de la reacción cívica y un inapreciable auxilio para la fuerza pública […] ya no puede paralizarse la vida ciudadana […] en beneficio de logias e internacionales marxistas[649]». Los resultados fueron tan alentadores que Gil Robles pudo afirmar exultante a sus juventudes: «Acabamos de vencer en una magnífica batalla ciudadana. La labor de preparación y de entrenamiento durante estos años difíciles ha dado el resultado apetecido[650]».

La movilización antirrevolucionaria dejó paso a una espiral vindicativa que se contemplaba como el paso siguiente hacia el desmantelamiento de la democracia republicana. Cuando Goicoechea solicitó en nombre de su minoría que los grupos parlamentarios gubernamentales declarasen su «incompatibilidad moral» con los diputados socialistas, se encontró con una moción aún más dura de Gil Robles, que proponía que la declaración de incompatibilidad se extendiese a los republicanos de izquierda, además de plantear la posibilidad de fiscalizar la actividad de los sindicatos y asociaciones profesionales. En la sesión del 9 de octubre, el líder cedista propuso la suspensión de las sesiones parlamentarias para favorecer la impunidad de la represión. En el entorno japista se especulaba además con la posibilidad de una virtual «militarización», bajo severas penas, de los trabajadores de ciertos servicios públicos, llegándose incluso a proponer «obreros nuevos» y «métodos nuevos» cercanos al corporativismo para evitar que los «dirigentes marxistas» pudieran «estrangular el ritmo nacional[651]». El mayor esfuerzo preventivo debería encaminarse a la defensa cívica contra un rebrote de la huelga general:

La movilización civil de la JAP va a intensificarse, a perfeccionarse, sacando enseñanzas de la pasada experiencia. Pero eso no basta. Un Estado fuerte debe tener preparados los medios de defensa: Defensa cerrada contra un enemigo exterior, defensa armada y ciudadana contra los enemigos interiores […] Sin pérdida de tiempo el Estado prepare las movilizaciones de servicios convenientes, entrene a los elementos técnicos que salen de sus escuelas y centros para desempeñar determinados cometidos, designando a cada cual el puesto que tiene que ocupar en caso de peligro.

No se trata de crear milicias. Nosotros somos nosotros y nunca en España la población civil marcará el paso de a cuatro en fondo. Es preciso, sin embargo, mediante instituciones de carácter premilitar, de sociedades de educación cívica y patriótica, de asociaciones deportivas y de instrucción de tiro, con la cooperación de militares y civiles que sientan la emoción de educar a los que luego han de ser soldados y ciudadanos de España, el preparar núcleos, esencialmente juveniles, decididos y disciplinados, que en caso de peligro sean la más firme defensa de la Patria contra las fuerzas empeñadas en su destrucción[652].

Como en los últimos años de la Dictadura primorriverista, Federico Salmón propugnó intensificar la «policía de las libertades» como recurso preventivo al desorden. En su opinión, las libertades de prensa, opinión, propaganda, asociación, etc., deberían tener como límites de la ley y la seguridad del Estado[653]. Antes que violentar la situación política por sus propios medios, la CEDA optó por aprovechar los recursos coercitivos que la legalidad le brindaba para realizar tareas de esquirolaje y represión oficiosa con el fin de avanzar hacia el establecimiento de un Estado autoritario. Fue entonces cuando la JAP extremó su retórica excluyente, mucho antes de que se llegara a los enfrentamientos antagónicos en el campo político, electoral, social o incluso militar, difundiendo consignas maniqueas de este tenor: «No cabe diálogo o convivencia con la anti-España: nosotros, y no ellos»; «Aplastaremos al marxismo, la masonería y el separatismo para que España prosiga su ruta inmortal»; «Dispuestos a responder siempre en forma adecuada. Y frente a los puños en alto, el puño armado a la altura de los ojos[654]».

El dilema del Requeté:

entre los preparativos insurreccionales y el apoyo al Gobierno.

Como Falange Española, el carlismo ofreció su apoyo crítico para la acción contrarrevolucionaria en favor de un régimen que detestaba. Fal Conde ordenó el 7 de octubre a todas las organizaciones tradicionalistas que «se ofrezcan a las autoridades para cuantos servicios del orden público puedan ser útiles, desplegando en cumplir el cometido la mayor actividad, el más abnegado sacrificio y la más leal subordinación a las autoridades, atentos sólo a defender a la sociedad española del criminal atentado que se le está infiriendo[655]». El secretario general de la Comunión delegó el ofrecimiento de auxilio al Gobierno en el sector más contemporizador del partido, al tiempo que dejó clara su intención de no colaborar en el apuntalamiento del régimen republicano, dejando así a salvo su aureola de intransigencia.

Las sugerencias enviadas por Enrique Barrau Salado, jefe del primer Requeté de Sevilla recién llegado de la primera expedición formativa de carlistas andaluces a Italia, al «Jefe de los Requetés de España» (José Luis Zamanillo), son muy ilustrativas de las preocupaciones que asaltaban a los responsables de la milicia en esos cruciales momentos: ante la disyuntiva de instruir a los Requetés para pelear en la ciudad o guerrear en el campo, Barrau se decantaba por la defensa edificio por edificio, en un auténtico tratado de guerrilla urbana[656]. Con todo, sus planteamientos iban más por el camino de una insurrección o un golpe de Estado que por el auxilio armado a un gobierno legalmente constituido, a pesar de lo cual la táctica elegida fue momentáneamente la segunda: en Oviedo y en Gijón las Juventudes Tradicionalistas se ofrecieron al gobernador civil, colaborando en tareas defensivas y represivas con falangistas y cedistas[657]. Los tradicionalistas de Pamplona, respondiendo a una petición del gobernador civil de Vizcaya, movilizaron varios autobuses de requetés que fueron a Bilbao para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales ante la proclamación de la huelga general, y actuaron como auxiliares de la columna que Ortiz de Zárate dirigió contra la zona minera[658]. En Guipúzcoa se organizó una fuerza de ochenta requetés dispuesta a prestar auxilio al Ejército, aunque el líder carlista José de Zuazola no mostraba gran satisfacción, «pues allí uno y otro día han venido demostrando poca valentía. Han cometido lo de Oreja y lo de Larrañaga sin una represalia inmediata y sin dar muestras de virilidad. Eso es culpa de los jefes, pues la parte es más o menos valiente según quién la manda[659]». En Barcelona desarrollaron actividades en varios centros oficiales no afectos a la Generalitat; en Tarragona el jefe provincial Tomás de Caylá y Grau ordenó la movilización del Requeté local, y en Madrid la organización paramilitar vendió El Siglo Futuro y se ofreció al Gobierno para ser armada y efectuar tareas de mantenimiento de servicios esenciales con los jóvenes cedistas. Incluso en ciudades como Sevilla y Jerez los «boinas rojas» se aprestaron a la defensa de los establecimientos religiosos en una reedición de sus quehaceres durante la «Semana Trágica» barcelonesa o el verano de 1931. Tras estos sucesos, el pretendiente felicitó a Fal Conde y a Zamanillo por la labor desarrollada por las juventudes y el Requeté durante la revolución

[…] ofreciéndose a las Autoridades para la conservación de orden, a las empresas para la regularidad de los servicios públicos, y a las redacciones de los periódicos para el normal reparto de las publicaciones, siendo más de admirar su sacrificio cuanto que éste no era acogido con igualdad de trato por las autoridades[660].

De inmediato, la prensa carlista se hizo eco de las supuestas atrocidades revolucionarias, mientras que marchaban hacia Asturias y Barcelona sendas comisiones investigadoras formadas por personalidades de la Comunión.

Secuela de octubre fue también la realización del largamente madurado Bloque Nacional. Fal Conde fue requerido el 16 de noviembre por Calvo Sotelo para incorporar a la Comunión a ese «frente nacional contrarrevolucionario», pero a fines de noviembre hizo pública su rotunda negativa a intervenir en el proyecto[661], aunque el 8 de diciembre destacó el carácter de «movimiento nacional contrarrevolucionario» de la nueva agrupación, circunstancia que permitía la colaboración a título personal de algunas personalidades carlistas, siempre que la Comunión pudiera mantener incólumes sus principios de legitimidad dinástica y libertad foral[662]. Con todo, en una circular fechada el día anterior, advirtió a sus correligionarios que,

[…] con ser plausible el intento y patriótica la empresa, puede lesionar a nuestras Juventudes y Requetés. Así es que mientras hemos de ser los primeros en facilitar la acción general del Bloque, hemos de ser muy celosos y vigilantes en cuestiones de Juventud […] Al Bloque, sí; pero antes al mismo tiempo, a lo nuestro, a nuestra obra, a nuestra organización[663].

Falange y la culminación de la acción contrarrevolucionaria.

Movido quizás por la evocación de la experiencia paterna, el recuerdo de los pronunciamientos del siglo XIX, la psicosis prerrevolucionaria y la conciencia de su propia debilidad ante un crucial Consejo Nacional que podría levantar acta de defunción del falangismo, Primo de Rivera decidió tantear al Ejército menos de dos semanas antes de la insurrección. La carta personal que dirigió el 24 de septiembre al entonces comandante general de Baleares, general Francisco Franco, por mediación de su cuñado Ramón Serrano Suñer, escrita inmediatamente después de una poco tranquilizadora entrevista con el ministro de la Gobernación Salazar Alonso (quien le desmintió la presunta intención gubernamental de utilizar al Ejército contra los insurrectos), encerraba todos los tópicos catastrofistas del golpismo tradicional: inminencia de la revolución (en la que aseguraba que intervendría decisivamente Trotski), amenazas a la pervivencia de la unidad nacional por el separatismo catalán y previsible desbordamiento de las fuerzas de orden público y del poder civil, lo que justificaría una actuación militar «patriótica» e «independiente». Falange ofrecía al Gobierno y al Ejército su colaboración como fuerza auxiliar antirrevolucionaria, pero también como elemento de apoyo para un golpe de Estado, en una posición gregaria que sería revisada en la reunión de Gredos de junio de 1935, pero a la que se volvería en las semanas anteriores al 18 de julio de 1936[664].

A pesar del permanente estado de alerta en que estaba sumida la organización ante la cada vez más cercana insurrección obrera, la lucha interna por el poder se reabrió en septiembre: mientras José Antonio disfrutaba de sus vacaciones en San Sebastián, Ledesma preparó con Ruiz de Alda una maniobra que debería ejecutarse durante el I Consejo Nacional: se trataba de exigir la jefatura única presentando su candidatura o la del aviador navarro, siempre con la condición previa de eliminar políticamente a Primo de Rivera. Tampoco se descartaba la posibilidad de un golpe de fuerza que posibilitara un viraje radical en la actividad política de la Falange. El Consejo se convocó para los días 4 a 7 de octubre en Madrid. En la mañana del 5, con las escuadras falangistas acuarteladas en la sede de Marqués del Riscal y tras una turbulenta noche en la que las milicias socialistas iniciaron un conato de insurrección y José Antonio ofreció de nuevo todos sus efectivos al Gobierno, se discutió el problema de la jefatura única, que fue aceptada por 17 votos contra 16, gracias al decisivo decantamiento del sufragio del jonsista gallego Jesús Suevos. El liderazgo de Primo, que al principio se fundamentó en sus privilegiados contactos con la derecha Alfonsina y en su escaño parlamentario, pasó del radicalismo autoritario de raigambre primorriverista de la primera Falange a un espacio netamente fascista. Ledesma había perdido la partida, y la sesión de la tarde constituyó un trámite con el nombramiento de Primo de Rivera como jefe nacional por un período de tres años. Finalizado el Consejo Nacional en la noche del día 6, Falange se aprestó a intervenir en la lucha contrarrevolucionaria: José Antonio redactó una circular en nombre del Consejo Nacional de FE de las JONS donde expresaba su repulsa por el modo en que se había resuelto de la crisis de gobierno, pero también se planteaba la colaboración de las milicias como «grupos combatientes auxiliares» en defensa del Estado republicano[665]. Representantes de sus centurias acudieron a ofrecerse en los ministerios de la Guerra y Gobernación y en el Congreso de los Diputados para «luchar contra los marxistas y separatistas», pero dejando bien claro que su implicación no se dirigía a la defensa del orden establecido.

Falange perseveró en su actitud oportunista en el tajo y en la calle durante los días de la revolución, ofreciendo equipos de obreros de la CONS para cubrir servicios, obras y trabajos paralizados por la huelga general; tarea de esquirolaje que fue aceptada por muy contadas empresas, entre las que se encontraban los periódicos La Nación, donde Primo era accionista, e Informaciones, propiedad de Juan March[666]. El domingo día 7, cuando llegaron noticias más optimistas sobre el fin del Estat Catalá, Ruiz de Alda propuso organizar una manifestación callejera en pro de la unidad nacional y como muestra de apoyo al «Gobierno de España». A media mañana, Primo dio la orden de prepararse a los cuatro o cinco centenares de falangistas apiñados en la sede, y acudió a solicitar la pertinente autorización gubernativa para esta «marcha sobre la Puerta del Sol». Allí, José Antonio se dirigió al balcón vacío del Ministerio de la Gobernación, recordando de forma retórica la batalla de Lepanto, incitando a los presentes seguir el ejemplo de los jóvenes parisinos en la algarada antiparlamentaria del 6 de febrero y declarando su apoyo al Gobierno que «nos ha devuelto la unidad de España», pidiéndole que aprovechase la ocasión para comenzar una nueva política, extirpando el marxismo y el separatismo[667]. Falange obtuvo en Madrid un discreto logro propagandístico del que no supo sacar partido. Condicionados por las normas promulgadas desde la jefatura, los falangistas de Asturias, Santander y País Vasco intervinieron a título personal en acciones aisladas como el mantenimiento de servicios cívicos y la protección de edificios oficiales, industrias, iglesias y conventos, además de implicarse en la delación y represión subsiguientes[668]. En Moreda, un grupo de militantes ayudó a la defensa del Sindicato Católico Minero hasta su conquista por los revolucionarios, resultando muertos los obreros José Montes y Álvaro Germán Gutiérrez, que recibieron la Palma de Plata a título póstumo. En Oviedo, medio centenar de falangistas encabezados por el jefe local Leopoldo Panizo se ofreció ese mismo día como fuerza combatiente en el Gobierno Civil[669]. En Gijón, los falangistas Tomás Inerarity y Mariano Suárez Pola lograron trasladar el día 7 un mensaje del gobernador militar de la plaza al crucero Libertad, y participaron posteriormente con el resto de los afiliados de la localidad en acciones represivas, que cobraron mayor intensidad desde el día 12. En Santander, Manuel Hedilla y el triunviro Carlos Estévez, que se mantenían en contacto con la autoridad militar, lograron en el Regimiento de Valencia unas cuantas armas para garantizar el orden junto a tradicionalistas, japistas y católicos[670]. En el resto de España, Falange se puso a disposición de la autoridad militar para la ejecución de toda clase de servicios de armas, pero en ningún caso se aceptó el ofrecimiento, y las eventuales tareas de vigilancia de lugares sospechosos se realizaron de forma espontánea y extraoficial[671].

Paradójicamente, Falange pagó este espíritu colaborador que le costó seis caídos con la suspensión de Libertad y de otras publicaciones menores, el cierre de la práctica totalidad de sus centros y jefaturas provinciales y el acoso oficial a la CONS. No fue de extrañar que, tras «contribuir con nuestras fuerzas a la derrota del movimiento antiespañol ya casi vencido», se ordenase a los militantes que no intervinieran en las inevitables sesiones patrióticas ni en actos progubernamentales de acción de gracias. También se prohibió toda cooperación con los elementos derechistas en agrupaciones ciudadanas o en comités de enlace, mientras que se atizaba la hostilidad contra la pervivencia del Estatuto de Cataluña y el mantenimiento en la legalidad de la UGT y el PSOE. Con este orgulloso distanciamiento, Falange pretendía acentuar la nota antipolítica y presentarse como la voz de los institutos armados, cuyo creciente malestar por la gestión política de la represión estaba derivando en un auténtico complot contra la República al que se estaban adhiriendo todas las fuerzas de la extrema derecha. Falange no fue una excepción: hacia el 8 o 9 de octubre, Primo de Rivera se planteó colaborar en la búsqueda de una salida militar a la crisis planteada por las críticas a la lenidad gubernamental frente a la revolución. Se conocían los movimientos de Fanjul y Goded al respecto, e incluso es verosímil que los monárquicos estuvieran detrás, obligando a Falange a formar parte del bloque político-militar que apoyaba la intentona[672]. Entre el 10 y el 20 de octubre, todas las milicias y afiliados a FE, SEU y CONS estuvieron en estado de máxima alerta, dispuestos a apoyar un posible golpe de Estado con la excusa de asistir al Gobierno en las tareas de represión[673].

A principios de noviembre, Primo de Rivera viajó a Asturias, donde pronunció una serie de discursos en las zonas más afectadas por la revolución. Este viaje se enmarcaba en sus denodados esfuerzos por precipitar la acción de los militares mediante la difusión de su «Carta a un militar español» anónimo, dirigida sobre todo a los miembros de la UME (que desde principios de año trataban de ser captados por Miguel Primo de Rivera) y escrita entre el 7 y el 19 de ese mes, en un momento de grave crisis de relaciones entre radicales y cedistas por el problema de los indultos. La carta insistía en los tópicos de su discurso parlamentario del día 9 de octubre, donde rechazó el sistema parlamentario por débil, a las izquierdas por antinacionales y a las derechas por su egoísmo de clase. La misiva pretendía ser una llamada a la reflexión de las Fuerzas Armadas sobre sus responsabilidades, y una invitación a unirse de forma subordinada a la Falange en su lucha contra la República. La alternativa propuesta por José Antonio, tantas veces sugerida en la prensa militarista de la época, era un viraje nacionalista, autoritario y desideologizado, propiciado por el Ejército como única fuerza capaz de «reemplazar al Estado inexistente». Sin embargo, y recordando la experiencia de su padre, advertía de los serios peligros que acechaban a dicha intervención, en especial la intromisión de los políticos profesionales o la instauración de un directorio militar que careciera de visión histórica de la tarea colectiva que debiera emprender. En su opinión, el modelo a seguir debía ser el de la revolución fascista, impulsada por una minoría audaz y preparada, pero deseosa de integrar a todas las clases en un ideal nacional. Una vez tomado el poder, los militares no debían gobernar por sí mismos como en la Dictadura primorriverista, sino

[…] esperar en aquéllos en quienes encuentre más semejanza con el Ejército mismo; es decir, en aquéllos en quienes descubra, junto al sentido militar de la vida, la devoción completa a dos principios esenciales: la Patria —como empresa ambiciosa y magnífica— y la justicia social sin reservas —como única base de convivencia cordial entre los españoles[674].

La intención de esta carta quedaba entonces desvelada: Primo, siempre receloso y despectivo con todo lo militar, no concebía al Ejército sino como un instrumento que compensara la palmaria debilidad de sus milicias, y como un brazo subversivo susceptible de ser manejado de acuerdo con los postulados ideológicos de FE.

El 17 de noviembre, Primo de Rivera remitió una carta a Sanjurjo para pulsar su actitud ante el «movimiento nacional» en germen, impulsado por «todos los grupos más conservadores, más capitalistas y más partidarios de la monarquía derribada». José Antonio, informado por Justo, el hijo del general, estaba al corriente de las propuestas de viaje a Asturias que le habían sido hechas a mediados del mes anterior por Yagüe, Galarza y Vigón, pero le ponía en guardia sobre el hecho de que, «si este movimiento se hiciera, y se hiciera por quienes lo preparan, lo único que habría en él de verdaderamente nacional y popular sería el nombre de usted», ya que «los países en que se ha hecho la verdadera revolución nacional la han visto hecha por gentes nada derechistas; por gentes conquistadas al socialismo, al sindicalismo, al anarquismo, gracias a la fuerza inmensa de lo patriótico[675]». Resultaba evidente que la «Carta a un militar español» había tenido un claro destinatario.

Esa misma noche, los jefes falangistas anunciaron a sus huestes acuarteladas la noticia de un inminente acto de fuerza de la guarnición de Madrid contra el presidente de la República por haber otorgado los indultos a Escofet y Pérez Farrás[676]. Pero la llamada decisiva no llegó y, según testimonio de Jato, una madrugada «José Antonio, con camisa azul remangada, habló de los sacrificios que la Falange exigía. Pero con la luz del día se esfumó la esperanza», y las escuadras quedaron definitivamente desmovilizadas[677]. Primo había apostado por el apoyo a un golpe exclusivamente militar y había perdido, circunstancia que le sería reprochada por Ledesma con amargura en los meses siguientes. José Antonio había logrado acallar de momento toda crítica interna con su exaltación a la jefatura única, pero su implicación en las fallidas maniobras conspirativas de militares y monárquicos reabrió el proceso de cuestionamiento de su liderazgo, que fue atizado especialmente desde el grupo jonsista. Ledesma había disentido de José Antonio por su apoyo al gobierno Lerroux en octubre y por haber dejado pasar la ocasión de tomar el poder en las primeras semanas de noviembre[678]. Recordando quizás el pustch de Hitler de 1923, pensaba que se debiera haber aprovechado la revolución para impulsar el renacimiento del partido, «desencadenando una acción violenta» capaz de proporcionar «fuerza moral y prestigio entre las grandes masas españolas[679]». Ledesma se había mostrado partidario de atraerse a los elementos más jóvenes y dinámicos del Ejército para llevar a cabo una verdadera revolución nacional-sindicalista con apoyo de los sectores de la clase trabajadora desorientados por la crisis y susceptibles de ser captados por una activa acción sindical. Se trataba, en suma, de «dirigir y absorber la capacidad insurreccional de esos elementos, uniéndolos a sus propios grupos para organizar la toma violenta del poder[680]». Esa circunstancia se había trocado en inviable por la frustración del complot de noviembre. Sin duda, José Antonio temió comprometer la existencia de FE en un episodio tan grave y de incierto éxito, y se decidió en último extremo por el apoyo subalterno a un pronunciamiento militar reaccionario que al final no fue ejecutado. De ahí la exasperación de Ledesma cuando constató la frustración del fascismo hispano por el bloqueo sistemático de las dos líneas complementarias de desarrollo que habían permitido su crecimiento y triunfo en Italia o Alemania: su base social popular y su disposición al pacto con la extrema derecha[681]. No resulta extraño que, en vista de los frustrantes resultados cosechados tras octubre, Ledesma comenzase a preparar un nuevo golpe de fuerza, pero dirigido al interior del movimiento[682].

Cerca de la Navidad de 1934, aún frustrado tras su intento de levantamiento, Primo de Rivera manifestaba su desánimo a su amigo Serrano Suñer: «De no haber corrido ya la sangre hoy licenciaba la Falange. ¿Cuál sería el destino de estos chicos si triunfaran? ¿Cuál sería su empleo en circunstancias normales? A muchos tendría que mandarlos al Congo[683]».

Los alfonsinos y los rumores de golpe de octubre-noviembre de 1934

Durante las jornadas revolucionarias, RE movilizó a su juventud, engrosada desde abril con la adhesión de la Juventud Monárquica de Bilbao, para tareas cívicas y de mantenimiento de servicios similares a las realizadas por la JAP[684]. Pasado el trance, se impulsó una amplia campaña de prensa donde se denunciaron los «horrores» revolucionarios y se exigió en el Parlamento un castigo ejemplar. Maeztu comentó que el movimiento subversivo había sido una catástrofe y una manifestación patente de la justicia divina, que requería expiación por los pecados cometidos[685]. En la sesión parlamentaria celebrada de 6 de noviembre, Calvo Sotelo reclamó abiertamente la dictadura militar y exigió para los revolucionarios un castigo ejemplar al estilo del aplicado por Thiers: «La República francesa no es hija de la Commune, sino de la represión de la Commune», a lo que Maeztu apostilló el carácter «pacificador» por generaciones de los 40 000 fusilamientos efectuados en París en mayo-junio de 1871[686]. Se trataba no sólo de desmantelar las organizaciones comprometidas en la sublevación, sino de impedir la futura recuperación política de la izquierda.

Después de octubre, los alfonsinos relegaron las estrategias de política parlamentaria que tan magros resultados les habían reportado, y dieron prioridad al desarrollo de una conspiración cívico-militar contra la República. RE se situó desde entonces en permanente pie de guerra, y decidió intensificar su acción en el seno del Ejército. En pleno desarrollo de los acontecimientos de Asturias, el teniente coronel Juan Yagüe, jefe de una de las columnas de «pacificación», había preguntado a Mola «cuáles son sus proyectos y sus esperanzas si por fin se van a decidir a mandar a sus casas a todos los ineptos arrivistas [sic] que nos mandan y emplear a los verdaderamente militares». El militar, simpatizante de Falange, expresaba su esperanza de que la reacción antirrevolucionaria tuviera como consecuencia la reinserción definitiva de los mandos castrenses que habían sido relegados con la proclamación de la República[687].

El 10-12 de octubre un Consejo de Guerra condenó a muerte a teniente coronel de Seguridad Juan Ricart, al comandante Enrique Pérez Farrás y al capitán de Artillería Federico Escofet. Cuando el Consejo de Ministros discutió el 13 de octubre las sentencias de muerte, decidió aplazar toda decisión hasta que llegasen los sumarios de Barcelona. Durante las arduas discusiones que se prolongaron del 15 al 18 de octubre, la terca determinación de Alcalá Zamora, que amenazó una vez más con dimitir, condujo a la conmutación de la sentencia a Ricart y Escofet[688]. El malestar militar llegó entonces a su paroxismo, y circularon insistentes rumores de golpe de Estado en caso de que el Tribunal Supremo elevara al Gobierno el preceptivo informe favorable al indulto a Pérez Farrás, que fue entregado al presidente de la República el día 20. En esas mismas jornadas, Yagüe contactó con Sanjurjo para que, con la ayuda de Valentín Galarza, Jorge Vigón y el piloto Ansaldo, se desplazase a Oviedo tras el fin oficial de la resistencia asturiana el 18 de octubre para colocarse a la cabeza de las fuerzas militares encargadas de la represión, y marchar desde allí a Madrid, pero Franco y otros jefes del Estado Mayor consideraron que no era aún el momento preciso para desencadenar una operación militar de esta naturaleza[689]. Las idas y venidas de alfonsinos cualificados como Serrano Jover y Fuentes Pila para «recoger impresiones personales acerca de los gravísimos sucesos pasados» y las «excursiones» de grupos monárquicos a las ruinas de Oviedo se presentan de este modo desde una nueva e inquietante perspectiva[690]. Lo cierto era que, según los observadores más avezados de la situación política, a la altura del 20 de octubre España estaba al borde de una dictadura militar, con Alcalá Zamora negociando desesperadamente con el Ejército para evitar el fusilamiento de los condenados a muerte. Según Buckley, «durante tres semanas, el Ejército había tenido el poder real del país en sus manos y ahora que la revuelta había sido sofocada no estaba dispuesto a soltarlo[691]». El día 22, Radio Toulouse aireó rumores en torno a la implantación de una dictadura militar presidida por el general Franco como alternativa a la posible dimisión de Alcalá Zamora, opuesto a la confirmación de algunas de las sentencias de muerte impuestas a los cabecillas de la revolución[692].

Tras una sucesión de tensos Consejos de Ministros, el 1 de noviembre los cedistas del gabinete presentaron la dimisión como respuesta a la amenaza lanzada por Alcalá Zamora de retirar la confianza al Gobierno. Tras el desenlace de la crisis con la conmutación de 21 de las 23 sentencias a muerte, las sesiones parlamentarias reanudadas ese mismo día 5 dieron oportunidad a la revancha derechista: sometidos a un duro acoso, los ministros de Justicia Ricardo Samper y de Guerra Diego Hidalgo hubieron de dimitir el 16 de noviembre tras la votación de una proposición reprobatoria de las minorías cedista y monárquica. A mediados de noviembre se difundieron rumores de conspiración de sectores militares representados por Fanjul y Goded, descontentos con los indultos, en especial el concedido a Pérez Farrás. Estos jefes instaron a Gil Robles a adoptar una política más enérgica, para la que contaría con el apoyo del Ejército. A tal fin sondearon la posibilidad de un golpe que iniciarían las fuerzas acantonadas en Asturias, donde seguían concentrados 15-000 soldados y 3000 agentes de orden público. Como sería su costumbre de entonces en adelante, Gil Robles advirtió a los generales que «a nosotros nos era imposible tomar la iniciativa de provocar una situación excepcional, aunque de manera alguna nos opondríamos a que el Ejército hiciera saber al presidente su firme deseo de impedir que vulnerara el código fundamental de la nación[693]». Según el propio líder cedista:

Aquella misma noche [18 de noviembre] vino a verme Cándido Casanueva [vicepresidente de AP] —diputado, amigo queridísimo— para decirme que los generales Goded y Fanjul querían saber si aceptaríamos un indulto que significaba la impunidad de los revolucionarios. Mi contestación fue: si yo mantengo la actitud de los ministros de la CEDA, no hay salida para la crisis. El presidente dará el poder a los filoizquierdistas y disolverá las Cortes. Sería un golpe de Estado verdadero, pero ¿quién lo va a impedir? Pidieron Goded y Fanjul un plazo para reflexionar —y consultar a las guarniciones— y, transcurridas 48 horas, nos pidieron que no dejáramos el Gobierno, que el Ejército restaba minado y que unas elecciones cuando apenas estaban extinguidos los últimos focos revolucionarios serían una catástrofe. Esto determinó nuestra continuidad en el Gobierno, política que procuré defender en el debate parlamentario, en el que no podía decir lo que sabía[694].

Todo parece indicar que los altos mandos del Ejército, entre los que se incluía Franco, recomendaron prudencia, ya que aún no existían condiciones objetivas para apoyar un golpe de Estado de forma unánime[695]. A decir de Gil Robles, él mismo les había convencido de que el movimiento resultaba innecesario ante la política contrarreformista que en adelante iba a desarrollar el Gobierno. De este modo, el dirigente populista pudo aparecer como salvador de la situación política, proclamando a los cuatro vientos que «la CEDA no va a permitir el fin del régimen parlamentario[696]». Pero también se presentó como el primer interesado en mejorar la situación de las Fuerzas armadas con el fin de potenciar su actitud contrarrevolucionaria desde el Ministerio de la Guerra, cartera a la que accedió el 6 de mayo de 1935[697].

CAPÍTULO 5

LA FRUSTRACIÓN DE LA «TÁCTICA» CEDISTA

(diciembre de 1934-febrero de 1936).

El compás de espera de los monárquicos.

La llegada de la CEDA al gobierno supuso un parón obligado en las actividades subversivas de los grupos monárquicos y fascistas, que esperaban que sobreviniera la contrarrevolución desde el poder. Pero a medida que la táctica colaboracionista de Gil Robles fue revelando sus carencias, no sólo se reiniciaron los preparativos insurreccionales, sino que el propio conglomerado accidentalista sufrió la tentación de salirse de la legalidad de la mano de un sector del Ejército que cobró creciente protagonismo en este tipo de preparativos.

El appel au soldat de Calvo Sotelo y el proyecto de Bloque Nacional.

Mientras que la colaboración de la CEDA en el gobierno aplazaba sine die la contrarrevolución, los monárquicos alfonsinos fueron clarificando su estrategia, dirigida a la consumación de un golpe político-militar. Goicoechea denunciaba que la «táctica» cedista llevaría de alguna manera a una reedición del viejo turnismo liberal que daría pie, como en Francia, a la consolidación de la República laica. La actitud que proponía a los suyos se inspiraba en el retraimiento político de Cánovas tras el golpe de Pavía:

La situación actual puede llegar a ofrecer, con la de 1874, un marcado paralelismo con la actitud del duque de la Torre: los que hoy defienden la táctica ¿llegarán a obtener un conjunto de condiciones semejantes a las que se lograron en 1874? ¿Llegarán a conseguir una desaparición total de las bases de la Constitución de 1931 y la obtención, por la vía legal y pacífica, de un estado de cosas que equivalga a una monarquía sin monarca[698]?

Goicoechea proponía acelerar el deterioro de la situación política e institucional para propiciar una solución exclusivamente Alfonsina, pero la restauración no se realizaría por obra y gracia de la movilización de masas, sino a través del adoctrinamiento de una oficialidad sentimentalmente unida a la monarquía, cuyo nacionalismo exaltado le hacía fácilmente manipulable por la extrema derecha, y más aún tras el malestar generalizado que habían suscitado las medidas reformistas de Azaña y los sucesos de octubre de 1934.

Éste no era el mismo plan que defendía Calvo Sotelo, que se mostraba más interesado en una activa convergencia contrarrevolucionaria de todos los grupos de la extrema la derecha bajo su mando. Tras un verano de intenso trabajo preparatorio y con el trauma añadido de la revolución, Calvo Sotelo anunció el 11 de noviembre la ruina del Estado liberal y la creación de un frente patriótico que aspirase a tomar el poder y actuara de dique contra la «amenaza marxista». El manifiesto del Bloque Nacional, elaborado por Sáinz Rodríguez, iba dirigido a los sectores más acomodados de la sociedad, a los que se prometía, no una monarquía, sino un Estado autoritario y centralista capaz de imponer por la fuerza la paz social en aras de un supuesto «concepto unitario del interés nacional». Según el embajador francés, el objetivo del Bloque era, sin duda, la conquista del Estado, y «como campo de acción la tribuna, la prensa y la calle, es decir, la actividad política extraparlamentaria[699]» Pero este conato de organización de un amplio movimiento contrarrevolucionario fracasó casi desde sus inicios: Lerroux tildó el manifiesto de «vago», y destacó la ausencia de un auténtico «caudillo» fascista en España[700]. El número de cedistas que se pasó al Bloque fue muy escaso, dadas las esperanzas que aún despertaba la colaboración gubernamental y las críticas que Gil Robles hizo al proyecto[701]. La Comunión Tradicionalista tampoco se sintió atraída en especial por un programa demasiado estatalista y totalitario, sin contar con su ausencia de definición monárquica. El propio partido alfonsino aceptó con reticencias la iniciativa de Calvo Sotelo tras un mensaje del exrey a Goicoechea y las garantías dadas por los «bloquistas» de respetar la independencia de RE[702]. En cuanto a Falange, la ruptura de su pacto con los alfonsinos y su «izquierdización» tras la revolución de octubre la disuadió de participar en un común proyecto contrarrevolucionario, precipitando la salida de los más moderados (encabezados por Eliseda, principal apoyo financiero del grupo) hacia el campo «bloquista».

El proyecto instauracionista de Calvo Sotelo, compartido en el entorno carlista por próceres como Rodezno, se cifraba en alcanzar un «período intermedio» durante el cual se impondría una dictadura militar, se realizaría una profunda reforma de la representación política con exclusión de las opciones de centro e izquierda y se convocarían unas Cortes por sufragio corporativo. Esta cámara fijaría las leyes y preceptos fundamentales, y tras la convocatoria de un referéndum confirmaría la implantación de una monarquía neotradicionalista a la cabeza de un «Nuevo Estado» de corte totalitario[703]. A lo largo de 1935, mientras se eternizaba el forcejeo político en el seno del gobierno cedorradical, los dirigentes alfonsinos intensificaron la difusión de ideas y razonamientos tendentes a un golpe, violento o no, como única salida a este «impasse» contrarrevolucionario. Calvo Sotelo pareció aportar la solución, divulgando el concepto de «dictadura provisional» de un personaje monárquico en un régimen nominalmente republicano como nexo entre el golpe militar que se alentaba y la restauración que se deseaba como punto final. La dictadura no se planteaba como una forma de gobierno, sino como una fórmula de transición al estilo de Monk, Serrano, Mac-Mahon o el proceso emprendido en Grecia desde 1933. La cuestión griega volvió a ocupar las páginas de la prensa derechista del 3 al 16 de marzo de 1935, cuando tras el aborto de una intentona republicana dirigida por Venizelos, Tsaldaris asumió poderes dictatoriales el 1 de abril, y el 9 de junio se celebraron nuevas elecciones, donde los populistas, que contaban entre sus filas con un 70% de monárquicos, obtuvieron la mayoría necesaria para abolir la Constitución republicana de 1927, disolver el parlamento e imponer la dictadura como fase previa de un proceso de restauración[704]. Impresionado con estas circunstancias, don Alfonso siguió jugando la carta de la restauración «a la griega» hasta el último instante, ya que todavía en las semanas postreras de Gil Robles en el Gobierno confiaba a José María de Areilza su voluntad de colaboración con el cedismo[705]. Todavía en el otoño de 1935 barajaba la posibilidad de que el líder populista asumiese el papel de Tsaldaris, y desde el Ministerio de la Guerra, o mejor desde la Presidencia del Consejo, asestara el golpe «legal» que abriese camino a una dictadura monarquizante y a la ulterior restauración borbónica. Pero, a la hora de la verdad, los cedistas no aprovecharon como sus homólogos griegos (el gobierno de Tsaldaris fue sustituido por una regencia del general Condylis que allanó definitivamente el camino a la restauración de la Monarquía) el fracaso del movimiento insurreccional de izquierda para anular a la oposición parlamentaria y establecer una dictadura de facto. Cuando, tras la caída de Chapaprieta, Gil Robles reclamó el poder, Alcalá Zamora abortó la maniobra al precio de disolver el Parlamento. En esas circunstancias, Gil Robles no reaccionó con la energía que esperaban sus partidarios, y se descalificó ante la extrema derecha como futuro dictador. Aunque el alfonsismo había depositado sus esperanzas políticas en un hombre de acción antes que en un doctrinario[706], tampoco resultó factible que Calvo Sotelo hiciera las veces de Condylis ante los mandos más reaccionarios del Ejército, que desde 1933 habían optado por Sanjurjo como el hombre fuerte de un futuro régimen bonapartista de transición hacia la monarquía. El propio exministró de Hacienda tenía escrúpulos en seguir esta vía, ya que pensaba que un plebiscito como el que se tuvo que realizar en Grecia el 3 de noviembre de 1935 para lograr la restauración de Jorge II en el trono significaba entregar la decisión última a la voluntad popular que él no reconocía, reinstaurando una monarquía de carácter parlamentario que podría abrir en cualquier momento las compuertas a una nueva revolución. La lección que se sacó de Grecia era que la Monarquía podía ser restablecida por etapas, pero soslayando una transición civil respetuosa con el parlamentarismo republicano[707].

A medida que el posibilismo cedista veía limitarse sus posibilidades de reconducir en sentido autoritario la República y RE se enquistaba como grupúsculo minoritario, aumentó la proclividad de los alfonsinos a desarrollar teóricamente alternativas de fuerza. El Ejército aparecía de nuevo como un simple instrumento ejecutor para la instauración de un régimen provisional con tintes corporativos y autoritarios, que algunos pensaron identificar como la antesala de una monarquía de tipo tradicional. Calvo Sotelo inició una campaña sistemática de adulación al Ejército, al que presentó como la verdadera víctima del desgobierno republicano. Ya el 6 de noviembre de 1934 había expuesto ante las Cortes sus entusiasmos militaristas por contraposición al civilismo republicanismo, en su opinión antimilitarista por definición, y divulgaba por primera vez su idea del Ejército como columna vertebral de la nación, símil organicista tomado al parecer de Erich von Falkenhayn, ministro de la Guerra alemán en 1913[708]:

Es necesario afirmar la necesidad de que España cuente con un ejército poderoso y devolver la satisfacción moral y la dignidad espiritual a los mandos de ese Ejército; es preciso, en una palabra, que consideremos que el Ejército es el mismo honor de España. El Sr. Azaña decía que el ejército no es más que el brazo de la Patria. Falso, absurdo, sofístico: el ejército se ha visto ahora que es mucho más que el brazo de la Patria; no diré que sea el cerebro, porque no debe serlo, pero es mucho más que el brazo, es la columna vertebral, y si se quiebra, si se dobla, si cruje, se dobla o cruje con él España[709].

Esta calificación del Ejército como «columna vertebral» de la Nación, que se quiso contraponer a las tesis gilroblista y azañista que le asignaban el papel de «brazo ejecutor» de una política gubernamental de cariz nacional, estaba presente también en los escritos de Ortega y de Falange. A pesar de sus continuas referencias a la institución castrense como sostén de la sociedad en tiempo de crisis, Calvo Sotelo la percibía como mera ejecutora de un proceso instauracionista y contrarrevolucionario que habría de desembocar en un Estado fuerte en el que la primacía del poder civil estuviese garantizada, justificando la dictadura militar sólo como un régimen transitorio. En aquellos momentos, Gil Robles optaba por un civilismo mitigado, que se apoyaba en el Ejército como aval último de una política gubernamental contrarreformista, aunque como veremos más adelante, su fe en la supeditación de poder militar al civil se tambalearía desde la crisis ministerial que dejó a la CEDA fuera del poder en diciembre de 1935. Lo cierto fue que a la altura de febrero de 1936 todos los grupos de la derecha estaban de acuerdo en que se debía acabar con la República mediante el empleo de la fuerza militar. En ese sentido, Calvo Sotelo entendió mejor que Gil Robles o que Primo de Rivera que la alternativa más factible a la República no era ni el parlamentarismo conservador ni un nacionalsindicalismo popular, sino la movilización integrada de todos los recursos de la derecha contrarrevolucionaria bajo la tutela de las Fuerzas Armadas en el marco de un Estado autoritario, que fue, a la postre, el proyecto que Franco puso en práctica menos de un lustro después.

Las «Guerrillas de España» de RE.

Tras las promesas de ayuda italianas y el fracaso de las relaciones con Falange, RE decidió en diciembre de 1934 que sus Juventudes organizaran sus propias milicias o grupos de choque. Manuel Pombo Polanco, miembro del Comité Ejecutivo del partido alfonsino, propuso en marzo de 1935 la integración de los afiliados que fueran ingenieros o arquitectos en un Comité destinado a apoyar al Gobierno en caso de huelga revolucionaria como grupo cívico. Éste fue el origen de las «Guerrillas de España» afines al Bloque Nacional, que valiéndose de antiguos organizadores de las milicias falangistas como Juan Antonio Ansaldo logró encuadrar a unos 3000 hombres, según testimonios italianos[710]. En un local y un gimnasio del centro de Madrid se agrupaban estas milicias, uniformadas con camisa gris, gorro legionario y un emblema de la cruz de San Fernando. Aunque al mes de su constitución ya encuadraban a un millar de activistas, las «Guerrillas» tuvieron una presencia testimonial en la calle, y se limitaron a repartir pasquines o a lanzar un globo de 12 metros de alto y uno y medio de diámetro en la Gran Vía desde la terraza de la Gran Peña con el lema «El Bloque Nacional salvará a España». Un consejo de guerra y doce días de prisión fue la recompensa para el celo propagandístico de Ansaldo, quien recuerda que «de continuo había que visitar y auxiliar económicamente a docenas y docenas de “guerrilleros” encarcelados o detenidos. Después era necesario defenderlos en causas y juicios. Esos muchachos eran, en general, díscolos y un tanto fanfarrones. Todo ello resultaba poco agradable para personas habituadas a otras actividades más sedentarias[711]». Este confuso embrión de «guardia cívica» se encontró con varias dificultades insuperables para su desarrollo. En primer lugar, los monárquicos recibieron en marzo la negativa de Mussolini a enviar las armas que había prometido hacía un año, posiblemente para no atizar sin necesidad la tensión internacional suscitada por la agresión contra Abisinia[712]. En segundo término, desde la primavera de 1934 se estaba perfilando un enfrentamiento en el seno del partido alfonsino, que contaba con dos facciones bien diferenciadas: una neoconservadora de raíz maurista, liderada por Antonio Goicoechea y buena parte de la plana mayor de RE, que mantenía las aspiraciones de vuelta al trono de Alfonso XIII, y otra derechista radical más vinculada a las corrientes totalitarias de la extrema derecha europea, con posturas demagógicas de contenido social cercanas al fascismo, que defendía la idea de la instauración monárquica en la persona del infante don Juan de Borbón, futura cabeza de un régimen dictatorial a mitad de camino entre el cristianismo corporativo austríaco o portugués y el estatalismo fascista germano o italiano, pero con una monarquía «de nueva planta» en su cúspide. Calvo Sotelo, propugnador ferviente de la alternativa «juanista», transformaría al Bloque Nacional en una entidad cada vez más autónoma del partido alfonsino y más interesada en el pacto dinástico con el sector minoritario del tradicionalismo representado por el conde de Rodezno. La creación del Bloque Nacional perturbó sin duda el precario funcionamiento del movimiento alfonsino, precipitando el enfrentamiento entre ambas tendencias: en la primavera de 1935 aumentó considerablemente la rivalidad entre las Juventudes Unificadas de Acción Nacionalista (JUAN), que actuaban de trampolín político para el proyecto de Bloque Nacional de Calvo Sotelo, y las Juventudes de RE que habían tomado posiciones abiertamente contrarias al Bloque Nacional. El sector goicoecheísta orquestó una campaña contra el secretario del centro electoral TYRE, el exalbiñanista Antonio Torquemada, acusado de antecedentes delictivos. Los incidentes comenzaron con la agresión de un requeté a Justo Sarabia, marqués de Hazas, que era el representante de Renovación en TYRE. Poco después, el delegado de la Junta Directiva en las Juventudes de RE, Fernando Cobián, decidió junto con el comandante Cañas, jefe militar del Requeté madrileño, lanzar a sus afiliados y a los de la milicia carlista en contra de las juventudes calvosotelistas: el 10 de abril, miembros de la Juventud de RE y de la facción «ortodoxa» de la Juventud Tradicionalista se introdujeron en la sede de TYRE para forzar la dimisión de Torquemada, obligando a éste y al tradicionalista Álvarez del Peral a presentar su dimisión de la directiva. Los militantes de las JUAN también fueron expulsados violentamente de su sede, pero Aurelio González de Gregorio, presidente de las Juventudes Tradicionalistas de Madrid, desautorizó a los jóvenes carlistas que habían perpetrado la agresión y remitió las protestas de los revoltosos a Goicoechea, mientras que Cobián manifestaba, por contra, su pleno apoyo a la acción. Al día siguiente, y durante la reunión de los directivos de la TYRE, los dos grupos volvieron a enfrentarse pistola en mano, lo que precipitó la intervención de la Policía y la clausura de los locales. Las secuelas del incidente fueron graves: González de Gregorio presentó su dimisión, Fal Conde escribió a Goicoechea una carta de protesta por los enfrentamientos y el Comité Ejecutivo de RE, temeroso de que el suceso degradase aún más el pleito dinástico, acordó el cese de Cobián como delegado de la Juventud Alfonsina[713]. Sólo se pudo alcanzar una tregua cuando se permitió que Calvo Sotelo ocupase la primera vicepresidencia de RE, desde donde trató de incorporar plenamente al partido al proyecto «bloquista», e incluso propuso que, «existiendo la organización conocida con el nombre de “Guerrillas de España” cuya jefatura desempeña el Sr. Ansaldo, pudiera ser conveniente establecer una corriente de afinidad y enlace con nuestra Juventud, creándose la “Confederación de Juventudes” excluyendo a los requetés tradicionalistas[714]». Es evidente que se trataba de minar la influencia del goicoecheísmo entre la juventud monárquica y acercarla a los postulados instauracionistas del Bloque Nacional. El Comité Ejecutivo de RE acordó que, tras unas conversaciones entre el jefe de las JUAN y Ansaldo, se propusiera lo más conveniente para el Bloque, RE y la CT, pero el asunto nunca llegó a concretarse por el escaso eco que halló entre los directivos del partido alfonsino. Lo cierto es que desde el 1.º de mayo, cuando se constituyó la nueva Junta Directiva de la Juventud de RE, Francisco Lafarga acentuó la independencia de la entidad juvenil con respecto del partido y su evolución en sentido paramilitar, aunque en el Congreso de Juventudes de RE convocando para fines de junio éstas reafirmaron el ideario conservador autoritario expuesto en la I Asamblea de diciembre de 1934 por contraposición al totalitarismo fascistizante del Bloque Nacional[715].

La boda del infante don Juan y de María de las Mercedes de Borbón en la basílica romana de Nuestra Señora de los Ángeles el 12 de octubre fue la excusa para una amplia manifestación antirrepublicana y una intensificación de los encuentros conspirativos, como no pasó desapercibido para la diplomacia de la República, que vigiló muy estrechamente el acontecimiento a través de sus embajadores ante el Quirinal y el Vaticano, Justo Gómez Ocerín y Leandro Pita Romero[716]. De hecho, uno de los acontecimientos más trascendentes de esa jornada fue el establecimiento de contactos entre Sanjurjo y Calvo Sotelo. Pero el matrimonio principesco fue la ocasión para otro grave encontronazo a propósito de la cuestión dinástica. Dos días antes se había producido en Grecia el golpe de Estado que precipitó la sustitución del populista Tsaldaris por el monárquico Condylis, y aceleró el proceso de restauración de la dinastía Oldenburg-Glücksburg. Todo parece indicar que estos acontecimientos tuvieron una incidencia importante en los sucesos que se produjeron durante los esponsales de Roma: un numeroso grupo de monárquicos quiso aprovechar la ocasión para que don Juan proclamase su adhesión solemne a los principios neotradicionalistas, pero el príncipe decidió seguir la recomendación paterna de excusar su asistencia arguyendo una indisposición. Al final del banquete nupcial en el Grand Hotel, don Alfonso impidió que tomasen la palabra Goicoechea y Calvo Sotelo, pero aconsejó a los monárquicos «sin atenuaciones, salvedades ni distingos» apartarse «de los ofuscados, los timoratos y los acomodaticios», en una velada alusión a los cedistas presentes[717]. El día 13, tras la marcha en luna de miel de los novios, se produjo un incidente aún más violento en una audiencia de dirigentes de RE: el exmonarca hizo notar con gran acritud que las maniobras instauracionistas eran «una injusticia para ciertos hombres que le servían con lealtad irreprochable», y advirtió de forma brusca a los presentes que no tenía intención de abdicar, espetándole a Calvo Sotelo: «Si tú has fundado el Bloque nacional, conviene que sepas que Juan y yo somos también un bloque[718]». La despedida no fue menos áspera:

Volved a España ahora y trabajad sin tregua por la restauración del Trono, pero no olvidéis que ésta no puede hacerse sino en mi persona. El infante Don Juan piensa y siente lo mismo que yo. El Rey soy yo y no abdicaré jamás. Yo sé que habrá quien prefiera un rey joven para manejarlo a su antojo; pero aunque me tengan por caduco y por viejo, el rey soy yo. En adelante, al que me hable de abdicación le tendré por traidor[719].

Las implicaciones políticas de la escena eran tan graves que algunos observadores vaticinaron una inminente ruptura del partido alfonsino.

En esta difícil tesitura, las posibilidades de crecimiento del monarquismo catastrofista eran casi nulas. RE apenas superó los 5000 afiliados en toda España, por otros tantos en sus cinco organizaciones filiales[720]. El Bloque Nacional no tuvo mejor suerte, y su milicia aneja acabó convirtiéndose en «una especie de dócil guardia doméstica[721]». A pesar de haber mantenido contactos con los restos de los Sindicatos Libres de Madrid para acentuar la lucha laboral a cambio de recomendaciones para algunos parados y subvenciones para el veraneo de los hijos de los asociados[722], las «Guerrillas de España» dejaron pronto de actuar, aunque sus ejercicios activistas nunca habían pasado de meros divertimentos de señoritos.

Cuando la coalición cedorradical se rompió a mediados de diciembre, RE y el Bloque se dispusieron a actuar en primera línea de fuego: por medio de Valentín Galarza, Calvo Sotelo trató de convencer a los generales reunidos en el Ministerio de la Guerra de que había llegado el momento de actuar, e instigó a Gil Robles para que ejecutara un golpe de Estado antes de abandonar su cargo. Ansaldo sondeó a Franco, Fanjul y Goded, pero un consejo de generales desestimó la eventualidad de un pronunciamiento. En previsión de un posible fracaso electoral, Calvo Sotelo efectuó gestiones para precipitar un golpe de fuerza que se adelantase a los comicios y evitase dar la imagen de atentar contra la soberanía nacional, y con tal fin trató de convencer a Franco a través de Pedro Sáinz Rodríguez. El propio Calvo se lo expuso al evasivo general en una comida en casa de la marquesa de Argüelles a fines de diciembre de 1935. La respuesta de Franco, a decir de Sáinz Rodríguez, fue que «el Ejército debe soportar lo que salga de las urnas[723]».

El alfonsismo afrontó los comicios como la antesala de un vasto movimiento involucionista. Un manifiesto del Bloque fechado el 25 de diciembre identificaba República con revolución y proponía la creación de un frente contrarrevolucionario dirigido explícitamente a acabar con la República democrática[724]. Por su parte, don Alfonso especulaba con que, tras el previsible triunfo electoral de la CEDA y la subsiguiente negativa del presidente Alcalá Zamora a otorgarle el poder, el conglomerado accidentalista rompería con la República y retornaría en masa a la Monarquía[725]. Durante la campaña electoral, los alfonsinos propagaron un mensaje de virtual guerra civil: Goicoechea propuso la destrucción de «los partidos antinacionales con la máscara de partidos políticos[726]». Pero quizás las diatribas antirrepublicanas más agresivas se realizaron durante un homenaje tributado a las minorías parlamentarias monárquicas el 12 de enero de 1936. En este acto, protegido por los requetés, las Juventudes de RE y los Legionarios de España, Calvo Sotelo volvió a plantear la teoría jurídica católica de justificación de la rebeldía junto a préstamos de la cultura militarista del II Reich alemán, exponiendo su teoría más acabada del papel político a jugar por las Fuerzas Armadas, justificando levantamiento del Ejército como «la nación en armas» sublevada contra un gobierno antipatriótico:

Se predica por algunos la obediencia a la legalidad republicana. La obediencia es la contrapartida de la legalidad. Y cuando la legalidad falta, en deservicio de la Patria, la obediencia está de más. Si aquélla falta al más alto nivel, no sólo la obediencia está de más, sino que incluso la desobediencia se impone conforme a nuestra filosofía católica, desde Santo Tomás al padre Mariana. No faltará quien sorprenda en estas palabras una invocación indirecta a la fuerza. Pues bien. Sí, la hay […]

Una gran parte del pueblo español, desdichadamente una grandísima parte, piensa en la fuerza para implantar el imperio de la barbarie y de la anarquía […] Para que la sociedad realice una defensa eficaz necesita apelar también a la violencia. ¿A cuál? A la orgánica; a la fuerza militar, puesta al servicio del Estado. La fuerza de las armas —ha dicho Ortega y Gasset, y nadie recusará ese testimonio— no es fuerza bruta, sino fuerza espiritual. Y aún agrega que el honor de un pueblo está vinculado al de su Ejército […] Me dirán algunos que soy militarista. No lo soy, pero no me importa que lo digan. Prefiero ser militarista a ser masón, a ser marxista, a ser separatista e incluso a ser progresista. Dirán que hablo en pretoriano. Tampoco me importa […] Hoy el Ejército es base de sustentación de la Patria, ha subido de la categoría de brazo ejecutor, sordo y mudo, a la de columna vertebral, sin la cual no se concibe la vida […] Cuando las hordas rojas del comunismo avanzan, sólo se concibe un freno: la fuerza del Ejército y la transfusión de las virtudes militares —obediencia, disciplina y jerarquía— a la sociedad misma, para que ellas descasten los fermentos malsanos. Por eso invoco al Ejército y pido patriotismo al impulsarlo.

No faltará quien exhume el tópico de la supremacía del Poder civil. Yo tampoco acepto incondicionalmente esa vejez […] Hoy, el Ejército es la nación en armas; y la nación, el Ejército de la paz. Todos nos hemos honrado vistiendo el uniforme militar. Para que la supremacía del Poder civil renazca será menester que el Estado reconstruya todos sus órganos en la paz y la normalidad. Mientras tanto, no creo en ella[727].

Por su parte, Goicoechea reiteró su apoyo al proyecto de un frente nacional antilaicista, antiseparatista, antimarxista y antirrepublicano, «porque frente no es otra cosa que colocación de tropas en línea de batalla y en batalla estamos, que hemos de reñir no sólo en los comicios, sino donde quiera que el combate se produzca». Respecto a los rumores de desestabilización política, declaró que «el golpe de Estado puede ser algo grande, si es grande el propósito que le inspira», e incluso dejó entrever una posible ilegalización del socialismo. Fal Conde, secretario general de la CT, hizo un nuevo llamamiento al Ejército, a quien «hay que rendirle algo más que un homenaje de admiración; hay que ofrendarle la voluntad para marchar tras él con admiración y con amor, pero también con el servicio de nuestros brazos y de nuestros pechos, con heroísmo[728]».

Los resultados de los comicios fueron decepcionantes: RE logró sólo trece escaños, y el triunfo de las izquierdas reafirmó a los alfonsinos en su actitud antidemocrática. Acción Española reaccionó ante el desenlace electoral con un llamamiento a la rebelión armada: «La Verdad puede y debe imponerse por la fuerza: forma de proselitismo y deber de amor que obliga para con la nación a las clases directoras[729]». La Época comenzó en marzo a publicar unos artículos contrarrevolucionarios de agustino Pedro Martínez Vélez, en los que afirmaba: «Tenemos que ser apóstoles y soldados militantes y hasta mártires si es preciso[730]».

La estructura partidaria del alfonsismo inició a partir de ese momento una rápida descomposición. El 19 de marzo, la Junta Directiva de RE, tras conocer la marcha unilateral de los carlistas, decidió romper todo vínculo de unión con los otros grupos derechistas, reclamando libertad de acción y dando la puntilla al Bloque Nacional. Privadas del apoyo de RE por su obediencia calvosotelista y sumidas en la más absoluta de las inoperancias tras la debacle electoral, los aristócratas y el lumpenproletariado abandonaron las «Guerrillas» y orientaron sus preferencias hacia Falange. La organización juvenil Alfonsina acentuó un declive que se intentó paliar en vano con el nombramiento de Serrano Jover como delegado de la Junta en la organización juvenil[731]. RE se reunió por última vez el 22 de abril, acosada por las deudas y las defecciones hacia su antaño protegido falangista. El desmantelamiento apresurado de la organización política y parlamentaria vino de la mano de una apuesta por la violencia que podía ejemplificar la actitud del propio don Alfonso: convencido de que el «inevitable» triunfo de la derecha en las elecciones sería la señal para el desencadenamiento de una segunda revolución, encabezada por nada menos que 300 000 comunistas «bien organizados y armados[732]», sólo tras el fracaso electoral pareció asumir sin ambages la alternativa militarista. El alfonsismo más intransigente se volcó de nuevo, como en 1932, en una estrategia restauradora «a la española» que anteponía el golpe de Estado a cualquier otra consideración táctica de orden político.

El perfeccionamiento de la estructura paramilitar carlista.

Tras los sucesos de Asturias, el carlismo se nutrió de nuevos elementos, y durante todo 1935 se fueron creando nuevas secciones de Requeté y de Juventudes por toda España[733], restringiendo la capacidad de actuación y decisión de los jefes locales en esa faceta de la actividad carlista. 1935 fue un año de reafirmación del poderío tradicionalista a escala nacional y de confirmación de la viabilidad de su alternativa insurreccional, en paralelo a la frustración que planeaba sobre la derecha por los fracasos de la táctica cedista y la impotencia política del Bloque Nacional. En abril, la secretaría general informó de que la Comunión contaba con 700 juntas y delegaciones locales, 350 círculos, 250 secciones de Juventudes, 300 agrupaciones de Margaritas y 80 secciones locales del Requeté[734]. En los mentideros políticos de Madrid volvieron a circular rumores de que bandas armadas de miles de tradicionalistas se adiestraban en Navarra en la primavera de 1935.

El 2 de junio se continuó la serie de grandes actos tradicionalistas iniciados un año antes en Potes con un aplec del carlismo catalán en Poblet (Tarragona) al que asistieron unas 30 000 personas, entre ellas un nutrido grupo de «boinas rojas» que desfiló ante Fal Conde después de que éste les advirtiera de que todo intento insurreccional realizado por los jóvenes de la Esquerra implicaba el inmediato levantamiento en armas del Requeté[735]. La Comunión contaba con proseguir esta campaña de propaganda con la celebración de una Asamblea o Congreso Nacional de Juventudes Tradicionalistas que permitiera coordinar las actividades juveniles y paramilitares y hacer avanzar el proyecto de «Frente Nacional de Boinas Rojas» que se presentaba como alternativa unificadora al Bloque Nacional calvosotelista. La celebración de la Conferencia Nacional de Juventudes Tradicionalistas se hizo coincidir con el centenario de la muerte de Zumalacárregui el 24 de junio de 1935, efeméride que dio pie a la intencionada glorificación y el ensalzamiento de los combatientes de la última guerra civil y a una serie de maniobras subversivas poco claras: el 27 de marzo, el coronel Senzadenari, jefe de gabinete del ministro del Aire Italo Balbo, solicitó la «realización del proyecto», es decir, la entrega de las armas solicitadas por los monárquicos españoles, pero el requerimiento no fue tomado en consideración por el gobierno fascista. A principios de abril, Olazábal viajó de nuevo a Roma y propuso con insistencia el día 5 un encuentro entre Fal Conde y Mussolini, que no pudo llevarse a cabo en vista de la pérdida de interés del dirigente fascista por los «asuntos» de España al hilo del acercamiento italo-francés. Olazábal volvería a Italia en septiembre para solicitar nueva ayuda en vano[736], y realizaría otro viaje el 12 ó 13 de julio de 1936, revelando al coronel Senzadenari los planes de insurrección carlista con la esperanza de obtener apoyo, que de nuevo fue denegado[737]. La estrecha unión entre el sector juvenil y el grupo paramilitar, ejemplificada durante el Congreso en la participación de requetés en funciones de orden y protección, sería destacada meses después por Aurelio González de Gregorio, delegado adjunto de Juventudes, para quien el Requeté era una organización «paralela, unida, gemela» a la de los jóvenes tradicionalistas[738]. El Requeté se integraba en la estructura global de las Juventudes con la independencia que le otorgaban sus específicos quehaceres paramilitares y de defensa cívica antirrevolucionaria. En teoría se le consideraba un sector de élite dentro del propio entramado juvenil, que en la práctica era el que aportaba casi al completo su base de militancia.

En agosto de 1935, Fal Conde anunció la culminación de la primera fase de consolidación organizativa del carlismo, y optó por perfeccionar el Requeté mientras aguardaba la inevitable convocatoria electoral. El 3 de noviembre se celebró otro importante aplec en Montserrat con asistencia de 40.000-50.000 personas y de un fuerte contingente de requetés de Barcelona y Madrid, a los que el delegado nacional del Requeté José Luis Zamanillo arengó de esta manera: «La hora del sacrificio está próxima. ¡Requetés, estad dispuestos a todo; pero sobre todo a dos cosas: a luchar, a luchar, y a vencer, a vencer, a vencer! [Gran ovación]». Después de que la Guardia Civil que vigilaba el acto rindiera honores a la bandera bicolor y confraternizase con los milicianos carlistas, Fal Conde les pasó revista, no sin antes afirmar que «si la Revolución quiere llevarnos a la guerra, habrá guerra», y pedir públicamente al Requeté que marchase junto al Ejército para impedir una revolución que creía inminente[739]. El 22 de noviembre, en una reunión en San Sebastián, Zamanillo advirtió a una concurrencia enfervorizada: «¡Yo no vengo a pronunciar palabras de paz […] sino gritos de guerra y de lucha!»[740].

Esta belicosa actitud no era sólo verbal. El 31 de octubre de 1935, Varela había sido ascendido a general, y estrechamente vigilado por la Policía se vio obligado a delegar sus esporádicas actividades como inspector general de Requetés en manos de Ricardo Rada, quien con ayuda del teniente coronel Utrilla prosiguió unos trabajos ya iniciados el mes de junio para el diseño de un plan de acción defensiva que permitiera la movilización total del carlismo ante la presunta cercanía de otro movimiento revolucionario. El 21 de ese mes, Zamanillo ordenó a través de Rada un mayor empeño en esta lucha defensiva contra los elementos revolucionarios, solicitando información sobre el personal y los medios con que contaba cada unidad, los lugares preferentes para la defensa y la concentración de fuerzas. Se imponía una mayor intensidad en los entrenamientos, el señalamiento de objetivos «dentro del amplísimo campo que nuestros enemigos nos ofrecen diariamente», y la generalización de la estructura paramilitar en un Requeté activo o de primera línea y otro auxiliar encargado de tareas de apoyo. También se obligaría a las jefaturas regionales y provinciales a una más pronta ejecución de las directrices emanadas de la organización nacional, enviando las listas de revista de cada unidad a primeros del mes de noviembre[741]. El 25 de octubre, y aplicando la orden anterior, el delegado general de Requetés ordenó a sus subordinados que, en caso de alteración grave del orden público, los delegados regionales, provinciales y locales de la milicia se ofrecieran a los comandantes militares o en su defecto a los jefes de puesto de la Guardia Civil[742].

El activismo de la juventud fue impregnando el conjunto de la organización en una más que patente movilización paramilitar en la que también estaban implicados la organización infantil de los Pelayos, la sección auxiliar de Margaritas, el Socorro Blanco y, por supuesto, los Círculos Tradicionalistas. Creados entre fines del siglo XIX e inicios del XX como centros de sociabilidad provistos de la inevitable parafernalia familiarista del carlismo, allí se rendía culto a los antiguos combatientes y a los héroes caídos (la Comunión celebraba con gran fervor su rito necrológico de los «Mártires de la Tradición» cada 10 de marzo desde el año 1896), se charlaba o se rezaba. Actuaban, según terminología de Ervin Goffman, como «instituciones totales» donde un número determinado de individuos en igual situación, y aislados de la sociedad de forma voluntaria, compartían y ejecutaban una rutina diaria administrada y programada formalmente. Estas actividades se integraban en un plan deliberadamente establecido para adaptar los sentimientos, emociones, ideologías y comportamientos de la personas a los intereses del movimiento. Con ello se generaba una subcultura, esto es, un universo de significaciones y de normas tanto más sui géneris cuanto más segregado se sentía el colectivo respecto del universo cultural circundante[743]. Ahora, estos locales se iban multiplicando y transformando en cuarteles, cuya parte baja se dedicaba al Requeté, que instalaba allí su cuerpo de guardia y su retén. Más alejado de la puerta, o en otra planta, se instalaban las oficinas, el despacho del jefe y el cuarto de banderas. En las buhardillas se daban las primeras sesiones de instrucción y se guardaban armas y municiones, y en algún sótano protegido incluso se podían efectuar ejercicios de tiro. En épocas de peligro la guardia de prevención era continua, y otras veces sólo se montaba por las noches para evitar un eventual asalto de grupos políticos contrarios. Según Redondo y Zavala,

Lo que daba tono y carácter especial a los Círculos era su ambiente belicoso, que muchas veces hacía dudar al visitante si se encontraba en un museo militar o en un cuartel, porque en aquellos locales, que inicialmente recogieron lo que quedaba del Carlismo derrotado por las armas, se enfundaban banderas, escondían uniformes e incluso armas, y lo que era algo así como un casino o círculo de recreo, poco a poco iba cobrando una vitalidad distinta y se iba animando hasta parecerse más bien a un cuartel[744].

Jaime del Burgo describe la sede pamplonesa a fines del año 1935 como un cuartel donde los requetés efectuaban continuamente guardias en la planta baja y depositaban su impedimenta y su armamento. Al tiempo, y a medida que el ingreso de militares en servicio o retirados por los decretos de Azaña permitía cubrir los cuadros de mando e inspección del Requeté junto con las docenas de hombres adiestrados en Italia, se efectuó una escrupulosa tarea de selección de la suboficialidad mediante cursillos de teoría y práctica militar como los impartidos por el propio Del Burgo en la sede carlista de Pamplona todos los martes, jueves y sábados de 20.00 a 22.00 horas a los aspirantes a sargentos, y por Mario Ozcoidi los lunes, miércoles y viernes a la misma hora a los aspirantes a cabos. Dichos ejercicios eran obligatorios y diarios de 22.30 a la medianoche para los aspirantes a oficial. Los ejercicios de tropa se realizaban por turno de los piquetes, en los locales del tercer y cuarto pisos, y los domingos y festivos se salía al campo a realizar instrucción de orden abierto y de combate. Cabos, sargentos y oficiales tenían la obligación de pasar revista todos los días de 19.00 a 22.00 horas en la jefatura del Requeté pamplonés, para informarse de las novedades y conocer las órdenes[745]. En Sevilla, el Círculo Tradicionalista albergaba en su tercer piso todas las dependencias auxiliares del Requeté (almacén con 700 uniformes, correajes, mantas, botiquines, emblemas, documentación, etc.), y existía además un gimnasio en donde se hacía instrucción, que en ocasiones se realizaba con un pequeño contingente de mosquetones. En los patios interiores se oían las llamadas de cornetín y la orden del día, y se pasaba revista y lista de presentes[746]. Los exámenes de control y ejercicios al aire libre los fines de semana para efectuar prácticas de tiro, orden de combate, estrategia, táctica y educación física eran también moneda corriente, y en Navarra se convertirían en los siguientes meses en algo multitudinario que llenaría de preocupación a las autoridades gubernativas. La participación del clero parroquial resultó determinante: aunque la vieja junta sacerdotal había desaparecido, en 1935 el clero navarro presentaba las mismas características del monje guerrero de los viejos tiempos, o del cura trabucaire que había actuado intensamente en las tres guerras civiles del siglo anterior[747].

Todos estos esfuerzos se vieron recompensados con la formación de unidades adaptadas a la militancia de cada zona: a mediados de 1935, Zaragoza contaba con dos piquetes del Requeté[748], y a comienzos de 1936 buena parte de las localidades navarras disponían de al menos un Requeté, que en lugares como Corella y Pamplona se ampliaba hasta tres[749]. En esta última ciudad se tiene constancia en marzo de 1935 de 18 grupos y otros 300 requetés encuadrados sólo en patrullas, lo que suponía un total de 660 individuos, casi los efectivos reales de un Tercio, aunque a la altura de mayo sólo se habían creado en la capital tres piquetes (dos de ellos efectivos), por lo que resulta presumible que la carencia de oficialidad adiestrada dificultaba la creación de esta unidad tipo batallón, que acabó por organizarse en enero de 1936. Según una confidencia de Lizarza a Zamanillo el 21 de marzo de 1935, el despliegue total del Requeté navarro era de 899 patrullas, con 5394 «boinas rojas», a los que habría que añadir otros 300 afiliados pamploneses que todavía no estaban encuadrados en grupos. Por merindades se contaba con 247 patrullas y 1482 boinas rojas en Aoiz-Sangüesa; 186 y 1116 en Estelia, 215 y 1290 en Pamplona (incluida la capital), 125 y 750 en Olite-Tafalla y 126 y 756 en Tudela[750].

Estos evidentes logros organizativos y propagandísticos llevaron a don Alfonso Carlos a nombrar a Fal Conde el 20 de diciembre de 1935 jefe delegado de la Comunión. Tras laboriosas gestiones, y ante el estancamiento de las conversaciones dinásticas con los alfonsinos, el pretendiente también nombró regente a su sobrino don Javier de Borbón Parma el 23 de enero de 1936,aunque la decisión no se hizo pública hasta el 6 de abril siguiente, en plenas negociaciones conspirativas y con la intención de desautorizar a los partidarios de la solución juanista, aunque el carácter temporal de la propia Regencia siempre dejaba la puerta abierta a tal alternativa. Entretanto, las Cortes habían sido definitivamente disueltas y la Comunión se disponía a encarar una nueva campaña electoral, en la que participaría inserta en la consabida alianza de derechas con treinta candidatos, además de listas en solitario en Murcia, Alicante y Logroño y una sorprendente candidatura conjunta con Falange en Santander[751]. Durante las jornadas preelectorales, el Requeté actuó como fuerza de orden en los mítines del Bloque Nacional. El domingo 7 de enero, Fal Conde declaró en un acto en Bilbao que «si esta República tiene que derrocarse por procedimientos tácticos iguales a los de la revolución, ha de ser dentro del espíritu y dentro del campo de la contrarrevolución[752]». La actitud rupturista del carlismo resultaba más que notoria, aunque dejaba un razonable margen de incertidumbre respecto a la realización de un movimiento insurreccional en solitario o en colaboración con otros grupos.

Las crisis internas de Falange y sus secuelas.

Tras la revolución, las escisiones en el seno de Falange frustraron sus ya mermadas posibilidades políticas. La reorganización del partido quedó concluida en noviembre con la presentación de sus 27 Puntos Programáticos que no satisficieron a ninguna de las tendencias presentes en el movimiento. El encargado de negocios italiano Geisser Celesia censuraba su abstracto contenido, que alejaría a muchos adherentes monárquicos y conservadores sin por ello granjearse partidarios entre las clases trabajadoras[753].

Las defecciones de los monárquicos y los jonsistas «independientes».

La presentación de este «Evangelio falangista» abrió una nueva fase de la permanente crisis interna en que se veía sumida Falange casi desde su fundación: la redacción del punto 25 y el recuerdo de las declaraciones de Gil Robles en las Cortes a principios de 1934 afirmando que Falange no era católica, generaron inquietud en la fracción más conservadora, que encontró la excusa perfecta para justificar su defección y ulterior entrada en el Bloque Nacional, aunque representantes del «ala izquierda» falangista tan cualificados como Álvarez de Sotomayor también decidieron apoyar el ingreso del partido en el entramado calvosotelista y el propio Ledesma se mostró dispuesto a prescindir de José Antonio en ese camino de colaboración con los monárquicos. Primo de Rivera también estuvo tentado de negociar con el Bloque, pero luego lanzó el punto 27 que ordenaba pactar muy poco, y que parecía dirigido a anular el acuerdo firmado en agosto de 1934 con Goicoechea, lo que implicaba la renuncia explícita a una relación estable con los monárquicos. Al oponerse a toda alianza, José Antonio rompió con cualquier estrategia racional que hubiese reactivado al partido: ni era capaz de buscar una integración en el conjunto de la extrema derecha ni se lanzaba a una operación revolucionaria, en solitario o con el apoyo del Ejército.

Como en otras ocasiones, el toque de clarín lo dio una protesta de un Giménez Caballero siempre obsesionado por la defensa de la catolicidad, pero la verdadera noticia partió del marqués de la Eliseda, que el 30 de noviembre (significativamente, dos días después de la negativa de José Antonio a integrarse en el Bloque Nacional) declaró en ABC que el espíritu del punto 25 era «francamente herético», y por ello se apartaba de FE de forma definitiva, puesto que el partido de José Antonio había adoptado una actitud ante la Iglesia semejante a la de L’Action Française, que había sido condenada por el Vaticano en 1926[754]. La inmediata defección del principal cotizante del partido hacia el grupo parlamentario «bloquista» rompió virtualmente los últimos lazos políticos y económicos que ligaban a FE con los monárquicos, y planteó un severo recorte de medios económicos que afectó a las labores de proselitismo. La crisis por la derecha se cerró con el abandono en los días siguientes de Ricardo Rada, el comandante Arredondo, Enrique Ansaldo (hermano del antiguo jefe de objetivos) y otros jerarcas de las milicias como Groizard y Rodríguez Tarduchy, que junto con los dos mil o tres mil derechistas que habían ingresado en el partido en sus primeros meses de andadura pasaron a militar en el Bloque Nacional como plataforma de convergencia de la derecha autoritaria de herencia primorriverista[755]. La marcha de los tradicionales responsables de las milicias propició el acceso al mando de joseantonianos convencidos como Luis Aguilar, Agustín Aznar, José Miguel Guitarte y Alejandro Allanegui, casi todos procedentes de las milicias del SEU.

Desaparecido todo atisbo de apoyo político y económico procedente de las filas monárquicas, el descontento de Ledesma y sus amigos no hizo sino crecer, como pudo demostrarse en la reunión informal del Consejo Nacional celebrada a fines de diciembre. No se llegó a ninguna solución de compromiso, pero el agitador zamorano vio llegada la hora de imponerse por la fuerza. En realidad, no aspiraba a la jefatura de un partido que ya consideraba definitivamente acabado, sino que intentó desgajar su sector más radical (la CONS) para dirigir una agrupación inspirada en las tesis sindicalistas revolucionarias del primer jonsismo, vinculándose previsiblemente a la estrategia del Bloque Nacional. Ledesma preparó su marcha con la secreta esperanza de lograr lo que no había podido obtener en 1933: convertirse en el socio privilegiado de los monárquicos, merced a sus relaciones de amistad con José María de Areilza y otros miembros de la alta burguesía vizcaína. Onésimo Redondo se mostró de acuerdo con estos planteamientos de emergencia, y la defección fue hecha pública el 14 de enero en el diario republicano Heraldo de Madrid, por medio de una nota firmada por el líder vallisoletano, Ledesma y Sotomayor, donde se destacaba el rechazo de los antiguos jonsistas a la ruta conservadora y vacilante de Falange, y «la necesidad de reorganizar las JONS fuera de la órbita de Falange Española y de la disciplina de su jefe[756]». Al día siguiente, Primo hizo pública una nota en que comunicaba la expulsión «por higiene» de Ledesma, Sotomayor, Juan Aparicio, Enrique Compte, Emiliano Aguado, Tauler, Arias y los vallisoletanos Emilio Gutiérrez Palma y Javier Martínez de Bedoya, acusándoles de indisciplina y de conspiración contra la unidad del movimiento. Sorprende la no inclusión de Onésimo Redondo en esta lista negra y sus posteriores demostraciones de lealtad a Primo de Rivera. En realidad, tenía menos en común con el agnóstico Ledesma que con el católico marqués de Estella, quien le ofreció la preeminencia entre los mandos de Falange y una mayor autonomía del grupo vallisoletano, donde jerarcas como Girón o González Vicén habían interpuesto su veto a la alianza con Ledesma.

Consciente de que el verdadero potencial de futuro de un jonsismo independiente estaba en el control de la organización sindical, Ledesma decidió jugarse todo a una carta: acudió a la sede de la CONS de Madrid e intentó soliviantar al millar de afiliados allí concentrados. Informando de esta maniobra, Primo de Rivera se personó inmediatamente en el local, donde trocó la inicial hostilidad en una ruidosa adhesión, y obligó a Ledesma a batirse en retirada. Éste había sido derrotado de nuevo por la mayor credibilidad del liderazgo de José Antonio, pero logró captar a un 10% aproximado de la militancia falangista total para su proyecto escisionista[757]. El domingo 16, José Antonio convocó la Junta Política e hizo aprobar la expulsión de Ledesma y Sotomayor. Siempre creyó que la extrema derecha calvosotelista había inducido la disensión de las JONS independientes[758]. La rivalidad de ambos grupos degeneró de inmediato, no sólo en una patética riña de verduleras en la prensa, sino en un largo rosario de violencias: los dirigentes jonsistas eran provocados en la calle por matones falangistas, que además asaltaron la minúscula oficina de Ledesma y destruyeron los ejemplares de su nuevo boletín La Patria Libre allí donde se encontraban. Hubo choques entre ambos grupos en la Gran Vía, e incluso un intento falangista de asesinar a Ledesma, evitado por José Antonio, aunque éste encabezó junto con Guillermo Aznar y Carlos Valcárcel un grupo de ataque del SEU que pretendió tomar por la fuerza las oficinas de las JONS en la calle del Príncipe[759].

En su desesperada búsqueda de militantes, Ledesma reinició su eterno flirteo con los cenetistas, y rogó al Partido Sindicalista y al BOC de Maurín que abandonaran sus ilusiones internacionalistas para ingresar en el «ideal nacional[760]». Pero las JONS independientes no encontraron espacio entre los grupos estudiantiles ya movilizados, un pequeño campesinado controlado por el agrarismo católico y la masa obrera afiliada a la CNT, que no olvidaba las acciones de esquirolaje de la CONS y su complicidad en la represión de octubre del 34. Tras este postrer fracaso, Ledesma se retiró a Puebla de Sanabria (Zamora), donde escribió bajo su habitual seudónimo de Roberto Lanzas su ensayo ¿Fascismo en España?, sagaz análisis del significado del fascismo español en su época y circunstancias peculiares. Ese mismo año, Ledesma publicó su Discurso a las juventudes de España, donde resumió con claridad sus teorías de la milicia y de la «acción directa» como complementos indispensables de la actuación política, además de presentar una serie de justificaciones de índole moral y táctica. Según la peculiar visión de Ledesma, el último siglo había presenciado el fracaso de la España tradicional representada por la Dictadura de Primo de Rivera y de la España subversiva encarnada en la República. Sobre estas frustraciones debería erigirse una tercera vía que sería la Revolución Nacional. Ledesma resumió su teoría de la milicia como rearme de la juventud en pro de dicha revolución: debía ser una violencia popular, pero ya no espontánea, sino fuertemente organizada de acuerdo con la estructura y la mentalidad militares, aunque limitando una autonomía que, según su propia experiencia, podría degenerar en rebeldía. Los problemas tácticos a considerar serían de índole material (cómo ha de equiparse y qué instrumentos debe elegir para sus luchas), estratégica (pactos y auxilios que le convienen) y programática (qué objetivos y conquistas inmediatas o lejanas pretende[761]). Una milicia robusta constituía una necesidad primordial. Sus características le acercarían al ejército popular nacionalizado postulado en Italia por Italo Balbo y en Alemania por Ernst Rohm, acabando con el antimilitarismo tan arraigado en la cultura política de la izquierda española y fomentando el destino militar de España a través de aspiraciones imperialistas. En sus primeras incursiones teóricas, Ledesma había concebido un proceso violento de tipo espontáneo, más cercano a las concepciones de acción directa del sindicalismo revolucionario, aunque canalizando dicha acción de masas a través de un fuerte movimiento nacional-sindicalista. Tras cuatro años de intensa actividad política, y frustrados sus contactos con el anarcosindicalismo, se mostraba partidario creciente de la violencia organizada por un partido político de tipo fascista, tomando como referencia la estructura jerárquica y la mentalidad del Ejército, aunque siempre puso reparos a una excesiva autonomía de la milicia, que podía degenerar en franca rebeldía.

La acción directa debía convivir con la actividad política normal, aunque en el ideario ledesmista acción directa no siempre equivale a violencia armada. Era más bien una actitud de ruptura política y moral contra valores caducos como el liberalismo, el parlamentarismo, el capitalismo o la democracia, y un medio de que, a través de su práctica, surgieran nuevas minorías rectoras procedentes de la masa y sustitutas de las élites políticas tradicionales. Ledesma ofreció justificaciones de índole moral, defensiva e histórica a la violencia de las juventudes nacionales, que interpretaba como un valor moral de ruptura; como un gesto de desprendimiento y rebelión contra valores decrépitos, traidores e injustos; como una necesidad de defensa contra los enemigos (marxistas y separatistas), y como una demostración de la entereza, capacidad y licitud histórica que movían los soldados de la revolución nacional. Todo ello hacía que al activista violento no le estuviera permitido la caída en el crimen, el bandidaje o el pistolerismo, que eran actitudes violentas vinculadas a un signo individual, anárquico y visionario que se consideraba ajeno a la mística de la unidad nacional[762].

La actividad teorizadora de Ledesma respecto de la violencia política alcanzó su cima en estas dos obras escritas en 1935. Como hemos visto, su teoría de la violencia había experimentado un proceso de creciente control político y justificación moral. Como Sorel, otorgó un claro contenido ético a la acción expeditiva como síntoma de sinceridad e inconformismo respecto a un sistema moral y normativo burgués basado en la hipocresía y el monopolio de la fuerza. A continuación precisó que la violencia debía ser ejercida de manera ordenada por grupos disciplinados que no se dejasen llevar por sus impulsos; emplearla para lograr fines superiores a los que defendía el enemigo y a la vida misma del hombre, y permitir que actuase como catalizadora de la unidad y la fortaleza del colectivo nacional[763]. Si en un principio siguió una línea de acción directa muy cercana a la postulada por el sindicalismo revolucionario, los posteriores análisis, en especial los aparecidos en la revista JONS, fueron más personales: la acción violenta pasó a ser desplegada por un partido totalitario que debía contar con un aparato militar fuerte. Tras la crisis interna que sufrió FE en la segunda mitad de 1934, Ledesma optó por la primacía del sector «civil» del movimiento en los planteamientos revolucionarios, y con la constitución de las JONS independientes y la publicación de La Patria Libre y Nuestra Revolución, su trayectoria ideológica adoptó de nuevo los tintes sindicales de los orígenes, a pesar de que sus obras de 1935 mostraron un claro cambio de actitud: a las habituales consideraciones morales sobre la acción violenta (legítima defensa contra el marxismo, lucha juvenil contra las fórmulas demoliberales caducas, autoafirmación del propio valor y licitud histórica, dentro de una línea más cercana al fascismo) incorporó interesantes innovaciones tácticas, como el planteamiento de una insurrección en la que participarían todas las formaciones fascistizadas y de carácter nacional, incluido el Ejército, en sentido muy cercano al golpe de Estado clásico, que primero acabase con la legalidad democrática vigente y a continuación eliminase a los partidos de izquierda. En este punto se puede constatar una clara incertidumbre sobre el carácter último del nuevo Estado: ¿Dictadura militar retrógrada o régimen nacional-sindicalista? Éste sería, en último término, el caballo de batalla de Falange desde sus primeros contactos con la conspiración militar de 1936 hasta los «sucesos de Salamanca» del año siguiente.

El apoyo económico del fascismo italiano.

A fines de enero de 1935, la crisis interna de Falange parecía darse por zanjada: Primo de Rivera era el indiscutible líder de un partido insignificante y con muy escasos recursos. Desahuciada por los monárquicos y privada de la retórica obrerista que era patrimonio de las antiguas JONS, la Falange joseantoniana se aprestó a realizar su travesía del desierto. La capacidad del jefe nacional para buscar ayuda financiera, relanzar el partido, mantener su espacio político y sopesar nuevas tácticas de lucha y conquista del poder marcaron la tónica del último año de legalidad, caracterizado por la sublimación de la «intemperie» en que se veía sumido el partido a través de mítines en poblaciones campesinas donde los falangistas hablaban con arrieros y labradores al estilo quijotesco para anunciarles la «buena nueva» de la resolución nacional-sindicalista[764]. El aislamiento favoreció el florecimiento efe toda una mística del sacrificio y la vigilia unida a la exaltación de la «intransigencia» y la «originalidad» de un ideario falangista cada vez menos asumible por la derecha tradicional.

Desde principios de 1935, las milicias falangistas quedaron controladas por personas totalmente adictas al Jefe Nacional. El tiempo de los instructores y asesores militares más o menos infiltrados por los monárquicos quedó de momento superado, y las acciones violentas comenzaron a ser planificadas por falangistas «puros» de más sólida formación política, y fogueados en su mayor parte en incursiones protagonizadas por las primeras escuadras del SEU. Agustín Aznar ocupó la Jefatura Nacional de Milicias prácticamente durante todo este período y hasta el estallido de la guerra, mientras que Luis Aguilar ejerció la jefatura del Estado Mayor y Gerardo González Sampedro la de la Primera Línea de Madrid. Como jefe supremo de la milicia, y libre ya de las trabas del triunvirato y del pacto con los monárquicos, Primo de Rivera supervisó estrechamente sus acciones hasta el momento de su detención en marzo de 1936. Existe una cierta confusión respecto a la dirección efectiva de la organización militar durante este año de transición: según García Venero, Luis Aguilar, organizador de las escuadras del SEU y jefe de la Primera Línea de Madrid, fue más tarde lugarteniente nacional de milicias e inmediato subordinado de José Antonio. Según otras fuentes, el responsable de la organización paramilitar desde la marcha de Rada al carlismo y de Arredondo al bloquismo calvosotelista fue Agustín Aznar, al que García Venero sitúa en el cargo de jefe nacional de milicias sólo entre fines de febrero y marzo de 1936[765], dato que tiene todos los visos de resultar cierto. Como era frecuente en este tipo de agrupaciones, los cargos se solapaban, y la ostentación del cargo oficial de jefe de milicias no presuponía necesariamente un control efectivo de la organización, como sucedió en la época en la que Arredondo era jefe oficial y Ansaldo jefe efectivo de la Primera Línea. A esta aparente confusión en la cúpula de la milicia se unía una evidente descoordinación de la organización provincial y un ambiente de suspicacia respecto a la fidelidad de las unidades más aguerridas, que llevó a José Antonio a disolver y refundar la Primera Línea madrileña tras la marcha de los instructores monárquicos y la separación del «ala izquierda» de Falange[766]. Para sanear la disciplina y mejorar la calidad de las unidades, Primo ordenó que los milicianos madrileños constituyesen nuevas escuadras y un número más reducido de centurias, al parecer cinco, la primera de las cuales quedó al mando de José María Díaz Aguado. Esta reestructuración sumió en el desconcierto a la organización paramilitar falangista durante buena parte del año 1935, que transcurrió entre la penuria económica (al menos hasta el segundo semestre), los recelos de los líderes (en especial los vallisoletanos) y las esperanzas depositadas en un fantástico plan de insurrección que sería retomado con variantes en 1936.

El número de efectivos de la organización paramilitar falangista está sujeto a fuerte debate. Resulta dudoso que a comienzos de 1935 la Primera Línea contara con más de 5000 miembros. De forma oficial, en Madrid se registraban 743, posiblemente 400-500 en Valladolid y unos pocos cientos en Sevilla. En febrero de 1936 es probable que la Primera Línea contara con unos pocos miles de activistas, complementados con una débil Segunda línea y una considerable aportación de miembros del SEU. Mariano García, secretario administrativo de FE en 1935-36, estimaba un total de 25 000, pero José Luis Arrese, jefe provincial de Granada en 1935, recordó que el número de afiliados con carnet antes de las elecciones de febrero de 1936 no superaba los 8000. Fernández-Cuesta estimaba en no más de 5000 los falangistas de Primera Línea en esa época[767].

Las violencias emprendidas en el último año de legalidad del partido buscaron un fuerte impacto propagandístico y una mayor presencia en el espacio rural. Media centuria de la Facultad de Derecho dirigida por Guillermo Aznar realizó el 16 de marzo una razia en los almacenes SEPU de la Gran Vía madrileña. Tal acción contra un establecimiento controlado por judíos tenía menos de demostración antisemita —aunque Falange no se molestó el desmentir tal acusación— que de «acción directa» en contra de la supuesta explotación de que eran objeto sus empleados (15 de ellos habían sido despedidos recientemente), en buena parte adscritos a la CONS[768]. Uno de los sucesos más graves de esa turbulenta época se produjo en la noche del 29 al 30 de abril en la población sevillana de Aznalcóllar. Durante esa jornada, una escuadra de cinco afiliados procedentes de la capital hispalense no había podido vender el sexto número del semanario Arriba por la fuerte hostilidad de los vecinos, que apuñalaron a uno de los falangistas. Sancho Dávila, primo de José Antonio y jefe provincial del partido, preparó entonces una «expedición punitiva» nocturna de dos escuadras sevillanas —en total 21 hombres— al mando de Martín Ruiz Arenado y Manuel García Míguez. El despeje a tiros de la plaza del pueblo no impidió la reacción popular, pero la llegada de la Guardia Civil en un momento muy comprometido para los falangistas sí evitó una masacre. García Míguez resultó muerto de una pedrada en la sien y de un disparo a quemarropa ya caído en el suelo. Otros dos asaltantes resultaron heridos, mientras que entre los vecinos de Aznalcóllar se produjo un muerto por arma de fuego (el que remató a Mínguez) y cinco heridos. Trece falangistas fueron detenidos en el regreso a Sevilla y juzgados por homicidio el 5 de octubre siguiente, quedando nueve en libertad (como Narciso Perales) y cuatro (entre ellos Ruiz Arenado) sujetos a una pena de dos años y once meses de prisión[769]. El 19 de mayo, uno de los taxistas que había llevado a los falangistas a Aznalcóllar también fue asesinado. La provocación falangista, planificada en el más puro estilo del squadrismo agrario italiano, se había saldado con una secuencia de violencia política hasta entonces poco corriente en el espacio rural. La acción, claramente intencionada, tuvo como máximo responsable a Sancho Dávila, puesto que José Antonio se hallaba entonces de viaje en Italia, aunque a la vuelta ratificó su decisión y concedió recompensas a todos los implicados, en un reconocimiento de su pérdida absoluta de escrúpulos respecto a las consecuencias de la violencia provocativa[770]. Sin duda, la exaltación de este oscuro hecho y las palmas de plata que se dieron como recompensa estimularon las ansias de emulación de los militantes más jóvenes: tras estos sucesos se produjo en Sevilla una espiral de venganza donde fueron asesinados cuatro falangistas y heridos dos, mientras que los comunistas sufrieron un muerto y dos heridos. El 18 de julio de 1935, cuatro dependientes del sindicato comunista de bebidas de Sevilla fueron tiroteados por los falangistas, interesados en impulsar su propio sindicato de hostelería. El 7 de agosto, el excomunista Antonio Corpas fue asesinado por un grupo de pistoleros anarquistas entre los que estaba Jerónimo Misa, que fue condenado a muerte. El 10 la represalia falangista se cernió sobre un grupo de obreros que estaban frente al centro de la ULS en la calle del Arenal. El director del periódico La Verdad resultó muerto y dos obreros heridos muy graves. El gobernador Manuel Asensi Maestre clausuró entonces los centros falangistas de la provincia, impuso una cuantiosa multa a FE y detuvo a gran número de afiliados, pero la causa por el atentado fue sobreseída. La espiral violenta continuó en las semanas siguientes: en la noche del 6 al 7 de noviembre fueron heridos de muerte los falangistas Eduardo Rivas (uno de los implicados en los sucesos de Aznalcóllar) y Jerónimo Pérez de la Rosa, presuntamente en represalia por el tiroteo de la calle del Arenal. Ello motivó una exaltada manifestación de protesta de Primo de Rivera en el Parlamento, donde blandió el espantajo de la revolución marxista «sangrienta», «inhumana» y «asiática» para provocar una reacción de defensa en la burguesía de izquierda y derecha. El gobernador civil de Sevilla fue destituido de inmediato y el SEU convocó una huelga general estudiantil que se prolongó varios días[771].

Tras conseguir una frágil estabilización del partido, Primo de Rivera decidió el 20 de abril viajar a Roma, donde se entrevistó con Mussolini el 6 de mayo para citarse días después en Génova con el presidente de los CAUR, Eugenio Coselschi. Pudo así pactarse la ayuda de 50 000 liras mensuales (unas 30 000 pesetas) que Giménez Caballero había gestionado en diciembre anterior cuando fue designado representante falangista en el congreso de grupos fascistas celebrado en Montreux, y que Ciano ordenó gestionar a Amadeo Landini, agregado de prensa de la Embajada italiana en París. Según los términos del acuerdo, Primo recogió personal y regularmente en la capital francesa esta suma procedente de la Subsecretaría de Prensa y Propaganda desde el 3 de junio de 1935 hasta enero de 1936, último mes en que viajó al país vecino antes de ser detenido, aunque en febrero la ayuda ya se había reducido un 50% por las dificultades económicas que soportaba Italia a raíz de las sanciones impuestas por guerra en Abisinia. El dinero dejó de fluir del todo tras la detención de Primo en marzo de 1936, pero la financiación no se suspendió de forma oficial hasta noviembre de ese año[772].

Aunque el gabinete cedorradical se mostró casi tan duro con FE como con las organizaciones izquierdistas, el partido de José Antonio experimentó durante la segunda mitad de 1935 una relativa recuperación y alcanzó unas cotas de autonomía en su acción política nunca conocidas ni antes ni después de aquel año. Esta coyuntura relativamente optimista coincidía con el desencanto que amplios sectores derechistas iban mostrando hacia la gestión del gobierno Lerroux-Gil Robles, el conato de crisis sufrida por la JAP en junio, la desaparición prematura del jonsismo independiente, la paulatina descomposición del partido radical (que provocaría su desaparición de la escena política en menos de medio año) y la irremisible polarización de la política nacional entre el frentepopulismo y el bloque contrarrevolucionario. Todo ello acentuó la inquietud de ciertos ámbitos conservadores, que volvieron sus ojos de nuevo a Falange como último dique frente a la revolución.

No resultó extraño que la actividad violenta del partido adquiriera entonces un nuevo impulso: el 13 de mayo, Eduardo Ezquer Gabaldón y sus escuadristas de Don Benito (Badajoz), exponentes primigenios de un «escuadrismo agrario» que iba captando a los sectores propietarios en las agrociudades del sur especialmente afectadas por el cambio de equilibrio político y social suscitado por las nuevas medidas laborales y la reforma agraria, protagonizaron un nuevo acto de su impune campaña de intimidación local asesinando a un dirigente socialista e hiriendo a otros dos[773]. El 4 de junio la Primera Línea madrileña al mando de Aguilar, Aznar, González Sampedro y Guitarte arrasó el cine de la Flor, donde se proyectaban documentales soviéticos[774]. El 11, la Primera Línea madrileña mantuvo un tiroteo con las MAOC comunistas en la calle de Carranza. Al día siguiente, la poca destreza en la manipulación de un artefacto explosivo destruyó la sede ovetense de FE, hiriendo de muerte a tres afiliados. Como respuesta, el gobernador civil clausuró los centros de FE en el Principado. El día 30 fueron tiroteados en Linares (Jaén) los falangistas José Moya Torres y Miguel Soriano, muriendo este último una semana después[775].

Los proyectos insurreccionales a mediados de 1935

y la búsqueda infructuosa de aliados.

Junto al nuevo estilo escenográfico exhibido en el mitin celebrado en el cine Madrid el 19 de mayo, el hecho más importante de 1935 fue la reunión que tuvo la Junta Política los días 15 y 16 de junio en el Parador de Gredos, donde se abrió paso la idea de una insurrección impulsada por el partido como avanzadilla política e ideológica de un movimiento nacional más amplio. Las discusiones se simultanearon con ejercicios de tiro y una velada en el parador. Allí, José Antonio inició su exposición afirmando que el ensayo cedista fracasaría a corto plazo y que España caminaba irremisiblemente hacia la «dictadura de Largo Caballero» tras un previsible triunfo electoral al que habría que oponer en lo posible la formación de un Frente Nacional. Opinaba que estas previsiones de crisis política y social favorecerían a Falange, que podría captar a las masas campesinas, la clase media y una minoría obrera. Se acordó que la única salida para evitar la revolución era precipitar una insurrección o un golpe de mano que actuara como aldabonazo para cierta opinión pública y, sobre todo, para el Ejército. Primo consideraba que «no hay más que dos fuerzas jóvenes y sanas, nosotros y los carlistas. Pero necesitamos un apoyo material que debemos encontrar en el Ejército uniéndolo a nuestro movimiento». La clave residía en la actitud que podían adoptar los militares, respecto de los cuales Primo aseguraba tener creciente audiencia, puesto que «en África hay ya una organización clandestina magnífica, que está en muy buenas manos[776]». El frente político, de cuya eficacia electoral se dudaba, apoyaría en realidad al frente insurreccional, para el que José Antonio anunciaba que contaba con una serie de ayudas:

Concentraremos algunos millares de hombres de la Primera Línea cerca de la frontera portuguesa. Allí, serán armados y un general tomará el mando. Lanzándonos a la lucha, pondremos a todos los patriotas de corazón ante el hecho consumado y deberán decidirse […] No tenemos otra salida que la insurrección. Y debemos actuar aunque perezcamos todos […] No intervendremos en ningún complot si no se trata de una empresa seria y revolucionaria y con la seguridad de que en caso de triunfo nuestra política y nuestras aspiraciones revolucionarias prevalecerán. En todo caso, habremos de ir sin perder el control de nuestras fuerzas, sin que se desdibujen nuestros cuadros […] Debemos ir al alzamiento, contando, a ser posible, con los militares, y si no, nosotros solos. Tengo el ofrecimiento de diez mil fusiles y de un general. Medios no nos faltarán. Nuestro deber es ir, por consiguiente y con todas las consecuencias, a la guerra civil[777].

El plan de alzamiento, con todas las reticencias expuestas por José Antonio, quería ser el acicate para una posible insurrección militar, jugando la baraja del prestigio del misterioso general e invocando el «honor y el amor a España». Todos los indicios identifican a este general con Sanjurjo, entonces exiliado en Estoril y cada vez más identificado con el tradicionalismo, fuerza política que, en palabras del propio José Antonio, no parecía ajena a este movimiento que se centraba en la ejecución de una «Marcha sobre Madrid» similar a la planeada por las Heimwehren sobre Viena en la primavera de 1930, o a las ejecutadas por el general Gomes da Costa sobre Lisboa en mayo de 1926, por Pilsudski sobre Varsovia casi en esas mismas fechas y por Kurt M. Wallenius y el movimiento agrario-fascista Llapa sobre Helsinki en febrero de 1932. Las etapas de esta movilización armada serían: concentración de efectivos en un punto de fácil defensa y retirada ante la eventualidad de un fracaso; llamamiento «patriótico» a la salvación nacional apoyándose en esa postura de fuerza, y apoyo a un golpe militar que instauraría un régimen nacionalista y autoritario. En la misma reunión de Gredos, Luis Aguilar, entonces jefe nacional de milicias, aseguró que con 2000 hombres se podrían defender los pasos de los Montes de Toledo para iniciar desde allí la marcha sobre Madrid, ciudad que José Antonio consideraba perdida de antemano. A continuación se analizaron las diferentes fuerzas susceptibles de sumarse a la intentona: José Antonio habría hablado de la posibilidad de apoyo en armas por parte de los fascistas alemanes, italianos e incluso ingleses con los que había contactado en Roma[778], e insinuó la actitud favorable de los generales Franco, Mola y Goded, y de los coroneles Yagüe y Moscardó. También sugirió sondear al Ejército a través de la UME, que en aquellos momentos ya estaba infiltrada por jóvenes oficiales falangistas, y ello a pesar de que la influencia del partido sobre los militares más jóvenes y radicalizados había sufrido un serio revés con la toma de posesión de Gil Robles como ministro de la Guerra. La organización militar clandestina había iniciado sus contactos con FE a través de Arredondo y Tarduchy, y tras la marcha de éstos del partido, las relaciones fueron proseguidas por García Moreno y Alvargonzález. A inicios de 1935, acompañado por éste, por el teniente Roberto Fernández y por el abogado Eduardo Pardo Reina (defensor del capitán Rojas en el juicio por Casas Viejas), Primo de Rivera mantuvo una larga entrevista con Bartolomé Barba Hernández, con quien trató de alcanzar un ambiguo acuerdo de colaboración en un golpe de Estado militar que se consideraba inminente. José Antonio pidió todo el poder tras el golpe, pero Barba se negó en rotundo porque no estaba dispuesto a sumar a la UME a un movimiento armado impulsado sólo por Falange. Únicamente transigió en conceder al partido un lugar privilegiado para la propaganda bajo la Junta Militar que se instauraría tras la rebelión, e incluso se llegó a un principio de acuerdo sobre el mantenimiento del capitalismo, la definición no monárquica del nuevo régimen y la separación de la Iglesia y el Estado[779]. Pero el plan hubo de ser abandonado por su falta de apoyo en los mandos superiores del Ejército, conscientes de la inoportunidad de un movimiento que debería enfrentarse a un Gil Robles sólidamente instalado en el Ministerio de la Guerra. Con todo, las reuniones permitieron establecer un contacto permanente con la UME, vínculo que se intensificaría desde febrero de 1936, aunque las relaciones siguieron siendo tensas en momentos determinados de la conspiración.

Según Manuel Aznar, José Antonio estudió dos alzamientos: el primero sería el anunciado en Gredos, que se hubiese llevado a cabo con la concentración de 4000-5000 hombres en Fuentes de Oñoro hacia abril-mayo de 1936. Se trataba en este caso de seguir la ruta típica de conquista de Madrid viniendo de Portugal, según un sugestivo ensayo que el marino José Mor de Fuentes (José Mor y Paño, 1762-1848) había escrito sobre ese tema a comienzos del siglo XIX. Si el plan fracasaba, estas fuerzas se pondrían a la defensiva a la espera de una respuesta solidaria del Ejército, pero la UME no pareció muy entusiasmada con el proyecto, y en marzo de 1936 fueron encarceladas las figuras más importantes del falangismo, con lo que el plan se frustró[780]. Un segundo intento insurreccional centrado en Toledo habría sido decidido en una reunión de la Junta Política el 27 de diciembre de 1935, aunque Primo lo había estado madurando al menos desde su viaje a Italia en mayo[781]. Dicho plan, al que especialistas tan diversos como Southworth y de La Cierva han negado veracidad histórica[782], se situaría en relación con las presiones realizadas por los militares sobre Gil Robles en el momento de su alejamiento del Ministerio de la Guerra a mediados de diciembre de 1935. El jefe local José Sáinz, recordando quizás la severa reconvención que sufrió de manos de José Antonio en el entierro a Matías Montero en febrero de 1934, habría recomendado Toledo como enclave inicial de la intentona por el respetable número de afiliados, su fuerte espíritu combativo, el ascendiente sobre los cadetes de la Academia de Infantería y la proximidad a Madrid, que permitiría la pronta extensión de la insurrección a la capital. El plan consistía en el envío de la Primera Línea madrileña para hacerse fuerte en el Alcázar con los cadetes de la Academia, y lanzar por radio un mensaje incitando a un «alzamiento nacional» contra el Gobierno. Según Montes Agudo, José Antonio, entusiasmado, habría llegado a soñar despierto: «colocaremos una ametralladora en la Puerta Bisagra. Yo serviré una», para acto seguido calificar el intento de «alcaldada». Aunque José María Alfaro, miembro de la Junta de Mando, le intentó disuadir, éste, Sáinz y Fernández-Cuesta acudieron al día siguiente a entrevistarse con el coronel Moscardó, jefe de la Escuela de Gimnasia y gobernador militar accidental de Toledo, a quien se pidió la colaboración de la guarnición y de los cadetes en el asalto y conquista de la ciudad imperial, además de su visto bueno para establecer contactos con la Guardia Civil. Moscardó se mostró conforme, pero aseguró que no tomaría ninguna iniciativa si no consultaba personalmente la cuestión con el general Franco, jefe del Estado Mayor Central. Éste no consideró llegado aún el momento oportuno para una intervención militar, con lo que el plan fue desestimado el día 29[783].

Inmediatamente después de la reunión de Gredos, y antes de marchar a París a recoger su asignación mensual del gobierno fascista, Primo de Rivera confeccionó un informe para Landini en el que insistió en que era inevitable otra insurrección de las izquierdas, con independencia de la fecha de las elecciones y de quiénes fueran los ganadores de las mismas. Esa futura crisis sería, a su parecer, «el instante preciso para el triunfo de un movimiento fascista». Incluso se especuló con una eventual conquista del poder «por muy inverosímil que ello suene ahora»:

Si los acontecimientos se precipitasen, Falange podría tal vez intentar pronto la conquista del poder, por muy inverosímil que ello suene ahora. Si la revolución socialista estalla contra el Gobierno, la Falange, al lado de la Guardia Civil, podrá apoderarse de algunos pueblos, quizá incluso de una provincia, y proclamar la revolución nacional contra un Estado impotente que no ha sabido ahorrar al país varias revoluciones en un año. El Gobierno, bastante incomodado con los socialistas, encontrará muy difícil enviar tropas contra el fascismo, y si éste ha logrado ganar la adhesión de la Guardia Civil y de las fuerzas militares en el territorio ocupado es seguro que las tropas expedicionarias hagan causa común con ellos. Se hubiera podido desarrollar perfectamente este plan en Asturias en el mes de octubre de 1934 si Falange hubiera sido tan fuerte como ahora[784].

Meses antes que Ledesma, Primo de Rivera también se planteó la cuestión del encuadramiento castrense de un movimiento que siempre había oscilado de forma espasmódica entre el parlamentarismo y el modelo de partido-milicia. En este caso, trató de disimular sus lagunas teóricas por medio de referencias históricas y poéticas de raíz barresiana, con un significado más militarista que revolucionario:

La milicia no es una expresión caprichosa y mimética. Ni un pueril «jugar a los soldados». Ni una manifestación deportiva de alcance puramente gimnástico.

La milicia es una exigencia, una necesidad ineludible de los hombres y de los pueblos que quieren salvarse, un dictado irresistible para quienes sienten que su Patria y la continuidad de su destino histórico piden en chorros desangrados de gritos, en oleadas de voces imperiales e imperiosas, su encuadramiento en una fuerza jerárquica y disciplinada bajo el mando de un jefe, con la obediencia de una doctrina, en la acción de una sola táctica generosa y heroica.

La milicia iza su banderín de enganche en todas las esquinas de la conciencia nacional. Para los que aún conservan su dignidad de hombres, de patriotas. Para los que en sus pulsos perciben todavía el latido de la sangre española y escuchan en el alma la voz de sus antepasados, enterrados en el patrio solar, y les resuena en el corazón el eco familiar de las glorias de los hombres de su nación y de su raza que claman por su perpetuidad[785].

La insistencia en el ethos militarista y el pathos insurreccional no relegó a un segundo plano la violencia cotidiana en la que los altercados personales dejaban paso a incursiones más planificadas: el 4 de septiembre, el jerarca falangista Federico Servet interrumpió un mitin anarquista en Murcia; el 11 de noviembre ocupó con seis escuadristas la Casa del Pueblo de Molina de Segura y doce días después repitió la hazaña en la sede socialista de Murcia, acompañado por tres falangistas. En octubre estalló el escándalo del «estraperlo», y la unidad de la izquierda pareció dibujarse tras el multitudinario mitin que Manuel Azaña celebró en el campo de Comillas. Falange continuaba aislada y dubitativa sobre el campo político al que acogerse en vista de la inminente contienda electoral. Durante el II Consejo Nacional celebrado en Madrid los días 15 y 16 de noviembre, José Antonio intentó un acercamiento a las fuerzas conservadoras mediante la sugerencia de un Frente Nacional Español Antimarxista. Se intentó establecer un contacto con la CEDA, pero advirtiendo que «cualquier proposición que se encamine a asignarnos el papel de guerrilla o tropa ligera de otros partidos más sesudos no será siquiera escuchada[786]». Por esas fechas de fines de año el rumor de un golpe militar flotaba de nuevo en el ambiente, y FE parecía implicarse de lleno en él: José Antonio concertó una cita con Franco en casa del padre de Serrano Suñer, donde el evasivo general desvió por completo la conversación, seguro de su posición a la cabeza del Estado Mayor. José Antonio se marchó de la entrevista disgustado y desilusionado[787].

El 27 de enero, tras dos semanas de infructuosas negociaciones, la Jefatura Nacional ordenó a las jefaturas provinciales el apoyo exclusivo y sin condiciones a las candidaturas falangistas que se presentaron en solitario, a pesar de los ruegos y presiones que los grupos de derecha mantuvieron hasta el 16 de febrero[788]. La campaña electoral hizo incrementar la tensión política, y fomentó un ambiente muy agresivo que Falange expresó con especial intensidad en una de sus áreas preferentes de actuación: las aulas. El 16 de enero, con motivo la petición cursada por la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya (FNEC) para la recuperación de la autonomía universitaria y la divulgación del manifiesto del Frente Popular, la AET la Confederación de Estudiantes Católicos y el SEU declararon la huelga en la Facultad de Derecho de Madrid, provocando algunos incidentes con profesores socialistas[789]. Al día siguiente, el SEU publicó un manifiesto furibundamente antiseparatista, y encabezó los primeros choques violentos en la Universidad de Barcelona contra miembros de Estat Catalá[790]. En Valladolid, las manifestaciones callejeras se iniciaron los días 23 y 24, y la huelga se prolongó hasta principios del mes siguiente. El 2 de febrero, la AET, la FEC y los estudiantes de RE convocaron una huelga general de protesta a escala nacional a la que se adhirió el SEU con la intención de incrementar su militancia[791]. El día 17 hubo serios incidentes en la Universidad Central, y en Santiago de Compostela se suspendieron las clases tras la explosión de una bomba y una refriega callejera en la que resultaron heridos cinco galleguistas. Hubo también incidentes en las universidades de Zaragoza y Sevilla, ahora feudos incontestados de las organizaciones escolares derechistas. En Granada se produjeron escaramuzas contra la Guardia de Asalto tras una incursión en los locales de la FUE, y en Valencia cuatro centurias del SEU se apoderaron de la práctica totalidad de los centros de enseñanza, proclamando la huelga general antes de ser desalojados por la Policía. En Oviedo, los estudiantes de derecha se enfrentaron al rector Leopoldo Alas, y se produjeron conflictos similares en los centros de enseñanza de Orense, Córdoba, Ciudad Real, Bilbao, Torrelavega, San Sebastián, Zafra, etc[792]… El primer ministro, Pórtela Valladares, hubo de recibir a los representantes de los sindicatos estudiantiles para asegurarles que no se adoptarían sanciones si la huelga se daba por finalizada. La acción de protesta había sido un éxito, pero la violencia escolar continuaría hasta el final del curso. La decadencia del movimiento estudiantil democrático, perceptible desde fines del primer bienio, había dejado paso, según la opinión cualificada del doctor Marañón, a una verdadera «fascistización» de las aulas:

El hecho más significativo, y que nadie ha comentado, es la actitud de la juventud universitaria que fue la fuerza de choque del movimiento liberal […] Pero a partir del tercer año de la República, su orientación comenzó a cambiar de una forma tan rápida que el día de las elecciones del Frente Popular, un profesor socialista, que poco tiempo antes era el ídolo de los estudiantes y que daba sus lecciones —cuando podía— ante la hostilidad de su auditorio, me confió que el 90% de sus alumnos eran fascistas. Todos los profesores españoles pudimos verificar este hecho[793].

La crisis económica había reducido las posibilidades de promoción escolar y profesional de los jóvenes de clase media y baja, lo que explica un resentimiento en contra del sistema que podía ser asumido por las posturas extremistas, sobre todo desde el fascismo y el comunismo. Ante lo que Jato computa como un 80-90% de estudiantes tradicionalistas, falangistas o católicos, la FUE se encontraba en clara minoría, a pesar de su efímero auge tras las elecciones de febrero.

Mientras que Mundo Obrero volvía a las acusaciones de pistolerismo que había prodigado contra la Falange en vísperas de la revolución de 1934 y solicitaba la acción antifascista de masas en la más pura ortodoxia de la Komintern[794], a inicios de enero continuaron las agresiones de la Primera Línea a los militantes de izquierda y a los vendedores de la prensa obrera: el 20 de enero, en el Puente de Vallecas, tres pistoleros falangistas dispararon contra un grupo socialista, asesinando al militante de la FJS Antonio Menéndez. La población obrera madrileña se sumó a una huelga general de protesta, y el día 22 unos pistoleros tirotearon como represalia en Orcasitas a un grupo de trabajadores afiliados a la CONS que trabajaban en unas obras, resultando un muerto y un herido grave[795]. La agitación pistoleril no era patrimonio de la capital: en la noche del 7 de febrero varios individuos intentaron asaltar el centro falangista en Vigo mientras se estaba celebrando una reunión, desencadenando un tiroteo a resultas del cual murieron un atacante, un transeúnte ajeno a la contienda y un falangista antes de la tardía intervención de la Guardia de Asalto[796]. En la antesala de los comicios, Primo confió al jerarca salmantino Francisco Bravo su pesimismo, y vaticinó tiempos difíciles ante los cuales habría que potenciar una Primera Línea «capaz de todos los ataques y de todas las represalias» y preparar con eficacia un aparato ilegal y clandestino, además de intentar la insurrección en el momento oportuno[797]. Con el paso del tiempo, Primo de Rivera fue haciendo afirmaciones cada vez más categóricas sobre la guerra y la violencia, en la línea de otorgar un sentido militar a la existencia, tal como propusieron en su momento Ortega o Unamuno. En una entrevista concedida a la periodista Luisa Trigo en la víspera de las elecciones, consideró el conflicto violento como algo indisociable con la naturaleza humana, y como un profundo factor creador de civilización:

La guerra es inalienable al hombre. De ella no se evade ni se evadirá. Existe desde que el mundo es mundo, y existirá. Es un elemento de progreso… ¡Es absolutamente necesaria! […] Los hombres necesitan la guerra; si usted la cree un mal porque necesitan del mal. De la batalla eterna contra el mal sale el triunfo del bien, dice San Francisco. La guerra es absolutamente precisa e inevitable[798].

La misma jornada del 16 de febrero no se vio libre de violencias: mientras que las organizaciones de derecha solicitaban a FE sus escuadras para proteger el voto de sus seguidores, los «camisas azules» protagonizaban atentados y asaltos a colegios electorales en Sevilla, Zaragoza, Asturias y Galicia[799]. El resultado electoral resultó un fiasco para Falange, cuyos votos no llegaron a 50 000 en toda España y sólo sobrepasó la cota parcial del 1% en Madrid capital, Santander, Valladolid (estas dos últimas provincias, feudos de Hedilla y Redondo) y sobre todo Cádiz, «herencia» postrera del dictador a su hijo, pero lejana de los sufragios allí obtenidos por José Antonio en 1933 dentro de una coalición de derechas.

Desde febrero, Falange comenzó otro brusco viraje estratégico, esta vez hacia la derecha, propiciado por varios motivos: la creciente polarización de fuerzas; la necesidad de protección económica y política frente a un gobierno frentepopulista que no dudó en reprimir sin contemplaciones la «amenaza fascista» y, sobre todo, la entrada de elementos monárquicos partidarios de una acción antirrepublicana más decidida y el ingreso masivo, sobre todo en la Segunda Línea, de jóvenes conservadores defraudados con la táctica de la CEDA, en especial de los afiliados a la JAP, que había sufrido un evidente proceso de radicalización fascistizante desde 1934.

La CEDA, del gobierno al apoyo al golpe militar.

Durante todo el año 1935, la dirección de la CEDA y su sección juvenil mantuvieron una tensa relación centrada en la polémica respecto a los límites de la colaboración con el régimen y el alcance de las medidas contrarrevolucionarias a desplegar desde el poder. El paulatino agotamiento de la táctica legalista no implicó un fortalecimiento del papel de la JAP en el seno del partido, sino el comienzo de su propia decadencia, lo que supone un significativo indicio para calibrar su naturaleza conservadora, y una constatación de los límites de su radicalismo verbal.

El fracaso de la táctica legalista de Gil Robles y el declive de la JAP.

En la Asamblea del Consejo Nacional celebrada en Toledo el 6 de enero de 1935, la JAP hizo balance de su actividad durante el movimiento revolucionario y se declaró «orgullosa de los servicios de movilización civil prestados por las Juventudes en toda España», aunque consideraba que este tipo de tareas debían ser organizadas en lo sucesivo en toda España por cuenta del Estado, lo que suponía dar una réplica casi perfecta, pero en sentido inverso, a la «guardia cívica» propugnada por los socialistas durante el primer bienio[800]. Pero, desde entonces, los boletines de la JAP comenzaron a relegar los llamamientos a una movilización civil que ya parecía innecesaria, y alentaron a la CEDA a que cubriese con la mayor rapidez posible las etapas hacia el establecimiento de un estado autoritario con el apoyo clave del Ejército. Así se entienden las reiteradas manifestaciones militaristas de Gil Robles y de toda la prensa accidentalista[801], y sus referencias a la necesidad de una revisión constitucional en sentido antiparlamentario y corporativo, similar a la propiciada por Dollfuss en Austria en abril-mayo de 1934[802]. Sin embargo, tras la asunción por Gil Robles de la cartera de Guerra el 6 de mayo, la JAP comenzó a desviarse de la línea estratégica marcada por el «Jefe», quien al ostentar el control nominal de las Fuerzas Armadas podía prescindir de sus juventudes como principal instrumento contrarrevolucionario. Además, sus excesos verbales resultaban bastante inoportunos en un momento en que parecía cercano el triunfo de la táctica de conquista gradual del poder político.

Paradójicamente, la segunda mitad de 1935 fue el período de máxima movilización de la JAP en concentraciones como las celebradas en Granada el 17 de marzo, en Uclés el 26 de mayo, las simultáneas de Medina del Campo y Mestalla el 30 de junio o la de Santiago de Compostela el 1 de septiembre, que, presididas con frecuencia por Gil Robles, actuaban como válvula de escape a su radicalismo, pero también como caja de resonancia de la peculiar actitud política del líder cedista. La IV Asamblea del Consejo Nacional de la JAP tuvo lugar en Zaragoza los días 8 y 9 de junio, coincidiendo con la crisis motivada por orden de la retirada del n.º 21 de la revista JAP y la ulterior suspensión de este órgano de prensa por Gil Robles, debido a la campaña que estaba orquestando en contra del ministro de la Gobernación Pórtela Valladares y en favor del traspaso de la seguridad pública al Ministerio de la Guerra. El líder cedista hubo de desmentir toda esta maniobra, que recuerda las extralimitaciones de la Heimwehr austríaca durante el gobierno de Dollfuss[803].

El verdadero carácter político de la JAP y sus concomitancias ideológicas con movimientos fascistas y autoritarios europeos sigue dando argumentos para la polémica. Ledesma dijo que la CEDA era una «organización, como se sabe, dotada del menor espíritu posible para tareas de violencia[804]», mientras que Maurín aseguraba que era «el partido fascistizante más fuerte y más próximo del Poder» aunque «más que fascios y Sturmabteilungen, es un conglomerado de detritus históricos con una cierta técnica electoral para embaucar beatas […] El fascismo que [Gil Robles] representa es poco consistente[805]». En una entrevista concedida a Blanco y Negro en febrero de 1934, José M.ª Valiente declaró que las juventudes cedistas no tenían un carácter fascista por ser éste «una expresión italiana, que responde a un fenómeno italiano, que a nosotros no se nos puede aplicar» por su defensa del «Estado absorbente». Sin embargo, reconocía que Estado liberal

[…] se halla agotado, realizó ya su misión histórica y hay que sustituirle […] Si bien es cierto que queremos un Estado nuevo, ello ha de ser, más que con patrones extranjeros, con una interpretación exacta de la especial manera de ser de nuestro país.

Dicho Estado sería detentado por una «autoridad fuerte, muy fuerte, que imponga sin contemplaciones ni vacilaciones la ley a todos, para lo cual es peligroso, inútil, impolítico y anticristiano ahogar lo que Dios hizo libre», esto es, los órganos «naturales» de representación. Sostenía la necesidad de unas Cortes elegidas por sufragio «jerárquico y organizado», que enjuiciasen la labor del Ejecutivo en «una época breve del año», tal como había previsto el anteproyecto constitucional de la Dictadura de Primo de Rivera. En cuanto a la legislación social, «debe reformarse para limpiarla del espíritu de lucha de clases[806]». Sin embargo, décadas después, el propio Valiente reconocía que su organización se había visto influida por el fascismo y «no tenía nada que ver con la democracia cristiana[807]». Su sucesor al frente de la JAP, José María Pérez Laborda, dijo en un mitin en el cine de la Ópera de Madrid el 21 de enero de 1934 que sus juventudes no eran fascistas porque «no aceptan la violencia como sistema[808]». En unas declaraciones realizadas en septiembre de año siguiente, Laborda recalcó que «en nuestros puntos decimos que “contra la violencia, la razón y la fuerza”. La razón, primero. Y la fuerza, cuando sea necesaria, a su servicio. Eso sí, cuando sea precisa, la emplearemos. Y no nos ganará nadie». Los jóvenes populistas no se definían como fascistas, monárquicos o republicanos, sino como imperialistas[809]. El propio Gil Robles nunca escondió su repugnancia por la democracia «inorgánica» y el parlamentarismo, aunque se viera obligado a actuar en su seno, mientras que la JAP hizo constantes llamamientos a la creación de un «Nuevo Estado», más cercano al nacionalismo corporativista y no estatalista de Salazar y Dollfuss que al «Estado-Dios» del fascismo o el comunismo. De ahí las intensas campañas en pro del establecimiento de «un Gobierno fuerte, un Gobierno autoritario, de plenos poderes[810]» o un «régimen de cascos de acero […] un régimen de autoridad […] de disciplina. Esto es, un régimen de jerarquía[811]», que pudiera sacar adelante la tan ansiada revisión constitucional que no pudo realizarse por la abrupta crisis ministerial del 14 de diciembre de 1935.

Las especiales relaciones entre el partido, el líder carismàtico y la juventud marcaron de modo irreversible el devenir político de la JAP. Mucho tiempo después, Gil Robles reconoció que había buscado en los jóvenes populistas «un elemento combativo susceptible de restablecer, en momentos críticos, el equilibrio entre la revolución y las nuevas tendencias totalitarias», ya que

[…] mientras se desarrollan normalmente las instituciones democráticas, sólo hallarían eco las apelaciones a la violencia en los temperamentos exaltados. Pero tan pronto como aquellos principios se falsearan, las masas juveniles se lanzarían, sin duda, por los nuevos derroteros[812].

La JAP se concebía como un ámbito de encuadramiento de la juventud católica y antirrepublicana a través de sus manifestaciones de radicalismo y sus veleidades fascistizantes (uso de uniformes y distintivos, himnos, actos multitudinarios, secciones de defensa…) que Gil Robles se encargaba de satisfacer con grandes dosis de radicalismo retórico, mientras que en su proyecto de conquista del poder apenas contaba con la JAP, ya fuera como movimiento de renovación ideológico o como «fuerza de choque» política. Este juego de contrapesos en la relación líder-juventudes supondría uno de los mayores obstáculos en el avance de la JAP hacia un verdadero proceso de fascistización que, en opinión de los líderes cedistas, podía entrar tarde o temprano en conflicto con sus propios intereses políticos. El paternalismo fue la tónica esta relación, donde el encuadramiento de las juventudes no se hizo con un propósito de radicalización, sino de canalización de su espontaneidad mediante una intensa labor educativa y patriótica.

El 14 de diciembre, justo el día en que la CEDA salía del gobierno, se celebró el quinto y último Consejo de la JAP en Madrid. En el manifiesto de convocatoria se palpaba la frustración de las juventudes ante el estrepitoso fracaso de la táctica gilroblista, y su cada vez más evidente opción por una radicalización violenta cercana al fascismo:

El único problema vital de España es el aplastamiento de la revolución, cerrando para siempre a las izquierdas y al marxismo el paso al poder […] Basta ya de emplear un sistema defensivo. Es hora ya de atacar, y atacar a fondo, de desbaratar por completo los planes revolucionarios[813].

Pero resultaba evidente que una organización desarrollada por y para el mantenimiento del orden no podía transformarse de la noche a la mañana en una organización armada de carácter subversivo.

Con la CEDA en la oposición, la JAP entró en una fase de rápida decadencia. A principios de 1936, se creó una «Sección de Defensa» vinculada a la de Movilización Civil para «garantizar la libertad de emisión del voto», que se reforzó a inicios de febrero cuando se incrementaron los enfrentamientos durante la campaña electoral y se pensaba ya en una reedición de la oleada represiva de octubre de 1934:

La fuerza pública y el glorioso Ejército español sabrán cumplir con su deber oponiendo un dique inquebrantable a los revolucionarios de octubre.

El pueblo español y las secciones de defensa de la JAP y de las demás juventudes españolistas impedirán que la revolución de octubre y sus cómplices, altos y bajos, intenten dar un golpe de Estado contra la voluntad de España, antes, después o en el día de las elecciones.

Si las fuerzas militarizadas del marxismo, cuya acción constituye, por lo visto, pieza maestra del frente de izquierdas, intentasen coaccionar y salir a la calle, sepan desde ahora que serán aplastados.

PRIMERO, LA RAZÓN. FRENTE A LA VIOLENCIA, LA RAZÓN DE LA FUERZA[814].

La JAP pedía, sin más dilaciones, «el aplastamiento de la revolución y la conquista de todo el poder»; se incitaba a «aplastar al marxismo, la masonería y el separatismo para que España prosiga su ruta imperial[815]». Las medidas inmediatas a tomar en caso de triunfo no eran excesivamente tranquilizadoras:

Deposición del presidente de la República. Plenos poderes al Gobierno. Disolución del Partido Socialista. Aniquilar la Revolución. Amordazar la prensa canalla. OTRA CONSTITUCIÓN. Reconstrucción económica[816].

El fracaso en las elecciones arrastraría a buena parte de la masa derechista, especialmente a los jóvenes, a la ruptura definitiva con los principios democráticos, pero su trasvase hacia organizaciones violentas como la Primera Línea de Falange o el Requeté tradicionalista fue insuficiente, tardío e ineficaz. Conscientes de su inoperancia en esa coyuntura de crisis, aceptaron jugar un papel de comparsa en la preparación de un golpe militar que contó con cierta ayuda «cívica» en la conspiración y el fomento del clima de inseguridad propicio para la acción «salvadora» de las Fuerzas Armadas.

Los prolegómenos del golpismo en el Ejército:

la UME y la gestión de Gil Robles en el Ministerio de la Guerra.

El Ejército experimentó durante el segundo bienio una creciente conservadurización, motivada por el trauma revolucionario de octubre y por la creciente politización en sentido reaccionario suscitada tanto por el desarrollo de la Unión Militar Española (UME) como por la llegada a los puestos de mando de militares no caracterizados por su fervor republicano. A ello se añadió la reasunción de su papel tradicional como garante del orden público interior, circunstancia que determinó el incremento de su influencia sobre amplios sectores de la sociedad civil. Estas circunstancias propiciaron no sólo la recomposición parcial del viejo Ejército pretoriano dominante en la última fase de la Monarquía, sino que intensificó las especulaciones de los monárquicos respecto a la factibilidad de una «contrarrevolución preventiva» en cuya base actuaría el sector ultra de las Fuerzas Armadas. Pero la oficialidad antirrepublicana no se mostró dispuesta a participar como mera servidora de un pacto político entre fuerzas reaccionarias, sino que se erigió en la verdadera protagonista y aglutinante del resto de las fuerzas conspiradoras[817].

La creación de un núcleo de disidencia castrense en contra del régimen arrancaba de la misma proclamación de la República: ya desde 1931, oficiales ultraderechistas habían promovido una organización clandestina, vinculada a publicaciones como La Correspondencia Militar y a la red de oposición organizada en los cuarteles por el teniente coronel Valentín Galarza tras el fracaso de la intentona de agosto de 1932. La recomposición de la derecha a partir del año siguiente tuvo como correlato la aparición de un renovado espíritu de reivindicación corporativa en el Ejército, cuyos elementos más conservadores, movilizados en contra de las medidas reformistas de Azaña y apoyados por elementos monárquicos, trataron de transformar esta actitud tan similar al fenómeno de las Juntas de Defensa de posguerra en una verdadera organización subversiva. Tal fue la misión de la UME, creada en diciembre de 1933 en Madrid como entidad apolítica por el comandante Emilio Rodríguez Tarduchy, antiguo instructor del Somatén primorriverista y exdirector del desaparecido periódico La Correspondencia Militar. Resulta significativo que la jefatura suprema nominal la ostentara Sanjurjo, ya que algunos autores vinculan el surgimiento de la UME con el movimiento de solidaridad con los condenados del 10 de agosto, mientras que su impulso creador definitivo estuvo en la polémica suscitada por la responsabilidad de la masacre de Casas Viejas[818]. Resulta falsamente paradójico que su origen se date en los prolegómenos del bienio rectificador, en un momento de previsible mejora en la situación profesional de esa minoría de uniformados visceralmente opuestos al régimen republicano, y concretamente a las medidas de reforma de Azaña. Gracias a este cambio político, muchos militares retirados (tenientes coroneles, comandantes y capitanes, especialmente vinculados a la gestión gubernativa y social de la Dictadura primorriverista) solicitaron y obtuvieron el reingreso en las Fuerzas Armadas y se aprestaron a la defensa de sus privilegios corporativos por encima de toda campaña antigubernamental. Pero Tarduchy no se contentaba con esto: pretendía otorgar a la UME un verdadero sentido político, aunque poco después perdía la presidencia de la sociedad secreta por culpa de su ingreso en Falange, que disgustó por igual a los afiliados monárquicos y a los republicanos. La jefatura recayó entonces en el capitán de Estado Mayor Bartolomé Barba Hernández, que había acusado falsamente a Azaña de ordenar «tiros a la barriga» en Casas Viejas y era ducho en los entresijos burocráticos del Ejército desde su destino en la antigua Capitanía General de Madrid. Barba contaba como vocales de la Junta Central con un sector radicalmente antirrepublicano formado por el comandante Luis Arredondo (implicado de forma inmediata en tareas de adiestramiento de las milicias de FE), el teniente coronel Ricardo Rada (también instructor de milicias, retirado por la «Ley Azaña» y miembro de la Junta en 1935) y Nazario Cebreiros, cuyos artículos habían precipitado el cierre de La Correspondencia Militar en 1932, y figuraba en estrecho contacto con el «técnico» en conspiraciones Valentín Galarza, miembro también de la cúpula de la UME. Sin embargo, esta tendencia era contrapesada por un importante sector constitucionalista inclinado hacia el Partido Radical, que había iniciado su disidencia contra el gobierno de Azaña en 1932 y que estaba representado en la Junta directiva de la UME por el capitán de Ingenieros Rafael Sánchez Sacristán (responsable de la 1.ª División Orgánica), el de Infantería Gumersindo de la Gándara (destinado a la Guardia de Asalto) y el de complemento Eduardo Pardo Reina, secretario de la Presidencia de la República con Alcalá Zamora, amigo del general Goded, y que lideraba el sector más templado de la organización. Para mediar entre tendencias tan contrapuestas, Barba trató de proporcionar una mínima base ideológica a la organización, basada en el apoliticismo corporativo, y logró en mayo de 1934 que la UME se regularizara y alcanzase extensión nacional cuando la Junta Nacional asumió los poderes de supervisión de las guarniciones.

Como en anteriores ensayos de asociacionismo clandestino militar (la Orden Militar Española antiesparterista de inicio de la década de 1840, la ARM republicana de los años 1870-1880 o la AMR de 1926-31), la UME se dotó de un organigrama flexible, que conciliaba tradicional representación jerárquica corporativa del «junterismo» decimonónico con la estructura descentralizada de las juntas militares de 1917-22, a la que habían pertenecido los afiliados de mayor edad: en las guarniciones había juntas locales, sobre las que estaban las juntas de la División Orgánica. En cada capital de región existía un representante o delegado de la UME, que nombraba a la Junta Regional, mientras que la Junta Central, radicada en Madrid y llamada informalmente «Junta de los coroneles», era el verdadero cerebro de la organización[819]. Existían también representaciones en la Marina, la Aviación y la Guardia Civil y de Asalto. La UME tuvo especial implantación en Madrid, Barcelona, Valencia y las guarniciones del Norte. Su afiliación real resulta desconocida, aunque con datos aportados por el coronel Mangada, Busquets calcula en casi 10 000 el número de oficiales que contribuyó con fondos a la UME en los dos primeros años de existencia, aunque la militancia efectiva apenas superó el 10% de la oficialidad[820]. Los asociados eran, en general, oficiales de media y baja graduación, y sus objetivos oscilaban entre la pura y simple defensa de los derechos profesionales, la protección de la República contra una eventual revolución izquierdista o el derrocamiento del régimen y la erección de otro más autoritario, aunque en su carácter específico (¿monarquía, régimen fascista, dictadura militar o republicana transitoria o permanente?), no había, ni mucho menos, unanimidad. La vocación fundamentalmente «vigilante» de la UME la hacía un útil instrumento en manos de los gobiernos conservadores, que la utilizaron como ariete de sus políticas antirreformistas, y como último recurso de fuerza ante la eventualidad de una crisis política, como pretendió Gil Robles a fines de 1935. Pero a pesar de su proclamando apoliticismo, la UME albergaba en su seno tendencias claramente subversivas, que hasta la primavera de 1936 fueron ganando terreno en la sorda lucha librada contra el sector «profesional» por el control de la organización. Las juntas locales situadas en las guarniciones más importantes entraron pronto en contacto con los grupos monárquicos, siempre prestos a un levantamiento. No tiene nada de extraño que el coronel Varela, converso al tradicionalismo tras la «Sanjurjada», asumiera un puesto importante en la organización, y que el alfonsino Galarza actuase de enlace entre la UME y las actividades desestabilizadoras de agentes monárquicos como Ansaldo y Vigón[821]. A principios de 1935, Goded fue captado por el comandante Lázaro, y durante un tiempo actuó como miembro de la Junta Central, mediando para que la UME entrara en contacto con los generales que, de una u otra manera, habían protagonizado o apoyado el levantamiento de agosto de 1932: Mola, Villegas, Orgaz, Barrera, Fanjul y Fernández Pérez[822]. El propio Mola supervisó un borrador de programa político elaborado por Pardo Reina donde se proponía la legislación necesaria para impedir en el futuro la subversión izquierdista[823]. Durante los primeros meses de 1934, la UME fue derivando hacia la abierta insurrección, contactando con falangistas (los hermanos Primo de Rivera), carlistas (Fal Conde, Zamanillo) y alfonsinos (Goicoechea, Sáinz Rodríguez, Lequerica y Luis María Zunzunegui) a través de Valentín Galarza, quien también se trasladó a Roma para concertar con el exrey Alfonso los términos de una financiación. A su regreso, el «Técnico» comunicó a la UME que los monárquicos estaban dispuestos a sufragar los gastos de sus actividades como ya habían hecho el año anterior con FE[824].

A mediados de febrero de 1935 llegaron a su apogeo los rumores sobre un inminente golpe de Estado motivado por el indulto al líder socialista Ramón González Peña. Fue también el momento en que el diputado cedista Dionisio Cano López (antiguo maurista, gobernador de Huelva y luego Comisario de Guerra carlista en esa provincia) planteó en las Cortes un moción para prohibir la adscripción de todo miembro de las Fuerzas Armadas a la Masonería, propuesta que fue apoyada por Gil Robles como una saludable despolitización de la defensa nacional, pero que actuó como el anticipo de la política sectaria que se iba a seguir en el ámbito castrense[825]. La depuración trajo como secuela un cambio en el frágil equilibrio interno de la UME, donde el sector republicano con vínculos masónicos comenzó a ser relegado en favor de la tendencia monárquica, beneficiaría real de esta campaña persecutoria que adquirió la fisonomía de un ajuste de cuentas político: el general Kindelán había organizado desde fines de 1934 la Cruzada Antimasónica Militar, que contó a partir de mayo de 1935 con el beneplácito del ministro Gil Robles, de su subsecretario Joaquín Fanjul, de los generales Dávila y Fernández Pérez y del almirante Castro. Otros militares significados, como Galarza, Moreno o Álvarez Rementería se afiliaron a esta singular entidad antisectaria que organizó comandos en cada distrito de Madrid en estrecha vinculación con la UME[826].

Una vez que Gil Robles se hizo cargo del Ministerio de la Guerra el 6 de mayo de 1935, creyó tener el camino expedito para manipular desde dentro el sistema político mediante la reforma constitucional, contando con el apoyo de un Ejército políticamente fiel que actuase como un cuerpo más de orden público contra el supuesto «enemigo interior». El jefe cedista adoptó de inmediato medidas en ese sentido: se rodeó de militares africanistas (Fanjul como subsecretario, Franco como jefe del Estado Mayor Central, Mola como jefe superior de las fuerzas de Marruecos, Goded como jefe superior de Aeronáutica) y comenzó una sospechosa política de nombramientos de jefes que hasta entonces habían sido relegados por su falta de simpatía hacia el régimen republicano (Varela, Monasterio), depurando a otros de marcado talante republicano, como Miaja, Riquelme, Mangada, Villalba, Hernández Saravia, Camacho, Díaz Sandino o Hidalgo de Cisneros. Se llegó incluso a crear una comisión de «moralización» del Ejército, formada por Valentín Galarza, Francisco Goicoechea y José Ungría (futuro jefe del servicio de espionaje franquista durante la guerra civil) que actuó como un virtual tribunal de honor en contra de los oficiales republicanos. El Servicio Interior de los Cuerpos (una especie de rudimentario Deuxibne Burean o Servicio Secreto creado por Franco para combatir la «infiltración comunista») fue encomendado el 24 de octubre de 1935 al capitán de Artillería Luis López Varela, afiliado a la UME y futuro urdidor de la trama conspirativa de 1936 en Barcelona.

La fobia antirrepublicana era el lazo de unión entre la peculiar política de «defensa interior» de Gil Robles y esa especie de «Reichswehr negra» que era la UME. El subsecretario Fanjul hizo las veces de Hans von Seekt en esta operación, y trató en vano de convencer al ministro de la necesidad de una preparación secreta de la juventud española[827]. Incluso Franco se mantuvo en permanente contacto con Galarza y la UME «para evitar su desnaturalización y que cayese en malas manos y se desorientase[828]». También sugirió a sus subordinados la inscripción en la misma como requisito para el desempeño de la labor de vigilancia antirrevolucionaria que fue el santo y seña de la administración militar de aquellos meses[829]. Franco reconoció que «en este período se otorgaron los mandos que un día habían de ser los peones de la cruzada de liberación y se redistribuyeron las armas en forma que pudiesen responder a una emergencia[830]». De hecho, Mola había salido de su ostracismo para ocuparse de forma reservada de preparar los planes para una eventual movilización general contra un supuesto revolucionario, que resultó un excelente aprendizaje para sus tareas ulteriores como «director» de la conspiración de 1936[831]. Se construyeron fortificaciones en el Guadarrama, se proyectó la creación de dos divisiones motorizadas, y desde el 22 de julio a principios de septiembre de 1935 se realizaron maniobras en Asturias que incluían un supuesto táctico contra «fuerzas rebeldes» y un planteamiento de defensa de Oviedo; acciones que, según Bertrán Güell, se enmarcan de lleno en esta línea conspirativa[832]. No en vano dos de los principales dirigentes de la conspiración de 1936 pudieron afirmar casi un año antes del Alzamiento que «dentro de la política actual se ve claramente que todo lo bueno se está haciendo en Guerra, que, de seguir así, y lo veo confirmado en otros nombramientos, habrá saneado al Ejército, verdadera base de la salvación de España, que tanto lo necesita[833]».

En la segunda mitad de 1935, la UME acentuó sus veleidades «vigilantes»: cuando circularon rumores de una reunión celebrada en los alrededores de Madrid el 25 de junio por dirigentes de PSOE, PCE, FAI y CNT, la Junta Nacional de la UME hizo público un manifiesto donde aseguró que, ante el anuncio de una concertación «subversiva» de los grupos obreros, el Ejército «levantaría una barrera de acero» para impedir que gobernasen las izquierdas[834]. Por ese entonces, la UME había adquirido la suficiente confianza en la impunidad de sus acciones como para que, pocos días después, tres oficiales de la organización visitaran el periódico El Liberal, que había condenado con dureza el escrito, para aclarar que su contenido no era antirrepublicano y exigir bajo amenazas una rectificación[835]. De nuevo a inicios de septiembre proliferaron los rumores de un inminente acto de fuerza de la UME, contra el que se tomaron precauciones extraordinarias el 2 y la noche del día 3, que incluyeron una nueva movilización de las masas madrileñas de izquierda para impedir un golpe «militar-monárquico-cedista[836]». En la presentación del nuevo gobierno el 1º de octubre, Gil Robles hubo de tranquilizar a Martínez Barrio respecto a los rumores de apoyo a un posible putsch, mientras que en toda España pervivían los estados de guerra, alarma y prevención. Sin embargo, a lo largo de esos meses, Gil Robles había pulsado la opinión de los mandos militares sobre la posibilidad de que un pronunciamiento castrense obligase al presidente de la República a entregarle el poder de forma definitiva[837].

El 9 de noviembre, con el escándalo del «estraperlo» en plena ebullición y con el gobierno de Chapaprieta seriamente comprometido por la creciente oposición de la CEDA, Gil Robles desmintió de nuevo en un discurso a la JAP su intención de propiciar un golpe de Estado. Aludiendo de forma implícita a la añeja Ley Constitutiva del Ejército de 1878, era de la opinión de que

El Ejército no debe intervenir en la política ni promover ningún golpe de Estado. Es la garantía de la independencia y de la seguridad en el orden exterior; es también la garantía en el orden interior, cuando el poder se encuentra en la calle frente a cualquier clase de movimiento subversivo […] Acudir, por lo tanto, a estos remedios heroicos, cuando son los ciudadanos quienes pueden y deben esforzarse, implica una responsabilidad que yo no quiero arrostrar ante la historia, ni ante mi propia conciencia[838].

Sin embargo, por esas mismas fechas, Franco confiaba al embajador de Francia que un eventual golpe de Estado, que no descartaba, debía alcanzar sus objetivos rápidamente «como una operación quirúrgica[839]».

El golpe de Estado permanente:

las conjuras militares de diciembre de 1935 a febrero de 1936

A pesar de sus reiteradas manifestaciones en sentido contrario, Gil Robles volvió a rondar la tentación golpista cuando, tras haber quedado abierta la crisis del gobierno de Chapaprieta el 9 de diciembre, exigió en vano a Alcalá Zamora la formación de un nuevo gabinete. La amenaza de disolución de Cortes fue suficiente para que agrarios y radicales aceptaran formar parte del nuevo ministerio presidido por Manuel Pórtela, en el que la CEDA se negó a participar. Dos días después, y en medio de insistentes rumores sobre la disolución de las Cortes y el inicio de una rebelión militar, las fuerzas del orden rodearon el Ministerio de la Guerra, y el presidente de la República, virtualmente atrincherado en el Palacio Nacional, recibió a Gil Robles junto al ministro de la Gobernación, Joaquín de Pablo Blanco. La entrevista degeneró en un grave altercado personal, donde se evidenció además el desacuerdo entre el Ejército y las fuerzas de orden público, ya que De Pablo había ordenado al general Cabanellas la movilización de la Guardia Civil para prevenir cualquier intentona, y la Guardia de Asalto estaba en la misma situación de alerta. Gil Robles exigió con acritud explicaciones al presidente, y en su antecámara se encontró con el ministro de la Gobernación, a quien amenazó con tomar «una determinación violenta» si la Guardia Civil no se retiraba de sus posiciones. Luego advirtió a Alcalá Zamora que la negativa del presidente a que el Parlamento funcionase con normalidad empujaba al país hacia el abismo: «Con el fracaso de mi política, sólo podrán intentarse las soluciones violentas. Triunfen en las urnas las derechas o las izquierdas, no quedaría otra salida, por desgracia, que la guerra civil[840]». Retornado al Ministerio de la Guerra, donde reinaba la mayor indignación entre sus subordinados, el ministro dimisionario informó de la situación al subsecretario Fanjul, quien le hizo el siguiente ofrecimiento: «yo me echo esta misma noche con las tropas de la guarnición de Madrid. Me consta que Varela piensa como yo, y otros, seguramente, nos secundarán». Según su propio testimonio, que rectificó en varias ocasiones, Gil Robles no intentó disuadirle:

Yo no intentaré ningún pronunciamiento a mi favor, pues me lo impide la firmeza de mis convicciones democráticas y mi repugnancia invencible a poner las fuerzas armadas al servicio de una fracción política. Ahora bien, si el Ejército, agrupado en torno a sus mandos naturales, opina que debe ocupar transitoriamente el poder con objeto de que se salve el espíritu de la Constitución y evite un fraude gigantesco de signo revolucionario, yo no constituiré el menor obstáculo y haré cuanto sea para que no se rompa la continuidad de acción del poder público. Exijo, eso sí, como condición esencial, que los jefes responsables del pronunciamiento den su palabra de honor de que la acción se limitará rigurosamente a restablecer el normal funcionamiento de la mecánica constitucional y a permitir que la voluntad de la nación se exprese con plena e ilimitada libertad[841].

En todo caso, Gil Robles empezó a especular seriamente con un golpe de Estado que forzase a Alcalá Zamora a nombrar un gobierno de mayoría cedista que controlara las próximas elecciones[842]. Su postulación como jefe de un Gobierno de excepción que hubiera accedido al poder tras el triunfo de este golpe de Estado «legal» venía motivada por un presunto «estado de necesidad transitoria», en el que bajo la tutela castrense iniciaría la tan ansiada reforma constitucional y la transformación autoritaria del Estado. De inmediato se convocó una reunión de militares (Goded, Fanjul, Varela, Rodríguez del Barrio, Franco…), mientras que el teniente coronel Valentín Galarza, en contacto con los generales, recibía por intermedio de Ansaldo un mensaje de Calvo Sotelo donde incitaba a la camarilla militar a oponerse al «golpe de Estado presidencial» mediante otro golpe que incluiría, según opinión de Fanjul y Varela, el secuestro del presidente de la República. Fue la última vez que los alfonsinos intentaron asumir el protagonismo de un golpe militar contra la República. En adelante, la iniciativa sería sobre todo castrense.

El 11 de diciembre, un testigo presencial confeccionó la minuta de lo hablado: en dos tardes consecutivas estuvieron reunidos en el despacho del Subsecretario los generales Franco, Goded, Fanjul y Rodríguez del Barrio para debatir si se debía sostener por la fuerza a Gil Robles, quien aunque no estaba presente en las deliberaciones «parecía estar conforme con el propósito». Goded era el más decidido, pero «la postura de Franco, según las impresiones que dio el general Goded al declarante, era la de que de ninguna manera quería que se diera la impresión de una militarada más; que él no quería ensangrentar a España con una guerra civil, sino conseguir, con la presión moral del Ejército, los mismos fines de atajar la anarquía y el derrumbamiento de la Nación, y sólo en el caso de que la acción violenta de las fuerzas disgregadoras de España se convirtiera en realidad, entonces sí estaba justificada, ante la Historia y su conciencia, la reacción legítima del Ejército para salvar a la Patria, ya que no quedaba otro remedio que el bisturí del cirujano[843]». Con el asentimiento de Fanjul y de Franco, Goded evacuó consultas con «elementos significados de Madrid», seguramente los jefes de la UME y los líderes políticos de la extrema derecha[844]. Sin embargo, Franco convenció a los demás implicados de la poca fiabilidad del Ejército para una empresa de esa envergadura[845], y más cuando se daba por descontada la lealtad de muchos mandos (tal era el caso de los generales Molero y Queipo de Llano) al presidente de la República.

Según Pórtela Valladares, Chapaprieta y el ministro de la Gobernación, Joaquín de Pablo Blanco, le dijeron el 14 de diciembre que «para aquella noche se esperaba una sublevación militar». Gil Robles estaba siendo estrechamente vigilado por la Guardia Civil, pero a Franco, Goded y Fanjul no les faltó «voluntad y deseo» de dar ese golpe[846]. El 15 de diciembre, el líder cedista abandonó por fin el Ministerio de la Guerra tras haber dejado escapar su gran oportunidad, y no sin haber recibido «la injuria y el sarcasmo» de Calvo Sotelo por su falta de resolución que calificó de «traición a los generales[847]». Pórtela mantuvo al taimado Franco en el Estado Mayor, pero destituyó a Fanjul, Goded y Varela.

Todo parece indicar que el proyecto de golpe se vino abajo por la división existente en el grupo dominante en el Ejército entre una tendencia golpista criptomonárquica en crecimiento acelerado y el aún influyente sector republicano conservador, presente desde la conjura de 1932 y que acabó separándose de la UME justo a fines de 1935 para constituir una junta más moderada[848]. Es posible que esta escisión tuviera que ver con la alarma de algunos militares republicanos moderados que apoyaban la «solución Pórtela» patrocinada desde la Presidencia de la República frente a la creciente radicalización contrarrevolucionaria de la sociedad secreta militar, aunque la UME recompuso sus fuerzas tras la deposición de Alcalá Zamora el 7 de abril de 1936. Por culpa de la tormenta desatada en la cúpula de la organización durante las maniobras golpistas de diciembre, las juntas divisionarias comenzaron a actuar de forma autónoma, y la Junta Central fue perdiendo influencia. Con todo, algunos militares claramente monárquicos, temerosos de una futura alianza política de los partidos republicanos, trataron de dirigir la organización hacia una insurrección preventiva: en un documento secreto dirigido a la UME a fines de 1935, Mola señalaba que era conveniente llevar a cabo un golpe militar antes de las elecciones, puesto que

[…] sería un error funesto plantear la batalla a la revolución en el terreno del sufragio y de la actuación legalista […] Hay que evitar las elecciones, de las cuales se sacarían algunos partidos de izquierda argumentos para intervenir en el gobierno […] Nada de turnos ni transacciones; un corte definitivo, un ataque contrarrevolucionario a fondo es lo que se impone […] la destrucción del régimen político imperante en España […] En el porvenir, nunca debe volverse a fundamentar el estado ni sobre las bases del sufragio inorgánico, ni sobre el sistema de partidos […] ni sobre el parlamentario infecundo[849].

En ese ambiente enrarecido por la pérdida del poder y por la inminente apertura de la campaña electoral, no tiene nada de sorprendente que Goded, Villegas, Orgaz, Ponte, Varela y Rodríguez del Barrio celebraran las primeras reuniones conspirativas a fines de 1935, aunque según De la Cierva la primera reunión oficial de la Junta de Generales se celebró en enero de 1936 en casa del general Barrera, con participación de González Carrasco y la Junta Superior de la UME. Se decidió entonces la organización de un movimiento preventivo que Goded ejecutaría desde Madrid en función del resultado electoral[850]. Durante la campaña, plagada en la derecha de mensajes de miedo a la revolución identificada con el «octubre rojo» y confrontada con Dios y con España, la UME hizo circular las bases de un supuesto pacto frentepopulista que incluía la disolución del Ejército y de los cuerpos de Seguridad, ante lo cual advertía:

La Unión Militar Española contesta claramente a tales proyectos revolucionarios: Ni con más cara legal, ni legalmente se allanará a lo que se pretende. Las bases del Frente popular se pueden imponer a España en la calle. ¡A tiros! Antes que consentir el triunfo del comunismo, el Ejército español aplastará para siempre la revolución[851].

En la víspera de los comicios, Franco dio órdenes a Mola para que tuviera dispuestas las tropas de Marruecos con vistas a un eventual «salto» a la península si se producían alteraciones del orden[852]. Durante la jornada electoral, el general Fanjul envió instrucciones a la Junta Central de la UME para que las tropas de la guarnición de Madrid se acuartelasen y estuviesen prestas a iniciar un levantamiento, pero los responsables de la organización secreta en la Primera División Orgánica no hicieron demasiado caso a un hombre que reputaron senil, y la Junta Central, inoperante por culpa de las divisiones intestinas, tampoco actuó. Ese mismo día, en coordinación con las maquinaciones de Madrid, las tropas de Barcelona también fueron acuarteladas preventivamente[853].

En ese contexto explosivo, las elecciones de febrero tuvieron lugar en un especial clima de violencia. En muchas provincias afectadas en los años anteriores por la conflictividad rural, la tónica de la jornada fue la coacción del voto por las derechas aún dueñas del poder local a través de la intervención abusiva de la Guardia Civil en el acoso a los líderes locales del Frente Popular, las amenazas a los electores de izquierda y la difusión de los medios de información al servicio de los intereses caciquiles. Los numerosos enfrentamientos en los que medió el empleo de armas de fuego manejadas por miembros de la derecha son una muestra elocuente de la disponibilidad de un arsenal de reciente creación, acopiado gracias a las licencias de armas otorgadas por la Benemérita a los elementos conservadores antes del período electoral con la permisividad de los gobernadores civiles. En 1934-1935, los gobiernos radical-cedistas habían concedido unas 270 000 licencias privadas de armas de fuego[854].

Como era de prever, los negativos resultados electorales llenaron de alarma a las fuerzas de derecha que, lejos de lanzarse a la calle, suplicaron de nuevo el apoyo gubernamental y militar. Según el testimonio del propio Franco:

La noche del domingo de las elecciones fue trágica en el Ministerio de la Gobernación, a donde iban llegando las noticias de las provincias. Las impresiones eran malas en las capitales principales y el pánico iba cundiendo entre las autoridades gubernativas […] Eran las siete de la mañana cuando una llamada a la puerta de mi domicilio me puso en pie. Era un aviso que recibía del señor Gil Robles dándome noticia de la situación, había pasado la noche en el Ministerio de la Gobernación y me informaba de la situación vacilante y deprimida del ministro de la Gobernación al que creía ver vacilante ante sus presiones. Había de hacerse algo, no había momento que perder […] Mandé al emisario que avisase al coronel Gallarza para que estuviese alertado y tuviese previsto el aviso a las provincias si era necesario, y me trasladé al Ministerio del Ejército (sic) a prevenir el que no pudiéramos ser desbordados […] consideraba que lo más conveniente era la declaración del estado de guerra en las principales capitales y que en esa crisis de las autoridades civiles fuese la militar la que garantizase el orden[855].

Se trataba de poner en práctica el plan urdido por los generales el mes anterior, y en ello Franco tuvo un papel primordial. A la 1.00 de la madrugada del 17 de febrero, el todavía jefe de Estado Mayor trató por todos los medios de convencer al inspector general de la Guardia Civil, general Pozas, para imponer de forma conjunta la declaración del estado de guerra, o al menos que influyera cerca del ministro, general Molero, para tomar tal decisión. Recibió entonces una primera negativa que a la larga, como en la crisis del 12-14 de abril de 1931, resultó decisiva. Como reconoce Franco, «había fallado el hombre que yo buscaba; había que buscar más arriba quien le mandase o influyese». Pero sus gestiones con Molero media hora después arrojaron el mismo resultado, ya que éste le remitió a la responsabilidad del jefe del Gobierno, quien transigió en consultar la proclamación del estado de guerra con el presidente de la República[856].

A las 3.15 horas de esa agitada madrugada, Gil Robles solicitó audiencia al presidente del Consejo, quien le recibió tres cuartos de hora más tarde. El líder cedista le exigió la proclamación de la ley marcial, y en un aparte hizo que su secretario, el conde de Peña Castillo, alertase a Franco para que intensificase la presión sobre el Ejecutivo, mientras se reunía con la plana mayor de su partido en el Ministerio de la Gobernación a la espera de hacerse cargo de un gabinete extraconstitucional que declarara el Estado de guerra con la excusa de evitar el desmoronamiento del gobierno, pero con el designio oculto de deponer a Alcalá Zamora y controlar la revisión de las actas electorales[857]. Esa misma madrugada, Franco advirtió a Galarza y a los oficiales clave de la UME en provincias y se trasladó al Ministerio de U Guerra para tratar de imponer la ley marcial en el país. Llamó a Goded y al inspector general del Ejército Ángel Rodríguez del Barrio, quienes le reiteraron su disponibilidad para tratar de influir sobre algunas divisiones. A primera hora de la mañana del lunes 17, Goded trató de sublevar d cuartel de la Montaña, pero tras fracasar en el intento volvió a reunirse en el Ministerio con Fanjul y Rodríguez del Barrio, y entre los tres convencieron a Franco para que sondease el estado de ánimo de las guarniciones. Desde ese momento, el jefe de Estado Mayor comenzó a dar órdenes por su cuenta y riesgo, sugiriendo la proclamación del estado de guerra a los jefes de las divisiones más proclives, como Granada o Murcia[858], pero en otros casos sus interlocutores consideraron impracticable la iniciativa por la falta de apoyo procedente de la Guardia de Asalto y la Guardia Civil. Se malogró así el momento más adecuado para llevar adelante el golpe, que desde entonces fue crecientemente obstaculizado por la resistencia que d Frente Popular organizó a través de las manifestaciones masivas de celebración del triunfo electoral.

A pesar de todas estas presiones, y tras una consulta de urgencia con d presidente de la República, que rechazó de plano la eventualidad de una cesión del poder a los militares, Pórtela transigió únicamente durante la preceptiva reunión del Consejo de Ministros iniciada a las 10 de la mañana en declarar el estado de alarma, y proclamar la ley marcial en las provincias donde fuera indispensable, dejando en estado de alerta sólo a las fuerzas de Seguridad. Aunque Franco aseguró luego que el Consejo había decidido la declaración inmediata del estado de guerra, pero que el presidente de la República se había negado a ratificar el decreto[859], la versión que han dejado los dirigentes republicanos presentes en esa dramática sesión es muy diferente: el Ejecutivo decidió aprobar la declaración del estado de alarma por odio días y el restablecimiento de la censura, mientras que el presidente refrendó un decreto de proclamación del estado de guerra, que se mantendría en reserva y Pórtela usaría cuando lo juzgara necesario[860].

A mediodía, mientras el renunciatario ministro de la Guerra permitía que Franco se extralimitara en la puesta en marcha del dispositivo de urgencia, Pórtela se entrevistó con Primo de Rivera, Goicoechea y Martínez de Velasco. También en ese momento, a través de su amigo Natalio Rivas, Franco acordó por teléfono una entrevista con Pórtela para la tarde. Asumiendo de forma espuria las atribuciones de los ministros de la Guerra y de Gobernación, dio autorización para la declaración del estado de guerra en Zaragoza, Valencia, Oviedo y Alicante, mientras que en Huesca, Córdoba y Granada los mandos locales fueron disuadidos cuando la Guardia Civil se replegó por orden de Pozas. A las 14.40 Pórtela dispuso el levantamiento del estado de guerra en las provincias donde se hubiese proclamado, desautorizando definitivamente las medidas tomadas por Franco desde las primeras horas del día 17.

En vista de la imposibilidad de propiciar un golpe «legal» desde el Gobierno, a las cinco de la tarde un grupo de generales entre los que figuraban Rodríguez del Barrio, Goded, Fanjul, Saliquet, González Carrasco, Villegas, Orgaz, Varela y Ponte, además de Valentín Galarza, discutió de nuevo el desencadenamiento de una insurrección, a pesar de no contar con el apoyo de la Guardia Civil y de Asalto y encontrar serias vacilaciones en buena parte de las guarniciones sondeadas, que se mostraban contrarias a cualquier iniciativa no apoyada desde el Gobierno. Consultado por este grupo, Franco no se dejó convencer, alegando que «el Ejército no tiene aún la unidad moral necesaria para acometer la empresa[861]», pero ante la insistencia de sus compañeros de armas se comprometió a hacer una última tentativa de presión sobre el gobierno. Esa tarde, Franco ofreció a Pórtela el concurso del Ejército si permanecía en el poder y asumía a través de Pozas el control de las fuerzas de orden público. El presidente dimisionario hizo a Franco la pregunta clave de por qué el Ejército no tomaba la iniciativa del levantamiento, a lo que éste no tuvo más remedio que reconocer que le faltaba la unidad moral necesaria para la toma del poder. En ese momento, el general intentó dar marcha atrás, asegurando que estaba al margen de cualquier maniobra política, pero propuso de nuevo a Pórtela dar curso a la declaración del estado de guerra que éste llevaba en el bolsillo, asegurando que el Ejército seguía unido, y que las guarniciones de Marruecos obedecerían la orden. El presidente del Consejo se reafirmó en su postura de dejar el poder de inmediato y se entrevistó con Alcalá Zamora, quien le insistió en que aplazara su intención de dimitir y publicase la declaración del estado de guerra. Incapaz de reaccionar a este fuego cruzado, Pórtela tenía ya definitivamente decidida la entrega del poder al Frente Popular, y a las 20.30 horas estaba comenzando a negociar con Martínez Barrio la transmisión de poderes cuando los generales Pozas y Núñez de Prado entraron para advertirle de las actividades conspirativas de Franco y Goded. Pozas afirmó que la Guardia Civil «se opondría a cualquier militarada», y propuso rodear las guarniciones sospechosas con destacamentos de la Benemérita[862]. Una gestión postrera de Calvo Sotelo y de Joaquín Bau justo antes de la medianoche, rogando a Pórtela que dejara el poder «en manos fuertes» y permitiera gobernar a los militares, obtuvo idéntica negativa que otra que Gil Robles emprendió a las 8.30 de la mañana del día 19 en un encuentro celebrado en las afueras de Madrid[863]. A las 10.30, el gobierno de Pórtela celebró su última reunión, y a las 14.00 se anunció de forma oficial la dimisión del gabinete. Cuatro horas y media más tarde, Azaña era el nuevo presidente del Consejo, efectuándose definitivamente la transmisión de poderes a las 21.00 horas[864]. La tensión militar de esos días estalló a las 6.00 horas del 20 de febrero en un intento frustrado de rebelión en Cuatro Vientos, mientras que en otras partes de Madrid la Guardia de Asalto fraternizaba con la multitud.

Durante la crisis de febrero las fuerzas de derecha trataron de blindar al Estado desde su interior mediante el recurso al estado de guerra. Fue el último intento de rectificación autoritaria del marco legal mediante una ocupación de las instituciones por la fuerza, apoyado entre otros por Gil Robles o Cambó. Tras el fracaso de esta estrategia, la siguiente opción ya no sería un golpe para desvirtuar el Estado republicano, sino un asalto en toda regla para subvertirlo y, en último término, para destruirlo.

CAPÍTULO 6

LA ESCALADA DE LA VIOLENCIA

EN LA PRIMAVERA DE 1936

Las elecciones de febrero confirmaron la polarización de la vida política republicana. La victoria del Frente Popular creó expectativas de cambio que fueron percibidas como una amenaza concreta y tangible por la derecha, y como una vuelta al insuficiente reformismo del primer bienio por cierta izquierda. Se produjeron numerosas manifestaciones tumultuarias, con graves incidentes durante la disolución de las comisiones gestoras administrativas, las reposiciones de ayuntamientos destituidos a lo largo de 1933-1934 y el nombramiento de comisiones gestoras en las Diputaciones. Durante las más de dos semanas de júbilo por la victoria electoral proliferaron los asaltos a cárceles y centros políticos, incendios de iglesias, escaramuzas y alborotos. Varias manifestaciones de Carnaval que simulaban el entierro de Gil Robles acabaron con enfrentamientos con las fuerzas de derecha y la Guardia Civil[865]. Las ansias de revancha por la represión sufrida en el anterior bienio, y la impaciencia por la amnistía exaltaron los ánimos de la izquierda. En esas circunstancias, la Diputación permanente aceptó el día 21 de febrero la promulgación de un Decreto-Ley de amnistía para los procesados por razones político-sociales. Por Decreto de 29 de febrero, el gobierno Azaña decretó la readmisión de los obreros que habían sido despedidos desde el 1 de enero de 1934, lo que provocó una fuerte reacción del elemento patronal.

En esa atmósfera de revancha y de «justicia popular», desde algunos ayuntamientos se inició una auténtica campaña de venganza, alentada por una virtual impunidad. Tras reponer a los alcaides y concejales de elección popular depuestos en el bienio anterior, las corporaciones hubieron de soportar la presión de los vecinos que en los primeros consistorios exigieron medidas drásticas: desarme de las bandas armadas sufragadas por los propietarios, relevo de los comandantes de puesto de la Guardia Civil y traslado de sus miembros más caracterizados, destitución y apertura de expedientes a la guardería municipal, depuración de los secretarios de los ayuntamientos, etc. Una manifestación simbólica de la implantación espontánea y caótica del nuevo poder popular fue la prohibición de actos religiosos (procesiones, toque de campanas) que supusieron un nuevo trastorno en las relaciones cotidianas y un cambio profundo de los comportamientos sociales del vecindario. Desde fines de abril se difundieron autorizaciones gubernativas a militantes del Frente Popular para que actuasen como policías auxiliares, a imagen de lo decidido por la derecha en el verano y otoño de 1934. De este modo, las fuerzas de izquierda comenzaron a entrometerse en los asuntos gubernativos, judiciales y laborales, controlando el orden público a través de milicias, efectuando detenciones espontáneas, imponiendo multas y penas de encarcelamientos a los patronos que no aceptaban los repartos y los salarios impuestos por las Casas del Pueblo, intimidando a los trabajadores que no pertenecían a la FNTT, estableciendo controles en las carreteras, cobrando peajes a los automóviles, destituyendo a jueces de paz hostiles, ejecutando obras que se imponían a los patronos o conformando Jurados Mixtos de circunstancias, que se vieron desbordados muy a menudo por las reclamaciones salariales. Todas estas coacciones provocaron numerosos actos de violencia entre izquierdistas y propietarios agrarios, muchos de los cuales huyeron a las ciudades, en una reedición de la grande peur del trienio bolchevique. Como informaba el gobernador interino de Sevilla al ministro de Gobernación el 6 de mayo de 1936:

Relajación enorme, enorme (repito en fuerza, intencionadamente); envalentonamiento extraordinario de los elementos proletarios; estupor y pánico de los otros; anarquía en suma, y tanto mayor, a medida que los pueblos distan de la capital[866].

Ante la proliferación de «guardias cívicos» que actuaban con palizas, cacheos, pedreas, atracos, controles y detenciones arbitrarias[867], el ministro de la Gobernación dirigió a principios de julio una circular a los gobernadores civiles con el fin de que transmitieran órdenes tajantes a la Guardia Civil y otros agentes de la autoridad «para que corten tales abusos con una constante vigilancia y que procedan a la detención de quienes desatiendan sus indicaciones[868]».

La manifiesta incapacidad del Estado para imponerse a los contrapoderes locales que iban surgiendo en el ámbito rural meridional induce a Macarro a presentar la situación de la primavera de 1936 como claramente revolucionaria[869]. Sin embargo, esos poderes emergentes no tenían un proyecto político común capaz de alcanzar el poder y transformar el Estado. Es decir, había más anarquía que revolución. Si bien es cierto que en algunos sectores proletarios se manifestaban claras actitudes de superación de la legalidad que el Gobierno hubo de aceptar con la liberación espontánea de presos, la ocupación masiva de tierras en Extremadura, la ejecución de obras impuestas a los patronos, la readmisión forzosa de los despedidos en octubre, la relegación de los trabajadores no sindicados o la condonación de alquileres, el conjunto de las organizaciones obreras había decidido otorgar un apoyo coyuntural a la República mientras que ésta estuviese sometida a la amenaza fascista y transigiese con un mínimo de reformas.

Según la idílica versión del embajador norteamericano Claude Bowers, en la primavera del 36 la vida de los españoles discurría con normalidad, con la particularidad de que las derechas se dedicaban a propalar toda suerte de rumores alarmistas[870]. La versión del representante francés es más matizada:

Ni los jóvenes de buena familia ni las pesetas hacen fuerzas de choque, hace falta una situación contrarrevolucionaria, como hace falta una situación revolucionaria para hacer una revolución. Una situación contrarrevolucionaria puede que venga, pero ahora no existe[871].

Algunos sectores de la extrema derecha se propusieron acelerar su aparición a través del despliegue de una estrategia de la provocación permanente.

El protagonismo de Falange en la «estrategia de la tensión».

La desorientación que experimentaron los partidos de derecha tras la derrota electoral puso de nuevo en primer plano la estrategia rupturista. Se trataba ahora de contribuir a generar y airear una situación de alarma y terror que justificara un golpe de Estado, atribuyendo la responsabilidad de los atentados a la izquierda para deslegitimar al gobierno del Frente Popular. Nutrida por nuevos militantes y nuevos fondos, y en estrecha relación con los conspiradores militares, Falange Española asumió un papel capital en esta estrategia de la tensión. El 21 de febrero, Primo de Rivera difundió una circular sobre las circunstancias políticas en la que restaba importancia a los mediocres resultados electorales, y llamaba a evitar todo tipo de ataques o provocaciones a las manifestaciones izquierdistas salvo en caso de legítima defensa y a desoír «todo requerimiento para tomar parte en conspiraciones, proyectos de golpe de Estado, alianzas con fuerzas “de orden” y demás cosas de análoga naturaleza[872]». Pero fue en ese momento cuando la violencia falangista apareció de forma más brutal. Dionisio Ridruejo recuerda la furiosa reacción que tuvo José Antonio en casa de Marichu de la Mora cuando, al contemplar la manifestación de júbilo celebrada por el Frente Popular el 1 de marzo, espetó a Luca de Tena y a Lequerica:

Con un buen par de tiradores una manifestación como ésa se disuelve en diez minutos […] Esperemos que se enteren de una vez. Nosotros estamos dispuestos a poner las narices [sic], ¿no? Pues que ellos pongan, por lo menos, el dinero[873].

Aunque sus tradicionales mecenas monárquicos seguían mostrándose remisos a ofrecer ayuda, los contactos con la UME habían adquirido nueva intensidad. La adhesión de jóvenes oficiales del Ejército, en especial de las guarniciones del Sur y de Marruecos estaba siendo importante, hasta el punto de que a principios de marzo Falange tenía organizado su propio comité militar, compuesto por oficiales afiliados en su mayoría a la UME[874].

La supuesta «luna de miel» con el gobierno de Azaña fue un espejismo: el 26 de febrero, el Centro falangista de la calle Nicasio Gallego fue registrado por la Policía, y al día siguiente fue clausurado por las autoridades bajo la acusación de tenencia ilícita de armas. A fines de ese mes, Primo encomendó a Agustín Aznar el mando de la Primera Línea y le confirió la categoría de miembro de la Junta Política, designando al estudiante del SEU Gerardo González Sampedro jefe de la organización paramilitar de Madrid, secundado por Francisco Muñoz Ávila como capitán ayudante[875]. Tras las detenciones de González Sampedro y Aznar, éste traspasó el mando a fines de marzo al capitán Ponce de León y a José García Noblejas, que sólo actuaron como jefes de la milicia de Madrid, habida cuenta de la virtual anarquía y descoordinación que reinaban entre las escuadras clandestinas de provincias, que por otra parte actuaban desde antes de las elecciones con absoluta independencia de la central de Madrid[876].

El 1 de marzo, el jefe nacional ordenó al SEU que se incorporara en pleno a las milicias del partido. A partir de ese momento, los incidentes violentos protagonizados por falangistas se sucedieron sin interrupción hasta el estallido de la guerra civil. Según Martínez Barrio, «la primera violencia planificada es simultánea a la discusión de las actas en las Cortes» que se produjo a inicios de marzo[877]. La activa participación de Falange en algunas de estas agresiones muestra indicios de premeditación: el 6 de marzo morían asesinados los falangistas José Urra Goñi y Ramón Faisán, mientras trabajaban en las obras de demolición de la antigua plaza de toros de Madrid. El traslado de dos heridos graves producidos en ese enfrentamiento sociolaboral motivó una primera refriega entre los izquierdistas deseosos de expulsar a la CONS de las obras y una Primera Línea sedienta de venganza: ese día se produjeron en Madrid veinte bajas en diversas colisiones, rematadas con la muerte en una taberna del Paseo de Extremadura de varios militantes comunistas a manos de un grupo de pistoleros fascistas. En la madrugada del día 6 al 7 de marzo, elementos de AP y Falange intentaron asaltar el Ayuntamiento de Puebla de Almoradiel (Toledo), muriendo el jefe falangista Higinio Sepúlveda Verdugo, y durante su entierro al día siguiente resultaron muertos otros dos miembros del partido y siete resultaron heridos[878]. El día 7 era tiroteado por los falangistas en Madrid el joven Ladislao Toral, vendedor del periódico socialista Renovación, el cual moriría una semana más tarde. Tras la celebración el 8 de marzo de un gran mitin frentepopulista en Granada en el que se reclamó la repetición de unas elecciones manifiestamente fraudulento, se produjeron varios choques entre falangistas y grupos de izquierda en la Plaza del Campillo, que arrojaron el balance de una docena de heridos, sobre todo mujeres y niños. Las fuerzas sindicales del Frente Popular llamaron a una huelga general de 24 horas que degeneró en disturbios el día 10, cuando se quemó el local de Falange, el teatro Isabel la Católica, los cafés Colón y Royal, las sedes del periódico Ideal, de AP y Acción Obrerista, varias tiendas pertenecientes a familias de derecha y dos iglesias del Albaicín. Tanto la Policía como los trabajadores fueron tiroteados todo ese día por pistoleros de derechas[879]. En la noche del 9 de marzo se saquearon varios establecimientos religiosos en Cádiz, donde la bandera del Consulado alemán fue arrancada y quemada[880]. Se produjeron otros disturbios en Huelva, Valencia, Alicante, Toledo y Madrid, dirigidos sobre todo contra Falange y la Iglesia. En ese segundo fin de semana de marzo se produjeron once muertos y 24 heridos en toda España. Tras informarse de unos sangrientos disturbios producidos el 16 de marzo en Albacete, Azaña confesó a su cuñado:

Vamos cuesta abajo por la anarquía persistente en algunas provincias, por la taimada deslealtad política de los socialistas en muchas partes, por las brutalidades de unos y otros, por la incapacidad de las autoridades, por los disparates que el Frente Popular está haciendo en casi todos los pueblos, por los despropósitos que empiezan a decir algunos diputados republicanos de la mayoría […] Creo que hay más de doscientos muertos y heridos desde que se formó el gobierno[881].

Las fuerzas de orden público fueron enviadas a patrullar las calles y guardar iglesias y conventos, con orden de reprimir los disturbios rápida y efectivamente. También se instruyó a los gobernadores civiles para que mantuvieran el orden con energía[882].

La violencia política entre bandas de jóvenes militantes de distintas ideologías había resultado frecuente a lo largo de 1934 y 1935, pero alcanzó su momento álgido en 1936. En un pasado inmediato, estos encuentros espontáneos se habían ceñido a ciertas normas de conducta aceptadas por ambos bandos: querellas por el control del espacio público sin recurrir a las fuerzas del orden, en las que cada bando se tomaba de forma alternativa la justicia por su mano en un combate «leal» propio de bandas juveniles, lejana del pistolerismo[883]. La violencia falangista, en forma de provocación, legítima defensa o vindicta no cesó en ningún momento, pero la crudeza de la lucha se fue acentuando durante la primavera de 1936, hasta desembocar en un terrorismo sistemático y desestabilizador, que polarizaba en un sentido o en otro a la opinión pública y servía como denuncia de la impotencia del régimen republicano y justificación de su «necesario» relevo por un gobierno autoritario tras una «contrarrevolución preventiva» so capa de un levantamiento militar.

La conflictividad estudiantil desvió de forma definitiva la trayectoria de Falange hacia la delincuencia política: a la vuelta de las vacaciones de Navidad, la FNEC había distribuido un manifiesto en el que solicitaba la reposición del Patronato Universitario Catalán, suspendido tras la revolución de 1934. Esta protesta coincidió con la divulgación del manifiesto del Frente Popular, y se vio reforzada con la convocatoria de una huelga que duró tres días y fue un éxito pese a la oposición de los falangistas. Cuando los estudiantes catalanistas izaron en la Universidad de Barcelona la bandera de la estrella solitaria se produjo una reacción en cadena: la AET, la CECE y el SEU impusieron el abandono de clases en Madrid, Sevilla, Córdoba, Granada, Zaragoza, Salamanca, Valladolid, Oviedo, Santiago y Murcia. El día 17, el SEU lanzó una proclama antiseparatista e inició en la Universidad de Barcelona el acoso contra los miembros de la FNEC y el Estat Catalá[884]. El sindicato estudiantil falangista decidió unirse al paro convocado a partir del 22 de enero por las otras dos organizaciones escolares derechistas, y se dio a los jefes provinciales del SEU la orden de persistir en la huelga, que sería «todo lo violenta que sea necesario hasta recibir órdenes en contrario[885]». El conflicto universitario fue adquiriendo un carácter cada vez más violento hasta que, tras una entrevista con el presidente del Consejo y el ministro de Instrucción Pública, los sindicatos desconvocaron la huelga el día 26[886]. La campaña electoral de febrero hizo incrementar la tensión en la Universidad, donde la violencia se hizo crónica hasta el final de curso mientras que la actividad legal del SEU llegaba a su fin: el 11 de marzo fue asesinado el estudiante del SEU Juan José Olano mientras paseaba con su compañero de facultad, el carlista Enrique Valsovel, que resultó herido de gravedad. El SEU, dirigido por Alejandro Salazar, planeó un atentado de represalia contra una conocida personalidad política y docente. Se eligió como objetivo a Luis Jiménez de Asúa, prestigioso catedrático de Derecho Penal de la Universidad Central (donde en compañía de profesores ayudantes ya había tenido fuertes altercados con los falangistas a principios de febrero), vicepresidente primero de las Cortes y defensor de Largo Caballero por su implicación en los sucesos de octubre. Los preparativos del atentado se ultimaron en el domicilio de Guillermo Aznar, hermano del jefe de milicias, quien en la mañana del día 12 de marzo se reunió con los restantes conjurados, todos ellos alumnos del profesor socialista[887]. Acto seguido, los pistoleros tirotearon a Jiménez de Asúa, quien tuvo tiempo de señalar el vehículo sospechoso a su agente de escolta, el inspector Jesús Gisbert, antes de recibir una descarga cerrada que hirió de muerte al policía. Jiménez de Asúa salió ileso del trance, pero la noticia de un atentado contra una personalidad política tan destacada llenó de estupor a la opinión pública[888]. La Policía inició las indagaciones con rapidez y detuvo a uno de los implicados, aunque el resto pudo huir a Biarritz, centro de la conspiración Alfonsina, gracias a un oportuno vuelo de fuga organizado por el aviador Ansaldo. La Policía les siguió la pista, y Ansaldo fue arrestado en Madrid el 25 de marzo, mientras que el resto de fugados fueron detenidos en Biarritz por la Sûreté. Los tres falangistas no consiguieron acogerse al estatuto de refugiados políticos, pero la extradición no pudo llevarse a cabo por el estallido de la guerra civil[889].

El atentado contra Jiménez de Asúa era el más resonante hecho violento efectuado por Falange hasta la fecha, pero también el que acarreó las más duras consecuencias: las consignas de las organizaciones obreras hasta el estallido de la guerra serían el desarme y detención de las bandas fascistas y sus instigadores, la constante actitud de vigilancia ante las provocaciones y las presiones sobre el Gobierno para que sustituyera las instituciones de orden público por guardias populares y depusiera a los «magistrados prevaricadores» que no sancionaban los crímenes derechistas[890]. Las medidas no se hicieron esperar: Marcelino Domingo, ministro de Instrucción Pública, anuló las matrículas de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, suspendió las clases y decretó la expulsión y la prohibición de matrícula por dos o tres años a todo estudiante al que se le ocupara fuera de los centros docentes algún arma prohibida. El atentado dio lugar a una nueva espiral de violencia: el 13 de marzo, la multitud que volvía del sepelio del agente Gisbert se entregó a una serie de excesos que recordaban los sucesos de mayo de 1931 e incluso más atávicas actitudes de ciega rebeldía: las turbas asaltaron el local del periódico calvosotelista La Nación, que no volvió a aparecer. Las iglesias de San Luis en la calle Montera y de San Ignacio en la calle del Príncipe fueron incendiadas, la sede de ABC hubo de ser protegida por guardias de Asalto, y los requetés encargados de la custodia del diario integrista El Siglo Futuro rechazaron a tiros un intento de allanamiento. La situación de virtual huelga general, la crispación y los rumores alarmantes que circularon por las calles de la capital recordaban los peores días de octubre de 1934. Las milicias de FE declararon que de la integridad física de su jefe nacional respondía la del mismísimo Manuel Azaña. A mediodía del 14 de marzo se rumoreó que la Policía había sorprendido una reunión clandestina de tipo fascista en Logroño. Tras ir a declarar ante la autoridad, dos directivos falangistas provocaron a los obreros de Tabacalera con el saludo fascista y se produjo un enfrentamiento que degeneró en una manifestación espontánea cuya intención era asaltar las sedes de los partidos de derecha. Cuando el grupo de alborotadores subió hacia el Espolón, los guardias de Asalto cargaron contra ellos, hiriendo de muerte a un hombre. Luego la comitiva trató de encender una hoguera e intercambió disparos con el retén de guardia del Cuartel del Regimiento de Artillería, que ocasionó otros tres muertos y ocho heridos. Los manifestantes, enfurecidos, incendiaron los talleres del católico Diario de la Rioja y las sedes de FE, CT, Partido Agrario y Acción Riojana (CEDA), además de varios conventos e iglesias[891].

A primera hora de la mañana del 14 de marzo, Primo de Rivera fue detenido en su domicilio bajo la acusación de tenencia ilícita de armas —el escuadrista situado a la puerta de su domicilio en funciones de protección llevaba una pistola de su propiedad— y conducido a la DGS. En la amplia redada cayó casi toda la Junta Política, gran parte de los jefes de centuria y los escuadristas de la Primera Línea de Madrid y provincias; en total, unos dos millares de falangistas. Sin el escudo de la inmunidad parlamentaria, Primo fue interrogado por el director general de Seguridad José Alonso Mallol en persona, a quien infirió sin ninguna necesidad una ofensa personal que dio pie al rosario de procesos que finalizarían de forma dramática ante el paredón de la cárcel de Alicante siete meses después[892]. El gobierno dio los primeros pasos para imponer la proscripción de Falange: el 17 de marzo, un tribunal madrileño declaró a Falange organización ilegal, por su tenencia ilícita de armas y sus actividades violentas[893], pero el 30 de abril José Antonio y otros miembros de la Junta Política fueron juzgados por esta causa ante el Tribunal de Urgencia, quien absolvió a los acusados, y el Tribunal Supremo ratificó la sentencia el 8 de junio.

Tras su detención, José Antonio hizo insistentes llamamientos a la unidad de las fuerzas contrarrevolucionarias como primer paso para la derrota de una revolución marxista que consideraba inminente. El texto escrito en los sótanos de la DGS conservaba todos los tópicos catastrofistas del ultra —derechismo de la época: Rusia había ganado las elecciones, «el comunismo manda en la calle; en estos días los grupos comunistas de acción han incendiado en España centenares de casas, fábricas e iglesias, han asesinado a mansalva, han destituido y nombrado autoridades». Para evitar la catástrofe que se avecinaba, Falange convocaba a todos «estudiantes, intelectuales, obreros, militares españoles, para una nueva empresa peligrosa y gozosa de reconquista[894]». En el aspecto práctico, José Antonio insistió ante el agregado aeronáutico de la embajada italiana sobre la necesidad de que se concertase una entrevista de su hermano Miguel— virtual jefe de la Falange clandestina —con Mussolini, para informarle de los planes desestabilizadores urdidos por su organización política, «que con dicho fin ha sido provista de abundantes medios financieros por los partidos de derecha[895]», lo que prueba indirectamente la reanudación de la ayuda monárquica a la Falange. Sin embargo, el embajador Pedrazzi desaconsejó el encuentro, persuadido de las escasas probabilidades de éxito de un golpe de Estado. En esa misma línea de ilegalidad subversiva, el jefe nacional ordenó a los jerarcas locales que preparasen a sus JONS para un posible golpe falangista en solitario o en situación de primacía, actitud mantenida hasta la claudicación ante los militares el 13 de mayo.

El partido se adaptó con rapidez a la clandestinidad: el jefe nacional envió el 20 de marzo desde la Cárcel Modelo una circular reservada a los mandos, en la que ordenaba la adopción de un sistema celular de tres miembros; la sustitución inmediata de los jefes presos; la revisión de los elementos y la movilización del partido; el encuadramiento por distritos, zonas, sectores, localidades y JONS; la reorganización de la Primera Línea; la incorporación del disuelto SEU a la milicia; el paso a la ofensiva y la obtención de armas y medios de transporte[896]. Al día siguiente, circuló de forma discreta una «Carta a los militantes» destinada a organizar la ayuda de los falangistas presos y perseguidos, evitar que los nuevos adheridos procedentes de la derecha pudieran desbordar a los viejos mandos y mantener el contacto jerárquico mediante enlaces. Alejandro Salazar se hizo cargo de forma interina de la secretaría general de FE ostentada hasta entonces por Fernández-Cuesta, y firmó a fines de marzo una circular secreta reclamando disciplina y «completa y leal ayuda» a la militancia si era requerida por los militares, aunque «los militantes de la Falange deberán actuar en todo momento bajo las órdenes inmediatas de sus jefes regulares, sin permitir intromisión de mandos que no provengan de las fuerzas militares e institutos armados[897]». Era evidente que se esperaba un golpe de Estado castrense, al que José Antonio se adhería sin otras reservas que la de no plegarse a los dictados de ningún otro movimiento político.

Cuando Agustín Aznar fue detenido el 28 de marzo durante los preparativos de un «acto de vindicta contra el jefe del gobierno[898]», la Primera Línea quedó sin lugartenencia estable en el momento más crítico. Los núcleos falangistas de todo el país quedaron aislados y desconcertados, a pesar de la catarata de instrucciones que José Antonio emitiría en las semanas sucesivas desde sus encierros en la Cárcel Modelo y en la prisión provincial de Alicante. El nivel de disturbios y violencia fue alto hasta el último tramo de marzo, y volvió a incrementarse en la primera mitad de abril. A medida que se acercaba el aniversario de la República, con la incertidumbre añadida de la destitución de Alcalá Zamora en la jefatura del Estado, los rumores sobre una acción desestabilizadora se hicieron más insistentes. En la víspera de la fiesta republicana, Mundo Obrero advirtió que «los elementos monárquicos y fascistas piensan “celebrar” a su modo el 14 de abril», y previno contra los provocadores y los «desfiles innecesarios[899]». Esa misma noche, un grupo de pistoleros con implicación del SEU dio muerte al magistrado Manuel Pedregal Luege, instructor de la causa por el atentado a Jiménez de Asúa en la Audiencia de Madrid. Antes de morir, Pedregal confió a la juez de guardia la evidencia de que «el atentado de que he sido víctima sólo ha podido ser llevado a cabo por elementos falangistas que me habían amenazado de muerte[900]». La represalia falangista era un episodio más de una enconada lucha que se estaba librando en torno a la administración de Justicia: ante las evidentes muestras de negligencia constatadas respecto a los actos violentos de los falangistas, el Gobierno decidió el 25 de marzo abrir expediente a los magistrados que habían intervenido en las últimas causas por desórdenes y tumultos provocados por fascistas. Pero Falange comenzó a difundir «listas negras» claramente intimidatorias hacia unos jueces en su mayoría conservadores y no muy empeñados en la sanción de los crímenes falangistas. En el primer número del boletín clandestino No Importa se amenazó gravemente a Ursicino Gómez Carbajo, juez instructor de la causa sobre la ilegalidad de Falange[901], y en el segundo a Ramón Enrique Cardónigo, presidente del tribunal que condenó a Primo a cinco meses de prisión por tenencia ilícita de armas[902]. De grado o por la fuerza, la actitud benevolente de la mayoría de los magistrados no cambió de forma sustancial hasta julio de 1936.

La fiesta del quinto aniversario de la proclamación de la República no podía amanecer bajo peores augurios: en la tarde del día 13 ya habían corrido rumores de que los falangistas iban a intentar un golpe audaz, puesto que habían recibido la orden de acudir en masa al Paseo de la Castellana, lugar del desfile conmemorativo[903]. Una parte de la Juventud comunista, uniformada con camisas azul pálido y corbata roja, se colocó cerca de la tribuna presidencial, y se retiró entre cánticos al comienzo del desfile. Transcurrida media hora, el falangista Isidoro Ojeda Estefanía Zorrilla arrojó una traca encendida junto a la tribuna presidencial, causando la natural confusión. Reanudada la parada, y durante el paso de la Guardia Civil, se produjo un tumulto indescriptible que degeneró en un tiroteo con secuela de numerosos heridos. Fue cerca de la tribuna presidencial donde cayó el alférez de la Guardia Civil Anastasio de los Reyes López, herido en la refriega[904]. La polémica por estos sucesos alcanzó una resonancia insospechada: Julio Álvarez del Vayo entregó una nota firmada por la Casa del Pueblo, la Agrupación Socialista Madrileña, el PCE y el Comité local de las JSU donde se reseñaba la protesta elevada al presidente del Consejo por las provocaciones fascistas y se recordaba la promesa realizada por Azaña de «una acción enérgica inmediata por parte del Gobierno contra ese terror fascista desencadenado[905]». Por su parte, El Socialista aseguró que los hechos respondían a un plan general de provocación que tuvo como señal la explosión del petardo, según se pudo colegir de la detención de algunos falangistas en las inmediaciones[906].

En la tarde del día 16 se verificó el sepelio del alférez de los Reyes, a cuyo cortejo, presidido por el subsecretario de Guerra, el inspector general de la Guardia Civil, el director general de Seguridad y otras autoridades y figuras políticas de la derecha como Gil Robles y Calvo Sotelo se unieron unos 3000 jefes y oficiales del Ejército y de las fuerzas de orden público, y un número no determinado de falangistas. Desde el primer momento la comitiva fúnebre degeneró en una manifestación tumultuaria contra el Gobierno: los primeros incidentes se produjeron junto a la estatua al marqués del Duero, donde hubo un muerto y varios heridos graves a resultas de un confuso tiroteo dirigido desde una casa en construcción. Presa de creciente excitación, el cortejo cambió el trayecto marcado por la DGS y se encaminó hacia Cibeles, donde se oyeron gritos de «¡Al Congreso!». Calvo Sotelo y Gil Robles se despidieron del cortejo en la Plaza de la Independencia para acudir a la sesión parlamentaria. El grupo más violento, alentado y apoyado por las milicias falangistas, pretendió asaltar el Congreso de los Diputados, que fue acordonado por la Guardia de Asalto provista de ametralladoras. Sin duda se pretendía desarrollar un conato de golpe de Estado similar al intentado en París durante la jornada de 6 de febrero de 1934[907]. El centro de Madrid se vio sumido el resto de la tarde en un maremágnum de enfrentamientos inconexos y confusos, donde los cacheos y agresiones a los grupos contrarios resultaron habituales. El cortejo fúnebre continuó por la calle de Alcalá hasta que fue disuelto de forma violenta en la Plaza de Manuel Becerra por una compañía de Asalto que algunas fuentes aseguran que estaba al mando del teniente José Castillo, momento en que resultó herido de gravedad el requeté Luis Llaguno Acha. La relación total de víctimas es muy dispar: la más plausible se cifra en cuatro muertos y de 30 a 50 heridos, de ellos ocho graves[908]. Este suceso ha querido presentarse como el primer acto subversivo y revolucionario conjunto de la Falange y el Ejército, o más bien como una plasmación práctica de ese «frente cívico-militar» que, a decir de los cronistas de extrema derecha, llevaba adelante la conspiración[909]. La responsabilidad de Falange en la deriva tumultuaria e insurreccional de la manifestación de duelo resulta meridianamente clara: Según Bravo, «Madrid fue durante unas horas de las masas nacionalistas, y sobre todo de FE, que hizo cuanto le vino en gana sin que nadie le fuera de la mano[910]». Para Ximénez de Sandoval «fue la más grandiosa manifestación pública de la Falange […] el Depósito Judicial acogió, por cada uno de los nuestros, diez de los contrarios[911]». Acciones como ésta decidieron a Primo de Rivera a aceptar la cooperación con el Ejército, descartando toda veleidad insurreccional independiente y autorizando cualquier acción violenta de sus milicias. En realidad la conspiración comenzaba a dar sus primeros pasos en firme por esas fechas, y tardaría aún bastante en someter las voluntades de los diferentes grupos políticos a un proyecto insurreccional sobre todo militar, cuyo componente cívico siempre resultaría secundario.

En la noche del 16 se reunieron en la Casa del Pueblo representantes de la ASM, CNT y JSU, que reclamaron al Gobierno la disolución de las ligas fascistas. Al día siguiente, las organizaciones obreras volvieron a exhortar a la unidad antifascista, y la CNT declaró en Madrid una huelga general de protesta, exigiendo la definitiva disolución de Falange, actitud que secundaron la UGT y otras formaciones de izquierda[912]. Como respuesta, la prensa derechista publicó una prolija relación de hechos violentos sin diferenciación de delitos políticos o comunes, ocurridos desde el 16 de febrero y que habían sido presentados por Calvo Sotelo a las Cortes el 15 de abril[913]. También ese mismo día el Gobierno remitió a la Cámara constituida en sesión permanente una ley que privaba de derechos pasivos a los militares retirados que sostuvieran ligas, asociaciones u organismos ilegales o participaran en actos perturbadores del orden público. Recordando una medida análoga impulsada por el gabinete francés un mes antes, el Gobierno acordó la ilegalización y la disolución de todas las ligas fascistas y la declaración como disponibles forzosos de setenta oficiales de la Guardia Civil[914]. El 18 de abril, la Policía inició la detención masiva de afiliados a FE y derechistas en general[915].

En la primavera de 1936 muchos responsables políticos percibieron la aparición de un fascismo en ciernes, aún no asentado en ningún partido, pero compartido por sectores nada desdeñables de la clase media española atemorizada por el deterioro del orden público, que como reacción al desorden se volcaban intuitivamente en impulsar y participar en una solución autoritaria[916]. Así lo señalaron Gil Robles y Calvo Sotelo en el Parlamento, Miguel Maura en sus artículos de El Sol reclamando una dictadura republicana o Prieto en su discurso de Cuenca el 1 de mayo[917]. Los contornos difusos de esta movilización contrarrevolucionaria en ciernes también eran descritos por el director de La Vanguardia, que acusaba al Frente Popular de haber estimulado la amenaza fascista:

¿Cuántos votos tuvieron los fascistas en España cuando las últimas elecciones? Nada: una ridiculez […] Hoy, por el contrario, los viajeros llegan de las tierras de España diciendo: «Allí todo el mundo se vuelve fascista» ¿Qué cambio es ése? ¿Qué ha ocurrido? […] Lo que ocurre es, sencillamente, que allí no se puede vivir, que no hay gobierno […] Y en esta situación, buscan instintivamente una salida, un alivio, y no encontrándolos en lo actual, llegan poco a poco a suspirar por un régimen donde por lo menos parezcan posibles. ¿Cuál es la fórmula política que suprime radicalmente esos insoportables excesos? La dictadura, el fascismo. Y he aquí cómo sin querer, casi sin darse cuenta, la gente «se siente» fascista[918].

Todas las crónicas falangistas de posguerra comentan el enorme crecimiento que experimentó Falange, localidad por localidad, y sobre todo en las medianas poblaciones de la España rural a partir de marzo-abril de 1936. Disfrutando del discreto apoyo económico y político de la derecha, el partido se aprestó a trazar una nueva espiral de violencia coincidiendo con las manifestaciones del Primero de Mayo: en Madrid se organizó un espectacular despliegue policial en la periferia, que no perturbó la imponente manifestación organizada por las organizaciones obreras (con abundante participación de milicias uniformadas), que acabó con la entrega de un pliego de peticiones al presidente del Consejo. Sin embargo, las fiestas del Dos de Mayo proporcionaron un marco más adecuado a la intromisión falangista, cuyos afiliados provocaron un incidente durante el desfile militar conmemorativo, cuando un oficial retirado disparó varias veces una pistola automática, causando dos heridos. Al día siguiente fue asesinado José Fierro Herrera, jefe local de Carrión de los Condes (Palencia), y como represalia por esta última acción, los falangistas secuestraron y ahorcaron al presidente de la Casa del Pueblo y a varios militantes socialistas[919]. También a inicios de mes, los socialistas Bruno Ponce y Juan Palacios López resultaron muertos en un atentado en Cuatro Caminos. La tensión ambiente se liberó en Madrid por medio de un tumulto causado por un rumor: el de los caramelos envenenados por damas de caridad y salesianas del colegio de María Auxiliadora que circuló por Madrid los días 3 y 4 de mayo, y que degeneró en serios incidentes en la periferia de Madrid, con quema de conventos en Cuatro Caminos y Tetuán-Chamartín[920]. El 6 de mayo, con motivo del debate sobre estos sucesos, Casares anunció que se habían recogido 20 000 armas a los derechistas en Jaén y Granada, y acusó a los partidos contrarrevolucionarios de complicidad con aquellos que

[…] al margen vuestro, los que separándose de vosotros, los que corriendo detrás de la violencia, que decís condenar, pero que, a veces, parece que preconizáis, estas gentes son las que a toda costa procuran en España, o bien subvertir el Estado, o bien rebelarse contra el Estado, o bien crear un estado perpetuo de inquietud, que es mucho peor que una sublevación armada.

Calvo Sotelo le replicó para apoyar el establecimiento de todo tipo de leyes represivas para mantener el orden, aunque le recomendó escrutar

[…] la manera de pensar y de reaccionar de estos millares de españoles que ahora, gubernativamente, muchos sin haber sido jamás fascistas ni pensar en cosa semejante, han estado en la cárcel diez, quince, veinte días, y varios millares siguen en ella. Estos ciudadanos salen de la cárcel impetuosos y fascistas o prefascistas[921].

Con el reforzamiento de los contactos con los mandos conspiradores tras los sucesos del 16 de abril, José Antonio consideró imprescindible el apoyo del Ejército para el triunfo de sus tesis políticas, de modo que el 4 de mayo divulgó una «Carta a los militares de España», manifiesto claramente sedicioso y reaccionario que fue distribuido en los cuarteles gracias a los buenos oficios de Manuel Hedilla y de Antonio Rodríguez Jimeno, jefe de la segunda centuria de Madrid. El documento seguía la línea provocativa de las cartas «al general Franco» y «a un militar español» escritas inmediatamente antes y después de la revolución de octubre. El catastrofismo, la exaltación patriótica y la manipulación del antimarxismo y el antirrepublicanismo de algunos militares buscaban canalizar una opinión favorable a un golpe sin expreso contenido nacional-sindicalista[922].

El 8 de mayo, la Policía interceptó una lista con nombres de oficiales a eliminar por los pistoleros de derecha, encabezada por los militares Carlos Faraudo, José Castillo e Ignacio Hidalgo de Cisneros[923]. Ese mismo día, cuatro pistoleros falangistas asesinaron en Madrid al capitán Faraudo, notorio inspector de las milicias de las JSU y afiliado a la UMRA[924]. La Brigada de Investigación detuvo a cinco pistoleros falangistas apostados frente al domicilio del diputado radical-demócrata y exministro José María Álvarez Mendizábal, vencedor en las recientes elecciones en Cuenca, quien reconoció que desde antes de los comicios estaba amenazado de muerte por la Falange por supuestos «insultos al Ejército[925]». El 20 de mayo, Mundo Obrero denunció un supuesto complot contra José Díaz y otros destacados dirigentes comunistas[926], y ese mismo día apareció el primer número del boletín clandestino No Importa, donde se denunciaba que FE había sufrido cuarenta muertos y más de 100 heridos desde las elecciones de febrero, sin que ninguno de los agresores hubiera sido detenido y juzgado[927]. El 23 de mayo fueron asesinados en Madrid los falangistas Pascual López Gil y José Cruz Aldea, en cuya vindicta la Primera Línea efectuó una sangrienta incursión en una taberna de la calle Cartagena el día 26 y mató a cuatro comunistas[928].

Según una frase inapropiadamente lírica, «la gloria de la Falange la iban cantando al plomo y la sangre por la tierra de los vientos de España[929]». Para Guillermo Cabanellas, las últimas acciones falangistas eran «un verdadero canto de frenesí a la violencia[930]», y buena prueba de ello fue la oleada de crímenes que ensombrecieron Santander desde el triunfo del Frente Popular: el 24 de febrero se había clausurado el centro de FE tras tirotearse desde allí tres días antes una manifestación por la victoria electoral. El 5 de marzo, el gobernador prohibió las actividades del partido, y el 20 un falangista mató a un comunista en un baile en Castro Urdiales. La espiral de violencia no hizo sino crecer desde entonces: tras el asesinato en la capital del falangista José Olavarrieta en la noche del 5 de mayo, una hora más tarde la represalia fulminante de la potente Primera Línea de Falange dirigida por José María Alonso Goya y el jefe provincial interino Martín Ruiz Arenado hirió de gravedad a cuatro socialistas en el bar «La Navarra» de Astillero. A las 20.15 fue herido un falangista antiguo cenetista, y a las 2.30 se tiroteó a cinco comunistas en el «Café Español» de Santander, hiriendo a dos de ellos. La Casa del Pueblo proclamó la huelga general de 24 horas y la Policía detuvo a varios elementos significados de FE, entre ellos los presuntos integrantes del grupo pistoleril. La tensión alcanzó tal extremo que algunos fascistas estuvieron a punto de ser linchados por la multitud después de que un presunto falangista disparara sobre la Policía, hiriendo a dos agentes[931]. El 26 de mayo se produjo la muerte del obrero falangista Francisco Marcano en Los Corrales de Buelna, y el 31 era tiroteado en la capital el falangista Elcoiredo Vallejo Gómez. El 3 de junio, Amadeo Pico Rodríguez asesinó coma represalia a Luciano Malumbres Francés, presidente del Ateneo Popular y director del diario izquierdista La Región, resultando abatido pocos minutos después. También resultó muerto esa noche el estudiante falangista Pedro Cea Gutiérrez, por justificar en público el asesinato. Las organizaciones obreras y de izquierda proclamaron de forma fulminante la huelga general, y el gobernador civil ordenó la salida de la fuerza pública a la calle. Los tiroteos y ametrallamientos en las calles de las ciudades cántabras se hicieron crónicos hasta el mismo día del golpe militar[932]. La situación resultaba tan insostenible que el día 19, en la presentación del nuevo Gobierno, Casares se declaró «beligerante contra el fascismo» y presentó con posterioridad un nuevo proyecto de ley de actividades peligrosas y contra el terrorismo[933].

La deriva de Falange hacia el terrorismo coincidió con la adopción de una retórica abiertamente guerracivilista. El 20 de mayo, Ruiz de Alda publicó en No Importa un artículo sobre «la justificación de la violencia»:

Es indecente querer narcotizar a un pueblo con el señuelo de las soluciones pacíficas. Ya no hay soluciones pacíficas. La guerra está declarada y ha sido el Gobierno el primero en declararse beligerante. No ha triunfado un partido más en el terreno pacífico de la democracia; ha triunfado la revolución de octubre; la revolución separatista de Barcelona y la comunista de Asturias […] Estamos en guerra. Por eso el gobierno beligerante se preocupa poco de los ficheros cedistas y de la prensa conservadora: lo que absorbe su atención es el preparativo de la victoria completa. El Gobierno no pierde su tiempo en matar moscas: se da prisa en aniquilar todo aquello que pueda constituir una defensa de la civilización española y de la permanencia histórica de la Patria: el Ejército, la Armada, la Guardia Civil… y la Falange[934].

El aviador navarro recibió cientos de telegramas de felicitación, la mayoría de derechistas cada vez más radicalizados, antes de ser detenido una semana más tarde. El 17 de junio, tras una tensa sesión de Cortes donde Dolores Ibárruri evocó la supuesta implicación de Pilar Primo de Rivera en el atentado a Juanita Rico[935], la Falange vallisoletana efectuó una incursión asesinando a un izquierdista e hiriendo a otros cinco en un bar. El 19, José Luis de Arrese salió ileso de un atentado, y al día siguiente apareció en el tercer y último número de No Importa con llamamientos a la vigilancia y al combate contra las «milicias rojas[936]». En un clima prebélico, un nutrido grupo de falangistas lucenses dirigidos por su jefe provincial Mario González Zahera, atacaban la Casa del Pueblo de la villa de Sarria y proclamaban el «Estado Fascista[937]».

La reorganización clandestina del partido no se abandonó: en cartas a Onésimo Redondo y Francisco Bravo de 17 y 18 de junio, José Antonio aseguraba haber montado una red combativa de carácter completamente secreto y obediente a los designios del mando, mediante el encuadramiento de la Primera Línea en escuadras y de la Segunda Línea en células[938]. Augusto Barrado, miembro de la Junta Política, dijo a Fernández-Cuesta que Falange disponía a principios de julio de unos 3000 hombres de Primera Línea[939]. Por esas fechas, el partido había sufrido aproximadamente la baja número 70 desde su fundación y se responsabilizaba de un número similar, si no mayor, de asesinatos políticos. El día 3 de julio era asesinado un joven de 18 años hijo del empresario del circo Price y al parecer simpatizante falangista, y en el atardecer del día 4, la Primera Línea madrileña se vengaba del atentado mortal sufrido el día anterior por sus camaradas Miguel Arrióla y Jacobo Galán tiroteando un local socialista en la calle Gravina, y dejando como saldo tres socialistas muertos y siete heridos. Ese mismo día fue hallado en la carretera de Toledo el cadáver del capitán retirado Justo Serna Enamorado, al parecer también vinculado a FE, que al día siguiente sufría la detención de 110 afiliados. Para esa fecha, más de 2000 falangistas estaban presos en toda España[940]. El día 11, durante un nuevo registro efectuado en la sede madrileña del partido, la Policía halló varias pistolas y diversos documentos sobre las actividades ilegales de elementos falangistas y monárquicos, y efectuó más detenciones. Esa misma noche, una escuadra falangista dirigida por Manuel Ortuño se apoderó durante cinco minutos de la emisora Unión Radio Valencia, desde donde difundió un breve mensaje en el que se proclamaba la inminencia del triunfo de la revolución nacional-sindicalista. A pesar de las palabras tranquilizadoras del alcalde y gobernador civil, la alarma cundió en la ciudad levantina, y unos dos millares de personas tomaron su venganza particular, asaltando la sede de la DRV, la Cámara Patronal y los periódicos derechistas Diario de Valencia y La Voz Valenciana[941].

En la noche del día 12 se produjo un crimen de no poca trascendencia: tras, al menos, dos intentos fallidos, unas ráfagas de pistola ametralladora alcanzaron en la calle de Fuencarral al teniente de la Guardia de Asalto José del Castillo, instructor de las milicias socialistas. Éstos y los comunistas acusaron a Falange, ya que resultaban de dominio público las amenazas lanzadas contra Castillo como presunto autor de la muerte de Andrés Sáenz de Heredia, primo de José Antonio, en la manifestación del 16 de abril. El 13 de julio, el subsecretario de Gobernación Bibiano Fernández Osorio y Tafall anunció que se habían practicado algunas detenciones, entre ellas las de diecinueve afiliados a RE, y revelaba que «el teniente Castillo estaba sentenciado desde hacía tiempo por elementos fascistas[942]». Payne asegura que fue asesinado por pistoleros de la UME, pero no aporta ninguna prueba de ello[943]. Por último, Gibson acusa a los requetés de Madrid, empeñados en vengar la agresión al tradicionalista Llaguno en la algarada del 16 de abril[944].

El velatorio de Castillo degeneró en un auténtico motín interno en la Guardia de Asalto, con unos grupos dispuestos a tomar represalias y otros, vinculados a Muñoz Grandes (miembro cualificado de la Junta de conspiración establecida en Madrid), que se negaban a salir hasta conseguir la intervención de un Juez especial[945]. En nombre de la UMRA, Urbano Orad de la Torre remitió una carta al oficial Manuel Díaz Criado, de la UME, en la que le advirtió que «si volvía a tener lugar otro atentado semejante, replicaríamos con la misma moneda, pero no en la persona de algún oficial del ejército, sino en la de algún político[946]». Después de una tensa entrevista del ministro de la Gobernación Juan Moles con una delegación de oficiales de Asalto en la noche del 12 de julio, se les otorgó autorización para efectuar las acciones preventivas que estimaran pertinentes. Esa noche se detuvo a significados falangistas de acción, como el conde de Montarco, Raimundo Fernández-Cuesta y Fernando Primo de Rivera, junto a otros militantes que pululaban por las calles en grupos de cuatro o cinco a la espera de un movimiento subversivo que se creía inminente. Pero el hecho más decisivo fue la conjura de un grupo de la 2.ª Compañía Especial de Asalto para vengar la muerte de Castillo: acompañados por miembros de la Juventud Socialista Madrileña y de la FUE, intentaron arrestar a Gil Robles, pero al no encontrarlo en su domicilio efectuaron la ilegal y arbitraria detención y muerte de Calvo Sotelo[947]. El día 13, el gobernador civil de Madrid, Francisco Carrera Reura, publicó un bando que incluía una serie de medidas draconianas, como la detención de personas o grupos revoltosos, el registro de sus domicilios, la clausura de los centros de asociaciones cuyo funcionamiento se estimara peligroso para la causa del orden, las concentraciones y manifestaciones callejeras y la previa censura de impresos[948]. Aunque en su declaración oficial el Gobierno reiteró su execración de estos hechos, y afirmaba su propósito de

[…] utilizar todos los recursos que la Ley de Orden Público pone en sus manos, sin distinción de ninguna especie, aplicándolos con la intensidad necesaria allí donde al mal se produzca y sea cualquiera la filiación de sus autores o de sus inspiradores[949],

la extrema derecha se dispuso a precipitar el levantamiento militar con una postrer escalada de violencia. José Vegas Latapié, teniente de Ingenieros en el regimiento de Transmisiones de El Pardo, comunicó a su hermano Eugenio que la oficialidad estaba dispuesta a asesinar a Azaña la misma noche del día 13[950]. Sin embargo, en el entierro de Calvo Sotelo, el dirigente tradicionalista Aurelio González de Gregorio transmitió la orden de evitar todo incidente, pues había que «ahorrar fuerzas» para el inminente golpe de Estado. También los jefes de las milicias de RE recomendaron ir sin armas. Con todo, un tiroteo en las cercanías de la calle Goya produjo nuevas víctimas. Se ordenó el acuartelamiento de tropas y corrieron rumores sobre la constitución de un nuevo gobierno con plenos poderes y la clausura de las Cortes[951].

El asesinato de Castillo convenció a los militantes izquierdistas más recalcitrantes de la necesidad de actuar contra la amenaza fascista con sus propias armas y sin la aquiescencia gubernamental, mientras que la muerte de Calvo Sotelo fue para la derecha una útil justificación del inminente golpe, y un acicate para cerrar los últimos compromisos insurreccionales. El día 15, en la última sesión de la Diputación Permanente de las Cortes, los representantes del Bloque Nacional definieron el asesinato Calvo Sotelo como «crimen de Estado» antes de retirarse, y Gil Robles responsabilizó al Gobierno del estado de tensión preinsurreccional que, en su opinión, había motivado la muerte del líder derechista[952].

El ambiente de guerra civil estaba más en el aire que nunca.

La culminación del discurso catastrofista de los líderes políticos

y el mito del «golpe comunista».

La insurrección de julio de 1936 no fue sólo el resultado de la vulnerabilidad del régimen republicano o de la capacidad organizativa de los grupos de la derecha, sino también el fruto de la construcción cultural de la contrarrevolución. La justificación de la rebeldía ante un pretendido estado de necesidad y el mito del golpe comunista fueron exponentes señeros de un proceso de enmarcamiento cultural que permitió a la derecha concitar adhesiones para incitar a la movilización electoral y emprender luego la acción contrarrevolucionaria[953]. La definición e identificación, por parte de los portavoces de la derecha, del Frente Popular como caos o tiranía, cuyo programa político actuaba por acción u omisión como antesala de la revolución comunista, tuvo la virtualidad de generar, atizada por el miedo, el clima cultural necesario para desencadenar el enfrentamiento civil. En el caso de la resistencia a la tiranía, se había operado un significativo cambio: si en los primeros años de la República la derecha clerical la había interpretado como reacción de salud pública frente a un régimen ilegítimo de origen, la participación de la CEDA en el gobierno entre octubre de 1934 y diciembre de 1935 había erosionado esta argumentación en la percepción política de gran parte de la derecha sociológica adscrita a las tesis accidentalistas. De modo que durante el Frente Popular los voceros de las distintas formaciones de derecha destacaron la ilegitimidad de ejercicio del régimen republicano a través de la denuncia de dos aspectos clave e íntimamente relacionados en el torturado imaginario del conservadurismo español de los años treinta: su incapacidad para resolver el problema del orden público y su papel como antesala de una acción revolucionaria de tipo comunista. Estos procesos de enmarcamiento serían básicos para conseguir la movilización de amplia base que dio cobertura al golpe de Estado del 18 de julio y legitimó a posteriori al régimen franquista.

Tras la derrota en los comicios de febrero, la prensa monárquica no cesó de atizar el espectro de la revolución, vinculándolo al de la guerra civil. En su opinión, la táctica gilroblista no había hecho sino esterilizar el triunfo de las derechas en 1933 y conceder a la revolución el tiempo necesario para reponerse del golpe sufrido en 1934. Se imponía una nueva actuación que abandonase el «retrasado concepto sobre la legalidad» que defendían los dirigentes cedistas, que no era «lo que exige en nuestra época la lucha contrarrevolucionaria[954]». Resultaba imperativo adoptar una nueva estrategia, esta vez inequívocamente reactiva:

O rinde España un supremo esfuerzo, sumando las energías de todos sus ciudadanos o desaparece como nación, sepultada bajo la ola roja de Moscú, cuyas primeras víctimas serían precisamente los ciudadanos que aún intentan en vez de combatir, contemporizar con la revolución[955].

Fue entonces cuando el discurso político de las derechas, que no habían tenido reparo en hablar de «contrarrevolución» y «reacción» durante la campaña electoral, alcanzó su caracterización definitiva, que mantendría durante la guerra y la posguerra. Un discurso beligerante basado en la maniquea contraposición de símbolos: «civilización o barbarie», «por España o por Rusia», «la bandera española contra la bandera roja», «cruz por un lado, de otro, la hoz y el martillo», «el voto contra el puño», etc[956]. La inculcación de un ambiente guerracivilista que comprometiera y destruyera la normalidad democrática fue su principal misión. Como reconoció el activista monárquico Jorge Vigón:

En los últimos años de la Segunda República había aquí muchas gentes que se resistían a entender que estábamos ya en guerra civil: algunos lo decíamos, pero apenas nadie aceptaba la idea; donde unos cuantos veíamos las típicas acciones de extrema vanguardia que conducen a la toma de contacto de dos ejércitos, los demás se obstinaban en ver solamente atentados, represalias y contrarrepresalias. Parecían afectados de una ceguera irremediable que le colmaba a uno las medidas de la irritación. Y los mismos que mataban y morían se imaginaban protagonistas de episodios anormales de una lucha política muy corriente[957].

Esta tarea de ruptura de la normalidad a través de la difusión de un discurso catastrofista fue la tarea prioritaria de los portavoces más cualificados de la extrema derecha, que con la inestimable ayuda de los parlamentarios frente-populistas más radicales convirtieron las Cortes en todo lo contrario a un espacio simbólico de argumentación, conciliación y deliberación. El Congreso se erigió en caja de resonancia que amplificaba los antagonismos que fraccionaban al conjunto de la sociedad, de suerte que la Guerra Civil se declaró antes en el Parlamento que en la calle[958].

Tras la estrepitosa derrota electoral de Gil Robles, la pérdida del acta por Goicoechea y la entrada en la cámara de una decena de parlamentarios de obediencia bloquista, Calvo Sotelo se convirtió en el más influyente portavoz de la derecha antirrevolucionaria, y transformó su escaño en altavoz de una propaganda violenta destinada a preparar el ánimo de las masas derechistas para el golpe de Estado que se avecinaba. Desde el primer momento, el antiguo ministro de la Dictadura mantuvo en las Cortes una actitud francamente provocadora: el 15 de abril, tras los incidentes ocurridos el día anterior en el Paseo de la Castellana, expuso de forma bastante sesgada la cuestión del orden público, relatando de forma prolija supuestas violencias políticas mezcladas de forma deliberada con conflictos sociolaborales e incluso delitos comunes, e intentó justificar con todo ello una política contrarrevolucionaria que se plasmaría en la instauración de un «Estado autoritario y corporativo[959]». Dos días más tarde, los principales diarios conservadores reprodujeron su prolija relación de los supuestos incidentes violentos protagonizados por la izquierda, entrando conscientemente en el juego de denuncias y aliento de los desórdenes callejeros mantenido por la extrema derecha durante toda la primavera[960]. El embajador norteamericano Claude Bowers explicó muy gráficamente la estrategia desarrollada por la prensa ultraconservadora:

Todos estos incidentes eran cuidadosamente y sistemáticamente compuestos diariamente y publicados en los periódicos antidemocráticos bajo un titular permanente: «Desórdenes sociales en España». La prensa extranjera daba la mayor importancia a esto. Era como si en los Estados Unidos, por ejemplo, todas las peleas, todas las muertes, todos los robos, crímenes, huelgas, no importa lo insignificante que fuesen, se anotaran y se publicaran en la primera página del The New York Times bajo el título permanente: «Desórdenes sociales en los Estados Unidos[961]».

Todo parece indicar que las denuncias y recuentos de desmanes expuestos por Calvo Sotelo y Gil Robles en el Parlamento procedían de una red de informadores establecida ex profeso por los partidos de derecha[962]. Durante esa primavera reaparecieron en la prensa conservadora secciones tituladas «Alteraciones de orden público», «Síntomas», «Cuestiones sociales», «Conflictos de trabajo», etc., que magnificaban todo tipo de desorden público[963]. Los voceros de la derecha más radical denunciaban el deterioro constante del principio de autoridad debido a la ausencia de un gobierno fuerte que controlase los excesos de las masas, ya que las autoridades locales y provinciales campaban por sus respetos sin acatar las órdenes superiores, con el apoyo de las «milicias socialistas[964]». El día 26 de abril, en una entrevista concedida al diario ABC, Calvo Sotelo volvió a exponer la alternativa maniquea que se cernía sobre España: o el comunismo o un Estado «nacional» que en su boca adquiría caracteres marcadamente totalitarios[965]. Sin embargo, el 11 de julio opinaba en un periódico bonaerense que, a pesar del aumento de las huelgas, había menos riesgo de que se produjese otra insurrección izquierdista del que había existido en el mes de febrero, ya que ninguno de los partidos revolucionarios estaba planeando semejante actuación para un futuro inmediato:

Sinceramente lo digo, sólo por una traición criminal de algún partido gobernante podría encaramarse al poder el marxismo. Y aun así sería fugaz el éxito. Son significados marxistas los primeros en dudar del mismo y aún en desear sigilosamente que no se produzca[966].

El 19 de mayo, la declaración de beligerancia antifascista del nuevo primer ministro Casares Quiroga motivó una airada réplica del dirigente monárquico: en su opinión, el Gobierno no podía ser beligerante, sino

[…] aplicar la ley inexorablemente a todos. Pero el Gobierno no puede convertirse en un enemigo de hombres, de compatriotas, cualquiera que sea la situación en que éstos se coloquen, porque para castigar la delincuencia existen leyes y un Poder Judicial, que es el encargado de aplicarlas y de sancionar a los que las infringen.

Para el líder bloquista, «un general […] sería siempre un dique magnífico, probablemente irrebatible, contra la anarquía». Acto seguido, y tras solicitar la adopción en España de las medidas económicas corporativas italianas y alemanas, mantuvo un violento incidente con el diputado socialista santanderino Bruno Alonso, a quien insultó gravemente, y concluyó con un llamamiento al deber patriótico del Ejército frente a hipotéticas asechanzas antinacionales[967].

El 16 de junio, en otro histórico debate sobre el orden público, Gil Robles desgranó otra prolija relación de actos violentos provocados supuestamente por la izquierda[968], e interpeló al Gobierno para que arbitrase las «medidas necesarias para poner fin al estado de subversión en que vive España». En esa misma sesión, Calvo Sotelo achacó al Frente Popular «el 60% del desorden público», para acabar propugnando de nuevo un Estado autoritario donde no se permitieran huelgas ni lock-outs: «A este Estado llaman muchos Estado fascista, pues si ése es el Estado fascista, yo, que participo de la idea de ese Estado, yo que creo en él, me declaro fascista». Esta declaración, no por evidente, dejó de indignar a las izquierdas, pero fue su indirecta y famosa invocación al Ejército[969] la que motivó una enérgica respuesta del presidente Casares, quien le responsabilizó de futuras intentonas golpistas, reproche que éste aceptó, ya que, ante la conciencia de la debilidad de los monárquicos, intentaba atraer al Ejército hacia posiciones afines, afirmando que España podría salvarse de esta situación con un régimen autoritario y corporativo, cuyo primer paso sería una dictadura provisional apoyada por las fuerzas armadas. Éste fue uno de sus últimos llamamientos a un proceso instauracionista gradual mediante una intervención militar de titularidad no necesariamente monárquica. Pero consignas como ésta, que habían sido repetidas por Calvo Sotelo en los meses anteriores, se hallaban camino de materializarse un mes después a través de un golpe de Estado al que no pudo asistir.

Su último desplante lo realizó en la sesión del 1º de julio, cuando abundó en su conocida tesis de que el fascismo era una reacción instintiva de la burguesía contra la inminente revolución marxista y su peligro de proletarización. En actitud desafiante afirmó que la derecha no permitiría ensayos izquierdistas y que implantaría un Estado corporativo. En ese momento fue interrumpido por un formidable escándalo y el antiguo Director General de Seguridad Ángel Galarza aseveró que «contra el Sr. Calvo Sotelo toda violencia es lícita», frase que el presidente de la Cámara Martínez Barrio solicitó que fuera borrada del acta de la sesión[970].

Estas diatribas, que coincidieron con el agravamiento del problema del orden público, hicieron mella entre los republicanos más conservadores. En el transcurso de las conversaciones para establecer una «gran coalición» de gobierno, algunos participantes llegaron a la conclusión de que la única salida era la proclamación de una dictadura republicana en el sentido de la suspensión por un plazo limitado de las garantías legales que permitiera a un gobierno de amplio espectro restablecer el orden y conjurar la crisis para luego volver a la normalidad[971]. El 25 de mayo, el PNR de Sánchez Román estuvo a punto de proponer la constitución de un gabinete de concentración que gobernase por decreto con las Cortes cerradas, disolviera todas las organizaciones que pusieran en peligro la unidad y la seguridad de la República, reprimiera toda incitación a la violencia con la exigencia de responsabilidades a los líderes que sí lo hicieran, e impusiera el desarme general y la exigencia a las autoridades locales del cumplimiento de las leyes, quitando a los alcaldes las competencias de orden público si ello fuera necesario[972]. Hacia el 12 de junio circularon insistentes rumores sobre el otorgamiento al gobierno de Casares de poderes excepcionales.

En este ambiente de revisión autoritaria de la República, que coincidió con el trasvase hacia la conjura dirigida por Mola de importantes generales fieles al régimen pero contrarios al gobierno, se enmarcó la iniciativa de dictadura republicana propuesta por Miguel Maura en una serie de seis artículos que, con el título genérico de «La República en lo presente y en lo por venir», aparecieron en El Sol del 18 al 26 de junio[973]. Maura criticaba el carácter parlamentarista, ultraliberal, demagógico y sectario de la Constitución de 1931, y achacaba la falta de diálogo político a la abrumadora mayoría izquierdista de las Cortes Constituyentes, que prescindió de la opinión adversa y desató la consiguiente campaña de desobediencia y subversión del régimen republicano. Ante el sectarismo imperante en el Frente Popular, no veía otra salida que su destrucción por agotamiento y su sustitución por un régimen más «moderno»: una dictadura republicana que, apoyada en extensas capas sociales, estuviese regida por «republicanos probados» que asumieran poderes extraordinarios como «derecho de legítima defensa» frente a una posible amenaza revolucionaria o fascista. La principal función de este gobierno autoritario que autolimitaría sus poderes como hizo el Gobierno Provisional, sería «el restablecimiento integral de la disciplina en todos los sectores de la vida nacional», que lo identificaba con el mantenimiento del orden público[974]. Un precedente ominoso era la asunción de poderes extraordinarios por parte de los gobiernos presidenciales de Brüning, Von Papen y Von Schleicher durante la etapa final de la República de Weimar, antesala de la «ley de plenos poderes» que el 23 de marzo de 1933 puso fin de hecho al régimen democrático alemán. Había pocas dudas de que Maura se estaba postulando como el Von Papen de esta involución democrática, pero su programa político resulta sospechosamente similar al que en ese momento estaba diseñando Mola.

Estas propuestas de «blindaje» autoritario de la República no coincidieron con una etapa de relajación de los resortes legales del orden público, sino todo lo contrario. Los sucesivos gobiernos frentepopulistas prorrogaron de forma sistemática el estado de alarma proclamado por Pórtela el 17 de febrero, hasta el extremo de que la totalidad de los 151 días que mediaron entre la toma del poder por Azaña y la dimisión de Casares Quiroga transcurrieron con los principales derechos cívicos y políticos en suspenso en la totalidad del territorio nacional[975]. Los portavoces de las derechas habían aprovechado precisamente los debates sobre prórroga de los estados de alarma para denunciar de forma sucesiva, el 15 de abril, el 16 de junio y el 15 de julio, el deterioro de la autoridad gubernativa a nivel estatal, aireando una serie de estadísticas violentas de dudoso rigor y veracidad. En la dramática reunión de la Diputación Permanente de las Cortes celebrada el 15 de julio, Gil Robles añadió 64 muertos y 224 heridos más a los datos fechados desde su última intervención parlamentaria hasta la muerte de Calvo Sotelo, y argumentó de este modo su oposición a avalar la prórroga del estado de alarma:

La suspensión de garantías constitucionales tiene dos finalidades muy claras, encaminadas al mantenimiento del orden público, incluso tal como lo define nuestra ley orgánica en la materia, que dice: «Se garantizan los derechos cívicos, políticos, sociales e individuales de los españoles», y para garantizar también el normal funcionamiento de los organismos del Estado. Si no sirve para cumplir estas dos finalidades, el estado de alarma no puede tener la menor justificación. Si el estado de alarma no tiene eficacia para garantizar los derechos de los ciudadanos y el normal funcionamiento de los órganos del Gobierno, el estado de alarma, resorte normal y legítimo de todos los gobiernos, se convierte en una facultad abusiva[976].

Nunca se sabrá con qué métodos democráticos pensaba la derecha accidentalista, embarcada de lleno en la conspiración, resolver el tan traído y llevado problema del orden público. Lo que resultaba evidente era que, a tenor de las grandes movilizaciones observadas durante esos meses, el Gobierno no quiso o no pudo aplicar una política estrictamente represiva que hubiese incrementado el malestar de las masas obreras y justificado una involución en sentido conservador (al estilo de la que propuso Miguel Maura en sus artículos de El Sol) e incluso contrarrevolucionario (como la que acabó por producirse el 17 de julio), y consideró que una gestión del orden público basada en una coacción moderada y selectiva y en la concesión rápida de reivindicaciones sociales podía estabilizar la República con apoyo del ala más moderada del PSOE[977].

Una de las bazas justificativas del golpe militar de julio fue la afirmación de la existencia de un completo plan insurreccional que debía estallar el 1 de agosto. Esta falsedad era el fruto tardío de una extensa maniobra de intoxicación de la derecha española, enfrascada en la tarea de difundir consignas y rumores de amenaza revolucionaria que propiciaran el clima moral para una insurrección y, una vez desencadenada ésta, justificaron la actuación del bando rebelde durante la Guerra Civil[978].

Como ha destacado Hugo García[979], la forja a escala continental del mito político del «peligro comunista» tuvo lugar inmediatamente después del triunfo bolchevique en Rusia, pero en España cobró un nuevo empuje a partir de 1933 por varias circunstancias: en primer lugar, la rapidísima transformación en sentido autoritario que Alemania sufrió desde la llegada del nazismo al poder en enero de ese año fue justificada, tras el incendio del Reichstag el 27 de febrero, como respuesta a la amenaza de una presunta insurrección comunista[980], y así fue aceptada por la prensa conservadora española. El octubre asturiano ofreció una nueva oportunidad de agitar el peligro que entrañaba el comunismo identificado con la «anti-Patria», en sintonía con la campaña sobre las atrocidades perpetradas por los revolucionarios que lanzó la prensa derechista desde la derrota de la insurrección obrera, que quedó silenciada en parte con la imposición de la censura previa de prensa y fue revitalizada en el contexto favorable que brindó la campaña electoral de enero-febrero de 1936. En ése ambiente de paranoia antirrevolucionaria se enmarca la difusión de las primeras teorías sobre la existencia de un complot masónico-bolchevique que se deben ubicar en la más rancia línea del antisectarismo reaccionario[981]. La firma del pacto franco-soviético en mayo de 1935 y la celebración del VII Congreso de la Komintern tres meses más tarde dieron nuevos impulsos a la campaña anticomunista de las derechas españolas, que contemplaron la evolución hacia la unidad de las izquierdas en Francia y en España como un proceso de convergencia revolucionaria que obligaba a los grupos conservadores de ambos países a afrontar un peligro común. Desde ese momento, la prensa derechista de uno y otro lado de los Pirineos denunció la política frentepopulista como un simple «Caballo de Troya» soviético. Tras las elecciones de febrero, esta idea quedó ampliamente reflejada en las páginas de diarios como ABC, que mantuvieron el tema de la amenaza bolchevique en la agenda política española hasta más allá del estallido de la Guerra Civil[982]. Toda esta campaña estaba perfectamente sintonizada con el catastrofismo parlamentario de los voceros más cualificados de la extrema derecha. Después de que Azaña criticara el 4 de abril a los «propaladores de rumores», y calificara de «patraña» la posibilidad de una inminente insurrección de cuño marxista, Calvo Sotelo hizo suyas las tesis del «peligro comunista» y de la identidad del Frente Popular con los intereses soviéticos, precisamente en los mismos discursos parlamentarios en los que denunció el deterioro del orden público[983]. Justo por esas fechas, y pocas semanas después de que la prensa obrera acusase a la CEDA de estar preparando grupos paramilitares para desestabilizar la situación, El Debate hizo públicas unas supuestas órdenes dictadas por la Komintern, en las que instruía al campesinado para formar destacamentos que se enfrentaran al Ejército y la Guardia Civil en estrecho contacto con una «guardia roja ciudadana[984]». La proliferación en abril de falsos panfletos que contenían planes detallados de una revolución izquierdista, con listas negras de derechistas a eliminar, fue denunciada desde el momento de su aparición por periódicos como Claridad[985], aunque fue Herbert R. Southwort quien reveló este engaño en varias obras y artículos publicados en los años setenta y ochenta[986], que muestran el recorrido realizado por tres de estos documentos (el «Informe Confidencial n.º 3» sobre los pormenores de una sublevación a iniciar en Madrid entre mayo y junio de 1936; el «Informe Confidencial n.º 22» que incluye una lista de integrantes del Soviet Nacional presidido por Largo Caballero y el «Informe Reservado» de una reunión preparatoria del golpe celebrada en Valencia en mayo entre un delegado de la Komintern y representantes del Comité Revolucionario español) desde su elaboración por Tomás Borrás y su remisión por Frederick Ramón Bertodano y Wilson, marqués del Moral, al Foreign Office (que ya entonces los calificó de poco fiables) en agosto de 1936, hasta su publicación en numerosas obras dedicadas a los antecedentes y desarrollo de la guerra, que incurren en contradicciones reiteradas sobre su autoría y localización[987].

El mito del golpe comunista, que había migrado desde Alemania a España, llegó a Francia ese mismo verano con intenciones también desestabilizadoras: de noviembre de 1936 a enero de 1937, la página militar de L’Action Française consagró una serie de artículos a la «autodefensa» en caso de guerra civil contra los «rojos», y mostró unos supuestos planes comunistas para la neutralización del Ejército calcados de la mistificación española. Con ellos, la sociedad secreta ultranacionalista Cagoule trató de justificar una movilización contrarrevolucionaria, pero a diferencia del caso español, la orden de movilización general dada en la noche del 15 al 16 de septiembre de 1937 quedó frustrada con el descubrimiento por parte de la Sûreté de varios depósitos de armas y con la detención el día 18 de unos sesenta cagoulards implicados en un supuesto complot que buscaba la instauración de «un régimen dictatorial que preparara la restauración de la Monarquía[988]». Para ese entonces, España llevaba más de un año envuelta en una guerra civil desencadenada en parte por la capacidad de convocatoria del discurso anticomunista, pero sobre todo por la efectiva organización de un intrincado complot militar que, de una u otra forma, implicó a todas las formaciones políticas de derecha.

La convergencia conspirativa de civiles y militares.

A la altura de febrero de 1936, y tras dos grandes intentonas subversivas fracasadas en 1932 y 1934 y multitud de conspiraciones abortadas o aplazadas, podía afirmarse que las fuerzas que desde la izquierda y la derecha pretendían un cambio violento de régimen habían llegado a un equilibrio de incapacidades que les vedaba el triunfo definitivo en esa sorda lucha por la conquista del Estado que se había abierto con bastante anterioridad a abril de 1931. Fue entonces cuando la derecha, crecientemente desunida y radicalizada tras el fracaso electoral, se dispuso a llamar en su auxilio al Ejército, mientras perfeccionaba su particular «división del trabajo contrarrevolucionario» en el parlamento y en la calle.

Un sector de las fuerzas armadas, persuadido de la incapacidad de las fuerzas partidistas para lograr la primacía en el conflicto, se estaba comportando como un actor político más. Como en las intentonas de fines de 1935 e inicios de 1936, los generales conjurados consideraron la posibilidad de una intervención «moderadora», siempre que fuera sancionada por algún tipo de autoridad civil (fuera el ministro Gil Robles, el jefe del Gobierno Pórtela o el propio presidente Alcalá Zamora) desde posiciones cercanas a la «legalidad constitucional». Sería el Ejército, o al menos parte de él, el que aglutinaría las diferentes vías conspirativas y proyectos insurreccionales civiles, que hubieron de plegarse a un plan subversivo y de reorganización del Estado formulado bajo parámetros casi exclusivamente castrenses que en un primer momento no iban mucho más allá de la proclamación de una dictadura militar en un régimen temporal de excepción. Sin embargo, esta gran coalición antirrevolucionaria se consumó en medio de grandes reticencias políticas que dificultaron la puesta en marcha de un movimiento insurreccional con visos de éxito en todo el país. Tal sería una de las razones clave del fracaso parcial de un movimiento que degeneró en guerra civil.

La confluencia de las diferentes líneas conspirativas en el seno del Ejército:

la UME, la Junta de generales y las instrucciones del «Director».

El gobierno de Azaña se dispuso a realizar una serie de combinaciones de destinos militares para conjurar la amenaza de golpe. Así, por ejemplo, el capitán Barba fue destinado a Valencia. Entonces asumieron la jefatura de la Junta Central de la UME los miembros de la Junta Divisionaria de Madrid con el coronel de Infantería Joaquín Ortiz de Zárate López como presidente y los tenientes coroneles Alberto Álvarez Rementería (Ingenieros), Agustín Muñoz Grandes (Asalto) y José Ungría (futuro jefe del SIPM en la guerra) como vocales[989]. En el ambiente de recrudecimiento de los conflictos políticos y sociales de esa primavera, la UME experimentó un notable incremento, en especial de oficiales jóvenes desengañados con la gestión de Gil Robles en el Ministerio de la Guerra y que se inscribían en la organización militar de Falange, regentada por Fernando Primo de Rivera. Desde inicios de abril, la UME se extendería desde Madrid a Barcelona, Pamplona, Zaragoza, Sevilla, Galicia, Marruecos y San Sebastián[990]. En marzo de 1936, una circular de la organización aseguraba encuadrar a 3436 oficiales, 2131 suboficiales y tropa y 1843 oficiales retirados o en la reserva[991]. Según datos más fiables, la UME agrupaba aproximadamente al 10% de la oficialidad, y porcentajes aún menores entre la suboficialidad y los jefes, aunque parece que contaba con un número mucho mayor de simpatizantes, y que poco antes del golpe encuadraba a buena parte de la oficialidad en activo, sobre todo en las DD. OO. V, VI y VIII y en zonas de la II, además de la Guardia Civil. En realidad, la afiliación se decidía más por solidaridad de cuerpo y camaradería que por verdadera vocación subversiva, y sólo una pequeña minoría estaba dispuesta a pasar de la reivindicación meramente corporativa a la decidida implicación en un complot antirrepublicano.

Los contactos de la UME con la Junta oficiosa de generales dirigida primero por Goded y luego por Rodríguez del Barrio se iniciaron incluso antes de las elecciones de febrero. El encuentro formal entre ambos grupos se produjo en enero de 1936 en casa del general Barrera, con asistencia de la Junta Central de la UME y varios delegados de divisiones orgánicas[992]. La siguiente reunión conjunta fue el célebre conciliábulo que tuvo lugar el 8 de marzo a iniciativa de Mola (de paso hacia su nuevo destino en Pamplona) en casa del oficial en la reserva y agente de cambio y bolsa cedista José Delgado y Hernández de Tejada. Allí fueron convocados ocho generales (tres en activo —Franco, Villegas y Rodríguez del Barrio—, y cinco en retiro —Fanjul, Orgaz, Saliquet, García de la Herrán y González Carrasco— y un teniente coronel: Valentín Galarza, dirigente de la UME, que centralizaría los servicios de información[993]). La entrevista duró cinco horas, y en ella la Junta discutió los planes que se habían diseñado en enero: uno centrípeto preconizado por Mola, consistente en una sublevación coordinada en provincias para converger sobre la capital, y otro centrífugo planteado en su momento por Goded, y defendido por Varela y Galarza, que pretendía irradiar la insurrección a partir de un audaz golpe de mano en los centros neurálgicos de la capital: Parlamento, Correos, Banco de España, Capitanía General y Ministerios de Marina y Guerra. Este golpe de mano fue rechazado por demasiado aventurado, y se optó por un plan de compromiso (que iniciaría Rodríguez del Barrio ocupando el Ministerio de la Guerra) sin etiqueta política determinada si el Gobierno disolvía el Ejército o la Guardia Civil, estallaba la fantasmagórica «insurrección comunista», se daba el poder a Largo Caballero o se alzaba espontáneamente alguna guarnición. El plan fue ratificado en la siguiente reunión celebrada el 17 de abril en casa del general Manuel González Carrasco[994]. También se decidió la formación de una Junta estable, constituida por los militares residentes en Madrid (Orgaz, Villegas, Fanjul, Rodríguez del Barrio, Saliquet, García de la Herrán, Kindelán, González Carrasco y Varela) bajo la jefatura nominal de Sanjurjo[995]. Éste había visitado Berlín en compañía del coronel Juan Beigbeder entre fines de febrero e inicios de marzo, manteniendo diversas entrevistas con el almirante Canaris y los agentes diplomáticos Von Faupel y Von Stohrer para la adquisición de armas de guerra[996]. Orgaz se encargaría de organizar la parte civil del alzamiento y Varela de la militar. Cuando fueron desterrados les sustituyeron Fanjul y Villegas, pero estos generales no estaban plenamente al corriente de los preparativos, que competían a los oficiales de menor graduación controlados por la UME. Franco partió de Madrid al día siguiente, no sin antes mantener nuevas reuniones conspirativas con Varela, Primo de Rivera y un grupo de monárquicos, entre ellos Sáinz Rodríguez[997].

El procesamiento de López Ochoa el 11 de marzo y la destitución de Alcalá Zamora el 7 de abril hicieron aumentar el malestar entre los militares republicanos más moderados, como su consuegro Queipo de Llano, quien decidió unirse entonces a la conspiración. El 18 de marzo, el ministro de la Guerra, general Carlos Masquelet, hubo de negar ante la prensa los rumores de agitación militar, en el preciso momento en que la UME le lanzaba un ultimátum donde se solicitaba el respeto máximo para unos militares que «alejados de toda política, sólo desean la paz pública»; el desarme por la Guardia Civil de «todas las organizaciones y sus individuos, ajenas a las instituciones armadas o policía gubernativa»; la amnistía para los militares detenidos por alteración del orden público o movimientos subversivos y su enjuiciamiento por tribunales castrenses, dándole un plazo de veinticuatro horas para el cumplimiento de estas exigencias[998].

A lo largo del mes de abril, los representantes diplomáticos acreditados en Madrid informaban de que se estaba gestando un golpe que colocaría a Alcalá Zamora o a Gil Robles al frente de una dictadura para antes de las elecciones municipales que luego fueron suspendidas[999]. La reunión celebrada en casa del general González Carrasco en La Guindalera el 17 de abril había planteado un golpe para la mañana del día 20, aunque otras fuentes hablan del 12, 14, 17 y 19 de ese mes. En Madrid se sublevarían los generales Rodríguez del Barrio (que tenía que introducir a Varela en el Ministerio de la Guerra y declarar la ley marcial en toda España) y Orgaz, además de la plana mayor de la UME. El inicio de la insurrección correspondería a la IV (González Carrasco en Barcelona) y VI D. O. (Fanjul en Burgos y Mola en Navarra, Rioja y Alta Castilla en contacto con la UME), mientras que la III (Goded en Valencia) y II (Sevilla) secundarían la acción. La VIII (La Coruña) actuaría de forma defensiva y la VII D. O. (Ponte y Saliquet en Valladolid) se encontraba dispuesta a apoyar el movimiento. Sin embargo, un sondeo elaborado por la UME constató que los oficiales peninsulares dispuestos a secundar un pronunciamiento eran muy pocos.

El día 19 se enviaron instrucciones a la Junta Central de la UME de Madrid para que las tropas quedaran acuarteladas a las órdenes de Rodríguez del Barrio, aunque la organización secreta militar no se mostró muy conforme con esta iniciativa, ya que dudaba de la capacidad de un general que se encontraba gravemente enfermo. Con todo, apoyó la movilización, al igual que hicieron las milicias de FE, el Requeté y otros grupos políticos, pero el plan fracasó por la indecisión de Rodríguez del Barrio, que comunicó la imposibilidad de ejecutar el plan a Varela, quien fue a su vez detenido. En la mañana del 19 de abril se abortó una intentona en Cuatro Vientos por la negativa del director general de la Guardia Civil, general Pozas, a secundarla. El golpe fracasó por la estrecha vigilancia policial sobre los militares conspiradores tras los sucesos del 16, las medidas punitivas gubernamentales contra la oficialidad y la puesta en guardia de las organizaciones del Frente Popular tras las enérgicas llamadas a la acción realizadas por el diputado comunista José Díaz. El fracaso de esta tentativa llenó de indignación a los falangistas y requetés implicados, y acarreó la detención de Orgaz y Varela (el primero fue enviado a Canarias y el segundo al Castillo de Santa Catalina en Cádiz), mientras que Villegas, Saliquet, González Carrasco y Fanjul eran declarados disponibles forzosos. Este último general logró, junto con Galarza, huir del acoso policial, y desempeñó desde entonces tareas de coordinación con Francisco Herrera Oria, Carlos Salamanca y Luis María de Zunzunegui, planeando junto a militares como López Ochoa un nuevo golpe de fuerza dirigido por Fanjul y Villegas para los días 10 a 11 de mayo, pero Mola, ya director efectivo de las actividades conspirativas, se negó en redondo a autorizar esta nueva aventura.

El fracaso del golpe de abril hizo que la UME perdiera definitivamente la confianza en la Junta de generales. El mismo 19 de abril, varios capitanes de la UME que representaban a las cinco guarniciones inicialmente comprometidas en el Norte (tres de Burgos, dos de Logroño, uno de Bilbao, un teniente de San Sebastián y tres capitanes de Pamplona, en especial Gerardo Diez de la Lastra) eligieron a Mola como «Director» de la conspiración para desarrollar su proyecto de levantamiento periférico[1000]. Sin embargo, la intentona de abril no había arrojado un saldo absolutamente negativo: había permitido la vinculación cada vez más estrecha de la UME a los planes de la Junta de generales, y demostrado la creciente subordinación de las organizaciones políticas a la alternativa insurreccional diseñada por el Ejército. Ello parecía evidente en el caso de RE y la CEDA, pero existían indicios para suponer una predisposición similar en Falange y el carlismo, que habían optado por colaborar de forma secundaria en la intentona a pesar de estar ultimando sus propios planes insurreccionales. Por último, y a pesar de la relegación de sus dos valedores, Varela y Rodríguez del Barrio, Sanjurjo se mantuvo como cabeza indiscutible del movimiento, asumiendo la jefatura suprema del mismo al tiempo que obtenía la jefatura oficiosa de la UME, que de esta manera se plegaba formalmente a la conspiración impulsada por los generales. En realidad, como «jefe de Estado Mayor del general Sanjurjo», Mola exigió que los altos mandos de Madrid (Saliquet, Rodríguez del Barrio, Ponte, Orgaz y González Carrasco) aceptaran de un modo expreso su dirección[1001], anulando de hecho la capacidad de iniciativa de la Junta de generales. A partir de ese momento, el «Director» elaboró detalladas «Instrucciones reservadas» de sublevación inspiradas en la actividad conspirativa de Ruiz Zorrilla sesenta años antes. El 25 de abril envió su primera directiva, donde se ordenaba que la organización se realizara en un plazo máximo de veinte días, por lo cual parece vislumbrarse la posibilidad de la nueva intentona en torno al 11 de mayo que se iniciaría en Marruecos y que en Madrid sería dirigida por Villegas y Fanjul, en coincidencia con la elección de Azaña como nuevo presidente de la República[1002]. El plan era que las fuerzas de Valencia cayeran sobre Madrid por Tarancón, las de Zaragoza por Guadalajara, las de Logroño y Navarra por Somosierra, las de Burgos y Valladolid por el Alto del León, Navacerrada y Guadarrama. En caso de fracasar, el repliegue se haría sobre el Duero primero y el Ebro después[1003].

Mola pintaba un negativo panorama de la situación política general para justificar una acción violenta y una «organización para la rebeldía» eminentemente ofensiva cuyo peso sería soportado por las Fuerzas Armadas, «conjuntamente con las aportaciones que en hombres y material y elementos de todas clases faciliten los grupos políticos, sociedades e individuos aislados que no pertenezcan a partidos, sectas y sindicatos que reciben inspiraciones del extranjero». Para ello se establecerían dos organizaciones: una civil por provincias y otra militar por Divisiones Orgánicas, en cuyas cabeceras habría un comité militar territorial formado por los jefes más caracterizados de cada arma del Ejército, o los tres militares de mayor rango si hubiese un único cuerpo comprometido. En cada provincia, el Comité civil estaría formado por «un número de miembros variables, elegidos entre los elementos de orden, milicias afectas a la causa y personas representativas de las fuerzas o entidades económicas, de composición lo más reducida posible», que actuaría como auxiliar de la rebelión militar, y organizaría Comités de partido judicial y locales. Estos Comités designarían los individuos con instrucción militar, pertenecientes o no a las milicias, que solicitarían los Comités militares para apoyar al Ejército, «en la inteligencia de que dichos individuos han de estar dispuestos a la lucha y a morir por nuestra santa causa». También se ocuparían del orden público en las poblaciones donde no hubiese fuerzas militares, y podrían delegar sus funciones en los comités de segundo y tercer orden. Tras la declaración del estado de guerra, los comités civiles y militares se podrían fusionar, y quedarían subordinados al de la capital de cada División Orgánica. Es decir, la implicación civil era esencial para el triunfo del movimiento, pero siempre en situación subordinada. Según la base 9a, los comités civiles sólo debían conocer su organización particular en cada provincia, de modo que la trama civil del golpe nunca existió por sí misma, y todo se resolvió en contactos con diversos grupos políticos de manera independiente y no orgánica[1004]. El «frente cívico-militar» defendido por autores profranquistas como Ricardo de La Cierva, no significaba sino el apoyo gregario a una intentona subversiva de corte militar, como quedaría demostrado en todas y cada una de las negociaciones que las autoridades militares comprometidas mantuvieron con los líderes políticos locales, regionales y nacionales[1005].

En la práctica, esta peculiar estructura conspirativa se fue perfilando con notables deficiencias: los comités divisionarios y de guarnición de la UME mantuvieron sus actividades solapándolas a las del comité militar o asumiendo las funciones de éste, y obteniendo de este modo cierta hegemonía sobre el delegado de Mola que ostentaba la dirección nominal de las actividades subversivas. Este tipo de confusiones y de falta de comunicación entre los altos jefes y la oficialidad de base de la UME se dio en lugares como Valencia o Barcelona, donde significativamente fracasó el golpe militar. En cuanto al ámbito civil, las suspicacias eran también intensas, y rara vez se establecieron comités o juntas estables, sino que se optó por reuniones conspirativas esporádicas en las que el enlace militar exponía un plan que debía ser aceptado por la jerarquía local, provincial y nacional de los partidos implicados, en especial Falange y la Comunión Tradicionalista, cuyos líderes se mostraban recelosos tanto de la iniciativa castrense como de la instrumentalización política que podrían los alfonsinos y los cedistas hacer del movimiento. Por todo ello, no se logró un contacto estable y unívoco entre militares y civiles, y ello puede explicar la proliferación de enviados, representantes, apoderados, agentes y enlaces que cruzaron España de punta a punta esa primavera, en una enmarañada red de vínculos más personales que políticos, circunstancia que, paradójicamente, dificultó la desarticulación de la trama.

Dejando a un lado las teóricas relaciones entre los grupos participantes en la conjura, Mola indicaba de forma meridianamente clara cuáles debían ser los métodos a emplear en la insurrección y la naturaleza del régimen resultante:

Base 5.ª-[…] Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado.

Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas.

Base 6.ª-Conquistado el Poder, se instaurará una dictadura militar que tenga por misión inmediata restablecer el orden público, imponer el imperio de la Ley y reforzar convenientemente al Ejército, para consolidar la situación de hecho, que pasará a ser de derecho[1006].

Como una premonición o un plan establecido de antemano, el 15 de mayo se produjeron graves incidentes entre militares y paisanos en Alcalá de Henares: los vecinos habían exigido el abandono de la población de dos de los Regimientos de Caballería, y los jefes y oficiales reclamaron la decisión. En la noche del 17, algunos habitantes de la ciudad intimaron a los soldados a hacer el saludo comunista. Un capitán de la 1.ª Brigada de Caballería trató de repeler la agresión a un falangista, pero acosado por manifestantes hostiles se refugió en su domicilio y disparó con un fusil de caza, provocando varios heridos antes de ver incendiada su casa. Los oficiales del regimiento insistían en salir del cuartel para dar un escarmiento ejemplar, pero el coronel Moreno se opuso con decisión, y hubo de soportar escenas irrespetuosas de sus subordinados. Al día siguiente, Casares mandó a Alcalá fuerzas de Asalto y dos generales, destituyó a los coroneles de los dos regimientos, arrestó a sesenta oficiales y transfirió la Brigada a Palencia y Salamanca por temor a una sublevación, ya que en Valladolid los oficiales del regimiento de Caballería se solidarizaron con sus compañeros. Una semana después se constituyó un Consejo de Guerra contra los dos coroneles, cinco jefes y ocho capitanes complicados en la sedición[1007].

El 25 de mayo, el «Director» esbozó en el documento «El objetivo, los medios y los itinerarios» un amplio plan estratégico de alzamientos regionales a los que seguirían una marcha sobre Madrid de las fuerzas de la periferia peninsular[1008]. A Mola no le pasaba desapercibida la importancia vital de la capital como centro administrativo y de gobierno, y hubiera preferido una conquista «desde dentro» antes que una incierta toma «desde fuera», pero tras los reiterados fracasos cosechados por los implicados de la capital, no tuvo otra alternativa que proyectar un plan de conquista del Estado que consistía en sublevar las DD. OO. V (Zaragoza), VI (Burgos) y VII (Valladolid) formando tres columnas que caerían rápidamente sobre Madrid por el Norte, encargando a las tropas de las demás divisiones que controlaran sus respectivas jurisdicciones. La VIII D. O. y la Comandancia militar de Asturias tratarían de frenar la previsible ofensiva proletaria en el Principado, y la IV D. O. efectuaría un trabajo similar enviando una columna contra Barcelona. La III (Valencia) dirigiría sus fuerzas hacia Madrid y Cataluña y de la I y II, tras las frustrantes experiencias anteriores, sólo se esperaba «una actitud de neutralidad benévola[1009]». En Madrid la guarnición intentaría enlazar con las columnas del Norte, que se precipitarían sobre la sierra.

A fines de mayo, Mola estuvo a punto de adelantar el golpe a instancia de la guarnición de Valencia, espoleada posiblemente por Barba Hernández, pero la intentona, que se había fijado para el 29, no tuvo lugar, aunque no faltaron nuevos proyectos de golpe de mano más o menos descabellados[1010]. El último día del mes, el «Director» emitió las «Instrucciones reservadas números 2, 3 y 4», que marcaban directrices sobre disposición de las columnas en marcha, normas para declaración del estado de guerra (con vivas a la «España Republicana») y plazos para la sublevación en provincias a partir del levantamiento de las guarniciones del Norte. El plan residía en transformar Pamplona en el centro del levantamiento y el «reducto inexpugnable de la rebeldía» en caso de derrota, y lograr el apoyo de Valladolid, Zaragoza y Burgos, ciudad a donde llegaría Sanjurjo para hacerse cargo del poder.

Las sospechas de las autoridades republicanas sobre los movimientos conspirativos de la guarnición de Pamplona, acrecentadas tras la desarticulación de los complots de abril y mayo y la visita a la ciudad navarra del inspector de la zona, general Juan García Gómez-Caminero, llevaron el 3-4 de junio a un precipitado viaje a la ciudad del director general de Seguridad José Alonso Mallol, quien llegó con sesenta policías y una nutrida fuerza de guardias de Asalto de Logroño, Vitoria y San Sebastián con la misión oficial de interceptar el contrabando de armas en la frontera, pero en realidad para desarticular un complot que era considerado inminente[1011]. Avisados de esta operación por el policía Santiago Martín Báguenas, tanto los conspiradores militares como los civiles dieron sensación de total normalidad y la redada resultó un completo fracaso, salvo por la detención temporal de algunos jefes del Requeté y la asignación el 4 de junio del coronel José Rodríguez-Medel (que sería asesinado el 18 de julio por sus propios hombres) para la jefatura provincial de la Guardia Civil[1012].

A inicios de junio, Mola recibió tres adhesiones muy significativas: el día 2, Queipo de Llano aceptó hacerse cargo del levantamiento en Andalucía, y hacer gestiones para la incorporación de los generales Cabanellas (jefe de la 5.ª D. O.) y Pedro de la Cerda (jefe de la 6.º D. O.), aunque este último se inhibió y fue sustituido el 13 de junio por el general Batet[1013]. Por último, Juan March, que había huido a Biarritz tras el triunfo del Frente Popular, se dedicó a conspirar directamente como banquero de los conjurados, y el 4 de junio puso a disposición de Mola la suma de 600 millones de pesetas[1014]. Al día siguiente, éste elaboró un documento eminentemente político titulado «El Directorio y su obra inicial», donde se dejaba entrever el carácter exclusivamente castrense del futuro gobierno, basado en la «defensa de la dictadura republicana» (formulada por Miguel Maura/Castelar y aceptada por Cabanellas, Queipo o Mola) bajo un régimen de excepción que intercalaba el mantenimiento de conquistas como la separación de la Iglesia y el Estado con acciones sociales de marcado tono primorriverista (erradicación del analfabetismo, absorción del paro, saneamiento de la Hacienda) e iniciativas fuertemente represivas, como la suspensión de la Constitución, la disolución de las Cortes, la exigencia de responsabilidades y la ilegalización de «todas las sectas y organizaciones políticas que reciben su inspiración del extranjero» o el restablecimiento de la pena de muerte[1015]. La implantación de un directorio totalmente militar, al estilo del de Primo de Rivera o las soluciones autoritarias portuguesa o polaca, abrió un arduo debate en el seno de la trama civil. El blindaje del Estado a través de un golpe de mano tradicional podía ser asumido por gran parte del establishment conservador ya que no se proponía subvertir demasiado los fundamentos del Estado liberal[1016], pero alteraba sustancialmente los términos que podían ser pactados con los monárquicos, en especial con los carlistas. Sin embargo, la necesidad de utilizar instrumentos modernos (movilización de masas politizadas) para ganar la ulterior guerra civil condujo a los militares a abandonar este proyecto continuista y a optar por un nuevo Estado corporativo e incorporador de masas en sentido totalizante, emparentado con el Estado Novo salazarista, el Nuovo Stato mussoliniano o el Rechtsstaat schmittiano o el Ständestaat de Dollfuss. La conjura se organizó, pues, como una auténtica reacción nacional, algo que se pretendía desde su mismo nombre («Movimiento Nacional», de amplias reminiscencias decimonónicas), como algo diferente a una militarada o un golpe de Estado convencional. Y de la guerra nacería un Estado nuevo por completo, que rompería con dos siglos de historia de España.

Ese mes de junio, Mola se reunió en Pamplona con los generales La Cerda, González Carrasco (destinado a dirigir el golpe en Valencia), Ángel García Benítez (comandante militar de Vitoria) y Gonzalo González de Lara (jefe de la XI Brigada de Infantería y comandante militar de Burgos), y decidió que en el momento en que uno de los generales considerase imprescindible, el levantamiento sería secundado por los demás, evitando que fuera iniciado de forma independiente por los oficiales[1017]. El día 20 redactaba la «Instrucción reservada número 5» y las «Instrucciones para las fuerzas de la Armada», donde alertaba del peligro que suponían dos cuerpos imbuidos aún de una fuerte impronta republicana, como era la Aviación y la Guardia de Asalto, a la que, según algunos informes llegados a Pamplona, se pretendería emplear como infantería motorizada contra el foco insurreccional navarro. Por ello, se proyectaba el sabotaje de los vehículos de transporte de las tropas leales a la República, se advertía «a los tímidos y vacilantes que aquél que no está con nosotros, está contra nosotros, y que como enemigo será tratado», y se buscaba lograr el definitivo contrapeso en la lucha que supondría el apoyo de la flota y su capacidad para transportar a contingentes militares desde África[1018]. Para el Ejército del Protectorado, y en concreto para Yagüe, fueron dirigidas el 24 de junio unas «Directivas para Marruecos», donde se le designaba «jefe de todas las fuerzas» hasta la incorporación de «un prestigioso general» (Franco) y se le advertía que el levantamiento debía emprenderse simultáneamente en todas las guarniciones, y ser «desde luego, de una gran violencia. Las vacilaciones no conducen más que al fracaso[1019]». El 23 de junio se celebró en Madrid una reunión postrera de la languideciente Junta de generales dirigida por Villegas y Fanjul. La sublevación quedó emplazada para el 10 de julio, pero fue postergada al 12 por culpa de la detención del jerarca falangista José Sáinz el día 6. Como el Ejército de Marruecos estaba de maniobras en Llano Amarillo, se aplazó de nuevo al 15, y por último al 17 de julio.

Según Busquets, por esas fechas convergieron definitivamente los tres procesos conspirativos militares: el de la UME, el de la Junta de Generales que operaba en Madrid y la conspiración organizada por Mola con base en Navarra[1020]. Pero, a fines de junio, «el director» calculaba descorazonado que sólo un 12% de los militares peninsulares simpatizaba con los conjurados, y el 1 de julio emitió un «Informe reservado» en el que manifestó su propósito de abandonar la empresa golpista después de constatar sus difíciles relaciones con las organizaciones civiles, en especial con el carlismo y Falange. Con todo, Mola ya disponía de la distribución definitiva de mandos comprometidos en las principales guarniciones: Queipo de Llano (Andalucía), Cabanellas (Aragón), Saliquet (Valladolid), González Carrasco (Cataluña), Goded (Valencia), Villegas (Madrid), Franco (África) y Mola (Burgos y Navarra[1021]). A última hora, Goded y González Carrasco permutaron sus destinos y Fanjul se encargó del alzamiento en Madrid. Se señaló la fecha del golpe para mediados de julio: primero el 12, pero ante las dificultades de última hora con los carlistas se aplazó al 14. Mola viajó a Logroño el 13 para evitar que el asesinato de Calvo Sotelo hiciera saltar a los más impacientes, ya que la Junta Central de la UME le comunicó que se levantaría, de acuerdo con FE, el día 16, aunque a última hora se fijó la rebelión en Marruecos para el 17, y de forma escalonada en la península desde el 18 al 20 de julio.

A la hora de la verdad, sólo tres de los doce generales de D. O. se sublevaron, aunque lo hicieron 20 de los 35 mandos de Brigada y 9 de los 11 jefes de Estado Mayor. En casos como el catalán o el vasconavarro, prácticamente todos los jefes y oficiales se sumaron a la rebelión. Aunque sólo constituían una parte del Ejército, los golpistas militares actuaron desde el primer momento de forma corporativa, como si de la institución militar se tratara, al estilo del pronunciamiento de Primo de Rivera, sin reparar en que no controlaban parte de los resortes del mando y que la politización había hecho mella en ellos. De modo que no se constituían una corporación como en 1923, sino un fracción política más[1022], pero contaban con la fuerza de las armas para prevalecer sobre las demás y convertirse en directores y representantes incontestados de toda la coalición contrarrevolucionaria.

¿Un «frente cívico-militar»?: el auxilio alfonsino a la rebelión.

La ruptura del Bloque Nacional por la defección carlista el 14 de abril fue un duro golpe para Calvo Sotelo. Lo que sí cambió favorablemente fueron las expectativas de los activistas adscritos a las «Guerrillas de España», que «de todas partes eran llamados, consultados, sostenidos y hasta empujados[1023]». La primera reacción de Calvo Sotelo fue sobre todo defensiva: se puso en contacto con el general Kindelán para que éste organizase unas milicias ciudadanas,

[…] con misión de oponer la violencia a la violencia en los desmanes de las turbas, amparadas por los gobernantes […] Llegamos a organizar en cada distrito de Madrid una centuria, en la que cada diez paisanos decididos estaban mandados por un jefe u oficial retirado; cada centuria estaba a las órdenes de un general o coronel. El problema de armar a estas centurias resultó arduo pero se consiguió, aunque no con armas homogéneas. Llegaron a actuar con eficacia en algún caso y salvaron de la quema algunas iglesias de Madrid y otras ciudades[1024].

Pero, incapaces de estructurar una organización paramilitar eficaz, los alfonsinos optaron definitivamente por el golpe militar clásico. Desde 1935, Valentín Galarza actuaba como enlace entre la UME y RE a través de una oficina jurídica organizada en 1933 y dedicada en apariencia al estudio de los problemas derivados de la Reforma Agraria. Por allí aparecieron Goicoechea, Sáinz Rodríguez, Sangróniz, Arredondo, Rodezno, Ruiseñada y José Antonio cuando la conspiración se puso definitivamente en marcha, es decir, hacia marzo de 1936[1025]. Los monárquicos tenían además una relación permanente con la UME, a través de Jorge Vigón, que tanto había contribuido a su aparición[1026].

Ante la evasiva actitud de Mola y la creciente influencia de Falange sobre la oficialidad joven, la mejor baza para influir en la conspiración en marcha seguía siendo Sanjurjo. El marqués de Quintanar, que mantenía desde fines de los años veinte una estrecha amistad con el marqués del Rif como vicepresidente del Consejo de Administración de la Compañía de Líneas Aéreas Subvencionadas, S. A. (CLASSA[1027]), viajó a partir de abril con frecuencia a Lisboa para entrevistarse con Sanjurjo y Salazar, quien era informado de la conspiración a través de Pessoa de Amorín, y autorizó la utilización por los sublevados de los aeródromos civiles portugueses, incluso acondicionando nuevas pistas para recibir la ayuda prometida por Berlín[1028]. El alfonsismo se limitó a hacer funciones de enlace entre los golpistas y la prestación de apoyo político y económico a través del conde de los Andes en Biarritz y el marqués de Arriluce de Ybarra en el interior[1029]. A mediados de junio, un grupo de monárquicos de Madrid puso a disposición de Sanjurjo un fondo de 300 000 pesetas para darle «seguridades[1030]».

El 26 de mayo, Mola pidió a Goicoechea que redactara el manifiesto que lanzarían sus tropas al sublevarse, y que movilizara a los militantes de RE para controlar los pasos de la sierra madrileña[1031]. El líder de RE siguió siendo el interlocutor privilegiado de las relaciones con los italianos, aunque sólo como informador de los avances de la conspiración y como delegado oficioso de Falange. En efecto, el 20 de marzo, Primo de Rivera le había pedido que asumiera su representación política e hiciera en Italia gestiones en su nombre, que algunos representantes del Gobierno fascista interpretaron como una aceptación por Falange de los planes alfonsinos de restauración monárquica[1032]. El 14 de junio, Goicoechea envió a Roma una comunicación, acompañada de la carta delegatoria de Primo de Rivera, en la que informaba de la situación interna española. El dirigente alfonsino calificaba la situación de

[…] guerra civil inorgánica y esporádica presidida por un gobierno cuyos últimos restos de energía se emplean en facilitar la obra de la revolución debilitando los organismos defensivos del Estado y persiguiendo a las mismas clases sociales que la Revolución pretende destruir.

Además de advertir de la inminencia de un movimiento insurreccional encabezado por el Ejército al mando de Sanjurjo e iniciado en las guarniciones del Norte y de Marruecos, presentaba reveladores datos sobre la labor terrorista de los grupos de derecha:

El ambiente de violencia y la necesidad ineludible de organizaría ha hecho nacer en el seno de los partidos nacionales pequeños grupos de acción directa que por atentados personales, asaltos a edificios, etc., etc., han actuado contra la revolución. Muchos de estos grupos se denominan fascistas y es notorio un gran aumento en las inscripciones de los jóvenes en las organizaciones de Falange Española. El presente escrito está hecho previo acuerdo y autorización con los jefes de Falange Española y los partidos similares del Frente Nacional.

Todos estos esfuerzos no logran, por ahora, en España la movilización de grandes masas civiles de choque por carecerse del material humano y del factor social que en otros países europeos significan las agrupaciones de excombatientes. Ha de ser pues, en España, el Ejército quien, lo mismo que en el siglo pasado con sus pronunciamientos, realice este movimiento de recuperación por la violencia a la que le impulsa de un modo exasperado toda la sociedad española situada en contra o al margen del Frente Popular.

Existe una vasta organización de carácter patriótico y nacionalista en el Ejército que ha sido formada, orientada políticamente en sentido antidemocrático y costeada por nosotros durante estos últimos años. Para la realización urgente de un golpe de Estado con las máximas garantías de éxito necesitaríamos una rápida ayuda de un millón de pesetas como mínimum[1033].

Estos documentos, en los que se rogaba un rápido reconocimiento diplomático de la nueva situación, fueron remitidos el 23 de junio por el coronel Raffaele Senzadenari al ministro de Asuntos Exteriores, pero Ciano, recién nombrado para ese cargo, no estaba informado de los antecedentes y, quizás influido por el escepticismo del nuevo embajador en Madrid Orazio Pedrazzi, denegó la ayuda económica solicitada por Goicoechea. El gobierno fascista, que acababa de superar la crisis internacional suscitada por la invasión de Abisinia, se inclinaba a la benevolencia hacia el gobierno del Frente Popular, y rechazó las peticiones de ayuda enviadas por los conspiradores españoles entre marzo y julio de 1936. Sin embargo, el triunfo del Front Populaire francés y la constitución del gabinete Blum el 4 de junio lo trastocó todo. Como explica Ennio Di Nolfo,

El dictador fascista se movía por el miedo a que los líderes españoles del Frente Popular y los nuevos líderes franceses del Frente Popular crearan un nuevo bloque filocomunista que, respaldado por la alianza entre la Unión Soviética y Francia, y que gracias a la convención de Montreux podría operar en el Mar Mediterráneo, paralizara las aspiraciones mediterráneas italianas[1034].

Fue entonces cuando, ante la inminencia de la sublevación, Mussolini decidió hacer honor a sus compromisos anteriores y acudir en apoyo de los rebeldes.

Calvo Sotelo había permanecido por mucho tiempo al margen de las tramas de la Junta de generales y de Mola, aunque mantuvo contactos con los generales Fanjul y Villegas y con miembros cualificados de la UME como el coronel Orriz de Zárate, Bartolomé Barba y el teniente coronel Álvarez Rementería, además del teniente coronel Galarza (que recibía de los monárquicos mil pesetas mensuales para su labor en el Ejército) y del comisario Santiago Martín Báguenas, especialmente en los preparativos finales del alzamiento en Madrid[1035]. Su labor se centró en la coordinación de los elementos civiles, y a tal fin se mantuvo en contacto con los tradicionalistas a través de Joaquín Bau. También informó a Gil Robles en casa de Juan Pujol y a Joan Ventosa en el Hotel Ritz de las actividades subversivas iniciadas, y con su aquiescencia se reiniciaron las consabidas colectas entre los monárquicos exiliados para impulsar la organización clandestina[1036]. En carta fechada el 13 de junio, Calvo Sotelo se mostró completamente de acuerdo en la iniciativa militar del movimiento, y sólo pidió «conocer el día y la hora para ser uno más a las órdenes del Ejército[1037]». Un mes antes del golpe, Manuel Aznar aseguró haberle oído decir:

La guerra civil que se avecina no será una lucha fácil ni un golpe de mano cuartelero. Si conseguimos que 30 000 jóvenes de España, 30 000 muchachos ardorosamente nacionales, se unan al Ejército, nos habremos salvado. Si no sucede así, podremos considerarnos inevitablemente perdidos[1038].

A comienzos de junio, Mola estableció contacto con Calvo Sotelo a través del director del Diario de Navarra Raimundo García, Garcilaso, a quien informó de sus propósitos y le advirtió de que no iba a comprometer la trama conspirativa favoreciendo a una opción política determinada. El 10 de julio se recibió en Pamplona la respuesta de Calvo Sotelo anunciando de forma oficial la adhesión de RE[1039], y siguió participando activamente en los preparativos en Madrid hasta su asesinato el 13 de julio. Los monárquicos habían apelado al Ejército de forma directa, y el broche final de su campaña de deslegitimación de la República fue paradójicamente el asesinato de Calvo Sotelo.

Inmediatamente después del estallido de la guerra, Goicoechea, Sáinz Rodríguez y Yanguas esperaron en vano a Sanjurjo, que en su opinión les podría catapultar hacia un gobierno puente en dirección a la Monarquía[1040]. Pero el líder indiscutido del movimiento falleció el 20 de julio en Estoril durante la maniobra de despegue en la avioneta pilotada por el inevitable Juan Antonio Ansaldo, y con él desaparecieron buena parte de las esperanzas de predominio político de los alfonsinos, que se dispusieron a ayudar en lo posible al esfuerzo de guerra y a dificultar la hegemonía de otros grupos, como Falange y la Comunión Tradicionalista. Evidentemente, RE no llevó la iniciativa en la conspiración y la insurrección de 1936, pero su apoyo al Ejército fue, al contrario que otras fuerzas políticas, incondicional desde el primer instante, confiados como estaban en que las Fuerzas Armadas propiciaran el proceso restauracionista.

La trayectoria del alfonsismo durante la República es una suma de éxitos y fracasos. RE nunca había abrigado esperanzas de que la vuelta a la monarquía se realizara con la aquiescencia de las masas o por un acto insurreccional realizado con fuerzas propias. Su estrategia se centró en tres campos: ideológicamente logró elaborar un completo corpus doctrinal encaminado a la rebeldía contra el régimen republicano, pero su intención de preparar el imprescindible clima de opinión favorable al alzamiento militar no se había logrado sino de forma muy incompleta. Políticamente había propugnado la suma o tutela de otras fuerzas políticas mediante proyectos como la «federación de derechas» de Goicoechea en 1932-33 o el Bloque Nacional de Calvo Sotelo en 1934-36, pero el progresivo alejamiento del tradicionalismo desde mediados de 1934 y la sistemática negativa de la CEDA a apoyar un programa contrarrevolucionario explícito frustraron la tan ansiada creación de un frente antirrepublicano. Por último, en el plano insurreccional, había buscado la instrumentalización de organizaciones que aportaran el necesario potencial subversivo. De ahí los azarosos intentos de capitalización ideológica del 10 de agosto, la búsqueda insistente de un pacto estable con el tradicionalismo, el temporal control del aparato paramilitar de FE, la creación frustrada de unas milicias apoyadas por tradicionalistas y albiñanistas, y el apoyo económico y la impregnación ideológica de la UME. Las vinculaciones conspirativas con el régimen italiano resultaron de enorme utilidad para los facciosos durante la guerra, y sus justificaciones teóricas de la rebeldía antirrepublicana y de la legitimidad del régimen autoritario fueron decisivas en la construcción del consenso ideológico interno durante los primeros pasos del régimen franquista. No todas sus aspiraciones se habían cumplido, pero «Renovación quería la muerte de la república, y la república ha muerto. Quería una muerte a mano airada, y murió entre los fogonazos que se encendieron en Somosierra[1041]».

Fracaso y subordinación de la táctica cedista.

La CEDA también ingresó progresivamente en la conjura. En las dos semanas posteriores a las elecciones, El Debate propuso como condiciones de concordia la observancia de la ley, la disolución de las milicias de partido, un programa económico razonable y el respeto a la educación católica[1042]. Tras la opinión vertida sobre la necesidad de una total disolución de las milicias de cualquier matiz político, entre 10 000 y 15 000 japistas emigraron hacia Falange, al Bloque Nacional e incluso a la Comunión Tradicionalista, defraudados del posibilismo del «Jefe» y ávidos de acción. Estas cifras suponían una pequeña parte de la militancia de 225 000 jóvenes, pero el abandono de las actividades políticas de un porcentaje significativo de japistas o la decisión de adscribirse a otro partido son buena muestra del grave deterioro de la organización cedista. La virtual desaparición de la JAP como entidad de encuadramiento y canalización de los afanes radicales de las juventudes conservadoras, el traspaso de la titularidad de la oposición derechista de Gil Robles a Calvo Sotelo y la intensificación de la ayuda y preparación de milicias como la Primera Línea falangista y el Requeté son indicios suficientes para pensar en el tránsito generalizado de la derecha hacia posturas más radicales y cercanas en ocasiones al fascismo como ultima ratio para la defensa de su hegemonía social y económica.

A pesar de los desmentidos de AP sobre la organización de grupos armados de cara a una sublevación[1043], El Socialista continuó denunciando como hipócritas las condenas de El Debate a «toda doctrina de la violencia», e hizo un duro comentario sobre las declaraciones de un diputado de la CEDA por Toledo (probablemente Dimas Madariaga) en el sentido de iniciar el reclutamiento de «jóvenes decididos y violentos[1044]». El diario clerical desmintió de forma enérgica estas insinuaciones, y Gil Robles protestó directamente ante el ministro de la Gobernación, a quien entregó el 15 de marzo una nota a la prensa donde tachaba las afirmaciones socialistas de «falsedad incalificable», y reiteraba que

La CEDA no se aparta de su camino ni lanza a sus gentes fuera de los cauces legales. Pero quiere salvar su responsabilidad por el fenómeno que tiene que producirse de no acabar el actual estado de subversión: que las gentes pierdan toda su fe en los partidos legales, con las gravísimas consecuencias que ello entrañaría para la paz del país[1045].

Pero, en vista del incremento de las acciones provocativas, la izquierda ya veía a la CEDA, RE, Falange y Requetés como unidades especializadas de un mismo ejército contrarrevolucionario, visión que Gil Robles parecía confirmar cuando en la campaña de las elecciones parciales por Cuenca distinguía entre «buenos» y «malos» terroristas:

Entre éstos hay dos clases de personas: los que se van por caminos de violencia, creyendo honradamente que de esta manera se resuelven problemas nacionales y los que se van porque ahora el partido no puede repartir cargos ni prebendas. Los primeros, absolutamente respetables, pueden constituir unos magníficos auxiliares el día de mañana en que, desengañados, tornen a la casa común[1046].

Tras los sucesos acaecidos en Madrid en el V Aniversario de la República, Gil Robles reconoció, desanimado, la crisis de representación política de la CEDA ejemplificada en la pérdida del control de sus juventudes: «Los partidos que actuamos dentro de la legalidad comenzamos a perder el control de nuestras masas; empezamos a aparecer ante ellas como fracasados; comienza a germinar en nuestra gente la idea de la violencia para luchar contra la persecución». Aunque justificaba dramáticamente la violencia derechista como respuesta defensiva a las provocaciones contrarias y a la inoperancia del Gobierno:

Una masa considerable de la opinión, que es por lo menos la mitad de la nación, no se resigna implacablemente a morir, os lo aseguro. Si no puede defenderse por un camino, se defenderá por otro. Frente a la violencia que desde allí se propugne surgirá la violencia por otro lado, y el Poder público tendrá el triste papel de mero espectador de una contienda ciudadana en la que se va a arruinar, material y espiritualmente, la nación […] Si no se rectifica rápidamente el camino, en España no quedará más solución que la violencia; o la dictadura roja, que aquellos señores propugnan, o una defensa enérgica de los ciudadanos que no se dejen atropellar[1047].

El líder cedista se había implicado de lleno en las presiones militares y civiles sobre el gobierno de Pórtela en las horas posteriores a la jornada electoral, y a pesar de ulteriores declaraciones sobre su inhibición en la conjura[1048], reconoció en una carta escrita en Lisboa el 27 de febrero de 1942 para la confección de la Causa General el fracaso de la táctica legalista de la CEDA y su apoyo a una solución militar que entonces le parecía legitimada[1049]. Desde la primavera sus juventudes, en especial las de la DRV, estaban conspirando con los militares[1050]. La deriva que sufrió la derecha accidentalista a partir de mayo de 1936 en dirección de la subversión antirrepublicana vino marcada, entre otras circunstancias, por el fracaso del proyecto impulsado por Prieto de un gobierno que comprendiera desde la derecha socialista a la izquierda democristiana de Luis Lucia. Muchos años después, Jiménez Fernández aludió a

[…] la presión a favor de la guerra civil de la derecha, donde las Juventudes de Acción Popular, irritadas por los atropellos de la extrema izquierda y la lenidad de los poderes públicos, pasaban en oleadas al fascismo o a los requetés, y los financieros que volcaban sus arcas a favor de quienes preparaban la rebelión, y, finalmente, Gil Robles nos planteó a finales de mayo a Lucia y a mí la imposibilidad de seguir preparando la posición de centro, que realmente querían muy pocos, pues la mística de la guerra civil se había apoderado desgraciadamente de la mayoría de los españoles[1051].

Efectivamente, el 2 de junio Gil Robles había vetado toda participación de representantes cedistas en estas negociaciones, y por esas mismas fechas declaró en una entrevista concedida al Diario Español de Buenos Aires que se podía ser fascista y fervoroso católico.

La cooperación de la CEDA a la conspiración no se limitó sólo a la entrega a Mola de medio millón de pesetas de los fondos electorales del partido por intermedio de Francisco Herrera Oria, Carlos Salamanca y Rafael Aizpún y a nombre del capitán Barrera[1052], sino también a tareas de «estímulo moral» como el intento de mediación de Gil Robles entre Mola y Fal Conde, la redacción de un manifiesto que sería repartido en Pamplona el 16 de julio y, sobre todo, una serie de directrices dirigidas a las organizaciones provinciales durante los meses de junio y julio, en las que, como en octubre de 1934, se recomendaba a los afiliados que se pusieron inmediata y públicamente al lado de los militares, haciendo lo posible por formar milicias o batallones propios y evitando tanto represalias indiscriminadas como luchas partidistas por la hegemonía política del movimiento[1053]. Con todo, las maniobras encaminadas a lograr una buena posición en la nueva esfera de poder militar tuvieron lugar desde el mismo inicio de la insurrección. Al parecer, Ángel Herrera Oria, por indicación del general Mola, invitó a Gil Robles a una reunión de diputados de derecha que había de celebrarse en Burgos el 17 de julio, con el propósito de declarar facciosos al Gobierno y al Parlamento republicanos. Según el dirigente cedista, «me negué a colaborar con este proyecto, con el que no podía creer que estuviese de acuerdo el general Mola[1054]».

Los militantes del partido se incorporaron al Ejército o colaboraron a título individual con los militares sublevados en Burgos, Valladolid, Valencia, Málaga, Vitoria, Palma de Mallorca, Sevilla, Salamanca, Madrid, Cádiz y otras localidades[1055], y pasaron muchos de ellos a enrolarse en grupos milicianos propios uniformados con camisas pardas, en las raquíticas milicias de RE, en el Requeté o en las cada vez más nutridas filas de la Falange.

La difícil integración de Falange en el complot militar.

El partido de José Antonio Primo de Rivera había mantenido de forma intermitente sus preparativos insurreccionales desde mediados de 1935, momento en que la sección militar del partido en Marruecos entró en contacto con la UME. Las intentonas fallidas de diciembre de 1935, mediados de febrero de 1936 y abril y mayo de ese mismo año fueron jalones sucesivos de la pérdida de autonomía de un partido cada vez más vinculado a la conspiración castrense.

De forma simultánea a la actividad desestabilizadora emprendida desde el triunfo del Frente Popular, Falange inició los tanteos para proceder a un levantamiento, primero en solitario y después como colaborador secundario. José Antonio tuvo una conversación con Mola el mismo día de la famosa reunión de generales en el domicilio del diputado cedista José Delgado y Hernández de Tejada[1056]. El 12 de marzo, un Franco en vísperas de su viaje a Canarias y un José Antonio en vísperas de su detención se reunían en casa del padre de Ramón Serrano Suñer y bajo los auspicios de éste para tratar temas relacionados con un posible golpe de fuerza: Primo de Rivera le dio cuenta de sus efectivos en Madrid, pero Franco se mostró evasivo, divagatorio y cauteloso, se entretuvo en consideraciones secundarias sobre armamento y aconsejó en último término al líder falangista que siguiera en contacto con el teniente coronel Yagüe, conspicuo militar africanista afiliado al partido esa primavera[1057]. Según el testimonio del propio Serrano, «José Antonio quedó muy decepcionado y apenas cerrada la puerta del piso tras la salida de Franco […] se deshizo en sarcasmos hasta el punto de dejarme a mí mismo molesto[1058]». A pesar de ello, Falange mantuvo el contacto con los militares a través de la UME y Yagüe. El 19 de marzo, José Antonio envió un mensaje a su amigo el agregado aéreo de la Embajada italiana para que concertara una entrevista de su hermano Miguel con Mussolini con el objeto de «exponer su plan en relación con la situación interna española», es decir, para recabar ayuda destinada a la insurrección falangista, pero la petición fue rechazada, debido a la pobre opinión que el embajador Pedrazzi tenía de una Falange sumida en la clandestinidad y al deseo de Mussolini de no inmiscuirse por el momento en los asuntos españoles[1059].

A fines de marzo, y por intermedio de Fernando Primo de Rivera, hombres de confianza como Manuel Mateo, José Sáinz, Antonio Rodríguez Jimeno, Rafael Garcerán y Manuel Hedilla recibieron instrucciones para transmitir órdenes conspirativas por todo el territorio nacional, mientras que el teniente coronel Emilio Alvargonzález, coordinador de provincias desde los primeros tiempos de la Falange, realizaba un importante papel de enlace con los oficiales del Ejército. Desde entonces los contactos de FE con la Junta de generales que tomó las riendas del complot se hicieron permanentes, a pesar de las fuertes suspicacias que salpicaron las relaciones entre falangistas y militares. José Antonio seguía remiso a colaborar, ya que sabía que bajo una dictadura conservadora, militar o civil, como en Polonia, Hungría o Portugal, el desarrollo del fascismo como opción de gobierno resultaba harto difícil.

A partir de abril, Garcerán, Hedilla y José Finat mantuvieron el contacto entre el jefe nacional y el flamante «Director» del complot. Sin embargo, la situación en el seno de Falange era de gran confusión, y muchos dirigentes se vieron presos en las madejas de múltiples conspiraciones o complots paralelos de matiz reaccionario. La actitud inicial fue de gran recelo: José Antonio aconsejó a los suyos una extrema prudencia en los contactos, y reiteró con la mayor energía la no adscripción a ningún pacto político en una circular emitida a mediados de mayo[1060]. En el boletín clandestino No Importa de 20 de ese mes se reiteró que la colaboración con otros grupos conspiradores se haría sobre la base del punto 27 del programa de Falange, y que estas negociaciones se realizarían al más alto nivel[1061]. Por esas fechas, José Antonio recurrió a Goicoechea para que le representase «ante personas que no pueden venir a visitarme», en una clara alusión a sus mecenas italianos.

El 29 de mayo, el capitán Vicario se entrevistó por orden de Mola con José Antonio para solicitarle oficialmente su intervención en el golpe. Tras haber recibido ese mismo día instrucciones del jefe nacional, Garcerán entabló el 1 de junio con Mola una conversación de dos horas en la que se concertaron los pormenores de la participación falangista en el alzamiento, incluidas las contraseñas y los enlaces. Garcerán comunicó al «Director» que disponía de «unos 4000 hombres como vanguardia de choque» (en Gredos se había hablado de 4000-5000) y le explicó el funcionamiento clandestino de la organización[1062]. El 8 de junio, Mola volvió a convocar a Garcerán, a quien confió que Primo sobrevaloraba la fuerza combativa de sus milicias.

Al tiempo que mantenía estos tiras y aflojas con Mola, José Antonio expresó de forma más enérgica su desconfianza respecto a las demás conspiraciones paralelas y a la dispersión de esfuerzos existente en su propia organización. Al menos desde mediados de junio de 1934, el jefe nacional mantenía difíciles relaciones conspirativas con los alfonsinos. También inició unos tímidos contactos con Manuel Fal Conde, líder de una Comunión Tradicionalista que estaba gestando desde hacía tiempo un levantamiento autónomo, para lo cual buscaba apoyos suplementarios. Fal ofreció a Primo una representación paritaria en el primer directorio político tras el triunfo, y éste brindó el apoyo de FE para cualquier intentona, con tal de que le fuera notificada con la debida antelación[1063].

A diferencia de su plan del verano-otoño de 1935, en que Falange pretendió tomar la iniciativa insurreccional arrastrando al resto de la derecha, ahora estaba sucediendo lo contrario. Ante la perspectiva de que Falange fuera manejada por influencias ajenas al mando natural, sobre todo tras la autodeclaración de fascismo solemnemente expresada por Calvo Sotelo en la sesión de Cortes de 16 de junio, Primo multiplicó sus amenazas de expulsión para quienes se implicaran en acciones subversivas fuera de la línea de mando. Resulta sintomático que ese mismo día Goicoechea fuera nombrado por Primo representante suyo ante el gobierno italiano y el conjunto de la extrema derecha[1064], para contrapesar la figura de un Calvo Sotelo que estaba cobrando creciente protagonismo en la conspiración. Las conversaciones no parecieron desarrollarse de forma satisfactoria, a tenor de la dura y esclarecedora diatriba difundida el 20 de junio por el jefe falangista contra el líder bloquista en el tercer número de No Importa:

Por la izquierda se nos asesina (o a veces se intenta asesinarnos, porque no somos mancos, a Dios gracias). El Gobierno del Frente Popular nos asfixia (o intenta asfixiarnos, porque ya se ve de lo que sirven sus precauciones). Pero —¡cuidado, camaradas!—, no está en la izquierda todo el peligro. Hay —¡aún!— en las derechas gentes a quienes por lo visto no merecen respeto nuestro medio centenar largo de caídos, nuestros miles de presos, nuestros trabajos en la adversidad, nuestros esfuerzos por tallar una conciencia española cristiana y exacta.

Esas gentes, de las que no podemos escribir sin cólera y asco, todavía suponen que la misión de la Falange es poner a sus órdenes ingenuos combatientes. Un día sí y otro no los jefes provinciales reciben visitas misteriosas de los conspiradores de esas derechas, con una pregunta así entre los labios: ¿Podrían ustedes darnos tantos hombres?

Todo jefe provincial o de las J. O. N. S., de centuria o de escuadra a quien se le haga semejante pregunta debe contestarla, por lo menos volviendo la espalda a quien la formule. Si antes de volverle la espalda le escupe el rostro no hará ninguna cosa de más.

¿Pero qué supone esa gentuza? ¿Que la Falange es una carnicería donde se adquieren al peso tantos o cuantos hombres? ¿Suponen que cada grupo local de la Falange es una tropa de alquiler a disposición de las empresas?

La Falange es una e indivisible milicia y partido. Su brío combatiente es inseparable de su fe política […] El jefe nacional ha dicho muchas veces que así como los heridos al servicio de la Falange son ensalzados ante sus camaradas, el que padezca herida en servicio no ordenado por la Falange será expulsado de ella con vilipendio […]

No seremos ni vanguardia, ni fuerza de choque, ni inestimable auxiliar de ningún movimiento confusamente reaccionario. Mejor queremos la clara pugna de ahora que la modorra de un conservatismo grueso y alicorto, renacido en provecho de unos ambiciosos «madrugadores». Somos —se ha dicho muchas veces—, no vanguardia, sino ejército entero, al único servicio de nuestra propia bandera[1065].

La invectiva produjo «tristeza e indignación» entre los asiduos de Acción Española[1066]. Calvo Sotelo no respondió, pero sí lo hizo el 1.º de julio Jorge Vigón en un editorial de La Época que tachaba al líder falangista de «ensayista» plagiario de Ortega con un temperamento hipersensible esencialmente femenino e incapaz de llevar sus proyectos a la práctica[1067]. Al día siguiente, el iracundo Fernando Primo de Rivera se personó en la redacción exigiendo la identidad del editorialista para retarle a duelo. José Antonio redactó en la cárcel una carta brutal dirigida a José Ignacio Escobar y los redactores de La Época que no llegó a enviar. Era una buena muestra del deterioro de relaciones con el grupo calvosotelista[1068]. En sus escritos de cárcel, José Antonio censuraba a los grupos de la extrema derecha que «aprovechan mi estancia en la cárcel, donde no puedo controlar mis fuerzas, para lanzarlas, medio engañadas, detrás de un confuso movimiento de líneas políticas e históricas indescifrables [al margen: UME]»[1069].

Falange seguía manteniendo, por tanto, una línea autónoma respecto a otros integrantes del supuesto «frente cívico» insurreccional. En una circular fechada el 24 de junio, Primo aludía de nuevo a las invitaciones personales que se hacían a los mandos falangistas para intervenir en el complot, y aconsejaba prudencia en los contactos conspirativos. El mayor peligro tras el triunfo del golpe no sería, en su opinión, el predominio de las Fuerzas Armadas, sino la posible manipulación política de los militares por «charlatanes faltos de toda conciencia histórica». Por todo ello, FE no debía arriesgarse a secundar un levantamiento que mantuviese esa impronta política reaccionaria y no considerase al nacional-sindicalismo como un cuerpo doctrinal, sino como una mera fuerza de asalto y milicia juvenil. En esas circunstancias, Primo asumía personalmente la decisión de intervenir o no en el complot y la facultad de sancionar a los militantes transgresores de esta directriz[1070]. Mola conoció de inmediato la circular, pero siguió adelante con sus planes e hizo llegar hasta Alicante un mensaje reservado en el que garantizaba la primacía militar en la organización de la conspiración[1071]. Según Gil Robles —perfectamente informado de la totalidad de la trama sediciosa—, Primo decidió apoyar el golpe tras las conversaciones directas entre su hermano Fernando y un general Mola enfadado con la circular de 24 de junio, y decidido, como en el caso de los carlistas, a no transigir con componendas políticas. También resultó esencial una visita a Alicante del conde de j Rodezno, empeñado en ligar la conspiración carlista a una trama militar que j contaba ya con el apoyo incondicionado de otros grupos de la derecha. Pero j la causa más directa de la decisión fue una reunión de la Junta Política celebrada en la Cárcel Modelo con la aquiescencia de Primo y bajo la presidencia de Ruiz de Alda. Éste y Mateo compartían la preocupación de José Antonio respecto a la influencia creciente de los sectores alfonsinos en el golpe militar. Tras ardua deliberación, se enviaron a Alicante dos cartas: una, firmada por Ruiz de Alda, se inclinaba por la abstención, considerando que Falange iba a ser totalmente mistificada por el movimiento militar, y otra, firmada entre otros por Manuel Valdés Larrañaga, aconsejaba la participación efectiva en el golpe[1072].

Acuciado por las presiones de los militares, de algunas personalidades de la extrema derecha y de un importante sector de su partido, Primo acabó aceptando la participación en el complot, tras comprender que una inhibición en el mismo supondría la definitiva desaparición de Falange como grupo político organizado. El 29 de junio, transmitió una serie de órdenes que evidenciaban la intervención sin condiciones del partido en la conspiración. En el escrito «reservadísimo» dirigido a las jefaturas territoriales y provinciales, el jefe falangista exponía las instrucciones para concertar pactos locales con los militares: cada jefe territorial o provincial debería entenderse en exclusiva con el jefe superior del movimiento militar en esa demarcación, a través de la contraseña «Covadonga». Si los interlocutores no llegaban a un acuerdo, parte de la fuerza de FE, que nunca excedería de un tercio de los militantes de la Primera Línea, habría de ponerse a disposición de los jefes militares para engrosar sus unidades. En caso de alcanzarse un pacto de acción conjunta, Falange intervendría con unidades propias, mandos naturales y distintivos, que habrían de ser armadas por las autoridades militares, los cuales se comprometerían además a no resignar el poder hasta tres días después del triunfo del movimiento. Cada jefe territorial mantendría enlace constante con las jefaturas locales, para movilizar y concentrar en el plazo de cuatro horas a todas las fuerzas de la Primera Línea en agrupaciones de una falange por lo menos (tres escuadras). Estas órdenes caducaban el 10 de julio a mediodía[1073]. El mismo día de la circular «reservadísima» José Antonio envió un lírico mensaje a la Primera Línea de Madrid, en el que recordaba la importancia del adiestramiento para la insurrección, la fe en el mando y la promesa de estar con ellos en el momento decisivo[1074].

Con el propósito de organizar la colaboración con los militares, Primo nombró un triunvirato formado por Hedilla, Mateo y su hermano Fernando, quien había realizado un notable proselitismo entre los oficiales jóvenes del Ejército. Decidida a regañadientes la colaboración, Mola no ofreció en sus conversaciones con los enlaces falangistas ningún tipo de garantía política, salvo que el poder no sería entregado de inmediato a los dirigentes de la derecha. Aceptaba a FE como auxiliar del movimiento, y le prometió la libertad de propaganda y proselitismo dentro del nuevo régimen militar, pero ningún puesto de gobierno. Las diferencias se mantuvieron, y a fines de junio los jerarcas falangistas parecían dispuestos a abandonar la conspiración. Con todo, el 3 de julio José Antonio escribía a Martínez de Bedoya para asegurarle que se estaba llegando a un acercamiento «mediante una negociación delicadísima que llevo en persona, y que me permite casi asegurar que no se hará nada sin acuerdo previamente concertado con nosotros». Aunque seguía vedando una actuación independiente de los jefes provinciales, en esos mismos días los dirigentes falangistas navarros ya habían recibido instrucciones de la Jefatura Nacional para ponerse a disposición de Mola en previsión de que el alzamiento se produjera el día 10. Sin embargo, la detención imprevista el 6 de julio en Alcañiz (Teruel) de los enlaces José Sáinz y Jesús Muro, a quienes se ocuparon las últimas circulares y directrices, estuvo a punto de dar al traste con toda la trama, y obligó a Mola a trasladar de forma precipitada, y en medio de una enorme tensión de los conspiradores, la fecha del alzamiento a los días 17 a 20, y a decidir junto a Fernando Primo de Rivera el cambio de la contraseña «Covadonga», inicio de la Reconquista, por «Granada», final de la misma[1075].

Fernando Primo de Rivera, que llevaba desde Madrid la preparación del movimiento, fue detenido en la madrugada del 13 al 14 de julio. Ese mismo día, José Antonio envió las últimas consignas para que la Falange quedase de servicio permanente hasta medianoche del día 20, momento a partir del cual reclamaba libertad de acción[1076]. Rafael Garcerán, virtual jefe nacional tras la detención de Fernando Primo de Rivera, visitó por última vez a Mola el día 14 para entregarle una carta de José Antonio, donde éste transigía con que a las fuerzas militares que bajasen del Norte se incorporaran unos 7000 falangistas de distintos pueblos de Navarra con uniforme militar, pero imponía un ultimátum: «si en 72 horas la rebelión no se desencadena, la Falange comenzará por su propia cuenta en Alicante[1077]». Ese mismo día 14 visitó a José Antonio José Finat, quien recibió el encargo de entregar a Mola una última carta de apremio: «Estoy convencido de que cada minuto de inactividad beneficia al Gobierno. Siempre oí decir a mi padre que si hubiera retrasado una hora su golpe de Estado, habría fracasado[1078]». Tras leer el nuevo mensaje, Mola se mostró «de acuerdo con José Antonio en absoluto. Empezaremos cuanto antes. Un enlace mío va camino de Alicante y lleva órdenes para la guarnición y la fecha en que habrá de sublevarse[1079]». Al día siguiente, Fernández-Cuesta recibía en la Cárcel Modelo por medio de su mujer un mensaje cifrado de José Antonio en el que transmitía las últimas consignas para la Primera Línea y avisaba que aguardaran en la prisión su llegada en avioneta a la Ciudad Universitaria. Casi al mismo tiempo, Elena Medina, enlace de Mola, comunicaba a Fernández-Cuesta el plazo de 48 horas para secundar la rebelión que estallaría en África el 17 de julio[1080].

En la mañana del 16, Manuel Sarrión transmitió las últimas instrucciones de Primo de Rivera a los enlaces militares Alberto Álvarez Rementería y el capitán Fernández, y envió un mensaje al general José García Aldave, comandante militar de Alicante. Al día siguiente, escribió un último manifiesto en el que anunciaba la insurrección y ordenaba a los falangistas que empuñasen las armas[1081]. Este manifiesto, cuya autenticidad ha sido puesta en duda por Manuel Aznar, Ricardo de La Cierva y otros autores[1082], basándose en el radical desacuerdo posterior de Primo con los medios y objetivos del alzamiento, tiene un cierto regusto declamatorio a proclama decimonónica, y claras similitudes con el divulgado por su padre el 13 de septiembre de 1923. Consciente de la heterogeneidad de las fuerzas insurrectas, se cuidaba de no exponer ningún programa explícitamente nacional-sindicalista, y reiteraba los llamamientos en contra del «peligro rojo» y en favor de una «obra nacional» opuesta a toda posible tiranía de tipo reaccionario.

Una nueva etapa de lucha, ciertamente la más difícil, se abría ante Falange. José Antonio había pensado que un partido perseguido y virtualmente desarticulado no tenía otra alternativa que ponerse a disposición del Ejército. Una Falange debilitada por la clandestinidad y con sus principales dirigentes en la cárcel estaba lejos de imaginar los cambios radicales que sufrirían sus estructuras política y paramilitar para adaptarse al fracaso del golpe y soportar una larga guerra civil. Los propios dirigentes del partido albergaron sentimientos contradictorios, a mitad de camino entre el toque a rebato provinciano que desplegó el tradicionalismo carlista y el elogio futurista de la guerra como experiencia estética. Onésimo Redondo, liberado de la cárcel de Ávila, retornó de inmediato a Valladolid para dirigir la represión y organizar las milicias falangistas. En su alocución radiofónica de 18 de julio elogió que la Junta de Defensa Nacional «se haya formado lejos de las covachuelas de Madrid y lejos de la periferia, en el corazón de Castilla[1083]». El 19 de julio, cinco días antes de morir, pronunció otras palabras por radio que sintetizan de forma muy expresiva las experiencias íntimas sobre la violencia de un militante falangista de esa hora: «He estado en la guerra; las balas pasaban por encima de mi cabeza. ¡Qué bonita es la guerra!»[1084].

El carlismo, de la insurrección en solitario al acuerdo con Mola.

El fracaso electoral de la derecha acabó por convencer a la Comunión Tradicionalista de la necesidad de emprender en solitario la aventura insurreccional. El propio Fal Conde declaró que las elecciones habían sido un paso más hacia el «frente a frente» necesario para que se fueran delimitando los campos de la revolución y de la contrarrevolución, y señaló a sus diputados una línea de actuación basada en el descrédito del parlamentarismo, mientras que el resto de la organización se dedicaría a la «intensa propaganda, enérgica vibración contra la revolución y sus cómplices[1085]». El Boletín de Orientación Tradicionalista dejó a un lado su habitual talante informativo para amenazar: «el Tradicionalismo responderá ante la gran revolución de los marxistas como respondió a los revolucionarios de 1833 y de 1873[1086]». El carlismo se mostraba dispuesto a enfrentarse a la supuesta «revolución socialista» tal como había combatido las revoluciones liberal y democrática: con las armas. El problema era determinar el plan y las condiciones de dicha rebelión. Fal estaba decidido a actuar en solitario o, todo lo más, a contar con el Ejército como un espectador complaciente o quizás como un colaborador de segunda fila que no impediría el restablecimiento de un régimen monárquico tradicional.

El 22 de febrero, la Delegación Nacional de Requetés difundió a través del inspector general Ricardo Rada una serie de instrucciones donde se trataba de calmar los ánimos de la militancia más impaciente por entrar en acción: organizar las unidades con arreglo a las normas establecidas y tras una minuciosa selección de la oleada de nuevas adhesiones; preparar a la milicia ante el eventual cierre o ataque a los Círculos y Centros, en cuyo caso «es indispensable reaccionar con la mayor dureza» a través de medios adecuados, y entablar contacto con «las fuerzas y elementos contrarrevolucionarios de los cuales se pueden recibir auxilios en los momentos difíciles, o que a su vez puedan necesitar nuestra ayuda[1087]». La milicia fue puesta a punto. A comienzos de 1936, Lizarza, jefe del Requeté Navarro, había nombrado al excoronel de Caballería Alejandro Utrilla inspector regional de la milicia, mientras que el delegado nacional José Luis Zamanillo nombraba al comandante de Artillería retirado Alejandro Velarde jefe del Requeté en Santander y Vizcaya[1088]. Las directrices de Zamanillo, fechadas en marzo y publicadas en la última edición de las Ordenanzas de la milicia antes del estallido de la guerra, eran inflexibles a la hora de definir la naturaleza y objetivos del Requeté, y suponían un primer esbozo de las condiciones que la jefatura de la Comunión imponía para su colaboración en un movimiento de carácter predominantemente militar:

[…] nunca luchará por el triunfo de un partido político, ni aún siquiera el del partido carlista que, en la obligada hipótesis parlamentaria, constituimos, y que habría de disolverse en el momento del triunfo completo de nuestros ideales. Porque el partido es el instrumento propio de los regímenes revolucionarios, que lleva en sí el germen de la descomposición y de la muerte[1089].

El Requeté tomó la decisión de cambiar la denominación tradicional de sus Ordenanzas originarias redactadas por Varela (Patrullas, Grupos, Piquetes, Requetés y Tercios) por la más castrense de escuadras, pelotones, secciones, compañías y batallones, con una plantilla, impedimenta, insignias y armamento idéntica a la del Ejército. Esta militarización no pasó desapercibida a ojos de publicaciones como Mundo Obrero, que denunció la ausencia de medidas punitivas contra el Requeté, en especial tras la declaración gubernamental que colocaba fuera de la ley a las bandas fascistas. Para ello publicó minuciosos extractos de sus ordenanzas aderezadas con abundante material gráfico[1090]. El Ejecutivo no adoptó ninguna medida represiva como la emprendida contra Falange, y su fiscalización del Requeté se redujo a algunas detenciones aisladas y a indagaciones como la que condujo al alijo de uniformes de la Guardia Civil y al infructuoso viaje realizado por el director de Seguridad Alonso Mallol a Pamplona a inicios de junio para interceptar la red carlista de contrabando de armas. Antonio Lizarza había sido nombrado en 1935 para dirigir un comité encargado de la obtención, transporte, almacenamiento y distribución de armamento de guerra. Durante la primera mitad de 1936 se dedicó a buscar por París, Hamburgo y Bruselas este tipo de material, que se adquiría con el dinero obtenido de Italia y el donado por carlistas como Joaquín Baleztena, José Luis Oriol, Pérez de Herrasti y Miguel María Zozaya. En la casa Mauser compró un millar de pistolas y gran cantidad de munición, mientras que otros agentes realizaban negocios similares en poblaciones francesas cercanas a la frontera como Hendaya y Saint-Etienne de Baigorri, pasando después las armas a depósitos clandestinos ubicados en Elcano, Oricain, Zizur Mayor, Cintruénigo y Cascante[1091]. Un barco cargado con 5000 fusiles, 150 ametralladoras pesadas, 300 ligeras, cinco millones de cartuchos y 10 000 granadas de mano fue fletado en Bélgica por Oriol, aunque sólo pudo zarpar de Amberes tras el comienzo de la guerra y gracias a los buenos oficios del rey Leopoldo y de la reina madre, no sin antes haberse remitido apresuradamente a España las vitales ametralladoras[1092]. El príncipe don Javier también obtuvo en ese país 300 ametralladoras; Agustín Tellería recibió en Eibar 17 cajas con armas cortas y largas de varios tipos remitidas desde Bruselas; Lizarza y Utrilla compraron y repartieron al Requeté del norte de Navarra algunas remesas procedentes de Placencia y Eibar, y Zamanillo pudo pasar una carga de 400 pistolas a través de la frontera franco-española para el Requeté de Madrid y Andalucía[1093]. Incluso se establecieron rudimentarias fábricas de bombas de mano en los pueblos de Caparroso y Mañeru, que luego eran almacenadas en Traibuenas. Se remitieron cargamentos de dinamita de Vizcaya a Pamplona y se obtuvieron por fin los anhelados equipos de radio solicitados en 1934 a los italianos[1094]. En marzo se procedió al reparto de uniformes y fusiles a las unidades más instruidas.

En enero de 1936 se completó el tercio de Pamplona, al mando del inspector regional Utrilla, y en Navarra las fuerzas parecían ascender a más de 8000 hombres (casi dos millares sin encuadrar), a los que habría que añadir grupos menores en Álava, Guipúzcoa, Cataluña, Levante, Madrid y Andalucía. En total formaban una fuerza de 10 000 hombres según Blinkhorn, que los aumenta a 30 000 contando con las reservas[1095], todos ellos movilizables en 24 horas y con abundante armamento y munición. Según datos ofrecidos por la Delegación General de Requetés con fecha 28 de febrero, el organismo paramilitar carlista contaba con 25 320 boinas rojas, que en Álava, Guipúzcoa, Navarra o Valencia podían ampliarse en caso de necesidad[1096]. Existían, además, grupos de requetés en León, Salamanca, Murcia, Teruel y Cáceres. Además, hay que tener en cuenta las posibilidades movilizadoras de las más de 450 entidades adscritas a la Juventud Tradicionalista, que incluía a la AET como organización semiindependiente[1097]. El número total de efectivos no resultaba muy superior al de las milicias de Falange o al conjunto de hombres que podría haber movilizado la JAP, pero su eficacia militar a campo abierto estaba muy por encima de la que podían ofrecer los otros partidos implicados en la conjura. Los militares, y en especial Mola, tomarían en los meses siguientes buena nota de esta diferencia.

Los contactos conspirativos con los militares, aparcados desde 1932, se habían reiniciado en 1935 cuando Fal Conde y Zamanillo entraron en contacto con los capitanes Bartolomé Barba Hernández y Luis López Varela y con otros dirigentes de la UME como Emilio Rodríguez Tarduchy, quien bajo el seudónimo de Marcos de Isaba escribía de forma habitual una columna sobre asuntos militares en El Siglo Futuro[1098]. También participaron de estos primeros conciliábulos el teniente coronel Rada y el capitán Barrera, que estableció contacto con los carlistas pamploneses[1099]. Como el alfonsismo, el carlismo ayudó a la financiación de la trama militar, posiblemente con parte de los fondos recibidos de los acuerdos firmados en Roma en 1934[1100]. Tres semanas después de los comicios de febrero de 1936, varios líderes carlistas navarros iniciaron relaciones con la célula local de la UME a través de Félix Maíz, y el comandante Redondo realizó una función similar en Sevilla, mientras que Varela estaba en relación estrecha con la Junta de generales y Olazábal y Bau con los conspiradores alfonsinos. A pesar de todo ello, la Jefatura Delegada seguía pensando en un levantamiento predominante e incluso exclusivamente carlista, idea que no era compartida por Rodezno y los responsables de la Junta Regional navarra. Por su parte, en la reunión de generales celebrada el 8 de marzo, Varela coincidía con Orgaz en la necesidad de asestar un golpe de mano inmediato contra el Gobierno que provocaría un levantamiento espontáneo del Requeté[1101]. Pero los carlistas seguían pensando en dar un golpe de forma independiente en mayo-junio de 1936.

Don Javier mantuvo desde marzo varias conversaciones con Sanjurjo, convertido en jefe nominal de la Junta de generales. En una de ellas, que tuvo lugar posiblemente el 30 de marzo en el Hotel Hispano-Americano de Lisboa, y que contó con la asistencia de Aurelio González de Gregorio y Fal Conde, se llegó a un acuerdo de principio: la Comunión apoyaría un proyecto militar siempre que fuera dirigido por Sanjurjo, quien aceptaría en lo sustancial lo negociado en agosto de 1932: nombramiento de un Gobierno Provisional de Restauración Monárquica presidido por el propio general que convocaría Cortes constituyentes. Pero que si el Ejército no cumplía este compromiso, los carlistas actuarían por su cuenta y proclamarían rey a don Alfonso Carlos. Para ello se contaba con…

[…] la capacidad de reflejos del pueblo español, la fuerza expansiva enorme del carlismo y con bazas en la mano, como los acuerdos con Italia y Portugal, que se traducían en el compromiso de reconocer el nuevo poder tan pronto se constituyera, con tal que tuviera un puerto y contacto con algunas fronteras; entrega del armamento, artillería y aviación de acompañamiento con una división en pie de guerra, barco que daba el benemérito diputado tradicionalista de Cádiz y poderoso naviero don Miguel Martínez de Pinillos, el que con pabellón marroquí recogería el armamento de un barco de guerra italiano en una bahía de África Occidental, que sabe de transbordos propagandísticos.

Y una plantilla verdaderamente prestigiosa de militares: don Mario Musiera, el que había sido miembro del primer directorio con Primo de Rivera; con el teniente coronel Baselga, jefe de Estado Mayor en San Juan de Luz, los cuales trabajaban sin descanso; Rada, inspector nacional bajo las órdenes del bilaureado Varela, y Utrilla, inspector de requetés de Navarra.

El coronel don Ricardo Serrador, deportado de Villa Cisneros, luego en el Movimiento héroe en el Alto de los Leones, Maristany, Velarde, Purón, Villanova, Barrera, Redondo, García de Paredes, Marchelina, Sicre, Díaz Conde, Benítez Tatay, Díaz Prieto… ¿A qué seguir?, y más de doscientos requetés preparados en Italia como capaces oficiales, de los que a su vez algunos seguían instruyendo a otros en Urbasa[1102].

Fal buscó asegurarse la predisposición carlista del voluble Sanjurjo, y a tal fin desplazó a Estoril a su antiguo ayudante Emilio Esteban-Infantes para potenciar las relaciones con los mandos militares conspiradores. Lo que el carlismo buscaba en ese momento era que el Ejército mantuviera al menos una neutralidad benévola como la observada por el Regio Esercito durante la Marcha sobre Roma cuando los carlistas marchasen sobre Madrid[1103].

El plan de rebelión fue redactado por separado por el teniente coronel de Infantería Fidel de la Cuerda Fernández por encargo de Sanjurjo, y por el teniente coronel retirado de Estado Mayor Eduardo Baselga Recarte por encargo de Fal y don Javier[1104]. Al fracasar el golpe de abril que debía haber sido encabezado por Rodríguez del Barrio, Fal trasladó estos proyectos a Sanjurjo. Según el Jefe delegado, el plan consistía, «mirando a los acuerdos con Italia y Portugal y a un eventual instigado alzamiento de la Caballería francesa contra el Frente Popular, en dos fuertes contingentes en Navarra y el Maestrazgo, conservando contacto con la frontera francesa y un puerto del Mediterráneo, o incomunicando a Cataluña, donde, en Barcelona, la UME nos inspiraba confianza de que se alzarían, aunque no lo hiciese el Ejército oficial. Marcha sobre Madrid. Y dos focos de guerrillas en la frontera portuguesa: uno en la Sierra de Aracena, estudiadísima y preparada por oficiales bajo la jefatura del comandante Redondo, y otro en la Sierra de Gata, que en principio aceptaba José Antonio con falangistas[1105]».

Don Javier actuó como delegado de su tío en la conspiración que se estaba perfilando, presidiendo una Junta Suprema Militar Carlista o Junta de Conspiración constituida a fines de marzo en la finca «La Ferme» de San Juan de Luz, y compuesta por militares como el general Mario Musiera Planes, los tenientes coroneles Baselga, Cuerda, Rada, Rodríguez Tarduchy y Utrilla, el capitán Justo Sanjurjo y los comandantes Luis Villanova Ratazzi y Francisco Ruiz de Ojeda; los inspectores regionales del Requeté; el industrial guipuzcoano Fausto Gaiztarro Arana, Rafael Olazábal, José Zuazola Escuza, Felipe Llórente, Manuel y Calixto González Quevedo, José Luis Zamanillo, José María Lamamié de Clairac y José María Oriol y Urquijo, todos ellos supervisados por Fal Conde[1106].

El plan carlista, pergeñado por la junta militar del grupo conspirador, formada por Musiera, Baselga y Cuerda[1107], preveía un complejo dispositivo insurreccional consistente en: 1) un foco principal de sublevación en Navarra, País Vasco, Santander, Burgos y Logroño al que se incorporaría Sanjurjo; 2) uno secundario en el Maestrazgo con requetés valencianos, aragoneses, catalanes y conquenses al mando del coronel Serrador; 3) una concentración de las fuerzas del Requeté andaluz dirigido por Redondo en Encinasola y Rosal de la Frontera, en la Sierra onubense de Aracena; 4) otra de los Requetés de Castilla La Nueva, León y Extremadura junto a los falangistas de Madrid dirigidos por el general Villegas, el teniente general Fernández Pérez y el capitán de Artillería Jesús Madariaga en la Sierra de Gata (entre Cace res y Salamanca), con el fin de distraer al gobierno y esperar la marcha de Sanjurjo sobre Madrid, y 5) en la capital, el Requeté tomaría los ministerios y los centros de comunicaciones mientras que las fuerzas de Navarra, País Vasco, Cataluña y Levante caerían sobre la gran urbe, reforzados por el Requeté de la Rioja, Aragón y Castilla la Vieja Oriental, y presumiblemente por el Ejército. Para lograr este vital apoyo, Fal mantuvo correspondencia con Sanjurjo hasta el mes de junio mediante enlaces como Joaquín Baleztena y José Martínez Berasaín. Resulta significativo que en su misiva de 10 de abril relatase de forma algo críptica a Sanjurjo «la mala impresión que tengo sobre la proximidad de cosa alguna», en referencia velada al plan de golpe militar organizado para pocos días después por el general Rodríguez del Barrio. Por contra, Fal confiaba que «de lo mío tengo mucho adelantado», para lo cual solicitaba una entrevista en Estoril[1108] que se celebraría en mayo, y donde explicaría los pormenores del plan, cosa que también hizo el sevillano Enrique Barrau tras la frustración del golpe militar del 20 de abril.

Salta a la vista que el plan resultaba sorprendentemente complementario de la «marcha sobre Madrid» proyectada por Falange en la Sierra de Gredos en junio de 1935: en esa ocasión, Primo había hablado de la Comunión como única fuerza capaz de secundar una insurrección, y trazó un plan a realizar en abril-mayo de 1936 consistente en concentrar las fuerzas disponibles en Fuentes de Oñoro, cerca de la frontera portuguesa, y esperar allí a «un general», probablemente Sanjurjo, en esos momentos más proclive al carlismo que años atrás. Con estos datos, las apreciaciones de algunos historiadores sobre la desconexión o la virtual inexistencia de estos proyectos insurreccionales conjuntos deben ser puestas en duda[1109], a pesar de las lagunas de comprensión que aún persisten: ¿quién fue el inicial organizador del plan, Falange, la UME o la Junta Suprema Carlista? ¿Estaban enterados los falangistas de las conversaciones de don Javier y Fal con el exdirector general de la Guardia Civil? Ya se han señalado las referencias a un vago acuerdo conspirativo entre Primo de Rivera y la dirección nacional carlista, que Fal reconoció años después. Lo cierto es que este complot no parecía ser una decisión tomada con precipitación por el carlismo tras la derrota electoral de febrero, sino algo acariciado desde muchos meses atrás, cuando Fal Conde dio por terminadas las labores de reestructuración del movimiento y comenzaron las violentas, agresivas y multitudinarias demostraciones propagandísticas de los aplecs. Dicho proyecto, esbozado a mediados de 1935 como un levantamiento en la frontera portuguesa bajo el mando de Sanjurjo y un previsible golpe militar en Madrid, fue madurado tras las elecciones de febrero hasta su elaboración definitiva por la sección militar de la «Junta de Conspiración».

En el despliegue insurreccional, el Requeté madrileño tenía encomendado la realización de un golpe de mano contra el Ministerio de la Guerra en colaboración con la Primera Línea de Falange y bajo la apariencia de un destacamento de la Guardia Civil. A tal fin se remitieron desde Zaragoza a Madrid uniformes, tricornios y correajes, Sin embargo, el fracaso del golpe de Rodríguez del Barrio permitió al Gobierno emprender la enésima operación represiva, que condujo a inicios de junio al descubrimiento de los uniformes y de un alijo de dos millares de armas de guerra[1110]. Tras la detención de algunos integrantes de la trama, como el jefe del Requeté Guipuzcoano Agustín Tellería Mendizábal, el jefe nacional de la Juventud Tradicionalista, Aurelio González de Gregorio, logró huir a Portugal, y desde allí continuó organizando los alijos de armas que se debían entregar a los carlistas y falangistas antes de que se hicieran fuertes en la Sierra de Gata[1111]. Las defecciones militares producidas tras la intentona fallida de abril, la puesta en guardia del Gobierno, la negativa dada en mayo por el veleidoso Sanjurjo a participar en un complot carlista sin apoyo de sus dubitativos compañeros de armas y la traumática entrevista de Fal Conde con Mola en Irache el 15 de junio dieron definitivamente al traste con el proyecto insurreccional carlofalangista, no sin que antes Sanjurjo recomendara a los tradicionalistas estrechar el contacto con las guarniciones del Norte[1112].

Fue el diputado católico independiente Raimundo García, Garcilaso, viejo amigo de Sanjurjo y próximo al sector de la Comunión menos favorable a las tesis de Fal quien puso en contacto a Rodezno con Mola y actuó de intermediario para que a fines de mayo, el «Director» reconociese la preeminencia de Sanjurjo en las negociaciones políticas con los carlistas[1113]. La carta a jugar por los carlistas sobre Mola arrojaba grandes dosis de incertidumbre. Por de pronto, don Javier y Fal fueron presentados al cerebro de la conspiración a través de una carta de Sanjurjo entregada por mediación del capitán Barrera. Mola no contestó de inmediato al estar estrechamente vigilado por la Policía, pero el 30 de mayo envió a Estoril por medio de Garcilaso un mensaje donde se mostraba «completamente resuelto a levantar la región con el Ejército y los muchos núcleos paisanos compuestos de carlistas[1114]». El problema radicaba en las condiciones que impondría una Comunión aún no resignada a renunciar a un levantamiento independiente. Mola había entablado con anterioridad relaciones con dirigentes carlistas navarros como Ignacio Baleztena Azcárate, jefe de la Merindad de Pamplona y miembro de la Junta regional, con motivo de la decisión del Gobierno frentepopulista de sustituir a la Diputación Foral por una Comisión Gestora, hecho que convenció aún más a los carlistas de que no podrían defender su baluarte navarro sin cooperar en un movimiento nacional español, aunque no se contemplasen todas sus exigencias[1115]. Baleztena expresó su intención de sublevarse con una cifra superior a 5000 requetés, y lo que resulta más sospechoso, con el apoyo de un millar de falangistas[1116]. El 4 de junio, Mola contactó cerca de Leiza con el líder carlista alavés José Luis Oriol, quien le dio cuenta de los progresos en la organización del Requeté en su provincia y le sugirió la posibilidad de poner su fortuna personal y las fuerzas carlistas de su territorio sin condiciones previas al lado del Ejército[1117]. El día 11, el «Director» se entrevistó en Capitanía con Lizarza, delegado regional de la milicia carlista, quien ofreció un total de 8400 «boinas rojas». Aunque no se llegó a ningún acuerdo, que el general debería concluir con las más altas instancias de la Comunión, los contactos mantenidos entre Mola y los dirigentes carlistas alaveses y navarros durante la segunda decena de junio fueron decisivos para inclinar a la jerarquía carlista hacia la cooperación en el golpe militar[1118].

El 12 de junio, Mola recibió a través de Zamanillo una nota de ocho puntos escrita por Fal el día anterior y autorizada por don Javier donde se establecían las condiciones para la intervención de la CT en el movimiento: toma del poder por un directorio presidido por Sanjurjo y con dos consejeros civiles, uno encargado de la enseñanza, la propaganda y las relaciones con la Iglesia (posiblemente Fal) y otro (presumiblemente José Antonio) responsable de la administración local y las corporaciones; uso de la bandera bicolor, derogación inmediata de la Constitución republicana y de la legislación laica, reforma de los cuerpos del Estado, disolución de todos los partidos y compromiso de establecimiento de un Estado corporativo[1119]. Sólo se pedían garantías precisas de que la dirección política del movimiento fuera antiparlamentaria y de que se aspiraba a la desaparición de los partidos. Tras una larga e infructuosa entrevista celebrada con Fal el 13 de junio, Mola respondió rechazando las exigencias carlistas por inadmisibles para otros sectores implicados en la conspiración, presumiblemente ciertos generales republicanos y responsables de la UME. Dos días más tarde, ambos interlocutores se entrevistaron de nuevo en el monasterio de Irache. Mola entregó al dirigente tradicionalista el documento de trabajo «El Directorio y su obra inicial» acordado por los militares diez días antes, donde se establecía una serie de actuaciones iníciales (separación de Iglesia y Estado, libertad de cultos, reunión de Cortes Constituyentes sin especificar el proceso electoral y la estructura final de un Estado corporativo) que se centraban en la idea de una dictadura republicana sin tutela carlista y suponían en términos generales un nuevo episodio de los eternos litigios programáticos mantenidos con los militares conspiradores desde 1932[1120]. Fal se cerró en banda a tales sugerencias, y tras una estéril discusión sobre los colores de la bandera que presidiría el alzamiento y la confidencia de Mola sobre la necesidad de contar con los requetés ante la dudosa lealtad de los soldados de la guarnición, la entrevista terminó con un desalentador y profundo desacuerdo[1121].

El mes de julio supuso una evidente mejora en los planes generales de la sublevación militar; a fines del mes anterior, Falange se sumó sin reservas a la misma, debilitando de este modo el supuesto frente negociador conjunto con el carlismo esbozado en la carta de condiciones de 11 de junio. Esta circunstancia aparece consignada en el «Informe Reservado» de 1 de julio, cuando menciona el acuerdo con «cierta fuerza combativa»(Falange) e informa:

Está por ultimar el acuerdo con los directivos de una muy importante fuerza nacional indispensable para la acción en ciertas provincias, pues la colaboración es ofrecida a cambio de concesiones inadmisibles, que nos harían prisionero de cierto sector político en el momento de la victoria[1122].

Los problemas con un carlismo cada vez más celoso de su pérdida de iniciativa en el complot continuaron: el 2 de julio, Zamanillo y Lizarza entregaron a Mola una nota en la que se reiteraban las exigencias anteriores: dos consejeros asesores de Sanjurjo, bandera bicolor y «que se garantice que la futura política responda a los dictados de la Religión y acometa la reconstrucción política del Estado sobre bases sociales u orgánicas para acabar con el parlamentarismo y el sufragio liberal[1123]». La entrevista fue un nuevo fracaso y, al parecer, Mola, que alegó compromisos anteriores adquiridos con Queipo y Cabanellas, amenazó con el suicidio[1124]. Desde entonces, el «Director» pasó del diálogo con la jerarquía carlista a la amenaza, el aislamiento y más tarde el fomento de la división interna. La primera táctica corrió a cargo de «mediadores» como Gil Robles. El líder cedista, acompañado por Francisco Herrera Oria y el alfonsino Juan Ignacio Luca de Tena, se entrevistó a sugerencia de Mola con Fal en la tarde del 5 de julio en San Juan de Luz, pero mostró tal consciente falta de tacto en expresar sus propias ambiciones políticas y la de otros partidos de la derecha una vez consumado el golpe (un gobierno de concentración tras un breve intervalo militar) que la conversación derivó hacia expresiones más violentas. Según una carta escrita por Fal a Sanjurjo al día siguiente, los «mediadores» llegaron a afirmar que el carlismo no hacía falta, pues sólo se precisarían 500 hombres disfrazados de soldados, a lo que el líder carlista replicó indignado que se extrañaba que entre CEDA y RE no fueran capaces de proporcionar esta fuerza[1125]. La misión de Gil Robles y los monárquicos no sirvió sino para envenenar las ya turbias relaciones entre Fal y Mola, quienes se enfrascaron durante unos días en una crispada relación epistolar llena de mutuos reproches: Mola le escribió el día 7 reiterando el carácter antiparlamentario y no partidista del Directorio militar y su falta de compromiso con Maura o Gil Robles, y prometiendo una solución al problema de la bandera una vez el movimiento hubiera concluido. Fal replicó al día siguiente expresando sus dudas sobre la verdadera naturaleza antiparlamentaria y corporativa del futuro régimen, y acusando al proyecto de Mola de «sumar más de lo necesario y de lo conveniente». Mola respondió a su vez con una breve y dura carta donde reputaba como inaceptables las condiciones y daba por virtualmente finalizadas las conversaciones, no sin antes reconocer que «recurrimos a ustedes porque contábamos únicamente en los cuarteles con hombres uniformados que no pueden llamarse soldados; de haberlos tenido nos hubiéramos desenvuelto solos». Echaba la responsabilidad del eventual fracaso en las espaldas de la dirección carlista[1126].

El punto muerto sólo podía ser roto por Sanjurjo, quien a requerimiento de un mensaje que Fal envió a través de Lizarza un vital documento a Mola con copia para el jefe delegado de la CT, donde transigía en que los carlistas portaran la bandera bicolor mientras que el resto de las unidades no llevarían ninguna, y ofrecía su apoyo implícito al resto de las reclamaciones presentadas por la Comunión a Mola el 11 de junio, aunque dejaba en la nebulosa el régimen en que desembocaría el «Gabinete Militar». El 12 de julio, Mola rechazó este documento como apócrifo, ya que estaba más vinculado con sus colegas militares y en esos momentos estaba buscando el apoyo del Requeté por la más cómoda vía de las autoridades carlistas de Navarra[1127].

El 9 de julio, día de su carta de ruptura con Fal, Mola ya se había entrevistado con el conde de Rodezno en los alrededores de Pamplona, y tras solicitar de 1500 a 2000 requetés para levantar la moral de los soldados de la guarnición, en su mayoría asturianos de ideología socialista, recibió aliviado el consejo de tratar en lo sucesivo con la Junta Regional de la Comunión para todo lo relacionado con el Requeté navarro, verdadera clave de sus desvelos. El conde informó de inmediato a los miembros de la Junta navarra del impasse que sólo ellos podían desbloquear. Mola pasaba así de la táctica de la amenaza y el aislamiento a la del fomento de la división interna en el seno del carlismo: en una entrevista celebrada a fines de junio (en el momento más álgido del contencioso de la Diputación Foral) con Rodezno, Baleztena y el secretario de la Junta regional José Martínez Berasaín, el cerebro de la conspiración ofreció a los dirigentes navarros el control de los ayuntamientos de la región, mientras que ellos comprometieron 7000 requetés para defender sus fueros[1128].

Informada de estos manejos a sus espaldas, la «Junta de Conspiración» ordenó a Lizarza que comunicara a Utrilla, inspector de Requetés de Navarra, la orden terminante de actuar conforme a sus dictados, imponiendo un nuevo aplazamiento del golpe que estaba previsto para el 12 en Navarra y el 14 de África[1129]. Fal ordenó que se diese por terminada toda relación con Mola, «pues el carlismo no puede pasar por tales insultos», y prohibió el respaldo a cualquier movimiento armado que no revistiera carácter exclusivamente tradicionalista. En la tarde del 12 de julio, los representantes de la Junta de Navarra tuvieron una tormentosa discusión en Ciboure con Fal y don Javier, quien rechazó de plano la componenda foral, pero el jefe delegado decidió zanjar el litigio —que sobrepasaba la pura disconformidad de táctica insurreccional para transformarse en un problema de disciplina política que podía conducir a un cisma de la Comunión— elevando una consulta a don Alfonso Carlos y transigiendo en dar tres días de libertad de acción a los carlistas navarros en caso de que el levantamiento se realizase con anterioridad a la recepción de las órdenes del pretendiente desde Austria[1130]. La respuesta llegó a San Juan de Luz el día 13, y en ella don Alfonso Carlos apoyaba plenamente la gestión de Fal hasta ese momento, lo que permitió a don Javier recabar la suficiente autoridad como para prohibir a la Junta regional de Navarra (reunida en ese momento para ultimar los planes de la sublevación) toda negociación con Mola si el movimiento se desarrollaba sin un mínimo de garantías políticas[1131]. Ese mismo día, Fal envió a Lizarza a Pamplona con instrucciones de que no se alzara el Requeté salvo orden expresa suya y en una intentona predominantemente carlista, e incluso estuvo tentado de destituir a toda la Junta regional navarra[1132]. La muerte de Calvo Sotelo desbloqueó la situación: tras una visita realizada por los comisionados de Mola, capitanes Barrera, Lorduy y Vázquez, al domicilio de Lizarza, éste sugirió que el «Director» escribiera una carta en que manifestara su aceptación de la orientación política contenida en la carta de Sanjurjo de 9 de julio y en las ulteriores que éste emitiera como jefe del futuro gobierno. Ello no comprometería a Mola a los ojos de los otros militares, y sentaría las bases de un acuerdo de mínimos con la jefatura carlista.

Era evidente que la situación se estaba escapando del control del grupo de conspiradores reunidos alrededor del regente, sabedores de que a la franca rebeldía de Navarra se unían la decidida actitud proinsurreccional de hombres como Rada y Utrilla, el ambiente pasional despertado por la noticia del asesinato de Calvo Sotelo y las estrechas vinculaciones del Requeté con los militares conspiradores y otras fuerzas políticas en focos como Alava, Barcelona, Santander, Galicia, Granada, Sevilla o Valencia. Ante el peligro de desencadenar un cisma interno, Fal Conde y don Javier hubieron de renunciar definitivamente a su estrategia insurreccional en solitario. La virtual aceptación del movimiento militar se habría hecho a regañadientes y aceptando el hecho consumado del estado de ánimo preinsurreccional de las bases carlistas. Conseguida la aceptación del documento, ese mismo día regresaba Lizarza a Pamplona con el teniente coronel Rada, encargado de comunicar a Mola la conformidad de la CT. Éste recibió con la natural alegría esta decisión inevitable, pero sólo solicitó a Baleztena y Martínez Berasaín 800 requetés uniformados para pasearlos por la ciudad[1133]. El día 14, Mola, seguro ya de la participación carlista en la intentona, no tuvo inconveniente en reconocer de un modo implícito sus condiciones al mostrarse «de acuerdo con las orientaciones que en su carta del día 9 indica el general Sanjurjo y con las que en el día de mañana determine él mismo, como jefe de Gobierno[1134]», y pactó con Utrilla la integración de una compañía de requetés en cada batallón del Ejército.

Casi al mismo tiempo se celebró una nueva reunión entre la Junta navarra y el Comité conspirativo de San Juan de Luz, en cuyo transcurso Lizarza anunció que algunos comisionados navarros ya habían llegado a un acuerdo firme con el Ejército, aunque él había denegado toda colaboración del Requeté. Fal calificó el crucial momento de «derrota de los de la Junta y fracaso de su procedimiento traidor e indisciplinado». Pero en la noche del día 15, al conocer la carta conciliatoria enviada por Mola a través de Lizarza y Félix Maíz, la Junta de San Juan de Luz obtuvo una salida airosa y autorizó oficialmente al conjunto de la organización carlista a sumarse al movimiento militar con la condición de que su programa fuera el contenido en la carta de Sanjurjo. Don Javier dio las órdenes oportunas para la movilización del Requeté desde las 4 de la madrugada del 19 de julio, a las órdenes del Ejército y con «nuestra bandera, nuestros símbolos, vivas, organización y jerarquía» si se actuaba en unidades propias. La orden de actuar la darían los jefes militares; ante la posibilidad de fracaso de la empresa se establecía la ejecución de un plan propio de concentración, y en caso de triunfo, se preveía el modo de rendir armas ante el nuevo Gobierno[1135].

El 16 de julio, Mola, que había enviado a Ansaldo a Portugal en busca del marqués del Rif, volvió a mostrarse evasivo ante las condiciones del documento carlista, alegando que ello era «asunto de Sanjurjo». Fal, que consideraba que la nota de Mola no era suficiente, recurrió al ilustre exiliado para que a su vista ratificara su famosa carta, pero Lizarza, que actuó como correo, fue detenido el 17 en el aeródromo burgalés de Gamonal, y el documento nunca llegó a manos del jefe supremo de la conjura, que moriría tres días más tarde.

El 18 de julio, el comandante Luis Rabanera, inspector del Requeté alavés, fue llamado por Camilo Alonso Vega al cuartel de Flandes en Vitoria, donde elaboraron de consuno el plan de despliegue de la milicia carlista. Las instrucciones para la movilización del requeté las dio Rabanera en su casa a sus hijos mayores, y éstos a su vez a sus amigos, chicos jóvenes de la clase media conservadora de Vitoria, con los que salieron a recorrer los distintos pueblos[1136]. Fue, sin duda, la fortaleza de los lazos comunitarios y la densidad de extensas redes sociales que unían a las comunidades locales con la ciudad lo que explican el amplio nivel de movilización producido en Navarra o Alava en julio de 1936. Con gritos entusiasmados de «¡Todos los hombres a la guerra!», sonaron las campanas de las iglesias convocando al vecindario, se izaron en los ayuntamientos las banderas bicolor y carlista y salieron a la calle las fuerzas del Requeté. En Pamplona, donde «hasta los limpiabotas hablaban del próximo alzamiento militar, y donde grupos de jóvenes requetés cantaban canciones por algunas calles de un modo que parecía alusivo a lo que se preparaba[1137]», se pudieron contemplar el 19 de julio escenas como éstas:

Una emoción inefable y única. Era un reír que daba ganas de llorar, y un llorar que se rompía en risa; algo como una tos nerviosa. El vecindario, con los ojos arrancados al sueño, mal vestido con batas y albornoces, aplaudía rabiosamente desde los balcones […] Toda la población estaba loca de alegría […] A todos les parecía un sueño. Y lo era. Sueño, delirio, calentura… Los gritos reprimidos quince años, los himnos, las banderas, los uniformes brotaron de repente […] la Historia retrocedió cincuenta años, cien años, para que reviviesen en sus marcos las litografías de los carlistas[1138].

[…]

Oleadas de hombres maduros y de juveniles muchachos que, fusil al hombro y pistola, puñal y granadas al cinto (bajo la dirección inmediata y personal en muchísimos casos de sus respectivos curas párrocos, con su fusil también al hombro, su pistola y su cartuchera sobre al negra sotana), acudían, corrían, volaban en incesante e incontenible pleamar convergente, al llamamiento divino de «¡Viva Cristo Rey y abajo la República laica!», lanzado indudablemente por Dios en la ciudad de Pamplona[1139].

[…]

A la otra mañana era domingo. Salió un día de estos espléndidos de sol. Como oías la radio […] ¡Ya está el jaleo! Voy a la Plaza del Castillo y ¡oooh! Todo lleno de boinas coloradas: ya iban llegando los de la Cuenca, habían dejado de segar […] Jaime del Burgo con una compañía de requetés, con la boina colorada, haciendo instrucción, preparando a la gente para ir al cuartel y para salir al frente, Enseguida piquetes por aquí, piquetes por allá […] Y al día siguiente la gente llegar, llegar, y llegar, y ánimos y ánimos[…][1140]

Fue una recluta en el más puro estilo de las levas patrióticas decimonónicas, con escenas y mitología eclesiales que buscaban sacralizar la guerra como en 1808, 1833 o 1872. También se vivieron escenas de euforia y comunión bélico-religiosa directamente emparentadas con las predicaciones de Pedro el Ermitaño y las manifestaciones político-religiosas carlistas del siglo XIX[1141]. Un ambiente de cruzada que podría inspirarse en las evocaciones de Valle Inclán, pero también en la modernidad festiva y semideportiva de los Sanfermines o de la Marcha sobre Roma. La invención del Alzamiento como rebelión antirrevolucionaria de las provincias de la periferia contra un Madrid dirigido por vez primera por una élite europeizante ajena al casticismo comenzó a dar coherencia a un conflicto que hasta entonces, como gran parte de la violencia durante la República, había estado marcado por el localismo[1142]. Sin embargo, lo que dio dramatismo a la primavera de 1936 no fue la inminencia de un fantasmagórico proceso revolucionario, sino la creciente visibilidad de la violencia política en las grandes ciudades, y su preocupante evolución en espiral desde marzo-abril de 1936. Cualquier hecho coactivo o delictivo, por nimio que fuera, fue magnificado y politizado por ambos bandos, al tiempo que la prensa menos extremista clamó por el restablecimiento de la neutralidad de la calle[1143]. El Gobierno, situado entre sus compromisos electorales y su obligación de garantizar la tranquilidad ciudadana, afrontó el deterioro del orden público con un apoyo sociopolítico insuficiente y unos recursos gubernativos poco fiables para afrontar la «estrategia de la tensión» que alimentaron sectores significativos de la derecha para forzar al Ejecutivo a incrementar la represión y precipitar el deterioro de su autoridad y en último término su deslegitimación, franqueando de ese modo la puerta a un golpe de Estado preventivo que permitiera el establecimiento de un régimen autoritario.

El impacto psicológico acumulativo de los desórdenes públicos, la proclamada beligerancia del gobierno de Casares contra el fascismo y las manifestaciones catastrofistas de unos líderes políticos que no diferenciaban formas legítimas e ilegítimas de expresión de reivindicaciones contribuyeron a despertar el miedo a la revolución en las clases poseedoras y la prevención de una izquierda que veía actuar a los diversos partidos de derecha como unidades especializadas de un mismo proyecto contrarrevolucionario. Cabe afirmar que la violencia por sí sola no destruyó la República, ya que otros regímenes y gobiernos habían y han soportado niveles similares o incluso mayores de agresividad política sin colapsarse. Fue necesaria una redefinición de la naturaleza de la violencia como amenaza inminente a la integridad personal, social y política de determinados grupos para que éstos optaran por una respuesta armada expeditiva y sin cuartel[1144]. El generalizado estado de miedo y de ansiedad aceleró la dinámica de represalias y contrarrepresalias, en medio de continuos llamamientos a la resolución de los problemas políticos por medio de la fuerza. El temor a la revolución y a la guerra civil provocó la violencia preventiva de unos y la repuesta defensiva de otros, en una espiral que condujo en definitiva, en una particularmente siniestra self-fulfilling prophecy, a ese fin no deseado. Esta violencia crecientemente organizada, que no pudo ser constreñida con los mecanismos precautorios y sancionadores del Estado republicano, generó una dinámica de polarización que acabó arrojando a buena parte de la derecha en brazos del Ejército. Como reconoció Azaña en 1937, «el hecho político de la rebelión se ha incubado al calor del miedo. El coco de la revolución social, manejado por los propagandistas de la dictadura, le quitaba el sueño a mucha gente pacífica[1145]». La actitud psicológica de los sectores más movilizados de la sociedad española a mediados de julio de 1936 puede condensarse en el reflejo del temor como elemento desencadenante de la violencia. A partir del día 17, el Ejército cortó sin contemplaciones ese nudo gordiano del recelo mutuo. Fue entonces cuando el «miedo a» los adversarios ideológicos dejó paso al «terror contra» los enemigos políticos, dirigido a su eliminación física a través de prácticas de exterminio.

La clave de la crisis de Estado quedó en manos de los militares como principales agentes de la violencia institucional. Un sector de Ejército, persuadido de la incapacidad del elemento civil antirrevolucionario para lograr la primacía en el conflicto de dominación planteado con creciente virulencia, se comportó, no como corporación al servicio del Estado, sino como un actor político más que acudía en defensa de unos intereses respecto de los cuales Consideraba que la derecha no había logrado su eficaz imposición o defensa. Fue el Ejército, o al menos una parte de él, quien acabó tomando la iniciativa y aglutinando en su seno las diferentes vías conspirativas militares y los proyectos insurreccionales civiles, que hubieron de plegarse a un plan subversivo y de reorganización del Estado formulado bajo parámetros casi exclusivamente castrenses, que en principio no iban mucho más allá de la organización de una dictadura militar en un régimen temporal de excepción. De modo que, si los desórdenes provocados por las organizaciones de izquierda —por muy violentos que éstos fueran— difícilmente pueden ser calificados de eventos revolucionarios en sentido estricto, en el caso de la sintonía subversiva de los militares golpistas y de los diversos grupos de la derecha sí se puede confirmar la existencia —todo lo imperfecta que se quiera, pero efectiva al fin y al cabo— de una situación (contra) revolucionaria de doble poder. Pero esta alianza subversiva se consumó en medio de grandes dificultades y de profundos recelos políticos que dificultaron la organización de un movimiento conspirativo e insurreccional con visos de éxito. Tal sería una de las razones del fracaso de un movimiento armado que desembocó en la salida revolucionaria de una guerra civil.

EPÍLOGO

LA RADICALIZACIÓN DE LAS DERECHAS

Y EL NAUFRAGIO DE LA REPÚBLICA.

No cabe duda de que los años treinta fueron la época dorada de la extrema derecha española. Nunca hasta ese momento este segmento tan volátil del espectro político había tenido una caracterización contrarrevolucionaria tan plena, y unas lecturas políticas tan ricas y contrastadas, debido al desmoronamiento de la derecha liberal parlamentaria, a la debilidad de la derecha democrática (en su versión liberal-conservadora o social-cristiana) y al eclipse temporal como actores político-institucionales de las grandes fuerzas conservadoras del siglo XIX: Iglesia, Monarquía y Ejército. Se ha dicho que, en períodos de tranquilidad, la extrema derecha se identifica con la nostalgia del pasado o con la protesta contra el sistema, pero que en coyunturas de crisis e incertidumbre se extiende como el miedo a amplios sectores sociales.

El cambio de régimen impuso una absoluta renovación de los modos de actuación política de las diversas corrientes de la derecha no identificadas con la República. La opción estratégica escogida por la mayor parte de los grupos fue un proceso de radicalización general, pero de intensidad variable, que ya habían recorrido o estaban recorriendo buena parte de los grupos conservadores europeos desde la crisis de fin de siglo, y sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. El rechazo a la transformación democrática de los regímenes liberal-parlamentarios dio lugar a la aparición de diversas tendencias de derecha radical, autoritaria o revolucionaria, que a pesar de sus diferencias, buscaban poner freno a la intervención de las masas en la política mediante medidas como el rechazo a la democracia y al liberalismo, y la introducción de doctrinas corporativistas; la transformación semidictatorial del Ejecutivo; un neotradicionalismo monárquico, e incluso el planteamiento de la acción violenta en la calle a través de grupos armados más o menos estables. Son estas circunstancias las que estuvieron en el origen de la radicalización de nuestras clases conservadoras en el período de entreguerras: reacción defensiva muy violenta a la irrupción de las masas en la política, y movilización de los recursos humanos, políticos e ideológicos en la dirección de un autoritarismo renovado. La crisis de los años treinta incrementó los efectivos de las derechas radicalizadas, y les brindó la autonomía política que no habían tenido durante la monarquía liberal. Pero aunque las ideas y los valores del conservadurismo intransigente impregnaron a un sector social más amplio, la moderna derecha radical y revolucionaria, adaptada a la política de masas, apareció en España con suma dificultad.

El gran desafío de las distintas formaciones antirrevolucionarias fue articular organizaciones, marcos culturales y repertorios de acción eficaces y asumibles por un sector significativo de la población. El primer reto resultó especialmente complicado. Los modelos organizativos asumidos hasta entonces por las derechas habían demostrado su ineficacia para movilizar de forma duradera a la opinión pública. Fracasados los viejos partidos de notables (tanto los dinásticos como los constitucionalistas o el efímero centrismo), los grandes agrupamientos cívicos organizados desde el poder en los años veinte (como la Unión Patriótica) y la nebulosa de entidades antirrevolucionarias surgidas en la crisis terminal de la Monarquía, la derecha emprendió una trabajosa recomposición bajo modelos de circunstancias. La gran concentración antirrevolucionaria de carácter provisional que fue Acción Nacional, estructurada en un programa mínimo (recuerdo de las plataformas católicas organizadas a inicios de siglo o de la propuesta lanzada desde El Debate y el movimiento maurista antes de la Gran Guerra), se transformó en el gran partido conservador de masas del período republicano gracias a la tarea proselitista emprendida desde los más diversos centros de sociabilidad católica. Mientras tanto, el carlismo hubo de enfrentarse a las querellas faccionales y los personalismos locales en el proceso de modernización y centralización liderado por Fal Conde desde 1934; el alfonsismo se vio obligado, al estilo de l’Action Française, a adoptar la estructura del partido de notables organizado en torno a un grupo intelectual, y el falangismo apenas tuvo ocasión de poner en marcha un modelo eficiente de partido-milicia.

Con todo, el proceso de radicalización de las derechas se puso de manifiesto en aspectos muy diversos, como la brutal transformación del lenguaje y de la simbología política. La polarización de los significados culturales derivó en un progresivo rechazo de la identidad España = República por parte de las derechas accidentalistas, monárquicas y fascistas, que siempre identificaron la democracia republicana con la revolución extranjerizante. Esta tensión lingüística, resultado de la ausencia de consensos políticos básicos, se manifestó con claridad en el repudio dirigido al término «república», y a otros conceptos políticos fundamentales como «libertad», «democracia» o «revolución». La belicosidad se manifestó claramente en el léxico de la acción partidaria. Desde los comienzos del régimen republicano, los seguidores de la derecha católica podían ser desacreditados con los epítetos más mordaces. El término «fascista», utilizado de forma peyorativa para designar al albiñanismo y al falangismo, comenzó a extender su campo semántico hacia toda la derecha entre la toma del poder por Hitler en enero de 1933 y el triunfo electoral cedista de noviembre. Pero a la altura de 1936 este epíteto denigratorio ya era asumido sin mayores problemas por un sector creciente de la extrema derecha, ya que Calvo Sotelo se declaró solemnemente fascista ante el Parlamento.

Tras la revolución de 1934 comenzó a difundirse un vocabulario político cada vez más militarizado: los afiliados se convirtieron en militantes o milicianos; las convocatorias políticas, en movilizaciones; las manifestaciones, en desfiles o concentraciones; los líderes, en jefes o dirigentes, y las elecciones, en luchas, batallas o contiendas electorales. Los gritos y las consignas como fórmula concisa y ritualizada de identificación política fueron un corolario inevitable de la acción callejera. Expresiones como «Viva España», «España, una, grande y libre, Arriba España» (grito falangista), «España una, España justa, España Imperio» (lema de la JAP) o «Viva Cristo Rey» (carlista-integrista), y eslóganes electorales como «contra la revolución y sus cómplices» y «a por los trescientos… a por él» (referencia cedista al objetivo del logro de una mayoría absoluta que permitiera la destitución del presidente de la República) se transformaron en invectivas que cobraron una fuerte carga emocional y una extensión de su significado cercano a la provocación, entrando con su «magia verbal» a formar parte del ámbito del prejuicio y el estereotipo, materializados por agitadores que abusaban de esas formas, símbolos, mots d’ordre y palabras manipuladas para fines políticos.

La simbólica política transmitida por medios no verbales tuvo también un enorme desarrollo, y un influjo nada desdeñable en la catalización de ese ambiente de enfrentamiento precursor de la guerra civil. No sólo los emblemas partidistas (la cruz flordelisada japista, la cruz de Santiago del PNE, el yugo y las flechas de Falange, el lis borbónico, la boina roja, la margarita y la cruz de San Andrés del carlismo, etc.) o los himnos (el himno japista, el Cara al Sol falangista, la Marcha Real Alfonsina o el Oriamendi carlista) transmitían todo un imaginario de la confrontación, sino que incluso los colores adquirieron una notoria carga política, hasta el punto de ser la referencia fundamental de la indumentaria partidista: el blanco del monarquismo borbónico, el amarillo del sindicalismo católico, el azul del falangismo confrontado con el carmesí socialista, o el rojo de la revolución obrera como antítesis del negro símbolo de la reacción, del jesuitismo y del clericalismo dominantes en el bienio cedorradical[1146]. Y, por último, el empleo del verde como un acróstico («Viva El Rey De España») en favor de la restauración monárquica.

La proliferación de rituales políticos de masas como mecanismos que evocan marcos ideológicos cargados de significado resultó ser un espectáculo habitual en todas las formaciones: las concentraciones japistas, los aplecs carlistas o las reuniones campestres falangistas dejaban traslucir un componente religioso (el culto necrófilo a los héroes y mártires «caídos») mezclado con la mística combatiente, en una transmisión codificada de amenazas que no pasaba desapercibida a sus enemigos políticos. Los símbolos sensibles (emblemas, banderas, insignias, himnos, saludos, uniformes, etc.) estaban más cargados de significado que un programa expuesto de forma compleja. La proliferación multicolor de camisas (azul celeste albiñanista, azul Mahón falangista, caqui del Requeté, gris Alfonsina) con sus correspondientes aditamentos partidistas y los rituales colectivos (concentraciones, desfiles, funerales…) marcaban de forma ostensible las diversas fronteras de la juventud activista y de un espacio público cada vez más polarizado.

La exposición, oposición y erradicación de símbolos entendidos como metáforas del conflicto político tuvieron graves consecuencias de orden institucional, erosionando la legitimidad del régimen republicano. La polémica respecto a la retirada de los crucifijos de las escuelas, los enfrentamientos callejeros con motivo de la difusión extemporánea de un himno (como los producidos frente al Círculo Monárquico el 10 de mayo de 1931), la prohibición por la Ley de Defensa de la República de la exhibición de emblemas, insignias o distintivos monárquicos, la realización de pintadas en las paredes de los edificios públicos y las sedes de partidos rivales o el malestar de amplios sectores del Ejército por el cambio de colores de la enseña nacional son buenas pruebas del potencial conflictivo que tienen los contenciosos relacionados con la execración pública de símbolos que, como los patrióticos o religiosos, conciernen a valores indivisibles, y por tanto innegociables[1147].

La radicalización también se plasmó en la adopción de estructuras organizativas disciplinadas, especializadas, jerarquizadas y con vocación totalizante; unas formas de liderazgo «fuerte» legitimado por el carisma, o el desarrollo de ideologías catastrofìstas, excluyentes y rupturistas. Pero se percibió sobre todo en la adopción de unas estrategias de movilización de carácter marcadamente agresivo, que agudizaron la tensión entre moderados y radicales en la práctica totalidad de los grupos de la extrema derecha. En ese sentido, la equivalencia radicalización = fascistización, tan empleada por la publicística izquierdista de la época, se justificaría en la medida en que describe sobre todo una táctica de lucha política, una adopción de rasgos externos (lo que en terminología falangista quedó definido con el etéreo concepto del «estilo»: parafernalia y estructura castrenses; culto a la jefatura carismàtica; fórmulas, consignas y eslóganes seudorrevolucionarios; elitismo y aspiración a la movilización de masas; retórica obrerista e interclasista; ultranacionalismo violento, etc.) y una cierta mimesis de los elementos privativos de la ideología fascista (nacionalismo extremo con el objetivo de la movilización de masas, Estado autoritario o totalitario, cultura o filosofía antimaterialista, antiliberalismo, anticomunismo, anticonservadurismo, nacionalismo autoritario, sistema económico multiclasista, imperialismo y revisión del status internacional, etc.), cuya incorporación al acervo teórico de los grupos de derecha no significa que predominaran en el subconjunto doctrinal propio de cada colectivo afectado. La noción de «fascistizado» se utilizó durante la Segunda República para señalar la impregnación de determinados elementos de la ideología y de la praxis fascista a que se vieron sometidos determinados grupos sociales y organizaciones políticas atraídos por ese activismo procedente de Alemania e Italia que aparecía como más moderno y violento que el proceso de radicalización defensiva seguido por algunos grupos conservadores europeos en los años veinte y treinta. En realidad, el fascismo no sólo era una forma de hacer atractivo el conservadurismo para las masas neutras con un pretendido aire de modernidad, sino sobre todo un modelo de eficacia contrastada a la hora de conseguir el poder destruyendo las organizaciones del movimiento obrero[1148]. La «fascistización» nació del convencimiento de que el fascismo era un movimiento de respuesta agresiva adaptado a los nuevos usos de la política de masas y a la entidad de la «amenaza» revolucionaria, y cuya organización y táctica violentas podían ser asimiladas en España a través de la paramilitarización de la vida política.

Además de las indudables pervivencias tradicionales en la organización y las ideologías de la contrarrevolución, lo que más llama la atención es la continuidad en los métodos de acción política violenta heredados de la Gran Guerra, y centrados en el modelo de organización paramilitar. Durante la República, la violencia política trató de ser «gestionada» a través de grupos armados estrechamente vinculados a la organización y a la estrategia de los partidos. La milicia política fue el gran hallazgo subversivo de la época en toda Europa, y la culminación de un proceso de creciente organización y privatización de la violencia que ya se rastreaba en las décadas anteriores. Aunque fue un fenómeno que afectó a casi todas las tendencias partidistas, las derechas utilizaron sobre todo la paramilitarización como penúltimo recurso de acción política, antes de optar por la baza suprema del golpe militar. El modelo paramilitar preferido por las organizaciones de la derecha española fue el fascista, que había ofrecido cumplidas muestras de su eficacia en los años anteriores. Atraídos por el éxito de los squadristi en los años veinte y de las SA en los treinta, los grupos derechistas españoles adoptaron en mayor o menor medida y fortuna su tipo de encuadramiento en partidos «movimentistas», sus rasgos externos e incluso sus métodos de lucha y movilización políticas, pero mantuvieron casi invariables las pautas ideológicas conservadoras. Pero la paramilitarización resultó un fiasco casi sin excepción, si tenemos en cuenta que la única milicia digna de tal nombre —el Requeté carlista— respondía a una tradición propia y muy anterior. El proceso paramilitarizador no resultó uniforme en el conjunto de fuerzas de la derecha, aunque buena parte de ellas asumieron desde 1931 diversos pero complementarios papeles en la «división del trabajo» subversivo contra la República. La deficiente movilización bajo encuadramiento seudocastrense obligó a poner de nuevo sobre el tapete añejas estructuras subversivas procedentes del siglo XIX, como la conspiración elitista o la sociedad secreta militar, como la UME, que defendió un programa que osciló entre la reivindicación de intereses corporativos, la defensa de la República contra una eventual revolución o el derrocamiento del régimen mediante un golpe de Estado. Esta deficiente paramilitarización posibilitó también la penúltima resurrección de la movilización «cívica» que había vivido su momento dorado en la Dictadura de Primo de Rivera, y propició la supervivencia de repertorios violentos como el pistolerismo, la algarada callejera, la insurrección a campo abierto, los distintos modos de rebeldía militar (incluido el golpismo) y, en definitiva, la guerra civil que acabó por subsumir al resto de manifestaciones del conflicto armado.

Constatada la incapacidad de las ideologías, organizaciones y estrategias de confrontación violenta de la derecha para asaltar la República por sus propios medios, el instrumento contrarrevolucionario escogido a la postre fue la intervención militar tradicional. La subordinación, voluntaria o forzada, a las directrices del sector conspirativo del Ejército en la primavera de 1936 marcó de forma elocuente los límites de la modernización subversiva de las derechas antirrepublicanas, aunque no dejan de ser interesantes sus diferencias de opinión sobre el papel político que debían jugar las Fuerzas Armadas. Para los carlistas, el Ejército era el ejemplo y el auxiliar natural de su propio modelo insurreccional. Para los alfonsinos, un militarismo bien dirigido debía ser la clave de la transformación autoritaria del régimen y el primer paso hacia la restauración monárquica. En teoría, Gil Robles nunca renunció al civilismo, pero bajo la inspiración del Somatén primorriverista sentó las bases de la movilización antirrevolucionaria de sus juventudes y se apoyó en el Ejército como ultima ratio de una política gubernamental antirreformista, aunque su fe en la supeditación de poder militar al civil se tambaleó tras la crisis ministerial de diciembre de 1935 y se derrumbó de forma espectacular tras las elecciones de febrero de 1936. Los llamamientos de José Antonio Primo de Rivera a los militares se hicieron con la intención de obtener de ellos la fuerza que Falange no tenía, aunque siempre bajo su tutela y dirección; pretensión pronto desmentida e incluso efectuada en sentido inverso, toda vez que en el seno del propio Ejército se estaban estableciendo teorías y organizaciones militaristas de carácter perfectamente autónomo[1149]. Sin embargo, a la altura de 1936 todas las formaciones contrarrevolucionarias estaban de acuerdo en que era la fuerza militar quien debía acabar con la República y levantar una nueva legalidad bajo su tutela directa. Si en 1931 el dilema se había centrado entre las propuestas de reforma entendidas como cambio estructural gradual y no revolucionario y la reacción entendida como exclusiva vuelta a la situación de hegemonía anterior al 14 de abril, las intentonas subversivas de 1932 y 1934 habían acelerado un proceso de radicalización donde la disyuntiva respecto al régimen se planteaba entre la revolución entendida como cambio profundo de estructuras y la contrarrevolución según la entendía De Maistre, es decir, como la elaboración de un régimen de autoridad nuevo que imposibilitase toda posible recaída en los «excesos revolucionarios». Fuera o no cierto este dilema, según fue difundido por los líderes políticos y percibido por la población en la primavera del 36, la polarización se hizo evidente a través de la crisis de representación que afectó a los partidos «moderados» del sistema (el radicalismo, el socialismo y el cedismo, sin contar con el siempre reducido eco social del republicanismo de izquierdas) y la consecuente radicalización de posturas políticas, como el paso de la mayoría de la CEDA hacia actitudes de rebeldía activa o pasiva cercanas al fascismo, o la tantas veces mencionada y menos entendida «bolchevización» del partido socialista.

Al tiempo que se desarrollaba este complejo proceso de polarización que hemos analizado, se percibió la incapacidad de los proyectos de reacción o revolución en volcar a su favor este «equilibrio catastrófico» mediante una acción subversiva de largo alcance. Y lo que resulta más significativo, la revolución y el reformismo quedaron subsumidos en 1936 en una misma alianza coyuntural a través del frentepopulismo, que a pesar de todo tampoco logró el éxito en ese conflicto de dominación.

En definitiva, a pesar de su amplia movilización, las derechas extremas no lograron articular un proyecto contrarrevolucionario propio y coherente, salvo en su definición antirrepublicana, ni un instrumento de movilización y confrontación que posibilitara la toma del poder por sus propias fuerzas. La armonía política no reinó nunca entre los partidos de la derecha accidentalista o catastrofista. Pero, a diferencia de las concepciones subversivas que dividían profundamente a la izquierda, las estrategias particulares (la desactivación legal de la República propugnada por la CEDA, el derrocamiento abierto del régimen mediante una insurrección acariciada de antiguo por el carlismo, la repetición del proceso restauracionista de conquista del poder alentada desde el alfonsismo o la trayectoria más errática del falangismo) fueron sacrificadas a la postre en favor del apoyo al Ejército, poder decisivo e inapelable en la dura pugna bélica que, a partir de julio de 1936, libraron la revolución y la contrarrevolución españolas.

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APÉNDICE FOTOGRÁFICO

FOTO 1.Ramiro Ledesma con el emblema de la «Guerra Hispánica», 1931. © Agencia EFE.<<

FOTO 2. Miembros del Círculo Monárquico de la calle Serrano de Madrid son agredidos por un grupo de republicanos, 10 de mayo de 1931 (BNE).<<

FOTO 3. Ramiro de Maeztu en una conferencia en la sede de la Sociedad Cultural Acción Española. A su izquierda, el marqués de Quintanar. © Agencia EFE.<<

FOTO 4. El aviador Juan Antonio Ansaldo Bejarano, uno de los dirigentes de la Primera Línea de Falange, en un homenaje. A su izquierda, Rafael Sánchez Guerra, secretario general de la Presidencia de la República, ca. 1934.© Agencia EFE.<<

FOTO 5. Un guardia civil pide la documentación a José Antonio Primo de Rivera durante la concentración ilegal de las centurias madrileñas de Falange en el aeródromo de Estremerà (Carabanchel) el 3 de junio de 1934.Al fondo, las milicias alineadas. © Agencia EFE.<<

FOTO 6. El capitán Barrau, el general carlista Diez de la Cortina y el comandante Redondo, pasando revista a los requetés en el cortijo sevillano del Quintillo, 15 de abril de 1934.<<

FOTO 7. El comandante Redondo junto a un grupo de requetés en el Círculo Tradicionalista de Sevilla, 15 de abril de 1934.<<

FOTO 8.El coronel Eugenio Sanz de Lerín, jefe de las decurias carlistas navarras (BN).<<

FOTO 9.Concentración de la JAP en El Escorial, 22 de abril de 1934. © Agencia EFE.<<

FOTO 10.Concentración de la JAP en El Escorial, 22 de abril de 1934.ARCM, Fondo Santos Yubero.<<

FOTO 11.Concentración de la JAP en El Escorial, 22 de abril de 1934.ARCM, Fondo Santos Yubero.<<

FOTO 12.Gil Robles, el conde de Rodezno y Calvo Sotelo en el Congreso de los Diputados, 1935 (ARCM, Fondo Santos Yubero).<<

FOTO 13. Reunión de la minoría monárquica en el Congreso de los Diputados en 1935.En torno a la mesa se puede identificar a Esteban Bilbao, al conde de Rodezno, a Antonio Goicoechea, a José Calvo Sotelo y al doctor Albiñana (ARCM, Fondo Santos Yubero).<<

FOTO 14. Ramiro de Maeztu, José Calvo Sotelo, el marqués de Quintanar, Eugenio Montes y Víctor Pradera en la sede de la asociación cultural Acción Española, 8 de febrero de 1935 (ARCM, Fondo Santos Yubero).<<

FOTO 15. Mitin de José Antonio Primo de Rivera en el cine Madrid, 19 de mayo de 1935. Al fondo, el telón de los caídos. © Agencia EFE.<<

FOTO 16.Concentración de la JAP en Uclés, 28 de mayo de 1935 (ARCM, Fondo Santos Yubero).<<

F

FOTO 17.Concentración de la JAP en Uclés, 28 de mayo de 1935 (ARCM, Fondo Santos Yubero).<<

FOTO 18.Concentración de la JAP en Uclés, 28 de mayo de 1935 (ARCM, Fondo Santos Yubero).<<

FOTO 19. El ministro de la Guerra, Gil Robles, y el comandante Juan Antonio Ansaldo en el aeródromo de Cuatro Vientos, en un vuelo a Canarias suspendido por el mal tiempo, invierno de 1935 (ARCM, Fondo Santos Yubero).<<

FOTO 20. José María Albiñana, líder del Partido Nacionalista Español (BNE).<<

FOTO 21. Albiñana en una conferencia en la sede de Renovación Española, 1936 (ARCM, Fondo Santos Yubero).<<

FOTO 22. Sucesos del 14 de abril de 1936: vista desde la tribuna presidencial del desorden producido tras la explosión de un artefacto durante el desfile conmemorativo del V Aniversario de la República. © Agencia EFE.<<

FOTO 23. La Guardia de Asalto detiene al falangista Isidoro Ojeda Estefanía, que había arrojado un petardo junto a la tribuna presidencial erigida en el Paseo de Recoletos. Minutos después, un tiroteo detrás de la misma tribuna produjo la muerte del alférez de la Guardia Civil Anastasio de los Reyes López (BN).<<

FOTO 24. Incidentes del 16 de abril de 1936: el féretro del alférez de la Guardia Civil Anastasio de los Reyes es llevado a hombros por sus compañeros por el Paseo de la Castellana (BN, Agencia Keystone).<<

FOTO 25. Guardias civiles de la comitiva fúnebre del alférez De los Reyes esgrimen pistolas cerca del Palacete de la Presidencia del Consejo en el número 3 de la Castellana tras haberse producido un tiroteo en la confluencia de este paseo con la calle Miguel Ángel, en el que hubo un muerto y varios heridos. El cortejo cambió el trayecto marcado por la Dirección General de Seguridad y se dirigió hacia la Plaza de Cibeles con la intención de asaltar el Congreso de los Diputados (BN, Agencia Keystone).<<

FOTO 26. Hallazgo en Madrid de armas y uniformes para el Requeté y la Primera Línea de Falange, 7 de junio de 1936 (ARCM, Fondo Santos Yubero).<<

FOTO 27. Capilla ardiente de Calvo Sotelo con jóvenes haciendo el saludo fascista, 14 de julio de 1936 (ARCM, Fondo Santos Yubero).<<

FOTO 28. Altercados en la calle de Alcalá tras el entierro de Calvo Sotelo, 14 de julio de 1936 (ARCM, Fondo Santos Yubero).<<

FOTO 29. El coronel Valentín Galarza Morante, uno de los fundadores de la Unión Militar Española (UME) durante la guerra civil, ca. 1937. © Agencia EFE.<<

FOTO 30. El general Ricardo Rada Peral, antiguo jefe de las milicias de Falange y el Requeté, con el general Cavalcanti durante la guerra civil, ca. 1937-1938. © Agencia EFE.<<

EDUARDO GONZÁLEZ CALLEJA (Madrid, 12 de Marzo de 1962). Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, y Doctor en Historia (sección Historia Contemporánea) por esta misma Universidad en 1989. Fue Maître de conférences associé en la Université de Provence (Francia) de 1991 a 1995 y Científico Titular del Departamento de Historia Contemporánea del Instituto de Historia del CSIC (unidad de investigación de la ejerció la jefatura de 2003 a 2005) entre 1990 y 2006. Ha sido profesor invitado en las Universidades de Paris III-Sorbonne Nouvelle, Paris X, Nice-Sophia Antipolis, McGill (Montréal), UAQM (Montréal), Macerata (Italia), Ca Foscari (Venecia, Italia), San Marcos (Lima), Universidad de Lima, Morón (Buenos Aires, República Argentina) y London School of Economics, entre otras. Es miembro fundador de la Asociación de Historia Contemporánea y de la Asociación para el Estudio de las Migraciones Ibéricas Contemporáneas (A. E. M. I. C.). Desde 2002 forma parte del Comité Científico de la revista Mélanges de la Casa de Velázquez, en la que desempeña el cargo de Secretario del Consejo de Redacción. También es columnista habitual del suplemento ABC de las Artes y las Letras.

Sus líneas de investigación se centran en la teoría interdisciplinar de la violencia; la violencia política en la España contemporánea; el terrorismo; la historia política de la Restauración, la Dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República; la historia comparada y la acción exterior de los fascismos; la historia la protesta estudiantil en la España contemporánea; la prensa y propaganda en la República, la guerra civil y el franquismo; la política cultural hacia Iberoamérica (1931-1992); la historia social del deporte en España; la prosopografía de las élites políticas en España y la historia de los exilios en la España contemporánea.

Entre su obras más destacadas tenemos: La razón de la fuerza. Orden público, subversión y violencia política en la España de la Restauración (1874-1917); El máuser y el sufragio Orden público, subversión y violencia política en la crisis de la Restauración (1917-1931); El terrorismo en Europa; La violencia en la política. Perspectivas teóricas sobre el empleo deliberado de la fuerza en los conflictos de poder; Los golpes de Estado. La España de Primo de Rivera (1923-1930). La modernización autoritaria; Rebelión en las aulas. Movilización y protesta estudiantil en la España contemporánea (1865-2008): Contrarrevolucionarios. Radicalización violenta de las derechas durante la Segunda República, 1931-1936.

También ha participado en obras de conjunto como En el combate por la historia o los Mitos del 18 de Julio.

Notas

[1] Jenkins, 1981: 135. <<

[2] Tilly, 1986: 541. <<

[3] Tilly, 1983: 69. <<

[4] Lorenzo Cadarso, 2001: 159-161. <<

[5] Tarrow, 1991: 8. <<

[6] Jover, 1991: 91. <<

[7] González Calleja, 1999: 627-634. <<

[8] Discurso de Manuel Azaña (17-VII-1931), cit. por Juliá, 1990: 91. <<

[9] Sánchez Recio, 2003; Casas Sánchez, 2002 y Humlebaek, 2006. <<

[10] Linz, 1981: 382. <<

[11] Ben-Ami, 1990: 431. <<

[12] González Calleja, 1998 y 1999. <<

[13] Robinson: 1974: 53 y Vegas Latapié, 1941: 89. <<

[14] Ansaldo, 1951: 23; Bertrán Güell, 1939b: 82-83 y Vidarte, 1976: 31-32. <<

[15] Informe de la Sûreté (5-V-1931), en AQO, Europe, 1918-1940, Espagne, Politique intérieure, dossier general, leg. 151, p. 219 y Heraldo de Madrid, 11-V-1931, pp. 14 y 16. <<

[16] Sobre la propagación de rumores en esos días, véase el editorial «La técnica del rumor», Heraldo de Madrid, 16-V-1931, p. 1. <<

[17] Sobre los sucesos de 10-V-1931, véanse, entre otros, Informaciones, ll-V-1931, pp. 1-5; Heraldo de Madrid, ll-V-1931, pp. 14 y 16; La Correspondencia Militar, 12-V-1931, p. 1 y La Nación, ll-V-1931, pp. 1-5; informe del embajador italiano (15-V-1931), en ASMAE, Affari Politici, 1931-1945, Spagna, caja 1; Arrarás, 1968: I, 101-105; Barreiro, 2004: 20-23; Fernández-Rúa, 1977: 389-391 y 436-438; Olaya, 1979: 162-167; Platón, 1998: 290-297 y los recuerdos diametralmente opuestos de Luca de Tena, 1991: 107-119; Maura, 1968: 240-245 y Azaña, 1980: 373-375. <<

[18] Aróstegui, 1986a: 10 y carta del gobernador civil de Cádiz al ministro de la Gobernación (24-V-1931), en AGA, Gobernación, caja 1052, carp. n.º 126. <<

[19] Arrarás et alii, 1939-1944:I, 486 y Galindo Herrero, 1956: 115-116. <<

[20] La Correspondencia Militar, 16-V-1931 y 26-VI-1931 y 21-II-1932, p. 1. <<

[21] Cardona, 1983: 180. <<

[22] La Correspondencia Militar, 1-IX-1931, p. 1. <<

[23] La Correspondencia Militar, 24 y 29-VI-1931, p. 1; 12-II-1932, p. 3 y 29-II-1932, p. 2. <<

[24] Solidaridad Obrera, 17-IX-1931, p. 1. <<

[25] Azaña, 1980: I, 19-20 y Santiago Fuentes Pila, «Estampas policiales», La Nación, 3 —VIII— l931, pp. 1-2. Más información sobre estas maniobras, con participación de políticos constitucionalistas, en CDMH, PS Madrid, leg. 447, carp. 30, exp. 30 <<

[26] González Cuevas, 1998: 145 y Vegas Latapié, 1940: 12. <<

[27] Vidal y Barraquer a Pacelli (27/30-VI-1931), cit. por Batllori y Arbeloa (eds.), 1971-1986: I-I, 91-92 y Garriga, 1977: 172. <<

[28] La obra de referencia sobre esta cuestión sigue siendo la de Meyer, 1994. <<

[29] Así lo aseguró el diputado Antonio de la Villa, al que hubo de desmentir el ministro de Gobernación Miguel Maura (DSCC, 13-VIII-1931, vol. I, pp. 392-394). Sobre este peculiar fenómeno sociorreligioso, véase Christian, 1996, 1997a y 1997b. <<

[30] Sobre el movimiento mendigoizale antes de la República, véanse González Calleja, 1999: 408-417; Granja, 1989: 504 y 1994: 300 y Vasconcelos, 1994: 36-37. <<

[31] Bizkaitarra, 27-VI y 25-VII-1931, cit. por Granja, 1986: 257. <<

[32] Arrarás et alii, 1939-1944:I-4, 486 y Redondo y Zavala, 1957: 235. <<

[33] Herbette a ministro de Exteriores Aristide Briand (11-VIII-1931), en AQO, Europe, 1919-1940, Espagne, Politique Intérieure, Dossier General, vol. 152, pp. 206-207. <<

[34] Garriga, 1977: 178. <<

[35] Transcripción de la conferencia telegráfica entre las autoridades valencianas y el ministro de la Gobernación (12-XI-1931), en AHN, Gobernación, Serie A, leg. 18A, exp. n.º 8. <<

[36] Vidal a Pacelli (Solsona, 12-VIII-1931), en Batllori y Arbeloa (eds.), 1971-1991:I, 47. <<

[37] Cit. por Mugaría 1974: 41-42 y Sierra Bustamante, 1941: 127-130. Véanse también Arrarás, 1968: I, 216-218; García Venero, 1945: 427-428 e Iturralde, 1978: I, 35-37. En efecto, Aguirre, 1935: 150 reseña que el 30-VIII-1931 unos 3000 mendigoizales guipuzcoanos con sus banderas se concentraron en el santuario de la Virgen de Itziar y luego aparecieron en un mitin en Deva que debe de ser el que relata Orgaz. Es evidente que debe de existir un error de fechas, puesto que el 20 de ese mes el Gobierno ya había dictado órdenes para contener la agitación insurreccional en las provincias del Norte. <<

[38] García Venero, 1945: 429. <<

[39] Aguirre, 1935, pp. 152-153 e Iturralde, 1978:1, 36. <<

[40] Véanse los contactos tenidos con elementos monárquicos en San Sebastián y Hendaya y relatados por Aguirre, 1935: 155-157. <<

[41] Cit. por Granja, 1986: 262. <<

[42] Azaña, 1997: 80. <<

[43] José María de Urquijo e Ybarra, «La Iglesia por fin ha hablado solemnemente y como siempre. Gravísima solemnidad del momento para la Religión en España. Agotada la paciencia, debe ocupar el puesto la resistencia viril», La Gaceta del Norte, 18-VIII-1931, p. 1. Las proclamas de rebelión armada en la prensa derechista del Norte son recordadas por Azaña, 1980: I, 117-118 (apunte de 20-VIII-1931). <<

[44] Apuntes de 2 y 18-VIII-1931, en Azaña, 1980: I, 102 y 112. En p. 153 se sorprende de que el general Germán Gil Yuste, jefe de las fuerzas movilizadas en Navarra, aceptase la invitación a comer de un jefe carlista en compañía del general Burguete. <<

[45] Azaña, 1980; I, 159. <<

[46] Entre ellos, los nacionalistas Euzkadi, Excelsior y La Tarde en Bilbao y El Día en San Sebastián, y los católicos y tradicionalistas La Gaceta del Norte, El Pensamiento Navarro, Diario de Navarra, La Tradición de Navarra y La Constancia de San Sebastián. Sobre el conjunto de medidas gubernativas, véanse Azaña, 1980:I, 117-118, y las visiones contrapuestas de La Nación, 22-VIII-1931, pp. 3-4 y 2-IX-1931, p. 3 y Heraldo de Madrid, 22-VIII-1931, p. 1. La airada reacción del nacionalismo radical, en Iñaki de Arluzea, «¡La Patria sigue en peligro!», Bizkaitarra, n.º 48, 5-III-1931, p. 2. <<

[47] Urquijo fue encarcelado desde mediados de enero hasta su absolución en IV-1932 (Causa seguida al Sr. José M.ª de Urquijo e Ybarra, 1932). <<

[48] Apunte de 13-XI. 19831, en Azaña, 1980: I, 280-281 y Herbette a Aristide Briand, ministro de Asuntos Exteriores (25-VIII-1931), en AQO, Europe, 1918-1940, Espagne, Politique intérieure, dossier general, leg. 153, p. 124. <<

[49]Heraldo de Madrid, 22-VIII-1931, p. 1; La Nación, 22-VIII-1931, pp. 3-4 y 2-IX-1931, p. 3; La Correspondencia Militar, 23-VIII-1931, p. 1 y los informes del embajador francés Herbette de 1 y 14-IX-1931 en AQO, Europe, 1919-1940, Espagne, Guerre Civile, Dossier Général (novembre 1930-décembre 1940), leg. 181, p. 27 y de George Grahame a Marquess of Reading (San Sebastián, 3-IX-1931), en NA. FO, General Correspondence, Political, Spain, leg. 371/15 775, pp. 72-75. <<

[50] Sobre los sucesos de Bilbao, véanse Heraldo de Madrid, 12-IX-1931, p. 4; La Nación, 12-IX-1931, p. 3; El Liberal (Bilbao), 12-IX-1931; Mendigoxale, 19-XI-1932, p. 9 y Pablo, Mees y Rodríguez Ranz, 1999:218-219. <<

[51] Apunte de 15-IX-1931, en Azaña, 1980:I, 162-163. <<

[52] Apuntes de 15 y 16-IX-1931 en Azaña, 1980:I, 163 y 165. Véase también Preston, 1994: 111. <<

[53] Declaraciones de Casares Quiroga a La Voz, 25-I-1932, p. 1. El comisario especial de Cerbère enviaba el 30-I-1932 al prefecto de los Pirineos Orientales un informe donde se aseguraba que «para fomentar los disturbios, el comité revolucionario (presumiblemente el alfonsino de San Juan de Luz) habría tenido a su disposición dos millones de pesetas que habrían sido entregados en parte por Martínez Anido, por los elementos monárquicos y por la III Internacional de Moscú» (AQO, Europe, 1919-1940, Espagne, Politique Intérieure, Dossier Général, leg. 154, p. 161). El consul general de Francia en Barcelona volvería a informar el 12-IV-1932 de las colusiones entre comunistas y tradicionalistas para un golpe de fuerza (AQO, Europe, 1919-1940, Espagne, Politique Intérieure, Dossier Général, leg. 155, p. 32r). <<

[54] Telegrama del gobernador civil de Logroño al ministro de la Gobernación (26-IX-1931), en AHN, Gobernación, Serie A, leg. 37A, exp. n.º 14. <<

[55] La Sûreté informó el 22-XII-1931 de una entrevista celebrada a mediados de noviembre entre Sanjurjo y Martínez Anido, quien solicitaba un inmediato movimiento insurreccional (AQO, Europe, 1919-1940, Espagne, Politique Intérieure, Dossier Général, leg. 153, p. 242). En un telegrama del embajador Herbette fechado el 27-1-1932 se indicaban unos movimientos sospechosos de monárquicos (entre ellos Martínez Anido) en Perpiñán, denunciados por el anarcosindicalista Jiménez y el catalanista Lluhí en El Liberal (AQO, Europe, 1919-1940, Espagne, Politique Intérieure, Dossier Général, leg. 154, p. 92). <<

[56] «La suspension de La Correspondencia Militar» (protesta de su director Emilio Rodríguez Tarduchy), La Nación, 23-IX-1931, p. 13 y apunte de 21-IX-1931, en Azaña, 1980: I, 175. <<

[57] José Calvo Sotelo, «La Dictadura republicana», La Nación, 27-X-1931, pp. 1-2. <<

[58] DSCC, 14-X-1931, pp. 1706-1708; La Nación, 14-X-1931, p. 2 y Blinkhorn, 1979: 102. Según Vidarte, 1976: 218, en la aprobación de los artículos sobre libertad religiosa el 13-X-1931, Pildain comentó a Aguirre muy excitado: «¡No nos queda otro camino que la guerra civil!». <<

[59] El Debate, 18-X-1931. <<

[60] Gil Robles, 1968: 64. <<

[61] El Debate, 20-XII-1935. <<

[62] McAdam, McCarthy y Zald, 1996: 6 (1999: 27). <<

[63] Gil Robles, 1968: 54. <<

[64] El Sol, 15-X-1931. <<

[65] González Cuevas, 2000: 294. <<

[66] Graham, 2006: 53. <<

[67] Véase al respecto Hirschman, 1991. <<

[68] Gil Andrés, 2000: 376-378. <<

[69] «Recuerdos del alzamiento de 19-VII-1936» en Artajona (Navarra) (s. f., pero 1937), en AGUN. MFC, leg. 133/164. <<

[70] El Debate, 10-XI-1931. <<

[71] Telegramas del gobernador de Burgos al ministro de la Gobernación y al director general de la Guardia Civil (7, 8 y 9-XI-1931), en AHN, Gobernación, Serie A, leg. 60A, exp. n.º 21; Martínez de Bedoya, 1996: 37 y Rilova, 2001: 36-37. <<

[72] Herbette a Briand (ll-XI-1931), en AQO, Europe, 1918-1940, Espagne, Politique intérieure, dossier general, leg. 153, p. 91. Los excesos verbales de los sectores católicos más intransigentes, en Álvarez Tardío, 2002: 207. <<

[73] Despacho del embajador en París al ministro de Estado (24-XII-1931), en AMAE, Sección Política, leg. R-517, exp. n.º 84. Véanse también Heraldo de Madrid, 27-XI-1931, p. 16; La Prensa, 27-XI-1931, p. 1 y La Voz de Guipúzcoa, 27-XI-1931, p. 1. <<

[74] «Nota de luto: Aurelio González de Gregorio», La Unión, 6-111-1940, pp. 3 y 5. <<

[75] Herbette a Briand (16 y 25-XI-1931), en AQO, Europe, 1918-1940, Espagne, Politique intérieure, dossier general, leg. 153, pp. 111-113 y 124. Según Heraldo de Madrid, 16-XI-1931, p. 9, existía en la capital una organización de 500 hombres armados y organizados en secciones. <<

[76] Sobre el «complot contra la República», véanse también Le Matin, 16-XI-1931, p. 1; Heraldo de Madrid, ll-XI-1931, pp. 1-2; 14-XI-1931, pp. 14-16, y 16-XI-1931, p. 9 y La Nación, ll-XI-1931, p. 16; 12-XI-1931, pp. 1 y 6; 16-XI-1931, p. 5 y 18-XI-1931, p. 4. <<

[77] Majuelo, 1989: 181. <<

[78] Álvarez Tardío, 2002: 208. <<

[79] Álvarez Rey, 1997: 200. <<

[80] Lannon, 1990: 221. <<

[81] Cit. por Montero, 1983: 102. <<

[82] Zapatero, 2000: 329. <<

[83] Anson, 1960: 40 y ss. y Vegas Latapié, 1940: 8. <<

[84] Vegas Latapié, 1940: 11-12. <<

[85] Eugenio Vegas Latapié, «Doctrina y Acción», editorial de Acción Española (en adelante, AE), n.º 29, 16-V-1933, p. 449 y Vegas Latapié, 1940: 46-47. <<

[86] AE, n.º 46, I-II-1934, p. 1021. <<

[87] Morodo, 1980: 57. <<

[88] Sainz Rodríguez, 1978: 242. Véanse también marqués de Lozoya, «La República de 1873», AE, n.º 3, 15-I-1932, pp. 263 y ss.; n.º 4 (1-II-1932), pp. 362 y ss., y n.º 5, 16-II-1932, pp. 469 y ss. y José M.ª de Areilza, «3 de enero de 1874: un golpe de Estado contra el Parlamento», AE, n.º 68-69, l-XI-1935, pp. 1-8. <<

[89] Véase Lleixà, 1984. <<

[90] Maeztu, 1919: 83. <<

[91] Ramiro de Maeztu, «El millón de Larache», El Sol, 31-III-1923. También en Gárate, 1983: 270 y Marrero, 1953: 410. <<

[92] Ramiro de Maeztu, «El régimen caído», El Sol, 25-IX-1925. También en Maeztu, 1957a: 27-32. <<

[93] Ramiro de Maeztu, «La contrarrevolución», La Nación, 4-IV-1927, p. 1. <<

[94] Ramiro de Maeztu, «La monarquía militar», Criterio, ll-IX-1930. También en Maeztu, 1957b: 193-197 y «La necesidad de la Monarquía Militar», Criterio, 21-IV-1931. También en Maeztu, 1957b: 197-202. <<

[95] Maeztu, 1959: 181-183. <<

[96] Ramiro de Maeztu, «El Ejército nos ha salvado», ABC, 26-X-1934. También en Maeztu, 1956: 269. <<

[97] Ramiro de Maeztu, «La revolución», ABC, 1-I-1935, pp. 48-49. También en Maeztu, 1956: 123. <<

[98] Ramiro de Maeztu, «Mal y remedio» y «La Dictadura», ABC, 30-III-1934, p. 3 y 8-VI-1934, p. 3. <<

[99] «Mensaje de los Prelados de la Provincia Eclesiástica Tarraconense a las Cortes Constituyentes», 19-VIII-1931, en Batllori y Arbeloa (eds.), 1971-1986: 1-2, 225. <<

[100] Lannon, 1990: 217. <<

[101] Vidal y Barraquer a Alcalá Zamora (28-VIII-1931), en Batllori y Arbeloa (eds.), 1971-1986: 1-2, 265. <<

[102] Cit. en El Siglo Futuro, 23-XII-1931, p. 1. <<

[103] Senante, 1932: 40-44 y 73-77. <<

[104] Vegas Latapié, 1932 (artículos con el título «La historia de un fracaso» publicados en AE, n.º 9, 16-IV-1932, p. 254; n.º 6, 1-III-1932, p. 595, n.º 10, l-V-1932, pp. 377-378, n.º 11 , 16-V-1932, pp. 500-501 y n.º 11, 16-V-1932, p. 496). <<

[105] Según carta de Vidal y Barraquer a Azaña, 15-VIII-1932, en Batllori y Arbeloa (eds.), 1971-1986: III-I, 185. <<

[106] Maurras, 1935. <<

[107] Aspectos del golpe de Estado, 1933. <<

[108] Maurras, 1910. <<

[109] Vegas Latapié, 1940: 14-15. Sobre este tipo de novelas, véase Arias Urrutia, 2002. <<

[110] Pablo León Murciego, «El deber de la resistencia», AE, n.º 43, 16-VII-1933, pp. 240-241. <<

[111] Marcial Solana, «La resistencia a la tiranía, según la doctrina de los tratadistas del Siglo de Oro Español», AE, n.º 34, l-VIII-1933, pp. 352-371; n.º 35, 16-VIII-1933, pp. 442-461; nº 36, 1-IX-1933, pp. 580-590 y n.º 37, 16-IX-1933, pp. 1-8, recogido después en un folleto-separata publicado en Madrid, Gráfica Universal, 1933. <<

[112] El Siglo Futuro, 3-II-1934 y Marcial Solana, «¿Quiénes pueden ser tiranos en los modernos regímenes democráticos y constitucionales?» ,AE, n.º 47, 16-11-1934, pp. 1105-1107. <<

[113] Iturralde, 1956: 440-446. <<

[114] Castro Albarrán, 1941: 15. <<

[115] Castro Albarrán, 1933:328-331. <<

[116] Castro Albarrán, 1933: 340. <<

[117] Como ejemplo, véanse «El derecho a la rebeldía», AE, n.º 42, l-XII-1933, pp. 620-622; Marcial Solana, «Bibliografía. El derecho a la rebeldía», Tradición, n.º 26, 15-I-1934, pp. 40-46 y el conde de Santibáñez del Río, «El derecho a la rebeldía», El Observador, 28-I-1934, p. 4, quien conscientemente habla de la obra como complemento ideal del libro de Vegas Latapié, 1932. Para Luis de Galinsoga era «el auténtico breviario del católico y del español enfrentado ineludiblemente con la implacable realidad que a su religión y a su patria han planteado los últimos años» (ABC, 25-IV-1934). El Siglo Futuro, 8-I-1934 la consideraba una obra «difícilmente superable», y El Observador comenzó su publicación esporádica a partir del 28-1-1934. <<

[118] Cartas de Vidal y Barraquer a los metropolitanos (23-XI-1933) y a Pacelli (23-XI y 6-XII-1933), en Batllori y Arbeloa (eds.), 1971-1984: IV-I, 159-161. El 20-XII-1933, Vidal volvió a solicitar a los metropolitanos un dictamen sobre el libro (ibid., p. 179). Según una carta al cardenal Ilundain (13-I-1934), éstos lo consideraron fomentador de la división, y propusieron que el nuncio enviase a los obispos un mensaje para evitar en lo sucesivo este tipo de publicaciones (ibid., pp. 205-206). Vidal envió el informe a Pacelli y a Tedeschini, pero desde Roma el cardenal Segura medió para que el libro no fuera condenado (ibid., pp. 159-160 nota 2). <<

[119] José Luis Vázquez Dodero, «La preparación doctrinal del Alzamiento», La Vanguardia Española, 18-VII-1957, cit. por Comas, 1977: 89 y González Cuevas, 1998: 227. Fue Gomá quien prologó la nueva redición con el título Guerra Santa. El sentido católico del Movimiento Nacional Español, Burgos, 1938. <<

[120] BOE (Burgos), n.º 175, 22-XII-1938, pp. 3079-3080. <<

[121] Lannon, 1986: 52. <<

[122] Ugarte, 1998; 38. <<

[123] Ferrer, Tejera y Acedo, 1941-1979: XXIX, 284-285 y Galindo Herrero, 1954: 52-53. <<

[124] Arrarás et alii, 1939-1944 vol. I, p. 421. <<

[125] Vicente Torres Espejo, «¡Corramos a la defensa de la Patria!», El Cruzado Español, 17-IV-1931, p. 2. <<

[126] El Cruzado Español, 22-V-1931, p. 7. <<

[127]Heraldo de Madrid, 20-V-1931, p. 12; La Nación, 2-VI-1931, p. 3 y Bruno Ramos Martínez, «Hablando con don Vicente Torres Espejo», El Cruzado Español, 5-VI-1931, p. 2. Torres Espejo fue asesinado el 12-XI-1936. <<

[128] Gobernador civil de Navarra a ministro de la Gobernación (20-V-1931), en AGA, Gobernación, caja 1052, carp. n.º 126. La detención de Del Burgo y sus compañeros, en AGN. AATP, Juzgado Pamplona, leg. 336 A, carp. 137 y Majuelo, 1989: 127 y 183. <<

[129] Sir George Grahame a Arthur Henderson (9-VII-1931), en NA. FO, General Correspondence, Political, Spain, leg. 371/15-774, p. 253, e informe del policía Francisco Mata, destacado en Bayona al embajador de España en París, 21-X-1931, y minuta del Subsecretario de Estado Francisco Agramonte al ministro de la Gobernación (17-X-1931), en AMAE, Sección Política, leg. R-517, exp. n.º 84. <<

[130] Testimonio de Joaquín Baleztena (15-XII-1958), en Payne, 1977: 395. <<

[131] Burgo, 1939: 14; Ferrer Muñoz, 1992b: 13-14 y Lizarza Iribarren, 1954: 16-17. <<

[132] Iturralde, 1956-1965:I, 449. <<

[133] Ferrer, Tejera y Acedo, 1941-1979: XXIX, 206. <<

[134] Redondo y Zavala, 1957: 235, cifra también recogida en Arrarás et alii, 1939-1944: I-IV, 486. <<

[135] Burgo, 1990: 131. <<

[136] Iribarren, 1938: 56. Sobre la agitación norteña desde el sesgo carlista más intransigente, El Cruzado Español, 28-VIII-1931, p. 1. <<

[137] José M.ª Gómez de Pujadas a Ramón Comas Pérez (Viena, 28-X-1931), en AGUN. MFC, leg. 133/001. <<

[138] El Siglo Futuro, 15-VI-1931, p. 1 y Majuelo, 1989: 126. <<

[139] Así lo creen Ferrer, Tejera y Acedo, 1941-1979: XXIX, 205. La proclama de don Jaime, en ibid., pp. 286-287 y El Cruzado Español, 29-V-1931. <<

[140] Majuelo, 1989: 127-128. <<

[141] Orella, 1996a: 126. <<

[142] Julio Danvila, «Datos para la historia», ABC, 20-VII-1954; Galindo Herrero, 1954: 171-174; González Cuevas, 1998: 161; Ferrer, Tejera y Acedo, 1941-1979: XXIX, 211-216 y 288-289 y Oyarzun, 1965: 417. Un intento exhaustivo pero confuso por probar la inexistencia del pacto, en la obra del extravagante autor ultraintegrista Echeverría, 1973. <<

[143] Galindo Herrero, 1956: 59. <<

[144] Bullón, 2004: 333-334. <<

[145] Galindo Herrero, 1956: 59-60; Melgar, 1932: 246 y 1964: 117; Oyarzun, 1965: 417 y ss. y C. Paulo Rondia, «A dos años vista: Lo que se intentó en París», El Cruzado Español, 6-X-1933, pp. 1-3. <<

[146] Arrarás, 1968: I, 279 y Galindo Herrero, 1956: 65. José M.a Lamamié de Clairac, «Notas para la historia de la Segunda República. Negociaciones e intentos de pactos entre las dos ramas dinásticas», Informaciones, 7/8-VII-1954, desmiente la existencia de esta comisión y de cualquier pacto. <<

[147] Cartas de los Comités de Acción (19-X y 12-XI-1931) y documento de constitución de la Hermandad Real (s. f., pero XI-1931), en AGUN. MFC, leg. 133/003. <<

[148] Arrarás, 1968: I, 282-283 nota 1. Lamamié de Clairac, «Notas para la historia de la Segunda República. Negociaciones e intentos de pactos entre las dos ramas dinásticas», Informaciones, 7/8-VII-1954, afirma que el documento —no parto— tiene fecha de 2-I-1932. <<

[149] Ferrer, Tejera y Acedo, 1941-1979: XXX, 249. <<

[150] Ahora, 5-VIII-1932; Ferrer, Tejera y Acedo, 1941-1979: XXX, 251-255; Galindo Herrero, 1954: 67-69 y NA. FO, General Correspondence, Political, Spain, leg. 371/16 505, pp. 92-98. <<

[151]Heraldo de Madrid, 1-III-1932, pp. 1-2; Ferrer, Tejera y Acedo, 1941-1979: XXIX, 255-257 y Galindo Herrero, 1954: 69-71. <<

[152] Ferrer, Tejera y Acedo, 1941-1979: XXX, 258. <<

[153] Heraldo de Madrid, 16-X-1931, p. 16; Reacción, n.º 13, 24-X-1931, p- 1; José de Zuazola a José M.ª Gómez de Pujadas (Bilbao, 16-I-1932), en AGUN. MFC, leg. 133/004 y telegrama del gobernador civil al ministro de la Gobernación (17-X-1931), en AHN, Gobernación, Serie A, leg. 60A, exp. n.º 21. <<

[154] El Socialista, 19-I-1932; El Cruzado Español, 26-I-1932, p. 4; informe de la Sûreté (Hendaya, 18-1-1932), en AQO, Europe, 1918-1940, Espagne, Politique intérieure, dossier général, leg. 154, pp. 87-90; Sir George Grahame a John Simon (20-I-1932), en NA. FO, General Correspondence, Politicai, Spain, leg. 371/16 505, pp. 31-32 y Arrarás et alii, 1939-1944:I, 380. <<

[155]Heraldo de Madrid, 5 y 6-IV-1932, p. 2 y El Siglo Futuro, 5, 6 y 7-IV-1932. <<

[156] Majuelo, 1989: 185. <<

[157] Democracia, 1-VI-1932 y La Prensa, 31-V-1932. <<

[158] Burgo, 1952: 17; Ferrer Muñoz, 1990: 12 y Majuelo, 1989: 127 y 188. <<

[159] Apunte de 21-IX-1931, en Azaña, 1980: I, 174. Según apunte de 26-XI-1931 (ibid. p. 286), hacia el 23-X ya se propalaba el rumor de un golpe dirigido por Lerroux y Sanjurjo para implantar una «república de orden». <<

[160] Esteban-Infantes, 1958: 177 y Sacanell, 2004: 106. <<

[161] Durini di Monza a Grandi (24-II-1932), en Ministero Degli Affari Esteri, DDI, Serie VII, vol. XI, 1981, pp. 417-418 y telegrama reservadísimo (Roma, 7-III-1932), en ASMAE, Affari Politici, 1931-45, Spagna, caja 2. Véase también Saz, 1986a: 39. <<

[162] «Oü va L’Espagne» (declaraciones de Sanjurjo a Paul Bartes), Revue Hebdomadaire, 9-IV-1932, cit. por Oudard, 1938: 27. <<

[163] Huntington, 1968; 221-222 y Nordlinger, 1977: 22-27. <<

[164] Bejarano, 1935: 52-63 y Burgos y Mazo, 1944: 157-170. <<

[165] Tuñón de Lara, 1978: 249. <<

[166] Cit. por Burgos y Mazo, 1935: IV, 188. <<

[167] Cit. por Burgos y Mazo, 1935: IV, 197. <<

[168] Burgos y Mazo, 1935: IV, 198, de donde lo toma Arrarás, 1968:1, 437. <<

[169] Burgos y Mazo, Memorias: «Datos fidedignos de la conspiración de Sanjurjo (antecedentes necesarios para juzgar el Movimiento del 18 de julio de 1936)», p. 5, manuscrito depositado en ABM. <<

[170] Burgos y Mazo, 1944: 159. <<

[171] Burgos y Mazo, Memorias, pp. 5-6 (ABM). Las noticias menos comprometedoras de esta participación las ofrece en Burgos y Mazo, 1935: IV, passim. <<

[172] Burgos y Mazo, 1944: 160-161. <<

[173] Burgos y Mazo, 1944: 160. <<

[174] Burgos y Mazo, Memorias, p. 7 (ABM). <<

[175] Apunte de 22-VII-1932, en Azaña, 1997: 2. También le asigna responsabilidad Gingold, 1973: 400 nota 80. <<

[176] Martínez Barrio, 1983: 105-106 y telegrama confidencial de Herbette (8-I-1932), en AQO, Europe, 1918-1940, Espagne, Politique intérieure, dossier general, leg. 154, pp. 23-25. <<

[177] Suárez, 1999: 206. En unas declaraciones al diario La Libertad (cit. por Martínez Barrio, 1983: 154-155), Lerroux admitió que Sanjurjo le había ofrecido el poder si prosperaba el golpe de Estado, pero afirmó haber declinado la oferta. <<

[178] Apunte de 22-VII-1932, en Azaña, 1997: 1-2. <<

[179] Archivo Sanjurjo, cit. por Sacanell, 2004: 98. <<

[180] Martínez Barrio, 1983: 132-134. Los contactos de Lerroux con Sanjurjo, en Lerroux, 1945: 143-146; Martínez Barrio, 1983:105-106; Sanchís, 1985: 128-129 y Townson, 2002: 170-175. Sobre la ambigua actitud del líder radical, véase también El Socialista, 28, 30 y 31-VIII y 2-IX-1932. <<

[181] Jalón, 1973: 61. <<

[182] Senra, 1933: 234 <<

[183] Townson, 2002: 179. Cartas a Lerroux de Bermúdez de Castro (19-VIII-1932) y Cándido Pardo (18-VIII-1932) donde este último señala que la intentona de Sanjurjo «no ha sido otra cosa que una airada protesta contra el actual gobierno y la influencia de los socialistas», a la que se adhirieron los monárquicos. «Este movimiento ha sido una continuación de las protestas de Vd. y los demás elementos de orden con la enorme opinión que cuenta en España». Todos los ataques y «toda la sublevación no tenía más objeto que Azaña» (CDMH, PS, Madrid, leg. 672, caja 1720). Véanse también las cartas de Gil Yuste de 1-1, 6-II, 24-111-1933 (CDMH, PS, Madrid, leg. 447, carp. 30, exps. n.º s 12 y 13) y s. f. de marzo de 1933 donde advertía que «para salvar a España hay que derramar mucha sangre», y ofrecía a Lerroux «las asistencias necesarias… en todo momento» (CDMH, PS, Madrid, leg. 724, carp. 41, exp. n.º 1). Agradezco a Nigel Towson toda esta información. <<

[184] Sir George Grahame a John Simón (8-VI-1932), en NA. FO, General Correspondence, Political, Spain, leg. 371/16 505, p. 192. <<

[185] Cónsul en Bayona a ministro de Estado (6-X-1932 y 8-IV-1933), en AMAE, legs. R. 903 y R. 904, respectivamente. En la correspondencia cruzada entre Gabriel Maura y Prudencio Rovira desde Biarritz, (11 —III y 7-IV-1932) se habla de los preparativos golpistas (AFAM, Archivo Gabriel Maura, caja 120, carp. 10). Véase también telegrama de Herbette (10-VIII-1932), en AQO, Euro— pe, 1918-1940, Espagne, Politique intérieure, dossier general, leg. 155, p. 183; Acedo Colunga, 1957: 210 y Vegas Latapié, 1941: 101-102. Las reuniones de carlistas y alfonsinos cerca de la frontera española, también en Luz, 6-VIII-1932. <<

[186] Cortés-Cavanillas, 1935: 145-146. <<

[187] Según La Libertad, 8-IX-1931 los partidarios de una restauración en España se habrían dirigido recientemente a Italia pidiendo el apoyo del fascismo. En un informe del embajador francés ante el Quirinal sobre las relaciones entre el fascismo y los monárquicos españoles (Roma, 23-IX-1931), se ponía en duda que el realismo político de la política exterior fascista apoyase un movimiento en ese sentido (AQO, Europe, 1918-1940, Espagne, Politique extérieure Allemagne-Italie [janvier 1930-juin 1936], leg. 207, pp. 76-77). <<

[188] Ansaldo, 1951: 35; Coverdale, 1979: 54 y Guariglia, 1950: 189-190. Según Friedlander, 1963: 13, la decisión definitiva de ayuda a los monárquicos se adoptó por el temor a un pacto franco-español que se suscribiría durante la visita del primer ministro Édouard Herriot a España en XI-1932. Saz, 1986a: 42-43 mantiene la opinión contraria, afirmando que razones de orden estratégico imponían a Italia una actitud positiva hacia el gobierno de Madrid, para evitar precisamente que mantuviera unas relaciones más estrechas con Francia. <<

[189] Arrarás et alii, 1939-1944:I, 434; Cabanellas, 1973:I, 288 y Esteban-Infantes, 1933: 31. <<

[190] José M.ª Gil Robles, Discurso en Madrid el 10-VI-1932, cit. por Arrabal, 1935: 322-326. <<

[191] Joaquín Arrarás; «Actualidad española», AE, n.º 15, 16-VII-1932, p. 278. <<

[192] Sainz Rodríguez. 1978: 243. <<

[193] Vegas Latapié, 1983: 136. <<

[194] Martínez Anido al conde de los Andes (19-V-1932), en ACA, cit. por González Cuevas, 1998: 167. El 21-11-1932 el diputado radical socialista capitán Jiménez y Jiménez informó de que en Toulouse y Perpiñán se habían celebrado reuniones de monárquicos presididas por Martínez Anido, para un golpe con fecha de 25-II (Vidarte, 1976: 324). Según telegrama del gobernador civil de Vitoria al Ministerio de la Gobernación (27-11-1932), se habían encontrado indicios de reuniones golpistas dirigidas por Martínez Anido y Saro, los cuales contarían con 18 aviones (posiblemente los prometidos por Balbo) pilotados entre otros por Ansaldo (AHN, Gobernación, Serie A, leg. 60A, exp. n.º 22). <<

[195] Sáinz Rodríguez, 1978: 243. <<

[196] Del Burgo, 1939: II y Ferrer Muñoz, 1992: 14. Sobre las actividades de Sanz de Lerín en la organización de las decurias antes del golpe de Sanjurjo, véanse las comunicaciones entre el gobernador civil de Navarra, el subsecretario y el ministro de la Gobernación (I y VIII-1932), en AHN, Gobernación, Serie A, leg. 18A, exp. n.º 12. <<

[197] Grandío, 1998: 117. <<

[198] Blinkhorn, 1979: 132. <<

[199] Manifiesto en Ferrer, Tejera y Acedo, 1941-1979:XXX. 261-262. <<

[200] Manifiesto en Ferrer, Tejera y Acedo, 1941-1979: XXX, 261-262. <<

[201] Reacción, 16 y 23-VII-1932; Castillo y Álvarez, 1958: 62 y Ferrer, Tejera y Acedo, 1941-1979: XXX, p. 53. <<

[202] Ferrer, Tejera y Acedo, 1941-1979: XXX, 52. <<

[203] Arrarás et alii, 1939-1944:1-4,489-490. <<

[204] Blinkhorn, 1979: 138. <<

[205] Manuel Andrés Casaux, «Cómo están organizadas las fuerzas de combate navarras», La Prensa, 31-V-1932, p. 1 y El Pensamiento Navarro, 1 y 8-VI-1932, cit. por Blinkhorn, 1979: 136. <<

[206] Milego, 1936: 154-155 <<

[207] Burgos y Mazo, Memorias, p. 16 (ABM). <<

[208] AHN, Gobernación, Serie A, leg. 60A, exp. n.º 22. Según apunte de 14-VI-1932, en Azaña, 1980: I, 495, Mora tenía cartas escritas por Orgaz en las que aludía a Barrera y Rodríguez Tarduchy. Este aristócrata reconoció que existía un comité de agitación monárquica dependiente de don Alfonso (informe del agregado naval de la Embajada de Italia L. Spalice [16-VI-1932], en ASMAE, Affari Politici, 1931-45, Spagna, caja 2). <<

[209]Heraldo de Madrid, 15-VI-1932, p. 16 y 16-VI-1932, p. 16 y Arrarás, 1968:1, 471. <<

[210] La Nación, 20-VI-1932, p. 16. <<

[211]Heraldo de Madrid, 25-VII-1932, p. 1. <<

[212] Apunte de 25-VI-1932, en Azaña, 1980:I, 503. <<

[213] Herbette a Herriot (29-VI-1932), en AQO, Europe, 1918-1940, Espagne, Politique intérieure, dossier general, leg. 155, pp. 115-119. El incidente de Carabanchel, también en Alpert, 1982: 288-293; Bertrán Güell, 1939: 217 y Blanco Escola, 2005: 128-129. <<

[214] Apunte de 27-VI-1932, en Azaña, 1980:I, 506-508. <<

[215] Apunte de 28-VI-1932, en Azaña, 1980:I, 511. <<

[216] Apunte de 5-VII-1932, en Azaña, 1980:I, 521. <<

[217] Ahora, 17-VIII-1932; Heraldo de Madrid, 5-VIII-1932, p. 1 y González Cuevas, 2003: 285. <<

[218] Esteban-Infantes, 1933: 49. <<

[219] Telegrama del cónsul francés en Barcelona (10-VIII-1932), en AQO, Europe, 1919-1940, Espagne, Politique Intérieure, Dossier General, leg. 155, p. 183.ª Esteban-Infantes, 1958: 190. <<

[220] Esteban-Infantes, 1958: 190. <<

[221] Minuta de la sentencia contra el Regimiento de Caballería de Alcalá de Henares por la rebelión militar de 10-VIII-1932, en AHN, Tribunal Supremo, Fondo Reservado, exp. 23: José Sánchez Guerra y otros. Rebeliones, 1924-1925, caja 1. <<

[222] Sobre el movimiento del 10-VIII, véanse la circular a todos los gobernadores civiles dando cuenta de los sucesos, en AHN, Gobernación, Serie A, leg. 18A, exp. n.º 9; Sentencia de la Causa por rebelión militar ocurrida en Madrid y cantones el día 10 de agosto de 1932 (III-1935), en CDMH, PS Madrid, leg. 2050; Aguado, 1984: IV, 300-310; Azaña, 1997: 13-24; Buckley, 2004: 82-86; Burgos y Mazo, 1944: 157-170; Cardona, 2007; Gil Pecharromán, 1994: 108-113 y 2002: 162-164; Luca de Tena, 1991: 133-139; Moral, 1933; Pérez Salas, 1947: 53-55; Sáinz Rodríguez (dir.), 1940:1, 87-93; Salas, 1992:1, 105-110; Tuñón de Lara, 1978: 249-261 y 1985: 254-258, y el dossier realizado por Gabriel Cardona, Rafael Abella y Eligió de Mateo en Historia 16, n.º 76, agosto 1982, pp. 43-67. <<

[223] Esteban-Infantes, 1933: 37. <<

[224] El Socialista 11-VIII-1932, p. 1 <<

[225] Burgos y Mazo, 1944: 168. <<

[226] Esteban-Infantes, 1933: 49. <<

[227] Según Marinas, 1956: 57, el manifiesto fue redactado por el periodista Juan Pujol, lo que confirmaría indirectamente la implicación de March en la intentona. Sin embargo, Burgos y Mazo aseguró haber redactado el manifiesto, que fue ratificado por Melquíades Álvarez y Santiago Alba, pero dice que luego Sanjurjo utilizó el redactado por Alcalá Zamora para el levantamiento de XII-1930. Tuñón de Lara, 1978: 250-251 advierte que la proclama redactada por Burgos y Mazo no fue jamás difundida. Alcalá Zamora, 1977: 228 recuerda el parentesco retórico del manifiesto con el de la «Sanjuanada» de 1926 redactado por Álvarez. El manifiesto de Sanjurjo, en Arrarás, 1964-68: I, 464-465; Cardona, 2007: 36; Cortés-Cavanillas, 1933: 741-743 y Romano, 1940: 135-140. <<

[228] La explicación de la convocatoria de la huelga general, que se extendió a toda la región por el acuerdo del Comité Regional de la CNT, en «Federación Local de Sindicatos Únicos de Sevilla: A todos los trabajadores» (12-VIII-1932), en RAH, Legado Diego Angulo, leg. 11/8986. <<

[229] Sobre los sucesos en Sevilla, véanse Álvarez Rey, 1993: 241-275; Esteban-Infántes, 1958: 194-219;Macarro, 1985: 253-266 y 1989; 104-113; Romano, 1940: 125-144 y Sacanell, 2004: 113-128. <<

[230] Telegramas de Gobernación (10-VIII-1932), en AHN, Gobernación, Serie A, leg. 18A, exp. n.º 9. <<

[231] Las intervenciones parlamentarias de Azaña, en DSCC, 10-VIII-1932, pp. 7814-7816 y 11-VIII-1932, pp. 7-836-7840 (Azaña, O. C., 1990-1992: III, 389 ss.). Townson, 2002: 177 argumenta que el gobierno de Azaña cargó las tintas contra los monárquicos en vez de contar con los radicales para intentar ganar estabilidad. <<

[232] AMAE, leg. R. 903, exp. n.º 50. <<

[233] Telegrama del subsecretario de Estado a Subsecretario de Gobernación (6-X-1932), en AHN, Gobernación, Serie A, leg. 18A, exp. n.º 11 y telegrama de Madrid (12-X-1932), en Guariglia, 1972: 191. <<

[234] Herbette a Herriot (10-XI-1932), en AQO, Europe, 1918-1940, Espagne, Politique intérieure, dossier general, leg. 155, p. 264. <<

[235] Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, 11.ª 14-IX-1932. <<

[236] La Época, 13-VIII-1932, p. 1. Simultáneamente se crearon 2500 plazas de Asalto. <<

[237] Entre ellos ABC (reaparecido el 20-XI), El Debate (el 8-X), Acción Española (el 16-XI), Informaciones, El Siglo Futuro (el 17-IX) y La Nación (el 21-X), además de El Mundo, La Correspondencia, Diario Universal, El Popular, Mundo Obrero, Gracia y Justicia, Marte, Acción Española, Blanco y Negro o Aspiraciones, La lista completa de periódicos suspendidos, en La Nación, 21-X-1932, p. 8; Cortés-Cavanillas, 1933: 744-746; Senra, 1933; 32-35 y Sinova, 2006: 211-232. Véase también Barreiro, 2004: 31-33. <<

[238] Lista por provincias, en Senra, 1933: 30. Algunas relaciones de detenidos, en el expediente policial de Honorio Maura Gamazo (AHN, Tribunal Supremo, Expedientes Policiales, exp. H-115). La lista completa de arrestados, en La Nación, 21-X-1932, pp. 9-11 y 15. Instrucciones sobre detenciones y aplicación de la Ley de Defensa de la República con motivo de la «Sanjurjada», redactadas por Casares Quiroga (12-VIII-1932), en AHN, Gobernación, Serie A, leg. 18A, exp. n.º 9. <<

[239] Telegrama del gobernador civil de Álava al Ministerio de la Gobernación (21-VIII-1932), en AHN, Gobernación, Serie A, leg. 18A, exp. n.º 10; informe del embajador francés al ministro Herriot (24-VIII-1932), en AQO, Europe, 1919-1940, Espagne, Politique Intérieure, Dossier General, leg. 155, p. 224r y apunte de 24-VIII-1932, en Azaña, 1997: 42-43. Todavía ese otoño se especuló con los preparativos de un levantamiento en Andalucía y África, y con un presunto acuerdo entre monárquicos y anarcosindicalistas para trasladar armas y dinero a Barcelona por la frontera pirenaica. Véanse Nota del gobernador civil de Burgos (25-X-1932), en AHN, Gobernación, Serie A, leg. 18A exp. n.º 10 y carta del ministro de Estado al de Gobernación (2-1-1933), en AMAE, Ministerio de Estado, Sección Política, leg. R. 517, exp. n.º 84. <<

[240] Sir George Grahame a sir John Simón (27-VIII-1932), en NA. FO, General Correspondence, Political, Spain, leg. 371/16 506, p. 318. <<

[241] Apunte de 25-VIII-1932, en Azaña, 1997; 45. <<

[242] Garriga, 1985: 47. <<

[243] Lista completa, en Senra, 1933: 40-47. 18 de los deportados (un 12,4% del total) eran aristócratas con títulos nobiliarios, y la mayor parte de Caballería, entre ellos algunos miembros cualificados de la antigua escolta real. De ellos, 29 (cinco marqueses y trece oficiales de Caballería, entre ellos el coronel Serrador, el teniente coronel Martín Alonso y los capitanes Ansaldo y Fernández Silvestre) se evadieron el 31-XII en un pesquero francés, llegando el 14-1-1933 a Portugal (Diario da Manha, 15-1-1933). La fuga le costó el puesto al gobernador de la colonia. Véanse informe de sir George Grahame a sir John Simón (4-1-1933) y anejo al despacho del embajador Claude Russell a sir John Simón (Lisboa, 29-1-1933), en NA. FO, General Correspondence, Political, Spain, leg. 371/17 426, pp. 183 y 236, respectivamente. Sobre la peripecia de los deportados, véanse Coll, 1933; Pereyra Darnell, 1933; Pérez García, 2002: 174-183 y Pérez Mateos, 1977: 86-93. <<

[244] La actitud provocativa y chulesca de algunos de los procesados, en Azaña, 1997: 376 (apunte de 22-VI-1933). La acusación fiscal de los sucesos, en Moral y Pérez de Aloe, 1933. La vista del proceso en CDMH, PS Militar, carps. n.º 335-342. Senra, 1933; 53 y ss. e informe de sir George Grahame a sir John Simon (San Sebastián, 2-VIII-1933), en NA. FQ, General Correspondence, Political. Spain, leg. 371/17 427, pp. 107-108. La sentencia de la Sala Sexta del Tribunal Supremo (18-III-1935), en CDMH, PS Madrid, carp. 2050. <<

[245] Sir George Grahame a sir John Simon (San Sebastian, 23-VIII-1932), en NA. FO, General Correspondence, Political, Spain, carps. 371/16 506, p. 305. <<

[246] El Debate, 8-X-1932, p. 1. <<

[247] El Debate, 23-X-1932, pp. 1-2 y González Cuevas, 2000: 313. <<

[248] Montero, 1977:I, 267. <<

[249] Gil Robles, 1971: 174. <<

[250] Gil Pecharromán, 1985; I, 184. <<

[251] Antonio Goicoechea, «Apuntes para la historia de Renovación Española y de su intervención en el Movimiento Nacional» (San Sebastián, 1939), p. 2, cit. por Ansaldo, 1951: 54; Cierva, 1973: I, 96; Gil Pecharromán, 1984; 121-122 y 1997: 217 y Gutierrez-Ravé, 1965: 19-20. <<

[252] La Nación, 19-XII-1932, p. 5 y ABC, 20-XII-1932, p. 14. <<

[253] La Nación, 24 y 26-X-1932; 20, 23, 25, 27 y 29-XII-1932 y 1-1-1933. <<

[254] ABC, 11-I-1933. <<

[255] Cit. por Gallego, 2005a: 240. <<

[256] «¡Hay que conquistar al Estado!», en Calvo Sotelo, 1933:I, 315. <<

[257] La Nación, 2-III-1933, p. 5; La Época, 2-III-1933, pp. 1-2 y ABC, 2-III-1933. <<

[258] ABC, 24-III-1933. <<

[259] Aunós, 1941; 125-135 y Bullón, 2004: 328. El seguimiento policial de estas actividades, en AMAE, leg. R. 904, exp. n.º 48. <<

[260] Ansaldo, 1951: 47-57 y 155 y Bertrán Güell, 1939: 80. <<

[261] González Cuevas, 1998: 172-176; 2000: 314-315 y 2000b: 124. Ansaldo, 1951: 47-50 y Bullón, 2004: 337 aseguran que se consiguieron en poco tiempo más de tres millones. Según Salmador, 1962: 85-87, este grupo de conspiradores solicitaba a las familias monárquicas una aportación mínima de 50 000 pesetas para lograr veinte millones en concepto de «seguridades» para los militares conspiradores. Entre las personas que comprometieron más fondos figuraban Juan March (2 000 000 de pesetas), José Luis Oriol (1 000 000), los marqueses de Pelayo (1 000 000), Portago (1 000 000), Larios (1 000 000), Genal (1 000 000), Melín (500 000) y Aranda (500 000) y la condesa viuda de Gavia (500 000). En un informe fechado el 24-VI-1933 Ansaldo hacía una relación de cantidades obtenidas: desde el verano de 1932 se lograron recaudar unos 400 000 francos. El conde de los Andes consiguió entre la primavera y el invierno de 1933 un total de 104 937 francos del conde de Garvey, 100 000 francos del remanente que poseía el general Ponte desde la conspiración de 1932 y 125 000 francos del depósito a nombre de Alfonso XIII que se encontraba en el poder del conde de Aybar (ACA, cit. por González Cuevas, 1996: 102 y 1998: 173-174). La peculiar campaña recaudatoria, en Galindo Herrero, 1954: 166 y Vegas Latapié, 1978: 248 y 1983: 151-152 y 160-161. Según Gil Robles, 1968: 729, el dinero recabado por Andes en Francia y por Arrilu «en el interior de España fueron utilizados a la postre para financiar el golpe de VII-1936». <<

[262] José María Lamamié de Clairac, «Notas para la historia de la Segunda República. Negociaciones e intentos de pactos entre las dos ramas dinásticas», Informaciones, 7/8-VII-1954. <<

[263] Aunós, 1941: 156. <<

[264] AMAE, leg. R. 903, exp. n.º 50. <<

[265] AMAE, leg. R. 903, exp. n.º 52. <<

[266] Azaña, 1997: 148 y 156 y Herbette a Boncour (4-II-1933), en Ministère des Affaires Étrangères, DDF, Série 1932-1935, tomo II, 1966, doc. 262. <<

[267] Embajador en París a ministro de Estado (8-IV-1933), en AMAE, leg. R. 904, exp. n.º 46. <<

[268] En carta del Ministero degli Affari Esteri al Ministero dell’Interno (Roma, 8-IX-1932), en AS MAE, Affari Politici, 1931-45, Spagna, caja 2, se solicitaba confirmación de si Barrera, detentador de los fondos de la insurrección española, estaba en Roma, donde se estaría creando un centro de conspiración en torno al conde Rodríguez de San Pedro, el cardenal Segura y los jesuitas refugiados. <<

[269] Calvo Sotelo y Aunós a don Alfonso (15-I-1933), en ACA, cit. por González Cuevas, 1998: 175 y Bullón, 2004: 339. <<

[270] Goicoechea a Calvo Sotelo, Andes y Aunós (18-11-1933), en ACA, cit. por González Cuevas, 1998: 175-176. <<

[271] Ansaldo, 1951: 47-50; Bertrán Güell, 1939: 84; Busquets, 1986: 92-93; Carlavilla, 1959: 25 ss.; Gil Pecharromán, 1994: 265; Payne, 1977: 410; Robinson, 1974: 207-208; Sáinz Rodríguez, 1978: 242 ss. y Vegas Latapié, 1978: 248 y ss. <<

[272] Vegas Latapié, 1983: 158. <<

[273] Embajador en París a ministro de Estado (8-IV-1933), en AMAE, leg. R. 904. Según parece, a fines de 1932 Alfonso XIII envió una carta a Martínez Anido solicitándole que se pusiera a la cabeza de la conspiración, a lo que éste se negó durante una entrevista mantenida con Ansaldo en Niza (Salmador, 1962: 90). <<

[274] Ramos Oliveira, 1952: III, 264. <<

[275] Gil Pecharromán, 1985: II, 757. <<

[276] ABC, 30-IV-1933. <<

[277] Gil Pecharromán, 1985: II, 772. <<

[278] Los rumores de golpe, en telegrama de Herbette (7-IV-1933), en AQO, Europe, 1918-1940, Espagne, Politique intérieure, dossier general, leg. 156, p. 138. Las primeras violencias de las juventudes de RE en Olaya, 1979: 274. <<

[279] ABC, 3 y 5-VIII-1933; La Época, 25-VII-1933 y Diario de Barcelona, 25 y 28-VII y 18-VIII-l933. <<

[280] Gil Pecharromán, 1985: II, 788 y 1994: 151 <<

[281] Heiberg, 2004: 40 y Saz, 1999: 118. <<

[282] Guariglia a Mussolini (Madrid, 10-X-1932), en Ministero degli Affari Esteri, DDI, Serie VII, vol. XII, 1987, pp. 419-422. <<

[283] Petición de información sobre la estancia de Barrera en Roma y coloquio al respecto entre el embajador español y el ministro de Asuntos Exteriores (Roma, 3-IX-1932), en ASMAE, Serie Affari Politici, 1931-1945, Spagna, 1932, caja 2, y Ministero degli Affari Esteri, DDI, Serie VII, vol. XII, 1987. pp. 340-341. <<

[284] Cit. en Saz, 1981:328. <<

[285] Borrador de instrucciones en Coverdale, 1979: 57 y Saz, 1986a: 41. <<

[286] Bullón, 2004: 341. <<

[287] Aunós, 1941: 155-156. <<

[288] Ansaldo, 1951: 50. <<

[289] Aunós, 1941: 155. <<

[290] Ansaldo, 1951: 57-58; Gil Robles, 1968: 712 y Mazzetti, 1979: 1182. Según testimonio de Yanguas Messía en el Homenaje de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación a su presidente perpetuó José Calvo Sotelo, 1942: 114, Calvo Sotelo presentó a las autoridades italianas un informe sobre «la odiosidad del régimen republicano español y el ansia de liberación que sentían las fuerzas sanas del elemento militar y los diversos sectores civiles con que podía contarse». Sobre la visita de Ansaldo y Aunós a Roma y el pacto posterior con Mussolini, véanse también González Cuevas, 1998: 228-230 y Tusell, 1986: 76-85. <<

[291] ABC, 17 y 22-IX-1933. <<

[292] Sáinz Rodríguez, 1978: 220-221. <<

[293] Gil Pecharromán, 1994: 155. <<

[294] José María Gil Robles, prólogo a Medina y Togores, 1932: VII. <<

[295]CEDA, n.º 10, 20-IX-1933, p. 1. <<

[296] ABC, 7-II-1933. <<

[297] ABC, 17-X-1933. <<

[298] Gil Robles, 1968: 86-89 y Robinson, 1974: 184. <<

[299] Cortés-Cavanillas, 1956: 426. <<

[300] El Debate, 15-X-1933,p. 1. <<

[301] La Nación, 14-XI-1933, p. 16. <<

[302] ABC, 21-XI-1933. <<

[303] AE, n.º 46,1-II-1934, pp. 1004-1007. <<

[304] Blinkhom, 1979: 143; Clemente, 1978; 15 (1979: 32-33) y García de Vinuesa, 1933: 253-254. La lista de adheridos en Ferrer, Tejera y Acedo, 1941-1979: XXX, 56-59. Un mensaje del pretendiente y varias cartas de adhesión de los tradicionalistas evadidos de Villa Cisneros (Lisboa, 4, 14 y 20-III-1933), en AGUN. MFC, leg. 133/004. <<

[305] Redondo y Zavala, 1957: 242-243 y Pemán, 1954: 131-132. <<

[306] Redondo y Zavala, 1957:244. <<

[307] Delegación Nacional de Requetés, 1936. Existe otra versión con el título Ordenanzas y Reglamentos del Requeté, publicada por la Delegación Nacional del Requeté en Madrid en III-1936, y con algunas variantes de denominación respecto de la anterior, que parece ser la versión inicial de Varela. La difusión del reglamento, en Marín Fidalgo et alii, 1982: 37 y Pemán, 1954: 242-244. <<

[308] Casas de la Vega, 1977: I, 116 y Lizarza Iribarren, 1954: 58-59. En la versión de Ordenanzas y reglamentos del Requeté publicada en Madrid en III-1936, la organización de estas unidades resulta algo diferente: la escuadra está formada por un cabo y cinco requetés; el pelotón por un sargento, tres cabos y 15 requetés (19 hombres); la sección por un oficial, dos sargentos, seis cabos y 32 requetés (41 hombres); la compañía por un capitán, un brigada, un cabo banderín, dos educandos, un requeté de 1.ª, 16 requetés de transmisiones y tres secciones con tres tenientes o alféreces, seis sargentos, 18 cabos y 96 requetés (145 hombres); compañía de ametralladoras, sección de máquinas de acompañamiento, y por último el tercio, compuesto por cuatro compañías de fusiles con plana mayor, sección de enlaces y transmisiones, sección de máquinas de acompañamiento, cuatro compañías de fusiles compuestas por cuatro capitanes, 12 oficiales, cuatro brigadas, 24 sargentos, 72 cabos y 384 requetés y una compañía de ametralladoras compuesta por seis oficiales, dos brigadas, dos auxiliares, 19 sargentos y 188 cabos y requetés (879 hombres). Por supuesto, unidades tan complejas y completas sólo existían sobre el papel antes de la guerra. <<

[309] AGUN. MFC, legs. 133/003 y 133/164 y Ferrer, Tejera y Acedo, 1941-1979: XXX, 262-263. <<

[310] AHN, Ministerio de Estado, Sección Política, leg. R. 517, exp. n.º 78. <<

[311] La Gaceta del Norte, 19-V-1933, cit. por Plata Parga, 1991:225-226. <<

[312] José Mª Lamamié de Clairac a Alfonso Carlos (Madrid, 25-V-1933), en AGUN. MFC, leg. 133/002. <<

[313] Lizarza Iribarren, 1954: 22-24. <<

[314] Blinkhorn, 1990: I. Como señala Blinkhorn, 1990: 135, definir el fascismo puramente en términos de su ostensible «radicalismo» original sólo es definir una parte y no todo el complejo que implica la búsqueda, conquista y ejercicio del poder. <<

[315] Ugarte, 1998: 43. <<

[316] Ledesma, 1935: 31-35. <<

[317] Luebbert, 1997: 15. <<

[318] Saz, 2004: 68. <<

[319] González Cuevas, 2000: 294 y 318. Sobre el peso arcaizante del fascismo español, su nostalgia del pasado convertido en mito, véase Elorza, 1983. <<

[320] Ledesma, 1968: 72. <<

[321] Aguila Tejerina, 1982: 244. <<

[322] Gallego, 2005c: 278. <<

[323] Jiménez Campo, 1978: 78. <<

[324] Jiménez Campo, 1979: 16. <<

[325] Gallego, 2005a: 79. <<

[326] Cit. por Bessel, 1984: 154. <<

[327] Bessel, 1984: 152. <<

[328] Laqueur, 2003: 117. <<

[329] Sobre el culto al martirio y la muerte de los squadristi, véanse Suzzi Valli, 2000: 144-146 y, de forma más general, Mosse, 1990. <<

[330] Suzzi Valli, 2000: 132. Sobre la naturaleza de la violencia fascista, véanse también Aquarone, 1979; Lyttelton, 1982; Nello, 1982 y Petersen, 1982. <<

[331] Sobre el PNE en la crisis final de la Monarquía, véanse Gil Pecharromán, 2000: 77-100 y González Calleja, 1999: 602-608. <<

[332] La Nación, 13-V-1931, p. 4. <<

[333] Criterio, 3-IV-1932, pp. 3-4 y Gil Pecharromán, 2000: 115-116. <<

[334] Albiñana, 1933: 23-27. <<

[335] Sobre el extrañamiento del dirigente nacionalista, además de Albiñana, 1933, véase Pérez Mateos, 1977: 65-86. <<

[336] Gil Pecharromán, 2000: 127. <<

[337] Jiménez Campo, 1978: 82-83. <<

[338] Versión falangista del acto, en FE, n.º 7, 22-II-1934, p. 4. <<

[339] Sumario 114 contra José M.ª Albiñana por reunión clandestina, tenencia ilegal de armas de fuego y atentado, en AHN, Tribunal Supremo, Reservado, exp. n.º 36. Véanse también Gil Pecharromán, 2000: 171-172; Heraldo de Madrid, 5-III-1934, pp. 1-2 y la versión opuesta en Albiñana, 1936: 10-13 y La Nación, 6-III-1934, p. 14. <<

[340] La Nación, 8-XII-1935. <<

[341] Sobre estas últimas actividades de Albiñana, véanse Burgos en el Parlamento, 1936 y Palacios Bañuelos, 1981. <<

[342] Gil Pecharromán, 2000: 201. <<

[343] Relato de su asesinato, en La Legión, 2.ª época (Burgos), 6-IX-1936, p. 1. <<

[344] La represión albiñanista en Burgos y alrededores, en Ruiz Vilaplana, 1977: 19-20. <<

[345] El Pensamiento Navarro, 11-I-1937, p. 1 y Gil Pecharromán, 2000: 211-212. <<

[346] «Manifiesto político La Conquista del Estado», La Conquista del Estado (en adelante, LCE), n.º 1, 14-111-1931, p. 6. También en Ledesma, 1968 y 1986: 38-39 y 45-48. <<

[347] Areilza, 1974: 90; Borrás, 1971: 317; García Venero, 1967a: 34; Ledesma, 1968: 122 y Sánchez Diana, 1975: 164-165. <<

[348] Lequerica, 1928. <<

[349] Borras, 1971: 316-317; Cava Mesa, 1985: 115; Plata Parga, 1991: 87-89 y Selva, 2000: 162. <<

[350] LCE, n.º 5, ll-IV-1931, p. 5. <<

[351] Ramiro Ledesma, «Carta al comandante Franco. ¡Hay que hacer la Revolución!», LCE, n.º 9, 9- V-1931, p. 1. La carta fue reproducida en el folleto ¡Hay que hacer la revolución hispánica!(Carta al comandante Franco), Madrid, Impta. Ed. Albero, VII-1931. <<

[352]LCE, n.º 14, 13-VI-1931, p. 2. <<

[353] LCE, n.º 15, 20-VI-1931, cit. por Gallego, 2005a: 80. <<

[354] Ramiro Ledesma, «Nuestras consignas. La movilización armada. La vitalidad nacional», LCE, n.º 16, 27-VI-1931, p. 1. <<

[355] Rodríguez Jiménez, 2000: 83. <<

[356] Ramiro Ledesma, «Nuestra angustia hispana. El discurso reaccionario de Azaña», LCE, n.º 19, 25-VII-1931, p. 1. <<

[357] Gallego, 2005c: 373. <<

[358] «Nuestro manifiesto político», LCE, n.º 1, 14-III-1931, p. 2. <<

[359] Ramiro Ledesma, «La hora de España. La revolución en marcha», LCE, n.º 10, 16-V-1931, p. 1. <<

[360] Guillén Salaya, 1938; 21-22. <<

[361] Ramiro Ledesma, «Obreros parados y capitales parados», La Patria Libre, n.º 3, 2-III-1935, p. 1. <<

[362] Dupeux, 1976. Sobre el presunto conocimiento por Ledesma de la obra de Niekisch, véase Nordling, 2002, aunque Gallego, 2005a: 305 y 2005c: 443 lo pone seriamente en duda. <<

[363] Llopart, 2005 y Quintanilla y Llopart, 1996: 14. <<

[364] Sáinz Rodríguez, 1978: 220. <<

[365] Mínguez, 1990: 24 y Monge y Bernal, 1936: 1119. <<

[366] Juan de Antaño (seud.), «Para la pequeña historia, anecdotario menudo», Libertad, 13-VI-1956, p. 3, cit. por Martín de la Guardia, 1994: 33. <<

[367] Onésimo Redondo, «El nacionalismo no debe ser confesional», Libertad, n.º 38, 29-II-1932, cit. por Mélida, 1996: 29. <<

[368] Onésimo Redondo, «¿Reaccionarios o revolucionarios?», Libertad, n.º 29, 28-XII-1931. <<

[369] Onésimo Redondo, Proclama «¡Castilla, salva a España!», Libertad, n.º 9, 10-VIII-1931, p. 1. <<

[370] «A los jóvenes», Libertad, n.º 2, 20-VI-1931, reproducido en n.º 87 de 11-VI-1934. <<

[371] Libertad, n.º 2, 20-VI-l931, y reproducido en n.º 87, ll-VI-1934. También en Libertad, n.º 30, 4-I-1932, p. 1, Onésimo Redondo aseguraba que «No salvaremos la nación de la barbarie soviética sin organizar una falange extensa de españoles de todas clases dispuestos a defender con sus personas la vida civilizada de España Hay que formar las Milicias Civiles de España […] Queremos hacer de la Universidad el cuartel civil de las futuras generaciones». <<

[372] «¡Milicias, milicias!», Libertad, n.º 83, 14-V-1934, p. 1. Sobre los mensajes a la juventud y contra la «vejez política», véanse los textos de Martínez de Bedoya, 1939: 95-111. <<

[373] Onésimo Redondo, «La solución», Libertad, n.º 18, 12-X-1931. <<

[374] «Dictadura fascista y dictadura parlamentaria», Libertad, n.º 33, 25-1-1932, en Redondo, O. C., 1955: 449. <<

[375] Onésimo Redondo, «Hacia una nueva política», «Justificación de la violencia», Libertad, n.º 28, 21-XII-1931, p. 1, cit. por González, 1976: 16. <<

[376] Onésimo Redondo, «La violencia: ¿Es lícita la violencia?», Libertad, n.º 56, 4-VII-1932, p. 1. <<

[377] Ramiro Ledesma, «Las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista. Por qué nacen las Juntas. La actuación de las Juntas», LCE, n.º 21, 10-X-1931, p. 1, cit. por Aparicio, 1939: 276. Sobre la violencia y el culto a la acción de las Jons, véase Norling, 2002: 71-73. <<

[378] Ramiro Ledesma, «Los comunistas y la violencia», LCE, n.º 9, 9-V-1931. <<

[379] Programa de las JONS, cit. por Guillén Salaya, 1938: 49-50 y Rodríguez Jiménez, 2000: 104-105. <<

[380] «Las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista: Nuestras consignas», LCE, n.º 23, 24-X-1931, cit. por Guillén Salaya, 1938: 42. <<

[381] Ramiro Ledesma, «Precisiones. El Nacional-Sindicalismo», La Nación, 13-I-1933, pp. 1-2. <<

[382] Ramiro Ledesma, «Nuestra revolución», JONS, n.º 2, VI-1933. Véase también «Nuestras consignas. La disciplina y coraje de una acción militar», LCE, n.º 23, 24-X-1931, p. 1. <<

[383] Onésimo Redondo, «El monopolio de la violencia», Libertad, n.º 20, 26-X-1931, p. I. <<

[384] Libertad, n.º 22, 9-XI-1931, p. 5. <<

[385] Borrás, 1971: 320. <<

[386] Informaciones, 25-II-1932. <<

[387] ABC, 3-IV-1932; Aparicio, 1951: 7-12; Guillén Salaya, 1938: 60-62 y Ledesma, 1968: 101-102. <<

[388] Velarde Fuertes, 1972: 59. <<

[389] Luciano de la Calzada, «Revolución y golpe de Estado», Libertad, n.º 47, 2-V-1932, p. 3. Sobre este tipo de planteamientos golpistas resultan significativos sus artículos «Técnica revolucionaria. El golpe de Estado de Cromwell», Libertad, 27-VI-1932, p. 3 y 4-VII-1932, p. 3. <<

[390] Telegramas del gobernador civil de Valladolid al ministro de la Gobernación (9-V-1932, 14:00,11-V-1932, 00.50 h, 12-V-1932, 1:00 y 14-V-1932, 19:55 y 15-V-1932, 14.10 h), en AHN, Gobernación, Serie A, leg. 5A, exp. n.º 7; Libertad, 9-V-1932, p. 6 y 16-V-1932, p. 8 y Jato, 1975: 135. <<

[391] Informe de Cesare Gullino sobre los grupos de derecha españoles (25-V-1934), en ACS, Ministero della Cultura Popolare, Direzione Generale Servizi della Propaganda, Propaganda Presso Stati Esteri (1930-1943), caja 203. <<

[392] Libertad, n.º 30, 4-I-1932. <<

[393] Onésimo Redondo, «Nueva política. Cómo se realiza hoy la guerra», Libertad, n.º 44, 11-IV-1932, pp. 1 y 3, en Redondo, 1941, p. LIX, cit. por Bertrán Güell, 1939: 142 y Cierva, 1969:I, 525. <<

[394] Mínguez, 1990: 152. <<

[395] Onésimo Redondo, «La conquista del Estado. Las milicias nacionales», Igualdad, n.º 17, 6-III-1933 y Libertad, n.º 136, 20-V-1935. <<

[396] Javier Martínez de Bedoya, «Si vis pacem», Libertad, 25-I-1932, p. 2. <<

[397] Ridruejo, 1976: 70. <<

[398] Jato, 1975: 143 y Arias-Andreu, 1976: 107-108. <<

[399] Imatz, 1981: 116 y Jato, 1975: 144. <<

[400] Informe de 12-V-1933, en Guariglia, 1972: 287-291, cit. por Coverdale, 1979: 59 y Saz, 1982: 245. <<

[401] Esta circular, firmada por Ledesma, fue recogida por la policía en Madrid y sólo pudo ser difundida en la Universidad de Santiago (Borras, 1971: 459 y Ledesma, 1968: 112-113). <<

[402] Fragoso del Toro, 1967:1, 318; Payne, 1965: 38 y Sánchez Diana, 1975: 160. Borras, 1971: 338 habla de dos centurias organizadas en patrullas de cinco hombres y con un total de 100 activistas. <<

[403] Ximénez de Sandoval, 1949: 220. <<

[404] Guillén Salaya, 1938: 88-89. <<

[405] Jato, 1975: 147. <<

[406]Ahora, 26-VII-1933, p. 1. <<

[407] Guillén Salaya, 1938: 103-106. <<

[408] Roberto Lanzas (seud. de Ramiro Ledesma), «La violencia política y las insurrecciones», JONS, n.º 3, VIII-1933, pp. 104-109. <<

[409] Ramiro Ledesma, «Declaraciones terminantes (jonsismo, fascismo. Las derechas. La violencia. La juventud. Las masas)», JONS, n.º 4, IX-1933. pp. 147 y ss. <<

[410] Ramiro Ledesma Ramos, «Hacia el sindicalismo nacional», JONS, n.º 6, XI-1933, p. 24. <<

[411] Tuero Madiedo, ¿1984?: 59. <<

[412] Cit. por Borrás, 1971: 492. <<

[413] Guariglia a Ministero degli Affari Esteri (14-XII-1933), cit. por Coverdale, 1979: 58 y Guariglia, 1972: 328. <<

[414] Borrás, 1971: 428 y Sánchez Diana, 1975: 149-155. <<

[415] «¿Qué harán los fascistas en día 19?», Ahora, 16-XI-1933, p. 4. <<

[416] Véase el poema dedicado a José Ruiz de la Hermosa aparecido en JONS, 6-XI-1933 y cit. por Jerez Riesco, 1998: 65. <<

[417] Las JONS no se desvían. Ante la desviación de FE, JONS, n.º 6, XI-1933, pp. 256-257. <<

[418] Cit. por Mínguez, 1990: 154. <<

[419] La Época, ll-XI-1931, p. 4 y 13-XI-1931, p. 4 y La Nación, 12-XI-1931, pp. 1-2 y 17-XI-1931, pp. 1-2. <<

[420] Gil Pecharromán, 1994: 160. <<

[421] Los preparativos para la salida de El Fascio en informe de Guariglia (24-11-1933), en ASMAE, Affari Politici, 1931-45, Spagna, caja 4. Véanse también Guariglia, 1950: 203 y 1972: 265; Gil Pecharromán, 1996: 161-169; Jerez Riesco, 1998: 32-38; Rodríguez Jiménez, 1997: 142-144 y 2000: 119-127; SAZ, 1986a: 105-109 y SELVA, 2000: 235-236. La participación de March, en Díaz Nosty, 1977: 279. <<

[422] La Nación, 24-II-1933, pp. 1-2 y 16-111-1933, pp. 6 y 12. <<

[423] La Nación, 16-III-1933, p. 11. <<

[424] El Socialista, 17-III-1933, p. 3; La Nación, 17-III-1933, pp. 3-4 y La Época, 16-III-1933, p. 1 y 17-III-1933, p. 1. <<

[425] El Socialista, 16-III-1933, p. 1. <<

[426] Solidaridad Obrera, 23-III-1933, p. 1. <<

[427] La Nación, 13-III-1933, p. 1 y 16-III-1933, p. 1. <<

[428] La Nación, 20-III-1933, p. 3. <<

[429] La Nación, 22-III-1933, p. 6. <<

[430] El Debate, 17-III-1933, p. 1. <<

[431] Carta de José Antonio Primo de Rivera a Juan Ignacio Luca de Tena, en ABC, 22-III-1933, en Primo de Rivera, 1971: 43. <<

[432] ABC, 22-III-1933, cit. por Payne, 1997: 162. <<

[433] Carta de José Antonio Primo de Rivera a Julián Pemartín (2-IV-1933), en Primo de Rivera, 1971:49. <<

[434] Saz, 2004: 70-71. <<

[435] Cabanellas, 1973:1, 240 nota 74; Cierva, 1969: 535 y Rodríguez Jiménez, 2000: 127-134. <<

[436] Manifiesto del MES («Fascismo español»), en RAH, Legado Diego Angulo, cit. por Payne, 1997: 168. <<

[437] Antonio Elorza, La razón y la sombra, 1984: 214. <<

[438] Gil Pecharromán, 1994: 73. <<

[439] Este pacto ha sido erróneamente datado en multitud de ocasiones: Payne, 1965: 53 lo fecha en el verano de 1934; Gibson, 1980: 102 en junio de ese año, y Sáinz Rodríguez, 1978: 220-223 a mediados de XI-1933. Saz, 1982: 247-248 demostró de forma irrefutable la veracidad de la fecha que indicamos. El pacto, en Gil Pecharromán, 1996: 185-190; Rodríguez Jiménez, 2000: 142-143 e informe reservadísimo del embajador italiano Guariglia (San Sebastián, 1-IX-1933), en ASMAE, Affari Politici, 1931-1945, Spagna, caja 4 y Guariglia, 1972: 304-305, donde se señala que el pacto secreto entre CT (Sáinz Rodríguez), RE (Sangróniz) y el «Fascio Español» (Primo de Rivera) fue firmado hacia el 22-VIII-1933. <<

[440] Ansaldo, 1951: 63-64 y Vegas Latapié, 1978: 249 y ss. <<

[441] Informe a los alfonsinos exilados en Francia (s. f., pero otoño de 1933), en ACA, cit. por González Cuevas, 1996: 105 y 1998: 213-214; Gil Pecharromán, 1996: 189-190 y Payne, 1997: 171-172. <<

[442] Guariglia, 1950: 190 y 203. Coverdale, 1979: 59, basándose en la obra de Nellesen, 1963: 72, fecha este viaje en un momento indeterminado del verano de 1933. La reunión de Primo de Rivera y Mussolini de 19-X-1933 en ASMAE, Segreteria Generale-Gabinetto, leg. 150 y mensaje de Guariglia al Ministero degli Affari Esteri (14-XI-1933), en Guariglia, 1950: 203-205 y 1972: 323-324. <<

[443] Jato, 1975: 153-154. <<

[444] Martín, 1971: 171. Según Rodríguez Tarduchy, 1941: 67-68, él había agrupado tras el fracaso del 10-VIII a las primeras escuadras del MES en dos sectores: uno dirigido por el comandante de Estado Mayor Román Ayza, barón de Tormoye, y otro regentado por el comandante de Infantería Luis Arredondo. <<

[445] Primo de Rivera, 1971:61-69. <<

[446] Cfr. Muñoz Alonso, 1969: 349. <<

[447] José Laín Entralgo, «La dialéctica de la pistola», Renovación, n.º 116, 4-XI-1933, p. 3. <<

[448] CNT, 28-X-1933, p. 1 y 29-X-1933, p. 1. <<

[449]Necete (seud.), «Fascismo. La dialéctica de las pistolas», CNT, 31-X-1933, p. 4. <<

[450] Pemartín, 1953: 14. <<

[451] CNT, 13-XI-1933, p. 1 ;ABC, 14-XI-1933, pp. 19 y 27-28 y El Siglo Futuro, 13-XI-1933, p. 4. Véanse también Carmona Obrero, 2002: 62-64 y Caro Cancela, 1987: 185-187 y 2001: 332-333. <<

[452] ABC (Sevilla), 21-XI-1933, p. 44. La acusación de «franciscanismo» fue lanzada por Wenceslao Fernández Flórez en ABC, 18-XI-1933. <<

[453] ABC (Sevilla), 23-XI-1933. <<

[454] El Siglo Futuro 18-XI-1933, p. 4 y La Época, 18-XI-1933, p. 2. <<

[455] Cit. por Monge y Bernal, 1936: 128-129. <<

[456] Watanabe, 2003: 228. <<

[457] El Debate, 18-X-1931. <<

[458] Watanabe, 2003: 307. <<

[459] Monge y Bernal, 1936: 145. <<

[460] Montero, 1977:I, 584. <<

[461] La Época, 24-II-1932, p. 1. <<

[462] El Debate, 28-X-1932. <<

[463] Monge y Bernal, 1936: 266. <<

[464] Discurso en el Monumental Cinema de Madrid, 15-X-1933, en El Debate, 17-X-1933, p. 1; Gutiérrez-Ravé, 1967: 85; Martínez de Bedoya, 1996: 65 y Claridad (Jerez), 26-X-1933, cit. por Caro Cancela, 2001: 326. <<

[465] El Debate, 23-XI-1933, p. 3. <<

[466] Gil Robles, 1971, p. 273. <<

[467] Editorial «Los católicos y la República», El Debate, 15-XII-l933 y entrevista a Gil Robles, El Debate, 22-XII-1933. <<

[468] Martínez de Bedoya, 1996: 65. <<

[469] El Somatén n.º 3, III-1928, p. 13. <<

[470]Heraldo de Madrid, 13-I-1934, p. 1. <<

[471]Heraldo de Madrid, 17-I-1934, p. 10 y 19-I-1934, p. 1 y telegrama de la Embajada italiana en Madrid (19-I-1934), en ASMAE, Affari Politici, 1931-45, Spagna, caja 6. <<

[472] Estatutos y Reglamento de la Juventud de Acción Popular, Madrid, Editorial Ibérica, 1932, p. 26. <<

[473] Avelino Parrando, «La JAP y los trabajos de movilización civil» (ponencia n.º 21 presentada en el I Congreso de la JAP en El Escorial), cit. por Monge y Bernal, 1936: 302 y Montero, 1977: I, 613-614. <<

[474] Francisco Casares, «Reportajes de la actualidad nacional: ¿Son o no son fascistas las Juventudes de Acción Popular?», Blanco y Negro, n.º 2226, 11-II-1934, pp. 1-2 y CEDA, n.º 19, 15-II-1934, p. 18, cit. por Báez, 2005: 136. <<

[475] CEDA, n.º 20, 1-III-1934, p. 4. <<

[476] González Calleja y Rey Reguillo, 1995. <<

[477] El Debate, 16-II-1934. <<

[478] UJCE, 1934: 5 y 10. <<

[479] La Nación, 21-IV-1934, p. 15; CEDA, n.º 24, l-V-1934, p. 1; Casares, 1934: 205-211; Guariglia, 1972: 367-371 y Salazar Alonso, 1935: 82. <<

[480] Según un informe del embajador francés Herbette (27-IV-1934), un periodista francés independiente calculó la asistencia entre 20 y 25 000 personas (AQO, Europe, 1919-1940, Espagne, Politique Intérieure, Dossier Général, leg. 159, p. 210r), y el corresponsal del Times habló de 20-30.000 asistentes (sir George Grahame a sir John Simón [Madrid, 24-IV-1934], en NA. FO, General Correspondence, Political, Spain, leg. 371/18 595, p. 184). <<

[481] CEDA, n.º 21, 15-III-1934, p. 14. <<

[482] CEDA, n.º 24, l-V-1934, p. 20, cit. por Arrabal, 1935: 278. <<

[483] Todos estos sucesos, en Lerroux, 1985: 220-221 y Salazar Alonso, 1935: 88-90, 96-97 y 101-108. <<

[484]Heraldo de Madrid, 30-IV-1934, p. 16; Ahora, 2-V-1934, p. 3 y Hoja del Lunes, 30-IV-1934, p. 1. <<

[485] Galindo Herrero, 1954: 115-116 y Gil Robles, 1968: 87-89. <<

[486] Gil Robles, 1968: 89 nota 14. <<

[487] La carta de dimisión, en CEDA, n.º 27, 15-VI-1934, p. 13. Véase también José M.ª Valiente, «Por qué me fui de la CEDA», La Actualidad Española, n.º 943, 29-I-1970; n.º 944, 5-II-1970; n.º 945, 12-II-1970 y n.º 946, 19-II-1970. <<

[488] Payne, 1977: 417 y Saz, 1986b: 55. <<

[489] Heiberg y Ros Agudo, 2006: 10. <<

[490] Saz, 1986a: 68. Según Sáinz Rodríguez, 1978: 232-233, los términos del pacto fueron concretados por él y por Ernesto Carpi, que actuó de intermediario ante el gobierno italiano. <<

[491] «Coloquio del Capo del Governo e ministro degli Esteri, Mussolini, e del Governatore della Libia, Balbo, con i rappresentanti della destra espagnola, Barrera, Goicoechea, Olozabal (sic) e Sisarza (sic). Verbale riservatissimo per il Duce redactado por Balbo» (Palazzo Venezia, 31-III-1934, 16:00 h.), en ASMAE, Archivio di Gabinetto, bobina 9: Ufficio di Coordinamento: fascicolo n.º 44. Corrispondenza relativa ai rapporti con la Spagna durante la Guerra Civile y DDI, Serie VII, voi. XV, pp. 64-68. El texto del acuerdo, en ACS, Segreteria Particolare del Duce, Carteggio Riservato, caja 71, Spagna, Sottofàscicolo 5: Personale. El acuerdo fue desvelado por Askew, 1952: 182-183. El pacto secreto italiano, en Garriga, 1977: 219-220; Guariglia, 1972: 375-378; Heiberg, 2004: 41; Mazzetti, 1979; Payne, 1999: 103 y SAZ, 1986a: 71 y 78-79 y 1999: 120-121. <<

[492] Lizarza Iribarren, 1954: 22-26. <<

[493] Mazzetti, 1979: 1184. <<

[494] Balbo al Duce (14-IV-1934), en ASMAE, Archivio di Gabinetto, bobina 9: Ufficio di Coordinamento: fascicolo n.º 44. Corrispondenza relativa ai rapporti con la Spagna durante la Guerra Civile. <<

[495] Sobre el material enviado, Pro-memoria (Roma, 21-XI-1936), en ASMAE, Archivio di Gabinetto, bobina 9: Ufficio di Coordinamento: fascicolo n.º 44. Corrispondenza relativa ai rapporti con la Spagna durante la Guerra Civile y Mazzetti, 1979: 1186 y 1191. <<

[496] El documento descubierto era un memorando que duplicaba el número real de fusiles (25 000), granadas de mano (20 000) y ametralladoras (200) comprometidas, además de señalar una ayuda económica de 1,5 millones de pesetas. Es el facsímil que aparece en Ibárruri et alii, 1966: I, 76-77 y fue publicado entre otros por Ce Soir, 5-V-1937, p. 1 y Le Temps, 9-V-1937, p. 1. El seguimiento del hallazgo por las autoridades italianas, en telegrama de París (5-III-1937) y «Appunto per il Duce del Gabinetto del Ministero degli Affari Esteri» (Roma, 21-IV-1937), en ASMAE, Archivio di Gabinetto, bobina 9: Ufficio di Coordinamento: fascicolo n.º 44. Corrispondenza relativa ai rapporti con la Spagna durante la Guerra Civile, y Carta del Vicecapo di Gabinetto Magg. Camm. Rapicavoli al Ministro de Asuntos Exteriores (Roma, 26-V-1937), en ASMAE, Archivio di Gabinetto, bobina 9: Ufficio di Coordinamento: fascicolo n.º 44. Corrispondenza relativa ai rapporti con la Spagna durante la Guerra Civile. <<

[497] Informe de 30-IV-1934, en Guariglia, 1972: 374-378. <<

[498] «Instauración, sí», La Época, 16-VI-1934, p. 1, cit. por Escobar, Vigón y Vegas, 1955: 43-46. <<

[499] Orella, 1996: 69-70. <<

[500] Calvo Sotelo a Rafael Olazábal (4-III-1933), cit. en Iturralde, 1956-1965:I, 133. <<

[501] Gil Pecharromán, 1985:I, 375 y ss. <<

[502] Cit. por Bullón, 2004: 383. <<

[503] Arrarás, 1968: II, 342; Imatz, 1981; 126 y Jato, 1975: 123. <<

[504] Libro de Actas de Renovación Española, 17-IV-1934, cit. por Gil Pecharromán, 1985: II, 821. <<

[505] Arrarás, 1968: II, 354-355. <<

[506] ABC, 7-VI-1934. <<

[507] Pemán, 1954: 135. <<

[508] Ferrer, 1950: 235. <<

[509] El Observador, 15-X-1933, p. 6. <<

[510] Tradición, n.º 20, 15-X-1933, p. 511. <<

[511] Barón de Sangarrén a José Mª Gómez de Pujadas (San Juan de Luz, 7-XI-1933), en AGUN. MFC, leg. 133/004. <<

[512] «Urge ir a la formación del frente revolucionario de Juventudes Carlistas que sean la plataforma del ideal», a. e. t., n.º 4, 16-II-1934, cit. por Burgo, 1939: 51-55. <<

[513] Véase González Calleja, 1998:487-504. <<

[514] a. e. t., n.º 13, 27-IV-1934. <<

[515] Jaime del Burgo (presidente de la AET de Pamplona) a Alfonso Carlos (San Juan de Luz, 15 de diciembre de 1933), en AGUN. MFC, leg. 133/001. <<

[516] a. e. t., n.º II, 9-IV-1934, cit. por Burgo, 1939: 97-98. <<

[517] Blinkhorn, 1979: 196. <<

[518] Casariego, 1940: 17 y Redondo y Zavala, 1957: 254. <<

[519] Blinkhorn, 1979: 200. La versión carlista del pacto, en Lizarza Iribarren, 1954: 37-39. Véanse además Coverdale, 1979: 45-50; Platón, 1998: 379 y Saz, 1981: 329-330. <<

[520] El Siglo Futuro, ll-IV-1934. <<

[521] Blinkhorn, 1986: 186. <<

[522] Payne, 1977: 122. <<

[523] Álvarez Rey, 1993: 134-135. <<

[524] Álvarez Rey, 1990: 52-53. <<

[525] Redondo y Zavala, 1957: 280 y 308. <<

[526]La Unión, 16 y 17-IV-1934; Tradición, n.º 33, l-V-1934, pp. 204-211 y El Siglo Futuro, 16 y 17-IV-1934. Véanse también detalles interesantes del acto en Fal Conde a Alfonso Carlos (Sevilla, 18-IV-1934), en AGUN. MFC, leg. 133/006 y Libro de Actas del Centro Tradicionalista de Sevilla (15-IV-1934), en AGUN. MF, leg. 12A; Álvarez Rey, 1993: 370-371; Ferrer, Tejera y Acedo, 1941-1979: XXX, 88-89; Marín Fidalgo et alii, 1982, pp. 45-48 y Salas, 1992:1, 120-130, además de los opúsculos Veinticinco años atrás…, 1959 y Martín de Iturriaga, 1974. <<

[527] Manuel Fal Conde, «Informe sobre la situación política española en relación a la necesidad de reorganización de la Comunión tradicionalista» (16-IV-1934), y de manera más amplia, su informe al Presidente de la Junta Suprema Tradicionalista (9-III-1933), en AGUN. MFC, leg. 133/164. <<

[528] El nombramiento, en Ferrer, Tejera y Acedo, 1941-1979: XXX, 269-271. <<

[529] El Siglo Futuro, 18-VI-1934. El decreto de creación de la Delegación especial de Juventudes, en Ferrer, Tejera y Acedo, 1941-1979: XXX, 272-273. <<

[530] Redondo y Zavala, 1957: 327-329. <<

[531] Ugarte, 1998: 52-53. <<

[532] Fal Conde a Alfonso Carlos (Monte Gordo, Algarve, 16-VII-1934), en AGUN. MFC, leg. 133/006. <<

[533] Informe de Cesare Guilino (25-V-1934), en ACS, Ministero della Cultura Popolare, Direzione Generale Servizi della Propaganda, Propaganda Presso Stati Esteri (1930-1943), caja 203. <<

[534] Fal Conde a Alfonso Carlos (Madrid, 9-VII-1934 y 25-IX-1934), en AGUN. MFC, leg. 133/006. <<

[535] En una «Promemoria» (Roma el 21-XI-1936), en ASMAE, Archivio di Gabinetto, bobina 9: Ufficio di Coordinamento: fascicolo n.º 44. Corrispondenza relativa ai rapporti con la Spagna durante la Guerra Civile, se afirma que se acogieron en Furbara tres expediciones de españoles de cerca de 15 hombres cada uno (Mazzetti, 1979: 1185 y 1190-1191), mientras que Lizarza Iribarren, 1954: 48-49, habla de grupos de 16-17 hombres con un total de cerca de 50 personas. Payne, 1977: 417 dice erróneamente que tres grupos de 40 requetés con sus capellanes se entrenaron en Libia y Cerdeña en 1935. Payne, 2005: 86-87 sigue incurriendo en error cuando dice que, tras los acuerdos con Mussolini, se pagó el primer medio millón de pesetas y «pronto viajaron a Libia unos cincuenta voluntarios carlistas». Un informe sobre la preparación de los requetés, en La Unión, 18-VII-1937. Véanse también Burgo, 1970: 517-521 y Coverdale, 1979: 62-63. <<

[536] Redondo y Zavala, 1957: 267. <<

[537] Esteban-Infantes, 1957: 244-245 y Romano, 1940: 182 y 194. <<

[538] Ferrer, Tejera y Acedo, 1941-1979: XXX, 99; Redondo y Zavala, 1957: 272 y Tradición, n.º 39, 1-VIII-1934, pp. 358-365. <<

[539] Jato, 1975, p. 133. <<

[540] Payne, 1965: 45. <<

[541] Martín, 1971:70. <<

[542] Tagüeña, 1978: 43. <<

[543] Gil Pecharromán, 1996: 235. <<

[544] Corniero, 1991: 48 y Penella, 2006: 154. <<

[545] García Serrano, 1964: 63. <<

[546] Sobre estas primeras milicias, véase Corniero, 1991: 47-50 y 66-68. <<

[547] «Cómo hizo FE su primera salida», FE, n.º 2, 11-I-1934, p. 7; Borras, 1971: 579 y Jato, 1975: 160. <<

[548] FE, n.º 2, 11-I-1934, p. 7. <<

[549] FE, n.º 3, 18-I-1934, pp. 6-7; Heraldo de Madrid, 12-I-1934, p. 12; La Época, 12-I-1934, p. 3; El Socialista, 12-I-1934 y Gil Pecharromán, 1996; 237-238. <<

[550] ABC (Sevilla), 25 y 26-I-1934; Álvarez Rey y Ortiz Villalba, 1990; 188 y Dávila y Pemartín, 1938; 57. <<

[551] Heraldo de Aragón, 19-I-1934, p. 3; 20-I-1934, p. 3 y 21-I-1934, p. 3. <<

[552] Libertad, 12-II-1934, p. 8. <<

[553] Jato, 1953; 70 y 1975; 69 y 167. El asalto a la FUE de Medicina, también en Corniero, 1991; 64-65; Fernández-Coppel, 2005: 38-40; Gil Pecharromán, 1996: 243-244 y Penella, 2006: 150. <<

[554]Heraldo de Madrid, 25-1-1934, pp. 1-2. <<

[555] Telegrama de Herbette (25-1-1934), en AQO, Europe, 1918-1940, Espagne, Politique intérieure, dossier general, leg. 159, p. 33. <<

[556] «El fascio español organiza la violencia», Luz, 19-I-1934, p. 1, cit. de forma incompleta por Gil Pecharromán, 1996: 240-242. El texto llegó mutilado a la redacción del periódico, pero semanas más tarde se encontró otro ejemplar íntegro al registrar el cadáver de Matías Montero, y fue publicado por El Socialista, 1-III-1934, p. 1. <<

[557] «El ilustre universitario señor Sánchez Albornoz contesta al autodidacta señor Maeztu», Heraldo de Madrid, 6-II-1934, p. 16. <<

[558]Heraldo de Madrid, 26-I-1934, p. 2 y 29-I-1934, p. 15 y Luz, 28-I-1934, p. 13. <<

[559] Este tribunal decretó la absolución de Agustín Aznar, José Miguel Guitarte y Joaquín Carbonero, implicados en el asalto, y condenó a los fueistas Francisco Coello y Santiago Garcés, participantes en el tiroteo promovido por los fascistas en la Escuela Normal, a cuatro meses y un día de arresto y a 250 pesetas de multa, respectivamente. Ello motivó nuevas protestas callejeras de sus compañeros (Heraldo de Madrid, 5-II-1934, p. 16). <<

[560] FE, n.º 5, 1-II-1934, p. 4; Jato, 1975: 188 y Primo de Rivera, 1971: 167-169. <<

[561] ABC, 25 y 27-I-1934 y Tagüeña, 1978: 42-43. <<

[562]Heraldo de Madrid, 8-II-1934, p. 14. <<

[563] Heraldo de Aragón, 10-II-1034, p. 9 y Heraldo de Madrid, 9-II-1934, p. 6. La confirmación de la condena a Tello, en AHN, Tribunal Supremo, leg. 139. La adscripción política del asesino, en Tagüeña, 1978: 44. <<

[564] Jato, 1975: 183. <<

[565] Gallego, 2005b: 192. La «Oración por los muertos de la Falange», FE, n.º 7, 22-II-1934, cit. por Bravo, 1943: 213-214; Carbajosa y Carbajosa, 2003: 128-129 y Rodríguez Jiménez, 2000: 203. <<

[566] Gracia, 2005: 127. <<

[567] Gallego, 2005a: 191. <<

[568] Pérez Bowie, 1985. <<

[569] García Serrano, 1979: 208. <<

[570] Moya, 2006: 21. <<

[571] ABC, 10-II-1934. <<

[572] FE, n.º 7, 22-II-1934. <<

[573] Álvaro Alcalá-Galiano, «Martirologio fascista», ABC, 13-II-1934. El artículo fue denunciado al Fiscal de la República y a la autoridad judicial (informe de Geisser Celesia [Madrid, 16-II-1934], en ASMAE, Serie Affari Politici, 1931-1945, Spagna, caja 6). <<

[574] ABC, 14-II-1934. <<

[575] Vegas Latapié, 1983: 209. <<

[576] Ernesto Giménez Caballero, «Ante la temporada taurina. Se buscan cuadrillas», Informaciones, 15-II-1934. <<

[577] ABC, 13-II-1934. Denuncia de estas invitaciones a la violencia en Heraldo de Madrid, 13-II-1934, p. 16. <<

[578] «Qué es la J. O. N. S.», Libertad, n.º 70, 15-I-1934, p. 8. <<

[579] Benjamín, 1969: 241-242. <<

[580] Prill, 1998. <<

[581] Chueca, 1987: 91 y Chueca y Montero, 1992: 224. <<

[582] Albert, 2003: 420-423. <<

[583] Sobre el «estilo» falangista como combinación de espíritu militar, religioso y patriótico, véase el estudio semántico de Carbajosa y Carbajosa, 2003: 116-122. <<

[584] Primo de Rivera, 1964: 179, cit. por Payne, 1997: 249. <<

[585] Mainer, 1971: 14-15. <<

[586] Pérez Bowie, 1988: 359. <<

[587] Ridruejo, 1962: 79. <<

[588] FE, n.º 9, 8-III-1934, pp. 1-3 y 6-7; Libertad, n.º 77, 5-III-1934, p. 1 ; La Nación, 5-III-1934, pp. 6-7 y El Norte de Castilla, 6-III-1934, pp. 1-2, cit. por Fragoso del Toro, 1967: I, 397. Calles fue condenado a 14 años de prisión. Sobre estos incidentes, véanse también Martín Jiménez, 2000: 13-15; Martínez de Bedoya, 1996: 68-69 y Mínguez, 1990: 62-64. <<

[589] Bravo, 1943: 29. <<

[590] Bravo, 1943: 39. <<

[591] La Nación, 24-III-1934, p. 13 y 27-III-1934, p. 13. Según algunas fuentes, Jesús Hernández, agonizante, cantó el himno de combate jonsista que habla de una «muerte española». <<

[592] Imatz, 1981: 120. <<

[593] Buckley, 2004: 107-108. <<

[594] Ansaldo, 1951: 77. Según la opinión popular, adoptaron este nombre por su costumbre de agredir y salir huyendo. <<

[595] Gil Pecharromán, 1996: 269. <<

[596] Ansaldo, 1951:71. <<

[597] Jiménez Campo, 1979: 218. <<

[598] Julio Ruiz de Alda, «Universidad, revolución, imperio», JONS, n.º 10, V-1934, cit. por Álvarez Puga, 1969: 52; Gibello, 1974: 187-188; Jato, 1975: 206 y Ruiz de Alda, 1939: 225-228. Consignas similares respecto al proselitismo veraniego de los estudiantes fueron divulgadas por Javier Martínez de Bedoya, «Cuando termina el curso…», Libertad, n.º 84, 21-V-1934, p. 1. <<

[599] Informe de Cesare Gullino (25-V-1934), en ACS, Ministero della Cultura Popolare, Direzione Generale Servizi della Propaganda, Propaganda presso Stati Esteri (1930-1943), caja 203. <<

[600] Bravo, 1939: 49 y Pemartin, 1945, dan la cifra, evidentemente exagerada, de 3000 asistentes; Imatz, 1981: 46 y Jato, 1975: 209-210 hablan de un millar; Gil Pecharromán, 1996: 276-279 y Ansaldo, 1951: 74 dan la cifra de 500 a 800 falangistas, y Borras, 1971: 503 los calcula en «dos mil hombres… y poquísimas pistolas». El testimonio de Ansaldo podría ser el más veraz, por ser un testigo presencial, pero no concuerda con las fotografías conservadas del acto. Según Vegas Latapié, 1983: 197, quien al parecer tomó datos de algunos de los militares monárquicos asistentes a la concentración, sólo acudieron 150 personas, que es lo que parece percibirse en las imágenes que se conservan de la concentración. <<

[601] Sobre la concentración, véanse El Sol, 5-VI-1934, p. 2; El Socialista, 5-VI-1934, p. 1 y Luz, 4- VI-1934, pp. 1 y 13. También los recuerdos de Juan Antonio Ansaldo, «Provocación fascista (Del ayer precursor)» ,Falange Española (Buenos Aires), 20-XI-1937, p. 5. <<

[602] Montes Agudo, 1939b: 43 y Ximénez de Sandoval, 1949: 202-203 nota 1. <<

[603] El Sol, 14-VIII-1934, p. 4 y Ansaldo, 1951: 75. <<

[604] El Sol, 10-VI-1934, p. 1 y ABC, 12-VI-1934, con información gráfica. <<

[605] Ealham, 1993: 33. <<

[606] Una versión dramática y parcial de los hechos en Jato, 1975: 209-210. <<

[607] Cabanellas, 1973: 254. <<

[608] Giménez Caballero, 1979: 74. También hace mención de este hecho Gibson, 1986: 20. <<

[609] El Sol, 12-VI-1934, p. 3; El Siglo Futuro, 13-VI-1934, p. 4; Heraldo de Madrid, ll-VI-1934, pp. 1-2 y La Nación, ll-VI-1934, pp. 1-4. Sobre los asesinatos de Cuéllar y Juanita Rico y sus consecuencias, véanse Fernández-Coppel, 2005: 41-42; Gil Pecharromán, 1996: 279-285; Moya Valle, 2006: 68-74; Payne, 1997: 200-201 y Penella, 2006: 179-182. <<

[610] ABC, 12-VI-1934, pp. 3 y 15. <<

[611] Según Ximénez de Sandoval, 1949: 305, «le pisotean, le arrancan el pelo, le machacan el rostro con un cántaro lleno de vinazo que se mezcla con su sangre, le insultan, bailan satánicamente en derredor de su cuerpo y Juanita Rico orina encima de él». Similar descripción de aquelarre aparece en Jato, 1975: 211. Formica, 1983: 146, continúa esta interpretación sádica del suceso al aseverar que Cuéllar fue «derribado en el suelo, agonizante, le vaciaron los ojos con tenedores y cuchillos». El miedo atávico a la mujer como «agente de Satanás», en Delumeau, 1978: 305-345. <<

[612] Cabanellas, 1977: I, 316. Cronistas de Falange como Jato, 1975: 109 reconocen la participación en el atentado de Aznar y Merry del Val. Este último huyó de España gracias a la ayuda de Juan Antonio Ansaldo, quien reconoció a Vegas Latapié, 1983: 203 su participación en el atentado. <<

[613] ABC, 12-VI-1934, p. 3. <<

[614] El Sol, 3-VII-1934, p. 4. <<

[615] ABC, 3-VII-1934, p. 29. <<

[616] ABC, 11-VII-1934, p. 23; La Nación, 10-VII-1934, p. 16 y un relato humorístico del hecho firmado por José Antonio Primo de Rivera: «Gamas de la persecución» y nota justificativa de la Junta de Mando, FE, n.º 14, 12-VII-1934, pp. 1-2 y 5. Relación de detenidos en La Nación, 11-VII-1934, p. 4. Véase también el Sumario de la Causa 166/34 contra José Antonio Primo de Rivera, Julio Ruiz de Alda, Ramiro Ledesma y el portero de la sede de Marqués de Riscal por tenencia de armas y explosivos, en AHN, Tribunal Supremo, leg. 97. La petición de los padres, en Salazar Alonso, 1935: 229. <<

[617] El Sol, 4-VII-1934, p. 2; Libertad, 9-VII-1934, p. 1; Payne, 1997: 213 y «Coincidencias y discrepancias (15-IV-1959)», en Prieto, 1967-1969:1, 128-130. <<

[618] Ximénez de Sandoval, 1949: 203 nota 1. <<

[619] El Alcázar, 18-VII-1937. <<

[620] Penella, 2006: 206. <<

[621] Cit. por Saz, 1986a: 122. <<

[622] Haffner, 2003: 418-423. <<

[623] Mundo Obrero, l-X-1934, p. 4. <<

[624] Ansaldo, 1951:77. <<

[625]Luz, 18-VI-1934, p. 12 afirmó que fue un accidente fortuito. <<

[626] Ansaldo, 1951: 78; El Sol, 28-VIII-1934, p. 4 y 31-VIII-1934, p. 4 y Mundo Obrero, 26-IX-1934, p. 4. <<

[627] Las disputas entre algunos intelectuales de FE y los jefes de las milicias, en testimonio de Mercedes Sanz Bachiller cit. por Mínguez, 1990: 80. <<

[628] Ansaldo, 1951: 85-86. <<

[629] «Consigna», FE, n.º 15, 19-VII-1934, p. 4, cit. por Gallego, 2005a: 264. <<

[630] Ramiro Ledesma Ramos, «Una consigna», JONS, n.º 11, VIII-1934, pp. 159-160. <<

[631] Carta a Sancho Dávila, 29-VII-1934, en Gil Pecharromán, 1996: 294-295 y Primo de Rivera, 1976:I, 1136. <<

[632] Wievioika, 1986; 207-208. <<

[633] Gil Robles, 1968: 442-443 y Sáinz Rodríguez, 1978: 375-376. <<

[634] Gibson, 1980: 103-105; Gil Pecharromán, 1996: 294-296; Gil Robles, 1968: 442-443; Payne, 1965: 54 y 1997: 215-216; Penella, 2006: 164-168; Platón, 1998: 387-388 y Saz, 1982: 266-267 y 1986: 201-202. <<

[635] ABC, 2-IX-1934, p. 28; La Nación, 7-IX-1934, p. 2 y 12-IX-1934, p. 2; Libertad, 17-IX-1934, p. 10; Jerez Riesco, 1998: 116-117 y Moya Valle, 2006: 78-79. <<

[636] Mundo Obrero, 10-VIII-1934, p. 4 y El Sol, 10-VIII-1934, p. 4 y 26-VIII-1934, p. 4. <<

[637] Mundo Obrero, 11-VIII-1934, p. 2. <<

[638] Mundo Obrero, 13-VIII-1934, p. 2; 15-VIII-1934, p. 1; El Sol, 19-VIII-1934, p. 4; ABC, 14-VIII-1934, p. 30 y 21-VIII-1934, p. 41 y Jato, 1975: 217. <<

[639] El Sol 21-VIII-1934, p. 5. <<

[640] La Nación, 30-VIII-1934, p. 5. ABC, 30-VIII-1934, p. 23 y 31-VIII-1934, p. 20 aseguró que De Grado fue asesinado por sus propios camaradas comunistas. <<

[641] El Sol, 1-IX-1934, p. 4; La Nación, 1-IX-1934, p. 1 y Mundo Obrero, 1-IX-1934, p. 1. <<

[642] ABC, 11-IX-1934, p. 21; CNT, ll-IX-1934, p. 3; El Sol, 11-IX-1934, p. 1; Mundo Obrero, 11-IX-1934, p. 2 e informe de Herbette (San Sebastián, 11-IX-1934), en AQO, Europe, 1918-1940, Espagne, Politique intérieure, dossier general, leg. 160, pp. 186-188. <<

[643] Reseña de ambos sepelios en El Sol, 12-IX-1934, p. 5 y 13-IX-1934, p. 1 y ABC, 12-IX-1934, p. 18 y 13-IX-1934, p. 26. <<

[644] Declaraciones de Gil Robles a CEDA, n.º 36-37, XII-1934, cit, por Preston, 1994: 247. El mismo Gil Robles afirmó en un acto en AP de Madrid el 15-XII-1934 que «si no entro [en el Gobierno] no hubiera estallado entonces la revolución, y hubiera tardado 3 ó 4 meses y hubiera habido en España 30 000 fusiles más y más preparación, y deber nuestro era el evitar esto último y cooperar a que estallara lo que más tarde tenía que venir y que teníamos fuerzas, como sucedió, para vencer» (CEDA, n.º 36-37, XII-1934, p. 5 y Monge y Bernal, 1936: 1142). <<

[645] Salazar Alonso, 1935:319-320. <<

[646] Tusell, 1974, vol. II, p. 260. <<

[647] Álvarez Rey, 1993: 358. <<

[648] JAP, n.º 1, 27-X-1934, p. 4 y n.º 2, 10-XI-1934, pp. 5-6; CEDA, n.º 33 (extraordinario), octubre 1934, pp. 13-17; El Debate, 21-X-1934, p. 22; Arrabal, 1935: 279-282 y Gil Robles, 1971: 192. <<

[649] CEDA, n.º 40, 15-III-1935, p. 16, cit. por Montero, 1977:1, 616 y 1987: 54. <<

[650] José Mª Gil Robles, «Acabamos de vencer en una magnífica batalla ciudadana», JAP, n.º 1, 27-X-1934, p. 16. <<

[651] JAP, n.º 2, 10-XI-1934, pp. 8-9. <<

[652] JAP, n.º l, 27-X-1934, pp. 9-10. <<

[653] Federico Salmón Amorín, «Es necesaria una buena “policía” de las libertades», JAP, n.º 2, 10-XI-1934, pp. 1-2. <<

[654] JAP, n.º 21, 8-VI-1935, p. 1 y n.º 40, 9-XI-1935, p. 3. <<

[655] Boletín de Orientación Tradicionalista (en adelante, BOT), n.º 8, 14-X-1934, p. 1. <<

[656] «Propuestas que hace el Jefe del Primer Requeté de Sevilla al Jefe de los Requetés de España» (7-X-1934), en AGUN. MF, Alfonso Carlos I, leg. 12 y leg 19, carp. «Juntas Comunión, 1931 - 1934», cit. por Álvarez Rey, 1993; 377-378 y Salas, 1992:I, 128-129. <<

[657]BOT, n.º 13, 18-XI-1934. p. 1. <<

[658] Arcos y Elío, 1993:282. <<

[659] José de Zuazola a Alfonso Carlos (Bilbao, 16-X-1934), en AGUN. MFC, leg. 133/004. Se refiere a los asesinatos del parlamentario tradicionalista Marcelino Oreja Elósegui en Mondragón y del presidente del Círculo Tradicionalista Carlos Larrañaga en Éibar el 5-X. Con todo, en Bilbao dos socialistas fueron asesinados presuntamente en represalia por el asesinato de Oreja. La actividad carlista en Guipúzcoa durante la revolución, en BOT, n.º 9, 21-X-1934, p. 1. <<

[660] Cartas de Alfonso Carlos a Fal Conde (17-X-1934) y Zamanillo (27-X-1934), en AGUN. MFC, leg. 133/005 y Ferrer, Tejera y Acedo, 1941-1979: XXX, 281-282. Según cana de Fal Conde a Alfonso Carlos (Madrid, 9-X-1934), en AGUN. MFC, leg. 133/006, «si bien nosotros no nos hemos ofrecido de manera oficial al Gobierno, sí que nos hemos ofrecido en todas partes a los Jefes de Orden Público y del Ejército, y prestado cuantos servicios se nos han encomendado, incluso soportando con resignación la desigualdad de trato con que nos han recibido, pues mientras los jóvenes de Acción Popular tienen licencia de armas y concedido el uso de automóviles para el transporte y de brazaletes para los muchachos que fueron distinguidos por la fuerza pública, a los nuestros se les negó todo, lo que les obligaba a salir a la calle sin armas ni protección de la fuerza pública o a afrontar las graves penas que el estado de guerra aplica por la tenencia ilícita de armas a aquéllos que se decidan a usar pistolas. Nada de eso ha importado ni debe importarnos para cumplir nuestro deber». <<

[661] La Unión, 25-XI-1934. <<

[662] La Época, 11-XII-1934 y Ferrer, Tejera y Acedo, 1941-1979: XXX, 288-290. <<

[663] Ferrer, Tejera y Acedo, 1941-1977: XXX-II, 51. Sobre la conflictiva gestación del manifiesto del BN, que trató de ser supervisado por la Comisión mixta compuesta por Pradera, Lamamié, Calvo Sotelo, Sáinz, un general (Sanjurjo) y Ansaldo, véase Fal Conde a Alfonso Carlos (Madrid, 12-XII-1934), en AGUN. MFC, leg. 133/006. <<

[664] «Carta al general Franco», en Primo de Rivera, 1971: 297-300. <<

[665] La Nación, 8-X-1934, p. 4, cit. por Gibello, 1974: 228-229 y Primo de Rivera, 1976: II, 445. <<

[666] Arrarás et alii, 1939-1944: II, 443; Gibello, 1974: 229-230 y Primo de Rivera, 1976: II, 446. <<

[667] Primo de Rivera, 1976: II, 447. Detalles interesantes de esta manifestación, en ABC, 9-X-1934, p. 45; Bravo, 1943: 75; Gibello, 1974: 228 y Pavón Pereyra, 1949: 71. Por su parte, Buckley, 2004: 121 recuerda que «la multitud se mostraba hostil ante aquel desfile falangista, se oían abucheos y protestas, y la cosa podría haber llegado a más de no ser por la fuerte escolta policial que llevaban». <<

[668] Montes Agudo, 1939b: 159-160. <<

[669] Mora Villar, 1971: 165. <<

[670] García Venero, 1967a: 553-556. <<

[671] Véanse La Nación, 30-X-1934, p. 9; Tomás Borrás, «Los fascistas», ABC, 2-XI-1934; Haz, n.º 4, 25-X-1938, p. 12 y Revista de Educación Hispánica, n.º 4, 25-X-1938, p. 12. Sobre la participación contrarrevolucionaria de FE en octubre, véanse también Bravo, 1939: 78-81; Corniero, 1991: 87-88; Ibáñez Hernández, 1993: 65-68; Montes Agudo, 1939b: 217-236 y Suárez Cortina, 1981: 164-166. <<

[672] Gil Robles, 1968: 145 y ss.; Ledesma, 1968: 192 y Ximénez de Sandoval, 1949: 350 y ss. <<

[673] ABC, 10-X-1934, p. 42; ABC, 11-X-1934, p. 37; La Nación, 11-X-1934, p. 3 e Informaciones, 11-X-1934. También en Primo de Rivera, 1976: II, 453. <<

[674] José Antonio Primo de Rivera, «Carta a un militar español», en Primo de Rivera, O. C., 1950: 460. <<

[675] José Antonio Primo de Rivera a Sanjurjo (17-XI-1934), en Primo de Rivera y Urquijo, 1997: 107-108. <<

[676] Alcalá Zamora, 1977: 294. <<

[677] Jato, 1975: 226. Es probable que se refiera a las recomendaciones de prudencia hechas en esas horas por Franco y Gil Robles. <<

[678] Ledesma, 1935: 206, cit. por Gallego, 2005a: 293 y Thomás, 1999: 44. <<

[679] Ledesma, 1935: 207. <<

[680] Ledesma, 1988: 141-142. <<

[681] Gallego, 2005a: 302. <<

[682] Borrás, 1971: 595. <<

[683] Rojas, 1977: 145. <<

[684] Renovación Española, n.º 10, X/XI-1934. <<

[685] Ramiro de Maeztu, «El Ejército nos ha salvado», ABC, 26-X-1934 y «La Anti-Patria», ABC, 10-X-1934. <<

[686] DSC, 6-XI-1934, p. 4565. <<

[687] Yagüe a Mola (8-X-1934), en AGGC, Político-Social, Madrid, caja 39, leg. 447. <<

[688] Alcalá Zamora, 1977: 292. <<

[689] Ansaldo, 1951: 92-93; Esteban-Infantes, 1958: 244; Gil Robles, 1968: 712 y Salmador, 1962: 101. <<

[690] ABC, 24-X-1934 y 1-XI-1934. <<

[691] Buckley, 2004: 134-135. La crisis suscitada por el indulto, con la amenaza de dimisión de Alcalá Zamora, en Jalón, 1973: 141-149. <<

[692] Sir George Grahame a sir John Simón (25-X-1934), en NA. FO, General Correspondence, Political, Spain, leg. 371/18 597, p. 218 y Airarás, 1968: IV, 13. <<

[693] Gil Robles, 1968: 145-148 y Payne, 2005: 162-163. <<

[694] Relato de Gil Robles a Seco Serrano, 1971: 125 nota. La fecha de 18-XI la da Goded Alonso, 1938: 25-26. Sobre el intento de golpe de Fanjul y Goded, véanse Arrarás et alii, 1939-1944: II, 277 y Preston, 1994: 141. A pesar de los abundantes testimonios en contra, Payne, 2005: 160 insiste en que «no existen indicios de la existencia de una conspiración militar». <<

[695] Arrarás et alii, 1939-1944: II, 217 y Gil Robles, 1968: 141-148. <<

[696] Buckley, 2004: 136. <<

[697] Preston, 1973a: 72. <<

[698] Caballero audaz, 1935: 83-85. <<

[699] Informe de Herbette (7-XII-1934), en AQO, Europe, 1918-1940, Espagne, Politique intérieure, dossier général, leg. 162, pp. 89-100. <<

[700] Entrevista de Herbette con Lerroux, en informe del embajador francés (Madrid, 8-XII-1934), en AQO, Europe, 1918-1940, Espagne, Politique intérieure, dossier général, leg. 162, pp. 101-103. <<

[701] La polémica entre Calvo Sotelo y Gil Robles, en cartas abiertas aparecidas en La Nación, 26-XII-1934, p. 1 y respuesta del Bloque Nacional en ABC, 27-XII-1934, p. 19. <<

[702] Gil Pecharromán, 1985:1, 543-546. <<

[703] Bullón, 2004: 472 y Gil Pecharromán, 1994: 259-260. <<

[704] Rodríguez Alonso, 1992: 232. <<

[705] Areilza, 1974: 364. <<

[706] Soriano Flores de Lemus, 1975: 16. <<

[707] Gil Pecharromán, 1994: 261. <<

[708] Véase Liebknecht, 1970: 107, cit. por Lleixà, 1984: 201-202 nota 34. <<

[709] DSC, 6-XI-1934, p. 4553. <<

[710] Telegrama de Geisser Celesia (8-II-1935), en ASMAE, Serie Affari Politici, 1931-1945, Spagna, caja 8. <<

[711] Ansaldo, 1951: 95. Sobre esta peculiar milicia, véanse también Solidaridad Obrera, 19-1-1935 e Iturralde, 1956-1965: 131-132. <<

[712] Saz, 1981:273. <<

[713] Relatos de estos incidentes, en el Libro de Actas de RE, 13-IV-1935 y 23-IV-1935, cit. por Gil Pecharromán, 1985:1, 868-875 y 880. <<

[714] Libro de Actas de RE, 7-V-1935, cit. por Gil Pecharromán, 1994: 208-212. <<

[715] ABC, 29-VI-1935. <<

[716] «Colloquio fra il sottosegretario agli Esteri, Suvich, e l’ambasciatore di Spagna in Roma, Gómez Ocerín, Appunto» (15-111-1935), en Ministero degli Affari Esteri, DDI, Serie VII, vol. XVI, 1990, p. 791 e informes de Leandro Pita Romero sobre los monárquicos (Roma, 22-I y 4-X-1935), en AMAE, leg. R. 517, exp. n.º 79. Sobre el trasfondo político del enlace principesco, véase Gutiérrez-Ravé, 1935. <<

[717] Borbón y Habsburgo-Lorena, 1935; Leyva, 1949: 233 y Martínez de la Riva, 1935: 150. <<

[718] ABC, 12-XII-1976 y despachos de la Embajada de España cerca de la Santa Sede n.º 477 de 12-X-1935 y n.º 484 de 14-X-1935, en AMAE, leg. R. 517, exp. n.º 79. <<

[719] Sobre este incidente, véanse Leyva, 1949: 235 y Vegas Latapié, 1983: 247-248. <<

[720] Gil Pecharromán, 1994: 213. <<

[721] Ansaldo, 1951: 104. <<

[722] Cartas de 5-VI y 10-VIII-1935, en IHCM, arm. 46-47, leg. 77, carp. 14, rollo 274, cit. por González Cuevas, 1998: 293. <<

[723] Sáinz Rodríguez, 1978: 339-340. <<

[724] La Época, 30-XII-1935 y ABC, 31-XII-1935. <<

[725] Anejo n.º 2 al despacho n.º 484 del embajador en Roma (14-X-1935), en AMAE, leg. R. 517, exp. n.º 79. <<

[726] Cit. por Preston, 1973b: 40. <<

[727] La Nación, 14-I-1936, pp. 4-5; La Época, 13-I-1936 y ABC, 14-I-1936, cit. por Bullón, 2004: 558; Cierva, 1969: 628-629 y Tusell, 1971:I, XV y 210-211. <<

[728] La Nación, 13-I-1936, pp. 10-11. <<

[729] «El único camino», AE, n.º 84,II-1936, p. 1. <<

[730] P[edro] M[artínez] Vélez, «La revolución y la contrarrevolución», La Época, 10-III-1936, p. 3. <<

[731] Libro de Actas de RE (10-III-1936), cit. por Gil Pecharromán, 1985: II, 913. <<

[732] Sir E. Drummond a H. J. Seymour (Roma, 7-II-1936), en NA. FO, leg. 371/20 520, pp. 27-28. <<

[733] BOT, 10 y 24-III-1935, 5-V-1935, 7-VII-1935, 6 y 13-X-1935 y El Siglo Futuro, 15-I-1935, 2, 16 y 23-III-1935, 6-V-1935, 13-VII-1935 y 8 y 29-X-1935. <<

[734] El Siglo Futuro, 24-IV-1935. Según Blinkhorn, 1972: 72, la militancia real estaría cercana a las 350 000 personas. <<

[735] El Siglo Futuro, 4-VI-1935. <<

[736] Mazzetti, 1979: 1186 y Saz, 1986a: 74. No resulta tampoco mera casualidad que al mes siguiente comenzara el apoyo económico a Falange. <<

[737] Mazzetti, 1979: 1187. <<

[738] La Nación, 30-I-1936, pp. 12-13 y BOT, n.º 13, 18-XI-1934, p. 1. <<

[739] El Siglo Futuro, 4-XI-1935, pp. 7-11; El Pensamiento Navarro, 4-VI-1935 y Ferrer, Tejera y Acedo, 1941-1979: XXX, 131. Véase también informe del embajador italiano (5-XI-1935), en ASMAE, Serie Affari Politici, 1931-1945, Spagna, 1935, caja 8 (con fotos de requetés). <<

[740]El Siglo Futuro, 23-XII-1935. <<

[741] Comunicación del teniente coronel Ricardo Rada al jefe de Requetés de Navarra Antonio Lizarza (21-X-1935), en Lizarza Iribarren, 1954: 56-59 y Redondo y Zavala, 1957: 293-295. <<

[742] Lizarza Iribarren, 1954: 59-61 y Redondo y Zavala, 1957: 295. <<

[743] Goffman, 1961 y 1968. <<

[744] Redondo y Zavala, 1957:276. <<

[745] Burgo, 1939: 149. <<

[746]La Unión, 18-VII-1938. <<

[747] Garriga, 1977: 228. <<

[748] El Siglo Futuro, 26-VI-1935. <<

[749] Lizarza Iribarren, 1954: 68 y ss. <<

[750] Ferrer Muñoz, 1990: 16 y 1992: 16 y Lizarza Iribarren, 1954: apéndice. <<

[751] García Venero, 1967a: 86. <<

[752]BOT, n.º 72, 12-I-1936, p. 1. <<

[753] Informe de Geisser Celesia (Madrid, 29-X-1934), en ASMAE, Serie Affari Politici, 1931-1945, Spagna, caja 6, cit. por Saz, 1982: 268-269. <<

[754] ABC, 30-XI-1934 y La Época, 29-XI-1934, p. 1, cit. por Ximénez de Sandoval, 1949: 361-362 y telegrama de Geisser Celesia (12-XII-1934), en ASMAE, Serie Affari Politici, 1931-1945, Spagna, caja 6. <<

[755] Payne, 1965: 64 y 1987: 74. <<

[756]Heraldo de Madrid, 14-I-1935, p. 2; ABC, 15-I-1935, pp. 25-26 y La Nación, 15-I-1935, p. 2. <<

[757] Sobre la escisión jonsista, véanse Informaciones, 19-I-1935, p. 3 y Libertad, 21-I-1935, p. 1, además de Cuadrado Costa, 1990: 73-76 y Martínez de Bedoya, 1996: 80. <<

[758] Primo de Rivera y Urquijo, 1997: 188. <<

[759] La Patria Libre, n.º 2, 23-II-1935, p. 2; n.º 3, 2-III-1935, p. 3 y n.º 5, 16-III-1935, p. 4, cit. por Ledesma, 1988: 217, 225 y 246. Estos incidentes, también en Bravo, 1939: 82-84; Corniero, 1991: 102; Fernández-Cuesta, 1986: 44 y Sánchez Diana, 1975: 210-213. <<

[760] La Patria Libre, n.º 3, 2-III-1935, p. 1. <<

[761] Ledesma, 1968: 233. <<

[762] Ledesma, 1968: 255-256 y 2003: 83. <<

[763] Sobré las consideraciones morales de la violencia ledesmista, véase Borras, 1971: 512-516. <<

[764] Arce, 1983: 245. Un análisis de estas concentraciones realizadas con buen tiempo en las mañanas de domingo, interpretado en clave de «revolución campesina» previa al «enfrentamiento con Madrid» de VII-1936, en Mélida, 1999. <<

[765] García Venero, 1967a: 132. <<

[766] Testimonio de Gumersindo García Fernández, entonces secretario general de la milicia y subjefe de centuria, en García Venero, 1967a: 132. <<

[767] Payne, 1997: 268 y 304. <<

[768] Bravo, 1943: 90 y Jato, 1975: 251. <<

[769] ABC, 2-V-1935, p. 21; El Correo de Andalucía, l-V-1935, p. 1; Arriba, n.º 8, 9-V-1935, p. 2; El Sol, 3-V-1935, p. 5 y Heraldo de Madrid, 3-V-1935, p. 11, además de Álvarez Rey y Ortiz Villalba, 1990: 193; Dávila y Pemartín, 1938: 94-98; Martínez Morant, 2006: 11; Penella, 2006: 272-273 y Ximénez de Sandoval, 1949: 456-459. <<

[770] José Antonio otorgó cinco Palmas de Plata (a Manuel García Míguez, Sancho Dávila, Martín Ruiz Arenado, Eduardo Rivas y Narciso Perales), 21 Aspas Blancas, un Aspa Roja y la Palma de Plata al banderín de la milicia provincial de Sevilla. Véase expediente de recompensas por la jornada de Aznalcóllar (22-X-1935), en Dávila y Pemartín, 1938: 133-136. Otros expedientes de recompensas en Arriba, n.º 3, 4-IV-1935, p. 3; n.º 13, 13-VI-1935, p. 3; n.º 18, 7-XI-1935, p. 4 (a los falangistas defensores de Oviedo y Moreda durante la revolución de octubre), y n.º 20, 21-XI-1935, p. 4 (a los defensores de Cangas de Narcea y Pravia). <<

[771] Los sucesos de Sevilla, en Macarro, 1985: 415-418. La intervención parlamentaria de Primo de Rivera, en Arriba, n.º 19, 14-XI-1935, cit. en Jato, 1975: 284-285 y Primo de Rivera, 1971: 693-696 <<

[772] La documentación del coloquio de Primo de Rivera con Mussolini y «la sua richiesta del marzo 1936 rivolta tramite l’addetto aeronautico italiano a Madrid circa la possibilità che il duce ricevesse suo fratello Miguel», en Guariglia, 1972: XIX nota 1. Sobre la ayuda fascista a Falange, la primera referencia fue la de Friedlander, 1963: 58, quien asegura que los pagos «no significaban ningún acuerdo de gran alcance», pero el verdadero divulgador de este suceso fue Gallo, 1969: 54 (1971: 46-47). Pueden verse también datos de interés en Coverdale, 1979: 67; Gil Pecharromán, 1994: 265-266; Jiménez Campo, 1979: 287; Payne, 1997: 264 y Viñas, 1977: 152 y 301-302 nota 128-129, y en la correspondencia entre el mayor Celso Luciano (jefe de gabinete del Ministerio de Prensa y Propaganda) y Amadeo Landini (agregado de prensa de la Embajada italiana en París), en ACS, Ministero della Cultura Popolare, leg. 170 bis, fase. n.º 36. <<

[773] Causa 43/935, en AHN, Tribunal Supremo, leg. 132. <<

[774] Jato, 1975: 268-269. <<

[775] Arriba, n.º 13, 13-VI-1935. <<

[776] Primo de Rivera, 1976: II, 712. El responsable de esta organización era su hermano Fernando. <<

[777] Exposición aproximada de José Antonio tomada de Imatz, 1981: 168; Primo de Rivera, 1962: 98 y ss.; 1964: 427-429 y 1976: II, 711-713. <<

[778] Así lo asegura Arrarás et alii, 1939-1944: II, 319. <<

[779] Testimonio de Pardo Reina en Payne, 1977: 426. Cacho Zabalza, 1940: 23 afirma que «el acuerdo resultó completo», lo que no parece cierto a tenor de los ulteriores contactos entre FE y UME. Sobre las relaciones de FE con la UME, véanse Cacho Zabalza, 1940: 23-25; García Venero, 1967a: 104; Gil Pecharromán, 1996: 378-379; Jerez Riesco, 1998: 168 y Martín, 1971: 215. <<

[780] Aznar, 1958-1969: I, 36-37. Según Arrarás, 1968: II, 143, el plan de Fuentes de Oñoro «no tenía ni apariencias de verosimilitud». <<

[781] Según Fontana, 1951: 34, el 10-V José Antonio contó a Roberto Bassas un plan según el cual las columnas del sur avanzarían por el valle del Tajo hasta Toledo, y las del norte ocuparían la sierra madrileña a la espera de una decisión del Ejército. <<

[782] Southworth, 1967: 91-94 afirma que el relato de esta intentona presentado por Montes Agudo, 1939a: 61-62 no es del todo veraz. Cierva, 1969: I, 493 también considera falsa esta noticia. <<

[783] Testimonios de José Mª Alfaro (11-X-1979) y de Raimundo Fernández-Cuesta (7-XI-1979) en Gibson, 1980: 136-140 y del general José Moscardó (1953) en García Venero, 1967a: 66. Al parecer, Franco se sintió agraviado por estas iniciativas prematuras de los civiles (Franco Bahamonde, 1987: 21-22). Todos los testimonios coinciden en lo sustancial, y otros ratifican la veracidad de esta conspiración: Bravo, 1939: 162-164; Fernández-Cuesta, 1986: 51-53; Gómez Oliveros, 1956: 104; Pavón Pereyra, 1949: 101 y Ximénez de Sandoval, 1949: 209-210. Sobre la reunión de Gredos, véanse también Arrarás et alii, 1939-1944: VIII, 358-359; Corniero, 1991: 120; Cuadrado Costa, 1990: 70; García de Tuñón Aza, 1966: 71-74; García Venero, 1967a: 104; Gibello, 1974: 221-222; Gibson, 1980: 136-141; Gil Pecharromán, 1996: 377-379 y 409-410; Ibáñez Hernández, 1993: 97-101; Jerez Riesco, 1998: 164-168; Montes Agudo, 1939a: 56-62; Payne, 1997: 276-278; Penella, 2006: 285-289; Southworth, 1967: 91-94 y Thomás, 1999: 58. <<

[784] Cit. por Gibson, 1980: 295-298; Thomás, 1999: 57 y Viñas, 1977: 420-425. <<

[785] José Antonio Primo de Rivera, «Sentido heroico de la milicia», Haz, n.º 6, 15-VII-1935, pp. 1-2. También en Primo de Rivera, 1971: 615. <<

[786] Arriba, n.º 24, 19-XII-1935, cit. Por Ximénez de Sandoval, 1949: 615. <<

[787] Gil Pecharromán, 1996: 410-411 fecha esta cita en enero o comienzos de febrero y Payne, 1997: 306, en diciembre anterior, lo que parece más verosímil. <<

[788] Gil Robles, 1968: 434-435 y 444. Véase también «Exhortación a unas juventudes generosas», ABC, 14-II-1936. Reseña de las negociaciones electorales en Bravo, 1943: 145-146 y Gibson, 1980: 115-122. <<

[789]JAP, n.º 51. 1-II-1936, p. 3. <<

[790] La Nación, 18-I-1936, p. 2 y Jato, 1975: 306-307. <<

[791] Circular de Alejandro Salazar, jefe nacional del SEU (2-II-1936), en Jato, 1975: 309-310. <<

[792] ABC, 1-II-1936, p. 23 y 4-II-1936, p. 28; El Socialista, 1 y 2-II-1936, p. 1; El Sol, 4-II-1936, p. 6; Mundo Obrero, 21-I-1936, p. 6 y 22-I-1936, p. 4 y Jato, 1975: 312-314. <<

[793] Cit. por Imatz, 1981:182.<<

[794] Lista de atentados cometidos por Falange de inicios de 1934 a julio de 1935, en Mundo Obrero, 18-I-1936, pp. 1 y 4. Véanse también los números de 18-I-1936, p. 4 y 20-I-1936, p. 1. <<

[795] La Nación, 22-I-1936, p. 3; Mundo Obrero, 22-I-1936, p. 1, y Editorial: «Contra el terrorismo», en Mundo Obrero, 23-I-1936, p. 5, donde se postula la acción de masas contra estas agresiones. <<

[796] El Sol, 8-II-1936, p. 5; ABC, 8-II-1936, p. 24; La Nación, 8-II-1936, p. 3; Mundo Obrero, 8-II-1936, p. 1; El Heraldo, 8-II-1936 y Arriba, n.º 32, 13-II-1936, p. 1. <<

[797] Bravo, 1939: 120. <<

[798] Luisa Trigo, «El voto de la mujer. Opiniones de Primo de Rivera», La Voz, 14-II-1936. También en Primo de Rivera, 1971: 888. <<

[799] Moure Mariño, 1939: 217. <<

[800] JAP, n.º 7, 19-I-1935, p. 3. <<

[801] José María Gil Robles, «Ambiente militarista», JAP, n.º 6, 5-I-1935, p. 7. <<

[802] «¡Revisión constitucional!», y «Nuestro antiparlamentarismo», JAP, n.º 4, 8-XII-1934, pp. 1-2 y 7. <<

[803] Informe de Herbette (11-VI-1935), en AQO, Europe, 1918-1940, Espagne, Politique intérieure, dossier general, leg. 163, pp. 248-249. <<

[804] Ledesma, 1968: 190. <<

[805] Maurín, 1966: 211 y 217. <<

[806] Francisco Casares, «Reportajes de la actualidad nacional: ¿Son o no son fascistas las Juventudes de Acción Popular?», Blanco y Negro, n.º 2226, 11-II-1934, pp. 1-2, cit. por CEDA, n.º 19, 15-II-1934, p. 18. <<

[807] La Actualidad Española, n.º 946,II-1970, p. 11. <<

[808] Informaciones, 22-I-1934. <<

[809] ABC, l-IX-1935, pp. 43-44. <<

[810] Intervención en Cortes el 16-VI-1936, cit. en Gil Robles, 1971: 591-592. <<

[811] JAP, n.º 37, 19-X-1935, p. 3. <<

[812] Gil Robles, 1968: 207-208. <<

[813] El Debate, 3-XII-1935, p. 6. <<

[814] JAP, n.º 49, 18-I-1936, p. 2. Véanse también n.º 45, 21-XII-1935, p. 1 y n.º 50, 25-I-1936, p. 7. <<

[815] JAP, n.º 52, 8-II-1936, p. 1. <<

[816] JAP, n.º 48, 11-I-1936, p. 1. <<

[817] Lleixà, 1986: 103. <<

[818] Busquets, 1986: 88; Cierva, 1969: 761 y Couceiro Tovar, 1970: 79. <<

[819] Busquets, 1988-89: 79. Los delegados regionales de la UME son identificados con sospechosa fidelidad por Gil Robles, 1968: 708. <<

[820] Según Mangada, 1936, la UME recaudó 547 210 pesetas (lo que suponía unos 10 000 cotizantes) para los implicados en la «Sanjurjada» hasta la amnistía de la primavera de 1934. Los datos de afiliación, en Busquets, 1986: 92 y 1988: 138-140, y Busquets y Losada, 2003: 55. <<

[821] Cacho Zabalza, 1940: 14 y Guarner, 1975: 64-66. <<

[822] Cacho Zabalza, 1940: 18. <<

[823] Payne, 1977: 415. Los decretos, en Castillo y Álvarez, 1958: 157-169. <<

[824] Telegrama de Geisser Celesia (8-II-1935), en ASMAE, Serie Affari Politici, 1931-1945, Spagna, caja 8 y «Situazione Interna Spagnuola» (Roma, 19-111-1935), en ASMAE, Serie Affari Politici, 1931-1945, Spagna, caja 7. <<

[825] Telegrama de Herbette (15-II-1935), en AQO, Europe, 1918-1940, Espagne, Politique intérieure, dossier general, leg. 163, pp. 14-15. <<

[826] Kindelán, 1982: 42. <<

[827] Bertrán Güell, 1939: 242-243. <<

[828] Proyecto de memorias, en AFFF, leg. 30, fol. 49, cit. por Fundación Nacional Francisco Franco, 1987: 18; Palacios, 1999: 36 y Suárez Fernández, 1984:I, 292 nota 11 y 1999: 258-259. <<

[829] Aznar Zubigaray, 1958-1969:I, 429. <<

[830] Fundación Nacional Francisco Franco, 1987: 15. <<

[831] Suárez Fernández, 1999: 257. <<

[832] Beltran Güell, 1939: 114. <<

[833] Sanjurjo a Mola (Estoril, 2-VIII-1935), en CDMH, PS, Madrid, leg. 30, exp. n.º 447. <<

[834] La Unión, 23-VII-1935, pp. 9 y 15. <<

[835] El Liberal, 2-VIII-1935, p. 1. Véase también Causa contra la forma de Gobierno, llevada por la 1.ª División Orgánica (IX-1935), en AHN, Tribunal Supremo, Causas Criminales, leg. 133 <<

[836] Telegrama de Herbette (3-IX-1935), en AQO, Europe, 1918-1940, Espagne, Politique intérieure, dossier général, leg. 164, p. 55. <<

[837] Cardona, 1983: 211-218. <<

[838] El Debate, 10-XI-1935, pp. 5-6; CEDA, n.º 54, 30-XI-1935, p. 12 y Gil Robles, 1971: 524. <<

[839] Telegrama de Herbette (19-XI-1935), en AQO, Europe, 1918-1940, Espagne, Politique intérieure, dossier général, leg. 164, p. 163. <<

[840] Gil Robles, 1968:363. <<

[841] Gil Robles, 1968: 365-367 y 376-378. La versión de lo dicho a Fanjul que Gil Robles dio a Seco Serrano, 1971: 176 contiene interesantes variantes: «Si el Ejército, unido a sus mandos naturales, quiere intervenir para evitar que la Constitución sea vulnerada y para ocupar el poder desde donde presida unas elecciones sinceras, yo facilitaré el proceso decretando el estado de guerra y tramitaré desde aquí las órdenes. Tienen ustedes el tiempo necesario para deliberar». Pero antes Gil Robles había reconocido al redactorjefe del Diàrio de Noticias de Lisboa Boaventura Ibáñez, 1937: 191-192 que el 11-XII-1935 se había entrevistado con Franco, Fanjul y Goded para incitarles a dar un golpe de Estado. <<

[842] Payne, 2005: 213-214, quien compara de forma sesgada la tentación golpista de Gil Robles con los procedimientos de Azaña en 1933-1934, cuando en este caso no hubo llamamientos al Ejército para que actuara de forma coactiva contra la Constitución. <<

[843] «Declaraciones de un testigo acerca de las reuniones que tuvieron lugar este día preparando un golpe militar» (11-XII-1935), en Fundación Nacional Francisco Franco, 1992:I, 28. <<

[844] Arrarás et alii, 1939-1944: II, 400-401 y Goded Alonso, 1938: 26. <<

[845] Cierva, 1997: 56-62; Payne, 1977: 438-439 y 1986: 322; Miguel González, «La conjura del 36, contada por Franco», El País, Sección Domingo, 9-XII-2001, p. 14 y AFFF, R. 2, fol., 10, cit. por Suárez Fernández, 1984: II, 123. <<

[846] Pórtela, 1988: 153 y ss. <<

[847] Gil Robles, 1968: 382. Los movimientos golpistas de esos días, en informe de Herbette (16-XII-1935), en AQO, Europe, 1918-1940, Espagne, Politique intérieure, dossier général, leg. 164, pp. 245-246. El conato golpista de XII-1935, en Blanco Escolá, 2005: 197-199; Bullón, 2004: 536-537; Chapaprieta, 1971: 292-332; González Cuevas, 1998: 313; Preston, 1994: 146-147 y Suárez Fernández, 1984:1, 299-302 y 1999: 266-267. <<

[848] Payne, 1977: 435. <<

[849] Cit. por Fontana, 2002: 9. <<

[850] Cierva, 1969: 764. <<

[851] Cit. por Busquets, 1986: 94. <<

[852] Cardona, 1983: 227. <<

[853] Cónsul general Norman King a sir Henry Chilton (Barcelona, 21-II-1936), en NA. FO, General Correspondence, Political, Spain, leg. 371/20 520, pp. 66-67. <<

[854] Payne, 2005: 341 y discurso de Fernando de los Ríos sobre las actas de Granada, en DSC, 31-III-1936, pp. 100-101, cit. Por Tusell, 1971:II, pp. 146-147. Sobre las licencias de armas como instrumento de poder político, véase Güerri, 1988. <<

[855] AFFF, leg. 30, fols. 49-50, cit. por Palacios, 1999: 39-45. <<

[856] Pórtela, 1988: 175-178 y Alcalá Zamora, 1977:347. <<

[857] Los intentos de golpe de Gil Robles en la madrugada del 17-11-1936, en Pórtela, 1988: 175-187 y Vidarte, 1973: 49. <<

[858] Gil Robles, 1968: 493. <<

[859] AFFF, leg. 30, fols 49-50, cit. por Fundación Nacional Francisco Franco, 1987: 30 y Palacios, 1999: 39-45. <<

[860] Alcalá Zamora, 1977: 347; Pórtela, 1988: 183-184 y Fundación Nacional Francisco Franco, 1987: 28-30. <<

[861] Cit. por Cierva, 1969: 640. <<

[862] El Socialista, 19-II-1936; Cierva, 1973: I, 411-414; Bolloten, 1989: 59-60; Bullón, 2004: 569 571; y García Venero, 1973: 241; Goded Alonso; 1938: 26-27; González Cuevas, 1998: 319-320; Preston, 1994: 149-153 y 2006b: 103-107; Suárez Fernández, 1984: II, 18-22 y 1999: 276-282 y Vidarte, 1973: 40-42 y 48-49. <<

[863] Arrarás, 1968: IV, 58; Bertrán Güell, 1939: 24 y Gutiérrez-Ravé, 1967: 156. <<

[864] Alcalá Zamora, 1977: 347-348; Fundación Nacional Francisco Franco, 1987: 23-31; Gil Robles, 1968: 491-502; Martínez Barrio, 1983: 301-304 y Pórtela, 1988: 172-196. <<

[865] CDMH, PS Madrid, leg. 1536. <<

[866] CDMH, PS Valencia, leg. 48. <<

[867] Manuel Giménez Fernández a Augusto Barcia (19TV-1936), en HMS, Archivo Manuel Giménez Fernández, cit. por Macarro, 2000: 447. <<

[868] El Sol, 7-VII-1936. <<

[869] Macarro, 2000: 451. <<

[870] Bowers, 1977: 204 y ss. <<

[871] Informe de Herbette (18-111-1936), en AQO, Europe, 1918-1940, Espagne, Politique intérieure, dossier général, leg. 166, p. 68. <<

[872] Bravo, 1943: 156; Imatz, 1981: 192; Primo de Rivera, 1971: 891-893 y Rodríguez Jiménez, 2000: 214. <<

[873] Ridruejo, 1976: 60 y 67. <<

[874] Guzmán de Alfarache, 1937: 38-39. <<

[875] Con estos cargos aparecen en el reportaje de La Nación de 6-II-1936, pp. 12-13. Véase también García Venero, 1967a: 133. <<

[876] Testimonios de Raimundo Fernández-Cuesta en García Venero, 1967a: 132-133. <<

[877] Martínez Barrio, 1983:314. <<

[878] Reseña de estos actos violentos en CDMH, PS Madrid, leg. 1536. <<

[879] Los sucesos, en Gibson, 1986: 52-55 y López Martínez y Gil Bracero, 1997: 433-434. <<

[880] Vicecónsul H. W. Sanderson a sir Henry Chilton (Cádiz, 9-III-1936), en NA. FO, General Correspondence, Political, Spain, leg. 371/20 520, p. 147. <<

[881] Azaña a Cipriano Rivas Cherif (17-III-1936), en Rivas Cherif, 1980: 666-667, cit. por Juliá, 1990: 470. <<

[882] The Times, 12-III-1936. <<

[883] Núñez Seixas, 1993: 153. La violencia falangista desplegada a través de reyertas, entendidas como rituales juveniles violentos, en Cruz, 2006: 138. <<

[884] La Nación, 18-I-1936, p. 2 y Jato, 1975: 306-307. <<

[885] Zayas, 1955: 73. <<

[886] ABC, 27-I-1936, p. 3. <<

[887] Corniero, 1991: 159-160; Fernández-Coppel, 2005: 46 y Valdés Larrafiaga, 1994: 7. <<

[888] El Socialista, 13-III-1936, p. 1; La Época, 12-III-1936, p. 1; Gil Pecharromán, 1996: 439-441 y Penella, 2006: 326-328. <<

[889] Ansaldo, 1951: 115-119; Fernández Coppel, 2005: 46; Preston, 1998: 128-129 y Causa 61/936 contra Alberto Ortega Arranz, Jesús Azcona Landa, Luis Revuelta García y Ramón de la Peña Moulié por asesinato y tenencia ilícita de armas en AHN, Tribunal Supremo, Causas Criminales, leg. 128, caja 1. Véanse también El Socialista, 29-V-1936, p. 4 y El Sol, 29-V-1936, p. 5. <<

[890] «Hay que disolver las organizaciones fascistas del crimen: Falange Española, JAP, requetés tradicionalistas y todas las de este jaez», Mundo Obrero, 13-III-1936, pp. 1 y 4. <<

[891] Los sucesos, en Bermejo Martín, 1984: 409-411; Gil Andrés, 2000: 251 y Rivero Noval, 2000: 51-52. <<

[892] Pavón Pereyra, 1949: 118. En el primer proceso celebrado del 16-111 a 3-IV por infracción de la ley de imprenta tras la divulgación del manifiesto escrito el 14-111 en los sótanos de la DGS, Primo de Rivera fue condenado a dos meses de prisión, y la sentencia fue revocada el 19-V por el Tribunal Supremo. La sentencia condenatoria del segundo proceso (16 a 28-III), esta vez por injurias al director general de Seguridad, fue de nuevo anulada por el Supremo el 19-V. El 17-III comenzó el proceso por asociación ilegal contra la Junta Política de FE que fue absuelta el 30-IV al declararse legales los estatutos y los 27 Puntos de Falange. El 27-IV se descubrieron tres pistolas en el domicilio de José Antonio, y tres días después quedó abierto un sumario por tenencia ilícita de armas, cuyo juicio oral comenzó el 28-V. La condena a cinco meses de arresto encrespó a Primo, que insultó y amenazó a los jueces y agredió a un oficial de la sala. El 18-VI comenzó un nuevo juicio por desacato al tribunal y atentado a la autoridad durante el anterior juicio. La condena fue esta vez más dura: más de cinco años de prisión por ambos delitos. Ante el temor de una fuga, Primo fue trasladado a Alicante en la madrugada del 5 al 6-VI. Sobre los juicios a José Antonio, véanse Gil Pecharromán, 1996: 446-453 y Río Cisneros y Pavón Pereyra, 1969. <<

[893] El auto del juez Ursicino Gómez Carbajo, encargado del Sumario por asociación ilícita (17-III-1936), en Mundo Obrero, 18-III-1936, p. 2. La respuesta falangista, en nota reseñada en El Siglo Futuro, 19-III-1936, p. 10 y pasquín depositado en RAH, Legado Diego Angulo, leg. 11/1988. <<

[894] «La voz del Jefe desde el calabozo» (hoja escrita por José Antonio en los sótanos de la DGS el 14-III-1936), en CDMH, PS, Madrid, leg. 1546; RAH, Legado Diego Angulo, leg. 11/8989; Primo de Rivera, 1950: 481-483 y 1971: 909-912 y Rodríguez Jiménez, 2000: 215. <<

[895] Telegrama del agregado aéreo Fornari al Ministerio de Asuntos Exteriores italiano (25-III-1936), cit. por Saz, 1982: 278-279. <<

[896] «Circular reservada para los jefes» (20-III-1936), en Gibello, 1974: 320; Gil Pecharromán, 1996: 459-460; Imatz, 1981: 194 y Primo de Rivera, 1964: 502 y 1976: II, 975. <<

[897] Cit. por Jato, 1975: 332-333 y Rodríguez Jiménez, 2000: 220. <<

[898] Hedilla, 1972: 118. <<

[899] Mundo Obrero, 13-IV-1936, p. 4. <<

[900] El Sol, 14-IV-1936, p. 1; Mundo Obrero, 8-V-1936, p. 3; El Socialista, 15-IV-1936; Ansaldo, 1951: 115-119; Corniero, 1991: 160; Jato, 1975: 341; Gil Pecharromán, 1996: 439-441 y 461; Southworth, 1967: 95 y Vidarte, 1973: 66-67. <<

[901] No Importa, n.º 1, 20-V-1936, p. 3, cit. por Río Cisneros y Pavón Pereyra, 1969: 33. <<

[902] No Importa, n.º 2, 6-VI-1936, p. 3. <<

[903] Según Mundo Obrero, 15-IV-1936, se difundieron entre los escuadristas de FE órdenes de encontrarse en la Castellana durante el desfile con los «paraguas». <<

[904] Véanse los relatos contradictorios de El Socialista, 15-IV-1936, p. 1; El Sol, 15-IV-1936, p. 3; ABC, 15-IV-1936, p. 23 y El Siglo Futuro, 14-IV-1936, p. 18. Según Tagüeña, 1978: 68 y Montoliú 1998: I, 18, De los Reyes fue abatido por la Policía cuando estaba situado junto a la tribuna presidencial en actitud sospechosa con una pistola. Sobre estos sucesos, véanse también el informe de Henry S. Chilton a Anthony Edén (14-IV-1936), en NA. FO, General Correspondence, Political, Spain, leg. 371/20 521, p. 82 y Cruz, 2006: 135-136. <<

[905] Cit. por Comín Colomer, 1965: II, 346. <<

[906] El Socialista, 15-IV-1936. <<

[907] Sir Henry S. Chilton a Anthony Edén (22-IV-1936), en NA. FO, General Correspondence, Political, Spain, 371/20521, pp. 115-116. <<

[908] Fuentes diplomáticas británicas evalúan las víctimas en cuatro muertos y 31 heridos (Henry S. Chilton a Anthony Edén [17-TV-1936], en NA. FO, General Correspondence, Political, Spain, leg. 371/20 521, pp. 62-63), cifras compartidas por El Siglo Futuro, 17-IV-1936. Cruz, 2006: 137-138 habla de cinco muertos, 30 heridos y más de 170 detenidos, mientras que Gil Robles, 1968: 675 alude a cinco muertos y 31 heridos. <<

[909] Según Cacho Zabalza, 1940: 25-26: «La víspera del famoso entierro del guardia civil señor Reyes, se acercó a la UME, como enviado especial de su hermano, el también glorioso mártir, Fernando Primo de Rivera, a fin de consultar si al acto del entierro debían asistir los elementos de Falange Española, se le contestó afirmativamente y que además debían hacerlo con armas, mezclados con los miembros de la UME, que habían recibido la misma consigna […] [el entierro] sirvió de recuento de fuerzas y de fe para días de prueba y abnegación, próximamente venideros». <<

[910] Bravo, 1943: 188-191 y 198. <<

[911] Ximénez de Sandoval, 1949: 546-547. <<

[912] Mundo Obrero, 17-IV-1936, p. 1. <<

[913] El Siglo Futuro, 17-IV-1936, pp. 13-17. <<

[914] La Época, 18-IV-1936, p. 1; El Sol, 19-IV-1936, pp. 3-4 y ABC, 21-IV-1936. <<

[915] Sir Henry S. Chilton a Anthony Edén (22-IV-1936), en NA. FO, General Correspondence, Political, Spain, leg. 371/20 521, p. 13. En telegramas del embajador Jean Herbette (Madrid, 20 y 26-IV-1936), en AQO, Europe, 1918-1940, Espagne, Politique intérieure, dossier général, leg. 166, pp. 250-251 y 256-258 se informaba de la detención de unos 1500 falangistas y 2000 afiliados a AP en toda España, pero muchos de ellos fueron liberados inmediatamente. <<

[916] Gallego, 2007: 144. <<

[917] Discurso en las Cortes (15-IV-1936), en Gil Robles, 1971: 560-561; discurso de José Calvo Sotelo en DSC, l-VII-1936, pp. 1765-1776; Miguel Maura, «Los Comités jacobinos del Frente Popular, el fascismo español y la gravedad de los problemas nacionales», El Sol, 21-VI-1936, pp. 1 y 12 y discurso de Prieto en Cuenca, Claridad, 4-V-1936, cit. por Bolloten, 1989: 83; Cierva, 1967: 248 y Prieto, 1975: 259 y 272 y 1967-1969:1, 401-403. <<

[918] Agustín Calvet, Gaziel, en La Vanguardia, 12-VI-1936, p. 1, cit. por Bolloten, 1989: 70-71. <<

[919] No Importa, n.º 1, 20-V-1936, p. 2. <<

[920] El Socialista, 5-V-1936, p. 1. <<

[921]DSC, 6-V-1936, pp. 625 y 627. <<

[922] Álvarez Puga, 1969: 109-111; Imatz, 1981: 147; Jato, 1975: 344; Primo de Rivera, 1971: 925-930 y Ximénez de Sandoval, 1949: 738-743. <<

[923] Hidalgo de Cisneros, 1977: II, 167. <<

[924] El Socialista, 9-V-1936, p. 3; Gibson, 1982: 55 y Ximénez de Sandoval, 1949: 548. <<

[925] El Cantábrico, 9-V-1936, p. 3. <<

[926] Mundo Obrero, 4-V-1936, p. 1. <<

[927] No Importa, n.º 1, 20-V-1936. En su entrevista con Ramón Blardony en Alicante el 16-VI, Primo aseguró que hasta esa fecha FE contaba con 48 muertos y 500 heridos (Primo de Rivera, 1964: 516 y ss. y 1976: II, 1006). <<

[928] No Importa, n.º 2, 6-VI-1936, p. 2. <<

[929] Ximénez de Sandoval, 1949: 185. <<

[930] Cabanellas, 1973:1, 319. <<

[931] Cónsul en Santander a Henry S. Chilton (9-V-1936), en NA. FO, General Correspondence, Political, Spain, leg. 371/20 521, p. 246. <<

[932] Sobre esta espiral de violencia, véanse El Cantábrico, 5-V-1936, p. 4; 2-VI-1936, p. 6; 4-VI-1936, p. 4 y 7-VI-1936, p. 3; La Región, 4-VI-1936, p. 1 y 11-VI-1936, p. 1; El Socialista, 5-VI-1936, p. 4, y El Sol, 5-VI-1936, p. 8. <<

[933] Declaración de Casares, en DSC, 19-V-1936, p. 693; El Socialista, 20-V-1936, p. 2 y Cierva, 1967: 179. El proyecto de ley antiterrorista, en ABC, 14-VI-1936, pp. 31-32 y editorial de 26-VI-1936, p. 18. <<

[934] No Importa, n.º 2, 6-VI-1936, p. 1 y Ruiz de Alda, 1939: 261-263. <<

[935] DSC, 16-VI-1936, p. 1394, cit. en ABC, 17-VI-1936, pp. 29-31. <<

[936] No Importa, n.º 3, 20-VI-1936, p. 4. <<

[937] Montes Agudo, 1939b: 125. <<

[938] La carta a Onésimo Redondo, en Primo de Rivera, 1976: II, 1178 y Gibson, 1980: 150. El mensaje al jerarca salmantino, en Bravo, 1943: 200. <<

[939] García Venero, 1967a: 137. <<

[940] Rivas, 1976: 350-351. <<

[941] Mundo Obrero, 13-VII-1936, p. 3. <<

[942] ABC (Sevilla), 14-VII-1936, p. 21 y Diario de Valencia, 14-VII-1936, p. 4. <<

[943] Payne, 1965: 95. Lo mismo asegura Álvarez Puga, 1969: 30. En el artículo «Yo maté al teniente Castillo», Nueva Historia, n.º 2, III-1977, pp. 23-25, se habla, citando el libro de Alcázar de Velasco, 1976, de un almuerzo castrense en la serranía andaluza el 9-II-1937, donde un jefe militar reconoció que había matado a Castillo «por su labor entre las juventudes rojas». El equipo de Nueva Historia, dirigido por Ricardo de La Cierva, aseguró haber recibido fortísimas presiones para no desvelar la identidad del autor del asesinato y de quién partió la orden, pero no volvió a publicar nada al respecto. <<

[944] Gibson, 1982: 207-208. <<

[945] Declaraciones del comandante, Ricardo Burillo Stolle (jefe del Grupo de Asalto del Cuartel de Pontejos) y del capitán de Ingenieros en la Policía Armada Ricardo Goytre Bayo, en AHN, Causa General, Pieza Especial «Asesinato de Calvo Sotelo», leg. 1500, ff. 108v y 109r. <<

[946] Fraser, 1979: I, 133-134. Véase también el testimonio de Urbano Orad de la Torre, «Nosotros matamos a Calvo Sotelo (por venganza)», Los domingos de El Imparcial, 24-IX-1978 y «Cómo fue asesinado Calvo Sotelo», ABC, 11-IV-1939. <<

[947] Gibson, 1982: 116-132. Sobre el asesinato de Calvo Sotelo, véanse George Ogilvie-Forbes a Anthony Edén (14-VII-1936), en NA. FO, General Correspondence, Political, Spain, leg. 371/20 522, pp. 226-227; telegrama de Orazio Pedrazzi (23-VIII-1936), en ASMAE, Serie Affari Politici, 1931-1945, Spagna, caja 9; Prieto, 1967-1969: I, 157-162 y III, 133-136; Acedo Colunga, 1957: 324-351; Almuifia, 1996; Bullón, 2004: 661-710 y Payne, 2005: 479-505. <<

[948] Bravo Morata, 1973: IV, 148-149. <<

[949] El Socialista, 14-VII-1936, p. 1, cit. por Cierva, 1967: 568-569. <<

[950] Vegas Latapié, 1941: 221-224 y 1983: 310-312. <<

[951] Orazio Pedrazzi a Ciano (13-VII-1936), en DDI, Serie VIII, vol. IV, pp. 575-576. <<

[952] DSC, Diputación Permanente, 15-VII-1936, pp. 6-20. <<

[953] Sobre los procesos de enmarcamiento como «esfuerzos estratégicamente conscientes emprendidos por grupos de gente para elaborar concepciones comunes del mundo y de ellos mismos que legitiman y motivan la acción colectiva», véase «Introduction: Opportunities, Mobilizing Structures, and Framing Processes. Toward a Synthetic, Comparative Perspective on Social Movements», en McAdam, McCarthy y Zald, 1996: 6 (1999: 27). <<

[954] Pedro Martínez Vélez, O. S. A., «Después de la batalla electoral, cap. II: Las causas», AE, n.º 85, III-1936, p. 562. <<

[955] Editorial «Contra la tibieza y por la acción contrarrevolucionaria», La Época, 3-III-1936, p. 1. <<

[956] Cruz, 2006: 93. <<

[957] Vigón, 1947: 402. <<

[958] González Cuevas, 1998: 324. <<

[959] DSC, 15-IV-1936, pp. 309-310. La declaración política de gobierno Azaña y la respuesta catastrofista de Calvo Sotelo, en despacho de Henry S. Chilton a Anthony Edén (18-IV-1936), NA. FO, General Correspondence, Political, Spain, leg. 371/20 521, p. 90. Según Calvo Sotelo, desde el 16-11 hasta el 2-IV se habían producido los siguientes hechos violentos: 163 sedes políticas y domicilios particulares asaltados, 106 iglesias quemadas y otras 36 asaltadas, 72 edificios incendiados, 11 huelgas generales, 169 motines, 39 tiroteos, 85 agresiones, 24 atracos con 345 heridos y 74 muertos. <<

[960] Datos de desastres del 16-II al 15-IV-1936 leídos en las Cortes por Calvo Sotelo, en «Resumen de los sucesos acaecidos en España desde el 16 de febrero de 1936 hasta el 2 de abril del mismo año», La Época, 17-IV-1936, pp. 2-3; El Debate, 17-IV-1936, p. 2; ABC, 17-V-1936, p. 41-47 y El Siglo Futuro, 17-IV-1936, pp. 3-5. <<

[961] Bowers, 1977: 206. <<

[962] Papeles del general Barrera y documentación de Calvo Sotelo sobre hechos violentos en la primavera de 1936, en CDMH, PS Madrid, caja 1626, leg. 1326. <<

[963] Barreiro Gordillo, 2004: 144. <<

[964] Véanse las cartas enviadas a José Calvo Sotelo en la primavera de 1936 y reseñadas en Murillo, 1989: 126. <<

[965] ABC, 26-IV-1936, p. 35. <<

[966] Declaraciones a La Nación (Buenos Aires), reproducidas en ABC, 15-VII-1936, p. 22 y cit. por Payne, 2005: 460. <<

[967] DSC, 19-V-1936, p. 704, cit. por Cierva, 1967: 488 y 1969: 727. <<

[968] Según Gil Robles, desde el 16-II al 15-VI se habían producido los siguientes sucesos: 160 iglesias destruidas y 251 asaltadas, 269 muertos y 1287 heridos, 341 huelgas, 161 atracos y 863 actos varios de violencia (DSC, 16-VI-1936, p. 1374). <<

[969] DSC, 16-VI-1936, pp. 1384-1386. <<

[970] DSC, 1-VII-1936, pp. 1765-1776. <<

[971] Sánchez Albornoz, 1972: 127. <<

[972] García Venero, 1958:111, 106-108 y Payne, 2005: 446-447. <<

[973] Miguel Maura Gamazo, «Una política de suicidas», El Sol, 18-VI-1936, pp. 1 y 4; «Subversión y definitivo desprestigio del sistema parlamentario», El Sol, 20-VI-1936, pp. 1-2; «Los comités jacobinos del Frente Popular, el fascismo español y la gravedad de los problemas nacionales», El Sol, 21-VI-1936, pp. 1 y 12; «Nos equivocamos… La salvación está en una dictadura nacional republicana», El Sol, 23-VI-1936, pp. 1 y 7; «Los plenos poderes», El Sol, 25-VI-1936, pp. 1-2 y «Gobierno nacional», El Sol, 27-VI-1936, pp. 1-2. <<

[974] Miguel Maura Gamazo, «La salvación está en una Dictadura nacional republicana», El Sol, 23-VI-1936; «Los plenos poderes», El Sol, 24-VI-1936 y «Gobierno nacional», El Sol, 27-VI-1936. Comentario a los artículos de Miguel Maura, en Payne, 2005: 453-455. Una discusión de esta propuesta, en Diego Martínez Barrio, 1983: 338 y 340-341. <<

[975] Véase mi estadística sobre «Estados de excepción durante la Segunda república y la Guerra Civil, por presidentes del Consejo de Ministros, 1931-1939», insertada en Carreras y Tafunell (coords.) (2005): III, 1144-1145. <<

[976] Gil Robles, 1971:623. <<

[977] Malefakis, 1980:428-430. <<

[978] Así, por ejemplo, la insurrección comunista de 1-VIII presentada por Comín Colomer, 1950: 225 y ss. no es sino una transcripción de los planes de levantamiento comunista expuestos en los años veinte por la Komintern es los escritos de Neuberg, 1932 y Landsberg, 1936. <<

[979] García Fernández, 2005. <<

[980] Ehrt, 1933. <<

[981] Además de las obras antisectarias del padre Tusquets, destacan los panfletos del policía Karl, 1932 y 1935. <<

[982] Mina, 1990. <<

[983] Las declaraciones de Azaña, en ABC, 5-IV-1936. Esta tesis la volvería a desarrollar en su famoso discurso pronunciado en el Ayuntamiento de Barcelona el 18-VII-1938 (Azaña, O. C., 2007, separata del CD, p. 12). Un resumen de los discursos parlamentarios de Calvo Sotelo entre IV/VII-1936, en Mina, 1990: 15-23. <<

[984] Alfonso Merry del Val, «Los planes comunistas sobre España», El Debate, 7-IV-1936, p. 3. <<

[985] Claridad, 6-IV, 10 y 30-V-1936, donde se presenta un documento apócrifo comunista en el que se preconizaba la matanza de civiles y militares en caso de guerra. <<

[986] Southworth, 1977: 124-126; 1978: 41-57 y 1986: 195-213. Cierva, 1969: I, 709 ya había descubierto que el autor de los supuestos documentos comunistas era Tomás Borrás, quien los había distribuido por medios falangistas y militares tras reproducirlos con ayuda de una mecanógrafa que trabajaba en el Ministerio de la Guerra, pero en su opinión, esta «manifestación de agit-prop falangista» era una «simple anécdota». <<

[987] NA. FO, leg. 371/20 538. Según Jacques Bardoux, «Le Complot russo-communiste», Reviste des Deux Mondes, l-X-1937, pp. 640-671, los dos primeros documentos fueron copiados en los locales de la UGT de Madrid en VI-1936, y otros tres ejemplares con ligeras variantes fueron encontrados en archivos comunistas de Lora del Rio (Sevilla), una aldea de Badajoz y en La Línea. En CDMH, PS Madrid, leg. 2050 existe una reproducción incompleta del primer documento, dedicado a la organización revolucionaria en Madrid. El único sello impreso es el perteneciente al Servicio de Recuperación de Documentos. Una versión resumida de los dos primeros documentos, al parecer encontrados en Palma de Mallorca durante los combates de VII/VIII-1936, fue publicada por el semanario Gringoire el 9-X-1936, y otros dos ejemplares de los mismos fueron publicados por Gerahty, 1937: 375, tras ser obtenidos «en el cuartel general comunista en La Línea, cerca de Gibraltar». Los documentos falsos de la conspiración comunista, también están en AGMA, leg. 70, carp. 165 y leg. 74, carps. 2 y 13. <<

[988] Weber, 1985: 430 y 439. <<

[989] Cacho Zabalza, 1940: 37 y García Venero, 1967b: 104 y ss. <<

[990] García Venero, 1967b: 219. <<

[991] Cacho Zabalza, 1940 (poco fiable) y Sueiro, 1983: 29. <<

[992] Busquets y Losada, 2003: 57-58. <<

[993] Arrarás et alii, 1939-1944: IX, 469 y Couceiro 1970: 276-277. Según otros testimonios, también estuvieron presentes el general Kindelán y el coronel Aranda (Mariñas, 1956: 67-69). <<

[994] Cierva, 1973:I, 414-416 y Maíz, 1952: 50. <<

[995] Galindo Herrero, 1954: 160 menciona una Junta de generales presidida por el inspector del Ejército Rodríguez del Barrio y compuesta por Franco (África), Mola (Navarra), González de Lara (Burgos), González Carrasco (Cataluña), Goded (Valencia), Saliquet (Valladolid) y Varela y Orgaz (Madrid). <<

[996] Viñas, 1977: 128-133 y 2001: 164-169. A pesar de los rumores que circularon antes y después del golpe de julio, la más importante contribución nazi a la sublevación fue la entrega por parte de la Abwehr de armas a los grupos españoles de extrema derecha. Véase Simón, 1938, cit. por Viñas, 2001: 272 donde se señala la presunta venta de 492 pistolas a los falangistas y los tradicionalistas. El envío de las armas por submarino y con el visto bueno del jefe del grupo nazi de Barcelona, según carta de Adolf Bülow (enlace de la Abwehr) al encargado de negocios Hans-Hermann Vólckers (6-VII-1936), en DGFP, 1949-1954: C, V, doc. 433, pp. 738-739. Sobre la intervención nazi en los preparativos de la sublevación de 1936, especialmente vinculados a la misión del Hans Hellermann, líder de la Ausland Organisation en España, véase Martín de Pozuelo, 2007: 25-47. Abendroth, 1973, 22 resta importancia a estas gestiones, que fueron mucho menos importantes que la ayuda italiana a los golpistas. Según Jellinek, 1938: 282, en junio o comienzos de VII-1936 Canaris conferenció con March, Mola y Gil Robles, pero no hay más pruebas de la implicación alemana en la conjura (Díaz Nosty, 1977: 305). Los contactos de Mola con la Abwehr hacia el 14-VII-1936, también en Viñas, 2001: 305-307. <<

[997] Bertrán Güell, 1939b: 298; AFNFF, leg. 30. fol. 19, cfr. Suárez Fernández, 1984: II, 23 nota 27 y Expediente de Francisco Franco depositado en AGMS y cit. por Miguel González, «La conjura del 36, contada por Franco», El País, Sección Domingo, 9-XII-2001, p. 15. <<

[998] Gil Robles, 1968: 709 y Olaya, 1979: 321. Masquelet acabaría renunciando a la cartera el 13-V. <<

[999] Informe de Orazio Pedrazzi (Madrid, 2-IV-1936), cit. por Saz, 1981: 334. Los presuntos beneficiarios del golpe, en informe de sir Henry Chilton a Anthony Edén (24-111-1936), en NA. FO, General Correspondence, Political, Spain, leg. 371/20 520, p. 209. <<

[1000] Barruso, 1996: 53-54 y Busquets, 1982: 126 nota 32. <<

[1001] Aróstegui, 1986b: 23 y 2006a: 143 y Arrarás et alii, 1939-1944: II, 510. <<

[1002] Arrarás et alii, 1939-1944, vol. II, p. 510 y III, 442-443; Olaya, 1979: 323; Válgoma, 194?: 375-382 e informes de Pedrazzi a Mussolini (21-V-1936) y del cónsul en Tánger Pier Filippo De Rossi del Lion Ñero a Mussolini (25-V-1936), en DDI, Serie VIII, vol. IV, pp. 91 y 117, respectivamente. Se pediría a Alcalá Zamora que decretara la segunda disolución del Parlamento y, destituido el Gobierno, nombrara a un general (¿Sanjurjo?) como primer ministro de un gabinete militar (Payne, 1986: 281). El plan político, que recordaba tanto a la intentona de Pavía y a la regencia de Serrano, era una remodelación del pacto postelectoral propuesto por los alfonsinos a Gil Robles. El presidente depuesto se negó el día 9 a secundar la intentona, pero tampoco se opuso al golpe de los militares (testimonio de Eduardo Pardo Reina en Payne, 1977: 454). Véase también Chapaprieta, 1971:407-413. <<

[1003] Bertrán Güell, 1939b: 53. <<

[1004] Aróstegui, 2006: 145 y 177. <<

[1005] Cierva, 1972: 234-235. <<

[1006] Cit. por Cierva, 1969:I, 769-771. <<

[1007] Henry S. Chilton a Anthony Eden (19-V-1936), en NA. FO, General Correspondence, Political, Spain, leg. 371/20 521, pp. 249-250 e informe de la Embajada de Italia en Madrid (20-V-1936), en ASMAE, Serie Affari Politici, 1931-1945, Spagna, 1936, caja 9. <<

[1008] Iribarren, 1945: 53 y Vigón, 1957: 91-92. <<

[1009] Bernard, 1938: 80-82 y Cierva, 1969:I, 772-773. <<

[1010] Arrarás et alii, 1939-1944: III, 442-443 y Prieto, 1967-1969: I, 168. Según Gil Robles, 1968: 665-666, poco antes del 18-VII, oficiales del Regimiento de Transmisiones del Pardo como el teniente José Vegas Latapié, planearon el secuestro o el asesinato de Azaña en su residencia de verano del Palacete de la Quinta, para lo cual pedían una ametralladora y un general (García de la Herrán). Vegas Latapié, 1983: 310-312, sitúa este plan el mismo día de la muerte de Calvo Sotelo. <<

[1011] Telegrama de Herbette (Madrid, 5-VI-1936), en AQO, Europe, 1918-1940, Espagne, Politique intérieure, dossier général, leg. 167, p. 136; Iribarren, 1945: 55-56 y Vigón, 1957: 93-94. <<

[1012] JAR, 1991. <<

[1013] Según Gil Robles, 1968: 722-728, Mola había establecido contactó con Queipo el 13-IV y con Cabanellas el 14-VI. <<

[1014] Garriga, 1976: 379. Según Torres Villanueva, 2006: 436, March entregó 500 000 libras de crédito a los conspiradores, cifra que se elevó a 800 000 en agosto y a 940 000 en diciembre. <<

[1015] Cierva, 1969:I, 779-780. <<

[1016] Ugarte, 1998: 69-70. <<

[1017] Declaración del general Víctor Carrasco Amilibia, en el Sumarísmo 9087/38, cit. por Rivero Noval, 2000: 70-71. <<

[1018] Cierva, 1969: I, 781-783. <<

[1019] Balfour, 2002: 486 y Cierva, 1969: I, 783-784. <<

[1020] Busquets, 1988-89: 82-85. <<

[1021] Blanco Escolá, 2005: 267-279. <<

[1022] Julia, 1986: 32. <<

[1023] Ansaldo, 1951: 114. <<

[1024] Kindelán, 1981: 171. <<

[1025] Calleja, 1963: 77-78 nota 2 y Gil Robles, 1968: 694. <<

[1026] Cacho Zabalza, 1940: 40 y ss. <<

[1027] Viñas, 2001: 76. <<

[1028] Ramos, 2006: 26. Información sobre un viaje del marqués de Quintanar a Portugal a fines de III-1936 en «misión importante» cerca de Salazar, en despacho del encargado de negocios en Madrid a Ministério dos Negocios Estrangeiros (23-III-1936), en AMNE, telegramas, tel. 48, cit. por Torre Gómez, 1984: 114. <<

[1029] Díaz Morlán, 2002: 254. <<

[1030] Payne, 1986: 288. <<

[1031] Gutiérrez-Ravé, 1965: 33 y Antonio Goicoechea, «Apuntes para la historia de Renovación Española y su intervención en el Movimiento Nacional» (San Sebastián, 1939), cit. por Gil Pecharromán, 1985: II, 721. <<

[1032] La fotografía de la carta de José Antonio Primo de Rivera a Goicoechea desde la Cárcel Modelo, 20-III-1936 y un informe alusivo, en ACS, Segreteria Particolare del Duce, Carteggio Riservato, caja 71, Spagna, Sottofascicolo 5: Personale. Sáinz Rodríguez, 1978: 222, fecha este encargo el 20-V. Según su testimonio inédito «Apuntes para la historia de Renovación Española y su intervención en el Movimiento Nacional» (San Sebastián, 1939), cit. por Gil Pecharromán, 1985: II, 720 y 725 nota 65, José Antonio le había confiado en una carta fechada el 26-V su «representación en el extranjero». Lo cierto es que el 14-VI Goicoechea escribía a Ernesto Carpi, enlace con el gobierno italiano, que «además de la representación del partido de mi jefatura, debe Vd. hacer constar que en este caso, represento también a Falange Española, por la delegación que expresamente me ha conferido su jefe, así como los elementos del Bloque Nacional, que preside el Sr. Calvo Sotelo, con los cuales vivimos en íntima alianza política» (cit. por Mazzetti, 1979: 1191 y Saz, 1986a: 166). Todo parece indicar que Carpi, en estrecho contacto con los servicios de información de la Fuerza Aérea (SIA), del Ejército (SIM) y la Policía política (POLPOL), actuó como intermediario en la gestión (Heiberg y Ros Agudo, 2006: 33). <<

[1033] Informe de Goicoechea a Mussolini (14-VI-1936), en ASMAE, Spagna, Fondo di Guerra, caja 5, fascículo 1, cit. por Mazzetti, 1979: 1191-1194 y Saz, 1981: 336-339 y 1986: 166-170. Véase también Heiberg, 2004: 51. <<

[1034] Di Nolfo, 2000:219. <<

[1035] Archivo de Arturo Salgado Biempica en CDMH, PS, Madrid, cit. por Bullón, 2004: 657; Joaquín Bau, «Calvo Sotelo y la Cruzada», ABC, 13-VII-1956; Cacho Zabalza, 1940: 30 y Vegas Latapié, 1941: 210-211. Según Goded Llopis, 1938: 14, Calvo Sotelo «luchaba con nosotros». <<

[1036] Bertrán Güell, 1939b: 130. Según Payne, 1977: 288, se logró recoger 300.00 pts. que fueron enviadas a Sanjurjo como cabeza de la UME y de la conspiración militar. Gil Robles, 1968: 731 niega sus contactos con Calvo Sotelo para apoyar la conspiración. <<

[1037] Maíz, 1952: 168. <<

[1038] Aznar, 1958-1969: 38-39. <<

[1039] Bravo Morata, 1973: IV, 47 y Vigón, 1957: 102. <<

[1040] Ansón, 1996: 147-148. <<

[1041] «Al arriarse las banderas de Renovación Española», Diario Vasco (San Sebastián), 21-IV-1937 y Diario de Navarra (Pamplona), 22-IV-1937, p. 3. <<

[1042] El Debate, 23-II-1936, p. 1. <<

[1043] El Debate, 27-II-1936. <<

[1044] «El tema de hoy: el orden público y los provocadores», El Socialista, 14-III-1936, p. 1. Mundo Obrero, 14-IV-1936, p. 4 aseguró que «los sindicatos de Gil Robles preparan varios atentados». Gil Robles aclaró que había pedido a la CEDA la constitución de un «servicio de inteligencia» formado por «gente decidida y valiente» para actuar en equipos de 25 personas con camionetas rápidas y pistolas ametralladoras. <<

[1045] El Debate, 15-III-1936, p. 1. El desmentido del líder cedista, en El Socialista, 15-III-1936, p. 1 y El Sol, 15-III-1936, p. 1, cit. en Gil Robles, 1968: 575 e informe de sir Henry Chilton a Anthony Edén (Madrid, 16-III-1936), en NA. FO, General Correspondence, Political, Spain, leg. 371/20 520, pp. 143-144. <<

[1046] Cit. en Mundo Obrero, 11-V-1936 y Payne, 1965: 88. <<

[1047] Discurso en las Cortes de 15-IV-1936, cit. por Cierva, 1972: 235; Gil Robles, 1971; 560-561 y Jato, 1975: 346. <<

[1048] Gil Robles, 1968: 802. <<

[1049] Cierva, 1969:1, 743 y Palacios, 1999: 100. <<

[1050] Payne, 2005: 295. Sobre la implicación de la DRV en el golpe, véanse Arrarás, et alii, 1939-1944: V, 42 y 165-167 y VI, 462-463; Cierva, 1967: 743-744 y 1969: I, 714; Comes, 2002: 184-187 y 335-364; Lynam, 1986: 153yValls, 1992: 113-139 y 228-233. <<

[1051] Manuel Jiménez Fernández en el prólogo de Carlos Seco Serrano a Tusell, 1971:I, XVIII. <<

[1052] Arrarás et alii, 1939-1944: III, 411 y Gil Robles, 1968: 798 nota 50. <<

[1053] Cit. por Cierva, 1967: 742-743. <<

[1054] Archivo personal del cedista Javier Bragado (Salamanca), cit. por Aróstegui, 2006: 152-154 y Rubio Cabeza, 1987:1, 376. <<

[1055] García Venero, 1967b: 246 y Mariñas, 1956: 72 y Romero, 1967: 42-43, 162-164, 199, 205, 259, 300, 302-303, 308, 317, 332, 397, 418 y 607. <<

[1056] Maíz, 1976: 238. <<

[1057] Las entrevistas con Mola y Yagüe, enlace de la Junta de generales en Marruecos, en Dolor y memoria de España, 1939: 294 y Maíz, 1976: 206-207 y 238. <<

[1058] Serrano Suñer, 1977: 54-56. Relato de la entrevista en Arrarás et alii, 1939-1944: IX, 467-468 y Gibson, 1980: 142. Para Hills, 1969: 219-220 y Pavón Pereyra, 1949: 19, la entrevista tuvo lugar el 12-III. Crozier, 1969: I, 112, la fecha el 8-III, pero en el domicilio de Serrano Suñer. Esta fecha, que consideramos errónea, es mantenida por Suárez Fernández, 1984: II, 24, siguiendo los datos de Cierva, 1973:I, 420, quien cree que esta entrevista es anterior a la mantenida con los mandos militares. <<

[1059] Saz, 1986a: 164-165. <<

[1060] «Circular a todas las Jefaturas Territoriales, Provinciales y de las JONS» (13-V-1936), en Primo de Rivera, 1971: 931-932. <<

[1061] No Importa, n.º 1, 20-V-1936, p. 2. <<

[1062] Gil Robles, 1968: 735; Maíz, 1976: 158; Olaya, 1979: 336 y Payne, 1965: 92. Arrarás et alii, 1939-1944: IX, 511 la sitúa erróneamente el 27-VI. La cuantificación de las fuerzas falangistas disponibles la víspera del golpe militar es muy difícil, por la propia situación de desorden interno del partido. Además de los 4000 hombres ofrecidos por Garcerán, el jefe provincial de Burgos José Andino presentó al «Director» a fines de junio la posibilidad de movilizar a 6000 hombres en cuatro horas (Payne, 1965: 96, quien al igual que Cabanellas, 1973: I, 350 nota 71 considera esta cifra enormemente exagerada). Otras cifras aportadas son 3000 milicianos a inicios de julio, según testimonio de Augusto Barrado cit. por García Venero, 1967a: 137; 8000 falangistas en situación de combatir según Rudel, 1972: 145 y 10 400 para Casas de la Vega, 1977: I, 294. La cifra más plausible es la de Garcerán. <<

[1063] La Unión, 18-VII-1937, cit. por Payne, 1965: 91-92 y 1997: 340 y Redondo y Zavala, 1957: 356. Algunos autores como Gil Robles, 1968: 717 refieren una entrevista de José Antonio con Fal Conde en la Cárcel Modelo a fines de mayo. En ella, Primo habría ofrecido su concurso a la sublevación carlista si se le avisaba con cuatro o cinco días de antelación para dar las órdenes oportunas a los falangistas (Bertrán Güell, 1939b: 130 y 139 y Cierva, 1969:1, 754). <<

[1064] Payne, 1965: 228 nota 305. Goicoechea visitó a José Antonio en la prisión de Alicante en cuatro o cinco ocasiones, la última el 14-VII (Bravo, 1941: 25). <<

[1065] «Vista a la derecha. Aviso a los “madrugadores”. La Falange no es una fuerza cipaya», No Importa, n.º 3, 20-VI-1936: I, cit. por Primo de Rivera, 1976, vol. II, pp. 1008-1010; Gibello, 1974: 352-354 e Imatz, 1981: 198. <<

[1066] Vegas Latapié, 1983:298. <<

[1067] La Época, 1-VII-1936. <<

[1068] La carta de José Antonio, fechada el 4-VII y repleta de las mayores groserías, en Gibson, 1981: 124-128 y Primo de Rivera y Urquijo, 1997: 139. Toda la polémica, en Gil Pecharromán, 1996: 479-483. <<

[1069] Documento n.º 88 para su defensa en Alicante, en Primo de Rivera y Urquijo, 1997: 188. <<

[1070] «A todas las Jefaturas Territoriales. Urgente e importantísimo» (24-VI-1936), cit. en Primo de Rivera, 1971: 941-943. Véanse también y Álvarez Puga, 1969: 120-125; Bravo, 1943: 205; Gibson, 1980: 151-152 e Imatz, 1981: 199. <<

[1071] Bravo Morata, 1979: 121. <<

[1072] García Venero, 1967a: 66; Imatz, 1981: 201; Jato, 1975: 353 y Valdés Larrañaga, 1994: 13-14. <<

[1073] «A las Jefaturas Territoriales y Provinciales. Reservadísimo» (29-VI-1936), en Primo de Rivera, 1971: 947-948; Imatz, 1981: 202-203; Payne, 1965: 94 y Rodríguez Jiménez, 2000: 225. <<

[1074] «A la Primera Línea de Madrid» (29-VI-l936), en Primo de Rivera, 1971: 945-946 y Ximénez de Sandoval, 1949: 771-772. <<

[1075] Según Bravo, 1943: 203; Imatz, 1981: 203 y Montes Agudo, 1939b: 256-266 esta decisión fue tomada sin consentimiento de José Antonio. Por su parte, Payne, 1965: 94, dice que fue el propio jefe nacional quien el 9-VII prolongó la validez de sus instrucciones hasta la medianoche del día 20. <<

[1076] Vigón, 1957: 106. <<

[1077] Gil Robles, 1968: 736 y Maiz, 1981: 206. Según Olaya, 1979: 370, este ultimátum implicaba que FE se lanzaría a la calle con el apoyo de la UME. <<

[1078] Carta al general Mola (15-VII-1936), en Primo de Rivera y Urquijo, 1964: 63 y 1997: 224-225. <<

[1079] Cit. por Arrarás, 1968: IV, 400 y Gibson, 1980: 155. Tras la partida del conde de Mayalde llegó a Alicante un mensaje urgentísimo de Mola entregado por el capitán Sabás Navarro (Río Cisneros y Pavón Pereyra, 1969: 410). <<

[1080] Imatz, 1981:204. <<

[1081] Ultimo manifiesto de José Antonio Primo de Rivera (17-VII-1936), en Primo de Rivera, 1971: 951-952; Cabanellas, 1973:I, 350-351; Gibson, 1980: 156-157; Rodríguez Jiménez, 2000: 226-227 y Ximénez de Sandoval, 1949: 778-780. <<

[1082] Aznar, 1958-1969:I, 70 y Cierva, 1969:I, 750. <<

[1083] Martínez de Bedoya, 1996: 95. <<

[1084] Cit. por Montes Agudo, 1939b: 55. <<

[1085] «La voz del tradicionalismo», La Nación, 28-11-1936, p. 16. <<

[1086] «¡Todos en pie ante la gran batalla!», BOT, n.º 81, 15-III-1936, p. 1. <<

[1087] Orden general a las Delegaciones Regionales, 22-11-1936, en Redondo y Zavala, 1957: 321-323. Instrucciones similares para Navarra, emitidas por Utrilla, en Lizarza Iribarren, 1953: 93. <<

[1088] «El Requeté a punto», Informaciones, 18-VII-1956. <<

[1089] Comunión tradicionalista, 1936: 3-4. <<

[1090] Mariano Lucio, «Un serio peligro para el pueblo y para la República. Los requetés carlistas son un ejército equipado a la moderna y armado hasta los dientes», Mundo Obrero, 4-IV-1936, p. 4, cit. por Burgo, 1939: 178-183. <<

[1091] Lizarza Iribarren, 1954: 50-51. <<

[1092] Burgo, 1970: 521 y Lizarza Iribarren, 1954: 63. Las vicisitudes de este alijo pueden también seguirse a través de los fragmentos del diario de don Javier incluidos en la obra de Clemente, 1977: 109-111. <<

[1093] «El Requeté a punto», Informaciones, 18-VII-1956. <<

[1094] Lizarza Iribarren, 1954: 83. <<

[1095] Blinkhorn, 1979: 313. Por contra, García Venero, 1970, da una cifra de 6000 hombres armados. <<

[1096] «Informe confidencial sobre la organización y estado actual de la Comunión Tradicionalista-Carlista» (febrero-marzo 1936), en AGUN. MF, leg. 20, carp. año 1936 (I) y Alfonso Carlos I (después del 18 de julio), leg. 14, cit. por Barreiro Gordillo, 2003: 361-362. <<

[1097] El despliegue provincial de la Juventud, en Informe confidencial sobre la organización y estado actual de la «Comunión Tradicionalista-Carlista» (febrero-marzo 1936), en AGUN. MF, Alfonso Carlos I (después del 18 de julio), leg. 14. <<

[1098] Blinkhorn, 1979: 277 y 317 y Cacho Zabalza, 1940: 13-14. <<

[1099] Cacho Zabalza, 1940: 19. <<

[1100] «El Requeté a punto», Informaciones, 18-VII-1956. <<

[1101] Pemán, 1954: 140-141. <<

[1102] Entrevista a Fal Conde, para La Actualidad Española, 6-VI-1968, cit. por Burgo, 1970: 529 y Clemente, 1978: 16; 1979: 35 y 1994: 128-129. <<

[1103] Blinkhorn, 1979: 335 y Peñas Bernaldo de Quirós, 1996: 23. <<

[1104] Couceiro, 1969: 157. <<

[1105] Entrevista a Fal Conde para La Actualidad Española, 6-VI-1968, cit. por Clemente, 1978: 17 y 1979:37. <<

[1106] «La conspiración de 1936», en AGUN. AMF, Alfonso Carlos I, leg. 14 y Ferrer, Tejera y Acedo, 1941-1979: XXX, 152-153. En realidad, según este autor, la Junta la componían don Javier, Fal Conde, Musiera, Zamanillo, Olazábal, y Lamamié como secretario. Pocos días después, don Javier aprobaba el plan de división del trabajo insurreccional de la Junta de Conspiración en nueve secciones: Dirección y coordinación (don Javier, Fal y Lamamié como secretario); Estado Mayor Central o «Junta Militar» (Musiera, Baselga, Cuerda), dedicado a reunir, de acuerdo con Varela, los estudios técnicos complementarios para la acción insurreccional; captación de cuadros de Oficiales (Villanova y Ruiz Ojeda); Requetés (Zamanillo y Rada); Compra de armas y transportes (don Javier, en contacto con círculos aristocráticos europeos); Entrada y Depósito (contrabando de armas por la frontera a cargo de Olazábal); Financiera (organización general, personal y de fondos a cargo de Gaiztarro, Zuazola y Llórente, aunque la Sección primera se encargaría de la distribución de fondos al resto de las secciones), Propaganda y Prensa (Manuel González Quevedo y Emilio R. Tarduchy) sobre el Ejército, los medios de comunicación, información secreta y al extranjero, e Información (Calixto González Quevedo y José Mª Oriol). Véase el «Plan de organización y división de trabajo aprobado por don Javier», en Ferrer, Tejera y Acedo, 1941-1979: XXX, 318-321; Clemente, 1994: 168-171; Echeverría, 1985: 34-37 y Peñas Bernaldo de Quirós, 1996: 19-20. <<

[1107] Aróstegui, 1986b: 37; Blinkhorn, 1979: 334-335; Burgo, 1970: 528-529; Echeverría, 1985: 45 y Ferrer, Tejera y Acedo, 1941-1979: XXX, 154-159; Galindo Herrero, 1956: 159-160 y Redondo y Zavala, 1957:349-350. <<

[1108] Ferrer, Tejera y Acedo, 1941-1979: XXX, 321-322 y AGUN. AMF, Alfonso Carlos I, leg. 14. <<

[1109] Con diversos matices, Arrarás, 1968: II, 143; Blinkhorn, 1979: 337 y Ferrer, Tejera y Acedo, 1941-1979: XXX, 150. <<

[1110] El Socialista, 9 y 10-VI-1936, p. 1; telegrama de Herbette (Madrid, 9-VI-1936), en AQO, Europe, 1918-1940, Espagne, Politique intérieure, dossier general, leg. 167, p. 143 e informe de George Ogilvie-Forbes a Anthony Edén (Madrid, 9-VI-1936), en NA. FO, General Correspondence, Political, Spain, leg. 371/20 522, pp. 67-68. <<

[1111] Ferrer, Tejera y Acedo, 1941-1979: XXX, 157 y telegrama de González de Gregorio a Fal (17-VI-1936), en AGUN. MF, Alfonso Carlos I, leg. 14. <<

[1112] Diario de Sanjurjo (V-1936), cit. por Sacanell Ruiz de Apodaca, 2004: 215-216. <<

[1113] Chueca, 1990: 285-286; Esteban-Infantes, 1958: 254-256 e Iribarren, 1945: 91. <<

[1114] Aróstegui, 1986b: 41. <<

[1115] Ferrer Muñoz, 1996: 83 y Payne, 1982: 903. <<

[1116] Lizarza Iribarren, 1969: 110-111. <<

[1117] Blinkhom, 1979: 340-341; Iribarren, 1945: 55; Maíz, 1976: 206 y Vigón, 1957: 94-95. <<

[1118] Ferrer Muñoz, 1996: 86. <<

[1119] Ferrer, Tejera y Acedo, 1941-1979: XXX, 160. Texto de la exposición de condiciones, en pp. 322-323; Borbón Parma, Clemente y Cubero, 1997: 259 y Clemente, 1994: 176. Véase también Platón, 1998: 478-481. <<

[1120] Este documento, en Borbón Parma, Clemente y Cubero, 1997: 260-261 y Clemente, 1994: 177-178. <<

[1121] Lizarza Iribarren, 1954: 94-95 y Maíz, 1976: 149-150. Por su parte, Blinkhorn, 1979: 340, sitúa esta entrevista el día 16-VI. La conocida nota de Mola «El directorio y su obra inicial» de 5-VI-1936, en Ferrer, Tejera y Acedo, 1941-1979: XXX, 323-324. <<

[1122] Cit. por Cierva, 1969:I, 785. <<

[1123] Nota del 2-VII entregada a Mola el 3-VII-1936, en AGUN. MFC, cit. por Ferrer Muñoz, 1996: 99. <<

[1124] García Venero, 1967a: 129 y Lizarza Iribarren, 1954: 97-100. La nota de 2-VII, entregada por Zamanillo a Mola en AGUN. AMF, Alfonso Carlos I, leg. 14; Ferrer, Tejera y Acedo, 1941-1979: XXX, 325; Clemente, 1994: 179-180 y Borbón Parma, Clemente y Cubero, 1997: 262. <<

[1125] ABC, 3-V-1968; Borbón Parma, Clemente y Cubero, 1997: 87-88 y 263-264; Clemente, 1994: 186-188 y Ferrer, Tejera y Acedo, 1941-1979: XXX, 162-163 y 327-329. Gil Robles, 1968: 733, fecha erróneamente esta entrevista el 12-VII y asegura que la entrevista fue con Lamamié de Clairac. Fal Conde señaló a Mola el 6-VII que el plan era «delirante y repugnante» (AGUN. MF, Alfonso Carlos I, leg. 14; Ferrer, Tejera y Acedo, 1941-1979: XXX, 163-164 y 329-335 y Clemente, 1994: 186-197). <<

[1126] Cartas cruzadas entre Mola y Fal (7, 8 y 9-VII-1936), en AGUN. MFC, cit. por Ferrer Muñoz, 1996: 99-101: Respuesta de Mola el 9-VII, en Archivo Fal Conde, cit. Por Ferrer Muñoz, 1996: 101. El 8-VII, la Jefatura Delegada envió una circular a los jefes regionales, provinciales y locales informando discretamente de la dificultad de las negociaciones y ordenando la abstención en cualquier intentona que no contase con la expresa autorización de la jerarquía de la Comunión. Véanse Borbón Parma, Clemente y Cubero, 1997: 271-272 y Ferrer, Tejera y Acedo, 1941-1979: XXX: 326-327. Echeverría, 1985: 92-93, fecha erróneamente esta circular a fines de junio. <<

[1127] Lizarza Inda, 1990: 149. La carta de Fal a Sanjurjo (6-VII-1936) en Borbón Parma, Clemente y Cubero, 1997: 266-268 y Clemente, 1994: 183-185. La carta de Sanjurjo a Mola (9-VII-1936), en AGUN. MF, Alfonso Carlos I, leg. 14; Borbón Parma, Clemente y Cubero, 1997: 273-274; Clemente, 1994: 198-199; Ferrer, Tejera y Acedo, 1941-1979: XXX, 336-337 y Lizarza Inda, 1990: 148-149. Según una carta de Fal Conde a don Alfonso Carlos fechada el 15-VII y reseñada en Aróstegui, 1986b: 61 y Echeverría, 1985: 170 (quien la sitúa un día más tarde), Lizarza recibió de Sanjurjo su compromiso de instaurar la Monarquía Tradicionalista excluyendo a los «romanos» (alfonsinos). Sin embargo, de bien poco valían esas garantías de boca del voluble Sanjurjo. El ayudante de Mola, comandante Emiliano Fernández Cordón, comunicó a Lizarza el 12-VII que reconocía la firma de Sanjurjo, pero no el contenido de la carta. <<

[1128] Blinkhorn, 1979: 342; Esteban-Infantes, 1958: 255; Payne, 1982: 903 y Vigón, 1957: 98-99. <<

[1129] Lizarza Iribarren, 1954: 98. <<

[1130] Un recuerdo de esta reunión, en carta de Fal Conde a Juan Bertos (19-11-1963), reproducida en el Boletín Fal Conde (Granada), mayo 1980 y en Borbón Parma, Clemente y Cubero, 1997: 91-92. <<

[1131] Carta de Don Alfonso Carlos a Fal Conde (Viena, 10-VII-1936), en Borbón Parma, Clemente y Cubero, 1997: 93 y 275 y carta de don Javier a Joaquín Baleztena (San Juan de Luz, 13-VII-1936), en Clemente, 1994: 200-201 y Borbón Parma, Clemente y Cubero, 1997: 276-277. <<

[1132] Lizarza Iribarren, 1954: 106 y 108. <<

[1133] Arrarás et alii, 1939-1944: III, 13, 458-459 e Iribarren, 1945: 78-80. <<

[1134] Borbón Parma, Clemente y Cubero, 1997: 79 y Ferrer, Tejera y Acedo, 1941-1979: XXX, 166. <<

[1135] Disposición de don Javier y Fal Conde sumándose al movimiento militar e instrucciones al respecto, fechadas en 14 y 15-VII, en Borbón Parma, Clemente y Cubero, 1997: 281-282; Clemente, 1994: 202-203; Echeverría, 1985: 176; Ferrer, Tejera y Acedo, 1941-1979: XXX, 337-338; Redondo y Zavala, 1957: 369-370 y AGUN. MF, Alfonso Carlos I, leg. 14, cit. por Ferrer Muñoz, 1996: 101. <<

[1136] Ugarte, 1998: 109. <<

[1137] Martínez de Bedoya, 1996: 93. <<

[1138] Iribarren, 1945: 129-135. <<

[1139] Ayerra, 1978: 59. <<

[1140] Entrevista a un dependiente de comercio de Pamplona en el Tercio de Lácar, en Ibero, 1990: 186. <<

[1141] Cía Navascués, 1941:9-12. <<

[1142] Ugarte, 1998: 339-343. <<

[1143] «La neutralidad de la calle», El Sol, 4-III-1936, p. 1. <<

[1144] Cruz, 2006: 191. <<

[1145] La velada en Benicarló, en Azaña, O. C., 1990-1992: III, 406. <<

[1146] Huelga decir que esta presunta incompatibilidad simbólica entre rojo y negro ya había sido superada por el cenetismo y más tarde por el falangismo. Sobre la confrontación de símbolos, véase González Calleja, 2005. <<

[1147] Coser, 1956: 118 y Oberschall, 1973, 50. <<

[1148] Jiménez Campo, 1979:46. <<

[1149] Sobre la cuestión, nos remitimos in extenso a Lleixà, 1986. <<