A la altura de la primavera de 1917, la contienda europea, con la intervención de Estados Unidos alcanzaba dimensión mundial. En esos meses hubo motines militares en Francia, Italia y Rusia; actividad huelguística en Inglaterra; altercados en Alemania, y violentas manifestaciones en contra de la guerra en Italia La agitación huelguística brotó incluso en los países neutrales: en Suecia, Noruega o España. En España se dio el nombre de «crisis de 1917» a los sucesos que tuvieron lugar en el verano de aquel año que hicieron peligrar el gobierno: Un movimiento militar (las Juntas de Defensa), un movimiento político, y un movimiento social (la huelga general).

AA. VV.

Anatomía de una crisis

1917 y los españoles

ePub r1.0

Titivillus 03.12.2020

Título original: Anatomía de una crisis

AA. VV., 2017

Coordinador: Eduardo González Calleja

Co-escritor: Ángel Bahamonde Magro

Co-escritor: Eduardo González Calleja

Co-escritor: Álvaro Ribagorda Esteban

Co-escritor: Francisco Sánchez Pérez

Co-escritor: Angelo Ventrone

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

Listado de siglas

LISTADO DE SIGLAS

AHV | Altos Hornos de Vizcaya.
CGL | Confederazione Generale del Lavoro.
CNT | Confederación Nacional del Trabajo.
CRTC | Confederación Regional del Trabajo de Cataluña.
ERC | Esquerra Republicana de Catalunya.
FAI | Federación Anarquista Ibérica.
FDN | Federació Democràtica Nacionalista.
FET y de las JONS | Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista.
FJS | Federación de Juventudes Socialistas.
IC | Internacional Comunista.
IRS | Instituto de Reformas Sociales.
MCP | Compañía de los Ferrocarriles de Madrid-Cáceres-Portugal.
MZA | Compañía de los Ferrocarriles de Madrid-Zaragoza-Alicante.
PC | Partido(s) Comunista(s).
PCE | Partido Comunista de España.
PCOE | Partido Comunista Obrero Español.
PRC | Partit Republicà Català.
PRR | Partido Republicano Radical.
PSI | Partito Socialista Italiano.
PSOE | Partido Socialista Obrero Español.
PSU | Partito Socialista Unitario.
PURA | Partido de Unión Republicana Autonomista.
SDAP | Sociaal Democratische Arbeiders Partij.
SIPM | Servicio de Información y Policía Militar.
SOMA | Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias (UGT).
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands.
UGT | Unión General de Trabajadores de España.
UME | Unión Militar Española.
USPD | Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands.

Introducción

INTRODUCCIÓN

MIRADAS PLURALES A LA CRISIS DE 1917

Los historiadores no se ponen de acuerdo a la hora de determinar la naturaleza de los sucesos que acaecieron en España a lo largo del año 1917: una movilización reivindicativa de las élites intelectuales, una rebelión militar, un conato de Parlamento paralelo y una huelga general obrera que se tildó de «revolucionaria». Algunos observadores asumieron que estos acontecimientos, que pronto se reunieron bajo el común concepto de «crisis», eran el resultado del clásico tránsito de la guerra a la revolución que había caracterizado tantas conmociones políticas en el camino a la contemporaneidad. A la altura de la primavera de 1917, saltaba a la vista que la contienda europea, que con la intervención de Estados Unidos alcanzaba dimensión mundial, se había convertido en una gran fuerza revolucionaria: en esos meses hubo motines militares en Francia, Italia y Rusia; un brusco aumento de la actividad huelguística en Inglaterra; altercados por el precio del pan, huelgas de contenido pacifista, motines de la marinería y formación de consejos obreros en Alemania, y violentas manifestaciones en contra de la guerra (con cortejo de motines y barricadas) en ciudades del norte de Italia como Turín, Génova y Alessandria. El pacifismo y la agitación huelguística brotaron incluso en los países neutrales: en Suecia, Noruega o España hubo manifestaciones y disturbios contra la escasez de alimentos, mientras que en Suiza, el Partido Socialista inició una campaña de agitación que derivó en graves incidentes en Chaux-de-Fonds y Zurich y que culminó en la huelga que prendió sobre todo en los cantones germanoparlantes, el 9 de noviembre de 1918, como protesta contra el paro, el deterioro del nivel de vida y el deficiente servicio sanitario. En Dinamarca, los motines contra la carestía se sucedieron desde el asalto a la Bolsa de Valores en febrero de 1918. Las manifestaciones de protesta comenzaron al mes siguiente y llegaron a su momento culminante en agosto, para declinar a partir de noviembre.

Para los testigos, obsesionados con los cambios radicales que la guerra estaba produciendo en el continente, y que tuvieron una de sus manifestaciones más espectaculares en la Revolución rusa de febrero, los sucesos españoles de 1917 tuvieron la apariencia de un proceso revolucionario múltiple, pero descoordinado y mal organizado, hasta el punto de que José Ortega y Gasset evocó sarcásticamente aquellas convulsas jornadas como «el año en que obreros y republicanos hicieron una revolucioncita»[1]. A pesar de la discutible potencialidad transformadora de estas turbulencias políticas, autores como Gerald Meaker definieron lo acaecido en España como «una experiencia revolucionaria auténtica que señaló el fin del sistema de la Restauración que había durado cuatro décadas»[2]. Si bien Francisco Romero Salvadó observa que tal ofensiva revolucionaria jamás supuso un desafío capaz de acabar con el régimen, y tampoco ofreció una alternativa viable[3].

Ya en su tiempo, autores como el intelectual socialista Luis Araquistáin o el periodista y político liberal Fernando Soldevilla, elaboraron la teoría, que más tarde se convirtió en clásica, de las tres revoluciones sucesivas[4]. La tesis fue recuperada y reformulada en los años setenta por Juan Antonio Lacomba, que para explicar el fracaso del proceso revolucionario resaltó la falta de conexión y coordinación entre los distintos movimientos subversivos, que transcurrieron en paralelo y que a la postre no fundieron sus objetivos, por lo que pudieron ser desactivados sucesivamente (mediante el sometimiento, la cooptación y la represión) por el régimen monárquico. Así quedó fijada la visión canónica secuencial de la crisis española de 1917: una movilización política en torno a la neutralidad absoluta o la intervención, que en una especie de reacción en cadena dio lugar a una sedición militar que alentó la agitación de las izquierdas con la Asamblea de Parlamentarios de Barcelona, la cual a su vez impulsó la protesta obrera.

Otros observadores consideraron que, más que una revolución fallida, lo que se había producido en España era un proceso de democratización frustrado. Resulta evidente que, en torno a 1917, la idea de democracia comenzó a cobrar protagonismo mundial y a condicionar el discurso político doméstico por la caracterización que esta forma de gobierno fue asumiendo como compendio de los principios éticos y políticos que se oponían al autocratismo germánico con las armas en la mano. Pero esta interpretación confunde el fin con los medios, o dicho de manera más técnica, los marcos culturales de referencia con las estrategias de acción colectiva inevitablemente impregnadas de estos principios y valores. La democratización no era solo una causa, sino una salida al sentimiento de crisis que se apoderó de buena parte de la sociedad española en 1917, y que afectó a los mismos cimientos del Estado oligárquico de la Restauración[5].

El concepto que ha logrado mayor fortuna para caracterizar la situación española de 1917 ha sido, sin duda, el de crisis. Desde el mismo momento en que se produjeron, los sucesos de 1917 fueron abordados como una manifestación del proceso general de declive del liberalismo clásico suscitado por la Gran Guerra, que en España se tradujo en una crisis pre o pararrevolucionaria que el Estado, afectado por la merma de legitimidad, coherencia y eficacia de los poderes constitucionales, hubo de afrontar con escasos recursos materiales y simbólicos[6]. Aunque muchos autores identifican la «crisis de la Restauración» con el reinado de Alfonso XIII, los primeros estudios sobre esta etapa histórica, elaborados en la segunda posguerra mundial por Gabriel Maura Gamazo y Melchor Fernández Almagro, acotaban la crisis al sexenio 1917-1923, y la achacaban a la disolución de los partidos tradicionales (y el ulterior fracaso de operaciones políticas de amplia colaboración) y a los conatos revolucionarios que desde 1917 marcaron el declive definitivo del régimen constitucional y de la propia monarquía[7]. Sin disponer aún de la suficiente perspectiva histórica de sus implicaciones en el orden doméstico e internacional, los cronistas coetáneos ya fueron conscientes de la trascendencia de los acontecimientos vividos, y construyeron la interpretación canónica de la crisis política desglosada en tres procesos o frentes subversivos no convergentes: el militar, el político y el sindical[8]. Desde el punto de vista de las fuerzas e instituciones gubernamentales, el político conservador Manuel de Burgos y Mazo, el entonces capitán de la Guardia Civil, Modesto de Lara y Molina (que firmó un libro con el seudónimo de «Ladera») o el cronista Josep Buxadé se abonaron a una visión fundamentalmente conspirativa de los hechos, basada en su presunta inducción por las potencias beligerantes en la Gran Guerra —especialmente Francia—, e integrando involuntariamente el «caso» español en el contexto de la crisis europea de aquellos años[9]. En esta línea, la tendencia historiográfica dominante desde los años setenta del siglo pasado hasta la actualidad ha integrado con énfasis creciente al 1917 español en el ciclo revolucionario que sacudió al continente europeo en unos meses que resultaron decisivos para la suerte de la Primera Guerra Mundial[10]. En ese año, las tropas francesas se amotinaron, Alemania cayó bajo la dictadura militar encubierta de Hindenburg-Ludendorff, el Imperio Austrohúngaro fue sacudido por la desintegración interna, Grecia contempló la caída de su monarquía, Italia sufrió motines del pan y luchas de barricadas, en Rusia estallaron dos revoluciones consecutivas en febrero y octubre, y en Portugal tuvo lugar la revolución sidonista a fines de año.

A inicios de los años setenta, Juan Antonio Lacomba habló en sentido marxiano de la existencia de una «crisis orgánica» del sistema de la Restauración caracterizada por un doble enfrentamiento: las disputas por la hegemonía en el seno del bloque de poder dominante y la lucha de clases que se agudizó por las convulsiones económicas generadas por la Gran Guerra. Esta visión de una crisis social marcada por la polarización de clases, que se transformó de forma casi mecánica en una crisis política, se siguió manteniendo durante los años de la transición[11]. Sin embargo, la tesis de la polarización burguesía-proletariado no lograba explicar de forma convincente la complejidad de la crisis múltiple de 1917, cuyo complicado contexto social y económico ya había sido estudiado con detenimiento por Santiago Roldán y José Luis García Delgado[12], o por Albert Balcells, para quien las tensiones estructurales de una economía sometida a la penuria y a la especulación actuaron de detonante de la crisis social y política[13]. Más que calibrar el nivel de polarización entre clases, era preciso dar cuenta de las alianzas y las divisiones que impulsaron o sufrieron los diversos actores políticos y sociales, que son características de las dinámicas de movilización generalizada que tienen lugar durante esos periodos conflictuales que llamamos crisis.

La crisis designa una situación compleja en el marco del proceso político. Es una coyuntura donde se altera o se rompe el normal funcionamiento del sistema y de las relaciones entre los actores políticos y sociales que lo componen, produciendo momentos de incertidumbre e inestabilidad institucional, hasta desembocar en la destrucción o el reacomodo del sistema a las nuevas condiciones. Sus manifestaciones más evidentes son la amplia movilización de recursos materiales y simbólicos por parte de los diversos actores institucionales y no institucionales, el alto nivel de conflicto interno o externo, y la transformación sustancial y duradera del sistema político que se revela incapaz de gestionar con eficacia esta situación de disenso. La crisis política supone la intensificación temporal de un proceso previo de dificultades y conflictos, que conduce a una etapa más o menos prolongada de transformaciones, las cuales a su vez desembocan en un cambio significativo de la estructura política y social. Ignacio Sotelo diferencia el conflicto como vía habitual de resolución limitada y no necesariamente violenta de los problemas que afectan a un sistema, y la crisis como situación aguda, pero necesariamente breve y frecuentemente violenta, de conflicto múltiple, donde en ocasiones se produce una transformación sustancial del sistema[14]. Antonio Gramsci definió una crisis orgánica como el proceso de ruptura del compromiso entre dominantes y dominados que produce una separación entre la sociedad civil y la sociedad política, y en el que se plantea el problema de la hegemonía en el seno del bloque social dominante y del propio Estado[15].

En los análisis más recientes sobre la cuestión, Michel Dobry considera que las crisis políticas obedecen a una dinámica específica, distinta de la evolución general del debate político convencional, y en ella se revelan tanto el funcionamiento estratégico de los distintos organismos del Estado como el de los diversos grupos reivindicativos, a través de la confluencia de las movilizaciones multisectoriales en amplios frentes de protesta. Estos grupos desafiantes ejercen presión sobre las capacidades gubernamentales, generando conflicto, incertidumbre y, eventualmente, la transformación de la estructura social y política. Las crisis son movilizaciones y transformaciones del estado de los sistemas sociales con esferas autónomas, fuertemente institucionalizadas y dotadas de lógicas sociales específicas. Estas movilizaciones afectan a varios ámbitos diferenciados de una sociedad, donde los protagonistas despliegan una actividad táctica en una línea de acción determinada. Pero las estrategias de acción no siempre se dirigen a cuestiones, objetivos o perspectivas estratégicas idénticas para todos los actores y segmentos sociales movilizados, ni están sometidas de forma inequívoca al cálculo racional, sino que en ocasiones se remiten a las reservas culturales, rutinas y reglas del juego de las diversas instituciones, y varían con la propia evolución de los conflictos[16].

Las situaciones revolucionarias acaecidas en Europa durante la última fase de la guerra y la inmediata posguerra mundial estuvieron marcadas en buena medida por la percepción de la vulnerabilidad del Estado, o la demostración de que otros estados similares no habían podido o sabido defenderse, como el ruso en febrero de 1917. Los movimientos reivindicativos surgidos de la Gran Guerra fueron el resultado conjugado de las presiones económicas, de la liberación de la energía política contenida tras años de lucha en los frentes y de un incremento de las oportunidades políticas suscitado por el debilitamiento en la legitimación del Estado liberal[17]. En torno a 1916-1917, la percepción social generalizada de la incapacidad del Estado español para dar respuestas a las demandas de una sociedad cambiante facilitó la movilización de intereses, no solo contra otros intereses antagónicos, sino también contra el propio Estado. De ahí el incremento de la agitación nacionalista y regionalista, empresarial, obrera, corporativa, etc. La aparición de nuevos repertorios de protesta estuvo en relación directa con la percepción de una favorable estructura de oportunidades determinada por la deficiente respuesta que el Estado dio a las perturbaciones que la Gran Guerra estaba ocasionando en la sociedad española[18].

Vinculados estrechamente a la dinámica de las crisis políticas aparecen los ciclos de protesta, que pueden ser entendidos como «una fase de intensificación de los conflictos y la confrontación en el sistema social, que incluye una rápida difusión de la acción colectiva de los sectores más movilizados a los menos movilizados; un ritmo de innovación acelerado en las formas de confrontación; marcos nuevos o trasformados para la acción colectiva; una combinación de participación organizada y no organizada; y unas secuencias de interacción intensificada entre disidentes y autoridades que pueden terminar en la reforma, la represión y, a veces, en una revolución»[19]. Un buen ejemplo de evolución de las oportunidades en un ciclo de protesta lo tenemos en el que tuvo lugar en España entre 1916 y 1923, cuando la presión convergente de los nacionalistas catalanes, los militares de las Juntas de Defensa, los partidos republicanos, el socialismo y los dos grandes sindicatos obreros —Unión General de Trabajadores (UGT) y Confederación Nacional del Trabajo (CNT)— se dirigió contra el Gobierno y la propia monarquía. Como veremos en los próximos capítulos, este proceso fue inaugurado con la ofensiva autonomista y el desafío corporativo de las Juntas de Defensa. Ambos movimientos surgieron en Cataluña entre 1915 y mediados de 1916, y se extendieron por otras partes de España a comienzos de 1917, hasta alcanzar su paroxismo ese verano. En general, movimientos «madrugadores» de este tipo plantean exigencias a las élites que pueden ser utilizadas por aquellos otros que carecen de su audacia y sus recursos. En este caso, las oportunidades políticas abiertas con esta crisis de relaciones en el seno de la organización estatal afectaron a buena parte de la ciudadanía, especialmente a las diversas líneas del obrerismo, que iniciaron en 1916 una intensa movilización huelguística. Esta actitud reivindicativa estaba, como señala Tarrow, muy vinculada al ciclo económico de bonanza y crisis fruto del conflicto europeo. La prosperidad económica que conllevó la guerra para los países neutrales incrementó la demanda de trabajo de los empleadores y redujo la competición por el mismo. En esa situación, los trabajadores en el ámbito urbano estaban en condiciones de demandar mejores salarios, menos horas o mejores condiciones laborales, pero se vieron frustrados con una coyuntura en la que el desabastecimiento y la inflación deterioró su nivel de vida, enfado que desahogaron con una más intensa movilización, que fue canalizada a través de los sindicatos. Como resultado, la tasa de huelgas siguió una curva ascendente cuando el declive del desempleo dejó a los patronos prisioneros del mercado de trabajo, y decayó cuando la demanda de empleo inició un lento declive[20].

El incremento del acceso a las oportunidades se vio reforzado por la espectacular proliferación de movimientos de liberación y de democratización en toda Europa, y por la inestabilidad de los alineamientos políticos que sostenían al sistema liberal español. La crisis de los partidos del turno, que había comenzado en 1909 y se hizo evidente entre 1913 y 1919, agudizó la debilidad gubernamental y alentó la acción colectiva de los grupos de la oposición, en especial las formaciones nacionalistas y obreras, cuya movilización se orientó con preferencia a la influencia en la política nacional desde un ámbito básicamente urbano. De este modo se confirmaba la tesis de que la apertura de oportunidades políticas genera recursos externos para las organizaciones que disponen de escasas capacidades de influencia en comparación con las que tiene el Estado.

Junto con la división de las élites gobernantes, el incremento de las posibilidades de acceso parcial al poder y la inestabilidad de los alineamientos políticos, un cuarto aspecto de la difusión y diversificación de la estructura de oportunidades es la presencia o ausencia de aliados influyentes. A pesar del ensayo huelguístico a escala nacional organizado por la UGT y la CNT en diciembre de 1916, el movimiento obrero era consciente de que la revolución resultaba imposible en un marco exclusivo de clase. Fue entonces cuando se fueron trenzando las diversas alianzas entre retadores y críticos moderados del régimen monárquico: los «fanáticos» dispuestos a agotar todos los recursos para alcanzar la subversión (las diversas formaciones obreras) y los «oportunistas» en mayor o menor grado (las Juntas y las fracciones opositoras que dominaban en la Asamblea de Parlamentarios, especialmente la Lliga), que expusieron mínimamente sus recursos por un corto espacio de tiempo y con mayores posibilidades de triunfo, como a la postre lograron tanto catalanistas como reformistas.

En junio de 1917, el conglomerado «fanático» dio la señal a los «oportunistas» para emprender un movimiento de protesta conjunto, pero con un ambiguo programa de cambio político. El movimiento juntero, que objetivamente era el de menor tamaño, pero disponía de mayores recursos coercitivos que sus aliados circunstanciales, logró sus objetivos básicos tras una temprana y breve movilización, tras de lo cual se reintegró en el sistema sin excesivos traumas ni remordimientos. Los asambleístas, cuya protesta alcanzó su punto culminante en julio, trataron de reconducir el malestar militar y proletario por el camino de la reforma política democrática. Ante el peligro de ser rebasados por la radicalidad de la protesta obrera, agotar sus recursos en una lucha estéril y perder las posiciones conquistadas en el establishment político, frenaron pronto su movilización y fueron parcialmente cooptados, como logró la Lliga con su ingreso en el gobierno de concentración de noviembre de 1917. De modo que, en agosto, las organizaciones obreras llevaron su movilización hasta el final casi en solitario, y fueron duramente reprimidas.

Si el ciclo de protesta se intensificó con sendos conflictos institucionales —el juntero y el asambleísta de junio y julio de 1917—, su cénit conflictivo vino con la huelga de agosto, para entrar en declive a partir de esa fecha, recuperar un intenso índice de movilización sectorial en los años 1918-1920 —coincidente con la crisis interna que sufrieron los actores «fanáticos»— y colapsar en 1923 con la Dictadura; periodo autoritario que puede ser entendido como la desembocadura de las oportunidades que el ciclo de protesta generó en beneficio de un sector de la élite del poder: el militar. Desde la perspectiva de la acción colectiva, las causas de que el momento culminante de la movilización de 1917 no tuviera un desenlace revolucionario pueden resumirse en dos. En primer lugar, la eficacia del Estado a la hora de limitar las oportunidades, elevando los costes de organización y movilización de los oponentes políticos mediante una hábil estrategia de represión selectiva que contemplaba tácticas de cooptación, de incentivación y de coacción directa o a través de un contramovimiento, como acabaron siendo las Juntas de Defensa. En segundo término, la inadecuación de las estructuras de movilización para llevar a cabo la protesta, en especial por la volatilidad de las alianzas concertadas entre los diversos movimientos concurrentes y por la ineficacia del repertorio reivindicativo empleado (de la manifestación a la reunión sediciosa, o a la huelga general «revolucionaria»), aunque el paro laboral por razones económicas se seguiría utilizando ampliamente hasta el declive del ciclo.

Asumiendo estas premisas teóricas, y rechazando el reduccionismo inherente a su percepción clásica como mera secuencia mecánica de tres crisis sucesivas, creemos que la coyuntura de 1917 puede ser analizada de forma unificada, pero más compleja, como una crisis multisectorial en la que entraron en juego los diversos actores políticos y sociales concernidos por la situación, que redefinieron sus identidades, organización, estrategias y objetivos, en mutua y permanente interacción. No debe concebirse este año clave como un cúmulo de acontecimientos cerrados en sí mismos, sino como un observatorio privilegiado para comprender las estrategias competitivas de los grupos disidentes y las líneas de fractura del régimen monárquico, que se fueron ahondando y agravando en los siguientes tres lustros. Por último, esta coyuntura no puede abordarse como una situación excepcional, reduciéndola al estrecho ámbito del proceso político e institucional español, sino que debe ser integrada en el contexto de una oleada de crisis que afectó a los países de nuestro entorno —especialmente los mediterráneos— durante la guerra, y que proyectó sus consecuencias hasta más allá de la inmediata posguerra.

El presente libro, obra de un equipo de especialistas reunidos en torno al Proyecto de Investigación «La crisis española de 1917: contexto internacional e implicaciones domésticas» (HAR2015-68348-R), pretende abordar esta compleja situación desde distintas perspectivas: internacionales, culturales, institucionales, socioeconómicas y políticas. Estructurado en cinco capítulos, se centra de forma preferente, pero no exclusiva, en la evolución de la crisis española, y gira en torno a las cuatro fechas cruciales del año 1917: el 27 de mayo, momento en que se celebró en la Plaza de Toros de Madrid el gran mitin antigermanófilo que, orientado por intelectuales celosos de su responsabilidad cívica como forjadores de opinión, supuso la puesta de largo de las fuerzas democráticas opuestas al régimen; el 1 de junio (ultimátum de las Juntas Militares al Gobierno) como punto de no retorno en la interferencia pretoriana que daría al traste con el sistema liberal pocos años más tarde; el 19 de julio (reunión de la Asamblea de Parlamentarios en Barcelona) como momento de presentación y difusión del programa político reformista apadrinado por la oposición democrática, y el 13 de agosto (convocatoria de la huelga general obrera) como ápice de la movilización popular de protesta y punto de frustración de una salida a la crisis concertada por todas las fuerzas hasta entonces marginadas del sistema. La obra finaliza con una panorámica general de la situación mundial en 1917, que es considerado como un año clave donde se corroboró el irreversible carácter «total» de la guerra y se reafirmaron los radicales cambios que estaban viviendo los estados y las sociedades para adaptarse a esta circunstancia excepcional: reforzamiento de las competencias gubernamentales en la dirección de un mayor intervencionismo social y económico, un acceso pleno de la mujer en el mundo laboral, el disciplinamiento de la producción, la identificación y la caracterización del «enemigo interno» a través de la propaganda de masas, etc. Pero al tiempo se agudizaron las contradicciones internas (conflictos entre el poder civil y militar, entre frente y retaguardia, entre oficiales y soldados, entre el Legislativo y el Ejecutivo, entre capital y trabajo, entre neutralistas e intervencionistas, entre pacifistas y belicistas, entre nacionalistas e internacionalistas, entre etnias o religiones…), que desembocaron en crisis políticas con salida eventualmente revolucionaria, como fue el caso paradigmático —pero en absoluto único— de Rusia en febrero (marzo) y octubre (noviembre) de 1917.

El repaso sucesivo a la actividad pública de los intelectuales, las estrategias de imposición pretoriana sobre el poder civil, los avatares de la vida política en general y de la agitación popular en particular, junto con la debida contextualización de todos estos acontecimientos en el decurso de la Gran Guerra como gran activadora de procesos revolucionarios, aspira a ofrecer al lector una versión caleidoscópica pero suficientemente coherente de esta crisis política, donde se reunieron los miedos y las esperanzas que los españoles y el resto de los europeos depositaron a lo largo del año —simbólico por tantos motivos— de 1917.

Eduardo González Calleja

Universidad Carlos III de Madrid

1. Los intelectuales en la crisis. El debate público en torno a la guerra europea y la situación española

CAPÍTULO 1

LOS INTELECTUALES EN LA CRISIS

El debate público en torno a la guerra europea y la situación española

Álvaro Ribagorda

Universidad Carlos III de Madrid

Los procesos de Montjuïc, la derrota del 98 y la ejecución de Ferrer i Guardia habían despertado a la vida pública a los intelectuales españoles, posicionándolos frente al régimen. El sistema de la Restauración estaba inmerso en una crisis que se había iniciado con el asesinato de Cánovas del Castillo, se había acentuado con la caída de Maura tras la «Semana Trágica» de Barcelona, y mostraba evidentes síntomas de descomposición tras el asesinato de Canalejas y el veto de Maura al nombramiento de Romanones, con la consiguiente fragmentación de los partidos del turno.

El juego político se fue complicando desde entonces. Alfonso XIII tuvo que empezar a buscar apoyos fuera de los partidos del turno, y necesitado de un acercamiento al Partido Reformista en 1913, el monarca hizo el gesto de abrir el régimen a los intelectuales llamando a Palacio a Azcárate, Cossío, Cajal y Castillejo. Los intelectuales creyeron desde entonces en la posibilidad de reformar el sistema desde dentro, sin necesidad de derribar la monarquía.

El manifiesto de la Liga de Educación Política de Ortega, que aspiraba a reunir a las fuerzas emergentes del país en defensa del liberalismo político, y el homenaje a «Azorín» en Aranjuez promovido desde el entorno de la Residencia de Estudiantes, que agasajaba a una de las voces más destacadas del 98 frente a la vieja España que significaba la Academia, evidenciaban a la altura del otoño de 1913, que una nueva generación estaba irrumpiendo en la escena cultural y política española. La confirmación llegó en marzo de 1914, cuando Ortega reunió en el madrileño Teatro de la Comedia a gran parte de la intelectualidad y el reformismo españoles en la célebre conferencia «Vieja y Nueva Política», de la que toda la prensa se hizo eco, como el punto de partida de una promesa de transformación nacional. Había ya otra España en marcha que respiraba los aires de las universidades europeas, y para la que la España oficial de la Restauración era ya un marco incómodo que había que romper.

La descomposición del sistema de la Restauración seguía avanzando, y su desprestigio social iba también en aumento cuando estalló la Primera Guerra Mundial. El debate ideológico que provocó y su intensidad, fueron el mejor marco que encontraron los intelectuales españoles para poner en evidencia la creciente descomposición política del país, dar un salto cualitativo en su capacidad de influencia sobre la opinión pública y movilizar a buena parte de la sociedad española, en un proceso que despegó a raíz del debate en torno a la guerra europea y desembocó en la crisis española del verano de 1917.

El estallido de la Gran Guerra se convirtió en la ocasión propicia para promover una gran movilización desde la que los intelectuales se propusieron abanderar un proyecto político colectivo con el que despertar a la sociedad española, utilizando todos los resortes a su alcance, y convirtiéndose en verdaderos agitadores de conciencias y galvanizadores de la opinión pública. Como señaló hace décadas José-Carlos Mainer, al hablar de la frustración histórica de la aliadofilia de los intelectuales:

Si el caso Dreyfus fue la prueba de fuego para los mandarines franceses de la III República, la guerra europea fue el catalizador de las voluntades, inquinas y apasionamientos de los escritores españoles, empeñados en la tarea de hallar su lugar en una sociedad paleozoica[21].

Muchos de ellos se embarcaron entonces en un proyecto de agitación y movilización política sin precedentes, lo que les obligó a definirse, a concretar en qué consistía su ideal de Europa, a aclarar su posición política, diseccionar su visión de la historia y la idiosincrasia española y europea, posicionarse ideológicamente de forma muy clara, y en la mayor parte de los casos sumarse a un proyecto político común que tenía como objetivo la democratización de España dentro o no del sistema de la Restauración.

El estallido de la guerra hizo que en el verano de 1914 el gobierno de Dato se apresurase a declarar la neutralidad española. Alfonso XIII ordenó a sus súbditos su estricto cumplimiento. Pero lo que sucedió después fue —como ha señalado Andreu Navarra— «una de las explosiones de desobediencia civil más notables de la historia de España»[22].

1. El frente de la cultura en la Gran Guerra

1. El frente de la cultura en la Gran Guerra

La politización de los intelectuales españoles, y su ingente labor de respaldo a favor de alguno de los bandos en liza, fue un claro correlato de la extensa labor propagandística de los intelectuales europeos en 1914. Como explicaba «Corpus Barga», en el mes de agosto de 1914 los alemanes estrenaron dos poderosas armas:

[…] la artillería pesada y la propaganda de Estado […] El estupor y la indignación que produjo en los escritores de las democracias la idea de la propaganda como arma de guerra no impidió que se adoptara[23].

Uno de los episodios más interesantes y controvertidos de la Primera Guerra Mundial fue la extraordinaria actividad para la movilización que promovieron los intelectuales en los países en guerra. Un fervor bélico y un nacionalismo desatado invadieron casi todos los epicentros de la cultura europea. Los escritores, artistas, pensadores, profesores y científicos se dejaron arrastrar —como el resto de sus compatriotas— por un golpe de sangre que nubló cualquier atisbo de razón más allá de la razón de Estado en la que se sumergieron de lleno. El miedo y el exceso de confianza fueron probablemente los principales estímulos de aquella vorágine que, convenientemente instigada y alimentada por los respectivos estados, provocó que los intelectuales franceses, ingleses, alemanes, rusos o austrohúngaros, considerasen amenazado su sistema de ideas y valores, y como señalaban Eduardo González Calleja y Paul Aubert, se volcasen a afirmar que «la guerra justa y honorable liberaba las virtudes heroicas de los pueblos y alimentaba el patriotismo»[24], esforzándose así por reconciliar en una causa común las posiciones enfrentadas, bajo el mito de la guerra como revulsivo nacional frente a la decadencia, ejemplificado en la Union Sacrée francesa y la Burgfriedenspolitik alemana.

Ese entusiasmo inicial, esa visión aventurera, heroica y varonil de la guerra que habían retratado la pintura historicista y la literatura del siglo XIX, sumado al auge de los nacionalismos y a la animadversión entre países cultivada en las décadas anteriores, generaron un alistamiento masivo también entre los universitarios, la burguesía e incluso algunas familias nobles, no solo en toda Europa, sino también en América, Oceanía o África. Después de un largo periodo de paz, todos concebían la guerra a través de aquel prisma que narraba las batallas como algo idealizado, una alegre excursión campestre, casi un deporte afinando la puntería a larga distancia, enfrentamientos cuerpo a cuerpo, asaltos… nada de lo que en realidad sucedió. La guerra real prácticamente no se había contado hasta entonces, y cuando los europeos quisieron darse cuenta de la realidad, ya estaban atrapados en una cárcel de barro y disciplina militar.

A través de la euforia inicial fermentó un fuerte sentimiento nacionalista, derivado de la apelación romántica a las emociones por encima de la razón, y la sugestión colectiva de las masas. Aquella intensa emoción nacionalista hizo del instinto gregario y de integración una forma de realización personal dentro de un proyecto común y solidario, que debía culminar con la segura victoria nacional. Incluso una de las voces más vibrantes del pacifismo, el escritor austrohúngaro Stefan Zweig, no quiso evitar en sus memorias el recuerdo de la intensa emoción que atrapó a todos al estallar el conflicto:

En honor a la verdad debo confesar que en aquella primera salida a la calle de las masas había algo grandioso, arrebatador, incluso cautivador, a lo que era difícil sustraerse […] Por unos momentos todas las diferencias de posición, lengua, raza y religión se vieron anegadas por el torrencial sentimiento de fraternidad[25].

La guerra trajo consigo un torrente de literatura propagandística en los países en liza, sin la cual sería imposible explicar la extraordinaria movilización de voluntarios en toda Europa[26]. Los intelectuales españoles se sirvieron del mismo fermento que sus homólogos europeos para alimentar la movilización política nacional, con la diferencia de que el Estado español no estaba en guerra, sino que el Gobierno había prohibido expresamente cualquier acto de beligerancia. Así, mientras la producción y las manifestaciones públicas —hoy sonrojantes— de franceses, ingleses, austriacos o alemanes formaban parte —consciente o no— de las estrategias de persuasión de los estados para movilizar a sus ciudadanos al combate, en España trataron también de fomentar el mismo vínculo entre pueblo e intelectuales con la idea de promover la regeneración nacional, pero actuando en contra de la posición del Estado y los intereses del Gobierno, precisamente para desafiar al poder.

Es evidente que el papel de los intelectuales fue clave en la enorme dimensión que alcanzó el conflicto y la gran popularidad inicial de la que gozó, ya que como señaló el sociólogo Jeffrey C. Alexander, la construcción del significado que las guerras necesitan para ser aceptadas por las sociedades, se mueve más cerca de los valores culturales y las mentalidades nacionales que de los intereses políticos o económicos[27], y los agentes clave en dicha construcción de significados fueron los intelectuales y los medios de comunicación. De esa manera, los primeros que tanto se prodigaron desde 1914 en el relato literario y periodístico del conflicto jugaron un papel decisivo para convencer a la opinión pública de sus respectivas naciones de la bondad, la necesidad o la heroicidad de aquella matanza. Una lógica muy similar fue la que operó entonces en España, donde el desprestigio del sistema político y de las élites de la Restauración minimizó la credibilidad de los argumentos oficiales, y dio alas a la publicística de los intelectuales en su papel de creadores de significado acerca de la gran tragedia que inundaba Europa y el papel que debía jugar España en ella.

El principal escenario del debate entre aliadófilos y germanófilos fueron los diarios y algunas revistas. La prensa se encontraba entonces en pleno apogeo como medio de comunicación de masas. Era un momento de auge del periodista-escritor; muchos intelectuales tenían sus columnas en los diarios nacionales, y para no pocos de ellos estas constituían su principal fuente de ingresos. Para las aspiraciones de influencia social de los intelectuales la prensa era, desde luego, la palanca apropiada para transformar la sociedad.

La guerra trajo numerosos problemas para la prensa: pérdida de anunciantes, carestía del papel, censura… pero fue una noticia colosal que reavivó el periodismo. Acostumbrados a las estrecheces de la vida política nacional, la neutralidad despertó una avidez de noticias inusitada en un país de espectadores y opinadores innatos situados ahora en primera fila. Los grandes diarios tuvieron que expandir sus horizontes enviando corresponsales a las capitales europeas y a los puntos calientes del conflicto —y no solo a París, como era habitual—, aunque muchas crónicas bélicas fueron escritas por corresponsales internacionales que nunca salieron de las redacciones madrileñas.

El Gobierno de Dato publicó un decreto, el 4 de agosto de 1914, amenazando con fuertes sanciones a los diarios que violasen «la más estricta neutralidad», y el peso de la ley cayó sobre muchos rotativos. Solo hasta julio de 1915, Eduardo González Calleja y Paul Aubert han localizado 56 expedientes sancionadores, cuarenta y cinco de ellos por injurias a los Imperios Centrales, seis a los miembros de la Entente y cinco contra países neutrales[28].

Hubo muchos diarios partidistas, pero también otros en los que existía la pluralidad o se jugaba a la confusión. El diario catalán La Vanguardia, por ejemplo, tenía como presidente al germanófilo conde de Godó, pero su director Miquel dels Sants Oliver era aliadófilo, y allí saltó a la primera plana del periodismo nacional «Gaziel». Diarios como el monárquico ABC fueron germanófilos de pro sin necesidad de dinero alemán, aunque existen sospechas de que después lo recibieran. No obstante, en las páginas de Luca de Tena se hicieron muy famosas las crónicas aliadófilas de Julio Camba o «Azorín», que vestía su simpatía por Francia con argumentos de centones conservadores como Menéndez Pelayo. No se trataba de una prensa neutral, pero la búsqueda de noticias y públicos diversos, así como cierta apariencia de pluralidad, beneficiaban mucho al negocio.

Una vez más, los escritores fueron figuras clave en la actividad de los periódicos durante el conflicto, el público estaba deseoso de crónicas y noticias, pero más que nada de los matices a los que solo un buen escritor sabe llegar para calar en las múltiples dimensiones de la guerra. Los diarios supieron explotar su capacidad literaria, la respetabilidad de su nombre y el capital simbólico que aportaban, mientras que muchos escritores hacían caja con el conflicto y aprovechaban las plataformas que se les brindaban para echar a rodar su proyecto político.

Cuando los frentes se estancaron y se inició la guerra de posiciones entraron en juego otro tipo de estrategias bélicas, y los contendientes iniciaron el asalto a los países neutrales que podrían acabar desequilibrando la balanza de una guerra de desgaste. Las oficinas de propaganda alemanas, francesas e inglesas se lanzaron a conseguir el favor de la opinión pública española mediante una intensa campaña que incluyó la subvención de folletos, libros o películas, la financiación de diarios y revistas, e incluso la compra directa de periodistas[29].

2. La actitud inicial ante el conflicto

2. La actitud inicial ante el conflicto

El estallido de la guerra produjo una conmoción inicial entre los intelectuales españoles, que llevaban años clamando por seguir el modelo de las naciones europeas para modernizar España, y ahora veían que las «naciones civilizadas» llevaban al continente al abismo. El mismo 1 de agosto, Pío Baroja le decía a Ortega:

Me siento poco albatros ante esta terrible tormenta que estalla al otro lado de los Pirineos; más se inclina uno a imitar a ese clásico avestruz que mete la cabeza en la tierra para no ver lo que pasa a su alrededor.

José Castillejo vivió el inicio de la guerra desde Londres, y le pareció una catástrofe de tales dimensiones que tenía la esperanza de que no pudiese durar mucho tiempo «por la ruina total y la paralización en la vida que produce. A poco que durase, Europa moriría de hambre y de pobreza», les decía a sus hermanas[30].

Inicialmente la mayor parte de los españoles no se manifestaron a favor de un bando u otro, y siguieron la orden de neutralidad impuesta por el Gobierno y el rey. El líder de la Lliga, Francesc Cambó, lo ratificó a mediados de agosto en La Veu de Catalunya, llenando de contenido el sentido de la neutralidad, al indicar que España no tenía intereses en aquella guerra, y tampoco disponía de tropas, barcos o medio alguno para combatir, por lo que solo sería un estorbo: «Hemos de ser neutrales en la guerra porque no podemos ser otra cosa». Azaña o Unamuno insistieron después en la neutralidad como única opción posible ante la incapacidad económica y militar española. «Nuestra neutralidad no es más que una vergüenza inevitable», sentenció Unamuno[31].

Entre los políticos hubo algunas voces discrepantes con la posición oficial, como la de Melquiades Álvarez que reclamó una neutralidad benévola con la Entente, o el famoso artículo de Romanones «Neutralidades que matan», en el que criticó el aislamiento internacional que suponía la neutralidad, aunque después únicamente se limitó a proponer una declaración de alineamiento ideológico con la Entente, pero sin beligerancia. Por su parte, el líder republicano Alejandro Lerroux —el más exaltado aliadófilo— habló ese mismo mes de agosto de la neutralidad española como una inhibición propia de cobardes, posición que pronto encontraría eco entre los intelectuales, muchos de los cuales sintieron vergüenza, hablaron de la hipocresía del Gobierno y vivieron la neutralidad como una desgracia nacional.

Unamuno fue de los primeros intelectuales en posicionarse ante el conflicto, muy molesto por la declaración de neutralidad, y antes de terminar el mes se encontró en la Plaza Mayor de Salamanca con la noticia de su destitución del Rectorado, sin previa amonestación ni causa oficial.

La destitución del rector salmantino se convirtió en la ocasión para hacer grupo e iniciar el combate. Se trataba del primer ensayo de un enfrentamiento —que pronto se libraría en el campo abierto de la aliadofilia— entre la España vital que decían representar los intelectuales y la España oficial que querían combatir. Para Unamuno, fue además el detonante de un estado de excitación que se diseminó en su fecundísima labor de articulista, en la que se volcó desde entonces con una prosa violenta de agitación política, destinada a sacar del letargo a la nación española, con la esperanza de una movilización política a favor de las democracias occidentales que acabase enfrentando a los españoles contra el régimen oligárquico dominante, y dinamitase el sistema de la Restauración. Esa fue la estrategia desplegada por la mayor parte de los intelectuales que comenzaron a promover la aliadofilia en España.

Tras la consternación inicial, las primeras consecuencias de la guerra llegaron a través del despegue de ciertas industrias, el inicio de la inflación o la carestía de ciertos productos. Durante los meses siguientes la guerra europea se vivió desde el palco del país como un espectáculo apasionante, y pronto los españoles aplicaron al conflicto su sentido partidista y apasionado.

Alcalá Galiano recogió en un libro publicado en 1916 la división ideológica que se operó en la sociedad española: «Hablando en términos generales, las izquierdas eran francófilas y las derechas germanófilas»[32].

En los cafés y en los tranvías, en los casinos de provincias y en los restaurantes de postín, la polémica entre aliadófilos y germanófilos se convirtió en la tónica dominante, en discusiones que con frecuencia llegaban a las manos, acababan en duelos o en las páginas de sucesos, por un motivo que, bien mirado, muy poco importaba personalmente a los contendientes. Los periodistas se enzarzaron entre sí desde las columnas de los distintos diarios, y se sabe que hasta Valle-Inclán arrojó alguna vez un puñado de céntimos a la cara de un grupo de germanófilos, llamándoles mercenarios. El Gobierno llegó incluso a optar por suspender varias funciones de teatro, a la vista de que alguna representación operística o incluso algún sermón litúrgico acabaron en tumultos, lo que desembocó en un aumento de la censura para evitar las alteraciones del orden público y hacer respetar la posición oficial de neutralidad pacífica.

En enero de 1915, Unamuno escribía al poeta Antonio Machado que le parecía:

[…] verdaderamente repugnante nuestra actitud ante el conflicto actual, y épica nuestra inconsciencia, nuestra mezquindad, nuestra cominería. Hemos tomado el espectáculo de la guerra, como si fuese una corrida de toros, y en los tendidos se discute y se grita. Se nos arrojará un día a puntapiés de la plaza, si Dios no lo remedia[33].

Resultaría difícil comprender la movilización de los intelectuales y el nivel de crispación social que se alcanzó en España en torno a la guerra europea, si aceptásemos a pies juntillas la idea de la neutralidad española que hasta hace poco era un axioma. España se convirtió en un sujeto pasivo de la guerra, o como han señalado con perspicacia Eduardo González Calleja y Paul Aubert, «a los españoles la guerra se les metió en casa», y el territorio español se convirtió en otro escenario del enfrentamiento bélico, al tratarse del país neutral mejor situado, con mayor número de kilómetros de costa y con mayor población.

El conflicto no se detuvo a las puertas (o en los puertos) de España, sino que penetró profundamente en el tejido social, político, económico y cultural del país […] La imagen de la beatífica neutralidad española resulta, pues, falsa[34].

La España joven y vital que miraba desde hace años hacia Europa se encontraba dividida entre germanófilos y francófilos. Se admiraba la Alemania de los filósofos y los científicos, de las nuevas universidades, un país de nuevo cuño que había liderado la Segunda Revolución Industrial, una potencia económica admirable. Pero Francia seguía siendo para casi todos el modelo en muchas cosas, la patria de la civilización occidental y los derechos del hombre, el verdadero epicentro aún de la literatura y el arte, el mediador cultural del que bebían mayoritariamente los españoles.

Eran muchos menos los que miraban a Gran Bretaña —los institucionistas, pero no muchos más—, mientras que Italia, el Imperio Austro-Húngaro o la Rusia de los zares no fueron modelos a seguir para la mayor parte de los españoles, y nadie pensaba aún en Estados Unidos.

3. Los intelectuales movilizados

3. Los intelectuales movilizados

Al inicio de la guerra, los Estados Mayores temieron la reacción que podrían tener los intelectuales, siempre tan difíciles de controlar. Pero pronto se dieron cuenta de que la mayor parte de ellos se sumaron al fervor bélico y nacionalista que se desató en las primeras semanas.

También los escritores y periodistas de países neutrales como España entraron en ese juego, porque si en un primer momento los gobiernos beligerantes desconfiaron de ellos, cuando la guerra de posiciones puso de manifiesto que el conflicto no se resolvería en los campos de batalla tuvieron que recurrir a otros instrumentos. Lo hicieron comprando periódicos y poniendo a sueldo a periodistas, pero también con más sutileza persuadiendo y seduciendo a escritores. Se organizaron así diversas visitas a los frentes, y las autoridades de los países en guerra se convencieron de que los intelectuales —sin necesidad de recibir órdenes— eran los mejores portavoces de sus anfitriones. Aquellas visitas se hacían a la medida de los ilustres invitados, se les cubría de amabilidad y se les enseñaba lo que interesaba que viesen, la guerra de lejos y limpia a través de prismáticos, en zonas tranquilas y trincheras bien preparadas al efecto, y los intelectuales de los países neutrales como España, respondían con bellos relatos de guerra cuajados de camaradería, solidaridad y escenas heroicas, la mejor propaganda que podían soñar los beligerantes.

Ramón Pérez de Ayala fue una de las figuras más significadas en la defensa de la aliadofilia, y la vinculación de la misma con la lucha contra el sistema de la Restauración. La posición de defensa de la adhesión de España a las naciones aliadas que había defendido en 1915 se convirtió en una abierta petición de beligerancia española en sus visitas a los frentes italianos, realizadas en sendos viajes en el otoño y el invierno de 1916. Tras visitar los frentes de Isonzo, Carnia y Trentino, Pérez de Ayala dejó atrás cualquier forma de pacifismo, y desde el fragor de la batalla sus crónicas recogidas después en el libro Hermann encadenado, ensalzaron la actitud de los italianos que hacían la guerra junto a la Entente porque era la única forma de evitar que la barbarie alemana fuese aniquilando uno por uno a los pueblos pacíficos. Al escritor asturiano la guerra le pareció entonces que provocaba un desarrollo exponencial de la civilización: «en resumen, la guerra, que en el primer momento parece ser la interrupción de la vida en la ciudad… es, al contrario, la exaltación intensa»[35], escribía en una de sus crónicas.

Valle-Inclán estuvo en una visita de prensa en el frente francés en abril de 1916. Allí tomó los apuntes necesarios para escribir una novela titulada Un día de guerra (Visión estelar), que debía primero pasar por los folletones de El Imparcial, y de la que solo salió después en forma de libro la primera parte, titulada La media noche. Visión estelar de un momento de guerra. Valle-Inclán pasó dos días junto a los aviadores, y sobrevoló desde una avioneta los frentes durante la noche. La multitud de espacios recorridos y detalles vistos, así como la plasticidad de la visión en el vuelo, le indujo la idea de evocar una mirada estética de la guerra a través de una perspectiva aérea y de centrar la narración en un solo día —como haría después Joyce en su Ulises— alejándose de los relatos al uso.

El escritor gallego retrató el frente como un moderno limes romano asediado por los bárbaros. Sin embargo, no cayó en el desprecio hacia los soldados alemanes, sino que se sumó a la idea que los caracterizaba como pobres peones engañados por el alto mando, que habiendo llegado allí para protagonizar un paseo militar sobre París, como en 1870, perecieron atrapados en el barro de las trincheras[36]. Y todo en una obra de tintes francófilos, que veía la guerra como un juego vanguardista y deshumanizado, de gran belleza estética, en una imagen nocturna y aérea salpicada de resplandores.

El filósofo Julián Besteiro fue testigo de la ofensiva aliada en el Somme, visitando en agosto de 1916 el frente de Arrás. Contemplando desde cerca los combates, Besteiro asimiló que la presencia, al frente del Ministerio de Estado francés, del histórico socialista Jules Guesde —que tanto había influido en Pablo Iglesias— simbolizaba:

[…] la actitud del proletariado francés, empeñado en una dura contienda, que es mucho más que una guerra entre naciones, que es el principio de una gran revolución en medio de cuyos horrores, bañadas en sangre del pueblo, empiezan a nacer a la vida las grandes ideas libertadoras[37].

Ese era para el líder socialista español el verdadero valor de la Union Sacrée, por encima del internacionalismo socialista, el Manifiesto de Zimmerwald o la lucha de clases frente a la opresión de las oligarquías, el sometimiento de los Estados y todo lo que conllevaban los nacionalismos y los imperialismos. Ese era el ambiente que se respiraba entre los socialistas franceses. Para eso habían asesinado tan a tiempo a Jean Jaurès.

Como secretario del Ateneo, Manuel Azaña participó, en octubre de 1916, en un concurrido viaje oficial de los intelectuales españoles a Francia, presidido por el duque de Alba, y en el que participaron también Rafael Altamira, Ramón Menéndez Pidal, Américo Castro, Odón de Buen, etc. La comitiva fue recibida por el presidente Poincaré en París, donde se pronunciaron varias conferencias, y se avanzaron algunas gestiones para el desarrollo de la cooperación académica hispano-francesa. Después visitaron el frente de Verdún, donde contemplaron los rescoldos de uno de los episodios más terribles de la guerra, y se fotografiaron junto a los oficiales franceses delante de los sacos terreros que protegían la catedral de Reims que había sido bombardeada por los alemanes. La visión de los daños producidos a una de las joyas del gótico y el contacto directo con la tragedia excitaron aún más la francofilia del joven Azaña, que relató el viaje para El Imparcial, y a su regreso impartió una conferencia en el Ateneo, en la que identificó la causa francesa con la justicia universal, la libertad, el progreso y la civilización, frente a una barbarie que no se detenía ante nada[38].

En manos de Azaña, las puertas del Ateneo se cerraron definitivamente entonces para cualquier germanófilo. De hecho —como ha señalado Santos Juliá—, el Ateneo formaba con la redacción de la revista España y la sede del Partido Reformista, los tres situados a pocos metros en la misma madrileña calle del Prado, el verdadero epicentro de la aliadofilia española[39].

Azaña participó también en otro viaje que organizó la oficina de propaganda italiana, en septiembre de 1917, con Unamuno, Américo Castro, Santiago Rusiñol y Luis Bello. El resultado de aquella visita a los frentes de ese país fue que Unamuno acabó elogiando en la prensa su valor en la lucha contra los imperios. Al regresar, Azaña, que estaba ya muy interesado en el funcionamiento de los ejércitos, anunció dieciséis artículos para El Liberal. En ellos, el secretario del Ateneo aplaudió la buena organización y la potencia del Ejército italiano, pero la publicación se tuvo que suspender después del tercero al producirse la batalla de Caporetto[40], en la que los austrohúngaros rompieron el frente italiano por la escasez y mala calidad de su equipamiento, y el desastre se vio agravado cuando Luigi Cadorna ordenó una resistencia a ultranza que acabó con cincuenta mil italianos muertos y el apresamiento de otros trescientos mil.

Durante la guerra, «Azorín» fue corresponsal de ABC en París. Instalado en el impresionante hotel Majestic —el antiguo Palacio de Castilla donde había vivido su exilio Isabel II—, retrató la belleza impasible de la ciudad a pesar de la movilización, el temor, las restricciones. La despreocupación y la luz propia de la ciudad se reflejan en sus crónicas —recogidas después en el libro París bombardeado—, que mantenía el brillo de una civilización esplendorosa hasta que irrumpieron en ella las bombas. Los apagones y los bulevares desiertos llenaron entonces de tristeza la capital francesa, y los zepelines y los primeros bombardeos sobre la población civil trajeron el terror, según relataba «Azorín»[41]. El claro acento francófilo de tales artículos, publicados en el germanófilo ABC, muestra su independencia de criterio respecto al medio que le pagaba, pero también su clara identificación con el país que visitaba.

Sirvan estos casos como ejemplos de la empatía que produjeron los viajes y estancias de escritores españoles en los países aliados y especialmente de la impresión de la guerra vista desde Francia o Italia. No es preciso insistir en que detrás de los escritos de muchos intelectuales españoles hubo una fuerte influencia de las oficinas de propaganda aliadas, que desplegaron sobre ellos sus mejores artes de persuasión. Otro factor a tener en cuenta fue la explotación del filón económico que el tirón literario, periodístico y editorial de la guerra generaba. Aunque también convendría investigar la influencia que ciertas promesas o compensaciones directas de las fuerzas beligerantes pudieron tener en algunos casos concretos.

Pero el relato de la guerra europea, y la fijación de una posición determinada de la misma en la opinión pública española, era también un objetivo en sí mismo de los intelectuales patrios, que se embarcaron con un empeño nunca antes conocido en utilizar el debate ideológico en torno al conflicto para movilizar a la opinión pública contra la neutralidad oficial del gobierno primero, contra los propios gobiernos después, y finalmente contra el régimen de la Restauración que en el discurso aliadófilo quedaba claramente dentro de los modelos autocráticos y oligárquicos de los imperios centrales contra los que hacían la guerra las «naciones civilizadas».

4. El debate sobre la guerra y su proyección en la política española

4. El debate sobre la guerra y su proyección en la política española

La visión de la guerra europea que presentaron los intelectuales —la prensa, las novelas, las conferencias, el teatro— y que asumieron los españoles fue la de una nueva guerra franco-prusiana. Ignoraron por lo general a Rusia, al Imperio Austro-Húngaro, a Serbia ¿no había estallado la guerra precisamente para resolver la cuestión de Serbia y los Balcanes?, ignoraron a Bulgaria, al Imperio Otomano, y a casi todos los países que se fueron sumando al conflicto.

Ni siquiera dibujaron una guerra entre franceses y alemanes, sino una guerra entre un arquetipo de la democracia y la civilización francesa —y solo en parte británica—, y otro arquetipo del militarismo, el autoritarismo y el mecanicismo alemanes. Se trataba de una visión demasiado limitada, que provocó una distorsión interesada de las filias y fobias que se asentaban en el imaginario colectivo español. Era una visión basada en una proyección de futuro interesada, los intelectuales jugaron a intuir qué modelo les gustaría que saliese victorioso en la nueva Europa que se habría de construir después del cataclismo, y tomaron partido por un arquetipo más que por un bando, obviando todo aquello que les estorbaba para su construcción intelectual. Condujeron el debate en torno a la guerra por el camino que mejor respondía a sus intereses, y se engañaban también a sí mismos porque su visión era un tanto melancólica.

La identificación que hizo Alcalá Galiano de la izquierda española —incluyendo un sector del Partido Liberal— con la aliadofilia, y las derechas con la germanofilia, reflejaba bastante bien la sociología española, pero no se puede aplicar con el mismo rigor al campo cultural, donde la mayor parte de los intelectuales de relieve simpatizaron con la causa aliadófila, mientras que fueron muy pocas las grandes firmas que lo hicieron con la causa germanófila, y muchos de ellos enmascarándolo con un supuesto neutralismo que no dejaba muy claro si defendía la neutralidad española como tal, o como forma de favorecer a Alemania y, en todo caso para mantener a España alejada del debate ideológico que dominaba Europa.

Resulta por ello difícil seguir sosteniendo el todavía muy extendido tópico de que los intelectuales, igual que la sociedad, se dividieron entre aliadófilos y germanófilos, cuando la mayor parte de ellos fueron aliadófilos —con todos los matices posibles: francófilos, germanófobos, antigermanófilos, y algún que otro anglófilo—, mientras el bando de los germanófilos contó con muy pocas cabezas pensantes.

La aliadofilia fue la tendencia dominante entre los intelectuales españoles, que se pusieron al lado de franceses y británicos —la Rusia de los zares y el frente oriental parecían no existir— tanto por afinidades ideológicas como porque en la contemporaneidad habían sido el modelo político y cultural de la mayoría de ellos. La aliadofilia fue una simpatía personal hacia lo que la cultura política e intelectual francesas significaban, por lo que fueron frecuentes las alusiones a Francia como la patria de la revolución y los derechos del hombre. Pero la aliadofilia fue también un instrumento que los intelectuales utilizaron para movilizar a los españoles, despertar su consciencia como sujeto político en el comienzo de la sociedad de masas, y quebrar así definitivamente el sistema oligárquico de la Restauración con la intención de reformarlo al principio y de derribarlo más tarde.

Entre los aliadófilos abundaban los intelectuales afines a los grupos políticos y sociales excluidos del turno u opuestos al centralismo estatal, aquellos que hoy podemos identificar con las ideas de progreso, pero también otros muchos procedentes de casi todo el arco ideológico del momento, que apoyaron a los aliados por distintos motivos, y generaron un amplio espectro de discursos de movilización, que contó con algunos elementos comunes, pero no con un discurso unitario.

La aliadofilia contaba así con intelectuales procedentes del reformismo como Zulueta, Azaña, Ortega o Pérez de Ayala; republicanos como Blasco Ibáñez o Azcárate; catalanistas como Rovira i Virgili o Pompeu Fabra; socialistas como Araquistáin o Besteiro; pero también algún carlista como Valle-Inclán; y conservadores como Armando Palacio Valdés, Alcalá Galiano, Julio Camba, «Gaziel» e incluso un diputado del Partido Liberal-Conservador en ejercicio como «Azorín»; sin olvidar otras voces opuestas al canovismo y partidarias de algún tipo de regeneración nacional como las de Unamuno, Maeztu —en plena evolución conservadora— o la plana mayor del institucionismo con Giner de los Ríos, Cossío, Castillejo, etc. No todos militaban o simpatizaban con las ideas progresistas, pero la mayor parte de ellos estaban de acuerdo en la necesidad de la regeneración de España, para la que consideraban fundamental una victoria aliada.

Unamuno fue uno de los intelectuales más activos, vio el conflicto como la colisión entre la civilización cristiana y la pagana Kultur germánica, y atacó a los gobiernos de Dato y Romanones al considerar que estaban impidiendo que España se incorporase a la historia de Europa. Sus colaboraciones en las revistas España e Iberia, así como en varios diarios, fueron una constante defensa de la causa aliadófila, como pretexto para mostrar la incapacidad de los gobernantes españoles, y socavar el sistema de la Restauración.

Su opinión respecto a la podredumbre de los gobernantes españoles y la necesidad de desmontar el tinglado canovista —que identificaba con el autoritarismo alemán—, fue expresada con rotundidad en la prensa, pero cobró incluso mayor brío en sus cartas. A Fernando de los Ríos, por ejemplo, le hablaba de sus propósitos en los siguientes términos:

Junto al «¡Maura no!» voy a enarbolar el «¡Romanones tampoco!», y espero a que vuelva al poder esa podredumbre de abyección que es el partido liberal histórico, el romanonista, para hablar más claro aún de este vergonzoso régimen cancilleresco y de poder personal[42].

Aunque la francofilia fue la tónica dominante, hubo también aliadófilos que lo eran por simpatía hacia Inglaterra, como Ramiro de Maeztu, a quien los militares ingleses le parecían imbuidos del espíritu de Eton.

Incluso un aristócrata conservador y monárquico como Alcalá-Galiano se opuso al pacifismo porque consideraba una necesidad vital de la civilización occidental la derrota del pangermanismo, y pensaba con cierto optimismo que:

La España que hoy labora en universidades y ateneos, en escuelas y en laboratorios, en la prensa y en los libros, acabará pronto con la España de las deficiencias políticas y administrativas. Esa es la victoria que puede traernos la guerra[43].

Los industriales y armadores de Cataluña y el País Vasco fueron los que más se enriquecieron con la guerra. Sus burguesías engordaron como nunca, y eso favoreció el desarrollo cultural y nacionalista, especialmente en Cataluña. Para Rovira i Virgili, la guerra enfrentaba a partidarios y detractores del principio de las nacionalidades, y ese fue el punto de vista adoptado por muchos catalanistas que quisieron ver en la causa de los aliados la defensa de las naciones —Serbia, por ejemplo— frente a los imperios.

Frente al europeísmo promovido en el Manifest del Comité d’Amics de la Unitat Moral d’Europa de Eugenio D’Ors, hubo una numerosa movilización catalana para apoyar a los aliados, que se plasmó en marzo de 1915 en un Manifest dels Catalans redactado por Rovira i Virgili, que fue respaldado por Pere Coromines, Josep Carner, Pompeu Fabra, Nicolau d’Olwer…, y la mayor parte de la izquierda nacionalista y republicana catalanas, un movimiento político que despegó al calor de la guerra como alternativa a Cambó y la Lliga. El manifiesto fue calurosamente acogido por Francia, y un mes después se puso en marcha con dinero francés el semanario bilingüe Iberia, dirigido por Claudi Ametlla i Coll —futuro diputado de Esquerra Republicana de Catalunya—, y en el que colaboraron gran parte de las firmas más importantes del pensamiento catalán, pero también del español. Hubo incluso un pequeño contingente —muy mitificado— de voluntarios catalanes en la Legión Extranjera francesa que entraron en combate. Frente a la neutralidad oficial del Estado español y el apoyo de Cambó, todas estas acciones fueron un intento de posicionar a Cataluña junto a Francia en la guerra, para evidenciar su identificación y solidaridad, y promover algo parecido a una política exterior propia y diferenciada, que favoreciese el reconocimiento posterior de una nueva situación política para Cataluña[44].

Iberia fue una de las publicaciones más interesantes de la guerra, aunque la más importante fue, sin duda, la revista España. Semanario de la vida nacional, creada por Ortega, aprovechando el donativo realizado por Luis García Bilbao para poner en marcha los planes de la Liga de Educación Política al calor del entusiasmo de la conferencia sobre «Vieja y nueva política». La revista nació «del enojo y la esperanza, pareja española», como instrumento y portavoz de esa nueva España, que venía contemplando desde 1898 una España oficial podrida «de alucinación e inepcia» que no era la suya, esos partidos del turno que no representaban a nadie, ni eran distintos entre sí salvo en el nombre, y que habría que destruir para que brotasen otros nuevos y fuertes y con ellos la democracia. Y nacía, según explicaba el primer editorial de Ortega, precisamente porque «esta experiencia de que existe una vasta comunidad de gentes gravemente enojadas —toda una España nueva que siente encono contra otra España fermentada, podrida— ha hecho surgir en nosotros la esperanza». La oportunidad del cambio la ofrecía precisamente el incendio de Europa y el combate ideológico que este había desatado: «El momento es de una inminencia aterradora. La línea toda del horizonte europeo arde en un incendio fabuloso. De la guerra saldrá otra Europa. Y es forzoso que salga otra España», decía Ortega en el primer editorial[45].

La tendencia dominante en la publicación desde el comienzo fue la aliadófila. Bastaba observar las caricaturas del káiser y los alemanes que hacía Bagaría en las portadas. Sin embargo, durante los primeros meses sus páginas estuvieron abiertas también al debate con germanófilos como Pío Baroja o Benavente, porque su objetivo iba más encaminado hacia la regeneración nacional que al conflicto ideológico mundial.

Uno de los episodios clave de la aliadofilia fue la publicación del Manifiesto de adhesión a las naciones aliadas en el verano de 1915. Dicho manifiesto se había fraguado en el rechazo al Manifiesto de los 93 alemán, y la campaña pública de adhesión a Alemania que lideraba en la primavera de 1915 el líder jaimista Juan Vázquez de Mella, con gran beligerancia. La propagación de la germanofilia en España —a pesar de la neutralidad oficial— hizo que un grupo de intelectuales de la calle del Prado decidiesen dar una respuesta conjunta en la que aspiraban a que nuestro país dejase de parecer «una nación sin eco en las entrañas del mundo», declarando su adhesión a la causa de la justicia que para ellos representaban los aliados, y que coincidía plenamente con los intereses políticos de los españoles.

El texto fue redactado por Pérez de Ayala, y Azaña se encargó de recoger las firmas desde el Ateneo, viendo la luz en julio de 1915 en la prensa francesa y en la revista España, con buena parte de las principales firmas de la intelectualidad española como las de Ortega, Unamuno, Araquistáin, Azaña, Palacio Valdés, Zulueta, Marañón, Américo Castro, Antonio Machado, Fernando de los Ríos, «Azorín», Maeztu, Galdós, Valle-Inclán, García Morente, Menéndez Pidal, Luis Simarro, Cossío, Falla, Zuloaga, Rusiñol, etc.

La ambición del proyecto de Ortega en España era mucho mayor que la defensa de la causa aliadófila. Él simpatizó inicialmente con esta causa, pero se mantuvo al margen de la movilización política que su propia revista promovía. Interpretaba el modelo político inglés como la guía para la regeneración española, pero su formación alemana le hacía horrorizarse ante la creciente germanofobia, como explicó en el artículo «Una manera de pensar», en octubre de 1915[46]. Era el preámbulo de su salida de la revista que él mismo había creado. Ante las dificultades económicas y la limitación de público, Ortega prefirió hacerse a un lado e iniciar una nueva empresa totalmente personal: El Espectador. La revista España fue, como ha explicado Jordi Gracia «la batalla más corta de Ortega»[47], que cayó en el desengaño y el aislamiento en el momento en el que los intelectuales comenzaban a dominar la vida pública.

A Ortega le sucedió en la dirección de España el periodista Luis Araquistáin, que consiguió el capital de los países aliados para sacar adelante la revista, que desde 1916 tomó un carácter plenamente aliadófilo, y un tono más radical y combativo. Para Araquistáin, como para la izquierda proaliados, había que traer la guerra europea a España para acabar con la autocracia de la Restauración, ya fuese obligándola a una reforma constitucional, o desalojándola del poder.

Por su parte, el espectro político de la germanofilia reunía a los defensores del Antiguo Régimen, la autocracia, el militarismo y el ala más conservadora del sistema de la Restauración. Entre los germanófilos declarados que firmaron el manifiesto «Amistad hispano-germana» de Benavente publicado en el diario maurista La Tribuna en 1915, o las figuras del mitin antialiadófilo de Maura en 1917, se contaban muy pocos intelectuales, entre los que sobresalían los dramaturgos Carlos Arniches y Pedro Muñoz Seca que no ejercieron nunca dicho rol y estuvieron prácticamente inactivos en la publicística del conflicto, Dámaso Alonso o Edgar Neville adolescentes e inéditos todavía, y los tres progresistas despistados que siempre se traen a colación entre una nube de ultraconservadores: Luis Jiménez de Asúa, Pedro Bosch Gimpera y Margarita Nelken (muy jóvenes y silenciosos sobre el asunto). El peso de la germanofilia lo llevaban por tanto algunos escritores y periodistas de la derecha como José María Salaverría, Ricardo León, Vicente Gay o Juan Pujol, un gran número de diarios, y varias personalidades políticas clave del catolicismo, el jaimismo o la extrema derecha como Ángel Herrera Oria, José María Gil Robles, Juan Vázquez de Mella, el conde de Rodezno, Antonio Goicoechea o un jovencísimo José Calvo Sotelo, todos ellos muy relevantes en las décadas siguientes. Baroja, germanófilo sin entusiasmo ni apego ninguno a los defensores del bando alemán, no firmó manifiesto ni adhesión alguna al resto.

Unamuno identificó a los germanófilos con la España más reaccionaria. En la revista Iberia, calificó a los germanófilos españoles como «la Beocia troglodítica atudescada», y explicó la importancia que la aliadofilia tenía para provocar la regeneración española:

Nos está haciendo falta apoyar al fin, de un modo u otro, a los beligerantes que luchan por la civilización cristiana, aunque solo sea para exacerbar más esta guerra civil contra los bárbaros de dentro de casa[48].

Los germanófilos criticaban la simplificación argumental de los aliadófilos, y entre ellos la oratoria encendida del jaimista Vázquez de Mella que quería que España entrase en guerra soñando con asaltar Gibraltar con cañones austriacos, conseguir Tánger, ocupar Portugal y crear una federación ibérica con las antiguas colonias americanas, despertó los delirios de grandeza de muchos españoles a los que aún escocía la última derrota colonial. Los católicos basaban su argumentación en la simpatía por Austria y el odio a la Francia laica, e incluso algunos decían que el káiser era un católico clandestino. Mientras que los mauristas admiraban la eficacia alemana, su capacidad para modernizar el país desde arriba, y soñaban que la victoria alemana traería a España una transformación del Estado y la economía desde las élites pilotada por un Bismarck español. Muchos, además, salpimentaban sus juicios con ideas racistas condenando la entrada de asiáticos y africanos en Europa a través de la guerra.

Los escritores germanófilos más puros eran, según el estudio de Andreu Navarra, Ricardo León y José María Salaverría. Corresponsal en Berlín, el novelista Ricardo León pensaba que Alemania era un paraíso social, y desde El Imparcial reivindicaba la vuelta de los Habsburgo, cantaba la belleza de las guerras que a su juicio favorecían el desarrollo del catolicismo, y soñaba con un paseo militar de las águilas germanas hasta España.

José María Salaverría, por su parte, acertó a ver la campaña tejida por los aliadófilos en España, y reaccionó contra su exceso de propaganda. Desde la Tercera de ABC protestaba contra el secuestro de la verdad, y decía que a los «llamados intelectuales» «la verdad y la justicia no les interesan nada, sino el sacar adelante su candidatura política». Pero Salaverría también rechazaba las democracias donde consideraba que las masas eran manipuladas por embaucadores[49].

Entre los escritores de más talla, ni siquiera el autor del Manifiesto de Amistad hispano-germana —el dramaturgo Jacinto Benavente— se prodigó demasiado en el debate, y rechazó la idea de una intervención española al considerar que España no podría sacar nada de ella. La base de su germanofilia se encontraba en el rechazo a franceses e ingleses, como enemigos históricos de España.

A diferencia de Unamuno, Araquistáin y muchos aliadófilos, Baroja consideraba la «guerra civil» de los intelectuales como un ejercicio esterilizante, una impostura de voceros que solo animaban la victoria de su bando por vagas ilusiones[50].

Ante el grado de polarización ideológica que generó el debate sobre la Gran Guerra en España, el neutralismo fue una postura sin apenas valedores entre los intelectuales, aunque en algún momento sonaron en tal sentido las voces de Echegaray, Ossorio y Gallardo, o la periodista Sofía Casanova, mientras que el discurso europeísta de Eugenio D’Ors —postura que es aún objeto de controversia— ha sido a veces asimilado a una germanofilia encubierta o matizada[51].

Como los académicos franceses que se constituyeron en instrumentos de persuasión de los países neutrales, los escritores ingleses que predicaron una idea romántica de la guerra para promover la movilización, o los intelectuales alemanes que se regimentaron siguiendo el modelo de la propaganda estatal, los aliadófilos españoles participaron de ese mismo espíritu nacionalista y belicista que ponía los intereses de sus países por encima de la razón y el humanismo. Si su actitud fue en algo distinta a la de sus colegas europeos fue porque de antemano era prácticamente imposible que sus cantos belicistas desembocasen en la entrada material de España en el conflicto. Jugaban con balas de fogueo.

5. La hora de las revoluciones

5. La hora de las revoluciones

Los estragos causados por la carestía de los alimentos y la inflación general, así como los grandes negocios derivados del suministro durante la Gran Guerra, acentuaron en España los desequilibrios sociales, y evidenciaron la incapacidad y el desinterés de los partidos del turno para dar solución a los acuciantes problemas de las clases medias y las capas populares.

Desde el Ateneo y la revista España se puso en marcha una nueva plataforma política, la Liga Antigermanófila, que salió a escena el 18 de enero de 1917 liderada por Araquistáin, y que publicó su correspondiente manifiesto con casi setecientos nombres detrás, como Unamuno, Galdós, Azaña, Machado, Pérez de Ayala, Marcelino Domingo e incluso «Azorín». La Liga no se oponía a Alemania sino a los germanófilos españoles, lo que era muy significativo, porque su objetivo declarado era ya una verdadera reforma política. En el Círculo Reformista de Madrid, un mes después, se eligió su directiva, que quedó presidida por el doctor Simarro, con Galdós de presidente honorario, y junto a la intelectualidad se integraban ya numerosos dirigentes de la izquierda política, en lo que parecía ser el inicio de una recomposición de la Conjunción Republicano-Socialista[52].

Eran tiempos de discursos y manifiestos, pero los cambios políticos aún no asomaban, y se empezaba a cuestionar la inutilidad de la exaltada polémica entre aliadófilos y germanófilos. El director de La Vanguardia, Miquel dels Sants Oliver, señaló en febrero de 1917 que con la mitad del interés que se había puesto en la guerra, podría haberse andado ya medio camino para resolver los problemas españoles. Una viñeta de Tovar en Nuevo Mundo insistía de forma muy gráfica en tal argumento al mostrar a una mujer con una corona mural sentada leyendo el periódico y con la escoba bajo el brazo, sobre un pie de imagen que decía «¡Muy germanófila, muy francófila! ¡Y la casa sin barrer!»[53].

Cuando en febrero estalló la Revolución rusa, algunos intelectuales vieron abierta la posibilidad de que en España se produjese también una revolución de cariz liberal, si se intensificaba lo suficiente la guerra dialéctica como para poner en jaque al Estado. El estallido de la Revolución rusa y el clima revolucionario que generó en Europa parecía confirmar la hipótesis bajo la que venían actuando los intelectuales, de que la guerra traería las transformaciones políticas y sociales al continente, y provocaría la revolución allí donde esas transformaciones fuesen bloqueadas. Faltaba entonces por saber dónde quedaba España.

Si cuando Wilson hizo su propuesta de paz en diciembre de 1916 la prensa aliadófila española había acusado al presidente norteamericano de agente alemán, cuando los norteamericanos entraron en guerra Wilson se convirtió en una especie de príncipe de la democracia. «¡Bien, muy bien por América! La patria de Washington y de Lincoln no podía faltar a esta gran Revolución», escribía Unamuno al hispanista norteamericano Everett W. Olmsted en abril de 1917[54]. Y es que con la entrada de Estados Unidos en la contienda, entre los intelectuales españoles ganaba enteros el argumento de la guerra como una nueva Revolución francesa a nivel continental, que alimentaba su particular discurso, y convirtió la idea de democracia en el principal argumento aliadófilo para el resto del conflicto: ya no luchaban naciones contra imperios o la civilización contra la barbarie, sino demócratas contra tiranos, y solo faltaba por saber si Alfonso XIII se abriría a la reforma constitucional que demandaban, o la democracia tendría que llegar a España por la vía republicana.

La identificación entre guerra y revolución había pasado al primer plano en Europa, y el nivel de movilización y polarización alcanzado en España exigía ya el encuentro entre los intelectuales, los partidos políticos y la sociedad. Tal encuentro se escenificó en dos mítines antagónicos celebrados en la madrileña Plaza de Toros de la calle Goya, dos acontecimientos extraordinarios que mostraban cómo los intelectuales y la agitación derivada de la guerra habían puesto las bases para la creación de una nueva cultura política y habían promovido la construcción de una incipiente sociedad de masas que se iba abriendo paso en nuestro país.

El primer mitin estuvo a cargo del líder conservador Antonio Maura, y tuvo lugar el 29 de abril ante más de veinte mil simpatizantes. Maura nunca se había mostrado abiertamente como un germanófilo aunque muchos mauristas sí, y el contenido de su discurso fue más en la línea de la defensa de la neutralidad. Maura argumentó que la defensa de las naciones frente a los imperios que se atribuía a la Entente era pura retórica, y dijo también que Alemania no había atacado a España, por lo que nuestro país no tenía motivos para otra cosa que no fuese la neutralidad. Se trataba por tanto de un acto antialiadófilo cargado de retórica patriótica, que mostraba a los conservadores españoles los peligros que acechaban tras las sendas rusa y norteamericana que empezaban a llevar la voz cantante.

Parece que su tibieza no convenció demasiado a nadie, pues un acto de tales dimensiones hubiese requerido de un pronunciamiento más rotundo. No obstante, la prensa conservadora se apropió de su discurso a favor de una neutralidad muy beneficiosa para Alemania. Sin embargo, la prensa aliadófila explotó sus contradicciones, intentando a veces ridiculizarle: «Maura defiende a los germanófilos, a los aliadófilos, a los neutralófilos, a los intervencionistas, a los que quieren Gibraltar, a los que no lo quieren, a los que luchan y a los que tienen miedo de luchar», se leía en un titular de El Liberal. A continuación, se reproducía el texto íntegro del discurso, que en tan «original escenario» le habían preparado «los jóvenes mauristas para hacerle una apoteosis a su jefe», bajo una bandera española entrelazada con la del Centro Maurista, y junto a los carteles de «Viva España» y «Viva el rey». El Heraldo de Madrid recogió algunos lemas repartidos por la plaza en defensa de la neutralidad, pero también otros lemas populistas dirigidos a la política nacional tales como «Nada ni nadie puede sustituir al ciudadano en la práctica de la ciudadanía. ¡Viva España!», o «Como nación, España es una democracia, y aún no ha tenido verdadera política democrática». Por su parte, en España, Araquistáin titulaba con mordacidad: «Maura sobre el toril. El mitin de la heroica neutralidad», acusándole de oportunista y mesiánico, reeditando el llamamiento al «¡Maura, no!», y promoviendo ya una convocatoria aliadófila[55].

En efecto, aquel mitin tenía en realidad otro objetivo por encima de la defensa de la neutralidad española en un momento en el que la guerra submarina alemana y la entrada norteamericana en el conflicto podían desequilibrarla. Rota la unidad entre los antiguos cuadros dirigentes del Partido Conservador, y solo diez días después de la elección del marqués de Alhucemas como presidente del Consejo de Ministros, Maura pretendía promover su vuelta al ruedo político apoyándose ahora en la movilización de las masas, tratando de inaugurar una nueva forma de hacer política dentro del canovismo. Utilizaba por tanto la guerra europea para relanzar su candidatura a la presidencia, intentando una vuelta triunfal a través de un discurso de salvación nacional. La consumación llegaría casi un año después.

La prohibición de las actividades de la Liga Antigermanófila y el mitin de Maura provocaron, unas semanas después, la realización de otro gran mitin de las izquierdas en la misma Plaza de Toros de Goya. Araquistáin aceptó el reto de demostrar en la misma arena la fuerza de la aliadofilia, la revista España y los socios del Ateneo que para entonces eran lo mismo, unos portales arriba o abajo, convocaron para el 27 de mayo un mitin antigermanófilo que contó con la financiación de las embajadas de Francia y Gran Bretaña. Como ha explicado Santos Juliá, ese mitin:

[…] era a la vez germen y promesa de la unión de todas las izquierdas, socialistas, republicanos y reformistas, marchando de nuevo de la mano en el común propósito de forzar la apertura de un periodo constituyente, o de reforma constitucional[56].

Con unas Cortes no representativas que además estaban cerradas la mayor parte del tiempo, las garantías legales suspendidas día sí y día no, la guerra europea en su fase final, los incendios revolucionarios derribando monarquías en el continente, y la nación española comenzando a tomar la calle, el mitin de las izquierdas se convirtió en un desafío al sistema. Las condiciones parecían maduras.

De nuevo con la plaza de toros llena, se sucedieron las intervenciones de Albornoz, Castrovido, Menéndez Pallarés y Ovejero —más breves—, y después las más extensas de Unamuno, Melquíades Álvarez y Lerroux, mientras escuchaban desde la tribuna Araquistáin, Azaña, Azcárate o Besteiro. En sus discursos hubo consignas contra Alemania, y un apoyo manifiesto a Francia y Gran Bretaña. «No predicamos la guerra, pero por dignidad de España queremos romper las relaciones diplomáticas con Alemania», señaló Melquiades Álvarez, entre banderas con los nombres de los barcos españoles hundidos por los alemanes. Castrovido dijo que «la guerra es una revolución; y aquí tenemos que hacer la nuestra», mientras que el representante de los socialistas —Ovejero— insistió en que la guerra sería la partera de la revolución.

Incluso Melquíades Álvarez apedreado después al salir del mitin, planteó su alineación con el republicanismo si el rey seguía haciendo el juego a los alemanes, rematando en la misma línea Lerroux —el más exaltado de los aliadófilos durante toda la guerra—, al señalar que en el mitin se había reunido la soberanía popular sin el rey. Las conclusiones, leídas por el doctor Simarro —presidente de la Liga Antigermanófila—, señalaron que España debía alinearse con la Entente y romper relaciones con Alemania, con todas las consecuencias[57].

La prensa coincidió mayoritariamente en señalar el mitin como un acto de propaganda republicana, aplaudiendo los diarios aliadófilos la iniciativa de tomar partido en la guerra. Los conservadores y los reaccionarios tildaron el mitin de fracaso, con las tintas a veces muy cargadas, llamando «mamarracho» a Melquíades Álvarez en La Nación, por ejemplo, que abrió la portada con imágenes de los disturbios posteriores, y el corrosivo titular «El suceso de ayer. Los intervencionistas contra el rey. La masonería en acción»[58].

Los conservadores llegaron a temer el estallido de una revolución, y alarmada ante la simpatía de España por las revoluciones europeas, la Embajada británica retiró la financiación a la revista temiendo la identificación de la aliadofilia con el republicanismo, y España se salvó en el último momento con una nueva inyección de capital francés[59].

Aquel nuevo «¡Maura, no!» escenificaba también lo que podía ser la reconstrucción de la paralizada Conjunción Republicano-Socialista, que contaba con el apoyo de los reformistas, y amenazaba abiertamente al monarca. Obreros e intelectuales caminaban juntos contra el sistema. Como señaló Santos Juliá, tres años después daba un paso adelante la nueva España de Ortega, pero sin Ortega[60].

Dentro de un hecho político de tal dimensión, uno de los elementos más interesantes era la tribuna llena de intelectuales, y el protagonismo de Unamuno en el acto. ¿Qué hacía el filósofo hablando a las masas entre los representantes de los políticos de izquierda en una plaza de toros? ¿Cómo el Ateneo y una revista cuajada de intelectuales habían acabado organizando un mitin político?

Unamuno habló con gran excitación. El filósofo indicó que el único motivo para no ir a la guerra era el miedo heredado del 98. Sus palabras pretendieron poner en jaque a Alfonso XIII, haciéndole ver con qué facilidad caían las monarquías cuando el pueblo no las apoyaba, y advirtiéndole de cómo los que no eran republicanos podían pasar pronto a serlo: «Estamos asistiendo a una revolución, y los Soberanos se desmoronarán si no saben cimentarse en ideas democráticas, en ideas de libertad». Incluso llegó a señalar que el Gobierno estaba preso del temor a un golpe de Estado, del «miedo a un nuevo Pavía». Su alocución terminó con una advertencia al poder sobre el signo de los tiempos: «Y si los poderosos no pueden hacer la revolución desde arriba, entonces tendremos que hacerla desde abajo nosotros. Bastará con cruzarnos de brazos»[61].

La explicación a la movilización política de los intelectuales y la contundencia de Unamuno en el mitin se encuentra, claro está, en que eran precisamente los intelectuales los que habían iniciado aquel ciclo de movilización y protesta, del que pronto perderían el control. El debate ideológico y la polarización política que promovieron durante toda la guerra pusieron en evidencia la falta de apoyo social del régimen, con lo que terminaron transformando la ocasión que el conflicto había generado en un movimiento político democrático: la aliadofilia. Los intelectuales fueron así los creadores de la oportunidad para la movilización que las fuerzas políticas marginadas del turno y el movimiento obrero lanzaron contra el sistema de la Restauración en el verano de 1917. Sin embargo, en las sucesivas actuaciones de aquel verano, los intelectuales quedaron relegados al papel de meros espectadores, su implicación en las crisis se limitó a los comentarios desde la prensa, y las tres oleadas revolucionarias se pusieron en marcha sin contar con ellos.

Pero antes de que esos conatos revolucionarios cobrasen forma, el Ejército —que llevaba tiempo preparándose— lanzó una protesta corporativa teñida de regeneracionismo, que se enfrentaba al Gobierno y tomaba la iniciativa política menos de una semana después del mitin de las izquierdas. En dos semanas cayó también el Gobierno liberal de García Prieto y el rey dio la Presidencia de nuevo a Dato, que estando en minoría gobernó con las Cortes cerradas. Era evidente que Alfonso XIII tenía una responsabilidad cada vez mayor en la política española, y la revista España no cesó en sus críticas, demandando una democratización del país y aludiendo a las caídas de las monarquías en Rusia y Grecia. A esas alturas, los aliadófilos pensaban que la vieja política no podía sobrevivir.

El movimiento de las Juntas de Defensa sorprendió a los intelectuales aliadófilos, e inició la fragmentación de su estrategia. Como señaló Paul Aubert, la Agrupación Socialista Madrileña culpó al Gobierno por la situación a la que se había llegado, oponiéndose al auge del poder militar sobre el civil, pero muchos socialistas tuvieron una actitud comprensiva ante las Juntas de Defensa. En su discurso ante las Cortes a finales de 1918, Julián Besteiro reconoció que al partir de oficiales de clase media el movimiento militar, él había pensado que podría tener un componente regenerador y propiciar la caída del canovismo[62].

Araquistáin, contagiado de los cambios que vivía Europa, saludó comprensivo el movimiento militar de las Juntas de Defensa: «Despertado por la guerra, avivado por la Revolución rusa y aleccionado por Grecia, el espíritu de renovación ha irrumpido en la vida española», tratando de hermanar la democracia con los intereses del Ejército, como forma de acabar con los favoritismos dentro de este[63].

Apartado de la primera línea, y tras varios meses sin escribir en la prensa, Ortega decidió salir de nuevo a escena a raíz de la irrupción de las Juntas de Defensa y dentro del marco de la operación empresarial de Urgoiti que acabó con la ruptura del filósofo con el diario familiar. Solo así se explica esa extraña portada de El Imparcial, en la que mientras el editorial del diario hablaba de que la crisis podría resolverse dentro del sistema de la Restauración, en otra columna Ortega lanzaba su demoledor «Bajo el arco en ruina», en el que hablaba claramente de una crisis institucional irremediable. Para Ortega, «el acontecimiento de Barcelona es mucho más grave que una revolución… porque puede ser una serie de revoluciones». Ortega consideraba que el régimen había llegado a un punto de no retorno al acabar con el único elemento de autoridad que le quedaba, y avanzaba ya la idea de una España invertebrada, reclamando abiertamente unas Cortes constituyentes[64]. Con todo, Ortega, como muchos otros, lejos de reprobar la acción de los militares, proyectó sobre ella la ilusión de que podrían ser el instrumento para acabar con la vieja política.

Pocos años después, cuando Ortega terminó de traspasar la raíz del problema español de los políticos a la sociedad, en su España invertebrada, interpretó el movimiento juntero como una insubordinación más de los hombres masa contra las minorías egregias[65].

Muy interesado ya en la cuestión militar y el modelo francés de la III República, Azaña consideró que había que dejar atrás de una vez la creencia en el misticismo salvador de la espada, y que un Ejército nunca podría liquidar la vieja política, y menos si se trataba del Ejército español[66].

Pérez de Ayala fue mucho más explícito. Al producirse la asonada, el novelista se opuso a la intimidación inherente a la protesta de quienes ostentaban el monopolio de la violencia en el Estado, y rechazó la idea de que las Juntas de Defensa fuesen un acto revolucionario de los militares:

Cualquier espectador sin pasarse de agudo, hubiera presagiado una revolución inminente. Solo faltaba un pequeño detalle: que los españoles no tenían ideas políticas dentro de la cabeza. Solo había un pequeño estorbo: que la iniciativa había partido del Ejército[67].

Con todo, veía de forma nítida que tales acciones suponían la irrupción de un nuevo poder, el Ejército, en una situación de anormalidad que describía de forma muy gráfica:

Un especialista en patología política hubiera podido asimismo formular el diagnóstico y el siguiente pronóstico del morbo español de 1917. Diagnóstico: orquitis; esto es, una inflamación o hipertrofia de los órganos viriles […]. Pronóstico: esterilidad[68].

Efectivamente, las Juntas de Defensa no llegaron a iniciar ninguna revolución, pero sí avanzaron lo suficiente como para evidenciar la debilidad de las estructuras del Estado. El Gobierno se negaba a abrir las Cortes, y unas semanas después, en Barcelona, se convocó una asamblea de parlamentarios que reunía a los diputados catalanistas y a la izquierda parlamentaria fuera de la sede oficial, y fue declarada sediciosa por el Gobierno. Muchos intelectuales la aplaudieron por el cauce legal que abría, pero era un movimiento del que ellos estaban ya al margen. Besteiro la saludó porque vio representados los intereses obreros en los del conjunto de la nación que quería personificar la asamblea, mientras que Adolfo Posada creyó ver en ellos la nueva política que anhelaban, según explicó Paul Aubert[69].

El conato de doble poder de la asamblea que aspiraba a forzar unas Cortes Constituyentes quedó en suspenso cuando el Gobierno forzó en agosto el estallido revolucionario proveniente del movimiento obrero, y lanzó sobre el proletariado al Ejército. La huelga había encontrado a Ortega de vacaciones, y su amigo el editor Ruiz Castillo le explicaba que inicialmente pareció una revolución, pero «no ha habido más que el ademán revolucionario de echar masas a la calle» y después un caos mal organizado. «La represión, en cambio, ha sido de una dureza brutal. Echagüe dio un bando terrorífico y los soldados lo cumplieron al pie de la letra, disolviendo a sablazos y a tiros todo grupo de más de tres personas», señalaba Ruiz Castillo. «En cuanto a los Besteiros y Saborits se ha visto una vez más que son el tipo de vulgar iluso y están infinitamente por bajo de la fuerza que los obreros han puesto en sus manos pecadoras», concluía. Al final, desde el punto de vista del editor de Biblioteca Nueva, al Gobierno «le ha tocado la lotería» y Sánchez Guerra lucía después «puesto en jarras ante la nación salvada»[70]. El juicio final de Ortega llegó algún tiempo después en España invertebrada y fue en la misma línea, despreciando la huelga de agosto como «una revolucioncita» impulsada por un grupito de republicanos y socialistas de espaldas a la nación, aunque no entró en juicios personales sobre Besteiro[71].

A diferencia de lo ocurrido en junio, la represión efectivamente fue muy dura. El comité nacional de huelga, con Besteiro a la cabeza, fue encarcelado y juzgado por un Consejo de Guerra. La imagen de Ferrer i Guardia estuvo muy presente y se llegó a temer por sus vidas, pero finalmente el profesor de filosofía como el resto de los socialistas fue condenado a cadena perpetua, y recibió una gran solidaridad del medio académico.

Las condenas dieron paso a una campaña proamnistía, con una serie de manifestaciones y de respuestas en la prensa, que desautorizaban la sentencia. Fernando de los Ríos criticó abiertamente la diferencia de trato recibido entre los militares de junio y los obreros de agosto. Machado condenó las Juntas de Defensa y la Asamblea de Parlamentarios por considerarlas «una repugnante revolución de tapadillo», una nueva forma de acuerdo entre militares y políticos sin contar con el pueblo, siendo las Juntas corrompidas por el servilismo palatino, y aunque simpatizó con la huelga revolucionaria, también reprochó a sus líderes una cobardía que a su juicio había acabado volviendo a los militares contra los obreros. Por su parte, Luis Araquistáin consideró la crisis de 1917 como «una tentativa de poder directo realizada por la parte del pueblo que más impedida se halla de ejercer el poder civil por el arbitrio indirecto del sufragio. Se buscó en una huelga lo que nunca sale de las urnas: el triunfo del poder civil del pueblo sobre las oligarquías inciviles», pero fue traicionada por el Ejército[72].

En su conjunto, la triple oleada revolucionaria del verano de 1917 en España con el punto álgido de la huelga de agosto fue para Araquistáin, al contrario que para Ortega, la versión española del gran ciclo revolucionario que se vivía en Europa en 1917[73]. Para el director de España, después de tres años arrastrando a la opinión pública española al debate ideológico abierto por la guerra europea, nuestro país estaba al fin en sintonía con Europa.

6. La decepción final

6. La decepción final

Poco después de constatarse el fracaso de la movilización política española de 1917 en sus distintas formas, estalló la revolución de octubre en Rusia. La recepción de la revolución socialista encontró pocos simpatizantes entre los intelectuales españoles, que recelaron de las consecuencias que la salida de Rusia de la guerra tendría. Los germanófilos celebraron el triunfo de la revolución, pues como Ludendorff, pensaban que provocaría la victoria alemana. Los aliadófilos rechazaron mayoritariamente la revolución de octubre. Incluso algunos consideraron a Lenin un agente alemán, igual que habían dicho de Wilson unos meses antes. Una visión interesada y un tanto propagandística en relación a los intereses propios primaba sobre la información acerca de la revolución en España.

Como ha indicado Maximiliano Fuentes, ni siquiera los socialistas apoyaron la revolución bolchevique: «Las noticias que recibimos de Rusia nos llenan de amargura», tituló el 10 de noviembre de 1917 El Socialista. Solo Araquistáin y una pequeña facción que después acabaría desgajándose del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) celebró tímidamente el cambio histórico que suponía. El Tratado de Brest-Litovsk afianzó el posicionamiento inicial de los intelectuales españoles respecto a la revolución bolchevique[74].

Las esperanzas de que la guerra europea provocase un proceso de democratización en España —reformando o derribando el sistema de la Restauración—, quedaron cifradas en la ilusión del wilsonismo, y la constatación de la falta de apoyo social y encaje internacional del sistema canovista. De tal manera que durante 1918 muchos intelectuales —con un Ortega redivivo y entusiasta desde la nueva plataforma de El Sol—, parecían encontrarse en un contexto de euforia, creyendo que la intervención final de Estados Unidos provocaría la victoria aliada y determinaría la creación de un nuevo orden internacional que desterrase los regímenes autocráticos y oligárquicos del continente.

Los aliadófilos acrecentaron sus críticas al canovismo. Muchos esperaban un cambio ordenado, confiaban en que Alfonso XIII llamase al gobierno a los reformistas que con la Lliga y el concurso de algunos intelectuales podría inaugurar una nueva política, e incluso algunos esbozaban en la prensa posibles programas políticos para los nuevos tiempos. Otros empezaban a transitar decididamente por la senda del republicanismo.

Después de varios años de movilización de la opinión pública a través del discurso aliadófilo en la prensa, y a la vista de la inoperancia de los conatos del verano de 1917, al repasar los editoriales y artículos de fondo de las principales cabeceras de la intelectualidad aliadófila, da la impresión de que los intelectuales concentraron buena parte de su estrategia regeneradora en dibujar sobre el papel un marco político, una demanda social y un contexto histórico, que persuadiesen al propio Alfonso XIII de que la reforma constitucional era la única salida posible. Ortega lo certificó como preámbulo a su programa político:

Queramos o no, el punto a que ha llegado la situación interior de España coincidiendo con el profundo cambio de la vida mundial, nos obliga a hacer los grandes ensayos, a ejecutar las transformaciones de alto calibre. La burla, la ficción, el acomodo han concluido[75].

El último gran acto de la intelectualidad aliadófila para regenerar España fue el Manifiesto de la Unión Democrática Española para la Liga de la Sociedad de Naciones Libres, publicado el 7 de noviembre de 1918, en vísperas ya de un armisticio inminente. El texto era un llamamiento a la nación, «Españoles: ha llegado la hora de demostrar que somos dignos de pertenecer como pueblo y como Estado, a una comunidad de democracias civilizadas», y estaba encabezado por Unamuno, Azaña, Simarro, Zulueta, Marañón, Menéndez Pidal, Cossío, Pérez de Ayala, Núñez de Arenas, Albornoz, Araquistáin… y los aliadófilos más habituales, sin Ortega. Cocinado en la calle del Prado, sede oficial de la aliadofilia española, la redacción de la revista España fue la sede de la Unión Democrática Española, y Azaña, de nuevo, el secretario.

En el otoño de 1918 se rindieron Bulgaria y el Imperio Otomano, el Imperio Austro-Húngaro se desmoronó, abdicó el káiser, los estallidos revolucionarios se sucedieron, y las dinastías de los Hohenzollern y los Habsburgo pasaban a la historia con los Romanov. Ese era el contexto en el que a través del referido Manifiesto de la Unión Democrática Española los intelectuales españoles se habían dirigido al país y se habían presentado ante quienes se presumía que iban a articular el nuevo orden internacional, pidiendo la llegada de la nueva política a España. Pero dos días después, Alfonso XIII volvió a encargar gobierno al marqués de Alhucemas.

No importaba; los intelectuales lo vieron como una transición, un gobierno débil. No estaba claro si Alfonso XIII había entendido el mensaje, pero estaban convencidos de que Wilson construiría una Europa democrática, porque a lo largo de cuatro años se habían cansado de explicar que ese era el objetivo de la guerra —de la revolución— más importante de todos los tiempos. Los intelectuales españoles esperaban grandes cambios también en España, todos hablaban y se ilusionaban, pero nadie hacía nada, no se articulaba ningún tipo de fuerza política o movilización social que provocase ese cambio interno, todos de brazos cruzados porque todos fiaban al rumbo de la historia la inducción de unas Cortes constituyentes y un sistema democrático, que a esas alturas era ya el objetivo conjunto e innegociable. Un mes después del armisticio estaba de vuelta el conde de Romanones, como si nada hubiese ocurrido durante esos cuatro años.

Si como llevaban predicando durante toda la contienda, los intelectuales españoles realmente habían creído que la Primera Guerra Mundial era una nueva Revolución francesa para enterrar el autoritarismo y los resquicios del Antiguo Régimen; si de verdad pensaban que Poincaré y Joffre —¡o Pétain!— eran los cruzados de la libertad en el mundo; si efectivamente creían que Jorge V había movilizado todos los resortes de su inmenso imperio para salvar la civilización europea; si creyeron que Wilson había lanzado a los norteamericanos al otro lado del Atlántico para expandir la democracia en el mundo; y si en los albores de la sociedad de masas realmente creían que la construcción de una nación de ciudadanos de pleno derecho, que la regeneración política y que la democracia podrían llegar a España como un regalo de los aliados, Versalles les pondría los pies en el suelo.

2. La crisis militar. La rebelión corporativa de las Juntas de Defensa

CAPÍTULO 2

LA CRISIS MILITAR

La rebelión corporativa de las Juntas de Defensa

Ángel Bahamonde Magro

Universidad Carlos III de Madrid

1. Ante todo, un movimiento corporativo. «El Sindicato Único del gremio de la espada»

1. Ante todo, un movimiento corporativo. «El Sindicato Único del gremio de la espada»[76]

La nuestra es la era del sindicalismo. Todo el mundo se sindica. Se asocian en sindicatos los obreros y los capitalistas, los productores y los consumidores, los ricos y los pobres, los torpes y los inteligentes. El individuo aislado nada puede hacer. Este espíritu asociativo lo ha invadido todo y no es extraño que también haya penetrado en el Ejército. No es el Ejército una excepción a la injusticia, al descontento, al anhelo de mejora y de una mayor eficacia[77].

Luis Araquistáin interpretaba en estos términos las complejas relaciones sociales que emergían con el nacimiento de la sociedad de masas. Las transformaciones económicas y sociales estaban posibilitando el surgimiento de nuevas clases medias. La oficialidad, sobre todo en el arma de Infantería, procedía en su inmensa mayoría de los estratos mesocráticos. Su trayectoria profesional reposaba en una doble caracterología. Eran militares que compartían una gama de valores y ritos configurantes de una cerrada psicología del honor, asumida de forma personal y colectiva como rasgo diferenciador de superioridad moral con respecto al resto de la sociedad. Pero también eran hombres económicos, que demandaban necesidades materiales identificadas con el mantenimiento de las exigencias que les imponía el decoro de su estatus: la «miseria dorada» —en alusión al tono cromático de sus insignias y uniformes— resultaba incompatible con un «Ejército de caballeros».

A la altura de 1916, al menos, en los cuartos de banderas se aceptaba como un hecho consumado que el habitus y la distinción del oficio del militar de carrera habían entrado en crisis, porque se sentían vulnerables ante una estructura hostil en la que se mezclaban arbitrariedades, deshonores, reproches injustos y abandonos del poder civil. El síndrome de víctima propiciatoria hizo mella en el conjunto de la oficialidad, que observaba con sentimiento de emulación frustrada los avances técnicos de los ejércitos europeos en plena conflagración mundial, y el mismo hecho de la acción bélica. De forma más o menos sesgada, esta era la visión dominante en el mundo militar. A ello se unía la pérdida del poder adquisitivo, fruto del desfase entre los salarios estabilizados y el aumento de los precios. No se sentían empleados de cuello blanco, pero compartían con ellos el temor a la proletarización. Observaban cómo el asociacionismo obrero ponía en marcha instrumentos de acción colectiva que contrarrestaban parcialmente los efectos inflacionistas.

La formación de Juntas de jefes y oficiales fue la resultante de un sentimiento compartido de tres secuencias de agravios profesionales: el tratamiento arbitrario en la gestión de ascensos, destinos y recompensas desde el comienzo de la guerra de Marruecos; la percepción de la carencia de reconocimiento profesional y la crisis de las economías personales. Las Juntas fueron, en sus fundamentos, grupos de presión corporativa, diferentes al sindicalismo de clase y propios del mundo profesional de las clases medias. Surgieron cuando los oficiales tomaron conciencia de que los mecanismos de la intermediación regia habían entrado en crisis[78]. El favoritismo de la camarilla militar palaciega había viciado el papel paternal del rey soldado, con la aceptación tácita del monarca. Según la Ley Constitutiva del Ejército, de 1878, del rey dependían ascensos y destinos, con el refrendo del ministro de la Guerra. Las guerras coloniales, además de provocar hipertrofia del Ejército, trajeron consigo un masivo reparto discriminatorio de ascensos y recompensas, alterando los escalafones. Tras las contiendas de ultramar, las escalas se cerraron parcialmente. La Guerra del Rif revirtió la situación y desde 1910 se restablecieron los ascensos por méritos en campaña, que a veces respondían a meritorias acciones y, a veces, premiaban errores manifiestos y aventurismos imprudentes. Los escalafones sufrieron las consecuencias y las fuerzas armadas empezaron a dividirse en dos esferas con intereses contrapuestos: las guarniciones peninsulares, defensoras de la escala cerrada (esto es, que los ascensos se concedieran solo por antigüedad), y las tropas destinadas en África, entusiastas partidarias de los ascensos por méritos de guerra. Hasta 1914 se repartieron más de 100 000 recompensas en Marruecos. La proliferación iba unida a la arbitrariedad. En 1912, una manifestación en Madrid de cientos de oficiales reivindicó la escala cerrada[79].

En 1917, el reformista Manuel Pedregal recordaba que cinco años antes, durante el Gobierno de Canalejas, el descontento por la orgía de ascensos en África obligó al Gobierno a llevar la cuestión al parlamento. Pedregal formaba parte de la Comisión, representando a la minoría republicano-socialista. Se abrió una consulta por escrito a los jefes y oficiales del Ejército. Llegaron a las Cortes 5000 respuestas. La inmensa mayoría se inclinó por la escala cerrada, pero la Comisión no volvió a ser convocada. La cúspide militar y el rey evitaron la discusión parlamentaria. El trasfondo resultaba evidente: las Cortes quedaban suplantadas por la «comunicación directa del monarca con sus oficiales»[80]. En 1917 lo que entraba en crisis era un sistema de gestión del personal militar confidencial y de antecámara regia; es decir, un régimen de interlocución viciado que había perdido su reputación en amplios sectores del Ejército. La protesta militar de 1917 venía larvándose desde años antes.

En 1914, el proyecto del ministro de la Guerra, general Ramón Echagüe, de imponer criterios de selección para el ascenso de oficiales, o los ensayos de reforma del Estado Mayor en 1915, aumentaron el malestar. La agitación en los cuarteles entró en la casuística de la caída del Gobierno de Dato en diciembre del mismo año. En 1916 el general Marina, ministro de la Guerra del gabinete Romanones, recobró el tema de las pruebas de Echagüe. Los capitanes generales serían los encargados de ejecutarlas. Las protestas continuaron. En Cataluña las pruebas fueron organizadas por el general Alfau. Un solar de la Gran Vía Diagonal de Barcelona fue el escenario de una de estas pruebas. Se trataba de examinar la aptitud física de un teniente coronel y dos comandantes. Se dio publicidad al acontecimiento. Los curiosos se agolparon frente al solar. Los tres militares salieron más o menos airosos, pero no pudieron evitar los comentarios despectivos y las burlas de los espectadores. Un hecho intrascendente, incluso nimio, adquirió dimensiones simbólicas. Los militares se sintieron zaheridos por la rechifla generalizada. Lo interiorizaron en términos de antimilitarismo y afrenta del honor. Su reconocimiento profesional quedaba en entredicho. El resultado fue que el malestar mutó en indignación cuando el general Alfau pretendió repetir el experimento con otros oficiales. Los plantes se sucedieron[81].

En 1917 ya funcionaban Juntas de Defensa en las armas de Artillería e Ingenieros y en el cuerpo de Estado Mayor. Habían ajustado su funcionamiento y organización a las exigencias de la disciplina militar[82]. Se situaban dentro del sistema, eran apolíticas, respetuosas con la jerarquía y la autoridad civil; utilizaban los canales de mediación regia para la plasmación de sus objetivos y mantenían un elevado nivel de respetabilidad profesional interna, así como de prestigio hacia el exterior, a través de un sistema de depuración en el que los tribunales de honor canalizaban y ordenaban los conflictos en el interior de las respectivas armas. Incentivaban, pues, el espíritu de cuerpo como estimulante del mérito profesional y estrechaban los vínculos de camaradería a partir de una idea básica, asumida por el conjunto: el mantenimiento incontestable de la escala cerrada. Es cierto que ingenieros y artilleros cabalgaban a medio camino entre la sociedad militar y la civil. Estaban acreditados como ingenieros titulados y compaginaban de facto actividad castrense y participación en la economía civil, siempre deficitaria en expertos técnicos de alto nivel. Desde el punto de vista económico las diferencias eran notables con respecto a los infantes y al resto del Ejército, salvo en el caso de la sanidad militar.

En principio, las Juntas de artilleros, ingenieros y Estado Mayor sirvieron de modelo y fueron imitadas por las armas de Infantería y Caballería, pero pronto estas últimas dieron un empuje cualitativo en términos orgánicos y estratégicos. En este aspecto, cabe revalorizar los efectos provocados por la difusión del Reglamento asociativo en diciembre de 1916[83]. Establecía la plena autonomía del movimiento corporativo juntero, frente a cualquier otro poder civil o militar. Significaba quebrantar lealismos jurados, romper la disciplina piramidal y fomentar el secretismo en la toma de decisiones sin sujeción ni conocimiento previo de la superioridad. Hacía añicos la línea normativa y de poder que desde el Palacio Real y el Ministerio de la Guerra llegaba al regimiento más remoto. Conscientes de su fuerza y de la fragilidad del sistema político, los junteros se plantearon prontamente mecanismos de intervención en política, pero nunca la conquista directa del poder, ni siquiera en las situaciones conflictuales más extremas. La solución pretoriana resultó más eficaz, desarrollando un militarismo de veto y tutela de selección del personal político afín o más maleable.

El fenómeno juntero no provocó la crisis del sistema político, pero la acentuó, aproximándolo al colapso, sin plantear como contrapartida ningún sistema alternativo. La continua apelación al «ruido de sables» resultó un eficaz mecanismo para la consecución o consolidación de objetivos y para la elevación de los estándares reivindicativos. La fragmentación de los partidos dinásticos facilitó la presión juntera. Así, las sucesivas invocaciones que partían del poder civil para recobrar su plena soberanía se toparon con la tentación de algún miembro secundario del sistema de aproximarse al mundo juntero para adquirir posiciones ventajosas. Igual peso tuvo la sospecha en el seno de las élites políticas de que el rival ensanchara los márgenes de maniobra en una hipotética negociación con las Juntas.

El Ejército no era un cuerpo homogéneo. Sus miembros compartían valores culturales e ideológicos propios, así como rituales comunes, pero no iguales intereses corporativos. En primer lugar, estaba dividido en armas y cuerpos, cada uno de los cuales tenía su propia dinámica y propuestas diversas, que entraban en conflicto. Los cuerpos y armas se dividían, a su vez, en empleos. No existía un escalafón único, sino una superposición de escalas que componían la unidad básica en la que se resolvían los intereses corporativos[84]. De ahí que la gestión de los desacuerdos, generase situaciones complejas que dificultaban el encaje de las relaciones horizontales corporativas en las relaciones jerárquicas, definitorias del mundo militar. La defensa de la escala caracterizó la actuación de las Juntas. En 1917 no existió un objetivo corporativo global para todo el Ejército, sino múltiples realidades, frecuentemente contradictorias. Por eso las Juntas de 1917 fueron, sobre todo, las de Infantería —grueso de las Fuerzas Armadas— y, subsidiariamente, las de Caballería, porque eran las armas más inestables ante la arbitraria gestión del personal.

La inflación desmesurada de ascensos y recompensas en la guerra del Rif, junto a los favoritismos en los destinos, alteraron profundamente la estabilidad y las garantías de las diferentes escalas. Causaron la insatisfacción generalizada. Así, la defensa de la escala cerrada, objetivo primordial de las Juntas, se convirtió en la reivindicación básica, al rescate de la estabilidad perdida. Esto posibilitó la alianza circunstancial, en 1917, entre todas las armas y cuerpos que posteriormente desarrollarían conflictos entre sí, sobre todo entre Infantería y Estado Mayor, lo que podría haber ensanchado los márgenes de maniobra del poder civil. La emergencia del movimiento juntero a la altura de 1917 no estuvo provocada únicamente por la contradicción de intereses entre dos grupos de presión todavía en proceso de definición: peninsulares contra africanistas, categorías aún no plenamente formalizadas. Las Juntas se extendieron a las unidades de Marruecos, aunque no están claros los motivos de estas adhesiones, si prevalecieron estímulos de solidaridad frente al poder civil o los intentos de contrarrestar desde dentro la defensa de la escala cerrada.

El desarrollo del pretorianismo juntero se consolidó merced al apoyo de Alfonso XIII, quien jugó un papel decisivo en la impotencia del Estado para controlar la protesta militar[85]. No surgieron mayores problemas mientras las Juntas no rebasaron los márgenes de actuación de sus homólogas en Artillería, Ingeniería y Estado Mayor. El rey siempre estuvo informado del proyecto juntero, a partir de las propias juntas o de oficiales de su confianza. Surgieron motivos de preocupación cuando sus comunicantes insistieron en la crítica a la camarilla militar de Palacio en la política de ascensos y destinos. Don Alfonso percibió que su intermediación hacía crisis. La difusión del Reglamento juntero, a finales de 1916, incrementó el desasosiego. En Palacio emitieron recomendaciones y órdenes a las autoridades militares no coincidentes, que oscilaban entre la oposición radical y la transacción[86]. Cuando estalló el conflicto, en mayo siguiente, el rey envió al comandante Mariano Foronda para que entablara algún tipo de acuerdo, sin mayor éxito, que frenase la revuelta. Confirmado el triunfo de las Juntas, el primero de junio, la aproximación se hizo inevitable: interesaba a ambas partes. Además, las proclamas de estas reiteraban la lealtad al soberano. A finales de junio de 1917, don Alfonso alabó el patriotismo de las Juntas[87] en su afán por canalizarlas e incorporarlas a su propio influjo, cuestión que siempre estuvo presente en la estrategia juntera: redefinir el ejercicio de la influencia regia en su propio beneficio. Se estableció un pacto tácito entre el monarca y las Juntas, de manera que tan pronto se expresaban desde Palacio temores al ruido de sables como convicciones[88]. Conforme se acentuó la crisis política, ambas partes tomaron mayor conciencia de que el Ejército era el único pilar estable de la monarquía. Hasta 1921, Alfonso XIII inclinó su voluntad del lado juntero y dejó caer a los gobiernos. A partir de 1921 mutó la correlación de fuerzas en el interior del mundo castrense, con la reafirmación del Ejército de África: el monarca facilitó la disolución de las Juntas.

Las Juntas aportaron una evidente dosis de modernidad en el modelo de organización, conformando una poderosa maquinaria de acción colectiva. Realizaron una eficaz explotación de la dispersión geográfica del Ejército para colmar casi la totalidad del territorio español de unidades de debate, elaboración y difusión de propuestas, así como del ejercicio de influencias hacia la sociedad civil y su propio entorno. De hecho, los cuartos de banderas se convirtieron en células básicas de cohesión y expansión, bien atrayendo con propuestas fácilmente asimilables para el conjunto, bien presionando al indiferente, que era el perfil dominante entre los jefes y oficiales a principios de 1917.

En este primer proceso de implantación juntera y posterior expansión, cumplieron un papel sobresaliente los oficiales «predicadores», que desde la guarnición de Barcelona irradiaron al conjunto militar español desde finales de 1916. Estos viajantes de ideas y proyectos, los oficiales «conscientes» agitaron los cuartos de banderas en pos de la acción. La siembra dio como resultado que a finales de 1917 la inmensa mayoría de los oficiales de Infantería formaban parte de las Juntas o se situaban en su esfera de influencia directa.

En su configuración aprovecharon la propia estructura del Ejército. En sí mismo constituía una organización de masas, perfectamente reglada y jerarquizada, sobre todo a partir del regimiento, ubicado en un espacio físico determinado, independiente —el cuartel—, con relativa autonomía en su funcionamiento interno. Al mando de un coronel, en los regimientos no existía la molesta presencia de los «generales políticos», destinados en las planas mayores de la brigada o en el lejano Ministerio de la Guerra. Más allá de la disciplina jerárquica, en los cuartos de banderas regimentales predominaban las relaciones de amistad, convivencia y camaradería. Por supuesto, también las tensiones derivadas de la escala, esto es, del escalafón de cada empleo. En este sentido, abundan los testimonios que elevan al Anuario Militar como el libro por excelencia objeto de interés entre la oficialidad[89]. Para los propósitos junteros, el regimiento era el espacio más eficiente de cara a la superposición de relaciones horizontales sobre las meramente jerárquicas, propias de la disciplina militar. Los regimientos son la primera instancia de representación; de ahí se pasa a las Juntas locales y a las regionales, que abarcan una región militar, para desembocar en la Junta General del Arma. Hasta la primavera de 1918 las asambleas de base incidieron en la toma de decisiones. El Reglamento juntero diseñó un pionero centralismo democrático. Las decisiones aprobadas de abajo arriba no podían ser cuestionadas por ningún miembro de la organización. Los tribunales de honor aseguraban la cohesión —voluntaria o forzosa— del conjunto.

2. La insurrección difusa, mayo-junio 1917

2. La insurrección difusa, mayo-junio 1917

Las primeras reuniones entre oficiales datan de comienzos de 1916. Empezaron los capitanes, les siguieron los comandantes y, a partir del mes de junio, incorporaron a los jefes de cuerpo[90]. A lo largo del segundo semestre de aquel año, el coronel Benito Márquez, jefe del egimiento de Vergara acantonado en Barcelona, se ocupó intensamente de los trabajos de organización y difusión, y orientó el primer rumbo juntero. Acompañado de un reducido grupo de oficiales próximos, constituyó las primeras redes en Barcelona y después en el conjunto de la 4.ª Región Militar. A finales de 1916 el proceso formativo estaba muy avanzado y comenzó a extenderse a diversas guarniciones peninsulares. Barcelona era un espacio propicio para el primer desarrollo del proyecto, porque allí confluían dos factores que alteraban la sensibilidad militar: el auge del sindicalismo anarquista, con su correlato en el incremento de la conflictividad social, y los avances del nacionalismo catalán, entendido de manera exacerbada en los cuartos de banderas, atentatorio contra la unidad de la patria.

La idea de la formación de una Junta Superior de Defensa del Arma de Infantería fue expuesta al capitán general de Cataluña, Felipe Alfau, en la primavera de 1916, según parece. No opuso ninguna resistencia e, incluso, alentó que se siguieran los trabajos organizativos, siempre y cuando se emulara la estructura y objetivos de las Juntas ya existentes de Artillería, Ingenieros y Estado Mayor. Alfau valoró como algo positivo que la Junta de Infantería estimulara en su interior propuestas de mejora y modernización. El Gobierno, presidido por el conde de Romanones, dejó hacer; no se planteó su disolución ni alentó su funcionamiento. Tampoco reaccionó desfavorablemente el ministro de la Guerra, general Luque.

La ambientación cambió cuando a Madrid llegaron rumores de que estos junteros pretendían ir más allá que sus predecesores de otras armas y cuerpos. La alarma cundió cuando se supo que en sus reuniones criticaban a los generales políticos, a los integrantes de la camarilla militar de Palacio, y que rechazarían la participación del generalato. Significaba la quiebra de la cadena de mando y su actuación comenzó a considerarse rupturista con respecto a la disciplina jerárquica. La intranquilidad aumentó a finales de año, cuando se tuvo conocimiento del borrador de Reglamento interno que estaban elaborando. Descubrieron que los junteros perseguían «emanciparse» de sus autoridades naturales; orgánicamente no acatarían más órdenes que las emanadas de las Juntas, en las que «se residenciaban todos los poderes en lo que afectaba a la marcha del Ejército». El posible efecto contagio les convertía en una auténtica amenaza.

El 13 de noviembre, el general Luque solicitó a los capitanes generales que se informaran sobre lo que estaba sucediendo. Todos respondieron de forma más o menos vaga, demostrando una ausencia de conocimientos precisos sobre la realidad de sus unidades. El general Felipe Alfau no respondió. Todavía pensaba que las nuevas Juntas podían jugar un papel beneficioso. El 8 de enero de 1917, el ministro Luque le comunicó la censura regia en relación a las Juntas. Alfau insistió en su valoración positiva, así como en la lealtad y buen juicio del coronel Márquez, quien le había asegurado que el único objetivo de las Juntas residía en la defensa de los intereses del arma. Posiblemente, Luque y Alfau estaban recibiendo informaciones contradictorias desde Palacio. En aquel momento, según Alfau, ya estaban adheridos al movimiento juntero 4215 jefes y oficiales de Infantería de toda España, cifra que resulta un tanto excesiva. Luque le ordenó la disolución de las Juntas de Infantería, a pesar de las resistencias del general, que al menos hasta la primavera siguiente persistió en lo contrario, basándose en que el rey apoyaba el proceso. El 17 de marzo, el ministro Luque le transmitió la orden terminante del rey de que las Juntas fueran disueltas. A regañadientes, Luque alteró su postura. A principios de abril comunicó al ministro que todas las Juntas habían dejado de funcionar, lo cual no correspondía a ninguna realidad.

En la primavera de 1917 ya estaban organizadas Juntas de Defensa en las ocho regiones militares y en el Ejército acantonado en Marruecos. Solo faltaban por constituirse en Burgos, Melilla y Madrid[91]. El coronel Márquez pensaba que en la capital la formación de Juntas sería más compleja. Los primeros sondeos que había realizado no habían ofrecido resultados concretos. Márquez lo atribuía a que en la guarnición madrileña abundaban los oficiales más próximos y directamente favorecidos por el monarca[92]. Por fin, en mayo empezó a consolidarse el tejido juntero en Madrid. En aquel momento las tres armas ya se hallaban aunadas por medio de la Unión de Armas. El 19 de abril se constituyó un nuevo Gobierno, presidido por el liberal Manuel García Prieto, marqués de Alhucemas. Ocupó la cartera de guerra el severo y ordenancista general Francisco Aguilera, radicalmente opuesto al movimiento juntero. El 9 de mayo, precisamente Aguilera inquirió al general Alfau sobre la situación de las Juntas: este le respondió que oficialmente no existían. Aguilera le comunicó, sin embargo, que la Junta Superior de Infantería había convocado en Barcelona una reunión de Juntas regionales. Aguilera estaba dispuesto a impedirlo y ordenó a las diferentes capitanías que imposibilitaran la partida de los delgados con prudencia y discreción. Alfau insistió en que las Juntas ya no existían en Barcelona. Quedó en evidencia, porque era cierto que la Junta Suprema de Barcelona había enviado una circular a las guarniciones, incorporando el Reglamento, convocando a reunión y recomendando presionar a los indiferentes para que se adhirieran a la organización.

Así comenzó un largo intercambio de telegramas y comunicaciones entre Alfau y Aguilera. Por fin, el día 25, Alfau se mostró partidario de una acción enérgica. De hecho, fue obligado desde Madrid a decretar la disolución efectiva de este grupo de presión y la aplicación de sanciones por vía gubernativa si los oficiales se negaban a cumplir la orden. Además, Aguilera le ordenó que la Junta Superior se retractase y enviara una nota a otras guarniciones, anunciando su disolución, y que remitiese al Ministerio una declaración escrita haciendo firme la renuncia. En medio de la sorpresa del Gabinete, que no conocía la arriesgada iniciativa del titular de Guerra, el ministro de Hacienda, Santiago Alba, advirtió de las graves consecuencias que entrañaba la decisión, aunque se solidarizó con ella. En ningún momento el Gobierno de García Prieto pudo controlar la situación, falto de información real incluso por parte del ministro de la Guerra, que siempre actuó al margen. El 26 de mayo, Alfau reunió en su despacho a varios jefes de las Juntas regionales, entre los cuales se hallaba el coronel Benito Márquez. Les transmitió la orden de disolución de la Junta de Infantería, dándoles un plazo de 48 horas para ejecutarla. Aquella tarde se reunieron los generales Fernando Romero y Luis Riera con los representantes de la Junta Superior, que se negaron rotundamente a desmantelarla, arguyendo que su propio Reglamento se lo impedía y que la disolución únicamente sería posible si una asamblea de Juntas regionales así lo decidía. Alfau mandó iniciar un procedimiento sumario contra ocho dirigentes junteros por desobediencia y sedición, enviándoles bajo arresto al cuartel de Atarazanas, donde casi toda la oficialidad de Barcelona desfiló de paisano, en señal de solidaridad.

El día 28, los arrestados fueron trasladados a Montjuïc, lo que recibieron como una afrenta, puesto que era el lugar donde habitualmente enviaban a los presos anarquistas. Para evitar el vacío de poder, la Junta fue sustituida por otra suplente, presidida por el coronel Hechavarría, jefe del otro gran regimiento de Infantería de Barcelona: el de Alcántara. Rápidamente entró en contacto con las demás guarniciones para informarles y explorar sus ánimos, que eran decididamente beligerantes. No se conoce exactamente cómo se desarrollaron los acontecimientos en Madrid durante las horas siguientes. Lo cierto es que el Gobierno seguía desorientado y aturdido, y que probablemente desde Palacio se intentaba suavizar la tensión. Finalmente, el 30 de mayo, el general Alfau fue destituido de manera fulminante.

Le sucedió en el cargo el general José Marina, fríamente recibido en Barcelona cuando pasó la visita de comisario a las unidades allí acantonadas. El flamante capitán general tuvo que soportar un primer desplante cuando ninguna unidad aceptó custodiar el castillo de Montjuïc. Pero el gran desafío vino el primero de junio, cuando la Junta suplente envió a Marina su manifiesto en forma de ultimátum, redactado al parecer por el capitán Isaac Villar Moreno, que conminaba al capitán general a liberar a los oficiales presos en un plazo perentorio de doce horas. Al mismo tiempo, todas las Juntas de España, comenzando por la de Vitoria, se presentaron a la superioridad para ser arrestadas. Esta actitud no era solo un plante en toda regla, sino que llevaba la indisciplina a los límites del golpe de fuerza, ya que según las instrucciones, fechadas el mismo 1 de junio, si a las tres de la tarde del día siguiente las Juntas regionales no recibían contraorden, tomarían posesión de las capitanías generales y gobiernos militares, encomendando estos mandos a los dos generales a quienes, por antigüedad, les correspondiera; en el caso de que ninguno quisiera hacerse cargo, se le ofrecería al coronel más antiguo. La autoridad militar que asumiera el mando prestaría ante la respectiva Junta regional un juramento solemne de fidelidad a la patria, a la Junta de Defensa del Ejército y a la monarquía. La Guardia Civil patrullaría las calles sin llamar la atención, observando el más perfecto orden e impidiendo que se alterase la vida social[93]. El Gobierno se plegó al ultimátum, sin bien, para salvar el principio de autoridad, se comunicó a la Junta suplente que los arrestados de Montjuïc serían puestos en libertad a diana —esto es, a las cinco de la mañana, y no a las 9, como rezaba la nota conminatoria—. Cuando llegó a Montjuïc la confirmación oficial de la pronta liberación, Márquez y sus compañeros advirtieron de la noticia a la guarnición de Barcelona. Quedó en suspenso cualquier acción violenta. El triunfo de las Juntas fue total. El 6 de junio, Marina viajó a Madrid con las conclusiones/condiciones de las Juntas (revisión de algunos ascensos en el generalato, relevo del alto comisario en Marruecos, general Francisco Gómez Jordana, pase a la reserva de algún exministro y relevo del Cuarto Militar del rey, entre otras), y poco más tarde remitió al Gobierno una carta en la que comunicaba que había aprobado íntegramente el reglamento de las Juntas contra el parecer del Gabinete, que solo había transigido en el reconocimiento de la Junta de Barcelona. Rápidamente se emitieron disposiciones que satisfacían las primeras reivindicaciones. Ya el 30 de mayo se había dictado un novedoso Real Decreto que intentaba objetivar los criterios de asignación de destinos, si bien las Juntas lo definieron como insuficiente por las numerosas excepciones que contemplaba. Tras la celebración de varios consejos de ministros y la dimisión del general Aguilera, García Prieto propuso la dimisión en bloque del Gabinete después de haber aprobado solo el artículo 1.º del Reglamento de las Juntas, para ser luego ratificado por el rey y encomendar la cartera de Guerra a un civil, para cumplir los deseos de las Juntas. Pero Romanones y Dato se negaron a apoyar tan tortuosa componenda y el Gobierno, desautorizado, cayó el día 9.

En la madrugada del primero de junio, la Junta suplente había redactado el célebre manifiesto, que fue entregado por los jefes de cuerpo al general Marina a las ocho de la mañana del mismo día[94]. Formalmente, el documento se expone como súplica disciplinada ante autoridad superior, pero sus campos semánticos traslucen un tono evidente de imposición y ultimátum. Se arroga la representación de la totalidad del Arma, lo cual en aquellos momentos se aproximaba a una realidad sociológica evidente si tenemos en cuenta la entusiasta acogida —aunque desde luego distaba mucho de ser unánime— que las Juntas habían conseguido entre jefes y oficiales de las unidades operativas y de las esferas organizativas y burocráticas del Ejército. Además, la Junta suplente tenía conocimiento del estado de alarma entre la oficialidad de las guarniciones peninsulares, dispuestas «a todo» en solidaridad con sus compañeros de Barcelona, si bien todavía no se había difundido el contenido del manifiesto.

El manifiesto diseña un recorrido continuo en el que se suceden varios episodios concatenados: fijación de la legitimidad del origen juntero, delimitación de la autoridad de las Juntas, justificación historicista, exposición de «necesidades» en claves de honor militar, sucinta alusión a las reivindicaciones corporativas y, finalmente, el ultimátum, antecedido de unas «exigencias inmediatas», dirigido al unísono hacia el poder civil y la cúpula militar.

El movimiento plantea su plena legitimidad de origen y de ejercicio hasta el primero de junio. No ha cometido ninguna acción ilegal en su trayectoria, no asume ruptura alguna de la disciplina militar y recalca el «respeto», aunque no sometimiento, a los poderes constituidos. La «Superioridad» siempre estuvo informada del proceso y no le «fue vedada su actuación», además de contar con el beneplácito regio: la Junta «estaba persuadida de que [el Reglamento] había llegado a las más altas manos».

El manifiesto transmite una formulación rotunda sobre la ausencia de límites en la autoridad de la Junta, siguiendo las pautas establecidas en su reglamento constitutivo, ya plenamente en vigor. «El Arma de Infantería solo obedece exclusivamente en la actualidad a esta Junta Superior del Arma». Supone, por tanto, una declaración explícita de independencia con respecto al poder civil y a los generales políticos. Las repetidas invocaciones a la disciplina a lo largo del texto adquirían un carácter reduccionista, porque de hecho se refería al interior del Arma, excluyendo el sometimiento a poderes considerados externos.

El manifiesto transfiere al poder civil la responsabilidad del fracaso existencial del país. Han fracasado todos los proyectos de regeneración política que se anunciaron desde 1898: «la Administración no ha mejorado y el Ejército se encuentra en absoluto desorganizado, despreciado y desatendido de sus necesidades». Necesidades que se escalonan en el documento partiendo de los planos moral y formativo para desembocar en el material, asimismo asociado a la reposición del honor, evitando emitir una imagen economicista de la corporación y entremezclando criterios de honorabilidad, competencia y eficacia. Establece tres rangos sucesivos. En primer lugar, las necesidades de orden moral; después, las de orden profesional o técnico y, por último, las necesidades de orden económico.

El tema de ascensos y destinos, meollo desde el principio de la reivindicación corporativa, se presenta en negativo y de nuevo bajo criterios de honorabilidad y reputación profesional. No aparece ninguna reclamación concreta, sino la repulsa del favoritismo y la arbitrariedad, que daban lugar a selecciones injustas, en las que el mérito era suplantado por el «mendigar a algún personaje influyente». Se intuye la crítica a la camarilla regia, sin citarla.

El documento concluía a la manera militar, con un ultimátum acompañado de tres exigencias: la rehabilitación inmediata de los arrestados, la reposición de los privados de sus destinos y el reconocimiento oficioso de la existencia de la Unión y Junta de Defensa.

Del manifiesto emana la firme creencia en la solidez del poder militar, no solo desde el punto de vista moral, sino también funcional en cuanto al ejercicio continuado del poder; una institución consolidada y eterna frente a la precariedad del poder político, fragmentado y habitualmente al borde de la dimisión. La estabilidad del elemento militar con respecto al civil no resistía la menor comparación en los cuartos de banderas.

En suma, un discurso perfectamente escalonado y jerarquizado, con un lenguaje antioligárquico, que alterna el laconismo y la retórica. Impreciso en cuanto a las reivindicaciones concretas, fue calificado por sus contemporáneos de vaguedad expositiva, sin caer en la cuenta de que no se trataba de una declaración programática, sino de un señalamiento de intenciones. El valor político del documento reside en que se convirtió en la clave de bóveda de la ideología juntera durante 1917. Definía el primer ciclo de las Juntas reformistas. Su órgano oficioso, La Correspondencia Militar, hilvanó continuamente sus editoriales de aquel año sobre la base de los términos del manifiesto.

Existió un consenso entre las élites políticas y los creadores de opinión de la época. El manifiesto del primero de junio marcó una frontera en la evolución de las Juntas militares, en concreto, en las de Infantería[95]. Significó ensanchar las pautas estrictamente corporativas y adobarlas de un vago discurso de reformismo político, de tono conservador, en cuya base se situaba una argumentación simple pero convincente: la reforma interna de la institución solo sería factible si se articulaba con la regeneración del sistema político, pero nunca con una transformación revolucionaria del mismo. Cualquier intelectual reformista podría haber suscrito el documento sin mayores reservas. Sin embargo, aunque atribuyamos el calificativo de reformista a la primera etapa juntera, conviene precisar el concepto para subsanar desenfoques. El origen de las Juntas estuvo vinculado a un grupo de oficiales con inquietudes intelectuales que tomaron las riendas del proceso hasta el otoño de 1917, pero que no representaban en absoluto el perfil dominante dentro del Ejército. Testigos presenciales aseguran que el manifiesto fue elaborado a vuelapluma en la madrugada del primero de junio. Los protagonistas fueron los capitanes Villar, Pérez Pala y Herrero[96], a los que posteriormente se unió el coronel Márquez, quien lo convirtió en documento constituyente. Ninguno de ellos era republicano, aunque algunas visiones ilusorias desde la izquierda política les atribuyera esta tendencia. Los límites de la crítica política habían quedado claramente formalizados: el rey resultaba intocable. En este sentido, el manifiesto reproducía implícitamente un lema repetido con frecuencia en los movimientos de protesta del Antiguo Régimen: viva el rey, abajo el mal gobierno. No existe duda, pues, de que el manifiesto no fue el producto de un debate anterior en el seno del Ejército. Los militares de las diversas guarniciones, proclives al asociacionismo corporativo, conocieron su contenido después del primero de junio y a la inmensa mayoría les pareció excesivamente politizado. Dentro de las Juntas emergió, en sus primeros tiempos, una difusa frontera entre un núcleo duro, predispuesto a incorporar formas de participación en la política, y un amplio conjunto de oficiales desconcertados sobre lo que significaba realmente esa pretendida participación.

La estricta concreción cronológica representa, en un mundo tan recargado de símbolos y rituales como el militar, la confluencia de ambos elementos: una fecha determinada representa el cénit de una acción compartida como heroica, que verifica la supremacía del honor de la institución militar. Esto significó el primero de junio de 1917 para los junteros. A partir de entonces, aquel momento se convirtió en referencial para el relato interno de la organización; una especie de acta fundacional en la que el vicio de origen —un acto de indisciplina— quedaba purificado por la carga de honorabilidad adquirida al promover la desobediencia frente a poderes corrompidos cuya trayectoria contradecía los intereses de la patria. En suma, un acto de indisciplina mutado en acción trascendente, que se asume con esta categoría por el conjunto. Antes del primero de junio el movimiento juntero ya estaba implantado en casi todas las guarniciones peninsulares y empezaba a traspasar el estrecho de Gibraltar hacia el Ejército acantonado en Marruecos. Pero la adhesión aún no era masiva. El coronel Márquez había insistido en que se redoblara la propaganda en los cuartos de banderas e, incluso, la presión hacia los reticentes. Era necesario intensificar esfuerzos por parte de los «militantes» para el pleno éxito de la empresa corporativa[97].

Más que la acción de los primeros junteros, resultó decisivo el cúmulo de torpezas proveniente del poder político y la pésima gestión de la crisis de finales de mayo y primeros días de junio de 1917, realizada por el Gobierno de García Prieto. Muchos militares lo valoraron como un ataque del poder civil al mundo militar. Además, el manifiesto del primero de junio aclaraba implícitamente esta cuestión. El resultado fue que los junteros engrosaron sus filas de manera rápida, incluyendo a los oficiales de Caballería, a lo que se unía un porcentaje considerable de las armas específicas, del cuerpo de Estado Mayor y, en general, de todo el Ejército, con relevantes ramificaciones en la Guardia Civil y en el cuerpo de Seguridad.

En los días siguientes al primero de junio se dieron las condiciones para que la insurrección difusa[98] de los junteros se hubiese transformado en un golpe de Estado en toda regla. El Gobierno aparecía desprovisto de autoridad y superado por acontecimientos que no supo ni pudo controlar, incapaz de promover alternativas negociadoras y carente de instrumentos de coerción que posibilitaran restablecer la normalidad sobre la base de la represión[99]. Se incrementaron las sospechas recíprocas entre las élites políticas y su juego de rivalidades sobre quién o quiénes movían los hilos de la indisciplina militar. La ambientación en la cúpula del Ejército escenificaba un guion similar. Ningún general propuso nada en concreto, más allá de alusiones al restablecimiento de la disciplina jerárquica, siempre con el temor personal de que las Juntas los incluyeran en la lista negra de los generales políticos. La realidad es que la ruptura de la disciplina había provocado un vacío de poder temporal dentro del Ejército.

Por su parte, el monarca estaba desconcertado sobre los objetivos últimos de las Juntas en lo que concernía a su real persona. Como hemos señalado, Alfonso XIII en aquellos momentos solo atisbó que se habían quebrado las relaciones paternalistas entre el rey-soldado y la oficialidad. Durante varios días los junteros constituyeron el único poder estable del país, pero nunca se plantearon la conquista directa del poder. Atribuirles esta pretensión significaría desenfocar la cuestión. Nunca dispusieron de una línea programática al respecto. Carecieron de un liderazgo indiscutible; el coronel Benito Márquez apenas era conocido dentro del Ejército. La solidaridad que habían demostrado los oficiales en los últimos días de mayo no sobrepasaba el estadio de lo sentimental. Desde luego, un golpe de Estado de signo progresista resultaba incompatible con el conservadurismo político de las Juntas.

En el mes de julio, el coronel Márquez rezumaba satisfacción por el éxito obtenido, que difícilmente hubiera llegado a tales niveles sin los sucesos de finales de mayo. Durante aquel verano, las Juntas alcanzaron su cima en términos cuantitativos, aunque desde el punto de vista cualitativo existían diferencias de criterio a la hora de abordar los objetivos y la estrategia juntera. Nadie ponía en duda los fines corporativos, pero en el camino para su consecución cabían varias opciones, desde la intervención directa en la política hasta el ejercicio de la influencia y tutela sobre el sistema, o simplemente el mantenimiento de una acción reivindicativa constante a base de presiones y amenazas, partiendo del temor que inspira a la sociedad civil el espantajo del «ruido de sables».

El testimonio del capitán Luis Castelló Pantoja[100], quien posteriormente ocuparía el Ministerio de la Guerra en el Gobierno republicano de 19 de julio 1936, ilustra todo el proceso. Destinado en un regimiento de Sevilla, a comienzos de 1917 fue testigo de la llegada de un emisario de Barcelona notificando la buena nueva de la constitución de una Junta de Infantería en la capital catalana. Utilizó como argumento central de su disertación las ventajas adquiridas por artilleros, ingenieros y los miembros del cuerpo de Estado Mayor merced a que defendían sus intereses colectivamente, mientras que las «rencillas» en el seno de la Infantería la habían convertido en la «Cenicienta» del Ejército. Solo una minoría aceptó formar una Junta, pero la inmensa mayoría le escucharon con «absoluta indiferencia». El visitante se marchó desalentado. Sin embargo, cuando fue apresada la Junta de Barcelona «la noticia corrió como la pólvora» por todas las guarniciones andaluzas y «lo que no habían conseguido los emisarios, lo consiguió el castigo».

El Arma de Infantería se levantó entera en apoyo de los presos. En todas las guarniciones de la 2.ª Región Militar los oficiales se apresuraron a firmar el Reglamento y a constituir Juntas de Infantería y de otras armas y cuerpos del Ejército. Cualquier duda quedó disipada cuando se difundió que el rey apoyaba el movimiento. Posteriormente el coronel Márquez convocó una asamblea de delegados de Juntas regionales en Barcelona. El capitán Castelló fue elegido rozando la unanimidad como uno de los representantes de la región andaluza. En julio se trasladó a Barcelona. El primer ponente de la reunión fue el capitán Leopoldo Pérez Pala, uno de los autores del manifiesto. Castelló lo consideró un tipo «extraño», que por su vestimenta daba la impresión de que se trataba de un «bohemio» o de un «revolucionario». Inspiró un profundo respeto a la audiencia. Hablaba con tono rudo y tajante. Desprendía sinceridad. Basó toda su explicación en el manifiesto. Reclamó para la Infantería el máximo de los honores. Planteó el asunto de los méritos de guerra, manifestándose en un principio partidario de la escala cerrada para luego proponer un plebiscito dentro del arma; en el caso de triunfar el criterio de la escala abierta, propuso el establecimiento del juicio contradictorio y que el Consejo Supremo de Guerra y Marina determinase la conveniencia del ascenso. Así se apartaría la cuestión de los canales de la arbitrariedad y el favoritismo. Estableció similares criterios de objetividad para el tema de los destinos. Por último, sacó a colación el problema de la relación de las Juntas con los espacios de la política. Comentó la conveniencia de tantear a los dirigentes políticos «para solicitar su apoyo y ofrecer el nuestro». Los delegados tomaron conocimiento de que la Junta Superior había negociado con Maura, se había entrevistado con Cambó y, sobre todo, supieron que la relación con La Cierva iba prosperando. Pérez Pala les señaló que la Junta había limitado los contactos con los republicanos, que nunca había tomado la iniciativa de los mismos y que Lerroux les había ofrecido sus «huestes» para «derrumbar la monarquía», sin que esta propuesta se hubiese tomado en consideración.

«Los delegados oíamos atónitos esta intromisión de la Junta en la política», anotó Castelló. Cuando terminó la reunión, los representantes de varias regiones militares unificaron sus posiciones y acordaron aprobar la «parte militar» y emitir un voto de censura a cualquier forma de actuación política directa, aunque no el ejercicio de la presión sobre los gobiernos.

3. En busca de su hombre, de Maura a Cambó. Las lealtades volátiles

3. En busca de su hombre, de Maura a Cambó. Las lealtades volátiles

El triunfo juntero y el manifiesto del 1 de junio fueron acogidos con simpatías y expectación por la sociedad civil. Sus diatribas antioligárquicas aventuraban acciones de gran calado. Ortega y Gasset valoró positivamente la circunstancia; al fin y al cabo, representaban una enmienda a la totalidad de la vieja política. El mundo antidinástico entrevió la posibilidad de gestar un bloque de poder alternativo con los militares para transformar las bases del sistema. Sin embargo, el periódico El Socialista[101] intuyó acertadamente el peligro del robustecimiento de las prácticas pretorianas. Como corriente precursora, las Juntas militares animaron otros movimientos que estaban surgiendo de forma coetánea en otros sectores de la administración pública. El ejemplo más avanzado residió en los cuerpos de Correos y Telégrafos, ya consolidados desde finales del siglo XIX. En febrero de 1917 afloró el primer brote juntista en Telégrafos, y Correos incorporó sus propias Juntas a finales del mes de junio de aquel mismo año[102].

La crisis política se cerró extraparlamentariamente el 11 de junio, con la formación del Gobierno Dato. No era la solución deseada por las Juntas. El nuevo Gabinete ensayó la política del palo y la zanahoria: realizar concesiones con el fin de recuperar la autoridad perdida, contando con el prestigio del nuevo ministro de la Guerra, el general Fernando Primo de Rivera. En último término, la misión del Gobierno consistió en evitar cualquier deriva de las Juntas hacia la oposición antidinástica. El 12 de junio, las Juntas fueron legalizadas, al aprobarse enteramente su Reglamento. Fortalecidas, persistieron en actitudes pretorianas. A finales de mes elaboraron otro manifiesto, en la misma línea ideológica que el del primero de junio, pero acentuando la fraseología antioligárquica. El Gobierno lo entendió como la expresión de una lealtad volátil. La suspensión de garantías constitucionales y el restablecimiento de la censura de prensa evitó su difusión, pero circuló profusamente en los cuartos de banderas[103]. Sin embargo, una lectura más detenida del documento lleva a la conclusión de que las Juntas buscaban nuevas formas de interlocución con el rey y los poderes civiles, desde dentro del sistema. El texto reiteraba la naturaleza política y corporativa de las Juntas y la lealtad al monarca.

En su etapa de plenitud, intentaron explicar que la consecución de sus objetivos radicaba en el saneamiento del sistema, no en su sustitución. Fue en ese momento cuando el rey empezó a definirlas como organizaciones patrióticas. Para disminuir la tensión, el gobierno efectuó nuevas concesiones en una línea progresiva de claudicación. Las Juntas incrementaron su influencia sobre la sección de Infantería del Ministerio de la Guerra. El 2 de julio un decreto amplió en dos millones de pesetas el presupuesto del Ministerio y redujo a un periodo máximo de cuatro años los destinos en la Casa Militar del rey. Cada concesión suponía un nuevo reforzamiento de las Juntas, que iniciaron una campaña para residenciar —depurar— a los generales «políticos». Las relaciones con el general Primo de Rivera empeoraron hasta forzar su dimisión el 18 de octubre. Fue sustituido por el general Marina, que se había aproximado al mundo juntero en las últimas semanas.

Las Juntas ya postulaban sin ambages la solución Maura, su hipotético cirujano de hierro. El 20 de junio el coronel Márquez y un comandante de Artillería habían visitado en Barcelona al dirigente maurista Gustavo Peyrà[104]. Le comunicaron que las Juntas «preveían» la caída del Gobierno Dato a corto plazo y que era Maura la única solución para superar el estado de indefensión en que se encontraba el Ejército. En la nota manuscrita que Peyrà envió al dirigente conservador, durante su retiro veraniego de Solórzano (Santander), quedaron claros dos presupuestos: Maura contaría con la «influencia» de las Juntas y con su garantía «para dominar conflictos, sean del orden que fueren», en clara alusión a las organizaciones obreras.

La propuesta resultaba evidente: un acto de fuerza y la instauración de un gobierno asentado en el poder militar. El coronel Márquez conocía de antemano la proclividad de los círculos mauristas a esta solución. Maura respondió a Peyrà tres días después, rechazando la componenda. Una semana más tarde encarta a su hijo Gabriel, definiendo las Juntas como «un engendro monstruoso de añeja depravación instalada en las cumbres»[105], en alusión velada a las inclinaciones pretorianas del monarca.

Las Juntas siempre exploraron en claves conservadoras y monarquizantes las oportunidades que se abrían en el escenario político con el fin de estabilizar y reforzar la opción pretoriana. El debate en la Junta Superior acabó por desechar a los prohombres del régimen demasiado gastados políticamente y contra los cuales habían dirigido el manifiesto del primero de junio. Frustrada la solución Maura, Márquez se aproximó a la Asamblea de Parlamentarios, pero pronto quedó en minoría ante el problema del catalanismo entendido en términos viscerales. Solo defendió la operación por puro pragmatismo el sector regeneracionista, es decir, el coronel Márquez y los capitanes Villar y Herrero. Los tres sintonizaban con la facción más moderada del movimiento dirigido por Cambó, siempre y cuando se aclararan las posiciones. Márquez y Cambó intercambiaron contactos[106]. En la estrategia del segundo, el Ejército sería el garante de que el proceso de renovación política se mantuviera alejado de cualquier tentación revolucionaria o escorada a la izquierda[107]. En la nueva situación política las reivindicaciones junteras encontrarían satisfacción. Cambó insistió en que no postulaba la separación de España, sino la defensa de la identidad catalana. La mayoría de los dirigentes junteros continuaron oponiéndose. Cuando llegó el momento de la asamblea de Barcelona, la Junta Superior desautorizó las iniciativas personales de Márquez y ordenó a las Juntas locales y regionales mantenerse leales al gobierno. Tres días después publicaron un comunicado desmarcándose de la Asamblea, reafirmando su posición apolítica, por encima de luchas partidistas, y el sometimiento al poder político.

Existen algunos testimonios que plantean ciertas expresiones de un tímido rechazo, nunca en tono elevado, de sectores junteros contra la militarización del orden público. Capo lo recoge en su libro[108]. Las memorias del general Antonio Cordón exponen la inquietud que experimentaban los oficiales junteros de su regimiento de Artillería en Galicia[109]. Mostraban el cansancio de constituir el arbitraje extremo de las cuestiones sociales y solicitaron que el tema fuera debatido por la Junta Superior. Pero, llegado el momento crítico de la huelga de agosto, el capitán general zanjó todo asomo de duda en un hábil comunicado. No se trataba de una huelga por motivos laborales, sino de un movimiento revolucionario contra el rey y el Estado. La fidelidad al monarca estaba por encima de cualquier otra consideración y las tropas salieron a la calle disciplinadamente, al igual que en el resto de España. Los junteros de Barcelona fueron especialmente duros en la represión. En Asturias, las tropas, al mando del general Burguete, extremaron la crueldad. La sangre vertida rompió la imagen social de las Juntas como instrumento de renovación. A posteriori, el coronel Márquez, cuyo regimiento había actuado sañudamente en Sabadell, intentó restaurar esa imagen y cargó la responsabilidad en el Gobierno, en los generales políticos y en el capitán general[110]. La Junta Superior no había tomado ninguna iniciativa al respecto. Sugirió que el Gobierno había provocado el estallido del movimiento antes de que se consolidara, con el fin de reprimirlo con facilidad. Cuando empezó a demandarse la amnistía para Besteiro, Saborit y el resto de los dirigentes del movimiento de agosto, Márquez señaló que las Juntas no tolerarían estados de opinión en los que el poder civil apareciera con tonos conciliadores frente a un Ejército de vocación represora. Si al Ejército se le obligaba a cumplir este papel, debería hacerlo con todas las consecuencias, es decir, con la aplicación estricta de la Ley de Jurisdicciones, sin cortapisas.

Tras la represión militar de la huelga de agosto de 1917, la izquierda y las organizaciones obreras desecharon definitivamente cualquier expectativa transformadora proveniente de las Juntas. Fue el despertar de una ensoñación. Luis Araquistáin expresó en diciembre que se había formado un nuevo criterio personal sobre ellas, basado en la «desesperanza» y en la «conciencia» de su ineptitud. Ni la libertad civil ni la «reorganización técnica de España» podían esperar nada de las Juntas de oficiales[111]. En junio de 1917, Araquistáin había considerado a las nacientes Juntas instrumentos revolucionarios en sus medios y en sus fines, al conectar con el pueblo en sus ansias de justicia y libertad, y celebraba que hubieran violado el precepto constitucional que negaba a los militares el derecho de petición como colectividad[112]. A principios de 1918, su valoración se situaba en las antípodas: ya no eran el símbolo de la revolución, sino de la contrarrevolución[113]:

Pablo Iglesias siempre cuestionó la capacidad transformadora del movimiento juntero, aunque algunas reflexiones suyas pudieron suscitar equívocos. Sí evocó positivamente, a título de hipótesis, la formación de un bloque de cambio que englobara a las Juntas civiles y militares y a los «elementos sociales ansiosos de bienestar y de justicia». Tras la huelga de agosto apartó de su pensamiento toda valoración positiva sobre las Juntas de oficiales: servían a la institución monárquica y no a la Nación. Sin embargo, subsistía una liviana esperanza en el comportamiento de las «otras» Juntas militares, que aglutinaban a las clases, es decir, los militares de las categorías inferiores[114].

Melquíades Álvarez recibió con «simpatías» y «aplausos» el manifiesto del primero de junio, porque representaba la voz unánime del país frente a la carencia de fuerza moral de un gobierno oligárquico. Calificó la indisciplina juntera de «rebeldía salvadora». Esperó vanamente a que tomaran la iniciativa para lograr la compenetración entre militares, obreros y parlamentarios. Definió como «error» la represión militar de la huelga de agosto y se desvaneció toda expectativa al respecto. En su discurso, las Juntas pasaron a practicar una sedición permanente, sin mayor vocación reformista, reduciendo su alcance a la tutela de un poder civil semejante a una especie de tiranía permanente e intolerable, solo superable a través de un proceso de regeneración parlamentaria[115].

Por su parte, Marcelino Domingo realizó una suerte de transferencia en la valoración de las Juntas. En su periódico La Lucha, en su versión habitual o clandestina, tras los sucesos de agosto, pasó de apelar a las Juntas como estímulo revolucionario a postular el mismo cometido para las Juntas de clases y soldados, configurando llamamientos panfletarios a la acción revolucionaria de los escalones inferiores del Ejército: la épica de los consejos de soldados recién importada de Rusia. Invadió los cuarteles de Barcelona con ejemplares de su periódico, obligando a los oficiales junteros a un denodado trabajo para destruirlos y evitar que llegasen a manos de los sargentos y de la tropa[116].

La cuestión de la convocatoria de un proceso constituyente había calado en la Junta Superior y lo incorporó a su paquete reivindicativo. En agosto envió al rey otro manifiesto, abundando en las ideas anteriores, pero también incorporando la conveniencia de que tomase la iniciativa constituyente con el concurso del Ejército, garante del mantenimiento de la monarquía. Alfonso XIII no respondió, pero militares próximos al monarca recomendaron a las Juntas el abandono de cualquier veleidad constituyente, cuando el sistema se enfrentaba a una huelga general revolucionaria. En octubre, la relación entre las Juntas y el Gabinete alcanzó niveles de tensión insostenible. El Gobierno, bajo presión, no estaba dispuesto a emprender las reformas exigidas. Los junteros desempolvaron el tema del proceso constituyente. A partir del texto anterior, el 24 de octubre elaboraron un nuevo manifiesto dirigido al «rey regenerador»[117]. El discurso giraba en torno a la misma idea central: que la iniciativa constituyente recayera en el monarca bajo la protección del Ejército. Solicitaba la convocatoria de elecciones sin interferencias clientelares o caciquiles y, si las Cortes resultantes se desviaran del principio monárquico, el Ejército se comprometía a su disolución inmediata. Se acompañaba el manifiesto de un ultimátum de 72 horas para su cumplimiento. Realmente la estrategia juntera pretendía derribar al Gobierno Dato. El rey le retiró la confianza al día siguiente.

4. La Cierva, el hombre de las Juntas. La estrategia de control

4. La Cierva, el hombre de las Juntas. La estrategia de control

La crisis se resolvió el 3 de noviembre. Tras sucesivos vetos, las Juntas aceptaron que Sánchez Guerra formara Gobierno. Desecharon a los generales «políticos» para la cartera de Guerra e impusieron la excepcional presencia de un civil, Juan de la Cierva, al frente del Ministerio, a pesar de la oposición del general Echagüe, presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. En su deriva hacia posiciones cada vez más conservadoras, las Juntas rescataron al gobernante implacable de 1909. Desde el verano venían promoviendo a La Cierva. A finales de octubre se materializó el acuerdo, aunque en sus memorias, La Cierva lo data en los momentos inmediatos a la resolución de la crisis[118]. Los junteros le expusieron la ruptura con los generales y el peligro de las Juntas de sargentos, consideradas como una fuerza desmandada que podía dar al traste con la disciplina y el propio Estado, en el caso probable de que adoptaran soluciones revolucionarias. Precisaban un hombre fuerte que restableciera el orden y acometiera las reformas militares. Le halagaron, recordando su papel como ministro de la Gobernación en 1909 y que había sido apartado de la política desde entonces como parte del veto a Maura. Por último, le aseguraron apoyo ante cualquier maniobra política contra él. En su aparente fortaleza, la delegación juntera transmitió, de hecho, un mensaje de debilidad.

Juan de la Cierva, en su estrategia para controlar las Juntas y ensayar la subordinación de las mismas a sus propios intereses políticos, recurrió a todas las formas posibles de cooptación, hasta la concesión de una paga extraordinaria para la oficialidad en diciembre de 1917. En lo fundamental, compuso una secuencia de tres objetivos concatenados: depurar las Juntas de elementos reformistas-políticos, proceder a la disolución de las Juntas de clases y poner en marcha el paquete de reformas militares[119]. El primer objetivo pasaba por eliminar toda posible influencia del coronel Márquez. Las aproximaciones que se han realizado a su personalidad siempre parten de la descripción que hizo en su día el general Mola o de los apuntes de Capo. Ambos lo conocieron en persona. Mola confeccionó un retrato despreciativo de Márquez[120] y, hasta cierto punto, burlesco: «Hombre bien intencionado», «inteligencia poco cultivada», juguete de quienes lo rodeaban, «llegó a creerse árbitro de los destinos de España». Sin embargo, Capo, con la complacencia del propio Márquez, dibujó otra personalidad: militar preocupado por el bienestar del Ejército que encarnó la voluntad reformista de las Juntas originales e, incluso, llegó a simpatizar con las opciones antidinásticas[121]. Lo cierto es que el coronel encontró en el manifiesto del primero de junio —en cuya redacción no participó— la substancia que daba sentido pleno a las Juntas: la articulación entre reforma militar y política, dentro de pautas conservadoras. También es cierto que, paulatinamente, centralizó en su persona el gobierno de las Juntas. Acordó el acercamiento fallido a Maura y, eventualmente, planteó llevar a sus últimas consecuencias las prácticas pretorianas. Siempre defendió el intervencionismo en la política, pero, como hemos señalado, su criterio no era el dominante dentro del movimiento, más dado a la transacción y a la defensa de discursos estrictamente corporativos.

Existió, pues, una oposición a Márquez dentro de la Junta Superior que le aisló progresivamente. En octubre, cuando se planteó el manifiesto-ultimátum, los artilleros e ingenieros se mostraron contrarios y tampoco se dio unanimidad en Infantería ni en Caballería. Finalmente, Márquez consiguió imponerse. Cuando consensuaron la aproximación a La Cierva, todos estuvieron de acuerdo en el principio, pero el más dubitativo fue Márquez, sobre todo, en el momento oportuno del ofrecimiento, nunca antes de la caída de Dato. Pero se le adelantaron sus colegas de la Junta Superior, quienes entraron en contacto con el futuro ministro sin la previa autorización de Márquez. A partir de entonces, el coronel entró en conflicto con La Cierva. Se quedó solo y presentó la dimisión el 27 de diciembre; para su sorpresa, le fue aceptada. En días posteriores intentó mover los hilos de su influencia y recuperar la posición perdida, acentuando las críticas a La Cierva. Aunque no existen pruebas concluyentes, parece que este último le ofreció un cargo de relieve en el Ministerio[122]. Por fin, ya como ministro, decidió deshacerse de Márquez. La Cierva forzó la convocatoria de un tribunal de honor, que le separó del Ejército oficialmente el 18 de marzo de 1918.

Las otras Juntas militares, las de brigadas y sargentos, apenas han recibido tratamiento historiográfico y, sin embargo, desde junio de 1917, constituyeron un factor de distorsión en el desarrollo de cualquier estrategia de las Juntas de oficiales[123]. Se extendieron por todas las guarniciones españolas, actuaron de forma autónoma y fueron percibidas como fermento revolucionario por la oficialidad y por el poder civil. El 12 de junio de 1917, los brigadas y sargentos solicitaron el apoyo de la oficialidad en demanda de «dignificación social» y de mejoras económicas y materiales[124]. Su situación era precaria, a base de sucesivos reenganches que dependían de la voluntad, el capricho o el favor de sus jefes. En ningún momento las Juntas de oficiales se plantearon ninguna forma de integración o un ejercicio conjunto de solidaridad reivindicativa. Las consideraron un peligro real, porque la propia indisciplina que los oficiales habían mostrado hacia sus superiores podía trasladarse a este mundo subordinado, que, no obstante, había acatado las órdenes de represión de la huelga de agosto, salvo en algún plante aislado. Pero el recurso juntero de amenazar con actos de fuerza exigía el control de clases y soldados; caso contrario, el pretendido recurso quedaría rebajado al mero artificio. La percepción de peligro estaba asentada en un futurible: no despertaban temor por lo que eran, sino por lo que podían llegar a ser. Algunos brigadas y sargentos habían entrado en contacto con las organizaciones obreras[125]. Los servicios de información detectaron reuniones sospechosas y, en pasquines y panfletos de agitación, se hacían llamadas a los consejos de soldados, siguiendo los ecos de la Rusia revolucionaria. Además, algún general, como Fernando Primo de Rivera, los había protegido de manera paternalista e interesada, para utilizarlos como factor de inestabilidad contra las Juntas de oficiales. Los junteros y La Cierva coincidieron en extirpar el problema radicalmente. El 3 de enero de 1918, el ministro dispuso la disolución fulminante de todas las Juntas de clases en la mañana siguiente, de buen grado o a través de medidas de fuerza[126]. Facultó a los oficiales para que depuraran a los sospechosos de ideas izquierdistas. Todos los brigadas y sargentos fueron obligados a firmar un reglamento especial de fidelidad. Un par de centenares acabaron expulsados. Casi todos fueron rehabilitados en meses posteriores, pero medio centenar, aproximadamente, tuvo que esperar hasta la proclamación de la Segunda República[127].

Una vez depuradas las Juntas del sector reformista y político, La Cierva se enfrascó en las reformas militares con la colaboración activa del mundo juntero, que guio el proceso a principios de 1918, desarrollando sus aspiraciones corporativas. La Cierva sustrajo la reforma del debate parlamentario y la aprobó por decreto en marzo de 1918. Los ministros liberales mostraron su desacuerdo, iniciándose la crisis de gobierno. Además, el 20 de febrero, las Juntas de Telégrafos y Correos habían declarado la huelga. La Cierva, partidario de una postura de fuerza, militarizó el servicio el 14 de marzo y disolvió ambos cuerpos[128]. Pero otros ministros eran favorables a la negociación. La confluencia de los dos vectores produjo la caída del Gobierno y su sustitución por el Gabinete de unidad nacional, presidido por Antonio Maura. Apoyado por las Juntas, La Cierva aspiró a su renovación en la cartera de Guerra. Habría significado la acumulación de un poder excesivo. Maura le ofreció la de Hacienda, mas el interesado se sintió minusvalorado, entendiendo la propuesta como algo meramente protocolario.

Por fin, el decreto de reformas pasó el trámite parlamentario a finales de junio. Tras un debate insípido, se convirtió en Ley el 29 del mismo mes[129]. Las cuestiones orgánicas y de modernización técnica quedaron relegadas, prevaleciendo las consideraciones profesionales y económicas. Los ascensos se determinarían por antigüedad, reinstaurándose la escala cerrada, aunque con reservas, ya que la ley contemplaba, en casos extraordinarios y en circunstancias excepcionales, los ascensos por méritos en campaña, sometiéndolos a criterios de objetividad: expediente contradictorio, informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina y, por último, la resolución de las Cortes. Las retribuciones económicas de todas las escalas aumentaron considerablemente. Los sueldos de suboficiales y sargentos se incrementaron un 30 %. Se redujo la edad de permanencia activa, con la consiguiente agilización de los ascensos[130] y, de hecho, se mantuvieron estables las escalas en cantidad, sin corregir el exceso de oficiales. Igualmente se dinamizaba el ascenso de suboficiales y sargentos a la oficialidad de la escala de reserva[131].

Los junteros volvían a expresar la «satisfacción interior» de las armas y cuerpos del Ejército, y los estratos inferiores, las peligrosas clases, calmaban su inquietud con el horizonte abierto de una carrera militar. Los junteros habían conseguido un éxito rotundo desde el punto de vista profesional y económico, pero enterraron el perfeccionamiento técnico de las fuerzas armadas. La reforma de La Cierva se planteaba teóricamente la cuestión, pero no desembocó en ningún resultado. El coronel Márquez criticó a sus antiguos compañeros, acusándoles de haber desvirtuado el espíritu reformista de las primeras Juntas para transformarse en vividores del presupuesto, despreocupados de cualquier modernización. Otros militares, de diversa significación política como Mola, Cordón, Castelló, Coello de Portugal o Pardo, sacaron similar conclusión. La base séptima del texto legal había abordado el tema de la modernización técnica y la necesidad inaplazable de importar material. En 1919, el Estado Mayor Central valoró el monto mínimo de las compras exteriores en 1306 millones de pesetas, cantidad inasumible desde el punto de vista presupuestario, dado el sistema fiscal de la época.

La consecuencia más evidente de la reforma fue el incremento inmediato del gasto. El presupuesto militar se elevó ostensiblemente entre 1917 y 1920, antes de que la partida correspondiente a Marruecos se disparase al alza desde 1921. En 1917, los gastos militares ascendieron a 346 millones de pesetas, para alcanzar los 581 en 1920, lo que representaba el 24 % del presupuesto estatal. Este esfuerzo presupuestario no había provocado esbozo alguno de modernización de las fuerzas armadas ni transformaciones orgánicas sustanciales. Persistía una deficiente constitución orgánica del Ejército por el mantenimiento de las obsoletas capitanías generales, que no respondían a las necesidades teóricas de despliegues estratégicos, sino a consideraciones de orden público: la autoridad civil, que se apoya en la militar. A estas conclusiones llegaba en 1920 el conde de Romanones, uno de los políticos mejor informado sobre temas militares. Atribuía el alza del gasto al incremento de la burocratización dentro del Ejército. A modo de ejemplo indicaba, que en aquel año, el personal de la administración central en el Ministerio de la Guerra ascendía a 27 generales y 519 jefes y oficiales, además de un variable y numeroso conjunto de agregados de complicada determinación. Cualquier modernización debería pasar por la reducción drástica de las plantillas[132].

Las Juntas pasaron a denominarse Comisiones Informativas. La Cierva proyectaba aprovechar el clima de euforia de las reformas para liquidarlas. Las de Correos y Telégrafos fueron eliminadas por decreto, pero, evidentemente, las militares exigían un tratamiento consensuado. Las de ingenieros y artilleros aceptaron suspender sus funciones, pero los infantes se opusieron y arrastraron a las restantes. La sección de Infantería del Ministerio de la Guerra propuso al ministro aplicar el principio de autoridad y forzar la disolución, pero La Cierva optó por evitar tensiones dentro del Ejército. En último término se planteó institucionalizar las Juntas, incorporándolas al organigrama ministerial. Su dimisión dejó el plan apenas esbozado. El Gobierno Nacional tomó posesión el 22 de marzo de 1918 y su presidente, Antonio Maura, advirtió que no toleraría nuevos desplantes de las Juntas. Ocupadas en el desarrollo de la Ley de Reformas, se mantuvieron en calma durante meses, insistiendo en la escala cerrada. Por otro lado, se observa una desmovilización acusada de las bases junteras. La mayoría de oficiales se sintieron satisfechos con los beneficios económicos conseguidos.

5. Hacia la decadencia: junteros y africanistas

5. Hacia la decadencia: junteros y africanistas

Desde comienzos de 1919 volvieron a entremezclarse la política y la reivindicación corporativa. Durante la huelga de La Canadiense, en febrero y marzo de 1919, las Juntas de Barcelona cerraron filas detrás del capitán general Miláns del Bosch, desafiando al Gobierno de Romanones y a la autoridad civil. La primera fase de la huelga se había cerrado por la vía de la negociación. La estrategia represiva de Miláns, enemiga de toda conciliación, desembocó en la huelga general de marzo, la imposición de los extremos en la patronal y en la CNT y la desautorización continuada del Gobierno y sus representantes en Barcelona. Las Juntas actuaron allí como un poder autónomo, una suerte de partido militar tolerado por el rey. Opuesto al movimiento obrero y al catalanismo, invocaba el principio de la inviolabilidad militar[133], al igual que el coronel Márquez tras la huelga de agosto de 1917. Si se militarizaba el orden público, debía hacerse con todas las consecuencias. En una de las peticiones elevadas al rey, los junteros barceloneses insistían, con esta lógica, que una vez decretado el estado de guerra, el Ejército no toleraría que el Gobierno se inmiscuyera para «parlamentar, transigir y contemporizar». Cuando el conde de Romanones solicitó la destitución de Miláns del Bosch, se produjo la crisis y el rey dejó caer al Gobierno en abril de 1919.

La otra cuestión que surgió en aquel año fue la depuración de los alumnos de la Escuela Superior de Guerra. Se trata de un conflicto que parte de una reivindicación corporativa —la estabilidad de las plantillas— y concatena varios problemas que, a su vez, se retroalimentan: los sistemas de cohesión interna, las tensiones interjunteras, las relaciones de las Juntas con la cúpula de generales y con el poder civil, y la intermediación regia[134].

Los tribunales de honor, discutibles desde el punto de vista jurídico, conformaron un sólido instrumento de coacción para asegurar la cohesión interna de las Juntas. La utilización abusiva y las amenazas continuas de su aplicación controlaban las divergencias. Pero también esta continua apelación sobreentendida a la existencia de un enemigo interno se prestaba a la descomposición del grupo. Todo ello hacía emerger una realidad: existía un elevado índice interno de disidencia.

Por otro lado, la Junta de Infantería, a lo largo del año 1919, intensificó su campaña contra el cuerpo de Estado Mayor. Revestía la reivindicación de consideraciones técnicas. Los diplomados de Estado Mayor desarrollarían un papel más eficiente en sus armas de origen, y no en un cuerpo anacrónico. Pero, más allá de la conveniencia técnica, las Juntas se proponían cortar la constante hemorragia de los jóvenes oficiales mejor preparados, atraídos por el prestigio social del cuerpo de Estado Mayor. Estaba en juego la estabilidad de las plantillas. Las Juntas de Infantería siempre obstaculizaron la incorporación de sus miembros a la Escuela Superior de Guerra. Antes de los exámenes de entrada los hipotéticos futuros alumnos habían de renunciar, bajo palabra de honor, a su ingreso de Estado Mayor, caso de que consiguieran diplomarse. Si no admitían la renuncia a priori y suspendían el examen de ingreso, se verían forzados a pedir la baja del Ejército. Los tribunales de honor se encargaban de hacer efectivas tales medidas. Método draconiano que había funcionado sin mayor polémica hasta que 25 alumnos de la Escuela se opusieron frontalmente a lo que denominaron «la tiranía de los dirigentes junteros», durante el segundo semestre de 1919.

La primera confrontación había surgido en el otoño de 1918, cuando todos expresaron su deseo de incorporarse al cuerpo de Estado Mayor una vez terminados sus estudios. Las Juntas intentaron disuadirles, sin éxito. Incluso realizaron una consulta entre los oficiales del arma a principios de 1919; a la pregunta sobre si había que ser inexorable ante cualquier indisciplina con respecto a las autoridades junteras, más de 4000 oficiales respondieron afirmativamente. Todavía las Juntas poseían una relevante capacidad de convocatoria. Durante la primavera tomaron la decisión de convocar un tribunal de honor para castigar a los rebeldes. Los alumnos de la Escuela se negaron a constituirlo, tal como dictaba el procedimiento, de manera que el asunto quedó en suspenso hasta después del verano, cuando los dirigentes junteros volvieron a la carga.

Los 25 tenientes decidieron abandonar las Juntas. Firmaron un documento explicativo el 16 de octubre de 1919 y lo entregaron a la Junta local de Madrid. A partir de entonces, la Junta Superior tomó represalias: no se podía tolerar ninguna deserción, porque podía abrir una situación de masivo abandono, sobre todo en el Ejército de África. La Junta tramó cómo expulsarlos del Ejército y halló la coartada: el periódico El Sol publicó el documento explicativo que los 25 habían elaborado. El 22 de octubre de 1919, el mismo diario publicó otra carta del grupo, en la que declaraban no haber tenido relación alguna con la anterior publicación. La Junta ordenó que se reunieran los tenientes más antiguos de cada regimiento de la guarnición de Madrid, quienes acordaron que procedía formar un tribunal de honor contra los 25 por haber hecho declaraciones a la prensa y los citaron en el regimiento León. Sin embargo, las autoridades militares de Madrid negaron la validez del procedimiento y el propio ministro Tovar estimó ilegal la citación. Así se lo transmitió al coronel Dabán, jefe del regimiento, quien le comunicó, expeditivo, que la reunión se celebraría incluso sin permiso de la autoridad militar y aunque fuera contra la opinión del ministro.

Llegados los 25 a la reunión, el coronel Dabán les informó de que los tenientes más antiguos habían firmado un acta por la que se les consideraba indignos de vestir el uniforme tras haber cometido actos deshonrosos, según el artículo 39 del Reglamento juntero y, por tanto, debían ser expulsados del Ejército. Al día siguiente, 25 de octubre, se enteraron de que la Junta Superior, presidida por el coronel Martínez Raposo, había pedido al ministro su separación por Real Decreto, pero este se había negado rotundamente. El día 26, la Junta intentó dividir el grupo. Dos tenientes se escindieron, aceptando la promesa de absolución y confesando públicamente su «pecado».

El día 27 de octubre, los restantes 23 se presentaron ante un ilegal tribunal de honor. A media mañana, el gobernador militar de Madrid suspendió la actuación del tribunal. Nuevamente la Junta intentó la separación de los 23 por Real Decreto, a lo que el ministro Tovar volvió a negarse. Hubo presiones desde Palacio. Las autoridades militares acabaron por aceptar que el tribunal de honor volviera a reunirse, tal como había sido constituido anteriormente. El 1 de noviembre de 1919, los 23 fueron juzgados por el tribunal, que decidió su expulsión del Ejército. Sin embargo, el ministro remitió los expedientes al Consejo Supremo de Guerra y Marina, presidido por el general Fernando Primo de Rivera, que acordó defecto de forma en la constitución del tribunal de honor y, en consecuencia, la nulidad de su sentencia. Ordenaba se constituyera uno nuevo, compuesto por todos los tenientes de la Escuela de Guerra de todas las armas, es decir, los 23 incluidos. Con esta decisión, el directorio juntero sufrió un rudo golpe. Sus emisarios amenazaron al Gobierno con suspender las guardias de Infantería en toda España, es decir, una especie de lock out militar previo acuartelamiento.

El 1 de diciembre de 1919 se reunió el tercer tribunal de honor, con los tenientes de todas las armas de la Escuela Superior de Guerra, siguiendo la recomendación del Consejo Supremo. El 3 de diciembre, este tribunal falló en contra de los 23 acusados, que al día siguiente solicitaron al rey la anulación de la sentencia. Desde el Palacio Real respondieron negativamente. El día 6 fueron publicadas las separaciones en el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra. El ministro Tovar se había negado hasta el último momento a presentar el decreto, aunque la presión regia finalmente le obligó. El asunto había hecho correr ríos de tinta en los periódicos de la época, causando enorme repercusión en toda España. Desautorizado por el monarca y acosado desde múltiples frentes, cayó el Gobierno Sánchez de Toca. Los 23 presentaron recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Por fin, el 10 de julio de 1922, la sentencia favorable determinó su reingreso en el Ejército.

No obstante, la Junta Superior, presidida por el coronel Nouvilas, les exigió que solicitaran por escrito el perdón del arma y, una vez más, el compromiso de no ingresar en el cuerpo de Estado Mayor. En caso contrario, las Juntas no cumplirían la sentencia. 22 de los 23 cedieron y consintieron. El teniente Coello de Portugal se negó a hacerlo. Lo consideraba indigno y siguió expulsado del Ejército.

Los junteros, pues, impusieron sus condiciones en diciembre de 1919. Una vez más, habían doblegado al ejecutivo y desobedecido a la cúpula militar sin mayores consecuencias. Aún mantenían intacto el favor regio y continuaban siendo decisivos para el mantenimiento del orden social, sobre todo en espacios centrales de la conflictividad de clase como Barcelona y Andalucía. Al menos hasta 1922, los gobiernos estuvieron sumidos en una contradicción irresoluble: la aspiración a robustecer el poder civil chocaba de pleno con su dependencia de los militares como garantía antirrevolucionaria. Así, desmantelar prematuramente las Juntas podría desencadenar tensiones de consecuencias impredecibles en el seno de las fuerzas armadas y en su relación con el poder civil. Pero también resultaba evidente que la cohesión interna del mundo juntero estaba cada vez más supeditada a la férrea disciplina vertical y menos al diálogo y consenso de tipo horizontal, encenagándose los canales de la participación colectiva. Sin embargo, los asociados todavía podían extraer de las Juntas ventajas comparativas. Progresivamente, las Juntas se convirtieron en fábricas de favores. Surgió una clientela juntera que alternativamente entraba en competencia con la camarilla militar de Palacio o llegaba a acuerdos tácitos con ella. Así la influencia juntera se mantuvo firme hasta finales de 1920, cuando el Ejército de África empezó a debilitar todo el entramado juntero, para asestarle, meses después, el golpe definitivo. Por otro lado, se complicó la gestión de los desacuerdos entre las duras Juntas de Infantería y Caballería y las de otras armas y cuerpos. El problema de los 25 alumnos de la Escuela Superior de Guerra había ocasionado distancias insalvables con los Ingenieros, a lo que se unían las disputas más o menos soterradas por el control de la naciente aviación.

Las Juntas soportaron al general Villalba, ministro de la Guerra en el Gobierno presidido por Manuel Allendesalazar, desde el 12 de diciembre de 1919 hasta el 5 de mayo de 1920, y se sintieron complacidos con su sucesor en la cartera de Guerra, el vizconde de Eza, quien duró en el cargo hasta el 14 de agosto de 1921, en los gobiernos presididos por Eduardo Dato y Manuel Allendesalazar. Habían incidido en su nombramiento porque preferían a un civil al frente del Ministerio. Con cautela, Eza mantuvo excelentes relaciones con las Juntas y solicitó con frecuencia su asesoramiento. Además, Dato era partidario de la política de fuerza frente a la conflictividad social y, por el momento, las primeras presiones del Ejército de África para abrir la escala no fructificaron. Los africanistas redoblaron sus críticas a las Juntas y amenazaron con abandonarlas masivamente[135]. Los dirigentes junteros ofrecieron alguna clase de acuerdo para reactivar las recompensas, sin ningún resultado. Meses antes del desastre de Annual, trescientos oficiales destinados en Marruecos se dieron de baja de las Juntas.

Desde 1920, la estrategia militar de ocupación del protectorado se había impuesto como solución del largo conflicto, bajo la dirección del Alto Comisario, el general Dámaso Berenguer, unida a una política de atracción y soborno de élites tribales. La entrada en la ciudad santa de Xauen y el control del Raisuli pacificaron temporalmente la zona occidental. En 1921, el plan de ocupación de la bahía de Alhucemas y del territorio adyacente, dirigido por el general Fernández Silvestre desde la comandancia general de Melilla, era interpretado como el comienzo del éxito final. Los desastres de Annual y Monte Arruit, en el verano del mismo año, pusieron de relieve toda la gama posible de ineficacias e incapacidades, con el coste humano de millares de muertos y desaparecidos, mayoritariamente procedentes de unidades expedicionarias desde guarniciones peninsulares, mal preparadas y peor equipadas. Se abrió el debate de las responsabilidades.

En esta ambientación subió al poder el 14 de agosto el Gobierno presidido por Antonio Maura, con Juan de La Cierva de nuevo en el Ministerio de la Guerra. Las Juntas se sintieron satisfechas con el nombramiento[136]. En el primer Consejo de Ministros, Maura y Cambó le recomendaron la rápida disolución de las Juntas, de acuerdo con los deseos vacilantes del monarca. La Cierva exculpó a las Juntas de la derrota de Annual, consultó sobre su liquidación a varios generales y a Dámaso Berenguer —profundamente antijuntero— y se lo desaconsejaron para evitar «perturbaciones» dentro del Ejército, justo en el momento en que se planteaban estrategias de recuperación del territorio perdido en el Rif. Opinó de forma similar el capitán general de la 1.ª Región (Madrid), Miguel Primo de Rivera[137]. Sin embargo, las relaciones entre La Cierva y las Juntas de Infantería empezaron a deteriorarse con prontitud. En el mes de agosto, para reforzar la moral de los africanistas, el Gobierno preparó un decreto que, de hecho, reimplantaba los ascensos por méritos de guerra. Se trataba de ascender a quince oficiales por méritos contraídos en Marruecos antes de Annual; entre ellos se contaba el propio Dámaso Berenguer. Las Juntas se opusieron radicalmente y abrieron la caja de las amenazas. El proyecto se retiró. Al mismo tiempo quebró la unidad de acción con las otras armas y cuerpos. Era la primera consecuencia de Annual. La Comisión de Estado Mayor renunció a la representación colectiva, lo que significaba de facto su autodisolución, en aras del restablecimiento de la disciplina jerárquica. Igualmente, en agosto de 1921, la Comisión de Artillería delegó la defensa del arma en su correspondiente sección ministerial, lo que suponía una suerte de suspensión de actividades[138].

Cuando Maura y La Cierva plantearon la reorganización y oficialización de las Juntas, La Correspondencia Militar organizó, a finales de diciembre, una campaña contra el ministro. A comienzos de enero, a punto de aprobarse el decreto, la Comisión de Infantería se reunió con el general Burguete, anteriormente crítico con las Juntas y ahora próximo a ellas. Confiaba en su apoyo para sustituir a Dámaso Berenguer en la Alta Comisaría de Marruecos. En la reunión se amenazó con el clásico «ruido de sables» contra un preocupado ministro que consultaba a los capitanes generales si había movimientos de tropas. Finalmente, la Comisión se disculpó ante el ministro, pero los junteros visitaron al rey. Cuando le pasaron a firma el decreto, Alfonso XIII expresó sus reparos. La Cierva le propuso salvar la situación como Real Orden y el monarca aceptó. Maura se negó a la componenda y amenazó con la dimisión de todo el Gabinete. El rey cedió y el decreto vio la luz el 16 de enero de 1922, aunque el monarca acabaría por retirar la confianza a Maura a principios de marzo siguiente.

El Real Decreto reinventaba las Comisiones, es decir, las Juntas. Perseguía tres objetivos: acabar con la independencia de las mismas, intervenir en la elección de los cargos y mermar su capacidad de decisión. Las cotizaciones se prohibieron; los cargos serían elegidos por el ministro, según la terna preseleccionada por el Arma, y cualquier propuesta juntera sería previamente sometida al conocimiento y resolución de la Superioridad. A cambio, los dirigentes junteros obtendrían un beneficio relevante, porque al terminar su mandato (tres años) pasarían a ser los más antiguos de su empleo en el momento de elegir destinos. En definitiva, las Juntas quedaban convertidas, conservando la denominación de Comisiones Informativas, en dependencias del Ministerio de la Guerra. Con todo, dentro del Ministerio, las Juntas poseían suficientes redes de influencia para que el control previsto no fuese tan eficaz[139].

José Sánchez Guerra subió al Gobierno en marzo de 1922. Firme defensor de la primacía del poder civil, buscó fórmulas para menguar el poder de las Juntas. Probablemente, en un primer momento contemporizó con ellas. Nombró como ministro de la Guerra al general José Olaguer, quien poseía buenas relaciones con el mundo juntero[140]. Las Juntas continuaron su política de defensa a ultranza de la escala cerrada, mientras que los africanistas cada vez insistían más en la consecución de recompensas y ascensos por méritos en campaña. En julio de 1922, las Cortes otorgaron de nuevo al ministro de la Guerra el derecho de conceder ascensos por méritos. Los junteros protestaron, pero perdían fuerza a raudales. Aunque habían intentado manejar la catástrofe de Annual y el tema de las responsabilidades a su favor, acabaron afectados por la cuestión. Los africanistas elaboraron un discurso autoexculpatorio, en el que las Juntas aparecían como principales responsables del desastre: supuestamente desmotivaban a los oficiales por falta de recompensas y, además, habían relajado la disciplina hasta límites inaceptables al triturar las relaciones piramidales y jerárquicas de obediencia y respeto, clásicas de las fuerzas armadas[141].

Se intensificaron las protestas de los africanistas. El 20 de octubre de 1921, el general Cabanellas envió una carta abierta a los presidentes de las Comisiones acusándoles de ser los principales responsables de las derrotas militares en Marruecos[142]. El jefe de Regulares, coronel González Carrasco, se situó en la misma línea. Finalmente, el jefe de la Legión, teniente coronel José Millán Astray, lideró la protesta. El Ejército de África prácticamente abandonó las Juntas en su totalidad. La campaña de los africanistas encontró eco dentro de las guarniciones peninsulares, sobre todo entre los jóvenes oficiales, quienes empezaban a valorar la guerra de África como una ventana de oportunidades profesionales. Su difusión generó estados de opinión contrarios a los junteros, porque una de las consecuencias de Annual fue la exacerbación temporal de la sensibilidad patriótica, con la consiguiente comprensión de las razones africanistas. El correlato consistió en la pérdida de influencia de las Juntas en el interior del Ejército y, lo que es más importante, ante el monarca. Las Juntas intentaron contrarrestar la situación exigiendo que se agilizara la cuestión de las responsabilidades políticas y militares por Annual. Alfonso XIII abandonó definitivamente a los junteros. Ejemplo de ello fue el discurso que pronunció el 7 de julio de 1922 en Barcelona: apeló al espíritu de unidad del Ejército, en sí mismo y con respecto al trono.

Siempre las ceremonias rituales son primordiales en el Ejército. Entre el 14 y el 17 de octubre de 1922 tuvo lugar en Sevilla el último episodio visible de la confrontación entre la Comisión de Infantería y los africanistas. Se trataba de hacer un homenaje, con recompensas incluidas, al general Sanjurjo (quien había pasado de ser presidente de la Junta regional de Madrid a africanista convencido) y a los Regulares de González Carrasco. Los junteros de Sevilla boicotearon el acto. Los africanistas se sintieron ultrajados. El 7 de noviembre de 1922, Millán Astray escribió una carta al rey presentando su dimisión, porque consideraba inadmisible servir a dos poderes contradictorios, el Ejército y las Juntas. Entre otros, el comandante Franco, en nombre del Tercio, se solidarizó con él[143]. Los liberales prepararon un decreto de disolución de las Comisiones. Sánchez Guerra se adelantó y el 14 de noviembre presentó su propio proyecto, dando por acabadas las Comisiones informativas. Oficialmente el movimiento juntero había finiquitado.

6. La proyección posterior de los junteros, 1923-1936

6. La proyección posterior de los junteros, 1923-1936

En 1917 los oficiales, sindicados, se sublevaron. Hubo gentes tan necias y tan pedantes que saludaron aquel movimiento como el principio de una nueva era en España. No fue más que la iniciación del movimiento que ha terminado ahora en el golpe de Estado [Primo de Rivera], bajo el que gime la nación[144].

No solo lo aseveró Azaña con términos similares en diversas ocasiones; se convirtió en un axioma que caló plenamente entre las élites y cuadros políticos de significación contraria a la dictadura de Primo de Rivera. Este relato, situaba los orígenes del golpe de Estado de septiembre de 1923, en el modelo pretoriano instalado por las Juntas de Defensa a partir de 1917 y en la expansión y aceptación, dentro del Ejército, del discurso simplista de la superioridad moral de la corporación militar frente a un poder civil corrupto, ineficiente, alejado de los intereses de la patria y centrado en la búsqueda de ventajas comparativas en beneficio de limitados círculos clientelares, siempre en estéril pugna entre ellos.

Los cuartos de banderas habían asumido, pues, una especie de enmienda a la totalidad de la política, de sus bases de legitimación ideológica y de sus instrumentos de acción. Las críticas al sistema de la Restauración por parte de la oficialidad habían mutado cualitativamente desde 1917. En sus orígenes, las Juntas pusieron en solfa al sistema político, pero admitieron la posibilidad de la regeneración del mismo bajo su guía y tutela. En definitiva, la búsqueda de hombres decididos a cambiar los rumbos de la nación hacia horizontes autoritarios. En este sentido el éxito de las Juntas resultó evidente: llevaron la política a los cuarteles a base de ideas llanas y fácilmente asumibles por oficiales poco duchos en temas de gran profundidad intelectual. La mixtura de cuestiones corporativas y de reforma política, siempre presente en los discursos junteros de 1917, socializó la política en los cuartos de banderas y reafirmó la autoestima de los oficiales de carrera, no solo en su función especialmente militar, sino en su proyección hacia el mundo exterior como garantes de regeneración. El pretorianismo bajo la fórmula de militarismo de veto y tutela fue la solución que, al menos, aseguraba la consecución de ventajas corporativas y abría nuevos horizontes para la concreción de políticas afines al mundo militar.

Posteriormente, sobre todo a partir de las reformas del ministro La Cierva en junio de 1918, las siguientes Juntas se enfrascaron en las cuestiones corporativas, dejando de lado los temas políticos, lo cual no fue óbice para que siguieran desarrollando el veto, la tutela y la injerencia sobre la clase política dirigente. Este tipo de acciones suplió al discurso propiamente dicho de estos. Se acentuaron, por tanto, los niveles de crítica y los desplantes hacia el poder establecido, que alcanzaron su máxima intensidad a partir de 1919, al socaire del incremento de la conflictividad social y del rebrote de la guerra de Marruecos. Los oficiales enriquecieron la discusión política incorporando estos temas para desembocar siempre en la misma conclusión: la perversidad innata del poder civil como principal obstáculo para la regeneración de la patria.

A partir de 1917, el recorrido mental de la oficialidad fue variando en cuanto al rol que debían desempeñar, desde la crítica al poder civil, pero admitiendo su reparación con el concurso militar, hasta la negación existencial del mismo poder civil y su necesidad de sustituirlo por el único cuerpo sano de la nación, el elemento militar. En 1917 se consolidó la «educación sentimental» de la oficialidad para arribar a la edad adulta con sucesivas modulaciones conforme nuevos acontecimientos se cruzaban en el camino. Solo bajo esta interpretación puede entenderse la relación entre el movimiento juntero de 1917 y el golpe de Estado de 1923.

El manifiesto de 1 de junio de 1917 recogía la contundente afirmación de que las Juntas no planteaban ningún golpe de Estado de corte militar. Criticaba con dureza a la sociedad política por inepta y corrupta, pero la renovación, el renacimiento de la política, habría de proceder de la sociedad civil como un imperativo de deber patriótico que devolviera la voz a la nación. En su devenir, la mayor parte del movimiento juntero fue alterando sustancialmente esta premisa. Progresivamente sus miembros pasaron de buscar al hombre que reconstruyese el entramado político a postular por su hombre, el que permitiera al Ejército crear una alternativa propia.

No todo el mundo juntero evolucionó al unísono. Entre 1919 y 1922 emergen tres posiciones, aparte de la confrontación abierta entre junteros y africanistas, la ruptura de relaciones entre ambos y el abandono total de las Juntas por parte de estos últimos. La primera posición corresponde a los junteros madrileños. Muy radicales en su expresión hacia el exterior, mantuvieron el pulso al poder civil dentro de unos límites que permitieran acuerdos y componendas, y buscaron la aproximación a Palacio para lograr la intermediación favorable del monarca. Los junteros barceloneses eran los más exaltados en su enfrentamiento con el poder civil e hicieron causa común con la política de fuerza de su capitán general, Miláns del Bosch, en 1921, desatando airadamente la crítica al poder civil. Más allá de Madrid y Barcelona, el resto del mundo juntero tendía a relajar posturas y, aunque disciplinadamente obedecían las directrices que llegaban desde la cúpula madrileña, se observaban tensiones y disensiones internas con respecto a la cuestión marroquí. Eso sí, los tres grupos coincidían en la necesaria suplantación del poder civil por el militar.

Las relaciones del general Primo de Rivera con las Juntas siempre fueron complejas. En los orígenes junteros Primo fue sumamente crítico, como la mayoría de los generales. Cuando se hizo inevitable la consolidación del movimiento, realizó maniobras de aproximación, sin ningún resultado. Según Márquez, el general le manifestó su comprensión y simpatía hacia las Juntas y tanteó su posible incorporación a las mismas, recibiendo como respuesta la más rotunda negativa. Los primeros junteros consideraban a Primo de Rivera exponente del «general político» próximo a la camarilla militar de Palacio. Posteriormente, igual que otros generales, Primo evitó la confrontación con las Juntas y se mostró cauteloso ante ellas, con expresiones cambiantes, pero siempre convenientes. En agosto de 1922 se produjo el último contacto entre Primo y las Juntas antes de su disolución. Le pidieron apoyo frente al aluvión de críticas que recibían. El general respondió de manera evasiva, sin comprometerse a nada.

Los antiguos junteros participaron activamente en los movimientos conspirativos de 1923. En última instancia el golpe de Estado de Primo de Rivera no puede explicarse como la reacción ante unas circunstancias dadas del mundo militar como corporación cerrada y perfectamente aglutinada. Tuvo, a corto plazo, un significado unívoco, la suplantación del poder civil, pero si ampliamos el horizonte temporal e incorporamos las tensiones internas que se desarrollaron, llegaremos a la conclusión de que la conspiración tuvo como base el acuerdo y consenso temporales de diferentes sectores militares con estrategias y objetivos propios, que diseñan expectativas a veces antagónicas. Militares progresistas como López de Ochoa, los generales del cuadrilátero (José Cavalcanti, Leopoldo Saro, Antonio Dabán y Federico Berenguer), los antiguos junteros y los africanistas cimentaban el entramado golpista[145]. En el caso de los junteros, sus aspiraciones se centran en la consecución de su primigenia reivindicación, la escala cerrada, en la transformación de la política militar en Marruecos y en la construcción de una red de influencias afines en torno a la persona del dictador, para la obtención de ventajas.

Ciertamente, el movimiento juntero estaba en plena decadencia, tras la disolución de las Juntas en noviembre de 1922. Resulta complicado demostrar la actividad clandestina de algunos sectores junteros, pero probablemente mantuvieron a nivel regimental lazos de mutua solidaridad, basada en la complicidad y en la memoria próxima de la experiencia corporativa vivida durante cuatro años, sobre todo en los principales regimientos de Infantería de Barcelona, Vergara y Alcántara, y de Madrid, Inmemorial del Rey y León. Allí, las Juntas habían enraizado fuertemente desde el principio y se habían pergeñado los desafíos más consistentes y los manejos más visibles contra el poder civil. Dos de los generales integrantes del cuadrilátero, Saro y Dabán, habían sido dirigentes junteros en Madrid, al igual que Berenguer. Habían alcanzado el generalato recientemente y con el grado de coronel tuvieron bajo su mando a los regimientos madrileños mencionados. En los últimos tiempos, Dabán había mostrado simpatías hacia los africanistas, pero entre 1918 y 1920 mantuvo férreamente la disciplina juntera en el Regimiento León. Allí continuó hasta enero de 1922, cuando ascendió a general. Dabán y Saro dejaron un reguero de influencias en las dos unidades[146]. En ambos personajes confluían un andamiaje de relaciones en las que coincidían antiguos junteros, africanistas y miembros de la camarilla militar del rey. Poseían, pues, una evidente capacidad de movilización, muy útil para ensanchar el basamento conspirativo.

En Barcelona, los caminos de la sedición conducen al coronel Godofredo Nouvilas, con un extenso currículum juntero, cuya vicepresidencia había ocupado entre octubre y diciembre de 1919. Ascendió a presidente de la Comisión Informativa de Infantería en 1922, cuando las Juntas se incorporaron al organigrama institucional del Ministerio de la Guerra. El único contacto previo al golpe de Estado entre Primo y Nouvilas data de agosto de 1922, cuando este último tanteó al primero el apoyo del generalato frente al Gobierno. Primo prefirió una respuesta lejana y sin compromiso. Sin embargo, resulta preciso revalorizar el papel desempeñado por Nouvilas en el marco de la conspiración. Hombre de fuerte carácter, centralizó en su persona la gestión de la última etapa de las Juntas, imponiendo una férrea disciplina interna, incrementando el nivel de las críticas a los africanistas y chocando frontalmente con el Gobierno presidido por Sánchez Guerra. A finales de diciembre de 1922 accedió al mando del prestigioso Regimiento de Vergara en Barcelona, espacio originario de las Juntas en 1917. El 21 de enero de 1923, Nouvilas y el capitán general Primo de Rivera entraron en contacto. A partir de entonces, el coronel ejerció de lugarteniente de Primo en los cuarteles de Infantería de la capital catalana.

Su carrera militar le avalaba. Había participado en la guerra de Cuba entre 1895 y 1898; se estrenó en la represión militarizada del movimiento obrero con ocasión de la huelga de Barcelona, en febrero de 1902; condujo a las tropas contra los huelguistas de Valencia en julio de 1917 y «restableció el orden y prestó servicios en Madrid» unos días después. Hombre de fuertes convicciones en la defensa de la escala cerrada en 1921-1922, contrario a los ascensos y las recompensas por méritos de guerra, sin embargo, había obtenido en Cuba y Marruecos los grados de capitán y teniente coronel, acumulando una amplia gama de condecoraciones, algunas de ellas pensionadas. Militar antiafricanista, a pesar de haber estado destinado voluntariamente en Marruecos entre 1909 y 1917, participando en operaciones de guerra en las zonas de Melilla, Larache y Tetuán. Quizás esta mezcla de situaciones le hacía sumamente atractivo para Primo de Rivera. Nouvilas conservaba su prestigio en el mundo juntero y, además, podía alardear de su pasado marroquí[147].

Desconocemos los pormenores de la actividad conspirativa de Nouvilas, pero un hecho simbólico que trasciende esta esfera delata su estrecha relación con Primo de Rivera. El 14 de septiembre de 1923, tras el golpe de Estado, Primo se trasladó en tren a Madrid para entrevistarse con el rey. Sus únicos acompañantes fueron los dos ayudantes de campo y el coronel Nouvilas, como hombre fuerte de la Infantería ubicada en Barcelona[148]. Al fin y al cabo, quedaba demostrado el valor de los coroneles en cualquier estrategia golpista: ejercían el mando directo de las tropas. Similar presupuesto lógico se repetirá en julio de 1936. Más adelante, Nouvilas devino en valet de confianza del dictador. Fue nombrado secretario de la Presidencia del Directorio Militar hasta el 17 de diciembre de 1925; un cargo de escasa relevancia ejecutiva, pero decisivo a la hora de gestionar influencias por su proximidad personal a la figura del dictador, además de fijar los equilibrios en el acceso al poder de los diversos sectores conspirativos.

La militarización institucional del orden público abrió oportunidades a jefes y oficiales afectos. Hasta abril de 1924, todos los gobernadores civiles procedían del mundo militar. Lo mismo acaeció con los delegados gubernativos, nueva figura que ejercía el control social como representante del Directorio Militar en los partidos judiciales. Igualmente aumentó la presencia de militares en los aparatos de la administración civil del Estado[149]. El coronel Silverio Martínez Raposo, vicepresidente de la primera Junta Superior de Infantería a lo largo de 1917 y presidente de la misma entre octubre de 1919 y comienzos de 1921, recibió el nombramiento, en mayo de 1924, de delegado regio para la represión del contrabando. Al frente del Regimiento de Alcántara, Martínez Raposo había reprimido con dureza el anarcosindicalismo barcelonés en marzo de 1919, tras la proclamación del estado de guerra como consecuencia del conflicto de La Canadiense. Aunque se retiró por edad en 1921, puso a disposición de los círculos conspirativos su influencia sobre los medios militares de Barcelona en 1923. El coronel Fernando Martínez Piñeiro, presidente de la Junta de Defensa de Madrid en 1918, se hizo cargo de la Comisaría Algodonera del Estado desde noviembre de 1924, en el marco del intervencionismo económico desplegado por la dictadura. Un número todavía indeterminado de antiguos oficiales junteros actuaron como delegados gubernativos en diversos partidos judiciales. El recién ascendido a general artillero Juan Arzadun Zabala, presidente de la Comisión Informativa de Artillería en 1922, fue gobernador de Guipúzcoa en 1924. Dos años después rompería con la Dictadura a causa de la cuestión artillera.

Todos los antiguos coroneles junteros ascendieron en la cúpula militar durante la dictadura en destinos relevantes, tanto en la península como en las unidades de intervención en Marruecos. El coronel Luis Andrade Roca, presidente de la Comisión Informativa de Ingenieros en 1922, ejerció el mando de la Comandancia general del Arma en la zona de Melilla en 1923 y 1924; como recompensa ascendió a general por méritos de guerra en julio de 1925. El coronel Guillermo Kirkpatrick O’Farril, presidente de la Comisión Informativa de Caballería en 1922, añadía a la categoría de dirigente juntero su amistad personal con Alfonso XIII, dada su condición de aristócrata de rancia estirpe (marqués de Altamira), y compañero del monarca en actividades empresariales en tanto que presidente de la Compañía Madrileña de Urbanización. Sostuvo a Primo de Rivera sin reparo alguno, escaló al generalato y ejerció la jefatura de la Dirección Superior Técnica de la industria militar. El vicepresidente de la Comisión de Caballería en 1922, teniente coronel Ricardo Chausá Maré, ascendió al grado de coronel. Entre 1924 y 1927 acumuló una enorme capacidad de influencia dentro del arma en todo lo referente a destinos y ascensos. Compaginó la jefatura de la Sección de Caballería del Ministerio de la Guerra con su nombramiento en la decisiva Junta de Clasificación de Ascensos, organismo manejado directamente por el dictador como seguro instrumento para asentar fidelidades personales.

En definitiva, los militares que formaron parte de los sucesivos vértices de poder en las Juntas participaron y nutrieron las diferentes ramificaciones corporativas de 1923, confluyendo finalmente en el apoyo al golpe de Primo de Rivera. Posteriormente consolidaron sus posiciones profesionales en la estructura del poder civil o militar de la dictadura. Salvo en el caso de las Juntas de Artillería, el perfil dominante fue la colaboración entusiasta y la identificación con la persona del dictador. No se observa la presencia de líderes junteros en los movimientos conspirativos de base militar contra Primo de Rivera. Tampoco en la originaria Agrupación Militar Republicana de 1925. Incluso el coronel Benito Márquez, el primer presidente de la Junta Superior de 1917, mostró su adhesión al golpe de Estado. Cuando este se produjo, suspendió su exilio en Cuba y retornó raudo y veloz a España. Esperó alguna clase de reconocimiento, político moral o material, que finalmente no obtuvo. Desengañado, anunció públicamente que se retiraba de cualquier actividad política.

Los jóvenes jefes y oficiales junteros, vocales y secretarios de las Juntas centrales y regionales, desde 1917, fueron los elementos dinamizadores de la ambientación de protesta y reivindicación. Por todo ello fueron elegidos por sus compañeros como representantes en los círculos centrales de la organización. Recibieron con aplausos el golpe de Estado, a menudo con sentimientos encontrados, porque el desastre de Annual generó estados de ánimo que atenuaron la polarización entre peninsulares y africanistas de la etapa 1919-1921. Una parte de ellos siguió a sus jefes en la demanda de responsabilidades, rechazando el discurso elaborado en Marruecos que hacía recaer la culpabilidad de la tragedia sobre las Juntas, por haber quebrantado la disciplina jerárquica del Ejército. Otros jefes y oficiales empezaron a reconsiderar su reciente pasado juntero y mutaron su enfoque y criterios de valoración sobre la guerra de Marruecos. Replanteamientos que se hicieron más consistentes cuando el dictador modificó su estrategia con respecto al Protectorado, intensificando la acción militar. Para estos oficiales de Infantería en Marruecos se abría un campo inmenso de oportunidades al son de los arrebatos patrióticos. Arrinconaron la ya antigua reivindicación de la escala cerrada por el nuevo cúmulo de ocasiones para la cosecha de gloria, restablecimiento del honor y, lo que era más importante en el lado pragmático de la carrera, la obtención de recompensas y ascensos por méritos en campaña.

Así, irreductibles junteros anteriores cruzaron la frontera hacia el africanismo, o simplemente acudieron a Marruecos de forma temporal para reforzar su hoja de servicios. No deja de ser simbólico que el autor de la conocida letra del himno de la legión, El novio de la muerte, fuera uno de los primeros oficiales que en la Barcelona de 1917 propusiera a sus compañeros de Infantería la formación de juntas que defendieran los intereses del arma «a la manera de los ingenieros y artilleros»; Emilio Guillén Pedemonte se retiró en 1931 por su incompatibilidad con el naciente régimen republicano. En 1917, el comandante Rafael Valenzuela y Urzáiz destacó en el mundo militar andaluz por su adhesión al movimiento juntero. Fue elegido por sus compañeros para representar a la 2.ª Región Militar en la Junta Superior. Con el grado de teniente coronel, Valenzuela se convirtió en el segundo jefe que tuvo la Legión, tras la renuncia de Millán Astray. Murió en combate en la zona de Larache, en junio de 1923.

El general Castelló, que ejercería el cargo de ministro de la Guerra en los primeros tiempos de la guerra civil, desempeñaba en 1917 el empleo de capitán en la guarnición de Sevilla. A sus 36 años de edad no ofrecía méritos destacables en su hoja de servicios; una trayectoria del montón, sujeta a las rutinas cuarteleras de su regimiento. Firme defensor de la escala cerrada, pronto se convirtió en un entusiasta animador del movimiento juntero andaluz. Fue elegido por sus compañeros miembro de la Junta de Defensa de Sevilla en 1917 y representante, junto a Valderrama, de la 2.ª Región Militar, en el Directorio del Arma de Infantería. Durante los dos años de su mandato defendió a ultranza el programa básico de las Juntas. En 1919 se benefició del privilegio concedido a los dirigentes junteros en cuanto a la elección de destino. Se incorporó al Regimiento de León en Madrid. En 1923, Castelló dirigió la conspiración dentro de su regimiento, en contacto directo con el general Saro. Tras la implantación de la dictadura, se fue aproximando paulatinamente a los círculos africanistas y solicitó destino en Marruecos. Un periplo de siete años que desatascó su carrera militar, después de lograr dos ascensos por méritos de guerra, en clara contradicción con su anterior defensa de la escala cerrada. Culminó su estancia en Marruecos en 1931 con el grado de coronel y el cargo de gobernador militar de Ceuta. Semanas después alcanzó el empleo de general, ya instaurado el régimen republicano. Fue uno de los raros junteros que mantuvo su lealtad al Gobierno legítimo en julio de 1936[150].

Si proyectamos hasta julio de 1936 el universo juntero, concretado en los dirigentes que todavía permanecían en activo, se observa un patrón dominante de comportamiento: el masivo apoyo a la sublevación militar. Una realidad que contradice la imagen de las Juntas que el franquismo elaboró en los años cuarenta, acusando al movimiento juntero de germen de los mandos militares republicanos durante la guerra civil. En 1935, el general Mola ya se había adelantado, cayendo en otra inexactitud: se mantenía viva la «nefasta» política de las Juntas, guiando las reformas militares emprendidas por Manuel Azaña y su entorno asesor[151]. Cualquier aproximación empírica a los componentes del gabinete militar azañista prueba y evidencia la inexistencia de junteros destacados —ni de segunda fila— en el mismo. Sin embargo, las antiguas Juntas servirían de referente en la constitución de la Unión Militar Española (UME), cuyo origen corporativo permitió crear un marco de relación entre la oficialidad, decisivo en la conspiración de 1936[152].

En 1945, el Estado Mayor del Ejército franquista retomaba la interpretación de Mola para elevarla hasta sus últimas consecuencias: «La mayor parte de tales oficiales junteros constituyeron después los comités republicanos de los Regimientos y colaboraron con el mando rojo durante nuestra Guerra de Liberación»[153]. Afirmación rotunda que tampoco resiste la comprobación empírica; compone una argumentación ideal, sin mayor fundamentación. Hemos realizado el seguimiento de 124 líderes junteros, que dirigieron Juntas centrales, regionales o locales. A la altura de julio de 1936 solo continuaban en activo, o reingresaron en el Ejército, un total de 52. De ellos optaron por los rebeldes 43 (véase cuadro 2.1), y por los republicanos 9 (véase cuadro 2.2). Podemos acotar el análisis a momentos concretos. De los 17 componentes de las dos primeras Juntas Superiores que funcionaron hasta el otoño de 1917, solo tres permanecían en situación activa en julio de 1936, y otro, retirado por la «Ley Azaña», reingresó. Quintero Gómez y González Unzalu se ofrecieron a los sublevados; Marcelino Flores combatió en el lado republicano y Arturo Herrero, ayudante del general Batet, se mantuvo leal al Gobierno en la cabecera de la 6.ª División Orgánica en Burgos y fue inmediatamente fusilado en una cuneta. Las Comisiones de 1922 constituyeron un vivero de sublevados en 1936. En total, 11 de sus miembros formaron parte del Ejército rebelde, entre ellos Carlos Bosch —el general que sublevó la guarnición de León— y el que se convertiría luego en uno de los hombres fuertes del franquismo: Camilo Alonso Vega. Se mantuvieron leales cuatro[154].

Para el franquismo resultaba incómoda la trayectoria de las Juntas, ya que definía su origen en un acto de indisciplina contra la propia cúpula militar. Además, habían roto la cadena de mando, quebrado la unicidad del Ejército y habían entorpecido al sano Ejército de África. Conceptualmente, todo ello resultaba antitético de la imagen que el Ejército franquista había asumido e imponía al conjunto de la sociedad: una estructura estrictamente jerarquizada, donde no caben ninguna clase de relaciones que alteren la disciplina piramidal y la vinculación directa y personal de cada integrante con el dictador, especie de monarca absoluto del Antiguo Régimen.

CUADRO 2.1. Los junteros de Franco

Nombre
Empleo y cargo juntero
En la Guerra Civil

Alonso Vega, Camilo
Capitán. Vocal Junta Infantería 6.ª Región Militar (Burgos)
El 18 de julio de 1936 era teniente coronel en el batallón Flandes 8 (Vitoria). Ministro y hombre fuerte del régimen franquista.

Álvarez Arenas, Eliseo
Comandante. En 1921 Vocal Comisión Informativa de Infantería
Con el grado de general, el 18 de julio de 1936 estaba al mando de la 9.ª Brigada de Infantería en Zaragoza. Se sublevó. Combatió en los frentes del País Vasco. En enero de 1937 fue jefe de la circunscripción oriental de Marruecos. En diciembre de 1938 era Subsecretario de Orden Público en el Gobierno franquista. En 1939 fue jefe de las fuerzas de ocupación en Cataluña. Sucesivamente fue inspector general de la Guardia Civil, capitán general de Valencia y miembro del Consejo Supremo de Justicia Militar.

Angulo Varela, Rafael
Capitán. Vocal Comisión Informativa de Artillería en 1922
El 18 de julio de 1936 era teniente coronel y segundo jefe del Regimiento de Artillería acantonado en Vicálvaro (Madrid). Se sublevó contra la República. Condenado por rebelión militar, fue fusilado.

Araújo Vergara, Emilio
Comandante. Vocal Junta de Estado Mayor de Madrid
El 18 de julio de 1936 era jefe de Estado Mayor de la 2.ª Inspección General, con el grado de coronel. Partidario de la sublevación, fue fusilado en Paracuellos del Jarama, en noviembre de 1936.

Asensi Rodríguez, Víctor
Capitán. Vocal Comisión Informativa de Infantería en 1922
El 18 de julio de 1936 era comandante en la Plana Mayor de la 16.ª Brigada. Se sublevó. Ascendió hasta el grado de general de división en la posguerra.

Bosch Bosch, Carlos
Teniente coronel. Presidente Interino Junta de Infantería de la 6.ª Región Militar
El 18 de julio de 1936 era general jefe de la 16.ª Brigada de Infantería en León. Se sublevó.

Bragulat Pascual, Julio
Comandante. Vocal de la Unión de Armas en 1918
El 18 de julio de 1936 tenía el empleo de general y era subinspector general del cuerpo de Carabineros, a las órdenes de Queipo de Llano. Su amistad con este último y su indecisión en los primeros días de la sublevación determinaron su baja en el Ejército republicano. Se pasó a la zona sublevada. En febrero de 1939 pasó a la reserva por edad.

Correas Monforte, Luis
Capitán. Miembro de la Comisión Informativa de Infantería en 1922
Retirado con el grado de comandante en 1931, el 18 de julio de 1936 residía en Castellón. Rehusó reingresar en el Ejército republicano. Con la entrada de los rebeldes en la ciudad, reingresó en el Ejército sublevado, en 1938. Fue juez instructor de la 5.ª Región Militar. En la posguerra fue alto funcionario en la Fiscalía Superior de Tasas hasta 1959.

Cortés Reyes, Emilio
Comandante. Vocal Comisión Informativa de Infantería en 1922
Destinado en Madrid el 18 de julio de 1936, en un principio se vio forzado a servir al Gobierno republicano, hasta que en noviembre del mismo año se pasó al Ejército rebelde.

Couceiro Fernández, Ildefonso
Teniente. Vocal Junta 8.ª Región Militar (La Coruña)
Retirado con el grado de comandante en 1931, reingresó en el Ejército sublevado. Participó en la conspiración antirrepublicana en Galicia, en la primavera de 1936. Como teniente coronel de Estado Mayor colaboró en la organización del Cuerpo de Ejército de Galicia bajo el mando del general Aranda.

Duarte Iturzaeta, José
Capitán. Vocal Junta Local de Tetuán
El 18 de julio de 1936 era teniente coronel en Madrid. Desafecto a la República, fue dado de baja del Ejército por el Gobierno republicano en agosto de 1936.

Enseñat Soler, José
Teniente. Vocal Junta de Defensa de Infantería de Marruecos
Se había retirado con el grado de capitán en 1931. Formó parte de la conspiración antirrepublicana en la isla de Mallorca. Reingresó en el Ejército sublevado en 1937.

Fairén López, Alfonso
Capitán. Vocal Comisión Informativa de Caballería en 1922
El 18 de julio de 1936 era teniente coronel en la Escuela de Aplicación de Caballería en Madrid. Partidario de la sublevación, fue preso y fusilado en Paracuellos del Jarama en noviembre de 1936.

Fernández Baamonde, Salvador
Teniente coronel. Vocal Comisión Informativa de Infantería en 1921
Retirado en 1931, reingresó y participó en la sublevación en Las Palmas de Gran Canaria, con el grado de coronel. Formó parte del aparato represivo en la isla.

Fuentes Cervera, Eduardo
Comandante. Vocal Junta de Estado Mayor de Madrid
Retirado en 1931. Ascendió a general en la posguerra. En 1941 formaba parte del Consejo de la Hispanidad.

García de Pruneda Arizon, Salvador
Comandante. Vocal Junta de Defensa de Infantería de Marruecos
En 1936 era coronel de Ingenieros en 1.ª División Orgánica (Madrid). Llegó al generalato en la posguerra.

García Gómez, Ricardo
Capitán. Vocal Junta 7.ª Región Militar (Valladolid)
Retirado en 1931 con el grado de comandante, reingresó en el Ejército sublevado como ayudante de campo del general Gómez-Jordana. Después ocupó el mismo cargo con el subsecretario de Orden Público.

González Revenga, Mario
Capitán. Vocal Comisión Informativa de Estado Mayor en 1922
En julio de 1936 estaba destinado en el Instituto Geográfico. Se pasó al Ejército rebelde. Fue jefe del Servicio de Información y Policía Militar del Ejército (SIPM) del Sur durante la guerra. Ascendió a general de brigada en 1953. Mandó el Estado Mayor de la 4.ª Región Militar (Barcelona).

González Unzalu, Emilio
Teniente. Vocal 1.ª Junta Superior de Infantería
El 18 de julio de 1936 era comandante en el Centro de Movilización 16. Dado de baja en el Ejército republicano por desafecto. Teniente coronel en 1939, formó parte de consejos de guerra en Murcia.

González Vázquez, Ángel
Comandante. Vocal Comisión Informativa de Infantería en 1921
Retirado en 1931, participó en la sublevación en La Coruña. Delegado gubernativo militar en Betanzos hasta enero de 1937. Posteriormente mandó unidades en Asturias y dirigió la represión allí.

Jordi Nápoles, Antonio
Capitán. Vocal Junta Local de Tetuán
Retirado en 1931, reingresó con el grado de teniente coronel. Mandó unidades como la 5.ª Bandera de FET y JONS de Castilla. En 1941 era gobernador militar de Orense.

Kirkpatrick O’Farril, Guillermo
Coronel. Presidente Comisión Informativa de Caballería en 1922. Amigo íntimo del rey Alfonso, poseía el título de Marqués de Altamira
En julio de 1936 se destacó como uno de los principales conspiradores en la 8.º División Orgánica, en La Coruña. Tras la destitución y posterior fusilamiento del general Salcedo por los rebeldes, ocupó el mando de esa División. En la posguerra fue vicepresidente del Tribunal de Responsabilidades Políticas. Ascendió a general.

Lasala y Llanas, Mariano
Teniente coronel. Vocal Comisión Informativa de Ingenieros en 1922
Coronel destinado en la 5.ª División Orgánica (Zaragoza) en julio de 1936. En 1941 pasó a la reserva con el grado de general.

Martínez Cabeza, Telesforo
Capitán. Vocal Junta 7.ª Región Militar (Valladolid)
Retirado en 1931 con el grado de comandante, reingresó en el Ejército sublevado, en tareas de represión. En 1939 presidía el Tribunal de Responsabilidades Políticas de León.

Mauriz Barcia, Carlos
Teniente. Vocal Junta 8.ª Región Militar (La Coruña)
Miembro de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, el 18 de julio de 1936 era comandante y juez de causas en La Coruña. Participó activamente en la represión llevada a cabo en Galicia. En mayo de 1938 era mando del 3.er Batallón de FET y de las JONS de Asturias.

Montemayor Krauel, Carlos
Comandante. Vicepresidente de la Junta Local de Tetuán
El 18 de julio de 1936 era coronel en la guarnición de Cáceres. Principal protagonista de la sublevación en esta ciudad, inmediatamente fue nombrado Presidente de la Diputación Provincial.

Morrilla Domínguez, Tomás
Teniente. Vocal Comisión Informativa de Infantería en 1922
Se sublevó en julio de 1936.

Moscardó Ituarte, José
Comandante. Presidente Junta Local de Tetuán
Destinado en la Escuela Central de Educación Física de Toledo, se convirtió en el héroe mítico por excelencia de los sublevados por su defensa del Alcázar de Toledo entre julio y septiembre de 1936.

Muñoz Grandes, Agustín
Teniente. Vocal Junta de Defensa de Infantería de Marruecos
En julio de 1936 era coronel en la Delegación de Asuntos Indígenas de Marruecos. Tuvo el mando de la División Azul. Fue ministro y hombre fuerte del régimen franquista.

Murillo Portillo, Ricardo
Capitán. Vocal Comisión Informativa de Ingenieros 1922
En julio de 1936 era teniente coronel en Madrid. Partidario de la sublevación, pasó a disponible gubernativo el 5 de septiembre siguiente, en el Ministerio de la Guerra. En 1941 era coronel de la Comandancia de Fortificaciones de la 7.ª Región Militar (Valladolid).

Olivares Sagardoy, Román
Comandante. Vocal Comisión Informativa de Infantería en 1921
El 18 de julio de 1936 era coronel en el Regimiento Granada n.º 9 de Sevilla. En diciembre del mismo año pasó a la situación de retirado.

Pérez-Ruiz Arcaute, Eduardo
Teniente. Vocal Junta General 6.ª Región Militar
Capitán de la Guardia Civil en la Comandancia de Zaragoza. Se sublevó.

Planas de Tovar, Francisco
Capitán. Vocal Junta de Defensa de Infantería de Marruecos
Se había retirado con el grado de comandante en 1931. Reingresó en el Ejército sublevado. Fue jefe de Información y delegado de Orden Público en Toledo desde septiembre de 1936. Mandó el sector Sur del Tajo. Martínez Anido le nombró delegado de Orden Público y Fronteras en 1938. Gobernador civil de Valencia entre mayo de 1939 y 1943. Ascendió hasta el empleo de coronel. Culminó su carrera como director general de Servicios Documentales de la Presidencia del Gobierno.

Ramos Unamuno, Emilio
Comandante. Vocal Comisión Informativa de Infantería en 1921
El 18 de julio de 1936 era coronel en Palma de Mallorca. Fue uno de los dirigentes de la sublevación allí. El 19 de julio le nombraron presidente de la Diputación de la isla. Fue jefe de operaciones contra la desembarcada columna republicana que mandaba el capitán Bayo. Le acusaron de negligencia frente al enemigo. El conde Rossi exigió su destitución. En diciembre de 1936 fue sometido a consejo de guerra. Resultó condenado a 10 años y separación de servicio.

Rivera Irulegui, Abelardo
Capitán. Vocal Junta de la 8.ª Región Militar (La Coruña)
Retirado en 1931, reingresó en el Ejército sublevado. Ascendió hasta el grado de coronel.

Serviá Sánchez, José
Comandante. Vicepresidente Junta 8.ª Región Militar (La Coruña)
En julio de 1936 era coronel en la 8.ª División Orgánica (Galicia). En enero de 1938 el Gobierno republicano publica su baja en el Ejército por desafección.

Soto del Rey, José
Capitán. Vocal Junta de Infantería de la 1.ª Región Militar en 1918
En julio de 1936 era comandante destinado en la Escuela de Tiro de Infantería en Madrid. Partidario de la sublevación, fue detenido por el Gobierno republicano. En 1940 le nombraron Director General de Enseñanza Militar. Llegó al generalato.

Soto Menlle, Eloy
Capitán. Vocal Junta 8.ª Región Militar (La Coruña)
Teniente coronel retirado en 1931, mandó unidades en el frente Norte en 1936-1937. Comandante militar de Gijón en noviembre de 1937. Con el grado ya de coronel, participó en consejos de guerra en 1939.

Ungría Jiménez, José
Capitán. Vocal Junta de Estado Mayor de Madrid
El 18 de julio de 1936 era teniente coronel en el Estado Mayor de la División de Caballería. Partidario de la sublevación, se refugió en la Embajada francesa. A principios de 1937 pasó a la zona rebelde. Fue el creador del Servicio de Información y Policía Militar (SIPM) en la zona franquista. Desarrolló cargos directivos en la inteligencia militar y fue director de la Dirección General de Seguridad. Ascendió hasta general de división.

Valle del Real, Eusebio
Teniente. Vocal Junta 7.ª Región Militar (Valladolid)
El 18 de julio de 1936 era comandante en la 7.ª División Orgánica (Valladolid). Con el grado de teniente coronel, mandó unidades en la batalla del Ebro. Llegó a general en la posguerra.

Vidal Villalonga, Jaime
Miembro Comisión Informativa de Infantería en 1922
Retirado en 1931 con el grado de coronel, fue presidente de la Unión de Derechas de Menorca. Participó en la conspiración contra la República. Fusilado en Mahón en agosto de 1936.

Vigueras Fernández, Joaquín
Teniente. Vocal Junta Infantería 2.ª Región Militar
Retirado con el grado de capitán en 1931, el 18 de julio de 1936 se ofreció voluntario al general Queipo de Llano. Murió en el frente de Teruel con el grado de comandante, el 19 de abril de 1937.

Zaballos Sánchez, Juan
Teniente coronel. Vocal Comisión Informativa de Estado Mayor en 1922
Retirado en 1931 con el empleo de coronel, reingresó en el Ejército sublevado en Cádiz. En la posguerra fue capitán general de la 4.ª Región Militar (Barcelona).

CUADRO 2.2. Los junteros de la República

Nombre | Empleo y cargo juntero | En la Guerra Civil
Alau Gómez-Acebo, Enrique | Teniente. Vocal Comisión Informativa de Artillería en 1922 | En julio de 1936 era comandante destinado en Madrid. Dirigió el cerco artillero contra el Alcázar de Toledo en agosto de 1936. Director de la sección de Artillería de la Escuela Popular de Guerra. Marchó al exilio.
Caridad Pita, Rogelio | Teniente coronel. Vocal Comisión Informativa de Infantería en 1992 | El 18 de julio de 1936 era general de brigada, comandante militar de La Coruña. Se opuso a la sublevación. Fue fusilado.
Castelló Pantoja, Luis | Capitán. Vocal Junta de la 2.ª Región Militar (Andalucía) | El 18 de julio de 1936 era general en Badajoz. Leal al gobierno, fue nombrado ministro de la Guerra hasta agosto de 1936. Se refugió en la Embajada de Francia y se trasladó a este país. Retornó en 1943, expulsado por los alemanes. Fue condenado a 30 años, aunque posteriormente se le redujo la pena.
Flores Cohnheim, Marcelino | Teniente. Vocal 1.ª Junta Superior en 1917 | En julio de 1936 era comandante destinado en Málaga. Partidario de la sublevación, sirvió a la República contra su voluntad. Participó en la batalla de Guadalajara. Comandante militar de Ciudad Real en 1937. Tras la guerra pasó al retiro forzoso.
Forniés del Campo, José | Capitán. Vocal Junta 3.ª Región Militar (Valencia) en 1918 | Sirvió forzadamente a los republicanos con su empleo de teniente coronel en julio de 1936. Próximo al general Miaja, colaboró con la quinta columna. No obstante, los vencedores le condenaron al retiro forzoso.
Herrero Company, Arturo | Capitán. Vocal Junta Superior en 1917. Hombre de confianza del coronel Márquez | En julio de 1936 era teniente coronel ayudante del general Batet en Burgos. Contrario a la sublevación, fue fusilado.
Martínez Monge y Restoy, Fernando | Teniente coronel. Vocal Comisión Informativa de Infantería en 1920 | En julio de 1936 era general jefe de la 3.ª División Orgánica en Valencia. Superó dudas y no se sublevó. Marchó al exilio.
Peire Cabaleiro, Primitivo | Capitán. Vocal Junta de Tetuán en 1917 | En julio de 1936 era teniente coronel, comandante militar de Castellón. Opuesto a la sublevación, mandó fuerzas en los frentes del Sur y Teruel. Condenado por los vencedores a 12 años y 1 día y expulsión del Ejército, sufrió tres años y meses de cárcel efectiva.

3. La crisis política. La revolución que no tuvo lugar

CAPÍTULO 3

LA CRISIS POLÍTICA

La revolución que no tuvo lugar

Eduardo González Calleja

Universidad Carlos III de Madrid

1. El movimiento catalizador. La ofensiva autonomista

1. El movimiento catalizador. La ofensiva autonomista

No cabe duda de que la Gran Guerra, con sus efectos distorsionadores de la vida política, social y económica, abrió una ventana de oportunidades para la acción reivindicativa de los grupos críticos con el régimen restauracionista. Desde el punto de vista cronológico, la movilización política más temprana, constante y mejor articulada fue la del catalanismo, que desde la crisis de fin de siglo pugnaba por la reforma del Estado mediante el despliegue de una política intervencionista que tuvo su punto de arranque en la coalición electoral Solidaritat Catalana de 1906. La obtención de la Mancomunitat, el 18 de diciembre de 1913, fue el primer gran éxito de la táctica posibilista patrocinada por la Lliga. Pero la coyuntura de la guerra europea persuadió a su principal líder y estratega, Francesc Cambó, de que era preciso aprovechar la situación de crisis interna y externa para abordar la tantas veces aplazada reforma del Estado, esta vez bajo hegemonía catalana. Pronto surgieron los primeros roces: al comienzo de la contienda, los catalanistas declararon su aspiración a ampliar las competencias mancomunitarias, a través de la creación de una zona franca que era solicitada desde 1899 para el puerto de Barcelona. La petición fue aceptada en principio por Dato y su ministro de Hacienda, Gabino Bugallal, pero la obstrucción de los diputados castellanos de todo el espectro político, que vieron en la zona franca un peligro para las barreras proteccionistas que defendían a ultranza, arrinconó la iniciativa en medio de la ira de buena parte de las organizaciones económicas catalanas.

En febrero de 1915, los regionalistas amenazaron con entorpecer toda iniciativa gubernamental mientras las Cortes no aprobaran la zona franca[155]. La frustración generada por la escasa receptividad del Gobierno ante esta reivindicación agravó la situación de bloqueo parlamentario en la segunda mitad de 1915. En junio, los regionalistas rompieron toda relación con el Gabinete, e iniciaron una «campaña económica» de presión en pro de la autonomía. Caído Dato el 6 de diciembre por una proposición incidental en la que se exhortaba al Gobierno a discutir los presupuestos para el año siguiente, Romanones constituyó un Ministerio que contó con el apoyo de liberales demócratas e independientes.

El manifiesto electoral «Per Catalunya i l’Espanya Gran», redactado por Enric Prat de la Riba en marzo de 1916, sirvió para reforzar el predominio político de la Lliga en el Principado y mostrarse en la escena pública española como un partido de gobierno, hegemonizando la política antiturnista y proponiendo una «nueva planta» estatal de contornos federales, iberistas e imperialistas[156]. El frente electoral anticatalanista («Pacto de la Castellana») urdido por Romanones entre liberales y republicanos radicales y federales para los comicios de 9 de abril de 1916, no impidió el triunfo de la Lliga, cuyos trece diputados electos plantearon en el Congreso la cuestión de la soberanía catalana mediante la apertura de un virtual proceso constituyente. El discurso pronunciado por Cambó el 21 de mayo en la Fiesta de la Unidad, en el que reclamó en tono amenazante un nuevo marco político que contemplase el derecho de autodeterminación, marcó el tono de la gran ofensiva autonomista patrocinada por la Lliga durante ese verano. Los discursos pronunciados por Cambó en el Congreso los días 7 y 8 de junio y 1 de julio, en los que reclamó una profunda modificación de la estructura estatal, fueron inteligentemente conectados con el malestar que fue ganando a los sectores industriales de la periferia, disgustados con el proyecto de ley de contribución indirecta sobre beneficios extraordinarios de guerra que había sido leído por el ministro de Hacienda, Santiago Alba, en el Congreso el 3 de junio. El tributo de beneficios extraordinarios había sido adoptado por gran parte de los beligerantes y los neutrales desde la segunda mitad de 1915 para enjugar la expansión del déficit, que en el caso español se cifraba en 811 millones de pesetas para 1915. El ministro estimaba el rendimiento del nuevo impuesto en treinta millones durante el primer año[157]. El ambicioso paquete de reformas hacendísticas y económicas de Alba, que además incluía un presupuesto extraordinario que facultaba al Estado para realizar abundantes inversiones, gravaba los beneficios extraordinarios de guerra de la industria y del comercio, pero no afectaba al sector agrario que el ministro representaba[158]. Fue motivo más que suficiente para que la Lliga se pusiera al frente de las burguesías periféricas para arrebatar el monopolio del Gobierno a la burguesía agraria y mercantil castellano-andaluza[159]. Los catalanistas se lanzaron a una campaña obstruccionista basada en la presentación masiva de enmiendas, que fue secundada por los representantes de Vizcaya y algunos diputados aislados que acudieron en defensa de intereses locales[160]. Cambó orquestó una asamblea de grandes industriales que tuvo lugar en el hotel Palace el 28 de junio. Bastó que una representación de empresarios atravesase la Carrera de San Jerónimo y razonara su oposición ante los representantes de las minorías de derecha (a la cita acudieron conservadores, mauristas, ciervistas, regionalistas y tradicionalistas) para que el proyecto de Alba quedase herido de muerte: tras haberse iniciado el debate del articulado el 6 de julio, y haberse rechazado el día 11 una propuesta transaccional, el 13, Romanones aprovechó la convocatoria de una huelga ferroviaria para declarar el estado de guerra y suspender las sesiones parlamentarias hasta el 29 de septiembre[161]. El 2 de octubre se ratificó el veto catalanista, y Alba renunció definitivamente a la discusión de sus reformas tributarias. Zarandeado y dividido por la política de obstrucción parlamentaria y las presiones del lobby comercial-industrial, el Gobierno de Romanones inició un proceso de degradación. Pero no fueron los vínculos con los grupos de presión los que indujeron a la Lliga a bloquear el proyecto, sino razones eminentemente políticas, dirigidas a debilitar el turno de partidos y lograr mayores cuotas de autogobierno para Cataluña[162]. De hecho, las relaciones de la Lliga con las organizaciones empresariales catalanas eran tensas por su estrategia de acoso y obstruccionismo sistemáticos contra los gobiernos de Dato y Romanones. Hubo más bien una instrumentalización recíproca entre empresarios y políticos regionalistas.

Alentado por este éxito, Cambó perseveró en su táctica de vincular su proyecto de renovación del Estado por vía parlamentaria con una campaña autonomista de creciente intensidad y alcance. A tal fin se entrevistó en enero de 1917 en Madrid con distintos líderes parlamentarios (Pablo Iglesias, Maura o García Prieto) y con miembros del Gobierno (Romanones y Alba), y en Gijón con el líder reformista Melquiades Álvarez. Inducido en parte por la débil respuesta del empresariado catalán a su propuesta política, el líder lligaire inició una campaña por el Norte de España: el 26 de enero pronunció en la Cámara de Comercio de Bilbao una conferencia donde presentó el impuesto sobre los beneficios de guerra como una maniobra para dividir a los españoles en castas, y llamó a la acción conjunta de Cataluña y País Vasco en vanguardia de la renovación política que preconizaba. Este llamamiento a la movilización obtuvo una respuesta alentadora: la nueva Diputación Foral navarra surgida de las elecciones locales de febrero de 1917 viajó a Barcelona a fines de mayo, mientras que una asamblea celebrada en Tafalla el 22 de abril entre diputados forales y de Cortes elaboró un manifiesto de contenido anticaciquil y foralista, e invitó a las diputaciones vascas a plantear la reivindicación conjunta de la autonomía regional el 9 de julio. Una semana más tarde, las tres diputaciones vascas, que habían protestado contra el proyecto de ley de beneficios extraordinarios como atentatorio del Concierto Económico, se reunieron en Vitoria para solicitar la más amplia autonomía regional y municipal dentro de la «unidad de la nación española». Pero Navarra se resistió a secundar la iniciativa por la existencia de un régimen autonómico propio basado en la Ley Paccionada de Modificación de Fueros de 1841, que la Diputación había jurado guardar. El 12 de julio, el Consejo Administrativo del Antiguo Reino ratificó la no participación en esta iniciativa autonómica, gracias al voto de liberales y republicanos sobre carlistas, integristas e independientes de derecha[163]. El 10 de agosto se celebró secretamente en Guernica una asamblea convocada por la Diputación Provincial de Vizcaya para tratar de la autonomía de los ayuntamientos. Se recababa del Estado la reintegración foral y la más amplia autonomía local. Dos días más tarde, en una reunión celebrada en San Sebastián, se acordó el texto del mensaje reivindicativo de las Diputaciones vascas, pero la crisis suscitada por la huelga general retrasó la entrega del documento hasta el 17 de diciembre, en un contexto muy diferente, puesto que ya no se reclamaba la reintegración foral, sino una auténtica autonomía[164]. La campaña autonómica vasca se recrudecería en 1918 con la elaboración de un proyecto de Estatuto que tras diversas vicisitudes fracasó con el ascenso de Maura al poder el 22 de marzo.

Los catalanistas percibieron la apertura de oportunidades marcada por la claudicación gubernamental de junio ante las Juntas para reiniciar una campaña autonomista. Pero como se vería a lo largo de los sucesos acaecidos en 1917, la «vía catalana» a la conquista del Estado español resultaba muy intrincada y excesivamente arriesgada para los intereses de los conservadores de la región[165], por la heterogeneidad de los aliados que se aspiraba a congregar y las casi insalvables discrepancias en la naturaleza y el alcance del programa de reformas.

2. La percepción de la vulnerabilidad del sistema político. La crisis del parlamentarismo y de los partidos del turno

2. La percepción de la vulnerabilidad del sistema político. La crisis del parlamentarismo y de los partidos del turno

Junto con la movilización «madrugadora» de los catalanistas y sus aliados, la otra circunstancia política que alentó el desencadenamiento del ciclo de protesta fue la sensación de vulnerabilidad del régimen, evidenciada en la cada vez más neta división y enfrentamiento entre los grupos favorables a la reconstrucción del turno pacífico —las facciones mayoritarias de los partidos gubernamentales— y las fuerzas que buscaban su destrucción: las tendencias minoritarias de los partidos liberal y conservador y las formaciones situadas en los márgenes del sistema, como catalanistas, reformistas, republicanos y socialistas.

Aún hoy se debate si el comienzo de la crisis de la Restauración arranca de 1917 o de fines de 1913, cuando la muerte de Canalejas trajo aparejada la defunción política de Maura, que reaccionó al ascenso al poder de Romanones sin previa ronda de consultas con la interposición de un veto que implicaba la renuncia a mantener el «turno pacífico»[166]. Pero entre las diferentes tendencias del conservadurismo de la época (silvelistas, pidalistas, villaverdistas, romeristas…) se fue creando un grupo de correligionarios inclinados a formar un partido «idóneo» y actuar como relevo del liberalismo gobernante al margen de la jefatura de Maura, que se separó definitivamente del partido tras el acceso al poder de Dato, en octubre de 1913. Ese mismo año, el liberalismo quedó seriamente dividido por la cuestión de la Mancomunidad catalana, que Romanones rescató del programa de Canalejas en contra del centralismo defendido por la facción monterista, que se enfrentó abiertamente con Figueroa hasta lograr su caída en octubre.

Junto a la erosión de la unidad de los partidos dinásticos, otros elementos destacados de la crisis fueron la merma de representatividad de los procesos electorales y la significativa reducción de la actividad parlamentaria en sus facetas legislativa y fiscalizadora del Ejecutivo. A pesar de introducir avances en la regulación y depuración de los comicios, la Ley de 1907 no logró transformar sustancialmente el sistema electoral, porque no afectó al procedimiento de escrutinio mayoritario ni a la estructura de los distritos, donde aparecía sobrerrepresentada la España rural más sumisa a las prácticas clientelares. Todo parece indicar que las reformas electorales de Maura aumentaron la corrupción y la compra de votos, frente al fraude tradicional directo o la extensión de las clientelas políticas. El masivo abstencionismo contrastaba con un cada vez mayor activismo de los grupos antisistema, que podían haberse beneficiado con la implantación del sufragio universal si este no hubiera quedado falseado por la intromisión caciquil. Con todo, en la primera década del siglo XX se pudo constatar la creciente emancipación del voto respecto del Ministerio de Gobernación en un doble sentido: los gobiernos perdieron el control sobre un sector del electorado urbano, permitiendo la elección en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia de diputados regionalistas, republicanos o socialistas sin la mediación gubernamental. Por otra parte, aumentó el número de distritos «propios», en los que un diputado podía renovar su acta con independencia de quién gobernara[167].

Las dificultades de funcionamiento del régimen no provinieron tanto de la movilización de los partidos antidinásticos como del fraccionamiento de los partidos dinásticos, la ruptura de la solidaridad constitucional a partir de la crisis abierta en 1909 y la creciente inoperancia de un Parlamento cada vez menos capaz de ejercer sus funciones por su creciente fragmentación y el recurso al filibusterismo parlamentario. El obstruccionismo fue considerado, hasta bien entrado el siglo XX, como el ejercicio de un derecho y la máxima garantía de libertad para las minorías frente a la arbitrariedad del Poder Ejecutivo[168]. Pero este derecho fue utilizado con tal frecuencia y malevolencia (entre 1913 y 1917, las oposiciones parlamentarias boicotearon la mayoría de las iniciativas legislativas de los gobiernos de Dato y Romanones) que obligó a la implantación de la «guillotina» de los debates en la reforma del Reglamento abordada en 1918.

Con la Gran Guerra se generalizó un modelo de «parlamentarismo racionalizado», con sometimiento a derecho de las relaciones entre los poderes y la búsqueda de una mayor eficacia del Legislativo mediante la reforma de la organización del trabajo en el Parlamento[169]. La incapacidad del parlamentarismo clásico para conducir la guerra, y el paralelo reforzamiento del poder Ejecutivo trajeron aparejados el progreso de las opciones críticas con el liberalismo clásico a raíz de la contienda europea[170]. En España, Gobierno y Parlamento, enfrentados en un permanente conflicto, bloqueaban mutuamente su actividad: los gobiernos eran incapaces de hacer aprobar los proyectos que remitían a las Cortes. Por ejemplo, el artículo 85 de la Constitución obligaba al Gabinete a someter a la aprobación de las Cortes un Presupuesto anual, que podía ser prorrogado una sola vez por decreto: de este modo, los años impares se prorrogaba el Presupuesto sancionado en el año par y no había necesidad de mantener las Cortes abiertas, pero en los años pares los gobiernos tenían más difícil esa vía de escape porque era necesario elaborar un nuevo Presupuesto, cuya discusión siempre planteaba conflictos con las minorías y en el seno del heterogéneo grupo que apoyaba al Gobierno. Con el trasfondo de la guerra en un momento en el que era preciso tomar decisiones rápidas y eficaces de naturaleza intervencionista, este equilibrio de incapacidades entre el Ejecutivo y el Legislativo generó un peligroso vacío de poder que hizo insostenible la situación institucional hasta que la crisis estalló en 1917[171]. Para evitarse engorros, el Parlamento fue reunido cada vez con menos frecuencia: en las legislaturas de 1914-1915 y 1917-1918, las Cortes estuvieron abiertas poco más de un mes. Dato fue el gobernante que más ampliamente recurrió a este subterfugio evasivo: nueve meses entre febrero y noviembre de 1915 (cuando dimitió en respuesta a las maniobras obstruccionistas que despertaron sus reformas militares y presupuestarias)[172] y durante todo su conflictivo mandato de junio a noviembre de 1917, al igual que hizo su predecesor y sucesor, Manuel García Prieto. No cabe duda de que la ausencia crónica de un Parlamento eficaz erosionó gravemente la legitimidad del sistema político en su conjunto (véase cuadro 3.1).

CUADRO 3.1. La suspensión de sesiones de Cortes en España durante la Primera Guerra Mundial

Legislaturas
Periodos
de suspensión de sesiones

Legislatura 1914-1915 (2-IV-1914 a 28-X-1915)
10-VII a 30-X-1914 y 13-II a 28-X-1915

Legislatura 1915 (5-XI-1915 a 16-III-1916)
7-XII-1915 a 16-III-1916

Legislatura 1916 (10-V-1916 a 23-I-1917)
13-VII a 27-IX-1916 y 21-XII-1916 a 23-I-1917

Legislatura 1917-1918 (29-I-1917 a 10-I-1918)
26-II-1917 a 10-I-1918

Legislatura 1918-1919 (18-III-1918 a 2-V-1919)
19-VII a 22-X-1918; 15-XII-1918 a 21-I-1919 y 27-II a 2-V-1919

Otro elemento de deslegitimación fue la suspensión abusiva de las garantías constitucionales (véase cuadro 3.2). Rara vez se respetaron las formas constitucionales que estipulaban la suspensión de garantías con arreglo a una ley específica. Por el contrario, la norma legal se hizo excepción: de 1875 hasta 1931 se suspendieron garantías por Real Decreto 32 veces, y solo dos lo fueron por Ley discutida en las Cortes y ninguna en los años de la Gran Guerra. A veces, la suspensión de garantías no se motivaba en causas graves de orden público, sino que obedecía a dudosos intereses políticos. Algunos gobiernos llegaron incluso a la aberración de suspender las sesiones parlamentarias para publicar horas después con toda tranquilidad el Real Decreto de suspensión de garantías, como hizo Romanones el 13 de julio de 1916. De todos modos, frente a un Parlamento excesivamente puntilloso, siempre quedaba el recurso a la declaración, fulminante e inapelable, del estado de guerra, que no requería la intervención de las Cortes, siempre y cuando no se viesen afectados los derechos constitucionales. Durante el conflicto europeo hubo tres declaraciones de estado de guerra en el ámbito local (en Valladolid el 1 de abril por la agitación ferroviaria, en Valencia y Santiago el 20 de julio por los preparativos de la huelga general, y el 25 de enero de 1918 en Barcelona por las protestas contra la carestía) y dos a escala nacional: del 13 al 21 de julio de 1916 por Romanones y del 13 de agosto de 1917 hasta su supresión escalonada por Dato durante la primera quincena de octubre. La sensación generalizada era la de una permanente conculcación de los derechos civiles por un régimen que ocultaba su fragilidad con el recurso abusivo de la fuerza gubernativa y militar. El día 19 de octubre, momento en que Dato restableció las garantías, ABC comentó apesadumbrado:

Hoy nos devuelve la Gaceta los derechos constitucionales. Cerca de un año lleva sin ellos la nación. Tres veces nos han sido retirados en este tiempo… ¿Qué han venido a ser aquí lo normal y lo anormal?

Con todo, desde el punto de vista de la conflictividad sociopolítica y de su respuesta por parte del Estado, el periodo más tenso del reinado de Alfonso XIII sería el de la posguerra, de 1919 a 1921.

CUADRO 3.2. Gobiernos españoles durante la Primera Guerra Mundial y la suspensión de garantías

Gobierno | Días de mandato | Días en estado de guerra |  | Días sin garantías |  | Total días sin garantías | % mandato
Local | Total | Local | Total
Dato (27-X-1913 a 9-XII-1915) | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Romanones (10-XII-1915 a 19-IV-1917) | 497 | 1 | 9 | 0 | 36 | 45 | 9,05
García Prieto (20-IV-1917 a 11-VI-1917) | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3,77
Dato (12-VI-1917 a 3-XI-1917) | 145 | 60 | 26 | 0 | 85 | 91 | 62,75
García Prieto (4-XI-1917 a 22-III-1918) | 139 | 57 | 0 | 0 | 58 | 58 | 41,72
Maura (23-III-1918 a 9-XI-1918) | 232 | 15 | 0 | 0 | 46 | 61 | 26,29
García Prieto (10-XI-1918 a 5-XII-1918) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

La fragmentación de los partidos dinásticos, sometidos a una acuciante necesidad de modernización, pero aún supeditados a la lógica impuesta por la vieja política de notables, resultó irreversible. Esto dio lugar a un mayor margen a la discrecionalidad de la actuación regia y al arraigo creciente de facciones políticas encastilladas en distritos propios. El intento de recomposición del turno entre Dato y Romanones provocó que en las elecciones de 8 de marzo de 1914 el oficialismo no obtuviera por vez primera la mayoría absoluta en el Congreso y se viera obligado a depender de la buena voluntad de la oposición romanonista. A su vez, los liberales llegaron al poder a fines de 1915 con una precaria unidad obtenida gracias al reparto de cargos y actas. Aunque las elecciones de 9 de abril de 1916, organizadas por Santiago Alba, dieron amplia mayoría al Gobierno (224 escaños), su unidad se cuarteó con la reforma de las finanzas propuesta más adelante por el propio Alba, figura ascendente de la izquierda democrática. El Gabinete de Romanones se presentó en mayo ante el Parlamento con un vasto plan de medidas económicas y financieras encaminadas a combatir la escasez, la inflación y el desempleo; impulsar la agricultura, el crédito público y el transporte; prevenir la exportación de capitales y la emigración; fortalecer la defensa nacional, modernizar los sistemas educativo y judicial, y reducir los gastos en Marruecos[173]. Pero no cumplió ninguna de estas promesas, salvo la aprobación el 6 de noviembre de una Ley de Subsistencias que otorgaba al Gobierno la potestad de relajar los aranceles para posibilitar la importación de productos básicos y venderlos a precios regulados, expropiar la producción que se considerase esencial para la vida de la nación y crear una Junta Central de Subsistencias con carácter supervisor, pero que fracasó en su cometido por falta de poderes ejecutivos.

Como se ha visto, el Gobierno liberal tuvo que afrontar la ofensiva catalanista en favor de un Estatuto y en contra de las reformas hacendísticas de Alba entre junio de 1916 y febrero de 1917. El desabastecimiento por culpa de la guerra también le pasó factura: a los disturbios por falta de alimentos que proliferaron en Valencia, Castellón, Murcia, Sevilla, Córdoba, Jaén, Almería y Huelva se unió una huelga ferroviaria que obligó a la militarización de los trabajadores, condujo a la declaración del estado de guerra y justificó el cerrojazo del Parlamento el 13 de julio.

El año 1917 trajo nuevos problemas: la intensificación de la campaña submarina alemana a partir del 1 de febrero, el enconamiento de la resistencia rifeña en Marruecos y el encarecimiento de la vida que trajo como corolario la movilización obrera y la insubordinación de las Juntas militares. Romanones, que era partidario de una política de mayor firmeza hacia los Imperios Centrales, se vio inmerso en una campaña de denigración personal, focalizada en sus negocios con la Entente. Tras un amago de crisis que tuvo lugar el 9 de enero por las dificultades para la aprobación de los proyectos de Hacienda (incluido el Presupuesto Extraordinario), el conde, que había abierto las Cortes el 29 de enero, las cerró de nuevo el 26 de febrero —esto es, cuatro meses antes del habitual receso parlamentario—, en medio de las protestas de los grupos de oposición. En tan breve plazo de tiempo solo pudo sacar adelante un proyecto de ley de adaptación de créditos y concesión de autorizaciones sobre reorganización, créditos y gastos de las distintas instancias de la Administración y seguros de guerra para entidades comerciales[174]. Tras el torpedeamiento del mercante San Fulgencio el 9 de abril, Romanones propuso iniciar la ruptura diplomática con Alemania, pero la oposición de los garciaprietistas y la actitud remisa del propio rey le obligaron a dimitir el día 19[175].

El llamamiento al otro dirigente liberal, Manuel García Prieto, se hizo automáticamente sin evacuar consultas, aunque el rey no le concedió el decreto de disolución por subsistir la mayoría liberal surgida de las elecciones de 1916. Esto planteó los problemas de la legitimidad y la duración aceptables para un Gobierno que no pensaba someterse al voto preceptivo de las Cámaras, que llevaban casi un año sin reunirse. Pero el asunto más peliagudo fue la jefatura del Partido Liberal, que pasó implícitamente a García Prieto cuando formó el Gobierno sin los romanonistas. Siguió un cruce de cartas que planteaban el tema del liderazgo, una campaña de reconocimiento de la jefatura del marqués de Alhucemas argumentando que Romanones había perdido la confianza regia, y una oleada de defecciones de buena parte de la clientela del conde para engrosar las más prometedoras mesnadas del marqués. El Partido Liberal estalló de forma definitiva en la primera mitad de 1917, entre la crisis diplomática con Alemania y la presión de los liberales demócratas para forzar la dimisión de Romanones en abril, y la defenestración de Alhucemas en junio tras el estallido de la «cuestión militar». La escisión, en la que se entrelazaron pactos y luchas locales, se consumó ese verano, y se confirmó cuando los conservadores cayeron en noviembre por culpa de las Juntas Militares. El marqués de Alhucemas formó entonces un nuevo gabinete (con demócratas, romanonistas, mauristas, catalanistas y el antiguo republicano nacionalista Felipe Rodés, secretario de la Asamblea de Parlamentarios) más inclinado hacia la derecha. El viejo partido de Sagasta acabó disperso en tres tendencias principales: los liberales romanonistas, los demócratas garciaprietistas y la Izquierda Liberal albista, a las que se añadieron las clientelas de Rafael Gasset (1917) y Niceto Alcalá-Zamora (1919) o el Partido Reformista que se integró en el campo liberal dinástico en 1921.

Tras la caída consecutiva de dos ministerios liberales en dos meses, la movilización en torno a las opciones diplomáticas en liza en la Gran Guerra y el estallido de la fiebre corporativa de las Juntas de Defensa, el 6 de junio el Heraldo de Madrid afirmaba que la revolución había comenzado.

3. En la fase ascendente del ciclo de protesta. Las Juntas de Defensa

3. En la fase ascendente del ciclo de protesta. Las Juntas de Defensa

La protesta militar era la consecuencia directa de dos agravios profesionales: el tratamiento discriminatorio en la gestión del personal a partir del estallido de la guerra del Rif y el deterioro del nivel de vida como consecuencia de las fluctuaciones de precios causada por el conflicto europeo. La reposición de los ascensos por méritos de guerra por el general Agustín de Luque y Coca a fines de 1910 produjo la ya aludida manifestación hostil de oficiales en 1912, y sirvió para constatar la división del Ejército en dos corrientes de opinión en función del destino profesional en África o la Península, que luego se convirtieron en sendos grupos de presión con un creciente significado político. En 1914, la imposición por el ministro de la Guerra, Echagüe, de unas pruebas de selección para el ascenso que eran consideradas humillantes desencadenó el primer «tacto de codos» para crear una Junta defensora de los derechos colectivos similar a la que poseían de antiguo los cuerpos facultativos de Artillería, Ingenieros y Estado Mayor[176]. Al año siguiente, las reformas del Estado Mayor Central y del Cuerpo Superior del Ejército, que fueron colocados al margen del Gobierno, fueron interpretadas como un incremento de la influencia del rey. En diciembre de 1915, la agitación militar fue tan intensa que fue una de las causas de la caída del Gobierno Dato.

El proyecto de Ley de Reforma Militar, presentado en el Senado en septiembre de 1916 por el ministro de la Guerra, general Luque, que contemplaba la reducción de plantillas y divisiones, generó la aparición definitiva de las Juntas en noviembre. Después de que circularan las primeras cartas solicitando la adhesión a la oficialidad, los coroneles de los cuerpos se reunieron con el capitán general José Marina y trataron de oponerse a este procedimiento de captación, pero sin éxito. A inicios de 1917, las Juntas ya estaban sólidamente asentadas en toda España, salvo en la capital y en el Ejército de África. El Reglamento orgánico de las Juntas fue presentado por el capitán general de Cataluña, Felipe Alfau, al ministro de la Guerra, general Luque. El Gobierno decidió no darse por aludido, y dejó transcurrir el tiempo sin disolverlas, pero sin alentar tampoco su funcionamiento. Desde comienzos de febrero de 1917, el rey presionó a Luque y a Romanones para que hicieran concesiones a las Juntas, iniciativa que el primero rechazó claramente en carta dirigida a Alfau el 17 de marzo[177]. Tanto el ministro como el presidente del Consejo habían tratado de disolverlas con prudencia y sigilo, pero el monarca, después de constatar que no podía canalizar el disgusto militar en su provecho, se decidió por la línea dura y ordenó imponer sanciones y disolver las Juntas, cuyo directorio superior fue arrestado el 26 de mayo.

Tras intensos forcejeos, Alfau fue sumariamente destituido a fin de ese mes porque no estaba dispuesto a apoyar al Gobierno en la imposición de un castigo ejemplar. Como se ha visto en detalle en el capítulo anterior, la crisis culminó el 1 de junio, cuando la Junta suplente envió al nuevo capitán general, José Marina, un ultimátum en el que le conminaba a liberar a los oficiales presos en un plazo de doce horas[178]. El Gobierno se plegó al chantaje, y los junteros fueron liberados en Barcelona, Coruña, Vitoria, Badajoz y Sevilla, e impusieron el cese del general Figueras, jefe de la Sección de Infantería del Ministerio de la Guerra. Fue una victoria completa de las Juntas, que lograron el reconocimiento oficial de sus funciones, la aprobación de su Reglamento y la vía libre para su expansión a toda España, incluida Madrid. Con su errática trayectoria, don Alfonso contribuyó a acentuar la confusión, ya que desautorizó sucesivamente a Alfau, Luque y Marina después de haberles dado un mandato conciliador (a Alfau) o represivo (a Luque y Marina), y haberse desdicho poco después[179]. El intento de división intentado por el Gobierno y el rey tuvo como efectos contraproducentes el reforzamiento de las Juntas y la desarticulación de la disciplina militar.

Tras la polémica designación de Dato como primer ministro —los mauristas madrileños, decepcionados e indignados, hicieron trizas el retrato del rey en su sede—, el nombramiento de Fernando Primo de Rivera en la cartera de Guerra produjo un pésimo efecto en el estamento militar, aunque la primera medida adoptada por del anciano marqués de Estella fue ratificar a Marina al frente de la Capitanía General de Cataluña e iniciar la legalización de las Juntas. Estas buscaron un interlocutor político para ensayar un golpe de fuerza, y no lo buscaron entre las fuerzas progresistas: el 20 de junio, Márquez y otro jefe militar visitaron en Barcelona al líder maurista gerundense Gustavo Peyrà, a quien expresaron su repudio a Dato y su confianza de que Maura intercediese ante el rey para que impulsase un cambio de orientación gubernamental. Al día siguiente, Peyrà fue al domicilio de Maura en Madrid con una nota manuscrita que señalaba que las Juntas preveían una caída de Dato y:

[…] quisieran saber si, en el caso de que se viniera abajo el actual tinglado, se hallaría usted dispuesto a encargarse del poder, cuidando ellos de influir en el marco para que usted fuera llamado[180].

Se trataba de emplear al antiguo líder conservador como instrumento transmisor y potencial beneficiario de un golpe de fuerza. Sin embargo, Maura se negó a secundar esta maniobra.

Desde el 11 de junio, la inquietud invadió Barcelona, con la policía de Seguridad patrullando las calles, la Guardia Civil concentrada y las tropas acuarteladas. A lo largo de ese mes, el «sarampión» juntero se difundió por otras instancias de la Administración: distintos cuerpos de empleados del Estado (funcionarios de Hacienda, Correos y Telégrafos, Gobernación, Fomento, Instrucción Pública, etc.) iniciaron la formación de sus propias juntas, cuya dirección se encomendó a una Junta Central de la Unión Nacional de Funcionarios Civiles[181]. Fue un nuevo paso en la corporativización de la vida pública, que implicaba el reconocimiento implícito del fracaso de las instituciones parlamentarias a la hora de canalizar la protesta multisectorial que se estaba organizando[182].

Las Juntas adoptaron a fines de junio una actitud decididamente contrarrevolucionaria y pretoriana. Tras otro explosivo manifiesto fechado el 25 de junio, que atacaba la política oligárquica y recalcaba el antipoliticismo de la organización, el Gobierno impuso la suspensión de garantías y la previa censura de prensa en todo el país para ocultar la protesta militar[183]. Fue el preludio de una progresiva claudicación, ya que, acto seguido, aceptó la interlocución de las Juntas en asuntos de su competencia, la limitación de la permanencia en el Cuarto Militar del Rey por cuatro años, la privación de destino a ciertos generales e incluso la posible adjudicación del Ministerio de la Guerra a un civil. El 2 de julio, un Real Decreto incrementó el presupuesto de Guerra para elevar los salarios 25 céntimos diarios para las tropas metropolitanas y 15 para las de Marruecos. Dato estabilizó la situación al legalizar el Reglamento de las Juntas el 12 de junio y suspender las garantías, lo que le permitiría tener las manos libres para desplegar una política represiva extremadamente violenta durante la huelga general que se avecinaba[184].

No se detuvo ahí la campaña juntera, sino que esta se recrudeció a inicios de agosto, cuando Márquez envió un mensaje al rey a través del padre Planas, en el que solicitaba una «renovación» política y gubernamental, proponía adelantarse a la inminente «revolución» y sugería entregar el poder a un gobierno de amplísima coalición, con un ministro de la Gobernación (el prestigioso general de Ingenieros José Marvá y Mayer) que garantizase la pureza de la convocatoria a Cortes Constituyentes, cuyo cometido sería «la organización del Estado y sus funciones». Si este parlamento no se ciñese a los fines de la convocatoria y se propusiera derribar la Monarquía, el Ejército lo disolvería «con aplauso general»[185].

Resultaba evidente que el sector juntero de raigambre regeneracionista que representaba Márquez estaba en sintonía con la facción más moderada del movimiento asambleísta, representada por Cambó. Pero temiendo que las Juntas estuvieran tentadas de aunar fuerzas con la izquierda antidinástica y revolucionaria, don Alfonso dejó a un lado su hostilidad inicial y entabló negociaciones privadas con los líderes junteros a espaldas del Gobierno, primero durante la crisis de junio, y luego en agosto de 1917, socavando los esfuerzos del Gobierno de Dato para recuperar la autoridad perdida sobre las Fuerzas Armadas. En el otoño, la alianza del rey con el Ejército ya estaba sellada sobre la sangre vertida por los huelguistas de agosto. Las Juntas, convenientemente depuradas de sus elementos más avanzados, ratificaron su compromiso de defender la monarquía frente a las amenazas de los separatistas, de la izquierda revolucionaria o de un simple proceso constituyente. En octubre, Alfonso XIII dejó caer al Gobierno de Dato tras un nuevo ultimátum de las Juntas, y nombró un ministro de la Guerra —el general Marina— encargado de preparar una reforma del Ejército que satisficiera las expectativas junteras. En suma, el rey y el Ejército frustraron el intento más serio de modernización política de la historia de la restauración, y colaboraron en la incapacitación permanente de los partidos dinásticos para una eficaz acción gubernamental[186].

La consecuencia de este proceder fue la merma de la autoridad civil (un aspecto capital de la crisis institucional) tras la renuncia sucesiva de dos gobiernos (elemento central de la crisis política) y la débil respuesta dada a los torpedeamientos de mercantes españoles por los submarinos alemanes (una crisis diplomática zanjada temporalmente con la renuncia de Romanones el 19 de abril). El vacío de poder cubierto de forma ambigua por las Juntas Militares abrió una ventana de oportunidad a los grupos disidentes, como no dejó de destacar Cambó:

Para lo porvenir, creo que lo ocurrido quebrantará aún más que lo estaba el prestigio de la Autoridad civil y de los Poderes constitucionales, y que los hombres que ocupan el Poder no podrán olvidar nunca la situación de interinidad y de mediatización en que ejercen el mando. Y si esto lo olvidan los Gobiernos y lo olvida el país, no lo olvidarán seguramente los países extranjeros, que, al tratar con el Gobierno español, sabrán que ni la confianza del Rey ni el voto del Parlamento llegan a investir al Gobierno español de una autoridad efectiva[187].

Cambó admitía la posibilidad de un régimen republicano, y no descartaba la posible implicación castrense en su proclamación. La sombra de Eleftherios Venizelos planeaba sobre su cabeza. Tras la revuelta patrocinada por la Liga Militar en Goudi (cerca de Atenas) en agosto de 1909 por causas profesionales que luego fueron politizadas, los oficiales entregaron el poder al cretense Venizelos —un dirigente periférico, como Cambó—, al margen del descreditado mundo político de la Grecia continental. Se eligió entonces una asamblea encargada de la revisión de la Constitución de 1864, que abordó un ambicioso plan de reformas interiores (entre otras, la militar) y de modernización económica y política (educación, salario mínimo para mujeres y niños, legalización de los sindicatos…), lo que granjeo a Venizelos el apoyo duradero de la clase trabajadora[188]. Las semejanzas de la coyuntura española de 1917 con la situación griega de 1909-1912 alentaron las expectativas de los actores políticos españoles más radicales, que contemplaron el desenlace de la crisis helena de agosto de 1916 a junio de 1917 (que acabó con la abdicación del rey Constantino, forzada por el pueblo griego y la intervención de los aliados) como un posible ejemplo a seguir[189].

4. La movilización oportunista. La «rebelión constituyente» de la Asamblea de Parlamentarios

4. La movilización oportunista. La «rebelión constituyente» de la Asamblea de Parlamentarios

Como se ha dicho, los grupos «madrugadores» transforman las oportunidades externas en movimientos, creando a su vez oportunidades políticas para otros grupos que se aprovechan de las circunstancias para intensificar su movilización. La aparición de las Juntas animó a Cambó a acelerar su proyecto de renovación política creando un bloque político alternativo a los partidos del turno con los grupos de izquierda: socialistas, republicanos y reformistas. Tras hablar con Prat de la Riba, trató de «españolizar» su movimiento, vinculándolo a una empresa general de regeneración política que la Lliga iniciaría y dirigiría[190]. El primer acto del plan fue un manifiesto de 13 diputados y 7 senadores catalanistas preparado por Prat y hecho público el 14 de junio, donde se señalaba que la desobediencia militar, que en su opinión había sido bien recibida por la población, hacía imposible la continuación de la comedia del turno. Se denunciaba la escasa representatividad de las Cortes «de real orden» cerradas casi permanentemente, y se preconizaba la confección de una Constitución federativa, pidiendo la reapertura del Parlamento para que los partidos pudieran exigir responsabilidades al Ejecutivo por su débil respuesta al desafío juntero[191]. La autonomía del poder militar se interpretaba como una oportunidad para abordar las grandes reformas constitucionales planteadas en los años anteriores. El 16 de junio, en una reunión con las minorías antidinásticas en el Congreso, el diputado lligaire Felipe Rodés Baldrich comunicó el proyecto de reunión de los diputados y senadores catalanes, preludio de una asamblea más trascendente de los parlamentarios de toda España. Algunos autores interpretaron la convocatoria como el primer paso para la creación de un contrapoder legislativo, que procuraría atraerse las simpatías de las Juntas, patrocinando sus aspiraciones en contra del Gobierno[192]. El 27 de junio, Cambó fue a Madrid a sondear las posibles vías de solución de la crisis, pero no renunció a poner en marcha el mecanismo de creación de una asamblea disidente de la oficial, cuyas sesiones se encontraban suspendidas. El 2 de julio, el Ayuntamiento de Barcelona decidió apoyar la celebración de una asamblea de parlamentarios catalanes, al igual que la Diputación. Como el Gobierno se resistió a reabrir las Cortes, la Lliga convocó a todos los parlamentarios catalanes a una reunión en el Ayuntamiento de Barcelona el 5 de julio, que contó con el apoyo de los radicales de Lerroux y los liberales de Josep Roig i Bergadà. Acudieron 59 de los 60 parlamentarios de la región, aunque 13 monárquicos pronto abandonaron la reunión, temerosos de su potencial subversivo en un momento de vacío de poder legislativo. Los representantes catalanes acordaron pedir la autonomía, que podía ser extendida a otras regiones, y la reapertura inmediata del Parlamento en forma de Asamblea Constituyente. En previsión de una nueva negativa del Gobierno, se lanzó la idea de una asamblea general de parlamentarios españoles que tendría lugar en 19 de julio[193].

El día 7 llegaron a la Presidencia del Consejo los señores Abadal, Giner y el marqués de Marianao para dar cuenta de las resoluciones a Dato. Este se limitó a tomar nota educadamente, pero al día siguiente emitió una enérgica declaración en la que rechazaba la asamblea por anticonstitucional y sediciosa, marcando el inicio de las auténticas hostilidades en torno a la distribución de los poderes constitucionales[194]. Los parlamentarios catalanes respondieron repudiando que defendieran las prerrogativas constitucionales los mismos que convertían en ficción el régimen constitucional suspendiendo las Cortes y las garantías. En ese momento, las diputaciones vascas también pidieron la autonomía y anunciaron que convocarían a sus representantes en Cortes para reunirse en San Sebastián.

La carta que Cambó remitió a «un coronel» —sin duda, el líder juntero Benito Márquez— el 10 de julio, trató de calmar las aprensiones de la oficialidad hacia una más que posible deriva constituyente de la asamblea parlamentaria. Desmentía el propósito separatista de la misma, y recalcaba que Cataluña «tiene una altísima misión que cumplir en España: la de liberarla de las facciones políticas que la gobiernan sin otra finalidad que servir sus particulares intereses». Señalaba que la situación de Cataluña era semejante a la de las Juntas, y recalcó el propósito emancipador y patriótico que animaba a ambos actores políticos: «Ni el Ejército ni Cataluña, —decía Cambó— pueden emplear su fuerza con miras exclusivistas, sino que han de libertar a España entera de un sistema de política que, de persistir, conduciría a España a su perdición»[195]. Para ello solicitaba la convocatoria de Cortes en funciones constituyentes, y hacía un llamamiento a los parlamentarios españoles para «obtener satisfacción a sus ansias de salvación, a fin de que no tenga que buscarlas por caminos de violencia».

En esos momentos se estaba operando un proceso que los sociólogos de las crisis políticas denominan estrechamiento de la arena política: negociaciones secretas entre los líderes del régimen y sus adversarios, en las que los primeros creen poder limitar la influencia de los segundos, o incluso controlar a sus futuros socios cooptándolos total o parcialmente. Según Juan Linz, la fragmentación de los partidos y la atmósfera de sospecha mutua entre políticos es propia de estas fases críticas[196]. Otra característica del estrechamiento de la arena política es el aumento de la influencia de «poderes neutros» como el Ejército, el alto funcionariado o la jefatura del Estado en regímenes parlamentarios[197]. En ese contexto de lealtades volátiles, el rey adoptó iniciativas al margen del Gobierno para impedir la asamblea. El plan de Alfonso XIII era aproximarse a los elementos moderados de la oposición y ofrecerles concesiones para alejarles de sus socios más revolucionarios[198]. No tuvo éxito con los reformistas (como se pudo constatar en la decepcionante entrevista que mantuvo con Gumersindo de Azcárate el 28 de junio), pero en su encuentro con el delegado de Cambó, Joaquim Maria Nadal, el 12 de julio, llegó a ofrecer a la Lliga dos o tres carteras en un gobierno de concentración antiturnista si se avenía a no celebrar la reunión, pero Cambó, temeroso de ser «borboneado», y esperanzado con sus contactos iniciales con el coronel Márquez, rechazó la propuesta[199]. En su retiro estival de Santander, don Alfonso comisionó al padre Planas para que viera a Márquez y le transfiriera el encargo de entrevistarse con Cambó a fin de que suspendiera la asamblea. El coronel y dos miembros de la Junta Superior (los capitanes Arturo Herrero e Isaac Villar) se entrevistaron con el líder catalanista en el convento de Capuchinos de Pompeya en una coyuntura menos favorable a sus aspiraciones, porque la legalización del reglamento de la asociación militar podía inclinar su voluntad del lado del Gobierno. Cambó se ofreció a que la asamblea tomara sus acuerdos con sigilo, y a disolverla pacíficamente tras su primera reunión sin dar motivos a movimientos subversivos ni a una draconiana represión. A cambio, solicitaba el apoyo del rey y de los junteros a la autonomía catalana, mientras que la Lliga y el Ejército apoyarían a la monarquía contra los planes revolucionarios de republicanos y socialistas[200]. Pero las Juntas rechazaron la invitación de Cambó a apoyar la asamblea porque esta estaba dirigida por catalanistas. El 13 de julio, la mayoría de la Junta Superior desautorizó las iniciativas de Márquez y ordenó a las Juntas locales mantenerse leales al Gobierno. Una nota de desmarque de las Juntas respecto de la asamblea, hecha pública el 16 de julio, hablaba de «declarar una vez más el firme propósito de permanecer alejadas de las luchas políticas y obedecer los mandatos del Gobierno legítimamente constituido»[201].

En esos momentos, la cuadratura del círculo del plan de Cambó era intentar la creación de un contrapoder —la Asamblea de Parlamentarios— como primer paso para intentar un cambio con orden y sin violencia que debía contar con el consentimiento tácito del Ejército y con el apoyo pasivo de la clase obrera. Los catalanistas esperaban que los militares se negaran a reprimir la inminente huelga, dejando al Gobierno desposeído de toda fuerza, y abriendo paso franco a la formación de un Gabinete asambleísta[202]. Pero Cambó vio que la asamblea, que pretendió haber equilibrado con al apoyo interno de los mauristas y externo de los junteros, se inclinaba peligrosamente a la izquierda, y podía desembocar en violencia si los líderes obreros convocaban una huelga general que coincidiese con la reunión.

Las dos semanas anteriores a la asamblea contemplaron la proliferación de reuniones secretas, manifiestos más o menos apócrifos[203], rumores de intervención extranjera[204], exhortaciones, difusión de hojas clandestinas catalanistas, republicanas y anarquistas, y el envío de refuerzos militares a Barcelona. El 19 de julio, 30 000 soldados y guardias estaban patrullando las calles, cuatro barcos de guerra estaban anclados en el puerto, y calles y plazas aparecían ocupadas por grupos de guardias civiles y agentes del Cuerpo de Seguridad a pie y a caballo, armados con carabinas[205]. Los 55 diputados y 13 senadores (46 de ellos catalanes), más 13 adheridos al margen del turno (con algunos liberales, pero ningún maurista o jaimista)[206] que se reunieron en el Palacio del Gobernador del Parque de la Ciudadela condenaron la política turnista, señalaron que el acto del Ejército del 1 de junio debía ir seguido de «una profunda renovación de la vida pública española, emprendida y realizada por elementos políticos», y propusieron la formación de unas Cortes constituyentes elegidas tras unas elecciones generales que convocara un gobierno no partidista «que encarne y represente la voluntad soberana del país». Se crearon tres subcomités: uno para el estudio de la reforma constitucional y la autonomía municipal, compuesto por Pedro Gómez Chaix, Raimon d’Abadal, Melquiades Álvarez, Félix Azzati, Cambó y Lerroux; otro para temas de defensa nacional (reducción de plantillas, aumento de sueldo, mejora de la cantidad y calidad del armamento y material, y recompensas revisables por un Tribunal de Honor), educación y justicia (independencia del poder judicial), presidido por Hermenegildo Giner de los Ríos y compuesto entre otros por Roberto Castrovido y Francesc Macià, y el último para debatir los problemas socioeconómicos suscitados por el conflicto europeo, coordinado por Josep Roig i Bergadá, y en el que colaboraban diputados como Marcelino Domingo, Pablo Iglesias, Bernardo Rengifo, Albert Rusiñol y Joan Ventosa i Calvell[207]. Ese mismo día se reunieron las diputaciones vascas para pedir la implantación de un régimen autonómico en la nación española.

La sesión se había iniciado hacía menos de una hora cuando apareció el inspector Manuel Bravo Portillo, quien sostuvo un vivo diálogo con Lerroux y Rodés. La Guardia Civil rodeó el edificio, pero los asambleístas se negaron a disolverse esgrimiendo los artículos de la Constitución que hablan de las prerrogativas de las Cortes y las sanciones contra quienes quisieran evitar su funcionamiento. Ante el azoramiento de Bravo y de un teniente coronel de la Benemérita, entró en la sala el gobernador civil Leopoldo Matos, quien tras intimar a la disolución «en nombre de la ley» mantuvo vivos altercados con Lerroux, Iglesias, Rodés y otros parlamentarios. La Asamblea siguió deliberando y redactando sus conclusiones ante la mirada atónita de la policía y el gobernador, quien al final decidió ir deteniendo personalmente a los 71 diputados mediante el uso simbólico de la fuerza consistente en un toque en el hombro. Entre los acuerdos se consideró que la actitud del Gobierno era un agravio al Parlamento y a las ansias de renovación del pueblo, ya que era el Ejecutivo quien subvertía la Constitución, al suprimir las sesiones del poder parlamentario, negar el derecho de petición de los representantes en Cortes y declarar sediciosos a una región y sus organismos sociales y políticos. La Asamblea finalizó entre vivas a España y a la República[208].

Algunos autores consideran que la Asamblea fue disuelta pacíficamente por iniciativa del gobernador civil cuando el Gobierno estaba disponiéndose a un empleo brutal de la fuerza. Parece que hubo mediación regia para evitar incidentes innecesarios, y la Lliga había enviado un mensaje confidencial a sus cargos municipales advirtiendo de que en caso de detención anticipada de los parlamentarios se evitaran manifestaciones violentas, y, caso de surgir una situación claramente revolucionaria, se trabajase por mantener el orden vigilando a los elementos foráneos que alimentasen la revuelta[209]. No hubo movilización violenta precursora de un posible golpe de Estado o asonada revolucionaria, pero no faltaron conatos de agitación orquestados desde los sectores obreros. Al parecer, el sindicalista Salvador Seguí contactó ese día con el dirigente del Partit Republicà Català (PRC) Marcelino Domingo para discutir la dirección de un movimiento de protesta, mientras que algunos activistas se congregaban en una sala de la calle Conde de Asalto del Distrito Quinto hasta que fueron dispersados por la Guardia Civil[210]. El día 20 se clausuraron varios centros obreros y se detuvo a numerosos delegados sindicales. Aparte de la huelga ferroviaria declarada en Valencia y la manifestación orquestada en Barcelona por la CNT, no se desencadenó ninguna huelga general preventiva. Besteiro aseguró al año siguiente en el Parlamento que si Sánchez Guerra hubiese disuelto violentamente la Asamblea, UGT y CNT hubiesen declarado inmediatamente la huelga general, lo cual no parece ajustarse a la realidad del calendario de planificación del movimiento[211]. Saborit recuerda que los socialistas estuvieron movilizados durante la Asamblea de Parlamentarios, y que esperaron en vano a que Cambó diera el paso de constituir un gobierno provisional con apoyo asambleísta, lo que hubiera consumado la estrategia del «doble poder» revolucionario[212]. Fuera real o no tal compromiso, la Asamblea despertó grandes expectativas de cambio incluso en sitios tan lejanos como Córdoba, donde 63 personalidades del mundo académico y profesional firmaron un manifiesto en favor del cambio de régimen[213].

El cierre precipitado, y en parte burlesco, de la Asamblea —que también se ganó el remoquete de «Semana cómica de Barcelona»— pudo debilitar a Dato, pero este primer asalto del enfrentamiento entre los representantes de la burguesía industrial, la clase media profesional y comercial, la pequeña burguesía y el proletariado urbano contra la oligarquía turnante terminó en tablas: aunque la reunión de Barcelona fue disuelta, los parlamentarios pudieron crear varios grupos de trabajo encargados de redactar un informe final sobre las reformas democratizadoras. Con todo, el gesto disidente del 19 de julio —una maniobra de presión, no de rebeldía explícita— fue para algunos autores, el «momento psicológico perdido», que permitió al Gobierno pasar de la estrategia defensiva a la ofensiva[214].

5. El momento culminante del ciclo de protesta. La huelga general de agosto

5. El momento culminante del ciclo de protesta. La huelga general de agosto

El protagonismo de las izquierdas antidinásticas en el ciclo de protesta desencadenado a raíz de la Gran Guerra resulta incontrovertible, pero para calibrar la coherencia e idoneidad de sus repertorios de acción colectiva hace falta remontarse, al menos, al lustro anterior al conflicto europeo. El 7 de noviembre de 1909 se estableció la Conjunción Republicano-Socialista como un frente de rechazo a la política maurista, pero también como una plataforma de neto contenido subversivo, ya que en su seno existía un comité revolucionario secreto presidido por el doctor José María Esquerdo y compuesto además por Melquíades Álvarez y Pablo Iglesias[215].

Los años de 1910-1914 contemplaron un significativo crecimiento del trabajo organizado: el número de afiliados a la UGT pasó de 41 000 a mediados de 1910 a 147 128 en enero de 1913 y 119 000 en agosto de 1914, mientras la CNT, surgida en octubre de 1911, se vio sumida en un periodo de clandestinidad desde fines de ese año (y sobre todo tras el asesinato de Canalejas) que retrasó su reconstrucción hasta el Congreso Internacional de la Paz celebrado en Ferrol el 29 de abril de 1915, donde por iniciativa de la Confederación Regional del Trabajo de Cataluña (CRTC) se tomó la decisión de reorganizar el sindicato confederal a partir de ese verano[216].

Al inicio de la Gran Guerra el socialismo español era un movimiento aún débil y el republicanismo era un conglomerado de fuerzas locales, con programas divergentes, que iban desde el centralismo lerrouxista al federalismo catalán, y desde la vocación insurreccional del viejo republicanismo de tradición septembrina a la política accidentalista y progubernamental del moderno Partido Reformista. El PSOE, mayoritariamente aliadófilo, mantuvo un tenso debate sobre la actitud a mantener ante la guerra europea y sus socios republicanos. En el X Congreso, celebrado del 24 al 31 de octubre de 1915, se acordó por estrecho margen de votos (3106 contra 2850, con la postura favorable de Madrid y contraria del País Vasco y Barcelona) el mantenimiento de la Conjunción Republicano-Socialista. Esta mantenía escasas perspectivas de supervivencia, pero las expectativas de cambio generadas por la ruptura de turno en 1913 y el estallido de la guerra europea mudaron la situación. Aunque en las elecciones de 9 de abril de 1916 ni republicanos, ni socialistas, ni reformistas aumentaron su representación, en Cataluña fue surgiendo un nuevo republicanismo, abierto hacia posiciones nacionalistas y socialistas, mientras que el Partido Reformista, a raíz de su Asamblea Nacional de 12-13 de mayo de 1916, rompió su pacto electoral con los liberales y apostó por una movilización activa de las masas populares en torno a la aliadofilia y al problema de las subsistencias.

La crisis social alentó la movilización de los grupos obreros. En 1915 se habían producido paros esporádicos, pero en 1916 la actividad huelguística creció y se hizo más organizada. En enero, la huelga de la construcción de Barcelona se convirtió en huelga general, y en febrero hubo otro paro general en Valencia. Mientras estallaban huelgas de la minería en Asturias y motines del pan en Madrid, el XII Congreso de la UGT celebrado del 12 al 23 de mayo acordó por iniciativa de los representantes asturianos, Manuel Llaneza e Isidoro Acevedo, el abaratamiento del transporte, la regularización del intercambio de productos de primera necesidad, la supresión de los privilegios industriales, el abaratamiento de las subsistencias, la implementación de medidas eficaces para resolver la crisis de trabajo, la amnistía de los delitos políticos y sociales y el fin de la guerra colonial en Marruecos. Si el Gobierno y el Parlamento no daban satisfacción a las demandas populares en el plazo de tres meses, el Comité Nacional del sindicato convocaría a los representantes regionales para fijar la línea de conducta que debía seguirse. Con la intención de captar el mayor número posible de elementos profesionales, se propuso la realización de una campaña reivindicativa escalonada, consistente en la celebración de manifestaciones y reuniones públicas y la convocatoria de un paro nacional de protesta de un día de duración[217].

La otra gran novedad estratégica fue la convergencia sindical. La UGT que, en competencia con la CNT y en respuesta al incremento de la movilización obrera, se iba politizando en sentido socialista, inició en mayo de 1916 el acercamiento al sindicato confederal, que en ese momento estaba celebrando una asamblea en Valencia donde expresó su voluntad de colaboración con la otra gran organización de trabajadores. Tras el Congreso Confederal, que se celebró en Barcelona ese verano, comenzaron los contactos directos que desembocaron en la creación de un comité conjunto de actuación. El 9 de julio, los dirigentes ugetistas Largo Caballero, Besteiro y Barrio se entrevistaron en Zaragoza con el sindicalista Salvador Seguí para concertar un pacto de unidad de acción que se signó el 17 de julio de 1916. El llamado «Pacto de Zaragoza» se consumó en plena huelga ferroviaria de la Compañía del Norte, lo que colmó de alarma al Gobierno, que ordenó la detención de los sindicalistas presentes en la capital aragonesa, el cierre de las Cortes, la declaración de la ley marcial y la militarización de los servicios de ferrocarril[218]. Ambas centrales sindicales multiplicaron los mítines y manifestaciones conjuntas hasta que, el 19 de noviembre en la Casa del Pueblo de Madrid y el 26 de noviembre en Zaragoza, se acordó convocar una huelga general de 24 horas contra el encarecimiento de las subsistencias que tendría lugar el 18 de diciembre, y que sería apoyada por el Comité Nacional del PSOE y la Federación de Juventudes Socialistas (FJS)[219]. El paro, que fue un completo éxito[220], fue la culminación de un año de fuerte conflictividad sociolaboral. La politización de la protesta obrera fue otro rasgo característico de esta etapa del ciclo de movilización: de la huelga «cívica» y económica de fines de 1916 entendida como castigo a las autoridades y canalización de los antiguos disturbios de subsistencias se pasó a la huelga entendida como primer paso de una revolución eminentemente política[221].

En los primeros meses de 1917 la situación social empeoró, evidenciando la incompetencia de la Administración para poner en marcha una legislación de emergencia, como evidenció el fracaso de la Junta Central de Subsistencias. En enero-febrero hubo conflictos laborales en Sabadell, Bilbao, Cádiz, Zaragoza, Valencia, Castellón, Badajoz y Murcia. En marzo, se celebraron en Madrid varias reuniones de delegados de provincias y una asamblea intersindical en Valencia que culminó en un gran mitin de advertencia al Gobierno. En la reunión conjunta de Seguí, Pestaña y Ángel Lacort con el pleno del Comité Nacional de la UGT el 25 de marzo, se elaboró un manifiesto conjunto que acusaba al Gobierno de corrupción y pactos con los acaparadores, y acordaba la convocatoria de una huelga general «sin plazo definido de terminación, como el arma más poderosa que posee [el proletariado] para reivindicar sus derechos» y pedir «cambios fundamentales de sistema»[222]. Romanones respondió al desafío obrero con la detención de una veintena de delegados (que fueron liberados el 3 de abril), la denuncia de los periódicos que publicaron el manifiesto y la promulgación de un decreto de suspensión de garantías, con cierre de todos los centros obreros, interceptación de comunicaciones y censura de prensa[223]. En Valladolid, la protesta de los obreros ferroviarios mediante la declaración de una huelga general conllevó la imposición del estado de guerra el 1 de abril, hasta que la UGT desconvocó el paro[224]. El 8 de abril, el Gobierno anunciaba la imposición de la censura previa de noticias referidas al orden público, el movimiento societario general y los asuntos internacionales.

El 17 de marzo llegaron a España las primeras noticias de la Revolución rusa y la abdicación del zar. El Socialista intentó establecer un paralelismo entra la situación española y la de la Rusia revolucionaria: una crisis surgida del choque entre el Parlamento y el poder constituido, y un movimiento político patriótico, no de clase, que arrancó con motines de subsistencia y movimientos huelguísticos, y que contó con el apoyo de los parlamentarios, la clase política liberal, el Ejército y parte de la burocracia zarista en estrecha sintonía con el pueblo[225]. El eco del movimiento revolucionario ruso era perceptible: «Se hablaba —recuerda Bajatierra— con los soldados en la calle, se los propagaba libremente; en los cafés, mítines y reuniones públicas que se celebraban en los centros obreros, se veían asistir sin recato algunos soldados de todas armas»[226].

La fase de agitación de masas también vino respaldada por la percepción de una mayor tolerancia gubernamental tras la etapa represiva de Romanones. García Prieto intentó frenar la protesta restableciendo las garantías constitucionales el 23 de abril y aboliendo la previa censura de prensa. Tras haber prohibido en Valencia un mitin intervencionista del Partido Republicano Radical, autorizó la asamblea neutralista de 25 000 conservadores mauristas presidida por su líder en la Plaza de Toros de Madrid el 29 de abril y el mitin intervencionista organizado el 27 de mayo por las izquierdas, especialmente los reformistas y republicanos, aunque también asistieron las juventudes liberales y algunos amigos de Romanones, mientras que los socialistas declinaron tomar parte, pero dieron su apoyo. En la concentración, que se planificó como la culminación de una movilización común en favor de la Entente, los distintos oradores aludieron a la Revolución rusa y a las palabras de Wilson, y plantearon sin ambages la disyuntiva de una franca política aliadófila o la revolución. Melquiades Álvarez pronunció una seria advertencia: si don Alfonso seguía obstruyendo el acercamiento a la Entente podría acabar como el zar. Lerroux hizo una consideración crítica de la soberanía compartida establecida en la Constitución de 1876:

Aquí está presente la soberanía popular; pero (mirando al palco regio) la que está ausente es la soberanía Real. Ausente, como en Rusia, la queremos siempre[227].

Los tumultos posteriores y los conatos de agresión a Álvarez y Lerroux justificaron la nueva prohibición gubernativa de mítines y manifestaciones el 30 de mayo. Los republicanos convocaron para el 28 y 29 de mayo una asamblea nacional cuyo fin era la constitución de una formación republicana unificada como partido único o federado, pero en la que no participaron ni federales ni radicales[228].

Unos días después del mitin estalló la cuestión militar. Las circunstancias especiales en las que se produjo la última fase de la movilización (sedición juntera y caída del Gobierno), abrieron una ventana de oportunidad que confirió a la convocatoria final de la huelga un carácter eminentemente político. El retorno de Dato el 11 de junio con un gabinete básicamente similar al de 1915 fue contemplado por la izquierda como una evidencia de la incapacidad del régimen para reformarse. La inestabilidad y la falta de legitimación parlamentaria del Gobierno se vieron acrecentadas por el impacto de los movimientos juntero y huelguístico. Hasta intelectuales como José Ortega y Gasset, que apoyaron la protesta militar como modo de emprender una nueva etapa política, reclamaban insistentemente la apertura de un proceso constituyente[229].

A lo largo de la primera mitad de 1917 se preparó la huelga, pero desde junio se entró en la fase de preparación política[230]. El día 16 se reunieron en Madrid los representantes de las minorías parlamentarias reformista, republicana y socialista, que acordaron derrocar el régimen político por ser incompatible con la democracia. En realidad, el acuerdo alcanzado no rebasaba los límites programáticos del añejo revolucionarismo democrático del XIX: gobierno provisional, Cortes constituyentes y algunos puntos relativos a derechos sindicales y de representación que proponía la CNT. El manifiesto elaborado ese mismo día por los parlamentarios de la conjunción de izquierda recordaba la retórica de la Gloriosa: que «prevalezca, por encima de toda clase de poderes, la voluntad soberana de la Nación española»[231]. El Gobierno suspendió en esta fecha las garantías en toda España.

Se constituyó un comité de acción (Álvarez, Lerroux, y Largo con Besteiro como sustitutos de Iglesias) que condujera a la constitución de un gobierno nacional con participación socialista y presidido por Melquiades Álvarez, quien condicionó su participación a que la «protesta nacional» (sic) que se proyectaba tuviera un tono pacífico. La asignación personalista de tareas recuerda sobremanera los complots decimonónicos: al parecer, Lerroux se reservó dirigir el movimiento revolucionario en Andalucía, Valencia, Aragón y Cataluña (con el apoyo de los sindicalistas Ángel Pestaña, Eusebio Carbó, Salvador Seguí y Manuel Buenacasa); Iglesias haría los preparativos en Madrid, Vizcaya y el resto de Castilla, y Melquiades Álvarez actuaría en Asturias y León, apoyado por los líderes sindicales Manuel Llaneza, Teodomiro Menéndez y Eleuterio Quintanilla[232]. Se especuló incluso —como posteriormente reconoció Besteiro— con el apoyo revolucionario de un sector del Ejército, sujeto paciente de una campaña antimilitarista que se manifestaba de forma intermitente desde mediados de la década anterior. También se acordó que si los militares junteros realizaban algún movimiento o intentaban imponer una dictadura, se declararía inmediatamente una huelga general defensiva[233].

Esta renacida Conjunción Republicano-Socialista, de contenido claramente subversivo, planteó serios problemas de ejecución. La huelga general indefinida iba a ser revolucionaria en sus consecuencias políticas, pero pacífica en su realización, y destinada a obligar al rey a capitular ante la demanda nacional de democratización del régimen y su presunto alejamiento de los militares descontentos. Pero mientras que los anarcosindicalistas preveían una insurrección heroica (para lo que repartieron hojas orientadoras de la revolución y medios de defensa), los socialistas preparaban una simple huelga en colaboración con otras fuerzas políticas. A un esbozo de proyecto insurreccional presentado por el líder anarcosindicalista José María Martínez, consistente en un ataque armado a Gijón y Oviedo desde las cuencas mineras con apoyo militar —similar, por cierto, al plan ejecutado en octubre de 1934—, Melquiades Álvarez y su correligionario Ramón Álvarez Valdés, se negaron a secundar toda acción violenta argumentando que preferían «la tiranía de los de arriba a la de los de abajo»[234].

Los socialistas se opusieron a que la huelga coincidiera con la convocatoria de la Asamblea de Parlamentarios, y tampoco se logró la concordancia con las otras fuerzas políticas: Cambó quiso establecer contactos con esta nueva alianza republicano-socialista, pero para advertirles de su resuelta oposición a la huelga. Los republicanos dudaban de la real voluntad revolucionaria de los militares[235], los junteros rumiaban un movimiento en solitario de carácter antidemocrático y los cenetistas estaban barajando seriamente la ruptura del pacto de acción con la UGT que tan buenos resultados había dado en diciembre anterior. Saborit reconoce que en la preparación de la huelga «no estuvimos en tratos con los regionalistas catalanes ni con las Juntas de Defensa, pero ambos conocían lo que llevaba dentro el movimiento de agosto: una revolución política en favor de la burguesía liberal»[236].

La politización de la huelga generó fuertes tensiones en el seno del anarcosindicalismo. A pesar del dogmático antipoliticismo de la organización, el pragmatismo de Seguí y sus correligionarios persuadió a las bases de la necesidad de concertar alianzas extraordinarias con otros grupos para crear un amplio frente contra el régimen[237]. Seguí y Pestaña reconocieron que habían propuesto ponerse de acuerdo con Álvarez y Lerroux, de conformidad con el Comité de la Confederación. Tras su fracaso a la hora de radicalizar el movimiento asambleísta de 19 de julio, la CRTC comenzó los preparativos de su propia acción, que en su perspectiva debía adquirir un carácter netamente revolucionario. Según Pestaña, «Se volcaron las cajas de los fondos de los Sindicatos, entregando hasta el último céntimo para comprar pistolas y fabricar bombas. Una fiebre de actividad invadió nuestros medios confederales»[238]. Para extender el movimiento más allá de la ciudad de Barcelona, Pestaña entró en relación con los separatistas del doctor Domènec Martí i Julià (que falleció el 25 de junio), los republicanos de Marcelino Domingo (que tras elaborar un manifiesto a la opinión preparó la acción revolucionaria en la comarca de Tortosa) y los catalanistas de Francesc Macià i Llusà. Este exmilitar y antiguo diputado «solidarista» trabó contacto con los delegados de la CNT en su pueblo natal de Vilanova i la Geltrú, con los sindicalistas Pestaña, Seguí y Valero, con el periodista Jaume Brossa y con los republicanos Ángel Samblancat y Marcelino Domingo, con los que se comprometió a levantar, en su distrito electoral de Borjas Blancas, un grupo de voluntarios armados dispuestos a efectuar una «marcha sobre Barcelona». Una acción que volvería a repetir con similares apoyos políticos, pero esta vez desde Francia, casi una década después[239].

Uno de los rasgos de los grupos «fanáticos», que se encuentran dispuestos a agotar todos los recursos para impulsar la subversión en los ciclos de protesta es su dificultad para concertar o conservar las alianzas con otras fuerzas políticas. Como Cambó en la Asamblea, los socialistas se encontraban en la difícil tesitura de alentar la acción de sus aliados republicanos por la derecha y reprimir la impetuosidad de los anarcosindicalistas por la izquierda[240]. Pestaña acusa al socialismo de ir más lento en sus preparativos revolucionarios, y señala que «en dos ocasiones distintas, la UGT hubo de enviarnos delegaciones directas para enviar el rompimiento de nuestras relaciones»[241]. Se refiere a los viajes a Barcelona de Largo y de un displicente Pablo Iglesias, que nunca fue partidario de dar carácter político y revolucionario al movimiento en ciernes, sino presentarlo solo como un acto de solidaridad con los ferroviarios, aunque el resto de los miembros del comité de huelga socialista se le opuso:

No hicimos caso del abuelo, reconoció el dirigente ugetista Manuel Cordero. Su opinión no tuvo un solo voto favorable. Tal era el optimismo que nos dominaba en aquellos momentos. La huelga se realizó con unanimidad y entusiasmo jamás superado por movimiento alguno[242].

Andrés Saborit hace referencia a compras de armas efectuadas por la Casa del Pueblo de Madrid, y Prieto reconoció en el Parlamento, en mayo de 1918, haber transportado efectos militares a diversos puntos del norte de España.

Quizás la mejor oportunidad para haber declarado la huelga hubiese sido el 19 de julio, cuando la Asamblea pudiera haber dado voz política al movimiento. Pero, como se ha visto, solo Valencia se lanzó a la huelga en sincronía con el acto disidente de Barcelona. La negativa de Maura a intervenir en la Asamblea de Parlamentarios —a la que tildó de «zoco profesional»— disipó el gran miedo de Dato de ver conjugarse la potencial alianza de las clases medias republicanas y regionalistas, el movimiento obrero y los militares. Una vez asegurada la lealtad del Ejército a fines de julio, se arrastró al proletariado hacia la huelga general para asustar a las clases medias, que abandonarían sus planteamientos reformistas mientras que el Ejército reforzaba sus lazos con el régimen aplastando los previsibles disturbios.

El Gobierno puso a punto su dispositivo de defensa: el 22 de junio, Sánchez Guerra ordenó a los gobernadores la vigilancia «reservada y discreta en absoluto, pero eficacísima, de personas y grupos que por sus antecedentes pudieran estar implicados en movimientos sediciosos». El 25 de junio suspendió las garantías, y el 30 ordenó redoblar la vigilancia ante el temor de que el 2 de julio se declarase una huelga de ferroviarios «con el fin de promover un movimiento general sedicioso». El 16 de julio volvió a ordenar «redoblar y extremar las precauciones y vigilancia» ante la proximidad de la Asamblea de Parlamentarios[243]. Ya con la huelga a la vuelta de la esquina, se ordenó la reincorporación de los cuerpos de reserva, los excedentes de cupo de 1917 y los cupos de instrucción y primera y segunda situación activa del Regimiento de Ferrocarriles, así como los acogidos a la cuota militar. Incluso el 13-14 de agosto se solicitó la incorporación a filas de los reemplazos de 1915 y 1916[244].

Puede que la cuestión más controvertida de la movilización obrera del verano de 1917 sea el origen de la huelga ferroviaria comenzada en Valencia el miércoles 18 de julio a medianoche, en protesta por la intransigencia de la dirección de la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España, y que afectó al 70 % de los ferroviarios y portuarios[245]. Este conflicto se analiza con detalle en el capítulo siguiente. Cuando la huelga ferroviaria declarada el 10 de agosto se hizo general al día siguiente, el partido y el sindicato decidieron convocar una huelga general política de carácter indefinido para el lunes 13. La fecha para tal acción, que había sido prevista para octubre, hubo de adelantarse ante el temor de que el conflicto ferroviario degenerase en un rosario de huelgas incontroladas o en una insurrección espontánea, pero la decisión contó con la firme oposición de Pablo Iglesias, que no deseaba que el paro nacional tuviese carácter político, y mucho menos revolucionario, sino única y exclusivamente de apoyo a la protesta ferroviaria. Cuando estalló el paro en dicho sector, Melquiades Álvarez corrió a Madrid a entrevistarse con el oculto Comité revolucionario para que aplazase la huelga general, cosa que no hicieron porque ya habían aceptado ligar su suerte a la de los ferroviarios. A diferencia de julio, cuando los bolcheviques se volvieron atrás de la insurrección que preparaban, los socialistas, que no eran revolucionarios profesionales sino sindicalistas reformistas, se lanzaron sin preparación y fueron derrotados[246].

Los republicanos quedaron a la expectativa, con la excepción de algunos como Francesc Macià o Marcelino Domingo (diputado por Tortosa, director de La Lucha, que la publicística conservadora cita abundantemente como periódico revolucionario), cuya llamada a la sedición inserta en su artículo-manifiesto «¡Soldados!», aparecido el 20 de junio, provocó el secuestro del periódico al amparo de la Ley de Jurisdicciones (los ejemplares no secuestrados se vendieron a 3-4 pesetas) y le granjeó una orden de detención emitida por el capitán general Marina. Domingo sufrió malos tratos por parte de la oficialidad en el cuartel de Atarazanas y un conato de procesamiento por la jurisdicción de guerra por incitación a la sedición, en aplicación de la Ley de 9 de febrero de 1912 que establecía que su inmunidad parlamentaria resultaba inútil ante la suspensión de garantías. Este desafuero provocó una protesta de diputados el 31 de agosto y un rifirrafe con el poder militar[247]. Por ese entonces se estaban formando en Marruecos juntas de suboficiales, cabos y soldados, y había rumores de enfrentamientos entre ofíciales y suboficiales en Barcelona.

Desde el 9 de agosto estaba constituido el comité de huelga, compuesto solo de socialistas: Besteiro y Saborit por el PSOE y Largo y Anguiano por la UGT, más Virginia González. El Manifiesto dirigido «A los obreros y a la opinión pública», que fue redactado el 12 de agosto por Besteiro y dado a publicidad el día 14, clamaba contra «medio siglo de corrupción», y solicitaba un gobierno provisional que asumiera los poderes ejecutivo y moderador y preparase, previa modificación de la legislación electoral, unos comicios a Cortes Constituyentes «que aborden, en plena libertad, los problemas fundamentales de la Constitución política del país. Mientras no se haya conseguido este objeto, la organización obrera española se halla absolutamente decidida a mantenerse en su actitud de huelga». En las instrucciones cursadas al resto de España se decía que:

Si el gobierno tratase de ejercer coacciones contra los obreros, empleando para ello la fuerza pública y aun la fuerza del ejército, los trabajadores no iniciarán actos de hostilidad, tratando de dar la sensación a la fuerza armada de que también está integrada por elementos trabajadores que sufren las consecuencias de la desastrosa conducta del régimen imperante. Al efecto, las masas harán oír los gritos de ¡Vivan los soldados! ¡Viva el pueblo! Solamente en el caso de que la actitud de la fuerza armada fuse notoriamente hostil al pueblo, deberán adoptarse las medidas de legítima defensa que aconsejen las circunstancias, teniendo en cuenta que deben evitarse actos inútiles de violencia que no encajan en los propósitos ni se armonizan con la elevación ideal de las masas proletarias[248].

El manifiesto elaborado para justificar la huelga era muy moderado, ya que, al igual que indicaba el manifiesto republicano-socialista de 16 de junio, se trataba de presionar para apoyar los objetivos de la Asamblea de convocar Cortes Constituyentes tras un sufragio limpio presidido por un gobierno provisional[249]. Dirigentes como Besteiro no perseguían la implantación de un sistema socialista, sino patrocinar una «revolución democrático-burguesa» al estilo de la rusa de febrero de ese mismo año o la frustrada de 1905: un cambio político que habría comenzado con la Asamblea de Parlamentarios (la futura Asamblea Nacional), continuaría con una acción popular (la huelga de agosto entendida como el «asalto a la Bastilla»), y se remataría con el exilio del rey y la participación socialista en un Gobierno provisional de salvación nacional presidido por Melquíades Álvarez, quien, a imagen de los mencheviques rusos en 1905, la revolución portuguesa de 1910 o la más reciente experiencia de Venizelos en Grecia (donde los aliados reconocieron como legítimo el Gobierno provisional de Salónica, imponiendo un bloqueo y exigiendo el 13 de junio de 1917 que el rey Constantino abandonase el país), dejaría la iniciativa al pueblo para darse el régimen que deseara mediante la convocatoria de un Parlamento Constituyente (Asamblea Legislativa[250]); un plan pergeñado bajo la inspiración histórica de la Revolución francesa, y que intentó ser aplicado de nuevo con el mismo escaso éxito a fines de 1930.

Naturalmente, los socialistas no tomaron en consideración las recientes tesis de Lenin sobre el doble poder y la imposibilidad de que la revolución permaneciera dentro de los límites estrictos de la democracia burguesa. La UGT y el PSOE organizaban una huelga política predominantemente urbana y preferiblemente pacífica, no una revolución dirigida a la conquista violenta del poder, como deseaba la CNT. La pauta a seguir era que los republicanos tomarían el poder mientras la clase obrera secundaba la acción[251]. No se proponía la toma de este por la clase obrera, sino una revolución política de signo democrático como paso necesario en el camino del proletariado español hacia el socialismo. El socialismo carecía en ese momento de una adecuada visión de la situación histórica por la que atravesaba el país: en el siglo XIX era aún posible la consumación de una revolución burguesa, pero en el siglo XX el proletariado español ya era una fuerza organizada y ansiosa por intervenir en la vida del país: «El obrero había adquirido una noción de su situación y buscaba su redención a través de un movimiento revolucionario total»[252].

Como se verá con más detalle en el próximo capítulo, la huelga defensiva resultó un relativo éxito en los centros industriales de Madrid, Barcelona, Valencia, Vizcaya, Guipúzcoa y Asturias, pero tuvo poco impacto en las regiones del oeste, centro y sur de España, salvo las zonas mineras de León, Riotinto, Cartagena, Peñarroya y Linares-La Carolina. La huelga fue urbana, industrial y minera, aunque no faltaron tumultos y quemas de juzgados municipales en pequeños pueblos de Extremadura, Andalucía y Valencia[253]. Pero no hubo vínculos con el campesinado, como en la Revolución rusa, y el Ejército no la secundó, como tampoco lo hicieron los catalanistas (temerosos de favorecer una situación revolucionaria de doble poder al estilo ruso) y buena parte de los reformistas (obsesionados con no perder sus distritos electorales) y los radicales, cada vez más acomodaticios como partido de clases medias tras el auge de la CNT.

La de 1917 fue una huelga de protesta y manifestación, pero no insurreccional, ya que los incidentes más violentos fueron causados por la desacertada acción represiva del Gobierno[254]. Llegó entonces la hora de la depuración de responsabilidades: los regionalistas y los republicanos, que tan unidos aparecieron en la Asamblea de Parlamentarios antes de la huelga general, comenzaron a mostrar diferencias de criterio y eludir responsabilidades. La Lliga primero y el reformismo después, se descolgaron del propósito de la huelga, mientras que el Gobierno traspasó la carga del estallido revolucionario a los elementos directores de la Asamblea, especialmente a Cambó y Raimon d’Abadal. El lunes 13, se reunió en casa de este último, el Comité de la Asamblea de Parlamentarios, sin la presencia de Iglesias o Álvarez, pero con la asistencia de Lerroux, Cambó, Rodés, Luis de Zulueta, Roig i Bergadà y otros diputados y senadores, que no llegaron a ningún acuerdo respecto de la actitud a adoptar ante la huelga[255]. Al día siguiente, la prensa afín a la Lliga desmintió tajantemente el rumor lanzado por el Gobierno de una implicación de los catalanistas en el paro obrero[256]. El manifiesto de «los parlamentarios» al país, firmado entre otros por Cambó, Lerroux, Rodés y Zulueta, y fechado también el 14 de agosto, echó la culpa de la situación a la actitud de fuerza del Gobierno, pero se desentendió de la huelga y recalcó la necesidad de que «se convoquen unas Cortes Constituyentes que representen la verdadera voluntad nacional»[257]. En las semanas siguientes, Cambó no se cansó de señalar que la huelga había sido un acto equivocado, porque dio la iniciativa a un Gobierno debilitado y obstruyó la alternativa legalista representada por la Asamblea[258]. Como había hecho a lo largo del siglo XIX, la burguesía catalana solo apoyó la rebeldía de las clases populares urbanas como medida de presión sobre las élites de Madrid.

La huelga se desarrolló sin intervención apreciable del viejo republicanismo, dividido y poco receptivo a los amagos de revolución social. El Partido Republicano Radical (PRR) había intentado, con las fuerzas izquierdistas integradas en el movimiento de los parlamentarios, tomar la iniciativa en los acontecimientos y darlos un tono subversivo[259]. Lerroux intentó atraerse a las Juntas cuando en junio fueron presionadas por el Gobierno, y al parecer tuvo listo a un grupo 800 «jóvenes bárbaros» dispuestos a asaltar el castillo de Montjuïc y liberar a los dirigentes junteros si republicanizaban su movimiento[260]. Pero uno de sus subordinados, Félix Azzati, se anticipó a la declaración de huelga, que estaba prevista para octubre, con las consecuencias ya conocidas. Aunque los radicales emitieron hojas clandestinas invocando la «semana gloriosa» de julio de 1909, y Lerroux y Domingo llamaron a «fundir sus entusiasmos» con vistas a las jornadas inmediatas[261], el líder radical, encargado de dar al pueblo republicano la orden de alzamiento con el apoyo del Partido de Unión Republicana Autonomista (PURA) y el PRC, transmitió ciertas disposiciones más o menos bélicas a través de delegados de provincias, pero se retrajo después de explorar el ánimo de los militares, que se negaron a secundarle siquiera de forma pasiva[262]. Como en 1909, Lerroux se puso de nuevo a salvo, huyendo a Francia el 4 de septiembre, gracias al soborno del comisario Francisco Martorell, jefe de la Brigada contra el anarquismo y el socialismo de Barcelona. Descubierto el affaire por Bravo Portillo —otro policía que ansiaba el puesto de Martorell para hacer prosperar sus turbios «negocios» de espionaje en favor de los Imperios Centrales—, el comisario fue destituido y procesado[263]. A fines de octubre, Lerroux hizo unas poco convincentes declaraciones al diario El Mundo sobre su implicación en los hechos, que están en el origen de la animadversión que los socialistas le profesaron desde entonces[264].

Las razones que se pueden aducir para el fracaso del movimiento de agosto son múltiples. Al acelerar la resolución de las otras alternativas transformadoras del sistema (parlamentaria y juntera), la huelga motivó que estas optaran apresuradamente por una coalición contrarrevolucionaria frente a la temida profundización social de la subversión. La maniobra semilegalista del catalanismo trató de supeditar la estrategia del comité revolucionario a la previa de la Asamblea de Parlamentarios, y el Gobierno Dato optó por plegarse a los designios de las Juntas para enfrentarlas a los obreros. La huelga se había anunciado con semanas de antelación, dando oportunidad al Gobierno de poner a punto su dispositivo represor. Mezcla de recurso a la violencia y presión pacífica en alianza con los republicanos, «se buscó en una huelga lo que nunca sale de las urnas: el triunfo del poder civil sobre las oligarquías civiles»[265]. El paro dejó de ser pacífico, y, en último término, fue derrotado por la deficiente preparación y la escasa definición de sus objetivos políticos. No menos importante fue la división estratégica del proletariado, evidenciada en los manifiestos anarquista, de 17 de julio, y socialista, de 12 de agosto: la huelga general fue proclamada por la UGT de forma prematura, en un momento de ruptura de la unidad de acción de las formaciones obreras. La CNT se lanzó a la huelga sin coordinación con la UGT, y la acción se fue al traste por las sospechas mutuas y la creciente inhibición de los socialistas. Otra razón para la frustración del movimiento revolucionario fue su débil estructura en la mayor parte del país. Mientras que a inicios de 1917 hubo en Rusia una revuelta agraria y se produjo la convergencia de los principales actores revolucionarios, en España esas fuerzas mostraron una sorprendente falta de coordinación. La unidad del proletariado, el apoyo del campesinado y el auxilio militar (factores que se conjugaron variablemente para el triunfo de la Revolución rusa de febrero) fueron otras tantas carencias del agosto español. Además de la casi absoluta desmovilización campesina (que en lugar de haber secundado la sedición urbana se mantuvo inerte y abrió un periodo de agitación independiente desde 1918), es de destacar la falta de apoyo de la pequeña burguesía y la mayor parte de los partidos republicanos, implicados en la transformación democrática del sistema, y el legalismo casi sin fisuras de un Ejército que, por penúltima vez, se volcó disciplinada y casi unánimemente en defensa del régimen, actuando con más dureza y determinación que en 1909, lo que propició a su vez el reflujo de la actuación sediciosa de las Juntas de Defensa. La inadecuación de los instrumentos tradicionales de una huelga reivindicativa para realizar una huelga política revolucionaria, fue una lección que los socialistas se trajeron bien aprendida cuando hubieron de afrontar los compromisos revolucionarios de diciembre de 1930 y octubre de 1934[266].

La eficacia de la táctica antirrevolucionaria pergeñada por el Gobierno también merece un breve comentario. El Ejecutivo siguió al pie de la letra la táctica de dividir para vencer, tratando de forma muy diferente las diversas oleadas subversivas: disolvió suavemente la «revuelta» parlamentaria burguesa, reprimió con dureza la protesta obrera y se inclinó ante la sedición militar. El Gobierno implicó al Ejército en la represión, rompiendo toda posibilidad de alianza de este con el proletariado. En contraste con el caótico frente subversivo orquestado por las izquierdas en 1917, con una agenda política oscilante entre la acción parlamentaria y la tentación conspirativa, los gabinetes monárquicos exhibieron una notable capacidad de maniobra y adaptabilidad ante circunstancias tan adversas[267].

Las consecuencias de los varios acontecimientos subversivos de 1917 fueron también de no poca trascendencia para la España conservadora. El miedo de las clases propietarias a una revolución socialista se hizo palpable desde la crisis de agosto. En zonas como Asturias, las personas «de orden» habían contemplado con estupor cómo la huelga se prolongaba día tras día a pesar de las conminaciones de las autoridades y la acción del Ejército. El llamamiento del ministro de la Gobernación a los gobernadores civiles para que, ante la concentración de la Guardia Civil en las ciudades, solicitaran a los alcaldes el concurso de las «personas significadas por sus ideas de orden a constituir núcleos de fuerza entre ellos, que se encarguen de ejercer la vigilancia en las poblaciones y mantener el orden y la tranquilidad pública»[268], tampoco había surtido el efecto movilizador deseado. Las organizaciones patronales y los grupos «de orden», que habían amenazado con tomar medidas de autodefensa, acogieron con alivio la intervención decisiva del Ejército, de la Guardia Civil y las fuerzas de orden público, que fueron premiadas con abundantes homenajes y suscripciones populares. Una práctica de colaboración que se intensificaría en los años siguientes, muchas veces al margen de las autoridades y de los conductos oficiales.

Aunque en el debate parlamentario sobre los sucesos de agosto que se planteó en abril de 1918, Dato aseguró no haber provocado la huelga revolucionaria, tanto él como su ministro de la Gobernación, José Sánchez Guerra, fueron denunciados con insistencia como instigadores del conflicto por la prensa socialista. Su posición irreductible frente a la huelga ferroviaria de mediados de julio pretendió adelantar el enfrentamiento antes de que socialistas, anarquistas y republicanos perfilasen sus preparativos revolucionarios. Una jugada maquiavélica que fue denunciada por las Juntas de Defensa y que, hasta cierto punto, resulta comparable a la manifestada en 1934 por el ministro de la Gobernación, el radical Rafael Salazar Alonso, acelerando la protesta campesina de junio para restar empuje al movimiento revolucionario de octubre. La similitud en cuanto a los territorios afectados —el triángulo socialista Madrid-Vizcaya-Asturias—, los organismos políticos y sindicales implicados (PSOE-UGT y eventualmente CNT), el tipo de acción empleado (la huelga general), la abstención campesina y la actitud del Gobierno precipitando el conflicto, no puede hacer olvidar que las estrategias subversivas y los objetivos fueron netamente diferentes: una huelga indefinida, no necesariamente violenta que esperaba la abstención o colaboración del Ejército y aspiraba a hacer avanzar la «revolución burguesa» en 1917, y una huelga insurreccional, con toma del poder local y un propósito de culminación de la revolución proletaria en 1934[269]. Queda por dilucidar si las tres movilizaciones de 1917 eran auténticamente compatibles como para hablar de «ocasión perdida»[270], cuando, a la postre, eran incompatibles, como se pudo constatar a partir de 1919.

6. El declive temporal de la movilización

6. El declive temporal de la movilización

En el otoño de 1917 ya no era previsible un asalto inminente al poder de los militares junteros por falta de unidad interna, tras el «borboneo» del coronel Márquez (sometido a un tribunal de honor y expulsado del Ejército en marzo de 1918) y de los oficiales regeneracionistas, y el predominio de las reivindicaciones más profesionales, sobre todo la tradicional reclamación de la escala cerrada. El régimen monárquico logró sobrevivir porque el Gobierno consiguió explotar con eficacia las contradicciones existentes entre las fuerzas de oposición: regeneracionismo/corporativismo en las Juntas, españolismo/regionalismo en la relación de estas con la Asamblea, reformismo democrático/rupturismo entre esta y los grupos de izquierda, y revolución política/social entre estos y las organizaciones obreras.

La protesta múltiple de 1917, dirigida contra la «vieja política» no tuvo desembocadura política por las discrepancias en asuntos sustanciales: el papel institucional del Ejército y la Corona, el modelo de Estado, de soberanía o el procedimiento (revolucionario o no) a seguir. El aplastamiento de la huelga general de agosto disipó todas las esperanzas de un cambio radical en el sistema político. El propio Cambó, al no conseguir el apoyo de Maura y el Ejército para su proyecto asambleísta, y temeroso de perder el apoyo de los círculos burgueses tras la huelga general, decidió impulsar el reformismo desde los límites del régimen, iniciando una infructuosa campaña por el norte de España donde contactó con nacionalistas vascos, reformistas, liberales y mauristas. Pero su deriva cada vez más conservadora provocó el resquebrajamiento de la unidad de su partido[271].

El 29 de septiembre tuvo lugar, en el Cuartel de San Francisco de Madrid, el Consejo de Guerra contra los miembros del comité de huelga (no el revolucionario): Besteiro, Caballero, Anguiano, Saborit, Virginia González Polo y seis más. La línea de defensa expuesta por los capitanes de infantería Ramón Arronte (representante de Largo, Besteiro, Anguiano y Saborit) y Julio Mangada (abogado de Gualterio José Ortega Muñoz), que se convirtió luego en la versión socialista oficial, era que la huelga no había sido revolucionaria[272], sino un derecho consagrado por la ley, y que, en todo caso, el que no se hubiese subordinado a reivindicaciones exclusivamente económicas no significaba que hubiera delito de rebelión, ya que no hubo voluntad hostil al declararla, y si hubo enfrentamientos en algunos casos puntuales fue debido a la voluntad represiva del Gobierno, culpable de la mayor parte de las violencias. La sentencia, hecha pública el 4 de octubre, condenaba a cadena perpetua e inhabilitación a Largo Caballero, Besteiro, Anguiano y Saborit, a 8 años y un día de reclusión a Ortega Muñoz, Luis Torrent Lerén y Mariano Anguiano Anglés; a 2 años, cuatro meses y un día a Manuel Maestre Rubio y Florencio Abelardo Martínez Salas, y absolvía a Virginia González Polo y Juana Sanabria Martínez[273]. El 25, el PSOE decidió abandonar todas las instituciones en tanto Dato se mantuviera en el poder. Siguió una oleada de manifestaciones por la amnistía en Málaga, Alicante, Barcelona, Zaragoza, Santander, Valencia o La Coruña, un mitin organizado por la Agrupación Femenina Socialista el 17 de noviembre en la Casa del Pueblo, y una gran marcha popular el 24 de noviembre de Cibeles a la glorieta de Emilio Castelar, con participación de Pablo Iglesias, Domingo, Ovejero y Lerroux[274].

A inicios de septiembre creció el malestar militar por la crisis económica y la inercia del Gobierno que trataba de sacudirse las responsabilidades de la represión de agosto. El día 7, la Junta Central de Barcelona acusó al Gobierno de haber transformado una huelga general pacífica en un movimiento revolucionario y querer enfrentar al Ejército con el pueblo, endosando la responsabilidad exclusiva de la represión a las Fuerzas Armadas. El 14, los oficiales reafirmaron su objetivo de obtener los ascensos por estricta antigüedad, y el 17 se declararon dispuestos a intervenir en política, para imponer «justicia y moralidad» en los poderes públicos. Incluso exigieron la aplicación del fuero militar en los procesos abiertos con motivo de la huelga.

El 25, llegó desde Barcelona el general Marina para exponer a Dato y al ministro de la Guerra las razones del descontento de las Juntas. El Gobierno respondió desmintiendo el divorcio entre Ejército y la opinión, y recalcando la lealtad de las Fuerzas Armadas. Esta claudicación envalentonó más a las Juntas, que se lanzaron a una intensa campaña contra el Gobierno, especialmente contra el ministro de la Gobernación, Sánchez Guerra, autor de una circular a los gobernadores civiles que fue considerada ofensiva para el Ejército. El 7 de octubre, Dato levantó el estado de guerra, y por lo tanto la censura de prensa. La ofensiva juntera obligó el 17 al relevo del ministro Fernando Primo de Rivera por Marina, afín a las Juntas, que dimitió al no poder destituir al gobernador militar de Valencia. El 23, las Juntas enviaron al rey un mensaje aprobado por todos los cuerpos en el que denunciaban que los procedimientos del Gobierno no habían variado y exigían en el plazo de 72 horas la formación de un Gabinete auténticamente nacional que respetase el voto popular, encargando el Ministerio de la Gobernación a una personalidad neutral, a cambio de comprometerse a la disolución de cualquier parlamento que desafiase la dinastía, so pena de dar los pasos necesarios para proteger el «interés nacional». Al tiempo que Cambó seguía presionando con la convocatoria de una nueva reunión de la Asamblea de Parlamentarios en Madrid, el rey se inclinó del lado de las Juntas, abrió consultas y exoneró a Dato el 27 de octubre con la misma displicencia con que lo había hecho con Romanones en abril. El turno pacífico había muerto.

Entretanto, la movilización asambleísta siguió su curso de colisión con un gobierno extremadamente débil. Tras una serie de trabajos previos de las comisiones en el Congreso de los Diputados, 77 parlamentarios se reunieron en Madrid el 16 de octubre para la segunda reunión de la Asamblea. Se resolvió sostener las reivindicaciones autonómicas, la limitación de prerrogativas del Gobierno y la Corona y la formación de un gabinete representativo, la supresión de los senadores de designación real, la limitación de la suspensión de garantías y la apertura de las Cortes al menos entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de cada año[275].

La tercera sesión de la Asamblea se celebró en el Ateneo de Madrid el 29 de octubre. Entre las conclusiones objeto de deliberación se encontraban: la suspensión de garantías por Real Decreto por un máximo de 15 días, la implantación de la soberanía nacional en vez de la soberanía compartida (aunque el rey retendría la capacidad de sancionar, promulgar y vetar temporalmente las leyes); la reunión de las Cortes como mínimo un trimestre al año; que el Real Decreto de disolución incluyera su nueva convocatoria; la constitución de un Senado plenamente electivo (en parte por representación corporativa) y la incorporación de la región como unidad administrativa al texto de la Constitución, postura que sería defendida por los catalanistas en 1918-1919 en su campaña de Estatuto integral para Cataluña[276]. La propuesta fue asumida por el Partido Reformista, que en su programa en 1918 incorporó varias resoluciones de la Asamblea de Parlamentarios: libertad absoluta de cultos, límite a la suspensión de garantías y a la capacidad del Ejecutivo para disolver las Cortes y veto legislativo, fin del vínculo directo del rey con las Fuerzas Armadas y descentralización autonómica. Algunos liberales se adhirieron a estas conclusiones, y Romanones se mostró conforme con su espíritu. El proyecto reformista pasó al primer plano de las negociaciones que dieron lugar a la concentración liberal. Se trataba, como dijo el reformista Manuel Pedregal, de acomodar la monarquía española a los resultados de la guerra europea. La bandera de la reforma constitucional fue enarbolada por la izquierda republicana, el catalanismo y en el último Gobierno parlamentario de la monarquía, por la concentración liberal. Pero llegado el momento, el Gabinete de García Prieto soslayó los enojosos asuntos de la prerrogativa regia y la reforma electoral.

Esta tercera sesión de la Asamblea coincidió con la caída de Dato y la laboriosa gestación de un nuevo gobierno tras ocho días de consultas. Cuando el 30 de octubre, los participantes en la reunión conocieron que el rey había llamado a consultas a Cambó, prorrumpieron en vítores creyendo que sus principios habían triunfado. De hecho, Cambó advirtió al monarca que «los acuerdos del 19 de julio son la única solución de la crisis actual». El rey aceptó la entrada de dos catalanistas (Joan Ventosa y Felipe Rodés) en un primer gobierno de coalición con liberales de las diversas tendencias, el maurista Joaquín Fernández Prida, el conservador projuntero Juan de la Cierva en Guerra (lo que provocó la separación entre Alba y García Prieto) y el neutral vizconde de Matamala en Gobernación. La Lliga entró el 3 de noviembre en el Gobierno presidido por García Prieto, pero no los reformistas, por repudio a La Cierva[277]. Las Juntas y la Asamblea parecían estar representadas en este nuevo y extravagante gobierno que los cronistas denominaron «monstruo de Horacio» (en alusión al «hircocervo» o criatura compuesta de macho cabrío y ciervo que figura en su Ars Poetica), pero Cambó traicionó las expectativas de sus colegas parlamentarios al apoyar un Gobierno que no asumió los proyectos de reforma constitucional de la Asamblea, a la que la Lliga acabó por destruir después de haberla creado. Pese a que la dualidad de poderes parecía un hecho desde julio, el movimiento asambleísta había perdido parte de su fuerza y acabó por desaparecer cuando la burguesía catalana comenzó a asustarse por la posibilidad de que la segunda revolución rusa de octubre llegase al otro extremo del continente, reconociendo implícitamente el fracaso de su proyecto de reforma del Estado basado en las fuerzas antidinásticas y antiturnistas.

De este modo tan poco honroso «terminó todo el barullo de la Asamblea de Parlamentarios, y este fue el fin de un movimiento que parecía amenazar la misma estabilidad de las instituciones»[278]. Pero la movilización de protesta no había terminado, sino que sufría un receso temporal como consecuencia de la represión obrera y el reacomodo de los intereses de los militares y los catalanistas en el seno del régimen. Fue un breve periodo de calma que precedió al recrudecimiento y declive del ciclo reivindicativo, que se relatará en el epílogo de este libro.

4. La crisis social. Las tres huelgas de agosto

CAPÍTULO 4

LA CRISIS SOCIAL

Las tres huelgas de agosto

Francisco Sánchez Pérez

Universidad Carlos III de Madrid

1. La huelga y la «revolución»

1. La huelga y la «revolución»

Pedimos la constitución de un Gobierno provisional que asuma los poderes ejecutivo y moderador, y prepare, previas las modificaciones imprescindibles en una legislación viciada, la celebración de unas elecciones sinceras, de unas Cortes Constituyentes que aborden en plena libertad los problemas fundamentales de la constitución política del país. Mientras no se haya conseguido ese objetivo, la organización obrera se halla absolutamente decidida a mantenerse en su actitud de huelga[279].

Así presentó el comité conjunto del PSOE y la UGT que convocaba la huelga el objetivo explícito y la duración indefinida de la misma del 13 de agosto de 1917. Una huelga general cuyo propósito manifiesto era presionar para provocar un cambio político desde fuera de las instituciones legalmente constituidas para ello, debido al íntimo convencimiento de los convocantes socialistas, y de sus apoyos republicanos y sindicalistas, de que este cambio era imposible o sumamente dificultoso desde dentro de ellas. Como era un acto considerado ilegal y sedicioso para la época, una rebelión contra el Estado, hasta el extremo de que sus principales responsables fueron juzgados por tribunales militares y condenados a cadena perpetua por ese preciso delito, se trató de una huelga «revolucionaria» en el contexto de la época, tanto para sus partidarios como para sus detractores. Pero hay que tener en cuenta que «revolución» en esta época era un término que bautizaba cualquier acto considerado sedicioso que rompía la legalidad. Y eso la equiparaba a los actos que la habían precedido, a las Juntas de Defensa de junio y a la Asamblea de Parlamentarios del 19 de julio. Contextualizarla como un tercer acto revolucionario de una misma trama se convirtió, ya desde 1917, en una obsesión para casi todos los analistas, que solían destacar, entre otras cosas, el muy distinto trato represivo que por parte de las instituciones recibieron las protestas militares, liberales y lligaires frente a las obreras y republicanas, equiparándolas así deliberadamente. No podemos extendernos en este interesante tema aquí, pero basta decir que uno de los clásicos que abordó el tema en su salsa, Fernando Soldevilla, ya hablaba de «tres revoluciones». La obra referencial de Juan Antonio Lacomba de 1970, que es mucho más científica, adoptó también lo de las «tres revoluciones»: la «mesocrática» (la de los oficiales), la «parlamentaria» y la «obrera», con distinto repertorio y modus operandi. Pero para terminar esta puntualización conviene destacar que todavía en los años treinta la «Sanjurjada» —un golpe militar de manual— fue definida por los jueces como un acto «revolucionario», es decir un delito de rebelión o sedición. Pero no deja de ser sintomático que mientras la mayoría de los historiadores hoy ya no llaman «revoluciones» a actos como los de los junteros y parlamentarios de junio-julio, la etiqueta se sigue usando sobre la huelga de agosto sin el más mínimo sonrojo[280].

Preciso es reconocer que su gravedad fue mucho mayor que los actos que la habían precedido, aunque solo sea por el número de muertos, que no bajó de 71 según las cifras oficiales, pero que pudieron pasar del centenar, con un mínimo de 90. Ya veremos a qué factores se puede deber tal violencia. En cualquier caso, era prácticamente imposible que una huelga de semejante magnitud y ante la que se declaró casi de inmediato el estado de guerra en toda España, dejando la población de las ciudades al arbitrio de los mandos militares (y de sus bandos), no arrojase un cuantioso rosario de víctimas. Además, hay que advertir, que las instrucciones socialistas de que la huelga fuese pacífica no llegaron a todas partes, y que en la huelga participaron cenetistas y jóvenes republicanos (grandes olvidados estos por la historiografía, en mi opinión), que tenían otro concepto del paro y sobre todo tenían armas de fuego y las usaron en intensos tiroteos, principalmente en Cataluña (en Barcelona y en Sabadell es donde se concentraron más de la mitad de los muertos). Esto es relevante porque la mayoría de los ejemplos que usaron en sus obras Burgos y Mazo, ministro de Justicia cuando la huelga, o el guardia civil «Ladera» (Modesto de Lara y Molina), para demostrar que la huelga fue realmente «revolucionaria», tanto literarios (manifiestos y proclamas) como fácticos (modus operandi), eran de Cataluña, que como es sabido ni estuvo a la cabeza de la huelga ni figuró en última instancia en el núcleo decisorio que la provocó. Pero no les faltaba razón por tanto en destacar que también había habido violencia más o menos organizada en la huelga. Para los que consideran que toda violencia en los fenómenos sociopolíticos es «revolucionaria», o que no hay revolución sin violencia, voilà.

Conviene recordar sin embargo que la huelga no fue acompañada de una insurrección armada con el propósito de hacerse con el poder, ni tampoco tenía ese propósito de ningún modo ni fue concebida así. La prueba reside en que recibió severas críticas de numerosos contemporáneos, fuera y dentro del movimiento obrero, por ese preciso motivo. Abundan los ejemplos desde fuera. Nos remitiremos a Josep Buxadé, que la definió como una «bullanga» o asonada, carente de plan, dirección, caudillos armados al frente y grandes barricadas, pensando sin duda en una reedición del Bienio o del Sexenio, es decir, transpirando por los poros de la tradición insurreccional decimonónica española; la resumía con lógica aplastante como un sacrificio inútil de gente inocente mandada al matadero por ambiciones políticas. Y las críticas también abundaron desde dentro. Mauro Bajatierra, de la CNT madrileña, y que fue testigo directo de lo que pasó en la capital, critica en su famoso relato y sin ambages que no había armas, asegura que la gente las pedía y hasta tal punto no concibe que no se hubieran almacenado, que se convence a sí mismo de que las había pero que no se repartieron, con esta lapidaria frase que cuenta le dijeron: «Hay armas, más de las que se puedan necesitar, pero el momento oportuno no ha llegado aún». Y a continuación remacha: «en espera de el momento oportuno, sufrió casi sin defensa el pueblo de Madrid»[281]. Indalecio Prieto, a la inversa, aseguró en sede parlamentaria que él personalmente había adquirido armas en Vizcaya, pero que luego se preocupó paradójicamente de que no se repartieran, acusando a la dirección por sus concepciones: «yo personalmente no concibo que se pueda derribar a un régimen con una huelga pacífica», y afirmando que a la revolución se la ataba de manos para que la molieran a palos[282].

Solo es una muestra. Las críticas internas sobre el planteamiento y gestión de la huelga fueron también grandes en el PSOE y la UGT y alimentaron una de las varias corrientes de descontento que convergió en la escisión posterior «tercerista», después comunista. Esto no es extraño. Lo llamativo es que se siga presentando la huelga hoy como un hecho incomprensible por carecer de armas: «es difícil de entender cómo podría haber obtenido éxito si los revolucionarios carecían de armas». O, siguiendo a Bajatierra, que la huelga fue una «galería de tiro al blanco en la que las tropas disparaban implacablemente contra multitudes desarmadas»[283]. En cualquier caso, para lo que aquí interesa, es que casi nadie la llama «insurreccional», porque no lo fue, pero sí se insiste en que era «revolucionaria», cuando en 1917 ambas palabras eran prácticamente sinónimos. Si lo fue o no, como puede verse, depende del contenido y el recorrido que se le concede a esa palabra, pero esto es importante, porque ha mediatizado mucho los análisis sobre la huelga.

2. Tres culturas y tres vectores de la protesta

2. Tres culturas y tres vectores de la protesta

Con independencia de lo que fuese en realidad, la huelga reflejó y alimentó el imaginario colectivo en torno a lo que podía ser en la práctica y lo que podía esperarse de una masiva revuelta política y social dirigida contra el régimen político imperante, pero también contra el statu quo socio-económico del capitalismo avanzado. Y esto pudo ser así porque, a diferencia del movimiento juntero y del malestar expresado por los políticos reformistas capitaneados por el catalanismo, la huelga de agosto implicó plenamente al movimiento obrero organizado, que era con claridad opuesto tanto a la monarquía como al capitalismo, o por mejor decir, se oponía por igual a la oligarquía política y a la socio-económica, a las que además en su particular cosmovisión reducía a una sola, como dos cabezas de una misma hidra. No solo se limitó a incorporar a sindicatos y partidos obreros como agentes efectivos de la protesta, sino que colocó como ariete principal o punta de lanza a su medio predilecto de acción colectiva y protesta a la altura de la Primera Guerra Mundial: la huelga. Pero esta fue llevada de un medio de repertorio de confrontación de ámbito básicamente local, empresarial y laboral a medio de protesta política y social, interclasista y de ámbito estatal. Es decir, a una huelga general, con demandas de tipo universal, tanto verticales (para todas las clases sociales, de los trabajadores a los notables), como horizontales (para todos los territorios españoles, de la capital a las provincias). Este episodio señaló así muy por encima de cualquier otro la primera materialización o ensayo serio en España, desde al menos el Sexenio Democrático, del hasta entonces más bien vago ectoplasma de la «revolución obrera».

Resultó el punto de unión de tres culturas de la protesta, hasta entonces poco o mal avenidas, y particularmente nunca o casi nunca coordinadas en una acción común que pudiese impulsar la democratización política y social del régimen, consenso mínimo en el que podían coincidir. Por un lado, el republicanismo histórico, que aglutinaba las mayores demandas de cambios políticos democráticos y exigía un aumento del poder del Parlamento y los electores, en detrimento de la Corona y el Ejecutivo, que es donde en su opinión residía la fundamental toma de decisiones del régimen. Por otro, el movimiento obrero creyente en la acción política (marxista o socialdemócrata, como se prefiera llamarle), que consideraba indispensable, en la línea de la mayoría de la Internacional Socialista de 1889, la consolidación de la democracia política (liberal o «burguesa», como gustaban denominarla), para llegar después a la social («obrera» o «socialista»). Por último, el movimiento obrero confiado a la acción directa (el sindicalista o anarcosindicalista), que creía que política y democracia social formaban un oxímoron y que los partidos políticos eran más que un apoyo, un obstáculo o un estorbo para la liberación de los trabajadores. El mero hecho de que la huelga de agosto proyectase de algún modo las aspiraciones comunes de estas tres fuerzas político-sociales, ya da buena cuenta de su gran importancia. La divergencia que no hizo más que aumentar entre las tres a partir del desenlace de 1917 y que fue una de las principales secuelas de la huelga general, también resulta clave en la historia de España, divergencia que solo se suturó parcialmente en su faceta política, en 1930, pero que en la social no lo haría en realidad hasta el estallido de la Guerra Civil, cuando las circunstancias más bien obligaron a reeditarla forzosamente, manu militari, nunca mejor dicho. No parece casual que lo que se había iniciado en 1917, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, tuviese que resellarse en otro conflicto bélico aún más grave, que resultó el proemio doméstico de la Segunda.

La comprensión de cómo pudo llegarse a semejante convergencia en el verano de 1917 la proporciona el trasfondo socio-político y el socio-laboral que la huelga de agosto tuvo. Diferentes trasfondos, pero estrechamente unidos y difíciles de deslindar, como ocurre en todos los fenómenos sociales, pero en cualquier caso ambos ligados explícitamente a la Primera Guerra Mundial y a sus consecuencias sobre el país. Ni las privaciones conducen por sí mismas a las protestas ni estas últimas se basan exclusivamente en ideologías y organizaciones, presentadas a menudo como disfuncionales, es decir que contaminan el cerebro de las buenas gentes, habitualmente pacíficas, siguiendo la teoría de las manzanas podridas. Para que las dos realidades se encuentren se necesita una gran oportunidad política y social, y la Guerra Mundial trajo una inmejorable.

La huelga general tuvo tres vectores en estrecha simbiosis, que no aparecieron a la vez sino sucesivamente en el tiempo, hasta converger y fundirse de forma inseparable el 13 de agosto. La huelga intentó dar salida y se erigió en portavoz a un tiempo de las protestas y malestar colectivo provocados por la guerra, de los movimientos políticos y sociales contra el régimen y en favor de una república, y de la defensa laboral del reconocimiento de la personalidad sindical, tanto de iure o jurídica por parte del Estado, como de facto por parte de las grandes compañías, que los sindicatos consideraban se les estaba hurtando, en contra de las mismas leyes aprobadas por las instituciones. Fue por ello, simultáneamente, una huelga de protesta, una huelga republicana y una huelga solidaria. Fueron las tres huelgas de agosto. No recogió los tres vectores desde su génesis, pero sí en su encarnación final y los tres resultan fundamentales para su exacta comprensión. La protesta que se llamó por «las subsistencias», es decir por el deterioro del nivel de vida colectivo, es la que inicia, ya en 1915, el proceso mismo que concluiría en agosto y en la que se basó desde el principio el acercamiento UGT-CNT. El cambio de régimen será la idea que se perfile y defina en 1917, ante los frentes internacionales y nacionales que inopinadamente le estaban surgiendo a la monarquía y permitía enlazar el movimiento con los «burgueses» progresistas, ergo los republicanos. Pero será la solidaridad sindical defensiva la que tenga la última palabra y en definitiva señale el momento preciso en que la huelga debe comenzar (el lunes 13 de agosto) y su planteamiento concreto: pacífica, pero a la vez subversiva; lo que, ya se ha visto, para muchos resultaba y resulta una contradicción insalvable. Dicho de otro modo, la huelga finalmente estalló para dar respuesta a las tres incógnitas sobre las que se había construido, aunque solo despejó claramente la segunda, esto es, la demanda de un gobierno provisional, en la idea de que si esta tenía éxito podría resolver las otras dos.

Estos distintos planos han confundido a numerosos autores según se han centrado en un aspecto, olvidando los otros, de lo que solo pueden obtenerse conclusiones en el mejor de los casos parciales, y en el peor, confusas. Particularmente olvidada, en mi modesta opinión, ha sido la vertiente solidaria de esta huelga, opacada por las otras facetas, aunque bastantes analistas contemporáneos, aunque no todos, expusieron con bastante minuciosidad el pleito ferroviario que la originaba, prueba de la importancia que le daban. Sobre lo que sí ha habido una gran unanimidad al respecto —y es generalmente para lo que se usa el asunto del pleito ferroviario— ha sido en responsabilizar del estallido de la huelga al Gobierno de Eduardo Dato y en particular a su ministro de la Gobernación, José Sánchez Guerra. Y desde luego no es cierto, como se ha dicho, que para evadir sus propias responsabilidades solo le culparan de esto interesadamente los socialistas (en su prensa, en el parlamento y Saborit insistentemente más tarde en sus memorias) y los militares junteros (en sus manifiestos posteriores)[284]. Existe, por el contrario, una densa tradición historiográfica, desde 1917 en adelante, que ha llegado a la misma conclusión: desde los contemporáneos como «Ladera», Buxadé (poco sospechosos de simpatizar con los huelguistas), que acusa al Gobierno de andar «fomentando bajo mano la huelga ferroviaria e impidiendo dolosamente una solución pacífica y normal de ella, para que la huelga se convirtiera en general y de general en revolucionaria» y se refiere al Ministerio de la Gobernación como «una guarida de melquiavelismo [sic] de la peor laya», al mismísimo Unamuno, que le llamó «Gobierno faccioso que provocó la anticipación del acto revolucionario para mejor defender, sobre el pánico burgués, su íntimo carácter despótico y antidemocrático». O Martín Maestre, que acusó de forma personal a Sánchez Guerra de «provocar a todo trance la huelga general», para desembocar en «prácticamente todos los autores», entre otros Balcells, Meaker, Tuñón de Lara y hasta García Venero y Fernández Almagro, incluido Romero Salvadó, para quien «no hay prácticamente ninguna duda de que provocó [el Gobierno] los sucesos revolucionarios de agosto»[285]. Pero sea así o no, ya se discutirá más adelante, sería en cualquier caso responsable del estallido de la huelga ferroviaria, pero no de la elección de hacerla general ni de su diseño final, pues esa decisión no podía tomarla gobierno alguno. Son dos cosas distintas y conviene no confundirlas, y revela, en cualquier caso, y para lo que nos importa ahora, la trascendencia del pleito ferroviario, en algunos relatos desaparecida sin más.

Es por tanto fundamental ver cómo interactúan estos vectores y cómo convergen en la génesis de la huelga de agosto. Es decir, cómo estas tres huelgas se encontraron. Y esto nos conduce al tsunami de la Primera Guerra Mundial.

3. Trastornos y desamparos de la neutralidad. Una protesta por las subsistencias

3. Trastornos y desamparos de la neutralidad. Una protesta por las subsistencias

Las muchas caras de una guerra

Las muchas caras de una guerra

En principio, la Gran Guerra se planteó en 1914 como un conflicto breve que afectó a naciones o imperios con variadas rivalidades territoriales, políticas y económicas, que iban cayendo una a una en el engranaje bélico en evidente efecto dominó, bajo la supuesta dirección de sonámbulos, es decir, dormidos despiertos, que actuaban y eran percibidos por los demás como despiertos pero que desconocían que estaban dormidos, y se dedicaban a tropezarse con todas las fichas[286]. El objetivo común de cada bando era poco o nada evidente al principio, como no fuese terminar el juego con la rendición o derrota total de los países considerados enemigos, número que no iba sino a crecer con el tiempo. Significase lo que significase eso de «la derrota total». Dado este panorama y su posición geopolítica en Europa no es extraño que España permaneciese neutral. No todo el mundo estuvo de acuerdo en esto ni siquiera al principio y la controversia no hizo sino aumentar gradualmente, a medida que la guerra fue cambiando de rumbo. Pero esto se verá más adelante.

A la altura del verano de 1917, era evidente que la guerra se había transformado en una carnicería insoportable, un impasse militar perpetuo y un maratón económico que, como en un concurso de baile interminable, buscaba la derrota por agotamiento del adversario. Para impedir su comercio, mediante bloqueo submarino y naval, garantizarse el propio y conseguir los inputs básicos que necesitaban para ganar la guerra y mantener mínimamente la moral y el bienestar de la población en la retaguardia, los países beligerantes incrementaron la intervención estatal en su economía a todos los niveles, desde la prohibición y restricción directa de importaciones y exportaciones hasta el control de los cambios, los precios y los salarios, pasando por un endeudamiento colosal. Las medidas excepcionales y temporales se convirtieron en ordinarias y permanentes, y terminaron por afectar tan profundamente a la economía de los países neutrales que algunos no pudieron eludir entrar en el conflicto. Los neutrales como España se encontraron abrumados de pedidos de mercancías, alimentos y materias primas que jamás habían producido en masa o al menos exportado: algunas necesarias para el bienestar de su propia población, pero por las que se pagaban fortunas fuera, y por el contrario se encontraron faltos de las importaciones que necesitaban para sus actividades económicas e incluso de alimentos que nunca habían producido en volumen suficiente. En un país como España, esto abrió una ventana de oportunidades únicas, pero no para todos, incrementando las desigualdades sociales y territoriales.

Los estudiosos de la historia económica española suelen hacer hincapié en periodos más largos que el intenso cuatrienio de la Guerra Europea, que no dejó de ser una breve coyuntura. Desde los clásicos trabajos de Santiago Roldán, García Delgado y Juan Muñoz[287], el impacto económico de la guerra en España y su papel en el lanzamiento de la «segunda revolución tecnológica», el gran capitalismo gerencial y el intervencionismo estatal siempre ha sido destacado en todos los estudios del periodo. Pero la opción preferida por los historiadores de la economía ha sido el estudio del periodo de entreguerras, desde 1914, o a veces 1910, hasta 1936 o 1939, una etapa cada vez más reivindicada como básica (o como se ha dicho, rehabilitada historiográficamente) para la industrialización española, el crecimiento económico convergente con otros países y la modernización del país en general, mucho antes de los años cincuenta y sesenta, y que se topó sin duda alguna con grandes dificultades durante el primer franquismo[288]. Conviene recordar que la producción industrial en España arrojó entre 1914 y 1935 tasas de crecimiento del 1,85 % anuales, muy por encima de las de Francia, Gran Bretaña y Alemania[289] y que la renta española por habitante superó claramente a la de la Italia fascista en los años veinte y treinta[290].

Pero si se acerca la lupa observamos que el crecimiento industrial entre 1914 y 1919 fue más modesto (un escaso 0,25 % anual)[291], que no se sostuvo del todo en los años inmediatamente siguientes, a causa de la vuelta a la normalidad (y a la competencia exterior) de la posguerra, cuando además los países antaño beligerantes tomaron medidas proteccionistas, y que se basaron en la expansión fulgurante de unos sectores en detrimento de otros y en ocasiones, por causa directa de su estrangulamiento, debido a la falta de insumos o al desbordamiento de la red de transportes. Las importaciones fueron sustituidas por todo tipo de productos domésticos, en muchos casos sucedáneos de los originales, algunos de gran éxito, pero de menor calidad, y a la vez con precios multiplicados por tres o por seis respecto a los de preguerra. La clientela, a la que no se le había borrado la memoria en tan escaso lapso de tiempo, empezó a levantar acusaciones de robo y estafa. Los operarios finos se vieron abocados a trabajar con materiales más bastos y a degradar más aún lo que consideraban su «arte», o emplearse en actividades más mecánicas pero de éxito y jornal más seguro, es decir a degradarse profesionalmente. La incapacidad de abastecer la demanda y las oportunidades abiertas con las exportaciones dispararon la inflación y los precios, allí donde se podían pagar, y extendió la auténtica carestía y el continuo recorte del presupuesto familiar de trabajadores y clases medias, allí donde no. Ni la energía ni el combustible ni los alimentos llegaban a todos por igual. A veces los alimentos, el carbón o la leña se retenían o almacenaban a la espera de nuevas alzas de precios. Palabras que se pusieron de moda durante la neutralidad fueron «especuladores» y «logreros». En España, donde el fraude alimentario y en el peso, particularmente en el pan, provocaba frecuentemente disturbios en mercados de abastos, tiendas y panaderías, puede colegirse lo que supusieron todas estas prácticas. Por el contrario se amasaron grandes fortunas, se produjo el fenómeno de los «nuevos ricos», situación tanto más llamativa en este contexto, y paradójicamente la producción en algunas ciudades de algunos artículos de consumo restringido fue viento en popa, como la fabricación de pianos, la orfebrería, el trabajo en mármol y la ropa sofisticada, «efecto de que en la sociedad sigue desarrollándose el lujo más intensamente, quizá por las ganancias que ese conflicto ha proporcionado a ciertas clases de la misma». Se llegaba a asegurar «que el sastre o modista que pudiéramos llamar de lujo han sido menos castigados en su labor que sus compañeros de oficio en trabajo más modesto»[292].

En definitiva, que los años de la neutralidad no fueron sin más una época de crecimiento y prosperidad, como la percibieron muchos contemporáneos, con ser importantes para la modernización económica posterior, sino de llamativos contrastes, dramas sociales, beneficios rápidos, tremendos trastornos nunca vistos en el país, destajos interminables en el trabajo para poder hacer frente a las alzas de precios y a la insatisfecha demanda, y una importante irritación social a todos los niveles. Como se ha dicho certeramente, «el boom y la crisis coexistieron a lo largo de todo el periodo»[293], o en términos menos sociales, «la experiencia macroeconómica de esos años tuvo muchos claroscuros»[294]. Vamos a ver numerosos ejemplos muy gráficos de ese aspecto bifronte.

Por ejemplo, la Guerra Mundial fue clave en España para la difusión de la energía hidroeléctrica, más barata y limpia que el carbón, ayudando notablemente que este no se podía importar, cuando el carbón extranjero había satisfecho del orden del 50 % de la demanda nacional hasta entonces. A cambio, la hulla asturiana se convirtió en oro negro, con precios elevadísimos y una demanda cautiva, y lo siguió estando tras la guerra merced a las medidas proteccionistas subsiguientes. Con independencia del debate sobre los costes que esto tuvo para la economía nacional, que no es el lugar de discutir, arrastró a toda la cuenca minera a un lugar de privilegio, y con ella a Asturias. Su sonrisa y sus reivindicaciones las terminó encarnando Melquíades Álvarez, precisamente uno de los líderes de la protesta contra el régimen. También los mineros de la cuenca pasaron a un lugar de privilegio, tanto en su poder negociador, altísimo, como en su posición en la economía nacional, disfrutando de probablemente los mayores incrementos salariales de la época dentro de la clase obrera. Sobre esto volveremos posteriormente.

Pero el problema es que ni el combustible ni la energía llegaban a todas partes y hubo que improvisar. El carbón nacional pese al incremento de su producción, pues se reabrieron todo tipo de minas abandonadas, consideradas poco productivas, y se recurrió al lignito, donde era accesible, no era suficiente para que llegase a todas partes, aun en el caso de que se hubiese podido transportar adecuadamente. Las vías del ferrocarril se convirtieron en un cuello de botella por donde no podían fluir al ritmo y volumen necesario no ya el combustible, sino los alimentos y materias primas básicas, que se echaban a perder días y días esperando su turno en las estaciones. Los seguros de mercancías y transporte también hicieron su agosto por todo esto. A su vez, los trenes necesitaban el carbón y otras materias primas, a precios desorbitados. Y las compañías contaban con tarifas estrechamente vigiladas por el Estado, que no permitían su alteración sin una ley. Ni qué decir tiene que se volvieron ferozmente intransigentes con sus empleados, negociando a cara de perro todo tipo de concesión, particularmente disciplinaria, pero también referente a subidas de salarios, que se doblaron entre 1914 y 1920, regateando las gratificaciones. Todo lo contrario que en la minería asturiana; lo que tendría consecuencias conflictivas que pronto veremos. Las concesiones intentaban cobrárselas presionando a las autoridades para que otorgaran permiso para subir las tarifas, lo que se convirtió en cuestión de honor para ellas desde junio de 1917, solo dos meses antes de la huelga ferroviaria. La situación de los ferrocarriles durante la neutralidad se ha resumido lapidariamente como «la más grave crisis de toda su existencia», con una «total incapacidad de aumentar el volumen de mercancías transportadas» y una situación de excepción con todo tipo de medidas de emergencia, que duró al menos hasta julio de 1921[295]. Que los ferrocarriles debían nacionalizarse empezó a convertirse en un lugar común, que todos los políticos barajaban, a partir de esas fechas. No resulta exagerado afirmar que las compañías ferroviarias, responsabilizadas además por la opinión pública de los incrementos de los precios y de todo el desbarajuste nacional, eran el blanco de un odio bastante generalizado, muy comparable en mi opinión al que sufren las compañías eléctricas hoy.

Por otro lado, el transporte marítimo se disparó de precio. Además de la intensa demanda sobre los fletes, la externa y la interna, se convirtió en una actividad de riesgo con el bloqueo naval, los apresamientos y los torpedeamientos alemanes, que había que pagar en consonancia. En Santander, el precio de los fletes aumentó entre un 500 y un 700 %. Los astilleros, la construcción de barcos de cabotaje y las ciudades portuarias del norte de España prosperaron en líneas generales. Incluso El Ferrol, limitado en parte por los contratos militares, empezó a hacer buques mercantes[296].

Con todas estas dificultades de abastecimiento, muchas fábricas de gas se quedaron sin combustible, porque no les llegaba o porque no podían pagarlo a los nuevos precios estratosféricos que alcanzaba, obligadas como estaban a lidiar con unas tarifas inelásticas, puesto que era un servicio esencial. Por lo que el alumbrado público peligraba, allí donde la energía hidroeléctrica no había llegado todavía: se produjeron apagones en numerosas ciudades como ocurriría después en el primer franquismo, o como alternativa no excluyente se recurrió a la pérdida de la intensidad lumínica, la «sisa» de la luz, con el incremento consiguiente de la delincuencia nocturna (que los socialistas sarcásticamente resumieron en su prensa madrileña con el lema «El hampa campa») y la sensación de robo colectivo, real y metafórico[297]. Muchas fábricas y talleres, ante la llegada con cuentagotas del carbón, interrumpían constantemente su producción cuando se les acababan las reservas, haciendo turnos y semanas «inglesas» (de dos festivos) por obligación, o simplemente despedían al personal por temporadas.

Se buscaron sustitutivos. La ciudad de Málaga se iluminó quemando orujo[298]. Como sobraba el alcohol, porque se destilaba de los vinos, en muchos casos inexportables, este se usaba como combustible de ocasión. Sin petróleo, se ensayó por vez primera el gasógeno con los automóviles, entonces vehículos exóticos, otro precedente de los años cuarenta. También se usó en todo el país carbón de leña, de mucho menor poder calorífico que el mineral: se necesitaba un acarreo constante de madera para alimentar una fundición o dar luz[299]. La madera de importación del norte de Europa y las maderas exóticas para la carpintería tampoco podían arribar a España. Las víctimas de todo ello fueron los árboles que suministraban madera «del país»: los pinos, los chopos, los castaños, las hayas, los robles, los olivos, y en la desesperación, hasta los alcornoques, dado el colapso que sufrió la industria corchotaponera, completamente arruinada por la imposibilidad de exportar[300]. Tener un aserradero en esos años era un pingüe negocio. Los dueños de los montes se hicieron de oro y la histeria por talar todo lo que tuviese hojas se convirtió en una más de las fiebres de la guerra. En Cáceres se compraban dehesas enteras para hacer carbón vegetal, y en Cuenca, el metro cúbico de madera pasó de 5 a 9 pesetas antes de la guerra a 40 en 1918. Sería interesante saber el número de hectáreas que cayeron bajo el frenesí del hacha, pero lo que es seguro es que la Guerra Mundial dio un notable impulso a la desertización del país, así como al incremento de la preocupación pública por el patrimonio forestal y su regeneración, que los inspectores de trabajo expresaban con firmeza en sus informes[301].

Las ventas al exterior entraron en un gran auge, sobre todo al principio de la guerra y antes de que los beligerantes empezasen a poner prohibiciones, restricciones o pagasen con moneda devaluada, y los propios gobiernos españoles pusiesen trabas a la exportación sin control. Junto a los elevados precios que alcanzaron los bienes y la dificultad de importarlos, la balanza comercial pasó a ser positiva. Pero pese al incremento de las exportaciones (en 1916, el mejor año, un 27 % más respecto a 1913), esto se debió sobre todo al hundimiento de las importaciones, que pasaron de 1308 millones de pesetas en 1913 a 624 en 1918 (una caída del 52 %). La sociedad española las estaba sustituyendo como podía o renunciando a esos insumos: la importación de productos alimenticios pasó de 271 millones de pesetas en 1913 a 131 en 1917, menos de la mitad[302]. El movimiento del puerto de Sevilla suministrado por los inspectores es también muy elocuente de los problemas del comercio: de 451 912 kilos de mercancías importadas en 1913 a 188 774 en 1917 y de 1 043 394 kilos exportados a 574 367 en las mismas fechas, con reducciones del 58 % y 45 % respectivamente[303].

El cierre de mercados exteriores y las insuficientes importaciones y «sustituciones» hundieron muchos sectores concretos, como el del corcho extremeño o gerundense o el de los vinos de Cádiz y Málaga, y el de la fabricación aneja de barricas. Tanto el vino como el aceite de oliva sufrieron prohibiciones de importación —en Francia, por ejemplo—, y los gobiernos también intentaron poner restricciones a su exportación a partir de 1916. Todos los productos hortofrutícolas para la exportación pasaron a ser mercancía de lujo en la mayoría de sus mercados tradicionales y por tanto prescindibles. A Andalucía, Murcia y Valencia esto les hizo mucho daño. La prohibición de importar naranjas, bienes considerados prescindibles en Gran Bretaña y otros países beligerantes, arrasó comarcas enteras de Levante y Málaga. Los limones malagueños cayeron un 70 % de precio «y en muchos sitios [de Valencia] se han arrancado los pies de naranjo, vendiéndolos por leña y reemplazando el cultivo por cereales»[304]. Posiblemente naranjitas y limones dejaron de ser en esos años «lo que comen los señores», única manera de vender dentro del país lo que había sido un producto de lujo casi exclusivo para la exportación hasta entonces. El café hizo retroceder significativamente al chocolate en el gusto de los españoles (por los problemas para importar el cacao), pero también comarcas enteras de Segovia (Cuéllar) se especializaron en el cultivo de la achicoria, «el café de los pobres», con veinte fábricas de molturación y tueste de este producto, que incluso se exportaba al Reino Unido, creando importantes fortunas y precediendo en treinta años a las penurias del franquismo[305]. El cobre y las piritas de Riotinto, como otros variados productos mineros, se embotellaban en la salida, esperando el final de la guerra, con una población minera, ya burlada tras la huelga de 1913, cada vez más nerviosa e irritada con el tiránico director de la compañía británica, Mr. Walter James Browning —que incluso tenía apellido de arma de fuego—, y con sus continuos despidos o «selecciones» de personal[306]. Y es que la edad de oro de las minas españolas no volvería.

La industria del libro, la prensa y las imprentas sufrieron lo indecible por los precios que alcanzaron el papel y el cartón, y con ellos los tipógrafos y su rol preeminente en la organización ugetista. Los trapos viejos se convirtieron en alhajas, multiplicando su valor, pues se utilizaban para la elaboración de pasta de papel, costando en Andalucía entre siete y doce veces más que antes de la guerra. Y también se usó el esparto como sustitutivo de la celulosa. Los recortes de papel de las imprentas también se reciclaban y se pagaban muy bien[307]. Los periódicos, muy vulnerables y amenazados de cierre, dependieron más que nunca de la financiación de las potencias beligerantes, que intentaban captarlos para su propia propaganda, de la intervención directa del Estado (el famoso «anticipo reintegrable» de octubre de 1916, concedido por Decreto del Gobierno Romanones, a petición de varios directores de periódicos, para permitirles pagar el papel a precios de preguerra y a cambio no subiesen el precio de aquellos), y de Papelera Española, casi monopolista del ramo.

Otra actividad con gran atonía fue la construcción en líneas generales, lastrada particularmente por los incrementos de precios de sus materiales, que encarecían esta actividad, que pasó a depender de la demanda de lujo y de las clases más pudientes, siendo relegadas las obras públicas estatales y la promoción de casas baratas y modestas. Por lo que el contraste entre la soberbia de los edificios que se llegaban a culminar y el paro general del sector resultaba llamativo. En las grandes ciudades, presionadas además por la inmigración de los desfavorecidos por la neutralidad, los alquileres se dispararon, lo que provocó la creación de asociaciones de vecinos o ciudadanos explícitamente encaminadas a exigir el control de los propietarios (caseros) y la tasa de los alquileres, en las que tuvieron una voz cantante las clases medias profesionales[308].

Este estancamiento en la construcción hizo mucho daño en el mercado de trabajo, puesto que este sector era el medio de vida indispensable para gran parte del proletariado urbano, poseía una gran capacidad como motor en la creación de empleo (en particular el escaso que promovían los entes públicos, empezando por las autoridades municipales), y era un eficaz disolvente de las protestas sociales, en concreto las de los trabajadores poco cualificados e inmigrantes de reciente arribada a las periferias de las grandes ciudades. Por lo tanto, la «crisis de trabajo» que denunciaban las organizaciones obreras no era un mero artificio retórico ni hacía alusión a una depresión generalizada en el país, sino a los contrastes entre unos sectores en auge y otros paralizados, empezando por el muy visible encefalograma plano de la construcción. Respecto al ámbito territorial hubo algunos panoramas particularmente desoladores, que no pueden olvidarse: quizá los que se llevaron la palma, nunca mejor dicho, fueron los de las islas, en especial, Canarias. El archipiélago atlántico en el mejor de los casos languidecía, en el peor, recurría a la economía de subsistencia, con el fluido eléctrico racionado, trabajando talleres y fábricas solo las horas o días que se daba corriente, paralizadas las exportaciones de tomate, plátano y caña dulce, de las que vivía, y sin movimiento marítimo en sus puertos (y sin los recursos que proporcionaban los tripulantes y viajeros de los barcos). El resultado entre los trabajadores fue un desempleo descomunal, que buscaba salida en la emigración forzosa por unos años a cortar caña en Cuba u otras áreas del Caribe. Pero también los notables sufrían: el padre de Juan Negrín, por ejemplo, casi se arruinó durante la guerra[309].

Por el contrario, la contienda expandió el cultivo de los cereales y la producción harinera, y la ganadería, que ahora tenían que colmar por sí solas el estómago de los españoles, con poca ayuda de fuera: los trigueros castellanos, leoneses y aragoneses, en particular, tenían que suplir el trigo argentino o el ruso, lo que hicieron gustosos. Los inspectores de Castilla y León hablaban, hacia 1918, del doble de hectáreas consagradas a los cereales que antes de la guerra y de cerca de 1500 fábricas de harinas con producción de casi tres millones de kilos, y que no paraban de construirse en todas las provincias del interior. Pese a la competencia entre fabricantes, una demanda tan cautiva e inelástica permitía sustanciosas ganancias, garantizadas más tarde por los aranceles proteccionistas, como el Cambó de 1922. La especulación en torno al oro blanco provocó que la capacidad de fabricación con el tiempo terminase rebasando las de cultivo, con consecuencias duraderas para la economía nacional en las décadas por venir. Era muy corriente por otra parte la adulteración, mezclando trigo y centeno en elevada proporción[310]. También se benefició notablemente la industria azucarera de la remolacha en Aragón, de la que también se extraía alcohol, gran parte para la exportación, y el textil de la lana y el algodón y la industria del cuero y la alpargata, que recibieron innumerables pedidos de los países beligerantes (entre otras cosas calzado, mantas y correajes), particularmente de Francia, que apenas podían satisfacer. Pero en los últimos años de la guerra ya empezaron a sufrir importantes parones, sintomáticos de lo que iba a pasar en cuanto la guerra acabase. En el caso del algodón, la dificultad y restricciones para traer la materia prima de Estados Unidos obligó a la industria catalana a paros de tres días a la semana, a la creación de un Comité regulador del sector en 1918 y abonos de jornales de solo el 70 % de los años anteriores. Ya se anunciaba la crisis de sobreproducción de la inmediata posguerra. Otras regiones españolas se quejaban de haber sido relegadas y que todo el algodón disponible arribaba a Barcelona[311]. También se ensayaron los primeros cultivos serios de esta planta en Andalucía y Valencia.

La sustitución de importaciones también estimuló a la industria química, tanto para reemplazar el monopolio alemán de colorantes sintéticos, como en la producción de ácido sulfúrico, superfosfatos como fertilizantes o jabón para las casas (con la emblemática y premiada fábrica madrileña Gal, construida en Moncloa en 1915), con suerte variada tras la guerra, pues se volvió a las importaciones en el tema de los colorantes, pero no en los otros aspectos, donde se tuvo mucho más éxito. Por último, hay que destacar la mecánica a pequeña escala y la metalurgia pesada. Es decir, por un lado la construcción de modestas máquinas y aparatos eléctricos, sobre todo en Barcelona, con materiales de producción nacional para sustituir las importaciones, y que había que además reparar y alargar su vida útil como fuese. Y por otro, la fabricación del lingote de hierro o de acero en Vizcaya, Guipúzcoa o Santander, pese al elevado coste del carbón, pues el precio que a su vez alcanzaba el metal elaborado en el exterior garantizaba enormes beneficios, mientras el mineral de hierro por el contrario no podía venderse en Gran Bretaña, el tradicional comprador, sino a precios de tasa (y esta exportación no remontaría de hecho después de la guerra). Hasta se abordó la construcción nacional de locomotoras, vagones y furgones y se creó la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo (1917), iniciativa de origen vasco, pero que buscaba una nueva ubicación siderúrgica en Sagunto. En este apartado sin duda la guerra supuso un antes y un después en una siderurgia encaminada a partir de ahora a abastecer las demandas españolas[312].

Todo por las nubes; ¿y qué hace el Gobierno?

Todo por las nubes; ¿y qué hace el Gobierno?

Sea como fuere, apareció un fenómeno no totalmente desconocido en la historia de España, pero sí que lo era prácticamente para los contemporáneos, como fue una inflación disparada, que tuvo tasas anuales de dos dígitos de media durante la guerra, con un máximo de 19,4 % precisamente en 1917, según los datos macroeconómicos. Si se las compara en este sentido con las de los años setenta del siglo XX o con algunas hiperinflaciones de algunos países en la posguerra no son tan llamativas, pero en el contexto social adecuado, cuando en los veinte años anteriores a 1914 había llegado a lo sumo al 4,3 % (1901), con una media del 0,36 % anual, las subidas de precios resultaban tremendamente perturbadoras[313]. «La plétora de exportaciones netas fue la causa principal del fuerte aumento de la masa monetaria: los billetes en circulación pasaron de 1974 millones de pesetas en 1914 a 3867 millones en 1918», un 95 % más[314]. Los precios fueron la válvula de escape a la presión de la demanda externa e interna sobre una oferta de producción española limitada. De hecho, cubrir las limitaciones para aumentarla fue con lo que se encontró la economía nacional, pero aun no produciendo lo suficiente para abastecer la demanda y a elevado coste, los elevadísimos precios daban grandes ganancias. Tanto preocupó la inflación que el Instituto de Reformas Sociales (IRS) aportó sus conocidos y muy manejados datos que señalaban la magnitud del fenómeno con más detalle, y que revelan una inflación para la vida cotidiana más próxima al 20 % anual no en un año, sino de media: el índice semestral, basado en una cesta de productos básicos, pasó del índice 100 para el quinquenio 1909-1914 a 139,8 en abril-septiembre de 1917 en los pueblos y 136,1 en las ciudades, para proseguir ascendiendo sin pausa hasta un 220,3 en pueblos y 202,6 en ciudades en abril-septiembre de 1920, un alza del 100 %. Es decir, a ritmos del 4 % semestral hasta marzo de 1917 y del 12 % a partir de esa fecha[315].

El desfase entre campo y ciudad (con mayor inflación en el primero, privado de alimentos y subsistencias, por los que se pagaba mucho más en las capitales o en el exterior) impelió a la migración hacia las ciudades como válvula de escape, y se fue agravando sistemáticamente a partir de la primavera de 1918, lo que añade una explicación al incremento de la conflictividad jornalera a partir de ese año, y refleja que las carencias y estrecheces económicas nunca son suficientes para una movilización política, pues los jornaleros van a estar más bien ausentes en la huelga de agosto. Por el contrario, los contrastes sociales y abusos que la inflación y los negocios de la guerra provocaban eran más visibles en las ciudades, así como la irritación de los de abajo por no tener una parte justa de los «beneficios extraordinarios». Como se ha dicho de forma muy perspicaz, y «como ha sucedido en otros momentos históricos, las tensiones sociales fueron más un fruto del crecimiento —de la visualización del crecimiento— que de la miseria»[316].

Los datos pormenorizados son aún más escandalosos. Abundaban los productos y materiales acerca de los cuales los inspectores de trabajo comentaban subidas del 400 y 500 % solo hasta 1918. Entre los alimentos básicos el azúcar y los huevos habían casi triplicado su precio hacia 1920-1921 en las capitales, y las patatas y el bacalao disfrutaban de subidas del 150 %. Bien es cierto que hubo aumentos salariales, a veces muy detallados por los inspectores de trabajo por regiones y sectores, que rondan un 50 % máximo de media en el Norte y no llegan en ningún caso al 30 % en el Sur, con un pico probablemente entre los mineros asturianos, como ya se ha sugerido, que rondaban el 100 % de aumento. Véanse los datos para 1918 que proporcionaba el propio Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias (SOMA), que también incrementó por entonces su influencia en la UGT y en el movimiento obrero español, que informa que los aumentos de jornal estuvieron entre el 72 % de los mineros, el 75 % de barrenistas y picadores y el 177 % de los pinches, con un 84 % para los obreros del exterior, que se corresponde en líneas generales con los datos patronales que hablan de entre un 60 y un 150 % de aumento[317]. Por esos incrementos se les puede considerar unos privilegiados para la época, por lo que me parece absolutamente pertinente la información que aportan de primera mano sobre cuánto les costaba a ellos la cesta de la compra en 1918 y que puede verse en el cuadro 4.1.

CUADRO 4.1. El coste de la vida para un minero asturiano durante la Gran Guerra

| 1914 | 1918 | % de aumento
Kg de pan | 0,33 | 0,68 | 106
Kg de aceite | 1,30 | 2,90 | 123
Kg de jabón | 0,90 | 2 | 122
Kg de tocino | 2,70 | 5 | 85
Kg de chorizos | 3,90 | 7,50 | 92
Kg de café | 4 | 5,25 | 31
Kg de azúcar | 1,40 | 2,50 | 78
Kg de carne | 1,75 | 4,50 | 157
Kg de lentejas | 0,50 | 1,25 | 150
Alpargatas (par) | 0,60 | 1,25 | 108
Ropa mina (metro) | 1,10 | 2,90 | 163

FUENTE: Instituto de Reformas Sociales, 1918-1919: II, 108. El porcentaje es de elaboración propia para poder compararlo con las alzas salariales.

Más realista y concreto aún es el presupuesto diario de una familia de mineros, compuesta por un matrimonio y tres hijos, que aportaba el SOMA, y que detalla más las cantidades y añade el alquiler, como puede apreciarse en el cuadro 4.2.

CUADRO 4.2. Presupuesto diario familiar de un minero durante la Gran Guerra

| 1914 | 1918 | % de aumento
3 kg de pan | 1 | 2 | 100
100 gr de tocino | 0,27 | 0,50 | 85
100 gr de azúcar | 0,14 | 0,25 | 79
150 gr de chorizos | 0,58 | 1,12 | 93
170 gr de jabón | 0,14 | 0,39 | 179
150 gr de aceite | 0,19 | 0,43 | 126
200 gr de carnes | 0,34 | 0,85 | 150
100 gr de café | 0,40 | 0,52 | 30
Legumbres | 0,50 | 0,75 | 50
Alquiler de casa | 0,40 | 0,70 | 75
Ropas y calzado | 0,50 | 1 | 100
TOTAL | 4,46 | 8,51 | 91

FUENTE: Instituto de Reformas Sociales, 1918-1919: II, 108. El porcentaje es de elaboración propia para poder compararlo con las alzas salariales.

El jornal de un minero, el que más cobraba en la cuenca asturiana, pasó de 5,50 en 1914 a 9,47 pesetas en 1918. Es decir que hasta él perdió poder adquisitivo. Con ello queda claro que las mayores subidas del salario nominal disfrutadas en el periodo, como las de los obreros asturianos, apenas podían hacer frente a las alzas de precios en las «subsistencias», es decir, los artículos básicos. Y en esta relación somera de artículos de «comer, beber y arder» falta el tabaco, el vino (y la cerveza, sidra o aguardiente), que probablemente los dirigentes obreros preferían omitir por autocensura, las patatas, el bacalao, y en particular la leña o el carbón para calentarse, que eso sí que lo obtenían los mineros con poco coste. Puede pensarse hasta qué punto bajaron los salarios reales de la inmensa mayoría de los trabajadores, en particular en el campo, que no disfrutaron ni remotamente de esos incrementos y que veían la carne en su mesa de Pascuas a Ramos, nunca mejor dicho, porque comerla era todo un festejo. Aunque se incrementara el número de horas trabajadas y se aplicara sistemáticamente el destajo para obtener un poco más de jornal y trabajasen todos los miembros de la familia, compartiendo vivienda y otros gastos con otras familias —soluciones más que habituales—, los recortes en las cantidades ingeridas, en la higiene (a esos precios el jabón era casi artículo de lujo), en la ropa y en todo aquello que pudiera suprimirse eran inevitables. Y llegaron por supuesto también a la clase media de las ciudades, pues la inflación siempre perjudica a los pequeños ahorradores y a los asalariados, en particular a los que no tienen medio de negociar subidas de jornales promoviendo pleitos colectivos o huelgas, como los empleados del Estado, los civiles y los militares. El tener una población debilitada, mal alimentada y que lavaba su cuerpo y su ropa lo menos posible no ayudó en absoluto a contener en España la gripe «española» de 1918, disminuyendo las posibilidades de sobrevivir a ella, por mucho que la cepa fuese letal y se tratara de un problema mundial. La pandemia pasó su guadaña por el país y se llevó por delante a entre 200 000 y 300 000 personas, y aunque no es ni mucho menos evidente que su versión más letal se originase en la península, es obvio que aquí alcanzó una virulencia extrema y una gran visibilidad, pese a no haber estado el país en guerra y no sufrir por ello su población ninguna debilidad inmunológica específica por esa circunstancia[318].

Al deterioro de los salarios reales se sumó en términos macroeconómicos la desigualdad en la distribución de los beneficios de la neutralidad: cayó la participación de los ingresos del trabajo en la renta nacional, frente a los excedentes empresariales. El sector bancario hizo su agosto, pues fue el destino de la mayoría de los beneficios (incluido el oro acumulado en el Banco de España merced a la balanza favorable), ya que muchos de ellos no eran reinvertidos inmediatamente en el aparato productivo, dada la dificultad de importar maquinaria, por ejemplo. Esto agravaba la visualización de que los beneficios no retornaban a la economía real ni regaban a los de abajo.

La reflexión sobre qué se estaba haciendo desde la monarquía para revertir esta situación fue clave para intentar canalizar un movimiento social de protesta amplio hacia un cambio político concreto. O por mejor decir, el incremento progresivo durante la guerra del intervencionismo estatal para intentar corregir los abusos, controlar e incluso tasar los precios, prohibir determinadas importaciones y exportaciones, proteger activamente la economía nacional e incluso redistribuir los beneficios bélicos, todo salpimentado con un variado nacionalismo económico, no pasaron desapercibidos para el movimiento obrero en su conjunto, en la medida que deslegitimaban ciertas prácticas del libre mercado consideradas nocivas para el conjunto de la sociedad. Pero tampoco fueron pasadas por alto la impotencia e ineficacia reiteradas en este tema de los gobiernos monárquicos, incapaces de conseguir éxitos rotundos en esta materia, atados por la ortodoxia liberal dominante prekeynesiana de reducido gasto público y social, presión fiscal liviana hacia los poderosos, y escasa voluntad redistributiva. En este sentido, debe resaltarse aquí que mientras la riqueza privada y los beneficios empresariales no dejaban de aumentar, deteriorándose el nivel de vida de los asalariados de forma llamativa, no dejaba de crecer el déficit estatal durante el conflicto. Ya Francisco Bernis, en su estudio clásico sobre las consecuencias de la guerra, destacó este singular fenómeno: «el déficit del Estado crece cuando crece el bienestar y el enriquecimiento económico privado, como si solo fuera posible a sus expensas»[319]. Los gastos coloniales y militares en Marruecos eran los que lo agravaban, pero era la insuficiencia fiscal lo que estrangulaba cualquier iniciativa estatal moderna.

No sería justo desde luego afirmar que no se hiciera nada, pero hasta 1917 sí que se había fracasado reiteradamente en intentar revertir la situación para favorecer a los más perjudicados por todo el trastorno bélico. Lo más emblemático de todo el periodo fue la derrota sucesiva de los proyectos de Gabino Bugallal y Santiago Alba, que intentaron canalizar de algún modo los beneficios privados hacia el Estado. Bugallal, fue ministro de Hacienda del Gobierno conservador de Eduardo Dato entre octubre de 1913 y diciembre de 1915. Este Gobierno ya decretó, el 18 de septiembre de 1914, una Junta de Iniciativas, presidida por Juan de la Cierva, un mero apéndice gubernamental, con representación de todos los ministerios, destinada a estudiar todos los problemas que la guerra provocaba a la producción nacional y a sugerir soluciones al respecto[320]. En febrero de 1915 la Junta ya no existía. Bugallal promovió entonces la Ley de Subsistencias del 18 de febrero, que facultaba al Gobierno para suprimir aranceles de importación y adquirir e incluso expropiar sustancias alimenticias de primera necesidad[321]. Pero el proyecto más ambicioso de Bugallal fue abrir en junio de 1915 un empréstito para cubrir la Deuda del Tesoro, por valor de 750 millones de pesetas, buscando canalizar el ahorro privado para tapar el agujero fiscal público, pero no fue suscrito por los capitalistas interesados, que solo suscribieron 80 millones, apenas un 10 % de lo esperado. Como se ha dicho «los capitalistas prefirieron el beneficio rápido y la especulación aneja a la guerra, que ofrecían mayor lucro»[322]. Dato reconoció el fracaso y el ministro y el Gobierno en pleno dimitieron, aunque solo temporalmente, pues resistirían hasta fin de año, con las Cortes cerradas, eso sí. Su apertura supuso su sentencia de muerte.

Más ambicioso fue aún Santiago Alba, elevado a la cartera de Hacienda en abril de 1916, en el gabinete liberal de Romanones de diciembre de 1915 a abril de 1917. Promovió una nueva Ley de Subsistencias, de 11 de noviembre de 1916, que reforzaba el intervencionismo estatal sobre los precios y adquisición de materias primas si era necesario, asignándose en este caso la facultad de fijar precios para los alimentos, incautaciones de flotas y minas[323]. Al amparo de esta ley se creó la Junta Central de Subsistencias (por decreto de 14 de noviembre de 1916) y las provinciales y locales que la iban a respaldar. Presidida por Gumersindo de Azcárate, a su vez presidente del IRS, iba a contar con representación de las Cámaras de Comercio e Industria, los ferrocarriles, las compañías mineras, asociaciones de agricultores, ganaderos y navieros, y un vocal obrero del propio IRS, es decir de la UGT (Matías Gómez Latorre), más Mariano García Cortés, socialista, en representación de los consumidores. Expresamente la labor de dicha junta estaba encaminada «a la posible satisfacción de las necesidades y de los males que la Nación padece, singularmente en sus clases trabajadoras y menesterosas»[324]. Pero solo duró hasta abril de 1917, cuando fue disuelta, lo mismo que el Gobierno que la había creado. Se ha achacado el fracaso de la labor de estas Juntas a la intensa presencia en ella de los mismos grupos de interés que se beneficiaban de la coyuntura bélica[325]. Más tarde, un nuevo Gobierno de Dato crearía por decreto del 3 de octubre de 1917, la Comisaría General de Abastecimientos, amparándose en la misma Ley Alba[326], con posterioridad elevada a la categoría de ministerio (con Joan Ventosa) en noviembre de 1918, cuando ya la guerra se acababa (aguantó como tal hasta 1920). Como puede verse, fue una guerra larga, pero no tanto como su digestión por las autoridades españolas. Dentro del paquete reformista de Alba también se aprobó la Ley de Fomento y Protección de la Industria de 2 de marzo de 1917, que desplegaba toda una batería de protección y ayudas para las nuevas industrias creadas desde enero de 1914, las que no abastecían suficientemente el mercado nacional y las que «por sobreproducción» tenían necesidad de exportar[327]. La ley de marzo de 1917, sí les pareció una buena idea a industriales y empresarios, pues incluso garantizaba un interés mínimo a sus inversiones, hecho muy demostrativo de lo selectivos que eran ante cualquier intervencionismo estatal.

Pero el proyecto estrella de Alba fue el impuesto sobre los beneficios extraordinarios de la guerra. Este recibió una movilización sin precedentes en contra, dentro y fuera del Parlamento, cuando se presentó allí el 3 de junio de 1916. Dentro, instrumentalizada sobre todo por Cambó y la Lliga en la primera parte de su acoso al sistema del turno, que culminaría al año siguiente[328], y por numerosos diputados variados, incluidos algunos vinculados al propio Partido Liberal y también a grupos de interés de todo tipo, sobre todo de la industria vizcaína. Fuera, protagonizada por una amplia panoplia de patronales y grupos de presión empresariales, que convergieron en una asamblea en el Hotel Palace de Madrid el 28 de junio de 1916, pidiendo la retirada del proyecto. La unión hace la fuerza, y el proyecto encalló al mes siguiente, cuando, tras un interminable debate en el Congreso —y como empezaba a ser habitual con los gobiernos de Su Majestad— para salir del paso se cerraron las Cortes. Cuando se reabrieron en octubre, el vía crucis del obstruccionismo parlamentario continuó, y en diciembre se dejó el proyecto en vía muerta[329]. Relevante para el futuro del país sería que el entonces subsecretario de Hacienda, Joaquín Chapaprieta, tendría, casi veinte años después y como ministro, un destino similar para sus proyectos de reforma fiscal[330].

La red de tasas y prohibiciones de exportación no cristalizó realmente hasta 1918, cuando acabaron gravados numerosos artículos (aceite, azúcar, trigo, lana, harina, pan, arroz, carbón, azufre, gasolina, superfosfatos, cinc, plomo, vidrios o cementos, entre otros muchos); «precios políticos» que en general el mercado eludía con cierta facilidad, mientras que los precios seguían su camino desbocado. En varios casos, las tasas (pan, alquileres) proseguirían hasta bastante después de la guerra, pero todo eso, en cualquier caso, fue posterior a la huelga de agosto.

Esta renuncia o imposibilidad de que lo ganado por unos pocos redundase en beneficio de todos fue una señal para todos los descontentos y se convirtió en nueva munición contra las instituciones. Para lo que aquí importa, ratificó a los socialistas en el camino que habían emprendido: división entre las elites económicas y políticas, impotencia de las instituciones para poner en cintura el egoísmo de las oligarquías, imposibilidad de reforma de la monarquía. Estas conclusiones o muy similares se recogían en los distintos manifiestos que jalonan el camino hacia la huelga, marcados por lo general por Besteiro, principal redactor de ellos, o al menos inspirador (también se ha sugerido la participación de Torralva Beci):

«¿No acaba el Gobierno actual de reconocer la existencia de los grandes negocios realizados con ocasión de la guerra […] al formular vagamente la promesa de crear tributos sobre las ganancias extraordinarias obtenidas por los capitalistas?»[331]; «continúan las eternas ocultaciones de riqueza, los más llamados al sostenimiento de las cargas públicas siguen sustrayéndose al cumplimiento de ese deber de ciudadanía, los beneficiados con los negocios de la guerra, ni emplean sus ganancias en el fomento de la riqueza nacional, ni se avienen a entregar parte de sus beneficios al Estado»[332].

Hagámoslo nosotros: del motín a la huelga general

Hagámoslo nosotros: del motín a la huelga general

Tradicionalmente, la respuesta colectiva a lo que consideraba la gente subidas «inmorales» de precios o a la carestía de alimentos concretos —con el pan en muy primer lugar de la jerarquía— había sido el motín multitudinario, junto al mercado, la tienda o el lugar de reparto, almacenamiento o transporte de mercancías, de ámbito local y centrado en castigar a los vendedores y después presionar a las autoridades, generalmente municipales, para que hicieran algo al respecto. Estos incidentes, que eran endémicos en muchos lugares, se multiplicaron y extendieron con los abusos de la guerra. El tema del pan en particular era considerado de orden público, y en Madrid ya había provocado serios amotinamientos populares el 19 de enero de 1907 o el 28 de junio de 1914, en ambos casos por subidas de precios. La dinámica de estas protestas no debe perderse de vista, pues consistía en la «visita» a los establecimientos que no bajaban el precio y se sumaban a la voluntad popular, primero por mujeres y niños, más tarde por hombres y mozalbetes, con la intención expresa de que sustituyeran los precios nuevos por los antiguos. Los casos más recalcitrantes implicaban asaltos, no con la intención de robar el género, sino de «castigar», derramándolo, esparciéndolo o regalándolo, conllevaban lluvias de piedras sin ninguna piedad y hogueras de enseres a la puerta de las panaderías, y a veces algún que otro tiro o intento de prender fuego al negocio. Las multitudes se exhibían amenazantes en los barrios populares del sur, para luego extenderse como la fiebre a los barrios extremos, con bajadas de manifestantes en tropel de la barriada de Cuatro Caminos a la Puerta del Sol. El absentismo y la simpatía de las fuerzas del orden con los revoltosos solía ser notorio, interviniendo solo en casos extremos. No se disparaba sobre la multitud, y esto los socialistas lo sabían. La protesta popular ejecutaba lo que las autoridades no estaban dispuestas a hacer. Reconocían el robo, pero no podían o no sabían corregirlo. Las turbas se saltaban los principios de la economía de libre mercado y la legalidad, pero reafirmaban los valores sociales y morales de una justicia de raíces ancestrales, reconocible para todos. A continuación, por lo general y con cierto retraso llegaba algún tipo de reacción política (el «Gobierno largo» de Maura y la caída del alcalde Alberto Aguilera en enero de 1907, la caída del alcalde Luis de Marichalar, vizconde de Eza, en julio de 1914) y medidas para intentar solucionar el pleito en cuestión[333].

La preocupación por las subsistencias, con el pan a la cabeza, formaba parte de las campañas socialistas desde hacía varios años («Pan, Luz y Tranvías» en 1913, por ejemplo), y el contenido interclasista aumentó tras la Conjunción con los republicanos de 1909 y las denuncias sobre la guerra de Marruecos («O todos o ninguno»), con las que se mezclaba habitualmente[334]. Precisamente en vísperas de la Gran Guerra, y tras el XI Congreso de la UGT de junio de 1914, se lanzó una campaña contra la guerra que precisamente debía terminar en una huelga general de protesta de 24 horas: «esta campaña es de defensa económica; no obedece a fines políticos, no responde a ideales de otra especie»[335], programa abandonado de momento cuando estalló la guerra de verdad. Las presiones socialistas para que se regulase el precio del pan con campañas de repesos (el pan teóricamente se vendía al peso, pero casi nadie lo pesaba, por lo que la sisa en el peso de las piezas por parte del vendedor era muy habitual y dejaba su margen) para presionar a los tahoneros y panaderos en Madrid resultaron del todo frustrantes[336]. La primera campaña nacional prosubsistencias la lanzó la UGT el 3 de marzo de 1915, un mes después de la Ley Bugallal de aranceles, que ya se mencionó; apenas duró un mes y solo hubo un puñado de mítines, en los que generalmente se quejaban los socialistas del poco entusiasmo y la escasa asistencia[337]. La siguiente se originó tras el XII Congreso de la UGT, celebrado en mayo de 1916 en Madrid. En su undécima sesión de 23 de mayo, se aprobó una ponencia de Besteiro, por la que, con el objeto de generar una «acción general de protesta» contra la «falta de trabajo y la carestía de las subsistencias», se iba a lanzar una campaña de «reuniones y manifestaciones públicas» que concluiría con un «paro general de protesta, que durará un día». La fecha se posponía sine die, pues se daba un plazo de tres meses para recabar información de toda España sobre el particular y para que el Gobierno hiciese algo respecto al abaratamiento de los medios de transporte, el fomento de las obras públicas y el fin de la guerra de Marruecos. Fue la delegación asturiana la que había planteado este tema de la elevación de las subsistencias y el paro, además del acercamiento a la CNT, consciente de la esterilidad de los esfuerzos locales[338]. Y es que la iniciativa venía de provincias, donde había habido huelgas generales ya en el primer trimestre del año, en Barcelona, Valencia o Logroño, síntomas evidentes de un incremento del malestar que había que canalizar políticamente a nivel nacional, pero totalmente ineficaces e inconexas. Sea como fuere, el incremento de huelgas en 1916 fue considerable con respecto a 1915: de 91 a 178 (casi el doble) entre las que acostumbraba a tabular el IRS, y de 169 a 237 las desconocidas[339]. Al Comité Nacional sito en Madrid se le adhirió un Comité con representantes regionales para preparar el asunto.

Pero lo más importante es que se le adhirió la CNT, que se estaba reconstruyendo en la guerra, primero con la Regional Catalana en 1914, y después en 1915 como ente nacional (aunque no se creó otra regional que la catalana hasta 1918) y como se ha dicho, su reconstrucción estaba estrechamente ligada a buscar un medio de abaratamiento de las subsistencias, acerca de lo cual ya corrieron rumores de huelga general para el 8 de febrero de 1915[340]. Otra muestra palpable de que el descontento popular provocado por la guerra reactivó a la CNT es que varios de sus nuevos dirigentes eran inmigrantes recién llegados a Barcelona en esos años precisamente (Ángel Pestaña, Manuel Buenacasa, Evelio Boal), que se unieron al ya más experimentado Salvador Seguí.

El tema de la huelga general, que venía discutiéndose en medios anarquistas, sindicalistas y socialistas desde finales del siglo XIX, no significaba lo mismo para los partidos marxistas de la Segunda Internacional, que la consideraban un arma política puntual que podía ser válida para obtener algo concreto (pedir las ocho horas, parar la guerra, derribar un gobierno o un régimen), que para los sindicalistas antipolíticos, que la consideraban un medio para acceder a la revolución social sin etapas intermedias, más allá de la lucha política convencional, electoral y parlamentaria, que a nada conducía[341]. En el «pablismo» dominante en el PSOE las huelgas solo eran aconsejables para lograr el fin limitado de una mejora económica y si eran prudentes pues siempre eran un arma «de doble filo», puesto que ponían en peligro la organización. Realizar un paro nacional, aunque fuese una estricta protesta pública en un día concreto, que es algo que se había ensayado de alguna manera desde 1905, había sido imposible hasta la fecha[342]. Pero las circunstancias cambiaron cuando se consiguió organizar la Federación de ferroviarios, de ámbito nacional, y que estaba capacitada para paralizar el transporte en todo el país, como había intentado ya en 1912, en pugna con el Gobierno Canalejas. La huelga de los ferroviarios de la Compañía del Norte entre el 12 y el 19 de julio de 1916, fue respaldada por los mineros asturianos en solidaridad con estos, decisión tomada por Andrés Saborit por su cuenta y riesgo y al parecer en contra del criterio de la UGT nacional, según contó él mismo[343]. Esta huelga demostró la capacidad sindical de la UGT para organizar un paro nacional y extendió el entusiasmo acerca la idea de tener éxito en esta empresa. La respuesta del Gobierno Romanones fue el cierre de las Cortes, la suspensión de garantías constitucionales y la declaración del estado de guerra. Sobre la solución a la huelga ferroviaria baste decir que condujo inexorablemente a otra un año después, estrechamente ligada al estallido de la huelga de agosto, y se abordará más adelante, pues es el tercer vector que converge en ella.

En cualquier caso, la huelga ferroviaria coincidió en el tiempo con otras no tan exitosas, particularmente la de los 18 000 obreros (sobre todo obreras) del textil del Llano de Barcelona, que terminó perdiéndose, o la de los obreros del mar, también con epicentro en la ciudad condal, que tampoco tuvo una solución muy satisfactoria[344]. Para una CNT en (re)construcción resultaba imperativo en ese momento extender el movimiento huelguístico y aunar fuerzas[345]. Del 13 al 15 de mayo de 1916 se organizó la Asamblea de Valencia, de carácter plural, abierta a sociedades obreras de toda España, aunque capitaneada por cenetistas, con el objetivo explícito de promover una campaña nacional prosubsistencias y ponerse en contacto con la UGT. El Comité designado por la «Asamblea de Valencia» se estableció en Barcelona (calle Mercaders) y lo lideraba Seguí. Como puede verse, vino a coincidir con el congreso ugetista, y sin duda influyó en la inclusión del tema de la huelga general en el orden del día de este, que en parte resultó una respuesta a lo planteado. Y no parece en absoluto casual que el acercamiento entre la UGT y la CNT se consumase en esos días de la huelga ferroviaria o del textil barcelonés. El pacto se firmó el 8 de julio en Zaragoza, en el Centro Obrero de la calle de San Juan, n.º 8, y los abajo firmantes fueron Vicente Barrio (secretario de la Unión), Besteiro (entonces vocal en la UGT, pero vicepresidente del PSOE) y Largo Caballero (vicepresidente de la Unión) por parte ugetista y Seguí por la CNT y el «Comité Asamblea Nacional Valencia». Ángel Lacort, que representaba a los sindicatos locales de la ciudad y sirvió de anfitrión, fue el muñidor de la reunión. En el texto se alude al objeto: «poner de acuerdo a los dos organismos nacionales para que de conjunto realicen una intensa campaña en todo el país, reclamando al gobierno resuelva la crisis de trabajo, la carestía de las subsistencias y una amplia amnistía por delitos político-sociales» y concretaba actos públicos conjuntos para el 16 de julio, se recogía la idea de «la huelga general de un día como acto de protesta» en el plazo de tres meses y proseguir las acciones más adelante[346]. Que yo sepa, el texto ni salió en El Socialista, aunque puedo equivocarme. El 16 no se pudo hacer nada de lo proyectado, debido a la huelga ferroviaria, que lo anegó todo, y la suspensión de garantías constitucionales. Por todo lo anterior no adquirió más visibilidad lo firmado. Saborit afirmó en sus memorias que se había firmado el 17 de julio y que asistía Pestaña[347]. Y esa es la fecha que ha sido adoptada por numerosa historiografía, pero es prácticamente imposible que se acordase ese día, pues el 13, con toda probabilidad viajando desde Zaragoza, fueron detenidos en Barcelona Largo Caballero, Besteiro y Barrio, y no fueron liberados al menos hasta el 18[348]. También fue detenido Seguí. De Pestaña, ni una noticia. Ni él tampoco menciona en sus memorias que estuviera allí o fuera detenido[349]. Por tanto, es muy dudoso que estuviera en la reunión de Zaragoza, por más que se repita continuamente.

En este sentido, la huelga ferroviaria interfirió en la campaña para la huelga general y volverá a suceder lo mismo en agosto de 1917. En el primer caso para retrasarla, en el segundo para precipitarla. A partir de septiembre se reanudó la campaña con mítines y manifestaciones, de éxito mediano, hasta que se anunció el 19 de noviembre la huelga general para el lunes, 18 de diciembre[350]. La reacción gubernamental a la campaña nacional UGT-CNT fue la Ley de Subsistencias ya mencionada, no por casualidad aprobada en noviembre, y la tasa del trigo a 36 pesetas los 100 kilogramos por Real Orden de 11 de diciembre, siete días antes de la proyectada huelga[351]. Lo que venía a subrayar lo «legítimo» que resultaba saltarse las leyes del mercado y controlar los precios.

La huelga de 24 horas del 18 de diciembre fue todo un éxito. Fue dirigida por una Comisión en Madrid en la que había cenetistas madrileños como Mauro Bajatierra (secretario). Los comerciantes, bares y cafés cerraron de forma sorprendentemente unánime, lo que sorprendió a no pocos[352]. En Madrid no hubo pan ni teatros. Los tranviarios, anunciando lo que ocurrirá el año siguiente, no secundaron el paro, colocándose ya en la primera fila del odio popular que estallará en agosto. La unanimidad nacional fue muy elevada y la extensión del movimiento inaudita, lo que reflejaba que el descontento estaba muy generalizado y que el problema permeaba a todas las clases sociales. El «paro mayor […] desde la fundación de la Internacional»[353], «de éxito nunca superado»[354] y otros ditirambos de este tenor. Pero hizo poca o ninguna mella en las autoridades. Alba abandonaba su proyecto fiscal y lo sustituía por un empréstito: en lugar de enjugar el déficit con impuestos a los que más tenían, se endeudaría más con ellos. El Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno Romanones que le respaldaba, y que había decidido volver a cerrar las Cortes, esta vez sine die, fue incapaz en febrero de 1917, incluso de tasar el pan en la capital ante una amenaza de cierre de los tahoneros. El 27 de marzo, todavía estaba Alba requiriendo al Ayuntamiento para que pusiese algún tipo de tasa. Ese mismo día se hacía público, tras una reunión en la Casa del Pueblo, el manifiesto conjunto de la UGT y la CNT convocando la huelga general indefinida, pero sin fecha[355].

Este famoso manifiesto no se recataba en denunciar lo que había logrado hasta entonces la aparentemente draconiana Ley de Subsistencias: «revelar la dependencia vergonzosa en que se halla el Gobierno con respecto a las agrupaciones gremiales más conocidas y más odiadas por los consumidores». Mención honorable para los tahoneros insertada por Besteiro, autor fundamental del texto, y que se hacía sitio junto a los proyectos de Alba y la guerra de Marruecos. Se daba un paso más en la campaña de ambos sindicatos: «con el fin de obligar a las clases dominantes a aquellos cambios fundamentales de sistema que garanticen al pueblo el mínimo de las condiciones decorosas de vida y de desarrollo de sus actividades emancipadoras, se impone que el proletariado español emplee la huelga general, sin plazo limitado». Los «cambios fundamentales» quedaban totalmente inexplicados, única manera de poner de acuerdo a socialistas y anarcosindicalistas. Y la fecha se dejaba a las «condiciones más favorables para el triunfo», sin más concreción. Pese a esto, la respuesta gubernamental fue la detención de los firmantes, la suspensión de las garantías constitucionales y la clausura de la Casa del Pueblo. Entre los signatarios, amén del Comité Nacional de la UGT en pleno, estaban los representantes de las provincias, y, esta vez sí, Pestaña y Seguí por la CNT y Asamblea de Valencia, y Lacort por la Federación de Sociedades Obreras de Zaragoza, circunstancia que sin duda han proyectado muchos estudiosos por error hacia el verano anterior. Pese a que no había declaración de huelga alguna, estalló en Valladolid de forma espontánea entre los nerviosos ferroviarios, claro precedente de lo que iba a ocurrir en Valencia el 19 de julio siguiente, y que revela que no hacía falta recurrir a conspiración alguna, ni gubernamental ni de otra clase, para que surgiesen huelgas inoportunas y antes de tiempo, imposibles de controlar. La tasa municipal del pan, la del «apaciguamiento», también llegó finalmente (bando del 6 de abril). Si iba a estallar una huelga por el motivo de los precios se encontraría por fin un precio político para al menos el alimento básico (a 52 céntimos el kilo)[356].

Pero al entrar la primavera la agitación internacional y la doméstica introdujeron un nuevo vector y los «cambios fundamentales» pasaron a ser el equivalente a traer la República.

4. La esperanza en un nuevo régimen. La huelga republicana

4. La esperanza en un nuevo régimen. La huelga republicana

Vientos de cambio

Vientos de cambio

En la primavera de 1917, la guerra empezó a girar de forma cada vez más evidente hacia la apertura de una ventana de oportunidades políticas para la democracia, las repúblicas, los nacionalismos frustrados (o si se prefiere los pueblos sin Estado), el final de lo que quedaba en Europa de la reacción y el Antiguo Régimen, un Estado social más avanzado y, para los más visionarios, la revolución social misma. Esto, desde su comienzo, había estado más o menos presente y en distinto grado en los deseos de la izquierda española, liberal, republicana o socialista, mayoritariamente aliadófila, es decir, en la práctica, partidaria de Gran Bretaña y Francia, y en los miedos de la derecha conservadora, alfonsina o carlista, en su mayoría germanófila, es decir, en la práctica, partidaria de la neutralidad estricta[357]. Y aunque la guerra no tenía aún visos de concluir, en 1917 varios acontecimientos previos a la huelga de agosto ya señalaban que sin duda esa iba a ser una de las consecuencias ineludibles de la conflagración y de su desenlace probable. Por seguir un cierto orden cronológico: la Revolución rusa de febrero-marzo de 1917 y la caída del zar, la entrada de Estados Unidos en la guerra en el bando de la Entente y la caída, que ya venía gestándose, del rey Constantino de Grecia. La primera Revolución rusa hay que distinguirla propiamente de la segunda, la bolchevique de octubre-noviembre, que no pudo influir, y esto hay que subrayarlo ya desde ahora, en la huelga de agosto. La revolución de febrero condujo no solo al destronamiento de los Romanov, sino que pareció pivotar hacia una república liberal, parlamentaria y constitucional, lo que eliminaba así la contradicción inherente en los aliadófilos de todo el mundo al apoyar a la Entente, con la que se había alineado hasta entonces Rusia, el Estado más autocrático del continente europeo. Por lo que no solo se reforzaba la posición de que la Entente y su futura victoria representaban el triunfo abstracto de las libertades modernas, el progreso, la democracia y la revolución, sino que la guerra y su futuro desenlace eran una amenaza directa y muy concreta en la práctica para monarquías y sociedades jerárquicas de notables como la española[358]. La entrada de Estados Unidos en la guerra, primero contra Alemania en abril de 1917, reforzó aún más la faceta progresista y republicana de la Entente a los ojos de casi toda la izquierda española, y el carácter de la guerra como un enfrentamiento entre lo nuevo y lo viejo. El factótum de la intervención de Grecia en la guerra junto a la Entente desde 1916 —en un largo pulso con el monarca que ya había dividido en la práctica el país en dos—, y el promotor de la sustitución del rey Constantino I por su hijo menor, Alejandro, en julio de 1917 (como un rey-títere, o para los legitimistas un «regente», pues la república no llegaría hasta 1924), fue Eleftherios Venizelos, que como el conde de Romanones, que presidía el Gobierno español desde diciembre de 1915, era el líder más conspicuo de los aliadófilos de su país. Pero Romanones estaba muy lejos de ser Venizelos, y la situación de España era muy distante de la de Grecia, que había doblado prácticamente su extensión a base de guerras de expansión en los anteriores cinco años. Por lo que el conde no podía imponer sus puntos de vista al rey y a su propio partido sin un respaldo más sustancial, lo que condujo a su dimisión en abril de 1917. Junto a estos acontecimientos mayores, pueden añadirse el crecimiento de la agitación huelguística, el descontento y las protestas generalizadas, tanto en los países beligerantes como en los neutrales[359].

Este referente internacional estaba muy presente en los medios y asociaciones de izquierda de la época, y es el contexto cultural en el que los socialistas en particular decidieron enfocar la huelga general que se tenía proyectada tiempo atrás, como se verá, hacia cambios políticos de más altos vuelos. Luis Araquistáin, que dirigía desde 1916 la revista España, financiada por los británicos, y furibundo aliadófilo —y detenido por consiguiente tras la huelga[360]—, dedicó numerosas líneas a los casos específicos de Rusia y Grecia, no siempre de forma muy perspicaz[361], e invocó el espíritu democrático y antioligárquico y el de asociación como la encarnación del Zeitgeist o espíritu del momento, con llamamientos a «un pueblo en masa que se alce contra un régimen caduco y estéril»[362]. Es conocido el macromítin del 27 de mayo de 1917 en la Plaza de Toros de Madrid, solo tres meses antes de la huelga, aliadófilo y republicano (además de antimaurista, pues era contestación directa al mitin del mallorquín de 29 de abril en ese mismo sitio, recién caído Romanones), en el que hablaron entre otros Álvaro de Albornoz, Roberto Castrovido, Lerroux, el socialista Andrés Ovejero, Melquíades Álvarez y Unamuno —otro que fue detenido, tras la huelga de agosto, «algunas horas»[363]—, y en donde se prodigaron por parte de los oradores las alusiones a Rusia, a Grecia y al presidente Wilson. Probablemente el más contundente sobre las lecciones de la revolución de febrero para España fue Lerroux, cuyas observaciones demostraban una sorpresa poco disimulada: «nadie podía colegir que tan pronto un movimiento subversivo habría de derribar aquellas instituciones seculares». En el público estuvieron presentes numerosas representaciones obreras de distintas partes de España con sus estandartes, y en la tribuna de invitados, amén de Araquistáin o Manuel Azaña, estaba Julián Besteiro, líder del PSOE en la práctica, aunque todavía no en la teoría[364].

Las interpretaciones que el PSOE hacía de la revolución de febrero y sus paralelos con el caso español no eran ningún secreto, pues se publicaron en forma de serial en El Socialista. Ahí aparecen, entre otras cosas, el papel de la clase obrera en la revuelta protestando por sus privaciones, promoviendo huelgas o la huelga, la traición de los notables al zar, y el papel de los burgueses progresistas haciéndose con el poder y abriendo un proceso constituyente que pudiese conducir a una república y un parlamento suspendido. Todo con la complicidad o al menos la pasividad de buena parte de las fuerzas armadas y la soldadesca, que en parte se amotinaban, en parte se negaban a disparar sobre las masas, particularmente las mujeres y los niños que al menos en Petrogrado tuvieron un papel considerable en las protestas. Este punto de vista, que además de aliadófilo vislumbraba para la clase obrera el papel de apoyo y sostén de la burguesía progresista en la construcción de una democracia liberal como primera fase ortodoxa de la evolución política futura del país, era hegemónico entre los dirigentes socialistas, y no solo en España[365]. Pero no en todo el movimiento obrero: en sectores minoritarios del PSOE —Mariano García Cortés, por ejemplo—, que luego confluirán con otras corrientes de opinión en la futura escisión, se sostenía la teoría de que la guerra era un conflicto entre potencias capitalistas, en el que a la clase obrera no se le había perdido nada. En la organización madrileña hubo de imponerse tras intenso debate el criterio de que la causa de la guerra era «Alemania» y no el «capitalismo», y Pablo Iglesias como máximo dirigente «propuso que el sindicato se sometiera a la dirección del partido y realizara un debate sobre la cuestión de la neutralidad» en su próximo congreso extraordinario del 1 de julio de 1917[366]. Resulta extraño afirmar, por tanto, que «no es raro que los líderes más ancianos del partido socialista no acogiesen con simpatía a la Revolución rusa»[367], lo que puede ser válido, pero solo tras la toma del poder por los bolcheviques. Por otra parte, entre los cenetistas el punto de vista mayoritario era que la del 14 era una guerra entre capitalistas[368], y aunque aceptaban a regañadientes el papel secundario y de apoyo del movimiento obrero en la «revolución» que se avecinaba, en el esbozo de programa de gobierno futuro que realizaron con fecha de 16 de julio dejaban sus deseos muy claros: «declaración inmediata de que no se intervendrá en la guerra europea» y «que se facilitará por todos los medios la revolución en todos los países beligerantes, para que se libren de las oligarquías pretorianas y financieras, causantes de la guerra», así como la creación de comités de representantes obreros «que fiscalicen y controlen las órdenes de los Comités político-burgueses, particularmente cuando se refieran a intereses de la clase obrera», con poder de veto para los sindicatos «para aceptar o desechar las leyes que promulgue el Parlamento Constituyente». Todo esto recuerda mucho a la diarquía que existía en esos momentos en Rusia entre la Duma y el gobierno provisional por un lado, y los soviets con el de Petrogrado a la cabeza, por otro[369]. Estos puntos de vista contribuyen a explicar el escaso entusiasmo inicial de El Socialista por la revolución de octubre —es decir, la del 7 de noviembre—, que se veía como el triunfo de una paz separada de las «democracias» y de ideales «inoportunos» y «funestos», que daban tristeza y dolor[370]. Ello contrasta con las grandes simpatías que las posiciones bolcheviques van a tener inicialmente en la CNT, gran suministradora futura de militantes comunistas, fieles a Moscú o no, de Joaquín Maurín a José Díaz, pasando por Andreu Nin, aunque todo esto pueda parecer sorprendente hoy.

Un amplio frente de oposición

Un amplio frente de oposición

A este panorama internacional se le añadió de inmediato en el caso doméstico español un inequívoco malestar de militares, clase media, parlamentarios y catalanistas, acumulado de tiempo atrás, pero hecho muy explícito contra el Gobierno de García Prieto, que sustituyó al de Romanones, y más tarde contra el de Dato, que reemplazó al anterior en junio de 1917. Parecía presentarse una coyuntura muy favorable, cuando menos para la apertura de un proceso constituyente de futuro incierto, cuando no un acto contundente que catalizase la arribada de un nuevo régimen. También proporcionaban un frente amplio de oposición interclasista al funcionamiento de la monarquía, más allá de los obreros, más allá de las izquierdas y más allá de la estricta política, pues los agravios profesionales y corporativos de las Juntas de Defensa (es decir de buena parte de los militares) pronto encontraron eco en otros cuerpos del Estado que formaron agrupaciones similares. Entre otros, algunos funcionarios civiles de los ministerios (Correos y Telégrafos, Hacienda) y los guardias de Seguridad de Madrid. Estos crearon una Junta de Defensa de Madrid del Cuerpo de Seguridad en julio de 1917, y ante la respuesta del general Manuel de la Barrera, al frente de la Dirección General de Seguridad (que separó del cuerpo a siete agentes, con traslado de otros 13), hicieron un amago de plante, es decir, negarse a prestar servicio el 6 de agosto, pero fueron «reducidos en seguida, viendo que prestaba servicio la Guardia civil»[371]. Esto ocurrió la semana anterior a la huelga general, lo que resulta interesante, pues reafirmaba la convicción de los republicanos y del movimiento obrero de que existía la posibilidad de que las tropas, e incluso en este caso los policías, aparentemente muy descontentos, hiciesen como en Rusia o Grecia, es decir que parte de ellas al menos se comportasen como mínimo de forma pasiva en la represión del paro, sin pegar duro.

Esta creencia estaba muy extendida, y resulta un tanto ventajista hoy resaltar su ingenuidad. Ello conllevaba en el plan de la huelga dar vivas al Ejército (lo cual se hizo en el transcurso del paro), no llevar armas (lo que criticaron Prieto o Bajatierra entre otros, como ya se ha visto) y tener una actitud pacífica. La creencia la compartían los republicanos, como demuestra el testimonio de Marcelino Domingo, uno de los más implicados en el movimiento: «creíase, inocentemente, que el Ejército confraternizaría con el pueblo»[372]. De hecho, Domingo, con artículos como el famoso «¡Soldados!» de La Lucha, pedía abiertamente a los soldados que no dispararan a las «clases sociales [que] van a formular públicamente otra demanda […] Van a pedir que abandone el más alto poder del estado el hombre que no ha sabido ejercerlo». Precisamente en los juicios posteriores a la huelga se insistiría mucho en la acusación de incitación a la rebelión militar, esto es, pedir a los soldados que no obedecieran a los oficiales, basándose en este tipo de textos de Domingo, que ya era muy conocido por esta clase de invitaciones y que será el motivo principal de su detención en los días de la huelga[373]. Pero ese artículo es del 20 de junio, en plena campaña de excitación pública previa a la Asamblea de Parlamentarios, como otros muchos, incluido el famoso programa cenetista que comentamos antes, aparecido dos días antes del 19 de julio. Pero también sospechaban que esto podía producirse las gentes de orden, como Miguel Maura en carta a su hermano comentando la represión del movimiento: «la tropa extraordinariamente bien, porque ha pegado con saña y no ha perdonado medio de hacer pupa»[374]. Las dudas de todos eran: «¿Pegarán los soldados?… Si pegan, bien, pero si no… Y los soldados pegaron»[375].

Que había un boceto de plan republicano-socialista para traer un cambio de régimen, implicase o no un reparto de carteras del que se ha hablado en un futuro gobierno provisional, parece evidente. Y es obvio que Melquíades Álvarez, Francesc Macià, Lerroux, Ángel Samblancat y por supuesto Domingo, tenían unos papeles asignados, el primero en Asturias y el resto en Barcelona. Que Lerroux defraudase a propios y extraños, «ya que en sus balbuceos había una indecisión dolorosa»[376], y se escapase a Francia, al parecer tras un soborno a Francisco Martorell, jefe de Policía en Barcelona[377], es una cosa. Pero que los republicanos estuviesen ausentes de la huelga es otra. Sin duda hubo jóvenes republicanos entre los alborotadores, y no solo en Barcelona. No debe olvidarse que el centro de los organizadores en Barcelona era la Casa del Pueblo radical, centros republicanos que fueron cerrados en casi todos los sitios, que Buxadé, refiriéndose a los violentos, afirma que fueron los anarquistas de la ciudad «y cuatro exaltados republicanos impulsados por la impaciencia»[378], que, por cómico que les pareciese a algunos, en Cistierna se proclamó la República[379], que en Madrid se nos habla esos días de huelga de una «enorme manifestación dirigida por un batallador exdiputado a Cortes y abogado popular»[380], y que Soldevilla nos relata en Bilbao con detalle el caso de dos guardias municipales —Manuel Barbero y Rafael León, uno muerto y otro detenido— «acusados de haber hecho armas contra el Ejército», que eran «afiliados al partido republicano»[381]. Aunque «la defección de la burguesía» en la huelga de agosto se convirtió en un lugar común del movimiento obrero y la izquierda española, más o menos justificado, la participación de los republicanos más jóvenes y radicalizados parece demasiado subestimada.

Dicho esto, hay que recalcar que toda la campaña para desencadenar una insurrección republicana, con acompañamiento de huelga, incluidas hojas volanderas incendiarias —las que luego usa Burgos y Mazo en su libro—, unas reales y otras fruto aparente de la intoxicación de las propias autoridades, se centró en la llegada al poder del gobierno de Dato el 11 de junio de 1917 y la convocatoria posterior de la Asamblea de Parlamentarios paralela de Barcelona con las Cortes cerradas, es decir en los días previos al 19 de julio. Visto con perspectiva histórica, si se trataba de lanzar una huelga en pro de un gobierno provisional y unas Cortes constituyentes, que intentaba algún tipo de cambio de régimen —como iba a afirmar abiertamente el manifiesto socialista del 12 de agosto— y hacerla con la connivencia, o al menos la benevolencia, de los «burgueses», resulta incomprensible que no estallase el mismo 19 de julio. Puesto que los parlamentarios díscolos que lideraba Cambó pedían exactamente lo mismo, parece lo más natural que hubiese empezado la huelga entonces, con orden de no terminar hasta que el poder hubiese hecho concesiones. Pero parece que solo se barajó esa posibilidad si se procedía con violencia contra los parlamentarios, lo que no ocurrió[382]. Todo se pospuso a nuevas reuniones futuras de la Asamblea y ver qué salía de todo ello. Por lo que la huelga en principio quedó desactivada o aplazada sine die.

Que el 19 de abril era la señal oportuna para la huelga general fue también la interpretación que le dieron en Valencia, donde no se esperó más; es posible que por la influencia de los republicanos: los blasquistas de Félix Azzati. A Azzati le votaban y apoyaban los trabajadores de la ciudad, incluidos los anarcosindicalistas, como a tantos republicanos. La leyenda de que era un agente provocador del Gobierno se forjó, en mi opinión, porque la represión de esta huelga fue de manera precisa el hilo que condujo a la de agosto, que a su vez se consideró provocada por el Gobierno[383]. Parece más plausible que fuese una consecuencia del modus operandi habitual al que recurrían los gobiernos ante movimientos como el de la Asamblea de Parlamentarios: la suspensión de garantías y una tupida malla de censura y desinformación en torno a este evento. De modo que era imposible enterarse con certeza de lo que pasaba en realidad en Barcelona, corriendo como la pólvora todo tipo de rumores, por lo que la huelga se declaró «suponiendo que la Federación así lo había acordado en toda España»[384]. Hubo barricadas, dos muertos y fuertes represalias, particularmente sobre los ferroviarios y tranviarios. Pero sin necesidad de ningún Azzati, parece que también hubo huelga en Santiago de Compostela, con declaración del estado de guerra, según Soldevilla[385]. La censura llegó a ser tan insoportable que los directores de periódicos tuvieron que protestar todos juntos para que se retirase, lo que se logró el 29 de julio. Pero la huelga general no estalló.

Y es que a la huelga le faltaba un nuevo haz de luz sobre el prisma, y pese a que los socialistas intentaron dotar de componentes sociales y políticos más avanzados y amplios a un medio de protesta hasta entonces casi exclusivo de los medios sindicales, el impulso decisivo e irresistible le llegó finalmente de las demandas de los propios medios sindicales.

5. Podéis estar tranquilos, nunca caminaréis solos

5. Podéis estar tranquilos, nunca caminaréis solos

Las huelgas planteadas por ferroviarios y metalúrgicos serían las que precipitasen el estallido de la huelga general. La de ferroviarios se inició el viernes 10 de agosto por la noche, y la de metalúrgicos, en apoyo a su vez del pleito que sostenían los de Vizcaya desde el 4 de julio, estaba pensada para el mismo día y que coincidiese sin duda con la anterior. Pero al final se aplazó al lunes 13 de agosto. El ambiente huelguístico se había recrudecido en verano, con muchas huelgas parciales en julio, y sin duda el ambiente político lógicamente ayudaba a ello[386]. Tanto la del metal como la del ferrocarril procedían de pleitos del año anterior no bien resueltos y en los que los obreros se consideraban siempre burlados porque consideraban que los patronos traicionaban lo que habían pactado o firmado en una huelga previa. En realidad, no solían firmar nada porque no reconocían siquiera la personalidad de las sociedades ni las consideraban representativas de sus trabajadores, y de ahí la importancia para la UGT de estos conflictos, y en particular el de los ferroviarios, que no era un pleito cualquiera, sino uno que afectaba a lo que se llamaban «servicios públicos». Así lo supieron ver los contemporáneos que le prestaron bastante atención. Incluso Lacomba en 1970, cuando todavía no había libertades sindicales, se la presta. Por el contrario, en los relatos actuales sobre la huelga de agosto no se le da suficiente importancia, o a veces incluso desaparece y no se menciona.

La huelga de ferroviarios fue una respuesta sindical a la actitud de la Compañía del Norte con los represaliados de la huelga de Valencia del 19 de julio, pero remontaba su origen en realidad a la solución dada al conflicto del 12-19 de julio de 1916, es decir, de un año antes. La huelga del Sindicato del Norte de 1916 comenzó con una serie de peticiones explícitas, que giraban en torno a una modificación unilateral de las gratificaciones y salarios del personal que había anunciado la Compañía, pero que no había negociado con el sindicato, con el que no se comunicaba más que por circulares. Una vez estallado el conflicto, el día 15, delegados de la UGT y del PSOE se entrevistaron con Romanones como presidente del Gobierno y le propusieron un arbitraje. Por una Real Orden, Romanones entregó el asunto el 17 al IRS, que entonces presidía Gumersindo de Azcárate y en el que había representantes socialistas. La sola noticia de que iba a haber un arbitraje supuso el final de la huelga, hecho muy demostrativo de lo que buscaban los sindicatos. La resolución no tardó demasiado, y el 28 de julio se hacía pública juzgando de forma salomónica las distintas peticiones. Pero al recabar información, el IRS descubrió que el principal motivo de litigio estaba oculto y no expreso, y consistía en el «reconocimiento de la personalidad de las Asociaciones obreras en las relaciones entre el capital y el trabajo, en especial para reglamentar y condicionar la mejor solución de los conflictos que entre patronos y obreros se susciten». Y por ello, en sus conclusiones advertía que «la Compañía está obligada a reconocer la personalidad de las Asociaciones y Sindicatos que legalmente constituyan sus empleados y obreros» y «tratar con dichas Asociaciones». Aunque hubo votos particulares, lo fueron por el tema de los salarios, pero no por este, y fueron respaldadas por conservadores como Joaquín Sánchez de Toca[387]. Con posterioridad, Daniel Anguiano, presidente de la Federación Nacional de ferroviarios, incidiría en que la huelga se había producido «porque la Compañía no quería tratar directamente con el personal ferroviario organizado»[388].

Había, por tanto, luz verde y la respuesta de Romanones no se hizo esperar: el 10 de agosto de 1916 (Gaceta del 11) aparecía un Real Decreto, firmado por él mismo, que recogía en su artículo primero: «las Compañías o Empresas industriales que, en virtud de concesión del Estado, tengan a su cargo servicios públicos, están obligadas a reconocer la personalidad de las Asociaciones o Sindicatos que legalmente constituyan sus empleados y obreros», y si las empresas se negaban a negociar, el tema pasaría al Gobierno, que se apoyaría en el IRS para sus resoluciones. Bien es verdad que faltaba el reglamento, siguiendo la que se dice que era la filosofía del propio Romanones, bien para deformar el sentido de la ley, bien para retrasar su aplicación. De hecho, tardó la friolera de siete meses en aparecer, con fecha de 23 de marzo de 1917 (Gaceta del 24). Si se espera un poco más el conde, nunca se habría publicado, pues el Gobierno aguantó menos de un mes más. El reglamento, muy puntilloso en el tema del apoderamiento de los representantes sindicales, especificaba que las compañías afectadas eran las que «por virtud de concesión administrativa, tengan a su cargo los servicios públicos de ferrocarriles, tranvías, teléfonos, telegrafía sin hilos y los de abastecimiento de agua, luz y fuerza motriz a las poblaciones», pero ampliaba el perímetro a las empresas o «entidades patronales» que tuvieran más de 300 operarios y que quisieran acogerse de común acuerdo con estos. También incluía en su artículo 21 un arbitraje (voluntario) de tres patronos, tres obreros y un presidente, elegido de común acuerdo por estos, sin especificar qué pasaría en caso de desacuerdo. Todo un esbozo de relaciones laborales que desarrollarían la Dictadura y la República. Pero el más importante era el artículo 3:

[las empresas] deberán tratar, con quienes representen legalmente a aquellas Asociaciones, de las peticiones o reclamaciones de carácter colectivo que éstas formulen acerca de las condiciones del trabajo que los asociados realicen al servicio de dichas Empresas. [La cursiva es mía].

Bien es cierto que no se prometía sancionar a las compañías que se negaran[389].

Sin duda, todo esto resultó un gran éxito para el movimiento obrero y sindical. Hay que tener en cuenta que apenas habían transcurrido siete años desde la derogación expresa del artículo 556 del Código penal, que castigaba las coligaciones obreras. El problema se suscitó, sin embargo, en el primer momento que tuvo que ponerse a prueba. Tras los despidos provocados por la huelga general de julio de 1917 en Valencia, la Compañía del Norte se negó a las readmisiones de los ferroviarios. Contrastaba poderosamente con lo que había ocurrido con los huelguistas de Valladolid tan solo tres meses antes, que fueron readmitidos gracias en gran parte a la labor del Gobierno Romanones, como reconocía Anguiano[390]. Pero en julio, el clima político había cambiado mucho, y los conservadores de Dato estaban al frente del Gabinete. Pese a que la huelga valenciana había sido política y en absoluto dirigida contra la Compañía, la empresa aprovechó la situación para hacer una «selección» entre su personal más díscolo, inveterada costumbre de algunas empresas españolas que continuó hasta octubre de 1934. El día 2 de agosto presentaban las distintas Secciones del Sindicato los oficios de huelga, ciudad por ciudad, para el día 10. Y aparecían en Valladolid ese mismo día 2 un par de sueltos (A la huelga y Manifiesto) donde se explicaba que desde la huelga de julio de 1916, la Compañía aplicó «con los compañeros que más se distinguieron en la lucha todo género de persecuciones y castigos, tales como despidos, postergaciones y traslados» y procedió a «conceder ascenso a todo el personal que durante la huelga se quedó prestando servicio, vulnerando así los reglamentos interiores de la Compañía», para acabar con el «despido de cuarenta y tres compañeros de Valencia», a causa de que el movimiento fue ilegal, «movimiento que no iba contra ella dirigido»[391].

El vizconde de Eza, entonces ministro de Fomento, expuso el problema el día 3:

[la empresa] al admitir al personal que abandonó los puestos, ha querido hacer una revisión, y a los admitidos les ha dado el trato de nuevos empleados; es decir, que no les reconoce ninguno de los derechos de jubilaciones, Montepío, etc., que tienen los antiguos. Esto lo hace la Compañía en uso de su perfecto derecho, y cumpliendo el reglamento.

A los promotores de la huelga y a los agresores de esquiroles (unos 32) simplemente se negaban a admitirlos[392]. Pero poco después, el 7 de agosto, el Sindicato del Norte entregaba una nota al Gobierno donde explicaba que la compañía había faltado al «pacto», a su «firma» y «compromiso» de hacía un año, y al «fallo» del IRS, esto es, se negaba a tratar con ellos los asuntos laborales. Pero «caso de que la Compañía acepte entrar en ellas [las negociaciones] con la representación del Sindicato del Norte» se comprometían a dilatar el comienzo de la huelga. El Gobierno contestó con otra nota al día siguiente donde explicaba que la Compañía:

[…] no tenía inconveniente en discutir […] directamente con su personal, todas las materias contenidas en el artículo 3.º del citado Real Decreto, si bien la Compañía entendía que de aquél se hallaban excluidos los referentes a reparaciones y correcciones reglamentarias que son facultativas de la Compañía, sin que pueda compartirlas o limitarlas.

La empresa ya se convertía en intérprete unilateral de la ley. El ministro de Fomento asumió un papel un tanto kafkiano de correveidile, traductor o profesional de la tercería, mandando y recogiendo notitas de empleados y empresa, pues esta se negaba a sentarse con aquellos. El mismo día 8 contestaban los ferroviarios y se plegaban a retirar los oficios de huelga, entendiendo que «se consigna de modo expreso el ofrecimiento de que la Compañía no tiene inconveniente en discutir directamente con su personal, cosa no ofrecida en términos tan categóricos [antes]»[393].

Pero la contestación de la empresa no se hizo esperar. El mismo 8 negaba haber «firmado jamás pacto ni compromiso alguno […], con o sin intervención del Gobierno», que no había habido «fallo alguno» del IRS sino un informe, y que «readmite a todos, conservándoles todos sus derechos a muchos centenares de agentes que, abandonando el servicio, renunciaron a sus destinos, sin otra excepción que la de los 32 especialmente responsables». Esa misma noche, informados por el propio ministro, los representantes sindicales renunciaron a retirar los oficios.

Pero entiéndase bien […] que no es que pretendamos la admisión incondicional de todos los obreros que han abandonado el trabajo. Lo que pretendemos es deliberar en cada uno de los casos, y si la Compañía nos demuestra la justicia de sus determinaciones, nosotros las acataremos[394].

La Compañía cerró cualquier posibilidad de diálogo el día 9:

[hablaría] sobre las peticiones y reclamaciones de carácter colectivo relativas a las condiciones del trabajo; pero de ningún modo las correcciones y reparaciones disciplinarias que la Compañía ha impuesto o imponga en lo sucesivo.

Para más humillación aceptaba además como representantes, en lugar de a los del Sindicato, «a las personas que estimase el mismo Gobierno». El tema de la disciplina y la autoridad, es decir del mando en la empresa, lo defendía de un modo casi militar. Lo demás era accesorio. El clavo en el ataúd lo puso el propio Gobierno: «considera que nada le es dado hacer. Por cuanto la facultad que la Compañía se reserva es legal y socialmente indispensable», para rematar que «se atiene al estricto cumplimiento de las leyes»[395]. Al parecer, ni para la empresa ni para el Gobierno Dato los despidos eran un tema laboral, ni tenía que ver con las «condiciones de trabajo». Ya lo expresó Anguiano: «En el Real Decreto reglamentando esto no se dice que la Compañía no puede tratar con la organización de las cuestiones que afectan al personal»[396]. Pero todavía un año después, Dato, faltando a la verdad, decía que el problema había sido que la empresa no podía conceder «el reingreso de los agresores», cuando la cuestión que se dirimía es que se negaba a hablar de ese asunto con sus trabajadores, incumpliendo la ley, con el consentimiento, y quizá el asesoramiento, del Gobierno conservador[397]. La minireforma laboral de Romanones se fue así por el sumidero, y una ley aprobada por los mismos gobiernos de la monarquía se quedó en papel mojado. Había durado cuatro meses escasos. Hubo aún una nota final de los ferroviarios declinando la responsabilidad y denunciando que «el Gobierno antepone a los intereses de la Patria y de la clase trabajadora los intereses particulares de las Empresas capitalistas», pero la censura gubernamental la fulminó, aunque se les coló en algún diario de la extrema derecha[398]. El daño de todo esto fue incalculable, pues para el sindicalismo por venir no podía estar más claro que las leyes laborales eran inservibles y no se cumplían; solo la fuerza sindical podía doblegar a los patronos y, esta vez sí, hacerles firmar. Inmejorable noticia para la acción directa, pero pésima para la política. La CNT tomaría buena nota.

Es muy comprensible, expuesto lo anterior, que casi todos los contemporáneos consideraran al Gobierno responsable directo del estallido de la huelga ferroviaria, por cálculo político, torpeza, falta de voluntad política para imponerse a las grandes compañías o todo esto combinado. Lógicamente, que Dato (el presidente) hubiese pasado por el consejo de administración de la Compañía Ferroviaria Madrid-Zaragoza-Alicante (MZA), por el que había desfilado también Bugallal (Hacienda), no ayudó mucho tampoco. Más que puertas giratorias eran actividades complementarias, y ellos legislaban sobre compañías de las que eran consejeros, entrando y saliendo de ellas… cuando eran ministros, «muestra de hasta dónde podía llegar su influencia y la catadura moral de los padres de la patria del momento»[399]. Burgos y Mazo, que era ministro de Justicia de ese Gobierno, acusó a los liberales de su «intervención desacertada» en julio de 1916 (acusación que se repetiría hacia Romanones en el pleito de La Canadiense), y reconoció que la empresa se encontró demasiado segura del apoyo del poder público, es decir, del gabinete del que él formaba parte. Pero lo más importante es que se quejó amargamente de que no había una ley de contrato de trabajo que impidiese los despidos arbitrarios y limitase la omnipotencia de la Compañía, que debía haber escuchado al menos a sus empleados[400]. Pero quizá la pregunta que debía haberse hecho el ministro de Justicia era por qué no existía dicha ley, y por qué no la impulsaron ni su Gobierno ni otros que le precedieron o sucedieron. Lo cierto es que una ley, buena, mala o regular, había, pero no se quiso aplicar. Tampoco se consultó al IRS o se pidió un arbitraje. Por ello, la responsabilidad gubernamental en el estallido de la huelga ferroviaria es insoslayable.

Pero no estaba en su mano que se hiciese general y la forma concreta en que se iba a desplegar. Siguiendo a Araquistáin, «lo probable es que el Gobierno no pensara entonces que la huelga general era tan inminente […], creyó acaso que lo más adecuado era combatirla en batallas parciales sucesivas, en vez de esperar a que surgiese de pronto y en conjunto». Es decir, ir agotando a los sindicatos por sectores (sindicatos en Valencia, metalúrgicos en Bilbao, ferroviarios) en lugar de afrontar un paro en todo el país[401], que se supone es lo que Sánchez Guerra en Gobernación quería evitar. Es bastante seguro que buscase desarticular o dar un escarmiento a los ferroviarios, para privar de este apoyo a cualquier movimiento futuro, visto lo que haría este mismo personaje frente a otras huelgas venideras (la de funcionarios de Correos y Telégrafos, por ejemplo). La principal acusación personal y directa contra él no viene de socialistas ni militares, sino de Buxadé, uno de los primeros cronistas de la huelga: que «el ministro de Gobernación, contra la opinión de los ministros de Hacienda y Gracia y Justicia, y con la resuelta oposición del de Fomento, llegó a imponer a este el criterio de que debía facilitar la declaración de la huelga»[402]. Es evidente, como vamos a ver, que el protagonismo de Sánchez Guerra con la censura y la represión, las calumnias en la prensa, que se le atribuían, y varias iniciativas retadoras, vistas por muchos como chulescas y despectivas, atrajeron bastante odio, y no solo de los huelguistas. Lo que no puede sostenerse es que el Gobierno, haciendo saltar la huelga, rompiese por ello ningún frente unido contra él, porque ni junteros ni lligaires ni las organizaciones obreras tenían comunidad alguna de intereses ni de objetivos, pese a las apariencias.

En el envite del día 10, no solo estaba en juego, por tanto, la solidaridad con los ferroviarios del Norte, sino el reconocimiento de los sindicatos como interlocutores legales obligatorios en toda la extensión de la palabra. Además, a los ferroviarios les acompañaban también los del metal. En este sentido, este conflicto ha sido más olvidado por la historiografía, opacado por el de los ferrocarriles. Aunque el pleito venía de más atrás, de principios de julio, por el tema de los aumentos salariales y las nueve horas, la huelga del metal en Vizcaya se hizo explícita el 21 de julio, en uno de los sectores que más beneficios había acumulado durante la guerra, como aquí se ha explicado. Afectó a unas 20 000 personas y encontró una feroz resistencia en Altos Hornos de Vizcaya (AHV), empresa protegida por las fuerzas armadas[403]. Indalecio Prieto denunció que casi todo el consejo de administración de AHV, incluido su presidente, eran del partido político del presidente del Gobierno, Eduardo Dato. Lo que confirmó este jocosamente: «¡Y todos amigos míos, además de correligionarios!». Y acusó al Gobierno de impedir por ello un arbitraje. Es decir, lo mismo que con los ferroviarios[404]. El día 3 de agosto, el Sindicato Metalúrgico de Vizcaya pidió ayuda a la Federación Nacional de su industria (de la UGT), presidida por Severo García. Por entonces la huelga ya se había ramificado hacia Salamanca, Vitoria o Asturias. El Sindicato de mineros vizcaínos, que presidía Vicente Aréchaga, también ejercía la solidaridad, y en una circular «que oprime el ánimo», buscaba recaudar recursos para la huelga «que sostienen los compañeros y obreros del hierro» y «recoger criaturas de huelguistas»[405]. La Federación decidió recurrir a «una fuerza superior que de una vez influya en la solución» y «declarar la huelga general de metalúrgicos en toda España el día 10 del corriente en solidaridad con los compañeros huelguistas y como protesta contra la conducta de las autoridades». Pero la circular incluía una extraña nota adjunta que rectificaba lo anterior: «teniendo en cuenta las observaciones que nos hacen algunas secciones, este Comité acordó fijar la fecha del 13 del corriente para declarar la huelga general»[406]. Lo hizo para que no coincidiera con la que se avecinaba de ferroviarios y esperando el apoyo de otros sindicatos, pero es obvio que el lunes 13, ferroviarios y metalúrgicos de toda España iban a estar parados al unísono, y con bastante probabilidad les acompañarían los mineros por solidaridad, como ya había ocurrido el año anterior. Qué duda cabe que esperaban un respaldo unánime de la clase obrera española. Aun así, Saborit aseguró que el Sindicato del Norte decidió la huelga el 9 de agosto por un solo voto[407].

6. El despliegue de la huelga

6. El despliegue de la huelga

El planteamiento inicial

El planteamiento inicial

La teoría de la «provocación» y el maquiavelismo del Gobierno lo que delata en definitiva es que las sociedades obreras no estaban preparadas para una huelga general y no la deseaban para ese momento, pero en esas circunstancias impedirla parecía ilusorio. Un artículo en El Socialista del día 10 —«Cosas veredes…»— sirvió como señal. El día elegido era el lunes 13. Incluso Pablo Iglesias —ya en retirada por su mala salud—, al parecer no habló de impedirla, sino de presentarla como una huelga de protesta solidaria por el trato a los ferroviarios. Fue idea casi personal de Besteiro introducir básicamente los mismos objetivos que los de la Asamblea de Parlamentarios, si bien estaban en perfecta consonancia con la preparación de la huelga republicana. Los ferroviarios aún aparecían en el manifiesto, aunque no se ligaba el final de la huelga a una solución de su pleito. Es de suponer que se esperaba que, si triunfaba, el cambio de régimen lo resolvería de forma automática. Los metalúrgicos no aparecían, lo que ha contribuido a su parcial olvido. Con la censura y las malas comunicaciones es bastante posible que en algunas comarcas españolas se desconociese el real objetivo de la huelga. En cualquier caso, los cenetistas y los republicanos se vieron impelidos a secundarla, pero la iniciativa en todo momento fue socialista. En Barcelona, es interesante ver que los sueltos y proclamas sindicalistas convocando a la huelga no se centraban en la política ni en ningunas Constituyentes, sino precisamente en la solidaridad y apoyo a ferroviarios y a metalúrgicos, que en estos textos sí aparecen muy a menudo. A Burgos y Mazo se le olvidó incluirlos en su libro, porque no avalaban su teoría de la «revolución», pero no así a Buxadé: el llamamiento a la huelga comienza con «las organizaciones obreras de toda España, haciendo causa común con los ferroviarios del Norte y metalúrgicos de Bilbao, han acordado por solidaridad», «los metalúrgicos bilbaínos y los ferroviarios del Norte, pueden estar tranquilos», la huelga de mañana está «motivada por la actitud del Gobierno en la de ferroviarios y en la de metalúrgicos de Bilbao», etc.[408].

En Madrid se situó el Comité de huelga (llamado «Comité revolucionario» por parte de la prensa) formado por Besteiro, Saborit (vicepresidente y vicesecretario por el PSOE), Largo Caballero y Anguiano (lo mismo por la UGT, y el segundo, presidente de los ferroviarios). Se escondieron en el domicilio de Gualterio José Ortega y su mujer, Juana Sanabria, en la calle del Desengaño. Virginia González se les incorporó para ayudar al matrimonio. Allí fueron detenidos todos muy pronto, el 14 por la noche, al día siguiente de comenzada la huelga y en el momento en que se disponían a cenar. La Policía y Sánchez Guerra (El Liberal describe el encuentro con periodistas donde lo explica) difundieron a algunos periódicos que los cinco estaban ocultos de formas rocambolescas y que habían opuesto resistencia. El ABC no picó. El Liberal a medias: se tragó lo del colchón de Largo Caballero y los escondites, pero luego quitó lo del colchón y la resistencia. Pero peor fue el Heraldo de Madrid, que añadió una cama, una cortina y hasta un armario ropero, pero que sin embargo no menciona ninguna tinaja[409]. También hubo problemas desde el principio con los ferroviarios, puesto que los del Norte pararon a partir de las ocho de la tarde del 10, pero cuando la huelga se generalizó recibieron la solidaridad de metalúrgicos, mineros, panaderos o tipógrafos, pero no la de los propios ferroviarios de las otras compañías: los de la MZA (Madrid-Zaragoza-Alicante) y la MCP (Madrid-Cáceres-Portugal) que sorprendentemente no pararon. Las acusaciones de traición se centraron en la figura del secretario (Anguiano estaba preso) de la Federación nacional ferroviaria, Ramón Cordoncillo. Acusado de ser pariente de Julio Amado, político conservador y director de La Correspondencia Militar, y de haber boicoteado la huelga en estas dos compañías, por sus defectuosas gestiones, terminaría expulsado de las filas ugetistas a la hora de saldar cuentas. Saborit acusó a la no incorporación de MZA y MCP (y por tanto a Cordoncillo) de haber impedido que el 16, Dato hubiese entrado en negociaciones y haber logrado una transacción, aunque más adelante dice que fue el 15. También señaló la responsabilidad de Anguiano por su falta de «autoridad moral» entre los ferroviarios, añorando a Vicente Barrio. Tras esto concluye: «Ahí estuvo al fracaso de la huelga de agosto. Ahí nació la traición»[410]. Se hacía eco de los reproches posteriores, donde la palabra «traición» respecto a los ferroviarios estuvo en muchas bocas.

Por hacer un balance rápido, con el problema antedicho de los ferroviarios, la huelga fue un éxito en Madrid, donde no fue insurreccional pero sí multitudinaria, algo nunca visto en la capital, donde las masas solo se movilizaban para sentar la mano a los tahoneros y vendedores de ultramarinos. Pararon las cuencas mineras de Asturias, León y Palencia, de Vizcaya (donde contó con el soporte de Bilbao y los metalúrgicos) y las del sur: Peñarroya, Linares-La Carolina, Riotinto, donde sucedieron los mayores incidentes (en Nerva, Huelva), y Cartagena. También tuvo importancia en Cataluña, con graves enfrentamientos en Barcelona, Sabadell y Tarrasa. Como se ha visto en el capítulo anterior, en Barcelona fue detenido Marcelino Domingo, que corrió serio peligro. El saldo catalán en víctimas «oficiales» fue el más elevado (más de la mitad del total). Duro mentís a las acusaciones de Saborit de que los anarquistas «no dieron el do de pecho» y «secundaron la huelga sin entusiasmo»[411]. También fue importante en Zaragoza (aunque sin el paro de los trenes resultó un tanto decepcionante para los organizadores) y Alicante, más que en Valencia capital, que ya venía arrostrando las secuelas del conflicto del 19 de julio. Yecla (Murcia) y Villena (Alicante) quedaron aisladas del resto del país, lo que agudizó la pugna por el poder local. Amén de Vizcaya fue importante en Guipúzcoa (Éibar, Beasaín, Pasajes y Rentería). Y en general, en las capitales de provincia, donde duró de tres a cinco días, y se hizo notar en casi todos los casos en las grandes y medianas poblaciones, incluida la Salamanca de Unamuno, Gijón o Miranda de Ebro. Hubo motines graves en varias cárceles con la Modelo de Madrid a la cabeza. Y hubo un descarrilamiento con víctimas en Vizcaya a causa de la huelga, aunque no está claro que por sabotaje deliberado de los huelguistas. Andalucía (Sevilla[412], Córdoba o Málaga, donde se intentó empezar el 16[413]), Galicia (La Coruña), Extremadura y La Mancha no la secundaron en exceso, salvo el caso de Vigo. Parece que el grado de ruralización de los trabajadores fue decisivo. El campo, como es sabido, estuvo muy ausente: su propio ciclo de protestas (y el andaluz) se iniciaría al año siguiente[414]. Pese a los evidentes flancos débiles y que no puede decirse que fuera un éxito organizativo ni que tuviera la extensión de la de diciembre de 1916 —sin duda más seguida y universalmente aclamada— («pararon hasta en Belchite», como se cuenta que dijo Romanones), ni que paralizara el país o lo dejara sin agua o a oscuras (como a la Barcelona de 1919), sin duda fue un paro sin precedentes en la historia de España, dada su extensión y duración.

Una Intifada contra los transportes: Madrid, Vizcaya, Asturias

Una Intifada contra los transportes: Madrid, Vizcaya, Asturias

Planteada como un paro pacífico, tuvo importantes episodios de violencia por cuatro razones fundamentales, que se pueden presentar como típicas de agosto. En primer lugar, la dinámica propia de una huelga de la época, con el afán de los huelguistas por cerrar los establecimientos y parar los transportes a pedradas o mediante sabotajes, y el afán de las autoridades por tenerlo todo abierto y en funcionamiento a culatazos y porrazos. Este juego de coacciones recíprocas se centró en particular en trenes y tranvías, y en este sentido fue general en toda España. Madrid podría ser un buen ejemplo. El odio antropológico a los tranvías «mataniños», que las multitudes enardecidas solían quemar para expresar su protesta, en esta huelga se convirtió en una obsesión colectiva contra las máquinas que no se unían al jolgorio popular, y aparecían pobladas de uniformados armados[415]. Quizá el relato más detallado y vívido sea el de Bajatierra, salvando su manía de pintar a la muchedumbre corriendo por las calles y gritando «¡Armas, armas, armas!», que parece sospechosamente sacado de los Episodios Nacionales[416]. Ya hemos explicado a qué se debe. Casi todos los incidentes que relataba el 13, eran de los arriba expuestos y seguían el patrón de los motines urbanos madrileños aquí comentados: grupos intimidatorios de centenares de personas que bajaban del Norte al Centro, con movimiento sobre todo en los distritos populares del Sur y en torno a los mercados (Mostenses) y las líneas de tranvías, masas de gente protestando en la Puerta del Sol, presencia masiva de mujeres, niños y adolescentes como auténticos protagonistas (pegando a los faroleros o a los repartidores de pan), nubes de piedras y eclipse de lunas, ruptura de máquinas de fotos de periodistas para no ser identificados, gritos, blasfemias y tiestos voladores contra los uniformados desde los balcones y ventanas, y continuas cargas policiales a caballo. A partir de la declaración del estado de guerra, que se decretó a mediodía en las grandes poblaciones, comenzaron las luchas a brazo partido de los soldados para proteger los tranvías, únicos realmente que no pararon, e impedir que se formasen grupos de más de dos personas, apaleando con el sable plano. También se incrementó la presión popular en torno a la glorieta de Cuatro Caminos (punto estratégico entonces en la periferia de Madrid por encontrarse allí los depósitos de los tranvías) y la entrada a Santa Engracia, y con ella a los bulevares y el centro. Del 13 al 14 se construyeron barricadas improvisadas, arrancando vallas y adoquines, pero no para protegerse o disparar, sino para impedir el paso de los tranvías:

Las mujeres del paseo de Santa Engracia, ellas solas, sin permitir que hombre alguno se reuniera a sus grupos, arrancaron los postes del teléfono y telégrafo cruzándolos sobre las vías de los tranvías […], tendían a sus hijos sobre los rieles arremetiendo frenéticas de valor a los tranvías destrozándolos y haciendo huir a sus conductores y guardianes[417].

Este último detalle también lo cuenta, espantado en su caso, Miguel Maura[418]. Preguntado si había barricadas, Sánchez Guerra contestó que no, pero sí borricadas[419]. Y sobre si las prácticas de los huelguistas eran para amedrentar a las mujeres: «Quizá para amedrentar a muchas mujeres y a muchos hombres, aunque lleven pantalones»[420]. La versión de El Imparcial es más clara, aunque el sentido es el mismo: «Lo malo no es que se alarmen las mujeres sino los hombres, es decir, algunas personas que visten como los hombres»[421]. Gracietas y chulerías muy propias de él y que no le hicieron muy popular entre los socialistas, como sabemos, ni entre los periodistas, por la constante censura de prensa. Por ejemplo, Besteiro los consideraba desplantes típicos de penitenciaría[422]. Si se le añade esto a sus infundios sobre los escondites del Comité de huelga, que ya vimos, no es raro que le cogieran una ojeriza monumental.

A partir del 14, y como en los motines del pan de 1907 o 1914, los incidentes se trasladaron hacia los barrios de la periferia. La Cruz Roja lo corroboró por su actividad: Cuatro Caminos, Tetuán de las Victorias, Puente de Vallecas, Ventas del Espíritu Santo[423]. La turba madrileña en Cuatro Caminos concentró unas 2000 personas, algunas en grupos sentados en el suelo, que eran disueltos y volvían una y otra vez, expectantes. Las ametralladoras que colocó el Ejército en Ventas y Cuatro Caminos, protegiendo e impidiendo los accesos al centro, comenzaron a trabajar para mantener despejada la zona. La multitud no esperaba ni por lo más remoto ser ametrallada a discreción en su peculiar intifada, mientras corrían por Bravo Murillo para ponerse a resguardo. Algunas personas dispararon armas de fuego, según la prensa, pero nunca hubo tiroteos a la altura de lo de Barcelona. Lo de disparar a una multitud desarmada sí que recordaba a 1808. Mientras tanto, Sánchez Guerra seguía aumentando su popularidad entre los socialistas invitando a voluntarios a formar «guardias cívicas» para hacer de policías honorarios, o si se prefiere de esquiroles honoríficos, para colaborar llevando tranvías, repartiendo periódicos o reprimiendo tumultos, pero la iniciativa cayó en saco roto: «ni fueron muchos, ni se supo que prestaran ningún servicio de esta especie. En España no prosperan tales costumbres»[424]. Lo cierto es que la semilla en Madrid de los «pollos bien», «pollos mauristas», «nenes bitongos» o «miliciánganos», como llamarían los socialistas a los «guardias cívicos» de la Unión Ciudadana, terminó germinando en 1919[425]. El remate en la caracterización de Sánchez Guerra como «bestia negra» de la izquierda española y en su papel de ministro de (Des)información fue su discurso del 17 de agosto, cuando condecoraba a los tranviarios que se habían negado a secundar a sus compañeros en huelga. Entre otras falsedades sostenía que no conocía el motivo de la huelga, que los revoltosos no eran españoles, que usaban de «escudo de sus fechorías» a mujeres y niños (con anécdotas de dudoso gusto sobre lo castizos que son los piropos) y que los huelguistas se habían concertado con los penados[426]. No es extraño que Besteiro se deleitara releyéndolo en público en el Congreso al año siguiente[427]. El día 16, y ante la negativa de los demás sindicatos ferroviarios respecto a incorporarse al movimiento, la huelga se disipó.

Tratando de demostrar que no había huelga, el Gobierno Dato y las autoridades militares no solo se empeñaron en que circulasen los tranvías sino también, obviamente, los trenes. Y quienes los conducían y protegían, incluidas las vías férreas, con frecuencia entraban en pánico y se ponían nerviosos, con disparos al bulto contra mujeres y mozalbetes que apedreaban el paso de los vagones. Las precipitaciones y las prisas, por ejemplo, en pretender que los convoyes llegasen sin retrasos para dar apariencia de normalidad, el miedo y el exceso de celo, y sobre todo el empeño en usar personal inadecuado, desubicado, improvisado e insuficiente, provocaron numerosos descarrilamientos. El más famoso fue el de las cercanías de Bilbao, que es un buen ejemplo de todo lo anterior, y que se endosó a un sabotaje de los huelguistas porque tuvo víctimas mortales. Pero, en cualquier caso, hubo muchos otros: en el ABC, periódico poco sospechoso de simpatía hacia la huelga, se informa de hasta cuatro descarrilamientos (y choques de trenes) diferentes sin víctimas durante la huelga ferroviaria previa entre el 11 y el 12 de agosto, en Aranjuez, Castillejo (Toledo), cerca de la Estación del Norte, y en Venta de Baños (Palencia), que el propio periódico considera fortuitos[428]. Solo es una muestra de la confusión general. A partir del 13 dejó de dar noticias similares, y sin embargo y de inmediato, calificó de «atentado» y «crimen» el descarrilamiento de Bilbao del 13 de agosto[429]. Hubo cinco muertos y 18 heridos. Y se detuvo por esto a muchachos y muchachas de entre 13 y 16 años, ninguno asociado, como explicó Prieto en el Congreso. Y como él mismo dijo, hubo pedradas contra el tren que precedió al que descarriló (y al que nada sucedió) y tiros desde este y desde los soldados que protegían la vía, pues estaba protegida militarmente. Es bastante plausible, siguiendo su reconstrucción, siendo como era una curva peligrosa, que el tren la cogiera a excesiva velocidad para evitarse las granizadas de piedras o por simple inexperiencia y nerviosismo de quien lo llevaba. Sánchez Guerra, en su réplica parlamentaria, siguió insistiendo en que se habían levantado los raíles (es de suponer que a toda velocidad entre los menos de cuarenta minutos que pasaron entre un tren y otro), según él cuando los soldados dejaron la guardia de las vías por perseguir a unos críos que les apedreaban (sic). Sobre la calidad de sus argumentos baste decir que seguía insistiendo en la historia del colchón de Largo Caballero, porque según él se lo contó la Policía, y que lo de la tinaja era imposible porque no cabía Saborit en ninguna (sic)[430]. Otro chascarrillo de los suyos. Lo del sabotaje es cuanto menos dudoso, aunque desde luego no imposible[431]. Es obvio que de haber sido un sabotaje evidente no habría hecho falta tener que probarlo. Argumento que cae por su peso. Y que, desde luego, los descarrilamientos no menguaron tras las represalias posteriores sobre el personal ferroviario y el desorden de los servicios, sino todo lo contrario[432].

Las cifras oficiales, amén del descarrilamiento, solo hablaron de un muerto en Bilbao: el soldado de Garellano Isidoro Urrutia, el único que, de forma sospechosa, las autoridades atribuían a los «revolucionarios» (aunque Prieto demostró que no). El cronista Fernando Soldevilla, que era conservador, ya apuntó en 1917 que había algo que no cuadraba, porque en la prensa, visada por la censura y por tanto digna de crédito, se hablaba de más de 20 muertos y 100 heridos, y ya da el nombre de alguno, incluido un camillero[433]. Prieto fue más lejos al año siguiente y desgranó en el Parlamento, con nombres y apellidos, varios muertos más entre el 15 y el 16 —ninguno asociado—, que no bajaban de la decena (incluido un niño de trece años: Tomás Eguidazu), con alegatos firmados por testigos y cartas de padres católicos que mostraban lo arbitrario de la matanza. También reveló que los militares no dejaban recoger los muertos, para dar ejemplo, y que disparaban a las casas en las que se encendía la luz por la noche. Sánchez Guerra, en la réplica consiguiente, no rebatió uno solo de los casos, realmente espeluznantes, como los asesinatos a sangre fría perpetrados por un tal Aníbal Boyer, teniente del batallón de León, lo que demuestra su veracidad. Puede que las muertes por el descarrilamiento precedente incitasen a los militares a dar una lección severa en la ciudad. Las detenciones arbitrarias se multiplicaron, haciendo humillantes cuerdas de presos por las calles para liberarlos al día siguiente. Los estudios locales afirman que a ningún detenido se le detuvo con armas, según los alegatos judiciales, y que sin embargo hubo 14 muertos. La huelga se prolongó entre los metalúrgicos hasta el 25 de agosto, aunque la ciudad ya se normalizó el 18[434].

El «tren de la muerte» más famoso estuvo en Asturias. Se dedicaba a disparar a cualquiera que se acercase a la vía, según lo describe Saborit en el Parlamento, y hubo que avisar a todas las personas que no se les ocurriera ponerse a tiro[435]. El apelativo, sin embargo, contrasta poderosamente con las pocas víctimas mortales que hubo en Asturias. Pero este dato no solo desentona con este mito, sino también con la dureza de la huelga minera y las alusiones al uso de la dinamita que ya hiciera el general Burguete en sus bandos, y que han repetido otros historiadores hasta el día de hoy, sin más pruebas[436]. Respecto a la dureza, fue donde más se prolongó: duró hasta el final de mes en Gijón y Oviedo, no hubo periódicos en 18 días, y hasta el 14 de septiembre aguantó la ferroviaria y hasta el 16 la minera[437]. Habida cuenta de lo que se ha contado aquí sobre la necesidad imperiosa de la hulla asturiana, podemos hacernos una idea del trastorno añadido que le supuso al país en su conjunto. Con respecto a las muertes, sabemos de un anciano muerto en Ujo, cerca de Mieres (aparece en la contabilidad oficial como un huelguista), por una descarga contra un grupo de mujeres «cerca del paso a nivel» tras haber ordenado que cerraran las puertas y las ventanas (para evitar pedradas); dos guardias (un guarda jurado y un guardia civil) en Figaredo, producto de un tiroteo por error y «fuego amigo», y un par de víctimas de los disparos del susodicho tren en Pola de Lena y en Ablaña, en nada relacionadas con la huelga, y por tanto desaparecidas de la contabilidad oficial[438]. Saborit dijo:

Reclamo de nuevo que se traigan a la Cámara los nombres de las víctimas que los mineros de Asturias produjeran. Ninguna […] En Asturias no ha habido atentados contra la propiedad; las fábricas no han sentido los efectos de la huelga ni ha habido destrozos[439].

Otra cosa es que sin duda se apedrearon trenes como en tantos sitios y se obstruyeron túneles y pasos para impedir la circulación del ferrocarril. De haber abusado de la dinamita no habría tardado la prensa adicta y el Gobierno en hacer una lista inacabable de muertos y destrozos, como ocurrirá en 1934, pero conviene no proyectar alegremente 1934 hacia 1917 como si tal cosa. Por otra parte, no parece de sentido común que los obreros de Asturias destrozasen minas y vías férreas, el origen de su bienestar, ya visto aquí, por una cuestión de solidaridad. La cuenca minera de León también fue a la huelga al unísono, arrastrando a los oficios de la capital, pero:

Los panaderos también se unirán a la huelga, pero lo harán el 16 de agosto y solo durarán un día, en el cuál también abandonarán los obreros de la construcción, los metalúrgicos y los tipógrafos, manteniéndose en huelga hasta principios de septiembre los ferroviarios y los mineros[440].

¡Hagan fuego!: Barcelona y Sabadell

¡Hagan fuego!: Barcelona y Sabadell

El segundo foco de episodios violentos se centró en el hecho de que algunos de los huelguistas sí se habían procurado armas de fuego, particularmente los cenetistas de Barcelona (donde se contaba con la experiencia de 1909) o Sabadell. Su concepción de la huelga «revolucionaria» debía ir acompañada de una algarada o asonada —la tradicional «bullanga»—, con enfrentamientos a tiros con las fuerzas del orden, a poco hostiles que se manifestaran estas. No en balde casi todas las hojas e instrucciones, muchas de origen harto dudoso, y que esgrimía el Gobierno como «revolucionarias», procedían de este entorno. Eso provocó tiroteos más serios desde terrados (las azoteas donde se tendía) y balcones, bombas caseras (poco efectivas) y amagos de barricadas. No en vano, como ya se ha dicho, Cataluña alcanzó el mayor número de víctimas, al menos «oficiales»: hasta 37 muertos (incluido un capitán) y 70 heridos.

El mejor relato sobre lo acaecido en Barcelona es, en mi opinión, el de Buxadé, nada simpatizante con los huelguistas, pero tampoco con la represión militar, que consideró, como tantos, desproporcionada. «Ladera», como guardia civil, está más interesado en relatar los episodios en los que es herido algún agente del orden, uniformado o revisor, que fueron muy numerosos, casi siempre en defensa de los tranvías. Según Buxadé, la huelga se prolongó por cuatro días hasta el 16, lo que viene a coincidir con la madrileña, pero con mucha más violencia. El primer día la huelga fue total, y se instaló una gran multitud en las Ramblas que procedía a detener coches particulares, tranvías y ómnibus. De los tranvías se hacía bajar a los pasajeros y se procedía a apedrearlos. Las vendedoras huían de los mercados, se volcaron e incendiaron tranvías y se levantaron adoquines para impedir el paso del transporte. La Policía, rebasada, se mostraba impotente. Pero tras el mediodía y la declaración de guerra, se reanudó la circulación de los tranvías, con parejas armadas con tercerola, escoltándolos y afrontando todo tipo de proyectiles, pero también disparos, desde balcones y azoteas (terrados). También comenzó el emplazamiento de cañones por parte del Ejército y los disparos de huelguistas que menudearon desde el principio. En las rondas de San Pablo y San Antonio y en el Paralelo fue donde se produjo más oposición popular y hubo más tiros. Se clausuraron las Casas del Pueblo (radicales), y se repitieron las escenas el segundo día, con cañonazos sobre las barricadas improvisadas de adoquines y contra las casas de donde se hacía fuego en la Plaza Lesseps. A partir del tercer día, los militares insistieron en que las persianas de las ventanas debían permanecer levantadas, con riesgo de violentar los domicilios que no lo hicieran, se detenía a todo el mundo en las casas sospechosas y si se ofrecía resistencia se bombardeaban los edificios. No es extraño que hubiese numerosas víctimas pacíficas de las descargas. La gente agitaba pañuelos blancos en las casas y los viandantes por la calle para salvar la vida. El jueves 16 fue la traca final: batidas de terrados en las calles Cadena, Aurora, San Pablo, San Jerónimo y Carretas, que se prolongaron hasta la tarde. En algunas calles, los revoltosos soltaron agua para inundar los huecos dejados por los adoquines extraídos. «Hacia las ocho de la noche llegó una violencia en toda o casi toda la capital, como no había alcanzado en ninguno de los días anteriores», extendiéndose a la periferia, la plaza de la Universidad, la de Antonio López, el puerto y la Barceloneta. Quedaban abandonadas armas y bombas hechas toscamente por las escaleras de las casas[441].

En Sabadell, y a menor escala, fue «cosa parecida»: los incidentes empezaron por unos cacheos de la Guardia Civil que se produjeron el martes 14 y, sobre todo, con la llegada del Regimiento de Vergara el miércoles 15. Los huelguistas se parapetaron en el edificio «La Obrera» y la casa de comidas «El Diluvio», sus centros sociales, que fueron demolidos a cañonazos, con desperfectos en otras casas. Hubo diez muertos en Sabadell. El balance en Cataluña, según Buxadé, fue:

Tiroteos estúpidos y homicidas hechos contra la fuerza pública porque sí; barricadas sin la menor importancia estratégica, ni defensiva […]; destrozos causados por los cañonazos en varios puntos […], y multitud de muertos y heridos, muchos más de los denunciados en la estadística oficial, a juzgar por los datos del vecindario y de las familias de las víctimas[442].

Masacres y microcosmos: Yecla, Nerva, el caso de la Modelo

Masacres y microcosmos: Yecla, Nerva, el caso de la Modelo

Hay un tercer grupo de incidentes. En localidades pequeñas, allí donde prendió la huelga, desató pugnas locales y masacres desproporcionadas a causa de intervenciones de la Guardia Civil o expediciones militares punitivas, descontroladas y a mi parecer del todo desubicadas. En este sentido se produjeron los sucesos que más recuerdan a algunas carnicerías por venir, durante los años de la Segunda República. Yecla y Nerva parecen ejemplos señeros de esto. La comarca de Yecla y Villena quedó aislada por el corte en las líneas telegráficas. En Villena hubo un muerto, y junto con Sax y Elda (Alicante) fueron literalmente ocupadas por el Ejército, con más de veinte detenidos. Pero en Yecla, el alcalde Antonio Santi-Andreu, cacique, gran propietario y conservador ciervista (aunque el rey sin corona de Yecla era Luis Ibáñez Pisana, correligionario suyo) aprovechó para ordenar el cierre de la Casa del Pueblo local, en la calle Colón, abierta el año anterior. En la refriega subsiguiente cayó un guardia civil, Juan Bernabé Martínez, en un forcejeo, y siete huelguistas, incluido Sebastián Pérez Lorenzo, concejal socialista. Cuando se había trasladado desde el Ayuntamiento a la Casa del Pueblo a parlamentar con los agentes del cuerpo armado, provisto de un pañuelo blanco, fue disparado por estos. Las cifras oficiales solo se refirieron a seis huelguistas muertos, pero los estudios locales han aumentado la cifra. Hubo más de noventa detenidos, y de los doce heridos al menos tres quedaron inválidos. Pérez Lorenzo era además secretario de la Sociedad de Obreros Agrícolas, creada en 1914, y desempeñó tareas como liberado para velar que se cumplieran las condiciones pactadas en la siega, por lo que era como un absceso para los caciques locales. Estos incidentes marcarían a la localidad para los años treinta y aun para las décadas siguientes. Hoy una céntrica calle de Yecla lleva su nombre[443].

Respecto a los incidentes de Nerva, las cifras oficiales hablaron de cuatro muertos, más trece heridos, entre ellos un soldado y un guardia civil, y se enmarcan en la conflictividad acumulada en la cuenca minera de Riotinto desde 1913. Los propios archivos de la compañía minera lo desmienten e informan de nueve muertos, doce heridos y más de cuarenta presos, y suministran una lista de 210 participantes en la huelga (y que fueron despedidos), de los cuales 52 no trabajaban realmente ya en ella, pero eran antiguos despedidos, como lo eran ya los concejales obreros de Nerva, por ejemplo. En El Campillo, otra localidad de la cuenca, murió una mujer. Los datos del informe que presentó Eduardo Barriobero, que era diputado por Huelva en el Congreso, se los suministró el sindicalista Félix Lunar, que también narró en unas memorias los episodios de agosto. Y hablaban entre ambos de diez muertos, aunque solo aportan el nombre de siete. Se ha dicho de su informe: «Creemos que exagera algo al evaluar los muertos, y probablemente nada al narrar la conducción de los presos», tratados a palos y poco menos que como galeotes de Cervantes. Lo más llamativo que aporta Lunar es que ninguno era obrero asociado y dos eran de hecho esquiroles: Antonio Ruiz Ato, guardia de la Compañía, y Carlos Ortiz López, «espolique [lacayo] de los ingleses». Lunar relata que el 16, volviendo de la fundición al pueblo, acompañados por un piquete de soldados, y siendo abucheados por las mujeres a su paso, ellos «que ni en compañía de los soldados se consideraban seguros, huyeron». Puede que alguno esgrimiera una pistola como amenaza. «Una patrulla de guardias civiles, escondida por aquellos parajes, les vio correr y disparó contra ellos». A continuación, otras patrullas empezaron a disparar. «Tiraban con espíritu de cafres sobre todo lo que se movía». La gente se recluyó en las casas y algunos cayeron en ellas. De ahí el paradójico resultado. Parece que la rivalidad y nula coordinación, quizá la hostilidad, entre las fuerzas del Ejército y la Guardia Civil jugó un importante papel aquí, intentando las primeras contener los excesos de la segunda, que puso en práctica una batida indiscriminada por las calles, quizá furiosa por su error[444]. Resultado dramático para una huelga de 15 000 personas que comenzó de manera pacífica, aunque con dos días de retraso con respecto al resto (el 15). Estos incidentes recuerdan poderosamente, morigerados por el paso del tiempo, a la matanza de 1888 en las calles de Riotinto, que arrojó cifras oficiales de trece muertos, pero 48 según el archivero de la compañía minera y más de 100 según la tradición popular[445]. Hasta noviembre de 1918 no pudieron abrirse los centros obreros. A cambio, en las elecciones municipales de noviembre de 1917 hubo un gran triunfo socialista, ganando precisamente la alcaldía de Nerva.

Podría añadirse a este grupo el motín de la Modelo madrileña del 15 de agosto, que es un caso específico. Tiene una relación epidérmica con la huelga y se debe en realidad al descontento en la prisión por el relevo, el 1 de agosto, de su anterior director, Rafael Salillas —según Burgos y Mazo, que como ministro de Justicia era el responsable, a petición propia—, figura eminente de la criminología y la ciencia penitenciaria españolas y muy querido por los presos, pero al que rechazaban los empleados de la prisión, por sus métodos humanitarios que a su entender relajaban en exceso la disciplina y fomentaban las faltas de respeto de los presos hacia sus personas; modelo «de libertad e indisciplina» le llama Comín Colomer y «libertad que rayaba en licencia», según Soldevilla[446]. La llegada de su sustituto Álvaro Riopérez, descrito por los presos como desafiante y bravucón, y el temor al retorno de prácticas desterradas, suscitó la rebelión el 3 de agosto, que tuvo que apaciguar el mismo Salillas, ya como director saliente[447]. La llegada en aluvión la tarde/noche del día 13 de varios centenares de presos «políticos» incitó a que se reabriese la revuelta: corrieron los rumores de que se les liberaría, mientras se congregaban fuera cientos de mujeres, madres, esposas, hijas o hermanas de los detenidos, contra las que se cargaba de continuo, y a las protestas por el rancho, ya habituales, se unieron las de los recién llegados, no acostumbrados a semejante manjar. Con el liderazgo de los presos más levantiscos comenzó la salida de reclusos a las galerías dando voces, armados con varillas de hierro de las camas y gruesas estacas de las patas de las banquetas. Y menudearon las descargas contra ellos, unos 600 o 700, que se protegían resguardándose en las celdas. También se les disparaba desde fuera si se asomaban a las ventanas pidiendo socorro. Burgos y Mazo y el capitán general Ramón Echagüe se personaron en la prisión. Oficialmente, y según las propias fuentes militares, murieron siete personas: dos del correccional aliados de los vigilantes y cinco reclusos. Martorell habla de 17 muertos, nueve de ellos funcionarios de prisiones. Lo de los nueve funcionarios muertos lo repite en el total de víctimas de agosto, que eleva a 79. Su fuente dice que es Soldevilla. Pero Soldevilla no afirma nada de eso. Da las cifras oficiales de muertos, en el total (71) y en la cárcel (7), «y nueve empleados, siete soldados, un recluso y un vaquero heridos». Que no es lo mismo. A nadie se le escapa que las fuentes oficiales, en el asunto del número de víctimas de agentes del orden siempre maximizan, por lo que habría que aclarar de dónde salen esas cifras. Eso no quiere decir que solo hubiera los muertos que dicen las cifras oficiales, que es más bien un mínimo, pero la cantidad crecería por el lado de los reclusos, en todo caso. Bajatierra, amparándose en los rumores, «dicen que sesenta muertos y más de un centenar de heridos», y mediante el testimonio de un testigo anónimo dentro de prisión sugiere que se aprovechó el incidente para eliminar fríamente a los más peligrosos, a los líderes de «la Porra» (la mafia de la prisión). Lo mismo dijo Besteiro con más detalles, e incluso parece también insinuarlo Soldevilla, poco dudoso de simpatizar con los huelguistas: «[los muertos fueron] casualmente los más revoltosos y los que de antaño venían siendo cabeza de motín y cobradores del barato. Acerca del momento de la muerte, si fue en la misma refriega, o después, o al encerrarse huyendo en las celdas, hubo discrepancias». Y resulta muy sospechoso que cayeran varios de ellos, como así fue, simplemente por azar, pero está fuera de lugar decir que se eliminó a «siete destacados militantes». No es lo mismo[448]. Hubo, en cualquier caso, otros motines en prisiones, por ejemplo, en Alcalá de Henares, con un muerto y cerca de veinte heridos, pero eso no prueba como decía el Gobierno que hubiese concierto entre los de dentro y los de fuera para hacer la «revolución», sino que los de dentro se enteraban pronto de lo que pasaba fuera, lo que no es igual. En cualquier caso, el paralelo entre las agitaciones en la calle y a la vez en las prisiones (donde acababan los protagonistas de las primeras) se repetiría en la República y por supuesto en la Guerra Civil.

Matar moscas a cañonazos. Los excesos de los militares

Matar moscas a cañonazos. Los excesos de los militares

La última razón que explica los episodios violentos, y quizá la que los resume todos, como ya se ha podido apreciar en todos los casos anteriores, fue la declaración del estado de guerra ya en la mañana del primer día por todo el mapa nacional, y amparado por ella un desmedido uso de la fuerza militar[449]. Esto no es solo mi opinión, sino la de casi todos los cronistas contemporáneos, muchos periódicos (una vez pudieron expresarse con libertad), bastantes políticos gubernamentales (vistas algunas medidas que terminaron tomando), oficiales junteros (muy conscientes de la pérdida de popularidad de los militares tras la brutalidad desplegada) y la inmensa mayoría de la historiografía. El estado de guerra supuso pasar todo el control del orden público a las autoridades militares, por lo corriente los capitanes generales en las grandes ciudades, con espeluznantes bandos en algunos casos y no demasiada experiencia en estas lides en casi todos, por no hablar de los oficiales de gatillo fácil y de los soldados bisoños, a los que sus superiores miraban con lupa si no se ejercían con el suficiente celo, muy atemorizados y que tiraban al bulto, o las rivalidades entre cuerpos armados. Resultaba complicado para el Ejército hacer frente a multitudes en las calles, generalmente con abundantes mujeres y críos, y a francotiradores en las casas —toda una guerrilla urbana— sin usar métodos que parecieron desmesurados para casi todos los que los presenciaron: desde tiroteos indiscriminados sobre todo tipo de edificios de los que se sospechaba que habían salido disparos o gestos hostiles (con múltiples heridos sin culpa de nada) o que tenían las ventanas con las persianas echadas sin más (por el verano), hasta ametrallamientos a la muchedumbre en plazas públicas (Cuatro Caminos en Madrid) o el uso de cañones para demoler edificios enteros (como ocurrió en Sabadell). La situación no llegó a irse de las manos del Gobierno, pero fue un paso más del régimen por el camino del pretorianismo y la configuración de un régimen semiautoritario. Baste decir que Marcelino Domingo, que era diputado, fue atado y vejado por los soldados que lo apresaron, trasladado a un barco para evitar males mayores —como años más adelante Azaña por lo de 1934— y sometido a un proceso militar por rebelión el 22 de agosto saltándose la ley, es decir el aforamiento parlamentario. Esto solo se impidió por las muchas protestas de diputados republicanos y liberales, incluido el presidente del Congreso (Miguel Villanueva), que tuvo que intervenir reiteradamente ante Dato, explicándole que lo que hacía era ilegal y anticonstitucional. El Supremo en principio rechazó incluso inmiscuirse. Hasta primeros de noviembre no fue liberado, y la debilidad del poder civil volvió a ponerse de manifiesto[450]. El Comité de huelga fue juzgado por un tribunal militar, con abogados militares, por un delito de rebelión militar, y condenado a cadena perpetua. Luis Torrent (que al parecer intentó suicidarse arrojándose desde una ventana, pero increíblemente en la misma Dirección General de Seguridad[451]) y Mario Anguiano, fueron condenados a ocho años, como impresores de proclamas y octavillas, y a dos años Manuel Maestre y Abelardo Martínez Salas como colaboradores en el acarreo de propaganda, siendo absueltas Virginia González y Juana Sanabria[452]. Condenaron a quince días de arresto incluso a uno de los abogados, Julio Mangada. Lo peor es que la condena se usó de referencia jurídica en la etapa más sanguinaria del franquismo, pues se reeditó en 1940. «Nos salvó el recuerdo de Ferrer», diría Saborit[453]. Pero lo cierto es que a todo el mundo le pareció excesiva. No es extraño que creciese la demanda de amnistía con rapidez, en un proceso similar al que ocurrirá tras octubre de 1934, no a causa de los cambios de humor y la desmemoria de los españoles[454]. Pero no se concedió hasta mayo de 1918; es decir, tras haber sido elegidos diputados Besteiro, Caballero, Saborit y Anguiano en las generales de marzo de 1918 y con un Gobierno de concentración presidido por Maura, en el que los datistas o «idóneos» solo eran una facción más, por lo que difícilmente podían oponerse a lo que era una rectificación en toda regla de sus políticas de orden público.

La represión de la huelga hizo célebres a varios capitanes generales y los bandos de guerra que impusieron en algunas ciudades. Recibieron después todo tipo de homenajes y aplausos públicos por su tarea patriótica y haber derrotado a la revolución. Pero para la izquierda liberal y obrera pasaron a la antología de la España negra y militarista que se avecinaba. Se pueden destacar los bandos de Ricardo Burguete en Asturias, Antonio Souza (o Sousa) en Bilbao, Ramón Echagüe en Madrid o José Marina en Barcelona. Echagüe fue el firmante de la sentencia contra el comité de huelga como principal responsable del orden público, papel que se autoarrogaba en su bando del día 13, siendo las autoridades civiles delegados suyos en todo ese ámbito (art. 5.º). La jurisdicción de guerra era aplicable a todo: ir en grupos por la vía pública, apoyar la huelga en toda su extensión (en el contexto, «rebelión»), ofender a la patria o al Ejército de palabra u obra, difundir todo tipo de publicaciones consideradas «subversivas», o dificultar el abastecimiento, la colaboración obligatoria de los funcionarios y la circulación fuera de Madrid[455]. La censura también quedó en manos de los militares, con lo que las víctimas «colaterales» desaparecieron de la prensa y se esfumaron las balas de Máuser de los informes de los médicos que atendían a muertos y heridos. Similares fueron el resto de bandos en otras capitales. Pero la mayoría endurecieron mucho su tono cuando pasaban los días, la resistencia no remitía y empezaron las primeras bajas entre las fuerzas armadas. Marina se descolgó el 15 de agosto con el famoso «bando de las persianas»: «en vista de la insistencia con que se repiten las agresiones desde terrados y balcones» amenazaba «con la pena de muerte» para los líderes y de muerte a reclusión perpetua para los que les secundasen en la hostilización por cualquier medio contra las tropas. Se consideraban reos los que poseyeran armas de cualquier clase, «todas las persianas de las ventanas y balcones estarán siempre levantadas o abiertas» y «en toda casa de donde parta cualquier agresión, se detendrá a los individuos que se encuentren en ella, hombres y mujeres, siendo cerrada seguidamente, y prevengo además á los jefes de zona utilicen el cañón para demolerla sí encontraren (sic) resistencia»[456]. Como así se hizo, en realidad, subiendo las tropas con escalas a los balcones para hacerlo efectivo. El de Souza en Bilbao del 17, amenazaba a los revoltosos con juicios de ejecución inmediata (fusilamientos, sin mencionarlos), y advertía que a partir de las 19 horas «se disparará sin previo aviso a los grupos de más personas que dos y a las personas que profieran gritos subversivos o se opongan a la fuerza pública», como de hecho sucedió en varios casos (Aníbal Boyer). En el del 19 se pedía la entrega inmediata de todas las armas y se consideraba reos de rebelión militar a quienes no lo hicieran, y se prohibía la huida allí donde se produjeran gritos subversivos. A cambio se suprimía la orden de disparar sin previo aviso. Todo un alivio[457]. Burguete marcó estilo propio. Ya el 13 definía la huelga como:

[un] delito de lesa patria, que bien pueden calificar de traición los hombres honrados, se comete en estos instantes con la inconsciencia de los más, que sirven de instrumento a elementos perturbadores y asalariados por agentes del exterior, que intentan, para sus fines particulares, llevar a España a la guerra[458].

o más tarde:

[…] queda la rebeldía en la zona minera, donde se han refugiado alimañas, no hombres, a las que me propongo castigar con toda dureza. Todos conocéis sus atentados contra la propiedad y las personas con la dinamita[459].

Amén de saltarse la propia ley de orden público vigente en bastantes casos, la represión fue de una extraordinaria dureza, incluso para los cánones de la época, donde el orden público estaba militarizado hasta extremos inverosímiles. Pasado el entusiasmo patriótico, un conservador como Fernando Soldevilla habló de bandos «terribles» y señaló que, en general, «la gente sensata consideró que la represión había sido demasiado dura»[460], y que los militares habían sido poco prudentes en el uso de cañones o ametralladoras, lo que influyó sin duda en las peticiones de amnistía. Los propios gobernantes, en su fuero interno y de puertas para adentro, no es seguro que quedaran muy satisfechos: Sánchez Guerra cesó a Burguete y este no se lo perdonó[461]. Maura en nombre de su Gobierno y tras la intervención de Saborit en el Parlamento de mayo de 1918, ofreció depurar los hechos y abrir una información judicial. Saborit estaba bastante satisfecho de esto retrospectivamente, pues el caso se puso en manos de un magistrado del Supremo, Víctor Covián, y se admitió que había habido excesos con los mineros y se amonestó y trasladó a varios guardias civiles. Algo muy tímido, pero que era la primera vez que sucedía en el Estado español[462]. Los propios militares junteros eran conscientes de su pérdida de popularidad y su papel poco lucido tras la represión, y eso supuraba en sus manifiestos posteriores, donde reprocharon al Gobierno haberles puesto en el disparadero. El número oficial de fallecidos fue de 71, pero si se ha leído todo lo anterior con atención y se cuenta con la eliminación sistemática de la contabilidad de todas las víctimas «colaterales» (los inocentes, como si no hubieran existido), podemos avanzar que como mínimo rebasaron los 90 con nombres y apellidos. Dato aportó en el debate de mayo-junio de 1918 la sorprendente afirmación de que había 225 bajas de elementos armados entre muertos y heridos, más del doble que de civiles. El diario ABC precisó que se refería a 110 bajas civiles en la información subsiguiente[463], pero es obvio que no podía referirse a muertos y heridos como cuando hablaba de militares, cuando solo de muertos las cifras oficiales daban 71, y los heridos fueron bastantes más como hemos visto (y como es por otra parte natural, en hechos de esta naturaleza). O son 110 los civiles muertos (verosímil, y excluidos los heridos, desde luego) y Dato no se aclara con las cifras, o simplemente las manipula, sumando a los poquísimos muertos de la fuerza pública (no llegan ni a 10), los heridos, lesionados y atendidos para que saliesen el doble como fuera, llamándolos «bajas». O todo lo que contó directamente era una patraña para quedar bien en el debate. Que cada cual escoja.

5. Entre guerra y revolución. Los aspectos internacionales de la crisis

CAPÍTULO 5

ENTRE GUERRA Y REVOLUCIÓN

Los aspectos internacionales de la crisis[*]

Angelo Ventrone

Università degli Studi di Macerata (Italia)

La crisis política española de 1917 no surgió de circunstancias específicamente domésticas, sino que debe insertarse en la oleada de conmociones múltiples que afectaron tanto a beligerantes como a neutrales, en el momento álgido de un conflicto convencional de alcance europeo, que pasó ese año a convertirse —con todas sus insospechadas consecuencias— en una «guerra total» de dimensiones globales.

1. La guerra total

1. La guerra total

En los últimos años, la definición de la guerra librada entre 1914 y 1918, no solo como «mundial», sino también como «total», ha sido generalmente aceptada[464]. Pero ¿qué quiere decir guerra total? Quiere decir tener objetivos de guerra totales, o dirigirse a la capitulación incondicional del adversario o a su completa destrucción, utilizar métodos totales de guerra, e incluso estar dispuesto a violar el derecho internacional y todos los límites morales oficialmente reconocidos; recurrir a la movilización total, esto es, utilizar todos los recursos humanos y materiales con objetivos bélicos; buscar, por último, el control total de la vida nacional, subordinando la entera vida privada y pública a los objetivos bélicos[465]. En este sentido, se puede hablar de guerra total cuando nadie es ajeno al conflicto, y tanto el frente militar como el frente interno se han hecho complementarios porque, como veremos, la resistencia de ambos es indispensable para alcanzar la victoria final.

Otro elemento que es necesario considerar para explicar los caracteres específicos de la Gran Guerra es el desgaste provocado por la inmovilidad de los combatientes. Eso no significa que, sobre todo en el frente oriental, no se produjeran rápidos avances y no menos rápidas retiradas de una parte y de otra. Quiere decir, sin embargo, que los soldados pasaron, en la mayoría de los frentes, gran parte de su tiempo firmes en sus trincheras, esperando la orden de ataque o dispuestos a rechazar al adversario.

Los rapidísimos, y por tanto imprevisibles desarrollos tecnológicos, volvieron a poner de actualidad el antiguo modelo de guerra de asedio, en la que se producían confrontaciones por periodos de tiempo muy largos, a la espera de que el adversario cediera. La enorme masa de soldados movilizados, el mortífero bombardeo de la artillería y el fuego de las ametralladoras, el desarrollo de los transportes y la capacidad de reemplazar con rapidez las pérdidas sufridas, contribuyeron a hacer fracasar los planes originales de una guerra de movimientos que se dirigiera a una rápida conclusión del conflicto. De este modo, nadie consiguió asegurarse la victoria decisiva, y el fin del conflicto, previsto en principio para la Navidad de 1914, se aplazó a un futuro imposible de precisar. El conflicto se transformó, en especial en el frente occidental, en una agotadora guerra de posiciones[466].

Sin embargo, en comparación con siglos pasados, el asedio se desarrollaba a una escala mucho más vasta, y las condiciones en las que vivían y combatían los soldados eran muy diferentes. A las terribles condiciones de la vida de trinchera se unía el enorme sacrificio de miles de vidas humanas que provocaba esta forma de combate.

Las cifras lo atestiguan: tomando como referencia solo algunas de las grandes batallas de la guerra, basta recordar que, en el Marne, durante el otoño de 1914, 300 000 franceses fueron muertos o heridos. La misma suerte tocó en 1916 a 240 000 alemanes en Verdún, y en una sola jornada, el 1 de julio del mismo año, a 60 000 ingleses en el Somme. El Ejército italiano, en el peor frente, en el Friuli Oriental, sufrió 400 000 muertos, heridos, prisioneros y desaparecidos solo en el transcurso de las cuatro ofensivas del Isonzo en 1915.

Desmintiendo las visiones románticas que habían acompañado las primeras semanas de combate, la guerra se reveló bien pronto como lo que era: una guerra de materiales. Sin embargo, en todos los frentes, este elemento no había sido cabalmente comprendido por el mando militar, que se convenció de adoptar tácticas más elásticas y respetuosas de la vida y la seguridad de sus hombres sobre todo tras las protestas masivas producidas en todos los ejércitos y en las retaguardias en el transcurso de 1917.

2. La movilización total

2. La movilización total

Entre 1915 y 1918, la intervención del Estado en la sociedad y en las actividades económicas nacionales conoció en todos los países una expansión sin precedentes[467]. La movilización de los recursos humanos y materiales disponibles se convirtió efectivamente en total. El Estado comenzó así a asumir un papel directivo en la economía nacional, financiando las empresas útiles con objetivos bélicos, encargando trabajos y productos, construyendo oficinas, orientando la investigación, racionando los bienes, interviniendo en las cuestiones sociales como mediador entre empresarios y sindicatos, estableciendo el nivel de salarios y la duración de la jornada laboral, regulando los días festivos, imponiendo el control de los precios, bloqueando el de los alquileres y tratando de conciliar los intereses contrapuestos de propietarios e inquilinos. Naturalmente, fue inexcusable ampliar las exacciones fiscales, y se inició la captación del ahorro a través de imponentes campañas propagandísticas que invitaban a los ciudadanos a suscribirse a los empréstitos nacionales, destinados a sufragar los enormes gastos exigidos por la guerra.

También fueron creadas entidades específicas para gestionar la situación de emergencia. En 1915, en Gran Bretaña se fundó el Ministerio de Aprovisionamiento, como demostración de que incluso en la patria del liberalismo económico y político había arraigado la conciencia de que el poder del Estado, y sus funciones de control sobre la vida de los ciudadanos, tenían que aumentar sustancialmente para afrontar las nuevas exigencias que implicaba el conflicto mundial. Estructuras similares al organismo inglés surgieron también en Francia, Alemania, Rusia e Italia, pero se transformaron en ministerios uno o dos años más tarde respecto a su precursor británico, alcanzando entonces márgenes de autonomía de decisión mucho más grandes que las primeras oficinas, comités o subsecretariados de los cuales había surgido. Por otro lado, el menor control estatal en comparación con Gran Bretaña —donde también se impuso una inteligente política de aumento de salarios— no permitió en estos países comprobar con eficacia los costes y beneficios relativos a la venta de bienes de consumo, o de armas y municiones destinadas al Ejército. De ello se derivaron graves disfunciones, derroches, especulaciones y por tanto muchas polémicas y descontento contra los «tiburones» que se enriquecían con la sangre de sus propios connacionales.

El único país que actuó de modo muy similar a Gran Bretaña fueron los Estados Unidos, que al entrar en guerra en 1917, pudieron utilizar las experiencias de movilización industrial de otros estados para impulsar una estrecha colaboración con la clase obrera. De este modo, pudieron anticipar, en especial con el National War Labor Board —un organismo surgido en la primavera de 1918, que comprendía representantes del mundo de los negocios y de algunos sindicatos moderados—, medidas que luego serían recuperadas y desarrolladas en el New Deal de los años treinta[468].

La marcha de los hombres al frente —fueron movilizados cerca de setenta millones, en su mayoría entre los 20 y los 40 años de edad— hizo difícil la situación en todos lados, ante la necesidad de mantener la productividad para sostener los costes de un conflicto tan devastador. Ya que en toda Europa la mayor parte de la población estaba vinculada a la vida rural, el mayor peso recayó sobre el campo. Los campesinos, además de pagar en términos absolutos el precio más alto de la guerra en número de movilizados y de caídos, también fueron afectados por la disminución de las cosechas, debido a la carencia de mano de obra, y tuvieron que sufrir las requisas y los precios impuestos por el Estado. La intención de este último de cubrir en primer lugar las exigencias de la población urbana perjudicó en gran medida a los que vivían de la venta de los productos de la tierra.

Para obtener la mano de obra necesaria para satisfacer las exigencias productivas de los países donde era posible, como Francia y Gran Bretaña, fueron contratados trabajadores procedentes de las colonias o de otras naciones, como españoles o chinos, que a veces se convirtieron en el objetivo de la violencia por parte de los trabajadores llamados al frente y a los que iban a sustituir. Donde no fue posible, o cuando fueron insuficientes, se obligó a efectuar trabajos forzados a los soldados enemigos e incluso a los civiles de las regiones ocupadas, como hizo Alemania con decenas de miles de belgas y de polacos. En todos los lugares se recurrió masivamente al trabajo femenino y al de los menores.

Todos los trabajadores fueron sometidos a una disciplina bastante dura, de tipo cuartelario, que prohibía el recurso a la huelga, preveía sanciones muy severas e imponía los ritmos y la duración de las jornadas laborales en base a las exigencias o emergencias bélicas (hasta las 10-12 horas de trabajo, a las que se unían las extraordinarias obligatorias). En algunos países, como Italia, el código de disciplina militar fue extendido incluso a las mujeres y los niños, de modo que el abandono del trabajo fue equiparado con la deserción[469].

La urgencia de incrementar la capacidad productiva para satisfacer las necesidades del Ejército hizo inevitable el recurso masivo a la mano de obra femenina. Bien es cierto que muchas mujeres, sobre todo en los países más desarrollados, ya trabajaban antes de 1914, pero eso no impidió que, en todos lados, y aún más en los estados menos industrializados, la guerra presentó para muchas de ellas la primera ocasión de conocer la autonomía económica, la responsabilidad de convertirse en el puntal de la vida familiar gestionando su presupuesto, o la posibilidad de gozar de una libertad más amplia en las relaciones sociales.

En general, la intensa explotación de los trabajadores no comportó compensaciones capaces de contener el aumento de los precios provocado por la inflación, que en todas partes redujo de manera notable su poder adquisitivo. Una excepción fue la mayor tutela y salarios concedidos a los que trabajaban —que, por cierto, eran en su mayoría mujeres— en las fábricas de armas y municiones. El país que tuvo el mayor número de trabajadoras fue Gran Bretaña, que en 1916 contaba 340 000 empleadas en las fábricas de municiones y otras 750 000 en sectores no militares. Por lo general, sin embargo, les quedaban reservadas las tareas más bajas y menos gratificantes[470].

Frente al estricto proceso de disciplinamiento, cualquier forma de protesta resultaba muy difícil de ejecutar; los hombres se arriesgaban a ser detenidos, procesados y enviados a primera línea; y las mujeres a ser multadas, suspendidas de empleo o despedidas. De todos modos, estas últimas estaban menos sujetas a sanciones graves, ya que las autoridades trataban de evitar que fuesen encarceladas para no dejar a los hijos sin ningún apoyo, y naturalmente porque no podían enviarlas a la zona de guerra. Por esto, fueron sobre todo ellas quienes protagonizaron las manifestaciones de protesta que las autoridades militares, que debían garantizar la vigilancia y la disciplina en las fábricas, trataban de frenar lo antes posible, incluso al precio de conceder aumentos salariales y otras mejoras.

Una consecuencia de la inserción masiva de las mujeres en el mundo del trabajo fue la notable aceleración del proceso de feminización de algunas ocupaciones. Presentes ya en la escuela, sobre todo como maestras, las mujeres ingresaron entonces en otros sectores, como conductoras de tranvía o carteras, e incluso fueron empleadas como secretarias, telefonistas, telegrafistas, mecanógrafas, estenotipistas, archiveras, contadoras y operadoras en los mostradores de los bancos[471].

Las mujeres también desarrollaron actividades de asistencia en el frente y la retaguardia. En los ejércitos norteamericano, inglés, australiano o neozelandés surgieron servicios de enfermería organizados. En total fueron centenares de miles las mujeres implicadas en actividades de este tipo[472]. Las asociaciones de voluntariado femenil se dedicaban a muchas actividades; en algunos casos se prestaron directamente a sostener al Ejército con la gestión de puestos de descanso, recogida de libros para los heridos en los hospitales, acogida a los soldados en tránsito y organización de fiestas y momentos de ocio. En otros casos, con actividades dirigidas indirectamente a los soldados, como la captación de suscripciones a favor de sus familias, la creación de guarderías y zonas de recreo para los hijos de los movilizados con madres trabajadoras, y la asistencia a los huérfanos, viudas y refugiados. No hay que olvidar que la cuestión de los huérfanos se convirtió en un gran problema social: a finales de la guerra fueron registrados 350 000 en Gran Bretaña, 400 000 en Italia, 1 100 000 en Francia, y más de un millón en Alemania.

Muchas mujeres se encontraron de improviso con el deber de reorganizar su propia vida y costumbres, y tratar de realizar las tareas que antes correspondían al marido. Fueron obligadas a asumir decisiones importantes, como cuidar solas a los hijos y a los parientes ancianos, pero contaron con la tradicional función protectora y de control del entorno familiar. Comenzó de este modo a difuminarse la separación entre espacios femeninos y masculinos que había caracterizado hasta ese momento a la sociedad europea. Esto acarreó importantes consecuencias incluso en los procesos de movilización femenina, que crecieron notablemente en este periodo.

3. Destrucción del enemigo y control social

3. Destrucción del enemigo y control social

En todos los países en guerra, tanto en los momentos precedentes como en los subsiguientes al estallido de esta, se aprobaron medidas de emergencia. En Francia, por ejemplo, con la proclamación del estado de sitio el 2 de agosto de 1914, los poderes de policía, que normalmente estaban en manos de prefectos y alcaldes, pasaron a manos de la autoridad militar, y fue introducida la censura sobre la prensa para evitar noticias que pudiesen perjudicar al país de alguna manera. Pocos días más tarde, el 10 del mismo mes, con el decreto del estado de guerra, las jurisdicciones ordinarias fueron sustituidas por consejos de guerra, que debían ocuparse de todas las causas relativas a la seguridad del Estado y al orden público[473]. En Austria-Hungría, desde el momento de la movilización contra Serbia, el emperador había promulgado una serie de decretos que suspendían los derechos civiles; decretos tan severos que no tuvieron parangón en ningún otro país[474].

El control represivo por parte del Estado se amplió incluso a través de la creación de organismos especiales para vigilar el comportamiento de la población civil. El poder militar se vio implicado directamente en la gestión económica de la guerra, en la distribución de los aprovisionamientos, en la programación de la producción y en la conducción de las relaciones con los obreros y los sindicatos. Por ello se ha hablado de la aparición en este periodo del «Estado total».

Aunque en Francia la demonización del adversario alcanzó cotas extremas, es interesante detenerse sobre el caso italiano, donde las críticas al sistema liberal parlamentario se hicieron particularmente violentas y tuvieron amplias consecuencias. De hecho, en la península transalpina, frente a las dificultades de la guerra y la constatación de que el conflicto no contaba con el consenso de la mayor parte de los italianos, las propuestas de tipo represivo se radicalizaron con rapidez. Desde el primer momento tras la declaración de guerra a Austria-Hungría, realizada el 23 de mayo de 1915, con la aprobación de una ley que concedía plenos poderes al Gobierno, este asumió facultades para legislar sobre todo lo necesario para la defensa de la nación y del orden público. Se promulgaron decretos que impedían las huelgas y las manifestaciones contra la guerra y el coste de la vida, se asignó a los prefectos la facultad de prohibir las concentraciones en lugares públicos y disolver las asociaciones que tomaran parte en perturbaciones del orden. Los prefectos obtuvieron también otros poderes, como la posibilidad de adoptar medidas especiales para la tutela de la seguridad pública (por ejemplo, la expulsión de ciudadanos indeseables y su eventual internamiento) o secuestrar y censurar la prensa para evitar la difusión de noticias que pudiesen perturbar a la opinión pública o dañar los intereses del país. Estas medidas parecían justificadas por el hecho de que, desde el estallido de la guerra europea en el verano de 1914, el Partido Socialista, con su posición neutralista, se había negado a adherirse a la Unión Sagrada, que en ese momento caracterizaba la vida política de los otros países. En efecto, los socialistas italianos habían escogido como consigna sintetizadora de su propia posición política la frase «ni adhesión ni sabotaje». Además, estuvieron entre los promotores de los congresos socialistas europeos de Zimmerwald en septiembre de 1915 (en el que se habló por primera vez de «una paz sin anexiones ni reparaciones», y se reafirmó el derecho de los pueblos a escoger sus propios gobernantes, esto es, el derecho a la autodeterminación) y Kienthal en abril de 1916, que se habían pronunciado de nuevo contra la continuación de la guerra.

En realidad, hoy sabemos que el Partito Socialista Italiano (PSI) no asumió en el curso del conflicto una actitud previamente antipatriótica. Es más, algunas administraciones locales de mayoría socialista, como la milanesa, recibieron reconocimientos oficiales por su celo en la asistencia a los soldados y a sus familias. E incluso el Partido Socialista considerado como «oficial» Partito Socialista Unitario (PSU) para distinguirlo de los otros grupos socialistas intervencionistas que se habían alejado de la casa original entre 1914 y 1915, fue llamado con deliberada distorsión el «Pus» en la propaganda adversaria, ya que era considerado un peligroso vehículo de infección del organismo social. De este modo, los socialistas fueron acusados de estar al servicio de Alemania, y se transformaron a todos los efectos en enemigos interiores. Durante todo el conflicto, los nacionalistas los definieron como «inmundicias» que debían ser arrojadas en la cloaca, y acusados junto con los liberales seguidores de Giovanni Giolitti —que constituían la mayoría de la cámara— de usar a sus diputados en el Parlamento para obstaculizar la acción del Gobierno e impedir una conducta eficaz y unánime de la guerra.

Esta convicción empujó a los grupos que componían la galaxia intervencionista a dirigirse contra las instituciones parlamentarias de forma violenta, acusadas de desarrollar un papel subversivo contrario a la auténtica voluntad del país. De este modo, la Camera dei Deputati se había convertido en sediciosa y subversiva, por estar separada completamente del país real. Por el contrario, la voluntad de aquella parte de la nación que (convencida de representar a todo el pueblo italiano, o al menos a su mejor parte) se había alineado en el frente intervencionista, se transformó en la única y exclusiva fuente de legitimidad.

Fue en esta perspectiva como los intervencionistas radicalizaron cada vez más sus propios proyectos. En un artículo con el significativo título de «Abbasso il parlamento» aparecido en Il Popolo d’Italia el 11 de mayo de 1915, Benito Mussolini acusó al Parlamento de ser un «bufón pestilente» que envenenaba «la sangre de la nación», y que por ello debía ser extirpado lo antes posible. Tanto valía, en su opinión, tenerlo cerrado por la duración de la guerra como disolverlo directamente y sustituirlo por un comité de guerra que hubiese debido excluir de participación a cualquier diputado. En 1916, este mismo periódico avanzó la idea de constituir comités de salud pública que deberían sustituir a las autoridades legales si estas no estuviesen en disposición de conducir la guerra con la debida severidad. Del mismo modo, una reclamación muy frecuente fue la supresión de los diarios neutralistas. A la sazón, el mismo Mussolini propuso eliminar todos los diarios para sustituirlos por un único boletín gubernativo, cosa que haría en esencia una vez llegado al poder años más tarde.

En este clima, comenzó a tomar fuerza el proyecto, que se realizaría más tarde con la llegada del fascismo, de sustituir a la clase dirigente liberal, por considerarla inadecuada y poco fiable para gobernar el país. Frente a las divisiones del mundo político, y en ausencia de hombres respetables con prestigio indiscutible, ya en 1916 una parte importante de la opinión pública comenzó a ver al jefe del Estado Mayor, general Luigi Cadorna, como el verdadero «duce» que necesitaba el país. Cadorna era considerado el único hombre que podía transmitir en el interior del país la inflexible disciplina y la fe inquebrantable en la fuerza de voluntad, con la que, sustrayéndose a cualquier control del poder político, gobernaba con éxito el frente militar. Por lo tanto, no resulta sorprendente que, desde la primavera de 1917, comenzasen a circular rumores de un inminente golpe de Estado apoyado por el Ejército y por algunos sectores intervencionistas (incluido el líder del socialismo reformista Leonida Bissolati, próximo al propio Cadorna) que habrían querido desautorizar al Parlamento para apoderarse del poder. Estos rumores revelaron la existencia de un enfrentamiento entre el Gobierno y la autoridad militar que amenazaba con desnaturalizar la esencia liberal del sistema político.

A medida que la guerra se hizo más larga y sangrienta, la galaxia intervencionista (en la que participaban hombres con orientaciones muy diversas, desde la extrema izquierda revolucionaria a la extrema derecha nacionalista, pasando por sectores restringidos del mundo liberal) se fue radicalizando. De hecho, en 1917 se llegó a solicitar al Gobierno que, a la hora de establecer «el criterio del internamiento» para los individuos considerados peligrosos, «tuviese en cuenta la partida de nacimiento y no el pasaporte», como se había hecho hasta entonces. Uno de los principales líderes del intervencionismo de izquierda, el anarquista Massimo Rocca, más conocido con el seudónimo de Libero Tancredi, propuso incluso que los ciudadanos italianos que hubiesen tenido cualquier vínculo con Alemania (por haber ido a trabajar en ese país, supieran hablar su lengua, o incluso porque tuviesen un cónyuge germánico), y que por ello eran sospechosos de estar a sueldo del enemigo, fueran concentrados en una «localidad lejanísima, por ejemplo en la colonia del Benadir o en Eritrea», al fin de convertirlos en «absolutamente inocuos»[475].

Incluso el general Cadorna se planteó internar o deportar a los socialistas lejos del territorio nacional. Este alto oficial incluso dejó en sus memorias referencias explícitas a esta hipótesis. En un intento de defenderse de las acusaciones de haber tratado de imponer al país una dictadura militar, aseguró no haber deseado «un régimen de terror». Hubiera sido suficiente, a su parecer, con «arrestar a algunos centenares de cabecillas y propagandistas, sacarlos del país transportándoles a las costas de Eritrea o de Somalia, y suprimir los periódicos y periodiquillos envenenadores del espíritu público», que el Gobierno dejaba culposamente en libertad de movimientos[476]. Otros incluso sugirieron reunir a los derrotistas y subversivos en un único campo de concentración en Italia meridional, y mantenerlos allí hasta seis meses después de la conclusión de la guerra.

Los socialistas italianos recibían las mismas acusaciones que sus correligionarios franceses, al menos hasta el asesinato de su líder Jean Jaurès por parte de un nacionalista, acaecido el 31 de julio de 1914, esto es, el primer día de la movilización general. Desde entonces, el partido había modificado de hecho su política, y alejándose del firme pacifismo de Jaurès, había ingresado en la Union Sacrée. De este modo, el recuerdo de su asesinato sirvió para sancionar la reunión de los franceses en nombre de la lucha «por la libertad».

Si en Francia, Louis-Jean Malvy (ministro del Interior desde el estallido de la guerra hasta fines de agosto de 1917, y responsable del diálogo con los socialistas) era odiado por todos los grupos nacionalistas radicales, hasta el punto de ser obligado a dimitir e incluso condenado a cinco años de exilio en agosto de 1918, también en Italia los grupos más fervientemente nacionalistas se habían conjurado para espiar al ministro del interior Vittorio Emanuele Orlando, detestado por la política de apertura y de tolerancia hacia el PSI. Una política que incluso en este caso tenía el inteligente objetivo de llamar a estos últimos a colaborar, en la medida de lo posible, en el esfuerzo bélico.

En Italia, algunos grupos, con probabilidad inspirados por lo que había sucedido en Rusia con la revolución de febrero de 1917 —de la que hablaremos más adelante—, se lanzaron a proyectar el derrocamiento de la monarquía, el secuestro de la familia real y el asesinato del rey. Otro objetivo ampliamente discutido fue la supresión física de los principales líderes socialistas y los de la corriente giolittiana. De las intenciones se pasó en algunos casos a los hechos, comenzando así a prefigurarse la estrategia que siguieron en la posguerra, a una escala más amplia, las escuadras de acción fascistas. Por ejemplo, en diciembre de 1917, fue agredido el dirigente socialista Emanuele Modigliani, que había defendido ante los tribunales de guerra de Turín a los imputados en el movimiento popular de agosto anterior. En esos mismos días fue asaltada la sede del diario socialista milanés Avanti!, y los ejemplares ya impresos y listos para ser distribuidos fueron destruidos y arrojados a la calle. Estos episodios, junto a los proyectos punitivos que hemos examinado, muestran que en el transcurso de la guerra comenzaron a definirse muchos instrumentos con los que el régimen fascista gobernaría la sociedad italiana. En particular, el uso del poder coactivo del Estado para reducir al silencio las voces disidentes, y el empleo de escuadras de tipo paramilitar para eliminar, apalear, apuñalar e intimidar a los adversarios, secuestrar a sus líderes o destruir sus sedes[477].

Por otro lado, las exigencias lanzadas por los grupos intervencionistas de alejar y recluir de manera obligatoria a los ciudadanos de otros países junto a los «enemigos internos» en zonas al margen de la civilización, sobre la base no de la nacionalidad declarada en el pasaporte, sino del lugar de nacimiento, implicaba dar un auténtico salto cualitativo en la lucha política. De hecho, significaba abogar abiertamente por una concepción de la nación basada en el jus sanguinis, o sobre la pertenencia étnica. Eso implicaba el potencial y peligroso deslizamiento hacia una concepción de la nación, si no racista, cuanto menos exclusivista.

Naturalmente, este fenómeno no fue solo italiano. Baste pensar en el caso ruso, donde fueron millones los deportados por razones exclusivamente de pertenencia nacional o étnica: alemanes y austrohúngaros que residían en el imperio zarista, pero también civiles rusos de origen alemán o hebreo, considerados «elementos no fiables», y por lo tanto listos para traicionar y pasarse al enemigo. De este modo, la Gran Guerra fue la ocasión para poner en práctica las teorías sobre las «poblaciones sospechosas» (a las que pertenecían en primer lugar los rusos de origen alemán y hebreo, pero también los musulmanes) que se habían desarrollado en Rusia entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX[478]. Sin embargo, estas teorías también se habían formulado en otros lugares, como demostró claramente la difusión del antisemitismo en buena parte de Europa. Para esta corriente, el derecho de ciudadanía debía ser reconocido solo si se estaba en posesión de la legitimación que brindaba el tener raíces bien asentadas en la civilización y en la sangre del propio país. Resulta evidente que el encuentro entre estas teorías y las prácticas de expulsión, deportación o internamiento desarrolladas entre 1914 y 1918, anticipó algunos de los episodios más dramáticos del siglo XX.

En Italia, este proceso tuvo efectos disruptivos sobre el sistema político al final de la guerra. Y no conviene olvidar que los ciudadanos de los países contra los que se combatió fueron alejados o encarcelados por todos los estados beligerantes, incluso en la patria de liberalismo, Gran Bretaña, donde se promulgó en tal sentido, la Aliens Restriction Act el 5 de agosto de 1914. Hubo allí incluso saqueos y destrucción de negocios alemanes, lo que también sucedió en Francia, donde se difundieron llamamientos para evitar el consumo de productos de una empresa suiza de alimentos, la Maggi, acusada no solo de espionaje al servicio de Alemania, sino incluso de envenenar la leche destinada al mercado francés, de la que presumiblemente las primeras víctimas hubiesen sido los niños. En Rusia, la obsesión por los espías afectó incluso a la zarina Alejandra, de origen alemán, que era vista con fuerte hostilidad por el pueblo, al igual que su fiel consejero Grigori Rasputin, que fue asesinado en un complot. A fines de mayo de 1915 se desencadenó un gran pogromo en Moscú, con el saqueo de centenares de negocios gestionados por ciudadanos alemanes. La caza de brujas llegó hasta la condena por traición del ministro de la Guerra, Vladimir A. Suchomlinov, y al ahorcamiento de su más estrecho ayudante. En este país fueron promulgadas leyes, aunque de escasa eficacia, para limitar el derecho de propiedad y las actividades comerciales de los ciudadanos rusos de origen alemán.

Temores análogos se manifestaron en Alemania y en Austria-Hungría. En los primeros días de la guerra, por ejemplo, la difusión de rumores según los cuales, automóviles que transportaban oro destinado a financiar actividades de espionaje atravesaban el país, llevó a la formación de grupos de ciudadanos que paraban los vehículos, los registraban y a veces asesinaban a sus ocupantes. En Estados Unidos, cerca de medio millón de ciudadanos alemanes residentes en el país fueron sometidos a la toma de huellas digitales y de fotografías: de ellos, 2300 fueron internados al ser considerados peligrosos[479].

Incluso en los países de ultramar se difundieron los mismos comportamientos: la aparición de grupos de vigilancia voluntarios contra los ciudadanos de naciones hostiles o contra quien manifestaba opiniones contrarias a la guerra (la American Protective League reunió 250 000 miembros), la prohibición de enseñar en alemán en algunos estados, la supresión de música y obras teatrales en esa lengua; la quema de libros o la sustitución de los nombres de calles y localidades que recordaban personajes, lugares y acontecimientos vinculados a la historia del país enemigo fueron frecuentes en Estados Unidos. La Sedition Act de mayo de 1918, llegó a prohibir las manifestaciones contra la guerra y los conflictos laborales[480].

Desconfianza, hostilidad, miedo y duras medidas restrictivas contra los enemigos internos fueron la norma en todas partes. Se estableció entonces una superposición importante, y llena de consecuencias para los derechos de ciudadanía y la aceptación de la absoluta supremacía de los intereses nacionales respecto a los individuales: quien se colocase fuera de este horizonte venía a ser considerado un elemento peligroso para la nación, porque estaba evidentemente al servicio de intereses extranjeros (o sea, «no nacionales», e incluso «antinacionales») y no tenía ningún derecho[481].

4. El descontento en el frente interno

4. El descontento en el frente interno

Como hemos dicho, 1917 fue el momento crítico por excelencia, cuando el cansancio por la guerra apareció claramente en todos lados. Los enormes gastos del conflicto habían modificado en profundidad la vida económica de los países, pero su entidad real es aún hoy difícil de cuantificar, y ello por varios factores: la pérdida de valor de las diferentes monedas nacionales entre 1914 y 1918, el escaso control de los parlamentos sobre las actividades del Gobierno, el secreto militar y la desorganización de la administración pública que caracterizaron más o menos a todos los estados.

De cualquier modo, se ha calculado (sin tener en cuenta la pérdida del poder adquisitivo) que el gasto público a fines de la guerra había aumentado en Alemania y Gran Bretaña 13 o 14 veces respecto a 1913, 11 para Francia y 22 para Italia. Los precios aumentaron sin tregua y la fuerte onda inflacionista golpeó a aquellos que percibían rentas fijas. Las requisas y el racionamiento de los bienes de primera necesidad o útiles para la conducción de la guerra se convirtieron en sistemáticas.

Desde los primeros meses de 1917 en Alemania y durante la primavera en Francia, estallaron movimientos de protesta que se prolongaron algunas semanas, seguidas de episodios análogos en Gran Bretaña. La Union Sacrée (Burgfrieden en alemán), esto es, el acuerdo entre las principales fuerzas políticas que había caracterizado los primeros años de la guerra, entró en crisis prácticamente en todas partes. En Francia, socialistas y católicos decidieron tomar distancias con el Gobierno; en Alemania, el Reichstag, como veremos, votó una resolución en favor de una paz de compromiso que pusiese fin a la carnicería, resolución que fue ignorada por el Gobierno. En Gran Bretaña, los laboristas vieron crecer su apoyo en detrimento de las fuerzas gubernamentales, mientras que en Irlanda, después de la violenta represión por parte de los ingleses del «Levantamiento de Pascua» de abril de 1916, resurgía la movilización nacionalista.

Toda Europa fue sacudida por fuertes agitaciones. Detengámonos en varios casos nacionales: en Italia las condiciones alimentarias fueron muy difíciles durante toda la guerra. En algunas zonas, la ración diaria de pan descendió hasta los 125 gramos, pero las grasas estaban prácticamente ausentes de la dieta. Del dramatismo de la situación alimentaria da cuenta el aumento de la mortalidad infantil, que fue una de las más altas de todos los países en guerra, o la exposición a enfermedades infecciosas como la tuberculosis. También aumentaron el alcoholismo y la delincuencia juvenil entre las clases populares.

La rabia explotó en ocasiones en forma de rebeliones abiertas, sobre todo a partir del otoño de 1916, por la convicción difusa de que, en el fondo, los ricos y los «señores» conseguían siempre evadirse de las responsabilidades: no iban a la guerra, sino que se emboscaban en cualquier oficina, sorteando las dificultades económicas y el racionamiento con compras en el mercado negro, y se enriquecían a costa de la gente pobre a través de la especulación que las autoridades estatales y militares no hacían nada por evitar. De este modo fueron saqueados negocios y comercios, mientras que las casas de personas pudientes fueron asaltadas y dañadas no pocas veces.

En 1917, el clima empeoró progresivamente. A causa de los llamamientos procedentes de la revolución de febrero en Rusia, en algunas zonas septentrionales se multiplicaron las agitaciones sociales. En un discurso pronunciado en la Cámara el 12 de julio, el socialista Claudio Treves dijo una frase que se hizo famosa: «el próximo invierno, fuera de la trinchera»; una consigna que representaba solo una esperanza en sus intenciones, pero que a ojos de la opinión pública patriótica estaba impregnada de un llamamiento explícito a la revolución. A la intervención del dirigente del PSI se unió, como hemos dicho, la aprobación de la «resolución por la paz» por parte del Reichstag el 19 de julio, con el consenso del Sozialdemokratische Partei Deutchlands (SPD), que parecía favorecer incluso en Italia el nacimiento de un movimiento dirigido a solicitar la paz inmediata, y por tanto a hacer retroceder la situación al statu quo ante del conflicto. Una paz «sin agresiones ni indemnizaciones», como se había solicitado en la conferencia de Zimmerwald de 1915.

Poco después, en los primeros días de agosto, en un contexto en que todos, militares y civiles, parecían exhaustos a causa del esfuerzo bélico, se publicó una carta del papa Benedicto XV a las potencias beligerantes, en la que invitaba a cesar la «inútil matanza». En el Ejército, esta definición de la guerra como matanza inútil fue recibida como una auténtica bofetada. ¿Todos los sacrificios hechos hasta ese momento habían sido inútiles y sin sentido? No sorprende que algunos oficiales comentasen el documento diciendo que no quedaba otra solución que atacar el Vaticano y ahorcar al papa.

Al incrementarse las dudas sobre la prosecución de la guerra —dudas que manifestaban el hastío y la desconfianza que afectaban al país—, tuvo gran resonancia el discurso de Giovanni Giolitti en Cuneo el 13 de agosto, en el que denunció la «desigualdad en los sacrificios», las injusticias sociales y la concentración de la riqueza en pocas manos que el conflicto había provocado, y que fue considerado por muchos como un auténtico llamamiento a la guerra civil.

Todavía en agosto de 1917 se cerró con gran ruido el llamado proceso Pradamano (localidad sede del tribunal militar), que para una parte de la opinión pública era la prueba de la conspiración socialista dirigida a difundir la propaganda derrotista entre los soldados del frente. El propio Cadorna había denunciado la presunta actividad de los círculos juveniles socialistas y anarquistas para reclutar adeptos entre los militares, impulsarles a formar comités militares en el frente, difundir documentos antibelicistas, recoger dinero en favor de los periódicos del partido y excitar a la revuelta en las propias familias por medio de intercambios epistolares. Para Cadorna, que exageraba enormemente los hechos, todo ello era el primer paso de un proyecto bien calculado: preparar un estallido insurreccional en el país.

La frenética acumulación de acontecimientos y el fuerte temor por el mantenimiento de un frente interno, difundieron la convicción de que todo eso era una maniobra concertada para provocar una crisis de gobierno que pudiese servir para reabrir el camino al estadista piamontés. El estallido de los sucesos de Turín, también en el mes de agosto, apareció como la confirmación indiscutible de la existencia de este proyecto. En efecto, ese mismo mes, Italia vivió una fuerte ola de protestas populares. Si los primeros racionamientos habían sido introducidos en 1916, en el verano de 1917 la escasez de alimentos ya era particularmente grave. En Turín, los obreros decidieron suspender su trabajo y millones de mujeres salieron a las plazas para exigir pan y paz. Fueron asaltadas tiendas de alimentación, y se construyeron barricadas para defenderse de la intervención de las fuerzas del orden y del Ejército. La tradicional hostilidad oficial hacia cualquier forma de protesta popular, y sobre todo la convicción de que la situación correspondía a un preciso plan organizado por los socialistas para desencadenar la revolución —el ejemplo de lo que estaba sucediendo en Rusia aterrorizaba a las clases dirigentes—, empujó a la autoridad a hacer intervenir al Ejército. La brigada Sassari, una de las unidades militares más prestigiosas, fue enviada a repeler el motín, y en los enfrentamientos fueron muertos cerca de 40 manifestantes y más de 200 resultaron heridos. En realidad, como sabemos hoy, el papel de los socialistas en esta ocasión fue sustancialmente marginal, ya que las auténticas razones de la protesta estaban vinculadas sobre todo al hambre, las privaciones, el cansancio y el alejamiento de los seres queridos.

A primeros de octubre de 1917, también en relación con las protestas que habían estallado un par de meses antes en Turín, fue promulgado el llamado «decreto Sacchi» (apellido del ministro de Gracia y Justicia) que no solo limitaba gravemente las libertades de pensamiento y expresión, sino que por su carácter genérico se prestaba peligrosamente a las interpretaciones más arbitrarias. De hecho, el decreto buscaba sancionar a todos aquellos que, con cualquier medio, cometieran o instigaran a cometer hechos que pudiesen deprimir el espíritu público, disminuir la resistencia del país o dañar los intereses nacionales. En base a esta disposición, fue posible arrestar al secretario y al vicesecretario del PSI, Costantino Lazzari y Nicola Bombacci, y al director del Avanti!, Giacinto Menotti Serrati. En la aplicación del decreto se consideraba innecesaria la presencia del hecho doloso para que se configurase el delito; en otras palabras, más que el crimen era importante perseguir la potencial peligrosidad de su autor. Por añadidura, en algunos procesos a los llamados derrotistas les fueron aplicados artículos del Código Penal Militar que preveían el delito de traición indirecta o culposa, que fue considerada como tal, incluso en ausencia de una específica voluntad de traicionar. Bajo tal lógica, cualquiera se podía encontrar expuesto al riesgo de ser procesado, como ocurrió con los padres de una niña que había invocado a Jesús en la iglesia para que hiciese terminar la guerra. O el vendedor ambulante que vendía figuras de chocolate que reproducían a los distintos reyes europeos, entre ellos al emperador Francisco José, el sacerdote que trató de consolar a un hombre enfermo diciéndole que su hijo dado por desaparecido en el frente estaba probablemente vivo y prisionero de los austriacos, lo que era considerado una marca infamante[482].

Una situación aún más grave se presentó en Alemania, donde a pesar de los millones de soldados muertos, hasta 1916 continuaba reinando un sustancial optimismo. La ocupación por parte del Ejército teutón de gran parte de Bélgica, la Francia septentrional y la Polonia rusa, y las derrotas de Serbia y Rumanía, parecían avecinar el momento de la victoria. Pero los sacrificios se hacían cada vez más pesados, e incluso para la parte más débil de la población, claramente insoportables. Basta pensar que la mortalidad femenina creció más del 10 % en 1916, y se triplicó el año sucesivo. Por otro lado, a causa del bloqueo naval anglo-francés iniciado en agosto de 1914, y que afectaba incluso a productos alimentarios y farmacéuticos, el racionamiento se había iniciado ya en enero de 1915.

Para tratar de invertir la situación, en aquel año los U-Boote iniciaron la guerra submarina a ultranza e indiscriminada contra cualquier nave sospechosa de transportar material útil para los países de la Entente. Desde el punto de vista de los alemanes, los ingleses y franceses habían sido los primeros en infringir las convenciones marítimas, provocando con sus flotas el aislamiento económico de las potencias centrales. Alemania consideraba, por tanto, su elección como una reacción legítima al «bloqueo del hambre» que estaba estrangulando su economía. Si en realidad era difícil impedir que las mercancías continuasen llegando a través de puertos neutrales como los holandeses, era evidente que en el invierno de 1916-1917 la situación se había tornado dramática.

La primera fase de la guerra submarina a ultranza duró unos pocos meses, pero al inicio de 1917, Alemania volvió a la carga y anunció que consideraba la zona marítima que circundaba Francia occidental y las islas británicas, junto con el Mar Mediterráneo alrededor de Italia, espacios en los cuales podía efectuar los hundimientos. El mando germano, que pasó a las manos de Hindenburg y Ludendorff en 1916, estaba persuadido que para no perder la guerra era necesario arriesgar el todo por el todo. Era preciso poner de rodillas a Gran Bretaña a cualquier precio, porque faltaban fuerzas para poder dirigir ofensivas potentes y costosas, tanto desde el punto de vista material como del humano, como las de 1915-1916.

El tonelaje hundido se dobló rápidamente, y al cabo de poco tiempo casi se triplicó, totalizando la cifra de seis millones de toneladas perdidas entre las flotas aliadas y un millón para las de las neutrales. De este modo, se produjeron millares de víctimas civiles en las acciones de los sumergibles alemanes. La elección de la Kriegsmarine contribuyó, por otro lado, a determinar un giro fundamental en el conflicto: la decisión de Estados Unidos de entrar en guerra contra Alemania en abril de 1917, y contra Austria-Hungría en diciembre del mismo año.

Como es de imaginar, en los Imperios Centrales gran parte de las privaciones provocadas por la guerra recayó sobre los civiles. En Alemania los mandos militares, en particular desde la llegada al mando supremo de Hindenburg y Ludendorff, habían concentrado entre sus manos la gestión de toda la economía nacional, marginando al poder político y privilegiando las exigencias del frente militar respecto a las del frente interno. El llamado «programa Hindenburg» de agosto de aquel año proponía, por ejemplo, aumentar un tercio la producción de artillería y ametralladoras, y duplicar el de municiones y morteros. Puesto que el mando militar de los Imperios Centrales estaba unificado, y de hecho en manos de los alemanes, estas medidas se extendieron también a Austria-Hungría.

A fines de año, como en otros países, también en Alemania se promulgó una ley sobre el servicio auxiliar que sancionaba la movilización obligatoria de todos los hombres entre 17 y 60 años no enrolados en el Ejército. Para evitar conflictos con los sindicatos se garantizó la existencia de comisiones internas en las industrias de guerra y organismos arbitrales para dirimir los conflictos de trabajo, además del crecimiento de los salarios. Siempre para evitar un descontento excesivo, el canciller Bethmann-Hollweg, impidió que quedasen incluidas en la ley las propuestas más radicales solicitadas por los mandos militares, como la reducción de la edad de trabajo a los 15 años, la retirada de las raciones alimentarias a quienes no desarrollasen trabajos considerados productivos y la clausura de las universidades por la duración del conflicto, a excepción de la investigación científica dirigida a la guerra[483].

A pesar de todo, la situación se agravó cada vez más[484]. No resultaba extraño ver a los mismos soldados robar las raciones del Ejército para distribuirlas a los civiles. En 1917, el consumo de pescado, huevos y azúcar se redujo a la mitad, mientras que era difícil encontrar en el mercado mantequilla, verduras, café, jabón o gasolina. En el invierno de 1916 a 1917, una pésima cosecha de patatas, base del alimento de la población, precipitó la situación justo en el momento en el que la guerra se había hecho más abrumadora. Esos meses fueron definidos como «el invierno de los nabos», el alimento dominante en las mesas de las familias. Entre 1917 y 1918, a pesar de la aparición de cocinas públicas y de centros de distribución de alimentos, cerca de un millón de alemanes murieron a causa del hambre y la desnutrición[485].

El empeoramiento de las condiciones económicas diferenciaba cada vez más a las clases acomodadas (que siguieron conservando su nivel de vida anterior, o que, gracias a las especulaciones favorecidas por la crisis, podían paradójicamente aumentarlo) y a la mayor parte de la población. Las huelgas crecieron mucho, de cerca de 129 000 huelguistas en 1916 se pasó a más de 600 000 al año siguiente.

La abierta intervención del alto mando en la vida del país hizo que en los ambientes gubernativos se hablase de que la «dictadura militar encubierta» se había impuesto. La Burgfrieden que el káiser había solicitado al comienzo de la guerra declinaba de forma inevitable.

La Revolución rusa de febrero y la desaparición de la escena de Nicolás II anularon una de las razones que había impulsado a los socialdemócratas alemanes a votar los créditos de guerra en 1914: colocar al propio país en situación de defenderse del reino despótico y reaccionario del zar. Fue en este contexto cuando los sectores más radicales del SPD decidieron separarse de la casa originaria para fundar el Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania (USPD), abiertamente favorable al cese de las hostilidades. Esta formación política contribuyó a alentar el periodo de agitación revolucionaria que afectó a Alemania sobre todo entre 1918 y 1919.

En este proceso de crisis de la unidad nacional, que, mal que bien, había caracterizado el trabajo del Parlamento alemán hasta aquel momento, el 19 de julio una mayoría imprevista fruto de la coalición entre liberales progresistas, el partido católico del Zentrum y el SPD aprobó la resolución de paz de la que hemos hablado, por 211 votos a favor, 126 en contra y 59 abstenciones, entre ellas la de los representantes del USPD.

Más o menos en los mismos meses de 1917, la derecha alemana se reorganizó en la Deutsche Vaterlandpartei [Partido Alemán de la Patria], que, a pesar de terminar su experiencia a la conclusión de la guerra, contribuyó a ahondar la grieta entre los partidarios a ultranza de los militares y los defensores de la paz o directamente antibelicistas, que fueron acusados de derrotistas y traidores, lo que contribuyó a erosionar la vida política alemana de la posguerra[486].

Incluso en Austria-Hungría, la elección de las autoridades magiares de privilegiar las necesidades del propio país —donde la agricultura era más desarrollada— respecto de otras regiones del Imperio, tuvo efectos devastadores sobre la disponibilidad de productos de primera necesidad. En abril de 1915 fue racionado el pan, y poco después le tocó al café, la mantequilla, la leche y el azúcar, mientras que fue prohibida la venta de carne dos días a la semana, y tres al año posterior. En 1916, el poder adquisitivo de los salarios se redujo a la mitad, y lo mismo sucedió al año siguiente, mientras que las pensiones de Estado que recibían las mujeres no eran en absoluto suficientes para sustituir la paga del marido en el frente, hasta el extremo de permitir, a fines de 1917, solo la compra de dos barritas de pan diarias[487]. Hubo graves protestas contra el aumento de los precios en mayo y en septiembre de 1916, y la exasperación llegó a tal punto que, el 21 de noviembre, Friedrich Adler, hijo del fundador de la socialdemocracia austriaca, mató al primer ministro, conde Karl von Stürghk, acusado de desear la continuación de la guerra y practicar una política autoritaria e insensible a las exigencias populares. Al comienzo de 1917 se promulgó el llamado «decreto de la picota» por el que se hicieron públicos los nombres de los especuladores que se estaban enriqueciendo a costa de sus conciudadanos. No era raro ver colas de miles de personas que esperaban su turno para obtener alimentos, mientras que el Ejército se veía obligado a intervenir para mantener el orden y destacamentos militares eran retirados del frente para reprimir las revueltas.

Desde la primavera de 1917 crecieron las protestas masivas contra la incapacidad de las autoridades para ofrecer a la población bienes de primera necesidad, o actuar contra los aumentos de precios, la corrupción y la usura. En el último año de guerra se hicieron más agudos los conflictos entre campo y ciudad. Si en las urbes las protestas eran promovidas preferentemente por la clase obrera (sostenida por los socialdemócratas) que se sentía traicionada por la población campesina, las protestas rurales eran de carácter burgués-campesino, y se dirigían contra los «traidores» bolcheviques, los «sin patria» y los «parásitos hebreos» que vivían en los grandes centros urbanos. Esta contraposición alimentó en la posguerra, como en Alemania, el mito de la puñalada asestada en la espalda de los combatientes por parte del frente doméstico dividido y manipulado por enemigos internos[488]. A pesar de estas enormes dificultades, en Austria-Hungría, a diferencia de Alemania, la asistencia se mantuvo en manos de asociaciones privadas o locales, organizadas preferentemente sobre bases étnico-nacionales, lo que contribuyó a exacerbar las tensiones existentes en el interior del Imperio a causa de la competencia que se desencadenó entre ellas.

Los países neutrales también sufrieron el embate de la crisis. En Suecia, el racionamiento impuesto en enero de 1917 provocó motines del hambre en marzo, que culminaron a fines de mes con la caída del Gobierno del independiente Hjalmar Hammarskjöld tras perder el apoyo de los conservadores. El nuevo Gabinete del contemporizador Carl Swartz, apoyado por el intransigente ministro de Exteriores Arvin Lindman, prometió resolver los problemas económicos y mantener al país en la más estricta neutralidad, pero la intensificación de la guerra marítima agravó la situación alimentaria y agudizó la protesta: el 20 de abril se produjeron actos de indisciplina y huelgas de hambre en varias unidades del Ejército, y ese mismo día los jóvenes socialdemócratas impulsaron la creación de un consejo de obreros y soldados en Estocolmo. Las manifestaciones culminaron en mayo en Seskarö, una pequeña isla al norte del país, cuyos habitantes saquearon una panadería y se enfrentaron al Ejército y a la Policía hasta que un barco llegó con provisiones. Algunos revoltosos fueron encarcelados entre tres y cinco meses. Los socialdemócratas aspiraban a canalizar el descontento para forzar la reforma democrática por vía constitucional, pero el 5 de junio, el Gobierno conservador se negó a efectuar la reforma exigida por el líder socialista, Hjalmar Branting. La brutal disolución de las manifestaciones de protesta llevó a que el ala izquierda de la socialdemocracia sueca se planteara al día siguiente la convocatoria de una huelga general de consecuencias imprevisibles, pero Branting y los sindicatos rechazaron la idea y nada sucedió. La situación se calmó con el comienzo de la cosecha de la patata, a comienzos del verano, y a la postre el malestar político pudo ser canalizado en las elecciones legislativas de septiembre, que fueron un gran éxito para socialdemócratas y liberales, que en los años siguientes abordaron la tan deseada renovación política con la abstención de los conservadores[489].

En Noruega, la escasez de productos y la amplia disponibilidad de moneda produjeron fuertes niveles de inflación, y favorecieron el mercado negro y la especulación. Las autoridades trataron de controlar los recursos del país y distribuirlos por medio de intervenciones y regulaciones, en lo que se llamó irónicamente «comunismo de guerra». Pero estas intervenciones se hicieron con el beneplácito y la cooperación de los empresarios, que fueron incluidos en la gestión de las diferentes medidas[490]. Con todo, el año 1917 contempló las mayores manifestaciones de protesta de la historia del país: unas 300 000 personas tomaron las calles en junio para protestar contra la penuria de alimentos y la escasez de dinero. Solo en Christiania (Oslo), se movilizaron 40 000 manifestantes. El Partido Laborista (Arbeiderpartiet), que había irrumpido en la política del país en las elecciones de 1912 y se había radicalizado ostensiblemente durante la guerra, barajaba la revolución como una posible salida a los problemas del país. Al igual que en Suecia, estallaron huelgas salvajes para protestar contra la situación alimentaria y se formaron soviets de obreros y soldados. Aunque no se desencadenó ninguna revolución, los años de la posguerra fueron los más agitados de la historia noruega.

En Holanda, la inquina popular no se dirigió contra el bloqueo aliado o las acciones de los U-Boote sino contra el Ministerio de Agricultura, que se mostraba incapaz de mantener el abastecimiento de petróleo o de impedir que los agricultores vendieran sus productos a los alemanes a mejor precio. El racionamiento de pan se estableció en enero de 1917, y el 28 de junio, la escasez de patatas provocó asaltos a barcos mercantes en Ámsterdam. En la primera semana de julio el malestar aumentó, y los obreros saquearon comercios y almacenes. La «Revuelta de las Patatas» culminó en la batalla campal de 5 de julio, en la que los soldados abrieron fuego contra la multitud, causando nueve muertos y 114 heridos. La situación social se deterioró aún más en 1918, ya que con el aumento del hambre y del paro estallaron motines en el Ejército. El gobierno extraparlamentario del liberal Pieter Cort van der Linden, respondió destituyendo al comandante en jefe del Ejército, reorganizando y desmovilizando parcialmente algunas unidades y aumentando las raciones. La ocasión le pareció propicia al líder socialista, Pieter Jelles Troelstra, para reclamar el poder para su partido. El 15 de noviembre, tres días después de que Troelstra anunciase el desencadenamiento inminente de una revolución («Semana Roja»), su delegado anunció que su líder se había derrumbado y que la revolución nunca había sido una opción barajada de modo realista. Desacreditado, el Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP) no fue invitado a formar parte de ningún otro gobierno hasta el gabinete de unidad nacional de 1939.

Entretanto, la propaganda de la Entente (sobre la que intervino insistentemente el presidente norteamericano Woodrow Wilson desde el ingreso en guerra de su país en el mes de abril) enfatizaba cada vez más la lucha entre la defensa de la libertad por parte de los aliados y la autocracia representada por los Imperios Centrales. La creciente adecuación a la realidad de tal perspectiva obligó a Guillermo II y a Carlos I (que había sucedido a Francisco José tras su muerte en noviembre de 1916) a prometer importantes reformas dirigidas a democratizar sus países. En particular, aseguraron que serían eliminados los privilegios electorales de las clases dominantes, pero estas promesas solo tuvieron el efecto (típico de todas las situaciones de efervescencia colectiva) de incrementar las expectativas de todos los que hasta ese momento se habían sentido excluidos o marginados de la gestión del poder. Ello les empujó a buscar un mayor protagonismo, con el resultado de debilitar el viejo sistema de poder.

5. Un nuevo protagonista

5. Un nuevo protagonista

El ingreso en la guerra de Estados Unidos, en abril de 1917, tuvo importantes consecuencias para el futuro del país. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, se pusieron las bases para que este poder se convirtiese en la principal potencia económica y militar del planeta. A nivel político, el conflicto contribuyó, como ocurrió en otras latitudes, a acrecentar el papel del poder central respecto al periférico, en este caso del gobierno federal respecto a los distintos estados, y en el ámbito federal del Ejecutivo respecto al Legislativo.

En su conjunto, la Gran Guerra fue un potente activador del proceso de nacionalización de los inmigrantes más recientes, que se habían incorporado por decenas de millones al país en los últimos treinta años. También se aceleró la extensión de los derechos electorales a las mujeres (sancionado con la aprobación de la XIX Enmienda en 1920), y estimuló la emigración de los afroamericanos desde los estados rurales del sur hacia las ciudades industriales del norte del país. Fue la llegada de trabajadores negros a las zonas industriales, y a veces su empleo como esquiroles, lo que a partir de 1917 desencadenó una oleada de violencia racial que provocó varias decenas de muertos y que, tras haber alcanzado su momento culminante en 1919, se fue atenuando en los años siguientes[491].

La aproximación de Estados Unidos a la participación en el conflicto fue gradual, ya que la simpatía hacia las potencias de la Entente no se daba por descontada. En efecto, se hicieron sentir los lazos que muchos inmigrantes conservaban con su antigua patria: por ejemplo, los ciudadanos de origen alemán representaban cerca del 10 % del conjunto de la población, pero también había irlandeses tradicionalmente hostiles a los ingleses, polacos que odiaban a los rusos, y hebreos que habían huido del Imperio zarista para sustraerse a los pogromos. La competencia con el Japón (aliado entonces de Francia y Gran Bretaña) por el control del Pacífico ejerció una cierta influencia en la limitación del espíritu intervencionista. También se temía que el bloqueo naval anglo-francés contra los Imperios Centrales pudiese dañar gravemente al comercio estadounidense.

La mayor parte de la opinión pública norteamericana se mantuvo largo tiempo contraria a la participación directa en la guerra. Como demostró la reelección de Woodrow Wilson en la presidencia en 1916, incluso contando con un margen de consenso extremadamente reducido, el candidato del Partido Demócrata consiguió la victoria gracias a la promesa de continuar manteniendo al país fuera del conflicto. Tampoco debe desdeñarse el hecho de que la prosperidad parecía, a ojos de muchos, garantizada por su neutralidad, como demostraba la balanza comercial exterior que gracias a la demanda suscitada por la guerra se había quintuplicado respecto a los años prebélicos.

Entre 1915 y 1916, sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar. Mientras que el crecimiento de la demanda por parte de las fuerzas de la Entente lograba compensar ampliamente los daños causados al país por el bloqueo naval contra los Imperios Centrales, se hizo evidente que la guerra submarina indiscriminada que desencadenaron estos últimos en 1915 representaba un peligro aún mayor. En este caso, cada nave civil o militar de cualquier país constituía un objetivo potencial.

Viendo que Estados Unidos continuaba comerciando y suministrando víveres, armas y municiones a las fuerzas de la Entente, Alemania decidió poner en marcha una serie de actos de sabotaje que, aunque las autoridades americanas no lograron asignar a la directa responsabilidad germana, consiguieron asustar e irritar a la opinión pública. Cuando el 31 de enero de 1917, la Marina alemana comunicó a Estados Unidos su decisión de reanudar la guerra submarina indiscriminada, estos últimos rompieron las relaciones diplomáticas. Menos de un mes después, Wilson decidió revelar las promesas (descubiertas gracias a la interceptación por los ingleses del famoso «telegrama Zimmermann») que Alemania hizo a México de amplias concesiones territoriales en Estados Unidos al final de la guerra si este país declaraba su apoyo al Reich. A estos hechos, que causaron una fuerte impresión al país, se añadieron otras razones que impulsaron a Estados Unidos hacia la intervención: la preocupación por no recuperar los créditos otorgados a los países de la Entente en caso de una victoria austro-alemana, y la perspectiva de aprovechar la oportunidad de la guerra en Europa para postularse como gran potencia en la escena mundial. Pero contaron también con la presión ejercida por un fuerte movimiento de protesta contra el hundimiento de naves estadounidenses por obra de submarinos alemanes, junto a la abdicación de Nicolás II de Rusia que, como hemos dicho, eliminó la gran contradicción de combatir por la democracia siendo aliados de un país autocrático[492].

El 2 de abril, el presidente norteamericano solicitó al Congreso que aprobase la declaración de guerra a Alemania, y en diciembre del mismo año la beligerancia se extendió contra Austria-Hungría. Pero los Estados Unidos, al no estar vinculados a los acuerdos de reparto territorial establecidos por los aliados al inicio del conflicto, decidieron participar en el mismo solo en calidad de «potencia asociada» a los países de la Entente. Una decisión que condicionó las negociaciones diplomáticas en el momento de la firma de los tratados de paz en 1919-1920.

6. Otros protagonistas

6. Otros protagonistas

El año 1917 tuvo también importantes consecuencias en Grecia. El país vivía profundas contradicciones. En particular, las aspiraciones irredentistas de la clase política nacional se enfrentaban a la debilidad económica y militar del propio Estado. Por otro lado, tras la humillante derrota sufrida en 1897 por parte del Imperio Otomano, por el apoyo griego a la rebelión de Creta, Grecia se encontraba aislada del plano internacional, y afectada además por graves divisiones internas. En 1908, la llegada al poder en el Imperio Otomano de los Jóvenes Turcos empujó a Creta a programar unilateralmente la unión con la madre patria, pero la tibia acogida del Gobierno griego y del soberano Jorge I (que recordaban la derrota sufrida diez años antes) a la voluntad unionista cretense precipitó la situación. Siguiendo el ejemplo de lo que habían hecho los Jóvenes Turcos, grupos de militares críticos con la debilidad y la corrupción de los gobiernos de la época se unieron en la Liga Militar (Stratiotikòs Sìindesmos) para solicitar reformas civiles y militares, el alejamiento del príncipe heredero Constantino (acusado de favoritismo con sus protegidos) y un mayor peso en el Gobierno, amenazando incluso con una marcha sobre la capital en caso de que sus reclamaciones no fuesen atendidas[493].

Los militares escogieron como líder a un hombre político cretense fervientemente irredentista: Elefhterios Venizelos. Tras ser nombrado primer ministro en 1910, puso en marcha importantes reformas, como la instrucción elemental obligatoria y gratuita, salarios mínimos para mujeres y niños, un impuesto directo y progresivo sobre la renta y el reconocimiento legal de las organizaciones sindicales. Ayudado por Francia y Gran Bretaña, consiguió hacer más eficaces a las Fuerzas Armadas. Mientras aumentaba el apoyo hacia su persona, el estallido en 1911 de la guerra ítalo-turca y de una insurrección en Albania, empujaron a Serbia, Montenegro y Bulgaria a aprovecharse del momento de debilidad del Gobierno de los Jóvenes Turcos para tratar de expulsar a los otomanos de los Balcanes de una vez por todas.

Tras algunas vacilaciones, debidas al temor a represalias contra los centenares de miles de griegos que vivían desde hacía milenios en las costas de Anatolia, Grecia se unió a los otros países y participó en la Primera Guerra Balcánica que se desarrolló entre octubre de 1912 y mayo de 1913. Las diferencias entre aliados llevaron al poco tiempo al estallido de la Segunda Guerra Balcánica, en la que Bulgaria, aislada, fue obligada a aceptar un fuerte recorte territorial con el Tratado de Bucarest, firmado en agosto de ese año. De este doble éxito militar, Grecia no solo obtuvo la anexión de Creta, sino ser reconocida como potencia mediterránea. Logró aumentar su propio territorio cerca del 70 %, y casi a doblar su población. Un atentado, sin embargo, provocó la muerte del rey Jorge I en marzo de 1913. Desapareció de este modo una figura que, con sus luces y sombras, había logrado actuar como elemento de equilibrio político en un país que se estaba transformando con rapidez en un contexto internacional cada vez más difícil. Su sucesor, Constantino I, nunca logró cubrir esta función.

Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, tras la agresión de Austria-Hungría a Serbia (con la que Grecia estaba vinculada por un tratado de mutua defensa firmado antes de la Segunda Guerra Balcánica, en junio de 1913), si bien Venizelos se había declarado favorable a la participación en el conflicto en el marco de la Entente, el soberano se mostró mucho más cauto. Impresionado por la potencia militar de los Imperios Centrales, y en particular de Alemania (estaba casado con Sofía, hermana del káiser Guillermo II), pensaba que la neutralidad de Grecia favorecía sus intereses. La entrada de Turquía en la guerra, en noviembre de 1914, revalorizó la situación estratégica de Grecia, a la que la Entente ofreció compensaciones en Asia Menor si intervenía en el conflicto. La situación se complicó en febrero de 1915 con la campaña de los Dardanelos. El rey, que había superado sus propias dudas y había dado el visto bueno a la intervención griega, cambió de parecer influido por la dimisión de su jefe de Estado Mayor, general Yoannis Metaxas, que temía que Bulgaria sacara partido de la intervención griega. Venizelos dimitió el 6 de marzo de 1915, pero en junio los resultados electorales respaldaron su posición proaliada. Este fue el inicio del llamado «Cisma Nacional», esto es, la división del país en dos facciones claramente opuestas: por una parte se colocaban los que eran contrarios a la política reformista de Venizelos, esto es, los que querían que Grecia permaneciera neutral y temían que Bulgaria, convertida en enemiga histórica de Grecia, aprovechase la implicación militar de esta última para arrebatarle territorios. Por otro lado estaban los partidarios de Venizelos.

Cuando Bulgaria atacó a Serbia en septiembre de 1915, Grecia se vio en la tesitura de ayudar a Serbia en aplicación del tratado de 1913. Venizelos obtuvo del Parlamento la autorización para enviar tropas griegas en ayuda de Serbia, mientras que el rey Constantino se opuso al paso por suelo griego de las tropas francesas e inglesas que trataban de sostener a los serbios que se encontraban en graves dificultades frente a alemanes, austrohúngaros y búlgaros. En este punto, Constantino pidió de nuevo la dimisión de Venizelos, que a su vez acusó al rey de extralimitarse en sus poderes constitucionales, en vista de que como jefe de Gobierno gozaba aún de una amplia mayoría en el Parlamento.

Mientras tanto, las relaciones entre la Entente y el Gobierno griego neutralista apoyado por el rey empeoraron progresivamente. En octubre de 1915, a pesar de la prohibición, franceses e ingleses desembarcaron en Salónica para reforzar el frente contra Bulgaria, y en enero de 1916 ocuparon Corfú, que transformaron en la principal base para salvar los restos del Ejército serbio, que huía a través de Albania. Se produjeron nuevas tensiones cuando el Gobierno griego negó el paso a través del Épiro al Ejército serbio reorganizado, que era dirigido desde Salónica, por parte de la Grecia Nueva venizelista.

En agosto de 1916, militares fieles a Venizelos se levantaron en Salónica contra el gobierno monárquico. En septiembre y octubre, el político cretense organizó un gobierno provisional que contaba con su propio Ejército. En este punto, los aliados desembarcaron en El Pireo y Atenas en diciembre de 1916 para asegurar la inacción del gobierno monárquico y garantizar los abastecimientos al frente norte. Tras ser rechazados, los aliados reconocieron como legítimo al Gobierno de Venizelos, que el 27 de junio de 1917, declaró la guerra a los Imperios Centrales y a sus aliados. El bloqueo económico y militar de las regiones leales a la monarquía organizado por la Entente obligó a Constantino a abandonar el país. El rey, sin embargo, no abdicó, sino que dejó en su puesto a su hijo menor, Alejandro.

Venizelos pasó a presidir un país dividido: muchos partidarios del rey Constantino (políticos, empleados estatales, religiosos y sobre todo militares) fueron purgados bajo la acusación de germanofilia. De este modo se inauguró una tradición que continuó durante las décadas siguientes: perseguir o al menos relegar a los adversarios políticos que, una vez incluidos en la categoría de «antinacionales», estaban siempre en riesgo de perder sus propios derechos y las garantías previstas en la Constitución[494].

En Portugal, donde la falta de consenso sobre la participación en la Guerra Europea hizo posible la aparición de la dictadura de Pimenta de Castro en enero-mayo de 1915, el 5 de diciembre de 1917 tuvo lugar la revolución sidonista. Esta fue la antesala de un Gobierno personalista (el 27 de diciembre, Sidónio Pais acumuló las funciones de presidente del Consejo de Ministros y presidente de la República) que pretendió establecer un Senado corporativo y un partido único —el Partido Nacional Republicano—, y llevar a cabo una política económica intervencionista con el desdoblamiento del viejo Ministerio de Fomento en Agricultura y Subsistencias y Transportes, a la vez que se trataba de devolver los privilegios a la Iglesia Católica y perseguía a los sindicatos y las organizaciones obreras. Esta breve experiencia autoritaria, que finalizó con el asesinato del «presidente-rey» el 14 de diciembre de 1918, actuó como antesala de la más duradera dictadura portuguesa iniciada el 28 de mayo de 1926 por el general Miguel Gomes da Costa y culminada con la llegada al poder de António de Oliveira Salazar el 17 de mayo de 1932.

Como Grecia, el Imperio Otomano también se encontró sumido en una profunda crisis entre 1914 y 1918. Una crisis que tenía profundas raíces, y que le ponía cada vez más a la merced de las potencias occidentales. Como hemos señalado, para evitar la progresiva decadencia, un grupo de oficiales —los llamados Jóvenes Turcos— ascendió al poder a través de golpe de mano en el verano de 1908. Su llegada y su explícita intención de modernizar con rapidez el Imperio habían suscitado grandes esperanzas respecto al reconocimiento de iguales derechos tanto para las tres grandes religiones que se practicaban en el territorio (la musulmana, la cristiana y la hebraica) como para las distintas etnias que lo habitaban. La restauración de la Constitución de 1876, que había tenido una breve vida, fue acogida con entusiasmo, pero al cabo de poco tiempo la situación cambio profundamente.

La transformación en 1908 en anexión del protectorado sobre Bosnia-Herzegovina por parte de Austria-Hungría (que trataba de conjurar posibles reivindicaciones del nuevo Gobierno otomano sobre la región, donde vivían cerca de 600 000 musulmanes), así como la declaración de la propia independencia por parte de Bulgaria y Creta, hicieron crecer el temor de una próxima disolución del Imperio. Se inició de este modo una política de «otomanización» forzada de los súbditos musulmanes que, abandonando las promesas iniciales de igualdad frente a la ley de todas las poblaciones, afirmó de hecho la supremacía de los turcos sobre los demás[495]. Fue en este contexto en el que se desarrolló el caso más dramático, en cantidad y nivel de violencia, de implicación directa de los civiles en la Primera Guerra Mundial: el exterminio de los armenios, que a causa de sus aspiraciones de independencia nacional y su vecindad a regiones de Rusia, fueron considerados por los turcos como una potencial quinta columna al servicio de esta última, contra la que estaban en guerra. En su intento de eliminar este peligro, se decidió transferir a toda la población armenia a la periferia del Imperio, pero en el curso de la deportación, centenares de miles de armenios (las cifras son muy variables, y la más reciente señala 650 000 víctimas) fueron exterminados por los turcos entre 1915 y 1916, con masacres directas, reclusión en campos de concentración donde el hambre y las enfermedades provocaron numerosas víctimas, venta de jóvenes a las bandas beduinas y kurdas (promovidas en ocasiones por los mismos padres para salvarles de una muerte cierta) y abandono final en el desierto de Mesopotamia, donde fueron eliminados casi todos los escasos supervivientes.

Fue en este contexto cuando, al año siguiente, las potencias de la Entente comunicaron a los americanos que uno de sus objetivos principales era expulsar de Europa al Imperio Otomano, en vista de que se había demostrado totalmente extraño a la civilización occidental[496]. Ello no fue óbice para que los turcos fueran objeto de masacres indiscriminadas cuando las tropas rusas, a las que se habían unido destacamentos armenios, penetraron en Anatolia Oriental y conquistaron Erzurum.

El Imperio Otomano se encontró combatiendo en Egipto, Mesopotamia y el Cáucaso, pero también debió afrontar una revuelta árabe guiada por el emir de la Meca, Hussein, que en 1916 había iniciado una revuelta antiotomana a cambio del compromiso de la Entente para reconocer el nacimiento de futuros estados independientes en la región. La revuelta, que buscaba también oponerse a la supremacía de la etnia turca mantenida por la nueva clase política, fue apoyada por Gran Bretaña. Las tropas otomanas fueron obligadas a retirarse del Yemen a Palestina y Siria. A fines de 1917, los británicos consiguieron conquistar Jerusalén y los árabes Damasco.

Otra importante partida se jugó en el Cáucaso. Los turcos esperaban aprovechar las distintas revueltas musulmanas que la Primera Guerra Mundial había hecho estallar para extenderse por esa región y luego dirigirse hacia el Mar Caspio y el Asia Central. En efecto, en 1916, los kazakos, en reacción al intento de los rusos de reclutar decenas de miles de campesinos justo en el momento de la cosecha del algodón, atacaron edificios del Gobierno y todos los símbolos del dominio ruso. Se produjeron feroces masacres entre ambas etnias. Incluso los kirguizes se rebelaron, y muchos de ellos fueron obligados a huir a China[497]. Tras la revolución de febrero y octubre, baschires, kazakos, azerbayanos y caucásicos trataron de aprovechar la guerra civil entre blancos y rojos para obtener su propia independencia. Entre la primavera y fines de 1917 se desarrollaron algunos congresos cuyas discusiones se concentraron en torno a dos opciones: obtener la autonomía quedando en el interior del Estado ruso o dar vida a una federación de estados musulmanes. Ambas opciones quedaron rápidamente canceladas con el nacimiento del Estado soviético.

La ideología panturca retomada por los Jóvenes Turcos encontró nuevas posibilidades tras el estallido de las dos revoluciones rusas. El ministro de la guerra, Enver Pachá (que había tenido un papel determinante en la incorporación del Imperio a la alianza con Alemania y Austria-Hungría), pensó aprovechar el hundimiento del zarismo para proponer una unión turca que llegase hasta Asia Central. El envío de tropas a la región no obtuvo ningún objetivo a causa de la derrota y la desaparición del Imperio Otomano a fines de octubre del año siguiente.

Como muestra de la complejidad de la partida que se estaba jugando en el territorio del Imperio Otomano, el 2 de noviembre de 1917 se publicó la llamada «Declaración Balfour», por el nombre del secretario de Estado británico, que manifestaba el favor del soberano Jorge V al nacimiento de un «hogar» hebreo en Palestina, y el empeño del Gobierno británico para favorecer su realización. Los árabes, naturalmente, no fueron informados del plan, mientras que Francia lo aceptó a cambio de la promesa de un Estado armenio en Cilicia.

En esta decisión pesaban varias razones: el deseo de recompensar a un pueblo que por siglos había sido discriminado y perseguido; el objetivo de constituir un puesto avanzado de los intereses británicos, y más en general europeos, en la zona, y la convicción de que las fuertes minorías hebreas presentes en Estados Unidos y Rusia apreciarían el gesto de la Corona[498]. De este modo, la emigración sionista a Palestina, iniciada a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, fue animada a proseguir su retorno a la tierra prometida, aunque el flujo migratorio no se hizo consistente hasta en los umbrales de la Segunda Guerra Mundial.

En el transcurso de la Gran Guerra, el antiguo objetivo de apoderarse de los territorios otomanos y en particular de expulsarles de Europa se había radicalizado, como mostró el acuerdo Sykes-Picot de 1916, que estableció la división del Imperio (una vez terminado el conflicto) en zonas de influencia de Francia, Gran Bretaña, Rusia e Italia. Siguiendo este camino, el imperio no solo fue desmembrado en la posguerra, sino que idéntica suerte le tocó a la misma Anatolia. Este proyecto acabó, sin embargo, en fracaso total a causa de la decidida resistencia de los nacionalistas turcos encabezados por el joven general Mustafá Kemal. Gozando del prestigio de haber guiado con éxito la resistencia en Gallipoli, animó la lucha que en 1922 llevó primero a la abolición del sultanato, y al año siguiente al nacimiento de la República turca, cuya integridad territorial fue reconocida de manera definitiva en el Tratado de Lausana firmado el 24 de julio de 1923.

Tampoco debe olvidarse que en el curso de la guerra incluso el Imperio Otomano fue obligado a transformarse profundamente. Se impulsó la estatalización de la economía, así como la nacionalización de los bienes religiosos, lo que aceleró de forma significativa el proceso de laicización de la sociedad y del Estado que los Jóvenes Turcos habían impulsado en los años anteriores, y que se incrementó tras el nacimiento de la República Turca en 1922[499].

7. El frente militar

7. El frente militar

¿Cómo es posible explicar la capacidad de resistencia de los soldados frente a las terribles pruebas que suponía la guerra total? Los autores han señalado varios factores. Entre ellos se pueden subrayar la disposición a la obediencia, junto a la aceptación fatalista y el respeto a la autoridad, actitudes notorias sobre todo en el mundo campesino, que representaba al menos la mitad del total de los combatientes. Por otro lado, estaba presente el sentido del deber al juramento prestado, el deseo de vengar a los amigos muertos o de conseguir recompensas, y el miedo al enemigo, que llevaba a la necesidad de matar para no ser muerto. De igual importancia era el temor al castigo si se retrocedía, y la severa disciplina impuesta a las tropas[500].

Los mandos militares de casi todos los países tuvieron en común la misma actitud: «domar» a los soldados antes que conquistar su apoyo y confianza. Desde ese punto de vista, fueron una excepción los ejércitos en los cuales el número de voluntarios era muy alto, si no dominante, como el británico, australiano o neozelandés.

En Italia fue autorizada permanentemente —único caso entre los países en guerra— no solo la posibilidad de que los oficiales ordenasen fusilamientos sumarios (esto es, sin proceso), sino incluso el diezmado: en caso de delitos muy graves era posible seleccionar entre las filas de la unidad incriminada a un soldado de cada diez para fusilar por sorteo, con independencia de su efectiva responsabilidad en los hechos[501]. Los motivos aducidos por todos los mandos militares para justificar la máxima severidad eran sustancialmente dos: salvaguardar las relaciones jerárquicas existentes, por las que un subordinado no podía de ninguna manera sustraerse a las órdenes emanadas de la autoridad, y hacer que el castigo, incluso la condena a muerte, de algunos soldados permitiese salvar la vida de todos los demás, forzando la cohesión del grupo. En realidad, estas orientaciones expresaban también la tradicional desconfianza que gran parte de las clases dirigentes europeas mostraban frente las clases populares, en la convicción de que la máxima severidad era el único instrumento válido para hacerse entender y conservar el orden.

En efecto, las razones de orden patriótico y nacional no eran en particular fuertes en ningún Ejército, y sobre todo no fueron estables a lo largo del tiempo. Como señaló el historiador Marc Bloch —por aquel entonces suboficial del Ejército francés—, con excepción de una pequeña minoría, «pocos soldados pensaban en la patria cuando se comportaban valerosamente; más a menudo se guiaban por un concepto del honor individual, que entre ellos era muy fuerte, siempre que fuera sostenido por el ambiente»[502]. Estas observaciones son importantes, porque nos señalan de forma indirecta que si estas condiciones ambientales se deterioraban (si por ejemplo, la estructura del mando se mostraba inadecuada, si el apoyo del país no era sentido por los combatientes, si los aprovisionamientos no eran regulares o suficientes, o si la capacidad de mando, disciplina y convicción de luchar por una buena causa entraban en crisis), entonces comenzaban a vacilar la voluntad de combate, la fe en la victoria e incluso la capacidad de soportar las terribles pruebas a que estaban expuestos. La solidaridad entre camaradas podía de este modo transformarse en resistencia, e incluso en auténtica revuelta contra una autoridad que ya no se consideraba legítima ni fiable[503].

El amotinamiento, por ejemplo, era un fenómeno sobre todo colectivo, realizado por unidades enteras, al igual que las lesiones autoinfligidas, que surgían de decisiones tomadas colectivamente más que de gestos individuales de desesperación. La capacidad de los soldados para soportar las difíciles condiciones de vida del frente podía depender, paradójicamente, también de su cansancio, de querer volver a casa lo antes posible y por lo tanto de su voluntad para implicarse en lo que los mandos presentaban como el último esfuerzo antes de la victoria final. Con el reparo evidente de que, en un momento dado, los soldados tomaban conciencia de que este último esfuerzo era en realidad siempre el penúltimo, que la guerra no terminaba nunca, y que por tanto daba igual dejarlo todo y volver a casa.

Fue precisamente en 1917, en el momento en que la guerra ya se había prolongado más allá de cualquier previsión, cuando en varias naciones, como Francia, Rusia, Alemania o Italia, comenzaron a multiplicarse los fenómenos de insubordinación en los respectivos ejércitos.

8. Las dos revoluciones rusas

8. Las dos revoluciones rusas

El descontento y la rabia caracterizaban, por tanto, a todos los ejércitos en guerra. Los motivos eran siempre los mismos: hartazgo por los inútiles ataques en masa, por la mala calidad de la comida, por los escasos permisos (concedidos con frecuencia de modo irregular), la preocupación por las propias familias, la desilusión y el rencor frente a la evidencia de que los costes de la guerra no eran repartidos de modo igualitario, y además, que los privilegiados de siempre (emboscados o aprovechados, los llamados «tiburones») o los evitaban o directamente se aprovechaban para enriquecerse a costa de los propios connacionales.

Entre los países de la Entente, el que sufría la situación más grave era Rusia, no tanto a causa del retraso general del país, sino más bien por el motivo contrario. Los procesos de industrialización estaban en marcha desde hacía años, pero en el curso de la guerra se hicieron cada vez más desorganizados e incontrolados. La fuerte demanda de trabajo, debida en particular al reclutamiento militar, había llevado a exonerar del servicio militar a hombres especializados y a campesinos que podían demostrar ser indispensables para el mantenimiento de su propia familia. Hubo una masiva emigración del campo hacia las minas, los campos petroleros y sobre todo a las ciudades. En los años de la guerra el número de obreros fabriles se triplicó.

La alta demanda de trabajo provocó el aumento de salarios, que junto con el aumento de la emisión monetaria, llevaron a una fuerte inflación que a su vez tuvo graves efectos en la economía del país. El incremento de los jornales empujó a los grandes propietarios a abandonar el cultivo de la tierra, para evitar el pago de estipendios demasiado altos. Muchos campesinos dejaron de comprar en el mercado bienes a precios demasiado elevados y se replegaron sobre la economía de subsistencia.

Como en Alemania y Austria-Hungría, la prioridad impuesta a los abastecimientos al Ejército hizo disminuir la disponibilidad de bienes de consumo para la población. En la primavera de 1917 (la primavera siempre ha sido, por otro lado, el periodo clásico de las revueltas populares, ya que representa el momento en el que se agotaban las subsistencias del año anterior y las del presente año aún no estaban disponibles) la falta de alimentos y de carburantes tornó en explosiva la situación. No hay que olvidar que se habían perdido importantes regiones suministradoras de productos alimentarios (como la Polonia ocupada por los alemanes en 1915) y que el transporte de efectos militares tenía prioridad sobre los víveres y bienes destinados a los civiles.

Por tanto, aunque la producción de material bélico mejoró poco a poco (hasta conseguir superar desde el punto de vista cuantitativo a la de los Imperios Centrales), la situación general había empeorado gravemente. Quien estuviera cercano a las tropas, ya hacia finales de 1916, había comenzado a captar la difusión de un fuerte deseo de paz, mientas aparecían los primeros signos de hundimiento, con el aumento de las deserciones y de los actos de insubordinación[504]. A finales del año, el número total de prisioneros en manos alemanas y austriacas había alcanzado el impresionante número de cuatro millones.

La crisis moral y material que sufría el país llevó el aumento de las protestas y las huelgas, en un crescendo iniciado ya en el mes de enero, en coincidencia con el «Domingo Sangriento» (22 de ese mes) que había dado origen a la revolución de 1905. La chispa que desató el incendio fue, sin embargo, una manifestación de obreras textiles en Petrogrado, exasperadas por el incremento del precio del pan y las largas colas que en estos meses podían ocuparles hasta cuarenta horas a la semana. De este modo, el 8 de marzo (que correspondía al 23 de febrero del calendario juliano, en vigor en Rusia, esto es, el actual Día Internacional de la Mujer), se desencadenó la revolución.

En Petrogrado, cerca de 200 000 trabajadores salieron a la calle para pedir el fin de la guerra y del régimen zarista, pero Nicolás II dio por respuesta la disolución de la Duma y el uso de la fuerza contra los manifestantes. Sin embargo, muchas unidades no solo rehusaron disparar sobre la multitud, sino que se solidarizaron con la protesta. En ese punto, las fábricas y los soldados eligieron sus propios soviets (consejos) que trataban no ya de controlar, sino sustituir, a la autoridad constituida. El Soviet de Petrogrado se convirtió pronto en el punto de referencia principal, sobre todo gracias a la promulgación el 14 de marzo (que correspondía al primero del mes) de la «Orden n.º 1», que abolía las reglas más represivas del antiguo régimen, y proclamaba que «al margen del servicio y del grado, en su vida política, civil y privada», los soldados no debían verse «afectados en los derechos que gozan todos los ciudadanos de la Rusia libre y democrática»

Entretanto, la Duma, el parlamento ruso, en señal de abierto desafío, votó la constitución de un gobierno provisional, y pocos días después, junto al Ejército, pidió la abdicación del zar. Este abdicó la tarde del día 15, a favor de su hermano Mijail Alexándrovich, quien solicitó a la población respeto a las decisiones del gobierno provisional y prometió la convocatoria de nuevas elecciones.

El zar había abdicado bajo la influencia de sus consejeros que le habían convencido de que, vistos los estrechos vínculos que la Gran Guerra había forjado entre el frente militar e interno, y a tenor de la composición del cuerpo de oficiales (en su mayoría de la escala de complemento, como de hecho ocurría en otros países, debido a la necesidad de gobernar un Ejército de muchos millones de hombres), era indispensable que las Fuerzas Armadas continuasen conduciendo la guerra al margen del caos que en ese momento sacudía la nación[505]. Las reflexiones de los consejeros de Nicolás II no eran sino la constatación del advenimiento de la «guerra total».

El gobierno provisional elegido por la Duma proclamó el nacimiento de la República democrática y puso fin al reino de los Romanov, de 300 años de antigüedad. Los soldados que abandonaron en masa el frente para volver a casa, como dijo Lenin, ya estaban votando por la paz «con sus pies». En estas circunstancias, tuvieron lugar episodios de confraternización espontánea con soldados enemigos, como ya había sucedido anteriormente, en particular durante las Navidades de 1914. Pero las «confraternizaciones» también fueron inducidas por los alemanes, que trataban de usarlas como instrumento para minar la unidad de los soldados rusos y empujarles a rendirse o a echarles en brazos de los bolcheviques, que exaltaban la solidaridad internacional del proletariado contra la burguesía de cualquier país.

La revolución de febrero se parece más a la de 1905, que fue una revuelta de los liberales y constitucionalistas burgueses contra la autocracia, apoyada por los obreros tras la represión del «Domingo Sangriento» que condujo a la elección del primer Soviet en San Petersburgo. Fue también una extensa y violenta revuelta campesina. Sin embargo, las tres corrientes (liberal, obrera y campesina) no se unieron, y la revuelta fue dominada por medio de algunas concesiones constitucionales, como el nacimiento de la Duma y la legalización de los sindicatos. Los mismos factores inspiraron la revolución de febrero de 1917, aunque entonces la situación parecía más grave a causa de la crisis económica y social provocada por la Guerra Mundial, que evidentemente era más profunda que la desencadenada en 1905 por el conflicto contra Japón[506].

De este modo, la autocracia fue reemplazada por la proclamación de un gobierno provisional basado en la autoridad de la Duma, pero que de hecho estaba tutelado por el Soviet de Petrogrado. Los miembros de este último reconocían en los acontecimientos de febrero la revolución burguesa que establecería un régimen democrático de estilo occidental como fase previa imprescindible de la revolución socialista, según el esquema formulado por Plejánov y aceptado por bolcheviques y mencheviques. Según el determinismo del esquema marxista clásico, la situación socioeconómica de Rusia impedía una transición inmediata al socialismo.

El gobierno provisional, por razones patrióticas, y el Soviet supremo de Petrogrado, por msiedo a que una victoria alemana supusiera el sofocamiento de la revolución, se mostraron de acuerdo en la necesidad de continuar respetando los compromisos asumidos con los aliados. De este modo el Soviet, a pesar de denunciar el carácter imperialista y antipopular de la guerra, y de invitar a otros pueblos a unirse a ellos para luchar contra las clases dirigentes en favor de una «paz sin anexiones ni indemnizaciones», continuaba pidiendo a los soldados que lucharan contra el invasor extranjero.

En esta tesitura, muchos compararon la situación rusa con lo que había sucedido durante la Revolución francesa. Se difundió la convicción (presente en Alexander Kerenski, socialista revolucionario nombrado ministro de la Guerra en el Gobierno Provisional dirigido por el príncipe Georgi Lvov) de que el mito de la «nación en armas», junto a la democratización del país y del Ejército (todos los oficiales fueron obligados a justificar cualquier orden dirigida a las tropas) habían henchido de entusiasmo a los soldados, empujándoles a combatir para defender, y difundir por el mundo entero, el nuevo espíritu revolucionario.

Se recuperó de este modo un cierto fervor bélico, de modo que los bolcheviques —los únicos abiertamente favorables al cese inmediato de las hostilidades— se encontraron aislados. Pero su mensaje había sido lanzado, y en una situación material y psicológica bastante difícil para todos los países en guerra, los resultados se mostraron imprevisibles. Como hemos visto, la abdicación del zar Nicolás II no había provocado la salida del país de la guerra, como habían esperado los alemanes. De modo que estos decidieron jugar su última carta, la más peligrosa: facilitar el retorno a Rusia de Lenin y de los otros líderes bolcheviques para desencadenar una revolución y llevar al país al colapso. En el mes de abril le fue concedido a Lenin permiso para volver a su país en tren desde Suiza. Su llegada lo cambió todo.

Naturalmente, los otros países contemplaban con ansiedad los sucesos de Rusia. Las fuerzas de la Entente temían que Alemania pudiese lanzar todas sus fuerzas sobre el frente franco-belga, que Austria-Hungría hiciese lo mismo contra Italia, y que el Imperio Otomano atacase en Mesopotamia a los ingleses, o se dirigiese a la Península Arábiga para sofocar la revuelta que estos últimos habían fomentado. Al mismo tiempo, a nadie se le escapaba la importancia propagandística del fin del zarismo: desde entonces, la guerra podría ser al fin presentada por la Entente, a la que se había incorporado Estados Unidos, como la lucha entre las democracias occidentales y las autocracias de los Imperios Centrales[507].

El gobierno provisional ruso había permanecido fiel al compromiso bélico, a pesar de la evidente descomposición del Ejército. Por otro lado, no se habían activado medidas en favor de los campesinos como la tan deseada distribución de la tierra, que junto con la paz (los tres años de sacrificio, que muchos consideraban sin sentido, habían costado casi dos millones de muertos) y la libertad (entendida como autogestión y liberación de cualquier reclamación por parte de instituciones desacreditadas), representaban las aspiraciones principales de estos campesinos que constituían el 95 % del Ejército ruso[508].

Además, el nuevo Gobierno no se mostró capaz ni de gestionar la crisis económica ni de controlar los precios, mientras que la población quedada sumida en el hambre. Por ello, la fuerza de los bolcheviques volvió a crecer. En su primer discurso pronunciado nada más llegar a Petrogrado —las famosas «Tesis de abril»—, Lenin solicitó la nacionalización de la banca y de la propiedad, incluida la tierra, la abolición del Ejército y su sustitución por una milicia popular, el fin de la guerra y el traspaso de todo el poder a los soviets.

El cálculo de los mandos alemanes se reveló acertado, ya que el fracaso de las ofensivas contra los germanos deseadas por Kerenski volvió a hacer explosiva la situación. En el mes de julio, la Guardia Roja (compuesta sobre todo por obreros de fábricas y desertores del Ejército) lanzó el primer intento de conquista del poder por los bolcheviques. Se produjeron algunos centenares de muertos y Lenin tuvo que refugiarse temporalmente en Finlandia.

La dimisión de Lvov y el nombramiento de Kerenski como nuevo jefe del Gobierno, convirtió a este último en el blanco privilegiado de los ataques de los bolcheviques, que gracias a la ayuda económica alemana estaban en disposición de publicar decenas de periódicos para difundir sus ideas. En el transcurso de pocas semanas, la situación se precipitó: a fines de julio, Kerenski nombró comandante del Ejército al ambicioso general Lavr Gueórguievich Kornilov, al cual, apenas un mes después, requirió la dimisión acusándole de proyectar un golpe de Estado. Acusado a su vez por este último de estar en manos de los bolcheviques, el primer ministro, temiendo que Kornilov marchara sobre Petrogrado, devolvió las armas a la Guardia Roja (que había mandado desarmar en las jornadas de julio) y le confió la defensa de la capital. La «traición» de Kornilov desmoronó definitivamente la fe de los soldados en sus propios oficiales, centenares de los cuales fueron asesinados en los días siguientes. En ese momento, el estado de ánimo de los revoltosos se radicalizó de forma violenta y las consignas fueron «todo el poder a los soviets», «control obrero» sobre las fábricas, paz inmediata, y distribución de las tierras a quienes las trabajaban. La situación se convirtió en caótica con miles de desertores que en el camino de vuelta a casa se abandonaban a la destrucción de las viviendas y al asesinato de los propietarios agrarios, violaciones colectivas, saqueo de pequeñas aldeas e incluso pogromos antihebreos. Como escribió Máximo Gorki, «la barbarie campesina con abrigo gris ha invadido las ciudades, y por todos lados exuda y despide malos olores»[509].

Mientras que otros generales eran nombrados al frente del Ejército, este se sentía cada vez más desorientado. Entretanto, los bolcheviques consiguieron conquistar la mayoría en los soviets de Petrogrado y Moscú. Después de que Lenin retornase de su exilio temporal en Finlandia, el Comité Central del Partido aprobó la llamada a la «insurrección armada». De este modo, con un golpe de mano realizado el 6-7 de noviembre de 1917 (24-25 de octubre), los bolcheviques ocuparon el Palacio de Invierno. El Congreso de los Soviets, que era controlado por los bolcheviques y los socialistas revolucionarios de izquierda (en ese momento aliados), acogió favorablemente la noticia y nombró a Lenin presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo. A fines de noviembre se realizaron por fin las elecciones que habían sido prometidas en marzo anterior, y poco después se firmó un alto el fuego con los Imperios Centrales de cuatro semanas de duración. Pero cuando la Asamblea Constituyente se reunió en enero de 1918, Lenin la disolvió, y tras haber tomado el poder, constatando que su propuesta de «paz sin conexiones ni reparaciones» no obtenía respuesta de los otros gobiernos, dio indicaciones para preparar un acuerdo definitivo con los alemanes, llevando de este modo a Rusia fuera del conflicto en pocos meses.

La Paz de Brest-Litovsk, signada el 3 de marzo del año siguiente —se había adoptado ya el calendario gregoriano— precipitó el final de la guerra en el frente oriental, y obligó a Rusia a ceder a Alemania dos millones y medio de kilómetros cuadrados, cerca de 60 millones de habitantes, la mitad de sus industrias y casi todas sus minas de carbón.

9. El descontento de los combatientes

9. El descontento de los combatientes

En el frente occidental, Francia fue el país en el que se produjeron los amotinamientos en mayor escala. Durante la ofensiva del Chemin des Dames, planeada por el jefe del Estado Mayor, general Robert Nivelle, y saldada con un número impresionante de pérdidas (cerca de 200 000 franceses muertos, heridos y prisioneros desde inicios de abril al 9 de mayo de 1917), estallaron graves incidentes en el Ejército. En efecto, apenas se constató el fracaso de la ofensiva, los oficiales comenzaron a señalar «actos de indisciplina colectiva». Si la palabra indisciplina indica el deterioro del orden, y el amotinamiento presupone en general gestos difusos de violencia contra los propios superiores, no fue esta la actitud dominante en estas circunstancias. No por casualidad, a muchos les pareció preferible hablar de «huelga de soldados»[510].

En mayo-junio de 1917, a los gritos de «À bas la guerre!» y «Assassin!, Buveur de sang!», entre 30 000 y 40 000 soldados que operaban en las zonas más próximas al frente, pertenecientes a 54 divisiones, se negaron a cumplir las órdenes de volver a primera línea. Algunas unidades que operaban directamente en el frente volvieron, como ya había sucedido en 1914, a fraternizar con el enemigo, y 20 000 decidieron entregarse a este. En algunos casos se cometieron también actos violentos contra los oficiales.

Los soldados solicitaban más permisos, mejor rancho, más ayudas para sus familias, el fin de las injusticias en la distribución de los costes de la guerra y la detención de la «masacre». En el fondo, las peticiones no eran tan diferentes de las expresadas en esos mismos meses en el frente interno, caracterizado por una oleada de protestas debida al aumento de los precios, la rabia contra aquellos que se aprovechaban del conflicto para enriquecerse y la imposibilidad de atisbar la llegada de la paz y el fin de los sufrimientos. Se puede decir que el descontento de los civiles tuvo un efecto multiplicador sobre el de los soldados, así como que las preocupaciones de los combatientes por sus propias familias reflejaban las de los padres y las mujeres por sus propios seres queridos destinados al frente.

En el curso de ese año, las protestas, iniciadas ya a fines de 1916, aumentaron progresivamente, y alcanzaron su punto culminante más o menos en las mismas semanas en que se produjeron los motines en el Ejército. En el campo, las requisas de grano, harina y carbón fueron autorizadas desde 1915, pero fue en 1917 cuando los precios de muchos artículos de primera necesidad aumentaron vertiginosamente, llegando a duplicarse. A finales del año se introdujo el racionamiento de pan en las ciudades de más de 20 000 habitantes.

En esos meses estallaron centenares de huelgas que implicaron a cerca de 300 000 trabajadores. Sin embargo, sus motivos rara vez eran políticos. Las razones eran más bien de carácter económico, como demostraba el hecho de que, una vez satisfechas las solicitudes planteadas, cesase de forma inmediata la interrupción del trabajo.

También aquí, como sucedería poco más tarde en Italia, la opinión pública más nacionalista sostuvo que los derrotistas —en concreto los socialistas— habían minado con su propaganda la moral de las tropas[511]. Y, como sucedió en el país transalpino con las acusaciones contra el ministro del interior Vittorio Emanuele Orlando, su colega Louis-Jean Malvy fue acusado de haber sido demasiado tolerante respecto a los derrotistas. El empleo de la fuerza se consideraba necesario, y se inició una auténtica caza de los presuntos agitadores para procesarlos y castigarlos. Sin embargo, solamente se ejecutaron algunas decenas de condenas a muerte, respecto a las cerca de 600 que fueron pronunciadas por los tribunales militares. No hay cifras seguras, pero parece que fueron efectuadas unas 50 en total. Sin embargo, varios centenares de soldados fueron condenados a prisión perpetua.

Los observadores más sagaces se dieron cuenta de que la auténtica causa de la protesta había sido el cansancio de los combatientes. La sustitución de Nivelle por Philippe Pétain, en el mes de mayo, se tradujo en una política más respetuosa de las condiciones de vida de los soldados, anticipando, en un curioso paralelismo, lo que sucedería poco tiempo después en Italia tras la derrota de Caporetto. Pétain dio la orden de mejorar la asistencia a las tropas que volvían de la primera línea, concedió más permisos y licencias, y mejoró la alimentación. Con sus frecuentes inspecciones de las trincheras dio ejemplo a sus subordinados de cómo estar próximo a los soldados, y sobre todo redujo los ataques frontales, lo que hizo disminuir drásticamente el número de bajas[512].

Junto a Nivelle fue sustituido el presidente del Consejo, Alexande Ribot, que había sido obligado a dimitir tras el abandono del último ministro socialista del gabinete, Albert Thomas. Este último había dimitido tras el rechazo por parte de la Cámara de la propuesta de enviar delegados a la Conferencia de Paz de Estocolmo, organizada por socialistas de algunos países neutrales, y que tras ser convocada para ese verano, se reveló inútil a causa de la falta de autorización para el envío de delegados socialistas por parte de las potencias de la Entente.

Tras un breve interregno, en el mes de noviembre fue nombrado primer ministro Georges Clemenceau, apodado «El Tigre» por su tenacidad y su estilo polémico. Para lanzar un mensaje inequívoco a todos los que eran favorables al fin de las hostilidades, acusó de traición al ex primer ministro Joseph Caillaux y al propio Malvy, y los hizo arrestar. Incluso defendiendo al Ejército de cualquier crítica, le impuso la supremacía del poder político. En un famoso y hábil discurso en el Senado, pronunciado el mes de diciembre, rechazó cualquier atisbo de crítica al general Pétain advirtiendo que, ya que este permanecía a sus órdenes directas, era solo él, en calidad de presidente del Consejo, el único eventual «responsable» de sus decisiones. Clemenceau guio al país hasta el final del conflicto, convirtiéndose así en el «padre de la Victoria».

La subordinación del poder militar al político representaba un rasgo diferenciador de la experiencia vivida por las grandes potencias de la Entente (Gran Bretaña, Francia e Italia) respecto de los Imperios Centrales. En el Reino Unido fue así desde el primer momento, en la República francesa se impuso en la primavera del año 1917, cuando el Ministerio de la Guerra fue encomendado a un civil (Paul Painlevé), en la península italiana lo fue tras la sustitución de Cadorna. También en Italia, donde el camino hacia la efectiva integración de las masas populares a la vida nacional se había logrado solo parcialmente (como demostraría la dramática crisis del Estado liberal en la posguerra), la situación se agravó de un modo particular en la segunda mitad del año. Los hechos de Rusia se injertaron en el descontento difuso a la hora de alimentar los mitos de una rebelión contra el poder y una revolución que destruyese de una vez por todas las injusticias, la opresión, la explotación y las diferencias de clase.

Como sabemos, la revolución de febrero, y más aún la de octubre, conmocionaron profundamente a la opinión pública mundial, que contempló con estupor el desorden que las acompañaba, el rechazo de los soldados a ir al combate y la autodestrucción del Ejército. Incluso en Italia, en las zonas donde era más fuerte la presencia socialista, comenzaron a encontrarse en los muros pintadas tales como «Queremos hacer la revolución, para cortarle la cabeza a los señores», mientras que las manifestaciones asumían no pocas veces un carácter de abierta oposición a la guerra. Pero en ese momento también comenzó a modificarse de forma relevante la relación entre las clases dirigentes y las populares.

Cuando a fines de octubre de 1917, en una situación interior de fuerte efervescencia, se conoció la noticia de la derrota de Caporetto, la tensión llegó a su punto culminante. El hundimiento de las líneas italianas se debió sobre todo al perfeccionamiento en el uso de las tropas de asalto alemanas, que habían sido desplegadas por vez primera en Verdún en 1916. En manos de los austro-alemanes cayeron cerca de 300 000 prisioneros, lo que representa la mitad del total de italianos capturados en toda la guerra, además de 14 000 km² de territorio y un millón de habitantes. La derrota llevó a la sustitución del presidente del Consejo, Paolo Boselli, por Vittorio Emanuele Orlando, y, como ya se ha visto, del jefe del Estado Mayor, Luigi Cadorna, por el general Armando Diaz.

El desastre de Caporetto pareció plasmar la «huelga de soldados» de la que tanto se había hablado en Francia tras los amotinamientos de mayo y junio, y que representaba una amenazante pesadilla para la clase dirigente italiana, que señaló lo sucedido como la prueba evidente de la escasa voluntad combativa de sus propios soldados. Sin embargo, muy pronto se debió afrontar el hecho de que, a pesar de la confusión total y la incomprensión de lo que estaba pasando, no se había producido una fuga general frente enemigo, ni se difundió la intención de abandonarlo todo y desertar, como había creído inicialmente una parte de la cúpula militar. Aunque muchos soldados festejaron el acontecimiento, lo hicieron porque parecía el fin de la guerra, de los asaltos y las masacres. Pero una vez finalizado ese momento de euforia, incluso de fiesta, retomaron sus puestos, y la inmensa mayoría de los huidos se presentó a sus unidades.

El enfrentamiento político no bajó de tono. Las acusaciones contra giolittianos, clericales y socialistas, que eran considerados los auténticos «responsables del desastre», se hicieron cada vez más acerbas. Se decía que habían sido ellos los que habían provocado la dispersión del Ejército, a través de su «pérfida sugestión» difundida en artículos, hojas volanderas, cartas, conversaciones privadas, conferencias, insinuaciones en los confesionarios, predicaciones en la iglesia y otras mil artimañas. Se trataba de una acción sistemática y capilar dirigida a convencer a los combatientes de que con su «huelga general» se podía poner fin a la guerra de inmediato. El «decreto Sacchi» fue utilizado entonces para golpear con pesadas condenas —incluidos fusilamientos— a los militares acusados de haber pronunciado frases derrotistas o pacifistas, o haber cantado himnos subversivos, aunque fuera en estado de embriaguez. Incluso un cierto número de miembros del clero, entre ellos algunos obispos, fue denunciado por actos antipatrióticos reales o presuntos, y algunos párrocos fueron internados. En realidad, el episcopado, al frente de una pequeña minoría de neutralistas y nacionalistas convencidos, se había situado en la mayor parte de los casos en posiciones patrióticas moderadas, colaborando lealmente en el esfuerzo de la guerra. Incluso el PSI corrigió pronto su estrategia: tras la conmoción provocada por el imprevisto hundimiento del frente, Rinaldo Rigola, secretario general del sindicato socialista Confederazione Generale del Lavoro (CGL), se apresuró a afirmar que era necesario que el pueblo italiano se concentrase «en un supremo esfuerzo de voluntad para rechazar al asaltante». Palabras similares fueron pronunciadas en los días siguientes por Filippo Turati, Claudio Treves y otros máximos dirigentes del partido[513].

Un «gran miedo» afectó a la clase dirigente liberal. De este modo, gracias en particular al empeño del ministro del Tesoro del Gobierno Orlando, Francesco Saverio Nitti, se acabó por prestar mayor atención a la situación de los combatientes: ya en el invierno de 1917-1918 se mejoró el rancho, se distribuyó ropa de lana, fueron ampliados los criterios para la concesión de subsidios y ayudas extraordinarias a las familias de soldados necesitados o que habían obtenido méritos particulares, fueron aumentadas las exenciones para labores agrícolas y aumentó la frecuencia de los permisos. Se facilitó a los soldados una póliza gratuita de seguro de vida y se tomaron medidas en favor de los inválidos, los mutilados, las viudas y los huérfanos de guerra. Se constituyó la Opera Nazionale Combattenti, con el propósito específico de ayudar material y moralmente a los soldados. Aumentaron las iniciativas recreativas, la difusión de la prensa patriótica, los llamados «periódicos de trinchera», las conferencias y las reuniones, y se intensificó la obra de propaganda individual y colectiva de los oficiales y los capellanes militares. A los campesinos que estaban en el frente y a sus familias se les prometió la distribución de tierras, que era su aspiración principal y más antigua.

Este cambio ofreció un importante modelo en el que se inspiró el régimen fascista. En el interior de un sistema que, según el modelo adoptado en el curso de la guerra, continuó imponiendo fuertes limitaciones al ejercicio de las libertades civiles y políticas, el régimen se propuso integrar a las masas populares en el Estado a través de la conquista de su consenso y el reconocimiento de algunas formas importantes de tutela social[514].

10. Las diferentes gestiones de la crisis

10. Las diferentes gestiones de la crisis

Las consecuencias de esta fuerte oleada de rebeliones populares estaban vinculadas, claro está, a la respuesta de las clases dirigentes nacionales. De entre todos los países envueltos en el conflicto, solo Gran Bretaña, seguida a cierta distancia de Francia, fue capaz de distribuir los sacrificios de un modo satisfactoriamente equitativo, logrando así reducir y reabsorber las tensiones sociales. Las clases dirigentes de ambos países se mostraron capaces de mantener unidos los frentes interno y militar, recurriendo más a la persuasión que a la coerción, lo que no excluía, como hemos visto, limitaciones a las libertades garantizadas normalmente en tiempo de paz. Por otro lado, la industria bélica y pesada fueron las principales beneficiarias de la distribución de los aprovisionamientos, pero no hasta el extremo de hacer olvidar las necesidades de los civiles. Francia, por ejemplo, se distinguió por las generosas «indemnizaciones de separación», que reconocieron a muchas mujeres una renta familiar superior a la recibida por sus maridos antes de la guerra. Las medidas en favor de las familias de los combatientes fueron tan eficaces que un testigo de la época las reputó como «la principal causa de la paz doméstica y la calma pública»[515].

También en el Reino Unido, la implicación del Estado a la hora de asegurar niveles satisfactorios de justicia e igualdad social fue evidente en la defensa de los salarios, incluso de los trabajadores no especializados, en la atenta gestión de los bienes de consumo, en el esfuerzo por asegurar una alta producción de bienes agrícolas y en el gravamen progresivo sobre las rentas, que fue aumentado durante la guerra con el consenso general de la opinión pública. Por ejemplo, casi el 20 % de los gastos militares ingleses fue financiado con la imposición directa, lo que era un porcentaje superior al de cualquier otro país. El Gobierno inglés había sido siempre el primero en introducir, ya en septiembre de 1915, un impuesto especial sobre las ganancias de guerra, que del 50 % inicial llegó al 80 % al final de la guerra. Entre las grandes potencias, para financiar los gastos bélicos, solo Gran Bretaña y más tarde Estados Unidos prefirieron incrementar los impuestos directos sobre la riqueza antes que los indirectos sobre los consumos.

En Francia, los aumentos de los impuestos sobre la renta y sobre los beneficios de guerra fueron más tardíos, ya que llegaron respectivamente en enero y en julio de 1916. Alemania introdujo la tasación de los beneficios de guerra en la primavera de 1916, pero el resto de países prefirió en gran medida los impuestos indirectos, como hicieron Rusia o el Imperio Otomano. Austria-Hungría introdujo un impuesto progresivo, pero con resultados descorazonadores. En Italia, el gravamen sobre beneficios de guerra fue precoz, ya que se estableció en el primer año de guerra (1915), pero fue relativamente bajo —el nivel máximo era del 20 %— y su recaudación resultó eficaz solo un par de años más tarde. En resumen, si Estados Unidos cubría más del 30 % de sus gastos gracias al gravamen fiscal, y Gran Bretaña el 28 %, Italia se mantuvo entre el 15-16 %, Francia en el 14-15 %, Alemania en el 13 %, y es probable que Austria-Hungría y Rusia en el 8 %[516].

Respecto a Gran Bretaña, ningún otro país tuvo, al menos desde 1916, un número tan alto de huelgas y huelguistas, pero el Gobierno, a pesar de todo, no recurrió al trabajo obligatorio, como preveían las medidas tomadas en Alemania. En su mayoría, el movimiento obrero inglés era tradicionalmente más moderado que el continental, y las interrupciones del trabajo no representaban una amenaza ni para la estabilidad del país ni para el sostenimiento del frente interno, ya que existía un acuerdo sustancial de la opinión pública sobre la finalidad de la guerra.

La clase dirigente británica, consciente de que las huelgas y las protestas obreras buscaban la mejora de las condiciones económicas y materiales del trabajo, y no cambios de gobierno o el debilitamiento y la destrucción del sistema, se apresuró a satisfacer tales reclamaciones. No fue así en otros países, donde a la larga tradición de políticas represivas contra el movimiento socialista se sumó el temor de que las alteraciones en el frente interno abrieran una brecha en el frente militar, provocando el colapso y la derrota definitiva de la nación[517].

El mayor equilibrio en las políticas seguidas por los gobiernos francés e inglés fue evidente en el control de la inflación. Esta era, de algún modo, un producto inevitable de la guerra porque los estados estaban obligados a imprimir más moneda para poder comprar productos cada vez más difíciles de obtener, y siempre más costosos. Pero si en Francia y Gran Bretaña los precios se duplicaron entre 1914 y 1918, en Alemania a partir de 1916 se vivió una de las más increíbles ondas inflacionistas que había conocido la historia de la humanidad, ya que los precios llegaron a cuadruplicarse.

Como se ha anotado, estas políticas dependían del diverso concepto de ciudadanía que caracterizaba a los regímenes liberales de la Entente respecto de los semiparlamentarios y fuertemente impregnados de autoritarismo, como el alemán y el austrohúngaro[518]. Si para los primeros la centralidad del Parlamento y de las libertades individuales impulsaba al Estado a colocarse al servicio de la seguridad nacional, sin por ello olvidar los derechos de los ciudadanos, en los segundos las exigencias del Estado tenían prioridad sobre cualquier otra consideración, lo que quiere decir que la distribución de bienes de primera necesidad a beneficio (absolutamente prioritario) del Ejército contribuyó a crear tal penuria que desorbitó los precios y condenó a las poblaciones de sus países a la desesperación.

Si en todas las guerras el Poder Ejecutivo tiende de manera inevitable a ser favorecido respecto al Legislativo, y el poder militar respecto al civil, en Gran Bretaña la cultura liberal y democrática se mostró lo suficientemente enraizada como para impedir que el poder político fuese constantemente amenazado o humillado por la invasión del militar, y que las exigencias del Ejército dominasen de forma abusiva. Como hemos visto, en Francia sucedió lo mismo desde el nombramiento de Paul Painlevé como ministro de la Guerra y la sucesiva llegada al poder de Clemenceau[519]. Italia se colocó en cierta medida a mitad de camino entre uno y otro modelo: sin caer en los excesos de los Imperios Centrales, el frente militar fue de hecho ampliamente favorecido, como lo demuestra un simple dato: el consumo de carne. Si los soldados consumían cerca de 146 kilos anuales, los civiles apenas llegaban a 15. La llegada al poder de Orlando, tras la derrota de Caporetto y la destitución de Cadorna, permitió equilibrar al menos temporalmente las relaciones entre ambos poderes.

11. Conclusión

11. Conclusión

A partir de 1917 y hasta 1922, el fermento revolucionario pareció difundirse por todos lados: a las dos revoluciones rusas se sumaron en los años siguientes la revolución húngara, las jornadas revolucionarias de Berlín y Múnich, las grandes huelgas en Italia y la entrada en escena del fascismo. Las clases propietarias y gran parte de las clases medias se alarmaron a causa del temor a una difusión incontrolada de la rebeldía contra las autoridades estatales suscitada por el estímulo ofrecido por la perspectiva revolucionaria leninista. Por ello, los grupos dirigentes se organizaron para afrontar el peligro, y finalmente —como sucedió en Italia con el fascismo— para cancelarlo brutalmente de una vez por todas.

Una de las transformaciones más significativas provocada por el conflicto en el campo cultural fue probablemente el rechazo del individualismo, esto es, la búsqueda única de la utilidad personal, que se acompañó de la aspiración a una radical regeneración colectiva. La exaltación de los sacrificios que era preciso arrostrar para asegurar la unidad moral del país y las invitaciones a la responsabilidad de todos hacia los destinos de la patria, buscaban dar prioridad a los intereses colectivos respecto a los individuales. El deseo de utilizar la oportunidad que brindaba la guerra para forjar una comunidad caracterizada por la fuerte solidaridad interna, una auténtica y más sentida «unión moral», fue uno de los motivos fundamentales que impulsaron a amplios sectores de la opinión pública a desear la entrada en el conflicto[520]. Pero uno de los legados más significativos del mismo fue la radicalización de esta búsqueda de la «cohesión social». A ese respecto, el historiador germano-americano, George L. Mosse, ha descrito de modo sugestivo los efectos del proceso de «brutalización de la política» que el primer conflicto mundial tuvo en la cultura y en la sociedad europea[521].

La inesperada duración e intensidad de la guerra provocó de hecho una profunda transformación de las relaciones entre el Estado y la sociedad. En particular, el disciplinamiento posibilitado por la progresiva militarización de la sociedad, bajo el modelo del espíritu de camaradería y solidaridad de las trincheras, pareció a muchos el precio necesario que había que pagar para mantener cohesionada a la sociedad y proceder con rapidez a la integración de las masas populares en el Estado. Lo mismo sucedió con el énfasis puesto a la dedicación total a la nación y con la organización de una liturgia política compuesta de ritos unamimistas de masas que la guerra había promovido y desarrollado, y con la adicción al uso sistemático y persuasivo de la violencia en la acción política, incluso como respuesta al temor obsesivo hacia los continuos complots de los «enemigos internos».

Allí donde estos factores se sumaron a la incapacidad de las clases dirigentes, a la derrota militar o a la desilusión, e incluso la humillación, por los tratados de paz, la situación se hizo potencialmente explosiva. Y la costumbre de rechazar espacios de mediación y resolución no violenta de las controversias, poniendo el énfasis en la separación neta e irreversible entre amigo y enemigo (e incluso la exaltación de la destrucción de este último como única alternativa aceptable a su rendición incondicional), tuvieron un peso relevante en la crisis de los equilibrios políticos prebélicos y en la preparación de las condiciones para su derrumbamiento final.

Epílogo. Tiempo de frustraciones y divisiones. Las secuelas de una crisis

EPÍLOGO

TIEMPO DE FRUSTRACIONES Y DIVISIONES

Las secuelas de una crisis

Eduardo González Calleja y Francisco Sánchez Pérez

Universidad Carlos III de Madrid

Las consecuencias del fracaso de 1917 fueron tan decisivas como en 1909, pero esta vez en un sentido de desarticulación del impulso unitario en favor del cambio político. La ofensiva de 1917 fue seguida de un bloqueo en 1918, en el que no se logró restablecer el poder oligárquico, pero tampoco el triunfo de las nuevas fuerzas reformistas. Las élites gobernantes se vieron enfrentadas a un incremento de demandas generadas por la movilización social provocada por la guerra, y su incapacidad para democratizar el sistema incrementó el conflicto social y la inestabilidad política llevó al colapso el conjunto del sistema de poder[522]. Por otra parte, el frente que impulsó la huelga de agosto de 1917 no solo no se recompondría antes de 1923, sino que las experiencias vividas en ese periodo condujeron tanto a republicanos como a sindicalistas y socialistas a profundas divisiones muy complicadas de suturar.

1. Intelectuales y militares

1. Intelectuales y militares

Los intelectuales, que con su aliadofilia —actitud pública de contornos muy heterogéneos— creyeron disponer de una plataforma de proyección nacional en el debate político generado por la guerra para transformar o derribar el régimen de la Restauración, pronto se apercibieron de que habían quedado marginados en todos y cada uno de los procesos de cambio que se habían ensayado durante ese año. Por otro lado, su creencia, claramente utópica, de que la Entente o el wilsonismo democratizarían España como por ensalmo, se vio desmentida por una coyuntura posbélica donde la voluntad democratizadora fue superada por la oleada de fervor nacionalista, y donde la voluntad de cambio fue menoscabada por el miedo a los excesos de la revolución comunista. Entre 1918-1919 se hundieron las expectativas de cambio político generadas por el discurso aliadófilo, es preciso reconocer el papel decisivo del mismo en la incorporación definitiva de los intelectuales españoles a la vida política, ya que asimilaron el discurso de movilización en el que se movían sus homólogos europeos. A pesar de la fragmentación en los años siguientes del colectivo intelectual español tras el fracaso de sus actividades en 1914-1919, la movilización que impulsó favoreció el desarrollo a escala nacional de una cultura política de masas, como acabó por hacerse evidente en 1931 con la proclamación de esa «República de profesores» en la que los intelectuales, para bien o para mal, tuvieron un papel destacado.

Si el frente intelectual reformista se cuarteó con rapidez durante la posguerra, dejando paso incluso a actitudes militaristas en casos como los de Ortega o Maeztu, el corporativismo militar alcanzó entonces sus cotas máximas de influencia en la vida política. Al final, las Juntas de Defensa rechazaron cualquier homologación con las corrientes sindicales y cualquier inteligencia con las izquierdas moderadas y las obreristas, y optaron por ejercer su propia política «de veto». Tras los sucesos del verano de 1917, las Juntas renunciaron a la alianza con los grupos antirrestauracionistas para impulsar un vago programa de reforma política henchido de los lugares comunes del regeneracionismo finisecular, y se recluyeron en reivindicaciones corporativas que, en no pocas ocasiones, enmascararon un auténtico asalto indirecto al poder civil. De este modo, el Ejército, o al menos el sector más conservador del mismo, pasó de ser un poder fáctico reconocido, pero también susceptible de ser controlado constitucionalmente, a instituirse como un virtual «partido militar», capaz de imponer cada vez con más fuerza sus puntos de vista mediante los plantes al Gobierno, la complicidad de ciertos medios políticos (como La Cierva en el Ministerio de la Guerra del Gabinete García Prieto), sociales (la burguesía catalana) o institucionales (las turbias maniobras de un rey deseoso de servirse de las bayonetas para aumentar su propio protagonismo). La alianza entre la Corona y el Ejército se consolidó a expensas de las desacreditadas élites políticas, que sufrieron la interferencia castrense que acabó por cuartear y derribar el régimen constitucional[523]. Al fin y al cabo, las Juntas y sus voceros civiles y militares pensaban que el Ejército estaba legitimado para actuar como reserva política cuando era llamado a actuar como salvaguardia del orden público en los momentos decisivos. De este modo, aprovechó el ascenso del corporativismo en la sociedad española para reafirmarse en su función de árbitro político, y el rey también acentuó su autoritarismo a partir de 1917. Por ejemplo, en marzo de 1918, La Cierva consiguió el desalojo de los dos ministros catalanistas del Gobierno Alhucemas (Ventosa y Rodés), y el 7 de marzo, un Real Decreto de Reforma Militar (que fue entendido como un golpe de Estado encubierto y que sembró la discordia en el seno del Gabinete) satisfizo las principales aspiraciones de las Juntas como el incremento salarial, presupuestario y de plantilla y el ascenso por rigurosa antigüedad. El ministro disolvió la Unión de las Clases de Tropa y purgó al coronel Márquez (que fue sometido a un consejo de guerra y expulsado del Ejército), al tiempo que adaptaba las demandas de las Juntas en normas legales para paralizar su tendencia política reformista. Las Juntas fueron convertidas en organismos consultivos permanentes del Ministerio de la Guerra y domiciliadas en este.

El Gabinete Allendesalazar, constituido en diciembre de 1919, legalizó al mes siguiente las Juntas bajo el nombre de Comisiones Informativas. Pero el desastre de Annual, de julio de 1921, intensificó la lucha entre africanistas y junteros, que se señalaron unos a otros como culpables del desastre colonial. A inicios de 1922, La Cierva impuso la colocación de las Juntas bajo control del Ministerio de la Guerra, pero las dudas del rey a la hora de apoyar esta iniciativa provocaron la dimisión del Gobierno el 11 de enero, aunque la enérgica manifestación antijuntera de la opinión pública sostuvo la solidaridad ministerial hasta la crisis final del Gabinete, que sobrevino el 1 de marzo de 1922. Aunque Sánchez Guerra impuso la disciplina entre el funcionariado civil y militar y disolvió definitivamente las Comisiones Informativas en noviembre de 1922, la creciente imposición castrense ante un poder civil cada vez más fragilizado e inoperante conduciría al golpe de Primo de Rivera y a la burocratización de esta primacía castrense con apoyo regio.

2. La frustración de la campaña autonomista

2. La frustración de la campaña autonomista

Cambó se había aprovechado de la vulnerabilidad del Gobierno para fortalecer su propuesta autonomista ofreciéndola a otras regiones. La Lliga inició a comienzos de 1918 una campaña para extender su influencia por la España periférica, en especial el norte, Valencia y Andalucía, a la cabeza de un movimiento regenerador de clase media que esperaba consolidarse en las elecciones generales de 24 de febrero, y que sin embargo, otorgaron la mayoría a los partidarios del turno (94 datistas, 79 demócratas, 54 romanonistas, 29 mauristas y 25 ciervistas) contra 20 catalanistas y otros 15 regionalistas (7 nacionalistas vascos), 15 republicanos y 8 reformistas y 6 socialistas.

El autonomismo se reactivó con la victoria aliada y las subsiguientes promesas de aplicación del derecho a la autodeterminación. El otoño de 1918 vio aparecer demandas de autogobierno en Cataluña, País Vasco y Galicia. Los nacionalistas vascos, los regionalistas valencianos y los galleguistas secundaron la iniciativa catalana en la campaña estatutaria, que se agudizó a fines del año (I Asamblea Nacionalista en Galicia a mediados de noviembre; Asamblea de autonomistas navarros en Pamplona en diciembre de 1918; agitación de la Juventud Valencianista en noviembre-diciembre; movilizaciones canarias, aragonesas, extremeñas, andaluzas, etc.). Pero los catalanistas ya no luchaban por liderar la política de una España volcada hacia un improbable reformismo, sino por sus propios intereses.

El inicio de la campaña por la autonomía integral catalana tuvo lugar el 16 de noviembre de 1918. El 29, una representación de la Mancomunitat entregó al marqués de Alhucemas las bases de un Estatuto de Autonomía que encontró de inmediato mal ambiente en Madrid y provincias, con el añadido de boicots a los productos catalanes y manifestaciones en favor de la unidad de España. A pesar de que el rey, en una audiencia que tuvo lugar en Palacio el 15 de noviembre, prometió a Cambó su apoyo en la ardua empresa que se avecinaba, en los debates parlamentarios la propuesta autonómica fue furiosamente atacada por Maura y Alcalá-Zamora. Tras los discursos parlamentarios de Cambó el 10 y 12 de diciembre y el abandono del hemiciclo por los parlamentarios catalanistas en medio de acusaciones de separatismo, Cambó pronunció el día 16 un discurso en el teatro El Bosque de Barcelona donde reafirmó su accidentalismo: «¿Monarquía? ¿República? ¡Catalunya!». De nuevo la Lliga se enfrentaba al régimen, como en 1906 (Solidaritat Catalana) y 1917 (Asamblea de Parlamentarios).

Todo ello hizo caer al Gobierno de García Prieto y dejó en manos de Romanones la solución del problema[524]. Se creó una comisión extraparlamentaria que bajo la presidencia de Maura, pero sin presencia catalanista, elaboró las bases de un Estatuto cuya ponencia fue enviada a las Cortes en enero de 1919: se creaba una Diputación o parlamento regional y una Generalidad o Gobierno, aunque reservaba a las Cortes con el rey la capacidad de revisar los límites de la autonomía. La propuesta fue rechazada de plano por los catalanistas, que solo aceptaban la ratificación parlamentaria de su propio borrador, que fue aprobado por 1046 de los 1072 municipios catalanes en un plebiscito convocado los días 23 y 27 de enero de 1919. Del mismo modo que en las calles de Barcelona entraban en colisión españolistas y catalanistas ante la malhumorada mirada de los militares de la guarnición, en el Parlamento chocaron el texto de la comisión extraparlamentaria convertida en proyecto del Gobierno y el texto de la Mancomunitat hecho suyo por la casi totalidad de los diputados catalanes[525]. La crisis de los partidos del turno y las Cortes más fragmentadas de la Restauración dieron esperanzas a los catalanistas, pero la discusión del proyecto se suspendió con la agitación sindicalista y la cancelación por el Ejecutivo de las sesiones de las Cortes. Fue otra oportunidad perdida, que condujo a la radicalización y fragmentación del catalanismo: Francesc Macià creó la Federació Democràtica Nacionalista (FDN) en enero de 1919, y en 1922 sectores juveniles disidentes de la Lliga crearon Acció Catalana, de ideología republicana y netamente nacionalista, que en 1923 arrebató en Barcelona la mitad de los sufragios de la Lliga, que entre marzo de 1918 y marzo de 1922 había intentado integrarse en el régimen de forma inestable, y que acabó en la primavera de 1923 por integrase en una coalición contrarrevolucionaria y por apoyar tácitamente el pronunciamiento de Primo de Rivera pocos meses más tarde.

3. La profundización de la crisis política

3. La profundización de la crisis política

El régimen político comenzó a entrar en crisis desde 1914, y sobre todo después de 1918 por la falta de un liderazgo incontestado. Entre 1917 y 1919 prevaleció la alianza antiturnista Romanones-Maura-Cambó, y desde 1920 a 1922 las mayorías conservadoras. El sistema caminaba irremisiblemente hacia su ocaso desde octubre de 1917, cuando el Gobierno Dato entró en crisis por la presión militar. El Gobierno de concentración constituido por García Prieto en noviembre (que incluía a la Lliga, pero no a los reformistas, ni a los datistas ni a la Izquierda Liberal de Alba, que declinaron su participación por la inquietante presencia de La Cierva en el Gabinete) planteó el control de precios, la organización de la producción y la reducción de los aranceles para favorecer la llegada de productos de primera necesidad, pero tuvo que hacer frente a varios problemas: las elecciones municipales de noviembre dieron el triunfo en Madrid a mauristas, republicanos y socialistas, que iniciaron una gran campaña en favor de la amnistía para los encarcelados del Comité de huelga, que derivó en paros, mítines e incidentes en toda España. El Gobierno decretó el estado de guerra en enero de 1918, justo cuando tuvo que afrontar otra nueva oleada de protesta corporativa: la huelga de brazos caídos de las Juntas de trabajadores postales y telegráficos iniciada el 21 de febrero, fue yugulada entre el 13 y 16 de marzo con la militarización del servicio. Las Juntas establecidas en los ministerios de Hacienda, Gobernación y Obras Públicas, que se negaron a autodisolverse y se declararon en huelga (comprometiendo a los militares en la prestación de esos servicios), fueron disueltas por decreto mientras los militares amenazaban con constituir un Gobierno extraparlamentario presidido por La Cierva. La huelga de Correos de febrero y la cuestión militar provocaron una crisis del Gobierno antes de que se convocaran las elecciones a Cortes. Gestionadas por un magistrado independiente en Gobernación (José Bahamonde y de Lanz, vizconde de Matamala) y sin encasillado previo, dieron lugar al Parlamento más atomizado de la Restauración.

El 19 de marzo, el Congreso celebró su primera y única sesión, cuando el Gobierno de concentración se rompió por el empeño de La Cierva de dar salida a las presiones junteras planteando por decreto, sin contar con el Consejo y a espaldas del Parlamento, todas las reformas pendientes en el Ejército. Alhucemas perdió entonces el apoyo del resto de los grupos liberales y presentó la dimisión el día 22. El impasse trató de resolverse con un Gabinete de salvación de todos los jefes monárquicos presidido por Maura. El Gobierno Nacional presentó un programa de reforma de los reglamentos parlamentarios para evitar el obstruccionismo, un plan de financiación de las reformas militares, la amnistía de los condenados por la huelga de agosto y la realización de nuevos presupuestos vinculados con una reforma tributaria. Pero el prometedor Gabinete sucumbió en octubre-noviembre por el deseo del ministro de Instrucción Pública, Santiago Alba (enfrentado como de costumbre con Cambó, ahora en la cartera de Fomento) de preparar el camino a una coalición liberal inclinada hacia la izquierda.

Justo entonces, la Lliga inició la campaña en pro de la autonomía integral que acabó rompiendo la frágil unidad del ministerio de concentración liberal presidido por García Prieto desde el 9 de noviembre. Romanones, volvió al poder el 5 de diciembre con un Gabinete de facción, apoyado solo por cuarenta diputados, y que, atenazado por la amenaza de una movilización catalanista y el estallido de la agitación social en Barcelona, duró solo cuatro meses. El 15 de abril de 1919, Maura fue designado presidente del Consejo y forzó otra disolución para fabricarse una mayoría en las Cortes. Celebró los comicios el 1 de junio con algunas garantías constitucionales en suspenso, pero no logró la mayoría necesaria para gobernar y tuvo que dimitir el 20 de julio. Los conservadores (Maura de abril a julio de 1919, Sánchez de Toca hasta fines de 1919, Allendesalazar hasta mayo de 1920, Dato hasta su asesinato en marzo de 1921, y de nuevo Allendesalazar hasta agosto de ese año) se hicieron cargo del Gobierno durante este periodo de crisis social y política, alternando actitudes tolerantes (Sánchez de Toca) y muy represivas (Allendesalazar y Dato) frente a la situación sociolaboral que se vivía sobre todo en Barcelona. Pero el desastre de Annual acabó con la hegemonía conservadora y dio una nueva vuelta de tuerca a la crisis del sistema. Los últimos gobiernos de Sánchez Guerra y García Prieto (este último con la incorporación del reformista Manuel Pedregal) de 1922-1923 fueron respectivamente de coalición conservadora y liberal, en un imposible intento de retorno al modelo bipolar. En sus nueve meses de gobierno, los liberales no hicieron nada para hacer creíble la democratización del sistema y fracasaron en la implementación de su programa. En coma desde 1917, el cuerpo enfermo del régimen fue rematado en septiembre de 1923 por Primo de Rivera, y su muerte fue certificada por el rey. Tras una serie de efímeros gobiernos cada vez más mediatizados por el monarca y por el Ejército, y no menos provisionales ministerios de concentración, se impuso un modelo de monarquía dictatorial-militar inspirado en modelos autoritarios foráneos (desde el fascismo italiano a las dictaduras monárquicas del Este de Europa), y que mostró una clara voluntad liquidacionista del régimen liberal.

La inestabilidad gubernamental fue la tónica de aquellos años: entre 1917 y 1923 se produjeron 23 crisis totales y 30 parciales. Entre los dos gabinetes de García Prieto de 1917 y 1923 se sucedieron doce gobiernos, de los que cinco cayeron por causas ajenas a la lógica del Parlamento: Romanones y Sánchez de Toca en 1919 por la presión militar; Dato en 1920 por su asesinato, Allendesalazar en 1921 por la derrota de Annual y García Prieto por el pronunciamiento de Primo de Rivera. Los tres cambios de gobierno anteriores a septiembre de 1923 (Maura, Sánchez Guerra y García Prieto) tuvieron como trasfondo el crispado debate entre civiles y militares sobre las responsabilidades en Marruecos. Como no era posible nombrar gobiernos partidistas con mayoría, el rey y los políticos dinásticos buscaron soluciones de emergencia en forma de gobiernos nacionales y gabinetes de amplio espectro, pero a partir de 1919, tras el fracaso de las soluciones de amplia coalición y de unidad multipartidista, se pasó a gabinetes de grupo y facción, como el romanonista de diciembre de 1918-abril de 1919 o el maurista-ciervista de abril-julio de 1919, y de coalición entre 1919 y 1923, con algunos ministros tecnócratas al margen de los partidos. Se mantuvo un frágil turno en torno al conservadurismo de tronco «idóneo» y un liberalismo plural, gracias en buena medida a la debilidad de los grupos antidinásticos, desde el jaimismo hasta el republicanismo o el socialismo en crisis.

Sin embargo, la oposición vio aumentar su influencia, tanto en su capacidad de obstrucción parlamentaria como en su presencia electoral, debido a la fragmentación de los partidos del turno. Las elecciones fueron cada vez más abiertas e incontrolables por el Poder Ejecutivo —en junio de 1919, el Gobierno Maura salió derrotado de los comicios, al obtener solo 104 escaños de un total de 406—, por el número de grupos políticos concurrentes y la gran cantidad de diputados electos gracias al férreo control de su distrito. Los partidos del viejo turno aparecían ante la opinión como organizaciones clientelares minadas por la acción de los caciques locales, pero las organizaciones políticas contrarias al sistema no lograron articular una verdadera alternativa. Regionalistas, reformistas, republicanos, tradicionalistas, socialistas e independientes, que en 1914 tenían el 20 % de la representación parlamentaria, solo la vieron incrementarse hasta el 23 % en las últimas elecciones de abril de 1923. Destaca, pues, la relativa capacidad de supervivencia de la élite gobernante, que atacada desde 1917, se mantuvo en el poder a pesar de las fracturas de sus partidos, la falta de legitimidad del Parlamento, las dificultades de gobernabilidad, las presiones de los nacionalismos, la frustración de las reformas, los ataques del Ejército al poder civil, las movilizaciones obreras e incluso las tendencias autoritarias del rey[526]. Tras la crisis de 1917 era inviable el funcionamiento normal del sistema político, pero las fuerzas que pugnaban por construir un sistema alternativo no llegaron a configurarlo, y caminaron dispersas y divididas hasta 1930[527].

4. Los huelguistas de agosto. Bajo el signo de la división

4. Los huelguistas de agosto. Bajo el signo de la división

El movimiento obrero salió de la huelga profundamente dividido. En noviembre de 1917 se consumó la ruptura entre la UGT y la CNT, y estalló una agria polémica sobre el significado y los resultados de la huelga de agosto. El socialismo fue forjando un recuerdo negativo de los sucesos: fue como la revolución de 1905 en Rusia, reprimida salvajemente. Ante el consiguiente descenso de la afiliación, que se aceleró en 1918, los dirigentes del PSOE y la UGT reafirmaron sus tendencias reformistas y sus recelos a una colaboración con cualquier sector político empeñado en una «rectificación» democrática del sistema, fuera por medios revolucionarios o consensuales. El desánimo por el fracaso del movimiento de 1917 hizo que los líderes socialistas volvieran a la lucha electoral y no intentaran ninguna acción subversiva en las más favorables circunstancias de 1918-1919. Las huellas de las represalias armadas, caciquiles y empresariales, por otra parte, fueron muy duraderas, extendiéndose como mínimo hasta finales de 1918, y mucho más allá en donde había habido incidentes graves y luctuosos y en las compañías ferroviarias. Que el país tenía un problema con el recuerdo de los represaliados de agosto se reconoció en los años treinta con la readmisión de los ferroviarios tras haberse producido en 1917 el «despido masivo de casi todos los implicados en la acción reivindicativa»[528], y bastante después de la muerte de Franco con la rememoración en el paisaje urbano (del concejal Sebastián Pérez Lorenzo, por ejemplo, en Yecla). Urgía la amnistía, y Álvarez e Iglesias acordaron que el camino preferible para lograrla eran las elecciones convocadas para el 24 de marzo de 1918, a las que concurrieron en el marco de una Alianza de Izquierdas constituida sobre la base de los acuerdos firmados por republicanos, reformistas y socialistas el 16 de junio de 1917: amnistía, Cortes Constituyentes y autonomía regional y municipal. Pero ni Lerroux ni Álvarez obtuvieron acta, aunque el PSOE logró un fuerte avance electoral con la obtención de seis diputados, entre ellos los integrantes del Comité de huelga.

El 8 de mayo se promulgó una Ley de Amnistía que benefició tanto a los junteros como a los condenados por los hechos revolucionarios de 1917, entre los que estaban Domingo y los miembros del Comité de huelga, que pronto tuvieron ocasión de defender su versión de los hechos ante el Parlamento. El debate se centró en torno a las instrucciones y proclamas de la huelga y el derecho a la misma, que se convirtió en una requisitoria contra la actuación represiva del Gobierno Dato. Largo Caballero reconoció que «nosotros no negamos que al hacer la huelga [el 9 de agosto] nuestro propósito era el de la Asamblea del Parlamentarios»[529]. En este sentido, pronto se vio que el PSOE iba a rentabilizar políticamente la huelga muy por encima de los republicanos, aunque al coste del aislamiento de sus aliados políticos y sindicales y de la escisión. El republicanismo perdió una oportunidad histórica, que no se reabriría hasta mucho después. La Conjunción Republicano-Socialista quedó virtualmente rota en el XI Congreso del PSOE de octubre de 1918, y de forma oficial en el Congreso Extraordinario de diciembre de 1919. La alianza no se recompondría hasta octubre de 1930, cuando el Comité Nacional del PSOE la restableció de facto al aprobar la actuación de Prieto, Largo Caballero y de los Ríos en el Comité Revolucionario Nacional.

Si hubo una memoria compartida, un relato inamovible, en el movimiento obrero, como efecto de los sucesos de 1917, fue el de la traición de los «burgueses», esto es, de los «políticos». La interpretación dominante en el movimiento obrero fue la de que la burguesía era débil o cobarde para hacer la revolución y se había asustado cuando, después de haberla anunciado tanto, habían visto asomar las orejas de la revolución social. De ella se hizo eco sin duda la historiografía marxista española.

Lo cierto es que, desconectados de la marea sindical, que parecía perdida para la causa, los republicanos, nunca bien avenidos, terminaron por separarse: los dos partidos nuevos y más prometedores a la altura de 1917, el Republicano Radical de Alejandro Lerroux y el Reformista de Melquíades Álvarez, siguieron caminos distintos, aunque en ambos casos y de forma paralela se trató en definitiva de una larga marcha hacia la derecha. Algo más atemperada en Lerroux, que quedó como «el cobarde de 1917» y se granjeó una bien labrada fama de personaje turbio y venal, mientras el Partido Radical se engolfaba antes de 1923 en sucesivos escándalos de corrupción, sobre todo en el ámbito municipal. Pero la derechización fue muy marcada en Álvarez, que resucitó el accidentalismo, para el que era posible la democratización del país con Alfonso XIII. Al igual que la Lliga, anterior compañera en el frente de revoltosos de 1917, pero bastante más tarde de lo que hubiese deseado, el Partido Reformista se incorporó a los gabinetes monárquicos en el último Gobierno García Prieto de 1922-1923, en el cual tuvo un ministro, y el propio Álvarez llegó a presidir el Congreso en 1923. Y tras la Dictadura, Álvarez volvería a esta tesis en 1930-1931, lo que le dejó fuera de foco y fuera del frente republicano. Por eso puede decirse que:

Los primeros veinte delataron que las dos corrientes republicanas más recientes, la radical y la reformista, habían constituido un fracaso en su intento por modernizar la propuesta republicana […] porque con el paso del tiempo la orientación crecientemente conservadora [de sus líderes] provocó la pérdida paulatina de una buena parte de las bases sociales anteriormente republicanas[530].

Fue en concreto en la Cataluña que había hegemonizado la Lliga, donde los deseos de renovación del republicanismo convergieron mejor con los del nuevo nacionalismo catalán y con las preocupaciones sociales y federales. En ese sentido, Marcelino Domingo, quizá el republicano más en primera fila en 1917, y veinte años más joven que Lerroux o Álvarez, lo ejemplificó muy bien con su Partit Republicà Català (PRC), del que emergería Lluís Companys, y en definitiva buena parte de la futura Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Y en Cataluña se fue perfilando un movimiento republicano propio, totalmente diferente del resto.

En la posguerra también se desunió el frente sindical UGT-CNT, que simplemente no volvió a unirse del todo ni tan siquiera en la Guerra Civil, donde solo los problemas de la defensa bélica y las necesidades de la victoria final los acercaron en algún grado y en determinadas circunstancias. El problema de la acción política, que todavía no era algo inamovible en 1917, se levantó como un muro entre los dos sindicatos.

La UGT apostó por ligarse más al PSOE, tras la escisión de 1919-1921, dirigida por dos de los triunfadores morales de 1917, Besteiro y Largo Caballero, que pasaron a ser vicepresidente (presidente de facto) y secretario general respectivamente, desde 1918. Particularmente Largo la mantuvo por igual fuera de la Internacional Sindical Roja (la Profintern, de 1921) y fuera de cualquier posible fusión o absorción por parte de la rampante organización cenetista, que coqueteó de hecho por entonces con la estrategia sindical de los bolcheviques. Al líder ugetista no se lo perdonarían ni los publicistas comunistas ni los anarquistas, en particular cuando se convirtió en el principal símbolo de lo que, según ellos (y numerosos autores que han recogido en realidad sus puntos de vista), era «colaboracionismo» con la Dictadura, es decir con la «política burguesa», a partir de 1923. Pero la UGT no perdió el tiempo ni pasó ninguna travesía del desierto, ya que prosiguió con firmeza por el camino que había abierto la huelga de agosto y su papel en ella. En su XIII Congreso, de septiembre-octubre de 1918, modificó sustancialmente sus órganos directivos, institucionalizando la iniciativa aprobada en 1916 para la gestión de la huelga; esto es, ampliar el Comité Nacional con delegados de las regiones y segregar de su seno una Ejecutiva de siete miembros. Se creó el cargo específico de secretario general (que recaería en Largo Caballero durante más de una década), y prácticamente se conminó a federarse a todas las secciones, buscando centralizar más la toma de decisiones. Y se politizó el sindicato, que ahora tenía como objetivo «intervenir constantemente en todos los problemas nacionales que afecten a la clase trabajadora y defender las libertades individuales, actuando sobre el poder público para que sean respetadas», cristalización teórica a posteriori de la huelga de agosto[531]. Un paso más allá en esta dirección fue el XIV Congreso de 1920 que abolió cualquier resto de apoliticismo teórico, hablando de estar dentro de «la orientación revolucionaria de la lucha de clases», de «asumir la dirección de la producción, el transporte y la distribución e intercambio de la riqueza social» o «la socialización de la tierra»[532]. Amén de incrementar una burocracia central con tareas políticas, respaldó la unidad y concentración de los oficios en federaciones o sindicatos de industria. También es visible el giro de 1920 en las peticiones características del Primero de Mayo, que como se ha señalado, pasaron de la petición de legislación protectora del trabajo a insistir «en el lugar que los trabajadores deben tener en el funcionamiento de la sociedad: socialización de los bienes de producción y de cambio y control sindical en la dirección de las empresas»[533].

Esta «refundación» de la UGT en general se ha explicado por varias razones. Una de ellas es el crecimiento del sindicato, que dobló su afiliación a partir del final de la guerra hasta llegar a algo más de los 200 000 afiliados, con menor peso de la organización madrileña (de más de un tercio en 1918 a menos de la cuarta parte en 1920) y progresivamente mayor de la militancia agraria, en la que la organización de Yecla —una de las protagonistas de agosto de 1917— había sido pionera. Otra, la competencia feroz de la CNT, que merced a su estrategia amenazó muy seriamente con anegar o absorber a la Unión, también centralizando explícitamente las organizaciones locales (en torno a los sindicatos únicos) y politizándose expresamente (comunismo libertario). Una tercera explicación sería la onda expansiva de octubre de 1917 y la pugna sobre el «tercerismo», es decir la entrada o no de las organizaciones socialistas en la nueva Internacional de Moscú (Tercera o Internacional Comunista). Pero sin desdeñar estas, la reorganización ugetista se configuró en principio como respuesta a una oleada huelguística sin parangón posible que se desató en el país, y también en Madrid (el centro del poder ugetista y la ciudad natal de Caballero) en la coyuntura 1919-1920. El efecto de dichas huelgas sobre las organizaciones obreras, con la UGT en cabeza, se ha estudiado particularmente bien en Madrid[534].

Y es que la crisis de 1917 no solo abrió un periodo de crisis de las instituciones estatales, sino que abrió una edad de oro sindical y consagró la huelga general de industria como un repertorio de suma eficacia, quizá el pattern por excelencia, en la protesta colectiva de los de abajo. Se trató de una época en que el sindicalismo lideró esta protesta masiva, que pareció ser una alternativa a la política oligárquica en España. Tradicionalmente se ha recurrido para explicarlo a interpretaciones sobre todo ideológicas y políticas: una revolución en marcha, una conspiración marxista (o masónica), ideologías guerracivilistas que envenenan a los trabajadores con «la lucha de clases», una traición socialista de las masas revolucionarias, un reflejo del Octubre rojo, la rebelión de las masas y el caos social, o como un paso más en la creación de una conciencia unívoca de clase obrera. Se olvidan otras razones más prosaicas, como la crisis de posguerra, que disparó el paro en determinados sectores que, favorecidos por los beneficios bélicos, ahora se encontraban sobredimensionados (textil, minero, metal), con serios problemas para exportar o simplemente para sobrevivir, mientras los precios seguían su marcha ascendente (al menos hasta 1920). Y en este contexto, la necesidad de presionar a las autoridades para que hiciesen algo que revirtiese la redistribución negativa de la renta que se había acelerado en los días de la guerra y recuperar por tanto los salarios reales, y con ellos, el poder adquisitivo de los trabajadores, tanto con aumentos salariales directos, como con aboliciones del destajo y reducciones y limitaciones del horario. Otro objetivo de menos altura política, pero no menos importante, era obligar a los empresarios y al Estado a admitir a los sindicatos como organizaciones imprescindibles para pactar las condiciones y relaciones laborales en toda su amplitud, incluido lo concerniente a contratación, despidos y disciplina en el centro de trabajo. No está de más advertir que todos estos objetivos estaban ya presentes en la huelga de agosto de 1917, como se ha demostrado en esta obra. Y para conseguirlos, las huelgas en cadena resultaron de una efectividad probada. Pero no se hizo sin coste, entre otros una violencia sociolaboral no vista en España hasta esa fecha y un anarcosindicalismo desligado de la política que tenía escaso parangón en los medios obreros europeos contemporáneos. Sea como fuere, 1919-1923 se trató sin duda del mayor ciclo huelguístico que se había vivido hasta entonces en España (el primero de tres en el siglo XX, junto al de 1930-1936 y el de 1976-1984) en los que convivieron una crisis/oportunidad política e institucional con «puntos de inflexión de la fase alcista de la economía», es decir, recesos económicos que interrumpían fases de crecimiento y en los que las demandas laborales chocaban de pleno con importantes agobios patronales[535].

Que los sindicatos desligados de la política se convirtieran en uno de los principales retos al sistema político y social, no podía sino beneficiar a la CNT y a sus tácticas de acción directa. Y esa fue, sin duda, una de las herencias más duraderas de los días frenéticos de 1917. Para la CNT, el callejón sin salida de 1917 y el fracaso de la huelga de agosto se debían a que el movimiento obrero había seguido las directrices de partidos políticos que respondían a sus propias ambiciones, que además no eran obreros y que tampoco eran revolucionarios. No se podía derribar al régimen sin armas, y los fracasos constantes en reformar el sistema desde dentro solo mostraban que los burgueses no tenían voluntad o poder de transformarlo, y que la acción política no era sino una vía muerta. La CNT se ligó así de manera indefectible al dogma de la acción directa, que permanecería inalterable hasta la Guerra Civil. Esto es, la derrota patronal debía venir de la acción sindical en exclusiva, prescindiendo de la representación, los votos, las elecciones y el Parlamento.

El pistoletazo de salida lo dio el Congreso convocado entre junio y julio de 1918, en el barrio barcelonés de Sants, por la Confederación Regional catalana de la CNT, con unos 75 000 afiliados: con los líderes de la huelga de agosto al frente (los Seguí y Pestaña, más otros como Manuel Buenacasa o Joan Peiró), se aprobó dar impulso a los sindicatos de industria en sustitución de las sociedades de oficio, con la fórmula de los llamados «sindicatos únicos» (como se conocería también a la CNT en los siguientes años). Su arma sería la acción directa, fuera en su totalidad del ámbito de la política, y por pura lógica, la huelga general de industria, que era prácticamente inevitable en el momento en que la decretase cualquier sindicato de este tipo, sin mediación política de ninguna clase.

La piedra de toque de la pugna sindical con los patronos fue, sin duda, el conflicto de La Canadiense, que comenzó en febrero de 1919, y que recuerda mucho al pleito ferroviario de 1916-1917, que contribuyó al desencadenamiento de la huelga de agosto, pero en el espacio de meses y no en el lapso de un año. De forma característica en este caso, el respaldo a la intransigencia de la compañía no vino del Gobierno de Madrid (el de Romanones, que había solucionado el pleito ferroviario de julio de 1916 con un arbitraje del IRS), sino de forma explícita de las autoridades militares de Barcelona, que impulsaron la línea dura y apuntalaron la actitud patronal. Esta huelga se produjo en otra de las empresas que, como las ferroviarias, se consideraban de «servicios públicos»: la hidroeléctrica Riegos y Fuerzas del Ebro, conocida como «La Canadiense», por depender de la empresa Barcelona Traction, Light & Power Co., de capital anglocanadiense, que suministraba la mayoría de la energía eléctrica a Barcelona y a buena parte de Cataluña. Finalmente se llegó a un «acuerdo por parte de la empresa para readmitir sin represalias a los huelguistas y reconocer a los representantes sindicales, además del compromiso por parte del gobierno de poner en libertad a los presos no pendientes de proceso», firmado el 17 de marzo de 1919. Pero la solución disgustó al Ejército y a sus criterios de autoridad: Miláns del Bosch, con el respaldo de las Juntas lideradas por el gobernador militar de Barcelona, Severiano Martínez Anido, y con la patronal de su parte, no estaban dispuestos a someterse a las condiciones de la CNT y dejar salir a cierto número de dirigentes presos (entre 20 y 35). El tema de los encarcelados sirvió a los cenetistas más radicales para imponer la huelga general indefinida, y como consecuencia de nuevo la ley marcial, el 24 de marzo, para extenderse al resto de España seis días más tarde[536]. De poco le sirvió a Romanones conceder las ocho horas para la construcción (el 15 de marzo) y después para (casi) toda la industria el 3 de abril, medidas pensadas para impedir una huelga nacional de consecuencias imprevisibles y facilitar el final de la de Barcelona. Incluso prometió la instauración de los comités paritarios (antes del 1 de julio), en la línea de sus medidas de 1916 en respuesta al pleito ferroviario. Cuando el 7 de abril la huelga general se podía dar por acabada por agotamiento de los trabajadores, una semana después, las autoridades militares y la patronal barcelonesa se tomaron su venganza: Miláns del Bosch decidió expulsar de la ciudad a los considerados demasiado tibios Carlos Montañés (el gobernador civil) y Gerardo Doval (jefe superior de Policía), precipitando a continuación la caída del Gobierno Romanones, que dimitió en solidaridad con ellos. A partir de ese momento, Barcelona se convirtió en la capital de la violencia política y social de España y el paradigma de la militarización del orden público deseado por los sectores más conservadores de la sociedad española. En consonancia y hasta 1922 los gobiernos estuvieron presididos continuamente por políticos conservadores.

La consecuencia fue la eliminación del sector sindicalista moderado de la CNT (Seguí fue mandado al penal de La Mola en Mahón, y más tarde asesinado) y la aparición de jóvenes pistoleros como «Los Solidarios» (Buenaventura Durruti, Joan García Oliver, Ricardo Sanz, Aurelio Fernández o Francisco Ascaso), que serán decisivos posteriormente en la creación de la Federación Anarquista Ibérica (FAI) en los años veinte y su marcada influencia sobre la CNT en los años treinta, así como la progresión geométrica del número de víctimas. La represión llegó a tal nivel que reprodujo una alianza táctica de defensa entre la UGT y la CNT en septiembre de 1920, que nada tenía que ver con la de 1917: ya no aspiraba a cambiar la Constitución sino a que se restableciese (respetase) la existente, es decir a que la «burguesía» cumpliese sus propias leyes[537]. En cualquier caso, tampoco lo lograron. Buena muestra de la deriva autoritaria del Estado español en solo tres años. La CNT planteó en diciembre de 1920 una huelga general nacional por su cuenta y riesgo, sin ningún tipo de aliado; la UGT, conminada a sumarse, rechazó la oferta. Apenas ocupa un pequeño epígrafe en algún afortunado libro de historia, frente a la tinta vertida por la de 1917. La famosa frase de Marx sobre la repetición de la historia en forma de farsa se cumplió de manera inexorable.

Si en la agitación madrileña predominaron las tácticas de la UGT y en la barcelonesa las de la CNT, en el campo andaluz a partir de 1918 estuvieron presentes ambos sindicatos. Pero, por supuesto, no para cooperar sino para competir, en una dura pugna por quién lideraba y de qué modo las movilizaciones de los sindicatos agrarios, hasta entonces con muy escasa presencia en ambas federaciones y que habían sido más bien irrelevantes en la huelga de agosto, con contadas excepciones (Yecla). La tendencia de los sindicatos únicos también prendió en Andalucía, donde entre inicios de 1918 y fines de 1920 se produjeron sucesivas huelgas y agitaciones campesinas que el notario de Bujalance Juan Díaz del Moral bautizó con el nombre de «trienio bolchevique», poco acorde con la realidad. En realidad, fueron una serie de conflictos locales dispersos, de larga duración, tenuemente politizados y con un nivel de violencia variable (huelgas concertadas y planificadas, coacciones, quema de cosechas, sabotajes, ocupaciones, motines del hambre, etc.). Su núcleo principal fueron Sevilla y Córdoba y la lucha sindical se centró en la reivindicación de un jornal fijo mejorado, la abolición del destajo, la contratación de los trabajadores en los locales de los sindicatos (en lugar de hacerlo en la plaza del pueblo) por estricto turno, primando los autóctonos sobre los foráneos, y la aplicación de la jornada de ocho horas en el campo. Las batallas más enconadas siempre giraron en torno al control del mercado y las condiciones del trabajo y la presencia efectiva de los sindicatos a la hora de contratar jornaleros, no a las cuestiones salariales. Pese a la imagen milenarista que autores como Brenan, Hobsbawm o Meaker dieron de estas agitaciones campesinas, lo cierto es que ni eran revolucionarias ni eran bolcheviques e iban dirigidas a la consecución de contratos colectivos y unas bases de trabajo muy concretas, y que por lo general se resolvieron mediante compromisos puntuales con los patronos, alcaldes, gobernadores, comisiones mixtas, etc.[538]. Este movimiento preludió la aparición de la Federación de Trabajadores de la Tierra (UGT) de 1930, y en general la legislación laboral en el campo y las reivindicaciones de los sindicatos agrarios durante la Segunda República[539].

Si la desunión fue la característica del frente republicano y del sindical, también lo fue, por último, en el seno del propio partido obrero. La polémica se arrastraba desde la huelga de agosto, y actuaba en una imputación en tres frentes, a saber, la denuncia del seguimiento por el sindicato obrero de la «política burguesa», la de hacer una revolución para dar el poder a otros (esos mismos políticos burgueses) y la de hacerla sin armas, sin violencia y por tanto sin una insurrección planeada. El reproche ya lo habían expresado en el Congreso ugetista de 1918 los críticos a la dirección, de los que algunos acabarán en la disidencia comunista (Acevedo, García Quejido, Lamoneda, estos tres tipógrafos, y Perezagua), pero otros no (Prieto, que también apoyó el abandono de la Conjunción en 1919). La existencia de los minoritarios «neutralistas» (García Cortés) durante la guerra frente a los aliadófilos que seguían a Iglesias, mostraban otra corriente disidente, que se reforzó después de los tratados de paz, donde quedó bastante claro qué tipo de concordia imponían las viejas democracias (Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos) a las nuevas (Alemania, Austria). El espejuelo del «Octubre rojo» y su tibia acogida por la dirección del PSOE y la redacción de El Socialista, pero muy cálida por parte de las Juventudes Socialistas, las agrupaciones madrileña y asturiana y algún miembro incluso del histórico Comité de huelga de 1917 como Anguiano, hicieron el resto.

La aparición de la Internacional leninista en Moscú, en marzo de 1919, obligó a situarse respecto a este punto, justo cuando las organizaciones obreras se debatían entre la crisis de posguerra y la represión. Ya vimos la reacción de la CNT, presta a adherirse (1919) aunque no tan diligente en salirse (1922); en el PSOE se necesitaron tres congresos extraordinarios entre 1919 y 1921 para llegar a la misma conclusión. El hecho decisivo se resume en julio de 1920 en las famosas veintiuna condiciones de la Internacional Comunista (IC) para poder ingresar en ella, que excluían explícitamente a todos los que no estuvieran de acuerdo con las líneas marcadas por el partido ruso, que pasaba a ser el partido de la revolución mundial, dada su preponderancia en la dirección de la Internacional. Para el congreso de abril de 1921, la entonces dirección «tercerista» del Partido ya tenía en contra a la UGT, al grupo parlamentario (Saborit, Prieto, Besteiro), a la Agrupación Socialista Madrileña (Caballero), al Partido Comunista (PC) juvenil, nacido en 1920, que la llamaba «reformista», y a la no menos «tercerista» CNT, que consideraba a los socialistas traidores por no haber secundado la huelga de diciembre de 1920. La última vuelta de tuerca la pusieron «el Abuelo» (Pablo Iglesias), que se manifestó en contra, y la creación en febrero de 1921 de la «Internacional Dos y Media» en Viena, que no condicionaba nada y reforzaba el sueño de reconstruir la unidad perdida del movimiento socialista en 1914-1917.

En abril de 1921, por 8808 votos frente a 6205, se aprobó el ingreso en la Internacional de Viena frente a la IC, y se consumó la escisión, para formar lo que sería el Partido Comunista Obrero Español (PCOE), al que se fueron numerosos dirigentes muy importantes (García Quejido, Anguiano, Perezagua, Acevedo, Pérez Solís, Virginia González, García Cortés, Lamoneda, Núñez de Arenas, Verdes Montenegro). Al PC «chico» y al PCOE «grande» les obligó la IC a fusionarse, lo que hicieron con solemnidad en el primer Congreso del Partido Comunista de España (PCE) de marzo de 1922. Su trayectoria no sería muy lucida antes de 1923, e incluso sus sindicatos más o menos afines fueron expulsados de la UGT tras los incidentes del XV Congreso de la Unión en noviembre de 1922, que culminaron en el asesinato del obrero socialista González Portillo[540]. El PSOE, lógicamente, también quedó muy dañado, pues perdió buena parte de su militancia: de más de 50 000 afiliados pasó a unos 10 000 en 1922. Aislado de la política, pasó a depender en buena medida de la burocracia ugetista, mucho más robusta, y de su minoría parlamentaria y sus tribunos, que capitalizaron un gran prestigio desde la amnistía de 1918. Desde un estricto punto de vista parlamentario, la opción socialista quedó reforzada políticamente: su grupo pasó de uno a seis diputados entre 1917 y 1923, y de ser una fuerza extremista y marginal en Madrid pasó a ser la candidatura con más diputados electos seis años después. Por el contrario, su base sindical, bastante próxima a la del partido hasta 1917, se ensanchó de una manera desproporcionada mientras que la cúpula, llamada a liderarla como en toda organización marxista ortodoxa, se reducía (la proporción era de 1 a 10). La situación de un partido de masas sin masas, tan estrechamente dependiente de su grupo parlamentario (de políticos «profesionales») y con una base sindical cada vez más nutrida de campesinos reportaría un decisivo desequilibrio en los años treinta.

5. Colofón

5. Colofón

La etapa de 1917-1923 no fue un «plano inclinado hacia la dictadura», como dijera Carlos Seco, pero sí una sucesión de ocasiones perdidas (1917, 1918, 1922, 1923…) para regenerarse, aunque obviamente su caída se debe a la circunstancia específica del pronunciamiento. ¿Declive y fracaso más que frustración? Todas las opciones estaban abiertas[541]. Pero era la crisis de un régimen parlamentario, no de la democracia, como sucedería en 1936. El Estado no fue del todo pasivo; también reaccionó con un incremento sostenido de su intervención en lo económico y social, por parcial, limitado, desorientado, proteccionista y corporativista que fuera. El problema es que no fue capaz de hacer frente por sí solo a los retos que le planteó la protesta de 1917, ni en materia de orden público, ni de reforma política alternativa, ni de políticas sociales, ni de pactos o arbitrajes que permitiesen incorporar al movimiento obrero a un régimen liberal democratizado. Esto tuvo un coste cultural elevado para España, debido al gran prestigio que tenía entre los trabajadores la acción sindical en general, y lo operativo de la acción directa como alternativa real y eficaz a la legislación derivada de la acción del Estado, es decir, la que emanaba de los «políticos». Es esta una posible explicación, entre otras, de la peculiaridad española en el específico tema del anarcosindicalismo de masas, prácticamente desaparecido del resto de Europa, y que es uno de los aspectos más distintivos y llamativos de la historia contemporánea del país. Y, aunque desde luego nada estaba ya escrito y aún habría más oportunidades después de 1917, los antiguos partidos del turno y las instituciones parlamentarias fueron dejando casi todos los terrenos cada vez más en manos del rey y de los militares, que fueron quienes decidieron prescindir de aquellos para abordar estos problemas a partir de 1923. Pero ya dentro de unos parámetros definitivamente autoritarios, corporativistas y militaristas.

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Notas

[1] Ortega y Gasset, 2007: 153. <<

[2] Meaker, 1978: 94. <<

[3] Romero Salvadó, 2002: 216. <<

[4] Araquistáin, 1917: 8-9 y Soldevilla, 1917: 207. <<

[5] Barrio, 2004: 232. <<

[6] García Venero, 1969: 257. <<

[7] Gómez Ochoa, 1991: 185. <<

[8] Soldevilla, 1917. <<

[9] Burgos y Mazo, 1918; «Ladera», 1917 (que encontró un digno sucesor en el policía Comín Colomer, 1973) y Buxadé, 1917. <<

[10] Lacomba, 1970; Meaker, 1978; Romero Salvadó, 2002 y Barrio 2004: 13. <<

[11] Véase el dossier «España, 1917. La gran crisis», preparado por Borja de Riquer, José Fortes, Juan Antonio Lacomba y Manuel Tuñón de Lara en Historia 16, n.º 16, agosto 1977, pp. 65-95 o los ensayos de Tuñón de Lara, 1978 y 1979. <<

[12] Roldán y García Delgado, 1973. <<

[13] Balcells, 1983: 115. <<

[14] Sotelo, 1981: 36. <<

[15] Gramsci, 1989: 71-82. <<

[16] Dobry, 1988: 16 y 19. <<

[17] Tarrow, 1994: 84 (1997: 154). <<

[18] Cruz, 1993. <<

[19] Tarrow, 1994: 24 y 153-155 (1997: 263-264). <<

[20] Tarrow, 1994: 84 (1997: 153). <<

[21] Mainer, 1972: 150. <<

[22] Navarra Ordoño, 2014: 26. <<

[23] Barga, 1985, 190. <<

[24] González Calleja y Aubert, 2013: 20. <<

[25] Zweig, 2002: 286. <<

[26] Urrutia, 2016: 20-28 y Fuentes Codera, 2014: 38. <<

[27] Alexander, 2000: 253-269. <<

[28] González Calleja y Aubert, 2013: 28. <<

[29] González Calleja y Aubert, 2013: 225-265, y Seoane y Sáiz, 1998: 211-321. <<

[30] Carta de Pío Baroja a José Ortega y Gasset, 1-VIII-1914, en AJOG. FOM, C-340, y carta de Castillejo en Londres a su familia en Ciudad Real, 6-VIII-1914, reproducida en Castillejo, 1998: 166. <<

[31] Las citas, en Díaz-Plaja, 1973: 15 y 52. <<

[32] Alcalá Galiano, 1916: 22. <<

[33] Cit. por Gibson, 2007: 333. <<

[34] González Calleja y Aubert, 2013: 28. <<

[35] Monteiro, 2012. <<

[36] Barga, 1966: 288-301 y Navarra Orduño, 2013: 98-101. <<

[37] Citado en Blas Zabaleta y Blas Martín-Merás: 2002, 131. <<

[38] Manuel Azaña, «El esfuerzo francés», España. Semanario de la vida nacional, 8-III-1917, pp. 7-8. <<

[39] Juliá, 2013: 121-144. <<

[40] Juliá, 2008: 157. <<

[41] Urrutia, 2008. <<

[42] Carta de Miguel de Unamuno a Fernando de los Ríos, 25-V-1915, reproducida en Unamuno, 1991: 25. <<

[43] Alcalá Galiano, 1916: 276. <<

[44] Fuentes Codera, 2014: 80-89 y Safont i Plumed, 2012. <<

[45] José Ortega y Gasset, «España saluda al lector y dice», España. Semanario de la vida nacional, n.º 1, 29-I-1915, p. 1. <<

[46] José Ortega y Gasset, «Una manera de pensar», España. Semanario de la vida nacional, n.º 37, 7-X-1915, p. 3. <<

[47] Gracia, 2014: 191-201. <<

[48] Miguel de Unamuno, «Neutralidad», Iberia, 26-VI-1915, p. 3. <<

[49] Navarra, 2014: 172-188. <<

[50] Pío Baroja, «Nuestra guerra civil», ABC, 14-XII-1916, pp. 3-4. <<

[51] Fuentes Codera, 2009. <<

[52] Juliá, 2008: 146-147. <<

[53] Reproducido en Díaz-Plaja, 1973: 128. <<

[54] Carta de Miguel de Unamuno a Everett W. Olmsted, 7-IV-1917, reproducida en Unamuno, 1991: 58. <<

[55] «Al salir de la plaza de toros» y «El discurso de Maura», El Liberal, 30-IV-1917, p. 1; «El acto político de hoy. Maura y la guerra», Heraldo de Madrid, 29-IV-1917, p. 1, y Luis Araquistáin, «Maura sobre el toril. El mitin de la heroica neutralidad», España. Semanario de la vida nacional, n.º 119, 3-V-1917, pp. 3-5. <<

[56] Juliá, 2013: 143. <<

[57] «España ante la guerra. El mitin de las izquierdas», El Imparcial, 28-V-1917, p. 1; «El mitin de ayer», El Liberal, 28-V-1917, p. 1, y «Los intervencionistas. El mitin de izquierdas», ABC, 28-V-1917, p. 1. <<

[58] «El suceso de ayer. Los intervencionistas contra el rey. La masonería en acción», La Nación, 28-V-1917, pp. 1-4. <<

[59] González Calleja y Aubert, 2013: 57; Barrio, 2001: 48-49, y Aubert, 2014: 73. <<

[60] Juliá, 2008: 152. <<

[61] «El mitin de la plaza de toros. Las izquierdas y los problemas actuales», La Correspondencia de España, 28-V-1917, p. 5. <<

[62] Aubert, 1978: 263. <<

[63] Luis Araquistáin, «Justicia para todos», El Liberal, 5-VI-1917, p. 1. <<

[64] José Ortega y Gasset, «Bajo el arco en ruina», El Imparcial, 13-VI-1917, p. 1. <<

[65] Ortega y Gasset, 1921: 112. <<

[66] Juliá, 2008: 162. <<

[67] Pérez de Ayala, 1918, 142. <<

[68] Cit. por Aubert, 1978: 261. <<

[69] Aubert, 1978: 269. <<

[70] Carta de José Ruiz Castillo a José Ortega y Gasset, 17-VIII-1917, en AJOG. FOM, doc. 830. <<

[71] Ortega y Gasset, 1921: 88. <<

[72] Citados en Aubert, 1978: 273-276. <<

[73] Barrio, 2001: 34. <<

[74] Fuentes Codera, 2014: 184-185. <<

[75] José Ortega y Gasset, «Los momentos supremos. Idea de un programa mínimo», El Sol, 4-XI-1918, p. 1. <<

[76] Así definió las Juntas Martínez de Aragón, 1923: 11. En notas, manifiestos y en La Correspondencia Militar, los junteros rechazaron firmemente que se les homologara con una organización sindical. Resulta una constante. <<

[77] El Liberal, 6-I-1918. <<

[78] Bru Sánchez-Fortún, 2016: 189-216, y Tusell y García Queipo de Llano, 2002: 204. <<

[79] Cardona, 1983: 58. <<

[80] El Liberal, 7-XII-1917. <<

[81] Mola, 1940: 998. <<

[82] Alonso Ibáñez, 2006: 63-82. <<

[83] El Reglamento de las Juntas, en Márquez y Capo, 1923: 177. <<

[84] Bru Sánchez-Fortún, 2016. <<

[85] La vinculación entre el monarca y el mundo militar configura un fenómeno sólidamente establecido por la moderna historiografía. A título de ejemplo: Morezo Luzón (ed.), 2004; Tusell y García Queipo de Llano, 2002 y Boyd, 1990. <<

[86] Hall, 2005, 205. <<

[87] Payne, 1968: 111. <<

[88] Cierva y Peñafiel, 1955: 183, sospechaba que los reiterados contactos entre militares y el rey anunciaban un golpe de Estado militar. <<

[89] Castelló, 1988: 38. <<

[90] Para reconstruir la primera trayectoria de las Juntas: Márquez y Capo, 1923: 21-33; Mola, 1940: 997-1009; Pardo González, 1930: 5-15; Coello de Portugal, 1922: 16-45; Fernández Almagro, 1977: 233-238; Puell de la Villa, 1987: 108-126; La Correspondencia Militar, junio de 1917 y documentos varios del AGMAV. <<

[91] Puell de la Villa, 1987: 116-117. <<

[92] Márquez y Capo, 1923: 24. <<

[93] «Orden del movimiento insurreccional enviada a las Juntas Regionales de Defensa por la Superior» (1-VI-1917), en Lacomba, 1970: 134-135; Soldevilla, 1918: 211-212, y carta del capitán de artillería Salvador Furiol a Antonio Maura (5-VI-1917), en AFAM, Archivo Antonio Maura, leg. 402, exp. n.º 22. Cierva Peñafiel, 1955: 183, sospecha que los abundantes contactos de representantes del Ejército con el rey ese verano se centraban en la preparación de un golpe de Estado. <<

[94] El manifiesto del primero de junio, en Buxadé, 1918: 51-53; Lacomba, 1970: 128-130; Soldevilla, 1917: 69, y Márquez y Capo, 1923: 178-180. <<

[95] Luis Araquistáin recalcó esta idea en varios artículos publicados en El Liberal durante el segundo semestre de 1917. <<

[96] Castelló, 1988: 35. <<

[97] Márquez y Capo, 1923: 24. <<

[98] En líneas generales, los conservadores fueron los más críticos con el movimiento juntero a la altura del verano de 1917. Se sintieron especialmente concernidos por el lenguaje antioligárquico de sus manifiestos. Maura las calificó de forma despectiva, aunque autorizó a La Cierva, con reservas, para que intentara poner coto a la situación o consiguiera canalizarla. Dato planteaba imponerse a ellas por la fuerza, sin reparar en que no poseía ninguna fuerza para ello. El discurso intelectual antijuntero más sólido, desde el punto de vista jurídico, procedió de la pluma de Joaquín Sánchez de Toca. Definió la crisis de mayo y junio de 1917 como una «insurrección difusa», carente de cualquier clase de legitimación. En la esfera pública «no cabían organizaciones corporativas de los servidores del poder público». Abundaba en esta idea en El Imparcial, 26 y 27-XII-1917 y en Sánchez de Toca, 1918. <<

[99] Márquez traslada una afirmación excesivamente optimista referida a principios de junio: «Hubiera bastado una palabra para llevar a los calabozos a todos los generales». <<

[100] Castelló, 1988: 35-40. <<

[101] Soldevilla, 1918: 219-220. <<

[102] Villacorta, 1989: 380-391. <<

[103] Soldevilla, 1918: 198-205. Finalmente, el manifiesto fue publicado en La Correspondencia Militar el 22-X-1917, señalando que su redacción última correspondía al 13-VII-1917. <<

[104] Los contactos entre las Juntas y Maura, en Maura Gamazo y Fernández Almagro, 1948: 487-490. <<

[105] Los contactos de las Juntas con Maura, en Lacomba, 1965: 80-87 y 95-100; Maura Gamazo y Fernández Almagro, 1948: 486-489 y Tusell, 1994: 173. Según un telegrama procedente de Gibraltar (28-VII-1917), los servicios secretos ingleses informaban que las Juntas habían decidido «de momento» permanecer fieles al rey y favorecer la llegada al poder de un ministerio Maura (AAE, Série Guerre, 1914-1918, vol. 480, p. 95). <<

[106] Márquez y Capo, 1923: 45-54. Véase infra, pp. 159. <<

[107] Pavón, 1999: 389-398. <<

[108] Márquez y Capo, 1923: 57-64. <<

[109] Cordón, 1977: 50-53. <<

[110] Maura Gamazo y Fernández Almagro: 1948: 307-308. <<

[111] El Liberal, 20-XII-1917. <<

[112] Artículo 13 de la Constitución de 1876. <<

[113] El Liberal, 9-III-1918. <<

[114] El Liberal, 13-XII-1917. <<

[115] El Liberal, 20-XII-1917. <<

[116] Márquez y Capo, 1923: 54-55. <<

[117] El texto del manifiesto en Márquez y Capo, 1923: 204-208. <<

[118] Cierva y Peñafiel, 1955: 185. <<

[119] La explicación de sus relaciones con las Juntas, en Cierva y Peñafiel, 1955: 183-205. <<

[120] Mola, 1940: 1011-1015. <<

[121] Las referencias positivas salpican el libro de Márquez y Capo, 1923. <<

[122] Márquez así lo afirma, en la página 86. La Cierva da una versión opuesta en sus memorias. <<

[123] Alonso Ibáñez, 1999: 259-278. <<

[124] Coello de Portugal, 1922: 48-49. <<

[125] El sargento Restituto Mogrovejo Fernández, posteriormente periodista anarcosindicalista, relata en Historia de un crimen las reuniones y los contactos de carácter revolucionario que mantenía un grupo de sargentos (Mogrovejo, 1940). <<

[126] Cierva y Peñafiel, 1955: 195. <<

[127] Orden de 2-VII-1931. <<

[128] Bahamonde, Martínez Lorente y Otero, 1993: 239-254. <<

[129] DSC, Congreso de los Diputados, 27, 28 y 29 de junio de 1918. Julián Besteiro protagonizó la única intervención realmente crítica referida a las relaciones de La Cierva con las Juntas. <<

[130] La comparación de plantillas en los Anuarios militares entre 1918 y 1925 demuestra una evidente movilidad en los ascensos. <<

[131] Figueroa y Torres, 1920: 83-120. El análisis de la escala de reserva en los Anuarios de 1919 y 1929 muestra la creación de 1194 empleos de alféreces en Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros y Estado Mayor para suboficiales y sargentos. A través de los Diarios Oficiales del Ministerio de la Guerra y de los expedientes personales en el AGMSG puede concluirse que la inmensa mayoría de las clases de 1917 llegaron a 1931 con el grado de teniente y aprovecharon la «Ley Azaña» para pasar al retiro. <<

[132] Figueroa y Torres, 1920: 102. <<

[133] Boyd, 2003: 230. <<

[134] Toda la información sobre el asunto procede de Coello de Portugal, 1923: 5-173 y Martínez de Aragón, 1923, quien dedica todo su libro a la cuestión, en memoria de su hijo, uno de los tenientes expulsados, que murió en 1922. <<

[135] El Sol, 21-X-1919. <<

[136] Así lo venía expresando, días antes, La Correspondencia Militar. <<

[137] Cierva y Peñafiel, 1955: 243-253. <<

[138] Payne, 1968: 150. <<

[139] Alonso, 2004: 585-600. <<

[140] Martorell, 2011: 294-296. <<

[141] Mola, 1940: 1018-1019. <<

[142] Alonso, 2004: 581. <<

[143] Arrarás (dir.), 1940: 121. En Franco Bahamonde, 1922, el ambicioso comandante había planteado la misma interpretación que Mola desarrollaría en 1935, componiendo el basamento del credo africanista. La campaña de Marruecos era la «escuela práctica». Eficaz, el «alma y nervio» del Ejército reclamaba el «justo premio de los méritos en campaña», necesario estímulo, según él, para evitar que los entusiasmos quedaran asfixiados por la inercia de un escalafón en la «perezosa vida de las guarniciones peninsulares». <<

[144] Azaña, 1966: 553. <<

[145] González Calleja, 2005. <<

[146] Se ha realizado el seguimiento de ambos a través de los Anuarios militares entre 1917 y 1922. También el general Sanjurjo había sido presidente de la Junta regional de Madrid. <<

[147] El 5-XII-1928 ascendió a general de división. El Diario Oficial del Ministerio de la Guerra del día siguiente publicó una amplia biografía profesional, coincidente con su expediente personal en el AGMSG. <<

[148] La Vanguardia, 5-IX-1923. <<

[149] Todos los datos biográficos siguientes proceden de la Gaceta de Madrid, el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra y los expedientes personales depositados en el AGMSG. <<

[150] Castelló, 1988 y AHN, Causa General, legs. 1513-1565 (expediente de Luis Castelló Pantoja). <<

[151] Mola, 1940: 1021. <<

[152] González Calleja, 2012, y Alonso, 2004: 620-623. <<

[153] Estado Mayor del Ejército, 1945: 171. <<

[154] Este seguimiento se ha realizado a partir de la consulta de los Diarios Oficiales del Ministerio de la Guerra, los expedientes personales del AGMSG y las causas abiertas en 1939, depositadas en el AHMD. En el caso de los antiguos dirigentes de las Juntas de clases, resulta equitativo el reparto entre republicanos y sublevados. Igual sucede con los 25 alumnos de la Escuela Superior de Guerra reprimidos por las Juntas en 1919. <<

[155] El tenso debate de noviembre de 1914 a enero 1915, y la campaña catalanista y anticatalanista hasta la creación del depósito franco de Barcelona el 24-X-1916 por iniciativa de Romanones, en Colomines i Companys, 1993: 207-214 y 241-281. <<

[156] Romero Salvadó, 2008: 40. <<

[157] Martorell, 1998b: 522. <<

[158] La intensa y breve, pero polémica labor de Alba como ministro de Hacienda, en Cabrera, Comín y García Delgado, 1989; Marín, 1990: 38-61; Roldán y García Delgado, 1973: I, 255-322 y Seco Serrano, 1995: 358-364 y 367-370. <<

[159] Balcells, 1983: 121. <<

[160] Martorell 1997: 153-154. <<

[161] El debate, en Martorell, 1998b: 529-534 y Roldán y García Delgado, 1973: I, 300-322. <<

[162] Martorell, 1998b: 524-525. <<

[163] Virto, 1998: 317-319. <<

[164] Urquijo, 1998: 307-308. <<

[165] Riquer, 2001: 220. <<

[166] El denominado «pronunciamiento de levita» impulsado por Maura, en Seco Serrano, 1995: 294-297. <<

[167] Martorell, 1997: 144. <<

[168] Martorell, 1997: 142. <<

[169] Cabrera y Martorell, «El Parlamento en el orden constitucional de la Restauración» en Cabrera (ed.), 1998: 40. <<

[170] Martorell y Rey Reguillo, 2006: 41-52. <<

[171] Martorell, 1996: 332. El bloqueo del proceso legislativo entre 1913 y 1917, en Martorell, 1998a: 242-251. <<

[172] Moreno Luzón, 1998: 80. <<

[173] Romero Salvadó, 2002: 32. <<

[174] Villacorta, 1989: 371-372. <<

[175] La carta de dimisión y el memorando de la crisis enviado al rey por Romanones el 19-IV-1917, en Figueroa, 1999: 395-397; Ghiraldo, 1917: 43-45; Lacomba, 1970: 409-410; Maura Gamazo y Fernández Almagro, 1948: 292 y Soldevilla, 1918: 121-123. L’Écho de París dijo que esta crisis recordaba en ciertos aspectos la situación que existía en Italia al dimitir el gabinete intervencionista de Salandra-Sonnino, en junio de 1916, tras la exitosa ofensiva austriaca en el Trentino. En el caso español, la ofensiva, menos cruenta, había sido orquestada desde la Embajada alemana por el príncipe de Ratibor. <<

[176] Fortes Bouza, 1977: 90. <<

[177] Boyd, 1990: 84. <<

[178] Ultimátum de la Juntas al general Marina, en ¿Renovación o revolución?, 1917: 92-96 y Buxadé, 1918: 51-53; Diputado a Cortes, 1918: 25-28; Lacomba, 1964: 90-92 y 1970: 128-130; Saborit, 1967a: 58-61 y Soldevilla, 1917: 6-9 y 1918: 208-210. La crisis de junio, también en Fernández Almagro, 1977: 233-238. <<

[179] Hall, 2005: 205. <<

[180] Cit. por Maura Gamazo y Fernández Almagro, 1948: 304. <<

[181] Lacomba, 1970: 148. <<

[182] La generalización del movimiento juntista en la Administración civil, especialmente Hacienda en noviembre de 1917 y Correos y Telégrafos en febrero de 1918, en Villacorta, 1989: 380-391. <<

[183] El manifiesto juntero, en ¿Renovación o revolución?, 1917: 96-116; Los sucesos de agosto ante el Parlamento, 1918: 331-336; Lacomba, 1970:150 y 434-437 y Soldevilla, 1917: 9-16 y 1918: 198-205. <<

[184] Los planes de Dato, quien se decía seguro del apoyo popular al Gobierno, en telegrama de la Embajada francesa en Madrid (16-VII-1917), en AAE, Série Guerre, 1914-1918, vol. 480, p. 3. El 6-VII también se produjo la dimisión de casi todo el Cuarto Militar del rey, lo que coincidió con una serie de promesas (aumento de los haberes, incremento de la subvención a las raciones diarias) que redujeron el malestar militar, motivado sobre todo por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. <<

[185] Lacomba, 1970: 441-445. <<

[186] Boyd, 2003: 228-229. <<

[187] Cit. por Soldevilla, 1918: 224. <<

[188] Clogg, 1998: 83. <<

[189] Araquistáin, 1917: 84-85. Curiosamente, a fines de marzo e inicios de abril de 1917, la prensa francófila y germanófila de Grecia se hizo eco del rumor de una presunta proclamación de la República en España (Morcillo Rosillo, 1998). Sin duda se refiere a la represión por Romanones del movimiento sindical tras el manifiesto UGT-CNT de 25-III, y la huelga general convocada pocos días más tarde en Valladolid, que llevó a la declaración del estado de guerra. <<

[190] Cambó, 1987: 252-253 y Pabón, 1952-1969: I, 490-493. Sobre la capitalización de la crisis política por la Lliga, véase Riquer, 1977: 85-86. <<

[191] Buxadé, 1918: 127-131; Lacomba, 1970: 427-432; Poblet, 1971: 183-191 y Soldevilla, 1918: 261-262. <<

[192] Buxadé, 1918: 131 y Lacomba, 1970: 433-437. <<

[193] ¿Renovación o revolución?, 1917: 150-152; Diputado a Cortes, 1918: 65-77; Ghiraldo, 1917: 113-114; Lacomba, 1970: 176-187 y 450-453; Pabón, 1952-1969: I, 501-507 y Poblet, 1971: 29-49. <<

[194] Diputado a Cortes, 1918: 86-89 y Soldevilla, 1917: 105-107. <<

[195] Burgos y Mazo, 1918: 124-129; Buxadé, 1918: 142; Diputado a Cortes, 1918: 123-128; Lacomba, 1970: 193-194 y 459-461; Pabón, 1952-1969: I, 527-530; Poblet, 1971: 198-202 y Soldevilla, 1917: 135-138. <<

[196] Linz, 1978: 78. <<

[197] Linz, 1978: 70. <<

[198] Romero Salvadó, 2002: 133. <<

[199] Seco Serrano, 1979: 125-126. <<

[200] Boyd, 1990: 108; Cambó, 1987: 256 y García Venero, 1969: 283. <<

[201] Diputado a Cortes, 1918: 128-129. <<

[202] Según Poblet, 1971: 109, Cambó, Lerroux y Álvarez eran los enlaces con los militares «junteros», pero las negociaciones fracasaron a inicios de agosto. <<

[203] Véanse, por ejemplo, las truculentas «Instrucciones a los revolucionarios» en una hoja que circuló por Barcelona a fines de julio de 1917 junto con el artículo «La Purria» de Lerroux, en Burgos y Mazo, 1918: 185-191. <<

[204] Según telegrama del embajador británico Arthur Henry Hardinge al secretario del Foreign Office Arthur James Balfour (Madrid, 19-V-1917): «There appears, moreover, to exist a suspicion in the King’s mind that the French Government are intriguing actively with certain Francophile elements in the Spanish Opposition, and these elements represent advanced Radical and Republican tendencies he feels a little touchy and irritated. I asked his information to this effect came from the German sources which had started the same rumours about myself, to which he replied in the negative, and added that the Germans on this side were playing the same game in other ways» (NA.FO, leg. 371/3033, cit. por Elorza, Cabrera y Bizcarrondo, 1985: 337). Un telegrama del cónsul francés en Barcelona (17-VII-1917) aseguraba que los alemanes habían distribuido armas y bombas a los anarquistas para promover disturbios con motivo de la Asamblea de Parlamentarios (AAE, Série Guerre, 1914-1918, vol. 480, p. 14). Sin embargo, un informe del agregado naval, capitán de fragata Bergasse du Petit Thouars, al Ministère de la Marine (Madrid, 15-IX-1917) relata una tensa conversación con el rey, quien acusó a determinados agentes franceses de alimentar la sedición de la Asamblea de Parlamentarios. Otro diálogo muy crispado de don Alfonso con el agregado militar galo, general Denvignes, en informe secreto de este al Deuxième Bureau de l’État Major de l’Armée (San Sebastián, 13-IX-1917), en AAE, Série Guerre, 1914-1918, vol. 482 pp. 49 y 58-60. <<

[205] Pous i Pagés, 1969: 61. <<

[206] Según Moreno Luzón, 2003: 375, la docena de parlamentarios liberales catalanes que asistieron a la reunión estaban convencidos de que no era un acto ilícito. Lista de presentes en la Asamblea, en ¿Renovación o revolución?, 1917: 156-157. <<

[207] Resoluciones, en ¿Renovación o revolución?, 1917: 158-161; Alós Martín, 1980: 8-14; Bajatierra, 1918: 21-52 y Ghiraldo, 1917: 125-128. <<

[208] La Asamblea de 19-VII, en ¿Renovación o revolución?, 1917: 161-174; y Diputado a Cortes, 1918: 92-116 y 191-217; Domingo, 1921: 59-68; Gómez Llorente, 1976: 246-257; Lacomba, 1970: 200-212; Martorell, 2011: 227-228; Pabón, 1952-1969: I, 512-519; Poblet, 1971: 63-92 y Soldevilla, 1917: 116-129 y 1918: 325-339. La versión de los parlamentarios expuesta en una hoja clandestina, en Los sucesos de agosto ante el Parlamento, 1918: 365-379 y Lacomba, 1970: 477-487. <<

[209] Pabón, 1952-1969: I, 513; Meaker, 1978: 105 y Seco Serrano, 1995: 386-392. El agregado militar británico, mayor Josceline C. H. Grant, informó de una conversación mantenida con un oficial del Ejército español, quien le comentó alarmado que 200 000 somatenistas armados con carabinas Máuser y Remington habían sido «incentivados» por Cambó para que se concentrasen el 19-VII-1917 en Barcelona, donde el Gobierno solo disponía de cuatro batallones con ametralladoras y mil guardias civiles, aunque luego hizo ascender las fuerzas acantonadas a 30 000 soldados (Grant a Hardinge, Madrid, 17 y 20-II-1917, en NA.FO, leg. 371/3034). Aunque esa amenaza era una pura invención, el 11-VII-1917 el Gobierno trasladó un millar de guardias a Barcelona. <<

[210] Smith, 2007: 280. <<

[211] DSC, n.º 45, 28-V-1918, p. 1239, cit. por Martorell, 2011: 228-229. <<

[212] Saborit, 1967a: 18. Luis Araquistáin interpretó la Asamblea como un conato de doble poder. También habló de la existencia de «dos constituciones» alternativas: la semiautocrática española con amplias prerrogativas para el monarca y la democrática de monarquías como la inglesa (Araquistáin, 1917: 125-129). <<

[213] «Manifiesto de Córdoba. Manifiesto a la nación: ¡Todos contra este régimen!» (13-VI-1917), El Popular, 20-VI-1917, cit. por Lacomba, 1984: 283-284. Entre los firmantes se encontraba Eloy Vaquero Cantillo, un andalucista que se pasaría al PRR en la República y sería ministro de la Gobernación durante la revolución de octubre de 1934. <<

[214] Araquistáin, 1917: 174 y Meaker, 1978: 112. <<

[215] García Venero, 1974: 228-229. <<

[216] Forcadell, 1978: 226-228. <<

[217] La ponencia, en Lacomba, 1970: 91 nota 17; Lamo de Espinosa, 1973: 32; Romero Salvadó, 2002: 39-40 y Saborit, 1967a: 45-46. <<

[218] El «Pacto de Zaragoza», en Meaker, 1978: 64-68 y Saborit, 1967a: 47-48. <<

[219] Los preparativos de la huelga, en sesión de la Ejecutiva ugetista de 19-XI-1916 (AFPI, Archivo Amaro del Rosal, Actas de la Comisión Ejecutiva de la UGT, vol. IX, pp. 47-48). <<

[220] Sobre el gran despliegue policial en Madrid con motivo de esta huelga, véase «Servicio especial de Vigilancia con motivo de la huelga anunciada para el día 18 del actual» (16-XII-1916), en AGP, caja 15 459, exp. n.º 6, donde se señalan los lugares de vigilancia especial y general por distritos en Madrid, servicios adicionales, etc. Un documento, en fin, sumamente interesante para conocer el movimiento policial en momentos de crisis política aguda. <<

[221] Aróstegui, 2013: 102. <<

[222] Manifiesto UGT-CNT, «El proletariado ante la nación. A los trabajadores españoles y al país en general», El Socialista, 28-III-1917, p. 1 y El Imparcial, 29-III-1917, p. 1, en Gómez Llorente, 1976: 287-291; Lacomba, 1970: 406-408: «Ladera», 1917: 189-191; Lamo de Espinosa, 1973: 33-34; Memoria Histórica del Socialismo, 1997: 25; Romero Salvadó, 2002: 48-50; Saborit, 1961: 127-129 y 1967a: 52-55, y Tuñón de Lara, 1985: II, 100-101. <<

[223] «El imperio de los Romanones. Suspensión de las garantías constitucionales», El Socialista, 29-III-1917, p. 1. Según Tuñón de Lara, 1985: II, 105 nota 29, desde abril se estaba barajando la realización de un movimiento revolucionario. <<

[224] García Venero, 1974: 348-349. Saborit, 1961: 129 acusa a Óscar Pérez Solís de haber actuado como agente provocador en la huelga ferroviaria y obrera de Valladolid. <<

[225] Véase El Socialista, 13 a 24-III-1917 y Avilés, 1999: 36. <<

[226] Bajatierra, 1918: 13. <<

[227] Los mítines sucesivos, en Lacomba, 1970: 68-74; Meaker, 1978: 81-84 y Soldevilla, 1918: 134-141 y 164-168. <<

[228] Suárez Cortina, 1986: 179-180. <<

[229] José Ortega y Gasset, «Bajo el arco en ruina», El Imparcial, 11-VI-1917, p. 1. <<

[230] Lacomba, 1975: 36. <<

[231] Soldevilla, 1918: 263. <<

[232] Aróstegui, 2013: 105; Buxadé, 1918: 126; García Venero, 1974: 340; Oliveros, 1982: 115 y Tuñón de Lara, 1985: II, 103. <<

[233] García Venero, 1974: 349 y Morato, 1968: 158-159. Al parecer, Lerroux estaba en contacto con el general Alfau, afín a las Juntas. <<

[234] Oliveros, 1982: 121-122 y Ruiz González, 1979: 121. <<

[235] Sobre la reserva respecto de la huelga de los líderes republicanos (Lerroux), reformistas (Álvarez) y catalanistas (Cambó), véase despacho de Hardinge a Balfour (San Sebastián, 13-IX-1917), en NA.FO, leg. 185/1346. <<

[236] Saborit, 1967a: 71. <<

[237] Smith, 2007: 278. <<

[238] Pestaña, 1974: 110 y Martín 1971: 37. <<

[239] Según Ucelay da Cal, 1979: 86-89, el político catalanista mantuvo varias conversaciones con Domingo del 12 al 15 de agosto. En la mañana de ese último día, ante la evidencia de la inhibición proclamada por la Lliga y los radicales, ambos decidieron hacer público un manifiesto donde asumían el liderazgo político de la revolución. Macià ordenó la concentración de unos 300 nacionalistas radicales en Borjas Blancas y Llançà, mientras que Domingo hacía lo propio en su feudo de Tortosa, a la espera de un apoyo masivo de la CNT, que se comprometió a prolongar la huelga general una semana. Estos grupos armados esperaron en vano la llegada de armas para realizar una marcha sobre Barcelona, pero tras la detención de Domingo el 16 de agosto y el declive del movimiento huelguístico, Macià se refugió unas semanas en Cerbère y Perpignan, donde se entrevistó entre otros con Lerroux, hasta que el Ministère de l’Intérieur dio orden de expulsarlo hacia el interior de Francia. <<

[240] Meaker, 1978: 111. <<

[241] Pestaña, 1974: 111. La tensa reunión de Largo con los dirigentes de la CNT en Las Planas (Vallvidriera), en los testimonios encontrados de Largo Caballero, 1976: 49-50 y Pestaña, 1974: 111-112. <<

[242] Cordero, 1932: 32. <<

[243] AHN, Gobernación, Serie A, leg. 41A, exp. n.º 1, cit. por Fusi, 1975: 372 y Martorell, 2010: 82 y 2011: 224. <<

[244] Lara Ródenas, Domínguez Domínguez y Peña Guerrero, 1990: 481. <<

[245] Lacomba, 1970: 231. <<

[246] Romero Salvadó, 2008: 90. <<

[247] El manifiesto, en Burgos y Mazo, 1918: 33-39; Domingo, 1921: 19-23 y Lacomba, 1970: 500-502. La detención y puesta a disposición de la jurisdicción de guerra, en Los sucesos de agosto ante el Parlamento, 1918: 290-296; Domingo, 1921: 111-116 y Soldevilla, 1918: 411-418. La protesta de los parlamentarios, en Ghiraldo, 1917: 166-195. <<

[248] «A los obreros y a la opinión pública», e instrucciones para la huelga 12-VIII-1917, Díaz-Plaja, 1970: 89-90; García Venero, 1974: 352-355; Gómez Llorente, 1976: 305-309; Lacomba, 1970: 251-253; Memoria Histórica del Socialismo, 1997: 28; Lamo de Espinosa, 1973: 36-38 y Saborit, 1961: 136-138 y 1967a: 72-74. Las «instrucciones», en La Libertad, Diario de la Huelga (13-VIII-1917), único ejemplar tirado de la publicación, depositado junto con otros pasquines revolucionarios en RAH, Archivo Dato, carp. n.º 76. Su confeccionador, Mario Anguiano, que había sido presidente de la Asociación del Arte de Imprimir, fue detenido el 28-VIII, y un consejo de guerra celebrado el 29-IX le condenó a 17 años, 4 meses y un día de reclusión por delito de «rebelión común». Enviado al penal del Dueso, fue amnistiado el 9-V-1918. Su peripecia, en Anguiano, 1931. <<

[249] Saborit, 1961: 100-102. <<

[250] Sobre la propuesta de revolución política difundida por el socialismo, véanse Saborit, 1967b: 8 y Tuñón de Lara, 1989: II, 24. <<

[251] Juliá, 1997: 96. <<

[252] Lacomba, 1968: 159. <<

[253] Martorell, 2011: 233. <<

[254] Gómez Llorente, 1976: 262-263. <<

[255] Poblet, 1971: 218. <<

[256] «Fals», La Veu de Catalunya, 14-VIII-1917, p. 1. <<

[257] García Venero, 1969: 293; Lacomba, 1970: 510-511 y Poblet, 1971: 214-216. <<

[258] Heraldo de Madrid, 30-VIII-1917. <<

[259] Culla i Clarà, 1986: 317. <<

[260] Lacomba, 1970: 127 nota 67 y Márquez y Capo, 1923: 38-39. El propio líder republicano reconoce sus tratos con las Juntas para hacer la revolución (Lerroux, 1930: 92). <<

[261] Diputado a Cortes, 1917: 181. <<

[262] Rovira i Virgili, 1936: 139. <<

[263] Buenacasa, 1928: 69-70. <<

[264] Soldevilla, 1917: 208-210. <<

[265] Luis Araquistáin, «La ausencia del poder civil», España, n.º 134, 1-XI-1917, p. 5. <<

[266] Aróstegui, 2013: 115. <<

[267] Romero Salvadó, 2008: XI. <<

[268] Circular n.º 119 del Ministerio de la Gobernación al gobernador militar de Algeciras y gobernadores civiles de todas las provincias, salvo Madrid (12-VIII-1917), en AHN, Gobernación, Serie A, leg. 42 A, exp. n.º 1. <<

[269] Tuñón de Lara, 1979: 7 [307]. <<

[270] Seco Serrano, 1995: 384 y Pabón, 1952-1969: I, 492. <<

[271] Smith, 2014: 151. <<

[272] Saborit, 1967a: 23 reconoció que la finalidad de la huelga era revolucionaria. <<

[273] Anguiano, 1931: 43-51; Huelga general de agosto de 1917, s. f.; Saborit 1967a: 74-80 y Soldevilla, 1917: 201-207 y 1918: 448-452 y 456-458. La vida carcelaria en Cartagena, lugar de peregrinación democrática, donde los dirigentes socialistas fueron aislados de los otros reclusos para evitar «contagios» revolucionarios, en Saborit, 1961: 143-146 y 1967a: 77-87. <<

[274] «Por la amnistía. Gran mitin», El Socialista, 15-XI-1917, p. 1 y «La manifestación de hoy. ¡Amnistía!, ¡Amnistía!, ¡Amnistía!», El Socialista, 25-XI-1917, p. 1. <<

[275] Soldevilla, 1918: 540-543. <<

[276] Ghiraldo, 1917: 233-236; Lacomba, 1970: 307-312; Moreno Luzón, 2004: 143; Pabón, 1952-1969: I, 561-564 y Poblet, 1971: 137-142. Según Alós Martín, 1980: 4, las actas de la Asamblea de 30-X en Madrid no han sido localizadas. <<

[277] La laboriosa tramitación de la crisis de octubre, Boyd, 1990: 118-120; Cierva, 1955: 186-199; García Venero, 1969: 299-302; Lacomba, 1970: 287-322 y Soldevilla, 1918: 503-540. <<

[278] Ametlla, 1963: 385. <<

[279] Se trata del manifiesto del 12 de agosto de 1917. Puede verse con las Instrucciones de huelga en Los sucesos de agosto, 1918: 197-200, o en El Socialista, 29-V-1918, pp. 3-4. <<

[280] Soldevilla, 1917 y Lacomba Avellán, 1970. A la «Sanjurjada» se la llama «revolución» hasta siete veces en la sentencia que se incluye en Infante Miguel-Motta, 2004: 500, 502, 535, 536 y 538. <<

[281] Bajatierra Morán, 1918: 69-70. La cursiva en el original. <<

[282] Los Sucesos de Agosto, 1918: 108, y El Socialista, 25-V-1918, p. 2. <<

[283] Romero Salvadó, 2002: 151. <<

[284] Parece afirmarse que la acusación procede exclusivamente de socialistas y militares en Martorell Linares, 2011: 231-232 y 236. Extrañamente no se hace eco esta biografía de la casi universal acusación hacia este ministro por parte de en la práctica toda la historiografía, y por tanto no ahonda en las interesantes razones del porqué. <<

[285] Ladera, 1917: 216; Buxadé, 1918: 118 y 139; Unamuno en Díaz-Plaja, 1969: 79-80, y Martín Maestre, 1971: 64. Lo de todos los autores y la exhaustiva relación puede verse en Romero Salvadó, 2002: 250-251, nota 8. Él mismo se incluye en p. 146. <<

[286] Clark, 2014. <<

[287] Roldán, García Delgado y Muñoz, 1973 y 1974. <<

[288] Lo de la rehabilitación, en Parejo Barranco y Sánchez Picón, 2007: 11. <<

[289] Carreras, 1990. <<

[290] Tortella Casares, 1994: 199. <<

[291] Parejo Barranco y Sánchez Picón, 2007: 25. <<

[292] Las citas, para Asturias en Instituto de Reformas Sociales, 1918-1919: II, 145, y para Valladolid en vol. III, p. 228. Estas informaciones procedían además de profesionales de clase media y empleados públicos como los inspectores de trabajo, resentidos asimismo con la inflación, pero que sabían de lo que hablaban. Más en Barcelona, vol. I: 186; lo mismo referido a los muebles finos en Burgos, vol. III, p. 197. <<

[293] Aguado y Ramos, 2002: 99. <<

[294] Carreras y Tafunell, 2010: 225. <<

[295] Artola, 1978: 409-411. <<

[296] Lo del precio, en Instituto de Reformas Sociales, 1918-1919: II, 69; lo de El Ferrol en vol. II, pp. 101 y 206. <<

[297] Casos de Burgos o Valladolid en 1917, en Instituto de Reformas Sociales, 1918-1919: III, 185 y 218. La sustitución del gas por la electricidad en el alumbrado de Zaragoza en vol. III, p. 257. «[La] reducción en el suministro de fluido eléctrico y la falta de presión del gas del alumbrado» en Madrid, en vol. I, p. 23. <<

[298] Instituto de Reformas Sociales, 1918-1919: II, 450. <<

[299] Por ejemplo, en Granada. Véase Instituto de Reformas Sociales, 1918-1919: II, 309. <<

[300] Instituto de Reformas Sociales, 1918-1919: I, 214. <<

[301] Instituto de Reformas Sociales, 1918-1919: I, 53-54 y II, 115. En Aragón, Navarra y Soria, vol. III, pp. 90-291. La mala calidad de la madera nacional en general, en vol. I, pp. 30-37. <<

[302] Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 1922: 113. <<

[303] Instituto de Reformas Sociales, 1918-1919: II, 499. <<

[304] Instituto de Reformas Sociales, 1918-1919: II, 460 y II, 16. <<

[305] Instituto de Reformas Sociales, 1918-1919: III, 169. <<

[306] Castro de Isidoro, 1989 y Gil Varón, 1984: 142-159. <<

[307] En Barcelona el papel ordinario y fino pasó de 35 pesetas los 100 kilos a 210 pesetas en 1918. Véase Instituto de Reformas Sociales, 1918-1919: I, 109. El dato de los trapos, en Andalucía, vol. II, p. 324. <<

[308] Un ejemplo fue la Asociación de Vecinos de Madrid de 1919 de Lorenzo Barrio y Morayta y Facundo Dorado y luego la Federación de Entidades Ciudadanas de España en 1920, que contribuyeron a conseguir la prórroga automática de los alquileres para las grandes ciudades a partir de 1921. Más en Sánchez Pérez, 1990. <<

[309] Jackson, 2008: 2-3. <<

[310] Instituto de Reformas Sociales, 1918-1919: III, 138 y 165-167. <<

[311] Por ejemplo, Santander, Instituto de Reformas Sociales, 1918-1919: II 53-54; Galicia, vol. II, p. 217. <<

[312] Parejo Barranco y Sánchez Picón, 2007: 58-59. <<

[313] Los datos en Carreras y Tafunell, 2010: apéndice 3, 521-522. <<

[314] Carreras y Tafunell, 2010: 233. <<

[315] Instituto de Reformas Sociales, 1923: 7. <<

[316] Carreras y Tafunell, 2010: 230-231. <<

[317] Instituto de Reformas Sociales, 1918-1919: II, 106-107. <<

[318] Echeverri Dávila, 1993 y Erkoreka, 2006. <<

[319] Bernis Carrasco, 1923: 97. <<

[320] Gaceta de Madrid, 19-IX-1914, p. 758. <<

[321] Gaceta de Madrid, 19-II-1915, p. 554. <<

[322] Martorell Linares, 2011: 213. <<

[323] Gaceta de Madrid, 12-XI-1916, pp. 385-387. <<

[324] Gaceta de Madrid, 16-XI-1916, pp. 405-407. Es rectificación del aparecido, y mal redactado, en Gaceta de Madrid, 15-XI-1916, pp. 398-399. <<

[325] Cabrera Calvo-Sotelo y Rey Reguillo, 2004: 118. <<

[326] Gaceta de Madrid, 4-X-1917, pp. 25-26. <<

[327] Gaceta de Madrid, 3-III-1917, pp. 518-522. <<

[328] Es la tesis defendida por Martorell Linares, 1998b. <<

[329] Cabrera Calvo-Sotelo, Comín Comín y García Delgado, 1989; Fuentes Quintana, 1990, y Moreno Luzón, 2004. <<

[330] Calle, 1981: II, 1188-1212 y González Calleja, Cobo Romero, Martínez Rus y Sánchez Pérez, 2015: 942-945. <<

[331] En el manifiesto del 23 de mayo de 1916, en El Socialista, 24-V-1916. <<

[332] En el manifiesto del 27 de marzo de 1917, en El Socialista, 28-III-1917. <<

[333] Estas dinámicas se analizan en Sánchez Pérez, 1991, 1994 y 2005: 33-67. <<

[334] Elorza Domínguez, 1984. <<

[335] «Contra la guerra. El proletariado hará la huelga general», El Socialista, 30-VI-1914. <<

[336] Sánchez Pérez, 1986: 479-485. <<

[337] «Ante el problema del hambre. El manifiesto de la Unión General de Trabajadores», El Socialista, 3-III-1915. <<

[338] Tuñón de Lara, 1972: 578. <<

[339] Instituto de Reformas Sociales, 1918. <<

[340] Bar Cendón, 1981: 306-316 y Gabriel Sirvent, 1981. <<

[341] Bonamusa, 1991 y Gabriel Sirvent, 1991. <<

[342] Castillo, 1989: 133-134. <<

[343] Saborit Colomer, 2009: 763-764. <<

[344] Instituto de Reformas Sociales, 1918: 195-199. <<

[345] Martín Ramos, 1989. <<

[346] «La unificación es un hecho. La protesta obrera», Solidaridad Obrera, 11-VII-1916. Besteiro aparece como «Besteiros». <<

[347] Saborit Colomer, 2009: 764. <<

[348] La noticia de la prisión, en El Socialista, 16-VII-1916, p. 2. La confirmación por el propio Romanones de que estaban detenidos en La Vanguardia, 15-VII-1916, p. 10. La razón que arguye es que nada se les había perdido en Barcelona y debían haberse quedado en Madrid, de donde eran concejales dos de ellos (!!). La noticia de la liberación también dada por Romanones, en El Socialista, 18-VII-1916. Lo mismo, en los papeles del propio Largo Caballero y con la fecha del 8 de julio, en Aróstegui Sánchez, 2008: 22-23. <<

[349] Ni una alusión en Pestaña Díaz, 1974: 109. <<

[350] «Se acordó la huelga general», El Socialista, 20-XI-1916, y «La huelga general para el 18 de diciembre», Solidaridad Obrera, 21-XI-1916. <<

[351] Boletín del Instituto de Reformas Sociales, 1.er trimestre 1917, pp. 70-72. <<

[352] El País, 19-XII-1916. <<

[353] Bajatierra Morán, 1918: 8. <<

[354] Saborit Colomer, 2009: 768. <<

[355] El Socialista, 28-III-1917. <<

[356] Boletín del Ayuntamiento de Madrid, 9-IV-1917, pp. 345-346 y 360. <<

[357] Fuentes Codera, 2014 y Meaker, 1988. <<

[358] «Sistemas semiautocráticos», como decía por entonces Araquistáin Quevedo, 1917: 126. <<

[359] Wrigley, 1993 y Schmitt, 1988. <<

[360] Así lo refiere Soldevilla Ruiz, 1917: 177. <<

[361] Araquistáin Quevedo, 1917: 83-87. Su exacerbado entusiasmo belicista le llevaba a decir que la caída del zar se debía a que «el pueblo, viéndose vendido por su monarca en el instante mismo de una guerra defensiva, prefirió destituirle antes que traicionar a su palabra con una paz separada y prematura». Es decir, que según él los rusos querían continuar la guerra y por eso se deshicieron de su tibio monarca. <<

[362] Araquistáin Quevedo, 1917: 101-115. La frase, en p. 115. <<

[363] Soldevilla Ruiz, 1918: 174. <<

[364] Heraldo de Madrid, 27-V-1917, edic. de la noche, pp. 1-2, y El Liberal, 27-V-1917, suplemento extraordinario (con el texto taquigráfico íntegro), pp. 1-3. <<

[365] El serial comienza el 13-III, toma cuerpo editorial el 17-III y continúa en ocho capítulos hasta el 24-III. <<

[366] Romero Salvadó, 2002: 106-107. La frase, en p. 107. <<

[367] Ealham, 2014: 89. <<

[368] Conviene advertir que en este «neutralismo» no todo era ideología y que el dinero alemán que corría por las venas de Solidaridad Obrera también jugaba su papel. Véase González Calleja y Aubert, 2014: 251. <<

[369] Lo primero, en Burgos y Mazo, 1918: 79. Lo segundo, en «Programa de Barcelona discutido en Madrid en asamblea magna», en Bajatierra Morán, 1918: 14-19. Burgos y Mazo, que era entonces ministro de Justicia, da la fecha del 16 al programa y sostiene que apareció en Solidaridad Obrera el 17 de julio. Puede que estuviera en el número antes que la censura que impuso su Gobierno mutilara el periódico. Él como ministro debió llevarse el manifiesto a casa, como otros originales que usa y que regala generosamente a los españoles en su libro, tras haber sido cómplice de hurtarles dicha información en su momento. En el número de la Soli correspondiente —el 622 de la época tercera— puede verse que no aparece tal cosa: ni en ese ni el del día siguiente. Después el periódico quedó suspendido hasta agosto. Romero Salvadó, 2002: 131, también afirma que apareció en la Soli del 17, y lo mismo señala Lacomba Avellán, 1970: 475, haciéndose eco una vez más de Burgos y Mazo. <<

[370] Primera opinión sobre ella, en «Sería bien triste…», El Socialista, 10-XI-1917. <<

[371] El plante, con mucho detalle, en Fernández Barallobre, 2010: 149-152. La frase, en Soldevilla Ruiz, 1917: 141. <<

[372] Domingo Sanjuán, 1921: 83. <<

[373] Las persecuciones a Domingo, en Cucalón Vela, 2009. <<

[374] Citado por Lacomba Avellán, 1970: 508-510. <<

[375] «Ladera», 1917: 276. <<

[376] Domingo Sanjuán, 1921: 78. <<

[377] Romero Salvadó, 2002: 154, nota 37. <<

[378] Buxadé, 1918: 201. <<

[379] Ferreras, 1987 y Madrid Villalón, 2008: 494-495. La presentación grotesca, en Comín Colomer, 1953: 24. La toma seguramente de Soldevilla Ruiz, 1917: 174. <<

[380] Bajatierra Morán, 1918: 65, aunque téngase en cuenta que como buen anarquista le interesa demostrar la ausencia en la calle de los socialistas. <<

[381] Soldevilla Ruiz, 1917: 168. <<

[382] Mencionado por Bajatierra, 1918: 20-21 y 53. Según Buxadé, 1918: 162-164, la ausencia de violencia «imposibilitó la realización del plan de los conjurados». «No hubo violencia y se frustró el plan». Besteiro también lo apuntó en su intervención parlamentaria de mayo de 1918, inserta en El Socialista, 29-V-1918, p. 3. <<

[383] Martín Maestre, 1966: 64. <<

[384] Carta del Sindicato de Madrid-Cáceres-Portugal al ministro de Fomento, en Buxadé, 1918: 176. <<

[385] Soldevilla Ruiz, 1917: 131. <<

[386] «Ladera», 1917: 191, y Lacomba, Tuñón de Lara, Riquer y Fortes Bouza, 1985: 12-14. <<

[387] Instituto de Reformas Sociales, 1918: 159-188, y Meana Martínez, 2006. <<

[388] Los sucesos de agosto, 1918: 30. <<

[389] Pueden verse decreto y reglamento en Instituto de Reformas Sociales, 1917. <<

[390] Los sucesos de agosto, 1918: 34. <<

[391] Buxadé, 1918: 172-175. <<

[392] «Ladera», 1917: 194-199. <<

[393] Todas las notas, en El Socialista, 8-VIII-1917. <<

[394] ABC, 9-VIII-1917, p. 15. <<

[395] Lacomba Avellán, 1970: 498-499, pero el texto está truncado. Íntegro en ABC, 10-VIII-1917, p. 9. <<

[396] Los sucesos de agosto, 1918: 44. <<

[397] ABC, 1-VI-1918, p. 12. <<

[398] Lo de la censura, en ABC, 10-VIII-1917, p. 9, o El Socialista, 10-VIII-1917. El texto completo, en El Siglo Futuro, 9-VIII-1917, p. 3. <<

[399] López-Morell, 2005: 463. <<

[400] Burgos y Mazo, 1918: 204-214. <<

[401] Araquistáin Quevedo, 1917: 175-176. <<

[402] Buxadé, 1917: 226. <<

[403] Urquijo Goitia, 1988: 182-184. <<

[404] Los sucesos de agosto, 1918: 104. <<

[405] Buxadé, 1918: 176-178. <<

[406] Buxadé, 1918: 233-234. <<

[407] Saborit Colomer, 2009: 801. Lo corrobora Martín Maestre, 1966: 35, que sigue su relato bastante, pero añade detalles. <<

[408] Buxadé, 1918: 244-247. <<

[409] ABC, 15-VIII-1917, p. 9, cuenta que efectivamente se disponían a cenar (aunque omite que siguieron sin temor alguno); El Liberal, 15-VIII-1917, pp. 1-2, con dos versiones sucesivas; Heraldo de Madrid, 15-VIII-1917, p. 1. La cita del periódico de Hernández Chinarro, 2013: 125, nota 34, que incluye la tinaja, no es por tanto de este diario y es errónea. <<

[410] Saborit Colomer, 2009: 790-791 y 801-802. Los testimonios de Saborit hay que tomarlos con reparos. Escritos o reelaborados bastante después de los hechos, acostumbra a poner en la picota a rivales políticos que acabaron en el «tercerismo» o el comunismo. Anguiano es un ejemplo, pero lo mismo hace con García Quejido o con Pérez Solís, al que acusa de ser el responsable de la huelga de marzo de 1917 en Valladolid, aunque a este no se le echó por eso. <<

[411] Saborit Colomer, 2009: 790. <<

[412] En Sevilla en algunos trabajos ni se menciona su existencia. Véase Macarro Vera, 1984. <<

[413] Ramos Palomo, 1991. <<

[414] Y tan pronto como en enero de 1918. Un ejemplo es Málaga, en Ramos Palomo, 1983. <<

[415] El folklore de las quemas de tranvías, en Cruz Martínez, 1994 y Sánchez Pérez, 2005: 94-98. <<

[416] De El 19 de marzo y el 2 de mayo en concreto (Pérez Galdós, 1976: 271-276). <<

[417] Bajatierra Morán, 1918: 74. <<

[418] Díaz-Plaja, 1969: 73. <<

[419] ABC, 15-VIII-1917, p. 7. <<

[420] ABC, 14-VIII-1917, p. 9. <<

[421] El Imparcial, 14-VIII-1917, p. 1. <<

[422] El Socialista, 30-V-1918, p. 1. <<

[423] Sánchez Pérez, 2005: 78, nota 101. <<

[424] Soldevilla Ruiz, 1917: 159. <<

[425] González Calleja y Rey Reguillo, 1995. <<

[426] ABC, 18-VIII-1917, pp. 8-9. <<

[427] El Socialista, 30-V-1918, p. 3. <<

[428] ABC, 12-VIII-1917, pp. 7-9 y 13-VIII-1917, p. 7. <<

[429] ABC, 14-VIII-1917, p. 10 y 15-VIII-1917, p. 11. <<

[430] ABC, 30-V-1918, pp. 11-13. También en El movimiento revolucionario de agosto de 1917, 1918. <<

[431] Lacomba, Tuñón de Lara, Riquer y Fortes Bouza, 1985: 18. <<

[432] Con víctimas mortales, Soldevilla Ruiz, 1917: 177. <<

[433] Soldevilla Ruiz, 1917: 167-169. <<

[434] Urquijo Goitia, 1988. <<

[435] Los sucesos de agosto, 1918: 49-93. <<

[436] Según Martorell Linares, 2011: 232-233, la consigna de huelga pacífica «tampoco caló entre sus correligionarios dinamiteros de la minería asturiana», dando a entender que allí debió haber mucha violencia. <<

[437] Lacomba, Tuñón de Lara, Riquer y Fortes Bouza, 1985: 19-20. <<

[438] Los sucesos de agosto, 1918: 68, 78, 80 y 82. <<

[439] El Socialista, 25-V-1917, p. 1 <<

[440] Madrid Villalón, 2008: 493. <<

[441] Buxadé, 1918: 251-296. La cita, en p. 282. <<

[442] Buxadé, 1918: 283-284. <<

[443] Martínez Soto, 1989 y López Serrano, 1989. Ambos corroboran el testimonio parlamentario de Besteiro en Los sucesos de agosto, 1918: 211-212. Un edulcorado relato de la matanza y cifras oficiales, en Soldevilla Ruiz, 1917: 162 y 175-176. <<

[444] Lunar, 1991: 277-281; Lara Ródenas, Domínguez Domínguez y Peña Guerrero, 1990: 486-494, y Gil Varón, 1984: 159-160. La intervención de Barriobero, en Los sucesos de agosto, 1918: 301-320. <<

[445] Gil Varón, 1984: 137. <<

[446] Comín Colomer, 1953: 26 y Soldevilla Ruiz, 1917: 163. <<

[447] Cartas de Salillas y de los presos, en El Socialista, 4-VIII-1917 y 6-VIII-1917. La versión ministerial de los hechos, en Burgos y Mazo, 1918: 261-270. <<

[448] Las cifras de Martorell Linares, 2011: 233-234. Las de Soldevilla Ruiz, 1917: 175-176 y la insinuación, en p. 164. El relato de Bajatierra Morán, 1918: 78-87. El de Besteiro en El Socialista, 30-V-1918, p. 3. Lo de los militantes, en Romero Salvadó, 2005: 143. <<

[449] No es cierto, como diría Dato a toro pasado, que «en cuanto el Gobierno vio el Cosas veredes en los periódicos socialistas y republicanos declaró el estado de guerra ¡Sabe Dios, si no se declara, lo que hubiese ocurrido en cuarenta y ocho horas…!» (ABC, 1-VI-1918, p. 12). El artículo de Besteiro es del 10, y el estado de guerra sobrevino el 13 con la huelga iniciada. Lo que quizá quiere decir es que tenía preparado el bando desde entonces, por la celeridad con que se sacó. <<

[450] Un relato muy pormenorizado en Soldevilla Ruiz, 1917: 187-197. <<

[451] Soldevilla Ruiz, 1917: 161. <<

[452] Huelga general de agosto de 1917, s. f. <<

[453] Saborit Colomer, 2009: 802. <<

[454] Díaz-Plaja, 1969: 91. <<

[455] ABC, 14-VIII-1917, p. 8. <<

[456] La Vanguardia, 16-VIII-1917, p. 3. <<

[457] Urquijo Goitia, 1988: 186-187. <<

[458] Los sucesos de agosto, 1918: 89. <<

[459] El Socialista, 25-V-1918, p. 1. <<

[460] Buxadé, 1918: 294. <<

[461] Martorell Linares, 2011: 234. <<

[462] Saborit Colomer, 2009: 766-767. <<

[463] ABC, 1-6-1918, pp. 13 y 15. <<

[*] Traducción del italiano de Eduardo González Calleja. <<

[464] Audoin-Rouzeau y Becker, 2002. <<

[465] Kramer, 2007: 331. <<

[466] El bloqueo militar, en Becker, 1997: 13-21. <<

[467] Graziosi, 2001: 178-182. <<

[468] Horne, 2007. <<

[469] Bianchi, 2000. <<

[470] Gullace, 2002. <<

[471] Curli, 1998. <<

[472] Sondhaus, 2014: 363. <<

[473] Sirinelli, Vandenbussche y Vavasseur-Desperriers, 2003: 12-13. <<

[474] Kuprian, 2014: 188 ss. <<

[475] Ventrone, 2004: 200-201. <<

[476] Procacci, 2000: 362. <<

[477] Ventrone, 2004. <<

[478] Werth, 2007 y Ventrone, 2009. <<

[479] Sondhaus, 2014: 342. <<

[480] Janz, 2014: 301-302. <<

[481] Bavendamm, 2007. <<

[482] Procacci, 1983. <<

[483] Sondhaus, 2014: 368-369. <<

[484] Strachan, 2003. <<

[485] Jackson, 2003. <<

[486] Sondhaus, 2014: 376 ss. <<

[487] Keegan, 2004: 361. <<

[488] Kuprian, 2014: 202-213. <<

[489] Koblik, 1988. <<

[490] Knutsen, 1999. <<

[491] Zieger, 2000. <<

[492] Ventrone, 2015: 130-131. <<

[493] Clogg, 1998. <<

[494] Clogg, 1998: 108-109. <<

[495] Biagini, 2002: 36 ss. <<

[496] Schulze, 2004: 65. <<

[497] Lapidus, 2000: 263-272. <<

[498] Campanini, 2007: 71. <<

[499] Duclert, 2007: 545-546. <<

[500] Stevenson, 2004: 273-279. <<

[501] Forcella y Monticone, 1968. <<

[502] Bloch, 1994: 68. <<

[503] Sheehan, 2009: 87. <<

[504] Davidian, 2003: 542. <<

[505] Keegan, 2004: 380. <<

[506] Carr, 1983: 12. La revolución de febrero y su acogida en Europa, en Becker, 1997: 45-52. <<

[507] Sondhaus, 2014: 269-270. <<

[508] Werth, 2007b: 255-256. <<

[509] Cit. por Werth, 2007b: 262-263. <<

[510] Keegan, 2004: 372 ss. La crisis en el frente francés, en Becker, 1997: 64-85. <<

[511] Smith, 2003: 84-89. <<

[512] Pedroncini, 1968: 218-219. <<

[513] Ventrone, 2004: 217-218. <<

[514] Ventrone, 2004: passim. <<

[515] Keegan, 2004: 360. <<

[516] Plessis, 2007: 501-504. <<

[517] Sondhaus, 2014: 396-397. <<

[518] Winter, 2007: 516 ss. <<

[519] Horne, 1997 y Bock, 2007. <<

[520] Leed, 1979. <<

[521] Mosse, 1990. <<

[522] Romero Salvadó, 2008:117. <<

[523] Romero Salvadó, 2002: 213. <<

[524] Los debates parlamentarios desde el 20-XI, la oposición de los grupos conservadores y liberales de la Cámara y la retirada de los parlamentarios catalanes el 12-XII-1918, en Cambó, 1987: 290-303 y Pabón, 1952-1969: II-1, 20-94. <<

[525] Pabón, 1952-1969: II-1, 85. <<

[526] Ángeles Barrio, «Introducción», a La crisis del régimen liberal en España, 1917-1923, dossier revista Ayer, n.º 63, 2006(3), pp. 11-21, esp. p. 12. Contra la tesis de la debacle total del régimen en 1917, y sin restar importancia a los sucesos de ese año, que afectaron a la legitimidad del régimen, Mercedes Cabrera y Fernando del Rey destacan la voluntad de los partidos gubernamentales por mantener la política parlamentaria frente a las fuerzas antiliberales (cfr. Barrio, 2004: 227). <<

[527] Balcells, 1983: 128. <<

[528] Tedde de Lorca, 1978: 207. <<

[529] Debate sobre la admisión de los nuevos diputados el 17-V, y discusión de los sucesos de agosto el 24/25 y 28/29-V-1918, en DSC, Congreso de los Diputados, 23-V/1-VI-1918, pp. 1167-1359, comentados por Aróstegui, 2013: 111-114; Saborit, 1961: 154-169 y 1967a: 99-183; Solana, 1975: I, 59-108 y 121-149, y analizados en los informes del embajador francés en Madrid (11-VI-1918), en AAE, Série Z, Europe, 1918-1929, Espagne, leg. 31, pp. 8-11, y del embajador inglés Hardinge a Balfour (Madrid, 31-V-1918), en NA.FO, leg. 371/3370. <<

[530] Suárez Cortina, 1994: 157. <<

[531] Estatutos de la Unión General de Trabajadores, 1918: 3. <<

[532] Estatutos de la Unión General de Trabajadores, 1920: 1-7 y 14. <<

[533] Rivas Lara, 1987: 254. <<

[534] Sánchez Pérez, 2005: 379-384. <<

[535] Soto Carmona, 1991: 163; Screpanti, 1989 y Silvestre Rodríguez, 2003. <<

[536] La cita, en Barrio Alonso, 2006: 174-175. Un relato amplio, en Termes, 2011: 297-302. <<

[537] Martín Ramos, 2008: 97-98. <<

[538] González Fernández, 2001. <<

[539] Acosta Ramírez, Cruz Artacho y González de Molina Navarro, 2009. <<

[540] Martín Ramos, 2008: 136-140. <<

[541] Moreno Luzón, 2014: 55. <<