Siglo XXI / Serie Ciencias Sociales

Eduardo González Calleja

Asalto al poder

La violencia política organizada y las ciencias sociales

Asesinatos, regicidios y golpes de Estado; guerra civil, mundial y de guerrillas; huelga, rebelión y motín; conspiración, terrorismo de Estado y represión legal o ilegal… La violencia política es poliforme, y por ello debe ser estudiada en el contexto del conflicto social y en las particulares condiciones del régimen político en que se produce. No es una mera disfunción del sistema; no se la puede interpretar vinculándola con la agresividad; tampoco con los daños producidos.

Para evitar esas perspectivas miopes, insuficientes, en Asalto al poder Eduardo González Calleja muestra cómo la violencia política es síntoma y resultado de procesos conflictivos, con factores internos y externos a los grupos en lucha, con componentes estructurales y coyunturales, y desvela el papel que desempeñan los cálculos estratégicos en la disputa del poder. Desde este enfoque analiza las distintas teorías elaboradas por las ciencias sociales para explicar las motivaciones, desarrollos y consecuencias del empleo deliberado de la fuerza en los conflictos políticos.

Eduardo González Calleja, profesor titular en la Universidad Carlos III de Madrid, es especialista en teoría e historia de la violencia política. Entre otros trabajos, ha publicado La razón de la fuerza (1998), El máuser y el sufragio (1999), La violencia en la política (2002), La España de Primo de Rivera (1923-1930). La modernización autoritaria (2005), Contrarrevolucionarios. Radicalización violenta de las derechas españolas durante la Segunda República (2011), Nelle tenebre di brumaio. Quattro secoli di riflessione politica sul colpo di Stato (2012), Las guerras civiles (2013), En nombre de la autoridad. La defensa del orden público durante la Segunda República española (2014) y Cifras cruentas. Las víctimas mortales de la violencia sociopolítica en la Segunda República española (1931-1936) (2015). Es coordinador de La Segunda República española (2014).

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La presente obra se ha realizado en el marco del proyecto de I + D + I «La crisis española de 1917: contexto internacional e implicaciones domésticas» (HAR2015-68348-R), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.

© Eduardo González Calleja, 2017

© Siglo XXI de España Editores, S. A., 2017

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28760 Tres Cantos

Madrid - España

Tel.: 918 061 996

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ISBN: 978-84-323-1846-7

LISTADO DE SIGLAS

ABC

American Broadcasting Company (Estados Unidos)

AIT

Asociación Internacional de Trabajadores (Primera Internacional)

ALN

Alianza Libertadora Nacional (Uruguay)

CBS

Columbia Broadcasting System (Estados Unidos)

CNT

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COW

Correlates of War Project

DC

Democrazia Cristiana (Italia)

EEUU

Estados Unidos

ELF

Eritrean Liberation Front

ELN

Ejército de Liberación Nacional (Bolivia)

EOKA

Ethniki Organosis Kyprion Agoniston (Organización Nacional de Combatientes Chipriotas)

ERP

Ejército Revolucionario del Pueblo (El Salvador y Montoneros de Argentina)

ETA

Euzkadi Ta Askatasuna

ETA(m)

Euzkadi Ta Askatasuna (militar)

ETA(p-m)

Euzkadi Ta Askatasuna (político-militar)

FAR

Fuerzas Armadas Revolucionarias (Guatemala)

FARC

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

FBI

Federal Bureau of Investigation (Estados Unidos)

FLNA

Front de Libération Nationale (Argelia)

FLQ

Front de Libération du Québec

FMI

Fondo Monetario Internacional

FROLINAT

Front de Libération Nationale du Tchad (Chad)

GAL

Grupos Antiterroristas de Liberación (España)

GARI

Grupos de Acción Revolucionaria Internacionalista (Francia, Bélgica, Italia y España)

HB

Herri Batasuna (Unidad Popular, España)

IRA

Irish Republican Army

M-19

Movimiento 19 de abril (Colombia)

MCP

Malayan Communist Party

MIR

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Chile)

NBC

National Broadcasting Company (Estados Unidos)

OLAS

Organización Latino Americana de Solidaridad

OLP

Organización para la Liberación de Palestina

ONG

Organizaciones No Gubernamentales

ONU

Organización de las Naciones Unidas

OSCE

Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa

OTAN

Organización del Tratado del Atlántico Norte

PCI

Partito Comunista Italiano

PCP-SL

Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso

PIRA

Provisional Irish Republican Army

PKK

Partiya Karkerên Kurdistan (Partido de los Trabajadores de Kurdistán)

POSDR

Partido Obrero Social Demócrata Ruso

RAF

Rote Armee Fraktion (Banda Baader-Meinhof, República Federal de Alemania)

RAND

Research and Development Corporation (Estados Unidos)

RSI

Repubblica Sociale Italiana

TREVI

Terrorisme, Radicalisme, Extremisme et Violence Internationale

TWA

Trans World Airlines (Estados Unidos)

UE

Unión Europea

UNITA

União Nacional para a Independência Total de Angola

URSS

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

VMRO

Vatreschna Makedonska Revoljuzionna Organizacija (Organización Revolucionaria Interna Macedonia)

INTRODUCCIÓN

Actores, recursos y objetivos: una propuesta de taxonomía de la violencia política subversiva

En la década de los sesenta del siglo pasado, Harry Eckstein observó que «la necesidad preteorética más urgente en los estudios sobre la guerra interna es desarrollar, aunque sea en grado de tentativa, categorías básicas de descripción, en función de las cuales se puedan identificar los rasgos esenciales de las guerras internas, describir sus matices y rasgos generales en conceptos, clases o tipos, y se puedan fijar exactamente las semejanzas entre casos y tipos»[1]. Este libro propone un esbozo general de tipología de las violencias organizadas que tenga en cuenta los factores internos y externos a los grupos en lucha, los componentes estructurales y coyunturales del conflicto, y los cálculos estratégicos dirigidos a la disputa del poder; todo ello con el propósito de compulsar la validez de las distintas teorías elaboradas por las ciencias sociales para tratar de explicar las motivaciones, desarrollos y consecuencias del empleo deliberado de la fuerza en los conflictos políticos.

INTENTOS DE TIPOLOGÍA

Diversos autores han intentado hacer clasificaciones de la violencia política con una intención más orientativa que analítica. Basadas en hechos empíricos, estas tipologías han tenido en cuenta factores tan diversos como el tipo de fuerza social que actúa como protagonista (violencia de clases, étnica, religiosa, campesina, estudiantil, etc.), el modo de interacción que se pretende (por ejemplo, la distinción que hizo Charles Tilly entre violencia competitiva, reactiva o proactiva), sus intenciones hacia el poder político (violencia subversiva, vigilante, involucionista, separatista, revolucionaria, contrarrevolucionaria, etc.), la ideología política subyacente (violencia democrática, socialista, anarquista, comunista, fascista, nacionalista, legitimista, pretoriana, etc.), el nivel de apoyo colectivo (violencia de elites o de masas); el grado de desarrollo político de la sociedad en que se manifiesta (repertorios de violencia prepolítico o tradicional, moderno, posmoderno, etc.), los ámbitos de actividad e instituciones concernidas (violencia rural, urbana, laboral, criminal, política, estudiantil, racial, religiosa, estatal, militar, etc.), etcétera.

En sus estudios sobre el papel del Estado en la gestión de la protesta, muy influidos por sus análisis de la crisis italiana de la década de los setenta, Donatella Della Porta señaló cuatro tipos de violencia subversiva: no especializada (de bajo nivel de impacto y de organización), semimilitar (de bajo nivel, pero más organizada), autónoma (usada por grupos débilmente organizados, que hacen hincapié en el recurso espontáneo a la violencia de alta intensidad) y clandestina, o violencia extrema practicada por grupos que se organizan en secreto con el propósito de implicarse en las formas más radicales de acción colectiva, como son los actos terroristas[2]. Jean-Claude Chesnais clasificó la violencia en las categorías, en exceso genéricas, de violencia privada, dividida a su vez en criminal (asesinatos, ejecuciones, violaciones, lesiones) y no criminal (suicidios, accidentes), y violencia colectiva, subdividida en violencia de los ciudadanos contra el poder (terrorismo, huelgas, revoluciones), violencia del poder contra los ciudadanos (terrorismo de Estado, violencia industrial) y violencia paroxística de carácter bélico[3]. Ariel Merari efectuó la siguiente clasificación básica de la violencia política, en función de la naturaleza política de los perpetradores y de sus víctimas:

Cuadro 1. Clasificación de la violencia política según Merari, 1993, p. 218

Peter Calvert distinguió cuatro tipos de violencia en función de su nivel creciente de desafío al Estado: la demostración pública (huelgas o desobediencia a la autoridad, con un origen privado o al menos no político, y que son el equivalente anómico de los grupos de interés), el disturbio o motín (expresión de desaprobación incontrolada en sus medios e indiscriminada en sus objetivos, pero con un propósito político, que se produce sobre todo en la ciudad y es el equivalente anómico del partido parlamentario), el movimiento terrorista (equivalente anómico del partido de masas) y la revolución, a la que define como una modalidad violenta específica, que canaliza la violencia subrrevolucionaria en fuerza efectiva[4].

Tanter y Midlarsky enumeran cuatro tipos de «revolución» –léase, también en este caso, procesos de violencia política aguda–, según el grado de participación de las masas, la duración del proceso conflictivo, el nivel de violencia interna y los fines perseguidos: las revoluciones de masas, los golpes revolucionarios, los golpes reformistas y las revueltas palaciegas[5]. Austin Turk enumera tres tipos de violencia, en función de la intencionalidad del ejecutor: disuasiva o coercitiva (que busca la persuasión), lesiva (que tiende a infligir un castigo) y destructiva (abocada a la liquidación de la víctima), que pueden derivar hacia la escalada según las percepciones del grupo que recurre a su aplicación y del grupo que es víctima de ellas[6]. Chalmers Johnson elaboró una tipología más compleja en seis modalidades, entendidas como Idealtypus weberianos, cuyas características impregnan las manifestaciones reales de violencia. Los factores determinantes de estas formas violentas eran: el objetivo de la acción (el personal de gobierno, el régimen político o la comunidad como unidad social), el carácter masivo o elitista de los protagonistas, los fines e ideologías que justificaban la acción (escatológica, nostálgica, elitista o nacionalista) y la conducta espontánea o calculada de los protagonistas. De este modo, Johnson diferenciaba la jacquerie (levantamiento campesino espontáneo y masivo), la rebelión milenarista (similar a la primera, pero con el rasgo añadido del sueño utópico), la rebelión anárquica (reacción nostálgica al cambio progresivo, con idealización romántica del viejo orden), la revolución jacobina comunista (que suponía un cambio fundamental de organización política, social y económica), el golpe de Estado conspirativo (planeado por una elite movida por una ideología oligárquica y sectaria) y la insurrección militarizada de masas como nuevo y gran fenómeno violento del siglo XX[7].

Ted R. Gurr analizó tres tipos generales de violencia sociopolítica en función de la intensidad del descontento existente entre las elites y las masas: el tumulto (acción popular, espontánea y desestructurada políticamente, donde se critica la política del régimen sin proponer alternativas concretas o factibles), la conspiración (actividad subversiva impulsada por una minoría bien organizada, que se hace posible si los grupos de la elite están intensamente descontentos, pero existe un bajo nivel de malestar popular) y la guerra interna o lucha civil a gran escala, que es una modalidad de violencia política altamente organizada por una elite, con fuerte participación popular, acompañada de violencias duraderas y de alta intensidad (terrorismo, rebeliones, etc.), y que parece destinada a derrocar el régimen imperante o disolver un Estado. Estas tres modalidades violentas no suelen darse de forma simultánea: naciones en guerra interna tienden a sufrir pocos alborotos, y naciones con altos niveles de tumulto callejero no son proclives a la violencia conspirativa, sino a la articulación de una intensa violencia de masas. La conspiración tiende a aparecer en naciones libres de guerras internas o de alborotos a gran escala. El tumulto y la guerra interna tienden a movilizar grandes masas y a persistir en el tiempo, aunque el tumulto brota de manera esporádica y la guerra interna se basa en una acción lo más sistemática y permanente posible, en función de las condiciones de organización y de voluntad combativa que presenten el régimen y los grupos disidentes[8].

Harry Eckstein englobó diversas manifestaciones violentas subversivas bajo la categoría de «guerra interna», que define como «todo intento de cambio, por la violencia o la amenaza de la violencia, de la política, titulares u organización de un gobierno»[9]. La guerra interna implica fuerzas sociales que expresan actitudes violentas con propósitos de competición política, y trastorna gravemente las normas políticas establecidas. El concepto incluye una variada gama de fenómenos violentos, desde los motines a las guerras civiles, pero excluye incidentes sociales como el crimen o las manifestaciones patológicas de agresión, que no afectan a la autoridad, o los ataques esporádicos a los representantes del Gobierno. Eckstein considera que tienen dimensiones demasiado pequeñas como para alterar el ordenamiento institucional o el ejercicio de la autoridad. En definitiva, como veremos más adelante, la guerra interna parece una categoría analítica y tipológica poco operativa, tanto por la amplia variedad de violencias que pretende englobar como por su excesiva fijación en las manifestaciones más espectaculares de las mismas[10].

ELEMENTOS RELEVANTES DE CLASIFICACIÓN

Como podemos comprobar, la violencia política, cuya naturaleza abordamos en el capítulo II[11], puede ser clasificada en función de numerosos factores: fines, objetos, medios, participantes, extensión, intensidad, formas, organización, etc. Ante tal cúmulo de variables, las clasificaciones posibles de hechos violentos parecen inagotables. Recapitulando alguno de los elementos ya reseñados en anteriores clasificaciones, la violencia política puede ser caracterizada en función de un conjunto de factores que pueden considerarse de especial relevancia: el primero sería la escala de la violencia, que puede ser mensurable según su frecuencia/recurrencia, su duración (en días), la capacidad de movilización de recursos (personas, dinero, armamento, etc.), su destructividad en pérdidas humanas o económicas, el grado de control coercitivo ejercido por los contendientes (en muertos, detenidos, prisioneros, días transcurridos bajo el estado de guerra o con las garantías individuales en suspenso, etc.), la entidad de los contendientes (estados, grupos sociales, organizaciones políticas, grupos armados, etc.) o su incidencia en la estructura sociopolítica (demostración, protesta, subversión, revolución). El presente libro se detendrá a analizar de forma preferente las violencias políticas que muestran un alto nivel de impacto según los parámetros que acaban de ser indicados, que resumiremos en tres: los actores, los recursos y los objetivos que confluyen en la lucha por el poder. Con todo, no hay que perder de vista que las violencias políticas que afectan a las sociedades contemporáneas no se resumen en las grandes estrategias de confrontación, sino que su realidad es mucho más compleja y aparece repleta de escenarios menores, a veces microsociológicos, donde los contendientes dirimen sus pequeñas querellas por espacios de poder limitados y muy alejados de las alturas del Gobierno y el Estado. Pero estos conflictos interpersonales siguen teniendo un carácter político inequívoco que merece la pena estudiar[12].

El segundo factor relevante son los espacios que influyen o se ven afectados por el despliegue de la violencia política a gran escala. En algunos de los capítulos siguientes, como los dedicados a la guerrilla o a la guerra civil, se tratará de esbozar una geografía humana de la violencia, en especial de su incidencia en la distribución y en la gestión del espacio urbano y rural y viceversa, dando lugar a zonas liberadas, ámbitos de conflicto armado preferente, dialéctica entre el frente y la retaguardia, etc. Resulta muy interesante determinar las vías de difusión de la protesta violenta desde las grandes ciudades a la periferia rural (en el caso de las conjuras o los golpes de Estado), o, como ocurre a menudo en los grandes procesos insurgentes –por ejemplo, la guerrilla–, el tránsito de la periferia al centro. La relación entre el territorio y los modos de lucha predominantes es un hecho ya constatado por estrategas chinos como Sun Tzu desde de la época de los «reinos guerreros» entre los siglos V y III a.C.[13]. De un modo similar a como la táctica militar tradicional ha contribuido al estudio del aprovechamiento del campo abierto en los conflictos bélicos convencionales, la teoría insurreccional bolchevique, que fue puesta a punto durante y tras la Primera Guerra Mundial, prestó atención preferente al reconocimiento del espacio ciudadano como elemento primordial para el triunfo de un alzamiento revolucionario. Por ejemplo, observó que la procedencia de escoger un tipo de combate callejero defensivo u ofensivo dependía del tipo de estructura urbanística, de la ubicación geográfica de la población, de la distribución social, económica y cultural de los barrios y distritos, del tipo de arquitectura, del trazado vial dominante, de la articulación de los distintos servicios públicos, de las comunicaciones interiores y con las demás regiones del país, etc. Si los disidentes se encontraban concentrados en áreas bajo estrecho control del régimen, como son los distritos obreros urbanos, las posibilidades de desarrollar una oposición efectiva o de adquirir un potencial subversivo violento eran más remotas[14].

Hahn y Feagin afirman que «una adecuada comprensión de la violencia colectiva en las áreas urbanas depende de la comprensión de los procesos y consecuencias de la urbanización»[15]. Una ciudad capital es, casi por definición, la sede del Gobierno nacional, y quizá el único sitio desde el cual una simple insurrección local puede lograr el control sobre el Estado. La mayor o menor densidad de las comunicaciones tiene gran influencia en las relaciones de la capital con las provincias, incluso en la perspectiva de las rebeliones populares, ya que, con los modernos medios de transporte, se pueden trasladar tropas a la ciudad en cuestión de horas, y no de días, como sucedía en la época de la tracción animal[16]. La intensidad de la participación del ámbito rural en un proceso de violencia política organizada a gran escala depende de factores muy diversos, como el grado en que las comunicaciones, las líneas de abastecimiento y el territorio bajo el control y la vigilancia del poder instalado en las ciudades. Además, los objetivos socioeconómicos perseguidos por la población de ambos espacios suelen ser muy diferentes. Como señaló Gramsci, los obreros de las ciudades luchan sobre todo por el control de los factores complejos del trabajo industrial, mientras que los del campo aspiran al control de la tierra. En tiempo de revolución, los campesinos se movilizan más lentamente y se desmovilizan más rápidamente, debido a que la activación de su protesta resulta más dificultosa, ya que las demandas por el control de la tierra tienen un alcance más localizado y reactivo que las reivindicaciones en pro del control de las condiciones de trabajo. Según Oberschall, los choques violentos librados en áreas rurales entre dos grupos hostiles tienden a producir más víctimas que en las ciudades, por el menor nivel de organización de los grupos en conflicto y el más fácil acceso a armas tradicionales[17]. La experiencia de Mao y sus seguidores confirmó la decisiva importancia que tenía el ámbito rural para el desarrollo de la guerra revolucionaria en el Tercer Mundo, aunque una vez que se establecieran las bases estratégicas de esa lucha popular, era posible extender las operaciones militares al ámbito urbano. La relación dialéctica entre las estrategias subversivas elaboradas desde ambos espacios geográficos estaba condicionada por factores no estrictamente físicos, tales como los objetivos políticos, la correlación de fuerzas entre el Gobierno y los grupos opositores, el apoyo exterior e interior de que disfrutan los contendientes, etcétera.

Por último, todo proceso de confrontación armada sigue una dinámica interna propia, vinculada a diversos elementos, como son los factores que pueden precipitar el desencadenamiento de situaciones violentas, el ritmo de aparición de las mismas, y sus posibles transformaciones: radicalización, proliferación, escalada, erradicación o enraizamiento, enquistamiento, etc. Todo ello genera una rica tipología de posibles evoluciones de la violencia. Conforme se desarrolla un conflicto, los adversarios tienden a estar más aislados, acelerando un proceso de polarización: no solo se limitan los intercambios entre contendientes, sino que también desaparecen los potenciales mediadores neutrales, cumpliéndose de ese modo el adagio «los que no estén conmigo, están contra mí». El conflicto violento puede mostrar las más variadas evoluciones. Por ejemplo, según Kriesberg, la violencia difusa es empleada de forma esporádica por ciertas instancias del poder público, pero también por grupos social y culturalmente poco definidos, carentes de capacidad y de oportunidades, que utilizan ocasionalmente la fuerza como sustitutivo de la negociación política normal. Suele ser de intensidad relativamente baja, tener un limitado poder subversivo, y adoptar formas reactivas o resistenciales (desórdenes callejeros, desacato a la autoridad, rebeldías pasivas, etc.) frente a la actuación de las autoridades. Su objetivo no es triunfar o provocar una ruptura de la estructura política o social, sino tratar de romper la rutina para llamar la atención de la opinión pública sobre un problema, o para advertir a las autoridades de que un sector de la sociedad está siendo sistemáticamente excluido del normal proceso político. La violencia eruptiva surge como un acontecimiento aislado, precipitado y sin continuidad, por lo cual suele estar poco organizada, tener un desenvolvimiento muy rápido y ser extremadamente destructiva, como resultan, por ejemplo, las jacqueries, los motines urbanos, etc. La violencia endémica aparece incardinada de forma relativamente estable dentro de las pautas culturales y las relaciones y normas habituales de una sociedad, como el bandidismo social en las sociedades campesinas o el terrorismo sectario en comunidades étnicamente polarizadas, mientras que la violencia epidémica es la que surge y se extiende de forma incontenible en momentos de tensión y disrupción anormal que afectan a esa misma sociedad. La violencia progresiva, que puede englobar alguna de las modalidades anteriores, tiene como dinámicas más habituales la «escalada» (amenazas o gestos provocativos, que pueden favorecer la adopción de acciones de respuesta de una mayor magnitud conflictiva entre los contendientes, hasta llegar a la coerción, la disuasión o la concesión) y la «espiral» de acción-represión-acción propia de los procesos de carácter revolucionario o involucionista. A diferencia de la «escalada», en la «espiral» no se busca la intimidación, sino que la violencia premeditada persigue generar contraviolencia de un modo inmediato, en una dinámica que puede llevar a la polarización de la sociedad y a conflictos violentos de mayor calado y difícil resolución inmediata, como la guerra civil. Por último, la violencia cíclica aparece vinculada a ritmos de la vida social o a movimientos de protesta insertos en procesos más o menos intensos y prolongados de cambio social o político, como son los motines de subsistencia, las huelgas o los enfrentamientos electorales[18]. Como señaló Sidney Tarrow, este tipo de dinámica violenta presenta una fase ascendente de difusión geográfica y social de la acción colectiva, un estadio intermedio de confrontación intensa y generalizada, y una etapa descendente de declive del conflicto, como fruto de la desmovilización que resulta de la represión y del desánimo. El resultado de todo conflicto constituye la base posible de otra lucha, pero ninguna contienda regresa exactamente a las mismas condiciones que existían antes de iniciarse la contienda. En ese sentido, los conflictos son continuos, y aun cuando recorran un ciclo completo de etapas y comiencen de nuevo, lo harán a un nivel diferente[19].

UNA PROPUESTA DE TAXONOMÍA DE LA VIOLENCIA POLÍTICA SUBVERSIVA

Sin desdeñar ninguno de los fundamentos enumerados hasta ahora, proponemos una tipología de la violencia política que tendría con base las posibles combinaciones que pueden arrojar la confluencia de una triada de factores. A la luz de las diversas teorías de la acción colectiva, que esbozaremos en el capítulo siguiente[20], entendemos que los siguientes elementos son los más decisivos para la mejor comprensión y caracterización del hecho violento:

1) Los actores colectivos que protagonizan las intervenciones violentas. Normalmente, las actuaciones de carácter minoritario son impulsadas por elites capaces de influir de forma decisiva sobre el Gobierno por su cercanía a los resortes de poder, o por su capacidad y oportunidad para movilizar recursos de índole diversa. De suerte que, al contrario de las acciones de masas, los procedimientos violentos ejecutados por minorías se suelen identificar con lealtades forjadas en el entorno del poder, y sus objetivos finales no tienen un carácter subversivo tan acusado como las formas de protesta de carácter multitudinario, aunque puedan verse forzadas por estas a radicalizar los objetivos iniciales de la protesta. Los procesos insurgentes pueden ser impulsados por grupos reducidos de combatientes, pero su estrategia política viene determinada por su aspiración a representar e impulsar un movimiento revolucionario o contrarrevolucionario de masas. Aunque en nuestra clasificación hagamos hincapié en el factor cuantitativo (número de personas implicadas en relación al conjunto de la sociedad), no deben dejarse de lado aspectos cualitativos de la mayor importancia, como las identidades de orden social, profesional, nacional, religioso, de clase, político, ideológico, etc., que confluyen en la articulación de determinados comportamientos conflictivos. A nadie se le escapa que, por encima de la cantidad de personas que intervengan o se vean afectadas, una guerra de religión presenta un desarrollo sustancialmente distinto de un conflicto de clases o una querella interétnica. Del mismo modo, buena parte de las violencias que afectan a la sociedad rural son muy diferentes de las que se producen entre los grupos instalados en el ámbito urbano. En cualquier caso, no hay que deducir a priori una mayor o menor proclividad violenta en función de la ubicación del grupo en la estructura social, sino que, llegado el momento de actuar, cada colectivo despliega sus propios repertorios de lucha en consonancia con sus tradiciones, culturas, organización, recursos, objetivos y oportunidades. Por ejemplo, para desmentir el estereotipo de las clases laboriosas como «clases peligrosas» y violentas, Barrington Moore ha demostrado que el componente de crueldad y represión, y el soporte del autoritarismo, proceden sobre todo de las clases «respetables» y conservadoras de la sociedad moderna[21].

2) La cuantía y la calidad de los recursos desplegados para la movilización violenta, tales como la coherencia de la protesta (homogeneidad identitaria, grado de organización interna, coherencia ideológica, porcentaje de apoyo social a la subversión y de apoyo institucional al régimen, etc.), los recursos materiales (disponibilidad de dinero, armamento, materias primas comercializables, etc.), los medios de influencia (movilización de combatientes, consenso y legitimación social, alianzas con otras fuerzas internas o externas al conflicto, cercanía a espacios de poder político, proximidad a los centros de decisión del Estado, especialmente sus instrumentos de coacción…), etc. El control y aplicación de estos instrumentos movilizadores pueden determinar la alta o baja intensidad de la acción violenta. Resulta obvio señalar que el carácter masivo o restringido de los actores colectivos no prejuzga el mayor o menor nivel de recursos a su disposición, ya que un proceso violento tan fulminante como el golpe de Estado muestra la gran capacidad para la subversión de una elite políticamente bien situada, mientras que el desarrollo prolongado de procesos violentos insurgentes, como la guerrilla o el terrorismo, es indicio de las dificultades que tienen los movimientos sediciosos con vocación de masas a la hora de acopiar los recursos que necesitan para conquistar el poder de un modo fulminante.

3) Los objetivos de la acción, que pueden limitarse a la pura y simple rectificación de la línea de gobierno (en sentido reformista, continuista o involucionista) y al logro de una influencia o fiscalización indirecta sobre el ejercicio del poder, o a buscar fines más amplios y ambiciosos, como la conquista total del Estado y la transformación profunda de las reglas del juego político y de la organización social en su conjunto. Ni que decir tiene que el Estado maneja sus propias estrategias de defensa, adaptándolas a la naturaleza de cada reto violento. De este modo, como veremos a lo largo del libro (especialmente en el capítulo VII[22]), ha elaborado e implementado medidas preventivas y represivas generales contra la violencia política y específicas contra la guerrilla, el terrorismo, el golpismo o la escalada conducente a una guerra civil.

Como puede verse en el siguiente gráfico, la conjugación de los tres factores que acabamos de indicar da lugar a seis tipos básicos de violencia política, que clasificaremos por la menor o mayor intensidad de los elementos concurrentes. Hay que tener en cuenta que dos posibles series combinatorias no parecen abocadas a la violencia: resulta poco razonable pensar que una acción minoritaria que desplegase recursos coercitivos muy limitados estuviera en condiciones de alcanzar objetivos ambiciosos de cualquier tipo. De un modo similar, un colectivo muy numeroso y que contase con importantes recursos movilizables a su disposición no necesitaría impulsar una acción violenta para conseguir objetivos de carácter limitado, ya que la simple exhibición de su potencial de protesta debiera impeler al Gobierno a la concesión de esas reivindicaciones puntuales.

Gráfico 1. Una propuesta de taxonomía de la violencia política subversiva

El asesinato es, junto con la conjura de palacio, la modalidad de violencia política minoritaria más antigua, ya que ha sido empleada desde tiempo remotos por facciones políticas, sectas (sobre todo de las religiones monoteístas) o individuos aislados movidos por el mesianismo de una idea. Lejos de ser un epifenómeno de la lucha por el poder, el asesinato ha sido y es un elemento revelador del modo diferencial en que las culturas y las civilizaciones han afrontado la violencia política. En la Antigüedad, esta se planteó de forma preferente bajo la forma del tiranicidio, que desde la Grecia clásica hasta las guerras de religión del siglo XVII se consideraba un acto honorable[23]. David Rapoport describe tres justificaciones del asesinato: una lo concibe en términos puramente instrumentales en función del fin que se persigue (tradición greco-romana); otra admite la maldad de asesinato, pero lo acepta como medio para evitar un mal mayor (tradición cristiana), y la última y más moderna lo muestra como un bien en sí mismo, al margen de la finalidad perseguida (aproximación nihilista-terrorista)[24]. La historia demuestra la relación entre el asesinato y el grado en que el poder es detentado por un solo hombre[25]. Desde tiempos remotos, el asesinato aparece como un aspecto parcial de una conspiración para usurpar poderes gubernamentales, destruyendo el Gobierno existente y creando un nuevo orden político que incluya a los usurpadores. Su conexión con otros modos de violencia minoritaria, como la conjura de palacio o el golpe de Estado, resulta evidente. El asesino, actuase en solitario o como ejecutor de una intriga urdida en los aledaños del poder, tenía más posibilidades de alcanzar su objetivo que un gran movimiento de desobediencia. Podía poner en funcionamiento grandes fuerzas con su acto, pero solo los conspiradores tenían una oportunidad razonable de controlarlas[26]. Tras el asesinato de Enrique IV de Francia en 1610, el tiranicidio fue progresivamente relegado al campo de las prácticas políticas prohibidas por la Iglesia Católica, pero resurgió a finales del siglo XVIII, no solo como un instrumento de defensa frente a un gobernante despótico, sino como un acto violento que abría la posibilidad de un nuevo comienzo, vinculado a un cambio revolucionario en el régimen político y social. Esta interpretación escatológica del magnicidio marcó el decurso de la violencia política durante todo el siglo XIX y buena parte del XX, conectado con una modalidad violenta surgida de la modernidad: el terrorismo.

La conjura de palacio –esto es, los actos desestabilizadores que se preparan y ejecutan en las altas esferas del poder político– engloba una variada gama de acciones de fuerza protagonizadas por grupos reducidos de personas que disponen de un elevado potencial de movilización de recursos, pero que los emplean en subvertir moderadamente la situación política, sustituyendo a los titulares del poder estatal o presionándoles para que efectúen un cambio en la línea de gobierno, aunque sin llegar a una transformación relevante de los resortes institucionales o las bases de apoyo social del régimen político. Esta modalidad violenta acoge una serie de expresiones sediciosas cuya tradición histórica se remonta a la Antigüedad, y que aparecen estrechamente vinculadas a fenómenos sociopolíticos más contemporáneos, como el pretorianismo. De ahí que se pueda incluir en su seno manifestaciones violentas como el motín militar o el pronunciamiento. El complot o la conjura palaciega siempre venían precedidos de una conspiración protagonizada por un segmento de la elite, que iniciaba un proceso reservado de acopio de recursos y de concertación de voluntades con vistas al desencadenamiento de un acto ilegal de protesta. La conspiración puede presentar una variada tipología según su grado de organización y desarrollo: la intriga (colusión informal entre un grupo reducido de personas), el contubernio (conspiración informal de un colectivo más amplio), la conjura (proyecto subversivo elaborado en detalle por un grupo pequeño de implicados) o el complot (plan desestabilizador de amplias ramificaciones, que actúa como antesala de un golpe de Estado). La conspiración se diferencia de otras formas de acción política por su secretismo, su limitada movilización de recursos coactivos inmediatos y su escasa implicación popular directa. En la conspiración como proyecto de minorías, la reserva resulta obligada, no solo por la clandestinidad forzada ante la presumible represión, sino también por una presunta debilidad de las propias fuerzas políticas, que no es aconsejable divulgar. Para intentar superar esta situación, las elites que pretenden conspirar tienden a crear sus propias organizaciones clandestinas para tratar de ampliar su apoyo social e institucional. Aunque la cuantía de los recursos movilizados siempre es muy limitada, los medios de gestión de la organización clandestina deben adquirir la suficiente complejidad, descentralización y diversificación como para poder, si no competir, al menos burlar los engranajes represivos del Estado. Como señala Tilly, la organización conspirativa tiene la virtualidad de maximizar las oportunidades disponibles a la hora de calcular el momento adecuado para ejecutar un alzamiento contra el Gobierno al menor coste posible[27].

La conspiración no es una modalidad violenta per se, sino que aparece más bien como la fase preliminar o constitutiva de otras acciones de fuerza no espontáneas ni «eruptivas», desde un golpe de Estado a una insurrección, que requieren un mínimo de organización previa y unas condiciones esenciales de seguridad para sus inspiradores y ejecutores. La diferencia entre la conjura y otras formas de violencia política organizada también tiene que ver con su escala: si el descontento social es grande, los dirigentes de la trama conspirativa la encauzarán hacia la insurgencia o la guerra civil, pero si el descontento, o la capacidad para expresarlo, resulta muy limitado, su recurso provisional es permanecer al acecho como conspiradores. Factores como un nivel represivo muy alto o muy bajo, la dudosa lealtad de las fuerzas adscritas al régimen o el apoyo implícito de amplios sectores sociales descontentos que no pasan a la acción pueden facilitar el desarrollo de una conjura. Si la capacidad de represión institucional es fuerte, los conspiradores solo pueden prosperar si gozan de un cierto grado de apoyo institucional (por ejemplo, convirtiendo a su causa a una parte de las fuerzas gubernamentales o garantizando su neutralidad), o si aplican la violencia en pequeña escala, con el objeto de erosionar las bases del régimen y fomentar el descontento popular, lo que aumentaría las probabilidades de estallidos violentos de mayor importancia. Un nivel coercitivo muy alto o una amplia permisividad oficial facilitan la conspiración, mientras que un nivel medio de control gubernamental favorece otro tipo de manifestaciones de rebeldía abiertamente violentas, como la guerra interna. Cuando la legitimidad y el control coercitivo del Gobierno se debilitan, la conspiración latente puede dar un salto cualitativo hacia la conjura de palacio o el golpe de Estado, pero si las lealtades son firmes, solo queda a los conspiradores el recurso a métodos violentos más enérgicos y prolongados, como la guerrilla o el terrorismo, con la esperanza de desgastar el sistema aumentando el descontento y acercando el conflicto político violento a las proximidades de la guerra civil[28].

Como veremos con más detalle en el capítulo III[29], el golpe de Estado se puede definir como una forma de violencia política, caracterizada por el protagonismo de un actor colectivo minoritario y elitista, que dispone de amplios recursos coactivos para alcanzar una meta ambiciosa: la conquista total del Estado o la transformación profunda de las reglas del juego político e incluso de la organización social en su conjunto. Los golpes de Estado se diferencian de otras clases de asaltos al poder político en que a veces requieren un empleo de la violencia física muy reducido e incluso nulo, y generalmente no necesitan la implicación de las masas. El golpe es siempre un asalto fulminante y expeditivo a las instancias de gobierno, que se ejecuta desde dentro del entramado del poder, y en eso se distingue fundamentalmente de las modalidades de violencia subversiva, como la guerra civil o la insurrección. La acción insurreccional es un hecho espontáneo, irracional y escasamente planificado, protagonizado por una coalición heterogénea de tipo popular y con una duración prolongada, mientras que el golpe es el acto razonado y metódico por excelencia, impulsado por una institución bastante homogénea (partido, gobierno, parlamento, ejército) de forma rápida e imprevista.

La violencia tumultuaria incluye fenómenos de acción colectiva como los motines de subsistencia, las protestas callejeras, los disturbios o alborotos, las revueltas antioligárquicas, las sublevaciones antiseñoriales, las rebeliones de esclavos, campesinos u otros grupos plebeyos urbanos o rurales, que son expresiones más o menos espontáneas y desestructuradas de descontento propias de los grupos sociales subordinados, pero con una escasa movilización de recursos materiales y de influencia, y unos objetivos que no van mucho más allá de la desobediencia a las autoridades. La tipología de estas protestas es la característica de las manifestaciones subversivas de «ciclo antiguo», calificadas por especialistas como Eric J. Hobsbawm, Georges Rudé, Charles Tilly o Edward P. Thompson como «preindustriales», «prepolíticas», «reactivas» o «formas arcaicas» de los movimientos sociales en una colectividad que marcha hacia la consolidación del capitalismo[30]. Se caracterizan por un estallido brusco, motivado por una razón concreta o por un estímulo primario (en general, una disminución súbita del nivel de consumo, que podía desembocar a corto plazo en hambre y miseria), y presentan unos objetivos no menos inmediatos, aunque mantienen pautas de acción colectiva complejas, directas, disciplinadas y con objetivos razonablemente definidos. Como señaló Tilly, las formas tradicionales de descontento popular no tienen, como a simple vista pudiera parecer, un desarrollo anárquico y espontáneo, sino que estos repertorios de acción colectiva están sujetos a normas más o menos pautadas, dictadas con la costumbre (por ejemplo, la movilización en fiestas populares y rituales comunitarios), la experiencia y el sentido común[31]. A pesar de su vinculación secular con repertorios de protesta calificados de «tradicionales», «antiguos», «premodernos» o «reactivos», las manifestaciones violentas de carácter tumultuario no han desaparecido, sino que mantienen su presencia en los países en vías de desarrollo. En las sociedades industriales avanzadas, a medida que las grandes organizaciones políticas han ido abandonando las tácticas violentas y se han integrado en los cauces reivindicativos marcados por el sistema, las acciones tumultuarias han pasado a formar parte del repertorio de protesta utilizado por los movimientos sociales, que practican gestos de desafío como la desobediencia civil, la insumisión, la manifestación, la huelga, etcétera.

La violencia insurgente, de carácter pre o subrrevolucionario, puede ser protagonizada por una elite, pero aspira a representar y movilizar a un sector significativo de la población, que anhela cambios radicales en el sistema político o social, pero que no dispone en ese momento de los recursos necesarios para arriesgar un enfrentamiento masivo, directo y decisivo contra el Estado, y que por ello se ve obligado a optar por estrategias de lucha que suponen una menor implicación humana y material, aunque por su intensidad y su duración acarrean elevados costes sociales. Los dos ejemplos más destacados de estas estrategias violentas de tipo insurgente (que estudiaremos en los capítulos IV y V), son el terrorismo y la guerrilla, en su doble vertiente rural y urbana[32].

La violencia revolucionaria está en el epicentro de esos procesos de movilización aguda y de cambio radical que llamamos revoluciones. Kimmel observa que las revoluciones son intentos de los grupos subordinados por transformar los fundamentos sociales del poder político. Estos esfuerzos requieren un nivel máximo de confrontación con los dueños del poder, y deben mantener una probabilidad razonable de éxito para diferenciar una revolución de otros actos de rebelión, como un movimiento social insurgente o un acto terrorista[33]. Ekkart Zimmermann señala que una revolución consiste en el derrocamiento de la elite dirigente por una nueva elite, que tras haber obtenido el poder (lo que presupone el uso de la violencia y de la movilización de masas) cambia fundamentalmente las estructuras sociales y de autoridad[34]. En el transcurso de los procesos revolucionarios se producen manifestaciones violentas de gran intensidad, como la guerra civil (que se analizará in extenso en el capítulo VI) y, su predecesora natural, la insurrección, que puede ser caracterizada como todo movimiento armado de masas que pretende el asalto directo o indirecto a instancias significativas del poder político. La insurrección urbana ha sido, junto con la guerra de guerrillas, la modalidad de violencia política que ha merecido una reflexión más dilatada y profunda por parte de los teóricos de la subversión. A partir de mediados del siglo XIX, los juicios técnicos al respecto fueron evolucionando desde el radicalismo comunista de François-Noël Babeuf y el democrático de Auguste Blanqui al conspiracionismo y espontaneísmo revolucionarios de Mijaíl Bakunin, el mito movilizador de la huelga general elaborado por Georges Sorel o la concepción de la insurrección como arte y como técnica preconizada sucesivamente por Marx, Engels, Lenin o Trotski hasta convertirse en doctrina oficial de la Tercera Internacional durante buena parte de su existencia. Todos ellos fueron reflexionando en la línea de una valoración más realista de las condiciones objetivas para su desencadenamiento, de una mejor capacitación de sus ejecutores, de una mayor atención al papel del Estado y de una decidida voluntad de incardinar el acto insurreccional en el marco de un programa subversivo más vasto, de contenido revolucionario[35].

La sistematización que hemos propuesto, basada en tipos ideales, es puramente orientativa, ya que los modos de violencia política varían notablemente en su forma, frecuencia y capacidad destructiva según la costumbre, la cultura, la coyuntura política o la evaluación razonada de posibilidades. Hay muchos tipos de violencia que pueden aparecer yuxtapuestos entre varias tipologías, y en los procesos de cambio político acelerado tienen la virtualidad de sucederse con enorme rapidez, vinculadas a una misma estrategia reformista, revolucionaria o contrarrevolucionaria. Generalmente, las taxonomías ofrecen una imagen estática de un fenómeno que, en la práctica, muestra amplios espacios de coincidencia e interrelación entre sus diferentes manifestaciones. No podemos sino estar de acuerdo con Henry Bienen cuando observa que «la violencia es un fenómeno heterogéneo, que subsume muchas acciones diferentes. Sin embargo, las tipologías de modalidades de acción, escala o intensidad de la violencia no nos llevan muy lejos»[36]. En efecto, todo intento de clasificación y de explicación de los hechos violentos debe vincularse a una teoría del cambio y de la acción social. La taxonomía que acabamos de proponer pretende, simplemente, ordenar, de acuerdo con unas pautas concretas y de validez contrastada, las modalidades de violencia subversiva, que luego deben ser integradas y valoradas el contexto histórico-político en que se manifiestan. Como resulta evidente, la clasificación no integra los diversos tipos de respuesta que pueden dar los gobiernos a la amenaza de la violencia política organizada, desde las más conciliadoras a las abiertamente represivas. Como veremos en los distintos capítulos, y sobre todo en el VII, cada modalidad subversiva tiene su respuesta específica por parte del Estado, desde las modalidades más convencionales de acción policial a las tácticas de contraguerrilla o las doctrinas de la guerra antisubversiva. Conviene no olvidar que el asalto al poder siempre es un proceso dialéctico, donde la violencia subversiva se confronta a todos los niveles con la violencia represiva estatal, y que ambas deben ser analizadas por las ciencias sociales al mismo nivel teorético, al margen de valoraciones morales, y como elementos esenciales de la lucha por el dominio sobre otros que es uno de los fundamentos de la vida política.

[1] Eckstein, 1964, p. 23.

[2] Della Porta, 1995a, p. 4.

[3] Chesnais, 1982, p. 13.

[4] Calvert, 1974, pp. 45-57.

[5] Tanter y Midlarsky, 1967.

[6] Turk, 1996, p. 48.

[7] Johnson, 1964.

[8] Gurr, 1970, p. 335.

[9] Eckstein, 1964, p. 1.

[10] Véase cap. II.

[11] La versión preliminar de ese capítulo apareció en González Calleja, 2002, pp. 261-292.

[12] Véase Gould, 2003.

[13] Sun Tzu, 2000, pp. 103-140.

[14] Neuberg, 1932, pp. 332-382.

[15] Hahn y Feagin, 1973, p. 125.

[16] Traugott, 1995, pp. 148 y 159.

[17] Oberschall, 1970, pp. 79 y 86; y 1973, pp. 170-172.

[18] Kriesberg, 1975, pp. 189-246.

[19] Ibid., p. 328.

[20] Véase «Las teorías de la acción colectiva racional», cap. I. La versión inicial del capítulo primero apareció con el título «La definición y la caracterización de la violencia desde el punto de vista de las ciencias sociales», Arbor CLXVII (657), septiembre 2000, pp. 153-185.

[21] Moore, 1979.

[22] La primera versión del mismo apareció con el título «Sobre el concepto de represión», en J. Aróstegui y S. Gálvez (eds.), Generaciones y memoria de la represión franquista. Un balance de los movimientos por la memoria, Valencia, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2010, pp. 594-627.

[23] Fossati, 2003, pp. 21-27.

[24] Rapoport, 1971, p. 7.

[25] Ibid., p. 16.

[26] Ibid., pp. 22-24.

[27] Tilly, 1978, p. 208.

[28] Gurr, 1970, pp. 341-343.

[29] La versión inicial de este capítulo apareció en Historia y Política. Ideas, procesos y movimientos sociales 5 (2001/1), pp. 89-119.

[30] Hobsbawm, 1968, 1976 y 1978; Rudé, 1978a, 1978b y 1981, y Hobsbawm y Rudé, 1978.

[31] Tilly, 1986, pp. 14-15.

[32] La versión inicial del capítulo cuarto apareció con el título «Definiciones e interpretación del fenómeno terrorista», en E. González Calleja (ed.), Políticas del miedo. Un balance del terrorismo en Europa, Madrid, Biblioteca Nueva, 2002, pp. 35-74.

[33] Kimmel, 1990, p. 6.

[34] Zimmermann, 1983, p. 415.

[35] Véase González Calleja, 2002, pp. 506-524.

[36] Bienen, 1968, p. 103.

I. LA DEFINICIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA VIOLENCIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

INTRODUCCIÓN. LOS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DE LA VIOLENCIA

La violencia siempre ha ejercido sobre el hombre una fascinación fuera de lo común. Ha sido, es y seguirá siendo un elemento esencial de nuestras diversiones, de nuestras relaciones sociales o de nuestras instituciones. Es un ingrediente que aparece en diverso grado en la comunicación interpersonal, en las modas estéticas o en la vida económica, política y religiosa. Quizá sea esta misma ubicuidad, la diversidad de sus manifestaciones y su potencial de perturbación y transformación de la realidad cotidiana, lo que nos cautiva de la violencia, y lo que, al mismo tiempo, lo que nos repele de ella.

El término «violencia» goza de una justificada mala fama social, ya que, con el tiempo, ha ido adquiriendo un significado polémico y denigratorio que no ha afectado, al menos en la misma medida, al más neutral término de «fuerza». Un sentido negativo que ha afectado también a términos tan diversos como «agresividad», «lucha», «hostilidad», «destructividad», «conflicto» o «agonístico», utilizados por la psicología, el psicoanálisis, la neurofisiología, la sociología, la antropología, etc. La violencia ha sido utilizada como arma arrojadiza a la hora de incitar a la desaprobación ética de unos determinados comportamientos sociales o institucionales, o de justificar una respuesta adecuada y equiparable a esa presunta actitud. De ahí que las disciplinas que abordan la actividad humana desde sus múltiples facetas reconozcan, en mayor o menor grado, sus limitaciones para abordar el fenómeno violento del modo más global y neutro posible.

En tanto que instrumento al servicio de un proyecto político, la violencia individual y colectiva no se presta a una valoración moral absoluta: ha sido tanto fundadora de la libertad como instrumento de apoyo a la tiranía. A lo largo de la historia, se ha justificado como recurso legítimo de intervención en la cosa pública o se ha descalificado como método de usurpación y de opresión. El mismo componente polémico, temible y ambiguo de la violencia ha dificultado la búsqueda de una definición aceptable para el conjunto de las ciencias humanas.

La palabra «violencia» se deriva del latín vis –fuerza, vigor, potencia– y latus, participio pasado del verbo ferus –llevar o transportar–; de modo que, en su estricto componente etimológico, violencia significa trasladar o aplicar la fuerza a algo o a alguien[1]. En su sentido más convencional, tal como aparece reflejado en la mayoría de los diccionarios de las lenguas vivas, la violencia se define como un ataque o un abuso enérgico sobre las personas por medios físicos o psicológicos[2]. A la luz de esta última descripción, podemos constatar que el acto violento encierra en principio tres componentes operativos fundamentales: la aplicación –o la amenaza de aplicación– de una coacción intensa de forma deliberada con la intención de causar efectos sobre el receptor de la misma. Esta tríada conceptual (la intencionalidad del emisor, el tipo de fuerza aplicada y los resultados que la misma puede acarrear) nos permitiría establecer una amplia gama de acciones o situaciones que merecerían el apelativo de violentas: desde el homicidio, la delincuencia común y la imposición paterna hasta la guerra civil o el terrorismo.

Si ahondamos aún más en la esencia del problema, podemos extraer dos elementos definitorios de la violencia. En primer lugar, su carácter relacional. Como trataremos de explicar más adelante, la violencia es un tipo peculiar de comunicación, tendente a forzar la modificación de un comportamiento. Mediante la violencia se actúa contra la voluntad del otro, pero por chocante que pueda parecer la siguiente afirmación, la violencia es un modo de interlocución que, a veces, resulta ser la única alternativa posible ante la oclusión de otros medios menos destructivos de relación mutua. No es, contra lo que pudiera parecer a simple vista, la ruptura de todo tipo de interacción social, sino un modo especial de la misma. La violencia es, en definitiva, una categoría social sui generis, cuya omnipresencia, necesidad y capacidad estructurante intentaremos poner de relieve en el apartado tercero de este capítulo, que trata de la caracterización de la violencia como fenómeno social general.

En segundo lugar, la violencia presenta una virtualidad transgresora de los derechos fundamentales de la persona. Es un ataque consciente contra la integridad física o moral de alguien a quien se está vedando o limitando gravemente su capacidad de actuar con libertad. Un elemento central de la violencia es, por tanto, la negación brutal y duradera de la capacidad personal. Pero es una impugnación deliberada y actuante de esas potencialidades, propensiones y necesidades humanas. De modo que cualquier violación de derechos bajo formas de constricción cristalizadas en sistemas o estructuras, tales como la discriminación, la segregación, el racismo, la xenofobia, la desigualdad de oportunidades, el subdesarrollo, la pobreza, etc. (es decir, lo que podríamos definir como violencia institucional «tranquila», según la terminología de Garver[3], o lo que Galtung califica de violencia «estructural» o «inerte», caracterizada por el desfase que existe entre lo socialmente posible y la realidad del reparto del producto social) no debiera ser considerada en una investigación rigurosa como violencia stricto sensu, sino como causas «estructurales» que pueden compeler a actuaciones deliberadas y conscientes de esa naturaleza.

En la práctica podemos constatar que, por sus reacciones, la gente común acostumbra a diferenciar claramente la violencia del trato desigual o discriminatorio. Una cosa es el machismo como superestructura cultural, y otra la violencia de género que puede brotar de ese comportamiento prejuicioso que puede ser mejor o peor aceptado en una sociedad. Ted Honderich destaca que las diversas actitudes hacia la violencia dependen de la proximidad de sus causantes, de la familiarización de la gente con la misma, de su enquistamiento en la realidad social (la desigualdad es un estado legalizado del orden de las cosas, mientras que la violencia es un estado de desorden) y de su carácter directamente lesivo y agresivo[4]. Conviene tener muy en cuenta esta delimitación teórica, para evitar caer en generalizaciones abusivas e indiscriminadas que enturbian la comprensión de un fenómeno ya de por sí complejo y multivalente. Parece razonable advertir desde un principio que, dada la naturaleza de nuestro objeto de estudio central –la violencia en la vida política–, somos partidarios de delimitar el concepto de la manera más restrictiva posible.

En cualquiera de sus aspectos y manifestaciones, la noción de violencia está inextricablemente unida al problema del poder. De hecho, puede entenderse como una forma de poder, entendido este como capacidad de actuar según los propios deseos sin cortapisas externas, y con el propósito de dominar al prójimo. El poder en genérico también consiste en imponer la propia voluntad, pero existen medios muy variados para ello, uno de los cuales –y no siempre el más habitual– es la violencia. Esta última acepción (la capacidad de controlar o mandar sobre otros, ya señalada por Hobbes como motor del espíritu humano) resulta un hecho central de la vida pública, lo que supone reconocer que la actividad política, entendida como la «formación, distribución y ejercicio del poder»[5], tiene, de un modo latente o explícito, un componente de violencia difícil de soslayar[6].

Los hechos violentos de intencionalidad política (revuelta, motín, sedición, revolución, golpe de Estado, terrorismo, guerrilla, etc.), que convocan a un grupo más o menos numeroso de personas en torno a instancias o aspiraciones de poder, pueden parecer a simple vista escasamente racionales y difícilmente aprehensibles en un análisis científico convencional. Más aún si se estudian como fenómenos esporádicos, individuales y aislados, o como una realidad estructural de carácter amorfo, que reúne acríticamente bajo la misma sombrilla cualquiera de sus manifestaciones imaginables. Pero, parafraseando a Durkheim, la violencia puede y debe ser estudiada como un hecho social bien discriminado, y por tanto ha de ser entendida y analizada como una actividad colectiva, solo comprensible en la riqueza de sus manifestaciones sociales, políticas, psicológicas en un periodo histórico determinado.

UN INTENTO DE DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA VIOLENCIA

Como acabamos de señalar, el carácter fragmentario y omnipresente de la violencia hace delicada su teorización. Su multidimensionalidad es indicativa de la pluralidad de sus valores anejos y de sus diversas funciones sociales; de ahí que no se pueda ni se deba estudiar como un fenómeno unívoco. La violencia presenta algunas dificultades importantes de partida para su estudio, y la primera de ellas es la apariencia difusa y anárquica de alguna de sus manifestaciones más llamativas, que no se dejan atrapar fácilmente por un análisis convencional de orden etiológico y tipológico. Para complicar aún más las cosas, el carácter transgresor de un buen número de hechos violentos los ubica inmediatamente en los aledaños, siempre ingratos, de la delictividad y la ilegalidad, de forma que tanto la preparación como la perpetración de estos actos aparecen marcadas por los estigmas de la clandestinidad, la marginalidad o la subversión. Charles Tilly describió de un modo brillante, aunque un tanto desmesurado, las repercusiones de esta reprobación oficial de la violencia contestataria en el problema concreto de las fuentes históricas:

El documento mismo tiende a ocultar el rastro del rebelde. Los documentos históricos más detallados y voluminosos proceden de las deliberaciones de los tribunales, de las comisarías de policía, de las unidades militares o de otras oficinas del Gobierno que se dedican a arrestar y a castigar a sus adversarios. Por esa circunstancia, los documentos sostienen las opiniones de los que tienen el poder. Todo protestatario que escapa al arresto escapa también a la historia[7].

La asimilación de la violencia con el caos, la anarquía, el desorden, la transgresión, la irracionalidad y la ausencia de normas o de formas sociales ha sido aceptada en ocasiones de manera excesivamente conformista por los estudiosos del fenómeno. Recordando la naturaleza fortuita, inconsecuente e imprecisa de la violencia, que en su momento ya fue señalada por Ernest Renan, Hannah Arendt aludió a «este elemento de imprevisibilidad total que encontramos en el instante en que nos aproximamos al ámbito de la violencia». Julien Freund identifica, lisa y llanamente, violencia con «potencia corrompida o desencadenada», sinónimo de desorden y confusión, de modo que «siendo convulsiva, informe, irregular y turbia por naturaleza, es normal que sea particularmente rebelde al análisis». Alain Touraine definía violencia y guerra como acción sin sujeciones normativas y sin unidad institucional y organizacional, que escapaba de los marcos habituales del análisis sociológico. René Girard ha caracterizado la violencia como un desafío radical a lo social, inaccesible a las categorías de análisis e imposible de ser concebida más que negativamente como secuencia contagiosa, imprevisible e inasignable de venganzas y contravenganzas, que es la negación de lo social como mundo de la regla. Karl Popper opinaba que la razonabilidad argumentativa era el extremo opuesto a todo instrumento de poder y violencia[8], y Walter Laqueur escribió en 1977 que el resultado de aplicar la ciencia política a la violencia colectiva había sido, hasta ese entonces, negativo: «no han surgido –se lamentaba este autor– teorías verdaderamente científicas, esto es, predictivas o explicativas»[9].

En discrepancia radical con estas visiones negativas, y desde un punto de vista predominantemente antropológico-filosófico, Michel Maffesoli ha destacado el carácter «fundador» de la violencia, que en su época ya fue destacado por Georges Sorel[10]. Para este autor, la violencia queda plenamente justificada como ruptura de las fronteras entre la vida social y la vida natural, y como reacción frente a un complejo institucional que tiende a igualar las diferencias, y a planificar y constreñir la vida social y su riqueza concreta[11]. La lucha es, por tanto, el fundamento de toda relación social, pero Maffesoli hace una distinción básica entre el «poder» como autoridad y potestad conformadora de equilibrios sociales, y la «potencia» o violencia como coerción, que actúa como revulsivo cuando el sistema político se muestra incapaz de propiciar una adecuada socialización a través de lo simbólico[12]. La violencia puede interpretarse como un signo de afirmación de la individualidad que propende a la ruptura, y que acelera la dinámica social, ya que la exaltación vitalista y mesiánica de la furia destructora conlleva la modificación de los grupos y de los sistemas sociales[13]. Sin embargo, de forma más común, la violencia social es un factor de cohesión ya que, al simbolizar y recrear la potencia vivida colectiva y ritualmente, asegura la unión y el consenso del grupo: «Cuando la violencia –dice Mafessoli– es asumida, por el sacrificio, el ritual, el juego, la orgía, la palabra, etc., participa de una manera funcional en la restauración de la armonía, en el desarrollo del colectivo»[14]. Como señalaron Frantz Fanon o Herbert Marcuse, la violencia puede ser personalmente liberadora y socialmente funcional, en tanto que creadora de nuevas identidades[15]. La violencia «fundadora» se nutre cualitativamente de concepciones religiosas y míticas: con su carácter ritual de resistencia paroxística y orgiástica a toda imposición de límites al hombre, canaliza, expresa y limita lo sagrado, lo desconocido, la parte de sombra de la que están formados el individuo y la sociedad.

Interpretaciones tan contrapuestas de un mismo concepto nos llevan a constatar la perplejidad casi universal que ha venido dominando en la reflexión sobre el hecho social violento. Su carácter contradictorio ha dificultado, no cabe duda, una aproximación objetiva. ¿Cómo estudiar seriamente un fenómeno tan multiforme, impreciso y preñado de valoraciones positivas o negativas? Si estamos de acuerdo en asignar a la violencia el rango de sujeto histórico, habríamos de comenzar por hacer un esfuerzo de definición de la misma, e indicar cuáles son los previsibles puntos débiles de estas elaboraciones axiomáticas en su aplicación a una realidad concreta.

Yves Michaud ha destacado en sus escritos el uso plural y conflictivo que se ha venido dando a la noción de violencia. En su opinión, la relatividad del concepto es un buen exponente de la diversidad de puntos de vista que se han introducido en el campo social tras la desaparición de las legitimaciones tradicionales: cada individuo, grupo o institución tilda como violento todo aquello que considera como inadmisible según sus propias normas[16]. Por ejemplo, se puede politizar la criminalidad común destacando su carácter de rebelión social, y criminalizar la disidencia política no distinguiéndola de la violencia delictiva y punible[17].

Para no pocos filósofos del derecho y de la política, como para los juristas y sociólogos –y dentro de este último gremio, los funcionalistas con énfasis especial–, la violencia no puede quedar definida sino en relación con los criterios normativos vigentes dentro de un grupo social concreto, basados en los valores y creencias asumidos como propios por la mayoría de la comunidad en un momento histórico determinado. No existe, por lo tanto, vara fija para medir la naturaleza y el alcance objetivo de la violencia. Como todo bien cultural, queda sujeto al relativismo que imponen el cambio de normas y valores, y la mutación de principios jurídicos, éticos y políticos de las colectividades humanas. En su tratado de sociología política, Dowse y Hughes ilustran con un ejemplo muy gráfico el modo en que la cultura otorga sentido y valor a las acciones violentas: «si alguien mata a otra persona en determinadas circunstancias, esa persona será acusada de asesinato y castigada. Pero si el mismo acto se comete en condiciones diferentes, el homicida será tratado como un héroe». Del mismo modo que la guerra, otras formas de violencia ahora en desuso (sacrificio ritual, juicio de Dios, auto de fe, linchamiento, ejecución pública, duelo, etc.) o en curso de deslegitimación (castigo corporal en la escuela o en la familia, violencia de género, etc.), evidencian el mudable consenso social y cultural ante la violencia permisible o inaceptable desde el punto de vista ético y legal[18].

La nómina de definiciones que vamos a presentar continuación son, a nuestro juicio, un buen exponente de la ausencia de un consenso científico para determinar qué tipo de acciones resultan violentas. A inicios de la década de los setenta del siglo XX, cuando la extensión de la protesta de masas y de la lucha armada guerrillera y terrorista en Occidente y el Tercer Mundo encandiló de nuevo a los científicos sociales, Grundy y Weinstein intentaron clasificar las definiciones de violencia en cuatro categorías: las «estructurales», que asignan carga violenta a cualquier privación de los derechos humanos; las «intermedias» u observacionales, que la asimilan con el uso de la fuerza física; las «legitimistas», que la vinculan con el uso de la fuerza física prohibido por un orden normativo que se supone legitimado, y las «relacionales», que resaltan el carácter de intercambio, de comunicación, del fenómeno violento[19]. Asumiremos esta hipótesis tipológica, tratando de resaltar las virtudes y las debilidades de cada propuesta concreta.

Definiciones «estructurales»

En medio de este maremágnum de descripciones, explicaciones y clasificaciones –en 1977, el antropólogo mexicano Santiago Genovés ya advertía de la «explosión de ignorancia» producida por el aumento exponencial de publicaciones sobre el tema de la violencia en revistas especializadas[20]–, han sido los sociólogos los que se han aplicado con mayor empeño en la búsqueda de una definición plausible de la violencia. Johan Galtung, uno de los más reconocidos expertos en la teoría general de la violencia y de la paz desde un punto de vista que podríamos calificar de «estructural», considera que no resulta tan importante llegar a una definición o elaborar una tipología, puesto que resulta obvia la existencia de múltiples manifestaciones del fenómeno. De todos modos, como punto de partida, asegura que «la violencia está presente cuando los seres humanos se ven influidos de tal manera que sus realizaciones efectivas, somáticas y mentales, están por debajo de sus realizaciones potenciales». La violencia sería, entonces, la causa de la diferencia entre lo potencial y lo efectivo, entre aquello que podría haber sido y aquello que realmente es[21]. Tan ambigua y desmesurada acepción englobaría argumentos tan variados como la violencia «estructural» y la personal; la física y la psicológica; la sufrida mediante acción dolosa o a través de la privación de una satisfacción que se espera; la violencia indirecta o la simple amenaza de coacción directa, o las violencias latentes y las manifiestas. Una aplicación tan extensiva del término «violencia» nos llevaría a considerar como tal cualquier forma de privación o de sometimiento voluntario o inconsciente a una estructura de poder o a una relación social asimétrica. De hecho, Galtung identifica la «desigualdad» (especialmente la disparidad en la distribución del poder que ya fue destacada en su momento por Ralf Dahrendorf) como «la fórmula general que subyace tras la violencia estructural»[22]. En un sistema social, los individuos ocupan posiciones jerarquizadas en diversas dimensiones de la vida colectiva, como el nivel de ingresos, la educación, la influencia, el poder político, la escala socioprofesional, etc. La violencia procedería de los individuos cuyas posiciones en estos diversos ámbitos no resultan coherentes. Por ejemplo, una minoría bien educada que no disfruta de un buen reconocimiento profesional y tiene un nivel bajo de ingresos es un grupo potencialmente conflictivo y violento. En consecuencia, las sociedades más estables serían las más cohesionadas e igualitarias, donde las incongruencias entre las diversas dimensiones de la vida colectiva (especialmente entre rol y estatus social) resultarían mínimas e irrelevantes.

Para Galtung, resultaría violento cualquier tipo de limitación o negación de los derechos básicos de la persona. La violencia estructural se identifica de este modo con las privaciones o las injusticias causadas por la naturaleza constrictiva de las instituciones sociales y políticas, pero el empleo de esa noción provoca una «inflación» del concepto de violencia, que debiera estar reservado a ciertas acciones humanas, y no cubrir hechos objetivos que acaecen sin la mediación intencionada de los actores. En caso contrario –es decir, equiparando acción y omisión como generadoras de malestar y agresividad– se ampliaría la descripción hasta límites poco operativos, especialmente por el hecho fundamental de que no discrimina entre la violencia y el conflicto o disfunción que la provoca. Resulta, aparentemente, muy poco útil para aplicarla al campo de la lucha política cotidiana. Caso de aceptarse, la discriminación entre violencia directa y «estructural» no debe equipararse en absoluto a la diferenciación que puede establecerse entre violencia y la amenaza de su uso.

Las tesis de Galtung sobre la violencia estructural han encontrado, empero, un eco inesperado en la denominada «teoría de las necesidades humanas». En esta propuesta de derechos personales se establece una clara distinción entre las disputas por intereses negociables, que pueden ser solucionadas mediante una transacción, y las necesidades no negociables, cuyo afrontamiento conflictivo solo puede ser solucionado mediante la alteración de las percepciones globales de las partes implicadas, y en algunos casos a través del cambio de estructuras. Según esta teoría, existe un alto grado de sumisión forzada por las estructuras de dominio, pero hay situaciones y condiciones, como las necesidades humanas básicas (bienes universales –no valores determinados culturalmente, como los derechos humanos– inherentes incluso a otras especies animales, como el reconocimiento, la identidad, la vida digna, la seguridad, la libertad, etc.), que superan la capacidad de acomodación, transacción o tolerancia de una persona o de un grupo. En ese caso, y como respuesta a este tipo de violencia «estructural», habrá resistencia a las condiciones impuestas; resistencia violenta si llega el caso[23].

Definiciones «observacionales»

Mucho más concreta y restrictiva es la definición que James B. Rule hace de la violencia como la «destrucción deliberada de personas o propiedades por gente que actúa unida […] Presenta muy variadas formas: ataques contra el gobierno, ataques del gobierno, luchas en torno a instancias no gubernamentales, acciones dirigidas al ejercicio del poder central o sustancialmente desligadas de él, acciones cuidadosamente orquestadas con antelación o surgidas del inmediato flujo de los acontecimientos. Implica tanto la lucha sobre alternativas claramente políticas como sobre aquellas situadas en el lugar de trabajo, el vecindario, las escuelas y el lugar de culto»[24]. Harold L. Nieburg la describe como «una acción directa o indirecta, destinada a limitar, herir o destruir las personas o los bienes», o como «la forma más directa de poder en sentido físico. Es la fuerza en acto»[25]. Para Hugh Graham y Ted R. Gurr, violencia es «la conducta dirigida a infligir lesiones físicas a la gente o daños a la propiedad»[26]. Y para Charles Tilly, es «cualquier interacción observable en el curso de la cual personas u objetos son atacados o dañados físicamente a pesar de su resistencia»[27]. En esa misma línea, Ignacio Sotelo la define como «el empleo, o la amenaza de emplear, la fuerza física en sus diversos grados hasta llegar a la muerte, con el fin de imponer la voluntad propia contra la resistencia del otro»[28]. Para todos estos autores, la violencia implica necesariamente el uso de la fuerza física con el propósito de dañar físicamente al adversario. Son estos unos enunciados simples y comprensibles, basados casi exclusivamente en las ideas de coerción y de fuerza, que resultan ser dos factores estrechamente relacionados. De hecho, para Chalmers Johnson, la fuerza es la forma extrema de la coerción, que consiste en prevenir tal o cual acto por la amenaza, la advertencia, la prisión, la sanción y, como último recurso, el uso de la imposición física[29].

La diferenciación entre violencia y fuerza es una de las cuestiones teóricas más debatidas por el pensamiento político desde su etapa constitutiva. En la argumentación sociopolítica más extendida, actos de violencia son aquellos donde se mata o se hiere a personas o se provocan daños significativos a la propiedad. Actos de fuerza son los que previenen la acción libre y normal de otras personas, o la inhiben a través de la amenaza de la violencia. Hofstadter y Wallace aclaran esta diferencia con un ejemplo:

Una línea de policías situados, por ejemplo, enfrente de manifestantes o huelguistas, representa la fuerza. La violencia comienza cuando usan sus armas […] En un Estado democrático, es vital que la legitimación informal de la autoridad sea lo suficientemente amplia y profunda como para que ese poder no sea desafiado continuamente, y cuando es desafiado, pueda ser afirmado con éxito mediante la simple exhibición de la fuerza, sin episodios repetidos y excesivos de violencia. A menudo, la fuerza usada por los disidentes provoca violencia, y la competición por la legitimidad hace que cada lado intente echar la responsabilidad pública de la violencia inaceptable sobre el otro[30].

La violencia está, por tanto, en directa relación con el concepto de fuerza, entendida esta como «el uso actual o potencial de la violencia para forzar a otro a hacer lo que de otro modo no haría. La fuerza, como la violencia, puede ser juzgada bien o mal. Ambos son términos estrechamente ligados. La fuerza implica la acción bajo amenaza del uso de la violencia. La violencia tiene caracteres de fuerza si se utiliza para modificar la acción del otro»[31]. Fuerza y violencia son, en esta línea interpretativa, hechos subsidiarios (una es potencia, la otra es el acto implícito en la potencia), aunque la primera tiene un carácter más vago y genérico, cuya esencia es la virtualidad de impeler a un cambio de conducta, de forma que la violencia equivale a la fuerza en términos de intenciones del autor. Lawrence Stone aporta su grano de arena a la ceremonia de la confusión, al señalar que la violencia es «fuerza usada con innecesaria intensidad, de forma impredecible y normalmente destructiva»[32]. La fuerza es, en su opinión, la capacidad de alterar el normal desenvolvimiento de una persona o cosa, y la violencia es una demostración no deliberada ni autorregulada de fuerza, que puede tender a la contención o a la escalada, según los casos. Tal constatación teórica peca de excesivo «naturalismo» en la caracterización espontánea e impersonal de la noción «fuerza», y es difícilmente compatible con el componente intencional que habíamos señalado al principio como un rasgo privativo de la violencia.

Todas estas descripciones, que podríamos calificar de «observacionales» o «convencionales», no toman en consideración aspectos de cierta trascendencia que están íntimamente unidos al hecho violento, como es la coerción psicológica que implica la amenaza del uso de esa fuerza, y que puede arrojar los mismos resultados sobre el eventual interlocutor, como puede constatarse a diario en el despliegue del terrorismo subversivo y de Estado. Olvidan que ciertos modos de violencia no requieren necesariamente el ejercicio de la fuerza física, y que determinadas acciones de fuerza han perdido su inicial componente de transgresión intolerable: se puede dejar matar de hambre, mientras que una manifestación, un piquete de huelga o un boicot pueden ser ejemplos de uso de la fuerza con carácter no necesariamente violento[33]. Este tipo de descripciones «pluralistas» tampoco tienen gran cosa que decir sobre la naturaleza, objetivos y legitimidad social de las modalidades coactivas según su origen institucional o privado, tal como se ha empeñado en destacar, por ejemplo, la teoría sistémica al vincular el concepto de fuerza con las nociones de autoridad y legitimidad.

Definiciones «legitimistas»

Otro tipo de definiciones plantean la polémica sobre la aceptación del concepto de fuerza como coacción de Estado, y de la violencia como coerción surgida de otras organizaciones y personas, con el fin de legitimar a una e ilegitimar a la otra[34]. Para Hobbes, Locke o Hegel, la fuerza representaba la violencia institucional de una autoridad legal, mientras que la violencia se oponía a un orden establecido, y tenía la virtualidad de producir efectos imprevisibles. Graham y Gurr tratan de evitar la unilateralidad del juicio que excluye del campo de investigación las acciones emanadas de entes estatales, al definir la violencia como «todo comportamiento dirigido a causar heridas a las personas o desperfectos en los bienes. Colectiva o individualmente, tales actos pueden ser considerados como buenos o malos, o ni lo uno ni lo otro, según quién comience y contra quién»[35]. Pontara intenta presentar la violencia como un método peculiar de lucha, cuya meta es conducir el conflicto y alcanzar los fines en disputa. En consonancia con sus convicciones pacifistas, pretende destacar su carácter perjudicial y no autorizado, lo que hace que precise de una especial justificación para hacerse aceptable[36]. McFarlane nos ofrece otra típica definición «intrínseca» o «legitimista» de la violencia, que es descrita como «la capacidad para imponer, o el acto de imponer, la propia voluntad sobre las de otros, cuando la imposición es considerada como ilegítima», mientras que en el caso de la fuerza esa imposición es tenida por legítima[37]. De modo que, por lo general, la violencia sería aplicada por quienes tratan de minar el orden social existente, mientras que la fuerza sería el uso privativo por parte del Estado de los instrumentos de coerción destinados a mantener ese mismo orden.

Sin embargo, no conviene perder de vista que la violencia política dirigida contra el Estado es, en sí misma, un modo de cuestionar la legitimidad de origen o de ejercicio del propio régimen político. Creemos que no es descabellado situar en un mismo plano de análisis las estrategias violentas de los movimientos y las del aparato de Estado. En su práctica, ambos son de una naturaleza similar, y solo existe una diferencia en el nivel de los recursos materiales y simbólicos empleados. Como indica Oberschall, no hay diferencia entre el uso legal o ilegal de la violencia física como categoría básica de análisis[38]. Lo que hay hacer es separar las evaluaciones sobre la legitimidad de la violencia y del Estado de las descripciones de la violencia y de su control, y comprender cómo las situaciones conflictivas pueden derivar en violencias de cualquier tipo, independientemente de la identidad de los agentes violentos. El objetivo de toda investigación empírica sobre el tema debiera ser la comprensión de cómo se originan, escalan y son controladas las interacciones violentas entre grupos e instituciones. Incluido, claro está, el Estado[39], que históricamente ha sido el más amplio gestor de la violencia, encaminada en este caso a su propia preservación.

Definiciones «relacionales»

Un último paquete de definiciones ha relegado a un segundo plano la existencia de la fuerza como factor objetivo de la violencia, para destacar el carácter relacional y deliberado del fenómeno. Como hemos visto, Charles Tilly define la violencia como toda interacción social a resultas de la cual hay personas u objetos que son dañados físicamente de manera intencionada, o a los que se amenaza de manera creíble con padecer dicho quebranto[40]. De modo que no se califican como violentos los estados de sufrimiento que no sean producto de una coacción tangible y consciente. La definición propuesta por Michaud resulta aún más rica en matices: «hay violencia cuando, en una situación de interacción, uno o varios actores actúan de forma directa o indirecta, masiva o dispersa, dirigiendo su ataque contra uno o varios interlocutores en grado variable, sea en su integridad física, sea en su integridad moral, en sus posesiones o en sus participaciones simbólicas y culturales»[41]. Este axioma permite dar cuenta de la complejidad y heterogeneidad de los actores que participan en un hecho violento: desde dos adversarios que se golpean, hasta la imposición premeditada de una maquinaria represiva de tipo estatal-burocrático sobre un segmento más o menos amplio de población. Además, resalta el papel de la conciencia y de la voluntad humanas como factores esenciales para comprender tan peculiar relación. De ahí las variadas tipologías que pueden ensayarse del hecho violento según su intencionalidad[42].

En definitiva, es preciso recalcar una vez más que la violencia no patológica no reside en el uso ciego de la fuerza, sino que esta debe quedar sometida a un cálculo por parte del agresor, y requiere que la víctima o los testigos del acto violento tengan una percepción cabal de que aquella está siendo agredida en su integridad física y moral o en sus valores. Sin este vínculo reflexivo entre agente y paciente, no hay violencia. De ahí que, por ejemplo, cualquier catástrofe natural, por muy destructiva que sea, no pueda considerarse un hecho violento, sino un despliegue inopinado de fuerza pura y bruta. Del mismo modo que los muertos o heridos en una avalancha humana fortuita o en un accidente de tráfico no debieran contabilizarse como víctimas de ningún acto violento, por falta de instigador o ejecutor, aunque siempre habrá quien busque una responsabilidad indirecta en la deficiente organización de los servicios de protección civil o el mal estado de las carreteras. En función de ese razonamiento, también cobra sentido que Michaud se interrogue sobre «la violencia de la violencia», esto es, sobre las condiciones bajo las cuales la violencia (o algún otro fenómeno con víctimas que pasa como tal) es aprehendida por la gente como una trasgresión y como un abuso particularmente insoportables. En la definición de violencia propuesta por Julio Aróstegui –«resolución o intento de resolución, por medios no consensuados, de una situación de conflicto entre partes enfrentadas, lo que comporta esencialmente una acción de imposición, que puede efectuarse, o no, con presencia manifiesta de fuerza física»– se hallan presentes los factores necesarios para un estudio operativo de la violencia tal como nosotros lo entendemos: su naturaleza relacional, su carácter de comportamiento o acción deliberada, su potencialidad de ruptura del statu quo social y su diferencia tanto de la noción de fuerza como de la de conflicto[43]. Ello no quiere decir, por supuesto, que todos los antagonismos resueltos por medios no consensuados tengan que serlo necesariamente por medio de la violencia. Puede darse un desistimiento mutuo no concertado, sino forzado por circunstancias externas al conflicto.

CARACTERES BÁSICOS DE LA VIOLENCIA COMO FENÓMENO SOCIAL GENERAL

Recapitulando alguno de los factores expuestos por este autor, y aportado otros nuevos, podríamos hacer balance de algunas de las características básicas del fenómeno violento. Ello nos permitiría establecer los fundamentos ontológicos para el estudio de la violencia desde el punto de vista de las ciencias sociales.

La naturaleza relacional de la violencia

Desde sus formulaciones pioneras, la teoría sociológica funcionalista ha identificado la violencia con lo «no social», como una manifestación de la anomia que trae aparejada los procesos de disgregación de una sociedad, donde «el límite entre lo permitido y lo prohibido, lo que es justo y lo que no lo es, no tiene ya nada de fijo»[44]. Es cierto que la violencia está presente en la mayor parte de los procesos de disolución social, pero tiene también la virtualidad de aparecer como elemento cohesivo de una comunidad en determinadas circunstancias. La violencia no es una cualidad de estructura, pero, en la práctica, puede actuar como «estructurante» político y social. Por ejemplo, como ya observaron Simmel o Coser desde el punto de vista de la sociología, y Michaud desde el sesgo de la antropología filosófica, la violencia puede ser un factor nada desdeñable de adhesión intracomunitaria y de sociabilidad política[45]. Según Coser, el conflicto, convenientemente tolerado, canalizado e institucionalizado, puede contribuir a la estabilidad y a la integración de los sistemas sociales: «la violencia sirve a las estructuras sociales facilitando mecanismos para la resolución de conflictos cuando la autoridad establecida no responde a las exigencias de los nuevos grupos que quieren ser escuchados»[46]. Este autor advierte que, en grupos vagamente estructurados y en sociedades pluralistas y abiertas, el conflicto que aspira a resolver una tensión entre antagonistas tiene funciones estabilizadoras, pero en estructuras sociales rígidas y en grupos cerrados, los conflictos tienden a ser más intensos, es decir, los participantes los viven de forma más plena y disociadora[47]. En todo caso, la violencia no es, como ya hemos dicho, la ausencia deliberada de relaciones. Cuando un individuo o un colectivo renuncian a mantener lazos sociales de cualquier género, no recurren a la violencia sobre los demás, sino que optan por aplicársela a sí mismos en grado máximo (suicidio), o escogen sumergirse en marginalidades pasivas, como los hippies o algunas sectas eremíticas y milenaristas. La violencia no puede interpretarse nunca como falta de comunicación, sino como un modo especial de acción social; asimétrica, es cierto, pero que impone un intercambio y presupone una respuesta tras una escalada previa de reivindicaciones, demostraciones y amenazas[48].

La teoría comunicativa ha reconocido esa virtualidad relacional de la violencia al definirla, además de como un modo de juego y de negociación, como un «sistema de comunicación social en que una interacción social agresora se incorpora necesariamente a las pautas expresivas para la codificación y decodificación de referentes míticos de carácter político»[49]. Desde el punto de vista de la psicología social, la agresión es el resultado de una secuencia de comportamiento, donde una frustración genera actitudes de agresión y de hostilidad dirigidas hacia eventuales víctimas. Estas, a su vez, experimentan nuevas frustraciones que pueden dar lugar a interacciones recíprocas. En este modelo expresivo es fundamental observar las reacciones de los actores para saber a qué tipo de dinámica violenta nos estamos refiriendo.

La naturaleza consciente de la relación violenta es un indicio de su pretendida «racionalidad»: se expresa un deseo y se exhibe la suficiente capacidad de acción como para hacer creíbles futuras amenazas, pero si no es estrictamente necesario, no se suelen derrochar estos recursos de fuerza en un conflicto ilimitado y de imprevisibles consecuencias. Sometida de forma creciente al cálculo de costes y beneficios, y a una cuidadosa gestión y dosificación, la violencia entendida como medio pierde su carácter de «todo o nada», y se transforma en un ingrediente más de un proceso de negociación, donde cobran importancia tanto la credibilidad de las amenazas como la instauración de una comunicación en el seno mismo de la confrontación. Si el agresor es capaz de explicar la intencionalidad de su violencia y su determinación para aplicarla, y la víctima se inclina a sus requerimientos sin oponer gran resistencia, se puede alcanzar un relativo consenso entre los adversarios que derive en una negociación y un pacto[50]. Esta visión del conflicto como un medio de transacción también es resaltada por Kriesberg: «cuando surgen las conductas conflictivas y sufren escalamiento, las perspectivas de las relaciones de intercambio se modifican y, en algunos casos, se realzan. Puede aumentar la necesidad de lo que el otro lado puede dar, y la capacidad del otro lado para ofrecer concesiones o recompensas puede crecer; por ejemplo, la agitación misma y la organización de un pueblo en una categoría social previamente descuidada les da los recursos deseados. Adquieren cierto valor y méritos, de tal modo que su lealtad y respeto llegan a tener un gran valor»[51].

La violencia puede ser, ciertamente, el ingrediente de una estrategia de negociación que dé lugar a nuevas normas sociales, pero no cabe engañarse: en la mayor parte de los casos actúa como elemento precipitante o consecuente de la ruptura de un compromiso. En realidad, la violencia está ubicada en las antípodas de un modo puro y constructivo de interacción como es el lenguaje, que presupone un consenso sin constricción, que requiere la comprensión del enunciado, la verdad de lo que se dice, la pertinencia pragmática del acto y la autenticidad del locutor[52]. La violencia es un modo muy peculiar de comunicación extralingüística, pero raramente es un factor de consenso social. Como señala Habermas, la legitimidad de todo poder procede de un acuerdo entre ciudadanos libres e iguales, que generan un proceso o acción comunicativo destinado a legitimar o desautorizar al poder político, y por ende, justificar su empleo de la violencia o llegar a superarla[53].

La historicidad de la violencia

Walter Benjamin dijo en una ocasión que «la crítica de la violencia es la filosofía de su propia historia»[54]. En tanto que componente genérico de lo social, la violencia es un fenómeno que puede ser perfectamente valorado en perspectiva histórica. A pesar de la existencia de numerosas teorías científicas, y de profundas reflexiones filosóficas que han intentado desentrañar su más íntima esencia, no parece razonable abordar su estudio de forma abstracta, sino en relación con las estructuras sociales que la encierran en diverso grado, y con sus manifestaciones a lo largo del tiempo. Como se ha repetido desde el pensamiento político clásico, las diversas expresiones de disidencia están conectadas con determinadas formas de organización de la sociedad, de la economía y del Estado, en cuyo seno se alumbran, estimulan o dificultan los distintos tipos de violencia. Es más, algunos historiadores y sociólogos, deudores en mayor o menor grado de la tradición marxiana en el estudio del conflicto, han venido estudiando en las últimas décadas la evolución de las formas de protesta –incluidas, claro está, las violentas–, y han constatado el paso desde un repertorio «tradicional» a otro moderno en función de variables históricas de gran calado, como el desarrollo capitalista o la construcción y expansión de los Estados nacionales. La necesidad de descubrir la violencia como problema histórico, e indagar en su esencia y manifestaciones, fue una sugerencia realizada hace tiempo por Edward P. Thompson, recogiendo sin duda una amplia tradición de crítica marxista a los sistemas de dominación y control social. Bien es cierto que el historiador británico se refería, sobre todo, a la violencia de la guerra «absoluta» o «total», como paso previo a la elaboración de una teoría histórica general de la paz, que es una de las cuestiones que le preocuparon en los últimos años de su vida[55].

Dentro de la línea interpretativa que afirma la relatividad de la violencia como hecho histórico, Aróstegui llegó incluso a señalar la especificidad de la violencia como un atributo del mundo moderno, caracterizado por el ascenso del capitalismo: «Solo las sociedades contemporáneas –observaba este autor– se han hecho cargo de la realidad sustantiva e instrumental de la violencia como categoría discriminada, y solo en este tipo de sociedades evolucionadas se da la posibilidad de “aislar” conceptualmente el fenómeno y la posibilidad asimismo de medirlo, situarlo, relacionarlo, etc. Únicamente en las sociedades capitalistas, para decirlo con mayor claridad, es realmente posible diferenciar con nitidez el acto de violencia»[56]. En realidad, la imposición por la fuerza ha sido uno de los fundamentos de las relaciones entre grupos sociales (y de estos con el Estado) en el resto de los modos de producción que han precedido y, en ocasiones, sucedido al capitalismo en sus etapas mercantil e industrialista. La violencia es consustancial a todas las formaciones sociales desde que estas se dotaron de estructuras de dominación más o menos estables y complejas, a la más importante de las cuales llamamos Estado. Pero solo fue objeto de atención específica en los albores de la moderna teoría política, desde Maquiavelo a Hobbes.

En verdad, la violencia no nace «con» o «de» el capital (aunque, como señalan Giddens o Tilly, figura en estrecha relación estratégica con el modelo de «supervisión» disciplinaria de las relaciones laborales propias del capitalismo industrialista; un tipo de vigilancia y de control que se expande y maximiza en la esfera del poder administrativo del Estado)[57], sino del poder y su manera de ejercerlo a lo largo de los tiempos, y es necesario reivindicar su historicidad, lo cual no quiere decir que la violencia «moderna» no tenga características sustancialmente diferentes de la violencia en la «época clásica», por parafrasear el título de una conocida obra de Foucault. En Surveiller et punir, este autor sostiene que la sociedad moderna cambió el tradicional castigo de carácter autoritario, abierto, punitivo, violento y espectacular por el poder disciplinario difuso, escondido, rutinizado, disciplinado e interiorizado, basado en el modelo organizativo de la fábrica y la oficina[58]. Por su parte, Norbert Elias advierte que, durante el proceso civilizador de Occidente, cuyo origen percibe en la sociedad cortesana, la violencia se fue alejando de las relaciones de clase, y quedó oculta e institucionalizada en el interior de la sociedad, mediante la estricta coacción de los propios impulsos agresivos, en el cual los pleitos de palabra ocuparon el lugar de los duelos por las armas[59]. Con la implantación generalizada de la coacción para el trabajo, típica del capitalismo, los actos cotidianos y las relaciones interpersonales se hicieron menos espontáneos y más autocontrolados, pero indudablemente mucho más pacíficos que en las sociedades precapitalistas.

Fenómenos históricos como la aparición del Estado-nación, en su doble función de concentrador de los recursos de poder/autoridad y monopolizador de los medios de violencia a través de instrumentos de «pacificación interna» y de coerción cada vez más específicos, diferenciados, normalizados y discriminatorios[60]; la creciente ideologización e instrumentalización de la violencia con arreglo a pautas deliberadas de conducta política colectiva; o la generalización de su valoración ética como un hecho anormal, intolerable y aberrante (en relación directa con la criminalización de la violencia, estudiada desde Beccaria a Weber[61], y con la universalización de los Derechos del Hombre), son elementos que diferencian la violencia política propia de las sociedades evolucionadas de la violencia omnipresente y rutinaria de los tiempos antiguos. Esta última era una violencia de contenido preferentemente social (aunque no siempre, como podrían atestiguar no pocas revueltas y revoluciones de carácter político o «prepolítico»), interiorizada y ritualizada por sus protagonistas como algo natural, permanente y habitual. Raymond Aron observaba que, en las sociedades preindustriales, la violencia y la conquista eran un fundamento esencial de los sistemas de acción histórica:

Durante los milenios de técnica estacionaria o en débil progresión, la fuerza era un método de distribución de los bienes mucho más eficaz que el intercambio. La cantidad de riqueza que los conquistadores eran capaces de apoderarse por las armas era enorme comparada con la cantidad que creaban por medio del trabajo[62].

Según el antropólogo René Girard, la violencia en las sociedades tradicionales era arquetípica, se identificaba con la producción social en cuanto tal y estaba situada en el centro simbólico de la sociedad a través de la rivalidad mimética de «todos contra uno», mientras que en las sociedades postradicionales es ideal-típica, es decir, localizada y limitada a una parte del Estado, con el fin de imponerse sobre los individuos y evitar venganzas infinitas e interminables[63]. El derecho a la vida y a la muerte privativo de las sociedades tradicionales y los regímenes despóticos premodernos ha sido sustituido por un medio de control social más eficaz: la capacidad de administrar directa y diariamente la vida de los individuos mediante la aplicación de un creciente poder disciplinar. En el mundo actual, la violencia ya no es un espectáculo con voluntad ejemplarizante, sino una sanción implícita y sutil, una amenaza siempre presente[64].

Si el despegue económico de Occidente comenzó gracias a la adopción de procedimientos y tecnologías que permitieron la acumulación de capital, se podría afirmar también que el «despegue» político hacia la modernidad se pudo realizar gracias a lo que Michel Foucault definió como «acumulación de hombres», esto es, el declive de unas formas de poder tradicionales, ritualizadas e indiscriminada y desproporcionadamente violentas, y su sustitución por una tecnología más sutil y mejor calculada de la disciplina política y social. En realidad, el desarrollo del capitalismo y el perfeccionamiento del control social en todas sus facetas fueron procesos indisociables: no habría sido posible resolver el problema de la regimentación de los individuos sin el establecimiento de un aparato productivo capaz de mantenerlos sumisos y aprovecharlos para acelerar esa acumulación de capital[65]. La proyección masiva de los métodos disciplinarios sobre la organización industrial (lograda a través de la coordinación y control de las tareas, la división del trabajo, los horarios, etc.) se trasladó sin demasiadas dificultades al poder estatal. El nuevo Estado burgués logró modelar la actividad política a partir de la creación o la renovación de los esquemas de sometimiento al poder: regímenes políticos parlamentarios, y aparatos e instituciones disciplinarias muy diversas, como la escuela, la fábrica, la conscripción militar, la prisión, y especialmente la maquinaria coactiva y represiva que representaban la Justicia, la Policía y el Ejército. Para combatir desde la ilegalidad esta nueva modalidad panóptica del ejercicio del poder –esto es, un procedimiento técnico, universalmente difundido, de la vigilancia constante como instrumento de coerción física y moral– los grupos contestatarios se vieron obligados a reproducir sus mismos recursos de control: instrumentos cada vez más extensos, disciplinados, jerarquizados y reglamentados de lucha, para desplegar una acción cada vez más planificada, ritualizada, metódica y organizada. Uno de los rasgos más significativos del conflicto político contemporáneo es que la disidencia ha tendido a elaborar con empeño cada vez mayor su propia ciencia y su propia técnica de la subversión, en constante confrontación dialéctica con el control social ejercido de manera creciente por el Estado y la organización económica capitalista.

En suma, a nuestro parecer, la violencia no nace con el desarrollo del Estado moderno al hilo de la sociedad industrial. Simplemente cambia de fisonomía, se hace más evidente, y cumple otra función social más discriminada. De forma que sus pautas de análisis deben de ser otras, y muy distintas.

La violencia como atribución

Salvo en circunstancias muy excepcionales, donde aparece como la expresión sustantiva y definitoria de una situación de conflicto agudo (como la guerra civil larvada que asoló Colombia entre 1948 y 1958, y que es recordada por los ciudadanos de ese país como «La Violencia» por antonomasia), el vocablo suele utilizarse como adjetivo acompañando a sustantivos tales como «procedimiento», «medio», «estrategia» o «táctica»[66]. Como hemos dicho, la violencia no tiene existencia autónoma fuera de la realidad social en que se manifiesta, y supone una aplicación de la fuerza física como instrumento dentro de una planificación para obtener un fin determinado[67].

Dado el carácter polivalente, multifacético y subordinado de sus manifestaciones, no existe la violencia como «cosa» o realidad materializable, ni en genérico ni en abstracto, sino hechos, situaciones, actitudes, mediaciones, relaciones, estrategias o estructuras cuya naturaleza o desenvolvimiento acarrean resultados violentos. Por eso, no tiene mucho sentido estudiar históricamente la violencia por sí misma, como han pretendido algunos autores[68], sino indagar su implicación como cualidad o imputación de determinados acontecimientos o periodos históricos (crisis, rebeliones, revoluciones, guerras, etc.), caracterizados por un cambio social profundo o acelerado, y su presencia en los diversos ámbitos y niveles de la actividad social (la política, el trabajo, la vida cotidiana, la vida privada, el arte, la religión, la cultura, el deporte, la producción simbólica, la ideología en sus múltiples manifestaciones, etc.) y en los actores personales (agresividad, suicidio, criminalidad individual, marginalidad, etc.), colectivos (violencia sexista, sectaria, de banda, de masas o movimientos sociales, etc.) o institucionales (Estado, ejército, iglesia, partido, sindicato, familia, etc.), en función de su comportamiento sociopolítico y del marco temporal en que se desarrollan.

El enfoque que considera la violencia como una realidad preexistente, como una categoría a priori de la vida social, resulta engañoso y esterilizador. Como se ha señalado anteriormente, la violencia solo se convierte en un hecho discernible y empíricamente observable en un contexto sociohistórico determinado[69]. Es, simplemente, una de las perspectivas desde la que se puede contemplar la evolución del conflicto o del cambio en sus diversas manifestaciones a lo largo del tiempo.

La violencia como síntoma de conflicto

Algunos psicólogos sociales, antropólogos, sociólogos o politólogos han presentado la agresividad, el cambio social conflictivo o la revolución como sinónimos de violencia, confundiendo de este modo las causas con el más llamativo de sus efectos. Chalmers Johnson ya señaló que «la violencia […] es causada por relaciones sociales generadoras de conflictos; es decir, las relaciones entre grupos que persiguen objetivos diferentes e inconciliables»[70]. O, como recalca Aróstegui, «la violencia es una acción, o estado o situación, que se genera siempre, y se cualifica de manera exclusiva, en el seno de un conflicto»[71]. James Laue distingue entre la competición regulada y la violencia, a la que define como «una forma de conflicto que escala intensamente», y opina que virtualmente todas las formas de violencia son patológicas e ilegítimas, ya que perjudican a las partes más débiles antes que a las más fuertes[72].

La mayor parte de los científicos sociales que se han dedicado estudiar a fondo el problema de la violencia la han considerado un elemento parcial –ya sea como ingrediente, etapa, corolario o proceso– dentro del más amplio contexto teórico del conflicto social, entendido este, según la definición de Coser, como la lucha sobre valores o pretensiones a estatus, poder y recursos escasos, en la cual los objetivos de los grupos concurrentes no son solo obtener los valores deseados, sino también neutralizar, lesionar o eliminar a los rivales[73]. La violencia es una manifestación habitual del conflicto, aunque no puede establecerse entre ellos una relación mecánica de causa-efecto, y mucho menos una identificación. Puede haber conflicto sin violencia, aunque no esta sin aquel. Kriesberg ha puesto claramente de manifiesto esa relación contingente entre violencia, conflicto y cambio social:

Los conflictos son estimuladores importantes del cambio social; sin embargo, en la misma forma que la conducta conflictiva no determina por sí misma el resultado de una lucha, las luchas tampoco determinan por sí solas el grado o el curso del cambio social. La competencia, la cooperación y muchos otros procesos sociales, se encuentran en la base del cambio social; los conflictos son esenciales en los cambios relativos a la reubicación del poder y las reglas en cuanto a cómo se toman las decisiones colectivas[74].

Según este autor, existen dos tipos básicos de conflicto: en los conflictos consensuales, los contendientes coinciden respecto a lo que es importante, y están situados de tal modo que cada uno de ellos cree que no podrá obtener lo que considera valioso si no es eludiendo las exigencias del adversario o destruyendo o eliminando a la otra parte. En este tipo de conflictos, los que tienen más estatus, poder o riqueza material, tienen mayores probabilidades de poseer los recursos de comunicación y las capacidades necesarias para limitar el desarrollo y capacidades de los grupos rivales menos poderosos. En los conflictos por disentimiento, los adversarios potenciales difieren respecto a lo que consideran conveniente, o en cuanto a cómo alcanzar las posiciones deseadas, y sostienen que esas diferencias son objetables. En este caso, la relación puede concluir mediante la separación o la transformación de la otra parte, de modo que ya no exista como grupo de conflicto consensual.

Las acepciones que la sociología ha dado al término «conflicto» son muy diversas, pero, en general, todas destacan dos cuestiones: la colisión de intereses cuya creciente incompatibilidad puede derivar en una respuesta hostil. Julien Freund definió el conflicto como «un enfrentamiento o choque intencional entre dos seres o grupos de la misma especie, que manifiestan una intención hostil, uno respecto a los otros, generalmente en relación con un derecho, y que para mantener, afirmar o restablecer el derecho intentan romper la resistencia del otro, recurriendo eventualmente a su eliminación física»[75]. Por su parte, Hubert Blalock opinaba que la esencia del conflicto radicaba en el intercambio mutuo e intencionado de sanciones negativas, o conductas punitivas, por dos o más partes, que pueden ser individuos, actores corporativos o cuasi grupos[76]. Para Vicenç Fisas, conflicto es «una situación en la que un actor (una persona, una comunidad, un Estado, etc.) se encuentra en oposición consciente con otro actor del mismo o diferente rango, a partir del momento en que persiguen objetivos incompatibles (o estos son percibidos como tales), lo que les conduce a una oposición, enfrentamiento o lucha»[77]. El conflicto se produce cuando las exigencias de un grupo son inaceptables, objetables o no deseadas por el otro grupo; es decir, cuando las metas de ambos son mutuamente excluyentes.

Según Louis Kriesberg, el desarrollo completo de un conflicto social consta de cinco etapas: en primer lugar, la relación social previa, objetiva o subyacente; en segundo, el surgimiento del conflicto cuando dos o más partes creen tener metas incompatibles. La tercera fase viene determinada por el modo inicial en que los adversarios persiguen sus metas contradictorias. A continuación, una vez que cada bando ha comenzado a perseguir su fin particular, oponiéndose a algún adversario, la lucha entre ellos sufre por lo común un escalamiento y un desescalamiento, cuya intensidad y alcance dependen del modo de conflicto, de las características de cada adversario, de la respuesta del otro lado, de la cuestión en litigio y del contexto general en que se mueven los antagonistas. Por último, la lucha llega a algún tipo de conclusión o resultado, que puede ser: la retirada de los contendientes, la imposición de uno de los lados a través del de victoria/derrota, el acuerdo (concesiones mutuas ofrecidas para dar término a un conflicto) y la conversión o reconocimiento de que el desacuerdo o disentimiento era un error. Evidentemente, pueden producirse desenlaces con mezcla de dos o más tipos[78].

La violencia es un recurso disponible dentro del arsenal de acciones de que disponen los contendientes en un proceso conflictual para frenar, acelerar o precipitar el cambio social o político. Es una de las posibles salidas que un grupo social puede dar a un conflicto, y tiende a aparecer cuando esa polarización de intereses se hace tan aguda que no existe ninguna otra alternativa que evite la presencia de la fuerza. Pero algunos conflictos ofrecen mecanismos recíprocamente aceptables para llegar a decisiones que excluyan la violencia, como, por ejemplo, la negociación o la cooperación, la apatía, la huida, etc. Inspirándose en Talcott Parsons, Kriesberg observa que, una vez que los adversarios se encuentran en situación de conflicto, existen tres modos principales de inducir a la otra parte a desplazarse hacia las metas que se desea: la persuasión (cuando se interpela al rival para que acceda a las metas que se pretende alcanzar, convenciéndole de que la transigencia favorece sus propios valores e intereses), la concesión (cuando un bando o los dos ofrecen un incentivo o recompensa contingente para alcanzar alguna de las metas y eliminar la confrontación) y la coerción o violencia, que implica obligar al otro transigir por temor a sufrir –o haber sufrido– daños reales, de modo que llegue a convencerse de que, si cede, las consecuencias adversas serán menores que si no lo hace[79].

La violencia no es, por lo tanto, ni el origen ni el desenlace de un conflicto, sino un medio o probabilidad de resolución que se pone sobre el tapete en función de un cálculo más o menos racional de costes y beneficios. A la luz de lo dicho hasta ahora, parece claro que la violencia no puede ser interpretada como una mera disfunción, sino como un síntoma y un resultado de procesos conflictivos generados por los sistemas de relaciones sociales cuando están sometidos a algún proceso de cambio[80]. Así pues, antes de estudiar la violencia, es preciso estudiar el conflicto, su origen intrínseco o exterior al sistema y su mayor o menor potencial transformador. En realidad, la violencia impregna, en una u otra medida, buena parte de las situaciones históricas de conflicto, y su presencia puede ser momentánea en la resolución de coyunturas de crisis, o permanente cuando los conflictos estructurales de una sociedad se dilatan sin una resolución satisfactoria.

Sea como fuere, violencia y conflicto son realidades inextricablemente unidas, pero que conviene analizar por orden y de forma separada. Lo interesante de esta peculiar relación es que, al ser la violencia un ingrediente de la realidad social capaz de poner en evidencia las relaciones o los procesos de tipo conflictivo, resulta ser un observatorio excelente para seguir el origen, desarrollo y desenlace de los mismos. En definitiva, la violencia debe ser analizada en el contexto del conflicto social y en relación con las particulares condiciones del sistema político en el que ese conflicto se sitúa.

LAS CIENCIAS SOCIALES ANTE EL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA. UNA APROXIMACIÓN PRELIMINAR

Como fenómeno social y como problema psicológico individual, la violencia es un hecho omnipresente en los asuntos humanos, pero hasta la fecha, los avances logrados en su estudio no han estado a la altura de su importancia objetiva. Quizá debido a la limitada autonomía conceptual y a la problemática caracterización teórica de la violencia que acabamos de esbozar, las diversas ciencias sociales no han acostumbrado a ocuparse de ella por sí misma, sino que la han presentado como un factor secundario vinculado a las nociones de agresividad (en el caso de la etología y la psicología), el cambio social y el conflicto (dos de los temas centrales de la teoría sociológica), o la revolución (un paradigma esencial de la ciencia política). Su examen se ha abordado desde niveles analíticos de carácter sistémico, intermedio o individual; se ha estudiado desde la perspectiva general del sistema en que se insertan los participantes (funcionalismo, marxismo) o desde uno de los implicados (frustración/agresión, privación relativa, elección racional), ha sido la piedra de toque para contrastar empíricamente las interpretaciones conflictuales o consensuales del sistema social, etcétera.

La etología y la psicología

No nos detendremos aquí en las interpretaciones psicobiológicas de la agresividad humana (el mito del «gen violento» o de la pretendida localización cerebral de la agresividad humana), que, en nuestra opinión, supone un paso regresivo por la burda simplificación en que se incurre en el análisis de un hecho de tan complejas implicaciones sociales y culturales[81]. A pesar de ello, el nivel individual no debe ser ignorado. Disciplinas como la etología, la psicología o el psicoanálisis ponen el acento en la naturaleza agresiva del hombre como fuente básica de la violencia.

Desde el punto de vista de la etología, Konrad Lorenz señaló que la agresión estaba filogenéticamente programada en el hombre como parte de su capacidad para la supervivencia en un medio hostil y competitivo. La agresividad no es, por lo tanto, mala, ya que facilita la vida y queda limitada en sus efectos por la ritualización propia de toda actividad cultural. Lorenz diferencia esta agresividad natural y el comportamiento patológicamente agresivo que se da cuando las condiciones restrictivas de la vida moderna (por ejemplo, la aglomeración física que restringe el espacio vital individual) «taponan» las vías naturales de expresión de esa irritabilidad. Se señala entonces una diferencia entre la agresividad natural y la destructividad como manifestación aberrante de la violencia solo presente en la especie humana[82]. Las mayores críticas a los trabajos de Lorenz y Ardrey procedieron del conductismo norteamericano, que enfatizó el papel del aprendizaje como factor determinante del comportamiento de los individuos, los cuales afrontan la vida con plena igualdad de capacidades para todos los objetivos prácticos, mientras que la etología evidenciaba un componente fatalista y desigualitario, ya que se basaba en el instinto y en unas capacidades individuales programadas de antemano. En concreto, M. F. Ashley Montagu pensaba que el hombre nace con un comportamiento muy poco estructurado, y que el entorno y la educación forjan la mayor parte de su acervo de actitudes. En consecuencia, la agresividad no es innata, sino una forma de comportamiento aprendido[83]. Resulta evidente que la aproximación etológica ignora todo tipo de constricción social, y otros factores relacionados con competiciones y retos no ecológicos, sino políticos, sociales, económicos y culturales. La agresión no resulta siempre innata, pues ello equivaldría a atraer en exclusiva la atención sobre el estímulo, el encauzamiento y la transformación de los impulsos internos de quienes participan en una lucha. Muy al contrario, los conflictos colectivos se deben a circunstancias externas de carácter muy complejo.

La psicología y el psicoanálisis han elaborado teorías parciales basadas en la experimentación. El psicoanálisis considera la inclinación violenta como característica de una personalidad afectada por pulsiones autodestructivas (thanatos), que son proyectadas hacia el exterior (personas u objetos) para reducir esa tensión interior a través de la conducta agresiva[84]. Para los psicólogos neofreudianos, la agresividad no es una potencialidad innata, sino el resultado de tempranas frustraciones y de conflictos intrapersonales que degeneran en complejos o en deseos de agresión y de venganza contra todo aquello que amenace el ego narcisista del individuo.

Los psicólogos experimentales ponen en énfasis en los rasgos estructurales de la sociedad que fomentan la socialización del descontento. A partir de 1939, John Dollard y sus colaboradores en la Universidad de Yale elaboraron la teoría de la frustración/agresión: toda conducta agresiva supone la existencia previa de una frustración, definida como el estado de un sujeto a quien se le prohíbe expresar las respuestas adecuadas a los estímulos recibidos. Igualmente, la frustración conduciría siempre a alguna forma de agresión, cuya intensidad variaría en proporción directa a la arbitrariedad del abuso, a la importancia del desengaño, a la intensidad de instigación a la respuesta frustrada, a su grado de interferencia con otras aspiraciones del individuo, etc.[85]. Estudios posteriores demostraron que la respuesta agresiva no es sino una de las posibles salidas a la frustración. Los estudios de Millner, Tanter y Midlarsky concluyeron que la agresión no era sino una de las respuestas posibles a la frustración, y que la amplitud de la violencia colectiva estaba ligada tanto al grado y la duración de esa frustración como a otras circunstancias del entorno ecológico y político[86]. Puede haber frustración sin violencia, y esta sin una sensación previa de frustración. Pero, aunque se dieran frustración e ira, la probabilidad de agresión depende de circunstancias externas, como la organización o el contexto favorable. Como observa Rod Aya al cuestionar la validez de las teorías de la frustración/agresión, «si la cólera nacida de la explotación y de la injusticia fueran suficientes para hacer estallar la rebelión, el Tercer Mundo estaría en llamas»[87]. Como veremos más adelante, en la década de los sesenta, el desarrollo de las teorías del comportamiento colectivo (Smelser, Gurr…), que dieron cabida a factores exógenos a los propios mecanismos psicológicos, transformarían a la psicología social en la avanzada en los estudios sobre la violencia.

La perspectiva sociológica funcionalista y el materialismo histórico

El funcionalismo concibe la violencia como un resultado de la anomia social. Cuando fallan los mecanismos del consenso, las clases y los grupos dominantes pueden exigir más control, agravando eventualmente el estado anómico y posibilitando de ese modo el estallido de una revuelta violenta. Por lo tanto, los conflictos sociales y la violencia son, como el suicidio estudiado por Durkheim, el resultado de la incompleta integración o regulación dentro de una sociedad. Son indicios de una ruptura interna, por ausencia de niveles suficientes de integración y de regulación normativa que aseguren la coherencia moral de una sociedad[88]. El funcionalismo no alude nunca a la violencia, sino a la fuerza como recurso coactivo legítimo que persigue in extremis el reequilibramiento del sistema social.

Talcott Parsons, el padre de la teoría general de la acción, opinaba que las sociedades eran sistemas autorregulados que se ajustaban al cambio mediante una reordenación de sus instituciones. Rechazaba la teoría hobbesiana de la coerción como base constitutiva de las relaciones humanas, y sostenía que una sociedad no era viable a no ser que sus miembros se adhirieran conjuntamente a algunos principios básicos que hicieran de la división del trabajo algo inteligible y tolerable. Los valores, es decir, los standards normativos derivados de los papeles sociales, por los cuales los hombres deciden emprender algún tipo de acción, son la base de la vida en sociedad, y lo que legitima el uso de la fuerza si esta armonía resulta alterada. Dada la posibilidad de un cambio realizado dentro de los cauces normativos, Parsons consideraba el conflicto como una disfunción; no como una categoría de análisis social, sino como una ausencia de categoría.

El uso de la fuerza sería, desde esta perspectiva, el último recurso de coerción o de obligación y, por tanto, un procedimiento supremo del poder en tanto que medio de control social. Parsons estimó que, como elemento básico de interacción social, el poder circulaba en la sociedad civil del mismo modo que el dinero: los gobernantes «invierten» una porción de ese poder adquiriendo compromisos crecientes, pero cuando el Estado se muestra incapaz de cubrir todos los compromisos, se declara en «bancarrota» política y pierde legitimidad. En estas situaciones de «deflación» de poder, el empleo de la fuerza es uno de los recursos de emergencia que permiten restablecer el «crédito» del Gobierno, del mismo modo que las reservas de oro sostienen el valor del dinero en las crisis económicas[89].

A partir de Robert King Merton, Lewis A. Coser y Neil J. Smelser, el conflicto pasó a transformarse en objeto central del análisis sociológico funcionalista. Merton consideraba que la violencia puede ser un comportamiento perfectamente funcional cuando propicia cambios sociales donde la adecuación entre los fines y los medios que persigue una colectividad para desarrollarse quede mejor asegurada[90]. Por su lado, Coser –un discípulo de Merton– opinaba que el conflicto, convenientemente tolerado, canalizado e institucionalizado, podía contribuir a la estabilidad y a la integración de los sistemas sociales cuando la autoridad establecida no respondía a las exigencias de los nuevos grupos que desean ser escuchados. Como raíz del cambio personal y colectivo, el conflicto, incluido el violento, tiene muchas funciones positivas: previene el estancamiento social, estimula la creatividad, propicia soluciones a los problemas, demarca los grupos que actúan y ayuda a establecer identidades personales y de grupo[91]. Para Smelser, en situaciones de especial tensión estructural la hostilidad es una forma de comportamiento colectivo («movilización basada en una creencia que redefine la acción social») condicionada por los valores (para qué), las normas (cómo), los roles (quiénes) y las facilidades situacionales (cuándo y dónde). Pero sigue considerando que el comportamiento revolucionario es una respuesta no institucionalizada, inadaptada y, en último extremo, aberrante, puesto que ignora los mecanismos legales establecidos por el sistema social para responder a las tensiones[92].

El paradigma estructo-funcionalista tiene graves dificultades para elaborar una teoría general de la violencia, ya que el conflicto subyacente se presenta como un litigio entre los propósitos de los actores individuales «desviados» y las aspiraciones «legítimas» de la colectividad. Además, analiza una sociedad de forma excesivamente estática, sin contemplar que el consenso y la legitimidad de los sistemas sociales son elementos dinámicos y cambiantes. Por último, excluye toda consideración problemática sobre el empleo oficial de la violencia, que es zanjada como un modo eventual de gestión coactiva del conflicto por parte de las autoridades.

El materialismo histórico abrió el camino a la consideración del hecho social como un fenómeno esencialmente conflictivo, que alumbraba nuevas alternativas fundadas en valores y realidades distintas de la precedente. La visión de la dinámica social como sucesión de modos de producción, que con sus contradicciones internas entre fuerzas productivas, relaciones sociales y sistema político/institucional generaban el conflicto y se agotaban en sí mismas supuso una muy seria alternativa a las teorías defendidas por los sociólogos «integracionistas». Para Marx y Engels, la violencia era un aspecto inevitable, aunque derivado, de la dinámica histórica. Era siempre un cortejo de la manifestación de las transformaciones sociales, no su causa. Como dijo Engels en el Anti-Dühring (1878), la violencia no es el motor de la historia, sino la partera que ayuda a que nazcan los cambios cualitativos que se han ido gestando de forma dialéctica en la estructura social. El problema del marxismo ortodoxo es que, al vincular el análisis científico de la violencia con un programa práctico de acción revolucionaria, incurrió en varios fallos de apreciación: la pretendida ineluctabilidad de un proceso revolucionario lineal que derribaría el sistema capitalista con la agudización de la lucha de clases, y el papel fundamental que las masas trabajadoras (sobre todo el proletariado) deberían desempeñar en este proceso. Ralf Dahrendorf (un discípulo de Parsons que, paradójicamente, se adscribió a la tradición sociológica «conflictivista» que Randall Collins hace remontar a Marx y a Weber[93]) cree que Marx basó su teoría del cambio en tres errores básicos: 1) reducir todos los conflictos sociales a conflictos de clase, cuando en una sociedad existen otros grupos de interés que rivalizan por razones no estrictamente económicas, sino por intereses latentes o manifiestos de muy diverso tipo; 2) creer que el conflicto de clase desembocaba inexorablemente en el enfrentamiento bipolar y en la revolución, cuando existen otras salidas posibles, como el reformismo y el cambio progresivo de la estructura, y 3) reducir todos los conflictos a la esfera de lo económico. Dahrendorf demostró que los disensos en la sociedad capitalista no son el reflejo de un choque «objetivo» de intereses de orden material, sino que conciernen sobre todo a la distribución de bienes simbólicos, como es el poder. Con todo, autores como Lenin o Gramsci comprendieron la importancia de las oportunidades políticas, de la organización, de la relación estratégica con otros grupos sociales y políticos y de la cultura a la hora de generar esa acción colectiva revolucionaria[94]. Las modalidades de actuación violenta cambian según la ubicación de cada clase o sector social en el proceso de producción, pero como han estudiado historiadores de tradición marxiana como Edward P. Thompson para la clase obrera inglesa, y Eric J. Hobsbawm o Georges Rudé para la plebe preindustrial, los valores y las tradiciones de actuación en común, que inciden en la propia toma de conciencia colectiva, transforman simultánea e indisociablemente los medios reivindicativos y de lucha de los diversos grupos sociales[95].

Las teorías del «agregado psicológico»

A inicios de la década de los sesenta del siglo pasado, las teorías funcionalistas y marxistas comenzaron a perder predicamento entre los científicos sociales norteamericanos. Además, el recrudecimiento de la protesta en los campus y en los guetos despertó el interés por el análisis de las situaciones de violencia. Comenzaron a elaborarse sofisticados procedimientos estadísticos, que a la larga no aclararon mucho la comprensión de estos procesos. Los psicólogos sociales se replantearon las tesis psicológicas de la frustración/agresión formuladas por Dollard, pero abriendo el camino a interpretaciones y formulaciones de más amplio calado social. Estos especialistas definieron el descontento generador de agresividad como la respuesta frente a la inevitable discrepancia que se produce entre la demanda de bienes sociales (riqueza, poder, estatus) y su satisfacción en una sociedad que dispone de recursos limitados. La violencia aparecería cuando un sector de la población percibe su situación como intolerable o, más bien, cuando tiene una cierta idea de lo que objetivamente merecía y no obtuvo a lo largo de su vida. Dicho de otro modo: el problema de la violencia se solucionaba como un sumatorio de sentimientos de frustración individual. Este es el enunciado más elemental de las teorías del «agregado psicológico».

Gráfico 2. La «curva en J» de J. C. Davies (cfr. Davies, 1962, p. 6)

Siguiendo una observación clásica de Alexis de Tocqueville, según el cual la frustración de expectativas en un periodo de mejora económica puede generar un amplio movimiento de descontento, James Chowning Davies argumentó que las revoluciones acaecían en la breve coyuntura de depresión e incertidumbre que se produce tras un periodo de expansión que ha alimentado esperanzas de crecimiento continuado. Davies puso en evidencia la relación entre violencia y economía con la elaboración de su famosa teoría de la «curva en J», que puede ser resumida de la siguiente manera: en una economía en expansión, los individuos responden a las satisfacciones de las que se benefician con un crecimiento de sus aspiraciones que marcha en paralelo al crecimiento material. Las aspiraciones o expectativas, centradas en necesidades físicas, social-afectivas, de autoestima y autorrealización, no son reversibles, sino que crecen indefinidamente, actuando en cierto modo como motor del desarrollo económico. Por ello, es suficiente que este se estabilice o se detenga para que aparezca una separación creciente entre las aspiraciones que mantienen su pauta de crecimiento y las satisfacciones reales que no pueden incrementarse al mismo ritmo. De este modo, la separación entre las líneas expectativas y las necesidades realmente satisfechas produce sentimientos de descontento y de frustración, que son mayores cuanto más se separen dichas curvas, hasta llegar al umbral de la violencia y a la posibilidad de una revolución, que, como dice el propio Davies, «tiene más probabilidades de producirse cuando a un periodo prolongado de expectativas y gratificaciones crecientes le sigue otro breve en el que se opera un brusco cambio, y en el que el vacío entre las expectativas y las gratificaciones se ensancha rápidamente y se vuelve intolerable»[96].

Las catástrofes humanitarias que periódicamente azotan al Tercer Mundo, sin acarrear por ello convulsiones políticas inmediatas, ponen en tela de juicio las premisas sobre las que se asentaba el paradigma de la privación aspiracional. En la reelaboración de sus teorías que llevó a cabo en 1971, Davies hubo de reconocer que «es poco probable que, por sí mismos, los más desfavorecidos social y económicamente lleven a cabo con éxito una revolución. Su descontento precisa que se le sume el descontento que se está desarrollando entre los individuos de la clase media y de la clase dominante cuando se ven repentinamente privados de algo en términos socioeconómicos o de otro tipo». Sin embargo, su modelo modificado seguía considerando el volumen de descontento y su generalización en una comunidad –antes que su articulación y organización con fines políticos– como el principal determinante de la rebelión en masa[97]. Esta hipótesis adolece, en efecto, de fallos muy serios, ya que no consigue determinar el momento exacto en que el descontento da lugar al «estado mental revolucionario» (la prospectiva resulta imposible, ya que la teoría solo aporta una explicación ex post facto); la curva de aspiraciones es difícilmente mensurable; no explica la violencia de carácter «horizontal» entre grupos que compiten por el mismo espacio reivindicativo, y por último, no revela claramente el mecanismo que conduce de la frustración a la revolución, que es más estratégico y organizativo que meramente psicológico.

Ted Robert Gurr fue uno de los primeros autores que trató de concertar la psicología con el análisis comparativo de datos multinacionales mediante modelos muy sofisticados. Para Gurr la violencia no es una manifestación ineluctable de la conducta humana, sino que es una respuesta posible a determinadas condiciones conflictivas de la realidad social, vinculadas sobre todo a la rapidez del cambio. Para explicar la génesis de un proceso conflictual emplea el concepto de privación o carencia relativa, que define como la frustración generada por la discrepancia entre las expectativas sobre bienes y valores a los que la población cree tener derecho en justicia, y las capacidades reales para obtenerlos o conservarlos. Pero no se detiene en este mecanismo meramente psicológico, sino que estudia cómo se desarrolla el descontento, cómo se socializa (por ejemplo, indagando en las justificaciones normativas de ese malestar) y cómo se dirige contra objetivos determinados mediante la organización de la violencia por parte de las elites y las masas a través de acciones-tipo como el tumulto, la conspiración o la guerra interna. Gurr propuso una secuencia (privación relativa/descontento/descontento politizado/violencia política) más detallada y controlada de la hipótesis psicológica de la frustración/agresión que la que preconizó Dollard, de modo que su mayor aportación al estudio de la violencia ha sido su análisis pormenorizado de las estrategias de interacción entre los adversarios en el seno de un sistema social en conflicto.

Why Men Rebel (1970) fue quizá una de las obras de ciencia política más influyentes de la primera mitad de la década de los setenta, pero a continuación la teoría de la privación relativa comenzó a ser criticada por diversas razones: 1) ningún índice estadístico puede reflejar el aspecto cualitativo de la frustración humana; 2) Gurr no logra explicar de qué modo los sentimientos individuales de privación se transforman en acción colectiva, ya que a veces la privación relativa se produce sin rebelión, y el descontento colectivo no se deduce automáticamente de la suma de los descontentos individuales; 3) su planteamiento teórico ignora completamente el papel que desempeña la violencia gubernamental, y 4) la hipótesis de la privación relativa no da razón adecuada del desarrollo cronológico de los procesos sociales, y omite aspectos fundamentales como las tradiciones de protesta, sus antecedentes y las consecuencias de la misma. El autor trasvasa simplemente el principio psicológico de la frustración/agresión del nivel individual al social, y solo le interesa ver los canales de generalización de ese descontento, sin estudiar seriamente la estructura y la dinámica del poder político, o los procesos de institucionalización y movilización de la protesta violenta. Estimulado por estas y otras críticas, Gurr hubo de reformar su teoría en trabajos ulteriores, y renunció a señalar la privación relativa como causa primigenia de la violencia colectiva. Además, hizo un intento de trascender la teoría del «agregado psicológico» al ámbito de la lucha política, incluyendo factores históricos y estructurales. De hecho, Gurr ha pasado de sus iniciales formulaciones socio-psicológicas a tratamientos explícitos sobre el Estado, pero su análisis de fondo sobre el modo en que la gente se organiza, moviliza e interacciona con grupos rivales para el logro de sus aspiraciones sigue siendo elemental y escasamente operativo. Además de la poca atención que ha prestado al proceso de movilización, o que la violencia estatal quede totalmente excluida de su análisis, en sus obras se subestima el papel y el alcance de las ideologías –que, en su opinión, solo son meras justificaciones de la violencia– en la formación de una actitud colectiva de rebeldía. La función que la ideología ejerce en la cohesión social de un grupo de protesta la realiza en este modelo la carencia relativa, aunque no queda clara la relación de esta con los diversos niveles de confrontación civil.

En definitiva, a pesar del excesivo optimismo mostrado por el propio Gurr, al afirmar que es posible que el estudio del conflicto en la sociedad civil «llegue a ser uno de los primeros campos de las ciencias sociales (dejando a un lado la psicología y la economía) en que el parámetro, etiología y procesos se entiendan lo suficientemente bien como para constituir un campo científico coherente en el sentido estricto de ese término»[98], existen dudas fundadas de que con esta aproximación psicosociológica se haya progresado de veras en el estudio de los orígenes del conflicto y de su desarrollo. De hecho, ya en la década de los ochenta, esta teoría entró en claro declive entre politólogos y sociólogos, mientras que mantenía una cierta vigencia entre los psicólogos sociales.

La teoría de la carencia relativa fue empleada en las décadas de los sesenta y los setenta como un elemento explicativo en otros análisis centrados en las tensiones políticas y sociales que acarrea un proceso de desarrollo acelerado. De este modo, los sociólogos adscritos al paradigma de la modernización trataron de establecer correlaciones entre el desarrollo político, social y económico y otras variables generales, como el nivel de conflictividad y de violencia en estas sociedades. Los Feierabend y Nesvold acuñaron el término de frustración sistémica para definir el descontento motivado por estos cambios en sentido modernizador, susceptibles de expresarse en forma de violencia colectiva[99]. Estos autores trataron de demostrar que los países situados en los extremos de una escala de desarrollo socioeconómico estaban menos sujetos a explosiones de violencia política que los situados a medio camino en esa escala, y concluían que cuanto más acelerado fuera el cambio social, más numerosas e intensas serían las explosiones de violencia política que se producirían. Samuel P. Huntington llegó a afirmar que «puede haber violencia sin desarrollo, pero no puede haber desarrollo sin violencia»[100]. La movilización política no producía automáticamente desarrollo político, sino que minaba las instituciones establecidas que no se adaptaban a los nuevos requerimientos de la población y aumentaba la posibilidad de un conflicto violento. Este tipo de teóricos, obsesionados por enumerar y cuantificar los factores estadísticos de orden socioeconómico, olvidan factores cualitativos de la mayor trascendencia, como las ideologías, las tradiciones, las creencias y las percepciones colectivas que incitan a la violencia.

En definitiva, las interpretaciones de la violencia basadas en los paradigmas de la frustración/agresión y de la carencia relativa, definidas por algunos autores como «naturalistas» o «volcánicas», mantienen un componente esencialmente psicológico, no conceden importancia a las complejas circunstancias conflictivas que trae aparejado el cambio social estructural, no enseñan nada sobre las reacciones de los diferentes sectores sociales en su contexto histórico, y han derivado hacia estudios cuantitativos que nos alejan de la realidad de los procesos conflictivos. Estas teorías de la frustración social son fundamentalmente atomísticas: parten del dudoso principio de la existencia de un «espíritu de rebeldía» homogéneo y coordinado que surge espontáneamente de la suma de las frustraciones individuales. Esta lógica unívoca de los comportamientos no se manifiesta con tanta claridad en las situaciones reales de opresión y violencia. Las teorías de la privación relativa explican la violencia como un estallido irracional fruto de una frustración, y nos aclaran el paso del descontento a la protesta violenta, porque omiten un elemento clave: la «fabricación» de ese descontento a través de la organización.

Las teorías de la acción colectiva racional

La aparición o desarrollo, a finales de la década de los sesenta, de los llamados «nuevos movimientos sociales» cambió radicalmente el panorama de los estudios sobre el conflicto y la violencia. Las teorías al uso no podían explicar con eficacia las razones de una protesta que no tenía especial identidad de clase, que no era canalizada a través de movimiento coherentes y jerarquizados, que no se aspiraban a conquistar el poder económico o político, y que se producían en los países desarrollados, no en el seno del proletariado, sino en el de los hijos de la «sociedad del bienestar». Este nuevo grupo de teorías explicaba la violencia como una de las varias estrategias de acción colectiva (esto es, de actuación deliberada de un conjunto de personas con el objetivo de obtener intereses comunes) que se podían seguir en el desarrollo estratégico de un conflicto.

La teoría microeconómica de la «elección racional» elaborada a mediados de la década de los sesenta por Mancur Olson facilitó el argumento idóneo para atacar los fundamentos del paradigma del agregado psicológico: la acción colectiva ya no era el resultado automático de la suma de los intereses (o frustraciones) individuales, sino que las personas informadas de las opciones y las consecuencias de sus acciones siempre buscan y eligen los medios más eficaces y menos costosos para alcanzar sus objetivos. Los individuos racionales participan en la acción colectiva tras un cálculo de costes y beneficios donde los incentivos (egoístas como el dinero, el prestigio, el poder o el respeto, pero también altruistas y solidarias como la amistad, la solidaridad, etc.) y la evaluación estratégica del contexto resultan esenciales[101].

Los trabajos de Olson pretendían demostrar la improbabilidad de la acción colectiva en condiciones de normalidad, pero coincidieron con el desarrollo del amplio ciclo de protesta, rebelión y politización que envolvió a Occidente a inicios de la década de los setenta, que echó por tierra buena parte de sus hipótesis. De hecho, aunque el enfoque de la elección racional sigue siendo de obligatoria referencia para los estudiosos de los movimientos sociales, no concita hoy en día adhesiones inquebrantables, salvo entre un sector de economistas, ya que, como hemos advertido, no ofrece una explicación plausible de la participación no movida por el cálculo racional, sino por móviles de altruismo o de beneficio social colectivo[102]. Con todo, los modelos de racionalidad individual han ejercido una enorme influencia en las teorías de la acción colectiva y de los movimientos sociales.

El paradigma de la elección racional, que para algunos optimistas estaba llamado a unificar todas las ciencias sociales, parece haber entrado parcialmente en crisis, pero ha dado lugar a una serie de hipótesis básicas para el estudio de los movimientos de protesta: el carácter fundamentalmente deliberado y racional de su acción; el predominio del interés colectivo sobre el cálculo individual; la evidente continuidad de la acción violenta con otras formas «normales» de acción social o la importancia de los factores estratégicos y de los procesos políticos en la definición de las acciones colectivas.

Según esta perspectiva, la acción colectiva general y la violenta en particular, dependen de tres factores esenciales:

a) La estructura de oportunidades políticas, o relación que se establece entre un grupo y su entorno. Se presentan bajo el doble sentido de la coacción y la facilidad que las instituciones estatales o no y otros movimientos aliados o rivales dispensan a los grupos contestatarios para que estos efectúen su acción colectiva[103]. Esta teoría ha tratado de establecer un vínculo entre la política institucionalizada y los movimientos sociales, afirmando la importancia del sistema político a la hora de estructurar las oportunidades para la acción colectiva, pero señalando también a los entornos sociales básicos (vecindad, familia, lugar de trabajo) como factores esenciales para facilitar y estructurar dicha actuación.

b) Las estructuras y procesos de movilización, entendidas como «aquellos vehículos colectivos, formales o informales, a través de los cuales la gente se moviliza y emprende su acción colectiva»[104]. Estas estructuras de movilización son los canales colectivos, tanto formales como informales, a través de los cuales la gente puede movilizarse e implicarse en la acción colectiva. McCarthy los denomina «formas consensuadas de llevar a cabo acciones colectivas, a los repertorios tácticos, a formas organizativas de movimientos sociales concretos, y a repertorios modulares de los movimientos sociales»[105]. Estas estructuras son las que acopian los recursos necesarios (materiales, organizativos, simbólicos) y una orientación racional según un cálculo de costes y beneficios para que la acción colectiva de protesta (competitiva, proactiva, reactiva) tenga éxito[106].

Los dos factores aludidos aparecen vinculados a la escuela norteamericana de estudio de los movimientos sociales, que considera que la aparición de movimientos de protesta no depende de la existencia previa de intereses compartidos, sino de un marco institucional adecuado y de la creación de organizaciones capaces de movilizar ese potencial reivindicativo y de desarrollar tácticas de tipo político.

c) La formación de las identidades culturales y los intereses colectivos, vinculada con la óptica europea en el estudio de los movimientos sociales, establece que entre la oportunidad para actuar y la organización efectiva de la protesta median las dimensiones cognitivas, ideológicas o culturales que definen la concepciones del mundo y de sí mismos, metas y opiniones compartidas y reivindicaciones e ideas compartidas sobre lo que se considera justo e injusto, que legitiman y motivan la acción colectiva. Son las dinámicas sociopsicológicas de atribución colectiva y construcción sociocultural de la protesta que David Snow y Robert Benford llamaron «procesos de enmarcado»[107]. Para que la gente se movilice ha de sentirse agraviada sobre algún aspecto de sus vidas, y mostrarse optimista sobre el hecho de que, actuando colectivamente, estaría en mejores condiciones de solucionar el problema[108].

Por lo tanto, en las teorías de la acción colectiva, el proceso de construcción de la protesta se haría de acuerdo con este esquema simplificado:

Identidades e intereses comunes (procesos de enmarcado) → Organización (estructuras de movilización) → Movilización (estrategias y repertorios; estructura de oportunidades) → Acción colectiva

Las modalidades de acción en común urdidas sobre la base de intereses compartidos son interiorizadas por los grupos sociales tras un largo proceso histórico de aprendizaje, y se van redefiniendo y cambiado en el transcurso de la acción, en respuesta a nuevos intereses y oportunidades. La acción colectiva se manifiesta a través de repertorios de protesta limitados, definidos, eficaces y familiares para los participantes. Estos repertorios dependen, entre otros factores, de las costumbres y rutinas diarias de la gente, de la organización interna de la población, de su concepción del derecho y de la justicia, de la experiencia previa acumulada en anteriores acciones colectivas y de las prácticas de represión más habituales. En sus estudios sobre la evolución histórica de acción colectiva de confrontación en Francia y Gran Bretaña, Charles Tilly habla de un repertorio tradicional y de otro moderno de protesta, que comienza a definirse a finales del siglo XVIII[109].

Como la movilización colectiva adopta un contenido dialéctico entre apertura y resistencia, cobra sentido hablar de la existencia de ciclos de protesta de duración e intensidad impredecibles, cuya dinámica pasa por fases de movilización y desmovilización, como resultado de la interacción entre autoridades, movimientos y grupos de interés. Un ciclo de protesta es «una fase de intensificación de los conflictos y la confrontación en el sistema social, que incluye una rápida difusión de la acción colectiva de los sectores más movilizados a los menos movilizados; un ritmo de innovación acelerado en las formas de confrontación; marcos nuevos o trasformados para la acción colectiva; una combinación de participación organizada y no organizada, y unas secuencias de interacción intensificada entre disidentes y autoridades que pueden terminar en la reforma, la represión y, a veces, en una revolución»[110]. La dinámica de este ciclo, que suele pasar por fases de movilización y de desmovilización, es el resultado de la interacción entre organizaciones, autoridades, movimientos y grupos de interés. Los ciclos de protesta son, pues, crisoles y encrucijadas donde se inventan, evolucionan y se perfeccionan nuevos repertorios de acción colectiva, y donde se produce la socialización política de las nuevas generaciones contestatarias.

Con su visión histórica y constructivista de la protesta violenta, las teorías adscritas al paradigma de la acción colectiva racional superan las antiguas concepciones «volcánicas» de tipo psicológico y parecen especialmente adecuadas para el estudio de los comportamientos agresivos protagonizados por organizaciones y movimientos complejos y de grandes proporciones. Estas propuestas resultan de gran interés por su carácter dinámico (interacciones entre grupos) y por su explicación lógica de la violencia colectiva como un fenómeno condicionado por la movilización de recursos, la organización y los fines que persiguen los grupos y organizaciones sociales. Esta atención por lo organizativo, por lo estratégico, por la acción del Estado y por la influencia del cambio histórico aleja al paradigma de la acción colectiva de los modelos estructurales funcionalistas, y la aproximan tenuemente al marxismo, que siempre otorgó gran importancia a la articulación política del descontento social, y concibió el Estado como instrumento organizado de coacción. Como crítica se puede señalar que algunas de estas teorías, sobre todo la de movilización de recursos, sitúan en segundo plano a los actores sobre las estrategias, y que al destacar la racionalidad instrumental de este tipo de acciones no se abordan con éxito el estudio de movimientos aparentemente espontáneos y sin base organizativa suficiente.

CONCLUSIONES. LA «VIOLENTOLOGÍA», UNA DISCIPLINA EN CONSTRUCCIÓN

Las diversas definiciones de la violencia revelan que buena parte de las contribuciones a este debate se han superpuesto unas a otras antes que contribuir a un proceso ordenado y acumulativo de avance del conocimiento sobre la materia. Caben fundadas sospechas de que las diferentes teorías estén abocadas a incidir sobre unos tipos determinados de violencia colectiva –en general, la violencia subversiva– con preferencia a otros, como la violencia estatal. Aunque ninguna tendencia de análisis ha logrado, hasta la fecha, elaborar una síntesis explicativa plausible de la globalidad del fenómeno, creemos que el científico social no debe ya entrever la violencia como un acontecimiento anómico, excepcional o patológico de la vida social, sino constatar que, como todo comportamiento e interacción social, obedece a unas motivaciones, sigue unas determinadas reglas de desarrollo y persigue unos fines concretos y determinados.

Es cierto que, hasta la fecha, ninguna tendencia del análisis social ha logrado formular una teoría general explicativa del fenómeno de la violencia. Pero, aunque no haya aún un paradigma explicativo incontestado, las diferentes ramas de las ciencias humanas (sobre todo, la sociología política y la sociología del conflicto) han contribuido al enriquecimiento y la profundización de la violencia en tanto que fenómeno significativo del comportamiento humano, gracias a los hallazgos, exégesis y críticas que ha suscitado la teoría de la elección racional, y al debate que han protagonizado los estudiosos adscritos a las diferentes corrientes del paradigma de la acción colectiva. Podemos afirmar que, en la actualidad, los conflictos, los movimientos de protesta y la violencia han alcanzado, definitivamente, su estatuto ontológico de fenómenos sociales «normales». Sin embargo, la emancipación de la violencia como entidad teórico-práctica susceptible de un análisis diferenciado aún no se ha logrado del todo. La violencia sigue estando vinculada a términos como «frustración», «privación relativa», «revolución», «crisis», «terrorismo» o «acción colectiva contenciosa». Contra lo que pudiera creerse, estamos convencidos de que esta subordinación a conceptos básicos de otras ciencias humanas no es en absoluto nociva para su dilucidación teórica, sino que permite abrir un ancho espacio para el necesario debate pluridisciplinar sobre la violencia, hasta llegar a constituir en el futuro una subdisciplina de las ciencias humanas que podríamos bautizar provisionalmente como «violentología».

Fenómeno íntimamente ligado al proceso de conflictividad de una sociedad, la violencia debe ser estudiada de forma dinámica, es decir, histórica. Solo a través del estudio de la interacción de los múltiples factores que, a lo largo del tiempo, intervienen en las disputas sociales (intereses, motivaciones, culturas y contraculturas, ideologías, organizaciones, estrategias de movilización, etc.) podremos dar sentido a un fenómeno que, como la violencia, brota de muy diversos procesos sociales, y, aún hoy, no se resigna a quedar constreñida en categorías precisas y coherentes.

[1] Platt, 1992, p. 174.

[2] Audi, 1971.

[3] Garver, 1968.

[4] Honderich, 1976, pp. 13-21.

[5] Lasswell y Kaplan, 1955, p. 75.

[6] Litke, 1992, pp. 165-168.

[7] Tilly, 1969, pp. 7-8 (1979, p. 86). Por contra, Hobsbawm, 1991, pensaba que el estudio de los movimientos populares de protesta resulta factible y necesario, ya que nos permite conocer las estructuras sociales subyacentes a través de un periodo de tensión, y porque la documentación generada por los conflictos ayuda a conocer cómo viven y piensan aquellos que normalmente no tienen voz propia en la historia.

[8] Arendt, 1972, pp. 111 y 118; Freund, 1965, pp. 513-514; Touraine, 1969, p. 111; Girard, 1972 y Popper, 1963, p. 363 (1989, p. 435). Una crítica a la oposición entre racionalidad y violencia señalada por Popper, en Honderich, 1976, pp. 29-37.

[9] Laqueur, 1977, p. 10.

[10] Maffesoli, 1978 y Sorel, 1976.

[11] Maffesoli, 1984, p. 155.

[12] Maffesoli, 1979, p. 23.

[13] Maffesoli, 1979, p. 71.

[14] Maffesoli, 1984, p. 117. Para Nieburg, 1970, el ritual es una expresión o articulación, a menudo no verbal, de los valores, actitudes, teorías, interpretaciones, acciones potenciales y expectativas de los individuos de una comunidad. La acción ritual reafirma las lealtades sociales, las pone a prueba o las sustituye por otras nuevas. Permite el cambio de actitudes y de valores sin los riesgos de un conflicto amplio o ilimitado, y sin la necesidad de una implicación total y simultánea de todos los miembros de la sociedad. Los rituales controlan y modelan el potencial de cambio revolucionario disruptivo. A través de su ceremonial anejo (sacrificio, iniciación, artefactos letales conectados a ritos místicos, etc.), el ritual actúa como una especie de metáfora o advertencia simbólica de un conflicto. Los usos del ritual son ambiguos, ya que cubren una serie de útiles funciones sociales (catarsis, amenazas), pero están expuestos al abuso, a la disfunción y el exceso.

[15] Burton, 1977, p. 11.

[16] Michaud, 1978, p. 200 y 1985, p. 919.

[17] Sotelo, 1992, p. 57.

[18] Dowse y Hughes, 1990, p. 81.

[19] Grundy y Weinstein, 1974, p. 113.

[20] Genovés, 1977, pp. 7-8. En Genovés, 1980, p. 13, este autor evaluaba en 7.000 el volumen anual de monografías que se publicaba en el mundo sobre el tema. En diciembre de 1975, el Peace Research Abstract Journal incluía alrededor de 106.000 reseñas, con 29.000 páginas en total, acerca de artículos sobre conflictos armados y violencia aparecidos desde 1945.

[21] Galtung, 1964 y 1969 (la cita, en 1985, pp. 30-31).

[22] Galtung, 1969, p. 175.

[23] Burton, 1997, pp. 33-37. Sobre la teoría de las necesidades humanas, véase Burton (ed.), 1990.

[24] Rule, 1988, pp. 11-12.

[25] Nieburg, 1963, p. 43 nota y 1969b, p. 194 (cita recogida también en Nieburg, 1968, p. 18 y en Greenberg, Milner y Olson [eds.], 1971, p. 354). Otros análisis de la violencia del mismo autor: Nieburg, 1962 y 1969a. En esta última obra (pp. 10-15), define la fuerza como «la capacidad y medios de ejercer poder físico», cuando en la sociedad política aumenta la amenaza de violencia o contraviolencia.

[26] «Editors’ Introduction» a Graham y Gurr (eds.), 1969a, p. XXVII.

[27] Tilly, 1978, p. 176.

[28] Sotelo, 1990, p. 47 y 1992, p. 54. Esta definición es deudora de Weber, 1987, p. 31, quien identifica la existencia de lucha cuando «la acción se orienta con el propósito de imponer la propia voluntad contra la resistencia de la otra u otras partes».

[29] Johnson, 1982, p. 32 (1972, p. 40).

[30] Hofstadter y Wallace (eds.), 1970, p. 9.

[31] «Introduction», a Graham y Gurr (eds.), 1969b, p. XXXII.

[32] Stone, 1966, p. 159.

[33] Pontara, 1978, p. 23.

[34] McFarlane, 1974, p. 41. Por ejemplo, el Webster’s New World Dictionary of the American Language, 2nd. college edition, 1979 define la violencia como «actuar con fuerza física importante o caracterizada, para herir, dañar o destruir […] fuerza usada de modo ilícito o insensible».

[35] «Introduction» a Graham y Gurr (eds.), 1969b, p. XXXII. Esta definición es usada, con ligeras variantes, por Gurr, 1973, p. 360: «usos deliberados de la fuerza para dañar o destruir físicamente». Para justificarla, observa que «esta definición es independiente de los agentes, objetos o contextos de la violencia». Por último, en Gurr 1970, pp. 3-4, se limita la violencia colectiva a «todos los ataques colectivos y no gubernamentales sobre personas o propiedades, que producen daños intencionados, y ocurren dentro de los límites de una unidad política autónoma».

[36] Pontara, 1978, pp. 19-23.

[37] McFarlane, 1974, p. 46.

[38] Oberschall, 1993, p. 150.

[39] Nardin, 1971, pp. 589-590 [63-64].

[40] Tilly, 1978, p. 176. Para Couzens, 1971, la violencia denota una cierta intencionalidad, y el uso de instrumentos y medios específicos de acción.

[41] Michaud, 1973, p. 5 y 1978, p. 20 nota 16 (1980, p. 15 nota 16). Tal definición es deudora de la expuesta por Lapierre, 1968, pp. 133-134: «Entiendo por violencia el empleo de medios de acción que atentan contra la integridad física, psíquica o moral de otras personas […] Hay una violencia brutal, la que golpea la imaginación. Es espectacular. Usa del hierro, el fuego y la sangre. Pero hay también una violencia menos aparente, pero no menos real, es la violencia establecida, la violencia instalada, la violencia constante: a esta la denominaremos violencia opresiva».

[42] Según Waldmann, 1992, p. 122, la violencia puede tener una función instrumental (medio para alcanzar una meta), comunicativa (transmisión de un mensaje o señal) o expresiva (catarsis del ejecutor por placer o estímulo). Véase también Waldmann, 1985. Por su parte, Braud, 1993, distingue la violencia como modo de afirmación política, la violencia como negociación y la violencia como exhibición.

[43] Aróstegui, 1994, p. 30.

[44] Durkheim, 1978, p. II.

[45] Simmel, 1955; Coser, 1956 y Michaud, 1973.

[46] Coser, 1982, p. 139.

[47] Coser, 1974, p. 18.

[48] Esta intuición ha sido desarrollada por Battegay, 1981.

[49] Piñuel, 1986, p. 96.

[50] Michaud, 1985, p. 918.

[51] Kriesberg, 1975, p. 231.

[52] Michaud, 1978 (1980, pp. 161-162).

[53] Habermas, 1987-1988. Según la teoría del relacionismo enunciada por Mannheim, 1958, p. 147, los elementos de la significación en una situación determinada se refieren unos a otros y derivan su significación de su interrelación recíproca con determinados esquemas de pensamiento. Cuando dos o más formas de interpretación de la realidad entran en conflicto y se critican, se hacen transparentes, y el interlocutor puede asumir con más facilidad la perspectiva del otro, circunstancia imposible si esta comunicación no se produce.

[54] Benjamin, 1991, p. 35.

[55] Mascarell, 1984.

[56] Aróstegui, 1996, p. 11.

[57] Giddens, 1985, p. 147 y 1987b, pp. 173-175. Giddens explica que, en las sociedades precapitalistas, el explotador era, de algún modo, un agente del Estado, y poseía acceso libre y directo a los medios de violencia para asegurar la conformidad de las clases subordinadas. Las relaciones de producción capitalistas se extendieron sin recurrir necesariamente al poder militar o al control de los medios de violencia por una clase. El monopolio de la violencia por el Estado moderno implicó la exclusión de las sanciones violentas en el mercado de trabajo. Pero el trabajo capitalista se vinculó al monopolio estatal de la violencia a través de la expansión masiva de la vigilancia en el ámbito político y laboral, y ello en dos modos principales: la información sobre las actividades de la población administrada y la supervisión o control directo de esas actividades. La vigilancia en la empresa capitalista, que es la clave de la gestión industrial del trabajo libre, se desarrolló en el contexto más amplio de la expansión del poder disciplinar de las instituciones del Estado.

[58] Foucault, 1975.

[59] Elias, 1982, pp. 317-319.

[60] Para Giddens, 1981, vol. I, p. 190, el Estado-nación, que existe en un complejo de otras naciones-Estado, es un «conjunto de formas institucionales de gobierno que mantiene el monopolio de la administración sobre un territorio con fronteras delimitadas, y cuyo predominio viene sancionado por la ley y por el control directo de los medios de violencia interna y externa».

[61] Según Weber, 1987, p. 506, la criminalización es el proceso de imponer leyes para la coerción psicológica o física de individuos o grupos que desafían las normas legales de forma deliberada o implícita.

[62] Aron, 1962, pp. 260-261 (1963, p. 311).

[63] Girard, 1972, cit. por Beriain, 1994, pp. 66-67.

[64] Giddens, 1987b, pp. 173-175.

[65] Foucault, 1975, p. 257.

[66] Cortina, 1996, p. 57.

[67] Converse, 1968, p. 483.

[68] Por ejemplo, Chesnais, 1982.

[69] Corradi, 1990, p. 41.

[70] Johnson, 1982 (1972, p. 46).

[71] Aróstegui, 1994, p. 29.

[72] Laue, 1987, p. 17. Este autor no explica en qué momento de la escalada conflictiva brota el hecho violento.

[73] Coser, 1956, p. 8; 1967, p. 232 y 1968, p. 232 (1979, p. 17). Oberschall, 1973, p. 30 critica la definición de Coser, señalando que los bienes, valores y creencias son los objetivos del conflicto, mientras que la eliminación de los rivales es, simplemente, una de las posibles consecuencias del mismo.

[74] Kriesberg, 1975, pp. 319-320.

[75] Freund, 1983, p. 65.

[76] Blalock, 1989, p. 9.

[77] Fisas Armengol, 1987, p. 166.

[78] Kriesberg, 1975, pp. 32, 84-85 y 324.

[79] Ibid., pp. 32 y 136-138.

[80] Aróstegui, 1984, pp. 309 y ss.; y 1990, p. 238.

[81] Cornaton, 1969, pp. 61-62 y 80 (1972, pp. 55-56 y 73). Sobre las bases neuroquímicas de la agresividad (estimulantes e inhibidores), véase Alonso-Fernández, 1984, pp. 15-18. Una reincidencia sobre la fisiología de los comportamientos agresivos, relacionada con la estimulación de la amígdala cerebral en el sistema nervioso central, en Sanmartín, 2000. Una crítica a la sociobiología, en Sandín, 1999, pp. 75-85.

[82] Sobre esta interpretación etológica de la violencia humana, véase Lorenz, 1970, pp. 260-309. Una aproximación a la teoría sociobiológica, en Ardrey, 1970 y 1971.

[83] Véase Nelson, 1974-1975, y sobre todo Montagu, 1970 y 1971. Scott, 1977 rechaza el concepto de instinto, aunque reconoce que «hay un mecanismo fisiológico interno al que basta con estimular para producir la lucha». Sobre las limitaciones heurísticas de las explicaciones etológicas de la violencia, véase desde el punto de vista liberal, Arendt, 1972 y 1973, pp. 159-166, y la crítica al excesivo individualismo metodológico formulada desde el sesgo marxista-leninista más ortodoxo por Denísov, 1986, pp. 247 y ss.

[84] Freud, 1966, pp. 102-103. Sobre el concepto freudiano de violencia y la guerra y las ulteriores explicaciones posfreudianas, véase Hartman, 1999.

[85] Dollard, Doob, Miller, Mowrer y Sears, 1939. Véanse también McNeil, 1959 y Rapoport, 1995, pp. 33-52.

[86] Miller, 1941 y Tanter y Midlarsky, 1967.

[87] Aya, 1985, p. 70. Esta gran verdad ya fue expuesta en su momento por Trotski, 1974, vol. II, p. VII: «La mera existencia de privaciones no es suficiente para causar una insurrección. Si ello fuera así, las masas estarían siempre en rebeldía».

[88] Durkheim, 1978, pp. 343-365.

[89] Parsons, 1964, pp. 65-69 y 1982, pp. 237-305.

[90] Merton, 1995, pp. 209-239.

[91] Coser, 1957, pp. 197-207 y 1982, p. 139.

[92] Smelser, 1989.

[93] Collins, 1994, pp. 103-104.

[94] Tarrow, 1994, p. 11 (1997, p. 36).

[95] Thompson, 1977 y 1971 (reed. en Thompson, 1978, pp. 239-293 y 1995, pp. 213-293); Hobsbawm, 1968 y 1976, y Rudé, 1978a, 1978b y 1981.

[96] Davies, 1962, reimpreso en Feierabend, Feierabend y Gurr (eds.), 1972, pp. 67-84; Ross (ed.), 1963, pp. 437-450 Davies (ed.), 1971, pp. 135-147. Otros estudios del mismo autor donde desarrolla esta hipótesis: Davies, 1969, 1972 y 1973.

[97] Davies (ed.), 1971, p. 133. Una acerada crítica a las hipótesis de Davies, en Tilly, 1991, pp. 127-129.

[98] Gurr, 1972, p. 44.

[99] De los autores indicados: Feierabend, Feierabend y Nesvold, 1969, además de Feierabend y Feierabend, 1966, 1972 y 1973. Un detenido análisis crítico de la teoría de la frustración sistémica y de sus resultados empíricos, en Zimmermann, 1983, pp. 76-86.

[100] Huntington, 1968, p. 264.

[101] Véase la obra clásica de Olson, 1976.

[102] Dalton, Kuechler y Bürklin, 1992, p. 26.

[103] Tilly, 1975, 1978 y 1990 (1985); Tilly y Rule, 1965; Tilly y Tilly, 1981; y Tilly, Tilly y Tilly, 1975 (1997); McAdam, 1982 y 1999 y Tarrow, 1994 y 1999.

[104] «Introduction: Opportunities, Mobilizing Structures, and Framing Processes: Toward a Synthetic, Comparative Perspective on Social Movements», en McAdam, McCarthy y Zald (eds.), 1996, p. 3.

[105] McCarthy, 1999.

[106] Gamson, 1975 y McCarthy y Zald, 1973, 1977, 1980 y (eds.), 1979 y (eds.) 1987.

[107] Snow y Benford, 1988 y 1992.

[108] Sobre este paradigma, véase Touraine, 1978; Melucci, 1982, 1985, 1988, 1989 y 1995, y Klandermans, 1997.

[109] Tilly, 1986 y 1995.

[110] Tarrow, 1994, pp. 153-155 (1997, pp. 263-264).

II. «BELLUM OMNIUM CONTRA OMNES». UNA REFLEXIÓN GENERAL SOBRE EL EMPLEO DELIBERADO DE LA FUERZA EN LOS CONFLICTOS POLÍTICOS

INTRODUCCIÓN. SOBRE LAS RAÍCES FILOSÓFICAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA

Como podemos constatar a diario, la violencia parece ser un factor contingente pero habitual de todo conflicto vinculado al poder y, como tal, ha sido reconocido desde los orígenes de la teoría política. El papel de la violencia en los cambios de gobierno ya fue destacado por Aristóteles, y Maquiavelo la situó en el centro de las acciones públicas y privadas que desplegaba su príncipe. Por otro lado, las teorías inspiradas en el Leviathan consideran la violencia como algo inherente a la acción política, puesto que la paz social está garantizada a través del monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado. Para Hobbes, la sociedad es una forma de orden impuesta por algunos hombres a otros, y mantenida por la coerción. Pero el «estado de guerra», que identificaba con la violencia, no se traduce necesariamente en actos concretos de agresión, sino que constituye sobre todo un estado larvado donde cada uno calcula los riesgos que el otro representa para su supervivencia. El sujeto hobbesiano no es, por tanto, un individuo agresivo, sino un individuo que anticipa las amenazas contra su vida, y puede actuar antes de que el otro ataque. Michel Foucault ya señaló que la guerra hobbesiana consiste más bien en una confrontación de representaciones que en conflictos reales. El Estado hobessiano no está fundado sobre la guerra abierta, sino sobre el cálculo por el que cada uno se representa los medios de conjurar el riesgo[1]. La violencia ayuda a pasar de la situación puramente imaginaria del estado de naturaleza al desarrollo de la ley natural fundada sobre una combinatoria matemática de riesgos y de armas, y sobre «lo que nos dicta la recta razón en relación con las cosas que debemos hacer para la conservación de nuestra vida, y las partes de nuestro cuerpo»[2].

La gran cuestión inicial a la hora de indagar sobre las raíces filosóficas de la violencia política sería determinar si esta existe como un elemento esencial de cualquier estructura de gobierno, o más bien este es un resorte encargado de la limitación de la violencia intrínseca en la sociedad. La diferenciación entre Macht y Herrschaft, entre coacción o potencia y poder legítimo o autoridad, descrita certeramente por Weber, figura en los orígenes de la teoría moderna sobre el Estado, que sitúa al poder como categoría política fundamental. Ya Maquiavelo lo concibió como técnica de obtener obediencia. Para Hobbes, la esencia última del «estado de naturaleza» era la violencia, el reino del homo violens. La sola posibilidad de conjurar la «guerra de todos contra todos» que caracteriza la convivencia humana, y de garantizar el contrato fundador de una sociedad, era arrancar de raíz la violencia de la sociedad y delegar su monopolio legítimo en un ente externo a la misma, dotado de un poder de coerción absoluto y centralizado: el Leviathan estatal. El reto fundamental del Estado –cuya naturaleza y función se erigen en cuestiones básicas de la ciencia política moderna– es conseguir el monopolio del poder coactivo como único medio de obtener la «paz social». Hay que advertir, sin embargo, que la afirmación de que el Estado ejerce en exclusiva la coacción física es una simple metáfora para explicar la idea de que los órganos gubernamentales tienen el poder de prescribir o autorizar los actos de coacción con arreglo a un valor o a una norma superior. El monopolio no significa un ejercicio exclusivo de la violencia –no hay sociedad donde la violencia paraestatal esté completamente ausente–, sino el derecho privativo de imponer o permitir y, por tanto, de prohibir la violencia si esta se produce en contra de las normas establecidas[3]. La función ideal de monopolio de la violencia es la ausencia de toda violencia efectiva.

LA VIOLENCIA EN LA POLÍTICA. UNA CARACTERIZACIÓN PRELIMINAR

A la luz del pensamiento político clásico, la violencia aparece como un ingrediente fundamental, siempre latente o presente en los juegos de poder. No es necesario aceptar en todos sus términos la provocativa definición de Maurice Duverger –«la guerra civil continuada por otros medios»– para reconocer que la política es un instrumento dirigido a canalizar las situaciones de conflicto en una sociedad a través del empleo del mínimo posible de fuerza. Esta exclusión paulatina de la violencia se consigue en primer lugar reglamentando y limitando su empleo (combates singulares, treguas de Dios, ius in bello, etc.), y sustituyendo en una segunda etapa las formas más brutales por modalidades violentas más «civilizadas»: del motín del hambre, la masacre indiscriminada o la pena de muerte, a la huelga, la represión selectiva y la prisión. En último término, la política intentaría eliminar completamente la violencia física, reemplazándola por otras formas de combate más ritualizadas: batallas electorales, debates parlamentarios, discusiones en comisión, etc.[4]. Julien Freund es mucho más rotundo cuando sentencia que:

Al contrario de lo que declaran hoy día algunos espíritus llamados avanzados, la actividad política no tiene como objeto introducir y mantener la violencia en las relaciones y estructuras sociales. Es lo contrario lo cierto. En efecto, el cometido primero de la política es reglamentar el ejercicio de la violencia en el seno de una colectividad, comprimirla en límites que solo se franquean excepcionalmente. En otras palabras, la política es la actividad que se esfuerza por dar un carácter excepcional al uso de la violencia, sin comprometer sin embargo las posibilidades positivas de la ritualización de la agresividad[5].

Así pues, en la proposición de Duverger y de la corriente funcionalista clásica, política y violencia aparecen como términos incompatibles, ya que, en su finalidad, la política tiende a excluir la violencia mediante la «encapsulación» de los conflictos en procedimientos[6]. Sin embargo, en la práctica no resulta tan sencillo disociar la violencia de toda acción política. Esta fundamenta una gran parte de sus medios de intervención en la negociación y la persuasión, pero aparece también repleta de demostraciones de fuerza potencialmente violentas, como son las incitaciones, las presiones, las amenazas, los excesos verbales, las demostraciones masivas (intimidación por el número) o las violencias subliminales. La política trata de organizar las relaciones entre individuos y grupos sociales con el fin de pacificar los conflictos inherentes a la vida en sociedad, y el Estado, como principal actor político, justifica su existencia como mecanismo para resolver o canalizar tales conflictos[7]. Pero, al mismo tiempo, la política es, como la guerra, un campo de batalla, donde los hombres se enfrentan para la conquista, el ejercicio, la conservación o la contestación del poder[8]. La violencia está en el filo de la integración social: es el proceso de demarcación y la medida final entre soberanías[9]. Para algunos autores, la violencia es todo aquello que queda al margen de las reglas políticas, pero no es menos cierto que la violencia interviene constantemente en el juego político de los Estados[10].

Los Tilly trataron de demostrar que los conflictos violentos se producen rutinariamente en la lucha por el poder[11]. En lugar de constituir una ruptura radical de la vida política «normal», las protestas violentas tienden a acompañar, complementar y organizar las tentativas pacíficas ensayadas por la gente para alcanzar sus objetivos, formando un repertorio coherente de actuación colectiva. De modo que la violencia no es un fenómeno sui generis, sino una salida contingente de procesos sociales y de métodos de acción en común que no son intrínsecamente violentos[12]. El juego político nunca es completamente pacífico, y la violencia es una forma de gestión de los conflictos. Extrema, es cierto, pero no anormal[13]. Para reducir la violencia entre sus miembros, un sistema político debe eliminar algunas relaciones de conflicto y rutinizar otras, envolviéndolas en juegos competitivos y regulados por normas (por ejemplo, los debates parlamentarios y los comicios electorales) o trasformándolas en ceremonias, como las peticiones o las manifestaciones. La violencia es otra forma de hacer política, entendida esta en sentido amplio. El simbolismo violento basado en la dialéctica excluyente «amigo-enemigo», descrita por Carl Schmitt, es una constante del juego político, mezcla de competición y participación que distrae una parte de la energía popular de la violencia política[14]. El propio debate parlamentario es la simbolización de ese combate y su sublimación, donde los contendientes aceptan unas determinadas reglas del juego para que sus seguidores no sobrepasen ciertos límites, ni se salgan de ciertas normas legales que perjudicarían las aspiraciones políticas del colectivo en su conjunto. Los ejemplos de confrontación rutinaria (debates públicos, mítines, manifestaciones, congresos, etc.) podrían repetirse hasta la saciedad. En suma, la violencia política, sujeta a ciertas normas, no es un reflejo de una situación de anomia social, sino que tiene siempre un carácter ambivalente de ruptura y de consenso.

La excesiva focalización en el factor «fuerza física» no explica en modo alguno la variedad de matices de la violencia política: durante o después de un periodo de cruenta represión, la violencia suele adoptar una forma latente (coacción moral, autocensura) o mostrarse a través de sutiles mecanismos de presión psicológica, que resultan un eficaz complemento a la desmovilización política y a un eventual recrudecimiento de la coerción física. La violencia implícita también puede mostrarse en determinadas demostraciones de fuerza (marchas, contramarchas, actos, concentraciones, maniobras, mítines) que refuerzan el propio esprit de corps o impelen al proselitismo, pero que alcanzan su verdadera potencialidad como eficaces instrumentos de disuasión o de provocación. La violencia política no es un fenómeno excepcional, sino que forma parte de un extenso continuum de acciones demostrativas más o menos aceptadas por la sociedad, y dirigidas a la obediencia o a la desobediencia respecto del poder político. La violencia política explícita, de carácter predominantemente físico, no es, por tanto, un caso aparte. Tanto la autoridad del Estado como la capacidad reivindicativa de las diversas organizaciones políticas y sociales se mantienen por la amenaza constante del uso de la violencia física como ultima ratio del juego político. De la advertencia al ataque directo, todas estas acciones se refuerzan y se hacen creíbles las unas a las otras[15]. Pero cuando actúa la violencia como simple amenaza, trata de economizar el uso de la fuerza. Normalmente, la violencia y la contraviolencia tienden, al menos en sus estadios iniciales, a ser simbólicas y a constituir la demostración de un latente pero claro potencial de escalada. Como afirmaba Clausewitz refiriéndose a la guerra, la violencia política no intenta generalmente aniquilar físicamente al adversario, sino quebrantar su voluntad lo más rápidamente y con el menor efecto moral o material posible. Y como en la guerra, el uso de la fuerza en la política no suele ser irreflexivo, sino que está sometido al control minucioso de una organización, que utiliza la violencia como uno de los varios instrumentos de que dispone para la lucha por el poder.

Toda táctica de lucha (y la política especialmente, por sus complejas implicaciones simbólicas y por el especial énfasis puesto en el consenso, básico para la legitimidad de todo sistema) aparece sometida a ciertas normas de uso que tienden a maximizar los resultados con el mínimo coste social. La violencia política ha sufrido un proceso de creciente racionalización y cálculo para acentuar su eficacia. No cabe duda de que, en ocasiones, el uso de la violencia ha permitido la consecución de objetivos sociales y políticos de forma más rápida que el juego político convencional (por ejemplo, los procesos revolucionarios de mediados del XIX que posibilitaron la implantación de la ciudadanía democrática y sus derechos anejos, las huelgas reivindicativas de la jornada de ocho horas organizadas por el movimiento obrero a finales de esa centuria, o la insurrección de Pascua de 1916 en Dublín, que reavivó la llama independentista en Irlanda), siempre y cuando parta de un consenso mínimo que permita la canalización del conflicto hacia concesiones políticas, sociales y económicas concretas. Pero como parte de una táctica política, la aplicación abusiva o indiscriminada de la violencia puede causar efectos contraproducentes, como la represión desproporcionada o incluso el establecimiento de un régimen de terror. En no pocos casos, la violencia no ha favorecido, sino que ha deshecho las posibilidades de crecimiento y la capacidad reivindicativa de un movimiento político-social, cuando la «escalada» de violencia provocada por un sector del mismo ha superado las cotas permitidas por el Estado, y lo que es más importante, por un sector significativo de la sociedad. En esas condiciones, el uso de la violencia ha justificado y legitimado una represión indiscriminada y abusiva sobre la organización en su conjunto, como ensayaron las dictaduras del cono sur latinoamericano en la década de los setenta contra todo tipo de disidencia política. Por eso, la violencia no es, salvo raras excepciones, la opción del «todo o nada» o la «guerra total». Una formación social no está de forma constante bajo la amenaza de una revolución sangrienta dirigida por los grupos disidentes. La violencia siempre bascula entre la táctica de la «escalada» y formas de interacción más pacíficas (negociación, persuasión) o violencias más ritualizadas (coerción subliminal, disuasión) y de menor coste social. Pero la estrategia es siempre la misma: obtener mediante el empleo o la amenaza de la fuerza ciertas compensaciones de un poder considerado escasamente receptivo a requerimientos políticos expresados con menor agresividad. Como vemos, la violencia –y mucho menos la violencia en política– no es una manifestación anómica del conflicto; suele estar sometida a ciertas normas y formar parte de una estrategia. Pero es, ciertamente, un utensilio menos rutinario y regulado que otros instrumentos de concurrencia política, como la propaganda, la lucha electoral y parlamentaria, las manifestaciones, etcétera.

Otro rasgo de la violencia política es que aparece tan íntimamente unida al daño físico o moral como a las imágenes y reacciones emocionales que ella suscita. La manera en que la violencia es percibida cuenta tanto como la violencia efectivamente sufrida, ya que su efecto psicológico puede ser tanto o más devastador que su resultado real. De ahí su estrecha vinculación con lo simbólico y lo imaginario. Ello es evidente en el terrorismo subversivo o de Estado, donde la propaganda, las medidas de información o desinformación tienen tanto o más valor político que el puro y simple atentado.

TENTATIVAS DE DEFINICIÓN

El carácter ambivalente de la violencia como factor oficialmente marginado, pero al tiempo como recurso supremo del debate político, ha dado lugar a definiciones impregnadas, de forma más o menos explícita, de un cierto relativismo moral que ha sido denunciado, entre otros, por Charles Tilly, quien advierte que, en el ámbito de la política, la distinción entre usos legítimos e ilegítimos de la fuerza resulta absolutamente crucial, pero esa distinción radical no debiera haber entrado a formar parte del ámbito de la explicación sociológica, ya que acciones prácticamente idénticas caen en ámbitos de análisis opuestos, y únicamente las separa un juicio político: el de su legalidad o ilegalidad[16]. Según Donatella Della Porta y Sidney Tarrow, la violencia está conformada por un elenco de «repertorios de acción colectiva que implican gran fuerza física y causan daño a un adversario en orden a imponer metas políticas». Un particular repertorio que, por añadidura, es considerado a la vez como ilegítimo desde el sesgo de la cultura dominante.

Autores como Edward Gude consideran la violencia como un recurso o un instrumento lícito y vigente para la resolución política de los conflictos, aun sin que estos lleguen al rango de revolución social[17]. En contrapartida, otros especialistas destacan la ilegalidad y la ilegitimidad como las principales características del hecho político violento, desde el momento en que emplea la fuerza como único recurso para conquistar el poder o dirigirlo por medios presuntamente no lícitos. Ted Honderich define la violencia política como un «uso de la fuerza considerable, destructivo contra personas o cosas, uso de la fuerza prohibido por la ley y dirigido al cambio de política, personal o sistema de gobierno, y dirigida también a cambios en la existencia de los individuos en la sociedad y quizá otras sociedades»[18]. Para este autor, la violencia política no tiene por qué tener un norte exclusivamente utópico, sino que en multitud de ocasiones persigue fines inmediatos. Con la coerción como arma, la violencia política destruye el principio de la democracia, al romper la teórica igualdad de todos los ciudadanos en su influjo sobre el Gobierno y cuestionar la primacía de la ley. Jerome Skolnick considera que la violencia es un término ambiguo, cuyo significado queda establecido a través del proceso político, pero siempre se refiere a las acciones disruptivas que tratan de alterar la estructura de poder existente antes que las actividades de este para defender el orden establecido. Señala que «el concepto de violencia siempre refiere a una disrupción de cierta condición de orden, pero el orden, como la violencia, es definido políticamente»[19]. Por su parte, Ted R. Gurr ensaya una conceptualización más enumerativa y descriptiva, pero igualmente deslegitimadora, de la violencia política, incluyendo en ella «todos los ataques coactivos dentro de una comunidad política contra el régimen político, sus actores […] o su política. El concepto representa un conjunto de hechos; una propiedad común contra la cual se emplea, o se amenaza con emplear, la violencia […] el concepto subsume la revolución […] también incluye la guerra de guerrillas, los golpes de Estado, las rebeliones y los motines»[20]. Por último, el criminólogo Austin T. Turk la define como «cualquier tipo de tentativa para coaccionar, lesionar o destruir en el curso de una acción política», entendida esta como «cualquier clase de intento para desafiar o defender una estructura de autoridad»[21].

Como vemos, la mayor parte de estos autores asimilan la violencia política con subversión del orden establecido, reivindicando de manera indirecta la violencia procedente del poder, a la que aluden con el más aséptico término «control coercitivo». Si reducimos estas interpretaciones «restrictivas» ad absurdum, a ojos de la más estricta legalidad una simple negativa a cumplir órdenes puede ser interpretado como un acto físico de desafío, ya que desborda los límites del control social o gubernamental[22]. Pero para que la violencia política sea considerada como tal no solo debe violar las normas del orden vigente, sino que ha de amenazar con el uso de la fuerza para alterar sustancialmente las reglas del juego político en cualquiera de sus niveles. Este tratamiento diferencial del fenómeno violento según su procedencia no resulta sorprendente, ya que la violencia política no difiere de los otros tipos de violencia sino en su intencionalidad, que remite a una dimensión ideológica que tiene que ver siempre con la legitimidad del poder político constituido[23]. La violencia política es considerada generalmente como un comportamiento que viola la acción política legítima. Pero el grado de ilegitimidad de una acción es altamente cuestionable: es cierto que las acciones de protesta son, por definición, formas disruptivas y no institucionalizadas de acción colectiva, y en muchos casos (como las huelgas, las manifestaciones, los piquetes, las sociedades de resistencia laboral, etc.) han sido ilegales, aunque luego fueran toleradas y progresivamente institucionalizadas. En la actual cultura política dominante en los países occidentales, no todas las acciones ilegales se consideran violentas[24]. Por otra parte, al contrario de otros delitos, el político o el cometido contra el orden público tienen una definición jurisprudencial muy vaga. Anthony Oberschall no diferencia el uso legal o ilegal de la violencia física como categoría básica de análisis. La razón que aduce es que la violencia colectiva es el resultado de la interacción entre dos o más grupos en un proceso conflictivo, uno de los cuales puede ser el Estado o sus agentes, y una teoría debe aplicar los mismos conceptos y variables a todas las partes implicadas en el conflicto[25].

Paul Wilkinson ofrece una definición trivial, pero que destaca el carácter instrumental de la violencia, entendida en este caso como «la provocación deliberada, o la amenaza de provocación, de una lesión física o un daño con fines políticos» en el transcurso de un grave conflicto público[26]. Por su parte, Olivier Fillieule intenta una aproximación descriptiva, basada en los efectos de la violencia sobre las acciones demostrativas de masas: «toda acción protestataria o policial en la que la reunión de varias personas con fines políticos (o, si se prefiere, reivindicativos) tiene como efecto provocar heridas corporales o destrozos materiales en el dominio público o privado, y tiende a modificar la posición de los protagonistas en una situación de intercambio de golpes»[27]. La definición de Harold Nieburg resulta, sin duda, más pertinente, al hacer hincapié en la modificación de la conducta ajena, cuando describe la violencia política como «los actos de desorganización, destrucción o daño cuya finalidad, elección de objetivos o víctimas, circunstancias, ejecución o efectos tengan significación política, es decir, que tiendan a modificar el comportamiento de otros en una situación de negociación que tenga consecuencias para el sistema social»[28]. Esta propuesta tiene la ventaja de percibir la violencia como un proceso de intercambio que se establece entre varios grupos o categorías de actores dentro de un sistema político, y no se limita a considerar las acciones perpetradas por los rebeldes contra el Estado. Pero la inclusión de una lectura amplia del concepto de negociación puede crear distorsiones en el análisis de un fenómeno tan peculiar como el violento, donde no está en absoluto definida la frontera entre el debate, la acción demostrativa, la coerción y el terror.

Otros autores, como Julio Aróstegui, tratan de eliminar el componente legitimador de las definiciones «restrictivas», y aplicar la categoría de violento a «toda acción no prevista en reglas, realizada por cualquier actor individual o colectivo, dirigida a controlar el funcionamiento del sistema político de una sociedad o a precipitar decisiones dentro de ese sistema»[29]. Se omiten, sin embargo, en esta descripción elementos que resultan esenciales: la amenaza o el empleo de la fuerza, puesto que puede haber acciones no pautadas que lleven al control del poder sin el empleo del más mínimo impulso coercitivo, como, por ejemplo, el acceso al Gobierno en las situaciones de vacío de poder, tras una crisis interna o externa de carácter agudo. Además, resulta ambigua a la hora de situar la naturaleza de la violencia gubernamental, que en situaciones de normalidad institucional se halla perfectamente reglamentada y codificada. Por último, integra difícilmente las luchas entre grupos y organizaciones, internas o no, que no se dirigen directamente al control del sistema, sino que suponen una competencia sobre otros recursos de poder no estatales.

En ese punto, parece pertinente exponer lo que nosotros entendemos por violencia en política. Podríamos definirla como el empleo consciente (aunque no siempre deliberado o premeditado), o la amenaza del uso, de la fuerza física por parte de individuos, entidades, grupos sociales o partidos que buscan el control de los espacios de poder político, la manipulación de las decisiones en todas o parte de las instancias de gobierno y, en última instancia, la conquista, la conservación o la reforma del Estado. Esta definición provisional abarcaría desde las interpelaciones intelectuales (desde el nivel más bajo de amenazas o justificaciones, hasta el más elaborado de teorías e ideologías de la violencia) hasta el empleo de la fuerza física, siempre que cumplan dos requisitos: manifiesten intencionalidad y se dirijan a influir en el vasto campo de la estructura política. Permite insistir en el papel estratégico de la violencia como medio de negociación, y la describe como un proceso interactivo que se desarrolla entre varios grupos de actores. Además, engloba tanto las actitudes de ofensa al sistema como de defensa del mismo, a través de la coerción legal o ilegal y el estado de excepción. Con gran perspicacia, una serie de estudiosos de la crisis peruana de los años ochenta del siglo pasado definieron la violencia política como un conjunto de hechos en el que destacan dos elementos: «primero, dos o más actores sociales que son portadores de proyectos políticos asumidos, al menos por uno de ellos, como irreconciliables; segundo, la apelación a acciones de fuerza, coerción o intimidación como parte dominante de su estrategia o metodología para imponer dichos proyectos»[30]. La confrontación de proyectos políticos mediante el empleo estratégico de la fuerza debiera ser, en efecto, el núcleo central de cualquier reflexión sobre el papel de la violencia en la vida pública.

Desde ese punto de vista, consideraremos como política toda manifestación violenta que presente alguna de estas dos características:

1) Que tenga como objetivo principal el control o el reordenamiento de espacios de poder político, la manipulación de las decisiones en todas o parte de las instancias del gobierno (desde la local a la internacional), y, en último extremo, la conquista, la conservación o la reforma del Estado. A este tipo de acción la llamaremos violencia política deliberada. Sin embargo, existen otras modalidades de violencia intrínseca que no implican aspiraciones inmediatas de poder, pero que presentan características políticas inequívocas. Un ejemplo de ello es la lucha «horizontal» librada entre individuos o grupos reivindicativos que compiten por el control de recursos similares, en una fase previa a la obtención de oportunidades políticas que les posibilite lanzar un desafío directo al Gobierno, como fueron, por ejemplo, los choques de fascistas y nazis con las formaciones obreras antes de su asalto al poder.

2) Que su objetivo inicial no sea de índole estrictamente política, pero que provoque un debate y estimule una toma de posición de los distintos actores (desde los individuos a los grupos sociales, organizaciones políticas y Estado) en torno a la administración y el reparto del poder. Es lo que llamaremos violencia instrumentalizada con fines políticos. Estas confrontaciones con uso intenso de la fuerza pueden tener muy diversos detonantes de orden cultural o subcultural, étnico, religioso, corporativo, económico, social, etc., pero para que tengan contenido político han de ser interpretadas consciente o inconscientemente en ese sentido. Esta politización se puede realizar desde las tribunas públicas (por ejemplo, la crítica parlamentaria o de los medios de comunicación a determinados modos de gestión estatal de la violencia social), o desde los movimientos contestatarios, que intentan aportar organización y vertebración ideológica a estas protestas que, en su origen, suelen mostrar un limitado nivel de proyecto. Casos paradigmáticos de este tipo de violencia instrumental son los conflictos laborales (boicots, sabotajes, huelgas reivindicativas, etc.), cuyo impulso de protesta trata de ser capitalizado y multiplicado en la dirección de una transformación del espacio político y social. Un ejemplo de instrumentalización política de un recurso reivindicativo de orden laboral lo aportan la «acción directa» y la huelga general revolucionaria. Teorizadas en el tránsito del siglo XIX al XX por los sindicalistas franceses, se planteaban como acciones de intensidad progresiva que tenían lugar en la exclusiva esfera económica, pero por su incidencia en el punto más delicado del sistema de dominación capitalista –el aparato productivo– se convirtieron en poderosas armas de transformación política.

Como alternativa al término «violencia», Gurr elaboró la idea de «conflicto político abierto» (provocado por la rivalidad entre grupos por cuestiones de poder, injusticia o prejuicio), que debía referirse a «todos los encuentros abiertos, colectivos, entre grupos en competición por cuestiones políticas». El conflicto político abierto es un tipo particular de interacción contenciosa que implica a un grupo movilizado y a la autoridad, o a dos rivales del mismo rango, e incluye todas las ocasiones en las que algún grupo de personas realiza reivindicaciones colectivas públicas visibles sobre otros actores (reivindicaciones que si se cumpliesen, afectarían los intereses de estos últimos), y en las que al menos una de las partes afectadas por estas reivindicaciones, incluyendo terceras partes, es un Gobierno. Este concepto alternativo engloba los encuentros simbólicos como las protestas, las manifestaciones y las huelgas políticas, así como acontecimientos violentos como desórdenes, rebeliones y terrorismo. Es, por tanto, un término más amplio que el de violencia política, mientras que se sobrepone y no es sinónimo del concepto de violencia colectiva elaborado por Charles Tilly, o del de acción colectiva utilizado por un buen número de sociólogos, que se refiere en genérico a la movilización de grupos para obtener un objetivo común[31]. Su existencia se justifica porque resulta posible un conflicto político abierto sin violencia, o sin que el grupo afectado se movilice previamente[32].

LA RELACIÓN ENTRE LA VIOLENCIA Y EL PODER POLÍTICO

Todo estudio que aborde el papel de la violencia en la vida pública debería iniciarse con una reflexión sobre la naturaleza de la propia política, entendida, tal como señaló Max Weber, como la distribución del poder o la influencia entre grupos dentro de una sociedad compleja, y el papel de las instituciones que regulan la concurrencia respecto de ese valor o bien escaso. La naturaleza de esta confluencia de aspiraciones en pro de la administración del poder es eminentemente conflictiva. Wright Mills llegó al extremo de afirmar que «toda política es una lucha por el poder; el tipo definitivo de poder es la violencia»[33]. En frase de Chalmers Johnson, «el hecho del poder engendra automáticamente una competencia entre los hombres que quieren conquistarlo, y los conflictos políticos pueden devenir violentos»[34]. Podemos afirmar, por tanto, que el objetivo de toda violencia dirigida con fines políticos es la consecución del poder en la pluralidad de sus manifestaciones sociales, y que toda teoría de la violencia política debería fundamentarse en una teoría del poder, sobre todo de su distribución y control por los Estados modernos, definidos como comunidades humanas que reivindican el monopolio del uso legítimo de la fuerza dentro de un territorio determinado[35].

Pocos conceptos hay en la ciencia política tan versátiles e imprecisos como el de «poder», cuyos aspectos míticos o creenciales resultan tan importantes como sus implicaciones de orden práctico. En un principio, podríamos asimilarlo con «la capacidad de un determinado agente social (individual o colectivo) para obligar a otro agente (o agentes) a hacer algo que él (o ellos) no haría de otro modo»[36]. Talcott Parsons lo definió como «la capacidad generalizada de obtener que las unidades pertenecientes a un sistema de organización colectiva se ajusten a sus obligaciones, siempre que estas sean legítimas en relación con los fines colectivos»[37]. Para Weber, «poder» es «la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia o cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad»[38]. De modo que «poder» en general es la habilidad para adoptar e imponer decisiones. William Gamson lo define como «la capacidad de un sistema para utilizar y movilizar recursos para la realización de bienes colectivos»[39]. Según Nieburg, el poder entendido de forma genérica es la capacidad para dirigir energía con el objeto de modificar o controlar el entorno, y expresar valores (designios, fines) a través de la intervención en la configuración de las cosas. En términos del entorno social, el «poder» puede verse como la capacidad de dirigir la energía humana (actitudes y conductas) con el propósito de expresar o realizar algunos valores mediante la organización, el uso, la modificación y el control de los materiales físicos y humanos[40]. Una última acepción asimila el poder o la potencia con «el ejercicio de una fuerza que se aplica, que se dirige hacia algo o alguien»[41]. De modo que el término presenta tres acepciones: poder como fuerza que rige la atribución o la enajenación de recursos; como influencia (manipulación de las condiciones que rodean a la gente para que actúe como apetece a quien lo ejerce), y como autoridad, justificada por razones de tradición, carisma, ascendiente moral, cargo público, etc., y que no se suele ejercer con violencia. Estas tres suertes de poder suelen presentarse juntas en la realidad social y política cotidiana. Un análisis completo del concepto de «poder político» implicaría una clasificación tanto de los medios empleados para la imposición de decisiones como del alcance y variedad de las cuestiones sobre las que estas decisiones inciden.

El poder es también una dimensión fundamental e ineluctable de toda relación social, que puede siempre analizarse como un embrión de acción colectiva que implica negociación e integración. Conviene destacar el carácter relacional del poder, que no es un atributo de los actores, sean estos institucionales o no, sino que es una relación instrumental y recíproca –aunque desequilibrada– de intercambio y de negociación. El poder reside en el margen de libertad de que dispone cada participante en una relación, es decir, en la mayor o menor posibilidad de negarse a lo que el otro pide[42]. La organización hace posible y regulariza el desarrollo de las relaciones de poder.

La conformación y la naturaleza del poder es uno de los asuntos más debatidos por la ciencia política. Según Blalock, el poder es el resultado de una función multiplicativa de tres variables: los recursos disponibles (R), el grado en que estos son movilizados (D) y la eficiencia del esfuerzo movilizador (E), es decir, la selección de un tipo de acción y de un nivel de recursos que maximicen las probabilidades de éxito, según la fórmula: P = kRDE[43].

La pluralidad de manifestaciones del poder permite la elaboración de tipologías muy variadas. Galbraith distinguía poder penal (sumisión de la voluntad del otro por la amenaza o la realidad de la pena), remunerativo (sumisión por la promesa o realidad del premio) y condicionante (el ejercido por la persuasión, la educación y la cultura)[44]. Anthony Giddens diferencia los recursos de poder distribuibles (recursos materiales, como los medios de producción, los productos o el dinero) y de autoridad (recurso que dan a los individuos control sobre otros por ocupar un papel social específico con contenido simbólico, por ejemplo el poder del policía para cumplir un determinado papel social[45]). Por su parte, Michael Mann resalta tres pares de características formales del poder, susceptibles de combinarse para acentuar su eficacia social:

1. Poder colectivo es el resultante de la acción conjunta de dos actores, que colaboran para explotar la naturaleza o a un tercer actor (por ejemplo el resultante de las actividades de empresa). Poder distributivo es el poder de un actor sobre otro, de modo que para que uno lo obtenga, el otro debe perderlo de alguna manera (por ejemplo el poder coactivo que el Estado aspira a monopolizar).

2. Poder extensivo es el que es capaz de organizar grandes masas de población en territorios amplios (por ejemplo las viejas estructuras políticas imperiales). Poder intensivo es el que moviliza un alto grado de consenso e identidad común entre quienes participan de él (por ejemplo, el emanado de organizaciones partidistas, sindicales, sectas religiosas, etcétera).

3. Poder autoritario es el emanado de las órdenes procedentes de la voluntad de un actor, que implica la obediencia consciente de los subordinados (por ejemplo el poder burocrático). Poder difuso es el que se propaga de manera indirecta, espontánea, inconsciente y descentralizada (por ejemplo el poder cultural y simbólico).

Mann también enumera cuatro fuentes sustantivas del poder, que determinan la estructura general de las sociedades:

1. Poder ideológico, procedente de la necesidad humana de dotar a la vida de un significado último, compartir normas y valores, y participar en prácticas estéticas y rituales. Las religiones e ideologías laicas (con sus sistemas de significados, valores, normas, estéticas y rituales) son la plasmación fundamental de este poder, eminentemente difuso.

2. Poder económico, que nace de la necesidad de extraer, transformar, distribuir y consumir los recursos de la naturaleza.

3. Poder militar como organización social de la fuerza física. Nace de la necesidad de organizar la defensa y la utilidad de la agresión. El poder militar es, por su propia naturaleza, autoritario, pero posee aspectos tanto intensivos como extensivos.

4. Poder político, que surge por la necesidad de una regulación centralizada y territorial. Equivale a poder estatal, y su naturaleza es autoritaria, ya que imparte órdenes desde un centro.

La lucha por el control de las organizaciones de poder ideológico, económico, militar y político constituye el drama más importante del desarrollo social. Las sociedades se estructuran mediante la interacción de estas cuatro fuentes de poder que, como ya hemos indicado, no existen de forma pura, ya que Mann reconoce que existen escasas posibilidades de que una sola fuente de poder sea capaz de determinar por sí sola la estructura global de las sociedades complejas. Una organización económica, por ejemplo, requiere que algunos de sus miembros compartan normas y valores ideológicos. También necesita una defensa militar y una regulación política estatal. Los poderes se entretejen en una compleja interacción de fuerzas institucionalizadas y emergentes, y las diferentes combinaciones dependerán de la relación permanente entre las configuraciones de poder históricamente dadas y las que aparecen entre ellas y dentro de ellas[46].

Es importante destacar que, al igual que sucede con la violencia, la relación entre poder y conflicto es de índole contingente. En su sentido más estrecho y relacional, el poder no implica la existencia de conflicto, sino que es una propiedad de la interacción, y puede ser definido como la capacidad del actor para intervenir en una serie de eventos y asegurar resultados cuya realización depende de la actividad de otros[47]. El conflicto no deriva, por tanto, del poder «para» hacer cosas. Pero como los hombres tienen poder «sobre» otros, ese ejercicio del poder, que es definido como dominio, sí que resulta conflictivo.

El deseo de poder es una de las causas más comunes de los conflictos sociales. Como señala Chalmers Johnson, muchos conflictos tienen su origen en querellas respecto al reparto de bienes poco abundantes o de poderes considerados excesivos y detentados por las esferas dirigentes[48]. Pero la lucha social no se libra sobre el poder en sí mismo, sino en torno a los recursos que posibilitan su proyección y ejercicio sobre otras personas (fuerza, carisma, autoridad, legitimidad, etc.), aunque ambos elementos (capacidad y recursos del poder) son casi imposibles de disociar en la práctica. El poder es un medio para alcanzar muchos otros recursos. Por ello, su ejercicio –eso que llamamos «dominio»– resulta un elemento intrínsecamente conflictivo, cuya aspiración puede convertirse con facilidad en un fin en sí mismo. Pero el poder social es relativo, ya que la capacidad de obtener obediencia que tiene una de las partes no determina su poder real, sino que este depende del grado de imposición que tenga en comparación a sus posibles adversarios. Esto hace que una lucha por el poder sea esencialmente de calidad de suma cero, y esa naturaleza inherente de las diferencias de poder dentro de cualquier sistema social es la base para afirmar que los conflictos políticos son inevitables[49].

La institucionalización del poder conduce a una diferenciación permanente entre gobernantes y gobernados, según estatus y roles sociales vinculados siempre a relaciones de obediencia. Esa organización estable del poder queda definida por el término autoridad o dominación, que es «la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato de determinado contenido entre personas dadas», bajo la amenaza de una sanción y de acuerdo con un sistema jurídico o un sistema de normas extrajurídicas[50]. La diferencia entre autoridad y poder reside en que, mientras que este aparece estrechamente vinculado a la personalidad del individuo, a su potencialidad intrínseca para cambiar la conducta de los demás, a través del carisma, la razón o la coacción, aquella aparece asociada a un reconocimiento público de posiciones o roles sociales, e implica una relación estructural de dominio y subordinación entre individuos o grupos definidos. Al contrario del poder, la autoridad no es una habilidad, sino el derecho de mandar, y correlativamente el derecho a ser obedecido. La autoridad tampoco supone una cualidad personal, una capacidad coyuntural, ni un control absoluto sobre el comportamiento de los otros, sino una potencialidad ejercida en representación de un sistema normativo, y limitada por esas mismas leyes. Chalmers Johnson matiza que el poder es un tipo general de relación social legitimada de dominación, mientras que la autoridad sería la institución específica encargada de regular las pruebas de esa legitimidad, y ejercer eventualmente la coerción física para preservar la división del trabajo[51]. Del mismo modo, Maurice Duverger diferencia el dominio o influencia, basado en la coacción, y el poder como relación social basada en normas y valores colectivos, que establece un derecho de dominio, aunque ambos conceptos no siempre van unidos[52].

Stuart Mill habló rotundamente acerca de los límites de la aplicación de la fuerza física por parte de una autoridad: «De los actos perjudiciales a los intereses de los demás, el individuo es responsable, y puede ser sometido a castigos legales o sociales, si la sociedad los juzga necesarios para protegerse […] La única razón legítima para usar la fuerza contra un miembro de una comunidad civilizada es la de impedirle perjudicar a otros»[53]. Nieburg coincide con Stuart Mill en que el poder coactivo deviene legítimo en manos de alguna autoridad como medio de proporcionar seguridad interna y externa a la población, es decir, como instrumento para reducir la posibilidad de conflicto y garantizar la libertad individual y colectiva. La autoridad constituida establece un monopolio de los medios de poder físico en orden a reforzar las normas de las relaciones sociales, los derechos y responsabilidades, los procedimientos para el cambio político, la conducta y la mediación en las negociaciones públicas y privadas, y el intercambio de valores entre individuos y grupos por medio de formas atenuadas y socializadas de poder indirecto y descentralizado[54]. Para Andrew Janos, la autoridad se relaciona con dos elementos distintivos, la fuerza o aptitud física para obligar a alguien, y la legitimidad o aptitud para obtener conformidad en nombre de una comunidad. La dosificación de ambos elementos se realiza, en cierto modo, como si fueran vasos comunicantes: cuanto más legítima sea la posición de una elite, menos habrá de recurrir al uso o la amenaza de la fuerza. Pero si no están extendidos los hábitos de obediencia basados en una concepción básica de la justicia, entonces se revelará la necesidad del uso de la fuerza. La lucha por la autoridad implica una lucha por la legitimidad y por los instrumentos de fuerza de una sociedad. La legitimidad a través de la conformidad facilita el acceso a los instrumentos de fuerza, pero hay otros medios de adquirir legitimidad, como la manipulación de los individuos e instituciones, o su coacción para caucionar un acto ilegal[55].

Hannah Arendt destacó que la ciencia política ha encontrado dificultades para diferenciar poder (aptitud del hombre para imponer una actuación concertada), autoridad (atributo personal o institucional del poder, reconocido por los otros), potencia (aptitud natural de un objeto o de una persona a realizar tareas físicas) y violencia, que deber ser contrastada con el poder antes que con la fuerza, concepto este último que debiera quedar reservado a la energía liberada por movimientos físicos (las «fuerzas de la naturaleza») o sociales (la «fuerza de las circunstancias»). Arendt señala que poder y violencia están en relación asimétrica. El poder no está ligado necesariamente a la relación mandato-obediencia, sino que es la habilidad humana para actuar concertadamente mediante la persuasión. El poder surge entre los hombres cuando actúan juntos, y desaparece cuando se dispersan. Por el contrario, la violencia no es un atributo necesario del poder, sino que tiene un carácter instrumental: es el uso de ciertos medios coactivos para alcanzar un objetivo dominador, y requiere liderazgo y justificación, lo que, a su vez, supone la existencia de un grupo de personas que piensan, actúan y distinguen los fines de los medios. Según esta autora, la violencia es la manifestación más evidente del poder, ya que prescinde de la aquiescencia social y depende de los instrumentos de coacción de ese mismo poder. De modo que, si «la fuerza límite del poder es de Todos contra Uno; y la fuerza límite de la violencia es de Uno contra Todos»[56]. La violencia es un medio de coerción privativo del poder, pero no es su garantía, y debe ser controlada por este[57]. La tesis fundamental de Arendt es que el poder corresponde a la esencia de todos los gobiernos, pero no así la violencia. Aunque aparecen juntos en muchas ocasiones, la política no está inextricablemente unida a la violencia, sino que aquella se instaura precisamente cuando se supera el empleo de la fuerza como modo de dominación. La violencia es un simple medio de acción política, un recurso inmediato para plantear los conflictos en la palestra pública, no para trascenderlos:

La violencia, siendo por su naturaleza un instrumento, es racional hasta el punto en que resulte efectiva para alcanzar el fin que deba justificarla. Y dado que cuando actuamos nunca conocemos con certeza las consecuencias eventuales de lo que estamos haciendo, la violencia seguirá siendo racional solo mientras persiga fines a corto plazo. La violencia no promueve causas, ni la historia ni la revolución, ni el progreso ni la reacción: pero puede servir para dramatizar agravios y llevarlos a la atención pública[58].

Mientras que la violencia como medio siempre necesita ser justificada en relación con los fines a los que sirve, el poder es un fin en sí mismo, y no requiere justificación, sino legitimidad, ya que el poder es inherente a la existencia de las comunidades políticas:

El poder surge allí donde las personas se juntan y actúan concertadamente, pero deriva su legitimidad de la reunión inicial más que de cualquier acción que pueda seguir a esta. La legitimidad, cuando se ve desafiada, se basa en una apelación al pasado mientras que la justificación se refiere a un fin que se encuentra en el futuro. La violencia puede ser justificable, pero nunca será legítima. Su justificación pierde plausibilidad cuanto más se aleja en el futuro el fin propuesto[59].

La violencia puede destruir el poder, pero es incapaz de crearlo: «Poder y violencia –sigue diciendo Arendt– son opuestos; donde uno domina absolutamente, el otro está ausente. La violencia aparece cuando el poder está en peligro […] pero mientras que poder sin violencia es concebible, violencia sin poder es imposible»[60]. Y pone un ejemplo de cómo la violencia puede destruir el poder: «del cañón de un arma brotan las órdenes más eficaces que determinan la más instantánea y perfecta obediencia. Lo que nunca podrá brotar de ahí es el poder»[61]. Por lo tanto, la violencia en una comunidad política es un factor esencialmente indeseable y nocivo, mientras que la existencia del poder es algo absolutamente necesario.

La argumentación, que va desde Hobbes a Parsons, pasando por Weber, de que el poder establecido nunca practica la violencia, sino que monopoliza el uso de la fuerza para imponer una resolución de los conflictos dentro del marco normativo vigente, fue puesta en tela de juicio por el pensamiento socialista clásico, al determinar que la violencia tiene la misma naturaleza coactiva independientemente de sus actores y de los mecanismos que arbitren para legitimarla. Todo poder tiene una relación directa con la violencia, en tanto que significa la imposición de la propia voluntad a uno o a varios interlocutores. Sin embargo, no es conveniente identificar ambos términos: el poder puede ser impuesto recurriendo a la fuerza, y entonces lo llamamos violencia, pero también dispone de otros instrumentos para imponerse que no implican coerción, como el prestigio, la persuasión, la negociación o los incentivos. Cabría admitir entonces que el poder es la categoría genérica de la que la violencia es un caso específico[62]. La violencia aparece íntimamente asociada al poder pero, como hemos visto, son fenómenos distintos, aunque muchas veces se manifiesten en común. El poder es, efectivamente, la esencia de todo Gobierno, pero la violencia no lo es, aunque siempre suele aparecer cuando el poder se va perdiendo[63]. El poder tiene en la fuerza su última instancia de apelación, y la violencia surge en su estado más puro cuando el poder corre serio peligro o se desmorona, llegándose al terror (uso constante de la violencia como método de gobierno) cuando el binomio poder/autoridad se destruye, pero el primero trata de mantenerse a toda costa. Con todo, nunca ha existido un Gobierno que se base exclusivamente en la violencia, aun cuando hay incontables regímenes que han utilizado profusamente este medio de control social durante un tiempo. La violencia sustituye, pero no restituye, la legitimidad deteriorada. Es más, si extrema el uso de la fuerza, el mismo poder desaparecerá, devorado por la violencia generalizada[64], ya que esta es capaz de destruir un orden –como ha sido el caso de innumerables revoluciones y golpes de Estado–, pero es incapaz de fundamentarlo[65]. Un hipotético sistema de terror supremo, que aplicase la violencia de forma masiva e indiscriminada, resulta impensable, ya que impediría la menor institucionalización de los intercambios colectivos, que son la esencia de cualquier sociedad política. Lejos de constituir un régimen de mínima convivencia, se parecería más al reino de los lobos o al del monstruo devorador imaginado por Hobbes.

En resumen, la violencia ejerce un notable influjo en la distribución de poder y el equilibrio de fuerzas políticas en una sociedad. Que el poder sea obedecido depende de las sanciones controladas por los poderosos y de las reacciones de los grupos contestatarios, que pueden oscilar desde la renuncia a las reivindicaciones, del sometimiento a la coacción, o de la negativa a contraer cualquier compromiso a la resistencia activa frente a la coacción. A diferencia de otros tipos de lucha política a los que hemos aludido con anterioridad –los conflictos «horizontales» de carácter competitivo, que enfrentan a dos o más fuerzas protestatarias sin aspiraciones inmediatas de poder–, la lucha por el control del Estado como titular máximo del poder político es una situación de «suma cero»: si un determinado agente aumenta su poder sobre otro, este ha de perder un poder igual en esa relación.

VIOLENCIA Y LEGITIMIDAD

Georges Sorel fijó por vez primera la distinción entre la fuerza que despliega una autoridad para obtener obediencia y la violencia que puede subvertir esa autoridad. Su diferenciación entre la fuerza como preservadora del orden social y la violencia como subversión de ese orden y expresión de rechazo de la legitimidad del Estado en sí mismo o en sus acciones fue utilizada por otros autores, pero con el propósito opuesto de demostrar la legitimidad y utilidad de la fuerza controlada por el Estado, y la naturaleza ilegítima y disfuncional de la violencia dirigida contra el mismo. Sin embargo, el Estado no es el único ente político que se afana por presentar la violencia como fuerza desautorizada o ilegítima a los ojos de su comunidad política. Toda organización que elija la senda de la subversión puede y debe caracterizar las acciones de otras organizaciones o del propio Estado como violentas, y sus propias acciones dirigidas contra otros organismos o el Estado como uso legítimo de la fuerza. Partiendo de la base de que toda contestación o amenaza al orden establecido puede considerarse como subversiva en diverso grado, es conveniente diferenciar aquí los conceptos de subversión y violencia. Entendemos por aquella toda acción encaminada a minar la legitimidad de un régimen político o de un sistema, aunque no tenga como consecuencia la violencia, ni tenga una intencionalidad política deliberada o preferente. Pero la naturaleza de la amenaza no es objetiva. Es bien sabido que ciertas acciones sociales pueden ser tomadas como amenazas si denotan cambios potenciales en la distribución del poder social[66]. En ese aspecto, y utilizando dos ejemplos tópicos, las enseñanzas de Jesús de Nazareth o de Mahatma Gandhi no propenden precisamente a la violencia, pero en ciertas interpretaciones encierran un componente subversivo que ya fue convenientemente percibido por los poderes políticos de la época. Brian Crozier define la subversión como «un intento sistemático de minar una sociedad», aunque advierte que no es sencillo distinguir entre disensión legítima y subversión, salvo en el límite fijado institucionalmente para el uso y el abuso de ese desacuerdo[67]. La violencia forma parte de la estrategia política, pero no es necesariamente subversiva. Por ejemplo, la violencia implícita en el terror de Estado no tiende a la destrucción de este, sino al apuntalamiento del statu quo. Como en la violencia instrumentalizada desde el Estado, la violencia subversiva forma un proceso continuado de desafío al poder establecido que va desde las formas más simples y desestructuradas de protesta hasta la formación de un verdadero aparato de fuerza organizado para la conquista del Estado.

Así pues, la distinción entre actos de fuerza y actos de violencia en términos de legitimación se determina, no en referencia a un concepto o fuente absoluta de legitimidad, sino en función a la adscripción efectiva de la legitimidad o la ilegitimidad por parte de miembros específicos de una comunidad. En esos términos, las acciones coercitivas del Estado son violencia para los que lo consideran ilegítimo, y fuerza para los que lo creen legítimo[68]. Como el conjunto de resortes del Estado, el monopolio de la violencia debe ser administrado de forma segura y exacta para que resulte legítimo por sí mismo. Esta diferenciación entre la violencia que se practica desde el Estado y la violencia que el Estado monopoliza legítimamente es el fundamento de todo régimen de derecho. La primera puede ser ilegal si no se ajusta a las normas vigentes, y la segunda ilegítima si le fallan al Estado sus recursos de hegemonía y su autoridad moral:

La institucionalización del poder político que traduce ese concepto de Estado se opera por un mecanismo de apropiación-legitimación de la coacción mediante el empleo de la fuerza física. Esta violencia de Estado se puede definir como una violencia política, monopolizada por la aceptación más o menos voluntaria de ese monopolio, y canalizada de modo que se beneficie de una presunción de legalidad. La violencia de Estado es antes que nada una de las formas de violencia política[69].

El Estado existe como tal porque aspira a utilizar en exclusiva unos recursos coactivos que ha sustraído al conjunto de la sociedad, a la que no permite su uso fuera de unas ciertas normas que constituyen el fundamento de la vida política. El aparato represivo en un Estado complejo protagoniza esta patrimonialización de la violencia colectiva en favor de un proyecto social de partido, clase, sexo o casta, que se ha apropiado de la violencia pública[70]. Paradójicamente, el monopolio de las posibilidades de violencia permite su economía a través de la coerción impuesta por la autoridad. Por lo general, las manifestaciones externas del poder desempeñan un papel disuasorio contra el que lo cuestiona, evitando así su fundamentación constante en la fuerza. Nieburg considera que la aplicación real de la violencia debe producirse solo de vez en cuando, para asegurar la credibilidad de la amenaza, y con el fin último de llegar a un acuerdo pacífico. Desplegando la violencia del Estado en defensa de los intereses de un colectivo, la ley serviría para neutralizar la violencia potencial que se disimula detrás de las exigencias de los otros[71].

Sin embargo, la autoridad que actúa sin cortapisas tiende a abusar del poder cedido de grado o por fuerza por el conjunto de la sociedad. Su fiscalización ha de proceder de instancias externas. Esta limitación del poder está en el origen de su legitimación como mecanismo ético ubicado entre la coerción y el consenso. Al contrario que la violencia, el poder es un fin en sí mismo, y no requiere justificación sino legitimación, ya que el poder se legitima por el pasado y el presente, y la violencia por su resultado futuro[72]. Un poder es legítimo cuando obtiene obediencia sin necesidad del recurso constante a la fuerza, de una manera institucionalizada y normalizada, por un complejo conjunto de motivos afectivos (costumbres, tradiciones, carisma) o racionales (compensaciones morales, intereses materiales). Dicha obediencia se basa en valores trascendentes, ideas, creencias o representaciones colectivas que forman parte del consenso del grupo.

Legalidad y legitimidad de un Estado o de una autoridad no son conceptos equivalentes. Legalidad es el conjunto de normas de diferentes rangos que conforman el derecho positivo vigente en una determinada sociedad. Legitimidad es el conjunto de procedimientos, valores o criterios éticos que fundamentan y justifican los actos de emisión de las normas jurídicas, la autoridad que las emite y el contenido de esas normas[73]. Legalidad es un atributo de soberanía. Es una abstracción que confiere autoridad a los actos, documentos, elecciones, etc., de quienes conducen los órganos de poder del Estado, y a los códigos legales que regulan su conducta. La legalidad es la tecnicidad de la consistencia formal y la adecuada autoridad. Por contra, la legitimidad refleja la vitalidad y la fragilidad del consenso social implícito que dota al Estado y a sus funcionarios de la autoridad y poder que poseen, no solo por virtud de la legalidad, sino por la realidad del respeto cotidiano con que los ciudadanos distinguen a las instituciones y a las normas de conducta. La legitimidad es, por tanto, un crédito de supervivencia del sistema, que se basa primordialmente en el reconocimiento voluntario, asumido por todo o por parte de la población, de que las instituciones políticas existentes son mejores que otras que pudieran ser establecidas, y que, por tanto, están autorizadas para exigir obediencia, siempre y cuando actúen por el bien común. Por todo ello, el aspecto procedimental-estructural del ordenamiento social y jurídico goza generalmente del más amplio consenso de valores, pero las normas sustantivas de las relaciones sociales, los derechos y deberes, el liderazgo y las políticas concretas, no concitan tanta adhesión[74].

Los conceptos de legitimidad y de autoridad se fundamentan de manera diferente. La legitimidad es un bien que fluctúa día a día, desde la aprobación moral a la simple aceptación del statu quo, en función de la dinámica social y política, y está vinculada al grado de confianza de los actores sociales, y a la eficacia con que se hayan resuelto los problemas clave que históricamente dividen a la sociedad. Pero no hay que olvidar que la autoridad se basa en el imperio de la ley, que en última instancia se manifiesta con el ejercicio de la fuerza. Como señala Jürgen Habermas, la creencia en la legalidad de un procedimiento no produce por sí misma legitimidad[75]. Un descontento puede cuestionar la legitimidad de un régimen, pero no desafiar su autoridad sin exponerse a sufrir la represión, ya que todo Gobierno se considera investido de poder para controlar la disidencia cuando va dirigida contra él. Por ello, Tilly muestra que uno de los factores que influye en que una acción colectiva no derive en violencia es la legitimidad de los procesos políticos –por ejemplo, unas elecciones–, ya que, si la mayor parte de la población los consideran válidos y efectivos, se incrementa paralelamente la relación costes-efectividad de las acciones subversivas[76].

La legitimidad racional, que descansa en la creencia en la legalidad del orden establecido y de los derechos de mando de las autoridades, no está garantizada por la mera existencia de la ley. Se mantiene si las instituciones del Estado son eficaces a la hora de satisfacer expectativas, mediar en intereses contrapuestos y ayudar en el proceso por el cual los valores individuales y colectivos se distribuyen en la construcción, reforzamiento y observancia de la ley. Pero cuando la trascendencia que fundamenta la legitimidad de un sistema político se borra o pierde vigencia, las instituciones tratan de sobrevivir haciendo aparecer su violencia implícita sin tapujos. La justicia se confunde entonces con la venganza, y el orden o la autoridad con la represión[77]. Como señaló en su día el psiquiatra y filósofo Karl Jaspers, «una soberanía ilegítima tiene miedo al pueblo; su propia violencia suscita la violencia de los otros y tiene que asegurarse contra su propio temor por un terror cada vez mayor, de suerte que el miedo se convierte en la constitución fundamental de todos. La legitimidad es como una magia que crea el orden imprescindible mediante la confianza; la ilegalidad es la violencia que produce violencia dondequiera, por virtud de la desconfianza y el temor». Para que la violencia no sea excesiva y se transforme en ilegítima, el Estado debe regular e informar claramente a la ciudadanía de las sanciones a que se harían acreedores los infractores.

Como ya destacó Seymour Martin Lipset, la estabilidad de un régimen no depende solo del desarrollo económico, sino también de la efectividad, o extensión en que el sistema satisface las funciones básicas de gobierno para la población, y la legitimidad de su sistema político, o capacidad para engendrar y mantener la creencia de que la política existente es la más apropiada para la sociedad. Pero mientras que la efectividad es primordialmente una magnitud instrumental (los beneficios o perjuicios que la gente recibe de un sistema político), la legitimidad muestra una naturaleza puramente evaluativa. La combinación entre los diferentes grados de legitimidad y efectividad da lugar a los distintos tipos de regímenes: los sistemas políticos estables mantienen un nivel moderado de conflicto entre las fuerzas que contienden por el poder. Los sistemas legitimados, pero poco eficaces, son más estables que los sistemas eficaces pero no legitimados por amplias capas de la población, donde el conflicto suele ser más intenso, y donde una disminución de la eficacia puede llevar a un derrumbamiento. Por último, los regímenes ineficaces e ilegítimos son los más afectados por la inestabilidad y los más propensos a sufrir crisis que impliquen su desaparición[78].

La relación entre los inputs de adhesión a un régimen y los outputs de bienes y servicios distribuidos a la población ha sido un tema recurrente en los análisis sistémicos de la conflictividad y la estabilidad políticas. Para Harry Eckstein, la legitimidad de un sistema se basa en la eficacia, entendida esta como la capacidad para encontrar soluciones a los problemas básicos del medio sociopolítico, que en general tienen que ver con la justa distribución de los bienes colectivos demandados por los distintos contendientes de la escena pública. Sin embargo, esta eficacia, identificada con la «voluntad política», no es nada si no hay efectividad, es decir, capacidad real de poner en práctica los medios políticos formulados, con el resultado deseado.

Eficacia, o voluntad política, y efectividad, o extensión en que el sistema cubre realmente las funciones básicas del Gobierno tal como son vistas por la mayoría de la población, son las piedras angulares de la legitimidad de un régimen, y lo que condiciona sus posibilidades de supervivencia. La falta de efectividad (por incapacidad administrativa, corrupción, frivolidad y favoritismo oficial hacia determinados grupos, reticencias o excesos en el empleo de la fuerza, etc.) puede acarrear la desorganización del Gobierno, la pérdida de la confianza en sí mismos de miembros de la clase dirigente, y la división de la coalición gobernante, dando lugar a un aumento de la resistencia antigubernamental.

Un déficit de eficacia puede producir también una baja de legitimidad, al perder los actores sociales la confianza en que el sistema resuelva sus problemas o colme sus aspiraciones. Pero esa legitimidad puede verse afectada también por otras circunstancias, como la percepción de la opinión pública sobre la mayor o menor eficacia y efectividad de otros regímenes exteriores a esa formación social; la pervivencia histórica del propio régimen (legitimación por la historia, la tradición, la ley o el carisma de sus líderes); el apoyo social y el ensanchamiento progresivo de la soberanía; la mayor o menor capacidad coercitiva del régimen, la eficacia en la criminalización del adversario político, etc. La percepción de la eficacia y de la efectividad de un régimen también aparece sesgada por el compromiso inicial con su legitimidad, que, en caso de ser ampliamente compartida por la población, le puede permitir durante algún tiempo la multiplicación y la maximización de cualquier valor positivo que pudieran haber logrado la eficacia y la efectividad. Pero si el valor de la legitimidad se acerca a cero o es negativo, los fracasos de la eficacia y de la efectividad del régimen que está siendo puesto en tela de juicio también se multiplicarán en sentido inverso.

En la práctica, todo régimen político muestra una legitimación muy desigual, en función de los intereses de cada grupo o de un elenco muy variado de principios ideológicos. Además, una buena parte de sus integrantes puede aceptar la acción coercitiva como necesaria e inevitable para los propósitos de la vida en comunidad, pero no identificarse voluntariamente con el conjunto del sistema político. Cuanto mayor sea el número de personas que acepten la autoridad del Estado en sus diferentes niveles de existencia y acción, menor capacidad coercitiva deberá aplicar este contra la minoría puesta a los deseos y requerimientos del mismo. La relación legitimidad-violencia forma un continuum en cuyo extremo figuraría un hipotético Estado donde todos aceptasen la legitimidad del sistema político-social, el Gobierno, la ley y su aplicación. No habría violencia, y la fuerza existiría más como capacidad que como acción. En el otro extremo se situaría un Estado ilegítimo, una tiranía que impusiera su voluntad a un pueblo que, sin excepción, rechazase la legitimidad del régimen, sus orígenes, actos y fines, pero cuyo dominio se basara en una capacidad para la violencia (amenaza de coerción) tal que hiciera imposible toda resistencia. El talón de Aquiles de ese sistema político radicaría en que la única fuente de legitimidad sería el poder físico del gobernante. La noción de un régimen autoritario capaz de gobernar sin respaldo social es un mito, ya que ningún sistema político puede operar sin un mínimo de legitimidad. Cualquier régimen, por muy estrechos que sean sus apoyos, sus medios de acceso al poder o su ideología legitimadora, debe construir una base de consenso entre aquellos grupos que tienen la capacidad de imponer altos costes y riesgos a través de la acción concertada si son ignorados de forma excesivamente arrogante[79]. Entre la completa identificación o la aquiescencia bajo coacción, hay un amplio espectro de actitudes hacia la autoridad política que varía de persona a persona en cada sociedad y en cada momento.

ALGUNAS PROPUESTAS FINALES PARA EL ESTUDIO DE LA VIOLENCIA POLÍTICA

A pesar de la riqueza de enfoques que muestran las aproximaciones de carácter filosófico, antropológico, sociológico o político al fenómeno violento, no disponemos aún de una teoría global, operativa y suficientemente contrastada que dé cuenta del origen, proceso y función de la violencia en la vida política. Si el camino hacia una interpretación plausible del hecho violento aún parece largo y tortuoso, resulta, en cambio, mucho más sencillo definir cuáles son los atajos que no se deben tomar. Todo análisis del conflicto y de la violencia debe apartarse tanto de las valoraciones ahistóricas de naturaleza exclusivamente psicologista respecto a presuntos «estados de mentalidad revolucionarios» de individuos y colectivos (aparezcan o no como fruto de estímulos externos) como de los estudios puramente cuantitativos[80], y dirigir el punto de mira hacia los determinantes sociales, sobre todo el contexto histórico de la propia práctica violenta y, en especial, la correlación de fuerzas políticas, sus estrategias y sus modos de lucha en pro del control del Estado, principal detentador y distribuidor del poder político. Como señala acertadamente Rod Aya, «el modelo político busca la génesis de las revoluciones y de la violencia de masas, así como de la guerra, en los intereses competitivos y las aspiraciones de los grupos de poder»[81]. Si el conflicto social debe ser estudiado a escala de grandes grupos o clases sociales y su relación con la estructura o el sistema socioeconómico –medios de producción–, la violencia política se ha de analizar en función de estrategias de grupos políticos en relación con la superestructura, y concretamente con el Estado. Y ello sin minusvalorar el alcance de los procesos psicoculturales de construcción colectiva del significado de la protesta (elaboración de esquemas identitarios, socialización política del descontento, movilización del consenso sobre las causas, medios y objetivos de la acción conflictiva, etc.), que han de ser contemplados como elaboraciones culturales históricamente determinadas que inciden en el desarrollo general de la acción violenta.

A la hora de buscar una lógica en un fenómeno aparentemente tan anómico como la violencia, resulta imposible analizar de un modo global todas y cada una de sus manifestaciones. Sugerimos dar prioridad al estudio de la violencia organizada, es decir, el uso deliberado de la fuerza y su instrumentalización con fines políticos por parte de entes colectivos bien caracterizados. Con tal propósito, sería preciso distinguir entre la violencia social (por su carácter espontáneo, su tenue organización e ideologización, y su bajo nivel de proyecto) y la violencia política por su relación de apoyo o desafío al poder establecido, en sus distintas modalidades de violencia estatal, protestataria e insurgente. Ekkart Zimmermann propone tres criterios útiles para distinguir la violencia social de la violencia política. En primer lugar, el número de personas implicadas, ya que cuanta más gente intervenga, más probabilidad hay de que los actos violentos se interpreten como de naturaleza política, aunque las agresiones perpetradas individualmente –por ejemplo gran parte de los magnicidios perpetrados por anarquistas a fines del siglo XIX–, pueden tener un indudablemente eco público. En segundo lugar, la intencionalidad de los actores: una protesta local puede derivar en un acontecimiento político destacado en función de hechos fortuitos que le otorgan otro significado, como, por ejemplo, un choque sangriento con la policía. De modo que, para diferenciar, aunque sea de manera artificiosa, violencia social y violencia política, definiremos la segunda por su carácter no ambiguo y deliberado de ataque contra el Estado, sus agentes o sus políticas específicas. Por último, las reacciones de la comunidad particular o del público: los actos violentos pueden cobrar naturaleza política según las reacciones de los testigos o actores concernidos: opinión pública, medios de comunicación, partidos políticos, sindicatos, instituciones del Estado, etc.[82]. En este caso, los marcos de significados compartidos resultan esenciales para calibrar el sentido dado por la gente a las acciones violentas.

Quedarían, en principio, fuera del ámbito de este tipo de violencia política instrumentalizada ciertas manifestaciones de violencia individual (como las agresiones, las venganzas u otro tipo de actuaciones cercanas a la delincuencia común) o colectiva (agitaciones campesinas, motines populares, o violencia sociolaboral centrada exclusivamente en la reivindicación de mejoras en las condiciones de trabajo, como ciertas huelgas, lock-outs, sabotajes, etc.), tan numerosas como difícilmente catalogables desde un punto de vista político, que no aparecen conectadas con un proyecto o estrategia globales de actuación pública, y que, por tanto, tienen escasa incidencia en el proceso de reparto de las esferas de poder. En realidad, si reflexionamos más detenidamente sobre la cuestión, habremos de dar la razón a Charles Tilly, cuando señala que cualquier movilización social de protesta tiene un componente político más o menos expresivo, en tanto en cuanto subvierte un orden normativo que, tarde o temprano, debe ser salvaguardado por la intervención de las autoridades. De modo que este tipo de violencias en los límites o márgenes de la política convencional deben ser una referencia obligada para calibrar el grado de descontento, los periodos de conflictividad y el cambio de comportamiento violento de los diversos grupos sociales.

La violencia política debe ser examinada en toda su complejidad, dando cabida a las conductas racionales y a las irracionales, a los móviles conscientes o inconscientes, al cálculo de utilidad personal y a las motivaciones altruistas. Aun reconociendo la importancia de los aleas personales y de las contingencias del entorno en que se desarrolla el conflicto, la pretensión de ofrecer un modelo teórico operativo obliga a enfocar el proceso de la violencia política desde los presupuestos de un comportamiento racional y consciente, y como un concurso o una disputa que debe ser ganada de acuerdo con ciertas pautas y procedimientos basados en el cálculo estratégico. Para ello, en el análisis tipológico de la violencia política que abordaremos en los capítulos siguientes emplearemos de forma preferente las hipótesis generales de la sociología de la acción colectiva, pues consideramos que la violencia es un tipo entre varios de actuación contenciosa, impulsada por movimientos cuya dinámica y organización no resultan esencialmente diferentes de los movimientos sociales más convencionales. El enfoque analítico de la movilización de recursos resulta especialmente fructífero, ya que presta una atención especial a la organización como factor decisivo a la hora de planificar las estrategias que aplican los actores políticos con el fin de captar medios de lucha, en el contexto de las oportunidades y de las limitaciones impuestas por el medio político y social. Resulta, además, especialmente apropiado para el estudio de movimientos convencionales, bien organizados y plenamente caracterizados en su autoidentidad, que suelen ser los actores principales de los procesos políticos con intensa carga violenta.

Como se dijo al final del capítulo anterior, las ciencias sociales aún no han llegado a converger en una interpretación canónica y en un método de análisis que cubran todos los aspectos del fenómeno violento de forma satisfactoria. Pero, ya sea desde el punto de vista de una aproximación cuantitativa comparada, como de los posibles análisis cualitativos, todo futuro estudio científico sobre el papel de la violencia en los conflictos de poder debería abordarse, como manifiesta Donatella Della Porta[83], teniendo en cuenta factores macro, micro y mesosociológicos. Por ejemplo, la observación del marco socioestructural nos debiera permitir la identificación de las áreas en las cuales la violencia tiene lugar; los grupos sociales implicados, los conflictos e intereses enfrentados que determinan esta lucha y los factores que condicionan la pervivencia de contradicciones y conflictos y su expresión violenta[84]. Pero, por más que la explicación estructural de un movimiento de protesta sea muy relevante, es necesario insertar el factor humano en el desarrollo de este tipo de acontecimientos. No cabe duda de que las experiencias personales pueden dirigir a cierta gente, o inspirar a otras para emprender una acción de fuerza. Las motivaciones de los participantes en los conflictos, la construcción de significados compartidos de la protesta y la percepción que de la violencia tienen las personas implicadas o los simples espectadores, resultan elementos decisivos de análisis que no deben ser minusvalorados.

Entre los científicos sociales preocupados por los temas de la violencia existe un creciente consenso sobre la necesidad de integración teórica de tres elementos: las oportunidades políticas, las estructuras de movilización y los procesos sociales de interpretación de la realidad y asignación de significado. Es preciso comprender el modo en que las ideologías, las culturas (o las contraculturas militantes) y las organizaciones políticas socializan a determinados sectores radicalizados de la población y coadyuvan a la generación y al desarrollo de las movilizaciones violentas. Y, como colofón, lo que resulta de importancia vital para el historiador: percibir de qué forma todos estos factores convergen en la articulación de dinámicas de conflicto que enfrentan los movimientos sociales de protesta con otros movimientos y con el Estado, a través de estrategias complejas de conquista o preservación del poder político en sus diversas manifestaciones colectivas.

En definitiva, la violencia política es un fenómeno sumamente complejo, cuyos mecanismos de funcionamiento son muy intrincados, y dependen del contexto político y de las condiciones culturales. Todo ello, ciertamente, requiere una aproximación ecléctica, pero como asunto íntimamente ligado al proceso de conflictividad de una sociedad, la violencia política debe ser estudiada de forma dinámica, es decir, histórica. Solo a través del estudio de la interacción de los múltiples factores aquí esbozados, aunque otorgando la natural prioridad a los políticos, sociales y culturales, podremos dar sentido a un fenómeno que, como la violencia, brota de muy diversos procesos de la actividad humana, y que, aún hoy, no se resigna a quedar constreñida en categorías precisas y coherentes.

[1] Foucault, 1997, pp. 239-244.

[2] Hobbes, 1982, p. 96. Sobre la teoría hobbesiana, véase Rule, 1988, pp. 20-26.

[3] Troper, 1995, p. 39.

[4] Duverger, 1964, pp. 276-277. En su obra La guerra prolongada, Mao ya había señalado que la política es «una guerra sin efusión de sangre».

[5] Freund, 1978, p. 143. Sin embargo, en p. 150 reconoce que «la violencia está en el corazón de la política».

[6] Michaud, 1973, p. 9. Parsons, 1964, advirtió que la política emplea la fuerza, no la violencia.

[7] «Introduction», a Warner y Crisp (eds.), 1990, p. 10.

[8] «Présentation», a Bertrand, Laurent y Taillefer (eds.), 1996, p. 7.

[9] Nieburg, 1969a, p. 100.

[10] Bonanate, 1979a, p. 9.

[11] Tilly, Tilly y Tilly, 1975, p. 280.

[12] Tilly, 1969, pp. 87 y 113.

[13] Michaud, 1973, p. 11.

[14] Schmitt, 1975.

[15] Michaud, 1973, p. 63 y Murillo Ferrol, 1972, p. 144.

[16] Tilly, 1991, p. 77. Para este autor, la violencia política es un ejemplo de coerción mutua y colectiva dentro de un sistema político autónomo. Incluye violencias sobre personas y propiedades, y amenaza el control existente sobre los medios organizados de coerción dentro del sistema (Tilly, 1978, p. 248).

[17] Gude, 1971, p. 262.

[18] Honderich, 1974, p. 102; 1976, pp. 8-9 y 98; y 1989, pp. 8 y 151.

[19] Skolnick, 1969, pp. 4-5.

[20] Gurr, 1970, pp. 3-4.

[21] Turk, 1996, p. 48.

[22] Merkl, 1986, p. 20.

[23] Sotelo, 1990, p. 50 y 1992, p. 60.

[24] Della Porta, 1995a, p. 3.

[25] Oberschall, 1970, p. 62.

[26] Wilkinson, 1977 (1986, p. 30).

[27] Fillieule, 1993, p. 6.

[28] Nieburg, 1969a, p. 13.

[29] Aróstegui, 1994, p. 44.

[30] Violencia política en el Perú, 1989, vol. I, p. 11 nota.

[31] Tilly, 1998, p. 30.

[32] Gurr, 1983, pp. 91-93. Se identificaría más bien con el término de «acción colectiva contenciosa» propuesto por Tilly.

[33] Wright Mills, 1956, p. 171.

[34] Johnson, 1982 (1972, p. 48).

[35] Weber, 1987, p. 1.056.

[36] Jessop, 1972, p. 74. Sobre el poder, véanse Bell, 1999 y Haugaard, 1999.

[37] Parsons, 1969, p. 364.

[38] Weber, 1987, p. 43.

[39] Gamson, 1968, p. 12.

[40] Nieburg, 1969a, p. 10.

[41] Prini, 1986, p. 21.

[42] Crozier y Friedberg, 1977, pp. 27, 56-58 y 60.

[43] Blalock,1989, p. 27.

[44] Galbraith, 1984.

[45] Giddens, 1981.

[46] Mann, 1997, pp. 22-27.

[47] Giddens, 1987a, pp. 112-113.

[48] Johnson, 1982 (1972, p. 49).

[49] Kriesberg, 1975, p. 54.

[50] Weber, 1987, p. 170. Johnson, 1982 (1972, p. 39) confirma este aserto, al definir el Estado como «la institucionalización de la autoridad, forma particular de poder».

[51] Johnson, 1982, p. 29.

[52] Duverger, 1975, pp. 179-180.

[53] Mill, 1984, pp. 108 y 32. Los experimentos que Stanley Milgram realizó entre 1960 y 1963 en la Universidad de Yale nos advierten de la relación perversa que puede establecerse entre la violencia y una autoridad que actúa sin cortapisas.

[54] Nieburg, 1969a, p. 11.

[55] Janos, 1964, pp. 132-133.

[56] Arendt, 1972, p. 135 (1970, p. 42 y 1973, p. 144).

[57] Ibid., p. 143. Sobre la teoría instrumental de violencia en Arendt, véanse Mardones, 1994, y Hanssen, 2000, pp. 24-27.

[58] Arendt, 1973, p. 178.

[59] Ibid., p. 154.

[60] Cit. por McFarlane, 1974, p. 42.

[61] Arendt, 1973, p. 155.

[62] Sotelo, 1990, p. 48.

[63] Pereyra, 1974, pp. 19-20.

[64] Arendt, 1970, p. 52.

[65] McFarlane, 1974, p. 42.

[66] Turk, 1996, p. 44.

[67] Crozier, 1974, p. 201.

[68] McFarlane, 1974, p. 45.

[69] Dieu, 1996, p. 17.

[70] Laporta, 1980, p. 119.

[71] Nieburg, 1963, pp. 44-47.

[72] McFarlane, 1974, p. 42.

[73] Laporta, 1998, pp. 427-428.

[74] Nieburg, 1963, pp. 53-54.

[75] Habermas, 1987, vol. I, p. 276.

[76] Tilly, Tilly y Tilly, 1975, p. 286.

[77] Domenach, 1981, p. 43.

[78] Lipset, 1959, pp. 108-109 y 1960, pp. 77-98. Aplicaciones de esta teoría, en Merlino, 1973 y Linz, 1987, pp. 36-52.

[79] Nieburg, 1963, p. 104.

[80] Como afirma con no poco sarcasmo Aya, 1985, p. 38, un estudio del conflicto violento que solo fije su atención en el número de víctimas resulta tan poco esclarecedor como el intentar determinar las causas y proceso de una guerra por el puro y simple recuento estadístico de muertos y heridos que esta provoque.

[81] Aya, 1985, p. 58.

[82] Zimmermann, 1983, pp. 6-9.

[83] Della Porta, 1995a, pp. 207-209.

[84] Oquist, 1980, pp. 149-150.

III. EN LAS TINIEBLAS DE BRUMARIO. CUATRO SIGLOS DE REFLEXIÓN POLÍTICA SOBRE EL GOLPE DE ESTADO

En la madrugada, un destacamento de tropas, en ocasiones apoyadas por tanques, llega repentinamente a la residencia del poder ejecutivo y captura al presidente. Al mismo tiempo, otras tropas toman el control de los medios de comunicación (la central telefónica, las estaciones de radio y televisión, y la prensa favorable al gobierno). Mientras tanto, el poder de fuego se concentra en los puntos estratégicos para yugular cualquier posible resistencia civil. Al amanecer se produce el pronunciamiento, el anuncio de las fuerzas armadas al pueblo de que han asumido el control del gobierno, y que el presidente y el Congreso han sido destituidos[1].

Esta secuencia tópica del asalto al poder en un país latinoamericano puede servir de introducción a uno de los fenómenos más recurrentes y, quizá, peor conocidos de las crisis políticas: el golpe de Estado. Hasta la fecha, el golpismo ha tenido un tratamiento bastante confuso por parte de las ciencias sociales: se le ha achacado un carácter fundamentalmente conservador, se le ha definido como un modo paradigmático de intervención militar, se le ha confundido con un tipo particular de violencia política, o se ha restringido la explicación de sus condiciones de desarrollo, ejecución y consecuencias a determinadas áreas geográficas, afectadas por el colonialismo y por la dependencia económica. El recorrido que nos proponemos iniciar sobre la evolución de las teorías explicativas del golpe de Estado tiene como objeto desentrañar los logros y las limitaciones de los estudios que, a lo largo del tiempo, han tratado de analizar su origen, sus etapas, sus protagonistas y sus repercusiones en la comunidad política. Pero, antes de iniciar este periplo, parece pertinente abordar una caracterización de los rasgos fundamentales del golpe que nos permita revisar alguno de los tópicos más arraigados en el examen de tan particular fenómeno político.

UN INTENTO PRELIMINAR DE DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN

El término «golpe de Estado», acuñado en Francia durante el siglo XVII, ha quedado incorporado en la actualidad al vocabulario de casi todas las lenguas modernas. Las definiciones reseñadas en los diccionarios de uso corriente presentan muchos rasgos coincidentes que nos pueden servir para ensayar una aproximación preliminar a la naturaleza de este fenómeno. En primer lugar, el secretismo en su preparación y la necesaria rapidez de su ejecución dan al golpe una característica impronta de acto repentino, inesperado y, en ocasiones, impredecible. En su fase de elaboración, los golpes son eventos conspirativos que precisan, al menos, de una cierta discreción entre sus promotores. La naturaleza secreta y azarosa del golpe se pone en evidencia cuando, según la mayor parte de los testimonios coetáneos, se constata que puede fracasar en muchas fases de su desarrollo, por la equivocada apreciación de las circunstancias objetivas, por las indiscreciones producidas durante su preparación o por los errores cometidos en el momento de su ejecución. Este amplio umbral de incertidumbre que se vincula a la decisión golpista implica una alta tasa de riesgo, que suele aumentar en proporción al tamaño del grupo conspirativo. Pero el peligro queda compensado con el bajo coste relativo que conlleva este tipo de acciones en comparación con los réditos políticos que los conjurados pretenden obtener. En todo caso, la experiencia histórica parece demostrar que el golpe es una operación arriesgada, cuyo éxito no está, ni mucho menos, garantizado: de 88 golpes de Estado censados en el mundo entre 1945 y 1967, 62 fueron calificados por Edward Luttwak como «eficientes» (léase coronados por el éxito), y el resto como fracasados o frustrados[2].

Una segunda característica del golpe es su pretendido carácter violento, ya que, casi por definición, su puesta en marcha implica una transferencia de poder donde está presente la fuerza o la amenaza de su uso. Podría ser considerado por ello como una forma de violencia política, caracterizada por el protagonismo de un actor colectivo minoritario y elitista, que dispone de amplios recursos coactivos para alcanzar una meta ambiciosa: la conquista total del Estado o la transformación profunda de las reglas del juego político e incluso de la organización social en su conjunto. Los estudios generales sobre la violencia han incluido al golpe de Estado como una forma de inestabilidad política que deriva en el uso de la fuerza, junto con los motines, las rebeliones, la guerra de guerrillas, el terrorismo o la guerra civil, con los que comparte su naturaleza de fenómenos políticos ilegales, que implican siempre un desorden extenso y un empleo intensivo de la coacción física[3]. Pero resulta evidente que el golpe no cubre todo el campo semántico de las interrupciones brutales del poder político. A pesar de su más que habitual relación con otros tipos de violencia en contextos de crisis política aguda, las disparidades de partida resultan sustanciales. Los golpes de Estado se diferencian de otras clases de asalto al poder en que requieren un empleo de la violencia física muy reducido e incluso nulo, y no necesitan la implicación de las masas. El golpe es siempre un ataque fulminante y expeditivo a las instancias de gobierno que se ejecuta desde dentro del entramado del poder, y en eso se distingue fundamentalmente de las modalidades de violencia revolucionaria, como la guerra civil o la insurrección. La acción insurreccional es un hecho a menudo escasamente planificado, que es protagonizado por una coalición heterogénea de tipo popular y que tiene una duración prolongada, mientras que el golpe es el acto de usurpación política razonado y metódico por excelencia, impulsado por una institución bastante homogénea (partido, Gobierno, parlamento, ejército) de forma rápida e imprevista.

El golpe de Estado es un modo más discriminado de violencia, y más selectivo en sus objetivos que otras formas violentas como el terrorismo. La esencia del golpe es el secreto, mientras que el terrorista busca el máximo de publicidad en sus acciones[4]. A diferencia de la guerrilla y de la guerra revolucionaria, cuyo objetivo es debilitar y desarticular progresivamente los organismos de gobierno, el golpe de Estado lo suelen perpetrar los propios representantes del poder constituido, y casi siempre cobra la fisonomía de un asalto, repentino e inapelable, a las máximas instituciones del Estado, que incide en un terreno muy restringido (generalmente, determinados puntos neurálgicos de una capital) y que busca, pura y simplemente, la obtención del poder o la anulación de un adversario político[5]. La incidencia de los golpes se limita por principio al gobierno, sin afectar al orden social en sí, como sucede con las expresiones de violencia revolucionaria.

En consonancia con su equívoca relación con la violencia política, los golpes de Estado hacen más fluida o intrincada la circulación hacia otras modalidades violentas de gran alcance, del mismo modo que la tendencia hacia este y otros tipos de intervención militar aumenta con el incremento de la violencia colectiva[6]. El golpe puede ser el prólogo o el epílogo de una crisis bélica interna o externa, o de un proceso revolucionario, pero se diferencia de las revoluciones en que no suele implicar grandes costes en recursos movilizados, y arroja como resultado un relativamente pequeño desplazamiento de los miembros de la elite dirigente, o todo lo más un cambio en la titularidad del poder ejecutivo[7]. Sin embargo, no todos los eventos que denominamos golpes de Estado dan lugar a cambios menores. Tal fue el caso del golpe de Praga de febrero de 1948, que consolidó por décadas el poder comunista en Checoslovaquia. En esas condiciones, el golpismo aparece como una ruptura brutal, marcada por el derrocamiento del poder establecido, y, en ocasiones, por un cambio radical en la naturaleza del régimen político[8]. Se podría convenir entonces en que el golpe de Estado describe un modo determinado de acción subversiva, y la revolución las consecuencias últimas de ese proceso[9].

Algunos estudiosos han advertido que la verdadera esencia política del golpe de Estado no está en su naturaleza intrínsecamente violenta. Olivier Brichet admitió que, en la mayor parte de los casos, los golpes acostumbran a ser actos de fuerza, pero que en otras circunstancias no han precisado del empleo de la coacción física, sino de dosis adecuadas de decisión política, tal como la entendía el jurista filonazi Carl Schmitt: como generación de nuevas normas jurídicas impuestas por la determinación soberana del gobernante, por encima del derecho natural y positivo[10]. En ese sentido, lo que caracterizaría al golpe de Estado no es su naturaleza violenta, sino su carácter ilegal, de transgresión del ordenamiento jurídico-político tanto en los medios utilizados como en los fines perseguidos, sean estos el establecimiento de un régimen dictatorial o un cambio en el equilibrio constitucional de los poderes del Estado. Hans Kelsen opinaba que un golpe de Estado era una acción radicalmente ilegal, ya que al romper la Constitución invalidaba todas las leyes existentes[11]. Por la naturaleza de sus actores y por su desarrollo, el golpe se encuadra de forma más satisfactoria entre los procesos de transferencia anómala, ilegal y extrajurídica (por forzada y violenta) del poder de una elite a otra, ya sea una clique militar o una minoría civil que inspira o apoya la subversión castrense. Pero es posible su inserción en la continuidad de la vida política, ya que, según algunos autores, los golpes no se diferencian necesariamente por su significación o por sus consecuencias, sino que son otra forma, no tan disfuncional como parece, de obtener el poder[12]. Algunos especialistas llegan a aceptar el golpismo como una expresión peculiar del estado de la opinión pública, o incluso como un tipo particular de acto revolucionario[13]. El argumento, harto polémico, de presentar el golpe como un modo más o menos institucionalizado de expresar una opinión o una aspiración colectivas se basa en el hecho innegable de que, en algunos países, como es el caso de varias repúblicas latinoamericanas, esta acción ilegal resultaba un incidente habitual de la vida política y, como tal, estaba ampliamente ritualizado y resultaba incluso predecible.

Un golpe de Estado no implica siempre la conquista del poder establecido, sino que puede, simplemente, apuntar a una redistribución o reforzamiento de papeles en el seno de un Gobierno dividido (caso de los conflictos entre la Jefatura del Estado, del Gabinete o del Ejército en muchos regímenes pretorianos del Tercer Mundo) o a reordenar las relaciones entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, como fue el caso de la «celada parlamentaria» de Bonaparte el 18 Brumario del año VIII (9-10 de noviembre de 1799). Como instrumento no pautado de resolución de una crisis política, el golpe acostumbra a surgir del interior de la misma estructura estatal, por ejemplo, como un medio de conservar un poder amenazado por los plazos electorales o por otras disposiciones institucionales, como fue el caso de Luis Napoleón en 1851. Pero el caso más espectacular (aunque, quizá, no el más frecuente) es el asalto al poder, en cuyo caso el golpe puede vincularse con fenómenos de más amplio alcance transformador como la revolución o la contrarrevolución[14].

La mayor parte de las definiciones otorgan el protagonismo de los golpes de Estado a una minoría que cuenta con un acceso privilegiado a los resortes de poder, especialmente los de naturaleza coactiva. La naturaleza conspirativa del golpe exige la implicación del menor número de personas posible. El golpismo es una estrategia propia de minorías caracterizadas por su acceso preferente a los resortes más sensibles del poder político. Según Huntington, el golpe solo puede ser realizado «por un grupo que participa en el sistema político existente y que posee bases institucionales de poder dentro del sistema. En particular el grupo instigador necesita del apoyo de algunos elementos de las fuerzas armadas»[15]. William Randall Thompson asigna al golpe de Estado una autoría exclusivamente militar, al definirlo como «la sustitución o intento de sustitución de jefe ejecutivo del Estado por las fuerzas armadas regulares a través del uso o la amenaza de la fuerza»[16]. En este caso, el golpe de Estado como usurpación de funciones políticas por parte de los militares, y que no suele responder a una ideología de la subversión determinada, se ha convertido en la expresión fáctica más representativa de ese fenómeno social, político y cultural de carácter multidimensional que denominamos militarismo, o de la manifestación estratégica característica de la intromisión militar en la vida política que llamamos pretorianismo. Sin embargo, no hay que detenerse demasiado en la observación de los preparativos, ejecución y desenlace de los golpes de Estado para constatar que estas acciones no son el único modelo de intervención militar en la política, ni los uniformados son sus únicos protagonistas. Con harta frecuencia, cualquier rumor de complot, una dimisión política más o menos forzada, una revuelta, una revolución, un motín, una guerra civil o cualquier otra intromisión militar en la política han sido calificados de golpe de Estado[17]. Este abigarramiento de intervenciones políticas ilegales demuestra que la acción pretoriana puede darse perfectamente sin recurrir al golpismo, y que es erróneo considerar el golpe como la forma por antonomasia de intervención militar. Existen mecanismos no menos eficaces de acción pretoriana que, a diferencia de los golpes, no implican el derrocamiento del poder establecido con el empleo directo de la violencia física, como las presiones militares encubiertas o los golpes «blandos».

Esta revisión preliminar de las características básicas de los golpes nos permite avanzar una serie de definiciones acuñadas por los especialistas en la materia. Samuel P. Huntington aporta todos los elementos necesarios para el análisis del fenómeno, al describirlo como un esfuerzo de la coalición política disidente para desalojar ilegítimamente a los dirigentes gubernamentales por la violencia o la amenaza de su utilización, aunque la violencia empleada resulta escasa y está controlada, intervienen pocas personas y los participantes poseen ya bases de poder institucional en los marcos del sistema político vigente[18]. En resumen, el golpe de Estado puede ser evaluado como un cambio de gobierno efectuado por algunos poseedores del poder gubernamental en desafío de la constitución legal del Estado. Es un acto inesperado, repentino, decisivo, potencialmente violento e ilegal, cuya impredecibilidad resulta tan peligrosa para los conjurados como para las eventuales víctimas, y que precisa de un gran cuidado en la ejecución. Su propósito deliberado es alterar la política estatal mediante una intervención por sorpresa y con el menor esfuerzo posible[19].

LOS ESTUDIOS «CLÁSICOS» DEL GOLPE DE ESTADO

A pesar de haber sido uno de los métodos más antiguos y efectivos para la subversión de un régimen político, en muy contadas ocasiones el golpe de Estado ha merecido un serio análisis teórico. El escritor francés Gabriel Naudé es aceptado generalmente como acuñador del término «golpe de Estado» como categoría política, y como el precursor de los estudios científicos sobre la materia. En sus Considérations politiques sur les coups d’état (1639) Naudé entiende el golpe de Estado como un empleo audaz y extraordinario del poder por parte del gobernante (coup de majesté), que, sin guardar ningún orden ni forma de justicia, actúa movido solo por la razón (entendida como prudencia del príncipe que elige en secreto la acción más eficaz a sus intereses) y la utilidad pública[20]. La concepción contemporánea del golpe de Estado como una apropiación ilegítima y en ocasiones violenta del poder podría haber relegado la obra de Naudé a la categoría de una mera curiosidad arqueológica. Sin embargo, su legado resulta trascendental para los modernos teóricos de la cuestión, ya que incorporó al debate asuntos básicos como la consideración del golpe como una acción realizada siempre desde el poder del Estado y orientado a su reforzamiento, la prioridad dada al secreto y a la prudente planificación de las operaciones, el conflicto que se plantea en estas circunstancias entre la justicia y la razón de Estado, o la perentoriedad de una justificación legal o extralegal que garantice un cierto apoyo popular a sus ejecutores.

Durante el siguiente siglo y medio, la reflexión teórica sobre el golpe de Estado no avanzó del estadio alcanzado en la obra de Naudé. Ni durante la Revolución francesa, ni en la publicística antinapoleónica elaborada durante la Restauración se extrajeron enseñanzas de ese periodo confuso que transcurrió desde el año II al VIII (1794-1799), cuando el golpismo penetró con pleno derecho en los textos franceses de historia de la mano de las varias colisiones violentas entre los poderes del Estado que se denominaron «golpes del Directorio». Los cierto es que, con la Revolución francesa, la práctica del golpe de Estado se convirtió en lo opuesto a la «prudencia» preconizada por los teóricos del siglo XVII, ya que se transformó en un instrumento revolucionario de conquista del poder por parte los bandos políticos en disputa[21]. Tras el paréntesis napoleónico, la Restauración contempló la realización de un postrer golpe de Estado entendido como coup de force impuesto por el poder absoluto de un monarca. Las «Cuatro Ordenanzas» promulgadas por Carlos X el 25 de julio de 1830 no reunieron, sin embargo, los requisitos de prudencia y oportunidad prescritos por Naudé, y desencadenaron una acción revolucionaria (las «tres gloriosas» de 27 a 29 de julio) que clausuró en Francia el periodo que podríamos definir como «clásico» del golpe de Estado entendido como estratagema principesca. La extensión de una burocracia moderna, emancipada del servicio al soberano, dejó obsoleta la «revolución de palacio» propia de las elites de la época clásica, y abrió el camino a operaciones de subversión política más «democráticas», impulsadas por cuerpos funcionariales complejos, situados en el seno del Estado, pero con cierta autonomía funcional respecto del Gobierno[22].

El golpe de Estado también fue adquiriendo poco a poco un sentido negativo, que imponía la obligación cívica de la persecución y resistencia frente a este tipo de delitos contra la soberanía nacional. Una carga peyorativa que se acentuó tras el asalto al poder ejecutado por Luis Napoléon el 2 de diciembre de 1851. Esta actitud de rechazo moral y jurídico al golpismo debe mucho a los escritos de combate de Victor Hugo, Pierre-Joseph Proudhon y Karl Marx. Tanto en Histoire d’un crime como en Napoléon le petit, Victor Hugo emplea abundantemente el término coup d’État, de igual modo que Proudhon en su obra La révolution sociale démontrée par le coup d’état o Marx en su 18 Brumario. Fue a partir de entonces cuando el término francés acabó por universalizarse, adaptándose al italiano, portugués o castellano, y siendo adoptado de forma literal en el vocabulario político inglés[23].

En la última parte del siglo XIX, el golpe de Estado cayó en el más absoluto de los descréditos: los marxistas lo tildaron de blanquismo, mientras que la tradición republicana francesa abundó en su calificación peyorativa, haciéndolo sinónimo de la violación de derechos perpetrada por fuerzas de naturaleza ultraconservadora. En ese contexto de claro reflujo popular de la extrema derecha nacionalista, no tiene nada de extraño que las únicas reflexiones teóricas sobre el golpe de Estado procedieran de ese campo político, en concreto de l’Action Française como ejemplo más notorio de nacionalismo autoritario específicamente monárquico. Como observaba en 1909 Charles Maurras en su obra Si le coup de force était possible…, para que el golpe de fuerza resultara factible se debía «constituir un estado de espíritu realista» que lograra previamente el apoyo de una fracción suficiente de la opinión pública[24]. No se trataba, pues, de una insurrección armada o de una acción violenta de masas, sino de un golpe de Estado llevado a cabo por las minorías enérgicas que, como decía Jules Lemaître, son las que construían la historia y a las que seguirían las masas, conservadoras por naturaleza[25]. A imagen de la labor emprendida por Cánovas del Castillo para propiciar la restauración alfonsina en España a finales de 1874 –el modelo de referencia para Maurras–, la creación de un estado de ánimo a través de la propaganda ideológica debía ser la tarea previa a cumplir por el movimiento monárquico antes de optar por el golpe, que no debía ser un mero pronunciamiento, sino una acción dirigida políticamente, tras convencer al Ejército de que era necesaria la toma del poder. En una intuición que luego desarrollaron León Trotski o Curzio Malaparte, Maurras observaba que, si la fuerza pública y los políticos republicanos se mostraban indecisos, un grupo de conspiradores resueltos y bien preparados podría hacer caer el régimen, al estilo de los golpes de mano en las guerras convencionales[26].

La inestabilidad política inherente al periodo de entreguerras volvió a poner de actualidad el golpe de Estado, a través de la polémica suscitada por tres ensayos subversivos de signo bastante diverso: la conquista del poder por los bolcheviques en Rusia, la Marcha sobre Roma y las asonadas protagonizadas por el sector más ultranacionalista de la Reichswehr en los primeros pasos de la República de Weimar. La gran novedad del análisis sobre el golpe de Estado en el periodo de entreguerras fue el descubrimiento de una realidad que ni los «nuevos catilinarios» de izquierda o de derecha, ni los defensores del Estado habían sido capaces de intuir hasta entonces: que la creciente complejidad del Estado contemporáneo exigía nuevos modos de acceso ilegal al poder, donde los aspectos no estrictamente políticos o militares resultaban decisivos. Curzio Malaparte intentó demostrar en su Técnica del golpe de Estado (1931) que «el problema de la conquista y de la defensa del Estado no es un problema político, sino un problema técnico; que el arte de defender el Estado está regido por los mismos principios que rigen el arte de conquistarlo; que las circunstancias favorables a un golpe de Estado no son necesariamente de naturaleza política y social, y no dependen de la situación general del país»[27]. La interpretación malapartiana del golpe de Estado como tecnología de la violencia, como artefacto en manos del conspirador profesional, transformó esta obra –un poco injustamente, hay que reconocerlo– en un auténtico manual para conspiradores de toda laya en la turbulenta década de los treinta. Desde el primer momento, el libro fue malinterpretado como una incitación al golpe, cuando, en realidad, trataba de prevenir los puntos débiles de los gobiernos constitucionales, señalando la importancia de los elementos tácticos y técnicos para su defensa. A pesar de sus errores de apreciación y de los malos entendidos que suscitó, la Técnica del golpe de Estado aportó varias ideas valiosas, como demostrar que el golpismo no era una acción espontánea e irracional, sino un movimiento urdido en un entorno conspirativo, ejecutado con unas reglas precisas, con objetivos bien seleccionados y con un fin político determinado.

EL DEBATE ACTUAL SOBRE EL GOLPE DE ESTADO

La incidencia de los golpes ha aumentado enormemente en la segunda mitad del siglo XX. Las nuevas realidades de la posguerra, en especial la inestabilidad sociopolítica de los países descolonizados, volvieron a poner de actualidad el golpismo como parte importante del proceso político. En ese contexto histórico, las ciencias sociales diseñaron cuatro teorías básicas sobre las causas de los golpes de Estado. La primera centraba su atención en el desarrollo técnico-político de una acción subversiva que se entendía como una estrategia perfectamente calculada de acceso ilegal al poder, según el camino abierto en los años de entreguerras por el bolchevismo y un sector del fascismo, del que se hizo eco Curzio Malaparte. La segunda concebía el golpe como una práctica de asalto al gobierno característica de una elite pretendidamente modernizadora como es el Ejército. La tercera contemplaba el golpe como un indicador bastante fiel de un contexto de crisis social y económica propio de países del Tercer Mundo que buscan una salida alternativa al neocolonialismo y al subdesarrollo. La cuarta teoría interpretaba el golpismo como evidencia de la inestabilidad político-institucional de un régimen fragilizado por un déficit de legitimidad y por una cultura cívica fragmentada o escasamente desarrollada. En muy pocas ocasiones estos cuatro paradigmas explicativos han sido presentados como razón única de los golpes de Estado, sino que han aparecido integrados en explicaciones más complejas que, con todo, han dado prioridad a uno u otro argumento.

La reconsideración de los aspectos técnico-políticos del golpe de Estado: Goodspeed y Luttwak

Una hipótesis heredada de Malaparte señala que, dada la similitud institucional de los gobiernos contemporáneos, las estrategias empleadas para su derrocamiento deben ser similares, y concentrarse de forma prioritaria en los aspectos puramente técnicos del asalto al poder. La trascendencia y vigencia del golpe radica en su especial adecuación a los requerimientos de «racionalidad productiva» característicos de las modernas sociedades industriales y postindustriales: eficiencia técnica, rapidez de ejecución, economía de esfuerzos y cálculo adecuado de costes y beneficios. Donald Goodspeed define el golpe como «un intento para el cambio de gobierno mediante un ataque, tan brusco como violento, contra la auténtica maquinaria del gobierno»; una acción directa que requiere una movilización menor de recursos, por lo que el coste del riesgo asumido y la violencia desplegada es menor. El golpe se dirige exclusivamente a las auténticas fuentes del poder gubernamental, y si triunfa no se produce ninguna enojosa interrupción de la marcha del Estado[28]. A diferencia de Malaparte, Goodspeed observa que «en el golpe de Estado la estrategia está mucho más íntimamente ligada con las consideraciones políticas de lo que suele estarlo en la guerra, e incluso la táctica debe estar influida por ella en cierto modo»[29]. Este autor apunta una serie de condiciones objetivas previas: la existencia de un contencioso político grave, la simpatía de las fuerzas armadas, el apoyo o la indiferencia de la opinión pública, la existencia de un contexto internacional propicio, y la capacidad estratégica y táctica de los líderes de la conjura. Acto seguido, formula un mecanismo de asalto al poder en tres fases: la preparación, el ataque y la consolidación, basada en el establecimiento institucional del régimen rebelde y la «pacificación» del país, en cuyo momento el control del golpe revierte sobre los estrategas políticos[30]. La obra de Goodspeed apuntaba a aspectos vinculados con la vulnerabilidad del régimen como condiciones básicas para el éxito de un golpe de Estado. Pero el énfasis puesto casi en exclusiva en factores políticos externos al mismo proceso golpista limitó la capacidad analítica de su propuesta, sobre todo cuando, a partir de la década de los sesenta, se estaban apuntando una complejidad de factores explicativos.

La reflexión de Edward Luttwak se formuló al hilo de una serie de acontecimientos históricos clave. Los sucesos de la primavera de 1968 en París o Praga demostraron que, como medio subversivo clásico, la insurrección vinculada a una huelga general había quedado obsoleta ante el dispositivo de seguridad que podía interponer un Estado moderno. Por otro lado, la inestabilidad de los procesos de descolonización del Tercer Mundo transformó a la guerrilla y el golpe de Estado en procedimientos habituales de conquista del poder, con la ventaja para este último de su mayor rapidez de ejecución y de su menor coste en vidas y haciendas. La obra se presentó en tono irreverente como un manual práctico, como un inocente «recetario» que permitiría a cualquier profano que dispusiera de cierto entusiasmo y de los recursos necesarios llevar a buen término su propio golpe de Estado, siempre y cuando –claro está– eligiera determinados países del Tercer Mundo para ejecutarlo[31]. Su plan de «democratización» del golpismo lleva a Luttwak a exponer de forma sencilla las diversas técnicas que podían emplearse para tomar el poder en un Estado, en los niveles militar, político y policial. El golpe de Estado se contemplaba como una operación peculiar dirigida a capturar los órganos e instituciones cruciales con el objeto de lograr el control de un país, y en consecuencia se centra sobre todo en el aspecto táctico, no político.

La tesis central de Luttwak es que el Estado moderno tiene ramificaciones burocráticas lo suficientemente amplias como para que los golpistas y los conspiradores se puedan infiltrar y actuar eficazmente en un sector limitado pero crítico del aparato estatal, sobre todo en entes burocráticos fuertemente jerarquizados como son los órganos coercitivos del Estado, que pueden ser controlados y utilizados para sustraer al gobierno el control de los restantes sectores administrativos. Los gobernantes sufren así una especie de «técnica de judo», por la cual la potencia del Estado se vuelve contra la propia elite dirigente que ha propiciado su vigor y predominio. A diferencia de Trotski o Malaparte, Luttwak no considera necesario crear una organización ad hoc para la subversión, sino que basta con «la infiltración en un engranaje, pequeño pero esencial, de la máquina administrativa del Estado, engranaje que a continuación es utilizado para impedir al Gobierno ejercer el control del conjunto»[32]. Esa es, en su opinión, la esencia del golpe de Estado.

Luttwak ofreció una explicación general de los golpes que penetra más allá de los convencionalismos militares o políticos. Su análisis de las condiciones previas para una maniobra sediciosa de ese tipo contempla factores económicos vinculados a la dependencia y al desarrollo, aspectos sociales vinculados a la homogeneidad étnica y de clase, o circunstancias de orden institucional como la naturaleza de la burocracia o el nivel de centralización del poder. Características todas ellas que serían consideradas con mayor detenimiento por analistas posteriores.

El golpe de Estado como símbolo e instrumento del pretorianismo «modernizador»

Los casos en que los militares desempeñaron un papel activo en el gobierno se hicieron especialmente frecuentes tras la Segunda Guerra Mundial. La atención de los analistas políticos se centró entonces en el Ejército como institución decisiva para la orientación política de las nuevas naciones. Se trataba de ver cuáles eran las condiciones que incrementaban las posibilidades de intervención militar, y si estas resultaban positivas o negativas para el crecimiento socioeconómico. El aumento del número de golpes tras el final del proceso descolonizador no condujo siempre a vías democráticas de desarrollo, y desde esas fechas muchos científicos sociales trataron la usurpación militar como una manifestación alternativa, en clave autoritaria, del proceso histórico que conducía a la modernización social[33]. Pero, a diferencia de las décadas de los treinta y los cuarenta, los militares golpistas ya no fueron descalificados como autoritarios o totalitarios, sino que el funcionalismo vinculado a los intereses estratégicos norteamericanos durante la Guerra Fría difundió la creencia de que, en sociedades transicionales con instituciones democráticas débiles, el Ejército disponía de una experiencia técnica, de una organización burocrática compleja y racionalizada y de una impregnación de las ideas occidentales que le permitían desempeñar el papel de elite reformadora con mayor eficacia que los civiles. El Ejército, que aparecía como compuesto mayoritariamente por las clases medias pretendidamente campeonas de la democracia, era la única parte organizada de la sociedad capaz de hacer funcionar el nuevo sistema político. En consecuencia, los autores neoconservadores adscritos a este paradigma explicativo comenzaron a entrever los golpes de Estado en las nuevas naciones de África y de Asia como actos favorables para su desarrollo sociopolítico, debido a las especiales características de los militares como «agentes de modernización».

Las diversas razones aducidas para la aparición y el desarrollo del golpismo mantenían una fuerte carga teleológica vinculada con el designio modernizador al que se aspiraba, lo cual acentuaba su tono exculpatorio y justificativo. Morris Janowitz observaba que el intervencionismo militar en las naciones en desarrollo no era una estrategia deliberada, sino a menudo un hecho reactivo e imprevisto, dictado por la debilidad de las instituciones civiles y la ruptura de las formas parlamentarias de gobierno[34]. Samuel E. Finer reconocía que la intervención militar podía presentar diferentes formas, de la cual el golpe era solo una de ellas. Consideraba que los militares intervenían en la cosa pública de acuerdo con niveles de cultura política determinados por la fuerza o por la debilidad de su compromiso con las instituciones civiles, por el nivel general de legitimación del régimen y por el grado de reconocimiento de la autoridad política. De modo que, cuanto más alto fuera el nivel general de cultura política, menores oportunidades y apoyo habría para las intervenciones militares. Según su tesis, los golpes solo suceden en países de cultura política baja o mínima[35], lo cual no parece del todo cierto, sin comprobamos su presencia hasta épocas relativamente recientes en países como Francia, Alemania, Chile o España. Todo parece indicar que el golpismo tiene más que ver con la polarización política o social y con la deslegitimación del régimen o del Gobierno que con un determinado nivel de participación y de concienciación ciudadanas. Para Amos Perlmutter, las explicaciones de los golpes como desembocadura necesaria de una situación de decadencia política, de presuntas herencias históricas o de la pretendida voluntad reformista mesocrática reflejada en la institución militar resultaban insuficientes. Como ya observó Jaime Balmes al criticar la política española de mediados del siglo XIX, advierte que el colapso del poder ejecutivo y la deslegitimación de los grupos políticos civiles son condiciones previas para el pretorianismo, pero que este puede adoptar múltiples facetas según el alcance de la implicación de la elite civil, el nivel de cohesión del propio Ejército, la estabilidad del Estado o el grado de desarrollo del país en función de su capacidad para lograr objetivos tales como la unificación administrativa, el orden público, la modernización socioeconómica y la urbanización[36]. Los golpes estarían en relación con el incremento de la influencia de los militares en la burocracia gubernamental y con los conflictos internos del ejército a causa de su evolución y desarrollo orgánico y administrativo, especialmente cuando su orientación corporativa se ve amenazada por movimientos sociales, grupos de interés o partidos políticos[37].

Para Thompson, los agravios corporativos se vinculan a los golpes por el hecho de que los militares golpistas son miembros socializados en una organización más o menos profesional que tiene sus propias necesidades e intereses[38]. Al igual que Perlmutter, Eric Nordlinger destaca que la defensa de los intereses corporativos militares como los generadores de poderosas motivaciones intervencionistas. Junto con los agravios profesionales aparecen otros motivos, como los fallos de gestión de las autoridades civiles que provocan una deflación de la autoridad gubernamental, la identificación abusiva de la institución castrense con los intereses nacionales, las aspiraciones particulares de la oficialidad, la interferencia civil en los asuntos internos de los militares o el temor de estos a la radicalización política de las clases populares[39].

Algunos autores especulan con que el tamaño y la sofisticación de la organización militar están relacionados positivamente con la propensión intervencionista[40]. Un ejército nutrido de gran número de conscriptos y de voluntarios a corto plazo puede desintegrarse en el curso de una crisis política aguda, pero otro compuesto enteramente de soldados profesionales que dependen de su ocupación militar para su subsistencia, puede estar tentado de conquistar el poder[41]. El ejército golpista acostumbra a ser pequeño de tamaño, con un amplio núcleo de voluntarios de servicio dilatado y en permanente contacto con los oficiales, lo que genera un peculiar esprit de corps[42]. Perlmutter considera que es la orientación corporativa, y no la profesional, de los militares la que determina su comportamiento político objetivo y subjetivo, y su grado de intervención en la cosa pública[43]. Lieuwen argumenta que, al requerir de los oficiales una dedicación de tiempo completo a su trabajo, la profesionalización hace decrecer las intervenciones militares y conduce a medio plazo a la neutralidad política, pero Lyne McAlister apunta que este no ha sido el caso de los crecientemente cualificados ejércitos de América Latina o de la muy sofisticada Wehrmacht alemana de las décadas de los treinta y los cuarenta. Johnson opina de forma opuesta: el profesionalismo lleva a un compromiso con la modernización que puede derivar en formas de intervención política, y Alfred Stepan considera que, cuanto más educados sean los oficiales, mayor es la posibilidad de que asuman el liderazgo del Gobierno[44]. La experiencia demuestra que un golpe militar necesita de la participación de un ejército profesional o de un cuerpo de oficiales cualificados, aunque no precisa obligatoriamente que sea planeado o ejecutado únicamente por militares y motivado por razones exclusivamente castrenses[45].

La evolución ulterior de los regímenes surgidos de un golpe de Estado es también objeto de reflexión. Según Huntington, en un sistema político pretoriano ninguna institución o líder es aceptado como árbitro legítimo de los grupos en conflicto[46]. Los golpes suelen erosionar las bases de legitimidad de los gobiernos, y la reemplazan por el terror basado en el uso (o amenaza de uso) de la fuerza. Las intervenciones militares no acostumbran a crear una nueva institucionalidad con visos de perdurar: cuanto más habituales son los golpes de Estado, más extendido se hace el desprecio por la ley, puesto que el golpismo demuestra cuán fácil y provechoso resulta evadir las reglas del juego político. De modo que este tipo de acciones, si se perpetran de forma recurrente, traen como secuela la implantación de regímenes personalistas pero corruptos e inestables, lo que favorece sucesivas intervenciones castrenses. En todo caso, la mayor parte de los especialistas coincide en que unas instituciones políticas libres e independientes son la más poderosa salvaguardia frente a las conquistas militares del poder[47].

En los últimos tiempos, el protagonismo castrense en los golpes de Estado ha comenzado a revisarse con detenimiento. Lo que primero se ha puesto en duda ha sido la exclusiva presencia militar en este tipo de operaciones. Al menos en América Latina, el golpe de Estado actual parece que ha postergado el golpismo militar de antaño. Ahora el protagonismo corresponde a las fuerzas de policía (como sucedió en la tentativa de golpe contra el presidente Correa en Ecuador en 2010 y la «inquietud» policial en Bolivia en 2011 y 2012), o a instituciones como el Parlamento o el Poder Judicial, que han protagonizado golpes «de guante blanco» o derrocamientos «institucionales» de gobernantes legítimos, apelando a su primacía en el planteamiento de un conflicto entre poderes constitucionales, como sucedió con el choque entre presidente Manuel Zelaya y el Congreso Nacional, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia de Honduras en julio de 2009 y el «juicio político» a que fue sometido Fernando Lugo por la Cámara de Diputados de Paraguay en junio de 2012[48].

Los líderes golpistas pueden ser civiles, y si son militares, pueden alentar a los civiles a tomar el poder, o, de forma más habitual, a tolerar la constitución de gobiernos cívico-militares. De hecho, solo uno de cada seis gobiernos instalados tras un golpe está compuesto exclusivamente por militares, y la inmensa mayoría lo conforman una coalición de personalidades castrenses y no castrenses[49]. Ello desmiente además las tesis de Perlmutter o de Nordlinger de que los militares se preocupan en exclusiva de sus intereses corporativos. Una actitud profesional no evita con certeza una intervención golpista, así como tampoco la provoca necesariamente una orientación corporativa[50]. Las variables de tamaño y profesionalismo, junto al monopolio de los medios de coerción indican simplemente la capacidad física de los militares para entrometerse en la vida política, pero no nos aclaran cuándo, cómo y por qué lo hacen. Como asevera Huntington, «las explicaciones sobre lo militar no explican las intervenciones militares»[51].

La tentación golpista y su vinculación con las perturbaciones en el desarrollo socioeconómico

Las diferentes configuraciones de estructura sociopolítica tienen mucho que ver con las circunstancias de las revoluciones y los golpes de Estado[52]. No cabe duda de que la tradición democrática de un país, el grado de centralización gubernamental y administrativa, la robustez de la sociedad civil o la profesionalidad y neutralidad política de sus diferentes burocracias imponen tácticas diferentes para el asalto ilegal al poder. Sin embargo, no todos los condicionantes de los golpes son de orden político. Otros argumentos apuntan que el golpismo es el cortejo habitual de los procesos acelerados de cambio socioeconómico que generan desequilibrio político. Autores como Mancur Olson señalaron que el desarrollo económico resultaba desestabilizador, y Samuel P. Huntington argumentó que la modernidad provocaba estabilidad, pero que la modernización generaba la inestabilidad que propiciaba la aparición del orden pretoriano[53]. Finer pensaba que el atraso económico era una condición necesaria pero no suficiente para los golpes, y afirmaba que la propensión a la intervención militar estaba más vinculada al incremento de la movilización social, y concluía que el nivel de industrialización disminuía la propensión al golpismo[54]. Needler consideraba que «un golpe de Estado triunfante es menos probable cuando las condiciones económicas están mejorando», y que el deterioro económico hacía más factible el derrocamiento de un Gobierno[55]. En su exploración de las relaciones entre el desarrollo económico y las limitaciones en el poder político de los militares en 51 naciones, Janowitz concluyó que, a mayor desarrollo económico, existía una menor posibilidad de intervención militar[56]. En sus diversos trabajos, Thompson reconoce que la mayor parte de los golpes triunfantes aparecen vinculados con un proceso de deterioro económico, pero que este no debe ser relacionado directamente con los golpes, sino con condiciones que promueven la vulnerabilidad sociopolítica del régimen, como el control de los instrumentos coercitivos que garantizan su supervivencia[57].

Las investigaciones que más han incidido en la importancia de las condiciones socioeconómicas han sido las realizadas por Ruth First y Rosemary O’Kane. Aunque reconoce que la práctica golpista difiere grandemente en cada país africano, First destacó la importancia de las influencias económicas procedentes del exterior, como un legado colonial que ha generado atraso, dependencia, fragmentación social y una permanente crisis económica alimentada por el férreo control del mercado que ejercen las naciones más desarrolladas. En esa situación de penuria material, el poder político siempre en disputa se transforma en la única fuente real de poder y de recursos para los países en vías de desarrollo[58]. O’Kane también reconoce que los países que han sufrido golpes de Estado presentan grandes diferencias sociales, económicas y políticas, de modo que la cuestión crucial no es por qué se producen este tipo de interrupciones sumarias de la actividad política «normal», sino que la aproximación más fructífera sería identificar las condiciones objetivas por las cuales una sociedad es más proclive a los golpes que otra, aunque ello no determine mecánicamente la disponibilidad o la decisión de los conspiradores[59]. Las variables que aduce son fundamentalmente socioeconómicas, vinculadas al nivel de desarrollo; en concreto, a las condiciones peculiares del mercado internacional: los países cuya economía genera productos primarios para la exportación y dependen en esencia de estos, experimentan una mayor inestabilidad e incertidumbre material que mina la estabilidad política. Cuanto más pobre es una nación de estas características, mayor será la predisposición a un golpe de Estado[60]. Sentada esta base económica, O’Kane incorpora otros factores, inspirados en Luttwak, que alientan u obstaculizan los golpes, como la independencia reciente, la falta de tradición golpista, la presencia de tropas extranjeras y de intereses seccionales, los cambios dramáticos de Gobierno producidos en el pasado, los procesos electorales, el descontento público producido por las deficiencias en la participación en el proceso político, la ausencia del jefe de Estado, los agravios militares y otros motivos reales o aparentes que expresen sus promotores[61].

La teoría sociológica más mencionada es la de la intervención militar como sustituto de fuerzas sociales que no existen o aparecen divididas en un contexto de modernización[62]. En concreto, los militares golpistas se reclamarían depositarios de los intereses y aspiraciones reformistas de unos sectores mesocráticos débiles o mal organizados, de modo que el tamaño de la clase media resulta significativo para determinar la importancia y el carácter de la intervención militar en política[63]. Para Gino Germani y Kalman Silvert, las intervenciones militares son inhibidas por la aparición y el desarrollo de estratos medios en la estructura social, pero las situaciones de subdesarrollo político y social, que conllevan generalmente una debilidad de la sociedad civil, son especialmente adecuadas para que una corporación teóricamente más consistente, centralizada, jerarquizada y disciplinada, tal cual es el Ejército, cubra el vacío político de una forma abrupta e ilegal, actuando acto seguido como elemento de limitación o como factor de estímulo de la participación política[64]. José Nun argumenta en sus obras que los militares latinoamericanos desarrollan una tendencia a asumir una responsabilidad protectora de una clase media incapaz de dirigir el cambio, con el fin de obtener reconocimiento político de la oligarquía y consolidar su propio poder político. Sin embargo, otros autores niegan toda relación entre origen social y activismo político militar. Stepan critica a Nun, señalando que en diferentes épocas todas las clases sociales han solicitado a los militares la intervención, y que aunque la clase media pueda proporcionar un estímulo para el golpe, no constituye realmente una guía para su política, puesto que los sectores mesocráticos están tradicionalmente tan divididos que es imposible que los militares los representen[65]. Los militares han solido intervenir en nombre de una clase, de todas o de ninguna de ellas, y su alianza con los sectores mesocráticos no es por definición, sino en el contexto de una estrategia dictada por la oportunidad política[66].

El golpismo como causa y efecto de la inestabilidad política

En general, han predominado las explicaciones de los golpes que inciden en la inestabilidad política o en la falta de cultura cívica como factores que facilitan la intervención militar. Varios especialistas han destacado que las políticas del golpe de Estado varían sustancialmente en función de las tradiciones políticas y culturales[67], del mismo modo que el golpismo puede modelar de forma duradera el carácter de una sociedad y de su sistema político, sobre todo en países con una larga tradición intervencionista, donde el Ejército ha renunciado implícitamente a su papel de salvaguardia frente a amenazas exteriores. A pesar de la incidencia de las circunstancias culturales, muchos analistas señalan al debilitamiento de la autoridad política como uno de los factores precipitantes de los golpes. Un sistema desvertebrado, con ausencia de líderes e instituciones capaces de paliar el conflicto entre las diversas fuerzas que participan en la arena política, facilita la irrupción del pretorianismo. Los gobiernos se deslegitiman por el comportamiento inconstitucional, ilegal y corrupto de las autoridades, por su responsabilidad o ineficacia ante las crisis económicas o por su incapacidad para dominar la oposición política y el descontento que deriva en desórdenes y violencias[68]. Finer hizo hincapié en los factores de movilización y de legitimación política: donde la vinculación pública a las instituciones civiles es fuerte, la intervención militar en la política encontrará mayores dificultades. La propensión a la intervención militar decrece con el incremento de la atención y de la participación populares en la política, y con la fuerza y efectividad de los partidos políticos, grupos de interés e instituciones civiles de gobierno[69]. Pero cuanto mayor sea la movilización social y menor la institucionalización política, mayores serán las posibilidades de intervención militar[70]. Sin embargo, en sus análisis estadísticos, Thompson no ha encontrado ninguna relación entre el nivel de movilización social y la predisposición a los golpes[71]. Es más, Luttwak ya advirtió que algunos factores económicos (por ejemplo las crisis) fomentan los golpes sin que esté presente ninguna limitación de la participación política[72]. La elite militar responde a los retos de la movilización de diversas formas, y no todas las autoridades civiles en decadencia son derribadas por golpes militares. En realidad, esta debilidad solo puede dar lugar a la naturaleza pretoriana del sistema político.

En su estudio clásico sobre la consolidación institucional en sociedades en cambio, Huntington observó que existía la posibilidad de golpes si las instituciones no eran capaces de adaptarse a las nuevas situaciones o aumentar su complejidad para asumir nuevos roles políticos. El multipartidismo y la participación política de las masas eran factores desestabilizadores que favorecían la intromisión militar en la política[73]. Huntington concibió la intervención militar como una reacción evolutiva producto de las acciones de otros grupos sociales en un entorno de cambio. En ese sentido, ofreció dos versiones correlativas y contradictorias del golpe de Estado según su alcance político: la intervención militar en la lucha intraelitista producida en el seno de regímenes oligárquicos tradicionales, dirigida simplemente a la distribución del patronazgo mediante revoluciones de palacio, y su papel radicalmente reformador al derribar a una oligarquía corrupta e incompetente[74]. Huntington observaba que el pretorianismo radical de impronta mesocrática, dirigido a ampliar la participación política de la clase media ascendente, marcaba el paso de la antigua pauta oligárquica de los golpes o las revoluciones palaciegas propias de monarquías tradicionales, al esquema radical, de clase media, de golpes reformistas y modernizadores[75]. El proceso de avance del pretorianismo radical es largo, y viene precedido de «golpes anticipatorios» donde se sondean las fuentes de apoyo y de oposición, de golpes de irrupción que derrumban el antiguo régimen y de golpes de consolidación que sitúan en el poder a los elementos jacobinos más radicales. Si la sociedad pasa a la participación de masas sin desarrollar instituciones políticas efectivas, el papel del ejército puede evolucionar del reformismo al vigilantismo: los militares emprenden esfuerzos conservadores para proteger el sistema existente contra las incursiones de las clases bajas, sobre todo las urbanas, y se convierten en los guardianes del orden de clase media vigente mediante intervenciones militares de «veto» destinadas a obstaculizar la participación política de las clases subalternas. En consecuencia, la utilidad del golpe como técnica de intervención política decae a medida que se ensancha el horizonte de la participación ciudadana en la cosa pública. En una sociedad oligárquica y en las primeras fases de una pretoriana radical, la violencia es limitada porque el Gobierno es débil y la movilización política escasa, pero cuando la participación se amplía y la sociedad se vuelve más compleja, los golpes de veto resultan más difíciles y sangrientos, al dividirse los militares en tendencias radicales y moderadas y tener que afrontar una oposición más enérgica, como fue el caso de julio de 1936 en España. El golpe de Estado como violencia interna limitada puede ser entonces sustituido por la guerra revolucionaria o por una insurrección violenta que implique a muchos elementos de la sociedad[76].

Para William R. Thompson, la hipótesis predominante sobre los golpes de Estado es la de la vulnerabilidad del régimen: los sistemas políticamente inestables y fragmentados tras su emancipación de los antiguos sistemas coloniales resultan más propensos que otros a los golpes militares[77]. Este autor destaca factores como las herencias históricas y culturales, el papel de las clases medias como punta de lanza de la modernización, o la erosión y el fracaso de la democracia en los nuevos países surgidos tras la Segunda Guerra Mundial debido a la falta de cohesión nacional, a la ausencia de condiciones previas para la consolidación democrática o a la ocupación por los militares del vacío generado por la implantación de un poder constitucional corrupto e ineficaz, que ha sido impuesto por intereses ajenos al margen de los usos políticos tradicionales[78].

Autores como Finer ya señalaron que las repercusiones de un golpe son trascendentales para el futuro de los sistemas políticos. El primer golpe de Estado tiene un impacto fundamental sobre las reglas del juego político, ya que otorga al ejército ciertos derechos y un papel más o menos permanente en las futuras contiendas por el poder[79]. Según Hibbs, un gran determinante de los golpes entre 1958 y 1967 fue la incidencia de actos similares en los diez años anteriores[80], del mismo modo que un golpe triunfante incrementa la propensión para otro en el curso de los seis años siguientes[81]. Esta «teoría del contagio» no solo condiciona la vida pública del país afectado, sino que la intervención militar en una nación puede estimular actos de emulación en los países vecinos, según ciclos u oleadas mejor o peor caracterizadas[82].

CONCLUSIÓN

La reflexión política sobre el golpe tardó dos siglos en emanciparse de la tutela maquiavélica que justificaba este recurso principesco como una manifestación excepcional de la razón de Estado. El progresivo afianzamiento del liberalismo trastocó este punto de vista en la dirección de una progresiva secularización: de acción suprema fundamentada en los antiguos arcana imperiorum, se pasó en el siglo XIX a concebir el golpe como un recurso arbitral extraordinario en el conflicto entre poderes institucionales. El siglo XX contempló su «normalización» como estrategia ocasional en el contexto de inseguridad jurídico-política propio de los países de modernización problemática. Su ejecución, sigue, sin embargo, vinculada en buena medida a la fuerza armada, que en determinados países en vías de desarrollo mantiene rasgos premodernos de sacralidad acordes con su posición arbitral en el pleito político.

La relación que ha mantenido el golpe de Estado con las diferentes formas históricas que ha ido adoptando el poder también ha cambiado de modo sustancial: de palanca maestra para la ejecución de acciones excepcionales tendentes al sostenimiento del trono, el Estado moderno se transformó en el objetivo esencial de los asaltos dirigidos a la conquista o a la redistribución de un poder político cuyo sometimiento a los principios constitucionales le hacía más especializado y complejo que antaño. Las consideraciones morales vinculadas a su ejecución también sufrieron una significativa mutación: primero en los países anglosajones, luego en Francia y, más tarde, en otros países que encaminaban sus pasos hacia la democracia en la segunda mitad del siglo XIX, el golpe de Estado dejó de ser justificado como alternativa cesarista, y pasó a caracterizarse como un acto reprobable y punible ejecutado contra la voluntad del pueblo, que de este modo veía legitimada cualquier actitud de resistencia ante la amenaza de una involución autoritaria.

La creciente complejidad del Estado y la regulación de su poder mediante normas jurídicas aceptadas por la mayoría de la población hizo más compleja y difícil la conquista ilegal del poder. La evidencia, constatada por Max Weber, de la implantación de la racionalidad burocrática en las funciones estatales introdujo en los años de entreguerras un nuevo modo de entender el problema del derrocamiento de los gobiernos, que enseguida fue asumido por el bolchevismo y el fascismo. El Estado, concebido como artefacto complejo sometido a su propia lógica reproductiva, no podía ser asaltado atendiendo a consideraciones meramente políticas, sino mediante una labor «técnica» de infiltración y anulación de los servicios vitales realizada por un puñado de especialistas ejecutores de un plan conspirativo bien diseñado. En la estela de malos entendidos dejada por el libro de Malaparte, ha proliferado hasta la actualidad un subgénero de literatura sobre el golpe de Estado que ha pretendido «democratizar» la añeja visión maquiavélica del asalto al poder como manifestación suprema de la voluntad política: «manuales» y «vademecums» para uso de golpistas en ciernes, repletos de consejos para conspiradores y de simulacros para militares, pero ayunos de una visión clara sobre las posibles alternativas subversivas.

El nuevo contexto internacional de la segunda posguerra, en especial los problemas de estabilidad política de los países recientemente descolonizados, posibilitó un replanteamiento en profundidad de la problemática golpista, al precio de relegar el análisis del propio acto subversivo a un plano secundario. En la estela de los estudios sobre las secuelas de la modernización sobre sociedades sometidas a un intenso proceso de cambio, se trataron de explicar los golpes en referencia a variables macrosociales y macroeconómicas, a rasgos estructurales de las elites militares o, más raramente, a cualidades psicológicas individuales de los golpistas. Si a inicios de la década de los sesenta del siglo pasado prevaleció la interpretación del golpismo como actuación disruptiva característica de una vanguardia modernizadora, a finales de esa década Huntington, Finer y otros estudiosos del papel de las instituciones militares en sociedades transicionales pusieron el énfasis en la decadencia institucional de las sociedades pretorianas. En la de los setenta, autores como Martin Needler, Eric Nordlinger o Amos Perlmutter incidieron en consideraciones vinculadas con el corporativismo castrense; en la de los ochenta el centro de atención pasó de la estructura al análisis de las motivaciones de la elite (especialmente la militar), en la línea de los trabajos abordados por Thompson a inicios de la década anterior. En la de los noventa se pasó a un enfoque estructural más amplio: los trabajos de Ruth First y Rosemary O’Kane han retomado aspectos de orden socioeconómico como la importancia de la herencia colonial o la dependencia de países con un sector primario dominante, poco diversificado y dependiente del mercado exterior.

En esencia, los analistas políticos han forjado sus esquemas teóricos sobre la base de los problemas generados por los cambios socioeconómicos o sobre la naturaleza fragmentada y caótica de la vida política en los países en vías de desarrollo, antes que sobre las situaciones inmediatas y concretas que producen o entorpecen los golpes de Estado. De ese modo, el fenómeno golpista en sí continúa quedando muy a menudo fuera del centro del análisis de las crisis políticas. Aristide Zolberg ya advirtió que, en África, los golpes de Estado son hechos fortuitos, no relacionados directamente con las características estructurales de las sociedades o con las peculiaridades del sistema internacional[83]. Los golpes pueden ocurrir en todo tiempo y lugar, si se dan las condiciones políticas para ello.

También ha proliferado, aunque con menor intensidad, la literatura sobre la prevención y la desarticulación de los golpes de Estado. Según Gene Sharp y Bruce Jenkins, los golpes fallan porque la ausencia de cooperación y el desafío de algunos funcionarios civiles y militares rompen la conexión que los sediciosos tratan de establecer entre el control físico de los recursos del Gobierno y el control político del Estado. Los golpes también pueden fracasar por la ruptura del vínculo entre el control de la maquinaria central del Estado y el control de la sociedad, incluyendo en ella las instituciones sociales independientes, los gobiernos locales o la población en su conjunto[84]. En los casos, harto conocidos, del putsch de Kapp de marzo de 1961, del golpe de los generales de Argel en abril de 1961 o de la intentona involucionista en Rusia en agosto de 1991, la acción conjugada de las unidades militares leales y de una huelga general ilimitada agotaron las posibilidades de afianzamiento político e institucional de los rebeldes. El éxito del antigolpe depende del espíritu de resistencia y la solidaridad de la población, de la capacidad de la gente para mantener la resistencia y la disciplina no violenta, de las fuerzas y debilidades de los golpistas y de la habilidad en las estrategias de defensa, que deben ser minuciosamente preparadas de antemano[85]. El objetivo primordial es negar a los golpistas la legitimidad (el derecho político o moral a ser Gobierno) y la cooperación del Gobierno y de la población. La estrategia de resistencia más efectiva es la protesta no violenta (centrada en actos de no cooperación como boicots, huelgas, manifestaciones pacíficas, publicación de noticias contrarias al golpe y obstrucción de las favorables al mismo) que evite choques armados con los golpistas. Al tiempo se debe mantener fuera de su alcance el control del sistema económico, de las redes informativas y de las organizaciones sociales y políticas legítimas, creando otras de emergencia que asumen la función de las organizaciones conquistadas o disueltas por los golpistas, como el poder paralelo del gabinete de subsecretarios constituido el 23 de febrero de 1981 en España. En el caso de que el golpe prospere y sea necesaria una oposición prolongada al mismo, se recomienda perseverar en la no cooperación y en la resistencia selectiva, preservando la autonomía de las instituciones sociales (tribunales, escuelas, sindicatos, grupos culturales, sociedades profesionales, iglesias, etc.) e intentando buscar apoyo en los organismos internacionales. De todos modos, las medidas más eficaces son las preventivas, que pueden ser legislativas (disposiciones constitucionales dirigidas a negar legitimidad a los golpistas, o penales contra la rebelión o la sedición) o educativas, formando a la opinión pública en valores democráticos, para lo que se debería recabar el compromiso de los medios de comunicación y de las distintas organizaciones políticas, religiosas y laborales.

Las concepciones del golpe como un modo particular de violencia o como un factor de cambio sociopolítico son demasiado limitadas para dar cuenta de la complejidad del fenómeno. Quizá el reto que deberán abordar las ciencias sociales en el futuro inmediato sea devolver al golpe su protagonismo en el desarrollo de las crisis políticas, pero no mediante un retorno a las consideraciones técnicas de contenido más o menos pseudomilitar, sino analizarlo desde una luz nueva, que sin minusvalorar los factores precipitantes o retardatarios de la actividad golpista enumerados en los últimos debates, restituya todo su valor y significado heurístico al proceso de lucha por el poder político. En ese sentido, quizá su conceptuación como estrategia de acción colectiva concebida racionalmente para la conquista del Estado nos proporcionaría un marco teórico adaptado a la diversidad de factores expuestos por anteriores teorías, desde la forja de identidades e intereses comunes (de carácter corporativo o no), el desarrollo de estructuras específicas de movilización de los recursos internos o externos de tipo coercitivo, utilitario o normativo necesarios para la acción, la incidencia de la estructura de oportunidades políticas (en su doble vertiente de coacción y facilitamiento) establecida tanto por los propios conjurados como por las agencias estatales o la misma sociedad, y, sobre todo, la aplicación de estos recursos simbólicos y de ejecución a los fines perseguidos mediante una determinada estrategia de acción colectiva inserta en un contexto histórico definido. Las diversas teorías vinculadas al paradigma de la acción colectiva podrían situar al golpismo bajo el prisma de un tipo de estrategia política empleada por actores elitistas que comparten a priori recursos amplios que les permiten alcanzar un objetivo ambicioso (la conquista del poder) con un nivel de violencia potencialmente intensa, pero breve en el tiempo y limitada en sus efectos sobre la población. Con ello se restituiría la autonomía política a los actores que intervienen en el juego, siempre complejo, del golpe de Estado.

Que los golpes son una estrategia particular para derribar gobiernos es algo aceptado generalmente por la literatura al respecto. Pero ¿es el golpe un fenómeno histórico aplicable únicamente al tipo de sociedades burocráticas generadas por la revolución industrial y desaparecerá en la multiplicidad de poderes característica de la nueva civilización postindustrial? ¿Sigue siendo efectivo el golpe como herramienta política o existen formas de acción usurpadora mejor adaptadas a la resolución no pautada de bloqueos políticos en los Estados contemporáneos? ¿Cuál es el impacto que provoca en la actualidad este tipo de estrategia abocada al cambio político? Son cuestiones que en la actualidad siguen sin clara respuesta.

Estrategia o estratagema, arte o artería, argumento o argucia, el golpe de Estado ha sido, y será por mucho tiempo, un concepto político lastrado por la ambigüedad y por la controversia.

[1] Lieuwen, 1964, p. 108.

[2] Luttwak, 1968 (1969, pp. 271-280). Kennedy, 1974, pp. 337-344 estudia 284 golpes entre 1945 y 1972, de los que la mitad fracasaron.

[3] O’Kane, 1987, p. 2.

[4] Carlton, 1997, p. 13.

[5] Brichet, 1935, pp. 11-14.

[6] Lieuwen, 1962, p. 132-133 y Needler, 1963, p. 76.

[7] Tilly, 1978, p. 195 y Ballesteros, 1990, p. 24.

[8] Couderc, Bigo y Hermant, 1987, p. 45.

[9] Rapoport, 1966, p. 56.

[10] Brichet, 1935, p. 5.

[11] Kelsen, 1946, pp. 368 y 372.

[12] Merkx, 1969.

[13] Rapoport, 1966, p. 53.

[14] Hermant, 1987, p. 17.

[15] Huntington, 1968, p. 30.

[16] Thompson, 1973, p. 6; 1975a, p. 443 y 1975b, p. 459.

[17] O’Kane, 1987, p. 23.

[18] Huntington, 1996, p. 197.

[19] Rapoport, 1968 (1966, p. 60).

[20] Naudé, 1998, p. 82. Véase Teyssier, 2007, pp. 55-68.

[21] Ibid., pp. 68-69.

[22] Luttwak, 1968 (1969, p. 25).

[23] Hermant, 1987, pp. 15-16. Sobre el golpe de Luis Napoleón, véase Bouveresse, 2007.

[24] Maurras, 1910, pp. 8-9.

[25] Maurras, 1935, p. 565.

[26] Maurras, 1910, p. 29. Véase Boutin, 2007, pp. 176-183.

[27] Malaparte, 1931, pp. 259-260. Véase Denquin, 2007.

[28] Goodspeed, 1961 (1966, p. 7).

[29] Ibid., p. 265.

[30] Ibid., pp. 269-284.

[31] Luttwak, 1968 (1969, p. 9).

[32] Ibid., p. 35.

[33] Rapoport, 1968, p. 552.

[34] Janowitz, 1968, p. 28.

[35] Finer, 1962 (1969, pp. 116-120) y 1982.

[36] Perlmutter, 1977 (1982, pp. 124 y 130).

[37] Ibid., p. 161.

[38] Thompson, 1973 solo encontraba explicaciones corporativas al 43 por 100 de los golpes intentados entre 1946 y 1970.

[39] Nordlinger, 1977, pp. 64-65, 78 y 192.

[40] Janowitz, 1964, p. 42.

[41] Rapoport, 1968, p. 570.

[42] Feit, 1973, pp. 6-7.

[43] Perlmutter, 1977 (1982, p. XXIX).

[44] Lieuwen, 1960; McAlister, 1964, p. 158; Johnson, 1964, p. 137 y Stepan, 1966, p. 96.

[45] Needler, 1968.

[46] Huntington, 1968, p. 196 (1996, p. 214).

[47] Goodspeed, 1969, p. 59.

[48] Roitman, 2013, pp. 25 y 191-201.

[49] O’Kane, 1987, pp. 9 y 11.

[50] Perlmutter, 1977 (1982, p. 393).

[51] Huntington, 1968, pp. 52-57.

[52] Lissak, 1964, p. 341.

[53] Olson, 1963 y Huntington, 1968, p. 41 (1996, p. 43).

[54] Finer, 1962, pp. 87-88 y 113-115 (1969, pp. 117-121).

[55] Needler, 1966, p. 617.

[56] Janowitz, 1964.

[57] Thompson, 1975b, p. 476.

[58] First, 1970, p. 17.

[59] O’Kane, 1987, pp. 41-42.

[60] O’Kane, 1981, pp. 289-293 y 1987, pp. 74 y 78.

[61] O’Kane, 1981, p. 296.

[62] Rapoport, 1962, pp. 62-63.

[63] Huntington, 1968, pp. 220-221 (1996, p. 199).

[64] Germani y Silvert, 1961, p. 73.

[65] Stepan, 1966, pp. 77-79.

[66] Nun, 1965, pp. 68-69 y 1967.

[67] Andrews y Ra’anan, 1969, p. 4.

[68] Needler, 1968, pp. 85 y 193-194.

[69] Finer, 1962, pp. 21 y 87-88 (1969, pp. 30-33 y 117-118).

[70] Huntington, 1965.

[71] Thompson, 1975b, p. 477.

[72] Luttwak, 1969, p. 24.

[73] Huntington, 1997 (1996, pp. 370-371).

[74] Huntington, 1962a.

[75] Ibid., pp. 32 y ss.

[76] Huntington, 1997 (1996, pp. 185-186, 201 y 207-208).

[77] Thompson, 1972, pp. 81-124.

[78] Thompson, 1975b.

[79] Nordlinger, 1977, p. 6.

[80] Hibbs, 1973, pp. 109 y 189-190.

[81] Londregan y Poole, 1990, pp. 152 y 178.

[82] Lieuwen, 1962, p. 134.

[83] Zolberg, 1968a.

[84] Sharp y Jenkins, 2003, p. 9.

[85] Ibid., p. 37.

IV. EL TERRORISMO. UN ENSAYO DE DEFINICIÓN E INTERPRETACIÓN

A pesar de la disminución generalizada del elenco de manifestaciones de violencia en los conflictos políticos, el terrorismo ha alcanzado en los últimos decenios una particular virulencia. No cabe duda de que, dentro de la tipología de la violencia estrictamente política, la cuestión terrorista ocupa el lugar más relevante para los estudiosos del problema y, como ya hemos dicho, genera una publicística de enormes proporciones, que crece sin cesar, aunque su relevancia y calidad resulten bastante desiguales. Edna Reid ha censado un total de 1.166 publicaciones sobre terrorismo que han visto la luz entre 1960 y 1990, y aventura que el crecimiento y la consolidación de los estudios sobre el terrorismo como especialidad científica más o menos autónoma han pasado por cuatro etapas[1]: en la década de los sesenta vieron la luz los primeros ensayos que trataron de marcar la especificidad de este saber concreto en el contexto de las ciencias sociales; entre 1970 y 1978 se produjo su despegue como reflejo de la oleada de terrorismo internacional de la época y su desaforada cobertura mediática; y entre 1986 y 1990 se experimentó un declive por falta de apoyo financiero a la investigación, y la reducción en el volumen de incidentes y la inaccesibilidad de fuentes primarias dificultaban la elaboración de análisis cualitativos y cuantitativos. Por último, los sucesos de septiembre de 2001 posibilitaron su reactivación: los estudios sobre terrorismo se centraron de forma prioritaria en indagar la lógica de los atentados suicidas conectada con el papel capital del extremismo religioso[2] y revalorizaron el potencial de la violencia futura elevando la escala del problema al rango de amenaza estratégica[3].

Los balances académicos pioneros de Alex Schmid, Peter Merkl o Paul Wilkinson en la década de los ochenta[4], seguidos por los de Neil Smelser, Andrew Silke y Magnus Ranstorp a comienzos del siglo XXI[5], han dado cumplida cuenta de la aplicabilidad al fenómeno terrorista de diversas metodologías procedentes de las ciencias sociales[6]. Por ejemplo, David Leheny considera que el simbolismo, la estrategia y la teoría de los movimientos sociales pueden ser unos útiles vehículos para conectar de manera más cercana la esfera de las relaciones internacionales con la de los estudios sobre el terrorismo[7]. Existe un fuerte interés por analizar la psicología de los terroristas, pero también por desentrañar sus mecanismos de movilización, radicalización y reclutamiento en función del análisis de las redes sociales en las que se mueven[8], o de las dinámicas organizativas, con especial énfasis en la expansión y la creciente sofisticación de las infraestructuras políticas, militares y logísticas, que han ido evolucionando desde la jerarquía tradicional mantenida por grupos como el PIRA o ETA a los intrincados modelos en red que utiliza Al Qaeda. Sin embargo, como indica Martha Crenshaw, siguen persistiendo problemas capitales que dificultan el afianzamiento académico de los estudios sobre el terrorismo, tales como la ausencia de una definición unívoca y operativa del mismo –en su obra de referencia, Schmid pasa revista nada menos que a 109–, la incapacidad para establecer una teoría acumulativa, coherente e integrada y el carácter excesivamente compartimentado de muchas investigaciones que siguen ceñidas a acontecimientos singulares[9]. Otro problema que se plantea es la rivalidad que existe entre la investigación orientada políticamente y las contribuciones intelectuales de tipo eminentemente teórico[10].

Como fenómeno candente y sujeto a fuertes polémicas, la definición y la valoración del terrorismo distan mucho de estar fijadas de un modo satisfactorio. Algunos autores coinciden en que el terrorismo es el uso o la amenaza de uso de la violencia, un método o estrategia de combate para alcanzar determinados fines, y otros han destacado su carácter simbólico, destinado a modificar la conducta política del enemigo. Sin duda, dado el amplio alcance del término, existen dificultades indudables para comprender el fenómeno terrorista en su integridad, ya que el miedo no es su única característica, y es preciso valorar tanto las implicaciones emocionales del concepto como su inevitable dimensión ideológica[11].

En efecto, pocos términos de las ciencias sociales son tan polémicos como el de «terrorismo», lastrado desde su origen por la polémica entre agresión y autodefensa: unas definiciones lo consideran una forma de guerra, y como tal debe ser dirimida en el plano estrictamente político militar, y otras lo tildan de comportamiento criminal que se debe tratar desde un sesgo exclusivamente jurídico-penal[12]. De modo que, para orientarnos en un concepto tan contaminado por valoraciones de orden ético y político, trataremos de sistematizar las diversas atribuciones del término «terrorismo» desentrañando sus principales características psicológicas, ideológicas, organizativas, estratégicas y políticas.

Es preciso destacar desde el primer momento que, en consonancia con su carácter multifacético, el terrorismo no es una escuela filosófica, ni una ideología, ni una doctrina política, sino una estrategia de empleo de la violencia política que han utilizado y utilizan prácticamente todos los movimientos radicales del espectro político, sean de derechas o de izquierdas[13]. El terrorismo tomó apariencia populista y anarquista a finales del siglo XIX, y fascista en las décadas de los veinte y los treinta del siglo pasado, se tornó tercermundista en la de los cuarenta y los cincuenta, neomarxista en la de los sesenta y los setenta o integrista en las décadas de los ochenta y los noventa. No existe un terrorismo per se salvo en términos abstractos, sino que hay, como veremos a lo largo de este capítulo, diferentes tipos de terrorismo, que persiguen muy diversos objetivos de orden político[14]. Pero si el terrorismo no es patrimonio de una ideología política determinada, tampoco es una simple técnica, ya que quienes lo practican tienen en común ciertas creencias básicas sobre la eficacia y la justificación del empleo de semejantes métodos basados en la violencia y la intimidación sistemáticas[15]. Cabría diferenciar en principio aquellas organizaciones o instituciones que emplean el terrorismo como una táctica entre otras en un marco estratégico más amplio (la revolución social, la independencia, la guerra de guerrillas, la resistencia a la ocupación extranjera, la guerra revolucionaria, la contrarrevolución, la «estrategia de la tensión», la guerra santa, etc.) y las que trasforman al terrorismo en el elemento estratégico central de su actuación política, como fue el caso de los regímenes totalitarios y de ciertos grupos armados de muy distintas convicciones políticas.

EN EL ORIGEN DEL TÉRMINO. EL TERROR DE ESTADO

Un gran tema de debate actual radica en considerar si el terrorismo es un fenómeno «nuevo» o el resutado de la evolución de tácticas y estrategias anteriores sobre la base de la revolución tecnológica asociada a la globalización[16]. David Rapoport ha mostrado la conexión con la historia de las violencias pasadas en su teoría de las cuatro oleadas[17], mientras que otros autores han destacado su carácter cíclico[18]. Pero, en su conjunto, la investigación enfocada a la historia del terrorismo sigue siendo pobre. Existen muy pocos estudios dedicados al desarrollo, tendencias y manifestaciones de este fenómeno violento en la época contemporánea que presten la atención debida a los aspectos clave del cambio tecnológico y cultural. Además, escasean los análisis históricos globales, y la mayor pare de los existentes pecan de exceso de eurocentrismo cuando abordan el despliegue de las violencias insurgentes en el Tercer Mundo. Otra lacra de los análisis históricios más convencionales es su minusvaloración de las estrategias contraterroristas[19] y de ese particular modo de hacer política que llamamos terror de Estado.

El terror aparece vinculado a la política desde su misma configuración como saber social específico y diferenciado. Maquiavelo lo consideraba como la principal estratagema política de los dirigentes que tratan de establecer un nuevo régimen de gobierno. La violencia terrorista surge en la ciencia política como un factor eminentemente pragmático, ya que su éxito se mide por criterios de eficacia política que lleva aneja la marca de la virtù, y no por cualidades de orden ideológico o moral[20]. Por su parte, Montesquieu introdujo el término «terror» en el lenguaje político asignándole un significado preciso, como sinónimo del miedo, que era la característica determinante del principio rector de los regímenes despóticos que no empleaban la violencia de forma limitada y ejemplar contra el «enemigo interior», sino que la extendían a toda la población. La diferencia entre intimidación y terrorismo es que aquella simplemente busca incrementar el miedo a un castigo severo por la no aceptación de una demanda, y el terrorismo no amenaza: la muerte y la destrucción son su programa de acción[21]. Esta idea del terror como principal recurso del despotismo se expandió entre los filósofos ilustrados, y marcó la pauta de su empleo político en la época contemporánea.

El fenómeno del terrorismo político está asociado al origen de la moderna democracia. En la Revolución francesa se usó por vez primera el terror en nombre de la democracia, pero la relación entre ambos sigue siendo polémica: los conservadores desde Burke a Taine, pensaban que el terror resultaba intrínseco a las revoluciones, y que la violencia era, como destacaron Pierre Chaunu o Simon Schama, el elemento fundador del mundo contemporáneo. Por el contrario, los historiadores socialistas y radicales como François Mignet, Alphonse Aulard o Georges Lefebvre contemplaron la revolución como un paso importante en la creación de la democracia liberal y valoraron el terror como una táctica de circunstancias usada por lo políticos de la Convención para defender a Francia y la democracia contra las amenazas de la contrarrevolución y de la guerra[22]. Los revisionistas como François Furet asumen esta premisa concreta del pensamiento contrarrevolucionario clásico, y piensan que el terror es una parte integral y especialmente insidiosa de la ideología de la moderna democracia de masas, que puede derivar en totalitarismo[23].

En 1776, el Dictionnaire de l’Académie Française definía asépticamente el terror como la «emoción causada en el alma por la imagen de un mal o de un peligro próximo; espanto, gran temor»[24]. El término «terror» apareció por primera vez en el léxico político práctico para definir, y en principio no de forma negativa, el régimen excepcional mantenido por el Comité de Salud Pública de abril de 1793 a julio de 1794. En contraste, el concepto de «terrorismo» surgió en la etapa thermidoriana de la Revolución francesa como un término despectivo referido al sistema de gobierno desplegado por la Convención. La palabra «terrorismo» figuró desde 1798 en el Dictionnaire de l’Académie Française, donde quedó fijado como «système, régime de terreur», en un sentido peyorativo del que carecía antes de Thermidor. El concepto ingresó en el lenguaje político inglés en 1795 como «Government by intimidation» o «A policy intended to strike with terror those against whom it is adopted» (Oxford English Dictionary). Por ese entonces, el terror era entendido en exclusiva como un régimen, o como una práctica propia del poder estatal, cuya esencia era recurrir de forma sistemática a la violencia contra personas y cosas, provocando de ese modo un ambiente de temor generalizado. No fue sino en las décadas postreras de la siguiente centuria cuando el término extendió su campo semántico para definir la estrategia violenta desplegada por los revolucionarios populistas rusos de la Naródnaia Vólia a caballo de la década de 1870-1880; la «propaganda por el hecho» cultivada por los anarquistas franceses, ingleses, norteamericanos o españoles en la década de los noventa, y las campañas de violencia política sistemática lanzadas desde las tres últimas décadas del siglo XIX por grupos nacionalistas radicales irlandeses, macedonios, serbios o armenios en lucha contra sus Estados opresores. Combates que, quizá para confirmar la escasa viabilidad revolucionaria o la incapacidad decisoria de esta táctica de lucha, han seguido librándose con diversa intensidad hasta fechas muy recientes en muchas de estas zonas geográficas. Porque el terrorismo –repitámoslo una vez más– no es una doctrina o un régimen políticos, sino una estrategia compleja de lucha violenta de la cual se han servido y se sirven actores de distinta naturaleza y de ideología política muy diversa.

De modo que, en el origen mismo del término «terrorismo» aparece el terror de Estado, que ha sido descrito de forma convencional como el «uso arbitrario por los órganos de la autoridad política, de la coerción severa contra individuos o grupos, de la amenaza creíble de su uso, o de la exterminación arbitraria de los mismos»[25]. Dicha forma de violencia describe la capacidad de un Gobierno para impulsar y dirigir, de forma sistemática y sin cuartel, una guerra interna no declarada contra un enemigo interior, utilizando todos los recursos extralegales a su alcance, como la delimitación imprecisa de los hechos delictivos y las medidas clandestinas de sanción estatal (homicidios, torturas, privación de la libertad o de la propiedad, etc.) sin las debidas garantías jurídicas[26]. La definición distingue claramente la violencia organizada, sometida a rigurosas reglas de aplicación, que el Estado monopoliza legítimamente, y la que puede ejercer de forma delictiva, bien porque se trata de un régimen ilegítimo por su ausencia de representatividad, bien porque emplea métodos de extremada violencia que, al buscar la destrucción física y moral del adversario, no se ajustan a las normas vigentes que autolimitan su capacidad represiva[27]. En este segundo supuesto, el Estado hace un uso ilegal y abusivo de los instrumentos de coerción y represión de que dispone (policía, ejército, servicios secretos, ordenamiento jurídico, régimen penitenciario, etc.), y los aplica a un segmento más o menos relevante de la población. El terrorismo de Estado sería entonces un tipo de violencia que va más allá de las normas formales e informales de la coerción gubernamental y que ignora la distinción convencional entre inocentes y culpables o entre combatientes y no combatientes. El objetivo no es una persona individual, sino la población en su conjunto[28]. Desde esa perspectiva, el terror estatal es indiscriminado: no selecciona las víctimas en función de la hostilidad, sino que realiza un enorme acto de violencia que provoca tal conmoción en el adversario potencial (y, en ocasiones, imaginario) que le disuade de emprender o continuar la lucha[29].

Se han señalado cuatro condiciones generales asociadas a la emergencia del terror organizado de Estado: unas concepciones distorsionadas del Estado y de la sociedad y de la relación entre ambas, que deriva en una concentración abusiva del poder político; la falta de arraigo social de las instituciones de gobierno, vinculada al caos y a la desorganización entre las diversas agencias estatales; la presencia de profundos conflictos económicos o étnicos en la sociedad o entre la sociedad y el Estado, y la dependencia del Estado respecto de un poder extranjero[30]. Como en otros aspectos de su estructura y organización, el grado de uso ilegal e ilegítimo de la violencia nos dice mucho acerca de la naturaleza del sistema político: la coacción oficial, indiscriminada y sistemática es propia de regímenes totalitarios, que pueden ser calificados como «estados terroristas» fundamentados en un régimen de excepción permanente. El llamado genéricamente «terror de Estado», que, como se ha dicho, sirvió por primera vez para calificar la política defensiva del Comité de Salud Pública de 1793, alcanzó categoría polémica durante las conmociones revolucionarias y contrarrevolucionarias de la primera posguerra mundial, y obtuvo carta de naturaleza en los regímenes dictatoriales fascistas y comunistas, vinculando para siempre totalitarismo con terrorismo. Recordando las experiencias totalitarias del siglo XX, no tiene sentido, como señala Henri Lefebvre, hablar de una sociedad terrorista, sino una sociedad sometida al terror dictado por el sistema político:

No llamamos «terrorista» a una sociedad donde se aclama a la violencia, donde corre la sangre. El terror político rojo o blanco no puede durar largo tiempo. Un grupo definido lo ejerce para mantener su dictadura. El terror político se localiza, no puede atribuirse a «toda» la sociedad. Semejante sociedad está aterrorizada, no es terrorista. En la «sociedad terrorista» reina un terror difuso. La violencia se halla en estado latente. Las presiones se ejercen de todas partes sobre los miembros de esta sociedad. Les cuesta mucho separarse del terror, apartar de sí el peso del mismo. Cada uno se convierte en terrorista y su propio terrorista […] No hay necesidad de dictador, cada cual se denuncia a sí mismo y se castiga. El terror no se localiza, se halla en su conjunto y en el detalle. El «sistema» (si puede hablarse de sistema) coge a cada miembro y lo somete al conjunto, o sea a una estrategia, a una finalidad disimulada, a unos fines que solo conocen los poderes de decisión y que nada ni nadie puede poner en duda ni en tela de juicio[31].

Aunque aludía al Gobierno del general Garrastazu Médici –un régimen dictatorial notablemente represivo, aunque distante de las premisas básicas del totalitarismo–, un exdiputado brasileño de la oposición elaboró una definición muy afortunada del Estado terrorista como aquel que «asienta su poder sobre la permanente inseguridad de todas las clases sociales. Su instrumento es el miedo y hace que este envuelva incluso a la burocracia, la elite de la administración y el aparato represivo. Su código penal es tan sutil, que nadie puede declararse inocente ante los tribunales. Un rígido control, la sospecha, la propaganda, la manipulación y el aislamiento son sus armas defensivas; la tortura, la confiscación, el encarcelamiento ilegal, la ejecución y el asesinato son sus armas ofensivas»[32].

El terrorismo de Estado es arbitrario en tanto no se conforma al debido proceso de la ley, e ilegal en cuanto se despliega frente a las prohibiciones legales establecidas contra este tipo de medidas, aunque en otros casos se conforman a los códigos legales del país, o viceversa, mediante la implementación de legislaciones temporales de emergencia, con lo que la frontera entre terrorismo de Estado y uso legítimo de las sanciones coactivas se hace cada vez más confusa[33]. Como señala Gurr, no parece razonable restringir el concepto de terrorismo de Estado a los actos violentos perpetrados bajo la autoridad del Gobierno o por otros agentes más o menos vinculados a él. El hecho decisivo, que ha destacado Michaud, es que el Estado tiende a utilizar en algún momento todos los recursos positivos que le brinda su poder y a liberarse de las limitaciones correlativas, produciendo de ese modo una curiosa síntesis entre la aplicación de la ley y el desencadenamiento de la violencia[34]. Precisamente para burlar los mecanismos precautorios y fiscalizadores del Estado, la violencia ilegal ejercida desde ciertas instancias gubernamentales aparece vinculada a tramas paraestatales o parainstitucionales, como organizaciones terroristas, partidos extremistas, grupos paramilitares, hampa, mafias de diverso tipo, servicios secretos y policiales extranjeros y corporaciones privadas interesadas en instrumentalizar sus servicios. El problema del «vigilantismo» político en sus diversas facetas debiera ser estudiado también desde este punto de vista.

La cuestión esencial –y reconocemos que es un argumento muy polémico– radica en saber si el terrorismo ocurre con la aprobación implícita o explícita de esas autoridades (Gurr señala que los regímenes débiles, que han utilizado alguna vez la violencia para mantener el control político, tienden a usarla más que los regímenes fuertes y democráticos), y si la entidad de la amenaza subversiva (medida en el nivel real o potencial de apoyos internos y externos, en el uso extensivo de tácticas de guerra revolucionaria, etc.) resulta proporcional al rigor de los métodos empleados. En este caso, Gurr opina que es preciso diferenciar el terrorismo «institucionalizado» de Estado y el terrorismo «situacionalmente específico» aplicado por las autoridades, que puede cesar cuando el conflicto desaparece, o persistir al creerse funcionalmente necesario su mantenimiento[35]. Si la coacción se aplica de forma sistemática y más o menos indiscriminada contra el conjunto de la población nacional o contra un «enemigo» interior (caso de la Francia de 1793, Guatemala en 1981-1984, la antigua Yugoslavia o Ruanda en la década de los noventa), o bien el Estado utiliza a grupos terroristas con fines de política exterior, la violencia se hace definitoria del modo de ejercer el gobierno. Estamos entonces ante un Estado terrorista. Si la violencia se utiliza de modo más localizado y esporádico, sorteando y transgrediendo ocasionalmente las garantías fundamentales de un Estado de derecho que se encuentra en vigor para la mayoría de la población, nos encontramos ante una disfunción –grave, pero no definitoria de la naturaleza del Gobierno– que puede ser calificada como «terrorismo de Estado», o de forma más benévola y actual como «guerra sucia», apelativo que lleva implícito una equiparación ética, política y estratégica de la violencia emanada del Gobierno con la desplegada por los grupos subversivos. En los sistemas no autoritarios, este tipo de violencia resulta de un abuso de los instrumentos estatales de control social, que gracias a los adelantos técnicos han alcanzado mayor complejidad y eficacia, pero que se han transformado en entes autónomos cada vez más difíciles de controlar por los poderes garantes del Estado de derecho. A veces, los excesos contraterroristas cometidos por alguno de los resortes coercitivos del Estado no son síntoma de su creciente poder y autonomía, sino la consecuencia de la frustración sobre su propia ineptitud para combatir el terrorismo. La ineficiencia de la policía y el ejército, combinada con la debilidad o la complacencia del Gobierno central, alientan al contraterrorismo y el terrorismo[36]. Lamentablemente, en contraste con la investigación actual del terrorismo como un hecho social y humano complejo, el contraterrorismo sigue teniendo un recorrido científico demasiado limitado a estudios de caso con escasa voluntad comparativa[37].

En circunstancias de grave crisis interna, los Estados democráticos implementan medidas de salvaguardia que limitan el habeas corpus, restringen los derechos de los detenidos, establecen medidas procesales y penales de excepción, y ponen en cuestión las libertades de expresión, reunión, residencia y circulación, la intimidad personal, la inmunidad domiciliaria, etc., aunque siempre dentro de los límites que marca el ordenamiento constitucional vigente[38]. El desarrollo político de las sociedades occidentales no debe asociarse solo a una larga y difícil conquista de la democracia participativa sobre la violencia. La aparición y consolidación de la democracia han coincidido con un crecimiento acelerado de la potencia y del refinamiento de los medios de violencia puestos a disposición de la autoridad política[39]. El tránsito de la democracia garantista al terror ocasional de Estado y luego al Estado terrorista es la historia del nacimiento, origen y desarrollo de no pocos regímenes totalitarios o autoritarios fuertemente represivos, como fueron las «democracias populares» hostiles a cualquier manifestación de disidencia o los modelos asiáticos y latinoamericanos de «Estado de la seguridad nacional», en los que las instituciones de defensa del orden público se emanciparon del control ejercido por el poder civil, y donde aparecieron «escuadrones de la muerte» que coadyuvaban a una acción punitiva extensa de los ejércitos, según el modelo de la doctrina contrasubversiva enunciada desde Washington. Y es que el terror de Estado ofrece una inquietante gradación de actuaciones represivas que van desde la intimidación puntual a la «conversión» de la sociedad a valores coactivos, los asesinatos selectivos, el reinado del terror de los grupos vigilantes o el genocidio más o menos indiscriminado. También es preciso señalar que muchos estados no totalitarios, incluyendo las democracias liberales, han usado y usan del terrorismo como instrumento táctico de sus ejércitos regulares en el contexto de conflagraciones bélicas a gran escala o en el marco de conflictos más puntuales y localizados, mediante operaciones militares que no se realizan para privar de recursos militares y humanos a las tropas enemigas, sino para impactar en términos emocionales (el «terror y pavor» –Shock and Awe– que aplicó el Pentágono en Afganistán e Irak desde 2001) sobre las fuerzas armadas o su correspondiente población civil, como fue el caso de los bombardeos alemanes o británicos y las bombas atómicas lanzadas durante la Segunda Guerra Mundial[40]. A veces resulta muy difícil buscar los límites entre terrorismo y guerra, aunque Eugene V. Walter dijo que el terror militar busca aniquilar al enemigo, mientras que el terror civil es un instrumento del poder dirigido al control, no a la destrucción de la población[41].

La frontera entre terrorismo practicado «desde arriba» o «desde abajo» queda a veces muy mal definida, ya que el terrorista puede devenir gobernante, como fueron los casos de De Valera, Stalin, Begin, Arafat o Mandela. Thornton advierte que los terrorismos gubernamental e insurgente se pueden definir conjuntamente[42]. Con todo, estudiosos del terrorismo como Walter Laqueur, que, a pesar de todo lo describe de forma genérica como el «uso sistemático del asesinato, de la violencia y de la destrucción, o de la amenaza de esos actos, con el fin de lograr una meta política»[43], rechazan de plano la comparación entre el terror de Estado y el terrorismo subversivo[44]. Ello podría tener su justificación en el orden analítico, pero si concebimos el terrorismo como una estrategia que emplea el terror con un objeto político relacionado con la conservación o la conquista del poder, podríamos establecer algunos paralelismos interesantes, más aún ante el hecho de que, en ocasiones, el terrorismo subversivo ha justificado y retroalimentado su actuación sobre la excusa de un «terror de Estado» precedente. Y viceversa: los especialistas oficiales en la coerción a veces despliegan el terror bajo determinadas circunstancias, usualmente con efectos más devastadores que el terror desplegado previamente por grupos no especializados de tipo contestatario[45]. Mientras que el terrorismo subversivo instrumentaliza la violencia sobre personas o cosas para provocar estados de temor colectivo como medio de luchar contra el poder establecido, el terrorismo institucionalizado, asumido por las estructuras oficiales o estatales, obra de un modo más inmediato: su violencia se proyecta directamente contra el enemigo tratando de destruirlo, y por lo tanto se rige por una estrategia de la muerte o el aniquilamiento de la que emana una atmósfera de terror[46]. En términos del número de víctimas, el terrorismo de Estado ha sido mucho más mortífero y destructivo que el empleado por grupos no estatales o antiestatales[47]. De modo que, contemplado en perspectiva histórica, el terrorismo no ha sido el arma del débil, sino el instrumento empleado rutinariamente por el fuerte (el Estado), y usualmente el último recurso del débil[48]. Además, tras Auschwitz, Hiroshima o el Gulag, el terror de Estado se ha convertido en un recurso de acción política o militar aún más controvertido, por lo que su estudio resulta difícilmente soslayable. De modo que en una historia general del terrorismo no se puede obviar este fenómeno, aunque no se trate con similar detenimiento, salvo en algunos ejemplos suficientemente representativos (casos del totalitarismo fascista o comunista) y cuando se inserta en una dinámica de desestabilización interna provocando el terrorismo insurgente o actuando como respuesta desaforada al mismo.

EL TERRORISMO COMO FORMA ESPECÍFICA DE VIOLENCIA POLÍTICA

En las últimas décadas del siglo XIX, el terrorismo político se fue desligando del concepto de terror estatal, y pasó a calificar a aquellos instrumentos de violencia a los que recurrían determinados grupos de oposición para derrocar a un Gobierno acusado de regirse por medio de la represión sistemática. Los movimientos insurgentes (sean anarquistas, igualitarios, tradicionalistas, pluralistas, preservacionistas, reformistas o secesionistas) han empleado diversas estrategias de acción colectiva con carácter violento: conspiración, guerra popular prolongada, «foquismo», guerrilla urbana y, naturalmente, el terrorismo[49].

En esa línea de enriquecimiento de la panoplia violenta que utilizaban los grupos revolucionarios y contrarrevolucionarios, a partir de la década de los treinta del siglo XX el estudio sistemático del terrorismo dejó de ser cosa de penalistas y criminólogos para interesar de forma creciente a sociólogos, politólogos y psicólogos sociales. Por ese entonces, Hardman definió el terrorismo como «método (o la teoría subyacente a ese método) a través del cual un grupo organizado o un partido trata de alcanzar unos determinados objetivos, principalmente mediante el uso sistemático de la violencia contra los agentes de la autoridad». A diferencia de la intimidación, en la que un sujeto amenaza con una agresión o con un castigo severo en orden a que la víctima cumpla sus deseos, el terrorista impone su castigo directamente y sin previo aviso contra aquellos que considera culpables o que interfieren en su programa revolucionario. En su opinión, los terroristas no amenazan; la muerte y la destrucción forman parte de su programa de acción[50].

Con todo, es preciso describir la idiosincrasia del terrorismo en comparación con otros modos canónicos de violencia política, ya que, como señala Anthony Quinton, «todo terrorismo es necesariamente violento, pero la violencia no es necesariamente terrorismo»[51], puesto que no toda la violencia va dirigida a matar, mutilar o herir de forma indiscriminada o sistemática, o infundir un determinado estado de ánimo entre la población. Por ejemplo, un tumulto solo provoca violencia de forma contingente y reactiva, del mismo modo que un levantamiento revolucionario. La intención de matar o herir es una parte vital del terrorismo de un modo que no es esencial en otras formas de violencia subversiva, como la revolución. La guerra tiene como objetivo poner fuera de combate las fuerzas del adversario mediante el adecuado empleo táctico y estratégico de la fuerza militar, mientras que el terrorismo convencional, inserto en un conflicto asimétrico, no aspira a una derrota total del enemigo, sino a ponerlo en condiciones de negociar. Además, las víctimas potenciales o reales de una acción terrorista aparecen en buena medida indefensas, mientras que los gobiernos bajo la amenaza de una revolución no lo están. Pero un elenco muy variado de estrategias de intimidación se aplica ampliamente en la lucha política, y corresponde a lo que aproximadamente la gente entiende por terror: el despliegue desaforado y abusivo de amenazas y de violencia contra los enemigos, sus aliados o terceros en discordia[52].

El uso del terror desde un punto de vista estratégico ha sido un método bastante común, y una de las armas más antiguas y extendidas en gran variedad de conflictos humanos de carácter violento, donde el terrorismo acostumbra a combinarse con otras formas de lucha. Pero si deseamos utilizar el término «terrorismo» en un análisis politológico riguroso, deberíamos reservarlo exclusivamente a la descripción de un tipo de fenómeno violento específico y bien caracterizado, distinto de las otras formas de violencia política como la guerrilla, la guerra convencional, la insurrección o los motines. Mientras que la guerrilla y la guerra convencional son dos tipos de lucha armada diferentes en su estrategia y similares en su táctica, el terrorismo es una forma particular de lucha tanto en materia de estrategia como de táctica[53]. Como la guerrilla, el terrorismo es una modalidad de lucha prolongada, pero la primera es una estrategia basada sobre todo en el enfrentamiento físico, y secundariamente psicológico, mientras que el terrorismo se mantiene en el registro de la influencia psicológica y está desprovisto de los elementos materiales de que dispone la guerrilla. Es cierto que la guerra convencional y la guerrilla a menudo ignoran las leyes que regulan este tipo de conflictos, pero el terrorismo las viola sistemáticamente cuando rehúsa establecer la distinción entre combatientes y no combatientes, y en el caso del terrorismo internacional, no teniendo en cuenta los límites físicos y jurídicos de las zonas en lucha. Contrariamente a los combates guerrilleros o a los enfrentamientos armados en un escenario bélico tradicional, la lucha terrorista no tiene estatuto legal según la ley internacional. El terrorismo se puede interpretar, por tanto, como una forma ilegal de guerra, aún cuando en los conflictos bélicos contemporáneos los códigos morales también han sido transgredidos sistemáticamente al atacar de forma indiscriminada a la población civil. Ya advirtió Walter que, «en sus manifestaciones modernas, el terror es la forma totalitaria de la guerra y de la política. Destruye las convenciones de la guerra y el código político. Rompe los límites morales más allá de los cuales no hay otra limitación ulterior. Porque en el interior de categorías como civil o ciudadano no hay grupo más pequeño del que se pueda exigir inmunidad»[54].

Si como estrategia bélica el terrorismo mantiene notables diferencias con otros modos de combate militar o paramilitar, como estrategia insurgente aparece imbricada con otros modos de acción subversiva. Thornton y May reiteran la advertencia de que el terror puede ser un arma utilizada tanto por el Estado como por los grupos disidentes[55], y que puede ser empleado en varias formas de lucha, como la guerra civil, los ataques revolucionarios, las guerras de secesión, las guerras anticoloniales, o como un fin en sí mismo[56]. Considerado desde esta perspectiva, el terror ya no es concebido como un fin en sí mismo, o como una doctrina o un régimen políticos, sino que, como el golpe de Estado, la insurrección o la guerrilla, es una técnica, método o estrategia compleja y prolongada de lucha, de la cual se han servido y se sirven Estados, partidos de derecha o de izquierda, comunidades étnicas y religiosas, organizaciones y movimientos nacionales o internacionales y grupúsculos de muy diversa ideología, que aspiran a influir, conquistar o defender el poder del Estado mediante el uso de la violencia extrema contra objetivos civiles o no combatientes[57].

La forma que adopta una insurrección (terrorismo, guerrilla, protesta de masas, golpe de Estado, etc.) está determinada por las condiciones objetivas antes que por las condiciones estratégicas de los insurgentes. El factor más importante es la capacidad de actuación y movilización. Habitualmente los insurgentes usan todos los modos de lucha que estén a su alcance y que hagan avanzar su causa. El terrorismo suele ser el nivel inferior de esa lucha violenta, y se utiliza habitualmente en las insurrecciones por su reducido coste, cuando los insurgentes son poco numerosos, el terreno no es favorable a la guerrilla y los gobiernos son eficaces en la lucha contra la subversión[58]. El terrorismo es la menos exigente de todas las formas de insurrección, y se ha acostumbrado a usar de forma simultánea a otras tácticas desestabilizadoras. En un proceso ideal de asalto al Estado, terrorismo, revolución y guerra van unidos, y son manifestaciones del mismo fenómeno: la violencia subversiva desplegada por medio de la intimidación y la sumisión.

Sin embargo, parece necesario diferenciar los actos de terror sistemático que se ejecutan ocasionalmente en el transcurso de los conflictos políticos de tipo insurreccional (como una de las estrategias posibles en las guerras civiles, la guerrilla, etc.) de los movimientos que utilizan el terror como instrumento estratégico principal, haciendo girar toda su acción política en torno a la difusión indiscriminada del miedo. En una estrategia de desgaste de esta naturaleza, el terrorismo se considera un medio suficiente para obtener la victoria antes que como el ingrediente inicial de otra estrategia subversiva. Luigi Bonanate diferencia el terrorismo táctico (que forma parte de un programa más amplio de lucha) y el estratégico que entrevé un tipo de guerra mantenida de forma sistemática y continuada con esta única arma. Por último, distingue el terrorismo finalista o interno (cuando esta forma de lucha se considera necesaria y suficiente para alcanzar el objetivo, y se justifica en sí mismo, como es el caso del terror «rojo» según Trotski o algunas formas de «vigilantismo») y el instrumental (en la mayoría de las ocasiones, internacional), cuando se advierte que el objetivo final no puede ser alcanzado por medio del terrorismo, el cual es condición necesaria, pero no suficiente para alcanzar el éxito:

Cuadro 2. Tipos de terrorismo según Bonanate, 1979b, pp. 199-200

Terrorismo

Instrumental o Externo

Finalístico o Interno

Táctico

Colonial

Estado

Estratégico

Por la independencia

Revolucionario

Según Merlos, el terrorismo es «violencia premeditada y sistemática con una motivación política perpetrada contra objetivos no combatientes por grupos no estatales o agentes estatales clandestinos, con el propósito de influir una audiencia y modificar su conducta»[59]. Coady lo define como «el uso organizado de violencia para atacar a no combatientes (inocentes en sentido “especial”) o su propiedad con un propósito político»[60]. El terrorismo es una forma de actuación política sostenida que implica el empleo del terror organizado por una parte del Estado, movimiento o facción, o por un pequeño grupo de individuos. Sus características clave son su naturaleza indiscriminada, que implica la extensión de la violencia a otros que podrían verse afectados; su impredecibilidad; su arbitrariedad y el hecho de que el terrorismo puede también diferenciarse de otras formas de violencia, agitación, intimidación y coerción en virtud del extremismo y la rudeza de sus métodos destructivos. Lo que fundamentalmente distingue al terrorismo de otras formas de violencia organizada es su amoralidad y anomia, ya que el terrorismo está preparado para sacrificar toda consideración moral y humanitaria en aras de un fin político[61].

Otra característica del moderno terrorismo estratégico es su carácter clandestino, justificado por el deseo de evitar una lucha abierta y mantener el anonimato de sus miembros y el secreto de sus actividades. Lo emplean sobre todo grupos débiles que no pueden plantear un enfrentamiento directo y abierto con el Estado y deben recurrir por ello a la lucha clandestina: «Un grupo pequeño –observa Bonanate– es terrorista cuando actúa de forma clandestina, con el propósito de obtener la victoria no mediante la eliminación física del adversario, sino mediante acciones simbólicas (por tanto económicas) dirigidas a hacer que el enemigo se rinda por el pánico, más que usar mayores fuerzas, como indicaría la tradición estratégica de cualquier conflicto»[62]. El terrorismo, pues, está definido por una sustancial desigualdad entre los adversarios, que el más débil intenta compensar recurriendo a la clandestinidad y amplificando su poder real mediante el uso del terror[63]. Los terroristas son conscientes de que nunca podrán vencer al Estado en una confrontación directa, pero estiman que, si son más resistentes que el Gobierno, este acabará por ceder. Esta estrategia es especialmente adaptable para conflictos donde lo que se juega no es de una importancia vital para el Gobierno (caso de la mayor parte de los procesos descolonización), ya que se considera que si el conflicto solo afecta a los servicios o recursos públicos y no a la existencia misma del Estado, su tratamiento del problema se basará en el análisis racional de costes y beneficios (pérdidas políticas, económicas y estratégicas si cede a los rebeldes con relación a las que paga si la lucha continúa), de modo que si el grupo terrorista incrementa de forma adecuada los primeros, podría forzar una negociación acorde con sus intereses o aspiraciones. No es de extrañar que los éxitos del terrorismo se hayan limitado a las luchas anticoloniales, porque las implicaciones de las mismas son mucho más importantes para los insurgentes que para el Gobierno metropolitano. Cuando la lucha de la organización terrorista tiene como objetivo el cambio de la naturaleza político-social del régimen, como es el caso de los terrorismos de extrema izquierda o derecha, el Gobierno lucha por su supervivencia y está dispuesto a adoptar todas las medidas necesarias para aplastar la insurrección.

El terrorismo puede surgir como medio de obligar a la opinión pública nacional o internacional a tomar conciencia de la gravedad de un problema. Esta fase de «propaganda por el hecho» o «propaganda armada» abre la vía o bien a una lucha legal que habrá contribuido a desencadenar, o bien a una lucha armada con efectivos mucho más importantes. En lugar de afirmarse inicialmente, el terrorismo puede aparecer en un cierto estadio del conflicto, como un medio auxiliar o para marcar la apertura de un nuevo modo de combate. En Irlanda o Argelia el terrorismo se llevó a cabo junto con la lucha guerrillera. En otras ocasiones se usó a falta de otra alternativa, porque el Estado no dejaba otra opción, como el caso de la VMRO, los grupos socialistas-revolucionarios antibolcheviques o ETA.

Como consecuencia de su escasa capacidad resolutiva, el terrorismo ha sido una estrategia que ha arrojado éxitos muy escasos, aunque ciertamente relevantes (la EOKA en Chipre, los grupos clandestinos sionistas contra el ocupante británico o el Hezbollah libanés en 1983). Se he dicho que el terror es una «forma de política revolucionaria basada en el empleo de la coacción y la violencia con fines políticos y en el silencio de las leyes»[64]. El terror es siempre el resultado de una dinámica revolucionaria, pero, como hemos dicho, el terrorismo empleado como arma estratégica dirigida a un cambio radical de la estructura política, social y económica existente ha sido escasamente efectivo, con la excepción de los movimientos anticolonialistas de mediados del siglo XX: Irgun, EOKA, FLNA, etc.[65]. Es en ese contexto cuando su éxito parece más factible o posibilita logros parciales bajo la forma de concesiones políticas. El terrorismo por la independencia ha tenido etapas de triunfos y de fracasos (casos de la OLP o el IRA), y es muy significativo el fracaso constante del terrorismo revolucionario de la Nueva Izquierda.

El terrorismo utilizado como un fin en sí mismo ha arrojado con mayor frecuencia resultados contraproducentes, como el derrumbamiento de regímenes democráticos débiles y el asentamiento de dictaduras militares como la uruguaya o la argentina de las décadas de los setenta y los ochenta del siglo XX. Aunque sus efectos suelen ser espectaculares a corto plazo, resulta dudoso considerar el terrorismo como un método realmente decisivo en un conflicto si no se complementa con otras acciones de tipo político y social, y sobre todo si no es capaz de evolucionar hacia formas de enfrentamiento más complejas y masivas. El terrorismo ha sido históricamente más exitoso cuando no se planteaba como una forma exclusiva de lucha, y cuando operaba en situaciones políticas no totalmente bloqueadas. Cuando se plantea como única arma de combate, de modo estratégico-finalista, tiene muy remotas probabilidades de éxito. Como método exclusivo o principal de lucha resulta difícil que progrese, aunque puede proporcionar un cierto impulso inicial para grupos débiles, permitiéndoles obtener la publicidad necesaria para efectuar el «salto» hacia una fase subversiva más ambiciosa, como una lucha de guerrillas o una insurrección generalizada[66]. La guerrilla puede ser una evolución del terrorismo o, al contrario, el terrorismo puede ser utilizado como modo complementario de lucha por un grupo predominantemente guerrillero, como las FARC, el PCP-SL, los separatistas chechenos o Hezbollah. Cuando el terrorismo se mueve desde formas más genéricas a modalidades más específicas de conflicto armado, tendrá menores posibilidades de éxito. Desde esa perspectiva, el terrorismo tiende a ser visto como un método de violencia donde la conexión entre medios y fines es indirecta antes que directa[67]. Como dijo Raymond Aron, una acción de violencia se define como terrorista cuando sus efectos psicológicos están en desproporción con su resultado puramente físico, de modo que cuanto mayor sea el desequilibrio entre los medios disponibles y los fines que se persiguen, es más creíble que esa acción sea tildada como terrorista.

Como vemos, desde sus propios orígenes, el terrorismo ha sido objeto de las más discordantes definiciones. Mientras algunos autores han tratado de tipificarlo como un proceso, forma o estrategia de violencia política comparable a la insurrección, la rebelión, la anarquía o la revolución, otros autores han estudiado su ideología, han prestado atención a sus implicaciones morales o lo han clasificado en función de su naturaleza, sus fines, sus actores o sus apoyos sociales. Al pasar revista a un centenar de definiciones, Alex P. Schmid encuentra seis variantes fundamentales: 1) el efecto que causa un miedo extremo, en grado de tentativa o de ejecución; 2) un ataque contra el Estado desde dentro del mismo; 3) el propósito estratégico con el que se usa la violencia política; 4) el supuesto aleatorio o la naturaleza indiscriminada de la violencia terrorista; 5) la naturaleza de los objetivos de la violencia terrorista, y 6) el secretismo en el uso de la violencia política[68]. En consecuencia, las interpretaciones canónicas del terrorismo han puesto el énfasis en los fines (su vinculación con un designio político, casi siempre contestatario), los medios (las definiciones legalistas sobre su licitud, que no explican las consecuencias psicológicas o políticas) y los efectos (las definiciones psicológicas vinculadas con el miedo). No cabe duda de que, por su rabiosa actualidad, el terrorismo encierra un componente político muy polémico, pero entre la demonología y la apología, su estudio parece que ha comenzado a enfilar la senda del rigor analítico. En nuestra opinión, caben cuatro grandes aproximaciones al estudio del terrorismo, según incidamos en factores de orden psicológico, estructural, ideológico-organizativo o estratégico.

LA FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA DEL TERRORISMO

Para algunos autores, el terrorismo se distingue de otras formas de violencia política por las perturbaciones psicológicas que provoca en un grupo de individuos o en la sociedad en su conjunto. En la década de los setenta del siglo pasado, el psiquiatra vienés Friedrich Hacker diferenció el terror (definido como «el empleo por los poderosos de la intimidación como instrumento de dominio») del terrorismo, caracterizado como «la imitación y aplicación de los métodos del terror por los (al menos, en principio) débiles, los despreciados, los desesperados, que ven en el terrorismo el único medio de conseguir que se les tome en serio y se les escuche». Hacker destacó una faceta esencial del acto terrorista: que su efecto psicológico resulta tanto o más importante que las reales consecuencias físicas del acto violento. El miedo es la base conceptual del terrorismo, que se define como un método para inducir el miedo a través de acciones violentas repetidas[69]. Dirigiendo la atención a la inducción del miedo a través de la amenaza de actos violentos repetidos, podemos establecer una distinción entre los actos individuales de terrorismo (violencia terrorista) o las campañas terroristas sostenidas y organizadas[70]. El terrorismo, entendido como sucesión premeditada de actos violentos e intimidatorios ejercidos sobre población no combatiente y diseñados para influir psicológicamente sobre un número de personas muy superior al que suman sus víctimas directas y para alcanzar así algún objetivo, casi siempre de tipo político[71], provoca, en efecto, determinadas reacciones psicológicas sobre una población sometida a su amenaza, sea esta supuesta o real. El terror es una forma extrema de ansiedad, a menudo acompañada de agresión, negación, reducción del afecto, y seguida de imágenes temibles y de repetidos recuerdos traumáticos[72]. Además de un medio de control social, el terror es también un mecanismo de comunicación que coarta y condiciona el comportamiento del receptor, que numéricamente es mucho más amplio que las víctimas directas de la agresión:

El terror y el terrorismo señalan y pregonan que, en cualquier tiempo y lugar, todos podemos estar amenazados, sin que importe el rango, los méritos o la inocencia de cada cual: es algo que puede afectar a cualquiera. La arbitrariedad con la que se elige a las víctimas esta calculada, la imprevisibilidad de los actos es previsible, el aparente capricho suele estar perfectamente controlado, y lo que a primera vista puede parecer falta de objetivo es la verdadera finalidad de los actos terroristas que tienden a esparcir el miedo y la inseguridad y a mantener una constante incertidumbre. El terror y el terrorismo no son lo mismo, pero tienen entre sí cierta afinidad: ambos dependen de la propaganda, ambos emplean la violencia de un modo brutal, simplista y directo y, sobre todo, ambos hacen alarde de su indiferencia por la vida humana. El terror es un sistema de dominio por el miedo, aplicado por los poderosos; el terrorismo es la intimidación, esporádica u organizada, que esgrimen los débiles, los ambiciosos o los descontentos contra los poderosos[73].

Desde un punto de vista psicosociológico, el terror ha podido ser definido sin demasiadas dificultades como un instrumento de dominio basado en el empleo de la intimidación o de una amenaza mortal que produce estremecimiento en las víctimas reales o potenciales[74]. El terror es un estado psíquico más intenso que el miedo, en el que la persona se encuentra amenazada de un peligro extremo. Pero también es una acción humana más o menos deliberada, encaminada a producir un estado de ánimo entre la población, con lo que el término adquiere un neto sentido político[75]. El terror no es reducible a la violencia, por más que aquel precise de una dosis variada de esta para producirse. Se distingue por su carácter deliberado y por la distinción estratégica entre la víctima y el fin u objetivo que realmente se busca. El terror se diferencia de otras formas de violencia por su naturaleza deliberada y racional: procede de un cálculo, y trata de producir determinados efectos para obtener un fin determinado[76]. El terrorismo supone el uso intencionado de la violencia –o la amenaza de su uso– contra un «objetivo instrumental», en orden a comunicar a un «objetivo primario» una amenaza de futura violencia. Su designio es emplear el miedo intenso o la ansiedad para coartar la conducta del objetivo primario o modificar sus actitudes en conexión con un determinado objetivo político[77]. Según Schmid:

El terrorismo es un método de lucha en el que la violencia utiliza a sus víctimas no como fin, sino como medio de sus objetivos políticos. Efectivamente, estas víctimas instrumentales presentan rasgos de un grupo o clase social que son determinantes a la hora de ser seleccionadas para la acción del grupo armado. Así, a través del previo uso de la violencia, o de la creíble amenaza de su utilización, otros miembros del grupo o clase en cuestión son sometidos a un estado de temor permanente. Este grupo o clase, al que se pretende minar su sentido de seguridad, es el objetivo del terror.

Paralelamente, las acciones terroristas adquieren un carácter excepcional, inusual, frente a la opinión pública; tanto por su carácter brutal, por llevarse a cabo en tiempo de paz y por hacerse fuera del campo de batalla y de toda regla convencional. Violación normativa cuya excepcionalidad provoca en otros sectores de la población distintos de los grupos aterrorizados un especial interés frente a estas acciones. Sectores que pueden transformarse así en el principal objetivo de manipulación política.

Por tanto, la pretensión de este método de combate indirecto consiste tanto en inmovilizar al enemigo, provocándole con el terror a la sumisión o desorientación, como en movilizar objetivos secundarios de demanda (gobierno) u objetivos de atención (opinión pública) para cambiar actitudes o conductas que favorezcan a corto o a largo plazo los intereses del grupo armado[78].

El terror político es «el uso de la intimidación coercitiva por movimientos revolucionarios, regímenes o individuos por motivos políticos»[79]. Primoratz insiste en el uso deliberado de la violencia, o amenaza de su uso, contra gente inocente, con el objetivo de intimidar a otra gente y dirigirlos a un curso de acción que de otro modo no tomarían[80]. Para Thornton, el término «terror» tiene dos significados: el principal es el estado psíquico de miedo o ansiedad en un individuo o grupo, y el derivado es la herramienta que induce a ese estado subjetivo. Por tanto, terror es «un acto simbólico dirigido a influir el comportamiento político por medios extranormales, que implican el uso o la amenaza de la violencia»[81]. El terrorismo se puede concebir como un proceso comunicativo triangular, donde las víctimas (objetivos) de la violencia son un instrumento que los terroristas (emisores) usan para comunicar un mensaje político a una audiencia separada y más amplia (receptores)[82]. En primer lugar, se lleva a cabo una acción contra un objetivo específico; luego la acción es interpretada y retransmitida por los medios de comunicación; a continuación, el mensaje es recibido e interpretado por las audiencias a las que se dirige el grupo terrorista, y por último se espera que esta audiencia responda de tal modo que se promuevan los intereses del grupo[83]. El uso deliberado de la violencia o la amenaza de la misma evoca un estado de miedo extremo (o terror) en una víctima o audiencia particular, y el terror evocado es el vehículo por el que se mantiene o debilita la lealtad o la conformidad al orden establecido[84].

El terror político surge casi siempre del asesinato político para inducir el estado psíquico de terror. Los terroristas combinan el terror psicológico, por ejemplo, a través del chantaje y la difamación, con la violencia física y las amenazas de violencia. La expresión violenta paroxística del terrorismo es el atentado: agresión limitada en el tiempo y en el espacio que se dirige contra un objetivo (ya sea una personalidad representativa del sistema o una masa anónima) cuidadosamente seleccionado en orden a una estrategia desestabilizadora. La acción terrorista suele englobar dos objetivos distintos: los que componen los blancos de la violencia coactiva y los que observan los efectos de esa violencia y temen que el perpetrador pueda intentar una escalada. Es lo que Mitchell llama forma indirecta de comportamiento conflictivo[85]. Hay dos modos en que los terroristas designan sus objetivos. El primero es un objetivo indiscriminado. Con ello se crea el efecto de miedo, ya que la gente no presente en la escena del atentado tiende a situarse con facilidad en la posición de las víctimas, y sentir que el próximo ataque les puede afectar. La otra opción es la selección de las víctimas por su carácter simbólico o su valor representativo. En estos casos, la violencia puede acercarse a la liquidación física del adversario. Cuando los terroristas buscan situar a un grupo amplio en estado de shock, estamos hablando de objetivos del terror. Cuando actúan contra un grupo de objetivos para dirigir reclamaciones y demandas a un tercero, hablamos de objetivo de demandas. Cuando los terroristas usan la violencia para comunicar un mensaje político, estamos hablando de objetivos de propaganda[86]. No es usual que el objetivo final de la acción terrorista sea una categoría general de individuos, sino que la amenaza se tiende a dirigir contra una organización específica o contra personas definidas por su pertenencia a una comunidad étnica, una clase, una profesión, un grupo lingüístico o tribal, una formación política, etc.[87]. Por su parte, Roucek distingue el terror general o de masas (contra minorías nacionales, religiosas, políticas o clases y subclases sociales) y el terror individual, dirigido contra los líderes destacados o los representantes simbólicos de los grupos hostiles[88]. En la práctica, el terror debe tener siempre algún elemento de indiscriminación, ya que, si se hace predecible y pierde su carácter extenso, no puede ser designado como terror. Tampoco puede ser totalmente indiscriminado, salvo casos excepcionales, como la violencia ciega empleada por algunos terroristas nihilistas o fundamentalistas, que consideran que el terrorismo en estado puro debería ser aleatorio y arbitrario.

Otros autores han recalcado este componente psicológico del terrorismo. Feliks Gross lo definió como aquella «persona, cosa o práctica que causa intenso miedo y sufrimiento, cuyo objetivo es intimidar, subyugar, especialmente como política o arma política. En política, su principal función es intimidar y desorganizar el Gobierno mediante el miedo; es el recurso a través del cual pueden obtenerse cambios políticos»[89]. Peter Calvert describió el terrorismo como simple «creencia en el valor del terror»; Ted R. Gurr lo consideró un simple estado de la mente, y Grant Wardlaw como «el uso, o la amenaza de uso, de la violencia por parte de un individuo o grupo, lo mismo si actúa a favor como en contra de la autoridad establecida, cuando esa acción pretenda crear una angustia extremada o efectos inductores de miedo sobre un grupo que es el blanco de la acción más amplio que el de las víctimas inmediatas, con el propósito de obligar a este grupo a que acceda a las demandas políticas de los perpetradores»[90]. Eugene V. Walter, estudioso del terror de Estado, va un poco más allá, al definir el terrorismo como un proceso complejo que comprende «el acto o la amenaza de violencia, la reacción emocional y los efectos sociales»[91].

El terrorismo, por tanto, supone el empleo de la violencia contra unas víctimas que podrían ser, pero de hecho no son, parte de un conflicto político dado. No está animado, como la guerra, a poner fuera de combate o aniquilar las fuerzas enemigas, sino solo a afectarlas política y psicológicamente[92]. Las acciones terroristas buscan efectos psicológicos antes que físicos. El objetivo de la organización clandestina no es la maximización de las pérdidas materiales del adversario, como dice aspirar la guerrilla, sino la entidad del terror que se extiende sobre algunos grupos-objetivo de la población, excitando la incertidumbre y el temor para provocar determinados comportamientos[93]. Como advierte Barber, «el terrorismo puede incitar a un país a asustarse hasta el punto de hacerle caer en una especie de parálisis. Desarma a los poderosos suscitando una ansiedad que les priva de sus medios. Transforma a los ciudadanos en espectadores nerviosos. Nada induce más al miedo que la inacción»[94].

Según Donatella Della Porta, el terrorismo contemporáneo presenta tres especificidades: el objetivo de la acción es escogido según su valor simbólico; la acción se propone efectos psicológicos más que materiales, y se articulan mensajes diferentes para objetivos diferentes[95]. No cabe duda de que el terror es, en gran parte, un hecho expresivo, donde el observador puede constatar que el acto violento implica un significado más amplio que sus partes integrantes. Precisamente la relativa eficacia del terrorismo deriva de esa naturaleza alegórica: mostrando la debilidad de la estructura social, los insurgentes demuestran, no solo su propia fuerza y la debilidad de los gobernantes, sino también la impotencia de la sociedad para apoyar o proteger a sus miembros amenazados en circunstancias tan críticas. El valor simbólico de la víctima deriva como corolario de la estrategia utilizada por los terroristas para obtener sus objetivos de transformación política. Según Crenshaw, el terrorismo elabora un modelo coherente de selección simbólica o alegórica de las víctimas o de los objetos de actos de terrorismo[96]. Por otro lado, el terrorismo es violencia que, en buena parte de los casos, se perpetra en un contexto oficial de «paz», y por eso choca al testigo[97].

El impacto psicológico se ha multiplicado por la fascinación que el terrorismo ejerce sobre los medios de difusión. De hecho, uno de los objetivos fundamentales de un grupo terrorista es conseguir un nivel de publicidad que no lograría por otros medios de lucha más convencionales. Como señala Andrew Silke, «la verdadera diferencia entre el terrorismo y otros tipos de lucha es que los terroristas no ocultan sus crímenes, sino que, por el contrario, tratan de publicitarlos lo más posible»[98]. Cuanto más pequeños y débiles son los grupos terroristas, más publicidad necesitan para sostener o ampliar su apoyo social. La experiencia demuestra que terrorismo y propaganda caminan de la mano, hasta poderse hablar de la existencia de un «terror de consumo» o una «violencia-espectáculo», patrocinada de forma más o menos involuntaria por los medios de comunicación. Para el escritor italiano Alberto Moravia, «el terrorismo moderno es publicidad de muerte con fines de poder». En su opinión, la única justificación de la acción terrorista era ser conocida y celebrada[99]. La polémica sobre la relación simbiótica que se establece entre terrorismo y medios de difusión está aún sin resolver. Incluso algunos psicosociólogos han diagnosticado una aberración mental peculiar para intentar explicar cómo los terroristas buscan la mayor cobertura mediática posible y cómo el cuarto poder es manipulado hasta hacerse apologista no intencionado de estas organizaciones que le facilitan noticias de tan fuerte impacto público. Esta variante del «síndrome de Estocolmo» se denominó «síndrome de Beirut», en referencia al secuestro por Hezbollah del vuelo 847 de la TWA Roma-El Cairo el 14 de junio de 1985, en cuyo transcurso las principales cadenas de televisión norteamericanas (ABC, NBC, CBS) desplegaron una desmesurada cobertura informativa con 25 conexiones diarias y con dos tercios de los noticieros dedicados a la crisis, y llegaron al extremo de pagar elevadas sumas a los secuestradores por filmar a los 34 rehenes norteamericanos de un incidente que acabó con la liberación por Israel de 756 presos chiítas por presión de la opinión pública de su gran aliado en Oriente Medio[100]. En este caso paradigmático, el impacto de los medios de comunicación sobre el público determinó la política de la administración americana[101]. Los aspectos comunicativos del fenómeno terrorista están razonablemente bien estudiados[102]. Las acciones terroristas van dirigidas a múltiples audiencias y evolucionan conjuntamente con las respuestas a estas acciones por el público, el Estado y los medios de comunicación[103]. En la teoría comunicativa, la hipótesis del contagio establece que la tasa de atentados terroristas se incrementa cuando los ataques reciben una gran cobertura mediática[104]. La constatación del empleo de los medios de comunicación y difusión como instrumento complementario de la lucha armada llevó al ministro del Interior británico Douglas Hurd a prohibir en octubre de 1988 la retransmisión televisada de las declaraciones y entrevistas de los representantes del Sinn Féin, Republican Sinn Féin y Ulster Defence Association salvo en periodo electoral. La medida fue levantada en septiembre de 1994[105].

Como los rituales religiosos o los montajes teatrales, los atentados terroristas son dramatizaciones diseñadas para ejercer un impacto sobre un público extenso. La vieja máxima de Sun Tzu a propósito del empleo del miedo en los conflictos armados («Matar a uno, aterrorizar a diez mil») se podría reformular en esta era de la información global como «matar a uno, ser visto por diez mil». Los viejos modos de lucha insurgente, como la guerrilla, no resultaban eficaces porque la prensa no los otorga la atención adecuada. Los combatientes norteafricanos y árabes lo entendieron muy pronto, y pusieron de inmediato en práctica un cambio de estrategia con la asignación de objetivos de marcado carácter mediático. Así se entiende perfectamente el razonamiento de la guerrilla guatemalteca: «Aunque solo sea con una pequeña bomba, si la ponemos en un edificio de una ciudad, podemos estar seguros de salir en los titulares de los periódicos. Pero si los guerrilleros rurales liquidan a unos treinta soldados, solo consiguen una pequeña nota de prensa en la última página. La ciudad es extraordinariamente importante tanto para la lucha política como para la propaganda»[106]. Un caso paradigmático de este razonamiento lo encontramos en el grupo terrorista peruano PCP-SL, que a finales de la década de los ochenta del siglo pasado decidió trasladar su actuación a las ciudades para obtener una visibilidad política y social que no tenía en la «guerra del fin del mundo» que se libraba en el altiplano andino, o, por otro lado, el desmesurado tratamiento informativo de todos los comunicados del FLQ en la crisis de Québec de octubre de 1970.

Según Juergensmeyer, los actos terroristas pueden ser considerados espectáculos, porque constituyen una declaración pública, y actos performativos, desde el momento en que tratan de cambiar el orden de cosas[107]. Se podría decir que «los atentados terroristas son, a menudo, coreografiados para atraer la atención de los medios de comunicación electrónicos y de la prensa internacional»[108]. Esta naturaleza «teatral» del acto terrorista y la importancia que han cobrado los medios de comunicación y difusión en lo que es esencialmente un acto de comunicación ha generado un corrosivo debate respecto a la prioridad o no de la preservación del régimen democrático, y sobre la defensa de la libertad de expresión, la independencia de los medios de comunicación y el peligro de una instrumentalización mutua con los grupos violentos[109]. Sea como fuere, está claro que la peculiaridad del terrorismo en relación con otros modos de violencia política es que no actúa como un instrumento de comunicación convencional, sino que su intencionalidad pertenece más bien al orden de la ruptura y el tabú[110].

En los aspectos analizados hasta ahora, comprobamos que la faceta esencial del terrorismo no es su potencial destructivo inmediato, sino las implicaciones simbólicas de la agresión a través de una de sus secuelas más devastadoras: el impacto psicológico que se deja traslucir en el miedo y la inseguridad de la gente ante un cuestionamiento extremo del monopolio estatal de la coerción. Sin embargo, las definiciones psicológicas que describen el fenómeno terrorista como capacidad para aterrorizar nos plantean el problema de la medición de los estados mentales de individuos o grupos potencial o realmente afectados por esta amenaza. Los actores no estatales rara vez tienen la capacidad de crear un estado masivo de miedo entre una población o un segmento de la misma. Normalmente la violencia que llamamos terrorista es de demasiada pequeña escala para inducir un serio estado de miedo en la totalidad de una población. Esto conduce a preguntarse si está justificado hablar de terrorismo sin terror, es decir, cuando se intenta provocar un grave estado de ansiedad, pero no se logra ese objetivo. ¿Cuán irresistible debe ser el miedo para crear el terror, o cuánta gente debe experimentar el miedo masivo antes de que podamos decir que la violencia crea un efecto de miedo? Indudablemente, existen grandes dificultades para medir este tipo de reacciones. El terrorismo puede ser considerado como el uso de la violencia para instigar un estado de miedo que los que emplean la violencia deben tratar de explotar. Eso es lo que distingue al terrorismo de otras actividades violentas donde el objetivo ya se ha obtenido cuando la víctima de la violencia ha sido asesinada. El asesinato, el genocidio o el terrorismo son modalidades en el uso de la violencia política, pero solo el terrorismo trata de explotar el efecto psicológico de la violencia sobre la población.

Así pues, el mensaje de temor que pretenden lanzar las organizaciones terroristas se diferencia grandemente según los grupos de población. Además, es preciso reconocer que la intimidación en sus diversos grados es un objetivo normalmente perseguido en el curso de los conflictos políticos.

EL TERRORISMO COMO REFLEJO DE DISFUNCIONES ESENCIALES EN EL DESARROLLO SOCIOPOLÍTICO

Determinar las causas profundas del terrorismo es otro de los asuntos fundamentales que caracteriza el debate sobre la naturaleza de este particular fenómeno violento. Otro grupo de especialistas ha tratado de explicar por qué un grupo de oposición política puede encontrar ventajoso recurrir al terrorismo, y han interpretado la acción terrorista como un tipo de respuesta adaptada a un contexto sociopolítico especialmente injusto, rígido o represivo. Es decir, el terrorismo se presenta como una alternativa de protesta peculiar frente a disfunciones y desequilibrios de tipo estructural en los diversos subsistemas sociales: económico (desigualdades agudizadas en las etapas intermedias del crecimiento material), social (divisiones sociales producto de procesos acelerados de modernización), político (ineficacia de los aparatos redistributivos y coactivos del Estado) o cultural (pervivencia de tradiciones de confrontación violenta durante los cambios rápidos en el sistema de valores)[111]. En opinión de Wilkinson, el terrorismo se puede producir por razones muy variadas: conflictos étnicos, religiosos, privación socioeconómica, tensiones debidas a la rápida modernización, desigualdades políticas, falta de canales para la comunicación pacífica de las protestas, agravios o demandas, existencia de una tradición de violencia, disponibilidad de un liderazgo revolucionario dotado de una ideología potencialmente atractiva, debilidad e ineptitud del Gobierno, policía y órganos judiciales por falta de reacción o sobrerreacción, erosión en la confianza del régimen, sus valores e instituciones que afectan a todos los niveles de la población, incluido el Gobierno o a profundas divisiones entre las elites gobernantes o los grupos dirigentes[112]. Para Mommsen y Hirschfeld, el terrorismo es una consecuencia de las distorsiones fundamentales que afectan al desarrollo socioeconómico o constitucional de una sociedad, como, por ejemplo, la insatisfacción que brota en grupos que dirigen su hostilidad contra sistemas políticos tradicionales que no consiguen adaptarse a un proceso de cambio en sentido modernizador. Hipótesis que resulta harto discutible, dada la especial incidencia del terrorismo en sociedades que ya han culminado con creces dicho proceso[113], y su presencia casi residual en los países menos desarrollados del planeta. Según esta interpretación, entre las causas indirectas del terrorismo estarían la modernización, la urbanización, el facilitamiento social, la existencia de ideologías revolucionarias o la incapacidad y permisividad de los gobiernos. Entre las causas precipitantes están los agravios concretos que experimenta un grupo o una parte relevante de la población (por ejemplo, los que vertebran políticamente los movimientos de liberación nacional), la falta de oportunidades para la participación política (discriminación), la desafección de una elite que no puede acceder a otros medios desestabilizadores más contundentes como el golpe de Estado, la pasividad de las masas ante el desarrollo de un movimiento de protesta o el excesivo uso de la fuerza gubernamental para quebrantar todo atisbo de disidencia.

En esta visión justificativa, el terrorismo actuaría como un indicador del bloqueo institucional existente, ya que desenmascara las debilidades de una democracia puramente formal[114]. Si la participación de los ciudadanos en las decisiones colectivas, a través de las instituciones y los órganos electivos de gobierno, ha favorecido la difusión de formas de acción normalizadas basadas en la participación de masas, las características racionalizadoras de la sociedad tecnocrática han puesto en crisis el conjunto de normas en las que se funda el orden social burgués. Por otro lado, la persistencia de las relaciones de poder en la sociedad posmoderna se expresa a través de una violencia que penetra en cada aspecto de la vida privada, produciendo conformismo y apatía. La integración del sistema se obtiene entonces a través de la difusión de una tendencia generalizada al consenso. En las sociedades más avanzadas, ello obstaculiza la participación y la movilización en torno a intereses compartidos, dificulta la emergencia de la protesta y multiplica la insatisfacción colectiva. A veces, muchos ciudadanos llegan a considerar el voto como un mecanismo inadecuado para la expresión de sus sentimientos intensos. En ese tipo de «participación deficiente», el sufragio es un medio relativamente inocuo de participación, ya que priva de legitimidad a otras formas de acción política más directas, intensas y expresivas (por ejemplo, el sufragio universal frente a la revolución), que eventualmente pueden fomentar la decepción y la despolitización. Pero esta intervención controlada en los asuntos públicos puede también precipitar el hallazgo o la invención de formas rupturistas de expresión y de ejercicio de la influencia, como la movilización callejera o la violencia colectiva. En esa línea, el terrorismo podía ser interpretado como «una forma de acción política en contextos históricos no adaptados a la acción de masas para transformar el sistema»[115]. Según Targ, el terrorismo es un tipo de acción política que sucede cuando las condiciones socioestructurales no propician el cambio sistémico a través de la participación en movimientos de masas. Las sociedades pre y postindustriales experimentan un alto nivel de terrorismo porque la conciencia de clase, junto con las organizaciones partidistas, son débiles, y porque hay un bajo grado de movilización. Por otro lado, en la sociedad industrial la fuerte conciencia de clase, las organizaciones de partido y la extensa movilización de masas hacen innecesario el terrorismo como medio para acelerar el cambio social y político.

En un régimen político bloqueado no hay alternancia en el poder, con lo que el sistema de partidos pierde su legitimidad ante el público en general. Además, el Estado se identifica con el Gobierno, y el sentido de la responsabilidad de la elite se desvanece[116]. Según Luigi Bonanate, «una situación aparece bloqueada cuando no se ve cuál innovación puede provocar la crisis […] o cuando no se imagina qué estrategia pueda permitir determinar una nueva situación. El terrorista sabe que se mueve sobre una vía muerta: y por eso recurre a la técnica de lucha que le promete hacer explotar este bloqueo que le obstruye la vía»[117]. Nicola Tranfaglia definió un sistema político italiano dominado completamente por los partidos (con manifestaciones centrípetas como el «compromiso histórico» y fenómenos centrífugos como la disgregación y la atomización de las organizaciones extraparlamentarias) que provocaba en los grupos clandestinos la «desesperación por inmovilismo»[118]. Según Pasquino, los componentes de un sistema político bloqueado son: falta de recambio en las autoridades (cristalización de la clase gobernante) y en las coaliciones partidistas (ausencia de alternancia) y déficit de actuación en reformas estructurales (crisis y fracaso del reformismo) cuando un intenso avance social no trae aparejado ningún cambio político y sociológico significativo. A la situación de bloqueo se unen la existencia de movimientos resueltos a romper esta situación de inercia, y la percepción por su parte de que el sistema está efectivamente bloqueado y que la lucha armada es una necesidad ineluctable. De suerte que «un sistema político debe entenderse como bloqueado cuando la elite gobernante no pasa a través de ningún proceso de recambio y de circulación, cuando no se introducen las políticas de reforma, cuando ningún grupo social y político nuevo adquiere espacio y representación a nivel parlamentario y gubernativo, y contemporáneamente o acaso se producen en el sistema fenómenos de cambio socioeconómico y político sin lograr hundir el techo de la representación política, del acceso al poder y la barrera de la redistribución socioeconómica»[119]. Pero el bloqueo del sistema no es la causa directa del terrorismo, sino que debe haber disposición subversiva y capacidad de organización para la acción armada.

La presentación del terrorismo como respuesta adecuada frente a la realidad de un sistema político enquistado, mediante la cual los grupos revolucionarios no pretenden tomar el poder, sino desbloquear una situación de inmovilismo, está vinculada con el «consecuencialismo ético» (es decir, la doctrina de que las posibles consecuencias liberadoras determinan el valor moral de los actos) que está históricamente ligado al origen del terrorismo subversivo contemporáneo. Esta valoración atenuante fue, sin duda, la que predominó para el caso de los atentados perpetrados por los revolucionarios populistas rusos del Naródnaia Vólia a caballo de las décadas de los setenta y los ochenta del siglo XIX. El mismo tono exculpatorio se empleó para calificar la «propaganda por el hecho» cultivada por los anarquistas franceses, italianos o españoles en la última década del siglo XIX, o las campañas de violencia política lanzadas desde las tres últimas del siglo pasado por grupos nacionalistas radicales. Pero el «consecuencialismo ético» resulta, en términos generales, una falacia: no está claro que el terrorismo favorezca ninguna mejora de tipo económico, social o político, sino que, más bien, tiene efectos contraproducentes. En el cuadro de las guerras de liberación nacional de las décadas de los cincuenta y los sesenta, los actos terroristas fueron considerados a menudo de manera positiva porque aceleraron la emancipación de los pueblos oprimidos. Pero en general se acostumbra a calificar de terrorista una acción cuando se la juzga ilegítima, por ilegal o desmesurada. Porque el terrorismo, lejos de ser un instrumento liberador, puede ser un eficaz desestructurante social, ya que, a diferencia de otras formas de violencia política, transgrede deliberadamente cualquier norma preestablecida. Es esta confusión entre la interpretación moral de una acción política y la acción en sí misma lo que entorpece nuestra visión del fenómeno terrorista.

Otros especialistas han destacado que la dinámica terrorista puede haber sido inducida por causas ajenas a una crisis doméstica. Ello nos conduce al problema de la mundialización del fenómeno, del que hablaremos en detalle en el último capítulo, y que engloba dos facetas a menudo complementarias: su internacionalización y su transnacionalización. El terrorismo internacional ha formado parte de una estrategia desestabilizadora en la dinámica de la política de bloques, en la que las grandes potencias trataron de defender sus intereses mediante la aplicación de estrategias subversivas de baja intensidad que entrañaban un riesgo menor que la disuasión nuclear. En este tipo de terrorismo desestabilizador se han integrado tanto el apoyo que las agencias especializadas de ciertos países otorgan a estos grupos armados como los acuerdos de colaboración entre distintas organizaciones terroristas para llevar a cabo campañas violentas de alcance planetario.

En todo caso, la oposición a un tipo determinado de Estado marca a menudo el carácter del movimiento terrorista: donde el Estado aparece como un ente racional y frío, y funciona bajo los principios de una política realista, el movimiento terrorista adopta un carácter fuertemente emocional, inyecta una fuerte corriente moral a su causa y acentúa la «estrategia del débil» que incide sobre todo en los aspectos psicológicos[120]. Pero, por lo general, los grupos terroristas más duraderos acostumbran a imitar en pequeña escala los atributos impersonales del poder estatal en su mimetismo coactivo. De este modo se dotan de una dirección política y militar, de finanzas, propaganda, etc., y adoptan una maquiavélica politique du pire muy alejada de los grandes principios éticos que dicen defender.

EL TERRORISMO COMO VIOLENCIA DESMESURADA Y ABERRANTE

La vinculación del fenómeno terrorista con la violencia en estado puro ha llevado a incluir bajo su rúbrica a una confusa y heterogénea gama de fenómenos donde se emplea una cierta cantidad de violencia como instrumento de competición entre adversarios. Si niveles moderados de violencia se aceptaban como un medio normal de negociación en las relaciones de fuerza de un sistema político, el terrorismo se consideraba una forma de acción residual y patológica, que rompe con un principio fundamental del jus in bello, que es la discriminación.

El terrorismo aparece como la antítesis de lo que se puede considerar una «violencia legítima», ya que esta no se justifica por sí misma, como hacen las organizaciones armadas de esta naturaleza, sino por su atenencia a ciertos límites éticos y jurídicos. Movidos por la lógica operativa que imprimen a sus acciones, los terroristas infringen los códigos ético-jurídicos que la mayoría de los regímenes políticos y las instituciones internacionales consideran relevantes para discriminar entre formas de violencia legítima e ilegítima[121]. El terrorismo se definiría como un tipo de violencia desesperada dirigida contra no combatientes, civiles e inocentes, marcada por la violación de más elementales normas establecidas, con un extremado deseo de infligir violencia y con la predisposición de aceptar sin crítica la propia violencia[122]. Rapoport define el terror como «violencia por encima de lo normal, que va más allá de las reglas formales e informales de la coerción gubernamental, particularmente en el rechazo explícito a distinguir entre combatiente y no combatientes, inocentes y culpables. El objetivo no es la víctima, sino el público en su conjunto[123]. Como dice, con no poco cinismo, el político israelí Benjamin Netanyahu, «el terrorismo es el asesinato deliberado y sistemático que paraliza y amenaza al inocente para sembrar terror con fines políticos»[124].

Esta claro que el terror va más allá de las normas de agitación política violenta que se aceptan en una sociedad, aunque ese nivel de extranormalidad varía en función de la sociedad y del momento histórico. Consiste en una radical negación de la legitimidad del contrario, y destaca sobre todas las cosas su carácter indiscriminado, arbitrario e irracional, ya que no puede preverse con exactitud la respuesta de las víctimas aterrorizadas, y su intención es destruir, o al menos alterar, el normal desenvolvimiento social, político y económico de un país, interfiriendo en la distribución del poder y de los recursos materiales o simbólicos en el seno de la comunidad. De hecho, el terrorismo aplicado de forma constante y prolongada tiene el poder de alterar profundamente el tejido social: aísla las comunidades y alimenta la ignorancia y la sospecha, inhibiendo la apertura, limitando la comunicación, destruyendo la confianza e invadiendo la privacidad[125].

Una larga serie de definiciones normativas identifican al terrorismo con acción ilegal que viola las normas básicas de los que es aceptable en términos de humanitarismo en la conducta de un conflicto[126]. Joshua Sinai define el terrorismo como una táctica bélica, al mismo nivel que la guerrilla o la guerra convencional, y mantiene que es el equivalente a los crímenes de guerra en tiempo de paz[127]. Mientras que tres importantes instituciones anglosajonas (el Center for Political Violence and Terrorism de la Universidad de St. Andrews, la RAND Corporation de Washington y el Institute for the Study of Conflict de Londres), que estudian el terrorismo sobre la base de la doctrina de la contrainsurgencia, definen de antemano el terrorismo como amenaza a la civilización, las agencias oficiales norteamericanas, con la notable excepción de la Secretaría de Estado, destacan su carácter ilegal:

Violencia premeditada y políticamente motivada contra objetivos no combatientes cometida por grupos infranacionales o actores clandestinos, habitualmente pensados para influir a un público (Departamento de Estado).

Uso ilegítimo de la fuerza o la violencia contra personas o propiedades para intimidar o coaccionar a un Gobierno, a la población civil o cualquier segmento de esta, para la consecución de objetivos políticos o sociales (FBI, 1983).

Uso ilegítimo –o amenaza de uso– de la fuerza y la violencia contra individuos o propiedades para coaccionar o intimidar a los gobiernos y las sociedades, a menudo para obtener objetivos políticos, religiosos o ideológicos (Secretaría de Defensa, 1983)[128].

Según la Terrorist Act promulgada en el Reino Unido en mayo de 2000, terrorismo es «la ejecución o la amenaza de acción que tiene como objetivo influir en el Gobierno o intimidar al público o a parte del mismo […] con la finalidad de promover una causa política, religiosa o ideológica»[129]. El Grupo de TREVI lo define como «el uso, o la amenaza de uso, por un grupo coherente de personas, de la violencia para obtener objetivos políticos»[130]. Para Wilkinson, «lo que distingue fundamentalmente el terrorismo de otras formas de violencia organizada no es simplemente su severidad, sino sus rasgos de amoralidad y anomia. Los terroristas profesan indiferencia a los códigos morales existentes o se reclaman exentos de sus obligaciones. El terror político, si se realiza de forma consciente y deliberada, está preparado implícitamente para sacrificar todas las consideraciones morales y humanitarias por la obtención de algún fin político»[131]. Laqueur también destaca el carácter anónimo y de violación de las normas establecidas de la acción terrorista[132]. Para O’Sullivan «el terrorismo político aparece cuando un grupo, tenga el poder gubernamental o esté fuera del Gobierno, resuelve alcanzar un conjunto de objetivos ideológicos por métodos que no solo violan o ignoran las estipulaciones del derecho nacional e internacional, sino que además espera tener éxito principalmente mediante la amenaza o el uso de la violencia»[133]. Lodge define genéricamente el fenómeno terrorista como «recurso a la violencia con fines políticos por actores no gubernamentales en contradicción con códigos de conducta aceptados», y de un modo similar, O’Brien amplía deliberadamente la noción de terrorismo a toda violencia injustificada contra un Estado democrático[134]. Por fin, de una manera más vaga Alonso-Fernández entiende por terrorismo «toda actividad criminal organizada que produce actos de violencia física con miras a intimidar a un sector de la población, con la finalidad de obtener ventajas políticas, económicas, religiosas o nacionalistas»[135].

Según Gibbs, terrorismo es violencia ilegal o amenaza de violencia dirigida contra objetivos humanos o no humanos, siempre que se trate de alterar o mantener una norma en una particular unidad territorial o población; sean actividades secretas, furtivas o clandestinas; no se dirija a una defensa permanente de algún área social o política determinada; no sea guerra convencional, y sus participantes busquen obtener sus objetivos mediante la inculcación del miedo de violencia sobre personas y la publicidad de su causa[136].

Esta identificación del terrorismo con una forma de doctrina, organización y acción violenta característica de grupos extremistas de naturaleza antidemocrática y sectaria, cuyo objetivo es la supresión, mediante prácticas políticas bárbaras e inhumanas, de la libertad individual y de la capacidad de las instituciones para producir consenso social a través del incremento de la participación en las decisiones colectivas[137], ha permitido la difusión de algunas explicaciones de carácter francamente demonológico, que definen el fenómeno como violencia irracional, desmesurada, extrema, desviada y delictiva. Esta interpretación sintoniza a la perfección con los postulados sobre la violencia política defendidos por la escuela funcionalista, para quien terrorismo es sinónimo de subversión, de crimen y de la anomia suprema en que incurre una minoría fanatizada para forzar el apoyo de una población básicamente integrada en los valores del sistema, y mayoritariamente opuesta a este tipo de cambio violento. Incluso desde un sesgo ideológico muy distinto, Marx ya señaló que el terrorismo no era otra cosa que violencia política irreflexiva, extrema, indiscriminada, arbitraria y a la larga inútil, ya que las condiciones revolucionarias no podían ser importadas dentro de un sistema social[138].

En realidad, esta tendencia de interpretación del terrorismo subversivo ha parecido más preocupada por descalificarlo como un comportamiento disfuncional y delictivo que por abordar un estudio serio de sus diversas implicaciones de orden socioestructural o político. A nuestro juicio, este tipo de interpretaciones resultan poco eficaces para abordar un estudio integral que nos lleve a una comprensión cabal del problema terrorista, ya que no dan cuenta de la dinámica interna y específica de la violencia, que se interpreta simplemente como un mero síntoma de disfunción del sistema. Ciertamente, en la mayoría de los casos, y como veremos en el siguiente apartado, el terrorismo no supone un acto aislado, irreflexivo y aberrante, sino que, a pesar de la sorpresa e imprevisibilidad de sus acciones, estas suelen apuntar a objetivos designados en función de su relevancia social, política, económica o simbólica.

Con todo, esta hipótesis globalmente condenatoria, que interpreta el terror como una aberración psicológica propia de individuos inadaptados o directamente sumidos en patologías de tipo caracterial, ha favorecido avances significativos en el estudio de la pretendida «personalidad terrorista»[139]. Desde las hipótesis pioneras de orden morfocaracterial elaboradas por Cesare Lombroso hasta los estudios de la personalidad autoritaria de los militantes nazis abordados por Theodor Adorno (según los cuales los individuos con actitudes de extrema derecha suelen mostrarse sumisos ante personas de superior estatus social y autoritarias con las de estatus inferior, conformistas con las convenciones sociales, con una visión simplista y maniquea de la vida social y con una cierta predisposición a la violencia)[140], el análisis psicosociológico ha dado importancia a estados emocionales como el descontento y la frustración, o a actitudes mentales como la tenacidad y el apasionamiento con que las personas implicadas en acciones terroristas defienden creencias y opiniones, sobre todo políticas y religiosas. En el universo mental del fanático una o varias creencias adquieren una importancia muy superior a las demás, hasta transformarse en el motor de buena parte de de sus actos. La mayoría de los terroristas actúan e interpretan el mundo como los verdaderos creyentes (true believer), la impresión de superioridad moral que infieren de sus férreas convicciones políticas o religiosas suele ir acompañada de una absoluta incapacidad para respetar o tomar en consideración otras opiniones y creencias que se distingan o entren en conflicto con las propias. La mentalidad fanática es proclive a incurrir en graves distorsiones de percepción y pensamiento, ya que se es selectivo a la hora de buscar, captar y recordar información acerca de la realidad social circundante, dando prioridad absoluta a la información que es congruente con las propias actitudes, valores y creencias. Los fanáticos también manifiestan una fuerte tendencia al autoengaño respecto a los propios defectos y fracasos, y a incurrir en el pensamiento desiderativo, es decir, confundir la realidad con el deseo y sobrestimar las posibilidades de que las cosas sucedan tal como uno quisiera[141]. Esta actitud está vinculada con la teoría del «cierre cognitivo» de Kruglanski: el hermetismo mental que caracteriza a determinadas personas, especialmente a los fanáticos, puede ser una reacción contra cualquier estadio psicológico de ambigüedad o incertidumbre. Esta aversión puede traducirse en una predisposición favorable hacia las ideas y los sistemas de creencias claros y sencillos, y en la tendencia a fijar las propias creencias y opiniones para mantenerlas intactas, cerrando las puertas de la mente al tráfico de ideas e informaciones que habitualmente se deriva de la interacción social. Esta impermeabilidad al flujo de informaciones y de opiniones no congruentes con las creencias fanatizadas garantiza la persistencia de las creencias sectarias a través del tiempo[142]. El rechazo a todo contraste externo de pareceres se complementa con un marcado conformismo en el seno de la propia organización. Otra característica del comportamiento de los actores terroristas es la despersonalización: un proceso psicológico que hace que bajo ciertas condiciones los individuos se perciban a sí mismos como miembros semejantes o intercambiables de un determinado colectivo, antes que como personas con características e intereses particulares[143]. Hans Magnus Enzensberger los identifica como «perdedores radicales»: hombres en busca desesperada de un chivo expiatorio, megalómanos con sed de venganza, donde se alían la obsesión de virilidad y la pulsión de muerte[144].

Sin embargo, el terrorismo es un fenómeno grupal de psicología normal, modelado por factores motivacionales múltiples y diversos, sin una sola causa originaria. En la actualidad se presta mucha atención a las causas psicológicas de la implicación terrorista, sin entrar en el análisis de perfiles concretos de personalidad. John Horgan señala que el terrorismo se puede estudiar desde tres áreas psicológicas: los procedimientos de emergencia y sostenimiento de la conducta violenta individual; las relaciones del individuo con su contexto político, religioso o ideológico (socialización en actitudes y actividades violentas) y los efectos psicológicos que el propio acto terrorista tiene sobre una audiencia más amplia[145].

Noël O’Sullivan asegura que el terrorismo no es obra de unos pocos fanáticos extremistas, sino que es una creación de la política ideológica fruto de la moderna tradición democrática que surge de la Revolución francesa, cuyo estilo utópico y libertario destruyó las viejas convenciones sagradas que rodeaban la violencia en la vida occidental (en esencia, el tiranicidio justificado por razones teológicas) y creó un mundo en el cual la violencia extrema resultaba moralmente defendible. De ahí partiría, según su opinión, la ambigüedad del análisis histórico de las organizaciones y de los regímenes terroristas[146]. Por el contrario, para Walter Laqueur, el terrorismo es un fenómeno intemporal; significa, pura y simplemente, primacía de la acción. No es necesariamente revolucionario ni está sometido a una escuela filosófica o ideológica determinadas; es, todo lo más, violencia «ideologizada», y ha sido usado con múltiples fines por diversos sistemas políticos y grupos de las más variadas tendencias doctrinales[147]. Paul Wilkinson, quien definió el terrorismo como el «uso sistemático del asesinato, el daño y la destrucción, o la amenaza de ellos, para crear un clima de terror, a fin de dar publicidad a una causa y de intimidar a un sector más amplio para que satisfaga los objetivos de los terroristas»[148], considera que uno de los problemas fundamentales de la explicación del fenómeno reside en la naturaleza plural del terror: este no tiene por qué estar motivado políticamente, de forma que este autor diferencia el terror político de otras fuentes de terror puramente psíquico (con fines místicos, religiosos o mágicos), criminal (con la intención de adquirir ventajas materiales) o bélico (encaminado a paralizar al enemigo y reducir su capacidad combativa con el propósito de destruirle)[149]. Tanto Wilkinson como Alexander han adjudicado en exclusiva a la lucha armada subversiva la práctica sistemática del terror indiscriminado, articulada a través de una estrategia arbitraria y gratuita[150].

En consonancia con el «giro cultural» que ha impregnado los estudios de historia social y política en el último cuarto de siglo, Roger Griffin define el terrorismo como

el uso deliberado por un movimiento, grupo o individuo, de una violencia extrema contra objetivos humanos o materiales de fuerte carga simbólica, que los perpetradores asocian con el «otro» demonizado […] El propósito de la violencia terrorista es infligir sufrimiento personal o daño estratégico a la institución o régimen enemigo, de un modo espectacular que desencadene una profunda ansiedad y exacerbe un generalizado sentimiento subjetivo de inestabilidad y crisis. En contraste con la mayor parte de la violencia que se da en la guerra convencional, la búsqueda de víctimas y daños inmediatos no es el objetivo primario de los ataques terroristas, sino que es ejercer presión psicológica sobre terceros que se han convertido en audiencia o espectadores del atentado [… ], con el objetivo de forzarles a un cambio de su conducta, sus políticas o sus valores a cambio de dar fin a los ataques […] Simultáneamente, la violencia terrorista tiene fines expresivos y no instrumentales. Se concibe deliberadamente para dar un golpe u obtener la victoria frente al «otro» demonizado en una guerra subjetiva, ideológica, metafísica y cósmica entre el bien y el mal, entre la decadencia y la renovación, que resulta invisible a los no iniciados. […] La dimensión metapolítica del terrorismo que emana de la visión del mundo y las creencias de los terroristas permanece impenetrable e incomprensible a otros, pero proporciona un ingrediente esencial en la «lógica» racional de los protagonistas de los actos y de las campañas terroristas[151].

Este autor distingue dos variantes fundamentales de terrorismo: el fanático regresivo (zealotic), que se dirige a preservar de sus enemigos interiores y exteriores a una comunidad tradicional concebida míticamente como un nomos u orden cosmológico y social sagrado e inmutable, y el modernista, que pretende restaurar el sentido y propósito de la existencia, estética, social y políticamente, con la creación de una sociedad utópica que crea una nueva cultura al margen o en contra de los principios de la modernidad occidental, aunque también puede haber modelos híbridos de ambos[152]. El terrorismo modernista (por ejemplo, el de tradición nihilista y bakuninista) no defiende un retorno a un pasado idílico, sino que aspira a crear un orden y un hombre nuevos en revuelta contra la modernidad representada por una sociedad degenerada que aspira a rehabilitar a base de golpes violentos contra el orden establecido.

Desde una perspectiva culturalista atenta a las respuestas modernistas o retrógradas al avance de la modernidad (que presenta deudas evidentes con su interpretación del fenómeno fascista), Griffin ofrece una visión alternativa a la tradicional preocupación que las ciencias sociales han mostrado por los aspectos utilitarios, racionales y estratégicos de la violencia, que él achaca de forma harto superficial al paradigma de lo que denomina «instrumentalismo funcionalista». Apuesta por valorar la dimensión metapolítica, simbólica, existencial, subjetiva y utópica del terrorismo, y sustituye el diagnóstico tradicional de la pretendida predisposición patológica de los terroristas por un análisis tampoco excesivamente original del proceso de radicalización, donde gente corriente aparece dispuesta a matar y morir por una causa suprapersonal. Esa evolución radicalizadora comienza con una crisis íntima o exilio nómico, donde se contempla la realidad desde la perspectiva de una lucha maniquea entre el bien y el mal. Luego se produce un incremento de la implicación psicológica para defender, restaurar o reorganizar el hogar nómico (los fanáticos regresivos) o encontrar uno nuevo a través de la realización de un proyecto generalmente utópico (los fanáticos modernistas). La intensificación del sentido de santidad de la misión –con la autoheroización correspondiente– le lleva a aceptar que los actos de violencia contra la sociedad puedan ser ejecutados con orgullo y plenitud cósmica[153].

Como veremos en el siguiente apartado, desde la perspectiva teórica de la acción colectiva se minimiza el impacto de los estados emocionales, y se insiste en que quienes se implican en movimientos de protesta armada no suelen ser personas que alivian de modo violento sus tensiones íntimas o a las que place el empleo de la fuerza, sino individuos motivados básicamente por los mismos factores que promueven la participación política de rango institucional y más convencional. Es decir, se asume que la participación en formas de violencia colectiva, sean cuales fueren sus características, obedece a criterios de racionalidad, al hecho de que los actores implicados sopesan posibles cursos de acción, optando por el que parece más conveniente o efectivo. Pero para que el terror se transforme en terrorismo no solo es necesario que sea usado sistemáticamente, sino también que sus usuarios crean en su utilidad o necesidad por encima de cualquier otra consideración. En otras palabras, debe haber algún tipo de filosofía terrorista (entendida como justificación del acto violento), por primitiva que esta sea[154]. De modo que es preciso diferenciar el terrorismo entendido como simple técnica y el terrorismo interpretado como creencia en el valor intrínseco del terror, tal como lo entendieron el jacobinismo, el nihilismo, el nazismo o el bolchevismo. Los discursos de legitimación del terrorismo, caracterizados por su utopismo y optimismo, tratan de denunciar injusticias y amenazas que se pretenden reparar o prevenir, atribuir tales injusticias y amenazas a un enemigo, dotar de una definición positiva al movimiento u organización terrorista, ofrecer una justificación moral de la violencia terrorista y crear una expectativa optimista respeto a la utilidad y las consecuencias que se deriven de la campaña terrorista[155]. La ideología orienta las estrategias terroristas al menos en tres sentidos complementarios: precisando los objetivos inmediatos y finales en vista a los cuales deben planificarse los atentados; ayudando a seleccionar sus potenciales blancos o víctimas mediante la identificación de adversarios o enemigos, y especificando mediante qué métodos pueden realizarse los atentados, por ejemplo, el martirio yihadista[156]. La principal función que una ideología rinde al grupo que la sostiene es la legitimación de sus propias actividades. La ideología debe convencer a los militantes de que existe un enemigo poderoso y despreciable que se opone radicalmente a los fines perseguidos por los terroristas; que la realización de estos no puede lograrse mediante simples reformas del orden sociopolítico establecido, sino por su transformación radical; y que la violencia es un medio de influencia social y política preferible a cualquier otra, dada la naturaleza odiosa del enemigo y la magnitud del cambio social que se pretende realizar[157]. Pero ya hemos dicho que el terrorismo no implica tanto un extremismo de los fines como de los medios utilizados[158].

EL TERRORISMO COMO PROPUESTA ESTRATÉGICA PARA LA SUBVERSIÓN

Según muchas definiciones simplistas, la característica definitoria del terrorismo sería el acto de violencia en sí mismo, y no la motivación, la justificación o las razones de este tipo de actos[159]. Esta vía de análisis resulta insatisfactoria, no porque, como dice de forma muy poco convincente Bruce Hoffman, no diferencie la violencia de los Estados y de las entidades no estatales, como las organizaciones terroristas[160], sino porque no explica los distintos usos estratégicos que puede tener esa violencia.

Una última tendencia interpretativa ha intentado desmitificar el fenómeno terrorista, rechazando que sea el fruto de circunstancias aberrantes del contexto sociopolítico o de los propios actores de la protesta[161]. Esta línea de trabajo intenta una aproximación constructivista del fenómeno terrorista, estudiando su carácter violento en la dinámica de la confrontación política, desentrañando sus redes y alianzas, su cultura específica y sus procesos de enmarcamiento. La teoría de los movimientos sociales está siendo fructífera en su aplicación a los movimientos fundamentalistas islámicos caracterizados por su adaptabilidad y sofisticación[162].

Este tipo de análisis trata restituir el terrorismo a su justo papel de instrumento al servicio de una estrategia de subversión o de control dentro del conjunto de las manifestaciones violentas del conflicto político. Para Martha Crenshaw, la autora pionera en este tipo de interpretaciones, el terrorismo es el «uso premeditado o amenaza de uso de violencia simbólica de bajo nivel por organizaciones conspirativas. La violencia terrorista comunica un mensaje político; sus fines van más allá de afectar los recursos materiales del enemigo[163]. Es, pues, «una forma de comportamiento político resultante de la elección deliberada de un actor fundamentalmente racional: la organización terrorista»[164]. Su comportamiento consiste en el «uso sistemático de violencia política heterodoxa por pequeños grupos conspirativos con el propósito de manipular las actitudes políticas más que derrotar físicamente a un enemigo. El propósito de la violencia terrorista es psicológico y simbólico, no material»[165]. El terrorismo revolucionario formaría parte de una estrategia para tomar el poder político, se manifiesta en actos de violencia social y políticamente inaceptables, tiene un contenido expresivo fundamentado en la selección simbólica o representativa de las víctimas u objetos de los actos de terrorismo, y el movimiento revolucionario emprende deliberadamente estas acciones para crear un efecto psicológico sobre grupos específicos y cambiar su comportamiento y actitudes políticas[166]. Los terroristas no emplean la violencia de forma indiscriminada y ciega, sino que planean sus acciones cuidadosamente, valorando las opciones y siguiendo el curso de la acción que mejor promovería su objetivo al menor coste posible[167]. La elección estratégica nos proporciona criterios para medir la escala de racionalidad de las organizaciones terroristas. Es una forma razonable de conseguir intereses extremos en el ámbito político[168].

El terrorismo puede aparecer en el curso de la evolución violenta de los conflictos suscitados entre actores políticos racionales, que se ven influidos en su elección de las formas de lucha por la situación estructural en la que se encuentran[169]. En ese contexto, habría que preguntarse qué tipo de sociedad fomenta el desarrollo de la violencia (condiciones macrosociológicas del entorno, o condiciones externas que favorecen la violencia política), qué grupos parecen más inclinados a emplear repertorios violentos (condiciones mesosociológicas de la dinámica organizativa de los grupos que adoptan las formas más extremas de violencia política) y qué individuos están más dispuestos a usar este modo de lucha (condiciones microsociológicas de percepciones y motivaciones individuales)[170]. En consecuencia, el estudio de las organizaciones clandestinas dedicadas a estos menesteres debería permitir la verificación de hipótesis relativas a una teoría del conflicto que explique las razones estructurales del fenómeno terrorista, una teoría de la movilización que analice el modo en que las organizaciones terroristas logran captar del entorno los recursos que necesitan, una teoría de la militancia que explique las motivaciones individuales de la participación en un grupo clandestino, y una teoría del cambio, que individualice los efectos intencionales o imprevistos que produce el terrorismo en el sistema político[171].

El surgimiento del terrorismo no parte, en la mayor parte de los casos, del ámbito de la historia de las ideas, sino de elementos como la conciencia de un desarrollo económico o político estancado y desigual, pero también de un modelo de organización clandestina cuya organización y cultura parecen las más adecuadas para iniciar y mantener una prolongada lucha de resistencia, o recursos instrumentales (armas) o de contexto (mayor vulnerabilidad del Estado) más adecuados para una labor de lucha armada de este tipo. La tentación de convertir la desconfianza en conflicto armado es más fuerte cuando las fuerzas de seguridad del Estado son débiles.

Alex P. Schmid dice que «la mayor deficiencia general de mucha literatura sobre el terrorismo es que la organización o movimiento terrorista es estudiada aisladamente antes que en su contexto sociopolítico»[172]. Tenemos, en efecto, tendencia a tener una visión monolítica del terrorista, atribuyendo a grupos particulares una coherencia que no siempre tienen. Uno de los casos actuales más llamativos de esta idealización magnificadora sería la red Al Qaeda. Para tener una conciencia cabal de su papel histórico sería preciso estudiar en primer lugar el nivel de la organización, su infraestructura y dinámica interna. A continuación, investigar el entorno sociopolítico en el que opera la organización terrorista, ya que ningún grupo de este tipo existe en total aislamiento de la vida política, económica, social y cultural, no importa cuán enajenado esté de la realidad por exigencias de la clandestinidad. Como muchas sociedades secretas, clandestinas o sectarias, los grupos terroristas emergen, evolucionan y desaparecen en relación, reacción, competencia o cooperación con otros grupos que apuestan o rechazan fines similares. Por último, es necesario constatar la reacción social y oficial hacia la organización terrorista, en particular la de los agentes del Estado. Conocer la relación entre los terroristas y las fuerzas del orden es un elemento básico para entender la dinámica interna del grupo armado, ya que la respuesta represiva del Estado puede servir como razón para tácticas de escalada (secuestro, bombas) o de reorganización[173].

Una organización es una asociación de individuos y grupos de individuos expresamente creada para alcanzar una serie de objetivos y metas explícitamente definidas, con una cierta división de tareas y funciones que implica diversos niveles de autoridad y responsabilidad y un conjunto de normas formalizada y explícitas que permiten coordinar y supervisar las actividades de cada uno de los miembros de la organización tomar decisiones y comunicarse entre sí[174]. Las organizaciones terroristas se distinguen de otras entidades políticas más convencionales por sus niveles de formalización, es decir, que las tareas que deben realizar sus miembros y las formas en que interactúan suelen estar sujetas a reglas explícitas que todos deben conocer. Unas deben ser observadas por todos los miembros (normas), y otras regulan el comportamiento de los que ocupan una cierta posición dentro de la organización (roles). La cohesión interna está basada en intensas formas de activismo político.

En general, una organización insurgente recurre solo a métodos terroristas cuando ve ocluidos otros métodos más eficaces de acción revolucionaria, como la insurrección o la guerrilla, ya que carece de los recursos humanos y materiales necesarios para desafiar al Estado en ese terreno[175]. En la actualidad, ante la evidencia del desmesurado reforzamiento coactivo del Estado, los grupos disidentes cada vez toman más en cuenta la opción de recurrir al terrorismo en lugar de al conflicto armado tradicional y convencional, porque estos resultan mucho más costosos y arriesgados[176]. El terrorismo resulta un medio inmediato, barato y efectivo de centrar la atención política en la oposición y sus causas. Así se entiende la caracterización que el actor Peter Ustinov ha hecho del terrorismo como «arma» o «guerra» del pobre: los movimientos que recurren al terrorismo suelen ser minorías que pretenden en general llevar adelante una lucha en nombre de un grupo de referencia, sea la clase obrera, la etnia o la comunidad de creyentes que estiman explotada u oprimida por el orden social en vigor y no puede exportar sus quejas por sí misma. Es la única arma que tienen los dominados para atacar al Estado sin tomar el riesgo de un choque directo que les sería fatal. En ese sentido, el terrorismo sería la contraparte de la congelación de la guerra convencional[177]. Para Wieviorka, terrorismo es «un método de acción, utilizado por un actor político que, por debilidad o por cálculo, se mantiene dentro de un espacio político determinado, o busca penetrar en él, a través del terror»[178]. Sin embargo, para autores como Moss, Clutterbuck o Laqueur, el terrorismo no es el arma de los miserables y de los oprimidos, sino el trabajo de elites inútiles o relegadas, como los estudiantes y los intelectuales de clase media marginados del sistema político.

El terror es una estrategia apropiada si los insurgentes disponen de un bajo nivel de apoyo político real, pero tienen un alto grado de apoyo potencial. Della Porta define el terrorismo en función del actor político que lo utiliza, como «la actividad de organizaciones clandestinas de dimensiones reducidas que, mediante el uso continuado y casi exclusivo de formas de acción violenta, tratan de alcanzar objetivos de tipo predominantemente político»[179]. Es decir, el requisito para que una acción pueda ser definida como terrorista es que sea realizada por grupos de dimensiones reducidas, e incluso clandestinos. Al contrario que las grandes unidades guerrilleras, la infraestructura de los grupos terroristas debe ser forzosamente limitada. Aunque se reclamen portavoces o traten de implicar a un sector significativo de la sociedad, el terrorismo lo suelen utilizar organizaciones muy reducidas y homogéneas, que desarrollan su actividad de forma clandestina, y que se inspiran en una estrategia que vincula este tipo de lucha con modalidades violentas a gran escala, como la guerra revolucionaria y la insurrección de masas.

En todo caso, las dimensiones y las estructuras de los grupos terroristas tienden a acoplarse en función de una ecuación determinada por tres factores: los medios que requieren para perpetrar los atentados precisos y asegurarse su perpetuación, las necesidades derivadas de la seguridad y de la vida en clandestinidad, y la cohesión sectaria que precisan para evitarse problemas internos. La concurrencia de estos tres factores hace que las tramas terroristas tiendan a desprenderse de lo superfluo para llegar a auténticas economías en recursos humanos y materiales[180]. Existen dos hipótesis básicas que pretenden explicar el origen estratégico de terrorismo: la «optimista» que explica la radicalización de las formas de acción como el producto colateral de la efervescencia del estatus naciente de la acción, y la «pesimista» que interpreta el terrorismo como manifestación de la fuga de los sectores fundamentalistas frente a la institucionalización, el debilitamiento o el reflujo de esa capacidad de acción colectiva[181].

La consideración del terrorismo como una etapa en una estrategia subversiva basada en la violencia política resulta muy enriquecedora a la hora de considerar este fenómeno desde un punto de vista más riguroso y desapasionado[182]. Con toda evidencia, ello nos permite integrar a buena parte del terrorismo en el dominio teórico de la violencia insurgente, ya que, aunque sea aplicado por organizaciones sectarias de militancia muy reducida, responde a una lógica revolucionaria en la que la organización armada se reclama portavoz y ejecutora de los requerimientos políticos de capas más amplias de población descontenta.

Toda organización terrorista, sea cual fuere su objetivo político (revolución, autodeterminación, preservación o restauración del statu quo, reforma, etc.), está inmersa en una lucha por el poder político con un Gobierno al que busca influir o reemplazar a través del cuestionamiento de su monopolio de la fuerza[183]. Como hemos visto al comienzo de este capítulo, el terrorismo constituye la fase previa de una estrategia global de violencia político-militar, cuyo objetivo inicial es transformar una situación de desequilibrio social en una situación revolucionaria, demostrando a la población que el control legal de la fuerza que ostentan las autoridades ha sido roto. A través del terror, una organización armada persigue, en primera instancia, obtener reconocimiento o atención sobre diferentes audiencias, o desacreditar el proceso de gobierno debilitándolo administrativamente mediante la provocación de un sentimiento de inseguridad y la desmoralización de sus agentes. Desde el punto de vista de los terroristas, los atentados contribuyen a debilitar la legitimidad del Estado y a precipitar el cambio de lealtades entre grupos de la sociedad. Usando la violencia, tratan de demostrar su poder, estableciendo alianzas entre partes de la población, y logrando una cierta legitimidad. El terrorismo es político porque los medios empleados son tales que afectan al Estado como institución desafiando el monopolio estatal de la violencia y afectando a sus relaciones con otros grupos de la sociedad (legitimidad)[184].

La difusión de una psicosis colectiva de indefensión incitaría al Gobierno a desarrollar contramedidas represivas crecientemente indiscriminadas, que afectarían al conjunto de la sociedad y que podrían acarrear la desestabilización del sistema en su conjunto, haciendo derivar la crisis política en conflicto armado abierto[185]. «La dimensión teleológica del terrorismo consiste», por tanto, «no en vencer por las armas al adversario, sino en socavar su resistencia, minando su moral de lucha al crear un estado de inseguridad por medio de la intimidación»[186].

El endurecimiento de la política gubernamental, eliminando alternativas reformadoras y forzando actitudes de intransigencia, puede conducir a una polarización de la sociedad y a la alienación de las masas represaliadas por las fuerzas armadas. Se provocaría así la conocida espiral de acción/represión/reacción que sacaría a la población descontenta de su pretendido letargo. Por eso, Leites señala que el valor político de la acción terrorista «se deriva no de su popularidad, sino de la impopularidad de la subsiguiente represión»[187], ya que la violencia tendría el valor «pedagógico» de mostrar a la gente la violencia estructural inherente al sistema, sentando las bases de una movilización de protesta capaz de debilitar al Estado, y de fortalecer las fuerzas subversivas hasta llegar a la rebelión popular que conduzca a la conquista del poder. La esencia del problema para el poder constituido es siempre mantener e incrementar su autoridad, y hacer todo lo posible porque disminuya el nivel de legitimación de los terroristas. De modo que, antes que nada, el Gobierno debe preocuparse por la efectividad y la legitimidad de sus políticas[188]. Luego, las medidas políticas, legislativas y policiales adoptadas por el Gobierno en el marco de una política de seguridad consistente y acompañada por una efectiva cooperación internacional pueden reducir extraordinariamente la estructura de oportunidades favorable al uso de repertorios violentos como forma de afectar la distribución del poder[189].

Otros objetivos secundarios del terrorismo serían: vindicar a sus combatientes caídos por la coacción ejercitada desde la autoridad, mantener la moral de los terroristas y sus apoyos, ganar publicidad para el movimiento y sus ideales, obtener concesiones específicas de las autoridades, reforzar la obediencia, el secretismo y la lealtad de sus seguidores, etc. Pero, aunque el terrorismo forme parte de una estrategia política y militar comprensible para sus seguidores, precisa ser captado por sus presuntas víctimas como algo imprevisible y desordenado. Se trata de desorientar al conjunto de la población, demostrando que la estructura de Gobierno no puede apoyarla ni protegerla frente a esta amenaza potencial.

El terrorismo puede ser la táctica inicial de un proceso de violencia colectiva, y si triunfa en su misión desestabilizadora y deslegitimadora del poder establecido, puede dejar vía libre a medios violentos más extensos, como la guerra civil. Cuestión aparte es que tales usos subversivos persigan objetivos políticos diversos (como la revolución), una simple rectificación gubernamental mediante la agresión a determinados funcionarios, o el sojuzgamiento de ciertos grupos, individuos o formas de comportamiento[190]. Los terroristas no hacen necesariamente la revolución, pero los revolucionarios pueden emplear en ocasiones el terrorismo en una estrategia más amplia, como catalizador político que polariza la sociedad y pone en marcha el engranaje represivo del Estado[191].

Desde el punto de vista estratégico, el terrorismo se fundamenta en lo que se ha venido en denominar como el «principio de las tres T»: targets, technology and toleration (objetivos, tecnología y tolerancia). A diferencia del terrorismo «de resistencia» desplegado sobre todo por los anarquistas y los grupos nacionalistas-populistas durante la segunda mitad del siglo XIX como modo de propaganda y de protesta contra regímenes autocráticos o liberal-parlamentarios, el terrorismo desestabilizador, aparecido en la década de los sesenta del siglo XX al calor del espíritu crítico alumbrado por la Nueva Izquierda, actúa contra regímenes democráticos con libertades reales y un amplio nivel de tolerancia. Hay varios rasgos de la democracia que hacen atractivo el terrorismo: en primer lugar, los regímenes democráticos sitúan la libertad antes que el orden, de modo que el derecho del Estado para usar la fuerza con el objeto mantener la ley y el orden está limitado en el propio ordenamiento legal. En segundo lugar, los principios de legalidad, con tribunales independientes e igualdad ante la ley, aseguran la protección de los derechos de los terroristas ante la acción del Estado; en tercera instancia, la democracia está basada en la voluntariedad y la libertad, y los ciudadanos pueden expresar sus opiniones por cualquier vía, incluido el derecho de los disidentes y enemigos de la democracia para expresar sus opiniones[192]. Pero a pesar de este espíritu garantista, el moderno Estado democrático también cuenta, como veremos más adelante, con unos mecanismos coercitivos mucho más poderosos, complejos y sofisticados que sus homólogos del periodo de entreguerras.

Según esta interpretación radical de los orígenes del terrorismo actual, los grupos sociales emergentes suelen utilizar repertorios de acción colectiva más innovadores y violentos para hacer frente a las trabas que la sociedad tecnocrática pone a las manifestaciones de oposición radical[193]. Las formaciones terroristas tratarían de imitar a su manera la eficacia del Estado, organizando un entramado fuertemente centralizado, con canales precisos de elaboración estratégica de la lucha y secciones especializadas para su ejecución (comandos de acción, información y apoyo). Todo ello, por supuesto, fuera del alcance represivo de los gobiernos afectados.

Según otras interpretaciones del fenómeno terrorista, la aparición de grupos clandestinos no es previa al desarrollo de la protesta, sino que parece coincidir temporalmente con la conclusión del ciclo más combativo de la lucha, y con el inicio de la fase de gestión de las conquistas obtenidas. Incluso se aventura que el paso a la lucha clandestina se produce como degradación de un movimiento al que se le ha impedido el acceso al «mercado» de decisiones colectivas a causa de sus disonancias con el desarrollo social y político. La formación de las organizaciones terroristas tiende a ocurrir con mayor probabilidad cuando una movilización colectiva amplia y relativamente prolongada –un ciclo de protesta social, por ejemplo– entra en una fase de decadencia, debido a que buena parte de sus demandas han sido asumidas institucionalmente, o, en sentido contrario, a que se han dejado sentir los efectos de la coacción del Estado o de otros grupos de conflicto. Por otra, el riesgo de que se utilice la violencia terrorista es más elevado también cuando un determinado actor colectivo fracasa en sus intentos por ocupar mediante procedimientos convencionales un espacio político de cierta relevancia y se encuentra debilitado al no haber conseguido recabar la suficiente aceptación popular o los recursos materiales necesarios[194]. Para Melucci, el terrorismo es resultado de un proceso de descomposición del movimiento al que se le ha impedido expresarse en su propio terreno, y al que se le ha empujado progresivamente a medirse en condiciones de inferioridad con las contradicciones de una sociedad bloqueada, es decir, aquella que carece de recambio para la clase política de gobierno, y donde los movimientos sociales fracasan en sus intentos de participación y realización de cambio[195].

El terrorismo puede interpretarse entonces como expresión paroxística de un movimiento en declive ante su crisis de representatividad. Pero la crisis de la militancia y la pérdida de la esperanza en grandes cambios radicales no bastan para explicar adecuadamente el nacimiento y la pervivencia de las acciones terroristas[196]. La naturaleza conspirativa y clandestina, y el reducido tamaño al que obliga la omnipresente coerción estatal, no impiden que, en ocasiones, estos grupos armados busquen el respaldo popular a través de partidos y asociaciones políticas, sindicatos o entidades culturales y recreativas que les ofrecen un espacio singular de actuación, además de cobertura política, social y económica y una reserva de militantes potenciales. Los grupos terroristas tratan de vertebrar el apoyo social necesario a través de la configuración de una organización política de carácter legal o semilegal. El equilibrio que se establece entre ambas ramas del movimiento subversivo (dominio de la organización legal sobre la terrorista en el caso de los Hermanos Musulmanes, de la terrorista sobre la legal en el caso de ETA/HB o simbiosis de ambas en el caso de Hezbollah) nos dice mucho de su naturaleza o de la evolución de su trayectoria potencial en la arena pública. Sin embargo, la situación de aislamiento y la rígida división del trabajo establecida entre el brazo armado militante y el brazo legal o político dentro de estos movimientos provoca una dinámica interna muy peculiar: un actor político puede pasar a efectuar acciones terroristas cuando se margina del movimiento social del cual se proclama portavoz, y cree que con la violencia puede reconstruir la adhesión perdida. A medida que se sectariza, el grupo clandestino se encuentra ante la disyuntiva de aceptar su fracaso o desplegar una violencia política sistemática y creciente. Al optar por una acción dominada por la lógica de la violencia, el movimiento armado se distancia de sus bases sociales e invierte su orden de prioridades: marcado por los estigmas de la clandestinidad y la sectarización, el grupo terrorista pierde poco a poco sus referencias en los movimientos sociales, y se transforma en un «sistema de guerra» que ya no emplea la violencia como arma transformadora, sino como coartada para la autoconservación del grupo. En este proceso de «inversión simple», la organización y la gestión de la violencia tienden a convertirse en fines en sí mismos, y el sector más militante va cobrando autonomía frente a la estrategia política que dio vida y sentido al movimiento[197].

En esas circunstancias, cuando un movimiento armado no tiene elementos positivos que defender, se puede decantar hacia el antimovimiento o hacia la dependencia política. En un antimovimiento social se pervierten las tres dimensiones fundamentales de un movimiento social: el principio de identidad ya no se basa en una fuerza social real, sino que se fundamenta en identidades meta o infrasociales (justicia, moral, comunidad); el principio de oposición se convierte en un imaginario de guerra que incluso se dirige al interior de la organización, y el principio de totalidad que define el campo histórico por cuyo control se enfrentan el movimiento social y el Estado deja de ser una referencia, sino que se construyen utopías comunitarias o mitos en los que prima el llamamiento al todo o nada, al cambio total de la realidad existente[198]. Los grupos terroristas son en muchas ocasiones una forma extrema y descompuesta de antimovimiento social, donde domina el subjetivismo exacerbado, se deteriora el proceso de objetivación del enemigo al que hay que destruir y se rompe con la utopía o las imágenes del nuevo orden, ya que los fines de la acción se confunden con los medios, y los proyectos que se imponen se concentran en la destrucción de todo aquello que se opone a la subjetividad del actor. Se piensa destruir el orden presente en una lucha ilimitada antes que en construir una nueva sociedad[199]. De modo que cada aspecto del proceso de decisiones se ve alterado: su visión del enemigo y de sí mismos, teñidas de maniqueísmo, sus perspectivas en la sociedad, su capacidad de identificar y de responder correctamente a cambios en su entorno y su capacidad para evaluar de forma realista los costes y beneficios de cursos de acción alternativos[200]. Muchas experiencias terroristas tienen como origen un movimiento o un partido en crisis, como fueron los casos del terrorismo anarquista en relación con el declive de la AIT a finales del siglo XIX, de las derechas nacionalistas amenazadas por el bolchevismo en el periodo de entreguerras o de las repetidas escisiones del movimiento comunista internacional en las décadas de los sesenta y los setenta del siglo XX. Un movimiento comunitario como una secta religiosa o un grupo nacionalista radical que se separa de la comunidad a la que apela parece más proclive a usar este tipo de acciones violentas. En definitiva, «el terrorismo aparece cuando y donde las masas pierden su papel como protagonistas de la historia»[201].

Es frecuente que estas organizaciones en peligro de sectarización pervivan a pesar de haber fracasado en sus objetivos iniciales o haber cubierto una parte sustancial de los mismos. El mantenimiento a ultranza de la lucha armada con apoyo social decreciente conduce a conflictos internos y a escisiones que van relegando al grupo terrorista hacia la marginalidad y la desaparición. Es preciso reconocer que, en estos casos, el terrorismo es un fenómeno propio de movimientos sociales en declive o en crisis ideológica y de identidad[202]. El incremento de la violencia terrorista es, en la mayor parte de los casos, muestra palpable del fracaso de su esfuerzo revolucionario. En otras circunstancias, el terror representa la respuesta desesperada e impotente de unos grupúsculos afectados por la desaparición de formas de lucha tradicionales ante la desintegración de los lazos colectivos comunitarios (religiosos, étnicos, de clase o de nación), en una sociedad moderna con recursos represivos o de conciliación cada vez más eficaces, sin que se produzcan adecuados procesos compensatorios de reintegración social[203]. Tampoco hay que olvidar que el terror político acostumbra a surgir en realidades nacionales marcadas por la restricción o el bloqueo social, político o institucional, pero donde la capacidad de control social del Estado resulta imperfecta, y la existencia, siquiera teórica, de libertades públicas permite una cierta, aunque limitada, disidencia violenta. El terrorismo es estratégico si la violencia o la amenaza coactiva es parte de un plan para alcanzar un objetivo político, y es reactivo si deriva de una respuesta emocional a agravios inducidos políticamente, como la venganza[204].

Todo ello nos induce a poner en duda la racionalidad plena de los actos terroristas, que se justifica en el hecho de que muchas organizaciones abocadas a este tipo de lucha armada han sido capaces de introducir variaciones en sus estrategias con el fin de adaptarlas a la evolución objetiva de la coyuntura sociopolítica y a las respuestas de sus adversarios. Sería, por tanto, una conducta motivada políticamente y con objetivos políticos, lo que es un indicio de su racionalidad. Pero ya hemos visto que también hay motivaciones irracionales, como la realización personal (nihilismo), el odio (racismo, xenofobia), la imposición de una opinión pretendidamente mayoritaria, la venganza, la búsqueda de poder no político o el simple antojo[205], sin contar con los oscuros móviles de autopreservación organizativa que guían la acción de los grupos armados que se ven sumidos en un proceso de inversión aguda. La teoría de la elección racional no explica con eficacia algunos crímenes especialmente violentos, y mucho menos el terrorismo suicida. El supuesto de una actividad terrorista invariablemente racional es teórica y empíricamente problemático, como lo demuestra la concepción paranoica y fantasiosa del mundo de grupos como la secta japonesa Aum Shirinkyo. Pero este paradigma explicativo permite la dilucidación de la mayor parte de las manifestaciones de este fenómeno, caracterizadas por el empleo estratégico de la violencia sistemática con el propósito de intimidar al Gobierno y a una parte significativa de la población.

Ya sea en su versión de represión estatal extrema, general e ilegítima o en su calidad de estrategia al servicio de una causa política proactiva o reactiva, el terrorismo seguirá manteniendo una versatilidad en organización, planificación y recursos que le asegurarán por largo tiempo su presencia en la palestra del conflicto político y en el laboratorio de análisis de las ciencias sociales.

[1] Reid, 1997.

[2] Cook, 2005 y Juergensmeyer, 2001.

[3] «Introduction: Mapping Terrorism Research. Challenges and Priorities», en Ranstorp (ed.), 2007, p. 10.

[4] Schmid, 1985; Merkl (ed.), 1986, y Wilkinson y Stewart (eds.), 1989.

[5] Smelser y Mitchell (eds.), 2001; Silke, 2004 y Ranstorp (ed.), 2007.

[6] Para la sociología, véase Turk, 1994.

[7] Leheny, 2002.

[8] Sageman, 2004.

[9] Crenshaw, 2000, p. 405.

[10] «Introduction: Mapping Terrorism Research. Challenges and Priorities», en Ranstorp (ed.), 2007, p. 8.

[11] Guelke, 1995, p. 14.

[12] Fossati, 2003, pp. 6-7.

[13] Laqueur, 2003, p. 9.

[14] Laqueur, 1987, p. 9.

[15] Laqueur, 2003, p. 298.

[16] Copeland, 2001.

[17] Rapoport, 2004 (2001 y 2002).

[18] Bergesen y Han, 2005.

[19] Duyvesteyn, 2007, p. 52.

[20] Mayer, 2002, p. 92.

[21] Hardman, 1937, p. 576.

[22] Gough, 1998, pp. 2-9.

[23] Véase González Calleja, 2012, pp. 34-35.

[24] Dictionnaire de l’Académie Françoise, Nouvelle édition, Lyon, Joseph Duplain, 1776, vol. II, p. 573.

[25] Dallin y Breslauer, 1970, p. 1.

[26] Garzón Valdés, 1989.

[27] Sotelo, 1992, p. 60.

[28] Rapoport, 1999, p. 500.

[29] Calvo, 2004, p. 41.

[30] Bushnell, Slapentokh, Vanderpool y Sundram, 1991, p. 11.

[31] H. Lefebvre, La vida cotidiana en el mundo moderno, cit. por Stéphane, 1971, pp. 249-250.

[32] Moreira Alves, 1971, p. 89.

[33] Mitchell, Stohl, Carleton y Lopez, 1986, p. 13.

[34] Michaud, 1978 (1980, p. 142).

[35] Gurr, 1986b, pp. 47-50.

[36] «Introduction» a Crenshaw, 1986, p. 18.

[37] Véanse Chalk, 1997, y Chalk y Rosenau, 2004.

[38] Sobre el tratamiento de esta cuestión en nuestro entorno sociopolítico más inmediato, véanse Lamarca, 1985 y López Garrido, 1987.

[39] Moore, 1968.

[40] Reinares, 1998, p. 21.

[41] Wilkinson, 1974, p. 16.

[42] Thornton, 1964, pp. 72-73.

[43] Laqueur, 2003, pp. 368-369.

[44] Ibid., p. 24.

[45] Tilly, 2005b, p. 22.

[46] Alonso-Fernández, 2002, p. 101.

[47] Primoratz, 2004, p. XX.

[48] Steinhoff, 2004, p. 108.

[49] O’Neill, 1990, cap. III y 1993.

[50] Hardman, 1937, pp. 575-579.

[51] Quinton, 1990, p. 35.

[52] Tilly, 2005b, p. 22.

[53] Merari, 1999 (2004, p. 30).

[54] Cit. por ibid., p. 32.

[55] Thornton, 1964, p. 72, distingue entre «terror de ejecución» o coacción, desplegado desde el poder establecido para suprimir los desafíos a la autoridad o desde la organización rebelde para impedir que la población revele información al Gobierno, y el «terror de agitación», que tiene objetivos más ambiciosos y a largo plazo, como la revolución o la liberación nacional, y es desplegado por los revolucionarios que aspiran al poder derribando el sistema existente. Esta es una tipología muy similar a la utilizada por May, 1974, cuando diferencia, al igual que Walter, 1969, el «régimen de terror» (terrorismo habitual y previsible, al servicio del orden establecido) y el «asedio del terror» propio del terrorismo revolucionario. Esta tradicional disociación entre terror revolucionario y terror de Estado también es destacada por Bandrés, 1982.

[56] Zimmermann, 1983, p. 346.

[57] Pontara, 1979, pp. 33-34.

[58] Merari, 1999 (2004, p. 55).

[59] Merlos, 2006, p. 27.

[60] Coady, 2004, p. 5.

[61] Wilkinson, 1974, pp. 15-17.

[62] Bonanate, 1979b, p. 198.

[63] Calvo, 2004, p. 40.

[64] Gueniffey, 2000, p. 13.

[65] Merari, 1998.

[66] Calvo, 2004, pp. 38-39 y 47.

[67] Guelke, 1995, p. 29.

[68] Schmid, 1984, pp. 119-158.

[69] Engene, 2004, p. 8.

[70] T. Bjørgo, «Vold mot innvandrere og asylsøkere», NUPI-rapport 136 (1989), pp. 1-72, esp. p. 13, cit. por Engene, 2004, p. 10.

[71] Corte Ibáñez, 2006, p. 43.

[72] Ochberg y Soskis (eds.), 1982, cit. por Schmid, Jongman, Stohl, Brand, Flemming, Van der Poel y Thijsse, 1988, p. 19.

[73] Hacker, 1975, p. 19.

[74] Según Crenshaw, 1972, p. 383, el sentido original del concepto de terror es una amenaza mortal que produce estremecimiento y falta de control. Para Duvall y Stohl, 1979, p. 182, el terrorismo es una acción dirigida a producir miedo agudo, y a través de esta agencia lograr el resultado deseado en una situación de conflicto.

[75] Gueniffey, 2000, p. 23.

[76] Ibid., p. 26.

[77] Paust, 1975, pp. 434-435, cit. por Johnson, 1982, p. 153.

[78] Schmid, 1983, pp. 11 y 111.

[79] Wilkinson, 1974, p. 11.

[80] Primoratz, 2004, p. 24.

[81] Thornton, 1964, pp. 71-73.

[82] Engene, 2004, p. 16.

[83] MacCormick, 2005, pp. 63-64.

[84] Crelinsten, 1987, pp. 6-7.

[85] Mitchell, 1981, pp. 134-135. El terrorismo se distingue de otras formas de violencia en la intención del autor, que, normalmente, es inducir un miedo extremo a una población, mientras que la neutralización de la víctima es un objetivo secundario, aunque a veces sea el fin principal.

[86] Engene, 2004, pp. 13-14.

[87] Mitchell, Stohl, Carleton y Lopez, 1986, p. 5.

[88] Roucek, 1962, p. 168.

[89] Gross, 1958, pp. 98-132, cit. por Roucek, 1962, p. 166.

[90] Calvert, 1987, p. 59; Gurr, 1979, p. 24 y Wardlaw, 1986, p. 57.

[91] Walter, 1964 y 1969, pp. 6-7.

[92] Johnson, 1982, p. 153.

[93] Knauss, 1979, pp. 80-81.

[94] Barber, 2003, p. 27.

[95] Della Porta, 1983, p. 14.

[96] Crenshaw, 1972, p. 385.

[97] Guelke, 1995, p. 31.

[98] Silke, 1996, pp. 29-30.

[99] Entrevista con Moravia en L’Espresso, 24-IX-1972, cit. por Fossati, 2003, p. 137.

[100] Véase Hoffman, 1999, pp. 195-201.

[101] Chaliand, 1999, p. 232.

[102] Schmid y De Graaf, 1982.

[103] Hayden, 2007, p. 293.

[104] Holden, 1986, pp. 876-877. Véase también Price, 1997, pp. 120-125.

[105] Sobre la guerra irlandesa en los medios de comunicación, véase Coogan, 1996, pp. 348-384.

[106] Camilo Castaño, «Avec las guérrillas du Guatemala», Partisans, julio de 1967, p. 150, cit. por Laqueur, 2003, p. 162.

[107] Juergensmeyer, 2001, p. 143.

[108] Jenkins, 1975, p. 16.

[109] Sobre estas cuestiones han reflexionado en profundidad Wieviorka y Wolton, 1987 y Wieviorka, 1991, pp. 74-85. Véanse también Alexander, 1979 y Salomone, 1975, pp. 43-46. La bibliografía sobre este aspecto concreto del hecho terrorista es abrumadora, y a ella nos remitimos para una mejor comprensión del fenómeno.

[110] Wieviorka, 1992, p. 171.

[111] Para los tres anteriores aspectos de desequilibrio estructural, véanse las obras de Huntington, 1962a o Johnson, 1982. Para el último, Acquaviva, 1979.

[112] Wilkinson, 1977 (1986, p. 37).

[113] «Introduction», a Mommsen y Hirschfeld (eds.), 1982, p. X. Sin embargo, Feierabend, Feierabend y Nesvold, 1969, pp. 606-669, trataron de demostrar que los países situados en los extremos de una escala de desarrollo socioeconómico estaban menos sujetos a explosiones de violencia política que países situados a medio camino en esa escala. Se concluye que el carácter transicional de las sociedades las hace particularmente vulnerables a las explosiones de violencia. Cuanto más acelerado sea el cambio social, más numerosas e intensas serán las explosiones de violencia política que se producirán.

[114] Bonanate, 1979b, pp. 206-208.

[115] Targ, 1979, p. 120.

[116] Melucci, 1977, pp. 150-172 y 1982, p. 116.

[117] Bonanate, 1979b, pp. 177-178.

[118] Tranfaglia, 1981, pp. 517-518. La tesis del terrorismo italiano como disfunción del sistema, en Pasquino y Della Porta, 1986, pp. 180-186. Estos autores (pp. 175-177) rechazan las explicaciones conspirativas o patológicas para ofrecer una interpretación del terrorismo como elección racional hecha por un actor colectivo que protestó contra la renovación ideológica del PCI, la oferta de compromiso histórico de la DC en 1973 y el declive de los movimientos de masas, cuyo exceso de militancia encontró cobijo en los «partidos armados».

[119] Pasquino, 1984, pp. 181-183.

[120] Chaliand y Blin, 2004, p. 17.

[121] Corte Ibáñez, 2006, p. 53.

[122] Corsi, 1981, p. 49.

[123] Rapoport, 1992, p. 1.062.

[124] «Definire il terrorismo», en Netanyahu (ed.), 1986, p. 18.

[125] «Introduction», Crenshaw (ed.), 1986, p. 22.

[126] Guelke, 1995, p. 31.

[127] Sinai, 2007, pp. 32-34.

[128] Hoffman, 1999, pp. 54-56 e International Encyclopedia of Terrorism, 1997, p. 18.

[129] Fossati, 2003, p. 227.

[130] International Encyclopedia of Terrorism, 1997, p. 14.

[131] Wilkinson, 1974, pp. 16-17.

[132] Laqueur, 1987, p. 3.

[133] O’Sullivan, 1987, p. 21.

[134] Lodge, 1988, p. XII y O’Brien, 1986.

[135] Alonso-Fernández, 2002, p. 31.

[136] Gibbs, 1989, p. 330.

[137] Véase Wilkinson, 1977.

[138] Cfr. Johnson, 1982, p. 148.

[139] Deutsch y Sengaas, 1971, pp. 21-35.

[140] Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson y Sanford, 1950.

[141] Hoffer, 1951. Sobre el fanatismo, véanse también las consideraciones que hace Corte Ibáñez, 2006, pp. 213-224.

[142] Kruglanski, 2000. Sobre el altruismo egoísta e individualista del terrorista, véase Gupta, 2008, pp. 32-63.

[143] Corte Ibáñez, 2006, p. 320.

[144] Enzensberger, 2006.

[145] Horgan, 2005 y 2007.

[146] O’Sullivan, 1987, p. 21.

[147] Laqueur, 1980, p. 229. Laqueur difiere de Wilkinson en que no considera el terrorismo como un peligro inmediato, aunque lo tipifica como un fenómeno violento típico de los países desarrollados y las sociedades y regímenes permisivos, mientras que en las naciones subdesarrolladas se da preferentemente el fenómeno de la guerrilla rural y urbana, con tenues conexiones con el terrorismo.

[148] Wilkinson, 1974, p. 254.

[149] Wilkinson, 1977, pp. 30-34, ha tratado, con poco éxito, de determinar cuándo la violencia «excesiva» deja paso al terrorismo, en función de la escala (personas implicadas, amplitud del campo de operaciones) e intensidad (duración de la campaña violenta, número de casos, potencial bélico utilizado) de las acciones violentas. Con anterioridad, Wilkinson, 1974, p. 38 (1976, p. 17-18) diferenciaba el terror político organizado y la violencia extrema, generalizada, indiscriminada y arbitraria, o bien aislada, incontrolada y desorganizada. Estableció, además, una división entre el terrorismo revolucionario (tácticas sistemáticas de violencia con el propósito de promover la revolución política, que dividía en varios subtipos: 1) organización del puro terror; 2) partidos y movimientos de liberación nacional que empelan el terror como arma auxiliar; 3) guerrilla rural y urbana; 4) terrorismo insurreccional en el curso de un levantamiento revolucionario; 5) reino revolucionario del terror dirigido por clases y minorías religiosas y raciales; 6) propaganda por el hecho, con objetivos revolucionarios a largo plazo, y 7) terrorismo internacional (cometido fuera del territorio de una de las partes en conflicto), subrevolucionario (empleado para otros objetivos aparte de la revolución o la represión gubernamental, que no busca un cambio de poder, sino forzar un cambio de política o castigar a determinados funcionarios, y que dividía en venganza, asesinato, resistencia partisana, etc.) y represivo (uso sistemático de actos violentos por el estado, sus dirigentes o agentes, o una facción con el objeto de suprimir, degradar o sojuzgar a ciertos grupos, individuos o formas de comportamiento, considerados indeseables por el opresor), propio de regímenes totalitarios o policiacos, que subdividía en sistema de terror de Estado, terror colonial, policial, marcial, prisión, campos de concentración, terror ideológico, contrainsurgencia, etc. Por su parte, Fairbairn, 1974, p. 350 distinguió el terrorismo revolucionario, el disruptivo (dirigido, según Crozier, 1974, p. 127, a buscar publicidad para provocar admiración y emulación, lograr fondos para elevar la moral y el prestigio del movimiento, desmoralizar a las autoridades y provocarlas para alienarle el apoyo de la población) y el coercitivo, que agrupa a ambos y busca desmoralizar a la población civil, debilitar su confianza en la autoridad e inspirar miedo y obediencia al movimiento revolucionario.

[150] Alexander, Carlton y Wilkinson (eds.), 1979 y Wilkinson, 1974.

[151] Griffin, 2012, pp. 11-12.

[152] Ibid., pp. 8-9.

[153] Sobre la actitud del fanático, véase ibid., pp. 30-33 y 90-103.

[154] Townshend, 1987, p. 120.

[155] Corte Ibáñez, 2006, p. 234.

[156] Ibid., p. 230.

[157] Ibid., 2006, p. 233.

[158] Schmid, 1988, p. 14.

[159] Véase Jenkins, 1980, p. 2.

[160] Hoffman, 1999, pp. 47-48. Este autor asegura que la lucha armada regular está sometida a las leyes de la guerra, y minimiza la violencia terrorista estatal como simples «crímenes de guerra».

[161] Por ejemplo, Corsi, 1981, p. 85, destaca que el terrorismo no es una aberración, sino que tiene su propia lógica y dinámica.

[162] En términos generales, Della Porta (ed.), 1992, y aplicado a los movimientos islamistas, Wiktorowitcz (ed.), 2004.

[163] Crenshaw, 1981, p. 379.

[164] Ibid., p. 380.

[165] «Introduction», en Crenshaw (ed.), 1986, p. 2.

[166] Crenshaw, 1972, p. 385.

[167] Primoratz, 2004, p. 17.

[168] Crenshaw, 1994, p. 18.

[169] Della Porta, 1983, p. 38.

[170] Della Porta, 1995a, p. 9.

[171] Della Porta, 1990, pp. 27-28.

[172] Schmid, 1984, p. 422.

[173] Crelinsten, 1988, pp. 81-84.

[174] Corte Ibáñez, 2006, p. 276.

[175] Avilés, 2003, p. 634.

[176] Laqueur, 2003, p. 324.

[177] Sommier, 2000, pp. 26-43.

[178] Wieviorka, 1992, p. 172.

[179] Della Porta, 1990, p. 19.

[180] Aulestia, 2005, p. 272.

[181] Sobre esta última interpretación, véase Touraine, 1982, p. 794, cit. por Della Porta, 1983, p. 41 nota 30.

[182] Por ejemplo, Crozier, 1960, valora el terrorismo como un tipo de lucha no convencional llevada a cabo por un grupo sobre objetivos generalmente civiles, y que puede ser la fase inicial de la guerra de guerrillas. Al estudiar preferentemente los movimientos anticolonialistas, afirma (pp. 159 y 191) que el terror es el arma de los débiles, por su bajo coste material y su limitado riesgo. El terrorismo es una de las estrategias que ofrece recompensas más desproporcionadas al gasto de tiempo, energía y material de los insurgentes, y estos retornos se elevan en proporción directa a la aparente indiscriminación de las acciones que se perpetran (Thornton, 1964, p. 88).

[183] «Introduction: Reflections on the Effects of Terrorism», en Crenshaw (ed.), 1986, p. 25. Esta autora señala que el terrorismo puede producir cambios en la estructura del poder político (derrocando gobiernos, propiciando el establecimiento de dictaduras, obligando a la intervención de potencias extranjeras, o propiciado una mayor centralización o fragmentación del poder), en la política gubernamental (justificando un recorte de libertades), en las actitudes políticas y en la participación (polarización, radicalización o indiferencia) y en las expectativas de violencia futura.

[184] Engene, 2004, p. 27.

[185] Para Gurr, 1969, p. 504, los revolucionarios de tipo terrorista esperan a que el poder establecido confirme sus expectativas usando la fuerza antes que la reforma. Si el Estado sucumbe a esa tentación, la revolución habrá dado un paso más hacia su realización. Horowitz, 1986, p. 46, sostiene que la respuesta del Estado a través de la adopción de medidas excepcionales de represión y prevención es, a la larga, más peligrosa para la estabilidad democrática que el propio terrorismo.

[186] Elorza, Ballester y Borreguero, 2005, p. 44.

[187] Leites, 1979, p. 22.

[188] Quinton, 1986.

[189] Reinares, 1998, p. 89.

[190] Esa es la distinción marcada por Wilkinson, 1974 (1976, pp. 36-40). En el primer caso podríamos encuadrar al populismo de la Naródnaia Vólia rusa y a los grupos anarquistas españoles a caballo entre los siglos XIX y XX. En el segundo, al terror de corto alcance del pistolerismo cenetista (control de las relaciones laborales y defensa de la propia organización), y en el tercero a todo tipo de terror de Estado.

[191] Moss, 1973, p. 56.

[192] Wilkinson, 1977 (1986, pp. 16-17 y 103-109).

[193] Targ, 1979 y Wellmer, 1981.

[194] Reinares, 1998, pp. 74-75.

[195] Sobre el concepto de «sociedad bloqueada», véase «El terrorismo como reflejo de disfunciones esenciales en el desarrollo sociopolítico», cap. IV.

[196] Della Porta, 1983, p. 42.

[197] Sobre la noción de inversión, véanse Wieviorka, 1986 y 1991, pp. 95-100. Se puede dar también la «inversión hacia arriba», cuando el movimiento no está en crisis, sino en ascenso, y se busca un actor sin encontrarlo, como fueron los casos del populismo ruso o el anarquismo europeo ante un movimiento obrero aún débil y vacilante, que comenzaba a organizarse sindicalmente a finales del siglo XIX.

[198] Wieviorka, 1991, pp. 23-24.

[199] Ibid., pp. 26-27.

[200] MacCormick, 2005, p. 70.

[201] Bonanate, 1979b, p. 209.

[202] Gurr, 1979, p. 35 señala que el terrorismo político aparece como táctica de activistas que carecen de una amplia base de apoyo para impulsar una actividad revolucionaria a gran escala.

[203] Giner, 1982, p. 20.

[204] Kapitan, 2004, p. 177.

[205] Slann y Schechterman, 1987, pp. 22-29.

V. LA VIOLENCIA INSURGENTE. TEORÍAS DE LA GUERRILLA RURAL Y URBANA

La confluencia entre los fenómenos complejos de la revolución y la guerra civil ha dado lugar a episodios y procesos intermedios o secuenciales de conflicto violento de gran intensidad que podríamos calificar de insurgentes, y que reciben nombres tan diversos como guerra interna, guerra no convencional, guerra revolucionaria, guerra subversiva, guerra interna, guerra de baja intensidad, guerra del pueblo, guerra de clases, guerra política, guerra irregular o resistencia clandestina[1]. Los factores comunes de este tipo de violencias son que tienen lugar en el seno de sociedades que viven un proceso revolucionario, pero este se organiza y se planifica bajo consideraciones preferentemente bélicas[2], y ocurren cuando los adversarios que se enfrentan tienen capacidades muy desproporcionadas en mano de obra, recursos o base organizativa.

David Galula clasifica las posibles conquistas del poder por la fuerza en revolución o sublevación explosiva, repentina, breve y sin planes; complot (asimilable al golpe de Estado) o acción clandestina de un pequeño grupo insurgente, e insurrección, o lucha prolongada, conducida metódicamente hasta alcanzar objetivos específicos que conduzcan al derrocamiento final del orden existente[3]. En este caso, se trata de obtener el control, no de las fuerzas enemigas o del territorio, sino de la población con medios de naturaleza esencialmente política y militar. Esta es la base de la actividad violenta de carácter insurgente.

PRECISIONES TERMINOLÓGICAS SOBRE LAS VIOLENCIAS INSURGENTES

Se puede definir la insurgencia como «la lucha entre un grupo no gobernante y las autoridades establecidas, en la que ese grupo no gobernante emplea recursos políticos (experiencia organizativa, propaganda y manifestaciones) y la violencia para destruir, reformular o sostener las bases de legitimidad de uno o más a aspectos de la política», como son la propia comunidad, el sistema político, las autoridades o las políticas concretas de gobierno[4]. Entendida como una modalidad violenta per se, la insurgencia de carácter pre o subrevolucionario no es protagonizada por una elite cercana al poder, como sucede en los golpes de Estado, sino que es efectuada o apoyada por un sector más o menos significativo de la población, que anhela cambios radicales en el sistema político o social, pero que no dispone en ese momento de los recursos necesarios para arriesgar un enfrentamiento masivo, directo y decisivo contra el Estado, y que por ello se ve obligado a optar por estrategias de lucha que suponen una menor implicación humana y material, aunque por su intensidad y su duración la vía insurgente puede acarrear elevados costes políticos, sociales y económicos. O’Neill describe siete tipos de movimientos insurgentes desde el punto de vista de sus objetivos políticos: anarquistas, igualitarios, tradicionalistas, pluralistas, secesionistas, reformistas y preservacionistas. Los cuatro primeros son revolucionarios en tanto que persiguen la destrucción o la sustitución del sistema político existente[5]. Desde la perspectiva de la táctica empleada, los dos ejemplos más destacados de violencia insurgente son el terrorismo y la guerrilla, esta última en su doble vertiente rural y urbana[6].

Junto con el terrorismo, la guerra de guerrillas es, en efecto, la principal táctica de lo que desde hace más de un siglo se denomina insurgencia como método de oposición armada frente al extranjero invasor o frente al régimen político del propio país[7]. Es un tipo de violencia insurgente caracterizado por el empleo de recursos militares de carácter heterodoxo contra fuerzas regulares en acciones limitadas y a pequeña escala, generalmente en relación con una más amplia estrategia de orden político o militar[8]. Según Werner Hahlweg, sus características son: 1) en lo que atañe a la correlación de fuerzas y a la finalidad, la guerrilla es conducida por formaciones numéricamente más débiles que operan en pequeños grupos, y que persiguen objetivos de menor alcance en el plano táctico; 2) en lo que respecta a la conducta de las operaciones, la lucha se realiza en grupos dispersos; 3) en cuanto a los impulsos sociales, suele ser un medio de lucha revolucionaria; 4) desde el punto de vista de sus ejecutores, son combatientes partisanos que actúan por iniciativa personal, pero vinculados a una organización más amplia, y 5) en lo referente a la técnica de combate, se utiliza de forma prioritaria la lucha clandestina o encubierta[9].

La guerrilla es un modo de lucha política y militar cuyo objetivo estratégico es reducir el potencial político y coactivo del régimen existente incrementando el propio hasta que la fuerza guerrillera pueda ser organizada y adiestrada como un ejército regular capaz de derrotar al ejército gubernamental en campo abierto, derribar el Gobierno o que este se rinda a las exigencias de las fuerzas rebeldes[10]. La guerrilla se presenta como el preludio o la secuela de una guerra civil o una revolución; constituye un aspecto específico e instrumental de un proceso insurgente más amplio y se recurre a ella en determinadas circunstancias objetivas de debilidad. Por lo tanto, la guerrilla nunca es un fin en sí misma, y cuando lo es, ello significa que ha degenerado en bandidismo o en otro tipo de actividad criminal común. Es uno de los métodos disponibles para librar una guerra de contenido revolucionario, y siempre está relacionada con objetivos militares y políticos más amplios que la simple resistencia al Gobierno establecido. De modo que las operaciones de la guerrilla son a menudo interdependientes con las operaciones militares convencionales, los movimientos de resistencia contra la ocupación enemiga, la subversión, la guerra política y psicológica y las operaciones encubiertas de búsqueda de información[11].

La guerrilla es, además, una táctica con voluntad de permanencia que debe ser coordinada en el tiempo y en el espacio. Puede servir para facilitar las operaciones de un ejército regular, mantener el espíritu de lucha entre la población civil, o crear un ambiente hostil al adversario que determine su abandono del territorio. Con ello se crea un ambiente psicológico de potencia y omnipresencia que la granjea el apoyo de la población. Su misión, directa o indirecta, es cooperar al éxito de las fuerzas regulares amigas o aliadas entorpeciendo las operaciones del ejército enemigo, o crear las condiciones necesarias para sustraer a las fuerzas regulares adversarias el control del territorio y de la población, y conseguir eventualmente la subversión interna y la consecución de determinados fines políticos[12]. Por eso, Robert Taber advertía que:

Cuando hablamos de la lucha guerrillera, nos referimos a los guerrilleros políticos, civiles armados para quienes el rifle o el machete no es el arma principal, sino sus relaciones con la comunidad o la nación, en y por la cual pelean […] Ella la encubre, es su intendencia, su oficina de reclutamiento, su red de comunicaciones y los mil ojos de su eficiente servicio de información[13].

El objetivo de una guerra convencional es lograr el control de un Estado mediante la derrota de las fuerzas enemigas en el campo de batalla. En contraste, la estrategia de las fuerzas no convencionales debe ser ganar el control del Estado obteniendo en primer lugar el control de la población civil[14]. Por eso, los medios que emplea la guerrilla son tanto políticos como militares. Parafraseando a Von Clausewitz, Taber señalaba que «la guerra de guerrillas es la prolongación de la política por medio de un conflicto armado»[15].

Junto con su carácter político, la guerrilla se caracteriza por ser un tipo difuso y asimétrico de conflicto bélico, librado con formaciones reducidas contra un enemigo superior. Se utiliza generalmente como un elemento auxiliar de lucha, especialmente tras las líneas enemigas, mientras que el esfuerzo militar convencional toma la fisonomía de una guerra convencional[16]. Si la guerrilla es «un método de lucha que emplean hombres que viven en áreas ocupadas o rodeadas por el enemigo»[17], la principal fuerza del guerrillero radica en el conocimiento del terreno y de la población. La característica irreductible de una lucha guerrillera exitosa es la estrecha colaboración entre las guerrillas y la población que simpatiza con sus fines y objetivos[18]. Para sobrevivir, las guerrillas necesitan inteligencia (buena información proveniente de la población civil), una moral alta y una base segura. El control progresivo del territorio (formado de bases regulares, bases de guerrilla sujetas a incursiones frecuentes del enemigo, zonas de lucha y zonas ocupadas por el enemigo) tiende a debilitar a las fuerzas ocupantes, mientras que fortalece a los insurgentes[19].

La guerrilla trata de mantener la ofensiva y colocar a las fuerzas del enemigo a la defensiva. La táctica consiste en el «desgaste del enemigo, desmoralizando las fuerzas gubernamentales y ocasionándoles las pérdidas más abundantes en fondos, material y fuerza humana con el fin de destruirlo»[20]. Basil H. Liddell Hart la describe como un modo bélico de «aproximación indirecta», en la que uno de los adversarios evita la confrontación con las fuerzas principales del enemigo[21]. Es un método de lucha donde las operaciones se desarrollan en el terreno controlado por fuerzas hostiles con unidades relativamente reducidas que atacan al enemigo donde es relativamente débil o donde las guerrillas pueden obtener una superioridad temporal sobre una fuerza enemiga concreta[22]. Los ataques guerrilleros buscan un efecto paralizante, restringiendo la movilidad de las fuerzas gubernamentales y reduciendo su superioridad numérica, causando con ello la diversión de muchas tropas enemigas en defensas estáticas, y la concentración sobre los lugares atacados más frecuentemente. En la guerra de guerrillas se trata de equilibrar la inferioridad física con técnicas psicológicas como paralizar a los oponentes por la ansiedad, el miedo o la frustración, lo que frecuentemente acarrea la escalada de la violencia en ambos bandos[23]. Todas estas tácticas de desgaste moral y material reducen el control administrativo del Gobierno y muestran a la población la incapacidad del poder establecido para mantener la ley y el orden. Ello proporciona a la guerrilla el tiempo, el espacio y las condiciones necesarias para implantar su propio aparato político y económico, asegurando su fortalecimiento mediante el control de la población y de los recursos naturales en las zonas liberadas[24]. La apatía de la mayor parte de la población favorece a la guerrilla, porque el poder establecido no puede poner en marcha una defensa adecuada sin la inteligencia y la información que le proporciona el segmento de la población que está al corriente de los movimientos y propósitos de los insurgentes.

Según la aproximación funcionalista, la guerrilla es un modo de acumulación de poder mediante el uso de la fuerza basada en la distinción entre dos componentes de poder político: la coerción y la legitimidad. Un conflicto guerrillero surge en una situación donde parte del apoyo del que gozaba el régimen en el poder ha sido perdido, aunque los gobernantes todavía mantienen la mayor parte de la adhesión popular y retienen el control de las riendas del poder[25]. La guerrilla trata entonces de cristalizar su propio contrapoder (a través del apoyo y la simpatía del pueblo) usando fuerzas limitadas. A diferencia del golpe de Estado, donde se asalta directamente el poder, el grupo insurgente «invierte» en una fuerza limitada para obtener ese mismo objetivo a medio o largo plazo.

La guerrilla incrementa su base de apoyo mediante el terrorismo y la proclamación de victorias militares. Los objetivos son acosar al enemigo lo suficiente como para obligarle a distraer fuerzas de su propósito principal; negar al enemigo el control total del territorio ocupado, interfiriendo en su administración e interrumpiendo la explotación de los recursos humanos y materiales; inducirle a concluir que el control del territorio es militarmente demasiado costoso y por lo tanto indeseable, y forzarle a negociar un compromiso político favorable a las guerrillas[26]. Las misiones estratégicas que una guerrilla puede desplegar son: misiones de interdicción en territorio controlado por el enemigo para provocarle pérdidas y dificultar su movilidad; misiones de inteligencia, misiones de guerra psicológica para minar la moral del enemigo y misiones relacionadas con la instigación de un plan de revuelta o insurgencia[27].

Evidentemente, la guerrilla surge cuando la fuerza insurgente asume la realidad de una inferioridad militar incuestionable, que imposibilita los modos convencionales de confrontación con el enemigo. Es una forma de lucha en la que el bando estratégicamente más débil asume la ofensiva táctica en formas, tiempos y lugares seleccionados[28], y siempre se emplea cuando las posibilidades de llevar a cabo una guerra convencional están cegadas. Pero se fundamenta en una beligerancia permanente y universal de parte la población implicada, en la utilización de la rapidez de movimientos y del factor sorpresa, y en la puesta en marcha de una guerra de desgaste donde lo primordial no es la derrota, sino la destrucción progresiva de las fuerzas adversarias. Por eso, con esta estrategia no son posibles la Blitzkrieg ni las victorias relámpago[29]. En ese sentido, la lucha guerrillera, con su relativamente reducido coste material y su capacidad catalizadora de las energías nacionales, populares o de clase, parece el modo adecuado de sostener un conflicto dilatado que debe progresar hasta la conquista de la victoria política. En la fase inicial de la insurgencia, los rebeldes deben establecer su derecho a hablar en nombre de la nación o del pueblo oponiéndose a un Gobierno calificado como ilegítimo o intruso. Como son demasiado débiles para actuar como guerrilleros, los insurgentes luchan en primer lugar como terroristas, buscando adhesiones cuando la represión se extiende (fase política). En la segunda etapa, los combatientes son capaces de alterar la gobernabilidad del poder dominante y de sus aliados locales. Tras la interrupción de las funciones gubernamentales viene su sustitución con un anti-Estado que se extiende por el territorio como una mancha de aceite, enrolando a la población en apoyo de los combatientes, destruyendo la administración del enemigo y reemplazándola por la de los insurgentes (fase administrativa). En la tercera etapa las formaciones guerrilleras se transforman en fuerzas armadas regulares y derrotan finalmente al enemigo (fase militar)[30].

El principal problema es saber si una simple guerra irregular de desgaste como la que plantea la lucha guerrillera puede proporcionar la victoria política o militar. Según el político y escritor antifascista Emilio Lussu, la guerra de bandas o de guerrillas era siempre un esfuerzo vano, que solo podía prosperar en tiempos de máxima efervescencia popular. Si la insurrección general no triunfaba, sobre todo en las ciudades, la guerra de guerrillas difícilmente se podría seguir desarrollando, por ser una forma revolucionaria subalterna y transitoria. En caso de que la insurrección se consolidase, la guerrilla acabaría por desaparecer y sus hombres se encuadrarían en el ejército de la revolución[31]. El dilema fundamental de la guerrilla es o concentrarse en debilitar las bases sociales del poder reforzándose políticamente, o convertir su poder en un «instrumento de fuerza» para asaltar el Gobierno de forma militar[32]. Pero cuando la respuesta de régimen amenazado es enérgica y eficaz, la violencia guerrillera deja de ser instrumental (esto es, dirigida a la conquista del poder político) y pasa a ser expresiva, limitándose a ser una manifestación de la oposición al régimen. Lo mismo sucede con el terrorismo.

Otras características de la guerrilla son su extraordinaria versatilidad estratégica y su flexibilidad de ejecución. Es una forma particular de lucha armada no convencional que se manifiesta en uno o más países, o en una de sus regiones, entre fuerzas regulares pertenecientes al Gobierno autóctono o fuerzas regulares extranjeras que han ocupado o están ocupando el territorio, y grupos armados al servicio de una idea, que es apoyada por todo o parte de la población. Este modo de lucha es casi tan antiguo como los conflictos humanos, pero como se verá más adelante, se adaptó con éxito al desarrollo de la guerra subversiva contemporánea.

Niezing establece cuatro tipos de guerrilla según el entorno en que se desarrolla y la orientación elitista o no de sus promotores: rural-elitista (como el foquismo guevarista), rural-masiva (las revueltas campesinas tradicionales), urbana-elitista (los grupos terroristas) o urbana-masiva (la Comuna de París y otros procesos insurreccionales en las ciudades)[33]. Según Chaliand, la guerrilla encubre actividades armadas muy diferentes, como las guerras populares muy sofisticadas que pueden desembocar en una victoria militar (casos de China o Cuba), luchas armadas de liberación nacional planteadas a escala nacional (Vietnam, 1945-1954; Indonesia, 1945-1949; Malasia, 1948-1960; Kenia, 1952-1956; Camerún, 1957-1960; Chipre, 1954-1958; Argelia, 1954-1962; Palestina, 1945-1948; Omán, 1972; Namibia, 1966-1988; Rhodesia, 1964-1979; o las colonias portuguesas en África en las décadas de los sesenta y los setenta), luchas para derribar un régimen en el cuadro de un Estado independiente (Venezuela, Guatemala, Colombia Uruguay, El Salvador, Nicaragua, Laos o Camboya), guerrillas embrionarias de carácter cesionista o autonomista (Biafra, 1967-1970; Eritrea, 1967-1993; FROLINAT en el Chad, 1965-1979; kurdos en Irak, 1961-1975; sur del Sudán desde 1965), y acciones de comandos alanzadas desde una frontera vecina o luchas militarmente impotentes de movimientos minoritarios de carácter étnico, religiosos o étnico-religiosos, que desembocan en operaciones de terrorismo publicitario[34].

En suma, la guerrilla no responde a una ideología, a una época o a una cultura particular. Es un conjunto de tácticas de lucha que emplea un beligerante débil contra uno fuerte[35]. Pero las culturas, las ideologías y los grados de conciencia política de los insurgentes y de sus dominadores moldean la naturaleza de la lucha hacia la guerrilla, al igual que pueden hacerlo hacia otras formas de violencia insurgente, como el terrorismo o la guerrilla urbana[36].

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y DOCTRINALES

Para Walter Laqueur, la guerrilla quedó identificada desde el principio como la alternativa armada de una nación débil para resistirse a la acción militar de una potencia invasora[37]. En el siglo XVIII se usó el término petite guerre, o sus sinónimos kleiner Krieg, small war o little war. Aunque el término «guerrilla» se universalizó durante la Guerra de la Independencia española contra la invasión napoleónica de 1808 a 1814 (la denominación castellana se introdujo en la lengua inglesa en 1809 a raíz de un parte enviado por el duque de Wellington durante la campaña peninsular)[38], la palabra designa una modalidad de acción armada que se ha utilizado profusamente desde tiempos remotos como medio de resistencia frente a un Gobierno impopular o un invasor foráneo. Medio milenio antes de Cristo, la táctica de golpear y de huir de los escitas frustró la conquista del Cáucaso por Darío I. Tres siglos y medio más tarde, los macabeos lanzaron una guerra de guerrilla contra los invasores sirios; Viriato hizo lo propio en Lusitania durante la conquista romana de Hispania en el siglo II a.C., y el antiguo reino bereber de Numidia resistió por estos mismos medios su definitiva asimilación por el Imperio romano en el siglo I d.C.[39] Polibio, Frontino, Plutarco, Apiano y Tácito describieron métodos muy próximos a la acción guerrillera en las resistencias de Viriato en Hispania, Vercingétorix en la Galia o Tacfarinas en África del Norte.

Las reglas esenciales de la guerrilla ya fueron enunciadas hacia el 350 a.C. por el general chino Sun Tzu, que en su obra El Arte de la Guerra (Ping-ta) destacó la importancia de tres componentes esenciales en la estrategia del combate indirecto, esto es, el que se basa en el acoso y el desgaste las fuerzas del adversario sin arriesgar batallas decisivas a campo abierto: el conocimiento del terreno, la gestión del tiempo en el combate y el empleo del factor psicológico, sintetizable en la máxima «conócete a ti mismo, conoce a tu enemigo, y tu victoria no estará en peligro. Conoce el terreno, conoce el tiempo, y tu victoria será entonces total»[40]. Sun Tzu dijo que la guerra era el arte de embaucar al adversario. Se trataba de hacerle creer que se es débil cuando se es fuerte, y lo contrario, lo cual constituye la base psicológica de toda guerra, pero especialmente de la guerra que se lleva a cabo por procedimientos irregulares.

Aunque la táctica se siguió empleando en el siglo XV entre los husitas de Bohemia, los forajidos (haiduks) de los Balcanes y la revuelta de George Castriota-Skanderbeg en Albania contra los turcos, la moderna teoría de la guerrilla tiene sus orígenes en la petite guerre que comenzó a plantearse en el siglo XVII, en concreto en las experiencias de defensa popular contra los ejércitos mercenarios durante la Guerra de los Treinta Años[41]. A finales del siglo XVII y durante todo el XVIII se afirmó y se desarrolló, en la teoría y en la práctica, una forma de combate irregular llamado en francés petite guerre, en inglés small war o little war, en alemán kleiner krieg y el italiano piccola guerra. Sus principales formuladores fueron tratadistas franceses del arte militar como Antoine Deville en 1731, De Jenny en 1749, De la Croix en 1752, Le Roy de Grandmaison en 1957 o Lean-Louis Lecointe en 1759[42].

La moderna táctica guerrillera nació como contrapartida a la creciente profesionalización del arte militar iniciada desde el siglo XVIII. A medida que la disciplina y el estilo de combate perfectamente codificado y ritualizado reducían la movilidad y la flexibilidad de respuesta de los grandes ejércitos, se fue desarrollando el arte de la «pequeña guerra», que tuvo unos exponentes destacados durante la Guerra de Sucesión española (1701-1715), la Guerra Revolucionaria de las colonias americanas contra Gran Bretaña (1775-1783), las guerras de Vendée (1793-1796) o el levantamiento de las milicias del Tirol contra el ocupante francés en 1796-1797[43].

Hasta inicios del siglo XIX, la literatura sobre estrategia militar no acordó a la guerrilla (entendida en sentido estricto como el combate partisano de la infantería ligera o los cuerpos francos) un papel independiente de las operaciones regulares de los ejércitos. Esta percepción solo fue modificada a la luz de las experiencias de levée en masse y la nación en armas inspiradas por el nacionalismo y el fervor revolucionario, especialmente cuando surgió el concepto de guerra nacional o popular de un pueblo unido contra un invasor, que según el general Jomini era «la más formidable de todas».

El concepto de guerrilla como guerra popular librada a la vez con medios políticos, administrativos y militares no fue definido o recibido por los grandes estrategas de este siglo hasta que los españoles se levantaron contra Napoleón en 1808[44], aunque ya los haitianos habían obtenido en 1804 victorias contra los franceses utilizando el método guerrillero. Las derrotas militares en las batallas convencionales y las subsiguientes ocupaciones efectuadas por las tropas imperiales derivaron en levantamientos nacionalistas en varias partes de Europa. La consagración estratégica de este método de lucha en las campañas antinapoleónicas libradas en España (1808-1812), Tirol (1809) o Rusia (1812)[45], seguida de los combates de los serbios contra los gobernadores islámicos en 1815 y de los griegos contra los turcos en 1829, despertaron la atención de los teóricos de la guerra, aunque durante la primera mitad del siglo XIX la noción táctica de la guerrilla permaneció alejada tanto de los principios de la guerra clásica como de la subversión política. Hubo que esperar a la obra de Jean Frédéric Auguste Le Mière de Corvey, Des partisans des corps irréguliers (París, 1823) para encontrar el primer tratado teórico de conjunto sobre la cuestión. Tanto este autor como Carl von Decker en su obra Der kleine Krieg im Geiste der neueren Kriegsführung (Berlín, 1822) hablaron de la guerra partisana como algo absolutamente nuevo, y no como un hecho resistencial primitivo o delictivo. El fundador de la moderna polemología, Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz, discutió en el capítulo XXVI de su tratado Vom Kriege (Berlín, 1832) la función estratégica y política de lo que se denominaba comúnmente como guerra del pueblo impulsada por el nacimiento del moderno nacionalismo, que se combinaba con las operaciones militares convencionales en la defensa del territorio. Esta guerra popular de resistencia contra un agresor, de índole fundamentalmente campesina, se libraría en el corazón del país (preferentemente en terrenos montañosos, boscosos o pantanosos) y no se decidiría en un solo enfrentamiento, ya que los grupos partisanos no debían atacar el cuerpo principal del enemigo, sino solo desgastarlo[46]. Este militar prusiano no se mostraba muy entusiasta de las guerras populares que deterioraban gravemente los principios en los que se sustentaba la guerra profesional, y que además conllevaban unos temibles costes humanos y materiales. Entendía la lucha partisana como un tipo de combate «de esencia nebulosa» que nunca se consolidaba en una táctica clara e independiente del combate más convencional[47]. Todo lo más, las tareas de los guerrilleros eran recoger información, arrestar a los correos y secuestrar a los generales enemigos o a personas destacadas, destruir puentes y depósitos, obstruir las carreteras y capturar fondos y abastecimientos. Pero estas actividades quedaban subordinadas a las operaciones que debía realizar el ejército regular, particularmente en el papel defensivo impuesto por una invasión[48]. Antoine-Henri de Jomini, en su Précis de l’art de la guerre (París, 1838), hablaba de las guerras nacionales como los eventos bélicos más formidables –recordaba sin duda la cruenta campaña de desgaste de Napoleón en España–, ya que se basaban en algo tan inusual como el levantamiento espontáneo de una nación con el propósito de sostener su independencia[49]. Esta teoría clásica de la guerrilla como rebelión y guerra a muerte contra el invasor o el ocupante foráneo se mantuvo vigente en algunos países militarmente débiles hasta la Guerra Fría: todavía en 1956, el oficial portugués Hermes de Araujo Oliveira proponía «crear una doctrina guerrillera y en armonía con ella, preparar y organizar la lucha de guerrillas con la debida anticipación»[50], mediante la educación previa y el encuadramiento de parte de la población en fracciones de unidades especiales del ejército regular. La guerra de guerrillas se concebía aún entonces como un episodio de la guerra total, con todas sus terribles consecuencias: «En defensa de la nación –proclamaba este autor– tiene que levantarse la propia nación armada, y como último baluarte de esa defensa, como último reducto de la resistencia de los pueblos, yérguese en todo su esplendor la guerrilla»[51]. Un año más tarde, el mayor suizo Hans von Dach preconizó la guerrilla como forma de resistencia popular total en su libro Der totale Widerstand. Kleinkriegsanleitung für jedermann (La resistencia total. Preparación para la guerrilla para todos), en el que propugnaba una resistencia civil militante contra una potencia ocupante basada en la formación de brigadas guerrilleras bien adiestradas de antemano en tácticas de oposición, resistencia activa (sabotajes, atentados), etcétera[52].

Como se ha dicho, la guerrilla que se basa en el acoso al enemigo, la evasión de batallas decisivas, el corte de las líneas de comunicación o los ataques por sorpresa es tan antigua como el fenómeno multisecular de la guerra. Lo que es verdaderamente moderno es su plasmación política como guerra revolucionaria. Sin embargo, los grandes teóricos nacionalistas o socialistas, del siglo XIX, que más tarde se transformaron en los más ardientes defensores de la guerra popular, ignoraron casi por completo su impacto, y confiaron más en los abruptos levantamientos populares de carácter urbano como precipitantes de una subversión. Desde 1830 hasta el último cuarto del siglo XIX, al hilo de la creciente influencia de las ideas socialistas, la insurrección urbana se consideró el modo canónico de acceso al poder por vía revolucionaria. El rápido crecimiento de las ciudades, la industrialización, la creciente proletarización, el presunto conservadurismo del campesinado o la centralización del aparato estatal en la capital de la nación eran factores que abocaban a un modelo de levantamiento urbano que pareció confirmarse en las grandes oleadas subversivas de 1830, 1848 y 1871[53]. En ese periodo, únicamente los revolucionarios italianos o polacos hicieron contribuciones relevantes al estudio de la guerrilla. En Italia, el término «partisano» apareció por vez primera en el artículo «Della guerra di Parteggiani» publicado en La Minerva Napolitana en febrero de 1831[54], donde se vincula por vez primera la causa de los patriotas italianos con la experiencia de la guerra española[55]. El general calabrés Guglielmo Pepe, que había formado parte del contingente bonapartista napolitano en la guerra de España, publicó en París en 1833 un opúsculo anónimo sobre los medios de conseguir la libertad y la independencia italianas[56], donde sugería que la guerrilla popular era el único medio de combate posible contra un invasor, pero insistía en la necesidad de un ejército regular.

Carlo Bianco, conde de Saint-Jorioz, en su obra Della guerra nazionale d’insurrezione per bande applicata all’Italia. Trattato dedicato ai buoni Italiani per un amico del paese (Malta, 1830, 2 vols.), que abrevió en el Manuale pratico del rivoluzionario italiano (París, 1833), estableció las reglas generales para una guerra insurreccional que rompía todas las normas convencionales de la guerra. Se requería patriotismo, perspicacia y absoluta determinación, y se recomendaba la organización de pequeños grupos armados que luego pudieran convertirse en columnas volantes de gran movilidad, en coordinación con los levantamientos en las ciudades de hombres, mujeres y niños[57]. Un destacado patriota como el líder liberal-democrático Giuseppe Mazzini, que teorizó ampliamente sobre este método insurreccional, nunca hizo nada por ponerlo en práctica[58]. Consideraba la guerrilla como la fase precursora de una guerra nacional que, a la postre, debía contar con un ejército nacional regular. La misión política de las bandas era constituirse en el «apostolado armado» para la insurrección[59]. Si autores como Bianco, Mazzini o Enrico Gentilini (Guerra degli stracorridori o guerra guerriata, Capolago, 1848) continuaron teóricamente el estudio de la guerrilla, desde 1849 se pudo constatar que las condiciones para una insurgencia urbana se habían tornado más desfavorables, por la retirada del apoyo de la burguesía y de los soldados, los cambios en la fisonomía urbana (la construcción de grandes avenidas y la segregación por barrios de las clases sociales) y los avances tecnológicos (las armas de fuego de avancarga, ánima rayada y tiro rápido) e institucionales (el desarrollo de una policía profesionalizada), que dificultaron aún más la aplicación de este paradigma revolucionario que Auguste Blanqui denominó «guerra insurreccional» como alternativa a la guerrilla en la época de la revolución industrial[60].

Desde la segunda mitad del XIX, sobre todo con las dos guerras mundiales, se habla de Kleinkrieg, guerra irregular, guerra revolucionaria, guerra subversiva, guerra partisana, guerra de resistencia, lucha clandestina, guerra encubierta, guerra sin frentes, guerra de francotiradores, Leichter Krieg (guerra ligera) o guerra de bandas[61]. La «pequeña guerra» analizada por Von Clausewitz se siguió practicando en guerras civiles como la norteamericana de 1861-1865 (especialmente las operaciones de los raiders del coronel John Singleton Mosby en el valle del Shenandoah en 1862-1863) o la segunda guerra carlista española de 1872-1876; como defensa frente a invasiones foráneas en la Guerra Franco-Prusiana de 1870 (en la que una quinta parte del ejército alemán quedó inmovilizado para garantizar la protección de las líneas de comunicaciones amenazadas por los franc-tireurs), en la de los bóers del Transvaal contra los británicos en 1899-1902[62], en México en 1861-1866 contra las tropas francesas, la campaña de la Breña en la sierra del Perú contra los chilenos entre 1881 y 1883, la revuelta campesina de Canudos en Brasil de 1895-1896 y en las campañas de liberación nacional de Polonia, Irlanda o Macedonia antes y durante la Primera Guerra Mundial. La función esencial de las «pequeñas guerras» seguía siendo mantener el conflicto vivo para facilitar la autoprotección del país, pero las guerrillas podían también formar parte de una estrategia de orden ofensivo y designio revolucionario.

A finales del siglo XIX y primeros años del siglo XX, la guerrilla se mantuvo como un hecho bélico marginal a los ojos de los polemólogos, por su escasa incidencia en una Europa que, al menos en su mitad occidental, se encaminaba a pasos agigantados hacia la urbanización y la consolidación de un potente instrumento estatal. Fue en los espacios africano y asiático donde se emplearon con mayor insistencia y desesperación esta táctica característica de los conflictos armados marcados por una fuerte asimetría entre los contendientes. Las duras campañas coloniales británicas en Birmania (1824-1825, 1852, 1885), Afganistán (1842-1878), Punjab o Sierra Leona (1868); de los franceses en Argelia (1830-1847), Indochina (1858-1869), Madagascar (1884-1895) o África Occidental (1882-1898); de los holandeses en Java (1825-1830); de los alemanes en África del Sudoeste contra los hereros (1904-1909), de los españoles contra los independentistas cubanos (1868-1878, 1895-1898); de los portugueses en Angola o Guinea-Bissau o de los estadounidenses en las sucesivas guerras indias (1775-1890) y en Filipinas (1898-1903) despertaron de nuevo la atención de los estrategas occidentales por la guerrilla, pero sobre todo estimuló por vez primera el interés por plantear y aplicar tácticas contraguerrilleras eficaces. Dejando a un lado el ensayo de Friedrich Wilhelm Rustow, Die Lehre vom Kleinen Krieg (Zúrich, Meyer und Zeller, 1864)[63], el general británico Charles Edward Caldwell hizo uso de sus experiencias de la lucha contrainsurgente en Afganistán, India y Transvaal para plantear por vez primera en su obra Small Wars: Their Principles and Practice (Londres, HMSO, 1896) el principio de la guerrilla como arma del débil: las «pequeñas guerras» se libraban cuando uno de los contendientes no era un ejército regular, e incluían campañas contra pueblos salvajes o semicivilizados, campañas para suprimir rebeliones nacionales y la guerra de guerrillas, que es la más desfavorable que podía librar un ejército regular. La sorpresa era la esencia de tales operaciones, como también lo era la movilidad de las columnas volantes[64]. Poco después, en las Conferencias celebradas en La Haya en 1899 y 1907 para la reglamentación de la guerra se acordó que para que las guerrillas pudieran ser consideradas fuerzas beligerantes debían estar bajo el mando de una persona responsable de sus subordinados, portar una insignia o distintivo reconocible a distancia, esgrimir armas abiertamente y que sus operaciones se atuvieran a las leyes y a las costumbres de la guerra convencional.

La Primera Guerra Mundial revitalizó el empleo de la táctica guerrillera, aunque en teatros de operaciones secundarios o marginales, como la península arábiga o Tanganika, donde el general alemán Paul Emil von Lettow-Vorbeck mantuvo en jaque a las tropas del Imperio británico dirigidas por lord Roberts entre 1915 y 1918. La revuelta árabe dirigida por Thomas Edward Lawrence contra los turcos en 1916-1918 puso en evidencia la debilidad militar de los ejércitos regulares y la inoperancia política de los antiguos imperios frente a una táctica de insurgencia que se alejaba de la lógica militar convencional. Lawrence creía que la guerra de guerrillas se podía convertir en una ciencia exacta que dependiera de ciertas líneas o factores permanentes: una base de operaciones inalcanzable para el enemigo, un ejército regular de poder limitado que tenía que controlar un vasto territorio, y una población favorable a la insurgencia. Este brillante agente británico puso de relieve los elementos psicológicos (en este caso, la explotación de los sentimientos tribales y la caótica movilidad de los beduinos) y los aspectos sociales de la guerrilla como modo de lucha que rompía con el objetivo convencional, señalado por Von Clausewitz, de destruir las fuerzas organizadas del enemigo por medio de una batalla. No se busca, en efecto, la destrucción total del adversario, sino la liberación de un territorio con el hábito de no entrar jamás en contacto directo con el enemigo ni brindarle un objetivo claro[65]. La guerrilla no libraba un combate físico, sino moral, y por lo tanto su implicación en batallas a campo abierto resultaba un craso error[66]. Se trataba de llevar al ejército turco a un estado de impotencia: «Si se garantiza la movilidad, la seguridad (en la forma de negar blancos al enemigo), el tiempo y la doctrina (la idea de convertir a cada individuo en simpatizante), la victoria estará del lado de los insurgentes»[67]. En su peculiar campaña guerrillera, Lawrence se aprovechó, no tanto del apoyo de la reducida población autóctona como de la actividad selectiva en un vasto territorio que, a la postre, resultaba imposible de controlar por la potencia ocupante con los limitados medios de que disponía.

Las revoluciones y las guerras civiles mexicana (Zapata en el Sur y Villa en el Norte), rusa (campesinos musulmanes basmachíes en la Ferganá, majnovistas en Ucrania) o china (comunistas de Mao) contemplaron amplias luchas protagonizadas por formaciones partisanas. En Europa, salvo el movimiento nacionalista irlandés de 1916-1921 y la VMRO que desde 1893 luchaba por la anexión de Macedonia a Bulgaria, el teatro principal de la guerrilla en la primera posguerra mundial fue la Rusia soviética, especialmente Ucrania con el movimiento anarquista acaudillado por Néstor Majnó. En las colonias se dieron los casos tardíos de Abd el-Krim en el Rif marroquí (1920-1927) y de Omar Mukhtar en Libia (1922-1932), mientras que en América Latina, donde la guerrilla había tenido una escasa presencia en los movimientos de independencia (salvo en Venezuela, La Plata y México), se desarrolló la resistencia pionera de Augusto César Sandino en Nicaragua entre 1927 y 1933.

La Segunda Guerra Mundial propició un resurgimiento de la guerra partisana en Grecia, Albania, Polonia (Armia Krajowa), la URSS y sobre todo Yugoslavia, y en menor medida en Francia e Italia a partir de 1943. La guerrilla, que hasta entonces se había considerado como un mero apoyo táctico de la guerra regular, se convirtió en una actividad autónoma y relevante en condiciones geopolíticas favorables. Ya no se entendía como una operación bélica irregular, sino como una táctica subversiva dentro de la estrategia más amplia de la guerra revolucionaria. Los comunistas eran los mejor dotados para adaptar su infraestructura política a la lucha armada clandestina, y gracias a ello lograron tomar el poder en Yugoslavia o Albania en 1943-1944, y desencadenar una guerra civil en Grecia en 1946-1949, que acabó con el aplastamiento de la guerrilla por el ejército monárquico equipado y apoyado por Estados Unidos[68]. También el desenlace de la guerra mundial precipitó conflictos de independencia en Chipre (EOKA)[69], Malasia, Indochina, Filipinas (levantamiento de los Hukbalahap desde 1942, con clímax en 1950-1952), Argelia[70], Palestina, Eritrea (ELF de 1961 a 1975), Kenia (Mau Mau desde 1952) Angola (marzo 1963) o Congo (1964) contra los poderes coloniales debilitados por la reciente contienda.

Sin embargo, ya en 1927, los comunistas chinos habían ganado amplias zonas rurales y logrado escapar entre 1931 y 1934 a cinco campañas de cerco de las fuerzas del Kuomintang. La doctrina de la guerra revolucionaria estaba naciendo en el crisol de una guerra civil, y cambió para siempre la perspectiva de la violencia insurgente.

EL MODELO MAOÍSTA DE GUERRA REVOLUCIONARIA

Wardlaw distingue dos modalidades de guerra irregular: por un lado, la tradicional guerra de guerrillas, considerada como una operación netamente militar, en la que se emplea la táctica de golpear y desaparecer para hostigar a fuerzas enemigas superiores en número, en el contexto de una guerra de tipo convencional. Por otro, la guerra revolucionaria, que utiliza la guerrilla rural y urbana y otros métodos de lucha político-psicológica, como el terrorismo, no con la intención de anular militarmente al enemigo, sino de lograr el apoyo popular necesario para provocar la subversión del régimen político[71]. Lo que da sentido político a la guerrilla contemporánea, que en su origen fue un hecho fundamentalmente militar, es su inserción en una estrategia de subversión política. Los factores históricos que impulsaron la guerra revolucionaria en el Tercer Mundo fueron la emergencia a escala nacional de la cuestión campesina, y las consecuencias geoestratégicas de la Segunda Guerra Mundial que rompieron la hegemonía de las potencias coloniales.

Según Galula, «una guerra revolucionaria es, principalmente, un conflicto interno, pero casi siempre afectado por influencias extrañas»[72]. Según Huntington, tras la Segunda Guerra Mundial la política de las áreas subdesarrolladas se centró en la lucha por la independencia y los procesos de modernización y desarrollo. El primer reto dio lugar a guerras revolucionarias, y el segundo a guerras revolucionarias o a sucesivos golpes de Estado. Para este autor, una guerra revolucionaria es «una lucha entre un grupo no gubernamental y un Gobierno en el que el segundo trata de destruir al primero por todos o algunos medios a su alcance, y el grupo no gubernamental trata de por todos o algún medio de sustituir al Gobierno en todo o parte del territorio»[73]. La guerra revolucionaria se produce cuando el Gobierno es amenazado por una contraelite política, social o incluso geográficamente diferente que no ha podido penetrar en la estructura política existente, y trata de crear una estructura de poder paralela a la del Gobierno para derribar el conjunto de sistema social y político[74]. Para llevar a cabo esta tarea se necesita buscar apoyo en un grupo social o comunitario imperfectamente integrado en el sistema político, conseguir una base razonablemente segura de operaciones, emplear modos de violencia insurgente y de persuasión social, y establecer áreas liberadas donde implantar un embrión de gobierno. Si hasta entonces la guerrilla se había concebido como una táctica alternativa de la guerra clásica, la guerra revolucionaria era fundamentalmente diferente: el soldado-ciudadano dejó paso al guerrillero-militante político que actuaba en un conflicto total con fuerte impregnación psicológica, bajo la convicción de defender e impulsar una idea revolucionaria.

Campbell define la guerra revolucionaria como «una lucha entre un partido gubernamental y otro antigubernamental en el cual este último intenta derrocar al primero, empleando generalmente todos los medios a su disposición». El partido gubernamental intenta destruir a sus oponentes con algunos o con todos de los medios a su alcance[75]. Sarkesian señala que la guerra revolucionaria es «el intento de un grupo políticamente organizado de obtener el control o el cambio de la estructura o políticas de los gobiernos utilizando la guerra no convencional integrada con la movilización social y política»[76]. Se trata de integrar la guerra irregular clásica con otros campos de la actividad humana, como la política, la economía, la sociedad o la psicología, con un designio de toma del poder. Las guerrillas desempeñan un papel destacado en las primeras fases de la guerra revolucionaria, cuando las fuerzas antigubernamentales son demasiado débiles para desplegar ejércitos regulares. Como ha quedado dicho, la guerrilla no es decisiva por sí misma, sino que facilita las condiciones político-militares para operaciones de más amplio alcance. De forma ideal, las fases de la guerra revolucionaria serían: 1) agitación (los insurgentes diagnostican el resentimiento de la población contra el Gobierno y comienza la propaganda y la agitación para incrementar la disidencia); 2) organización (se establece la infraestructura insurgente entre la población, mientras que la presencia gubernamental es eliminada a través de la persuasión y el terrorismo; 3) guerrilla (se emprenden acciones militares a pequeña escala); 4) expansión de la zona guerrillera (se procede a la liberación de extensas áreas el país y a la creación de un ejército convencional y un gobierno revolucionario que es reconocido y apoyado por países amigos), y 5) guerra casi convencional (se desarrolla un ejército regular que toma la ofensiva contra los restos de las fuerzas contrainsurgentes, que se ven privadas de apoyo externo)[77].

La doctrina marxista clásica no había sido relevante en el desarrollo de la lucha guerrillera, pero sí lo fue en hallazgos subversivos como la movilización de masas, la función de la propaganda en la lucha y el énfasis dado a la organización[78]. Marx y Engels nunca aceptaron la estrategia insurreccional blanquista basada en la lucha callejera lanzada por grupos minoritarios. Aunque reflexionaron profundamente sobre la revolución y la violencia, no teorizaron en exceso sobre la insurrección, pero esbozaron una serie de ideas (unión de lo político, lo social y lo militar en la lucha revolucionaria, evaluación de las relaciones de fuerza y de las condiciones objetivas, análisis de las etapas sucesivas de un proceso subversivo, erosión moral y material del Ejército de la burguesía, y armamento e instrucción del pueblo bajo la dirección de oficiales de la milicia)[79] que los bolcheviques asumieron y desarrollaron con mayor amplitud unas décadas después. Tras tomar nota de la experiencia revolucionaria alemana de 1848-1849, Engels afirmó que la insurrección era un arte como la guerra, y debía atenerse a ciertas normas de procedimiento. El consejo básico era no intentar la rebelión hasta que la organización revolucionaria no estuviese absolutamente preparada para afrontar todas sus consecuencias, y cuando la insurgencia se iniciase, era absolutamente esencial mantener la ofensiva a todo trance. Marx y Engels escribieron sobre numerosos asuntos militares, pero la guerra de guerrillas les preocupó solo ocasionalmente (sobre todo en el caso español de inicios de la centuria, que creyeron podrían reproducir los franc-tireurs franceses en la última etapa de la guerra contra Prusia de 1870), porque pensaban que era de una aplicabilidad limitada en el entorno urbano industrial donde debía moverse el partido del proletariado[80]. Engels apoyó la guerrilla en la guerra austro-italiana de 1848-1849, como una táctica de lucha que se podía aplicar junto con la insurrección de masas y la guerra revolucionaria al estilo de la Revolución francesa[81]. Sin embargo, en 1870, Engels ya reconocía que no había mucho espacio para desplegar una guerra popular en Europa, porque el fanatismo y el entusiasmo nacionales ya no eran la tónica de las naciones civilizadas. En su opinión, el éxito en las insurrecciones nacionales a través de la guerra partisana solo era posible en las zonas montañosas, como el Tirol, la península ibérica o el Cáucaso, y únicamente podría prosperar en colaboración con las unidades del ejército regular.

El triunfo bolchevique en Rusia produjo en toda Europa un inesperado resurgimiento de la vía revolucionaria hacia el socialismo. El partido bolchevique ha sido una de las pocas formaciones políticas que había afrontado la toma del poder según una teoría insurreccional claramente formulada. Desde la primera década del siglo XX, Lenin restauró la teoría marxista de la conquista violenta del Estado y de su control a través de una dictadura de clase que tendría carácter temporal. El líder revolucionario ruso dio un paso más allá de la concepción «artística» de la revolución evocada por Marx, y declaró que «es imposible mantenerse fieles al marxismo, a la revolución, sin considerar la insurrección como un arte»[82]. A la inversa de la conocida máxima de Von Clausewitz, en la concepción leninista la política se integra en la guerra y se somete a las leyes de la guerra[83]. La idea insurreccional bolchevique se entendía como un eslabón en una larga cadena de circunstancias revolucionarias vinculadas con el movimiento de masas. Lenin definió una situación como prerrevolucionaria cuando se producían tres circunstancias: una crisis interna de la elite dirigente, que no podía mantenerse en el poder sin transigir con alguno de los cambios exigidos por los sectores sociales subordinados; la agudización del sufrimiento y de las necesidades de la población durante una guerra imperialista cuyas consecuencias eran agravadas por una crisis económica, y el aumento de la actividad política de las masas:

Para tener éxito, la insurrección ha de descansar no en la conspiración, ni en un partido, sino en la clase progresista […] La insurrección debe apoyarse en el cada vez mayor espíritu revolucionario del pueblo […] La insurrección tiene que aprovechar el momento crucial de la corta historia de la revolución naciente, en el cual se encuentra en su cenit la actividad de las filas de vanguardia del pueblo, y en el que las vacilaciones en las filas de los enemigos, en las de los débiles, de los faltos de coraje y de los amigos indecisos de la revolución, sean más manifiestas […] y estas tres condiciones en la actitud con respecto a la insurrección son las que distinguen al marxismo del blanquismo de Louis Auguste Blanqui[84].

El líder bolchevique consideraba el terrorismo y la acción de bandas armadas irregulares como unos tipos de lucha anejos a las operaciones militares irregulares que caracterizaban una determinada fase de la revolución, en concreto cuando las fuerzas subversivas no estaban aún en condiciones de emprender una insurrección general[85]. Aunque desaprobaba el terror individual, reconocía que las acciones irregulares de los destacamentos del «ejército revolucionario» (asesinatos de confidentes, voladuras de comisarías, asaltos a bancos, etc.) y las ejecutadas durante la guerra de guerrillas se asemejaban en el aspecto técnico y material a esta modalidad violenta. Lo que les diferenciaba era su integración en una estrategia coherente de lucha: no eran actos aislados o individuales de venganza al estilo de sus coetáneos populistas, bakuninistas o nihilistas, sino operaciones perfectamente encuadrables dentro de un esquema militar; una elección táctica entre varias en el transcurso de una coyuntura revolucionaria. Lenin recogió de la revolución frustrada de Moscú en diciembre de 1905 otras tres enseñanzas básicas para su teoría insurreccional: la insuficiencia subversiva de la huelga general política si no iba acompañada de un levantamiento armado; la necesidad de captar la voluntad de una parte del Ejército y la perentoriedad de disponer de estrategia y táctica militares apropiadas al combate revolucionario centrado en las ciudades[86]. Estas ideas fueron desarrolladas extensamente en su opúsculo La guerra de guerrillas, escrito en 1906 con motivo del congreso de reunificación con los mencheviques, y donde situaba este método de lucha armada esporádica entre las condiciones previas para una insurrección[87]. Contra la descalificación de la lucha armada como anarquismo, blanquismo o terrorismo, Lenin afirmó que «el marxismo se distingue de todas las formas primitivas de socialismo porque no vincula el movimiento a una forma determinada de lucha», pero exigía que el problema de las formas de combate se enfocase históricamente. La guerra irregular era una táctica subversiva más que, como reflejo evidente de la «acción directa» y de la «gimnasia revolucionaria» sindicalista, tendía a educar y a preparar la organización del partido obrero para poder actuar como elemento combatiente de vanguardia en la gran insurrección que se avecinaba.

La guerra partisana, que «puede ser ennoblecida con la esclarecedora y organizadora influencia del socialismo»[88], era el medio de combate idóneo e ineludible cuando, alcanzada la fase insurreccional, las masas soportaban largos periodos de opresión que les impedían el planteamiento de una guerra civil abierta:

La guerra de guerrillas es una forma inevitable de lucha en un tiempo donde el movimiento de masas ha alcanzado ya el punto de rebelión, y cuando se producen largos periodos entre los grandes enfrentamientos de la guerra civil[89].

Desde ese punto de vista, no era cierto que la guerrilla, como aseveraba Plejánov, desmoralizase a la vanguardia revolucionaria o a las masas (solo los métodos irracionales de las bandas irregulares y desorganizadas tenían ese efecto), siempre que el partido del proletariado que la impulsaba fuera aguerrido, disciplinado y no la considerara el único o fundamental instrumento de combate, sino que la supeditara a otros, guardando la necesaria proporción con los demás medios de lucha[90]. Pero, a la postre, el levantamiento armado definitivo debía consistir en una acción rápida y concentrada del proletariado en centros urbanos de importancia estratégica, tras la defección de parte del Ejército de la burguesía y la constitución de un poder revolucionario alternativo, representado por los soviets o juntas de obreros y soldados. Las actividades políticas del partido quedarían supeditadas de este modo a las necesidades de la guerra civil, durante la cual se buscarían alianzas y acuerdos de combate con las masas campesinas y con los demócratas revolucionarios[91]. Desde 1917, Lenin habló de la pastisanshchina (lucha partisana) en un tono inequívocamente denigratorio, porque estimaba que las operaciones arbitrarias de destacamentos individuales y sin órdenes podían conducir al desastre[92].

Como Lenin, León Trotski también recomendó la acción guerrillera como complemento de las operaciones del Ejército regular revolucionario en el trance decisivo de la guerra civil[93]. Para Trotski, la guerrilla era «la forma de guerra verdaderamente campesina», pero «igual que en la religión, el campesinado es incapaz de ir más allá de la secta»[94]. La guerrilla era una forma primitiva de guerra, inevitable en algunos casos, pero desprovista de todo carácter revolucionario:

El movimiento guerrillero ha sido un arma necesaria y adecuada en la fase inicial de la guerra civil. La revolución no había podido hasta entonces colocar masas armadas compactas sobre el terreno, y tuvo que depender de pequeñas unidades militares independientes. Este tipo de guerra demandaba capacidad de sacrificio, iniciativa e independencia. Pero cuando la guerra aumentó de alcance necesitó de mayor organización y disciplina, y el movimiento guerrillero comenzó a convertirse en el polo negativo de la revolución[95].

Como vemos, el marxismo-leninismo clásico no renunció a la guerra de guerrillas, pero la situó en una posición subordinada en el proceso de guerra civil abierto por una insurrección que debía centrarse ineluctablemente en el ámbito urbano. En la década de los treinta, el más célebre de los teóricos de la guerrilla también dio a la cuestión del carácter decisorio de la guerra irregular una respuesta negativa. En sus obras Problemas estratégicos de la guerra revolucionaria en China (diciembre de 1936) y La guerra prolongada, recopilación de conferencias impartidas en la Asociación para el Estudio de la Guerra de Resistencia contra el Japón en Yenán, en mayo y junio de 1938, Mao Zedong afirmó que no era preciso considerar la guerrilla como un fin en sí mismo, sino como una etapa inevitable de la guerra de liberación nacional o de la revolución, pero que solo podía adquirir un carácter prioritario cuando no era posible desplegar los métodos clásicos de la guerra convencional[96]. La guerrilla era un auxiliar estratégico necesario a las operaciones convencionales en el contexto de una vasta guerra de movimientos: permitía el exterminio de pequeñas unidades adversarias, o el debilitamiento de fuerzas más amplias cuando se atacaban sus líneas de comunicaciones y se creaban bolsas de resistencia que obligaban al enemigo a dividir su potencial militar. Pero la clave del éxito de una guerrilla pasaba siempre por la necesidad de coordinar sus actividades con las de las fuerzas regulares que operaban en los frentes de batalla. Mao advirtió que la guerra revolucionaria no arrojaba resultados inmediatos, sino que era una prueba de fuerza prolongada entre el enemigo y el pueblo. Cuatro elementos eran necesarios para la victoria en una «guerra del pueblo»: la organización de un partido leninista (partido altamente organizado, adoctrinado y disciplinado de revolucionarios), el apoyo de las masas en un frente unido de diferentes clases, un Ejército de partido y la creación de bases rurales revolucionarias o bases estratégicas de operaciones autosuficientes para mantener la población local y apoyar al partido y al Ejército.

Durante la década de los veinte del siglo XX, el comunismo chino había tratado de imitar el modelo bolchevique de toma del poder con un pequeño partido que trabajase dentro de las masas asalariadas y extrajera los frutos de una situación revolucionaria madura. Tras el fracaso de esta táctica, Mao desarrolló un nuevo modelo en el que los comunistas asumieron la hegemonía sobre una facción del movimiento de masas (el campesinado) y lucharon por el poder por medios militares[97]. Lector aprovechado de Sun Tzu, Mao pensaba que la estrategia guerrillera debía estar basada en primer lugar en la alerta, la movilidad y el ataque, y había de ajustarse a la situación del enemigo, el terreno, el clima, las líneas de comunicación existentes y la actitud del pueblo. Contando con todos estos factores, diez meses después del inicio de la guerra con Japón en 1937, Mao desarrolló su concepto de guerra prolongada en tres etapas básicas, que luego han sido discutidas o glosadas por la mayor parte de los teóricos y estudiosos de la guerrilla, en sus vertientes rural o urbana. En su primera fase, el movimiento insurgente adoptaba una actitud de defensa estratégica, y se aplicaba a la constitución de núcleos de resistencia, donde debían crearse las organizaciones secretas de propaganda, información y agitación que permitieran poner en práctica el nuevo sistema de lucha revolucionaria. En esas incipientes zonas liberadas se debía asegurar la capacidad de producción necesaria para que los partisanos mantuvieran sus posiciones y pudieran hostigar al adversario de forma flexible, bajo la muy conocida máxima «si el enemigo ataca, nosotros retrocedemos; si se queda quieto, lo hostigamos, si se debilita, atacamos, y si se retira, lo perseguimos». En esta fase se buscaba la movilización política a través de frentes y la creación de jerarquías paralelas a las oficiales. El modo de violencia preferente sería el terrorismo.

La conquista de la voluntad de la población era el fundamento indispensable de cualquier guerra insurreccional. La simbiosis entre el guerrillero y el pueblo tenía que ser plena. El combatiente irregular debía moverse entre la población campesina «como el pez en el agua», inspirando confianza a través de la exhibición de su fortaleza, pero también mediante el respeto de las costumbres y las tradiciones locales. A diferencia de la ortodoxia bélica predicada por Clausewitz, que desconfiaba del real valor militar de la población civil, Mao opinaba que un pueblo plenamente identificado con la causa revolucionaria podía alcanzar altas cotas de disciplina y combatividad en el curso de la lucha armada. La clave organizativa de la guerra revolucionaria residía en el mantenimiento de una rigurosa disciplina interna, garantizada por un partido que se organizaba mediante un sistema clandestino de jerarquías políticas paralelas, y una estructura celular que cubría desde las aldeas más remotas hasta los entes distritales, provinciales o regionales. Las reglas disciplinarias que debían cumplir las guerrillas les evitan caer en el bandidaje más o menos político de los «señores de la guerra».

La segunda fase de la guerra revolucionaria –el equilibrio estratégico– debía nacer de la conjunción entre el pueblo y los grupos guerrilleros, a través de la movilización política para la guerra de resistencia patrocinada por un partido marxista sólido que emitiese doctrina, planificase la propaganda sobre la población, formase cuadros y buscase un consenso social amplio antes de iniciar la lucha armada. En el inicio de la fase de equilibrio estratégico la resistencia armada sería emprendida por pequeñas bandas que debieran operar en las áreas rurales donde el control gubernamental es débil. En esta etapa se buscaría la articulación de una auténtica fuerza combatiente, que se desplegaría en el frente y en la retaguardia del enemigo, debilitando su retaguardia, obstaculizando sus enlaces y abastecimientos, y obligando a un progresivo desgaste de sus fuerzas y a la acumulación de hombres y de material en las grandes poblaciones. Ello permitiría elevar la moral de las fuerzas revolucionarias, del pueblo y del conjunto del país, y ampliar progresivamente la influencia revolucionaria en el ámbito rural[98]. Se trataba de emplear de manera flexible y planificada ofensivas dentro de una guerra defensiva, batallas de decisión rápida dentro de una guerra prolongada. En el transcurso de las operaciones se tendría por objetivo principal el aniquilamiento de la fuerza enemiga, y no el mantenimiento o conquista de ciudades o territorios. En cada batalla, Mao aconsejaba una preparación minuciosa y la concentración de fuerzas absolutamente superiores a las enemigas, para cercar al adversario y aniquilarlo por completo. En circunstancias especialmente favorables se podría concentrar todas las fuerzas para efectuar un ataque frontal o de flanco, con el propósito último de lograr un triunfo rápido que permitiera el traslado de tropas hacia otros frentes. Se trataría por todos los medios de evitar batallas de desgaste en las que lo ganado no compensaba lo perdido. De este modo, «aunque somos inferiores en el conjunto, somos absolutamente superiores en cada caso y en cada batalla completa. Eso nos asegura la victoria en las batallas». También recomendaba «reforzar nuestro ejército con todas las armas, y con la mayor parte de los hombres capturados al enemigo. La fuente principal de los recursos humanos y materiales para nuestro ejército está en el frente». En el estadio avanzado de esta segunda etapa, los insurgentes expandirían su organización en las regiones bajo control y buscarían el reclutamiento de guerrilleros a tiempo completo. Clausewitz y Mao imaginaron la guerrilla siempre en concomitancia con un ejército regular, a quien se le facilitaban las victorias estratégicas destruyendo los recursos usados por el enemigo y distrayendo tropas del escenario operativo general. Los criterios tácticos eran: llevar siempre la iniciativa, preparar minuciosamente las acciones; atacar y huir rápidamente, evitando los hechos temerarios (no era necesario combatir, simplemente existir); defenderse solo cuando se puede huir; vivir sin ser visto, confundiéndose con la población local; conocer bien la zona de acción para ocultarse, actuar, huir y reabastecerse; predeterminar la eventual zona de refugio y de acampada, abastecerse sobre el terreno, cambiar a menudo los modos de ataque por sorpresa, buscar la mayor superioridad numérica sobre el enemigo[99]. Sus acciones preferidas son la emboscada, la destrucción de medios, los sabotajes, los ataques por sorpresa, la dispersión, etc. Los grandes principios que ordenan su acción son: la territorialidad, la flexibilidad (adaptación orgánica contingente a las diversas situaciones operativas y ambientales) y la progresividad en su constitución orgánica, creando y adiestrando nuevas formaciones partisanas[100].

Alcanzada esta situación de paridad, se llegaba a la tercera fase: el logro de la superioridad estratégica conduciría a una guerra de movimientos, llevada a cabo por las fuerzas regulares que se hubieran preparado a partir de las unidades guerrilleras en las zonas liberadas, cuyo objetivo militar es destruir las fuerzas armadas del Gobierno y su objetivo político desplazar a las autoridades gubernamentales. Este nuevo ejército revolucionario iniciaría una ofensiva generalizada, y se dispondría a aniquilar a un adversario desmoralizado y mermado en su eficacia militar, ocupando en primer lugar las pequeñas poblaciones y los campos, para luego proceder a la destrucción de las grandes fuerzas enemigas, lo que conllevaría como resultado natural la ocupación de las ciudades más importantes, que no constituían por sí mismas un objetivo estratégico prioritario[101]. De ahí la necesidad de coordinación con la guerra regular. Mao advirtió contra la prolongada vinculación a los métodos guerrilleros, ya que sin una regulación a tiempo de los mismos podría agotarse la base popular de la lucha[102]. Pero también advirtió que una guerrilla podía sucumbir por una regularización prematura de sus fuerzas. El paso a la conformación de un ejército convencional se debía emprender con el propósito de obtener el reconocimiento diplomático como beligerante. El prerrequisito para esa regularización era contar con bases territoriales e incluso con ayuda exterior. En suma, el método canónico de la guerra revolucionaria comunista era el siguiente:

1. Creación de un partido revolucionario, semiclandestino y fuertemente disciplinado.

2. Captación de aliados para el partido.

3. Guerra de guerrillas, en tres etapas: supervivencia y obtención del apoyo de la población; establecimiento de áreas liberadas, y expansión desde esas bases.

4. Transformación de la guerrilla a la guerra de movimiento, mediante la conversión de las unidades guerrilleras en unidades regulares. Es el momento más delicado, ya que hay que asegurarse que se hace en las condiciones políticas más oportunas, que las bases regulares políticas y estratégicas están aseguradas, y que las fuerzas armadas estén lo suficientemente bien equipadas para tener una posibilidad de éxito contra las tropas gubernamentales.

5. Aniquilamiento del régimen enemigo[103].

En ese contexto, las etapas de la guerrilla eran:

1. Planificación estratégica.

2. Creación de una infraestructura clandestina del movimiento.

3. Operaciones psicológicas para dramatizar y publicitar la causa de las guerrillas en el interior y el exterior.

4. Terrorismo selectivo para eliminar a los potenciales oponentes de la insurgencia en el campo.

5. Sabotaje de líneas de comunicación para aislar las bases territoriales de la guerrilla.

6. Creación de áreas seguras y reductos para establecer el cuartel general, preferentemente en regiones montañosas.

7. Desarrollo de áreas liberadas en regiones densamente pobladas que serán administradas por las guerrillas.

8. Proselitismo entre el enemigo para fomentar las defecciones y hundir la moral.

9. Estrangulamiento gradual de las ciudades en áreas rurales bajo el control de la guerrilla. Organización de la población urbana para la desobediencia civil.

10. Ofensiva general dirigida por un ejército de liberación sobre los restos de la presencia gubernamental.

11. Negociaciones para formalizar la transferencia del poder a las fuerzas políticas surgidas del movimiento guerrillero[104].

En cuanto a la importancia estratégica de la guerrilla, Mao adoptó una postura «centrista», a mitad de camino entre los defensores del «guerrillerismo» a ultranza y los militares y expertos del partido que abogaban por la potenciación de la guerra regular. Afirmó que cada opción bélica dependía de las circunstancias del momento. En todo caso, los comunistas chinos no fueron absolutamente revolucionarios en el campo militar porque las posibilidades y variantes de la guerrilla –como sucede en la guerra convencional– resultan harto limitadas[105]. En cambio, el énfasis que pusieron en la actividad política fue lo verdaderamente novedoso de su propuesta revolucionaria. Como se ha visto con anterioridad, hasta la primera conflagración europea, la guerrilla había mantenido el carácter de un mero complemento de las operaciones militares tradicionales, pero su empleo masivo por parte del comunismo chino contra el Kuomintang y el invasor japonés, y por los movimientos de resistencia antifascista durante la Segunda Guerra Mundial, reveló una potencialidad de subversión política que sobrepasaba con creces la mera utilidad bélica. De ahí que, con las convulsiones que sacudieron a los antiguos territorios coloniales durante la segunda posguerra, fuera reivindicada como un instrumento eficaz de destrucción del poder existente y de emancipación social y política de la población, según las normas avanzadas por Mao en su doctrina de la «guerra revolucionaria». El curso de la victoria maoísta en China mostró algunas interesantes variaciones tácticas, ocasionadas en gran parte por los diez años de guerra contra Japón. En su fase triunfal de 1947-1949, asumió de forma creciente la fisonomía de una guerra convencional, aunque los aspectos político-militares más significativos del maoísmo proceden de la guerra de guerrillas librada contra el Kuomintang en la década de los veinte.

El maoísmo planteó una revisión en profundidad de la doctrina revolucionaria marxista-leninista: hasta entonces, según el canon occidental, la guerrilla mantenía un papel subordinado en las operaciones militares. Ahora se la insertaba en el primer plano de una guerra revolucionaria marcada por consideraciones a la vez políticas y militares: acosar a las fuerzas enemigas y derrocar el régimen político[106]. El bolchevismo dio preferencia a la conquista de la capital sobre el control del campo, y el maoísmo invirtió este orden de prioridades. Las guerrillas china y vietnamita también evolucionaron en contra del marxismo clásico en otro aspecto clave: aunque compartió con los bolcheviques la importancia de la clandestinidad, de la propaganda y la organización de masas, Mao utilizó la teoría leninista de una forma heterodoxa, ya que impulsó el partido de vanguardia como instrumento de movilización política y encuadramiento militar, pero no dirigido preferentemente sobre el proletariado industrial, sino sobre el campesinado.

Durante la década y media posterior al segundo conflicto mundial, una multitud de guerras populares y de liberación encontraron en el ejemplo de la revolución maoísta (un modelo eminentemente militar, que como todo conflicto armado postula solo dos adversarios), no solo inspiración, sino también un protocolo contrastado de acción. Favorecido por el auge de la cuestión campesina, el derrumbamiento del Eje y la crisis de los imperios coloniales europeos, el modelo de guerra revolucionaria maoísta inspiró las grandes campañas guerrilleras comunistas en Malasia (1948-1958), Filipinas (1946-1954) o Vietnam (1946-1954). En los dos primeros países se preveía que la situación revolucionaria madurara al ritmo de la campaña por la liberación nacional, mediante la guerrilla, pero esta conjunción no se materializó[107]. Sin embargo, en su prolongada lucha contra el colonialismo francés en Indochina, el Viet Minh pudo confirmar la validez de la táctica guerrillera maoísta, articulándose como movimiento político e instrumento insurreccional en tres escalones (guerrilleros, fuerzas móviles y fuerzas principales), y organizando una estructura militar a escala local, regional y nacional, que aparecía firmemente integrada en la estructura comunitaria tradicional de los pueblos vietnamitas, y que no renunció ocasionalmente al empleo del terror contra sus enemigos. El Viet Minh asumió la influencia del modelo revolucionario maoísta, pero la guerra de Indochina no era una guerra civil, sino una guerra revolucionaria de independencia que contó con el apoyo de China.

De acuerdo con el general Võ Nguyên Giáp, las tres formas de guerra de independencia (guerrilla, guerra de movimiento y guerra a campo abierto) fluctúan en importancia en la estrategia revolucionaria: en un principio predomina la guerra de guerrillas, que en la guerra revolucionaria es la base de la guerra regular, pero poco a poco deja paso a las otras modalidades bélicas. Guerrilla y guerra regular se debían combinar de forma estrecha en cada periodo. El problema, según Giáp, era mantener la correcta proporción entre las tres formas de lucha para optimizar los resultados revolucionarios:

El paso de la lucha política a la lucha armada constituye un gran giro que reclama una amplia preparación. Si la insurrección es un arte, un punto esencial del contenido de ese arte es dirigir el paso a nuevas formas de lucha adaptadas a la coyuntura política de cada periodo, y mantener una relación exacta entre la lucha política y la lucha armada en cada periodo. Al principio, la acción política es siempre el elemento esencial, y la lucha armada queda en segundo plano; las dos formas evolucionan progresivamente para ser igualmente importantes y desembocar finalmente en un estadio donde la forma armada toma primacía; pero incluso entonces hay que saber precisar el momento en que la preponderancia de la lucha armada no es sino parcial, y el momento en que se impone al conjunto[108].

La concepción, más bien pasiva, de la guerra revolucionaria maoísta señalaba que, en última instancia, la guerrilla aseguraba la victoria del bando militarmente más débil de un conflicto si podía resistir lo suficiente[109]. Mientras que Mao advirtió contra la implicación en grandes batallas donde se jugaba a una carta el destino de la nación y abogaba por una guerra de desgaste de prolongada duración, Giáp se aventuró a una batalla decisiva en Dien Bien Phu, que valoró a posteriori como un modelo de coordinación entre la guerra de movimientos y la guerra de guerrillas. Luego, en la guerra de Vietnam, la estrategia del Viet Cong experimentó varias transformaciones en respuesta a las reacciones y capacidades del enemigo, dando mayor importancia a la maniobrabilidad y a la posesión de mejores fuentes de inteligencia. Se trataba, como dijo Giáp, de «extraer ventaja de las contradicciones en las que estaba envuelto el enemigo»[110]. Esta era una visión más flexible que la teoría maoísta ortodoxa de las tres fases, pero Giáp señaló tres condiciones para llegar a la etapa final de ofensiva: superioridad de las fuerzas revolucionarias a través de la regularización y la modernización del ejército, una favorable situación diplomática y un evidente debilitamiento de la moral del enemigo[111]. Además, puso el énfasis en el terrorismo, al que Mao prestó muy poca atención. Para algunos autores, la guerra de guerrillas es solo una variante de la guerra convencional (concebida esta como la destrucción física del enemigo por medios directos), pero que tiene la peculiaridad de emplear el terror como arma psicológica en la fase de violencia inicial de una guerra revolucionaria, es decir, cuando el movimiento adquiere su forma característica, y va cobrando fuerza en términos de control del territorio y de la población. El uso del terror declina cuando comienza la fase expansiva del conflicto, en el momento en que se va logrando el «equilibrio estratégico», del mismo modo que la guerrilla se va abandonando cuando se emprenden operaciones convencionales tendentes a la consolidación militar y a la victoria en todo el país. Al igual que Giáp, Thornton prefiere señalar que terror, guerrilla y guerra convencional forman parte de un continuum estratégico que se mantiene hasta el final de un conflicto revolucionario[112].

El libro de Abdul Haris Nasution, escrito en 1953 por un antiguo guerrillero devenido en general y ministro de Defensa de Indonesia, no solo contiene variaciones en las tesis de Mao. Nasution distingue entre guerrillas auxiliares, que asisten al ejército regular en sus operaciones, y las guerrillas independientes que combaten por su cuenta. Hay dos tipos de guerrillas auxiliares: las que acosan al enemigo en tiempo de guerra (como el maquis francés o los partisanos soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial) y las que operan en tiempo de paz en países que pretenden invadir, como en Corea o Vietnam del Sur. Las guerrillas independientes pueden terminar desapareciendo, como en Indonesia, o acabar formando un ejército regular con capacidad para batir al enemigo a campo abierto, como en China o en Vietnam[113]. La actividad guerrillera tenía que durar toda la campaña, ya que obligaba al enemigo a distraer un gran número de fuerzas, pero se debía intentar la puesta en marcha de un ejército regular tan pronto como fuera posible. La guerra de guerrillas adquiría de este modo el carácter de una «guerra popular total», que requería un liderazgo unificado, no solo a nivel nacional, sino también a escala regional y local[114].

EL REVISIONISMO CASTRISTA-GUEVARISTA Y SUS REPERCUSIONES

Por encima incluso de los casos vietnamita y argelino, la revolución cubana fue el éxito más sorprendente y espectacular de la «guerra revolucionaria», hasta el punto de que los combatientes castristas elaboraron (y trataron de exportar a todo el subcontinente americano durante la siguiente década) sus propias ideas acerca del origen y el desarrollo de la violencia insurgente. En su opinión, la rebelión campesina no tenía por qué ser el factor desencadenante de la subversión, ni tampoco era necesario que se diesen condiciones objetivas para la misma, tales como un descontento generalizado por la recesión económica o la represión policial, el desarrollo de un partido revolucionario ilegal, etc. Según Ernesto Che Guevara, la simple presencia de un grupo armado podía ser suficiente para que la población evolucionase en una dirección claramente revolucionaria. En su opinión:

1. Las fuerzas populares pueden ganar una guerra contra el Ejército.

2. No siempre hay que esperar a que se den todas las condiciones para la revolución; el foco insurreccional puede crearlas.

3. En la América subdesarrollada el terreno de la lucha armada debe ser fundamentalmente el campo[115].

Los factores básicos de la táctica guerrillera podían dividirse en tres grupos: el medio físico, la relación con la población autóctona y los asuntos de orden estratégico y militar. En el primer aspecto, la guerrilla siempre debía buscar zonas poco accesibles, que limitasen la capacidad de despliegue de las grandes unidades convencionales y diesen a los insurgentes la posibilidad de establecer áreas liberadas (santuarios) donde pudieran retirarse para desarrollar todas las actividades ligadas a la preparación del combate: descanso, abastecimiento de hombres y material, adoctrinamiento, etc. La guerrilla no tenía como objetivo inmediato la toma del poder, sino la constitución de una «fuerza militar autónoma y móvil». Se trata de constituir focos insurreccionales rurales y dinámicos, lanzando, a medida que cobrasen fuerza, columnas separadas que crezcan a su vez y abran otros frentes en el territorio. No cabe duda de que buena parte del éxito de un movimiento guerrillero depende de su capacidad para alimentar una lucha prolongada en lugares remotos y enajenar a las autoridades el apoyo o la comprensión de la comunidad nacional e internacional.

El guerrillero tiene como principal misión controlar a la población, y esto lo consigue dándose a conocer, y persuadiendo con sus actos de «propaganda armada» de que la guerrilla es una fuerza militar de confianza. Para obtener el necesario apoyo popular resulta imprescindible la existencia de un objetivo político (un proyecto de liberación nacional, de independencia, de autonomía, de derrocamiento de un régimen represivo, etc.) y una ideología que den sentido a esa aspiración colectiva, y motiven a la población para otorgar simpatía, cooperación o asistencia al movimiento guerrillero. Cuando la persuasión no basta, la propaganda y el terror son armas que pueden emplearse para atraer la atención internacional sobre la causa rebelde, eliminar líderes opositores, paralizar la normal actividad del Gobierno, intimidar a la población indecisa u hostil y evitar la derrota de las propias fuerzas. La propaganda política es una tarea fundamental, y debe ir dirigida a la tropa guerrillera, la población local, el personal gubernamental y la comunidad internacional. Como afirma Wördemann, la guerrilla procura ocupar el espacio, mientras que el terrorismo se esfuerza por ocupar la mente[116]. En la fase inicial de la insurgencia, la subversión podía estar apoyada por ciertas modalidades de terrorismo, pero el Che lo juzgaba, por su carácter poco discriminado, un arma contraproducente, que exacerbaba la opresión gubernamental y dificultaba la incorporación del pueblo al movimiento revolucionario[117]. En esto, Guevara no se parecía a Necháev, sino a Bakunin en su inspiración en los movimientos históricos de liberación nacional.

Desde el punto de vista de la conducta estratégico-militar de la guerra, era esencial la flexibilidad y la improvisación para sacar partido de las ocasiones favorables. Los guerrilleros, organizados en pequeños grupos de combate adaptados a las demandas operacionales, debían renunciar a los encuentros que no se mantengan en condiciones de superioridad manifiesta. Como decía Guevara, «es también un principio fundamental no librar nunca batalla, combate o escaramuza que no esté ganada de antemano». El conocimiento del terreno y el apoyo de la población permitirían adoptar esta táctica elusiva, que reduce al mínimo la posibilidad de ataques masivos y que abre la posibilidad de aplicar otros medios de lucha, como los sabotajes, las emboscadas contra los puestos militares avanzados, las líneas de comunicaciones y las fuentes de riqueza del Gobierno. Con ello se consigue el efecto paralizante de mantener a grandes unidades a la defensiva, lo que a medio plazo ejerce un incontestable influjo psicológico sobre la población, que percibe cómo las fuerzas represivas del Estado son incapaces de mantener el orden. Al desafiar impunemente al Gobierno, el foco provocaría una radicalización de la lucha. El cuestionamiento permanente de la eficacia de la coacción estatal conllevaría la reducción progresiva del crédito de legitimidad y de la base de apoyo del régimen, hasta que fuera derrocado por la coalición revolucionaria.

El «foquismo» relegaba la acción autónoma de carácter urbano (basada en la huelga general insurreccional, el sabotaje o la acción de masas) y rechazaba la preeminencia del partido sobre la guerrilla. Sobre la primera cuestión, es cierto que la guerrilla castrista había contado con la ayuda decisiva de la lucha en «el llano» –léase la ciudad– para acceder al poder, pero más tarde la historia oficial de la revolución minimizó el papel del movimiento obrero tradicional que había proclamado la huelga general en las grandes urbes, e hizo de la teoría del foco el impulso fundamental de la revolución[118]. De este modo, entre 1960 y 1961 se acentuó la dicotomía estratégica sierra-llano y se produjo una curiosa «serranización» de la teoría del foco, que se convirtió en el factor esencial en el pretendido descubrimiento natural, espontáneo e intuitivo de las teorías revolucionarias de Marx, las cuales podían ser reveladas, no a través de un estudio previo de las condiciones objetivas, sino directamente a través del combate guerrillero. Como dice el anarcosindicalista belga Luis Mercier-Vega, «ya no se trata, como en otras tradiciones revolucionarias, de incluir la acción violenta en una lucha conjunta en la que los métodos son múltiples, sino más bien de volver a llevar todos los recursos al campo del enfrentamiento armado»[119]. En esa línea, Castro rechazó las condiciones objetivas planteadas como premisa revolucionaria por el marxismo ortodoxo y potenció las condiciones subjetivas en su famosa Declaración de La Habana de 2 de diciembre de 1961, cuando proclamó enfáticamente que «el deber de cualquier revolucionario es hacer la revolución»[120].

Con la radicalización de la revolución cubana a inicio de la década de los sesenta y la independencia de Argelia en 1962, el tercermundismo se nutrió del imaginario violento plasmado por Frantz Fanon en Los condenados de la tierra (Les damnés de la terre [1961]). En un sentido estrictamente político, el foco ocupó el lugar de la vanguardia característica de los partidos leninistas o maoístas, convirtiéndose según el guevarismo en el elemento central de la revolución. Esta debía contar con una elite impulsora que no debía estar formada necesariamente por cuadros del partido comunista, sino que la guerrilla podía presentarse como la dirección político-militar unificada del movimiento revolucionario. De suerte que «el Ejército del pueblo engendra por sí mismo el partido del cual debería haber sido el instrumento: en esencia el partido es ella. La guerrilla es el partido en gestación»[121]. El sacrificio cuasirreligioso de una pequeña banda de hombres armados podía ser «el pequeño motor que pone en marcha el gran motor de la revolución».

Según Régis Debray, toda evolución pacífica hacia el comunismo debía ser rechazada. La guerrilla, el núcleo militar, tenía la primacía en todos los sentidos (bélico o político), y no tenía que estar subordinada a ninguna corporación política. Los cuadros de los partidos comunistas deberían abandonar la ciudad y emprender la guerrilla en las montañas, para así reforzar el núcleo militar. Si los partidos comunistas no tomaban ese camino, la guerrilla debería hacerse con el control de las funciones políticas, y la subordinación estrictamente militar sustituiría al centralismo democrático[122]. Debray rechazaba cualquier actividad defensiva en las operaciones de guerrilla, y ponía el énfasis en la movilidad que requería que la guerrilla quedase relativamente alejada de la población campesina, al menos en los estadios iniciales de la insurrección. Guevara dirigió la atención a los santuarios de las montañas, mientras que Mao destacó la habilidad del guerrillero para conectar con la población de la zona inmediata al combate[123]. Por lo tanto, el «foquismo» no designaba solo una cierta forma de guerra subversiva, sino también un método muy particular de construcción militar-partidista, y pretendía confirmar que, bajo ciertas condiciones históricas, una vanguardia armada podía engendrar, durante un largo periodo de guerra de guerrillas, una vanguardia política revolucionaria[124]. Debray aseguraba, con un optimismo bastante suicida, que una fuerza guerrillera huérfana de base política e incapaz de desplegar un intenso adoctrinamiento ideológico y político podía desarrollar un potencial militar capaz de derribar los gobiernos. Estaba convencido de que la mejor forma de propaganda armada era una acción militar efectiva: «la destrucción de un camión de transporte militar tiene un efecto propagandístico mayor que cien discursos»[125]. Pero olvidaba que el guerrillero debía ser, al tiempo, soldado y político, y que la auténtica batalla a ganar se libraba en las mentes de la población no combatiente. El modelo guevarista-castrista de revolución partía de la hipótesis harto discutible de que las sociedades subdesarrolladas están permanentemente al borde de la insurrección, y que bastaba un empujón inicial para que la maquinaria revolucionaria se pusiera en marcha. Tal razonamiento tenía mucho de absurdo: como sucedió en Cuba, el pueblo suele irrumpir en la arena política cuando hay una crisis aguda de poder, no porque sea pobre.

Esta teoría de la «revolución en la revolución» se caracterizaba por disociar la vanguardia respecto de las masas, y separar la lucha militar de la lucha política «legal», por lo cual chocó frontalmente con la estrategia preconizada por el leninismo o el maoísmo, que supeditaban el factor militar a una minuciosa planificación política, y sentenciaban que toda guerra revolucionaria desprovista del carácter y de los objetivos marcados por un partido obrero y campesino de vanguardia estaba abocada al fracaso[126]. Pero, a pesar del voluntarismo y del elitismo presentes en su concepción de la lucha guerrillera, el gran mérito de Guevara fue –además de su revalorización del papel revolucionario de un campesinado alentado por las promesas de reforma agraria– el hincapié que hizo en el valor del foco como levadura de la revolución. Creando un núcleo guerrillero, un pequeño grupo de hombres resueltos creía poder galvanizar la conciencia política del pueblo, aportando con sus acciones la prueba de la injusticia y de la vulnerabilidad de los gobiernos. Aunque Ernesto Che Guevara siempre trató de destacar la amplia autonomía política de que gozaba la acción guerrillera, no podía menos de reconocer que, para tener una mínima posibilidad de éxito, debían darse tres condiciones previas: una insuficiente legitimación de la elite gobernante, la presencia de tensiones sociopolíticas agudas entre la población, y la percepción por parte de los grupos de oposición de que todos los medios legales y pacíficos para obtener cambios sociales o políticos se encontraban bloqueados[127].

Con su apoyo incondicionado al «foquismo» que creaba las condiciones de la lucha revolucionaria, y no al revés, Guevara parecía más rígido en sus premisas teóricas que Mao. Pero entre 1963 y 1965 se pudo percibir una cierta «marxistización» de su pensamiento, que coincidió con la entrada en escena de Debray y el desarrollo de la polémica con Aníbal Escalante, miembro destacado de la fracción prosoviética del Partido Comunista Cubano, quien en abril de 1961 había puesto en duda la noción guevarista del descubrimiento intuitivo de las «verdades» del marxismo a través de la lucha armada. De hecho, en la Segunda Declaración de La Habana de 4 de febrero de 1962, Castro había señalado en la más pura ortodoxia leninista que el campesinado, que era una enorme fuerza revolucionaria en potencia, debía ser llevado a la lucha por la clase trabajadora y los intelectuales revolucionarios, y que la llamada burguesía nacional no podía conducir la lucha antifeudal y antiimperialista. Fue entonces cuando Guevara hizo un mayor uso del vocabulario marxista, lo que resultó patente en la presentación ante el Departamento de Seguridad del Estado cubano de un nuevo abanico de condiciones para iniciar la lucha armada (como la extensión de la penetración imperialista, la distancia geográfica respecto de Estados Unidos o la influencia de las ideas revolucionarias cubanas) y en el contenido de su pequeño ensayo Guerra de guerrillas: un método, que escribió en septiembre de 1963 como prefacio a la segunda edición de su libro sobre la guerra de guerrillas, donde incorporó novedades como que la posibilidad de que la guerrilla se lanzara contra regímenes democráticos reales o fraudulentos, y acentuar de este modo la polarización de las clases. Para Guevara, la guerra de guerrillas era una guerra de masas, que atravesaba tres estadios (defensa, equilibrio de fuerzas y ofensiva) y debía extenderse en todo el continente, sobrepasando las fronteras nacionales. La guerrilla era la portadora del futuro ejército popular y del futuro aparato del Estado, y la meta de la lucha de liberación ya era la dictadura del proletariado[128]. Muestra de la creciente rigidez dogmática del pensamiento guevarista es que en el prólogo al libro de Giáp Guerra del Pueblo, Ejército del Pueblo, rechazase la absoluta primacía que el general vietnamita otorgaba a la lucha política.

Por último, entre 1965 y 1967, en coincidencia con el primer despliegue guerrillero en América Latina y la presentación de Cuba como garante de los intereses revolucionarios del Tercer Mundo, se pudo constatar una internacionalización del pensamiento revolucionario de Guevara, en coincidencia con el impuso dado al «foquismo» desde la Conferencia Tricontinental celebrada en enero de 1966 y la I Conferencia de la Organización Latino Americana de Solidaridad (OLAS) que tuvo lugar en La Habana del 31 de julio al 10 de agosto de 1967, y que reunió a 27 grupos revolucionarios del subcontinente. En esta reunión se trató de impulsar la lucha revolucionaria en América Latina creando «dos, tres, varios Vietnam» frente al «desafío imperialista». La OLAS, que había sido creada en la Conferencia Tricontinental del año anterior para impulsar la lucha antiimperialista, atendiendo a la consigna de Castro de que «el deber de todo revolucionario es hacer la revolución», era el intento cubano de coordinación de las luchas revolucionarias en el continente, utilizando como táctica la guerrilla rural teorizada y preconizada por Guevara y Debray. La Declaración de la OLAS confirmó el marxismo-leninismo como guía de la lucha armada revolucionaria, y planteó las guerrillas como embrión de los futuros ejércitos revolucionarios[129]. El «leninismo apresurado», según la fórmula de Debray, debía acelerar el proceso revolucionario. Pero la propuesta no gustó a los partidos comunistas ortodoxos, lo que generó agrias disputas sobre el papel revolucionario del campesinado y el proletariado, el control político de la lucha armada por parte de los partidos comunistas o la adecuación de la agresividad revolucionaria a ultranza a la realidad política del subcontinente. De hecho, el observador soviético Alexander Serguievich Brajozov no aludió en ningún momento a la insurrección amada, mientras que Castro criticó de forma apenas velada a los «ilustres pensadores revolucionarios» de los partidos comunistas «ortodoxos», que habían madurado tanto su propuesta revolucionaria que se había podrido. En definitiva, la Conferencia anunció que «la guerrilla es la forma principal de lucha, y eso no excluye todas las demás manifestaciones de lucha armada que pueda surgir». En la resolución 10.a se señaló expresamente que «la guerrilla como embrión de los ejércitos de liberación constituye el método más eficaz para iniciar y desarrollar la lucha revolucionaria en la mayoría de nuestros países»[130]. Se trataría de crear organizaciones nacionales político-militares en toda América Latina, dotadas de una estructura común; un ejército guerrillero, una nomenclatura idéntica (Ejército de Liberación Nacional, ELN) y una doctrina de guerra única que implicase una visión política global a escala del continente. Pero los focos insurreccionales no lograron provocar revoluciones populares, y los gobiernos y los ejércitos de los países afectados supieron encontrar apoyo interno y externo suficientemente potentes como para hacer ineficaz la lucha guerrillera.

Queda meridianamente claro que no toda la izquierda latinoamericana pensaba como los cubanos. De hecho, tras el fracaso de la expedición de Guevara en Bolivia, los teóricos comunistas ortodoxos latinoamericanos, nada proclives a aventuras revolucionarias en ese momento de coexistencia pacífica entre las grandes potencias, comenzaron a atacar sistemáticamente la estrategia de Guevara y Debray por su subjetivismo, glorificación del guerrillero y falta de sintonía con las luchas urbanas[131]. Para muchos analistas, marxistas o no, si la concepción leninista de un partido de vanguardia compuesto de revolucionarios profesionales era ya voluntarista, la concepción guevarista de una vanguardia armada totalmente aislada de la población a la que pretendía arrastrar a la insurrección rozó los límites de la quimera. La estrategia «foquista» subestimó la solidez de los aparatos del Estado y sobreestimó las condiciones objetivas y subjetivas del proceso revolucionario popular. Su mayor error consistió en propugnar la lucha armada sin llamar previamente a una movilización seria de la población, privando a la guerrilla por un tiempo indefinido del imprescindible apoyo popular[132]. La falta de realismo de esta estrategia explica los reiterados fracasos de las guerrillas latinoamericanas, y su deriva hacia actividades terroristas y bandoleriles. El Che, que proponía la creación de «dos, tres, varios Vietnam», había dirigido de noviembre de 1966 a octubre de 1967 uno de estos «focos» en Bolivia, con funestas consecuencias. Poco después, la guerrilla guevarista entró en declive por la conjunción de varias circunstancias. En primer lugar, por la merma de sus apoyos exteriores, después de que arreciasen las críticas procedentes de la izquierda radical, que condenó el modelo del foco como una desviación «blanquista» cercana al terrorismo. En segundo término, por el conflicto doctrinal que el castrismo libró con el comunismo ortodoxo, que se hizo declarado durante la Conferencia de la OLAS en 1967. Junto con la ruptura del mito de la unidad revolucionaria latinoamericana, una eficaz mixtura de medidas reformistas (reformas agrarias, integración de los movimientos revolucionarios en el entramado político parlamentario, Alianza para el Progreso, etc.) y de campañas represivas (perfeccionamiento de las técnicas contrainsurgentes, con asesoramiento norteamericano y bajo la «doctrina de la seguridad nacional») acabó con esta tentativa de exportación de la revolución. De hecho, la OLAS, junto a la Tricontinental, fue un intento de combatir el aislamiento político cubano a través de la extensión de la revolución, acabó por ser absorbida por la Organización por la Solidaridad con los Pueblos de África, Asia y Latinoamérica tras la muerte de Guevara[133].

El año 1968 fue clave, ya que los escritores cubanos denunciaron públicamente la interpretación foquista de los acontecimientos revolucionarios de la isla elaborada por Debray. En un discurso pronunciado el 26 de julio, Castro comenzó a minusvalorar su papel como líder de los movimientos revolucionarios en América Latina, y a cuestionar que la guerrilla fuera la única vía de liberación popular en el subcontinente[134]. El declive del internacionalismo revolucionario castrista coincidió con el estrechamiento de las relaciones entre Cuba y la URSS y con la reactivación de la doctrina de guerra revolucionaria de Mao reformulada por Giáp en Vietnam, que se convirtió en el modelo alternativo para las revoluciones latinoamericanas bajo el paradigma de la guerra popular prolongada.

EL DEBATE CONCEPTUAL ENTRE LA GUERRILLA URBANA «LATINOAMERICANA» Y EL TERRORISMO «EUROPEO». ¿OLEADAS DE MOVILIZACIÓN Y CICLOS DE ACCIÓN COMPARTIDOS O DIFERENCIADOS?

En un sugerente trabajo, Alberto Martín Álvarez y Eduardo Rey Tristán caracterizan un ciclo revolucionario en América Latina que inauguró la revolución cubana y que se clausuró en los años noventa, una vez se produjo la desaparición del ethos revolucionario que la animó, con la derrota electoral de la revolución sandinista, el final negociado de los últimos conflictos armados centroamericanos (El Salvador en 1992 y Guatemala en 1996), la desaparición de la URSS y de los regímenes comunistas de Europa del Este y la consiguiente crisis ideológica y política del marxismo. Estos factores posibilitaron la promoción de la idea democrática por parte de las elites políticas latinoamericanas en el marco de la oleada democratizadora que atravesó el subcontinente, contribuyeron a configurar nuevas identidades políticas en la región, e impulsaron nuevos repertorios de acción y sistemas de creencias de la nueva generación de izquierda, que a la postre obtuvo el poder en varios países (Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela) por la vía electoral[135].

Este ciclo revolucionario tuvo fases de contracción y fases de expansión. La primera etapa expansiva, que coincidió con el auge del «foquismo» guerrillero en Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Argentina, Perú o Bolivia y que se extendió desde 1960 hasta la muerte de Guevara en 1967, vino inducida por la revolución castrista, las contradicciones y frustraciones del cambio revolucionario y los efectos perversos de las políticas desarrollistas, como el incremento de la masificación en las universidades en la década de 1955-1965, entre otros factores. En estos y otros países de la zona se produjeron fenómenos guerrilleros que conllevaron fracturas estratégicas, ideológicas y políticas entre pronacionalistas, promoscovitas, trotskistas, maoístas o castristas. El grado de apoyo campesino fue vital para determinar el éxito o el fracaso de estos movimientos, aunque este no fue el único factor a considerar, ya que su evolución (negativa en la práctica totalidad de los casos) vino determinada por las transformaciones en la estructura agraria, la existencia de culturas de la revuelta a nivel comunitario, la fortaleza del poder militar autóctono apoyado por Estados Unidos o el grado de apoyo que podía obtener de la población en general para debilitar al régimen y dar origen a un contrapoder revolucionario basado en una nueva alianza de clases.

La guerrilla podría haber triunfado sobre un régimen relativamente democrático o sobre una autocracia ineficiente, ya que la estrategia de la provocación predecía que, mediante la presión de las armas, un régimen democrático débil podía ser reemplazado por una dictadura militar reaccionaria e ineficaz, que se enfrentaría a la clase media y permitiría, como en Cuba, que la guerrilla se granjease el apoyo de la mayor parte de la población. Pero las dictaduras y las democracias de la zona se habían preparado concienzudamente para la lucha contrainsurgente tras la victoria castrista en Cuba. El fracaso de estas guerrillas en Guatemala, Venezuela, Colombia, Perú o Bolivia marcó una inflexión en este ciclo de protesta revolucionaria[136]. La guerrilla rural como método dominante de la guerra revolucionaria estaba declinando con el proceso de descolonización y la détente, pero pudo evolucionar hacia otro tipo de luchas más favorables para un rival débil. Fue entonces cuando se antepusieron las operaciones de insurgencia urbana como elemento complementario de guerrilla rural.

Esta segunda fase del ciclo revolucionario latinoamericano, a caballo entre la década de los sesenta y la de los setenta, vino caracterizada por la hegemonía de la guerrilla urbana, que no cobró importancia hasta las postrimerías de la «década castrista», especialmente tras la muerte del Che en Bolivia, hasta convertirse desde 1970 en la principal estrategia de los movimientos revolucionarios en América Latina[137]. En realidad, la mayor parte de las guerras revolucionarias del periodo contemporáneo han tenido una dimensión urbana importante. Aunque había sido utilizada con cierto éxito por el IRA en la lucha contra la ocupación inglesa durante y tras la Gran Guerra y por el FLNA en la kasbah de Argel a finales de la década de los cincuenta, el auge de lo que se ha venido en definir como guerrilla urbana en el Cono Sur del continente (Argentina, Uruguay, Brasil y, en cierta medida, Chile) fue una consecuencia directa del fracaso de la estrategia foquista patrocinada desde Cuba. El traslado de la guerra subversiva a las ciudades estuvo motivado, no solo por el reducido apoyo campesino a los experimentos guerrilleros preconizados por Guevara o Debray, sino también por el deseo de aprovechar las nuevas condiciones conflictuales que provocó el asombroso crecimiento urbano, la industrialización y los desequilibrios económicos y sociales que experimentaron las frágiles democracias latinoamericanas a finales de la década de los sesenta e inicios de la de los setenta. La guerrilla urbana no fue solo el resultado del fracaso del foco guerrillero, sino el fruto de la necesidad de actuar de forma revolucionaria en regiones cuya población vivía sobre todo en ciudades, donde existían sectores potenciales de apoyo como el subproletariado residente en áreas suburbanas degradadas, los universitarios radicalizados o los militantes más combativos de las organizaciones sindicales o los partidos obreros. Pero la mayor parte de los movimientos subversivos del ámbito urbano no lograron superar su carácter elitista militarista blanquista, ni pudieron pasar a la fase de propaganda armada. Para Lamberg, la guerrilla urbana es menos resistente que la rural porque no tiene apoyo político o civil significativo, y es más vulnerable en este entorno geográfico limitado[138].

Las guerrillas castristas «clásicas» de Venezuela, Guatemala, Colombia o Perú habían minusvalorado las acciones de los cuadros urbanos, hasta reducirlas a meras actividades secundarias de apoyo. Solo la guerrilla guatemalteca acabó dislocando sus actividades desde el campo y la montaña a la ciudad. En el resto de los países del área, especialmente en el Cono Sur, la guerrilla urbana apareció ex novo, como un modo de protesta armada sin relación directa con las experiencias del «foquismo» guevarista[139], pero asumiendo una parte de sus premisas teóricas.

Aunque en Cuba el «frente urbano» fue vital para el triunfo de la revolución, ya que logró inmovilizar a casi la mitad de las fuerzas gubernamentales (unos 15.000 soldados), Castro consideraba que la ciudad era «la tumba de la guerrilla», por el irreversible «aburguesamiento» de los proletarios. Aunque Guevara había reconocido la posibilidad de trasladar la lucha a las áreas suburbanas como un complemento secundario y dependiente de la lucha irregular a campo abierto, concedía una limitada autonomía estrategia a la lucha en la ciudad:

Es fundamental precisar que nunca puede surgir por sí misma una guerrilla suburbana […] La importancia de una lucha suburbana ha sido muy desestimada, pero es extraordinaria. Un buen trabajo de este tipo, extendido sobre una amplia área, paraliza casi completamente la vida comercial e industrial en este sector y coloca a la población entera en una situación de intranquilidad, de angustia, de ansias casi del desarrollo de sucesos violentos para salir de esa espera[140].

Debray, el ideólogo del guevarismo tardío, lanzó inventivas aún más duras contra la ciudad como escenario de lucha: la metrópoli «aburguesaba» hasta tal punto a los proletarios que «es evidente que el territorio urbano no puede desempeñar un papel decisivo en la lucha armada»[141]. Todo lo más, la ciudad aparecía como un espacio de lucha complementario, por lo que la guerrilla urbana desempeñaba un papel meramente táctico a la espera de los combates decisivos, que se librarían previsiblemente en el ámbito rural. El objetivo del guerrillero urbano era vigilar los muchos objetivos que la ciudad moderna proporcionaba a unos terroristas decididos a subvertir el sistema, y desmoralizar a las fuerzas del orden con una campaña de acoso sistemático, dando ejemplo para atraer a nuevos adeptos, y persuadiendo al pueblo de que el Gobierno resultaba vulnerable a un ataque bien orquestado. Las organizaciones que optaron por emprender la nueva táctica de la guerrilla urbana asumieron todos los principios de la lucha armada revolucionaria, pero aplicándolos al ámbito ciudadano, que había sido históricamente hostil a la guerrilla tradicional. El voluntarismo inherente a la estrategia foquista trasladada al asfalto fue asumido en su integridad por estos nuevos «alquimistas de la revolución»: los Tupamaros uruguayos reinterpretaron la idea de foco guevarista como núcleo activista, cuestionador y aglutinador; esto es, una idea de foco en el sentido cualitativo, cuya principal virtud no era la estrategia militar que se pudiera derivar de él, sino la capacidad para conmover las mentalidades revolucionarias latentes en la sociedad. Como señalaba un portavoz del movimiento: «la acción revolucionaria en sí misma, el acto de armarse y de llevar a cabo una serie de actividades contrarias a las normas de la legalidad burguesa, generan la conciencia revolucionaria, la organización y las condiciones para la revolución»[142].

La lectura hecha por otros promotores en situaciones parecidas fue similar en los primeros momentos en Brasil, y más tarde se dio un proceso de imitación/aprendizaje en otros países como Argentina[143]. El activista brasileño Carlos Marighella, que había estudiado con detenimiento la guerra popular maoísta y la revolución castrista, y que tras su muerte violenta fue elevado al rango de principal mentor teórico de la guerrilla urbana, llegó a conclusiones parecidas a las de los Tupamaros. Marighella no aceptaba la teoría del foco que creaba la revolución, sino que consideraba que la ciudad era la primera área de la inicial lucha táctica, y que la confrontación final no debía ser rural o urbana, sino nacional o incluso continental en sus proporciones geoestratégicas. Aunque no estaba de acuerdo con el carácter predominantemente rural de la doctrina foquista, reconocía que la acción armada en sí misma, ajena a los movimientos populares y sin contacto con la situación social del país, podía crear las condiciones propicias para una revolución. De ahí que en sus escritos no se discutan cuestiones cruciales de orden político, o estrategias de subversión y agitación. En realidad, su famoso Minimanual es una recopilación bastante convencional y en cierta medida decepcionante de ejercicios militares (muy similar, por otro lado, a los estudios de Guevara sobre la guerrilla), donde se analizan asuntos de orden eminentemente práctico, como la organización de células combatientes autónomas, la cuidadosa selección y especialización de los guerrilleros, la naturaleza de los ejercicios de propaganda armada dirigidos en descrédito del Gobierno, o la necesidad de plantear ataques continuos y por sorpresa contra objetivos bien delimitados[144]. Para combatir a un Gobierno que se encontraba en su hábitat más favorable, la guerrilla urbana no debía emplear el combate partisano convencional, sino que estaba obligada a utilizar métodos coactivos muy variados, como las incursiones, las ocupaciones, las huelgas, los secuestros, los ajusticiamientos, las emboscadas, los sabotajes, las tácticas de calle, los asesinatos políticos selectivos, la incautación de armas, el asalto a bancos, cárceles o cuarteles, el terrorismo, la propaganda armada, la guerra de nervios o las intervenciones rayanas en el delito común propias del bandidaje político[145]. La actividad de los grupos revolucionarios se estructuraría en tres ámbitos bien coordinados: el frente guerrillero, el frente de masas (movimiento estudiantil y sindical) y la red de sustentación, que daría apoyo logístico a la organización revolucionaria. Para Marighella, el guerrillero urbano era «un hombre que lucha contra la dictadura militar con armas, usando métodos no convencionales. Un revolucionario político y un patriota ardiente, luchador por la liberación de su país […] La guerrilla urbana persigue un fin político y solo ataca al gobierno, a los grandes capitalistas y a los imperialistas extranjeros, particularmente norteamericanos»[146].

El objetivo político de la guerrilla urbana era desacreditar al Gobierno y revelar su incapacidad para mantener el control de la situación llegando a medidas represivas contra la población, hasta transformar la situación política en una situación militar[147]. El propósito de la guerrilla urbana era doble: la liquidación física de los enemigos y la expropiación de armas o bienes del Gobierno, capitalistas e imperialistas. Como en los casos maoísta o castrista, Marighella señaló tres fases en el desarrollo de la guerra revolucionaria en el ámbito urbano: la formación de cuadros y el acopio de material para la lucha, las operaciones guerrilleras de desgaste y la guerra de movimientos, en la cual el campo en armas rodearía la ciudad, y se ensayaría un asalto al poder coordinando la acción terrorista con una huelga general de carácter insurreccional. Es decir, el orden de prioridades era el inverso de la estrategia revolucionaria propuesta en la década de los veinte por la Komintern. Con su énfasis puesto en la ciudad, la propuesta de Marighella tampoco satisfizo al castrismo. Aunque el Minimanual del guerrillero urbano aparecido por vez primera en el número 16 de la revista Tricontinental (enero-febrero de 1970), la actitud cubana ante la guerrilla urbana siempre se caracterizó por la indecisión.

Este debate táctico invita a plantear la real naturaleza de la guerrilla urbana. En general, desde la década de los setenta, los politólogos y los sociólogos han propuesto definiciones restrictivas de la misma, basadas sobre todo en cuestiones técnicas y militares. Es la postura adoptada entre otros por Laqueur, Moss o Wickham-Crowley, cuando analizan la cuestión en términos de capacidades y posibilidades de confrontación militar, y concluyen que la ausencia de la segunda excluye la consideración de guerrilla para los grupos de actuación urbana, que se asimilarían directamente al paradigma terrorista[148]. De hecho, Laqueur opina que el término «guerrilla urbana» no es sino un apelativo bondadoso para definir lo que, lisa y llanamente, es terrorismo. Discute el mismo término de «guerrilla urbana», ya que es imposible crear zonas liberadas en una ciudad y derrotar allí a las fuerzas armadas opositoras. En el medio urbano no hay oportunidades para la guerra de guerrillas, y allí solo se practica el terrorismo[149].

Por su parte, Wickham-Crowley descarta la existencia de la guerrilla urbana, ya que no se trata de una auténtica guerrilla porque no se plantea un enfrentamiento directo entre fuerzas armadas, y sus métodos implican la muerte o la provocación indiscriminada de un daño a ciudadanos ordinarios no combatientes, que es la base del terrorismo[150]. El problema de diferenciar el terrorismo de la guerrilla se incrementa por el hecho de que la guerrilla rural o la urbana emplean tácticas terroristas en determinados momentos de su actividad, pero la situación inversa (los grupos terroristas que utilizan tácticas guerrilleras) se ha dado en muy contadas ocasiones. Algunos autores tienden a extender el término terrorismo a toda forma de insurgencia, y muchas obras caracterizan la actividad insurgente de los grupos clandestinos como terrorismo. La identificación entre ambos fenómenos violentos resulta frecuente porque las guerrillas urbanas rara vez rechazan el terrorismo como una de sus formas preferentes de acción, y tienden a usarlo ampliamente cuando son políticamente débiles y se encuentran socialmente aisladas. Los insurgentes pueden utilizar más de una forma de combate, y la más común es la combinación variable del terrorismo y la lucha guerrillera. El terrorismo en la guerrilla es una demostración de debilidad, y suele ser generalmente selectivo, dirigido contra los representantes del poder establecido. Normalmente no se recurre al terrorismo hasta que el grupo insurgente no ha establecido un reducto firme en el seno de la población. El terror contra civiles es aparentemente más regular y «natural» en la guerrilla que en la moderna guerra convencional[151].

Los autores que no diferencian el terrorismo de la guerrilla urbana minusvaloran u omiten los aspectos estrictamente políticos de la guerra revolucionaria, que no son meros ataques terroristas o acciones de comando, sino un tipo particular de proceso revolucionario. Hay diferencias esenciales entre la guerrilla y el terrorismo, aunque muchas acciones insurgentes no puedan ser categorizadas fácilmente como una o como otro. Los objetivos prioritarios de la guerrilla son las fuerzas armadas del Gobierno, la policía, sus unidades de apoyo y, en algunos casos, objetivos económicos clave, más que los civiles desarmados, de modo que sus unidades son relativamente más grandes que las células terroristas incluso pueden transformarse en ejércitos, y tienden a necesitar una estructura logística notablemente elaborada, y campos de base para sus actuaciones. Su lugar de actividad es casi exclusivamente las áreas rurales, y efectúan reformas de carácter político y social en las zonas liberadas[152]. La guerrilla aplica la violencia con fines instrumentales de naturaleza militar, mientras que el terrorismo tiene un componente preferentemente simbólico y comunicativo.

En un interesante ensayo conceptual, Luis de la Calle e Ignacio Sánchez Cuenca constatan la fluidez en el empleo de ambas tácticas violentas. Observan que los grupos insurgentes se ven forzados a usar tácticas terroristas, esto es, modos de violencia coactiva de carácter clandestino, cuando carecen de base territorial[153]. Las guerrillas urbanas y los grupos terroristas no tienen base territorial y deben operar clandestinamente en territorio enemigo[154]. Pero algunos grupos armados desprovistos de ese control del espacio pueden emplear tácticas de guerrilla (como ataques y batallas a pequeña escala) en las primeras etapas de un conflicto, cuando todavía piensan que pueden convertirse en una guerrilla plena y operativa. En este caso, el actor es terrorista, pero la violencia que adopta no lo es. Por otro lado, los actores armados que controlan un territorio (sean guerrillas o gobiernos) pueden adoptar tácticas que pueden identificarse como plenamente terroristas, sobre todo cuando actúan forzados por la clandestinidad, por ejemplo, conduciendo acciones desestabilizadoras en la capital o realizando actividades de «guerra sucia». Aquí el actor no es un grupo clandestino (terrorista), pero la violencia que adopta sí lo es. De modo que el terrorismo puede emplearse como estrategia dominante o como táctica complementaria en la lucha insurgente. Cualquier modo de control del territorio (para tener bases de operaciones, perturbar el tráfico de personas o bienes, financiar la insurgencia o controlar la población) calificaría a un movimiento como guerrillero, y a un conflicto como guerra revolucionaria o guerra civil. Pero, a veces, ambas características (la clandestinidad y la territorialidad) coexisten en el mismo movimiento y en un mismo país, como es el caso del PKK en el Kurdistán turco. Ciertamente, los grupos clandestinos que adoptan formas de violencia guerrillera son ampliamente residuales, como son los casos de Hezbollah (que emplea preferentemente el modelo guerrillero en su área de influencia del Sur del Líbano, aunque no de forma exclusiva) o de los Montoneros, que intentaron emular la típica insurgencia rural latinoamericana, y que en su radicalización trataron de crear un ejército capaz de ejecutar operaciones militares con centenares de hombres uniformados. Su acción más espectacular fue el ataque a la guarnición de Formosa en octubre de 1975, pero tras su fracaso el movimiento clandestino renunció a lanzar ambiciosas operaciones de guerrilla contra el ejército y pasó a emplear preferentemente la táctica terrorista[155].

A veces, un grupo insurgente escoge el terrorismo o la guerrilla en función de la estructura social y de población o el diferente grado de desarrollo económico de las sociedades afectadas por la situación de conflicto. De hecho, la violencia política se ha presentado en América Latina bajo apariencias mucho más numerosas que en Europa, y allí constituye el fermento básico del proceso político[156]. En Latinoamérica se han observado sobre todo confrontaciones guerrilleras de diverso tipo (nacionalista, maoísta, castrista, de guerrilla urbana, contrarrevolucionaria, etc.), mientras que en Europa ha predominado una estrategia insurgente de tipo terrorista, hasta el extremo de que sería posible diferenciar el terrorismo de resistencia europeo de los procesos de insurgencia del Tercer Mundo.

A diferencia del terrorismo, la guerrilla es un tipo de violencia que acostumbra a ser desplegada por actores no elitistas, que suele desarrollarse en el marco de una estrategia subversiva más ambiciosa, y que aspira a culminar en un asalto al poder en forma de insurrección o de guerra civil. La guerrilla incluye capas sociales más amplias que el terrorismo, tiene una base territorial más o menos sólida y trabaja con la posibilidad de asumir el poder político-militar del conjunto del país[157]. Ciertamente, la guerrilla se distingue del terrorismo por su vocación de control territorial[158], de modo que si aquella es el arma del débil, este es el arma del que es aún más débil.

Aunque, desde un estricto punto de vista doctrinal, no se puede separar la guerrilla urbana de la guerrilla rural, se diferencian en que aquella actúa en un espacio más densamente poblado, su composición social resulta más heterogénea y su objetivo estratégico no es obtener una victoria militar por sí misma. La guerrilla urbana plantea dos posibles estrategias: una que reclama una acción paralela en el campo y otra únicamente centrada en las ciudades[159]. Pero en general, la guerrilla urbana es una estrategia mixta rural-urbana, donde se busca erosionar el poder del Gobierno en una estrategia de guerra prolongada: se trata de convertir una crisis política en un conflicto armado[160]. El principal objetivo es proporcionar apoyo político y material a la guerrilla rural, aunque en otros casos los guerrilleros urbanos también han llevado a cabo ataques como asesinatos, atentados con bombas o sabotajes, como suplemento de las actividades de la guerrilla a campo abierto[161]. La guerrilla urbana suele pasar de las agitaciones de plaza al terrorismo, y la guerrilla rural de la lucha irregular a los combates librados por unidades regulares o semiregulares[162]. La acción en las ciudades tiene la ventaja de atacar al Estado y a las elites políticas o económicas de forma más directa y peligrosa que la guerrilla rural, pero tiene el inconveniente de poner en peligro a amplios sectores de la población cuya simpatía o apoyo se quiere conquistar, y no brinda la oportunidad de establecerse en «territorios liberados» donde podría anticiparse el orden futuro al que se aspira. La guerrilla urbana no puede sobrevivir mucho sin poner en peligro su estructura de clandestinidad: no puede ni debe superar la fase subversiva temprana para transformarse en un serio rival del régimen, ya que este podría desarticular con mayor facilidad una organización que, por su carácter masivo, resultara vulnerable al violar las reglas básicas de la clandestinidad. La movilidad y el ocultamiento son la esencia de la guerrilla rural, pero ambas cosas resultan más difíciles en las ciudades. Las guerrillas del campo operan en unidades de efectivos numerosos que debieran transformarse luego en ejércitos regulares en zonas liberadas, cosa a la que no aspira la guerrilla urbana[163]. Pero en todo momento y en todo lugar, el guerrillero rural o el urbano interpretan su lucha como una etapa integrada dentro de un plan estratégico global, por muy utópico que este sea, para impulsar a medio plazo una insurrección armada que les otorgue la victoria política[164].

A pesar de sus indudables concomitancias, también resulta un error identificar sistemáticamente el terrorismo con la guerrilla urbana, que no solo es cosa de intelectuales urbanos de clase media, sino que en algunos casos (véase el ejemplo de la «batalla» en la kasbah de Argel en 1957) puede alcanzar un fuerte apoyo social y dimensiones considerables[165]. Como medio para disuadir a la gente de apoyar al enemigo y castigar a quienes lo apoyan, el terrorismo se encuentra presente en todas las guerras de guerrilla tradicionales[166]. Crozier divide el terrorismo revolucionario en disruptivo (para publicitar el movimiento y darle moral y prestigio y obligar a las autoridades a desencadenar una espiral represiva) y coercitivo (para desmoralizar a la población civil, hacerla pasiva y debilitar su confianza en la autoridad[167]. Aunque la guerrilla puede utilizar en ocasiones métodos terroristas, su intención es precisamente crear «zonas liberadas» cada vez más amplias, en una estrategia insurreccional global de guerra civil. Desde el punto de vista táctico (centrado en el acoso a las fuerzas del Estado) la guerrilla urbana y el terrorismo se parecen, pero no desde la perspectiva estratégica: en la guerrilla se antepone lo militar a lo político, mientras que en el terrorismo se invierten las prioridades. La diferencia del terrorismo y la guerrilla urbana es que la segunda persigue una lógica y busca una solución militar y el primero tiene como objetivo plantear una negociación política con el Estado. El terrorismo es el arma del débil que no es capaz de lanzar una guerra civil, y prefiere emprender una táctica de desgaste que no tenga implicaciones militares, sino políticas. En realidad, en los procesos insurgentes, el empleo de estrategias violentas tan diversas como el terrorismo o la guerrilla es muy fluido, y depende de la correlación de fuerzas en presencia, del grado de apoyo popular, del poder coactivo que es capaz de desplegar el Estado, de la situación internacional, de la confrontación intercomunitaria o de las culturas subversivas existentes.

La guerrilla urbana se puede definir como «una forma de guerra no clásica librada en zonas urbanas o suburbanas para lograr objetivos políticos». Mientras que el guerrillero urbano o el rural pueden emplear la violencia intimidatoria sistemática como una táctica subversiva entre otras en un contexto más amplio de lucha político-militar, el terrorista utiliza este tipo de acción coactiva como un elemento estratégico central de su labor desestabilizadora. Aunque para algunos grupos terroristas (como, por ejemplo, ETA[p-m] hasta inicios de la década de los setenta) la violencia ha ejercido una función catalizadora en el proceso de polarización de las fuerzas políticas que debiera conducir a la rebelión popular, su progresivo alejamiento de los grupos de referencia les obligó a renunciar al objetivo insurreccional último y a emplear la coacción armada con objetivos no revolucionarios, tales como la presión sobre el Gobierno, la negociación, el mantenimiento de la cohesión interna, etc. Pero la propia guerrilla urbana puede representar el estadio preliminar de un movimiento subversivo que, acuciado por sus fracasos estratégicos, deriva en terrorismo de resistencia. Sin embargo, la guerrilla urbana no se limitaba a operaciones de terrorismo puro, sino que también se concentraba en la agitación política (propaganda armada), la movilización de las masas o el desarrollo de operaciones para procurarse armas, fondos, vituallas y destruir los centros vitales del enemigo y su aparato logístico, distrayendo su atención y permitiendo a la guerrilla rural iniciar acciones en otros puntos sin ser inquietadas. En muchas ocasiones, el guerrillero urbano utilizaba métodos terroristas, pero su intención era crear espacios de disidencia política cada vez más amplios, en una estrategia insurreccional global de guerra civil. Al final de la guerra revolucionaria, la guerrilla urbana prepararía la unión con las fuerzas de la guerrilla rural, transformándose en fuerzas clásicas y dando el asalto final al poder establecido en un acto convencional de insurrección armada, que podía triunfar si disponía de una base de apoyo (consenso y acción) más amplia de la que le tenía un simple grupo terrorista[168].

Para Marighella, que aceptó el término «terrorista» para su organización y estrategia en el Minimanual[169], el terrorismo era solo un elemento de la planificación violenta que denominó «estrategia de la militarización»: el aumento del nivel de violencia y la mayor división interna de la sociedad provocada por las acciones de terror podían transformar una simple crisis política en una lucha armada del pueblo, susceptible de extenderse por la ciudad y el campo hasta obligar al Gobierno a transformar la situación política del país en una situación militar, con lo cual la masa tendería a rebelarse contra la policía y el ejército, al hacérselos responsables de la situación[170]. En suma, para Marighella y sus imitadores latinoamericanos o europeos, el terrorismo constituía una táctica desestabilizadora, pero no decisoria. Podía constituir el desencadenante de una espiral de represión-resistencia armada que llevase a la insurrección, pero el terrorismo por sí mismo no conducía al asalto del Gobierno, sino que provocaba cambios políticos, casi siempre en la dirección de una regresión democrática. De hecho, la estrategia de la militarización expuesta por Marighella, que se cifraba en el desencadenamiento de una espiral o escalada de la violencia subversiva y estatal, sirvió para que buena parte de los gobiernos latinoamericanos se inclinaran hacia formas dictatoriales de derecha, sin que se lograra la articulación de amplios frentes opositores que tuvieran reales posibilidades de conquistar el poder.

Junto con Marighella, el militar republicano español Abraham Guillén, que tras exiliarse en Francia y Argentina había recalado en Montevideo en 1962, fue el otro gran teórico de la guerrilla urbana. Guillén, que había sido partidario de Buenaventura Durruti y trabajó en el seno de la CNT durante la Guerra Civil, fue un neomarxista o anarcomarxista que trató de conciliar la teoría de Marx con la praxis revolucionaria de acción directa de herencia bakuninista. A diferencia de Marighella, que era claramente un maoísta, Guillén destacaba la importancia de la acción política en la obtención del necesario apoyo de las masas, pero al igual que él creía que «la acción, la práctica, venía primero, y luego la teoría»[171]. Según él, las ciudades eran junglas de cemento donde las guerrillas estaban más seguras y mejor apoyadas logísticamente que en las montañas[172]. La primera edición de la Estrategia de la guerrilla urbana salió en 1966. En ese momento, Guevara identificaba la revolución por la liberación nacional con la revolución socialista, pero Guillén no, pues en su opinión primero habría que unir a la población en contra de la burguesía nacional, no con un programa doctrinario para alcanzar el socialismo, sino con el común propósito de la independencia económica respecto de Estados Unidos, en un proyecto que debía ser llevado a cabo por una alianza revolucionaria lo más amplia posible del campesinado, la clase obrera y las clases medias[173]. Pero también preconizaba la actuación de una vanguardia político-militar basada en la guerrilla, que resultaba indispensable para llevar a cabo lo que denominaba «Segunda Guerra de Independencia Latinoamericana». Sus postulados representaban una impugnación de los de Debray y los cubanos –para quienes era inviable el arraigo de un movimiento armado exclusivamente urbano cualesquiera que fueran las circunstancias–, y en la que habían tenido una gran influencia los fracasos de la experiencia guevarista en Bolivia y de los primeros focos brasileños. De acuerdo con Guillén, la «conquista del espacio» no debía ser el propósito de la insurgencia en los países altamente urbanizados, ya que en las ciudades «las guerrillas agitan, luchan o dan cobertura a las masas, pero no pueden establecer zonas liberadas»[174].

La estrategia guerrillera de Guillén trató de evitar los extremos: tanto el elitismo revolucionario y el militarismo del foco conspirativo blanquista (revitalizado por el menosprecio a las clases directoras mostrado por Debray) como la política electoral de masas de los partidos marxistas tradicionales. Guillén atacaba las tesis de Debray, que en su obra Revolución en la revolución recomendaba «dejar la ciudad e ir al monte […] la guerrilla es aislada en las ciudades […] ni un fusil debe ser distraído para la resistencia urbana». En su particular opinión, la guerra revolucionaria era más fácil en el seno de una población campesina numerosa y dispersa, que no pudiera ser fácilmente controlada por un Gobierno. Pero Guillén objetaba que «las revoluciones campesinas nunca triunfaron, mientras las ciudades no siguieron al movimiento insurreccional del campo». La guerra revolucionaria, que «es un medio para la política»[175], no debía ser parcial, sino total: «sin unidad de acción entre la ciudad y el campo, no se logra la victoria en una revolución popular»[176]. Para Guillén, «el “foco guerrillero” podía crear todas las condiciones revolucionarias mejor en la ciudad que en el campo, a partir de la ejecución de acciones armadas en grandes ciudades donde la crisis económica, el desempleo, la injusticia, la inflación y el partido del descontento constituyen la inmensa mayoría de la población»[177]. Pero la acción espontánea o el foco guerrillero no eran suficientes, sino que había que partir de una crisis estructural del sistema, atendiendo al análisis de las condiciones objetivas preconizado por Marx.

Guillén fue el primer teórico que trató de adaptar el paradigma guerrillero castrista a la guerrilla urbana, entendida como guerra prolongada donde el Ejército Popular usaría la estrategia de desgaste:

En la primera fase del Ejército Popular de Liberación pudiera ocurrir que no se enfrenten ni siquiera un Ejército contra otro, sino un puñado de guerrilleros […] La segunda fase de la guerra comienza con la constitución de un Ejército regular […] La fase superior de la guerra alcanza su punto culminante cuando el movimiento guerrillero se ha integrado en el Ejército de grandes unidades para librar batallas de aniquilamiento del enemigo[178].

Mientras ese ejército revolucionario clandestino no fuera poderoso, su estrategia estribaría en realizar operaciones defensivas y ofensivas que proporcionasen diariamente pequeñas victorias. Guillén abogaba por la ejecución de muchas acciones pequeñas realizadas por células autónomas de cinco miembros, en constante movilidad y con existencia clandestina. Señalaba que «entre un territorio favorable y una población favorable, el ejército debe elegir la población y no el terreno»[179]. No se debían realizar operaciones ofensivas impremeditadas. Se trataba de mantener una guerra prolongada, en cuyo desarrollo debían producirse muchas batallas cortas de resolución rápida; practicar una guerra en frentes móviles; no enfrascarse en estrategias duales y centralizar en el Estado Mayor la decisión estratégica, dejando a los mandos de las pequeñas y grandes unidades una gran autonomía. La guerrilla debía ser un permanente medio de propaganda y organización política en las regiones donde actuase, practicar una estricta y necesaria disciplina militar, ser democrática y políticamente flexible para ganar prestigio entre la población y obtener el apoyo de las clases sociales progresistas[180]. Guillén también destacó la importancia de la propaganda armada: «La guerra revolucionaria es una forma de alcanzar objetivos políticos por medios violentos; es la propaganda por los actos para alcanzar, en su totalidad, los medios de comunicación de masas», y como Kravchsinky y Collins, advirtió que «la guerra será ganada por quien más resista»[181]. Esta estrategia de desgaste debía mantenerse hasta que la correlación de fuerzas en presencia resultara favorable al Ejército Popular de Liberación[182], que debía liderar una acción revolucionaria a escala continental.

Los libros de Marighella y Guillén aceleraron la puesta a prueba de la estrategia de la insurgencia urbana centrada en operaciones terroristas, o una mezcla de esfuerzos rurales y urbanos, como sucedió en Venezuela y Guatemala, donde los cuadros de la guerrilla urbana cumplieron misiones meramente logísticas y de propaganda[183]. La táctica solo se desarrolló en Brasil, Argentina y Uruguay, donde los grupos armados (ALN, Montoneros, Tupamaros…) reclutaron a sus militantes en el seno de la clase media en mayor medida que la guerrilla rural, pero por su carácter elitista y sus formas de actuación recibieron escaso apoyo de los partidos de izquierda, los sindicatos, el subproletariado y las universidades. Los Tupamaros optaron por el «foquismo» y mantuvieron la visión subjetivista de la revolución, pero fracasaron en extender sus operaciones al campo. Ni Montevideo, ni São Paulo ni Buenos Aires eran santuarios invulnerables, capaces de ser apoyados y abastecidos e inmunes a la acción de un Estado omnipresente en la gran ciudad. La historia muestra que la guerrilla rural, con la excepción de Cuba, solo ha triunfado si se enfrentaba a un poder colonial o se desplegaba en el marco de una guerra internacional. Con el fin del periodo colonial y de las grandes guerras mundiales, su importancia disminuyó, y aumentaron los golpes militares y el terrorismo.

A mediados de la década de los setenta se desencadenó un tercer ciclo de la oleada de efervescencia guerrillera en Centroamérica y la zona andina, que cobró especial intensidad en Nicaragua (con la toma del poder por los sandinistas en 1979), El Salvador (ERP), Guatemala (FAR), Perú (PCP-SL) o Colombia (M-19), y tuvo manifestaciones poco relevantes en Honduras o Costa Rica. Esta tercera fase vino caracterizada por la presencia de organizaciones de naturaleza político-militar más cercanas a la tradición marxista-leninista o maoísta. Las guerrillas revolucionarias se disfrazaron en la década de los setenta como luchas antineocolonialistas cuando eran en realidad guerras internas a menudo apoyadas y armadas por el bloque comunista[184]. Aunque el número de movimientos se incrementó hasta 1980, el nuevo ciclo subversivo sufrió un fuerte declive al final de la década. Con el hundimiento de la URSS, el número de guerrillas latinoamericanas decreció fuertemente, con hitos como la captura de Abimael Guzmán (líder de PCP-SL) en Lima en 1992 o la esquiva búsqueda de la paz por las FARC entre 1982 y 1998, hasta la reanudación oficial de las conversaciones con el Gobierno colombiano en septiembre de 2012 y la firma de los acuerdos de paz el 26 de septiembre de 2016.

Iniciar un proceso revolucionario por medio de la guerrilla rural y eventualmente transferirla a la ciudad, o a la inversa, fue una noción revolucionaria latinoamericana que no todos los insurgentes suscribieron en su época. De hecho, en las sociedades más intensamente urbanizadas y desarrolladas del mundo occidental florecieron modelos alternativos como el terrorismo, que a partir de la década de los setenta sustituyó a la guerrilla como paradigma universal de la violencia insurgente. La inserción de los movimientos guerrilleros latinoamericanos y las organizaciones terroristas europeas en las oleadas de violencia revolucionaria identificadas por David C. Rapoport resulta una tarea compleja de dilucidar. En primer lugar, porque debe integrar al menos cuatro grandes modalidades de lucha armada (las guerrillas rural y urbana, y los terrorismos étnico-nacionalista y de Nueva Izquierda) cuyos orígenes y desarrollos diferenciales no son menos relevantes que sus conexiones políticas, ideológicas o personales. En segundo término, los ritmos y el alcance de los ciclos de protesta fueron muy diferentes a un lado y otro del Atlántico: la oleada de violencia revolucionaria que contempló el desarrollo y el triunfo de los movimientos tercermundistas de independencia o de liberación nacional frente al dominio colonial (o neocolonial) occidental, que Rapoport acotó desde la década de los cuarenta hasta mediados de la de los sesenta, coincidió con el momento de éxito del «foquismo» guerrillero latinoamericano. Pero mientras que en Asia, África o Latinoamérica, las tensiones de la descolonización provocaban continuos golpes de Estado, insurgencias y enfrentamientos civiles, el ciclo apenas tuvo eco en una Europa Occidental que hacía veinte años que había dejado atrás los modos de violencia colectiva vinculados al ciclo de liberación nacional del periodo de entreguerras (huelga general insurreccional, paramilitarización, golpe de Estado, resistencia guerrillera, insurrección urbana y guerra civil), y se encaminaba, con el desarrollo del Estado del bienestar, a la etapa más pacífica de su historia.

La siguiente oleada, que Rapoport delimita entre finales de la década de los sesenta e inicios de la de los ochenta, y describe como de declive de los modelos subversivos del ciclo anterior, parece impregnada por la lógica del terrorismo, que emplearon de forma preferente las distintas tendencias subversivas: los movimientos nacionalista-separatistas presentes en el Ulster, País Vasco o Québec; la guerrilla urbana latinoamericana que surgió en buena parte de los casos (no en el de los Tupamaros) como resultado de la transición experimentada por los movimientos subversivos del subcontinente tras la desastrosa experiencia de guerrilla rural del Che en Bolivia, y el terrorismo revolucionario de Norteamérica, Europa Occidental y Japón vinculado con las corrientes contraculturales de la Nueva Izquierda.

Aún hoy se discute sobre la teoría del contagio subversivo en ideología, retórica y métodos que experimentó Europa Occidental y Norteamérica desde los movimientos revolucionarios del Tercer Mundo. Es cierto que la destrucción de la sociedad capitalista por métodos de lucha armada fue uno de los grandes mitos movilizadores de los grupos radicalizados de la Nueva Izquierda, subyugados por los éxitos de la guerrilla revolucionaria y antiimperialista en China (1927-1949), Vietnam (1945-1973), Argelia (1954-1961) o Cuba (1956-1958), por la resistencia palestina y por las luchas armadas contra el colonialismo portugués o el racismo blanco en Sudáfrica y Rhodesia, y persuadidos, tal como Frantz Fanon había descrito en Los condenados de la tierra, de que la violencia política ejercía una función moralmente emancipadora. Pero no es menos cierto que buena parte del terrorismo europeo y norteamericano de esa época fue el resultado imprevisto del intenso ciclo de protesta social que aconteció en muchos de los países occidentales más desarrollados entre la segunda mitad de la década de los sesenta e inicios de la de los setenta, con su hito (y su mito) en la movilización estudiantil de mayo de 1968. En este ciclo se desplegaron nuevos repertorios reivindicativos que no se centraban exclusivamente en el ámbito nacional, y que daban preferencia a la vertebración de la protesta en base a movimientos sectoriales (antinucleares, ecologistas, pacifistas, feministas, estudiantiles, squatters, de derechos humanos de minorías raciales o culturales, radicales de diverso tipo, etc.) articulados de forma muy tenue y flexible, y relativamente independientes de las grandes opciones políticas. Fue en el momento de declive del ciclo, cuando los movimientos de contestación de la Nueva Izquierda habían fracasado en sus tentativas de movilizar revolucionariamente a las masas, se estaban reciclando hacia movimientos reivindicativos sectoriales o derivaban hacia posturas reformistas respetuosas con el sistema, cuando una minoría activista entendió que las condiciones sociales y políticas impedían la aplicación de una violencia organizada de modo masivo, y se dispuso a radicalizar la protesta actuando por medio de pequeños grupos secretos de vanguardia en las grandes urbes, donde las dificultades impuestas por la proximidad y la rápida intervención de las fuerzas gubernamentales se equilibraban con las grandes posibilidades revolucionarias que ofrecía el actuar en el anonimato de la gran masa.

Pero más allá del acontecimiento detonante de este ciclo (el declive del modelo guerrillero «foquista» tras la muerte del Che para Latinoamérica o el declive de los movimientos de protesta vinculados con la autonomía obrera y universitaria en Europa Occidental y Estados Unidos tras los sucesos del 68), no cabe duda de que en ambos espacios geopolíticos la gran novedad en el seno de la izquierda de finales de la década de los sesenta fue la aparición de una nueva corriente política: la Nueva Izquierda que vino a quebrar el tradicional predominio que en ese ámbito político e ideológico habían ostentado hasta entonces los socialistas y, sobre todo, los comunistas[185]. Esta corriente cultural claramente contestataria que planteaba un nuevo modelo revolucionario, basado en el antiparlamentarismo, la democracia directa y el espontaneísmo, ha sido bien definida para Europa y Estados Unidos, a pesar de su heterogeneidad ideológica y su errático desarrollo político[186].

Pero sin negar su pertenencia a un marco cultural semejante, las diferencias no son menos relevantes, al menos en los aspectos estratégico, social, organizativo, de oportunidad política y cronológico. La Nueva Izquierda europea y americana estuvo vinculada de forma más emocional que efectiva a los movimientos antiimperialistas y de liberación nacional del Tercer Mundo. Mientras que la Nueva Izquierda latinoamericana optó de forma clara por la guerra revolucionaria como elemento central de su estrategia de protesta, en Europa y en Norteamérica persiguió un nuevo modelo de sociedad, no definida por la revolución social o la liberación nacional, sino por la eliminación de la alienación, y propuso nuevas estrategias de carácter demostrativo, apelativo o coactivo no necesariamente terroristas basadas en el individualismo y la voluntad de cambios en la esfera cultural antes que en la social y política. Cuando estos grupos marginales optaron definitivamente por el terrorismo como estrategia violenta dominante, los contrastes fueron notorios: a diferencia de la guerrilla urbana latinoamericana, que interpretaba el terrorismo como un elemento táctico integrado en una estrategia insurreccional de masas según el paradigma de la «guerra prolongada» maoísta o el «foquismo» guevarista, los movimientos políticos radicales que surgieron en los países desarrollados tras la crisis de 1968 pretendieron dar a este tipo de violencia política un valor estratégico central y casi exclusivo. Este «nuevo terrorismo» revolucionario de carácter eminentemente urbano pretendió actuar como el sustitutivo imperfecto de una revolución (social o nacional) imposible. Por encima de todo, estos grupos creían en la primacía de la acción y en la influencia liberadora de la violencia según la doctrina enunciada a inicios de la década de los sesenta por Frantz Fanon y divulgada entre otros por Jean-Paul Sartre.

La mayor parte de los grupos armados europeos que persiguieron sus objetivos a través de la violencia urbana mostró escasa o nula predisposición a ampliar su alcance subversivo a la guerrilla en cualquiera de sus modalidades. Incluso en el caso de las organizaciones de carácter étnico-nacionalista sólidamente asentadas en el tejido social, como el PIRA o ETA, las diferencias fueron más importantes que las semejanzas: a pesar de que la existencia de una sólida base militante de clase media y de un elevado potencial de apoyo social les aproximaba a la estructura social de la guerrilla urbana latinoamericana, estas organizaciones que a inicios de la década de los sesenta asumieron la retórica de la guerra revolucionaria de liberación nacional (presente en la obra Vasconia de Federico Krutwig o el folleto La insurrección en Euzkadi de Julen Kerman Madariaga), comprendieron a finales de la década que las posibilidades de una revolución armada de masas y una victoria militar a través de la guerra de guerrillas eran casi nulas, y que el concepto de guerra nacional de liberación, en la línea de otras del Tercer Mundo, no era la más apropiada a la situación social y política de territorios económicamente desarrollados en el contexto de la Europa Occidental. Optaron entonces por una estrategia fundamentada en un terrorismo de resistencia que no buscaba ya la victoria militar en un proceso de guerra revolucionaria, sino la negociación política. Aunque el objetivo siempre declarado, pero nunca alcanzado, era erosionar la voluntad de resistencia de las fuerzas estatales y expulsarlas del territorio –el viejo sueño de toda guerra prolongada de liberación nacional–, ETA(m) y el PIRA siguieron practicando durante décadas una violencia de intimidación con una función más simbólica y expresiva que decisoria. Otros grupos armados de extrema izquierda también comenzaron imitando el combate insurgente en sentido tercermundista (la guerrilla urbana como preludio a una insurrección de masas o como parte de una estrategia subversiva a escala nacional e internacional), pero pronto se resignaron a librar una simple lucha de resistencia que buscaba la negociación o el mantenimiento y la supervivencia de la organización, que son el irremisible preludio del proceso de inversión simple estudiado por Wieviorka, cuando la organización y la gestión de la violencia tienden a convertirse en fines en sí mismos, y el sector más militante de la organización va cobrando autonomía frente a la estrategia política que dio vida y sentido al movimiento, alejándose de los grupos sociales de referencia[187]. De modo que el terrorismo puede estar presente como preludio de una lucha insurgente o como constatación de su fracaso.

Otra característica reseñable de los movimientos armados de la Nueva Izquierda fue su exiguo apoyo y su limitada extracción social, reducida en su mayor parte a grupúsculos universitarios y obreros de tono radical que surgieron cuando los movimientos de contestación de la Nueva Izquierda habían fallado en su acción reivindicativa. Todos ellos fueron grupos muy pequeños de activistas radicales que forjaron un mundo paralelo y aislado, y efectuaron acciones violentas que se caracterizaron por la fuerte desproporción entre sus desmesuradas pretensiones revolucionarias y la escasez de medios materiales y humanos disponibles[188]. Sin embargo, algunos casos de lucha armada en Cono Sur, como la protagonizada por los Montoneros o los Tupamaros, evidencian un apoyo social más intenso y diversificado que el de los grupúsculos europeos y norteamericanos, con la posible excepción de las Brigadas Rojas italianas.

El modelo teórico de organización armada también muestra algunas diferencias: mientras que en Latinoamérica se desarrollaron de forma preferente rígidas estructuras militarizadas (desde el ejército rojo al partido combatiente, la guerrilla, la milicia o el brazo armado militar de un grupo político clandestino), en Europa y Norteamérica, sin abandonar rasgos tradicionales de cultura militarizada (especialmente intensa en los grupos étnico-nacionalistas como el PIRA), también se experimentaron nuevos conceptos organizativos donde la prioridad era la acción, no la organización, y el espontaneísmo revolucionario, no la planificación. De este modo, muchos grupos armados se articularon como movimientos antes que como un partido clandestino sometido a reglas estrictas de disciplina. Las confrontaciones entre «movimentistas» y «autónomos» en el seno de las Brigadas Rojas resultan, a ese respecto, paradigmáticas. Pero tanto los activistas de la guerrilla urbana latinoamericana como los terroristas europeos se contemplaban como una elite revolucionaria precursora de un ejército revolucionario (nacional o internacional) y de una insurrección de masas. A pesar de este componente sectario, los grupos terroristas de la izquierda radical de uno y otro continente tenían un concepto global de la lucha revolucionaria que les impulsaba a intervenir más allá de las fronteras de sus países de origen en acciones violentas de carácter internacional, transnacional o multinacional. Se pensaba que la guerra revolucionaria antiimperialista sería una lucha larga y continuada, precedida de una larga fase de propaganda armada, y proseguida por una guerra civil dirigida por un «Partido Comunista Combatiente». Algunos partidos revolucionarios ensayaron nuevos modelos violentos, bien por considerarse la avanzadilla del impulso descolonizador, bien por creer en la existencia de una explotación imperialista y capitalista mundial que justificaba una interpretación unificadora de todas las luchas y las reivindicaciones de los pueblos, cualquiera que fuera el lugar y las condiciones en que se produjeran[189]. Un ethos que creó lazos de camaradería entre grupos muy diversos, e incluso permitió crear estructuras transnacionales como el Groupe d’Action Révolutionnaire Internationaliste (GARI) en Francia, Bélgica, Italia y España, o la Junta de Coordinación Revolucionaria creada en agosto de 1973 por representantes el ERP (Montoneros), el MIR chileno, los Tupamaros y el ELN boliviano.

Los movimientos armados de la Nueva Izquierda aprovecharon las oportunidades que les brindaron un fácil acceso a armas y comunicaciones más sofisticadas; unas relaciones internacionales en curso de estabilización que dificultaron la prosecución de guerras convencionales de liberación nacional pero estimularon otros tipos de insurgencia; un contexto político marcado por la consolidación de las libertades en las democracias occidentales con una mayor tolerancia institucional hacia las tendencias extremistas, y, sobre todo, una aguda crisis ideológica del marxismo oficial tras la ruptura de la URSS con China y las intervenciones armadas en Berlín Oriental, Hungría y Checoslovaquia («Primavera de Praga»), lo que favoreció el auge cultural del inconformismo y el resurgimiento de la subcultura marxista heteróclita, inconformista y maximalista, que caracterizó a estos movimientos de izquierda radical. El terrorismo de extrema izquierda actuó en Europa y Norteamérica contra regímenes democráticos firmemente establecidos y con libertades reales, pero con unos mecanismos coercitivos más poderosos, complejos y sofisticados que sus homólogos de la preguerra, mientras que en América Latina incidió sobre dictaduras militares que reforzaron su papel coactivo o democracias frágiles que acentuaron sus actitudes autoritarios o fueron desbordadas y eventualmente derribadas por la nueva oleada de intromisión militarista de mediados de la década de los setenta.

Por último, resulta muy significativa la coincidencia cronológica entre las etapas de ascenso, apogeo y crisis de las diversas formaciones terroristas revolucionarias europeas y la guerrilla urbana del Cono Sur latinoamericano (si exceptuamos los Tupamaros, activos entre 1962-1972), entre 1968-1978, con el punto culminante en 1976-1978. Sin embargo, la relación de los grupos armados europeos con el movimiento insurgente latinoamericano no fue mucho más allá de la migración del término de «guerrilla urbana» (táctica subversiva que en Europa tenía su propia tradición) y una solidaridad puramente retórica basada en la afinidad antiimperialista. Aunque grupos como la RAF calificaron sus propias actuaciones de guerrilla urbana y leyeran atentamente el Minimanual de Marighella, utilizaron técnicas de «expropiación» que estaban siendo usadas por los anarquistas de accción desde inicios de siglo. Mientras que en América Latina se lanzó un tercer ciclo de su oleada insurgente, el terrorismo europeo de izquierda o derecha entró en franca decadencia en la década de los ochenta, aunque algunos movimientos terroristas de carácter nacionalista-separatista aún se mostraron capaces de prolongar una situación de conflicto violento hasta finales del siglo XX gracias a la articulación de un apoyo popular más estable y consistente. A pesar de que sus secuelas aún perviven en algunos países, esta oleada de «nuevo terrorismo» urbano ha sido la más breve de la historia contemporánea, por la endeblez del apoyo social a los grupos armados de la Nueva Izquierda y porque las acciones terroristas de carácter internacional y transnacional dependían demasiado de conexiones internacionales poco fiables[190].

EL PAR DIALÉCTICO. LA LUCHA CONTRAINSURGENTE

En cuanto a la lucha de los gobiernos contra las violencias insurgentes vinculadas a las guerras revolucionarias de naturaleza anticolonialista, la idiosincrasia de cada conflicto y el reconocimiento por las organizaciones internacionales del derecho de autodeterminación dificultaron el tratamiento general del problema e impidieron cualquier tipo de coordinación interestatal. Las potencias coloniales trataron de arbitrar estrategias de lucha contrainsurgente inspiradas en las experiencias adquiridas por ingleses y franceses durante las campañas antiguerrilleras en Malasia, Indochina o Argelia, cuyo objetivo último no era la represión, sino la normalización política, social y económica a través del control conjunto de las fuerzas militares, de policía y la administración civil, con el estímulo del desarrollo económico y el fomento de los canales institucionalizados y normalizados de actuación pública. La idea central de esta estrategia es que jamás una democracia ha sido derrocada por una insurrección guerrillera.

A diferencia de la guerra ordinaria, la lucha antiguerrillera consiste en un esfuerzo constructivo de estabilización social y política. Dado que «el movimiento guerrillero es solo el resultado, no la causa del problema […], el movimiento antiguerrillero debe ser capaz de entender cuáles son los problemas político-ideológicos y socioeconómicos que determinaron el levantamiento y nutrieron la resistencia guerrillera»[191]. En el despliegue de una estrategia contrainsurgente, el Gobierno puede dudar entre dos alternativas: en un extremo figura la aproximación puramente militar que asegura que la insurgencia se centra en la disputa por los rebeldes y el Gobierno del monopolio de la coerción, y que esta amenaza requiere una respuesta puramente militar dirigida, en el más puro espíritu clausewitziano, a la destrucción del adversario. En el otro extremo figura la aproximación política, que busca derrotar a los insurgentes minando su base social de apoyo y tratando de paliar o eliminar los agravios que siente la población. En ese caso, la campaña se hace en todos los frentes: político, económico, cultural, social, administrativo y militar, y sus ejecutores (el ejército y la policía) quedan bajo control de las autoridades civiles[192]. El modo más efectivo de enfrentarse a la guerrilla es la prevención, si se emplean medios no militares, o la derrota definitiva y temprana del enemigo si se opta por una estrategia bélica, pero en ambos casos, un conflicto prolongado que implica la ocupación del territorio enemigo no facilita la solución[193]. Normalmente, la opción militar es la empleada por los gobiernos en primera instancia, cuando las guerrillas aún no gozan de un apoyo popular significativo. En este caso, los contrainsurgentes buscan arrasar a las guerrillas, pero hay impedimentos sociales, económicos y políticos que les estorban, como su confusión con el resto de la población. Las guerrillas intentan desgastar militarmente al enemigo, pero su objetivo principal es político: alimentar y atizar el fuego de la revolución[194]. Para que una insurrección pueda desarrollarse tiene que tener una causa y obtener apoyo indirecto de la debilidad del adversario. Otras condiciones no absolutamente necesarias son el factor geográfico y la ayuda exterior. El bando contrainsurgente puede tratar de privar al insurgente de una buena causa resolviendo los problemas básicos del país, infiltrándose en el movimiento subversivo o coordinando esfuerzos, pero siempre fortaleciendo la maquinaria política sobre el poder militar. Las tareas de la contraguerrilla son, por lo tanto, políticas y militares en permanente interacción.

Desde su misma gestación, las doctrinas contrainsurgentes tuvieron una marcada raíz colonialista, y las más importantes son la francesa, británica y norteamericana. Desde el conflicto de Vendée y la Guerra de Independencia española, el ejército galo destacó el empleo masivo de la fuerza contra una población invadida que optaba por la resistencia armada. Los primeros grandes teóricos fueron los generales Robert-Thomas Bugeaud (1784-1849), cuya conquista de Argelia incluyó las represalias contra la población civil; Joseph Gallieni (1849-1916), que desarrolló la teoría de la «mancha de aceite» donde la ocupación militar debería ser secundada por una administración civil que atrajera el apoyo nativo a través de la paz, la justicia y la prosperidad, y el gobernador general de Marruecos mariscal Louis Hubert Lyautey (1854-1934), abanderado de la misión civilizadora respetado las costumbres locales[195]. Según Lyautey, las acciones militares debían integrarse con las de carácter administrativo y de propaganda, pero todo ello bajo control militar: «la doctrina fundamental del sector descansa en la identidad del comando territorial con el comando militar, en regiones sujetas a la autoridad militar»[196]. El método de la «mancha de aceite» solo resultaba efectivo si conllevaba la destrucción de la infraestructura política local de las guerrillas, y existían mínimas garantías de seguridad para que la población local asumiera su propia defensa contra un reingreso de las fuerzas insurgentes[197]. Este tipo de «soldados administradores» no estabas supeditados a la autoridad civil. Todo ello reforzó en los años anteriores y posteriores a la Primera Guerra Mundial el poder mesiánico del Ejército francés, y su hostilidad implícita a la democracia liberal a través de un anticomunismo visceral de raíz más teológica que política[198]. En ese mismo sentido, la doctrina de la guerre révolutionnaire aplicada en Argelia en la década de los cincuenta y que tuvo gran influencia en la actitud contrainsurgente de las Fuerzas Armadas latinoamericanas durante la de los sesenta, arrancaba de las propuestas surgidas durante la época de expansión colonial, y fue aceptada en 1956 como la nueva ortodoxia por la École de Guerre francesa, que definía de forma simplista la guerra revolucionaria como la guerra de guerrillas más la guerra psicológica, e interpretaba que la Tercera Guerra Mundial librada entre el comunismo ateo y el Occidente cristiano ya se estaba librando en el Tercer Mundo bajo la forma de «pequeñas guerras»[199]. Ese combate se simplificaba como una nueva cruzada religiosa cuya única alternativa al aniquilamiento era la conversión, y que debiera prescindir de las constricciones de una democracia «muelle y afeminada», al menos en el teatro de la guerra. Pero muchos de los doctrinarios de la guerra revolucionaria acabaron ellos mismos como insurgentes a la cabeza de las intentonas golpistas que acabaron con la Cuarta República francesa. La naturaleza política de la guerra revolucionaria destruía la efectividad de una acción meramente militar, y sacaba al Ejército fuera de su posición normal de subordinación al poder civil en una sociedad democrática. Por el contrario, el coronel francés David Galula defendió la subordinación de los militares al poder civil, ya que «aún en las peores circunstancias conviene guardar las apariencias»[200]. El comportamiento de las tropas, incluso en la fase más aguda de las operaciones, debería obedecer al objetivo de ganarse a la población. Roger Trinquier, un oficial francés que había actuado en Vietnam y Argelia, elaboró otro manual contrainsurgente de tipo represivo, en el que proponía estrategias (incluida la tortura sin lesión física en los interrogatorios[201]) para aniquilar una organización militar clandestina que emplease el terrorismo como arma de combate para controlar la población. Se trataba ante todo de proteger a la población, creando áreas de defensa y desviando la actividad política del enemigo, tratando de destruir o neutralizar sus bases en territorio extranjero. Además de intensificar la actividad policiaca en las grandes ciudades, la población local debía organizarse para su propia defensa en una organización armada estable. Un buen servicio de inteligencia podía detener la infiltración de los elementos que son indispensables al enemigo para completar la obra de conquista de un territorio. De suerte que para combatir la guerrilla no bastaba la contraguerrilla, sino que era necesario el apoyo de la población, cortando su comunicación con el grupo subversivo y obligando a que los guerrilleros luchasen en terrenos desconocidos u hostiles[202]. La teoría contrainsurgente francesa puesta a punto en la década de los sesenta se basaba en la teoría de la «supresión» de la minoría revolucionaria, separándola del resto de la población, pero no buscaba remediar los agravios de esa misma población, ya que consideraba que ello alimentaría los designios revolucionarios para alcanzar cada vez mayores cotas de poder[203]. En esta perspectiva, el Ejército desempeñaría un papel principal en todas las fases de la lucha.

La doctrina de contrainsurgencia británica se basó en el empleo del mínimo posible de fuerza militar convencional y una actuación altamente selectiva comparada con el castigo e intimidación generalizado de los franceses o con el empleo indiscriminado de la potencia de fuego por los norteamericanos. Esta estrategia implicaba el establecimiento de una estrecha colaboración entre militares, policías y administración civil, especialmente para recopilar y compartir inteligencia, identificar y eliminar los motivos de irritación política y socioeconómica, proporcionar seguridad a los civiles reagrupándoles en áreas más fácilmente defendibles, y acosar a las guerrillas con unidades pequeñas y especializadas, negándolas el abastecimiento en la medida de lo posible[204]. La experiencia antisubversiva británica fue sistematizada por vez primera en el libro del coronel Charles Caldwell, Small Wars (1896), se trataba de intervenir buscando soluciones que no comprometieran grandes inversiones de hombres y equipo, con el uso extenso de los recursos locales y la colaboración con las autoridades civiles existentes. Esta estrategia daba primacía a la actividad política, y buscaba el aislamiento del insurgente a través de una paciente labor de inteligencia y una respuesta militar precisa y discriminada. Las respuestas más exitosas fueron las que combinaron la derrota de la insurrección con la independencia política de las antiguas colonias, tras una adecuada tarea de preparación de las elites y las burocracias locales. Gerald Templer, director de operaciones contraguerrilleras en Malasia en 1950, dio prioridad a destruir la organización del Partido Comunista local, y para ello estableció una estructura coordinada de respuesta civil y militar e introdujo una política de reasentamiento para la comunidad china más propensa a la influencia del Malayan Communist Party (MCP). Creó una nueva red de inteligencia e información para la guerra psicológica, alentó la actividad de otros partidos más moderados y patrocinó un esbozo de reforma agraria[205].

El mejor especialista británico de la doctrina flexible pero comprehensiva de guerra interna fue sir Robert Thompson, que también participó de forma destacada en la acción contra la insurrección maoísta en Malasia bajo las direcciones del teniente general Harold Briggs y su sustituto el general Templer[206]. En su perspectiva, el Gobierno debía emprender la reconquista administrativa de su territorio utilizando herramientas militares, jurídicas, policiales, de inteligencia, desarrollo, propaganda, educación, salud pública, etc., de acuerdo con un plan comprehensivo y bajo dirección política civil. Si una de las tendencias de la guerra revolucionaria en la ciudad y en el campo era la militarización del conflicto, la lucha antisubversiva debía perseguir precisamente el objetivo contrario: la normalización política, social y económica a través del fomento de los canales institucionalizados y normalizados de actuación pública. Inspirándose en la experiencia adquirida durante las campañas antiguerrilleras en Filipinas, Malasia e Indochina/Vietnam entre 1948 y 1965, Thompson alcanzó a sintetizar los puntos básicos de la estrategia contrainsurgente:

1. Un Gobierno no puede derrotar a un movimiento insurgente durante la fase inicial de configuración y antes de que entre de lleno en la fase de guerrilla.

2. El Gobierno debe tener como objetivos políticos prioritarios el restablecimiento y mantenimiento del orden y de la unidad en un país políticamente viable y estable desde el punto de vista económico y político.

3. El Gobierno no se debe limitar a restablecer la ley y el orden a través de operaciones militares, sino que debe tener una visión política, social, administrativa y económica de la situación y de las medidas a tomar en el orden militar y civil. Se trata de demostrar que gobierna efectiva y eficazmente de acuerdo con la ley, especialmente ante el campesinado que juzgará el comportamiento de las fuerzas del orden en comparación con el de los insurgentes.

4. El Gobierno debe tener un plan conjunto que ha de abarcar no solo las medidas de seguridad y las operaciones militares, sino medidas políticas, sociales, económicas, administrativas y policiales que traten de poner coto a la insurgencia. Debe definir claramente papeles y responsabilidades para evitar duplicar esfuerzos y asegurar que no hay vacíos en el campo de acción del Gobierno.

5. El Gobierno debe dar prioridad, no al aplastamiento militar de la guerrilla, sino a la liquidación de la subversión política que le da cobertura. Con la destrucción de la infraestructura política se trata de «aislar al pez del agua», evitando el contacto de la población con la organización clandestina.

6. En la fase guerrillera de una insurgencia, el Gobierno debe asegurar sus áreas básicas y vitales de apoyo desde el punto de vista de la economía, la administración y las comunicaciones[207].

La legitimidad, basada en la observancia de la ley y su debido proceso, respetando los derechos humanos, debía ser una de las principales armas en el arsenal contrainsurgente. Se trataba de dar contenido civil a las funciones militares en vez de militarizar las funciones civiles, que era la doctrina defendida por la escuela francesa. Las acciones de gobierno se discutían y se decidían en la instancia de la administración civil local, con participación de los jefes policiales y militares del área. La guerra interna devenía así una guerra preferentemente administrativa, en la que el Estado y los insurgentes pugnaban por el control político de los territorios y las poblaciones. Se imponía de este modo una visión no clausewitiziana de la guerra: no se trataba de librar batallas para ganar la guerra destruyendo a la fuerza enemiga, que es el principal objetivo de la guerra total, sino triunfar sobre ella al menor coste posible: «la dislocación es el objetivo de la estrategia; su secuela puede ser la disolución del enemigo o su más sencilla desorganización en batalla»[208]. Esta es la base estratégica de la escuela de contrainsurgencia «suave» o «ilustrada», donde se destaca el papel no combatiente de los militares como fuente para el desarrollo nacional, construcción y programa de infraestructuras, programas de servicios socioeconómicos, fortalecimiento de la administración pública, relaciones con las fuerzas civiles. Desde esta perspectiva, la contrainsurgencia no es solo un quehacer militar, sino también un asunto político, psicológico y socioeconómico, y cuanto más informada, prudente, relevante, determinada y disciplinada sea la respuesta gubernamental, mayor serán las dificultades para los insurgentes[209].

La doctrina norteamericana de la lucha contrainsurgente se basaba en el empleo masivo del poder militar, lo que resultaba inapropiado desde el punto de vista estratégico y psicológico, ya que se entendía la doctrina desde la perspectiva del desgaste del enemigo antes que desde la seguridad de los civiles[210]. Esta mezcla de tácticas innecesariamente agresivas y de estrategia pasiva de ocupación del territorio se plasmó a la perfección en la Guerra de Vietnam, donde las fuerzas norteamericanas trataron de desarticular las aldeas como microcosmo comunitario donde la lealtad local contribuía a la organización clandestina, y desde inicios de 1962 concentraron a la población civil en aldeas estratégicas (strategic hamlets) que favorecieran la protección y la unión del pueblo, y su implicación en acciones positivas al lado del Gobierno, mediante el fomento de actividades sociales, políticas y económicas[211].

Los soviéticos, a raíz de la invasión de Afganistán, elaboraron su propia estrategia contrainsurgente, que consistió en aislar las áreas de conflicto de la interferencia exterior, controlar firmemente las ciudades o pueblos grandes y extender su control desde allí; construir sucesivas líneas de puntos fuertes, destruir los asentamientos de la guerrilla y sus recursos, y desplegar un número suficiente de fuerzas en las áreas afectadas para completar eficientemente todos estos objetivos[212].

Durante las décadas de los cuarenta y los cincuenta, los escenarios de Indochina (1945-1954) y Argelia (1954-1962) se habían convertido en el laboratorio donde los oficiales franceses habían comenzado a comprender la naturaleza de la guerra moderna, y a diseñar las nuevas estrategias de la lucha contrainsurgente. Los oficiales norteamericanos vivieron experiencias similares en Filipinas (1944-1946), Grecia (1946-1949) y Corea (1950-1953), mientras que los británicos se enfrentaron al mismo fenómeno en Malasia (1948-1957) y Kenia (1952-1960). Esta falta de comunicación mermaba la capacidad de los ejércitos en su lucha contra un enemigo común: la insurgencia. A partir de la década de los sesenta la situación cambió radicalmente. A diferencia del periodo anterior, los militares franceses, norteamericanos y británicos entablaron una estrecha relación, intercambiaron experiencias y abordaron una intensa labor de teorización y sistematización de sus conocimientos. En tan solo una década se multiplicaron el número de publicaciones y manuales, y quedaron asentadas las bases de la nueva doctrina antisubversiva[213].

En la guerra de guerrillas, el Estado militarizado se suele exceder en sus funciones, se hace políticamente muy impopular y su acción pacificadora y defensiva se hace económicamente demasiado costosa. Si la guerra revolucionaria trata de llevar la situación política y militar hacia una situación de soberanía múltiple, la estrategia antiguerrillera debe basarse en una estrategia «antiinflacionista» del poder, reforzando el mismo mediante acciones coactivas, pero también legitimadoras, y concibiendo el orden social como un todo[214]. Desde esa perspectiva neoliberal de regusto funcionalista, el Ejército se comportaría como un agente comercial que penetra y trata de conquistar para su «empresa» áreas dominadas antaño por otras agencias estatales y que ahora queda a merced de la «oferta» revolucionaria de los insurgentes. El Gobierno debía asumir el reto de la inflación en su propio poder, colmando el vacío creado entre los valores y el consenso (legitimidad) por un lado y la fuerza y la coerción (violencia) por otro[215]. Para ello había que presentar a la población una alternativa pacífica a la revolución, disponer de suficientes medios y tropas para sostener un periodo de lucha prolongado y mostrar una conducta correcta hacia la población civil, ya que el objetivo primordial de la contrainsurgencia no es eliminar a las guerrillas, sino brindar seguridad a la población civil[216]. Los objetivos de la contraguerrilla serían: la derrota de las fuerzas guerrilleras, su separación de la población y el restablecimiento de la autoridad gubernamental y la paz social. Se precisaba establecer una red de información, movilidad y coordinación mayor y más detallada que la de los insurgentes, contar con un mando único y una dotación adecuada de medios y armas, y efectuar una propaganda persistente y capilar sobre la población civil. Era mejor constituir unidades de policía y milicia nutridas de elementos locales. Con todo ello se persigue aislar y destruir (no necesariamente derrotar en el sentido bélico del término) a las unidades insurgentes, atacando los focos revolucionarios, eliminando las células de apoyo (tarea de inteligencia), forjando y organizando nuevos líderes locales, y fortaleciendo el régimen establecido mediante el apoyo material y la reeducación de la población (tarea de propaganda) a la que se organiza para su autodefensa[217]. La mejor técnica para aislar a las guerrillas era persuadir a la gente de que se defiendiera ella misma con milicias locales que fueran reemplazando gradualmente a las fuerzas regulares, ya que una vez que un número sustancial de miembros de una comunidad comete violencias en nombre del Gobierno, rompen permanentemente el lazo entre la comunidad y la guerrilla[218]. A continuación se debía emprender una ardua tarea de coacción (reasentamiento), reeducación y desarrollo socioeconómico para evitar que rebrote la insurgencia. En resumen, la labor contrarrevolucionaria más eficaz no consistía en derrotar al enemigo, sino en reconquistar la confianza y luego la lealtad de la población disputada, mediante programas sociales[219]. Las guerrillas y las contraguerrillas están perdidas si no tienen un programa civil constructivo que pueda ser implementado por una administración eficiente[220].

Tanto las autoridades como los insurgentes son conscientes de que la violencia indiscriminada resulta ineficaz para el progreso de sus estrategias. Bien es cierto que la guerra revolucionaria extiende el terror entre la población, pero al mismo tiempo retrae la colaboración y favorece la defección. «El terror es más eficaz cuando es selectivo», señalaba Robert Thompson[221]. La violencia aleatoria suele ser empleada con mayor asiduidad por los detentadores del poder. La presencia del terror es más constante en los grupos antisubversivos, mientras que los guerrilleros lo emplean de forma más selectiva porque su estrategia es tratar de inducir a la cooperación de la población civil[222]. En muchas ocasiones los perpetradores gubernamentales (militares, policías, grupos paramilitares, etc.) son agentes externos al territorio y, por lo tanto, desconocen a la población. En estas circunstancias, tienen mayores dificultades para identificar al guerrillero o a sus apoyos, y tienden a aplicar medidas de violencia de un modo indiscriminado. En términos generales, cuando los diversos actores de la lucha insurgente y contrainsurgente tienen un mayor conocimiento de la población, ya sea por medio de labores de inteligencia, por pertenecer al territorio o por contar con la colaboración de la población local, la violencia tiende a ser más selectiva. La violencia insurgente suele tener un carácter selectivo por dos motivos: los guerrilleros suelen ser autóctonos, o al menos una parte de sus integrantes, y, por lo tanto, tienen una información directa de la población. Además, cuentan con la información que les entregan los comités locales, que son los ojos y los oídos de la guerrilla. El uso de la violencia indiscriminada por parte de la guerrilla suele ser inusual, pero también se da en algunas ocasiones. Esta situación normalmente se produce cuando actúa en territorios desconocidos, no cuenta con bases sociales de apoyo, y por lo tanto carece de información directa; cuando los comités locales que le proporcionaban la información han sido destruidos o cuando ocupa aldeas que apoyan abiertamente a los detentadores del poder[223].

CONCLUSIÓN

Como se ha tratado de exponer en estas páginas, el carácter de la guerra de guerrillas ha experimentado profundos cambios en los últimos dos siglos, al igual que la guerra regular o la técnica de la revolución. Según Wickham-Crowley, la verdadera innovación de la guerrilla en el siglo XX fue transferir esta táctica de guerra contra ocupantes extranjeros o poderes coloniales a las guerras interiores o civiles, dotándola de un significado ideológico de naturaleza revolucionaria. En la moderna guerra de guerrillas la insurgencia trata de plasmarse en una guerra civil en la que la población se encuentra en la disyuntiva de colocarse al lado de las fuerzas guerrilleras o del Gobierno[224].

En realidad, no hay justificación para ver la moderna guerrilla revolucionaria como algo completamente nuevo y distinto de las guerras de guerrillas de periodos anteriores. Ciertamente, la organización política y la propaganda tuvieron en el siglo XX un papel mayor que en los conflictos pasados, y es verdad que la guerrilla se convirtió en el Tercer Mundo una especie de peaje obligado en la obtención del poder por métodos de insurgencia. Pero la guerrilla nunca fue apolítica: fue nacionalista en sus orígenes, se hizo nacional-revolucionaria en la época de las revoluciones liberales[225], y acabó por adoptar rasgos marxistas (leninistas o maoístas) en la etapa de la descolonización.

La era dorada de la guerrilla como técnica política o militarmente victoriosa comenzó a declinar entre finales de la década de los sesenta (tras la muerte de Ernesto Che Guevara y la Guerra de los Seis Días que indujo a la resistencia palestina a optar por vías alternativas de oposición armada, como el terrorismo internacional) y mediados de la década de los setenta, con la culminación del proceso descolonizador. Su declive definitivo tuvo lugar en la de los noventa, cuando el derrumbe del comunismo permitió la resolución de varias guerras civiles que habían permanecido enquistadas durante años por efecto de la dinámica de bloques. En el sudeste asiático se resolvieron en la de los noventa los conflictos de Timor Oriental o Aceh en Indonesia, y la guerra civil de Sri Lanka terminó en mayo de 2009, mientras que en África la guerrilla del UNITA (una de las más antiguas del continente, creada en 1966) fracasó con la muerte de su dirigente Jonas Savimbi en 2002. Por el contrario, la guerra irregular contra ocupantes foráneos se ha librado o se sigue desarrollando con gran intensidad en Chechenia (1994-1996 y 1999-2009), Líbano (ante la invasión israelí de 2006), Irak (2003-2011) o Afganistán (desde 2002).

Actualmente, el futuro de la guerrilla como modo de lucha insurgente claramente en declive, resulta incierto. En su planteamiento primigenio de «pequeña guerra» de resistencia librada frente a un invasor o un Gobierno usurpador, permanece recluida en tácticas cercanas al terrorismo. En otros casos, aparece vinculada a políticas predatorias en el marco de las «nuevas» guerras civiles de carácter irregular, no convencional y desestructurado que sufren de forma crónica países africanos como Sierra Leona, Liberia, Ruanda, Somalia, Uganda o Congo. Despojada de todo designio revolucionario y sometida a la característica deriva delictiva que afecta a los grupos armados sin estrategia política ni apoyo social significativo, la guerrilla despliega actividades militarmente ineficaces y políticamente irrelevantes en el interior de Estados frágiles o fallidos.

[1] Janos, 1963, p. 636.

[2] Ben-Rafael y Lissak, 1979, p. 7.

[3] Galula, 1965, pp. 20-21.

[4] O’Neill, 1990, p. 13.

[5] Ibid., p. 17.

[6] O’Neill, 1993.

[7] Polk, 2007, p. 19.

[8] Asprey, 1973, p. 681.

[9] Hahlweg, 1973, pp. 20-21.

[10] Osanka, 1968, p. 503.

[11] Klonis, 1972, p. 6.

[12] Argiolas, 1967, p. 3.

[13] Taber, 1965, pp. 18-19.

[14] Lindsay, 1962, p. 264.

[15] Taber, 1965, p. 23.

[16] Merari, 1993, p. 222, cit. en Gearty, 1996, p. 208.

[17] Levy, 1964, p. 16.

[18] Johnson, 1962, p. 649.

[19] Polk, 2007, p. 315.

[20] Taber, 1965, p. 27.

[21] Liddell Hart, 1974 (1991, p. 361).

[22] Klonis, 1972, p. 5.

[23] Janos, 1963, p. 643.

[24] Osanka, 1968, p. 503.

[25] Ben-Rafael y Lissak, 1979, p. 9.

[26] Klonis, 1972, pp. 5-6.

[27] Ibid., p. 189.

[28] Huntington, 1962b, p. XVI.

[29] Laqueur, 1976, p. 402.

[30] Polk, 2007, p. 265-266.

[31] Lussu 1972, pp. 261-262.

[32] Ben-Rafael y Lissak, 1979, p. 20.

[33] Niezing, 1974, p. 6.

[34] Chaliand, 1979, p. 29 y 2008, pp. 32-34.

[35] Joes, 1996, p. 4. Esta obra es un libro de historia, que abarca desde la Guerra Revolucionaria americana y la Vendée a los conflictos de Argelia y Zimbabue.

[36] Polk, 2007, p. 21.

[37] Laqueur, 1976, p. 41.

[38] Polk, 2007, p. 25.

[39] Las resistencias armadas contra el imperio romano, en Laqueur, 1976, pp. 3-12.

[40] Sun Tzu, 2000, p. 116.

[41] Laqueur, 1976, pp. 100-101. Sobre los haiduks, véase Ellis, 1976, pp. 45-48. Este libro trata del fenómeno guerrillero desde un punto de vista casi exclusivamente militar.

[42] Scotti Douglas, 2000, pp. 15-19.

[43] Véase Hahlweg, 1973, pp. 39-55.

[44] Polk, 2007, p. 51. Según Artola, 1964, pp. 12-43, la guerrilla española fue la primera realización moderna de la «guerra revolucionaria». Sin embargo, este artículo establece correlaciones demasiado forzadas entre la doctrina maoísta y guevarista y la praxis guerrillera de la «lucha contra el francés». Igualmente, confunde la táctica guerrillera en el seno de una conflagración prolongada de liberación nacional (de la cual nuestra Guerra de la Independencia no fue el primer ni único exponente) con la guerra revolucionaria, teorizada por ciertas tendencias marxistas como el vehículo para precipitar un abrupto cambio social y político en países colonizados o en vías de desarrollo.

[45] Sobre las guerrillas en la era napoleónica, véanse Klonis, 1972, pp. 9-17 y Laqueur, 1976, pp. 29-49.

[46] Laqueur (ed.), 1977, pp. 31-36. Sobre la teoría de la guerrilla en Alemania a partir de 1809 en las obras de Stein, Scharnhorst, Boyen, Gneisenau (Memoriales sobre las insurrecciones populares de 1808 y 1811) y Clausewitz (Bekenntnisdenkschrift o Memorial profesional de 1812), que tuvieron influencia en la leva en masa y la movilización popular desencadenada por el edicto prusiano de 21 de abril de 1813, véase Hahlweg, 1973, pp. 57-62.

[47] Asprey, 1994, pp. 93-94. Este es el gran libro histórico sobre la guerrilla, desde Darío y Alejandro el Grande al conflicto de Afganistán, pasando por ETA o el IRA, aunque no discrimina los tipos de lucha revolucionaria.

[48] W. D. Franklin, «Clausewitz on limited War», en Sarkesian (ed.), 1975, pp. 179-185.

[49] Laqueur (ed.), 1977, pp. 41-46.

[50] Araujo Oliveira, 1956, p. 77.

[51] Ibid., p. 90.

[52] Hahlweg, 1973, pp. 273-280.

[53] Chaliand, 1979, p. 20 y 2008, p. 19. Sobre la insurrección urbana, véase González Calleja, 2002, pp. 506-524.

[54] «Della guerra del Parteggiani», La Minerva Napolitana 20, 20 de febrero de 1821, pp. 59-70; y 21, 21 de febrero de 1821, pp. 126-152, reproducido en Liberti (ed.), 1972, pp. 375-385.

[55] Scotti Douglas, 2000, p. 24.

[56] [Guglielmo Pepe], Memoria sui mezzi che menano all’italiana indipendenza, París, Paulin, 1822 (ed. francesa en la misma editorial y año).

[57] Carlo Bianco di Saint-Jorioz, Della guerra nazionale d’insurrezione per bande applicata all’Italia. Trattato dedicato ai buoni Italiani per un amico del paese, Italia (pero Malta), 1830, vol. I, p. 133, cit. por Laqueur (ed.), 1977, pp. 66-77 y Scotti Douglas, 2001, pp. 159-162.

[58] Véase Giuseppe Mazzini, «Della guerra insurrezionale conveniente all’Italia», La Giovine Italia 5, 1833, pp. 95-146 (reed. y ampliado en Roma, 1849 y Génova, 1853). Solo hubo dos expediciones abortadas para levantar el Mezzogiorno: la de los hermanos Attilio y Emilio Bandiera en Calabria en julio de 1844 y Carlos Pisacane en Campania en julio de 1857.

[59] Giuseppe Mazzini, La guerra per bande (insurrezione e strategia), cit. por Laqueur (ed.), 1977, pp. 77-82.

[60] Auguste Blanqui, «Instruction pour une prise d’armes», Archiv für die Geschichte der Arbeiterbewegung, vol. XV, 1930, pp. 170-300.

[61] Hahlweg, 1973, p. 19.

[62] Sobre la resistencia bóer, véase Klonis, 1972, pp. 49-56.

[63] Friedrich Wilhelm Rustow, Die Lehre vom Kleinen Krieg, cit. por Laqueur (ed.), 1977, pp. 112-114.

[64] Charles Caldwell, Small Wars: Their Principles and Practice, cit. por Laqueur, 1975, pp. 361-363 y (ed.), 1977, pp. 114-118. Véase también Hahlweg, 1973, pp. 93-94.

[65] Lawrence, 2008, p. 25.

[66] Ibid., p. 27.

[67] Ibid., pp. 34-35. Véanse Thomas Edward Lawrence, «The Lessons of Arabia», Encyclopedia Britannica (ed. 1929), cit. por Laqueur (ed.), 1977, pp. 126-138 y «The Evolution of a Revolt», The Army Quarterly and Defence Journal, vol. XLI, octubre de 1920, pp. 7-8, cit. por Chaliand, 2008, pp. 82-98. Sobre las tesis guerrilleras de Lawrence de Arabia, véanse también Asprey, 1994, pp. 179-191; Corbett, 1986, pp. 19-20; Fairbairn, 1974, pp. 369-372; Hahlweg, 1973, pp. 126-132; Joes, 1996, pp. 51-53; Klonis, 1972, pp. 56-60; Levy, 1964, pp. 30-33 y Laqueur, 1976, pp. 155-156 y 169-171.

[68] Heinz Kühnrich, Der Partisanenkrieg in Europa, 1939-1945, Berlín Este, Dietz-Verlag, 1968, pp. 536-537 habla de dos millones de partisanos en la URSS, 50.000 en Francia, 462.000 en Italia y 250.000 en Bulgaria. Sobre los movimientos de resistencia ruso, yugoslavo o griego durante la Segunda Guerra Mundial, periodo áureo de la guerrilla como factor importante en la conducción de una contienda armada, véanse Araujo Oliveira, 1956; Corbett, 1986, pp. 22-32; Ellis, 1976, pp. 137-149; Hahlweg, 1973, pp. 156-167; Klonis, 1972, pp. 69-98 y Laqueur, 1976, pp. 202-238. Un más ambicioso estudio histórico de conjunto, en Faraldo, 2011.

[69] Sobre la EOKA, véanse Corbett, 1986, pp. 67-71 y Klonis, 1972, pp. 140-148.

[70] Sobre Argelia, véanse Hahlweg, 1973, pp. 216-217 y Klonis, 1972, pp. 134-140.

[71] Wardlaw, 1986, p. 100.

[72] Galula, 1965, p. 19.

[73] Huntington, 1962b, p. XVI.

[74] Huntington, 1962a, pp. 23-24.

[75] Campbell, 1967, p. 2.

[76] Samuel C. Sarkesian, «Revolutionary Guerrilla Warfare: An Introduction», en Sarkesian (ed.), 1975, p. 7.

[77] A. Terry Rambo, «The Concept of Revolutionary Warfare», en Tinker, Molnar y Lenoir, 1969, pp. 13-14. Para un teórico de la contrainsurgencia como Delmas, 1959, p. 44, la doctrina de la guerra revolucionaria, que se formuló tras la lucha en Indochina y Argelia, es el medio con que un Estado comunista puede hacer la guerra a otro sin provocar un conflicto general y sin que parezca que recurre a la guerra. Consiste en guerra de guerrillas más guerra psicológica.

[78] Laqueur (ed.), 1977, p. 5.

[79] Karl Marx, Introducción a los delegados del Consejo General de la AIT (1866), en Marx y Engels, 1976, vol. II, p. 85.

[80] Karl Marx y Friedrich Engels, «Revolution in Spain», New York Daily Tribune, 3 de octubre de 1854, en Laqueur (ed.), 1977, pp. 159-162, Friedrich Engels, «On Guerrilla Warfare», Pall Mall Gazette, 11 de noviembre de 1870, en Pomeroy (ed.), 1968, pp. 57-60 y «La táctica de la defensa activa», New York Daily Tribune, 27 de enero de 1859, en Marx et al., 1978, pp. 51-57.

[81] Véase su Kriegführung im Gebirge (1857), en Hahlweg, 1973, pp. 98-105.

[82] «El marxismo y la insurrección», carta al Comité Central del POSDR (13 y 14 de mayo de 1917), en Lenin, 1980, p. 13. Véase también Hahlweg, 1973, pp. 111-119.

[83] Bonnet, 1958 (1967, p. 167).

[84] Lenin, «Consejos de un ausente» (8 de octubre de 1917), cit. por Selznick, 1960, pp. 257-258.

[85] En su opúsculo «Un acuerdo de lucha para la insurrección» (4 de febrero de 1905), en Lenin, OC, 1974, vol. VIII, pp. 158-166, condenó la lucha terrorista «a la manera antigua» por su separación del pueblo, y proponía como tarea «la fusión efectiva e inmediata del terrorismo con la insurrección de las masas». De nuevo en carta a Franz Koritshoner fechada en octubre de 1917, Lenin reconocía la inutilidad del terrorismo como táctica revolucionaria si no iba unida al movimiento de masas, y reprochaba a los grupos terroristas que se hubieran abstenido de intervenir junto a ellas en la revolución de 1905 (Moss, 1973, pp. 65). Sobre la actitud ambigua de Lenin respecto al el terrorismo tras la revolución de 1905, véase Gaucher, 1965, pp. 86-91.

[86] «Las enseñanzas de la revolución de Moscú», Proletari 2, 29 de agosto de 1906, en Lenin, OC, 1974, vol. XI, pp. 175-183.

[87] «La guerra de guerrillas» («Partisanskaya Voina»), Proletari 5, 13 de octubre (30 de septiembre) de 1906, en Lenin, OC, 1974, vol. XI, p. 226; Marx et al., 1978, pp. 61-71; Osanka (ed.), 1962, pp. 65-79; Pomeroy (ed.), 1968, pp. 84-94 y Laqueur (ed.), 1977, pp. 172-178.

[88] Laqueur (ed.), 1977, p. 175.

[89] Lenin, «La guerra de guerrillas», Proletari 5, 13 de octubre (30 de septiembre) de 1906, cit. por Laqueur (ed.), 1977, p. 175.

[90] Lenin, «La guerra de guerrillas», Proletari 5, 13 de octubre (30 de septiembre) de 1906, cit. por Marx et al., 1978, p. 69.

[91] «La revolución rusa y las tareas del proletariado», Partinie Izvestia 2, 20 de marzo de 1906, en Lenin, OC, 1974, vol. X, pp. 146-147.

[92] Laqueur, 1976, p. 173.

[93] León Trotski, «Guerrilla y Ejército regular», Krememchug Romodán, 24 de julio de 1919, en Marx et al., 1978, pp. 134-141.

[94] Laqueur, 1976, p. 174.

[95] Erich Wollenberg, The Red Army, Londres, Secker & Warburg, 1938, p. 38, cit. por Laqueur, 1976, pp. 174-175.

[96] Mao Zedong, Problèmes stratégiques de la guerre révolutionnaire en Chine (diciembre de 1936), en Chaliand, 2008, pp. 583-613 y Pomeroy (ed.), 1968, pp. 177-183, y «Sobre la guerra prolongada» (1938), en Laqueur (ed.), 1977, pp. 189-197 y Mallin (ed.), 1970, pp. 47-119.

[97] Thomas Perry Thornton, «The Emergence of Communist Revolutionary Doctrine», en Black y Thornton, 1964, pp. 65 y 69.

[98] Mao Zedong, «Problemas estratégicos de la guerra de guerrillas antijaponesas» (mayo 1938), en Marx et al., 1978, pp. 151-188.

[99] Argiolas, 1967, pp. 15-17.

[100] Ibid., p. 2.

[101] Zedong, 1961 y 1976, pp. 55-68. Un repaso somero a estas etapas de la estrategia revolucionaria maoísta, en Asprey, 1994, pp. 245-262; Corbett, 1986, pp. 35-41; Ellis, 1976, pp. 151-170; Galula, 1965, pp. 83-106; Hahlweg, 1973, pp. 199-297; Joes, 1996, pp. 75-82; Johnson, 1968, pp. 435-440 y 1973, pp. 13-16; Katzenbach y Hanrahan, 1955, pp. 329-334; Laqueur, 1976, pp. 242-262 y (ed.), 1977, pp. 189-197; O’Neill, 1990, pp. 34-41 y 1993, pp. 83-90; Powell, 1968, pp. 246-256; Taber, 1965, pp. 46-60 y Tucker, 1969, pp. 155-162. Sobre el modelo maoísta de revolución, véanse Baechler, 1972, pp. 308-310 y Burton, 1977, pp. 53-68.

[102] Paret y Shy, 1962, p. 35.

[103] Campbell, 1967, pp. 293-296. Según Pustay, 1965, pp. 28-41, los cinco principios estratégicos para el desarrollo de la insurgencia eran: 1) por propia iniciativa, con flexibilidad y de acuerdo a un plan, realizar las ofensivas en una guerra defensiva, batallas de decisión rápida en una guerra prolongada y operaciones dentro de líneas interiores; 2) coordinación con la guerra regular; 3) establecimiento de bases de partida; 4) defensa y ofensiva estratégica, y 5) desarrollo hacia la guerra de movimientos, transformando la guerrilla en un ejército regular.

[104] Sully, 1968, p. 247.

[105] Laqueur, 1976, p. 261.

[106] Chaliand, 2008, p. 26.

[107] Pomeroy (ed.), 1968, p. 34.

[108] Cit. por Chaliand, 2008, pp. 620-621.

[109] Klonis, 1972, p. 4.

[110] Johnson, 1968, p. 447.

[111] Pustay, 1965, p. 43 y Asprey, 1994, pp. 489-494. Véanse Giáp, 1970; Võ Nguyên Giáp, «National Liberation War in Viet Nam», en Selected Writings, Hanoi, Foreign Languages Publishing House, 1977, pp. 200-309; Guerre du peuple, armée du peuple, Hanoi, Dien Bien Phu, 2000 y París, Maspero, 1967 y Guerre de libération, Hanoi, Éditions Sociales, 1970, cit. por Chaliand, 2008, pp. 613-631 y «La Gran Victoria, la Gran Task», en Mallin (ed.), 1970, pp. 165-236. También la obra de Truong-Chinh (Dand Xuan Khu), The resistance will win (1963). Sobre las estrategias subversivas planteadas en Indochina, véanse Hahlweg, 1973, pp. 210-216 y 242-246 y Klonis, 1972, pp. 127-134.

[112] Thornton, 1964, pp. 91-92.

[113] Nasution, 1965, p. 6. Véase también Hahlweg, 1973, pp. 207-210.

[114] Nasution, 1965, pp. 22 y 51.

[115] Ernesto Che Guevara, «Principios generales de la lucha guerrillera», en Guevara, 1977, p. 11; Marx et al., 1978, p. 189; Osanka (ed.), 1962, pp. 336-375 y Pomeroy (ed.), 1968, pp. 288-290. Véase también Castro (ed.), 1999, pp. 65-86.

[116] Wördemann, 1977.

[117] Guevara, 1977, p. 24. Sobre el modelo guevarista-castrista de insurrección, véanse Baechler, 1972, pp. 310-311 y 315-316; Burton, 1977, pp. 101-109; Childs, 1995, pp. 604-606; Gandolfi, 1991, pp. 54-57; Hahlweg, 1973, pp. 226-233; Laqueur, 1976, pp. 330-338; Moreno, 1970, pp. 115-120; O’Neill, 1990, pp. 41-45 y 1993, pp. 91-95; Pomeroy, 1964, pp. 44-51 y Pustay, 1965, pp. 44-51.

[118] Childs, 1995, p. 603.

[119] Mercier-Vega, 1969, p. 14.

[120] Childs, 1995, p. 597.

[121] Cit. por Gandolfi, 1991, p. 54.

[122] Régis Debray, ¿Revolución en la revolución?, cit. por Lamberg, 1979, pp. 26-27.

[123] Quester, 1975, p. 193.

[124] Debray, 1974, vol. I, p. 14. En esta obra, analiza y refuta cuatro formas de acción y organización revolucionaria: la autodefensa armada, la propaganda armada, la base guerrillera y el partido de vanguardia clásico.

[125] Debray, 1968, p. 51.

[126] Según Hagopian, 1974, p. 372, las diferencias entre el «foquismo» y la guerra popular maoísta residen en la debilidad numérica de las bandas guerrilleras, la ausencia de fuertes partidos revolucionarios o de estrechas relaciones con los mismos, y la resistencia a construir una estructura político-administrativa que vaya más allá de las necesidades logísticas del esfuerzo militar inmediato.

[127] Moreno, 1970, p. 119.

[128] Ernesto Che Guevara, «Guerra de guerrillas. Un método», Cuba Socialista II (25), 1963, en Lamberg, 1979, pp. 24-25 y Laqueur (ed.), 1977, pp. 203-211.

[129] Declaración de la OLAS (julio y agosto de 1967), en Pomeroy (ed.), 1968, pp. 291-295.

[130] Comisión Especial de Consulta sobre Seguridad contra la Acción Subversiva del Comunismo Internacional, 1967, pp. 39 y 42.

[131] Moss, 1973, p. 197. Las reticencias de la extrema izquierda a los criterios revolucionarios eminentemente militares de Guevara y su carencia de un riguroso análisis político, en Mercier-Vega, 1969, pp. 54-62.

[132] Una dura critica al «foquismo» como «teoría del fracaso», en Chaliand, 1979, pp. 71-84.

[133] Childs, 1995, p. 606.

[134] Ratliff, 1976, p. 35.

[135] Martín Álvarez y Rey Tristán, 2012.

[136] Véase Gott, 1970 y 2008.

[137] Introducción de Donald C. Hodges a Guillén, 1973, p. 25.

[138] Lamberg, 1971, pp. 425-426.

[139] Ibid., pp. 421-422.

[140] Ernesto Che Guevara, «Principios generales de la lucha guerrillera», en Marx et al., 1978, pp. 210-211. Crítica a ese desentendimiento del ámbito urbano en la doctrina guevarista, en Mercier-Vega, 1969, pp. 38-41.

[141] Cit. por Lamberg, 1979, p. 211.

[142] Cit. por Moss, 1973, p. 277.

[143] Martín Álvarez y Rey Tristán, 2012, pp. 19-20.

[144] Marighella, 1971a, también en Marighella, 1971b, pp. 65-122; Laqueur, 1976, pp. 347-352 y Laqueur (ed.), 1977, pp. 219-228 y 1979, pp. 159-168. Sobre las tesis de Marighella, véanse Burton, 1977, pp. 130-140; Gellner, 1974, pp. 22-27 y Williams, 1989. Sobre la guerrilla urbana en general, véanse «Urban guerrilla: some conceptual notes», en Niezing, 1974, pp. 3-11, y O’Neill, 1993, pp. 95-99. Joes, 2007, confunde guerrilla urbana con rebelión urbana en el marco de insurrecciones populares o guerras de invasión, como la de Varsovia en 1944 o Budapest en 1956.

[145] «Minimanual del guerrillero urbano», en Marighella, 1971b, p. 93. Consideraba seis etapas de cada operación (reconocimiento, planeamiento, ensayo, ejecución, retirada y explotación o «propaganda armada») y cuatro tipos de operación guerrillera: psicológica, acción de masas, combate de guerrilla y operaciones terroristas. Algunas operaciones de clara naturaleza delictiva («operaciones logísticas» como robo de armas, asalto a bancos, etc.) son, más que nada, un esfuerzo por demostrar la existencia de una «justicia revolucionaria» paralela a la oficial.

[146] Carlos Marighella, Minimanual, cit. en Sarkesian (ed.), 1975, p. 507.

[147] Burton, 1975, pp. 80-81.

[148] Laqueur, 1976; Moss, 1973 y Wickham-Crowley, 1992.

[149] Laqueur, 1987, p. 5. Sobre el terrorismo urbano, véase Laqueur, 1976, pp. 321-325 y 343-352.

[150] Wickham-Crowley, 1992, p. 3.

[151] Wickham-Crowley, 1990, p. 225.

[152] O’Neill, 1990, p. 26.

[153] De la Calle y Sánchez-Cuenca, 2011, p. 453.

[154] Ibid., p. 458.

[155] Ibid., pp. 453 y 462.

[156] Waldmann, 1991, p. 1.

[157] Ibid., pp. 3-8.

[158] Chaliand, 2008, p. 766.

[159] O’Neill, 1990, p. 47.

[160] Ibid., p. 46.

[161] Corbett, 1986, p. 190.

[162] Argiolas, 1967, p. 9.

[163] Laqueur, 1979, p. 253.

[164] Moss, 1973, p. 21.

[165] Según Waldmann, 1983, p. 185, para triunfar, la guerrilla debe ganarse a los sectores medios de la población.

[166] Fairbairn, 1974, p. 348.

[167] Crozier, 1970, cit. por Fairbairn, 1974, p. 351.

[168] Wilkinson, 1977, p. 60.

[169] Joes, 2007, pp. 76-79.

[170] «Sobre problemas y principios estratégicos», en Marighella, 1971b, p. 10.

[171] Guillén, 1973, p. 241.

[172] Introducción de Donald C. Hodges a Guillén, 1973, p. 7.

[173] Ibid., p. 23.

[174] Guillén, 1973, pp. 250 y 281.

[175] Guillén, 1969b, p. 73. Su opúsculo Estrategia de la guerrilla urbana, en Guillén, 1969b, pp. 67-97 y 1973, pp. 226-278; Chaliand, 2008, pp. 454-462 y Laqueur (ed.), 1977, pp. 229-237 y 2004, pp. 377-383. Sobre este personaje, véase Laqueur, 1976, pp. 344-347.

[176] Guillén, 1969b, pp. 75-76.

[177] Guillén, 1969a, p. 17. Guillén pone ejemplos históricos que comenzaron en las ciudades (desde la Revolución francesa a la de 1917) para luego extenderse al campo.

[178] Guillén, 1966, p. 74.

[179] Hodges (ed.), 1973, p. 32.

[180] Guillén, 1969a, pp. 17-18.

[181] A. Guillén, «Evaluación de los Tupamaros uruguayos», en Guillén et al., 1978, p. 92.

[182] Guillén, 1969a, p. 15.

[183] Russell, Miller y Hildner, 1974, p. 38. Este artículo contiene 261 entradas de artículos y libros sobre insurrección y guerrilla urbanas.

[184] Fairbairn, 1974, p. 17.

[185] Martín Álvarez y Rey Tristán, 2012, p. 7.

[186] Véase González Calleja, 2013, pp. 377-383.

[187] Wieviorka, 1991, pp. 95-100 y 1986.

[188] Sobre el carácter grupuscular del terrorismo de la década de los setenta, véase Townshend, 2009, pp. 117-126.

[189] Laiz, 1995, p. 20.

[190] Rapoport, 2004, p. 69.

[191] Nasution, 1965, pp. 73 y 55.

[192] Rich y Stubbs, 1997, pp. 6-7.

[193] Klonis, 1972, p. 348.

[194] Taber, 1965, p. 23.

[195] Joes, 1996, pp. 185-186. Sobre la estrategia de Gallieni y Lyautey, véase Asprey, 1994, pp. 150-153.

[196] Cit. por Paret, 1964, p. 105.

[197] Fairbairn, 1974, p. 200.

[198] Gorriti, 2005, p. 14.

[199] Fall, 1963 y Laqueur, 1976, p. 374 y 1977. Según Laqueur, 1976, p. 386, entender la guerra revolucionaria como simple «guerra partisana más propaganda política» no es una aproximación adecuada a un problema tan complejo. Exponentes de esta escuela son las obras de Bonnet, 1958; Beaufre, 1972 o Delmas, 1959.

[200] Galula, 1965, p. 156.

[201] Trinquier, 1965, pp. 54-55.

[202] Trinquier, 1968.

[203] Pomeroy, 1964, p. 43.

[204] Joes, 1996, p. 184.

[205] Beckett, 1999, pp. 230-231. Sobre Malasia, véase Fairbairn, 1974, pp. 125-165.

[206] Thompson, 1989.

[207] Thompson, 1967, pp. 50-58. Desarrollos prácticos de esta estrategia contrainsurgente (represalias basadas en la responsabilidad colectiva, realojamiento en campos de concentración, controles legales de población, registros, contrainteligencia, creación de cuerpos de autodefensa, programas de defección y pacificación), en A. R. Molnar, J. M. Tinker y J. D. LeNoir, «Countermeasure Techniques», en Tinker, Molnar y LeNoir, 1969, pp. 295-345.

[208] Liddell Hart, 1974, pp. 325-326.

[209] O’Neill, 1990, p. 153.

[210] Un buen exponente de esta doctrina militar de acusado carácter anticomunista es el libro colectivo de Osanka (ed.), 1962, especialmente las pp. 399-471 para los procedimientos y las políticas contraguerrilleras. Una amplia bibliografía ordenada temáticamente, en pp. 477-508.

[211] Fairbairn, 1974, pp. 323-327; Hahlweg, 1973, pp. 259-263; Joes, 1996, p. 187 y Thompson, 1966, pp. 121-140.

[212] Joes, 1996, p. 187.

[213] Entre los más destacados, desde un punto de vista estrictamente de Guerra Fría: Argiolas, 1967 (que en p. 35 llama «guerrilla defensiva» a las operaciones contrainsurgentes); Bonnet, 1958; Clutterbuck, 1966; Fall, 1963; Galula, 1965; Greene (ed.), 1962; Thayer, 1963 (enseñanzas militares tras el desastre de Bahía de Cochinos); Thompson, 1967; Trinquier, 1981 y Pustay, 1965. Sobre la contrainsurgencia, véanse también Laqueur, 1976, pp. 374-381; Clutterbuck, 1973 (sobre el terrorismo irlandés) y 1990 (muy centrado en armamento y métodos de seguridad personal) y Rich y Stubbs, 1997 (estudio comparado del impacto de la contrainsurgencia en la evolución institucional de los estados).

[214] Ben-Rafael y Lissak, 1979, pp. 42-58.

[215] Ibid., p. 84.

[216] Joes, 1996, p. 191.

[217] Campbell, 1967, pp. 298-327.

[218] Paret y Shy, 1962, p. 49.

[219] Huntington, 1962a, p. 28.

[220] Gann, 1971, p. 86.

[221] Thompson, 1967, p. 25.

[222] Wickham-Crowley, 1990, p. 216.

[223] Kalyvas, 2010, pp. 216-217 y Wickham-Crowley, 1990, pp. 216-217.

[224] Wickham-Crowley, 1992, p. 4.

[225] Laqueur, 1976, p. 396.

VI. LA PROBLEMÁTICA DE LA GUERRA CIVIL SEGÚN LAS CIENCIAS SOCIALES

La guerra civil no ha merecido un análisis teórico detenido y autónomo por la gran atracción que han ejercido otras manifestaciones violentas como la guerrilla o la insurrección, cuyos estudiosos o propagandistas han tratado de separar de ese otro fenómeno menos ennoblecedor, y que sin embargo resulta tan cercano a los mismos[1]. Hasta hace pocos años, tampoco los historiadores han contemplado el análisis de la guerra civil como un fenómeno que trascienda instancias particulares[2]. Generalmente las guerras civiles se han considerado apéndices o consecuencias de fenómenos más amplios, como las guerras interestatales, las revoluciones, las guerras de independencia, o bien como episodios circunscritos a un litigio nacional (como la guerra civil norteamericana) o como el teatro ocasional de grandes confrontaciones político-ideológicas (caso de la Guerra Civil española). La guerra civil presenta especiales dificultades para ser analizar por la impotencia discursiva de la violencia, tal como señaló Hannah Arendt.

Según Higham, la guerra civil es una actividad que puede ser llevada a cabo tanto por elementos reaccionarios como conservadores. Las guerras civiles son también un conflicto interno abierto con implicaciones internacionales que son organizadas por una clase socialmente coherente que trata de preservar sus privilegios, y que da una respuesta esencialmente negativa a los conflictos planteados en una comunidad política. Estos actores crean un Gobierno extralegal que posee, o cree poseer, no solo autosuficiencia económica, sino una parte suficiente del ejército regular para desafiar al resto del país, que controla un territorio y sus acciones son una mezcla de gobierno profesional bajo estándares aristocráticos y crueldad mezclada con gran humanidad[3].

UN INTERÉS TEÓRICO DISCONTINUO Y SUBORDINADO

Las discordias civiles han atraído la atención de los eruditos occidentales desde hace casi dos milenios y medio. Tucídides fue testigo de la crisis interior o stasis (στάσις, traducible indistintamente como guerra civil o facción) que condujo al conflicto entre las ciudades griegas que se llamó guerra del Peloponeso (431-404 a.C.), y que fue interpretado por el estratega ateniense reconvertido en historiador en clave de guerra doméstica. Usando el ejemplo de las conmociones intestinas en la ciudad de Korkyra (Corcira) acaecidas en 427 a.C., denunció las devastadoras consecuencias de la guerra civil, pero también algunos rasgos de la misma que aún hoy siguen siendo objeto de debate entre los científicos sociales, como la extremada violencia de los bandos en lucha, el oportunismo de los actores y la difícil neutralidad de los pueblos vecinos[4]; la perversión de las palabras en la narración de los hechos[5] o los procesos de contagio que tornan a los seres humanos irreflexivos, violentos y sanguinarios[6]. Incluso Tucídides arbitró posibles vías de solución cuando arguyó que el grupo que se hallaba en minoría podía evitar la guerra fundando una nueva ciudad; esto es, decidiendo la partición física y el abandono de la politeya.

Las consideraciones originarias de la guerra civil como caos y calamidad

Desde la narración de los erga (acontecimientos) de este primer conflicto fratricida que ha dejado constancia documental en la historia de Occidente hasta la disección que hizo Thomas Hobbes de sus consecuencias genéricas (pasando por los comentarios sobre la Bellum Civile –entre conciudadanos– romana abordados por César en el siglo I a.C. o por Apiano en el siglo II d.C.), la guerra civil fue adquiriendo su caracterización canónica de hecho injusto, anárquico, aleatorio y caótico: la bellum erga omnes (que el filósofo de Malmesbury relacionaba con su medrosa experiencia de la guerra civil inglesa de 1642-1651) propia del «estado de naturaleza», en contraposición a la paz social que debe ser garantizada y mantenida con el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado. La guerra civil se había convertido en la forma dominante de guerra en el Bajo Imperio Romano, y fue una constante en Europa desde entonces: conflictos faccionales en las urbes italianas, o luchas por el control de reino entre entidades corporativas, como los clanes, las dinastías, los grupos religiosos o las ciudades.

La tendencia a asociar el peligro de la guerra civil a la existencia de facciones es un tópico recurrente desde la Antigüedad hasta la Revolución francesa. La primera preocupación teórica respecto del hecho bélico estuvo vinculada a la constatación de su peculiar estatus legal en el contexto del Derecho de gentes, que ha analizado las diferencias entre el estado de guerra y el de paz con el objeto de establecer y aplicar las normas del Derecho bélico (ius in bello). Como teólogo de la guerra, Agustín de Hipona expuso justificaciones a la misma, como la venganza de las injurias infligidas por los adversarios (causa justa en legítima defensa), la lucha contra el caos y el desorden sociales (estado de necesidad), la guerra justa y legítima contra una autoridad tiránica e ilegítima de origen o ejercicio o el cumplimiento de la voluntad divina por parte de los emperadores cristianos en ejercicio de su auctoritas principesca, lo que permitió que muchas guerras civiles del Bajo Imperio Romano se trasmutaran en guerras religiosas contra los paganos. Según Tomás de Aquino, la guerra justa debía ser declarada por la autoridad legítima, responder a una causa aceptada como razonable, y ser el último recurso de unos beligerantes movidos por la recta intención y por la imposibilidad de hacer prevalecer la justicia por otros medios. Para los juristas de los siglos XVIII y XIX, herederos doctrinales de Hugo Grocio, autor de De Jure belli ac pacis libri tres (Droit de la Guerre et de la Paix, París, 1613), la guerra era, simplemente, una institución que permitía ciertos tipos de comportamiento calificados por el Derecho como inadecuados para un estado de paz. Grocio (II, 19: 4) hizo una clara distinción entre guerras civiles y extranjeras: la guerra era un medio de resolver diferencias entre dos o más entidades políticas soberanas, es decir, estados nacionales o unidades de población (tribus, feudos, imperios, ciudades-Estado, etc.) capaces de recurrir a fuerzas militares organizadas como instrumento para zanjar sus disputas. De modo que la principal característica de un estado de guerra era la igualdad jurídica entre los beligerantes, su libertad para utilizar la fuerza armada contra sus rivales, y la necesaria imparcialidad o al menos la cauta abstención de los espectadores de ese enfrentamiento. Por lo tanto, la guerra era, simultáneamente, un estado jurídico y una forma de conflicto, que implicaba un cierto grado de igualdad legal, de hostilidad y de violencia en las relaciones entre los grupos contendientes. Debía someterse a ciertas reglas de procedimiento y gestión al institucionalizarse como conflicto armado de máxima intensidad[7].

Normalmente, las guerras civiles no reunían las características arriba señaladas. Este tipo de principios reguladores de orden legal no se aplicaban a los conflictos civiles, que permanecieron en la nebulosa de lo que las autoridades definían genéricamente como «anarquía». Para los griegos, la guerra civil era la abominación de la desolación, que identificaban con el enfrentamiento y el desorden (stasis)[8]. Durante los siglos XVI a XVIII, las guerras intestinas donde se jugaba el predominio político, la herencia dinástica o la imposición religiosa siguieron siendo objeto de esa valoración negativa que asignaba a la guerra civil el rango de calamidad pública por antonomasia[9]. La guerra civil era para Pascal el «mal político supremo»[10]. En el siglo de las guerras de religión, la guerra civil se convirtió en un concepto central vinculado a una organización social ordenada en estados, de modo que las pretensiones de legalidad de una guerra civil estaban contenidas en el derecho a la resistencia frente al Estado, como reivindicaron los Países Bajos en su guerra de secesión contra la monarquía hispánica.

Una rebelión contra una autoridad adquiría el carácter legal de guerra –en este caso, de guerra civil– cuando el bando rebelde conseguía establecer una estructura político-legal que respaldaba el poder soberano que pretendía. Insurrección y guerra civil suelen ser manifestaciones violentas sucesivas, pero no mutuamente excluyentes, de un alzamiento o de un levantamiento de masas contra el régimen instituido. Sin embargo, la mayor parte de los conflictos armados nacionales son de naturaleza asimétrica, ya que enfrentan a fuerzas gubernamentales con grupos, movimientos o individuos; a clases gobernantes contra clases dominadas, o a grupos étnicos dominantes contra grupos étnicos dominados. Todo ello provoca un gran debate entre los observadores, que se ven forzados a contemplar el proceso bélico desde un lado u otro de la trinchera dialéctica entre legalidad y subversión[11].

La rehabilitación parcial de la guerra civil a partir del hecho revolucionario

Si a la altura de 1700 guerra civil y revolución no coincidían, pero tampoco se excluían mutuamente, los ilustrados franceses fueron separando los conceptos de revolución (como valor en sí mismo, merced a su función a la vez civilizadora, racionalizadora y redentora) y guerra civil, que se siguió condenando a la luz de la lucha de facciones inspirada por el fanatismo religioso de los siglos XVI y XVII. Mientras que la guerra civil se refería a la sucesión de hechos sangrientos cuyas pretensiones de legalidad derivaban de la contienda entre posiciones confesionales, el Estado absolutista fue reivindicado al convertirse en el concepto contrario a la guerra civil, ya que impedía la bellum intestinum con el monopolio del uso de la fuerza[12]. Sin embargo, durante el periodo de conmociones múltiples que transcurrió de 1789 a 1858, el confuso entrelazamiento entre revolución, guerra civil y guerra interestatal permitió una relativización del fenómeno guerracivilista y su rehabilitación parcial como acto de ruptura repentina y saludable con el Antiguo Régimen[13]. La Revolución francesa se interpreta en la actualidad como el germen de una etapa de «guerra civil mundial» de contextura ideológica que aceleró la deriva hacia la criminalización absoluta del enemigo político[14].

Como en la revolución, una guerra civil es una lucha, no regulada por el Derecho, para la apropiación del poder, los aparatos administrativos y los órganos de ejercicio de la soberanía[15]. Pero los autores que han estudiado de forma preferente los fenómenos revolucionarios han acostumbrado a separar ambos fenómenos, relegando claramente el de la guerra civil, que es contemplado como una premisa antes que como una consecuencia de la revolución, que multiplica los efectos destructivos que se le suponen a una guerra civil a través de la depuración o eliminación del enemigo[16]. Roman Schnur ha observado que el hecho de que la revolución haya concentrado toda la atención política e intelectual durante muchos años ha obstaculizado el desarrollo de una teoría de la guerra civil y su individuación como objeto de estudio dotado de autonomía[17]. Otras veces la guerra civil se esconde tras de las grandes finalidades o «buenas causas» anejas a las conmociones políticas, y hablamos entonces de «guerras revolucionarias», «de independencia» o de «resistencia».

A pesar de tan ambigua relación, los elementos determinantes de las guerras civiles (difícil coyuntura económica, fragilización y ruptura del Estado, aparición de movimientos subversivos con fuerte carga utópica, etc.), tan próximos a los de la revolución, condujeron a que el fenómeno se siguiera interpretando de forma dominante –al menos hasta mediados del siglo XIX– como un flagelo divino, e incluso en el pensamiento contrarrevolucionario, como la desembocadura inevitable de la deriva demagógica de la democracia. El concepto de guerra civil conllevaba una sobrevaloración de las consecuencias negativas de una revolución: radicalización del conflicto, hostilidad irreprimible, barbarización de los procedimientos judiciales, etc.[18]. La guerra civil se acompaña siempre de una regresión en el proceso de la civilización, y exhuma las prácticas de sociedades precivilizadas, es decir, anteriores a la coacción estatal: «en la guerra civil, la violencia nunca es puramente instrumental. Se carga de una fuerte dimensión simbólica, se autoalimenta y adquiere una dinámica propia, hasta transformarse en su propio fin. Es decir, deja de ser violencia extrema para convertirse en crueldad»[19]. La guerra civil brutaliza a los actores y a los civiles, destruye los mecanismos psicosociales de autosanción que sirven como guía o disuasión de conductas reprobables, disminuye el coste de la actividad violenta, permite el ascenso al poder de dirigentes con propensión a emplear la fuerza en los conflictos políticos y engendra nuevos actores interesados en la perpetuación del conflicto y de la violencia. La venganza es probablemente la manifestación más recurrente en las descripciones de las motivaciones de la violencia en la guerra civil[20].

Pero la caracterización de las guerras civiles como eventos especialmente crueles se apoya menos en datos objetivos que en la percepción que los participantes tienen de ella[21]. A diferencia de lo que acaece en un conflicto armado internacional, en el que se pueden desplegar dosis inusitadas de brutalidad, la violencia contra miembros de una misma comunidad política parece un hecho antinatural; de ahí la gran avalancha de consideraciones de familiarismo moral (con ejemplos señeros como la admonición de Abraham Lincoln sobre la house divided lanzada en junio de 1858 o el lamento y la execración ulterior de la «guerra fratricida») que describen el conflicto civil como una gran calamidad en función de la proximidad espacial y la fuerte implicación emocional entre verdugos y víctimas. Las guerras civiles parecen caracterizarse por la profundidad y el arraigo de los sentimientos, por la necesidad perentoria de optar por un bando para evitar estar entre dos fuegos, y por la fuerza y la barbarie con que se lucha[22]. A menudo, los combatientes viven entremezclados al comienzo de los enfrentamientos, de lo que resulta un conocimiento profundo de las cualidades del adversario considerado como «enemigo íntimo», lo que explica la específica vulnerabilidad de ambos bandos y su capacidad para infligir humillaciones imborrables basadas en la deshumanización radical del otro inasimilable[23].

Durante las décadas finales del siglo XIX y las iniciales del XX, la progresiva regulación de las guerras entre Estados por la vía del Derecho internacional (plasmada en la Declaración de París de 1856, la Convención de Ginebra de 1864, la Declaración de San Petersburgo de 1868, las Conferencias de La Haya de 1899 y 1907 o la Conferencia de Londres de 1908, precedentes de las Convenciones de Ginebra de 1949) relegó a las guerras civiles a la categoría de casos excepcionales en tanto que manifestaciones de conflicto político difícilmente regulables en normas básicas de obligado cumplimiento[24]. Pero el marxismo, sobre todo en su variante leninista, al preconizar la estrecha relación de necesidad entre guerra civil y revolución como fases secuenciales de la lucha entre burguesía y proletariado[25], rehabilitó parcialmente el concepto y lo integró por primera vez en un programa coherente de explicación histórica del conflicto socioeconómico. Lenin puso de relieve la relación instrumental e incluso la identidad entre revolución y guerra civil. La lucha de clases podía interpretarse como una guerra civil larvada previa a la revolución, y esta comportaba la guerra civil en tanto que su desarrollo y eventual crisis suscitaban inevitablemente la respuesta violenta de las clases poseedoras, que eran el fundamento de los procesos contrarrevolucionarios. La aparición de la URSS y de los nacionalismos extremistas con vocación totalizante durante el periodo de entreguerras ayudó a ocultar aún más los procesos de guerra civil en la maraña tejida por la revolución o la contrarrevolución que solían ser su precedente o corolario. La guerra civil entró a formar parte de estos esquemas, ubicada entre la técnica y los costes de la revolución, como una situación límite creada por la tensión ideológica extrema[26]. En todo caso, las guerras de expansión para imponer modelos ideológicos (como fueron las guerras napoleónicas, y como fue en gran medida la Segunda Guerra Mundial) trajeron aparejados conflictos civiles de intensidad variable entre colaboracionistas, «atentistas» y resistentes, como fueron la Comuna de París de 1871 o las conflagraciones intestinas de Rusia (1917-1921), Finlandia (1918), Irlanda (1922-1923), China (1928-1937) o España (1936-1939). En todas ellas, los procesos revolucionarios y contrarrevolucionarios fueron un hecho indisociable de la guerra misma.

Guerra civil y liberación nacional a partir de 1945

En la segunda posguerra mundial, los fascistas derrotados continuaron hablando de guerra civil para cultivar el equívoco de la equiparación entre las partes en lucha[27]. En esos años de transformaciones radicales en la escena internacional, aumentó la incidencia de las guerras civiles con la aparición de los nuevos estados independientes, fragilizados por la imposición de gobiernos débiles, la presencia de formaciones disidentes y la manipulación de las superpotencias. El incremento en la extensión de las guerras civiles se debe en buena parte a ese nuevo contexto descolonizador que alumbró el nacimiento de estados débiles y dificultó los arreglos territoriales específicos[28]. Estos estados nuevos, frágiles, empobrecidos e inclinados al conflicto (por falta de estructura estatal autónoma, de capacidad militar, falta de control territorial y de cohesión y organización de la oposición), carecían de recursos para resolver sus disputas pacíficamente. La Guerra Fría exacerbó el problema al inducir a las superpotencias a brindar grandes cantidades de ayuda militar en los conflictos prolongados de rebelión comunista. La ayuda internacional y la intervención militar exterior contribuyeron a la perpetuación de estas conflagraciones internas.

Muchas guerras civiles, como las de las trece colonias norteamericanas (1775-1783), Argelia (1954-1962), Indochina (1945-1954) o Malasia (1948-1960), han tenido una relación muy estrecha con el anticolonialismo, y otras veces han formado parte de la guerra de liberación contra un poder extranjero que gozaba de una estructura de colaboración y legitimidad en el interior del país. La mezcla de etnocentrismo, nacionalismo y arbitrariedad de las fronteras coloniales fomentaron las guerras civiles, especialmente las de secesión, en África, Asia y Oriente Medio[29]. Desde el segundo conflicto mundial, las guerras civiles se han concentrado en tres tipos de regímenes: las democracias débiles, los sistemas no democráticos de relativamente alta capacidad (los que ejercen un control efectivo sobre la población) que se enfrentan a zonas insurgentes que escapan al control del poder central (casos de Israel y Palestina, India y Cachemira, Rusia y Chechenia, Filipinas y Mindanao, Turquía y Armenia, cingaleses y tamiles en Sri Lanka, o guerrilleros versus fuerzas estatales en Perú, Colombia, etc.) y los regímenes no democráticos de baja capacidad que se enfrentan a la descomposición de la estructura del Estado, como Somalia, Afganistán, Irak o Sudán meridional en la actualidad. El incremento de las guerras civiles en la posguerra mundial se debió a factores tan diversos como la ineficacia de los gobiernos de los países recientemente independizados en integrar a la insurgencia o a la ciudadanía desafecta, la intromisión de poderes fácticos de tipo militar o la incidencia de fracturas étnicas, lingüísticas o religiosas.

Durante la Guerra Fría, los historiadores, sociólogos y otros científicos sociales iniciaron el estudio sistemático del fenómeno de la guerra civil, pero durante casi medio siglo su análisis quedó subsumido y en parte ocultado por la lógica de la política de bloques. El final del sistema bipolar dominante en la Guerra Fría a partir de 1989 desenmascaró algunas guerras revolucionarias y de liberación nacional (Eritrea, Angola, Afganistán) que eran, pura y simplemente, guerras civiles[30]. A inicios de la década de los noventa, Gabriele Ranzato seguía denunciando que «la reflexión teórica e historiográfica sobre el fenómeno de la guerra civil es escasa, dispersa y limitada»[31], y continuaba estando supeditada al análisis de otros fenómenos conflictivos de gran intensidad como eran las revoluciones, las guerras interestatales o las guerras de descolonización, secesionistas y de independencia. Ciertamente, en la actual comunidad científica aún no hay teóricos de las guerras civiles en el mismo número y medida en que hay especialistas del terrorismo, de la guerrilla o de las revoluciones. Incluso la percepción de su naturaleza se separa de la imagen ennoblecedora que han disfrutado otros procesos conflictivos de alta intensidad. Ranzato alude a la «invisibilidad de las guerras civiles», esto es, a su difícil identificación coetánea, ya que al ser difícilmente admisible su extrema violencia que hace desaparecer el aura de heroísmo y legitimidad propia de las «buenas causas», se suelen disimular tras de sus finalidades, como son la revolución o la independencia. Además, en muchos casos, la guerra civil no sucede, sino que precede al despliegue de las grandes finalidades ideales, que se revelan como el recipiente agregativo de múltiples objetivos limitados y motivaciones particulares o colectivas de carácter privado o público[32].

El derrumbamiento del Imperio soviético expuso a las guerras internas a la vista del mundo, ya que la desaparición de las fuentes externas de legitimación y de financiamiento proporcionadas por las superpotencias dejó al desnudo la naturaleza doméstica de conflictos que en los años precedentes se habían presentado como disputas entre ideologías globalizantes, e incrementó el interés de los contendientes por el control de los recursos locales, que fueron disputados duramente por los bandos en lucha. Stathis Kalyvas destaca el declive en los años posteriores a la Guerra Fría de las guerras interestatales, y el paralelo aumento de las guerras civiles o internas, que coincidió con el declive de los conflictos clasificados como «ideológicos» o de clase, y la consiguiente reaparición de enfrentamientos basados en la etnia[33].

En suma, la guerra interna se ha ido convirtiendo en una preocupación central para los estudiosos de las relaciones internacionales porque desde finales del siglo XX se fue erigiendo en el modo más común de conflicto armado de alta intensidad. Especialistas como George Modelski, Harry Eckstein o Samuel P. Huntington observaron la importancia de las guerras civiles a la hora de diseñar las políticas de las grandes potencias (según lo visto en las revoluciones rusa y china), su tendencia a implicar en su dinámica a otros estados (Grecia, Congo, Israel) y la proporción cada vez mayor de conflictos armados que ocurren en el interior de los países antes que entre ellos[34]. Hay varias series de datos cuantitativos sobre el fenómeno de la guerra interna que demuestran su aumento constante, pero también la ausencia de cualquier oleada independiente posterior a la Guerra Fría[35]. Contrariamente a la creencia convencional, el número de guerras internas no ha aumentado significativamente desde entonces, sino que el derrumbamiento de la URSS resaltó levemente una tendencia hacia el predominio de conflictos domésticos que ya resultaba patente en la década de los sesenta. A decir de James Fearon y David Laitin, la importancia que adquirieron las guerras civiles en los noventa no se debió al final de la Guerra Fría, sino que su nivel máximo de incidencia se alcanzó a mediados de la década anterior, y fue el resultado de la acumulación gradual de conflictos que se produjo tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Las guerras civiles sin intervención extranjera habían ido aumentando de forma irregular pero relevante desde la década de los cincuenta. De las 195 guerras computadas entre 1945-1995, el 75 por 100 han sido guerras civiles, que han causado entre 16 y 35 millones de víctimas, y donde la proporción entre víctimas civiles y militares se ha invertido espectacularmente[36]. Entre 1945 y 1999 se desarrollaron 127 conflictos internos que costaron la vida como mínimo a mil personas en 75 estados diferentes, causando en total 16,2 millones de muertes, esto es, alrededor de cinco veces más que las guerras interestatales[37]. Mientras que las guerras internas han supuesto más del 80 por 100 de los grandes conflictos armados y de las muertes desde el final de la Segunda Guerra Mundial, esta preponderancia ha llegado a ser incluso más llamativa desde el final de la Guerra Fría: desde 1989 a 1996 ha habido 96 conflagraciones, de los cuales solamente 5 han sido de carácter interestatal. En 1992 se alcanzó la cifra de 28 conflictos militares internos, y en el momento álgido, que coincidió con el año 1994, había en marcha 44 guerras civiles en alrededor de un cuarto de los estados miembros del sistema internacional[38]. Pero las democratizaciones parciales de regímenes divididos (casos de Sudáfrica o Líbano) contribuyeron al declive de las guerras civiles a partir de esa fecha, y el número de conflictos internos descendió significativamente desde finales de la década de los noventa.

La recuperación del interés científico por las guerras civiles en la posguerra fría

Desde el final de la Guerra Fría, Europa ha experimentado un crecimiento mayor que cualquier otra región del mundo en número de conflictos internos. Los contenciosos asociados al colapso soviético fueron en parte responsables del incremento del número de guerras civiles de inicios de la década de los noventa[39]. La aparición de estados débiles en antiguas repúblicas soviéticas como Azerbayán, Armenia o Georgia; los conflictos producidos en el interior de la propia Federación Rusa (cuyo caso más representativo han sido las guerras de Chechenia de 1994-1996 y 1999-2003), y sobre todo la fragmentación traumática de la antigua Yugoslavia, facilitaron el despegue del estudio científico de las guerras civiles. Sin embargo, el salto cualitativo en el análisis sistemático de los conflictos bélicos internos no se debió a las conmociones que vivía el Viejo Continente, sino que fue impulsado en buena medida por el interés mostrado por los economistas del Banco Mundial especializados en África en interpretar las guerras civiles de esa área geopolítica como un obstáculo mayor al desarrollo económico (donde se pone de relieve el papel que desempeñan la pobreza y la presencia de recursos naturales), por la virtual desaparición de guerras interestatales (donde incide la capacidad o la debilidad de los estados) y por el resurgimiento del conflicto étnico en la posguerra fría, donde actuaban la fragmentación y el antagonismo étnico, alentados desde el Estado o los grupos secesionistas[40]. El estudio de la guerra civil resultaba extremadamente importante para el Banco Mundial porque el fenómeno ocurría sobre todo en países de ingresos bajos y porque reducía drásticamente la renta disponible para el desarrollo, comprometiendo seriamente los recursos prestados por los organismos financieros internacionales. A mitad de la década de los noventa, el Banco Mundial dejó de limitarse a proporcionar capital y reconstruir infraestructuras tras el fin de los conflictos, y tras la Guerra Fría adaptó sus programas (especialmente en los conflictos de Gaza y Bosnia-Herzegovina) para coordinar un vasto programa internacional de reconstrucción. En 1997, el Banco creó una Unidad de Posconflictos (desde 2001 Conflict Prevention and Reconstruction Unit) y definió los parámetros de la implicación en los conflictos civiles, analizando las series de datos sobre las causas económicas de los mismos, y apoyado los trabajos de Paul Collier y su Development Economics Research Group, vinculado a la institución financiera, que demostraron la relación entre pobreza y conflicto[41]. Este equipo de investigación del Banco Mundial conceptualizaba las guerras civiles como un problema de desarrollo y aplicaba modelos económicos para explicar la aparición, duración y consecuencias de las guerras civiles. El modelo económico puesto a punto por Collier y Hoeffler argumentaba que no eran los agravios políticos o sociales los que conducían a la guerra civil, sino que, dados ciertos niveles de agravio, era la oportunidad para organizar y financiar la rebelión lo que determinaba si una guerra civil ocurría o no. Los determinantes de dicha oportunidad eran principalmente económicos, y el modelo trataba de ver las condiciones en que una rebelión era financieramente viable[42]. Las explicaciones económicas de la persistencia de los conflictos civiles han girado en torno a una interrupción de un proceso de modernización en marcha, como una enfermedad del desarrollo, como resultados de fallos en la comunicación y la emergencia de antiguos odios y animosidades. Todas ellas se perciben como disrupciones costosas de las condiciones de paz, pero las causas económicas siguen siendo fundamentales[43].

UNA DEFINICIÓN PROBLEMÁTICA

Al igual que sucede con el término nada neutral de «terrorismo», la descripción de un enfrentamiento armado como guerra civil tiene indudables implicaciones políticas y simbólicas, ya que confiere o arrebata legitimidad a los bandos en lucha. El empleo del término forma parte del mismo proceso de lucha; de ahí el uso deliberado por parte del Gobierno de eufemismos como «conflicto», «disturbios» (troubles), «situación de emergencia», «estado de excepción», «proceso», etc., donde los rebeldes son definidos como bandidos e incluso como terroristas antes que como combatientes con derecho a acogerse al ius in bello[44]. Eufemismos como «War of Rebellion», «The Second American Revolution» o «War between the States» se han empleado y se siguen utilizando en Estados Unidos para definir su Guerra Civil, mientras que en Francia se ha preferido hablar de «Guerres de Vendée», «Révolution de Juillet», «Comunne», «Résistance», conflictos franco-franceses o «fiebres hexagonales» como evocación de las crisis internas por las que ha pasado el país sin tener que recurrir al apelativo tremendista de «guerra civil», concepto que trata de englobar toda la complejidad de los desgarros que sufre una comunidad política. El régimen franquista no se recató en bautizar al conflicto de 1936-1939 como Guerra de Liberación, mientras que los republicanos pusieron el énfasis en los designios de independencia y liberación nacional que, desde su perspectiva, tenía la lucha armada contra el fascismo. En Italia, Claudio Pavone ha destacado el carácter polimórfico del conflicto interno de 1943-1945, con rasgos de guerra civil «convencional» entre dos entidades políticas (la resistencia partisana y la RSI), guerra de liberación contra el invasor nazi y guerra revolucionaria de la izquierda en busca de un profundo cambio de las relaciones socioeconómicas[45]. El abuso del término en la actualidad se debe en buena parte a que el estudio sistemático de las guerras civiles se ha iniciado en épocas muy recientes, y su visibilidad se ha visto limitada por la atención que se ha prestado a fenómenos anejos como la revolución o el conflicto étnico.

Guerras internas y locales

Las ciencias sociales coinciden en las características generales de las guerras civiles, entendidas como una violencia a gran escala entre dos o más grupos dentro de un Estado reconocido que luchan por el control del Gobierno o la extensión de su jurisdicción[46]. Pero para llegar a este consenso se tuvo que explorar previamente la capacidad heurística de otros conceptos. En la década de los sesenta se prefería hablar de guerra interna, que Harry Eckstein definió como «todo intento de cambio, por la violencia o la amenaza de la violencia, de la política, titulares u organización de un gobierno»[47], y que Lyford P. Edwards describió como «cualquier conflicto dentro de un sistema político autónomo que implica violencia ilegítima dirigida a cambiar ese orden»[48]. Era un término que se consideraba especialmente operativo, ya que al englobar a diferentes tipos de violencia (como la guerrilla, el terrorismo, las insurrecciones o los golpes de Estado), buscaba superar las limitaciones que se encontraban los especialistas en el estudio comparativo de los procesos revolucionarios. Correspondía a la perfección con los criterios legitimistas de la violencia política que mostraba el paradigma funcionalista entonces dominante entre los científicos sociales norteamericanos. De hecho, una obra de referencia como la International Encyclopedia of Social Sciences definía la guerra civil como «un conflicto dentro de una sociedad que resulta de un intento de tomar o mantener el poder y los símbolos de legitimidad por medios extralegales»[49]. La guerra interna implicaba la existencia de fuerzas sociales con actitudes bélicas para propósitos de competición política, cuyo despliegue trastornaba gravemente las normas políticas establecidas. Para Andrew Janos, la guerra interna es «un conflicto violento entre partidos sujetos a una autoridad común, y de tales dimensiones que su incidencia afecta al ejercicio o estructura de autoridad en la sociedad»[50]. Por lo tanto, este concepto incluye una variada gama de fenómenos, desde los motines a las guerras civiles, pero excluye incidentes sociales de carácter violento, como el crimen o las manifestaciones patológicas de agresión que no afectan a la autoridad, o ataques esporádicos a representantes del Gobierno, de dimensiones demasiado pequeñas como para alterar el ordenamiento institucional o el ejercicio de la autoridad.

La obra colectiva coordinada por Michael Brown es, quizá el mejor tratamiento comprehensivo de la guerra interna en sus causas, efectos y soluciones potenciales. En la introducción, Brown define el conflicto interno como las «disputas políticas violentas o potencialmente violentas cuyo origen se rastrea en factores domésticos antes que sistémicos, y donde la violencia armada se instala o amenaza con instalarse dentro de las fronteras de un solo estado»[51]. El nivel de violencia puede ir desde campañas terroristas de baja intensidad a insurgencias guerrilleras prolongadas, guerra civil o genocidio. En muchos casos, los actores clave son gobiernos y grupos rebeldes, pero cuando las estructuras del Estado son débiles o inexistentes, actores de diferente tipo luchan entre ellos en un universo hobbesiano propio. Los conflictos internos pueden ser precipitados por la acción de elites o de masas desde el interior del país (casos de Palestina, Argelia o Perú) o desde el exterior (casos de la invasión soviética de Afganistán a finales de 1979 o la irrupción del presidente Charles Taylor en Sierra Leona desde Liberia en marzo de 1991).

El conflicto interno es importante por cinco razones: es extenso y complejo, causa un tremendo sufrimiento (puede ir acompañado de limpieza étnica, genocidio, etc.), afecta e implica a los estados vecinos (problemas humanitarios, económicos, de inseguridad militar, de estabilidad política, etc.), erosiona la estabilidad regional, a menudo suscita el interés de poderes lejanos, e interpela a la comunidad internacional en la búsqueda de una solución[52]. Este autor aclara que, mientras que las condiciones a nivel de masas ayudan a explicar qué tipos de países son vulnerables a la guerra interna, el análisis de las fuerzas a nivel de elites resulta mucho más revelador para explicar las causas próximas del conflicto doméstico. Entre dichas causas se encuentran:

1) Factores estructurales: debilidad de los estados (por falta de legitimidad u otros factores), problemas de seguridad intraestatal (privatización de la violencia) y geografía étnica (heterogeneidad racial o de clanes, fronteras arbitrarias entre estados, etc.). Puede haber conflictos entre una etnia mayoritaria y una o varias minoritarias (Afganistán), entre grupos equilibrados en poder (Bélgica), en sociedades plurales (Tanzania), etcétera.

2) Factores políticos: presencia de instituciones políticas autoritarias y discriminatorias, ideologías nacionales excluyentes (nacionalismo étnico antes que cívico, fundamentalismo religioso), políticas intergrupales incompatibles o políticas sectarias de las elites, que aprovechan circunstancias de inestabilidad política o económica.

3) Factores socioeconómicos: existencia de problemas económicos coyunturales (transiciones a sistemas de libre mercado, crisis con desempleo, etc.), de sistemas económicos discriminatorios que atentan contra la igualdad de oportunidades y disfunciones vinculadas a la modernización socioeconómica sin desarrollo político.

4) Factores culturales y de percepción: discriminación cultural contra minorías, historias grupales problemáticas (percepciones hostiles entre grupos rivales), etcétera.

Con todo, factores como el nivel de modernización, la fuerza de los gobiernos o la cultura política dominante no son tan importantes para explicar el inicio de la guerra interna como las decisiones de los líderes individuales[53] 

Basándose en la obra de Brown, Steven David definió la guerra interna como un conflicto violento cuyos orígenes se remontan al ámbito doméstico antes que a factores sistémicos, y en los que la violencia armada ocurre preferentemente dentro de las fronteras de un solo Estado[54]. Un conflicto interno se convierte en una guerra en el caso de que confluyan estos criterios: que se detecte la actividad de fuerzas armadas regulares, militares y policía, por lo menos en un bando en conflicto (es decir, se constate la presencia e implicación de las fuerzas armadas del Gobierno establecido); que exista un cierto grado de organización en ambos bandos en lucha, incluso si esta organización se manifiesta de forma defensiva, y que exista una cierta continuidad entre las operaciones bélicas y una coherencia estratégico-táctica y organizativa entre las acciones, aunque sean esporádicas; es decir, que se pueda demostrar la presencia de una planificación y de una actividad bélica organizada en ambos lados[55].

La guerra interna es, sin embargo, una categoría analítica poco utilizada por los científicos sociales europeos, dada su escasa operatividad, ya que engloba, sin mayores distinciones, un cúmulo muy diverso de situaciones violentas, que van desde las formas más sangrientas (guerras civiles, grandes masacres, genocidios) hasta modalidades menos intensas y sistemáticas, como los golpes de Estado, los asesinatos políticos esporádicos, el terrorismo, las huelgas insurreccionales, los motines o los disturbios civiles. Por ejemplo, los golpes de Estado no implican un despliegue sostenido de violencia a gran escala, aunque su fracaso parcial puede derivar en guerra civil[56]. El concepto de guerra interna englobaría manifestaciones más exactas del conflicto político de gran intensidad, pero en la perspectiva dominante en las ciencias sociales europeas la guerra civil sigue siendo el término científico usado de manera más común y flexible[57].

En la década de los setenta se definió guerra local como un conflicto violento de masas (evaluado en función de las personas involucradas y del número de víctimas), no inserto necesariamente en la dinámica de la política de bloques, en el que combatían dos o más bandos militares, uno de los cuales luchaba en nombre de la autoridad establecida (lo que supone un equilibrio mínimo de fuerzas, y dejaba a los genocidios fuera de la definición, por su carácter de empleo abrumador de la violencia contra población no combatiente), y donde los beligerantes mantenían una mínima organización centralizada de la lucha, con una planificación y coordinación de acciones militares que exigían una estrategia global[58]. Esta terminología, tan cercana de la de la guerra interna, ubicaba a las guerras locales en los márgenes del conflicto principal de la Guerra Fría, pero en la actualidad las guerras civiles no responden a estas delimitaciones tan precisas, porque los bandos no están tan definidos ni equilibrados, ni tienen por qué combatir entre sí, sino que buscan al adversario de forma preferente en el seno de la población civil. Además, los beligerantes no siguen pautas militares regulares ni definidas (como veremos más adelante, resulta proverbial la ausencia de reglas de la contienda armada «posmoderna»), y a veces actúan en un Estado en trance de disolución, donde la falta de autoridad y el vacío de poder favorecen la proliferación de señores de la guerra (warlords) neofeudales, empresarios, generales y líderes políticos que combaten por su cuenta en busca de beneficios privados como la protección o la extorsión.

La perspectiva estadística en la definición de las guerras civiles y su crítica

La mayor parte de las investigaciones que se han emprendido en los últimos quince años han tendido a detectar, mediante el análisis multifactorial y la determinación de índices de recurrencia, las variables evaluables del fenómeno de la guerra civil basándose en el Correlates of War Project (COW), un repositorio de información estadística creado en 1963 por J. David Singer, politólogo de la Universidad de Michigan, para acumular conocimiento científico sistemático sobre las guerras desde la época de Napoleón, y que proporciona listas de conflictos con datos generales de los países afectados[59]. En esa línea, tan característica de la sociología empírica anglosajona, David Singer y Melvin Small publicaron en 1972 la obra The Wages of War, que estableció una definición canónica de guerra civil que ha guiado la investigación de cientos de especialistas[60]. En su perspectiva, una guerra civil es cualquier conflicto armado que implica:

1) Una acción militar interna en la metrópoli.

2) Una activa participación del Gobierno nacional.

3) Una resistencia efectiva por ambas partes», que se evalúa cuando el bando más fuerte sufre al menos el 5 por 100 de las bajas del lado más débil, lo que permite distinguir situaciones bélicas genuinas de las masacres, pogromos o purgas[61].

La definición de Singer y Small se basa en cuatro premisas básicas:

1) Uno de los agentes primarios debe ser el Gobierno nacional que está en el poder cuando las hostilidades comienzan.

2) Ambos lados deben tener capacidad de infligir muerte al otro.

3) Debe ocurrir algún tipo de acción militar significativa, lo que implica una tasa de letalidad de al menos 1.000 muertes civiles o militares en batalla por año.

4) La guerra debe ser interna al país, ocurrir dentro de las fronteras de un Estado, y sus antagonistas principales serán los ciudadanos del mismo.

En suma, las diferencias principales entre la guerra civil (interna o intraestatal), la guerra interestatal (entre estados soberanos) y la extraestatal (en colonias o partes de un imperio) son el desarrollo de la guerra en el territorio de un Estado legalmente reconocido y la participación del Gobierno como una de las fuerzas combatientes. La guerra civil se distingue de otras formas de conflicto armado interno por el requisito de que la violencia estatal debe ser sostenida y recíproca, y por el hecho de que debe superar un cierto umbral de muertes, que se cifra en más de 1.000 anuales. Esta definición tan descriptiva incluiría las revoluciones (guerra para el control del aparato central del Estado, sin importar el grado de transformación social que se busque) y las guerras de secesión, que requieren de un cierto nivel de violencia y de organización política, pero excluye manifestaciones menores de violencia como los motines, las huelgas, las demostraciones violentas y la violencia desorganizada y espontánea, que estaban integradas dentro del concepto de guerra interna. De hecho, puede incluso incluir los golpes de Estado si cumplen los criterios establecidos, especialmente en lo que se refiere a su letalidad. Si nos atenemos al criterio de 1.000 víctimas por año, ha habido 213 guerras civiles desde 1816 a 1997, 104 de las cuales ocurrieron entre 1994 y 1997[62].

Una definición tan estricta conduce, ciertamente, a algunas incongruencias graves que derivan en importantes vacíos analíticos y en no menos llamativas exclusiones. Nicholas Sambanis se pregunta qué umbral de violencia distinguiría la guerra civil de otras formas de conflicto armado interno, cómo conocemos cuándo se inicia y termina una guerra civil y de qué modo se puede efectuar la distinción entre una guerra intraestatal, interestatal o extraestatal. En el campo del análisis cuantitativo, los desacuerdos han girado en torno a la inclusión de cifras de víctimas absolutas o relativas (per capita), si son acumulativas en el tiempo o anuales, si las muertes incluyen únicamente las producidas en el campo de batalla o solo las muertes civiles (o ambas), y cuál sería el criterio aceptable de distribución de víctimas entre los bandos en lucha. Por ejemplo, la definición canónica de Singer y Small no aclara si la guerra se inicia en el primer año en que se alcanzan las 1.000 muertes o cuando las muertes acumulativas superan esta cifra, lo que hace aumentar las dificultades para determinar el punto de origen de un conflicto, del que además se supone que ha empezado con violencias de menor intensidad, como tumultos, terrorismo o golpes de Estado. Además, deja en el limbo todos los conflictos armados «intermedios» (muchos de ellos de naturaleza guerrillera o terrorista) que producen hasta 999 muertes en un año. Para otros autores, el umbral acumulativo de muertes resulta más defendible que las cifras absolutas, si se combina con el criterio de una actividad militar sostenida por la duración del conflicto. En esa línea, Sarkees y Singer etiquetan como guerra civil cualquier conflicto que causa un mínimo de 25 muertes por año durante más de cuatro décadas; Fearon y Laitin establecen el promedio de 100 muertes al año[63], y Sambanis propone que una guerra comienza en el año en que se cuentan de 100 a 500 muertes, y cuando se computan más de 1.000 en total a los tres años de su inicio. Además, se deberían establecer magnitudes relativas de muertes per capita[64], y contabilizar a los refugiados y desplazados internos como parte decisiva del coste humano de la guerra.

Otros problemas que presenta esta definición tienen que ver con la territorialidad y la identidad de los actores. Las guerras que libran una metrópoli colonial y sus territorios dependientes, como Portugal en Angola y Mozambique o Etiopía en Eritrea antes de su independencia formal, no son clasificadas por Singer y Small como guerras civiles, sino como una subcategoría de las guerras internacionales llamadas «extrasistémicas», a pesar de librarse enteramente dentro de las fronteras nacionales e implicar a naturales del país en ambos bandos. Para distinguir las guerras civiles de las guerras coloniales, cada bando en lucha debe contar con números significativos de tropas compuestas de residentes locales. A veces resulta difícil distinguir entre las guerras civiles y las guerras extraestatales (periféricas al centro de gobierno, como las coloniales) o intraestatales (caso de la guerra rusa en Chechenia en la década de los noventa del siglo pasado), y determinar qué grado de organización se requiere de las partes para distinguir una guerra civil de la violencia unilateral desplegada por el Estado. En muchas ocasiones, como en el caso de la actual Somalia, el Gobierno prácticamente no existe, o las organizaciones rebeldes son difícilmente discernibles de las redes criminales o de una chusma miliciana. Además, ya que la violencia en una guerra civil acostumbra a ser intermitente, resulta complicado determinar cuándo una guerra termina o cuándo se inicia, y separarla de un periodo de politicidio, terrorismo u otra forma de violencia[65]. A veces es muy difícil (como fueron los casos de España en 1936 o Camboya durante la dominación de khmer rojo entre 1975 y 1978) separar las masacres (asumieran estas las formas de un genocidio o un politicidio)[66] del inicio o el fin de las guerras. Una característica básica de las guerras civiles es que los insurgentes deben ser capaces de oponer una resistencia efectiva, circunstancia que está virtualmente ausente de los asesinatos en masa. Sambanis propone una media de 100 muertes de representantes del Estado por año durante toda la duración del conflicto para distinguir una guerra civil de un politicidio unilateral[67]. Este mismo autor testifica la existencia de una guerra civil si el conflicto armado tiene lugar en los límites territoriales de un Estado que es miembro del sistema internacional con una población mayor a 500.000 personas; si los bandos están organizados militar y políticamente y tienen objetivos políticos expresados públicamente; si el Gobierno (o el bando que representa al Estado internacionalmente reconocido) es el principal combatiente; si la principal organización insurgente puede obtener recursos a través de bases organizadas en el territorio nacional; si en el primer año el conflicto causa entre 500 y 1.000 muertes o acumula 1.000 en los tres primeros años; si no hay un periodo de tres años donde el conflicto cause menos de 500 muertes; si la resistencia efectiva causa al menos 100 muertes al bando más fuerte, sobre todo a inicios de la guerra; si el conflicto termina con un tratado que produzca al menos un periodo de paz de seis meses que marca el final oficial de la guerra; si hay una victoria militar decisiva de los rebeldes que dé lugar a la imposición de un nuevo régimen que marca el final del conflicto o si se establece una tregua o alto el fuego que proporciona al menos dos años de paz[68].

Toda esta compleja casuística, al emplearse como un elemento auxiliar del cálculo estadístico multifactorial antes que como un instrumento de análisis cualitativo, es, en buena parte, autorreferencial, y apenas entra a juzgar las causas del conflicto civil y sus más relevantes manifestaciones, como son la fragmentación del poder político o la contestación brutal y extensa al monopolio de la violencia por parte del Estado. Para Charles Tilly, el término «guerra civil» se aplica a cualquier conflicto que satisfaga los tres criterios siguientes:

1) Algunos líderes influyentes que han sido hostiles deben sentirse preocupados por tener que vivir en la misma unidad política con sus enemigos actuales después de haber terminado la matanza, y esta preocupación debe ser lo bastante importante como para influir en el tipo de acuerdo que los bandos rivales están dispuestos a aceptar.

2) Debe desplegarse la violencia a gran escala.

3) Debe existir una situación de soberanía múltiple, definida por Tilly como la situación de la población en un área que obedece a más de una institución[69].

La guerra civil tiene lugar cuando dos o más organizaciones militares distintas, una de las cuales al menos está vinculada al Gobierno previamente existente, luchan entre sí por el control de medios gubernamentales relevantes dentro de un régimen político determinado[70]. Se produce una situación de este tipo cuando «en el seno de un régimen dado, dos o varias organizaciones militarizadas, de la cual al menos una apoya al poder establecido, luchan por el control de los grandes medios del Estado»[71]. Esta condición previa distingue las guerras civiles de otros tipos de violencia doméstica, como los crímenes callejeros y los alborotos, en los cuales no hay un control centralizado de la oposición. En sus últimos trabajos, Tilly integró la guerra civil en el seno de la variante violenta que denominó «destrucción coordinada», caracterizada por la fuerte concertación general de los actores violentos y por la alta relevancia del hecho de infligir daños en todas sus interacciones[72]. Al pasar la guerra desde la competencia entre estados a la lucha intestina, los observadores del conflicto, tanto estados como organizaciones internacionales, han aumentado su implicación en las guerras civiles, en su calidad de proveedoras de medios militares, aliados, ayudas, beneficios o mediaciones[73]. La guerra civil se diferencia de la guerra internacional en que no es un enfrentamiento entre estados independientes, y en su voluntad de extinción del poder enemigo y de recomposición de la homogeneidad social e institucional perdidas durante el conflicto.

Recientemente, Kalyvas ha caracterizado la guerra civil como un combate armado que tiene lugar dentro de los límites de una entidad soberana reconocida entre las partes sometidas a una autoridad común al comienzo de las hostilidades[74]. Esta definición destaca tres características dominantes: la militarización del conflicto, que requiere la interacción de, al menos, dos bandos en lucha (incluyendo una organización rebelde relativamente grande, con equipo militar y combatientes a tiempo completo); su diferenciación de los alborotos, el terrorismo, el crimen o los disturbios comunales por el nivel y calidad de la violencia empleada, y la existencia de un desafío doméstico dirigido contra la autoridad o el detentador de la autoridad soberana, que distingue a este tipo de conflictos de la guerra interestatal. La intuición clave es la división física violenta de la entidad soberana en dos campos rivales armados, lo que implica una división territorial de facto. Está relacionada con el concepto cásico de stasis (facción) como polis dividida, o discordia pública en pequeñas entidades soberanas como las ciudades-estado y, por otra, los conceptos de sedición y rebelión en entidades soberanas más amplias, como los imperios.

Los tipos de guerra civil «convencional»

Como manifestación de un conflicto bélico agudo, más o menos organizado, unificado y concentrado, y como tipo de violencia política máxima, la guerra civil se caracteriza por su carácter de movilización masiva de recursos materiales y humanos, por la amplitud bélica de las operaciones y por la duración de la acción. Las guerras civiles pueden clasificarse en función de los fines perseguidos por los combatientes, del tipo de estrategia militar que emplean, de las características formales de los bandos en lucha o del resultado del conflicto: la victoria, el acuerdo o el logro de importantes cambios políticos y sociales. De este modo, se pueden enumerar diversas modalidades de guerra civil: las guerras revolucionarias, las secesiones, los conflictos étnicos, la guerra de guerrillas, etc. Muchas de ellas se libran a través de la guerra irregular antes que por medios más convencionales. Algunas guerras civiles mezclan la guerra irregular y la convencional (casos de Rusia, Irlanda, China o Vietnam), mientras que en número muy pequeño se lucha completa o predominantemente a través del combate clásico entre fuerzas militares regulares (casos de España o Estados Unidos). La guerra civil se origina en un contexto de grave enfrentamiento doméstico, que puede adquirir una impronta religiosa (como las guerras europeas entre católicos y protestantes de 1550 a 1649 o la guerra «cristera» que asoló México entre 1926 y 1929), político-ideológica (como la Guerra Civil inglesa de 1641 a 1651, la Guerra de Secesión norteamericana de 1861 a 1865 o la Guerra Civil española de 1936-1939), social (como las Guerras Campesinas alemanas del siglo XVI, la rebelión zapatista de 1911-1919 o la Guerra Civil rusa de 1918-1921), étnica (como la que sacudió a la antigua Yugoslavia entre 1991 y 1995) o de otro tipo, aunque las más cruentas y duraderas presentan un combinado muy diverso de fracturas internas. Este es, por ejemplo, el caso de las guerras de liberación nacional, donde entran en juego componentes violentos de carácter patriótico (lucha contra el dominio extranjero), socioeconómico (conflictos de clase), político (lucha partidista por el control del Estado), cultural (reivindicación de la identidad autóctona y denuncia del proceso «civilizador» de la potencia colonial), etcétera.

Jean-Pierre Derriennic señala tres tipos puros de guerra civil según la estructura de los grupos en conflicto: conflicto entre grupos partidistas, entre grupos socioeconómicos y entre grupos identitarios, con tipos específicos de desencadenamiento, desarrollo, extensión y resultado. Las guerras partidistas son las guerras civiles donde los grupos en lucha pueden verse modificados con mayor facilidad en el curso del conflicto. Las motivaciones pueden deberse a cálculo de interés, a convicciones morales o ideológicas y al azar de las relaciones interpersonales[75]. La decisión individual de adherirse a un partido en guerra no es siempre libre, y a veces está dictada por el miedo o impuesta por la fuerza[76], de modo que la posibilidad de traiciones o de conversiones más o menos forzadas incita a las partes en conflicto a incrementar su radicalismo ideológico para contener las posibles tendencias a la moderación o al desistimiento (derrotismo) que amenazan su cohesión. La ideología es la forma que toman los discursos de los seres humanos implicados en conflictos partidistas. El atractivo de una ideología de guerra reside en su eficacia para asegurar la cohesión de un grupo de conflicto y vencer las inhibiciones de los combatientes ante el riesgo de matar o morir. El discurso ideológico guerracivilista se caracteriza por la exageración del valor de lo que se juega en el conflicto; por la capacidad de polarizar a la sociedad en torno a un conflicto dominante, sea proletariado frente a burguesía o revolución frente a contrarrevolución, de suerte que el uso de la violencia invita a simplificar las cosas llevándolas a un enfrentamiento dual[77], y por la suposición de que todos los hechos sociales están dominados por lazos rígidos, y que nada cambia si no cambia todo al mismo tiempo. El cambio debe ser repentino y total, de todo o nada, de modo que estas ideologías de la confrontación extrema se ven dominadas por la lógica revolucionaria y totalitaria bajo un designio del control total de la población, sea civil o combatiente.

Las religiones se prestan a exagerar el valor de las implicaciones de los conflictos, de modo que los movimientos milenaristas y apocalípticos de la Europa medieval cristiana prefiguraron algunas características de las guerras civiles partidistas, que según Derriennic han pasado por tres grandes etapas: de Martin Lutero a Georges Washington dominaron las guerras de religión como la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), conflicto interestatal que se inició con una guerra civil en Bohemia. Es menos difícil encontrar ejemplos de guerras interestatales sin ningún aspecto de guerra civil que al revés[78], pero hay conflictos armados complejos (Guerra de los Treinta Años, Guerras de la Revolución y Segunda Guerra Mundial) con rasgos de guerra civil. De Washington a Lenin prevalecieron las guerras revolucionarias liberal-demócratas contra el Antiguo Régimen con eventos de guerra civil y de guerra interestatal, y de Lenin a Jomeini se convirtieron en guerras basadas en la lucha de clases y en la política de masas, con la intervención activa de partidos únicos con vocación totalitaria. Desde la segunda posguerra mundial, las guerras partidistas entre comunistas y anticomunistas tuvieron lugar sobre todo en el Sudeste Asiático y en América Latina, en conflictos sometidos a la lógica de la política de bloques en mayor medida que los conflictos identitarios (en India, 1947 y Palestina, 1948). Desde la caída del muro de Berlín se puede constatar la disminución del riesgo de guerras civiles partidistas con el declive de la idea de revolución y la mayor capacidad crítica vinculada a la alfabetización[79]. Pero queda en activo el islamismo como ideología de guerra civil, si bien todos los fundamentalismos religiosos tienen implícitos esa vocación de confrontación extrema que les hace caer en la tentación de la violencia indiscriminada con designios terroristas.

En segundo lugar, Derriennic alude a las guerras socioeconómicas (levantamientos esclavistas, revueltas campesinas, mafias, etc.), que se caracterizan por su debilidad organizativa y política, que fue disminuyendo a lo largo del siglo XIX con el desarrollo de las ciudades y del movimiento obrero organizado. Los conflictos socioeconómicos se fueron desplazando hacia las ciudades en curso de industrialización (como las jornadas parisinas de 1848 y 1871), pero la evolución del capitalismo y sus consecuencias (mayor movilidad social, institucionalización de los conflictos, evolución técnica, aparición de las clases medias, etc.) hizo disminuir la propensión a la guerra civil de naturaleza socioeconómica en el mundo occidental. En general, los conflictos socioeconómicos que comportan un mayor riesgo de guerra civil se producen en sociedades en transición hacia el pleno desarrollo, y oponen categorías o clases sociales cuyos miembros ocupan posiciones semejantes en la división del trabajo o en el reparto de la riqueza[80]. Las desigualdades socioeconómicas tienden a agravar los conflictos partidistas e identitarios, más que definir por sí mismo el conflicto civil[81]. Algunos episodios de ciertas guerras civiles, como el zapatismo en la Revolución mexicana, el majnovismo en la rusa o el colectivismo agrario en la española implicaron importantes cambios de orden socioeconómico, pero no caracterizaron por sí mismos el conjunto del conflicto.

Por último, las guerras identitarias, también llamadas étnicas o raciales, oponen grupos a los que se pertenece por nacimiento y que son muy difíciles de transformar. Los grupos identitarios son más eficaces que los grupos partidistas o socioeconómicos en estructurar un conflicto violento[82]. Las guerras identitarias son las que más se asemejan a las guerras interestatales, porque existen fronteras étnico-culturales e incluso territoriales similares a las que dividen a los estados. Las religiones, con su sistema de valores propios y su carácter exclusivista, son componentes muy importantes de los conflictos identitarios. La violencia es más probable entre los grupos identitarios cuando están separados por fuertes barreras sociales, auque hay excepciones, como en el caso de la Alemania nazi o Ruanda, donde la extremada labilidad de las fronteras sociales entre los grupos identitarios (arios y judíos, hutus y tutsis) hizo más probable la violencia. Por lo general, los conflictos más peligrosos que resultan de tentativas de secesión no son los que oponen al grupo identitario secesionista con el grupo dominante en el Estado preexistente, sino los conflictos entre los diferentes grupos identitarios que conviven sobre el territorio afectado por la secesión: republicanos y unionistas en el Ulster; abertzales, nacionalistas o españolistas en el País Vasco; fellaghs, harkis y pieds noirs en Argelia; serbios, croatas, eslovenos, bosnios, macedonios o kosovares en Yugoslavia, etc.[83]. En un país donde varios grupos identitarios en conflicto están mezclados en un mismo territorio, la situación puede degenerar en limpieza étnica[84], que puede desencadenarse por cálculo político y estratégico y se generaliza por el simple juego de miedos recíprocos y predicciones autorrealizadoras (self-fulfilling prophecies).

Muchas guerras civiles actuales se ocultan bajo el término de conflictos interétnicos, como el genocidio se oculta tras de la «limpieza étnica». Samuel P. Huntington plantea la proliferación de los conflictos identitarios que enfrentan a entidades adscritas a grandes bloques geopolíticos basados en un concepto tan vago como es el de «civilización». Cuando los conflictos internos incluyen a estados o grupos pertenecientes a civilizaciones diferentes, como fue el caso de Bosnia-Herzegovina en 1992-1995, las guerras colectivas entre grupos étnicos, religiosos, raciales o lingüísticos se convierten en «guerras de línea de fractura»: conflictos prolongados o intermitentes, de fuerte carga violenta y que generan lo que denomina «síndrome de país emparentado o afín», que tiende a internacionalizar estas guerras locales y a englobarlas en choques de civilizaciones[85].

La guerra civil es «un conflicto amplio, programado y sostenido entre un Estado y actores políticos domésticos»[86]. Las guerras civiles convencionales oponen a las comunidades y se dan en sociedades con agrupamientos políticos bien definidos por la soberanía y la ciudadanía[87]. Para Martin Edmonds, la guerra civil es un tipo de conflicto interno intenso en el que los civiles están implicados, se usa la violencia y se oponen fuerzas políticamente organizadas, una de las cuales es el Gobierno. Puede adoptar dos formas principales: un proceso secesionista para obtener la autonomía o la separación del Estado o la lucha entre dos grupos de las fuerzas armadas, con implicación civil, sobre la composición y forma del Gobierno[88]. James D. Fearon identifica tres tipos de guerras civiles breves (las que surgen de golpes militares y sublevaciones populares, las guerras anticoloniales y las guerras que surgen del derrumbamiento de la unidad estatal, como fueron la de la antigua URSS y Yugoslavia) y un tipo de guerra civil larga (las insurrecciones periféricas vinculadas con la guerra de guerrillas), que encierra a su vez dos subtipos particulares: las guerras entre las minorías étnicas periféricas y los integrantes de un grupo étnico dominante apoyados por el Gobierno, y los conflictos donde el grupo rebelde tiene acceso a recursos naturales clave que permiten su financiación y supervivencia por largo tiempo[89]. Errol A. Henderson plantea una distinción fundamental entre la insurgencia como modalidad de conflicto armado interno en el cual los opositores al Gobierno en el interior del Estado usan la violencia organizada contra las fuerzas del Gobierno para lograr sus objetivos políticos, y la guerra civil internacionalizada, en la que un tercero interviene en apoyo de las fuerzas del Gobierno o de los insurgentes[90]. En esa línea de interpretación del conflicto civil como acto máximo de insurgencia contra un Estado, este autor propone tres manifestaciones típicas: la rebelión o insurrección (levantamiento ciudadano contra el Gobierno para reformar el sistema político o resolver agravios sobre políticas estatales, pero no para derribar el sistema político o erigir nuevas estructuras políticas), la revolución (destrucción del liderazgo político del Estado y del propio sistema político, como las grandes revoluciones o las guerras civiles anticoloniales en Argelia, Angola o Kenia) y la secesión, o separación de una entidad política de una unidad política más amplia, normalmente con el propósito de establecer un Estado independiente. Esta última suele ser la forma más cruenta de guerra civil, porque raramente los estados renuncian a parte de su territorio sin recurrir a las armas.

En una línea muy similar a la anterior, que toma en consideración la entidad de la amenaza soportada por el Estado, Peter Waldmann y Fernando Reinares distinguen las guerras que tienen como finalidad la caída del Gobierno establecido y un cambio profundo en el orden socioeconómico (las guerras insurgentes por motivos revolucionarios o contrarrevolucionarios), las guerras de secesión, las guerras internacionales entre estados por posiciones hegemónicas y las guerras de descolonización, dirigidas a sustraer un territorio de la soberanía de una metrópoli[91]. Ni que decir tiene que cada uno de estos tipos mantiene importantes puntos de conexión o solapamiento con los otros, hasta el punto de que, en la actualidad, hay grandes dificultades para distinguir unos conflictos violentos de otros. A veces se manifiestan unidas distintas expresiones de conflictividad violenta (guerrilla, terrorismo, represión estatal, «vigilantismo») sin que se pueda hablar de guerra civil según los criterios formalistas de la duración o el número de víctimas. Para ser merecedor de tal etiqueta, es preciso que el conflicto adquiera una alta intensidad, pero ¿cómo se mide la intensidad del conflicto? ¿Por la duración temporal, el grado de control del territorio, el nivel de movilización de los contendientes o el número de víctimas? Waldmann señala que no existe un solo prototipo de guerra civil, y habida cuenta de la dificultad que existe para conceptualizar y delimitar las guerras civiles por sus causas y sus efectos, apuesta por una definición abierta y no dogmática del término, vinculándolo con otros conflictos violentos, como la guerra insurreccional, la guerrilla o el terrorismo. De este modo, la violencia de elite suele tomar la fisonomía de un golpe de Estado, una revolución de palacio, una purga o una conspiración, pero la guerra civil implica un desafío violento de gran intensidad para los gobiernos, tanto por el carácter multitudinario de los actores colectivos implicados como por la cuantía y calidad de los recursos desplegados para la movilización violenta (coherencia de la protesta, recursos materiales y de influencia, etc.) y la trascendencia de los objetivos de la acción: la conquista o la transformación drástica del Estado, un cambio profundo de las reglas del juego político o la reorganización de la sociedad en su conjunto.

Otras dificultades de clasificación. ¿Guerras civiles «clásicas» y «nuevas»?

Si las guerras civiles son una variante específica del fenómeno general de la guerra, ¿existe un modelo «clásico» de guerra civil? Si las guerras civiles modernas aparecen vinculadas al ascenso y expansión mundial del Estado nacional como principio reconocido de ordenación del espacio político[92], los casos de Estados Unidos en 1861-1865 o de España en 1833-1840, 1872-1876 y 1936-1939 se presentarían como las guerras fratricidas por antonomasia, al mostrar un diseño bélico muy próximo al de la guerra internacional: dos Estados, dos sociedades, dos ejércitos regulares y un territorio nacional común que representa el escenario bélico. En una guerra civil convencional, dos Estados cristalizan en el mismo territorio, cada uno con su propia burocracia y aparato militar, y cada uno reclama la fidelidad del conjunto de la población; es decir, dos o más gobiernos contienden por la soberanía sobre el pueblo y el territorio. La guerra civil es, pues, la culminación de la estrategia subversiva del «doble poder», que precisa de varios elementos para configurarse: la existencia de minorías organizadas que preparen la situación bélica con disturbios y elaboren una ideología de la rebeldía y de la justificación de la violencia; la constitución de un instrumento complejo y poderoso de coerción (por ejemplo, una milicia o un ejército revolucionario, que ya han debido tener un papel destacado en las agitaciones y violencias del periodo prerrevolucionario) que esté en condiciones de competir en pie de igualdad con los mecanismos represivos del régimen, y el establecimiento en parte del territorio de un verdadero contrapoder alternativo que cuente con un apoyo popular, institucional e internacional equiparables al del Gobierno instituido. En suma, la guerra civil «clásica» puede darse por iniciada cuando los rebeldes obtienen de facto el control sobre una parte del territorio, y organizan un Gobierno, un aparato militar y una burocracia, es decir, un Estado paralelo. Por contra, los «paraestados» (mafias, milicias, órdenes, sectas, etc.) nunca podrían orquestar una guerra civil de estas características, ya que no controlan efectivamente ningún tipo de territorio, que es la facultad esencial de la soberanía y del derecho de beligerancia según el ordenamiento legal internacional.

Según Norberto Bobbio, la diferencia entre guerra externa e interna era que las primeras se desarrollan entre estados soberanos, y las segundas tienen lugar en el interior de un Estado, entre partes, partidos o facciones constituidas por ciudadanos del mismo Estado. Una guerra civil en estado puro es poco frecuente, y es cada vez más difícil establecer dónde termina una guerra civil y dónde comienza una internacional[93]. Charles Zorgbibe caracteriza la guerra civil clásica como un conflicto interno con incidencias internacionales limitadas e indirectas. Los insurrectos eran tratados como criminales a quienes se aplicaban las leyes penales o regímenes de excepción semejantes a los que se ponían en vigor en caso de guerra internacional. Si la guerra civil se extendía fuera del marco jurisdiccional del Estado (por ejemplo, en el mar), se corría el riesgo de que la conflagración se ampliase hasta los confines de la soberanía y se internacionalizase. Si el Gobierno legal era impotente para detener la insurrección, podía verse obligado a constatar que la guerra existía de hecho, y reconocer de forma implícita o explícita a los insurrectos como beligerantes y, por tanto, como entes legales susceptibles de serles aplicadas las leyes de guerra. Así, desde un punto de vista jurídico, el conflicto civil se asimilaría a la guerra internacional, lo que no implicaba que los derrotados no pudieran luego ser sancionados con arreglo al derecho penal nacional. Si la guerra civil ampliaba sus proporciones, terceros estados podían reconocer bajo ciertas condiciones a los insurrectos como beligerantes, y verse obligados a adoptar una actitud oficial de intervención o de neutralidad[94].

Pero la experiencia histórica de los conflictos internos sitúa a estos ejemplos de guerra civil «clásica» o «convencional» como una excepción a la falta absoluta de regla. Una observación empírica bastante común en la moderna literatura sobre las guerras civiles es que la mayor parte de ellas son libradas con los medios propios de la guerra irregular («guerrilla») más que con los recursos de la guerra convencional. Si asumimos la diferenciación establecida por Laia Balcells y Stathis Kalyvas entre guerras civiles convencionales (las combatidas por agentes armados igualmente poderosos), guerras irregulares (las libradas por actores armados caracterizados por una asimetría extensa de poder) y guerras simétricas no convencionales (las libradas por actores igualmente débiles)[95], se podría formular la siguiente conjetura: la guerra civil convencional emerge o bien de los golpes militares fallidos (caso de España en 1936) o de las tentativas de secesión en estados federales o cuasifederales (caso de Estados Unidos en 1861); la guerra civil irregular brota de insurrecciones rurales periféricas (que pueden ser o no intentos secesionistas), y la guerra simétrica no convencional ocurre en las guerras civiles «primitivas» o «criminales» que acompañan a procesos de implosión del Estado, en los que los bandos contendientes degeneran en milicias rivales, donde la violencia gratuita fluye a través de los alineamientos ideológicos o étnicos, y donde se busca la expulsión de las poblaciones consideradas enemigas, como en Líbano en 1975-1990 o Liberia en 1987-2003[96]. El primer tipo de conflicto civil exhibe líneas de frente definidas, ejércitos desplegados regularmente y batallas formalizadas; el segundo implica un conflicto entre un ejército regular y otro irregular en ausencia de líneas de demarcación, y el tercer tipo está caracterizado por agentes irregulares en ambos lados y la presencia de vagas líneas de separación. La guerra civil convencional provoca más muertes en el campo de batalla, requiere mayores niveles de violencia en las etapas iniciales si la población de ambos bandos está mezclada en un mismo territorio, y suele ser resultado de procesos previos de polarización junto con alta disponibilidad de recursos para los actores[97]. La guerra irregular es el tipo más común de guerra civil en la actualidad, aunque no es el único. Los conflictos asimétricos tenderán a ser los más largos y los simétricos más cortos, ya que estos tienden a producir choques frontales que podrían ayudar a forzar un resultado. Las pequeñas poblaciones parecen dominar en las guerras simétricas no convencionales, mientras que las guerras irregulares son más probables en países poco poblados. Las guerras irregulares, que se basan en la evasión y la adaptación del actor más débil, suelen prolongarse hasta el agotamiento de uno de los contendientes, mientras que la guerra urbana, librada en territorios más desarrollados donde se excluyen otras formas de conflicto armado, se asocia con luchas más breves, pues los ambientes urbanos facilitan la concentración de fuerza por parte del Estado.

Con el fin del sistema internacional de la Guerra Fría aparecieron nuevas guerras intestinas, no bajo la forma de conflictos insurgentes convencionales (donde la violencia se usaba para derribar y sustituir un régimen), sino como guerras inciviles, sin ideología, propósito ni salida clara, como una actividad independiente de la política, al margen de las leyes convencionales de la guerra, con fuerzas irregulares y librada de forma feroz y sin disciplina[98]. Son conflictos civiles desplegados por milicias criminales dirigidas por «empresarios de la violencia» como la narcoinsurgencia en Centroamérica o los mercenarios y señores de la guerra que actuaron y actúan en estados fallidos o débiles, como Ruanda, Liberia o Somalia[99]. Elaboran una cultura de guerra como medio de acumulación material de la rapiña, con la complicidad de otras fuerzas económicas que rompen los códigos establecidos, y esta rapacidad es animada por la abundancia de recursos naturales que anima el conflicto civil. Todos los grupos de conflicto están obligados a desarrollar estructuras que les convierten en empresas económicas dirigidas al control de recursos y el tráfico de productos. El desarrollo de actividades económicas ilegales tiende a hacer la violencia política más difusa y confusa (por ejemplo el caso de Colombia y el narcotráfico). Pero en otros conflictos, como los de Afganistán o Chechenia, se han mantenido en términos generales las convenciones de la guerra «disciplinada», que Mueller diferencia de la guerra criminal, donde los combatientes despliegan la violencia contra los civiles indefensos, por deseo de satisfacciones físicas y materiales[100]. En las guerras civiles más recientes se perciben cinco grandes tendencias: la privatización de los ejércitos estatales, el crecimiento de las milicias y los señores de la guerra (con el corolario del uso generalizado de niños-soldado en el África subsahariana), la deliberada acción represiva contra la población civil, la proliferación de narcoguerrillas y estructuras de criminalidad organizada, y la reaparición de la figura del soldado mercenario[101].

Violencia privada y criminal persisten en la guerra civil y en cierta medida son liberadas y potenciadas por ella[102]. Constatando toda esta compleja realidad, autores como Reinares y Waldmann proponen un tratamiento más flexible del fenómeno guerracivilista, en la medida en que se han ido desdibujando sus contornos en las últimas décadas, al adoptar cualidades pre o extraestatales al hilo del declive de la idea del Estado nacional como principio universalmente aceptado de ordenamiento jurídico y político[103]. A diferencia de tiempos pasados, la guerra ha dejado de ser una competencia exclusiva del Estado. Tanto Robert Kaplan como Hans Magnus Enzensberger mantienen la tesis de la extremada despolitización de la violencia en las guerras civiles actuales, que se distinguen por la virtual desaparición del Gobierno como un actor relevante de las mismas y por la persistencia de una irracionalidad criminal que hacen imposible cualquier explicación científica[104].

A pesar de esta evidente atomización de sus fines y de radicalización de sus medios, las guerras civiles contemporáneas mantienen interacciones complejas con los espacios sociales y políticos donde tienen lugar. En las guerras intraestatales, las estructuras gubernamentales decaen porque sus funciones civiles quedan relegadas en favor de las capacidades de organización para alimentar la maquinaria militar, que tiende a cobrar autonomía o a generar formas de privatización de la violencia como las milicias que necesitan ser integradas en el sistema estatal de control de la violencia cuando la guerra se acaba. Se produce entonces un declive de las actividades productivas, y las vías informales de producción y distribución económica crecen en importancia, como también se informaliza la política en ausencia de un Estado bien caracterizado. Predomina el pensamiento social a corto plazo y falta una mentalidad de Estado que posibilite la consolidación de una autoridad estatal reconocida[105]. Las actuales guerras de baja intensidad (low intensity wars) se dan cuando la lucha armada no está supeditada a la razón de Estado, ahora casi irreconocible o virtualmente inexistente, sino a otros fines –materiales, religiosos, étnicos–, donde los militares dictan la lógica bélica a los políticos, y en la que los bandos en lucha priorizan el saqueo y la extorsión de la población civil fuera de las normas internacionales sobre conducta de guerra. Por ello no parecen ajustarse al modelo histórico de guerra civil «convencional»[106]. Tienden a darse en regiones económicamente poco desarrolladas, y manifestarse a través de una combinación de modalidades de combate (guerra convencional, guerrilla, terrorismo) caracterizadas por la implicación de la población civil y por el empleo de armas de escaso nivel tecnológico[107]. Sin embargo, incluso los «años de plomo» italianos de la década de los setenta fueron definidos como una guerra civil de baja intensidad según un informe de diciembre de 1995 elaborado por la comisión de investigación parlamentaria sobre el terrorismo dirigida por el senador comunista Giovanni Pellegrino, que fue evocada por grupos de extrema izquierda, pero no por el PCI[108].

Estas «nuevas» guerras fratricidas también se caracterizarían por la creciente desregulación y el cambio de motivación y actitud de los combatientes, que muestran su desprecio por las normas del Derecho internacional en estrecha relación con el abandono de las reglas operacionales de la estrategia militar occidental, basada desde hace siglos en la planificación regular de las campañas y en la aplicación del ius in bello. Son conflictos donde campa la violencia abierta, esto es, espacios en los que la sola violencia dicta los acontecimientos sin someterse a ninguna norma de conducta consensuada. Constituyen, en definitiva, la guerra anómica por excelencia.

El término «conflictos de baja intensidad» fue acuñado por los militares estadounidenses durante la etapa final de la Guerra Fría para hablar de las grandes dificultades que tenían las superpotencias para emplear su poderío militar convencional en el Tercer Mundo por culpa del balance disuasorio nuclear, y la consiguiente búsqueda durante la década de los setenta de nuevas formas de empleo de ese poder militar. De ahí nació a inicios de los ochenta la «Doctrina Reagan» y su corolario técnico: las «guerras de baja intensidad», que son, en su mayor parte, guerras locales, pero con importantes repercusiones trasnacionales, de forma que no hay una distinción neta entre conflicto interno y externo, y entre agresión (ataques desde el extranjero) y represión (ataques desde el interior del país). Las guerras de baja intensidad serían «todas aquellas formas de conflicto menos intensas que la guerra convencional –o sea, que el conflicto de media intensidad–, e incluyen insurgencia, revolución, operaciones de guerrilla, terrorismo, golpes por sorpresa unilaterales y otras formas aisladas de intervencionismo militar. Igualmente se consideran modos de lucha en las guerras de baja intensidad a la diplomacia coercitiva, las operaciones psicológicas, la inteligencia, el terrorismo y el contraterrorismo, la asistencia militar y policial, la insurgencia y la contrainsurgencia, los despliegues militares y paramilitares y la guerra convencional limitada»[109]. El origen de este nuevo tipo de conflicto está en las guerras irregulares de la segunda mitad del siglo XX, empezando por los movimientos de resistencia contra la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial y la guerra prolongada maoísta, que erosionaron las bases teóricas de la guerra clásica. Su estrategia es una mezcla de las teorías de guerra colonial que se apoyan en la tradicional política de la contrainsurgencia (asistencia militar masiva para la defensa interna en el extranjero), del antiterrorismo (acciones preventivas y de represalia contra grupos y estados terroristas) y de la proinsurgencia (apoyo a guerrillas y acciones terroristas contra estados enemigos), unidas a la acción política sobre el terreno en busca de apoyo interno[110].

La guerra de baja intensidad es, pues, un concepto complejo, a mitad de camino entre la guerra interna y la internacional, que incluye una reformulación de las doctrinas de la contrainsurgencia, una readecuación del aparato militar para llevarlas a cabo y una amplia gama de formas de lucha que entran en el terreno del conflicto no convencional y no declarado[111]. A diferencia de la guerra revolucionaria, esta «nueva» guerra, basada en las estrategias contrainsurgentes, no trata de ganarse a la población, sino desestabilizarla y manipularla mediante la siembra del miedo y el odio recíprocos, con el fin de crear un entorno desfavorable para todos aquellos a los que no puede controlar. Por eso, el objetivo estratégico de estas guerras (contra nicaragüense, represión antiindígena en Guatemala, limpieza étnica en Yugoslavia, emigraciones forzosas en Colombia, etc.) es anular o expulsar del territorio a la población no adicta mediante diversos métodos coactivos: matanzas sistemáticas, reasentamientos forzosos y técnicas políticas, económicas y psicológicas de intimidación hasta hacer inhabitable una zona. Los comportamientos prohibidos por las leyes de la guerra, como las atrocidades contra la población no combatiente, los asedios, la destrucción de monumentos históricos, etc., son ahora un elemento fundamental de las estrategias de las nuevas guerras. Las unidades que libran estos conflictos ya no son solo los ejércitos regulares de los estados, sino los grupos paramilitares, los caudillos locales, las bandas criminales, las fuerzas de policía, los grupos mercenarios y las unidades escindidas de los ejércitos regulares. En el aspecto económico, mientras que las economías de guerra convencionales eran centralizadas, totalizadoras y autárquicas, las actuales están descentralizadas y dependen del control de recursos externos al Estado. Las nuevas guerras se financian mediante el saqueo, el contrabando, el mercado negro (a través de circuitos comerciales ilegales) o la ayuda exterior. Es un buen ejemplo de su condición social esencialmente depredadora[112]. A diferencia del influjo del modus operandi de las guerras internacionales en los conflictos civiles desde finales del siglo XVIII hasta mediados del XX, en la actualidad hay una creciente incidencia de estos conflictos de baja intensidad en el tablero geopolítico internacional, como pueden atestiguar los casos de Colombia o México.

Con estos precedentes, durante las décadas de los ochenta y los noventa del siglo XX se desarrolló un nuevo tipo de violencia organizada, especialmente en África y Europa del Este, calificada de «nueva guerra», que implicaba un desdibujamiento de las características de la guerra convencional entre estados o entes políticos organizados, y la presencia del crimen organizado (violencia por motivos particulares) y de violaciones a gran escala de los derechos humanos[113]. Las «nuevas» guerras surgieron en el contexto de la erosión de la autonomía del Estado nacional, y, en ciertos casos extremos, de la desintegración de ese mismo Estado, sobre todo de su monopolio de la violencia legítima por culpa de la transnacionalización de las fuerzas militares y del proceso de privatización que corrió en paralelo a la erosión de los ingresos internos del Estado[114]. Según Mary Kaldor, «las nuevas guerras tienen objetivos políticos. La meta es la movilización política basada en la identidad. La estrategia militar para lograrlo es el desplazamiento de la población y la desestabilización, con el fin de deshacerse de aquellos cuya identidad es distinta y fomentar el odio y el miedo»[115]. Otros autores designan a este fenómeno con el nombre de guerras privatizadas e informales[116], pero la separación entre lo privado y lo público, lo estatal y lo no estatal, lo formal y lo informal, lo que se hace por motivos económicos o políticos, no resulta fácil de establecer. Algunos observadores directos de este tipo de lucha, como Michel Ignatieff, la califican de guerras «posmodernas», protagonizadas por soldados irregulares ajenos a todo código moral[117], y otros como Martin Shaw prefieren hablar de guerras «degeneradas», en un intento de mostrar su continuidad con el carácter genocida de las guerras totales del siglo XX [118].

Kalyvas ha discutido la diferenciación de las guerras civiles posteriores a la Guerra Fría (consideradas como fenómenos criminales y predatorios antes que como disputas políticas) respecto de sus predecesoras, por ausencia de información fiable y por falta de atención a los procesos más recientes. Si las «nuevas» guerras se distinguen porque tienen como motivación la rapiña antes que la resolución de agravios articulados colectivamente, y presentan una violencia más gratuita que controlada[119], Kalyvas demuestra que no existe una separación neta con el pasado, ya que el botín siempre fue un estímulo recurrente en las guerras civiles reputadas como «clásicas». La violencia gratuita se dio en todas ellas, pero incluso las masacres perpetradas en España en 1936-1939, en Camboya en 1975-1979 o en Argelia en 1991-1997 fueron selectivas y estuvieron sujetas a un cálculo estratégico. No es cierto que las antiguas guerras civiles se basaran en un amplio y persistente apoyo popular, ya que las lealtades eran muy fluidas, a menudo ocasionales y basadas en motivaciones locales: amistades, lealtades y rivalidades personales y comunitarias y luchas faccionales que se transforman en líneas de batalla política. La mala prensa que soportan las «nuevas» guerras civiles, y que se fundamenta en su despolitización y criminalización, se debe en parte al declive de las categorías conceptuales de lo bélico engendradas durante la Guerra Fría[120].

Estas consideraciones nos conducen a presumir que no existe un solo arquetipo de guerra civil, ni en su origen, ni en su desarrollo ni en sus objetivos, aunque la mayor parte se debe a fracturas de la identidad nacional (de tipo étnico, cultural, religioso, nacionalista, etc.), a la pérdida grave de legitimidad del sistema político o al desmoronamiento del Estado. La guerra civil puede proceder de una insurrección urbana (como el «bogotazo» de abril de 1948 que sucedió al asesinato del líder izquierdista Jorge Eliécer Gaitán), del fracaso de un golpe de Estado militar (el de julio de 1936 en España), de una insurrección popular fallida contra el Gobierno (la guerra civil griega de 1946 o la irlandesa de 1926), de la lucha revolucionaria contra el Estado (el conflicto armado interno colombiano iniciado en la década de los sesenta del siglo pasado), de un desarrollo revolucionario descontrolado (la Revolución mexicana), de una movilización contrarrevolucionaria con apoyo foráneo (la Vendée, las guerras carlistas, la guerra civil rusa o la revuelta cristera mexicana), de un proceso de secesión (Guerra Civil Americana) o de la reacción liberadora frente a una intervención militar o política extranjera con apoyo autóctono (las guerras partisanas en Italia y Yugoslavia durante la etapa final de la Segunda Guerra Mundial). En definitiva, las guerras civiles suelen comenzar con un acto de sublevación violenta contra el poder estatal que degenera en escalada por los mutuos excesos violentos. Su desarrollo puede adoptar desde la fisonomía de una guerra convencional (los casos del conflicto secesionista estadounidense de 1862-1865 o de la Guerra Civil española de 1936-1939) hasta la de un conflicto colectivo sin referencia directa o reconocible de forma inmediata con el Estado (las masacres étnicas de la década de los noventa en la región africana de los Grandes Lagos). Una rebelión contra una autoridad soberana adquiere el carácter legal de guerra (en este caso, guerra interna) cuando el bando rebelde consigue establecer una estructura político-legal que desafía la del poder constituido.

SOBRE EL ORIGEN, DURACIÓN Y RECURRENCIA DE LAS GUERRAS CIVILES

Los debates los factores precipitantes de las guerras civiles datan de su misma constitución como objeto científico en la década de los sesenta. Según la International Encyclopedia of Social Sciences, había dos condiciones (una de contexto político y otra psicológica) para el desarrollo de una guerra civil planeada (léase convencional), primero era la ausencia de canales efectivos y formales para solucionar los agravios políticos o un sentimiento de impotencia o miedo a las represalias por manifestar estos agravios. El segundo era la asunción o la convicción de que no existía otro recurso que la violencia para solventar ese malestar. En una guerra civil largamente planeada, era necesario crear una estructura de resistencia como instrumento de violencia (organización clandestina centralizada en la medida de lo posible), aplicar la violencia sistemáticamente contra los recursos físicos y morales del enemigo, y provocar en la fase final una insurrección en la que el conflicto explotase abiertamente, con levantamientos coordinados en varias partes del país, preferentemente ciudades, con la esperanza de que el pueblo lo secundase y la estructura de poder existente fuera derribada. Las etapas del desarrollo organizativo de un movimiento de resistencia que desembocaba en una guerra civil eran descritas en términos de escalada de la violencia, con aplicación inicial de la violencia esporádica, descoordinada y poco selectiva. En la segunda etapa se empleaba la guerrilla o el terror a intervalos contra la elite y los centros neurálgicos del enemigo, y por último la participación masiva y el control militar de la capital y partes estratégicas del país para establecer una especie de gobierno «legítimo»[121]. Como puede comprobarse, estas primeras reflexiones sobre el origen y procedimiento de las guerras civiles tenían claras deudas con la visión de la violencia según los paradigmas estructofuncionalista y psicológico (frustración/agresión y privación relativa), y las teorías de la guerra prolongada entonces de moda en el Tercer Mundo.

Muchos analistas de la época aseguraban que un conflicto civil precisaba para su desarrollo de la existencia de una situación prerrevolucionaria, caracterizada por un intenso grado de descontento que afectaba a amplias capas de la sociedad por muy distintas razones: crisis económica, ruptura de la organización y normas de una comunidad, incapacidad manifiesta del Gobierno para mantener el orden social o poner remedio a la situación de crisis, tentativas de secesión, derrota militar a manos de otro país, etc. Ted R. Gurr consideraba que una crisis de este tipo podía derivar en guerra interna cuando el descontento o la privación relativa que afectaban a la elite y a las masas eran muy intensos y se dirigía a un gran número de bienes o valores; si la clase dirigente era particularmente ineficaz, y si existían facilidades para emprender una acción violenta a gran escala[122]. Si se daba este cúmulo de circunstancias, los disidentes podrían intentar controlar el liderazgo de grandes organizaciones sociales y políticas, y adquirir la capacidad militar que haga posible la acción armada. Cuando se ocluyen los canales pacíficos (como los procesos electorales o las negociaciones y las mediaciones) para llegar a un acuerdo en los contenciosos planteados, y ninguna de las partes está dispuesta a reconocer un resultado adverso, la tensión se incrementa en un proceso cíclico y espiral de animosidad creciente. Basta entonces un acontecimiento puntual (crisis política, conspiración, atentado, insurrección, revolución) para precipitar o justificar la crisis violenta, que deriva en conflicto militar cuando la coalición revolucionaria ha logrado acopiar un nivel de recursos equiparable al del Gobierno, y ha conseguido organizar un contrapoder que puede disputar la hegemonía y la legitimidad al propio Estado. En el decurso de la lucha, los grupos sociales quedan enajenados dentro de la misma comunidad, y hasta los grupos menores (familias, redes de amistad y afinidad, comunidades, etc.) quedan divididos.

Con el final de la Guerra Fría apareció en el seno de la teoría de las relaciones internacionales una nueva literatura que echó mano del neorrealismo para hacer comprensible los procesos de guerra interna[123]. Los autores adscritos a este paradigma que realza el papel clave del Estado como equilibrador de los conflictos destacan que, como en la escena internacional, la anarquía y la incapacidad de imponer el orden (el colapso de la autoridad y el aumento de las suspicacias entre actores que interpretan el reforzamiento de la seguridad del otro como amenaza, bajo las premisas del «dilema de la seguridad»[124]) son las causas eminentes de las guerras civiles. El conflicto civil acostumbra a presentarse en comunidades donde las instituciones políticas son incapaces de refrenar a una minoría con predisposición a la violencia ni pueden hacer cumplir las preferencias de la mayoría por la paz. Los antagonismos étnicos ayudan a alimentar el conflicto, pero no conducen a la guerra sin el derrumbamiento previo de la autoridad central.

Las explicaciones y las predicciones del paradigma neorrealista proceden de la asunción de que la anarquía a nivel doméstico es equivalente a la anarquía en la escena internacional. Por otra parte, el mayor número de guerras internas ocurre donde los gobiernos continúan ejerciendo un cierto grado de control; es decir, no tienen lugar en el ambiente de anarquía vaticinado por el neorrealismo, como lo demuestran los casos de Rusia o Yugoslavia. Los conflictos domésticos se suelen originar cuando gobiernos poderosos tratan de destruir a los insurgentes que les desafían. La recomendación neorrealista de que los estados establezcan gobiernos fuertes para disuadir del empleo de la guerra interna no toma en consideración el hecho de que el mismo acto de crear una autoridad central potente requiere a menudo del empleo un máximo de fuerza coactiva, que es especialmente probable en los países que comienzan el proceso de construcción del Estado con cantidades modestas de poder aplicada por los grupos que intentan gobernar[125]. Por su complejidad, la guerra internacional implica a unidades (estados) que funcionan bajo un marco dado (la anarquía). Por el contrario, los agentes principales en la guerra interna van desde los ejércitos modernos dirigidos por un Gobierno a las bandas armadas de jóvenes, y los contextos políticos varían desde un estricto control central de las situaciones a la ausencia total de la autoridad.

Agravios, codicia y oportunidades. Los modelos econométricos de Collier y Hoeffler y de Fearon y Laitin

En el debate sobre los orígenes de las guerras civiles, la ciencia política ha enfocado sus análisis sobre los agravios medidos objetivamente por el fraccionamiento étnico o religioso, la exclusión y represión política o la desigualdad económica, mientras que la economía se ha enfocado hacia la motivación material (codicia), y explica la rebelión como el resultado de oportunidades atípicas[126], como la posibilidad de financiación de los rebeldes (recursos naturales, gobiernos extranjeros, apoyo de las diásporas), los costes previsibles de la rebelión, la ventaja militar cifrada en la debilidad o inconsistencia coactiva del Gobierno (debido a accidentes geográficos o a la dispersión de la población) y la cohesión social (diversidad étnica y religiosa).

Las teorías económicas de Paul Collier y Anke Hoeffler, y de James Fearon y David Laitin han dirigido su interés precisamente a la cuestión de las causas de las guerras civiles[127]. Los trabajos firmados por estos autores aseveran que este tipo de conflictos no son motivados por los problemas de desarrollo económico, la división étnica o los agravios políticos, sino por la estructura de oportunidades para la organización de la rebelión o la insurrección. Ya en la década de los setenta, especialistas como Charles Tilly habían advertido que la rebelión se explicaba mejor por la oportunidad (disponibilidad de recursos para actuar) que por la intensidad o la extensión de los agravios[128]. Estos trabajos utilizan datos estadísticos a nivel macro (un sistema de correlaciones estadísticas significativas entre el inicio de la guerra civil y un número de variables explicativas, como la renta inicial per capita, la cantidad de recursos naturales, el tamaño inicial de la población y el grado del fraccionamiento etnolingüístico)[129] para probar sus hipótesis sobre el origen de la guerra civil basándose en ideas sobre el comportamiento personal a nivel micro (por ejemplo, por qué los individuos se unirían a una insurrección)[130].

Collier y Hoeffler contemplan la guerra civil como el resultado de un cálculo de utilidades: la guerra genera oportunidades para el provecho y el beneficio que no están disponibles en tiempos de paz, como el incremento del oportunismo empresarial, el aumento de la criminalidad, la ruptura de los mercados, el asentamiento de monopolios comerciales y la confusión entre los rebeldes y el Gobierno en la reclamación y exacción de rentas. Dados sus agravios como existentes, los rebeldes potenciales evalúan las ganancias previstas en la guerra, y las comparan con las pérdidas previstas, que incluyen el coste de oportunidad del trabajo subversivo y de la interrupción a la actividad económica productiva causada por la guerra. Collier y Hoeffler sostienen que las guerras civiles están motivadas por la codicia (greed), o deseo de ganancia económica privada, y por los agravios (grievances) que se pueden generar entre la población cuando un régimen político incrementa las divisiones, dificulta la articulación pacífica de las demandas sociales y permite la proliferación de grupos en conflicto[131]. La primera es una motivación hobbesiana, que caracteriza la ontología de la guerra civil como el resultado de un derrumbe de la autoridad y la consiguiente aparición de la anarquía, mientras que la segunda es una explicación de carácter schmittiano, que explica la guerra civil en un sentido netamente político como el resultado de abstractas creencias y lealtades de grupo, donde el enemigo político se transforma en adversario privado en virtud de una previa enemistad colectiva e impersonal[132]. Según Carl Schmitt, a diferencia de las guerras internacionales sometidas a ius in bello desde la época de las guerras de religión, las guerras civiles se caracterizan por situar al enemigo al margen de la Ley, actuando sin embargo en nombre del Derecho. Con ello, la hostilidad se hace absoluta, hasta el extremo de que la distinción antigua entre enemigo y criminal se disuelve en la convicción paroxística del propio derecho[133].

El modelo econométrico de Collier-Hoeffler establece variables para medir la diferencia entre motivación y oportunidad en 78 guerras civiles producidas entre 1969 y 1999 (750 episodios). Propone una formulación en la cual la probabilidad de guerra civil y su duración aumentan en función de las ganancias posibles de la rebelión, calculadas en función de la probabilidad de la victoria rebelde y de las ganancias de esa victoria (por ejemplo, la captura o secesión del Estado), y los costes de la rebelión, calculados por los costes de oportunidad del conflicto y los costes de coordinación. La rebelión es, para Collier y Hoeffler, una decisión eminentemente racional. Lo que determina si una rebelión será llevada a cabo es la viabilidad financiera de la organización rebelde, que depende de las ventajas materiales que reporte la insurgencia. La existencia de un recurso importante que pueda ser obtenido como botín es un factor que facilita la rebelión y dificulta paralelamente la capacidad de actuación del Gobierno, cuando el producto marginal de la labor de los rebeldes y del Gobierno se va equiparando[134]. Pero en general, la guerra es una manera poco eficiente de arreglar disputas, porque es costosa y reduce el valor neto de las rentas disponibles para el Estado o los grupos rebeldes. Con todo, puede estallar debido a tres determinantes que interactúan: las preferencias, las oportunidades y las opiniones, y porque en determinadas circunstancias es difícil negociar arreglos pacíficos creíbles sin el empleo de la fuerza.

El modelo de Collier y Hoeffler señala que hay tres características económicas que tienen efectos significativos sobre el riesgo de conflicto civil: el nivel de la renta (las magnitudes más bajas hacen aumentar el riesgo de Guerra), el índice de crecimiento (durante la etapa posterior al conflicto se dan altos índices de crecimiento debido a la recuperación, y un riesgo muy alto del conflicto adicional, de modo que los dos pueden aparecer asociados positivamente) y el grado de dependencia sobre las exportaciones de materias primas, de modo que la regularidad de ingresos por este rubro es un factor de riesgo en la evaluación de posibilidades de una guerra civil. La transparencia en la gestión de los recursos naturales es un instrumento de la prevención del conflicto, cuyo riesgo aumenta con la corrupción y el distanciamiento del Gobierno respecto de los ciudadanos, ya que estas actitudes brindan oportunidades para la acción colectiva en protesta por la asignación de recursos vitales. El riesgo del conflicto es mucho más alto en países con estas características particulares: una baja renta per capita, un crecimiento económico negativo y una marcada dependencia respecto de las exportaciones de recursos naturales[135].

Para Collier y Hoeffler, la exposición de agravios es simple retórica empleada para legitimar la decisión tomada por una persona de implicarse en la apropiación de bienes por la violencia antes que en la producción de los mismos. La causa instrumental de la guerra civil es la disponibilidad del botín, combinada con la oportunidad de organizar una insurrección. Pero, como señala Martin van Creveld, la guerra es una prueba fehaciente de que los hombres no son egoístas, ya que ningún cálculo utilitario e individualista puede justificar el hecho de arriesgarse a morir[136]. Se puede ir a la guerra por razones individuales (aventura, honor, miedo, camaradería), pero la acción violenta se ha de justificar por razones colectivas (patriotismo, religión, democracia, revolución, etc.). En todo caso, en la guerra conviven motivaciones altruistas (idealismo, pero sobre todo lealtades primordiales) con móviles de carácter egoísta (saqueo, venganza, defección, etcétera).

El paradigma de la acción colectiva, al que se adscriben parcialmente estos estudios, ha sido dominante en los análisis de las motivaciones de la guerra civil, porque los especialistas han tendido a sobreestimar los riesgos para los combatientes rebeldes y a subestimar los riesgos afrontados por los no participantes. Kalyvas y Kocher se preguntan por qué el alto riesgo individual no disuade de la participación en la rebelión, y señalan que en las dinámicas insurgentes los no combatientes también incrementan su riesgo relativo. Cuando el free riding es casi tan oneroso como la participación en la lucha, los rebeldes no se enfrentan a un problema de acción colectiva reclutando a seguidores, ya que el riesgo individual de participación se acerca al de la no participación[137]. El riesgo varía de forma notable según el tipo específico de guerra. En la conflagración convencional, típica de contextos interestatales, los combatientes corren casi siempre mayores riesgos que los civiles, ya que existen líneas de frente que señalan claramente a los no combatientes dónde se maximiza el riesgo. Por el contrario, las guerras que se libran de forma irregular tienden a implicar a civiles de una manera más directa, ya que los combatientes rebeldes se ocultan a menudo entre la población civil. Las represalias excesivas pueden arrojar a gran parte de la población en brazos de uno u otro de los bandos en lucha. Más que a establecer una dicotomía entre la codicia y el agravio, Kalyvas señala a la interacción entre las identidades políticas y privadas y las acciones coactivas como los elementos determinantes del comportamiento individual en este tipo de situaciones límite. Las guerras civiles son no conflictos duales, sino procesos complejos y ambiguos que fomentan la acción en común de actores locales y supralocales, civiles y ejércitos, cuya alianza da lugar a violencias de muy diverso tipo. Es la convergencia de motivos locales y los imperativos supralocales lo que dota a guerras civiles de su carácter particular y a menudo desconcertante, a mitad de camino entre lo político y lo privado, lo colectivo y lo individual[138]. En lugar de modelar distinciones simplistas entre la avaricia y el agravio, Sambanis también propone que los esfuerzos teóricos se vuelvan a dirigir a la comprensión de cómo diversas formas de violencia se organizan y entrelazan durante la escalada de un conflicto.

Fearon y Laitin coinciden con Collier y Hoeffler en que no hay evidencia empírica de que la diversidad étnica, religiosa o cultural (las premisas básicas para la guerra interna señaladas, entre otros, por Huntington, Ignatieff y Horowitz[139]) predisponga al conflicto civil. De hecho, la diversidad étnica o religiosa hace la rebelión más difícil porque es más costosa la cohesión de los rebeldes. Pero rechazan tanto su modelo de recurso-depredación como el primordialismo, el nacionalismo, la modernización y otras explicaciones basadas en los agravios. Consideran el desarrollo económico como elemento esencial para calibrar el coste de oportunidad para la rebelión y el nivel de capacidad relativa del Estado. Tras evaluar los datos de 127 guerras civiles desarrolladas entre 1945 y 1999, e indexar las características de sus regímenes en un análisis multivariable, Fearon y Laitin confirmaron la relación directa con el riesgo de guerra civil que tenían factores como la baja renta per capita, el aumento de la población total, el terreno montañoso, la exportación de materias primas como el petróleo, la presencia de un Estado constituido recientemente y la inestabilidad de las formas de gobierno[140]. También señalaron que la guerra civil tendía a ocurrir cuando los costes de oportunidad económicos eran bajos, y que la carencia de democracia o la fragmentación étnica eran correlatos no significativos de este tipo de conflictos internos. Más que en circunstancias estructurales o seculares de carácter cultural o social, estos autores piensan que la probabilidad de estallido de guerras civiles se relaciona con la estructura de oportunidades para iniciar la lucha, que explica este tipo de conflictos en función de la tecnología aplicada al conflicto militar (caracterizada por pequeñas bandas armadas que practican la guerrilla en áreas rurales lejanas de los centros de poder) y de la mayor o menor debilidad de los gobiernos por ineptitud o corrupción, por la indiscriminación o brutalidad de las prácticas contrainsurgentes o por la inestabilidad inherente a su sistema político[141]. Como se puede constatar, el modelo de interpretación de los conflictos civiles propuesto por Fearon y Laitin es estadocéntrico, e incluye un cuerpo de variables que miden la capacidad del Estado, como la inestabilidad política, su reciente formación o el tipo del régimen establecido. Sin embargo, muchas de las diferencias entre las propuestas de Collier y Hoeffler y las de Fearon y Laitin son puramente interpretativas, puesto que sus modelos utilizan a menudo las mismas (o muy cercanas) variables para testar las hipótesis sobre el inicio de la guerra civil.

En suma, Collier y Hoeffler destacan la avaricia, mientras que Fearon y Laitin rechazan las explicaciones basadas en los agravios (primordialismo, nacionalismo, modernización, etc.) en favor de la estructura de oportunidades que explica la guerra civil en función de la fortaleza del Estado y la tecnología de la insurgencia: terreno de lucha, recursos, apoyo externo, etc. Entre las variables que olvidan están, según Sambanis, el contagio y la difusión desde áreas cercanas, las intervenciones externas y la internacionalización que impone una escalada del conflicto. En realidad, los agravios, la codicia o las oportunidades son caras de un mismo problema, y no pueden ser empleados por separado de forma holista. Los modelos exclusivamente econométricos no explican por qué la violencia adopta la forma de una guerra civil en una dinámica de escalada[142].

Variables independientes. Polarización, escala de la modernización, estabilidad política, fraccionamiento étnico

Algunos autores han vinculado la aparición de los conflictos civiles con perturbaciones serias en el proceso de modernización de las sociedades tradicionales. Según Derriennic, las guerras civiles son más probables en sociedades donde la economía agraria y la mortalidad natural es elevada; donde las concepciones de la justicia están marcadas fuertemente por tradiciones de venganza; donde el monopolio estatal de las armas está mal asegurado; donde las fuerzas armadas son débiles, poco numerosas y utilizadas en tareas de policía antes que en la defensa exterior; donde la idea del gobierno por la ley está ausente; donde las instituciones estatales son recientes y carecen de legitimidad, y donde las instituciones tratan de fundar la paz civil sobre la ausencia de diferencias culturales, de creencias e intereses, antes que sobre la aceptación de esas diferencias. Estas guerras son provocadas por conflictos entre los grupos constituidos alrededor de ideologías radicales que hacen imposible el compromiso, o entre grupos separados por desigualdades económicas importantes reforzadas por reglas jurídicas que obstaculizan la movilidad social, o entre grupos identitarios cuyas fronteras son difíciles de franquear por razones tradicionales o porque las estructuras políticas tienden a institucionalizarlas. El paso de una situación de conflicto no violento o de conflictos de baja intensidad a la guerra civil está vinculado al aglutinamiento de casi todos los conflictos que existen en una sociedad alrededor de un conflicto dominante y destructivo. La polarización de los conflictos conduce a la violencia, y la violencia refuerza esta polarización[143]. Las sociedades polarizadas son, sin duda, más proclives a la guerra civil. En una situación de conflictos múltiples entre más de dos adversarios, cada cual sabe que quien es adversario en un conflicto puede ser aliado en otro. La multiplicidad de conflictos no es una garantía absoluta contra la guerra civil, pero es un freno. Para que un conflicto sea violento debe convertirse en dominante e incluso hegemónico en una sociedad. La violencia, obligando a cada uno a escoger un cambio, contribuye a la polarización y ampliación de los conflictos[144]. Las guerras civiles de tipo identitario están precedidas generalmente de un periodo más o menos largo de polarización de los conflictos múltiples alrededor de un conflicto dominante.

Hay cinco factores del entorno que pueden animar a los rivales políticos a ir a la guerra: el colapso del Gobierno, el aislamiento geográfico de un grupo dentro de una comunidad étnica mayor, el cambio de la balanza de poder de un grupo a otro, el cambio de titularidad de los recursos económicos y las presiones para desmovilizar o desarmar los ejércitos partidistas[145]. La incertidumbre y el miedo pueden conducir a una escalada hacia la guerra civil. Se plantea entonces el típico «dilema de la seguridad», en el que los esfuerzos de cada parte por incrementar su propia salvaguardia reducen la seguridad de los otros. Pero la sociedad civil es más vulnerable que los estados a este tipo de dilemas. Además, entran en juego estrategias predatorias que no se contemplan en este tipo de dilemas, y que incrementan la desconfianza mutua.

Como acabamos de ver, el grupo de variables independientes que se han identificado como determinantes potenciales del inicio de una guerra civil son muy diversas, e incluyen el volumen de población, el nivel del desarrollo económico (medido con frecuencia con datos como el producto interior bruto per capita o la mortalidad infantil), un terreno abrupto donde ocultarse y actuar, la inestabilidad política (medida sobre todo por la presencia de «anocracias», o regímenes políticos sin normas situados a mitad de camino entre el autoritarismo y la democracia), la heterogeneidad étnica (incluidas las diásporas voluntarias o forzadas de minorías), la presencia de recursos naturales abundantes como el petróleo, una historia previa de conflictos o unos vecinos no democráticos o belicosos.

Las guerras civiles y la pobreza están inextricablemente unidas: en el nivel microeconómico, el coste de oportunidad de una guerra civil desde la perspectiva de un rebelde potencial es relativamente más pequeño en países pobres y con niveles de renta bajos[146]. Por su misma naturaleza, los conflictos fratricidas tienen efectos directos sobre el empobrecimiento de las regiones afectadas a través de la destrucción del capital, el desplazamiento de la población y la creciente inseguridad. Higham llega a observar que las guerras internas tienden a ocurrir en países subdesarrollados donde el ejército desempeña un papel parasitario y la población es apática y poco informada. Por el contrario, las revoluciones suelen ocurrir en países en vías de desarrollo o ya desarrollados, donde la clase media está insatisfecha con el reparto del poder[147]. Cuando el ejército se divide en varias fuerzas rivales, contribuye al agravamiento de la guerra civil. Cuando los insurgentes controlan completamente un territorio compacto, tendrán interés en defenderlo mediante una guerra convencional, pero si viven en un territorio disperso que solo controlan parcialmente, deberán librar una guerra no convencional. La guerrilla permite alcanzar la victoria en situaciones donde para ganar es suficiente con no perder[148].

Las guerras civiles contemporáneas están vinculadas a la política de masas y al fenómeno del reforzamiento y crisis del Estado nacional[149]. Se requiere una comunidad organizada sobre la forma de un Estado-nación, y dos concepciones incompatibles de la soberanía. La inestabilidad política, medida sobre todo por la fortaleza del Estado, es un factor esencial para evaluar las posibilidades de estallido de una guerra civil. Parece que los estados más desarrollados, maduros y escasamente militarizados tienen menos predisposición a conflictos armados de este tipo. Allí donde el Estado es suficientemente fuerte y es combatido por un grupo capaz de crear una estructura estatal similar, la guerra cobra la forma de un enfrentamiento entre ejércitos convencionales como en Estados Unidos, España o Biafra. Por contra, no hay relación entre la diversidad cultural de un Estado y su tendencia a sufrir una guerra civil, pero sí en caso de que haya polarización religiosa, lingüística o racial. Los estados democráticos o muy autoritarios no tienden a experimentar guerras civiles, pero sí los procesos de democratización erráticos o inconclusos. Collier, Hegre, Hoeffler, Reynal-Querol y Sambanis compendian la mayor parte de estos resultados en la manera siguiente: «los países con ingresos per capita bajos, estancados y desigualmente distribuidos que han permanecido dependientes de las materias primarias para sus exportaciones, hacen frente a altos riesgos de conflicto prolongado. En ausencia de desarrollo económico y de buenas instituciones políticas, ni la homogeneidad étnica ni la religiosa, ni un alto gasto militar proporcionan una defensa significativa contra la violencia a gran escala»[150]. En contrapartida, las características políticas y sociales de un país antes del conflicto son asombrosamente poco importantes en la determinación del nivel de riesgo.

La estructura y la calidad de la democracia es un determinante importante del inicio de la guerra étnica. La distinción dominante no se establece entre una democracia y una autocracia, sino entre las diferentes estructuras de las democracias: una democracia consociativa (es decir, un sistema proporcional de representación que posibilita la implementación de políticas de coalición) reduce perceptiblemente la incidencia de la guerra civil étnica, sobre todo la generada por la polarización religiosa[151]. En cuanto a la prevalencia, o posibilidad de iniciación y prolongación de una guerra civil, los especialistas en análisis multifactorial han detectado que la democracia y el desarrollo económico están relacionados negativamente con las probabilidades de estallido o continuidad de un conflicto civil. Los cambios de régimen incrementan los riesgos de guerra fratricida, aunque el peligro disminuye drásticamente con la consecución de altos niveles de democracia[152]. Basándose en el análisis de 152 países durante el periodo 1816-1992, y estableciendo variables de control como el nivel de desarrollo económico, la heterogeneidad étnica, la proximidad de la fecha de independencia y la incidencia de guerras internacionales o de guerras civiles anteriores, junto con variables independientes como la heterogeneidad lingüística, religiosa o étnica, Hegre, Ellingsen, Gates y Gleditsch coinciden con la teoría de Muller y Weede sobre posibilidades de recurrencia de la violencia política en observar que los regímenes sometidos a fuertes cambios están más predispuestos a la guerra civil que los regímenes estables de naturaleza democrática o autoritaria, incluso cuando han tenido tiempo de estabilizarse tras ese periodo transitorio. A largo plazo, la democracia consolidada en primer lugar y luego la autocracia estable son los regímenes menos vulnerables a las guerras civiles[153]. Por lo tanto, el que un país sea democrático o no parece no tener ningún efecto significativo en la predisposición a la guerra civil, de modo que los especialistas en este tipo de conflictos armados destacan el impacto de los elementos materiales: mientras que la pobreza reduce los costes de oportunidad para la rebelión, los recursos naturales permiten financiarla y derivar a los grupos en organizaciones criminales que buscan provecho particular. Pero las causas aducidas para dar cuenta de la aparición de las guerras internas son tan generales que resulta difícil constatar si son realmente explicativas.

Una de los grandes debates planteados sobre la etiología de las guerras civiles es la incidencia de la heterogeneidad étnica, especialmente cuando los conflictos étnicos que parecieron estallar en la fase de liquidación de la Guerra Fría propiciaron la aparición de una oleada de nuevos trabajos que exploraron la incidencia de la identidad, el nacionalismo, la estructura social y la construcción nacional en este tipo de enfrentamientos[154]. En la aplicación de los resultados de su estudio sobre la recurrencia y duración de las guerras civiles en África de 1960-1992, Collier y Hoeffler ratificaron que la relación entre las guerras civiles y la diversidad étnica no era directa: las sociedades altamente fragmentadas no tienen mayor riesgo de experimentar una guerra civil que las homogéneas. Mientras que el nivel de ingresos y el tamaño de la población son variables asociadas significativamente con la proclividad a la guerra civil, no sucede lo mismo con el fraccionamiento étnico, que, con todo, es relevante en conflictos armados que incluyen insurgencias de baja intensidad, como es el caso del terrorismo[155].

Sambanis diferencia las guerras civiles en étnicas y no étnicas[156], aunque al contrario de lo que se ha dicho en la literatura especializada, las del primer tipo no van asociadas a un modo distinto de guerra civil. Este autor asume que las guerras civiles son causalmente coherentes, y no es útil ver los resultados de las mismas como el resultado de condiciones estructurales. Resulta más relevante analizar las diferentes formas de violencia política, estudiar las dinámicas de escalada del conflicto y la transformación de una forma de violencia en otra[157]. Sambanis encontró que las variables políticas, como la carencia de democracia, están correlacionadas perceptiblemente con el inicio de la guerra étnica. Mientras que este autor asevera que la heterogeneidad étnica está correlacionada positivamente con el inicio de la guerra civil, la literatura «economicista» sobre la iniciación de la guerra ha sugerido que la presencia de este factor disminuye el riesgo del inicio de la guerra o no tiene ninguna asociación significativa con el riesgo de conflicto armado. Kaufmann distingue entre las guerras internas basadas en la lucha étnica (Ruanda, los Balcanes) y las que se libran por razones ideológicas (Camboya), y señala que la intervención militar exterior puede tener éxito en resolver el primer tipo de conflicto, pero no el segundo[158].

La relación entre el riesgo de guerra civil y el fraccionamiento étnico no es directa: hay mayor amenaza de guerra en sociedades étnicamente polarizadas que en sociedades étnicamente más homogéneas o diversas[159]. Basándose en el análisis de resultados de experimentos comparativos, Elbadawi encuentra que las sociedades étnicamente polarizadas tienen mayor riesgo de sufrir una guerra civil[160]. Montalvo y Reynal-Querol tratan de demostrar que el débil poder explicativo del factor de heterogeneidad étnica en la incidencia de las guerras civiles es debido al empleo de un índice de fraccionamiento en vez de un índice de polarización, que indica cuándo una importante minoría étnica se enfrenta a una mayoría étnica[161]. Reynal-Querol apoya a Sambanis en su criterio de separar los conflictos étnico-religiosos de otros tipos de guerra civil. Tras analizar 29 guerras civiles de tipo étnico, argumenta que sus causas principales fueron sociales y políticas. Con todo, las sociedades divididas por la religión son más propensas al conflicto intenso que los países en donde la población mantiene conflictos por recursos basados en grupos de interés o en divisiones lingüísticas. Esto es así porque la identidad religiosa es fija y difícilmente negociable.

A mayor homogeneidad social, mayor necesidad de separar a los grupos enfrentados a través del fomento del odio y la violencia. El odio y la ideología pueden alentar a las partes a utilizar la violencia, incluso si es costoso para todos. Como señalaba a Kaldor un liberal independiente yugoslavo: «La guerra tenía que ser muy sangrienta, porque los lazos que nos unían eran muy fuertes»[162].

La duración y la recurrencia de las guerras civiles

Es una regularidad empírica que el riesgo de repetición de la guerra en sociedades de posguerra es más alto que el riesgo del inicio de una nueva guerra en países que no tienen una historia previa de enfrentamientos fratricidas. Las guerras civiles generan una «trampa del conflicto»: el odio y otros recursos cumulados durante la guerra hacen más probable el desencadenamiento de enfrentamientos en el futuro[163]. Durante la década posterior al conflicto existe un riesgo estadístico muy alto de repetición de los enfrentamientos. Según el modelo de Collier y Hoeffler, aproximadamente la mitad de este coeficiente de riesgo procede de las tensiones que ya habían llevado al conflicto y que no mejoraron durante su desarrollo, mientras que la otra mitad procede de los cambios causados por el mismo conflicto. Collier, Hoeffler y Söderbom han analizado de forma econométrica la duración de las guerras civiles: por término medio, las guerras civiles duran mucho más (siete años) que las guerras internacionales (seis meses)[164]. Incluso la duración media de las guerras civiles ha parecido aumentar a finales del siglo XX: en el periodo 1980-1999 era alrededor del doble que en el periodo 1960-1979. La duración media en la década de los noventa era un poco más corta que en la de los ochenta, pero esto reflejó probablemente el efecto del final de la Guerra Fría, durante la cual un importante número de conflictos habían sido financiados y prolongados artificialmente por la acción de una u otra de las superpotencias. Las guerras civiles en el Este de Europa posteriores a 1991 tendieron a ser breves, y la media de duración de los nueve casos postsoviéticos y del Este de Europa fue más corta que la duración media de las guerras internas en las otras regiones del mundo.

Usando la base de datos de intervenciones internacionales de 1960-2000 elaborada por Patrick Regan, Collier, Hoeffler y Söderbom trataron de comprobar si ha habido algún efecto sistemático de las intervenciones económicas o militares del lado del Gobierno o del de los rebeldes[165], y encontraron que ninguna de estas intervenciones había tenido un efecto significativo en la duración del conflicto. Los análisis estadísticos multivariantes demuestran que la duración de los conflictos civiles está relacionada sistemáticamente con las condiciones estructurales que prevalecen antes de los mismos, y con las circunstancias que se producen durante su transcurso. Las características estructurales dominantes que alargan el conflicto son la baja renta per capita, la alta desigualdad y un grado moderado de división étnica, aunque para algunos autores las rebeliones socialmente diversas suelen ser más breves por las dificultades de movilización y organización de los bandos contendientes[166]. Las variables dominantes que acortan el conflicto son un declive en los precios de las materias primas que el país exporta y la intervención militar externa del lado de los rebeldes. Cuanto más desigual sea una sociedad, más grandes serían las ganancias por alcanzar la primacía que garantizaría la victoria, lo que conduce a predecir que la inicial desigualdad está relacionada de forma positiva con la duración del conflicto.

El origen y la naturaleza del conflicto armado también tienen incidencia en su perdurabilidad. Las guerras civiles producto de tentativas del golpe y revoluciones populares son generalmente bastante breves. Las guerras civiles que implican la secesión de una región no contigua a la capital del Estado también suelen ser cortas, aunque algo menos que la primera categoría. Las guerras civiles que presentan como beligerante a una guerrilla rural que opera cerca de las fronteras del Estado tienen, con algunas excepciones interesantes, muchas más dificultades para terminar. Las guerras sobre territorios discontinuos tienden a ser relativamente breves (guerras anticoloniales), y las guerras protagonizadas por minorías étnicas situadas en la periferia del Estado tienden a durar más que la media de los conflictos civiles.

Collier, Hoeffler y Söderbom sugieren tres explicaciones empíricas como acercamientos alternativos a la prolongación de las guerras civiles: en primer lugar, la rebelión como inversión, en la cual el incentivo crítico es la rentabilidad que se obtenga con posterioridad al conflicto. Cuanto más larga sea la duración prevista de la guerra, más altos serán los costes y más difícilmente se obtendrán ventajas adicionales. Una predicción clave es que cuanto más alta sea la rentabilidad de la victoria, más prolongada podría ser la rebelión. Si la rentabilidad de la guerra civil radica en el control de recursos posterior al conflicto, es probable que su duración aumente en función de la capacidad de explotación y exportación de esas materias primas. Si la rentabilidad posterior al conflicto radica en aspectos menos tangibles, por ejemplo, el lanzamiento de una campaña de represión contra el enemigo derrotado, una predicción verificable es que la duración de la guerra civil aumentará en función de la severidad de la represión política anterior al conflicto[167]. En segundo término, se puede entender la rebelión como negocio, en el cual el incentivo crítico es la rentabilidad obtenida en el transcurso del conflicto. Collier y Hoeffler aceptan que la rebelión puede estar motivada por objetivos no económicos, pero la viabilidad financiera y militar del conflicto es un factor fundamental para calibrar las posibilidades de duración del mismo[168]. Las guerras civiles se han presentado usualmente como una lucha entre el Gobierno y los grupos rebeldes para ganar la guerra y derrotar al enemigo. Sin embargo, esto es una cortina de humo que oculta la emergencia de una política económica de guerra en la que los rebeldes y el Gobierno se benefician, y por ello están dispuestos a prolongar el conflicto antes que a ganarlo, mediante la expropiación de alimentos, impuestos y trabajo explotando a grupos de civiles[169]. La guerra se convierte así en un modo de vida.

Las rebeliones ocurrirán solamente donde sean provechosas. Las perspectivas de la paz mejoran cuando los precios son bajos, implicando una crisis en las finanzas rebeldes, y se deterioran cuando los precios mundiales de las materias primas son altos. Un contrabando valioso puede hacer prolongar las guerras civiles. Mientras que en la década de los sesenta un movimiento rebelde que se considerara viable necesitaba generalmente algún apoyo de gobiernos extranjeros para obtener dinero y armamento, los movimientos rebeldes de la década de los noventa podían ser enteramente viables como empresas privadas. Esto sugiere que el mayor control de estos dos mercados internacionales clave, con el objeto de limitar su acceso a los movimientos rebeldes, podría ser un instrumento eficaz para el acortamiento de los conflictos[170]. Por último, cabe interpretar la rebelión como error, en la cual el optimismo forjado en torno a una eventual victoria militar evita el establecimiento de cualquier acuerdo mutuamente ventajoso para los beligerantes. Si cada lado sobrestima sus perspectivas de victoria, no puede llegarse a un resultado pacífico en el cual ambos protagonistas reconozcan las ventajas de abandonar las armas. Cuanto más elevado sea el grado mutuo de optimismo infundado sobre las respectivas capacidades militares, más durará la guerra. De modo que, además de la oportunidad y la motivación (greed and grievances) la explicación del conflicto civil puede dirigirse a la percepción equivocada de las posibilidades de los contendientes. En un extremo, los rebeldes pueden malinterpretar o subestimar las oportunidades disponibles para la acción. En el otro extremo, pueden existir grandes oportunidades para la rebelión en sociedades donde los agravios de los grupos están objetivamente no relacionados con sus circunstancias. Si cualquiera de estos grupos recurre a la violencia a gran escala, ello puede depender de su percepción sobre la intensidad de su agravio, así como de las oportunidades para actuar, la presencia de un líder carismático, la disponibilidad de recursos financieros o la debilidad militar del Gobierno. Collier, Hoeffler y Söderbom concluyen que la evidencia empírica resulta incompatible con el primero de estos acercamientos, pero coherente con los otros dos.

Barbara Walter estudia si los conflictos civiles anteriores pueden engendrar nuevos conflictos, cuando los antiguos agravios no ha sido resueltos porque la violencia exacerbó las divisiones étnicas haciendo difícil la coexistencia, porque la guerra terminó en un compromiso inestable o porque los costes humanos crearon barreras psicológicas para construir la paz. En su opinión, ninguno de estos factores conduce a una segunda guerra en ausencia de fuerte incentivos personales de orden económico y político que induzcan a parte de la población a luchar[171]. Hay tres mecanismos que inciden en la disposición a mantener la lucha: el deseo de retribución, el cansancio del combate y la información sobre las capacidades del adversario. Los gobiernos que están dispuestos a reconocer las reclamaciones del enemigo pueden evitar nuevos conflictos. Las guerras que terminan en una victoria decisiva no tienden recrudecerse porque ofrecen más información sobre la relativa fuerza de los vencedores, que adquieren un control pleno de los instrumentos del Estado. Los gobiernos que han aceptado la partición de su país como resultado de una guerra, o que han luchado un conflicto corto contra los rebeldes, están más predispuestos a afrontar nuevas guerras. En coyunturas de escasez material y de ausencia de medios no violentos para el cambio, existen más posibilidades de que se reinicien las hostilidades. Las guerras que se libran por objetivos totalistas, o entre diferentes grupos étnicos, no tienen mayor tendencia a repetirse que las libradas entre el mismo grupo étnico. En definitiva, no hay una relación clara entre el final de una guerra y la siguiente. Las victorias o las derrotas anteriores no disuaden a los bandos en lucha, pero un cambio en el equilibrio del poder entre los combatientes puede tener efectos significativos sobre la reanudación de la violencia de alta intensidad.

LA VIOLENCIA EN LAS GUERRAS CIVILES

La investigación sobre la guerra civil se está desarrollando en la actualidad con relativa rapidez, pero sus indagaciones se dirigen en primer término a buscar los determinantes del estallido, duración y terminación de estos conflictos y a sus efectos, antes que a indagar sobre el desarrollo de la guerra en sí misma. Un elemento esencial de los conflictos civiles es la intensidad, extensión y complejidad de la violencia desplegada por los diferentes actores. Hay una ardua discusión sobre la utilidad de confiar en una caracterización dicótoma (guerra en oposición a paz) frente a una conceptualización continua que podría capturar mejor los distintos niveles de intensidad de la lucha. La política de las guerras civiles ha sido tratada a menudo como si no fuera diferente de la política normal de una época de la paz, cuando la gente escoge sus opciones como haría en el contexto de la política electoral, antes que en situaciones inmersas y forjadas por el combate armado[172]. Una sociedad abocada a la guerra civil tiene, según la coyuntura histórica en que se encuentre y la correlación de fuerzas abocadas al enfrentamiento, multitud de variantes violentas destinadas al derrocamiento del régimen o del sistema vigente.

La guerra civil como modo de violencia política de máxima intensidad

Hay una cierta discusión sobre si la guerra civil es un fenómeno independiente (hablando conceptualmente) o una simple muestra o etapa del fenómeno más amplio de la violencia política. No cabe duda de que, para muchos países atrapados en la trampa de un conflicto, la guerra civil es una fase en un ciclo más amplio de violencia[173]. Según Derriennic, la violencia organizada se puede ejercer según tres modalidades: la represión (violencia de los dominantes sobre los dominados), la insurrección (violencia de los dominados sobre los dominantes) y la guerra civil (violencia organizada entre iguales)[174]. Este tipo de simetría resulta bastante rara en las guerras civiles, que aparecen a menudo bajo la forma de enfrentamientos entre violencia insurreccional organizada y violencia represiva organizada. La guerra civil suele convivir con otros tipos de violencia extensiva, como el terrorismo a gran escala, la guerra de guerrillas, el golpe de Estado o la insurrección. Desde un punto de vista militar, la guerra civil debe distinguirse de la guerrilla y de las tácticas insurgentes. Respecto a la revolución, su relación es negativa, porque las guerras civiles no están dirigidas necesariamente a alterar las estructuras sociales de un país, sino a desafiar al gobierno, aunque luego este desafío pueda tener consecuencias revolucionarias[175].

Stathis Kalyvas observa que las causas de la violencia en las guerras civiles no deben extraerse de las causas de la guerra civil, y que por lo tanto una teoría de las guerras civiles no es una teoría de la violencia en las guerras civiles y viceversa[176]. Este autor propone una visión más instrumental que culturalista (la que se basa en el salvajismo y el primitivismo de la violencia en este tipo de conflictos[177]), y sugiere que incluso las formas extremas de agresión tienen un uso estratégico. Hay una cierta racionalidad en el hecho de que el enemigo no solo debe ser eliminado, sino también humillado en público y exhibido como trofeo de guerra como modo de intimidación sobre los adversarios.

Las funciones inmediatas de la violencia son económicas, de seguridad y psicológicas. Hay una extensa evidencia empírica que sugiere que la violencia indiscriminada aplicada en las guerras civiles está informada por la lógica del terrorismo, que se usa para la eliminación y la disuasión (intimidación). Los soldados aterrorizan a los civiles porque necesitan saquear para aumentar sus recursos mientras el resto del tiempo se dedica a la lucha. El desplazamiento de grandes cantidades de población civil reduce la eficiencia de lucha del enemigo. El nivel de población civil no desplazada está en función de las demandas de los rebeldes sobre los civiles y el daño que pueda ser infligido por las fuerzas gubernamentales[178]. El terrorismo, como los golpes de Estado y los alborotos, puede ser un indicador principal de la guerra civil (y puede precipitarla), pero debemos explicar por qué en algunos países observamos esas formas de violencia sin observar una escalada hacia la guerra civil. La violencia es selectiva o discriminante cuando los individuos son señalados con base en una información personalizada sobre sus acciones, y es indiscriminada cuando los individuos son señalados solo según su calidad de miembros de un grupo percibido como vinculado a la oposición, independientemente de sus acciones individuales[179]. Dado un equilibrio de poder entre los actores en conflicto, la violencia indiscriminada es más probable en épocas tempranas que en las últimas etapas del conflicto.

La guerra popular de masas propia de la contemporaneidad desemboca forzosamente en la guerra total. A diferencia del propósito confesado de las acciones militares convencionales, que según Clausewitz consiste en desarmar al enemigo mediante el uso de la fuerza para imponer la propia voluntad, la guerra civil es un tipo de violencia total entre segmentos de una misma población, que persigue como objetivo prioritario el aniquilamiento o sometimiento sin condiciones del adversario, el derrocamiento del régimen imperante o la disolución de un Estado[180]. Los contrincantes en las guerras civiles se aprovechan de la desaparición del control estatal para adoptar comportamientos excepcionalmente violentos, que transforman al contrincante más próximo en enemigo deshumanizado sobre el cual se ejerce el poder por excelencia de vida o muerte[181].

Sobre la barbarie inherente a las guerras civiles se han aducido argumentos vinculados a la ruptura del orden político establecido (Hobbes), a la trasgresión de las normas establecidas en el ius in bello (Grocio) a la polarización endógena e inherente al conflicto (intensificación de las divisiones y los antagonismos entre grupos que despliegan a la vez una fuerte homogeneidad interna y una fuerte heterogeneidad exterior, siguiendo la dialéctica amigo-enemigo planteada por Carl Schmitt) o a la tecnología de la guerra practicada en este tipo de conflictos, donde los ejércitos irregulares, la asimetría en el poder de los combatientes y la vulnerabilidad de la población resultan características dominantes[182]. Pero a diferencia de Hobbes, Kalyvas señala que las guerras civiles no se reducen a la anarquía de la violencia privada, imprevisible y anárquica, sino que esta aparece constreñida por lógicas individuales marcadas por estrategias de alianza y control, que se deben explorar sistemáticamente. A diferencia de las tesis de Schmitt, las acciones en las guerras civiles, incluida la violencia, no son necesariamente políticas y no siempre reflejan la polarización ideológica. Las identidades y las acciones no pueden ser reducidas a las decisiones tomadas por las organizaciones beligerantes, o a los discursos elaborados desde el centro o a las ideologías derivadas de las fracturas principales de la guerra. Presentar actores unitarios, inferir dinámicas de identidad y de acción procedentes exclusivamente de la fractura principal, y enmarcar guerras civiles en términos bipolares resulta engañoso y empobrecedor. La guerra civil fomenta la interacción entre agentes con identidades e intereses distintos. En vez de ello, se deben incorporar las divisiones locales y las dinámicas intracomunitarias, para ilustrar la teoría de la violencia selectiva[183]. Es la convergencia entre motivos locales y supralocales lo que dota a las guerras civiles de su carácter particular, y conduce a articular una violencia que aparece a caballo entre lo político y lo privado, entre lo colectivo y lo individual[184]. Los actores de una guerra civil no deben ser tratados como si fueran unitarios, y las motivaciones individuales no deben inferirse de la identidad grupal. Las líneas divisorias locales (familiares o de clanes) generan conflictos faccionales dentro de campos supuestamente homogéneos[185]. El miedo y la venganza son los grandes desencadenantes de la violencia.

En todo caso, la guerra civil se «totaliza» al involucrar violencia, cultura, política y economía en el control o eventual exterminio de la población, convertido en objetivo estratégico de tipo militar. Como advierte Huntington, «la guerra insurreccional es casi siempre total. Ningún bando busca reconocer la legitimidad del otro, o las negociaciones y acuerdos que implican ese reconocimiento. Los armisticios y los tratados de paz son posibles entre gobiernos, pero raramente entre gobiernos y antigobiernos»[186]. Los dos bandos en lucha ejercen inmediatamente, y con formas diversas, una coacción más o menos violenta sobre la población que no está situada claramente en uno de los bandos en lucha, para obligarla a tomar partido y colaborar. Esta ansiedad depuradora (cleansing) se dirige contra el enemigo, que no es «el otro» ajeno a la comunidad política, étnica o nacional, sino «el traidor» dentro de la propia casa. Mostrando que una facción es más impura y violenta que la otra se trata de absolver la violencia de un bando[187]. Con todo, la violencia en las guerras civiles no presupone necesariamente procesos del «deshumanización del otro»: la delación contra el vecino puede estar motivada inicialmente por este tipo de pequeñas rencillas que constituyen la base de la vida cotidiana y que bajo condiciones normales no conducen a la violencia homicida. Los procesos de deshumanización toman tiempo para desarrollarse y emergen solamente después de un cierto número de repeticiones[188].

La dinámica violenta de las guerras civiles

Las guerras civiles no tienen causas diferentes de otras formas de violencia. Lo que se trata de observar son los vínculos con otras formas de violencia política, analizar las dinámicas de escalamiento y explicar la transición de una forma de violencia a otra. Según Waldmann, las guerras civiles se retroalimentan, desarrollando una dinámica propia cuyo propulsor principal es una violencia expansiva, liberada de ataduras políticas y que tiende a perpetuarse[189]. La violencia en las guerras civiles no es generalmente un proceso casual, sino regulado, que tiene lugar de una manera secuencial. Un hecho bien asentado es que, en el transcurso de las guerras civiles, los actores políticos tienden a hacer escalar la violencia que utilizan, y la hacen cambiar desde formas más indiscriminadas a formas más selectivas. Nuevas instituciones informales y formales emergen para regular la violencia, y las denuncias y las ejecuciones se deciden a menudo en el contexto de estas instituciones creadas en función de estas excepcionales circunstancias. Un conflicto civil se hace crecientemente más enconado y complejo, produciendo escaladas y nuevas líneas de demarcación entre contendientes. Los conflictos también se hacen más complejos o prolongados cuando entran en la dinámica factores externos.

En primer lugar, se produce un estallido donde la violencia se libera bruscamente. Con el comienzo de los enfrentamientos se opera un cambio en la imagen externa que ofrecen estas sociedades: se anteponen las tensiones larvadas y la movilización armada (bajo la forma del voluntariado) sobre los llamamientos a la moderación, y se produce una reagrupación y un reordenamiento de la sociedad afectada bajo dinámicas de polarización y lógicas militares basadas en la división, segregación y concentración territorial de las diferentes etnias o grupos en conflicto. Se producen éxodos masivos de población hacia zonas seguras, mientras que las zonas indeterminadas o en disputa se convierten en las más peligrosas. El aumento de la violencia no se produce de una forma continuada, sino que unos territorios son respetados y otros asolados. La violencia en las guerras civiles actuales se desencadena a través de una dinámica degenerativa propia de independencia (existencia de grupos armados que tienden a separarse estratégicamente de los sectores políticos y sociales de referencia, derivando en un aparato coactivo que emplea la fuerza a través de atracos, secuestros, extorsiones o tráficos prohibidos, para obtener sus propios fines de tipo económico), privatización (tensiones internas entre los grupos en lucha que llevan a la ruptura con los altos designios del movimiento, y uso de la violencia para otros fines particulares, frecuentemente de tipo criminal, donde la población pierde su importancia como sostén social y solo es objeto de rapiña y extorsión en una sociedad de factura hobbesiana) y comercialización (la prolongación excesiva de la violencia a gran escala hace que la población se resigne, y muchos agentes colectivos la empleen cuando resulta necesario por motivos personales, ya que se presenta como un servicio que se puede adquirir en el mercado de las relaciones sociales). La violencia criminal se entrelaza y se confunde con la violencia bélica, con un encubrimiento de los instintos criminales.

Al contrario que la guerra convencional, la guerra civil exhibe un carácter triangular: es un conflicto armado que implica no solo a dos actores en lucha, sino también a civiles por cuyo favor compiten los beligerantes. El apoyo civil resulta extremadamente importante para el resultado del conflicto. Las guerras ideológicas no étnicas se manifiestan bajo la forma de enfrentamientos entre el Gobierno y los rebeldes por obtener las lealtades mudables y flexibles de la gente (es decir, sus corazones y mentes), y la misma población sirve como la base compartida de movilización para ambos lados[190]. La guerra civil es, por lo tanto, fundamentalmente diferente de la guerra convencional en tanto que implica escasa acción militar entre los combatientes, ya que la lucha debe ser conducida preferentemente a través del pueblo[191]. La clave para derrotar al enemigo en una guerra civil es negar su acceso a la población civil y a los recursos que esta controla. Las guerras civiles son, por ello, conflictos de suma cero, en los que se vence a costa de obtener o destruir los recursos a la parte contraria, y donde se pone en juego la existencia misma de los contrincantes, su identidad colectiva e incluso su supervivencia física. Pero luego esa sociedad debe recomponerse y convivir con las secuelas desestructurantes ocasionadas por la guerra[192].

En la guerra civil no se reconoce a los no beligerantes ni se tolera la neutralidad, pero siempre hay una extensa zona gris de personas renuentes a la lucha. Gabriele Ranzato destaca de esta manera la indeterminación de los bandos de la guerra civil y la violencia: «en la guerra civil, la no distinción entre ámbito militar y ámbito civil no deriva de la libre elección, sino que generalmente es su misma condición de existencia. La sedición armada surge en el interior de la sociedad civil, y produce adhesiones que solo parcialmente pueden convertir a sus militantes en verdaderos soldados»[193]. La dificultad de conocer al enemigo genera un síndrome de ansiedad que produce explosiones de extremada violencia contra la población civil, aunque no es una violencia indiscriminada, sino que se dirige de forma preferente contra los grupos que presentan las señas religiosas, políticas, sociales o étnicas más reveladoras de la pertenencia al bando enemigo. Cuando la guerra enfrenta a ejércitos regulares de voluntarios, la sociedad civil está más ligada a las fuerzas armadas, y esto la expone en mayor medida a la acción militar del enemigo. La limpieza de la retaguardia se contempla en algunos casos como la continuación normal de las operaciones bélicas. Cuanto más prolongada sea la ocupación y la resistencia de las fuerzas invadidas, mayor será la hostilidad de las fuerzas y la población civil invasora. Con todo, no es lo mismo la guerra civil que la guerra a los civiles en un conflicto internacional convencional, donde se forja la imagen del un enemigo total, desde los puntos de vista ideológico, étnico y político. Un ejemplo evidente fue el carácter indiscriminado de la guerra nazi en el Este, desmodernizada en sus planteamientos de búsqueda de un espacio vital y el aprovechamiento sistemático de los recursos del territorio a través de la esclavización de la población civil.

La investigación de nivel macrosocial tiende a asumir que la interacción estratégica entre los agentes rivales, y entre estos y la población, influye poco en la evolución de la guerra: aseguran que, una vez que una guerra ha estallado, nada cambia en términos de las preferencias la población. Para Kalyvas, tales asunciones son incorrectas: muchos individuos se incorporan a la guerra bastante después de que esta haya comenzado, empujados por los incentivos y por los apremios que son producto de la guerra y el resultado de las estrategias innovadoras y adaptativas ideadas por los agentes rivales en el curso del conflicto. Un importante elemento a destacar es que las guerras civiles afectan e incluso transforman las estrategias y las identidades de los agentes políticos, así como a los individuos implicados en las mismas. Kalyvas señala que las guerras civiles están informadas por divisiones sociales fluidas, cambiantes y a menudo locales marcadas por las motivaciones personales antes que por los grandes discursos ideológicos impersonales[194], de modo que las lealtades y rivalidades de los pequeños grupos se convierten en muchas ocasiones en auténticas líneas de batalla políticas. Las lealtades individuales son maleables, probablemente porque las cualidades ideológicas son más fáciles de adquirir que las étnicas. Ni las organizaciones ni las preferencias se dan de antemano ni son fijas durante la guerra. El cambio es sinónimo de guerra[195].

Cuando son las divisiones étnicas las causan la guerra civil, estas identidades no siguen siendo siempre estables y fijas durante el conflicto. Se identifican dos procesos combinados, que son consistentes con la teoría constructivista de la protesta: el cambio de la identidad (la adquisición de una nueva identidad étnica o nacional que substituye a la vieja, como se observa con frecuencia en los procesos de asimilación de los inmigrantes en Estados Unidos) y la defección étnica (los individuos se adhieren a organizaciones opuestas explícitamente a las aspiraciones nacionales del grupo con el que se identificaban, y finalizan combatiendo a los miembros de su propia etnia). En el nivel micro, la defección étnica es predicha por el grado del control territorial que ejercita el agente gubernamental y por el nivel de la violencia insurgente anterior. A nivel macro, la defección étnica actúa en función de los recursos que disponen los agentes gubernamentales. Una vez que la guerra comienza, los incentivos previamente no disponibles (muchos de ellos de carácter coactivo) aparecen, llevando a la gente a colaborar con las organizaciones hostiles al grupo étnico con quien está asociada. Un aliciente particularmente convincente es la venganza. En segundo lugar, la defección étnica puede ser dirigida y manipulada ya que, incluso antes de emerger espontáneamente como un proceso individual, puede ser generada por la demanda de colaboradores que realiza uno de los bandos.

Kalyvas se centra en la violencia cometida intencionalmente contra los no combatientes, y para ello realiza un estudio sistemático a nivel micro de la violencia coercitiva homicida en guerras civiles irregulares. A tal fin, separa la violencia en las guerras civiles del conflicto en sí mismo, y establece una teoría micofundacional de la violencia indiscriminada y selectiva. Las interacciones están informadas por las demandas de la guerra irregular, la lógica de la información asimétrica y las dinámicas de rivalidades locales. De este modo elabora un modelo de violencia selectiva en la que la interacción entre grupos que operan a diferentes niveles desemboca en la producción de violencia en un modo sistemático y predecible[196]. La fuerte variación en los niveles nacionales de violencia homicida depende del perfil de los actores y de su ideología, su estructura organizativa, base social, cultura militar, recursos, liderazgo o estrategias, el tipo de desafíos o la asistencia recibida de terceros, las normas internacionales el nivel de tecnología militar disponible, la geografía o el clima[197].

La competencia por el control y la colaboración

La guerra civil se define por procesos de fragmentación y soberanía: los actores políticos tratan de asumir el control (base de la soberanía) tratando de obtener la adhesión popular (o colaboración) y disuadiendo de la colaboración al rival (defección). La colaboración en favor de un bando beligerante está estrechamente relacionada con la distribución del control o extensión en que los actores establecen su poder en un territorio[198]. A medida que el conflicto madura, el control está cada vez más vinculado a la colaboración, porque los actores que controlan importantes porciones de territorio deben proteger a los civiles. Las milicias tienen un papel antes político que militar, que consiste en primer lugar en tareas de control y defensa de la población[199]. Usan una violencia protectora, que pude transformarse en depredadora y abusiva y producir una escalada del conflicto[200]. Por eso fueron militarizadas por ambos bandos de la guerra civil española de 1936-1939.

En cuanto a la teoría de la violencia selectiva, los actores políticos tratan de maximizar el control territorial vinculado al equilibrio del poder local. El control territorial requiere de la colaboración de los civiles, que maximizan varios beneficios sujetos a requerimientos de supervivencia. La colaboración se otorga al actor político que mejor garantice su supervivencia. La colaboración es más incierta en áreas de soberanía fragmentada donde ambos actores están presentes, porque emplearán la violencia para consolidar su control. Cuando la violencia se usa para controlar una población, se convierte en un recurso más que en el producto final[201], y este tipo de violencia implica la distinción analítica entre las víctimas y los objetivos de la violencia[202].

Las estrategias del control y la colaboración se refuerzan mutuamente. El grado de control inicial tiene que ver con las preferencias políticas de la preguerra y los recursos militares existentes en el lugar, que inducen a muchos a manifestar una lealtad puramente «geográfica». El cálculo individual para la supervivencia permite superar las preferencias políticas cuando se reducen los beneficios y se incrementa la violencia[203]. La colaboración se acompasa con las variaciones temporales en el control, que implica el uso efectivo de la violencia y disuade de la defección. Se puede trasladar el control hacia la colaboración mediante seis procesos marcados por la contingencia y la fluidez de los cambios: la coacción y amenaza; la protección contra el enemigo; la adscripción mecánica (socialización por la propaganda o el ambiente político dominante), la credibilidad del poder establecido para actuar, la provisión de beneficios; el control administrativo (monitoring) y el autorrefuerzo a través de la dinámica regenerativa del control[204]. En todo caso, es preciso diferenciar la lealtad forzada de las actitudes consensuales voluntarias.

El control reposa sobre la efectividad militar, determinada con frecuencia por la geografía: los gubernamentales tienden a ocupar los espacios urbanos y los rebeldes los espacios rurales más remotos. Suele haber una falta de coincidencia entre las plazas fuertes de cada uno de los bandos antes y durante la guerra. Las sanciones para estimular la colaboración deben ser proporcionadas y discriminadas. La distribución del control puede ser lograda por medios militares, porque la presencia militar incrementa la credibilidad de las sanciones a la defección. Pero siempre escasean los recursos para lograr un control total, de modo que los actores políticos recurren a la violencia, que para ser efectiva debe ser selectiva[205]. A mayor control, menor violencia, mientras que esta trata en primera instancia de disuadir la defección.

La violencia selectiva requiere de la obtención de información privada (colaboración), que está asimétricamente distribuida entre los actores políticos y los civiles, y es el resultado de transacciones entre los actores políticos y los individuos. Los individuos solo denunciarán a sus vecinos en circunstancias de seguridad, cuando sus víctimas no tengan acceso al otro actor rival –esto es, a hacer denuncias en su contra–, y con el objeto de alcanzar todo tipo de beneficios. La predicción es que la violencia tiende a ocurrir donde un bando es casi hegemónico, no donde tiene el pleno control o donde está siendo desafiado. La violencia tiende a aparecer donde la solicitud de información se encuentra con la disposición individual a proporcionarla[206].

Existe una correlación inversa entre defección y denuncia: cuanto mayor sea el nivel de control, menos probabilidades habrá de defección (porque los riesgos de ser capturados y castigados son altos), y más probable sería de denuncia (o porque los riesgos de represalia son bajos). Kalyvas concluye que la denuncia es un fundamento clave de la violencia íntima y de la guerra civil. A veces son los civiles lo que pueden usar a los actores políticos para resolver sus conflictos privados, y convertirse ellos en actores políticos. Más que politizar la vida privada, la guerra civil privatiza la política[207]. En una guerra civil la violencia privada encuentra a menudo su cobertura o liberación en la violencia pública[208].

La violencia indiscriminada (represalias) produce paralización y miedo irracional y atomización de la sociedad[209], pero es un factor negativo en las guerras civiles, ya que pierde su cualidad disuasoria al impedir la posibilidad de establecer un cálculo anticipado del mal venidero y la habilidad para evitarlo[210]. La violencia indiscriminada puede ser utilizada para alcanzar una gran variedad de objetivos, como el exterminio de grupos particulares, el desplazamiento de gente, la captura de bienes o la demostración del poder de un grupo para dañar a otro[211]. Surge en condiciones de falta de información, y porque es más «barata» que la violencia selectiva, y en contextos de fuerte desequilibrio del poder entre los bandos en lucha. Los detonantes de la violencia indiscriminada son la débil disciplina y las emociones incontroladas que generan frustración y angustia. El miedo es otra emoción vinculada con la violencia indiscriminada. También tiene que ver con distorsiones institucionales en cuanto a la estrategia más adecuada[212].

La denuncia es capital en las guerras civiles, por razones políticas o maliciosas. Solo se da en situaciones donde los beneficios psicológicos o materiales superan los costes previsibles (represalias). La denuncia solo ocurre si el actor contendiente puede proteger a los delatores. La violencia selectiva se produce en áreas donde el control es lo suficientemente alto como para estimular las denuncias, pero no tan absoluto como para que huyan los disidentes[213]. En caso de empate, la violencia tenderá a ser indiscriminada. En las zonas muy disputadas no puede haber neutrales, porque la neutralidad puede ser interpretada como «colaboración pasiva con el enemigo». La neutralidad atrae la hostilidad de ambos bandos sin obtener la protección de ninguno.

La producción, dinámica e intensidad de violencia dependen de la intersección entre los incentivos (previo cálculo de costes y beneficios) para los grupos armados y la predisposición de los civiles a colaborar también en un marco de cálculo racional, que puede variar en función de variables como la incertidumbre respecto a los comportamientos del adversario real o potencial y la polarización sociopolítica, de modo que a más polarización, mayor violencia. Estos dos factores (incertidumbre y equilibrio de fuerzas) están en realidad en la base de todo tipo de violencia política. Esta propuesta de análisis diferencial de la violencia política en función de los incentivos individuales disponibles para la colaboración o la disidencia resulta similar a la utilizada por Michael Seidman para explicar el proceso descendente de movilización en el bando republicano durante la Guerra Civil española. Frente a esta tendencia a difuminar los contornos de los actores individuales en el crisol de las ideologías y los grandes movimientos sociales, Seidman abogó por un cierto «individualismo metodológico» basado en la racionalidad instrumental, donde los móviles no altruistas o incluso los claramente egoístas (motivados por lealtades de parentesco, familia o aldea, o razones de provecho personal o de pequeños grupos) dominaban sobre las identidades de clase, ideología o género. De este modo, a medida que los incentivos no divisibles (evolución favorable de la guerra, libertades públicas e individuales) fueron desapareciendo, prevaleció el oportunismo, caracterizado por el predominio del propio interés. Así, los individuos se preocuparon más por la preservación de las «patrias chicas» del hogar, la familia y los amigos antes que por la suerte del Estado y de la nación[214].

Con todo ello se quiere destacar que las razones individuales o el contexto en que se mueven los pequeños grupos locales resultan esenciales para entender la dinámica de la violencia en las guerras civiles. Estas, ya sean «regulares» o «irregulares», despliegan las más diversas formas de violencia, que implican no solo a los elementos militares sino también, cada vez en mayor grado, a los civiles en un conflicto triangular. Evidentemente, los extraordinarios grados de violencia en las guerras civiles no proceden de ningún eventual regreso a anómicos «estados de naturaleza» hobbesianos, sino más bien de la división de la soberanía y la ruptura «interna» del monopolio de la violencia que las define, y de su particular carácter triangular, cifrado en el hecho de que los contrincantes involucraron directamente a las poblaciones civiles y las consideraron objetivos prioritarios[215]. Son formas violentas que proliferan a la sombra del conflicto principal, nutriéndose de la radical invasión de la res publica por parte de las armas, así como de las dinámicas de «brutalización» política y social, de generalización de la categoría de «enemigo», y de venganza y exclusión que son propias a estos episodios.

En definitiva, la violencia organizada en un contexto de guerra civil es el resultado de cuatro factores que interactúan: el ansia de botín, la demanda de un cambio político, la oportunidad de movilizar a grupos insurgentes, y los mecanismos (relacionales, emocionales, cognitivos o ambientales) que caracterizan la elaboración de las demandas y la extracción de los recursos[216]. Para entender la interacción entre el nivel micro y el nivel macro en la explicación de las guerras civiles, debemos primero establecer y medir las diferencias entre las diferentes formas de violencia política e identificar la «ontología» de este fenómeno, que no es especial, sino una fase en un ciclo de violencia[217]. Si no logramos comprender por qué estallan guerras civiles en vez de otras formas organizadas de violencia política, no comprenderemos la naturaleza misma de la guerra civil[218], que es una fase en un ciclo de violencia. Aislándola nos concentramos más en el evento que en el proceso, y descartamos información trascendental que nos ayudaría a explicar su desencadenamiento.

ALTERNATIVAS DE RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS CIVILES

La guerra civil reduce de forma significativa la soberanía y la impenetrabilidad de los estados, haciéndolos vulnerables a intromisiones externas de carácter belicista o pacificador. Las repercusiones económicas, políticas y sociales de la guerra en el exterior del territorio en conflicto son un aspecto fundamental de las mismas, ya que traen como corolario fenómenos tales como la crisis económica, la proliferación militar o el intervencionismo exterior. Evidentemente, junto con los bandos en lucha y la población civil que trata de ser controlada existe un cuarto actor relevante: las potencias vecinas. Murdoch y Sandler encuentran que la guerra civil reduce el crecimiento en el interior del territorio afectado, pero agregan un importante corolario: sus efectos de extensión de la crisis a los países próximos. Utilizando técnicas econométricas para identificar y para medir tales «contagios», concluyen que una guerra civil en un país tiene repercusiones económicas negativas sobre otros países en un radio muy considerable. De hecho, cuanto más grande sea el espacio compartido (frontera) entre dos países, más intensos serán los efectos de la guerra civil. Descubrieron que, además de los efectos en el descenso del índice de inversión, este tipo de conflictos reducen la eficacia con la que se emplean los recursos disponibles por los estados de la región. Por ejemplo, la guerra puede inducir a los vecinos (y a los vecinos de los vecinos) a aumentar el gasto militar, detrayendo estos recursos de aplicaciones más productivas[219]. En condiciones normales, el gasto militar no tiene ningún efecto significativo en el riesgo de rebelión. Sin embargo, durante la posguerra el mantenimiento o el aumento del gasto militar por los gobiernos resultan claramente contraproducentes, y aumentan el riesgo de una reiniciación del conflicto[220].

Collier y Hoeffler trataron de evaluar las ventajas de una reducción en la incidencia global de la guerra civil en tres niveles: nacional, regional y global. Sin duda, las ventajas más directas tienen que ver con los costes económicos y sociales de la guerra civil a nivel doméstico. Durante el desarrollo de este tipo de conflictos, la tasa de crecimiento se reduce perceptiblemente alrededor de un 2,2 por 100 anual[221]. Los perjuicios sociales son más difíciles de cuantificar, pero se pueden mencionar los movimientos forzados de población o el derrumbamiento de los servicios médicos preventivos básicos. Las guerras civiles continúan matando a la gente indirectamente, bastante después de haberse acallado los disparos. Estas nuevas muertes (o las minusvalías) se concentran de forma aplastante en la población civil, lo que conlleva el aumento de los gastos públicos y privados en salud[222].

Las ventajas regionales de detener una guerra civil también se han estimado, por lo menos en términos del desarrollo económico. Los conflictos internos tienen repercusiones significativas no solo entre los países vecinos al afectado, sino en un área geográfica mucho más extensa. La estimación de Collier y Hoeffler es que una guerra civil en un país determinado reduce el índice de crecimiento de los países vecinos en un 0,9 por 100[223]. Otro coste de la vecindad a una guerra civil se manifiesta a través de la carrera de armamentos, la intensificación del tráfico de mercancías ilegales (por ejemplo, alrededor del 95 por 100 de producción mundial de drogas se da en áreas en guerra civil) o la creación de santuarios para el terrorismo.

Las intervenciones exteriores

La prolongación o la intensificación de las guerras civiles acentúan el riesgo de intervención externa y unilateral de los gobiernos extranjeros, que pueden verse tentados de ayudar militar o económicamente a alguno de los bandos en lucha. El COW Project estimaba que el 20 por 100 de las guerras civiles que han estallado desde 1816 contemplaron las intervenciones militares de otros países, y para el periodo de la segunda posguerra mundial el porcentaje se ha elevado al 25 por 100[224]. El periodo de las guerras civiles partidistas del siglo XX se ha caracterizado por las intervenciones extranjeras[225]. Estas intervenciones pueden ser estratégicas (ayuda a uno de los bandos en liza para promover y proteger los intereses particulares de la potencia interventora) y humanitarias o benévolas (ayuda a las víctimas sin pretender influir en el desarrollo del conflicto). Elbadawi distingue entre este tipo de intervenciones y las que llama de «agencia externa», definidas como un modo de actuación multilateral y esencialmente neutral dirigida a promover o a facilitar la resolución pacífica de los conflictos, basada en un sistema explícito de criterios que los beligerantes consideran como un marco aceptable para iniciar un proceso de resolución del contencioso que les enfrenta[226]. Se pueden distinguir tres tipos de intervención: la unilateral (implicación de un Estado en los asuntos de otro, como la intervención armada de Estados Unidos en República Dominicana en 1965), la multilateral cooperativa (o al menos no competitiva entre potencias, como la intervención aliada en Múrmansk y Arcángel contra los bolcheviques en el verano de 1918) y la multilateral competitiva (conflicto entre poderes rivales, para tratar de conservar o revisar el sistema internacional afectado por el Estado sometido a una guerra civil, como la intervención de ingleses y rusos en la Guerra Civil griega o la de nazis y soviéticos en la española[227]). Existen muchas modalidades prácticas de intervención; invasión, envío de asesores y especialistas a un bando en conflicto, bombardeo, envío de armas, entrenamiento militar, bloqueo armado, apoyo financiero, advertencia militar, transporte, facilitamiento de bases de operaciones, etc.[228]. En otros casos, la intervención se dirige a limitar la posibilidad de una deriva bélica internacional del conflicto, como pretendió el Comité de No Intervención establecido en Londres en septiembre de 1936 para evitar la intromisión extranjera en la Guerra Civil española, es decir, el desencadenamiento de una intervención competitiva que derivase en una guerra mundial.

La implicación exterior se considera necesaria para parar las guerras que los beligerantes no pueden acabar por sus propios medios, pero también es vista como la antesala de cosas peores, ya que dispensa a los combatientes de responsabilidad para negociar sus propios conflictos[229]. Los gobiernos extranjeros intervienen en las guerras civiles porque este tipo de conflagraciones les brinda oportunidades para alterar o incluso destruir completamente las configuraciones de poder y conflicto existentes dentro del sistema internacional[230]. En esas circunstancias, la población y el territorio del país afectado pueden ser utilizados en apoyo de las políticas del poder intervencionista, que actuará según su visión particular de la situación estratégica y táctica[231]. Las intervenciones unilaterales fueron las dominantes durante la Guerra Fría. Las multilaterales implican un cálculo diferente de costes y beneficios y sus fines son mucho más amplios. Regan señala que hay tres condiciones asociadas a las intervenciones multilaterales que incrementan la posibilidad de éxito: el consentimiento mutuo de las partes implicadas, la imparcialidad de parte de los que intervienen y la existencia de una estrategia coherente de intervención[232]. Hay diferentes formas de intervención: militar (tropas, inteligencia, abastecimiento), económica (sanciones, embargos, asistencia a un bando), diplomática o humanitaria. Una intervención implica el uso de los recursos de un Estado en un intento de influir sobre el conflicto interno de otro[233]. Las intervenciones tienen mayor probabilidad de éxito cuando se aplican estrategias mixtas antes que unívocas, cuando se enfocan a conflictos étnicos o religiosos antes que políticos, cuando apoya la coalición gobernante antes que la oposición[234]. Las intervenciones exteriores pueden ayudar a controlar la conducta de los diferentes actores generando confianza mutua mediante la distribución de información, sancionando conductas predatorias y eliminando incentivos para actuar de forma oportunista[235]. La confrontación internacional es susceptible de generar o enconar una guerra civil, pero es difícil mostrar el camino contrario, esto es, procesos de hostilidad internacional cuyo origen inmediato o fundamental haya sido una guerra civil.

Los terceros en discordia pueden trabajar para prolongar el conflicto evitando que un lado caiga derrotado en el campo de batalla, o para realzar la probabilidad de un acuerdo negociado. Si nos detenemos en esta segunda opción, se entiende por pacificación de las guerras civiles no solo su finalización, materializada en el cese de las hostilidades, sino sobre todo un acuerdo sobre las estructuras y los principios de un régimen de paz, que incluya las normas para el arreglo pacífico del conflicto que motivó el enfrentamiento armado[236].

Los problemas de la resolución del conflicto civil

Las guerras civiles acostumbran a ser largas, sangrientas y resistentes a los acuerdos. En un conflicto prolongado de tipo civil, las expectativas normales se derrumban, y son reemplazadas por el miedo, el desconcierto personal y el caos cultural, que ocluyen las rutas de resolución normal de los conflictos[237]. Con todo, puede sobrevenir una posibilidad de resolución, que implica tres elementos principales: los líderes de facciones hostiles a un proceso de paz, los estados vecinos hostiles al acuerdo y los beneficios que pueden extraer de esta situación[238].

Barbara Walter expone varias teorías sobre la resolución de las guerras civiles[239]. En primer lugar, aduce las condiciones militares, económicas y políticas preexistentes: los altos costes de la guerra (en duración, destrucción material o víctimas) hacen más aceptable un compromiso, mientras que el equilibrio de poder entre los adversarios hace inútil que una acción agresiva se vea coronada por el éxito. También señala a la presión producida por las instituciones domésticas (como las iglesias, las ONG o los grupos de presión social, política, económica y cultural) y la propia voluntad de los combatientes: aunque su voluntad de lucha les hace menos proclives a las negociaciones, la divisibilidad de intereses entre los combatientes y la posibilidad de la presencia de un mediador externo que garantice su seguridad en el periodo posterior al tratado puede facilitar un acuerdo. Los combatientes negocian en un proceso de tres etapas: decisión, negociación, compromiso e implementación de los acuerdos hasta llegar a la desmovilización y el reparto efectivo del poder, con estrategias de cooperación para la resolución de los conflictos. Se trata no solo de detener la guerra de forma inmediata o a corto plazo, sino finalizar la contienda sobre una base de retroalimentación de actitudes pacifistas a través del desarme y la desmovilización de los combatientes y el apoyo a la autoridad transicional, que son los elementos que están en el corazón del «dilema de la seguridad», y brindan la oportunidad a los antiguos combatientes de buscar un modo de vida alternativo. Según Spear, la desmovilización es más importante que el desarme, ya que es el primer paso para reintegrar a los combatientes en la sociedad[240]. Dado que la guerra civil trata del fracaso de la autoridad legítima de un Estado, el proceso de paz civil debe tratar de su reconstrucción exitosa[241]. Asuntos anejos al final de las guerras civiles son el desarme y la desmovilización militar, la estabilización económica, la convocatoria de elecciones, la garantía de los derechos humanos, la repatriación de los refugiados, la garantía de la seguridad pública (en la vida cotidiana, desplazamientos de los civiles), etcétera.

Durante la Guerra Fría, la principal actividad securitaria de la ONU era el mantenimiento de la paz (peacekeeping) a través del despliegue de fuerzas militares («cascos azules») para supervisar el alto el fuego o patrullar zonas fronterizas. Pero tras la Guerra Fría se habla más bien de construcción de la paz (peacebuilding) a través de operaciones multilaterales protagonizadas por agencias especializadas (ONU, OSCE, UE, OTAN, FMI, Banco Mundial, ONG) para superar las secuelas de los conflictos. Se dieron procesos no coercitivos, basados en la negociación y la mediación para llegar a acuerdos de paz (en Nicaragua, Salvador o Guatemala a inicios de la década de los noventa), en otros casos (Camboya o Bosnia), las operaciones militares llevaron a los gobiernos a cumplir sus compromisos de paz previamente adquiridos y en otros la aplicación de la fuerza coercitiva impuso el acuerdo. En la última década del siglo XX se creyó que promover la «liberalización» (democratización y economía de mercado) en países que habían experimentado recientemente una guerra civil podía ayudar a crear las condiciones de una paz larga, estable y duradera, pero algunos autores critican esta fe «wilsonista» en el beneficio ineluctable de la liberalización que puede generar efectos perversos, como la aparición de líderes oportunistas, corrupción, sistemas electorales polarizados, etc., y proponen una institucionalización profunda antes de la liberalización[242].

Los procesos de negociación y pacificación

Entre los desafíos para reducir la incidencia global de las guerras civiles, Collier y Hoeffler se centran en tres oportunidades: la prevención de la guerra civil en ambientes pacíficos, el acortamiento del conflicto en ambientes bélicos y la reducción del riesgo de reasunción del conflicto en situaciones de posconflicto[243]. Los datos históricos sugieren que muchas guerras civiles han finalizado con victorias militares, pero que los acuerdos negociados han sido fenómenos bastante regulares, si bien mucho menos frecuentes que los acuerdos negociados para las guerras internacionales: entre 1940 y 1990 solo un 20 por 100 de las guerras civiles fueron resueltas a través de negociaciones, en comparación con el 55 por 100 de las guerras interestatales[244]. De las 57 guerras civiles que finalizaron tras la segunda posguerra mundial, un cuarto (14) finalizaron a través del acuerdo entre las partes, mientras que las restantes 43 se zanjaron con una victoria militar[245]. Las guerras civiles han acostumbrado a terminar con el exterminio, la expulsión o la capitulación del bando perdedor antes que en una mesa de negociaciones. Licklider aporta algunas razones para el predominio de las soluciones no negociadas: en una guerra interestatal ambos lados se pueden retirar a su propio territorio una vez finalizado el conflicto, pero en una guerra interna los enemigos deben vivir juntos en el mismo país, y a menudo el perdedor es forzado a desarmarse. Algunos estudios sobre la finalización de las guerras han identificado diferencias sustanciales entre las guerras étnicas y las no étnicas o revolucionarias[246]. Los acuerdos negociados en las guerras civiles basadas en la identidad es probable que sean menos estables que las victorias militares. Los conflictos etnonacionalistas son más difíciles de resolver que los socioeconómicos, ya que no permiten encontrar soluciones intermedias, ya que no hay bienes divisibles que negociar porque las cuestiones de identidad tienen carácter de suma cero. Además, los acuerdos negociados de las guerras internas dejan sobre el terreno a grupos con el poder de desafiar la autoridad del nuevo Gobierno, mientras que las victorias militares sobre los estados eliminan a rivales potenciales. Finalmente, la ausencia de instituciones creíbles para garantizar la seguridad, el miedo de vivir junto a un enemigo reconocido y el alto coste de desconfianza obstaculizan los esfuerzos para finalizar una guerra interna de forma negociada[247]. Una razón importante del fracaso en las negociaciones de paz es porque es imposible para los combatientes obtener garantías creíbles sobre los términos de los acuerdos[248].

Las posibilidades de negociación se pueden evaluar según criterios económicos de cálculo de costes y beneficios para lograr la victoria o aceptar un acuerdo negociado. Mason y Fett elaboraron un modelo estadístico que sugiere que cualquier factor que reduzca la probabilidad de la victoria militar, aumente la tasa de costes de la lucha para los participantes, incremente su estimación del tiempo que será requerido para alcanzar la victoria o reduzca el valor de las rentabilidades de la victoria relativa, hace más atractiva la posibilidad de un acuerdo negociado. Según estos autores, el tamaño del ejército gubernamental se relaciona negativamente con la probabilidad de un acuerdo negociado, y la letalidad de la guerra se asocia positivamente a la probabilidad de un pacto. Cuanto más larga sea la duración del conflicto, mayor será la probabilidad de que los participantes busquen una avenencia. La duración y la magnitud de las guerras afecta al desarrollo de las negociaciones, y un empate militar influye para que esas negociaciones tengan éxito. Si otras naciones intervienen militarmente en favor de un bando, la probabilidad de un acuerdo negociado disminuye. Por último, la probabilidad de un acuerdo negociado suele ser mayor en conflictos separatistas que en guerras revolucionarias, y menor en las revoluciones basadas en criterios étnicos[249].

Toda hipótesis sobre los costes y los beneficios para la finalización de las guerras debe tener en cuenta el «dilema de la seguridad»: los combatientes en una guerra civil no son proclives a negociar porque piensan que ello les conduce a debilitar sus defensas, haciéndoles más vulnerables frente a un Estado no neutral ni legitimado para impulsar la paz. En este tipo de trances, los actores tienden a luchar hasta el final, a menos que un poder exterior garantice un tratado de paz. Si un tercero interesado en la resolución del problema, y con capacidad disuasoria real ante los que rompan el acuerdo, consigue imponer los términos de un tratado de paz, las negociaciones avanzan a pesar de los fines iniciales, la ideología o la identidad étnica de los participantes. Solo cuando un poder externo garantiza los términos del acuerdo, se infunde a los beligerantes la confianza imprescindible para la desmovilización, el desarme y la eventual integración en la nueva comunidad política[250]. El acuerdo tiene más posibilidades de salir adelante cuando hay un mediador eficaz que ofrece garantías, cuando los actores perciben un incremento de los costes para ganar la guerra y cuando se produce una división real del territorio.

Muchos observadores contemplan los acuerdos negociados como una buena manera de terminar con la violencia civil, al menos por dos razones: dará lugar a menos muertes que la alternativa de la victoria militar, e implica algún modo de compartir el poder entre los dos bandos[251]. Para establecer una paz positiva hacen falta seis elementos vinculados al contexto interior: el monopolio estatal del poder, la implantación de un Estado de derecho, la justicia social, la participación democrática, la impregnación de una cultura del conflicto constructiva y el control de las pasiones logrado mediante la forja de lazos de interdependencia, de forma que el empleo de la violencia quede cada vez más deslegitimado[252]. Se deben iniciar las negociaciones de paz con los contendientes violentos más relevantes, que bajo la perspectiva de un prolongado empate técnico (stalemate) de tipo militar se comprometerían a un proceso de paz en un cálculo de pros y contras en el que se respeten sus intereses fundamentales (por ejemplo, la supervivencia) y se les ofrezca ciertas compensaciones y ventajas (por ejemplo, posiciones políticas, sociales o institucionales prestigiosas).

En la segunda mitad del siglo XX, la distinción entre política interior y política internacional, y entre guerras civiles e interestatales, ha perdido su pertinencia. La distribución del poder a escala internacional es un factor contextual básico en la dinámica de expansión o control de las guerras civiles. El acercamiento neorrealista para la conclusión de las guerras internas se basa en el equilibrio de poder, que disuade de la guerra interestatal y que puede ser empleado para prevenir la guerra en el interior de un Estado en crisis. Esto implica que en países atenazados por un conflicto etnonacionalista de gran intensidad se debe promover la división de ese Estado en dos o más países independientes étnicamente homogéneos (dando por supuesto que los odios étnicos están en la raíz del conflicto), cada uno de los cuales equilibraría al otro. Donde los equilibrios no se puedan alcanzar, los estados vecinos pueden actuar estableciendo alianzas para proteger a los poderes más débiles. Facilitando esta «limpieza étnica pacífica» (que se ha aplicado recientemente en la partición de Sudán), la comunidad internacional previene las matanzas de masas que acompañan tan a menudo al conflicto interno, y despierta la esperanza de generar un equilibrio estable que disuada a los actores de reanudar la guerra. Como método de resolución más aceptable, Kaufmann apoya la separación de iure o de facto de los grupos étnicos en enclaves defendibles. Se debe abandonar la idea de restaurar estados multiétnicos, porque la separación reduce los incentivos y la oportunidad para ulteriores combates, y elimina las razones y oportunidades para la limpieza étnica[253]. La teoría de la partición, defendida entre otros por Kaufmann o Donald L. Horowitz[254], descansa sobre el ya aludido «dilema de la seguridad», pero los teóricos de la partición no han presentado hasta la fecha una prueba fehaciente de que la partición sea la única solución viable y creíble a la guerra civil étnica[255]. Para Derriennic las separaciones son muy dificultosas, porque con frecuencia las fronteras entre grupos identitarios están muy poco marcadas. Por ello no parece evidente la imposición de soluciones federales[256]. Sambanis también se opone a esta alternativa comparando 125 conflictos civiles de posguerra que derivaron en 21 secesiones o particiones[257], y asegura que este tipo de iniciativas segregadoras no ayudan a prevenir la repetición de la guerra étnica, e incluso pueden no ser necesarias para detener la violencia de bajo nivel. El proceso de partición puede también crear estados sucesores no democráticos, que probablemente reprimirían a sus minorías residuales de la misma manera que lo hizo su Estado precursor. La partición anima a la destrucción de los estados, obliga a transferencias de población que causan sufrimiento, genera estados difícilmente viables (como Kosovo en la actualidad) y, en ocasiones, simplemente sustituye las guerras civiles por guerras internacionales, como es el caso del conflicto crónico entre la India y Pakistán, o de Israel con la Autoridad Palestina. Los críticos de la partición dicen que esta salida drástica no soluciona la rivalidad étnica subyacente, de modo que las guerras que acaban en partición se podrían transformar en guerras interestatales entre el Estado precursor y los estados sucesores. Finalmente, apoyar algunas particiones puede animar movimientos de separación en otras partes, conduciendo a nuevas guerras. El modo de resolución de una guerra civil puede disuadir de otros enfrentamientos o alentar a las facciones insatisfechas para continuar con sus propósitos (caso del IRA tras la partición de la isla que precipitó la guerra civil de 1923). Pero el efecto contagio de la partición étnica resulta raro. Para obtener la paz en este tipo de conflictos, Kaldor propone una alianza entre los defensores locales del civismo y el cosmopolitismo opuestos a la política de identidades exclusivas e innegociables y las instituciones transnacionales que ponga en marcha una estrategia dirigida a controlar la violencia a través de factores políticos, militares y económicos y que funcionaría dentro del marco legal internacional[258]. Con todo, las variadas diferencias en naturaleza y origen de las guerras civiles hacen casi imposible alcanzar soluciones comunes válidas para todos los casos[259]. Es preciso, en todo caso, implementar políticas, justicia, inserción, retribución y olvido que limiten los conflictos en los procesos de transición hacia una situación de paz permanente[260].

CONCLUSIÓN

El estudio sistemático de las guerras civiles apenas está dando sus primeros pasos. El interés de las ciencias sociales por este tipo de fenómenos se incrementó notablemente con la oleada de conflictos étnicos que estallaron en las últimas décadas del siglo XX, de modo que los análisis pecan inevitablemente de un excesivo presentismo, centrados en estudios de caso típicamente descriptivos, y centrados en dinámicas descritas a un nivel macrosocial. Aunque el COW Project gestiona un importante despliegue de datos que arrancan de 1816, no ha sido nada frecuente la comparación de los conflictos fratricidas de la historia reciente con los casos más «clásicos» o «convencionales» de la modernidad tardía, la primera contemporaneidad o el periodo de entreguerras. Por otro lado, como indican varios autores, la búsqueda de variables correlacionales al riesgo, duración, prevalencia o recurrencia de las guerras civiles (donde se han individualizado factores de incidencia que –cosa nada sorprendente– son muy similares a los de los golpes de Estado o las revoluciones) no tiene un gran alcance heurístico: puede advertir de las situaciones objetivas de riesgo (eso es lo que interesa a instituciones internacionales como el Banco Mundial), pero no da cuenta de los factores desencadenantes del conflicto, que son fruto de la opción deliberada de los actores y de una serie de imponderables estratégicos de orden coyuntural. En muchos estudios, la guerra civil aparece como la respuesta perfectamente articulada por un plan predeterminado que ningún acontecimiento hubiera podido cambiar, con los que se omiten con frecuencia los avatares, los accidentes, las decisiones condicionadas, las confusiones, etc. Un caso paradigmático de este síndrome de la inevitabilidad lo brinda una buena parte de la producción historiográfica sobre Guerra Civil española de 1936-1939.

Además, como observa Kalyvas, estas teorías no nos dicen nada acerca de la violencia como factor intrínseco de la guerra civil, y la tratan como una manifestación automática de la misma[261]. Muchos especialistas conciben la violencia más como un desencadenante que como un proceso. Se detienen en los actos, sin buscar vínculos entre ellos, y no en los complejos mecanismos que la preceden o en sus consecuencias[262]. Por ello, los análisis cuantitativos del riesgo de guerras civiles están aún en un estadio inicial y no existe aún literatura significativa sobre la materia[263]. Nadie puede, pues, predecir el estallido de una guerra, y contra ese paradigma estructuralista de su ineluctabilidad se han erigido estudios parciales que han analizado de forma preferente las razones de los actores y la estructura de oportunidades políticas. Sin embargo, la concentración en los móviles egoístas y en los agravios individuales y colectivos (greed and grievances) en el primer caso, y en la mayor o menor apertura y capacidad del Estado en el segundo, desembocan en una visión de la guerra civil demasiado estática y dual.

A nuestro juicio, el análisis de las guerras civiles debe seguir una lógica, no estructural, sino relacional, en la que tuvieran cabida los paradigmas básicos de la acción colectiva, como la estructura de oportunidades (sobre todo la debilidad interior y exterior del Estado medido por su nivel de legitimidad), la movilización de recursos (la captación de dinero y armas, pero sobre todo la organización y encuadramiento de grupos armados, especialmente el ejército regular y la policía) y los procesos de enmarcamiento, en aspectos como la generación de conflictos en torno a valores incompatibles e innegociables, su simplificación en estrategias polarizadoras y, sobre todo, la escalada del enfrentamiento a través del miedo mutuo, con estrategias como la creación de una imagen deshumanizada del enemigo que debe ser erradicado a toda costa. Pero es necesario tener muy presente el carácter fortuito de las guerras civiles, que son la más inesperada y costosa vía de solución de un conflicto interno desbocado.

Como todo proceso de conflicto, en este caso de grado máximo en organización, fines y movilización de recursos (coactivos o no), las guerras civiles deben estudiarse de modo dinámico, y por esa vía van las investigaciones de autores como Kalyvas, que busca una lógica por encima de las variaciones culturales de la violencia y opina que las guerras civiles son esencialmente procesos «endógenos», donde las preferencias, las estrategias, los valores, y las identidades colectivas e individuales se forman y se reforman continuamente, mientras que la guerra en sí misma añade todo tipo de fracturas, desde la más ideológica a la más local. La lealtad, la deslealtad, y la ayuda popular no se pueden asumir como elementos exógenos e inmutables[264].

No existe un consenso académico sobre la naturaleza última de la guerra civil: ¿es un conflicto en sí o la manifestación de un conflicto a través de la violencia desbocada y de alta intensidad? En nuestra opinión, la esencia de la naturaleza histórico-política de la guerra civil no radica en sus manifestaciones violentas –por lo demás, enormemente heterogéneas–, sino en su carácter de conflicto político a gran escala, de lucha en máximo grado para conservar o conquistar el poder de un Estado. Como advierte Charles Zorgbibe en su estudio histórico-jurídico sobre el tema, «el criterio de la guerra civil no reside en el carácter de las hostilidades: puede revestir la forma de operaciones militares clásicas o la más fluida de una guerra de guerrillas; ni en la naturaleza de las partes que se enfrentan: puede enfrentar facciones políticas o clases sociales, etnias o grupos religiosos; ni en el propio móvil del conflicto: puede estar en juego el régimen político de un Estado existente o la creación, por secesión, de un nuevo Estado». Aunque acto seguido reconoce que estos elementos (la magnitud de la violencia, de los contendientes y de los objetivos políticos que persiguen) distinguen la guerra civil de otras turbulencias internas menores, que son revueltas localizadas en el espacio, limitadas en el tiempo y cuyos autores parecen querer impulsar el desorden sin previa concertación, y con objetivos aún imprecisos[265]. Pero –repitámoslo– la verdadera trascendencia de una guerra civil reside en la pretensión de dar solución a una crisis política marcada por la aguda polarización, la marcada hostilidad entre las fuerzas enemigas y la gran entidad de los recursos coactivos movilizados para solventarla.

Como arquetipo máximo de conflicto violento instalado en el seno de una comunidad política, la guerra civil ha de ser analizada como una estrategia de alto coste dirigida a obtener resultados máximos, se llamen estos conquista del poder, revolución, contrarrevolución o eliminación del adversario. Aunque la lectura de sus orígenes, desarrollo y objetivos debe ser eminentemente política, tampoco se ha de minusvalorar el análisis de otros tipos de manifestaciones que en absoluto resultan colaterales, como la confrontación de estrategias bélicas, las implicaciones de orden jurídico y estratégico y las repercusiones de estos conflictos internos en la escena internacional.

Waldmann y Reinares señalan que basarse en un concepto demasiado estrecho y dogmático de guerra civil carece de todo sentido[266]. La guerra es un fenómeno eminentemente trasformativo, que muda las preferencias individuales, elecciones, conductas e identidades a través del empleo masivo de la violencia. En efecto, las guerras civiles tienen orígenes, formas y desarrollos múltiples, que deben ser evaluados convenientemente, al igual que su enorme plasticidad y capacidad para el cambio social en todos sus aspectos. En definitiva, dada su naturaleza pluriforme (modalidad violenta, estrategia de cambio, marco de desarrollo de la anomia más brutal), la ambigüedad es y será en el futuro inmediato el rasgo definitorio de las guerras civiles[267].

[1] «Un evento antico e un nuovo oggetto di riflessione», en Ranzato (ed.), 1994 X-XI.

[2] Kalyvas, 2006, p. 17.

[3] Higham (ed.), 1972, pp. 1-2.

[4] «Aquellos que, gracias a la seducción de sus palabras, conseguían llevar a término alguna empresa odiosa, veían acrecentado su renombre. Y los ciudadanos que estaban en una posición intermedia eran víctima de los dos partidos, bien porque no colaboraban en la lucha, bien por envidia de su supervivencia» (Tucídides, 1990-1992, vol. III, § 82, 8). Sobre la visión de la guerra civil de este autor pionero, véase Price, 2001.

[5] Los corcirenses «cambiaron incluso el significado normal de las palabras en relación con los hechos, para adecuarlas a su interpretación de los mismos» (Tucídides, 1990-1992: vol. III, § 82, 4).

[6] «Pues más tarde todo el mundo griego, por así decir, fue presa de la agitación, y por doquier las discordias civiles oponían a los jefes del partido popular, que querían llamar en su auxilio a los atenienses, y a los oligarcas, partidarios de los lacedemonios» (Tucídides, 1990-1992, vol. III, § 82, 1).

[7] Köhler, 1986, pp. 126-127.

[8] Loraux, 2008, pp. 23-24.

[9] Como mera ilustración del interés suscitado en la época, mencionamos las obras de G. Pérez de Hita, Guerras civiles de Granada, y de los vandos entre los convertidos moros y vezinos christianos & y última rebelión sucedida en el año de 1568, Madrid, 1724; M. Bisaccioni, Guerras civiles de Inglaterra, trágica muerte de su rey Carlos, Barcelona, Antonio Lacavalleria, 1673; P. Cieza de León, Tercer libro de las guerras civiles del Perú, el cual se llama la guerra de Quito, Madrid, Imp. M. G. Hernández, 1877 o E. Caterino Davila, Historia de las guerras civiles de Francia […] En que se escriven los hechos de quatro Reyes, Francisco II. Carlos IX. Enrique III. y Enrique IV. llamado el Grande: que traduxó… de la lengua Toscana en la Castellana, el M. R. P. Basilio Varen de Soto… Con las Adiciones a la Historia, escritas por el dicho M. R. P. Basilio Varen de Soto, desde el año de 1598 hasta el año de 1630, Amberes, Juan Bautista Verdussen, 1686. Sobre los conceptos de guerra y violencia en el siglo XVI, véase Hale, 1971.

[10] Cit. por Deriennic, 2001, p. 267.

[11] Köhler, 1986, pp. 111-112.

[12] «Criterios históricos del concepto de revolución», en Koselleck, 1993, pp. 72-73.

[13] Un buen ejemplo lo tenemos en España en el empleo historiográfico conjunto de los términos «revolución» y «guerra» para designar las discordias civiles del siglo XIX (Ucelay, 1994, pp. 212-213).

[14] Schnur, 1986, pp. 335-367.

[15] Introducción de P. Paolo Portinaro a Schnur, 1986, p. 11.

[16] Ranzato, 1994, p. 19.

[17] Schnur, 1986, pp. 121-157.

[18] Introducción de P. Paolo Portinaro a Schnur, 1986, p. 4.

[19] Audoin-Rouzeau, 2002, p. 91.

[20] Kalyvas, 2006, p. 59.

[21] Waldmann, 1999a, p. 30.

[22] McFarlane, 1977, pp. 162-165.

[23] Waldmann, 1999a, p. 31.

[24] Las Convenciones de Ginebra de 1949 no definían específicamente las guerras civiles, aunque describían los criterios para la presencia de un «conflicto armado de carácter no internacional»: el bando rebelde debía estar en posesión de parte del territorio nacional; la autoridad civil insurgente debía ejercer la autoridad de facto sobre la población dentro de una determinada porción del territorio nacional; los insurgentes debían obtener algún tipo de reconocimiento como beligerantes, y el Gobierno legal estaba «obligado a desplegar recursos de la fuerza armada regular contra los insurgentes organizados militarmente». Oglesby, 1971, estudió la aplicación de normas legales a situaciones de conflicto civil interno, que comienza con las guerras de independencia en América y se conforma durante la Guerra Civil americana.

[25] Véase sobre la Comuna de 1871 la obra clásica de Marx, 1895. El trabajo original apareció en Der Volksstaat (Leipzig), 28 de junio a 29 de julio de 1871.

[26] Viola, 1994, p. 22.

[27] Pavone, 1994, p. 128. Véase también Pavone, 1990.

[28] Hironaka, 2005, p. 7.

[29] Henderson, 1999, p. 280.

[30] Enzensberger, 1994, p. 16.

[31] «Un evento antico e un nuevo ogetto di riflessione», en Ranzato (ed.), 1994, p. IX.

[32] Ranzato, 1994.

[33] Brubaker y Laitin, 1998.

[34] Eckstein (ed.), 1964; Modelski, 1964 y Huntington, 1962.

[35] Se incluyen: «Introduction» a Brown (ed.), 1996, pp. 4-7; Gurr, 1993; Licklider, 1995, pp. 688-689 y Wallensteen y Sollenberg, 1996.

[36] Según Kaldor, 2001, p. 23, al principio del siglo XX la proporción entre bajas civiles y militares era de 8 a 1, y en la década de los noventa era de 1 a 8.

[37] Fearon y Laitin, 2003, pp. 75 y 77. Entre 1950 y 2000 hubo guerras civiles con más de medio millón de muertos en Nigeria, Angola, Indonesia y Ruanda. Un cuarto de las 122 guerras que estallaron desde 1945 a 1999 duraron 2 años o menos, y un cuarto duraron más de 12 años. La duración media se incrementó desde la posguerra, pasando de 2 años en 1947 a 15,1 años en 1999 (Fearon, 2004, p. 276).

[38] Fearon y Laitin, 2003, p. 75.

[39] Kaldor, 2001.

[40] Por ejemplo, en marzo de 2000 el World Bank Research Department y la Princeton University’s Center for International Studies organizaron una conferencia sobre «La economía de las guerras civiles», parte de cuyos resultados, integrados en un proyecto de investigación sufragado por esta institución internacional, fueron editados por Paul Collier y Nicholas Sambanis en una edición especial de The Journal of Conflict Resolution XLVI (1), febrero de 2002. Los artículos del dosier discutían cuestiones de importancia en tres áreas: trataban de descubrir empíricamente los factores que causan el conflicto, se ocupaban explícitamente del problema de alcanzar un acuerdo en las guerras civiles, y analizaban el problema de asegurar adhesiones creíbles a un acuerdo, una salida que lleve directamente a los problemas de mantener la paz tras el acuerdo (Collier y Sambanis, 2002, pp. 3-4). Los datos para la elaboración de los artículos del dosier pueden ser cotejados en [https://openknowledge.worldbank.org/browse?value=Conflict+and+Development&type=topic] y en [www.yale.edu/unsy/civilwars/data.htm].

[41] Collier y Sambanis (eds.), 2005, p. X.

[42] Ibid., p. XIII. Información sobre el proyecto y sus publicaciones anejas, en [https://openknowledge.worldbank.org/browse?value=Conflict+and+Development&type=topic].

[43] «Introduction» a Berdal y Malone (eds.), 2000, p. 4.

[44] Por ejemplo, sobre el empleo del término «guerra» por los republicanos irlandeses y conflicto «civil» por los lealistas, véase Fitzpatrick, 2001, p. 79.

[45] Pavone, 1990.

[46] Walter, 1998, p. 102.

[47] «Introduction: Toward the Theoretical Study of Internal War», en Eckstein (ed.), 1964, p. 1, nota y 1965, p. 133. Véase también Eckstein, 1969. Eckstein, 1965, pp. 140-144, distingue entre factores precipitantes (eventos efímeros y coyunturales que dan inicio a una guerra interna, como una conspiración o un golpe) y precondiciones (circunstancias de mayor alance que hacen posible que los precipitantes conduzcan a una situación de violencia, como una crisis económica, el cambio social rápido o errático, el fracaso de los canales de socialización política, la inadecuada circulación o deserción de las elites, etc.). Su análisis da prioridad a las conductas sobre los condicionamientos estructurales, y destaca el papel obstaculizador (represión), facilitador (concesión) o preventivo (diversión) del Estado.

[48] Edwards, 1968, p. 523.

[49] Zawodny, 1968, p. 499.

[50] Janos, 1964, p. 130.

[51] «Introduction» a Brown (ed.), 1996, p. 1.

[52] Ibid., p. 3.

[53] Brown (ed.), 1996, pp. 13-23.

[54] David, 1997, p. 552.

[55] Kende, 1971, p. 6.

[56] Sobre este peculiar fenómeno político, véase González Calleja, 2003.

[57] Eckstein, 1965.

[58] Kende, 1971, p. 6.

[59] El conjunto del proyecto puede consultarse en [http://www.correlatesofwar.org/].

[60] Singer y Small, 1962.

[61] Small y Singer, 1982, pp. 210 y 214-215.

[62] Hironaka, 2005, p. 3.

[63] Sarkees y Singer, 2001 y Fearon y Laitin, 2003, p. 76.

[64] Sambanis, 2004b, p. 821.

[65] Ibid., p. 816.

[66] Rummel, 1997a, p. 3, llama «democidios» a las masacres cometidas por los gobiernos contra las poblaciones que se encuentran bajo su control, lo que incluye los genocidios cuando las víctimas forman un grupo «nacional, étnico, racial o religioso», según los términos de la Convención de las Naciones Unidas de 1948, y las masacres que se dirigen a grupos ideológicos o categorías socioeconómicas. Evalúa en 160 millones el número de personas muertas por democidio entre 1901 y 1987, y en 38,5 millones los muertos en todas las guerras interestatales y civiles de ese mismo periodo. Véase «Modalidades represivas especiales. Vigilantismo, terror de Estado, genocidio, politicidio, democidio, eliminacionismo», cap. VII.

[67] Sambanis, 2004b, p. 824.

[68] Sambanis, 2000, p. 444 y 2004b, pp. 829-831.

[69] Tilly, 1978, p. 192.

[70] Tilly, 2004, p. 132.

[71] Tilly y Tarrow, 2008, p. 254.

[72] Tilly, 2007, p. 105. En esta tipología incluía las campañas de aniquilación (genocidio o politicidio) y el terror conspirativo. Tras la Segunda Guerra Mundial, la guerra civil se ha convertido en el principal enclave de la destrucción coordinada.

[73] Tilly, 2007, p. 108.

[74] Kalyvas, 2006, pp. 5 y 17. Kalyvas, 2007, p. 416, señala que «cuando un conflicto político doméstico toma la forma de una confrontación militar o de un combate armado, hablamos de guerra civil».

[75] Derriennic, 2001, p. 24.

[76] Ibid., p. 23.

[77] Ibid., pp. 26-27 y 31.

[78] Ibid., p. 17.

[79] Ibid., pp. 44-45.

[80] Ibid., p. 57.

[81] Ibid., p. 63.

[82] Ibid., p. 29.

[83] Ibid., p. 90.

[84] Ibid., p. 92.

[85] Huntington, 1997, pp. 302-305.

[86] Hironaka, 2005, p. 3.

[87] Derriennic, 2001, p. 13.

[88] Edmonds, 1972, pp. 18 y 23.

[89] Fearon, 2004.

[90] Henderson, 1999, vol. I, p. 279.

[91] «Introducción» a Waldmann y Reinares (comps.), 1999, pp. 14-15.

[92] Waldmann, 1999a, p. 43. Véase al respecto Tilly, 1985 y 1992.

[93] Bobbio, 1992, pp. 299-300.

[94] Zorgbibe, 1975, pp. 49, 78-84 y 90-123.

[95] Balcells y Kalyvas, 2007, p. 2. Estos autores incluyen una categoría residual: la guerra urbana.

[96] Kalyvas, 2007, p. 428.

[97] Kalyvas, 2003b, p. 13.

[98] Snow, 1996.

[99] Gamba y Cornwell, 2000, pp. 169-170.

[100] Mueller, 2004, p. 19.

[101] Rupesinghe, 1998, p. 51.

[102] «Un evento antico e un nuovo oggetto di riflessione», en Ranzato (ed.), 1994, p. XLVII.

[103] «Introducción» a Waldmann y Reinares (comps.), 1999, p. 17.

[104] Kaplan, 1994a y 1994b y Enzensberger, 1994.

[105] Schlichte, 2003, p. 30.

[106] Van Creveld, 1991, pp. 2-20, 57-64 y 123-130.

[107] Ibid., p. 20.

[108] Lazar, 2010, p. 148.

[109] Aguirre y Matthews, 1989, pp. 106-107.

[110] Ibid., p. 95.

[111] Ibid., p. 109.

[112] Kaldor, 2001, p. 139.

[113] Ibid., pp. 15-16.

[114] Ibid., p. 19.

[115] Ibid., p. 142.

[116] Keen, 1995.

[117] Ignatieff, 1999, p. 11.

[118] Shaw, 1999.

[119] Kalyvas, 2001, p. 102.

[120] Ibid., p. 117.

[121] Zawodny, 1968, p. 499.

[122] Gurr, 1970, p. 342.

[123] David, 1997, p. 556.

[124] Este dilema se basa en el comportamiento previsible en situaciones competitivas de alto riesgo: cuando una comunidad hace frente a la desconfianza de sus interlocutores, cualquier acción encaminada a aumentar la propia seguridad se percibe como una amenaza a la seguridad de los otros, incrementando el potencial global de conflicto. La ruptura del orden crea una situación en la que individuos que se coordinan en puntos focales como identidades étnicas recurren a la violencia preventiva por miedo a su seguridad. Véanse Jervis, 1978; Posen, 1993 y Roe, 1999.

[125] David, 1997, p. 571.

[126] Collier, Hoeffler y Sambanis, 2005, p. 3.

[127] Collier y Hoeffler 2000 y Fearon y Laitin, 2003.

[128] Tilly, 1978, pp. 52-55.

[129] Collier y Hoeffler, 1998, pp. 4-5.

[130] Sambanis, 2004c, p. 259.

[131] Sobre el paradigma del greed and grievances, véase Collier, 2000, pp. 101-103.

[132] Kalyvas, 2006, p. 377.

[133] Carl Schmitt, Ex Captivitate Salus (1949), cit. por Traverso, 2004, p. 489.

[134] Collier y Hoeffler, 2000.

[135] Coller y Hoeffler, 2004, p. 3.

[136] Van Creveld, 1991, pp. 155-156.

[137] Kalyvas y Kocher, 2007, p. 179.

[138] Kalyvas, 2003a, p. 475. Volveremos sobre esta cuestión en las pp. 369-370 y 375-379.

[139] Huntington, 1997; Ignatieff, 1993 y Horowitz, 1985.

[140] Fearon y Laitin, 2003, p. 84.

[141] Ibid., pp. 75-76. Las semejanzas con el modelo propuesto por Tilly, 2006, p. 21 sobre democracia y capacidad de los gobiernos son evidentes.

[142] Sambanis, 2004c, pp. 270-273.

[143] Derriennic, 2001, pp. 224-225.

[144] Ibid., p. 84.

[145] Barbara F. Walter, «Introduction» a Walter y Snyder (eds.), 1999, p. 4.

[146] Elbadawi, 2001, p. 2.

[147] Higham (ed.), 1972, p. 8.

[148] Aron, 1962, p. 42.

[149] Nicolaïdis, 1994, p. 27.

[150] Collier, Hegre, Hoeffler, Reynal-Querol y Sambanis 2003, pp. 53-54.

[151] Reynal-Querol, 2002, p. 52.

[152] Elbadawi y Sambanis, 2002, pp. 311-312 y 331.

[153] Hegre, Ellingsen, Gates y Gleditsch, 2001, y Muller y Weede, 1990.

[154] Anderson, 1983; Horowitz, 1985; Greenfeld, 1992 y Smith, 1991.

[155] Sambanis, 2004b, pp. 855-856.

[156] Sambanis, 2001. Wimmer, Cederman y Min, 2007, van más lejos y distinguen entre tres tipos de guerra étnica basados en tres mecanismos causales distintos: un alto grado de la exclusión política a lo largo de los alineamientos étnicos, la competición entre las elites étnicas en el poder y el nivel de cohesión del Estado.

[157] Sambanis, 2004a, p. 260.

[158] Kaufmann, 1996b, pp. 136-175.

[159] Collier, 1998 y Collier y Hoeffler, 1998.

[160] Elbadawi, 2001.

[161] Montavo y Reynal-Querol, 2005.

[162] Kaldor, 2001, p. 62.

[163] Collier y Sambanis, 2002, p. 5.

[164] Collier, Hoeffler y Söderbom, 2004, p. 253 y Collier y Hoeffler, 2004, p. 14.

[165] Collier, Hoeffler y Söderbom, 2004. Regan, 2002 elaboró una importante base de datos sobre intervenciones militares o económicas en las guerras civiles y trató de averiguar si tenían el efecto deseado de acabar con la violencia. Utiliza modelos de duración para estimar con elementos econométricos el riesgo de continuación de la guerra, y concluye que las intervenciones de apoyo a los rebeldes a menudo prolongan la guerra civil. Solo las intervenciones que claramente favorecen al Gobierno aparecen acortar el conflicto.

[166] Véase Collier, 2001 para una discusión sobre las dificultades de cooperación planteadas por la diversidad étnica.

[167] Collier, Hoeffler y Söderbom, 2004, p. 254.

[168] Collier y Hoeffler, 2004.

[169] Keen, 2000, pp. 26-27.

[170] Collier y Hoeffler, 2004, p. 15.

[171] Walter, 2004, p. 372.

[172] Kalyvas, 2005a, p. 89.

[173] Sambanis, 2004a, p. 268.

[174] Derriennic, 2001, p. 14.

[175] Edmonds, 1972, p. 22.

[176] Kalyvas, 2006, p. 20.

[177] Kalyvas, 2004b, p. 27.

[178] Azam y Hoeffler, 2002, p. 482.

[179] Kalyvas, 2004a, p. 101.

[180] Tilly, 1978, p. 198.

[181] «Introduction» a Martin (dir.), 1994, p. 12.

[182] Kalyvas, 2006, p. 52.

[183] Kalyvas, 2006, p. 387.

[184] Kalyvas, 2003a, p. 487.

[185] Kalyvas, 2006, pp. 374-375.

[186] Huntington, 1962a, p. 21.

[187] Reig Tapia, 1990, p. 11.

[188] Kalyvas, 2000b, p. 40.

[189] Waldmann, 1999b.

[190] Kaufmann, 1996a y b.

[191] Kalyvas, 2000b, p. 7.

[192] Licklider, 1993, pp. 4 y 9.

[193] Ranzato, 2004, p. 130.

[194] Kalyvas, 2005b, p. 37.

[195] Kalyvas, 2008, p. 1.063. Sobre las dificultades para investigar en el ámbito rural durante las guerras civiles, las motivaciones no ideológicas de los combatientes, y la fluidez de identidades para la lucha y la indeterminación de las demarcaciones entre combatientes y civiles y entre víctimas y verdugos en las guerras civiles, véase Kalyvas, 2004b.

[196] Kalyvas, 2006, p. 6.

[197] Ibid., p. 8.

[198] Ibid., p. 111.

[199] Ibid., p. 107.

[200] Ibid., p. 198.

[201] Gambetta, 1993, p. 2.

[202] Walter, 1969, p. 9.

[203] Kalyvas, 2006, p. 117.

[204] Ibid., pp. 124-129.

[205] Ibid., p. 145.

[206] Ibid., p. 13.

[207] Ibid., pp. 14 y 389.

[208] Ranzato, 1994, p. 23.

[209] Thornton, 1964, p. 81.

[210] Kalyvas, 2006, p. 143.

[211] Ibid., p. 147.

[212] Ibid., pp. 165-167.

[213] Ibid., p. 209.

[214] Seidman, 2003.

[215] Véase al respecto Kalyvas, 2001 y 2003a.

[216] Sambanis, 2004a, p. 269.

[217] Ibid., p. 272.

[218] Ibid., p. 259.

[219] Murdoch y Sandler, 2002.

[220] Collier y Hoeffler, 2004, p. 20.

[221] Ibid., p. 5.

[222] Ghobarah, Huth y Russett, 2003, p. 3.

[223] Collier y Hoeffler, 2004, p. 6.

[224] Dunér, 1985, p. 62. Este autor señala que desde 1945 los actores más proclives al intervencionismo han sido los países en vías de desarrollo y los vecinos al país en conflicto, que tienen menos proclividad a la intervención múltiple que los países desarrollados, pero una mayor predisposición a las intervenciones indirectas. Sobre la intervención militar en las guerras civiles, véanse Dunér, 1985; Forman, 1971 y Little, 1975.

[225] Derriennic, 2001, pp. 231-236.

[226] Elbadawi, 2001, p. 4.

[227] Forman, 1971 y 1972, p. 1.118.

[228] Dunér, 1985, pp. 16-19.

[229] David, 1997, p. 555.

[230] Forman, 1972, p. 1.112.

[231] Sobre las implicaciones internacionales de las guerras civiles, véanse Mitchell, 1970 y Rosenau (ed.), 1963.

[232] Regan, 2000, p. 112-119.

[233] Ibid., p. 9.

[234] Ibid., p. 77.

[235] B. F. Walter, «Conclusion» a Walter y Snyder (eds.), 1999, pp. 305-306.

[236] Krumwiede, 1999, p. 109.

[237] Fellman, 1989, p. XVI.

[238] S. J. Stedman, «Introduction» a Stedman, Rothchild y Cousens (eds.), 2002, p. 3.

[239] Walter, 2002, pp. 8-15.

[240] Spear, 2002.

[241] Doyle, 2002, p. 71.

[242] Paris, 2004, p. 5.

[243] Collier y Hoeffler, 2004.

[244] Licklider, 1995, p. 681 y Walter, 1997, p. 335.

[245] Licklider, 1995, p. 684.

[246] Doyle y Sambanis, 2000 y Licklider 1995.

[247] Licklider (ed.), 1993, pp. 4-5.

[248] Walter, 2002, p. 5.

[249] Mason y Fett, 1996.

[250] La literatura relacionada con la finalización de las guerras internas, centradas en las negociaciones, es muy extensa. Véanse como ejemplo Zartman (ed.), 1993 y Zartman, 1995 (quien asegura que los acuerdos de paz requieren un previo «empate lastimoso», en el que ambos bandos dejen de percibir los beneficios de continuar la lucha); Pillar, 1983; Falle, 1971; Stedman, 1991 y Walter, 1994.

[251] Licklider, 1995, p. 684.

[252] Seghaas, 1995.

[253] Kaufmann, 1996b, p. 137.

[254] Horowitz, 1985, que es la referencia original en el estudio de grupos étnicos en conflicto, argumenta que la relación entre la diversidad étnica y las guerras civiles no es directa. Hay menos violencia en sociedades altamente homogéneas y altamente heterogéneas, y más conflicto en las sociedades donde una minoría étnica grande hace frente a una mayoría étnica.

[255] Sambanis, 2000, p. 439.

[256] Derriennic, 2001, pp. 242-255.

[257] Sambanis, 2000, p. 445. Normalmente, la partición no ha sido el resultado de las revoluciones motivadas por la ideología, pero ha sido a menudo el final deseado de las guerras étnicas.

[258] Kaldor, 2001, pp. 26 y 145-175.

[259] Licklider (ed.), 1993.

[260] Sobre estas políticas existe una abundante bibliografía. Véase, por ejemplo, Biggar (ed.), 2001.

[261] Kalyvas, 2006, p. 389.

[262] Ibid., p. 21.

[263] Collier y Hoeffler, 2004, p. 2.

[264] Kalyvas, 2006.

[265] Zorgbibe, 1975, p. 8.

[266] «Introducción» a Waldmann y Reinares (comps.), 1999, pp. 12-13.

[267] Kalyvas, 2003a, p. 476.

VII. LA REPRESIÓN ESTATAL COMO PROCESO DE VIOLENCIA POLÍTICA

Desde la historiografía se ha afirmado de modo frecuente que la represión estatal es una forma destacada de violencia política. Siendo esto cierto, no lo es menos que los especialistas en la historia de la represión –sobre todo los muy numerosos que se dedican a estudiar el problema en la España franquista, aunque la actitud podría extenderse a los que investigan las dictaduras latinoamericanas– se han detenido bastante poco en reflexionar sobre las razones que tiene el Estado para aplicar métodos coactivos, en analizar por qué, en determinadas circunstancias, emplea unas estrategias de control sobre otras, o cuáles son los vínculos que ligan la represión estatal, el tipo de gobierno y las formas de acción colectiva, violentas o no, de los grupos disidentes. Se ha seguido percibiendo el Estado como un artilugio inmutable en su función e invariable en su estrategia predominantemente represiva. Sin embargo, como actor clave en los juegos de adquisición, conservación o redistribución del poder político, el Estado debería ser analizado con los mismos métodos que utilizamos para explicar las acciones colectivas de los grupos opuestos a él; esto es, evaluando sus intereses, marcos de interpretación de la realidad, formas organizativas o métodos de movilización, en el contexto variable de la estructura de oportunidades políticas. En suma, valorando la intervención de los Estados en los conflictos políticos de forma dinámica, interactiva e intencional.

Este último capítulo no pretende describir pormenorizadamente las formas violentas que el Estado despliega durante las confrontaciones políticas. Se trata, simplemente, de poner en claro algunos conceptos clave acuñados por las ciencias sociales que nos permitan saber con exactitud a qué llamamos represión, analizar el papel del Estado bajo una panoplia de estrategias para el control de la acción colectiva que encierra múltiples variantes, violentas o no, y, sobre todo, exponer algunos mecanismos o dinámicas relacionales que vinculan las acciones de protesta con la acción coactiva del Estado desde perspectivas cercanas a la sociología histórica, especialmente la obra de Charles Tilly.

ORIGEN, NATURALEZA E IMPLICACIONES DEL TÉRMINO «REPRESIÓN»

Desde el sesgo de la ciencia política, la represión es una de las posibles acciones reguladoras que los gobiernos dirigen contra los individuos o los grupos que desafían las relaciones existentes de poder[1]. Ha sido definida como el empleo o la amenaza de la coerción en grado variable, que los gobiernos aplican contra los opositores reales o potenciales con vistas a debilitar su resistencia frente a la voluntad de las autoridades[2]. De un modo muy similar, el historiador Enric Ucelay Da Cal la ha descrito como «toda actividad institucional que tiende a cohibir los comportamientos colectivos»[3]. En esencia, la represión consiste en «la acción de gobierno que discrimina brutalmente a personas o a organizaciones que se considera que presentan un desafío fundamental a las relaciones de poder existentes o las políticas clave del gobierno»[4]. Es, por tanto, una amenaza contra la integridad personal, y es desplegada por los gobiernos, pero también por organizaciones internacionales o por grupos profesionales[5]; es decir, por aquellas instituciones dotadas de autoridad legítima o de facto, y de medios coercitivos para hacer respetar esa autoridad como parte de un ordenamiento legal en vigor. En ese sentido, la represión, entendida como el conjunto de mecanismos dirigidos al control y la sanción de conductas disidentes en el orden ideológico, político, económico, social o moral, parece un concepto muy cercano al de violencia política. Pero entendida como el conjunto de mecanismos legales dirigidos al control y a la sanción de conductas «desviadas» en el orden ideológico, político, social o moral, queda más cerca del concepto de fuerza legítima monopolizada por los gobiernos que fue descrita por Max Weber, y que es asumida por la sociología más conservadora. De modo que, como la violencia, la represión es un concepto valorativo, sometido a los vaivenes del debate sobre su licitud o su ilegitimidad.

Podríamos señalar a Hobbes como el referente pionero del concepto de represión. Este autor situó la coerción en la base constitutiva de las relaciones humanas, ya que concibió la sociedad como una forma de orden impuesta por unos hombres a otros, y mantenida a través de la coerción. Las teorías inspiradas en el Leviathan consideran la violencia como algo inherente a la acción política, puesto que la paz social está garantizada a través del monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado. El concepto político de «represión» se ha desarrollado bajo la influencia directa de la psicología social y del psicoanálisis. Según Freud, la propia historia del hombre viene determinada por la sustitución del principio de placer por el principio de realidad. Este modo de represión viene impuesto por la escasez de bienes y la consiguiente necesidad de desviar la energía de la actividad sexual hacia el trabajo[6]. Para el marxismo clásico, las relaciones en la sociedad capitalista, que son esencialmente relaciones entre los poseedores de los medios de producción (que aparecen como los detentadores de la hegemonía en el entramado estatal) y el proletariado, tienen una naturaleza eminentemente coactiva. De ahí procede el argumento, retomado por la Nueva Izquierda a finales de la década de los sesenta del siglo XX, de la existencia de una «violencia estructural» imbricada en la propia naturaleza injusta y desigual de las relaciones socioeconómicas, que teóricos como Johan Galtung han identificado con la disonancia entre las realizaciones potenciales de tipo somático, afectivo o mental, y las realizaciones efectivas[7].

Antes de pasar a analizar las grandes teorías sociopolíticas sobre la represión, conviene despejar un error muy extendido: es equivocado identificar la represión con la violencia corporal. Entendida como un principio universal de dominio, la coerción física no es necesaria para asegurar la conformidad de los miembros de una sociedad a las normas que la rigen, sino que es una condición para que la mayoría continúe voluntariamente desempeñando sus obligaciones bajo las reglas legítimas que ellos mismos defienden. Por ello, en su grado de menor visibilidad, aparece vinculada con fenómenos como el control social y la violencia subliminal o «estructural». Como veremos más adelante, la represión engloba un amplio abanico de actuaciones, que pueden ir desde la eliminación física del disidente hasta el dirigismo de conductas públicas y privadas a través, por ejemplo, de la imposición de una cierta moral o de una cultura oficiales, en cuyo caso aparece como más cercana al control social, que puede ser definido como el conjunto de medios de intervención, positivos o negativos, que utiliza una sociedad o un grupo social para conformar a sus miembros a las normas que les caracterizan, impedir o desanimar los comportamientos desviados y reconstruir las condiciones de consenso en caso de un cambio en el sistema normativo[8]. Convertido en una de las nociones centrales desde el origen de la disciplina sociológica, el control social fue un concepto surgido de la sociología positivista comteana y del empirismo spenceriano para analizar los efectos de la industrialización en el «orden moral» de la sociedad[9]. En ese enfoque primigenio, fijado teóricamente en los textos del funcionalismo clásico (que consideraba la sociedad como un ente integrado a través de la adhesión colectiva y voluntaria a sus valores constitutivos), el control social es el resultado de adaptación colectiva a las normas formales e informales que regulan las relaciones interpersonales, las cuales, al interactuar con un Estado que se pretende poco intervencionista y escasamente controlador, generarían la autorregulación del orden social[10]. Con ello se trataba de proporcionar una aproximación más adecuada a los problemas del orden social afectado por el cambio, al referirse a la capacidad de una sociedad para regirse de acuerdo con sus propios principios y valores.

LAS ESTRATEGIAS DE CONTROL SOCIAL SEGÚN LA TEORÍA FUNCIONALISTA

Si, en un principio, la noción de control social se centraba en la imposición de valores consensuales sobre la opinión pública y la conducta colectiva, minusvalorando la función de las instituciones políticas y obviando todo tipo de control coercitivo, en la década de los veinte del pasado siglo el control social ya no se fue percibiendo como un simple mecanismo de conformidad, sino como una estrategia que requería elementos activos para la resolución de los problemas colectivos. De modo que, a partir de la década de los treinta, su campo semántico se fue limitando a los procesos de desarrollo de la conformidad que tendían a englobar de forma cada vez más acusada el uso de la fuerza[11], hasta que en los cincuenta se incorporó la noción de coerción, entendida como aplicación de la fuerza legítima a los eventuales disidentes. En esa época, la sociología europea y algunos sectores críticos de la ciencia política norteamericana interpretaron el control social, no en los términos convencionales de integración social en valores que eran propios del funcionalismo, sino en términos de control punitivo, haciéndolo sinónimo de la capacidad coactiva institucional[12]. De este modo, para Barrington Moore, el control social implicaba un elemento de represión consciente o inconsciente[13]. Aunque Robert MacIver aseguraba que el control social era el equivalente moderno del concepto clásico de orden social, le reconoció un elemento distintivo de coerción. El control social englobaba los mecanismos institucionales con los que la sociedad regulaba la conducta individual y el modo en que esta conducta estandarizada sirve para mantener la organización social. Se manifestaba en tres dimensiones: la confrontación (control social en sentido estricto), la prevención (regulaciones legales sobre modos reivindicativos no convencionales, prohibición de armas o asociaciones, censura, etc.) y la justicia (persecución a los violadores de la ley e imposición de penas[14].

Para Talcott Parsons, el control social se vinculaba a la explicación de la conducta desviada. Para afrontar los retos y los peligros que suponen las fuentes potenciales de cambio en una sociedad, Parsons enumeraba cuatro tipos de acción encaminada al control colectivo: en primer lugar, el incentivo, que consiste en ofrecer a los descontentos ventajas positivas para inducirlos a un cambio de actitud; en segundo término, la persuasión, basada en la explicación de «buenas razones» que, a través de la influencia y sin sanciones positivas o negativas, convencen al otro de que su interés reside en aceptar las normas existentes (por ejemplo, «definir un acto como criminal, en tanto en cuanto tal definición es aceptada por la sociedad, es un medio efectivo de desanimar a otra gente de seguir ese ejemplo»)[15]; el tercer mecanismo de control social es el compromiso, o llamamiento a la moral y a la conciencia de los individuos, sin sanciones positivas o negativas, bajo la autoconvicción de que, en la situación impuesta, no estaría bien no aceptar los llamamientos a un comportamiento «funcional»; por último, la invocación de obligaciones mediante el empleo de los instrumentos de coerción (o amenaza de sanciones negativas para el incumplimiento de ciertas normas, deseos o sugerencias) privativos del poder legítimo. En suma, la coerción es solo una posibilidad entre varias acciones orientadas al control social.

Las sanciones negativas consisten en amenazas de privación del poder o del potencial para la acción efectiva derivada de esa capacidad. Si el poder es un medio generalizado de controlar la acción, la fuerza es solo un caso extremo de sanción negativa. El uso de la fuerza sería el último recurso de coerción o de obligación ensayado por el poder en tanto que responsable del control social. Este empleo de la fuerza coactiva podía albergar tres intenciones: la disuasión, o prevención de una acción no deseada, que puede desglosarse en coacción o apremio (acción para hacer realmente imposible la realización de sus intenciones, como leyes restrictivas de derechos) y coerción (amenaza del uso de la fuerza si el otro realiza la acción no deseada, como la existencia de fuerzas policiales o parapoliciales). Si el otro desoye la amenaza y realiza el acto ilegal, el uso de la fuerza deviene un castigo o sanción por los actos realizados efectivamente (la represión de una manifestación, o la pena impuesta a un «delito»). Y, por último, se puede emplear la demostración, o capacidad simbólica para dominar a través de la posesión y exhibición de medios superiores de fuerza, pero de forma difusa, esto es, sin orientación hacia contextos específicos, ya sea de disuasión o con intención de castigar (por ejemplo, la existencia de un ejército pretoriano, dispuesto a actuar en el interior del país si la ocasión lo requiere). La demostración incluye la amenaza (cuando es una expresión directa de la intención de imponer una sanción negativa específica, contingente a la ejecución de un acto prohibido o desaprobado, por ejemplo, una ley penal) y la advertencia, o demostración de que la capacidad y aptitud para actuar podría alterar la realización de alguna de las acciones no deseadas, por ejemplo, la evolución negativa de una protesta o los efectos contraproducentes de una acción violenta[16].

Gráfico 3. Estrategias de control social, según Parsons, 1964

La teoría parsoniana no alude nunca a la violencia estatal bajo el término de represión, sino que se refiere al empleo legítimo de la fuerza coercitiva como la posibilidad (junto al incentivo, la persuasión y el compromiso) más extrema de control colectivo en pro del reequilibramiento del sistema social. Parsons definió la fuerza como

un modo por el cual una unidad en un sistema de interacción social puede actuar hacia otra. Fuerza es el uso del control de la situación en el cual alter está sometido por medios físicos para evitar que haga lo que ego no desea que haga, para castigarle por haber hecho lo que, desde el punto de vista de ego, no debiera haber hecho, o para demostrarle «simbólicamente» la capacidad de ego para controlar la situación […] No hablo del uso de la fuerza a menos que la acción o su amenaza esté «orientada» hacia otro sobre el cual espero que tenga un impacto, por ejemplo, asustándolo o haciendo imposible que consiga sus intenciones reales o concebibles[17].

La fuerza y la violencia son, en la teoría parsoniana, cuestiones a la vez centrales y marginales: fundamentan todo proceso de coerción cuando el consenso ha desaparecido, y aparecen de manera abierta cuando el poder tiene necesidad de hacerse obedecer. En su sofisticada reformulación de la teoría parsoniana, Neil Smelser señalaba dos mecanismos de canalización de los comportamientos colectivos: en primer lugar, las técnicas de control que afectan a la conductividad estructural, es decir, a las condiciones generales que hacen a un sistema social más o menos vulnerable a las diferentes formas de comportamiento colectivo, como la disponibilidad de medios para expresar quejas, la existencia de minorías marginadas o perseguidas, la inflexibilidad gubernamental, etc. Entre ellas se incluyen las acciones de gobierno que abren o restringen las vías de ejercicio de la influencia política, de modo que, si los grupos descontentos pueden acceder a los canales que influyen en la política social, su respuesta tenderá a ser pacífica y ordenada, pero si su acceso está bloqueado, su respuesta puede ser violenta e incluso adoptar formas extrañas y utópicas. En segundo lugar, figuran los controles que actúan a posteriori, cuando la conducta colectiva ya se ha manifestado. Entre ellos pueden mencionarse las acciones coactivas y represivas de la policía, los juzgados, la prensa, etcétera[18].

La teoría de la privación o carencia relativa, que mantuvo un fuerte predicamento en la sociología norteamericana durante la década de los sesenta e inicios de la de los setenta del siglo XX, situó el balance entre el potencial coercitivo e institucional desplegado por los rebeldes o por el Estado (los otros son la legitimidad del régimen, la capacidad de institucionalización políticas y las facilidades sociales para el surgimiento y desarrollo del conflicto) como uno de los factores esenciales para calibrar la magnitud de un conflicto violento[19]. Ted R. Gurr, uno de los principales representantes de esta tendencia, considera que las respuestas a la violencia política que pueden adoptar las autoridades de un Gobierno democrático son de tres tipos: en primer lugar, el consentimiento o tolerancia, reducido a mostrar una actitud pasiva ante la violencia. En segundo, el control, que persigue la supresión de los estallidos de violencia mediante estrategias reactivas (represión) y preventivas (utilización de actividades de inteligencia para anticipar las futuras confrontaciones, y uso de la fuerza preventiva para «enfriar» las situaciones conflictivas). Ni las respuestas preventivas ni las reactivas ante la violencia colectiva satisfacen los ideales de libertad que los gobiernos democráticos deben compartir con los disidentes, pero la efectividad de la fuerza es ampliamente aceptada por todos: el empleo suficiente de la fuerza oficial siempre desalentará la violencia privada, aunque Gurr señaló que la represión podía alentar frustración e incrementar temporalmente los niveles de disidencia: «la amenaza y severidad de la violencia coactiva usada por un régimen incrementa la cólera de los disidentes, intensificando su oposición hasta alcanzar un umbral de la violencia gubernamental en el que la cólera deja paso al miedo […] Las sanciones impuestas son la privación, la amenaza de sanciones equivale a privación anticipada, y la respuesta innata a ambas es la ira»[20]. En una dinámica cíclica, la actividad de la oposición alcanzaría un nivel máximo, un punto de no retorno, tras del cual la coacción del Gobierno se incrementaría y la actividad de la oposición iniciaría un progresivo decrecimiento.

A largo plazo, la efectividad de los poderes públicos para mantener la paz civil descansa en tres condiciones: la creencia pública en la legitimidad del uso de la fuerza por parte del Gobierno, el uso consistente de esa fuerza y el remedio rápido para los agravios que dan lugar a actitudes de disidencia. Ese último requisito es la base de la tercera respuesta alternativa: la reforma, dirigida a tratar las causas antes que los síntomas o manifestaciones de la violencia política. La aplicación de alguna de estas estrategias depende de la amplitud de la base social de apoyo a esa violencia que se pretende combatir. Por ejemplo, la manera más eficaz de hostigar al terrorismo es su tratamiento con métodos de control preventivo, y cuando los movimientos reformistas y en favor del statu quo entran en conflicto, la estrategia óptima que debe ser ensayada desde el poder es una mezcla de control y de reforma[21].

LA REPRESIÓN EN LAS TEORÍAS DE LA ACCIÓN COLECTIVA

Las teorías sociológicas adscritas al paradigma de la acción colectiva son las que han reflexionado más profundamente sobre el tema de la represión. Basado en los principios utilitaristas de Stuart Mill y en los hallazgos de Mancur Olson al aplicar la lógica económica al comportamiento personal o grupal, la represión aparece en esta tendencia del análisis social como uno de los varios elementos que se deben tener en cuenta a la hora de que un individuo o un colectivo hagan una elección basada en el cálculo racional de los costes y beneficios de su acción. De manera más explícita, las modernas corrientes de análisis de los movimientos sociales integran este importante factor en el contexto de la estructura de oportunidades, entendida como el contexto externo (en esencia, la actitud del Estado) que facilita o dificulta la captación de los recursos imprescindibles (dinero, armas, organización, alianzas, libertad de actuación, etc.) para el desarrollo y fines del movimiento de protesta.

La lucha por el poder político radica, en esencia, en la obtención de recursos para influir sobre otros grupos, y hacer prevalecer los intereses propios sobre los de otros colectivos con los que se está en conflicto. Esta concurrencia por el poder implica la movilización de intereses y de recursos en relación con un tipo particular de organización: el Estado, que controla los principales resortes capaces de alentar o frenar la movilización de reivindicaciones. Si un grupo ha conseguido ver reconocidos sus derechos a tener poder sobre el Gobierno, y ha desarrollado medios rutinarios y aceptados para ejercer esos derechos, se transforma en un contendiente legalmente reconocido que actúa como miembro de la comunidad política. Pero los contendientes que no utilizan medios rutinarios ni aceptados legalmente para presentar reclamaciones al Gobierno son retadores ajenos a esa politeya y susceptibles de ser atacados por el Estado u otros grupos rivales[22].

Según la teoría de la acción colectiva, la represión es un incentivo selectivo de carácter negativo a la participación en un movimiento; es un proceso o acción externa que hace aumentar los costes de la acción para los contendientes, en sus dos principales condiciones: la organización de la protesta y la movilización de la opinión pública[23]. Para que la represión actúe con eficacia, un Gobierno o un movimiento pueden incrementar los costes de la movilización de sus enemigos desarticulando su organización, dificultando o impidiendo sus comunicaciones y bloqueando los recursos a su disposición: posiciones institucionales (en la burocracia, en los órganos legislativos, en la jerarquía judicial, etc.), influencia (experiencia, información, dominio de los medios de comunicación, patronazgo, capacidad de convocatoria social, etc.) y medios coercitivos (policiales, militares, paramilitares, insurreccionales, etc.). También puede actuar directamente sobre los costes de la acción incrementando los castigos (pena de muerte, tribunales militares, etc.), haciendo inaccesibles los objetivos de la acción (defensa armada de los lugares estratégicos) o induciendo a un derroche de los recursos movilizados por los grupos de protesta a través de la intervención de agentes provocadores. Esta estrategia de la antimovilización neutraliza la acción, aunque también puede llegar a destruir al actor si es enérgica o persiste en el tiempo. Los efectos de la represión son muy variados, ya que pueden promover (radicalizar) o impedir (disuadir) la movilización. Que se produzca una respuesta u otra depende de la intensidad y de los efectos directos e indirectos de la misma represión.

De acuerdo con la teoría de movilización de recursos, la represión puede afectar a tres campos:

1) Incentivos sociales: la represión estimula o entorpece las expectativas de protesta, ya que puede dar lugar a sanciones positivas (incremento del prestigio, aprobación o publicidad de un movimiento disidente) o negativas (relegación del mismo por parte de amigos o aliados, dificultades en el contexto político o laboral, etcétera).

2) Incentivos morales: la represión puede alentar un ambiente psicológico de desacuerdo y alterar las normas de la protesta y la violencia. James De Nardo observó que la angustia moral desatada por la represión incrementa la predisposición a participar en la protesta. En esas circunstancias, la represión se valora como inmoral, y los individuos potencialmente expuestos a la misma se ven en la obligación moral de apoyar el movimiento e incluso justificar la violencia, ya que la represión puede incrementar la percepción de la eficacia de la violencia para alcanzar objetivos políticos. Si la población comparte los objetivos de un grupo y si la conducta sancionada es generalmente aceptada, los individuos expuestos a la represión recibirán reacciones positivas y apoyo desde fuera del grupo[24].

3) Incentivos en bienes públicos: la represión favorece la alienación respecto del sistema y la percepción de la necesidad de influir en el medio político por medios de acciones legales e ilegales[25].

La represión es, según Donatella Della Porta, un barómetro, aunque no el único, de la estructura de oportunidades políticas, antes que una dimensión constitutiva de la misma. Los actores institucionales (policía, judicatura, códigos legales, derechos constitucionales, etc.) desempeñan un importante papel definiendo las oportunidades y las limitaciones para el control de la protesta. A su vez, la estructura institucional o legal marca las condiciones de las posibles estrategias de coacción legal[26]. Una interesante propuesta de esta autora es la interactividad de la confrontación política: las estrategias de la protesta y del control interactúan recíprocamente, conllevando innovación y adaptación. Además, la respuesta estatal a la protesta, sea de carácter policial, judicial o legal, está mediada por variables culturales, y a la vez tiene importantes efectos sobre la definición y la concepción de las oportunidades disponibles para los activistas. No es lo mismo el ordenancismo de la Guardia Civil o la mentalidad militarista y guerracivilista de la Policía franquista que el profesionalismo y el respeto a los derechos que se le supone a una Policía de una democracia. En España, este importante cambio viene explicitado por la sustitución del concepto de orden social por el de orden público a finales del siglo XIX, y de este por el de seguridad ciudadana en la década de los ochenta de la pasada centuria[27]. El que una acción de protesta sea definida como un derecho cívico o como un trastorno público tiene efectos vitales sobre la legitimación de los diferentes actores implicados en la acción.

Della Porta esboza la siguiente clasificación dicotómica de las estrategias de control social: represión contra tolerancia, de acuerdo con el alcance de las conductas prohibidas; acción selectiva frente a acción difusa, de acuerdo con el rango de los grupos sujetos a represión; acción preventiva frente a reactiva, de acuerdo con el ritmo de la intervención policial; comportamiento «duro» o «suave», en función del grado de fuerza empleado, y represión «sucia» o represión legítima, de acuerdo con el grado de respeto por los procedimientos legales y democráticos[28]. Desde la perspectiva de la elección racional, los gobiernos modulan la represión para maximizar las probabilidades de éxito de una regulación de la conducta que haga decrecer el conflicto político, en función de varios factores: los varios componentes de una economía política (tipo de sistema político, preparación e importancia del aparato coactivo, grado de desarrollo económico); las características de los propios grupos desafiantes (posición ideológica, capacidad organizativa, etc.); la conducta de los grupos desafiantes (tipo de actividad de protesta y frecuencia de la misma); la disponibilidad de las diferentes estrategias reguladoras (represión, acomodamiento, etc.), y la preparación e influencia de las organizaciones vinculadas a las diferentes estrategias reguladoras[29].

Sin embargo, otras tendencias del análisis social señalan que la respuesta de los gobiernos es menos racional de lo que se cree, y que depende en parte de los desafíos sufridos anteriormente y de su importancia a la hora de generar miedo en las esferas oficiales y la consiguiente reacción a la amenaza[30]. La teoría de la movilización de recursos no define las circunstancias en las cuales la represión limita o promueve el crecimiento de los movimientos sociales y la participación individual en los mismos, aunque sugiere que la represión reduce la actividad de los disidentes al incrementar los costes de su acción colectiva[31], mientras que la teoría de la privación relativa representada por Gurr sugiere que la represión estimula la actividad disidente porque hace incrementar el descontento que precede al desencadenamiento de la protesta[32].

La posibilidad de que un grupo se vea sujeto a la represión o a la tolerancia depende de dos factores: la escala de su acción (que normalmente facilita la represión) y el poder del grupo, o capacidad de fomentar y conseguir sus intereses y dificultar los de los adversarios, lo que reduce la posibilidad de represión. Los poderes de los movimientos sociales son una mezcla de recursos internos (solidaridad grupal, liderazgo, organización, centralización) y externos (capacidad de movilización, de concertación y de respuesta respecto a otros grupos)[33]. La represión puede generar procesos de movilización muy variados, pero por lo general las personas bien integradas en grupos de apoyo a la protesta soportan mejor la coacción. En un modelo de elección racional, los disidentes tratan de maximizar su participación en la política sustituyendo sus movilizaciones no violentas por acciones violentas, y viceversa, en función de la respuesta represiva del Estado[34]. Pero la coacción no es solo monopolio del Gobierno, que dispone para tal cometido de cuerpos especializados y profesionalizados. Los grupos situados fuera del espacio de poder gubernamental también pueden reprimirse mutuamente, en el sentido de manipular los costes recíprocos de su acción colectiva. La represión depende principalmente de los intereses de los grupos contendientes, y especialmente del grado en que estos crean conflictos con los intereses del Gobierno y los miembros de la comunidad política[35].

No cabe duda de que el modo y grado de la coacción influyen de forma determinante en las alternativas de acción, violentas o no, de los grupos contestatarios. Se suele producir una adaptación recíproca entre tácticas de represión estatal y las formas de protesta. Neidhart establece una relación curvilineal entre la violencia de los retadores y la represión de las autoridades[36]. La violencia aumenta cuando el nivel de represión exhibido por el Gobierno y sus oponentes se aproxima al equilibrio, y decrece cuando, dando por descontada la hegemonía coercitiva del Estado, existe una clara «división del trabajo» entre los especialistas en el orden público doméstico –la policía– y los profesionales de la guerra exterior, encuadrados en los ejércitos[37]. Una conducta policial más suave, tolerante y selectiva favorece la protesta, pero las técnicas policiales difusas, represivas y duras tienden a desincentivar la protesta masiva y pacífica, a la par que da alas a los sectores más radicales y violentos. Una actuación policial preventiva, selectiva y legal aísla a los más violentos del seno de los movimientos y contribuye a la integración de los más moderados. En cambio, técnicas reactivas, difusas y «sucias» alienan a los sectores disidentes más moderados, impidiendo su acercamiento al Estado.

Según Muller y Weede, que a su vez se inspiran en Gurr, desde una perspectiva de la acción racional la relación entre los actos de coerción gubernamental y la violencia política presenta la forma de una «U» invertida, de modo que las tasas de violencia política son más altas con niveles intermedios de represión y de sanciones negativas que a bajos o altos niveles de las mismas, ya que la limitación de la represión estimula la acción de los diferentes grupos sociales al disminuir los costes de la protesta y facilitar su difusión. Por el contrario, los severos costes de la rebelión en un sistema político muy represivo inhiben la movilización de recursos de los grupos disidentes, y la disponibilidad de medios de acción política pacífica en sistemas políticos no represivos hace de la rebelión una estrategia indeseable de oposición. Pero la insurgencia puede ser la estrategia preferida de oposición en el contexto de un sistema político semirrepresivo, en el que la movilización de recursos es posible y la oposición pacífica resulta ineficaz, de modo que niveles intermedios de represión maximizan la magnitud de la violencia[38]. Los estudios cuantitativos de Weede muestran que la desigualdad o el nivel de desarrollo económico no contribuyen necesariamente a la violencia, pero existe, como hemos dicho, una relación curvilineal entre la voluntad represiva de un régimen y la violencia, de modo que la represión intermedia maximiza la violencia, y la extrema la reduce[39].

Gráfico 4. Relación dinámica entre la coerción gubernamental y la violencia política, según Muller y Weede, 1990

La relación entre acción colectiva y represión oficial es aún objeto de controversia entre los especialistas. Della Porta, Tarrow o Tilly suponen que una mayor represión frena la movilización, aunque radicaliza a los sectores más militantes[40]. Sin embargo, otros autores consideran que a mayor represión se suele responder con mayor movilización, ya que un aumento repentino de la coacción puede facilitar la formación de coaliciones antirrepresivas que aumentarían el número de acciones conflictivas y favorecerían la aparición de nuevos aliados entre los grupos contestatarios. Que la represión estimule la protesta depende primero de en qué grado dicha represión es considerada ilegítima. En segundo lugar, el efecto de la represión sobre la movilización depende de la extensión en que estos actores están integrados en redes que alientan la protesta legal[41].

LAS ESTRATEGIAS ESTATALES DE CONTROL SOCIAL SEGÚN CHARLES TILLY

Quizá el sociólogo que más ha reflexionado sobre la relación entre los mecanismos represivos y la evolución de la protesta violenta ha sido Charles Tilly. El factor clave de la acción colectiva que denominó estructura de oportunidades políticas consta de tres elementos: el poder (o extensión en que los resultados de la interacción hagan prevalecer los intereses de unos grupos sobre los de otros con los cuales se está en conflicto)[42]; la represión/facilitamiento (es decir, las acciones que incrementan o reducen el coste de la acción colectiva resultante de la interacción), y la oportunidad/amenaza, o grado en que otros grupos, incluido el Gobierno, resultan vulnerables a nuevas reclamaciones que podrían, caso de triunfar, realzar o reducir la realización de los intereses de los contendientes. Tilly llegó a plantear la posibilidad de que una cantidad dada de amenaza provocase una acción colectiva más intensa que la misma cantidad de oportunidad, ya que se tiende a resistir más a las medidas que se cree que obstaculizan la realización de los intereses ya logrados que defender los cambios que puedan impulsarlos. Un grupo que está recibiendo ataques crecientes en sus intereses anticipa más ataques, y si cree que las futuras agresiones van a imposibilitar su actuación, aumentará su acción colectiva «hasta el máximo permitido por el nivel de movilización del grupo» (estrategia defensiva)[43].

Tilly distingue entre el volumen y tipo de la actividad represiva y su significado simbólico. En todo caso, la voluntad coactiva de un Gobierno es siempre selectiva, y consiste en una combinación de represión sobre unos grupos y de facilitamiento para otros, mientras que la tolerancia es el espacio no determinado, esa «tierra de nadie» que suele existir entre las intervenciones coactivas y de facilitamiento de la acción colectiva. No todos los gobiernos exhiben el mismo nivel de represión. La naturaleza del régimen y la correlación de fuerzas políticas influyen de forma decisiva en las actitudes coactivas de los Estados y, a menudo, los cambios en la estrategia represiva se deben a cambios en la configuración de los sistemas políticos y de los gobiernos. Las diferentes modalidades de ejercicio del poder político manifiestan grados de tolerancia muy distintos respecto de la movilización y la participación colectivas: un régimen autoritario poco movilizado, como la dictadura de Primo de Rivera y el pleno franquismo, coarta la actividad de la mayor parte de los grupos disidentes, y facilita a regañadientes la acción colectiva de sus seguidores, mientras que muestra una tolerancia muy relativa respecto de las actitudes no institucionales, pero tampoco subversivas. Un régimen totalitario como pudo ser el franquismo en sus primeros años de vida, mantiene alto el nivel de represión, pero facilita e incluso hace obligatorias un amplio elenco de acciones controladas por el partido o el Estado, y se muestra intolerante con todo tipo de actitud independiente. Un régimen democrático sólidamente establecido como la actual monarquía constitucional española amplía al máximo los umbrales de la tolerancia y el facilitamiento, sin renunciar por ello a la represión de la disidencia más irreductiblemente violenta. Por último, un régimen débil, como en este sentido fue el sistema de la restauración y los gobiernos que presidieron el tránsito a la democracia en 1930-1931 y 1973-1978, se ve obligado a incrementar aún más los umbrales de tolerancia, pero facilita menos la acción colectiva, y dirige preferentemente su represión contra los grupos menos poderosos, mientras que se muestra impotente en incluso condescendiente frente a las presiones de los poderosos[44].

La posibilidad de que un grupo se vea sujeto a la represión o a la tolerancia depende también de dos factores al margen del Estado: la escala de la acción que promueve (que normalmente facilita la represión) y el poder del grupo, o capacidad de fomentar y conseguir sus intereses y dificultar los de los adversarios, que reduce la posibilidad de represión. Los poderes de los movimientos sociales son una mezcla de recursos internos (solidaridad grupal, liderazgo, organización, centralización) y externos (capacidad de movilización, de concertación y de respuesta respecto a otros grupos)[45].

Es cierto que la naturaleza del régimen y la correlación de fuerzas políticas influyen enormemente en las actitudes coactivas desplegadas desde el Estado, pero este también se ve influido por la coyuntura política concreta. En general, se puede diferenciar un sistema político abierto que proporciona un acceso formal a los actores colectivos que recurren a métodos no convencionales de participación política, y un sistema cerrado que se muestra refractario a las demandas de la sociedad civil. Los Estados fuertes y cerrados invitan a la adopción de estrategias de confrontación, mientras que los débiles y abiertos invitan a la implementación de estrategias asimilativas[46]. Pero existen situaciones intermedias que complican esta pretendida actitud dicotómica del Estado ante la violencia, ya que no todos los gobiernos exhiben el mismo nivel de represión o tolerancia. El conflicto político violento suele ser más común en regímenes parcialmente democráticos o semirrepresivos, ya que estos regímenes no son tan enérgicos como para inhibir la acción colectiva, pero no son lo suficientemente abiertos como para proporcionar canales pacíficos de participación política.

En suma, en los regímenes abiertos no se produce demasiado conflicto violento, porque la mayoría de los grupos pueden perseguir sus intereses a través de canales pacíficos y menos costosos de participación política. Por lo general, los regímenes democráticos que fomentan el compromiso, la negociación y la responsabilidad en las relaciones entre gobernantes y gobernados, rechazan la violencia como instrumento de gobierno. Un país con un Gobierno responsable, autolimitado en su poder, que actúa en una sociedad con tenues divisiones de clase y en una economía con altas tasas de crecimiento tiene muchas posibilidades de evitar la represión. Por el contrario, bajo un régimen altamente represivo, las oportunidades para la movilización política, violenta o no, son escasas por el alto coste que acarrearía la misma. En un régimen semirrepresivo, que tolera algunos tipos de acción pero coarta otras, es posible que las probabilidades de éxito de la protesta pacífica sean insignificantes, y se prefiera la acción violenta. Bajo un régimen no represivo, donde las oportunidades para la acción colectiva de cualquier tipo son altas, los costes de la acción pacífica son siempre menores de los que puede acarrear una acción violenta[47]. En regímenes cerrados puede haber bajos niveles de violencia política de masas, porque la represión del régimen inhibe la protesta contra el Estado o su política. En definitiva, la represión fomenta el comportamiento de protesta en las democracias, pero la disuade en regímenes no democráticos[48]. La represión disminuye la intensidad y frecuencia de las acciones colectivas, de modo que el uso de métodos violentos es mucho más eficaz para los gobiernos que para sus contrincantes[49].

Junto con la naturaleza del régimen, la situación socioeconómica del país es el otro gran factor definitorio de la coacción institucional. Según algunos análisis multifactoriales aplicados a un abanico muy diverso de realidades nacionales, cuanto más profunda es la desigualdad y mayores las necesidades socioeconómicas de una sociedad, más intenso será el uso de la represión por parte del Gobierno. La aceleración del crecimiento económico también es un factor desestabilizador, ya que el Gobierno se verá tentado de usar la represión para prevenir la movilización de las masas. Pero alcanzado un cierto estadio de bienestar material, cuanto mayor es el nivel de desarrollo económico (y mayor la igualdad entre grupos sociales), menor será la disposición del Gobierno a emplear la represión como estrategia de acción política[50]. Varios autores han señalado que las altas tasas de crecimiento económico reducen la necesidad de represión, y el separatismo potencial incrementa la incidencia de esa violencia política institucional.

En sus últimas obras, Tilly estudió los mecanismos que inciden en las trayectorias de la contienda política: en primer lugar, la difusión, que consiste en la transferencia en la misma forma o en forma similar de modos de confrontación y llamamientos a la lucha que cruzan el espacio o atraviesan sectores y líneas de división ideológicas, como la lucha armada descolonizadora en el seno de la Nueva Izquierda europea o latinoamericana de la década de los setenta. En segundo término, la represión, o intentos de suprimir las actuaciones contenciosas o los grupos y organizaciones responsables de las mismas[51]. La represión endurece la resistencia por parte de las comunidades amenazadas, propicia la ocultación de sus actuaciones frente a la vigilancia estatal, hace variar las tácticas de los actores más organizados y desalienta la movilización o las acciones de otros grupos en competencia. La represión puede ser selectiva cuando aísla a los grupos más militantes y les cierra el acceso a los medios de contienda tolerados o prescritos, o generalizada, en cuyo caso arroja a los moderados en brazos de los sectores más extremistas. El último factor sería la radicalización, o expansión de los marcos de acción colectiva a listas de reivindicaciones más extremas y la adopción de formas más transgresoras de contienda.

Tilly definió los regímenes como sistemas políticos vistos desde la perspectiva de las relaciones entre los agentes del Gobierno y los demás actores políticos. Existen tres variables que inciden en su organización: la coerción (medios concertados de acción que provocan pérdidas o daños a las personas o a las propiedades de los actores sociales, medibles por su acumulación y concentración o control por un solo agente); el capital (recursos tangibles y transferibles que, combinados con cierto esfuerzo, son capaces de generar un aumento de su valor de uso, así como la imposición de determinadas pretensiones a la titularidad de tales recursos), y el compromiso (relaciones entre enclaves sociales que propician el hecho de que se tengan mutua consideración, y que influye en la fragmentación política en función de solidaridades). Los regímenes varían en relación con la violencia en dos dimensiones: la capacidad de gobierno (o el grado en que los agentes estatales controlan los recursos, actividades y poblaciones dentro del territorio) y la democracia, o el grado en que los miembros de la población mantienen relaciones generalizadas e igualitarias con los agentes del Gobierno, controlan a estos y a sus recursos y gozan de protección contra sus arbitrariedades[52]. Unos niveles intermedios y relativamente equivalentes de coerción, capital y compromiso facilitan la capacidad gubernamental, y bajos niveles de los mismos producen baja capacidad. En los lugares donde el capital y el compromiso superaban a la coerción, la capacidad gubernamental se veía afectada negativamente, mientras que la capacidad legal de protesta tenía más espacio para extenderse. En suma, la presencia de un valor alto en solo uno de estos elementos puede dificultar e incluso bloquear la capacidad de un régimen para controlar con eficacia a sus ciudadanos.

La relación de un régimen respecto a su nivel de capacidad y democracia afecta fuertemente su capacidad para generar o controlar la contienda política. La capacidad y la democracia interactúan para dar lugar a varios tipos de regímenes que emplean diferentes estrategias ante la protesta: un incremento de la capacidad conduce normalmente a una ampliación de derechos cuando los recursos esenciales del Gobierno proceden de la población. Los cambios en la multiplicidad de centros independientes de poder dentro de un régimen, su apertura hacia nuevos actores, la inestabilidad de los alineamientos políticos, la disponibilidad de apoyos o de aliados influyentes y el grado en que un régimen reprime o facilita la acción reivindicativa, afectan a los niveles de reclamación dentro del régimen. Las modificaciones internas de la confrontación política y las alteraciones externas de las relaciones entre régimen y ciudadanos crean los repertorios que prevalecen en cada momento y en cada lugar particular.

Gráfico 5. Tipos de régimen, según Tilly, 2003, p. 43

Las estrategias del Estado para tratar las acciones de protesta son:

Cuadro 3. Tipos de estrategia estatal según Tilly, 2006, p. 74

ANTICIPATORIA

DE RESPUESTA

REPRESIÓN

Acciones preventivas y amenazas

Represalias

FACILITAMIENTO

Movilización

Recompensas

Todos los gobiernos despliegan una combinación de las cuatro estrategias, pero los regímenes autoritarios invierten más en represión anticipatoria. La combinación de represión y facilitamiento divide las reivindicaciones en tres categorías: las prescritas (reclamación por el Estado de recursos económicos –apoyo financiero e impuestos–, físicos –reclutamiento– o emocionales –adhesión y lealtad– sobre la ciudadanía); las toleradas, y las prohibidas, basadas en la limitación deliberada de las acciones colectivas que incluyan ataques a los gobernantes o a los recursos del Gobierno. En general, la violencia colectiva de los agentes del Gobierno aumenta cuanto mayor es la capacidad del mismo, cuando supervisa más acciones reivindicativas de orden político. La conjugación de estas estrategias permite establecer cuatro tipos de regímenes:

1) Un régimen no democrático de capacidad alta, como los totalitarismos comunistas o fascistas, alienta una gran cantidad de acciones prescritas (desde la conscripción y el pago de impuestos a las grandes ceremonias de adhesión multitudinaria al régimen), pero solo deja un estrecho margen a las acciones toleradas y prohíbe la mayoría de actuaciones técnicamente posibles. El resultado de un amplio control represivo es la minimización de la contienda política. En la estrecha franja de actuaciones toleradas, las personas realizan peticiones o emprenden causas legales, pero raras veces tienen acceso a las autoridades superiores sin el patrocinio o la mediación de los notables, que generalmente son los jerarcas del partido único. Existe una alta implicación de los agentes del Gobierno en la confrontación (muy a menudo como principales causantes de la misma), lo que genera niveles medios de violencia en las interacciones contenciosas.

2) Un régimen no democrático de capacidad baja, como podía ser el de la Restauración española de 1875 a 1923, tolera una amplia gama de actuaciones debido a su limitada capacidad de control. La confrontación política se produce fuera de las actuaciones prescritas, que son muy escasas, pero se extiende a un amplio espectro de acciones toleradas y prohibidas. La baja implicación de los agentes del Gobierno en la canalización de las confrontaciones produce un alto nivel de violencia en las interacciones conflictivas.

3) Un régimen democrático de alta capacidad, como las democracias occidentales actuales, impone un número relativamente reducido de actuaciones prescritas (que, una vez desaparecida virtualmente la conscripción militar, se reduce al pago de impuestos), pero vigila rigurosamente su cumplimiento. Canaliza enérgicamente los actos reivindicativos a través de un conjunto modesto de acciones toleradas, y prohíbe una amplia gama de acciones reivindicativas consideradas ilegales. Mantiene una alta implicación de los agentes del Gobierno en la confrontación (a menudo como mediadores en el conflicto), y todo ello produce bajos niveles de violencia en las actuaciones de confrontación.

4) Un régimen democrático de baja capacidad impone un número reducido de actuaciones prescritas, tolera una variedad mayor de actuaciones y prohíbe relativamente pocas. El resultado es la maximización de la contienda política. Pero la implicación media de los agentes del gobierno en la confrontación (a menudo como principales desencadenantes de la misma) genera niveles medios de violencia en las interacciones contenciosas. Son regímenes bastante raros en la historia, como el caso de las ciudades-Estado mediterráneas[53].

Gráfico 6. Configuración de la interacción política bajo diferentes tipos de régimen, según Tilly, 2003, p. 48

En resumen, las actuaciones toleradas aumentan con el nivel de democracia y disminuyen con la capacidad del Gobierno. Con ello, Tilly trata de demostrar que las formas características y la intensidad de la violencia colectiva difieren fuertemente de un tipo de régimen a otro, y que estas variaciones resultan del hecho de que el control de los medios de violencia colectiva varía mucho a través de los distintos regímenes. La desigualdad patrocinada por los gobiernos, y fuera de ellos a través de la explotación o el acaparamiento de oportunidades, incide profundamente sobre el nivel de violencia, cuyo carácter e intensidad dependen también de las relaciones establecidas entre los especialistas de la violencia y el propio Gobierno, en una escala que va desde su virtual independencia (caso de algunos cuerpos policiales durante el franquismo y la transición, o los «escuadrones de la muerte» que han proliferado en las dictaduras o en las democracias frágiles latinoamericanas) al estrecho control estatal de los agentes.

Ciertamente, la violencia se suele reducir con la democracia, pero con dos excepciones: durante el mismo proceso de democratización y cuando se usa contra los enemigos de la propia comunidad política. Son las transiciones de un régimen a otro (por ejemplo, durante la Segunda República o en el proceso democratizador español de la década de los setenta) las que traen como corolario un aumento significativo de la violencia: las innovaciones en las actuaciones conflictivas se aceleran durante las espirales de confrontación que aparecen vinculadas a este proceso de cambio, pero se ralentizan en los periodos de pequeñas transformaciones políticas o de desmovilización. Los estudiosos de los ciclos de protesta saben que, durante las aceleraciones en el ritmo del cambio, las actuaciones de los poderosos se hacen más rápidas, mientras que las de los desafiantes se tornan más flexibles. Los diversos tipos de confrontación más o menos violenta (revoluciones, huelgas, guerras civiles, movimientos sociales, golpes de Estado, etc.) interactúan con los cambios de régimen político. Así que, en general, las democracias sufren cotas mucho menores de violencia en su política doméstica que los regímenes no democráticos, aunque los niveles de conflicto crecen en los procesos de transición a la democracia[54]. Con todo esto se ha tratado de demostrar que no se puede estudiar la violencia política al margen de las estrategias de control de la protesta implementadas por los diferentes regímenes políticos, y que estos emplean la represión como una baza entre varias de intervención en los asuntos públicos, en función del nivel de movilización que marcan las trayectorias posibles de la contienda política.

LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS INSTRUMENTOS COACTIVOS DEL MODERNO ESTADO NACIONAL

La implicación en la violencia política de los gobiernos y de las burocracias estatales, y, en concreto, de las instituciones encargadas de la represión, es una realidad tan antigua como el propio Estado. En el terreno de la violencia, la hegemonía del Estado contemporáneo se ha manifestado en la mayor sofisticación, profesionalización y eficacia de sus instituciones especializadas en el control social, que aparecen como consustanciales a la sociedad moderna. Como señaló Weber, la comunidad política se caracteriza por «el hecho de que la dominación de su cuadro administrativo y de sus ordenamientos mantengan su pretensión de validez para un territorio determinado, y que esta pretensión esté garantizada por la fuerza»[55]. El carácter de los medios represivos colocados bajo el control del Gobierno afecta al grado de violencia, gran parte de la cual es protagonizada por los propios agentes de la seguridad estatal. Es más, el uso de la fuerza física es el rasgo más destacado de la actividad policial, que puede ser definida como «la función de la que aparecen investidos ciertos miembros de un grupo para, en nombre de la colectividad, prevenir y reprimir la violación de ciertas reglas que rigen el grupo, si es necesario mediante intervenciones coercitivas que alusión al uso de la fuerza»[56]. Aunque la mera coacción física no sirve por sí misma para calificar la función policial, su objetivo general de regulación interna ejercido en nombre de la colectividad la distingue de otras funciones sociales que implican el uso de la fuerza, pero con otros fines, como la función militar, orientada en principio a la protección social frente a amenazas exteriores.

En opinión de Anthony Giddens, todas las naciones-Estado tienden a la implementación de un poder totalitario, cuyo primer elemento es la vigilancia intensiva de la población dirigida a fines políticos[57]. En los tres últimos siglos, los estados nacionales han estrechado los límites dentro de los cuales puede acaecer una lucha por el poder. Lo han hecho a través de la organización de guerras internacionales, el establecimiento de colonias, la difusión de modelos estandarizados para los ejércitos, las burocracias y otros elementos del aparato estatal, la creación de organizaciones internacionales dedicadas a preservar el sistema de Estados, la garantía colectiva de las fronteras nacionales y la intervención para mantener el orden doméstico[58]. Los procesos de industrialización y de urbanización anejos al capitalismo pusieron también de manifiesto la inadecuación del instrumento militar como principal baza represiva del Estado nacional, especialmente en las ciudades, en un momento en que el progreso técnico de las armas dejaba menos lugar al espectáculo de la protesta, y más a la muerte real de la muchedumbre. Así, en la primera mitad del siglo XIX, los estados fueron diseñando un modelo tripartito de división del trabajo represivo en policía, fuerzas paramilitares de seguridad y ejército regular, para afrontar con eficacia los distintos niveles de amenaza contra el orden social, desde las intentonas revolucionarias a los delitos comunes. En la mayor parte de los países europeos, la función militar se fue integrando gradualmente en la nueva estructura de orden público, que parecía más flexible y adecuada al control óptimo de los niveles intermedios del disentimiento colectivo[59].

Durante el periodo de especialización del Estado nacional contemporáneo –más o menos, desde 1850–, la fuerza militar creció como una poderosa rama diferenciada del Gobierno. La separación orgánica entre la actividad fiscal y la militar se profundizó, la división del trabajo entre ejército y policía se amplió, las instituciones representativas comenzaron a ejercer una influencia significativa sobre los gastos militares, y los estados contemplaron una expansión de sus actividades distributivas, reguladoras, compensatorias y adjudicativas. Debido a esta especialización, la revolución se hizo virtualmente inconcebible en tiempo de paz. El desarme de la población civil, el control ejercido por los militares, o el establecimiento de fuerzas efectivas de policía bloquearon las posibilidades de lucha armada, de modo que la revolución solo se hizo posible cuando los recursos coercitivos del Estado –especialmente los militares– se debilitaban o se dividían, o estallaba una guerra internacional relacionada con un proceso de revolución, rebelión o guerra civil[60].

El desarrollo político de las sociedades occidentales no debe asociarse a una larga y difícil conquista de la democracia sobre la violencia. Por el contrario, la aparición y el desarrollo de la democracia, en su versión liberal o socialista, han coincidido con un crecimiento acelerado de la potencia y del refinamiento de los medios de violencia puestos a disposición de la autoridad política[61]. La mayor parte de los estudiosos de las sociedades postindustriales admiten que el Estado contemporáneo ha incrementado su nivel de tolerancia frente a la protesta multitudinaria, pero ha diluido el grado de violencia a través de una mejora sustancial de los medios de control y de comunicación en manos de un poder centralizado, que facilita o reprime, pero en todo caso controla y regula, los diversos tipos de acción colectiva[62]. Al contrario que el Estado del Antiguo Régimen, su represión ya no es brutal y retroactiva, sino predictiva, preventiva y selectiva, destinada en la mayor parte de los casos a canalizar, y no a yugular, la acción colectiva popular. Con todo, la violencia insurgente puede estallar como resultado de una acción colectiva sometida a fuerte represión, pero sus probabilidades de triunfo son escasas[63]. Como señala Peter Waldmann, ningún grupo social puede hacer seriamente la competencia al moderno aparato estatal de represión, y la única posibilidad de revolución reside en que un sector o la totalidad de las fuerzas de seguridad se rebelen contra el Gobierno[64].

Indudablemente, el carácter de los medios represivos colocados bajo control del Ejecutivo afecta al grado de violencia: la mayor entidad del aparato coactivo incrementa las posibilidades de que los gobiernos empleen una acción represiva. Aspectos como la centralización y la autonomía de las unidades policiales, sus dificultades de coordinación o la incertidumbre respecto de los móviles de la intervención pueden también favorecer una escalada violenta. Una parte importante de la violencia que se produce en el curso de las acciones colectivas es protagonizada por los agentes de la seguridad estatal. Es más, el uso de la fuerza física es el rasgo más destacado de la actividad policial, y sigue apareciendo como un elemento consustancial a todo poder político[65]. Las fuerzas de orden público, crecientemente especializadas, burocratizadas y militarizadas en su organización, siguen siendo las más activas iniciadoras y perpetradoras de violencia, porque son las que están más organizadas y mejor armadas, y aunque los grupos protestatarios desplieguen acciones ilegales que no implican necesariamente la violencia, esta se incrementa al ordenar a los agentes policiales impedir tal acción mediante el uso de armas potencialmente letales[66]. Según Anthony Oberschall, la violencia es iniciada en la mayor parte de los casos por las autoridades y sus agentes, cuando las demostraciones pacíficas, marchas, peticiones, asambleas pacíficas, etc., son disueltas y atacadas[67].

La creciente profesionalización y especialización represiva del Estado, paralela a la de los movimientos subversivos que pretenden socavarlo, se conecta con otro fenómeno típico de la modernidad: la burocratización y la disolución de la responsabilidad en la administración de la violencia «oficializada»[68]. Por ello, interesaría estudiar las etapas históricas de esa profesionalización y especialización, además del proceso de toma de decisiones en el tratamiento y la represión de la violencia política, y factores de orden jurídico, como la codificación sobre el orden público o la tenencia de armas (leyes de excepción, supresión de garantías, ley marcial), la tipificación del delito, la práctica de la represión jurídica (penas e indultos), el régimen carcelario, etcétera.

La transformación del Estado en un instrumento profesionalizado de coacción, donde la actividad política quedaría sometida al dominio de las elites especializadas en la gestión técnica de la violencia en los «estados de seguridad nacional», fue tratada de forma pionera por Harold D. Lasswell durante la Segunda Guerra Mundial. Su tesis central era que la arena de la política mundial no evolucionaba, como dijo Marx, hacia la felicidad universal, sino que se movía hacia la dominación absoluta de los especialistas de la violencia. Desde mediados del siglo XIX, las más importantes elites europeas se especializaron en destrezas de negocios, producción simbólica, administración oficial, organización partidista y gestión de la violencia[69]. Concebido bajo la influencia del auge de los totalitarismos, el constructo teórico-desarrollista del «Estado-guarnición» presentaba como rasgo fundamental el que las elites dominantes valoraban y aceptaban el poder político como un recurso utilizable para la coerción a gran escala sobre los competidores internos y externos con el objeto de mantener su preeminencia. De modo que, en una línea similar a la expresada en su momento por Carl Schmitt, la acción política se transformaba en una arena militar, en la que el recurso a medidas extremas de coacción se contemplaba como un persistente estado de las cosas, o como un peligro crónico[70]. Este autor opinaba que los avances científicos y tecnológicos, o la alienación propia de las sociedades industriales podían incrementar los riesgos de militarización de la vida política, y que la acentuación de la crisis de poder del Estado moderno tendía a subordinar todos los valores sociales e institucionales a consideraciones referidas al potencial militar, colocando de este modo a los especialistas de la violencia en posiciones ventajosas dentro del proceso general de toma de decisiones, hasta poder predecir la hegemonía del entramado militar-policial[71]. Sin embargo, como señaló acertadamente Raymond Aron años más tarde, ni las democracias liberales ni los regímenes comunistas desembocaron en Estados de este tipo, dominados por los burócratas de la coacción, sino que tras la posguerra avanzaron en el sentido de la burocratización o del predominio de la sociedad civil[72]. Incluso las dictaduras del Tercer Mundo, salvo algunas excepciones como Corea del Norte, no han tratado de extender la ideología militarista a las masas ni han aplicado técnicas de control totalitario. De todos modos, en las sociedades contemporáneas se percibe una utilización abusiva de los recursos y de los principios de orden castrense para reprimir la disidencia política, bajo coartadas como las ya estudiadas doctrinas militaristas de la «seguridad nacional», la «seguridad interna», la «contrainsurgencia», la «guerra contrarrevolucionaria» o la «guerra contra el terrorismo», que saturan a su vez de retórica belicista al Estado, a los medios de comunicación y a la sociedad en general[73].

MODALIDADES REPRESIVAS ESPECIALES. VIGILANTISMO, TERROR DE ESTADO, GENOCIDIO, POLITICIDIO, DEMOCIDIO, ELIMINACIONISMO

Otro error muy común que circula en los estudios sobre la represión es equipararla con los modos de coacción emanados exclusivamente del poder institucional o estatal, si bien este es el usuario y el monopolizador más habitual de estos recursos de intervención expeditiva en la arena pública. Un para-Estado o un Estado concurrente pueden aplicar medios represivos en sentido vertical (para contrariar la exhibición de poder del establishment) u horizontal (disputando la primacía de la contestación a los eventuales competidores), pero con una eficacia menor que la del Estado. Se puede decir que la represión es una potencialidad vinculada a todo poder político, sea de iure o de facto. En muchas ocasiones, no es protagonizada por las agencias estatales especializadas, sino por ciertos «grupos de conflicto» que se crean para hacer el «trabajo sucio» que quedaría vedado a la burocracia estatal, y «ajustar cuentas» con un movimiento desafiante cuando la autoridad es incapaz de hacerlo (como han sido los casos de los escuadrones de la muerte latinoamericanos, de los GAL en España o de los grupos armados unionistas en el Ulster). Se llega entonces al «vigilantismo», que para Rosenbaum y Sederberg son los «actos de amenaza o de coerción que violan los límites formales de un orden sociopolítico estabilizado, actos que, sin embargo, los violadores consideran que son en defensa de este orden contra otras formas de subversión»[74]. Estos autores presentan una tipología de esta actitud violenta eminentemente reactiva, según se dirija al combate contra la criminalidad común (escuadrones de la muerte, patrullas vecinales, grupos privados de vigilancia), al control de grupos sociales, raciales o religiosos (autodefensa comunitaria, somatenes, Ku Klux Klan, etc.) o a la salvaguardia del régimen político frente a las fuerzas disidentes (fuerzas paramilitares o parapoliciales, agentes provocadores, rondas campesinas, tramas involucionistas, etc.)[75]. La violencia generada por los grupos «vigilantes» casi nunca va dirigida contra la estructura política o las instituciones gubernamentales, sino que actúa contra los grupos disidentes. La actividad de los «vigilantes» prospera cuando el Gobierno no está dispuesto o es incapaz de hacer respetar las normas legales y de mantener el orden social al que aspiran los grupos institucionalizados. De modo que el potencial para el «vigilantismo» varía positivamente con la intensidad y la difusión de la creencia de que el régimen es ineficaz a la hora de mantener el orden contra los eventuales retadores.

El terror de Estado presenta una gradación que va desde la intimidación coercitiva de un sector de la sociedad (como los asesinatos selectivos de los escuadrones de la muerte), al reinado generalizado de la represión que puede derivar en prácticas eliminacionistas de diverso tipo[76].

Indudablemente, la coerción es un fenómeno multifacético: puede ser física (detenciones arbitrarias, desapariciones, detenciones, torturas o asesinatos políticos) o no (psicológica, espiritual, intelectual, estética), pública (oficial) o privada, individual o colectiva, oficial (la realizada a través de los organismos estatales especializados en la violencia) o extraoficial, abierta o encubierta, legítima o ilegítima, positiva (que busca o promete beneficios) o negativa (que impone un castigo o la amenaza de una privación), formal o informal, etc.[77]. David Snyder diferencia la represión reactiva (en defensa de unas instituciones agredidas) de la proactiva, que se despliega en ausencia de una eficaz respuesta defensiva del grupo elegido como víctima, como sucede con el genocidio o el politicidio[78]. Por su parte, Gary Marx distingue las acciones represivas en función de sus objetivos específicos: 1) creación de une imagen pública desfavorable del grupo movilizado con el objeto de deslegitimarlo socialmente; 2) campañas de desinformación que resten credibilidad a los motivos de la protesta; 3) restricción de los recursos con que cuenta el movimiento contestatario, limitando su acceso a los medios de comunicación y dificultando o prohibiendo sus reuniones; 4) políticas tendentes a la desmovilización de sus activistas y simpatizantes; 5) represión selectiva contra sus líderes, bien por medios policiales o a través de campañas de descrédito público; 6) políticas de fomento de las divisiones y conflictos dentro del grupo movilizado, y 7) sabotaje y, en su caso, represión policial directa de sus acciones concretas[79].

En su monumental obra sobre las fuentes del poder social, Michael Mann enumera cuatro niveles graduales de represión: 1) la conciliación, el arbitraje y la persuasión; 2) el servicio policial moderno, de carácter fundamentalmente preventivo; 3) el empleo coactivo limitado de tropas regulares y formaciones paramilitares, y 4) la escalada de la represión militar[80]. En una gradación de menor a mayor severidad de los medios de coerción de un Estado, encontramos la opresión (subordinación involuntaria marcada por los actos de omisión de los gobiernos hacia los derechos sociales y económicos de los ciudadanos), la represión (proceso más activo de control social logrado mediante la neutralización o la eliminación de los oponentes a través de sanciones coactivas), el terrorismo de Estado (amenaza del uso sistemático de la violencia para crear un miedo crónico) y el genocidio (eliminación de una raza o un grupo étnico, cultural, religioso o nacional[81]).

Como acontecimiento represivo de máxima intensidad, el genocidio y sus variantes político-jurídicas requieren un análisis específico. El término fue creado por el jurista polaco Raphael Lemkin, quien ya en 1933 presentó a la Sociedad de Naciones un memorandum en el que solicitaba la elaboración de una convención que prohibiera ejecuciones en masa como las perpetradas durante la Gran Guerra. Acuñó el concepto en un informe entregado en 1944 a la Carnegie Endowment por World Peace sobre la política de ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial:

Por «genocidio» entendemos la liquidación de una nación o de un grupo étnico […] Genocidio no significa necesariamente la liquidación inmediata de una nación, salvo cuando se persigue a través del asesinato en masa de todos los miembros de la nación. El término pretende más bien indicar un plan coordinado de diversas acciones dirigidas a la destrucción de las condiciones esenciales de la vida de los grupos nacionales, con el intento de debilitarlos. La realización de tal plan significaría la desintegración de las instituciones políticas y sociales, de la cultura, la lengua, los sentimientos nacionales, la religión y la existencia económica; destruiría la seguridad personal, la libertad, la salud, la dignidad e incluso la vida misma de los individuos que pertenecen a estos grupos. El genocidio se dirige contra un grupo nacional entendido como comunidad. Las acciones que se tomen en consideración se dirigen contra los individuos no en su especificidad individual, sino en tanto miembros de grupos nacionales[82].

El genocidio sería, por tanto, un ataque articulado en los planos político, social, cultural, económico, biológico, físico, religioso y moral, a la vida de los que pertenecen a una nación o a un grupo étnico determinado. El neologismo de Lemkin fue utilizado por vez primera en las argumentaciones de los acusadores inglés y francés de los Juicios de Nuremberg, que consideraron a los criminales de guerra nazis culpables de «genocidio deliberado y metódico, es decir, el exterminio de grupos raciales y nacionales de la población civil de ciertos territorios ocupados, con el fin de aniquilar determinadas razas y partes de naciones y pueblos, grupos raciales y religiosos, en particular judíos, polacos y gitanos, entre otros»[83]. La Resolución 96 (I) de la Conferencia General de la ONU de 9 de diciembre de 1948, que abrió el camino a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio puesta en vigor el 11 de enero de 1951, contemplaba una definición restrictiva, ya que reconocía como tal la intención de destruir parcial o totalmente grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos, pero omitía la represión económica y la política[84]. El artículo II de la Convención estableció diversas modalidades de actuación genocida:

1. Asesinar a los miembros del grupo.

2. Causar graves daños físicos o espirituales a miembros del grupo.

3. Crear intencionadamente condiciones de vida que destruyen físicamente el grupo en todo o en parte.

4. Cada decisión dirigida a obstaculizar los nacimientos en el grupo.

5. Transferencias forzadas de niños de un grupo a otro.

Esta definición, que está condicionada por las traumáticas experiencias históricas producidas por la ocupación nazi de Europa, presenta importantes vacíos legales, como el hecho de no contemplar las situaciones de guerra que ocultan hechos genocidas perpetrados por los estados beligerantes. Por otro lado, el concepto soslaya las motivaciones políticas de víctimas y verdugos, cuando resulta evidente que esta modalidad de asesinato de masas es un acto eminentemente político, al igual que la guerra, y alberga objetivos políticos definidos, tendentes a una redistribución drástica del poder. La URSS se opuso a incluir en la tipificación del delito genocida la liquidación masiva de un grupo político, obteniendo de ese modo carta blanca para la persecución de opositores y disidentes. El delito de genocidio tampoco incluye necesariamente el asesinato de masas o la destrucción inmediata de un sector de la población, sino que basta con demostrar la existencia de un plan coordinado de acción dirigido a la destrucción de los fundamentos esenciales de la vida de los grupos nacionales o raciales, con el fin último de demoler las instituciones sociopolíticas, la cultura, el lenguaje, los sentimientos nacionales, la religión, la autonomía económica, la libertad personal, la seguridad, la salud, la dignidad e incluso la vida de los individuos que pertenecen a esos grupos. Para Frank Chalk y Kurt Jonassohn, los objetivos primarios del genocidio son: eliminar una amenaza real o potencial, expandir el terror sobre enemigos potenciales o reales, adquirir riquezas económicas o imponer une creencia, teoría o ideología[85].

El genocidio se dirige contra un grupo de población como entidad bien caracterizada, pero las acciones eliminatorias se lanzan contra los individuos, no en su capacidad personal, sino en tanto que miembros de ese grupo concreto[86]. La acción genocida se basa en la intención de destruir sistemáticamente a un colectivo determinado, mediante la puesta en marcha de medios técnicos adaptados y dependientes de una organización social eficaz. En los casos tanto de la Guerra Civil española, como de las guerras de Vendée, su tipificación a posteriori como genocidio no resultaría válida, a falta de una definición precisa de la población que se vio amenazada y de un propósito claro e inequívoco de destrucción por parte del poder soberano. En ambos casos parecería más adecuada la noción de crímenes de guerra[87]. Con todo, la caracterización genocida de la represión franquista ha concitado tanto la adhesión razonada de algunos historiadores como el rechazo de otros[88]. Existe, sin duda, un peligro de inflación conceptual similar al que ya advertimos en el caso de la violencia «estructural»[89]. Según Gerhard Hirschfeld, «el uso imponderado y a menudo moralista del concepto de genocidio contribuye poco a una clarificación de los hechos históricos»[90]. La liquidación intencional de grupos demográficos completos no es una «invención» ni contemporánea ni europea. Las destrucciones de la Troya mítica, de la ciudad siciliana de Melos (416 a.C.) o de Cartago (202 a.C.), o las guerras de exterminio en las sociedades tribales así lo demuestran[91]. Pero los genocidios en conflictos internacionales o internos eran un hecho excepcional en Europa antes del siglo XX. Nunca como en la pasada centuria los estados han dedicado tantos recursos a planificar y a ejecutar masacres multitudinarias, en nombre de una ideología, de un programa étnico-racial o de valoraciones de naturaleza geopolítica[92]. El Holocausto es el único asesinato de masas de nuestro tiempo en el que los perpetradores pretendían conscientemente el exterminio total y absoluto del grupo designado como objetivo: la raza judía. Además, la Shoah no estuvo fundamentada en un conflicto real, y se perpetró a través de una alianza genocida de alcance internacional. La vasta escala de las masacres y el radicalismo de las medidas tomadas por los estados frente a las minorías políticas, étnicas, culturales o religiosas a lo largo del siglo pasado permitieron fijar el concepto de genocidio y dar operatividad al mismo[93].

El problema que acecha a la definición convencional de genocidio es que a menudo aparece separado de fenómenos afines que están interrelacionados. Además, solo atiende a las modalidades más extremas de asesinato de masas y las que dan por sentada la intencionalidad de los actores. Las definiciones de Lemkin y la resolución de la ONU de 1948 fueron el punto de arranque de numerosos conceptos y categorías sociológicas y politológicas alternativos o complementarios[94], como «etnocidio», «politicidio», «ecocidio» o «democidio»[95], o destrucción masiva, y motivada políticamente, de individuos que no pertenecen a ningún grupo étnico o racial determinado. Como alternativa conceptual al genocidio, Rudolph Rummel acuñó el término democidio, o muerte intencional por parte de los agentes del Gobierno de un grupo social indefenso a través del asesinato masivo, el encarcelamiento, el trabajo forzado, el terror, el hambre, la enfermedad, la deportación, etc.[96]. En este caso, el genocidio sería una subcategoría especial de democidio, que incluiría el intento de eliminar físicamente, en todo o en parte, a un grupo de gente identificada por su religión, raza, lengua, etnia, origen nacional, clase, política, etc., mediante la masacre, la imposición de condiciones letales de vida o dirigiendo acciones contra los no combatientes en el transcurso de una guerra o de un conflicto violento de otra especie. Casi como sinónimos se han empleado también los términos «asesinato de masas» (mass murder) o masacre, entendidos como la eliminación intencional e indiscriminada de un importante número de personas por los agentes del Gobierno, que desde un punto de vista penal es comparable a la tipificación de asesinato para las muertes perpetradas en la vida privada.

Rummel designa como politicidio al asesinato premeditado que efectúa un Gobierno contra un grupo de gente por razones de índole política[97]. Para Harff y Gurr, genocidio y politicidio serían, respectivamente, «la promoción y la ejecución de políticas por un Estado o sus agentes que dan como resultado la muerte de una porción sustancial de un grupo». Pero la diferencia sustancial entre ambas categorías radicaría en las características por las cuales los miembros de esos grupos son identificados por el Estado. En los genocidios, las víctimas están definidas primariamente en términos de sus características comunitarias (etnicidad, religión o nacionalidad), mientras que en los politicidios, que son actos perpetrados casi en exclusiva por el Estado, las víctimas se definen primariamente en términos de su posición jerárquica u oposición política respecto del régimen y de los grupos dominantes[98].

Daniel Goldhagen prefiere hablar de «eliminacionismo» como deseo de liquidar a grupos extensos de población, y que es un concepto más amplio que el de genocidio, que solo describe su resultado. Los modos no consensuales de neutralización de los enemigos son: la transformación de su identidad política, social o cultural; la represión (reducción mediante la violencia de su capacidad de actuación), la expulsión (limpieza étnica), la prevención de la reproducción y el exterminio. Todos ellos son variaciones de un mismo fenómeno, y son complementarios técnicamente. Goldhagen trata de demostrar que la matanza o el asesinato de masas es la circunstancia extrema y definitiva de un continuo de violencia creciente, relacionado con las demás formas de eliminacionismo[99]. Este fenómeno violento de gran intensidad aparece estrechamente vinculado al nacimiento y el desarrollo del Estado moderno, que es capaz de transformar su entorno físico y social a través de la tecnología, y que está en condiciones de eliminar a la mayor cantidad y variedad de víctimas en el más corto espacio de tiempo y con los métodos más eficientes. De esta capacidad de actuar de forma radical sobre la sociedad –una ingeniería social altamente destructiva– proceden los sueños eliminacionistas como un proyecto político y escatológico de transformación más amplia[100]. La relación del eliminacionismo con la modernidad se produce a través del poder transformador del Estado nacional, las ideologías totalitarias, las tensiones fruto de la construcción nacional, el desarrollo económico, etcétera.

Goldhagen estudia los procesos de exacerbación del sentimiento eliminacionista (un liderazgo político que moviliza el odio, una guerra, los conflictos vinculados a la construcción nacional, los desafíos externos al Estado sobre la integridad nacional o los conflictos étnicos intensos), los mecanismos de implementación del asesinato en masa (planificación detallada de la acción, realizada por unidades o instituciones especiales, casi siempre militares o militarizadas, como escuadrones de la muerte, unidades móviles de exterminio o campos de eliminación), los argumentos justificativos de los perpetradores (con falacias cognitivas como la obligación de obediencia por la autoridad constituida, el sentido del deber, la presión psicológica del conjunto de la sociedad o la sujeción a una mentalidad burocrática) y las circunstancias que pueden detener la matanza (la caída del régimen, la muerte de su máximo dirigente, la intervención de otros países o la derrota militar). La forma en que se perpetran los crímenes con apoyo de la población es el factor crítico de su disposición a participar en un asesinato tras un proceso previo de deshumanización del enemigo. La voluntad eliminacionista se puede forjar al calor de los conflictos reales, o bien por adhesión a ciertas ideologías políticas o por prejuicios preexistentes que son activados con ese propósito homicida.

LAS ESTRATEGIAS REPRESIVAS DEL PODER ESTABLECIDO Y EL PROBLEMA DE LA LEGITIMIDAD

La represión tiene una estrecha vinculación con otro factor esencial del sistema político: la legitimidad. Según Karl Opp y Wolfgang Roehl, existe una estrecha vinculación entre factores como la represión, la ilegitimidad de la misma y la aparición de grupos de apoyo a la protesta[101]. La represión agudiza las actitudes disidentes si la mayor parte de la población la considera ilegítima. Como hemos dicho en el capítulo II, el poder constituido debe tratar de mantener la estabilidad del sistema político mediante una adecuada dosificación del binomio eficacia/efectividad en la satisfacción de las aspiraciones de sus ciudadanos, o una sabia utilización de la autoridad en caso de transgresiones localizadas, y recurrir a la coacción únicamente en circunstancias extremas, con el menor daño y sobre el menor número de personas posible[102]. La fuerza y la violencia pueden ser técnicas eficaces de control social y de persuasión cuando se usan para propósitos que gozan de un amplio consenso popular, pero si ese apoyo no existe, su uso puede ser autodestructivo, bien sea como técnica usada por el Gobierno o por la oposición. El papel de los recursos coactivos es fundamental para el mantenimiento de cualquier Estado, pero por sí mismos no cumplen una función legitimadora, sino que actúan como garantes y agentes de la autoridad. Es más, pueden tener un papel distorsionador de esa legitimidad si la coerción resulta excesiva o insuficiente. La actitud de las instituciones de vigilancia y control social respecto del sistema político es decisiva para garantizar su estabilidad. La inhibición o el excesivo celo represor pueden acelerar el triunfo de una revolución; su rechazo activo de la legitimidad del régimen, a un golpe de Estado; el desprecio de esta legitimidad, mezclado con la hostilidad hacia los disidentes, a una situación de inestabilidad permanente.

Para que la coacción procedente del Estado sea efectiva deben cumplirse tres condiciones: 1) que el uso de la violencia gubernamental sea reputado como legítimo por la mayor parte de la población; 2) que la fuerza se utilice de forma consistente, y 3) que se combine con acciones que palíen los agravios que dan lugar al aumento de la disidencia[103]. Cuando las autoridades usan la fuerza de una forma moderada, inteligible para todos o respondiendo a las expectativas de los que reconocen los valores vigentes en la sociedad, el empleo de la fuerza es considerado como legítimo[104]. A nivel del Estado-nación, la violencia es legítima cuando se usa para reforzar la ley y el orden, castigar las transgresiones contra la sociedad y defender el Estado y su territorio contra posibles enemigos interiores o exteriores. A su vez, los ciudadanos conservan su derecho a usar la violencia en defensa de su vida, su seguridad, su familia y, en algunos casos, su propiedad. Ninguno de estos derechos es absoluto, y todos deben ser ejercitados dentro de límites razonables[105].

En la práctica, todo régimen muestra una legitimación muy desigual, en función de los intereses de cada cual o de un grupo muy variado de principios ideológicos. Además, buena parte de sus integrantes puede aceptar la acción coercitiva como necesaria e inevitable para los propósitos de la vida en comunidad, pero no identificarse voluntariamente con el conjunto del sistema político. Cuanto mayor sea el número de personas que acepten la autoridad del Estado en sus diferentes niveles de existencia y acción, menor capacidad coercitiva deberá aplicar este contra las minorías opuestas a los deseos y requerimientos del mismo. La relación entre legitimidad y violencia coactiva forma un continuum en cuyo extremo figuraría un hipotético Estado donde todos aceptasen la legitimidad del sistema político-social, el gobierno, la ley y su aplicación. No habría violencia, y la fuerza existiría más como capacidad que como acción. En el otro extremo se situaría un Estado ilegítimo, una tiranía que impusiera su voluntad a un pueblo que, sin excepción, rechazase la legitimidad del régimen, sus orígenes, actos y fines, pero cuyo dominio se basara en una capacidad para la violencia (amenaza de coerción) tal que hiciera imposible toda resistencia. El talón de Aquiles de ese régimen radicaría en que la única fuente de legitimidad sería el poder físico del gobernante. La noción de un sistema autoritario capaz de prevalecer sin apoyo social es un mito, ya que ningún sistema político podría operar sin un ápice de legitimidad. Cualquier régimen, por muy estrechos que sean sus apoyos, sus medios de acceso al poder o su ideología, debe construir una base de consenso entre aquellos grupos que tienen la capacidad de imponer al Estado altos costes y riesgos a través de la acción concertada si son ignorados de forma excesivamente arrogante[106]. Entre la completa identificación o la aquiescencia bajo coacción, hay un amplio espectro de actitudes hacia la autoridad política que varía de persona a persona en cada sociedad y en cada momento.

El acuerdo entre los miembros de una unidad social sobre los principios, valores, normas y objetivos que regulan el funcionamiento del sistema político resulta fundamental para evaluar el grado de violencia potencial. Según Kriesberg, un bajo nivel de consenso contribuye a la emergencia de conflictos, y la reducción del poder de consenso social del Estado se produce cuando las elites y las masas difieren en valores fundamentales, como la organización socioeconómica o la estructura del Estado[107]. La ostentación de un poder incontestado no es sinónimo de paz social. Un análisis superficial podría sugerir que, cuanto mayores sean las diferencias de poder, y mayor la seguridad de que la parte más fuerte utilizará su fuerza coercitiva, menor probabilidad habrá de que se recurra a la violencia, ya que el bando derrotado optará por la retirada, la sumisión o la autodisolución. Ello no es del todo cierto. Aunque normalmente el lado más débil se encuentre intimidado y puede renunciar a la utilización de la violencia, la parte más poderosa puede verse tentada de utilizar su fuerza superior para lograr un mayor predominio, perpetrando acciones represivas extremas como las que acabamos de analizar. En consecuencia, la coerción y la violencia suelen utilizarse frecuentemente, debido a que el más débil no logra disuadir de su empleo al más fuerte[108]. Un Estado con amplia autoridad puede proceder a una exclusión selectiva de los sectores contestatarios, mientras que un Estado débil está tentado de proceder a su completa integración. En los estadios intermedios figurarían el acceso formal al sistema, propio de estados débiles y excluyentes, y la cooptación informal de los disidentes propia de un régimen fuerte e integrador.

Cuanto más indiscriminada o torpe sea la respuesta, más probable será el desencadenamiento de una espiral de venganzas. El Estado solo debe emplear la violencia cuando se le cierren sus capacidades de influir sobre la población por métodos consensuales. Un Gobierno democrático solo recurre a la violencia física ocasionalmente y de manera excepcional en los periodos de grave confrontación sociopolítica. Pero si la crisis se prolonga, puede abrirse ocasionalmente el camino a un desarrollo de la coerción y de la propaganda del terror que los Estados totalitarios elevan a sistema permanente de gobierno, aunque para Giddens todos los Estados tienden a la implementación de un poder totalitario, cuyo primer elemento sería la vigilancia intensiva de la población dirigida a fines políticos[109].

El uso alternativo de recompensas y castigos puede reducir las actividades de oposición. Pero muchos regímenes han mezclado de forma incoherente la reforma (acomodación) y la reacción (represión), lo que ha facilitado su debilitamiento y posibilitado el estallido de una revolución[110]. La inconsistencia de las políticas represivas o acomodaticias mediante la relajación de las sanciones y el inicio extemporáneo de reformas sociales, económicas y políticas puede estimular la disidencia y conducir a una situación prerrevolucionaria.

Cuando la contemporización deja paso a la represión, comienza a producirse un paulatino trasvase del apoyo social a los disidentes, lo cual hace aumentar las probabilidades de violencia política. En regímenes que emplean niveles crecientes de represión, pero sin llegar al terror, existe una mayor posibilidad de que surja algún tipo de contraviolencia social, y viceversa. Ello puede generar una «espiral de violencia», ya que una y otra se alimentan y se justifican mutuamente. El empleo extensivo de la coerción incide en una merma de la legitimidad del régimen y en un aumento de la desobediencia civil, en un círculo vicioso de mayor violencia institucional y de creciente contestación social, hasta que con la disfunción de los aparatos coercitivos del Estado y la creencia de los grupos de protesta en la inminencia del triunfo, las fuerzas revolucionarias toman el poder y restablecen el equilibrio del sistema, dando lugar a un nuevo orden social y a la aparición de una nueva elite dominante, según la teoría cíclica de Pareto. Sin embargo, un plan de violencia subversiva diseñado erróneamente, que no tenga la oportunidad de convertirse en estrategias de orientación y de organización política de masas, no suele debilitar el poder establecido, sobre todo si se halla instalado en un Estado que disfruta de un amplio crédito de legitimidad. Por el contrario, lo que consigue es fortalecer los órganos represivos, que encuentran en esa violencia la oportunidad de justificar su existencia y acrecentar su peso específico en la estructura del Estado[111].

El modo en que, en un principio, es definido un conflicto afectará al conjunto de la movilización, porque marca ciertos límites definidos a los modos en que puede terminar la confrontación. Por ejemplo, si el Gobierno caracteriza la lucha en términos estrictos de mantenimiento de la ley y el orden, no tendrá otro remedio que impulsar el conflicto hacia una «solución total», en la que la organización insurgente debe ser completamente destruida y sus seguidores castigados sin contemplaciones. En cambio, los gobiernos que tienen una visión más tolerante de la insurgencia deben definir el conflicto en términos que permitan soluciones inmediatas, buscando el pacto y no forzando una salida hacia el punto de la «solución total»[112]. Un Gobierno puede sobreactuar cuando, para afrontar una situación subversiva, decide movilizar más recursos de los que estima que son necesarios en un análisis objetivo de la situación. Conviene que el gobierno no dé publicidad a lo que conoce de sus enemigos, ni movilice todo su poder al mismo tiempo. En ese sentido, debe establecer una distinción clara entre los recursos que deben ser movilizados para luchar contra los insurgentes y los que se reservan para el desempeño de las actividades administrativas normales, evitando la impresión de que todas las instancias de gobierno están actuando en función de las acciones del enemigo antes que por su propia dinámica burocrática. Tampoco debe cambiar excesivamente de política en tiempo de crisis, ya que una excesiva novedad en las comunicaciones internas puede ser desastrosa cuando se están produciendo cambios igualmente radicales en el desarrollo de la sociedad[113]. El punto ideal es la existencia de un agente de control social firme y paciente, que prohíba ciertos tipos de protesta radical, pero permita las tendentes a contener o a canalizar los agravios colectivos. Por ejemplo, un estilo policial tolerante y «suave» favorece la difusión de la protesta multitudinaria. Cuanto más represivas, difusas y «duras» sean las técnicas de policía, más desaniman la protesta masiva y popular, y alientan actitudes radicales de los pequeños grupos. La acción policial preventiva, selectiva y legal aísla las tendencias más violentas de los movimientos sociales, y ayuda a la integración de los grupos más moderados. La acción policial reactiva, difusa y «sucia» enajena al régimen la lealtad de las tendencias opositoras más moderadas[114].

Además de la no intervención –la alternativa menos habitual en las confrontaciones entre el Estado y los disidentes–, el Gobierno y los sectores dominantes pueden hacer frente a la protesta utilizando tres estrategias esenciales, y en absoluto excluyentes: por un lado, la reforma como compromiso entre los intereses de los grupos dominantes, las demandas de los retadores y la influencia de una serie de mediaciones políticas; la segunda es la disuasión, o estrategia encaminada a paralizar al adversario potencial haciéndole pagar un alto coste por sus acciones futuras; la otra alternativa es la represión selectiva, que consiste en una amplia gama de actuaciones dirigidas a aumentar los riesgos y los costes de la acción violenta cuando el ataque ya ha sido perpetrado. Se podría incluso asignar el protagonismo de estas estrategias a tres sectores diversos del Estado, como son el sistema político, el ordenamiento legal y los instrumentos especializados de represión. Veamos brevemente cómo actúan cuando tratan de afrontar un tipo de violencia sistemática como es el terrorismo, aunque con algunas variantes podrían utilizarse contra cualquier estrategia de subversión política:

a) Medias políticas (reforma/persuasión). Dentro del seguimiento preventivo de las movilizaciones previas a la deriva terrorista, el Estado puede ensayar una reparación de agravios que desactive la protesta de los actores colectivos menos radicales, y dejar más aislados a los grupos violentos. Estos intentos de reintegración de los grupos de protesta en la comunidad política pueden ser eficaces en la primera etapa del movimiento reivindicativo, pero no lo son tanto cuando la organización terrorista ya ha logrado captar la adhesión de algún segmento apreciable de población, puesto que todo tipo de propuesta conciliatoria puede ser interpretada como un signo de debilidad. A ese respecto, la democratización española de la década de los setenta del siglo pasado fue ambivalente, ya que facilitó la expresión legal de demandas políticas articuladas y no violentas, pero también proporcionó oportunidades inéditas debido a la inestabilidad política, a la relativa debilidad gubernamental y a la falta de adaptación de los instrumentos estatales de coacción a la nueva realidad constitucional, lo que se tradujo en la dramática escalada terrorista de la segunda mitad de esa década e inicios de la siguiente. Hay que destacar además las dificultades para negociar cuando un grupo terrorista ha iniciado su proceso de inversión (esto es, su declive estratégico basado en la sectarización y en la pérdida paulatina de referencia en los movimientos sociales y políticos de protesta), ya que se transforman en sistemas de guerra justificados en sí mismos, y por ello poco proclives a una negociación de orden político. Una transacción política directa implica el reconocimiento del grupo armado clandestino como interlocutor válido, en detrimento de la legitimidad democrática. La clave estaría en utilizar esta estrategia de diálogo cuando el movimiento armado está en sus orígenes o, en su ocaso, coordinarla con los otros modos de lucha y no hacer concesiones que pueden servir de acicate a otros desafíos violentos.

b) Medidas legislativas (amenaza/disuasión). Son las iniciativas destinadas a trastocar la cohesión interna de las organizaciones terroristas y sus grupos de apoyo. Incluyen disposiciones para incentivar la salida de los miembros de una organización terrorista que quieran abandonar la violencia y reinsertarse en la sociedad civil mediante amnistías parciales, a costa de una mayor radicalización de los que queden y las críticas de asociaciones de víctimas y partidos políticos; medidas de control y dispersión del colectivo de presos, medidas de entorpecimiento de obtención de recursos (control de las finanzas) y medidas de control o ilegalización de organizaciones violentas o anticonstitucionales que puedan derivar en grupos terroristas.

c) Medidas judiciales y policiales (represión/coacción). Deben ser adecuadas y no desproporcionadas, ya que es tan arriesgado caer en la inoperancia como reaccionar en exceso. En el elenco de medidas judiciales figurarían las legislaciones extraordinarias (leyes antiterroristas que son consideradas frecuentemente como un quebranto de los principios del Estado democrático, por su planteamiento político antes que jurídico y por el tratamiento diferencial dado a este delito con respecto a otras formas de delincuencia, aunque se reconoce la necesidad de la protección del ciudadano y la defensa del régimen constitucional en periodos de inestabilidad política) y los tribunales especializados con magistrados activos y capacitados. Se trataría de implementar medidas legislativas suficientemente flexibles, que permitieran tipificar las distintas formas de acción violenta adoptadas por las organizaciones terroristas, y las variadas formas de colaboración con estas, con penas acordes a la gravedad del delito. Entre las medidas policiales destacaría la creación de agencias de seguridad específicas, capacitadas y profesionales, que en circunstancias de legislación especial o de emergencia no impongan una represión desmedida a través del uso y el abuso de actuaciones como la extensión de la prisión preventiva o los acosos intimidatorios de sospechosos. En ese aspecto, se desaconseja la implicación militar, ya que la aplicación de procedimientos específicamente castrenses a la lucha antiterrorista supone considerar este fenómeno violento como una actividad estrictamente bélica que requiere una respuesta específicamente militar, lo que, por otra parte, implica entrar en el juego de los terroristas. Se debe avanzar en la coordinación de las diversas agencias estatales de seguridad, crear unidades especializadas y bien equipadas, abordar la vigilancia y protección de los eventuales objetivos e implementar métodos de detección precoz de las redes de captación de dinero y voluntarios. En el campo estrictamente policial, la información resulta una tarea esencial, con la correspondiente intervención judicial previa y la ulterior supervisión parlamentaria. Una respuesta represiva excesiva e indiscriminada puede resultar claramente contraproducente.

En resumen, las alternativas de defensa que puede acometer un régimen son, básicamente, tres: reforma-cooptación, control social y la pura y simple represión. Un balance de la estrategia óptima del poder establecido podría resumirse de la siguiente manera: conseguir un aumento de su legitimidad a través de la efectividad en la resolución de problemas y la flexibilidad en la distribución de bienes y valores, mediante el estímulo de canales apropiados de expresión y participación. En el aspecto coercitivo, debe buscar un adecuado control social, basado en la mínima represión, pero con la máxima vigilancia y con la aplicación de sanciones selectivas y justas. Sin embargo, no es realista esperar una victoria rápida y decisiva, ya que la coacción estatal persistirá mientras haya conflictos que quieran ser resueltos mediante la violencia. Por ejemplo, muchos especialistas opinan que una lucha contra el terrorismo que soslaye las garantías de los derechos civiles constituye un peligro mayor que el propio terrorismo, ya que, si la emergencia se prolonga, puede abrirse el camino a los abusos de poder de la «democracia formal»: leyes de excepción; poderes especiales de la judicatura, la policía o la institución penitenciaria; uso inmoderado del monopolio de la violencia, etc. El eterno dilema de la lucha contra este tipo de amenazas y, en definitiva, contra cualquier modalidad de violencia política organizada es ese: garantizar la seguridad a costa de la libertad.

[1] Davenport, 1996, p. 377 nota 1.

[2] «Introduction» a Stohl y Lopez, 1984, p. 7.

[3] Ucelay, 1993, p. 161 nota 8.

[4] Goldstein, 1978, p. XVI.

[5] Henderson, 1991, p. 121.

[6] Zanone, 1990, p. 959.

[7] Galtung, 1969. Véase «Definiciones “estructurales”», cap. I.

[8] Garelli, 1990, p. 232.

[9] Janowitz, 1991, p. 77. Este autor diferencia control social de represión o «control coactivo» (p. 84). Por su parte, Cohen, 1988, entiende por control social las respuestas organizadas a la desviación, el crimen, la trasgresión y el desorden social.

[10] Oliver Olmo, 2005, p. 78.

[11] Sobre la evolución del concepto véanse Janowitz, 1975; Melossi, 1992 y Bergalli, 1992.

[12] Oliver Olmo, 2005, p. 74.

[13] Moore, 1958, p. 193.

[14] MacIver y Page, 1949, p. 137.

[15] Parsons, 1951, p. 74.

[16] Parsons, 1964.

[17] Ibid., p. 34.

[18] Smelser, 1989, pp. 337-406.

[19] Gurr, 1971, pp. 294 y 311.

[20] Gurr, 1970, p. 238.

[21] Gurr, 1969.

[22] Tilly, 1974, p. 279, y Tilly y Rule, 1965, pp. 55-56.

[23] Tilly, 1978, pp. 100-102.

[24] De Nardo, 1985, p. 192.

[25] Opp y Roehl, 1990, p. 524.

[26] Della Porta, 1995a, p. 57.

[27] Véase González Calleja, 2014, pp. 1-8.

[28] Della Porta, 1995a, pp. 5 y 7-8.

[29] Davenport, 1996, p. 379.

[30] Gurr, 1986a, p. 153.

[31] Véase McAdam, McCarthy y Zald (eds.), 1996.

[32] Moore, 1998, pp. 852-853.

[33] Tarrow, 1991, pp. 73-81.

[34] Lichbach, 1987. Para este autor (p. 287), las políticas consistentes de los gobiernos, sean conciliadoras o represivas, reducen la disidencia, mientras que las políticas inconsistentes la incrementan.

[35] Tilly, 1978, p. 57.

[36] Neidhardt, 1989.

[37] Tilly, 1978, p. 219 y Giddens, 1985, p. 192. De todos modos, en las sociedades actuales se percibe una utilización creciente de los recursos y de los principios de orden castrense para reprimir la disidencia política, bajo coartadas como las doctrinas militaristas de la «seguridad nacional».

[38] Muller y Weede, 1990, pp. 626-628 y 646-647.

[39] Weede, 1987, pp. 97-108.

[40] Della Porta, 1999; Tarrow, 1997 y Tilly, 1978.

[41] Opp y Roehl, 1990, p. 193.

[42] Tilly, 1978, p. 125.

[43] Ibid., pp. 133-135.

[44] Ibid., pp. 104-112.

[45] Tarrow, 1991, pp. 73-81.

[46] Casquete, 1998, p. 88.

[47] Weede, 1996, p. 189.

[48] Gupta, Singh y Sprague, 1993, p. 301.

[49] Tilly, Tilly y Tilly, 1997, p. 329.

[50] Véanse, por ejemplo, Henderson, 1991, pp. 124-126 y Gurr, 1986b, p. 45.

[51] McAdam, Tarrow y Tilly, 2001, p. 75.

[52] Tilly, 2006, p. 21.

[53] Ibid., p. 81.

[54] Tilly, 2005a, p. 33.

[55] Weber, 1987, p. 44.

[56] Loubet del Bayle, 1992, p. 19.

[57] Giddens, 1985, p. 303.

[58] Tilly, 1989, p. 11.

[59] Mann, 1997, pp. 530-539.

[60] Tilly, 1989, pp. 20-21.

[61] Moore, 1968.

[62] Tarrow, 1997, p. 185.

[63] Tilly, Tilly y Tilly, 1975, pp. 244-245.

[64] Waldmann, 1985, p. 97.

[65] Dieu, 1996, pp. 15-18.

[66] Tilly, 1978, p. 177 y Tilly, Tilly y Tilly, 1975, p. 282. Tilly, 1969, pp. 110 y 114 señala que una gran proporción de los sucesos que analizó en el ámbito europeo derivaron en violencia exactamente en el momento en que los grupos rivales, las autoridades o las fuerzas represivas intervinieron para detener una acción ilegal pero no violenta, como eran las huelgas o las manifestaciones.

[67] Oberschall, 1970, pp. 74 y 85.

[68] Michaud, 1978, p. 19.

[69] Lasswell, 1941.

[70] Lasswell, 1962, p. 53.

[71] Ibid., p. 63.

[72] Aron, 1979, pp. 349-350.

[73] Véase «En el origen del término. El terror de Estado», cap. IV.

[74] Rosenbaum y Sederberg, 1974, p. 543 (1975, p. 5).

[75] Rosenbaum y Sederberg, 1975, pp. 9-19. Sobre los escuadrones de la muerte, véase Sluka (ed.), 2000.

[76] Sobre el terror de Estado, véase «En el origen del término. El terror de Estado», cap. IV.

[77] Cook, 1972, p. 116.

[78] Snyder, 1976.

[79] Marx, 1979.

[80] Mann, 1997, p. 527.

[81] Schmid, 1991, p. 25.

[82] Lemkin, 1944, p. 79.

[83] Cit. por Osmañczyk, 1976, p. 586. Véase también Kuper, 1981, p. 22.

[84] Un estudio de la Convención contra el Genocidio de 1948, en Gil Gil, 1999. Sobre el concepto de genocidio, véanse Bartov, 2000; Charny y Berger (eds.), 1991; Grimshaw, 1999; Horowitz, 2001; Krain, 1997; Kressel, 1996; Kuper, 1981; Staub, 1989 y Wallimann y Dobkowski (eds.), 1987.

[85] Chalk y Jonassohn, 1990, p. 29.

[86] Lemkin, 1944, p. 79.

[87] Martin, 2002, p. 40.

[88] Espinosa Maestre, 2002, p. 59. Sobre el concepto de genocidio aplicado al caso español, véase Míguez Macho, 2014, pp. 72-131. Lo pone en duda Rodrigo Sánchez, 2003.

[89] Véase «Definiciones “estructurales”», cap. I.

[90] Hirschfeld, 2003, pp. 18-19.

[91] Véase Keeley, 1996.

[92] «Introduzione» a Corni y Hirschfeld (eds.), 2003, p. 7.

[93] Véase Ternon, 1997.

[94] Fein, 1990 y 1993.

[95] Heinsohn, 1998.

[96] Rummel, 1995, p. 4. Véase además Rummel, 1994 y 1997a.

[97] Rummel, 1997b, pp. 35-38 y 42. Esta obra es la conclusión de sus libros previos (Rummel, 1990, 1991 y 1992).

[98] Harff y Gurr, 1988, p. 360. Estos autores diferencian (p. 363) los genocidios hegemónicos (cuando distintos grupos étnicos, religiosos o nacionales se ven forzados a someterse a una autoridad central, por ejemplo durante la consolidación del poder en un nuevo Estado o en el transcurso de la expansión territorial), genocidios xenófobos (contra grupos étnicos, religiosos o nacionales al servicio de doctrinas de protección nacional o purificación social que definen a las víctimas como extrañas y amenazadoras), politicidios retributivos (dirigidos contra los antiguos grupos dominantes o influyentes por resentimiento de sus pasados privilegios o abusos), politicidios represivos (dirigidos contra partidos, facciones y movimientos implicados en alguna actividad opositora), politicidios revolucionarios (dirigidos contra el enemigo político o de clase según una nueva ideología revolucionaria) y politicidios represivos/hegemónicos (contra grupos étnicos o nacionales implicados en alguna forma de actividad opositora).

[99] Goldhagen, 2010, p. 35.

[100] Ibid., p. 39.

[101] Opp y Roehl, 1990, p. 527.

[102] Véase «Violencia y legitimidad», cap. II.

[103] Gurr, 1969.

[104] Johnson, 1972, p. 40.

[105] Nieburg, 1969a, p. 115.

[106] Nieburg, 1969a, p. 104.

[107] Kriesberg, 1989, p. 42.

[108] Kriesberg, 1975, p. 166.

[109] Giddens, 1985, p. 303.

[110] Lichbach, 1987, p. 287.

[111] Pereyra, 1974, p. 40.

[112] Pye, 1964, p. 170.

[113] Sobre los peligros del reformismo errático, que puede provocar un repentino relajamiento de la represión y crear un contexto favorable para la confrontación violenta, véase Oberschall, 1973, pp. 152-157.

[114] Della Porta, 1995b, p. 46.

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