El día del atentado

El frustrado magnicidio contra Rómulo Betancourt

EDGARDO MONDOLFI GUDAT

«A Simón Alberto Consalvi, maestro irrepetible, con quien conversé mucho acerca de este libro»

Agradecimientos

Esta investigación, y la escritura de la obra, fueron posibles gracias al concurso de personas e instituciones con las cuales pude contar en todo momento de manera generosa y desinteresada. En primer lugar, mi agradecimiento va dirigido al Decanato de Investigación de la Universidad Metropolitana en la persona del profesor Lyecer Katán, por haber confiado en esta propuesta investigativa y por proveer lo necesario para la contratación de las ayudantías de las cuales me vi requerido. Con igual sentido de gratitud debo mencionar al Departamento de Estudios Políticos de la UNIMET y, de manera particular, a su director, profesor Oscar Vallés, quien fue capaz de mostrar una generosidad poco común al permitirme disponer del tiempo necesario para dedicarme a los vericuetos del atentado y documentar el largo duelo entre Rómulo Betancourt y Rafael Leonidas Trujillo.

No menos, a la hora de los agradecimientos figuran Isabel Melero, Edrit Franquiz y Marcus Golding, tres entrañables estudiantes míos en la UNIMET que se afanaron en el rastreo de periódicos y papeles en la Hemeroteca de la Academia Nacional de la Historia y en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores. De los tres, especial mención debo hacer de la aventura que llevó a Isabel Melero a recorrer los depósitos de expedientes de la PTJ, el archivo de la Fiscalía General de la República, el archivo del Ministerio del Interior y el archivo del extinto Ministerio de Justicia en procura de una copia del sumario que se labró tras el fallido atentado contra Betancourt en junio de 1960. Isabel fatigó muchos caminos y fustigó la paciencia de muchos a quienes consultó hasta convencerse con la mayor desesperanza de que el sumario era, desde todo punto de vista, irrecuperable. Sin embargo, por esas señas que algo –o alguien– coloca en el camino, tuve la suerte de dar con un extracto del mismo, gracias a la fortuita circunstancia de haberle confiado la esencia de este proyecto al escritor y amigo Carlos Alarico Gómez. Fue Carlos quien me hizo saber que dicho extracto obraba en manos de Óscar Zamora Conde, primer director de DIGEPOL, venezolano recio, valiente y amable, quien no solo me permitió consultarlo y reproducirlo sino que me obsequió algunas gratas horas de conversación en su casa de Prados del Este para aclarar ciertos aspectos de lo ocurrido aquella mañana del 24 de junio de 1960.

El apoyo de la Fundación Rómulo Betancourt, y especialmente de su directora, Virginia Betancourt Valverde, fue clave para la suerte de este proyecto. Lo mismo debo decir de mi colega y amiga Mirela Quero de Trinca, «betancuróloga» de mil batallas, quien me orientó con relación a materiales raras veces consultados en los fondos documentales de la Fundación, me facilitó obras de su propia biblioteca y supo guiarme correctamente a la hora de revisar las existencias del archivo personal de R.B. La siempre atenta Judith Hamilton, asistente ejecutiva de la Fundación, supo hacer mucho más grato y llevadero el trabajo silencioso al que obliga el trato con los papeles.

EMG

Primera parte

Los atentados en nuestra historia política

[Un] atentado (…) que su historia registrará como el más importante, el más resueltamente criminal, en las afortunadamente escasas páginas consagradas al magnicidio, perpetrado o frustrado [en nuestro país].

ÉLITE, 02/07/1960

El epígrafe que encabeza estas líneas fue tomado de un artículo cuyo contenido tal vez resulte mucho más modesto de lo que su propio título habría podido insinuar («El crimen político en la Historia de Venezuela»), publicado por la revista Élite en julio de 1960. Sin embargo, frente a otras alternativas, creo que esta frase llamó particularmente mi atención por razones que intentaré explicar de seguidas.

Para comenzar, al redactor de Élite tal vez no le faltaba razón al dar por sentado que eran pocas, casi marginales, las páginas que podían hablar con alguna propiedad acerca del tema del magnicidio, perpetrado o frustrado, en la historia de nuestro país. Hubo no obstante quien, en la misma época en que fueron escritas aquellas líneas, llegó a diferir de tan reconfortante conclusión. Tal fue el caso del escritor Guillermo Meneses, a cuyo juicio lo que valía era la intención, no el número de veces –por escaso que fuera– con que ese tipo de delito había ocurrido en el país. No era, pues, un asunto simplemente de cómputos. Hablando de lo ocurrido a Rómulo Betancourt dirá: «Cuando estas líneas salgan publicadas ya se habrá dicho mil y una veces que este acto resulta completamente ajeno a la psicología del pueblo venezolano. (…) [Pero] mal podemos ponernos la mano sobre el pecho, rasgar las vestiduras y mesarnos los cabellos. No podemos negar que en Venezuela puede darse el atentado político (…) Tonto resulta decir que no es propio de venezolanos lo que han hecho venezolanos» (El Universal, 26/06/60: 4). Meneses, al igual que el redactor de Élite, escribía en el contexto del atentado que recién había tenido lugar contra el presidente Betancourt en la avenida Los Próceres. Aunque discreparan sobre la naturaleza y frecuencia de esa clase de acción criminal, ambos estaban de acuerdo en un punto: el ataque que intentó cobrar la vida de Betancourt el 24 de junio de 1960 había sido producto de una compleja combinación de autores materiales, cómplices, encubridores y promotores internacionales que además llegaría a contar, como jamás lo había hecho hasta entonces, con un alto grado de pericia por parte de quienes lo llevaron a cabo.

Coincidiendo con Meneses, de alguna manera resulta difícil aceptar que en el caso venezolano la idea del magnicidio tenga un impacto marginal si se piensa en la forma como aún gravita en la memoria histórica del país la suerte corrida por el teniente coronel Carlos Delgado Chalbaud quien, en funciones como Presidente de la Junta Militar de Gobierno, fue ultimado a balazos el 13 de noviembre de 1950. Pero la gravedad del hecho, la conmoción que produjo, la impronta que dejó y sus consecuencias futuras no invalidan la idea de que, dentro de la violencia política, el intento por asesinar Jefes de Estado ha sido una práctica más bien inusual entre nosotros. Por ello es que, al mismo tiempo, convendría hacerle una concesión al redactor de la revista Élite a este respecto. Independientemente de las razones que puedan ayudar a explicarlo, lo cierto es que al compararlo con otras experiencias de este tipo nuestro país no figura en el renglón más llamativo cuando se habla de magnicidios en América Latina.

Solo por señalar las diferencias, dentro de la región existen países donde se ha registrado un número significativamente alto de asesinatos políticos, u otros en los cuales el fenómeno del magnicidio ha hecho de las suyas en ciertas coyunturas específicas de su historia. Bolivia es el mejor ejemplo de lo primero y, desde luego, el que más llama la atención: empezando por el Mariscal Antonio José de Sucre, en la nación del altiplano ha ocurrido la muerte violenta de diez presidentes o expresidentes entre el siglo XIX y el XX. Exceptuando a Guadalberto Villarroel, en cuyo caso se trató de un linchamiento en manos de una turba descontrolada, podría mencionarse entre los que también perecieron en pleno ejercicio del poder al general René Barrientos, quien fue víctima de un extraño accidente aéreo luego de haberse librado de seis atentados en su contra. México, por su parte, ilustra a cabalidad el caso de lo segundo entre la década de 1910 y 1930, cuando el país llegó a verse sumido en un prolongado cuadro de violencia revolucionaria. Desprendiéndose así del resto de América Latina por lo que significó su singular itinerario en la lucha por el poder, México atestiguó durante ese período el asesinato de dos presidentes en ejercicio y un presidente entonces recién reelecto: Francisco Madero (1913), Venustiano Carranza (1920) y Álvaro Obregón (1928).

Por otra parte, sería difícil dejar por fuera el caso de Argentina, con todo y que los magnicidios apenas se cuenten allí con los dedos de una mano: Justo José de Urquiza, atacado y rematado a puñaladas en 1870, diez años después de haber entregado el poder, y Pedro Eugenio Aramburu, secuestrado y ajusticiado por un comando montonero en 1970, más de diez años después de abandonar la Presidencia. Si bien –como se ve– en el país sureño el magnicidio no corrió como peste –comparado a Bolivia o México–, este recuento quedaría incompleto si, en el caso de Argentina, se dejara de mencionar que Caracas sirvió de escenario a un atentado planificado contra Juan Domingo Perón en 1957, quien llegó a Venezuela casi un año antes, luego de haber iniciado su exilio en Panamá bajo la amenaza de otras agresiones y atentados (Sierra, 2011: 115). El hecho por poco le cuesta la vida al «Conductor» de inimitable estilo, cuando una bomba explotó en su Opel en la mañana del 25 de mayo de ese año. Según su biógrafo, el estadounidense Joseph Page, Perón se había dispuesto a salir temprano, ese día de fiesta nacional argentina, a proveerse de carbón y carne para preparar un asado (Page, 1999: 425). El periodista y analista político Manuel Felipe Sierra agrega, para ser más precisos, que el artefacto hizo volar el auto de Perón entre las esquinas de Venus y Paradero en La Candelaria. Lo que falló fue el tiempo calculado para provocar el estallido, de modo que eso fue lo que le permitió a Perón y su chofer salir ilesos del complot (Sierra, 2011: 117). A pesar de la buena suerte corrida por ambos, la explosión fue de considerable magnitud. Según lo observa Sierra, el diario El Nacional destacó los daños ocurridos en su edición del día siguiente: «Ochenta y dos ventanas se fragmentaron en diecisiete apartamentos en tres edificios de la cuadra» (ibíd.).

Volviendo ya al caso venezolano, y para confirmar lo dicho hasta ahora, convendría tener presente lo que alguna vez observara Simón Alberto Consalvi cuando afirmó que nuestro país no ha sido tierra de magnicidios (Consalvi, 2008: 4). Estoy seguro de que, al decirlo de ese modo, Consalvi no pretendió desestimar el peso ni las implicaciones que tuvo la muerte de Delgado Chalbaud en 1950; como supongo que tampoco habrá sido su intención pasar por alto los ríos de tinta (incluyendo Sumario, la formidable novela de Federico Vegas) que han intentado darle coherencia a tan oscuro episodio. Pero, además, sería difícil no coincidir con Consalvi a la hora de subrayar que lo ocurrido con Delgado Chalbaud permite advertir ciertos matices a la hora de hablar del tema del magnicidio.

En primer lugar, el cuadro del hecho criminal y sus ramificaciones han apuntado siempre a las entrañas del propio régimen del cual Delgado formaba parte, convirtiendo lo que pudieron haber sido las verdaderas intenciones de sus autores en una operación tramada desde arriba o, cuando menos, que llegó a contar con algún grado de connivencia desde adentro. Así lo sintetiza Consalvi: «Fue un crimen generado en la cúpula militar. Delgado Chalbaud sostenía la tesis de retornar al régimen constitucional, mediante nuevas elecciones. Pérez Jiménez sostenía la contraria: que una vez salidos de los cuarteles, los militares no debían regresar, sino quedarse en el poder por todo el tiempo posible. Esto fue lo que hizo Pérez Jiménez. Se quedó con el poder» (ibíd.).

En segundo lugar, incidiendo un poco más sobre el tema, cabría agregar lo siguiente: según algunos autores que han examinado el caso, no estuvo previsto dentro del libreto que la secuencia del asalto y secuestro de Delgado Chalbaud condujera necesariamente a su asesinato. Así, por ejemplo, es como lo observa Rafael Arráiz Lucca al revisar algunas opiniones: «Al parecer, éste no era el destino que se tenía previsto, sino el de obligarlo a renunciar» (Arráiz, 2007: 151). Para mayor aval, ciertos testimonios de la época parecieran corroborarlo así, dando a entender que el azar intervino, convirtiendo lo ocurrido en un accidente, en un cuadro dominado por la ira y la confusión de los captores y, por tanto, obligando a descartar la hipótesis de que se tratara de una acción homicida concebida de antemano. Queda como constancia de ello una carta que Rafael Simón Urbina, principal ejecutor del plan contra el Presidente de la Junta, le enviara al comandante Marcos Pérez Jiménez desde el sitio donde, desorientado y ya en trance de muerte, hubo de buscar refugio: «Delgado quedó mal herido aunque yo no quería que lo mataran» (Altuve, 1973: 260). En este mismo sentido, también vale por lo interesante la versión que aporta un testigo de la época, según el cual lo que se planteaba en el fondo era detener al comandante Delgado y sacarlo del país, rumbo a Santo Domingo (Pérez & González, 2012: 99-101).

Manuel Felipe Sierra, a quien le tocó investigar la época del decenio militar para escribir su biografía de Marcos Pérez Jiménez, también coincide con lo que de imprevisto tuvo el desenlace del secuestro de Delgado. Por ello apunta lo siguiente: [L]a escena de la quinta ‘Maritza’ [donde tuvo lugar la muerte de Delgado] fue obra de un accidente. Un disparo se escapó de la pistola de Antonio Díaz, uno de los captores, y destrozó el tobillo de Urbina dando paso a una confusión que echó abajo la urdimbre conspirativa. En los años 70 entrevisté a Domingo Urbina, mano derecha de su primo Rafael Simón. En la conversación reconoció que lo ocurrido el 13 de noviembre fue producto de la casualidad, que no hubo ningún plan para asesinar a Delgado» (Sierra, 2011: 63).

De modo que sin dejar de insistir en lo que de excepcional tuvo el caso de Delgado Chalbaud, otras formas de violencia han sido más frecuentes entre nosotros en la lucha por el poder. Dentro de este catálogo podría mencionarse el fusilamiento de Manuel Piar y Matías Salazar o, incluso, la misteriosa muerte en campaña de Ezequiel Zamora en 1860 o la de Joaquín Crespo en 1898. Sin embargo, como se ha hecho cargo de aclararlo Consalvi, ninguno de tales casos calificaría con propiedad dentro de los cánones del magnicidio (Consalvi, 2008: 4).

A pesar, pues, de la infrecuencia con que ha tenido lugar entre nosotros el fenómeno del magnicidio, pero antes de adentrarnos al atentado contra Betancourt y al largo historial de odio e inquina que hubo por detrás, valdría la pena consignar algunas noticias que, bien por interesantes o simplemente curiosas, le dan colorido a ciertos episodios de nuestro propio patio que podrían calificar como complots, o a los cuales cabría atribuirles algo de esa naturaleza.

Podría comenzar citándose el caso de Francisco Linares Alcántara puesto que, en su época, un raudal de rumores aseguraba que había fallecido en pleno ejercicio del poder víctima de un tósigo de acción retardada o, incluso –según una especie algo más fantasiosa– a causa de ingerir una porción generosa de lechosa envenenada. Sus biógrafos, sin embargo, han sido cautos ante la especie, atribuyéndole su deceso, en noviembre de 1878, a la posibilidad de que el Presidente, en contra de lo que aconsejaba el sano juicio, hubiese abusado de algún medicamento que lo condujo a la muerte (Ruiz, 2008: 117). Pero también figura el caso de Joaquín Crespo quien, durante su bienio 1884-86, se salvó de ser víctima de un ataque perpetrado con un cañón naval mientras bordeaba el malecón de La Guaira en compañía de su familia para embarcarse rumbo a La Orchila (Élite, Nº 1.814, 02/07/60: 52).

Aunque no pase con rigor la prueba del magnicidio, pero por tratarse de un blanco político apetecible, quizá valdría la pena mencionar asimismo el caso de Antonio Guzmán Blanco quien, en agosto de 1869, un año antes de iniciar su primera Presidencia, fue víctima de los llamados «lincheros», un grupo oriundo de la parroquia de Santa Rosalía que asaltó su casa de Antímano sin que el presidente provisional Guillermo Tell Villegas ni ninguna otra autoridad encargada del poder en ese momento hiciera nada por evitarlo. El ataque fue grave, pero no necesariamente mortal, aunque pudo acabar siéndolo. Según un cronista extranjero, el diplomático estadounidense William Eleroy Curtis, el incidente tuvo su desenlace de esta forma: «Todo terminó en un tumulto (…) [L]as calles adyacentes estaban atestadas de gente que primero apedreó y luego saqueó la casa, destruyendo todo lo que contenía. (…) Guzmán Blanco por poco escapó al linchamiento y junto con su familia consiguió llegar hasta la residencia de Mr. Partridge, el Ministro de los Estados Unidos, bajo cuya protección permanecieron hasta que lograron abandonar el país» (Curtis, 1993: 105).

Tratándose de un régimen odiado sin atenuantes por sus principales adversarios, y contra el cual se practicó un sinnúmero de acciones fallidas para desafiar su solidez, llama la atención que durante el gomecismo no se urdiera ninguna trama homicida contra el Benemérito. Al menos nada indica que hubiese tenido lugar algún intento de ese tipo. Es probable que ninguno de sus adversarios llegara a contar con el poder, la capacidad o los recursos que lo hicieran posible. Pero nada descarta tampoco la posibilidad de que tal opción anidara en la mente de algunos de los que tanto, y por tan largo tiempo, se vieron trajinando los vericuetos de la conspiración, o que aguardaban ya sin ánimo por un final que no parecía figurar siquiera en los horóscopos. Sí podría afirmarse en cambio que la mano de la muerte llegó a verse muy cerca de don Juan Vicente cuando, entre la noche y la madrugada del 29 al 30 de junio de 1923, y algunos metros más allá de la habitación que ocupaba en el Palacio de Miraflores, esta cobró la vida de su hermano menor y primer vicepresidente, Juan Crisóstomo («Juancho») Gómez. No obstante, todo pareciera indicar que el suceso estuvo lejos de obedecer a algún tipo de combinación política, y que su origen pudo deberse más bien a las turbias rivalidades que minaban al régimen. Lo que sin duda ocurrió fue que los opositores denunciaron la utilización de la muerte de Juancho como un nuevo instrumento de ataque por parte del régimen. A su juicio, tal asesinato ponía de bulto las oscuras complicidades y los perversos mecanismos que sustentaban aquel sistema tribal de poder, al tiempo de permitir que Gómez reavivara su política de detenciones arbitrarias a raíz de tan oscuro hecho (Polanco, 1990: 267-268).

Ya no en su condición de Presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno (1945-1948) sino como desterrado en La Habana, en abril de 1951, el propio Betancourt sería objeto de un ataque perpetrado en su contra, a plena luz del día, en la barriada céntrica del Vedado, y cuyo rasgo más sobresaliente fue el desusado y curioso método que se empleó para ello: una jeringa cargada de potente tóxico. El expresidente logró esquivar de un manotazo al desconocido que se abalanzó sobre él, jeringa en mano, justo cuando se disponía a montarse en su vehículo. Por fortuna, en medio de la confusión, el atacante no pudo vaciar el contenido de la cápsula. Betancourt pudo recobrar la jeringa del suelo y hacer que fuera examinada por el Laboratorio de Toxicología del gobierno cubano. Hubo empero quienes, al calor de lo ocurrido, intentaron ridiculizar el ataque. Tal fue el caso de Gastón Baquero, jefe de redacción del Diario de la Marina, colaborador –al parecer– de Rafael Leonidas Trujillo en República Dominicana (Castro, 2008: 127) y, extrañamente, tan conservador en política como buen poeta. Baquero tuvo frases displicentes, atribuyéndole al expresidente la intención de haber fabricado el episodio para reactivar sus ataques contra la Junta gobernante en Venezuela. En un artículo publicado por ese diario, y bajo el título de «Una novela cómica de Rómulo el Malo», Baquero deslizó juicios como éste: «[e]mpujado por el odio, Rómulo Betancourt montó un show (…) Todo eso es mentira, es novela barata. Todo eso es la última intentona para desprestigiar a su propio país», calificando lo ocurrido como «la estratagema de un venenazo» y hablando irónicamente de lo que, a su juicio, no había pasado de ser un «auto-atentado [contra la] importantísima persona [de Betancourt]» (RBAP, 2003, v: 578-579). Pese a expresiones de este tipo, el análisis de la muestra dejó fuera de dudas el riesgo que llegó a correr la vida del expresidente venezolano. De hecho, al principio (o, al menos, según los laboratoristas que tuvieron a su cargo analizar la muestra), se creyó que el émbolo contenía una agresiva composición hecha a base de sulfuro de etilo, aunque la Policía Secreta cubana llegó a determinar algo más simple pero acaso más siniestro: la sustancia contenida en la jeringa era veneno extraído de una cobra (ibíd., 570-572; 577-579; 583-584).

Más allá de las displicencias, y de las dudas que hubo entre algunos periodistas, también se registraron muestras de solidaridad con el expresidente, como las expresadas por la revista Bohemia, en uno de cuyos números, y en tono tan culto como lacerante, se editorializó de este modo a propósito del incidente y sus posibles instigadores: «Fue un procedimiento siniestro y sombrío, propio de aquellas épocas de las repúblicas italianas cesarizadas en el Renacimiento, en que el arte de matar se vio asistido por todos los refinamientos» (ibíd., 574). Pasado el revuelo inicial y luego de un par de días de polémica a favor –o en contra– de lo que significaba la presencia en la isla del líder máximo del exilio adeco, el caso se fue eclipsando, aun cuando la policía cubana llegó a identificar (sin poder capturarlos) al ejecutor del frustrado atentado y dos de sus cómplices quienes, al parecer, habían sido reclutados en Tampa, Florida (ibíd., 583-584). Ahora bien, el hecho de que el asalto tuviera lugar a los pocos meses desde que Betancourt organizara en La Habana el primer Congreso Interamericano Pro-Democracia y Libertad, durante el cual se propusieron sanciones especialmente duras contra Venezuela y Santo Domingo, hace pensar que Trujillo pudo tener algún grado de injerencia o responsabilidad en aquel truculento y arcaico intento de asesinar a Betancourt (La Esfera, 25/06/60: 9).

Dentro de este recuento podría figurar también la frustrada acción que se tramó para el 12 de octubre de ese mismo año 51 con el objeto de hacer volar por los aires a la Junta de Gobierno de Venezuela en el momento en que sus miembros se disponían a depositar la tradicional ofrenda al pie de la estatua de Cristóbal Colón, al son de arengas y bandas marciales, en el Paseo Colón de Caracas, episodio recreado recientemente por Antonio García Ponce en su novela El macho de La Orchila (Ponce, 2012: 119-120).

Otro intento de fallido asesinato, aunque también en tiempos del régimen militarista que imperaba en el país, fue el que pretendió hacer víctima al coronel Marcos Pérez Jiménez un año más tarde, en abril de 1952. Según la investigación llevada a cabo por la Seguridad Nacional, se tenía previsto emboscarlo en la llamada «Vuelta de Plan de Manzano», en la carretera Caracas-La Guaira. De acuerdo a las informaciones manejadas por la policía política, la acción fue develada cuando se halló oculto en un recodo de la vía un nido con 21 «bombas-niples» (Velásquez, 1952: 6). Naturalmente, a la hora de las acusaciones, el Gobierno apuntó sin el menor parpadeo hacia Acción Democrática, atribuyéndole a su aparato clandestino la fabricación de aquellos rudimentarios explosivos. Sin embargo, desde su nueva escala en el exilio (esta vez, en Costa Rica), Betancourt se haría cargo de desmentir la acusación, no solo negando que su partido hubiese tenido injerencia alguna en el hecho, sino precisando que el intento por vincular a AD al supuesto plan de asesinar a Pérez Jiménez respondía a la intención de hacer que sus principales dirigentes en la clandestinidad –Leonardo Ruiz Pineda y Alberto Carnevali– fueran calificados de «terroristas» ante la opinión pública, justificando así, a priori, el asesinato de ambos, en caso de resultar capturados (RBAP, 2003, v: 742-743).

Por diversas razones, el atentado contra Betancourt de junio de 1960 (y «que la historia [de Venezuela] registrará como el más importante», al decir de la revista Élite) guarda poca o casi ninguna relación con alguno de los casos antes mencionados. De allí, pues, que sea a este respecto donde radique con fuerza el segundo elemento que le da valor al epígrafe con que se iniciara este capítulo. Para comenzar por lo más obvio, resulta preciso subrayar que no se trató de una acción provocada por rivalidades dentro del propio gobierno, o por factores cercanos al mismo, mientras que tal cosa podría explicar el asesinato de Linares Alcántara (de ser cierto que fue envenenado) y, con un grado de mayor veracidad aun, los de Juancho Gómez y Carlos Delgado Chalbaud.

En segundo lugar, el Betancourt de 1960 no era un líder en ciernes, como pudo serlo Guzmán Blanco cuando fue víctima de los «lincheros». En realidad, tampoco era un gobernante que se vio obligado a navegar sobre la base de apoyos inciertos, o expuesto a la duplicidad de sus pares, como le ocurrió a Delgado Chalbaud. De modo que, en el caso de Betancourt, no podría hablarse de ambigüedades gestadas en su entorno ni de apoyos vacilantes por parte del partido que lo llevó al poder en 1959. Incluso, a pesar de la presencia de muchos dirigentes que comenzaron a adversarlo dentro de sus propias filas, Betancourt fue alguien sobre cuyo liderazgo y madurez había recaído de modo fundamental el ensayo de recuperación democrática luego del 23 de enero.

Bastaría agregar de paso que durante los diez años de su residencia en el exilio, entre 1948 y la caída de la dictadura en 1958, fue Betancourt, como presidente de Acción Democrática, quien tuvo la última palabra en los aspectos tácticos, propagandísticos y organizativos más importantes de la lucha contra el régimen militar (Franquiz, 2012: 43), y fue él, en último caso, quien supo articular políticamente la transición del año 58 para consolidarse como principal líder del partido y lograr la nominación presidencial que muchos no esperaban que lograra (Sánchez García; Pérez Marcano, 2007: 24-25). A todo lo cual agrega Margarita López Maya al hablar justamente de su liderazgo repotenciado durante la etapa del destierro: «Betancourt, igualmente, fue en estos años [1948-1958] un permanente mediador entre quienes se quedaron o volvieron al país para aportar en la lucha clandestina y quienes vivieron en los distintos países del exilio. Como resultado de su tesón en estas tareas, Betancourt consolida en estos años, de una manera sólida y perenne su liderazgo preeminente, así como su control sobre el partido» (López Maya, 2003: 4).

Visto así, no solo en relación con su propio partido sino frente a las restantes fuerzas que habrían de interactuar en el contexto posdictatorial, lo dicho sirve para suponer que la liquidación física de Betancourt habría significado mucho más que la muerte de un individuo en el poder: suponía el modo más efectivo de poner en peligro la supervivencia de un sistema que solo recién reensayaba sus primeros pasos luego del Trienio 1945-1948. Esto significa, sin mayores rodeos, que la muerte de Betancourt habría implicado la desaparición del principal artífice de lo que había funcionado hasta entonces como la estrategia de consenso necesaria para lograr la estabilización del país luego de finalizada la década militar.

Tres razones adicionales contribuyen a poner de bulto las diferencias entre el frustrado magnicidio del 24 de junio de 1960 y otras experiencias ocurridas en Venezuela y, sobre todo, en el vecindario americano. En primer lugar, haciendo salvedad del caso de Madero, Carranza y Obregón durante las décadas del México revolucionario, el magnicidio es una parcela que, estadísticamente hablando, ha tendido a cebarse en gobernantes y exgobernantes de talante dictatorial y autocrático, o en los exponentes de regímenes de corte autoritario. Aparte del boliviano Barrientos, también sirve para confirmarlo la suerte corrida por Anastasio («Tacho») Somoza García en 1956, la de su hijo Anastasio Somoza Debayle («Tachito») en 1980 o, incluso, la de Rafael Leonidas Trujillo en 1961, el penúltimo de los cuales se hallaba ya fuera del poder, cuando sus victimarios le dieron alcance en Asunción del Paraguay, ultimándolo de un bazukazo que impactó contra el automóvil del exdictador, junto a la descarga de varias ráfagas de M-16 (La Prensa, 18/09/2000). Similares circunstancias afrontó también Trujillo al caer abatido, tras un cruce de disparos, en ruta hacia su finca Fundación en mayo de 1961 (Sierra, 2011: 125). En todo caso no es común que semejante tipo de violencia política se vea dirigida contra mandatarios electos democráticamente, aunque en la lista de las excepciones bien podría citarse el caso de Manuel Ávila Camacho, otro gobernante civil quien, al igual que Betancourt, salió con vida, casi milagrosamente, de un atentado perpetrado en su contra, en 1944.

En segundo lugar, bastaría echarle un vistazo al instrumento utilizado en Los Próceres, en 1960, para hallar pruebas de otra diferencia radical frente a los torpes pistoleros que acribillaron a Delgado Chalbaud el 13 de noviembre de 1950, al fugaz matón que atentó contra Betancourt en 1951, o los «lincheros» que apostaron a que una piedra, convenientemente dirigida, acertara contra la persona de Guzmán Blanco. Quienes actuaron contra Betancourt en junio de 1960 no fueron simples aficionados. De hecho, lo hicieron calculando fríamente las consecuencias de su fatal decisión. Tampoco se trató de una acción destinada a amedrentarlo, a dejarle una advertencia en las heridas o darlo por muerto a causa de la impericia, el error o por un simple golpe de buena –o mala– suerte. No fue, al fin y al cabo, «un comité burdo de conspiradores que modela niples» (como quiso ejemplificarlo un periodista de la época) el que se hizo cargo de aquella acción magnicida (Élite, Nº 1.814, 1960: 22).

Tampoco se trató de un atentado descoordinado o mal planificado. Por el contrario: desde el principio estuvo claro que el acto terrorista contó con el apoyo de cómplices de categoría. Aún más, la eficacia del instrumento utilizado estaba bien calculada para que el resultado fuera contundente. Podría decirse sin exageración que Betancourt pudo haber muerto cuatro o cinco veces a causa de aquel impacto y que solo una serie de circunstancias lo evitaron. Además, el hecho de que no se tratara de una bomba de tiempo ni que fuera activada mediante un sistema de cables sino dirigida a control remoto mediante un aparato de microondas, sin que sus responsables pudieran ser avistados mientras la comitiva presidencial avanzaba hacia la emboscada que se les había tendido, habla de un tipo de acción que solo podía ejecutarse gracias al empleo de un artefacto complejo y de suficiente precisión como el que utilizaron los técnicos encargados de llevarla a cabo.

El manejo de la acción revela, pues, que sus responsables obraron con alto grado de pericia, amparándose además en la cobertura que les brindaba una cómoda distancia física de su objetivo. Para ello se sirvieron, como se ha dicho, de un transmisor de microondas que, luego de detonar el explosivo a distancia, hizo volar en pedazos el automóvil que contenía la carga mortal, un Oldsmobile modelo 1954, con características de carro abandonado, situado en un lugar frente al cual debía transitar el Presidente en ruta a Los Próceres, donde se le esperaba para la conmemoración del Día del Ejército (Krispin, 2000: 217; Consalvi, 2008: 4; La Esfera, 24/06/60: 1).

Casi matemáticamente, la explosión coincidió con el paso de los dos primeros vehículos oficiales, el que traía a bordo a Betancourt, a su Jefe de Casa Militar, al Ministro de la Defensa y a la esposa de este, y el otro que venía integrado por su escolta civil. La onda explosiva alcanzó la parte delantera del primero, desplazándolo a varios metros del centro de la pista hasta dejarlo al borde de una isla divisoria (La Esfera, 25/06/60: 6). Fue justamente este imprevisto lo que impidió el remate que los perpetradores tal vez tenían previsto: que el Cadillac del Presidente, a prueba de balas pero no de bombas, se volcara sobre sí mismo, complicando aún más la posibilidad de que sus ocupantes escaparan ilesos. Aun así, el hecho de que las puertas del Cadillac presidencial se soldaran por efecto del calor, que los vidrios se fundieran y el plomo del blindaje se desprendiera y derritiera sobre la carrocería, redujo el interior del vehículo a una escena infernal.

Si algo confirma que esta acción estuvo por encima de los recursos que podía manejar una organización delictiva cualquiera fue el sistema utilizado para ello. Según se dijo antes, el aparato activado a control remoto hizo posible calcular una longitud de onda que permitía poner el mecanismo en acción sin que sus responsables fueran avistados a tiempo. Ya esto, de por sí –a juicio de las autoridades policiales– hablaba de un método de ataque propio de un equipo adiestrado, apoyado con asesoramiento técnico, o provisto del tipo de ayuda que solo podía proceder del extranjero. Pero el calibre y tipo de explosivo utilizado también era prueba de que algo grande se había tramado: después de todo, así lo confirmaban el poder de destrucción y la fuerza expansiva dejada a su paso. De acuerdo a las pesquisas realizadas más tarde, y corroboradas mediante pruebas reactivas, la carga fue elaborada a partir de una combinación de dinamita, gasolina gelatinada y fósforo, cuyo objeto era infligir el mayor daño posible (Élite, Nº 1.814, 1960: 32; Atentado, 1960: 46). Además, sería justamente la mezcla de fósforo vivo y gelatina contenida en el explosivo lo que acentuó el doloroso proceso de las quemaduras sufridas por los sobrevivientes (Atentado, 1960: 14). Un testigo de excepción, el oficial Carlos Zamora Conde, quien se desempeñaba entonces como director de la recién creada Dirección General de Policía (DIGEPOL), difiere un tanto del tipo de bomba utilizada (a su juicio, se trató más bien de una mezcla de clorato de potasio, pólvora y gelatina), pero lo importante es que su testimonio confirma que la magnitud y el efecto contundente de la explosión quedaron fuera de toda duda (Pérez & González, 2012: 140).

El historiador, político y miembro fundador del Partido Comunista de Venezuela, Juan Bautista Fuenmayor, de quien –como lo anota Simón Alberto Consalvi– puede decirse que fue uno de los adversarios más consistentes que tuvo Betancourt desde los tiempos del posgomecismo, condenó de inmediato la acción, al igual que sus pares del PCV. Pero hizo algo más valioso aún. En su Historia de la Venezuela política contemporánea dejó un registro cabal del atentado del 24 de junio. En lo escrito por este importante testigo de su época queda de manifiesto, como en pocas fuentes, el alcance de la máquina homicida utilizada contra el Presidente y su comitiva.

Según Fuenmayor, el automóvil de Betancourt había rodado apenas unos cien metros sobre la avenida que debía conducirlo hasta la tribuna de Los Próceres cuando vino a toparse con el vehículo que simulaba hallarse abandonado y dentro del cual yacía oculta la carga de dinamita. En ese momento fue cuando se produjo la terrible explosión antes descrita. Pero Fuenmayor agrega un dato más que ilustra la potencia del artefacto: la parte trasera del vehículo-bomba terminó aventada a unos ochenta metros del sitio donde se produjo la emboscada explosiva. Líneas más adelante su recuento concluye así: «El Cadillac en que viajaba el Presidente se incendió rápidamente, y fue destruido por las llamas. Los vigilantes de tránsito apostados en la esquina acudieron con rapidez al lugar de los hechos y comenzaron a sacar a los heridos. Más tarde, relataron cómo Betancourt había salido del automóvil siniestrado, por sus propios medios, completamente aturdido por la explosión, aunque también con heridas en la cabeza y en los brazos y quemaduras de relativa importancia, aunque no mortales. En cambio, el coronel Armas Pérez [su Jefe de Casa Militar] tenía el rostro completamente desfigurado y el cuerpo totalmente quemado. El Presidente fue conducido de inmediato al hospital de la Ciudad Universitaria para aplicarle las debidas curas. (…) Allí también fueron llevados el Ministro de la Defensa y su esposa, los cuales [también] recibieron heridas» (citado por Consalvi, 2008: 4).

A fin de poner aún más de relieve la capacidad mortal que tuvo el artefacto empleado cabría citar lo que, en una crónica dedicada a los hechos del 24 de junio, apunta por su parte el escritor Carlos Alarico Gómez: «Un ruido inmenso estremeció el auto y expulsó [al conductor] del vehículo, haciéndolo caer sobre el pavimento convertido en una masa incandescente. Lo último que sintió antes de perder el sentido fueron varios balazos que entraron por distintas partes de su cuerpo, disparados inconscientemente por el coronel Ramón Armas Pérez, quien murió con el rostro totalmente desfigurado por las llamas. Juan [Elpidio] Rodríguez, un joven estudiante que se dirigía a Los Próceres a disfrutar del tradicional desfile que se iba a realizar, fue alcanzado por la onda explosiva y falleció al instante». Y agrega: «El cuerpo de escoltas actuó con gran agilidad y en pocos minutos logró romper las puertas del vehículo con cizallas y mandarrias. Tenían que salvar la vida del Presidente. Tuvieron éxito, pero no pudieron evitar que se quemara las manos al reaccionar instintivamente y tratar de abrir la puerta, a pesar del dolor que le producía el contacto de su piel con el acero ardiente del picaporte» (Gómez, 2012: 40-42).

Lo tercero que distingue al atentado de 1960 de cualquier otro complot que haya podido fraguarse en Venezuela remite a las conexiones internacionales del hecho y el respaldo que, en tal sentido, tuvieron sus autores. Es decir, en este caso se estuvo en presencia de un escenario en el cual el apoyo externo fue absolutamente determinante. Tan convencido se vio de ello que, desde el propio Palacio de Miraflores (rechazando, por cierto, una nueva dosis de calmantes que le habrían impedido hacerlo), Betancourt se dirigió al país al día siguiente a través de la red nacional de radiodifusión para denunciar al dominicano Rafael Leonidas Trujillo como principal responsable de aquella acción en su contra.

Tomando en cuenta la forma como siempre había actuado desde el extremo opuesto de todo cuanto Betancourt representaba en el área del Caribe, la hipótesis que implicaba a Trujillo no carecía de fundamentos. Después de todo, el duelo librado entre ambos era asunto de vieja data y de jurada violencia. De hecho, las cuentas pendientes se remontaban a la segunda mitad de la década de 1940, durante el Trienio presidido por Betancourt entre 1945 y 1948, cuando el horno caribeño se hallaba repartido entre los bastiones de Trujillo en Santo Domingo y Somoza en Nicaragua, por un lado, y lo que Carlos Alberto Montaner define como «una especie de internacional revolucionaria», por el otro (Montaner, 2008: 16).

Además, las tensiones se habían agravado en tiempos recientes a causa de varios motivos pero principalmente por dos. Por una parte figuraba el hecho de que, apenas año y medio antes, habían recalado en Santo Domingo, en calidad de huéspedes de Trujillo, elementos emblemáticos del perezjimenismo, incluyendo, en un primer momento, al propio Pérez Jiménez; por la otra, en junio de 1959, los servicios de inteligencia dominicanos llegaron a concluir (hasta cierto punto, no sin razón) que Betancourt se hallaba implicado en una fallida operación antitrujillista que tuvo lugar simultáneamente en la cordillera central y la costa norte de la isla. Durante la carnicería que se entabló en el primero de los dos teatros de combate resultó muerto el líder opositor Enrique Jiménez Moya, tal vez el oficial más importante del autodenominado «Ejército de Liberación Dominicana», quien había pasado parte de su exilio en Caracas y que, además, por haber combatido junto a los «barbudos» en Sierra Maestra, contaba con las bendiciones de Fidel Castro. Como bien lo apunta Manuel Felipe Sierra, la sospecha de que Venezuela llegó a tener participación en ese intento (aunque, en honor a la verdad, el gobierno de Betancourt le restó su apoyo a última hora por considerarlo demasiado arriesgado), la saldaría Trujillo la mañana del 24 de junio en la avenida Los Próceres (Sierra, 2011: 125).

En obvio control de sí mismo a pesar de las quemaduras sufridas a raíz del atentado, esto fue lo que dijo Betancourt durante aquella alocución nacional al referirse a su antigua némesis caribeña y su responsabilidad en el hecho: «No me cabe la menor duda de que en el atentado (…) tiene metida su mano ensangrentada la dictadura dominicana. Hay una conjunción de esfuerzos entre los desplazados el 23 de enero y esa satrapía para impedir que Venezuela marche hacia el logro de su destino final. Pero esa dictadura vive su hora preagónica. Son los postreros coletazos de un animal prehistórico incompatible con el siglo veinte» (Papeles de Archivo, 1992: 37).

A los pocos días del frustrado magnicidio, el semanario Élite aludiría también a la forma como el trujillismo acumulaba un abultado expediente de acciones dirigidas desde Santo Domingo para ser ejecutadas, mediante complicidades locales, fuera de sus propias fronteras. Inclusive, la revista en cuestión se aventuró a ir más lejos de lo que el propio Betancourt había afirmado en su mensaje, implicando en los hilos de la trama a otros referentes internacionales cercanos a Pérez Jiménez o a algunos personeros que habían actuado como estrechos colaboradores de su régimen: «Para nadie es un secreto que contra nuestro Gobierno y nuestras instituciones democráticas se tecnifica constantemente una gran confabulación dirigida con maquiavélica intención por la internacional del crimen y el terror. Pérez Jiménez desde Miami, Vallenilla Lanz y Estrada con Perón desde España y Europa, el sanguinario Trujillo desde la República Dominicana y los conspiradores enquistados en el propio territorio nacional, integran el cuadro que procura todos los medios, no deteniéndose en nada, para dar al traste con el Gobierno de Rómulo Betancourt» (Élite, Nº 1.814, 02/07/60: 18).

Se trató sin duda del atentado más técnico en su elaboración, perpetrado a control remoto mediante un dispositivo casi desconocido para su época, provisto de apoyos que revelaron el papel instigador jugado por Trujillo, tramado y ensayado en la propia República Dominicana y, que de paso, estuvo a milímetros de cobrar la vida de Betancourt. A pesar de ello, sorprende que se trate de un tema bastante relegido al silencio. La fecha tampoco cobró jamás el carácter de una efeméride. No existe ni existió jamás el «Día del Atentado», como seguramente habría sido del gusto de cierto santoral republicano de más reciente factura. Por ello habría que prestar atención a lo que, al respecto, observa Consalvi: «Betancourt, por su manera de ser y por su moral política, no hizo un episodio glorioso de ese brutal atentado» (Hernández, 2011: 161). El atentado sencillamente ocurrió y pasó al olvido, con la consecuencia de que ni siquiera el propio Betancourt testimonió más de lo necesario en ese sentido.

Al mismo tiempo, tampoco se ha tratado de un tema que haya merecido mayor atención en el ámbito académico, ni en torno al cual se haya investigado con algún grado de rigor o profundidad, con excepción hecha de la República Dominicana, donde el asunto ha generado algunas contribuciones bibliográficas. Y, por más que se hurgue, tampoco hay indicios de que haya sido objeto de alguna atención fuera de lo académico. Lo cual es extraño, teniendo en cuenta que habría podido ser explotado sin muchos inconvenientes a partir de la curiosidad y (¿por qué no admitirlo?) la mórbida fascinación que suelen despertar estos temas.

La única excepción ha sido en el terreno literario, donde ha quedado como constancia la novela El último hermoso crimen de Miguel de los Santos Reyero, hecha a base de entrevistas, recuerdos y testimonios, y publicada en 1972. Pero tampoco se trata de una obra que, a pesar de lo bien documentada, ha gozado de mayor suerte con el correr del tiempo. Al contrario: prácticamente pocos, a pesar de tamaña injusticia, la nombran o aluden a ella cuando se habla de la producción narrativa venezolana de los años 70. Cabría insistir que la bibliografía al respecto es significativamente escasa si se acude como prueba de ello a lo que afirma el historiador dominicano Miguel Guerrero quien, de modo acucioso y sistemático, estudió el tema del atentado. A su juicio, el tema se ha visto limitado apenas a folletos, artículos y a una que otra conferencia mientras que, en materia de libros, solo pueden consultarse algunos capítulos genéricos dedicados al hecho (Guerrero, 1994: XII). Lo dicho por este autor ostenta la autoridad de quien, en 1994, publicó La ira del tirano, libro que circuló con bastante éxito en Santo Domingo y que rápidamente se ganó la curiosidad de los lectores antillanos en torno al complot contra Betancourt.

Tal vez semejante falta de interés se deba también a lo exigua que ha sido la tradición del magnicidio entre nosotros. Me abstengo de opinar sobre cómo se ha procesado el interés por el tema en otros países de la región, exceptuando –claro está– el caso de los Estados Unidos, donde el tema del asesinato político ha servido de materia prima a una colosal industria cinematográfica y editorial. Así lo atestiguan cientos de libros, películas, reportajes y documentales sobre el largo linaje que ha tenido el magnicidio en ese país, desde Lincoln hasta Kennedy, aunque sus resultados no siempre sean lo suficientemente solventes. En todo caso, en los Estados Unidos ha ocurrido lo contrario: con el magnicidio se ha abusado del público hasta el cansancio.

Proponerse comparar experiencias tal vez no conduzca a nada. De allí que más bien convenga hacerse la pregunta en términos estrictamente venezolanos. ¿Por qué ha imperado tanto silencio en torno al atentado contra Betancourt? No hay exageración alguna al formularla: como se ha dicho, basta revisar la exigua bibliografía para confirmarlo. A tal punto que resulta preciso dejar al margen los escasos recuentos que recogen los libros, o el repertorio de anécdotas que aún sobrevive y que continúa dándole cierto colorido al incidente, para ir más allá de lo que comúnmente se maneja a fin de tratarlo bajo una óptica novedosa. De hecho, resulta preciso señalar que nuestro intento por asomarnos al atentado, sus circunstancias y antecedentes, hizo necesario emprender una exploración agreste y, a ratos, frustrante. Por exigencias de orden investigativo, aunque sin perjuicio de cierta literatura de carácter testimonial publicada en fechas posteriores a lo ocurrido (y la cual, a su modo, constituye un aporte valioso), las fuentes consultadas provienen, en la mayoría de los casos, de revistas y periódicos de la época. También entraron dentro del terreno de la pesquisa algunos fondos archivísticos que sirvieron de base al intento de darle mayores explicaciones a la mañana del 24 de junio de 1960 y, desde luego, al odio que terminó gestándose, a lo largo de las décadas de 1940 y 1950, entre Betancourt y el régimen del Generalísimo Trujillo.

A la hora de dar con otras explicaciones que intenten descifrar el silencio, tal vez pueda ensayarse el siguiente camino alternativo: que tal silencio no fuera obra de los descuidos que suelen caracterizar el registro del acontecer venezolano sino producto de la violencia misma que el país siguió experimentando sin tregua durante el resto del quinquenio betancurista. Tal explicación luce razonable, entre muchas otras cosas, si se estima la gravedad con que al cabo obraron otras amenazas que seguramente obligaron a dejar rápidamente atrás el recuerdo de aquella acción ejecutada por factores vinculados a la extinta dictadura venezolana, y cuya ruta –como se ha dicho– reveló la estrecha colaboración brindada por el gobierno de Trujillo.

De modo que si se descuenta la intentona golpista llevada a cabo por el coronel Edito Ramírez un año después, en febrero de 1961 (Krispin, 2000: 217), el atentado de Los Próceres fue sin duda una de las últimas acciones protagonizadas por aquellos elementos residuales, adversarios de Betancourt, que provenían del campo de la derecha. A partir de entonces será más bien la izquierda en armas la que asuma el relevo y plantee la alternativa de la violencia. Así lo observa Manuel Felipe Sierra: «La línea insurreccional de los años sesenta aplicada por la izquierda venezolana declaraba tiempos de violencia y zozobra» (Sierra, 2011: 84). El escritor Karl Krispin también ha tratado de resumir a su manera los signos de la época y las difíciles circunstancias que le tocó afrontar a Betancourt: «Las principales alteraciones de la vida institucional en este período se resumen en intentos de golpe de estado, cuartelazos, atentados terroristas y conformación de una fuerza guerrillera nutrida ideológica y materialmente por el triunfo de la revolución cubana que [pretenderá] exportar sus conquistas al resto de la América Hispana» (Krispin, 2000: 217).

Puede que fuera entonces el alcance y persistencia de la lucha promovida por la insurrección guerrillera lo que explique que las acciones patrocinadas por el derechismo caribeño acabaran por alejarse de la memoria de sus contemporáneos. Sin embargo, la magnitud de aquellas acciones de la izquierda tal vez no lo explique todo. También convendría tener en cuenta que fue la condena unánime que recibió el atentado de 1960 por parte del resto de la región y, especialmente, las sanciones implementadas contra la República Dominicana por mandato de la OEA, lo que permitió que el gobierno de Betancourt yugulara casi de una vez por todas a aquel sector irredento que había contado hasta entonces con el respaldo, patrocinio y apoyo logístico de Trujillo. Después de todo, tales medidas tendrían consecuencias inmediatas y devastadoras para el propio régimen del Generalísimo. Así lo explica Manuel Felipe Sierra: «El trujillismo [comenzaría] a sentir los efectos del aislamiento (…) La represión contra los opositores se hizo más intensa; la Iglesia Católica pasó a jugar un papel beligerante (…) Mientras tanto el malestar contaminaba aceleradamente el entorno íntimo del poder» (Sierra, 2011: 124-125).

Desde luego, como colofón a lo anterior, es imposible dejar de mencionar la acción armada que acabó con la vida del propio Trujillo casi un año después, en mayo de 1961. Esto apartaría definitivamente de la escena al factor más amenazante que afrontara Betancourt en el área del Caribe desde mucho antes de su Presidencia constitucional. A partir de entonces serán otras amenazas, de signo político muy distinto y con propósitos diferentes –como se ha dicho– las que se adueñen de la región.

Conviene tener en cuenta un detalle adicional para explicar, en cierto modo, más que el silencio, el olvido. A diferencia del asesinato de Delgado Chalbaud, que tantos cabos sueltos dejó a la hora de intentar esclarecer las responsabilidades, los autores del atentado contra Betancourt fueron rápidamente identificados, capturados y procesados por los tribunales. De hecho, en apenas quince días, y como resultado de una eficaz operación de rastrilleo que concluyó con el apresamiento del último de los implicados cuando se disponía a huir hacia Colombia, todos los que participaron en el hecho fueron interrogados y sometidos a juicio. Además, una vez en los tribunales, los imputados aportaron suficientes detalles para no dejar ninguna duda acerca de la trama del complot y el grado de injerencia que llegó a tener en ella el régimen trujillista (Sierra, 2011: 124). Aún más, y marcando también distancia del atentado contra Delgado Chalbaud que persistió en dejar rastros de sangre a su paso y muchas interrogantes sin resolver, todos los que fueron juzgados tras su captura fueron condenados a cumplir condena. Al darse por concluidas las averiguaciones, y cerrado el expediente del caso, ello quizá explique lo poco que, en materia de interrogantes, podía merecer volver a mencionar el atentado, especialmente frente a un caso como el de Delgado Chalbaud que aún, en muchos sentidos, continúa sin resolverse.

Quizá una última razón pueda sumarse a todas las demás que intentan explicar el aparente desinterés que existe en torno a este episodio. Ello tiene que ver con lo que pudo haber sido la segunda etapa del plan tramado por los responsables del frustrado magnicidio. No se sabe nada, al menos a ciencia cierta, acerca de lo que podría llamarse la «fase política» a la que debía conducir el acto de liquidar al Presidente y su comitiva aquella mañana del 24 de junio de 1960. Así como, a la hora de leer el expediente, no queda la menor duda sobre la intervención de Trujillo, la falta de precisión en cuanto a los objetivos ulteriores del atentado continúa rondando al investigador, a pesar de la frecuencia con que gana terreno la sensación de que se trató, simple y llanamente, de una acción temeraria y sin mañana, fugaz y sin repercusión efectiva.

¿Existía un escenario preparado, o era apenas el inicio de una maniobra librada a lo que dictara un desenlace espontáneo? La primera reacción del gobierno, como resulta lógico que fuera, apuntó a sospechar que existía la posibilidad de que, a resultas del complot, se desatara una ola de desestabilización por todo el país. No en vano, Raúl Leoni, a la sazón presidente del Congreso Nacional y llamado a suplir a Betancourt si tal hubiese sido el caso, advirtió a la prensa sobre la amenaza de una «guerra civil» que bien pudo terminar desatándose a raíz de esta conspiración a la que se creyó investida de «alto poder» y con muchas ramificaciones (La Esfera, 26/06/60: 2). Sin embargo, objetivamente hablando, ninguna acción de calle se produjo después del atentado. De hecho, lo poco que queda recogido como evidencia fue que algunos elementos vinculados al complot intentaron impulsar, sin mayores resultados, un plan destinado a crear confusión. Así es como lo recoge la prensa, según la cual todo se limitó apenas a la distribución de algunos volantes, al derrame de tachuelas sobre la vía pública, y a la presencia de un automóvil fantasma que accionó algunos disparos al azar mientras recorría las calles céntricas de la capital la misma noche del 24 (ibíd.).

Lo poco que queda claro por otra parte es que los responsables llegaron a hacer contacto con algunos elementos que tenían a su cargo repartir armas entre golpistas del mundo civil (Atentado, 1960: 38), además de contar con el apoyo de ciertos oficiales activos que al parecer, a último momento, resolvieron desentenderse del complot (Pérez & González, 2012: 134). En todo caso, parte del armamento en cuestión terminó siendo incautado luego de una serie de allanamientos practicados por la PTJ (Policía Tecnica Judicial), el SIFA (Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas) y la Dirección General de Policía (DIGEPOL). Por ejemplo, de la residencia de uno de los implicados salieron, en grandes cantidades, fusiles, pistolas, revólveres, proyectiles, municiones, algunas bombas de alto poder explosivo cargadas con nitrato de amonio y ocho subametralladoras Thompson (La Esfera, 26/06/60: 24). En un operativo paralelo llevado a cabo por la DIGEPOL en Catia se incautó otro arsenal, cuya parte más gruesa reveló la existencia de fusiles semiautomáticos M1 Garand, ametralladoras de 45 milímetros, dos mil municiones y un lote de granadas de mano (Pérez & González, 2012: 141).

A partir de pistas tan vagas como las que aportaron los reos en su testimonio podría elaborarse una hipótesis por más cruda que sea: si no se trató exclusivamente de liquidar al Presidente a todo trance y evento, lo único que cabe suponer entonces es que sus autores se fiaron a la confusión que debía provocar la voladura en Los Próceres antes de ejecutar lo que nadie, fuera de ellos mismos, debieron manejar como alternativa si se daba la muerte de Betancourt. De acuerdo con el diario caraqueño La Esfera, quienes tenían a su cargo el complot pretendieron que la circunstancia sirviera como espita para incendiar la calle contra el régimen democrático recién instalado, pero aquejado de problemas por doquier. Así se permitía especular el diario en ese sentido: «Buscaban la guerra, como único método posible, para lograr el poder, en vista de que sabían que intentonas en otras circunstancias se frustrarían, como las conspiraciones de julio y septiembre de 1958 y la invasión por San Cristóbal de Jesús María Castro León» (La Esfera, 28/06/60: 24).

Una posibilidad, aunque solo formase parte del pasto de rumores, era que la muerte de Betancourt, la acción de la calle y el papel de algunos militares comprometidos en el complot sirviera para sacar de la cárcel a Castro León a fin de que presidiera una Junta de Gobierno en compañía del excoronel Vicente Marchelli Padrón, quien –supuestamente– permanecía atento a los acontecimientos desde el otro lado de la frontera. A estos juntistas se sumaría uno de los principales autores intelectuales de los hechos del 24 de junio, el excapitán de navío Eduardo Morales Luengo (La Esfera, 28/06/60: 6). El trío en cuestión, según agregaba el diario, actuaba como «los escogidos por Trujillo» (ibíd.).

Al mismo tiempo, resulta preciso tener en cuenta que la velocidad de respuesta por parte del gobierno y, objetivamente hablando, la capacidad que mostró para dominar la situación, debió dejar sin efecto cualquier plan ulterior tramado por los complotados. Tan contundente fue el manejo que llegó a dársele a la crisis que de inmediato se suspendieron parcialmente las garantías constitucionales, no se dejó piedra sin voltear en los cuarteles en busca de posibles conexiones con el atentado, y se tomaron medidas preventivas de tipo militar como esta, llamada a reforzar el Palacio de Miraflores mientras el Presidente permanecía recluido en el Hospital Universitario: «Para proteger el Palacio dispusimos una oruga [militar] en Puente Llaguno con dos ametralladoras mirando hacia La Pastora y dos más bajando. Eran momentos de incertidumbre y no se tenía mayor información del atentado, ni de quiénes eran sus autores» (Pérez & González, 2012: 137).

Tan importante como lo anterior fue la forma como el Gobierno le dio un manejo efectivo a lo ocurrido, especialmente ante la opinión pública, incluyendo desde luego la alocución radial de Betancourt al día siguiente del atentado y, 22 días después, la perturbadora y dramática comparecencia suya por TV en cadena nacional, con las manos gruesamente vendadas y acusando todavía cierta dificultad en la modulación de sus palabras producto de las quemaduras en labios y rostro. Imagen que, sin duda, vendría a ser interpretada no solo como epítome de su autocontrol en momentos difíciles sino como testimonio de su capacidad para capitalizar situaciones extremas a su favor.

Todo esto, desde la esfera del Gobierno, permitió ganarle terreno a la confusión y al caos que, de otro modo, habrían podido adueñarse del país tras el fallido atentado. De paso, aunque de manera tan involuntaria como paradójica, el frustrado magnicidio –y, sobre todo, el firme manejo que se le dio a la crisis– terminó convirtiéndose en una oportunidad de oro, políticamente hablando, para Betancourt. Al menos así lo sugiere el periodista Jesús Sanoja Hernández cuando, al referirse al llamado que hiciera el Presidente a escasas horas del atentado, considera que este apostó a su proverbial sentido de la oportunidad para que el episodio sirviera de amortiguador al clima de rencillas que venía gestándose entre los partidarios del Gobierno de Coalición (Sanoja, 2007, I: 125).

No resulta en ningún caso exagerado verlo así. Hasta la fecha del atentado del 24 de junio un verdadero calvario se había atravesado en el camino del Presidente desde que los acuerdos unitarios parecieron haber comenzado a flaquear, reflejando discordancias entre las fuerzas que venían dándole piso al gobierno desde las elecciones de diciembre de 1958. Es el clima que se descubre cuando, en su primer mensaje al país a raíz del atentado, Betancourt llegó a admitir que la relación que comenzaba a gestarse entre los socios del Pacto de Puntofijo podía conducir a una dinámica de autodepredación si no se retomaba el espíritu del 23 de enero (Élite, Nº 1.814, 1960: 23). No por otra razón insistió en ese mismo mensaje que debía fortalecerse la unidad entre las fuerzas pactistas en momentos en que –a su juicio– «los enemigos de la democracia [contaban] con medios para contratar aventureros internacionales» (La Esfera, 26/06/60: 2).

Aunque la oxigenación sería apenas temporal, el gesto de mostrarse como prueba viviente de aquel horroroso atentado le ganó a Betancourt la inmediata adhesión y el respaldo pleno del país, desde la clase empresarial hasta el PCV incluido. Pero con esas palabras Betancourt estaba dispuesto a reconocer también que el ensayo democrático exhibía todavía puntos flacos gracias a los cuales los «desplazados del 23 de enero» y los elementos residuales de la derecha podían seguir complotando como lo hicieron al atentar ese día contra su vida.

Vale la pena reiterar que tal vez fuera el hecho de que Betancourt saliese con vida de aquel trance, y la necesidad que tuvo el régimen democrático de levantarse rápidamente sobre sus dos pies, lo que hizo que la acción homicida, sus móviles y circunstancias terminaran convirtiendo lo ocurrido el 24 de junio de 1960 en un modesto pie de página en la historia contemporánea de Venezuela. Pero por ello mismo vale preguntarse también lo que habría significado la desaparición física del Presidente y, por ese camino, ver confirmado así el estímulo que llevó a la concepción de este estudio. No otro ha sido el propósito a la hora de revisar las incidencias del atentado a la luz de nuevas posibilidades investigativas, pero también a partir de lo que los periódicos, archivos y documentos de la época aún pudieran revelar al respecto. Todo ello sin dejar de mencionar, desde luego, que este empeño llevó, en primer lugar, a asomarnos a la compleja red de complicidades en las cuales se entretejió la enemistad histórica entre Rómulo Betancourt y los cuarteles del trujillismo en el Caribe.

Descontando la formidable novela de Mario Vargas Llosa, La fiesta del Chivo, dos autores contemporáneos –ambos venezolanos– han intentado radiografiar a Rafael Leonidas Trujillo y, de este modo, explorar los meandros más oscuros de su actuación en el poder. Uno de ellos es Ramón Guillermo Aveledo; el otro es Manuel Felipe Sierra, quien no solo intentó definir la personalidad del Generalísimo sino que elaboró un espeluznante catálogo de sus atributos: delirio enfermizo, grotesca megalomanía, locura sexual y desmesurada afición por la muerte ajena (Sierra, 2011: 112-113). Sobre esto último agrega el cronista: «Se sabía que cuando [Trujillo] era informado de la ejecución de un enemigo, pedía una explicación detallada, se ajustaba los lentes de cristales verdes y exclamaba: ‘¡Un hermoso crimen, un hermoso crimen!’» (ibíd., 123). Tal vez fuera con esa misma macabra fruición que se dispuso a aguardar la noticia que le confirmara la muerte del Presidente venezolano la mañana del 24 de junio de 1960.

Ninguno de los rasgos de la personalidad de Trujillo que comprende el catálogo confeccionado por Manuel Felipe Sierra abarca el contenido de este libro, excepto –claro está– el de su afición por la muerte ajena. Los demás pertenecen al ámbito de otra clase de literatura. Sin embargo no sobra comentar que, desde el 2011, al cumplirse cincuenta años de la celada que lo liquidó mientras se desplazaba hacia su finca predilecta a las afueras de Santo Domingo, son cada vez más los libros que se han publicado acerca de la vida de Trujillo y la era durante la cual ejerció un poder sin límites.

Por último: el hecho de que el atentado contra Betancourt dejara de consumarse no supone de ningún modo que debamos desestimar la gravedad de lo ocurrido y sus implicaciones. En este sentido, nada libra al autor (y supongo que al lector tampoco) de pensar en lo que, para la frágil democracia surgida el 23 de enero de 1958, habría significado su inesperada y violenta desaparición en la avenida Los Próceres.

Lo cierto del caso es que si la muerte no se cebó a su antojo, como lo quiso aquella mañana del 24 de junio, al menos se vio muy cerca de hacerlo.

Ronchas durante el Trienio

Así, pues, de dos años a esta parte, las relaciones entre Venezuela y Santo Domingo han sido especialmente tirantes.

EL LIBERAL (Colombia) 02/04/48

Existe un autor cuya opinión merece ser tenida en cuenta a la hora de hablar de las tensiones y conflictos que llegaron a registrarse en el área del Caribe durante el siglo XX. Se trata de Demetrio Boersner, quien –entre otras aproximaciones al tema desde una perspectiva histórica– llegó a recoger algunas interesantes observaciones acerca del duelo que, hacia fines de la década de 1950, continuaba librándose entre Rafael Leonidas Trujillo y aquellos partidos reformistas que, como AD, habían vuelto al poder como resultado de diversos factores, pero especialmente debido al cambio de intensidad que hubo de cobrar la Guerra Fría. Boersner se refiere de este modo al hablar de Trujillo: «Su enemistad hacia los reformistas del Caribe era vieja. Ya en el período 1946-1948, cuando en Venezuela gobernaba el partido Acción Democrática, en Cuba los Auténticos [con Ramón Grau San Martín y Carlos Prío Socarrás] (…), en Costa Rica acababa de subir al poder José Figueres, y en Puerto Rico gobernaba Muñoz Marín, había existido una verdadera guerra entre demócratas y dictadores del Caribe. (…) Rómulo Betancourt (…) era el hombre más violentamente detestado por Trujillo» (Boersner, 1996: 206).

Por su parte, complementando este parecer, la historiadora Mirela Quero también se ha referido a la naturaleza de aquel duelo caribeño y a sus principales protagonistas, y en tal sentido ha señalado que «la enemistad personal de Betancourt y Trujillo es un hecho ampliamente conocido» (Quero, 2004: 13). Ahora bien, que tal haya sido el caso, como correctamente lo apunta Quero, no significa que sea materia tratada más allá del ámbito de los especialistas en el tema. Por ello convendría hurgar un poco en los orígenes y, también, en los primeros pasos que describió aquella prolongada rivalidad, tal como lo ponen de manifiesto los dos autores citados.

Más aun, a la hora de asomarse a los enfrentamientos que cobraban calor en la región del Caribe, Quero estima difícil darle plena cabida a la idea de que existieran «pactos», en el sentido más formal y categórico del término, que corroborasen la existencia de bloques antagónicos. O, dicho de otro modo: que al hablar de la entente Rafael Leonidas Trujillo en República Dominicana y Anastasio Somoza en Nicaragua (reforzada más tarde por la dupla Manuel Odría en Perú y Marcos Pérez Jiménez en Venezuela), la «Internacional de las Espadas» fuera algo más que una expresión de uso corriente por parte de Betancourt. Como quiera que sea, lo cierto es que desde mediados de la década de 1940 se advierte un alineamiento que nuclearía, por un lado, a los gobiernos reformistas de América del Sur y el Caribe y, por el otro, a aquellos regímenes personalistas que también regentaban parte del paisaje. En tal sentido, Quero observa lo siguiente: «Es innegable la simpatía y el apoyo que se profesaban los gobiernos de Carlos Prío Socarrás, José Figueres, Luis Muñoz Marín, Víctor Paz Estenssoro, frente a los gobernantes militares y/o dictatoriales: Trujillo, Pérez Jiménez y Odría, a los que consideraban como enemigos» (ibíd., 143).

Cabría agregar aquí la opinión del estadounidense Robert J. Alexander, quien es aún más explícito al referirse a las afinidades ideológicas que se registraron entre algunos gobiernos del área, especialmente en la cuenca del Caribe, y al papel que en tal sentido le tocó jugar a Betancourt cuando se vio al frente de la Junta Revolucionaria de Gobierno entre 1945 y 1948. Así lo estima Alexander: «Bajo el liderazgo de Betancourt, la Junta (…) aspiró a establecer relaciones cercanas con otros regímenes que juzgaba similares en la vecindad del Caribe. A este respecto, México, Guatemala y Cuba eran particularmente importantes» (Alexander, 1982: 281).

Veamos más de cerca lo que apunta este autor al referirse al caso de Guatemala, dado que Betancourt advertía allí una afinidad muy especial con el sistema adoptado en Venezuela a partir del 18 de octubre de 1945: «En el caso de Guatemala, una revolución en cierto sentido similar a la de Venezuela había ocurrido en octubre de 1944, cuando un grupo de jóvenes oficiales y de intelectuales civiles resolvió dar al traste con una larga dictadura. En marzo de 1945 fue investido Juan José Arévalo como el primer presidente surgido electoralmente de esa revolución. Los adecos experimentaron una relación particularmente cercana con el régimen revolucionario guatemalteco durante el Trienio» (ibíd., 281-282). De hecho, estas serán las palabras del propio Betancourt al aludir a tales afinidades cuando, durante su mandato, hiciera una fugaz visita a la capital guatemalteca: «En los casos de Guatemala y Venezuela, revoluciones realizadas por las juventudes militar y civil han concluido aquí [en Guatemala] en la elección por sufragio libre de un presidente civil; y concluirá en Venezuela en el curso de este año (…). En Guatemala y Venezuela se rompió [el] esquema clásico de los golpes de Estado latinoamericanos» (La Esfera, 03/08/46; ARDP, vol. IV-A: 8).

Por otra parte, Alexander le pone atención al muy significativo caso de Cuba y, en cierta forma también, al de Panamá, por todo cuanto implicaba aquel tejido de alianzas democrático-reformistas en la cuenca caribeña: «[E]n el caso de Cuba, un partido afín a Acción Democrática, el Partido Revolucionario Cubano (Auténtico) había llegado al poder, mediante elecciones, a mediados de 1944, bajo la Presidencia de Ramón Grau San Martín. (…) Existía otro gobierno democrático en el Caribe hacia el cual Betancourt y la Junta Revolucionaria también sentían cierta simpatía, tal vez a causa del asunto del Canal, aun cuando no se tratara de un gobierno particularmente progresista. Nos referimos a la administración del presidente Enrique Jiménez en Panamá» (Alexander, 1982: 281-282).

Al mismo tiempo, Alexander observa el revés de aquella alineación democrática y, por tanto, la forma como Betancourt se condujo en oposición a los regímenes de fuerza, adoptando hacia ellos una política de total desconocimiento. Valiéndose del concurso de sus aliados, esta actitud permaneció invariable a lo largo de su primer gobierno. Más aun, a la hora de trazar el origen de lo que más tarde, durante su gestión constitucional de 1959-1964, fuera de nuevo el frontal rechazo a tales regímenes, Alexander subraya que fue precisamente durante la era 1945-1948 cuando se estructuró la base de aquella futura política exterior betancurista (ibíd., 283). Así vendría a confirmarlo, por un lado, la inexistencia de toda relación con Santo Domingo y Nicaragua durante el Trienio y, por el otro –a pesar de las dificultades de clasificarlo como un régimen «no democrático»– la distancia, la reticencia, frialdad e incluso ocasional pugnacidad que caracterizaron las relaciones del gobierno de AD con la Argentina de Juan Domingo Perón durante el mismo período (ibíd., 283-284).

La prensa, especialmente el diario progubernamental El País, estrenaba también un tono novedoso y desafiante a la hora de hablar de la política que debía seguirse hacia Santo Domingo y aquellos gobiernos que compartían signos similares: «‘Debemos tender un riguroso cordón profiláctico en torno a los gobiernos antidemocráticos del Continente’, expresó Rómulo Betancourt (…) Hasta ahora muy pocos gobernantes americanos se han atrevido a usar ese lenguaje claro, directo, francamente sincero (…) Aun entre mandatarios de reconocida filiación democrática, siempre se ha observado una tendencia a evitar esos tópicos por considerarlos escabrosos, cuando la verdad es que el silencio, inspirado quizás en caducas normas protocolarias, constituye el mejor manto protector para aquellos tiranuelos. Pero ha llegado la hora de hablar (…) el lenguaje rudo y limpio de la verdad. No es posible seguir con la cantinela de la derrota del fascismo, mientras existan Trujillos (…) haciendo de las suyas» (El País, 01/08/46; ARDP, vol. IV-A: 3).

De modo que, por lo dicho en esa nota, se comprende que el hablar con un estilo rudo sobre tales asuntos tendría su precio. Pero también ayuda a comprender que la genealogía del duelo Trujillo-Betancourt fue de tan larga data como para remontarse sin tropiezos hasta el primer ejercicio del venezolano al frente del poder. Por una curiosa coincidencia, uno era calificado por sus opositores como el «Napoleón de Guatire» mientras el otro lo era como el «Napoleón del Caribe». Pero fuera de la propensión de los adversarios de Betancourt a calificar su estilo de bonapartista (por ejemplo, el semanario humorístico caraqueño El Morrocoy Azul lo llamaría «Don Napo»), nada asemejaba, ni podía asemejar, a ambos mandatarios. En ningún caso podría decirse que el guatireño compartiera, en términos de su condición civilista, cultura partidista y liderazgo organizacional algún grado de coincidencia o punto de contacto con quien, desde 1930, venía ostentando en la República Dominicana un mando unipersonal, represivo, y cada vez más propenso al incurable culto a la personalidad. En tal sentido, conviene retener esta apreciación del historiador dominicano Miguel Guerrero: «La fuente de la cada vez más acentuada rivalidad (…) residía, básicamente, en la comprensión que cada uno de ellos tenía del ejercicio del poder y sus limitaciones» (Guerrero, 1994: 64).

Santiago Castro, otro autor dominicano que también ha transitado el tema de la rivalidad entre Betancourt y Trujillo, se permite hacer una conjetura atrevida (en el mejor sentido de la palabra), ubicando el origen de este duelo en los tiempos cuando Betancourt recaló en Santo Domingo, en su condición de exiliado, en mayo de 1929. Esa escala la testimoniaría él mismo, muchos años más tarde, al recrear con los colores de la candidez lo que fueron tiempos de aventuras garibaldinas: «Era preciso enderezar el mundo y nos preparábamos a hacerlo con cincuenta fusiles viejos (…) Tras varias andanzas llegamos a Santo Domingo, donde no había ningún déspota, y recorrí todo el país dando conferencias contra Gómez y consiguiendo voluntarios para la ansiada invasión» (Liscano & Gottberg, 1978: s.p.).

Como en efecto lo declara Betancourt, y lo confirma Castro, el desterrado iniciaba así una gira en procura de apoyos en el Caribe, siendo acogido por las fuerzas progresistas dominicanas, especialmente por la Asociación Nacional de Estudiantes Universitarios (Castro, 2008: 21). Como resultado de su campaña de un extremo al otro de la isla pronunciando discursos contra el régimen de Juan Vicente Gómez, Betancourt se vio pronto bajo el escrutinio del cónsul general de Venezuela, quien requirió del presidente Horacio Vásquez que se vigilara de cerca al disidente (ibíd., 27).

Tal labor estaría a cargo de la sección secreta que recientemente había sido creada por la Policía Nacional Dominicana bajo la jefatura del entonces brigadier Rafael Trujillo Molina (ibíd., 30). En respuesta al seguimiento ordenado contra Betancourt, el cónsul venezolano se expresaría de esta manera: «[S]é que la policía dominicana, rindiendo un servicio por el cual mi Gobierno está muy agradecido, ha venido vigilando estrechamente a (…) Rómulo Betancourt y que se halla en cuenta de los manejos y movimientos [del mismo]». Cumpliendo órdenes superiores en solidaridad con el gobierno de Gómez será, pues, el brigadier Trujillo quien tenga a su cargo ejecutar esa tarea de manera directa (ibíd., 31). De allí que Castro se aventure a afirmar que «En ese lapso en que Trujillo se presentaba como el mejor servidor [del Presidente] Vásquez, sin lugar a dudas se habían ordenado las ‘providencias’ pertinentes para espiar y controlar al joven exiliado» (ibíd., 32).

Según este autor, las presiones ejercidas por la policía llevaron a que Betancourt resolviera abandonar Santo Domingo en agosto de 1929 y proponerse, por ese camino, integrar la expedición del vapor Falke cuyo jefe era Román Delgado Chalbaud (Betancourt, 1986: 89). Las consecuencias, sin embargo, redundaron en una pésima navegación que hizo que él y los suyos, incluyendo a un grupo de cincuenta quisqueyanos que se alistaron como voluntarios, se vieran a punto de zozobrar cuando la nave que los conducía se hallaba aún en aguas dominicanas (Castro, 2008: 36; Romero, 2005: 34). Escuchemos lo ocurrido por parte del propio protagonista: «Nos acompañaban unos cuantos voluntarios y un muestreo variado de revólveres y viejos fusiles, adquiridos con el dinero pagado por los asistentes a las docenas de conferencias contra el régimen entonces imperante en Venezuela que dicté en ciudades y pueblos dominicanos. (…) Debimos arribar, derrotados antes de disparar un tiro y con [la goleta] en trance de naufragio, al puerto dominicano de Barahona» (citado por Guerrero, 1994: 36-37).

Luego de ese fracaso, Betancourt cerraría en Santo Domingo la etapa de su vida que él mismo llamara «garibaldina» (Guerrero, 1994: 36) para seguir a otros destinos del Caribe en procura de labrarse un espacio propio y continuar en tareas conspirativas (Caballero, 2008: 94). Esto evidencia –como se permite concluir Santiago Castro sobre la base de sus propias conjeturas– que tal es el origen de la animosidad mutua, es decir, «desde que en 1929 empezó la persecución de Trujillo contra Betancourt» (Castro, 2008: 31).

Llama la atención que, entre las muchas páginas testimoniales que el propio Betancourt dejara sobre personajes de diverso tiempo y distinto signo, bien amigos entrañables o enemigos irreconciliables, su nemésis dominicana no recibiera el trato grueso que ameritaba. Esto es algo que vino a llamar la atención del historiador Simón Alberto Consalvi cuando advirtió la ausencia de Trujillo entre las semblanzas que, bajo el título de Hombres y villanos, Betancourt reunió y editó con la intención de juzgar lo que, a su entender, significaba la entereza y, también, la contrafigura del accionar humano. Lo cierto en todo caso es que no existe ningún retrato a cuerpo entero de Trujillo entre la obra periodística dejada por él. Tal vez nunca lo quiso retratar entre los perfiles biográficos que compuso para El País en Caracas o ya durante su último exilio entre 1949 y 1958. Disponemos, en cambio, de los que trazó sobre Francisco Franco o Juan Domingo Perón para poder acercarnos a su apreciación de tales figuras. En procura de hallarle alguna explicación al hecho de que no contemos con ese retrato de Trujillo hecho por Betancourt, Consalvi especula sobre lo que, de algún modo, llevaría a comprender la razón de ello. Lo dicho por él aporta luces y pistas y corre así, al hablar no solo de Trujillo sino de su cuasigemelo Anastasio Somoza en Nicaragua: «[Betancourt] escribió mucho sobre Somoza y sobre el Generalísimo Rafael Leonidas Trujillo (…), sus dos adversarios más conspicuos del Caribe, pero tal vez los tenía reservados para algo más que una serie dedicada sólo a los villanos» (Consalvi, 1987: 9).

Esta archienemistad histórica que, según María Teresa Romero y otros autores, arranca desde que Betancourt, al frente de la Junta Revolucionaria, decretara el llamado «cerco profiláctico» contra los regímenes dictatoriales (Romero, 2005: 89), tuvo una especie de primer capítulo el mismo 18 de octubre, al quedar instalado el gobierno provisional que sucedió a Isaías Medina Angarita. Vale aclarar empero que la diplomacia trujillista ya venía acumulando algunos sinsabores con los gobiernos de Eleazar López Contreras y del propio Medina Angarita, no así con el de Gómez, con el cual el entonces joven Trujillo (quien en 1930 asumió el poder tras un «movimiento cívico» contra el presidente Horacio Vásquez) evidenció gran afinidad (Castro, 2008: 43; Portillo, 1991: 123). Según el historiador Santiago Castro, el gobierno de Trujillo expresó su preocupación por el hecho de que, durante la gestión de Medina, se registrara una importante concentración de exiliados dominicanos en Venezuela, entre los cuales figuraba el escritor y futuro presidente Juan Bosch, lo que condujo a violentas campañas por la prensa de Santo Domingo y a una tirantez en las relaciones mutuas (ibíd., 51). Significativamente, ya las protestas de Trujillo habían provocado cierta confrontación durante la gestión de López Contreras por el mismo motivo de los exiliados (ibíd., 52). De hecho, en 1936, en pleno inicio del quinquenio lopecista, vendría a fundarse en Caracas la primera Junta de Liberación Dominicana (El País, 20/10/46; ARDP, vol. IV-A: 107).

Sin embargo, como lo aclara por su parte Julio Portillo, el conflicto se hizo más radical en tiempos de Medina, al punto de que, por distintas razones y durante un año (1942-43), el trato entre ambos países quedó suspendido. Debió darse la mediación de Colombia, y de su presidente Alfonso López, para que las relaciones entraran nuevamente en una fase de colaboración (Portillo, 1991: 130). El acuerdo resultante apuntó, entre otras cosas, a que el régimen de Medina se comprometiera a limitar el accionar de los exiliados dominicanos en Venezuela (Castro, 2008: 52).

Obviamente, por mayor que fuera el empeño puesto por Medina, el asunto no podía ser resuelto tan fácilmente, al menos en la calle o la prensa, donde ya para 1944 Acción Democrática contaba con un despliegue que permitía darle un fuerte apoyo al exilio dominicano. De hecho, ese año 44, cuando se concrete su anhelo de contar con un periódico propio –El País–, Betancourt se convertirá en crítico acerbo de Trujillo a través de las notas editoriales redactadas por él mismo, pero también expresaría importantes gestos de solidaridad hacia los desterrados que habían hecho pie en Caracas (Valero, 2001: 134). Asimismo, en 1944, el diario El Universal insertaría un manifiesto en repudio de Trujillo, cuyas firmas más visibles –puesto que la redacción del documento corrió a cargo de ambos– eran las de Betancourt y Jóvito Villalba (Castro, 2008: 52-53). Tal es como Santiago Castro, varias veces citado hasta ahora, aprecia esta coyuntura: «La ardiente actividad de la oposición venezolana impidió a Medina Angarita asumir posiciones radicales con los exiliados dominicanos, quienes contaban con el respaldo del más importante opositor al gobierno, que era Rómulo Betancourt» (ibíd., 52).

De hecho, depuesto el régimen de Medina, el primer choque diplomático que habría de experimentar el Gobierno Revolucionario se dio a raíz de la brusca salida del representante del Gobierno dominicano (PPV-SXX, 51: 180-181). Objetivamente hablando, lo que dio pie a la airada actitud del embajador de Trujillo fue un incidente que se salió de madre, producto sin duda de la confusión propia de tales circunstancias. El caso es que, en el contexto de las jornadas octubristas, la embajada dominicana en Caracas fue tomada por grupos armados que respaldaban al nuevo gobierno y liderados por elementos del exilio que creyeron posible hallar en la sede diplomática «documentos relacionados con las labores de espionaje que eran desarrolladas [por esa Embajada]» (Castro, 2008: 58). Lo cual, en el fondo, se explica si se atiende a lo dicho por Jorge Valero: «[H]ay que señalar que la representación (…) dominicana (…), en los tiempos de Medina, participaba activamente en los planes secretos de la política de su país para (…) controlar los movimientos de protesta de los exiliados dominicanos» (Valero, 2001: 136).

La toma del local fue breve y, en realidad, no provocó ningún tipo de daño a su personal; además, si por alguna razón no derivó en mayores consecuencias, fue debido a la pronta intervención de las tropas leales a la nueva Junta (ibíd., 134). Tal vez convendría agregar algo más para aclarar la forma como se manejó lo ocurrido: el día 24 de octubre, a casi una semana del golpe de Estado, los jefes de misión de los países americanos aprobaron un memorando donde, si bien quedaba asentado que «personas irresponsables se habían presentado (…) y entrado a la Legación dominicana», se aseguraba al mismo tiempo que «a pesar de lo ocurrido, las excusas habían sido presentadas» (ibíd., 135). Empero, como el tono de la prensa no es el tono de la diplomacia, el diario progubernamental El País persistirá en hablar de «fantásticos ataques» contra la sede diplomática dominicana, celebrando –de paso– lo que calificara, no como el retiro, sino «la fuga» del representante de Trujillo en Caracas (Historia gráfica de Venezuela, 1972, III: 22, 37, 121).

Por su parte, la prensa dominicana fue movilizada para acusar a Betancourt y su gobierno de «asaltantes». La Nación, periódico controlado por la administración de Trujillo, calificaría al nuevo gobierno de «vandálico» y se expresaría en términos muy severos al referirse al episodio. Tal será el caso de un artículo titulado «Los vuelos de Betancourt», aparecido a principios de noviembre de 1945: «En Caracas, la Junta Revolucionaria (…) asaltó, robó y saqueó la casa oficial dominicana, violando sus archivos. Este vituperable atentado al Derecho Internacional coloca a dicha Junta fuera de la civilización y el respeto que merecen los Estados legalmente constituidos. Los actos vandálicos jamás otorgan credenciales de civismo. (…) Betancourt no es un Jefe de Estado, sino un cabecilla de Junta Revolucionaria que derrocó [a] un Gobierno por un audaz golpe de Estado. Es una quiebra para la moral democrática de las naciones (sic) que esta Junta venezolana no fuera circundada de un cordón sanitario (sic) que le impidiese alzar la voz contra la dignidad de Gobiernos constitucionales que responden al sentir popular de las masas electorales (sic)». La desparpajada declaración, más allá de la normal iracundia que podía provocar el incidente ocurrido contra la legación diplomática, señalaba lo siguiente en otro párrafo: «Venezuela, país minado por la insólita insensatez de un grupo de dominicanos, encontró en las turbas beodas que la Junta lanzó (…) un asidero de ofensas que el patriotismo dominicano no podrá olvidar ni perdonar sin que se nos rinda reparación y justicia como nación ofendida gratuitamente» (La Nación, 04/11/45, citado por Castro, 2008: 56).

Por aquellos mismos días del incidente y del retiro de su representante diplomático, la Cancillería de Trujillo acusaría a Leonardo Ruiz Pineda, secretario de la Junta, así como al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Morales, y al propio Betancourt, de producir «declaraciones abiertas y manifiestamente hostiles» contra la República Dominicana (ibíd., 59). Esto explicaría, dentro del ritmo trepidante de la coyuntura, que la decisión de Santo Domingo de rehusar darle su reconocimiento a la Junta Revolucionaria estuviera sustentada, por un lado, en que el nuevo gobierno se hubiere originado de un golpe de Estado y, por el otro, en que Betancourt, en sus declaraciones iniciales, había sido enfático en cuanto a que le tenía sin cuidado tal reconocimiento (Valero, 2001: 134).

Estas reacciones iniciales, que rápidamente darían a entender que las relaciones entrarían por un camino pedregoso a partir del 18 de octubre, tuvieron su contraparte en un discurso radial que, en su condición de Presidente de la JRG, Betancourt dirigiría al país el día 30 de ese mismo mes. Si bien se trata de un mensaje que en muchos aspectos guarda relación con todos los que hasta entonces pronunciara para darle contenido y colorido a la Revolución de Octubre, llama particularmente la atención que, en este caso, el componente internacional tuviera un peso tan relevante. No en vano, Betancourt lo iniciaba con el anuncio de que, menos de dos semanas después de ocurrido el golpe del 18 de octubre, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Ecuador, Paraguay, Cuba, Bolivia, Guatemala, Panamá, México, Haití, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Argentina y Uruguay habían resuelto reanudar relaciones, reconociendo al gobierno provisional.

La oportunidad sería aprovechada además para hablar del nuevo clima internacional que, a su entender, era favorable a los vientos de cambio. Y por ello dirá: «Acaso pudiera sorprender que habiendo transcurrido apenas doce días del triunfo de la gloriosa Revolución del 18 de Octubre ya el Gobierno surgido de ella mantenga normales relaciones con la totalidad de los Gobiernos americanos, y en Europa con Inglaterra y Francia. (…) El mundo vive una de sus mejores horas en el devenir histórico de la sociedad humana. Barrida de la superficie de la Tierra esa negación del hombre (…) que era el Fascismo, se ha abierto para la humanidad una etapa de renacimiento. (…) Y por eso en Inglaterra, en Francia, en Guatemala, en el Perú y en varios países donde se han realizado consultas electorales en vísperas del colapso militar del Eje, o en estos expectantes días de posguerra, las ánforas comiciales han arrojado millones de votos para quienes encarnaban e interpretaban lo que el pueblo quería» (PPV-SXX, 51-XXXV: 171-172).

Tales reflexiones habrán de interrumpirse solo para dar paso, hacia el final del Mensaje, a la partida del embajador dominicano y, en tal sentido, agregar lo siguiente: «Ya nuestra Cancillería ordenó cablegráficamente al representante de Venezuela en la despotizada antilla que regrese al país. Este proceder del personero de la dictadura del señor Trujillo nos ha impedido la satisfacción de romper públicamente con un régimen en torno del cual debe tender América un riguroso cerco profiláctico. Los Gobiernos libres no pueden mantener relaciones diplomáticas con los victimarios de la libertad» (ibíd., 180-181).

Tras la salida del embajador dominicano y los tempranos roces con la Junta, Betancourt se convertirá en el primer Presidente que se atrevía a desafiar abiertamente a Trujillo en la comarca caribeña. Más tarde harán lo propio Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz desde Guatemala, José Figueres en Costa Rica, y Fidel Castro en Cuba (Castro, 2008: 59). La guerra con Caracas quedaba declarada desde los primeros actos promovidos (o consentidos) por la Junta y, sin duda, la intranquilidad trujillista por el ascenso de Betancourt debe tomarse como el verdadero punto de partida de la gran rivalidad (ibíd.). A juicio del historiador Santiago Castro, para el «Generalísimo» se trataba de una noticia funesta la llegada al poder de aquel venezolano que mantenía vinculaciones estrechas con el exilio antitrujillista (ibíd., 55). Cabe observar también que el escritor Jesús de Galíndez, un oponente al régimen cuyas detracciones le costarían la vida, aseguraba que las poco cordiales relaciones de Trujillo con Medina lo habían hecho acoger con júbilo la Revolución del 18 de octubre; pero que la sorpresa de hallar a Betancourt al frente del poder, el asalto a la embajada dominicana y la subsiguiente ruptura de relaciones desató una hostilidad que duraría a todo lo largo del Trienio adeco (citado por Castro en ibíd., 102). Dicha tesis quedó desarrollada más claramente por Rafael Poleo cuando colaboraba como redactor del semanario Élite: «Trujillo pensó que (…) un golpe militar no podía ser sino para evitar un posible triunfo de las izquierdas [luego de que Medina abriera un compás de oportunidades a la izquierda]. (…) Al conocerse el verdadero tinte del golpe [del 18 de octubre], los diarios dominicanos –La Opinión y La Razón para entonces– dieron un vuelco a la orientación de sus editoriales que, por varios días, se habían mostrado alborozados por la caída de Medina» (Élite, Nº 1.822, 27/08/60: 64-65).

Durante esa temprana etapa de la Guerra Fría, cuya escala era planetaria y de la que América Latina no podía sustraerse, los estrategas del Departamento de Estado llegaron a la conclusión, frente al caso de AD, que sus mejores aliados eran los que entonces se encuadraban dentro de la llamada izquierda democrática. Es decir: los partidos y líderes que profesaban un lenguaje populista, reivindicador de los intereses populares, con matices socialistas (incluso de orígenes marxistas), pero respetuosos de las formalidades democráticas y enemigos, por supuesto, de Moscú (Montaner, 2008: 42). Eso, desde luego, facilitaba la posición de ad en Venezuela, o de los «auténticos» de Ramón Grau en Cuba, pero también daba espacio al gobierno de Betancourt para librar un enfrentamiento propio con sus declarados adversarios en la cuenca del Caribe.

Lo que viene a confirmar esta tendencia, dentro de la época inicial de la Guerra Fría, es que si bien el mismísimo Trujillo insistió desde el primer momento en acusar a Betancourt de estar al servicio de un proyecto soviético, esa no fue la percepción de los EE.UU., el cual, dicho sea de paso, vino a ser uno de los primeros países en anunciar su reconocimiento a la nueva Junta Revolucionaria. Aún más: la mayoría de los países del área procedieron a formular sus respectivos reconocimientos siguiendo expresamente las recomendaciones del Departamento de Estado (Valero, 2001: 142). Conviene comentar, por cierto, que aquella misma noción del «Betancourt comunista», en la que habría de insistir Trujillo, la compartiría desde su exilio Eleazar López Contreras, como lo refleja una carta privada de 1946, dirigida a uno de los desafectos del 18 de octubre: «[L]a Patria está en peligro de caer en la más oprobiosa dictadura impuesta por el comunista Rómulo Betancourt y su pandilla de camaradas en agrupamiento mal llamado ‘Acción Democrática’ cuando debía titularse ‘Agencia Soviética’» (PPV-SXX, 1983, 65: 147-149). Por razones que se explicarán más adelante, vale la pena, no perder de vista esta afinidad de criterios que se dio entre Trujillo y López Contreras puesto que ella habrá de recurrir en más de un sentido durante el Gobierno de la Junta.

En todo caso, la confesión hecha en su mensaje radial del 30 de octubre demuestra que la Junta Revolucionaria se había privado, por la iniciativa del representante diplomático de Trujillo, de dar un paso que el propio Betancourt ya había meditado de antemano. Se iniciaba así una navegación en medio de reconocimientos pero también de rupturas que, como en el caso dominicano, habría de escalar hasta alcanzar un nivel alarmante, inclusive para los Estados Unidos. Sin embargo, lo más significativo de aquella guerra no será el duelo de palabras que, dicho sea de paso, jamás cedió en intensidad. Lo será en realidad el hecho de que Betancourt y Trujillo debieran soportar, cada uno desde sus respectivos cuarteles, las conjuras y expediciones que se tramaran en su contra.

Con todo, y mucho antes de que la dinámica desembocara en un plano de total hostilidad, como en efecto se hizo patente a partir de 1946, el gobierno de Betancourt intentó ser cauto en algunos aspectos como, por ejemplo, al tener la intención de confinar su apoyo a los exiliados dominicanos al terreno de lo meramente declarativo. Ello lo explica muy bien Jorge Valero al afirmar que, más allá de la artillería verbal de la Junta, la lógica política imponía cierta prudencia. Y para ilustrar que Betancourt fue cauteloso al respecto, afirma: «[L]a Junta de Gobierno no quería, al comienzo de su mandato, comprometer todo su respaldo con el movimiento subversivo que se gestaba contra (…) Trujillo. La explicación es sencilla: los líderes de AD no querían crear indisposición en los círculos de poder en Estados Unidos que veían con cierta alarma las gestiones que realizaba Juan Bosch, uno de los principales líderes de la oposición dominicana». El autor agrega algo más para darle relieve a esta actitud de la Junta: «Valmore Rodríguez [quien ocupaba el Ministerio de Relaciones Interiores y formaba parte del grupo fundador de AD] explicó que Betancourt se había opuesto a proporcionar a Bosch ayuda material para que combatiera al dictador dominicano (…) Rodríguez dijo también que Bosch había intentado (…) comprar algunas de las armas tomadas del Cuartel San Carlos en los días de la revuelta contra Medina». En este caso, el activista dominicano recibiría, por parte de los jerarcas de AD, una negativa rotunda (Valero, 2001: 137-138).

El inicio de 1946 y, por tanto, los primeros meses de gobierno de la Junta Revolucionaria, testimoniarían la acogida que el régimen trujillista comenzó a dispensarle a algunos elementos que ya proclamaban abiertamente su hostilidad al proyecto adeísta. Tal fue el caso de Rafael Simón Urbina, el mismo que cuatro años más tarde tendría en sus manos la suerte de Carlos Delgado Chalbaud. «Mezcla de hampón y aventurero político», como lo calificara el diario progubernamental El País (04/01/46), Urbina figuraría entre los primeros sentenciados por el Tribunal de Responsabilidad Civil y Administrativa durante los días de enero de ese año, acusado –según lo anotaba por su parte El Nacional– de «haber arrasado despiadadamente con el situado (…) del Territorio Amazonas durante el corto lapso que le tocó gobernarlo» (El Nacional, 21/01/46).

De todos los periódicos caraqueños, será justamente El Nacional el diario que tal vez más abunde sobre la noticia de que Urbina había recibido de Trujillo un cable invitándolo a trasladarse a Santo Domingo desde el sitio de su exilio, «poniendo a su disposición dinero, medios de propaganda y recursos militares». El diario anotaba, a renglón seguido que, «en gesto de fanfarronería», el exguerrillero antigomecista se preciaba de decir lo siguiente sobre el cable y la invitación: «Después de esto, la Junta Revolucionaria es cadáver». Y agregaba: «Parece que, en efecto, Chapita[1] [Trujillo] cumplió su promesa. Urbina se encuentra en Santo Domingo (…) y habla con frecuencia por las emisoras, profiriendo insultos y amenazas contra la Junta Revolucionaria y, particularmente, contra el señor Rómulo Betancourt» (ibíd.).

Si tales peroratas eran extravagantes por sí mismas, al diario no se le escapaba llamar la atención sobre la altisonancia con que Urbina solía cerrar sus arengas reiterando que ni pedía ni daba cuartel. «En esas transmisiones –apuntaba El Nacional– Urbina hace llamamientos a un movimiento insurreccional contra la Junta Revolucionaria, invitando a los venezolanos a ‘organizar la resistencia interior’». Lo más notable de este irresistible retrato hecho por el rotativo caraqueño es tal vez lo que a continuación sigue: «[Agregaba Urbina que mientras] la Junta se sostiene por el terror (…) el pueblo dominicano está viviendo en medio de la mayor felicidad» (ibíd.). Obviamente, las insólitas declaraciones de Urbina daban pie a que los redactores de El Nacional se solazaran con humor aunque, tal vez por error, a que lo subestimaran también: «[L]a mayoría opina que la actitud amenazadora de Urbina es apenas un hábil ardid para arrancarle sumas de dinero al tirano de Santo Domingo».

Si bien Urbina no tardó en desplazarse a Colombia para organizar desde allí su propia red conspirativa, lograría hacer que, con los auspicios de Trujillo, saliera publicado por las prensas dominicanas un libro de su autoría titulado Victoria, dolor y tragedia, tal vez una de las más agresivas y violentas colecciones de dicterios que se conozcan contra la Junta, sus miembros y algunos otros actores de la política del trienio populista (Castro, 2008: 69-71). Por su parte, a la hora de seguirle los pasos a Urbina y sus planes insurgentes, Jorge Valero aporta un dato que no deja dudas acerca de la catadura del personaje: ocurridos los sucesos del 18 de octubre –apunta Valero citando fuentes del Departamento de Estado– «Urbina se cayó a tiros con fuerzas de la Junta [Revolucionaria de Gobierno] que fueron a arrestarlo, matando por lo menos a un policía antes de escapar». Agrega que Urbina era calificado por los diplomáticos estadounidenses en Caracas como un «machetero bien conocido» y que, en tal sentido, el FBI tenía conocimiento de que, luego de su breve recalada en los predios de Trujillo a comienzos de 1946, el exguerrillero se movilizaba por Barranquilla tejiendo un plan para acabar con la vida de Betancourt (Valero, 2001: 138).

Justamente ese año 46, durante la única gira que emprendiera al exterior como Presidente del Gobierno Provisional, Betancourt pondría de relieve la calidad de las alianzas democrático-reformistas que emergían en la región, lo que a la vez se traducía en nuevas y desconocidas enemistades para Trujillo en Santo Domingo, Anastasio Somoza en Nicaragua e, incluso, para el anciano Tiburcio Carías en Honduras. De hecho, en el caso particular de los dos primeros, Trujillo y Somoza eran conscientes de que su especial notoriedad hacía que su situación fuese más vulnerable ante los nuevos entornos. Si bien ambos, como lo advierte el historiador estadounidense Charles Ameringer, habían sido sensibles a factores externos como la opinión pública internacional, la emergencia del vecindario reformista era motivo de mucha mayor alarma. No parece haber exageración alguna a este respecto, especialmente si se toma en cuenta el potencial que representaban países como Cuba o Venezuela a la hora de facilitar que los elementos del exilio hallasen allí un asiento seguro para sus despliegues. Solo por eso se comprende entonces la inquietud que embargaba a Trujillo y Somoza (Ameringer, 1996: 5).

El periodista Miguel Otero Silva, redactor-jefe del diario El Nacional y quien acompañaría a Betancourt en calidad de corresponsal durante esa gira en julio de 1946, afirmó a su regreso a Caracas que el Presidente de la Junta había sido categórico hasta en la escogencia de su itinerario. Rápido como habitualmente lo era para las salidas ingeniosas, Otero Silva quiso redondear de este modo sus impresiones acerca de aquel tráfico entre las nubes de los tres aparatos de la Línea Aeropostal Venezolana que transportaron a la comitiva por el Caribe y Centroamérica: «[Betancourt] saltó por encima del Santo Domingo de Trujillo para caer en la Cuba de Grau; visitó el México de Ávila Camacho y la Guatemala de Arévalo, pero esquivó el aterrizaje en la Honduras de Carías y en la Nicaragua de Somoza. Panamá y Colombia democráticas completaron la trayectoria. O sea, que los aviones venezolanos fueron en busca de tierras libres y apartaron sus alas de gobiernos despóticos» (El Nacional, 31/07/46).

Durante la primera de sus escalas, Betancourt llegaría a La Habana no solo con la intención de explicar el alcance de los programas adoptados por la revolución octubrista sino para expresar su apoyo y solidaridad con aquellos gobiernos cercanos en sintonía y coincidencias, como Cuba, México, Guatemala y Panamá (Alexander, 1982: 283). Betancourt fue claro al mencionar que, a su salida de Caracas, se había efectuado una ronda de detenciones preventivas a fin de averiguar las intenciones de algunos elementos a quienes se les sindicaba de hallarse implicados en planes conspirativos. Los temores en tal sentido no eran vanos ni infundados. Ya en enero de ese año 46 había tenido lugar un amago de insurrección en la ciudad de Maracay, aun cuando solo sería en octubre que se debelaría un plan insurreccional de mucha mayor envergadura en el marco de las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente y, luego, el 11 de diciembre, otro más grave aún debido al hecho de que terminó contando con la actuación, clara y manifiesta, de algunos militares que habían abjurado del 18 de octubre, entre ellos, Juan Pérez Jiménez, quienes llegaron al punto de controlar brevemente La Victoria, Valencia y la base aérea de Maracay antes de que la rebelión fuera sometida (ibíd., 246-247).

Pero en la oportunidad de su escala habanera, y a diferencia de lo que será su actitud ante las restantes conjuras de 1946, Betancourt no daría a entender –al menos explícitamente– que aquellos sujetos, preventivamente privados de libertad, contaran con el apoyo o la anuencia de factores externos como Trujillo. Sin embargo, El País, en una edición del mes de enero en que tuvo lugar el primer conato de alzamiento antes mencionado, alertaba ya sobre la significativa concentración de exiliados venezolanos en Santo Domingo, editorializando de esta forma: «En la capital de ese infortunado país, y al amparo y bajo los auspicios del régimen que lo oprime, está realizándose una concentración de aventureros políticos, harto descalificados por la opinión pública de Venezuela, que enardecidos de odio contra la obra del Gobierno Revolucionario, abrigan el disparatado designio de llegarse hasta nuestras costas en son de guerra. La bandera corsaria de Rafael Leonidas Trujillo, el dinero robado a Venezuela y a la República Dominicana, la soberbia de unos y el rencor del tiranuelo quisqueyano, se maridan en esa empresa de piratería, en esa empresa antinacional y antipopular que está destinada a ruidoso fracaso (…) pero que puede ser intentada (…). Es necesario decir estas cosas con cabal franqueza porque mantenerlas ocultas sólo contribuye a que crezcan los rumores lanzados con intención de alarmar» (El País, 09/01/46; ARDP, II: 292).

Aparte, en su conversación con los periodistas cubanos durante esa gira del año 46, Betancourt le daría contornos a lo que, a su entender, debía ser una doctrina que dotase de nuevo contenido a la política interamericana y, por ese camino, a la posibilidad de que se promoviera el concepto de una «intervención colectiva», a pesar del siempre delicado prurito que implicaba la intromisión en asuntos internos. Estimaba Betancourt que las condiciones internacionales al concluir la Guerra Mundial daban pie a la emergencia de una conducta «preventiva» y a ella apostaba teniendo a la vista lo que sería la Conferencia de Río de Janeiro de la que habría de emerger el nuevo sistema interamericano de defensa. Por ello dirá, considerando no solo las amenazas extracontinentales sino la persistencia de regímenes no democráticos para la definición de ese encuentro regional: «Somos partidarios de que haya un tipo de intervención de unos países en la política interna de otros, que no sea incompatible con el celoso e intransigente criterio de que los pueblos soberanos no deben admitir interferencias en sus negocios internos. Creemos –concretando– que ningún país de América que practique y respete la democracia, debe mantener relaciones diplomáticas con gobiernos que opriman o humillen a su pueblo. Por pensar así, nuestro gobierno rompió relaciones con el de Franco y con el de Rafael Leonidas Trujillo».

Más adelante, durante ese mismo encuentro, usaría un símil muy peculiar para describir la situación planteada por la posguerra y el tipo de acciones que, en tal sentido, podrían tomarse: «[C]onsideramos que sería muy conveniente para la América que en la próxima Conferencia de Río de Janeiro los países todos que formamos el Continente definiéramos una situación con respecto a los gobiernos que son vergüenza americana. Cuando un criminal está perpetrando un atentado, la policía echa abajo la puerta de la casa donde se perpetra el crimen para impedirlo. Del mismo modo, no es violación de los fueros soberanos de un pueblo el que los gobiernos de otros países rehúsen mantener con el gobierno aquél relaciones diplomáticas, cuando ese gobierno está atentando contra la libertad, el decoro y la libertad de ese pueblo. Nosotros somos anti-intervencionistas en el sentido de que creemos que todo país cuando está gobernado democráticamente tiene el derecho de trazarse sus propios rumbos. Pero somos partidarios de la intervención colectiva de los países democráticamente regidos para impedir que persistan en América gobiernos dictatoriales o déspotas» (PPV-SXX, 51-XXXV: 287).

Obviamente, el gobierno dominicano no se mantendría indiferente y, con base en opiniones como las expresadas en La Habana, calificaría al régimen de Betancourt de agresivo e interventor. A juicio de sus diplomáticos, la calificación que se hacía de la naturaleza de cualquiera de los gobiernos que cohabitaban en la región se prestaba a una teoría intervencionista contraria a los principios del sistema panamericano. Le corresponderá al propio canciller de Trujillo decir que el «nuevo sentido de la política interamericana» que proponía Betancourt respondía a «un espíritu internacional de tipo imperialista, incompatible (…) con el fundamento mismo del sistema aceptado y vigente de una convivencia continental», agregando de seguidas el punto de vista según el cual «el propio Betancourt, en visita oficial por algunos de los países de la región, sembró la semilla del desorden» (citado por Castro, 2008: 59).

Por si fuera poco, aunque mucho más tarde, consumada ya la caída del Trienio en Venezuela, el Generalísimo en persona habría de referirse a esa gira del 46 y hacer una valoración de las doctrinas expuestas por Betancourt. En tal sentido, Trujillo dirá lo siguiente ante el Congreso de su país: «En julio de 1946 realizó el Jefe de la Junta Revolucionaria de Gobierno una llamativa y aparatosa visita a varios países de la hoya del Caribe con el objeto de entredecir la posición internacional de nuestro país y propugnar su aislamiento en el hemisferio». Agregaba el ofendido mandatario: «La Cancillería dominicana protestó de aquella escandalosa e insólita acción que significaba el abandono de las normas jurídicas, de los principios más firmes y de las reglas mejor establecidas de todo el régimen internacional americano. Desde entonces se puso de manifiesto –visiblemente soliviantado por el temperamento demagógico, sedicioso y subversivo del presunto Jefe del Gobierno venezolano– el nuevo espíritu que se deseaba transmitir a las relaciones internacionales, del que viene resintiéndose la República Dominicana con graves perjuicios de todo linaje y condición» (ibíd., 98).

El propio Betancourt habría de reaccionar ante la airada actitud dominicana cuando, pocos meses después de la gira, le ponga voz a la forma como –a su juicio– el Gobierno Provisional había inaugurado «un nuevo estilo en política exterior». La oportunidad para ello será el mitin celebrado en la plaza Urdaneta de Caracas, en octubre de 1946, para conmemorar el primer aniversario del 18 de octubre. Allí, el máximo líder de la Junta Revolucionaria diría lo siguiente, dando a entender que sin mucho esfuerzo pero con sobrado cinismo el régimen de Trujillo pretendía hacer que las cosas se percibieran al revés: «Rompimos también relaciones con la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo. Y sabe a cosa pintoresca que haya lanzado la Cancillería de Santo Domingo un Libro Blanco dedicado a demostrar ante América como no es el régimen de Trujillo aquel en torno del cual debe crearse un cordón profiláctico por las naciones democráticas, sino el Gobierno de Venezuela» (PPV-SXX, 51-XXXV: 322).

El futuro presidente Joaquín Balaguer, quien estuvo al frente de la embajada dominicana en Bogotá en tiempos más o menos coincidentes con la actuación de Betancourt y de la Junta Revolucionaria de Gobierno, confiesa haber experimentado la creciente hostilidad que se manifestaba también en la prensa colombiana hacia el régimen de Trujillo, dando como resultado que sus gestiones se tornaran más arduas. Pero no solo se trataba de la incómoda presencia de aquellos exiliados que hallaban acogida en la prensa liberal colombiana, sino del modo como las tirantes relaciones entre Trujillo y Betancourt tendía a subirle la temperatura al rechazo que se experimentaba en otros puntos de la región hacia el régimen dominicano. Al hablar así, en sus memorias, del trance que supuso ser el mayor representante de Trujillo en Colombia, Balaguer anota: «La prensa (…) con el ‘Tiempo’ y ‘El Espectador’ a la cabeza, continuó haciéndole el dúo a la de Venezuela, donde el árbitro en esos momentos era Rómulo Betancourt, en su campaña en favor de la instalación de gobiernos democráticos, especialmente en el Caribe» (Balaguer, 1988: 125). Será el mismo Balaguer quien admita, hablando del tono que cobraba la disputa, que no había ocasión donde coincidieran los representantes de Caracas y Santo Domingo que no ocurriesen cruces violentos entre sus delegados. «[L]as relaciones (…) habían descendido hasta el extremo de que en los cónclaves internacionales se hicieron de rigor los choques verbales» (ibíd., 131).

Pero además de las respectivas alineaciones caribeñas por un lado, y, por el otro, el derroche de un lenguaje mutuamente despectivo entre Caracas y Santo Domingo que cobraba vuelo en la prensa y en los foros internacionales, el proyecto de AD en el poder habrá de descubrir, en medio de la epidemia de complots contrarrevolucionarios, que la mano de Trujillo estrecharía en algún momento la del más persistente y temible adversario con que contaba la Junta Revolucionaria desde el exilio: la del general y expresidente Eleazar López Contreras.

Las conexiones de «Chapita»

En un ensayo titulado «Maneras de la sedición», Karl Krispin ha logrado contabilizar al menos ocho complots dirigidos contra el régimen de la Junta Revolucionaria de Gobierno entre enero de 1946 y febrero de 1948, ya en vísperas de asumir el nuevo gobierno presidido por Rómulo Gallegos. En al menos tres de esos ocho intentos insurreccionales, el autor detecta la participación del expresidente López Contreras o de figuras de filiación lopecista, mientras que, en al menos dos de los ocho, advierte de cerca la sombra de Trujillo (Krispin, 2000: 210-211). Con menos paciencia investigativa que Krispin pero con más vehemencia al afirmarlo, Jesús Sanoja Hernández apunta lo siguiente: «No eran inventos gubernamentales los planes subversivos de grupos reaccionarios y militares coligados, como tampoco lo fueron los intentos de invasión desde República Dominicana, aherrojada por Rafael Leonidas Trujillo» (Sanoja, 2007, I: 91).

Por su parte, Margarita López Maya, quien exploró a fondo los archivos oficiales del Gobierno de EE.UU., señala: «Resulta bastante difícil calcular en cuántas conspiraciones y durante cuánto tiempo estuvo comprometido en alzamientos el general» (López Maya, 1996: 213). Y agrega, para mayor énfasis: «[L]o cierto es (…) que López Contreras conspiró contra el gobierno de la Junta Revolucionaria por todos los medios y casi todas las conspiraciones denunciadas en aquellos días por el gobierno venezolano están corroboradas por documentos que reposan en los Archivos Nacionales de los EE.UU.» (ibíd.).

Pero también cabe citar a esta autora por las implicaciones que tiene otra afirmación suya cuando habla, en este caso, de los quince meses que separaron a enero de 1946 de marzo de 1947: «En el transcurso de ese tiempo fueron muchas las conspiraciones asociadas a López Contreras de las que se había hablado. Tantas, que podemos hablar de un rumor permanente en el cual se fraguó en el ex Presidente la imagen del enemigo principal del régimen» (ibíd., 209). Este juicio es demasiado importante como para no detenerse un poco más al respecto. Entre otras cosas, porque esa etapa «conspirativa» en la carrera de López Conteras ha sido soslayada por el pudor de ciertos autores. De allí que si algo conviene, para el enriquecimiento de su propia figura, sea reparar en ella y valorarla sin complejos.

Efectivamente, con López Contreras la sangre llegará al río y, lo que es más, será ese capítulo de las conspiraciones lo que lo mantenga con vida, políticamente hablando, y en boca de todo el país, después de los sucesos de 1945. Convendría, en tal sentido, retener este juicio del historiador Juan Bautista Fuenmayor cuando habla del «temor de Betancourt de que López hiciera uso de sus fuerzas o prestigio dentro del Ejército para intentar una vuelta al poder. Betancourt no ignoraba que los contingentes militares lopecistas participaron en el Golpe de Octubre con la creencia de que su Jefe máximo sería respetado y hasta enaltecido, una vez que Medina fuese derrocado. No ocurrió así, y era de esperarse una violenta reacción de su parte» (Fuenmayor, 1981, VI: 294). Otro autor ha intentado sintetizar a su modo las razones que hicieron que el ánimo «revanchista» de López creciera como resultado de los agravios recibidos: «[A]ventado del país por obra de un régimen como la Junta Revolucionaria de Gobierno cuya legitimidad de origen no reconoce, que lo despoja de sus fueros, le confisca sus bienes, lo somete a los rigores de un Decreto de Expulsión a fines de noviembre de 1945 y, al mismo tiempo, a la vejación de lo que debió suponer en lo personal la acusación formulada por la Comisión Calificadora de Funcionarios Públicos instalada en Caracas, durante el mismo mes de noviembre de 1945 y, a continuación, por el Jurado de Responsabilidad Civil y Administrativa» (Mondolfi, 2009: 18).

En pocas palabras –como quiso graficarlo el semanario Fantoches–, López se mantendría «en plan de beligerancia política» (Fantoches, 22/02/46; ARDP, III: 31). Muy distinto será el caso del depuesto presidente Medina, el cual nunca tuvo respuestas eficaces contra quienes lo derrocaron y quien más bien se mantuvo al margen y jamás participó del juego conspirativo. A diferencia de López Contreras, Medina terminará convertido en una especie de muerto político a partir del 18 de octubre. Este fue incluso el parecer de un partidario cercano a López cuando intentó compararlo con Medina: «Extrañado a Estados Unidos, López Contreras, en lugar de dedicarse a la apacible vida que en Nueva York llevaba Medina, y de resignarse al exilio que con tanta paciencia soportó éste, dióse a la tarea de reunir en un solo bloque a todos los enemigos de Acción Democrática para hacerle frente a la ignominia reinante en Venezuela» (Landaeta, 1955: 77). La conformación de ese bloque de «enemigos de AD» no admitiría discriminaciones, al punto de que habría de contar, incluso, con la membresía de Trujillo.

Juntando lo dicho hasta ahora, cabría hacerse entonces esta pregunta: ¿en qué momento y por qué se cruzaron los planes de Trujillo y López Contreras? Las evidencias que se desprenden de los papeles y, sobre todo, el encono que habría de apoderarse de López Contreras, parecen indicar que tenía mucho sentido, dentro de la lógica del poder y de la guerra, que el expresidente López, en su propio duelo con la Junta Revolucionaria de Gobierno, resolviera entenderse en algún momento, bien directamente o a través de emisarios de confianza, con el archienemigo externo de Betancourt.

Para comenzar, la precariedad de recursos con que podía estar en capacidad de librar esa guerra desde el exilio no hacía extraño que López se planteara acudir en busca de apoyo material en Santo Domingo. Aún más, vista la forma como se conceptuaba su prestigio y liderazgo entre quienes, en Venezuela, apostaban a una salida de AD por la fuerza, resulta lógico suponer que López aprovechara tales circunstancias y se vinculara eventualmente con quienes Betancourt bautizara –refiriéndose a tales conexiones– como «los empresarios de invasiones desde el exterior» (Betancourt, 2006: 217). A partir de su accidentado destierro, que comenzó en Miami, siguió en Colombia y concluyó de nuevo en Miami y Nueva York, López Contreras debió haber leído e interpretado bien la enemistad jurada entre ambos regímenes y las líneas irreconciliables trazadas entre Caracas y Santo Domingo. Era explicable, pues, que el general aventado al exilio creyera conseguir en Trujillo el respaldo necesario para las invasiones que él mismo había pretendido tramar sin éxito hasta entonces. Fracasados los que pudieron ser sus primeros intentos de que el frente insurreccional quedara establecido en la vecina Colombia, el general –como se ha dicho– se asentó de nuevo en Miami, desde donde entablaría conexión con las redes conspirativas del Caribe. De este modo, por razones de proximidad al nuevo domicilio de López, y en función de la guerra sin cuartel que se libraba entre Betancourt y Trujillo, se explica que Santo Domingo fungiera, con el correr del año 46, como el epicentro de los planes militares lopecistas.

Ahora bien, convendría hacer un alto y aclarar algunos pasos previos de lo que, a todas luces, terminó convirtiéndose en un entendimiento más pragmático que ideológico entre López y Trujillo. Durante su Presidencia entre 1936 y 1941 López Contreras –como se apuntó en algún momento– apostó a ser cauto en sus relaciones con la República Dominicana, tal vez incluso como una de las tantas formas que tuvo para desvincular su gestión del pasado gomecista. Esto seguramente dio pie a que Trujillo desaprobara el estilo político de López, según lo anota Julio Portillo, quien agrega: «Las relaciones entre el Gobierno de López Contreras y la dictadura de Trujillo [fueron] cayendo en un hielo, para tornarse después en borrascosas» (Portillo, 1991: 128). Incluso, como también llegó a advertirse, en tiempos del quinquenio lopecista se registraron serios roces a causa –especialmente– de los exiliados dominicanos radicados en la capital venezolana.

Aparte de ello, y descontando que la Cancillería de Trujillo llevara a cabo desde muy temprano gestiones oficiosas ante otros gobiernos para obtener la liberación de López y Medina (presos desde el 18 de octubre en la sede de la Escuela Militar), López Contreras mantuvo una actitud distante y reservada en otra oportunidad clave. Se trató esta vez cuando los dos expresidentes, junto a varios ministros y militares afectos, hicieron una escala en Santo Domingo en ruta a Miami, a fines de noviembre de 1945 (Castro, 2008: 64). En realidad, la escala del clipper de la Pan American que transportaba a los desterrados estaba prevista como una parada técnica para reponer combustible, ello a pesar de la delicada circunstancia de que todo contacto aéreo entre Caracas y República Dominicana estaba suspendido. El caso es que algunos funcionarios de Trujillo intentaron recibir a los depuestos gobernantes para ofrecerles hospitalidad, pero éstos se negaron con el protocolo del caso. Un autor dominicano contemporáneo a los hechos aquí referidos enfatizó lo siguiente al explicar la bienvenida que intentó dispensárseles: «Si la hubieran aceptado, juntamente con sus acompañantes, casi todos miembros del gobierno de Medina, Trujillo les hubiera convencido de que constituyesen allí el Gobierno, dándole su reconocimiento inmediato, como legal, de Venezuela. Pero ni Medina ni López Contreras quisieron quedarse. Esto frustró el propósito» (Gregorio Bustamante, citado por Castro, 2008: 66). Si bien, en este punto, fracasó la política trujillista, una dinámica muy distinta a la planteada hasta entonces llevaría a López a renunciar al prurito de verse asociado de alguna manera a Trujillo.

La historiadora López Maya sostiene, de modo contundente, que en la trayectoria de López Contreras como desterrado hubo un antes y un después: entre enero y marzo de 1946, su valor estuvo en alza entre los sectores de la oposición venezolana que lo reconocían como referente máximo en el exilio; pero su actitud hasta ese punto sería de apaciguamiento frente a la Junta Revolucionaria de Gobierno, entre otras cosas porque «las relaciones entre los viejos y nuevos actores políticos venezolanos aún no se habían definido con claridad» (López Maya, 1996: 210). Así lo confirma también Leonardo Altuve Carrillo, un allegado a López y testigo cercano de los acontecimientos. Altuve dirá lo siguiente, hablando del general cuando aún contemplaba los acontecimientos desde Medellín: «Los adecos cada día se hacían más odiosos, y el morbo de la conspiración contagió saludablemente a Venezuela. Yo mantenía correspondencia con el Gral. López Contreras (…) [pero] el General López no había enviado ninguna orden de alzamiento; por el contrario, recomendaba esperar algún tiempo» (Altuve, 1973: 184).

En cambio, a partir de marzo de 1946, cuando el Tribunal de Responsabilidad Civil y Administrativa accione en su contra y lo despoje de sus bienes, sus tareas conspirativas no conocerán tregua (Mondolfi, 2009: 24). A Juan Bautista Fuenmayor le debemos haber intentado interpretar los sentimientos que anidaron en López Contreras a partir de ese momento. De hecho, tal vez no exista estampa que pueda sustituir este magnífico retrato que brinda el historiador zuliano: «López Contreras no iba a resignarse a sufrir en silencio los ataques que se le dirigían (…) Los hombres, dice Maquiavelo, pueden perdonar, con el tiempo, el asesinato del padre o de los hijos, realizado por el Príncipe. Sin embargo, no perdonarán jamás ningún atentado contra sus bienes materiales. Y este era el caso de López Contreras. Por consiguiente, forzoso era que se pusiera en armas contra la gloriosa revolución de Betancourt» (Fuenmayor, 1981, VII: 160-161).

Tanto como su apoyo a planes de tipo militar, el régimen de Trujillo expresaría otras formas de solidaridad con quienes se vieron aventados del país por decisión de la Junta Revolucionaria de Gobierno, o que se acogieron voluntariamente al exilio. Una de ellas fue hacer de Santo Domingo asiento de una activa diáspora, estimulando que algunos de sus miembros desarrollaran una intensa labor de propaganda antiadeca a través de la prensa y, también, por las ondas radiales de «La Voz del Yuna». Bajo la égida de la denominada «Agrupación dominico-venezolana» a cargo de Federico Landaeta, estrecho colaborador de López Contreras (Castro, 2008: 75), se haría habitual ver publicados en los principales diarios controlados por el oficialismo los testimonios y las acres opiniones de los venezolanos opositores a Betancourt.

El propio Landaeta, uno de los beneficiarios directos de ese asilo brindado por Trujillo, dejó constancia de la labor de mella que intentaron hacer contra la Junta más allá de las fronteras venezolanas: «El Generalísimo Trujillo (…) nos hizo proporcionar trabajo en el diario ‘La Nación’ y nos ofreció, en la forma más cordial y generosa, asilo para todos aquellos venezolanos (…) que quisiesen encontrar en la isla paz y tranquilidad, así como trabajo y el pan nuestro de cada día. (…) En La Nación, así como [en El Caribe y] en El Urgente, que nos tocó dirigir, iniciamos y mantuvimos, apasionadamente, la más violenta y enconada campaña contra el Romulato imperante en Venezuela. (…) Corolario a la campaña de prensa, en la que publicamos alrededor de mil doscientos artículos, cartas y manifiestos en tres años, fue la (…) protección del coronel José Arismendi Trujillo Molina, hermano del Generalísimo y propietario de la potente emisora ‘La Voz del Yuna’ (hoy, La Voz Dominicana), quien nos dio el cargo de comentarista internacional de su estación. Y así, entre lo que a diario escribíamos en los rotativos y a diario también transmitíamos tarde y noche, por las ondas radiales, estuvimos lanzando impactos a Betancourt y su sistema» (Landaeta, 1955: 63).

Incluso, la labor promovida desde Santo Domingo iría más lejos hasta llegar al campo editorial. Dos libros en particular patrocinados por el trujillismo –el difamatorio volumen Victoria, dolor y tragedia de Rafael Simón Urbina ya mencionado (reeditado en la isla en 1946), y Venezuela dentro de la órbita soviética, escrito al alimón por Graciela Rincón Calcaño y José Vicente Pepper en 1947, cumplirían un papel relevante en esa campaña de descrédito contra la Junta de Gobierno, especialmente el último. Como lo indica su título, el libro de los esposos Pepper-Rincón tenía por objeto denunciar la supuesta «sovietización» del Caribe promovida por Betancourt, acusar a los adecos de cometer actos de tortura contra presos políticos, y, dentro de esa racha de ataques a mansalva, acusar a la Junta Revolucionaria de un empeño por desarticular a las Fuerzas Armadas con el único fin de subordinarlas «al servicio soviético» (Castro, 2008: 86-88). Por cierto, el diario Últimas Noticias informaría a su lectoría en mayo de 1947 que el libro en cuestión –contentivo, según la nota, de «una ola de improperios contra el Gobierno de la Junta, los comunistas venezolanos, los diarios Últimas Noticias y El Nacional y contra representantes de la Asamblea Nacional Constituyente»– había comenzado a circular clandestinamente en Venezuela en forma de fotostato (Últimas Noticias, 06/05/47; ARDP, vol. IV-A: 596).

Ya desde su propio exilio en la década de 1950, y en las páginas de la revista Bohemia de la cual sería colaborador frecuente, Betancourt dejaría sentados algunos comentarios sobre la estrategia concebida por Trujillo para defenderse de la «profilaxia internacional» que había sido decretada en su contra por el Gobierno de la Junta: «La respuesta de la dictadura dominicana fue violenta, airada. (…) Lo primero que hizo el señor Trujillo fue llamar a Santo Domingo a los enemigos del régimen democrático de Venezuela que andaban por América. (…) [U]na circular de la Secretaría del dictador a sus embajadas y legaciones [comunicaba] la orden de excitar a los enemigos del Gobierno popular de Venezuela para que se trasladasen a tierra quisqueyana a fin de suministrarles ‘Protección personal y política’. Atendiendo ese llamado a somatén viajaron presurosamente hacia la llamada Ciudad Trujillo unos cuantos Rinconetes y Cortadillos de la picaresca política venezolana: ‘generales’ sin prestigio y sin gente, gacetilleros de a tanto la cuartilla, caballeros de industria disfrazados de ‘víctimas’. Y desde las páginas de la prensa regimentada y desde los micrófonos de ‘La Voz del Yuna’ lanzaron paletadas de insultantes conceptos y de invectivas pornográficas contra la nación venezolana, contra sus gobernantes, contra el Ejército y demás instituciones de mi país» (Bohemia, s.f. ARDP, febrero de 1948-mayo de 1951: 343).

La Asamblea Constituyente también declara la guerra

En medio de la guerra de palabras entre el régimen dominicano y la Junta Revolucionaria de Gobierno, la Asamblea Nacional Constituyente –instalada en diciembre del 46– también tendría qué opinar sobre Trujillo. De hecho, sesionando el día de las pascuas navideñas, quedó abierto el debate para la aprobación de un acuerdo en condena, por igual, de Trujillo y del régimen de Franco en España. El diputado Lorenzo Fernández, jefe de la fracción parlamentaria de COPEI en ausencia del –también– diputado Rafael Caldera, expresó la conformidad de su partido con la propuesta auspiciada por algunos representantes de AD, siempre y cuando se extendiera a reprobar por igual al régimen soviético. Según la reseña que de aquella sesión hiciera la prensa, «Aquí la barra prorrumpió en pitos y gritos, el Presidente de la Asamblea, doctor Andrés Eloy Blanco, amenazó con hacer desocupar el balcón superior del hemiciclo donde se hallaba un numeroso público, del cual partieron los gritos y pitos» (La Esfera, 25/12/46; ARDP, vol. IV-A: 184). A pesar de la dificultad de coincidir en torno a muchos otros temas debatidos por la Asamblea, las bancadas de AD y el PCV dieron su apoyo al acuerdo, negando de paso la adición propuesta por Fernández. Según la prensa, el acuerdo fue acogido por la mayoría asambleísta, con el voto negativo de la bancada de COPEI y de los presbíteros que concurrían como diputados a la ANC (El Nacional, 25/10/46; ARDP, vol. IV-A: 184).

Edecio La Riva Araujo, también diputado por COPEI, dejaría clara la postura de su partido cuando, más adelante, volviera a plantearse un debate sobre el tema de Santo Domingo, en pleno hervidero de conspiraciones. Dirá el diputado, permitiéndose la ligereza de aludir al Generalísimo con su popular apodo de «Chapita»: «Nunca la voz copeyana en el seno de esta Asamblea se opuso a una determinada política que siguiera el Gobierno Revolucionario en el campo internacional (…) Nosotros solamente llegamos a exigir una condición, en la oportunidad de los primeros debates de la Asamblea Nacional Constituyente. Y si acaso hay algún reparo que pueda hacérsele a la política internacional del Gobierno Revolucionario, es que si definitivamente iba a trazarse una línea democrática, debían al propio tiempo de romper (…) con ‘Chapita’, romper con José Stalin, que también tiene una triste y vergonzosa tiranía en una gran parte del mundo» (PPV-SXX, 1983, 63-A: 102).

Como era de esperarse, uno de los dos diputados del PCV que mayor número de derechos de palabra solicitara para opinar en torno al tema –Juan Bautista Fuenmayor– sería particularmente duro en sus intervenciones, sobre todo cuando, ante los crecientes rumores que circulaban en la prensa y los mentideros políticos, López Contreras era visto como una especie de «Aníbal ad portas» que operaba con la anuencia de Trujillo. Fuenmayor dirá, en el curso de uno de los debates: «[H]abremos de tener un Ejército Unido y un Ejército disciplinado para el caso de que la insurgencia reaccionaria se presentase o para el caso de que llegase a tener vigencia la invasión que todo el mundo dice, porque ya es un secreto a voces, que tiene preparada López Contreras con el apoyo de Chapita (…), con el apoyo disimulado de los imperialistas y de todos los elementos reaccionarios del Continente, que no pueden ver con buenos ojos que en Venezuela se esté marchando por caminos nuevos (…). Por eso tenemos que López Contreras encuentra afuera verdadero eco a todas sus maquinaciones invasionistas» (PPV-SXX, 1983, 60: 196-198).

Trujillo y Santo Domingo volverán a recurrir en el debate, pero ya con relación a un aspecto particular de la campaña que se promovía desde la isla en descrédito de Betancourt: la supuesta tortura ordenada por la Junta contra presos políticos y lo que era más: que tales actos aflictivos eran ejecutados, para su deleite y fruición, en presencia, entre otros, del poeta Andrés Eloy Blanco, presidente de la ANC. Sobre este caso, el diputado del PCV Gustavo Machado intervendrá diciendo: «El escándalo de las torturas (…), el arma política de las torturas es el arma principal que están esgrimiendo en estos momentos, en Venezuela y en el exterior, los conspiradores y los complotistas, los que pretenden venir, con los aviones de Chapita, de Santo Domingo (…) para invadir el territorio nacional. (…) El peligro de insurrección no está descartado, ciudadanos representantes. Eso lo sabe todo el mundo. Desde Santo Domingo, el señor Pepper, el señor Federico Landaeta (…) y toda la gente que conspira en el exterior con el apoyo de Chapita (…) siguen conspirando y amenazando no solamente al movimiento democrático, no solamente al Partido Comunista, sino la estabilidad de esta Asamblea Constituyente» (PPV-SXX, 1983, 61: 179-239). El propio Andrés Eloy Blanco, cuando le tocase el turno de hablar, no esquivaría el tema, admitiendo el desagrado que le suscitaba semejante imputación, sobre cuya fuente de procedencia nadie –a su juicio– tenía dudas: «Aquí, según mi leal saber y entender, nadie ha defendido la tortura; (…) y yo he oído decir y he leído en artículos publicados en el periódico oficial de Rafael Leonidas Trujillo en Santo Domingo, que yo presencié las torturas con morboso sadismo» (ibíd., 243).

De viaje por Santo Domingo

En este punto convendría regresar a los manejos conspirativos de López Contreras y, en consecuencia de ello, al testimonio de algunos de sus colaboradores respecto al apoyo brindado por el régimen de Trujillo. El hecho es que, a lo largo de 1946, el año que el general consideró, tras el juicio incoado en su ausencia, que sus derechos habían sido «villanamente vulnerados» en Venezuela, ninguno de los incidentes que habían formado parte hasta entonces de la difusa traya conspirativa contra Betancourt arrojó pruebas conclusivas que lo involucraran directamente. Distinto, empero, será el caso del último complot que tuvo lugar a fines de ese mismo año. Ello, por la sencilla razón de que se trató de una acción ejecutada a cuatro manos: un «cuartelazo» en Maracay y Valencia que debía darse, de modo simultáneo, a una intentona invasora dirigida por López desde Santo Domingo. A juicio del estadounidense Winfield Burgraff, en su libro The Venezuelan Armed Forces in Politics, se trató del conato más próximo a alcanzar con éxito sus objetivos (Burgraff, 1972: 92), algo que viene a verse confirmado por las palabras de José Giacopini Zárraga cuando sostiene, como testigo presencial de los hechos, que los días 10 al 11 diciembre de 1946 «milagrosamente no se cayó el gobierno» (Pérez Lecuna, 2003: 487). Con relación a este complot vale la pena decir algo sobre la correspondencia sostenida entre el general y Federico Landaeta –quien, como se dijo antes, fue cercano colaborador suyo desde los tiempos del «quinquenio bolivariano»–, puesto que no solo es explícita en sus detalles sino porque evidencia la conformación de una ofensiva capitaneada, en parte desde el exterior, a fines de 1946.

Justamente a Landaeta iría dirigida esta carta que permite apreciar el calibre de las operaciones coordinadas por López Contreras desde Miami: «Me complace y agradezco altamente el buen recibimiento que han tenido nuestros compatriotas. (…) En suma, le agradeceré los siga atendiendo y les exprese lo mucho que tenemos que agradecer a nuestro grande y buen amigo, en resguardo de quien ha de tener mucha prudencia y para quien tendremos siempre la mayor consideración y gratitud. (…) Encuentro muy bien las gestiones de barcos (…) Los radios que le han ofrecido nos serán muy útiles. Del anfibio de que le han hablado ya he tenido noticias de él y he dado instrucciones para comprarlo. P.D.- Amigo F.L.: Le confirmo el envío de un memorándum sobre compra de barcos en firme, pues entre los tanteos, nos van a sorprender las Pascuas, sin las hallacas nuestras» (Landaeta, 1955: 94-95).

La carta en cuestión, junto al tema de los aprestos allí aludidos, habla abiertamente de algo que ya parecía tener visos de una planificada invasión a Venezuela y, sobre todo, revela con claridad el punto en el cual debía efectuarse la concentración de los expedicionarios. Conviene tener nuevamente en cuenta que, no en vano, Landaeta se hallaba radicado en República Dominicana, adonde iba dirigida la correspondencia. Según lo confirma Robert Alexander «Su principal lugarteniente en este último país era Federico Landaeta, quien había llegado a ser Director de Investigaciones durante el gobierno de López. Landaeta era el principal enlace con el Generalísimo Rafael Leonidas Trujillo y con el General [Federico] Fiallo, quien aparentemente había sido comisionado por Trujillo para que se hiciese cargo de supervisar las actividades dirigidas contra el Gobierno de Venezuela. Era también [Landaeta] el delegado de López ante otros venezolanos residentes en la República Dominicana» (Alexander, 1982: 245-246).

Esto lleva a entender, con mucha razón, que el «grande y buen amigo» a que alude López Contreras en su carta a Landaeta no fuera otro que el propio Rafael Leonidas Trujillo. De hecho, en otra carta, del día 6 de diciembre, López Contreras dejará plenamente revelada sus intenciones: «Yo estaré en Ciudad Trujillo el 11, y desde luego estaré a la entera disposición del Excelentísimo señor Presidente, pero sólo como su amigo agradecido y anónimo por el momento, porque las circunstancias así lo imponen. Pasaré de incógnito, pero abrigo la esperanza de que en el futuro pueda hacer ostensible mi especial visita a tan noble amigo, así como mi reconocimiento» (Landaeta, 1955: 95-96). Lo cual se ve confirmado por el propio Landaeta cuando prosigue con la narración de los hechos: «En efecto, el 11 de diciembre (…), con el nombre común de Pedro Mora, y con pasaporte a nombre de José E. López, aterrizaba en el ‘Aeródromo General Andrews’ [de Ciudad Trujillo] el general López, a quien recibimos en un automóvil, al que se permitió entrar hasta el campo de aviación, para que nadie supiera, y menos en Venezuela, la presencia suya en Santo Domingo» (ibíd., 97-98).

Betancourt, con su particular sentido para la ocurrencia a la hora de calificar personajes y situaciones con base en analogías históricas, apunta lo siguiente en Venezuela, política y petróleo con respecto a las ramificaciones caribeñas dentro de las cuales hallaban acomodo los manejos conspirativos de López: «Era lógico esperar lo que sucedió: que por causa de esa política internacional de contenido democrático [impulsada por el régimen de la Junta Revolucionaria] nos declararan hostilidad abierta las cuasi mineralizadas dictaduras del Caribe. El riesgo de contagio y estímulo que para sus pueblos despotizados estaban implícitos en la experiencia venezolana de autogobierno, era otra motivación del proceder de Trujillos y Somozas. Así se explica por qué las capitales dominicana y nicaragüense –de modo especial la primera– devinieran unas especies de Coblenzas, refugio y cuartel general de la conspiración emigrada» (Betancourt, 1986: 551).

López al parecer –al menos por lo que se colige del testimonio de Landaeta– fue sorprendido en Santo Domingo con la novedad de ver echado por la borda el acuerdo exterior-interior ante el imprevisto desarrollo de los acontecimientos en Venezuela. El caso fue que el «cuartelazo» que debía tener lugar en Maracay y Valencia coordinado por Juan Pérez Jiménez (hermano de Marcos) se dio en medio de una desinteligencia que frustró la parte del plan que a López le correspondía desempeñar desde la isla. Así, en efecto, es como lo relata Landaeta: «[L]a noticia fue captada en Ciudad Trujillo a los pocos minutos del comienzo del movimiento», para añadir de seguidas lo siguiente: «Al desembarcar del avión el general López Contreras, le pusimos en cuenta de todos los detalles que la radio nos había transmitido» (Landaeta, 1955: 101). Luego, el testimonio daría paso al desolador panorama del desengaño: «Cuál no sería la sorpresa de todos cuando, hospedados en la residencia ‘La Antigua’, de la hacienda ‘Fundación’ (…), propiedad del Generalísimo Trujillo, se oía por la radio la infausta nueva de que el movimiento había sido debelado, siendo preso el comandante Juan Pérez Jiménez (…) Fracasado este movimiento, y en estado de alerta los adecos, era imposible embarcarse en una aventura contra ellos (…). Inútil decir que la decepción y el decaimiento se apoderaron de todos (…) [L]a empresa era prácticamente un suicidio y no hubiéramos llegado a Venezuela ni como cadáveres (…). Cundió el desaliento, tuvo que regresar López a Miami, y con él, un valioso grupo que en horas de la noche del 11 habían llegado en diversos aviones desde Colombia, Trinidad, Curazao, La Habana, Miami y Nueva York» (ibíd., 102-103).

Al cierre de esta crónica de decepciones, Landaeta aprovecharía la oportunidad para estampar un colofón cargado de maledicencia, propio de su reconcomio antiadeco: «Fueron unas pascuas tristes, sin las ofrecidas hallacas, pero al menos se había salvado el pellejo de una carnicería de la que nos hubieran hecho víctimas, pocos y mal armados, los adecos ricos, poderosos y con mucha gente, que no movilizaban el prestigio ni la mística, sino el oro que a puñados repartía Rómulo Betancourt» (ibíd., 103).

Inevitablemente, a pesar del secretismo, la frustrada invasión tramada por López Contreras en Santo Domingo haría noticia en la prensa venezolana. De allí que 1947 amaneciera cargado de denuncias contra los «empeños disociadores y guerreristas» del exiliado general, según la expresión de un comunicado emanado de la Junta Revolucionaria de Gobierno (El Nacional, 13/04/47). Tal se colige también de la voz que se irá multiplicando desde el mes de enero en los periódicos de Caracas en torno a lo que habían dejado de ser ya simples rumores de conspiración para convertirse en prueba concreta de una invasión armada con pie en las Antillas. Por ejemplo, El Popular, en su edición del 11 de enero, apuntaba: «[D]entro del plan cuidadosamente preparado de organización de la guerra civil, existe una operación de índole técnico-militar a la cual se le atribuye una importancia particular: la invasión por mar y aire de ciertos contingentes con equipo modernísimo. Estas operaciones se organizan en los feudos del tiranuelo dominicano y cuentan con la ayuda y la cooperación de otros tipos de la misma catadura moral. A primera vista aparece el peligro de invasión como algo inventado por la fantasía calenturienta de espíritus extraviados, ajenos a la realidad venezolana. Sin embargo, ¿por qué habría de considerar descabellado un López Contreras algunas horas de vuelo para colocarse a la cabeza de pelotones armados de partidarios (…)? En el exterior se realiza una amplia y peligrosa conjuración. [López Contreras] dispone de eficaces medios de propaganda, cuenta con recursos económicos, con cuadros militares, con la complicidad de regímenes tiránicos como [el] de Trujillo» (El Popular, 11 de enero de 1947; PPV-SXX, 1983, 65: 40).

También, desde las páginas de El País, se opinaba del siguiente modo: «[E]l general López Contreras urde un asalto, valiéndose del trampolín que le facilita el tirano de Santo Domingo, reproducción de bolsillo de Gómez (…) Según denuncia la prensa venezolana democrática, López Contreras fragua un ataque marítimo y aéreo. (…) Quienes han gobernado con el palo y el látigo, creen que es fácil derrumbar un régimen que no los emplea. López Contreras piensa así de Betancourt, porque éste sólo se apoya en el millón de votos que obtuvo su Partido en los últimos comicios, y porque no emplea el terror» (El País, 21/02/47; PPV-SXX, 1983, 68: 204).

Sin embargo, a partir de entonces, ya no será la falta de una sincronización efectiva con los elementos internos lo únicamente que ponga en riesgo los planes futuros de López Contreras o de lo que se queje el general en su correspondencia, sino el rápido desgaste que comenzaba a experimentar el frente militar. Abundan testimonios de ello si nos atenemos a lo que recogen las cartas reproducidas por Landaeta. En una de ellas, del 5 de enero de 1947, López le encarga al destinatario explicarles a sus correligionarios en Santo Domingo que «nos estamos acercando a la culminación de la empresa» pero, al mismo tiempo, que debían «tener paciencia con las privaciones a que se ven sometidos». Aun así, como si no se diera por vencido todavía, el general sacaría a relucir el parque disponible para reemprender las acciones, al menos sobre la base del inventario que aún se mantenía intacto y con el cual se contaba desde el movimiento intentado en diciembre del 46: «Para el momento –refiere López– contamos con 5.500 fusiles, 30 ametralladoras, con 5.000.000 de cartuchos y un millón de cartuchos para fusil, 25.000 dólares, dos pequeños barcos, dos aviones y probablemente un hidroavión» (Landaeta, 1955: 156). A lo que aspiraba agregar otra remesa de pertrechos que, durante ese mismo mes de enero del 47, definía como «material para preparar los bombones», «porque sin obsequio no se puede organizar la fiesta» (ibíd., 163). Curiosa expresión, sin duda, por provenir de quien no se caracterizaba precisamente por tales muestras de humor. Aun así, más adelante, el 27 de febrero, López volverá a hacer un comentario de similar tónica, según se desprende de otra de sus cartas dirigidas a Landaeta: «Por aquí, todavía en dificultades por elementos para preparar los postres del obsequio que tenemos para los adecos» (ibíd., 173).

Entre el entusiasmo y la decepción, será más bien lo último lo que se haga patente a partir de los primeros meses de 1947, evidenciándose así el desmoronamiento del frente invasor y de todo cuanto rodeaba la conducta conspirativa de López hasta ese momento. Además, como habrá de verse, el expresidente abandonaría de golpe la empresa militar por obra de una inesperada circunstancia relacionada más bien con el modo como llegó a peligrar su residencia en los EE.UU. a causa de estas actividades. Pero al margen de que López dejara de estar a la cabeza de las conspiraciones tramadas desde el exterior en momentos cuando aún decía contar con suficientes aprestos para ello, existen razones para suponer que la creciente falta de recursos de otro tipo, sumado a la impaciencia, el fracaso de la invasión de diciembre del 46 y las divisiones que ocurrían entre sus filas, contribuyeron a menguar el entusiasmo del general.

Lo que habrá de decretarse, a partir de entonces, será la desbandada. Tal es como lo aprecia Landaeta: «Disperso el grupo de amigos, que viajaron a diversos sitios del Continente, hubo un compás de pocos meses de inacción, hasta que los oficiales se dirigieron a Miami y plantearon la necesidad de actuar pronto, pues los adecos se estaban solidificando (…) El general López, ante esta insistencia y para probar que los tropiezos no eran hijos de la falta de competencia, sino de la escasez de recursos (…) les propuso entregarles el mando, los contingentes y los elementos materiales, para que ellos hiciesen una nueva organización. Esto fue aceptado. (…) Los nuevos organizadores vieron pronto que no era muy fácil la tarea de encauzar una expedición desde el exterior, contando con tan escuálidos recursos y con poco poder para frenar tantas voluntades distintas. (…) Las discusiones llegaron hasta los oídos de nuestros amigos dominicanos y éste fue motivo para que, quienes con tanta paciencia nos habían tenido, se cansaran un poco al ver que no podíamos ponernos definitivamente de acuerdo» (ibíd., 195-210).

Ahora sí, por lo oportuno, convendría decir algo acerca de la forma como López Contreras, quien hasta entonces se había cuidado de cubrir sus rastros, se vio obligado a «confesarse» de pronto ante las autoridades norteamericanas, buscando tal vez librarse así de una situación que podía comprometer su estatus como exiliado en los Estados Unidos. Para ello interesa regresar a lo que apunta la historiadora Margarita López Maya.

Refiere la autora que, como producto de las noticias que habían llegado al país con relación a la invasión tramada desde Santo Domingo en diciembre de 1946, Betancourt solicitó a la Embajada norteamericana en enero del 47 que tomara la iniciativa de solicitarle a su gobierno que no dejara salir a López Contreras de los EE.UU. pues él tenía, y así se lo mostró a sus representantes en Caracas, información de una conspiración en marcha con la ayuda del gobierno dominicano, donde estaba comprometido el expresidente (López Maya, 1996: 218). Hasta aquí podría pensarse que se trataba de la palabra de la Junta y de la prensa venezolana contra toda evidencia concreta. Pero la confesión hecha por el propio López Contreras sería ya otra cosa. Vale reiterar –porque así lo hace también López Maya– que el viejo general había negado por mucho tiempo su participación en hechos conspirativos; pero fue solo cuando sintió que había el peligro de verse inmiscuido en un proceso penal de cierta seriedad que se dispuso a reconocer su papel en esta actividad y, en especial, sus vínculos con Trujillo. En tal sentido, López Maya desempolvó de los archivos en Washington un valiosísimo documento en el cual López Contreras reconocía personalmente haberse visto al frente de la frustrada invasión a Venezuela en diciembre de 1946 (ibíd., 213-214). El documento en cuestión posee un valor adicional: fue redactado de puño y letra de López, firmado en español y entregado con copia en inglés a la Oficina de Operaciones Navales del Departamento de la Marina de EE.UU. (ibíd., 377).

De todos los puntos que contiene esta declaración en la que López Contreras entremezcla opiniones sobre su propia conducta política, planes para el futuro, percepciones acerca de Venezuela, sobre el gobierno de la Junta Revolucionaria y el escenario internacional, vale la pena citar la parte que se contrae específicamente a la alianza anudada con Trujillo: «El General López admitió de manera franca que el Presidente Trujillo estaba preparando una expedición naval para asistirlo en la revolución que venía planeando contra el gobierno del Presidente Rómulo Betancourt. En referencia a las cinco corbetas ex canadienses que se encuentran en República Dominicana, el General López declaró que las mismas fueron compradas por el Presidente Trujillo y que él, López Contreras, no había dado ni un céntimo para su adquisición. Admitió además que la República Dominicana estaba siendo usada como base de operaciones de la revolución que intentaba hacer en Venezuela y que él mismo había ido a República Dominicana el pasado diciembre con la finalidad de zarpar desde allí con las cinco corbetas rumbo a Venezuela, calculando llegar a sus costas la tarde del 15 de diciembre de 1946, habiendo fijado el inicio de la revolución para el amanecer del día 16».

Luego, como no podía faltar, aclararía la forma como se interpuso la torpe sincronización de la parte que les tocaba jugar a los militares venezolanos: «Debido a la impetuosidad [de los militares comprometidos en el cuartelazo de Valencia y Maracay] tuvo lugar el 11 de diciembre una revolución que fue abortada; él, López Contreras, al darse cuenta de que se había desvanecido el elemento sorpresa, dio órdenes de parar la revolución que había planeado y regresó a Miami dejando Ciudad Trujillo. El General López declaró también que había concebido un plan operativo en el cual las cinco corbetas, equipadas con tropas, municiones y armas sólo requerirían cuarenta horas para hacer el viaje de República Dominicana a las costas venezolanas» (ibíd., 376).

Conviene citar por último a la propia López Maya a fin de reparar en un elemento que al General debió resultarle oportuno y convincente a la hora de redondear sus confesiones en Washington: «Además [del] claro reconocimiento de sus actividades conspirativas, el ex presidente se extendió sobre el comunismo del Gobierno de Venezuela, afirmando que Betancourt tenía un pacto secreto con la Unión Soviética. Era astuto el general acusando al gobierno venezolano de comunista, en momentos de intensificación de las tendencias de la Guerra Fría» (ibíd., 226).

Como puede verse, las hallacas terminaron enfriándose en 1946, mientras que los primeros meses del 47 atestiguaron la desbandada del mando central, el fin de la jefatura efectiva de López Conteras y lo que, a la vista de su propia confesión en abril de ese año, debió significar su total renuncia a seguir participando en tales acciones a riesgo de poner en apuros su permanencia en los Estados Unidos. Pero, aun sin López al frente, habrá de registrarse un segundo intento por impulsar un complot directo, de tipo militar, desde Santo Domingo. Esta vez, sin embargo, las autoridades norteamericanas estarían más avisadas, al punto de interferir con los planes tramados nuevamente bajo la anuencia de Trujillo. Tal es como corre por cuenta de Leonardo Altuve Carrillo, otro testigo de excepción implicado en actividades conspirativas contra la Junta Revolucionaria. Su testimonio subraya con toda claridad que, una vez más, las operaciones se hallaban apadrinadas por Trujillo. Pero también se colige de su testimonio que, sin López al mando, la acción lucía alocada e improvisada y probablemente, también, reducida a complicados problemas de jefatura.

En sus memorias tituladas Yo fui embajador de Pérez Jiménez, apunta lo siguiente: «En agosto de ese año [1947], salí para Santo Domingo, en donde se concentraban venezolanos que querían probar su varonía y sacar a tiros de Miraflores a Betancourt y su régimen. (…) Éramos 32 hombres que nos embarcaríamos para venir a bombardear a Miraflores (…) La iniciación de la operación estaba marcada para la madrugada del 16 de agosto. Hacia la medianoche del 15, prácticamente fuimos desarmados y puestos bajo vigilancia por fuerzas del Generalísimo Trujillo. Ante él, el embajador americano se había presentado con un ultimátum (…) en caso de que no impidiera la acción bélica de los venezolanos. Comprendí que, por el momento, era más fácil que los venezolanos en Santo Domingo muriéramos de parto que de tiros combatiendo a Betancourt» (Altuve, 1973: 191-192).

Este pasaje reclama un comentario puntual. Ya no se trataba –como se ve– de una invasión a la vieja usanza, como la tramó López en diciembre del 46, cuando pensó anclar sus barcos en la costa venezolana. Implicaba un episodio armado de otra naturaleza, como lo suponía el hecho de activar un bombardeo sobre Caracas, algo que –sin duda– ya no hacía tan fácil circunvalar la vigilancia norteamericana. Aun así, la terquedad de los complotados hizo que tras este segundo intento a conspiración siguiera su rumbo, y por ello apunta Altuve que «el fracaso de la aventura dominicana no menguó el entusiasmo conspirativo que animaba nuestro grupo» (ibíd., 193). De seguidas, el memorialista subraya haber hecho un viaje a Nueva York donde llegó a entrevistarse con el embajador dominicano ante la ONU, a quien le manifestó la desilusión de los conspiradores por el proceder de Trujillo en la reciente aventura. Según Altuve, estas quejas gestionaron un encuentro en la propia Nueva York con el canciller dominicano, Arturo Despradel, ante quien expuso los objetivos que se proponían, manifestándole «las aspiraciones de que el Generalísimo pusiera a [nuestra] disposición (…) los barcos, aviones y otros materiales de guerra acopiados por el General López Contreras y reunidos en la isla dominicana, materiales de los que se apropió Trujillo, pretextando recientes amenazas del Departamento de Estado por la ayuda que nos estaba prestando; y, en caso de que eso no fuera posible, nos compensara económicamente para adquirir nuevo material porque ya [habíamos] conseguido bases en Haití; cosa esta que no era verdad, pero que picaría la emulación de Trujillo» (ibíd., 193-194).

Aunque borrosamente, el testimonio de Altuve hace suponer que, a raíz de estas conversaciones y por conducto de sus diplomáticos, Trujillo recuperó la confianza en el grupo de venezolanos, revitalizó la empresa conspirativa e invitó a reagruparse en la isla a los que se habían marchado a otros puntos del destierro (ibíd., 194). Así describe su propio regreso y la recepción que les dispensara Trujillo en persona: «En la casa presidencial nos hicieron pasar a un salón de recargado estilo, desde donde se oía la voz grave y afectada de Trujillo (…). Impecable y elegantemente vestido de gris, con gran afectación, Trujillo entró en la amplia sala; (…) nos escrutó con su mirada, [pidiéndonos que expusiéramos nuestros] planes y los medios requeridos para llevarlos a efecto» (ibíd.).

Al parecer, sin embargo, estos menesteres que implicaban prestar la isla para que, desde allí despegara una ofensiva aérea, hicieron a Trujillo vacilar de nuevo al sentirse muy expuesto al control de las autoridades norteamericanas y, además, presionado para que dispersara a los venezolanos exiliados en Santo Domingo (Castro, 2008: 81). De hecho, según lo reseña el historiador Santiago Castro, hasta el diario The Washington Post informó a su lectoría acerca de estos nuevos preparativos bélicos en el Caribe, acentuando el hecho de que Trujillo apadrinaba otra invasión a Venezuela (ibíd., 80). Si bien vigilado de cerca, nada lo disuadió de exhibir un último gesto, según lo daría a entender Altuve al recrear la escena de despedida que tuvo lugar, un día después, en el Palacio Nacional: «[I]nmediatamente nos introdujeron al Despacho de Trujillo. Tocó un timbre y se presentó un hombre chiquito y barrigón con una ametralladora terciada al hombro. ‘Paulino –le dijo Trujillo– trae lo preparado para los señores’. Regresó Paulino con un portafolio que colocó sobre la mesa del dictador; el portafolio contenía cien mil dólares. ‘Ahí tienen eso –nos dijo Trujillo–, vamos a ver qué hacen ustedes. Buena suerte’, y nos despidió con una sonrisa enigmática y peligrosa» (Altuve, 1973: 196).

Lo que hicieron con ese dinero y los aprestos que habían quedado atrás en Santo Domingo es harina de otro costal. O quizá ni tanto, si se tiene en cuenta que el nuevo padrino de la empresa sería Anastasio Somoza, a quien lo unía a Trujillo un odio equilibradamente compartido hacia ad y la Junta. En todo caso, para abreviar, las operaciones se trasladaron desde Santo Domingo a un recodo oculto de la geografía nicaragüense, a un sitio llamado Puerto Cabezas, donde se hallaba una pista militar que había permanecido en desuso desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Según el relato de Altuve allí, «en el misterio de la selva (…) acopiamos material bélico y ocultamos dos poderosos B-24 con los cuales castigaríamos a los opresores de Venezuela» (ibíd., 197). No obstante, llegados a ese punto la situación también se complicó, como lo viene a complementar el testimonio de Pedro Estrada, otro testigo clave y protagonista de aquella aventura. Así quedó transcrita la frustración confesada por él mismo, al hablar de lo que habían sido tres años de conspiraciones contra Betancourt y la Junta:

–De esos intentos, ¿cuál fue el de mayores posibilidades?

–El de Nicaragua. Era el que tenía aviones, armamento, compromisos internos, etc. Pero no arrancó (…) intervino el Departamento de Estado.

–¿Cómo organizaron ustedes ese movimiento?

–Bueno, comprando armas, aviones, a través de Trujillo, quien financió la mayor parte de estos gastos.

–¿Y qué hace que Trujillo se eche para atrás?

–Trujillo no se echa para atrás. Teníamos todo el material de guerra en Puerto Cabezas y allí llegó el ejército nicaragüense (…) y nos puso presos a todos, siguiendo instrucciones del gobierno americano, veinticuatro horas antes de arrancar.

Respondiendo a una última pregunta, la contestación de Estrada no deja de sorprender por lo curiosa:

–¿Y cómo podría explicarse esa actitud del Departamento de Estado norteamericano?

–Fácilmente; Betancourt tenía amigos, vinculaciones: él había sido un agente de ellos. Siempre lo fue. (Blanco Muñoz, 1983: 97-98).

Resulta preciso aclarar que el plan aéreo, conducido desde la selva nicaragüense y abortado por presión de los EE.UU., debió tener lugar entre fines del 47 y comienzos del 48, o sea, desde la elección de Rómulo Gallegos y las vísperas de su toma de posesión. Hablando con propiedad, o visto desde el punto de vista de las tensiones bilaterales, el ataque estuvo concebido para ejecutarse de manera un tanto extemporánea, en un momento en que, como habrá de verse, las tensiones cederían espacio a cierta tregua entre Caracas y Santo Domingo. Entretanto cabría incorporar aquí una observación hecha por Robert Alexander y que tiene que ver, en este caso, con el hecho de que la paciencia de Trujillo –como también lo testimonió en aquellos mismos tiempos Federico Landaeta, colaborador de López– hubo de tener sus límites ante las idas y venidas de los venezolanos conspiradores. Bien fuera porque López Contreras renunciara a seguir dirigiendo las acciones desde el exilio, bien porque se dividieran los grupos conspirativos, bien porque entre sí se siguieran procedimientos distintos, bien porque no hubiese una conexión efectiva con los elementos internos o bien porque surgieran, como suele ocurrir en estos casos, problemas de jefatura, lo cierto es que, como lo apunta Alexander, «Trujillo aparentemente perdió interés en continuar brindando su apoyo» (Alexander, 1982: 245-246).

Como era dable esperarlo, el gobierno de Trujillo concentró parte de su esfuerzo en desligarse públicamente de los proyectos conspirativos dirigidos contra el gobierno de Venezuela y, aún más, de desmentir lo que había sido su creciente implicación en ese campo al dar su respaldo a personeros de la talla de López Contreras. En tono de casi imperturbable naturalidad, una de sus notas al mundo exterior lo resumiría de este modo: «Después del golpe de Estado del comunista Betancourt, el General López Contreras y prominentes exiliados venezolanos visitaron la República Dominicana y trataron de establecerse allí. El Presidente Trujillo, no dispuesto a intervenir en los asuntos internos de otros países, rechazó sus planes (sic). La República Dominicana, viviendo a la altura de las normas [y] leyes internacionales, no se implica bajo ninguna circunstancia en los asuntos internos de ningún país» (citado por Castro, 2008: 81).

Más adelante, ya no con gesto de naturalidad sino acusando a Venezuela de inventar tales invasiones como una cortina de humo para encubrir sus propias actividades subversivas en contra de Trujillo, la diplomacia dominicana se haría cargo de precisar lo siguiente: «En vista de que la Junta Revolucionaria de Venezuela [pretende] justificar el respaldo que brinda a las pandillas de la hermandad comunista internacional destinadas a la balcanización del Caribe (…), el Gobierno dominicano ha creído llegado el momento de desmentir (…) la interesada propaganda lanzada (…) por el organismo revolucionario que encabeza el señor Rómulo Betancourt». Por ello, la nota en cuestión agregaba: «Los dichos revolucionarios venezolanos (…) pretenden hacer creer que [en] el territorio de la república, a instancias del gobierno, se ha reunido un gran número de venezolanos desafectos al gobierno creado por la antes dicha Junta, que se adiestran aquí, en maniobras militares (…), y que el gobierno dominicano está empleando millones de pesos en material de guerra destinado a equipar las expediciones militares que habrían de partir de nuestro territorio para fomentar la guerra civil en Venezuela. El Gobierno de la República Dominicana está en condiciones de desmentir, y efectivamente desmiente categóricamente, todas y cada una de estas fantásticas afirmaciones» (ibíd., 85).

Conviene, no obstante, examinar esta queja de la diplomacia trujillista más allá del simple cinismo. La alusión a la «pandilla del Caribe», y el tenor de la queja, están muy lejos de figurar como un simple recuerdo declamativo. De modo que, por obvio que resulte aclararlo, el tono de aquellas líneas pareciera indicar que Trujillo respondía apuntando su dedo acusador hacia la Junta Revolucionaria de Gobierno, haciéndola responsable de haber preparado sus propias conspiraciones armadas.

Ojo por ojo

En 1947, en medio de una creciente política de ojo por ojo y de diente por diente, y en vista de la tensión que también experimentaban otros polos del reformismo democrático con el régimen dominicano, la Junta Revolucionaria de Venezuela vio surgir la posibilidad de que se concertase una invasión armada que liquidara al régimen de Trujillo. A fin de cuentas, como lo subraya Jorge Valero, no le será difícil a los servicios de inteligencia de EE.UU. trazar un paralelo entre los planes de López Contreras contra la Junta, contando para ello con el apoyo del gobierno quisqueyano, y el movimiento militar anti-Leonidas Trujillo, apoyado por el gobierno de Acción Democrática (Valero, 2001: 140). Por si fuera poco, en 1946, Caracas había sido escenario de un plan magnicida organizado por algunos elementos del exilio dominicano, entre los cuales se hallaban el novelista y futuro Presidente Juan Bosch. El plan había consistido en sorprender a Trujillo durante una de sus frecuentes andanzas nocturnas y, aunque el proyecto fracasó rotundamente –como lo observa el historiador estadounidense Charles Ameringer– sorprende, no obstante, que fuera en circunstancias más o menos similares que el Generalísimo acabara su vida quince años más tarde, en 1961 (Ameringer, 1996: 31).

El plan insurgente al cual se ha hecho referencia contaría con el aval del Presidente guatemalteco Juan José Arévalo y del costarricense José Figueres (Montaner, 2008: 16), mientras que uno de sus principales líderes sería el propio Juan Bosch, jefe del Partido Revolucionario Dominicano, exiliado por aquel entonces en La Habana luego de un breve tránsito por Caracas. La expedición contaría, desde luego, con el respaldo de Betancourt, al tiempo que el gobierno de Ramón Grau habría de prestar secretamente el territorio cubano a fin de que los voluntarios se adiestraran en Cayo Confites, un islote inhóspito ubicado dentro del archipiélago de Camagüey. La razón de que Cuba fuera escogida como asiento del proyecto era obvia en un sentido, pero no tanto en otro. Lo obvio estribaba en su cercanía: no más de ochenta kilómetros separan a una isla de la otra en su punto más próximo; lo que no era tan obvio es que, para 1947, Cuba concentraba el número más alto de exiliados dominicanos, seguido de lejos por Venezuela y Nueva York, y a mucha mayor distancia por México, algo que puede explicarse a despecho de la proverbial simpatía de los mexicanos hacia los desterrados, cualquiera fuera su lugar en el centro o a la izquierda del espectro ideológico. El caso era que México, a diferencia de los países señalados, se inclinaba a evitar que los exiliados llevaran vida activa en su territorio (Ameringer, 1996: 7).

Aparte de congregar la nada despreciable cifra de mil doscientos, o mil trescientos efectivos, la proyectada expedición desde Cuba contaría con un arsenal que tampoco era desdeñable bajo ningún respecto, puesto que si algo abundaba al cabo de la recién concluida Guerra Mundial eran armas y amplias posibilidades de conseguirlas en el mercado de remanentes si se contaba con buenos contactos para ello. Puede –incluso– que el sitio mismo que le daría nombre a la empresa fuera tan minúsculo e insignificante dentro de la geografía cubana como para no figurar más que en algunos detallados mapas de navegación; pero, como bien lo observa el historiador Charles Ameringer, cuesta no darle cierto tinte romántico a la expedición que se aprestaba a cobrar forma en aquel mínimo despojo de tierra.

Variopinta en su origen, entre sus participantes hubo de todo. Además de la plana mayor del exilio dominicano y de un nutrido contingente de voluntarios cubanos (entre ellos, grupos de pistoleros rivales de la política local), se dieron cita en Cayo Confites excombatientes probados en Normandía, en Guadalcanal, en la campaña de África del Norte, durante la resistencia en Francia y en la Guerra Civil española. Hasta el escritor Ernest Hemingway, residente por entonces en Cuba, no pudo sustraerse a la curiosidad de asomarse y dar su apoyo a la empresa de Cayo Confites. Después de todo, se trataba –según lo apunta el mismo Ameringer, del secreto peor guardado en la isla (ibíd., 43-60). A pesar de todo, o quizá precisamente por ello, la empresa se agotaría en la resonancia épica de su nombre: la «Expedición de Cayo Confites». Ello es así puesto que, para desengaño de sus vehementes protagonistas, la fuerza congregada en aquel islote cubano apenas zarparía sin mayor destino.

No sería entonces el ejército de Trujillo, ni las olas del Caribe, los que se harían cargo de derrotar al pequeño pero eficiente contingente que conformaba la aventura. Los problemas hubieron de comenzar mucho antes, según se desprende de un voluminoso y detallado informe elaborado por la Embajada de EE.UU. en La Habana. Al parecer, aparte de fisuras en el liderazgo de la expedición y de rivalidades de carácter personal, vino a sumarse una crisis política en la que se vería envuelto el gobierno de Grau con las propias fuerzas de seguridad cubana. La percepción general que se desprende de este informe norteamericano es rotunda: «[N]o hay mejor paralelo [para describir este episodio] que los antiguos relatos de filibusterismo en el Caribe». La enumeración de factores que conllevaron al fracaso continúa salpicando el documento aquí y allá: deserciones; inacción; una inefectiva cadena de mando; la presencia de espías e informantes entre los combatientes; la mortificación de los reclutas a causa de la pésima alimentación y la monotonía de la espera; los problemas disciplinarios surgidos a raíz del prolongado acantonamiento en Cayo Confites; una logística deficiente y falta de coordinación en el suministro de provisiones; la concepción de planes desmedidos; el uso de aparatos de aviación altamente sofisticados que requerían de dispositivos para el acoplamiento de bombas no siempre disponibles en el mercado clandestino y, no menos, la conversación ligera y despreocupada entre los reclutas que se prestaba a comprometer el secretismo de la operación (American Embassy/Havana, 17/10/47: 1-3.5.7).

Para colmo de males, los diplomáticos estadounidenses advertían dos problemas adicionales: el primero, la manera como –a su juicio– se fue desdibujando la motivación inicial; el segundo, la forma como el liderazgo de los dominicanos terminó viéndose secuestrado por sus anfitriones: «La naturaleza del liderazgo y el espíritu de la expedición degeneró de lo que fuera, al principio, el idealismo de los líderes dominicanos exiliados en lo que no puede describirse sino llamándolo gangsterismo». Para rematar con lo siguiente respecto a lo segundo: «Bosch (…) gradualmente descubrió, junto con los demás dirigentes dominicanos, que se veían superados por los cubanos. Todos los preparativos en La Habana –reclutamiento, la provisión de aviones, la contratación de pilotos– estuvieron en manos de los cubanos. (…) Juan Bosch se vio convertido prácticamente en un rehén en Cayo Confites» (ibíd., 16).

Por otra parte, según Manuel Felipe Sierra, hubo un elemento adicional que hizo que la aventura resultara en fracaso. A su parecer –y así lo señala el periodista,– la suerte adversa de Cayo Confites pudo verse signada también por la delación. Si bien, de acuerdo con el propio Bosch no hubo pruebas que confirmaran esa hipótesis (Castro, 2008: 144), Sierra se inclina a compartir la sospecha que tuvo el líder dominicano de que la fuerza expedicionaria fue desmantelada porque Trujillo se adelantó a denunciarla gracias al hecho de haber sido informado a tiempo por el general Genovevo Pérez Dámera, jefe del ejército cubano, y quien más tarde –dicho sea de paso– actuaría como pieza cercana al gobierno de Fulgencio Batista tras el golpe de Estado de 1952 . Al parecer, como concluye Sierra, fue Pérez Dámera quien, a través de sus propios contactos con la República Dominicana, pudo poner al Generalísimo al tanto de lo que se tramaba en Cayo Confites (Sierra, 2011: 204-205). La percepción de la Embajada de EE.UU. no fue, en cierto sentido, muy diferente: «El general Pérez comenzó en julio de 1947 a sembrar de obstáculos el plan de los revolucionarios. (…) El hecho es que el general Pérez, de todos los actores cubanos, fue el único en emerger del incidente con mucho mayor poder que antes». De acuerdo a la misma fuente, Pérez Dámera era partidario de que desmantelara la expedición, argumentando la intranquilidad que provocaba en el ejército cubano el hecho de ver semejante contingente de irregulares acantonado en un confín de la isla, con la consecuencia que ello podía tener para los asuntos internos de Cuba (American Embassy/Havana, 17/10/47: 6).

Distintas versiones recrean la forma como la acción insurgente se vio obligada a desmantelarse. Algunos autores, por ejemplo, ponen de relieve la presión diplomática ejercida por el gobierno de Harry Truman para que ello fuera así. Pero los diversos testimonios también le dan cabida al modo como las naves que transportaban la expedición fueron conminadas a darse la vuelta por órdenes de la propia marina cubana, haciendo que sus integrantes permanecieran recluidos durante algunas semanas en un campamento cercano a La Habana antes de ser finalmente desbandados. Aunque el episodio de Cayo Confites terminó ligado al fracaso, dio pie también para que al menos uno de sus participantes tuviera la oportunidad de labrarse uno de los primeros capítulos de una biografía concebida, a partir de entonces y para siempre, en consonancia con sus ardores guerreros. Tal fue el caso del dirigente universitario Fidel Castro Ruz, entonces de 21 años de edad y quien, según posteriores elaboraciones, prefirió lanzarse por la borda cuando el barco que lo transportaba fue detenido en alta mar por la marina cubana. A fin de no dejarse atrapar como el resto de los voluntarios, prefirió alcanzar la costa a nado. Al rehusarse a ser apresado, Castro empezaría a forjarse así una trayectoria hecha de gestos audaces (Ameringer, 1996: 56; Montaner, 2008: 16).

Obviamente, el propio Trujillo tuvo mucho qué decir con respecto a la expedición cuando ésta aún se hallaba en ciernes. Gracias a la colaboración que le brindara su propia red de espionaje en La Habana, el Generalísimo fue capaz de acorralar al presidente Grau y conminarlo a ponerle un alto a la empresa, advirtiéndole que resultaría «lamentable» que la formación de aquella «brigada internacional» en territorio cubano obligara a buscar una solución fuera de los «medios diplomáticos». En su respuesta, Grau se abstuvo de negar los hechos, dando a entender con ciertos rodeos que tal vez estuviese planteada una expedición, comprometiéndose al mismo tiempo a investigar el asunto para prevenir cualquier desenlace indeseable (Ameringer, 1996: 50). Si bien en ese momento Trujillo no pudo cobrar completo, la auto-destrucción de la odisea invasora, un mes después de que el Generalísimo entrara en contacto epistolar con Grau, le permitió al Gobierno dominicano darse el lujo de reclamar, por concepto de reparaciones, la entrega del armamento confiscado en Cayo Confites. El Gobierno cubano no aceptó desde luego la solicitud, alegando tener derecho a disponer de ese arsenal, pero difícilmente pudo esquivar el humillante efecto que yacía detrás del reclamo dominicano (ibíd., 57).

A la hora de observar de cerca la composición del malogrado cuerpo expedicionario, sorprende ante nada la variedad de su procedencia. Si por alguna razón cabe insistir en ello es porque se trata de un dato que vale la pena poner de relieve una vez más al compararlo con las levas organizadas contra Betancourt desde República Dominicana. Mientras éstas últimas, al parecer, estaban integradas exclusivamente por exiliados venezolanos, Cayo Confites se caracterizó por congregar un variopinto catálogo de nacionalidades. Entre sus filas hubo voluntarios dominicanos, cubanos, venezolanos, guatemaltecos y, como se ha dicho, combatientes de la II Guerra Mundial y hasta españoles veteranos de la Guerra Civil. Incluso –según lo reseñaba la Embajada de EE.UU. en La Habana– hubo también algunos aviadores estadounidenses, entre ellos varios expilotos de la afamada escuadrilla de Claire Chennault, líder de los Tigres Voladores (American Embassy/Havana, 17/10/47: 23).

A fin de cuentas, el grupo de combatientes no podía ser más heterogéneo si se toma en cuenta que, junto al joven pistolero Fidel Castro, a los expilotos de los Tigres Voladores y al novelista Juan Bosch, participaría también el músico dominicano Luis María «Billo» Frómeta, según lo refiere su biógrafo, Federico Pacanins. El joven «Billo» y su arreglista Rafael Minaya (quien también integraría la expedición) ya se hallaban establecidos en Caracas, sin boleto de regreso, huyendo del asfixiante ambiente cultural impuesto por Trujillo, cuando se planteó la oportunidad de tomar parte en aquella invasión. De hecho, su primera visita a la capital venezolana había tenido lugar en 1937, y fue entonces cuando se les abrió el camino para ampliar su fama mientras formaban parte aún de la llamada «Santo Domingo Jazz Band» (Pacanins, 2010: 27). A resultas de aquella exitosa gira inicial, aceptaron la oferta hecha por los dueños del «Roof Garden», uno de los dancing más cotizados de la ciudad, de regresar a la capital venezolana. Según lo observa Pacanins, la orquesta solicitó permiso para volver a viajar y éste les fue concedido siempre y cuando modificaran el nombre de la agrupación por el de «Ciudad Trujillo Jazz Band». El cambio obedecía al carácter inexorable de un decreto. Vale la pena cederle la palabra al biógrafo para poder explicarlo: «[Una] disposición oficial [de 1936] (…) impone el nombre de Ciudad Trujillo a la capital de la República, en franco reconocimiento al Generalísimo Rafael Leonidas» (ibíd., 29). Como se trataba de la única manera de viajar –apunta por su parte Manuel Felipe Sierra– los músicos aceptaron el arreglo pero, ya en alta mar decidieron burlar la imposición trujillista y cambiarle el nombre a la orquesta por «Billo’s Happy Boys» (Sierra, 2011: 204).

Sierra concluye anotando lo siguiente acerca de aquellos músicos metidos a improvisados reclutas en la acción de Cayo Confites: «Es poco conocida (…) la incursión de ‘Billo’ en la política, más por casualidad que por vocación. En 1947 los exiliados y perseguidos anti-trujillistas se activaron en varios países ante la posibilidad del regreso a la patria. En Cuba, el gobierno de Grau San Martín facilitó la preparación de una invasión con suficientes recursos económicos y bélicos. Los gobiernos de Juan José Arévalo en Guatemala y de Rómulo Betancourt en Venezuela, veían con buenos ojos la operación al frente de la cual se encontraba el político y escritor Juan Bosch. (…) [E]ntre los [dominicanos], ‘Billo’ Frómeta y Rafael Minaya (…) cambiaban la batuta por el fusil. (…) Lo cierto es que debieron permanecer detenidos varias semanas (…) en La Habana, hasta que se les permitió el retorno a Caracas» (ibíd., 204-205).

Pero también dice mucho de la naturaleza multinacional de aquella empresa la confluencia de sus promotores, como se advierte al repasar la nómina de los mandatarios implicados en ella de un modo o de otro. Además, a los efectos de lo que aquí interesa destacar, cabe prestarle atención a la forma como tal vez pudo materializarse el apoyo de la Junta Revolucionaria de Venezuela a esa aventura. En una carta escrita el 18 de octubre de 1946, al conmemorarse el primer aniversario de la Revolución octubrista, Luis F. Mejía, uno de los principales dirigentes en llegar al país durante la primera hora del exilio dominicano, se dirigiría en estos términos al Presidente de la Junta, en carta pública: «Vengo, señor Presidente, a pedirle (…) sin invocar otras credenciales que mis diez y siete años de exilio y de oposición al despotismo de Trujillo y su pandilla, que no se quede vuestra Revolución a mitad del camino de fraternal solidaridad con la Revolución dominicana que se trazara en los días de sus inicios cuando rompió relaciones con el desgobierno del chacal dominicano y recomendó establecer un cerco profiláctico a su alrededor» (El País, 20/10/46; ARDP, vol. IV-A: 107).

Mejía, dicho sea de paso, encabezada la seccional venezolana del Partido Revolucionario Dominicano, fundado en La Habana en 1939, de modo que la carta traía estampada la firma, no de un activista cualquiera, sino de alguien que sobresalía en las lides opositoras a Trujillo. Si ya el Gobierno revolucionario había cumplido –como quedaba apuntado en la propia epístola– con haber roto relaciones y recomendado el cerco profiláctico, ¿qué podía pedir Mejía, sin mencionarlo, que no fuera una acción armada contra Trujillo? ¿Qué otra cosa podía insinuar el autor de aquella carta al recomendar que la solidaridad no se quedara «a mitad del camino»? Además, si la Junta fue cauta al iniciar sus gestiones en 1945 –negándose, entre otras cosas, a hacer demasiado explícito su apoyo al exilio dominicano–, para fines de 1946 la guerra declarada entre Caracas y Santo Domingo favorecía un cambio de actitud que hacía desde todo punto de vista factible que Venezuela se involucrara directamente en una acción armada. Para más señas, el propio Mejía, con un largo historial de exilio en Caracas –como se ha dicho–, haría una visita a las fuerzas acantonadas en Cayo Confites mientras llevaban a cabo su adiestramiento (American Embassy/Havana, 17/10/47: 19).

Además, el interés venezolano por aquella empresa quedó revelado, entre otras cosas por lo que, de darle crédito a tal información, recogió y transmitió a Washington la Embajada de EE.UU. en La Habana: «Se cree que Rómulo Betancourt, Presidente de la Junta Revolucionaria venezolana de Gobierno, estuvo interesado todo el tiempo en la expedición. Aunque se informa que su Ministro de Relaciones Exteriores se opuso en todo momento a la participación de Venezuela en este asunto, el endoso venezolano al movimiento luce, desde todo punto de vista, cierto. Se dice, por ejemplo, que Buenaventura Sánchez Félix [apodado ‘El Dominicano’] viajó con pasaporte oficial venezolano. Se sabe a ciencia cierta que un numeroso contingente de venezolanos se halla entre los revolucionarios de Cayo Confites. Miembros del Comité Central Revolucionario Dominicano han viajado de ida y vuelta entre Caracas y La Habana durante todo el período del movimiento». El informe estadounidense remataba señalando que Luis Augusto Dubuc, cercano colaborador de Betancourt, fue enviado por éste a Cuba a fin de entrevistarse con el presidente Grau e imponerse de los preparativos del movimiento contra Trujillo (ibíd., 22-23).

Por lo antes dicho se aprecia que un testimonio valioso, por sus detalles, lo constituyen los papeles del Departamento de Estado. Pero no solo por las muestras que se desprenden de este informe redactado en La Habana, sino por el hecho de que la acción que se adelantaba al abrigo de Cayo Confites generaría un triángulo de cablegramas confidenciales entre Washington y sus sedes diplomáticas en Cuba y Santo Domingo.

Las relaciones, ya de por sí frágiles entre la Embajada de EE.UU. en Santo Domingo y el gobierno dominicano –especialmente por el trato que el régimen de Trujillo dispensaba a sus opositores–, no obstó para que el embajador norteamericano precisara, con mucho sentido de realismo, dos puntos sobre los cuales el Generalísimo pretendía afincarse a fin de acorralar a Washington y obligarlo a solidarizarse en la lucha contra sus adversarios en el Caribe: primero, su reciente reelección, en mayo de ese año 1947, que si bien dudosa y amañada –según el parecer de los propios funcionarios estadounidenses– demostraba que Trujillo contaba aún con una base de poder nada despreciable; segundo, que el mandatario dominicano pretendía montarse en la ola del Macartismo que ganaba terreno frente al gobierno de Truman.

Recogiendo sus impresiones, el embajador estadounidense dirá lo siguiente: «El Ministro de Relaciones Exteriores [dominicano] me abordó con el acostumbrado argumento de que era esencial combatir al comunismo. Le aseguré que el último deseo o intención de esta Embajada era alentar o apoyar a los comunistas, pero le expresé la opinión de que no toda la oposición era necesariamente comunista» (FRUS, VIII: 634). Pero el embajador sería aún más explícito al apuntar esta observación en otra nota: «Pareciera que el presidente Trujillo está montando un espectáculo estridente en oposición al Comunismo (…) a fin de conectarse con algunas corrientes que están haciéndose notar ahora en los Estados Unidos. Si esta impresión es correcta, entonces debe concluirse que el objeto del Presidente es emplear su programa anti-comunista como una forma de congraciarse con el Gobierno de EE.UU. sin renunciar un ápice a su arbitraria manera de gobernar en la República Dominicana» (ibíd., 638). Será justamente por ello que, hábil a la hora de explotar el contexto de Guerra Fría que tendía a intensificarse, el Canciller dominicano pasaría a describir las crecientes tensiones entre Caracas y Santo Domingo como un enfrentamiento «entre la democracia representada por la República Dominicana (sic) y el comunismo, representado por Venezuela y sus co-conspiradores» (FRUS, IX: 166).

Todo esto permite, de paso, hacer un inciso. Lejos de tratarse de una figura que actuara únicamente desde la defensiva o que sólo atacara agazapado entre las sombras, Trujillo estaba convencido –o así se lo hizo suponer la distorsión típica que anida en la mente de los mandatarios absolutos– que su régimen era capaz de ofrecer un liderazgo y detentar una voz orientadora en los asuntos de la región. Este es un rasgo que resulta preciso tener en cuenta puesto que, de lo contrario, se subestimaría al personaje o, en el peor de los casos, se le reduciría a verlo presentado como una mera caricatura del terror. En tal sentido, la historiadora dominicana Sonia Medina Rodríguez ofrece una apreciación que no deja de ser interesante para comprender la forma como, a lo largo del tiempo, fue construyéndose el imaginario trujillista frente al resto del Caribe. Irrumpiendo en el poder en la década de 1930, logrando alcanzar un crecimiento económico relativo pero notablemente rápido, y viendo a su alrededor los apuros en que se hallaba buena parte del vecindario para salir de una coyuntura de crisis, Trujillo apostó a erigirse en intérprete y vocero de la modernidad, creyendo –de paso– que su estilo de mando y su forma de hacer política podían convertirse en un referente exportable al resto de la región.

Medina apunta que, al concretar sus planes de reorganización del Estado, Trujillo pretendió que la República Dominicana actuara como interlocutora ideal frente a los demás países caribeños que enfrentaban el reto del desarrollo económico durante la etapa de la entreguerra. Y dice más: «Dentro de esa lógica imaginaria trujillista que colocó al país a la cabeza del ordenamiento geopolítico caribeño (…) hubo permiso para emprender acciones agresivas contra países que no apadrinaban la dictadura, o que protegieron personas desafectas al régimen» (Medina, 2008: 10). Ese papel que todavía en 1947 se arrogaba el Generalísimo era reconocido por la Embajada norteamericana al decir que, tras su reelección, Trujillo tal vez apostaría a incrementar «su esfuerzo constante por obtener crédito y publicidad como líder en asuntos interamericanos»; o, como también sería dicho por la propia Embajada de una manera más cruda: «Trujillo ha demostrado, una y otra vez, disponer del dinero y la voluntad para labrarse una imagen favorable fuera de su país» (FRUS, VIII: 635).

De modo que esto explica que si su afán en la década de 1930 era convencer a EE.UU. de que tenían en él a un referente confiable para la estabilidad del Caribe, la lógica de la Guerra Fría –y su rápido calentamiento a partir de esos años 1947-1948– le llevaban a insistir ante el Departamento de Estado en lo conveniente que resultaba respaldarlo ante las fuerzas adversas que provenían de Caracas, La Habana y Ciudad Guatemala, todas –a su entender– minadas de tintes filocomunistas.

Aun así, el asunto no sería tan fácil. Para junio de 1947, la propia Embajada de EE.UU. confirmaba lo que se comentó líneas antes en relación al apoyo brindado por Trujillo al exilio venezolano. La Embajada acusaba recibo de haberse impuesto desde Washington de la confesión hecha por López Contreras ante el Departamento de Marina. Y agregaba de su parte: «[Nuestros informes coinciden en] implicar al presidente Trujillo y al Gobierno dominicano en un ataque armado contra el gobierno de Betancourt. (…) Parece confirmarse, fuera de toda duda razonable, que el general López Contreras estuvo de hecho en la República Dominicana (…) en conexión con una fuerza que se agrupaba aquí para invadir a Venezuela». Más adelante, bajándole incluso el tono de amenaza a la expedición de Cayo Confites, concluía diciendo: «En todo este tiempo, y como cortina de humo, el Gobierno dominicano ha insistido en denunciar la existencia de planes, tramados desde el exterior, para derrocar al Gobierno de Trujillo» (ibíd., 638-639).

Dado que desde 1945 pesaba una limitación en la cuota que le permitía a República Dominicana abastecerse de material de guerra proveniente de los EE.UU., el gobierno de Trujillo estimó que la coyuntura era favorable para hacer que Washington se sensibilizara frente a las amenazas que le exigían contar con renovados aprestos para su defensa. Sin embargo, la opinión de la Embajada era que tales compras eran injustificadas en vista de lo bien provistas que –a su juicio– se hallaban las fuerzas armadas dominicanas en comparación al resto de sus vecinos (ibíd., 639). De algún modo, la preocupación expresada por Trujillo, y sus diplomáticos en Washington, no carecía de fundamento. De hecho, así lo reconocería más tarde un funcionario del Departamento de Estado: «Los rumores en torno a crecientes preparativos en la República Dominicana contra el gobierno de Rómulo Betancourt dominaron de tal modo la forma de ver lo que ocurría en el teatro del Caribe, que los primeros informes procedentes de Cuba respecto a una invasión inminente contra Santo Domingo [la expedición de Cayo Confites] fueron desdeñados o vistos simplemente como una cortina de humo para ocultar el ‘affaire’ venezolano» (American Embassy/Havana, 17/10/47: 4).

No obstante, para fines de julio de 1947, ciertos indicios llevaron a los diplomáticos estadounidenses acreditados en La Habana a admitir que, desde Cuba, circulaban algo más que meros rumores y, sobre todo, que lo que se tramaba era algo más que una empresa dirigida por simples debutantes (FRUS, VIII: 644). Tanto así que esa Embajada estimaba que, con la connivencia del presidente Grau, o de gente cercana a su gobierno, los insurgentes disponían de una flota de varios aparatos, tal vez no del todo bien provistos ni tampoco en el mejor estado operacional; pero que, aun así, se trataba de seis P-38, un bombardero B-24 Liberator, dos bombarderos B-25 Mitchell, dos Lockheed Vega Ventura, dos Cessna C78 de transporte y dos Douglas C-47 Skytrain, también conocidos como «Goonies» (American Embassy/Havana, 17/10/47: 5; Ameringer, 1996: 35-36).

Según una nota confidencial redactada por el encargado de la Oficina de Asuntos Americanos en Washington, el asunto, a esas alturas, le suscitaba «cierto temor» en vista de las reiteradas veces que se había instruido a la Embajada en La Habana de que hiciese saber a Grau lo que implicaba el riesgo de que, tuviera lugar una verdadera confrontación en el Caribe, (FRUS, VIII: 646). La nota llevaba por fecha 28 de julio de 1947. En horas de la tarde de ese mismo día, la Embajada en La Habana le aseguraba al Departamento de Estado que Grau había resuelto responder mediante un emplazamiento: si la fuerza expedicionaria continuaba en pie no le quedaría otro remedio que ordenarle al ejército cubano que la desbandase de inmediato (ibíd.).

En esa nota, rotulada como «confidencial» y «urgente», la Embajada de EE.UU. en La Habana hacía algunas estimaciones sobre los aspectos más delicados de la aventura. Entre otros puntos: 1) que el gobierno de Venezuela había puesto algunas aeronaves a disposición de los expedicionarios; 2) que las operaciones aéreas consistirían en el empleo de bombas de demolición y bombas incendiarias del tipo napalm; 3) que las aeronaves serían piloteadas por un grupo de aviadores norteamericanos; 4) que la fuerza invasora contaba con más de mil efectivos y se hallaba significativamente bien apertrechada de fusiles, ametralladoras y municiones de guerra; 5) que se contaba con suficiente apoyo interno en Santo Domingo para suponer que la invasión podía ser exitosa, y 6) que el entrenamiento llevado a cabo en Cayo Confites, más que de tipo militar, era de tipo revolucionario (ibíd., 647-650).

Más interesante, por sus implicaciones, será lo que revele la información manejada por el representante de Trujillo en Washington quien, en estado de «visible agitación» (según el informe del Departamento de Estado) solicitó que se le concediera una audiencia a fin de denunciar la gravedad del asunto. «[El embajador dominicano] afirmó que el plan [de Cayo Confites] contaba con un fondo de tres millones de dólares, parte del cual procedía de Venezuela con la anuencia del presidente Betancourt. (…) Tales afirmaciones se vieron precedidas por la acusación según la cual el plan central de los revolucionarios era diezmar la industria dominicana bombardeando los centrales azucareros (…). Enfatizó que buena parte de esa industria era propiedad de capitales provenientes de EE.UU. y que, por tanto, los intereses norteamericanos se verían seriamente afectados si tal cosa ocurriera. Afirmó que el objetivo era, obviamente, destruir de esa forma la fuente más preciada de ingresos del gobierno dominicano, a riesgo de precipitar al país en una seria crisis económica y fiscal. Agregó que el plan contaba con el respaldo de ciertos funcionarios del gobierno cubano y de empresarios de su propia industria azucarera, interesados en que su rival dominicano se viera arruinado de ese modo» (ibíd., 655).

Como alcance a esta denuncia, el embajador dominicano en Washington llamaría una vez más la atención del Departamento de Estado con respecto al volumen de aprestos –especialmente de aeronaves– adquirido por otros países de la cuenca, incluyendo Venezuela. Todo ello, según lo precisaba, en tiempos en que –como se ha dicho– la República Dominicana veía seriamente limitada su posibilidad de adquirir armas directamente de los EE.UU. Y añadía para enfatizar: «[Esta situación] ha traído un serio desequilibrio al cual el gobierno dominicano pretende hacer frente». Su interlocutor en el Departamento de Estado anotaría en hoja aparte: «[El embajador] obviamente siente que Venezuela ha sido armada, de manera desproporcionada, por parte de EE.UU. y que, por tanto, debiéramos permitir que la República Dominicana restaure ese balance» (ibíd., 661). La presión dominicana surtiría efecto: ese mismo año 47, el nuevo Secretario de Estado George Marshall aprobaría relajar las sanciones que pesaban sobre el régimen de Trujillo en materia de aprestos (Ameringer, 1996: 42).

Descontando todo cuanto pueda haber de fantasía y medias verdades en el contenido de estas fuentes, una cosa resalta y así se haría cargo de ponerlo de relieve el Departamento de Estado: «La invasión [de Cayo Confites] estuvo muy cerca de llevarse a cabo, con la posibilidad incluso de haberse desarrollado con éxito» (American Embassy/Havana, 17/10/47). Que no lo fuera, era ya un asunto que respondía más bien al catálogo de errores que los funcionarios estadounidenses se hicieron cargo de confeccionar aunque, desde luego, al fracaso contribuyó también la presión ejercida desde Washington y la estridencia del propio Trujillo al denunciar la expedición a los cuatro vientos. Pero había otro elemento que tampoco lucía descabellado en ese contexto y así se hicieron cargo de expresarlo los diplomáticos estadounidenses en La Habana: «La amenaza de una revolución o de una invasión a Santo Domingo no ha fenecido. Mientras Trujillo continúe en el poder los exiliados persistirán en mantener animada la llama de la esperanza. El mandato del presidente Grau está pronto a concluir y otros gobiernos quizá no sean tan hospitalarios como lo han sido hasta ahora. Sin embargo, las conjuras siguen tramándose. Para ello existe la zafra que Cuba promete para 1948 o el petróleo venezolano, al cual no le faltan mercados. De modo que aún pueden obtenerse recursos. Los empresarios de la obra siguen en escena y el telón podría levantarse de nuevo si el espectáculo promete ser bueno» (American Embassy/Havana, 17/10/47: 17).

Aires de tregua

Pasada la amenaza de Cayo Confites entre julio y septiembre de 1947, y de las invasiones tramadas por López Contreras a lo largo de 1946, una nota confidencial firmada por George Butler, embajador de EE.UU. en Santo Domingo, daba a entender que el gobierno de Trujillo insistía en el hecho de que se organizaba otro movimiento armado en su contra bajo el patrocinio de Venezuela: «Los cargos que formula el Gobierno dominicano contra el de Venezuela son respondidos con acusaciones similares hechas por éste contra la República Dominicana. En vista de tal situación (…) resulta desde luego extremadamente difícil aceptar de buenas a primeras las acusaciones categóricas y protestas solemnes que se están recibiendo de parte y parte. Resulta improbable una mejora de la situación a menos que pueda implementarse alguna acción internacional colectiva» (FRUS, IX: 154).

En respuesta a lo sugerido por su embajador, el Departamento de Estado estimaba que una «acción colectiva» estaba lejos de ser la opción más deseable, sobre todo porque no creía que ése fuera el ánimo imperante entre los países de la región (ibíd., 170). Evidentemente, a juicio del Departamento de Estado existían mecanismos inter-americanos de «paz», así como también lo previsto por el entonces recién concluido Tratado de Asistencia Recíproca (TIAR), capaces de prevenir un conflicto en la zona del Caribe (ibíd., 158). Pero las autoridades de EE.UU. confiaban que frente a cualquier extremo asomara todavía la posibilidad de recurrir a canales que propiciasen una salida por vía de los buenos oficios, aunque al mismo tiempo admitían que esa posibilidad tenía patas cortas dadas las tensiones existentes. A su juicio, el contencioso entre Caracas y Santo Domingo pasaba por ser un problema de carácter «ideológico» y, por tanto, resultaba difícil que fuese resuelto a satisfacción de las partes como podría serlo, por ejemplo, un litigio de carácter territorial capaz, por ello mismo, de hacer admisible el recurso de conciliación o arbitraje (ibíd., 166).

El propio Secretario de Estado Marshall, en vista de las acusaciones mutuas que aún eran frecuentes entre Caracas y Santo Domingo, envió una nota circular a los consulados de EE.UU. en la zona del Caribe solicitando dieran cuenta al Departamento de Estado de cualquier novedad relacionada con el paradero de los «exiliados» en aquellos países que estuvieren bajo la órbita de sus respectivas jurisdicciones, o que informaran del arribo a ellos de barcos o aeronaves sospechosas de estar comprometidas en alguna acción. Marshall lo haría en el marco de declarar lo siguiente: «Las tensiones recurrentes entre Venezuela y República Dominicana, que datan desde la Revolución de Octubre de 1945 en Venezuela, se han incrementado. Cada uno de ambos gobiernos ha dirigido notas confidenciales a este Departamento, así como comunicados de prensa, alegando intenciones hostiles y planes de agresión por parte del otro gobierno. Cada uno ha invocado la compra de armamento efectuada por el otro, dando a entender así que son excesivas para cualquier requerimiento normal de defensa. Se estima que ambos gobiernos se hallan genuinamente atemorizados por alguna agresión en el futuro cercano, pero no tienen idea acerca de la forma definitiva que podría asumir. El gobierno venezolano teme que pueda enviarse apoyo desde el exterior a una revolución que –según estiman– está siendo preparada dentro del país, indicios de lo cual figura en algunos informes de la Embajada [de EE.UU.] en Caracas. La República Dominicana teme, por su parte, una acción similar a la abortada expedición que tuvo lugar el pasado verano en Cayo Confites, Cuba. Otros países son citados como posibles bases de operaciones por parte de un gobierno o del otro, incluyendo a Haití, Colombia y Guatemala» (ibíd., 163-164).

A pesar de este análisis hecho por Marshall en torno a las tensiones que aún persistían durante el final del Trienio, y de la posición, aparentemente inflexible, por parte de Caracas y Santo Domingo de no dar paso alguno para aminorar la crisis sin que previamente lo hiciera el otro, algunos indicios apuntan a suponer que, en el fondo, ambos países precisaban de una tregua, así fuera momentánea. En el caso de Venezuela, lo que podía facilitar esa posibilidad era el cambio de gobierno y algunos gestos expresados ya por el nuevo presidente Rómulo Gallegos en el sentido de facilitar el retorno de cierta tranquilidad en el Caribe.

Pero también habría que agregar que durante sus últimos días de gestión, el mismo Betancourt insinuó la posibilidad de un receso en la guerra. La historiadora Mirela Quero habla del interés que pudo tener la Junta, en un momento no identificado en los documentos conservados en el archivo de Betancourt, de darle curso a ciertos aires de tregua. Por ahora sirve como evidencia una carta rescatada por ella que data de febrero de 1947, fecha quizá un tanto prematura para que la iniciativa tuviese algún efecto. En todo caso, en la referida carta queda claro que, desde San José, el embajador de Venezuela en Costa Rica le formulaba a Betancourt el siguiente planteamiento: «El embajador argentino (…) antes de irse, ya cumplida su misión en Costa Rica, me encargó que hiciera llegar al alto conocimiento de Ud. que, de acuerdo con la conversación que sostuviera en Caracas pertinente a un cambio de táctica en nuestras relaciones internacionales con la República Dominicana, se complacía en participarle que el general Trujillo aceptó de buen grado la sugerencia de iniciar un periodo de tregua, una especie de pacto de neutralidad amistoso entre los dos gobiernos; que el representante argentino en esa República se lo comunicaría a Ud. en tanto que él pudiera hacerlo, como lo había hecho ya al señor Presidente General Perón. Por ello, en cable cifrado, me dirigí al señor doctor Carlos Morales, nuestro Canciller, rogándole que trasmitiera a usted dichos particulares» (Quero, 2004: 13).

Al mismo tiempo, si nos remitimos a la época del fin de su mandato, en febrero de 1948, destaca también el hecho de que Betancourt propusiera que el asunto caribeño quedara en manos de una comisión investigadora de la Unión Panamericana. Al proponer que esa comisión estudiara el caso y formulara recomendaciones, la decisión se prestaba a ser vista como una forma de enfriar el conflicto. Por su parte, en el caso de la República Dominicana, el deseo de una tregua pudo darse a raíz de lo que abierta y francamente expresó el embajador dominicano en Washington a fines de 1947: que la adquisición de nuevos pertrechos, ante la eventualidad de invasiones y amenazas como las que se habían planteado en tiempos recientes, podía gravitar pesadamente sobre las finanzas de Trujillo, por más que el Generalísimo tuviese la obsesión, con guerra o sin ella, de corregir el desbalance militar. Existe un dato adicional que convendría no pasar por alto en este sentido. Estimulándolo a que capitalizara a su favor el fracaso que supuso la acción enemiga de Cayo Confites, Ramón Marrero Aristy, uno de los principales y más cercanos consejeros de Trujillo, le presentó un informe confidencial en octubre de 1947, en el cual se permitía sugerirle que variara su tumultuosa política en el Caribe, principalmente la observada hasta ese momento hacia Venezuela (Castro, 2008: 90). Desde el ámbito de los intereses de Trujillo, Marrero proponía que la tregua se diera sin tomar en cuenta la opinión de los propios exiliados venezolanos que seguían viéndose amparados por el Generalísimo, arguyendo que «[E]sta tregua se obtendría fácilmente porque si es cierto que Betancourt es un peligro para nosotros, también lo es que el Gobierno dominicano es un peligro para él y él lo sabe. La tregua alcanzaría las proporciones y el alcance que el mismo Betancourt, que ahora es el más apurado, desee o deje ver que desea» (ibíd., 92).

Por su parte, el embajador dominicano en Colombia, el historiador Emilio Rodríguez Demorizi, también recomendaba aprovechar la coyuntura que suponía el cambio de gobierno en Caracas a fin de que se le diera un receso conveniente al enfrentamiento: «[Para] nuestro gobierno, frente a las complicaciones políticas de Venezuela, no sería prudente tomar la iniciativa en la hostilidad al Gobierno de Gallegos que va a inaugurarse» (ibíd., 94-95).

Podría pensarse incluso que el propio López Contreras estuvo en el ánimo de participar de la amplitud con que podía llegar a concebirse aquella tregua en el Caribe. Por algo, desde Miami, dirá a uno de sus confidentes en Santo Domingo, en clara alusión a Trujillo: «Conviene que el amigo sepa que por aquí han llegado agentes de sondeo para entrar en negociaciones (…) Los de A.D., a pesar de sus baladronadas, temen, porque están seguros de que muy pocos saldrán a defenderlos» (Landaeta, 1955: 173).

No obstante, por mayor que fuera la tregua, el gobierno de Rómulo Gallegos apenas duraría nueve meses en el poder. Con el golpe de Estado en su contra, el 24 de noviembre de 1948, y la instalación de la Junta Militar, se activará la suficiente buena sintonía con Santo Domingo como para que Trujillo se sintiera a sus anchas con los nuevos inquilinos del poder que le harían compañía desde Caracas.

Nuevos choques con Trujillo

Antes de que la biografía de Betancourt cobre otro capítulo de exilio tras el derrocamiento de Gallegos convendría decir algo sobre el papel que estrenaría al entregarle el poder a su sucesor. Como lo reseña María Teresa Romero en su biografía de Betancourt, al expresidente de la Junta le fue concedido el privilegio de viajar a Bogotá hacia fines de marzo de ese año 48 para presidir la delegación venezolana que asistiría a la IX Conferencia de la Unión Panamericana (Romero, 2005: 93-94). La cita no formaba parte de la rutina diplomática habitual, ni Betancourt iría simplemente a ornar con su presencia los estrados del Palacio de las Comunicaciones donde tendrían lugar las deliberaciones. En realidad, se trataría de la conferencia más importante de las nueve celebradas por la Unión Panamericana desde 1889, puesto que daría lugar a la creación de la OEA.

Betancourt, desde luego, tendrá mucho que opinar, en nombre de Venezuela, acerca de la Carta Constitutiva del nuevo organismo. Una vez que le tocara dirigirse a la plenaria durante los primeros días de abril, el corresponsal de El Nacional escogería los pasajes más significativos del discurso del expresidente a fin de transmitirlos a su lectoría de Caracas. No en vano, a la hora de seleccionarlos por orden de importancia, figuraría éste entre los primeros: «Mientras haya un solo pueblo americano en donde no exista libertad cabal para la prensa y alternabilidad de mandatarios libremente elegidos (…) permanecerá latente el peligro de que pervivan focos de totalitarismo. Por sustentar esta tesis, nuestro gobierno no mantiene relaciones con la dictadura que oprime al pueblo de Santo Domingo y dispuestos estamos a sostener que debe establecerse un cordón profiláctico contra los gobiernos antidemocráticos, entre ellos, algunos geográficamente ubicados en tierra centroamericana» (El Nacional, 31/03/48).

Como lo demuestra este pasaje, la IX Conferencia se prestó para que, en lugar de metralletas y aprestos militares, la guerra entre Venezuela y Santo Domingo se trasladara esta vez al coso multilateral. Allí, por ejemplo, ocurriría un choque entre la delegación venezolana, dirigida por Betancourt, y los delegados de Trujillo a la hora de definir la forma en que quedaría constituida la llamada «Comisión de Política» de la IX Conferencia. Dado que quien estaba propuesto para presidirla era uno de los diplomáticos dominicanos, y siendo ésta la Comisión que debía tener a su cargo redactar los artículos de la Carta Constitutiva de la OEA relativos a gobiernos de facto, preservación y defensa de la democracia y postura regional en materia de derechos del hombre, Betancourt, hablando desde el estrado, se opuso enérgicamente a esa candidatura. Fue tal vez el choque más ruidoso que se registró durante toda la Conferencia, al punto de que El Liberal, en Bogotá, dejará registrado que las tirantes relaciones entre ambos países explotaron con motivo de aquella delicada Comisión (El Liberal, 02/04/48).

Por si fuera poco, los diarios El Colombiano de Medellín y El Siglo de Bogotá, ambos afines al derechismo regional, intentarían implicar al expresidente venezolano en el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y el estallido popular del «Bogotazo» ocurrido el 9 de abril en medio de la Conferencia Panamericana (El País, 04/07/48). Las «incitaciones» de Betancourt –al decir de estos diarios– confirmaban los designios intervencionistas y demagógicos promovidos por Venezuela. No obstante, el expresidente le saldría al paso a semejante imputación alegando que fue precisamente por obra de su propia iniciativa que la Conferencia mudó su sede al Gimnasio Moderno para allí, en medio de las condiciones más precarias, continuar deliberando a pesar de la conmoción ocurrida en la capital colombiana (ARDP: 214/ febrero de 1948-mayo de 1951).

En vista de la gravedad de la acusación, El Nacional de Caracas, bajo el título de «Táctica calumniosa», recogería unas declaraciones ofrecidas por el dirigente Alberto Carnevali a la agencia Associated Press negando el contenido de un documento que le habría servido de fuente a aquellos dos diarios colombianos, según el cual ad y el Gobierno revolucionario habían provisto de armas a Gaitán y sus partidarios. Carnevali se haría cargo de aclarar que cuando el líder liberal colombiano fue asesinado, Betancourt se hallaba en compañía del presidente Mariano Ospina Pérez en la inauguración de una feria ganadera en las afuera de Bogotá. Luego agregó que «[Betancourt] permaneció encerrado en la Embajada [venezolana], saliendo únicamente para recibir a los aviones que traían auxilios de Venezuela».

Pero Carnevali iría más lejos: responsabilizaría como autor de aquel documento al periodista José Vicente Pepper, amparado por Trujillo en Santo Domingo (El Nacional, 05/07/48). El Liberal, por su parte, terciaría a favor de Betancourt y del Gobierno de AD calificando lo ocurrido de «fullería periodística» y fustigando al supuesto autor del documento de este modo: «Otro pájaro de cuenta, José Vicente Pepper, de nacionalidad venezolana, a quien el dictador Trujillo ha escogido como instrumento para organizar (…) conspiraciones contra el gobierno de (…) Gallegos, suministrándole armas a la oposición conservadora venezolana, y de paso a la colombiana, para facilitar por medio de un frente común la rebelión reaccionaria en ambos países. Es a ese género de individuos a quienes los extremistas conservadores, atrincherados en la prensa, se han asociado para difamar la memoria del señor Jorge Eliécer Gaitán» (ARDP: 229/ febrero de 1948-mayo de 1951).

La campaña que pretendía demostrar que Betancourt fue el instigador de los sucesos del Bogotazo no llevó, empero, a mayores consecuencias. De hecho, no tardó en perder espacio en la prensa por lo extravagante que terminó resultando la alegación y por los fuertes apoyos con que contó Betancourt, dentro y fuera de Colombia, a la hora de desmentir el infundio. De regreso a Caracas, el expresidente de la Junta y exJefe de la delegación venezolana en Bogotá emprendería un viaje de recuperación a Saranac Lake, en el estado de Nueva York, sin dejar de pasar por Washington donde, en gesto poco usual para quien no fuera Jefe de Estado, fue invitado a hablar ante una sesión convocada en su honor por el Consejo de la entonces recién creada OEA como resultado de la IX Conferencia de Bogotá. Semejante deferencia le serviría a «Mr. X» (seudónimo de su archienemigo Germán Borregales) para fustigar el gesto desde las páginas de El Gráfico y opinar en tal sentido, diciendo lo siguiente acerca de Betancourt: «Ese señor está hablando en la tribuna de la OEA. Es decir, en una asamblea integrada por Delegados Oficiales de todos los países de América, inclusive Venezuela, Santo Domingo, Nicaragua, etc., que tienen ahí sus delegados. Ahora bien, ¿es que un delegado de partido puede hablar en una Organización de Estados? (…) El hecho de haber hablado como representante de partido, de haberse expresado como tal, sin rango oficial alguno, envuelve una confusión y cubre de brumas el panorama» (El Gráfico, 09/09/48).

Independientemente de las críticas que hicieran Borregales y otros adversarios respecto a su presencia en Washington, Betancourt declaró en el curso de una entrevista con la prensa estadounidense que la región debía tomar medidas para retirarle todo reconocimiento diplomático a la República Dominicana y Nicaragua (El Universal, 09/09/48). Antes, en el marco de la sesión de la OEA, señaló que ya, en la Conferencia de abril en Bogotá, se había acordado hacer oposición a los regímenes dictatoriales (algo que, a su juicio, debía aplicarse a gobiernos comunistas y filofascistas por igual), reiterando además la idea de que la nueva OEA debía adoptar algún protocolo normativo que determinase las condiciones necesarias para que pudiera procederse, individual o colectivamente, al reconocimiento de gobiernos de facto.

En todo caso Washington, luego de Bogotá, sería el escenario desde el cual Betancourt volvió a fustigar a sus adversarios del Caribe y el istmo centroamericano. En esa oportunidad dijo lo siguiente: «El general Somoza (de Nicaragua) es una amenaza para la paz del Caribe y el gobierno de Trujillo apenas puede ser llamado democrático» (El Nacional, 09/09/48). Más adelante, ante los reporteros, se haría cargo de aclarar: «[Q]uiero hacer resaltar que no tengo representación oficial ni política, y que hablo por mí como ciudadano particular. Pero nadie puede decir que los gobiernos de Trujillo y Somoza sean exactamente democráticos» (ibíd.).

Hasta donde se tenga noticia, Trujillo no respondió a las declaraciones ofrecidas por Betancourt desde un sitio tan sensible como Washington, aunque, como era lógico suponer, el representante de Santo Domingo ante la OEA se ausentó de aquella sesión en honor del expresidente venezolano (El Gráfico, 08/09/48). Somoza, en cambio, sí respondería desde Managua, según un cable de la agencia AP: «Los que amenazan la paz de América Central y el Caribe son Betancourt y sus partidarios, incluyendo al Presidente de Guatemala, Juan José Arévalo». «Desgraciadamente –agregó– las actividades y discursos del Presidente electo de Cuba, Prío Socarrás, indican la formación de un bloque compuesto por Cuba, Guatemala y Venezuela, y creo que el mundo marcharía mejor si cada uno se cuidara de sus propios asuntos». Para rematar, el cable cerraba de este modo: «Somoza invitó a Betancourt a visitar Nicaragua para que vea una verdadera democracia y cómo la paz reina en la mayoría de sus ciudadanos». «Aquí –dijo Somoza– verá Betancourt la verdadera libertad de prensa y no podrá ver ni un solo prisionero político, con excepción de comunistas, que, yo creo, son enemigos del señor Betancourt» (ARDP: 289/ febrero de 1948-mayo de 1951).

Betancourt regresaría a Washington, pero en febrero de 1950, en una de las primeras escalas de su exilio tras ser depuesto Rómulo Gallegos. Allí compareció «a motu proprio» (dirá él) ante la periodísticamente llamada «Comisión de Paz del Caribe» o, formalmente hablando, «Comisión Investigadora de la Zona Antillana» de la OEA, donde expuso sus puntos de vista para refutar una vez más las acusaciones formuladas por Trujillo de que tanto él como Gallegos habían estado implicados en actividades hostiles contra Santo Domingo. Al final, Betancourt entregó una declaración escrita diciendo, entre otras cosas, que hizo una solicitud cablegráfica desde La Habana a la Comisión que estudiaba la situación del Caribe para que se escuchara su testimonio y, a resultas de ello, se permitió afirmar que no fueron el gobierno suyo ni el de Gallegos los que habían interferido en la política interna dominicana sino que habían sido, en cambio, «regímenes (…) como el de Santo Domingo [los que] estuvieron inmiscuidos en tráfico de armas y otras gestiones en connivencia con los enemigos del gobierno democrático de Venezuela» (ARDP: 336/, febrero de 1948-mayo de 1951). «En forma muy categórica –agregó– sostuve el punto de vista del partido Acción Democrática, del cual soy presidente, de negarle eficacia a las expediciones armadas desde el exterior para derrocar a los gobiernos dictatoriales» (El Tiempo, 26/02/50).

Haría falta dejar de consultar los documentos para no darse cuenta de que Betancourt maquillaba un poco aquella coyuntura guerrera, cuando lo cierto del caso era que las operaciones fraguadas contra Trujillo también formaron parte de las decisiones discutidas por los altos jerarcas de la Junta Revolucionaria de Gobierno.

Ocho años más de ordalías le aguardaban en el exilio. Y durante buena parte de ese tiempo, Pérez Jiménez y su socio Trujillo estarían pendientes de no perderle la pista a Betancourt en ninguna de sus distintas escalas por el Caribe.

El duelo se desplaza al exilio

La obra realizada por el Excelentísimo señor Presidente de Venezuela, Coronel Marcos Pérez Jiménez, constituye como la de Trujillo en nuestro país, una prueba irrefutable de que los pueblos se gobiernan con realidades y no con manifiestos y abstracciones.

JOAQUÍN BALAGUER, 1954

[H]ay hoy dos puntos acerca de los cuales no existen entre los dominicanos de todas las categorías discrepancias ni contradicciones: la devoción de nuestras masas a la Virgen de la Altagracia en el campo superior del espíritu y la adhesión de esas mismas masas a Trujillo en el campo de los intereses temporales.

JOAQUÍN BALAGUER, 1959

Desde 1960, mediante una combinación de proverbial astucia y calculada sumisión, Joaquín Balaguer comenzó a labrarse el camino que eventualmente lo llevaría a erigirse como el referente más importante de la política dominicana. A la hora de componer la lista de quienes han sido campeones de largas presidencias en la región, Balaguer no se queda atrás en la tabla de posiciones: las suyas totalizan siete, repartidas a lo largo de veintidós años (1960-1962, 1966-1978 y 1986-1996), es decir, apenas nueve menos de lo que duró Trujillo en el poder (en el trono o detrás de él) entre 1930 y 1961.

Cabe observar que fue justamente en previsión de las sanciones que la OEA podría imponerle a la isla tras el atentado contra Betancourt, en junio de 1960, que el Generalísimo optó por exigirle a su hermano Héctor Bienvenido (el «Negro») Trujillo que renunciara a la Presidencia que venía ejerciendo desde 1952 como una forma de oxigenar al régimen, dando paso así a que Balaguer, a la sazón segundo al mando, ocupara el cargo (Wiese, 2000: 50). El propio Balaguer definiría ese tránsito como «la etapa más triste y más desairada de mi carrera política». Y agregaba de seguidas esta impresión, llamada a ser aún más lastimosa: «Consciente del ludibrio envuelto en esa elección ridícula y sobremanera deslucida, no hice ningún esfuerzo para llegar a ella y la recibí no como un premio a mi labor política, sino como una componenda transitoria impuesta al régimen por la gravedad del repudio en que sus errores lo habían colocado ante la opinión pública foránea» (Balaguer, 1988: 144). Con respecto a esta última parte de su confesión, Balaguer estaba consciente de que el clan Trujillo era el primero en llamarse a engaños si creía que, mediante esa mudanza aparente en el poder, lograrían suavizarse las sanciones que la OEA estaba en tránsito de discutir y adoptar como resultado del atentado de Los Próceres. Citando incluso lo que anotaba el presidente Dwight Eisenhower en sus Memorias, Balaguer advertía que ni los propios Estados Unidos dejarían de verles las costuras a esa maniobra alentada por el Generalísimo. Pero, con respecto a lo primero, o sea, que se tratara de una «hora triste» puede que hubiese algo de fingimiento, o que se tratara de una afirmación decantada para el recuerdo; porque lo cierto es que, a partir de ese punto, y no obstante los demás accidentes que le deparara el futuro, Balaguer empezaría a forjarse su carrera hacia el poder, librándose en primer lugar de la asfixiante sombra de Trujillo y de su clan. Además, fue durante el ejercicio de esa primera y efímera Presidencia que le tocó atestiguar el asesinato del Generalísimo, la noche del 30 de mayo de 1961 (ibíd., 145).

Este y otros recuerdos están recogidos en sus Memorias de un cortesano de la era de Trujillo publicadas en 1988 y donde, alejándose del verso y de la prosa de ficción a las que fue tan aficionado desde sus años de juventud, Balaguer intentó ensayar un recuento de su vida en la política. El resultado fueron estas memorias donde, entre otras cosas, se propuso explorar la personalidad del Generalísimo y, sobre todo, su particular psicología del poder. En las páginas de su testimonio (cuyo espíritu de autoflagelación se hace evidente hasta en el título) figura un dato que hace que Balaguer, al igual que muchos de sus contemporáneos, vacilara ante la delirante personalidad de Trujillo. Allí, sin muchas excusas, prevalece la idea según el cual el «hombre fuerte» no fue torpe en la administración del Estado (a pesar de que, ladinamente, el Estado fuera parte de su patrimonio personal); que el poderoso régimen a su cargo pudo estabilizar al país sin mayores obstáculos durante treinta años al sacarlo del caos en el cual llegó a verse sumido en 1930 y, por si fuera poco, que el despegue industrial fue obra del trujillismo, así como la modernización y diversificación económica del país. Balaguer, en particular, habla con palabras muy escogidas sobre lo que significó para Trujillo la hazaña de impulsar el desarrollo de la industria azucarera (ibíd., 91), aunque sobre esto último tampoco parecía importarle mucho el hecho de que, para 1957, el propio Trujillo llegase a ser dueño absoluto de un conglomerado de ingenios que producía el 60% del azúcar del país (Wiese, 2000: 26).

Aun con los mutis que caracterizan su testimonio, Balaguer hizo un retrato de Trujillo que es muy significativo en más de un sentido. Allí, entre otras cosas, habla de quien, desde lo alto de su poder omnímodo, fue capaz de administrar vidas ajenas con una frialdad sin contemplaciones. Y sin embargo, en medio de las ambivalencias de las que repetidas veces hace gala, remata llamándolo «un mandamás de agallas no comunes», (Balaguer, 1988: 107), tal vez como una forma de explicar que su destellante don de mando hubiese logrado propiciar lo que, de otra forma, era prácticamente imposible: que la República Dominicana se rindiera durante treinta años ante su poder sin límites.

Lo que a continuación sigue tampoco puede atribuírsele a un enemigo enceguecido, apasionado, visceral o implacable de Rafael Leonidas Trujillo. Ya esto, de por sí, es garantía de que no existen motivos para dudar de la validez de su testimonio. Todo lo contrario: lo que habrá de leerse de seguidas se debe a alguien a quien el hombre fuerte de Santo Domingo dispensó su hospitalidad en varias ocasiones. Por si fuera poco, existe algo más que contribuye a tomar el suyo como un testimonio confiable: se trata del hecho de que no nos hallemos en presencia de un Hijo de la Caridad de San Vicente de Paúl o de una versión mejorada del Santo Niño de Atocha. Hablamos de Pedro Estrada, jefe de la Seguridad Nacional, quien, en sus propias palabras, se preciaba de ser considerado como uno de los funcionarios más temidos del aparato perezjimenista (Blanco Muñoz, 1983: 242). Como los apodos siempre dicen algo, el que le endilgó Betancourt desde el exilio es bastante elocuente: «El Chacal de Güiria», aludiendo a la vez a su localidad de origen y a los atributos de astucia y frialdad que suelen verse asociados a ese depredador de las estepas africanas.

Con todo y la gratitud que pudo llegar a mostrarle por su disposición a tratarlo como huésped político y acogerlo en tierras dominicanas, al Chacal –según su propia confesión– le perturbaban los extremos de violencia a los que era capaz de llegar Trujillo a la hora de ajustar cuentas con sus adversarios. Dicho de otro modo: si las prácticas de Trujillo llegaron a erizarle la piel a quien le correspondió estar al frente de la policía política de Pérez Jiménez, cuesta poco inferir lo que, para el común de los mortales, debió significar la metodología del terror empleada por el Generalísimo. Estrada admite ante el historiador Agustín Blanco Muñoz, quien lo entrevistó en París, en 1982, que Trujillo era «un hombre de grandes pasiones, un hombre peligroso», «un hombre muy violento» que «tenía métodos terribles en su gobierno» y, como prueba de ello, se permitió citar algunos recuerdos asociados a su trato con el «mandamás» (como lo llama Balaguer) de Santo Domingo. Con un sentido testimonial crudo y directo, Estrada refiere el siguiente episodio: «Un día que había almorzado con él, al terminar, nos asomamos a los ventanales del Palacio de Gobierno, que daban al mar. Y me dijo, hablando de un individuo a quien había matado en esos días: ‘Si Dios hubiera querido que fulano de tal hubiese muerto de cáncer, lo habría dispuesto así. Pero me escogió a mí como instrumento para que yo ejerciera su mandato. Porque la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad del señor. ¿Te das cuenta de eso?’» (ibíd., 195).

Al parecer, sin embargo, no bastaba con que Trujillo se viera asociado a los planes que la Providencia tenía dispuestos para su rebaño. También corre otra confesión de parte del exjefe de la SN capaz de helarle la sangre a quien lea el libro de Blanco Muñoz. Allí se recoge, palabra por palabra, lo dicho por Estrada en relación a la suerte corrida por Jesús Galíndez, un refugiado político de la Guerra de España quien, al principio, llegó a ganarse la vida como asesor legal en asuntos laborales y económicos del régimen de Trujillo. Luego de una accidentada relación con el clan en el poder y apartado de toda simpatía, Galíndez resolvió radicarse en Nueva York, impartiendo clases en la Universidad de Columbia. Pero haría más: se consagraría a preparar una tesis doctoral que lo haría famoso: La era de Trujillo. El dominicano Hans Wiese Delgado es preciso al referirse a los hechos de esta manera: «[S]e supo que en dicha tesis hacía crueles y fuertes críticas al régimen y que revelaba muchas intimidades conocidas sólo por los que habían estado cerca o dentro del círculo de personas estrechamente vinculadas al poderoso gobernante (…) Existe la versión en círculos bien enterados, de que Galíndez leyó parte de los manuscritos de su tesis a algunos de sus allegados y alumnos de la Universidad de Columbia. Lo cierto es que la información de que preparaba dicha tesis esgrimiendo fuertes ataques contra Trujillo, llegó a conocimiento de las autoridades diplomáticas y consulares dominicanas en New York (…) Se dice que el ‘Jefe’ trató en vano de comprar los manuscritos de la tesis de Galíndez (…) pero que no logró que Galíndez aceptara. Esta negativa fue, obviamente, su sentencia de muerte» (Wiese, 2000: 146).

Por simple obra de la suerte, la tesis de Galíndez sería publicada más tarde en Chile, y con la sola excepción de Una satrapía en el Caribe, atribuida a otro refugiado español caído en desgracia, fue recibida como una de las más feroces requisitorias contra el régimen dominicano. Trujillo hizo raptar al autor en 1956 («lo robó», en palabras de Estrada) cuando Galíndez se dirigía en metro desde la Universidad de Columbia a su apartamento en Manhattan. Sin levantar sospechas, fue contrabandeado de vuelta a la isla y llevado a presencia de Trujillo, quien lo aguardaba resuelto a ejecutar una venganza personal contra aquel exfuncionario de su gobierno y autor del libro detractor. Justamente el testimonio de Estrada, en conversación con Blanco Muñoz, apunta a referir algunos detalles de la muerte de Galíndez, la cual, de paso, llegó a convertirse en un escándalo internacional que Trujillo solo pudo circunvalar con ayuda del cofre que destinaba a sus relaciones públicas fuera de la República Dominicana. Esta es, en todo caso, la confidencia de Estrada: «Trujillo tenía un gran despacho. Y en una mesa hizo colocar una jarra de agua y un ejemplar del libro. Sentó a Galíndez y le dijo: usted se va a comer el libro desde la portada hasta el fin, comido, página por página». «Cuando a un hombre se le hace eso –remataba diciéndole Trujillo a Estrada– hay que matarlo. Y simplemente lo tiramos al horno crematorio» (ibíd.) El balance que ofrece el exjefe de la SN es ilustrativo: «Ese era Trujillo. Uno de los hombres más peligrosos que he conocido. Sumamente peligroso. Sus teorías eran terribles» (ibíd.).

Por si fuera poco, el propio Estrada, quien estuvo al frente de la policía política entre 1951 hasta 1958, confiesa ante Blanco Muñoz haberle agarrado miedo a Trujillo durante los pocos meses de su exilio en Santo Domingo luego del fin de la dictadura perezjimenista. Todo por la supuesta existencia de un informe (Estrada dixit) que, como Jefe de la Seguridad Nacional, elaboró tras una gira por Centroamérica y el Caribe en el cual aconsejaba mantener cierta cautela ante algunos aspectos del trujillismo. A su juicio, el informe se contraía a recomendar que «con Trujillo había que tener relaciones, pero no echarnos en sus brazos, ni seguir su política» (ibíd., 292). Según Estrada, el temor a que en algún momento esos papeles trascendieran luego del torbellino que supuso la caída de Pérez Jiménez, lo hizo tomar la decisión de marcharse a Miami y abandonar abruptamente su santuario dominicano. Vale la pena ver revelados los temores del exhombre fuerte de la Seguridad Nacional tal como constan en aquella entrevista: «Y en 24 horas preparé el viaje. (…) [P]asó Trujillo y me dijo: no me había dicho usted nada de que se marchaba. No Presidente, le respondí, no me marcho. Voy simplemente a Miami a llevar a mi madre que va a vivir con mi hijo que está allí. Y en efecto, eso era así. (…) Así que yo regreso, Presidente, le añadí. ¿Y cuándo regresa?, me preguntó, agregándome: regrese lo más pronto posible y traiga sus archivos. Aquí vamos a montar un comando donde usted será el jefe. Y, te advierto, Agustín [dirigiéndose a Blanco Muñoz], todavía mientras estaba volando hacia Miami, como era un aparato de la Dominicana de Aviación, tenía el temor de que me devolviesen» (ibíd., 282-283).

Conviene insistir en que, por provenir de quien lo hace, el testimonio de Estrada resulta, además de revelador, confiable. Lo cual da pie, sobre la base de aquella entrevista sostenida en París, para decir algo más. En este caso, sobre lo que significó la práctica de Trujillo de «robar» adversarios cuando estos, aparentemente, creían verse lejos de su mano, o fuera del alcance de gobiernos aliados en otros puntos del Caribe. En ese sentido, el historiador Santiago Castro apunta que hacia 1955, durante el exilio de Betancourt en Puerto Rico, los servicios de seguridad dominicanos planificaron «secuestrar» al dirigente venezolano y, a la usanza de lo ocurrido con Galíndez, trasladarlo a Santo Domingo como «trofeo» al «Jefe» (Castro, 2008: 136).

Probablemente uno de los recuerdos que invoca el jefe de la SN en sus conversaciones de París tenga relación con este episodio particular o con otro semejante relacionado a la escabrosa práctica trujillista del secuestro. De acuerdo con Estrada, en una ocasión mientras fue jefe de la policía política, llegó de visita al país un enviado de Trujillo con el cual el gobierno de Pérez Jiménez tenía cuentas pendientes por la reparación de unos bombarderos B-25 que pertenecían a la Fuerza Aérea Venezolana. Al cabo, el sujeto lograría que se le abonara lo adeudado a través de una intervención personal de Estrada ante el Ministro de Defensa. Pero, cosa curiosa –según lo refiere él mismo en el curso de aquella entrevista–, el sujeto en cuestión le dejó caer una propuesta calificada de «personal y secreta» cuando, agradecido por su mediación, acudió a despedirse de él. Si a Estrada la memoria no le estaba jugando una trampa casi treinta años más tarde, así fue que su interlocutor elaboró lo que se traía entre manos: «Para presentarle, primero que todo, mis credenciales, puedo decirle que yo fui quien ‘robé’ a Galíndez». (¿Recuerdas –pregunta Estrada a Blanco Muñoz– cuando Trujillo se ‘robó, secuestró, a Galíndez en Nueva York y se formó aquel gran escándalo internacional?). A continuación, el exiliado más famoso de la era perezjimenista agregaría: «Me dijo: yo fui quien me lo robé y se lo llevé a Trujillo. ¿Cómo quiere usted que le traiga a Betancourt? ¿Enlatado, vivo, muerto? ¿Cómo lo quiere? Ahora, eso tiene un precio: un millón de dólares» (ibíd., 194). Estrada admite haberse tomado en serio la propuesta, al punto de discutirla con Pérez Jiménez, quien le dio esta respuesta: «[D]e ninguna manera. Y te advierto, no le costaba nada al General decirle: como no, adelante, y pagarle. Pero su respuesta fue terminante: no, de ninguna manera. Dígale a ese señor que le diga a Trujillo que si él quiere hacerlo por su cuenta, que lo haga, pero que yo no me inmiscuyo en eso» (ibíd.).

Queda claro –con o sin el testimonio de Estrada– que el odio de Trujillo hacia Betancourt era tan propio y personal que el mandamás de Santo Domingo no dudaría en intentar saldarlo mientras duró el exilio de éste y, desde luego, cuando en 1960 apadrine el plan magnicida de Los Próceres. Tan largo era el odio contra su más implacable adversario en la zona del Caribe que éste se remontaba, como ya se vio, a la época del Trienio en Venezuela, cuando ambos llegaron a declararse mutuamente la guerra. Una guerra que no concluiría con el fallido atentado contra Betancourt, en junio de 1960, sino con el que habría de cobrar la vida del propio Trujillo casi un año más tarde, en mayo de 1961.

Con todo, el testimonio del jefe de la Seguridad Nacional vale también para apreciar lo que, a su juicio, fue la política seguida por Pérez Jiménez hacia Trujillo y la forma como ésta llegó a implementarse, a pesar de ciertos desencuentros, durante el resto del decenio militar. A tal respecto, no sólo Estrada sino Leonardo Altuve Carrillo, tan cercano como el anterior cuando se aplica el barómetro de las lealtades sinceras hacia Pérez Jiménez, subraya que la coincidencia de propósitos con Trujillo era relativa. Según Altuve, Pérez Jiménez, en la antevíspera del 23 de enero –«y con dolida sinceridad»– le confesaría: «Nadie me podrá acusar de haberle arrebatado los medios de trabajo y subsistencia a ninguna persona. No soy como Trujillo» (Altuve, 1973: 411). Por su parte, en distintos momentos de su entrevista con Blanco Muñoz, Estrada afirma que, a pesar de la afinidad de principios e intereses que privaba entre ambos regímenes, la solidaridad fue un asunto manejado con cautela: «[A] mi juicio [debíamos] tener buenas relaciones con Trujillo, pero no ligarnos de una manera incondicional. En dos platos: que podíamos tener amistad diplomática, etc., pero no complicidad. Y efectivamente esa política se condujo así». A la hora de intentar precisarlo más sobre el particular, Blanco Muñoz recibiría esta respuesta: «Solidaridad no te puedo decir que había. Solidaridad es una palabra muy amplia. No podíamos ser solidarios, por ejemplo, con lo que hacía Trujillo» (Blanco Muñoz, 1983: 298).

Empero, este pasaje de su testimonio termina acusando cierta debilidad si se le compara con lo que el propio Estrada afirma más adelante. Ello es así puesto que, frente a la grabadora de su entrevistador, resulta probable que el exJefe de la SN intentara –al menos al principio– restarle contenido a los entendimientos entre los militares venezolanos y el gobierno del clan Trujillo; pero lo cierto es que, en otras páginas de su testimonio, mientras va rememorando la red de contactos desarrollada por él en las Antillas durante el tiempo en que colaboró con los afanes conspirativos de López Contreras, Estrada pone de bulto un dato revelador. Al hablar entonces del valor que cobraron aquellas preciadas relaciones caribeñas cuando, en 1951, fue invitado por la Junta para asumir la jefatura de la policía política, Estrada admitía abiertamente lo siguiente: «Todos esos hombres que habían ayudado en la conspiración, Somoza, Trujillo, los de Honduras, o El Salvador (…) vieron con buenos ojos mi regreso, ya en función de Gobierno. Y me ofrecieron apoyo para ir contra AD, que los había combatido a ellos. Se comenzó entonces a establecer una maquinaria antiadeca» (ibíd., 108).

Efectivamente, entre los militares venezolanos y Trujillo vendrá a darse una relación simbiótica, basada en necesidades mutuas. Y si algo acentuó esa tendencia fue el hecho de que, luego de haber sido gobierno en sus respectivos países, los máximos exponentes del reformismo democrático en la región del Caribe –primero Betancourt, luego los dirigentes del Partido Auténtico cubano, más tarde Juan José Arévalo tras la caída de su sucesor Jacobo Arbenz en Guatemala– pasarían a decretar un nuevo capítulo de la guerra, pero ahora desde sus respectivos sitios de exilio. No sin razón, el diario El Caribe –controlado por el oficialismo dominicano– sentenciaría que el único país en el cual había sobrevivido el «eje» Betancourt-Arévalo era Costa Rica, carente además de un ejército profesional que significara alguna amenaza para Trujillo (Castro, 2008: 153-154). De modo que durante buena parte de esa década de 1950 (consumada la caída de los «auténticos» en Cuba a partir del advenimiento de Fulgencio Batista), los colegas autoritarios que conformaban la dupla Trujillo-Pérez Jiménez tendrían controlado buena parte del paisaje caribeño. Julio Portillo lo sintetiza así: «El Gobierno dominicano estaba tranquilo (…) y no aparecían nuevos peligros en ciernes. En Venezuela Pérez Jiménez y su Gobierno apoyaban firmemente a Trujillo. Cuba [con Fulgencio Batista] se hallaba nuevamente bajo el control de un hombre fuerte de extracción militar (…) [E]l retorno de Batista al poder (…) prometía un período de serenas relaciones con la más grande nación antillana. En Guatemala, Arbenz había sido desalojado [haciendo] presentir que el ruidoso izquierdismo preconizado (…) pasaría a ser de otros tiempos» (Portillo, 1991: 141).

Sin embargo, cabe observar que los entendimientos con Trujillo no fueron tan cordiales al iniciarse el régimen que depuso a Rómulo Gallegos en 1948. En este sentido, resulta preciso decir que Carlos Delgado Chalbaud, Presidente de la Junta, aún representaba un escollo en las relaciones, sobre todo en vista de un detalle muy significativo: el hecho era que Trujillo continuaba amparando a una parte de aquellos exiliados que habían hecho pie en la isla desde la época del Trienio adeco. Especializados en manejar la maquinaria propagandística, algunos de quienes aún permanecían en Santo Domingo –entre ellos, los esposos Pepper– se expresaban de modo crítico hacia la Junta y, especialmente, hacia el propio Delgado Chalbaud, a quien tampoco le habían dado tregua mientras integró, en su condición de Ministro de la Defensa, el gobierno presidido por Betancourt y, más tarde, en igual papel, el breve mandato de Gallegos (Castro, 2008: 107-108).

Según lo apunta el historiador Santiago Castro, tanto Estrada como Altuve Carrillo intentaron atenuar los roces, pero algunos de los elementos más radicales del exilio venezolano persistieron en sus dicterios desde Santo Domingo. Como muestra de ello, quienes aún tenían ganado el oído del Generalísimo enfatizaban en su campaña de prensa que a los comunistas se les permitía continuar operando libremente en Venezuela como había ocurrido en tiempos de Betancourt y Gallegos. En este sentido, la alusión al Presidente de la Junta no dejaba de ser clara y directa (ibíd., 109). La exasperación del propio Estrada frente a ese sector irredento del exilio, cuya figura más emblemática seguía siendo José Vicente Pepper, co-autor del libro Venezuela dentro de la órbita soviética, se haría evidente en una carta que le dirigiera a la Junta en 1949: «Yo le manifesté al Generalísimo que Pepper nada significaba en la política de nuestro país, y que su mera presencia en Santo Domingo ningún bien hacía a los dos países (…) [H]ablamos con Trujillo [y] le hicimos ver el desagrado con Pepper. Yo creo que Trujillo ha quedado convencido de lo que es Pepper y que son pocos los días que le quedan en Santo Domingo» (Citado por Castro, ibíd, 109).

Lo cierto es que luego del asesinato de Delgado Chalbaud en 1950, y en camino a consolidarse el ascenso de Pérez Jiménez, la relación marchó sin mayores tropiezos a la hora de coordinar las actividades contra-insurgentes en el Caribe. Pero había algo mucho más importante para Trujillo con respecto a estas relaciones que ahora se presagiaban estrechas. Ya no solo se trataba de ver a Betancourt más alejado que nunca de tierras venezolanas: consolidado Pérez Jiménez, el Generalísimo habría de alcanzar uno de sus objetivos más preciados en la zona, como lo era el hecho de evitar que Venezuela continuara sirviéndole de asiento visible –como lo había sido prácticamente desde la década de 1940– a muchos activistas adversos a su régimen (ibíd., 149). Aparte de ver liquidado así un importante capítulo del exilio dominicano, Trujillo se manejará a su antojo dentro de esa dupla con Pérez Jiménez una vez que la política de EE.UU. hacia la región cobrara premisas cada vez más agresivas como resultado del endurecimiento de la Guerra Fría. Prueba de ello fue cómo, en 1954 –con el entonces Canciller Joaquín Balaguer a la cabeza– los diplomáticos dominicanos apoyaron con fervor la celebración en Caracas de la X Conferencia de la OEA, cuyo tema prioritario sería el aislamiento y repudio de Jacobo Arbenz en Guatemala en nombre de la solidaridad hemisférica ante el peligro soviético y a quien, a pesar de haber sido electo democráticamente, se le acusaba de exhibir tendencias «comunistas» (Sierra, 2009: 65). Sobre la base de esta cruzada y con la mirada aprobatoria de John Foster Dulles, Secretario de Estado de Eisenhower, la Venezuela de Pérez Jiménez y la República Dominicana de Trujillo rivalizarán por darle su endoso a las medidas antiArbenz que se gestarían a partir de entonces. Para Dulles, Trujillo –y, por extensión Pérez Jiménez– era un portaviones fondeado en el Caribe (Portillo, 1991: 141).

Se ha dicho, líneas antes, que se trató de una época de aguas muertas en el Caribe. Y en realidad así lo fue a partir de 1954, para tranquilidad de ambos jefes en Caracas y Santo Domingo. Porque en realidad fue apenas hasta 1952, y así lo demuestran los papeles, que el exilio democrático pudo continuar alentando planes de tipo armado con el fin de intentar su retorno al poder. En este sentido, las conspiraciones tramadas desde el exilio, así como las acciones insurreccionales planificadas por el propio aparato de AD en la clandestinidad, contó de manera esencial hasta esa fecha con el apoyo de aquellos gobiernos del Caribe que aún eran políticamente afines. Así lo precisa Margarita López Maya al hablar de la compra y provisión de armamento: «Hubo altos dirigentes de esos países que lo facilitaban y algunos incluso lo financiaban. Entre los gobiernos al tanto de los esfuerzos de Betancourt por hacerse de armas aparecen claramente el de Costa Rica, en la persona del expresidente José Figueres (…), el de Guatemala, a través del presidente Juan José Arévalo (...), y los de México y Cuba a través del expresidente Lázaro Cárdenas y del presidente Carlos Prío Socarrás respectivamente» (López Maya, 2003: 15). A lo que agrega: «Los documentos aportan así evidencias de primera mano sobre las diligencias (…) en apoyo a las actividades conspirativas de Betancourt y de dirigentes de A.D. tales como Raúl Leoni, Valmore Rodríguez y Alberto López Gallegos. Estos políticos caribeños respaldaron con armamento y dinero al Comité de A.D. en La Habana de manera que éste, jefaturado por Betancourt, pudiera contribuir desde afuera con una conspiración fraguada desde adentro» (ibíd.).

Con todo y la relativa orfandad del momento, el exilio persistirá en seguir organizándose aunque, como se ha dicho, sin mucho éxito. De hecho, según lo sostiene también López Maya, más allá de su derrocamiento ocurrido en marzo de 1952 tras el golpe militar de Fulgencio Batista (y que, de paso, obligó a Betancourt a asilarse en la Embajada de Guatemala, haciendo que La Habana dejase de funcionar, a partir de entonces, como el centro coordinador del aparato externo de AD), el depuesto presidente cubano Carlos Prío Socarrás siguió manejando recursos materiales importantes con los cuales apoyaría a aquellos dirigentes desterrados, pero afines en lo ideológico y personal, en la zona del Caribe (ibíd., 20). Y agrega: «También los documentos señalan a ‘el coyote’ [¿el expresidente Lázaro Cárdenas?], quien con la anuencia del presidente mexicano Miguel Alemán apoya también con armas a los exiliados adecos; otros solidarios son los expresidentes José Figueres de Costa Rica y Juan José Arévalo de Guatemala» (ibíd.).

La contracara de estos planes insurrecionales fue la forma como los servicios de inteligencia de Estrada, pero también los de Trujillo, evitaron perder de vista a Betancourt a lo largo de sus distintas escalas por el Caribe: La Habana, San José de Costa Rica, México y Puerto Rico. Como tampoco perdieron de vista la posibilidad de liquidarlo. Aunque a propósito del atentado ocurrido en su contra en La Habana, en 1951, no ha podido evidenciarse de manera diáfana la complicidad de Trujillo, existen pruebas de que, ya mucho antes de la caída del gobierno de Prío Socarrás, Trujillo manejaba una estructura de espionaje lo suficientemente bien establecida en Cuba como para seguirle los pasos a Betancourt y participar, si hubiese sido el caso, en semejante atentado (Castro, 2008: 133). También se vio lo dicho por Estrada en relación a la oferta trujillista de raptar al líder venezolano, algo que debe leerse como prueba de que Betancourt actuaba como un inveterado rival al persistir en denunciar públicamente a Trujillo y todo cuanto tuviese que ver con su política autocrática y sus alianzas en la zona. De lo que no parece existir dudas es que, cuatro años más tarde, en 1955, durante una escala de Betancourt en México, se detectó otro plan homicida en cuya planificación estuvo supuestamente involucrado Johnny Abbes García, quien aún se desempeñaba como figura de segundo rango dentro del aparato trujillista pero que no tardaría en crecer en el firmamento represivo del régimen (Castro, 2008: 136). Tanto así que será justamente Abbes, ya a la cabeza del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) desde 1957, quien maneje las claves del frustrado magnicidio de Los Próceres.

No sólo se trataba de liquidarlo, si la oportunidad se ofrecía para ello, sino de hacerle lo más adversa posible la vida en el exilio. La caída de Prío Socarrás lo había aventado de Cuba; las presiones ejercidas por Pérez Jiménez y Somoza hicieron lo propio para que, al cabo, Betancourt abandonase también su siguiente asilo, Costa Rica. A partir de entonces, y como lo revela una carta dirigida al líder sindical estadounidense Serafino Romualdi desde San Juan de Puerto Rico, donde se hallada provisionalmente asentado, Betancourt daría a entender que la presión era ser ejercida ahora tanto por Pérez Jiménez como por Trujillo. El dirigente venezolano apuntaba hacia ambos gobernantes, responsabilizándolos de forzarlo a abandonar territorio boricua, prevaleciéndose para ello de todos los medios que fuesen necesarios. Parte de la carta dice así: «Pérez Jiménez, Trujillo, etc., bombardearon a las gentes con panfletos contra mí. La actitud de nuestro amigo Muñoz Marín [Gobernador de Puerto Rico] fue muy firme. Y [las propias autoridades norteamericanas], acaso informad[as] por el FBI de que algo más que panfletos lanzarían contra mí, solicit[aron] de las autoridades insulares que me dieran protección policial. Pero la presión siguió. «Visión» publicó que Pérez Jiménez había pedido directamente (…) que se me sacara (…). Intrigar en el mismo sentido fue otra de las finalidades del espectacular viaje de Pedro Estrada a Washington D.C. Y estas maniobras culminan en la situación de hoy (…) cuando se hizo sentir sobre el gobierno de Washington la presión de los dictadores, especialmente la de Pérez Jiménez» (RBAP, VI: 395-396).

La colaboración entre los jerarcas de Santo Domingo y Caracas no cesará el 23 de enero de 1958 porque, de hecho, será en tierras quisqueyanas donde Pérez Jiménez cumpla la primera escala de su propio y accidentado exilio. Se trataba –como lo califica el historiador Santiago Castro– de su «refugio natural» (Castro, 2008: 160). Dejemos que sea Antonio García Ponce quien recree la ruta seguida por el Douglas C-54 Skymaster, apodado popularmente como «La Vaca Sagrada», a bordo del cual Pérez Jiménez tomó vuelo desde La Carlota: «[E]l avión se eleva sobre Petare, sigue subiendo un rato, hacia el este, y luego, ya alcanzada la altura suficiente, toma rumbo a la República Dominicana» (García Ponce, 2012: 258).

Haciendo bueno lo que apunta Santiago Castro, la República Dominicana era la alternativa lógica y –tal vez– la única en todo el radio del Caribe para que Pérez Jiménez pudiera efectuar un rápido escape tras los disturbios que dejaron encendida a Caracas la madrugada del 23 de enero. A esto agrega Julio Portillo que la isla pronto se convirtió en destino automático no sólo para Pérez Jiménez sino también para Fulgencio Batista, Juan Domingo Perón y Gustavo Rojas Pinilla, todos los cuales habrían de ser objeto de las atenciones y hospitalidad de Trujillo a medida que fueron arribando, en su condición de mandatarios depuestos, entre 1958 y 1959 (Portillo, 1991: 143-144). Pero tanto más interesante es lo que observa el periodista Bernard Diederich a este respecto: en 1959, al mismo tiempo que La Habana comenzaba a despuntar como la Meca revolucionaria del Caribe, Santo Domingo rivalizaba con Madrid como la capital autoritaria del mundo (Diederich, 2008: 27).

En lo que concierne a Santo Domingo como destino de los personeros del régimen depuesto, aun podría decirse algo más. Apenas una semana antes de despegar a bordo de «La Vaca Sagrada» y en medio de las primeras escaramuzas, Pérez Jiménez accedería al reclamo hecho por una parte del sector militar a fin de que sus dos colaboradores de mayor confianza –el Ministro de Relaciones Interiores, Laureano Vallenilla Planchart, y Pedro Estrada– renunciaran a sus cargos y salieran del país como una forma de descomprimir la crisis. Y lo harían justamente con destino a la República Dominicana donde ambos –y especialmente Estrada– eran conocidos por el Generalísimo (Castro, 2008: 159).

Pero el último capítulo del apoyo brindado por Trujillo a su colega venezolano antes de que ocurriera el colapso final del régimen, exhibe como pocos los rasgos más delirantes del Generalísimo. Dispuesto a evitar, con lo que estuviera a su alcance, la caída de Pérez Jiménez, Trujillo hizo llegar una comunicación a Miraflores –copia de la cual se conserva aún en los archivos de la Presidencia en Santo Domingo– ofreciendo su ayuda directa, desde el punto de vista militar, para sofocar el clima de agitación que se había apoderado de Caracas la misma medianoche de Año Nuevo (ibíd., 157).

No obstante, y sin que se sepa a ciencia cierta cómo quedó sin efecto esa iniciativa cuyas consecuencias habrían sido impredecibles, el protocolo trujillista tuvo el gesto –como se ha dicho– de concederle asilo a Pérez Jiménez y a varios exministros que lo acompañaron en su huida desde Caracas. Acogido así personalmente por Trujillo, el exmandatario permanecerá en República Dominicana hasta instalarse, algunos meses más tarde, en Miami. Sin embargo, su breve permanencia irá más allá de la simple condición de huésped en apuros. Aparte de dispensarle la bienvenida por todo lo alto, Trujillo tendrá el cuidado de asignarle un edecán, reconociéndole todavía así, a su colega caído en desgracia, la condición presidencial que implicaba semejante deferencia (Sierra, 2009: 91).

1958, como bien se sabe, representa la despedida de su amigo de los predios del poder y el retorno a la Presidencia, esta vez ya no por la ventana sino por la puerta principal, de su inveterado rival Rómulo Betancourt.

Segunda parte

La antesala

Trujillo se encuentra en un estado de exacerbación mental incontrolable, viendo que no puede contener los incesantes brotes de rebeldía que se producen en todo el país.

LA ESFERA, 03/06/60

Un año que se presagia difícil

Luego de tres décadas en el poder, y aunque sus miembros no parecieran inclinados a admitirlo, se iniciaba también la cuenta regresiva para la dinastía de los Trujillo. 1960 se estrenó como un año particularmente difícil para el régimen. Si bien, en 1959, se había logrado domar una incursión militar organizada por dirigentes del exilio, las protestas en su contra no dejaron de acusar un curso ascendente. Todo ello pese a tratarse de un país al cual, desde diversos ángulos, se le vigilaba y cuya lealtad se ponía constantemente a prueba (Aveledo, 2010: 90). O a pesar de ser una sociedad que se veía espiada por ella misma. Así lo precisa el historiador dominicano Miguel Guerrero al hablar del brazo principal que tenía a su cargo informar sobre lo que en privado se decía del régimen: «El SIM [Servicio de Inteligencia Militar] era el organismo (…) mediante el cual Trujillo se aseguraba el control efectivo del país (…). Sus ramas tenían copada todas las actividades públicas y privadas del país. En su larga nómina figuraban miles de hombres y mujeres, que ocupaban las más disímiles posiciones, desde meseros de restaurantes hasta oficiales de las Fuerzas Armadas» (Guerrero, 1994: 27). A esta heterogénea lista de delatores secretos, el periodista Bernard Diederich agrega por su cuenta otros ramos que formaban parte del surtidor cotidiano: limpiabotas, funcionarios de la Cancillería, vendedores de lotería, taxistas, editores de periódicos, prostitutas, banqueros y chulos (Diederich, 2008: xiii).

La crisis se dio a pesar de que aún existía un país que respaldaba al trujillismo movido por el signo del fervor sincero, por la fuerza del hábito o bajo la ruda obligación de hacerlo. Sobre todo por lo último. A inicios de ese año 60, para conjurar el malestar que comenzaba a esparcirse, Trujillo ordenó que se celebrara un multitudinario desfile de lealtad que copó la inmensa avenida Washington de la capital (ibíd., 39). Nada lucía pequeño para tales propósitos autocongratulatorios, sobre todo cuando el mundo exterior pretendía desafiar a Trujillo. Pero el Gobierno contaba también con otros recursos, como el uso efectivo que podía darle a las cuadrillas callejeras que operaban a su servicio. Incluso ocurrió algo que parecía impensable hasta entonces: entre ciertos sectores de la sociedad que nunca habían expresado abiertamente su repudio al Generalísimo comenzó a hallar cabida una misma gramática y una idéntica profesión: la de no darle tregua a la jactanciosa y exacerbada actitud del oficialismo ante la crisis en ciernes.

Durante ese año que comenzó golpeando fuerte, la Iglesia cortó su silencio frente a la represión que se había intensificado tras el fracaso de la expedición antitrujillista de 1959 y, muy al modo con que la célebre Carta Pastoral de monseñor Rafael Arias Blanco contribuyó a avivar en Venezuela el malestar contra el perezjimenismo, el clero dominicano se abocó a denunciar los desmanes desde el púlpito a través de sus propias filípicas. No era poca cosa que la Iglesia Católica se volviera contra Trujillo: después de todo, durante treinta años, desde los púlpitos se había hablado del Generalísimo como si se hablara de Dios (De los Santos, 1972: 93).

El Generalísimo asumió el reto y respondió a su manera pero, como ya lo había dicho Juan Vicente Gómez, «el que come carne cura revienta» (Altuve, 1973: 411). Perón mismo, exiliado –como se dijo– en la República Dominicana, y quien se enredó en su propio conflicto con la Iglesia, intentó aconsejarle a su protector que minimizara los riesgos que provenían del lado de lo divino. No obstante, la batalla contra los tonsurados tendió a intensificarse. A principios de junio, apenas dos semanas antes del atentado contra Betancourt, el diario La Esfera informaba del tono que había cobrado el enfrentamiento con el clero, iniciado a raíz de un documento episcopal suscrito por los seis obispos de la isla y difundido en enero de ese año 60 (La Esfera, 06/06/60: 5; Diederich, 2008: 36). Más aun, algunos socios de la plutocracia trujillista también avistaron tiempos adversos y comenzaron a migrar discretamente hacia las filas de quienes, de una manera o de otra, intensificaban el descontento.

La cesta de ratas

Claro síntoma del agravamiento de la crisis, producto en parte de la fallida acción militar contra Trujillo, y las consecuentes protestas que intentaban ganar la calle, fue que los asilos tendieron a multiplicarse en las sedes diplomáticas de la isla. Tal fue lo ocurrido con la legación venezolana, dentro de la cual trece activistas dominicanos lograron refugiarse a comienzos de 1959. Lo que complicaría especialmente el caso era que, a partir de junio de ese mismo año, el gobierno de Betancourt habría de suspender todo tipo de relación con el régimen de Héctor Bienvenido («el Negro») Trujillo, a pesar de que el Gobierno Provisional que asumió el poder tras la caída de Pérez Jiménez había logrado mantener, en la medida de lo posible, una mínima y precaria representación en Santo Domingo.

Con Betancourt ya formalmente al mando, a partir de febrero de 1959, las provocaciones provenientes de Santo Domingo volvieron a cobrar consistencia, al igual que los insultos. Por algo, para julio de ese año, un representante venezolano en el exterior dirá lo siguiente: «[Y]a estamos acostumbrados a oír, casi todas las noches por La Voz Dominicana y otras estaciones de radio, estaciones de la República Dominicana (…) ataques constantes desde que a Venezuela llegó, de un largo exilio de diez años, nuestro actual Presidente. Comenzaron desde ese mismo momento, con ataques que se redoblaron cuando Betancourt asumió la Presidencia (…) insultos de toda índole al gobierno de Venezuela, al Presidente, a las instituciones venezolanas» (citado por Portillo, 1991: 151). Aparte de lo poco que cabía esperar para el futuro de las relaciones al darse el retorno de Betancourt al poder, un informe presentado por el canciller Ignacio Luis Arcaya donde se recogían observaciones sobre el curso cada vez más agresivo que cobraba la represión en la isla, hizo que el gobierno de Betancourt comunicara a los demás miembros de la OEA que de nuevo –como en 1945– Venezuela procedería a romper con Trujillo, traspasando el cuidado de su sede y de los asilados a sus homólogos de Ecuador (Marcano, 2009: 123; Portillo, 1991: 150).

Como era de esperarse, el gobierno ecuatoriano debió apurar los sinsabores de una complicada colaboración prestada a Venezuela. Se heredaba por ese camino una cuestión difícil de manejar, incluso, desde el punto de vista logístico, a raíz de los asilados que permanecían recluidos desde hacía seis meses en la sede diplomática venezolana. Dado que éstos no podían ser trasladados de una a otra embajada por los riesgos que ello implicaba para su seguridad, Ecuador debió destacar a algunos funcionarios dentro de la propia residencia venezolana para que velasen por el estado de quienes permanecían allí a la vana espera de salvoconductos. Porque existía, en este sentido, un problema adicional: el Gobierno dominicano no reconocía la condición de asilados de aquellos trece dominicanos que aguardaban por la posibilidad de salir de la isla (Guerrero, 1994: 82). A ello se agregaba una práctica que, según el periodista Bernard Diederich, se había tornado habitual: la policía, llamada por el propio gobierno a reforzar la custodia de las sedes diplomáticas, tenía la orden de detener –o de ultimar a balazos si era preciso– a cualquier sospechoso que rondara una legación extranjera (Diederich, 2008: 36).

En ese proceso, y en franca violación de elementales normas de carácter diplomático, el gobierno del «Negro» Trujillo se dispuso a sitiar la embajada y privarla de suministros esenciales. La Cancillería venezolana describiría la situación en estos términos: «[L]as autoridades dominicanas pusieron en práctica un bloqueo de la sede de la Misión Diplomática de Venezuela en dicho país. Los agentes del Servicio de Seguridad impedían el acceso a la Embajada con respecto a los repartidores de provisiones alimenticias, pan, leche, medicinas, gas, prensa, mensajes radiotelegráficos y a los empleados del aseo urbano y domiciliario. Por otra parte, se agravó la situación con el abandono de todo el personal de servicio doméstico y de la Secretaría de la Embajada, todo ello bajo presión de las autoridades dominicanas» (citado por Portillo, 1991: 146-147).

Propio a la clase de intimidación practicada por el trujillismo, no faltó el apoyo brindado por algunos grupos de «espontáneos» que, bajo la mirada indiferente de la policía, montaron barricadas en los alrededores de la sede diplomática, lo cual contribuyó a mantener aún más en vilo a sus ocupantes. No obstante, los apuros llegarían a más y otras muestras de intimidación provenientes de la calle también harían lo suyo para tensar los ánimos. En una oportunidad –tal como lo reportara el diario La Esfera–, los afectos al régimen tuvieron el gesto de volcar una cesta llena de ratas en los jardines de la residencia (La Esfera, 05/06/60: 3). El gesto no aclaraba si lo de las «ratas» era una alusión dirigida a los venezolanos que habían roto relaciones, a los ecuatorianos que se habían hecho cargo de su sede, o a los asilados que se hallaban en su interior. Comoquiera que sea, luego de que Ecuador mismo procediera a romper relaciones al poco tiempo, y obligado a ceder en este caso ante uno de los pocos países con los cuales aún conservaba cierto grado de interlocución, el gobierno de Trujillo aceptó a regañadientes que los asilados quedaran al cuidado de la Embajada de Brasil antes de su posterior traslado al exterior (La Esfera, 02/06/60: 1).

La frustrada invasión

Sin embargo, la forma como el ambiente comenzó a caldearse de nuevo en 1960 tendrá más de un costado que pueda explicarlo. Uno de ellos sería justamente la última expedición armada contra Trujillo, en junio de 1959, donde la mayoría de sus integrantes terminó librando desesperados enfrentamientos hasta verse aniquilados por el moderno ejército de Trujillo (Guerrero, 1994: 55). Se trató de una arriesgada y temeraria empresa que hubo de concluir –según palabras de Carlos Andrés Pérez– en «doloroso fracaso» (Hernández, 2012: 35) y en la que, por cierto, varios venezolanos participaron en calidad de voluntarios, falleciendo algunos en pleno combate (La Esfera, 14/06/60: 16).

La parte más gruesa del plan consistió en que un Curtis C-46 Comando, precariamente armado, burlase la vigilancia aérea dominicana y efectuara un aterrizaje clandestino en la cordillera central de la isla donde se intentaría descabezar al régimen a través de una acción de guerrillas. Pero el trujillismo acabaría con la aventura no solo desde el punto de vista militar. A través de su férreo control de los medios y su destreza a la hora de manejar el aparato de propaganda, el régimen hará una hábil operación de semántica a fin de que los autodenominados «expedicionarios» fuesen vistos por la opinión pública como «invasores», con todas las connotaciones que implicaba calificarlos de esa manera. En cierta forma, la operación estuvo concebida para remedar, aunque con resultados infaustos, la gesta guerrillera de Sierra Maestra, en la cual algunos de sus cuadros principales –como el líder del grupo, Enrique Jiménez Moya, quien resultaría muerto en la refriega– habían participado junto al Movimiento 26 de Julio. Manuel Felipe Sierra considera que si bien la invasión encabezada por Jiménez Moya fue aplastada, marcó un punto de inflexión en los planes de la resistencia dominicana (Sierra, 2011: 124).

Lo que así observa el cronista coincide en buen grado con algo que también conviene tener en cuenta al hablar de la derrota insurgente. El detalle, en todo caso, corre por cuenta de Hans Wiese, testigo excepcional de las interioridades del régimen y colaborador cercano de Trujillo. A su juicio, a pesar de que el asalto dirigido por Jiménez Moya se llevó a cabo junto a otros dos ataques simultáneos en la costa norte y este de la isla que fueron igualmente pobres en resultados, la vulnerabilidad militar del clan Trujillo quedó al descubierto a raíz de estos hechos. Según Wiese, el mes de junio de 1959 vendría a convertirse en un auténtico deslinde de aguas para el Generalísimo: a partir de entonces, Trujillo se tornó más irascible y enigmático que nunca. Y así lo precisa el testigo en cuestión: «Había que interpretar sus instrucciones, pues le cogió con hablar entre dientes, como con rabia, y muchas veces tenía uno que ingeniárselas para descifrar lo que había dicho» (Wiese, 2000: 285).

La fallida expedición de 1959 tuvo el siguiente origen, según lo apunta el dominicano Miguel Guerrero. De acuerdo con este autor, el propio Jiménez Moya había sido enviado a Caracas por insinuaciones de Fidel Castro a fin de que sostuviera conversaciones con Betancourt. Después de todo, el camino lucía franco: Jiménez había conocido a Betancourt en La Habana durante el exilio del líder venezolano (Guerrero, 1994: 61). Las informaciones obtenidas por el Presidente en el curso de tales entrevistas lo dejaron seriamente preocupado sobre la peligrosa suerte que podía correr aquella expedición y las tareas de entrenamiento que involucraba (ibíd.) Tal es lo dicho también por un testigo cercano, de acuerdo a cuyo relato Castro solicitó el apoyo de Betancourt para tramar esa aventura al alimón, pero que el gobierno venezolano se negó por estimarla demasiado arriesgada en vista de las circunstancias. Ese testigo no sería otro que el expresidente Carlos Andrés Pérez, quien aparte de actuar como diputado por el Táchira y ser uno de los hombres de mayor confianza del Presidente, fue escogido por Betancourt para que plantease personalmente sus objeciones a Castro. «La elección de Pérez –observa Guerrero– se debía a que entre él y Castro existía una amistad forjada en el exilio» (ibíd.). Algunos años más tarde, el propio CAP expresaría lo siguiente: «Rómulo consideró que, en esos momentos, era una locura esa expedición y me mandó a La Habana a explicarle [a Fidel Castro] la posición de Venezuela» (Pérez, 2007: 128). Pérez efectivamente sirvió como emisario personal de Betancourt, encargándose de llevarle directamente ese mensaje a Castro, con quien –y no sobra recalcarlo– el Presidente venezolano marcó diferencias desde el primer momento, sin que jamás existiese una vinculación efectiva entre ellos, a pesar de que el Gobierno venezolano se mostrara crítico de la conducta de los Estados Unidos hacia la Revolución cubana (ibíd.).

La cita de Pérez tuvo lugar en el hotel Habana Libre donde encontró a Fidel cenando junto a algunos jefes guerrilleros (Hernández, 2012: 34). «Le expliqué la posición de Rómulo», apunta CAP en sus Memorias. ¿Cuál era esa posición? He aquí cómo la resumiría el expresidente: «[Betancourt] pensaba que la acción contra Trujillo era un error en la situación en que se encontraban Cuba y Venezuela. Cuba, por sus propios medios, no tenía cómo apoyarla. Rómulo no las tenía todas consigo con los militares venezolanos. (…) Le expliqué la campaña contra el regreso de Rómulo (…) Su tarea, al comenzar el gobierno, era ganarse la confianza plena del Ejército. (…) Si se involucra[ba] en lo de la República Dominicana lo [podían] acusar de estar organizando una revolución contra el Ejército» (Pérez, 2007: 128). Efectivamente –como lo subraya Guerrero– Pérez le recordó a Castro que Betancourt, apenas llegado al poder el 13 de febrero de ese mismo año 59, enfrentaba una sensible situación que lo obligaba a concentrar esfuerzos en consolidar su prestigio ante las Fuerzas Armadas. Y agrega, basándose en el testimonio que le suministrara el propio Pérez: «El mensaje insistía en que Castro no debía pasar por alto que Venezuela recién había superado una dictadura militar, orientada a desprestigiar a Betancourt (…) ante el estamento militar de su país. De manera que yo tenía que decirle a Fidel, por encargo de Rómulo, que no contara con que Venezuela pudiera darle algún respaldo, ni en armas ni en nada, y que pedirle sacar armas del Ejército en esa situación que confrontábamos podía ser peligrosa» (Guerrero, 1994: 62).

En resumidas cuentas –como lo anota por su parte Ramón Hernández, biógrafo de CAP–, el emisario comunicó a Castro que Venezuela no lo podía acompañar ni ayudar con dinero, armas o pertrechos para esa pretendida invasión y que, por tanto, se le recomendaba aplazar el plan. Le aseguró sin embargo que, en caso de que Trujillo atacase a Cuba, Venezuela actuaría de su lado emprendiendo una operación aérea para bombardear las posiciones militares de Trujillo (Hernández, 2012: 34). Visto a través del testimonio que ofrece CAP, las razones que tenía Castro para actuar de esa manera eran muy determinantes, no así las de Betancourt. Por ello, el expresidente terminaría su recuento resumiendo las angustias de Fidel: «La respuesta que me dio (…) fue que tenía que actuar contra Trujillo inmediatamente. (…) [S]e trataba de proteger a Cuba de una posible agresión de Trujillo. (…) No tengo con qué defender a Cuba, si Trujillo me ataca. (…) Voy a llevar la revolución a las costas dominicanas. Es una manera de defender la revolución de Cuba. Los revolucionarios dominicanos tienen un plan bien organizado. (…) Yo le tengo miedo a Trujillo, Carlos Andrés. Estoy totalmente desprotegido. Trujillo me va a invadir» (Pérez, 2007: 129). A este testimonio convendría agregar algo acerca de los recursos que estaban a disposición de Trujillo para comprender los temores que abrigaba el interlocutor de Pérez: según lo observa Manuel Felipe Sierra, quien ha estudiado de cerca lo ocurrido, Castro alegaba, entre otras cosas, que la superioridad de la fuerza aérea dominicana podía ser utilizada para abortar el proceso revolucionario cubano (Sierra, 2011: 124-125). Tal temor –como lo pintaba Fidel– no era, en ningún caso infundado: Trujillo tenía a su disposición un arsenal de sesenta aviones de combate, incluyendo «vampiros» ingleses, así como P-47s y AT6 estadounidenses (Diederich, 2008: 28).

Aquella dramática conversación en La Habana no detuvo sin embargo la expedición dirigida por Jiménez Moya, la cual contó, por un lado, con el entusiasmo, las bendiciones, la urgencia y el precario apoyo militar de Castro y, por el otro, con las profundas dudas de Betancourt. Manuel Felipe Sierra ofrece un interesante balance al hablar de aquella frustrada participación venezolana que llevó a Pérez a viajar hasta La Habana como portador de aquella advertencia que terminaría siendo desoída por el líder revolucionario: «Betancourt aportó inicialmente 250.000 dólares para la invasión de Jiménez pero días antes de que ésta se produjera estimó que podría resultar inoportuna y políticamente ‘muy costosa’. (…) Betancourt pensaba que, de resultar fallida la acción, como en efecto ocurrió, la respuesta de Trujillo no sería contra Cuba, entonces en el ojo de la opinión mundial, sino contra el gobierno venezolano enfrentado a difíciles circunstancias políticas» (ibíd., 125). Convendría aclarar no obstante –como lo hace otro autor– que esa suma fue el resultado de aportes obtenidos por fuentes «extraoficiales» y que, por tal razón, no comprometieron directamente la participación de Caracas en la acción emprendida por los expedicionarios antitrujillistas (Guerrero, 1994: 63).

Si bien los servicios secretos de Trujillo debieron detectar sin mayor esfuerzo que el nervio central del plan invasor provenía de Cuba, el Generalísimo persistió en creer (y tal vez sin que le faltara razón para ello, a juzgar por lo que apunta Sierra) que el intento también revelaba trazas de complicidad por parte de Betancourt. Seguramente, la no del todo infundada sospecha de que el Presidente venezolano se vio en algún grado implicado en la invasión de Jiménez Moya debió, en parte, motivar el plan que Trujillo habría de concebir, exactamente un año más tarde, para acabar con su vida en la avenida Los Próceres.

En otros frentes

Betancourt, entretanto, continuaría optando por ejercer presión diplomática y, en consecuencia, a favor de que se articulara un frente de repudio continental al régimen dominicano. Tanto que, apenas dos semanas antes del complot de Los Próceres, en el Aula Magna de la ucv, el Presidente se hizo cargo de pronunciar el discurso inaugural del «Segundo Congreso Interamericano Pro-Democracia y Libertad» (el primero había tenido lugar en La Habana, en 1951, durante su exilio), luego del cual las intervenciones de otros líderes democráticos que se habían dado cita en Caracas abonó el terreno para que, eventualmente, algunos de los países vecinos se sumaran al curso, ya adoptado por Venezuela, de romper relaciones y aislar a Trujillo (La Esfera, 25/06/1960: 9).

Aparte de haber sido Venezuela el primer país en repudiar diplomáticamente al régimen de Trujillo, habría que subrayar la acogida que Betancourt, ya instalado en el gobierno, le dispensó –como lo había hecho durante el Trienio– a varias agrupaciones del exilio quisqueyano que habían vuelto a hacer de Caracas una de las sedes principales de la acción opositora. Tal será el caso del Frente Independiente Dominicano, de Acción Pro Patria y también de la autodenominada Unión Patriótica Dominicana de Venezuela fundada en febrero de 1958, a unas semanas apenas del fin de la dictadura de Pérez Jiménez. Todas actuaban bajo el paraguas del Comité Central Ejecutivo del Movimiento de Liberación Dominicana, integrado a su vez por otros capítulos en el Caribe y Estados Unidos, y cuya actividad se veía puesta de manifiesto por sus constantes remitidos en la prensa nacional (La Esfera, 22/06/60: 7). Un despacho de la agencia upi aportaba un dato que seguramente guardaba conexión con aquellas actividades promovidas otra vez por Betancourt a favor de los desterrados: «El gobierno dominicano ha reaccionado muy adversamente (…) Entre las manifestaciones (…) se advierten los ataques en la prensa, radiodifusión y otros medios de propaganda de la República Dominicana en contra de aquellos gobiernos y Jefes de Estado que han tenido muestras de simpatía por la causa de los exiliados dominicanos» (La Esfera, 09/06/60: 11).

Como respuesta a tal apoyo, la seccional venezolana del Partido Revolucionario Dominicano haría público su reconocimiento al –aún incipiente– gobierno de Betancourt por haber «promovido el más grande de los movimientos continentales» en contra de Trujillo. Y lo haría poniendo de relieve el «grandioso éxito alcanzado por la política internacional en defensa de los derechos humanos y de la democracia en Santo Domingo que ha promovido e impulsado el Gobierno de Venezuela bajo la personal inspiración de Ud., logrando alinear ya a la mitad de los países que componen el Continente en una abierta y responsable actitud condenatoria» (La Esfera, 12/06/60: 4). Este nuevo y visible respaldo a la causa del exilio tendrá también, mediante el atentado de junio de 1960, una respuesta que deja pocas dudas acerca de cómo, desde su cuartel general en Santo Domingo, Trujillo juzgaba con preocupación la creciente actividad opositora estimulada nuevamente por su archienemigo venezolano.

Haciéndose justamente eco de las denuncias expresadas por el Movimiento de Liberación Dominicana y la Unión Patriótica Dominicana acerca de las persecuciones, torturas y vejámenes practicados por el régimen trujillista, Venezuela tomó la iniciativa de denunciar a la República Dominicana ante la Comisión Interamericana de Paz de la OEA durante los meses que antecedieron al frustrado atentado. Se alegó para ello que lo que ocurría en la isla debía leerse, de manera clara y directa, como una amenaza a la paz en la zona del Caribe. Pero, por si fuera poco, ya Venezuela venía librando a través de la OEA un pleito propio con Santo Domingo que tenía que ver, en este caso, con las imputaciones que se le hacían al régimen de Trujillo de haber prestado su apoyo a los intentos insurgentes del general Jesús María Castro León, quien –en abril de ese mismo año 60– había incursionado desde Colombia con el fin de provocar un alzamiento en el Táchira contra el gobierno de Betancourt (Arráiz, 2007: 165). Sobre este incidente dirá Carlos Andrés Pérez: «[Castro León] tenía cierto ascendiente en las Fuerzas Armadas. Se suponía encabezaba un movimiento nacional, incluso tenía conexiones con el dictador Trujillo en Santo Domingo. De acuerdo a los planes, una vez tomado San Cristóbal, vendrían aviones desde Ciudad Trujillo a desembarcar armas en el aeropuerto de La Fría» (Peña, 1979, I: 179).

En respaldo de Venezuela, la propia Colombia entregó pruebas a la OEA de que, efectivamente, Santo Domingo había provisto de pasaportes falsos, dinero y armamentos a los exoficiales venezolanos que, liderados por Castro León, se propusieron incursionar a través de su territorio (La Esfera, 25/06/60: 9). De hecho, será este incidente lo que lleve al Presidente colombiano Alberto Lleras Camargo a cortar definitivamente toda relación con Trujillo (La Esfera, 05/06: 3). Lo importante del caso, tomando como base la actuación de Venezuela y los cargos formulados a su vez por Colombia, era que se trataba de la primera vez en la historia de la Unión Panamericana, y posteriormente de la OEA, que se calificaba a otro país de la región como un «peligro» para la paz del continente (La Esfera, 30/06/60: 8).

Más allá de los cruces verbales entre ambos gobiernos, una auténtica sensación de guerra pareció instalarse de nuevo entre Venezuela y Santo Domingo, como había ocurrido a su manera entre 1945 y 1948. Sin duda, la prensa hizo mucho por avivar esa percepción de que las tensiones tendían a exacerbarse luego del interludio marcado por el Decenio Militar. Aunque no pueda descartarse el papel que en ello jugara la exageración e, incluso, la invención o la fantasía, algunos periódicos como La Esfera informaban que el gobierno venezolano también tenía previsto denunciar a la República Dominicana por haber infiltrado un equipo de hombres-rana con el objeto de llevar a cabo actos de sabotaje contra sus instalaciones navales o petroleras en Maracaibo. Según La Esfera, uno de tales buzos había sido atrapado en Barranquilla y, al parecer –luego de ser interrogado por la policía colombiana–, confesó que junto a él operaban otros submarinistas de nacionalidad italiana, veteranos de la II Guerra Mundial, expertos en colocar bombas en los cascos de barcos aliados. Agregaba el prisionero que sus colegas habían logrado penetrar clandestinamente en Venezuela, razón por la cual –según el diario en cuestión– ambos sujetos estaban siendo activamente solicitados por el SIFA y la DIGEPOL (La Esfera, 02/06/60: 24).

Vale observar que el régimen de Trujillo, cada vez más presionado por fuerzas internas y externas, había comenzado a hacer el amago de ofrecer garantías a fin de que ciertas figuras del exilio regresaran y organizaran un movimiento en pro de sus derechos políticos (La Esfera, 08/06/60: 2-14). Aun así, la acusación presentada por Venezuela ante la Comisión Interamericana de Paz de la OEA con base en «patentes» y «flagrantes» violaciones a los derechos humanos, fue considerada por observadores diplomáticos como el primer paso hacia una eventual expulsión del régimen dominicano del sistema continental. Habrá quienes, como los redactores del diario La Esfera, consideraran esta denuncia sobre violación de los derechos humanos liderada por Venezuela como «un cambio de posición» por parte de la OEA que conduciría a «un nuevo curso de acción» alejado del formalismo y la reticencia que, en muchos respectos, había caracterizado al organismo regional hasta entonces (La Esfera, 14/06/60: 6).

Aparte de que el propio Betancourt se referiría a tal ofensiva diplomática en el mensaje radial que dirigiera al país al día siguiente del atentado, lo cierto es que se trataba de una iniciativa sin precedentes. Hasta entonces, en los doce años que la OEA llevaba de existencia, ningún país –como se dijo– había propuesto que otro Estado fuera expulsado y, menos aún, argumentando para ello una cuestionable conducta en materia de derechos humanos. Se presumía así que si la Comisión Interamericana respondía positivamente a la investigación propuesta por Venezuela, se sentarían las bases para emprender una acción colectiva contra Trujillo, lo que significaba a su vez la implementación efectiva del «cordón sanitario» por el cual tanto había abogado Betancourt desde la década de 1940 (La Esfera, 09/06/60: 1).

Considerándose competente para ello, la Comisión Interamericana de Paz acogió la solicitud hecha por Venezuela y, bajo el patrocinio de México, El Salvador, Colombia y Uruguay, intentó investigar sobre el terreno la situación planteada en la República Dominicana. Como cabía suponerlo, tal cosa no pasaría de ser una aspiración expresada en los papeles de la Comisión. En tal sentido, Trujillo creyó que podía ser lo suficientemente convincente si, a cambio de negarse a lo que consideraba lisa y llanamente un acto de intromisión, la OEA aceptaba como prueba de su buena conducta los gestos mostrados hacia los detenidos políticos, basándose para ello en una relación cronológica de los indultos librados durante los últimos veinticinco años por causas relacionadas con delitos contra la seguridad del Estado. Aparte, el régimen de Santo Domingo invocaría como otra prueba de su pedagogía democrática el hecho de que al menos una agrupación, el llamado «Movimiento Popular Dominicano» (MPD), se había acogido al reciente llamado gubernamental en pro de una tregua con la oposición, dejando implícito así que el trujillismo consentía la permisibilidad política y buscaba una reconciliación nacional. (Dicho sea de paso, a los pocos días del atentado contra Betancourt, la sede principal del MPD fue saqueada por bandas que coreaban consignas a favor de Trujillo (Castro, 2008: 206, 210, 219; La Esfera, 26/06/60: 2).

Basándose entonces en lo que estimaban debía verse como irrefutables indicios de una conducta aperturista, los representantes dominicanos en Washington se las arreglaron para proponer que la Comisión Interamericana de Paz continuara estudiando la cuestión de los derechos humanos pero que, a su entender, ello debía hacerse de modo global, creyendo hallar así una forma efectiva de contraatacar a sus acusadores, principalmente a Venezuela, dada la agitada situación interna que, durante año y medio de gobierno, había obligado a Betancourt a tomar severas medidas de orden público (La Esfera, 09/06/60: 11).

De modo que, en medio de la danza de argumentos, el trujillismo se defendió hábilmente, eludiendo toda investigación in situ. Por una parte, desestimó la iniciativa de la Comisión Interamericana por considerar que no gozaba de competencia para ello y que, por tanto, el procedimiento investigativo excedía su autoridad; por la otra, dado que la OEA no pudo investigar sobre el terreno sino que debió conformarse con interrogar a un grupo de exiliados recién salido del país, los diplomáticos dominicanos calificaron el informe preparado por la Comisión en tan precarias circunstancias como «un pronunciamiento intervencionista» (La Esfera, 21/06/60: 11; 23/06/60: 10). El embajador de Trujillo ante la OEA lo precisaría así: «[N]o es misión de ese organismo hacer condenaciones ni reproches a los Gobiernos que comparecen ante él. No tiene facultades para ejercer presión sobre los gobiernos con votos de censura (…) Si hace esto, como ha ocurrido en este caso, abusa de sus atribuciones en forma intolerable y se desvía de las normas que gobiernan su propia competencia». Y agregaba: «[E]s injusto singularizar para la censura a la República Dominicana cuando, según se afirma, Venezuela y Cuba han violado los derechos humanos». Por si fuera poco, añadió que Venezuela, en clara violación de otro principio –la no injerencia– había contribuido a organizar invasiones para atacar al gobierno dominicano, en alusión –suponemos– a la reciente aventura liderada por Jiménez Moya (La Esfera, 23/06/60: 10).

Respecto a esto último, y en vista de las acciones militares proverbialmente emprendidas de ambos lados tanto en tiempos del Trienio como desde la reciente restauración democrática, a Trujillo siempre le quedaba el recurso de poder apuntar hacia Venezuela y señalarla, a su vez, como parte instigadora o consentidora de tales invasiones. Pero de lo que no cabía duda era de la competencia de la cual estaba investida la Comisión Interamericana de Paz (creada durante la V Conferencia de Ministros de Relaciones de la OEA en Chile, en 1959) para investigar todo lo relacionado con la violación de derechos humanos y de los principios de la democracia representativa en el hemisferio (ibíd.). Definitivamente, el discurso democrático-reformista que había comenzado a imponerse en la OEA, la evolución de la opinión continental en materia de derechos humanos y la forma como esto venía a reflejarse en las nuevas comisiones e instrumentos creados por el organismo, tendía a exponer al régimen de Trujillo como una presencia cada vez más incómoda e impresentable dentro de la región.

Para agregar algo más a lo que fuera su defensa, la diplomacia dominicana pretendió argumentar que la Comisión Interamericana funcionaba bajo la expresa tutela de los Estados Unidos. Aún más –según sostuvieron– el empeño con que Washington buscaba darle un carácter expedito a las actuaciones de esa comisión, a la que los dominicanos acusaban de ser un instrumento hecho a la medida de sus conveniencias, se contradecía –a su juicio– con la forma como, no mucho antes, los propios EE.UU. habían frustrado la creación, en el seno de la misma OEA, de una comisión mucho más amplia en materia de derechos del hombre. Lo que se infiere al leer la réplica dominicana era que esto habría significado poner en apuros a los Estados Unidos ante el tema de la segregación racial en su propio país, situación que, como era sabido, había tendido a agravarse a comienzos de esa década de los sesenta (ibíd.).

Este duelo particular con los Estados Unidos ayuda a poner de relieve lo que alguna vez apuntara Ramón Guillermo Aveledo: que, a lo largo de su prolongado mandato, y lejos de actuar como simple títere, Trujillo mantuvo diferencias y enfrentó resistencias por parte de Washington, aunque la política y las empresas de ese país obtuvieran jugosas ganancias durante su presencia en el poder o detrás del mismo. Después de todo, Trujillo respondía de manera sensible a una generación que había padecido la amarga experiencia de haber visto a la República Dominicana intervenida por fuerzas extranjeras, como fue justamente el caso entre 1916 y 1924, durante el gobierno de ocupación a cargo de los Estados Unidos. Las relaciones, en todo caso, se descompondrán y la tónica prevaleciente de Trujillo hacia Washington será de total hostilidad a partir de 1959 cuando, en las postrimerías de la presidencia de Dwight Eisenhower, el Departamento de Estado hiciera un examen autocrítico de su política hacia la región y comenzara a presionar a favor de cambios en Santo Domingo (Aveledo, 2010: 83. 85/Boersner, 1996: 204). Según otro de los autores consultados, la diplomacia estadounidense estaba consciente de que no podría obtenerse ningún apoyo para aislar a Cuba sin que antes líderes como Betancourt en Venezuela, Figueres en Costa Rica o, incluso, el gobernador Luis Muñoz Marín en Puerto Rico, no viesen que Washington estaba claramente resuelto a cercar a Trujillo (Diederich, 2008: 42-43).

En este sentido, es decir, respecto a lo que podía ser la perspectiva estadounidense sobre Trujillo, convendría comentar también lo que en su momento observara El Nacional. A juicio de sus editores, el Departamento de Estado aún exhibía una actitud tendiente a que la crisis se precipitara por sí sola, sin «empujar» una salida al problema dominicano. De acuerdo con el diario en cuestión, esta actitud era debida, en primer lugar, al fuerte cabildeo que aún ejercían ciertos sectores comerciales y políticos relacionados con Trujillo; pero no menos al problema cubano, justamente ante el cual Washington centraba una atención mucho mayor en la escena del Caribe (El Nacional, 27/10/60).

La fugaz referencia a cabilderos y propagandistas que hiciera El Nacional permite poner el acento en la capacidad de maniobra que exhibió siempre el Generalísimo a la hora de sortear sus trances más complicados ante los Estados Unidos. Efectivamente, Trujillo traía a sus espaldas una historia tradicionalmente larga, y una lista más larga aún de agentes, que le permitía circunvalar los canales diplomáticos en Washington y presentar sus casos ante otras esferas del gobierno, en los pasillos del Congreso o ante la opinión pública. De hecho, el gobierno dominicano solía quejarse de los prejuicios que abundaban hacia el régimen dentro del Departamento de Estado y, por ello mismo, se esforzaba en ignorar o circunvalar esa instancia (Ameringer, 1996: 19-21). El poder, a la hora de ejercer tal influencia, podía hacer, por ejemplo, que se lograra obtener un aumento de la cuota azucarera dominicana en el mercado de los Estados Unidos, o bien que se aliviaran las restricciones que pesaban sobre la compra de material de guerra. El dominicano Hans Paul Wiese, quien lo conoció y trató de cerca, apunta al respecto: «Fueron muchos los abogados, los bufetes de abogados y las firmas de relacionistas públicos que Trujillo utilizó en ese país para mejorar la imagen de su gobierno (…) Se dijo también que entre los cabilderos y propagandistas de Trujillo, habían figuras de la política norteamericana, así como numerosos abogados de grandes firmas de ese país. Esto no era ningún secreto, pues desde los primeros años de su gobierno, Trujillo utilizó a muchas personas en Washington para representarlo. Entre ellos recuerdo a un hijo de Franklin Delano Roosevelt» (Wiese, 2000: 481-482).

A pesar de las presiones ejercidas por tan poderosos cabilderos, y aunque en un grado más discreto que los países que ya habían tomado la iniciativa de suspender relaciones con Trujillo, el Gobierno de EE.UU. resolvió tomar algunas medidas de carácter diplomático como el diferimiento en la designación de un nuevo embajador en Santo Domingo. Esto, por supuesto, debía leerse como señal de la tirantez que imperaba entre ambos gobiernos; pero además, el hecho de disminuir de esa forma la categoría de su representación diplomática en la isla –algo que ya había hecho en una oportunidad en el pasado– encolerizó a Trujillo (Diederich, 2008: 41-45; Ameringer, 1996: 13). Esta vez, sin embargo, la repetición del gesto era susceptible de interpretarse como un repudio directamente dirigido al agravamiento que había sufrido la situación de los presos políticos y opositores al régimen, así como a la entonces reciente expulsión de uno de sus diplomáticos acreditados en Santo Domingo. Joaquín Balaguer comentaría lo siguiente respecto a los desencuentros de Trujillo con EE.UU.: «En ciertas ocasiones su reacción nacionalista se excedió, como en el caso de las diatribas lanzadas contra el Presidente Eisenhower y contra su Ministro de Relaciones Exteriores, John Foster Dulles, después del movimiento iniciado en Washington en 1960 para poner la dictadura dominicana al margen de la ley internacional, radiándola del concierto interamericano» (Balaguer, 1988: 97).

En medio de lo que podía ser la difícil posición de EE.UU. frente a Trujillo, dada la diversidad de intereses encontrados entre el Gobierno, el Congreso y los distintos grupos de presión y opinión que abogaban a su favor en Washington, vale la pena citar del archivo privado de Betancourt una carta rotulada como «personal y confidencial» que le fuera dirigida por los responsables del Institute of International Labor Research (organización civil con la cual ad mantenía vínculos importantes) justo cuando tenía lugar el escrutinio al que la Comisión Interamericana de Paz pretendía someter al régimen de Trujillo a partir de la denuncia hecha por Venezuela sobre la violación de los derechos humanos en la isla.

De esa carta se desprenden dudas importantes, pero también una resuelta actitud de apoyo por parte de algunos sectores políticos e intelectuales de EE.UU. a favor de Betancourt. En su parte medular, la nota dice lo siguiente: «En función de los principios democráticos, de las relaciones intrahemisféricas y de la propia seguridad nacional de Venezuela, el problema de Trujillo debió haber sido resuelto largo tiempo atrás. Debo admitir que en los EE.UU. no se ha hecho lo suficiente. Debería emprenderse un esfuerzo mayor. Sin embargo, el prospecto de que Trujillo se vea reemplazado por un régimen de infiltración comunista es tal vez lo que más ha disuadido a los estadounidenses a la hora de juntar fuerzas para resolver el problema dominicano. (…) En los EE.UU. consideramos que el primer paso debe ser ayudar a organizar en República Dominicana unas fuerzas políticas genuinamente democráticas, progresistas en lo social, pero libres de toda infiltración comunista, a fin de poder brindarles todo el apoyo político y material necesario. Lo que ha dificultado esta posibilidad hasta ahora es el hecho de que mucha gente, en muchas partes, ha respaldado distintas facciones del exilio en lugar de coordinar sus esfuerzos [en una sola entidad]. (…) Nuestro primer paso debiera consistir en darle apoyo a la posición adoptada por la delegación de Venezuela ante la OEA al solicitar una investigación contra la República Dominicana. En este sentido, se le ha escrito al representante nuestro [en la OEA] y, al mismo tiempo, se han recolectado ya doscientas firmas en apoyo a esta iniciativa, provenientes de líderes y figuras prominentes como la señora [Eleonor] Roosevelt, el gobernador [de Nueva York] Averell Harriman y de escritores como [el novelista] Upton Sinclair y otros» (S. Volman a R. Betancourt, 15/02/60, ARB, XXXVII, 1960).

La carta en cuestión, y el plan esbozado en la misma, fue objeto de algunos intercambios confidenciales entre gente cercana a Betancourt. Sin embargo, más allá del empeño de que esta iniciativa no gubernamental ejerciera una «influencia decisiva en las política del Departamento de Estado» a través de «un movimiento de opinión norteamericana», los colaboradores de Betancourt llegaron a admitir que, aunque el Institute of International Labor Research había pretendido elevar su voz para captar el interés de la misión de EE.EE. ante la OEA, «los acontecimientos fueron más rápido de lo que se creía» (remitente ilegible a H. Stredel, 20/01/60, ibíd.). Efectivamente, la Comisión Interamericana, presidida justamente por el académico y diplomático estadounidense John Caspar Dreier, representante de EE.UU. ante la OEA, temió ir más allá ante la negativa exhibida por Trujillo de aceptar una verificación in situ del problema, fundamentalmente por temor a que la suerte de los presos políticos se viera afectada de forma aún más desfavorable (Guerrero, 1994: 90). Por ello, optó más bien por una solución salomónica, aludiendo en el texto de su Informe, como Presidente de dicha Comisión, a que existían causas de tensión en el Caribe sin señalar específicamente a ningún país o gobierno en particular, permitiéndose simplemente aconsejar la liberación de todos aquellos individuos que estuviesen encarcelados por razones netamente políticas (ibíd., 89). La Comisión confiaba incluso que el Gobierno dominicano, ante las crecientes presiones, tomara mayores medidas de clemencia. Pero tales medidas resultaron fútiles, registrándose más bien un aumento en el número de opositores que habían solicitado asilo en embajadas, lo que a su vez vino a convertirse en fuente de preocupación para los países otorgantes de asilo por la forma (tal como había ocurrido con la legación de Venezuela) como el gobierno trujillista azuzaba manifestantes y piquetes en los alrededores de las misiones diplomáticas (La Esfera, 05/06/60: 3; 09/06/60: 11).

Tal vez no se tratara de una victoria diplomática para el país antillano, pero la situación le brindó al menos un respiro a Trujillo. Pero, pesar de todo, subsistía aún cierta confianza en la Comisión Interamericana de Paz de la OEA en relación al caso dominicano, así como en la actividad emprendida por diversas asociaciones que reclamaban sanciones de tipo internacional contra la isla, y de ello se haría eco la prensa venezolana. En tal sentido, el periodista Baltasar Padrón, colaborador del diario La Esfera, haría un recuento muy acertado de la actuación de la OEA hasta ese punto: «[L]a impresión de fortaleza que ha dado siempre la tiranía trujillista, produce cierto escepticismo en cuanto a la efectividad de las decisiones políticas de un organismo como la OEA. Pero en esta oportunidad existen varios hechos que conceden excepcional importancia (…) a la resolución de la OEA. La Comisión Interamericana de Paz ha acogido la denuncia de Venezuela y ha dictaminado, con la aprobación de todos los países miembros, que en la República Dominicana se han violado flagrantemente los derechos humanos (…) Esa condenación, aunque no parezca más que eso, es un paso de gran importancia porque entraña, casi automáticamente la expulsión del régimen trujillista».

Refiriéndose de seguidas a que, junto con la negación de los derechos humanos, el régimen de Trujillo se hallaba violando varios de los principios más importantes de la Carta de la OEA, el columnista puntualizaba: «[E]n el momento en que (…) [se] decreta que un gobierno ha quebrantado todos los principios de la Carta, es una consecuencia apenas previsible su expulsión del sistema». Aún más, a juicio de Padrón: «[C]asi sobra decir cuáles van a ser los resultados de la expulsión: en una palabra, constituirán el definitivo aislamiento del régimen dominicano, la asfixia que busca el ‘cordón sanitario’ preconizado por Rómulo Betancourt y el derrocamiento, por inanición, de la tiranía. Los países miembros de la OEA no podrán sostener relaciones de ningún género con un gobierno expulsado de su seno por violaciones de tal magnitud contra los principios que la sustentan. Y, en consecuencia, todos los gobiernos americanos, incluyendo a los EE.UU., se unirán a aquellos que ya han roto con el dictador» (La Esfera, 13/06/60: 13).

Por último, el periodista se haría a sí mismo esta pregunta: «¿Qué camino podría quedarle, entonces, a Trujillo?» para rematar con el siguiente comentario: «Prácticamente ninguno. Nada puede hacer prever que trate de subsistir con un supuesto apoyo de Oriente. Nada está a su favor para la autosubsistencia. Todo lo ha de llevar, fatalmente, al fin tan esperado» (ibíd.).

Este final da a entender que el periodista de La Esfera ni nadie que intentara examinar la personalidad de Trujillo y la naturaleza de su régimen podía llamarse a engaños con respecto a todo aquello que podía hallar cabida en la mente del Generalísimo. En otras palabras, a todo cuanto su imaginación quisiera. Hasta –¿por qué no?– la posibilidad de sobrevivir sin el mundo, al margen del mundo o dependiente de mundos ajenos y remotos. En este sentido, la alusión que el periodista hacía al «apoyo de Oriente» no era vana ni casual. Los cubanos, por ejemplo, atareados en afrontar su propio aislamiento (y, sobre todo, el de su industria azucarera) pensaban arreglarse con «Oriente»: al menos era persistente el rumor de que Cuba pretendía llegar a un acuerdo con Pekín para la compra de un lote sustantivo de su zafra y no depender así de otros mercados totalmente inciertos en esa coyuntura (La Esfera, 12/06/60: 4). Si Cuba pretendía hacerlo, ¿por qué Santo Domingo no podía aceitar su propia mentalidad de sitio? Por alguna razón, el Generalísimo ya había proclamado su más famoso lema en 1930 y seguramente lo reiteraría en ese momento, treinta años más tarde, en caso de que a alguien le quedasen dudas sobre su capacidad para vencer las adversidades: «No hay peligro en seguirme» (Aveledo, 2010: 80). Después de todo, cualquier otro gobernante habría naufragado en el desastre, pero Trujillo era diferente (De los Santos, 1972: 102).

Visto así, Trujillo no se rendiría tan fácilmente. Menos si, de paso, se habla en este caso del empeño que tuvieron algunos de sus emisarios por darle la vuelta al mundo en procura de apoyos fuera del Caribe y del hemisferio occidental. En su novela El último hermoso crimen, Miguel de los Santos Reyero alude a la tarea que el Generalísimo hubo de encomendarle a su hijo mayor y potencial heredero político –Ramfis Trujillo– para que gestionase acuerdos comerciales con algunos países de la órbita socialista. Aludiendo a una conversación en la cual explicaba el motivo por el cual aquel hijo andaba de gira por Europa más allá de su natural afición a jugar polo en los Bois de Boulogne, Trujillo afirmaba ante uno de sus interlocutores de confianza: «¿Sabes que está haciendo Ramfis en Europa?, debes saberlo, si por aquí aprieto me inclino hacia el Este, me pongo del lado de Fidel Castro y hago que tiemble toda América» (De los Santos, 1972: 65).

Hasta aquí podría pensarse que se trataba de una licencia en la que se permitía incurrir el novelista Santos Reyero para ilustrar el hecho de que mientras estuviese en juego su sobrevivencia en el poder, Trujillo, el siempre rabiosamente anticomunista, era capaz de darle un vuelco sorprendente a sus alianzas. Sin embargo, otras fuentes –y no precisamente de carácter literario– también documentan el punto aunque, en este caso, con relación a Cuba. De hecho, no sería la primera vez que Trujillo flirteara con elementos comunistas de la isla vecina para atemorizar a los Estados Unidos. En 1946, en un intento por atemperar las críticas hacia su gobierno procedentes de Cuba, Trujillo maniobró para llegar a un acuerdo con el Partido Socialista Popular (PSP) y la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) a fin de que cesaran tales críticas en los periódicos controlados por esas organizaciones a cambio de que el Generalísimo aflojara las restricciones que pesaban sobre los sindicatos e, incluso, que consintiese la creación de una organización política afín a los comunistas cubanos. Trujillo, no obstante, se desentendería rápidamente de tales acuerdos (Ameringer, 1996: 23-25). Aunque esa experiencia fuera solo un ejemplo de la forma tan caprichosa como Trujillo ejercía las relaciones internacionales, la situación planteada ahora era distinta: se trataba de aceptar un entendimiento táctico con Fidel y la revolución en el poder. Así, por muy amplias que fueran las latitudes de su imaginación, el Generalísimo tal vez no previó jamás que llegaría el momento en que habría de contar con el circunstancial pero útil apoyo de «los barbudos» en su enfrentamiento con Estados Unidos y, desde luego, con Venezuela.

Así lo entendía Fidel

Justo cuando ya nada hacía posible pensar en la formación de un eje diplomático Caracas-La Habana, el diario La Esfera abría de este modo su edición del 12 de junio de 1960: «Fidel ataca a países que rompen con Trujillo», preguntándose de forma provocadora en el cintillo superior de la primera página: «¿Qué dicen ahora los rojos?». Se aludía así a lo dicho por el entonces primer ministro Fidel Castro, quien –según el diario– acusaba implícitamente a los países que habían roto relaciones con la República Dominicana de hacerle el juego al Departamento de Estado (La Esfera, 12/06/60: 1). En la oportunidad de anunciar que el gobierno cubano confiscaría las refinerías locales de Esso, Texaco y Shell en caso de que éstas se negaran a procesar los envíos de crudo procedentes de la Unión Soviética, Castro aportó un nuevo argumento a lo que consideraba la agresión que EE.UU. preparaba contra Cuba con el apoyo de algunos países de la región: «[El Dpto. de Estado] inventó aislar a Trujillo para poder hacer luego lo mismo en Cuba» (La Esfera, 12/06/60: 1).

Su hermano Raúl también terciaría en el asunto. En tono de chanza ante una multitud congregada en La Habana, el joven Ministro de las FFAA dirá que hacía apenas una semana que la OEA había descubierto «que la tiranía [dominicana] existe pese a sus 30 años». El hermano menor de Fidel agregaría lo siguiente, con toda la elasticidad con que podía permitirlo el cinismo: «[E]stamos contra Trujillo (…) pero estamos contra la utilización de la OEA para intervenir en República Dominicana». A su juicio, se trataba de la forma como EE.UU. se disponía a tejer un cerco en torno a la isla vecina a través de los instrumentos previstos por el organismo hemisférico para, más tarde, hacer lo mismo contra la Revolución cubana (ibíd.).

El diputado por AD, Carlos Andrés Pérez, fue rápido en responderles a los hermanos Castro y poner las cosas en su sitio, desde un punto de vista histórico. Sostendría que «el cordón profiláctico» que buscaba implementarse contra el régimen de los Trujillo no era un invento del Departamento de Estado sino una propuesta que había brotado del propio Betancourt en la Conferencia fundadora de la OEA en Bogotá, en 1948. Le parecía extraño –concluyó– que el Premier cubano dijese que todo ello redundaba en una maniobra puesta en práctica por EE.UU. puesto que ni Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador o Bolivia, los países que habían roto con Trujillo, apostaban a interpretarlo como un juego iniciado por Washington para deponer a Trujillo. Y lo diría con todas sus letras: «La idea de cercar a Trujillo nació en América Latina». No obstante, puntualizó el diputado que si el temor de los dirigentes de La Habana nacía del hecho de que esto pudiera tratarse de un subterfugio ideado por EE.UU. para luego aislar a Cuba, nada estaba más alejado de la verdad, puesto que, según comprendía, la posición de Venezuela, y del resto de los países que habían procedido contra Trujillo daba a entender al mismo tiempo que «las situaciones de Castro y Trujillo eran diferentes» (La Esfera, 14/06/60: 3).

Obviamente, las tensiones en la región iban en aumento, y la posición de Venezuela era que mientras subsistiera el «problema dominicano», o no fuera posible resolverlo a través de la OEA, resultaba ocioso debatir cualquier otro asunto que redundara en la intranquilidad del Caribe. Por su parte, los diarios de la isla tampoco dejaban duda de que, en Santo Domingo, la paz del Caribe era también un anhelo. Al menos la paz al modo como podía comprenderlo Rafael Leonidas Trujillo.

Por ello, cercado en el campo diplomático pero con capacidad de sobra para actuar y sobrevivir en otros terrenos (Guerrero, 1994: 90), el empeño de Trujillo por estimular todas las conspiraciones posibles contra el régimen de ad debió sufrir un serio revés cuando el fracaso de Castro León, y de su aventura a través de la frontera colombiana, dio al traste con la posibilidad de emprender un asalto directo, de tipo militar, contra el gobierno de Betancourt. Tal vez en ello residiera la clave del siguiente paso que se propondría tomar el Generalísimo: la eliminación física del Presidente venezolano.

Operación Terror

A fines de la primavera [de 1960] Trujillo decidió que eran necesarios métodos más drásticos. (…) Esta lógica elemental es la que nos muestra varios de los rasgos más marcados de Trujillo. La solución que propuso era de orden instintivo, no racional. No cabe de que era completamente irracional (…) Los instintos de Trujillo le exigían la muerte del adversario.

ROBERT D. CRASSWELLER, Trujillo: The Life and Times of a Caribbean Dictator, 1966.

No era común a principios de 1960, excepto en el caso de algún auténtico especialista en explosivos, que alguien supiera manejar el procedimiento capaz de hacer que una bomba iniciara su proceso de ignición mediante la ayuda de un aparato micro-ondas. Se trataba sin duda de una técnica bastante sofisticada y modernísima para su época, y así lo entendieron los alumnos del curso rápido que tuvieron a su cargo estudiar el proceso y, como premio a su aplicación, recibir de manos de Johnny Abbes García, jefe del Servicio de Inteligencia Militar de Trujillo, el material que sería cuidadosamente encintado y disimulado dentro de un maletín para su transporte a Venezuela. A Abbes, dicho sea de paso, todos le temían, hasta sus superiores. Se le tenía y temía –apunta el dominicano Miguel Guerrero– como «un hombre de acción violenta» (Guerrero, 1994: 25).

El hombre a quien Trujillo había designado personalmente para dirigir el atentado tenía varios años movilizándose por la cuenca del Caribe revestido de inmunidad diplomática, dada su condición de agregado militar. Sus primeras acciones de ultramar se centraron en México contra los exiliados dominicanos en ese país, algo que más temprano que tarde llevó al propio Gobierno mexicano –basado en las denuncias que circulaban entre los exiliados– a solicitar que Santo Domingo retirase a su agregado militar. «Después de abandonar México –reza una nota– Abbes consiguió, siempre desde una capital centroamericana, efectuar [un] atentado contra [el embajador Tancredo Martínez]», «un exdiplomático dominicano que había renunciado al servicio y ahora combatía la dictadura antillana». «Martínez fue agredido a balazos en septiembre de 1957 por un pistolero de origen cubano, pero salvó la vida milagrosamente» (Élite, Nº 1.814, 02/07/60: 59). Sería en México también donde, como se comentó en un capítulo anterior, Abbes sería responsabilizado de tramar un atentado contra Betancourt en 1955 (Castro, 2008: 136).

Trigueño, entrado en carnes y con bigotes de «gigoló», Abbes García registraría a continuación uno de sus más distinguidos servicios al dirigir con éxito el plan de asesinar al presidente de Guatemala, coronel Carlos Castillo Armas. Se trataba de un curioso caso de aliados que se depredaban entre sí, puesto que Castillo Armas formaba, junto a Somoza en Nicaragua, Trujillo en Santo Domingo y Batista en Cuba, la logia que en Centroamérica y el Caribe intentaba mantener a raya a las organizaciones democráticas dispersas en el exilio. Al parecer, Castillo Armas se había visto eludiendo algunos compromisos contraídos con Trujillo, fundamentalmente, de incrementar su apoyo efectivo al régimen de Batista y permitir que, desde Guatemala, se motorizara una acción contra José Figueres y el gobierno de Costa Rica. Al parecer, las vacilaciones de Castillo Armas le costaron la vida, y Trujillo autorizó a Abbes García para que se desarrollara el atentado dentro del propio Palacio Presidencial de Guatemala. El crimen ocurrió el 26 de julio de 1957 y Castillo resultó abaleado de muerte en los pasillos del Palacio. «En noviembre del mismo año –escribía un reportero–, veinticinco diputados del Partido a que perteneció Castillo Armas hicieron acusaciones concretas: Rafael Leonidas Trujillo (…) había fraguado el asesinato del presidente Castillo Armas» (ibíd., 60).

La sistemática denuncia de los guatemaltecos y el escándalo que suscitó la intromisión de Trujillo en el caso de Castillo Armas, llevó a que Abbes García fuese llamado de vuelta a la República Dominicana, a partir de lo cual aquel oficial, probado en lides de peso, no tardó en ser nombrado Jefe del SIM (Servicio de Inteligencia Nacional) cuando recién concluía la década de 1950. Promovido, pues, por Trujillo a su nuevo cargo, Abbes se estrenó durante los primeros meses de 1960 recrudeciendo la represión en la isla y denunciando por primera vez a la Iglesia Católica de hallarse involucrada en planes conspirativos contra el régimen. Luego de lo cual a Abbes le tocaría urdir una nueva trama contra el Presidente venezolano.

Si bien el mortal dispositivo provisto por él fue puesto a tono a mil kilómetros del lugar por donde pasaría Betancourt en su recorrido oficial del 24 de junio, la trama conspirativa no tendría su única sucursal en Santo Domingo. En realidad, a casi cuatro mil cuatrocientos kilómetros de distancia, se alistaba otro segmento de la conspiración que tenía su sede en Madrid. Allí, en la capital española –que compartía con Santo Domingo la dudosa reputación de ser la capital totalitaria del mundo–, habrían de converger dos grupos desafectos al régimen de Betancourt, uno marcadamente perezjimenista, y otro bajo el liderazgo de Martín Parada, otrora el aviador preferido de Pérez Jiménez, pero quien tomó el mando de la aviación rebelde el 1 de enero de 1958. Diferencias aparte, así lo reportaba la Embajada de Venezuela: «El plan no tiene ningún carácter comunista. Se trata, por el contrario, de los mismos elementos del 1 de enero del 58. La participación de los perezjimenistas ha sido únicamente económica, sin aspiración de mando alguno. Han financiado el atentado con la condición exclusiva de que, en caso de tener éxito, el nuevo Gobierno les devolviese (sic) sus bienes. Aquí se han efectuado numerosas reuniones entre el grupo de Martín Parada y el de los perezjimenistas». Luego el informante revelaba un dato fundamental: «Algunas de estas reuniones se efectuaron en un piso que tiene el Ministro Consejero de la Embajada Dominicana, Pedro José Trujillo» (MRE, 1960: Exp. 381). El informe hablaba así, nada más y nada menos, de un sobrino del Generalísimo, cuyo apoyo sería fundamental a la hora de acompañar a los conjurados venezolanos durante el siguiente capítulo de la trama, cuando cumpliesen el proceso de entrenamiento en la propia Santo Domingo (CTPJ, Extracto del Expediente, 1960: 1).

Sin embargo, entre el espeso tejido de nombres que figuraba sobre el tablero ninguno tuvo la significación que llegó a cobrar el autotitulado general y sobreviviente del tiempo de los hombres a caballo, Juan Manuel Sanoja Rodríguez. Supuestamente oriundo de Valencia, su trayectoria había sido en cierta forma similar a la de Rafael Simón Urbina: ambos adversaron a Juan Vicente Gómez, pagaron cárcel por ello, y ambos por igual terminaron hallando refugio en Santo Domingo al amparo de Trujillo. Sanoja ostentaba un generalato alcanzado, al parecer, en México, en las filas de Venustiano Carranza (Atentado, 1960: 16). Conocido de hecho como un fervoroso «trujillista» (Ahora, Nº 481, 29/01/73: 14), el venezolano Sanoja era padre prolijo: tenía trece hijos, varios de ellos nacidos en la isla, dos de los cuales –un capitán y un teniente– pertenecían al Ejército dominicano y prestaban servicio en la Guardia Especial de Trujillo (La Esfera, 29/06/60: 24; El Universal, 19/07/60: 8). Sus vínculos con el poder dominicano eran, pues, lo suficientemente estrechos como para ser el contacto principal que tendría Trujillo a la hora de llevar a cabo el atentado y fungir, de principio a fin, como el emisario entre Santo Domingo y los conspiradores venezolanos. Más tarde, al fracasar el intento magnicida, Sanoja sería acusado de ser a quien le correspondía distribuir las recompensas entre los complotados con dinero aportado por Trujillo (Élite, Nº 1.814, 02/07/60: 44).

Según el expediente elaborado a raíz del atentado, la misión de Sanoja en Madrid consistía en contactar al excapitán de navío Eduardo Morales Luengo, antiguo director del Círculo Militar en tiempos de Pérez Jiménez, y quien había sido pasado a retiro y aventado del país en febrero de 1960 a raíz de sus actividades conspirativas (ibíd., 49). Dos meses después de darse su baja de las filas castrenses, Morales figuró entre quienes intentaron invadir por el Táchira bajo el mando de Castro León, aunque tuvo la oportunidad de escapar a la redada que condujo a la cárcel al propio jefe de la conjura y a varios de los complotados (ibíd.). El dato llama la atención porque pareciera confirmar la conexión que, aún sin cumplirse año y medio del gobierno de Betancourt, continuaba existiendo entre el militarismo residual y los grupos desplazados del poder el 23 de enero.

Para la provinciana Madrid de 1960, Sanoja debió haber pasado inadvertido entre los transeúntes. Aunque de complexión fuerte, lucía encorvado por los años y por la costumbre de retrasar las piernas mientras tiraba el resto del cuerpo hacia adelante (De los Santos, 1972: 77). Además, el general venezolano de aquellos tiempos de caballo y machete tenía algo de Unamuno en el aspecto de su barba redonda, bien afeitada y totalmente blanca. Solo unos sempiternos lentes de sol le ocultaban un poco la expresión de los casi tres cuartos de siglo que llevaba a cuestas.

Sanoja se alojó en el elegante hotel Zurbano del barrio de Salamanca luego de completar, en vuelo directo, la ruta que separaba a Santo Domingo de Madrid. Sin embargo, a cambio de aquel viaje sin escalas ni rodeos, el viajero se las arregló con la ayuda del SIM dirigido por Abbes García para entrar por el aeropuerto de Barajas portando un pasaporte que no despertara sospechas y que, de hecho, lo hacía figurar como nacido en Moca, República Dominicana (De los Santos, 1972: 79). Para disimular aún más su presencia en la capital española, Sanoja trocaría su apellido y título de general por un discreto seudónimo de tres sílabas: «Carrasco». Bajo su nuevo nombre entraría en contacto telefónico con Morales una vez llegado a Madrid. Sin detenerse en mayores preámbulos a la hora de darse la cita que debió tener lugar entre el 19 y 20 de mayo, «Carrasco» seguramente dejó complacido a su interlocutor cuando le anunció que en Caracas y, también, en Santo Domingo, gracias a sus gestiones personales ante Trujillo, se le consideraba el hombre indicado para que descolgara su uniforme de marino y motorizara una nueva insurrección contra el gobierno de Betancourt.

A cobijo de la primavera templada, los dos hombres hablarían del país. Del país de ese año 60 asediado de problemas, y del país que, a partir de 1958, había dejado de estar cercano a sus sentimientos. Hablarían, por supuesto, de los elementos militares con que Morales podría contar y del apoyo que Trujillo estaba dispuesto a brindarles durante esa nueva coyuntura. No en vano, al «Jefe», la relación con Venezuela se le había vuelto a tornar agria y complicada hasta lo indecible desde que se diera el regreso de Betancourt por la vía electoral. Probablemente, de tanto hablar, les anochecería en el rincón penumbroso del mismo hotel donde se hospedaba «Carrasco» y donde se había concertado la cita para evitar las sospechas que, de otro modo, hubiese concitado departir en casa de Morales Luengo, o al aire libre, en algún café madrileño.

Luego de observar que su interlocutor terminaba de asimilar la invitación, ambos debieron ponderar las consecuencias de lo que significaron las fallas de dirección y comando que redujeron la intentona de Castro León, en abril de ese año, a una operación fallida. Tanto así que, según lo recoge el expediente elaborado a raíz del atentado, allí se habla de una guarnición en Caracas y otra de la Infantería de Marina en La Guaira (incluyendo, de paso, un escuadrón de aviones B-25 de la FAV destacado en Maiquetía) que habían estado dispuestas a participar de un golpe pero que, de tanto presionarse mutuamente a fin de que la otra se alzara primero, acabaron derivando en la inacción. Por cierto que a cargo de aquellos infantes de marina complotados se hallaba el capitán de corbeta Ángel Morales Luengo, quien –a diferencia de su hermano Eduardo– aún se mantenía activo dentro de la Marina de Guerra (CTPJ, Extracto del Expediente, 1960: 5). Asimismo, según lo revelan estas mismas actas levantadas con motivo del atentado, llegó el momento en que, de tanto posponer sus planes, los comprometidos se sintieron estrechamente vigilados por los servicios de seguridad de las FF.AA. Así corre por cuenta de una de las confesiones, junto a este otro dato: «[F]ue a partir de este momento que surgió la idea de esperar un tiempo prudencial y traer a Eduardo Morales Luengo a Venezuela para que coordinara y fuera el Jefe del nuevo movimiento» (ibíd.).

Al margen del apoyo que Trujillo estaba dispuesto a brindarle a esta nueva acción anti-betancourista, existía un acuerdo tácito que ambas partes estarían resueltas a defender según sus respectivas conveniencias: para Trujillo, era imprescindible que ningún dominicano actuase en el hecho (Ahora, Nº 481, 29/01/73: 11) mientras que los venezolanos estimaban –y así corre inserto en el expediente– «que no debíamos aceptar ayudas que pudieran posteriormente comprometernos o que nos pudiera hacer parecer como mercenarios del régimen trujillista» (CTPJ, Extracto del Expediente, 1960: 6).

A una semana del primer encuentro, y luego de lo que debieron ser los preliminares discutidos en Madrid junto a los conspiradores congregados en torno a Martín Parada, la dupla Sanoja-Morales emprendió viaje el 27 de mayo siguiendo un abigarrado itinerario que los llevaría de Madrid a Barcelona y, tras cuatro escalas distintas –París-Montreal-Las Bahamas- Kingston– a aterrizar tres días más tarde en Santo Domingo (ibíd., 1). A partir de ese momento, Morales quedó instalado en una casa a las afueras de la capital dominicana, propiedad de Romeo Trujillo –otro pariente destacado del clan y uno de los muchos sobrinos del Generalísimo–, gesto que sin duda debía interpretarse, en medio de las apuestas que hacía Trujillo, como un reconocimiento a la investidura de Morales como uno de los futuros jefes del gobierno que surgiera a raíz de la acción insurgente. Sanoja entretanto regresaría a Caracas, ahora con pasaporte venezolano, pero utilizando también otra ruta que se prestara a la discreción: primero por vía terrestre, hasta la frontera con Haití, para luego tomar en Puerto Príncipe un avión que lo condujese con destino a Caracas. Lo haría con el propósito de regresar una vez más a Santo Domingo, pero esta vez trayendo consigo a dos de las piezas claves que debían imponerse directamente del plan que hiciera posible que el nuevo ídolo escogido por Trujillo se trepara en el poder.

El «Cabrito» está a la orden

El segundo viaje de Sanoja, y el primero de sus nuevos acompañantes, no se daría a través de una línea aérea comercial que les obligara a hacer escalas o fingir rutas diversas a través del Caribe para llegar sin sobresaltos ni sospechas hasta la morada de Trujillo. Para ello, la red de complicidades internas y algunas conexiones de parentesco les daría acceso a un vuelo privado a bordo de un bimotor Curtis modelo C-46 con matrícula venezolana, dedicado al transporte de carga, y registrado a nombre de la empresa «Rutas Aéreas Nacionales Sociedad Anónima», RANSA (Guerrero, 1994: 20).

¿Qué pudo hacer que una línea comercial, dedicada a vuelos de cabotaje, se involucrara en semejante aventura? Aparte, desde luego, de que el Presidente y accionista mayor de esa compañía fuera pariente político de uno de los principales instigadores de la trama, existe entre los papeles de Betancourt una comunicación que le dirigiera esa empresa un mes antes del atentado solicitando una audiencia que le había sido negada en tres oportunidades distintas desde octubre del 59. Dicha comunicación da a entender que RANSA temía que una eventual fusión de las dos principales aerolíneas nacionales –LAV y AVENSA–, tal como lo estudiaba el Gobierno en esos momentos, convirtiera el consorcio resultante en una simple subsidiaria de Pan American Airways (dueña de la mayoría accionaria de AVENSA), amenazando de paso, así, con la desaparición de la propia RANSA dentro del circuito de rutas nacionales (ARB, XXXVII, 1960). Al parecer, además, RANSA ya le adeudaba al Gobierno Nacional quinientos mil bolívares por pagos no cancelados (El Universal, 03/07/60: 1). Todo esto hace suponer que, por parte del dueño de la empresa, debió obrar un importante apremio económico y hasta un resentimiento de carácter personal que lo llevaría a integrarse al variopinto y heterogéneo elenco de la conjura. Porque lo cierto es que si se hace el inventario de quienes integraron el vuelo junto al general Sanoja podría concluirse, como lo hace el dominicano Miguel Guerrero, que «[a] lo largo de sus vidas, estos hombres, algunos de los cuales apenas se conocían, habían sostenido ideas disímiles y militado en causas opuestas. Los juntaban ahora motivaciones distintas. Resultaba incomprensible determinar qué podía haberlos reunido» (ibíd., 19).

La húmeda mañana del viernes 17 de junio, una semana antes del atentado, el avión de RANSA (bautizado familiarmente por sus dueños como «El Cabrito») despegaría del aeropuerto de Maiquetía y, una vez en el aire, modificaría discretamente su ruta de vuelo. Tomando altura, fingió dirigirse al punto declarado como destino, una finca situada en el estado Apure, que era justamente propiedad del principal accionista de RANSA. Luego, «El Cabrito» cerró contacto con las autoridades de la torre de control de Maiquetía, disponiéndose a girar en dirección norte y, en el momento preciso, torcer hacia Santo Domingo en el sitio conocido, en términos aeronáuticos, como «Whisky Uno» (Papeles de Archivo, 1992: 16).

Tomando en cuenta que todo intercambio aéreo entre ambos países se hallaba suspendido desde que la relación entrara en crisis con el retorno de Betancourt, el hecho de que la aeronave siguiera semejante derrotero sin ser detectada por los controladores aéreos venezolanos daría pie a las sospechas. Por alguna razón, el expediente del atentado insinúa que debió existir algún tipo de connivencia entre la Torre de Control de Maiquetía y los dueños de RANSA para permitir que el avión saliera del país y entrara de vuelta de esa misma manera dos veces consecutivas (CTPJ, Extracto del Expediente, 1960: 12). Tratándose de una aeronave destinada a la carga de mercancías, bultos y fardos, la holgada capacidad de su fuselaje serviría cómodamente para rellenarlo de armas transportadas desde las tierras de Trujillo. Dado que no había butacas, el interior del avión parecía un saloncito vacío (de los Santos, 1972: 119); a Sanoja, en atención a su edad y jerarquía, se le facilitó un sitio en la cabina mientras que las dos figuras claves del plan –Luis Cabrera Sifontes y Manuel Vicente Yánez Bustamante– debieron arreglárselas como pudieron dentro de aquel avión sin asientos.

De ninguno de los dos acompañantes que formaban el Estado Mayor de Sanoja podía decirse que tuvieran algún tipo de catadura heroica. El primero –Cabrera– radiotécnico y agrimensor al servicio de algunas empresas constructoras que operaban en el interior del país, sufría de ludopatía y, al mismo tiempo, de una capacidad para el desarrollo de descabellados planes inmobiliarios que lo tenían en apuros; el segundo, Yánez Bustamante –antiguo empleado en la caja de rentas del Concejo Municipal de Petare– era dueño de una cantera hipotecada en el valle del Guaire y en su expediente, previo al atentado, figuraban dos estafas de fondos públicos, una de ellas contra la caja del propio ayuntamiento (Élite, Nº 1.814, 02/07/60: 46; Nº 1.816, 16/07/60).

Acostumbrados a una vida gobernada por el azar y los golpes de mano, ambos eran perfectos candidatos a jugarse el todo por el todo y sacar provecho de la acción propuesta por Sanoja. Personajes cercanos al resbaladero, su prototipo se prestaría para que el entonces debutante periodista Rafael Poleo concluyese que ambos terminaron cayendo en el enredo magnicida por culpa de sus vicios (Élite, Nº 1.815, 09/07/60: 37). En un reportaje, Poleo los retraba de esta manera: «Cabrera (…) estaba definitivamente perdido por el juego (…) No por distinto, el vicio de (…) Manuel Vicente [Yánez Bustamante] era menos peligroso. A Manuel Vicente las mujeres lo traían de cabeza y (…) había desfalcado las Rentas Municipales, donde trabajaba. Para ‘tapar el hueco’ pidió prestado; y el prestamista a poco cobró, a modo de intereses, al obligarle a hacerse conspirador» (ibíd.). Obviamente, el prestamista a cuya alma debían verse inexorablemente uncidos los dos personajes que colgaban del abismo era el general y amigo de Trujillo, Juan Manuel Sanoja Rodríguez.

Ambos, sin embargo, estarían convencidos de que se aproximaban al inicio de una épica de guión cinematográfico cuando, desde las estrechas ventanillas del C-46, debieron divisar a sus pies la base militar de San Isidro, vecina a la capital dominicana, en cuya pista principal estaban alineados, de ambos lados, tanques y vehículos militares, aviones a reacción del tipo Vampiro, P-51 Mustangs y efectivos que iban y venían en trajes de zafarrancho (Guerrero, 1994: 24).

«Frecuencia 3023.5

–Cabrito: «Carrasco» [Sanoja] va a bordo.

–Control Radhamés: Estamos informados.

–Especial dos [Cabrito]: Llamando.

–Control Radhamés: Especial dos, llamando. Libre aterrizar en la Pista 12 (Papeles de Archivo, 1992: 18).»

Impuestos de la dirección e intensidad del viento, y autorizados a aterrizar luego de hacer contacto a través de una frecuencia radial previamente convenida de la forma como lo describe este diálogo que tuvo lugar entre la aeronave y el «Control Radhamés» faltando una hora de vuelo (ibíd., 16), el C-46 venezolano se deslizó sobre el pavimento de la base aérea mientras sus ocupantes debieron percatarse de que dos vehículos de guerra les daban escolta y desde uno de los cuales se les instruía por señas al piloto para que parquease en el punto más apartado del aeropuerto (Guerrero, 1994: 23).

Sanoja tal vez no tendría motivos para experimentar ningún sobresalto, pero sus dos acompañantes, metidos a improvisados conspiradores, sí debieron contemplar con algo de incredulidad y asombro al elenco de altos oficiales que esperaba al pie de la escalerilla y al cual no tardaría en sumarse el propio capitán de navío Morales Luengo, oficializada ya su posición como jefe del movimiento (ibíd.).

Concluido aquel primer vuelo clandestino hasta la base aérea de San Isidro, «El Cabrito» desanduvo su ruta hasta Maiquetía con instrucciones de volver al día siguiente a fin de trasladar de regreso al elenco completo que incluía, esta vez, al nuevo jefe de la conspiración, Morales Luengo. Entretanto, el grupo se desplazó hasta donde éste tenía su hospedaje a las afueras de la capital por cortesía del clan Trujillo. Allí se les unió Abbes García y, durante un corto rato también, el propio Generalísimo, quien pasó a inspeccionar e imponerse de la llegada de los venezolanos. Según lo recoge el expediente, plantado allí frente a la presencia más poderosa de la isla –dentro o fuera del poder–, Cabrera procedió a ofrecerle a Trujillo una relación minuciosa y de primera mano sobre los sucesos más recientes que habían tenido lugar en Venezuela, así como sobre las posibilidades de una insurrección cívico-militar cuyos responsables estarían dispuestos, según él, a secundar las acciones que se tramaran. «Cabrera Sifontes expresó que la situación económica era desastrosa, que el descontento era general, y que todo era propicio para un alzamiento» (CTPJ, Extracto del Expediente, 1960: 2).

El Generalísimo no tardó en hacerles notar a los venezolanos que ya había cumplido con una parte importante de sus ofrecimientos al permitir que el avión de RANSA aterrizase en la base militar de San Isidro (ibíd.), privilegio que, al verse expresado así, lleva a pensar que el oferente debió considerar lo que hacía como una concesión muy especial de su parte. Pero la presencia de Trujillo en persona debió abrirles el apetito a los novatos del grupo, empezando por Cabrera quien, según el testimonio de otro de los inculpados, se adelantó a decirle al Generalísimo que, en vista de que ofrecía su colaboración, tuviese en cuenta que también existía un grupo importante de civiles que respaldaba al movimiento, y en apoyo del cual solicitaba cierto material de guerra que consideraba necesario, cuya lista estaba dispuesto a elaborar, y que en efecto elaboró en estos términos: doscientos revólveres; cuarenta ametralladoras; diez fusiles M1 o M2; cartuchos suficientes para cada arma, y al menos treinta granadas de mano (ibíd.). Más tarde, para su desengaño y a bordo de «El Cabrito» ya con destino a Venezuela, Cabrera se dio a la tarea de revisar y clasificar las armas embarcadas y percatarse de «que nos habían entregado cuarenta y cuatro ametralladoras Thompson muy viejas, una gran cantidad de revólveres muy antiguos y usados, una gran cantidad de pistolas muy viejas y muchísimas sin sus peines correspondientes». Solo para agregar la siguiente nota al desaliento: «[L]as doscientas (200) granadas eran de bajo poder explosivo» (ibíd., 7).

Existe no obstante, en la declaración del propio Morales Luengo, una revelación clave: a la lista en cuestión, Cabrera sugería incorporar «unos cartuchos de dinamita con unos metros de mecha lenta». Morales confesaría a sus interrogadores haberse sentido perplejo ante la solicitud de Cabrera puesto que, a su entender, el tema de la dinamita no figuraba en el libreto. Así se desprende del testimonio brindado por el propio capitán de navío cuando afirma haber encarado a Cabrera una vez que sus interlocutores dominicanos hubieron abandonado la escena: «Eduardo Morales Luengo le preguntó a Cabrera Sifontes para qué quería la dinamita y las mechas si los civiles iban solamente armados con armas cortas y granadas, y Cabrera Sifontes le contestó que era por si había que volar algún puente para cubrir la retirada». A partir de este punto, el declarante afirmaría que Cabrera insistió tercamente en el asunto de la dinamita, rogándole de paso que solicitara un detonador que, a fin de cuentas, podría ayudar en el caso de una salida imprevista como la que estaba planteando (ibíd., 2).

Si bien Morales insiste en haberse desentendido del tema de los explosivos, por alguna vía, o a través de algún conducto, la solicitud de Cabrera debió llegar por igual a oídos de sus contactos dominicanos. Ello es así puesto que, según él mismo lo refiere, Morales entregó a Abbes García una lista revisada de los artículos de guerra, tomando en cuenta el peso del C-46 que los trasladaría de vuelta a Venezuela, pero que el Jefe del SIM le dio a entender al propio Cabrera «que él iba a traer un aparatico mejor que un detonador» (ibíd.).

Todo lo cual lleva a suponer dos y hasta tres cosas distintas: la primera, que Morales Luengo y sus asociados pudieron haber manejado hasta ese momento agendas distintas con respecto a los objetivos de la conspiración; segundo, que la idea de los explosivos provino exclusivamente de la dupla Cabrera-Yánez Bustamante recién incorporada a la acción: después de todo, Cabrera Sifontes, con experiencia en radiotécnica, tal vez tendría alguna noción de cómo podría operar un artefacto explosivo, mientras que Yánez Bustamante, dueño de una pedrera, debía estar familiarizado con el manejo de dinamita en voladuras de superficie; o tercero, que el tema del atentado no estuviese previsto en el libreto de ninguno de los actores hasta el momento en que Abbes García y los agentes de la SIM les insinuasen que tal acción podía convertirse en un capítulo efectivo de la revuelta que tenían prevista. No en vano, en la declaración policial ofrecida por Cabrera se lee lo siguiente: «[E]l coronel Abbes García manifestó que si era necesario hacer algunas voladuras y actos de sabotaje, él tenía un procedimiento que se podía operar por micro-ondas, sin riesgos de ninguna especie. (…) [T]odos consideramos que era sumamente útil su aplicación en este movimiento. Confieso que el coronel Abbes García manifestó que era ideal para un atentado contra el Presidente de la República» (ibíd., 7).

Lo cierto del caso es que, en un salón aparte de la casa de la cual era huésped el jefe de la conspiración, los alumnos del curso rápido se impusieron de las complejidades del aparato de microondas ofrecido por Abbes García; pero aquí –según el expediente– figuran algunas explicaciones dadas a posteriori que, naturalmente, llevan a suponer que los implicados intentaron maquillar las fatales consecuencias de su acción. A juicio de Cabrera, «el objeto no era el de matar a nadie» sino «paralizar los actos del 24 de junio», produciendo una confusión que fuera, en síntesis, la señal «para el comienzo del (…) golpe de Estado de que me habían hablado» (ibíd., 9-10). A fin de abonar su tesis, Cabrera aclaraba en primer lugar que Abbes García había llegado a ofrecerles un reactivo adicional hecho a base de termita, «lo cual producía una llama que atravesaba la coraza de un acorazado en cuestión de fracciones de segundo» (ibíd., 7), pero que esta sugerencia lo alarmó al punto de contestarle escrupulosamente: «No, no. Termita no. Eso es demasiado» (Papeles de Archivo, 1992: 24).

Esta excusa, mediante la cual pretendía atenuar la intención magnicida, tal vez podía llegar a ser creíble hasta cierto punto; pero la que sigue está, en cambio, lejos de serlo. Se trata de una excusa sin asideros de ninguna especie: a juicio del propio Cabrera, la segunda razón que desmentía que el objeto de los complotados fuera acabar con la vida de Betancourt descansaba en el hecho de que, como parte de la comitiva presidencial, figurara el Jefe de la Casa Militar, el coronel Ramón Armas Pérez, quien –según Cabrera– «era uno de los jefes de la conspiración». Y agregaba: «[P]or lo tanto, sabiendo el general (sic) Armas Pérez que se iba a producir una explosión no podía sospechar tampoco que iba a tener efectos mortíferos porque, de otra forma, no hubiera ido en la comitiva» (CTPJ, Extracto del Expediente, 1960: 10).

Se trata, como se ha dicho, de una tesis a la cual cuesta conferirle algún grado de verosimilitud. En cambio, si alguna opinión resulta confiable en este sentido es la del propio Betancourt quien se haría cargo de dejar en limpio el nombre del Jefe de la Casa Militar, haciendo de su retrato una muestra de lealtad histórica. Saliéndose incluso un poco de sus cabales, diría lo siguiente en una concentración pública que tuvo lugar en Valencia al referirse al juicio que, en esos momentos, se seguía contra los implicados en el frustrado magnicidio: «No he intervenido absolutamente en este proceso, pero sí quiero rechazar indignado (…) la imputación de uno de los asesinos pagados por Rafael Leonidas Trujillo: de que ellos estaban en connivencia con mi fraternal amigo el general Ramón Armas Pérez. Según la afirmación de uno de esos miserables (y permítaseme que no hable como Presidente de la República sino como un hombre indignado por la vil calumnia con que se quiere manchar la memoria de un amigo noble, bueno y leal), el Jefe de la Casa Militar que pereció allí, estaba en connivencia con ellos; con Rafael Leonidas Trujillo es con quien ellos estaban en connivencia» (Betancourt, 1962, II: 318-319). De hecho, apenas al día siguiente del atentado, Betancourt ya había hablado de un largo periplo familiar que solo la dinamita había cortado abruptamente: «De la sangre derramada ayer, debo lamentar particularmente la de mi viejo amigo y leal colaborador, coronel Ramón Armas Pérez (…) Quienes me rodeaban tuvieron la actitud piadosa de negarme ayer su muerte y de decirme sólo que su situación de salud era crítica. Desde 1946 le conocí, fue mi ayudante cuando ejercí la Presidencia de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Después del 24 de noviembre del 48, siguió siendo mi amigo a través de todos los avatares del exilio. Era un hombre criollo, llanerazo, generoso, bueno y valiente, sin alardes de guapetonería» (Papeles de Archivo, 1992: 38). Echándole un vistazo a lo dicho por Cabrera no hay duda de que, en medio de su desespero, debió confiar lisa y llanamente en el hecho de que los muertos no tienen, en todo caso, forma alguna de defenderse.

Según lo convenido, «El Cabrito» volvió a repetir el mismo cambio de ruta para reaparecerse en Santo Domingo a la mañana siguiente. Al cabo de unas horas, y luego de que el propio Generalísimo se uniera a las despedidas en la casa donde Morales había estado de huésped, el piloto de RANSA informó tener equipado el C-46 en la base de San Isidro, repleto ya con el armamento que fue subido a bordo por tropas del ejército dominicano (CTPJ, Extracto del Expediente, 1960: 3). El cargamento total de armas montaba a unas 1.800 libras (Guerrero, 1994: 30). Más tarde lo hicieron los propios pasajeros, portando «una maletica marrón que contenía el aparato» (CTPJ, Extracto del Expediente, 1960: 3). La misma coreografía del recibimiento se repitió a la partida: al pie de la aeronave permanecieron varios oficiales del ejército dominicano aguardando a que ésta despegara de la base militar (ibíd.). El piloto planteó la conveniencia de no demorar la partida puesto que, como bien lo sabían los complotados, el vuelo preveía una fugaz escala en el estado Guárico (Pérez & González, 2012: 133-134) a fin de descargarlo de las armas y permitir que el avión regresase lo más pronto a Maiquetía, evitando jugar demasiado peligrosamente con las normas aeronáuticas.

Allí, en la puerta de los Llanos, no sólo las armas entraron de contrabando: también lo haría el propio Eduardo Morales Luengo, a quien se suponía desterrado y alejado del país. Según lo programado, el grupo se dividió en dos: los que harían el camino por tierra hasta Caracas cargando con el parque de dudosa calidad suministrado por Trujillo, y los que debían seguir a bordo de «El Cabrito» y tocar en Maiquetía antes de que declinara la tarde de aquel 18 de junio. De este último lote, cinco serían los pasajeros que ocuparían el fuselaje semivacío de la aeronave: Luis Cabrera Sifontes, Manuel Vicente Yánez Bustamante, dos maletas verdes –una cargada de nitroglicerina en forma de dinamita compacta; la otra, repleta de nitrato de amonio reforzado con TNT–, y un maletín de semicuero, imitando piel de cocodrilo, que contenía el artefacto receptor (de los Santos, 1972: 197). Todo según salió de la base aérea de San Isidro, por cortesía del coronel Johnny Abbes García.

Amanece nublado

Las bombas hablan una sola vez en su vida.

EL ÚLTIMO HERMOSO CRIMEN, 1972: 165.

El viernes 24 de junio de 1960 cayó feriado, y ya desde la víspera muchos caraqueños habían dispuesto lo necesario para irse a Macuto, Naiguatá o Catia la Mar a disfrutar del largo fin de semana. Era Día de San Juan, pero también de efeméride militar en el almanaque: era Día del Ejército, aniversario 139 de la batalla de Carabobo. El clima se percibía húmedo y nublado, lo que pronosticaba lluvia sobre la capital. Pero con buen o mal tiempo, los periódicos amanecieron rutinarios, con excepción quizá de un revés en el mundo deportivo: la noche antes, según lo informaba un cable de UPI, la directiva de los Royals de Montreal había decidido prescindir del torpedero criollo Alfonso «Chico» Carrasquel por su bajo promedio en bateo y pobres exhibiciones en el infield (La Esfera, 24/06/60: 6). Ese día, se cumplían veinticinco años de la muerte de Carlos Gardel, y también había reportajes y notas al respecto en varios diarios caraqueños.

Por tratarse justamente del Día del Ejército, en la agenda presidencial figuraba la parada en la avenida Los Próceres y el acto de ascenso de varias promociones de oficiales que tendría lugar luego en la Academia Militar. Era prácticamente imposible que el Jefe del Estado eludiera semejante compromiso. Como político avezado, estimó que su presencia era necesaria en un acto de tal naturaleza que reuniría a todos los altos jerarcas castrenses (Ahora, Nº 481, 29/01/73: 12). Su norma seguía siendo, como lo había sido durante su primer año de gobierno, la de profundizar las simpatías y la aceptación del estamento militar luego de diez años de exilio (Guerrero, 1994: 95). El historiador dominicano Miguel Guerrero lo percibe de este modo: «Los estamentos militares venezolanos, en gran medida, eran todavía reminiscencias [de] Marcos Pérez Jiménez. (…) [L]a jerarquía castrense se había adaptado a la idea de que Betancourt, quien a partir del 13 de febrero [de 1959 era] su nuevo comandante en jefe, era un (…) enemigo acérrimo de una estructura militar tradicional (…) como la venezolana. Betancourt había ganado las elecciones, contra muchas predicciones, es cierto, con más del cincuenta por ciento de los votos. Pero (…) tenía necesidad, ante todo, de moverse con suma habilidad en las cuestiones militares» (ibíd., 124).

Precisamente por ello, Betancourt debía estar consciente de que su ausencia podía prestarse a falsas interpretaciones o tomarse inclusive como un gesto de indiferencia hacia un sector con el cual mantenía relaciones muy sensibles. De allí que, de modo sorpresivo, decidiera a última hora de la noche del 23 de junio participarles a sus edecanes y ayudantes que presidiría la parada militar, a pesar de hallarse recluido en su residencia particular de Los Núñez por prescripción clínica. El desfile del Día del Ejército no estaría en el programa de sus médicos pero lo estaba, en cambio, en el de Betancourt (De los Santos, 1972: 161).

Un día con malestar

Efectivamente, desde el sábado 18 de junio, sus médicos de confianza –empezando por Francisco Pinto Salinas, hermano de Antonio, el dirigente de AD ultimado durante la resistencia– estimaron que el Presidente debía guardar reposo absoluto, cama rigurosa y, sobre todo, cancelar todos los compromisos que tuviera previstos para la semana que debía iniciarse el lunes 20. Producto, según el parte médico, de sus recientes giras por el país, a Betancourt se le había diagnosticado un cólico hepático luego de quejarse de trastornos digestivos, puntadas abdominales y, especialmente, de fuertes dolores en la región del hígado. Los médicos estimaron que su afección no de era de gravedad, pero que el cólico hepático, motivado por una perturbación biliar, aconsejaba reposo en Los Núñez, desde donde –sin retornar a su actividad oficial en Miraflores– podría despachar los asuntos más urgentes de gobierno mientras se recuperaba del malestar (Élite, Nº 1.814, 02/06/60: 38).

Se trataba –según lo reseñaba la prensa– de una vieja dolencia que, a pesar de ser recurrente, no revestía peligro alguno para la salud del mandatario ni debía causar alarma (La Esfera, 21/06/60: 3). Para no dejar dudas al respecto, el parte facultativo puntualizaba que «son frecuentes, especialmente en el trópico, las enfermedades de la vesícula biliar» (ibíd.). Si bien se le recomendaba mantenerse en su lecho de enfermo al menos por ocho o diez días más, amén de cumplir con la batería de medicamentos que se le había recetado y una dieta que enderezara su salud, probablemente no imaginaron que menos de una semana después, ese viernes 24 de junio, Betancourt habría de contrariar las disposiciones médicas y revocar el prudente reposo solo para encaminarse al degolladero que se le tenía preparado en la avenida Los Próceres.

Mal clima

El mal tiempo, sin embargo, no lo determinaban solo las nubes que colgaban bajas sobre el cielo de la capital. Días antes del atentado, justamente en un sector cercano a Los Próceres, el clima se había visto enrarecido por una manifestación promovida por el autodenominado «Comité Nacional de Desempleados» que permanecía atrincherado en un local del Ministerio de Obras Públicas, ubicado en ese mismo vecindario, en señal de protesta. Según las autoridades nacionales, los componentes de aquella acción formaban parte de un grupo de «aventureros» dirigidos por Antonio Raga Peralta quien, según las mismas autoridades, tenía en su haber una larga lista de espionaje durante el régimen militar sobre algunos sindicatos, y a quien también se le hacía responsable del asalto a varios locales obreros del interior del país, «hazañas» que habían sido cumplidas por Raga en compañía de agentes de la Seguridad Nacional. José Agustín Catalá, Comisionado Especial del Presidente, sería más preciso al señalar que ese comité, conformado por connotados perezjimenistas, constituía una seria amenaza contra el gobierno de Betancourt (La Esfera, 24/06/60: 5).

Obviamente, los disturbios no habían sido extraños al gobierno democrático durante apenas un año y unos meses en el poder (Betancourt, 1962, II: 321): amenazas de bomba en la sede de Radio Continente y Radio Rumbos; ataques con armas a estaciones de policía y jefaturas; 19 muertos, entre civiles y policías, solo durante el mes de enero de ese año 60 (ibíd.); automóviles y camiones dañados en varios motines callejeros; 16 radio-patrullas incendiadas «con piromaníaca saña» (Betancourt dixit) y, por último, aunque no menos grave, una ola de protestas y destrozos que había llegado inclusive hasta las puertas del Congreso Nacional. Todo ello describía un paisaje que confirmaba que, después del 23 de enero de 1958, la calle no había permanecido tranquila, y menos las de Caracas, las cuales no representaban precisamente un bastión de Acción Democrática sino de movimientos y organizaciones francamente desafectos al régimen. Entre otras cosas, la reversión que hiciera el gobierno de Betancourt para sustituir el Plan de Emergencia, adoptado por el gobierno provisional de Wolfgang Larrazábal, por un programa más coherente de empleo público, se había constituido en foco de perturbación durante los últimos meses. Solo que esta vez la acción de los desenganchados tenía una connotación particular, asociada al hecho de que Raga y los suyos habían ocupado aquel galpón del MOP en la avenida Los Símbolos, sitio cercano adonde tendría lugar el atentado. Este hecho llevó a las autoridades a suponer, con base en averiguaciones posteriores, que entre los dirigentes de la toma del local pudo haber algunos elementos que mantenían contacto con los dinamiteros del 24 de junio. Si la hipótesis era correcta, tales elementos habrían estado alistados para participar eventualmente en una acción callejera que debía formar parte de lo que, a fin de cuentas, terminó resultando una desflecada trama conspirativa (Papeles de Archivo, 1992: 54).

Aparte de ello, otras circunstancias extrañas rondaron el ambiente mucho antes de que el Cadillac blindado de Betancourt se pusiera en marcha bajo el cielo plomizo de aquella mañana desde la casa alquilada de Los Núñez hasta el sitio donde debía encabezar la parada militar. En primer lugar, se planteaba la posibilidad de que hubiese ocurrido algún tipo de falla o filtración en el aparato de seguridad del Presidente. A esa conclusión llegaron los redactores del semanario Élite intrigados de que Betancourt, por su estado de salud, sólo hubiese resuelto asistir a los actos de Los Próceres cerca de las 10:00 de la noche anterior. Si fue así –se preguntaba la revista a los pocos días del complot– ¿cómo llegaron los conjurados a enterarse tan pronto?; ¿es que acaso se hallaban intervenidas las comunicaciones de Betancourt?; ¿pudo ocurrir alguna complicidad interna por parte del personal de custodia?; ¿alguna indiscreción, quizá? (Élite, Nº 1.814, 02/07/60: 21).

Ciertamente, el episodio dio pábulo a que circularan en la prensa las más extravagantes suposiciones como, por ejemplo, que cuatro especialistas alemanes en explosivos, y un ciudadano argentino, habían entrado subrepticiamente al país algunos días antes para consumar el atentado (La Esfera, 26/06/60: 4; Élite, Nº 1.814, 02/07/60: 49). A pesar de todo, otros detalles no resultaban menos susceptibles de llamar la atención y concitar la sospecha. Uno de ellos era que los ejecutores del plan supieran con asombrosa precisión cuál sería la ruta que tomaría la comitiva presidencial cuando, en tal caso, existían al menos dos alternativas para llegar al sitio de los actos. Se dice también que el maltrecho Oldsmobile, en cuya maleta se hallaba depositada la carga explosiva, fue estacionado en el lugar del suceso apenas poco antes de ocurrir el atentado, algo raro si se toman en cuenta las más elementales medidas seguridad que suelen caracterizar a este tipo de desplazamientos (ibíd., 27). El propio ministro de Defensa, general Josué Henríquez, quien iba sentado en una silla auxiliar frente al Presidente, declaró que cuando iban llegando al lugar de la tragedia observó el desvencijado automóvil de color verde, pero que no sospechó nada, aunque le lució raro ver que estuviese estacionado allí (ibíd.).

En materia de sospechas también habría que darle cabida a lo que, aun muchos años más tarde, conservara claramente en la memoria el entonces capitán Oscar Zamora Conde, primer director de DIGEPOL. A su parecer, ciertos indicios lo intranquilizaron ante la posibilidad de que Betancourt asistiera al acto programado en Los Próceres. Y lo dice claramente así: «La noche anterior al atentado (…) intentamos convencer a Betancourt de no ir al desfile militar. (…) Hice mucho hincapié en que no me gustaba la disposición y el despliegue de las fuerzas de seguridad que había hecho el Ministerio porque a mí me dejaban prácticamente sin radio de acción (…); en cambio el SIFA (Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas) tenía mayor acceso a la ruta presidencial y nosotros habíamos recibido información de ‘cosas raras’ del SIFA; primeramente (…) el Jefe del SIFA [Martín Márquez Áñez] (…) había estudiado con Pérez Jiménez en (…) Chorrillos. No me gustó su actuación en varios acontecimientos que habían ocurrido (…) La disposición de las policías me hacía sospechar que podía haber más militares involucrados en algo» (Betancourt & González, 2012: 135-136).

Una vez más, ¿qué hizo posible que el aparato de seguridad se viera vulnerado por los complotistas? Habría que comenzar por la fecha misma, puesto que no se trataba precisamente de un día cualquiera: los actos de ese 24 de junio, Día del Ejército, a los cuales –al menos como era de rigor– se tenía previsto que concurriera el Presidente y el Ministro de Defensa, debieron exigir dispositivos adicionales para la custodia de ambos. Menos explicable resulta que, dentro de la ruta prevista, se permitiera que un automóvil, que exhibía signos de abandono, permaneciera orillado en un tramo cercano a la conclusión del recorrido. Y menos todavía –como ya se dijo– que fuese abandonado apenas poco antes de ocurrir la explosión. Nada de esto, al parecer, llamó a sospechas.

Negligencia tal vez pero, de igual modo, podría hablarse de la impericia de unos cuerpos policiales en formación dado que, por más que el gobierno de Betancourt contara con la efectiva colaboración de oficiales como Zamora Conde al frente de la DIGEPOL o del civil Rodolfo Plaza Márquez a cargo de la PTJ, no podía ser rápida ni fácil la tarea de reestructurar el aparato de seguridad luego del desmantelamiento, apenas dos años antes, de la formidable estructura represiva dirigida por Pedro Estrada.

Habría también quien, a la hora de iniciarse las indagatorias, cargase contra la insuficiente o ineficaz custodia presidencial sobre la base de que ello sólo respondía a la «creencia aldeana de que el Presidente de la República debe andar por la calle expuesto a todos los aires como un ciudadano cualquiera». Quien así se expresaba era Ramón Escovar Salom, en cuya opinión, «[l]a protección del Presidente no revela el miedo o la cobardía de éste sino una necesidad que no es política solamente sino una exigencia misma de la continuidad, permanencia y estabilidad del Estado». «En Estados Unidos –proseguía el opinante– una ley especial protege al Presidente, aun en contra de su propia voluntad. Recuérdese cuando el presidente Truman quería andar solo con sus famosos paseos a pie y cómo el servicio de seguridad lo escoltaba no obstante el desagrado que manifestaba. Esto es lo que se hace en un país organizado y serio» (El Nacional, 26/06/60: 4).

En medio de todo, también podría dársele cabida a la tesis de la incuria a la hora de evaluar la actuación que observaron algunos organismos previo al atentado; algo que tampoco exime al propio Presidente de haber podido pecar de cierta desmedida confianza de su parte. Según lo reseñara la prensa a los pocos días del suceso, y a medida que fueron revelándose los detalles, tanto desde Madrid como de Washington habían procedido sendas alertas. En el caso de Madrid, se trataba –al parecer– de un cable enviado desde la Embajada y recibido por el Ministerio de Relaciones Exteriores dos días antes, el 22 de junio, aconsejando precaución ante la inminencia de un complot que se sospechaba promovido por círculos allegados a Pérez Jiménez, aunque no se mencionara ningún grado de asociación con la República Dominicana (El Universal, 26/06/60: 1); en cambio, en el caso de Washington –y según los mismos periódicos–, se trató de un emisario personal enviado a Caracas por el Departamento de Estado, quien cuatro días antes, en conversación con el Presidente, le hizo saber a Betancourt que el gobierno de Eisenhower estaba en conocimiento de una acción violenta que podía estar tramándose en complicidad con el régimen de Trujillo (La Esfera, 25/06/60: 21). Al parecer, el Presidente desestimó la advertencia. Como, curiosamente también, el propio Ministerio de Defensa desatendió otra. Ésta vez se trataba de una denuncia hecha por Carlos Andrés Pérez, quien, hallándose en San Cristóbal unos días previo al atentado, hizo que el jefe de la guarnición militar de la localidad enviara un cablegrama cifrado a Caracas advirtiendo sobre algunos rumores que habían llegado hasta la capital del Táchira. Tales rumores hablaban de una trama contra la vida del Presidente. Pérez se preguntaría muchos años más tarde: «¿Por qué no se tomaron medidas? O ¿por qué no se le dio credibilidad a la información?» (CAP, 2007: 126).

A la hora del análisis, el politólogo y columnista Luis Esteban Rey cargaría con dureza respecto a varios de estos puntos a la vez: «Ante la magnitud de la tragedia al borde de la cual se vio Venezuela, resalta la enorme gravedad que entraña la ineficacia de los servicios de seguridad del Estado. El género de atentado que segó la vida del general Ramón Armas Pérez, y estuvo a punto de dejar sin ella al Presidente de la República, al Ministro de la Defensa y a su señora esposa, es de los que pueden evitarse si los servicios de seguridad funcionan a cabalidad, como se supone deben funcionar. En otro país que no fuera éste, donde tomamos las cosas un poco alegronamente, los jefes de esos servicios estarían hoy destituidos y posiblemente enjuiciados. (…) Pero la nuestra es una República sui generis. El propio Presidente de la República muestra la tendencia a concederle poca importancia a ciertas informaciones que recibe y a su seguridad personal. Hemos oído al Presidente responder a la advertencia de que necesita mayor protección diciendo que si algo le ocurre ‘son gajes del oficio’ y que al pueblo de Venezuela no le agrada ver a su Presidente demasiado protegido. Pero si el Presidente no se preocupa mucho por su propia seguridad, debe preocuparse por la del Estado, que se vería en gravísimo peligro si el timonel es arrancado violentamente de su timón. Por esta razón, bastante poderosa, creemos, los servicios de seguridad encargados de velar por la vida del Presidente deben ignorar por completo las opiniones del Primer Mandatario acerca de su protección» (El Nacional, 27/06/60: 4).

Esa mañana del 24 de junio, la caravana se puso en marcha desde Los Núñez y dobló por la segunda transversal de Altamira en dirección a la avenida San Juan Bosco, recorriéndola hasta la Plaza del Obelisco. Allí, atravesando la avenida Francisco de Miranda, ganó la parte sur de Altamira que conducía directamente hacia la Autopista del Este. Desde su asiento trasero, el Presidente, que aún sufría la incomodidad de su molestia hepática, comenzó a dejar a la izquierda el paisaje dentado del sureste de Caracas. Las urbanizaciones se desperezaban lentamente ante un día de asueto. Otra vez a la izquierda, La Carlota, Las Mercedes y, por último Colinas de Bello Monte, eran imágenes de una secuencia corriente en un día normal y cualquiera. Encaramándose más adelante en la rampa de El Pulpo, la comitiva tomó una de las vías que conducía directamente hasta la avenida Los Símbolos. En realidad, el Cadillac del Presidente, los dos vehículos de escolta de la Guardia Presidencial, otro Cadillac de la Casa Militar, el automóvil del Ministro de la Defensa y las dos motocicletas que precedían la caravana, optaron –como era lógico– por la ruta más corta. Quedaba, a pesar de todo, una alternativa más segura: haber hecho el resto del recorrido por El Valle, tomando el empalme que conducía hasta la Escuela Militar y, por tanto, entrando a Los Próceres no solo en sentido inverso sino a través de una zona militar resguardada. Sin embargo, se trataba de una vía poco utilizada por quienes hacían el recorrido desde el este de la ciudad, detalle que seguramente los autores de la celada debieron tener en cuenta a la hora de colocar la trampa explosiva en el sitio adecuado (Élite, Nº 1.814, 22/07/60: 44).

El Oldsmobile al cual ya se ha hecho referencia, de color verde y modelo 1954, fue el cebo utilizado para llevar a cabo el complot. A orillas de la vía, y fingiendo haber sido dejado allí a causa de un desperfecto, el automóvil yacía como un lagarto dormido sin que nada de su apariencia revelara algún indicio de la poderosa carga almacenada en sus entrañas (La Esfera, 28/06/60: 24). Desde el momento en que Yánez Bustamante dejara instalada las conexiones dentro de la maleta del vehículo, la hora exacta de la acción solo dependía del paso de la comitiva presidencial. Lo que no queda claro en la indagatoria judicial, ni en ningún otro documento vinculado a las averiguaciones, es si ya para ese 24 de junio, día de los actos del Ejército, estaba realmente en marcha un plan insurreccional que coincidiera con la voladura prevista, cuya conexión por microondas debía activar los 65 kilos de TNT acumulados en el interior del Oldsmobile. De modo que, hasta cierto punto, resulta difícil componer un prólogo que dé cuenta de las andanzas de los complotados en los días previos a esa fecha y verificar lo que realmente sucedió entonces. Sin embargo, algunas pistas revelan que el interregno entre el domingo 18 de junio, cuando se dio el segundo vuelo clandestino a Santo Domingo que traía el armamento, los explosivos y el maletín precintado que contenía el artefacto, y el viernes 24, día del atentado, pudo haber sido aprovechado por los cabecillas de la conjura para establecer contactos, cualesquiera que éstos fueran, con cómplices civiles o militares, y hasta donde se desprende de las mismas indagatorias, para poner a prueba la efectividad del dispositivo ensayando en la cantera de Petare que, aunque hipotecada, seguía siendo propiedad de Yánez Bustamante (La Esfera, 26/06/60: 24).

Evitando que fuera demasiado temprano para no llamar así la atención de ningún transeúnte, la dupla Cabrera Sifontes-Yánez Bustamente se las arregló justo el tiempo necesario para que el automóvil quedase aparcado dentro del perímetro de seguridad antes que los fiscales cerraran la vía para dar paso a la comitiva, calculando tal vez que, en cosa de minutos, sería prácticamente imposible que hubiere alguna posibilidad de remolcarlo (De los Santos, 1972: 200-201). Luego, Yánez Bustamante hizo el gesto de alejarse del sitio como si el vehículo hubiese presentado una súbita falla mecánica antes de ubicarse, fingiendo aguardar por ayuda, unos trescientos metros más allá, sobre el puente que unía la vía de Los Próceres con la avenida Nueva Granada. En realidad se trataba de un ardid para, desde la cómoda altura que brindaba del puente, observar la llegada de Betancourt y avisar a Cabrera Sifontes con un gesto a fin de que éste, desde otro lugar distante, accionara el conmutador al momento en que el vehículo del Presidente pasara a un lado del cebo mortal. Para ello, Cabrera había escogido como punto de observación un boquete natural formado entre la maleza en la orilla opuesta del río El Valle desde donde, con la ayuda de unos binoculares, pudo escoger el momento preciso para operar el percutor. Como lo observa Miguel Guerrero, la acción tenía que ser calculada para abarcar el Cadillac entero a fin de que la carga impactara justo en el medio del vehículo (Guerrero, 1994: 100-101).

Efectivamente, para que la acción tuviese la contundencia esperada, era necesario –y así les fue explicado en Santo Domingo– que el vehículo presidencial se viera sorprendido dentro del radio efectivo de la explosión. Para que ello fuera posible, el automóvil con la dinamita, y el que hacía de objetivo, debían hallarse paralelos en el preciso instante de pulsar el botón del aparato microondas: una fracción de segundo de más, o de menos, podía hacer fallar la operación (De los Santos, 1972: 128). Esto fue probablemente lo que ocurrió y tal vez, para suerte de Betancourt, la clave radique en la imprecisión de unos cuantos segundos de rezago a causa de la distancia que Cabrera guardaba de su objetivo cuando le correspondió apretar el suiche. Ello es así puesto que el centro del impacto fue logrado en la parte delantera del vehículo, donde se hallaban sentados el edecán y el chofer, y no en la trasera, donde iba Betancourt y el resto de la comitiva. En tal caso, la onda expansiva sacudió el vehículo entre el motor y el volante. Una revolución más de los neumáticos del Cadillac presidencial y Betancourt probablemente hubiera corrido peor suerte (Guerrero, 1994: 106, 127-128).

Existe otra posibilidad, más bien circunstancial, que pudo contribuir a que Betancourt salvara la vida. Así se desprende del informe elaborado por un técnico especialista en demoliciones que, a requerimiento del propio Betancourt, fue enviado a Caracas por el Ejército de EE.UU. algunos días después del atentado. Según dicho informe, copia del cual reposa en el archivo personal de Betancourt, «[e]xiste la fuerte posibilidad que el hecho de que el [Jefe de Casa Militar] coronel Armas Pérez [muriera] y el Presidente [escapara], fue por el detalle que el vidrio delantero se encontraba abierto y el trasero cerrado. La ventana pudo proveer momentáneamente la defensa de calor protegiendo a los ocupantes del asiento trasero» (ARB, 1960: XXXXVII).

Pero tal es apenas un preciosismo de quienes, al cabo de lo ocurrido, tuvieron a su cargo hacer un detenido estudio pericial y reconstruir técnicamente los hechos. Porque lo cierto es que segundos más, o segundos menos, lo que siguió a la activación teledirigida de la bomba fue una escena infernal, hecha de humo, fuego, confusión, hierros retorcidos, y de grama y cemento cubiertos de chatarra. Las bombillas del alumbrado eléctrico saltaron hechas pedazos, lo mismo que los cristales de algunos edificios aledaños (Élite, Nº 1.814, 02/07/60: 26-27; Papeles de Archivo, 1992: 59). A fin de cuentas, se trató de una carga de sesenta kilogramos de explosivos que combinaba nitroglicerina y gasolina gelatinosa, capaz de llegar a producir, en un primer instante, una ola de calor de cuatro mil grados centígrados (Entrevista, 1972: 3). Esto explica que hasta las armas defensivas, que iban a bordo del Cadillac en previsión de cualquier incidente, quedaran fundidas sobre el pavimento. La onda partió en dos el Oldsmobile y empujó el automóvil de Betancourt fuera de la vía a varios metros, colocándolo sobre una isla que separaba la avenida. Ya el impacto había sido lo suficientemente poderoso como para suponer que, de no haber mediado esa circunstancia, el vehículo probablemente hubiese dado una vuelta de campana, sin posibilidad alguna de salvación para sus ocupantes (Guerrero, 1994: 103).

Otro detalle que pudo matizar el efecto es que las cargas, capaces de generar la onda expansiva, no fueron colocadas en el sitio indicado dentro de la maleta del Oldsmobile, haciendo en consecuencia que la onda expansión se diluyera en sentido opuesto, hacia el río El Valle, y no en dirección al vehículo presidencial (Entrevista, 1972: 4). De los tres objetivos –volcamiento sin posibilidad de escapatoria, onda expansiva e incendio instantáneo–, los dos primeros dejaron de cumplirse, no sólo por el hecho de que la peor parte impactara en la trompa del vehículo, sino porque la isla divisoria obró de modo providencial dadas las circunstancias. El propio Betancourt, laico y librepensador como siempre, lo vería así: «No creo en milagros, pero ese fue un milagro» (Guerrero, 1994: 128). Para no abandonar tan pronto el ámbito de lo sobrenatural, vale la pena cederle la palabra al periodista Humberto J. Hernández, quien años más tarde apuntara lo siguiente: «Se dice, y no son pocos los que lo creen, que todo ese esotérico poder que lo protege emana de su pipa, ensalmada por un brujo barloventeño» (Papeles de Archivo, 1992: 53). A lo que por su parte agregaría Consalvi: «El 24 de junio de 1960, día del Ejército, la pipa ensalmada fue puesta a prueba» (Consalvi, 2010: 7).

Aun pese a tan providenciales circunstancias, las puertas del Cadillac quedaron trabadas, impidiendo que el Presidente, el ministro de la Defensa y su esposa salieran ilesos de las llamas, mientras el chofer fue despedido del vehículo hasta rodar, maltrecho, sobre el pavimento. Entretanto, su edecán –Armas Pérez– permanecería, agonizante, al otro extremo del puesto delantero. Luego de forzar la puerta con un empujón del cuerpo y la ayuda de sus propias manos, Betancourt, quien por poco no logra burlar aquel infierno creado por acción mecánica, relataría el momento de este modo: «[P]or entre la cortina de fuego que nos rodeaba y nos lamía, alcanzamos a escapar (…) los tres con quemaduras generalizadas de primero y segundo grado» (Papeles de Archivo, 1992: 55). De siete ocupantes entre los distintos vehículos que integraban la comitiva, y de un liceísta que circulaba a la sazón por las vecindades del sitio, dos fallecieron en el acto y seis fueron víctimas de distintas clases de heridas, quemaduras y contusiones, incluyendo al doctor Francisco Pinto Salinas, el médico personal de Betancourt, quien tenía a su cargo estar pendiente de las molestias gástricas que le habían aconsejado reposo al Presidente.

Betancourt sangraba profusamente y, según lo puntualizó un testigo, su ropa ardía como una antorcha caminante (Guerrero, 1994: 103). Arriba, el cielo plomizo de Caracas, ahora mezclado con humo, aún no tenía ganas de ceder y de convertirse en lluvia.

Las secuelas del 24

Quasimodo dinamitado

Trasladado en medio de la urgencia y la confusión hasta el cercano Hospital Clínico Universitario, Betancourt llegó en una camilla con «ambas manos como guindajos de carne quemada; la cara deforme; escasa la visión; oyendo poco», como él mismo lo referiría años después (Consalvi, 2010: 7). Se mantuvo rodeado por varios anillos de la Guardia Presidencial y de un enjambre de funcionarios que aún se hallaban sumidos en la perplejidad y que hacían bulto a las puertas de la habitación mientras se restablecía lentamente bajo capas de picrato de butesín. Los dirigentes de los principales partidos que integraban la coalición de gobierno también hicieron antesala en los pasillos del Clínico (Guerrero, 1994: 115). Les siguió el expresidente y general en jefe Eleazar López Contreras, rigurosamente vestido de negro, con un sombrero en la mano y un bastón en la otra, quien acudía a expresar su repudio al hecho. El expresidente Rómulo Gallegos y el industrial Eugenio Mendoza tampoco tardaron en llegar al recinto hospitalario. Se trataba de una conjunción simbólica que venía a demostrar que muchos días, y muchas cosas, habían pasado entre la época del Trienio y el 23 de enero.

Un corresponsal del Times de Londres, entre los primeros periodistas extranjeros en testimoniar los hechos, describiría así el estado del Presidente: «Tenía la cara quemada y ensangrentada. Quemaduras de primer grado en las manos disimuladas por las vendas (…) El cabello y las cejas del Presidente estaban chamuscados. (…) La piel de la frente se le desprendía, los labios hinchados los tenía untados de ungüento y los ojos, detrás de gafas oscuras, se veían algo exaltados» (La Esfera, 30/06/60: 7). Pese a las protestas del paciente, los médicos optaron por tranquilizarlo mediante una dosis de morfina que aplacara el esfuerzo que hacía por sobreponerse para cortar así, entre quienes lo observaban, toda posibilidad de rumor sobre la gravedad de lo ocurrido.

Por tratarse sin duda de un episodio imborrable, el propio Betancourt dejó registro de la forma como salvó milagrosamente la vida en Los Próceres y, más significativo aún, del modo como se sobrepuso a las quemaduras, a la pérdida temporal de visión y al trauma general provocado por el atentado. Pese a la horrible desfiguración sufrida, el Presidente tuvo para la posteridad la vernácula actitud de convertir la tragedia en humor y expresar lo siguiente: «El 25 de junio, al día siguiente del atentado, tuve la curiosidad de verme al espejo. Aprecié que no tenía visión por el ojo derecho. Con el izquierdo, medio cerrado por la inflamación generalizada, alcancé a atisbar una cara para asustar a guerreros curtidos. Criollo hasta la médula como soy, hijo de un pueblo que se burla de sus calamidades, apelé al ‘sufridor’ de Pajarote, un personaje de Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, y me fabriqué un apodo a la altura de las circunstancias: ‘Quasimodo dinamitado’. Los médicos, mis familiares, las enfermeras, no rieron del chiste. Había en sus rostros estupor y angustia» (Liscano & Gottberg, 1978: s.p.).

La terquedad con que, al cabo de unas horas, el Presidente insistiría en ser trasladado a Miraflores sólo pudo verse contrarrestada por la insistencia con que sus más cercanos colaboradores se aferraron a la opinión de los médicos quienes, después de practicar las primeras curas y de cerciorarse de que la explosión no hubiese provocado lesiones orgánicas, estimaban que el impacto emocional aún podía repercutir de modo desfavorable si se daba ese traslado antes de tiempo y sin un mínimo de reposo en el Hospital Clínico. La terquedad, no obstante, sólo pudo ser negociada a medias: Betancourt atendería la exigencia a cambio de que los reporteros de los principales diarios de la capital tuviesen la oportunidad de verlo y conversar brevemente con él. La crónica que publicara La Esfera en su edición del 25 de junio, o sea, a menos de veinticuatro horas de ocurrido el atentado, es una de las mejores muestras de ese instante.

«El Presidente de la República (…) hizo llamar anoche a los periodistas a su habitación privada del Hospital Clínico de la Ciudad Universitaria, la Nº 143, al fondo del cuarto piso. Aunque su estado general es satisfactorio, su rostro está bastante inflamado. En su mejilla derecha tiene una pequeña herida y sus manos están vendadas hasta los codos.

»Hasta la hora de la entrevista, 10 y 45 de la noche, el Presidente desconocía por completo la muerte del coronel Ramón Arnaldo Armas Pérez, lo que no le han comunicado debido a que los médicos han recomendado evitar las emociones fuertes al Primer Mandatario.

»Arropado hasta la cintura con una sábana blanca, recibió el Presidente a los periodistas, los cuales habían recibido la orden de no informarle sobre la muerte del coronel Armas Pérez.

»–Tenía interés en recibirlos a ustedes –nos dijo al llegar– para que constaten, como ustedes pueden ver, que ha sido una cosa superficial.

»Está acompañado en su habitación por su esposa, doña Carmen Valverde de Betancourt, y por su hija, Virginia Betancourt de Pérez. Ambas se mantienen serenas y comedidas.

»Una pregunta al Señor Presidente:

»–¿Puede ver bien?

»–Veo –repuso– perfectamente. Aunque a veces veo como una cortinita de paraparas.

»El tono jovial con que el Presidente Betancourt departió con los periodistas es la ratificación de lo que dijeron los médicos. (…) solo sus manos y la inflamación de la cara tardarán unos días en desaparecer.

»–Se me quemaron –reanudó tratando de sonreír con cierto pesar– las pestañas canosas del ojo derecho. Pero supongo que volverán a nacer.

»En dos mullidos almohadones reposa la cabeza del Presidente Betancourt y mantuvo sus vendadas manos en posición paralela al cuerpo, con las plantas hacia arriba.

»Interrogado en relación a lo doloroso de las quemaduras y aporreos, causados estos por encontrarse en el radio de actividad de la explosión, dijo:

»–Esta mañana me dolían mucho las manos –expresó con un rictus en sus labios– pero ya se han calmado los dolores. (…)

»La blanca camisa de seda que tenía anoche el Presidente subía y bajaba lentamente. Su estado es completamente sosegado, sin agitación de ninguna especie. Dijo que los médicos le habían inyectado un sedante.

»(…)

»Tenía intención el Presidente de dirigirse anoche a la ciudadanía, pero los médicos se lo impidieron (…) Ante la negativa de los médicos, el Presidente pidió que le llevaran un grabador magnetofónico (…) pero los médicos (también) se opusieron rotundamente.

»–Por eso –nos dijo antes de concluir con la breve visita– los mandé a llamar. (La Esfera, 25/06/60: 17.)»

Betancourt, acostumbrado a que en política –y mucho más en Venezuela– «el que espabila, pierde», debió centrar toda su prioridad en la tarea de hacerse escuchar públicamente al mando del gobierno. Pidiéndole a los médicos que moderaran las dosis de morfina y sedantes que aún se requerían para calmar los dolores, el gesto de que seguía con vida y en control de la situación quedaría de manifiesto en una de las primeras frases que utilizó al dirigirse al país a través de un mensaje radial grabado mientras permanecía vendado, postrado en cama y con las quemaduras que dificultaban la modulación de sus palabras: «el timonel tiene que estar en el timón» (Papeles de Archivo, 1992: 39). Se imponía así una primera declaración pública del Presidente que desvirtuara los rumores (Guerrero, 1994: 135).

Lo segundo era que ese gesto de dirigirse al país en tales circunstancias sirviera para cortar toda posibilidad de que, tras el fallido atentado, prosperara una conjura cuartelaria o se adelantaran otras conspiraciones que usaran lo ocurrido como detonante para el asalto del poder. Vista la magnitud del ataque, se trataba de una hipótesis perfectamente creíble. De allí su empeño por ser trasladado cuanto antes a Miraflores, algo que logró hacer hacia la medianoche del propio día 24 y así lo confesó: «Les había pedido a mis médicos que buscaran la forma de contrarrestarme los efectos de la morfina y otros sedantes. Necesitaba llegar alerta, lúcido a Miraflores. Me inyectaron bencedrina» (Liscano & Gottberg, 1978, s.p.). Más sorprendente aún fue que, desde Palacio y apenas a la mañana siguiente, se dispusiera a grabar la alocución radial a la cual se ha hecho referencia. El propio Betancourt recordaría la hazaña de esta manera: «Esa misma mañana [del 25 de junio] hice el esfuerzo laborioso de grabar un mensaje al país, para ser radiado. En el labio superior tenía una herida y al modular las palabras sentía un dolor agudo. El mensaje pudo salir al aire, sin embargo. Breve, sin concesiones al mal gusto de magnificar lo sucedido» (ibíd.).

Si algo llama particularmente la atención fue la seguridad con que, menos de 24 horas de ocurrido el atentado, y a la vuelta de las primeras 140 palabras de su escueto mensaje, Betancourt acusara abiertamente a Trujillo de haber sido quien, a larga distancia, manipulara el mecanismo de detonación (ibíd.). Y lo diría con estas palabras: «No me cabe la menor duda de que en el atentado de ayer tiene metida su mano ensangrentada la dictadura dominicana. Hay una conjunción de esfuerzos entre los desplazados del 23 de enero y esa satrapía, para impedir que Venezuela marche hacia el logro de su destino final. Pero esa dictadura vive su hora preagónica. Son los postreros coletazos de un animal prehistórico incompatible con el siglo XX» (Papeles de Archivo, 1992: 37). Las profecías, desde luego, no tienen cabida dentro de un trabajo de carácter historiográfico. Esa posibilidad queda descartada. Y, sin embargo, quien estuviese atento a observar cómo, desde inicios de ese año 1960, el régimen de Trujillo parecía haber entrado, por distintas razones, en trance de crisis, debió parar el oído en lo que Betancourt quiso decir al hablar de una hora «preagónica» para Trujillo y sus treinta años de poder.

Puede que el máximo cuidado de Betancourt estuviera dirigido, desde el primer momento, a conjurar los rumores que se apoderaban de la calle; pero éstos sin duda demostraron tener mucha más fuerza que los empeños cifrados por él en llevar a cabo una tarea para la cual las heridas no le concedían mayor permiso. Horas, incluso días más tarde, Caracas aún compartía la confusa creencia de que el Presidente había quedado manco, sordo, tuerto o –hasta según creían algunos– muerto, atribuyéndolo a su voz grabada desde el Palacio a un ciego famoso del centro de la ciudad que se ufanaba de imitarlo sorprendentemente bien (De los Santos, 1972: 231-255).

Solo veintidós días más tarde, o sea, el 16 de julio, y contrariando todavía la opinión de los médicos, fue cuando pudo tener lugar su primera y dramática comparecencia ante las cámaras de TV, algo que el propio Betancourt habría deseado hacer, como lo expresó en vivo ante la nación, «menos descalabrado de lo que estoy aún» (Papeles de Archivo, 1992: 41). La urgencia de hablar por televisión, a pesar de su maltrecho estado, la explicaría él mismo así: «[M]e llegaron tantas versiones de la calle que consideré conveniente darles a los venezolanos la oportunidad de apreciar cómo el Presidente que eligieron está en plenitud de sus facultades mentales y en franco proceso de recuperación física» (ibíd.). Simón Alberto Consalvi, en calidad de testigo, describiría su propia experiencia de este modo, al verlo en Miraflores: «No sé por qué circunstancia logré verlo [después] del atentado. Yo llevaba una cámara muy pequeña con la pretensión de sacarle una fotografía. Me senté frente a él y estuve muy cerca. Las manos me temblaban. Primero, no podía sacar la cámara delante de él. ¿Cómo la sacaba? Ni siquiera pidiéndole permiso. Cuando pensaba en la cámara, me temblaban las manos. Betancourt le habló al país (…) con gran dolor en la boca. No era sólo el problema de hablar con las manos quemadas y el rostro quemado, sino con los labios quemados. Betancourt no se recuperó nunca de esas quemaduras» (Hernández, 2011: 161).

En esta segunda alocución al país, Betancourt no solo tenía voz sino también tenía rostro. Además, por primera vez –más allá de algunas escuetas fotografías tomadas por la prensa– se veían las dos inmensas pelotas de gasa que le recubrían las manos. Sus edecanes cerraban fila a sus espaldas. Sin embargo, comparado con su mucha más corta intervención radial del día 25 de junio, el tono que el Presidente optó por imprimirle a sus palabras fue el de un discurso corriente, casi de rutina, dirigido más que todo a rendir tributo de gratitud al cada vez más creciente equipo de galenos que lo venía atendiendo. Haciendo alarde de humor, él mismo agregó algunos detalles acerca de su estado de salud: «Se corrió la versión de que estaba ciego o tuerto, y de que había sido necesario traer misteriosamente a un especialista de Estados Unidos. En realidad tuve, a consecuencia de lo sucedido el 24 de junio, un derrame en el ojo derecho que ha sido atendido (…) por el doctor Francisco Ramírez, un llanero de Zaraza. (…) Lo mismo sucedió con respecto a los oídos. Corrió la versión de que estaba sordo. (…) Lo que tuve fue una inflamación y perforación en un tímpano, muy lógica y muy explicable, pero oigo perfectamente bien» (Papeles de Archivo, 1992: 41).

Habló incluso de los esfuerzos que, bajo su gestión, se hacían en materia económica y hasta aludió a una visita suya al estado Carabobo, previo a los sucesos del día 24. Habló del Caribe y del foco de perturbación que, a su juicio, allí existía. Pero esta vez no entonó una sola palabra dirigida directamente a Trujillo. Fue un discurso –como lo advirtió un periodista– «para que se lo viera, para que se lo supiera vivo, para que se lo supiera cuerdo, para que se lo supiera en proceso de recuperación orgánica» (Élite, Nº 1.818, 30/07/60: 24). Así lo interpreta también el historiador dominicano Miguel Guerrero, a juicio de quien, «[al] abarcar diversos asuntos, alejando la parte central del tema del atentado, el Presidente proyectó una situación de normalidad más efectiva que cuantas habían podido lograr todos los boletines médicos sobre su (…) estado de salud» (Guerrero, 1994: 190).

Sin embargo, independiente de este propósito calculado para trasmitir confianza, los televidentes pudieron apreciar otra cosa: que, con todo lo justificable que podían lucir sus limitaciones, Betancourt había sufrido impactos superiores a los acusados por la dolencia física (Élite, Nº 1.818, 30/07/60: 24). En lugar del líder de cáustica frase y vitalidad sobresaliente, las pantallas habían revelado a un gobernante y líder de partido que lucía minado en sus facultades, de hablar lento y quejoso. Viéndolo en ese estado, y juzgando su esfuerzo a través de la TV, los venezolanos aún tendrían razones para sentirse preocupados por las consecuencias de lo ocurrido el 24 de junio.

Las primeras sospechas recaen sobre Trujillo

Si bien la prensa de otras latitudes comenzó a hablar enseguida acerca de la «Internacional Negra», para referirse así a las conexiones que hacían verosímil la participación de Trujillo en el fallido complot, llama la atención que un diario como La Prensa de Lima le diera cabida a una hipótesis de signo contrario. Sin dudar del interés que podía tener la República Dominicana en la desaparición de Betancourt, «conocido y tenaz enemigo de Trujillo», el diario en cuestión afirmaba que ese mismo interés podía tenerlo la «Internacional Roja», pues el Presidente venezolano había denunciado «repetidamente el carácter anti-nacional del comunismo, actuando como portavoz de la evolución social, pacífica y democrática de América Latina». Por ello afirmaba: «Este fenómeno (…) se denomina ‘Bogotazo’, o sea, la conmoción civil, que es arma usual y predilecta de la táctica comunista que puede comenzar con un asesinato, como el del Caudillo Liberal colombiano Eliécer Gaitán» (La Esfera, 28/06/60: 11).

Tal vez La Prensa estuviese sola en esa conjetura frente a la común opinión de que había sido el trujillismo, y su aparato de acción en el exterior, el que pudo intervenir en el atentado. Pero más interesante resulta lo que afirmara el Times de Londres en uno de sus editoriales refiriéndose a Betancourt como un «reformador convertido en moderado», dando a entender así que tal era, desde los opuestos cuarteles de la izquierda y la derecha, «la razón auténtica de la animosidad que ahora inspira». Y agregaba: «El Señor Betancourt está tratando de seguir el camino del medio». Por ello, el diario londinense no vacilaba, especialmente a la hora de afirmar que Betancourt seguía siendo visto por ciertos adversarios como «un comunista de trastienda» dado que «este es el cargo que esgrimen ciertos elementos, particularmente en el Ejército» (El Universal, 09/07/60: 16). Visto así, hasta para un periódico que tendría motivos muy remotos para opinar sobre la política latinoamericana, el origen del hecho remitía por fuerza al militarismo residual, en conexión con el cual debieron actuar los dinamiteros venezolanos y sus contactos internacionales.

En este caso, a la par de Trujillo, rondaba otro sospechoso habitual cuando de instigaciones a la violencia y de actos de perturbación contra el régimen democrático se hablaba: Marcos Pérez Jiménez. La sospecha no era infundada, desde luego. Como tampoco sus vinculaciones con Trujillo, a pesar de que el exdictador hacía meses que había abandonado Santo Domingo para radicarse en Miami. Lo cierto del caso –según algunos observadores del momento– era que las gestiones hechas por el Gobierno venezolano a fin de lograr la extradición de Pérez Jiménez hablaban de un desenlace promisorio, dado que los tribunales del estado de Florida mostraban cierta inclinación que hacía presumir ese final. Aun dudando de que existiese un vínculo entre la extradición y el atentado, al menos ésta fue la forma como vino a opinar la prensa local para darle contenido a la especie: «Un nuevo estado de cosas, en este caso la proyectada desaparición del Presidente Betancourt, habría dado al traste con esas gestiones [de extradición] o, al menos, habría causado un retardo prolongado, el cual aprovecharían apropiadamente los citados Pérez Jiménez y Trujillo» (La Esfera, 26/06/60: 3).

Con el correr de los días posteriores al 24 de junio, los indicios apuntarían cada vez con mayor fuerza hacia Ciudad Trujillo, tal como oficialmente y en alabanza del Generalísimo, era conocida la capital dominicana, y como continuaría siéndolo hasta su muerte en 1961 (Wiese, 2000: 213). En este caso se hablaba –y con mucha insistencia– sobre lo que había significado para Trujillo la ofensiva diplomática liderada por Venezuela, semanas antes del atentado, en torno a la violación de los derechos humanos en la República Dominicana (La Esfera, 26/06/60: 3). Por ello, y por muchas razones más, presumir que Trujillo fuera el instigador y cerebro maestro del atentado no debelaba un espeso misterio. Menos aún al juzgarse con base en todo cuanto suponía su largo historial de choques con Betancourt, lejanos o recientes en el tiempo. Hasta allí, el asunto podía parecer obvio. Pero en realidad no lo era tanto. A la hora de intentar acorralarlo e imputarle la responsabilidad directa por lo ocurrido, era necesario que Venezuela aportara pruebas bien sustanciadas y lo suficientemente contundentes a fin de que el vecindario se viera convencido de que, más allá de la ruptura o suspensión de relaciones diplomáticas que habían practicado por su cuenta algunos países, era necesario pasar a la aplicación de sanciones más severas que involucraran a la comunidad regional en su conjunto. De allí que, pese a la actitud solidaria observada por aquellos gobiernos que enseguida expresaron su repudio al atentado (y que también abrigaban sospechas de que Trujillo hubiese intervenido en el asunto), todo aconsejara aguardar hasta que el Gobierno venezolano concluyera las investigaciones antes de radicar el caso ante la OEA y acusar formalmente al Generalísimo como instigador del hecho (La Esfera, 26/06/60: 1). Tal sería, entre otras, la comedida opinión de un gobierno tan aliado de Betancourt como podía serlo la Argentina de Arturo Frondizi.

Por tanto, cabe hacer la pregunta: ¿cómo llegó a establecerse en términos concretos que Trujillo tuvo una responsabilidad principalísima y directa en el hecho? Para responder convendría señalar que la primera pista la aportaría un detalle que, al parecer, escapó al cuidado de quienes tramaron el complot. A medida que escalaba la campaña de violencia y descrédito verbal contra Betancourt dirigida radialmente desde Santo Domingo, se impuso el hábito entre ciertos radioaficionados caraqueños de grabar en cintas magnetofónicas las noticias captadas desde la isla contra el régimen venezolano. Todo ello ocurría a pesar de que el Ministerio de Comunicaciones intentaba, por todos los medios a su alcance, de obstruir la señal que llegaba en onda corta a través de «La Voz Dominicana». Lo cierto del caso es que, según las primeras pruebas puestas espontáneamente a disposición de las autoridades por parte de algunos radioaficionados locales, «La Voz Dominicana» había dado la primicia de la muerte de Betancourt a las 7:40 a.m., hora local de Santo Domingo. La hora equivalente venezolana era las 9:10. El detalle estribaba en que la radio trujillista anunció lo ocurrido cuando, en realidad, la explosión tendría lugar a las 9 y 28 de minutos venezolanos de esa mañana (Atentado, 1960: 10). O sea, dieciocho significativos minutos más tarde. De paso, fue sólo tres horas después, pasadas las 12 del mediodía, cuando la oficina de prensa de Miraflores pudo ofrecer un primer boletín oficial acerca de lo ocurrido (La Esfera, 25/06/60: 4). De modo que mientras todo era confusión y desconcierto en Los Próceres y sus inmediaciones, los primeros boletines matutinos de «La Voz Dominicana» aportaban detalles sospechosamente precisos acerca del sitio del suceso y del modo en que había ocurrido el atentado. Tan preciso fue lo recibido a través de la onda dominicana que ya se señalaba, aun antes de que tal cosa ocurriera, que el Presidente Betancourt se había hallado en trance de asistir al desfile militar programado para el Día del Ejército cuando fue alcanzado por una bomba que estalló mortalmente contra su vehículo (La Esfera, 25/06: 6).

Otro indicio que inmediatamente hizo suponer que el atentado se gestó allende las fronteras fueron los implementos utilizados para ello. Esto no necesariamente determinaba que su origen fuera dominicano; pero, sin duda, el empleo de un explosivo activado a control remoto mediante un receptor de microondas hablaba a las claras de un tipo de aparato difícil de obtener, muy sofisticado, tal vez sólo de uso militar, que solo pudo haber sido traído del exterior, y no de un método que corriera por cuenta de algún aficionado local en la materia. Esto, de por sí, hablaba de una conexión que, a la hora de repasar la nómina de los adversarios externos, podía hacer que las primera sospechas condujeran sin mayores tropiezos hasta la guarida de Trujillo.

Pero a los complotados tampoco les ayudó otro detalle que no estuvo calculado dentro de lo que, supuestamente, debió ser una operación ejecutada con la mayor pulcritud. El poder del explosivo hizo trizas el Oldsmobile que servía de trampa mortal pero, por más que volara por los aires hasta partirse en dos, el efecto de las llamas no hizo lo suficiente para fundir completamente el motor que aún exhibiría trazas de su serial (Informe del Ministro, 1960: 26). Lo mismo ocurrió con una de las placas del vehículo que, medio calcinada y retorcida, fue descubierta por la policía al borde del río El Valle (Guerrero, 1994: 140). La única explicación de que aflorasen tales evidencias era esta, y así lo resumió el semanario Élite: «Según [los] cálculos [de los ejecutores del complot], los efectos de la explosión serían de tal magnitud que no era posible que del carro (…) quedara nada que fuera capaz de ser identificado» (Élite, Nº 1.817, 23/07/60: 51). Empero, a pesar de tan valioso hallazgo, la PTJ debió lidiar a la hora de las pesquisas con un espacio atestado por un enjambre de curiosos que, al congregarse en el sitio atraído por el suceso, debió destruir valiosas evidencias materiales. Así lo referiría el propio director del organismo policial en una crónica de la prensa: «Cuando (…) llegamos a Los Próceres sólo encontramos un montón de escombros de un vehículo sin placas y una multitud que se había apoderado del lugar del siniestro (…) Esa multitud no nos dejaba actuar». «El [director de PTJ], doctor Rodolfo Plaza Márquez –apuntaría la crónica más adelante– expresó que la multitud destruyó por completo cualquier huella que hubiera podido haber, ya que se dedicó a llevarse muchos objetos que, con toda seguridad, eran de mucho valor para establecer una pista». La crónica concluía señalando: «De no haber sido por la placa, la tarea de la policía hubiera sido muy difícil por las razones apuntadas» (ibíd., 52).

De modo que, al salvarse aquella pieza de desaparecer completamente por obra de las llamas, esto condujo a una pista concreta que permitió dar con el dueño del Oldsmobile y, de allí en adelante, hasta el último eslabón de la cadena de implicados (OEA, 1960: 9). La tarde de ese mismo día 24, al establecerse su identidad, se procedió a la captura del sujeto, quien confesó habérselo cedido en préstamo a Yánez Bustamante, que resultó ser además su pariente político (Portillo, 1991: 166; Élite, Nº 1.817, 23/07/60: 52).

Otras pruebas, entre las primeras en llegar a manos de la policía, hacen suponer que los responsables del atentado pudieron haber sido torpes en más de un respecto, o que incurrieron en una confianza excesiva con relación al éxito de su ejecutoria. Por ejemplo, el allanamiento practicado al apartamento de Yánez Bustamante, luego de la captura de su pariente, reveló el hallazgo de dos fotografías con pruebas de explosiones contra un vehículo volcado e incinerado y que, al parecer, habían sido tomadas en Santo Domingo (Guerrero, 1994: 160).

Algunos de estos indicios tardaron más que otros en ser verificados y sumados al proceso de acumulación de pruebas. Pero lo que sí reveló sin fisuras que la trama había sido fraguada en Santo Domingo, y que el aparato para la voladura venía importado directamente desde la base militar de San Isidro, fue la pronta confesión de los reos, cuyos testimonios se revelaron ricos en detalles. Ello fue posible, en primer lugar, gracias a Yánez Bustamante o, más exactamente, a su miedo. Fue Yánez –como se sabe– quien hizo la seña a distancia para que el explosivo fuera activado justo cuando la comitiva oficial se disponía a entrar a la avenida Los Próceres y fue él, de todos, el único de los implicados que resolvió entregarse voluntariamente a la policía. Lo hizo la mañana del 26 de junio, a dos días de ocurrir el atentado. Pero si lo hizo calculando que este gesto lo colocaría un peldaño más abajo del resto de los implicados a la hora de formularse los cargos, esto llevaría a suponer que el miedo que experimentaba solo obedecía a la persecución policial. Pero, como se verá de seguidas, su miedo pudo responder al mismo tiempo a otra razón. Se trataría en realidad de dos miedos a la vez.

La peripecia de los implicados

En realidad, el dúo Cabrera-Yánez no había fallado en su cometido; lo que ocurrió fue que Betancourt salvó la vida. Por tanto, luego de emprender la retirada, dejando atrás un paisaje de confusión y escombros en Los Próceres, los autores materiales debieron tener motivos para pensar, desde que hicieran pie en el litoral, que lo que trasmitían las radios de la capital, informando acerca del estado del Presidente, era falso (De los Santos, 1972: 210). Lo que al parecer dictaba la segunda parte del plan era que los complotados, junto con el jefe de la conjura, el capitán Eduardo Morales Luengo, se dirigieran a La Guaira por la carretera vieja (en previsión de que la autopista fuera cerrada) para, desde allí, decidir las siguientes acciones que se tenían previstas. En el camino, por cierto, tuvieron la precaución de deshacerse del maletín que manipulara Cabrera Sifontes por cortesía de Johnny Abbes García, lanzándolo por un barranco (CTPJ, Extracto del Expediente, 1960: 20). Para su total desconcierto, ni los comandos civiles supuestamente comprometidos en Caracas, ni los militares supuestamente confabulados en La Guaira, ni tampoco una planificada acción callejera, dieron señales de reaccionar a las consecuencias del atentado. Algo, sin duda, andaba mal. La conexión entre la acción dinamitera y lo que Morales Luengo pudo tramar en términos de un levantamiento pareció derivar en fracaso. ¿A qué pudo deberse tal cosa? Según especula un autor, nadie en ese momento debió estar dispuesto a cargar con el sambenito de un atentado del cual, al parecer, el Presidente había logrado salir con vida (De los Santos, 1972: 214).

De acuerdo a la confesión hecha por Yánez Bustamante, el ánimo del grupo chocó definitivamente contra el suelo cuando, guarecidos en Macuto, se les informó «que todo estaba perdido» y que tanto él, como Morales y Cabrera Sifontes «corríamos peligro» (CTPJ, Extracto del Expediente, 1960: 20). A medida que pasaban las horas que aún restaban para que clarease el 25 de junio, Yánez apeló a sus instintos de sobrevivencia. Pudo percibir, por la agitada y amenazante actitud del capitán Morales Luengo, que tal vez llegaría a sentirse más protegido por la Policía que rodeado por sus cómplices. Una crónica publicada por La Esfera a partir de las prime ras informaciones que trascendieron –o burlaron– el secreto del sumario, refiere que Morales amenazó a sus acompañantes advirtiéndoles de los riesgos que entrañaba una delación. El capitán Morales quizá considerara que amenazarlos invocando la ira de Trujillo era recurso suficiente para asegurar la fidelidad del resto del grupo: a fin de cuentas, todos debían saber que se trataba de una ira capaz de verse saldada sin dejar rastro alguno. Acto seguido, Yánez declaró que, por algún motivo sintió que Morales desconfiaba de él y que por ello interpretó que la advertencia iba dirigida más que todo hacia su persona, puesto que el capitán lo «miraba principalmente». Creyó sentirse intimidado por los gestos de Morales, sobre todo cuando hizo algunas alusiones a Trujillo (La Esfera, 28/06/60: 24).

A sugerencia del jefe, el grupo resolvió disgregarse para intentar romper el cerco que intuían se les vendría encima. Aunque, en un principio, consideró hacerse llevar a la policía de La Guaira para contar cuanto sabía, Yánez confiesa haber pasado el resto de esa noche del 24 de junio en una pensión del litoral suponiendo que, haberse entregado a las autoridades de la localidad, implicaba el riesgo de ser descubierto rápidamente por sus socios. Luego de subir a Caracas a la mañana siguiente, y de merodear sin destino el resto del día y la noche, Yánez –según lo precisa la crónica publicada en La Esfera– «paró una radio-patrulla y pidió ser llevado hasta la Policía Judicial». «–¡Prométanme respetar mi vida y defenderme de aquellos que quieren matarme y confesaré toda la verdad!–, cuentan los detectives que fueron sus primeras palabras» (ibíd.). «Y cumplió la palabra. Delató a todos y contó los pormenores del atentado» (ibíd.). Un miedo más que otro tuvo sitio de privilegio en el ánimo de aquel prófugo. Las amenazas de quien fuera hasta entonces cabecilla de la conjura lo llevaron a entregarse y denunciar al resto de los autores intelectuales y materiales.

Luego de tamaña fisura en la línea de flotación del grupo, el largo canto de Yánez Bustamante fue lo que permitió aclarar en tiempo récord la forma como se tramó el atentado y, a la vez, activar la persecución emprendida por DIGEPOL, la SIFA y PTJ. A partir de entonces, Ángel Morales Luengo, en su condición de oficial activo, fue arrestado en la Comandancia General de la Marina; su hermano y jefe de la conjura –Eduardo Morales– cayó preso la noche del 29 de junio cuando intentaba asilarse en la embajada del Perú, según lo testimoniaba una fuente (de los Santos, 1972: 248) o de Haití, según otra (Élite, Nº 1.814, 02/07/60: 47). Entretanto, el general Juan Manuel Sanoja Rodríguez –quien sirvió de enlace con Trujillo– fue detenido cruzando una calle de la capital, luego de contradecirse flagrantemente ante los agentes que practicaron su detención. La red de pesca recogió también al copiloto del vuelo de RANSA, mientras que el piloto de la nave fue el único de todos que huyó a tiempo en dirección a Miami, sitio desde el cual se intentaría obtener su extradición (OEA, 1960: 20). Por su parte, el presidente de la empresa se presentó voluntariamente a la sede de PTJ para explicar las circunstancias en que facilitó el avión, mientras que Lorenzo Mercado, cuñado de los hermanos Morales Luengo y quien intervino en los preparativos y chequeos para el atentado, fue detenido personalmente por el capitán Oscar Zamora Conde, al mando de la DIGEPOL, cercándolo en una quinta de Bello Monte y conminándolo, ametralladora en mano, a rendirse (ibíd.).

Desde luego, la aerolínea RANSA no saldría ilesa del hecho de que su Presidente y principal accionista estuviese comprometido en el atentado. A la empresa se le acusaría de violar los reglamentos y leyes de las empresas aéreas comerciales al permitir que una de sus unidades volara a una base militar extranjera, donde se embarcaron explosivos y armamentos de guerra, además de transportar a los principales líderes del complot, entre ellos al capitán Morales Luengo, quien había sido expulsado del país por sus actividades conspirativas. Por si fuera poco, se le acusaría también de omitir la salida de dos de sus vuelos en dirección a Santo Domingo, cuyos aeropuertos no estaban permitidos (El Universal, 02/07/60: 1). RANSA sufrió la revocación inmediata de su matrícula, viéndose sometida a un cierre forzoso, no sin que antes el Gobierno diligenciara que el personal de esa sociedad –pilotos con largas horas de vuelo– pasara a formar parte de la Línea Aeropostal Venezolana (El Universal, 03/07/60: 1).

Luis Cabrera Sifontes, quien tuvo a su cargo operar el percutor, fue el único del grupo que apostó a correr mejor suerte al intentar cruzar la frontera colombiana antes de que lo alcanzara la policía. Huyó mil kilómetros durante once días hasta que fue detenido por un destacamento rural en las cercanías de Cabudare. Apareció disfrazado de peón, portando una cédula falsa y cabalgando torpemente sobre un burro (Élite, Nº 1.816, 16/07/60: 27-28). Según un testigo de la localidad fue fácil identificarlo, aunque no tanto por el hecho de que su foto hubiese estado visiblemente desplegada en los principales periódicos del país durante las dos últimas semanas, ni porque la PTJ distribuyera cincuenta mil hojas con la descripción del indiciado (Élite, Nº 1.817, 23/07/60: 52). En realidad, fue más por un sencillo detalle que solo la gente de campo podía descifrar. Algo que su facha era incapaz de encubrir más allá de las alpargatas y del sombrero de cogollo que había comprado en el camino: el prófugo no tenía manos de campesino. Ni pies tampoco (De los Santos, 1972: 253).

Sobre el destino de los cuatro principales cabecillas de la conspiración apenas cabría apuntar lo siguiente: Manuel Yánez Bustamante, condenado a treinta años de prisión, murió de un infarto a los cinco años de hallarse cumpliendo la condena; el general Sanoja, por razones de edad, fue puesto en libertad en 1963; Morales Luengo, también sentenciado a treinta años, enfermó gravemente y murió de un tumor cerebral en 1973 luego de cumplir trece años de prisión. Luis Cabrera Sifontes también fue condenado a treinta años de cárcel por el Juez II en lo Penal Gonzalo Rodríguez Corro, curiosamente el mismo que, poco más de treinta años después, como Presidente de la Corte Suprema de Justicia, decidiría el destino de Carlos Andrés Pérez durante su segunda Presidencia. Debido a una enfermedad que le fuera diagnostica, Cabrera Sifontes logró del gobierno de Rafael Caldera que se le recluyera en la sede de la Jefatura Civil de Catia La Mar, en calidad de prisión ad-hoc. El régimen lenitivo que llevó allí le permitió fugarse en 1972. Recapturado en Perú por la Interpol, fue extraditado al país y recluido de nuevo en calabozo. Allí se agravó su enfermedad (cáncer de garganta), falleciendo en 1977 en el hospital oncológico Padre Machado luego de infructuosos esfuerzos por lograr su indulto (Papeles de Archivo, 1992: 63; Guerrero, 1994: 258-260).

Tambores de guerra

A raíz de los primeros arrestos vinculados a la acción dinamitera y la pronta declaración de los reos, el papel que tuvo Trujillo en los preparativos del atentado le permitiría a Venezuela confeccionar un expediente que lo hiciese responsable ante la comunidad regional por lo ocurrido en la avenida Los Próceres. Con todo, los círculos oficiales dominicanos se apuraron a desestimar la calidad de tales confesiones así como otras tempranas evidencias que le daban pie a la prensa venezolana para dirigir su dedo incriminador hacia Santo Domingo. En este sentido, el propio vicepresidente Balaguer, refiriéndose a la noticia divulgada en Caracas según la cual la radio dominicana había informado acerca del complot aun antes de que éste tuviese lugar, fue enfático al decir que tal cosa constituía «un alarde de imaginación para dar visos de realidad a una hipótesis que carece de todo fundamento». Pero el vicepresidente iría más allá al señalar que «todo acontecimiento adverso contra Betancourt» solía atribuirse sin parpadeos al gobierno dominicano, «del mismo modo que es técnica de Fidel Castro atribuir a los Estados Unidos todo aquello que se considere perjudicial a la revolución cubana» (Guerrero, 1994: 151). En otras palabras, según Balaguer, y cuando de Trujillo y su régimen se trataba, Venezuela incurría en la inveterada costumbre de apelar a una técnica de acusación automática y efectista, independientemente de no contar con elementos que lo sustanciasen. Solo que en este caso –como se ha visto– las principales pruebas las aportarían los propios reos involucrados en el atentado.

Lo dicho por Balaguer podría catalogarse de un cinismo sereno si se compara al cinismo demencial con que el diario El Caribe, controlado por el Generalísimo, haría su propia valoración del atentado al día siguiente de ocurrido. En tal sentido, editorializaría de esta forma: «Ni como hombres civilizados que somos, ni como políticos, ni como cristianos, podemos alimentar (…) el deseo de la muerte ajena. (…) Por esa causa somos absolutamente incapaces de anhelar la muerte de Rómulo Betancourt, gravemente herido en un atentado en las horas de la mañana de ayer (…) No deseamos la muerte física, pero no podemos negar sin romper nuestra sinceridad que anhelamos con todas nuestras fuerzas su eliminación moral del ambiente político de América. Betancourt llegó al poder con el propósito expreso de romper la armonía y la solidaridad del Continente, y poseído de un odio frenético y enloquecido hacia la República Dominicana y hacia la persona del Generalísimo Trujillo (…) Lo que nos interesa es que el pueblo de Venezuela reconozca que ha tenido por gobernante a un malhechor y que todos los males que está padeciendo actualmente (…) se le deben a la incapacidad, a los odios, a la inferioridad moral y mental, a la falta de sentido moral y de responsabilidad del hombre que asaltó (sic) el poder. Sus propagandas subversivas, sus maniobras comunistas (sic) son las que han contribuido a formar ese ambiente de resistencia (…) que quiere libertarse de su influencia» (Guerrero, 1994: 142-143; Castro, 2008: 221). Se daba a entender así que el atentado dinamitero había sido exclusivamente obra de facciones rivales dentro del país, o que la crisis planteada que condujo al hecho era un asunto puramente venezolano (Castro, 2008: 221).

Aparte de todo, el trujillismo haría visible sus contradicciones a la hora de intentar identificar al régimen de Betancourt dentro del espectro ideológico de la Guerra Fría. Puesto que así como en esta nota publicada por El Caribe se aludía a las maniobras «comunistas» del Presidente venezolano, seis meses más tarde, en enero de 1961, el vespertino La Nación (cuya línea editorial era controlada también por el gobierno dominicano) acusaba al «imperialismo yanqui» de mantener a Betancourt como mayoral de su finca venezolana» (citado en ibíd., 260).

Empero, volviendo al tema del cinismo oficial, éste tendría mucho más que dar de sí. Apenas una semana después del atentado, y cuando en la OEA se discutía preliminarmente el caso, el representante dominicano repudió «categóricamente toda insinuación» en el sentido de que el régimen de los Trujillo tuviese algo que ver con el frustrado intento de asesinar a Betancourt. Un despacho de la agencia UPI lo resumía así: «El representante dominicano [dijo] que el Gobierno de Caracas ha desatado una catarata maniática de acusaciones para ocultar sus propias dificultades internas. El gobierno dominicano [afirmó] ya no se sorprende por ser objeto de acusaciones de todo tipo en el mundo y de todo orden». Ironizando inclusive acerca del reciente incidente que había llevado al derribamiento de un U-2 sobre espacio aéreo soviético, le extrañaba al embajador que la República Dominicana no fuese acusada de «otorgarle permiso» al piloto estadounidense que tripulaba el avión espía (La Esfera, 30/06/60: 13).

Aunque hasta este punto Venezuela apostaba a lograr una respuesta efectiva mediante los recursos que le brindaba el marco de su actuación internacional, el país se reservaba al mismo tiempo la posibilidad de responder a la agresión por otras vías. Ello era así puesto que si bien resultaba lógico que primero jugasen los órganos colectivos de sanción previstos por la OEA y, en última instancia, por la ONU, el país se reservaba el derecho a acogerse al artículo 51 de la Carta de Unidas referente a la defensa legítima como país agredido. De modo que sin darle mayores vueltas al asunto o invocar eufemismos, se trataba –llegado el caso– de hacer bueno el legítimo derecho a responder a la agresión mediante una represalia armada. Betancourt mismo lo dirá con estas palabras no menos vehementes pero más acordes a las circunstancias, al dirigirse a varios de sus colegas latinoamericanos: «[Si] Venezuela (…) no obtiene una solución satisfactoria [a través de los organismos internacionales] se sentirá liberada de compromisos para replicar directamente a la agresión de que fue víctima» (Betancourt a Frondizi; Betancourt a Kubitsheck; Betancourt a Ponce; Betancourt a Alessandri, 11/08/60. ARB. XXXVII, comp. «d», 1960).

Además, a juicio de los propios militares venezolanos, existía una razón de sobra para convertir el frustrado magnicidio en casus belli: Betancourt no solo había sido agredido con peligro de muerte en su condición de Presidente Constitucional sino como Comandante en Jefe de las FF.AA. Por tanto, de haberse llegado a tal extremo se habría tratado, sin lugar a dudas, de un conflicto bastante inusual. Un conflicto que, a diferencia de cualquier otro que hubiese ocurrido previamente en la región, no habría tenido su origen en un contencioso de carácter territorial sino en un asalto directo al poder por instigación de otro país.

Si bien la idea de una acción armada no figuraba en lo más alto de la agenda de opciones que manejara Betancourt, resulta difícil restarle importancia a la forma como cierto aire de guerra llegó a circular en la prensa caraqueña, incluso más allá del espacio que a ello pudiera facilitarle la fantasía. Así, por ejemplo, el diario La Esfera informaba en la primera página de su edición del 29 de junio de 1960 que las guarniciones, acuarteladas desde el propio día 24 a causa de la tensión provocada por el atentado, se hallaban en estado de alerta ante la noticia de una movilización de tipo militar que se preparaba en Santo Domingo (La Esfera, 29/06/60: 1). Por su parte, la revista Élite también informaba sobre simulacros y traslados de fuerzas en la República Dominicana, incluyendo la noticia de que cuatro naves, cargadas de tropas y material de guerra, habían zarpado con rumbo desconocido (Élite, Nº 1.815, 09/06/60: 65).

Citando una vez más a La Esfera, el diario en cuestión se expresaría de esta forma a la hora de editorializar: «Es necesario que [Trujillo] reciba otra respuesta. Clara y contundente. En su propio idioma. Tenemos una escuadra aguerrida (…) cuya mejor operación táctica en estos momentos sería hacerse sentir sobre nuestro enemigo. Acabamos de adquirir un submarino con una gloriosa tradición hundiendo unidades del fascismo en la pasada guerra (…) Tenemos una aviación moderna que (…) puede pulverizar la base aérea de Las Calderas en la isla siniestra» (La Esfera, 29/06/60). Hasta Últimas Noticias, diario que no estaba ni remotamente acostumbrado a simpatizar con Betancourt del modo como lo hacía La Esfera, fue capaz de editorializar con estas palabras: «Nos han declarado la guerra y nos han lanzado una bomba. ¿Es que no tienen proyectiles nuestros barcos?» (citado por Guerrero, 1994: 150).

Tal vez, a primera vista, se tratara de un simple derroche de alarde, habida cuenta de la escasa vocación guerrerista exhibida hasta entonces por las FF.AA.; pero sin duda, y como no volvería a ocurrir hasta 1962 a raíz del caso de los misiles cubanos (Velásquez, 1979: 276), sería una de las pocas veces que el personal militar interviniera tan directamente en una crisis de política exterior: «[L]as fuerzas armadas venezolanas se han movilizado y reforzado su vigilancia, sobre todo la anti-aérea. A partir de la semana pasada, las unidades de defensa están alertas para repeler cualquier intento de ataque» (Élite, Nº 1.815, 09/07/60: 21).

Lo cierto del caso es que, desde Ciudad Trujillo (y así lo informaban sendos cables de UPI y AFP), el gobierno dominicano había puesto en estado de alerta a sus propias fuerzas armadas, proponiéndose declarar una movilización general que incluía las milicias cívicas en vista de la campaña de «la prensa oficial de Caracas y las radiodifusoras venezolanas» a favor de una acción bélica contra la isla (La Esfera, 28/06/60: 1). Incluso se dio amplia cabida a la noticia según la cual, invocando una moción de urgencia, el Congreso dominicano había resuelto reunirse en pleno receso legislativo para tratar el tema: «Ante la inminencia de una derrota diplomática, el gobierno de Trujillo ha decidido probar en otros campos. (…) [E]l dictador dominicano ha resuelto pasar al campo militar y, para ello, introdujo ante la Cámara del Senado en Ciudad Trujillo una moción para que se considere a la República Dominicana ‘en virtual estado de guerra’ frente a Venezuela, a quien le imputó preparativos para acciones bélicas contra el territorio dominicano» (Élite, Nº 1.815, 09/07/60: 24). Por su parte, la radio-televisora oficial «La Voz Dominicana» daba a entender que, efectivamente, a solicitud del presidente Héctor Bienvenido Trujillo, el Senado dominicano estaría preparando un acuerdo defensivo en caso de agravarse la situación con Venezuela (La Esfera, 30/06/60: 17).

Si todo esto suena a fanfarronería de ambas partes, dejemos que sea el historiador dominicano Miguel Guerrero quien recree la gravedad de la escena: «El domingo 26 de junio, empezó a hablarse de un enfrentamiento militar. (…) El ambiente guerrero no dominaba únicamente en esferas políticas y periodísticas venezolanas. En Ciudad Trujillo, el Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas (…) declaraba en conferencia de prensa la puesta en estado de alerta de todas las unidades militares dominicanas. La medida, debida al peligro de un ataque desde el exterior, incluía las milicias civiles (…) La decisión (…) del Senado dominicano de convocar al Congreso bicameral para estudiar una ley de emergencia nacional (…) fue recibida en las esferas gubernamentales [de Venezuela] como una virtual declaración de guerra (…) A los informes acerca de alerta militar en la isla caribeña, los altos mandos venezolanos respondían señalando que las Fuerzas Armadas estaban listas para repeler cualquier ataque proveniente de la República Dominicana. (…) [E]n dos reuniones de jefes militares celebradas [el 29 de junio], la primera en el Hospital Clínico [donde aún convalecía el Ministro de la Defensa] y la segunda en el Palacio de Miraflores, llegó a discutirse seriamente la posibilidad de un ataque de represalia contra la base aérea de San Isidro y otros objetivos militares de Ciudad Trujillo. (…) En entrevistas realizadas en Caracas en el mes de agosto de 1994, los ex presidentes Carlos Andrés Pérez y Ramón J. Velásquez, dos estrechos colaboradores de Betancourt en 1960, confirmaron al autor que tal posibilidad figuró en agenda, desestimándose por razones políticas y humanitarias» (Guerrero, 1994: 154).

Por si acaso quedasen dudas a este respecto, cabría reparar en lo dicho por el propio Betancourt al año siguiente, en marzo de 1961: «Listas estaban las Fuerzas Armadas para realizar una expedición punitiva contra los reductos fortificados de esa dictadura. Y sólo esperaban una orden para demostrar al déspota que sus aparatos (…) no hubieran resistido el primer vuelo rasante de nuestras escuadrillas de bombardeo ni las andanadas de metralla de los buques de nuestra Armada. La operación no se realizó porque la orden no fue impartida a las Fuerzas Armadas. Con mis colaboradores del Consejo de Ministros y con los líderes de los partidos de la coalición, así como con el Alto Mando Militar, discutí la situación. Y poniendo a un lado legítimos y explicables rencores personales pensé como demócrata de Venezuela y de América que la coyuntura era propicia para demostrar cómo nosotros creíamos en las Leyes Internacionales» (Betancourt, 1961: 427-428).

¿Con qué recursos habría contado la República Dominicana en caso de que la crisis hubiese derivado hacia un duelo de carácter militar? La Esfera no se llamaba a engaños a la hora de dar a entender que, víctima o no de prohibiciones y embargos en lo que a adquisición de aprestos de guerra se refería, el régimen de Trujillo se las había arreglado a lo largo del tiempo para obtenerlos donde fuese, cuando tuviera la capacidad de hacerlo o, inclusive, de fabricarlos por sus propios medios. Y lo resumiría así: «Se sabe que la República Dominicana está dedicando el porcentaje más alto de los presupuestos latinoamericanos para la dotación de sus efectivos militares. (…) El ejército de Trujillo actualmente se considera en más de 50 mil hombres (…) El ejército está equipado con armas ligeras, modernas, fabricadas en la propia República Dominicana». El diario tampoco dejaba de hacer un inventario del mismo parque aéreo que tanto debió impresionar a los pasajeros de «El Cabrito» cuando avistaron a sus pies la base militar de San Isidro durante aquel viaje clandestino que los llevó hasta Santo Domingo: bombarderos D-38, fortalezas B-17, Mustangs, Mosquitos e, inclusive, aviones a chorro del tipo Vampiro (La Esfera, 30/06/60: 8).

Pese a ello, a la hora de calcularlo en términos de efectivos totales, o de medirlo según su capacidad naval o aérea, la ventaja que gozaba Venezuela era significativamente superior. Por ejemplo, la República Dominicana contaba con dos destructores, tres fragatas, cinco corbetas y seis naves patrulleras, todas las cuales eran unidades de segunda mano que habían cumplido misiones en la armada británica o estadounidense durante la II Guerra Mundial. En ningún caso, su armamento era superior al cañón de 4,7 pulgadas ni la antiaérea, al cañón de 40 milímetros (Élite, Nº 1.815, 09/07/60: 29). La marina venezolana contaba en cambio con la ventaja de poseer seis destructores construidos durante el perezjimenismo por la compañía italiana Ansaldo, dotados de innovadores dispositivos de control central de fuego y con mayor número de ametralladoras anti-aéreas de tiro rápido, junto con un submarino recién adquirido –el Carite–, como lo reseñaba la prensa (ibíd.).

Para más datos, quinientas millas mediaban entre Caracas y Santo Domingo, y apenas 45 minutos de vuelo para que la aviación militar venezolana, provista incluso de mejores aparatos a chorro y retropropulsión (jets De Havilland Vampires, F86 Sobrejets, Havilland Venoms, F-86 Sabres y Camberras) se situara sobre territorio dominicano. Por caso contrario, según especulaba la prensa local, si Trujillo se disponía atacar por aire sólo podría hacerlo con fines de amedrentamiento, ante lo cual se hacía notar que, en este sentido, de algo podían servir los simulacros de defensa antiaérea que se habían hecho práctica habitual en tiempos de Pérez Jiménez: «Cabe (…) recordar que, hace varios años, la población caraqueña participó activamente en prácticas anti-aéreas, con simulacros de ataque, oscurecimiento de la ciudad, rechazo de la ‘fuerza atacante’ y otras fases de una operación de ese tipo» (ibíd., 29).

A pesar de la gravedad de la crisis y sus implicaciones, ni venezolanos ni dominicanos serían objeto de un solo disparo, ni por mar ni por aire. Los cañonazos serían más bien verbales o tendrían forma de papel. Tampoco el escenario serían las aguas del Caribe sino San José de Costa Rica.

Los coletazos del animal prehistórico

Todas las evidencias, y muy concretamente todas, demuestran que el intento de asesinarme el pasado 24 de junio, y que le costó la vida al Jefe de mi Casa Militar (…) fue fraguado, organizado y dirigido personalmente por Trujillo. De su feudo ignominioso vinieron hasta las cargas de TNT que se usaron en el atentado, así como el aparato de micro-ondas con el cual se hizo detonar la carga explosiva. (…) [E]l jefe de ese régimen anacrónico no es ni más ni menos que un maniático del asesinato.

RÓMULO BETANCOURT al Presidente de México, Adolfo López Mateos. Miraflores, 3 de agosto de 1960 (ARB, XXXVII, Comp. «D», 1960).

En los actuales momentos (…) hay muchas probabilidades de que no se llegue por parte de la OEA más que a otra condenatoria verbal contra Trujillo.

ÉLITE, Nº 1.816, 16/07/60: 49

La OEA aprieta el lazo

Antes de que concluyera el mes de junio, los agentes de PTJ y DIGEPOL habían practicado 35 allanamientos en busca de armas y otras pruebas que casi coincidían en número con quienes, desde el día del atentado, habían ido a parar por tandas a la Cárcel Modelo a la espera de que se iniciara el proceso en los tribunales. En realidad, atendiendo a diversas denuncias por un lado, y a raíz de la confesión de algunos de los principales reos por el otro, los detenidos hasta ese momento sumaban exactamente 36 individuos, cifra que incluía –claro está– a quienes, en un grado mayor o menor, se les suponía vinculados en calidad de cómplices (Guerrero, 1994: 156; La Esfera, 27/06/60: 24). Doscientas personas en total fueron interrogadas en torno al proceso y, según se hizo cargo de aclararlo la propia PTJ, sólo un detective extranjero –de nacionalidad chilena– intervino en el esclarecimiento de los hechos, sobre todo en la parte de los interrogatorios (Élite, Nº 1.817, 23/07/60: 53).

Aunque los venezolanos sabían ya que el Presidente seguía con vida, no fue sino el 16 de julio, veintidós días después de la emboscada en Los Próceres, cuando –como se dijo– pudo vérsele durante su dramática comparecencia televisiva. Sólo antes, el día 4, Betancourt hizo una breve aparición, al recibir en su cuarto del Palacio de Miraflores a un grupo de representantes de diversos sectores del país. Los reporteros tuvieron acceso a esa entrevista, más no así los fotógrafos. Sin que le faltase razón para ello, el Presidente se negaba aún a ser fotografiado (Guerrero, 1994: 162; Élite, Nº 1.816, 16/07/60: 40).

A Trujillo tampoco se le vio en público hasta el jueves 30 de junio, ni siquiera para hacerle una concesión a quienes durante esa semana después del atentado, y a través de páginas llenas de firmas y comunicados en los diarios La Nación y El Caribe, pedían que aceptase la postulación presidencial (De los Santos, 1972: 250). Las elecciones estaban formalmente previstas para comienzos de 1962 pero seguramente, a pesar de las aclamaciones públicas, el Generalísimo no estaría pensando en presentarse como candidato sino en fungir una vez más como gran elector y, ésta vez, de manera anticipada. Vista las circunstancias de una inminente acción internacional como la que se anunciaba contra Santo Domingo, la repentina dimisión de su hermano Héctor Bienvenido, quien ejercía la Presidencia desde 1952, y su automático reemplazo por el vicepresidente Joaquín Balaguer, como ocurrió el 3 de agosto de 1960, debió leerse como una maniobra dirigida a darle nuevos aires al trujillismo. Como correctamente lo observa el historiador Miguel Guerrero, «[e]l nombramiento de Balaguer, por ser un intelectual (…), proveía una apropiada imagen de liberalización del régimen» (Guerrero, 1994: 204).

Más que pensar entonces en retornar a la Presidencia, el Generalísimo se conformaba con la idea de dejar arreglada la sucesión y presidir él mismo la delegación de su país que, al mes siguiente, asistiría a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York (Portillo, 1991: 159-160; Castro, 2008: 236). De lo que se trataba, en pocas palabras, era de iniciar una rápida aunque sólo aparente «des-trujillinización». Según se hizo cargo de expresarlo el semanario Élite, Trujillo, al igual que fue el caso mientras su hermano Héctor Bienvenido se mantuvo al frente del poder, pretendería hacer nuevamente el papel de un dominicano más (Élite, Nº 1.818, 30/07/60: 25). Solo que esta vez la «des-trujillinización» se centraba en una apuesta un tanto arriesgada. Balaguer, quien no pertenecía al círculo consanguíneo, y que por ello mismo estaría más pendiente de velar por su propia sobrevivencia, podría mostrarse dispuesto a abrir algunas fisuras inconvenientes al régimen. En todo caso, para ese momento, la revista Élite no se llamaría a engaños y, por ello, agregaría este comentario en una siguiente entrega: «La situación es clara: Chapita trata de salvar la continuidad de su régimen, para lo que está dispuesto a someterlo a cierta metamorfosis, puramente formales y superficiales, a los efectos de ejercer el poder a control remoto» (Élite, 13/08/60: 22).

Esta maniobra, concebida en función de su efecto sobre la opinión pública internacional, estaba igualmente calculada en previsión de que se aplicaran sanciones contra la isla, las cuales, en tal caso, serían sufridas por un país que, tras el súbito cambio en el aparato del poder, había proclamado ya su compromiso con un proceso de transición. Además, mediante semejante operación «de decorado» y tomando en cuenta el «viaje transitorio» de Trujillo «fuera del país» (argüiría el propio Betancourt), Venezuela tenía todas las razones para sospechar que la República Dominicana alegaría que «ya no [estaban] en el Gobierno» los mismos que se vieron en trance de asesinarlo (Betancourt a Frondizi, 11/08/60. ARB, XXXVII, comp. «D», 1960). Con el vicepresidente ahora al frente, se trataría entonces de un país al cual se pretendería castigar de manera injusta, y así lo expresaría el mismo Balaguer al decir, llegado el momento, que la República Dominicana se hallaba «amenazad[a] por una confabulación internacional», o como declarara ocho meses más tarde al referirse a las sanciones adoptadas por la OEA y a la forma como continuaban perjudicando a la isla: «Hemos tenido que soportar la arbitrariedad de ciertas medidas sin precedentes para interrumpir nuestro libre comercio y nuestro tráfico marítimo aun con naciones situadas fuera de la órbita de la Organización de Estados Americanos» (El Caribe, 28/02/61; Guerrero, 1994: 205; Castro, 2008: 261).

Efectivamente, desde el 4 de julio de 1960, cuando se tomó la iniciativa de hacerlo antes de que Betancourt siquiera hubiese alcanzado a restablecerse de sus heridas, Venezuela había solicitado al Consejo de la OEA que actuara como Órgano de Consulta para, con base en lo previsto en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, examinar la agresión proveniente de República Dominicana (OEA, 1960: 22). A fin de que el asunto en cuestión se tramitara con carácter de urgencia, y para que tales medidas fueran efectivas y rotundas, la Cancillería venezolana aspiraba a radicar el caso ante las dos instancias más sensibles de actuación a nivel regional: el TIAR propiamente y el Órgano de Consulta previsto por ese mismo instrumento: la Conferencia de Cancilleres del Hemisferio (Boersner, 1996: 207). Hasta entonces, en sus doce años de existencia, la OEA jamás se había visto ante un caso tan inusual. Ambos instrumentos habían sido invocados en cinco ocasiones distintas a lo largo de la década de 1940 y 1950 (entre otros casos con motivo del ataque japonés a Pearl Harbor en 1941, la caída de Francia en 1942, o debido a la crisis en la península de Corea en 1951), pero nunca sobre la base de que a un gobierno americano se le acusara de promover la agresión directa contra el mandatario de otro país con el objeto de propiciar el caos y el desorden interno.

En otras palabras, nunca antes se había manejado como situación que un intento de magnicidio se convirtiera en factor que comprometiese la paz y la estabilidad regional. Y, sin embargo, visto como se viera, no podía haber mayor injerencia en los asuntos internos que el hecho de que un gobierno participara, en grado de instigador, en un atentado contra la vida del mandatario de otro país. Así lo expresaría, por ejemplo, el Gobierno venezolano en un párrafo repetido en idéntico tenor y dirigido a los presidentes Camilo Ponce Henríquez (Ecuador), Arturo Frondizi (Argentina), Juscelino Kubitscek (Brasil) y Jorge Alessandri (Chile): «El problema consiste ahora en saber cuál actitud van a adoptar (…) los cancilleres de América o sus representantes: si se limitará la mayoría de ellos, o una parte de ellos, a sostener que sólo debe procederse al ya socorrido y desacreditado expediente de las amonestaciones, o si van a aplicar las medidas severas previstas en los tratados internacionales interamericanos contra un gobierno que agrede a otro miembro de la comunidad regional. En este caso, la agresión es evidente e indiscutible porque la maquinación por un Gobierno del intento de asesinato de un Jefe de Estado es acción tan punible, o aún más punible, que el tiroteo de un puesto fronterizo de tropas de un país por las de su vecino» (Betancourt a Ponce, 11/08/60; Betancourt a Frondizi, 11/08/60; Betancourt a Kubitschek, 11-12/08/60; Betancourt a Alessandri, 11/08/60. ARB, XXXVII, comp. «D», 1960. Subrayado en el original).

Precisamente porque se trataba de un caso de flagrante injerencia, pero sobre todo de una cuestión que implicaba la paz y los riesgos que conllevaba su alteración a nivel regional, el TIAR proveía a sus estados miembros de facultades para acordar, en lo más bajo de su línea de acción, la ruptura total de relaciones diplomáticas con el país agresor o, en lo más alto de ella, una acción armada colectiva de carácter interamericano, pasando por la interrupción total o parcial de las relaciones económicas, o el cese de todo tipo de intercambio comercial (El Universal, 10/07/60: 22).

La República Dominicana, a través de su canciller Porfirio Herrera Báez, respondería señalando que el gobierno de Betancourt era en realidad el principal promotor de las tensiones existentes en el Caribe. Como si se escenificara de nuevo el duelo que había tenido lugar durante la segunda mitad de la década de 1940, Herrera estimaba que Venezuela había pretendido crear un estado de beligerancia a partir de la expedición armada contra Santo Domingo en junio de 1959, lamentando además que la OEA no hubiese actuado en su momento con igual celo frente a tal denuncia. A su juicio, las tensiones en la zona tenían su origen «desde que Rómulo Betancourt asumi[era] el poder en Venezuela» (La Esfera, 29/06/60: 3/Guerrero, 1994: 170).

Como cabía suponerlo, solo los recaudos judiciales eran capaces de determinar si Trujillo había actuado incontrovertiblemente como instigador del hecho magnicida a fin de que, sobre la base de tal aserción, poder elaborar el informe dirigido a la OEA recomendando las medidas que debían aplicarse contra el régimen dominicano (La Esfera, 29/06/60: 2). En otras palabras, de la calidad de las pruebas y su poder de convicción dependía, desde luego, la posibilidad de adoptar las sanciones que el gobierno de Betancourt esperaba en este caso. El informe, que corrió a cargo de Marcos Falcón Briceño, embajador venezolano ante la OEA, se sustentaba básicamente, por un lado, en el testimonio ofrecido por los propios implicados y, por el otro, en las diligencias practicadas por la policía científica que pretendían darle sustento a los hechos del 24 de junio.

Evidentemente, la primera reacción de Santo Domingo fue dudar del contenido del informe, alegando que los cargos solo se ajustaban al interés de la parte acusadora y que las pruebas presentadas hasta ese momento respondían a una falsa «teatralidad». Por si fuera poco, sus diplomáticos en Washington agregarían que los testimonios aportados por testigos y declarantes llamaban a la sospecha puesto que «no se expon[ían] aislada y separadamente –como sin duda tuvieron que ser obtenidos– sino que se presenta[ban] aglutinados en una sospechosa masa común y fundidos en una sola interpretación global, necesariamente parcializada y sospechosísima. Al amparo de ese estilo de proceder –subrayaban– se le sustrae a ese documento la sinceridad que hubiera tenido si cada testimonio figurara allí separado de todos los demás, ya que ese sería el único modo de descubrir, por la vía de las comparaciones y las contradicciones entre testigos o declarantes, las falsedades y mentiras con las cuales se está pretendiendo envolver los hechos» (Observaciones, 1960: 34). Los diplomáticos dominicanos también dirían algo acerca de los supuestos vuelos clandestinos a Santo Domingo realizados por la aeronave de RANSA y que constituían el núcleo central de la confesión hecha por los inculpados: «Novela también, y novela mal tramada y peor desenvuelta, la hay en lo extraño que resultaría que un avión venezolano que sale, nada menos que del importante aeropuerto de Maiquetía (…) vuelva a salir [a la mañana siguiente] del mismo aeropuerto (…) y retorne a Maiquetía [esa misma tarde] (…) sin que las autoridades de ese importante aeropuerto se percataran de las complicadas andanzas inventadas por la patente imaginación creadora que inspiró el documento venezolano que venimos comentando» (ibíd., 36).

Además, los representantes de Trujillo, basándose en un reportaje publicado por esos mismos días en el diario El Nacional, plantearían la sospecha de que los testimonios de los inculpados sólo pudieron ser extraídos mediante métodos coercitivos. En vista de que la referida edición del periódico citaba la opinión de un docente del Instituto de Formación Profesional de la PTJ según el cual se habían aplicado técnicas «psicológicas», capaces de permitir que se obtuvieran «mejores frutos que los viejos y anti-democráticos interrogatorios con torturas y violencias», la delegación dominicana denunciaría el punto así: «Esa noticia, que tiene los caracteres y la fuerza de una confesión pública, se refiere a todo un sistema que erige la tortura moral en un idóneo (…) sustituto de la tortura física; pero con la ventaja para la [PTJ] de Venezuela y para el sórdido interés que persigue el régimen venezolano en sus actividades infra-americanas de que, por medio (…) de la tortura moral se alcanzan monstruosas confesiones (…) hasta contra Dios, si así le place al interpelante. (…) Es fácil imaginar que en los momentos en que la [PTJ] aplicaba sus métodos de interrogatorio psicológico, una fuerte ráfaga soviética abrió repentinamente una de las puertas de la cámara trágica y, por esa puerta, entró la sombra torturada del Cardenal Mindszenty».

No contentos con hacer gala de semejante erudición al referirse así a la suerte corrida por el prelado József Mindszenty al caer en manos del aparato de seguridad del Estado húngaro, los dominicanos, en su refutación, añadirían de seguidas lo siguiente: «La confesada aplicación del sistema de interrogatorio psicológico (…) le abre campo fértil a la diabólica imaginación creadora del inquisidor [y] es de tal modo desnaturalizada y perversa que su aplicación despoja de toda validez moral y material a los testimonios y confesiones obtenidos a la sombra de tal sistema» (Memorándum, 1960: 50). En medio de todo, no deja de sorprender que la acusación venezolana pretendiera ser descalificada de esa forma por un gobierno de tan ganada fama en los predios del tormento. Después de todo, si algo no faltaba para acusar a los Trujillo era el hecho de que su régimen contara con tantas cámaras clandestinas de suplicio como las que repetidamente se habían hecho cargo de denunciar los dirigentes de la resistencia antitrujillista cada vez que se aludía a las actividades del Servicio de Inteligencia Militar dirigido por Johnny Abbes García.

La situación así planteada, luego de que los diplomáticos dominicanos contra-acusaran una vez más a Venezuela por el mismo delito de injerencia interna, llevó a que la OEA designara una Comisión Investigadora que, tras comprobar la validez de las pruebas en las que se basaba la acusación, rindiera un balance de sus propias pesquisas in situ, las cuales debían efectuarse de manera independiente del Gobierno venezolano y sus organismos policiales. La referida comisión quedó integrada por cinco diplomáticos que fungían como embajadores (o representantes alternos) de Panamá, Argentina, EE.UU., México y Uruguay ante la OEA (Guerrero, 1994: 171). A decir verdad, se trataba –como lo puntualizó quien habría de presidirla, el panameño Erasmo de la Guardia– de la primera comisión que, en toda su historia, hubiese sido nombrada por la OEA para investigar un atentado contra la vida de un presidente americano (El Universal, 18/07/60: 8).

De sus resultados, tal cual figuran en el informe final de la Comisión, existen varios datos que debieron contribuir a darle mayor credibilidad a la denuncia venezolana. Aparte de lo que pudiera tomarse lisa y llanamente como formalismos propios de esta clase de documentos, se desprenden del mismo ciertos elementos de convicción como los siguientes: en primer lugar, al llegar a Caracas, la comisión pudo interrogar en la Cárcel Modelo a todos los que hicieron el vuelo a bordo de «El Cabrito» sin la presencia de ningún funcionario venezolano. En segundo lugar, aunque unos se mostraran más dispuestos a colaborar que otros en relación a los hechos básicos del atentado, o que simplemente ratificaron lo dicho ante el juez encargado de instruir el proceso, la conclusión de la comisión fue que todos, en algún punto o grado, admitieron haber viajado hasta la República Dominicana con relación a la trama. En tercer lugar, si bien la comisión diplomática observó algunas discrepancias entre los distintos testimonios, éstos alcanzaban a ser tan sólo cuestiones de carácter incidental que «no suscita[ban] dudas acerca de la veracidad de los testimonios sobre los hechos fundamentales». Tan importante como todo lo anterior fue que, como parte de las evidencias materiales, se les diera acceso al armamento incautado y, tal vez más que eso, que se les facilitara examinar el dispositivo electrónico utilizado para hacer estallar la bomba (OEA, 1960: 10-12/ Atentado, 1960: 17). El aparato, completamente intacto, tal como fuera rescatado por la policía luego de que los complotados intentaran deshacerse de él en un tramo de la carretera Caracas-La Guaira reveló ser de fabricación casera, preparado dentro del casco de un antiguo tocadiscos de 45 RPM, dentro del cual se alojaban la batería, el encendedor, el percutor y la antena (Élite, Nº 1.817, 23/07/60: 52). Por último, los investigadores concluyeron señalando que el contacto a solas con los detenidos les había permitido obtener evidencias complementarias y hasta nuevos indicios que no figuraban en la acusación venezolana (OEA, 1960: 11).

A resultas de esa visita de inspección, un semanario caraqueño comentaría lo siguiente: «El grupo de la OEA ha recogido testimonios y pruebas abundantes, no sólo para castigar a un gobierno criminal, [sino] también para darle fortaleza (…) a una organización que está en dificultades» (Élite, Nº 1.818, 30/07/60: 25).

Por su parte, el diario El Universal recogió una crónica muy vívida de la experiencia que afrontaron los cinco diplomáticos cuando procedieron a interrogar a los indiciados en la Cárcel Modelo. La reacción de cada uno de los implicados fue muy distinta y así lo refiere en parte esta crónica: «Juvenal Zabala Chávez, el co-piloto de la RANSA (…) y quien era el que llevaba las comunicaciones del avión en los vuelos a Santo Domingo (…) fue el primero en ser interrogado. Al salir saludó al director de la cárcel, quien le preguntó ‘¿cómo te fue?’, y repuso: ‘Bien, contesté todo lo que me preguntaron’. El segundo (…) fue Manuel Vicente Yánez Bustamante, quien obtuvo el Oldsmobile que fue utilizado como enorme granada en el atentado contra el Presidente Betancourt. (…) Cuando regresaba a su celda se detuvo para saludar al [Director de PTJ, Rodolfo] Plaza Márquez. Éste le preguntó: ‘¿qué tal?’, contestando el detenido: ‘lo mismo de siempre, les dije todo lo que sé’. (…) Con aire desafiante, camisa de mangas cortas y pantalón de kaki, caminó Eduardo Morales Luengo, el cabecilla del atentado (…) Al terminar su interrogatorio, que duró una hora, alguien le preguntó cómo le había ido, repuso secamente ‘bien’ y eso fue todo».

En cambio, según el redactor de la crónica, «Luis Cabrera Sifontes (…), fue locuaz con los periodistas. Este individuo, que fue quien disparó el dispositivo para hacer estallar el auto Oldsmobile (…) demostró una desfachatez que asombró a todos. Con la mayor frescura y vanagloriándose de ello, manifestó: ‘Ya que se nos permite hacer declaraciones, digan ustedes que es mentira que yo lloré y que me asustaron en la Policía Judicial. (…) En cuanto al atentado, aclaren que fue un acto de terrorismo para dar un golpe de Estado. Pero las desgracias ocurridas imposibilitaron el golpe. Pudimos informarnos que en todas sus declaraciones ha tenido la misma actitud de cinismo, ya que se considera un héroe. Continuó expresando que tiene muchísimas razones para estar contra el régimen democrático que impera en Venezuela». La última estampa corresponde a Juan Manuel Sanoja quien, dicho sea de paso, fue el único que se negó a declarar ante la Comisión de la OEA (Atentado, 1960: 16). El periodista de El Universal elaboraría su retrato así: «Juan Manuel Sanoja es un anciano de 75 años, vigoroso y alerta como un hombre de 30 años. Vestía un traje claro y fue el único que se presentó con corbata. A las preguntas que se le hacen responde con el mismo disco: ‘Que es amigo de Trujillo, que vivió 15 años en Santo Domingo donde tuvo 13 hijos y que de éstos (…) dos son militares en el ejército dominicano. Y termina diciendo: ‘tengo que guardar silencio’» (El Universal, 19/07/60: 8).

Por cierto, luego de su escala en Caracas, la comisión diplomática no tardó en verse requerida a su vez por el gobierno dominicano, cuyas autoridades se manifestaban dispuestas a proporcionar datos que le diesen otra perspectiva a las tareas investigativas que se llevaban a cabo en Caracas. Ahora bien, si se compara el contenido de ambas partes del informe elaborado por el grupo de la OEA, se advierte enseguida que, de la escala que hicieran en Santo Domingo, sus integrantes no recabaron ningún material que resultara ser de mayor relieve. Fuera de escuchar, una vez más, la alegación dominicana según la cual la calidad del testimonio de los implicados venezolanos era dudosa, recibieron de manos gubernamentales una declaración certificada por un teniente coronel dominicano, al parecer encargado de la base aérea de San Isidro, según la cual en dicho aeropuerto jamás había aterrizado ninguna aeronave perteneciente a la aviación civil, y que la única vez que tal cosa había ocurrido fue cuando un aparato de Pan American Airways lo había hecho por equivocación (ibíd., 13-17). De hecho, según lo aseguraran las autoridades dominicanas, ningún avión venezolano había aterrizado en el país desde que ocurriera el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1958 (Observaciones, 1960: 38).

Lo que sí aprovechó el Generalísimo en el contexto de aquella visita fue la ocasión de acceder a una entrevista que le solicitara el enviado de la agencia UPI que había estado acompañando a la comisión de la OEA de una latitud a otra del Caribe. A las preguntas del periodista, Trujillo básicamente hizo resaltar tres puntos en su versión de los hechos: que nunca había tenido relación con los implicados en el atentado; que ningún avión con matrícula venezolana aterrizó o salió jamás de la base de San Isidro; y que, a fin de cuentas, el complot contra Betancourt había sido un asunto puramente interno (Guerrero, 1994: 195).

Línea blanda o línea dura

Con el voto favorable que recibiera el informe elaborado por la Comisión Investigadora a su regreso a Washington, el Consejo de la OEA estuvo en capacidad de convocar la VI Reunión de Consulta de Cancilleres en aplicación del TIAR para decidir sobre las acusaciones venezolanas (ibíd., 196). Ahora bien, el hecho de que se creyera que dicho informe marcaría sin tropiezos la suerte de los debates era una impresión que solo privó a orillas del Potomac en vísperas de los preparativos. Ello es así porque cuando la Conferencia Ministerial se instaló en el Teatro Nacional de San José de Costa Rica, el 16 de agosto de ese año 60, se desataría de inmediato un torneo entre una línea blanda y tRANSAccional, por un lado, y soluciones duras por el otro, a la hora de juzgar el atentado y las implicaciones que tenía el caso a nivel hemisférico.

De esta forma, el clima se presagió difícil incluso para la parte acusadora. En previsión de ello, y como cabía esperarlo, no solo Santo Domingo sino la propia Cancillería venezolana habían activado gestiones de contacto previas a la cita de cancilleres que cobraron la forma de misiones-relámpago con el objeto recorrer la región en procura de apoyos favorables a las respectivas posiciones que habrían de llevarse ante el cónclave hemisférico reunido en San José. Trujillo, por ejemplo, despacharía a Brasilia a uno de sus elementos de mayor confianza, el general Rafael Espaillat, a fin de conferenciar con el presidente Juscelino Kubitschek mientras que, con igual destino, iría Luis Beltrán Prieto Figueroa como emisario personal de Betancourt mientras que Jóvito Villalba se entendería en Buenos Aires con el gobierno de Arturo Frondizi, con Jorge Alessandri en Chile y con Ponce Enríquez y J.M. Velasco Ibarra (presidentes saliente y electo de Ecuador respectivamente). Entretanto, Gonzalo Barrios –considerado el número uno de la política internacional de AD, seguido por César Rondón Lovera, Jaime Lusinchi y Simón Alberto Consalvi– haría también una serie de viajes relacionados con el caso de Santo Domingo (ARB, XXXVII, comp. «D», 1960; Élite, Nº 1.821, 20/08/60: 41; Nº 1.822, 27/08/60: 24).

Sin desestimar que tales contactos sirvieran de algo, lo cierto es que no bastaron a la hora de hacer que se labraran posiciones de antemano. De hecho, durante los cuatro días en que discurrió el asunto venezolanodominicano hubo circunstancias en las que pareció que los participantes de la reunión de la OEA vacilaban respecto al tipo de sanciones que debían aplicarse. Por más que se insistiera en el cúmulo de pruebas sobre el estilo y naturaleza del atentado que involucraba al trujillismo, algunos cancilleres de la región se dieron a observar que la postura venezolana era demasiado intransigente a la hora de proponer sanciones contra el régimen dominicano. La apuesta de éstos apuntaba más bien a que las gestiones en San José sirviesen para imponer un curso conciliador entre Caracas y Santo Domingo (Élite, Nº 1.822, 27/10/60: 30-44). Un periodista que seguía de cerca las incidencias del encuentro apuntaría lo siguiente a tal respecto: «En las circunstancias a que aludimos, pareció que la alineación de fuerzas beneficiaría a la larga la adopción de medidas mediocres. Se pensaba que México, Brasil, Colombia y Costa Rica acompañarían a los EE.uu. en la búsqueda de una [fórmula] suave o moderada» (ibíd.).

Venezuela, sin embargo, se empeñaría en subrayar lo que otros calificaran de línea «intransigente»: alegaría, una y otra vez, que no había acudido a solicitar que se activara el Órgano de Consulta ni pretendía que los cancilleres concurrieran a San José de Costa Rica con el objeto de que se tomara el camino del arreglo pacífico de controversias. Su posición era que debía apelarse al recurso de la seguridad colectiva, cuya expresión era precisamente el TIAR (Élite, Nº 1.816, 16/07/60: 50). Por ello, insistiendo en que existían pruebas suficientes para fundamentar la adopción de medidas punitivas de carácter colectivo, Venezuela aprovechó para reiterar lo siguiente ante el plenario: la falta de una acción forzaría, como precedente, a que los países tomasen medidas unilaterales en el futuro, con lo cual se daría al traste con el sistema interamericano (ibíd., 51). El propio Betancourt ya había expuesto previamente esta irreductible posición, entre otros, ante su colega mexicano Adolfo López Mateos: «Nuestra actitud es tajante y sin margen para el compromiso ambiguo: o la reunión de Cancilleres adopta acciones colectivas que signifiquen la eliminación de ese foco de perturbación caribeña, o Venezuela se hará justicia por propia mano» (Betancourt a López Mateos, 03/08/60. ARB, XXXVII, comp. «D»).

A pesar de que Venezuela podía verse secundada hasta ese punto por algunos de los países que ya habían roto con Trujillo, otros dudaban todavía entre nubes de jerga jurisprudencial. La posición de Cuba, por ejemplo, no lucía clara desde un principio, aunque en este caso –y valga aclararlo– sin exhibir retorcimientos diplomáticos de ninguna especie. Así lo dio a entender la siguiente nota periodística publicada por esos días: «Los fidelistas no han dado mucha importancia a la acusación de Venezuela ni a su inflexible posición de que le sean aplicadas sanciones efectivas a Trujillo (…); pero si se tiene presente que el Jefe de las Fuerzas Armadas, Raúl Castro, y el duro Ernesto Che Guevara han dicho, en reiteradas ocasiones, que la OEA tomará el caso Trujillo como pretexto para intervenir después en Cuba, algunos observadores opinan que tal vez los fidelistas les harán el caldo gordo a los trujillistas, librándolos de las sanciones estipuladas en el Pacto de Río de Janeiro». Insistiendo en citar la opinión de Guevara a este respecto, el mismo semanario dirá: «[El] ‘Che’ [considera] como ‘escaramuza pueril de Betancourt y Venezuela’ la solicitud de erradicación del trujillismo del sistema panamericano» (Élite, Nº 1.820, 13/08/60: 30). En todo caso, los redactores de ambas notas no dejaran lugar a las dudas respecto a la indefinición cubana: «Los comunistas, con tal de que no exista un precedente para enjuiciar y tomar medidas contra Fidel Castro, optarían por ayudar a que Trujillo se libre del castigo» (Élite, Nº 1.821, 20/08/60: 40-43).

Al mismo tiempo, la presunción de que Costa Rica, por un deber de hospitalidad como país-sede actuaría prudentemente ante el contencioso planteado, levantó airadas protestas, especialmente de parte del Partido de Liberación Nacional de José Figueres. Pero, de todos los países mencionados por la prensa como posibles partidarios de una «línea blanda» fue en realidad Brasil el primero en hablar con el tono moderado y circunspecto del Palacio Itamaratí. Pronto, su lenguaje coincidiría con las posiciones de Argentina y Chile, dando lugar al cómodo acrónimo periodístico de «abc» (Argentina-Brasil-Chile) para identificar a los principales países partidarios de esa línea. Dicha posición era coincidente con la de Estados Unidos, si bien sobre la base de criterios más ligados al papel que a éste le tocaba jugar en relación con la Guerra Fría. A juicio del Departamento de Estado, Washington enfrentaba una seria disyuntiva: la ruptura total con Trujillo a nivel hemisférico, acompañada de sanciones muy severas, podía dejar abierto el camino para la instalación de un régimen similar al de Cuba, y a la consecuente posibilidad de que ese régimen buscase pactos económicos y militares de carácter extra-continental, como había comenzado a ocurrir en el caso de la alianza cubana-soviética (Guerrero, 1994: 209). Al mismo tiempo, no darle un respaldo total a la postura venezolana se traducía, sin más, en dejar de asistir a un aliado clave como Betancourt, abierto crítico del Castrismo y, al mismo tiempo, interlocutor confiable ante los desafíos regionales que imponía la Guerra Fría.

Adicionalmente, las disyuntivas en juego entrañaban como riesgo que el tema escindiera a la OEA y empantanara el debate, posibilidad en la que Trujillo, sin duda, tenía cifradas sus mayores apuestas para debilitar, por ese camino, las acusaciones de su contrario. Por ello, tal vez convendría cederle la palabra a Rafael Poleo, redactor por aquel entonces de la revista Élite, cuando intentó meterse en los zapatos del Departamento de Estado. A fin de recrear plenamente el dilema que afrontaba EE.UU., Poleo se permitió escribir parte de sus líneas en tercera persona del plural: «Si condenamos a Trujillo y rompemos relaciones, dejamos al pueblo dominicano librado a su triste suerte, sin poder brindar ninguna ayuda. Si no condenamos a República Dominicana, Venezuela, como lo anunció se retirará de la OEA y condenará al desprestigio a ese organismo. ¿Soluciones? Condenar en principio a Trujillo, pero en vez de dictar sanciones, [propiciar] un paulatino cambio del régimen». Esta posición, a juicio del periodista, comportaba, para EE.UU., una ventaja adicional: ante toda eventualidad se podría contar con un acuerdo previo con el propio Trujillo para el logro de ese fin (Élite, Nº 1.822, 27/10/60: 30-44).

Las conjeturas del periodista coincidieron bastante bien con lo que, en esencia, sería la salida que se propondría propiciar los EE.UU. al recomendar que, previo a cualquier iniciativa tendiente a la adopción de medidas rigurosas o al aislamiento total, se celebraran elecciones en Santo Domingo bajo estricta vigilancia internacional (Guerrero, 1994: 209-210). Sobre esa propuesta, y su inmediata reacción por parte de Venezuela, una crónica le da colorido así: «El Secretario de Estado norteamericano [Christian Herter] intentó convencer a la Conferencia de que, en lugar de aplicarse sanciones, era preferible buscar la fórmula para una progresiva democratización en el sistema de gobierno de República Dominicana, emplazándola a que se realizasen elecciones en el término de tres meses, que serían vigiladas por una comisión de la OEA. (…) Mr. Herter propuso [entonces esa] salida moderada: exigirle elecciones libres a Trujillo y, en caso de que no las efectuara, aplicarle (…) las sanciones. [El Canciller Ignacio] Arcaya ripostó: ‘Primero sanciones; después elecciones. Así se acordó y Mr. Herter se unió al carro» (Élite, Nº 1.822, 27/10/60: 46-31).

Claro está que unirse al carro, como lo graficó el periodista, fue un asunto que requirió primero de un intenso muñequeo dentro del lento, sinuoso y complejo terreno de la diplomacia, y cuyas interioridades son prácticamente imposibles de conocer en la medida en que todo ello debió ocurrir entre el secreteo de pasillos y en función de los intercambios confidenciales de los cancilleres con sus respectivos gobiernos. Hay sin embargo algunos elementos que no quedan del todo soslayados o sumidos en una oscuridad irrecuperable. Por ejemplo, frente al riesgo de que EE.UU. quedase aislado a consecuencia del intenso cabildeo venezolano a favor de su posición, pero antes de adherir y darle su respaldo definitivo al tema de las sanciones, es un hecho conocido que el Departamento de Estado consultó con la CIA sobre cuáles serían las consecuencias de romper con Trujillo, a lo cual se le respondió diciendo que esto reduciría sensiblemente la capacidad que tendría la Agencia de controlar los acontecimientos dentro de la isla (Guerrero, 1994: 210). Por cierto que esto fue algo que efectivamente ocurrió de esa manera, entre otras cosas, al darse el asesinato del Generalísimo casi un año más tarde, en Santo Domingo. Sin embargo, acceder a la fórmula punitiva significaba también, para el Departamento de Estado, negociar con sus opositores venezolanos lo referente al problema derivado de la activa presencia cubana en la zona de las Antillas, algo que a fin de cuentas –como lo observa el historiador Miguel Guerrero– constituía mucho más el centro de la preocupación estadounidense durante la cita hemisférica de la OEA que los cargos formulados por Venezuela contra Trujillo (ibíd., 208).

Un punto delicado del asunto es precisamente la forma como se trató el tema de Cuba en el contexto de lo que se debatía en San José, y si ello en realidad funcionó como un mero quid pro quo a la hora de que EE.UU. se inclinara finalmente a respaldar la línea dura propugnada por Venezuela. En realidad, no puede perderse de vista que al día siguiente de concluir la VI Reunión de Consulta tuvo lugar en la misma ciudad de San José la VII Conferencia Ministerial que, bajo la convocatoria genérica referida a la «penetración política-económica del bloque soviético», pasaría a tratar específicamente el caso cubano. Por cierto, esta convocatoria fue lo que llevó al episodio –amplificado, dicho sea de paso, por cierta tradición romántica de la Izquierda– de la renuncia que hizo Arcaya a su cargo como Canciller a fin de expresar su inconformidad con Betancourt en lo referente a la VII Asamblea de Cancilleres y, en último caso, para ratificar la línea «cubanista» de su partido, Unión Republicana Democrática, frágil socio del Gobierno de Coalición. El internacionalista Demetrio Boersner lo sintetiza así: «Se llegó a un acuerdo tácito: a cambio de la aceptación por Estados Unidos de la imposición de sanciones a Trujillo, Venezuela y los demás países democráticos latinoamericanos colaborarían en una iniciativa condenatoria del acercamiento cubano-soviético» (Boersner, 1996: 211).

Ahora bien, si el asunto terminó siendo un quid pro quo, como lo sostienen Boersner y otros autores, vale aclarar que la posición de Venezuela había sido la de negarse a plantear el problema cubano hasta tanto no se verificara una actuación colectiva contra Trujillo. Hasta ese momento, y a juicio del gobierno venezolano, esto equivalía a equiparar dos situaciones completamente distintas. De alguna manera así lo había expresado el propio Betancourt en su mensaje radial del 25 de junio, al día siguiente del atentado: «[S]ería absurdo que el caso dominicano fuera mezclado con otros en los actuales momentos y en las actuales circunstancias» (Papeles de Archivo, 1992: 38).

Por tanto, todo hace pensar que la posición de Venezuela a este respecto no estaba, en ningún caso, preconcebida. Resulta probable entonces que el quid pro quo al cual se ha hecho referencia operara como resultado inevitable de las difíciles negociaciones que tuvieron lugar en la Conferencia de Cancilleres a la hora de lograr la condena de Trujillo sin que se rompiera el consenso regional. De hecho, ante la posibilidad de citar otras evidencias que ilustran la posición original de Venezuela, vale la pena consultar lo que figura recogido en los papeles diplomáticos de los EE.UU. De acuerdo a los comentarios que el Departamento de Estado elaborara a partir de las notas suministradas desde Caracas por su embajador Edward John Sparks, «Los Estados Unidos, mientras apoyaba vigorosamente las medidas [contra Trujillo], urgía vigorosamente a Betancourt a que combinara estas acciones con algunas similares contra Fidel Castro en Cuba. Con igual firmeza pero con espíritu amistoso, Betancourt, de modo consistente, se negó a esa propuesta. En palabras del embajador Sparks, ‘El Presidente está convencido de que el pueblo venezolano está de su lado en esta cuestión y que, desde el punto de vista de su honor personal, no puede proceder a avalar ninguna acción contra Cuba hasta que Trujillo y su régimen se vean forzados a abandonar el poder’» (FRUS, 1960: 919).

Otro detalle que no debe pasar inadvertido a la hora de evaluar la adopción de las medidas punitivas contra Trujillo es que, de los 21 miembros de la OEA, 20 votaron a favor de las mismas (incluyendo a Cuba y excluyendo, desde luego, a República Dominicana). Esto quiere decir que, aparte de aquellos países de línea democrática-reformista que ya habían roto toda relación con Trujillo desde 1959, o de aquellos que desde entonces ya habían reducido significativamente su presencia diplomática en la isla (como los propios EE.UU.), se sumaba también el voto favorable de países como Nicaragua, Haití, Paraguay y Guatemala, todos los cuales habían actuado dentro del circuito de contactos y empatías con el trujillismo. Que los filisteos concurrieran a darle su endoso a las sanciones fue algo que llamó poderosamente la atención de un periodista en estos términos: «Constituyó una sorpresa (…) que los ‘cuatro amigos’ de Trujillo –Somoza, Duvalier, Stroessner e Ydígoras– votaran por las sanciones y la ruptura de relaciones diplomáticas. (…) ¿Por qué lo hicieron? Indudablemente, la opinión pública internacional, que repudió el atentado contra el presidente Betancourt, influyó en ellos; pero también hay que anotar que los cuatro habían llegado al convencimiento de que Trujillo es un peligro permanente aún para ellos» (Élite, Nº 1.822, 27/10/60: 31).

En sus conclusiones, agotando el turno de hablar ante la plenaria, el canciller dominicano diría lo siguiente, dándose el lujo inclusive de utilizar un lenguaje bastante alambicado: «La relación de hechos que hemos expuesto demuestra que existe un definido factor mesológico (sic) en el atentado de la avenida de Los Próceres y que ese factor no solamente es determinante sino decisivo para explicar a la luz de sus revelaciones la génesis de tan deplorable suceso. La acusación que se hace a la República Dominicana no puede entenderse sino como parte de una conspiración destinada a hostilizar al Gobierno de la República Dominicana en todos los frentes de la vida internacional» (citado por Castro, 2008: 240).

Luego de los cambios de posición y de las negociaciones de pasillo que llevaron a definir las sanciones, éstas fueron finalmente adoptadas en función de dos de las posibilidades previstas por el TIAR: la ruptura total de relaciones diplomáticas y la interrupción parcial de las relaciones económicas con la isla, incluyendo la posibilidad de extenderlas o reforzarlas si tal fuera el caso. La parte resolutiva dejaba establecido que dichas medidas comenzarían por la suspensión inmediata del comercio de armas e implementos de guerra de toda clase (Portillo, 1991: 174-175). Trujillo se enfrentaba así a una situación de exclusión completa (Guerrero, 1994: 214).

De la reacción venezolana, quizá no quepa decir más que lo obvio, algo que puede resumirse de esta manera: desde San José, el canciller Arcaya trasmitió la decisión por cable y luego por teléfono a Betancourt, quien había estado esperando los resultados en su despacho de Miraflores (ibíd., 211-212). Por su parte, de acuerdo a lo que reseña el dominicano Santiago Ventura Castro, la delegación de Trujillo respondió con el gesto de abandonar ipso facto la sede del encuentro, negándose de este modo a concurrir a la VII Conferencia que de inmediato quedaría instalada para discutir el caso cubano (ibíd., 243). El también historiador dominicano Miguel Guerrero recrea la escena así: «Cuando el último de los Ministros de Relaciones Exteriores alzó su mano a favor de la Resolución, cumpliendo el protocolo de votar por orden alfabético, el Canciller [dominicano] Herrera Báez se puso de pie para denunciar la medida como un acto de ‘intervención de la OEA’». A su juicio, y así lo expresó ante la asamblea de cancilleres, se asistía a los funerales del principio de no intervención (Guerrero, 1994: 211). Defendiendo así su propia y particular forma de juzgar el principio de no intervención, el Canciller dominicano quedaría atrapado en un laberinto.

Lo cierto es que las sanciones aplicadas al régimen de Trujillo carecían de historial previo a nivel hemisférico, y así lo observa el historiador Miguel Guerrero al valorar lo ocurrido: «La frustrada tentativa de magnicidio (…) sentó un precedente en la OEA. (…) Este precedente serviría años después para aplicar acciones diplomáticas punitivas contra otros dos países del Caribe: Cuba, en 1964, y Haití, en 1993, aunque por diferentes motivaciones» (ibíd., XIII). A la hora de hacer el balance y contrastarlo con una época distinta en la vida de la OEA, el escritor Mario Vargas Llosa, una de cuyas novelas ha discurrido sobre el mundo de Trujillo y sus excesos en el poder, apunta lo siguiente, tal vez con algo de excesivo negativismo de su parte: «La última vez que la OEA sirvió para algo fue hace casi medio siglo (…) cuando, luego del intento de asesinato (…) del presidente venezolano Rómulo Betancourt, acordó que todos los países miembros rompieran relaciones diplomáticas y comerciales con la dictadura dominicana, medida que significó el principio del fin para la satrapía trujillista» (Vargas Llosa, 2003: 412).

En todo caso, tras conocerse la decisión de la VI Reunión de Cancilleres, la OEA ordenó el retiro inmediato de los embajadores de los países miembros y decidió el bloqueo económico (Sierra, 2011: 124).

El Décimo Trinitario

Aparentemente, el Generalísimo no estaba dispuesto a darse por vencido (Guerrero, 1994: 182). Por algo, el nuevo Presidente lo bautizaría en algún momento como el «Décimo Trinitario». En qué sentido dijo lo de «trinitario», ni el porqué del número diez, es difícil de aclarar. Lo que importa es la seguridad con que Balaguer afirmó que Trujillo montaba guardia «al pie de la herencia sagrada» de los Libertadores (El Caribe, 28/02/01; citado por Castro, 263).

En tales circunstancias era cuestión de manifestarse en grande. El 24 de octubre, coincidiendo con la fecha natal de Trujillo, una multitud calculada en un millón de dominicanos desfiló en respaldo al régimen por la avenida George Washington, una de las principales arterias de la capital. El desfile fue aprovechado para solicitarle al Generalísimo que no abandonara el país sino que –como se ha dicho– aceptara su postulación como candidato a la Presidencia. De hecho, Trujillo ya había anulado la idea de encabezar la delegación dominicana en Naciones Unidas para aceptar ser electo, en diciembre de ese año, como gobernador de Santiago, la provincia más importante del país. Llegado el mes de enero del 61, simplemente renunció a ella (ibíd., 250, 252, 257, 260).

En realidad, Trujillo lucía tan poco dispuesto a rendirse que no sólo se empeñó en que sus diplomáticos dejaran la vida contra-argumentando a lo largo de la Conferencia de San José, sino que hizo que el país se llenara de mítines en repudio a la OEA, independientemente de que tales concentraciones fueran espontáneas o inducidas. Para estas tareas en algo lo ayudó también que el expresidente de México y uno de los fundadores del Partido Nacional Revolucionario (antecesor del PRI), Emilio Portes Gil, insistiera en presentarlo en fecha reciente a la condena acordada por la OEA como un adalid de la paz y la democracia en el continente (Guerrero, 1994: 183). Pero no sería ese el único caso en que, desde el centro o la izquierda, voluntaria o involuntariamente, se ayudara a Trujillo a sentirse socorrido frente al vecindario que, durante la VI Reunión de Cancilleres, había resuelto imponerle un cerco. Aun sin haber concluido el mes que lo condenó en Costa Rica, se registró en Caracas la muerte de un activista de nacionalidad cubana asociado a la filial local del Movimiento 26 de Julio, a consecuencia de una jornada de disturbios y violencia callejera. Desde La Habana, la Federación de Estudiantes Universitarios protestó instando a que el gobierno venezolano dejara a un lado «sus pueriles polémicas con Trujillo» ante la OEA para aclarar lo sucedido (Guerrero, 1994: 194). Explotando para su ventaja estos crecientes choques de Betancourt con el movimiento estudiantil de izquierda e, incluso, con algunos sectores obreros que cuestionaban su política económica, Trujillo vio con simpatía que el estudiantado dominicano se solidariza inmediatamente con sus pares venezolanos (Castro, 2008: 253-254). Tales muestras de simpatía se hicieron extensivas a la iniciativa que tuvo por su parte la Confederación de Trabajadores Dominicanos de convocar un mitin en apoyo del movimiento obrero venezolano (ibíd., 255).

Obviamente, no toda la acción se redujo a aquellos despliegues públicos en repudio a la OEA, a concentraciones callejeras en solidaridad con los sectores que adversaban a Betancourt en Venezuela, o a mítines de respaldo al oficialismo y a la dignidad nacional que, al fin y al cabo, venían a ser lo mismo para Trujillo. Como resultado de lo ocurrido en San José, se endurecieron las medidas de represión interna mientras que un virtual toque de queda redujo al mínimo las actividades nocturnas y se hizo nota habitual en Santo Domingo y otras ciudades dominicanas desde el inicio del embargo (Guerrero, 1994: 182).

Trujillo tampoco descuidaría sus esfuerzos en el frente periodístico. Por ejemplo, diez días después de la primera aparición pública de Betancourt, un comentario editorial de El Caribe se había permitido dudar del control que podía estar ejerciendo sobre la situación venezolana debido a su estado de salud: «[N]ada se ha dicho sobre su recuperación mental, después de la conmoción o shock sufrido a causa del peligro que corrió, de la voracidad del fuego que le lamía las manos, del sacudimiento de la explosión» (El Caribe, 26/07/60, citado por Guerrero, 193). El historiador Miguel Guerrero agrega por su parte que «Desde ‘La Voz Dominicana’ se difundían diariamente informaciones sobre conspiraciones militares y soterradas luchas de poder, supuestamente ante una inminente muerte del Presidente a causa de las heridas sufridas en el atentado» (ibíd., 187).

Al mismo tiempo, otro editorial del infatigable diario El Caribe ejemplificaba aún más las intenciones de mostrar al régimen del convaleciente Betancourt como una gestión debilitada a causa de las presiones internas y los diversos problemas que lo asediaban: «A pesar de las múltiples precauciones que adopta el Gobierno de Venezuela para que no se filtre al exterior la sensación de la verdadera realidad del país (…) lo que puede leerse entre líneas de las noticias (…) transmitidas por las agencias informativas parcializadas a favor de Betancourt [es que] denuncian la turbulencia, la incertidumbre y el azar» (ibíd., 189). Y agregaba, subiéndole aún más el tono a sus violentos comentarios: «Betancourt quedará inválido para continuar su acción destructiva. Y si hasta ahora no se ha hecho conocer el verdadero estado de su salud es porque, como decíamos el otro día, a la sombra de su carroña (sic) sigue gobernando la horda que despedaza al pueblo» (El Caribe, 11/07/60, citado en ibíd., 189). Por si fuera poco, la nueva campaña emprendida por El Caribe haría pasar como autor del atentado a su antiguo aliado Pérez Jiménez, exiliado en Miami, dando a entender así que el origen de aquella voladura atribuida a Santo Domingo con saña y sin pruebas reales, respondía única y exclusivamente a un pleito que tenía lugar dentro de la gallera venezolana (ibíd., 188).

Con razón, a pesar de lo encumbrado que llegó a sentirse durante aquella coyuntura, Balaguer reconocería en sus Memorias que aquella Presidencia, que inesperadamente llegara a sus manos entre 1960 y 1962, no había sido obra de un premio a su labor política sino una componenda transitoria inventada por el régimen para tratar de sortear el repudio en el cual lo habían metido sus propios errores (Balaguer, 1988: 144).

Muerte en la carretera

Una cosa más que probablemente ni siquiera debiera atreverme a decir. Desde un punto de vista práctico, lo mejor para nosotros, para la OEA y para la República Dominicana, sea que los dominicanos acaben con Trujillo antes de que abandone la isla. Provisto de los caudales que posee y libre de actuar en el exterior, dedicaría con toda seguridad el resto de su vida en el exilio a evitar la posibilidad de que prospere cualquier gobierno estable en República Dominicana, a conspirar contra gobiernos democráticos en el Caribe, a promover dictaduras en la región y asesinar a sus enemigos. Si yo fuese dominicano (algo que, gracias a Dios, no soy) favorecería la idea de acabar con Trujillo como el primer paso para salvar al país y, de hecho, lo consideraría como un deber cristiano.

Si Ud. piensa en Drácula recordará que hizo falta clavarle una estaca en el corazón para evitar que continuara cometiendo sus crímenes. Estimo que una muerte súbita sería algo más humano que la solución que acariciara el Nuncio Apostólico, quien una vez me confesó que oraría para que Trujillo fuese víctima de una larga y penosa enfermedad.

HENRY DEARBORN, Cónsul General de EE.UU. y jefe de facto de la estación de la CIA en Santo Domingo, a Thomas Mann, Secretario Adjunto para Asuntos Interamericanos, 27 de octubre de 1960. U.S. SENATE REPORTS. «Alleged assassination plots involving foreign leaders», 1975: 195.

—¡Coño, me dieron!–, fue lo primero que alcanzó a decir Trujillo mientras veía manar sangre de su brazo izquierdo (Diederich, 2008: 116). El efecto del impacto recibido desde el automóvil que, unos segundos antes le había dado alcance al suyo, sólo podía cobrar pleno sentido mediante esa locución rabiosamente primaria, capaz de liberar a la víctima de su dolor. Minutos más tarde, y luego de una breve refriega durante la cual utilizó como parapeto el Chevrolet Belair que había escogido esa noche para hacer el viaje hasta su finca «Fundación», a treinta y cinco kilómetros de la capital, Trujillo cayó sentado sobre el asfalto y luego se desplomó en medio de la vía (de los Santos, 1972: 284-285). Los signos de la batalla eran evidentes: sangre por doquier y perforaciones de bala en todos los vehículos involucrados en la refriega, así como una que otra arma silenciada en el piso luego de haber descargado su contenido. Hasta el puente dental del Generalísimo y expresidente rodó por el suelo, ya sin uso. Uno de los complotados –provisto de un M1 sin identificación aparente– aprovechó para despojarlo del revólver que aún llevaba en la mano y propinarle un tiro de gracia en la quijada. Acto seguido se inclinó sobre el cadáver y afrentó a patadas lo que aún quedaba de aquel despojo humeante. Luego, como si se tratara de un simple fardo, lo volcaron dentro de la maleta de uno de los vehículos que había servido para llevar a efecto la emboscada. Lo imposible había ocurrido (Diederich, 2008: ibíd., 118-119, xiii).

Esa noche del 30 de mayo de 1961, un grupo de hombres dispuestos a practicar la caza mayor se había dado cita en una carretera que conducía a las afueras de Santo Domingo. Se entiende, claro está, que el objeto de la cita no era deportivo: iban justamente a la caza de Rafael Leonidas Trujillo. Pero cazar a Trujillo era difícil, casi imposible. La policía solía rastrear a tiempo las calles por donde pasaba en sus recorridos y volvía a revisar el trayecto de vuelta. Nadie ni nada escapaba al rastreo (De los Santos, 1972: 270). Además, el Generalísimo se preciaba de tener un «sexto sentido» para la seguridad. De hecho, aunque sonara paradójico, quien vivía acostumbrado a emprender sus habituales caminatas vespertinas por la avenida George Washington con diez hombres a sus espaldas armados de subametralladoras, se sentía mucho más seguro cuando salía a solas, sin revelar a nadie su destino, ni la hora en que había resuelto hacerlo. Por ello, los complotados empezaron a estudiar más detenidamente sus erráticos movimientos, ayudados, en este caso, por uno de sus edecanes, el teniente Amado García Guerrero (ibíd., 76).

Si algún intento de asesinato había consumido un cerro de opciones había sido justamente ése. En algún momento se pensó –y se descartó– colocar al Generalísimo tras la mira telescópica de un tirador consumado durante uno de sus frecuentes actos públicos; se ensayó la alternativa de atacar su automóvil con granadas fragmentarias o que fuese pasto de bombas Molotov, y hasta se barajó la posibilidad de efectuar una detonación a distancia, similar a la que el mismo Trujillo aconsejara contra Betancourt (ibíd., 82). Incluso, según más tarde lo reportaran agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), los complotados se habían paseado por alternativas más temerarias e ingeniosas como verse provistos de una cámara fotográfica que tuviese oculto un dispositivo de disparo, o utilizar un ungüento de efecto retardado pero letal que fuese transferido a la víctima mediante un apretón de manos (U.S. Senate, 1975: 198).

Al final se resolvió que la forma más segura de poner en práctica el atentado era emboscándolo en la cueva de su pasión erótica. Era habitual, aunque a intervalos irregulares, que el Generalísimo se desfogara en su finca favorita de la «Fundación» en la localidad de San Cristóbal donde, aparte de los 200.000 acres de soledad que lo rodeaban, era norma que alguna doncella le entibiara la cama. La ventaja era que Trujillo, para estas ocasiones, viajaba siempre sin escolta: apenas lo hacía en compañía de su chófer de confianza y de tres ametralladoras y un par de revólveres que le guardaban compañía dentro del automóvil. Cierto sentimiento de machismo, expresado por algunos miembros de la conjura, hizo ver que Trujillo era indigno de morir de esa manera; sin embargo, al final se impuso una variable: que el Generalísimo fuese ultimado en la ruta, en camino a uno de sus acostumbrados desfogues (Diederich, 2008: 82).

Un problema adicional al carácter siempre incierto del día y hora de sus escapadas nocturnas era que Trujillo solía desplazarse en vehículos distintos, unas veces con placas diplomáticas, otras, en un vehículo particular o, muy de tanto en tanto, a bordo de su propio coche oficial de placas cromadas, el «Cinco Estrellas». Esa noche del 30 de mayo optó más bien por hacer el trayecto a bordo de un Chevrolet Belair color azul. El teniente García Guerrero, de guardia en Palacio, se las ingenió para descifrar que luego de la exhaustiva planificación, ésa y no otra era la oportunidad perfecta para llevar a cabo la emboscada. Cruzado de balas como se ha descrito mientras se dirigía hacia su hacienda predilecta, Trujillo dejó sobre el asfalto un inmenso charco de sangre que sería disuelto a las pocas horas por la lluvia salobre que provenía del mar (ibíd., 121).

Al día siguiente, en Caracas, mayo aún despedía sus jornadas con nueve obras de teatro en cartelera, mientras la prensa anunciaba el retorno de los atletas venezolanos que, en Lima, habían participado en los últimos Juegos Suramericanos (De los Santos, 1972: 288). Esa mañana del 1 de junio, Betancourt estaba en Miraflores recorriendo un plano con las manos. Inspeccionaba, en compañía de los técnicos, los avances en la construcción de Guri. A casi un año del atentado, esas manos aún no tenían verdadera piel sino tan sólo escamas. La reunión, que llevaba ya rato, fue interrumpida de pronto por el profesor Alejandro Yabrudy Rojas, Secretario Privado del Presidente. Betancourt alzó ligeramente la cabeza mientras éste se dirigía calmosamente hacia él y al resto de los presentes: «Presidente, vengo a decirle que anoche mataron a Trujillo» (ibíd., 290).

Luego del fallido atentado de junio de 1960, y del capítulo de medidas llamadas a aplicar sanciones contra la isla como resultado de las pesquisas llevadas a cabo por la OEA en torno a lo ocurrido en la avenida Los Próceres, cualquiera habría podido suponer que el Generalísimo le daría reposo a la guerra librada hasta ese punto contra su antigua némesis venezolana. Empero, tal no parece haber sido el caso. Y no se trata de afirmarlo sobre la base de simples especulaciones periodísticas sino de fuentes propias del gobierno venezolano, según las cuales un brote subversivo que tuvo lugar en diciembre de ese mismo año 1960 con el objeto de liberar al general Jesús María Castro León y a otros oficiales que permanecían en prisión como resultado del frustrado alzamiento en San Cristóbal, había sido respaldado por Trujillo.

El diario El Nacional expresaría la inquietud del gobierno en estos términos: «La intentona subversiva de los tenientes Lizardo Márquez Pérez y Gonzalo Abreu Molina, cuyo objetivo conocido era poner en libertad a Castro León y otros exoficiales de las Fuerzas Armadas, procesados por golpismo, forma parte del plan elaborado en Santo Domingo, cuya segunda fase sería el arribo a nuestro país (…) de otros militares perezjimenistas, cuando el golpe contra la democracia hubiera prendido en el país». De seguidas, el diario agregaba esta observación para referirse al carácter con que obraban las nuevas sospechas: «Se podrán recoger confesiones amplias de los implicados, además de documentación, que sirvan, como en el caso del atentado contra la vida del Presidente Betancourt, para convencer a la OEA de la participación que cabe a la dictadura dominicana en los movimientos reaccionarios contra el sistema democrático de Venezuela». Advirtiendo en este caso un paralelismo con lo ocurrido exactamente seis meses atrás, el diario remataba apuntando: «A raíz del atentado del 24 de junio la OEA designó una comisión investigadora especial que en la Cárcel Modelo entrevistó a los detenidos. Éstos, libremente y sin coacción de ninguna especie, confesaron de plano su connivencia con la tiranía dominicana» (El Nacional, 23/12/60: 1).

A raíz de estas revelaciones y de lo que se esperaba fuesen las pruebas aportadas por los detenidos a fin de demostrar nuevamente la actuación de Trujillo en contra el gobierno de Betancourt, Venezuela intentaría –aunque no con el éxito esperado– que la OEA aprobase una ampliación de las sanciones ya impuestas a la isla (ibíd.). Lo cual lleva a dos conclusiones: la primera es que, independientemente del atentado, desde Santo Domingo se continuaba conspirando contra Betancourt; la segunda, que Trujillo seguía desafiando el aislamiento económico a sabiendas de que algunos países, como Brasil y EE.UU., se mostraban renuentes a consentir una acción destinada a ampliar aún más el cerco como lo proponía Venezuela.

En enero de 1961, justo cuando ocurría el reemplazo de Eisenhower por Kennedy en la Casa Blanca, otros papeles revelaban que Trujillo persistía en clave de amenaza hacia el régimen de Betancourt. En este caso, Santiago Polanco Abreu, quien con el tiempo serviría como Comisionado Residente de Puerto Rico ante el Congreso de EE.UU. y que en ese momento actuaba como diputado en la Cámara de Representantes de la isla, impondría de lo siguiente a César Rondón Lovera, miembro de la Comisión de Política Exterior del Senado y Secretario de Relaciones Internacionales de AD: «Confidencialmente te informo que, como producto de nuestras relaciones con antitrujillistas y anti-castristas, con quien estoy en íntimo contacto, me he enterado [de] que Trujillo da como seguro que surgirá una revolución contra don Rómulo en Venezuela. La fuente es casi inexpugnable. Te pongo en guardia. Te autorizo a que se lo comentes a don Rómulo» (ARB, XXXVIII, comp. A2: 21/01/61). Al parecer, Polanco o sus fuentes, no se equivocaban: un mes más tarde, el 20 de febrero, tendría lugar un intento golpista liderado por el coronel Edito Ramírez que, aun cuando capaz de provocar un pálpito de zozobra, quedó grabado en la memoria de muchos como un episodio temerario, fugaz y sin repercusión alguna (Sanoja, 2007, II: 62). Sin embargo, Betancourt no vacilaría en calificarlo como otro intento estimulado desde Miami por «los prófugos del 23 de enero» y, especialmente, desde Santo Domingo, por quien despotizaba a ese país (Betancourt, 1961: 419).

Por si fuera poco, a comienzos de mayo de ese mismo año 61, había rumores de otro brote insurreccional a cargo de militares disidentes que disponían de un lote de ametralladoras y armas ligeras negociado en Europa y que, enviado primero al puerto de Sekondi-Takoradi, en la república de Ghana, se hallaba dando vueltas por el Caribe a la espera de ser descargado en algún puerto vecino, como Puerto España, mientras se concretaba el plan subversivo. En este caso se mencionaba al excoronel perezjimenista Oscar Tamayo Suárez como comprador del material y principal responsable de la conjura. La nota agregaba lo siguiente, a fin de darle mayor precisión y claridad a los hilos de la conjura: «[E]l Dictador dominicano está en conocimiento de cuanto se prepara en Venezuela. De las informaciones recibidas se desprende que el coronel [(Tamayo)] Suárez habría hecho un viaje a Ciudad Trujillo» (J.M. Pérez a R. Betancourt. Lisboa, 15/05/61. ARB, XXXVIII, 1961).

Visto como se viera, las acciones implementadas contra República Dominicana, tal como estaban concebidas, y a pesar de que no alcanzaran a plenitud el límite satisfactorio para Venezuela, provocarían dislocaciones, percibiéndose sus efectos sobre distintos sectores de la economía. Tarde o temprano, las medidas habrían de doler, aunque el clan Trujillo se negara a aceptarlo. De hecho, desafiando cualquier mal vaticinio, el propio Generalísimo se había jactado de desestimar el cerco ante una nutrida concentración frente al Palacio Nacional, hacia fines de agosto de 1960, exclamando que «todas las pequeñas dificultades que ahora se nos presentan serán superadas. (…) Ninguno de los problemas que tenemos delante es grave» (El Caribe, 01/09/60, citado por Castro, 2008: 245). Pese a actitudes tan jactanciosas, el cerco mordería con mucha mayor fuerza las entrañas de la economía dominicana a partir de enero del 61 cuando el embargo fuera endurecido mediante otra resolución de la OEA. Algo que, por cierto, tampoco fue fácil de lograr. A la hora de discutir tal acuerdo estaba de por medio el criterio de países como Brasil que, sin pretender que su posición fuera interpretada en apoyo de Trujillo, estimaba que cualquier otra medida, más allá de las ya acordadas, no afectaría primordialmente al gobierno sino que perjudicaría en forma directa al pueblo dominicano (Guerrero, 1994: 215-217). Con todo, mediante 14 votos a favor y 6 abstenciones, las restricciones fueron extendidas, en este caso, a rubros más sensibles como el petróleo y sus derivados, maquinarias y repuestos (Castro, 2008: 258).

Sin embargo, como suele ser lo propio en estos casos, el ejercicio de simulación continuaría desde el poder. Ésta vez a quien le tocaría el turno de dar la cara ante el país sería al propio presidente Balaguer, quien, sin negar los efectos generados ya por las sanciones, se las arregló para trasmitir la imagen de nación victimizada: «Sería pueril negar que la conspiración organizada contra la República ha ocasionado daños de consideración a nuestra economía. (…) Se nos ha obligado a adquirir a precios incomparablemente más altos muchos artículos de primera necesidad y se nos ha puesto trabas para cerrarnos abusivamente el libre acceso a nuestros mercados naturales. Esas circunstancias han contribuido a encarecer la vida y a reducir las fuentes de trabajo en las zonas urbanas». Para el Presidente, a pesar de todo, el régimen era capaz de proyectar una sensación de invulnerabilidad gracias a los rasgos providenciales de Trujillo: «La actividad prodigiosa y la inagotable energía de Trujillo han superado todos los obstáculos y reducido al mínimum las dificultades (…). Los promotores de la confabulación de Costa Rica no contaron con que Trujillo se halla identificado con su pueblo y que entre él y la patria existe ese género de alianza que crea Dios entre las naciones y sus hombres providenciales. (…) El error de la VI Reunión de Costa Rica consistió en olvidar esa realidad».

Estos siderales niveles de la retórica presidencial eran capaces de alcanzar una elevación aún mayor a la hora de buscar explicaciones en el terreno de las fuerzas todopoderosas. Basados en las palabras de Balaguer, el delirio no parecía tener límites cuando se trataba de invocar la dupla Dios-Trujillo: «[E]l año de 1960 ha sido uno de los más fructíferos de la Era de Trujillo. Jamás habían sido favorecidos los agricultores del país con lluvias oportunas y cosechas tan abundantes como las de 1960, hecho singular que indica la presencia en todas nuestras crisis del factor divino y de la intervención en la trayectoria de Trujillo de factores providenciales» (El Caribe, 28/02/61, citado en ibíd., 261-262).

El colmo por convertir la penuria en triunfo vendría de la mano de estas palabras adicionales del nuevo Presidente según las comenta el historiador Miguel Guerrero: «Las sanciones (…) según Balaguer, tenían su lado positivo. Era probable que a la sombra de las restricciones por ellas creadas surgieran nuevas industrias basadas en el uso de materia prima nacional ‘y se abran campos que aumenten nuestra autosuficiencia y nos emancipen todavía más de las fuentes de abastecimiento extranjeras’. Todo ello significaba la posibilidad de que las sanciones, finalmente, tuvieran un efecto contrario al que los inspirara. ‘En vez de un mal’, predecía Balaguer, ‘puede ser que el aislamiento diplomático que se ha querido imponernos se traduzca en nuevos estímulos y en nuevos beneficios para la economía dominicana» (Guerrero, 1994: 231).

Una cosa era lo que dijese el Gobierno, musicalizando maravillosamente desde el Palacio Nacional, y otra muy diferente que el desabastecimiento corriera libremente por las calles del país, o que la escasez entorpeciera las actividades cotidianas. Había sin embargo un elemento que era capaz de salvar aún al régimen dominicano de Trujillo-Balaguer de una zozobra completa o, por lo menos, de darle cierto margen de maniobra en medio de las dificultades económicas. Se trataba del ingreso por las ventas de azúcar a los Estados Unidos, algo que todavía no se ajustaba de manera satisfactoria a los acuerdos tomados durante la VI Conferencia Ministerial de San José.

El caso lo explica muy bien Miguel Guerrero en estos términos: «La importancia del mercado norteamericano estaba en el nivel de sus precios superiores a los del mercado mundial. Pero éste era un mercado de acceso restringido. A fin de proteger a los productores domésticos de la competencia exterior (…) Washington regulaba la importación sobre la base de un cupo distribuido anualmente entre suplidores extranjeros. El sistema de cuotas no sólo permitía un control interno del mercado, sino que, además, confería un eficiente instrumento de política externa. (…) La capacidad de otorgar una mayor o menor cuota cada año brindaba al Gobierno norteamericano un elemento de influencia política inapreciable». Y más adelante afirma: «Las ventas de este producto constituían más del cincuenta por ciento de los ingresos de divisas del país. Resultaba fundamental para Trujillo preservar un nivel aceptable de participación en ese mercado preferencial. (…) Necesitaba ganarse un espacio mayor. La oportunidad alcanzó a verla (…) cuando los Estados Unidos eliminaron a Cuba del mercado y se encontraron en la necesidad de redistribuir las antiguas asignaciones cubanas entre otros suplidores extranjeros. (…) La creciente tirantez entre Estados Unidos y la Cuba revolucionaria de Fidel Castro brindaba la oportunidad de nuevos incrementos en esa cuota. (…) A la sombra de la áspera disputa suscitada en la OEA (…) tuvo lugar en Washington una lucha entre la rama ejecutiva del Gobierno estadounidense y sectores del Congreso en relación a la cuota azucarera y la parte de ésta que debía asignársele a la República Dominicana. (…) Tan pronto como la reunión ministerial de San José aprobó las sanciones (…), el Presidente Eisenhower envió un mensaje al Congreso pidiendo la anulación de la mayor parte de la cuota ya asignada a la República Dominicana. (…) Como resultado de su actitud (…) la Administración de Eisenhower debió enfrentar una ruptura de sus relaciones con los líderes agrícolas sureños en el Congreso» (Guerrero, 1994: 223-225).

Ahora bien, por más que el gobierno dominicano atara su suerte a la presión que seguía ejerciendo el lobby trujillista en la sede del Capitolio y, por tanto, a lo que el país recabase por vía de la cuota anual de azúcar en el mercado estadounidense, poco podía hacer al mismo tiempo por evitar el encarecimiento que suponía la importación de productos e insumos esenciales provenientes de zonas extra-continentales que, a causa de ello mismo, se hallaban fuera del radio del boicot comercial decretado por la OEA. Lo mismo podía decirse sobre el petróleo y las escasas posibilidades de contar con su acceso, algo a lo cual contribuyó mucho la enérgica política llevada a cabo por Juan Pablo Pérez Alfonzo desde el Ministerio de Minas en negociaciones con las empresas que operaban en Venezuela y que, en igual medida, surtían los mercados del Caribe.

En este sentido, puede que al común de la gente no le importara mucho la suspensión decretada sobre la compra de implementos militares, pero escaseaba la gasolina, la maquinaria y los repuestos, o sea, todo lo que en el fondo permite mantener en movimiento los engranajes principales de un país. Tal vez este detalle acelerara el plan de la conspiración que se tramaba para liquidar al Generalísimo y, por esa vía, apostar a que ocurriera el descalabro de toda la estructura de poder sustentada en una red de causahabientes y de consanguinidades familiares.

A estas alturas se impone, con toda razón, una pregunta: ¿pudo Betancourt estar directamente involucrado en el asesinato de Trujillo? Tal vez sería natural suponer que, ver al Generalísimo sin vida, habría formado parte de sus deseos pero, hasta que se demuestre lo contrario, las evidencias llevan a suponer otra cosa. En primer lugar, el núcleo de los conspiradores estuvo conformado en su totalidad por allegados a Trujillo caídos en desgracia, o renegados por distintas razones, o que tenían algún motivo para ejercer su venganza debido a los agravios recibidos por ellos o por miembros de su cercana parentela.

En segundo lugar, Antonio de la Maza, uno de los principales complotados –aquel que le descerrajó el tiro final a Trujillo en la mandíbula– llegó a expresar lo siguiente cuando se le insinuara que el fin del régimen podría provenir de una supuesta invasión venezolana a raíz del atentado del 24 de junio: «Si la rumorada invasión de Venezuela se materializa habré de enfrentarla, así me encuentre en contra de Trujillo» (Diederich, 2008: 87). En tercer lugar, habría que hablar de otro de los implicados, en este caso, del teniente Amado García Guerrero, uno de los que peor suerte corrió cuando él y su grupo pasaron a ser despiadadamente perseguidos por Ramfis Trujillo y el aparato policial que la súbita muerte de su padre dejó intacto. García Guerrero fue ultimado a balazos a los pocos días por agentes del SIM que dieron con la concha donde se hallaba escondido y que, como trofeo, lo ataron desnudo de pies y manos sobre el capó de un Volkswagen del SIM como si se tratara de la carcasa de un animal diezmado en el monte antes de depositarlo en la improvisada morgue del organismo policial (ibíd., 183). García Guerrero, en su condición de edecán, había sido testigo directo del complot contra Betancourt tramado por Trujillo y Abbes García en el despacho del Generalísimo. Difícilmente, dados los antecedentes tanto de Antonio de la Maza como de Amado Guerrero García, podría sugerirse que pudo existir alguna vinculación externa en esa acción contra Trujillo que contase con el respaldo venezolano.

Por otra parte, y como resultado de una amplia y exhaustiva averiguación llevada a cabo en 1975 por el Senado de EE.UU. a través de una serie de audiencias públicas a fin de determinar el grado de responsabilidad que pudieron tener sus principales agencias de seguridad o de representación diplomática en el asesinato, o intento de asesinato, de algunos líderes y mandatarios extranjeros hostiles a Washington a lo largo de la década de 1960, se llegó a concluir que el papel de algunos funcionarios, actuando más allá de los límites previstos, fue clave a la hora de estimular y proveer de armas a los disidentes dominicanos. El informe, no obstante, dejaría diversos márgenes de duda como, por ejemplo, en torno a este punto: «Cierto grado de apoyo material, consistente en tres revólveres [.38 Smith & Wesson] y tres carabinas (M-1), fue provisto a algunos disidentes. Ahora bien, aunque las autoridades estadounidenses estaban al tanto de la intención de deponer al régimen, probablemente asesinando a Trujillo, no hay evidencias concretas de que esas armas en particular fuesen empleadas directamente en el asesinato. En este sentido –proseguía el informe– no existe suficiente información que indique hasta qué punto, dentro de los niveles más altos del gobierno de EE.UU., se conocía en realidad el plan de asesinato que manejaban los disidentes antes de la primavera de 1961».

Más adelante, el informe precisaba lo siguiente: «El día antes del asesinato, un cable enviado desde Washington con la autorización personal del presidente Kennedy, aclaraba al Consulado General de EE.UU. en República Dominicana que si bien, como asunto de política general, el Gobierno estadounidense no podía simpatizar con la idea del asesinato político, continuaba dándole todo su apoyo a la disidencia, dispuesto incluso a reconocerla en caso de que se diera exitosamente la caída del régimen» (U.S. Senate, 1975: 191).

La única vez que el documento alude a Betancourt no lo hace ni remotamente para dar a entender que hubiese existido alguna connivencia entre él, su gobierno y los antitrujillistas que tramaron el complot sino para explicar que las opiniones del Presidente venezolano tuvieron un peso enorme ante el Departamento de Estado a la hora de convencer a los diplomáticos estadounidenses que el prolongado y tradicional apoyo brindado por EE.UU. a Trujillo tendría consecuencias aún más lamentables dentro del nuevo contexto de los sesenta. Así lo resumían sus redactores: «La creciente percepción de la brutalidad de Trujillo, y el temor a que esto condujese a un tipo de revolución pro-castrista, llevó a las autoridades de EE.UU. a evaluar distintos planes que apurasen el fin del régimen o que llevasen a su caída. (…) Al mismo tiempo, EE.UU. intentaba organizar una oposición hemisférica al régimen de Castro en Cuba. Los líderes latinoamericanos, tales como el presidente Betancourt de Venezuela, presionaron a EE.UU para que tomase una acción decisiva contra Trujillo a fin de dejar sin efecto los cuestionamientos que insistían en la sola oposición de los EE.UU. a las dictaduras de izquierda. (…) La idea de que los excesos de Batista fue lo que le allanó el camino al Castrismo llevó a la preocupante creencia de que la República Dominicana podría, a su vez, caer eventualmente víctima de un régimen comunista al estilo de Fidel Castro» (ibíd., 191-192).

De este informe trasluce también otro dato de interés: según los materiales recopilados y la declaración de los testigos citados por el panel senatorial, los disidentes habían resuelto posponer sus planes iniciales, en julio de 1960, una vez conocida la intención de Venezuela de promover sanciones contra la isla a través de la OEA, algo que, a juicio de los implicados, debía conducir a la caída de Trujillo y de su régimen sin que se vieran en la necesidad de actuar (ibíd., 194). Fracasada tal alternativa, esto abonaría la tesis de que las sanciones no condujeron tan rápidamente a los resultados esperados, pero que las carencias, escaseces y malestares que ya estaba experimentando la sociedad dominicana pudieron darle contornos definitivos al plan magnicida.

El informe en cuestión citaba, entre otras piezas documentales, un memorando confidencial dirigido por el Consulado General de EE.UU. en Santo Domingo al Departamento de Estado, que expresaba el descontento de los disidentes de no poder contar «con suficientes ingredientes para completar la ensalada que se serviría en el picnic». Insistiendo en similares metáforas de almuerzo campestre, allí se decía que hacían falta también «algunos sándwiches más» y «tres o cuatro piñas», en clara alusión a material explosivo (ibíd., 199). En otro aparte, el informe daba por cierta la opinión de la propia CIA, a juicio de cuyos agentes «una precipitada y mal coordinada acción podía llevar a la emergencia de un gobierno de izquierda», es decir, a «un régimen tipo Castro» y que, en tal sentido, «la mera desaparición de Trujillo podía convertirse más en un problema que en una solución» (ibíd., 201). Sin embargo, los disidentes continuaron insistiendo en su idea del picnic, tal vez porque contaban para ello con opiniones distintas a la de los agentes de la CIA, como la de algunos funcionarios del Departamento de Estado, entre ellos el Cónsul General de EE.UU. en Santo Domingo, quienes podían verse inclinados a compartir esa salida. Comoquiera que sea, el hecho cierto es que EE.UU. no abasteció a los complotados con la suficiente cantidad de material requerido por ellos desde el principio, proveyendo apenas el magro armamento antes citado.

Esta idea de no compartir el picnic, como lo esperaban sus anfitriones, pudo deberse tal vez a una razón que iba más allá de las opiniones encontradas entre departamentos rivales de la burocracia estadounidense. En tal sentido resulta necesario tener en cuenta que, en abril de ese mismo año, el fracaso de la aventura de Bahía de Cochinos había dejado a la novel administración de John Kennedy en estado de exacerbada sensibilidad frente a esa clase de expedientes, amén de que una acción de tal naturaleza, de acuerdo a los asesores del Presidente, era capaz de provocar un vacío de poder mucho más peligroso teniendo en cuenta las –ahora– mucho más inestables condiciones en el Caribe (ibíd., 205-206). Todo lo cual llevó, a fin de cuentas, a que los complotados operaran como lo hicieron: emprendiendo, sin más que por su propia cuenta, y casi que por sus propios medios (descontando la carabina utilizada por Antonio de la Maza) una arriesgada cacería humana en medio de la noche.

La conclusión general del informe quedaba, en todo caso, librada a la vaguedad: «No existe indicio alguno, en todos los papeles generados tras el asesinato (…) sobre el grado exacto de involucramiento de los EE.UU. en esta cuestión». Sus autores también apuntaban lo siguiente: «Tampoco existe ningún récord que confirme que, luego del asesinato de Trujillo, se reprendiera o censurara a algún funcionario estadounidense, bien en Santo Domingo o en Washington, por haberse hallado implicado de algún modo en esta acción» (ibíd., 215).

Finalmente, y por la razón que fuere, la correspondencia privada de Rómulo Betancourt no registra ninguna reacción ante la muerte de Trujillo. Sin lugar a dudas se referiría a lo ocurrido durante su siguiente Mensaje Presidencial (Betancourt, 1962, II: 327) pero, hasta donde ha sido posible verificarlo, no lo hizo epistolarmente en un plano íntimo y personal. El autor de estas páginas se fatigó explorando el contenido de dicha correspondencia a lo largo de 1961 sin dar con lo que, en algún momento, creyó posible encontrar. Esto confirma que el silencio de los papeles, en algunos casos, dice mucho más de lo que puede pensarse. Lo único que halló, al menos en términos personales, fueron dos piezas dirigidas a Betancourt desde el exterior. La primera es una nota que, bajo el rótulo de «Personal-confidencial», lleva la firma del embajador de Venezuela en Lisboa, J.M. Pérez Morales, y dice así: «Desde anoche se han tenido noticias en ésta de la muerte de Trujillo. Es de esperar que en adelante tengamos menos preocupaciones en la zona del Caribe. (…) No lo felicito a usted, porque sé que no es hombre de venganzas personales, pero me contento porque Dios se ha encargado de eliminar a uno de los enemigos de nuestra Patria y porque usted tendrá ahora menos obstáculos en el afianzamiento del Gobierno Constitucional- Democrático» (Embavenez-Lisboa, 01/06/61. ARB, XXXVIII, 1961).

La otra pieza es un cablegrama firmado por Miguel Ángel Quevedo, antiguo director de la revista Bohemia en La Habana, para la cual tanto colaboró el propio Betancourt durante aquella etapa de su exilio en la capital cubana. Dirigido desde Nueva York a los dos días de la emboscada que acabó con Trujillo, el cable reza así: «Recibe un fuerte abrazo que culmina una lucha de años por la libertad de Santo Domingo» (ARB, XXXVIII, comp. A2, 02/06/1961). Lucía dudoso que el proceso, hacia el cual iban dirigidas estas palabras, fuera breve e incruento, al menos al juzgar por el hecho de que Ramfis Trujillo, contra todo lo previsto, lograría hacerse cargo rápidamente de la situación y, de paso, de la suerte misma de los conjurados del 30 de mayo. Pero si tan sólo se toma lo que a Betancourt concierne, o si nos contratésemos al agreste itinerario que describió aquel largo duelo que vino a saldarse por manos ajenas en la carretera que unía Santo Domingo con San Cristóbal, la nota diplomática y el cablegrama en cuestión podrían formar, tal vez, un buen epílogo por sí mismos.

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Notas

1. El apodo de «Chapita», que la radio y la prensa venezolana tanto usaban para nombrarlo, se originaba de los vistosos uniformes en los cuales Trujillo exhibía las órdenes (o «chapas») que le habían sido conferidas por gobiernos extranjeros. (Nota del autor).

© Edgardo Mondolfi Gudat, 2013
© Editorial Alfa, 2013
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Primera edición digital: mayo de 2016

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ISBN Digital: 978-84-16687-59-6
ISBN Impreso: 978-980-354-351-8

Diseño de colección
Ulises Milla Lacurcia

Corrección ortotipográfica
Henry Arrayago

Conversión a formato digital
Sara Núñez Casanova

Fotografía de portada
Atentado a Rómulo Betancourt / Archivo fotográfico
Cadena Capriles