Ciudades rebeldes sitúa la ciudad en el centro de la lucha de clases y en torno al capital, desde Johannesburgo hasta Bombay y desde Nueva York hasta São Paulo. Dirigiendo su atención tanto a la Comuna de París como al movimiento Occupy Wall Street y los disturbios en Londres, Harvey se pregunta cómo se pueden reorganizar las ciudades de una forma socialmente más justa y ecológicamente más sana, y cómo se pueden convertir en el centro de la resistencia anticapitalista.

David W. Harvey

Ciudades rebeldes

Del derecho de la ciudad a la revolución urbana

ePub r1.0

Titivillus 08.08.15

Título original: Rebel Cities. From the Right to the City to the Urban Revolution

David W. Harvey, 2012

Traducción: Juanmari Madariaga

Editor digital: Titivillus

ePub base r1.2

Para Delfina y todos los demás estudiantes de doctorado en todas partes.

PREFACIO

La Icaria de Henri Lefebvre

Hacia mediados de la década de los setenta me encontré en París con un cartel editado por los Écologistes, un movimiento radical de acción vecinal dedicado a promover un modo de vida urbano ecológicamente más sensible, que presentaba una visión alternativa para la ciudad. Era un precioso retrato lúdico del viejo París reanimado por la vida vecinal, con flores en los balcones, plazas llenas de gente y niños, pequeñas tiendas abiertas a todo el mundo, multitud de cafés, fuentes, gente solazándose a orillas del Sena, parques y jardines aquí y allá (quizá eso lo he inventado en mis recuerdos), con tiempo suficiente para disfrutar de la conversación o fumarse una pipa (un hábito que todavía no se había demonizado en aquella época, como constaté a mis expensas cuando acudí a una reunión vecinal de los ecologistas que se celebraba en una sala densamente cargada de humo). Me gustaba muchísimo aquel cartel, pero con los años se fue deteriorando tanto que tuve que deshacerme con pena de él. ¡Me gustaría tanto volver a tenerlo! Alguien debería reimprimirlo.

El contraste con el nuevo París que estaba surgiendo y amenazando tragarse al antiguo era dramático. Los gigantescos edificios en torno a la Place d’Italie amenazaban ocupar toda la zona hasta darse la mano con la espantosa Tour Montparnasse. La vía rápida propuesta en la Rive Gauche, los insulsos bloques de apartamentos (HLM) en el 13e arrondissement y en los suburbios, la mercantilización monopolizada de las calles, la pura desintegración de lo que en otro tiempo había sido una vibrante vida vecinal construida en torno al trabajo artesanal en pequeños talleres en el Marais, la reestructuración de Belleville arrasando sus callejuelas y patios, así como la fantástica arquitectura de la Place des Vosges. Encontré otro cartel (de Batellier) que mostraba una cosechadora aplastando y engullendo todos los viejos barrios de París y dejando en su lugar largas filas de altísimos HLM, y que utilicé como ilustración clave en The Condition of Postmodernity.

Desde principios de la década de 1960 París se hallaba claramente sumida en una crisis existencial. Lo antiguo no podía durar, pero lo nuevo parecía demasiado horrible, exánime y gélido. La película realizada por Jean-Luc Godard en 1967, Deux ou trois choses que je sais d’elle, captaba delicadamente aquellas sensaciones. Presentaba madres casadas que se prostituían a diario, tanto por aburrimiento como por necesidad de dinero, con el trasfondo de la invasión de París por el capital empresarial estadounidense, la guerra de Vietnam (que antes había sido asunto de los franceses pero que ahora habían asumido los estadounidenses), un boom de la construcción de autopistas y rascacielos y la llegada de un consumismo desatentado a las calles y las tiendas de la ciudad. Sin embargo, la actitud filosófica de Godard —una especie de precursor wittgensteiniano del posmodernismo, melancólico e irónico—, que no permitía mantener ningún paradigma como centro o meollo de la sociedad, no era de mi gusto.

Fue aquel mismo año, en 1967, cuando Henri Lefebvre escribió su influyente ensayo Le Droit à la ville, que se entendía al mismo tiempo como una queja y una reivindicación. La queja respondía al dolor existencial de una crisis agónica de la vida cotidiana en la ciudad. La reivindicación era en realidad una exigencia de mirar de frente aquella crisis y crear una vida urbana alternativa menos alienada, más significativa y gozosa aunque, como siempre en el pensamiento de Lefebvre, conflictiva y dialéctica, abierta al futuro y a los encuentros (tanto temibles como placenteros) y a la búsqueda perpetua de la novedad incognoscible[1].

Quienes nos movemos en la vida académica somos bastante expertos en reconstruir la genealogía de las ideas. Así, examinando los escritos de Lefebvre de esa época, podemos encontrar un poco de Heidegger por aquí, de Nietzsche por allá, de Fourier acullá, críticas tácitas de Althusser y Foucault, y por supuesto el insustituible marco aportado por Marx. Merece la pena mencionar el hecho de que aquel ensayo hubiera sido escrito para la conmemoración del centenario de la publicación del primer volumen de El Capital, porque como veremos tiene cierta importancia política. Pero los universitarios olvidamos a menudo el papel desempeñado por la sensibilidad que surge de las calles a nuestro alrededor, por el inevitable sentimiento de pérdida provocado por las demoliciones que nos embarga cuando barrios enteros (como Les Halles) resultan remodelados o surgen aparentemente de la nada grands ensembles, junto con la excitación o la irritación de manifestaciones callejeras por esto o aquello, la esperanza que se despierta cuando grupos de inmigrantes traen de nuevo la vida a un barrio (esos grandes restaurantes vietnamitas en el 13e arrondissement en medio de los HLM), o la desesperanza que brota de la abatida angustia de la marginación, la represión policial y la juventud perdida sin remedio en el puro aburrimiento del creciente desempleo y el abandono en suburbios mortecinos que acaban convirtiéndose en focos de disturbios y rebeldía.

Estoy convencido de que Lefebvre era muy sensible a todo eso, y no solo por su evidente fascinación anterior por los situacionistas y su adhesión teórica a la idea de una psicogeografía de la ciudad, la experiencia de la dérive urbana a través de París y la exposición al espectáculo. Seguramente le bastaba salir de su apartamento en la rue Rambuteau para sentir un cosquilleo en todos sus sentidos. Por eso creo muy significativo que escribiera Le Droit à la ville antes de L’Irruption de Nanterre (como la llamó poco después) en mayo de 1968. Su ensayo presenta una situación en la que tal irrupción era no solo posible sino casi inevitable (y Lefebvre desempeñó cierto papel en Nanterre para que así fuera). Pero las raíces urbanas de aquel movimiento del 68 siguen siendo un tema muy minusvalorado en los subsiguientes estudios de aquel acontecimiento. Sospecho que los movimientos sociales urbanos entonces existentes —el de los Écologistes, por ejemplo— se insertaron en aquella revuelta y contribuyeron a configurar compleja y difusamente sus reivindicaciones políticas y culturales. Y también sospecho, aunque no disponga de ninguna prueba, que la transformación cultural de la vida urbana que tuvo lugar a continuación, cuando el capital palmario se enmascaró bajo el fetichismo de la mercancía, nichos de mercado y consumismo cultural urbano, desempeñó un papel nada inocente en la pacificación posterior al 68 (el periódico Libération fundado por Jean-Paul Sartre y otros, por ejemplo, se fue desplazando gradualmente desde mediados de la década de los setenta para acabar convirtiéndose en un diario culturalmente radical e individualista pero políticamente tibio, por no decir opuesto a la izquierda seria y a la política colectivista).

Señalo estos puntos porque si bien la idea del derecho a la ciudad ha experimentado durante la última década cierto resurgimiento, no es al legado intelectual de Lefebvre (por importante que pueda ser) al que debemos recurrir en busca de explicación. Lo que ha venido sucediendo en las calles, entre los movimientos sociales urbanos, es mucho más importante. El propio Lefebvre, como gran dialéctico y crítico inmanente de la vida cotidiana urbana, seguramente estaría de acuerdo. El hecho, por ejemplo, de que la extraña confluencia entre neoliberalización y democratización en Brasil durante los años noventa diera lugar a cláusulas en la Constitución brasileña de 2001 que garantizan el derecho a la ciudad, debe atribuirse al poder e importancia de los movimientos sociales urbanos, en particular con respecto al derecho a la vivienda, en la promoción de la democratización. El hecho de que ese momento constitucional contribuyera a consolidar y promover un sentido activo de «ciudadanía insurgente» (como la llama James Holston) no tiene nada que ver con el legado de Lefebvre y sí en cambio con las luchas que siguen desarrollándose sobre quiénes deben configurar las cualidades de la vida urbana cotidiana[2]. Y el hecho de que hayan cobrado tanto arraigo los «presupuestos participativos», en los que los residentes ordinarios en la ciudad participan directamente en la asignación de parte de los presupuestos municipales mediante un proceso democrático de toma de decisiones, tiene mucho que ver con que mucha gente busque algún tipo de respuesta a un capitalismo internacional brutalmente neoliberalizador que ha venido intensificando su asalto a las cualidades de la vida cotidiana desde principios de la década de los noventa. No es pues ninguna sorpresa tampoco que ese modelo se desarrollara en Porto Alegre (Brasil), sede del Foro Social Mundial.

Por poner otro ejemplo, cuando en julio de 2007 se reunieron en el Foro Social estadounidense de Atlanta [US Social Forum], todo tipo de movimientos sociales y decidieron constituir una Alianza Nacional por el Derecho a la Ciudad (con secciones activas en ciudades como Nueva York y Los Ángeles) [Right to the City Alliance], inspirados en parte por lo que habían conseguido los movimientos sociales urbanos en Brasil, lo hicieron sin conocer siquiera el nombre de Lefebvre. Habían concluido cada uno por su cuenta, tras años de lucha por sus propias cuestiones particulares (gente sin techo, gentrificación y desplazamiento, criminalización de los pobres y los diferentes, etcétera), que la lucha por la ciudad como un todo enmarcaba sus propias batallas particulares, y pensaron que juntos podrían tener más eficacia. Y si en otros lugares se pueden encontrar movimientos análogos, tampoco es por algún tipo de lealtad a las ideas de Lefebvre, sino simplemente porque estas, como las suyas propias, han surgido principalmente de las calles y los barrios de las ciudades enfermas. Así, en una reciente compilación se informa sobre la actividad de movimientos por el derecho a la ciudad (aunque de orientación diversa) en docenas de ciudades de todo el mundo[3].

Así pues, podemos estar de acuerdo en que la idea del derecho a la ciudad no surge primordialmente de diversas fascinaciones y modas intelectuales (aunque también las haya, evidentemente), sino de las calles, de los barrios, como un grito de socorro de gente oprimida en tiempos desesperados. ¿Cómo responden entonces los académicos e intelectuales (orgánicos y tradicionales, como diría Gramsci) a esa petición de ayuda? Es ahí donde resulta útil un estudio de cómo respondió el propio Lefebvre, no porque sus respuestas puedan aplicarse sin más (nuestra situación es muy diferente de la década de 1960, y las calles de Bombay, Los Ángeles, São Paulo y Johannesburgo son muy diferentes de las de París), sino porque su método dialéctico de investigación crítica inmanente puede ofrecer un modelo inspirador sobre cómo podríamos responder a esa queja y ese requerimiento.

Lefebvre entendía muy bien, sobre todo después de su estudio sobre La Proclamation de la Commune, publicado en 1965 (una obra inspirada en alguna medida en las tesis de los situacionistas sobre ese tema), que los movimientos revolucionarios asumen con frecuencia, si no siempre, una dimensión urbana. Esto lo enfrentó inmediatamente con el Partido Comunista, que mantenía que la fuerza de vanguardia para el cambio revolucionario era el proletariado basado en las fábricas. Al conmemorar el centenario de la publicación de El Capital de Marx con un apéndice sobre el derecho a la ciudad, Lefebvre estaba evidentemente cuestionando el pensamiento marxista convencional, que nunca había concedido a lo urbano gran importancia en la estrategia revolucionaria, aunque mitologizara la Comuna de París como un acontecimiento decisivo en su historia.

Al invocar a la «clase obrera» como agente del cambio revolucionario a lo largo de su texto, Lefebvre sugería tácitamente que la clase obrera revolucionaria estaba constituida por trabajadores urbanos de muy diversos tipos y no solo de fábrica, que constituyen, como explicaba posteriormente, una formación de clase muy diferente: fragmentados y divididos, múltiples en sus deseos y necesidades, muy a menudo itinerantes, desorganizados y fluidos más que sólidamente implantados. Esa es una tesis con la que siempre he estado de acuerdo (incluso antes de leer a Lefebvre), y obras posteriores de sociología urbana (muy en particular las de un antiguo discípulo de Lefebvre, Manuel Castells) me afirmaron en ella. Pero a gran parte de la izquierda tradicional le resulta todavía difícil captar el potencial revolucionario de los movimientos sociales urbanos. A menudo estos son muy minusvalorados como simples intentos reformistas de resolver cuestiones específicas (más que sistémicas), y que por tanto no son movimientos verdaderamente revolucionarios ni de clase.

Existe por tanto cierta continuidad entre la polémica situacional de Lefebvre y la obra de quienes ahora pretendemos enfocar el derecho a la ciudad desde una perspectiva revolucionaria y no solo reformista. La lógica que subyace bajo la posición de Lefebvre se ha intensificado, como poco, en nuestra propia época. En gran parte del mundo capitalista avanzado las fábricas que no han desaparecido han disminuido considerablemente, diezmando la clase obrera industrial clásica. La tarea importante y siempre creciente de crear y mantener la vida urbana es realizada cada vez más por trabajadores eventuales, a menudo a tiempo parcial, desorganizados y mal pagados. El llamado «precariado» ha desplazado al «proletariado» tradicional. En caso de haber algún movimiento revolucionario en nuestra época, al menos en nuestra parte del mundo (a diferencia de China, en pleno proceso de industrialización), será el «precariado» problemático y desorganizado quien la realice. El gran problema político es cómo se pueden autoorganizar y convertirse en una fuerza revolucionaria grupos tan diversos, y parte de nuestra tarea consiste en entender los orígenes y naturaleza de sus quejas y reivindicaciones.

No estoy seguro de cómo habría respondido Lefebvre a la perspectiva propuesta en el cartel de los Écologistes. Como yo, probablemente habría sonreído ante su visión lúdica, pero sus tesis sobre la ciudad, desde Le Droit à la ville a su libro La Révolution Urbaine (1970), sugieren que habría criticado su nostalgia de un urbanismo que nunca había existido, ya que una de las conclusiones centrales de Lefebvre era que la ciudad que habíamos conocido e imaginado en otro tiempo estaba desapareciendo rápidamente y que no podía ser reconstruida. Yo estaría de acuerdo en eso pero lo aseguraría aún más enfáticamente, porque Lefebvre dedicó muy poca atención a describir las terribles condiciones de vida de las masas en algunas de sus ciudades favoritas del pasado (las del renacimiento italiano en Toscana). Tampoco se ocupó del hecho de que en 1945 la mayoría de los parisienses vivían sin agua corriente, en condiciones de alojamiento execrables (congelándose en invierno y cociéndose en verano) en barrios atestados, y de que había que hacer algo —y algo se hizo, al menos durante la década de los sesenta— para remediarlo. El problema era su organización burocrática y su puesta en práctica por un estado francés dirigista absolutamente carente de impulso democrático y sin un gramo de imaginación gozosa, y que se limitaba a consolidar las relaciones de privilegio y dominación de clase en el propio paisaje físico de la ciudad.

Lefebvre también veía que la relación entre el mundo urbano y el rural —o como les gusta decir a los británicos, entre el campo y la ciudad— se estaba transformando radicalmente, que el campesinado tradicional estaba desapareciendo y el campo se estaba urbanizando, aunque ofreciendo un nuevo enfoque consumista a la relación con la naturaleza (desde los fines de semana y días de ocio en el campo a la proliferación de urbanizaciones periféricas) y un enfoque capitalista, productivista, del suministro de mercancías agrícolas a los mercados urbanos, frente a la agricultura campesina autosostenida. Además, vio previsoramente que ese proceso se estaba «globalizando» y que en tales condiciones la cuestión del derecho a la ciudad (interpretado como una cosa distintiva o un objeto definible) tenía que dar paso a la cuestión algo más vaga del derecho a la vida urbana, que más tarde se transformó en su pensamiento en el tema más general del derecho a La production de l’espace (1974).

La difuminación de la diferencia entre el mundo urbano y el rural lleva un ritmo diferente en distintas partes del mundo, pero no se puede dudar de que va en la dirección que predecía Lefebvre. La reciente urbanización acelerada de China es un caso a destacar: la población residente en áreas rurales ha decrecido del 74 por 100 en 1990 a un 50 por 100 en 2010, y la de Chongqing ha crecido en 30 millones de personas durante el último medio siglo. Aunque hay muchos espacios residuales en la economía global donde el proceso está lejos de haberse completado, la gran mayoría de la humanidad está siendo progresivamente absorbida en los fermentos y corrientes de la vida urbanizada.

Esto plantea un problema: reivindicar el derecho a la ciudad supone de hecho reclamar un derecho a algo que ya no existe (si es que alguna vez existió en realidad). Además, el derecho a la ciudad es un significante vacío. Todo depende de quién lo llene y con qué significado. Los financieros y promotores pueden reclamarlo y tienen todo el derecho a hacerlo; pero también pueden hacerlo los sin techo y sin papeles. Inevitablemente tenemos que afrontar la cuestión de qué derechos deben prevalecer, al tiempo que reconocemos, como decía Marx en El Capital que «entre derechos iguales lo que decide es la fuerza». La definición del derecho es en sí mismo objeto de una lucha que debe acompañar a la lucha por materializarlo.

La ciudad tradicional ha muerto, asesinada por el desarrollo capitalista desenfrenado, víctima de su necesidad insaciable de disponer de capital sobreacumulado ávido de inversión en un crecimiento urbano raudo e ilimitado sin importarle cuáles sean las posibles consecuencias sociales, medioambientales o políticas. Nuestra tarea política, sugería Lefebvre, consiste en imaginar y reconstituir un tipo totalmente diferente de ciudad, alejado del repugnante caos engendrado por el frenético capital urbanizador globalizado. Pero eso no puede suceder sin la creación de un vigoroso movimiento anticapitalista que tenga como objetivo central la transformación de la vida urbana cotidiana.

Como Lefebvre sabía muy bien por su estudio de la historia de la Comuna de París, el socialismo, el comunismo o el anarquismo, por mencionar diversas variantes, son proyectos imposibles de realizar en una sola ciudad. Para las fuerzas de la reacción burguesa resulta demasiado fácil rodearla, cortarle las líneas de abastecimiento y rendirla por hambre, cuando no invadirla y masacrar a los que se resistan (como sucedió en París en 1871). Pero eso no significa que tengamos que darle la espalda como incubadora de ideas, ideales y movimientos revolucionarios. Solo cuando la política se concentre en la producción y reproducción de la vida urbana como proceso de trabajo fundamental del que surgen impulsos revolucionarios, será posible emprender luchas anticapitalistas capaces de transformar radicalmente la vida cotidiana. Solo cuando se entienda que quienes construyen y mantienen la vida urbana tienen un derecho primordial a lo que ha producido, y que una de sus reivindicaciones es el derecho inalienable a adecuar la ciudad a sus deseos más íntimos, llegaremos a una política de lo urbano que tenga sentido. Lefebvre parecía decir: «Incluso si la vieja ciudad ha muerto, ¡larga vida a la ciudad!».

La aspiración a conquistar el derecho a la ciudad, ¿es entonces una quimera? En términos puramente físicos seguramente sí; pero las luchas políticas cobran aliento tanto de los deseos quiméricos como de las razones prácticas. Los grupos de la Alianza por el Derecho a la Ciudad constan principalmente de inquilinos de bajos ingresos pertenecientes a comunidades de color que luchan por un desarrollo que satisfaga sus deseos y necesidades; gente sin hogar que se organiza por su derecho a la vivienda y servicios básicos; y jóvenes LGBTQ de color que pugnan por su derecho a espacios públicos seguros. En la plataforma política colectiva que elaboraron en Nueva York, esa coalición no solo pretendía una definición más clara y más amplia de lo público que significara un auténtico acceso al llamado espacio público, sino también disponer del poder para crear nuevos espacios comunes de socialización y acción política. El término «ciudad» tiene una historia emblemática y simbólica profundamente inserta en la búsqueda de significados políticos. La Ciudad de Dios, la ciudad asentada sobre un monte que no puede ocultarse (Mateo 5:14), la relación entre ciudad y ciudadanía —la ciudad como objeto de deseo utópico, como un lugar específico de pertenencia dentro de un orden espacio-temporal en perpetuo movimiento— todas ellas cobran un significado político en el marco de un imaginario colectivo crucial. Pero lo que decía Lefebvre, y en esto estaba ciertamente de acuerdo si no en deuda con los situacionistas, es que hay ya múltiples prácticas dentro de lo urbano dispuestas a desbordarse con posibilidades alternativas.

El concepto lefebvriano de heterotopía (radicalmente diferente del de Foucault) delinea espacios sociales fronterizos de posibilidad donde «algo diferente» es no solo posible sino básico para la definición de trayectorias revolucionarias. Ese «algo diferente» no surge necesariamente de un plan consciente, sino simplemente de lo que la gente hace, siente, percibe y llega a articular en su búsqueda de significado para su vida cotidiana. Tales prácticas crean espacios heterotópicos en todas partes. No tenemos que esperar a que la gran revolución constituya esos espacios. La teoría de Lefebvre de un movimiento revolucionario es justamente la opuesta: lo espontáneo confluye en un momento de «irrupción» cuando diversos grupos heterotópicos ven de repente, aunque solo sea por un momento efímero, las posibilidades de la acción colectiva para crear algo radicalmente diferente.

Esa confluencia se evidencia en la búsqueda de centralidad de Lefebvre. La centralidad tradicional de la ciudad ha quedado destruida, pero existe un impulso hacia su restauración y una aspiración a ella que resurge una y otra vez produciendo efectos políticos de gran alcance, como hemos visto recientemente en las plazas centrales de El Cairo, Madrid, Atenas, Barcelona y hasta Madison (Wisconsin) y ahora el parque Zuccotti en Nueva York. ¿Cómo y en qué otros lugares podemos reunirnos para expresar y articular nuestras quejas y reivindicaciones colectivas?

Es en este punto, no obstante, donde el romanticismo revolucionario urbano que tantos atribuyen con fruición a Lefebvre se estrella contra el inexpugnable acantilado de su profunda comprensión de las realidades capitalistas y del poder del capital. Cualquier momento visionario alternativo es pasajero; si no se afianza tras desbocarse, se diluirá inevitablemente (como Lefebvre pudo constatar a su pesar en las calles de París en el 68). Lo mismo cabe decir de los espacios heterotópicos de diferencia que sirven de caldo de cultivo para los movimientos revolucionarios. En La Révolution urbaine (1970) mantuvo la idea de la heterotopía (prácticas urbanas) en tensión con (más que como alternativa a) la isotopía (el orden espacial cumplido y racionalizado del capitalismo y el estado), así como con la utopía como deseo expresivo. «La diferencia isotopía-heterotopía —argumentaba— solo se puede entender dinámicamente […] Los grupos anómicos construyen espacios heterotópicos, que acaban siendo reabsorbidos por la praxis dominante».

Lefebvre era demasiado consciente de la fuerza y el poder de las prácticas dominantes como para no reconocer que la tarea última consiste en erradicar esas prácticas mediante un movimiento revolucionario mucho más amplio. Hay que derrocar y remplazar la totalidad del sistema capitalista de acumulación perpetua, junto con sus estructuras asociadas de clase explotadora y poder estatal. La reivindicación del derecho a la ciudad es una estación intermedia en la ruta hacia ese objetivo. Nunca puede ser un objetivo en sí misma, aunque cada vez más parezca una de las vías más propicias a seguir.

Primera parte

El derecho a la ciudad

Capítulo Uno

El derecho a la ciudad

Vivimos en una época en la que los derechos humanos se han situado en primer plano como modelo político y ético. Se dedica mucha energía a su promoción, protección y articulación como pilares para la construcción de un mundo mejor, pero acostumbran a formularse en términos individualistas y basados en la propiedad, y como tales no cuestionan la lógica de mercado liberal y neoliberal hegemónica ni los tipos neoliberales de legalidad y de acción estatal. Después de todo, vivimos en un mundo en el que la propiedad privada y la tasa de ganancia prevalecen sobre todos los demás derechos en los que uno pueda pensar; pero hay ocasiones en las que el ideal de los derechos humanos adopta un aspecto colectivo, como sucede con respecto a los derechos de los trabajadores, mujeres, gays y otras minorías (un legado del añejo movimiento obrero al que en Estados Unidos, por ejemplo, se añade el del movimiento por los derechos civiles durante la década de 1960, sustancialmente colectivo y que alcanzó resonancia global). Tales luchas por los derechos colectivos han obtenido a veces notables resultados.

Aquí quiero explorar otro derecho colectivo, el derecho a la ciudad, aprovechando el resurgimiento del interés por las ideas de Henri Lefebvre sobre este tema y la proliferación en el mundo entero de todo tipo de movimientos sociales que reivindican ese derecho. Ahora bien, ¿cómo puede este definirse?

La ciudad, observó en una ocasión el famoso sociólogo urbano Robert Park, es «el intento más coherente y en general más logrado del hombre por rehacer el mundo en el que vive de acuerdo con sus deseos más profundos. Pero si la ciudad es el mundo creado por el hombre, también es el mundo en el que está desde entonces condenado a vivir. Así pues, indirectamente y sin ninguna conciencia clara de la naturaleza de su tarea, al crear la ciudad el hombre se ha recreado a sí mismo»[4]. Si Park estaba en lo cierto, la cuestión de qué tipo de ciudad queremos no puede separarse del tipo de personas que queremos ser, el tipo de relaciones sociales que pretendemos, las relaciones con la naturaleza que apreciamos, el estilo de vida que deseamos y los valores estéticos que respetamos. El derecho a la ciudad es por tanto mucho más que un derecho de acceso individual o colectivo a los recursos que esta almacena o protege; es un derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos. Es, además, un derecho más colectivo que individual, ya que la reinvención de la ciudad depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo sobre el proceso de urbanización. La libertad para hacer y rehacernos a nosotros mismos y a nuestras ciudades es, como argumentaré, uno de los más preciosos pero más descuidados de nuestros derechos humanos. ¿Cómo podemos entonces ejercerlo mejor?

Dado que, como afirma Park, hasta ahora no hemos tenido una conciencia clara de la naturaleza de nuestra tarea, puede ser útil comenzar por reflexionar cómo nos ha hecho y rehecho a lo largo de la historia un proceso urbano impulsado por poderosas fuerzas sociales. La asombrosa velocidad y magnitud del proceso de urbanización durante los últimos cien años significa, por ejemplo, que hemos sido recompuestos varias veces sin saber cómo ni por qué. ¿Ha contribuido al bienestar humano esa espectacular urbanización? ¿Nos ha hecho mejores personas, o nos ha dejado en suspenso en un mundo de anomia, alienación, cólera y frustración? ¿Nos hemos convertido en meras mónadas zarandeadas de un lado a otro en un océano urbano? Ese tipo de cuestiones preocupaban durante el siglo XIX a todo tipo de comentaristas, desde Friedrich Engels hasta Georg Simmel, quienes ofrecieron perspicaces críticas del carácter personal que se iba configurando entonces como consecuencia de la rápida urbanización[5]. En la actualidad no es difícil señalar todo tipo de descontentos y ansiedades urbanas en el contexto de transformaciones aún más rápidas, pero parece faltarnos de algún modo el coraje para una crítica sistemática. El vértigo del cambio nos abruma incluso ante interrogantes obvios. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, ante la inmensa concentración de riqueza, privilegios y consumismo en casi todas las ciudades del mundo frente a lo que hasta las Naciones Unidas describen como «un planeta de chabolas»[6]?.

Reclamar el derecho a la ciudad en el sentido en que yo lo entiendo supone reivindicar algún tipo de poder configurador del proceso de urbanización, sobre la forma en que se hacen y rehacen nuestras ciudades, y hacerlo de un modo fundamental y radical. Desde siempre, las ciudades han brotado de la concentración geográfica y social de un excedente en la producción. La urbanización ha sido siempre, por tanto, un fenómeno relacionado con la división en clases, ya que ese excedente se extraía de algún sitio y de alguien, mientras que el control sobre su uso solía corresponder a unos pocos (ya fuera una oligarquía religiosa o un poeta guerrero con ambiciones imperiales). Esta situación general persiste bajo el capitalismo, evidentemente, pero en este caso se ve sometida a una dinámica bastante diferente. El capitalismo descansa, como nos explicaba Marx, sobre la búsqueda perpetua de plusvalor (beneficio), cuyo logro exige a los capitalistas producir un excedente, lo que significa que el capitalismo produce continuamente el excedente requerido por la urbanización. Pero también se cumple la relación inversa: el capitalismo necesita la urbanización para absorber el sobreproducto que genera continuamente. De ahí surge una conexión íntima entre el desarrollo del capitalismo y el proceso de urbanización. No puede sorprendernos, por tanto, que la curva logística del crecimiento con el tiempo del producto capitalista sea prácticamente idéntica a la de la urbanización de la población mundial.

Examinemos con más detalle lo que hacen los capitalistas y cómo lo hacen. Comienzan invirtiendo cierta cantidad de dinero que al cabo de un tiempo recuperan aumentada (con un beneficio) y a continuación tienen que decidir qué hacer con el dinero adicional ganado, lo que les supone un dilema fáustico: o bien reinvertirlo para obtener de nuevo más dinero, o consumirlo en placeres. Las leyes irrefragables de la competencia les obligan a reinvertir al menos una parte, para no ser derrotados y apartados por los que sí lo hagan; de forma que para que un capitalista siga siéndolo, debe invertir parte de su excedente en obtener un excedente aún mayor. Los capitalistas con éxito obtienen habitualmente más que suficiente para reinvertir una parte en expandirse y otra en satisfacer su deseo de placeres; pero el resultado de la perpetua reinversión es la expansión de la producción de excedente; y lo que es aún más importante, aunque la tasa media de expansión, digamos anual, fuera constante en términos relativos, al irse acumulando año tras año, el «retorno» (ganancia) sobre la inversión inicial va aumentando exponencialmente (con una tasa compuesta); de ahí todas las curvas logísticas de crecimiento (dinero, capital, producto y población) ligadas a la historia de la acumulación capitalista.

La política del capitalismo se ve afectada por la perpetua necesidad de encontrar campos rentables para la producción y absorción de un excedente de capital. El capitalista afronta así diversos obstáculos para mantener una expansión continua y libre de perturbaciones. Si escasea la mano de obra y los salarios son demasiado altos, entonces habrá que disciplinar a los trabajadores existentes (dos de los métodos principales más frecuentes son el desempleo inducido tecnológicamente y un asalto contra el poder organizado de la clase obrera —sus organizaciones—, como el emprendido por Margaret Thatcher y Ronald Reagan en la década de 1980), o bien hay que encontrar nuevas fuerzas de trabajo (mediante la inmigración, la exportación de capital o la proletarización de sectores de la población hasta entonces independientes). En particular, hay que encontrar nuevos medios de producción y nuevos recursos naturales, lo que ejerce una presión creciente sobre el entorno para extraer de él las materias primas necesarias y hacerle absorber los inevitables desechos. Las leyes irrefragables de la competencia también obligan a ensayar continuamente nuevas tecnologías y formas organizativas, ya que los capitalistas con mayor productividad pueden desalojar a los que utilizan métodos menos rentables. Las innovaciones definen nuevas carencias y necesidades y reducen el tiempo de rotación del capital y la fricción de la distancia. Se amplía así la extensión geográfica sobre la que el capitalista puede buscar nuevas ofertas de mano de obra, materias primas, etcétera. Si en determinado mercado no existe una capacidad de compra suficiente, hay que encontrar nuevos mercados ampliando el comercio exterior, promoviendo nuevos productos y estilos de vida, creando nuevos instrumentos de crédito y gastos públicos financiados mediante la deuda. Finalmente, si la tasa de beneficio es demasiado baja, se suele recurrir, en busca de una salida, a la regulación estatal de la «competencia ruinosa», la monopolización (fusiones y adquisiciones) y la exportación de capital a nuevos territorios.

Si alguna de las mencionadas barreras a la circulación y expansión continua del capital resulta imposible de eludir, la acumulación de capital queda bloqueada y los capitalistas se encuentran con una crisis. El capital no se puede reinvertir rentablemente, la acumulación se estanca o cesa y el capital resulta devaluado (perdido) y en algunos casos incluso físicamente destruido. La devaluación puede adoptar diversas formas: se pueden devaluar o destruir las mercancías excedentes, puede quedar sin empleo o desvalorizada parte de la capacidad productiva, y hasta el propio dinero puede perder valor debido a la inflación; en una crisis también se puede devaluar, por supuesto, el trabajo, mediante el desempleo masivo. ¿De qué forma se ha utilizado y se ha visto impulsada entonces la urbanización capitalista por la necesidad de eludir esas barreras y de ampliar el terreno de la actividad capitalista rentable? Argumentaré a este respecto que la urbanización desempeña un papel particularmente activo (junto con otros fenómenos como los gastos militares) en la absorción del producto excedente que los capitalistas producen continuamente en su búsqueda de plusvalor[7].

Consideremos, para empezar, el caso de París durante lo que se conoce como Segundo Imperio, que duró casi dos décadas, desde 1852 hasta 1870. La crisis de 1848 fue una de las primeras en mostrar claramente ligados a escala europea el desempleo de capital y de trabajo excedentes. Sus efectos fueron particularmente severos en París y dieron lugar a una revolución abortada protagonizada por los obreros desempleados y los utopistas burgueses que propugnaban una república social como antídoto frente a la codicia capitalista y la desigualdad. La burguesía republicana reprimió violentamente a los revolucionarios pero no consiguió resolver la crisis. El resultado fue el ascenso al poder de Luis Napoleón Bonaparte, quien dio un golpe de estado en 1851 y se proclamó emperador con el nombre de Napoleón III en 1852. Para sobrevivir políticamente, aquel emperador autoritario recurrió a una enérgica represión de los movimientos políticos de oposición, pero también sabía que tenía que resolver el problema de la absorción de capital excedente, para lo que impulsó un vasto programa de inversiones en infraestructuras, tanto en el propio país como en el extranjero. En el exterior esto se concretó en la construcción de vías férreas en toda Europa, llegando hasta Estambul, así como en la financiación de grandes obras públicas como el canal de Suez. En Francia supuso la consolidación de la red de ferrocarriles, la construcción de puertos, el drenaje de marismas y cosas parecidas, pero sobre todo la reconfiguración de la infraestructura urbana de París. En 1853 el emperador llamó a París a Georges-Eugène Haussmann para que se hiciera cargo de las obras públicas en la capital.

Haussmann entendía perfectamente que su misión consistía en resolver el problema del excedente de capital y mano de obra mediante la urbanización. La reconstrucción de París absorbió enormes cantidades de trabajo y de capital para los niveles de la época, lo que sumado a la supresión autoritaria de las aspiraciones de los obreros de París fue un instrumento esencial de estabilización social. Haussmann echó mano de los planes utópicos propuestos durante la década de 1840 por los fourieristas y saintsimonianos para la reconfiguración de París, pero con una gran diferencia: amplió la escala a la que se había imaginado aquel proceso. Cuando el arquitecto Jacques-Ignace Hittorf le mostró sus planos para un nuevo bulevar, Haussmann los rechazó inmediatamente diciéndole: «No es lo bastante ancho […] Usted me presenta un diseño de 40 m, y yo quiero 120». Haussmann proyectaba una ciudad a mucha mayor escala y para ello la acrecentó enormemente anexionando los suburbios y rediseñando barrios enteros (como el del mercado de Les Halles), sin limitarse a pequeñas remodelaciones del tejido urbano. Cambió de golpe toda la ciudad en lugar de hacerlo poco a poco. Para hacerlo necesitaba nuevas instituciones financieras e instrumentos de crédito al estilo saintsimoniano (el Crédit Mobilier y la Société Immobilière). De hecho contribuyó a resolver el problema del excedente de capital disponible mediante un plan de tipo keynesiano de mejoras infraestructurales urbanas financiadas mediante la deuda.

El sistema funcionó bastante bien durante unos quince años y supuso no solo una transformación de las infraestructuras urbanas sino la construcción de una forma de vida y un tipo de habitantes de la ciudad totalmente nuevos. París se convirtió en «la Ville-Lumière» y en el gran centro de consumo, turismo y placer: los cafés, los grandes almacenes, el novedoso sector de la moda, las grandes exposiciones, todo aquello cambió la forma de vida urbana abriendo la posibilidad de absorber grandes excedentes mediante un inmenso consumo (lo que ofendía a los tradicionalistas y al mismo tiempo excluía a los trabajadores). Pero el agigantado sistema financiero, cada vez más especulativo, y las estructuras de crédito en las que se basaba, se vinieron abajo en la crisis financiera de 1868. Haussmann fue destituido y en su desesperación Napoleón III recurrió a la guerra contra la Alemania de Bismarck, que perdió; en el vacío de poder que se produjo surgió la Comuna de París, uno de los mayores episodios revolucionarios de la historia capitalista urbana. La Comuna se debió en parte a la nostalgia del mundo urbano que Haussmann había destruido (sombras de la revolución de 1848) y al deseo de recuperar su ciudad por parte de los desposeídos por sus obras; pero también articuló visiones progresistas en conflicto de una modernidad socialista alternativa a la del capitalismo de los monopolios, enfrentando los ideales de un control jerárquico centralizado (la corriente jacobina) a las visiones descentralizadas anarquistas de control popular (propugnadas por los proudhonianos). En 1872, en medio de intensas recriminaciones sobre quiénes eran los principales responsables del fracaso de la Comuna, se produjo la drástica ruptura política entre los marxistas y los anarquistas que desgraciadamente sigue dividiendo a buena parte de la oposición de izquierda al capitalismo[8].

Avancemos ahora a Estados Unidos en 1942. El problema del capital excedente que parecía insoluble durante la década de 1930 (y el desempleo que le acompañaba) fueron temporalmente resueltos por la enorme movilización del esfuerzo de guerra, pero todos temían lo que pudiera suceder después. Políticamente la situación era peligrosa. El gobierno federal estaba dirigiendo de hecho una economía nacionalizada (y lo hacía con mucha eficiencia). Estados Unidos se había aliado con la Unión Soviética comunista en la guerra contra el fascismo. Como consecuencia de la Gran Depresión, durante la década de 1930 habían surgido fuertes movimientos sociales con inclinaciones de izquierda y sus simpatizantes se habían incorporado al esfuerzo de guerra. Todos conocemos la subsiguiente historia del macartismo y la Guerra Fría (de la que ya había abundantes presagios en 1942). Como en el caso de Luis Bonaparte, las clases dominantes de la época necesitaron evidentemente una generosa dosis de represión política para reafirmar su poder. ¿Pero qué pasó con el problema del capital excedente sin posibilidad de inversión rentable?

En 1942 apareció en la revista Architectural Forum una detallada evaluación de los esfuerzos de Haussmann, documentando en detalle lo que este había hecho en París y ofreciendo incluso un análisis de sus errores. El artículo iba firmado nada menos que por Robert Moses, quien después de la Segunda Guerra Mundial hizo en la región metropolitana de Nueva York lo que Haussmann había hecho antes en París[9], al cambiar la escala de pensamiento sobre la urbanización e incluir en sus planes toda la región metropolitana y no solo la ciudad en sentido estricto. Mediante un sistema de autopistas y transformaciones infraestructurales financiado mediante la emisión de deuda, el desplazamiento de las capas acomodadas a urbanizaciones periféricas y la remodelación de toda la región metropolitana, ofreció una vía para absorber rentablemente los excedentes de capital y de mano de obra. Cuando ese proceso se reprodujo a escala nacional en los principales centros metropolitanos de Estados Unidos (otra ampliación de escala), desempeñó un papel crucial en la estabilización del capitalismo global después de la guerra (un periodo en el que Estados Unidos podía permitirse propulsar toda la economía no comunista incurriendo en déficits comerciales).

Esa suburbanización o «dispersión hacia las afueras» no fue solo cuestión de nuevas infraestructuras. Tal como había sucedido en París durante el Segundo Imperio, suponía una trasformación radical del modo de vida, basada en la producción y comercialización de nuevos productos, desde las hileras de casas individuales idénticas de uno o dos pisos con dos coches a la puerta hasta los frigoríficos y acondicionadores de aire, que junto a la enorme expansión del consumo de petróleo favoreció la absorción del excedente. La suburbanización (junto con la militarización) desempeñó así un papel decisivo en la absorción de los excedentes de capital y trabajo en los años de posguerra, pero a costa de vaciar el centro de las ciudades y dejarlas desprovistas de una base económica sostenible, lo que dio lugar a la llamada «crisis urbana» de la década de 1960, caracterizada por las revueltas de las minorías afectadas (principalmente la de los afroamericanos), a las que se negaba el acceso a la reciente prosperidad.

Pero la rebelión no se limitaba al centro de las ciudades. Los urbanistas más apegados a la tradición hicieron piña en torno a Jane Jacobs, tratando de contraponer al brutal modernismo de los proyectos a gran escala de Moses un tipo distinto de estética urbana centrada en el desarrollo de los antiguos barrios, su preservación histórica y en último término su gentrificación. Pero para entonces ya se habían construido muchísimas urbanizaciones periféricas y la trasformación radical del modo de vida que esto conllevaba tenía todo tipo de consecuencias sociales; muchas feministas, por ejemplo, situaban entre sus principales causas de descontento la periferización y su estilo de vida. Tal como le sucedió a Haussmann, a finales de la década de 1960 se generó una crisis financiera que socavó el prestigio de aquel proceso (y del propio Moses) y le hizo perder el favor popular; y de la misma forma que la haussmannización de París potenció de algún modo la erupción de la Comuna, la insipidez de la vida en las urbanizaciones periféricas desempeñó cierto papel en los espectaculares movimientos de protesta de 1968 en Estados Unidos, cuando los descontentos estudiantes blancos de clase media se sumaron a la rebelión buscando alianzas con otros grupos marginados y uniéndose contra el imperialismo estadounidense para crear un movimiento que pretendía construir otro tipo de mundo, incluido un tipo distinto de experiencia urbana (aunque, una vez más, las corrientes anarquistas y libertarias divergían de las propuestas alternativas jerárquicas y centralizadas)[10].

Junto con la rebelión de 1968 eclosionó una crisis financiera. Era en buena medida global (con el colapso de los acuerdos de Bretton Woods), pero también propiciada por el comportamiento de las instituciones de crédito que habían impulsado el boom inmobiliario durante las décadas precedentes. Aquella crisis cobró impulso a finales de la década de 1960, hasta extenderse a todo el sistema capitalista con el estallido de la burbuja inmobiliaria en 1973, seguido por la bancarrota presupuestaria de la ciudad de Nueva York en 1975. Habían llegado los oscuros años de la década de 1970, durante los que se planteó la cuestión de cómo rescatar al capitalismo de sus propias contradicciones. Sirviéndose de la historia como guía, el proceso de urbanización iba a desempeñar un papel muy significativo. Como mostró William Tabb, la salida de la crisis fiscal de Nueva York en 1975, concertada por una incómoda alianza entre los poderes estatales y las instituciones financieras, anunció el giro neoliberal que se iba a dar en todo el mundo en la lucha por perpetuar y consolidar el poder de la clase capitalista a expensas del nivel de vida de la clase obrera, desregulando el mercado para que cumpliera su función. Pero la cuestión que quedaba en pie era cómo resucitar la capacidad de absorber los excedentes que el capitalismo está obligado a producir si pretende sobrevivir[11].

Pero sigamos avanzando hasta el momento actual. El capitalismo internacional había entrado en una montaña rusa de crisis y bancarrotas regionales (el este y sureste de Asia en 1997-98, Rusia en 1998, Argentina en 2001, etcétera) hasta que sufrió un crac global en 2008. ¿Cuál ha sido el papel de la urbanización en esta historia? En Estados Unidos todo el mundo creía hasta 2008 que el mercado de la vivienda era un importante estabilizador de la economía, en particular tras la debacle de las empresas informáticas y de alta tecnología a finales de la década de 1990. El mercado inmobiliario absorbía directamente gran parte del excedente de capital dedicándolo a nuevas construcciones (tanto viviendas en el interior y en la periferia de las ciudades como nuevos edificios de oficinas), mientras que la rápida inflación del precio de la vivienda, respaldada por una pródiga oleada de refinanciaciones hipotecarias con tipos de interés históricamente bajos, impulsaba el mercado interno estadounidense de servicios y bienes de consumo. El mercado global se estabilizó en parte gracias a la expansión urbana estadounidense y a la especulación en el mercado inmobiliario, mientras Estados Unidos incurría en un enorme déficit comercial con el resto del mundo, endeudándose alrededor de 2 millardos de dólares al día para alimentar su consumismo insaciable y las guerras financiadas mediante la deuda en Afganistán e Iraq durante la primera década del siglo XXI.

Pero el proceso de urbanización experimentó mientras tanto otra ampliación de escala, haciéndose planetario, por lo que no podemos concentrarnos únicamente en Estados Unidos. La enorme expansión del mercado inmobiliario en Gran Bretaña, Irlanda y España, así como en muchos otros países, ayudó a mantener la dinámica capitalista de forma muy parecida en general a la de Estados Unidos. La urbanización de China durante los últimos veinte años, como veremos el capítulo 2, ha sido de un carácter radicalmente diferente, concentrándose en buena medida en la construcción de infraestructuras. Su velocidad aumentó enormemente tras una breve recesión hacia 1997. Más de un centenar de ciudades han sobrepasado el millón de habitantes en los últimos veinte años, y pequeñas ciudades como Shenzhen se han convertido en gigantescas metrópolis de entre seis y diez millones de habitantes. La industrialización, concentrada al principio en las «zonas económicas especiales», se extendió luego rápidamente a cualquier municipio dispuesto a absorber el capital excedente extranjero y a reinvertir los beneficios en una rápida expansión. Vastos proyectos infraestructurales, como presas y autopistas —de nuevo, todos ellos financiados mediante la deuda— están transformando el paisaje[12]. Centros comerciales igualmente gigantescos, parques científicos, aeropuertos, puertos, palacios de entretenimiento de todo tipo y gran variedad de instituciones culturales nuevas, junto con urbanizaciones valladas y campos de golf para los ricos, salpican el paisaje chino en medio de ciudades-dormitorio superatestadas para las enormes reservas de mano de obra que se desplazan desde las regiones rurales empobrecidas. Como veremos, las consecuencias de este proceso de urbanización para la economía global y para la absorción de capital excedente han sido enormes.

Pero China es solo el centro más notable de un proceso de urbanización que se ha hecho auténticamente planetario, en parte mediante la asombrosa integración global de los mercados financieros que aprovechan su flexibilidad para financiar mediante la deuda proyectos urbanos que proliferan en todas partes, desde Dubai hasta São Paulo y desde Madrid hasta Bombay, Hong Kong o Londres. El Banco Central Chino, por ejemplo, participa activamente en el mercado hipotecario secundario en Estados Unidos, mientras que Goldman Sachs ha intervenido con fuerza en el emergente mercado inmobiliario en Bombay y el capital de Hong Kong ha invertido en Baltimore. Cualquier área urbana del mundo ha visto cómo se inflaba su burbuja inmobiliaria al tiempo que aumentaba sin freno la afluencia de inmigrantes empobrecidos, a medida que el campesinado rural se veía desposeído debido a la industrialización y comercialización de la agricultura.

El boom inmobiliario ha sido evidente en Ciudad de México, Santiago de Chile, Bombay, Johannesburgo, Seúl, Taipei, Moscú y toda Europa (el caso de España ha sido el más espectacular), así como en las grandes ciudades de los principales países capitalistas, como Londres, Los Ángeles, San Diego y Nueva York (donde la administración del milmillonario alcalde Michael Bloomberg puso en marcha en 2007 más proyectos urbanos a gran escala que nunca). En algunos lugares de Oriente Medio como Dubai y Abu Dhabi han surgido proyectos urbanísticos asombrosos, espectaculares y en ciertos aspectos criminalmente absurdos, como forma de absorber los excedentes del capital surgidos de la riqueza petrolífera de la forma más lujosa, socialmente injusta y medioambientalmente ponzoñosa posible (como una pista de esquí en medio del ardiente desierto). Asistimos así a otro gran cambio de escala en el proceso de urbanización, que hace difícil captar que lo que está sucediendo globalmente es en principio similar a los procesos de que Haussmann gestionó tan hábilmente durante un tiempo en el París del Segundo Imperio.

Pero esta nueva oleada urbanizadora dependía, como las anteriores, de la creación de nuevas instituciones e instrumentos financieros que permitieran canalizar los créditos requeridos para mantenerla. Las innovaciones financieras puestas en marcha en la década de 1980, en particular la titulización y empaquetamiento de hipotecas locales para venderlas a inversores de todo el mundo y la creación de nuevas instituciones financieras que facilitaran la creación de un mercado hipotecario secundario y la emisión y venta de Obligaciones de Deuda Garantizadas [CDOs, Collateralized Debt Obligations] han desempeñado un papel decisivo. Las ventajas eran muchas: minimizaba el riesgo al dispersarlo y permitía a los depósitos de ahorros excedentes un acceso más fácil a la demanda excedente de vivienda, permitiendo además, en virtud de su coordinación, una reducción global de los tipos de interés (al tiempo que generaba inmensas fortunas para los intermediarios financieros que gestionaban aquellas maravillas). Pero dispersar el riesgo no significaba eliminarlo. Además, el hecho de que se pudiera repartir tan ampliamente alentaba inversiones aún más arriesgadas, que supuestamente transferían el riesgo a otro lugar. Sin controles adecuados de valoración del riesgo, el mercado hipotecario se podía desbocar, y lo que les sucedió a los hermanos Péreire en 1867-1868 en París con el Crédit Mobilier y al ayuntamiento de Nueva York a mediados de la década de 1970 volvió a suceder en 2008 con las hipotecas subprime y la crisis de los activos inmobiliarios. La crisis se concentró primero en las ciudades estadounidenses y sus alrededores (aunque se podían detectar señales similares en Gran Bretaña), con consecuencias particularmente severas para los afroamericanos de bajos ingresos y hogares monoparentales a cargo de mujeres, afectando también a quienes, incapaces de permitirse los elevadísimos precios de la vivienda en los centros urbanos, especialmente en el suroeste estadounidense, se trasladaron a la semiperiferia de los centros metropolitanos, donde al principio podían pagar tipos de interés bajos por casas adosadas ya construidas especulativamente, pero luego tuvieron que afrontar gastos de desplazamiento crecientes a medida que subía el precio del petróleo al tiempo que aumentaban sus cuotas hipotecarias en consonancia con la tendencia ascendente del mercado. Las crueles consecuencias de la crisis sobre la vida urbana y las infraestructuras (barrios enteros de ciudades como Cleveland, Baltimore y Detroit se han visto devastados por la oleada de desahucios) hacían tambalearse toda la estructura del sistema financiero global y amenazaban desencadenar una importante recesión. Los paralelismos con la crisis de la década de 1970 son, por decirlo suavemente, pasmosos, incluida la respuesta de la Reserva Federal abaratando el dinero, lo que casi con seguridad generará en el futuro fuertes tensiones inflacionistas, como sucedió entonces.

Pero la situación es mucho más complicada ahora y no está nada claro si un severo crac en Estados Unidos podría verse compensado por la expansión en otro lugar (por ejemplo en China). El desarrollo geográfico desigual puede quizá rescatar de nuevo al sistema y salvarlo de una bancarrota total, como sucedió en la década de 1990, aunque ahora sea Estados Unidos el que está en el centro del problema. Pero el sistema financiero está también ahora mucho más estrechamente entrelazado que antes[13]. Las transacciones comerciales realizadas instantáneamente en la red sin ninguna supervisión siempre amenazan con crear una gran divergencia en el mercado (como muestra la increíble volatilidad de los mercados bursátiles) capaz de generar una crisis masiva que exigirá repensar de arriba abajo el funcionamiento del capital financiero y de los mercados monetarios, incluida su relación con la urbanización.

Al igual que en otras ocasiones, la reconfiguración de la geografía urbana ha traído consigo grandes cambios en el estilo de vida. La calidad de la vida urbana se ha convertido en una mercancía para los que tienen dinero, como lo ha hecho la propia ciudad en un mundo en el que el consumismo, el turismo, las actividades culturales y basadas en el conocimiento, así como el continuo recurso a la economía del espectáculo, se han convertido en aspectos primordiales de la economía política urbana hasta en la India y China. La proclividad posmoderna a la formación de nichos de mercado —en las opciones de modo de vida, hábitos de consumo y normas culturales— confiere a la vida urbana contemporánea una aura de libertad de elección, con tal que uno tenga el dinero suficiente y pueda protegerse frente a la privatización de la redistribución de riqueza mediante actividades criminales y prácticas fraudulentas depredadoras (que se han multiplicado en todas partes). Proliferan los centros comerciales e hipermegastores (cuya construcción se ha convertido asimismo en un gran negocio), así como los centros de comida rápida y mercadillos artesanales, bazares ocasionales, cafeterías de ambiente y establecimientos por el estilo en los que se practica, como dice socarronamente Sharon Zukin, la «pacificación mediante el cappuccino». El desarrollo suburbano incoherente, anodino y monótono que sigue dominando en muchas partes del mundo encuentra ahora un revulsivo en el «nuevo urbanismo» que proclama las excelencias de la vida en comunidades apartadas (supuestamente íntimas y seguras, a menudo valladas y cerradas al exterior) en las que los promotores inmobiliarios prometen un estilo de vida refinado supuestamente capaz de cumplir todos los sueños urbanos. Es un mundo en el que la ética neoliberal del intenso individualismo posesivo puede convertirse en pauta para la socialización de la personalidad humana. Su efecto es el creciente aislamiento individualista, la ansiedad y la neurosis en medio de uno de los mayores logros sociales (al menos a juzgar por su enorme envergadura y su generalización a todos los niveles) jamás construido en la historia humana para la realización de nuestros deseos más profundos.

Pero las fisuras en el sistema son también muy evidentes. Vivimos en ciudades cada vez más divididas, fragmentadas y proclives al conflicto. La forma en que vemos el mundo y definimos nuestras posibilidades depende del lado de la barrera en que nos hallemos y del nivel de consumo al que tengamos acceso. En las últimas décadas el giro neoliberal ha restaurado el poder de clase de las elites más ricas[14]. En un solo año los directivos de los principales fondos de inversión en Nueva York obtuvieron 3 millardos de dólares en remuneraciones personales y las primas de Wall Street han aumentado vertiginosamente durante los últimos años, desde alrededor de 5 millones de dólares hasta llegar a 50 millones para los principales protagonistas (situando los precios del suelo en Manhattan a una altura inalcanzable). En México han aparecido catorce milmillonarios desde el giro neoliberal de finales de la década de 1980, entre los que se cuenta el hombre más rico de la tierra, Carlos Slim, al mismo tiempo que los ingresos de los pobres en ese país se han estancado o han disminuido. A finales de 2009 (después de que hubiera pasado lo peor de la crisis), había en China 115 milmillonarios, 101 en Rusia, 55 en la India, 52 en Alemania, 32 en Gran Bretaña y 30 en Brasil, además de los 413 de Estados Unidos[15]. Los resultados de esta creciente polarización en la distribución de la riqueza y el poder están indeleblemente grabados en las formas espaciales de nuestras ciudades, en las que se van condensando progresivamente fragmentos fortificados, comunidades cercadas y espacios públicos privatizados bajo una vigilancia constante. La protección neoliberal de los derechos de propiedad privada y sus valores se convierte en una forma hegemónica de política, incluso para la clase media baja. En el mundo en desarrollo, en particular, la ciudad

se está dividiendo en partes separadas, en las que parecen formarse muchos «microestados». Los vecindarios ricos provistos de todo tipo de servicios, tales como escuelas exclusivas, campos de golf y de tenis y patrullas de policía privada que recorren el área continuamente, se ven rodeadas por asentamientos ilegales donde solamente se puede obtener agua en las fuentes públicas, no existen sistemas de evacuación de residuos ni de recogida de basuras, la electricidad solo está al alcance de unos pocos privilegiados, las calles se convierten en barrizales siempre que llueve y lo normal es compartir la vivienda entre varias familias. Cada fragmento parece vivir y funcionar autónomamente, aferrándose firmemente a lo que ha sido capaz de proveerse en la lucha cotidiana por la supervivencia[16].

En esas condiciones los ideales de identidad urbana, ciudadanía y pertenencia, y de una política urbana coherente, ya amenazados por la creciente difusión de la ética neoliberal individualista, se hacen mucho más difíciles de sostener. Hasta la idea de que la ciudad podría funcionar como un cuerpo político colectivo, un lugar en y del que podrían emanar movimientos sociales progresistas, parece, al menos superficialmente, cada vez menos creíble. Aun así, de hecho hay todo tipo de movimientos sociales urbanos que tratan de superar el aislamiento y de reconfigurar la ciudad respondiendo a una imagen social diferente de la ofrecida por los poderes de los promotores respaldados por el capital financiero y empresarial y un aparato estatal con mentalidad de negociante. Incluso administraciones urbanas relativamente conservadoras tratan de emplear su poder para experimentar nuevas formas de producir lo urbano y de democratizar su gobernanza. ¿Existe una alternativa urbana, y en tal caso, de dónde podría provenir?

La absorción del excedente mediante la transformación urbana tiene empero un aspecto aún más tenebroso: ha supuesto repetidas rachas de reestructuración urbana mediante una «destrucción creativa» que casi siempre tiene una dimensión de clase, ya que suelen ser los más pobres y menos privilegiados, los marginados del poder político, los que más sufren en esos procesos.

Para hacer surgir la nueva geografía urbana del derrumbe de la antigua se requiere siempre violencia. Haussmann hizo derribar los viejos barrios de París empleando poderes excepcionales de expropiación, supuestamente en beneficio público, en nombre de los derechos de ciudadanía, la restauración ambiental y la renovación urbana. Consiguió así deliberadamente expulsar del centro de París, junto con las industrias insalubres, a gran parte de la clase obrera y otros elementos rebeldes que constituían una amenaza para el orden público y por supuesto para el poder político, creyendo (incorrectamente, como se comprobó en la Comuna revolucionaria de París de 1871) que aquella reforma urbana ofrecía un nivel suficiente de vigilancia y control militar como para asegurar el fácil sometimiento por la fuerza de las clases rebeldes. Pero como ya señalaba Friedrich Engels en su folleto de 1872 Sobre el problema de la vivienda [Zur Wohnungsfrage]:

En realidad la burguesía solo dispone de un método para resolver a su modo el problema de la vivienda, esto es, de resolverlo de forma que se perpetúe, y ese método se llama «haussmannización» [como yo denominaría a] la práctica generalizada de la apertura de brechas en los barrios obreros, particularmente en los situados en el centro de nuestras grandes ciudades, dejando a un lado que se justifique por razones de salud pública, de embellecimiento de la ciudad, de demanda de grandes edificios de negocios en el centro o por exigencias del tráfico como el tendido de vías férreas, la ampliación de las avenidas, etcétera. Por diferentes que sean las razones aducidas, el resultado es siempre el mismo: los callejones más escandalosos desaparecen con gran contento de la burguesía por su colosal éxito, pero aparecen de nuevo en algún otro lugar, a menudo muy cerca […] Los focos de las epidemias, los infames agujeros y calabozos en los que el modo capitalista de producción confina a nuestros trabajadores una noche tras otra, no son erradicados, ¡sino que simplemente se desplazan a otro lugar! La misma necesidad económica que los generó antes los reproduce ahora[17].

De hecho llevó más de cien años completar la conquista burguesa del centro de París, con las consecuencias que hemos visto en los últimos años: levantamientos y disturbios en los suburbios aislados en los que se ven cada vez más atrapados los emigrantes marginados, los obreros desempleados y los jóvenes. Lo más triste es que los procesos que describía Engels se siguen reproduciendo una y otra vez a lo largo de la historia del urbanismo capitalista. Robert Moses le dio «un hachazo al Bronx» (con sus propias infames palabras) que provocó largas y sonoras lamentaciones de los grupos y movimientos vecinales, finalmente condensadas en la retórica de Jane Jacobs sobre la inimaginable destrucción de un valioso tejido urbano así como la pérdida de comunidades enteras de residentes y sus arraigadas redes de integración social[18]. Pero en los casos de París y Nueva York, después de que las brutales expropiaciones a cargo del estado se vieron frenadas por la agitación política y las luchas callejeras del 68, comenzó un proceso de transformación mucho más insidioso y canceroso mediante el sometimiento de los gobiernos democráticos urbanos a la disciplina presupuestaria, la liberalización del mercado del suelo y de la vivienda, la especulación inmobiliaria y la recalificación del suelo urbano para los usos que generaban la tasa de ganancia financiera más alta. Engels entendía muy bien de qué iba todo ese proceso:

El crecimiento de las grandes ciudades modernas da al suelo en ciertas áreas, particularmente en las situadas cerca del centro, un valor artificial mucho mayor; los edificios construidos en esas áreas disminuyen ese valor en lugar de aumentarlo, porque ya no corresponden a las nuevas circunstancias; por eso son derribados y sustituidos por otros. Esto sucede sobre todo con las viviendas de los trabajadores situadas cerca del centro, cuyos alquileres, a pesar de la gran cantidad de gente que en ellas se aloja, nunca pueden aumentar más allá de un límite, o en todo caso lo hacen muy lentamente. Por ello son derribadas y en su lugar se construyen nuevas tiendas, almacenes y edificios públicos[19].

Resulta deprimente pensar que todo esto se escribiera en 1872, ya que la descripción de Engels se puede aplicar directamente a los actuales procesos urbanos en gran parte de Asia (Nueva Delhi, Seúl, Bombay), así como a la actual gentrificación de ciertas áreas de Nueva York como Harlem y Brooklyn. La creación de nuevas geografías urbanas bajo el capitalismo supone inevitablemente desplazamiento y desposesión, como horrorosa imagen especular de la absorción de capital excedente mediante el desarrollo urbano. Considérese el caso de Bombay y sus áreas urbanas aledañas, donde 6 millones de sus habitantes son considerados oficialmente chabolistas, alojados en su mayor parte en terrenos sin propietario legal (los lugares donde viven aparecen en blanco en todos los planos de la ciudad). El intento de convertir Bombay en un centro financiero global capaz de rivalizar con Shanghái ha acelerado el boom de la construcción y el suelo que ocupan los «asentamientos irregulares» ha aumentado increíblemente de valor año tras año. El de Dharavi, uno de los barrios chabolistas más conocidos de Bombay, se estima en torno a los 2 millardos de dólares, y la presión para desalojar a sus habitantes —aduciendo razones ambientales y sociales— aumenta día tras día. Los poderes financieros respaldados por el estado presionan en favor de un desalojo por la fuerza, tomando posesión a veces violentamente de un terreno ocupado desde hace una generación por los chabolistas. La acumulación de capital mediante la actividad inmobiliaria se multiplica, dado que el coste del suelo es prácticamente nulo. ¿Recibe alguna compensación la gente obligada a abandonar sus chabolas? Los más afortunados han recibido algunas rupias, pero aunque la Constitución india proclama que el estado está obligado a proteger la vida y el bienestar de toda la población, sin hacer diferencias por razones de casta o de clase, y a garantizar su derecho a la vivienda, el Tribunal Supremo ha reescrito esa exigencia constitucional: los ocupantes ilegales que no pueden demostrar fehacientemente su asentamiento durante largo tiempo en el suelo que ocupan no tienen derecho a compensación alguna, porque reconocer ese derecho, dice el Tribunal Supremo, equivaldría a premiar a los ladronzuelos y carteristas por sus acciones. Así, los chabolistas se ven obligados a resistir y a luchar, o a empaquetar sus escasas pertenencias y acampar al borde de las autovías o donde puedan encontrar un diminuto espacio[20]. Ejemplos similares de desposesión (aunque menos brutales y más legales) se pueden encontrar en Estados Unidos, donde se abusa del derecho a la expropiación para desplazar a quienes residían desde hace tiempo en una vivienda razonable, en favor de usos más rentables del suelo (tales como los bloques de apartamentos y los grandes almacenes). En el Tribunal Supremo estadounidense los jueces liberales prevalecieron sobre los conservadores diciendo que era perfectamente constitucional que las jurisdicciones locales se comportaran de esa forma a fin de aumentar la base de su recaudación de impuestos.

En Seúl, durante la década de 1990, las empresas constructoras y los promotores inmobiliarios contrataron escuadrones de luchadores de sumo para invadir barrios enteros y aplastar a mazazos no solo las viviendas sino también las posesiones de quienes se habían asentado cuatro o cinco décadas antes en las colinas que ahora se habían convertido en un terreno de gran valor. La mayoría de sus laderas han quedado cubiertas por grandes rascacielos que no muestran ninguna huella del brutal proceso de desposesión que permitió su construcción. En China se está desposeyendo actualmente a millones de personas del espacio que llevaban ocupando toda la vida. Dado que carecen de derechos de propiedad privada, el estado puede expulsarlos simplemente con una orden administrativa, ofreciéndoles como mucho un pequeño pago en efectivo para facilitarles el traslado (antes de entregar el suelo a los promotores con una elevada tasa de ganancia). En algunos casos la gente se va sin más, pero también llegan noticias de encarnizadas resistencias, la respuesta a las cuales suele ser una brutal represión por parte de las autoridades. La población rural de los alrededores de las grandes ciudades se ve desplazada sin mucha ceremonia al expandirse estas, como ya había vaticinado Lefebvre en los años sesenta presintiendo que la clara distinción de otro tiempo entre la ciudad y el campo parecía irse difuminando gradualmente dando lugar a espacios porosos con un desarrollo geográfico desigual bajo el dominio del capital y del estado. En China las comunas rurales en los alrededores de las ciudades (o al menos los líderes locales del partido) pasaron del agotador trabajo de cultivar coles al relajado estatus de rentistas urbanos al construirse en ellas, prácticamente de la noche a la mañana, grandes bloques de apartamentos. Así sucede igualmente en la India, donde la política de zonas especiales de desarrollo económico promovida por el gobierno central y los gobiernos estatales ha acabado convirtiéndose en una violencia descarnada contra los productores agrícolas, como en el caso de la masacre de Nandigram (Bengala occidental) en 2007 ordenada por el «Frente de Izquierdas» gobernante[21] con el fin de abrir espacios para la inversión de grandes capitales indonesios, tan interesados en el desarrollo urbano como en el industrial. En este caso los derechos de propiedad privada no supusieron ninguna protección.

Y lo mismo sucede con la propuesta aparentemente progresista de conceder derechos de propiedad privada a las poblaciones okupas, ofreciéndoles bienes que les permitirían salir de la pobreza. Ese es el tipo de propuesta ofrecido a los favelados de Río de Janeiro, pero el problema es que los pobres, acuciados por la inseguridad de sus ingresos y sus frecuentes dificultades financieras, pueden fácilmente ser persuadidos de venderlos a un precio en efectivo relativamente bajo (los ricos se niegan en cambio a renunciar de ningún modo a sus propiedades, por lo que Moses, a quien no le resultó muy difícil dar su «hachazo» en el Bronx, donde la mayoría de la gente contaba con muy bajos ingresos, no pudo hacer lo mismo en la opulenta Park Avenue). Yo apostaría a que, si se mantiene la tendencia actual, dentro de quince años todas esas colinas ahora ocupadas por favelas estarán cubiertas por grandes bloques de apartamentos con fabulosas vistas a la bahía de Río, mientras que los antiguos favelados habrán sido desplazados a alguna periferia remota[22]. El efecto a largo plazo de la privatización por Margaret Thatcher de las viviendas sociales en el centro de Londres ha sido crear una estructura de alquileres y precio de la vivienda en toda el área metropolitana que impide que la gente con bajos ingresos e incluso la de clase media pueda acceder a una vivienda cerca del centro urbano. El problema de la vivienda, como el de la pobreza y la accesibilidad, se ha ido desplazando de un lugar a otro.

Esos ejemplos nos advierten de la existencia de toda una batería de soluciones aparentemente «progresistas» que no solo desplazan el problema sino que de hecho lo refuerzan, al mismo tiempo que alargan la cadena dorada que aprisiona a poblaciones vulnerables y marginadas dentro del cerco de la circulación y acumulación del capital. Hernando de Soto argumentaba que es la falta de derechos claros de propiedad la que mantiene en la miseria a los pobres en gran parte del Sur Global (ignorando el hecho de que la pobreza también abunda en sociedades donde están claramente establecidos los derechos de propiedad). Evidentemente, habrá casos en que la concesión de tales derechos en las favelas de Río o en los barrios pobres de Lima libere energías individuales y afanes empresariales que permitan el avance personal de algunos, pero el efecto global suele ser el de destruir los modos colectivos de solidaridad social y apoyo mutuo, no basados en la maximización del beneficio, sin favorecer el alivio conjunto de la población a falta de un empleo seguro y adecuadamente remunerado. Julia Elyachar, por ejemplo, señala que en El Cairo esas políticas aparentemente progresistas han creado un «mercado de la desposesión» que de hecho absorbe valor de una economía moral basada en el respeto mutuo y la reciprocidad, en beneficio de las instituciones capitalistas[23].

Esa misma crítica se puede aplicar en buena medida a las soluciones para la pobreza global basadas en los microcréditos y microfinanzas, voceadas tan persuasivamente desde las instituciones financieras de Washington. En su encarnación social (tal como los proponía originalmente el premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus) los microcréditos han abierto efectivamente nuevas posibilidades y han tenido un efecto significativo sobre las relaciones de género, con consecuencias positivas para las mujeres, en países como India y Bangladesh; pero al mismo tiempo imponen sistemas de responsabilidad colectiva para el pago de la deuda contraída que pueden coartar más que liberar. En cuanto a las microfinanzas tal como han quedado estructuradas por las instituciones de Washington (a diferencia de la orientación social más filantrópica de los microcréditos propuestos por Yunus), su efecto tiende a generar fuentes muy rentables de ingresos (con tipos de interés por encima del 18 por 100 e incluso bastante más altos) para las instituciones financieras globales, en el seno de una estructura de comercialización emergente que permite a las empresas multinacionales acceder al enorme mercado constituido por los dos mil millones de personas que viven con menos de 2 dólares al día. Es a ese enorme «mercado en la base de la pirámide», como se le llama en los círculos empresariales, al que el gran capital pretende llegar mediante redes complejas de vendedores (principalmente mujeres) vinculados mediante una cadena de mercado que va desde los grandes centros multinacionales de distribución hasta los vendedores callejeros[24]. Estos últimos, ligados por diversas redes de relaciones sociales, se hacen colectivamente responsables del pago de la deuda más intereses que les permite comprar los artículos que más tarde venden al por menor. Como en el caso de la concesión de derechos de propiedad privados, es casi seguro que algunas personas (la mayoría de ellas mujeres) pueden incluso alcanzar un estatus relativamente acomodado, al tiempo que se atenúan notorios problemas en el acceso de los pobres a los productos de consumo a un precio razonable; pero esto no soluciona el problema de la pobreza urbana. La mayoría de los participantes en el sistema de microfinanzas quedarán reducidos a la servidumbre por deudas, encerrados en una posición intermedia mal remunerada entre las empresas multinacionales y la población empobrecida de los arrabales urbanos, en beneficio siempre de las primeras. Este es el tipo de estructura que bloquea la exploración de alternativas más productivas, y ciertamente no brinda ningún tipo de derecho a la ciudad.

La urbanización, podemos concluir, ha desempeñado un papel crucial en la absorción de excedentes de capital, y lo ha hecho a una escala geográfica cada vez mayor, pero a costa de impetuosos procesos de destrucción creativa que implican la desposesión de las masas urbanas de cualquier derecho a la ciudad. Periódicamente esto da lugar a rebeliones como la de París en 1871, cuando los desposeídos se alzaron reclamando el derecho a la ciudad que habían perdido. Los movimientos sociales de 1968, desde París y Bangkok hasta Ciudad de México y Chicago, pretendían parecidamente definir un modo de vida urbana diferente al que les estaban imponiendo los promotores capitalistas y el estado. Si, como parece probable, las dificultades fiscales de la actual coyuntura aumentan y la fase hasta ahora exitosa, neoliberal, posmodernista y consumista de absorción capitalista del excedente mediante la urbanización, está llegando a su fin iniciándose una crisis más amplia, cabe preguntarse: ¿Dónde está nuestro 68, o para plantearlo aún más dramáticamente, nuestra versión de la Comuna?

Por analogía con las transformaciones en el sistema recaudatorio, la respuesta política deberá ser mucho más compleja en nuestra época, precisamente porque el proceso urbano es ahora de ámbito planetario y está atravesado por todo tipo de fisuras, inseguridades y desarrollos geográficos desiguales. Pero como cantaba Leonard Cohen, esas grietas son «las que dejan pasar la luz». Hay atisbos de rebelión en todas partes (la agitación en China e India es crónica), hay guerras civiles en África, Latinoamérica hierve, en todas partes surgen movimientos autónomos y hasta en Estados Unidos hay indicios políticos que sugieren que la mayoría de la población piensa, con respecto a las terribles desigualdades, que «¡Ya basta!». Cualquiera de esas rebeliones podría de repente hacerse contagiosa. A diferencia del sistema tributario, no obstante, los movimientos de oposición urbanos y periurbanos, que abundan en todo el mundo, no están apenas vinculados entre sí. De hecho, muchos no tienen ninguna conexión con otros. Es por tanto muy improbable que una sola chispa incendie la pradera, como se solía decir en otro tiempo. Hará falta algo mucho más sistematizado. Pero si esos diversos movimientos de oposición se unieran de algún modo —por ejemplo, en torno a la reivindicación del derecho a la ciudad—, ¿qué deberían exigir?

La respuesta a esta última pregunta es bastante sencilla: mayor control democrático sobre la producción y uso del excedente. Dado que el proceso de urbanización es un importante canal de uso, el derecho a la ciudad se constituye estableciendo un control democrático sobre la aplicación a la urbanización de los excedentes. Tener excedentes no es algo malo de por sí; de hecho, en muchas situaciones es crucial para la supervivencia. Durante toda la historia del capitalismo, parte del valor excedente creado ha sido recaudado por el estado, y en las fases socialdemócratas esa proporción aumentó significativamente, poniendo buena parte del excedente bajo el control estatal. Todo el proyecto neoliberal durante los últimos treinta años ha estado orientado a la privatización del control sobre el excedente, pero los datos para todos los países de la OCDE muestran que la proporción del PIB de la que ha dispuesto el estado se ha mantenido en general constante desde la década de 1970. El principal logro del asalto neoliberal ha sido pues impedir que siguiera aumentando como lo hizo durante los años cincuenta y sesenta. Otro aspecto ha sido crear nuevos sistemas de gobierno que integran los intereses del estado y de las empresas, y que mediante la aplicación del poder del dinero aseguran que el control sobre el desembolso del excedente en la configuración del proceso urbano mediante el aparato estatal favorezca al gran capital y a las clases altas.

El aumento de la proporción del excedente bajo control estatal solo servirá de algo si se reforma el propio estado poniéndolo bajo el control democrático del pueblo. El derecho a la ciudad va cayendo cada vez más, por desgracia, en manos de intereses privados o casi privados. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, tenemos un alcalde milmillonario, Michael Bloomberg, que está reconfigurando la ciudad de acuerdo con los intereses de los promotores inmobiliarios, de Wall Street y de la clase capitalista transnacional, mientras la sigue vendiendo como un lugar óptimo para los grandes negocios y un destino fantástico para los turistas, convirtiendo Manhattan en una vasta comunidad de acceso restringido, únicamente para ricos (su eslogan desarrollista ha sido, irónicamente, «construir como Robert Moses pero sin olvidar a Jane Jacobs»[25]). En Seattle es otro milmillonario, Paul Allen, quien lleva la voz cantante, y en Ciudad de México el hombre más rico del mundo, Carlos Slim, ha hecho pavimentar de nuevo las calles del centro para complacer el gusto de los turistas. Pero no son solo ricachones individuales los que ejercen el poder directo: en la ciudad de New Haven, carente de recursos propios para la reinversión urbana, es la Universidad de Yale, una de las más ricas del mundo, la que está rediseñando gran parte del tejido urbano para adecuarlo a sus necesidades. La Universidad Johns Hopkins está haciendo lo mismo en el este de Baltimore y la Universidad de Columbia planea hacerlo en ciertas áreas de Nueva York (suscitando en ambos casos movimientos de resistencia vecinales, como lo ha hecho el intento de privatización del suelo en Dharavi). El derecho a la ciudad actualmente existente, tal como está ahora constituido, es demasiado estrecho y está en la mayoría de los casos en manos de una pequeña elite política y económica con capacidad para configurar la ciudad según sus propias necesidades particulares y sus deseos más íntimos.

Pero consideremos ahora la situación más estructuralmente: en enero de cada año se publica una estimación del total de primas [bonus] ganadas esforzadamente en Wall Street durante todo el ejercicio por los grandes gestores financieros. En 2007, un año desastroso para los mercados financieros se mire como se mire (aunque no tan malo como el siguiente, claro está), esas primas sumaron 33 200 millones de dólares, solo un 2 por 100 menos que el año anterior (buena retribución por desquiciar el sistema financiero mundial). A mediados del verano de 2007 la Reserva Federal y el Banco Central Europeo inyectaron en el sistema financiero millardos de dólares en créditos a corto plazo para asegurar su estabilidad, y la Reserva Federal redujo espectacularmente los tipos de interés a medida que avanzaba el año cada vez que los mercados de Wall Street amenazaban caer vertiginosamente. Entretanto, entre dos y tres millones de personas —principalmente familias monoparentales encabezadas por mujeres, afroamericanas en las principales ciudades y blancas marginadas en la semiperiferia urbana— eran desahuciadas de sus hogares, quedando muchas de ellas sin techo. En Estados Unidos muchos barrios e incluso comunidades periurbanas enteras quedaron prácticamente vacíos como consecuencia de las prácticas crediticias depredadoras de las instituciones financieras. Esa gente no recibía primas. De hecho, dado que el desahucio significa condonación de la deuda[26] y que eso es considerado como un ingreso, muchos de los desahuciados tuvieron que afrontar enormes recargos de impuestos por un dinero que nunca estuvo en sus manos. Esa espantosa asimetría plantea la siguiente cuestión: ¿por qué no extendieron la Reserva Federal y el Tesoro estadounidense su ayuda de liquidez a medio plazo a los hogares amenazados con el desahucio hasta que la reestructuración de su hipoteca con un tipo de interés razonable resolviera parte al menos del problema? Se podría haber mitigado la ferocidad de la crisis del crédito y protegido a la gente empobrecida y los barrios que habitaban. Además, el sistema financiero global no habría estado al borde de la insolvencia total, como sucedió un año después. Evidentemente, esto habría extendido la misión de la Reserva Federal más allá de sus límites habituales y habría violado la regla ideológica neoliberal de que en caso de conflicto entre el bienestar de las instituciones financieras y el del pueblo, este tiene que cargar con los gastos. También habría ido contra los principios de la clase capitalista con respecto a la distribución de los ingresos y la idea liberal de responsabilidad personal. Pero basta considerar el precio que se pagó por observar tales reglas y la insensata destrucción creativa que causaron. ¿No se podría y se debería hacer algo para invertir esas opciones políticas?

Cabe esperar que durante el siglo XXI lleguemos a ver un movimiento coherente de oposición a todo esto. Existen, por supuesto, multitud de luchas y movimientos sociales urbanos (en el sentido más amplio del término, incluyendo los movimientos en la periferia rural), y abundan en todo el mundo las innovaciones urbanas con respecto a la sostenibilidad medioambiental, la incorporación cultural de los inmigrantes y el diseño habitacional de los espacios públicos; pero todavía tienen que converger en el propósito concreto de obtener un mayor control sobre los usos del excedente (por no hablar de las condiciones de su producción). Un paso hacia la unificación de esas luchas, aunque no fuera en absoluto el último, sería el de concentrarse en esos momentos de destrucción creativa en que en la economía de acumulación de riqueza se transfigura violentamente en economía de desposesión, reivindicando abiertamente el derecho de los desposeídos a su ciudad, su derecho a cambiar el mundo, a cambiar la vida y a reinventar la ciudad de acuerdo con sus propios deseos. Ese derecho colectivo, entendido a un tiempo como consigna de trabajo y como ideal político, nos retrotrae a la antiquísima cuestión de quién está al mando de la conexión interna entre urbanización y producción y uso del excedente. Quizá, después de todo, Lefebvre tenía razón, hace más de medio siglo, al insistir en que la revolución de nuestra época tiene que ser urbana, o no será.

Capítulo Dos

Las raíces urbanas de las crisis capitalistas

En un artículo publicado en el New York Times el 5 de febrero de 2011 con el título «Housing Bubbles Are Few and Far Between», Robert Shiller, economista al que muchos consideran el mayor experto estadounidense en cuestiones de vivienda dado su papel en la elaboración del índice Case-Shiller sobre el precio de la misma, intentaba tranquilizar a todos afirmando que la reciente burbuja inmobiliaria era un «acontecimiento infrecuente, que no se repetiría en muchas décadas». La «enorme burbuja inmobiliaria» de principios de siglo «no se puede comparar con ningún ciclo nacional o internacional en ese sector. Las anteriores burbujas fueron menores y más regionales». Los únicos antecedentes equiparables, aseguraba, fueron las burbujas del precio del suelo en Estados Unidos a finales de la década de 1830 y durante la de 1850[27].

Como demostraré, se trata de una lectura asombrosamente equivocada y peligrosa de la historia del capitalismo. El hecho de que haya pasado tan inadvertida atestigua un punto ciego muy serio en el pensamiento económico contemporáneo, que desgraciadamente parece darse igualmente en la economía política marxista. La crisis de la vivienda en Estados Unidos en 2007-2010, aunque haya sido más profunda y más larga que la mayoría —de hecho, bien puede marcar el fin de una era en la economía estadounidense—, no carecía de precedentes en su relación con las perturbaciones macroeconómicas del mercado mundial, y hay señales de que está a punto de repetirse.

La economía convencional trata rutinariamente la inversión en el entorno construido en general, y en la vivienda en particular, así como la urbanización, como algo marginal con respecto a los asuntos supuestamente más importantes que se desarrollan en una entidad ficticia llamada «la economía nacional». El subcampo de la «economía urbana» es pues un tema al que se dedican economistas de segunda fila, mientras que los más brillantes aplican sus habilidades macroeconómicas en otros terrenos, e incluso cuando prestan atención a los procesos urbanos, los presentan como si las reorganizaciones espaciales, el desarrollo regional y la construcción de ciudades fueran meros resultados de procesos a mayor escala que no se ven afectados apenas por lo que producen[28]. Así, en el Informe sobre Desarrollo del Banco Mundial de 2009, que por primera vez se tomó en serio la geografía económica y el desarrollo urbano, los autores no parecían pensar que nada pudiera ir tan catastróficamente mal como para detonar una crisis en el conjunto de la economía. Escrito por economistas (sin consultar a geógrafos, historiadores o sociólogos urbanos), su propósito era supuestamente explorar la «influencia de la geografía en las oportunidades económicas» y elevar «el espacio y el lugar, de meras cuestiones secundarias, a un papel más importante».

Sus autores se esforzaban de hecho por demostrar que la aplicación de los paradigmas habituales de la economía neoliberal a los temas urbanos (como dejar al estado fuera de la tarea de regular seriamente los mercados del suelo y la propiedad inmobiliaria y minimizar las intervenciones de la planificación urbana, regional y espacial en pro de la justicia social y de la igualdad regional), era la mejor de forma para aumentar el crecimiento económico (con otras palabras, la acumulación de capital). Aunque tenían la decencia de «lamentar» no disponer del tiempo y el espacio suficiente para explorar en detalle las consecuencias sociales y medioambientales de sus propuestas, creían simplemente que las ciudades que proporcionan

mercados fluidos para el suelo, la propiedad inmobiliaria y otras instituciones de apoyo —tales como la protección de los derechos de propiedad, la ejecución obligada de los contratos y la financiación de la vivienda—, prosperarían probablemente con el tiempo a medida que se modificaran las necesidades del mercado. Ciudades con éxito han relajado las leyes sobre las zonas para permitir a los usuarios con mayores recursos apostar por el suelo valioso y han adoptado nuevas regulaciones de uso para adaptarse a su papel, que va cambiando con el tiempo[29].

Pero el suelo no es una mercancía en el sentido más corriente de la palabra. Es una forma ficticia de capital que deriva de las expectativas de futuras rentas. El intento de maximizar su rendimiento ha expulsado durante los últimos años de Manhattan y del centro de Londres a las familias de bajos o moderados ingresos, con efectos catastróficos sobre las disparidades de clase y el bienestar de las poblaciones menos privilegiadas. Eso mismo es lo que ejerce una presión tan intensa sobre el suelo de alto valor en Dharavi (Bombay), un barrio de chabolas poblado por alrededor de un millón de habitantes que el informe caracteriza correctamente como un ecosistema productivo humano. En resumen, el informe defiende el fundamentalismo de mercado que ha dado lugar al terremoto macroeconómico por el que acabamos de pasar (aunque siga manifestando réplicas) al tiempo que ha generado movimientos sociales urbanos de oposición a la gentrificación, a la destrucción del medio ambiente y al uso de las expropiaciones (o de métodos más brutales) para desalojar a los residentes y permitir un uso más rentable del suelo.

Desde mediados de la década de 1980 la política urbana neoliberal (aplicada, por ejemplo, en toda la Unión Europea) concluyó que la redistribución de la riqueza a las barriadas, ciudades y regiones menos aventajadas era inútil, y que los recursos debían canalizarse por el contrario hacia los polos de crecimiento «empresariales» más dinámicos. Una versión espacial del «goteo» se encargaría de resolver, en el proverbial largo plazo (que nunca llega) esas latosas desigualdades regionales, espaciales y urbanas. ¡Entregar la ciudad a los promotores y especuladores financieros redunda, según ese mantra, en beneficio de todos! Si el estado chino hubiera liberalizado el uso del suelo en sus ciudades, entregándolo a las fuerzas del libre mercado —aseguraba el informe del Banco Mundial—, su economía habría crecido aún más rápidamente.

El Banco Mundial favorece abiertamente al capital especulativo por encima del pueblo. Nunca cuestiona la idea de que a una ciudad le puede ir bien (en términos de acumulación de capital) aunque a su población (aparte de un sector privilegiado) y al medio ambiente les vaya mal. Aún peor, el informe es profundamente cómplice de las políticas que fomentaron la crisis de 2007-2009, lo que resulta particularmente llamativo ya que se publicó seis meses después de la bancarrota de Lehman Brothers y aproximadamente dos años después de que el mercado estadounidense de la vivienda se ensombreciera y comenzara el tsunami de los desahucios. Se nos dice, por ejemplo, sin un asomo de comentario crítico, que

desde la desregulación de los sistemas financieros en la segunda mitad de la década de 1980, la financiación de la vivienda con criterios de mercado se ha expandido rápidamente. Los mercados de hipotecas residenciales equivalen ahora en los países desarrollados a más del 40 por 100 del producto interior bruto (PIB), pero en los países en desarrollo es mucho más pequeño y en promedio no llega al 10 por 100 del PIB. El papel de los gobiernos debería consistir en estimular una participación privada bien regulada […] Establecer los fundamentos legales para contratos hipotecarios simples, ejecutables y prudentes sería un buen comienzo. Cuando el sistema de un país está más desarrollado y es más maduro, el sector público puede alentar un mercado hipotecario secundario, desarrollar innovaciones financieras y expandir la titulización de las hipotecas. Las viviendas que son propiedad de sus ocupantes, habitualmente el mayor activo con mucho de una familia, es importante en la creación de riqueza, la seguridad social y la política. La gente propietaria de su vivienda o que goza de una tenencia segura suele participar más activamente en su comunidad y es por tanto más probable que presione por una disminución del crimen, una gobernanza más fuerte y mejores condiciones medioambientales locales[30].

Esas aseveraciones resultan bastante asombrosas dados los recientes acontecimientos. Dan pábulo al negocio de las hipotecas-basura, alentado por mitos de fácil asimilación sobre los beneficios de la propiedad de la vivienda para todos y el hacinamiento de hipotecas tóxicas en CDOs altamente valoradas para ser vendidas a inversores ingenuos. Promueve la proliferación de urbanizaciones periféricas que consumen mucho más suelo y energía de lo que sería razonable para la sostenibilidad del planeta como hábitat para la población humana. Los autores podrían argüir plausiblemente que no entraba en sus atribuciones relacionar el tema de la urbanización con el problema del calentamiento global. Al igual que Alan Greenspan, podrían argumentar también que les habían pillado por sorpresa los acontecimientos de 2007-2009 y que no cabía esperar que anticiparan ningún problema en el escenario rosado que pintaban. Al insertar los términos «prudente» y «bien regulado» en su argumentación se habían «protegido», por decirlo así, frente a posibles críticas.

Pero dado que citan innumerables ejemplos históricos, «prudentemente elegidos» para apuntalar sus tesis neoliberales, ¿cómo se les pudo pasar que la crisis de 1973 se inició con un crac del mercado global inmobiliario que provocó la quiebra de varios bancos? ¿No se dieron cuenta de que la crisis de «Asociaciones de Crédito y Ahorro» [Savings and Loans] de finales de la década de 1980 en Estados Unidos, inducida igualmente por las Sociedades de Crédito Inmobiliario, dio lugar al hundimiento de cientos de instituciones financieras costándoles unos 200 millardos de dólares a los contribuyentes estadounidenses (una situación que irritó tanto a William Isaac, entonces presidente de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos [Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC], que en 1987 amenazó a la Asociación de Banqueros Americanos con la nacionalización si no enmendaban su comportamiento)? ¿Que el final del boom japonés en 1990 (del que Japón todavía no se ha recuperado) fue provocado por una caída vertiginosa de los precios del suelo? ¿Que el sistema bancario sueco tuvo que ser nacionalizado en 1992 como consecuencia de los excesos en el mercado inmobiliario? ¿Que uno de los desencadenantes del colapso en el este y sureste de Asia en 1997-1998 fue el excesivo desarrollo urbano en Tailandia?[31].

¿Dónde estaban los economistas del Banco Mundial mientras sucedía todo esto? Desde 1973 ha habido cientos de crisis financieras (mientras que antes eran mucho menos frecuentes), y buen número de ellas han sido provocadas por el desarrollo inmobiliario o urbano. Casi cualquiera que se hubiera puesto a pensar sobre ello —incluyendo, al parecer, a Robert Shiller— sabía que algo estaba yendo muy mal en el mercado de la vivienda estadounidense a partir de 2001, poco más o menos, pero creían que era algo excepcional, no sistémico[32].

Shiller podría argüir, por supuesto, que todos los demás ejemplos mencionados eran meros acontecimientos regionales. Pero entonces, desde el punto de vista de los brasileños o los chinos, también lo era la crisis de la vivienda de 2007-2009. Su centro fue el suroeste de Estados Unidos y Florida (con algunas repercusiones en Georgia), junto con otros puntos calientes (la crisis de ejecuciones hipotecarias que comenzó a finales de la década de 1990 en áreas pobres de ciudades antiguas como Baltimore y Cleveland era demasiado local y «poco importante» porque los afectados eran en su mayoría afroamericanos y miembros de las minorías). Internacionalmente, España y Irlanda se vieron muy golpeadas, y también Gran Bretaña, aunque en menor medida; pero no hubo serios problemas en los mercados inmobiliarios de Francia, Alemania, los Países Bajos o Polonia, ni en aquel momento en el conjunto de Asia.

Pero una crisis regional centrada en Estados Unidos se iba a globalizar, evidentemente, de una forma mucho más notoria que en los casos de, digamos, Japón o Suecia a principios de la década de 1990. Ya la crisis de Savings & Loans en 1987 (el año en que también se produjo una severa caída bursátil juzgada, erróneamente, como un incidente sin ninguna relación) tuvo ramificaciones globales. Lo mismo cabe decir de la muy subestimada crisis del mercado inmobiliario global a principios de 1973. La opinión predominante es que lo más importante de aquel año fue el enorme aumento del precio del petróleo en otoño; pero el crac inmobiliario le precedió en seis meses y la recesión estaba ya en marcha en otoño (véase la figura 1). El crac del mercado inmobiliario dio lugar (por obvias razones de ingresos) a la crisis recaudatoria de algunos estados (lo que no habría sucedido si la recesión solo hubiera sido provocada por el precio del petróleo). La subsiguiente crisis fiscal de la Ciudad de Nueva York en 1975 fue enormemente importante porque en aquel momento controlaba uno de los mayores presupuestos públicos del mundo (provocando ruegos del presidente francés y del canciller federal alemán occidental de que se rescatara a la ciudad para evitar una implosión global de los mercados financieros). Nueva York se convirtió entonces en el centro de invención de prácticas liberales para premiar el «riesgo moral» de los bancos de inversión y hacer que la gente corriente pagara la reestructuración de los contratos y servicios municipales. El impacto del crac inmobiliario más reciente también ha provocado la bancarrota virtual de estados como California, provocando enormes tensiones sobre las finanzas de gobiernos estatales y municipales y el empleo público en prácticamente todo Estados Unidos. La historia de la crisis fiscal de la ciudad de Nueva York en la década de 1970 parecía presagiar fantasmáticamente la del estado de California, que hoy día tiene el octavo presupuesto público mayor del mundo[33].

La Oficina Nacional de Investigación Económica ha desenterrado recientemente otro ejemplo del papel de los booms inmobiliarios en la génesis de severas crisis del capitalismo. A partir de un estudio de los datos de la propiedad inmobiliaria en la década de 1920, William Goetzmann y Frank Newman «concluyen que los títulos inmobiliarios emitidos por las autoridades afectaron a la actividad constructora en la década de 1920 y que el hundimiento de su valor pudo inducir, mediante el mecanismo del ciclo de garantías, la subsiguiente crisis bursátil de 1929-1930». Con respecto a la vivienda, Florida era, entonces como ahora, un centro de intenso desarrollo especulativo, donde el valor nominal de un edificio pudo incrementarse hasta un 8000 por 100 entre 1919 y 1925. A escala nacional, las estimaciones del aumento del precio de la vivienda durante el mismo periodo rondan el 400 por 100. Pero esto era una minucia comparado con el desarrollo comercial centrado casi enteramente en Nueva York y Chicago, donde se tramaron para alimentar el boom todo tipo de apoyos financieros y procedimientos de titulización «sin paralelo hasta mediados de la década de 2000». Aún más expresivo es el gráfico elaborado por Goetzmann y Newman sobre la construcción de rascacielos en Nueva York (véase la figura 2). Los booms de la construcción que precedieron a los cracs de 1929, 1973, 1987 y 2000 sobresalen como puntas de lanza. Los grandes edificios que vemos a nuestro alrededor en la ciudad de Nueva York, señalan patéticamente, representan «algo más que un movimiento arquitectónico; fueron en gran medida la manifestación de un fenómeno financiero generalizado». Recordando que los títulos inmobiliarios eran durante la década de 1920 «tan tóxicos como lo son ahora», prosiguen y concluyen:

El panorama de Nueva York recuerda con fuerza la capacidad de la titulización para conectar el capital de los especuladores con las empresas de la construcción. Una mayor comprensión del temprano mercado de títulos inmobiliarios podría ofrecernos datos válidos para modelar el escenario de eventuales catástrofes en el futuro. El optimismo en los mercados financieros tiene la capacidad de elevar el precio del acero, pero no hace que un edificio sea rentable sin más[34].

Evidentemente, las alzas y caídas del mercado inmobiliario están inextricablemente entrelazadas con los flujos financieros especulativos y tienen graves consecuencias para la macroeconomía en general, así como todo tipo de efectos externos relacionados con el agotamiento de recursos y la degradación medioambiental. Además, cuanto mayor es la proporción de los mercados inmobiliarios en el PIB, más importancia cobra la conexión entre financiación e inversión en el entorno construido como generadora potencial de grandes crisis. En el caso de los países en desarrollo como Tailandia —donde las hipotecas sobre viviendas equivalen tan solo, si el informe del Banco Mundial dice la verdad, al 10 por 100 del PIB—, si bien un crac inmobiliario podría contribuir a un colapso macroeconómico (del tipo del que ocurrió en 1997-1998), probablemente no podría provocarlo por sí solo, mientras que en Estados Unidos, donde la deuda hipotecaria equivale al 40 por 100 del PIB, ciertamente podría hacerlo y así sucedió al generar la crisis de 2007-2009.

Figura 1. El hundimiento del mercado inmobiliario en 1973

Fuente: US Department of Commerce.

Figura 2. Rascacielos construidos en New York City, 1890-2010

Fuente: William Goetzmann y Frank Newman, «Securitization in the 1920s», NBER Working Paper 15 650.

La perspectiva marxista

Dado que la teoría burguesa, si no totalmente ciega, al menos carece de capacidad para relacionar el desarrollo urbano con las perturbaciones macroeconómicas, se podría pensar que los críticos marxistas, con sus muy pregonados métodos materialistas-históricos, habrían salido a la palestra con enérgicas denuncias del aumento de los alquileres y las salvajes desposesiones características de lo que Marx y Engels caracterizaban como segunda forma de explotación de la clase obrera, extorsionada por los propietarios de suelo y viviendas, y habrían confrontado la apropiación del espacio urbano mediante la gentrificación, la construcción de apartamentos de lujo y la «disneyficación» con la bárbara falta de viviendas accesibles para la gran mayoría de la población y la degradación del medio ambiente urbano (tanto física, de la que puede servir como ejemplo la contaminación del aire que se respira, como social, con la llamada «desatención benigna», no solo de la educación sino de muchos otros servicios sociales, en la variante neoliberal del clásico laissez-faire). Cierto es que se han podido oír voces de protesta de un restringido círculo de teóricos y urbanistas marxistas (entre los que me cuento)[35]; pero en general el discurso de los pensadores marxistas es lamentablemente parecido al de los economistas burgueses. Los urbanistas son considerados especialistas, mientras que el núcleo auténticamente significativo de la teorización macroeconómica marxista se sitúa en otro sitio. De nuevo, la ficción de una economía nacional cobra prioridad debido a que es en ella donde se pueden encontrar más datos, aunque también, para ser honesto, donde se toman las principales decisiones políticas. Si no se acaba de entender el papel del mercado inmobiliario en la generación de las condiciones para la crisis de 2007-2009 y sus secuelas de desempleo y austeridad (administrados en buena medida al nivel local y municipal), es porque no hay ningún serio intento serio de integrar una comprensión del proceso de urbanización y de formación del entorno construido en la teoría general de las leyes dinámicas del capital. Como consecuencia, muchos teóricos marxistas, enamorados apasionadamente de las crisis, tienden a tratar la más reciente como una manifestación de su versión preferida de la teoría al respecto (ya sea la caída de la tasa de beneficio, el subconsumo o cualquier otra).

El propio Marx es en cierta medida culpable, aunque involuntario, de ese estado de cosas. En la introducción a los Grundrisse decía que su objetivo al escribir El Capital era explicar las leyes generales del movimiento de este, para lo que debía concentrarse exclusivamente en la producción y realización del plusvalor abstrayéndolas y excluyendo lo que llamaba «particularidades» de la distribución (interés, rentas, impuestos e incluso los salarios reales y la tasa de beneficio), ya que estas son accidentales, coyunturales y dependientes del momento y el lugar. También dejó de lado las circunstancias específicas de las relaciones de intercambio, como la oferta y la demanda y el grado de competencia. Cuando la oferta y la demanda están en equilibrio, argumentaba, no sirven para explicar nada, mientras que las leyes inapelables de la competencia funcionan como responsables de su cumplimiento más que como determinantes de las leyes generales del movimiento del capital. Esto induce inmediatamente a preguntarse qué es lo que ocurre cuando falta ese mecanismo de puesta en vigor, como ocurre en condiciones de monopolio, y qué ocurre cuando incluimos como variable la competencia espacial, que es, como se sabe desde hace tiempo, una forma de competencia monopolista (como en el caso de la competencia interurbana). Finalmente, Marx presenta el consumo como una «singularidad» —las circunstancias únicas que constituyen conjuntamente un modo de vida en común—, que al ser caótica, impredecible e incontrolable, queda por tanto fuera, en su opinión, del campo de la economía política (el estudio del valor de uso, declara en la primera página de El Capital, corresponde a la historia y no a la economía política). Hardt y Negri se han esforzado recientemente por resucitar este concepto, ya que ven las singularidades, que surgen de la proliferación y bienes comunes y siempre apuntan a ellos, como un aspecto clave de la resistencia.

Marx también distinguía otro nivel, el de la relación metabólica con la naturaleza, que al ser una condición universal de todas las formas de sociedad humana es por tanto bastante irrelevante para la comprensión de las leyes generales del movimiento del capital, entendido como construcción social e histórica específica. Las cuestiones medioambientales tienen por esa razón una presencia muy borrosa en El Capital (lo que no significa que Marx las considerara poco importantes o insignificantes, del mismo modo que tampoco minusvaloraba el consumo ni lo consideraba irrelevante como cuestión social genérica)[36].

En casi todo El Capital, Marx se atuvo en general al marco diseñado en los Grundrisse. Se concentró principalmente en la generalidad de la producción de plusvalor excluyendo todo lo demás, aunque de vez en cuando reconocía que había problemas en ese planteamiento. Señalaba por ejemplo su «distinto nivel»: tierra, trabajo, dinero y mercancías son hechos cruciales de la producción, mientras que el interés, las rentas, los salarios y los beneficios quedan excluidos del análisis como particularidades de la distribución.

La ventaja del planteamiento de Marx es que permite una presentación muy clara de las leyes generales del movimiento del capital de una forma que prescinde de las condiciones específicas y particulares de su época (tales como las crisis de 1847-1848 y 1857-1858). Por eso se le puede leer todavía hoy y sigue siendo relevante para nuestra época; pero ese planteamiento supone también ciertas desventajas. Para empezar, Marx deja claro que el análisis de una sociedad/situación capitalista realmente existente requiere una integración dialéctica de lo universal, lo general, lo particular y los aspectos singulares de una sociedad pensada como una totalidad orgánica en funcionamiento. No podemos esperar, por tanto, explicar acontecimientos particulares (como la crisis de 2007-2009) simplemente en términos de las leyes generales del movimiento del capital (y esa es una de mis objeciones a quienes tratan de embutir los hechos de la actual crisis en determinada teoría de la caída tendencial de la tasa de ganancia). Pero, recíprocamente, tampoco podemos intentar tal explicación sin referirnos a las leyes generales del movimiento del capital, aunque el propio Marx parece hacerlo en su presentación en El Capital de la crisis financiera y comercial «independiente y autónoma» de 1847-1848, o incluso más espectacularmente en sus estudios históricos El Dieciocho Brumario y La Lucha de Clases en Francia, donde no se mencionan nunca las leyes generales del movimiento del capital[37].

En segundo lugar, las abstracciones al nivel de generalidad elegido por Marx comienzan a resquebrajarse conforme avanza la argumentación en El Capital. Hay muchos ejemplos de esto, pero el más notable y en cualquier caso el más cercano a mi argumentación aquí es el de su exposición del sistema de crédito. Varias veces en el primer volumen y repetidamente en el segundo, Marx lo menciona pero lo deja de lado como un aspecto de la distribución que todavía no está preparado para afrontar. Las leyes generales del movimiento estudiadas en el segundo volumen, en particular las de la circulación del capital fijo (incluida la inversión en el entorno construido) y los periodos de trabajo, de producción y de circulación, así como la velocidad de rotación, acaban no solo invocando sino necesitando el sistema de crédito. Es muy explícito a este respecto. Cuando comenta que el capital-dinero adelantado debe ser siempre mayor que el aplicado en la producción de plusvalor a fin de afrontar con éxito diferentes periodos de rotación, señala que los cambios en estos pueden «liberar» parte del dinero avanzado antes: «El capital monetario liberado así por el mero mecanismo del movimiento de rotación desempeñará necesariamente (junto al capital monetario liberado por el reflujo paulatino del capital fijo y al que se necesita en cada proceso de trabajo como capital variable) un importante papel en cuanto se desarrolle el sistema crediticio, del que debe constituir, al mismo tiempo, uno de los fundamentos»[38]. En este y otros comentarios similares queda claro que el sistema de crédito se hace absolutamente necesario para la circulación del capital y que habría que incorporar a las leyes generales del movimiento del capital un estudio del sistema de crédito; pero cuando entramos en el análisis de este en el Tercer Volumen, encontramos que el tipo de interés (una particularidad) queda determinado conjuntamente por la oferta y la demanda y la intensidad de la competencia, dos cuestiones concretas que antes habían quedado totalmente excluidas del nivel teórico de generalidad al que prefería ceñirse Marx.

Menciono esto porque se ha ignorado en buena medida la importancia de las limitaciones que Marx impuso a sus investigaciones en El Capital. Cuando esas limitaciones quedan no solo superadas sino quebrantadas, como sucede en el caso del crédito y el interés, se abren nuevas perspectivas para la teorización que van más allá de las que el propio Marx había despejado. Él mismo reconoció al principio de su investigación que esto podría suceder. En los Grundrisse decía por ejemplo al hablar del consumo, la categoría más recalcitrante frente al análisis dadas sus singularidades, que aunque, al igual que el estudio de los valores de uso, «de hecho queda fuera de la economía», existe la posibilidad de que reaccione «a su vez sobre el punto de partida (la producción) e inicie de nuevo todo el proceso»[39]. Así sucede particularmente con el consumo productivo y el propio proceso de trabajo. Mario Tronti y quienes han seguido sus pasos, como Tony Negri, están pues totalmente acertados al ver el propio proceso de trabajo constituido como una singularidad, interiorizada en las leyes generales del movimiento del capital[40]. Las legendarias dificultades afrontadas por los capitalistas cuando tratan de movilizar el «espíritu animal» de los trabajadores para producir plusvalor señalan la existencia de esta singularidad en el núcleo mismo del proceso productivo (como veremos enseguida, en ningún lugar queda esto más claro que en el sector de la construcción). Interiorizar el sistema de crédito y la relación entre el tipo de interés y la tasa de beneficio dentro de las leyes generales de la producción, circulación y realización del capital es asimismo una necesidad perentoria si queremos utilizar con provecho el aparato teórico de Marx para analizar los acontecimientos actuales.

Sin embargo, la integración del crédito en la teoría general tiene que hacerse cuidadosamente, preservando, aunque en un estado trasformado, los avances teóricos ya obtenidos. No podemos, por ejemplo, tratar el sistema de crédito simplemente como una entidad autónoma, una especie del eflorescencia localizada en Wall Street o en la City de Londres que flotara libremente por encima de las actividades terrenales del común de los mortales. Gran parte de la actividad basada en el crédito puede ser efectivamente espuma especulativa, una asquerosa excrecencia de la avidez humana de riqueza y poder, pero otra gran parte es fundamental y absolutamente necesaria para el funcionamiento del capital. No es fácil precisar la frontera entre lo que es necesario y lo que es (a) necesariamente ficticio (como en el caso de la deuda estatal e hipotecaria) y (b) puro exceso.

Evidentemente, tratar de analizar la dinámica de la reciente crisis y sus consecuencias sin referirse al sistema de crédito (cuando las hipotecas suponen el 40 por 100 del PIB estadounidense), el consumismo (70 por 100 de la fuerza impulsora de la economía estadounidense frente al 35 por 100 en China), y la intensidad de la competencia (poder de los monopolios en el mercado financiero, inmobiliario, del pequeño comercio y muchos otros) sería un intento ridículo. En Estados Unidos permanecen insertos en los mercados secundarios de Fannie Mae y Freddie Mac 1,4 billones de dólares en hipotecas, muchas de ellas tóxicas, que han obligado al gobierno a dedicar 400 millardos de dólares (de los que ya se han gastado alrededor de 142 millardos) a intentar rescatarlos. Para entenderlo tenemos que desentrañar lo que Marx podía querer decir con la categoría de «capital ficticio» y su conexión con los mercados del suelo y la propiedad inmobiliaria. Necesitamos entender cómo la titulización, como la llaman Goetzmann y Newman, conecta «el capital de un público especulativo con las empresas constructoras»; ¿no desempeñó acaso un papel fundamental en la generación de esta crisis la especulación en el precio del suelo y la vivienda y en los alquileres?

El capital ficticio, para Marx, no es un producto de la imaginación de algún agente de Wall Street adicto a la cocaína. Es un fetiche construido, lo que significa, según su caracterización del fetichismo en el primer volumen de El Capital, que aun siendo real es un fenómeno superficial que encubre algo más importante en las relaciones sociales subyacentes. Cuando un banco presta al estado y recibe a cambio un interés, parece como si en el estado hubiera algo directamente productivo, que produce realmente valor, cuando la mayor parte (aunque no todo, como mostraré enseguida) de lo que hace el estado (como las guerras) no tiene nada que ver con la producción de valor. Cuando el banco presta a un consumidor para que se compre una casa y recibe a cambio un flujo de interés, hace que parezca como si en la casa hubiera algo que está produciendo directamente valor, cuando no es así. Cuando los bancos compran bonos para financiar la construcción de hospitales, universidades, escuelas y cosas parecidas a cambio de un interés, parece como si en esas instituciones se estuviera produciendo valor, cuando no es así. Cuando los bancos prestan para comprar suelo e inmuebles de los que se podrá extraer una renta, entonces la categoría distributiva de la renta queda absorbida en el flujo de la circulación de capital ficticio[41]. Cuando los bancos prestan a otros bancos o cuando el Banco Central presta a los bancos comerciales que prestan a los especuladores inmobiliarios que tratan de apropiarse de una renta, el capital ficticio se parece cada vez más a una regresión infinita de ficciones construidas sobre ficciones. El apalancamiento en proporciones cada vez más altas (prestar treinta en lugar de tres veces la cantidad de los depósitos en efectivo disponibles) magnifica la cantidad ficticia de capital-dinero en circulación. Todos esos son ejemplos de formación y flujos de capital ficticio; y son esos flujos los que convierten la propiedad real en algo irreal.

Lo que decía Marx es que el interés que se paga proviene de la producción de valor en algún otro lugar: impuestos o extracción directa de producción de plusvalor, o gravámenes e ingresos (salarios y beneficios). Y para Marx, por supuesto, el único lugar donde se crean el valor y el plusvalor es en el proceso laboral de producción. Lo que aparece como circulación de capital ficticio puede ser socialmente necesario para mantener el capitalismo; puede formar parte de los costes necesarios de producción y reproducción. Las empresas capitalistas pueden extraer formas secundarias de plusvalor mediante la explotación de los trabajadores empleados por los pequeños comerciantes, bancos y fondos protegidos; pero lo que afirma Marx es que si no se produjera valor y plusvalor en la producción en general, entonces esos sectores no podrían existir por sí mismos. Si no se produjeran camisas y zapatos, ¿qué venderían los comerciantes de ropa y calzado?

Hay sin embargo una precaución enormemente importante a tener en cuenta. Parte del flujo de lo que parece ser capital ficticio puede participar de hecho en la creación de valor. Cuando convierto mi casa hipotecada en un taller clandestino empleando a inmigrantes ilegales, la casa se convierte en capital fijo en la producción. Cuando el estado construye carreteras y otras infraestructuras que funcionan como medios de producción colectivos para el capital, estos tienen que ser clasificados como «gastos productivos del estado». Cuando un hospital o una universidad se convierten en un centro para la innovación y el diseño de nuevas medicinas, nuevos equipos y demás, se convierten en centros de producción. Marx no se habría desconcertado por esas matizaciones. Como dice del capital fijo, que algo funcione o no como tal depende de su uso y no de sus cualidades físicas[42]. El capital fijo disminuye cuando los altillos o sótanos dedicados a la producción textil se convierten en nuevos aposentos habitables o nuevos apartamentos, o cuando la microfinanciación convierte las chozas campesinas en capital fijo (mucho más barato) al dedicarlas a la producción.

Gran parte del valor y el plusvalor creados en la producción es absorbido y desviado, pasando por todo tipo de vías complicadas, hacia canales ficticios; y cuando los bancos prestan a otros bancos o se apalancan mutuamente, se posibilitan todo tipo de pagos colaterales y movimientos especulativos socialmente innecesarios, construidos sobre el terreno perpetuamente movedizo de la fluctuación de los valores. Estos dependen de un proceso crítico de «capitalización» que Marx consideraba como una vía de formación de capital ficticio:

Se capitaliza todo ingreso periódico calculándolo según el tipo medio de interés, como rendimiento que daría un capital prestado con ese tipo de interés […] Para quien compra ese título de propiedad, la anualidad [dinero recibido] representa en realidad los intereses de su capital invertido. De este modo se pierde hasta el último rastro de cualquier conexión con el proceso real de valoración del capital, reforzándose la noción del capital como un autómata que se valoriza a sí mismo [die Vorstellung vom Kapital als einem sich durch sich selbst verwertenden Automaten][43].

A una corriente de ingresos (rentas) procedentes de algún activo como la tierra, edificios, unas acciones o cualquier otra cosa, se le asigna un valor como capital por el que puede ser intercambiado, dependiendo de los tipos de interés y de descuento determinados por las condiciones de la oferta y la demanda en el mercado monetario. La valoración de esos activos cuando no hay un mercado para ellos se convirtió en un enorme problema en 2008 y no ha desaparecido. La evaluación de la toxicidad de los activos en posesión de Fannie Mae provocaría dolor de cabeza a cualquiera (¿cuál es el valor real de una casa desalojada para la que no hay compradores?). Ahí se oyó, en la teoría económica convencional de principios de la década de 1970, un importante eco de la controversia sobre el valor del capital, aunque quedó prontamente silenciado, junto con otras muchas verdades inconvenientes.

El problema que plantea el sistema crediticio es que por un lado es vital para la producción, circulación y realización de los flujos del capital, al mismo tiempo que es, por otro, el pináculo de todo tipo de especulación y otras «formas disparatadas». Eso es lo que llevó a Marx a decir que Isaac Péreire —quien junto con su hermano Émile fue uno de artífices de la reconstrucción especulativa del París urbano con Haussmann— «reunía en su persona los rasgos de un estafador con los de un profeta»[44].

La acumulación de capital mediante la urbanización

La urbanización, como vengo argumentando desde hace tiempo, ha sido uno de los medios clave para la absorción de los excedentes de capital y de trabajo durante toda la historia del capitalismo[45]. Ejerce una función muy particular en la dinámica de acumulación del capital debido a los largos periodos de trabajo y de rotación y la larga vida de la gran mayoría de las inversiones en el entorno construido. También tiene una especificidad geográfica única que convierte la producción del espacio y de monopolios espaciales en parte intrínseca de la dinámica de acumulación, no solo en virtud de las pautas cambiantes de los flujos de mercancías en el espacio, sino también en virtud de la propia naturaleza de los espacios y lugares creados y producidos en los que tienen lugar tales movimientos. Pero precisamente porque toda esa actividad —que dicho sea de paso, es un terreno enormemente importante para la producción de valor y plusvalor— es a tan largo plazo, exige como algo absolutamente fundamental para su funcionamiento cierta combinación de capital financiero e intervención estatal. Esta actividad es claramente especulativa a largo plazo y siempre corre el riesgo de reproducir, mucho más adelante y a escala muy ampliada, las propias condiciones de sobreacumulación que ayuda inicialmente a aliviar. De ahí el carácter proclive a las crisis de las inversiones urbanas y en otros tipos de infraestructuras físicas (ferrocarriles y autovías transcontinentales, grandes presas y cosas parecidas).

El carácter cíclico de tales inversiones ha quedado bien documentado para el siglo XIX en la meticulosa obra de Brinley Thomas (véase la figura 3)[46]. Pero la teoría de los ciclos económicos en la construcción se descuidó después de 1945, por poner una fecha, en parte porque las intervenciones de estilo keynesiano dirigidas por el estado se consideraron suficientemente eficaces para contrarrestarlos. Robert Gottlieb, en un detallado estudio de muchos ciclos locales en la construcción (publicado en 1976), detectó ciclos largos en la construcción residencial, con una periodicidad media de 19,7 años y una desviación típica de cinco años, si bien sus datos también sugerían que esas oscilaciones habían menguado, si no desaparecido, durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial[47]. Pero el abandono de las intervenciones sistémicas anticíclicas de tipo keynesiano desde mediados de la década de 1970 en muchos países del mundo inducía a pensar que un regreso a ese comportamiento cíclico era algo más que una mera posibilidad, y eso es exactamente lo que hemos visto, aunque yo creo que se puede argumentar que tales cambios cíclicos están ahora más estrechamente relacionados con las burbujas efímeras de activos que en el pasado (si bien los estudios de la Oficina Nacional de Investigación Económica sobre la década de 1920 podrían ser considerados una prueba en contra de esa opinión). Esos movimientos cíclicos han mostrado también —lo que tiene la misma importancia— una configuración geográfica más complicada, en la que las expansiones en un lugar (el sur y oeste de Estados Unidos en la década de 1980) coinciden con contracciones en otros lugares (las viejas ciudades desindustrializadas del Medio Oeste durante el mismo periodo).

Sin una perspectiva general de ese tipo no podemos siquiera empezar a entender la dinámica que llevó en 2008 a la catástrofe del mercado de la vivienda y la urbanización en ciertas regiones y ciudades de Estados Unidos, así como en España, Irlanda y el Reino Unido. Por la misma razón, tampoco podemos entender algunas de las vías que se siguen ahora, particularmente en China, para salir del embrollo que se produjo fundamentalmente en otros lugares; ya que así como Brinley Thomas documentó movimientos anticíclicos entre Gran Bretaña y Estados Unidos durante el siglo XIX, de modo que una expansión en la construcción residencial a un lado del Atlántico iba acompañada por una contracción al otro lado, ahora vemos que el estancamiento en la construcción en Estados Unidos y en gran parte de Europa occidental se ve compensado por un enorme expansión de la inversión en urbanización y en infraestructuras en China (con ramificaciones en otros lugares, en particular en los países agrupados bajo las siglas BRIC). Y aunque solo sea para precisar esa macro-imagen, debemos señalar inmediatamente que Estados Unidos y Europa occidental están empantanadas en tasas muy bajas de crecimiento, mientras que China registra una tasa anual de crecimiento del 10 por 100 (seguida de cerca por los otros BRIC).

Figura 3. Ciclos largos en la construcción en Estados Unidos y en el Reino Unido

Fuente: Brinley Thomas, Migration and Economic Growth: A Study of Great Britain and the Atlantic Economy, Cambridge, Cambridge University Press.

La presión del mercado de la vivienda y el desarrollo urbano en Estados Unidos para absorber el excedente y el capital sobreacumulado mediante la actividad especulativa comenzó a intensificarse a mediados de la década de 1990, cuando el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano del presidente Clinton, Henry Cisneros, presentó la «Estrategia Nacional de Propiedad de la Vivienda» [National Homeownership Strategy: Partners in the American Dream] que debía conferir los supuestos beneficios de la propiedad de su domicilio a la población con bajos ingresos y a las minorías. Se ejercieron presiones políticas sobre instituciones financieras respetables, incluidas Fannie Mae y Freddie Mac (empresas patrocinadas por el gobierno federal que emitían y comercializaban las hipotecas), para que aliviaran las condiciones de préstamo acomodándose a esa iniciativa. Las instituciones hipotecarias respondieron con gusto —prestando sin restricciones y cortocircuitando los controles reguladores— mientras que sus directores cosechaban enormes fortunas personales, todo ello en nombre del bienestar público y de la ayuda a la gente menos privilegiada para que disfrutara de los supuestos beneficios de la propiedad de su vivienda. Ese proceso se aceleró enormemente tras la implosión de la burbuja de la Nueva Economía la gran caída de la bolsa en 2001. Para entonces el lobby de la vivienda, encabezado por Fannie Mae, se había consolidado convirtiéndose en un centro autónomo de creciente riqueza, influencia y poder capaz de corromperlo todo, desde el Congreso y las agencias reguladoras hasta prestigiosos economistas académicos (incluido Joseph Stiglitz) que publicaban sin parar voluminosos estudios «demostrando» que esas actividades eran de muy bajo riesgo. La influencia de esas instituciones, unida a los bajos tipos de interés propiciados por Alan Greenspan en la Reserva Federal, alimentaron incuestionablemente la expansión de la construcción y comercialización de viviendas[48]. Como señalan Goetzmann y Newman, las finanzas (respaldadas por el estado) pueden construir ciudades y urbanizaciones periféricas, pero eso no significa que puedan hacerlas rentables. ¿Qué fue entonces lo que propulsó la demanda?

Capital ficticio y ficciones que no pueden durar

Para entender esa dinámica tenemos que entender cómo se combinan la circulación del capital productivo y la del ficticio en el seno del sistema de crédito en el contexto de los mercados inmobiliarios. Las instituciones financieras prestan a los promotores, propietarios de suelo y empresas constructoras para construir, digamos, una urbanización periférica en torno a San Diego o bloques de apartamentos en Florida o en el sur de España. La viabilidad de ese sector se basa en la suposición de que ese valor se puede no solo producir sino también realizar en el mercado. Ahí es donde entra en escena el capital ficticio. Se presta dinero a los compradores que supuestamente pueden devolverlo a partir de sus ingresos (salarios o beneficios), y se capitaliza como un flujo de interés sobre el capital prestado. Se necesita pues un flujo de capital ficticio para completar el proceso de la producción y realización del valor de las viviendas y edificios comerciales.

Esta diferencia se parece a la que existe entre lo que Marx denomina en El Capital «capital prestado» para la producción y el descuento de títulos de crédito que facilita la realización de valores en el mercado[49]. En el caso de la construcción de casas y apartamentos, digamos en el sur de California o en Florida, la misma compañía financiera puede financiar la construcción y la compra de lo que se ha construido. En algunos casos organiza preventas de apartamentos en edificios que todavía no se han construido. El capital manipula y controla por tanto en cierta medida tanto la oferta como la demanda de nuevas viviendas y apartamentos así como de edificios comerciales (lo que es absolutamente opuesto al funcionamiento libre del mercado que da por sentado el Informe del Banco Mundial)[50].

Pero la relación entre oferta y demanda es asimétrica, porque el tiempo de producción y circulación para las viviendas y edificios comerciales es muy largo comparado con el de la mayoría de las mercancías. Ahí es donde se hacen cruciales los tiempos dispares de producción, circulación y rotación que Marx analiza tan perspicazmente en el segundo volumen de El Capital. Los contratos que financian la construcción son firmados mucho antes de que puedan comenzar las ventas. Las diferencias temporales son a menudo muy sustanciales, y esto es particularmente cierto para los edificios comerciales. El Empire State Building de Nueva York se inauguró el 1 de mayo de 1931, casi dos años después del crac de la bolsa y más de tres años después del crac inmobiliario. Las Torres Gemelas se planificaron antes pero se inauguraron después del crac de 1973 (y durante años no pudieron encontrar compradores privados). ¡La reconstrucción del centro de Nueva York después del 11 de Septiembre está a punto de ponerse en marcha cuando el valor de los edificios comerciales está por los suelos!

El depósito existente de propiedades comercializables (algunas de ellas de origen muy antiguo) es también muy grande con respecto a lo que se puede producir. La oferta total de viviendas es por tanto relativamente inelástica con respecto a los cambios más mudables en la demanda: en los países desarrollados se ha demostrado históricamente muy difícil, aun con los mayores esfuerzos, aumentar la reserva de viviendas más del 2 o el 3 por 100 en un año (aunque China, como en tantas otras cosas, puede romper ese límite).

El estímulo a la demanda mediante ardides que combinan las reducciones de impuestos, la iniciativa pública y otros incentivos (como el incremento del volumen de hipotecas basura) no compensa necesariamente un aumento de la oferta, y su efecto puede limitarse a una inflación de los precios y un aliento a la especulación. Se puede obtener mucho dinero, si no más, en las transacciones financieras sobre las viviendas existentes en lugar de construir otras. Resulta más rentable financiar turbias instituciones hipotecarias como Countrywide que edificar nuevas viviendas, y más tentador aún es invertir en obligaciones de deuda garantizadas (CDOs) compuestas de retazos de hipotecas empaquetados en «vehículos de inversión estructurados» a los que se otorgaba espúreamente una alta valoración (eran supuestamente «tan seguros como las propias casas») y que debían proporcionar un ingreso continuo a partir del flujo de intereses de los propietarios (ya fueran estos solventes o no). Esto fue exactamente lo que sucedió en Estados Unidos cuando se puso en marcha la apisonadora de las subprime. Grandes cantidades de capital ficticio afluyeron a la financiación de la vivienda alimentando la demanda, pero solo una pequeña parte fue a parar a la construcción de nuevas viviendas. El mercado de las hipotecas subprime, que se situaba en torno a los 30 millardos de dólares a mediados de la década de 1990, se dilató hasta 130 millardos en 2000 y alcanzó un máximo absoluto de 625 millardos de dólares en 2005[51]. No había forma de que un incremento tan rápido de la demanda pudiera verse satisfecho mediante una expansión paralela de la oferta, por mucho que lo intentaran los constructores. Por eso los precios aumentaron, y parecía como si fueran a seguir subiendo eternamente.

Pero todo esto dependía de una continua expansión de los flujos de capital ficticio y de mantener intacta la creencia fetichista de que el capital puede «valorizarse automáticamente a sí mismo»[52]. Marx pensaba en cambio, por supuesto, que frente a una insuficiencia de la creación de valor en la producción, esa fantasía conduciría inevitablemente a un desastre, y eso fue lo que efectivamente sucedió.

Los intereses de clase por el lado de la producción están también, sin embargo, descompensados, y esto tiene consecuencias para quien acaba sufriendo el desastre. Banqueros, promotores y empresas de la construcción constituyen fácilmente una alianza de clase (que a menudo domina tanto política como económicamente el denominado «motor del crecimiento urbano»[53]). Pero las hipotecas que firman por su vivienda los consumidores son individuales y dispersas y con frecuencia los préstamos se conceden a gente que pertenece a otra clase, o como sucede en Estados Unidos (aunque no en Irlanda), a gente de otro sector racial o étnico. Con la titulización de las hipotecas, la empresa financiera podía simplemente transmitir su riesgo a algún otro (por ejemplo a Fannie Mae, que estaba dispuesta a afrontarlo como parte de su estrategia de crecimiento), y eso fue precisamente lo que hicieron, después de haber cobrado todos los gastos de escritura y demás tasas legales que pudieron. Si el financiero tiene que elegir entre la quiebra de un promotor debido a los fracasos de ventas o la bancarrota y desahucio del comprador de una vivienda (particularmente si este pertenece a las clases más bajas o a una minoría racial o étnica y la hipoteca ya se ha endosado a algún otro), está muy claro por qué opción se inclinará; nunca se desvanecen del todo los prejuicios raciales y de clase.

En lo que se refiere a la especulación, los mercados de la vivienda y del suelo siempre se asemejan a pirámides de Ponzi, aunque no siempre tengan a Bernie Madoff en lo más alto. Yo compro un terreno, su precio sube y el alza del mercado incita a otros a comprar. Cuando la reserva de compradores verdaderamente solventes se agota, ¿por qué no descender un poco más en la escala de ingresos a consumidores de alto riesgo, acabando con compradores sin ingresos y sin garantías que podrían ganar de chiripa la propiedad al subir los precios? Y así siguen las cosas hasta que la burbuja estalla. Las instituciones financieras tienen enormes alicientes para mantener la burbuja cuanto puedan a fin de extraer de ella el mayor jugo posible. El problema es que a menudo no pueden saltar del tren antes de que choque, debido a su gran aceleración. La ilusión de que el capital puede «valorizarse a sí mismo como un autómata» sea autoperpetúa autocumpliéndose, al menos durante un tiempo. Como decía en The Big Short uno de los perspicaces analistas financieros de Michael Lewis, capaz de percibir la inminencia del crac: «¡Mierda, esto no es crédito. Esto es una jodida pirámide de Ponzi!»[54].

Hay otra ramificación de esta historia. La subida del precio de la vivienda en Estados Unidos acrecentó la demanda efectiva en el conjunto de economía. Tan solo en el año 2003 se emitieron 13,6 millones de hipotecas (frente a menos de la mitad diez años antes), por valor de 3,7 billones de dólares, de los que 2,8 billones tenían como propósito la refinanciación (como referencia, cabe decir que el PIB total en Estados Unidos en aquel momento era de menos de 15 billones de dólares). Las familias estaban sacando provecho del creciente valor de su propiedad. Dado el estancamiento de los salarios, esto proporcionaba una vía para que muchos obtuvieran al dinero extra, bien para sus necesidades (por ejemplo, las sanitarias) o para la compra de bienes de consumo (un nuevo automóvil o unas vacaciones). La vivienda se convirtió en una vaca a la que ordeñar dinero, un cajero automático personal, impulsando la demanda en general y mayor demanda de viviendas en particular. Michael Lewis explica así en The Big Short lo que sucedió: La niñera de uno de sus principales personajes acabó siendo propietaria, junto con su hermana, de seis casas en Queens, en Nueva York. «Después de comprar la primera y de que su valor aumentara, los prestamistas les sugirieron una refinanciación ofreciéndoles 250 000 dólares, que usaron para comprar otra». El precio de esta también subió y repitieron el experimento. «En el momento en que la rueda se detuvo poseían cinco viviendas pero el mercado caía y no podían hacer frente a ninguno de los pagos»[55]. Los precios no podían seguir subiendo indefinidamente.

La producción de valor y las crisis urbanas

Pero por el lado de la producción hay cuestiones a plazo más largo y más profundas que deben tenerse en cuenta. Aunque mucho de lo que sucedió en el mercado inmobiliario era pura especulación, la actividad productiva era por sí misma parte importante del conjunto de la economía; la construcción suponía el 7 por 100 del PIB, y todos los complementos de los nuevos productos (desde los muebles a los automóviles) equivalían a más del doble de esa cantidad. Si los análisis de la NBER son correctos, el colapso del boom de la construcción desde 1928, que se manifestó en una caída de 2 millardos de dólares (enorme para aquella época) en la construcción de viviendas y una contracción del inicio de la construcción de nuevas viviendas a menos del 10 por 100 de su volumen anterior en las grandes ciudades, desempeñó en el crac de 1929 un papel sobresaliente que todavía no se ha entendido bien. Una entrada de la Wikipedia dice: «Fue devastadora la desaparición de 2 millones de empleos bien pagados en la construcción, más la pérdida de beneficios y alquileres que perjudicó a muchos propietarios e inversores»[56]. Esto tuvo con seguridad apreciables consecuencias en la confianza en el mercado de valores en general.

No cabe extrañarse pues de los intentos desesperados del gobierno de Roosevelt, durante la década de 1930, de resucitar el sector de la vivienda. Con ese fin se pusieron en vigor una serie de reformas en la financiación de las hipotecas que culminaron en la creación de un mercado hipotecario secundario mediante la fundación en 1938 de la Asociación Hipotecaria Federal Nacional [Federal National Mortgage Association (Fannie Mae)]. Su tarea consistía en asegurar las hipotecas y permitir a los bancos y otros prestamistas endosarlas, proporcionando así al mercado de la vivienda la muy necesaria liquidez. Aquellas reformas institucionales iban a desempeñar más adelante, tras la Segunda Guerra Mundial, un papel vital en la financiación de la construcción de urbanizaciones periféricas en torno a las ciudades estadounidenses. Aunque necesarias, no eran sin embargo suficientes para situar la construcción de viviendas en un plano diferente en el desarrollo económico estadounidense. Para promover la adquisición de viviendas, tanto por razones políticas como económicas, se diseñaron en 1947 todo tipo de incentivos tributarios (tales como la reducción de impuestos por intereses de la hipoteca), así como la Ley de Reajuste de los Soldados [GI Bill] y una ley de vivienda muy positiva en la que se declaraba el derecho de todos los estadounidenses a vivir en un «domicilio decente». Se fomentó ampliamente como algo central en el «Sueño Americano» la vivienda en propiedad, que aumentó desde un poco más del 40 por 100 de la población en la década de 1940 hasta más del 60 por 100 en la de 1960 y cerca del 70 por 100 en su momento culminante en 2004 (en 2010 había caído al 66 por 100). La propiedad de la vivienda puede ser un valor cultural profundamente sentido en Estados Unidos, pero los valores culturales florecen particularmente cuando son promovidos y subvencionados por las políticas estatales. Las razones presentadas para tales políticas son todas las que menciona el Informe del Banco Mundial; pero la razón política raramente se reconoce ahora. Como se observó abiertamente en la década de 1930, los propietarios de casas agobiados por las deudas no van a la huelga[57]. El personal militar que volvía de la Segunda Guerra Mundial habría constituido una amenaza social y política si se hubiera encontrado con el desempleo y la depresión. ¿Qué medio mejor para matar dos pájaros de un tiro, reavivar la economía mediante la masiva construcción de viviendas y urbanizaciones periféricas e integrar a los trabajadores mejor pagados en una política conservadora mediante la propiedad de un domicilio cargado de deudas? Además, el fomento de la demanda mediante iniciativas públicas propició continuos incrementos de los valores en posesión de los propietarios, lo que podía ser muy satisfactorio para ellos pero era un desastre desde el punto de vista del uso racional del suelo y el espacio.

Durante las décadas de 1950 y 1960 esas iniciativas tuvieron éxito, tanto en el terreno político como en el macroeconómico, ya que sustentaron dos décadas de gran crecimiento en Estados Unidos, cuyos efectos se difundieron globalmente. La construcción de viviendas se desplazó a otro plano en relación con el crecimiento económico (véase la figura 4). Según Binyamin Appelbaum, «es una pauta recurrente que los estadounidenses se recuperan de las recesiones construyendo más casas y llenándolas de cosas»[58]. El problema al final de la década de 1960 era que por muy dinámico que fuera el proceso de urbanización, era medioambientalmente insostenible y geográficamente desigual. La desigualdad reflejaba en gran medida las diferentes corrientes de ingresos que afluían a distintos sectores de la clase obrera. Mientras que la periferia de las ciudades crecía, su centro se estancaba y declinaba. La clase obrera blanca prosperaba, pero no sucedía lo mismo con las minorías afectadas en el centro de las ciudades, en particular los afroamericanos. El resultado fue toda una sucesión de levantamientos en ciudades como Detroit y Watts que culminaron en disturbios espontáneos en unas cuarenta ciudades de Estados Unidos a raíz del asesinato de Martin Luther King en 1968. Lo que llegó a conocerse como «la crisis urbana» era algo que todos podían ver y apreciar (aunque no era, estrictamente hablando, una crisis macroeconómica en el proceso de urbanización). A partir de 1968 se dedicaron abundantes fondos federales para afrontar este problema, hasta que el presidente Nixon declaró durante la recesión de 1973 (por razones presupuestarias) que la crisis había quedado atrás[59].

Un efecto colateral de todo esto fue que Fannie Mae se convirtió en una empresa privada con participación estatal en 1968, y después de que se le adjuntara en 1970 un «competidor», la Corporación Hipotecaria Federal [Federal Home Mortgage Corporation (Freddie Mac)], ambas instituciones desempeñaron un papel enormemente importante y finalmente destructivo en la promoción de la propiedad del domicilio y el fomento de la construcción de casas durante casi cincuenta años. Las deudas hipotecarias suponen ahora alrededor del 40 por 100 de la deuda privada acumulada en Estados Unidos, gran parte de la cual, como hemos visto, es tóxica; y tanto Fannie Mae como Freddie Mac han quedado bajo el control del gobierno. Qué hacer con ellas es una cuestión política intensamente debatida (como lo son las subvenciones a la demanda de la propiedad de viviendas) en relación con el endeudamiento estadounidense en general. Cualquiera que sea el resultado, tendrá importantes consecuencias para el futuro del sector inmobiliario en particular y de la urbanización más en general, en relación con la acumulación de capital en Estados Unidos.

Figura 4. Viviendas comenzadas a construir en Estados Unidos, 1890-2008

La situación actual en Estados Unidos no es alentadora. El sector de la vivienda no se ha recuperado, y la nueva construcción de viviendas está deprimida y estancada. Hay señales de que se puede reproducir la recesión cayendo en la temida «W» al agotarse las ayudas federales sin que disminuya notablemente el desempleo. La construcción de nuevas viviendas ha caído por primera vez hasta niveles de antes de la década de 1940 (véase la figura 4). En marzo de 2011 la tasa de desempleo en la construcción estaba por encima del 20 por 100, frente a una tasa del 9,7 por 100 en la industria, muy cercana a la media nacional. No hay necesidad de construir nuevas casas y llenarlas de cosas cuando hay tantas vacías. La Reserva Federal de San Francisco «estima que la construcción no puede volver al nivel medio de actividad anterior a la burbuja hasta 2016, descartando que ese sector [tan] importante» influya positivamente en la recuperación[60]. Durante la Gran Depresión más de una cuarta parte de los obreros de la construcción permanecieron desempleados hasta 1939. Devolverles un empleo fue un objetivo crucial de las iniciativas públicas (como la Works Progress Administration). Los intentos del gobierno de Obama de crear un paquete de estímulos para las inversiones en infraestructuras se han visto en gran medida frustrados por la oposición republicana. Para empeorar aún más las cosas, el estado de las finanzas estatales y locales en Estados Unidos es tan sombrío que da lugar a despidos definitivos y temporales, así como salvajes recortes en los servicios urbanos. El colapso del mercado de la vivienda y la caída del 20 por 100 en su precio han dejado muy mermadas las finanzas locales, que dependen muy notablemente de los impuestos inmobiliarios. Los recortes de los gobiernos estatales y municipales y el estancamiento de la construcción están generando así una crisis fiscal urbana. Cuando tenemos en cuenta todo esto parece cada vez más como si la era de acumulación y estabilización macroeconómica en Estados Unidos posterior a la Segunda Guerra Mundial, impulsada por la construcción en la periferia urbana y el desarrollo de la vivienda en propiedad, hubiera llegado a su fin.

A todo esto se añade una política clasista de austeridad basada en razones políticas y no económicas. Los gobiernos republicanos de extrema derecha a nivel estatal y local están utilizando la llamada crisis de la deuda para sabotear los planes del gobierno federal y reducir el empleo público en sus jurisdicciones. Esta ha sido, por supuesto, una táctica de larga tradición del asalto inspirado por el capital a los programas públicos en general. Reagan redujo los impuestos a los ricos del 72 por 100 hasta alrededor del 30 por 100 y emprendió una carrera de armamentos con la Unión Soviética financiada mediante la deuda, que como consecuencia aumentó vertiginosamente durante su gobierno. Como señaló más tarde su director presupuestario David Stockman, el aumento de la deuda se convirtió en una excusa muy conveniente para menoscabar la regulación gubernamental (por ejemplo, sobre el medio ambiente) y los programas sociales, externalizando de hecho los costes de la degradación medioambiental y la reproducción social. El presidente Bush Jr. siguió fielmente su ejemplo, llegando a proclamar su vicepresidente Dick Cheney que «Reagan nos enseñó que el déficit no importa»[61]. Las reducciones de impuestos para los ricos, dos guerras infundadas en Iraq y Afganistán, y un enorme regalo a las grandes empresas farmacéuticas mediante un programa de prescripciones médicas financiado por el estado, convirtieron lo que había sido un superávit presupuestario con el gobierno de Clinton en un océano de números rojos que ha permitido al partido republicano y a los demócratas conservadores obedecer al mandato del gran capital y llegar tan lejos como era posible en la externalización de los costes que el capital nunca quiere asumir, los de la degradación del medio ambiente y la reproducción social. El asalto contra el medio ambiente y el bienestar social es palpable, y tanto en Estados Unidos como en gran parte de Europa se está llevando a cabo por razones políticas y de clase, y no económicas. Está induciendo, como ha señalado muy recientemente David Stockman, un estado de guerra de clases. Como dijo también Warren Buffett: «Evidentemente hay una guerra de clases, y es mi clase, la de los ricos, la que la ha emprendido y la estamos ganando»[62]. La única cuestión es: ¿cuándo comenzará el pueblo a responder a esa guerra de clases? Uno de los lugares donde podría empezar sería la rápida degradación de la calidad de la vida urbana, como consecuencia de los desahucios, la persistencia de prácticas depredadoras en el mercado de la vivienda, reducciones de servicios y sobre todo la falta de oportunidades viables de empleo en los mercados laborales urbanos casi en todas partes, habiendo quedado algunas ciudades (muy señaladamente Detroit) sin perspectivas reales de recuperación del empleo. La crisis es ahora más que nunca una crisis urbana.

Prácticas urbanas predadoras

Marx y Engels observaban de pasada en el Manifiesto comunista que, «tan pronto como el trabajador recibe su salario del fabricante que lo explota, caen sobre él otras porciones de la burguesía: el casero, el tendero, el prestamista, etcétera»[63]. Los marxistas han relegado tradicionalmente tales formas de explotación y la lucha de clases (porque eso es lo que es) que surge inevitablemente en torno a ellas, a un segundo plano en su teorización, así como a los márgenes de su política. Yo quiero por el contrario argumentar aquí que constituyen, al menos en las economías capitalistas avanzadas, un vasto terreno de acumulación por desposesión, mediante la cual el dinero es absorbido hacia la circulación del capital ficticio para sostener las ingentes fortunas realizadas en el sistema financiero.

Las prácticas predadoras, omnipresentes antes del crac del mercado de la vivienda en general y del de las hipotecas subprime en particular, alcanzaron entonces proporciones legendarias. Antes de que estallara la crisis principal, se estimaba que la población afroamericana de bajos ingresos en Estados Unidos había perdido ya entre 71 y 93 millardos de dólares mediante las prácticas predadoras subprime[64]. Las desposesiones llegaron en dos oleadas: una menor entre el anuncio por Clinton de la iniciativa de 1995 y el colapso del fondo de inversión Long Term Capital Management en 1998, y la segunda, mayor, a partir de 2001, al mismo tiempo que las primas en Wall Street y las ganancias en el sector de las hipotecas aumentaban vertiginosamente, con tasas de beneficio inauditas en puras manipulaciones financieras, en particular las asociadas a la titulización de hipotecas de alto coste pero muy arriesgadas; lo que equivale a decir que se estaban produciendo transferencias masivas de riqueza de los pobres a los ricos por varios canales ocultos —más allá de las documentadas en las prácticas tenebrosas y a menudo ilegales de compañías hipotecarias como Countrywide—, mediante manipulaciones financieras en el mercado de la vivienda[65].

Lo que ha venido ocurriendo desde el crac es aún más asombroso. Muchos de los desahucios (más de un millón a lo largo de 2010) han sido ilegales, si no directamente fraudulentos, lo que ha llevado a un congresista de Florida a transmitir al Tribunal Supremo del estado que «si los informes que estoy recibiendo son ciertos, los desahucios ilegales realizados representan la mayor expropiación de propiedad privada intentada nunca por los bancos y entidades gubernamentales»[66]. Los fiscales generales de los cincuenta estados están investigando ahora el problema, pero (como cabía esperar) la mayoría parecen deseosos de cerrar las investigaciones de una forma tan sumaria como sea posible, al precio de algunos acuerdos financieros (pero no la restitución de las propiedades ilegalmente expropiadas). En cualquier caso, nadie irá a la cárcel por ello, aunque existan pruebas claras de una falsificación sistemática de documentos legales.

Las prácticas predadoras de este tipo tienen una larga historia. Les ofreceré algunos ejemplos de Baltimore que conocí directamente. Poco después de llegar a la ciudad en 1969, participé en un estudio de la distribución de alojamientos en el centro de la ciudad que se centraba en el papel de distintos agentes —propietarios, inquilinos, caseros, prestamistas, intermediarios, la Federal Housing Administration y las autoridades de la ciudad (en particular el Housing Code Enforcement)— en la gestión de las aterradoras condiciones de vida en las áreas del centro de la ciudad dañadas por los disturbios a raíz del asesinato de Martin Luther King. Las huellas de prácticas discriminatorias en las zonas de población afroamericana con bajos ingresos a las que se negaban créditos estaban grabadas en el mapa de la ciudad, pero se justificaban entonces como una respuesta legítima al alto riesgo del crédito y no por razones étnicas. En varias áreas de la ciudad se podía detectar el fomento de la venta de propiedades pertenecientes a blancos agitando el espantajo de la invasión de su territorio por las minorías, actividad que generaba altos beneficios para compañías inmobiliarias despiadadas; pero para que esto funcionara, los afroamericanos debían contar con algún acceso a la financiación hipotecaria en lugar de ser tachados todos ellos de población de alto riesgo crediticio. Esto se pudo hacer mediante el llamado «Land Installment Contract». De hecho, los afroamericanos recibían la «ayuda» de propietarios que actuaban como intermediarios en los mercados de crédito y contrataban una hipoteca en su propio nombre; se suponía que al cabo de unos pocos años, cuando se hubiera pagado parte del principal de la deuda más los intereses, demostrando así la solvencia de la familia, el título de propiedad pasaría al residente con la colaboración del amistoso propietario y la institución hipotecaria local. Algunos lo consiguieron (aunque habitualmente en barrios cuyo valor disminuía), pero en manos pocos escrupulosas (y había muchas en Baltimore, aunque al parecer no tantas en Chicago, donde este sistema también era corriente) podía ser una forma particularmente predadora de acumulación por desposesión[67]. El propietario podía cobrar tasas para cubrir los costes administrativos y legales y cosas parecidas. Esas tasas (a veces exorbitantes) podían añadirse al principal de la hipoteca. Tras años de pago continuo, muchas familias se encontraban con que debían más sobre el principal que al principio. Si dejaban de pagar una sola vez las cuotas incrementadas tras la subida de los tipos de interés, el contrato quedaba anulado y las familias eran desahuciadas. Tales prácticas provocaron un escándalo. Se inició un proceso de Derechos Civiles contra los peores propietarios, pero fracasó porque quienes habían firmado el contrato de inquilinato no habían leído la letra pequeña ni habían hecho que sus abogados (que los pobres raramente tienen) la leyeran (la letra pequeña era en cualquier caso incomprensible para los mortales corrientes. ¿Ha leído alguien alguna vez la letra pequeña de su tarjeta de crédito?).

Las prácticas predadoras de ese tipo nunca han desaparecido del todo. El contrato de venta a plazos fue sustituido en la década de 1980 por prácticas de compraventa rápida [flipping] (el tratante compraba barato una casa deteriorada, realizaba unas cuantas reparaciones cosméticas —muy sobrevaloradas— y obtenía financiación hipotecaria «favorable» para el comprador inocente, que vivía en la casa mientras se no se le caía el techo encima o le estallaba el horno). Y cuando en la década de 1990 comenzó a formarse el mercado subprime como respuesta a la iniciativa de Clinton, ciudades como Baltimore, Cleveland, Detroit, Buffalo y otras se convirtieron en importantes centros para un creciente oleada de acumulación por desposesión (70 millardos de dólares o más en el conjunto del país). Baltimore acabó por presentar en 2008 una querella de Derechos Civiles contra Wells Fargo por sus prácticas discriminatorias de préstamos subprime (al inducir a la gente a contratar esas hipotecas en lugar de las convencionales, con lo que los afroamericanos y familias uniparentales —encabezadas por mujeres— eran sistemáticamente explotadas). Es casi seguro que ese proceso no dará ningún resultado (aunque al tercer intento se ha permitido que siga adelante en el tribunal), ya que será casi imposible demostrar que la discriminación se basaba en la raza y no en el riesgo del crédito. Como suele suceder, la incomprensible letra pequeña da mucho margen (¡Ténganlo en cuenta los consumidores!). Cleveland siguió una vía más matizada: demandó a las empresas financieras por perjuicio público, ¡al haber quedado la zona llena de casas desalojadas que requerían ahora la acción cobertora de la ciudad!

Las prácticas predatorias que golpean especialmente a los más pobres, los más vulnerables y los menos privilegiados son incontables. Cualquier pequeña factura sin pagar (una licencia o la factura del agua, por ejemplo) puede convertirse en un pretexto para un embargo preventivo sobre el que el propietario de la vivienda permanece misteriosa (e ilegalmente) desinformado hasta después de que un abogado se ha hecho cargo de él de forma que la factura original por, digamos, 100 dólares, requiere un pago de 1500 dólares para saldarla. Para la mayoría de los pobres, eso suele significar la pérdida de la propiedad de su domicilio. En la última ronda de ventas de embargos en Baltimore, un pequeño grupo de abogados compró a la ciudad facturas por valor de unos 6 millones de dólares. Si el margen de beneficio medio es del 250 por 100, pueden amasar una considerable fortuna si las cobran, y si no se quedan con propiedades potencialmente valiosas para el futuro desarrollo adquiriendo las propiedades.

Además de todo esto, se ha demostrado repetidamente que en las ciudades estadounidenses, desde la década de 1960, los pobres pagan habitualmente más por mercancías básicas inferiores como los alimentos, y que el deficiente servicio a las comunidades de bajos ingresos añade cargas financieras y prácticas indebidas a tales poblaciones. La economía de la desposesión de poblaciones vulnerables es tan activa como incesante. Aún más llamativa es la reducción ilegal de salarios sufrida por muchos trabajadores temporales y precarios de los sectores de bajos salarios en las principales ciudades como Nueva York, Chicago y Los Ángeles, tales como pagas por debajo del salario mínimo, negativa a pagar las horas extras, o simplemente retrasos en el pago que en algunos casos podrían demorarse hasta varios meses[68].

Lo que trato de sugerir al mencionar esas diversas formas de explotación y desposesión es que en muchas regiones metropolitanas tales prácticas generalizadas son sistemáticamente ejercidas sobre poblaciones vulnerables. Es importante reconocer cuán fácilmente puede recuperar el conjunto de la clase capitalista las concesiones a los trabajadores en los salarios reales mediante actividades depredadoras y explotadoras en el terreno del consumo. Para gran parte de la población urbanizada con bajos ingresos, la explotación implacable de su trabajo unida a la desposesión de sus escasos activos constituye un drenaje perpetuo de su capacidad de mantener condiciones mínimas adecuadas para la reproducción social. Esta situación exige la organización y respuestas políticas a escala de toda la ciudad (véase más adelante).

El cuento chino

En la medida en que esta vez ha habido alguna vía de escape de la crisis global del capital, es notable que la expansión del mercado de la vivienda y la propiedad inmobiliaria en China, junto con una enorme oleada de inversiones infraestructurales financiadas mediante la deuda, haya asumido un papel principal, no solo como estímulo para su mercado interno (y la reabsorción del desempleo en los sectores exportadores), sino también de otras economías estrechamente ligadas a la china mediante el comercio, como las de Australia y Chile con sus materias primas y la alemana con sus exportaciones de máquina herramienta y automóviles. En Estados Unidos, en cambio, la construcción ha tardado mucho en recuperarse y la tasa de desempleo en la construcción, como señalaba antes, duplica cuanto menos la media nacional.

Las inversiones urbanas suelen tardar mucho en producir y necesitan aún más tiempo para madurar. Por eso es siempre difícil determinar cuándo una sobreacumulación de capital se ha transformado o está a punto de transformarse en una sobreacumulación de inversiones en el entorno construido. La probabilidad de excederse, tal como sucedió con los ferrocarriles en el siglo XIX y como muestra la larga historia de ciclos y depresiones en la construcción (incluida la debacle de 2007-2009), es muy alta.

La impetuosidad de la febril urbanización y el boom de la inversión en infraestructuras que están reconfigurando de arriba abajo la geografía del espacio nacional chino descansa en parte en la capacidad del gobierno central para intervenir arbitrariamente en el sistema bancario si algo va mal. Una recesión relativamente suave en el mercado inmobiliario de las principales ciudades como Shanghái a finales de la década de 1990 llevó a los bancos a hacerse con una gran variedad de «activos sin ganancias» (a los que ahora llamamos «tóxicos»), muchos de los cuales estaban basados en el desarrollo urbano e inmobiliario. Estimaciones no oficiales situaron en esa categoría hasta un 40 por 100 de los préstamos bancarios[69]. La respuesta del gobierno central fue utilizar sus abundantes reservas de divisas extranjeras para recapitalizar los bancos (una versión china de lo que más tarde se conocería como el Programa de Alivio de Activos con Problemas [Troubled Asset Relief Program (TARP)] en Estados Unidos). Se sabe que el estado empleó unos 45 millardos de dólares de sus reservas de divisas con ese fin a finales de la década de 1990, e indirectamente pudo utilizar mucho más; pero a medida que las instituciones chinas funcionan de forma más coherente con los mercados financieros globales, al poder central le resulta más difícil controlar lo que sucede en el sector financiero.

Los informes que nos llegan ahora desde China se parecen incómodamente a lo que sucedió en el suroeste de Estados Unidos y en Florida durante esta última década o en la misma Florida en la de 1920. Desde la privatización general de la vivienda en China en 1998, la especulación y la construcción se han disparado de forma espectacular. Se informa que el precio de vivienda ha aumentado un 140 por 100 en el conjunto del país desde 2007, y hasta un 800 por 100 en las principales ciudades como Beijing y Shanghái durante los últimos cinco años. En esta última ciudad los precios en el sector se han duplicado durante el último año. El precio medio de un apartamento se ha situado en torno a los 500 000 dólares (en un país donde el PIB per cápita fue de 7518 dólares en 2010), e incluso en ciudades de segundo orden una vivienda típica «cuesta alrededor de veinticinco veces los ingresos medios anuales de los residentes», lo que es claramente insostenible. Todo esto indica que la construcción de viviendas y edificios comerciales, por rápida y vasta que sea, no se está manteniendo a la par con la demanda real y menos aún con la demanda efectiva anticipada[70]. Una consecuencia de esto es el surgimiento de fuertes presiones inflacionistas que han inducido al gobierno central a utilizar varios instrumentos para restringir el gasto incontrolado de los gobiernos locales.

El gobierno central confiesa abiertamente su preocupación de que

en gran parte del país el crecimiento siga vinculado al gasto inflacionario en el desarrollo inmobiliario y la inversión pública en carreteras, ferrocarriles y otros proyectos infraestructurales por valor de millardos de dólares. En el primer trimestre de 2011 la inversión en activos fijos —una medida genérica de la actividad constructora— subió un 25 por 100 con respecto al mismo periodo del año anterior, y la inversión en propiedades inmobiliarias aumentó un 37 por 100[71].

Esta inversión «equivale ahora a alrededor del 70 por 100 del producto interior bruto del país». Ningún otro país se ha aproximado a ese nivel en los últimos años. «Ni siquiera Japón, en la cumbre de su boom constructor en la década de 1980, sobrepasó el 35 por 100, y la cifra se ha mantenido durante décadas en torno al 20 por 100 en Estados Unidos».

«Los esfuerzos de las ciudades han contribuido a que el gasto público en la construcción de viviendas e infraestructuras sobrepase al comercio exterior como el mayor contribuyente al crecimiento de China»[72]. Las colosales adquisiciones de suelo y desplazamientos de proporciones legendarias en algunas de las principales ciudades (más de 3 millones de personas desplazadas en Beijing durante los últimos diez años) indican que junto a ese enorme impulso urbanizador se da en la totalidad de China un proceso muy activo de desposesión. Los desplazamientos y desposesiones forzadas están entre las causas más importantes del aumento de las protestas populares, a veces violentas.

Las ventas de suelo a los promotores han servido como gallina de los huevos de oro para llenar las arcas de los gobiernos locales; pero a principios de 2011 el gobierno central ordenó su contención a fin de poner orden en un mercado inmobiliario descontrolado y evitar las desposesiones de tierras, a menudo brutalmente realizadas, que estaban ocasionando tanta resistencia. Esto creó dificultades presupuestarias a muchos gobiernos municipales. El «brusco aumento de la deuda de los gobiernos locales y los escasos controles sobre el endeudamiento de compañías inversoras» (muchas de ellas patrocinadas por los gobiernos locales) son ahora consideradas un importante riesgo para la economía china que arroja una espesa sombra sobre las perspectivas de crecimiento para el futuro, no solo en China, sino también a escala mundial. En 2011 el gobierno chino estimaba la deuda municipal en unos 2,2 billones de dólares, equivalente a «casi un tercio del producto interior bruto de la nación». Puede que el 80 por 100 de esta deuda corresponda a las compañías de inversión no registradas, patrocinadas por los gobiernos municipales aunque no formen parte estrictamente de ellos. Esas son las organizaciones que están construyendo, a enorme velocidad, tanto las nuevas infraestructuras como los edificios emblemáticos que hacen tan espectaculares las ciudades chinas; pero la deuda acumulada por los municipios es enorme. Una oleada de impagos «podría convertirse en un gran lastre para el gobierno central, que a su vez mantiene una deuda de alrededor de 2 billones de dólares»[73]. La posibilidad de un colapso seguido por un largo periodo de «estancamiento al estilo japonés» es muy real. El frenazo del crecimiento económico chino en 2011 está produciendo ya reducciones en las importaciones, que repercutirán a su vez en todas las regiones del mundo que han prosperado gracias al impulso del mercado chino de materias primas.

Entretanto han surgido en el interior de China ciudades totalmente nuevas, sin apenas residentes o actividades reales, propiciando un curioso programa de anuncios publicitarios en la prensa de negocios estadounidense para atraer inversores y empresas a esta Nueva Frontera urbana del capitalismo global[74]. El desarrollo urbano desde mediados del siglo XIX, si no antes, ha sido siempre especulativo, pero la escala especulativa del desarrollo chino parece ser de un orden mucho mayor que todo lo que se ha visto antes en la historia urbana, lo que también significa que la liquidez excedente en la economía global con necesidad de ser absorbida, que se expande exponencialmente, tampoco había sido nunca tan colosal.

Al igual que durante el boom de las urbanizaciones periféricas en Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se tienen en cuenta todos los complementos y accesorios de las viviendas queda claro que el boom de la urbanización en China está desempeñando un papel central como estímulo de la recuperación del crecimiento económico global para una amplia variedad de bienes de consumo aparte de los automóviles (en los que China se envanece ahora de ser el mayor mercado del mundo). «Según algunas estimaciones, China consume alrededor del 50 por 100 de mercancías globales clave y materiales como cemento, acero y carbón, y la propiedad inmobiliaria china es el principal impulsor de esa demanda»[75]. Dado que más de la mitad del acero consumido acaba en el entorno construido, esto significa que una cuarta parte de la producción mundial de acero está siendo absorbida ahora por esa actividad. Pero China no es el único lugar donde se puede observar ese boom de la construcción. Todos los países BRIC parecen estar siguiendo su ejemplo. Los precios inmobiliarios se han duplicado tanto en São Paulo como en Río de Janeiro el año pasado, y en India y Rusia se vive una situación similar; pero todos esos países, cabe observar, están experimentando junto a elevadas tasas de crecimiento fuertes corrientes inflacionistas. Los acelerados procesos de urbanización tienen claramente mucho que ver con la rápida recuperación de los efectos de la recesión de 2007-2009.

La cuestión es: ¿hasta qué punto es sostenible esa recuperación, dadas sus raíces en desarrollos urbanos en gran medida especulativos? Los intentos del gobierno central chino de controlar su boom y contener las presiones inflacionistas elevando las exigencias de reservas a sus bancos no han tenido demasiado éxito. Ha surgido un «sistema bancario en la sombra» estrechamente relacionado con las inversiones en suelo y construcción, difícil de seguir y controlar y que emplea nuevos instrumentos de inversión (análogos a los que surgieron durante la década de 1990 en Estados Unidos y Gran Bretaña). Como consecuencia de la aceleración de las desposesiones de tierras y la inflación se están multiplicando los disturbios. Llegan informes de acciones de protesta de los conductores de taxis y camiones en Shanghái y de repentinas huelgas salvajes en las fábricas de las áreas industriales de Guangdong como respuesta a los bajos salarios, malas condiciones de trabajo y subida de los precios. Los informes oficiales sobre las protestas han aumentado espectacularmente y se han tomado medidas para ajustar los salarios y para controlar la creciente agitación y estimular el mercado interno como sustituto de los mercados exportadores más arriesgados y estancados (el consumo chino solo supone actualmente el 35 por 100 del PIB, frente al 70 por 100 en Estados Unidos).

Todo esto debe ser entendido, no obstante, teniendo en cuenta las medidas concretas que adoptó el gobierno chino para afrontar la crisis de 2007-2009. El principal efecto de la crisis en China fue el repentino colapso de las exportaciones (en particular hacia Estados Unidos), con una caída del 20 por 100 a principios de 2009. Varias estimaciones razonablemente fiables sitúan el número de empleos perdidos en el sector exportador en unos 30 millones durante un periodo muy corto en 2008-2009; pero en el otoño de 2009 el FMI informaba de que la pérdida neta de empleos sin China era solo de 3 millones[76]. Parte de la diferencia entre la pérdida bruta de puestos de trabajo y la neta puede deberse al regreso de trabajadores emigrados a las ciudades a su lugar de origen rural al perder el empleo. Otra parte se debe sin duda a la rápida recuperación de las exportaciones y a la recontratación de trabajadores antes despedidos; pero el resto se debe casi con seguridad a la puesta en práctica por el gobierno de un enorme programa de estímulos de inversión urbana e infraestructural de tipo keynesiano. El gobierno central añadió 600 millardos de dólares adicionales a lo que era ya un gran programa de inversiones infraestructurales (un total acumulado de 750 millardos de dólares asignados a la construcción de 13 000 kilómetros de vías férreas de alta velocidad y otros 17 000 de vías tradicionales, aunque esas inversiones están ahora en peligro tras un accidente de un tren de alta velocidad que sugiere un diseño deficiente o incluso la corrupción en la construcción)[77]. El gobierno central instruyó simultáneamente a los bancos para que prestaran generosamente a todo tipo de proyectos locales de desarrollo (incluidos los sectores de la construcción y las infraestructuras) como forma de absorber la mano de obra excedente. Ese enorme programa estaba destinado a propiciar la recuperación económica. El gobierno chino asegura ahora que creó alrededor de 34 millones de nuevos empleos entre 2008 y 2010. Ciertamente parece haber tenido bastante éxito en su objetivo inmediato de absorber gran parte de la mano de obra excedente, si las cifras del FMI sobre las pérdidas netas de empleo son correctas.

El problema principal es, por supuesto, si tales gastos públicos caen dentro de la categoría de gastos «productivos» o no, y en caso afirmativo, qué es lo que producen y para quién. Muchos espacios construidos, como el enorme centro comercial cerca de Dongguan, permanecen casi vacíos, como sucede con algunos de los rascacielos que pueblan el paisaje urbano en casi todas las ciudades. Y luego están las nuevas ciudades vacías que esperan gente e industrias que lleguen a poblarlas. Sin embargo, no cabe duda de que el espacio nacional chino se va a beneficiar de una integración espacial más profunda y más eficiente, y superficialmente al menos la vasta oleada de inversiones infraestructurales y proyectos de urbanización parecería estar haciendo justamente eso, vinculando el interior subdesarrollado a las regiones costeras mas ricas y el norte escaso en agua con el bien regado sur. A escala metropolitana, los procesos de crecimiento y regeneración urbana también parecen llevar las técnicas modernas a la urbanización, junto con una diversificación de actividades (incluidas todas las instituciones culturales y del sector del conocimiento, ejemplificadas por la espectacular Expo de Shanghái, tan características de la urbanización neoliberal en Estados Unidos y en Europa).

El desarrollo chino reproduce y exagera en ciertos aspectos el que se dio en Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. Durante aquellos años el sistema de autovías interestatales integró al sur y al oeste de Estados Unidos, y esto, unido a las urbanizaciones en la periferia de las ciudades, desempeñó un papel crucial en mantener tanto el empleo como la acumulación de capital; pero el paralelismo es instructivo también en otros sentidos. El desarrollo estadounidense a partir de 1945 no fue solo derrochador en su uso de la energía y el suelo; también generó, como hemos visto, una crisis particular de las poblaciones marginadas, excluidas y rebeldes de las ciudades, que suscitó una serie de respuestas políticas a finales de la década de 1960. Todo esto se desvaneció tras el crac de 1973, cuando el presidente Nixon declaró en su discurso sobre el estado de la Unión que la crisis urbana había quedado atrás y que se restringiría la financiación federal. El efecto a escala municipal fue una crisis de los servicios urbanos en Estados Unidos desde finales de la década de 1970, con las aterradoras consecuencias de la degeneración en la escuela pública, la sanidad pública y la disponibilidad de alojamientos accesibles.

La acelerada estrategia de inversión urbana e infraestructural en China está uniendo esas dos tendencias en muy pocos años. El tren de alta velocidad entre Shanghái y Beijing es bueno para los hombres de negocios y la clase media alta, pero no representa el tipo de transporte accesible que puede llevar a los trabajadores a su lugar de origen para festejar el Año Nuevo chino. De forma parecida, los grandes bloques de apartamentos, las comunidades de acceso restringido, los campos de golf para los ricos, o los centros comerciales de lujo no contribuyen realmente a reconstituir una vida cotidiana decente para las masas empobrecidas y descontentas. Este desequilibrio del desarrollo urbano siguiendo líneas de clase va de hecho mucho más allá de China; se está produciendo igualmente en India así como en innumerables ciudades de todo el mundo donde coexisten concentraciones emergentes de poblaciones marginadas con una urbanización muy modernista y consumista para una minoría cada vez más rica. La cuestión de cómo tratar a los trabajadores empobrecidos, precarizados y excluidos que constituyen ahora en muchas ciudades una gran mayoría de la población y pueden aspirar a constituir un bloque de poder mayoritario y dominante se está convirtiendo en un importante problema político, una de cuyas consecuencias es que la planificación militar se concentra cada vez más en el eventual enfrentamiento con movimientos de base urbana potencialmente revolucionarios.

Pero en el caso chino esta evolución tiene una interesante derivada. La trayectoria del desarrollo desde el inicio de la liberalización en 1979 se basaba en la idea de que la descentralización es una de las mejores formas para ejercer un control centralizado. Se trataba pues de permitir a los gobiernos regionales y municipales, e incluso de los pueblecitos y barrios, buscar su propia mejora dentro de un marco de control centralizado y coordinaciones de mercado. Las iniciativas locales con más éxito servían de base para la formulación de los planes del gobierno central.

Las noticias que llegan desde China sugieren que la transición del poder anticipada para 2012 afronta una alternativa compleja. La atención se centra en la ciudad de Chongqing, donde desde hace unos años se viene practicando una política supuestamente radical que se aparta de las basadas en el mercado retomando la redistribución socialista dirigida por el estado, empleando además una retórica de inspiración maoísta[78]. Ese modelo ponía en primer plano «la cuestión de la pobreza y la desigualdad». El gobierno «encauzaba los beneficios obtenidos en el mercado por las empresas de propiedad estatal hacía proyectos socialistas tradicionales, utilizando sus ingresos para financiar la construcción de viviendas accesibles y estructuras de transporte». El plan de vivienda suponía en un «gigantesco programa de construcción» para «proporcionar apartamentos baratos a una tercera parte de los 30 millones de residentes» en la ciudad y su área metropolitana. «El gobierno municipal espera construir veinte ciudades satélites, cada una con una población de 300 000 habitantes, de los que 50 000 vivirán en alojamientos subvencionados por el estado». El propósito de este proceso enormemente ambicioso (contrario al consejo del Banco Mundial) era reducir las crecientes desigualdades sociales que han surgido durante las dos últimas décadas en toda China y servir de antídoto a los proyectos impulsados por promotores privados de comunidades de acceso restringido para los ricos; pero como contrapartida acelera la desposesión de la tierra de los campesinos, a los que empuja a una urbanización forzada que también suscita el descontento y la protesta, que a su vez da lugar a una respuesta represiva cuando no autoritaria.

Este retorno a una agenda redistributiva socialista, utilizando al sector privado para finalidades públicas, ha proporcionado un modelo para el gobierno central, que planea construir 36 millones de alojamientos accesibles durante el quinquenio iniciado en 2010. De esta forma se propone resolver el problema de la absorción de capital excedente al mismo tiempo que ofrece una vía para urbanizar a buena parte de la población rural, absorber el trabajo excedente y (con suerte) disipar el descontento popular ofreciendo un alojamiento razonablemente seguro a los menos privilegiados[79]. Detectamos ahí ecos de la política urbana en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial: mantener el crecimiento económico ganándose a una población potencialmente descontenta mediante la seguridad en la vivienda. El reverso es el crecimiento de una oposición a veces violenta a las necesarias expropiaciones de tierras (aunque los chinos parecen aceptar el eslogan maoísta de que «no se puede hacer una tortilla sin cascar los huevos»).

Pero en otras regiones de China, en particular en las ciudades costeras y meridionales como Shenzhen, existe un modelo de desarrollo distinto basado en el mercado. Ahí la solución propuesta es muy diferente. Se pone mayor énfasis en la liberalización política y en lo que suena como una democracia urbana más burguesa, junto con una profundización de las iniciativas de mercado libre, aceptando la creciente desigualdad social como un coste necesario del crecimiento económico y la competitividad. En este momento parece todavía imposible predecir por qué vía optará el gobierno central. El punto clave es el papel de las iniciativas de base urbana en el impulso de unas u otras opciones de futuro; pero los medios para llegar a ese futuro parecen firmemente insertos en una alternativa polarizada entre estado y mercado.

Los efectos de la urbanización de China durante las últimas décadas han sido simplemente descomunales y han sacudido al mundo con sus consecuencias. La absorción en proyectos de urbanización de liquidez excedente y capital sobreacumulado, en un momento en el que parece difícil hallar otras oportunidades rentables, ha mantenido ciertamente la acumulación de capital, no solo en China, sino en gran parte del resto del mundo durante los últimos años de crisis. Sigue sin estar claro sin embargo lo estable que pueda ser esa solución. Las crecientes desigualdades sociales (China es ahora el tercer país del mundo en cuanto al número de milmillonarios en dólares), la degradación medioambiental (que hasta el gobierno chino admite abiertamente), junto con múltiples signos de exceso y sobrevaloración de activos en el entorno construido, sugieren que el «modelo» chino no carece de serios problemas y que podría fácilmente dejar de ser el gran benefactor, para convertirse de la noche a la mañana en el vástago más problemático del desarrollo capitalista.

Si este «modelo» fracasa, el futuro del capitalismo parece muy oscuro. Eso significaría que la única vía abierta sería atender más creativamente a la posibilidad de explorar alternativas anticapitalistas. Si la forma capitalista de urbanización está tan plenamente inserta en la reproducción del capitalismo y resulta fundamental para esta, eso significaría también que para cualquier intento de poner en pie una alternativa anticapitalista sería decisivo hallar formas alternativas de urbanización.

La urbanización del capital

La reproducción del capital pasa por los procesos de urbanización por múltiples vías; pero la urbanización del capital presupone la capacidad del poder de clase capitalista de dominar el proceso urbano. Esto implica la dominación de la clase capitalista, no solo sobre los aparatos de estado (en particular los aspectos del poder estatal que administran y gobiernan las condiciones sociales e infraestructurales dentro de las estructuras territoriales), sino también sobre toda la población: su forma de vida así como su capacidad de trabajo, sus valores culturales y políticos así como sus concepciones del mundo. Ese nivel de control no se alcanza fácilmente, si es que llega a alcanzarse. La ciudad y los procesos urbanos que produce son por tanto importantes focos de la lucha política, social y de clase. Hasta ahora hemos examinado la dinámica de esa lucha desde el punto de vista del capital. Queda por tanto por examinar el proceso urbano —sus aparatos y restricciones disciplinarias así como sus posibilidades emancipadoras y anticapitalistas— desde el punto de vista de todos los que intentan ganarse la vida y reproducir su cotidianeidad en el seno de ese proceso urbano.

Capítulo Tres

La creación de bienes comunes urbanos

La ciudad es el lugar donde se entremezcla gente de todo tipo y condición, incluso contra su voluntad o con intereses opuestos, compartiendo una vida en común, por efímera y cambiante que sea, que viene siendo desde hace mucho tiempo objeto de comentario por urbanistas de toda laya y tema sugestivo de innumerables representaciones y escritos (novelas, películas, vídeos y otros medios) que intentan captar su carácter (o el carácter particular de la vida en una ciudad concreta en determinado lugar y momento) y su significado más profundo; en la larga historia del utopismo urbano tenemos un registro de todos los intentos y aspiraciones humanas de convertir la ciudad en una imagen diferente, más adecuada «a nuestros deseos más profundos» como diría Robert Park. El reciente resurgimiento de la insistencia en la supuesta pérdida de la comunalidad urbana refleja el impacto aparentemente profundo de la reciente oleada de privatizaciones, cercamientos, controles espaciales, actuaciones policiales y redes de vigilancia sobre las cualidades de la vida urbana en general, y en particular sobre la posibilidad de construir o inhibir nuevas relaciones sociales (nuevos bienes comunales) en el seno de un proceso urbano influido, si no dominado, por los intereses de clase capitalistas. Cuando Hardt y Negri, por ejemplo, argumentan que deberíamos ver «la metrópolis como una fábrica en la que se produce el bien común», sugieren su potencialidad para la crítica y el activismo político anticapitalista. Al igual que el derecho a la ciudad, la idea suena sugestiva y fascinante, ¿pero qué podría significar?, ¿y cómo se relaciona con la larga historia de discusiones y debates con respecto a la creación y utilización en común de determinados recursos?

He perdido la cuenta del número de veces que he visto citado el clásico artículo de Garrett Hardin sobre «La tragedia de los comunes» como un argumento irrefutable en favor de la mayor eficiencia de los derechos de propiedad privada con respecto al uso del suelo y otros recursos, y por tanto como una justificación irrebatible de su privatización[80]. Esa lectura errónea procede en parte de su apelación a la metáfora del ganado perteneciente a varios individuos deseosos de maximizar sus beneficios individuales, que pasta en una parcela de propiedad común. Cada uno de los propietarios gana al añadir más ganado, mientras que las consiguientes pérdidas en fertilidad afectan a todos los usuarios, de forma que todos ellos siguen añadiendo ganado hasta que la tierra comunal pierde toda su productividad. Evidentemente, si el ganado fuera también común esa metáfora no funcionaría. Esto muestra que el núcleo del problema es la propiedad privada del ganado y el comportamiento individual de maximización de la ganancia, no el carácter de propiedad común del recurso en cuestión; pero la preocupación fundamental de Hardin no era esa, sino el aumento de población. Temía que de la decisión individual de tener hijos condujera finalmente a la destrucción de los bienes comunes globales y al agotamiento de todos los recursos (como argumentaba igualmente Malthus). La única solución, en su opinión, era una regulación autoritaria de la población[81].

Menciono este ejemplo para resaltar hasta qué punto el pensamiento sobre los bienes comunes ha quedado muy a menudo encerrado en un conjunto muy estrecho de suposiciones, en buena medida derivado del ejemplo de los cercamientos de tierras que tuvieron lugar en Gran Bretaña desde finales del periodo medieval. En consecuencia, ese pensamiento se ha polarizado con frecuencia entre las soluciones contrapuestas de la propiedad privada y la intervención autoritaria del estado. Desde una perspectiva política, toda la cuestión se ha visto ensombrecida por una reacción instintiva (entrelazada con grandes dosis de nostalgia de la supuesta economía moral de la acción común que acaso habría existido en el origen de los tiempos), bien a favor o —más frecuentemente desde la izquierda— contra los cercamientos.

Elinor Ostrom trata de desmontar algunas de esas presunciones en su libro Governing the Commons[82]. Sistematiza las pruebas antropológicas, sociológicas e históricas que demostraron hace tiempo que si los ganaderos hablaban entre sí (o tenían reglas culturales sobre la compartición) podían resolver fácilmente cualquier problema surgido en el uso de los bienes comunes. Muestra a partir de innumerables ejemplos que los individuos pueden imaginar —y a menudo lo hacen— formas colectivas muy ingeniosas y sensatas para gestionar los recursos de propiedad común en beneficio de todos y cada uno de ellos. Su propósito era dilucidar por qué en algunos casos conseguían hacerlo y cuáles eran las circunstancias que se lo impedían en otras. Sus estudios «sacuden las convicciones de muchos analistas políticos de que la única forma de resolver problemas de recursos compartidos es que autoridades externas impongan los derechos plenos de propiedad privada o una regulación centralizada» y muestran, por el contrario, «complejas mezclas de dispositivos públicos y privados». Armada con esa conclusión, Ostrom pudo cuestionar la ortodoxia económica incapaz de ver más allá de una opción dicotómica entre estado y mercado.

Pero la mayoría de sus ejemplos solo afectaban a un centenar como mucho de propietarios. Si se superaba esa cifra (el mayor caso citado era de unas 15 000 personas) la toma de decisiones requería una estructura «anidada», ya que la negociación directa entre todos los individuos era imposible. Esto implica que para resolver problemas a gran escala como el calentamiento global se necesitan formas de organización anidadas y por tanto en algún sentido «jerárquicas»; ahora bien, el término «jerarquía» es anatema en el pensamiento convencional (Ostrom lo evita), y extremadamente impopular en gran parte de la izquierda actual. La única forma de organización políticamente correcta en muchos círculos radicales es no-estatal, no-jerárquica y horizontal. Para evitar la conclusión de que podrían ser necesarios algún tipo de dispositivos jerárquicos anidados se suele eludir la cuestión de la eventual gestión de los bienes comunes a gran escala, necesariamente diferente de las escalas pequeñas y locales (por ejemplo, el problema de la población global que preocupaba a Hardin).

Se da pues claramente un «problema de escala» analíticamente difícil que exige (pero no recibe) una evaluación cuidadosa. Las posibilidades de una gestión sensata de los recursos de propiedad común a determinada escala (como el agua compartida por un centenar de granjeros en la pequeña cuenca de un río) no se pueden trasladar por las buenas a problemas como el calentamiento global, ni siquiera a la difusión regional de lluvias ácidas contaminadas por las centrales energéticas. Cuando «saltamos escalas» (como les gusta decir a los geógrafos), toda la naturaleza del problema de los bienes comunes y las posibilidades de encontrar una solución cambian espectacularmente[83]. Lo que parece una vía adecuada para resolverlos a una escala no lo es a otra. Y aún peor, soluciones patentemente buenas a una escala (digamos, «local») no se suman (o se encadenan) necesariamente para constituir buenas soluciones a otra escala (la global, por ejemplo). Por eso es tan equívoca la metáfora de Hardin: utiliza como ejemplo el funcionamiento del capital privado en unos pastos comunes para explicar un problema global, como si no hubiera ningún problema en el cambio de escala.

También es por eso, dicho sea de paso, por lo que las valiosas lecciones obtenidas en la organización colectiva de la solidaridad económica a pequeña escala sobre la base de la propiedad común no se pueden convertir en soluciones globales sin recurrir a formas organizativas «anidadas» y por tanto jerárquicas. Desgraciadamente, como ya hemos señalado, la idea de jerarquía es anatema en la actualidad para muchos sectores de la izquierda anticapitalista. Con demasiada frecuencia el fetichismo de una forma organizativa (la pura horizontalidad, digamos) dificulta la posibilidad de explorar soluciones apropiadas y eficaces[84]. Para dejarlo claro, no estoy diciendo que la horizontalidad sea mala —de hecho, creo que es un objetivo excelente—, sino que deberíamos reconocer sus límites como principio organizativo cardinal y estar preparados para trascenderlo cuando sea necesario.

Existe también mucha confusión con respecto a las relaciones entre los bienes comunes y los supuestos males del cercamiento. A gran escala (y en particular a escala planetaria), algún tipo de cercamiento es a menudo el mejor modo de preservar ciertos bienes comunes muy valorados. Esto puede sonar como una afirmación contradictoria (y lo es), pero refleja una situación realmente contradictoria. En la Amazonia, por ejemplo, se precisará un acto draconiano de cercamiento para proteger tanto la biodiversidad como las culturas de las poblaciones indígenas que forman parte de nuestros bienes comunes naturales y culturales. Se requerirá casi con seguridad la autoridad estatal para proteger esos bienes comunes contra la democracia hipócrita de los intereses económicos a corto plazo que destruyen la tierra con plantaciones de soja y cría de ganado. Así pues, no se pueden rechazar por principio todas las formas de cercamiento. La producción y cercamiento de espacios no mercantilizados en un mundo despiadadamente mercantilizador es sin duda buena; pero en el caso señalado puede haber otro problema: expulsar a las poblaciones indígenas de sus bosques (como a menudo defiende el Fondo Mundial para la Naturaleza) puede considerarse necesario para preservar la biodiversidad. Puede resultar necesario proteger un bien común a expensas de otro. Cuando se veda una reserva natural, se niega el acceso público a ella. Es peligroso, no obstante, suponer que la mejor forma de preservar algún tipo de bien común es denegar otro. Los planes conjuntos de gestión forestal, por ejemplo, ofrecen muchas pruebas de que el objetivo dual de mejorar el hábitat y la conservación de los bosques al mismo tiempo que se mantiene el acceso de sus usuarios tradicionales a sus recursos, suele acabar beneficiando a ambos. La idea de proteger los bienes comunes mediante el cercamiento no se aborda con facilidad, sin embargo, por muy necesaria que sea su exploración activa como estrategia anticapitalista; de hecho, cuando la izquierda demanda cierto tipo de «autonomía local», lo que pretende es cierto tipo de cercamiento.

Debemos pues concluir que las cuestiones de los bienes comunes son contradictorias y que por eso siempre hay disputas sobre ellas, bajo las que suele haber intereses sociales y políticos en conflicto. De hecho, como ha señalado Jacques Rancière, la «la política es la esfera de actividad de un bien común que siempre será contencioso»[85]. A fin de cuentas, al analista solo le queda por decidir algo muy simple: ¿De qué lado está, qué intereses comunes pretende proteger y con qué medios?

En estos últimos tiempos, por ejemplo, los ricos tienen la costumbre de encerrarse en comunidades de acceso restringido que definen cierto tipo de bien común exclusivo, no muy distinto, en principio, del agua que se reparten cincuenta usuarios de una cuenca sin atender a nadie ajeno a su comunidad. Esos ricos tienen además la desfachatez de presentar sus espacios urbanos excluyentes como los bienes comunes tradicionales de un villorrio, tal como sucede en el caso de Kierland Commons en Phoenix, Arizona, descrito como «un pueblecito con espacio para el pequeño comercio, restaurantes, oficinas, etcétera»[86]. Los grupos radicales pueden también adueñarse de espacios (a veces mediante el ejercicio de derechos de propiedad privada, como cuando compran colectivamente un edificio para utilizarlo con un propósito progresista) desde los que pueden promover una política o acción común; o pueden crear una comuna o un sóviet en cierto espacio protegido. Las «case del popolo» políticamente activas que Margaret Kohn califica como decisivas para la acción política a principios del siglo XX en Italia eran exactamente de ese tipo[87]. No todas las formas de bien común suponen un acceso abierto. Algunos (como el aire que respiramos) sí lo son, mientras que otros (como las calles de nuestras ciudades) son en principio abiertos, pero regulados, vigilados y hasta gestionados privadamente como distritos para el fomento de negocios. Y también hay otros (como la distribución del agua controlada por cincuenta granjeros) que desde un principio competen exclusivamente a un grupo social particular. La mayoría de los ejemplos de Ostrom en su primer libro eran de este último tipo. Además, en sus estudios iniciales limitó su investigación a los recursos llamados «naturales» tales como la tierra, los bosques, el agua, bancos de peces y otros parecidos (digo «llamados» porque todos los recursos corresponden a valoraciones tecnológicas, económicas y culturales, y por tanto están socialmente definidos).

Ostrom, junto con muchos colegas y colaboradores, examinó más adelante otros tipos de bienes comunes, tales como los materiales genéticos, el conocimiento, bienes culturales y otros por el estilo. Esos bienes comunes se están viendo también sometidos actualmente a la mercantilización y el cercamiento. Los bienes comunes culturales son mercantilizados (y a menudo expurgados) por un sector de la «industria del patrimonio» [Robert Hewison] muy dado a la disneyficación. Los derechos de propiedad intelectual y de patente sobre materiales genéticos y más en general sobre el conocimiento científico constituyen uno de los temas más controvertidos de nuestros días. Cuando las editoriales cobran por acceder a los artículos de las revistas científicas y técnicas que publican, se evidencia el problema del acceso a lo que debería ser un conocimiento compartido y abierto a todos. Durante los últimos veinte años o así ha habido una explosión de estudios y propuestas prácticas, así como feroces luchas legales, sobre la creación de un conocimiento común accesible a todos[88].

Los bienes comunes culturales e intelectuales de este último tipo no están sometidos a la lógica de la escasez o a los usos excluyentes que se aplican a la mayoría de los recursos naturales. Todos podemos escuchar al mismo tiempo la misma emisora de radio o sintonizar un canal de televisión sin menoscabarlo. Los bienes comunes culturales, dicen Hardt y Negri, «son dinámicos e incluyen tanto el producto del trabajo como los medios para su futura producción. Esos bienes comunes son no solo la tierra que compartimos sino también las lenguas que creamos, las prácticas sociales que establecemos, los modos sociales que definen nuestras relaciones, etcétera». Se construyen a lo largo del tiempo y en principio están abiertos a todos[89].

Las cualidades humanas de la ciudad surgen de nuestras prácticas en sus diversos espacios, aunque estos estén sometidos a los cercamientos, al control social y a la apropiación por intereses privados y públicos/estatales. Existe una importante distinción al respecto entre espacios y bienes públicos, por un lado, y los comunes por otro. Los espacios y bienes públicos urbanos han sido siempre objeto del poder estatal y la administración pública, y tales espacios y bienes no constituyen necesariamente un bien común. A lo largo de la historia de la urbanización, el cuidado de espacios y bienes públicos (como el tratamiento de aguas residuales y de residuos sólidos, la sanidad pública, la educación y otros parecidos) por medios públicos o privados ha sido crucial para el desarrollo capitalista[90]. En la medida en que las ciudades han sido un marco privilegiado para los conflictos de intereses y luchas de clases, los administradores urbanos se han visto a menudo obligados a suministrar bienes públicos (tales como alojamientos accesibles, cuidados sanitarios, educación, pavimentación de las calles, alcantarillado y agua) a una clase obrera urbanizada. Aunque esos espacios y bienes públicos contribuyen poderosamente a las cualidades del bien común, su apropiación requiere una acción política por parte de los ciudadanos y el pueblo. La educación pública se convierte en un bien común cuando las fuerzas sociales se apropian de ella y la protegen y mejoran para su beneficio mutuo (¡tres hurras para el PTA!). Las plazas Syntagma en Atenas, Tahrir en El Cairo y de Catalunya en Barcelona eran espacios públicos que se convirtieron en un bien común urbano cuando la gente se reunió allí para expresar sus opiniones políticas y proclamar sus reivindicaciones. La calle es un espacio público transformado con frecuencia por la acción social en un bien común del movimiento revolucionario, así como lugar ocasional de su represión sangrienta[91]. Siempre ha habido una lucha sobre la producción y la regulación del acceso al espacio y los bienes públicos, a cargo de quiénes debe estar y en beneficio de quién. La lucha por apropiarse de los espacios y bienes públicos en la ciudad para un objetivo común sigue en marcha; pero a fin de alcanzarlo con frecuencia es vital proteger el flujo de bienes públicos que subyacen bajo las cualidades de los comunes. A medida que la política neoliberal reduce la financiación de bienes públicos, también mengua el bien común disponible, obligando a los grupos sociales a buscar otras vías para mantener cada bien común (por ejemplo, la educación).

Los bienes comunes no deben considerarse pues como un tipo particular de cosas o activos y ni siquiera de procesos sociales, sino como una relación social inestable y maleable entre cierto grupo social autodefinido y los aspectos de su entorno social y/o físico, existente o por ser creado, considerada sustancial para su vida y pervivencia. De hecho, existe una práctica social de comunalización, que produce o establece una relación social con determinado bien común cuyos usos, o bien quedan restringidos a cierto grupo social, o están parcial o plenamente abiertos a todos. En el núcleo de la práctica de comunalización se halla el principio de que la relación entre el grupo social y el aspecto del entorno considerado como bien común será a la vez colectiva y no mercantilizada, quedando fuera de los límites de la lógica del intercambio y las valoraciones de mercado. Este último punto es crucial, porque ayuda a distinguir entre bienes públicos interpretados como gastos productivos del estado, y bienes comunes creados o usados de una forma y con un propósito totalmente diferentes, aun cuando acaben aumentando indirectamente la riqueza e ingresos del grupo social con acceso a ellos. Un huerto común puede verse así como algo bueno en sí mismo, sea cual sea el alimento que se produce allí, incluso si parte de él se vende en el mercado.

Evidentemente, distintos grupos sociales pueden emprender la práctica de la comunalización por muchas razones diferentes. Esto nos lleva de nuevo a la cuestión fundamental de qué grupos sociales deben ser apoyados y cuáles no en el curso de las luchas de comunalización. Los ultrarricos, después de todo, defienden con tanta ferocidad como cualquiera sus bienes comunales residenciales y disponen de mucha más influencia y potencia de fuego para crearlos y protegerlos.

Con los bienes comunes, incluso —y particularmente— cuando no pueden ser vedados, siempre se puede hacer negocio, aunque no sean de por sí una mercancía. El ambiente y atractivo de una ciudad, por ejemplo, es un producto colectivo de sus ciudadanos, pero es el sector turístico el que capitaliza comercialmente ese bien común y extrae de él rentas de monopolio (véase el capítulo 4). En sus actividades y sus luchas cotidianas, los individuos y los grupos sociales crean el mundo social urbano, un marco común que todos pueden habitar. Aunque ese bien común culturalmente creativo no puede ser destruido por el uso, si puede ser degradado y banalizado por un empleo desmedido. Las calles congestionadas por el tráfico hacen ese espacio público particular casi inútil hasta para los conductores, por no hablar de viandantes y manifestantes, llegándose en cierto momento a imponer tasas a la circulación en un intento de restringir su uso para que puedan funcionar más eficientemente. Este tipo de espacios urbanos no constituyen un bien común. Antes de verse inundadas de automóviles, no obstante, las calles sí solían serlo, como lugar de socialidad popular y de juego para los niños (soy lo bastante mayor como para recordar que era allí donde jugábamos siempre). Pero ese tipo de bien común fue destruido y se convirtió en un espacio público dominado por el advenimiento del automóvil (lo que suscitó intentos de las administraciones urbanas de recuperar algunos aspectos de un pasado común «más civilizado» disponiendo calles cerradas al tráfico, cafés en las aceras, carriles-bici, miniparques como espacios de juego y cosas parecidas). Tales intentos de crear nuevos tipos de bienes comunes urbanos pueden verse no obstante fácilmente capitalizados, e incluso ser diseñados precisamente con ese propósito. Los parques urbanos casi siempre incrementan el precio de los inmuebles cercanos en las áreas circundantes (con tal, por supuesto, de que el espacio público del parque quede regulado y patrullado para mantener alejados a los pandilleros y traficantes de drogas). La High Line recientemente rediseñada en la ciudad de Nueva York ha tenido un enorme impacto en ese sentido, negando la posibilidad de un alojamiento accesible en la zona a la mayoría de los ciudadanos en virtud del rápido aumento de los alquileres. La creación de este tipo de espacio público mengua radicalmente en lugar de aumentar la potencialidad de un bien común para todos, excepto para los más ricos.

El auténtico problema a este respecto, como en la moraleja original de Hardin, no es el de los bienes comunes en sí, sino el de la incapacidad de los derechos de propiedad privada individualizada para satisfacer los intereses comunes tal como se supone que deberían hacerlo. ¿Por qué no nos centramos pues en la propiedad individual del ganado y el propósito individual de maximizar los beneficios, en lugar de plantear como problema básico a resolver el del pasto común? Después de todo, la justificación liberal de los derechos de propiedad privada es que deberían servir para maximizar el bien común al integrarse socialmente mediante las instituciones del intercambio justo y el mercado libre. Los intereses privados en competencia, en un marco de fuerte poder del estado, debían dar lugar, según Hobbes, a una riqueza común [commonwealth]. Esa misma doctrina, elaborada con más detalle por teóricos liberales como John Locke y Adam Smith, sigue siendo predicada hoy día, aunque en el discurso teórico se disimule ahora la necesidad del estado fuerte que sigue aplicándose en la práctica sin contemplaciones. La solución para el problema de la pobreza global, según nos asegura el Banco Mundial (recurriendo insistentemente a las teorías de Soto), serían los derechos de propiedad privada para todos los habitantes de los barrios y poblados chabolistas y su acceso a las microfinanzas (que precisamente proporcionan jugosos beneficios a los grandes financieros del mundo sin evitar que algunos de los microfinanciados acaben suicidándose como única vía de escape de la esclavitud por deudas)[92]. Sin embargo, prevalece el mito: una vez que se liberen como una fuerza de la naturaleza los instintos empresariales intrínsecos de los pobres, se dice, todos seremos felices y el problema de la pobreza crónica desaparecerá, aumentando la riqueza común. Este era también el argumento enarbolado en apoyo del movimiento original de los cercamientos en Gran Bretaña desde finales de la Edad Media; y no estaba totalmente equivocado.

Para Locke, la propiedad individual es un derecho natural que surge cuando los individuos crean valor combinando su trabajo con la tierra. Los frutos de su trabajo les pertenecen a ellos y solo a ellos. Esta era la esencia de su versión de la teoría del valor basado en el trabajo[93]. El intercambio de mercado socializa ese derecho cuando cada individuo recibe el valor de lo que ha creado al intercambiarlo por algo equivalente [del mismo valor] creado por otro. Así los individuos mantienen, extienden y socializan su derecho de propiedad privada mediante la creación de valor y un intercambio de mercado supuestamente libre y justo, y así es, decía Adam Smith, como se crea más fácilmente la riqueza de las naciones y se sirve mejor al bien común. Y no estaba del todo equivocado.

Pero un supuesto básico de esa teoría es que los mercados pueden ser libres y justos, y la economía política clásica asignaba al estado la tarea de intervenir para que así fuera (al menos eso es lo que Adam Smith aconsejaba a los estadistas). Pero la teoría de Locke también tenía un corolario un tanto displicente, y era que los individuos que no producen valor no pueden reclamar propiedad alguna. La desposesión de las poblaciones indígenas de América por colonos «productivos» se justificaba sosteniendo que esas poblaciones no producían valor[94].

¿Y qué decía Marx de todo esto? En los capítulos iniciales de El Capital aceptaba la ficción lockeana (aunque cargándola de ironía cuando, por ejemplo, asumía el extraño papel del mito de Robinson Crusoe en el pensamiento político-económico, según el cual alguien arrojado a un «estado de naturaleza» actuaría instintivamente como un auténtico empresario británico)[95]. Pero cuando Marx explica cómo la fuerza de trabajo se convierte en una mercancía individualizada que se compra y se vende en un «mercado libre y justo», desenmascara implacablemente esa ficción lockeana para presentarnos su realidad subyacente: un sistema basado en la igualdad del valor de cambio produce plusvalor para el propietario capitalista de los medios de producción mediante la explotación del trabajo vivo en la producción (no en el mercado, donde pueden prevalecer los derechos burgueses constitucionales).

La formulación lockeana se ve aún más espectacularmente desmantelada cuando Marx aborda la cuestión del trabajo colectivo. En un mundo en el que los artesanos individuales, disponiendo de sus propios medios de producción, pudieran intercambiar libremente sus productos en mercados relativamente libres, esa ficción lo podría quizá sostenerse; pero el ascenso del sistema fabril desde finales del siglo XVIII —argumentaba Marx— dejaba obsoletas las formulaciones teóricas de Locke, aun si no lo hubieran sido de entrada. En la fabrica el trabajo se organiza colectivamente. En caso de que de esa forma de trabajo pudiera derivar algún derecho de propiedad, tendría que ser un derecho de propiedad colectiva o asociada y no individual. La definición del trabajo productor de valor que fundamenta la teoría de Locke de la propiedad privada, deja de cumplirse para el individuo y se desplaza al trabajador colectivo. De ahí debería derivar el comunismo, basado en «una asociación de hombres libres que trabajan con medios de producción comunes y gastan conscientemente sus diversas fuerzas de trabajo individuales como una única fuerza de trabajo común»[96]. Marx no defiende la propiedad estatal, sino alguna forma de propiedad que corresponda al trabajador colectivo que produce para el bien común.

La acreditación de ese tipo de propiedad podría derivarse del propio argumento de Locke sobre la producción de valor, dándole la vuelta. Supongamos, dice Marx, que un capitalista comienza a producir con un capital de 1000 libras y que en el primer año obtiene 200 libras de plusvalor, resultante de la combinación del trabajo de sus obreros con la tierra y otros medios, y luego usa ese excedente para su consumo personal. Al cabo de cinco años las 1000 libras iniciales deberían pertenecer a los trabajadores, ya que son ellos los que han combinado su trabajo con la tierra, mientras que el capitalista ha consumido toda su riqueza original[97]. Según la lógica de Locke debería, al igual que las poblaciones indígenas de América, perder todos sus derechos, ya que él mismo no ha producido ningún valor.

Aunque esa idea pueda sonar escandalosa, es la que subyacía bajo el plan Rehn-Meidner sueco propuesto inicialmente en 1951 y adoptado decenio y medio después por los sindicatos y el Partido Socialdemócrata sueco[98]. El dinero recaudado mediante un impuesto sobre los beneficios empresariales, a cambio de la contención salarial aceptada por los sindicatos, debía depositarse en un fondo controlado por los trabajadores, que invertiría en las empresas aumentando poco a poco su participación en el capital social de estas hasta que quedaran bajo el control común de los trabajadores asociados. El capital se resistió a esta idea con todas sus fuerzas y nunca llegó a desarrollarse plenamente, pero se debería reconsiderar. La conclusión central es que el trabajo colectivo que produce valor debe dar lugar a derechos de propiedad colectiva, no individual. El valor —el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de cualquier artículo o servicio— es ahora el bien común de los capitalistas representado por el dinero, el equivalente universal en el que se mide la riqueza común. Los bienes comunes no son, por tanto, algo que existió en otro tiempo y que se perdió, sino algo que se sigue produciendo continuamente, como los bienes comunes urbanos. El problema es que también siguen siendo continuamente expropiados por el capital en su forma mercantilizada y monetizada, aunque sigan siendo producidos continuamente por el trabajo colectivo.

El medio principal mediante el que se produce esa expropiación en el contexto urbano es por supuesto la extracción de rentas del suelo y los inmuebles[99]. Un grupo comunitario que lucha por mantener la diversidad étnica en su barrio y se esfuerza por protegerlo frente a la gentrificación puede encontrarse de repente con que los precios (e impuestos) de sus propiedades aumentan a medida que los agentes de la propiedad inmobiliaria ofrecen a los ricos el «carácter» multicultural, animado y diverso de su barrio. Una vez que el mercado ha culminado su labor destructiva, resulta no solo que los residentes originales se han visto desposeídos de ese bien común que habían creado (viéndose a menudo expulsados de él por el aumento de los alquileres y de los impuestos sobre la propiedad), sino que el propio bien común se degrada hasta ser irreconocible. La revitalización del entorno mediante la gentrificación del sur de Baltimore disipó una vida callejera muy entretenida, sobre todo cuando el buen tiempo animaba a la gente a sentarse desde el atardecer en sus porches a charlar con los vecinos, reemplazándola por casas con aire acondicionado y puertas blindadas a prueba de ladrones, con un BMW aparcado fuera y una terraza en la azotea, pero donde las calles habían quedado vacías. La revitalización significó en este caso desvitalización, al menos en opinión de los antiguos vecinos. Ese es el destino que amenaza ahora a lugares como Christiania en Copenhague, el distrito de St. Pauli de Hamburgo o Willamsburg y DUMBO en la ciudad de Nueva York, donde ya destruyó antes el distrito del SoHo.

Esta es seguramente una explicación mucho mejor de la auténtica tragedia de los bienes comunes urbanos en nuestra época. Quienes crean un entorno vital interesante y estimulante lo pierden ante las prácticas depredadoras de los promotores inmobiliarios, los financieros y los consumidores de clase alta carentes de imaginación social urbana. Cuanto mejores son las cualidades comunes que crea un grupo social, más probable es que se vea asaltado y caiga bajo el ímpetu de intereses privados sedientos de beneficio.

Pero hay otra cuestión analítica a observar. El trabajo colectivo del que se ocupó Marx se localizaba en su mayor parte en las fábricas. ¿Pero qué pasa si ampliamos esa concepción para pensar, como sugieren Hardt y Negri, que es la metrópolis la que ahora constituye un vasto bien común producido por el trabajo colectivo realizado en y sobre la ciudad? El derecho a utilizar ese bien común debe reconocerse sin duda a todos los que han participado en su producción y esta es, evidentemente, la base para la reivindicación del derecho a la ciudad por parte de los colectivos que la han creado. La lucha por el derecho a la ciudad se enfrenta a los poderes del capital que se nutre despiadadamente de las rentas derivadas de la vida en común que otros han producido. Esto nos recuerda que el problema real reside en el carácter privado de los derechos de propiedad y el poder que estos confieren a apropiarse, no solo del trabajo, sino también del producto colectivo de otros. Dicho de otro modo, el problema no es el bien común en sí, sino las relaciones entre quienes lo producen o mejoran a diversas escalas y quienes se apropian de él para su beneficio privado. Gran parte de la corrupción en que se enfanga la política urbana tiene que ver con la asignación de recursos en inversiones públicas para producir algo que parece un bien común pero que engorda las ganancias en bienes privados de unos cuantos propietarios privilegiados. La distinción entre bienes públicos y bienes comunes urbanos es a la vez fluida y peligrosamente porosa. ¿Con cuánta frecuencia subvenciona el estado proyectos de desarrollo en nombre del interés común, cuando los auténticos beneficiarios son unos pocos propietarios de tierras, financieros y promotores?

¿Cómo se producen, organizan, utilizan y apropian los bienes comunes urbanos en toda un área metropolitana? Está relativamente claro cómo podría funcionar la comunalización a nivel local; solo precisa cierta combinación de iniciativa individual y privada para organizar y captar efectos de exterioridad al tiempo que sitúa algunos aspectos del entorno fuera del alcance del mercado. La administración local interviene mediante regulaciones, códigos, estándares e inversiones públicas, junto con la organización formal e informal del entorno (por ejemplo, una asociación comunal que puede ser o no políticamente activa y militante, dependiendo de las circunstancias). Hay muchos casos en los que las estrategias y cercamientos territoriales en el medio urbano pueden convertirse en un vehículo para que la izquierda política promueva su causa. Los organizadores del trabajo precario y de bajos ingresos en Baltimore declararon toda el área Inner Harbor «zona de derechos humanos protegidos» —una especie de bien común— en la que todo trabajador debía recibir un salario mínimo vital. La federación de asociaciones de vecinos de El Alto, junto a La Paz, se convirtió en una de las bases clave de las rebeliones de 2003 y 2005, en las que toda la ciudad se movilizó colectivamente contra las formas dominantes de poder político[100]. El «cercamiento» puede servir así como medio transitorio para obtener un propósito político común.

Sigue cumpliéndose pese a todo el resultado general que describía Marx: el capital, obligado por las leyes irrefragables de la competencia a maximizar beneficios (rentabilidad) —como los propietarios de ganado en el cuento de Hardin—, induce

progreso en el arte, no solo de robar al obrero, sino también de esquilmar la tierra; cada paso que se da en el incremento de su fertilidad durante un periodo determinado tiende a arruinar las fuentes de esa misma fertilidad a más largo plazo. Cuanto más se basa la economía de un país en la industria a gran escala como fundamento de su desarrollo, como en el caso de Estados Unidos, más rápido es ese proceso de destrucción. La producción capitalista, por tanto, desarrolla las técnicas y el grado de combinación del proceso social de producción al tiempo que socava las fuentes originarias de toda riqueza, la tierra y el trabajador[101].

La urbanización capitalista tiende perpetuamente a destruir la ciudad como bien común social, político y vital.

Esta «tragedia» es similar a la que describe Hardin, pero la lógica de la que brota es totalmente diferente. La acumulación individualizada de capital, si se deja sin regulación, amenaza perpetuamente destruir los dos recursos básicos de la propiedad común que subyacen bajo todas las formas de producción: el trabajador y la tierra. Pero la tierra que ahora habitamos es un producto del trabajo humano colectivo. La urbanización no es sino la producción continua de un bien común urbano (o su sombra de espacios y bienes públicos) y su perpetua apropiación y destrucción por intereses privados. Y cuando la acumulación de capital se produce con una tasa de crecimiento compuesto (el nivel satisfactorio mínimo suele rondar el 3 por 100), también aumentan en escala e intensidad con el tiempo esas dos amenazas duales al entorno (tanto «natural» como construido) y al trabajo[102]. Considérese por ejemplo la destrucción urbana que ha sufrido Detroit para apreciar lo devastador que puede ser ese proceso.

Pero lo más interesante del concepto de los bienes comunes urbanos es que plantea muy concentradamente todas las contradicciones políticas de los bienes comunes. Consideremos, por ejemplo, la cuestión de la escala a la que nos movemos, desde la cuestión de los vecindarios locales y su organización política hasta la de la región metropolitana en su conjunto. Tradicionalmente, las cuestiones de los bienes comunes a escala metropolitana se han gestionado mediante mecanismos estatales y regionales de planificación urbana, reconociendo que los recursos comunes requeridos para atender debidamente a las poblaciones urbanas, tales como el abastecimiento de agua, el transporte, el tratamiento de residuos y los espacios abiertos para el recreo y entretenimiento tienen que ser suministrados a escala metropolitana y regional. Pero cuando se trata de enlazar conjuntamente cuestiones de ese tipo, el análisis de la izquierda se difumina, invocando esperanzadamente algún tipo de concordancia mágica de las acciones locales que pudiera ser efectiva a escala regional o global, o limitándose a anotarlo como un problema realmente importante, para regresar inmediatamente a la escala micro y local en la que se siente más cómoda.

Podemos aprender algo de la reciente historia del pensamiento más convencional sobre los bienes comunes. La recién fallecida Elinor Ostrom, por ejemplo, en su discurso de agradecimiento al recibir el premio Nobel en 2009, parecía sugerir en su subtítulo «Gobernanza policéntrica de sistemas económicos complejos», que tenía alguna solución para las cuestiones de los bienes comunes a varias escalas, aunque de hecho se limitaba a esgrimir esperanzadamente la idea de que «cuando un recurso común está estrechamente relacionado con un sistema socioecológico más amplio, las actividades de gobernanza se organizan en capas múltiplemente anidadas», pero sin recurrir, insistía, a ninguna estructura jerárquica monocéntrica[103].

El problema crucial a este respecto es imaginarse cómo podría funcionar realmente un sistema de gobernanza policéntrico (o algo análogo, como la confederación de municipios libertarios de Murray Bookchin), y asegurarse de que no encubre algo muy diferente. Esta cuestión reconcome no solo los argumentos de Ostrom, sino una variedad muy amplia de propuestas radicales de izquierda con respecto al problema de los bienes comunes. Por esa razón es muy importante percibir adecuadamente cuál es la crítica que cabe hacerle.

En un artículo preparado para una conferencia sobre el cambio climático global, Ostrom detalló más su argumento, basándose en los resultados de un estudio del suministro de servicios públicos en determinados municipios durante un largo periodo[104]. Durante mucho tiempo se había supuesto que la gestión conjunta del suministro de servicios públicos desde estructuras de gobierno metropolitanas a gran escala, a diferencia de su desperdigamiento en numerosas administraciones locales aparentemente caóticas, mejoraría su eficiencia y eficacia; pero esos estudios mostraban convincentemente que no era así. Las razones se reducían en definitiva a que era mucho más fácil organizar y poner en funcionamiento la acción colectiva y cooperativa con una gran participación de los habitantes en jurisdicciones más pequeñas, y en el hecho de que la capacidad de participación disminuía rápidamente a medida que aumentaba el tamaño de la unidad administrativa. Ostrom finalizaba citando a Andrew Sancton para asegurar que

los gobiernos municipales son algo más que suministradores de servicios. Son mecanismos democráticos mediante los cuales se gobiernan a escala local las comunidades de base territorial […] Los que pretenden obligar a los municipios a fusionarse aseguran siempre que pretenden fortalecer los gobiernos municipales. Tal planteamiento —por muy buenas intenciones que tenga— erosiona los fundamentos de nuestras democracias liberales porque socava la idea de que puede haber formas de autogobierno no insertas en las instituciones del gobierno central[105].

Más allá de la eficiencia y eficacia del mercado, existe una razón no mercantil para potenciar la pequeña escala: «Aunque las unidades a gran escala formen parte de la gobernanza efectiva de las regiones metropolitanas —concluía Ostrom— también son necesarias unidades a pequeña y mediana escala», cuyo papel constructivo, argumentaba, «debe repensarse seriamente». ¿Pero cómo se deben estructurar las relaciones entre esas unidades más pequeñas? La respuesta, dice Vincent Ostrom, es un «orden policéntrico» en el que «muchos elementos pueden realizar ajustes recíprocos ordenando sus relaciones mutuas dentro de un sistema general de reglas en el que cada elemento actúa independientemente de los demás»[106].

¿Por qué no acaba de satisfacernos ese panorama ideal? Todo el argumento se basa en la llamada «hipótesis [o modelo] Tiebout» de una metrópolis fragmentada en la que muchas jurisdicciones ofrecerían autónomamente un régimen particular de impuestos locales y un conjunto particular de bienes públicos a los posibles residentes, quienes «votarían con los pies» optando por la combinación particular de tasas y servicios más adecuada a sus propias necesidades y preferencias[107]. A primera vista la propuesta parece muy atractiva, pero presenta un problema, y es que cuanto más rico es uno más fácilmente puede votar con los pies y pagar la cuota de entrada que suponen los costes del suelo y los edificios. La educación superior pública puede financiarse a partir de elevados precios e impuestos a la propiedad inmobiliaria, pero los pobres se verán privados de acceso a la educación superior y condenados a vivir en una jurisdicción pobre con escasa educación pública. La consiguiente reproducción de los privilegios y el poder de clase mediante la gobernanza policéntrica entra claramente en las estrategias de clase neoliberales de la reproducción social.

Junto con muchas propuestas más radicales para una autonomía descentralizada, la de Ostrom corre el peligro de caer exactamente en esa trampa. La política neoliberal favorece de hecho tanto la descentralización administrativa como la maximización de la autonomía local. Aunque por un lado esto abre un espacio en el que las fuerzas radicales pueden plantar con mayor facilidad las semillas de una agenda más revolucionaria, la toma contrarrevolucionaria de Cochabamba en 2007 por las fuerzas de la reacción en nombre de la autonomía (hasta que fueron desalojadas por la rebelión popular) sugiere que la opción por el localismo y la autonomía como pura estrategia por buena parte de la izquierda es problemática. En Estados Unidos los líderes de la Iniciativa de Cleveland, celebrada como ejemplo de comunitarismo autónomo, apoyaron la elección como gobernador de un republicano antisindical de extrema derecha.

La descentralización y la autonomía pueden servir fácilmente para generar mayor desigualdad mediante la neoliberalización. Así, en el estado de Nueva York, la oferta dispar de servicios de educación pública en distintos distritos con recursos financieros muy desiguales ha sido considerada anticonstitucional por los tribunales, que han ordenado al estado en una sentencia la promoción de mayor igualdad en la oferta de servicios educativos. Pero el gobierno del estado no lo ha hecho hasta ahora, escudándose en la situación de emergencia presupuestaria y fiscal para demorar la ejecución de la sentencia. Observemos en cualquier caso que han sido los tribunales del estado, de mayor rango y jerárquicamente organizados, los que han exigido una mayor igualdad de trato como derecho constitucional. Ostrom no descarta, evidentemente, tales intervenciones desde arriba; las relaciones entre comunidades que funcionan independiente y autónomamente tienen que ser reguladas de algún modo (de ahí la referencia de Vicent Ostrom a las «reglas establecidas»); pero no nos aclara cómo se pueden establecer tales reglas de mayor rango ni por quién, ni cómo podrían estar sujetas a un control democrático. Para la totalidad de una región metropolitana son a la vez necesarias y cruciales algunas de esas reglas (o prácticas habituales). Además, tales reglas no solo deben ser establecidas y aseguradas, sino que también deben ser puestas en vigor y activamente controladas (como en el caso de cualquier bien común). No hace falta mirar más allá de la «policéntrica» eurozona para ver un ejemplo catastrófico de lo que puede ir mal: se supone que todos sus miembros deben someterse a reglas que restringen su déficit presupuestario, pero cuando la mayoría de ellos violan esas reglas no hay forma de obligarles ni de resolver los desequilibrios fiscales que surgen entre los estados. Obligar a estos a cumplir los límites establecidos a las emisiones de CO₂ parece una tarea igualmente desesperada. Aunque la respuesta histórica a la pregunta «¿quién pone lo “común” en el Mercado Común?» puede parecer que incluye todo lo que anda descaminado en las formas jerárquicas de gobierno, la alternativa imaginaria de miles y miles de municipios autónomos que defenderían ferozmente la autonomía de su terruño al tiempo que negociaban interminable y sin duda muy acremente su posición dentro de la división del trabajo a escala europea no es precisamente alentadora.

¿Cómo puede funcionar una descentralización radical —un objetivo ciertamente valioso— fuera del marco de una autoridad jerárquica de mayor rango? Parece bastante ingenuo creer que el policentrismo o cualquier otra forma de descentralización pueda funcionar sin fuertes restricciones jerárquicas y una fuerza coactiva. Buena parte de la izquierda radical —en particular su ala anarquista y autonomista— carece de respuesta para este problema. Las intervenciones estatales (por no hablar de su control o coacción para hacer cumplir lo acordado) le parecen inaceptables, y en general niega legitimidad a la constitucionalidad burguesa. En su lugar existe una vaga y cándida esperanza de que los grupos sociales que han organizado satisfactoriamente sus relaciones con los bienes comunes a escala local converjan hacia algún tipo de práctica y relación mutua satisfactoria mediante la negociación y la interacción. Para que esto ocurriera, los grupos locales no deberían verse perturbados por ningún efecto externo que sus acciones pudieran tener sobre el resto del mundo y tendrían que renunciar a eventuales ventajas, democráticamente distribuidas en el seno del grupo social, a fin de salvar o complementar el bienestar de sus prójimos cercanos (por no hablar de los distantes), que como resultado de malas decisiones o de la mala fortuna sean víctimas del hambre o la miseria. La historia nos ofrece muy pocas pruebas de que tal redistribución pueda funcionar por las buenas de manera estable, y lo habitual es que aumenten las desigualdades sociales entre distintas comunidades. Esto resulta muy acorde con el proyecto neoliberal de no solo proteger sino promover las estructuras de privilegio del poder de clase (del tipo tan claramente evidenciado en la debacle de la financiación de la escuela pública en el estado de Nueva York).

Murray Bookchin es muy consciente de esos peligros cuando dice que «la agenda de un municipalismo libertario puede fácilmente quedar vacía o incluso ser utilizada para fines estrechamente conservadores». Su propuesta para superar esos riesgos es el «confederalismo». Mientras que las asambleas municipales funcionarían mediante la democracia directa en la base para tomar decisiones, el estado sería sustituido «por una red confederal de asambleas municipales y la economía empresarial por una auténtica economía política en la que los gobiernos municipales, interactuando económica y políticamente, resolverían sus problemas materiales como cuerpos ciudadanos en asambleas abiertas». Esas asambleas confederales supervisarían la administración y gobierno de políticas decididas en las asambleas municipales, y los delegados serían revocables y responsables en todo momento ante las asambleas municipales. Los consejos confederales

se convierten en el medio para vincular aldeas, pueblos, barrios y ciudades en redes confederales. El poder fluye así de abajo arriba y no de arriba abajo, y en las confederaciones el flujo del poder de abajo arriba disminuye con el ámbito del correspondiente consejo federal que abarca en primer lugar localidades, de estas pasa a las regiones y de estas a áreas territoriales más amplias[108].

La de Bookchin es de lejos la propuesta radical más sofisticada con respecto a la creación y uso colectivo de los bienes comunes en toda una variedad de escalas, y vale la pena estudiarla como parte de la agenda anticapitalista radical.

Esta cuestión es tanto más acuciante debido al violento asalto neoliberal contra la administración pública de bienes sociales durante los últimos treinta años o más, en consonancia con el ataque generalizado contra los derechos y el poder de los trabajadores organizados iniciado en la década de 1970 (desde Chile hasta Gran Bretaña), pero que se concentró más directamente en los costes de la reproducción social del trabajo. El capital había preferido durante mucho tiempo tratar los costes de la reproducción social como algo externo —un coste del que no se hace cargo el mercado— pero el movimiento socialdemócrata y la activa amenaza de una alternativa comunista hasta la década de 1970 obligó al capital a internalizar en los países capitalistas avanzados parte de esos costes, así como de los costes externos atribuibles a la degradación del medio ambiente. El propósito de las políticas neoliberales desde 1980, poco más o menos, ha sido subsumir esos costes entre los comunes globales de la reproducción social y el medio ambiente, creando, por decirlo así, unos bienes comunes negativos en los que se ven obligadas a vivir poblaciones enteras. Las cuestiones de la reproducción social, el género y los bienes comunes están inextricablemente ligadas[109].

La respuesta por parte del capital a la crisis global iniciada en 2007 ha sido tratar de poner en práctica un plan draconiano de austeridad global que disminuye la oferta de bienes públicos al servicio de la reproducción social y la mejora del medio ambiente, disminuyendo así las cualidades de los bienes comunes en ambos casos. También se ha valido de la crisis para facilitar una actividad aún más depredadora en la apropiación privada de los bienes comunes como condición supuestamente necesaria para la recuperación del crecimiento. El uso de las expropiaciones, por ejemplo, para apropiarse de espacios con propósitos privados (al contrario de los fines de «utilidad pública» para los que se concibieron originalmente tales leyes) es un caso clásico de redefinición de la causa pública como patrocinio estatal del desarrollo privado.

Desde California hasta Grecia, la crisis ha producido pérdidas en los bienes y derechos urbanos de la gran mayoría de la población, a las que se ha sumado la extensión del poder capitalista depredador sobre la población de bajos ingresos hasta ahora marginada. Ha sido, en resumen, un ataque generalizado contra los bienes comunes reproductivos y medioambientales. Más de dos mil millones de personas que viven con menos de 2 dólares diarios están siendo inducidas a las microfinanzas como «subprime de todas las formas subprime de crédito», para extraer de ellas riqueza (como sucedió en el mercado de la vivienda estadounidense mediante los créditos predadores subprime seguidos por los desahucios) con la que engalanar las grandes mansiones de los ricos. Los bienes comunes medioambientales están igualmente amenazados, mientras que las soluciones propuestas (como el comercio de los derechos de emisión de dióxido de carbono y las nuevas tecnologías medioambientales) pretenden que busquemos la salida del impasse utilizando los mismos instrumentos de acumulación de capital e intercambio especulativo en el mercado que nos llevaron a él. No es sorprendente pues que los pobres no solo sigan ahí, sino que su número crezca en lugar de disminuir con el tiempo. Aunque India viene acumulando un respetable registro de crecimiento durante la crisis, por ejemplo, el número de milmillonarios en ese país ha aumentado de 26 a 69 durante los tres últimos años, mientras que el número de chabolistas casi se ha duplicado durante la última década. Los impactos urbanos provocan estupefacción al ver cómo surgen lujosas casas de apartamentos con aire acondicionado en medio de la miseria y la degradación, de la que nadie se ocupa, en que vive la gente empobrecida que se debate por hallar algún tipo de existencia aceptable.

El desmantelamiento de los marcos y controles reguladores que trataban, por insuficientemente que fuera, de frenar la inclinación a las prácticas predadoras de acumulación, ha desencadenado la lógica de après moi le déluge de la especulación financiera desmedida que ha acabado convirtiéndose en una auténtica orgía de destrucción creativa, en particular el desbordamiento delirante de la urbanización capitalista. El daño solo se puede contener y revertir mediante la socialización de la producción y distribución del excedente y la creación de una nueva riqueza común accesible a todos.

En este contexto cobra aún mayor importancia el resurgimiento de una retórica y una teoría de los bienes comunes. Si los bienes públicos administrados por el estado declinan o se convierten en un mero instrumento para la acumulación privada (como está sucediendo en la enseñanza) o si el estado se retira de su administración, existe una única respuesta posible, y es que la población se autoorganice para gestionar sus propios bienes comunes (como ocurrió en Bolivia, tal como veremos en el capítulo 5). El reconocimiento político de que los bienes comunes pueden ser producidos, protegidos y utilizados para el beneficio social se convierte en un marco para resistirse al poder capitalista y repensar la política de una transición anticapitalista.

Pero lo que importa ahí no es la combinación particular de dispositivos institucionales —los cercamientos en un sitio, las ampliaciones de diversos mecanismos colectivos y de propiedad común en otro— sino que el efecto unificado de la acción política corrija la degradación cada vez mayor de los recursos del trabajo y de la tierra (incluidos los recursos insertos en la «segunda naturaleza» del entorno construido) en manos del capital. En ese esfuerzo, la «rica combinación de instrumentos» que Elinor Ostrom comienza a especificar —no solo públicos y privados, sino colectivos y asociativos, anidados, jerárquicos y horizontales, excluyentes y abiertos— desempeñará un papel clave en la búsqueda de vías para organizar la producción, distribución, intercambio y consumo a fin de satisfacer las necesidades y aspiraciones humanas sobre una base anticapitalista. Esa rica combinación no viene dada, sino que debe ser construida.

La cuestión no es que la clase que se apropia de la riqueza común arrebatándosela a la clase que la produce cumpla los requerimientos propios de la acumulación. El resurgimiento de los bienes comunes como cuestión política tiene que integrarse plenamente en la lucha anticapitalista de forma muy específica. Desgraciadamente, la idea de los bienes comunes (como el derecho a la ciudad) está siendo tan fácilmente apropiada por el poder político existente como lo está siendo el valor a extraer de los bienes comunes urbanos por los intereses inmobiliarios. La cuestión es por tanto cambiar todo eso y hallar formas creativas de utilizar los poderes del trabajo colectivo para el bien común, y mantener el valor producido bajo el control de los trabajadores que lo producen.

Esto requiere una ofensiva política en dos direcciones, por un lado para obligar al estado a esforzarse más en el suministro de bienes públicos para finalidades públicas, y por otro la autoorganización de poblaciones enteras para apropiarse, usar y complementar esos bienes de forma que extiendan y mejoren las cualidades de los bienes comunes reproductivos y medioambientales no mercantilizados. La producción, protección y uso de bienes públicos y comunes en ciudades como Bombay, São Paulo, Johannesburgo, Los Ángeles, Shanghái y Tokio se convierte en una cuestión central que deben afrontar y corregir los movimientos sociales democráticos; y esto requerirá mucha más imaginación y sofisticación de la que actualmente circula en las principales teorías radicales, en particular en la medida en que esos bienes comunes están siendo continuamente creados y apropiados mediante la forma capitalista de urbanización. El papel de los bienes comunes en la formación de las ciudades y en la política urbana solo empieza ahora a ser claramente reconocido y elaborado, tanto teóricamente como en el campo de la práctica radical. Hay mucho trabajo por hacer, pero también hay abundantes signos en los movimientos sociales urbanos de todo el mundo de que hay mucha gente, con una masa crítica de energía política, dispuesta a hacerlo.

Capítulo Cuatro

El arte de la renta

El número de trabajadores dedicados a las actividades y producciones culturales ha aumentado considerablemente durante las últimas décadas (de unos 150 000 artistas registrados en la región metropolitana de Nueva York a principios de la década de 1980 a más del doble en este momento), y sigue creciendo. Constituyen el núcleo creativo de lo que Daniel Bell llama «la masa cultural» (no los creadores, sino los transmisores de la cultura en los medios y otros lugares)[110], y su actitud política ha ido cambiando con los años. Durante la década de 1960 las escuelas y talleres de arte eran un vivero de discusiones radicales, pero la pacificación y profesionalización subsiguiente ha menguado notablemente su capacidad subversiva. Por más que la estrategia y el pensamiento socialista necesiten una reconfiguración, revitalizar tales instituciones como centros de compromiso político y movilizar la capacidad política y agitadora de los productores culturales es con seguridad un objetivo valioso para la izquierda. Aunque hoy día dominan incuestionablemente la comercialización y los incentivos de mercado, entre los productores culturales hay muchos descontentos y corrientes disidentes que pueden fertilizar ese campo, abriéndolo a la expresión crítica y a la agitación política para la producción de un nuevo tipo de bienes comunes.

La cultura es un bien común y es innegable que se ha convertido en una especie de mercancía. Aun así, también es general la creencia de que en ciertos productos y acontecimientos culturales (ya sea en las artes plásticas o en el teatro, la música, el cine, la arquitectura o más en general en ciertas formas de vida, tradición, recuerdos colectivos y comunidades afectivas) hay algo especial que los diferencia de las mercancías ordinarias como las camisas o los zapatos. Aunque la frontera entre unos y otros tipos de mercancías sea muy porosa (quizá cada vez más), hay todavía razones para mantener entre ellos una distancia analítica. Puede suceder, por supuesto, que distingamos los artefactos y acontecimientos culturales porque no podemos sino pensarlos como auténticamente diferentes, situados en un plano más elevado de la creatividad y la sensibilidad humana que las mercancías producidas y consumidas en masa; pero aun si prescindimos de cualquier residuo de quimeras ilusorias (a menudo respaldadas por poderosas ideologías), todavía queda algo muy especial en esos productos denominados «culturales». Los estudios y galerías de arte y los cafés y bares donde los músicos se encuentran para tocar no son lo mismo que las tiendas de ropa aunque para seguir existiendo tengan igualmente que obtener beneficios suficientes para pagar el alquiler del local. ¿Cómo se puede reconciliar entonces el estatus mercantil de tantos de esos fenómenos con su carácter especial?

Renta de monopolio y competencia

A los propios productores culturales, habitualmente más interesados por las cuestiones de estética, los valores afectivos, la vida social y los sentimientos (a veces dedicados ellos mismos incluso al arte por el arte, como se solía decir), un término como «renta de monopolio» les puede parecer demasiado técnico y árido como para incluir algo más allá que los posibles cálculos del financiero, el promotor, el especulador inmobiliario y el propietario de tierras, pero espero mostrar que tiene una importancia mucho mayor; que, adecuadamente planteado, puede generar ricas interpretaciones de los muchos temas prácticos y personales que brotan del nexo entre la globalización capitalista, los desarrollos político-económicos locales y la evolución de los significados culturales y los valores estéticos[111].

Toda renta se basa en el monopolio de algún bien por determinados propietarios privados. La renta de monopolio surge porque ciertos agentes sociales pueden obtener una mayor corriente de ingresos durante un tiempo dilatado en virtud de su control exclusivo sobre algún artículo directa o indirectamente comercializable que es en ciertos aspectos cruciales único e irreproducible. Hay dos situaciones en las que esa categoría cobra mayor importancia. La primera es aquella en que determinados agentes sociales controlan algún recurso, mercancía o lugar con cualidades especiales, lo que les permite, en relación con cierto tipo de actividad, extraer rentas de monopolio de quienes desean usarlo. En el campo de la producción, argumenta Marx, el ejemplo más obvio es el de los viñedos que producen un vino de extraordinaria calidad que se puede vender con un precio de monopolio. En esas circunstancias, «el precio de monopolio crea la renta»[112]. La versión relacionada con la ubicación vendría dada por su centralidad (para el capitalista comercial) con respecto, digamos, a la red de transportes y comunicaciones, o su proximidad (en el caso, por ejemplo, de una cadena hotelera) a alguna actividad muy concentrada (como puede ser la de un centro financiero). El capitalista comercial y el hotelero están dispuestos a pagar un suplemento por el uso de determinado terreno que les ofrece esas ventajas.

Esos son casos indirectos de renta de monopolio, en los que no es la tierra, el recurso o el lugar con cualidades únicas lo que se negocia, sino la mercancía o el servicio producido mediante su uso. Pero también puede monopolizarse directamente la tierra, el recurso o activo en cuestión (como cuando se venden viñedos o propiedades inmobiliarias a capitalistas y financieros multinacionales con propósitos especulativos). Se puede generar escasez apartando esa tierra, recurso o activo de su uso corriente y especulando sobre su valor futuro. La renta de monopolio de ese tipo se extiende a la propiedad de obras de arte, como un Rodin o un Picasso, que se pueden comprar y vender (como se hace cada vez más) como inversiones. Es la unicidad del Picasso o de determinado lugar la que constituye a este respecto la base para el precio del monopolio.

Las dos formas de renta de monopolio a menudo se solapan. Un viñedo (con su château y su situación geográfica únicos) famoso por sus vinos puede cotizarse directamente con precio de monopolio, como lo pueden hacer los vinos de sabor único producidos en ese terroir. Se puede comprar un Picasso para obtener un beneficio y luego arrendarlo a algún otro que lo exhibe cobrando un precio de monopolio. La proximidad a un centro financiero puede dar lugar a un provecho directo o también indirecto, arrendando el terreno a una cadena hotelera que lo utiliza para sus propios propósitos. Pero la diferencia entre esas dos formas de renta es importante. Es poco probable (aunque no imposible) obtener una renta directa de la abadía de Westminster o del palacio de Buckingham (hasta los más ardientes privatizadores podrían mostrarse reacios a ello); pero con ellos se pueden hacer negocios, y se hacen, mediante las prácticas comercializadoras de la industria turística (o en el caso del palacio de Buckingham, por la propia reina).

La categoría de la renta de monopolio encierra dos contradicciones, ambas importantes para el argumento que sigue. En primer lugar, aunque la unicidad y la particularidad son cruciales en la definición de «cualidades especiales», el requisito de comercialidad implica que ningún artículo puede ser tan único o tan especial como para quedar enteramente fuera del cálculo monetario. Un Picasso tiene que tener un valor monetario, como lo deben tener un Monet, un Manet, un producto de arte aborigen, un artefacto arqueológico, un edificio histórico, un monumento antiguo, un templo budista o la experiencia de descender en canoa por el Colorado, de visitar Estambul o de escalar el Everest. Como evidencia esa lista, puede haber cierta dificultad con respecto a la «formación de mercado» en esos negocios, ya que aunque se han formado mercados en torno a las obras de arte, y en alguna medida en torno a los objetos arqueológicos, hay en esa lista varios artículos difíciles de incorporar directamente a un mercado (ese problema afecta, por ejemplo, a la abadía de Westminster). Muchos artículos pueden no ser fáciles de comercializar ni siquiera indirectamente.

La contradicción a ese respecto es que cuanto más fácilmente comercializables son esos artículos, menos únicos y especiales resultan. En algunos casos la propia comercialización tiende a destruir sus cualidades únicas (particularmente si dependen de factores como su inaccesibilidad o lejanía, la pureza de algunas experiencias estéticas y cosas parecidas). Más en general, cuanto más fácilmente comercializables son tales artículos o acontecimientos (sometidos a la reproducción mediante copias, plagios, imitaciones o simulacros), menos base ofrecen para una renta de monopolio. Recordaré aquí al estudiante que se quejaba de su experiencia en Europa, comparada con una visita a Disney World.

En Disney World todos los países están muy cerca unos de otros y ofrecen lo mejor de cada uno de ellos. Europa es en cambio muy aburrida. La gente habla extrañas lenguas y las cosas están sucias. A veces no ves nada interesante allí durante días, mientras que en Disney World sucede algo diferente cada minuto y la gente es feliz. Es mucho más divertido. Está bien diseñado[113].

Aunque pueda parecer un argumento ridículo, vale la pena reflexionar sobre la forma en que Europa está tratando de rediseñarse siguiendo los estándares de Disney (y no solo en beneficio de los turistas estadounidenses); pero —y ahí está el núcleo de la contradicción— cuanto más se «disneyfica» Europa, menos única y excepcional es. La insulsa homogeneidad que acompaña a la pura comercialización borra las ventajas del monopolio; los productos culturales se diferencian cada vez menos de otras mercancías. «La avanzada transformación de los bienes de consumo en productos empresariales o “artículos con marca registrada” que mantienen un monopolio sobre los valores estéticos —escribe Wolfgang Haug— ha desplazado a los productos elementales o “genéricos”, [de forma que] la estética mercantilizada [se extiende] cada vez más hacia los sectores culturales»[114]. Recíprocamente, todo capitalista trata de persuadir a los consumidores de las cualidades únicas e irreproducibles de sus productos (de ahí las marcas, la publicidad, etcétera). Las presiones desde ambos lados amenazan exprimir las cualidades únicas que subyacen bajo las rentas de monopolio. Así pues, para sostener y realizar estas últimas debe hallarse algún medio para mantener como suficientemente únicos y particulares algunos artículos o lugares (más adelante reflexionaré sobre lo que esto podría significar) a fin de mantener una ventaja monopolista en una economía mercantilizada y a menudo ferozmente competitiva.

¿Pero por qué se toleran, e incluso se consideran deseables en un mundo neoliberal donde se supone que dominan los mercados competitivos, monopolios de ningún tipo? Aquí encontramos la segunda contradicción que resulta ser en su raíz una imagen especular de la primera. La competencia, como observó hace mucho tiempo Marx, tiende siempre al monopolio (u oligopolio), simplemente porque la supervivencia de los más hábiles o mejor dotados en la guerra de todos contra todos elimina a las empresas débiles[115]. Cuanto más feroz es la competencia, más rápida es la tendencia hacia el oligopolio o el monopolio. Por eso no es ninguna casualidad que la liberalización de los mercados y la apología de la competencia de mercado durante los últimos años haya producido una increíble centralización del capital (Microsoft, Rupert Murdoch, Bertelsmann, servicios financieros y una oleada de absorciones y fusiones en las líneas aéreas, el pequeño comercio e incluso en sectores mucho más antiguos como los del automóvil, el petróleo y otros). Esa tendencia se reconoce desde hace tiempo como un rasgo preocupante de la dinámica capitalista, y de ahí la legislación antitrust en Estados Unidos y el trabajo de la Comisión de Monopolios y Fusiones en Europa; pero son defensas muy débiles frente a una fuerza abrumadora.

Esa dinámica estructural no tendría la importancia que tiene de no ser por el hecho de que los capitalistas fomentan activamente los poderes monopolistas, con los que obtienen un control de gran alcance sobre la producción y la comercialización y la estabilidad de sus negocios que les permite un cálculo racional y una planificación a largo plazo, la reducción del riesgo y la incertidumbre, y más en general les garantiza una existencia relativamente pacífica y sin grandes perturbaciones. La mano visible de la empresa, como la denominaba Alfred Chandler, ha tenido por tanto mucha más importancia para la geografía histórica del capitalismo que la mano invisible del mercado tan alabada por Adam Smith, elogiada ad nauseam durante los últimos años como principio rector de la ideología neoliberal de la globalización contemporánea[116].

Pero es ahí donde aparece más claramente la imagen especular de la primera contradicción: los procesos de mercado dependen decisivamente del monopolio individual de capitalistas (de todo tipo) sobre la propiedad de los medios de producción, incluidas las finanzas y la tierra. Toda renta, recordemos, es la retribución del poder de monopolio de la propiedad privada de algún bien crucial, desde la tierra hasta una patente, que resulta por tanto el punto de partida y de llegada de toda actividad capitalista. En la propia base de cualquier comercio capitalista existe un derecho jurídico no comercializable, que convierte en un importante problema para los mercados capitalistas la opción de no comerciar (acaparar, retener, cicatear). La pura competencia de mercado, el intercambio libre de mercancías y la perfecta racionalidad del mercado son pues instrumentos bastante raros y crónicamente inestables para coordinar las decisiones de producción y consumo. El problema es mantener suficientemente competitivas las relaciones económicas al mismo tiempo que se mantienen los privilegios de monopolio individuales y de clase de la propiedad privada que constituyen el fundamento del capitalismo como sistema político-económico.

Esta última cuestión exige mayor elaboración para profundizar en el tema. Se suele suponer, erróneamente, que la mayor capacidad de monopolio es la que resulta de la centralización y concentración del capital en las megacorporaciones, mientras que el predominio de la pequeña empresa caracterizaría supuestamente a un mercado competitivo. Según ese criterio el capitalismo, en otro tiempo competitivo, se ha ido monopolizando cada vez más con el tiempo. Este error deriva en parte de una aplicación mecánica de los argumentos de Marx con respecto a la «ley de la tendencia a la centralización del capital», que ignora el contraargumento de que la centralización «traería pronto la ruina de la producción capitalista si no fuera por tendencias que la contrarrestan y que tienen un continuo efecto descentralizador»[117]. Pero también se ve apoyado por una teoría económica de la empresa que ignora en general su contexto espacial y localizado, aunque acepta (en las raras ocasiones en que se digna considerar el problema) que la ventaja de la localización supone una «competencia monopolista».

Durante el siglo XIX, por ejemplo, el cervecero, el panadero y el fabricante de candelas estaban todos ellos protegidos en buena medida frente a la competencia en los mercados locales por los elevados costes de transporte. Por todas partes y en todos los sectores, desde la energía al abastecimiento alimentario, había poderes de monopolio local (aunque las empresas fueran de pequeño tamaño) muy difíciles de quebrantar. En ese sentido, el capitalismo a pequeña escala del siglo XIX era mucho menos competitivo que el actual. Es en este punto en el que entran, como variables determinantes, los cambios en la situación del transporte y las comunicaciones. A medida que se debilitaban las barreras espaciales debido a la inclinación capitalista a «aniquilar el espacio mediante el tiempo» [die Vernichtung des Raums durch die Zeit], muchas industrias y servicios locales perdieron su protección local y sus privilegios de monopolio[118]. Se vieron obligadas a competir con productores de otras localidades, al principio relativamente próximas pero más adelante mucho más lejanas.

La geografía histórica del comercio de la cerveza es muy instructiva a este respecto. Durante el siglo XIX la mayoría de la gente consumía cerveza local porque no tenía otra opción. A finales del siglo XIX la producción y el consumo de cerveza en Inglaterra se había regionalizado en una medida considerable, y así permaneció hasta la década de 1960 (las importaciones del extranjero, con excepción de la Guinness, eran prácticamente inexistentes). Pero luego el mercado se hizo nacional (aparecieron en Londres y en el sur Newcastle Brown y Scottish Youngers), antes de hacerse internacional (se pusieron de moda de repente las cervezas importadas). Si uno bebe cerveza local ahora es por su propia decisión, habitualmente por una combinación de adhesión localista y alguna cualidad especial de la cerveza (basada en la técnica, el agua o cualquier otra cosa) que la distingue de otras. ¡Pero en Manhattan hay bares donde uno puede beber diferentes cervezas locales del mundo entero!

Para decirlo simple y llanamente, el espacio económico de la competencia ha ido cambiando con el tiempo de forma y de escala. La reciente marea globalizadora ha reducido significativamente las protecciones a los monopolios otorgadas históricamente por los elevados costes de transporte y comunicaciones, al tiempo que la remoción de barreras institucionales al comercio (proteccionismo) ha disminuido parecidamente las rentas de monopolio que se podían obtener obstaculizando la competencia extranjera; pero el capitalismo no puede funcionar sin monopolios y discurre nuevos medios para renovarlos; así pues, la cuestión a resolver es cómo restablecer los poderes de monopolio en una situación en la que las protecciones ofrecidas por los llamados «monopolios naturales» del espacio y la ubicación, y las protecciones políticas de las fronteras nacionales y las aduanas, se han visto seriamente debilitadas, si no eliminadas.

La respuesta obvia consiste en centralizar el capital en megacorporaciones o establecer alianzas más laxas (como en los sectores de las líneas aéreas y del automóvil) que dominan los mercados, y hemos visto mucho de eso. La segunda vía consiste en asegurar aún más firmemente los derechos de monopolio de la propiedad privada mediante leyes comerciales internacionales que regulen todo el comercio global. Las patentes y los llamados «derechos de propiedad intelectual» se han convertido así en importantes campos de batalla en los que se pretende afianzar los poderes de monopolio. La industria farmacéutica, por mencionar un ejemplo paradigmático, ha adquirido extraordinarios poderes de monopolio, en parte mediante colosales centralizaciones de capital, y en parte mediante la protección de las patentes y acuerdos sobre licencias y concesiones, y aspira a aumentarlos tratando de establecer derechos de propiedad sobre el material genético de todo tipo (incluido el de plantas raras de los bosques tropicales, tradicionalmente aprovechadas por los habitantes indígenas). A medida que disminuyen determinados privilegios de monopolio, vemos una amplia variedad de intentos de preservarlos o renovarlos por otros medios.

No puedo detallar aquí todas esas tendencias, pero quiero considerar más de cerca los aspectos de ese proceso que atañen más directamente a los problemas del desarrollo local y las actividades culturales. Pretendo mostrar, en primer lugar, que se mantienen las luchas sobre la definición de los poderes de monopolio que podrían corresponder a determinados parajes y localidades, y que la idea de «cultura» está cada vez más vinculada con los intentos de reafirmar tales poderes de monopolio, precisamente porque las pretensiones de unicidad y autenticidad se pueden articular mejor como alegaciones referidas a bienes culturales distintivos y no reproducibles. Comenzaré con el ejemplo más obvio de renta de monopolio dado por «los viñedos que producen un vino de extraordinarias cualidades que se puede vender con un precio de monopolio».

Aventuras en el comercio vinícola

El comercio del vino, como el de la cerveza, se ha internacionalizado cada vez más durante los últimos treinta años, y la presión de la competencia internacional ha producido algunos efectos curiosos. Bajo la presión de la Unión Europea, por ejemplo, los productores internacionales de vino han acordado (tras largas batallas legales e intensas negociaciones) renunciar al uso de «expresiones tradicionales» en las etiquetas que podían incluir términos como «château» y «domaine», así como de términos genéricos como «champán», «borgoña», «chablis» o «sauternes». De esa forma el sector europeo del vino, encabezado por los productores franceses, trata de preservar sus rentas de monopolio insistiendo en las virtudes únicas de la tierra, el clima y la tradición (aglutinados bajo el término francés «terroir») y la peculiaridad de su producto certificado por un nombre. El comercio vinatero francés, reforzado por controles institucionales como el de la «denominación de origen», insiste en la autenticidad y originalidad de su producto, fundamento de la unicidad sobre la que se puede basar la renta de monopolio.

Australia es uno de los países que aceptaron esa iniciativa. La firma Chateau Tahbilk de Victoria, obligada en 2000 a quitar el «Chateau» de sus etiquetas, proclamó con displicencia que «somos orgullosamente australianos y no necesitamos utilizar términos heredados de otros países y culturas del pasado». Como compensación señalaron dos factores que, combinados, «nos dan una posición única en el mundo del vino». La suya es una de las seis regiones vitivinícolas del mundo en las que el mesoclima se ve muy influido por la masa acuática interna (los abundantes lagos y lagunas moderan y refrescan el clima). Su suelo es de un tipo único (que solo se encuentra en otro lugar en Victoria), descrito como una marga rojo/arenosa coloreada por el alto contenido de óxido férrico, que «tiene un efecto positivo sobre la calidad de la uva y añade un carácter regional peculiar a nuestros vinos». Esos dos factores se unen para definir los «lagos Nagambie» como una región vitícola única (certificada presumiblemente por el Comité de Identidades Geográficas de la Corporación Australiana de Vinos y Brandies creado para señalizar las regiones vitícolas de toda Australia). Tahbilk establecía así una contrarreclamación de la renta de monopolio sobre la base de la combinación única de condiciones medioambientales en la región donde tiene su sede, y lo hacía de forma análoga y en competencia con las pretensiones de unicidad del «terroir» y el «domaine» patrocinados por los productores franceses de vino[119].

Pero ahí encontramos la primera contradicción: cualquier vino es comercializable, y por tanto comparable en cierto sentido, provenga de donde provenga. Consúltense por ejemplo las referencias de Robert Parker en el bimensual The Wine Advocate. Parker evalúa los vinos por su sabor y no dedica particular atención al «terroir» o cualquier otra referencia histórico-cultural. Es notoriamente independiente (la mayoría de las demás guías de vinos son patrocinadas por influyentes sectores de la industria vinícola). Valora los vinos en una escala según su propio gusto. Tiene muchos seguidores en Estados Unidos, que es un mercado importante. Si valora un vino de Burdeos con 65 puntos y un vino australiano con 95 puntos, los precios se ven afectados. Los productores bordeleses están aterrorizados. Han presentado una demanda contra él, lo han denigrado, insultado e incluso asaltado físicamente. Pone en peligro las bases de sus rentas de monopolio[120].

Las reivindicaciones de monopolio, podemos concluir, son tanto «efecto del discurso» y resultado de la competencia como reflejo de las cualidades del producto. Pero si hay que abandonar el lenguaje del «terroir» y la tradición, ¿qué tipo de discurso se puede emplear en su lugar? Parker y muchos otros han introducido recientemente en el sector un lenguaje en el que los vinos son descritos con términos tales como «sabor a melocotón y ciruela, con notas de tomillo y grosella». Ese lenguaje puede sonar extraño, pero el desplazamiento discursivo, relacionado con la creciente competencia internacional y la globalización del comercio del vino, asume un papel distintivo que refleja la mercantilización del consumo siguiendo líneas estandarizadas.

Pero el consumo de vino tiene muchas dimensiones que abren vías a su explotación rentable. Para muchos es una experiencia estética. Más allá del puro placer (para algunos) de un buen vino con la comida adecuada, en él se insertan toda una serie de referencias ligadas a la tradición occidental que se remontan a la mitología (Dionisos y Baco), la religión (la sangre de Jesús y el ritual de la comunión), y tradiciones celebradas en festivales, poesía, canciones y literatura. El conocimiento de los vinos y su valoración «correcta» son a menudo marcas de clase analizables como una forma de capital «cultural» (como diría Bourdieu). Ofrecer el vino adecuado ha ayudado a sellar más de un trato en negocios importantes (¿confiaría usted en alguien que no supiera elegir un vino?). El estilo del vino está relacionado con la cocina regional y queda así inserto en las prácticas que convierten la regionalidad en una forma de vida marcada por estructuras distintivas del sentimiento (resulta difícil imaginar a Zorba el griego bebiendo un Mondavi californiano, aunque este se venda en el aeropuerto de Atenas).

El negocio del vino tiene que ver con el dinero y el beneficio, pero también con la cultura en todas sus acepciones (desde la cultura del producto a las prácticas culturales que rodean su consumo y el capital cultural que puede evolucionar junto a él, tanto entre los productores como entre los consumidores). La perpetua búsqueda de rentas de monopolio implica buscar criterios de especificidad, unicidad, originalidad y autenticidad en cada uno de esos campos. Si la unicidad no se puede establecer apelando al «terroir» y la tradición ni mediante una descripción directa del sabor, hay que recurrir a otros métodos de distinción para defender las pretensiones de monopolio y elaborar discursos destinados a garantizar la veracidad de esas proclamaciones (el vino que garantiza la seducción o el vino que acompaña la nostalgia frente al fuego en la chimenea son metáforas publicitarias habituales en Estados Unidos). En la práctica, lo que encontramos en el negocio del vino es un montón de discursos en competencia, todos ellos con diferentes pretensiones de verdad sobre la unicidad del producto; pero volviendo a mi punto de partida, todos esos desplazamientos y giros discursivos, así como muchos de los que se han producido en las estrategias para dominar el mercado internacional del vino, tienen sus raíces en la búsqueda, no solo de beneficio, sino también de rentas de monopolio, ocupando un lugar muy destacado el lenguaje de la autenticidad, originalidad, unicidad y cualidades especiales e irreproducibles. La prevalencia de un mercado globalizado produce, de forma coherente con la segunda contradicción que especifiqué antes, una poderosa fuerza que trata de garantizar, no solo la prolongación de los privilegios de monopolio de la propiedad privada, sino las rentas de monopolio derivadas de presentar las mercancías como incomparables.

Las empresas urbanas y la búsqueda de rentas de monopolio

Las recientes pugnas en el sector vitivinícola nos ofrecen un modelo útil para entender una amplia variedad de fenómenos en la fase actual de la globalización. Tienen una importancia particular para entender cómo se integran las tradiciones y los desarrollos culturales locales en los cálculos de la economía política a fin de obtener rentas de monopolio. También plantean en qué medida está vinculado el interés actual por la innovación cultural y la resurrección e invención de tradiciones locales al deseo de extraer y apropiarse de tales rentas. Dado que capitalistas de todo tipo (incluidos los financieros internacionales más acaudalados) son fácilmente seducidos por la perspectiva de lucrarse de algún poder de monopolio, apreciamos inmediatamente una tercera contradicción: que los más ávidos globalizadores apoyarán los desarrollos locales capaces al menos potencialmente de ofrecer rentas de monopolio, incluso si el efecto de tal apoyo es generar un clima político local enfrentado a la globalización. Insistir en la unicidad y pureza de la cultura balinesa local puede ser vital para el sector hotelero, las líneas aéreas y la industria turística, ¿pero qué ocurre si eso alienta un movimiento balinés que se resiste violentamente a la «impureza» de la comercialización? El País Vasco puede parecer una configuración cultural potencialmente rentable debido precisamente a su singularidad, pero ETA, con su exigencia de independencia y su disposición a realizar acciones violentas, puede ser un obstáculo para la comercialización. En cualquier caso, las distancias que están dispuestos a recorrer los intereses comerciales pueden ser muy sorprendentes. Tras la presentación de la película Cidade de Deus, que presentaba con un realismo descarnado (que algunos considerarían exagerado) la violencia y las batallas relacionadas con la droga en las favelas de Río de Janeiro, varias empresas del sector turístico comenzaron a ofrecer visitas a algunos de los barrios más peligrosos (cada uno podía elegir el nivel de riesgo preferido). Sondeemos un poco más profundamente esa contradicción que afecta a la política de desarrollo urbano, aunque para hacerlo debamos examinar brevemente la relación de esa política con la globalización.

La actividad empresarial urbana ha cobrado importancia nacional e internacional en las últimas décadas. Con ese concepto me refiero a la pauta de comportamiento en la gobernanza urbana que combina los poderes públicos (locales, metropolitanos, regionales, nacionales o supranacionales) con una amplia variedad de formas organizativas de la sociedad civil (cámaras de comercio, sindicatos, iglesias, instituciones educativas y de investigación, grupos comunitarios, ONGs, etcétera) e intereses privados (individuales o de grupos empresariales) para formar coaliciones a fin de promover o gestionar el desarrollo urbano o regional de un tipo u otro. Existe una abundante literatura sobre ese tema que muestra que las formas, actividades y objetivos de esos sistemas de gobierno (conocidos con diversos nombres como «regímenes urbanos», «motores de crecimiento» o «coaliciones para el crecimiento regional») varían mucho según las condiciones locales y la combinación de fuerzas en su seno[121]. Se ha examinado también con detalle el papel de ese empresariado urbano en relación con la forma neoliberal de globalización, habitualmente bajo la rúbrica de las relaciones entre lo local y lo global y la llamada «dialéctica espacio-plaza». La mayoría de los geógrafos que han examinado el problema han concluido acertadamente que es un error categórico considerar la globalización como una fuerza causal en relación con el desarrollo local. Lo que está en cuestión, argumentan con razón, es una relación bastante más complicada en diversas escalas en las que las iniciativas locales pueden difundirse a escala global y viceversa, al mismo tiempo que los procesos en una escala particular —la competencia interurbana e interregional son los ejemplos más obvios— pueden remodelar las configuraciones locales y regionales sobre las que influye la globalización.

Así pues, la globalización no se debería considerar como una unidad indiferenciada, sino como una pauta geográficamente articulada de actividades y relaciones capitalistas globales[122]. ¿Pero qué significa exactamente una «pauta geográficamente articulada»? Hay, por supuesto, muchas pruebas del desarrollo geográfico desigual (a diversas escalas), y al menos cierta teorización convincente con respecto a su lógica capitalista. Parte de ella se puede entender en términos convencionales como una aspiración por parte de capitales móviles (en los que el capital financiero, comercial y productivo tienen diferentes capacidades a este respecto) a obtener ventajas en la producción y apropiación de plusvalor desplazándose de un lado a otro. De hecho se pueden discernir tendencias que se adecuan a modelos bastante simples de «carrera hacia el abismo», en las que la fuerza de trabajo más barata y más fácilmente explotada se convierte en el faro que guía la movilidad del capital y las decisiones de inversión; pero hay muchas pruebas en contrario que sugieren que esa es una enorme simplificación cuando se proyecta como explicación monocausal de la dinámica del desarrollo geográfico desigual. El capital fluye en general tan fácilmente hacia regiones de altos salarios como hacia las de salarios bajos, y a menudo parece estar geográficamente orientado por criterios muy diferentes a los que convencionalmente predominan tanto en la economía política burguesa como en la marxista.

El problema deriva en parte del hábito de ignorar la categoría del capital en bienes raíces y la considerable importancia de las inversiones a largo plazo en el entorno construido, que son por definición geográficamente inmóviles. Tales inversiones, particularmente cuando son de tipo especulativo, suscitan invariablemente nuevas oleadas de inversión si la primera se demuestra rentable (para llenar el centro de convenciones necesitamos los hoteles, que requieren mejores transportes y comunicaciones, que crean la posibilidad de ampliar la capacidad del centro de convenciones…). Así pues, en la dinámica de las inversiones en el área metropolitana se da cierta circularidad acumulativa (considérese por ejemplo todo el desarrollo en el área de las dársenas [Docklands] en Londres y la viabilidad financiera del distrito Canary Wharf, que gira en torno a nuevas inversiones, tanto públicas como privadas, en esa zona). Esa es normalmente la función de los llamados «motores del crecimiento urbano»: la orquestación de procesos dinámicos de inversión y la asignación de inversiones públicas clave en el lugar y el momento adecuado para promover su éxito en la competencia interurbana e interregional[123].

Pero esto no sería tan atractivo de no ser por la posibilidad de captar además rentas de monopolio. Una estrategia bien conocida de los promotores, por ejemplo, consiste en reservar las parcelas mejores y más rentables en cada proyecto para extraer de ellas rentas de monopolio después de que se haya realizado el resto del proyecto. Gobiernos espabilados con los poderes precisos pueden acometer las mismas prácticas. El gobierno de Hong Kong, según tengo entendido, se financia en gran medida mediante las ventas controladas de parcelas de suelo público con precios de monopolio muy elevados, que dan lugar a su vez a rentas de monopolio sobre los inmuebles, lo que hace a Hong Kong muy atractivo para la inversión financiera internacional especializada en los mercados inmobiliarios. Hong Kong tiene por supuesto otras muchas ventajas dada su ubicación única, que aprovecha vigorosamente. Singapur, dicho sea de paso, también acometió de forma similar la captación de rentas de monopolio y tuvo mucho éxito, aunque sus medios político-económicos fueran muy diferentes.

La gobernanza urbana de ese tipo se orienta principalmente a la elaboración de pautas para las inversiones locales, no solo en infraestructuras físicas como el transporte y las comunicaciones, instalaciones portuarias, alcantarillado y abastecimiento de agua, sino también en las infraestructuras sociales de educación, tecnología y ciencia, control social, cultura y calidad de vida. Su objetivo es crear suficiente sinergia en el proceso de urbanización para que se creen rentas de monopolio y para que estas sean aprovechadas por los intereses privados y los poderes estatales. No todos esos esfuerzos tienen éxito, por supuesto, pero incluso los fracasados pueden entenderse en buena medida en relación con las rentas de monopolio, cuya búsqueda no se limita en cualquier caso a las prácticas del desarrollo inmobiliario, las iniciativas económicas y las finanzas públicas, sino que cubre un ámbito mucho más amplio.

Capital simbólico colectivo, marcas de distinción y rentas de monopolio

Si las pretensiones de unicidad, autenticidad, particularidad y especificidad sostienen la capacidad de captar rentas de monopolio, ¿qué mejor terreno para plantearlas que el de los artefactos y prácticas culturales históricamente constituidos y las características medioambientales especiales, incluido, por supuesto, el entorno construido, social y cultural? Al igual que en el comercio del vino, todas esas proclamaciones, por muy enraizadas que estén en la realidad material, son también resultado de construcciones y pugnas discursivas, basadas en narraciones históricas, interpretaciones de memorias colectivas, significados atribuidos a determinadas prácticas culturales y cosas parecidas; existe siempre un fuerte componente social y discursivo en la elaboración de tales causas para extraer rentas de monopolio, ya que no habrá, al menos en la mente de mucha gente, mejor lugar que Londres, El Cairo, Barcelona, Milán, Estambul, San Francisco o cualquier otro, en el que acceder a las características supuestamente únicas de tales lugares.

El ejemplo más obvio es el turismo contemporáneo, pero creo que sería un error limitarse a ese ejemplo, porque lo que está en cuestión es el poder de atracción del capital simbólico colectivo, de las marcas especiales de distinción que atribuye a determinado lugar, sobre los flujos de capital. Bourdieu, a quien debemos el uso genérico de esos términos, los restringe desgraciadamente a individuos (como átomos que flotasen en un océano de juicios estéticos estructurados), cuando a mí me parece que podrían ser de mucho mayor interés las formas colectivas (y la relación de los individuos con ellas)[124]. El capital simbólico colectivo adherido a nombres y lugares como París, Atenas, Nueva York, Río de Janeiro, Berlín o Roma es de gran importancia y da a tales lugares grandes ventajas económicas comparados, digamos, con Baltimore, Liverpool, Essen, Lille o Glasgow. El problema para estos últimos lugares es elevar su coeficiente de capital simbólico e incrementar sus marcas de distinción para fundamentar mejor sus pretensiones de una singularidad que dé lugar a una renta de monopolio. La «marca» de las ciudades se ha convertido en un gran negocio[125]. Dada la pérdida general de otras fuentes de monopolio debido a la mayor facilidad en los transportes y comunicaciones y la reducción de otras barreras al comercio, esa lucha por el capital simbólico colectivo ha cobrado mayor importancia como base para las rentas de monopolio. ¿Cómo podemos explicar de otro modo el revuelo provocado por el museo Guggenheim en Bilbao, con la arquitectura característica de Gehry? ¿Cómo podemos explicar de otro modo la buena disposición de importantes instituciones financieras, con considerables intereses internacionales, a financiar un proyecto tan peculiar?

El nuevo auge de Barcelona en el seno del sistema de ciudades europeas, por poner otro ejemplo, se ha basado en parte en su continua acumulación de capital simbólico y de marcas de distinción, en la que han desempeñado un gran papel la tenacidad en recalcar la historia y tradiciones propias de Catalunya, la comercialización de sus grandes logros artísticos y su herencia cultural (la arquitectura de Gaudí, por ejemplo), así como los rasgos distintivos de su modo de vida y tradiciones literarias, respaldados por un aluvión de libros, exhibiciones y acontecimientos culturales que celebran esas peculiaridades. Todo esto ha sido realzado por nuevos ornatos arquitectónicos (como la Torre de Comunicaciones de Collserola diseñada por Norman Foster y el brillante Museo de Arte Contemporáneo en el barrio de El Raval, una zona céntrica muy degradada junto a la Ciutat Vella) y grandes inversiones para abrir el puerto y la playa, recuperar zonas muy deterioradas para la Villa Olímpica (con una bonita referencia al utopismo de los icarianos), y convertir lo que hasta hace pocos años era una vida nocturna bastante turbia e incluso peligrosa en un panorama abierto de espectáculos urbanos. A todo esto contribuyeron los Juegos Olímpicos, que abrieron enormes oportunidades para obtener rentas de monopolio (dicho sea de paso, Juan Antonio Samaranch, presidente del Comité Olímpico Internacional, poseía grandes intereses inmobiliarios en Barcelona)[126].

Pero el éxito inicial de Barcelona parece insertarse profundamente en la primera contradicción. A medida que crecen las oportunidades de embolsarse grandes rentas de monopolio sobre la base del capital simbólico colectivo de Barcelona como ciudad (el precio de la vivienda ha aumentado vertiginosamente desde que el Royal Institute of British Architects le concedió a toda la ciudad su medalla por sus logros arquitectónicos), su irresistible fascinación atrae una mercantilización multinacional cada vez más homogeneizante. Las últimas fases del desarrollo urbanístico frente al mar parecen idénticas a las de cualquier otra ciudad del mundo occidental; la monstruosa congestión del tráfico induce a abrir bulevares en la Ciutat Vella, grandes almacenes multinacionales sustituyen a las tiendas locales, la gentrificación desplaza a los antiguos residentes y destruye el viejo tejido urbano, con lo que Barcelona pierde parte de sus marcas de distinción. Hay incluso muestras más groseras de disneyficación.

Esa contradicción da pábulo al cuestionamiento y la resistencia. ¿Cuál es la memoria colectiva a preservar? ¿La de los anarquistas, como los icarianos, que desempeñaron un papel tan importante en la historia de Barcelona? ¿La de los republicanos que combatieron tan valientemente contra Franco? ¿La de los nacionalistas catalanes, muchos de ellos inmigrantes andaluces? ¿O la de los franquistas acérrimos como Samaranch o el alcalde Porcioles? ¿Cuál es la estética que realmente cuenta, la de los famosos arquitectos de Barcelona como Bohigas? ¿Por qué aceptar ningún tipo de disneyficación? Los debates de este tipo no se pueden acallar fácilmente, precisamente porque para todos está muy claro que el capital simbólico colectivo que ha acumulado Barcelona depende de valores de autenticidad, singularidad y cualidades particulares no reproducibles. Tales marcas de distinción local son difíciles de acumular sin plantear la cuestión del empoderamiento local, incluido el de los movimientos populares y de oposición. En ese momento, por supuesto, los guardianes del capital simbólico y cultural colectivo —los museos, las universidades, la clase de los benefactores y el aparato estatal— suelen cerrar sus puertas e insistir en mantener fuera a la chusma (aunque el Museu d’Art Contemporani de Barcelona, a diferencia de la mayoría de las instituciones de ese tipo, ha quedado sorprendente y constructivamente abierto a la sensibilidad popular). Y si eso falla, entonces el estado puede intervenir con algún tipo de «comité de decencia» como el creado por el alcalde Giuliani de Nueva York para controlar el gusto cultural, cuando no con la represión policial directa. Lo que está en juego ahí es muy importante, ya que se trata de determinar qué sectores de la población se van a beneficiar más del capital simbólico colectivo al que todos han contribuido, en su propia forma peculiar, ahora y en el pasado. ¿Por qué consentir que la renta de monopolio vinculada a ese capital simbólico sea captada únicamente por las multinacionales o por un pequeño y poderoso sector de la burguesía local? Hasta en Singapur, que creó y se apropió tan despiadadamente y con tanto éxito de rentas de monopolio durante muchos años (debidas principalmente a sus ventajas en cuanto a su situación y entorno), se procuró distribuir ampliamente los beneficios mejorando el alojamiento, la atención sanitaria y la educación.

Por las mismas razones que ejemplifica la reciente historia de Barcelona, los sectores del conocimiento y el patrimonio histórico, la vitalidad y fermento de la producción cultural, la arquitectura de firma y el cultivo de juicios estéticos peculiares se han convertido en poderosos elementos constitutivos del empresarialismo urbano en muchos lugares (en particular en Europa). Se trata de acumular marcas de distinción y capital simbólico colectivo en un mundo altamente competitivo. Pero esto trae como consecuencia todo tipo de cuestiones locales sobre cuáles son la memoria colectiva, la estética y los beneficios a priorizar. Los movimientos vecinales de Barcelona reclaman su reconocimiento y empoderamiento sobre la base del capital simbólico, y como resultado pueden afianzar su presencia política en la ciudad. Son sus bienes comunes urbanos los que son apropiados con demasiada frecuencia, no solo por los promotores inmobiliarios, sino por el sector turístico. Pero la naturaleza selectiva de tales apropiaciones puede inducir nuevas luchas políticas. El intento de eludir de toda mención de la trata de esclavos en la reconstrucción de la Dársena Albert de Liverpool generó protestas de la población excluida de origen caribeño y dio lugar a nuevas solidaridades políticas entre la población marginada. El memorial del Holocausto en Berlín ha resucitado viejas controversias. Hasta monumentos antiguos como la Acrópolis de Atenas, cuyo significado uno habría creído bien establecido, pueden verse sometidos a un cuestionamiento con notables consecuencias políticas, aunque sean indirectas[127]. La producción popular de nuevos bienes comunes urbanos, la acumulación de capital simbólico colectivo, la movilización de memorias y mitologías colectivas y la apelación a tradiciones culturales específicas son importantes facetas de todas las formas de acción política, ya sean de izquierdas o de derechas.

Considérense, por ejemplo, las disputas que se produjeron en torno a la reconstrucción de Berlín tras la reunificación alemana. Todo tipo de fuerzas divergentes se enfrentaron en aquella contienda por definir el capital simbólico de Berlín, ciudad que evidentemente puede reclamar cierta singularidad con respecto a su potencial para la mediar entre el este y el oeste de Europa. Su posición estratégica en relación con el desarrollo geográfico desigual del capitalismo contemporáneo (con la apertura de la antigua Unión Soviética) le confiere ventajas obvias; pero también se da otro tipo de batalla por la identidad centrada en la historia, cultura, estética, mitologías, recuerdos y tradiciones colectivas. Mencionaré solo una dimensión particularmente perturbadora de esa lucha, que no es necesariamente dominante y cuya capacidad para fundamentar pretensiones de renta de monopolio en la competencia global no está del todo clara o asegurada. Algunos arquitectos y planificadores locales (con el apoyo de parte del aparato administrativo local) trataban de reivindicar las formas arquitectónicas del Berlín de los siglos XVIII y XIX, y en particular de poner de relieve la tradición arquitectónica de Karl Friedrich Schinkel con exclusión de muchos otros. Esto podía verse como una simple cuestión de preferencia estética elitista, pero estaba cuajado de todo un conjunto de significados que tienen que ver con la memoria colectiva, los monumentos, el poder de la historia y la identidad política de la ciudad. También está relacionado con determinado clima de opinión (articulado en una variedad de discursos) que define quién es o no es berlinés y quién tiene derecho a la ciudad en términos estrechamente definidos de tradición o adhesión a valores y creencias particulares, poniendo de relieve una historia local y una herencia arquitectónica cargada de connotaciones nacionalistas y románticas. En un contexto en el que el mal trato y la violencia contra los inmigrantes es algo generalizado, puede ofrecer incluso una legitimación tácita a tales acciones. La población de origen turco, en buena parte nacida en el propio Berlín, ha sufrido muchas discriminaciones y se ha visto expulsada del centro de la ciudad. Su contribución a Berlín como ciudad es ignorada. Además, el estilo arquitectónico romántico/nacionalista encaja en un enfoque tradicional de la monumentalidad que reproduce en general, en términos contemporáneos (aunque sin una referencia especifica, y quizá incluso sin saberlo) los planes elaborados por Albert Speer al servicio de Hitler durante la década de 1930, para dar un trasfondo monumental al Reichstag.

Afortunadamente, eso no es todo lo que se ha planteado en la búsqueda de un capital simbólico colectivo en Berlín. La reconstrucción por Norman Foster del Reichstag, por ejemplo, o el conjunto de arquitectos modernistas internacionales (en buena medida opuestos a los arquitectos locales) aportados por las multinacionales para reconstruir la Potsdamer Platz, iban en dirección muy distinta; y la respuesta romántico/nacionalista local a la amenaza del dominio multinacional podía, por supuesto, acabar siendo meramente un elemento inocente de interés en una estructuración compleja de diversas marcas de distinción para la ciudad (Schinkel, después de todo, tenía un considerable mérito arquitectónico, y un castillo del siglo XVIII reconstruido podría prestarse fácilmente a la disneyficación).

Pero quizá lo más interesante de esta historia es que su lado negativo subraya lo fácilmente que pueden agravarse las contradicciones de la renta de monopolio. Si unos planes acartonados y su estética y prácticas discursivas exclusivistas llegaran a ser dominantes, el capital simbólico colectivo creado sería de difícil comercialización, porque sus cualidades tan especiales lo situarían en gran medida fuera de la globalización y dentro de una cultura política excluyente que la rechaza, replegándose hacia un nacionalismo estrecho de miras, como poco, y un violento rechazo de los extranjeros e inmigrantes en el peor de los casos. Los poderes de monopolio colectivo de los que puede disponer el gobierno urbano pueden orientarse hacia la oposición al cosmopolitismo banal de la globalización multinacional, pero también fundamentar un nacionalismo local estrecho de miras. Los términos culturales con los que la opinión pública alemana rechazó la ayuda a los griegos para resolver el problema de su deuda sugieren que el fomento de tal nacionalismo localista puede tener consecuencias globales muy serias. El éxito de las marcas de distinción de una ciudad puede requerir la expulsión o erradicación de cualquier persona o cosa que no se amolda a la marca.

El dilema —entre aproximarse tanto a la pura comercialización que se pierdan las marcas de distinción que subyacen bajo las rentas de monopolio, o establecer marcas de distinción tan especiales que sea muy difícil comercializarlas— está perpetuamente presente; pero como en el comercio del vino, siempre hay estratagemas discursivas bajo la definición de lo que es o no tan especial en un producto, un lugar, una forma cultural, una tradición, una herencia arquitectónica… Las batallas discursivas se convierten en parte del juego y sus adalides (en los medios y en las instituciones académicas, por ejemplo) obtienen audiencia así como apoyo financiero en relación con esos procesos. Hay mucho que ganar, por ejemplo, apelando a la moda (dicho sea de paso, convertirse en un centro de moda es un medio por el que las ciudades acumulan un considerable capital simbólico colectivo). Los capitalistas son muy conscientes de ello y deben por tanto participar en las guerras culturales y en el fárrago del multiculturalismo, la moda y la estética, porque es precisamente ahí donde pueden obtener rentas de monopolio, aunque sean temporales. Y si, como mantengo, la renta de monopolio es siempre objeto del deseo capitalista, los medios para obtenerla mediante intervenciones en el campo de la cultura, historia, tradición, estética y significados cobran necesariamente gran importancia para los capitalistas de cualquier tipo. Surge así la cuestión de cómo pueden convertirse tales intervenciones culturales en una potente arma en la lucha de clases.

Renta de monopolio y espacios de esperanza

Los lectores críticos se quejarán quizá del aparente reduccionismo económico de mi argumento; dirán que parezco afirmar que el capitalismo produce las culturas locales, configura los significados estéticos, y así domina las iniciativas locales impidiendo el desarrollo de cualquier diferencia que no esté directamente inserta en la circulación del capital. No puedo evitar tal interpretación pero sería una perversión de mi mensaje, ya que lo que espero haber mostrado mediante el concepto de renta de monopolio dentro de la lógica de la acumulación de capital es que este tiene formas de extraer excedentes de las diferencias locales, las variaciones culturales locales y los significados estéticos de cualquier procedencia, y de apropiarse de ellos. Los turistas europeos pueden ahora disfrutar de excursiones comercializadas al barrio de Harlem en Nueva York (incluido el disfrute de un coro de gospel), del mismo modo que las agencias de «turismo de la pobreza» promocionan visitas a las villas-miseria de Sudáfrica, a Dharavi en Bombay o a las favelas de Río. La industria musical estadounidense ha tenido gran éxito en la apropiación de la increíble creatividad de los músicos aficionados locales de todo el país (casi invariablemente en su propio beneficio y no en el de ellos). Hasta la música políticamente explícita con la que se da cuenta de una larga historia de opresión (como algunas formas de rap, el reggae o los dance halls jamaicanos) se ha mercantilizado. La mercantilización y comercialización de todo es de hecho una de las marcas distintivas de nuestra época.

Pero la renta de monopolio es de por sí contradictoria. La pretensión de obtenerla lleva al capital global a valorar iniciativas locales peculiares; de hecho, en ciertos aspectos, cuanto más peculiares —y en esta época cuanto más transgresoras— sean esas iniciativas, mejor para él. También lleva a valorar la singularidad, autenticidad, particularidad, originalidad y muchas otras dimensiones de la vida social que son incompatibles con la homogeneidad implícita en la producción de mercancías. Y si el capital no destruye totalmente la singularidad que es la base de la apropiación de rentas de monopolio (aunque hay muchos casos en que lo ha hecho y ha sido rotundamente condenado por ello), tiene que permitir y aun promocionar la diferenciación y desarrollos culturales locales divergentes y en cierta medida incontrolables, que pueden ser antagónicos a su propio funcionamiento disciplinado. Puede incluso apoyar (aunque cauta y nerviosamente) prácticas culturales transgresoras, precisamente por su originalidad, creatividad y autenticidad, que es lo que las hace únicas.

Es en esos espacios donde se pueden constituir movimientos de oposición, aun suponiendo que no estén ya firmemente enraizados en ellos, como suele suceder. El problema para el capital es hallar formas de integrar, subsumir, mercantilizar y monetizar tales diferencias y bienes culturales comunes lo bastante como para extraer de ellos rentas de monopolio. Al hacerlo, el capital genera a menudo alienación y resentimiento entre los productores culturales, que experimentan de primera mano la apropiación y explotación de su creatividad y su compromiso político en beneficio económico de otros, de modo muy parecido al resentimiento experimentado por poblaciones enteras al ver explotadas sus historias y culturas mediante la mercantilización. El problema para los movimientos de oposición es enfrentarse a esa apropiación generalizada de sus bienes culturales comunes y aprovechar la validación de su particularidad, singularidad, autenticidad, cultura y significados estéticos para abrir nuevas posibilidades y alternativas.

Eso significa, como mínimo, resistencia a la idea de que la autenticidad, creatividad y originalidad son un producto exclusivo de la geografía histórica burguesa, y no de la clase obrera, los campesinos u otras clases no capitalistas. También implica tratar de persuadir a los productores culturales actuales de que reorienten su cólera hacia la mercantilización, la dominación del mercado y el sistema capitalista en general, ya que una cosa es ser transgresor con respecto a la sexualidad, religión, hábitos sociales y convenciones artísticas y arquitectónicas, y otra muy distinta serlo en relación con las instituciones y prácticas del dominio capitalista insertas hasta lo más hondo en la esfera cultural. Las luchas generalizadas —aunque habitualmente fragmentadas— entre la apropiación capitalista y la creatividad cultural pasada y presente, pueden impulsar a un sector de la comunidad preocupada por las cuestiones culturales a situarse de parte de una política opuesta al capitalismo multinacional y en favor alguna alternativa más convincente basada en otro tipo de relaciones sociales y ecológicas.

Pero eso no significa que la adhesión a valores «puros» de autenticidad y originalidad y a una estética de las peculiaridades de una cultura sea fundamento suficiente para una política progresista de oposición. También puede virar fácilmente hacia una política identitaria local, regional o nacionalista de tipo neofascista, de las que ya hay demasiados signos perturbadores en gran parte de Europa y otros lugares. Esta es una contradicción crucial a la que la izquierda debe hacer frente. Los espacios para una política transformadora están ahí, porque el capital nunca puede permitirse cerrarlos. Ofrecen oportunidades para una oposición socialista. Pueden servir de vivero para cultivar formas de vida o incluso filosofías sociales alternativas (del mismo modo que Curitiba, en el estado brasileño de Paraná, ha promovido ideas de sostenibilidad ecológica urbana cosechando una fama considerable por sus iniciativas). Pueden constituir, como la Comuna de París de 1781 o los numerosos movimientos políticos de base urbana en todo el mundo en 1968, un elemento decisivo en ese fermento revolucionario que Lenin llamó hace mucho tiempo «El Festival del Pueblo». Los fragmentados movimientos de oposición a la globalización neoliberal, tal como se manifestaron en Seattle, Praga, Melbourne, Bangkok y Niza, y luego más constructivamente en el Foro Social Mundial de 2001 en Porto Alegre, apuntan a ese tipo de política alternativa. No es totalmente antagónica a la globalización, pero pretende que se dé en términos muy diferentes. El esfuerzo en pro de cierto tipo de autonomía cultural y el apoyo a la creatividad y diferenciación cultural es un poderoso elemento constitutivo de esos movimientos políticos.

No es casual, desde luego, que haya sido Porto Alegre, más que Barcelona, Berlín, San Francisco o Milán, la que se haya abierto a tales iniciativas de oposición[128], ya que en esa ciudad las fuerzas de la cultura y de la historia están siendo movilizadas por un movimiento político (impulsado por el Partido dos Trabalhadores brasileño) de forma muy diferente, buscando un tipo de capital simbólico colectivo distinto al que ostentan el museo Guggenheim de Bilbao o el Tate Modern en Londres. Las marcas de distinción acumuladas en Porto Alegre proceden de su lucha por configurar una alternativa a la globalización que no se base en las rentas de monopolio particular ni ceda ante el capitalismo multinacional en general. Concentrándose en la movilización popular, está construyendo activamente nuevas formas culturales y nuevas definiciones de autenticidad, originalidad y tradición. Es un camino difícil de seguir, como demostraron ejemplos anteriores del estilo de los notables experimentos de la Bolonia Roja en las décadas de 1960 y 1970. El socialismo en una sola ciudad no es un concepto viable, pero es en las ciudades donde se concentran las condiciones para la producción y apropiación de rentas de monopolio, en términos de inversiones físicas y de movimientos culturales. Desde arriba no nos vendrá ninguna alternativa a la forma actual de globalización; tendrá que llegar de múltiples espacios locales —en particular espacios urbanos— conjuntándose en un movimiento más amplio, y es ahí donde las contradicciones que afrontan los capitalistas en su búsqueda de rentas de monopolio asumen cierta importancia estructural. Al tratar de hacer negocio con los valores de autenticidad, localización, historia, cultura, memoria y tradición colectiva, abren un espacio para el pensamiento y la acción política en el que se pueden concebir y mantener alternativas socialistas. El espacio de esos bienes comunes merece una intensa exploración y cultivo por los movimientos de oposición que acogen a los productores culturales y la producción cultural como un elemento clave de su estrategia política. Hay abundantes precedentes históricos para movilizar en ese sentido a las fuerzas de la alta cultura (el papel de los constructivistas en los años creativos de la revolución rusa, de 1918 a 1926, solo es uno entre muchos ejemplos históricos instructivos). Pero también es crucial la cultura popular tal como se produce en las relaciones comunes de la vida cotidiana. Ahí reside uno de los espacios de esperanza claves para la construcción de un tipo de globalización alternativo y una política decidida contra la mercantilización de todo, en la que las fuerzas progresistas de la producción y la trasformación cultural puedan tratar de apropiarse y socavar las fuerzas del capital, en lugar de lo contrario.

Segunda Parte

Ciudades rebeldes

Capítulo Cinco

Reclamar la ciudad para la lucha anticapitalista

Si la urbanización es tan decisiva para la acumulación del capital, y si las fuerzas del capital y sus innumerables aliados deben movilizarse incansablemente para revolucionar periódicamente la vida urbana, esto conlleva inevitablemente algún tipo de lucha de clases, se reconozca o no explícitamente como tal, aunque solo sea porque las fuerzas del capital tienen que esforzarse enérgicamente por imponer su voluntad a un proceso urbano y a poblaciones enteras que nunca estarán, ni siquiera en las circunstancias más favorables, totalmente bajo su control. De ahí se sigue una importante cuestión político-estratégica: ¿En qué medida deben centrarse y organizarse explícitamente las luchas anticapitalistas en el amplio terreno de la ciudad y el medio urbano? Y si deben hacerlo, ¿cómo y exactamente por qué?

La historia de la lucha de clases de base urbana es impresionante. Los sucesivos movimientos revolucionarios en París desde 1789 hasta la Comuna de 1871, pasando por 1830 y 1848, constituyen el ejemplo más obvio del siglo XIX. Posteriores acontecimientos incluyen el sóviet de Petrogrado, las comunas de Shanghái de 1927 y 1967, la huelga general en Seattle en 1919, Barcelona en la Guerra Civil española, el cordobazo argentino en 1969, las batallas urbanas en Estados Unidos durante la década de 1960, las movilizaciones urbanas de 1968 (París, Chicago, Ciudad de México, Bangkok y otras, incluidas la llamada «Primavera de Praga» y el auge de las asociaciones de vecinos en Madrid a la cabeza del movimiento antifranquista en aquella misma época); en tiempos más recientes hemos sido testigos de ecos de aquellas luchas en las protestas contra la globalización en Seattle en 1999 (seguida por protestas similares en Quebec, Génova y muchas otras ciudades, como parte de un movimiento general contra la globalización), y más recientemente aún hemos visto protestas de masas en la plaza Tahrir de El Cairo, en Madison (Wisconsin), en la Puerta del Sol en Madrid, en la Plaça de Catalunya en Barcelona y en la plaza Syntagma en Atenas, así como rebeliones revolucionarias en Oaxaca en México, en Cochabamba (2000 y 2007) y en El Alto (2003 y 2005) en Bolivia, junto con otras movilizaciones políticas muy diferentes pero igualmente importantes en Buenos Aires en 2001-2002 y en Santiago de Chile (2006 y 2011).

Y como demuestra la historia, esos acontecimientos no se han producido únicamente en centros urbanos aislados; en varias ocasiones el espíritu de la protesta y la rebelión se ha extendido contagiosa y notablemente a través de las redes urbanas. Puede que el movimiento revolucionario de 1848 naciera en París, pero el espíritu de la rebelión se propagó en pocas semanas a Viena, Berlín, Milán, Budapest, Fráncfort y muchas otras ciudades europeas. La revolución bolchevique en Rusia se vio acompañada por la formación de consejos obreros y «sóviets» en Berlín, Viena, Varsovia, Riga, Munich y Turín, y en 1968 fueron París, Berlín, Londres, Ciudad de México, Bangkok, Chicago y muchas otras ciudades las que experimentaron «jornadas de rabia» y en algunos casos violentas represiones. El desarrollo de la crisis urbana en Estados Unidos durante la década de 1960 afectó simultáneamente a muchas ciudades; y en un momento asombroso pero muy subestimado de la historia mundial, el 15 de febrero de 2003 varios millones de personas se manifestaron simultáneamente en las calles de Roma (en la que fue, con alrededor de 3 millones de personas, la mayor manifestación contra la guerra en toda la historia de la humanidad), Madrid, Londres, Barcelona, Berlín y Atenas, y en número bastante menor (aunque imposible de precisar debido a la represión policial) en Nueva York, Melbourne y casi doscientas ciudades de Asia (a excepción de China), África y Latinoamérica, en una manifestación a escala mundial contra la amenaza de guerra contra Iraq. Ese movimiento, descrito entonces como una de las primeras expresiones de la opinión pública global, se desvaneció rápidamente, pero dejó tras de sí la sensación de que la red urbana global está repleta de posibilidades políticas que no han sido todavía aprovechadas por los movimientos progresistas. La actual oleada de movimientos juveniles en todo el mundo, desde El Cairo hasta Madrid o Santiago de Chile —por no hablar de la rebelión callejera en Londres, seguida por el movimiento Occupy Wall Street iniciado en la ciudad de Nueva York y que luego se extendió a innumerables ciudades estadounidenses y de todo el mundo— sugiere que hay algo político en el aire de las ciudades que se debate por expresarse[129].

De este breve repaso de los movimientos políticos de base urbana brotan dos preguntas: ¿Es la ciudad (o un conjunto de ciudades) un sitio meramente pasivo o red preexistente, el lugar donde aparecen y se expresan corrientes más profundas de la lucha política? A primera vista podría parecer así; pero también está claro que ciertas características ambientales urbanas son más propicias a las protestas rebeldes que otras, tales como la centralidad de plazas como Tahrir, Tiananmen y Syntagma, la mayor facilidad para erigir barricadas en París comparada con Londres o Los Ángeles, o la situación de El Alto que le permite controlar las principales rutas se abastecimiento a La Paz.

El poder político suele tratar por eso de reorganizar las infraestructuras y la vida urbana atendiendo al control de poblaciones levantiscas. El caso más famoso es el de los bulevares diseñados por Haussmann en París, considerados desde el primer momento como un medio de control militar, pero no es el único. La remodelación del centro de las ciudades en Estados Unidos a raíz de los disturbios urbanos de la década de 1960 tenía como fin crear importantes barreras físicas —de hecho, fosos por los que discurrían autopistas— entre las ciudadelas de gran valor inmobiliario en el centro y los empobrecidos barrios periféricos cercanos. Los violentos combates de las Fuerzas de Defensa Israelíes con el fin de someter a los movimientos de oposición palestinos en Ramala o más tarde por el ejército estadounidense en Faluya (Iraq), han desempeñado un papel crucial en el replanteamiento de las estrategias militares para pacificar, vigilar y controlar las poblaciones urbanas. A su vez, movimientos de oposición como Hezbollah y Hamas promueven nuevas estrategias de rebelión urbana. La militarización no es, por supuesto, la única solución (y como demostró Faluya, puede estar muy lejos de ser la mejor). Los programas de pacificación planificada en las favelas de Río de Janeiro suponen un enfoque urbanizado de la guerra social y de clases mediante la aplicación de diversas políticas públicas a los barrios más turbulentos. Hezbollah y Hamas, por su parte, combinan las operaciones militares desde dentro de la densa red de emplazamientos urbanos con la construcción de estructuras alternativas de gobernanza urbana, que incluyen desde la recogida de basuras a los subsidios y ayudas sociales y la administración de los barrios.

Lo urbano funciona pues, obviamente, como un ámbito relevante de acción y rebelión política. Las características propias de cada lugar son importantes, y su remodelación física y social así como su organización territorial son armas para la lucha política. Al igual que en las operaciones militares la elección y conformación del campo de batalla desempeña un papel destacado en su resultado, lo mismo sucede con las protestas populares y los movimientos políticos en el entorno urbano[130].

El segundo punto importante es que se acostumbra a estimar la eficacia de las protestas políticas según su capacidad para trastornar la economía urbana. Durante la primavera de 2006, por ejemplo, la población inmigrante en Estados Unidos desarrolló una agitación general a partir de una propuesta al Congreso para criminalizar a los inmigrantes indocumentados (algunos de los cuales llevaban décadas en el país). Las protestas masivas se convirtieron en algo así como una huelga de trabajadores inmigrantes que interrumpió de hecho la actividad económica en Los Ángeles y Chicago y tuvo un serio impacto en otras ciudades. Aquella impresionante demostración de poder político y económico de los inmigrantes (tanto legales como ilegales) para perturbar los flujos de producción y circulación de bienes y servicios en importantes centros urbanos contribuyó notablemente a dejar sin efecto la legislación propuesta.

El movimiento por los derechos de los inmigrantes surgió de la nada y se vio marcado por un alto grado de espontaneidad; pero también se desvaneció rápidamente, dejando tras de sí dos logros menores pero quizá significativos, además del bloqueo de la iniciativa legislativa: la formación de una alianza permanente de los trabajadores inmigrantes y la instauración en Estados Unidos de la costumbre de celebrar el 1 de mayo como jornada de afirmación de las reivindicaciones obreras. Aunque esto último pueda parecer puramente simbólico, recuerda no obstante a los trabajadores estadounidenses, organizados y no organizados, su potencialidad colectiva. La rápida disipación del movimiento también dejó clara una de las principales barreras para la materialización de esa potencialidad, en concreto la gran distancia entre sus adherentes, principalmente hispanos (latinoamericanos), y los dirigentes de la población afroamericana, que permitió un intenso bombardeo propagandístico de los medios de derechas, repentinamente anegados en lágrimas de cocodrilo sobre las penalidades de los afroamericanos despojados de sus empleos por los inmigrantes ilegales latinoamericanos[131].

La rapidez y volatilidad con que han surgido y desaparecido durante las últimas décadas movimientos de protesta masivos exige algún comentario. Además de la movilización planetaria contra la guerra en 2003 y el ascenso y caída del movimiento por los derechos de los trabajadores inmigrantes en Estados Unidos en 2006, hay innumerables ejemplos del curso errático y desigual arraigo geográfico de los movimientos de oposición; podemos mencionar aquí la rapidez con que las revueltas en los suburbios franceses en 2005 y los estallidos revolucionarios en muchos países latinoamericanos, desde Argentina en 2001-2002 a Bolivia en 2000-2005, fueron controlados y reabsorbidos en las prácticas capitalistas dominantes. ¿Tendrán mayor arraigo las protestas de los indignados en el sur de Europa en 2011 y el reciente movimiento Occupy Wall Street? Entender la política y el potencial revolucionario de tales movimientos constituye un serio desafío. La fluctuante historia y fortuna del movimiento contra la globalización o alterglobalista desde finales de la década de 1990 también sugiere que nos encontramos en una fase muy particular y quizá radicalmente diferente de la lucha anticapitalista. Ese movimiento, formalizado en el Foro Social Mundial y sus vástagos regionales y cada vez más ritualizado en manifestaciones periódicas contra el Banco Mundial, el FMI, el G-7 (ahora G-20) o casi cualquier encuentro internacional con el tema que sea (desde el cambio climático al racismo o la igualdad de género) es tremendamente maleable y escurridizo, porque más que una organización coherente es «un movimiento de movimientos»[132]. Eso no quiere decir que las formas tradicionales de organización de la izquierda (partidos políticos y grupos militantes, sindicatos y movimientos ecologistas o sociales como el de los maoístas en la India o el de los campesinos sin tierra en Brasil) hayan desaparecido; pero ahora todos parecen flotar en un océano de movimientos opositores más difusos, carentes de una coherencia política global.

Cambios de perspectiva de la izquierda sobre las luchas anticapitalistas

La cuestión más relevante que quiero dilucidar aquí es esta: ¿son las manifestaciones urbanas de todos esos diversos movimientos algo más que meros efectos colaterales de las aspiraciones humanas globales, cosmopolitas o universales, sin ninguna relación específica con las peculiaridades de la vida urbana? ¿O hay algo en el proceso y la experiencia urbana —en las cualidades de la vida urbana cotidiana— bajo el capitalismo que tenga de por sí potencial para servir de base a luchas anticapitalistas? Si es así, ¿qué es lo que constituye ese fundamento y cómo se puede movilizar y servir para desafiar los poderes políticos y económicos dominantes del capital, junto con sus prácticas ideológicas hegemónicas y su poderoso yugo sobre la subjetividad política (cuestión esta última que en mi opinión es decisiva)? Con otras palabras, ¿deberían considerarse fundamentales para la política anticapitalista las luchas en y sobre la ciudad, y sobre las cualidades y perspectivas de la vida urbana?

No diré que la respuesta a esas preguntas sea «obviamente afirmativa», pero creo que vale la pena reflexionar sobre ellas.

Para buena parte de la izquierda tradicional (con lo que me refiero principalmente a los partidos políticos socialistas y comunistas y la mayoría de los sindicatos), la interpretación de la geografía histórica de los movimientos políticos de base urbana se ha visto trabada por suposiciones políticas y tácticas a priori que han llevado a una subestimación e incomprensión de la capacidad de esos movimientos para impulsar un cambio no solo radical sino también revolucionario. Los movimientos sociales urbanos se consideran con demasiada frecuencia como algo separado o subordinado a la lucha de clases anticapitalista enraizada en la explotación y alienación del trabajo vivo en la producción. En caso de valorarlos positivamente, los movimientos sociales urbanos son típicamente imaginados como meros subproductos derivados de esas batallas más fundamentales. En la tradición marxista, por ejemplo, las luchas urbanas suelen ser ignoradas o menospreciadas como desprovistas de capacidad o importancia revolucionaria, ya que afectan a cuestiones de reproducción más que de producción, o a los derechos, la soberanía y la ciudadanía, y no al valor y al plusvalor del que se apropia la clase capitalista. El movimiento de los trabajadores inmigrantes no sindicados en 2006, según esa argumentación, se limitaba a reivindicar la igualdad de derechos y no tenía como propósito una revolución social.

Cuando una batalla a escala de toda una ciudad adquiere un estatus revolucionario simbólico, como en el caso de la Comuna de París de 1871, se suele presentar (como hizo primero Marx, y aún más enfáticamente Lenin) como un «levantamiento proletario»[133] más que como un movimiento revolucionario mucho más complejo, animado tanto por el deseo de reivindicar la propia ciudad frente a su apropiación burguesa, como por la deseada liberación de los trabajadores de las fatigas y la opresión de clase en el puesto de trabajo. A mí me parece simbólico que las dos primeras decisiones de la Comuna de París fueran abolir el trabajo nocturno en las panaderías (una cuestión laboral) e imponer una moratoria sobre los alquileres (una cuestión urbana). Los grupos de izquierda tradicionales pueden pues encabezar con éxito luchas de base urbana, aun cuando las interpreten desde su estrecha perspectiva tradicional obrerista. El Socialist Workers Party británico, por ejemplo, dirigió a finales de los años ochenta una batalla victoriosa contra el impuesto de capitación [poll tax] de Margaret Thatcher (una reforma impositiva igualitaria que golpeaba muy duramente a los más pobres). La derrota de Margaret Thatcher en aquella contienda desempeñó probablemente un papel determinante en su renuncia a seguir dirigiendo el gobierno.

La lucha anticapitalista, en el sentido marxista formal, se plantea fundamentalmente en relación con la abolición de la relación de clase entre capital y trabajo (en la producción) que permite la apropiación del valor por el capital. Su objetivo último es la abolición de esa relación de clase y de todo lo que la acompaña, no importa donde ocurra. A primera vista ese objetivo revolucionario parece no tener nada que ver con la urbanización en sí; incluso cuando esa lucha se expresa, como suele suceder, en conflictos interétnicos, raciales o de género de base urbana, en los espacios vitales de la ciudad, el criterio fundamental para los marxistas es que una lucha anticapitalista debe en último término referirse a la propia esencia del sistema capitalista, aspirando a extirpar el tumor canceroso de las relaciones de clase en la producción. Aunque supondría una caricatura decir que el movimiento obrero ha privilegiado siempre y en todas partes a los obreros industriales como agentes de vanguardia para el cumplimiento de esa misión, lo cierto es que en las versiones marxistas revolucionarias esa vanguardia debe dirigir la lucha de clases a través de la dictadura del proletariado hacia una tierra prometida en la que se desvanecen el estado y las clases.

Las cosas se han planteado pues a veces de manera un tanto estrecha. Marx argumentaba que las relaciones de dominación de clase en la producción tenían que ser destruidas por los obreros asociados controlando su propio proceso y planes de producción, opinión que reproducía y resumía una larga historia de aspiración política al control obrero, la autogestión, las cooperativas obreras y otros conceptos parecidos[134], sin que esos planteamientos surgieran necesariamente de ningún intento deliberado de seguir las prescripciones teóricas de Marx (de hecho era casi a la inversa, reflejando estas últimas los primeros) ni tampoco se imaginaran necesariamente en la práctica como una estación intermedia en el recorrido hacia una completa reconstrucción revolucionaria del orden social. Casi siempre surgieron de una intuición básica, a la que los propios trabajadores llegaron en muy diversos sitios y momentos, de que sería mucho más justo, menos opresivo y más acorde con su propio sentido de autovaloración y dignidad personal, regular sus propias relaciones sociales y actividades productivas, en lugar de someterse a los dictados de un patrón a menudo despótico que les exigía una entrega infatigable de su capacidad para el trabajo alienado. Pero los intentos de cambiar el mundo mediante el control obrero y otros movimientos análogos —tales como los proyectos de propiedad comunitaria, la llamada economía «moral» o «solidaria», sistemas locales de comercio o trueque, la creación de espacios autónomos (el más famoso de los cuales sería hoy día el de los zapatistas mexicanos)— no se han demostrado hasta ahora viables como modelo para construir soluciones anticapitalistas más globales, pese a los nobles esfuerzos y sacrificios para mantener en pie esos proyectos frente a feroces hostilidades y represiones implacables[135].

La razón principal del fracaso a largo plazo de tales iniciativas para constituir una alternativa global al capitalismo es bastante simple. Todas las empresas que operan en una economía capitalista están sometidas a «las leyes irrefragables de la competencia» que afianzan las leyes capitalistas de la producción y realización de valor. Si alguien ofrece un producto similar al mío con un coste más bajo y no quiero quedarme sin clientes, tengo que modificar mis prácticas de producción para aumentar mi productividad o reducir mis costes de trabajo, bienes intermedios y materias primas. Aunque haya empresas pequeñas y localizadas que puedan eludir por un tiempo esa coerción y trabajar más allá del alcance de las leyes de la competencia (adquiriendo, por ejemplo, el estatus de monopolios locales), la mayoría no pueden hacerlo; por eso las empresas cooperativas o controladas por los trabajadores acaban reproduciendo en algún momento el comportamiento de sus competidores capitalistas, y cuanto más lo hacen menos se distinguen sus prácticas. De hecho, puede muy bien suceder que los trabajadores acaben cayendo en un estado de autoexplotación colectiva tan represivo como el que impone el capital.

Además, tal como exponía Marx en el segundo volumen de El Capital, la circulación del capital comprende tres procesos particulares, el del dinero, el productivo y el de las mercancías[136]. Ningún proceso de circulación puede sobrevivir, ni siquiera existir, sin los demás: se entrelazan y codeterminan mutuamente. El control de los trabajadores o de colectivos comunitarios en unidades de producción relativamente aisladas difícilmente puede perdurar —pese a la esperanzada retórica autonomista, autogestionaria y anarquista— frente a un entorno financiero y un sistema de crédito hostiles y a las prácticas depredadoras del capital mercantil. El poder del capital financiero y del capital mercantil (el fenómeno Wal-Mart) han resurgido con fuerza en los últimos años (este es un tema muy poco tratado en la teorización de izquierdas contemporánea). Qué hacer con respecto a esos otros procesos de circulación y a las fuerzas de clase que cristalizan en torno a ellos se convierte así en una parte muy importante del problema. Se trata, después de todo, de las fuerzas primordiales a través de las que opera la férrea ley de la determinación capitalista del valor.

La conclusión teórica que se deduce de esto es evidente. La abolición de la relación de clase en la producción depende de la abolición del poder de la ley capitalista del valor para dictar las condiciones de la producción mediante el libre comercio en el mercado mundial. La lucha anticapitalista no debe organizarse y reorganizarse únicamente en el proceso de trabajo, por fundamental que sea este. Debe también tratar de hallar una alternativa política y social al funcionamiento de la ley capitalista del valor en el mercado mundial. Por muchos movimientos comunitarios y de control obrero que puedan surgir de las intuiciones concretas de la gente que se ocupa colectivamente de la producción y del consumo, cuestionar el funcionamiento de la ley capitalista del valor a escala mundial requiere una comprensión teórica de las relaciones macroeconómicas además de una gran sofisticación técnica y organizativa. Esto plantea el difícil problema de desarrollar una capacidad política y organizativa para movilizar y controlar la organización de la división internacional del trabajo y de las prácticas y relaciones de intercambio en el mercado mundial. El «desacoplamiento» que proponen algunos ahora es prácticamente imposible por diversas razones. En primer lugar, incrementaría la vulnerabilidad frente a las hambrunas locales y a las catástrofes sociales y «naturales». En segundo lugar, la gestión eficaz y la supervivencia dependen casi siempre de la disponibilidad de medios de producción sofisticados. Por ejemplo, la capacidad de un colectivo de trabajadores para coordinar los flujos a lo largo de una cadena productiva (desde las materias primas hasta los productos acabados) depende de la disponibilidad de fuentes de energía y tecnologías, como la electricidad, teléfonos móviles, ordenadores e internet, que proceden de ese mundo en el que predominan las leyes capitalistas de creación y circulación del valor.

Frente a esas dificultades obvias, muchas fuerzas de la izquierda tradicional preconizaron históricamente como principal objetivo la conquista del poder estatal, que a continuación se podría utilizar para regular y controlar el flujo de capital y dinero, para instituir sistemas de intercambio fuera del mercado (y no mercantilizados) mediante una planificación racional, y para establecer una alternativa a las leyes capitalistas de determinación del valor mediante reconstrucciones organizadas y conscientemente planeadas de la división internacional del trabajo. Los países comunistas creados a partir de la Unión Soviética, incapaces de hacer funcionar globalmente ese modelo, prefirieron aislarse tanto como fuera posible del mercado mundial capitalista. El final de la Guerra Fría, el colapso del imperio soviético y la adopción por el gobierno chino de un modelo económico que acepta plenamente la ley del valor capitalista, dieron lugar a un abandono generalizado de esa estrategia anticapitalista particular como vía factible para la construcción del socialismo. Las ideas de la planificación central —incluso la socialdemócrata— de que el estado podría proteger a la sociedad frente a las fuerzas del mercado mundial mediante el proteccionismo arancelario, la sustitución de importaciones (como en Latinoamérica durante la década de 1960, por ejemplo), políticas tributarias redistributivas y otros dispositivos de bienestar social, fueron abandonadas poco a poco a medida que los movimientos contrarrevolucionarios neoliberales ganaban fuerza en el dominio de los aparatos estatales desde mediados de la década de 1970 en adelante[137].

La experiencia histórica, bastante decepcionante, del estalinismo y el comunismo centralmente planificado tal como se practicó realmente, y el fracaso en último término del reformismo y el proteccionismo socialdemócratas en cuanto a contrarrestar el creciente poder del capital para controlar el estado e imponer sus planes políticos, han llevado a gran parte de la izquierda contemporánea a concluir, bien que el «aplastamiento del estado» es una condición necesaria para cualquier transformación revolucionaria, bien que organizar la producción y autónomamente fuera del estado es la única vía posible hacia el cambio revolucionario. La tarea política se ha desplazado así a cierta forma de control obrero, comunitario o local, suponiendo de que el poder opresivo del estado puede «decaer» a medida que movimientos opositores de diverso tipo —ocupaciones de fábricas, economías solidarias, movimientos autónomos colectivos, cooperativas agrarias, etcétera— cobran fuerza en la sociedad civil. Esto equivale a lo que se podría llamar una «teoría termitera» del cambio revolucionario: roer los apoyos institucionales y materiales del capital hasta que se derrumbe. No es un término despectivo; las termitas ocultas pueden infligir un daño terrible sin ser detectadas fácilmente. El problema no es la carencia de eficacia potencial; es que tan pronto como hace demasiado obvio y amenazador el daño producido, el capital está dispuesto y decidido a llamar a los exterminadores (poderes del estado) para neutralizarlo. La única esperanza entonces es que los exterminadores se vuelvan contra sus amos (como ha sucedido a veces en el pasado) o sean derrotados —un resultado bastante improbable excepto en circunstancias tan particulares como las de Afganistán— en el curso de una contienda militar. Desgraciadamente no existe ninguna garantía de que el tipo de sociedad que emerja a continuación sea mejor o menos bárbaro que aquel al que reemplaza.

En el amplio espectro de la izquierda se defienden fieramente (y a veces también ciega y dogmáticamente) las distintas opiniones sobre lo que puede funcionar o no. La crítica hacia cualquier tipo particular de pensamiento o acción provoca a menudo respuestas injuriosas. Toda la izquierda está hechizada por un «fetichismo de la forma organizativa» que lo impregna todo. La izquierda tradicional (de orientación comunista y socialista) defendía genéricamente alguna versión del centralismo democrático (en los partidos políticos, sindicatos, etcétera). Ahora, en cambio, suelen predominar principios como la «horizontalidad» y «ausencia de jerarquía», o visiones de democracia radical y gobernanza de los bienes comunes, que pueden funcionar bien en grupos pequeños pero son imposibles de aplicar a escala de toda una región metropolitana, por no hablar de los siete mil millones de personas que habitan actualmente el planeta. Se formulan dogmáticamente prioridades programáticas como la abolición del estado, como si no fuera necesaria o valiosa ninguna otra forma alternativa de gobernanza territorial. Hasta el venerable anarquista y antiestatista Murray Bookchin, con su teoría del confederalismo, defiende enérgicamente la necesidad de alguna gobernanza territorial, sin la que los zapatistas, por poner un ejemplo reciente, no habrían encontrado sino la muerte y la derrota: aunque su estructura organizativa se suela presentar —falsamente— como totalmente ajerárquica y «horizontalista», toman decisiones mediante delegados democráticamente elegidos[138]. Otros grupos concentran sus esfuerzos en la recuperación de nociones antiguas e indígenas de los derechos de la naturaleza, o insisten en que deben prevalecer, por encima de la puesta en práctica de una política anticapitalista, las cuestiones de género, raza, anticolonialismo o indigenismo. Todo esto entra en conflicto con la autopercepción dominante dentro de esos movimientos sociales, que tiende a descartar una guía o teoría organizativa general en nombre de un conjunto de prácticas intuitivas y flexibles que surgen «naturalmente» de la situación dada, algo en lo que, como veremos, no están totalmente equivocados.

Además de todo esto, se da una notoria ausencia de propuestas concretas ampliamente acordadas sobre cómo reorganizar la división del trabajo y las transacciones económicas (¿monetizadas?) en el mundo entero para mantener un nivel de vida razonable para todos. De hecho, este problema se elude demasiado a menudo. Como explica el pensador anarquista David Graeber, haciéndose eco de las dudas de Murray Bookchin mencionadas más arriba,

Burbujas temporales de autonomía deben convertirse gradualmente en comunidades libres permanentes. Sin embargo, para que eso suceda, esas comunidades no deben estar totalmente aisladas, ni tampoco pueden tener una relación de pura confrontación con todo su entorno. Tienen que hallar alguna forma de relacionarse con los sistemas económicos, sociales o políticos más amplios que las rodean. Esta es la cuestión más espinosa, porque se ha demostrado extremadamente difícil para la gente organizada sobre líneas radicalmente democráticas integrarse de ningún modo significativo en estructuras más amplias sin tener que realizar infinitas cesiones con respecto a sus principios fundamentales[139].

En este momento de la historia, los procesos caóticos de destrucción creativa capitalista han reducido evidentemente a la izquierda colectiva a un estado de incoherencia fragmentada, por enérgica que se muestre y por más que erupciones periódicas de movimientos masivos de protesta y la amenaza recurrente de la «política de termita» sugiera que las condiciones objetivas para una ruptura más radical con la ley capitalista del valor están más que maduras para la cosecha.

En el núcleo de todo esto se da un dilema estructural muy simple: ¿cómo puede fusionar la izquierda la necesidad de comprometerse activamente, pero también de crear una alternativa a las leyes capitalistas de determinación del valor en el mercado mundial, al tiempo que promueve la capacidad de los trabajadores asociados para gestionar y decidir democrática y colectivamente lo que tienen que producir y cómo producirlo? Esta es la tensión dialéctica central que ha escapado hasta ahora al anhelo de los movimientos alternativos anticapitalistas[140].

Alternativas

Para que pueda surgir y afianzarse un movimiento anticapitalista viable, hay que reevaluar las estrategias anticapitalistas pasadas y presentes. No solo es vital mirar hacia atrás y pensar sobre lo que se puede y se debe hacer, quién va a hacerlo y dónde, sino que también es vital conciliar los principios organizativos y prácticas preferidas con la naturaleza de las batallas políticas, sociales y técnicas que habrá que librar y vencer. Cualesquiera soluciones, formulaciones, formas organizativas y agendas políticas que se propongan deberán ofrecer respuestas a tres cuestiones principales:

1) La primera es la del lacerante empobrecimiento material de buena parte de la población mundial y la consiguiente frustración de la posibilidad del pleno desarrollo de las capacidades y la potencia creativa humana. Marx fue ante todo un eminente filósofo del ilimitado progreso humano, pero reconoció que este solo era posible en «el reino de la libertad que comienza cuando queda atrás el reino de en la necesidad». Los problemas de la acumulación global de pobreza no se pueden afrontar, debería ser obvio, sin poner freno a la obscena acumulación mundial de riqueza. Las organizaciones contra la pobreza deben comprometerse a una política contra la riqueza y a la construcción de relaciones sociales alternativas a las que dominan en el capitalismo.

2) La segunda cuestión deriva de los claros e inminentes peligros de degradación ambiental y transformaciones ecológicas descontroladas. Esto tampoco es una cuestión solo material, sino también espiritual y moral, que exige un cambio en el concepto humano de la naturaleza así como de la interacción material con ella. No existe una solución puramente tecnológica para esta cuestión. Tiene que haber importantes cambios en el modo de vida (y resarcir los impactos políticos, económicos y ambientales de los últimos setenta años de colonización periurbana) así como en el consumismo, productiviismo y dispositivos institucionales.

3) El tercer conjunto de cuestiones, que subyace bajo las dos primeras, deriva de una comprensión histórica y teórica de la inevitable evolución del crecimiento capitalista. Por diversas razones, el crecimiento exponencial es una condición absoluta para la continua acumulación y reproducción del capital. Esta ley de la acumulación sin fin del capital, socialmente construida e históricamente específica, tiene que ser cuestionada y finalmente abolida. El crecimiento acumulativo (con una tasa mínima anual, digamos, del 3 por 100) es sencillamente imposible. El capital ha llegado ahora a un punto de inflexión (lo que no quiere decir a un callejón sin salida) en su larga historia, en el que se está empezando a percibir esa imposibilidad inmanente. Cualquier alternativa anticapitalista tiene que abolir el poder de la ley capitalista del valor para regular el mercado mundial. Esto requiere la abolición de la relación dominante de clase que sostiene y ordena la perpetua expansión de la producción y realización de plusvalor y que es la que produce la distribución cada vez más desigual de riqueza y poder, junto con el perpetuo síndrome de crecimiento que ejerce una presión destructiva tan enorme sobre las relaciones sociales y los ecosistemas globales.

¿Cómo se pueden organizar entonces las fuerzas progresistas para resolver estos problemas y cómo se puede gestionar la dialéctica hasta ahora evasiva entre los imperativos duales del control obrero localizado y la coordinación global? En este contexto quiero regresar a la pregunta fundamental de esta investigación: ¿Pueden desempeñar un papel constructivo los movimientos sociales de base urbana e imprimir su sello a la lucha anticapitalista en esas tres dimensiones? La respuesta depende en parte de algunas reconceptualizaciones fundamentales de la naturaleza de las clases y de una redefindición del terreno de la lucha de clases.

La concepción del control obrero que ha dominado hasta ahora el pensamiento político de la izquierda alternativa es confusa. El foco principal de la lucha se ha situado en el taller y la fábrica como lugar primordial de la producción de plusvalor. Tradicionalmente se ha dado la primacía a la clase obrera industrial como vanguardia del proletariado, su principal agente revolucionario; pero no fueron los obreros fabriles los que generaron la Comuna de París, por ejemplo, lo que ha dado lugar a una visión disidente e influyente de la Comuna según la cual no fue un levantamiento revolucionario ni un movimiento basado en la clase, sino un movimiento social urbano que reclamaba los derechos de ciudadanía y el derecho a la ciudad. Por lo tanto, se dice, no era anticapitalista[141].

Pero yo no veo razón por la que no se pueda entender a la vez como una lucha de clases y una lucha por los derechos de ciudadanía en el hábitat propio de los trabajadores. Para empezar, la dinámica de la explotación de clase no se limita al lugar de trabajo. Conviene tener en cuenta toda una serie de prácticas predadoras y de desposesión del tipo descrito en el capítulo 2 con respecto al mercado de la vivienda. Estas formas secundarias de explotación, que son y siempre han sido vitales para la dinámica general global de la acumulación de capital y la perpetuación del poder de clase, quedan principalmente a cargo de los comerciantes, propietarios y financieros y sus efectos se dejan sentir principalmente en el hábitat y no en la fábrica. Las concesiones salariales a los trabajadores pueden, por ejemplo, ser recuperadas para el conjunto de la clase capitalista por los propietarios y comerciantes capitalistas, y en las condiciones actuales más despiadadamente aún por los prestamistas, banqueros y financieros. Las prácticas de acumulación por desposesión, la apropiación de rentas por diversos extractores de dinero y beneficio, son causa de la pesadumbre de buena parte de la población con respecto a la calidad de la vida cotidiana. Los movimientos sociales urbanos suelen organizarse precisamente en torno a esas cuestiones, derivadas de las manifestaciones del poder de clase en torno a la forma de vida, y no solo a la explotación del trabajo; pero eso no les quita su contenido de clase, aunque se articulen primordialmente en términos de derechos, ciudadanía y protesta contra las penalidades asociadas a la reproducción social.

El hecho de que esas protestas se manifiesten en la esfera de la circulación del dinero y las mercancías más que en el de la producción no importa; de hecho constituiría una gran ventaja teórica reconceptualizar esas cuestiones dedicando más atención a los aspectos de la circulación del capital que tan frecuentemente obstaculizan los intentos de control obrero de la producción. Dado que lo que importa en conjunto es la circulación del capital (y no solo lo que ocurre en el circuito productivo), ¿qué le importa a la clase capitalista en su conjunto si el valor se extrae de los circuitos comercial y monetario y no directamente del circuito productivo? La distancia entre el lugar donde se produce el plusvalor y aquel donde se realiza es tan crucial en la teoría como en la práctica. El valor creado en la producción puede ser recuperado por la clase capitalista mediante los elevados alquileres que los propietarios de viviendas cobran a los trabajadores por su alojamiento.

En segundo lugar, la propia urbanización es el resultado de una producción en la que participan millones de trabajadores generando valor y plusvalor. ¿Por qué no centrarse pues en la ciudad más que en la fábrica como lugar primordial de la producción de plusvalor? La Comuna de París se puede entonces reconceptualizar como una lucha del proletariado productor de la ciudad que reclamaba el derecho a poseer y controlar lo que había producido. Es (y en el caso de la Comuna de París fue) un tipo muy diferente de proletariado al que gran parte de la izquierda ha asignado típicamente el papel de vanguardia. Se caracteriza por la precariedad, por un empleo episódico, limitado temporalmente y espacialmente difuso, y muy difícil de organizar sobre la base del lugar de trabajo; pero en este momento de la historia y en los países considerados de capitalismo «avanzado», el proletariado fabril convencional ha disminuido radicalmente, lo que no nos deja más alternativa que lamentar la pérdida de la posibilidad de revolución porque ese proletariado ha desaparecido, o cambiar nuestra concepción del proletariado para incluir en él las hordas de productores no organizados de la urbanización (del tipo de los que se movilizan en las manifestaciones por los derechos de los inmigrantes), y explorar sus peculiares capacidades y poderes revolucionarios.

Así pues, ¿quiénes son esos trabajadores que producen la ciudad? Sus edificadores, los obreros de la construcción en particular, son el candidato más obvio aunque no constituyan la única, ni siquiera la mayor parte de la fuerza de trabajo dedicada a ello. Como fuerza política, los obreros de la construcción han apoyado muy a menudo en los últimos tiempos en Estados Unidos (y posiblemente en otros lugares) el desarrollismo clasista a gran escala que les da de comer, pero no tiene por qué ser siempre así. Los alarifes y albañiles que Haussmann llevó a París desempeñaron un papel importante en la Comuna. El Green Ban [Veto Verde] decretado por la Builders Labourers Federation en Nueva Gales del Sur en la década de 1970 prohibía a sus afiliados trabajar en proyectos que juzgaba medioambientalmente dañinos, y tuvo mucho éxito en sus iniciativas aunque aquel movimiento sindical acabara siendo destruido por una confluencia con el poder estatal de su propia dirección nacional maoísta, que despreciaba las cuestiones medioambientales como una manifestación de sentimentalismo burgués[142].

En cualquier caso, existe una conexión innegable entre la extracción de hierro de las minas, su conversión en acero, la utilización de este en la construcción de puentes, el transporte sobre estos de mercancías y el destino final de estas, ya sean fábricas a las que llegan como bienes intermedios u hogares donde se consumen. Todas esas actividades (incluido el movimiento espacial) producen valor y plusvalor. Si el capitalismo se suele recuperar de las crisis, como vimos antes, «construyendo casas y llenándolas de cosas», está claro que todos los que participan en la actividad urbanizadora desempeñan un papel decisivo en la dinámica macroeconómica de la acumulación de capital; y si el mantenimiento, reparaciones y sustituciones (a menudo difíciles de distinguir en la práctica) forman parte, de una forma u otra, de la corriente de producción de valor (como explicaba Marx), también está claro que el vasto ejército urbano de trabajadores participantes en esas actividades contribuye igualmente a la producción de valor y de plusvalor, como los miles de trabajadores neoyorquinos que cada día erigen andamios para desmontarlos después. Si, además, el flujo de mercancías desde su lugar de origen hasta su destino final produce valor, como también insistía Marx, igualmente lo hacen los trabajadores empleados en la cadena alimentaria que va desde los productores rurales hasta los consumidores urbanos. Miles de camiones de reparto atestan a diario las calles de Nueva York, y quienes los conducen tienen la capacidad de estrangular el metabolismo de la ciudad. Las huelgas de los trabajadores del transporte (ya sea en Francia durante los últimos veinte años o ahora en Shanghái) son armas políticas extremadamente eficaces (usadas malignamente en Chile en la preparación del golpe de 1973). El sindicato de conductores de autobús en Los Ángeles y la organización de taxistas de Nueva York son ejemplos de organización en las tres dimensiones[143]. Cuando la población sublevada de El Alto cortó las principales líneas de abastecimiento a La Paz, obligando a la burguesía a sobrevivir de lo que pudiera tener guardado en su despensa, pronto obtuvo su objetivo político. Es de hecho en las ciudades donde las clases acomodadas son más vulnerables, no individualmente sino en términos del valor de los bienes que controlan; por eso el estado capitalista no deja de prepararse para luchas urbanas militarizadas como frente avanzado de la lucha de clases en los próximos años.

Consideremos los flujos, no solo de alimentos y otros bienes de consumo, sino también de energía, agua y otros artículos necesarios, así como su vulnerabilidad frente a eventuales disturbios. La producción y reproducción de la vida urbana, aunque parte de ella pueda ser «desestimada» (un término desafortunado), como «improductiva» en el canon marxista, es sin embargo socialmente necesaria como parte de los «faux frais» [gastos falsos] de la reproducción de las relaciones de clase entre capital y trabajo. Gran parte de ese trabajo ha sido siempre temporal, precario, itinerante; y muy a menudo escapa al supuesto límite entre producción y reproducción (como en el caso de los vendedores callejeros). Son absolutamente esenciales nuevas normas de organización para esa fuerza de trabajo que produce, y lo que es igualmente importante, reproduce, la ciudad. Ahí es donde aparecen nuevas organizaciones como el Congreso de Trabajadores Excluidos [Excluded Workers Congress] estadounidense, que es una alianza de trabajadores caracterizados por condiciones de empleo temporales e inseguras, a menudo, como sucede con los trabajadores domésticos, espacialmente dispersos por toda una región metropolitana[144].

La historia de las luchas obreras convencionales —y esta es mi tercera tesis importante— también debe ser reescrita. La mayoría de las luchas emprendidas por obreros fabriles resulta tener, inspeccionada más de cerca, una base mucho más amplia. Margaret Kohn, por ejemplo, se queja de que historiadores de izquierdas del movimiento obrero exalten los consejos de fábrica de Turín a principios del siglo XX, ignorando absolutamente sin embargo las «casas del pueblo» donde se configuraba gran parte de su política y desde donde afluían fuertes corrientes de apoyo logístico[145]. E. P. Thompson expuso cómo la constitución de la clase obrera inglesa dependía tanto de lo que sucedía en las capillas y en los barrios como en el lugar de trabajo. Los consejos sindicales locales han desempeñado un papel muy subestimado en la organización política británica, y a menudo constituían en muchas ciudades y pueblos la base militante del incipiente partido laborista y otras organizaciones de izquierda que el movimiento sindical nacional a menudo ignoraba[146]. ¿Qué éxito habrían tenido las sentadas de Flint (Michigan) en 1937 de no haber sido por las masas de desempleados y organizaciones vecinales a las puertas de General Motors brindándoles incansablemente su apoyo moral y material?

Las organizaciones vecinales han sido tan importantes para el mantenimiento de las luchas obreras como la organización en el lugar de trabajo. Uno de los bastiones de las ocupaciones de fábricas en Argentina tras el colapso de 2001 fue que las fábricas gestionadas de forma cooperativa se convirtieron también en centros culturales y educativos para los vecinos, estableciendo puentes entre la comunidad y en lugar de trabajo. Cuando los antiguos propietarios trataron de expulsar a los trabajadores o de recuperar la maquinaria, todos los vecinos actuaron solidariamente con los trabajadores para evitarlo[147]. Cuando el sindicato de hostelería UNITE HERE decidió hace unos años movilizar a los trabajadores de base en torno al aeropuerto LAX de Los Ángeles, recurrió a «una amplia alianza con organismos políticos, religiosos y comunales, estableciendo una coalición» que pudo contrarrestar la estrategia represiva de la patronal[148]. Pero cabe también extraer otras moralejas precautorias: en las huelgas de los mineros ingleses durante las décadas de 1970 y 1980, los que vivían en áreas urbanizadas difusamente como Nottingham fueron los primeros en rendirse, mientras que los de Northumbria, donde convergían las corrientes políticas en el lugar de trabajo y en el lugar de alojamiento, mantuvieron su solidaridad hasta el final[149]. El problema planteado por circunstancias de este tipo será reexaminado más adelante.

En la medida en que los lugares de trabajo convencionales están desapareciendo en muchos lugares del llamado mundo capitalista avanzado (aunque no, por supuesto, en China o en Bangladesh), la organización no solo en torno al trabajo, sino también en torno a las condiciones del hábitat, construyendo puentes entre los dos, se hace cada vez más crucial; pero también lo era en el pasado. Durante la huelga general de Seattle de 1919 las cooperativas de consumo controladas por los trabajadores les sirvieron de apoyo, y cuando la huelga se vino abajo la militancia se desplazó muy marcadamente hacia el desarrollo del un sistema complejo y entrelazado de cooperativas de consumo controladas principalmente por los trabajadores[150].

Cuando se amplía la lente para observar el medio social en el que se desarrolla la lucha, se transforma la perspectiva de quiénes podrían ser los proletarios y cuáles sus aspiraciones y estrategias. La composición de género de la política de oposición parece muy diferente cuando se hacen entrar en el cuadro las relaciones fuera de la fábrica convencional, tanto en el lugar de trabajo como en el hábitat. La dinámica social no es la misma en esos dos espacios; en el segundo, las distinciones basadas en el género, la raza, la etnia, la religión y la cultura suelen estar más arraigadas en el tejido social, y las cuestiones de la reproducción social desempeñan un papel más destacado, incluso dominante, en la configuración de la subjetividad y la conciencia política. Recíprocamente, la diferenciación étnica, racial y de género practicada por el capital en la población produce notables disparidades en la dinámica económica de la desposesión en el hábitat (gracias a los circuitos de capital monetario y comercial). Durante el periodo 2005-2009, mientras que la pérdida media de riqueza de los hogares estadounidenses fue del 28 por 100, la de los hispanos fue del 66 por 100 y la de los negros del 53 por 100, mientras que la de los blancos fue solo del 16 por 100. El carácter de clase de las discriminaciones étnicas en la acumulación por desposesión y el efecto diferenciado de esas discriminaciones sobre la vida en unos u otros barrios no podría ser más clara, en particular porque las mayores pérdidas se debieron a la caída del precio de la vivienda[151]. Pero es también en los espacios donde se vive donde profundos lazos culturales, basados por ejemplo en la etnia, la religión, patrimonios culturales y memorias colectivas, pueden tanto unir como dividir, creando la posibilidad de solidaridades sociales y políticas en una dimensión totalmente diferente a la que surge típicamente en el lugar de trabajo.

En 1954 guionistas y directores de la famosa lista negra (los llamados Diez de Hollywood), realizaron una maravillosa película titulada La sal de la tierra. Basada en acontecimientos reales sucedidos en 1951, mostraba la lucha de los trabajadores mexicano-americanos duramente explotados en una mina de zinc en Nuevo México y de sus familias. Los trabajadores mexicanos reivindicaban igualdad con los blancos, condiciones de trabajo más seguras y ser tratados con dignidad (un tema recurrente en muchas luchas anticapitalistas). Las mujeres se sentían irritadas por la poca atención dedicada por el sindicato, formado casi exclusivamente por varones, a cuestiones «domésticas» como el alcantarillado y el agua corriente en sus viviendas. Cuando los trabajadores se pusieron en huelga por sus reivindicaciones, al tener prohibida la formación de piquetes por una de las disposiciones de la ley Taft-Hartley, fueron las mujeres (pese a la oposición de los varones) las que se encargaron de formarlos, mientras los hombres tenían que cuidar de los niños y aprendían así incómodamente lo importante que es el agua corriente y la evacuación de residuos para una vida cotidiana razonable en el hogar. La igualdad de género y la conciencia feminista surgían así como armas cruciales en la lucha de clases. Cuando llegan los sheriffs para desalojar a los huelguistas y sus familias, el apoyo popular de otras familias (claramente basado en solidaridades culturales) no solo les proporciona alimentos, sino que también les permite seguir ocupando sus viviendas, propiedad de la empresa, a la que no le queda al final más remedio que ceder. El enorme poder de la unidad entre género, etnia, trabajo y vida no es fácil de construir, y la película muestra que las tensiones entre hombres y mujeres, entre trabajadores anglófonos y mexicanos y entre perspectivas basadas en el trabajo y en la vida cotidiana son tan significativas como las que se dan entre trabajo y capital. Solo cuando se construye la unidad y paridad entre todas las fuerzas del trabajo, dice la película, se podrá vencer. El peligro que representaba este mensaje para el capital se refleja en el hecho de que fue la única película sistemáticamente proscrita por razones políticas en los cines comerciales estadounidenses durante muchos años. La mayoría de los actores no eran profesionales —muchos de ellos pertenecían al sindicato de mineros—; pero la más brillante actriz profesional, Rosaura Revueltas, fue deportada a México[152].

En un libro reciente Bill Fletcher y Fernando Gapasin argumentan que el movimiento obrero debería dedicar más atención a las formas geográficas de organización y no solo a las sectoriales, y que en Estados Unidos debería dar poder a los consejos [comités] centrales de las ciudades junto a la organización sectorial.

En la medida en que las organizaciones obreras hablan de cuestiones de clase, no deberían considerarse como algo separado de la comunidad. El término laboral debería aplicarse a todo tipo de organización enraizada en la clase obrera y cuyo programa plantea explícitamente reivindicaciones de la clase obrera. En este sentido, una organización comunitaria enraizada en la clase (tal como un centro obrero) que plantea cuestiones específicas de clase es tan laboral como lo puede ser un sindicato. Para decirlo aún más claro, un sindicato que solamente defiende los intereses de un sector de la clase obrera (como un sindicato supremacista blanco) merece menos el nombre de organización obrera que una asociación comunitaria que ayuda a los desempleados o a los sin-techo[153].

Por eso proponen un nuevo planteamiento de las organizaciones de clase que

cuestione esencialmente las actuales prácticas sindicales para establecer alianzas y emprender acciones políticas. De hecho, esta sería su premisa central: si la lucha de clases no se restringe al lugar de trabajo, tampoco deberían hacerlo los sindicatos. La conclusión estratégica es que los sindicatos deben procurar organizar las ciudades y no solamente los lugares de trabajo (o sectores industriales). Y organizar las ciudades solo es posible si los sindicatos buscan aliados en los bloques sociales metropolitanos[154].

Y prosiguen preguntando: «¿cómo se organiza entonces una ciudad?». Me parece que esta es una de las preguntas clave a las que la izquierda debe responder para revitalizar en los próximos años la lucha anticapitalista. Tales luchas, como hemos visto, tienen una historia meritoria. Las lecciones que dejó la «Bolonia Roja» durante la década de 1970 constituyen un capítulo sobresaliente, pero ha habido otros en la historia del «socialismo municipal» e incluso largos periodos de reformas urbanas radicales, como las que tuvieron lugar en la «Viena roja» o los consejos municipales radicales en Gran Bretaña durante la década de 1920, que deben recuperarse tanto desde el punto de vista del reformismo de izquierdas como de otros más revolucionarios[155]. Una de las paradojas más curiosas de esa historia es que desde la década de 1960 hasta el presente el Partido Comunista francés se distinguiera mucho más en la administración municipal (debido en parte a que en ese terreno no recibía instrucciones derivadas de una teoría dogmática desde Moscú) que en otros aspectos de la vida política. Los consejos sindicales británicos desempeñaron parecidamente un papel decisivo en la política urbana que permitió enraizarse a los partidos de izquierda locales, tradición que se mantuvo en la lucha municipalista contra el thatcherismo a principios de la década de 1980. No fueron únicamente acciones de retaguardia, sino, como en el caso del Consejo de Gran Londres [Greater London Councill] encabezado por Ken Livingstone durante ese periodo, potencialmente innovadores, hasta que Margaret Thatcher, reconociendo la amenaza que le suponía la oposición de base urbana, abolió todos esos órganos de gobierno municipales. En Estados Unidos Milwaukee tuvo durante muchos años una administración socialista, y vale la pena señalar que el único socialista elegido para el Senado estadounidense inició su carrera y se ganó la confianza del pueblo como alcalde de Burlington (Vermont).

El derecho a la ciudad como reivindicación política basada en la clase

Si los participantes en la Comuna de París reclamaban su derecho a la ciudad que habían contribuido colectivamente a producir, ¿por qué no se puede convertir «el derecho a la ciudad» en un eslogan movilizador clave para la lucha anticapitalista? El derecho a la ciudad es, como señalé al principio, un significante vacío lleno de posibilidades inmanentes pero no trascendentes. Eso no significa que sea irrelevante o políticamente impotente; todo depende de que se dé al significante un significado inmanente revolucionario o solo reformista.

Pero no siempre es fácil distinguir entre las iniciativas reformistas y las revolucionarias en el contexto urbano. Los presupuestos participativos de Porto Alegre, programas ecológicamentes sensibles o campañas por el salario mínimo vital en muchas ciudades estadounidenses parecen reformistas (y bastante marginales); la iniciativa de Chongqing descrita en el capítulo 2 parece a primera vista una versión autoritaria del socialismo paternalista nórdico más que un movimiento revolucionario. Pero a medida que se extiende su influencia, iniciativas de ese tipo sacan a la luz capas más profundas de posibilidades para concepciones y acciones más radicales a escala metropolitana. Una retórica revitalizada que se va extendiendo (nacida en Brasil en la década de 1990, pero que desde allí se transmitió a Zagreb, Hamburgo o Los Ángeles) sobre el derecho a la ciudad, por ejemplo, parece sugerir que podría estar dando lugar a algo más revolucionario[156], y esa misma posibilidad sugieren los desesperados intentos de los poderes políticos existentes (por ejemplo, las ONGs e instituciones internacionales, entre ellas el Banco Mundial, reunidas en el Foro Urbano Mundial de Río en 2010) por apropiarse del léxico en cuestión para sus propios propósitos[157]. Del mismo modo que Marx calificó las restricciones a la duración de la jornada de trabajo como una primera etapa en una vía revolucionaria, reivindicar el derecho de todos a vivir en un domicilio y un entorno de vida decentes puede verse como una primera etapa hacia un movimiento revolucionario más general.

Tampoco tiene sentido quejarse de ese intento de asimilación por parte de los poderosos. La izquierda debería tomarlo como un reconocimiento y combatir por mantener su propio significado inmanente: todos aquellos cuyo trabajo está dedicado a producir y reproducir la ciudad tienen el derecho colectivo, no solo a disponer de lo que producen, sino también a decidir qué tipo de urbanismo se debe producir, dónde y cómo. Hay que elaborar y poner en pie instrumentos democráticos alternativos (distintos a la democracia existente del poder del dinero), del tipo de las asambleas populares, si se quiere revitalizar la vida urbana y reconstruirla fuera de las relaciones de clase dominantes.

El derecho a la ciudad no es un derecho únicamente individual, sino un derecho colectivo concentrado. Incluye no solo a los trabajadores de la construcción, sino también a todos aquellos que facilitan la reproducción de la vida cotidiana: Los cuidadores y maestros, los reparadores del alcantarillado y el suburbano, los fontaneros y electricistas, los que levantan andamios y hacen funcionar las grúas, los trabajadores de los hospitales y los conductores de camiones, autobuses y taxis, los cocineros, camareros y animadores de los restaurantes y salas de fiesta, los oficinistas de los bancos y los administradores de la ciudad. Reúne una increíble diversidad de espacios sociales fragmentados con innumerables divisiones del trabajo, en las que caben muy diversas formas de organización, desde los centros obreros y asambleas regionales (como la de Toronto) a las alianzas (como las que se han formado bajo el sello del Derecho a la Ciudad [Right to the City Alliances], el Congreso de Trabajadores Excluidos [Excluded Workers Congress] y muchas otras organizaciones de trabajadores precarios) que proclaman ese objetivo político.

Pero, por razones obvias, también es un derecho complicado, en parte en virtud de las condiciones actuales de la urbanización capitalista, así como de la naturaleza de las poblaciones que pueden aspirar activamente a ese derecho. Murray Bookchin, por ejemplo, era de la opinión (también atribuible a Lewis Mumford y muchos otros influidos por la tradición social del pensamiento anarquista) de que los procesos capitalistas de urbanización han destruido la ciudad como cuerpo político operativo sobre el que se podría construir una alternativa anticapitalista civilizada[158]. Lefebvre podría estar en cierto modo de acuerdo, aunque él ponía más énfasis en las racionalizaciones del espacio urbano por los burócratas y tecnócratas estatales para facilitar la reproducción de la acumulación de capital y de las relaciones de clase dominantes. El derecho a las urbanizaciones periféricas, en cambio, difícilmente se podría considerar un eslogan anticapitalista defendible.

Por esa razón el derecho a la ciudad tiene que plantearse, no como un derecho a lo que ya existe, sino como un derecho a reconstruir y recrear la ciudad como un cuerpo político socialista con una imagen totalmente diferente, que erradique la pobreza y la desigualdad social y que cure las heridas de la desastrosa degradación medioambiental. Para que esto suceda habrá que interrumpir la producción de las formas destructivas de urbanización que facilitan la perpetua acumulación de capital.

Ese era el tipo de argumento que esgrimía Murray Bookchin para impulsar la creación de lo que llamaba un «libertarismo municipal» sumergido en una concepción biorregional de asambleas municipales asociadas que regularan racionalmente sus intercambios mutuos, así como con la naturaleza. Es en este punto en el que el mundo de la política práctica se solapa fructíferamente con la larga historia del pensamiento utópico sobre la ciudad inspirado en gran medida en el anarquismo[159].

Hacia la revolución urbana

De esa historia brotan tres tesis. Primera, que las luchas laborales, desde las huelgas hasta las tomas de fábricas, tienen mucha mayor probabilidad de triunfar cuando cuentan con un enérgico y sólido apoyo de fuerzas populares asentadas en el entorno circundante al nivel comunitario (incluido el apoyo de líderes locales influyentes y de sus organizaciones políticas). Esto supone que ya existen o se puedan construir rápidamente fuertes lazos entre los trabajadores y la población local. Tales lazos pueden surgir «naturalmente» del simple hecho de que las familias de los trabajadores constituyen la propia comunidad (como en el caso de muchas comunidades mineras del tipo representado en La sal de la tierra); pero en contextos urbanos más difusos tiene que darse un intento político consciente de construir, mantener y reforzar tales lazos. Allí donde tales lazos no existen, como sucedía en el caso de los mineros del carbón en Nottinghamshire durante las huelgas de la década de 1980 en Gran Bretaña, habrá que crearlos; de otro modo es muy probable que tales movimientos fracasen.

En segundo lugar, el concepto de trabajo tiene que ampliarse, pasando de una definición estrecha ligada a las formas industriales o fabriles al terreno más amplio del trabajo dedicado a la producción y reproducción de una vida cotidiana cada vez más urbanizada. Las distinciones entre las luchas basadas en el lugar de trabajo y en el que se vive comienzan a diluirse, al igual que la idea de que la clase y el trabajo están definidos únicamente por el lugar de producción y no por el de la reproducción social, principalmente el hogar[160]. Los encargados de la conducción de agua hasta nuestros hogares son tan importantes en la lucha por una mejor calidad de vida como los que fabrican las tuberías y grifos en la fábrica. Los que transportan los alimentos a la ciudad y los distribuyen (incluidos los vendedores callejeros) son tan relevantes como quienes los cultivan o crían. Quienes cocinan los alimentos (ya sea preparando palomitas de maíz o perritos calientes en las calles o dando el callo en cocinas caseras o a cielo abierto) también añaden valor a esa comida antes se que se digiera. El trabajo colectivo realizado en la producción y reproducción de la vida urbana debe por tanto insertarse más profundamente en el pensamiento y organización de la izquierda. Distinciones que antes podían tener sentido —entre lo urbano y lo rural, la ciudad y el campo— han dejado o van dejando de tenerlo últimamente. La cadena de abastecimiento dentro y fuera de las ciudades supone un movimiento continuo, sin interrupción. Por encima de todo, hay que reelaborar y reformular adecuadamente los conceptos de trabajo y de clase. La lucha por los derechos colectivos de todos los ciudadanos (incluidos los trabajadores inmigrantes) tiene que contemplarse como parte integral de la lucha de clases anticapitalista.

Esta concepción revitalizada del proletariado abraza e incluye a los sectores informales ahora masivos caracterizados por el trabajo temporal, precario y no organizado. Resulta además que los sectores de la población de ese tipo han desempeñado históricamente un papel protagonista en las rebeliones y levantamientos urbanos. Sus propósitos no siempre han sido de izquierdas (pero tampoco lo han sido siempre los de los sindicatos). A menudo se han dejado arrastrar por líderes carismáticos inestables o autoritarios, ya fueran seculares o religiosos. Por esa razón tales grupos desorganizados han sido a menudo menospreciados por la izquierda convencional como «chusma urbana» (o aún más desafortunadamente, en el vocabulario marxista, como «lumpenproletariado»), a la que había que temer o integrar. Es imperativo que tales sectores de la población sean ahora incluidos y no excluidos como decisivos para la política anticapitalista.

Finalmente, si bien la explotación del trabajo vivo en la producción (en el sentido amplio ya definido) debe seguir siendo un concepto central para cualquier movimiento anticapitalista, las luchas de los trabajadores contra la recuperación y realización del plusvalor en su espacio vital tienen que recibir un trato igual al de las luchas en los diversos puntos de producción de la ciudad. Como en el caso de los trabajadores temporales y precarios, la extensión de la acción de clase en esa dirección plantea problemas organizativos; pero como veremos también abre innumerables posibilidades.

«¿Cómo se organiza entonces una ciudad?»

La respuesta más honrada a la pregunta de Fletcher y Gapasin es que simplemente no lo sabemos, en parte porque no se ha pensado suficientemente sobre esa cuestión, y en parte porque no existe un registro histórico sistemático de las prácticas políticas en evolución sobre el que basar las generalizaciones. Ha habido, por supuesto, breves periodos de experimentación en la administración socialista del «gas y agua», o utopismos urbanos más audaces como en la Unión Soviética durante la década de 1920[161]; pero en su mayor parte se desvanecieron en el realismo socialista reformista o el modernismo paternalista social-comunista (del que quedan abundantes reliquias conmovedoras en Europa Oriental). La mayor parte de lo que sabemos ahora sobre la organización urbana proviene de teorías convencionales y estudios sobre la gobernanza y administración urbana en el contexto de la gobernación capitalista burocrática (contra la que Lefebvre clamaba con razón incansablemente), todo lo cual queda muy lejos de la organización de una política anticapitalista. Lo mejor que tenemos a nuestro alcance es una teoría de la ciudad como forma empresarial, con todo lo que esto implica en términos de posibilidades de que la toma de decisiones se realice siguiendo ese modelo (aunque a veces, asumida por fuerzas progresistas, pueda oponerse a las formas más salvajes de desarrollo capitalista y comenzar a resolver las cuestiones más paralizantes y flagrantes de desigualdad social y degradación medioambiental, al menos a escala local, como sucedió en Porto Alegre e intentó Ken Livingstone en el Consejo del Gran Londres). También existe una abundante literatura (habitualmente en estos tiempos laudatoria más que crítica) sobre las virtudes del empresarialismo urbano competitivo, cuando las administraciones urbanas se valen de diversos incentivos para atraer (con otras palabras, subvencionar) la inversión[162].

Así pues, ¿cómo podemos empezar a responder a la pregunta de Fletcher and Gapasin? Una forma sería examinar ejemplos particulares de prácticas políticas urbanas en situaciones revolucionarias. Por eso concluiré con una mirada sucinta a los recientes acontecimientos en Bolivia, en búsqueda de claves sobre cómo las relaciones entre las rebeliones urbanas y los movimientos anticapitalistas.

En 2000 las famosas «Guerras del Agua» dieron lugar a una rebelión contra la privatización neoliberal en las calles y plazas de Cochabamba; los planes del gobierno fueron rechazados y se expulsó a dos importantes corporaciones internacionales, Betchel y Suez. Poco después fue en El Alto, una ciudad bulliciosa situada en una meseta 500 m por encima de La Paz, donde surgieron movimientos rebeldes que obligaron a dimitir al presidente neoliberal Sánchez de Lozada en octubre de 2003 y a continuación a su sucesor, Carlos Mesa, en junio de 2005. Todo esto abrió la vía a la victoria electoral a escala nacional de Evo Morales en diciembre de 2005. Fue también en Cochabamba donde se frustró la contrarrevolución intentada por las elites conservadoras en 2007 contra la presidencia de Morales, cuando las autoridades conservadoras de la ciudad se vieron obligadas a abandonarla frente a la cólera de los pueblos indígenas que la habían ocupado.

La dificultad, como siempre, está en entender el papel peculiar que desempeñaron las condiciones locales en esos acontecimientos particulares, y en evaluar qué principios universales (si es que los hay) podríamos deducir de su estudio. Este problema ha venido suscitando interpretaciones enfrentadas de los acontecimientos que rodearon a la Comuna de París de 1871, pero la ventaja de concentrarse en El Alto es que se trata de una lucha todavía viva y que por lo tanto sigue abierta a continuos interrogantes y análisis políticos. Existen ya algunos estudios excelentes sobre los que basar ciertas conclusiones provisionales.

Jeffrey Webber, por ejemplo, ofrece una convincente interpretación de lo sucedido en Bolivia durante la última década, poco más o menos[163]. Considera los años 2000-2005 como una época genuinamente revolucionaria en una situación de profunda división entre la elite y las clases populares. El rechazo popular a las políticas neoliberales con respecto al uso de los recursos naturales atesorados por parte del estado, gobernado por una elite tradicional y respaldado por las fuerzas del capital internacional, se fusionaron con una larga lucha de liberación frente a la opresión racial por parte de una población indígena en gran parte campesina. La violencia del régimen neoliberal provocó levantamientos que llevaron a la elección de Morales en 2005. Las elites de siempre (concentradas particularmente en la ciudad de Santa Cruz) desencadenaron a continuación un movimiento contrarrevolucionario contra el gobierno de Morales exigiendo autonomía regional y local, una iniciativa curiosa porque el ideario de la «autonomía local» solo había sido enarbolado hasta ahora en Latinoamérica por la izquierda, como parte de sus luchas de liberación. En Bolivia solía ser una reivindicación de las poblaciones indígenas, y teóricos simpatizantes como Arturo Escobar la consideraban intrínsecamente progresista aunque quizá no estrictamente exigible para cualquier movimiento anticapitalista[164]. Pero el caso boliviano demuestra que la autonomía local o regional puede ser defendida por cualquier partido que pueda beneficiarse del desplazamiento de la toma de decisiones políticas a la escala particular que más favorece sus intereses. Esto es lo que llevó a Margaret Thatcher, por ejemplo, a abolir el Consejo del Gran Londres, porque era un centro de oposición a su política, y es lo que incitó a las elites bolivianas a buscar la autonomía de Santa Cruz frente al gobierno de Morales, hostil a sus intereses. Después de perder el espacio nacional, trataba de declarar autónomo su espacio local.

Aunque la estrategia política de Morales tras su elección ha contribuido a consolidar el poder de los movimientos indígenas, según Webber ha abandonado la perspectiva revolucionaria de clase surgida en 2000-2005 en favor de un compromiso negociado y constitucional con las elites terratenientes y capitalistas (así como un acomodo a las presiones imperiales exteriores). El resultado, argumenta Webber, ha sido un «neoliberalismo reconstituido» (con «rasgos andinos») a partir de 2005, más que un avance hacia una transición anticapitalista. La idea de una transición socialista ha sido pospuesta para un futuro lejano. Morales ha asumido sin embargo un liderazgo global en cuestiones medioambientales adoptando la concepción indígena de «los derechos de la madre naturaleza [Pachamama»] en la declaración de Cochabamba de 2010 e incorporando esa idea a la Constitución boliviana.

Las opiniones de Webber han sido enérgicamente rechazadas, como cabía esperar, por los seguidores del régimen de Morales[165]. No estoy en condiciones de juzgar si el giro indudablemente reformista y constitucionalista de Morales a escala nacional es una opción política deliberada, una cuestión de conveniencia o una necesidad impuesta por la configuración de fuerzas de clase que prevalece en Bolivia, respaldada por fuertes presiones imperialistas. Hasta el propio Webber concede que, en el levantamiento campesino de 2007 contra el gobierno autonomista de derechas de Cochabamba, habría supuesto un aventurerismo desastroso que los radicales se enfrentaran al constitucionalismo del gobierno de Morales proscribiendo terminantemente a los funcionarios del gobierno conservador electo que habían huido de la ciudad y sustituyéndolos por una asamblea popular con poderes ejecutivos[166].

¿Qué papel desempeñaron las organizaciones urbanas en esas luchas? Esta es una pregunta crucial, dado el papel clave de Cochabamba y El Alto como centros de repetidas rebeliones y el de Santa Cruz como centro del movimiento contrarrevolucionario. En el estudio de Webber El Alto, Cochabamba y Santa Cruz aparecen como meros lugares donde se enfrentaron, casi por casualidad, las fuerzas opuestas de clase y los movimientos populares indígenas; pero en determinado momento señala que «la ciudad informalmente proletaria de El Alto, en un 80 por 100 indígena, desempeñó —con sus ricas tradiciones insurreccionales y marxistas revolucionarias de exmineros “reubicados”, y el radicalismo indígena de los aimaras, quechuas y otros migrantes indígenas del ámbito rural al urbano— el papel más importante en las confrontaciones a veces sangrientas con el estado». También observa que

las rebeliones, en sus mejores momentos, se caracterizaron por movilizaciones desde abajo asambleístas, democráticas y de masas, recurriendo a los modelos organizativos de los mineros del estaño trotskistas y anarco-sindicalistas —la vanguardia de la izquierda boliviana durante gran parte del siglo XX— y diversas variantes de los ayllus indígenas —estructuras comunitarias tradicionales— adaptadas al nuevo contexto rural y urbano[167].

Pero el relato de Webber apenas nos explica nada más. Ignora en general las condiciones particulares de las diferentes localidades (aunque proporciona un informe detallado de la rebelión de 2007 en Cochabamba) ofreciendo en su lugar un informe genérico de las fuerzas populares y de clase existentes en Bolivia, con el trasfondo de las presiones imperialistas externas. Por eso vale la pena recurrir a los estudios de las antropólogas Lesley Gill y Sian Lazar, que proporcionan descripciones en profundidad de las condiciones, relaciones sociales y formas organizativas que han prevalecido en El Alto en distintos momentos históricos. El estudio de Gill [Teetering on the Rim], publicado en 2000, detallaba las condiciones prevalecientes durante la década de 1990, mientras que el de Lazar [El Alto, Rebel City], publicado en 2010, se basaba en su trabajo de campo en El Alto antes y después de la rebelión de 2003[168]. Ni una ni otra anticipaban la posibilidad de la rebelión antes de que tuviera lugar. Aunque Gill registraba una intensa vida política de base durante la década de 1990, las iniciativas eran tan fragmentadas y confusas (en particular dado el papel negativo de las ONG que habían desplazado al estado como principales proveedores de servicios sociales) que parecía imposible que llegaran a cuajar en un movimiento de masas cohesionado, si bien es verdad que la huelga de maestros que tuvo lugar durante su trabajo de campo se expresaba en términos muy explícitos de conciencia de clase. Lazar también se vio sorprendida por la rebelión de octubre de 2003 y regresó después a El Alto para tratar de reconstruir las circunstancias en que se había desarrollado.

El Alto es un lugar muy especial y es importante señalar sus peculiaridades[169]. Es una ciudad relativamente nueva (no dispuso de administración propia hasta 1988) en el inhóspito altiplano, a unos 500 m por encima de La Paz, con una población de aluvión formada principalmente por campesinos expulsados de sus tierras por la progresiva comercialización de la producción agrícola; por obreros industriales desplazados (particularmente de las minas de estaño «racionalizadas», privatizadas y en muchos casos cerradas desde mediados de la década de 1980); y por refugiados de bajos ingresos procedentes de La Paz, donde los elevados precios de la vivienda venían empujando desde hacía unos años a la gente más pobre a buscar acomodo en otro lugar. Así pues, en El Alto no había una burguesía arraigada como en La Paz y en Santa Cruz. Era, como dice Gill, una ciudad «donde muchas víctimas del experimento neoliberal puesto en marcha en Bolivia con las reformas del libre mercado se debaten al borde de la supervivencia». La continua retirada del estado, desde mediados de la década de 1980, de la administración y el abastecimiento de servicios entregados a la privatización neoliberal, significaba que sus controles locales eran relativamente débiles. La población tenía que ingeniárselas y autoorganizarse para sobrevivir o depender de la dudosa ayuda de ONGs complementada por donaciones y favores obtenidos de los partidos políticos a cambio del voto en las elecciones. Pero tres de las principales rutas de abastecimiento a La Paz pasan por El Alto, y la posibilidad de bloquearlas se convirtió en una importante baza en las luchas subsiguientes. El continuo rural-urbano (dominado en gran medida por poblaciones campesinas indígenas con tradiciones culturales y formas de organización social propias, como los ayllus que menciona Webber) es un rasgo característico del metabolismo de la ciudad, a medio camino entre la urbanidad de La Paz y la ruralidad de la región circundante, tanto geográfica como etno-culturalmente. Los flujos de gente y de bienes de toda la región pasan por El Alto, y el tránsito diario desde El Alto hasta La Paz hace a esta última muy dependiente de la primera en cuanto a la mano de obra con bajos salarios.

Otros tipos más antiguos o tradicionales de organización colectiva de los trabajadores bolivianos, que constituían «una de las clases obreras más militantes de Latinoamérica», se vieron abandonados en la década de 1980 con el cierre de las minas de estaño[170]. Los mineros desempeñaron un papel clave en la revolución de 1952, que llevó a la nacionalización de las minas de estaño, e igualmente en las movilizaciones que culminaron con el derrocamiento del régimen represivo de Hugo Banzer en 1978. Muchos de los mineros desplazados acabaron en El Alto después de 1985, y según el estudio de Gill experimentaban grandes dificultades para adaptarse a su nueva situación; pero más tarde quedaría claro que su conciencia política de clase, vertebrada por el trotskismo y el anarcosindicalismo, no había desaparecido del todo e iba a convertirse en un importante recurso (aunque cabe discutir su grado de importancia) en las luchas posteriores, empezando por la huelga de los maestros en 1995 que Gill estudió en detalle; pero su política cambió en muchos aspectos importantes. Los mineros, sin otra posibilidad que «participar en el trabajo inseguro y mal pagado que realizaba la gran mayoría de los alteños», pasaron de una situación en la que el enemigo de clase y su propia solidaridad estaba clara, a otra en la que tenían que hacerse una pregunta estratégica distinta y mucho más difícil: «¿Cómo podían construir una nueva solidaridad en El Alto a partir de una población étnicamente diversa caracterizada por historias individuales muy diferentes, un complejo mosaico de relaciones de trabajo e intensa competitividad interna?»[171].

Esa transición, impuesta a los mineros por la neoliberalización, no es en absoluto exclusiva de Bolivia o El Alto. Plantea el mismo dilema que se les presentaba a los antiguos obreros del acero en Sheffield, Pittsburgh y Baltimore. De hecho es prácticamente universal en todos los centros sacudidos por la vasta oleada de desindustrialización y privatización desencadenada desde mediados de la década de 1970, poco más o menos. Así pues, la forma en que se afrontó en Bolivia tiene un interés algo más que episódico.

Tal como escribe Lazar,

Han surgido nuevos tipos de estructuras sindicales, especialmente entre los campesinos y los trabajadores del sector informal en las ciudades […] Se basan en coaliciones de pequeños propietarios, incluso microcapitalistas, que no trabajan para un único jefe en un lugar cerrado donde pueden ser fácilmente derrotados por el ejército. Su modelo de producción doméstico genera fluidez e inestabilidad en la vida asociativa, pero también les ha permitido formar alianzas y organizaciones basadas en el emplazamiento territorial; la calle donde venden, el pueblo o región donde viven y cultivan, y con la adición de las estructuras organizativas de vecinos en las ciudades, su zona particular.

En esto, la asociación entre gente y lugar ha cobrado gran importancia como origen de lazos comunes. Aunque esos lazos pueden ser a menudo tan antagónicos como armoniosos, los contactos cara a cara son frecuentes, lo que fortalece esos lazos.

Los sindicatos florecen en la economía informal de El Alto y constituyen una parte decisiva de la estructura organizativa civil paralela al estado que configura escalonadamente la ciudadanía, en un contexto en el que la competencia económica interindividual se ve dolorosamente exagerada, por lo que cabría esperar que la colaboración política fuera difícil, si no directamente imposible.

Aunque los movimientos sociales caen a menudo en un agudo faccionalismo y en luchas internas, «están comenzando a construir una ideología más coherente a partir de la particularidad de las diferentes reivindicaciones sectoriales»[172]. La conciencia de clase colectiva residual y la experiencia organizativa de los mineros del estaño desplazados se ha convertido así en un recurso decisivo. Engarzada con prácticas de democracia local basadas en las tradiciones indígenas de toma de decisiones en asambleas locales y populares (los ayllus), las condiciones subjetivas para crear asociaciones políticas alternativas estaban en parte dadas. Como consecuencia, «la clase obrera boliviana se está reconstituyendo como sujeto político, aunque no lo haga en su forma tradicional»[173].

Hardt y Negri también destacan ese aspecto en su propia presentación de la lucha boliviana para apoyar su teoría de las multitudes:

Todas las relaciones de hegemonía y representación de la clase obrera se ven así cuestionadas. Para los sindicatos tradicionales no es ni siquiera posible representar adecuadamente la compleja multiplicidad de sujetos y experiencias de clase. Este cambio no significa sin embargo un desvanecimiento de la clase obrera ni tampoco un declive de sus luchas, sino más bien una creciente multiplicidad del proletariado y una nueva fisonomía de estas[174].

Lazar está en parte de acuerdo con esta reformulación teórica, pero ofrece un panorama mucho más matizado de cómo se constituye un movimiento obrero de clase. Tal como ella lo ve, «la afiliación anidada de una alianza de asociaciones, cada una de ellas con formas locales de rendición de cuentas, es una de las fuentes de fuerza de los movimientos sociales en Bolivia». Esas organizaciones suelen ser jerárquicas y a veces autoritarias más que democráticas, pero «si entendemos la democracia como la voluntad del pueblo, el aspecto corporativo de la política boliviana tiene sentido como una de sus tradiciones democráticas más importantes (aunque no necesariamente igualitarias)». Las victorias anticapitalistas como la que permitió expulsar a importantes enemigos empresariales como Bechtel and Suez «no habrían sido posibles sin las experiencias rutinarias de democracia colectiva que forman parte de la vida cotidiana de los alteños»[175].

La democracia se organiza en El Alto, según Lazar, siguiendo tres líneas peculiares: las juntas vecinales con base territorial no solo proveen bienes colectivos locales, sino que también median en los muchos conflictos que surgen entre los residentes. Esas juntas vecinales están federadas, y la FEJUVE sirve como foro en el que se dirimen los conflictos entre distintos barrios. Se da así una «jerarquía anidada» clásica, en la que existen todo tipo de mecanismos, que Lazar examina en detalle, para asegurar que sus líderes rotan o permanecen fieles a su base (un principio que, hasta que apareció el Tea Party, sería anatema en la política estadounidense).

El segundo engranaje es el constituido por las asociaciones sectoriales de diversos grupos de la población, como los vendedores callejeros, los trabajadores del transporte y muchos otros. También ahí buena parte del trabajo de esas asociaciones consiste en mediar en los conflictos (por ejemplo, entre distintos vendedores callejeros), pero es así como se organizan los trabajadores precarios del llamado «sector informal» (lección que debería aprender el movimiento de «trabajadores excluidos» en Estados Unidos). Esa organización posee tentáculos que llegan hasta la cadena de abastecimiento del pescado y otros alimentos, por ejemplo, desde las áreas próximas. Mediante esos lazos puede movilizar fácil y rápidamente las capacidades insurreccionales de la población campesina y rural circundante, u organizar respuestas inmediatas en la ciudad a las masacres y represiones en el campo. Esos fuertes lazos geográficos se solapan con los de las juntas vecinales que encuadran a muchas familias campesinas inmigrantes, al tiempo que mantienen vivos sus vínculos con sus aldeas de origen.

En tercer lugar existen sindicatos más convencionales, el más importante de los cuales es el de los maestros, que desde la huelga de 1995 ha estado en primera línea de la militancia (como sucedía también en el caso de Oaxaca en México). Los sindicatos tienen una estructura organizativa local, regional y nacional que sigue manteniendo negociaciones con el estado, aunque se vio muy debilitada por el asalto neoliberal al empleo regular y a las formas tradicionales de organización sindical durante los treinta últimos años.

Pero hay algo más en el funcionamiento de El Alto que a Lazar le cuesta mucho integrar en su estudio. Los valores e ideales subyacentes son particularmente fuertes y a menudo se mantienen y articulan mediante acontecimientos y actividades culturales populares —fiestas, ceremonias religiosas, danzas— así como formas más directas de participación colectiva como las asambleas populares (en los barrios y en los sindicatos, formales e informales). Esa solidaridad cultural y memoria colectiva permiten a los sindicatos superar las tensiones «y promover una cohesión corporativa que a su vez les permite actuar como sujetos políticos eficaces»[176]. La más acusada de esas tensiones es la que se da entre los lideres y la base.

Tanto las formas de organización de base territorial como las sectoriales muestran características similares, en las que las bases populares «intentan afianzar valores colectivos frente al individualismo percibido en sus líderes». Los mecanismos son complejos, pero en el estudio de Lazar aparecen múltiples medios informales mediante los que se afrontan las cuestiones del colectivismo e individualismo o solidaridad y divisionismo. Además, las formas de organización «sindicales» y «comunitarias» no responden a tradiciones distintas sino que a menudo se fusionan culturalmente mediante la «apropiación sincrética de diversas tradiciones políticas, entrelazando sindicalismo, populismo y valores y prácticas democráticas indígenas. Es la combinación creativa de esas tradiciones diferentes la que ha permitido a El Alto superar su marginación política a escala nacional y ocupar el centro de la escena»[177]. Fueron ese tipo de vínculos «los que afloraron en determinados momentos, como en Cochabamba en 2000, los bloqueos campesinos del altiplano de abril y septiembre de 2000, febrero y octubre de 2003 en El Alto y La Paz y de enero a marzo de 2005 en El Alto».

El Alto se ha convertido en un foco tan importante para esta nueva política, tal como afirma Lazar, debido en gran medida a las formas en que se ha constituido en la ciudad el sentido de ciudadanía. Esto cobra relevancia porque presagia la posibilidad de que la rebelión de clase e indígena se organice a través de solidaridades basadas en la ciudadanía común. Históricamente, desde luego, esta ha sido siempre una característica central de la tradición revolucionaria francesa. En El Alto el sentido de pertenencia y solidaridad

se constituye como una relación mediada entre ciudadano y estado configurada mediante las estructuras y organizaciones cívicas colectivas paralelas al estado al nivel de zona, ciudad y nación. En 1999 el partido político […] perdió su predominio sobre esas organizaciones y sobre la ciudad en general, lo que permitió que surgiera una actitud más rebelde; esto coincidió con la radicalización de los alteños debida a la creciente penuria económica. Las protestas de septiembre y octubre de 2003 y de los años subsiguientes recibían su fuerza de la coincidencia de esas circunstancias políticas particulares con procesos muy anteriores de identificación con el campo y la construcción de un sentimiento colectivo de pertenencia común.

Lazar concluye que

La ciudadanía en la ciudad indígena de El Alto incluye una combinación de sentimiento urbano y rural, colectivismo e individualismo, igualitarismo y jerarquía. Las visiones alternativas de la democracia que se muestran han reforzado los movimientos indígenas nacionales y regionales en formas que combinan la conciencia de clase y la nacional con la política identitaria, mediante la impugnación de la propiedad de los medios de reproducción social y la naturaleza del estado.

Las dos comunidades que juzga más sobresalientes «se basan en la residencia a escala zonal y de toda la ciudad, y en la ocupación a escala urbana»[178]. Mediante la idea de ciudadanía las relaciones de antagonismo en el lugar de trabajo y en el hábitat se han convertido en una poderosa forma de solidaridad social.

Esos diversos procesos sociales (que Lazar se esfuerza por no idealizar al estilo de la izquierda académica) tuvieron un efecto singular sobre la consideración que la ciudad tiene sobre sí misma. Lazar dice:

Es pertinente preguntarse qué es lo que hace de El Alto una ciudad más que un barrio, un suburbio, un mercado o un nudo de transportes. Me respuesta es que distintos agentes, tanto en el sistema estatal como en lugares no estatales, están construyendo una identidad propia y específica para El Alto. Esa identidad no es por supuesto única, pero se está vinculando cada vez más al radicalismo y al indigenismo político.

Y fue «la conversión en acción política de esa identidad y su emergente conciencia política» en 2003 y 2005 la que atrajo sobre El Alto la atención, no solo nacional sino también internacional, como «ciudad rebelde»[179].

La lección a extraer del estudio de Lazar es que es efectivamente posible rescatar una ciudad de los procesos debilitadores de la urbanización neoliberal, reivindicándola para la lucha anticapitalista. Aunque los acontecimientos de octubre de 2003 se deberían entender como «una confluencia altamente contingente de distintos intereses sectoriales que estallaron dando lugar a algo mucho más serio cuando el gobierno ordenó al ejército disparar contra los manifestantes», no se pueden ignorar los años precedentes de organización de esos intereses sectoriales y de apropiación de la ciudad como «centro de radicalismo e indigenismo»[180]. La organización de trabajadores informales en sindicatos tradicionales, la creación de la Federación de Juntas Vecinales, la politización de las relaciones urbano-rurales, la creación de jerarquías anidadas y de estructuras de liderazgo junto con las asambleas igualitarias, la movilización de las fuerzas de la cultura y la memoria colectiva, todo ello proporciona modelos para pensar sobre lo que se podría hacer conscientemente para ganar las ciudades para una lucha anticapitalista. Las formas de organización que confluyeron en El Alto se parecen de hecho mucho a algunas de las formas adoptadas en la Comuna de París (los barrios, los sindicatos, las facciones políticas y el fuerte sentimiento de ciudadanía y de lealtad a la ciudad).

Futuras iniciativas

Si bien en el caso de El Alto todo esto se puede ver como resultado de circunstancias contingentes que confluyeron por casualidad, ¿por qué no podemos imaginar la construcción consciente de un movimiento anticapitalista a escala de toda una ciudad siguiendo esas líneas? Imaginemos por ejemplo en la ciudad de Nueva York el resurgimiento de las juntas comunales, adormecidas durante mucho tiempo, como asambleas vecinales con poder de asignación presupuestaria de recursos, junto con una confluencia de una Alianza por el Derecho a la Ciudad, un Congreso de Trabajadores Excluidos y un Consejo Laboral local revitalizado que emprendan la lucha por una mayor igualdad en los ingresos y en el acceso a los servicios de sanidad y alojamiento, tratando de reconstruir la ciudad y el sentimiento de ciudadanía y de justicia social y medioambiental tras el desastre provocado por la urbanización neoliberal al servicio de los capitalistas. La historia de El Alto sugiere que tal coalición solo funcionará si las fuerzas de la cultura con una tradición políticamente radical (que ciertamente existe en Nueva York, pero también en Chicago, San Francisco o Los Ángeles) pueden movilizarse para impulsar a los ciudadanos (por divididos que estén, como siempre sucede en Nueva York) en favor de un proyecto de urbanización radicalmente diferente al dominado por los intereses de clase de los promotores y financieros decididos a «construir como Robert Moses pero sin olvidar a Jane Jacobs».

Pero esas posibilidades tan prometedoras para el desarrollo de la lucha anticapitalista pueden frustrarse y la montaña que parecía amenazar una erupción volcánica puede parir solo un ratón, ya que como también demuestra el caso boliviano, por poco acertado que esté Webber, es que cualquier movilización anticapitalista manifestada en sucesivas rebeliones urbanas tiene que consolidarse en determinado momento a un nivel más alto de generalidad, so pena de estancarse al nivel del estado en un reformismo parlamentario y constitucional que no servirá más que para reconstituir el neoliberalismo desde los intersticios de la prolongada dominación imperial. Esto plantea problemas más generales, no solo sobre el estado y sus dispositivos institucionales del derecho, la administración y el mantenimiento del orden, sino sobre el sistema interestatal en el que están insertos todos los estados. Gran parte de la izquierda contemporánea se muestra renuente, desgraciadamente, a plantearse esas cuestiones, por más que las luchas hagan surgir de cuando en cuando algún tipo de macroorganización como el «confederalismo» radical de Murray Bookchin o la «gobernanza policéntrica» más suave de Elinor Ostrom, que se parece sospechosamente a un sistema estatal, suena como un sistema estatal y casi seguramente actuaría como un sistema estatal fueren cuales fueren las intenciones de sus promotores[181]. Igualmente incoherente parece la alternativa de Hardt y Negri en Commonwealth, cuando en la página 361 demuelen el estado y este resurge indemne en la 380 como garante de un nivel de vida mínimo universal, así como de una sanidad y educación universal[182].

Pero es precisamente a ese respecto al que resulta crucial la forma en que se organiza toda una ciudad. Libera a las fuerzas progresistas del encierro organizativo al micronivel de los colectivos obreros en lucha y las economías solidarias (por importantes que puedan ser), y nos impone una forma totalmente diferente de teorizar y practicar la política anticapitalista. Una perspectiva crítica permite precisamente ver por qué tienen que fracasar tanto el «gobierno policéntrico» preferido por Ostrom como el libertarismo municipal «confederal» de Bookchin. «Si toda sociedad se organizara como una confederación de municipios autónomos —dice Iris Young—, ¿eso impediría el desarrollo de la injusticia y la desigualdad a gran escala entre comunidades [del tipo descrito en el capítulo 3] y con ellas de la opresión de los individuos no pertenecientes a las comunidades más privilegiadas y más poderosas?»[183]. La única forma de evitarlo es que alguna autoridad más alta obligue a determinadas transferencias entre municipios que igualen al menos las oportunidades, y quizá también los resultados. Esto es lo que el sistema confederal de municipios autónomos de Bookchin sería seguramente incapaz de conseguir, en la medida en que al pueblo se le niega la posibilidad de hacer política y de gobernar a ese nivel, limitándolo a la administración y el gobierno de las cosas. La única forma de establecer reglas generales para la redistribución de la riqueza entre municipios sería, bien mediante el consenso democrático (que, por lo que nos enseña la experiencia histórica, es improbable que sea voluntario y que se llegue a él informalmente) o por sujetos democráticos con poderes de decisión a distintos niveles dentro de una estructura de gobierno jerárquica. Evidentemente, no hay ninguna razón para que todo el poder fluya hacia abajo en tal jerarquía, y seguramente se pueden ingeniar mecanismos para evitar la dictadura o el autoritarismo. Pero el hecho es que ciertos problemas, por ejemplo el de la redistribución de la riqueza, solo resultan visibles a cierta escala, a la que deben por tanto tomarse decisiones democráticas.

Desde ese punto de vista, las movilizaciones bolivianas podrían quizá mirar hacia el sur en busca de inspiración, viendo cómo el movimiento inicialmente concentrado en Santiago de Chile se ha transformado, pasando de la reivindicación estudiantil de una enseñanza pública libre y gratuita, a una alianza antineoliberal de movimientos que exigen una reforma constitucional del estado, una mejora de las pensiones, nuevas leyes laborales y un sistema fiscal personal y empresarial progresivo para comenzar a invertir el deslizamiento hacia una mayor desigualdad social en la sociedad civil chilena. La cuestión del estado, y en particular del tipo de estado (o equivalente no capitalista), no se puede evitar ni siquiera desde el profundo escepticismo contemporáneo, tanto en la izquierda como en la derecha del espectro político, sobre la viabilidad o deseabilidad de tal tipo de institución.

La esfera de la ciudadanía y los derechos, en relación con algún cuerpo político de orden más elevado, no se opone necesariamente a la de las clases y la lucha entre ellas. Conciudadano y camarada pueden avanzar juntos en una lucha anticapitalista, aunque a menudo trabajen a distinta escala; pero eso solo puede ocurrir si nos hacemos, como urgió hace mucho tiempo Robert Park, más «conscientes de la naturaleza de nuestra tarea», que es construir colectivamente la ciudad socialista sobre las ruinas de la destructiva urbanización capitalista. Esa es la atmósfera ciudadana que puede liberar verdaderamente a la gente; pero exige una revolución en el pensamiento y la práctica anticapitalistas. Las fuerzas progresistas anticapitalistas pueden saltar más fácilmente a través de las redes urbanas hacia coordinaciones globales que aun siendo jerárquicas no sean monocéntricas, corporativas y aun así democráticas, igualitarias y horizontales, sistémicamente anidadas y federadas (imaginemos una liga de ciudades socialistas al estilo de la antigua liga hanseática que promovió el desarrollo del capitalismo mercantil), internamente discordante y cuestionada, pero solidaria frente al poder de la clase capitalista, y sobre todo profundamente comprometida en la lucha por socavar y finalmente derrocar el poder de las leyes capitalistas del valor en el mercado mundial para dictar las relaciones sociales bajo las que trabajamos y vivimos. Tal movimiento debería abrir la vía a la prosperidad humana universal, más allá de las restricciones de la dominación de clase y de las determinaciones comercializadas del mercado. El mundo de la verdadera libertad solo puede comenzar, como insistía Marx, cuando se dejen atrás tales restricciones materiales. Reivindicar y organizar las ciudades para la lucha anticapitalista sería un buen punto de partida.

Capítulo seis

Londres 2011: el capitalismo montaraz se lanza a la calle

El Daily Mail los llamaba «adolescentes nihilistas y montaraces»: los encolerizados jóvenes de todos los niveles y procedencias que recorrían arrebatadamente las calles de Londres arrojando ladrillos, piedras y botellas a la policía mientras saqueaban un establecimiento e incendiaban otro, llevando a las autoridades a emprender una persecución encarnizada mientras ellos y ellas se tuiteaban el siguiente objetivo estratégico.

El término «montaraz» [feral] atrajo mi atención. Me recordó la descripción de los comuneros de París en 1871 como animales salvajes, hienas que merecían ser sumariamente ejecutadas (y a menudo lo eran) en nombre de la sacrosanta propiedad privada, la moral, la religión y la familia. Pero evocaba también el ataque de Tony Blair a los «medios montaraces» tras haberse alojado confortablemente durante tanto tiempo en el bolsillo izquierdo de Rupert Murdoch, cuando este echó mano de su bolsillo derecho para sustituirlo por David Cameron.

Contemplaremos por supuesto el habitual debate histérico entre los más proclives a ver los disturbios como una cuestión de pura criminalidad desenfrenada e inexcusable, y los que preferirán analizar los acontecimientos situándolos en un contexto de torpes medidas políticas, prolongado racismo e injustificada persecución de los jóvenes y las minorías, desempleo masivo, privaciones sociales y una política insensata de austeridad que no tiene nada que ver con la economía y sí con la perpetuación y consolidación de la riqueza y el poder personal. Algunos pueden llegar incluso a condenar las cualidades alienantes y vacías de sentido de tantos empleos y de la vida cotidiana pese a la inmensa potencialidad existente para la prosperidad humana, tan desigualmente distribuida.

Con algo de suerte tendremos comisiones e informes que nos repetirán una vez más lo que se dijo de Brixton y Toxteth durante el mandato de Margaret Thatcher. Y digo «suerte» porque los instintos montaraces del actual primer ministro británico parecen inclinarlo más a recurrir a los cañones de agua, las granadas lacrimógenas y las pelotas de goma, mientras pontifica empalagosamente sobre la pérdida de sentido moral, el declive del civismo y el triste deterioro de los valores familiares y la disciplina entre los jóvenes desnortados.

Pero el problema es que vivimos en una sociedad en la que el propio capitalismo se ha hecho cada vez más montaraz. Los políticos montaraces engañan a sus votantes; los banqueros montaraces saquean los bolsillos públicos sin ningún rubor; los directores generales, gestores de fondos de inversión y genios de las finanzas saquean riquezas sin denuedo; las compañías telefónicas y de tarjetas de crédito cargan misteriosas cantidades en la cuenta de todo el mundo; las empresas y los ricos no pagan impuestos mientras succionan vorazmente las finanzas públicas; los tenderos suben desconsideradamente los precios; y a la menor oportunidad estafadores y profesionales del fraude llegan con sus timos hasta los escalones más altos del mundo empresarial y político.

Se ha puesto a la orden y a la luz del día una economía de desposesión masiva y prácticas depredadoras, en particular de los más pobres y vulnerables, los más indefensos y carentes de protección legal. ¿Cree alguien posible encontrar un capitalista honrado, un banquero honrado, un político honrado, un tendero honrado o un comisario de policía honrado? Sí, seguramente existen, pero no son más que excepciones que todos los demás consideran estúpidos. ¡Sé listo! ¡Obtén fáciles beneficios! ¡Defrauda y roba! Las probabilidades de ser atrapado son escasas. Y en cualquier caso hay muchas formas de proteger la riqueza personal aun de los costes de la ilicitud empresarial.

Lo que digo puede parecer chocante. La mayoría de nosotros no lo vemos porque no queremos verlo. Lo cierto es que ningún político se atreve a decirlo y que los medios se encargan de ridiculizar a quien se atreve a hacerlo. Pero yo apostaría a que todos y cada uno de los agitadores callejeros saben perfectamente de qué estoy hablando. Y hacen lo mismo que todos los demás, aunque de una forma diferente, más descarada y ruidosa, en las calles. Reproducen en las calles de Londres lo que el capital empresarial está haciendo al planeta tierra. El thatcherismo desencadenó los instintos intrínsecamente montaraces del capitalismo (los «espíritus animales» de los empresarios, como los llamó tímidamente John Maynard Keynes), y nadie ha intentado detenerlos desde entonces. La roturación temeraria a base de talar y quemar se ha convertido en consigna de la clase dominante prácticamente en todas partes.

Esas son las nuevas normas bajo las que vivimos, y eso es lo que la próxima gran comisión de investigación debería analizar. Todos, y no solo los alborotadores callejeros, tendrían que responder de ello. El capitalismo montaraz debería ser juzgado por crímenes contra la humanidad y por crímenes contra la naturaleza.

Desgraciadamente, eso es lo que los cegados alborotadores no pueden ver o exigir. Todo conspira para impedirnos verlo y exigirlo. Por eso el poder político se inviste tan apresuradamente de la túnica de la moralidad y la razón, para que nadie pueda verlo tan desnudamente corrupto y estúpidamente irracional.

Pero en muchos lugares del mundo hay atisbos de esperanza. El movimiento de los indignados en España y Grecia, los impulsos revolucionarios en Latinoamérica, los movimientos campesinos en Asia, todos ellos están comenzando a ver a través de la vasta bruma con la que un capitalismo global depredador y montaraz ha cubierto el mundo. ¿Qué hará falta para que el resto de nosotros lo perciba y actúe en consecuencia? ¿Cómo podemos recomenzar más eficaz y satisfactoriamente? ¿Qué dirección debemos tomar? Las respuestas no son fáciles, pero algo sabemos con seguridad: que solo podemos llegar a las respuestas acertadas haciendo las preguntas acertadas.

Capítulo siete

#OWS [Occupy Wall Street]: el partido de Wall Street se topa con su némesis

El partido de Wall Street ha gobernado prácticamente sin oposición Estados Unidos durante demasiado tiempo. Ha dominado abrumadoramente la política de los sucesivos presidentes durante al menos cuatro décadas, si no más, ya fueran o no sus agentes voluntarios cada uno de ellos. Ha corrompido el Congreso intimidando o sobornando a políticos de ambos partidos mediante el cohecho o la presión de los grandes medios de comunicación que controla. Gracias a los nombramientos realizados y aprobados por los presidentes y el Congreso, el partido de Wall Street domina gran parte del aparato gubernamental y judicial, en particular el Tribunal Supremo, cuyas sentencias favorecen cada vez más sus intereses en campos tan diversos como las leyes electorales, laborales, medioambientales y contractuales.

El partido de Wall Street se rige por un principio universal: el desmantelamiento de cualquier desafío al poder absoluto del dinero. Ese poder se ejerce con un único objetivo: los poseedores de riquezas no solo gozarán de privilegios para seguir acumulándolas indefinidamente a voluntad, sino que tendrán el derecho a heredar la tierra, no solo ejerciendo su dominio directo o indirecto sobre el territorio y todos los recursos y capacidades productivas que residen en él, sino también asumiendo un mando absoluto, directo o indirecto, sobre los trabajadores y las potencialidades creativas de cuantos necesite, arrumbando como desechable al resto de la humanidad.

Esos principios y prácticas no brotan de la codicia individual, la miopía o la mera injusticia (aunque también hay mucho de eso), sino que se han inserto en el cuerpo político de nuestro mundo a través de la voluntad colectiva de una clase capitalista alentada por las leyes irrefragables de la competencia. Si mi grupo de presión gasta menos que el tuyo, entonces obtendré menos favores. Si una institución gasta en las necesidades del pueblo, se considerará poco competitiva.

Mucha gente decente se ve aprisionada por las cadenas de un sistema podrido hasta las raíces. Para poder ganarse la vida y mantener un nivel de vida razonable no tiene otra opción que vender su alma al diablo: no hacen más que «cumplir órdenes», como declaró Eichmann, o «lo que el sistema exige», como dicen otros ahora, accediendo a los bárbaros e inmorales principios y prácticas del partido de Wall Street. Las leyes inapelables de la competencia nos obligan a todos, en mayor o menor medida, a obedecer las reglas de ese sistema desaprensivo y despiadado. El problema es sistémico, no individual.

Los eslóganes preferidos de ese partido con respecto a la libertad supuestamente garantizada por el derecho de propiedad privada, el libre mercado y el libre comercio se refieren en realidad a la libertad para explotar el trabajo de otros, para desposeer a la gente corriente de sus bienes y para arrasar el medio ambiente en beneficio de algunos capitalistas y de su clase.

Una vez obtenido el control del aparato estatal, el partido de Wall Street acostumbra a privatizar sus bocados más jugosos por debajo de su valor de mercado, abriendo con ello nuevos terrenos para la acumulación de capital. Amañan la subcontratación (el complejo militar-industrial es uno de los principales ejemplos) y los criterios de tributación (con subvenciones a los agronegocios y bajos impuestos para las ganancias de capital) para saquear sin restricciones las arcas públicas. Fomentan deliberadamente sistemas de regulación tan complicados y una incompetencia administrativa tan asombrosa del aparato estatal (recuérdense la inoperancia de la Agencia de Protección Ambiental o el «trabajo fenomenal» [«heck-of-a-job», en palabras de Bush] de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias durante el huracán Katrina) que la opinión pública, ya de por sí escéptica, acaba convencida de que el estado nunca desempeñará un papel constructivo o de auxilio para mejorar la vida cotidiana o las perspectivas de futuro de nadie. Para concluir, se vale del monopolio de la violencia que reclaman como propio todos los estados soberanos, para excluir al pueblo de lo que supuestamente debería ser espacio público y para acosar, poner bajo vigilancia y si lo juzga necesario criminalizar y encarcelar a quienes no acceden sumisamente a sus dictados. Sobresale en las prácticas de tolerancia represiva que perpetúan la ilusión de la libertad de expresión mientras esta no exponga desnudamente la verdadera naturaleza de su proyecto y del aparato represivo sobre el que descansa.

El partido de Wall Street desarrolla una incesante guerra de clases. Como decía Warren Buffett, «por supuesto que hay guerra de clases, pero es mi clase, la de los ricos, la que la ha emprendido y estamos venciendo». Gran parte de esa guerra se desarrolla en secreto, tras bajo una serie de máscaras y maniobras de ofuscación con las que se disfrazan los propósitos y objetivos del partido de Wall Street.

El partido de Wall Street sabe muy bien que cuando las cuestiones políticas y económicas profundas se transforman en cuestiones culturales, se hacen incontestables. Recurre regularmente a gran número de opiniones expertas cautivas, en su mayor parte procedentes de «comités de sabios» y universidades que él mismo financia y que se difunden a través de los medios que controla, para suscitar controversias sobre todo tipo de cuestiones banales y para proponer soluciones a problemas inexistentes. Ayer enarbolaban la austeridad que todos los demás debían practicar para sanear el déficit y hoy proponen reducir sus propios impuestos, cualquiera que fuere el impacto que esto pueda tener sobre el déficit. Lo único que nunca se puede debatir y discutir abiertamente es la verdadera naturaleza de la guerra de clases que llevan a cabo incesante y despiadadamente. Calificarla como «guerra de clases» es, en el ambiente político predominante y para su sabio cacumen, situarla fuera del ámbito de las consideraciones serias y exponerse a ser motejado de loco, cuando no de sedicioso.

Pero ahora existe, quizá por primera vez, un movimiento que se enfrenta explícitamente al partido de Wall Street y a su poder económico-financiero. La «calle» de Wall Street está siendo ocupada —¡horror de los horrores!— por los desahuciados y desheredados del planeta. Las tácticas del movimiento Occupy Wall Street, extendiéndose de una ciudad a otra, entrañan la ocupación de un parque, una plaza o cualquier otro espacio público central cerca de donde se asientan muchas de las palancas del poder, y al poner cuerpos humanos en ese lugar convierten el espacio público en un bien común político, un lugar para el debate y la discusión abierta sobre las maniobras del poder y cómo frustrarlas. Esa táctica, notablemente reanimada en las nobles luchas que se vienen desarrollando en la plaza Tahrir de El Cairo, se ha extendido por todo el mundo (Puerta del Sol en Madrid, Plaza Syntagma en Atenas, y ahora la escalinata de la catedral de San Pablo en Londres y la propia Wall Street). Nos muestra que el poder colectivo de los cuerpos en el espacio público es todavía el instrumento más eficaz de oposición cuando todos los demás medios de acceso quedan bloqueados. Lo que la plaza Tahrir mostró al mundo era una verdad obvia: que son los cuerpos en las calles y en las plazas, y no la jerigonza de sentimientos en Twitter o en Facebook lo que realmente importa.

El objetivo del movimiento en Estados Unidos es muy simple. Dice:

Nosotros, el pueblo, estamos decididos a recuperar nuestro país rescatándolo de los poderes que actualmente lo dirigen. Nuestro objetivo es demostrar que Warren Buffett se equivoca. Su clase, la de los ricos, no seguirá dominando sin oposición ni heredará automáticamente la tierra; tampoco está destinada a vencer siempre.

Y también:

Nosotros somos el 99 por 100. Somos la mayoría, y esa mayoría puede y debe prevalecer. Dado que todos los demás canales de expresión nos están vedados por el poder del dinero, no tenemos otra opción que ocupar los parques, plazas y calles de nuestras ciudades hasta que se oigan nuestras opiniones y se atienda a nuestras necesidades.

Para vencer, ese movimiento tiene que alcanzar efectivamente el 99 por 100, algo que puede hacer y está haciendo paso a paso. Primero están quienes se ven arrojados la miseria por el desempleo y todos aquellos que han sido o están siendo desposeídos de sus hogares y de sus bienes por las legiones de Wall Street. El movimiento debe forjar amplias coaliciones entre estudiantes, inmigrantes, subempleados y todos los amenazados por la política de austeridad totalmente innecesaria y draconiana que se inflige a la nación y al mundo a instancias del partido de Wall Street. Debe concentrarse en el espeluznante nivel de explotación en los lugares de trabajo, desde los trabajadores domésticos inmigrantes a los que los ricos explotan despiadadamente en sus hogares, hasta los semiesclavos de la hostelería en las cocinas de los restaurantes en los que ellos se regalan espléndidamente. Debe unir a los artistas y trabajadores creativos cuyos talentos se convierten tan a menudo en productos comerciales bajo el control de las grandes fortunas.

Por encima de todo, el movimiento debe llegar a todos los desposeídos, los insatisfechos y los descontentos, a todos los que reconocen y sienten en sus tripas que algo va rematadamente mal, que el sistema diseñado por el partido de Wall Street no solo es bárbaro, contrario a la ética y moralmente perverso, sino que también ha fracasado.

Todo esto debe aglutinarse democráticamente en una oposición coherente, que debe también proyectar libremente las perspectivas de una ciudad alternativa, un sistema político alternativo, y en último término una forma alternativa de organizar la producción, la distribución y el consumo en beneficio del pueblo, ya que los jóvenes no pueden admitir ese futuro que apunta a un aumento exponencial de la deuda privada y una agravación de la austeridad pública, en beneficio exclusivo del 1 por 100 que suman los más ricos.

Como respuesta al movimiento Occupy Wall Street, el estado, respaldado por el poder de la clase capitalista, ha realizado una proclamación sorprendente: que él y solo él tiene el derecho exclusivo a regular y disponer del espacio público. ¡El pueblo no es sujeto de un derecho común al espacio público! Por lo que descaradamente nos dicen los alcaldes, jefes de policía, oficiales militares y altos funcionarios del estado, ellos tienen derecho a determinar lo que es o no es público en «nuestro» espacio público y quién puede ocuparlo y cuándo. ¿Cuándo decidieron expulsarnos a nosotros, al pueblo, de cualquier espacio que decidamos ocupar colectiva y pacíficamente? Aseguran que toman esas decisiones en favor del interés público (y mencionan leyes para demostrarlo). ¡Pero nosotros somos el pueblo! ¿Dónde está «nuestro interés» en todo eso? Y dicho sea de paso, ¿no es «nuestro» dinero el que los bancos y los financieros se embolsan tan desvergonzadamente en forma de «primas» y demás prebendas?

Frente al poder organizado del partido de Wall Street para dividirnos y vencernos, el movimiento que está surgiendo debe también adoptar como principio fundamental que no se dejará dividir ni desviar hasta que el partido de Wall Street vuelva a la sensatez —admitiendo que el bien común debe prevalecer sobre los estrechos intereses venales— o sea rotundamente vencido. Los privilegios empresariales que confieren derechos a ciertos individuos sin imponerles la responsabilidad que atañe a los auténticos ciudadanos deben ser abolidos. Los bienes públicos como la educación y la sanidad deben administrarse públicamente y estar a disposición de todos gratuitamente. Hay que acabar con los poderes monopolistas en los medios de comunicación. El fraude electoral debe ser declarado inconstitucional. Debe prohibirse la privatización del conocimiento y la cultura, así como debe reprimirse severamente y en último término ilegalizarse la libertad para explotar a otros y desposeerlos.

Los estadounidenses creen en la igualdad. Las encuestas muestran que creen (sea cual sea su preferencia política general) que podría estar justificado que al 20 por 100 más rico de la población le correspondiera el 30 por 100 de la riqueza total, pero que es inaceptable que controle, como ahora sucede, más del 85 por 100, y más aún que la mayor parte de esa riqueza esté en manos del 1 por 100 más rico. Lo que propone el movimiento Occupy Wall Street es que nosotros, el pueblo estadounidense, nos comprometamos a revertir esa aberrante desigualdad, no solo en términos de riqueza e ingresos, sino lo que es aún más importante, en términos del poder político que tal disparidad confiere y reproduce. El pueblo estadounidense está legítimamente orgulloso de su democracia, pero esta ha estado siempre amenazada por el poder corruptor del capital. Ahora, cuando está subyugada por ese poder, ha llegado seguramente el momento, como hace mucho tiempo sugirió Jefferson que sería necesario, de hacer otra revolución en Estados Unidos, basada en la justicia social, la igualdad y una atenta consideración de cuál debe ser nuestra relación con la naturaleza.

La lucha que se ha iniciado —la del pueblo contra el partido de Wall Street— es crucial para nuestro futuro colectivo. Es de naturaleza tanto global como local. Une a los estudiantes chilenos comprometidos en una lucha sin cuartel contra el poder político por crear una educación gratuita y de calidad para todos, acometiendo el desmantelamiento del modelo neoliberal impuesto brutalmente por Pinochet, con los agitadores de la plaza Tahrir, que entienden que la caída de Mubarak (como el final de la dictadura de Pinochet) no es sino el primer paso de la liberación frente al poder del dinero. Incluye a los indignados españoles, los trabajadores en huelga en Grecia, la oposición militante que surge en todo el mundo, desde Londres a Shenzhen y Bombay pasando por Durban o Buenos Aires. El brutal dominio del gran capital y el puro poder del dinero están en todas partes a la defensiva.

¿De qué lado nos pondremos cada uno de nosotros? ¿Qué calle ocuparemos? El tiempo lo dirá. Pero lo que sabemos es que ha llegado el momento, que el sistema no solo está descompuesto y al descubierto, sino que parece incapaz de ninguna otra respuesta que no sea la represión. Por eso nosotros, el pueblo, no tenemos otra opción que luchar por el derecho colectivo a decidir cómo reconstruir el sistema y con qué hechuras. El partido de Wall Street tuvo su oportunidad y ha fracasado miserablemente. La construcción de una alternativa sobre sus ruinas es tanto una oportunidad como una obligación insoslayable que ninguno de nosotros puede ni querría siquiera evitar.

Agradecimientos

Deseo agradecer a los editores de las publicaciones listadas a continuación su permiso para utilizar material que apareció previamente bajo sus auspicios.

El capítulo 1 es una versión ligeramente modificada de un artículo publicado en el número 53 de New Left Review [en cast., nov-dic de 2008, pp. 23-39], titulado «The Right to the City».

El capítulo 2 es una versión un poco ampliada de la primera parte de un artículo publicado en Socialist Register 2011, titulado «The Urban Roots of Financial Crises: Reclaiming the City for Anti-Capitalist Struggle».

El capítulo 3 se basa en un artículo titulado «The Future of the Commons», publicado en Radical History Review 109 (2011). Agradezco a Charlotte Hess que me señalara algunas lamentables omisiones en el artículo original con respecto a la obra de Elinor Ostrom, así como a los participantes en un seminario organizado bajo los auspicios del 16 Beaver Group en Nueva York, cuyas aportaciones sobre el tema de los bienes comunes me ayudaron mucho a clarificar mis ideas.

El capítulo 4 es una versión ligeramente modificada de un artículo titulado «The Art of Rent: Globalization, Monopoly and Cultural Production», publicado originalmente en Socialist Register 2002.

El capítulo 5 es una versión ampliada de la última parte de un artículo publicado originalmente en Socialist Register 2011 con el título «The Urban Roots of Financial Crises: Reclaiming the City for Anti-Capitalist Struggle».

Quiero agradecer por último a los participantes en el grupo de lecturas sobre el «Right to the City» en Nueva York (en particular a Peter Marcuse) y a los miembros del seminario en el Center for Place, Culture and Politics de la Universidad de Nueva York muchas discusiones estimulantes durante los últimos años.

DAVID HARVEY (1935 en Gillingham, Kent, Inglaterra) es un geógrafo y teórico social británico. Desde 2001, es catedrático de Antropología y Geografía en la City University of New York (CUNY) y Miliband Fellow de la London School of Economics.

Es uno de los geógrafos académicos más citados y autor de numerosos artículos y libros de gran influencia en el desarrollo de la geografía moderna. En 2007, los analistas de Thomson Reuters lo incluyeron en su ranking de los veinte académicos más citados en las humanidades. Se autodefine como «urbanista rojo» y afirma pretender «crearle ardor de estómago a la bestia del capitalismo».

Notas

[1] Henri Lefebvre, La Proclamation de la Commune, París, Gallimard, 1965 [ed. cast.: «La proclamación de la Comuna», en Obras de Henri Lefebvre, Buenos Aires, A. Peña Lillo Editor, 1967]; Le Droit à la Ville, París, Anthropos, 1968 [ed. cast.: El derecho a la ciudad, Barcelona, Península, 1973]; L’Irruption de Nanterre au Sommet, París, Anthropos, 1968; La Révolution Urbaine, París, Gallimard, 1970 [ed. cast.: La revolución urbana, Madrid, Alianza, 1972]; Espace et Politique (Le Droit à la Ville, II), París, Anthropos, 1973 [ed. cast.: Espacio y política, Barcelona, Península, 1972]; La Production de l’Espace, París, Anthropos, 1974. <<

[2] James Holston, Insurgent Citizenship, Princeton, Princeton University Press, 2008. <<

[3] Ana Sugranyes y Charlotte Mathivet (eds.), Cities for All: Proposals and Experiences Towards the Right to the City, Santiago de Chile, Habitat International Coalition, 2010; Neil Brenner, Peter Marcuse y Margit Mayer (eds.), Cities for People, and Not for Profit: Critical Urban Theory and the Right to the City, Nueva York, Routledge, 2011. <<

[4] Robert Park, On Social Control and Collective Behavior, Chicago, Chicago University Press, 1967, p. 3. <<

[5] Friedrich Engels, The Condition of the Working-Class in England in 1844, Londres, Penguin Classics, 2009 [orig. en alemán: Die Lage der arbeitenden Klasse in England, en MEW Band 2, Berlín, Dietz Verlag, 1972, pp. 225-506]; Georg Simmel, «The Metropolis and Mental Life», en David Levine (ed.), On Individualism and Social Forms, Chicago, Chicago University Press, 1971. <<

[6] Mike Davis, Planet of Slums, London, Verso, 2006 [ed. cast.: Planeta de ciudades miseria, Madrid, Foca, 2008]. <<

[7] Para un repaso más completo de estas ideas, véase David Harvey, The Enigma of Capital, and The Crises of Capitalism, London, Profile Books, 2010 [ed. cast.: El Enigma del Capital y las crisis del capitalismo, Madrid, Akal, 2012]. <<

[8] Este compendio está más desarrollado en David Harvey, Paris, Capital of Modernity, Nueva York, Routledge, 2003 [ed. cast: París, capital de la modernidad, Madrid, Akal, 2008]. <<

[9] Robert Moses, «What Happened to Haussmann», Architectural Forum 77 (julio de 1942), pp. 57–66; Robert Caro, The Power Broker: Robert Moses and the Fall of New York, Nueva York, Knopf, 1974. <<

[10] Henri Lefebvre, The Urban Revolution, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2003 [ed. orig.: La révolution urbaine, París, Gallimard, 1970]. <<

[11] William Tabb, The Long Default: New York City and the Urban Fiscal Crisis, New York, Monthly Review Press, 1982; David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, Oxford, Oxford University Press, 2005 [ed. cast.: Breve historia del neoliberalismo, Madrid, Akal, 2007]. <<

[12] Thomas Campanella, The Concrete Dragon: China’s Urban Revolution and What it Means for the World, Princeton, Princeton Architectural Press, 2008. <<

[13] Richard Bookstaber, A Demon of Our Own Design: Markets, Hedge Funds, and the Perils of Financial Innovation, Nueva York, Wiley, 2007; Frank Partnoy, Infectious Greed: How Deceit and Risk Corrupted Financial Markets, Nueva York, Henry Holt, 2003. <<

[14] D. Harvey, A Brief History of Neoliberalism, cit.; Thomas Edsall, The New Politics of Inequality, Nueva York, Norton, 1985. <<

[15] Jim Yardley y Vikas Bajaj, «Billionaires’ Ascent Helps India, and Vice Versa», New York Times, 27 de julio de 2011. <<

[16] Marcello Balbo, «Urban Planning and the Fragmented City of Developing Countries», Third World Planning Review 15/1 (1993), pp. 23–25. <<

[17] Friedrich Engels, The Housing Question, Nueva York, International Publishers (1935), pp. 74–77 [orig. en alemán: Zur Wohnungsfrage, en MEW Band 18, Berlín, Dietz Verlag, 1973, pp. 260-261]. <<

[18] Marshall Berman, All That Is Solid Melts Into Air, Londres, Penguin, 1988 [ed. cast.: Todo lo sólido se desvanece en el áire, Madrid, Siglo XXI de España, 2000]. <<

[19] Friedrich Engels, The Housing Question, cit., p. 23 [ed. cast.: Zur Wohnungsfrage, cit., p. 215]. <<

[20] Usha Ramanathan «Illegality and the Urban Poor», Economic and Political Weekly, 22 de julio de 2006; Rakesh Shukla, «Rights of the Poor: An Overview of Supreme Court», Economic and Political Weekly, 2 de septiembre de 2006. <<

[21] Que en las elecciones de abril-mayo de 2011 perdió el poder que había ejercido durante 34 años. [N. del T.]. <<

[22] Buena parte de estas ideas provienen de la obra de Hernando de Soto, The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else, Nueva York, Basic Books, 2000; véase el repaso críitico de Timothy Mitchell, «The Work of Economics: How a Discipline Makes its World», Archives Européennes de Sociologie 46/2 (2005), pp. 297-320. <<

[23] Julia Elyachar, Markets of Dispossession: NGOs, Economic Development, and the State in Cairo, Chapel Hill, Duke University Press, 2005. <<

[24] Ananya Roy, Poverty Capital: Microfinance and the Making of Development, Nueva York, Routledge, 2010; C. K. Prahalad, The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty Through Profits, Nueva York, Pearson Prentice Hall, 2009. <<

[25] Scott Larson, Building Like Moses with Jane Jacobs in Mind, tesis doctoral, Earth and Environmental Sciences Program, City University of New York, 2010. <<

[26] No en todas partes, como bien sabemos en España. [N. del T.]. <<

[27] Robert Shiller, «Housing Bubbles are Few and Far Between», New York Times, 5 de febrero de 2011. <<

[28] Es bastante sorprendente —dice Charles Leung en «Macroeconomics and Housing: A Review of the Literature», Journal of Housing Economics 13 (2004), pp. 249-267—, que sean tan escasos el solapamiento y la interacción entre los textos sobre macroeconomía y sobre la vivienda. <<

[29] World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography, Washington DC, World Bank, 2009; David Harvey, «Assessment: Reshaping Economic Geography: The World Development Report», Development and Change Forum 2009 40/6 (2009), pp. 1, 269-278. <<

[30] World Development Report, cit., p. 206. Tres de los autores del Informe respondieron más tarde a las críticas de los geógrafos, pero eludieron cualquier consideración de las críticas más básicas que yo había planteado (como la de que «la tierra no es una mercancía» y que existe una relación no examinada entre las crisis macroeconómicas y las políticas de la vivienda y la urbanización), aduciendo sorprendentemente que todo lo que yo argumentaba realmente era «que la reciente crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos implica que la financiación de la vivienda no sirve en absoluto para atender a las necesidades de cobijo de los pobres en los países en desarrollo», y que esto quedaba, en su opinión, «fuera del ámbito del Informe». Ignoraron, pues, absolutamente los fundamentos de mi crítica. Véase Uwe Deichmann, Indermit Gill y Chor-Ching Goh, «Texture and Tractability: The Framework for Spatial Policy Analysis in the World Development Report 2009», Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 4/2 (2011), pp. 163-174. El único grupo de economistas que han reconocido desde hace tiempo la importancia de que «los valores inmobiliarios y de la construcción hayan subido considerablemente poco antes de las principales depresiones» y hayan «desempeñado un importante papel en el desarrollo de la burbuja y la subsiguiente implosión», es el de los seguidores de Henry George, que desgraciadamente son también ignorados totalmente por los principales economistas. Véase Fred Foldvary, «Real Estate and Business Cycles: Henry George’s Theory of the Trade Cycle», ponencia presentada en la Lafayette College Henry George Conference, 13 de junio de 1991. <<

[31] Graham Turner, The Credit Crunch: Housing Bubbles, Globalisation and the Worldwide Economic Crisis, Londres, Pluto, 2008; David Harvey, The Condition of Postmodernity, Oxford, Basil Blackwell, 1989, pp. 145-146, 169 [ed. cast.: La condición de la posmodernidad, Buenos Aires, Amorrortu, 1998]. <<

[32] Cfr. David Harvey, The New Imperialism, Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 113 [ed. cast.: El nuevo imperialismo, Madrid, Akal, 2004, p. 95], donde yo apuntaba que «alrededor del 20 por 100 del crecimiento del PIB estadounidense en 2002 se podía atribuir a la refinanciación por parte de los consumidores de su deuda hipotecaria», y que «suscitan mucha preocupación las eventuales consecuencias que podrían derivarse del pinchazo de esa burbuja de la propiedad inmobiliaria». <<

[33] William Tabb, The Long Default: New York City and the Urban Fiscal Crisis, Nueva York, Monthly Review Press, 1982; David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, cit.; Ashok Bardhan y Richard Walker, «California, Pivot of the Great Recession», Berkeley, Institute for Research on Labor and Employment, 2010. <<

[34] William Goetzmann y Frank Newman, «Securitization in the 1920s», Working Papers, National Bureau of Economic Research, 2010; Eugene White, «Lessons from the Great American Real Estate Boom and Bust of the 1920s», Working Papers, National Bureau of Economic Research, 2010; Kenneth Snowden, «The Anatomy of a Residential Mortgage Crisis: A Look Back to the 1930s», Working Papers, National Bureau of Economic Research, 2010. Una conclusión cardinal que extraen todos ellos es que una mayor atención a lo que había ocurrido entonces habría ayudado seguramente a los gobernantes a evitar los errores crónicos de los últimos años, observación a la que también deberían atender los economistas del Banco Mundial. En un artículo publicado en 1940 —«Residual, Differential and Absolute Urban Ground Rents and Their Cyclical Fluctuations», Econometrica 8 (1940), pp. 62-78— Karl Pribam mostraba que durante el periodo anterior a la Primera Guerra Mundial «la construcción anticipaba entre uno y tres años en Gran Bretaña y Alemania las contracciones y expansiones de la economía». <<

[35] Véanse las mesuradas evaluaciones y contribuciones de Brett Christophers: «On Voodoo Economics: Theorising Relations of Property, Value and Contemporary Capitalism», Transactions, Institute of British Geographers, New Series 35 (2010), pp. 94-108; «Revisiting the Urbanization of Capital», Annals of the Association of American Geographers 101 (2011), pp. 1-18. <<

[36] Karl Marx, Grundrisse, Harmondsworth, Penguin, 1973, 1(2) «The General Relation of Production to Distribution, Exchange, Consumption», pp. 88-100 [orig. en alemán: en MEW Band 42, pp. 24-34 / en cast.: Elementos Fundamentales para la crítica de la economía política (borrador) 1857-1858, México, Siglo XXI, 1971, A 2): «Relación general entre la producción, la distribución, el cambio y el consumo», pp. 8-19]. <<

[37] Para más detalles, véase David Harvey, «History versus Theory: A Commentary on Marx’s Method in Capital», Historical Materialism, Vol. 20/2 (2012), pp. 3-38. <<

[38] Karl Marx, El Capital, Volumen 2, tomo 1, Cap. XV, Madrid, Akal, 2000, p. 367 [la cursiva es mía, D. H.]. <<

[39] Marx, Grundrisse, cit., p. 89 de la ed. en inglés [p. 25 en alemán, p. 10 en castellano]. <<

[40] Mario Tronti, «The Strategy of Refusal», en Operai e Capitale, Turín, Einaudi, 1966, trad. al inglés en libcom.org; Antonio Negri, Marx Beyond Marx: Lessons on the Grundrisse, Londres, Autonomedia, 1989 [ed. cast.: Marx después de Marx, Madrid, Akal, 2001]. <<

[41] Karl Marx, El Capital, Volumen 3, tomo 2, caps. XXIV y XXV, Madrid, Akal, 2000. <<

[42] David Harvey, The Limits to Capital, Oxford, Blackwell, 1982, cap. 8. [ed. cast.: Los límites del capital. Los límites del capital y la teoría marxista, México, Fondo de Cultura Económica, 1990]. <<

[43] Karl Marx, El Capital, Volumen 3, tomo 2, Cap. XXIX, Madrid, Akal, 2000, p. 183; Geoffrey Harcourt, Some Cambridge Controversies in the Theory of Capital, Cambridge, Cambridge University Press, 1972 (la cursiva es mía, D. H.). <<

[44] Karl Marx, El Capital, Volumen 3, tomo 2, Madrid, Akal, 2000, p. 149. Tanto Isaac como Émile, dicho sea de paso, formaban parte del movimiento utopista saintsimoniano antes de 1848. <<

[45] David Harvey, The Urbanisation of Capital, Oxford, Blackwell, 1985; y The Enigma of Capital, And the Crises of Capitalism, cit.; Brett Christophers, «Revisiting the Urbanization of Capital», Annals of the Association of American Geographers 101/6 (2011), pp. 1-11. <<

[46] Brinley Thomas, Migration and Economic Growth: A Study of Great Britain and the Atlantic Economy, Cambridge, Cambridge University Press, 1973. <<

[47] Leo Grebler, David Blank y Louis Winnick, Capital Formation in Residential Real Estate, Princeton, Princeton University Press, 1956. <<

[48] Los detalles de esas decisiones descaradas y devastadoras son descritos en Gretchen Morgenson y Joshua Rosner, Reckless Endangerment: How Outsized Ambition, Greed and Corruption Led to Economic Armageddon, Nueva York, Times Books, 2011. <<

[49] Karl Marx, El Capital, Volumen 3, tomo 2, Cap. XXV, Madrid, Akal, 2000. <<

[50] Karl Marx, El Capital, Volumen 1, tomo 3, Cap. XXIII «La ley general de la acumulación capitalista», Madrid, Akal, 2000, pp. 105-106, observa parecidamente que el capital puede manipular la demanda y la oferta de mano de obra excedente, por ejemplo mediante la inversión y el desempleo inducido tecnológicamente. <<

[51] Michael Lewis, The Big Short: Inside the Doomsday Machine, Nueva York, Norton, 2010, p. 34. <<

[52] Karl Marx, El Capital, Volumen 3, tomo 2, Cap. XXIX, Madrid, Akal, 2000, p. 183. <<

[53] John Logan y Harvey Molotch, Urban Fortunes: The Political Economy of Place, Berkeley, University of California Press, 1987. <<

[54] M. Lewis, The Big Short, cit., 141. <<

[55] M. Lewis, The Big Short, cit., p. 93. <<

[56] Véase la entrada «Cities in the Great Depression» en wikipedia.org. <<

[57] Martin Boddy, The Building Societies, Londres, Macmillan, 1980. <<

[58] Binyamin Appelbaum, «A Recovery that Repeats Its Painful Precedents», New York Times Business Section, 28 de julio de 2011. <<

[59] The Kerner Commission, Report of the National Advisory Commission on Civil Disorders, Washington DC, Government Printing Office, 1968. <<

[60] Binyamin Appelbaum, «A Recovery that Repeats Its Painful Precedents». <<

[61] Jonathan Weisman, «Reagan Policies Gave Green Light to Red Ink», Washington Post, 9 de junio de 2004, A11; William Greider, «The Education of David Stockman», Atlantic Monthly, diciembre de 1981. <<

[62] Warren Buffett, entrevistado por Ben Stein, «In Class Warfare, Guess Which Class Is Winning», New York Times, 6 de noviembre de 2006; David Stockman, «The Bipartisan March to Fiscal Madness», New York Times, 23 de abril de 2011. <<

[63] Karl Marx y Friedrich Engels, Manifiesto comunista, Madrid, Akal, 2001, p. 31. <<

[64] Barbara Ehrenreich y Dedrich Muhammad, «The Recession’s Racial Divide», New York Times, 12 de septiembre de 2009. <<

[65] Gretchen Morgenson y Joshua Rosner, Reckless Endangerment, cit. <<

[66] Kevin Chiu, «Illegal Foreclosures Charged in Investigation», Housing Predictor, 24 de abril de 2011. <<

[67] Lynne Sagalyn, «Mortgage Lending in Older Neighborhoods», Annals of the American Academy of Political and Social Science 465 (enero de 1983), pp. 98-108; Manuel Aalbers (ed.), Subprime Cities: The Political Economy of Mortgage Markets, Nueva York, John Wiley, 2011. <<

[68] Annette Bernhardt, Ruth Milkman, Nik Theodore, Douglas Heckathorn, Michael Auer, James DeFillippis, Ana Gonzalez, Victor Narro, Jason Perelshteyn, Diana Polson y Michael Spiller, Broken Laws, Unprotected Workers: Violations of Employment and Labor Laws in America’s Cities, Nueva York, National Employment Law Project, 2009. <<

[69] Keith Bradsher, «China Announces New Bailout of Big Banks», New York Times, 7 de enero de 2004. <<

[70] Para una revisión general, véase Thomas Campanella, The Concrete Dragon, cit. Yo también traté de presentar un panorama general del rápido proceso de urbanización en China en el cap. 5 de A Brief History of Neoliberalism, cit. [ed. cast.: cit., pp. 131-166]. <<

[71] David Barboza, «Inflation in China Poses Big Threat to Global Trade», New York Times, 17 de abril de 2011; Jamil Anderlini, «Fate of Real Estate Is Global Concern», Financial Times, 1 de junio de 2011; Robert Cookson, «China Bulls Reined in by Fears on Economy», Financial Times, 1 de junio de 2011. <<

[72] Keith Bradsher, «China’s Economy is Starting to Slow, but Threat of Inflation Looms», New York Times, Business Section, 31 de mayo de 2011. <<

[73] Wang Xiaotian, «Local Governments at Risk of Defaulting on Debt», China Daily, 28 de junio de 2011; David Barboza, «China’s Cities Piling Up Debt to Fuel Boom», New York Times, 7 de julio de 2011. <<

[74] David Barboza, «A City Born of China’s Boom, Still Unpeopled», New York Times, 20 de octubre de 2010. <<

[75] Jamil Anderlini, «Fate of Real Estate is Global Concern», Financial Times, 1 de junio de 2011. <<

[76] International Monetary Fund/International Labour Organization, The Challenges of Growth, Employment and Social Cohesion, Geneva: International Labour Organization, 2010. <<

[77] Keith Bradsher, «High-Speed Rail Poised to Alter China, but Costs and Fares Draw Criticism», New York Times, 23 de junio de 2011. <<

[78] En marzo de 2012 el secretario del Partido Comunista Chino en Chongqing, Bo Xilai, fue apartado de su cargo y al mes siguiente fue expulsado del Politburó a causa de la presunta implicación de su esposa en el asesinato de un hombre de negocios británico, con lo que se puso fin a la «desviación Chongqing». [N. del T.]. <<

[79] Peter Martin y David Cohen, «Socialism 3.0 in China», the-diplomat.com; Jamil Anderlini, «Fate of Real Estate is Global Concern». <<

[80] Garrett Hardin, «The Tragedy of the Commons», Science 162 (1968), pp. 1, 243-248; B. McCay y J. Acheson (eds.), The Question of the Commons: The Culture and Ecology of Communal Resources, Tucson, University of Arizona Press, 1987. <<

[81] Sorprende cuántos analistas de izquierda entienden equivocadamente lo que argumenta Hardin a este respecto. Así, Massimo de Angelis, en The Beginning of History: Value Struggles and Global Capital, Londres, Pluto Press, 2007, p. 134, dice que «Hardin elaboró una justificación de la privatización de los espacios comunes basada en una supuesta necesidad natural». <<

[82] Elinor Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge, Cambridge University Press, 1990. <<

[83] Eric Sheppard y Robert McMaster (eds.), Scale and Geographic Inquiry, Oxford, Blackwell, 2004. <<

[84] Un teórico anarquista que sí se toma este problema en serio es Murray Bookchin, en Remaking Society: Pathways to a Green Future, Boston, South End Press, 1990; y Urbanization without Cities: The Rise and Decline of Citizenship, Montreal, Black Rose Books, 1992. Marina Sitrin, Horizontalism: Voices of Popular Power in Argentina, Oakland, AK Press, 2006, ofrece una emotiva defensa del pensamiento antijerárquico. Véase también Sara Motta y Alf Gunvald Nilson, Social Movements in the Global South: Dispossession, Development and Resistance, Basingstoke, Hants, Palgrave Macmillan, 2011. Un importante teórico de esa corriente antijerárquica hegemónica en la izquierda es John Holloway, Change the World without Taking Power, Londres, Pluto Press, 2002 [ed. cast.: Cambiar el mundo sin tomar el poder, Barcelona, Viejo Topo, 2009]. <<

[85] Jacques Rancière, citado en Michael Hardt y Antonio Negri, Commonwealth, Cambridge, Harvard University Press, 2009, p. 350 [ed. cast.: Commonwealth. El proyecto de una revolución del común, Madrid, Akal, 2011]. <<

[86] Elizabeth Blackmar, «Appropriating “the Common”: The Tragedy of Property Rights Discourse», en Setha Low y Neil Smith (eds.), The Politics of Public Space, Nueva York, Routledge, 2006. <<

[87] Margaret Kohn, Radical Space: Building the House of the People, Ithaca, Cornell University Press, 2003. <<

[88] Charlotte Hess y Elinor Ostrom, Understanding Knowledge as a Commons: From Theory to Practice, Cambridge, MIT Press, 2006. <<

[89] Michael Hardt y Antonio Negri, Commonwealth, cit., pp. 137-139. <<

[90] Martin Melosi, The Sanitary City: Urban Infrastructure in America, from Colonial Times to the Present, Baltimore, Johns Hopkins, 1999. <<

[91] Anthony Vidler, «The Scenes of the Street: Transformations in Ideal and Reality, 1750-1871», en Stanford Anderson, On Streets: Streets as Elements of Urban Structure, Cambridge, MIT Press, 1978. <<

[92] World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography, Washington DC, World Bank, 2009; Ananya Roy, Poverty Capital: Microfinance and the Making of Development, Nueva York, Routledge, 2010. <<

[93] Ronald Meek, Studies in the Labour Theory of Value, Nueva York, Monthly Review Press, 1989. <<

[94] Ellen Meiksins Wood, Empire of Capital, Londres, Verso, 2005. <<

[95] Karl Marx, El Capital, Volumen 1, tomo 1, I. 4, Madrid, Akal, 2000, pp. 108-109. <<

[96] Ibid., p. 110. <<

[97] Ibid., Volumen 1, tomo 3, cap. XXI «Reproducción simple», Madrid, Akal, 2000, p. 13. <<

[98] Robin Blackburn, «Rudolph Meidner, 1914–2005: A Visionary Pragmatist», Counterpunch, 22 de diciembre de 2005. <<

[99] Hardt y Negri han resucitado recientemente el interés general por esta importante idea (Commonwealth, cit., p. 258). <<

[100] United Workers Organization and National Economic and Social Rights Initiative, Hidden in Plain Sight: Workers at Baltimore’s Inner Harbor and the Struggle for Fair Development, Baltimore y Nueva York, 2011; Sian Lazar, El Alto, Rebel City: Self and Citizenship in Andean Bolivia, Durham, Duke University Press, 2010. <<

[101] Karl Marx, El Capital, Volumen 1, tomo 2, XIII. 10, Madrid, Akal, 2000, pp. 251-252. <<

[102] David Harvey, The Enigma of Capital, And the Crises of Capitalism, cit. <<

[103] Elinor Ostrom, «Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems», American Economic Review 100 (3), pp. 200, 641-672. <<

[104] Elinor Ostrom, «Polycentric Approach for Coping with Climate Change», Background Paper to the 2010 World Development Report, Washington, DC, World Bank, Policy Research Working Paper 5095, 2009. <<

[105] Andrew Sancton, The Assault on Local Government, Montreal, McGill-Queen’s University Press, 2000, p. 167 (citado en E. Ostrom, «Polycentric Approach for Coping with Climate Change»). <<

[106] Vincent Ostrom, «Polycentricity–Part 1», en Michael McGinnis (ed.), Polycentricity and Local Public Economies, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1999 (citado en E. Ostrom, «Polycentric Approach for Coping with Climate Change»). <<

[107] Charles Tiebout, «A Pure Theory of Local Expenditures», Journal of Political Economy 64/5 (1956), pp. 416-424. <<

[108] Murray Bookchin, Urbanization Without Cities: The Rise and Decline of Citizenship, Montreal, Black Rose Books, 1992, caps. 8 y 9. <<

[109] Silvia Federici, «Women, Land Struggles and the Reconstruction of the Commons», Working USA: The Journal of Labor and Society 14 (2011), pp. 41-56. <<

[110] Daniel Bell, The Cultural Contradictions of Capitalism, Nueva York, Basic Books, 1978, pp. 20; David Harvey, The Condition of Postmodernity, cit., pp. 290-291, 347-349; Brandon Taylor, Modernism, Postmodernism, Realism: A Critical Perspective for Art, Winchester, Winchester School of Art Press, 1987, p. 77. <<

[111] La teoría general de la renta a la que apelo la expuse en David Harvey, The Limits to Capital, cit., cap. 11. <<

[112] Karl Marx, El Capital, volumen 3, tomo 3, Madrid, Akal, 2000, p. 214. <<

[113] Citado en Douglas Kelbaugh, Common Place, Seattle, University of Washington Press, 1997, p. 51. <<

[114] Wolfgang Haug, Commodity Aesthetics, Working Papers Series, Department of Comparative American Cultures, Washington State University, 2000, p. 13. <<

[115] Las ideas de Marx sobre la renta de monopolio están resumidas en D. Harvey, The Limits to Capital, cit., cap. 5. <<

[116] Alfred Chandler, The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business, Cambridge, Harvard University Press, 1977. <<

[117] Karl Marx, El Capital, Volumen 3, tomo 1, Madrid, Akal, 2000, p. 324. Véase también D. Harvey, The Limits to Capital, cit., cap. 5. <<

[118] Karl Marx, Grundrisse, Harmondsworth, Penguin, 1973, pp. 524-539 [orig. en alemán, en MEW Band 42, pp. 430-43; en cast.: Elementos fundamentales para la crítica de la economía política, Volumen 2, México, Siglo XXI, 1972 y 2005, «Costes de circulación…», pp. 12-24]. Para una exposición general de este argumento, véanse D. Harvey, The Limits to Capital, cit., cap. 12, y David Harvey, The Condition of Postmodernity, cit., parte 3; y para una aplicación concreta del concepto véase William Cronon, Nature’s Metropolis, Nueva York, Norton, 1991. <<

[119] Tahbilk Wine Club, Wine Club Circular 15 (junio de 2000), Tahbilk Winery and Vineyard, Tahbilk, Victoria, Australia. <<

[120] William Langewiesche, «The Million Dollar Nose», Atlantic Monthly 286/6 (diciembre de 2000), pp. 11–22. <<

[121] Bob Jessop, «An Entrepreneurial City in Action: Hong Kong’s Emerging Strategies in Preparation for (Inter—)Urban Competition», Urban Studies 37/12 (2000); pp. 2, 287-313; David Harvey, «From Managerialism to Entrepreneurialism: The Transformation of Urban Governance in Late Capitalism», Geografiska Annaler 71B (1989), pp. 3–17 [en cast.: «De la gestión al empresarialismo: la transformación de la governanza urbana en el capitalismo tardío», cap. 16 de Espacios del Capital, Madrid, Akal, 2007]; Neil Brenner, Spaces of Neoliberalism: Urban Restucturing in North America and Western Europe, Oxford, Wiley-Blackwell, 2003. <<

[122] Véase Kevin Cox (ed.), Spaces of Globalization: Reasserting the Power of the Local, Nueva York, Guilford Press, 1997. <<

[123] John Logan and Harvey Molotch, Urban Fortunes: The Political Economy of Place, Berkeley, University of California Press, 1988. <<

[124] Pierre Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1984 [ed. cast.: La distinction. Criterio y bases sociales del gusto, Madrid, Taurus, 2000]. <<

[125] Miriam Greenberg, Branding New York: How a City in Crisis Was Sold to the World, Nueva York, Routledge, 2008. <<

[126] Donald McNeill, Urban Change and the European Left: Tales from the New Barcelona, Nueva York, Routledge, 1999. <<

[127] Argyro Loukaki, «Whose Genius Loci: Contrasting Interpretations of the Sacred Rock of the Athenian Acropolis», Annals of the Association of American Geographers 87/2 (1997), pp. 306-329. <<

[128] Rebecca Abers, «Practicing Radical Democracy: Lessons from Brazil», Plurimondi 1/2 (1999), pp. 67-82; Ignacio Ramonet, «Porto Alegre», Le Monde Diplomatique 562/1 (enero de 2001). <<

[129] El refrán «el aire de la ciudad libera» [Stadtluft macht frei] es una conocida sentencia medieval, de cuando las ciudades con una carta de derechos a modo de Constitución podían funcionar como «islas no-feudales en un océano feudal». La exposición clásica al respecto es la de Henri Pirenne, Medieval Cities, Princeton, Princeton University Press, 1925 [ed. cast.: Las ciudades de la Edad Media, Madrid, Alianza, 1972]. <<

[130] Stephen Graham, Cities Under Siege: The New Military Urbanism, Londres, Verso, 2010. <<

[131] Kevin Jonson and Hill Ong Hing, «The Immigrants Rights Marches of 2006 and the Prospects for a New Civil Rights Movement», Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review 42, pp. 99-138. <<

[132] Thomas Mertes (ed.), A Movement of Movements, Londres, Verso, 2004; Sara Motta y Alf Gunvald Nilson (eds.), Social Movements in the Global South: Dispossession, Development and Resistance, Basingstoke, Hants, Palgrave Macmillan, 2011. <<

[133] Karl Marx y Vladimir Lenin, The Civil War in France: The Paris Commune, Nueva York, International Publishers, 1989 [ed. cast.: La Comuna de París, Madrid, Akal, 2010]. <<

[134] Mario Tronti, «Workers and Capital», en libcom.org, publicado originalmente en italiano, 1971. <<

[135] Immanuel Ness and Dario Azzelini (eds.), Ours to Master and to Own: Workers’ Control from the Commune to the Present, Londres, Haymarket Books, 2011. <<

[136] Karl Marx, El Capital, Volumen 2, tomo 1, Madrid, Akal, 2000; pp. 31-123. David Harvey, A Companion to Marx’s Capital, Volume 2, Londres, Verso, de próxima publicación. <<

[137] David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, cit. <<

[138] Murray Bookchin, Urbanization Without Cities: The Rise and Decline of Citizenship, Montreal, Black Rose Books, 1992. <<

[139] David Graeber, Direct Action: An Ethnography, Oakland, CAK Press, 2009, p. 239. Véase también Ana Dinerstein, Andre Spicer y Steffen Bohm, «The (Im)possibilities of Autonomy, Social Movement in and Beyond Capital, the State and Development», Non-Governmental Public Action Program, Working Papers, London School of Economics and Political Science, 2009. <<

[140] La Corporación Cooperativa Mondragón (MCC) es uno de los casos más instructivos de autogestión obrera que han resistido el paso del tiempo. Fundada en el País Vasco bajo el fascismo, en 1956, agrupa ahora alrededor de 200 empresas. En la mayoría de los casos la diferencia de remuneración entre los cooperativistas no supera la relación 3:1 (aunque en los últimos años esa proporción haya subido en algunos casos hasta 9:1), frente a una relación de 400:1 en la mayoría de las empresas estadounidenses. El conglomerado empresarial opera en los tres circuitos del capital, disponiendo de instituciones de crédito [Caja Laboral] y una cadena de establecimientos de venta al público [Eroski, fruto de la fusión de nueve cooperativas de consumo locales], además de las unidades de producción. Esta puede ser una de las razones que le han permitido sobrevivir. Los críticos de izquierda le reprochan su falta de solidaridad con luchas obreras más generales, así como algunas prácticas explotadoras de subcontratación y las medidas de eficiencia interna consideradas necesarias para mantener la competitividad de la corporación; pero si todas las empresas capitalistas fueran de este tipo, viviríamos en un mundo muy diferente, de forma que no se puede minusvalorar su ejemplo. George Cheney, Values at Work: Employee Participation Meets Market Pressure at Mondragon, Ithaca, ILR Press, 1999. <<

[141] Manuel Castells, The City and the Grassroots, Berkeley, University of California Press, 1983; Roger Gould, Insurgent Identities: Class, Community, and Protest in Paris from 1848 to the Commune, Chicago, University of Chicago Press, 1995. Para mi refutación de esos argumentos, véase David Harvey, Paris, Capital of Modernity, cit. <<

[142] John Tully, «Green Bans and the BLF: The Labour Movement and Urban Ecology», International Viewpoint IV 357 (marzo de 2004). <<

[143] Michael Wines, «Shanghai Truckers’ Protest Ebbs with Concessions Won on Fees», New York Times, 23 de abril de 2011; Jacqueline Levitt y Gary Blasi, «The Los Angeles Taxi Workers Alliance», en Ruth Milkman, Joshua Bloom y Victor Narro (eds.), Working for Justice: The LA Model of Organizing and Advocacy, Ithaca, Cornell University Press, 2010, pp. 109-124. <<

[144] Excluded Workers Congress, Unity for Dignity: Excluded Workers Report, Nueva York, Excluded Workers Congress, c/o Inter-Alliance Dialogue, diciembre de 2010. <<

[145] Margaret Kohn, Radical Space: Building the House of the People, Ithaca, Cornell University Press, 2003. <<

[146] Edward P. Thompson, The Making of the English Working Class, Harmondsworth, Middlesex, Penguin Books, 1968 [ed. cast.: La formación de la clase obrera en Inglaterra, Madrid, Capitán Swing, 2012]. <<

[147] Peter Ranis, «Argentina’s Worker-Occupied Factories and Enterprises», Socialism and Democracy 19/3 (noviembre de 2005), pp. 1-23; Carlos Forment, «Argentina’s Recuperated Factory Movement and Citizenship: An Arendtian Perspective», Buenos Aires, Centro de Investigación de la Vida Pública, 2009; Marcela López Levy, We Are Millions: Neo-liberalism and New Forms of Political Action in Argentina, Londres, Latin America Bureau, 2004. <<

[148] Forrest Stuart, «From the Shop to the Streets: UNITE HERE Organizing in Los Angeles Hotels», en Ruth Milkman, Joshua Bloom y Victor Narro (eds.), Working for Justice: The LA Model of Organizing and Advocacy, Ithaca, Cornell University Press, 2010. <<

[149] Huw Beynon, Digging Deeper: Issues in the Miner’s Strike, Londres, Verso, 1985. <<

[150] Dana Frank, Purchasing Power: Consumer Organizing, Gender, and the Seattle Labor Movements, 1919-29, Cambridge, Cambridge University Press, 1994. <<

[151] Peter Whoriskey, «Wealth Gap Widens between Whites, Minorities, Report Says», Washington Post, Business Section, 26 de julio de 2011. <<

[152] James Lorence, The Suppression of Salt of the Earth: How Hollywood, Big Labor and Politicians Blacklisted a Movie in Cold War America, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1999. La película se puede descargar gratuitamente. <<

[153] Bill Fletcher y Fernando Gapasin, Solidarity Divided: The Crisis in Organized Labor and a New Path Toward Social Justice, Berkeley, University of California Press, 2008, p. 174. <<

[154] Ibid.. <<

[155] Max Jäggi, Red Bologna, Littlehampton, Littlehampton Book Services, 1977; Helmut Gruber, Red Vienna: Experiment in Working-Class Culture, 1919-34, Oxford, Oxford University Press, 1991. <<

[156] Rebecca Abers, Inventing Local Democracy: Grassroots Politics in Brazil, Boulder, Lynne Reinner Publisher, 2000. Sobre el movimiento por un salario mínimo vital, véase Robert Pollin, Mark Brenner y Jeanette Wicks-Lim, A Measure of Fairness: The Economics of Living Wages and Minimum Wages in the United States, Ithaca, NY, Cornell University Press, 2008. Para casos particulares, véanse David Harvey, Spaces of Hope, Edimburgo, Edinburgh University Press, 2000 [en cast.: Espacios de esperanza, Madrid, Akal, 2003]; Ana Sugranyes y Charlotte Mathivet (eds.), Cities for All: Proposals and Experiences Towards the Right to the City, Santiago de Chile, Habitat International Coalition, 2010. <<

[157] Peter Marcuse, «Two World Forums, Two Worlds Apart», en www.plannersnetwork.org. <<

[158] Murray Bookchin, The Limits of the City, Montreal, Black Rose Books, 1986. <<

[159] La historia de esta tendencia se inicia con Patrick Geddes, Cities in Evolution, Oxford, Oxford University Press (publicado originalmente en 1915), y pasa principalmennte por la influyente figura de Lewis Mumford en su The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects, Orlando, Harcourt, 1968. <<

[160] Ray Pahl, Divisions of Labour, Oxford, Basil Blackwell, 1984. <<

[161] Anatole Kopp, Ville et Révolution, París, Editions Anthropos, 1967. <<

[162] Gerald Frug, City Making: Building Communities without Building Walls, Princeton, Princeton University Press, 1999; Neil Brenner y Nik Theodore, Spaces of Neoliberalism: Urban Restructuring in North America and Western Europe, Oxford, Wiley Blackwell, 2003. <<

[163] Jeffrey Webber, From Rebellion to Reform in Bolivia: Class Struggle, Indigenous Liberation, and the Politics of Evo Morales, Chicago, Haymarket Books, 2011. Varias fuentes en castellano aparecen citadas en Michael Hardt y Antonio Negri, Commonwealth, cit. <<

[164] Arturo Escobar, Territories of Difference: Place, Movement, Life, Redes, Durham, NC, Duke University Press, 2008. <<

[165] Federico Fuentes, «Government, Social Movements, and Bolivia Today», International Socialist Review 76 (marzo–abril de 2011); y la respuesta de Jeffrey Webber en el mismo número, «Fantasies Aside, It’s Reconstituted Neoliberalism in Bolivia Under Morales». <<

[166] Webber, «Fantasies Aside», cit., p. 111. <<

[167] Ibid., p. 48. <<

[168] Lesley Gill, Teetering on the Rim: Global Restructuring, Daily Life, and the Armed Retreat of the Bolivian State, Nueva York, Columbia University Press, 2000; Sian Lazar, El Alto, Rebel City: Self and Citizenship in Andean Bolivia, Durham, Duke University Press, 2010. <<

[169] Lo que sigue es un resumen extraído de L. Gill, Teetering on the Rim, cit., y S. Lazar, El Alto, Rebel City, cit. <<

[170] L. Gill, Teetering on the Rim, cit., p. 69. <<

[171] Ibid, pp. 74-82. <<

[172] Lazar, El Alto, Rebel City, cit., pp. 252-254. La teoría de las relaciones conflictivas en el seno de los movimientos sociales aparece desarrollada en Chantal Mouffe, On the Political, Londres, Routledge, 2005. <<

[173] S. Lazar, El Alto, Rebel City, p. 178 [la cursiva es mía, D. H.]. <<

[174] M. Hardt y A. Negri, Commonwealth, cit., p. 110. <<

[175] S. Lazar, El Alto, Rebel City, cit., pp. 181, 258. <<

[176] Ibid, p. 178. <<

[177] Ibid, p. 180. <<

[178] Ibid, p. 260. <<

[179] Ibid, p. 63. <<

[180] Ibid, p. 34. <<

[181] Murray Bookchin, Remaking Society: Pathways to a Green Future, Boston, South End Press, 1990; «Libertarian Municipalism: An Overview», Society and Nature 1 (1992), pp. 1-13; Elinor Ostrom, «Beyond Markets and Status: Polycentric Governance of Complex Economic Systems», American Economic Review 100 (2010), pp. 641-672. <<

[182] M. Hardt y A. Negri, Commonwealth, cit. <<

[183] Iris Marion Young, Justice and the Politics of Difference, Princeton, Princeton University Press, 1990. <<